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Artículo 141 Femicidio: “
Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.
Tema 7: Trata en contra de las mujeres. Sírvanse proporcionar información sobre si el país es considerado un país de origen, tránsito o destino de la trata de mujeres y niñas.
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir la trata y si existen mecanismos de alerta temprana en relación con las mujeres en riesgo.
Tema 8: Participación en la vida política y pública
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, para promover la participación política y el liderazgo de las mujeres.
Sírvanse también proporcionar información actualizada sobre la representación de las mujeres en el servicio exterior e indicar el número de mujeres designadas como embajadores.
Tema 9: Educación
Sírvase indicar todos los mecanismos implementados en las escuelas destinados a facilitar las quejas de las niñas que son víctimas de violencia sexual
i. Las infracciones penales que constituyen delitos de violencia contra la mujer se juzgan con el procedimiento ordinario establecido en el art. 570 COIP. En consideración al principio pro víctima es de especial atención las siguientes particularidades:
Las víctimas tienen derecho a la reparación integral (Arts.-1, 77 y 78).
En el juzgamiento de las infracciones de violencia intrafamiliar no se reconoce fuero (Art.- 404.1).
No se aplica el principio de oportunidad (Art.- 412).
En estos delitos siempre el ejercicio de la acción es pública (Art.- 415) por lo que corresponde a la fiscalía sin necesidad de denuncia ejercerla.
Se impone el deber de denunciar a determinadas personas que por su profesión u ocupación pueden llegar a conocer del hecho (Art.- 422).
En los casos de violencia intrafamiliar no se admite la renuncia a presentar acusación particular (Art.- 438 último inciso).
Se debe contar con Fiscalía especializada en violencia intrafamiliar (Art.- 443.4).
Se podrá contar con los informes de profesionales de la salud y privados acreditados ante el Consejo de la Judicatura, de no contarse con unidades del sistema de investigación (Art.- 450).
Se respetará el principio de igualdad de oportunidades para la prueba (Art.- 454.7).
Para la obtención de muestras por medio de exámenes realizados a víctimas de violencia sexual se tomarán medidas necesarias en función de la edad y del género (463.2).
Se podrán realizar exámenes médicos y corporales de víctima y/o del agresor siguiendo varias reglas que propenden a la protección de sus derechos y dignidad (Art.- 465).
Se prohíbe la interceptación, grabación y transcripción de comunicaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes especialmente cuando existe riesgo de revictimización (Art.- 476.9).
Se puede realizar allanamientos sin formalidades con la finalidad de proteger a la víctima (480.6).
En los casos de violencia intrafamiliar pueden ser llamados a declarar en juicio contra el o la cónyuge, pareja, parientes, entre otros (Art.- 502.4).
Cuando hay riesgo para los declarantes se podrán acoger al sistema de protección a víctimas y testigos (Art.- 502.9).
Pueden realizar videoconferencias (Art.- 502.10).
Medidas especiales para la recepción de la versión o testimonio de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores (Art.- 504).
Reglas para el testimonio de la víctima (Art.- 510) que evitan sobre todo la revictimización.
Cuando se dicta arresto domiciliario no podrá el agresor cumplirla en el domicilio donde se encuentra la víctima (Art.- 537).
No se admite caución (Art.- 544.4).
Disposición inmediata de medidas de protección tanto en delitos como en contravenciones (Art.- 558).
Las audiencias son reservadas (Art.- 562).
La investigación en todos los casos es reservada (Art.- 584).
No admite suspensión condicionada de la pena (Art.- 630).
Sí cabe el procedimiento abreviado (Art.- 635).
No admite el procedimiento directo. (Art.- 640.2).
No cabe conciliación (Art.- 663)
ii. Las infracciones penales que constituyen violencia física intrafamiliar contravencional se tramitarán con el procedimiento expedito previsto en el artículo 643 del COIP.
Sírvanse proporcionar información sobreel número de centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia, su ubicación en todo el país y el presupuesto asignado, así como sobre las principales dificultades en su funcionamiento.
Existen 5 Casas de Acogida a mujeres víctimas de violencia y se ubican en las provincias de Azuay, Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas. Por otra parte, los Centros de Atención son 15 y están ubicados Azuay (2), Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, El Oro, Guayas (3), Esmeraldas, Loja, Manabí (2), Santo Domingo de Los Tsáchilas y Pichincha.
Se programó atender a 63.400 usuarios/as hasta el 2014 logrando atender a 71.917 en el 2013, y se ha planificado llegar a una meta superior a 131.667 beneficiarios/as hasta el 2015. Estos datos evidencian el gran impacto social del proyecto y apuntan al cumplimiento efectivo de las políticas de combate a la violencia contra las mujeres.
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) está ejecutando el proyecto con un monto de 2.000.000 USD y ha recibido la aprobación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el aval para su ampliación por parte de SENPLADES al 2015 con un presupuesto de 3.102.149. Con esta ampliación el proyecto permitirá cumplir las metas y objetivos propuestos de contar con 9 Casas de Acogida y 18 Centros de Atención. El monto total del proyecto asciende así a $10.639.637,68 USD.
(Para el detalle del presupuesto por cada centro de atención y casa de acogida; así como lo convenios suscritos remitirse al anexo 19)
Sírvanse aclarar el alcance y la aplicación de mecanismos de soluciones administrativas como alternativas para los procesos judiciales en los casos de violencia contra las mujeres, los niños y adolescentes (párr. 93).
El MIES, a través de los Servicios Especializados de Protección Especial (SEPE), brinda atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y conocen y referencian casos de vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional existen 55 oficinas de SEPE, 40 en los Distritos MIES, y 15 en oficinas distritales. En los primeros, trabaja un equipo de dos trabajadores/as sociales, dos psicólogos/as y un/a técnico/a de gestión de riesgos. Por su parte, en las 15 oficinas distritales trabaja un equipo conformado por un/a trabajador/a social o un/a psicólogo/a. Durante el 2013, los SEPE atendieron 10.436 casos, mientras que de enero a agosto de 2014 se han atendido 8.080 casos. Entre las tipologías recurrentes se encuentra violencia y acoso sexual, y violencia intrafamiliar, los casos son remitidos a los sistemas de justicia por lo que no constituyen mecanismos de solución administrativa.
Bajo este antecedente, la disposición derogatoria Vigésima Tercera del COIP deroga los aspectos de jurisdicción y competencia derivados de la aplicación de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, por lo que “(…) ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas en la Constitución (…)”.En este contexto las medidas administrativas alternativas al proceso judicial no tienen su asidero en el COIP.
Sírvanse proporcionar información sobre el estado actual del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en particular en relación con la penalización del femicidio (Pará. 105), la violencia contra las mujeres, y los remedios para las víctimas de la violencia, incluida la indemnización y la reparación.
El 28 de enero de 2014 la Asamblea Nacional aprobó el COIP, que entró en vigencia desde el 10 de agosto del mismo año. El COIP contempla el delito de Femicidio y sus agravantes:
Artículo 141 Femicidio: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.
Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o más de las siguientescircunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y lavíctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.
Además, en el COIP se incluye como agravante de varios delitos si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada o persona con discapacidad o que padezca de enfermedades que comprometan su vida. Entre otros delitos que contemplan esta figura están el acoso sexual, abuso sexual, violación, y otros temas relacionados con violencia sexual, etc.
En lo que corresponde a los remedios, el COIP, en su artículo 77 establece la reparación integral para las víctimas, lo que implica la restitución, la rehabilitación, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de satisfacción o simbólicas y las garantías de no repetición (Art. 78 COIP).
Tema 7: Trata en contra de las mujeres.
Sírvanse proporcionar información sobre si el país es considerado un país de origen, tránsito o destino de la trata de mujeres y niñas.
El Ecuador es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. La trata de personas es un delito de crimen organizado transnacional; no obstante se produce también a nivel interno, siendo el mayor número de casos que se han registrado en nuestro país.
Para la prevención del delito de trata de personas, la Comisión Interinstitucional del “Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación, pornografía infantil y corrupción de menores", mediante la mesa operativa de prevención, ha realizado las siguientes actividades: a) Capacitaciones a servidores/as públicos que trabajan en el tema, así como a Policías y Fiscales; b) sensibilización a la ciudadanía mediante ferias informativas y redes sociales (Facebook y Twitter); c) vallas informativas en el aeropuerto de la ciudad de Quito; d) suscripción de acuerdos bilaterales con Colombia y Perú para la prevención e investigación del delito y protección a las víctimas.
Asimismo, el Ministerio de Turismo (MINTUR) está comprometido con la prevención de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, para lo cual realiza la regulación y control de las actividades turísticas; difusión, promoción e incentivo de buenas prácticas que prevengan el cometimiento del delito, en las actividades turísticas.
Por otro lado, la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana 2013-2017, en su objetivo de Corresponsabilidad Internacional ha establecido como política el prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la reparación integral de los derechos de las personas víctimas de estos delitos.
Sobre los mecanismos de alerta temprano se han realizado operativos binacionales con Colombia y Perú para desarticular las redes. Además, la Defensoría del Pueblo ha realizado un levantamiento de información sobre casos de personas en movilidad humana.
Sírvanse también proporcionar información sobre las evaluaciones relacionadas con el Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Trata, y los desafíos en la lucha contra la trata en relación con las diferentes formas de explotación, como la pornografía y la prostitución. Por favor, indicar el estado actual del proceso de actualización del Plan Nacional, especificando sus objetivos y medidas previstas.
Al respecto, el Estado ecuatoriano ha evaluado la eficacia de las actuaciones del Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas, en este sentido en el año 2009 se detectaron algunas dificultades y limitaciones y, como consecuencia, se vio la necesidad de actualizar este Plan. Una de las principales dificultades detectadas fue el hecho de que el Plan aprobado en el 2006 estaba enfocado en problemáticas numerosas y complejas (Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, pornografía infantil, corrupción de menores, etc.), lo que no permitía atender de manera profunda y especializada cada uno de los delitos. Una limitación con respecto a la problemática de la Trata era el hecho de que el Plan se concentraba básicamente en la Trata con fines de explotación sexual, mientras quedaban invisibilizadas otras modalidades de este delito. Para dar salida a estas problemáticas, se tomó la decisión de adoptar agendas de trabajo específicas.
En 2010 se conformó un Comité, integrado por representantes de la Secretaría Nacional del Migrantes (SENAMI), Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), Comisión de Transición hacia el Consejo de la Equidad de Género, CJ y FGE. El Comité tomó la decisión de iniciar un proceso de reformulación del Plan y enfocarlo exclusivamente en la problemática de la Trata de Personas, dada la complejidad y especialidad de este delito.
Para asegurar recursos para este Plan y las actividades previstas en la Agenda 2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y luego aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES).
A partir del año 2012, la rectoría sobre Trata de personas pasa al Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Garantías Democráticas, creándose para ello la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de migrantes, la misma que constituye una unidad especializada en estos delitos y quien llevará la coordinación de las competencias y los objetivos propios del Ministerio del Interior.
A ello se debe sumar la nueva normativa que rige los entes seccionales (COOTAD) en la que se les otorga competencias concurrentes en la elaboración de un sistema de protección de grupos de atención prioritaria. En consecuencia, los entes seccionales están generando ordenanzas que permitan instrumentar a nivel seccional el combate a la trata de personas.
Sírvanse proporcionar información más detallada relativa a los procesos y condenas de los autores en los casos de trata de personas y sobre los desafíos que enfrentan las víctimas en el acceso a la justicia.
Respecto a los procesos, se cuenta con un protocolo multisectorial de asistencia y protección integral a víctimas de trata y con un Comité Interinstitucional de seguimiento a casos para canalizar la efectiva reparación integral y restitución de derechos de las víctimas y sus familias.
En cuanto a la información sobre enjuiciamientos y condenas a responsables en casos de trata, desde 2013 hasta mayo de 2014 la FGE ha obtenido 13 dictámenes acusatorios, 18 llamamientos a juicios y 11 sentencias condenatorias. Además se han judicializado dos casos de estructuras transnacionales. (Ver Anexo 20).
Los principales desafíos en relación al acceso a la justicia de las víctimas son: eliminar los estereotipos discriminatorios en general; reformar los criterios que tienen operadores de justicia para solicitar el ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos; capacitar a operadores de justicia para fortalecer su conocimiento acerca de la trata de personas y sobre todo la determinación del tipo penal.
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas de política para aplicar las disposiciones constitucionales sobre la paridad, en particular en relación con el sistema de votación uninominal, así como sobre los mecanismos para promover la paridad en las listas de candidatos para las elecciones locales.
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres en los procesos de elección pluripersonales. En la proclamación de dignidades electas se ha considerado una acción afirmativa para asignar el escaño a una mujer en los casos que exista empate entre un hombre y una mujer en el último escaño.
El Consejo Nacional Electoral, en noviembre de 2012, creó la Comisión de Inclusión, con la finalidad de generar insumos que le permitan adoptar las medidas necesarias en aras de garantizar la igualdad de género. Entre las medidas concretas realizadas desde su creación, está el proyecto de investigación y análisis de los resultados obtenidos durante las diferentes etapas del ciclo electoral 2012-2013 de dignidades nacionales, y el proceso electoral 2013-2014 de dignidades locales. (Anexo 21 de Indicadores de Género – Elecciones 2013; e Indicadores de Participación Política – Elecciones 2014).
Desde el CNE se vigiló que, tanto en las elecciones generales del año 2013 como en las elecciones seccionales del año 2014, las listas para las dignidades pluripersonales cumplieran con la alternabilidad y la paridad de género. En el último proceso, se inscribieron 11.863 candidatas principales y 15.245 candidatas suplentes, es decir, el 43,8% y el 41% del total para participar en el proceso electoral. De estas, 1.444 resultaron electas; dichas cifras reflejan una participación importante de las mujeres en los procesos electorales.
La representación de la mujer en la Asamblea Nacional actualmente es del 40%, y se debe recalcar que las 3 principales dignidades de la Asamblea (Presidencia y 2 Vicepresidencias) la ocupan mujeres.
En lo que respecta a las dignidades unipersonales existe una brecha entre hombres y mujeres electas para primeras autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (prefecturas, alcaldías).
Medidas para promover la participación política de la mujer:
El Código de la Democracia en el Art. 3 establece: “El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial”.
El Reglamento de Inscripción y Calificación de Candidatas y Candidatos de Elección Popular, en el art. 7 señala que las listas pluripersonales, tanto de principales como de suplentes, deben ser paritarias y alternadas secuencialmente.
El Reglamento para la Inscripción de Partidos, Movimientos Políticos y Registro de Directivas regula que las directivas y espacios de decisión dentro de las organizaciones políticas deban ser conformados paritariamente entre hombres y mujeres para proceder a su inscripción.
El Reglamento de Promoción Electoral 2013-2014 indica que los contenidos de la publicidad electoral pondrán especial atención a la paridad y equidad de género, participación popular y pluralismo ideológico.
El CPCS apoyó el proyecto: “Paridad Cuantitativa en Elecciones Seccionales Ecuador 2014”, el mismo que contribuye al sistema democrático a través de la expansión de la voz de las mujeres, su liderazgo y participación en los procesos políticos. En la segunda etapa del proyecto, a partir del mes de mayo de 2013 se realizaron varios talleres enfocados al contexto local con el objetivo de promover consensos y activismos, insertar y posicionar la agenda generada en los talleres del escenario político electoral local, finalizando en el mes de septiembre de 2013 con la presentación de la “Agenda Política de las Mujeres Ecuatorianas desde la Perspectiva Local”, la que busca disminuir las brechas de género en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Mecanismos para promover el liderazgo de las mujeres
El CPCCS implementó el desarrollo de “Escuelas de Formación Ciudadana e intercambio de saberes y experiencias” desde el año 2013, con la finalidad de empoderar a la ciudadanía en sus derechos de participación y de los mecanismos contemplados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se desarrollaron 26 escuelas en el año 2013 y 30 en el 2014, en diferentes puntos del país, con un total de 899 participantes en el primer proceso, y 716 en el segundo del 2014, del que 51% fueron mujeres.
Estas Escuelas se desarrollaron a través de 8 grandes ejes temáticos (módulos), y uno de esos fue el de género, abordando tres grandes aspectos: Sexo y Género, Equidad y Enfoque de Género, Género y Participación Ciudadana.
Asimismo, el CPCCS ha realizado procesos de capacitación en “rendición de cuentas”, considerando que a mayor conocimiento de este mecanismo de control social, más posibilidad tiene la ciudadanía de exigir a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que rindan cuentas. En los eventos descritos se ha capacitado a nivel nacional a 1911 hombres y 1481 mujeres. (Ver anexo 22)
Adicionalmente, el CPCCS realizó capacitaciones en derechos de participación a 3640 hombres y 3275 mujeres, al mes de agosto de 2013.(Ver anexo 22)
Del mismo modo, el CPCCS ha trabajado capacitando ciudadanas y ciudadanos en la conformación de Asambleas Ciudadanas, al mes de agosto de 2013, capacitó en esta materia a un total de 4212 hombres y 3261 mujeres. (Ver anexo 22)
En cuanto a la representación de mujeres en el Servicio Exterior, al 2014 hay una participación de 221 mujeres, 16 embajadoras y 25 ministras.
Sírvanse proporcionar información sobre los mecanismos a nivel local para garantizar el acceso a la educación de las mujeres y niñas que viven en las zonas rurales, en particular las mujeres pertenecientes a grupos étnicos, y sobre las medidas para promover el enrolamiento de las mujeres en la educación terciaria y la elección de su carrera en las áreas no tradicionales.
El Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015 plantea la disminución de las brechas de acceso a la educación entre la zonas rurales y urbanas, por lo cual, se incrementó la cobertura de la educación de calidad a nivel urbano y rural. Las políticas educativas mediante ese Plan, han tenido resultados bastante positivos en torno a la disminución de la brecha educativa en todos los sectores, es quizás el rural, el más beneficiado de las políticas educativas.
La implementación del Plan ha permitido la reducción de las diferencias entre las tasas de asistencia neta, pues para el año 2013, el área rural registró una tasa de asistencia neta de 94,7%, en comparación al 97% registrado en el área urbana. La tasa de asistencia neta en el área rural se ha incrementado en 10 puntos porcentuales respecto del año 2004 (Ver anexo 23). De manera complementaria, se observa la evolución de la tasa neta de asistencia a la Educación General Básica por género, considerando que en el año 2004 se registra un 89,2% y para el año 2013, un 95,8%, lo cual implica un crecimiento de 6,6 puntos porcentuales.
La aplicación de tres ofertas educativas del Proyecto de Alfabetización con enfoque cultural, que implica flexibilidad para el aprendizaje y enseñanza, ha beneficiado a las mujeres pertenecientes a grupos étnicos, puesto que emplea recursos humanos de la zona, materiales pedagógicos apropiados y lenguas contextualizadas a las costumbres de los pueblos y nacionalidades. Además, el Proyecto incorpora una perspectiva de género que permite a las y los participantes continuar su formación educativa. Del total de las mujeres que participaron en procesos de alfabetización, 153.253 son mestizas y 45.086 pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, alfabetizadas en su lengua materna (Ver Anexo 24).
Para promover el enrolamiento de las mujeres en educación terciaria, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, del año 2014, en su Art. 31 plantea la aplicación de acciones afirmativas de manera que las mujeres participen en igualdad de oportunidades. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010, establece el principio del cogobierno que se entiende como la dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas entre profesoras/es, estudiantes, empleadas/os y trabajadoras/es, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad, equidad e igualdad de género.
Finalmente, sobre el acceso de las mujeres a carreras en las áreas no tradicionales, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) impulsa el proyecto “Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano-Becas”, el cual desde el año 2011 ofrece programas de becas de tercer y cuarto nivel a personas ecuatorianas residentes dentro y fuera del país. Como resultado, para finales del año 2013, se adjudicaron 4.411 becas y 102 ayudas económicas en igual cantidad de hombres y mujeres. (Anexo 25)
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) las mujeres ocupan funciones y profesiones que tenían mayor participación masculina. En el 2001 tan solo 64 mujeres contaban con títulos universitarios en física y en el 2010, esa cifra llegó a 1.125 mujeres. Además, muchas de ellas prefieren las profesiones científicas e intelectuales, pues el 53,3% de estos profesionales son mujeres.
Sírvanse proporcionar datos desagregados por sexo, por edad, ubicación geográfica y origen étnico sobre las tasas de abandono escolar en todos los niveles de la educación, en particular en las zonas rurales, así como información sobre la inclusión dela salud y los derechos en el currículo escolar regular sexual y reproductiva, dirigido a adolescentes de ambos sexos, incluso en las escuelas de formación profesional.
Respecto a datos sobre la deserción en todos los niveles educativos a nivel nacional, la tasa de deserción femenina es 2,0%, en relación a la tasa de deserción masculina del 2,3%, de un total de 4,2%. El mayor nivel de deserción en el área rural es en los niveles inicial y básico; mientras que en el bachillerato es proporcional la tasa de deserción. El dato desagregado por nivel educativo se adjunta como anexo:
La tasa de descomposición de la matricula por nivel, zona y género (Anexo 26)
Tasas de descomposición de la matrícula por provincia, nivel, zona y género (Anexo 27)
En torno a la inclusión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el plan de estudios regular de las escuelas se implementa la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, (ENIPLA – PEA). Esta estrategia tiene como objetivo principal disminuir los índices de embarazo en adolescentes, mortalidad materna e infantil, acceso a educación en sexualidad y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva efectivos y gratuitos, trabajo que se ha realizado con enfoques de derechos, género, intergeneracional e intercultural. Las metodologías empleadas dirigidas a docentes y estudiantes son lúdicas y pedagógicas; entre estas destacan los recorridos participativos, los cursos itinerantes, los debates teatrales, fotonovelas, rutas y protocolos, cursos de primer abordaje y prevención de violencia sexual en el ámbito educativo (Anexo 28).
Además, se entregó material edu-comunicacional para la realización de actividades relacionadas con la prevención del embarazo adolescente y la violencia de género en el marco de la institucionalización de la Educación de la Sexualidad Integral en 2013, dichas actividades tuvieron un total de 5.314.440 de personas beneficiarias.
Sírvanse proporcionar información sobre los procesos y condenas de los autores de violencia sexual en el sistema educativo, y sobre las medidas disciplinarias tomadas contra las personas que han sido encontradas responsables en los casos de acoso sexual.
En el año 2011, se aprobó el Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales del Sistema Educativo que contempla acciones con toda la comunidad educativa. En este marco, se firmó en diciembre de 2012 un Convenio Tripartito entre el MINEDUC, la FGE y el CJ para lograr sancionar en el ámbito penal y en el administrativo a docentes y funcionarios/as denunciados/as.
Como parte de estos procesos, en el 2013-2014 se desarrolló una campaña dentro de las instituciones educativas del país, cuyo slogan fue “Nadie nunca más, Educación sin violencia sexual” dirigida a estudiantes, padres y madres de familia de todo el país. Además, se aprobaron protocolos de actuación para profesionales de todas las instancias de las instituciones educativas y de las instancias administrativas de decisión distrital y zonal. (Ver anexo 29)
En cuanto a los mecanismos implementados en las escuelas, el Reglamento para el tratamiento de delitos sexuales educativos establece en su Art. 3 los derechos de las víctimas de delitos sexuales en el área educativa y los procedimientos y mecanismos que deben cumplir, el personal docente, el personal técnico-administrativo, las autoridades y más integrantes de la comunidad educativa de cualquier tipo de institución o centro escolar, con relación al conocimiento y tratamiento de los delitos sexuales en el sistema educativo y a la garantía de sus derechos.
En tal contexto, entre el año 2012 hasta el 2014, se llevaron a cabo los Cursos de Primer Abordaje y Prevención de Violencia Sexual en el ámbito educativo, en los cuales se capacitó a 24000 docentes sobre: su rol de garantes de derechos frente a la alta incidencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, los factores que inciden en la violencia sexual en la población estudiantil y, el marco jurídico. De este modo, se identificó instancias de apoyo (salud, educación, judicial) que brindan protección integral a las víctimas de violencia sexual en cada localidad, y, se proporcionó a los y las participantes herramientas específicas para prevenir, detectar y orientar a la comunidad educativa frente a la violencia sexual.
Además, se realizaron talleres de inducción para conocimientos de Rutas y Protocolos de atención en casos de violencia en el ámbito educativo, de los cuales se registra 5198 adolescentes, 4385 docentes, 3452 padres y 68 personas del área administrativa. Cabe recalcar, que el resultado de dicho trabajo ha sido la visión clara sobre cómo actuar en los casos de violencia sexual en los ámbitos educativos, la sensibilización y el apoyo respectivo.

References: Artículo 141

Artículo 142
 artículo 643

Artículo 141

Artículo 142
 artículo 77