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Timestamp: 2020-02-29 00:43:49+00:00

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PROCEDIMIENTO DE PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA
SECCIÓN I. DILIGENCIAS PRELIMINARES
1. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiere demandar ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa su anulación deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la fecha en que hubiere sido dictado.
2. Si el acto emanare de la Administración del Estado, la declaración de lesividad deberá revestir la forma de Orden ministerial y en los demás casos habrá de reunir los requisitos establecidos para la adopción de acuerdos por el órgano supremo de la Entidad, Corporación o Institución correspondiente.
3. Los actos dictados por un Departamento ministerial no podrán ser declarados lesivos por Ministro de distinto ramo, pero sí en virtud de Orden acordada en Consejo de Ministros.
SECCIÓN II. INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO
1. El recurso contencioso-administrativo, cuando no sea la propia Administración autora del acto que lo motive quien lo interponga, se iniciará por un escrito reducido a citar el acto por razón del cual se formule y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.
El documento que acredite la representación del compareciente, cuando no sea el mismo interesado, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación a costa del demandante y su unión a los autos.
El documento o documentos que acrediten la legitimación con que el actor se presente en juicio cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
La copia o traslado del acto o disposición o, cuando menos, indicación del expediente en que haya recaído o del periódico oficial en que se haya publicado.
El documento que acredite el cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exijan a las Corporaciones o Instituciones sus leyes respectivas.
El documento acreditativo del pago en las Cajas del Tesoro público o de las Corporaciones Locales, en los asuntos sobre contribuciones, impuestos, arbitrios, multas y demás rentas públicas y créditos definitivamente liquidados en favor de la Hacienda, en los casos en que proceda con arreglo a las leyes, excepto en el supuesto previsto en el artículo 132, párrafo 2, y cuando el pago se hubiere hecho durante el curso del procedimiento administrativo y en él constare el documento que lo justifique, en cuyo caso se manifestará así en el escrito de interposición.
Acreditación de haber efectuado al órgano administrativo autor del acto impugnado, con carácter previo, la comunicación a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos anteriormente expresados o los presentados son incompletos, y en general, siempre que el Tribunal estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de diez días para que el recurrente pueda subsanar el defecto, y si no lo hace ordenará el archivo de las actuaciones.
4. El recurso contencioso administrativo formalizado por la propia Administración autora de algún acto declarado lesivo se iniciará con la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 67, a la que se acompañará el expediente administrativo
1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso.
2. Si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.
3. En los casos en que no sea preceptivo el recurso de reposición, el plazo de dos meses deberá contarse:
Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación.
En el caso en que no proceda la notificación personal desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto o disposición.
4. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 53, el plazo será de un año desde el día siguiente a aquel en que se entienda desestimada la petición, salvo si, con posterioridad, recae acuerdo expreso, en cuyo caso será el del párrafo 1.
5. El plazo para que la Administración autora de algún acto utilice el recurso contencioso-administrativo será también de dos meses a partir del día siguiente al en que la resolución Impugnada se declare lesiva para los intereses públicos.
1. Las notificaciones y publicaciones deberán reunir los requisitos ordenados por las leyes y reglamentos sobre procedimiento administrativo, y los exigidos por las que regulen la publicación de disposiciones de carácter general.
2. Sin el cumplimiento de los expresados requisitos no se tendrán por válidas ni producirán efectos legales ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, salvo si los interesados dándose por enterados, utilizaren en tiempo y forma el recurso contencioso-administrativo.
El Tribunal, en el siguiente día hábil a la interposición del recurso, acordará que se anuncie en el Boletín Oficial del Estado o en el de la provincia, según se trate del Tribunal Supremo o de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. El Tribunal, al ordenar lo previsto en el artículo anterior, acordará también reclamar el expediente administrativo a la Administración que hubiere dictado el acto o la disposición.
2. El expediente deberá ser remitido en el plazo máximo e improrrogable de veinte días, a contar del requerimiento, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en la que obrare el expediente.
3. Si en el plazo señalado no se hubiere recibido el expediente, el Tribunal, de oficio, lo recordará nuevamente para que lo efectúe en un plazo de diez días, con apercibimiento de multa de 500 a 5.000 pesetas al jefe aludido en el párrafo 2 y a cualesquiera otros responsables de la demora.
4. Si transcurrido este último plazo no se hubiere recibido el expediente, se impondrá la multa, dentro de los límites señalados, y se hará efectiva por la vía de apremio, por el Tribunal que acordará lo demás que proceda para exigir a quien corresponda las responsabilidades a que diere lugar la desobediencia.
1. El Tribunal previa reclamación y examen del expediente administrativo, si lo considera necesario, declarará no haber lugar a la admisión del recurso, cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
La falta de jurisdicción o la incompetencia del Tribunal, con arreglo a los Capítulos I y II del Título I.
Deducirse el recurso frente a alguno de los actos relacionados en el artículo 40 o excluidos de reclamación directa en el artículo 39.
No haberse interpuesto recurso previo de reposición, en los casos en que es preceptivo, según lo dispuesto en la Sección I del Capítulo 1 de este Título y no se hubiese subsanado la omisión en la forma que establezca el párrafo 3 del artículo 129.
2. El Tribunal, antes de declarar la inadmisión, hará saber a las partes el motivo en que pudiere fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estime procedente y acompañen los documentos a que hubiere lugar.
3. Contra el auto que acuerde la inadmisión del recurso podrá interponerse recurso de súplica, y contra el desestimatorio de éste, el de apelación, cuando hubiere sido dictado por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia en asuntos de que conocieren en primera instancia.
SECCIÓN III. EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS Y COADYUVANTES
1. El emplazamiento de la Administración que dictó el acto o la disposición objeto del recurso se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
2. Cuando sea demandada la Administración del Estado, se entenderá personada y parte por el envío del expediente.
1. La resolución de la Administración autora del acto o la disposición impugnadas por la cual se acuerde la remisión del expediente administrativo al Tribunal, se notificará de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días. Practicadas las notificaciones, se enviará el expediente administrativo al Tribunal, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
2. Recibido el expediente, el Tribunal comprobará, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas, que se han efectuado los emplazamientos mencionados en el párrafo anterior y si advierte que son incompletos ordenará que se practiquen los necesarios.
3. La publicación de los anuncios ordenada en el artículo 60 servirá de emplazamiento de aquellos interesados que no hubieran podido ser emplazados personalmente.
El emplazamiento de los demandados, en los casos en que el recurso se formule por la misma Administración autora de un acto declarado lesivo se efectuará individualmente por el Tribunal, en la forma dispuesto para el proceso civil.
1. Los demandados y coadyuvantes podrán personarse en los autos dentro del término del emplazamiento. Si lo hicieran con posterioridad, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento.
2. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
SECCIÓN IV. DEMANDA Y CONTESTACIÓN
1. Recibido el expediente administrativo en el Tribunal, éste acordará que se entregue al demandante para que deduzca la demanda en el plazo de veinte días.
2. Si la demanda no se hubiere presentado en el plazo concedido para ello, se declarará de oficio caducado el recurso.
1. Presentada la demanda, se dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes legitimadas como demandadas y coadyuvantes que hubieren comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días.
2. La contestación se formulará primero por la Administración demandada, en su caso, y sucesivamente por las personas que tengan el carácter de demandadas, según el apartado b) del párrafo 1 del artículo 29, y por los coadyuvantes.
3. No obstante, cuando hubieren de contestarla, además de la Administración, en su caso, más de un demandado o un coadyuvante, y no actuaren bajo una misma representación, el demandante podrá solicitar, para que no se demore la decisión de sus pretensiones, que la contestación se formule simultáneamente por los demandados y después por los coadyuvantes, de igual modo.
4. En el caso previsto en el párrafo anterior no habrá lugar a la entrega del expediente administrativo, que se les pondrá de manifiesto en la Secretaría del Tribunal.
5. Si no hubiera comparecido la Entidad Local o Corporación demandada se le dará traslado de la demanda para que, dentro del plazo de quince días, si lo estima oportuna, suministre al Abogado del Estado antecedentes para la mejor defensa de la resolución reclamada.
6. Si la parte no contestare la demanda en el plazo concedido al efecto se la tendrá por decaída de su derecho a contestar y, en su caso, será declarada en rebeldía, sin perjuicio de que pueda comparecer en cualquier estado del pleito, entendiéndose con ella la sustanciación, pero sin que ésta pueda retroceder en ningún caso.
1. En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, aunque no se hubieran expuesto en el previo recurso de reposición o con anterioridad a éste.
2. Con la demanda y la contestación, la parte respectiva acompañará los documentos en que directamente funde su derecho, y si no obraren en su poder, designará el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.
3. Después de la demanda y de la contestación no se admitirán al actor, ni al demandado, ni a los coadyuvantes, si los hubiere, más documentos de la naturaleza expresada que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil, y al demandante, sólo aquellos otros que tengan por objeto desvirtuar las alegaciones del demandado o coadyuvante.
1. Si las partes estimaren que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro de los diez días primeros del plazo concedido para formular la demanda y contestación, que se reclamen !os antecedentes adecuados para completarlo.
2. La solicitud a que se refiere el párrafo anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.
3. El Tribunal proveerá lo pertinente en el plazo de tres días.
4. La Administración deberá, en su caso, completar el expediente en el plazo y forma previstos en el artículo 61.
SECCIÓN V. ALEGACIONES PREVIAS
Las partes demandadas y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco días siguientes al emplazamiento para la contestación, los motivos que, con arreglo al artículo 82 pudieren determinar la falta de jurisdicción, la incompetencia del Tribunal o la inadmisibilidad del recurso, sin perjuicio de que tales motivos puedan, asimismo ser alegados en la contestación.
1. Del escrito correspondiente se dará traslado por cinco días al actor, el cual podrá ejercitar la facultad a que se refiere el artículo 129.
2. Evacuado el traslado se seguirá la tramitación prevista para los incidentes.
3. El auto deberá ser dictado por la Sala, constituida del modo previsto para dictar sentencia.
4. Contra el auto que desestime las alegaciones previas no cabrá recurso alguno, y contra el que las estime los que determinan los artículos 92 y 93.
1. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones previas, se declarará sin curso la demanda y se ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere.
2. Si fuesen desestimadas las alegaciones se dispondrá que la parte que las hubiere propuesto conteste la demanda en el plazo de quince días.
SECCIÓN VI. PRUEBA
1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación.
2. La solicitud no será admisible si no expresare los puntos de hecho, sobre los cuales haya de versar la prueba o hubiere conformidad acerca de los mismos entre las partes.
3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de indudable trascendencia, a juicio del Tribunal, para la resolución del pleito.
4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas establecidas para el proceso civil ordinario, si bien el plazo será de treinta días comunes para proponer y practicar.
5. El Tribunal podrá delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de Primera Instancia la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá a su vez delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.
1. El Tribunal podrá también acordar, de oficio, el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.
2. Concluida la fase probatoria, el Tribunal podrá también acordar, antes o después de la vista o señalamiento para fallo, la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare procedente.
3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen por iniciativa del Tribunal.
4. Si éste hiciera uso de su facultad después de celebrarse la vista o señalamiento para fallo, el resultado de las diligencias de pruebas pondrá de manifiesto a las partes, las cuales podrán, en el plazo de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
SECCIÓN VII. VISTA Y CONCLUSIONES
1. Habrá lugar a la celebración de la vista cuando lo pidan las dos partes o el Tribunal lo estime necesario.
2. La solicitud de vista se formulará por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación, o en el plazo de tres días, contados desde que se notifique la providencia que declare concluso el período de prueba.
1. Si el Tribunal acordare la celebración de vista señalará la fecha de la audiencia, por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los recursos contencioso-administrativos referentes a la materia de expropiación forzosa, y aquellos otros que por prescripción de la Ley, o por acuerdo de la Sala, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho.
2. El Tribunal podrá acordar que la Secretaría redacte una nota suficiente del asunto y que se distribuyan ejemplares de ella a los Magistrados con la antelación necesaria.
1. Si el Tribunal no acordase la celebración de vista, dispondrá, en sustitución de la misma, que las partes presenten unas conclusiones sucintas acerca de los hechos alegados, la prueba practicada en su caso, y los fundamentos jurídicos en que, respectivamente, apoyen sus pretensiones, de las que acompañarán tantas copias como Magistrados hayan de fallar el asunto.
2. El plazo para formular el escrito será de quince días, sucesivos para las partes demandante, demandada y coadyuvante, y simultáneos para cada uno de estos tres grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona y no actuaren unidos bajo una misma representación.
3. Presentadas las conclusiones se distribuirán las copias a los Magistrados, y el Tribunal señalará día para la votación y fallo, por el orden expresado en el artículo anterior.
1. En el acto de la vista o en los escritos de conclusiones no podrán plantearse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
2. Cuando el Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten cuestiones que no hayan sido planteadas en los escritos de las partes, lo pondrá en conocimiento de éstas, dictando oportunamente providencia al efecto, que deberá ser notificada con tres días de antelación.
3. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constaren ya probados en autos.
SECCIÓN VIII. SENTENCIA
La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde la celebración de la vista o del señalado para la votación y fallo, según los casos, y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
2. La sentencia contendrá, además, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.
La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo en los casos siguientes:
Que se hubiere interpuesto ante un Tribunal que carezca de jurisdicción, por corresponder el asunto a otra jurisdicción.
Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada.
Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación, a tenor del Capítulo 1 del Título III.
Que recayere sobre cosa juzgada.
Que no hubiere interpuesto, si fuere preceptivo, el recurso previo de reposición.
Que se hubiere presentado el escrito inicial del recurso contencioso-administrativo fuera del plazo establecido o en forma defectuosa.
Que al formalizar la demanda no se hubieren cumplido los requisitos de forma dispuestos en el artículo 69.
1. La sentencia desestimará el recurso contencioso-administrativo cuando se ajustare a Derecho el acto o la disposición que se refiera.
2. La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando el acto o la disposición incurriere en cualquier forma de infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder.
3. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento Jurídico.
Cuando la sentencia estimare el recurso contencioso-administrativo:
Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente el acto o la disposición recurridos.
Si se hubieren deducido las pretensiones a que se refiere el artículo 42, reconocerá la situación jurídica individualizada y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la sentencia se limitará a declarar el derecho en el supuesto de que hayan sido causados, y quedará diferida al período de ejecución de sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, salvo lo previsto en el artículo 79, párrafo 3.
Los fallos que dictaren las Salas de lo Contencioso-administrativo en materia de Ordenanzas Fiscales, si anularen el acto objeto del recurso, deberán expresar concretamente la forma en que han de quedar redactados los preceptos impugnados.
1. La sentencia que declarare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.
2. La sentencia que anulare el acto o la disposición producirá efectos entre las partes y respecto de las personas afectadas por los mismos.
Las partes podrán solicitar la aclaración de las sentencias en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. El demandante podrá desistir del recurso contencioso-administrativo.
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el demandante o que esté autorizado por poder especial, y si lo fuese de la Administración pública, habrá de presentarse testimonio expedido por funcionario competente del acto en que se acuerde el desistimiento con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes respectivas.
3. El desistimiento será admisible en cualquier momento del procedimiento antes de dictarse sentencia.
4. El Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento, y ordenará el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a la oficina de que procediera.
5. El desistimiento no implicará la condena en costas.
6. Si fueren varios los demandantes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.
1. Los demandados podrán allanarse al recurso contencioso-administrativo, con los requisitos exigidos en el párrafo 2 del artículo anterior.
2. Allanado el demandado, el Tribunal sin más trámites, dictará sentencia, de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración pública, en cuyo caso dictara la sentencia que estime justa.
3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubieren allanado.
1. Si, interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal si la Administración no lo hiciera.
2. El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo.
3. Si se abandonare el recurso o se desistiera de él por haber dictado la Administración el acto a que se refiere el párrafo 1, y después la Administración dictare un nuevo acto revocatorio de aquél, el actor podrá interponer de nuevo recurso contencioso-administrativo, sin previo recurso de reposición, contándose el plazo desde el día siguiente a la notificación del acto revocatorio.
1. Presentada la demanda, si se detuviera el procedimiento durante un año por culpa del demandante, se declarará caducada la instancia.
2. En este caso, el Tribunal dictará auto en los términos previstos en el párrafo 4 del artículo 88.
SECCIÓN I. RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y AUTOS
1. El recurso de súplica será admisible contra las providencias y autos que dictaren los órganos de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Del escrito de interposición se dará traslado a las demás partes por término común de tres días a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con o sin alegaciones, el Tribunal decidirá.
1. Las sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y las dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de seis millones de pesetas.
3. Las sentencias que se dicten en virtud del recurso interpuesto al amparo de los párrafos 2 y 4 del artículo 39 de esta Ley serán susceptibles, en todo caso, de recurso de casación.
5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
SECCIÓN II. DEL RECURSO DE CASACIÓN
1. También serán susceptibles de recurso de casación, en los mismos casos previstos en el artículo anterior, los autos siguientes:
2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el número anterior es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica.
2. La infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que producen indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia de existir momento procesal oportuno para ello.
1. El recurso de casación se preparará ante el mismo órgano jurisdiccional que hubiera dictado la resolución recurrida en el plazo de diez días computado desde el siguiente a la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos.
1. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y se refiere a una resolución susceptible de recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia lo tendrá por preparado y, dentro del plazo de cinco días, remitirá los autos originales. Al mismo tiempo emplazará a las partes para su comparecencia, mediante Procurador, en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
2. Si no se cumplen los requisitos señalados o la resolución impugnada no es susceptible de recurso de casación, dictará auto motivado en el que denegará la remisión de los autos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el emplazamiento de las partes. Contra el auto denegatorio podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida.
2. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, cuando tenga por preparado un recurso de casación, dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida para proceder a su ejecución.
1. Interpuesto el recurso de casación, se pasarán las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y dé cuenta a la Sala, sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso interpuesto.
Si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposición del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el artículo 95; si no se citasen las normas que se reputan infringidas; si las citadas no guardasen relación alguna con las cuestiones debatidas o si siendo necesario haber pedido la subsanación de la falta, no hubiere constancia de haberse hecho.
Si el recurso careciera manifiestamente de fundamento o se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales. En este caso, antes de dictar el auto de inadmisión se oirá a la parte recurrente por plazo de diez días, poniéndole sucinta y previamente de manifiesto la posible causa de inadmisión.
5. Contra los autos a que se refiere el presente artículo no se dará recurso alguno.
1. De admitirse el recurso por todos o algunos de sus motivos, se entregará copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo de treinta días. Durante dicho plazo se les pondrán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.
3. La Sala dictará sentencia en al plazo de diez días desde la celebración de la vista o del señalado para la votación y fallo.
1. Si se estimare el recurso por todos o algunos de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolverá conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:
De estimarse por los motivos 1) y 2) del apartado 1 del artículo 95, se anulará la sentencia o resolución recurrida, dejando a salvo el derecho de ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado.
De estimarse la existencia de las infracciones procesales mencionadas en el motivo 3) del apartado 1 del artículo 95, se mandarán reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infracción consistiera en vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el número siguiente.
3. Si no se estimase procedente ningún motivo, la sentencia declarará no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
SECCIÓN III. DEL RECURSO DE CASACIÓ PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA.
Artículo 102-a.
1. Serán recurribles en casación para la unificación de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos sin existir doctrina legal sobre la cuestión.
2. Sólo serán susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean susceptibles del recurso de casación ordinario a tenor del artículo 93.2. de la presente Ley, siempre que su cuantía exceda de un millón de pesetas.
4. El escrito de preparación de presentará en el plazo de diez días a partir de la notificación de la sentencia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal sentenciador y deberá contener la fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada con relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada aportando certificación de la sentencia o sentencias contrarias.
La no aportación de la certificación de la sentencia o sentencias contrarias deberá subsanarse en el plazo de diez días menos que la parte acredite haberla solicitado en tiempo oportuno y no habérsele expedido, en cuyo caso la Sala la reclamará de oficio. En todo caso, se aportará copia simple del texto completo de la sentencia o sentencias alegadas.
5. Presentado el escrito, la Sala lo tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II de la presente Ley.
6. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver estos recursos en ningún caso alcanzarán las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada. Si la sentencia declara que ha lugar el recurso, casará y anulará la impugnada y resolverá el debate planteado con pronunciamientos ajustados a derecho, modificando las declaraciones contenidas y las situaciones creadas por la sentencia impugnada. Lo mismo hará, resolviendo las cuestiones objeto del recurso conforme a Derecho, cuando no haya doctrina previa.
SECCIÓN IV. DEL RECURSO DE CASACIÓ EN INTERÉS DE LEY.
Artículo 102-b.
1. El Abogado del Estado, así como las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto, podrán interponer recurso de casación en interés de la Ley contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia no susceptibles de recurso de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada.
4. La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuera estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal.
SECCIÓN V. DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 102-c.
1. Contra las sentencias firmes de las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia podrá utilizarse el recurso extraordinario de revisión en los siguientes casos:
2. En lo referente a términos y procedimientos respecto a este recurso, regirán las disposiciones de las Secciones II, III, y IV del Título XXII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. El recurso de revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso.
Luego que sean firmes las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia se comunicarán en el plazo de diez días, por medio de testimonio en forma, al órgano a quien corresponda, para que las lleve a puro y debido efecto, adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
1. El órgano a quien corresponda acusará recibo de la sentencia en el plazo de diez días, y en el de dos meses contados desde que reciba aquélla, adoptará necesariamente una de estas tres resoluciones:
Ejecución del fallo, tomando a la vez las medidas necesarias al efecto.
Suspensión del cumplimiento total o parcial del fallo por el plazo que se marque.
Inejecución en absoluto, total o parcial, del mismo fallo.
2. La suspensión o inejecución a que se refieren los dos últimos casos del párrafo anterior sólo podrá decretarse por el Consejo de Ministros, con carácter extraordinario, fundándose en alguna de las causas siguientes:
Peligro de trastorno grave del orden público.
Temor fundado de guerra con otra potencia, si hubiera de cumplirse la sentencia.
Quebranto en la integridad del territorio nacional.
Detrimento grave de la Hacienda Pública.
3. No podrá acordarse la inejecución o suspensión fundándose en la causa 4) cuando el fallo condenare a la Administración al pago de cantidad, pero en tal supuesto, si estimase que el cumplimiento de la sentencia, en sus propios términos, habría de producir trastorno grave a la Hacienda Pública, podrá el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, fijar la modalidad de pago que dé cumplimiento al fallo en la forma que sea menos gravosa para el Tesoro Público, lo que pondrá en conocimiento del Tribunal por medio de la Abogacía del Estado para que, oídas las partes, resuelva en definitiva sobre el modo de ejecutar la sentencia.
4. Si el cumplimiento del fallo implicare fraccionamiento o aplazamiento, llevará aparejado la obligación de abonar el interés de demora al tipo legal.
5. No podrán suspenderse ni dejar de ejecutarse las sentencias confirmatorias de actos o disposiciones de la Administración, salvo las dictadas sobre recursos interpuestos por la misma contra sus actos declarados lesivos.
6. Si dentro del plazo de dos meses, a que se refiere el párrafo 2, no se adoptare alguna de las medidas en él consignadas, sin perjuicio de la responsabilidad a que esto dé lugar, se ejecutará la sentencia en la forma y término que en el fallo se consignen, bajo la personal y directa responsabilidad de los agentes de la Administración.
1. Tanto en el caso de que se hubiese acordado la suspensión temporal de todo o parte de la sentencia como en el de que se hubiere acordado su inejecución total o parcial, el Tribunal, a instancia de cualquiera de las partes perjudicadas, y previa audiencia de las demás, señalará la suma que deba satisfacerse al interesado como resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios resultantes del aplazamiento o la inejecución, si no fuere posible atender en otra forma a la eficacia de lo resuelto por la sentencia.
2. La resolución que recaiga se pondrá en conocimiento del Gobierno para que haga efectiva la indemnización o se cumpla lo mandado, sin perjuicio de que en el plazo de dos meses pueda ejercerse la facultad a que se contrae el párrafo 3 del artículo anterior.
No podrá suspenderse ni declararse inejecutable una sentencia por causas de imposibilidad material o legal de ejecutarla, y si este caso se presentare, será sometido por la Administración, por medio del Abogado del Estado, al Tribunal respectivo, dentro del referido plazo de dos meses, a fin de que, con audiencia de las partes se acuerde la forma de llevar a efecto el fallo.
1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad liquidada, deberá acordarlo y verificarlo en la forma y dentro de los límites que permitan los presupuestos y determinen las disposiciones referentes al pago de las obligaciones y deudas del Estado, de la Provincia o del Municipio.
2. Si para verificar el pago fuere preciso un crédito, suplemento de crédito o presupuesto extraordinario, se iniciará su tramitación dentro del mes siguiente al día de la notificación de la sentencia, sin que pueda interrumpirse por ningún concepto.
Será caso de responsabilidad civil y criminal la infracción de lo preceptuado en los artículos anteriores acerca de la ejecución de las sentencias entendiéndose como desobediencia punible, en forma igual a la establecida respecto a las sentencias de los Tribunales de lo Civil y de lo Criminal.
1. El Tribunal sentenciador, mientras no conste en los autos la total ejecución de la sentencia o la efectividad de las indemnizaciones señaladas en sus casos respectivos, adoptará, a instancia de las partes interesadas, cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla.
2. Si transcurriesen seis meses desde la fecha de recepción del testimonio de la sentencia por la Autoridad administrativa o desde la de fijación de la indemnización, sin que se hubiese ejecutado aquélla o satisfecho ésta salvo lo previsto en el artículo 105, el Tribunal, con audiencia de las partes, adoptará las medidas que considere procedentes para el cumplimiento de lo mandado.
3. Sin perjuicio de ello, deducirá el tanto de culpa que correspondiere por delito de desobediencia para su remisión al Tribunal competente.
4. Cuando se trate de sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia transmitirán éstos la denuncia al Tribunal Supremo, si hubiere de dirigirse contra autoridades cuyo procedimiento sólo pueda acordarse por este Tribunal.
La suspensión o inejecución de las sentencias dictadas por los Tribunales de lo Contencioso-administrativo será acordada sin contradecir, censurar ni revisar los fundamentos que haya expuesto el Tribunal sentenciador y respetando el derecho que éste haya declarado a los fines previstos en el párrafo 1 del artículo 106.
Al principio de cada año judicial se publicará en el Boletín Oficial del Estado una relación expresiva del cumplimiento que en el año anterior hubieren tenido las sentencias de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, consignando, en cuanto a las que no se hubieren ejecutado, la razón en virtud de la cual no hubiere tenido lugar.
SECCIÓN I. PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL
Los recursos contencioso-administrativos que tuvieren por objeto actos que se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo I de este Título, con las especialidades señaladas en los artículos siguientes.
1. El expediente administrativo deberá ser remitido al Tribunal en el plazo de diez días.
2. Recibido el expediente, se pondrá de manifiesto al demandante en la Secretaría del Tribunal, para que deduzca la demanda en el plazo de quince días.
3. Si el demandante estuviere defendido por Abogado, podrá el Tribunal acordar que se entreguen a éste o al Procurador, si lo hubiere, bajo recibo en forma, las actuaciones con el expediente, o la parte del mismo que, a juicio del Tribunal, fuese necesaria para formular la demanda.
1. Presentada la demanda, se dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a la Administración demandada con arreglo a lo que se previene en los artículos 34 y 35 de la presente Ley, para que la conteste en el plazo de quince días.
2. Cuando hubieren de contestar la demanda, además de la Administración, otras personas que tengan el carácter de demandadas, según el apartado b) del párrafo primero del artículo 29, y los coadyuvantes que hubieren comparecido, se les pondrá de manifiesto el expediente para que unas y otros la contesten simultáneamente en el plazo de quince días.
Los motivos que, con arreglo al artículo 82, darían lugar a la inadmisibilidad de la demanda no podrán invocarse como alegaciones previas; pero el demandante podrá ejercitar la facultad de subsanación a que se refiere el artículo 129 dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que se le dé traslado del escrito de contestación a la demanda en que se alegaren aquellos motivos.
Contestada la demanda, o en su caso, concluido el período de prueba, el Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia en el plazo de diez días.
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE SUSPENSIÓN DE ACUERDOS EN LAS CORPORACIONES LOCALES POR INFRACCIÓN MANIFIESTA DE LAS LEYES
1. En los casos en que los Presidentes de las Corporaciones Locales o Gobernadores civiles suspendan los acuerdos de aquéllas por infracción manifiesta de las leyes, darán traslado de la suspensión a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia respectivo en el plazo de tres días.
2. Recibido el traslado de la suspensión, la Sala de lo Contencioso-administrativo requerirá a la Corporación local que dictó el acto para que, en el plazo de diez días, remita el expediente administrativo y alegue lo que estime procedente, en defensa del mismo, y acordará que se publique en el Boletín Oficial de la provincia el anuncio de la suspensión a fin de que cuantos tengan interés en el mantenimiento o anulación del acuerdo puedan personarse en autos.
3. Recibido el expediente administrativo, la Sala dará traslado del mismo al Abogado del Estado o representante procesal de la Administración demandada para que, en el plazo de veinte días, informe acerca del mantenimiento o anulación del acuerdo.
4. Evacuado el traslado a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal pondrá de manifiesto el expediente administrativo a cuantos se hubieren personado en el proceso, para que, en el plazo de veinte días, comunes a todos ellos, aleguen lo que estimen procedente.
5. Deducidas las alegaciones a que se refiere el párrafo anterior, o transcurrido el plazo en el mismo previsto, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dictará sentencia por la que se levante la suspensión o se anule el acto a que la misma se refiere.
6. Contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo podrán interponer recurso de apelación cuantos hubieren comparecido en primera instancia.
SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO SOBRE VALIDEZ DE ELECCIONES Y APTITUD LEGAL DE LOS PROCLAMADOS CONCEJALES O DIPUTADOS PROVINCIALES
SECCIÓN I. PLAZOS
1. Los plazos serán siempre improrrogables, y una vez transcurridos se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio ni de acuse de rebeldía, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia.
2. Sólo correrán durante el período de vacaciones de verano los plazos señalados para interponer el recurso contencioso-administrativo y el de revisión.
SECCIÓN II. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO O DE LA DISPOSICIÓN OBJETO DEL RECURSO.
1. La interposición del recurso contencioso-administrativo no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición objeto del mismo, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del actor, la suspensión.
2. Procederá la suspensión cuando la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil.
1. La suspensión podrá pedirse en cualquier estado del proceso, en primera o segunda instancia, y se sustanciará en pieza separada.
2. Solicitada la suspensión se oirá al Abogado del Estado o representante procesal de la Administración demandada y a las partes demandadas y coadyuvantes, si hubieren comparecido, por término común de cinco días, y si el Abogado del Estado o representante procesal de la Administración demandada se opusiere a la misma, fundado en que de ésta puede seguirse grave perturbación a los intereses públicos, que concretará, no podrá el Tribunal acordarla sin que previamente informe el Ministerio o Autoridad de que procediese el acto o la disposición del recurso.
3. Emitido el informe o transcurrido un plazo de quince días sin haberlo recibido, el Tribunal acordará lo procedente.
1. Cuando el Tribunal acuerde la suspensión exigirá, si pudiera resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de tercero, caución suficiente para responder de los mismos.
2. La caución habrá de constituirse en metálico o fondos públicos, depositados en la Caja General de Depósitos o en las sucursales de provincia, o en las de las Corporaciones Locales, respectivamente, o mediante aval bancario.
3. El acuerdo de suspensión no se llevará a efecto hasta que la caución esté constituida y acreditada en autos.
4. Levantada la suspensión, al término del recurso o por cualquier otra causa, la Administración o persona que pretendiese tener derecho a indemnización de los daños causados por la suspensión deberá solicitarlo ante el Tribunal por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha en que aquélla hubiese quedado alzada; y si no se formulare la solicitud dentro de dicho plazo, o no se acreditase el derecho, se cancelará seguidamente la garantía constituida.
Acordada por el Tribunal la suspensión, se lo participará a la Administración que hubiere dictado el acto o la disposición, siendo aplicable a la efectividad de la suspensión lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.
SECCIÓN III. INCIDENTES E INVALIDEZ DE ACTOS PROCESALES
Todas las cuestiones incidentales que se suscitaren en el proceso, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.
1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes del mismo.
2. El Tribunal que pronunciare la nulidad de actuaciones deberá disponer, siempre que fuere posible, la conservación de aquellos actos cuyo contenido hubiere permanecido el mismo de no haberse cometido la infracción origen de la nulidad.
1. Cuando se alegare la nulidad de actuaciones en autos de que conocieren en única instancia las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y se denegare la subsanación, podrá en plazo de cinco días, promoverse el correspondiente incidente de nulidad, que resolverá la propia Sala completada con el Presidente de la Audiencia y el Magistrado más antiguo de la Sala de lo Civil.
2. Si la falta de refiriese a actuaciones del Tribunal Supremo, denegada la subsanación, el incidente se resolverá por la correspondiente Sala, constituida según lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 5, apartado a).
1. Cuando se alegare que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos dispuestos por la presente Ley, la que se hallare en tal supuesto podrá subsanar el defecto dentro de los diez días siguientes al en que se le notificare el escrito que contenga la alegación.
2. Cuando el Tribunal apreciare de oficio la existencia de algunos de los defectos a que se refiere el párrafo anterior, dictará providencia en la que los reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia.
3. Si el defecto consistiere en no haberse interpuesto recurso de reposición, siendo éste preceptivo, y se hubiere denunciado esta omisión por la Administración demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que lo formule en el plazo de diez días, y si se acreditara dentro de los cinco siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso de reposición en forma expresa, o transcurra el plazo a que se refiere el artículo 54.
SECCIÓN IV. COSTAS PROCESALES
1. Todos los escritos y actuaciones deberán extenderse en el papel timbrado correspondiente a la cuantía del asunto, a excepción de aquellos escritos que se presenten y actuaciones que se practiquen a nombre de la Administración o de quien litigue como pobre, que se extenderán en papel de oficio.
2 Sin embargo, el procedimiento contencioso-administrativo será gratuito para todos cuantos intervengan en él, sin perjuicio de la condena en costas si el Tribunal apreciare mala fe o temeridad, cuando el recurso se refiera a:
Actos de la Administración local o
Cuestiones de personal previstas en el artículo 113.
1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante las mismas se promovieren, impondrán las costas a la parte que sostuviere su acción, o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.
2. La parte coadyuvante no devengará ni pagará costas más que por razón de los recursos o incidentes que ella promueva con independencia de la parte principal.
3. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en el Título XI, Libro I, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Para la exacción de las costas impuestas a particulares procederá el apremio administrativo en caso de resistencia.
Primera. 1. Dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno establecerá, sucesivamente, las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales.
2. Su creación llevará implícita la supresión de los Tribunales Provinciales que radicaren en el territorio de su jurisdicción, con la excepción prevista en el párrafo 3 de la disposición transitoria siguiente.
Segunda. 1. Los procesos pendientes ante los Tribunales Provinciales, al crearse las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales, pasará a éstas en el estado en que se encuentren, salvo aquellos que, por haberse celebrado vista o presentado los escritos de conclusiones, solamente penda de sentencia.
2. A tal efecto, remitirán las actuaciones y expedientes administrativos a las Salas de las Audiencias Territoriales y emplazarán a las partes para que, en el plazo de treinta días, comparezcan ante ellas, mediante Abogado o Procurador asistido de Abogado, en los casos en que fuere preceptiva su intervención.
3. No obstante, cuando el número de asuntos lo aconsejare, el Ministerio de Justicia podrá acordar con carácter transitorio el mantenimiento del Tribunal Provincial Contencioso-administrativo de una determinada provincia, a los solos efectos de que se decidan por él los procesos pendientes.
Tercera. 1. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose en todos sus trámites y recursos por las normas que regían a la fecha de su iniciación.
2. Los recursos contencioso-administrativos que se interpusieren después de la vigencia de esta Ley se ajustarán a lo en ella dispuesto, pero el plazo para interposición de los que se refieren a actos dictados con anterioridad será el regulado en la legislación que se deroga.
Cuarta. Los recursos de agravios interpuestos contra los actos de la Administración Central a que se refiere el artículo 3 de la Ley de 18 de marzo de 1944, dictados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se sustanciarán y decidirán con arreglo a lo dispuesto en aquélla.
Quinta. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en relación con los actos dictados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que no fueren susceptibles de impugnación, a tenor de los artículos 2 y 3 de la Ley de 18 de marzo de 1944, ni con los que fueren reproducción, conformación, revisión o reforma de ellos.
Sexta. 1. Conservarán sus derechos los Magistrados de las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, Secretarios y demás personal auxiliar que estuviesen adscritos a la Jurisdicción Contencioso-administrativa al entrar en vigor esta Ley.
2. Las plazas correspondientes al turno previsto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 20, mientras no existan Magistrados que reúnan las condiciones en el mismo previstas, se proveerán entre los Fiscales generales de las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, los Abogados Fiscales procedentes de la Carrera Fiscal y los Magistrados adscritos a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo de Madrid y Barcelona que en la fecha de publicación de esta Ley y con un año de antelación a su entrada en vigor se hallen prestando sus servicios en estas mismas Salas y, en defecto de ellos, por partes iguales, siguiendo los turnos a) y c) del párrafo 2 del mencionado artículo 20.
Séptima. 1. Los Fiscales generales y los Abogados Fiscales procedentes de la Carrera Fiscal que al publicarse esta Ley estuviesen adscritos a las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, seguirán asumiendo la representación y defensa de la Administración pública en los términos previstos en la legislación vigente.
2. A medida que se produzcan vacantes en las plazas a que se refiere el párrafo anterior, serán provistas con Abogados del Estado.
3. Los Abogados del Estado que al publicarse esta Ley hubieren sido nombrados Abogados Fiscales de las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, seguirán prestando sus servicios en las mismas como tales Abogados del Estado, conservando para lo sucesivo los derechos que hubieren adquirido en orden a la cuantía de su retribución y a la edad de jubilación.
4. Mientras no sea asumida totalmente por los Abogados del Estado la representación y defensa de la Administración pública en los términos previstos en esta Ley, los Fiscales generales y Abogados Fiscales procedentes de la Carrera Fiscal dependerán orgánicamente del Fiscal del Tribunal Supremo, pero en lo que se refiere a la prestación del Servicio de defensa de la Administración General del Estado, la Dirección General de lo Contencioso del Estado cursará las oportunas instrucciones por mediación del Fiscal del Tribunal Supremo.
Octava. 1. Los Magistrados adscritos a las Secciones especiales en los Tribunales Provinciales de lo Contencioso-administrativo de Madrid y Barcelona con un año de antelación a la entrada en vigor de esta Ley y que prestaren sus servicios en las mismas al crearse las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales respectivas, podrán pasar a formar parte de éstas sin necesidad de concurso.
2. El plazo de diez años requerido por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 20 se contará a partir de la fecha en que los Magistrados hayan comenzado a prestar sus servicios en Salas de nueva creación.
Primera. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, cree una nueva Sala de lo Contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo y regule la composición de dicha Sala y de las que existen en la actualidad, creando las plazas de Magistrados y Secretarios necesarios para su bien funcionamiento.
Segunda. No obstante lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, el Gobierno podrá acordar, mediante Decreto, que la sede de la Sala de lo Contencioso-administrativo radique en capital de provincia distinta de aquella en que la tenga la Audiencia Territorial respectiva, cuando el reducido número de asuntos que se tramiten en esta última lo justifique.
Tercera. Si el servicio lo requiriese, el Gobierno podrá ampliar, con dos plazas más la plantilla de Magistrados de las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales, sin que por ello quede dispensado el Presidente del turno de ponencias ni hayan de formar Sala número superior al señalado en el artículo 12.
Cuarta. 1. La oposición a que se refiere el artículo 21, párrafo 2, apartado b), se realizará en Madrid ante un Tribunal nombrado por el Ministerio de Justicia, que presidirá el Presidente del Tribunal Supremo el de Sala del mismo Tribunal en quien delegue, y estará constituido por los Vocales siguientes:
Dos Magistrados de Sala de lo Contencioso-administrativo, de los que uno será del Tribunal Supremo, y el otro de Audiencia Territorial.
Dos Catedráticos de Universidad, uno de los cuales, al menos, será de Derecho administrativo.
Un Letrado del Consejo de Estado.
Un Abogado en ejercicio designado por el Colegio de Madrid.
El Jefe de la Sección de Personal de las Carreras Judicial y Fiscal del Ministerio de Justicia, que actuará como Secretario.
2. Se autoriza al Ministro de Justicia para regular el programa y régimen de las oposiciones a que se refiere el párrafo anterior y el concurso previsto en el artículo 21, párrafo 2, apartado a).
Quinta. Asimismo se autoriza al Gobierno para que modifique, mediante Decreto, y cuando lo estime oportuno, la cuantía a que se refiere el artículo 94, párrafo 1, apartado a), en atención a las oscilaciones que se produzcan en los índices de precios.
Sexta. En lo no previsto en esta Ley regirán como supletorias la de Enjuiciamiento Civil y las disposiciones orgánicas generales del Tribunal Supremo y de las Audiencias Territoriales.
Primera. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado .
Segunda. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la Jurisdicción y Procedimiento contencioso-administrativo, así como las reguladoras del Procedimiento administrativo en cuanto se opongan a la presente Ley.
Artículos 119 y 120:
El contenido de estos artículos ha de entenderse sustituido por el de la Sección XVI del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Texto vigente hasta el 14 de diciembre de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley 29/1998 que la deroga y sustitutuye.
Artículos 118 y 123:
Según la redacción dada por la disposición adicional primera de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre.
Artículos 52, 53, 54 y 55:
Derogado por Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Artículo 40 (letra d):
Declarado derogado por la Sala II del Tribunal Constitucional.
Artículos 35, 131 (apdo. 4) y 132:
Derogado por Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Artículo 7; Capítulo II (Secciones II, III y IV), Capítulo III (Secciones I, II, III y IV):
Derogado por Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 28 (apdo. b)
Derogado según Sentencia de la Sala V del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1.987.

References: artículo 132
 artículo 110
 artículo 67
 artículo 53
 resolución 
 artículo 40
 artículo 39
 artículo 129
 resolución 
 artículo 60
 artículo 29
 resolución 
 artículo 61
 artículo 82
 artículo 129
 resolución 
 artículo 69
 artículo 42
 artículo 79
 artículo 88
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 95
 artículo 95
 resolución 
 artículo 95

Artículo 102
 artículo 93

Artículo 102
 resolución 

Artículo 102
 resolución 
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 29
 artículo 82
 artículo 129
 artículo 16
 artículo 54
 artículo 113
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 94

Artículo 40

Artículo 7

Artículo 28