Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-925-05.htm
Timestamp: 2017-10-23 02:33:06+00:00

Document:
C-925-05
SANCION DE LA LEY-Concepto
PROMULGACION DE LA LEY-Concepto
SANCION Y PROMULGACION DE LA LEY-Diferencias
DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Alcance
DECRETO QUE DESARROLLA ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Desbordamiento de la competencia del Presidente de la República
VICIO EN SANCION DE LA LEY-Inexistencia
DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Incompetencia de la Corte Constitucional para conocerlo/LEY QUE EXPIDE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Modificaciones a través de decreto posterior a la sanción y promulgación/DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Incompetencia del Presidente de la República para modificar contenido de la ley aprobada por el Congreso/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación
De los antecedentes de la Ley 906 de 2004 se desprende que una vez publicado el texto aprobado por las plenarias del Congreso de la República, de acuerdo a lo consignado en la Gaceta del Congreso 529 de 2004, el texto fue sancionado y promulgado tal como fue aprobado por el Congreso. Posteriormente el Presidente de la República expidió el Decreto 2770 de 2004, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 45 de la Ley 4 de 1913. Si bien el trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó. Si bien la Corte Constitucional no es competente para conocer del decreto de corrección de yerros sí lo es para conocer de la ley, la cual, en este caso, ha sufrido cambios sustanciales después de su sanción y promulgación. Por lo tanto, para preservar la voluntad del Congreso expresada según el procedimiento de formación de la ley establecido en la Constitución se deberá declarar exequible la Ley 906 de 2004 tal como fue aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y promulgada en el Diario Oficial No. 45.657. En este sentido se condicionará la exequibilidad de la Ley 906 de 2004.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza y Julián Andrés Durán Puentes demandaron los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
Mediante Auto del treinta y uno (31) de enero de dos mil cinco (2005), la Corte Constitucional admitió la demanda de la referencia.
Mediante Oficio DP 0112 del 11 de febrero de 2005 el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación manifestaron encontrarse impedidos para rendir concepto ante la Corte Constitucional por haber participado en la comisión redactora y en la subcomisión redactora, respectivamente, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, solicitaron a la Corte Constitucional aceptar el impedimento manifestado y en consecuencia disponer que el Procurador General de la Nación designare a un funcionario para rendir concepto en el proceso.
Los términos para recibir el concepto del Procurador General de la Nación fueron suspendidos a partir del 15 de febrero de 2005.
Mediante auto del ocho (08) de marzo de dos mil cinco (2005) la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió aceptar el impedimento formulado tanto por el Procurador General de la Nación como por el Viceprocurador General de la Nación y, por en consecuencia, ordenar que se corriera traslado por el término que faltare al funcionario que designe el Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de su competencia[1].
El cinco (5) de abril de dos mil cinco (2005) se levantó la suspensión del término para que el señor Procurador Ad-hoc rindiese concepto.
Mediante escrito del cinco (5) de abril de dos mil cinco (2005), la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales[2], anotó que dado que los cargos formulados contra las disposiciones del Código de Procedimiento Penal eran por vicios de forma, la Corte no había dispuesto las pruebas necesarias para poder efectuar el examen de constitucionalidad de las mismas. De acuerdo a lo anterior, solicitó a la Corte Constitucional disponer lo pertinente para que se remitiesen las pruebas que permitieran tener los elementos materiales de juicio para cumplir con la función asignada al despacho. De igual manera se solicitó la suspensión de los términos para conceptuar, mientras se allegaban los elementos probatorios que permitiesen a la Procuradora Auxiliar cumplir con su función.
La Corte Constitucional, mediante auto del 11 de abril de 2005, señaló que en la demanda de inconstitucionalidad se estructuran cargos, por vicios de forma, que se erigen de una comparación puramente literal entre los textos que fueron aprobados por las distintas cámaras legislativas durante el trámite del Proyecto de Código de Procedimiento Penal, y el texto que fue sancionado y promulgado por el Presidente de la República, sin hacer referencia a vicios, distintos a esta incoherencia textual, que se hubiesen suscitado durante el proceso legislativo. Así, la Gaceta del Congreso, en tanto órgano oficial de publicación de los textos aprobados por las cámaras legislativas, es un documento público disponible a la ciudadanía y a los servidores públicos en general. Lo mismo que el Diario Oficial. De acuerdo a lo anterior y dado que en la demanda no se hizo una solicitud específica al Magistrado Sustanciador en el sentido de que se decretaran pruebas sobre el trámite legislativo y que en los procesos de constitucionalidad es potestativo del Magistrado Sustanciador decretar pruebas, y únicamente cuando ello sea necesario para decidir, se resolvió “Dar respuesta a la petición formulada por la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, en el sentido de informarle que en uso de la facultad discrecional de decretar o abstenerse de decretar pruebas durante los procesos de constitucionalidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado Sustanciador en el proceso de la referencia no consideró necesario adoptar tal determinación en el auto admisorio de la demanda, ya que los cargos formulados en la demandad de inconstitucionalidad pueden ser resueltos haciendo referencia a los textos que fueron publicados en las Gacetas del Congreso y en el Diario Oficial plenamente identificados en la demanda y reseñados en el numeral 7 de la parte motiva de esta providencia.”[3]
A continuación se transcriben los artículos demandados en el presente proceso, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 del 1º de septiembre de 2004:
Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código. (Subraya fuera del texto origina)
El actor considera que las disposiciones acusadas son lesivas de los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución Política y de los artículo 147, 160, 177 y 178 de la Ley 5ª, que en su criterio forman parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto tales artículos fueron objeto de alteraciones sustanciales por el Gobierno Nacional, que no fueron conocidas durante los debates del proyecto ante el Congreso Nacional.
Indican, en suma, que el texto sancionado de estas disposiciones es distinto al que fue discutido y aprobado en el Congreso: “Al momento de la sanción los artículos 8 y 531 fueron objeto de modificaciones que alteraron su sentido normativo, en tanto que los artículos 16, 364 y 407 fueron objeto de supresiones que, igualmente, desvirtuaron el significado normativo que discutió y aprobó el Congreso. Otro tanto sucedió con el artículo 530 al que se le adicionó la ciudad de Yopal, distrito judicial que jamás hizo parte de las deliberaciones y decisiones adoptadas por el Congreso frente al proyecto de ley presentado por el Fiscal General de la Nación. Lo anterior configura un claro vicio de inconstitucionalidad”.
Dentro del término legal establecido se recibió concepto de Fernando Gómez Mejía, Director Técnico del Ministerio del Interior y de Justicia en la Dirección del Ordenamiento Jurídico, solicitando declarar la exequibilidad de las normas acusadas. La constitucionalidad de las normas demandadas se sustenta ya que el ejecutivo “una vez identificados los factores existentes de incoherencia en el texto normativo que no fueron voluntad del Congreso, determinara los correctivos a adoptar con el fin de prevenir que en la práctica judicial se llegaren a presentar, eso sí, estas inevitables contradicciones y lagunas cercenadoras de las garantías fundamentales.”[4]
El Ministerio continuó con su exposición indicando que “No le asiste razón al actor cuando afirma que debe declarase la inconstitucionalidad de las normas demandadas, por haber sido sancionada la ley con un texto diferente al aprobado por el Congreso de la República, por parte del Presidente de la República, porque son dos actos distintos la sanción, y la expedición de un decreto de yerros. (…) Es necesario precisar que el hecho de que se haya expedido un decreto de yerros con el ánimo de aclarar y evitar contradicciones en la aplicación de la norma, no afecta en sí mismo la constitucionalidad del trámite legislativo surtido por la iniciativa legislativa. (…) En este sentido, cuando como en caso presente, los errores gramaticales de una norma, dificulten su interpretación, no es viable que el Gobierno Nacional acuda a las objeciones presidencias, ya que estas están orientadas a señalar vicios en materia de constitucionalidad o conveniencia más no estrictamente literales.[5]”
En cuanto a los cargos específicos planteados en la demanda, el Ministerio del Interior y de Justicia, manifestó que “En relación con los cargos frente al literal I) del artículo 8 de la ley 906 de 2004, en el sentido de que la garantía de la asistencia del defensor estaba prevista para otros derechos del imputado, debe señalarse que el contenido y orden de dichos literales, fue modificado en varias oportunidades, lo que evidencia el detallado estudio del que fue objeto y explica lo acertado de la modificación que se realizó mediante el Decreto de yerros, que tiene por objeto entre otras cosas, evitar confusiones que pudieran afectar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso.”[6]
Respecto a los cargos contra el artículo 16 de la Ley 906 de 2004, se señala que, lo expuesto en el Decreto lejos de modificar la voluntad del Congreso, como lo afirman los demandantes, lo que hace es darle coherencia a esta disposición y en particular permitir se concrete, ya que corrige una contradicción, que el juez de conocimiento en principio no práctica pruebas anticipadas.”[7]
Sobre el artículo 364 de la Ley 906 de 2004, que dispone el receso de la audiencia preparatoria, señala el interviniente, que la corrección efectuada por el decreto de yerros es perfectamente pertinente, ya que en la audiencia preparatoria no comparecen los testigos, quieran o no hacerlo porque en esta audiencia lo que se hace es preparar el juicio.[8]
Respecto de los cargos formulados contra el artículo 407 de la Ley 906 de 2004, por la supresión de la expresión “número de testigos expertos”, que se limitan a reiterar los argumentos en contra de las demás disposiciones, se considera que no le asiste razón al actor por cuanto, la supresión de dicha expresión lo que busca es dotar de claridad la norma en mención, ya que no se definió en ninguna otra disposición del Código qué es un testigo experto, es más dicha expresión llamaba confusión toda vez que el testigo por más experto que sea no pierde su calidad de tal.”[9]
Con relación al yerro corregido en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, respecto de la adición de la palabra “Yopal”, consideró el interviniente, que esta enmienda busca permitir la aplicación lógica y coordinada del nuevo sistema en todos los distritos judiciales del país.[10]
Finalmente, respecto al cargo contra el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en cuanto a la modificación de la expresión “inciso anterior” por “los incisos anteriores”, sostiene el interviniente que “(...) carece de razón el impugnante, pues corresponde a los jueces y fiscales tanto la declaración de prescripción como de caducidad de los procesos que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este Código. (…) Por lo que era necesario para darle coherencia y claridad a la norma, y función de los jueces y los fiscales, incluir la referencia a los incisos primero y segundo dentro del inciso tercero con la expresión modificadora.”[11]
1. Intervención de la Corporación Excelencia en la Justicia
Dentro del término legal, se recibió escrito firmado por el ciudadano Javier Darío Pabón, Investigador del Área Penal – Corporación Excelencia en la Justicia- mediante la cual se solicita se declare la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 906 de 2004. Para el interviniente “El aparte que se solicita declarar inexequible no fue objeto del supuesto vicio formal que se endilga, pues en ningún momento fue modificado por parte del Presidente de la República al momento de sancionar la ley. Si el accionante extraña un aparte, que a su parecer debió hacer parte de la normatividad final, ello se debe a la expedición del Decreto 2770 de 31 de agosto de 2004, que corrige algunos yerros de la Ley 906, razón por la cual al día siguiente se volvió a transcribir la ley en el Diario Oficial, con los yerros ya corregidos. Para ellos basta simplemente revisar los ejemplares 45.658 –que contiene la ley inicialmente sancionada y el decreto que la modifica- y 45-658 del Diario Oficial. (…) No obstante esto último, como el caso que se presenta actualmente no implica una actuación extralegal por parte del gobierno, el cargo contra el artículo 16 no deberá prosperar, o por ende, el aparte demandado deberá ser declarado exequible.”[12]
Mediante concepto No. 3813, del doce (12) de mayo de dos mil cinco (2005), la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, solicitó a la Corte Constitucional que se declarasen exequibles los artículos 8, 16, 364, 407, 530 de la Ley 906 de 2004 bajo el entendido que el texto que debe producir efectos, es aquel que fue aprobado en las respectivas cámaras del Congreso de la República, después de concluido el trámite legislativo correspondiente. En cuanto al artículo 531 de la Ley 906 de 2004 consideró que las modificaciones efectuadas al mismo, mediante el decreto de yerros, se ajustaron a la competencia del Presidente de la República de efectuar una corrección de naturaleza tipográfica o caligráfica. La Procuraduría, en primera instancia, reiteró lo manifestado en el concepto rendido dentro del expediente D-5676, en relación con la necesidad de que tanto la Corte Constitucional como la Vista Fiscal cuenten con los mismos elementos de prueba al ejercer la función de conceptuar y fallar en los procesos de constitucionalidad considerando que:
“(…) si bien en algunos casos como en el presente, la ausencia de prueba dificulta en grado superlativo del ejercicio de la función constitucional asignada al Procurador General, en otros la hace imposible. Señalaba el Procurador General de la Nación en su concepto, que si bien es cierta la discrecionalidad del Magistrado Sustanciador para solicitar pruebas en el trámite de un proceso de constitucionalidad, también lo es que en los casos en que se argumente la violación del procedimiento legislativo, se requiere de un mínimo de material probatorio para determinar si le asiste o no la razón al ciudadano demandante. El que un ciudadano acuciosamente señale en su escrito en donde puede obtenerse la información requerida para confrontar su afirmación en relación con la existencia de un vicio, puede no ser suficiente, pues, como en el presente caso, se requerirán informaciones adicionales que sólo reposan en el correspondiente expediente legislativo.”[13]
El Ministerio Público señaló cuál fue el texto final de las normas acusadas después de haber surtido los cuatro debates reglamentarios exigidos por el artículo 157 de la Constitución. De la anterior confrontación se concluyó que en relación a los artículos 8, 16, 364, 407 de la Ley 906 de 2004 éstos fueron aprobados de manera idéntica en Cámara y Senado, sin surtir el procedimiento de conciliación o de objeciones presidenciales. Sin embargo, el Presidente de la República sancionó un texto diferente.
En cuanto al artículo 530 de la Ley 906 de 2004, señala el Ministerio Público, que éste sufrió modificaciones en su paso de Cámara de Representantes al Senado, fue objeto de conciliación por la comisión que para el efecto se creó, la que sometió a la respectiva aprobación de las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes el mismo texto aprobado por el Senado sin embargo, el Presidente sancionó un texto diferente.
En lo que se refiere al artículo 531 demandado, éste no fue objeto del trámite de conciliación, por no existir discrepancias entre lo aprobado en Senado y Cámara de Representantes, pero sí fue objetado por el Presidente de la República. Las plenarias aceptaron parcialmente la objeción presidencial, y en consecuencia acordaron un texto diferente. Al igual que los anteriores artículos, el texto sancionado por el Presidente de la República fue diferente al aprobado por el Congreso, después de que se modificara de acuerdo a la objeción presidencial.
La Procuraduría General de la Nación indicó que:
“El Presidente de la República decide hacer uso de una facultad para corregir yerros tipográficos u ortográficos no en relación con una ley sino frente a un proyecto de ley que se encontraba para su sanción, tal como lo ordena el artículos 157, numeral 4 de la Constitución. (…) Sin embargo, en el caso en estudio, y no obstante que el Presidente de la República invocó la facultad contenida en el artículo 45 de la Ley 4 de 1913, el Presidente desbordó esta competencia y se extralimitó en sus funciones, cuando al expedir el Decreto 2770, en lugar de corregir errores caligráficos o tipográficos, efectuó modificaciones, adiciones y supresiones en los artículos objeto de tacha constitucional, argumentando razones válidas, lógicas pero que rebasan la finalidad y objeto de la función de enmendar o corregir yerros ortográficos o tipográficos, por cuanto por esa vía se invade la competencia del Congreso de la República de interpretar, derogar y reformar las leyes, contenida en el artículo 150, numeral 1 de la Constitución. La promulgación de una ley se relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación del contenido de la ley, tal como ésta fue aprobada por el Congreso de la República, promulgación que como tal no faculta al Presidente para alterar la voluntad del legislador y usurpar su competencia, a través de la supuesta corrección de errores o yerros tipográficos que pueda presentar una ley.[14]
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, señaló que las discrepancias entre el texto aprobado por el Congreso, del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, no configuraban un vicio de procedimiento ya que “En este caso, no se modifica la voluntad del legislador, por cuanto en los eventos en ellos consagrados, le correspondía a los jueces y fiscales tomar las determinaciones necesarias para efectos del proceso de depuración y prescripción de los procesos a los que los incisos se refiere.”
¿Existen vicios de procedimiento en la sanción presidencial de la Ley 906 de 2004, respecto de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531, cuando según los demandantes se promulga de un texto diferente al aprobado por el Congreso, modificándolo, suprimiéndolo y adicionándolo, lo que constituiría una vulneración de los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución?
Los demandantes consideran que los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004, fueron objeto de alteraciones sustanciales al momento de la sanción presidencial, que hacen que las normas acusadas difieran de aquellas discutidas y aprobadas por el Congreso de la República. Dichas alteraciones, en el sentir de los demandantes, vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución, al igual que los artículos 147, 160, 177 y 178 de la Ley 5 de 1992.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se declarasen exequibles los artículos 8, 16, 364, 407, 530 de la Ley 906 de 2004 bajo el entendido que el texto que debe producir efectos, es aquel que fue aprobado en las respectivas cámaras del Congreso de la República, después de concluido el trámite legislativo correspondiente. Para la Procuraduría el Presidente de la República excedió su facultad de corregir errores o yerros tipográficos, pues al expedir el Decreto 2770 de 2004 efectuó una interpretación de los artículos demandados modificándolos, adicionándolos o suprimiendo algunas de sus partes a través de un decreto que sólo podía corregir errores o yerros de carácter caligráfico o tipográfico. Lo anterior desconoció el proceso de formación de las leyes, en detrimento de la separación funcional entre ramas del poder público. Por lo tanto, para la Procuraduría, existió un vicio de procedimiento en la expedición de los artículos demandados, por cuanto se sancionó un texto distinto a aquel que fue discutido y aprobado por el Congreso de la República y las modificaciones realizadas a dichos artículos alteraron su sentido e implicaron, en unos casos, la extensión y, en otros, la restricción de su alcance normativo. Para la Procuraduría, el único artículo demandado ajustado a las disposiciones constitucionales es el artículo 531.
Para efectuar el examen de constitucionalidad de las normas demandadas, la Corte Constitucional, primero, deberá establecer si es procedente la acción de inconstitucionalidad contra las normas demandadas teniendo en cuenta que cuando se trata de cargos por vicios de forma existe un límite temporal para formularlos. Igualmente se constatará si es necesario efectuar una integración normativa respecto de toda la ley corregida mediante un decreto, en especial pero no exclusivamente de otros artículos al igual que la titulación y enumeración de los títulos y capítulos de la Ley 906 de 2004 corregidos por el Decreto 2770 de 2004 y por lo tanto si la revisión que debe efectuar la Corte también ha de cobijar el resto de la ley, y en particular los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004. Después recordará antecedentes jurisprudenciales sobre la corrección de yerros. Luego procederá a constatar en qué momento del trámite legislativo se surtieron los cambios aducidos por los demandantes para después verificar si éstos se hicieron con observancia a las normas constitucionales y legales aplicables al caso.
Teniendo en cuenta que los cargos presentados en la demanda corresponden a cargos por vicios de forma, de acuerdo a lo establecido por el artículo 242 de la Constitución, la Corte Constitucional solo es competente para conocer de los mismos un año después de haber sido publicada la norma. La Ley 906 de 2004 fue sancionada el 31 de agosto de 2004 y publicada ese mismo día según consta en el Diario Oficial No. 45657. La demanda fue presentada el 3 de diciembre de dos mil cuatro (2004) por lo que se verifica que la acción fue presentada oportunamente.
2. Integración normativa de la Ley 906 de 2004
La Corte Constitucional de manera excepcional, y en virtud del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991[15], procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos que no han sido demandados pero con los cuales éstas tienen una relación inescindible.[16] La jurisprudencia de la Corte ha reiterado en este aspecto que:
“(... ) la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado” [17].
Tal y como lo ha reiterado la Corte, la unidad normativa sólo puede tener lugar cuando ello sea necesario para evitar que el fallo sea inocuo o cuando resulta indispensable para pronunciarse de fondo sobre un asunto. Estas hipótesis se configuran en uno de los siguientes tres casos: en primer lugar, cuando es preciso integrar la proposición jurídica para que la norma demandada tenga un significado jurídico concreto. En segundo término, cuando resulte imprescindible integrar la unidad normativa de manera tal que el fallo no sea inocuo, al dejar vigentes disposiciones jurídicas que tienen idéntico contenido normativo. En tercer término, cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional[18].[19]
Sobre la relación “íntima e inescindible” la Corte ha señalado que se trata de un tipo de relación en la que sea imposible, para evitar un fallo inocuo, estudiar la constitucionalidad de una norma sin analizar las otras disposiciones pero que “Las normas en este caso tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo[20], pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa.[21]”[22]
3. Trámite legislativo aplicable al caso: sanción presidencial, promulgación de la ley y alcances de los decretos de yerros
De acuerdo al artículo 241-4[23] de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de las leyes tanto por vicios en su formación como por su contenido material. El artículo 150 de la Constitución establece que es competencia del Congreso hacer las leyes, al igual que expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones:
3.1. Sanción presidencial de la ley
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones para establecer que la sanción de un proyecto de ley “(…) es el acto mediante el cual el Gobierno lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo prescribe el artículo 157 numeral 4 de la Constitución.(...)”[24]
De conformidad con los preceptos anteriores, hay que distinguir claramente entre dos momentos: el primero que pone fin al proceso de formación de las leyes, cual es el de la sanción gubernamental, y el segundo, la promulgación de la misma. Así entonces, la expedición de la ley hace relación a la formación del contenido, mientras que la promulgación se refiere a la publicación de dicho contenido.[25]
3.2. La promulgación de las normas
Como ha precisado esta Corporación, siguiendo el texto del artículo 52 de la Ley 4 de 1913, Código de Régimen Departamental y Municipal: “La promulgación no es otra cosa que la publicación de la ley en el Diario Oficial, con el fin de poner en conocimiento de los destinatarios de la misma los mandatos que ella contiene [...]”[26]Así mismo se ha señalado que:
“La promulgación de la ley es requisito indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad)[27]. Dicha función le corresponde ejecutarla al Gobierno, después de efectuada la sanción[28]. Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento,[29] puesto que sólo con la publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas por los asociados,[30] para luego exigir su cumplimiento. Si la promulgación se relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación del contenido de la ley, tal como fue aprobada por el Congreso de la República, no es posible deducir de allí facultad alguna que le permita al Presidente determinar el momento a partir del cual ésta debe empezar a regir.”[31] (Subraya fuera del texto)
Igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-161 de 1999[32] dispuso que:
La publicación de la ley, aunque presupone su existencia, es trascendental desde el punto de vista de su eficacia. De todas formas, se trata de un requisito que no se integra en el íter formativo de la ley. La publicación, en estricto rigor, constituye una operación administrativa material, reglada, que corresponde ejecutar al Gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el diario oficial.”[33]
Adicionalmente los artículos 165 y 166 de la Constitución[34] establecen que una vez aprobado el proyecto de ley por el Congreso, si el gobierno no lo objetare, éste deberá sancionarlo y promulgarlo. Por lo que la sanción de los proyectos de ley, aprobados por el Congreso, es un acto debido que no puede modificar el contenido material de la norma.
De otra parte, también esta Corporación ha señalado que dentro de la función constitucional de promulgar las leyes es válido que “….se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de la ley con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente el error y su correspondiente corrección-los cuales no afectan la vigencia y validez de la inicialmente publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la República,….”[35].
3.3. Los decretos de corrección de yerros y la excepcional revisión de la Corte constitucional de su exequibilidad
El artículo 45 de la Ley 4 de 1913, sobre el régimen político y municipal establece:
Artículo 45.-Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador.
La expedición de los decretos de corrección de yerros se enmarca dentro de las funciones ordinarias del Presidente encaminadas a la promulgación de las leyes (C.P., art. 189, num. 10), como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia C-500 de 2001[36] se revisó la constitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 47 de la Ley 640 de 2001. En esa oportunidad se verificó si en el trámite legislativo de la mencionada norma se incurrió en un vicio de procedimiento por haber sido desconocidos los debates reglamentarios establecidos en el artículo 157 de la Constitución, y si se generó una ruptura de la unidad de materia. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 47 de la Ley 640 de 2001 al encontrar que éste no surtió los debates dispuestos por la Constitución y que su texto apareció como producto de la comisión accidental de conciliación.
En la revisión del trámite legislativo del artículo demandado se constató que, después de la expedición de la Ley 640 de 2001, el Presidente de la República expidió el Decreto 131 de 2000, con el cual se pretendía subsanar el presunto yerro en que se incurrió en el artículo 47 de la ley[37]. En la sentencia se estableció que la expedición de dicho decreto estaba circunscrita a las facultades ordinarias del Presidente de la República:
Como ya se ha expresado mediante el Decreto 131 de 2001, el Gobierno Nacional, conforme a los considerandos del mismo, buscó subsanar “un yerro” en su contenido, que hace consistir en que, según las expresiones allí mismo consignadas, por error en el texto de la ley se aludió al parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 cuando ha debido hacerse referencia tan solo al parágrafo primero del mencionado artículo. El Gobierno en el encabezamiento del decreto y en la respectiva motivación invoca como fundamento normativo de éste a la Ley 4ª de 1913, cuyo artículo 45 dispone:
De otra parte para la Corte es evidente que el juicio de constitucionalidad que se intentara del decreto en mención tiene que pasar de manera indispensable por la confrontación entre el contenido de éste y la Ley 4ª de 1913, invocada como fundamento del mismo.
Igualmente no puede desconocerse que la identidad de “contenido” que señala el señor Procurador no implica un idéntico tratamiento desde el punto de vista del control de juridicidad de la ley y del decreto. En efecto, mientras que en el caso de autos, el análisis del tramite de la ley busca establecer si éste fue el constitucionalmente apropiado, el estudio del decreto debe estar encaminado a determinar si el Presidente de la República usó bien-dentro del marco legal-su competencia constitucional enderezada a la promulgación de la ley (C.P., art. 165, en concordancia con el art. 189-10).
La sentencia C-232 de 2002[38] reiteró que la expedición de los decretos de yerros es una función presidencial que corresponde a sus facultades ordinarias:
Habiéndose corregido el anotado yerro por medio del procedimiento adecuado, el que era atribuible a la función presidencial de promulgación de las leyes[39], puede concluirse que no es necesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre la conjunción disyuntiva “o” por cuanto la misma nunca formó parte del texto del artículo 180 de la Ley 599 de 1999 y el error ya fue enmendado, motivo por el cual se declarará inhibida respecto de ella en la parte resolutiva de esta providencia.
En otras oportunidades la Corte Constitucional ha revisado de manera excepcional decretos de yerros pero exclusivamente en razón a las particularidades del caso. Por ejemplo, la sentencia C-334 de 2005, en la que se controlaron los artículos 4 (parcial) y 9 del Decreto 2637 de 2004, “Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio” se verificó que la expedición de dicho decreto en conjunto con el Decreto 2697 de 2004, “Por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004” estaba encaminado a modificar o adicionar la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). Por lo tanto, y atendiendo al explícito mandato constitucional de los artículos 153 y 248-1 que dispone a la Corte Constitucional ejercer el control de los proyectos de ley estatutaria, “tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”, se consideró que lo correcto era proceder a su estudio integral y definitivo. Antes de la sentencia, ya había sido ordenado que se remitieran los decretos mencionados a la Corte Constitucional, por lo que se ordenó que la demanda, en esa oportunidad, fuese tenida como una intervención ciudadana en el pronunciamiento definitivo de la totalidad de los Decretos.[40]
En concordancia con la anterior providencia, la Corte Constitucional en la sentencia C-672 de 2005[41] revisó la constitucionalidad de los Decretos 2637 de 2004 y 2697 de 2004 y declaró la inexequibilidad de ambos porque el Presidente de la República desbordó la competencia excepcional que le fue atribuida por el Acto Legislativo 03 de 2002 ya que el “decreto- 2637 de 2004- no se orienta a desarrollar las normas legales requeridas para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura básica de acusación y juzgamiento, sino que, lejos de ello, modifica múltiples disposiciones de la ley estatutaria de la administración de justicia que nada tienen que ver con ese nuevo modelo de justicia penal.” En esa ocasión los dos decretos revisados se encontraban inescindiblemente ligados por lo que la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2637 de 2005 implicaba la necesaria inexequibilidad del Decreto 2697 de 2005, que corregía los yerros del primero. Adicionalmente la Corte estableció que el decreto de yerros no se limitó a corregir los errores tipográficos y caligráficos del primero sino que procedió a alterar sustancialmente el sentido de las normas que supuestamente corregía:
De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título, del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en éste último.[42]
3. 4. Evolución del contenido de los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 y de la titulación de algunos capítulos de la Ley 906 de 2004, desde su aprobación por el Congreso
4.1. Artículo 8 de la Ley 906 de 2004
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
"Artículo 8°. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales (b) y (k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor".
De acuerdo a lo constatado, según publicación en la Gacetas del Congreso números 167 de 2004, para texto aprobado en la Cámara de Representantes, y 273 de 2004, correspondiente al texto aprobado por Senado de la República, el anterior artículo fue aprobado en forma idéntica en Cámara y Senado. Por lo tanto, para el literal demandado no operó la figura de la conciliación. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que lo modificaba.
2. Que el artículo 8º de la Ley 906 de 2004 literal l) dispone: "l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales (b) y (k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento de los literales (c) y (j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor";
Artículo 8 (...)
Se debe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia C-822 de 2005[43] se pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “o civil” contenida en el literal b) del artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En dicha oportunidad se declaró la exequibilidad de la expresión pues se consideró que la garantía de la no incriminación de los parientes hasta el cuarto grado civil no era violatoria del artículo 33 Superior.
4.2. Artículo 16 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías".
De acuerdo a lo constatado, según publicación en la Gacetas del Congreso números 167 de 2004, texto aprobado en la Cámara de Representantes y 273 de 2004, correspondiente al Senado de la República, el anterior artículo fue aprobado en forma idéntica en Cámara y Senado. Para el artículo no operó la figura de la conciliación. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo. El sustento de la anterior supresión es el siguiente:
Se debe advertir que en la sentencia C-591 de 2005[44] se revisó el aparte del artículo 16 de la Ley 906 de 2004 que dispone “Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.” Es decir, se juzgó la constitucionalidad la versión que fue promulgada en el Diario Oficial 45658, que corresponde a lo modificado por el decreto de yerros. En esa oportunidad la Corte Constitucional decidió declarar exequible el aparte de la disposición demandada, por el cargo analizado. La Corte consideró que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa y de contradicción, durante una audiencia ante el juez de control de garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada anticipadamente, de ser fácticamente posible.
Las normas de la Ley 906 de 2004, adicionales al demandado, que hacen referencia a la prueba anticipada corresponden a los artículos 15, 112, 125, 154, 274, 284, 285, 337 y 383.[45]
4.3. Artículo 32 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6, 7 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas".
4. Que en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por error de digitación, se escribió el término "literales" referido a los números 6, 7 y 9 cuando lo correcto era "numerales".
4.4. Artículo 37 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 37. De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
4. De la función de control de garantías".
5. Que en el artículo 37 de la Ley 906 de 2004, se numeró como 4º el inciso segundo del numeral 3.
4.5. Artículo 56 de la Ley 906 de 2004
8. Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175 de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento".
4.6. Artículo 294 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. D e no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior".
Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
4.7. Artículo 85 de la Ley 906 de 2004
Artículo 85. Suspensión del poder dispositivo.
"Artículo 85. Suspensión del poder dispositivo. (...)
Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el artículo 83. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva".
El artículo 85 fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Éste no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y publicado en el Diario Oficial No. 45657 como se verifica en el cuadro, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 529 de 2004. La modificación de su texto, efectuada por el Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
4.8. Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral
El Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral", de la Ley 906 de 2004 regula los artículos 101 a 108.
Artículo 8°. Corrígese el título denominado "Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral", de la Ley 906 de 2004, el cual pasa a ser título de los artículos 102 a 108, inclusive, quedando el artículo 101 como último del "Capítulo III Medidas cautelares".
El Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral", de la Ley 906 de 2004 regula los artículos 102 a 108.
8. Que por error de digitación se tituló "Capítulo IV. Del ejercicio del incidente de reparación integral" antes del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, cuando en realidad debe anteceder el artículo 102 de la misma, correspondiendo en consecuencia el artículo 101 a la parte final del Capítulo III denominado "Medidas cautelares".
4.9. Artículo 158 de la Ley 906 de 2004
Artículo 158. Prórroga y restitución de términos.
"Artículo 158. Prórroga de términos
Artículo 158. Prórroga de términos.
El artículo, de acuerdo a las Gacetas del Congreso 167, 273 y 286 de 2004, fue aprobado de manera idéntica en las Plenarias de la Cámara y el Senado. Éste no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y publicado por el Presidente de la República como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 modificó el título del artículo. La modificación fue sustentada así:
9. Que el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, denominado "Prórroga y restitución de términos" debe titularse "Prórroga de términos" por cuanto la figura de restitución de términos no está consagrada en la citada ley y el texto del artículo se refiere solo a la prórroga.
4.10. Artículo 181 de la Ley 906 de 2004
Artículo 181. Procedencia.
"Artículo 181. Procedencia. (...)
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes".
El artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso que se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su cambio de redacción fue sustentado en el Decreto 2770 de 2004 de la siguiente manera:
4.11. Artículo 184 de la Ley 906 de 2004
Artículo 184. Admisión.
"Artículo 184. Admisión. (...)
El artículo fue aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. La comisión accidental de conciliación, integrada para el efecto, conservó el texto aprobado por el Senado. El artículo no fue objetado por el Gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. La modificación efectuada por el Decreto 2770 de 2004 fue sustentada así:
11. Que el inciso final del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 se inicia con la expresión "En caso contrario" la cual resulta contradictoria con las premisas antecedentes y subsiguientes a las que sirve de enlace; en consecuencia, la locución adecuada es "Para el efecto".
4.12. Artículo 198 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 198. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 192, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes".
El texto del artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado pero la remisión al artículo, que prevé las causales de revisión, varió en cuanto a su numeración. En la plenaria de la Cámara de Representantes se hizo alusión al artículo 186; en la plenaria del Senado se remitió al artículo 193; y el texto presentado por la comisión accidental el artículo hace referencia al artículo 191. El artículo no fue objetado por el Gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El Decreto 2770 de 2004 sustenta su cambio así:
4.13. Capítulo XI “Disposición común a la casación y acción de revisión” de la Ley 906 de 2004
Disposición común a la casación y acción de revisión"
13. Que por error de digitación se repitió el Capítulo X con su título Acción de revisión, cuando en realidad se trata del Capítulo XI denominado "Disposición común a la casación y acción de revisión" del cual hace parte el artículo 199 de la Ley 906 de 2004 que prevé la posibilidad de desistir del recurso de casación o de la acción de revisión antes de que la Sala decida.
4.14. Artículo 207 de la Ley 906 de 2004
Artículo 207. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo.
"Artículo 207. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito la ampliación del equipo investigativo".
El texto del artículo fue aprobado de manera idéntica tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En su paso por el Congreso solo se varió la alusión al número del artículo que regula el informe al que hace referencia la disposición. En el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes se trataba del artículo 199; en el texto aprobado por la Plenaria del Senado del artículo 206; y en el texto final presentado por la comisión accidental de conciliación del artículo 204. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación se sustenta así:
4.15. Artículo 240 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 240. Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General".
El artículo fue aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y la comisión accidental conservó el inciso primero aprobado por el Senado y le adicionó los incisos 2, 3 y 4 aprobados por la Cámara de Representantes. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación fue sustentada de la siguiente manera:
4.16. Artículo 242 de la Ley 906 de 2004
Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos.
"Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos. (...)
Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239".
El artículo fue modificado en su paso por el Congreso en cuanto al orden gramatical de las expresiones del primer inciso del mismo. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo el Decreto 2770 de 2004 efectúo un cambio que se sustentó así:
16. Que en el inciso tercero del artículo 242 de la Ley 906 de 2004 se hace remisión a los medios técnicos de ayuda "previstos en el artículo anterior", cuando en realidad están enunciados en el artículo 239.
4.17. Artículo 264 de la Ley 906 de 2004
Artículo 264. Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula su ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.
"Artículo 264. Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia".
El artículo 264, aprobado por la Cámara de Representantes fue acogido por la comisión accidental de conciliación, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El texto del artículo fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
17. Que en el artículo 264 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en error gramatical en la expresión "su cédula su ciudadanía", siendo la expresión correcta "su cédula de ciudadanía".
4.18. Artículo 307 de la Ley 906 de 2004
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe
El artículo fue aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y la comisión accidental de conciliación conservó el texto adoptado por el Senado. El gobierno no objetó el artículo y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación, de acuerdo al Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
18. Que en el numeral 3 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en error gramatical que puede dar lugar a confusión al expresar "cuando sea requerido por el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe", siendo claro que el legislador quiso consagrar la presentación del imputado "ante el juez o ante la autoridad que él designe".
4.19. Artículo 317 de la Ley 906 de 2004
Artículo 317. Causales de libertad.
"Artículo 317. Causales de libertad. (...)
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral".
El artículo fue aprobado de manera diferente en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. La comisión accidental concilió el texto para quedar como fue aprobado por la plenaria del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo sancionó y publicó, de acuerdo a lo que aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo, éste fue modificado por el Decreto 2770 de 2004 y su cambio fue sustentado como una imprecisión:
4.20. Título V “Principio de oportunidad” de la Ley 906 de 2004
20. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se denominó el título correspondiente al Principio de Oportunidad como "Título IV", cuando por secuencia numérica debe ser "Título V".
4.21. Artículo 324 de la Ley 906 de 2004
Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que excedan seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.
Parágrafo 2º. La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto".
El texto del artículo fue aprobado de manera diferente en la Cámara de Representantes y el Senado. La comisión accidental concilió las discrepancias del artículo. El gobierno no lo objetó y sancionó y promulgó su texto en el Diario Oficial No. 45657, como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El cambio del artículo, de acuerdo al Decreto 2770 de 2004, se sustentó así:
21. Que en el parágrafo segundo del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 se omitió la preposición "de" referida al límite de la pena y equivocadamente se empleó el verbo "exceder" en plural cuando la concordancia corresponde al singular.
La Corte Constitucional, en sentencia C-673 de 2005[46], se pronunció sobre el numeral 16 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. El numeral fue declarado inexequible ya que éste es vago y demasiado indeterminado al no fijar parámetros claros para la aplicación del principio de oportunidad por parte del fiscal, conforme lo exige el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, por tratarse de una excepción al mandato de que el fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, lo que impide así mismo, que el juez de control de garantías pueda ejercer un verdadero control del ejercicio de esa facultad.
4.22. Título VI “De la preclusión” de la Ley 906 de 2004
DE LA PRECLUSION
22. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se denominó el título correspondiente a la Preclusión como "Título V", cuando por secuencia numérica debe ser "Título VI".
4.23. Artículo 364 de la Ley 906 de 2004
Artículo 364. Reanudación de la audiencia.
"Artículo 364. Reanudación de la audiencia.
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia".
El artículo 364 de la Ley 906 de 2004 se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y Senado de la República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo.
El Presidente de la República consideró que el anterior artículo debía suprimirse pues “(…) se incurrió en imprecisión al prever la comparecencia del testigo a la audiencia preparatoria, cuando este concurre es a la audiencia del juicio oral, como se establece en la parte segunda del Capítulo III del Título IV "Del juicio oral" de la misma ley; en consecuencia, debe eliminarse la expresión ", o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente".[47]
4.24. Artículo 407 de la Ley 906 de 2004
"Artículo 407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes".
El artículo 407 se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y Senado de la República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo. Dicha supresión fue sustentada de la siguiente manera en el decreto de yerros 2770 de 2004:
24. Que en el artículo 407 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en imprecisión que puede generar confusión al no eliminar la expresión "testigo experto o", figura que fue suprimida en el debate en Cámara de Representantes, en tanto algunas referencias que equivocadamente se mantuvieron fueron eliminadas en el trámite por el Senado, con excepción de la ahora referida que igualmente debe suprimirse.
4.25. Artículo 414 de la Ley 906 de 2004
Artículo 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y contrainterrogados
"Artículo 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser interrogados y contrainterrogados".
25. Que en el artículo 414 de la Ley 906 de 2004 se cometió un error en la expresión "audiencia preparatoria del juicio oral y público" cuando lo correcto es referir allí solamente la "audiencia preparatoria", en tanto la locución "del juicio oral y público" debe ir más adelante, después del término audiencia, a la que precisamente deben concurrir los peritos a los que se refiere la disposición.
4.26. Artículo 439 de la Ley 906 de 2004
Artículo 439. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.
"Artículo 439. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad".
Este artículo fue aprobado de forma idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo sancionó de acuerdo a lo aprobado por el Congreso. La norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657. No obstante, éste fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, siendo sustentado dicho cambio así:
26. Que en el artículo 439 de la Ley 906 de 2004 debe suprimirse la preposición "en" que antecede al término "ininteligible".
4.27. Capítulo III “Libertad condicional” de la Ley 906 de 2004
27. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se repitió el Capítulo II con su título "Ejecución de medidas de seguridad" que precede los artículos 471 a 473, cuando en realidad se trata del Capítulo III titulado "Libertad condicional", como se desprende del contenido de las disposiciones correspondientes, referentes a la misma figura regulada en el Código Penal.
4.28. Artículo 474 de la Ley 906 de 2004
Artículo 474. Procedencia.
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley.
"Artículo 474. Procedencia. (...)
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley".
Este artículo fue aprobado de forma idéntica en la Cámara de Representantes y en el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue aprobado por el Congreso, como se constata en el Diario Oficial No. 45657. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 modificó su texto cambiando la expresión “la libertad condicional” por “la condena de ejecución condicional”. Dicha modificación se sustentó así:
4.29. Artículo 484 de la Ley 906 de 2004
Artículo 484. Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 508 de este código.
"Artículo 484. Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 de este código".
El texto del artículo fue mantenido tal como fue aprobado por la plenaria del Senado. Éste no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial No. 45657. Sin embargo éste fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
4.30. Artículo 530 de la Ley 906 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 40
"Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1° de enero de 2006 incluirá a los Distritos Judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
El anterior artículo sí sufrió modificaciones en su paso de la Cámara de Representantes al Senado de la República, fue objeto de conciliación y finalmente fue aprobado como se verifica en el cuadro. Las modificaciones que surtió el artículo se pueden constatar en las Gacetas del Congreso de la República 285, 286 y 362 de 2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso después de conciliado, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que adicionaba un distrito judicial al artículo. El Presidente de la República, para justificar dicho cambio, consideró:
La Corte Constitucional, en la sentencia C-801 de 2005[48], se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 530 del Código de Procedimiento Penal. En la sentencia se consideró que la aplicación progresiva del sistema penal acusatorio establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 en los distintos distritos judiciales del país no vulneraba los artículos 13 y 29 de la Constitución, por lo que se declaró exequible por los cargos formulados.
4.31. Artículo 531 de la Ley 906 de 2004
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. (…)
"Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. ( ...)
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. (�c)
El artículo 531 de la Ley 906 de 2004 fue aprobado de manera idéntica en Cámara de Representantes y en el Senado de la República por lo que no surtió el trámite de la conciliación. Sin embargo el artículo fue objetado por el Presidente. Las plenarias del Congreso aceptaron parcialmente la objeción presidencial y, en consecuencia, acordaron dejar la disposición como aparece en la primera columna del cuadro anterior. La aprobación del texto de artículos 531 después de la objeción presidencial se puede verificar en las Gacetas del Congreso 425 y 527 de 2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso después del anterior trámite, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que modificaba la expresión “inciso anterior” por incisos anteriores”. En cuanto a este artículo los considerandos del Decreto 2770 de 2004 disponen:
30. Que en el inciso cuarto del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en error tipográfico al referir en singular la expresión "en el inciso anterior", cuando lo correcto es "en los incisos anteriores" porque al señalar una función a fiscales y jueces, necesariamente remite a los incisos precedentes.
4.32. Conclusión de la comparación de textos
Del anterior recuento se desprende que los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407 414, 439, 474, 484,530 y 531 al igual que la titulación de: i) el Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004 fueron objeto de sanción presidencial tal como fueron aprobados por el Congreso. A su vez, la ley que contenía dichas normas fue publicada en el Diario Oficial N° 45657. No obstante, después, se expidió un decreto de corrección de yerros mediante el cual se efectuaron ciertas modificaciones a dichas disposiciones. Entonces, los cambios fueron introducidos mediante un decreto fundado en el ejercicio de las facultades que le confiere al Presidente de la República el artículo 45 de la Ley 4 de 1913 una vez el trámite de formación de la ley había terminado.
4.33. Modificaciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
El artículo 8 fue modificado disponiendo la presencia del abogado defensor para los eventos de los numerales b)[49] y k)[50]. En el artículo 531 se cambió la expresión “inciso anterior” por la expresión “incisos anteriores”. El artículo 32 se cambió la expresión “literales” por “numerales”. En el artículo 37 se cambió la numeración de los numerales volviendo el numeral cuarto parte del tercero. En el artículo 56 se hacía alusión al artículo 174 y dicha alusión se modificó al artículo 175 al igual que en el artículo 294. En el artículo 85 se cambió la expresión “en el artículo anterior” por “en el artículo 83”. Al artículo 184 se cambió la expresión “En caso contrario” por “Para el efecto”. Al artículo 198 se cambió la referencia que se hacía al artículo 191 por la referencia al artículo 192. El capítulo X “De la acción de revisión” que regula el artículo 199 fue modificado para pasar a numerarse como capítulo XI y llamarse “Disposición común a la casación y acción de revisión”. El artículo 207 hacía referencia al artículo 204 y fue modificado para hacer referencia al artículo 205. El artículo 240 contenía la expresión “En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia electrónica” que fue modificada por la expresión “En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 239”. En el artículo 242 la expresión “previstos en el artículo anterior” fue modificada por la expresión “previstos en el artículo 239”. La expresión “su cédula su ciudadanía” del artículo 264 fue modificada por “su cédula de ciudadanía”. En el artículo 307 la expresión “cuando sea requerido ante el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe” fue modificada por la expresión “cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe”. La referencia del artículo 317 a la audiencia de juzgamiento fue reemplazada por la referencia a la audiencia de juicio oral. La numeración del título sobre “el principio de oportunidad” cambió de corresponder al título V al IV. La expresión “excedan” del artículo 324 fue modificada a “exceda”. La numeración del título “De la preclusión” cambió su numeración de “Título V” a “Título VI”. La titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” pasó a ser “Capítulo III Libertad condicional”. El artículo 439 pasó de contener la expresión “la declaración se torne en ininteligible” a “la declaración se torne ininteligible”.
4.34. Supresiones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
Al artículo 16 se le suprimió la expresión “o ante el juez de conocimiento, según el caso”. Al artículo 364 se le suprimió la expresión “o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente.” Al artículo 407 se le suprimió la expresión “testigos expertos”. El título del artículo 158 pasó de ser “Prórroga y restitución de términos” a “Prórroga de términos”. Al artículo 181 se le suprimió la expresión “de la estructura”. La expresión “del juicio oral y público” fue suprimida del artículo 414.
4.35. Adiciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
4. 5. La competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las normas del Código de Procedimiento Penal.
De los antecedentes de la Ley 906 de 2004 se desprende que una vez publicado el texto aprobado por las plenarias del Congreso de la República, de acuerdo a lo consignado en la Gaceta del Congreso 529 de 2004, el texto fue sancionado y promulgado tal como fue aprobado por el Congreso. Posteriormente el Presidente de la República expidió el Decreto 2770 de 2004, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 45 de la Ley 4 de 1913.
Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.
La Corte Constitucional tiene la competencia para revisar la constitucionalidad de leyes y códigos expedidos por el Congreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 241-4 de la Constitución. En esta oportunidad las normas que han sido demandadas son normas que pertenecen al Código de Procedimiento Penal. El artículo 150-2[51] establece que es el Congreso el órgano competente para expedir códigos. En el precedente análisis se ha constado que las normas revisadas han sufrido una modificación sustancial del contenido material de la ley aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y publicada en el Diario oficial 45.567 de 2004.
Después, la ley “corregida” fue publicada en el Diario Oficial No. 45658. Esto llevó a que haya dos textos de la misma ley, no uno solo, publicados de manera diferente en el Diario Oficial.
Si bien la Corte Constitucional no es competente para conocer del decreto de corrección de yerros sí lo es para conocer de la ley, la cual, en este caso, ha sufrido cambios sustanciales después de su sanción y promulgación. Por lo tanto, para preservar la voluntad del Congreso expresada según el procedimiento de formación de la ley establecido en la Constitución se deberá declarar exequible la Ley 906 de 2004 tal como fue aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y promulgada en el Diario Oficial No. 45.657. En este sentido se condicionará la exequibilidad de la Ley 906 de 2004.
La Corte entiende que pueden darse contradicciones o presentarse confusiones entre normas de dicha ley por fallas de técnica legislativa, pero éstas deben ser resueltas de acuerdo a los criterios de interpretación de las normas establecidos en la Ley 153 de 1887 y en la Ley 57 de 1887. Por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2005[52] revisó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 882 de 2004, que modificaba el artículo 229 de la Ley 599 2000. Los apartes demandados son los que se subrayan a continuación:
Dentro de los cargos presentados en la demanda se indicaba que la expresión “artículo anterior” debía ser retirada del ordenamiento, por ser ésta un error del legislador, ya que era claro que el reenvío normativo era al inciso anterior[53]. La Corte debía establecer si la errónea remisión al “artículo anterior”, contenida en el segundo inciso de la norma demandada, resultaba contraria al principio de tipicidad en materia penal y, por consiguiente, contraria al principio de legalidad. La Corte se pronuncio de la siguiente manera:
DECLARAR EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en
el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004.
[1] El Magistrado Jaime Araujo Rentería presentó salvamento de voto al auto de la Sala Plena del 8 de marzo de 2005 pues consideró que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el Procurador y mucho menos para el Viceprocurador General de la Nación, con fundamento en el hecho de haber participado activamente en el trámite legislativo de la Ley 906 de 2004, objeto de revisión para la Corte. Folios 107- 111.
[2] Sonia Patricia Téllez Beltrán, designada por el Procurador General de la Nación para conceptuar en el presente proceso mediante Resolución 095 del cinco de abril de 2005.
[3] Folio 104-105.
[4] Folio 65-66, C.1.
[5] Folio 66, C.1.
[6] Folio 67, C.1.
[7] Folio 69, C.1.
[8] Folio 70, C.1.
[9] Folio 71, C.1.
[10] Folio 72, C.1.
[11] Folio 73, C.1.
[12] Folios 154-155, C.1.
[13] Folio 116, C.1.
[14] Folio 125.
[15] Decreto 2067 de 1991. Artículo 6. “El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.”
[16] Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997, C-320 de 1997 y C-204 de 2001 MP: Alejandro Martínez Caballero, C-010 de 2001MP: Fabio Morón Díaz, C-173 de 2001 y C-514 de 2004 MP: Álvaro Tafur Galvis, C-813 de 2001 MP: Jaime Araujo Rentería, C-1031 de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil, C-251 de 2002 MP: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, C-373 de 2002 MP: Jaime Córdoba Triviño, C-642 de 2002 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17] Sentencia C-320 de 1997 MP: Alejandro Martínez Caballero reiterado en sentencia C-591 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[18] En la Sentencia C-539 de 1999 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, se enunciaron, como siguen, las hipótesis que permiten la integración de la unidad normativa: "Excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos. En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad". Sobre integración de la proposición jurídica pueden consultarse las Sentencias C-320 de 1997 MP: Alejandro Martínez Caballero; C-560 de 1997 MP: José Gregorio Hernández, C-565 de 1998 MP: José Gregorio Hernández y C-1647 de 2000 MP: José Gregorio Hernández; C-064 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. Sobre integración de unidad normativa respecto de normas que resultan prima facie inconstitucionales, ver entre otras sentencia C-320 de 1997 MP: Alejandro Martínez Caballero; C-871 de 2003 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Sentencia C-707 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[20] Este rasgo permite distinguir la unidad normativa de la llamada proposición jurídica completa, pues esta última figura se presenta cuando el alcance normativo contenidos en la disposición carece de sentido regulante propio aislado del contexto dentro del cual está insertado. Sobre el tema pueden consultarse entre otras las Sentencias C-357 de 1999 y C-409 de 1994.
[21] Sentencia C-349 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22] Sentencia C-538 de 2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23] Constitución Política. ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
[24] La sentencia C-084 de 1996 MP Carlos Gaviria Díaz señala la diferencia entre la promulgación y la sanción de una norma en los siguientes términos:
“La sanción del proyecto de ley es el acto mediante el cual el Gobierno lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo prescribe el artículo 157 numeral 4 de la Constitución, que dice:
“Artículo 167.-Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: (...)
El artículo 166 de la Constitución, señala términos preclusivos dentro de los cuales el Gobierno debe sancionar el proyecto de ley aprobado. El plazo es de seis días, en el caso de que el proyecto tenga una cantidad de artículos igual o inferior a veinte; de diez días si tiene entre veintiuno y cincuenta artículos; y de veinte días si el número de artículos supera los cincuenta. Si el Presidente, como jefe de gobierno, no sanciona el proyecto de ley dentro de los términos establecidos, lo hará el Presidente del Congreso, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 168 ibidem. Si la sanción de la ley consiste simplemente en la firma de la misma por parte del Presidente de la República, mal puede deducirse de allí la potestad de tal funcionario para señalar la vigencia de las leyes.
[25] Sentencia C-492 de 1997 MP: Hernando Herrera Vergara. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 335 de 1996, que disponía que la ley regiría a partir de su sanción La sentencia declaró exequible la disposición por considerar que la vigencia de una norma se encuentra supeditada a la voluntad del legislador.
[26] Sentencia C-179 de 1994 MP: Carlos Gaviria Díaz.
[27] FULLER, Lon. The Morality of Law. Yale University Press, New Haven, 1969. Págs. 49-51.
[28] Dicha obligación del gobierno está consagrada expresamente en el artículo 2o. de la Ley 57 de 1985.
[29] Este principio está consagrado expresamente en el artículo 9o. del Código Civil Colombiano y en el artículo 56 del Código de Régimen Político Municipal (Ley 4a. de 1913).
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-544 de 1994, magistrado ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. AFTALIÓN, Enrique, Introducción al Derecho, op. cit. Pág. 293.
[31] Sentencia C-084 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[32] Sentencia C-161 de 1999 MP: Carlos Gaviria Díaz.
[33] Sentencia C-306 de 1996 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] Constitución Política. Artículo 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen.
Artículo 166. El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.
[35] Sentencia C-520 de 1998, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
[36] Sentencia C-500 de 2001 MP: Álvaro Tafur Galvis.
[37] La supresión efectuada por el decreto de yerros 131 de 2001 se ilustra a continuación resaltando lo relevante:
Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los términos y bajo las condiciones de la presenten ley.”
[38] Sentencia C-232 de 2002 MP: Clara Inés Vargas. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 180 de la Ley 599 de 2000 por la vulneración de los artículos 2, 5, 13, y 42 de la Constitución. En la sentencia se verificó que norma se aprobó finalmente en el Congreso sin la palabra “años” y así fue enviada para sanción presidencial; y que se dio una inclusión de la conjunción disyuntiva “o”, ocurrida en la publicación de la Ley 599 de 2000 en el Diario Oficial. La Corte se declaró inhibida de conocer de la constitucionalidad de la conjunción “o” del inciso primero del artículo demandado ya que el mismo había sido corregido por el Presidente de la República mediante un decreto de yerros. La Corte declaró exequible la disposición bajo el entendido que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con las penas de prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
[39] Artículo 189 numeral 10 de la Constitución.
[40] Sentencia C-334 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. La parte resolutiva de la sentencia dispone:
[41] Sentencia C-672 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[42] Sentencia C-672 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[43] Sentencia C-822 de 2005 MP: Manuel José Cepeda.
[44] Sentencia C-591 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[45] Ley 906 de 2004: Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.
Artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. (...)
[46] Sentencia C-673 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. SV Rodrigo Escobar Gil, Humberto Sierra Porto.
[47] Considerando 23 del Decreto 2770 de 2004.
[48] Sentencia C-801 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[49] Artículo 8: (…)
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;(...)
[50] k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; (...)
[51] Constitución Política. ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[52] Sentencia C-674 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil.
[53] En la sentencia así se resumieron los cargos al respecto: “(...) la referencia al “artículo anterior” contenida en el segundo inciso de la norma demandada, es un evidente error del legislador, porque es claro que el reenvío normativo era al inciso anterior, sin embargo, y dado que en virtud de la exigencia del principio de legalidad, no cabe en este caso aplicar inferencias, esa equivocación trae consigo un menor nivel de protección, porque no sólo haría inane la norma, en cuanto que se quedaría sin efecto la ampliación de la población en estado de vulnerabilidad, sino que además dejaría sin efecto también el único agravante que con anterioridad existía, que era el maltrato realizado contra un menor, razones por las cuales la mencionada expresión debe ser retirada del ordenamiento.”

References: artículo 45
 artículo 241
 artículo 10

Artículo 530
 artículo 147
 artículo 530
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 364
 artículo 407
 artículo 530
 artículo 531
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 531
 artículo 157
 artículo 530
 artículo 531
 artículo 45
 artículo 150
 artículo 531
 artículo 531
 artículo 158
 artículo 242
 artículo 6
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 157
 artículo 52
 artículo 45

Artículo 45
 artículo 47
 artículo 157
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 45
 artículo 180
 Artículo 8
 artículo 8

Artículo 8
 artículo 8
 artículo 33
 Artículo 16
 artículo 16
 Artículo 32
 artículo 32
 Artículo 37
 artículo 37
 Artículo 56
 artículo 175
 Artículo 294
 artículo 175

Artículo 294
 artículo 175
 Artículo 85

Artículo 85
 artículo 83
 artículo 85

Artículo 8
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 102
 artículo 101
 Artículo 158

Artículo 158

Artículo 158
 artículo 158
 Artículo 181

Artículo 181
 Artículo 184

Artículo 184
 artículo 184
 Artículo 198
 artículo 192
 artículo 186
 artículo 193
 artículo 191
 artículo 199
 Artículo 207

Artículo 207
 artículo 204
 artículo 205
 artículo 199
 artículo 206
 artículo 204
 Artículo 240
 Artículo 242

Artículo 242
 artículo 239
 artículo 242
 artículo 239
 Artículo 264

Artículo 264
 artículo 264
 artículo 264
 Artículo 307
 artículo 307
 Artículo 317

Artículo 317
 Artículo 324
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 250
 Artículo 364

Artículo 364
 artículo 364
 Artículo 407
 artículo 407
 artículo 407
 Artículo 414

Artículo 414
 artículo 414
 Artículo 439

Artículo 439
 artículo 439
 Artículo 474

Artículo 474
 Artículo 484

Artículo 484
 artículo 508
 artículo 509
 Artículo 530
 artículo 530
 Artículo 531

Artículo 531

Artículo 531
 artículo 531
 artículo 531
 artículo 158
 artículo 45
 artículo 8
 artículo 531
 artículo 32
 artículo 37
 artículo 56
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 294
 artículo 85
 artículo 83
 artículo 184
 artículo 198
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 199
 artículo 207
 artículo 204
 artículo 205
 artículo 240
 artículo 239
 artículo 242
 artículo 239
 artículo 264
 artículo 307
 artículo 317
 artículo 324
 artículo 439
 artículo 16
 artículo 364
 artículo 407
 artículo 158
 artículo 181
 artículo 414
 artículo 45
 artículo 158
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 229
 Resolución 
 Artículo 6
 artículo 157
 artículo 166
 artículo 168
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 56
 Artículo 165

Artículo 166
 artículo 180
 Artículo 189
 Artículo 15

Artículo 383
 Artículo 8