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Timestamp: 2020-06-03 07:26:12+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 046 del 28/02/2011
Dictamen : 046 del 28/02/2011
Cargo: Ministro de Educación Pública
C-046-2011
Con la aprobación de la Señora Procuradora General de la República, damos respuesta a su oficio número DM-0235-01-11, de fecha 19 de enero de 2010 (sic) -recibido el 20 de enero de 2011-, por medio del cual, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), nos solicita emitir criterio sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción que, al 23 de setiembre de 1999, hiciera el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), al Tomo 28 , Folio 13, Asiento 223, del Título de Bachillerato en Psicología, otorgado por la Universidad Independiente de Costa Rica a la estudiante xxx, portadora de la cédula de identidad xxx.
Cabe indicar que si bien con el oficio aludido se pretende acompañar del expediente administrativo ordinario que, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 173.3 de la LGAP, debió de haberse tramitado de previo a requerir nuestro dictamen favorable, lo cierto es que la instrucción del mismo ni si quiera ha comenzado, pues luego de la orden del Ministro de incoar el procedimiento y nombrar el órgano director, éste último se ha limitado a “declarar la caducidad del procedimiento” por resolución MEP-OD-004-2010 de las 08:30 horas del 17 de diciembre de 2010.
Por ello, lamentablemente debemos indicarle que no podremos acceder a su petición, pues con vista de los antecedes que logran extraerse de la documentación remitida, se logra colegir que en el presente caso su gestión es ostensiblemente prematura, ya que no se ha dado audiencia a la parte involucrada, ni se ha cumplido previamente con el debido procedimiento administrativo ordinario previsto por la ley al efecto (art. 173.3 LGAP).
1. La estudiante xxx ingresa a la Universidad Independiente de Costa Rica a cursar la carrera de Psicología; para lo cual presentó un diploma de educación Media del Ministerio de Educación Pública, dado en San José a los 30 días del mes de marzo de 1995 y registrado en el libro de títulos Tomo 1, Folio 62 y Asiento 3156 (Visible a folio 4).
2. La Universidad Independiente de Costa Rica le otorga a la estudiante xxx los Títulos de Bachillerato en Psicología y el de Maestría Profesional en Psicología Mención Salud; los cuales fueron inscritos por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), el 23 de setiembre de 1999 (al Tomo 28, Folio 13, Asiento 223) y de 3 de noviembre de 2001 (al Tomo 28, Folio 34, Asiento 625), respectivamente. (Se infiere de la documentación visible a folios 14, 15, 16, 17 y 18).
3. De acuerdo con estudio realizado por la Dirección de Control de Calidad y Macroevaluación del Ministerio de Educación Pública, comunicado por oficio DEC-1594-2009 de fecha 23 de marzo de 2009, según actas existentes en esa oficina el título de Bachiller en Educación Media, supuestamente emitido a favor de la señorita xxx, resultó ser falso, por cuanto las firmas no son de funcionarios autorizados para ese efecto y los sellos no son los utilizados por esa Dirección en el año 1995 (Folios 15, 41 y de 51 a 53).
4. El asunto es sometido a conocimiento del Consejo Directivo del CONESUP, según oficio Nº INS-077-2009, de fecha 16 de octubre de 2009, suscrito por Abraham Barrantes Morera; quien recomienda se acuerde pedirle al Ministro de Educación incoar procedimiento administrativo ordinario en los términos del 173 de la LGAP, para anular los Títulos de Bachillerato en Psicología y el de Maestría Profesional en Psicología Mención Salud (Visible a folios del 39 al 44).
5. En el artículo 14 de la sesión Nº 640-2009, celebrada el 25 de noviembre de 2009, el CONESUP acoge la recomendación la Inspección y le solicita al Ministro que valore la anulación de los asientos de inscripción que, al 23 de setiembre de 1999 y de 3 de noviembre de 2001, hiciera el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), de los Títulos de Bachillerato en Psicología (al Tomo 28 , Folio 13, Asiento 223) y de Maestría Profesional en Psicología Mención Salud (al Tomo 28 , Folio 34, Asiento 625), otorgados por la Universidad Independiente de Costa Rica a la estudiante xxx, portadora de la cédula de identidad xxx (Folios del 13 al 18; del 19 al 24; del 25 al 30; del 31 al 36 y del 75 al 80).
6. Pese a lo recomendado por el CONESUP, por resolución Nº 319-2010 de las 02:15 horas del 28 de junio de 2010, el Ministro de Educación Pública ordena la integración de un órgano director a fin de investigar, conforme a los artículos 173 y ss. de la LGAP, únicamente la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción del Título de Bachiller en Psicología, otorgado por la Universidad Independiente de Costa Rica a la estudiante xxx (Visible a folios del 81 al 82).
7. Por oficios Nºs MEP-OD-001-2010 y MEP-OD-003-2010 de fechas 21 de setiembre y 20 de octubre de 2010, respectivamente, el órgano director solicita a la Dirección Ejecutiva del CONESUP copia certificada del expediente del caso del señor xxx (Visibles a folios 85, 87 y 88).
8. Por resolución MEP-OD-004-2010 de las 08:30 horas del 17 de diciembre de 2010, el órgano director se limita a “declarar la caducidad del procedimiento”; esto, porque según interpretan sus integrantes, el plazo perentorio de un año, contado a partir de la adopción del acto, que establece el ordinal 173.4 de la LGAP, se encuentra hartamente superado.
II.- Deber de la Administración de incoar previamente un procedimiento administrativo ordinario para anular de pleno derecho en sede gubernativa actos favorables o declarativos de derechos.
Ahora bien, de la lectura y revisión integral de todos los documentos que nos fueran remitidos al efecto, no existe evidencia alguna que nos haga siquiera presumir que en el presente caso se tramitó un procedimiento ordinario en el que se respetaron los principios y garantías del debido proceso del beneficiario del acto declaratorio de derechos que se pretende anular en sede administrativa.
III. Consideraciones atinentes a la caducidad de la potestad anulatoria administrativa.
Ahora bien, considerando, por un lado, que la fijación de un plazo de caducidad para el ejercicio oportuno de la potestad revisora-anulatoria administrativa está fundada en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo no impugnado dentro de ese plazo, a fin de que las situaciones jurídicas derivadas de aquél no queden sujetas a la posibilidad de su anulación por tiempo indefinido, y procurar así seguridad jurídica; y que por el otro, la caducidad legalmente prevista de esa potestad pública opera oficiosamente, considerando únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo fijado, prescindiendo de la razón subjetiva que motivó la inercia de su titular (dictámenes C-044-95, C-141-95, C-147-96 y C-004-2006, entre otros muchos), tal y como lo hemos hecho en otros precedentes (por ejemplo, en el dictamen C-256-2010 de 13 de diciembre de 2010), debemos indicar que en el presente caso, siendo que el acto de inscripción que se pretende anular administrativamente es de fecha 23 de setiembre de 1999, y por tanto, anterior al 1° de enero de 2008 -fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo-, el plazo de caducidad por aplicar era el cuatrienal (4 años). Por lo que es ostensible que a la fecha habría caducado la competencia anulatoria de la Administración en relación con aquel acto cuya validez aquí se cuestiona.
En casos similares al presente, en los que el órgano director no instruyó el procedimiento administrativo ordinario, sino que se limitó a rendir un informe “no vinculante” (art. 303 LGAP) aludiendo que la potestad anulatoria administrativa podría estar caduca, hemos señalado que lo procedente es que el Ministro, bajo su entera responsabilidad, decida si acoge la recomendación del órgano director y subsecuentemente, ordene el archivo del procedimiento; o bien, se separe de aquel informe, mediante resolución motivada con mención sucinta al menos de sus fundamentos (art. 136 inciso c) LGAP), en cuyo caso deberá ordenar la instrucción del procedimiento administrativo ordinario que se echa de menos (dictámenes C-255-2010 de 9 de diciembre de 2010, C-256-2010 op. cit. y C-264-2010 de 16 de diciembre de 2010).
Con base en la doctrina administrativa expuesta, especialmente referida al advenimiento del plazo cuatrienal de caducidad de la potestad anulatoria administrativa, estimamos que el órgano consultante cuenta con los criterios hermenéuticos necesarios para adoptar la resolución pertinente, con respecto al procedimiento administrativo ordinario anulatorio que tiene por objeto anular en sede administrativa la inscripción que, al 23 de setiembre de 1999, hiciera el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), al Tomo 28 , Folio 13, Asiento 223, del Título de Bachillerato en Psicología, otorgado por la Universidad Independiente de Costa Rica a la estudiante xxx.
Finalmente, consideramos oportuno recordar que es deber de la Administración activa, so pena de responsabilidad del funcionario respectivo, por un lado, conformar un expediente documental, debidamente identificado, completo, ordenado cronológicamente y debidamente foliado, de todas las actuaciones sucesivas que se presenten en la tramitación del respectivo procedimiento ordinario (Artículo 296 de la LGAP en relación con el ordinal 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508). Y por el otro, existe también la inexcusable obligación de aportar ante la Procuraduría General aquel expediente y dar certeza de su contenido –sea el original o copia certificada de aquel, con expresa indicación de que corresponde a la totalidad de las piezas y documentos que lo componen- (dictamen C-003-2010 de 11 de enero de 2010).
De conformidad con lo expuesto, este Despacho se encuentra jurídicamente imposibilitado para rendir el dictamen favorable al que hace referencia del artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que la presente gestión resulta prematura, pues no se ha llevado a cabo la efectiva tramitación previa del procedimiento administrativo ordinario prescrito al efecto (art.173.3 LGAP).

References: resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173