Source: https://lawiuris.wordpress.com/2009/01/09/responsabilidad-solidaria/
Timestamp: 2017-09-24 10:15:37+00:00

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ARTICULO 1983
Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquél que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales.
C.C. arts. 1183 a 1203
C.P.C. arts. 516, 622
José Barreto Bravo
Nelwin Castro Jrigoso
1. La solidaridad en general
La norma bajo comentario regula la responsabilidad aquiliana solidaria. Es recomendable, entonces, como paso previo indispensable, el abordaje del tema de la solidaridad, siquiera en sus aspectos más elementales, para obtener elementos de juicio que puedan servir para saber cuál es su fundamento.
Debe advertirse, asimismo, que el tratamiento de la problemática que circunda lo descrito por la norma, dadas las dimensiones del trabajo y su naturaleza esencialmente informativa, no será agotado y estará centrado solo en sus aspectos más elementales.
Pues bien, según una difundida y conspicua corriente de opinión, la relación obligatoria es aquella relación jurídica intersubjetiva con contenido patrimonial en virtud de la cual el deudor, quien es titular de una situación jurídica subjetiva de desventaja activa denominada deuda, tiene que desplegar determinado comportamiento, positivo u omisivo, para satisfacer el interés de otro sujeto denominado acreedor, quien, por otro lado, es titular de una situación jurídica subjetiva de ventaja activa llamada crédito, la cual le permite exigir del deudor, precisamente, el despliegue de aquella conducta que debe desarrollar para satisfacer su interés (BlANCA, BRECCIA). La posición en la que se encuentra el deudor es un deber jurídico, mientras que la posición en la que se halla el acreedor es un derecho subjetivo (ESCOBAR ROZAS).
Ahora bien, fuera del esquema elemental descrito precedentemente, las relaciones obligatorias pueden tener en sus polos a uno o más sujetos. Cuando ocurre lo primero, se les denomina subjetivamente simples. Cuando, en cambio, acaece lo segundo, se les denomina subjetivamente complejas (BUSNELLI). La simpleza o la complejidad puede darse tanto en el lado pasivo cuanto en el lado activo de la relación, no siendo extraño, además, que se dé en ambos polos de la misma (PUGLlATTI).
El tipo más importante de relaciones obligatorias subjetivamente complejas está representado por las obligaciones solidarias. Se tiene solidaridad, por un lado, cuando siendo única la obligación, son varios los deudores, cada uno de los cuales está obligado frente al acreedor por el íntegro de la deuda; pudiendo, quien hubiera llevado a cabo la so/utio y, por consiguiente, extinguido la deuda, dirigirse contra los demás para que estos le reembolsen el monto que ha egresado de su patrimonio (solidaridad pasiva); y, por otro, cuando siendo única la obligación, son varios los acreedores, pudiendo el deudor efectuar el pago a cualquiera de ellos (solidaridad activa). En ambos casos, el efecto capital del fenómeno es la determinación de la extinción de la deuda -naturalmente por la satisfacción del interés creditorio- como consecuencia de la actividad de un solo sujeto (ya sea un deudor que ejecuta la prestación, ya sea un acreedor que exige -y obtiene- la misma, según se trate de solidaridad pasiva o activa, respectivamente).
2. Breve aproximación histórica al problema y antecedentes de la norma
El primer indicio de preocupación por el problema de la responsabilidad inte
gral de los coautores de un mismo hecho dañoso, según informa una autorizada doctrina, se remonta al Derecho francés (BUSNELLI). En efecto, dado que el Code Napo/eón de 1804 no presenta una norma expresa que se ocupe del grave problema que se suscita cuando son varios los autores de un único daño y que, además, establece, en su artículo 1202, que la solidaridad no puede presumirse en ningún caso, un sector de la doctrina de dicho país fue inducida, por razones
. de justicia, a establecer la necesidad de proteger a la víctima. Sin embargo, debía encontrar algún fundamento positivo para respaldar su afán. Es así que echó mano del material normativo con el que contaba y no vio mejor salida que aplicarle a estos casos la cláusula general de responsabilidad délictuelle (aquiliana o extracontractual) que dicho cuerpo normativo aloja en el artículo 1382 (que es el antecedente normativo más remoto de todos los sistemas de la llamada atipicidad del ilícito civil y, por lo tanto, de nuestro artículo 1969, claro está, sin la desconcertante segunda parte).
El problema es que con semejante operación, este sector de autores franceses terminó creando una nueva figura de obligación subjetivamente compleja, la cual, según sus primeros defensores -absolviendo en los hechos la misma función que las obligaciones solidarias- no hallaba su fundamento en la ley, sino en sí misma o en la “naturaleza de las cosas”. Es así que nace la llamada obligación in solidum a la cual, por las razones anteriormente referidas, se atribuyó el valor de una obligación solidaria virtual o imperfecta (BUSNELLI).
Pero la historia no queda allí. Es sabido que la doctrina italiana contemporánea e inmediatamente posterior al Code fue tributaria de su par francesa. Sucede, no obstante lo expresado, que a diferencia de esta (la cual, a pesar de la presencia de algún bando crítico, ha adoptado dicha construcción doctrinal hasta el punto de poder sostener que ha pasado a formar parte de su bagaje institucional común) (BUSNELLI, DE TRAZEGNIES) en Italia se comenzó a cuestionar las bondades del concepto, de modo que, sin más, se le empezó a considerar prácticamente como una auténtica obligación solidaria. Esta circunstancia, así como la toma de conciencia de la gravedad del problema de la responsabilidad integral de los coautores de un mismo daño, indujo al legislador italiano del Codice civile de 1865, en un acto de puede considerarse una excepción a la regla, a apartarse de su homólogo francés, consagrando, sin ambages, una norma expresa que se ocupa del problema de la solidaridad de los responsables en estos casos: el artículo 1156.
Es importante señalar, asimismo, que el parágrafo 830 del Bürgerliches Gesetzbuch alemán (BGB) de 1896 (vigente desde 1900) establece la responsabilidad de todos los copartícipes de una acción común que genere daño, aun cuando resulte imposible verificar cuál de ellos lo haya provocado. Por su parte, el legislador italiano de 1942, en una norma prácticamente igual a la nuestra, el artículo 2055, se ocupa del problema.
El área cultural del common law no es ajena a la problemática bajo análisis. En efecto, ante este tipo de hipótesis, los responsables de un daño, (joint o concurrent tortfeasors) están sometidos a que la víctima pueda demandarlos conjunta o separadamente por la totalidad del monto del daño y obtenga un pronunciamiento que la faculte a cobrar la deudas a cualquiera de ellos (DE TRAZEGNIES).
Entre nosotros, el Código Civil de 1852, en su artículo 2204, señala claramente la responsabilidad solidaria de los sujetos que hayan actuado con culpa, a no ser que pueda determinarse la parte del daño causado por cada una. Por último, el Código Civil peruano de 1936 estatuye en su artículo 1147 una norma sustancialmente similar a la actual.
Antes de abordar el siguiente punto, es necesario destacar que la llamada obligación in solidum es, en realidad, una construcción artificiosa, cuyo nacimiento es explicable solo en un medio como el francés que, como se ha visto, presenta ciertas peculiaridades que impiden que la solidaridad se presuma y que no prevé una solución ad hoc para el problema del daño ocasionado por varios sujetos. Este dato decisivo debe ser tenido muy en cuenta para efectos de evitar discutir sobre problemas que no conciernen a nuestro ordenamiento. De no ser así, se incurriría en un tipo de actitud que, como ha sido bien advertido, es una de las principales fuentes de la desatención que suele existir entre nosotros por los problemas auténticamente relevantes que fluyen de la lógica de nuestro propio ordenamiento (LEÓN). Por lo tanto, en un medio como el nuestro, que no presenta ninguna de las características que movieron a la doctrina francesa a elucubrar semejante categoría, cuestionable, además, desde el punto de vista dogmático, carece de sentido discutir acerca de si en este tipo de casos se debe recurrir a la solidaridad o a la obligación in solidum, categoría de contornos oscuros y extraña a nuestro ordenamiento. Lo cierto, para concluir este acápite, es que en nuestro ordenamiento, para enfrentar las circunstancias que describe el artículo 1983 del Código Civil, se ha de hacer recurso, no solo por razones normativas, sino prácticas, a la solidaridad (DE TRAZEGNIES). No sucede lo mismo en España donde, ante la ausencia de una norma explícita, la doctrina y la jurisprudencia han recurrido, tanto a la fórmula de la solidaridad cuanto a la de la mancomunidad, siendo la primera tendencia la que prevalece en ambas sedes (DE ÁNGEL YAGÜES).
3. La responsabilidad solidaria: análisis de sus presupuestos
Según la doctrina, son presupuestos de la responsabilidad solidaria: (a) la unidad del daño y (b) su imputabilidad a más de un sujeto (BlANCA, LEÓN BARANDIARÁN). Es menester, en consecuencia, dar cuenta del alcance y significado de cada uno de ellos.
La unidad del daño significa que el mismo debe ser indivisible, es decir, uno solo. No entran en el supuesto de hecho, entonces, los casos en los cuales, aun existiendo pluralidad de responsables, se producen varios daños a un mismo sujeto, sean estos simultáneos o sucesivos. En efecto, dado que el daño resarcible se resuelve en la lesión a un interés jurídicamente relevante (DE CUPIS), la identificación de su carácter unitario está determinada por la unidad del interés del sujeto damnificado. Existe, pues, correspondencia entre la unidad del daño experimentado por la víctima y un interés suyo único. Se puede decir, en otros términos, que la unidad del interés del damnificado califica el carácter unitario de la lesión. Por lo tanto, parece inobjetable, a tenor de cuanto se ha venido afirmando, que el requisito de marras concierne solo a la esfera del damnificado, siendo inexacto reconducirlo a la esfera de los responsables.
En lo que corresponde al presupuesto de la imputabilidad del daño a más de un sujeto, es preciso señalar que está estrechamente relacionado con las acciones u omisiones realizadas por los responsables. Tal circunstancia ha motivado que una parte de la doctrina considere que las acciones de los responsables deban darse de manera conjunta. No obstante ello, parece correcta la tesis contraria, según la cual, las acciones de los responsables no necesariamente deben colocarse en un plano unitario, esto es, que es perfectamente factible que los responsables hayan infringido el daño actuando separadamente, pudiendo, por ejemplo, no conocerse (BlANCA, SALVI, FRANZONI).
La misma unidad del interés de la víctima que, como se ha visto, califica la unidad del daño explica satisfactoriamente tal aserto, de suerte que no parece incorrecto sostener que la norma no requiere como requisito indispensable que la actuación de los responsables deba darse de manera conjunta o que provenga de una misma fuente, siendo posible que el daño provenga de diversos hechos generadores (recuérdese que la unidad del daño es un requisito que atañe solo a la víctima). De todo cuanto se ha venido refiriendo, se desprende, consecuentemente, que la eadem causa obligandi de los responsables no debe ser buscada en la unidad del hecho generador porque esta puede presentarse o no puede presentarse, sino en la unidad del evento dañoso (BUSNELLI). Todo lo acotado explica por qué la norma debe considerarse aplicable cuando exista un concurso de criterios de imputación en los responsables, es decir, cuando a alguno o a algunos les sea atribuible culpa o dolo, mientras que a otro o a otros algún criterio de imputación objetivo como, por ejemplo, el riesgo (SALVI, BlANCA, JANNARELLI). La alusión que el precepto hace al término “falta” no debe hacer dudar de la veracidad de lo recientemente acotado porque, tal como se verá más adelante, ella adquiere relevancia solamente en las relaciones internas operadas entre los responsables. .
4. La causalidad y la calificación de las acciones de los responsables
El análisis de las conductas de los responsables debe girar en torno de la causalidad porque es problema que a esta última atañe, toda vez que, ni más ni menos, mediante el expediente causal, el ordenamiento ejecuta una selección de los daños resarcibles (SALVI). En este caso, tal importancia se revela en el hecho de que solo mediante el análisis de la causalidad se podrá comprobar si el daño ha sido efectivamente producido por una pluralidad de sujetos. Este es el motivo crucial para dejar de lado la impostación teórica promovida por un sector de la doctrina (BlANCA) según la cual la reconstrucción y análisis de la responsabilidad solidaria gira en torno de la función de la solidaridad pasiva, es decir, del reforzamiento de la “garantía” del acreedor que, en el caso que concierne al comentario, es el damnificado, protegiéndolo, por ejemplo, contra la insolvencia de uno de los responsables (GALLO). Esta toma de postura, empero, no debe ser interpretada en el sentido de que, a través del artículo 1983, el legislador no haya pensado en la tutela de la víctima, todo ello en consonancia con los desarrollos modernos de la resporsabilidad civil que exigen, a nivel microsistémico, que el instituto gire en torno de la tutela del damnificado y que, por tanto, han operado una inversión en su método de análisis, desviando su atención desde la esfera del dañante hacia la esfera del dañado (SCHLESINGER, RODOTA, FRANZONI, FERNÁNDEZ CRUZ).
En efecto, lo único que se quiere significar es que la mejor manera de afrontar el problema es desde la perspectiva del nexo causal.
En términos generales, se puede decir que, en su más elemental configuración, en materia de responsabilidad civil un evento es “causa” del daño cuando sin su realización este no se hubiera producido (TORRENTE-SCHLESINGER). La causalidad o nexo de causalidad corresponde a una elección de valor del ordenamiento en función de los objetivos de fondo que con la disciplina de la responsabilidad aquiliana se intentan conseguir (JANNARELLI).
Como se sabe, nuestro ordenamiento ha consagrado expresamente la aplicabilidad de la teoría de la causalidad adecuada en materia aquiliana (por ello, la noción proporcionada líneas atrás, correspondiente a la teoría de la conditio sine qua non, fue calificada, por explicativa, como elemental). La búsqueda de la causalidad adecuada significa que, a través de un juicio retrospectivo de regularidad y de probabilidad, se discrimine entre una serie de eventos implicados en el resultado lesivo, hasta constatar que uno o más de uno son normalmente idóneos para producirlo. El evento excogitado sobre la base de las consideraciones precedentes es reputado causa del daño y abre, por lo tanto, el camino para fundar la imputabilidad de la lesión a un sujeto o a varios, según sea el caso.
El supuesto de la norma sub examine requiere, aunque no sea formulado expresamente, que el resultado dañoso se sustente en una concurrencia de causas. En tal sentido, es preciso referir que la calificación de cada acción debe sustentarse en el análisis de la concurrencia de estas en la producción del resultado dañoso, desde luego, en función de los cánones y la lógica de la causalidad adecuada. Hay quien entiende, a propósito de esto último, que la clave para la determinación de la eficiencia causal de las acciones de los responsables, está determinada por la concurrencia de estas en la creación de un riesgo específico de daño (BlANCA) o por la violación de específicos deberes de prevención por parte de cada dañante (MONATERI). En otras palabras, cada acción (u omisión) debe presentar una eficiencia causal determinante, como factor concurrente y no meramente coadyuvante del daño. De no ser así, no estaríamos en el campo de aplicación del artículo sujeto a análisis, sino, probablemente, en el del mal ubicado artículo 1978, para cuya aplicación es suficiente la incitación o la ayuda, hecho que determina que la solidaridad no sea aplicable a este supuesto, estando el autor “directo” del daño obligado por el monto íntegro, mientras que el autor “indirecto” en proporción de su grado de participación (por incitación o ayuda) en el evento lesivo (DE TRAZEGNIES).
5. Relaciones internas entre los responsables
Al establecer la solidaridad entre los responsables, la norma está determinando que aquel que pagó la totalidad del monto resarcitorio tenga derecho a solicitar la repetición de lo desembolsado a los demás autores del daño. Este efecto, que es uno de los efectos normales de una obligación solidaria, demuestra que, para una mejor comprensión de la norma, es necesario, por un lado, un análisis diferenciado de los aspectos que atañen a la relación entre los dañantes con la víctima y, por otro, de las relaciones que median entre los responsables. Este último es, precisamente, lo que se conoce como las relaciones internas entre los responsables.
Ahora bien, líneas atrás se señalaba que la norma permitía la concurrencia entre criterios de imputación como, por ejemplo, la culpa y el riesgo, y que la alusión al término “falta” no era óbice para ello. En efecto, el empleo de la fórmula aludida no debe Ilevarnos a creeer que la aplicabilidad del dispositivo está circunscrita solo a los casos en los que se pueda imputar culpa o dolo a los responsables. Por el contrario, si la ratio de la norma es la protección de la víctima, no tendría sentido limitar la posibilidad de que esta obtenga un resarcimiento solo cuando la circunstancia anteriormente descrita se presente. De no ser así, no cabría resarcir a la víctima de aquel o aquellos que dañaron como consecuencia de la utilización de un bien riesgoso o realizaron una actividad riesgosa, pero esto, como se comprenderá, no parece ser la solución más adecuada. Por lo tanto, el término falta al que la norma recurre nada tiene que ver con las relaciones entre responsables y víctima. Su incidencia hay que hallarla en las relaciones internas operadas entre los responsables.
No obstante lo acotado, el recurso al término “falta”, enfocado, como debe ser, en las relaciones internas entre responsables, puede suscitar más de una perplejidad en lo que corresponde al cálculo judicial de la proporción del monto que tendrían que desembolsar los responsables que no extinguieron la deuda. En efecto, las posibilidades de interpretación de la norma en esta parte son dos: (a) el responsable que pagó el resarcimiento sólo podrá repetir contra los dañantes que hayan actuado con culpa; el término “falta” así lo impondría y (b) el responsable que pagó el resarcimiento, a pesar de la presencia del término “falta” puede repetir contra cualquiera de los dañantes, ya sea que éstos sean imputables subjetiva u objetivamente. Ahora bien, ¿cuál de las interpretaciones es la correcta? Sin duda la segunda, dado que no parece correcto ni justo negar al responsable que pagó la posibilidad de repetir contra aquellos que no han pagado pero que han contribuido de manera determinante en la producción del daño (hasta el punto que su actuación u omisión, presenta la eficiencia causal necesaria para ser considerada “concausa” del daño). En consecuencia, el responsable que efectuó el resarcimiento, podrá dirigirse contra la totalidad de los corresponsables, independientemente del hecho que estos hayan actuado con culpa o no. Es más, ello corresponde a la lógica misma de la solidaridad: repetir contra cualquiera de los codeudores. Además, si se mira bien el asunto, se caerá en la cuenta que, en realidad, el problema descrito no debe presentarse porque el término “falta” no es mencionado para supeditar el derecho de repetición a todos los responsables, sino para efectos de la fijación judicial del monto que deberá egresar de su patrimonio.
De todos modos, subsistirá un problema para el juez a la hora de deterrminar la proporción del monto que le corresponderá desembolsar a cada responsable porque la norma hace girar la cuestión en torno de la gravedad de la falta. La solución a semejante inconveniente, parece radicar en la consideración del aporte causal de cada responsable considerado en sí mismo, es decir, no en función de la gravedad de su culpa (que, es más, puede no presentarse), sino en el análisis de la eficiencia causal de su “aporte”, sea que este se haya debido a una actuación negligente o no. Esta es una ulterior confirmación de que la manera correcta de abordar el problema es desde el punto de vista de la causalidad y no desde la óptica de la función que desenvuelve en el contexto de la norma la solidaridad. Obviamente, cuando no sea posible determinar tal aporte causal, la norma faculta al juez a presumir la igualdad de la eficiencia causal de cada acción.
Esta es una cuestión que no parece registrar mayores inconveniente, de suerte que huelgan mayores comentarios.
Es preciso señalar, para concluir, que la “acción” de regreso o de repetición está disciplinada por las normas sobre la solidaridad contenidas en el Libro de Las Obligaciones y que las viscisitudes procesales que conciernan a esta no tienen conexión con las que pudieran afectar a la correspondiente al proceso de resarcimiento (MONATERI).
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References: artículo 1202
 artículo 1382
 artículo 1969
 artículo 1156
 artículo 2055
 artículo 2204
 artículo 1147
 artículo 1983
 artículo 1983
 artículo 1978