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Timestamp: 2017-09-22 13:42:41+00:00

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Sentencia Constitucional Nº 3/2017, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 3398/2015, 16-01-2017 | Iberley
Recurso de amparo 3398/2015
Sentencia Constitucional Nº 4/2017, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 4033/2015, 16-01-2017
Órden: Constitucional Fecha: 16/01/2017 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Xiol Rios, Juan Antonio Num. Sentencia: 4/2017 Num. Recurso: Recurso de amparo 4033/2015
Sentencia Nº 221/2016, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2393/2015, 19-12-2016
Fecha: 19/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Asua Batarrita, Adela Num. Sentencia: 221/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 2393/2015
Sentencia Nº 218/2016, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 7425/2014, 19-12-2016
Fecha: 19/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Narvaez Rodriguez, Antonio Num. Sentencia: 218/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 7425/2014
Sentencia Nº 206/2016, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 1429/2015, 12-12-2016
Fecha: 12/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Martinez-vares Garcia, Santiago Num. Sentencia: 206/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 1429/2015
Sentencia Nº 207/2016, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 1765/2015, 12-12-2016
Fecha: 12/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Roca Trias, Encarnacion Num. Sentencia: 207/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 1765/2015
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Núm. Sentencia: 3/2017
Núm. Recurso: Recurso de amparo 3398/2015
Promovido por don Manuel Espinosa Sánchez y doña Irene Ortega Gallardo en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.
1. Mediante escrito registrado el 10 de junio de 2015, la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez Teijeiro, actuando en nombre de don Manuel Espinosa Sánchez y doña Irene Ortega Gallardo, interpuso demanda de amparo contra la resolución judicial indicada en el encabezamiento.
c) Con fecha 14 de mayo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona dictó Auto en el que se acordó estimar la excepción de prejudicialidad civil planteada por la representación de CaixaBank, S.A., y, en consecuencia, ordenó la suspensión del procedimiento hasta que recayera resolución firme en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid. El Juzgado exponía la existencia de identidad entre la causa petendi y el petitum de las pretensiones planteadas en ambos procesos, lo que podría provocar situaciones de sentencias contradictorias de imposible coexistencia jurídica, máxime cuando el consumidor individual halla mecanismos a su alcance para beneficiarse de los efectos de la eventual sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 11 de Madrid en virtud de las previsiones del art. 519 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
d) Contra el indicado Auto los demandantes de amparo interpusieron recurso de apelación alegando que no concurrían los presupuestos del art. 43 LEC y que el ejercicio de una acción colectiva en defensa de los consumidores y usuarios no impide que los interesados puedan ejercer sus acciones de forma individual, por lo que no es posible apreciar prejudicialidad.
3. Seguidamente, los recurrentes formalizaron demanda de amparo ante este Tribunal, en la que se alega vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Los demandantes exponen que el art. 11 LEC permite a los particulares que lo deseen personarse en el procedimiento de acciones colectivas, pero la intervención individual en la acción colectiva no es obligatoria. En tal sentido no se priva a la parte del derecho a ejercitar la acción individual, pues el propio precepto, al reconocer legitimación a las asociaciones para el ejercicio de las acciones colectivas, lo hace “sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados”, mención que permite afirmar la posibilidad del ejercicio simultáneo de acciones colectivas y acciones individuales. Argumentan que es el particular quien puede decir si desea sumarse a una acción colectiva o ejercer de forma individual los derechos que le asisten. Razonan, que la resolución impugnada debió interpretar la norma interna en armonía con lo dispuesto en la norma comunitaria, que garantiza al consumidor su derecho a elegir si quiere integrarse en una acción colectiva o ejercitar la acción individual. Consideran que no existe riesgo alguno para la seguridad jurídica por razón de resoluciones contradictorias en tanto que los intereses en juego en cada una de las acciones son distintos, tanto más, como es el caso, cuando el recurrente no forma parte del elenco de los concretos intereses defendidos en el otro proceso ni tan siquiera ha sido llamado a ese proceso lo que, en todo caso, no puede constituirse ni en una obligación, ni en una carga procesal con consecuencias negativas frente a su derecho individual a la tutela judicial efectiva.
5. Por medio de escrito registrado el día 30 de diciembre de 2015, el Procurador de los Tribunales don Miguel Montero Reiter manifestó su voluntad de personación en el recurso de amparo en nombre y representación de la entidad CaixaBank, S.A., solicitando se entendieran con él las sucesivas diligencias y notificaciones. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el día 14 de enero de 2016, por la que tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador indicado, en nombre y representación de CaixaBank, S.A., y se acordó abrir trámite de audiencia por veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que pudieran presentar alegaciones conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC).
6. Por escrito registrado el día 29 de enero de 2016, la representante procesal de los recurrentes en amparo presentó sus alegaciones, informando que se estaba conociendo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona en relación a sí la suspensión por prejudicialidad de un procedimiento judicial por existir una acción colectiva previa instando la nulidad de cláusulas análogas conllevaba una infracción del art. 7 de la Directiva 93/13/CE del Consejo de 5 de abril de 1993, presentando las argumentaciones de los miembros del Servicio jurídico de la Comisión Europea y las conclusiones del Abogado General.
Y en segundo lugar, prosigue diciendo, que conforme a lo dispuesto en el art. 77.2.1 LEC, habría sido necesario descartar también la imposibilidad de resolver los problemas que plantea la tramitación de distintos procedimientos con un mismo objeto mediante la aplicación de las normas que regulan la acumulación de acciones. Añade, que el Auto no toma en consideración que la sentencia que declare la nulidad puede limitar sus efectos solamente a quienes hayan sido parte en el proceso correspondiente (art. 221.1.2 LEC).
En relación con la resolución de apelación, y en cuanto a la interpretación de las normas que llevan a la Audiencia a afirmar que la admisión a trámite de una acción colectiva de nulidad de cláusulas abusivas por una asociación de consumidores y usuarios, comporta la negación de la legitimación individual reconocida a los perjudicados en el art. 11.1 LEC, el Fiscal da por reproducidas las consideraciones efectuadas a propósito del Auto del Juzgado.
A continuación, observa que el contenido de algunas sentencias dictadas en materia de cláusulas abusivas tanto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, revelan la complejidad de estos asuntos, frente a la cual, los Autos aquí impugnados “excluyen de manera arbitraria, enervante y formalista la posibilidad de acciones individuales a los perjudicados primando las acciones colectivas, sin acreditar elementos de prueba esenciales, e impidiendo el acceso a una resolución de fondo tal y como exige el art. 24.1 CE que han vulnerado”.
Concluye argumentando el Fiscal que lo que trae consigo la vulneración del art. 24.1 CE, en definitiva, es que se prime la acción colectiva de manera radicalmente excluyente de la acción individual de los perjudicados a través de interpretaciones apodícticas, sin aportación documental suficiente del proceso de referencia que justifiquen las mismas.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto enjuiciar si las resoluciones en él impugnadas lesionaron el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de los recurrentes, al haberse apreciado —primero por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona—, la excepción procesal de prejudicialidad civil, y, posteriormente —por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona—, la litispendencia, en el procedimiento abierto a su instancia contra CaixaBank, S.A., para que se declarara la nulidad de la cláusula contractual —conocida como cláusula suelo— incluida en el contrato de préstamo suscrito entre ambas partes, en atención procedimiento instado a su vez en el año 2010 por la Asociación para la defensa de consumidores y usuarios de bancos, cajas y seguros (ADICAE) contra diversas entidades, en ejercicio de una acción colectiva de cesación de cláusulas abusivas, ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
3. Previamente al examen del fondo del recurso procede decir sobre el motivo de inadmisión que plantea la entidad bancaria personada relativo a la falta de agotamiento de la vía judicial previa ex art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
De acuerdo con lo razonado, ante una alegación similar, en la STC 148/2016, FJ 2: “la demanda de amparo alega como único motivo la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a la Jurisdicción (art. 24.1 CE), que, a su parecer, se ha conculcado por una interpretación de la legalidad procesal que, en su sustrato, comparten, tanto el Juzgado como la Audiencia, como es la negación a que se dicte sentencia de fondo resolviendo las pretensiones de las partes con arreglo a la razón de pedir expuestas por éstas en sus escritos y con ponderación de las concretas circunstancias concurrentes en el caso”.
Directiva 2009/22/CE de 23 de Abr DOUE (Acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores) VIGENTE
Artículo 9. Derogación.
Artículo 7. Disposiciones relativas a una más amplia facultad de actuación.
Ley 39/2002 de 28 de Oct (Transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios) VIGENTE

References: resolución 
 resolución 
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Artículo 9

Artículo 7