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Proyecto de reforma de ley de privacidad de chile
Posted: marzo 15th, 2009 | Author: ppalazzi | Filed under: Chile, Habeas Data, Proyecto de Ley | Comentarios desactivados
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N. 19.628 Y A LA LEY N. 20.285.
SANTIAGO, more about agosto 26 de 2008.-
MENSAJE Nº 687-356/
CíMARA DE
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, click un proyecto de ley que ley introduce modificaciones a la ley N* ° 19.628 y a la ley N* ° 20.285.
I.	DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y DEBER DE REGULACIÓN.
1.	Derecho a la vida privada.
La Constitución, drug garantiza el derecho a la vida privada. En su artí­culo 19 N* ° 4, garantiza -el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.-.
Tradicionalmente se ha entendido que la vida privada se contrapone a la vida pública. Sin embargo, qué debe atenderse por vida privada y vida pública constituye un campo difuso; además, su concepción se enlaza con el continuo y rápido avance de las tecnologí­as y los consiguientes cambios sociales que inciden en la configuración de la garantí­a.
Con todo, en relación al respeto y protección de la vida privada se pueden diferenciar dos aspectos de protección. Un aspecto negativo y uno positivo.
En su aspecto negativo, el clásico, la protección de la vida privada se caracteriza como un derecho destinado a proteger a las personas de intromisiones ilegí­timas en su esfera í­ntima. Por ello, el derecho a la vida privada, en su dimensión de privacidad, comprende la intimidad. En este sentido, vida privada equivale a una inmunidad.
En su aspecto positivo, en cambio, la protección de la vida privada va mucho más allá, y consiste en la posibilidad de conocer, acceder y controlar las informaciones concernientes al propio individuo.
En efecto, el aspecto positivo del derecho a la vida privada se articula sobre la idea de control, mientras el aspecto negativo lo hace sobre la idea de exclusión. Por eso algunos autores distinguen entre derecho a la vida privada fí­sica y derecho a la vida privada informativa. Mediante el primero, se protege la libertad frente a toda intromisión sobre uno mismo, su casa, su familia o relaciones. Mediante el derecho a la vida privada informativa, se determina por cada sujeto cómo y en qué medida se puede comunicar a otros, información sobre uno mismo. En este último sentido, implica la facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir básicamente por sí­ mismo cuándo y dentro de qué lí­mites procede revelar situaciones referentes a la propia vida (Murillo Lucas, Pablo, La protección de los datos personales ante el uso de la informática, en Estudios en homenaje al profesor don Luis Sánchez Agesta, Revista Facultad de Derecho, Universidad Complutense (RFDUC), Madrid, 1989. p. 605-606).
2.	El derecho a la vida privada como garantí­a de autodeterminación.
La faz activa de protección de la vida privada, concebida como una facultad de control sobre la propia información, constituye hoy un elemento esencial y de gran interés en relación al ejercicio de dicho derecho, pues en este ámbito se construye la dimensión social de la personalidad.
En este contexto, el tratamiento de la información personal, datos personales, reviste gran importancia. Al respecto, existen dos modelos de derecho comparado que recogen este tema, ambos con énfasis en la protección. Por una parte, el modelo norteamericano, bajo la idea de privacy of autonomy, como un derecho contenido en la noción de vida privada. Por otra parte, encontramos el modelo alemán, que regula los derechos envueltos en este tratamiento, como derecho a la autodeterminación informativa, derivado del derecho a la libre autodeterminación.
En nuestro paí­s, este derecho también ha sido analizado. Se ha señalado que -este derecho constituye la facultad de la persona de disponer de la información personal privada, í­ntima o sensible, que debe ser protegida por el orden social y regulada por el ordenamiento jurí­dico. (-¦) La autodeterminación informativa es la facultad de la persona concernida por los datos, almacenados en un archivo o base de datos público o privado, para autorizar su recolección, conservación, uso y circulación, como asimismo, para conocerla, actualizarla, rectificarla o cancelarla.- (Nogueira Alcalá, Humberto, -Reflexiones sobre la constitucionalización del habeas data y el proyecto de ley en tramitación parlamentaria sobre esta materia-, en Revista Ius et Praxis, año 3, N* ° 1, U de Talca, 1997).
3.	Autodeterminación informativa como derecho de tercera generación.
Como señalara Pérez Luño (Pérez Luño, Antonio, Los derechos humanos en la sociedad tecnológica, en Libertad infromática, Leyes de Protección d Datos Personales, Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Constitutionales, Madrid, 1989, p. 143 y ss.), el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho de tercera generación. Los derechos de primera generación fueron los derechos de defensa; los derechos de segunda generación, fueron los económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación corresponden a los derechos que responden al fenómeno conocido como -contaminación de libertades-, atendiendo a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologí­as.
En efecto, las nuevas facetas de la vida privada propia de las sociedades avanzadas, requieren nuevos instrumentos de tutela jurí­dica, en especial respecto del tratamiento de los datos de carácter personal.
Se ha discutido si se trata de un derecho autónomo o de la especificación de un derecho existente (el derecho a la vida privada). Con todo, cabe señalar que la protección de la persona en materia de bases de datos y tratamientos automatizados, no puede polarizarse exclusivamente en una amenaza para la intimidad o la vida privada, pues ella constituye también un peligro para otras libertades (Pérez Luño, Antonio, Los derechos humanos en la sociedad tecnológica, en Libertad informática, Leyes de Protección d Datos Personales, Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 143 y ss).
En definitiva, entonces, la pluralidad de manifestaciones de la vida privada no implica una disolución del concepto unitario de vida privada, sino más bien, su ampliación y adaptación a las exigencias de un mundo en constante cambio. Las sociedades actuales precisan de un equilibrio entre el creciente flujo de información y la garantí­a de vida privada de los ciudadanos.
4.	La autodeterminación informativa como garantí­a institucional.
Este derecho comprende una serie de deberes positivo de los poderes públicos e instituciones privadas que procedan al tratamientos de datos personales. Este derecho tiene por objeto garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer su transmisión.
La protección de los datos carecerí­a de sentido si no se tradujera en una conjunto de garantí­as para las personas; pero el derecho a la autodeterminación informativa serí­a inconcebible de no contar como presupuesto con un marco organizativo de la información (Pérez Luño, Antonio, Op. Cit., p. 141).
En otras palabras, la autodeterminación informativa no es sólo un derecho para los ciudadanos, sino también un deber para los poderes públicos e instituciones privadas. En esta parte, el legislador cumple un rol fundamental, pues tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger este derecho frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares.
II.	LOS PRINCIPIOS DE LA ACTUAL REGULACIÓN.
En la actualidad, el tratamiento de datos personales y la consiguiente protección al derecho a la autodeterminación informativa se encuentra regulada en la ley N* ° 19.628. Dicha ley, se originó por moción parlamentaria en 1993 y vino a salvar el vací­o normativo sobre la materia.
En efecto, dicha ley, consagró un conjunto de principios a los cuales debe ajustarse la recolección y tratamiento de datos personales.
1.	El principio del consentimiento del afectado.
En primer lugar, la ley señala que el titular de los datos es la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal (art. 2 letra ñ)). En segundo lugar, la ley establece un principio general: el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La ley, a su vez, precisa que la autorización puede ser revocada por escrito y sin efecto retroactivo.
2.	El principio de los datos especialmente protegidos.
La ley trata de un modo especial a los datos sensibles. Estos son una especie de dato personal.
En efecto, la ley define los datos de carácter personal o datos personales, como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Datos sensibles, por su parte, los define como aquellos datos personales que se refieren a las caracterí­sticas fí­sicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologí­as y opiniones polí­ticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud fí­sicos o psí­quicos y la vida sexual (art. 2 letra f) y g)).
Ahora bien, la ley establece como principio general que este tipo de datos que no pueden ser objeto de tratamiento. Sin embargo, da tres excepciones: cuando la ley lo autorice; cuando exista consentimiento del titular; y se trate de datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares (art. 10).
3.	El principio de la calidad de los datos.
El tercer principio que regula las bases de datos es su calidad. La ley parte de la base que la información que obra en las bases de datos debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos (art. 9).
Para ello, por una parte, define el dato caduco, y por otra, diseña varios instrumentos para resguardar este principio.
En primer lugar, los datos personales deben ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado. Cabe señalar que la eliminación o cancelación de datos, es la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello (art. 2 letras d) y h)). En segundo lugar, los datos han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equí­vocos o incompletos. En tercer lugar, deben bloquearse los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación (art. 6).
Para reafirmar la calidad de los datos, la ley señala que los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
4.	El principio de seguridad.
La ley expresa este principio, por ejemplo, a través del procedimiento de disociación de datos. Este es todo tratamiento de datos personales que garantice que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable (art. 2 letra l)).
También la ley busca este objetivo estableciendo que el responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección, debe cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños (art. 11).
5.	El principio de secreto.
Este principio lo recoge la ley al disponer que las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos. Dicha obligación no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo (art. 7).
6.	El principio de cesión.
De acuerdo a este principio, los datos que existan en una base, pueden darse a conocer. La ley define la comunicación o transmisión de datos como dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas (art. 2 letra c)). La comunicación puede surgir a consecuencia de una iniciativa del responsable de la base o a requerimiento.
En tal sentido, por una parte, el responsable del registro o banco de datos personales puede establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.
El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión. Con todo, la ley se encarga de establecer dos excepciones en que no se aplican las reglas anteriores. Por una parte, cuando se trate de datos personales accesibles al público en general. Por la otra, cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes (art. 5).
III.	LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA ACTUAL REGULACIÓN.
Los titulares de los datos personales registrados en bancos de datos tienen, de acuerdo a la actual regulación, derechos para asegurar los principios recién señalados.
1.	Derecho de información y acceso.
En primer lugar, toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos (art. 14).
Cabe señalar que fuentes accesibles al público, son los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes (art. 2 letra i)).
2.	Derecho de rectificación.
En segundo lugar, está el derecho a la rectificación.
La modificación de datos la define la ley como todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos (art. 2 letra j)).
Este derecho surge respecto de los datos personales erróneos, inexactos, equí­vocos o incompletos, y así­ se acredite (art. 12 inc. 2).
3.	Derecho de cancelación.
El tercer derecho del titular de los datos, es el derecho de cancelación.
Las causales que hace procedente este derecho es, por una parte, en caso que el almacenamiento de datos carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
Por la otra, igual exigencia de eliminación, o de bloqueo de los datos, surge cuando se hubieren proporcionado voluntariamente los datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no se desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
Con el propósito de asegurar la efectividad de este derecho, la ley estableció tres garantí­as.
En primer lugar, la información, modificación o eliminación de los datos, es absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente.
Si se efectúan nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular puede obtener, sin costo, copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho.
El derecho a obtener copia gratuita sólo puede ejercerse personalmente.
La segunda garantí­a consiste en que si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos debe avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no es posible determinar las personas a quienes se les comunicó, debe poner un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos (art. 12).
La tercera garantí­a consiste en que el derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales, no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención (art. 13).
Sin embargo, la ley se preocupa de establecer datos al margen de este derecho. En efecto, no puede solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales, cuando ello impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido, o afecte la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, la seguridad de la Nación o el interés nacional (art. 15).
4.	Derecho de indemnización.
Un cuarto derecho es a obtener una indemnización. En efecto, la persona natural o jurí­dica privada o el organismo público responsable del banco de datos personales, debe indemnizar el daño patrimonial y moral que cause por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal.
La acción consiguiente puede interponerse conjuntamente con la reclamación destinada a establecer la infracción. Se sujeta al procedimiento sumario.
En el juicio, el juez debe tomar todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la protección de los derechos que la ley establece. La prueba se aprecia en conciencia.
El monto de la indemnización debe ser establecido prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos (art. 23).
IV.	RAZONES DEL CAMBIO.
Pese a que la ley constituyó un gran aporte sobre la materia, su normativa ha demostrado ser insuficiente.
Paradojalmente, la ley N* ° 19.628, puso énfasis en el derecho a tratar datos de carácter personal y no reconoció como primer derecho, el derecho de los titulares de datos personales a controlar los mismos.
1.	Regulación insuficiente.
La regulación de la actual ley ha sido criticada. Entre las principales crí­ticas, se han señalado: la inexistencia de un registro de responsables privados de bases de datos y de un órgano fiscalizador autónomo; haber establecido que la regla general fuera que la información fuese pública y que no requiriese de la autorización de sus titulares para procesarse; el no haber prohibido la transferencia internacional de datos personales a terceros paí­ses que no posean un adecuado sistema de protección; no haber otorgado protección a personas jurí­dicas; y de no haber exigido autorización para un cúmulo de actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales, entre otras.
2.	Necesidad de una autoridad de control.
Para velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones de relativas al tratamiento de datos, se requiere de una autoridad dotada de competencias y herramientas eficaces, tanto para dictar normativa sobre la materia, fiscalizar, adoptar medidas de resguardo y, en última instancia, sancionar los incumplimientos.
Sin embargo, la ley N* ° 19.628 no contempló un organismo administrativo, agencia o superintendencia estatal que se encargara de velar por el cumplimiento de sus normas, limitándose a entregar al Registro Civil e Identificación, el deber de llevar un registro de las bases de datos a cargo de organismos públicos. Ello ha hecho que en la práctica sea imposible fiscalizar el cumplimiento de las normas de la ley, y muchas de sus disposiciones se han tornado fútiles.
3.	Necesidad de adecuarse a estándares in-ternacionales.
Por otra parte, es necesario adecuar nues-tro ordenamiento jurí­dico a las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en materia de protec-ción de datos personales, con el fin de adecuar los estándares de nuestro paí­s. Asimismo, es necesario cumplir con el estándar de protección de datos personales de la Unión Europea.
4.	Cumplimiento de un acuerdo.
Considerando la necesidad de dar respuesta a las exigencias de protección del derecho a la autodeterminación informativa, sumado a la conciencia de que el establecimiento de una autoridad de control es fundamental para el real cumplimiento de la ley, se planteó la necesidad de incorporar facultades en esta dirección dentro de las competencias del Consejo para la Transparencia, durante la discusión parlamentaria de la ley N* ° 20.285.
Sin embargo, sólo se incorporó la facultad de -Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carác-ter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado-. Se tuvo conciencia de que ello serí­a insuficiente para el resguar-do del tratamiento de los datos personales y los derechos de los titulares. Pero se concordó en avanzar y profundizar la actual regulación.
V.	DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, el presente proyecto tiene por objeto modificar dos cuerpos normativos. Por una parte, la ley N* ° 19.628 sobre protección de la vida privada y, por otra, la ley N* ° 20.285, de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.
Con ello, se pretende dar una eficaz respuesta a las exigencias de protección, ya que, por una parte, se mejoran los estándares de protección y resguardo de los derechos de los titulares de datos personales y, por otra, se confieren las competencias y herramientas necesarias a una autoridad autónoma para velar por el adecuado cumplimiento de las normas sobre protección de datos.
1.	Reconocimiento explí­cito de derechos.
En primer lugar, se propone consagrar explí­citamente el derecho de las personas a controlar sus datos, en el art. 1* ° de la ley. En la actualidad únicamente se hace referencia al derecho a efectuar tratamiento de datos per-sonales, con referencia a que tal tratamiento debe respetar los derechos de los titulares.
2.	Se amplí­a el margen de sujetos protegi-dos.
En segundo lugar, el proyecto parte de la base que la información sobre las personas jurí­dicas es tan relevante como la de las personas naturales y también merece ser resguardada.
De ahí­ que el proyecto considere como legitimados activos del derecho de acceso y titulares del habeas data tanto a las personas naturales como a las jurí­dicas. Ambas pueden verse afectadas por un tratamiento errado o doloso de sus antecedentes personales. Y no existe razón de peso alguna para privarlos del mecanismo jurí­dico y procesal mediante el cual puedan obtener la corrección, actualización, modificación o eliminación de sus datos en los supuestos previstos en esta ley.
3.	Establecimiento de una autoridad de control.
En tercer lugar, el proyecto establece que la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, tanto la contenida en esta ley, como en otros cuerpos normativos, será el Consejo para la transparencia, creado por la ley N* ° 20.285. Por ello, dicho Consejo pasa ahora a denominarse -Consejo para la transparencia y protección de datos personales-.
Este órgano autónomo tendrá entre sus funciones, por de pronto, mantener un Registro íšnico Nacional de las Bases de Datos. Enseguida, le corresponderá fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre tratamiento de datos personales, pudiendo recabar, en cualquier momento, del responsable del respectivo registro o banco de datos, la información que estime pertinente. También tiene la facultad de inspeccionar los registros o bancos de datos personales a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley; requerir la inscripción de los bancos de datos, que no estén registrados, en el Registro íšnico Nacional. Un tercer tipo de potestad es la normativa. De ahí­ que se le faculte para dictar instrucciones de carácter general o particular, respecto de las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos. En cuarto lugar, se le faculta para conocer de las reclamaciones de particulares relacionadas con el ejercicio de sus derechos, señalados en la ley N* ° 19.628 y en otras normas sobre protección de datos personales, sin perjuicio de las facultades de otras autoridades públicas. En quinto lugar, se le entregan potestades sancionadoras. Así­, podrá sancionar a los responsables de los bancos de datos que infrinjan la normativa sobre protección de datos. En sexto lugar, se le faculta para requerir a los responsables y encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y cancelación del registro, cuando no se ajuste a sus disposiciones. En séptimo lugar, podrá ejercer facultades en beneficio directo de las personas. En este sentido, podrá proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal y promover el respeto de los mismos; ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan para las transferencias internacionales de datos, conforme lo establecido en la ley N* ° 19628; así­ como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales. Finalmente, se le obliga a entregar una cuenta anual sobre la actividad desarrollada en torno a la protección de datos personales.
4.	Se distingue entre encargado y responsa-ble de la base de datos.
En cuarto lugar, el proyecto distingue en-tre encargado y responsable de tratamiento de datos personales, entendiendo por el primero la persona fí­sica o jurí­dica, autoridad pública, servicio o cualquier tercero que, sólo o con-juntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Es-ta distinción permite evitar que los responsa-bles del tratamiento de datos puedan eludir el cumplimiento de sus obligaciones.
5.	Fortalecimiento de derechos de informa-ción.
En quinto lugar, se amplí­a el contenido de la obligación de informar al titular en la re-colección de datos (artí­culo 3* ° y 3* ° bis).
Respecto de recolecciones de datos que se realice a través de encuestas, estudios de mer-cado o sondeos de opinión pública u otros ins-trumentos semejantes, además del carácter obli-gatorio o facultativo de las respuestas, se de-berá informar de las consecuencias jurí­dicas de su negativa, la finalidad para la cual se está solicitando la información, los destinatarios de los datos y la posibilidad de que éstos sean comunicados a terceros.
Además, respecto de toda solicitud de da-tos personales ahora deberá informarse de forma expresa, precisa, clara e inequí­voca, las si-guientes circunstancias al titular de los da-tos:
a.	Existencia del banco de datos en que se consignará su información, finalidad de la recogida de información y destinatarios.
b.	Carácter obligatorio o facultativo de la entrega de sus datos y las consecuencias de su entrega o de la negativa a suministrar-los.
c.	Los derechos que le asisten en vir-tud de la ley, especialmente el derecho de ac-ceso, rectificación, cancelación y bloqueo.
d.	El derecho a revocar su autorización para el tratamiento de los datos que le con-ciernen y las consecuencias de ello.
e.	Una dirección fí­sica o electrónica válida en la cual pueda ejercer los derechos que le asisten.
f.	La circunstancia de que los datos proporcionados vayan a formar parte de un re-gistro o banco de datos de acceso público.
Por otra parte, la propuesta busca garan-tizar que también en los actos de recogida de datos desde terceros, es decir, no directamente del titular, se informe debidamente al titular de los datos de forma expresa, precisa, clara e inequí­voca.
También se amplí­a el derecho en cuestión al permitir al titular solicitar información sobre sus datos, al Registro íšnico Nacional de Banco de Datos.
Por último, se amplí­a del derecho a exigir información al responsable de la base de datos, respecto de las evaluaciones y evaluaciones que sobre sus datos personales hayan sido comunica-das en los últimos seis meses, así­ como los criterios empleados para tal evaluación y sus destinatarios.
6.	Autorización debe ser expresa.
Enseguida, el proyecto perfecciona el principio de la ley actual que exige el consentimiento del titular para efectuar tratamiento de datos personales, el cual debe efectuarse expresamente y por escrito. Se mantiene dicho principio; pero se señala que sólo tratándose de datos sensibles, la misma deberá otorgarse, además, por escrito.
Se agrega, en todo caso, que aún cuando no se requiera la autorización del titular, deberá informarse a éste conforme a las reglas generales. Se prescinde del consentimiento, mas no del conocimiento del titular.
7.	Se regula el flujo transfronterizo de da-tos.
Por otra parte, el proyecto regula el flujo transfronterizo de datos, exigiendo autorización del Consejo (autoridad controladora) respecto de aquellos paí­ses que no cumplan con un nivel de protección adecuado.
8.	Se aumentan condiciones de seguridad en el tratamiento de datos.
A continuación, el proyecto establece que el responsable del tratamiento de datos deberá adoptar todas las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos. Además, para fijar las condiciones de seguridad, serán definidas reglamentariamente y no a discreción del responsable del tratamiento de datos, salvo disponga otra cosa un tratado del que Chile sea parte, exista interés público comprometido, o ello sea en interés del propio titular.
9.	Se refuerza el deber de rectificación y corrección de datos.
Asimismo, el proyecto hace un cambio en materia de rectificación y corrección de datos. Actualmente, el titular de datos personales tiene derecho a solicitar que estos se modifiquen en caso que sean erróneos, inexactos, equí­vocos o incompletos. Con la propuesta, se invierte la carga de la prueba respecto de la calidad o corrección de la información, debiendo siempre el responsable de la base de datos modificarlos, a menos que él pruebe que dichos datos son correctos.
Además, se establece que si dichos datos hubieren sido comunicados a terceros, el responsable de la base de datos les deberá informar su corrección o eliminación, estando estos también obligados a rectificar o eliminar los datos en los términos informados.
10.	Se regulan infracciones y sanciones.
El proyecto también regula un catálogo pormenorizado de sanciones, en tres niveles, distinguiendo entre sanciones leves, graves y graví­simas, con sus respectivas sanciones, consistentes en multas o cancelación del registro.
Además, regula un procedimiento sancionatorio, que puede iniciarse de oficio o por denuncia. Tal procedimiento garantiza la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa del acusado o denunciado. El órgano ante el cual se sigue este procedimiento es el Consejo (autoridad controladora), quien aplicará la sanción. En contra de la resolución que imponga la sanción, se podrá presentar reposición ante el mismo Consejo y en contra de la resolución que se pronuncie sobre esta última, podrá recurrirse de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, en los mismos términos que se regular en el artí­culo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
11.	Se perfecciona el sistema de responsabi-lidad civil.
Además, el proyecto fortalece el derecho del titular a ser reparado por el responsable de la base de datos, de los daños que sufra como consecuencia del incumplimiento de lo previsto en esta ley.
Para ello, se establece una regla de presunción de responsabilidad a favor del titular de los datos, en los casos en que se acredite infracción a lo dispuesto en la ley, de manera que los responsables de las bases de datos tomen efectivamente todas las medidas necesarias para la seguridad de los datos. Además, se establece la responsabilidad solidaria del responsable del tratamiento de datos personales, autor del daño, y los sujetos respecto los cuales éste sea cesionario de dichos datos.
12.	Se crea un registro.
Finalmente, el proyecto crea un registro a cargo de el Consejo. Este registro será de carácter público, y en él constará, respecto de cada banco de datos, su responsable, el fundamento jurí­dico de su existencia, su finalidad, su domicilio, tipos de datos almacenados, descripción del universo de personas que comprende, y destinatarios de los datos personales. Las particularidades de este registro y las normas sobre su implementación serán fijadas reglamentariamente por el Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia.
El responsable del banco de datos proporcionará los antecedentes señalados en el inciso anterior previo al inicio de sus actividades, y comunicará cualquier cambio que se produzca en ellos dentro de los quince dí­as desde que se verifique.
VI.	PRECISIÓN FINAL.
El presente proyecto de ley no establece normas relativas a los datos actualmente regulados en el Tí­tulo III de la ley N* ° 19.628. No porque no estime necesaria su modificación y su adecuación a los estándares internacionales sobre la materia, sino porque se ha estimado, que por la especialidad de la materia, es conveniente tratarlo en una ley diferente.
En efecto, en forma paralela a este proyecto, se trabaja en un proyecto para regular el tratamiento de datos sobre obligaciones económicas.
Sin perjuicio de ello, a tales datos, en lo no previsto por su normativa especí­fica, les serán aplicables las normas que acá se establecen sobre protección y los responsables de su tratamiento se encontrarán sometidos a la autoridad del Consejo.
-Artí­culo 1º.-	Modifí­case la ley 19.628 de la siguiente manera:
1)	En el artí­culo 1* °, agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero:
-Toda persona tiene derecho a controlar la información que le concierne, de modo de obtener un adecuado resguardo a sus derechos fundamentales, sin que ello obstaculice innecesariamente el libre flujo de los datos personales.-.
2)	En el artí­culo 2:
a)	Sustitúyese en letra i), la expresión -de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.-, por las siguientes:
-cuyo acceso no se haya restringido o reservado sólo a los titulares e interesados en los datos perso-nales que contiene, y que no hayan sido calificado como reserva-dos o secretos en la normativa especí­fica que les rija, tales como, la estadí­stica de los censos; los listados telefónicos en los términos previstos por su normativa especí­fica; las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que voluntaria-mente se hayan incorporado, consintiendo en el tratamiento públi-co de sus datos, y que contengan únicamente los datos de nombre, tí­tulo, profesión, actividad, grado académico, domicilio o resi-dencia e indicación de su pertenencia al grupo; los diarios y boletines oficiales; y los medios de comunicación social.
El responsable del banco de datos deberá arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación por los titulares de datos, de la condición de fuente accesible al público.-.
b)	Agréganse las siguientes letras finales, nuevas:
-p) Encargado de tratamiento, la persona fí­sica o jurí­dica, autoridad pública, servicio o cualquier terce-ro que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
q) El Consejo, el Consejo para la Trans-parencia y Protección de Datos Personales.-.
3)	En el artí­culo 3, reemplázase, en el inciso primero, el punto final (.) por una coma (,), y a continuación, agrégase la siguiente expresión:
-Las consecuencias jurí­dicas de su negativa, la finalidad para la cual se está solicitando la información, los destinatarios de los datos y la posibilidad de que éstos sean comunicados a terceros.-.
4)	Intercálase, entre el artí­culo 3 y el artí­cu-lo 4, el siguiente artí­culo 3 bis, nuevo:
-Artí­culo 3 bis.- En toda solicitud de datos personales deberá informarse previamente a su titular de modo expreso, preciso, claro e inequí­voco:
a) De la existencia de un Registro o banco de datos personales en el cual se consignará la información, identi-dad del titular del banco de datos y su domicilio, la finalidad de la recogida de datos y los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de la entrega de datos personales que se le soliciten y las conse-cuencias de la entrega de los datos o de la negativa a suminis-trarlos.
c) De los derechos que le asisten en virtud de la ley, especialmente el derecho de acceso, rectificación, cancelación y bloqueo.
d) El derecho a revocar su autorización para el tratamiento de los datos que le conciernen y las consecuencias de la revocación.
e) Una dirección fí­sica o electrónica válida en la cual pueda ejercer los derechos que le asisten.
f) La circunstancia de que los datos propor-cionados vayan a formar parte de un registro o banco de datos de acceso público.
En los actos de recogida electrónica de datos personales deberá implementarse sistemas de advertencia que aseguren el conocimiento por el titular de datos de las condicio-nes precedentes.
En los actos de recogida de datos desde terceros, deberá informarse al titular de datos de forma expresa, precisa, clara e inequí­voca, por el responsable de la base de datos o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, de los datos objeto de trata-miento, la procedencia de los datos, así­ como de lo previsto en las letras a), c), d) y e) del inciso 1* ° del presente artí­culo.
Lo previsto en los incisos precedentes no se aplicará en los casos en que la ley expresamente exima a un tratamiento del deber de información, cuando se realice trata-miento de datos con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos, o cuando la información al interesado resulte imposible.
Tratándose de comunicaciones comerciales de respuesta directa, en cada comunicación que se dirija al titular de datos se le informará del origen de los datos y de la identi-dad del responsable del tratamiento así­ como de los derechos que le asisten.-.
5)	En el artí­culo 4:
a)	Remplázase el actual inciso tercero, por el siguiente:
-La autorización deberá ser expresa, y tratándose de datos sensibles deberá otorgarse, además, por escrito, manual o electrónicamente.-.
b)	Suprí­mese, en el inciso cuarto, la palabra -también-.
c)	Suprí­mese, en el inciso quinto, la expresión final:
-, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios-.
d)	Remplázase el inciso final, por siguien-te nuevo:
-En todo caso, quienes realicen trata-miento de datos personales sin autorización del titular conforme a las disposiciones de este artí­culo, deberán informar del trata-miento al titular de datos, en los términos del artí­culo 3 bis.-.
6)	Elimí­nanse los incisos quinto y sexto del artí­culo 5º.
7)	Intercálase, entre el artí­culo 5 y el artí­culo 6, el siguiente artí­culo 5 bis, nuevo:
-Artí­culo 5 bis. No podrán realizarse transferencias de datos personales a paí­ses que no proporcionen un nivel de protección adecuado, conforme a la presente ley, salvo autorización previa del Consejo, la que sólo podrá otorgarse si se obtienen garantí­as adecuadas.
La adecuación del nivel de protección propor-cionado por el paí­s de destino será evaluada a la luz de las circunstancias que rodeen a la transferencia. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y duración del tratamiento, el paí­s de origen, el paí­s de destino y las reglas relativas al tratamiento que existan en ese paí­s.
Se exceptúan de la prohibición prevista en el inciso primero, la transferencia consentida por el titular de datos, y los casos en que ésta fuere necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del registro o base de datos; para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado; para la celebración o ejecu-ción de un contrato entre el responsable del registro o banco de datos y un tercero en interés del interesado; para el reconoci-miento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; o para la protección del interés vital del interesado.
Queda asimismo exceptuada la transferencia internacional de datos personales que resulte de la aplicación de tratados o convenios internacionales en los que el Estado de Chile sea parte, o bien cuando la transferencia fuere necesaria o legalmente exigida para salvaguardar un interés público o cuando se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio judicial inter-nacional.-.
8)	En el artí­culo 7, agrégase, a continuación de la expresión -que trabajan en el tratamiento de datos persona-les-, la siguiente expresión:
-o tengan acceso a estos de otra forma-.
9)	En el artí­culo 9, remplázase, a continuación de la expresión -fuentes accesibles al público-, el punto (.), por una coma (,), y a continuación, agrégase la siguiente expre-sión:
-en los casos mencionados en el artí­culo 4 precedente.-.
10)	En el artí­culo 10, agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
-En todo caso los datos personales que se almacenen en virtud del inciso anterior deberán ser los indispen-sables para el cumplimiento de los fines para los que fueron recolectados y mantenerse por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines que motivaron la recolección.-.
11)	En el artí­culo 11, agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:
-El responsable del tratamiento de datos deberá arbitrar las medidas técnicas y organizativas que garanti-cen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su tratamiento indebido.
Reglamentariamente serán fijadas las condi-ciones de seguridad que deben adoptarse por el responsable del tratamiento a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere el presente artí­culo.
Se considerará indebido el registro de datos de carácter personal en registros o bancos de datos que no den cumplimiento a las exigencias que determine el reglamento a que se refiere el presente artí­culo.-.
12)	En el artí­culo 12:
a)	Agrégase el siguiente inciso primero nuevo:
-Toda persona podrá solicitar al Regis-tro íšnico Nacional de Bancos de Datos información sobre la exis-tencia de tratamientos de datos de carácter personal que pudieren afectarle, sus finalidades y todos los antecedentes necesarios para la identificación del responsable del tratamiento. El Regis-tro íšnico será de consulta pública y gratuita.-.
b)	Agrégase al actual inciso primero, a continuación de la palabra -regularmente-, y antes del punto (.), la siguiente expresión:
-y las evaluaciones y apreciaciones que sobre dicha información hayan sido comunicadas durante los últi-mos seis meses, así­ como los criterios de apreciación empleados, el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan comunicado los datos-.
c)	Agrégase, al actual inciso segundo, a continuación de la palabra -modifiquen-, y antes del punto (.), la siguiente expresión:
-salvo que el responsable del registro o banco de datos acredite lo contrario-.
d)	Agrégase, al actual inciso quinto, a continuación de la expresión -podrá ejercerse personalmente- y antes del punto (.), la siguiente expresión:
-o debidamente representado-
13)	Remplázase el artí­culo 16 por el siguiente:
-Artí­culo 16. La solicitud a que se refiere el inciso segundo del artí­culo 12 de esta ley, debe ser ejercida ante el responsable del banco de datos.
Si éste no se pronunciare sobre la solicitud del requirente dentro de diez dí­as hábiles siguientes, o veinte dí­as hábiles tratándose de órganos de la administración del Estado, o la denegare injustificadamente, o tratándose de un órgano público no se encuentre amparado por la deberes de reserva derivados de la seguridad nacional, el titular de los datos tendrá derecho a recurrir ante el Consejo. Dicha reclamación se regirá por el procedimiento previsto en tí­tulo V de esta ley.-.
14)	En el artí­culo 19, elimí­nase, a continuación de la expresión -a fin de que consigne el nuevo dato que corres-ponda-, la expresión -, previo pago de la tarifa si fuere proce-dente, con cargo al deudor-.
15)	En el artí­culo 21, agrégase el siguiente inciso primero nuevo, pasando los actuales primero y segundo, a ser segundo y tercero:
-La información relativa a sanciones adminis-trativas o penales sólo podrá ser tratada por organismos públi-cos, y dentro del marco de su competencia.-.
16)	Remplázase el artí­culo 22 por el siguiente:
-Artí­culo 22. Los registros o bancos de datos de titularidad pública deberán inscribirse en el Registro íšnico Nacional de Bases de Datos.
El organismo público responsable del banco de datos proporcionará esos antecedentes al Registro previo al inicio de las actividades del banco, y comunicará cualquier cambio dentro de los quince dí­as desde que se produzca.-.
17)	Remplázase el artí­culo 23, por el siguiente:
-Artí­culo 23. Las infracciones a las dispo-siciones de esta ley se calificarán como leves, graves y graví­si-mas.
a) No entregar oportunamente satisfacción a una solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda.
b) No entregar oportunamente la información solicitada por el Consejo en el ejercicio de sus funciones.
c) Infringir el deber de registro del Banco de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave.
d) Infringir el deber de información en la recogida de datos personales, cuando no sea constitutivo de infracción grave o graví­sima.
a) Realizar tratamientos de datos personales para finalidades distintas de la motivó su recogida.
b) Realizar tratamiento de datos personales sin consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste sea exigible.
c) Realizar tratamiento de datos personales con infracción a los principios y garantí­as establecidos en la presente ley o su reglamento, cuando no constituya infracción graví­sima.
d) Impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de acceso y oposición.
e) Mantener datos de carácter personal inex-actos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan.
f) Vulnerar el deber de secreto y confiden-cialidad en el tratamiento de datos, establecido en la ley, cuando no se trate de una infracción graví­sima.
g) No guardar la debida diligencia en el establecimiento de medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.
h) No entregar la información solicitada por el Consejo en el ejercicio de sus funciones.
i) Obstruir de cualquier forma el ejercicio de las atribuciones de inspección del Consejo.
j) No inscribir el registro o banco de datos personales en el Registro íšnico Nacional de Bases de Datos, habiendo sido requerido para ello por el Consejo.
k) Infringir el deber de información al titular de los datos.
Son infracciones graví­simas:
a) Recoger fraudulentamente datos personales.
b) Comunicar o ceder los datos de carácter personal, fuera de los casos previstos en la ley.
c) Realizar operaciones de tratamiento de datos sensibles fuera de los casos previstos en la ley.
d) Incumplir las instrucciones impartidas por el Consejo sobre las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos.
e) Realizar tratamiento de datos personales de forma ilegí­tima o con menosprecio de los principios y garant-í­as que establece la ley, cuando de ello derive afectación a derechos fundamentales del titular de datos personales.
g) Vulnerar el deber de guardar secreto sobre los datos sensibles, y datos relativos a sanciones penales y/o administrativas.
h) No atender, u obstaculizar de forma sis-temática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
i) No atender de forma sistemática el deber legal de información de la inclusión de datos de carácter perso-nal en un registro o banco de datos.-.
18)	Agrégase el siguiente artí­culo 24, nuevo:
-Artí­culo 24. Las infracciones cometidas por particulares serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 200 UTM.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 5000 UTM.
c) Las infracciones muy graves serán sancio-nadas con multa de hasta 10.000 UTM. El Consejo además podrá disponer la cancelación del registro.
El monto especí­fico de las multas se determi-nará apreciando fundadamente la gravedad, las consecuencias del hecho, el volumen de los tratamientos efectuados, la capacidad económica del infractor y si éste hubiere cometido otras infrac-ciones de cualquier naturaleza en los últimos 24 meses. La repa-ración otorgada por el infractor al afectado, previo acuerdo entre ambos, será considerada como una atenuante.
En caso que se verifique la concurrencia de dos o más infracciones subsumibles, se aplicará la sanción co-rrespondiente a la infracción más grave. En los demás casos, se acumularán las sanciones correspondientes a las infracciones concurrentes.
En caso de tratarse de infracciones reitera-das de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa hasta de 3 veces del valor máximo contemplado.
El monto de las multas será a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorerí­a General de la Repúbli-ca dentro del plazo de 10 dí­as, contados desde la notificación de la resolución que condena a su pago.-.
19)	Agrégase el siguiente artí­culo 25, nuevo:
-Artí­culo 25. Las infracciones leves pres-cribirán en el plazo de un año, las graves en dos años y las graví­simas en tres años.
Los plazos establecidos en el inciso anterior se contarán desde el dí­a de comisión de la infracción.-.
20)	Agrégase el siguiente artí­culo 26, nuevo:
-Artí­culo 26. El procedimiento administrati-vo para la aplicación de las sanciones previstas en esta ley, se sujetará a las siguientes reglas:
1) Podrán iniciarse de oficio por el Consejo o por denuncia presentada ante él. El Consejo, en ambos casos, impulsará de oficio el procedimiento, haciendo expeditos los trámites que deba cumplir el expediente y removiendo todo obstá-culo que pueda afectar a su pronta y debida precisión.
2) La instrucción de oficio del procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificará al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que conste en el Registro íšnico Nacional de Bases de Datos.
La formulación de cargos señalará una des-cripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.
3) La denuncia que dé inicio a un procedi-miento se formulará por escrito al Consejo, señalando lugar y fecha de presentación y la individualización completa del denun-ciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandata-rio o representante habilitado. Asimismo, deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.
Sin embargo, la denuncia originará un proce-dimiento sancionatorio sólo si a juicio del Consejo está revesti-da de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se ordenará el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado.
Declarada admisible, la denuncia será puesta en conocimiento del presunto infractor.
4) Iniciado el procedimiento, el Consejo dictará una resolución estableciendo las medidas que se deban adoptar para el cese de los efectos de la infracción, la que será notificada al responsable del registro o banco de datos y a los afectados si los hubiere.
5) Las notificaciones se harán por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del presunto infractor que conste en el Registro íšnico Nacional de Bases de Datos.
6) El acusado o denunciado tendrá un plazo de diez dí­as hábiles, contados desde la notificación, para contestar los cargos o la denuncia.
7) Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, el Consejo resolverá de plano cuando pueda fundar su decisión en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término de prueba de ocho dí­as. Dicho plazo se ampliará en caso que corresponda de acuerdo a los artí­culos 258 y 259 del Código de Procedimiento Civil.
El Consejo dará lugar a las medidas o dili-gencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, siempre que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.
8) Los hechos investigados y las responsabi-lidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán en conciencia.
9) La resolución que ponga fin al procedi-miento sancionatorio será fundada y resolverá todas las cuestio-nes planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas del acusado y contendrá la declaración de la sanción que se imponga al infractor o su absolución.
Esta resolución deberá dictarse dentro de los diez dí­as siguientes a aquél en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.
10) En contra de la resolución referida en el número anterior, se podrá presentar recurso de reposición ante el Consejo dentro de los cinco dí­as siguientes a su notificación, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Consejo deberá resolver dicho recurso dentro de los diez dí­as siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando en suspenso, mientras tanto, el pago efectivo de la multa.
11) En contra la resolución del Consejo que se pronuncie sobre la reposición interpuesta conforme al número anterior, podrá deducirse ilegalidad regulada en el artí­culo 28 de la ley sobre acceso a la información pública.-.
21)	Agrégase el siguiente artí­culo 27, nuevo:
-Artí­culo 27. Los afectados como consecuen-cia del incumplimiento de lo previsto en la presente ley, tendrán derecho a ser indemnizados por el responsable del banco de datos.
Serán solidariamente responsables, para estos efectos, los responsables del tratamiento de datos, y quienes respecto de los cuales estos sean cesionarios de dichos datos.
Se presumirá legalmente la responsabilidad del autor del daño, si existe infracción a las normas de esta ley.-.
22)	Agrégase el siguiente artí­culo 28, nuevo:
-Artí­culo 28. Será competente para conocer de la acción a que se refiere el artí­culo anterior, el juez de letras del domicilio del demandado o del afectado, a elección de este último.
El procedimiento se regirá de acuerdo a las reglas del procedimiento sumario.-.
Artí­culo 2º. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.285:
1)	Al artí­culo 1* °:
a)	Agrégase el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero:
-Asimismo, tiene por objeto velar por el adecuado cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, por parte de organismos públicos y personas naturales, o jurí­dicas de carácter privado, junto con establecer un sistema único nacional de registro de los bancos de datos personales.-.
b)	Agrégase, en el numeral dos del actual inciso segundo, entre la palabra -Transparencia- y el punto aparte, la expresión -y Protección de Datos Personales-.
2)	Al artí­culo 2º, agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
-El inciso segundo del artí­culo anterior, también será aplicable a todos los organismos públicos y personas naturales, o jurí­dicas de carácter privado, que efectúen las actividades señaladas en el primer inciso del artí­culo 1* ° de la ley Nº 19.628.-.
3)	En el artí­culo 7º, agrégase, en el inciso primero, a continuación de la letra m), la siguiente letra n), nueva:
-n) La circunstancia de ser responsables de registros o bancos de datos de carácter personal.-.
4)	Modifí­case la denominación del Tí­tulo V, por la siguiente:
-EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y PROTEC-CIÓN DE DATOS PERSONALES-.
5)	En el artí­culo 32, agrégase, el siguiente inciso segundo, nuevo:
-Además, el Consejo tendrá por objeto velar por el adecuado cumplimiento de la normativa sobre tratamiento y protección de datos personales, a nivel nacional y conforme a la ley.-.
6)	En el artí­culo 33:
a)	Intercálase, en el enunciado del inciso primero, después de la coma que sigue a la expresión -un consejo- y la palabra -tendrá-, la siguiente expresión:
-en razón de lo señalado en el inciso primero del artí­culo anterior, -.
b)	Elimí­nase la letra m).
7)	Intercálase entre el artí­culo 33 y el artí­cu-lo 34, el siguiente artí­culo 33 bis nuevo:
“Artí­culo 33 bis. En razón de lo señalado en el inciso segundo del artí­culo 32, el Consejo tendrá las siguien-tes funciones y atribuciones:
a) Mantener un Registro íšnico Nacional de las Bases de Datos, sean estas de origen público o privado, en ade-lante, el Registro.
Este registro tendrá carácter público, y en él constará, respecto de cada banco de datos, su responsable, el fundamento jurí­dico de su existencia, su finalidad, su domicilio, los tipos de datos almacenados, la descripción del universo de personas que comprende, y los destinatarios de los datos persona-les. Las particularidades de este registro y las normas sobre su implementación, serán establecidas por decreto supremo reglamen-tario del Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia.
El responsable del banco de datos proporcio-nará los antecedentes señalados en el inciso anterior previo al inicio de sus actividades, y comunicará cualquier cambio que se produzca en ellos dentro de los quince dí­as desde que se verifi-que.
El Consejo podrá disponer la simplificación o la omisión del registro, cuando se tratare de categorí­as de tratamientos que no afecten a los derechos y libertades de los interesados, habida cuenta de los datos a que se refieren, y cuando el tratamiento se efectúe en el cumplimiento de disposi-ciones legales o reglamentarias.
Tratándose del tratamiento de datos persona-les sensibles, el Consejo determinará cuales de ellos deban ser examinados previamente a entrar en funciones.
b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre tratamiento y protección de datos personales, respecto de las bases de datos, públicas y privadas. Para ello, podrá reca-bar, en cualquier momento, del responsable del respectivo regis-tro o banco de datos, la información que estime pertinente, la que deberá ser remitida en un plazo de diez dí­as, contados desde la fecha de la solicitud. Tratándose de órganos públicos el plazo será de 20 dí­as.
Junto con lo anterior, podrá inspeccionar los registros o bancos de datos personales a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley. Esta facultad podrá ejercerse tanto respecto a la verificación de las condiciones de seguridad fí­sica como en relación al funcionamien-to de sistemas informáticos utilizados para el tratamiento de los datos. En todo caso, los funcionarios que ejerzan la inspección a que se refiere esta disposición estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de estas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
Los responsables de registros o bancos de datos deberán proveer todas las facilidades necesarias para el ejercicio de esta atribución por parte de la autoridad competen-te. La negativa u obstrucción al ejercicio de esta atribución será considerada una infracción graví­sima.
Para el ejercicio de esta facultad, el Conse-jo podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
c) Requerir la inscripción de los bancos de datos que no estén registrados, en el Registro íšnico Nacional.
d) Dictar instrucciones de carácter general o particular, respecto de las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos.
e) Conocer de las reclamaciones de particula-res relacionadas con el ejercicio de sus derechos, en materia de tratamiento y protección de datos personales, sin perjuicio de las facultades de otras autoridades públicas.
f) Sancionar a los responsables de los bancos de datos que infrinjan las normas sobre tratamiento y protección de datos personales.
g) Requerir a los responsables y encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos al ordenamiento jurí­dico y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y cancelación del registro, cuando no se ajuste a dichas disposiciones.
h) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal y promover el respeto de los mismos.
j) Ejercer el control y adoptar las autoriza-ciones que procedan para las transferencias internacionales de datos, conforme lo establecido en la ley N* ° 19.628; así­ como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales.
k) Entregar una cuenta anual sobre la activi-dad desarrollada en torno a la protección de datos personales.-.
8)	Intercálase entre el artí­culo 47 y el artí­cu-lo 48, el siguiente artí­culo 47 bis, nuevo:
-Artí­culo 47 bis. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado que infrinja lo dispuesto en la normativa sobre tratamien-to y protección de datos, será sancionado con la suspensión en el cargo, por un lapso de cinco a quince dí­as, y/o con multa de 20 a 50% de su remuneración. En la determinación de estas sanciones, se considerará si la infracción ha sido leve, grave o graví­sima.
Las sanciones que el Consejo imponga a perso-nas naturales, o jurí­dicas de carácter privado, responsables de bancos de datos personales, serán las señaladas en el artí­culo 24 de la ley N* ° 19.628 y en otras normas sobre protección de datos de carácter personal.-.
9)	Ene el artí­culo 49, intercálase, en el inciso primero, entre las palabras -sanciones- y -previstas-, la si-guiente expresión:
-a entidades públicas-.
10)	Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
-Las sanciones que el Consejo imponga a las personas naturales, o jurí­dicas de carácter privado responsables de bancos de datos personales, se aplicarán conforme al procedi-miento señalado en el Tí­tulo V de la ley N* ° 19.628.-.
Artí­culo 3º. La presente ley entrará en vigencia tres meses después de publicada en el Diario Oficial.-.
JOSí‰ ANTONIO VIERA GALLO QUESNEY
RENí‰ CORTíZAR SANZ
Ministro de Economí­a,
Fomento y Reconstrucción

References: resolución 
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