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Timestamp: 2019-08-18 09:40:40+00:00

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BOCG. Senado, apartado I, núm. 178-1282, de 25/04/2013
cve: BOCG_D_10_178_1282
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Palacio del Senado, 15 de abril de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El 7 de septiembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. El proyecto de ley ha sido remitido al Congreso para iniciar el trámite parlamentario antes de la aprobación de la ley que declare el número 15 de los parques nacionales del Estado español. Todo ello según establece el artículo 10 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
La declaración de un Parque Nacional supone el reconocimiento del alto valor ecológico, la singularidad y representatividad de una zona natural, al tiempo que se adquiere el compromiso de su conservación y protección.
El artículo 10.5 de la Ley 5/2007, establece que la propuesta de Parque Nacional, aprobada inicialmente, se someterá al trámite de información pública. Por su parte la exposición de motivos recoge que la propuesta de un nuevo parque nacional exige que reúna las garantías correspondientes de transparencia
y de participación por lo que además del proceso de información pública, las alegaciones se incorporarán al expediente de la propuesta, debiendo ser informado por el Consejo de la Red, previamente a que el Ministerio competente la eleve al Consejo de Ministros.
En relación al procedimiento se ha evitado una verdadera y real participación pública, se ha eludido la fuerte oposición social al Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, en el que se incluye la propuesta, y ni siquiera se han contestado las alegaciones presentadas. Por su parte el artículo 10.5 de la Ley 5/2007 establece que las alegaciones y sus contestaciones formarán parte del expediente de la propuesta que será remitida a las asambleas legislativas autonómicas, al Ministerio competente en materia de medio ambiente y al Consejo de la Red de Parques Nacionales, antes de que el Gobierno remita la propuesta de ley de declaración a las Cortes Generales.
En consecuencia la propuesta resulta muy deficiente y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
El Consejo de la Red de Parques Nacionales órgano que debe pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre el trámite de información pública, respecto de las alegaciones presentadas y sus contestaciones, no ha formado parte del expediente de la propuesta. Todo ello se ha sustituido por informes genéricos sobre porcentajes y generalidades que dificultan conocer el grado de cumplimiento del trámite de información pública.
Se destaca que ni en el procedimiento de aprobación del PORN (18.500 alegaciones en la Comunidad de Madrid), ni en el de la aprobación de la propuesta de parque nacional (146 escritos de alegaciones y 900 alegaciones en la Comunidad de Madrid) se han contestado las alegaciones presentadas. Por ello, los miles de ciudadanos que han participado desconocen las razones por las cuales sus alegaciones no han sido tenidas en cuenta. De hecho, se han producido situaciones tan incomprensibles como que el propio Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) nunca haya recibido la contestación al informe de alegaciones remitido en octubre de 2010, a la propuesta conjunta de la Comunidad de Madrid y Castilla y León del parque nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama.
Ni las Asambleas Legislativas, ni el OAPN, ni el Consejo de la Red de Parques nacionales han tenido acceso al expediente original, a las alegaciones presentadas y a sus contestaciones, de forma directa.
Esto supone que la Red de Parques Nacionales, el 6 de junio de 2012, informó sobre el trámite de información pública careciendo de información suficiente para valorar adecuadamente la misma.
Todo ello parece apuntar a que los objetivos reales de la declaración del nuevo Parque Nacional responde más a intereses ajenos (políticos, económicos, empresariales, etc.) que a la conservación de la Sierra de Guadarrama.
El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama aprobado no asegura una protección suficiente para el ecosistema y abre la puerta a la urbanización de amplias zonas, hoy protegidas. Valga como ejemplo la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de presentar el anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales. Se excluyen zonas de ladera y piedemonte y son precisamente las zonas situadas cerca de los pueblos serranos y sobre los que están proyectados grandes crecimientos urbanísticos, allanando el camino para construir más de 40.000 viviendas y cuatro campos de golf.
Las limitaciones del Parque ya tenían otras figuras de protección, como son la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque de Peñalara, y por el contrario existe un claro riesgo de que el nivel de protección que se plantea en definitiva sea menor que el actual, al desaparecer, en concreto, la alta protección que tienen los humedales de Peñalara.
En consecuencia, la zonificación, además de confusa y enrevesada, no se basa en valores naturales, sino en el régimen de propiedad, ya que prácticamente coincide el plano de las propiedades privadas con las zonas de transición, mientras que las de propiedad pública se clasifican como Parque Nacional. Por otra parte, existen algunas zonas que están fuera del Parque Nacional que tienen un valor ambiental más alto que algunas que están dentro del mismo.
Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural consideramos inaceptable que se deje fuera del mismo a la estación de Valdesquí, cabecera del valle del Lozoya ya que las estaciones de esquí estrangulan el parque. En la actualidad tiene una protección mayor de la que se va a permitir, lo que supone pueda afectar a la continuidad del territorio, como ha manifestado el propio Organismo Autónomo de Parques Nacionales, porque la solución adoptada supone reducir la unión entre la zona sur y la norte a poco más de un kilómetro de ancho y, se abre la posibilidad de unir Valdesquí con la estación del Puerto de Navacerrada. Con la afectación grave a nivel medioambiental que esto puede suponer.
Respecto a las infraestructuras, la actual propuesta no asegura la preservación de la sierra de Guadarrama de la proliferación de las mismas, permite actuaciones tan agresivas como el desdoblamiento de la carretera del Puerto (de momento hasta el cruce de Becerril) etcétera, que puedan atravesar su territorio, incluso sobre los aledaños.
En cuanto al urbanismo, la zona de transición es una de nuestras mayores preocupaciones. Existen previsiones de 43.000 nuevas viviendas en 17 de los 35 municipios afectados. Las dehesas, uno de nuestros ecosistemas y paisajes más ricos, se encuentran en peligro, ya que si menos del 30% del suelo tiene cobertura arbórea el terreno puede ser declarado urbanizable, y hay que tener en cuenta que la cobertura es de dehesa —una figura muy abundante en la zona de transición y el Parque— con una media del 20%.
Este es un proyecto que, de hecho, permite la caza en un Parque Nacional, lo que es contrario a la propia Ley de Parques.
En definitiva, la propuesta aprobada convierte el Parque Nacional en una especie de parque temático de las cumbres, rodeado de urbanizaciones e infraestructuras que solo parece pretender el enriquecimiento de unos pocos y el negocio especulativo del suelo, en la continuación de un modelo que nos ha abocado a la situación de grave crisis actual.
En definitiva, para IU con este Proyecto se conseguirá un espacio con menores protecciones a las actuales y se sentará un precedente para que se pueda hacer lo mismo en otras zonas semejantes. Por todo ello consideramos que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama debería de contemplar, al menos, los siguientes parámetros:
• Ampliar los límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con la inclusión de Valdesquí.
• Un pre parque que actúe como una verdadera zona de protección con unas figuras de protección homogéneas y eficaces, en la en el que el crecimiento urbanístico esté limitado a las necesidades reales de crecimiento natural de la población.
• Prohibición de caza en todo el territorio de parque nacional sin excepciones y sin subterfugios.
• La incorporación de un plan de mejora que incluya una verdadera recuperación ambiental del puerto de Navacerrada, basado en la no construcción de hoteles u otras instalaciones y, en concreto, la prevista en el antiguo refugio del club de Peñalara. La no autorización de desarrollos urbanísticos ni nuevas edificaciones, ni de aumento del número de plazas de aparcamiento. Un plan de acceso al puerto de Navacerrada los fines de semana, basado fundamentalmente en el transporte colectivo público.
• La prohibición expresa de toda posibilidad de unificar las estaciones de esquí alpino en Navacerrada y Valdesquí y la ampliación de las estaciones de esquí alpino. Así como la implantación progresiva de alternativas económicas, sociales y ecológicas viables para el mantenimiento del empleo, es decir, un plan de desarrollo ecológico, económico y social de la zona limítrofe y del parque que permita que la población permanezca arraigada al terreno con una calidad de vida buena, unos servicios sociales de garantía y con políticas activas de creación de empleo.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Palacio del Senado, 23 de abril de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, desde su concreción por el Gobierno hasta el inicio de su tramitación parlamentaria en el Senado, ha sido objeto de numerosas quejas, alegaciones y denuncias, basadas en sus carencias, en defectos de forma, y en la falta de consistencia y de suficiente protección medioambiental.
No está justificada la celeridad del Gobierno en la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de varios recursos judiciales que podrían modificar o anular su contenido inicial. Además, durante su elaboración, no se han respetado adecuadamente los requisitos de transparencia y participación pública que establece la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Es especialmente grave que no se hayan contestado las alegaciones presentadas ni en el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Comunidad de Madrid (18.500 alegaciones), ni en el de la aprobación de la propuesta de parque nacional (1.046 alegaciones). Además, el Consejo de Red de Parques Nacionales emitió su informe preceptivo al proyecto de ley sin el rigor necesario dado que no se ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas.
El Gobierno presenta un proyecto de ley para la declaración del quinceavo Parque Nacional español con una superficie insuficiente para preservar su valor ecológico y garantizar su conectividad entre ecosistemas. Sólo se han incluido los terrenos que eran públicos, sin tener en cuenta su valor medioambiental, y evitando la incorporación de terrenos privados con alto valor ecológico. Además, se excluyen zonas de ladera y piedemonte, y muchas de estas áreas están situadas muy cerca de poblaciones que tienen proyectados grandes crecimientos urbanísticos.
Resulta incongruente e inaceptable que el nivel de protección del Parque Nacional previsto pueda ser menor que el existente, al desaparecer la alta protección que tienen los humedales de Peñalara.
La declaración de un nuevo Parque Nacional debería ser motivo de alegría y satisfacción para todos, ya que se convierte en un gran activo del medio ambiente de nuestro país y su definición y contenido debería basarse en un gran consenso. Pero el Gobierno del Partido Popular, una vez más, demuestra que sus políticas no buscan el interés general sino el interés de unos pocos y, en una visión miope de la realidad y con la excusa de la crisis económica, pretende reforzar el falso planteamiento que contrapone protección ambiental con recuperación económica.
Además, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no puede tolerar una nueva vulneración, por parte del Gobierno, del reparto de competencias autonómicas, al incluir la posibilidad de suplantar a las Comunidades Autónomas en la gestión del Parque Nacional en contra de la propia doctrina del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, nuestro Grupo parlamentario presenta la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Palacio del Senado, 23 de abril de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
La declaración de un Parque Nacional, por parte de las Cortes Generales, está reservada por nuestro ordenamiento jurídico a aquellos espacios de mayor valor ecológico, que resultan merecedores de la máxima protección mediante el compromiso explícito de las Administraciones y del conjunto de los ciudadanos. La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, fija como objetivo —declarado de interés general del Estado, en el marco de los dispuesto en los artículos 45 y 149.1.23 de la Constitución— la configuración y conservación de un sistema que integre la muestra más representativa del patrimonio natural y la biodiversidad de España. Para ello, cada uno de los espacios naturales que forman parte de la Red contribuirán, por su características y singularidad, a completar dicha representatividad, de acuerdo con los requisitos y los procedimientos establecidos por la Ley 5/2007. Los efectos ya evidentes del cambio climático, así como de la creciente pérdida de biodiversidad, hacen aún más importante la
preservación de tales espacios, que, entre otras funciones, permiten el avance de la investigación científica así como el seguimiento de los efectos señalados, y pueden contribuir, a través de los oportunos indicadores y de una adecuada red de observación, a la formulación de actuaciones para la mitigación, adaptación y respuesta al cambio climático, así como para frenar o revertir la pérdida de biodiversidad.
Por ello, la declaración de un nuevo Parque Nacional debería, en principio, ser un motivo de gran satisfacción para el Parlamento, ya que comporta el reconocimiento de la extraordinaria riqueza ecológica de un espacio determinado de nuestro país, así como el compromiso asumido por las Administraciones para su preservación. Sin embargo, en esta ocasión, el Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama llegó al Congreso, y ahora lo hace al Senado, precedido de numerosas carencias, críticas e interrogantes a lo largo de su tramitación, y su contenido dista mucho de responder adecuadamente tanto a lo establecido en la Ley 5/2007 como a las expectativas existentes respecto a este espacio emblemático.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (desde luego, no sólo de sus cumbres) ha sido un sueño compartido a lo largo de casi un siglo por amplios colectivos de investigadores, de organizaciones sociales y de amantes de la naturaleza —muchos de ellos, vecinos convencidos de los efectos positivos de la creación de un Parque Natural—, que han defendido y defienden, con argumentos y con pasión, la máxima protección de este espacio. Todos ellos no merecen ser defraudados por la dudosa legalidad, la falta de consistencia y la escasa ambición de este proyecto, que explican la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, como se verá a continuación, el Proyecto de Ley no debería haber llegado a estas Cámaras por hallarse pendientes varios recursos judiciales, cuyas correspondientes sentencias, podrían modificar, o incluso, anular, como así ha sucedido recientemente, buena parte de su contenido. El Grupo Parlamentario Socialista se opone radicalmente a la pretensión de este Gobierno de utilizar el Parlamento para avalar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, en un intolerable ejercicio de perversión del papel de cada uno de los poderes del Estado.
En su momento, la Comunidad de Madrid aprovechó el trámite del PORN correspondiente —en el proceso de elaboración del proyecto del Parque Nacional— para reducir los niveles de protección existentes con anterioridad en una parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Como resultado del recurso contencioso administrativo contra el PORN, presentado por Ecologistas en Acción, la sentencia n.º 604/2012 de 31 de mayo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reconoció esta injustificable reducción de la protección de los citados espacios, y el Proyecto de Ley ha incorporado esta modificación al PORN, en su día aprobado por la Asamblea de Madrid. Sin embargo, el proyecto de ley no ha tenido en cuenta otra disposición de la citada sentencia, en concreto la relativa a la nulidad de los artículos del PORN por los que se posibilita la eventual unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, ubicadas en la parte central del futuro Parque Nacional, constituyendo este incumplimiento de la sentencia uno de los elementos absolutamente inaceptables del proyecto de ley.
En todo caso, Ecologistas en Acción ha recurrido también al Tribunal Supremo solicitando la nulidad del citado PORN en su totalidad, motivada por las graves carencias que acompañaron su tramitación. Ello significa que podría darse el supuesto de una sentencia que, anulando la totalidad del PORN correspondiente a la Comunidad de Madrid, afectaría gravemente a la propia existencia del Parque Nacional, ya que, tal como establece el artículo 10.2 de la Ley 5/2007, la declaración de una Parque Nacional requiere la previa aprobación de los respectivos PORN en los espacios afectados.
Cabe señalar, además, que la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, demostrando así su no aceptación del compromiso de protección exigible a partir de la misma. Dicho recurso de la Comunidad de Madrid ha sido rechazado. Una actitud, y una situación, que no debe desconocerse a la hora de valorar este proyecto de ley.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, el 14 de junio de 2011, contra acuerdos de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid, de 14 de marzo de 2011, contrarios a los artículos 213 y 214 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Tales acuerdos comportaron, de hecho, la imposibilidad de presentación de resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, sobre el PORN de la Comunidad de Madrid, parte esencial del proyecto de ley que hoy nos ocupa.
Por todo lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que el Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, ahora en su trámite en el Senado denominado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, no reúne las suficientes garantías de seguridad jurídica exigibles, siendo susceptible de ver alterado en el futuro su contenido actual.
La discutible legalidad del proyecto de ley se sustenta, asimismo, en el evidente incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública, establecidos en la ley 5/2007, en particular en lo relativo a la tramitación en la vertiente madrileña del futuro Parque Nacional. Así, cabe resaltar que en el procedimiento de aprobación del PORN de la Comunidad de Madrid se recibieron 18.500 alegaciones, junto con otras 1.046 en el procedimiento de aprobación de la propuesta relativa al Parque Nacional, alegaciones que no han sido contestadas, contraviniendo gravemente los artículos 10.5, 10.7 y 21 de la Ley 5/2007. Resulta especialmente grave el hecho de que el Consejo de la Red de Parques Nacionales, en su reunión de 6 de junio de 2012, haya emitido su preceptivo informe al proyecto de ley sin que se cumplan con anterioridad los requisitos mencionados, careciendo así de la información necesaria para pronunciarse con el rigor exigible. De esta forma, se hurtó al Consejo de la Red de Parques Nacionales la capacidad de ejercer las funciones que le asigna la ley 5/2007, y ello provocó en su seno el debate más agrio que se ha producido jamás en torno a la propuesta de declaración de un Parque Nacional. El informe favorable del Consejo incluye un voto particular de los representantes de las ONG, ante los que el Ministro se comprometió a cambios muy relevantes en el contenido del proyecto de ley, que no se han incorporado en el texto que llega a esta Cámara.
Las deficiencias en la tramitación, por tanto, justificarían por si solas una enmienda a la totalidad, incluso en ausencia de la existencia de los recursos pendientes de sentencia definitiva a los que se ha hecho mención.
Como sucede con frecuencia con el actual Gobierno, la deficiente calidad de los procedimientos es el resultado de una voluntad política contraria a la aplicación de los criterios inspiradores de las normas ambientales, no solo los relativos a los procedimientos, sino al propio contenido substancial y a los objetivos de las mismas. El proyecto de ley del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama aprobado por el Gobierno refleja la falta de consistencia y de ambición en materia ambiental, visible en todas sus decisiones en cualquier ámbito de las políticas de su competencia, como ya ha subrayado la Comisión Europea en su evaluación del Programa Nacional de Reformas.
No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una «traba» para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de «disfrutar» de una evidente «amnistía» frente a las mismas.
En el actual contexto de gravísima crisis económica, el Gobierno del Partido Popular pretende así reforzar el falso planteamiento que contrapone protección ambiental con recuperación económica —a pesar de su hueca retórica sobre la «economía verde»—, como ha quedado patente en diversas leyes aprobadas en la presente legislatura, que reducen el espacio de lo público y desvirtúan la normativa ambiental engañando a los ciudadanos con el pretexto de propiciar la actividad económica y la creación de empleo. En el caso concreto que nos ocupa, la experiencia pone de manifiesto las consecuencias económicas favorables que comporta la declaración de un Parque Natural en todos los municipios afectados.
Por último —aunque no menos relevante— el proyecto de ley incorpora dos artículos, modificando la vigente ley 5/2007, que parecen dictados desde la desconfianza y prepotencia del Gobierno hacia las Comunidades Autónomas, con la consiguiente vulneración del reparto de competencias consagrado por el Tribunal Constitucional. La propuesta del Gobierno supone, en primer lugar, la posibilidad de suplantar a las Comunidades Autónomas en la gestión del Parque Nacional, mediante la declaración de un estado de emergencia, cuando así lo proponga el Director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales —dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente—. Ello resulta contrario a la doctrina constitucional.
Asimismo, el Proyecto de Ley incorpora un mandato obligatorio para que las Administraciones gestoras de los Parques Nacionales aporten cuanta información demande el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Es evidente que en un marco de cooperación y colaboración como el que establece la Ley 5/2007, la información debe fluir en ambos sentidos, con los contenidos que se acuerden conjuntamente desde la lealtad institucional que a todos obliga, sin generar —como sin duda haría el Proyecto de Ley en su formulación actual— nuevos conflictos competenciales absolutamente evitables.
En síntesis, el Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que la inadecuada tramitación así como la muy discutible delimitación y contenido normativo de este proyecto de ley, responden a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general, que es el que, por el contrario, debe prevalecer a la hora de proponer la declaración de un Parque Nacional, conforme a lo establecido en la Ley 5/2007.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

References: artículo 107
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 10