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Timestamp: 2018-02-20 16:24:10+00:00

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Boletín Jurídico Tributario - Junio 2013 by Franz Silva - issuu
Boletín Jurídico Tributario Junio 2013
Jun. 2013 Editorial Nos complace hacer entrega de nuestro Boletín Jurídico Tributario correspondiente al mes de junio de 2013. En esta oportunidad se incluye un análisis de la Providencia Nº SNAT/2013/0034, mediante la cual se establece el deber de presentación electrónica de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, así como de las nuevas Providencias Administrativas mediante las cuales se designan agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado a los sujetos pasivos especiales y a los órganos y entes públicos. En cuanto a la normativa de interés, destacan, las providencias administrativas antes mencionadas, y la Resolución mediante la cual se dictan las Normas Generales de Auditoría de Estado.
En la sección atinente a la Jurisprudencia, presentamos un fallo emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el que se pronunció sobre la procedencia de la retención de un porcentaje de los dividendos generados por las utilidades obtenidas por las empresas entre el 1 de enero de 1991 y el 1 de septiembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Impuesto Sobre La Renta que entró en vigencia el 1 de septiembre de 1991; asimismo, hacemos referencia a la admisión por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del Recurso de Nulidad interpuesto contra la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de diciembre de 2010, por la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea), así como del Recurso de Nulidad ejercido
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Jun. 2013 contra el Decreto N° 8.331, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.715, del 18 de julio de 2011
Esperamos que el contenido de nuestro Boletín sea de su completo agrado.
Jun. 2013 Providencia Nº SNAT/2013/0034, mediante la cual se establece el deber de presentación electrónica de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta
Karla D´vivo Socia de KPMG Escritorio Jurídico Kdvivo@kpmg.com
En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.190 de fecha 17 de junio de 2013, fue publicada la Providencia Administrativa Nº SNAT/2013/0034, mediante la cual se establece el deber de presentación electrónica de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, emanada del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En esta Providencia, se consagra que las personas naturales, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, deberán presentar electrónicamente sus declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, así como las declaraciones que las sustituyan, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal.
La modificación contenida en esta Providencia es la inclusión de las “Personas naturales cuya determinación de impuesto arroje impuestos a pagar”, entre los sujetos obligados a presentar electrónicamente sus declaraciones del Impuesto Sobre la Renta.
Recordemos que las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, funcionarios públicos y trabajadores al servicio de los órganos y entes públicos, así como las personas naturales cuya determinación de impuesto
Jun. 2013 no arrojase impuestos a pagar, ya estaban obligados a presentar electrónicamente sus declaraciones, de conformidad con lo dispuesto en la Providencia Administrativa Nº 0949 del 31 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.319 del 22 de noviembre de 2005 y la Providencia Administrativa Nº SNAT/2009/0103 del 03 de octubre de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.296 del 30 de octubre de 2009, las cuales han sido derogadas por el nuevo instrumento normativo.
Jun. 2013 Nuevas Providencias Administrativas mediante las cuales se designan agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado a los sujetos pasivos especiales y a los órganos y entes públicos
Alessandra Montagna Socia de Riesgo Amontagna@kpmg.com
En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170 de fecha 20 de mayo de 2013, se dicta la Providencia Administrativa Nro. SNAT/2013-0030 mediante la cual se designan agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado a los sujetos pasivos especiales, y se deroga la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056 del 27 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.136 del 28 de febrero de 2005. Asimismo, se dicta la Providencia Administrativa Nro. SNAT/2013-0029 mediante la cual se designan a los órganos y entes públicos como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado, y, se deroga a la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056-A del 27 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.136 del 28 de febrero de 2005.
La modificación más relevante contenida en la nueva normativa es la eliminación de la exclusión de aplicar la retención del Impuesto al Valor Agregado cuando “Las operaciones sean pagadas con tarjetas de débito o crédito, cuyo titular sea el agente de retención”, al igual que la disposición que establece el momento en el que debe practicarse la retención del impuesto, pues, aclara que debe efectuarse cuando se realice el pago o abono en cuenta, independientemente del medio de pago utilizado.
Jun. 2013 Esta reforma ha generado dudas en cuanto a la instrumentación de la retención del referido tributo, en aquellos casos en que el instrumento de pago sea cualquiera de los medios mencionados, e incluso otros similares, por lo complejo que ello puede resultar.
En particular, nos queremos referir a dos instrumentos ampliamente utilizados por las personas jurídicas en la actualidad, la tarjeta de crédito corporativa y la tarjeta empresarial.
La tarjeta de crédito corporativa facilita la administración de gastos de viaje, representación, relaciones públicas y similares, de los empleados, socios o accionistas de la compañía, por lo tanto es importante tener en consideración que los pagos con este tipo de tarjetas son, en su mayoría, realizados por personas naturales (trabajadores, socios o accionistas), vinculadas a las personas jurídicas que detentan el carácter de agente de retención como titulares de la cuenta corporativa, quienes, excepto cuando se trate de viáticos o gastos reembolsables que no excedan de 20 unidades tributarias, se entiende que tendrían que retener el tributo y emitir comprobantes de retenciones en el momento del pago, lo que podría ser, sino imposible, extremadamente complicado y por lo tanto inviable.
Por otra parte, la tarjeta empresarial también ha surgido como una solución para consolidar pagos de bienes o servicios en un solo estado de cuenta mensual; aun cuando el titular sea el agente de retención, los cargos se efectúan a la tarjeta directamente siendo pagados posteriormente a la institución financiera, según los términos establecidos al otorgar la línea de crédito; en consecuencia nuevamente el agente de retención se encontraría imposibilitado de efectuar la retención.
Jun. 2013 La imposibilidad material de practicar una retención del Impuesto al Valor Agregado, fue objeto de análisis por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de julio de 2012, Caso Soldaduras y Tuberías de Oriente, C.A. (Soltuca), en la que se sostuvo lo siguiente: “… la Sala advierte que Soltuca no efectuaba pagos directos a Sidor, C.A., sino que dentro del procedimiento establecido con esta última empresa, recibía las cancelaciones de una entidad bancaria, razón por la cual en el caso de autos ella misma pagaba el impuesto al valor agregado que Soltuca no podía retener por imposibilidad material. En consecuencia, esta Alzada declara procedentes las consideraciones de la sentencia apelada cuando expresa: ‘(…) pudo observarse que de un total de 2.292 de los documentos identificados en el Acta de Reparo en su Anexo 01, 1098 documentos, se emitieron cartas de crédito domésticas a favor de Sidor, C.A., verificándose así lo alegado por el contribuyente en su escrito libelar, relativo a la imposibilidad material de efectuar la retención de IVA, (…)’. Por consiguiente, esta Máxima Instancia confirma el fallo recurrido en lo que respecta a la nulidad de la sanción pecuniaria por la cantidad de once millones cuatrocientos ochenta mil doscientos nueve bolívares (Bs. 11.480.209,00), impuesta por la Administración Tributaria a la contribuyente Soldaduras y Tuberías de Oriente, C.A. (Soltuca)”.
Aun cuando la situación descrita en la decisión citada no resulta idéntica a la que deriva de la reforma de la Providencias en comentarios, podría asimilarse a aquella, pues en las nuevas providencias se establece la obligación de practicar la retención del tributo independientemente del medio de pago utilizado, incluso una carta de crédito, como ocurrió en el caso analizado por el Tribunal.
Jun. 2013 Publicaciones de la Gaceta Oficial 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.159 de fecha 3 de mayo de 2013. -
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 6 de mayo de 2013. -
Resolución mediante la cual se designa una Comisión Interministerial que se encargará de todo lo relacionado con la transferencia de bienes y recursos del anterior Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a los Ministerios del Poder Popular de Finanzas y el Poder Popular de Planificación, a los fines de garantizar la continuidad administrativa.
Resolución mediante la cual se crea la Representación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la cual tendrá por objeto adaptar y potenciar la actuación de nuestro país para el ejercicio de su papel como Miembro Pleno de estos organismos.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.163 de fecha 9 de mayo de 2013. -
Jun. 2013 Publicaciones de la Gaceta Oficial
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165 de fecha 13 de mayo de 2013. -
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.166 de fecha 14 de mayo de 2013. -
Resolución mediante la cual se establece la obligación de Registrarse y Suministrar la Información correspondiente al Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía Eléctrica en el portal web de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) a los usuarios que en ella se mencionan.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.167 de fecha 15 de mayo de 2013. -
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.168 de fecha 16 de mayo de 2013. -
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.169 de fecha 17 de mayo de 2013. -
Decreto N° 105, mediante el cual se prorroga por un lapso de tres (03) meses, contados partir del 22 de abril de 2013, la Emergencia en materia de Infraestructura Penitenciaria, para que el Ministerio del Poder Popular
Jun. 2013 Publicaciones de la Gaceta Oficial para el Servicio Penitenciario y sus entes adscritos continúen ejecutando las soluciones necesarias para la construcción, recuperación y optimización de los Centros de Procesados Judiciales. -
Acuerdo mediante el cual se constituye el Acta de Constitución de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en él se mencionan, de fecha 08 de mayo de 2013.
Acta de Constitución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, celebrada el 08 de mayo de 2013.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170 de fecha 20 de mayo de 2013. -
Providencia SNAT/20130029 mediante las cuales se designan a los Órganos y Entes Públicos, como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.
Providencia SNAT/20130030 mediante las cuales se designan agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.174 de fecha 24 de mayo de 2013. -
Resolución mediante la cual se establece que los Bancos Universales, así como Bancos Comerciales en Proceso de Transformación, no podrán cobrar
manufacturero, con ocasión de dicha actividad, una tasa de interés anual superior al diecinueve por ciento (19%). -
Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de la leche en polvo.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.178 de fecha 30 de mayo de 2013. -
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.179 de fecha 31 de mayo de 2013. -
La Sala Constitucional admitió recurso de nulidad contra el Decreto N° 8.331, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.715, del 18 de julio de 2011
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia interlocutoria N° 610 del 23 de mayo de 2013, admitió recurso de nulidad contra los artículos 4 numerales 1, 2, 3 y 4; artículos 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31 numerales 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 20; artículo 37 último aparte, artículo 43 literales b, c y su último aparte, artículo 44 numerales 1 y 2; y los artículos 45, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 78, 81, 82 y 85 del Decreto N° 8.331, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos (LCPJ), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.715, del 18 de julio de 2011.
Entre los argumentos esgrimidos en el recurso in comento, se sostuvo que “Conforme a esta norma Constitucional no es jurídicamente válida legislación alguna que pretenda establecer un sistema absoluto de libre mercado, impidiendo el rol del Estado como planificador e incluso como un agente más del mismo, cuando en atención a la cláusula social o al interés estratégico, éste participe como empresario en régimen de concurrencia o mediante la reserva de la actividad a través de la ley”.
Adicionalmente, se alegó que “La LCPJ (sic) es inconstitucional, en los artículos denunciados, puesto que en ella se pretende establecer un régimen económico socialista al justificar estas regulaciones en que: ‘los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la
economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo’ y pretender corregir esta situación mediante el control absoluto de todo el mercado, monopolizando la fijación de todos los precios, incidiendo en la determinación de los costos y determinando el criterio de la justa ganancia. Se sustituye el Estado en el libre mercado de forma total y absoluta y se coloca así el régimen socioeconómico de la Nación en uno solo de los extremos constitucionales, dejando carente de contenido el otro que igualmente reconoce, impone y configura el sistema escogido por nuestro Constituyente’…”, por otro lado resalta que “La LCPJ (sic) elimina la consideración del mercado como institución jurídica y constitucionalmente protegida, elimina las libertades de empresa, elimina la competencia, y afecta a todos los sujetos con derecho a ejercitar estas libertades y todos aquellos que por virtud de tal ejercicio deben beneficiarse. La LCPJ (sic) es además de contraria a las bases esenciales de la teoría económica moderna, absolutamente inconstitucional, y en tal virtud corresponde a esta Sala Constitucional imponiendo el orden constitucional infringido, declarar su nulidad, así pedimos sea decidido”.
Sobre la medida cautelar solicitada, la Sala consideró que “…los fundamentos de que exista un riesgo de la ejecución ilusoria del fallo han sido expuestos en sentido genérico sin concreción alguna, del riesgo mesurable que pueda escapar a los efectos del fallo de fondo que debe dictar esta Sala en el presente juicio de nulidad. Adicionalmente, los argumentos por los cuales se pretende solicitar la protección cautelar no son suficientes para lograr la convicción respecto de la procedencia de la medida cautelar solicitada, además que las pretensiones cautelares de la parte
recurrente requieren un análisis detenido que sólo podrá hacerse en la sentencia de fondo, razón por la cual esta Sala niega la misma”.
Finalmente, la Sala admitió el recurso, negó la Medida cautelar solicitada y ordenó la acumulación del expediente con la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por los representantes judiciales del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio.
Sala Constitucional admitió Recurso de Nulidad contra la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de diciembre de 2010
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Interlocutoria N° 498 de fecha 07 de mayo de 2013, admitió Recurso de Nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de diciembre de 2010.
Dentro de la argumentación expuesta por los Representantes de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea), resalta que “en la Ley impugnada, está ausente la relación razonable que debe existir entre la cuantificación del aporte y el costo razonable de financiación de la actividad que sustenta al tributo, de manera de establecer una adecuada vinculación entre el sujeto pasivo y la actividad. También consideraron que en la Ley recurrida “…se impone una carga adicional a un sector económico lícito sin que exista una justificación técnica para ello”.
Asimismo, la Representación de la Cámara sostuvo que “…hay razones para oponerse en forma contundente a la tendencia que se ha visto de crear cargas excesivas sobre este tipo de actividades. Es cierto que por múltiples factores se trata de actividades que deben ser sometidas a control por parte del Estado, y si se quiere, hasta ser sometidas a cargas tributarias adicionales, pero ello ya se ha logrado con las diferentes leyes especiales que las regulan, siendo que en el caso de la industria y el comercio de las especies alcohólicas, tal objetivo es logrado a través de la Ley de
Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, la cual ya prevé una serie de tributos que gravan de manera particular la actividad en las distintas fases del proceso económico: importación, producción y comercialización, con lo cual se logran los fines extrafiscales que pudiera perseguir el Estado venezolano a los fines de controlar y restringir la industria y el comercio de las especies alcohólicas.”
Por otro lado, señalaron que el Parágrafo Primero del Artículo 26 de la ley impugnada es inconstitucional, pues establece que el aportante que desarrolle concurrentemente varias actividades, aportará con la alícuota mayor, según las actividades. En adición a lo anterior, precisaron que el establecimiento de diferentes alícuotas sin ninguna justificación técnica, viola el principio de razonabilidad. Sobre la medida cautelar de suspensión de los efectos solicitada por la Cámara, la Sala consideró que “Con fundamento en lo anterior, la Sala, siendo coherente con su doctrina, considera que no existe la presunción del derecho que se reclama, fumus boni iuris, ya que los argumentos por los cuales se pretende solicitar la protección cautelar no son suficientes para lograr la convicción respecto de la procedencia de la medida cautelar solicitada, y no consignó ni los balances o pruebas de las declaraciones tributarias para determinar que tal carga impositiva resulta excesiva; y, además que las pretensiones cautelares de la parte recurrente requieren un análisis detenido que sólo podrá hacerse en la sentencia de fondo, razón por la cual esta Sala desestima la medida cautelar solicitada”.
Finalmente, la Sala admitió el Recuso de nulidad solicitado y ordenó las notificaciones de Ley.
La Sala Constitucional pronunció la procedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entró en vigencia el 1° de septiembre de 1991, de retener un porcentaje de los dividendos generados por las utilidades obtenidas por las empresas entre el 1° de enero de 1991 y el 1° de septiembre de 1991
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 441 de fecha 06 de mayo de 2013, en el marco de un Recurso de Revisión Constitucional ejercido contra la Sentencia N° 00032 de fecha 13 de enero de 2011 de la Sala Político Administrativa, declaró procedente la retención de un porcentaje de los dividendos generados por las utilidades obtenidas por la empresa recurrente entre el 1° de enero de 1991 y el 1° de septiembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entró en vigencia el 1° de septiembre de 1991.
La Sala Constitucional sostuvo que según lo señalado en la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario “… la disputa se centró en dilucidar ‘si la contribuyente Agropecuaria Rosalinda C.A. (Agrorrosa) estaba obligada a efectuar la retención y enteramiento del impuesto sobre la renta sobre los dividendos generados por los enriquecimientos acumulados al 31 de diciembre de 1991’. A ello respondió el mencionado Tribunal que dicha empresa no estaba obligada a realizar dicha retención, pues para el 31 de diciembre de 1991 la propietaria de las acciones era la propia Agropecuaria Rosalinda, C.A., la cual es una empresa domiciliada en Venezuela”.
La Sala Político Administrativa por su parte, consideró que la controversia planteada quedó circunscrita “… a determinar si es procedente la retención por concepto de Impuesto Sobre La Renta en relación a los dividendos pagados por parte de la aludida contribuyente a su accionista al 31 de diciembre de 1991”. A dicha interrogante la Sala Político Administrativa respondió “…que la referida empresa sí estaba obligada a retener el porcentaje de los dividendos correspondientes al impuesto sobre la renta de su accionista domiciliada en el extranjero, pues el artículo 118 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en virtud de una ficción prevista en el mismo, así lo exigía”.
Por su parte, la Sala Constitucional trajo a colación lo afirmado por la Sala Político Administrativa pues “… los términos que utiliza, evidencian su convicción de que la controversia se resuelve sobre la base de una correcta interpretación del referido artículo 118, y no conforme a si el traspaso de las acciones tiene o no efectos frente a terceros, lo cual, se insiste, no fue alegado por ninguno de los sujetos que intervino en el juicio”. Dicha Sala afirma que de la citada norma, artículo 118, se desprende “… que efectivamente los dividendos sí son gravables con el impuesto sobre la renta conforme con la ley vigente para el momento en que dichos dividendos se produjeron, vale decir, con la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1986”.
Adicionalmente, manifestó la Sala que dicha retención “… debe practicarse desde el momento en que tales dividendos se consideren pagados o abonados en cuenta, y de conformidad con la ficción legal contenida en el artículo examinado, se estimaban pagados o abonados en cuenta el 31 de diciembre de 1991…”.
Finalmente, y aun cuando no entró a analizar el punto, la Sala Constitucional consideró prudente ratificar “… que las inscripciones relativas al traspaso de acciones en el libro de accionistas demuestran la titularidad de las acciones entre el accionista y la propia sociedad, pero no así frente a terceros”.
Inflación Período
acumulada INPC
Inflación acumulada IPC
(1) Tomado de la Página Web del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).
Moratorios Prestaciones Seniat
(1) Tomado de la Página Web del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve). (2) Tomado de la Página Web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (www.seniat.gov.ve).
Boletín Jurídico Tributario - Junio 2013

References: Resolución 
 artículo 118

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 44
 Artículo 26
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118