Source: https://supremo.vlex.es/vid/729540221
Timestamp: 2019-03-21 03:18:57+00:00

Document:
STS 943/2018, 5 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729540221
Número de Recurso: 2867/2017
Número de Resolución: 943/2018
MÉTODO DE COMPROBACIÓN. VALOR REAL DE INMUEBLES. CÁLCULO ITP. El método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes, no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, salvo que el método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora por parte de la Administración directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a valoración. Se desestima el recurso de casación.
Sentencia núm. 943/2018
Número del procedimiento: 2867/2017
R. CASACION núm.: 2867/2017
Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 2867/2017 interpuesto por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada y defendida por la letrada de sus servicios jurídicos, contra la sentencia de 9 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pronunciada en el recurso núm. 90/2016 , sobre liquidación provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales -ITP-.
Han comparecido como partes recurridas el Abogado del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO; y la procuradora doña María Teresa Aguado Simarro, en el de DON Emiliano .
En este recurso de casación se impugna la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 9 de marzo de 2017 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Emiliano contra la resolución de 12 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Castilla-La Mancha, que había desestimado la reclamación deducida contra la resolución de 11 de junio de 2012, del liquidador de la Oficina Liquidadora de Illescas (Toledo), de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha. En ésta se practicó liquidación provisional derivada de expediente de comprobación de valores del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, fijando una cuota diferencial de 3.271,52 euros, derivada del valor comprobado de 121.729,51 euros frente al declarado de 75.000 euros, en relación con la adquisición, en escritura pública de compraventa, de una vivienda y sus anejos en Seseña (Toledo).
Mediante escritura pública de compraventa otorgada el 16 de marzo de 2012, adquirió don Emiliano y otra más una vivienda y sus anejos, en el municipio de Seseña (Toledo) por un precio de 75.000 euros, a la entidad mercantil Altamira Santander Real Estate, S.A. La Administración autonómica efectuó comprobación de valores de la que resultó, para tales inmuebles, el de 121.729,51 euros, conforme al método que prevé el art. 57.1.b) de la Ley General Tributaria -LGT -, lo que llevó a cabo aplicando un índice multiplicador sobre el valor que figura en el registro oficial de carácter fiscal, concretamente el valor catastral del inmueble. Notificada la valoración y la liquidación subsiguiente, el Sr. Emiliano formuló frente a ésta reclamación ante el TEAR de Castilla-La Mancha, que la desestimó en el citado acuerdo de 12 de noviembre de 2015.
La Sala de instancia dictó sentencia de 9 de marzo de 2017 , estimatoria del recurso jurisdiccional entablado, y anuló la liquidación impugnada. La sentencia razona lo siguiente, en relación con la motivación de la liquidación recurrida (FJ 2º):
Abordada tal cuestión, la sentencia a quo examina la validez de la liquidación en cuanto al fondo mismo de la valoración en que descansa, señalando que la parte recurrente ha acreditado que mediante la aplicación de un método diferente al empleado por la Administración se alcanza no sólo un avalúo notablemente inferior al determinado por ésta, sino que se ajusta en mayor medida al valor real del inmueble objeto de la transmisión dominical. Así lo razona en el F.J. 3º, tras reseñar el artículo 57.1 LGT :
"[...] La parte actora alega que en el conjunto residencial construido sobre la parcela de terreno 23.1, 23.2 del S.A.U. "EL QUIÑON" de las Normas Subsidiarias del municipio de Seseña, la sociedad Altamira Santander Real Estate, S.A., en su condición de inmobiliaria del Banco Santander Central Hispano, S.A., se adjudica, entre otras, la finca objeto de transmisión. Que tanto la vivienda como el resto de los inmuebles edificados sobre la parcela de terreno antedicha, fueron construidos con anterioridad a dicha adjudicación por el promotor conocido a través de la prensa nacional como "EL POCERO", y ante el impago de las hipotecas y créditos concedidos al promotor por parte del mismo, el Banco Santander, en su condición de acreedor hipotecario, tuvo necesidad de adjudicarse el referido inmueble a través de la aludida inmobiliaria, quien, a su vez, transmitió esta vivienda al recurrente. Atendiendo a las condiciones del mercado, en el año 2012 se produjo por parte de dicha inmobiliaria una rebaja drástica de los precios de las viviendas, con la evidente necesidad y finalidad de venderlas, siendo la rebaja objeto de divulgación pública y publicidad en la propia urbanización, vendiéndose las viviendas de tres y cuatro dormitorios desde 65.000 euros. Y, a la vista de los precios notoriamente rebajados, el recurrente adquirió la vivienda en cuestión a un precio de 75.000 euros. Es decir, el Banco Santander y su inmobiliaria Altamira decidieron vender las viviendas al precio de mercado reinante, ofertando de manera pública los precios rebajados, oferta que fe aceptada por los compradores. Por tanto, no nos encontramos aquí en un supuesto en que sin la más mínima publicidad o con publicidad atenuada concurren dos sujetos a la Notaría y se transmite un inmueble por un precio que puede ser sospechoso de que coincida con el real. Aquí se está hablando de transmisión en bloque por unas condiciones señaladas de manera pública que permite deducir que el precio escritura de la vivienda coincide con el precio real percibido y abonado por la misma, precio que además coincide con los criterios de mercado. Concluye diciendo que la vivienda, que en 2007 hubiese costado de 140.000 euros en adelante, vio luego su precio rebajado a la mitad.
En la sentencia de 18 de junio de 2013 (recurso 195/2009), hemos señalado que "Así las cosas, los medios de comprobación que se establecen en la LGT y en la Ley 17/2005 se establecen de forma no jerárquica, sino como opciones posibles todas ellas. Pues bien, entendemos que si el actor demuestra, como lo hace, que con unos métodos legales de valoración se obtendría un valor notoriamente inferior al obtenido por la Administración mediante la aplicación de otros métodos, y más próximo al declarado, en tal caso es necesario justificar porqué se aplica uno y no el otro. De manera muy particular cuando resulta que el que el método que da un resultado inferior es el que en la misma época de la comprobación se estaba regulando como de aplicación prioritaria por la Orden de 09/08/2007 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el art. 57.1.b de la Ley General Tributaria (la Orden se aprobó el 9 de agosto, se publicó en el DOCM de 21 y entró en vigor el 22). Al margen de que la Orden fuera o no aplicable estrictamente al caso, la misma simplemente viene a reforzar la idea de que si por un determinado método se obtiene un resultado inferior y más afín al declarado por el sujeto pasivo, habrá que explicar por qué no se aplica, máxime cuando tal método era el que por las mismas fechas la Junta consideraba prioritario".
La letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la representación legal y defensa jurídica que legalmente ostenta, presentó el 28 de marzo de 2017 escrito de preparación del recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.
La Sala de instancia acordó, mediante auto de 16 de mayo de 2017, tener por preparado el recurso de casación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la mencionada sentencia de 9 de marzo de 2017 .
La sección primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por auto de 2 de octubre de 2017 , en que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en las siguientes tres cuestiones concatenadas:
TERCERO. Interposición del recurso de casación y oposición formulada por la Abogacía del Estado y por la representación procesal del Sr. Emiliano .
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interpuso recurso de casación mediante escrito de 28 de noviembre de 2017, que observa los requisitos legales, en el que se mencionan como normas jurídicas infringidas: a) En primer lugar, el artículo el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (TRLITPyAJD); b) En segundo lugar, los artículos 57.1 y 135 de la LGT ; c) En tercer lugar, el artículo 158 del RGAT.
Sostiene en primer término la validez y el carácter objetivo del método de valoración a través de coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral asignado al inmueble , pues el artículo 57 de la LGT regula una serie de medios de comprobación de valores. Que se ofrezcan varios -indica- ya dice mucho de las complejidades a las que nos podemos enfrentar, pero también que siempre ha de primar un ideal, y es que todos estos medios caen en saco roto si con ellos no logramos comprobar el valor real de las cosas. Hacia esa objetividad se mueven estos medios consagrados por el legislador, y en ellos encontramos herramientas útiles para objetivar la obligación tributaria, perfeccionadas por la jurisprudencia y por las reformas legislativas acometidas [...].
La falta de prueba contra el valor comprobado por la Administración . La estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, aquí los que figuran en el Catastro Inmobiliario, es el medio de comprobación al que ha acudido la Administración, constituyendo éste un procedimiento de valoración perfectamente admisible en Derecho, según sostiene. Añade que la Ley de Castilla-La Mancha 21/2002, de 14 de noviembre de 2002, en su artículo 11 , prevé que la valoración pueda realizarse según los valores que figuren en los registros oficiales del catastro inmobiliario y que su estimación se realice ajustando el valor catastral del bien, vigente al momento del devengo, con el coeficiente publicado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el artículo 66.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, siempre que dicho valor haya entrado en vigor en 1994 o después.
En suma, destaca el recurso la ausencia de prueba del recurrido para invalidar la comprobación de valores hecha por la Administración, pero también combate la endeble prueba articulada para aplicar el medio de comprobación de los precios medios del mercado, pues las pruebas esgrimidas únicamente acreditan que lo que figura como precio en la escritura pública de compraventa es lo que se publicitaba como precio de venta y que fue pagado por don Indalecio (sic). Culmina el argumento afirmando que "... [N]o podemos admitir que la campaña publicitaria de una filial inmobiliaria de un banco para deshacerse de su stock inmobiliario sea indicativo de los precios medios de mercado en la zona. La utilización de este medio de comprobación exige unos determinados requisitos que no fueron cumplidos".
De los precios medios del mercado. Persistiendo en el vedado terreno de la valoración de la prueba, ensaya la Administración recurrente, por reducción al absurdo, el argumento siguiente: "...Concibamos el hipotético escenario en el que se anuncie mediante un cartel colgado en un balcón de una vivienda el precio de su venta. No solamente la identidad del vendedor y un medio de contacto, o incluso las características de la vivienda, sino el precio por el que el vendedor estaría dispuesto a desprenderse del inmueble. Pudiera parecer histriónico este ejemplo, pero este reduccionismo es el que nos plantea el presente caso. En tanto se haya anunciado el precio de venta, publicitándose incluso en un medio de comunicación, ello bastaría, según el recurrido y la sentencia impugnada, para calificar esa cifra escrita en un cartel que cuelga de un balcón, como precio de mercado [...].
El Abogado del Estado, emplazado como recurrido en este recurso de casación, presentó escrito el 5 de febrero de 2018, en el que manifiesta que se abstiene de formular oposición.
La procuradora doña María Teresa Aguado Simarro, en nombre y representación de don Emiliano , emplazada también como recurrida en este recurso de casación, presentó escrito de oposición de 12 de enero de 2018, en el que suplica se dicte sentencia que desestime el recurso de casación y confirme la sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas. Los motivos en que sustenta su defensa de la sentencia impugnada se pueden resumir así:
En virtud de la facultad que le confiere el artículo 92.6 LJCA , la Sección consideró no consideró necesaria la celebración de vista pública, señalándose para la deliberación, votación y fallo del recurso la audiencia del día 16 de mayo de 2018, fecha en la que se deliberó, votó y falló en asunto con el resultado que ahora se expresa.
Objeto del presente recurso de casación y necesaria remisión a dos pronunciamientos anteriores de esta misma Sala.
El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la pronunciada por la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, impugnada en casación por la letrada de dicha Comunidad Autónoma, es conforme a Derecho, o si, por el contrario, incurre en algunas de las infracciones legales que la Administración impugnante le reprocha, respecto a varias cuestiones conexas que el auto de admisión suscita, relacionadas todas ellas con la utilización en este singular asunto del método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano, consistente en la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado a aquél ( art. 57.1.b) LGT ).
Idéntica cuestión a la que ahora abordamos -también en relación con la adquisición de un inmueble en circunstancias sustancialmente idénticas a las que ahora nos ocupan- ha sido resuelta por esta misma Sala y Sección en las recientes sentencias núms. 842/2018 y 843/2018, dictadas en ambos casos con fecha 23 de mayo de 2018 en los recursos de casación núms. 1880/2017 y 4202/2017 , respectivamente, deliberados conjuntamente con el que nos ocupa y con otros procedimientos también idénticos.
Decíamos en aquellas sentencias, y reiteramos ahora, que la solución del asunto exige de dar respuesta a las cruciales preguntas de si para comprobar el valor declarado a efectos del ITP puede la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al contribuyente a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real; así como el alcance de la tasación pericial contradictoria como medio de desvirtuar el valor basado en el empleo del mencionado coeficiente -y, en esencia, si tal iniciativa es una facultad o una carga- y si es el único medio posible de enervar la tasación administrativa; y, finalmente, atendidas las peculiaridades del caso, en presencia de las circunstancias de lugar y tiempo concurrentes en el mercado localizado en que tuvo lugar la adquisición, si el precio satisfecho bajo tal coyuntura puede considerarse como precio medio de mercado.
Los razonamientos que se exponen a continuación son, por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, reproducción literal de los incluidos en aquellas sentencias en las que -insistimos- se abordan idénticas cuestiones fácticas y jurídicas a las que aquí se plantean.
Algunas precisiones necesarias antes de dar respuesta a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión.
Es cierto que esta Sala, mediante sentencias (dos) de 6 de abril de 2017, pronunciadas en los recursos de casación nº 888/16 (ES:TS:2017:1358) y 1183/20168 (ES:TS:2017:1361), ha estimado sendos recursos planteados por la Administración autonómica allí recurrente, sobre una cuestión evidentemente emparentada con la aquí controvertida, pero con la que son visibles apreciables diferencias de perspectiva y enfoque, en tanto en aquéllos dos asuntos el objeto de nuestro pronunciamiento era, abstractamente, la validez de una orden autonómica de aprobación de los coeficientes que servían de índices al valor catastral, siendo significativo que en tales recursos, a los que les era aplicable la derogada regulación del recurso de casación, no se plantease motivo alguno en relación con los artículos 10.1 y 46, así como sus concordantes, del TRLITP.
Por lo demás, algunas de las declaraciones que, principales o accesorias, contienen las aludidas sentencias de esta Sala, han de ser objeto de necesaria modulación, en la medida en que el recurso de casación aquí promovido les atribuye un valor prácticamente absoluto del que en realidad carecen. En particular, destaca la idea de la pretendida discrecionalidad de la Administración para seleccionar cualesquiera de los métodos de valoración enumerados en el artículo 57.1.b) de la LGT , en relación con toda clase de tributos -y para toda clase de bienes o derechos-, lo cual no es admisible en los términos y con la amplitud con que tal proposición se exterioriza en el recurso.
Otro de los escollos, al menos aparentes, que dificultan nuestro quehacer reside en la circunstancia de que la Administración se ha valido en este caso de una disposición reglamentaria que, con alcance general, sustituye la comprobación directa e individualizada del bien de cuya tasación se trata por algo esencialmente diferente. Al margen del problema que representa que la orden autonómica no haya sido objeto de impugnación indirecta con ocasión del recurso dirigido frente a la liquidación -que no sería, eventualmente, un obstáculo para su inaplicación, como autoriza el artículo 6 de la LOPJ - lo cierto es que las nociones esenciales para la comprensión del ejercicio de la potestad comprobadora de la Administración deben venir referidas al contenido normativo de esa orden.
Con todo, la dificultad mayor que el recurso de casación ofrece al desarrollo adecuado y pleno de la labor que institucionalmente nos incumbe -ya lo hemos anticipado- es la de deslindar el puro terreno de la valoración probatoria, vedado en el debate casacional, de aquél otro que sí nos corresponde afrontar, el de la vertiente normativa de la prueba del valor real y el de la idoneidad del método establecido en el artículo 57.1.b) de la LGT para servir de comprobación de los valores en aquéllos impuestos cuya base imponible viene constituida por el valor real del bien transmitido, como es el caso del impuesto que grava las transmisiones patrimoniales.
Consideraciones a la primera cuestión, sobre si la Administración tributaria puede invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado no se corresponde con el valor real.
Por ello mismo, no es casual ni de una importancia menor que en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales que aquí nos ocupa se trate de establecer el valor real del bien o derecho transmitido (arts. 10.1 y 46 TRLITP).
Esa inexactitud a priori , consustancial a la idea de valor real y a su integración en la categoría dogmática de los conceptos jurídicos indeterminados , guarda relación directa con la que padece otra noción relativamente semejante, la de valor de mercado. Ello hasta el punto de que esta misma Sala, en jurisprudencia reiterada, identifica ese valor real con el "...precio que sería acordado en condiciones de mercado entre partes independientes..." ( Sentencia, entre otras, de 18 de junio de 2012, pronunciada en el recurso de casación nº 224/2009 (ES:TS : 2012:4224), para un caso de IRPF).
Como recuerda el Tribunal Constitucional, la expresión del valor real impone a la Administración la obligación de circunscribirse, dentro de una esfera de apreciación, a unos criterios de naturaleza técnica que no puede obviar, de manera que puede afirmarse que la Ley impide que aquélla adopte decisiones que puedan calificarse, desde la perspectiva analizada, como libres, antojadizas, en suma, arbitrarias ( STC 194/2000 ) (ES: TC: 2000:194). Dice así la mencionada sentencia:
Sobre la tasación pericial contradictoria y su pretendido carácter de carga para desvirtuar el valor comprobado.
No es en rigor un medio de impugnación del que haya de ser informado el comprobado en la notificación del acto resultante de la comprobación ( sentencia de 5 de mayo de 2014, recurso de casación nº 5690/2011 ), sin perjuicio de que no resulta impertinente ni desatinado ofrecer tal posibilidad, que no la convierte en un recurso. De hecho, en la muy reciente sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 2018, que resuelve el recurso de casación nº 38/2017 , deliberada en la misma fecha que este asunto, sin prejuzgar su naturaleza de recurso administrativo, se declara que es necesario informar en la notificación al responsable solidario de la posibilidad de la tasación pericial contradictoria, cuando la liquidación primera hubiera estado precedida de una comprobación de valores.
También se ha declarado por la doctrina jurisprudencial que no cabe la tasación pericial contradictoria al margen de la comprobación de valores. Si hay una valoración administrativa que no se produce en el marco de tal específico procedimiento, lo pertinente es la impugnación de la liquidación por los cauces ordinarios ( sentencia de 14 de noviembre de 2011, dictada en el recurso de casación nº 5230/2008 (ES: TS : 2011:7569).
Las circunstancias especiales de mercado en presencia de las cuales se determina el precio de venta.
No es secundario, en tal contexto, advertir, además, que el Sr. Emiliano intentó en juicio una prueba documental pertinente que, admitida por la Sala a quo , no se pudo practicar porque la AEAT destinataria del requerimiento efectuado no quiso cumplimentarlo (se refería a prueba de los transmitentes anteriores y del actual en relación con el IVA ingresado y con la base imponible de su impuesto sobre sociedades, a fin de verificar la homogeneidad del precio). Aun no habiendo sido valorada por la sentencia tan insólita negativa a responder a un requerimiento judicial, lo que resulta relevante ahora es que, si el valor real, por hipótesis, no corresponde a lo satisfecho por el adquirente en el negocio traslativo, aquí compraventa, sino a un precio superior derivado del empleo de fórmulas abstrusas y no explicadas, tampoco lo sería, por pura coherencia, ese valor declarado si se considera desde la perspectiva del transmitente, a fin de evitar una clara incoherencia y desigualdad entre situaciones jurídicas.
A. La primera cuestión consiste en "determinar si la aplicación de un método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real".
B. La segunda cuestión se formula así: "determinar si, en caso de no estar conforme, el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método, habida cuenta de que es el medio específicamente regulado para cuestionar el valor comprobado por la Administración tributaria en caso de discrepancia".
C. Finalmente, consideramos que la respuesta a la tercera pregunta, consistente en "determinar si puede ser considerado como precio medio de mercado del inmueble urbano transmitido, que refleja su valor real, el precio satisfecho por el adquirente en una situación puntual y excepcional en el mercado local" , resulta innecesaria, no sólo porque esa valoración se sitúa igualmente en el terreno de la valoración probatoria, sino porque, además, debe entenderse ya contestada en las respuestas a las preguntas anteriores.
En particular, el artículo 46.1 del Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre el que versa este recurso, señala que:
Primero. Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia.
Segundo. Declarar no haber lugar al recurso de casación núm. 2867/2017, interpuesto por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 9 de marzo de 2017, dictada en el recurso núm. 90/2016 .
Número: 2867/2017
Magistrado/a que formula el voto particular: Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen
VOTO PARTICULAR que formula el magistrado Nicolas Maurandi Guillen a la sentencia de 5 de junio de 2018 dictada por esta Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 1881/2017.
Lo hago en los mismos términos del Voto Particular que he formulado en el recurso de casación núm. 1880/2017, al que me remito en su totalidad y cuyo contenido doy por reproducido.
En Madrid, a 5 de junio de 2018
STSJ País Vasco , 19 de Abril de 2005

References: resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 158
 artículo 57
 artículo 11
 artículo 66
 artículo 92
 artículo 57
 artículo 6
 artículo 57
 artículo 46