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Timestamp: 2017-11-25 07:55:05+00:00

Document:
¿TIENE EL TRIBUNAL ALGÚN DEBER EN ORDEN AL IMPULSO PROCESAL EN EL ACTUAL PROCESO CIVIL CHILENO? (CORTE SUPREMA)
Rev. derecho (Valdivia) v.22 n.1 Valdivia jul. 2009
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502009000100012
Revista de Derecho, Vol. XXII - Nº 1 - Julio 2009, Páginas 265-274
Comentario de Iván Hunter Ampuero
Santiago, veinticinco de marzo de dos mil nueve. Vistos:
En causa rol Nº 148-05, del Juzgado de Letras de Tomé, con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis, se dictó sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda de doña Patricia Aguayo y otros en contra de Bellavista Oveja Tomé S.A., condenando a esta última a pagar a los primeros en su calidad de sucesores de don Guillermo Aguayo Figueroa, la suma cien millones de pesos a título de indemnización del daño moral que les produjo la muerte del mencionado trabajador a causa de un accidente ocurrido durante el desempeño de sus labores para la citada empresa.
Notificada la sentencia a la parte demandada, ésta dedujo recurso de apelación en su contra, el que fue concedido según resolución de treinta de noviembre de dos mil seis, escrita a fojas 95.
Con fecha treinta de abril de dos mil siete, según aparece de fojas 203, la Corte de Apelaciones de Concepción trajo los autos en relación, decreto que fue dejado sin efecto el veinticinco de septiembre del mismo año por resolución de fojas 109, devolviendo el proceso al Tribunal de primer grado a fin que resolviera un incidente pendiente.
El doce de octubre del citado año, el Juez a quo complementa la sentencia dictada en resolución de fojas 112, la que modifica luego, a fojas 116, cuando acoge un recurso de reposición, el cinco de noviembre siguiente.
Por presentación de fecha 12 de febrero de dos mil ocho, agregada a fojas 120, la parte demandante solicita se declare prescrito el recurso de apelación deducido por la empleadora en contra del fallo de primer grado, petición respecto de la cual se evacuó el traslado en rebeldía.
Con fecha 20 del mismo mes y año citados, según consta de fojas 124, el Tribunal de primera instancia acogió el incidente planteado, declarando prescrita la apelación referida.
Se alzó la empresa y la Corte de Apelaciones de Concepción, por fallo de treinta de septiembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 156, confirmó la decisión de primer grado.
En contra de esta última resolución, Bellavista Oveja Tomé S.A. deduce recurso de casación en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con infracciones de ley que han influido en su parte dispositiva, a fin que se la invalide y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.
PRIMERO: Que la recurrente denuncia la infracción de los artículos 198 y 211 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que su parte cumplió con todos los trámites que debía verificar ante la Corte de Apelaciones respectiva hasta que la causa quedó en tabla para ser vista, siendo dicho Tribunal de segundo grado el que dejó sin efecto los autos en relación y ordenó al juzgado resolver una objeción pendiente, disponiendo, además, la posterior devolución de los autos a la misma Corte. Sustenta el error de aplicación de las disposiciones invocadas entonces, en que no concurren en la especie los presupuestos que la ley exige para que se declare la prescripción de que se trata, desde que, luego de la remisión indicada, el impulso del proceso era del Tribunal y no de la apelante. Cita jurisprudencia al efecto.
Finalmente, luego de cuestionar también la falta de fundamentos en la petición de la incidentista y en la resolución impugnada, la recurrente señala que el yerro explicado influyó en lo dispositivo de la sentencia impugnada por cuanto no corresponde que se sancione a su parte con la aplicación de lo dispuesto en el segundo precepto arriba mencionado, por la inactividad del propio órgano jurisdiccional.
SEGUNDO: Que para la resolución del recurso planteado se hace necesario consignar que el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Si, concedida una apelación, dejan las partes transcurrir más de tres meses sin que se haga gestión alguna para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de fallarse por el superior, podrá cualquiera de ellas pedir al Tribunal en cuyo poder exista el expediente que declare firme la resolución apelada. El plazo será de un mes cuando la apelación verse sobre sentencias interlocutorias, autos o decretos. Interrúmpese esta prescripción por cualquiera gestión que se haga en el juicio antes de alegarla".
TERCERO: Que a su turno, el artículo 198 del cuerpo legal citado establece: "La remisión del proceso se hará por el Tribunal inferior en el día siguiente al de la última notificación. En el caso del artículo anterior, podrá ampliarse este plazo por todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, estime necesario dicho Tribunal".
CUARTO: Que independientemente del hecho que la primera disposición transcrita -y que se acusa como infringida-, se refiera específicamente al recurso de apelación, es menester considerar que ella no es más que una concreción de la institución de la prescripción que, en tanto consecuencia asignada por el legislador al transcurso del tiempo con miras, por ejemplo, a la consecución de la seguridad jurídica, ha recibido múltiples aplicaciones en nuestro ordenamiento en relación a la oportunidad en el ejercicio de los derechos. Dentro del ámbito procesal, ello trasunta en el efecto del incumplimiento de una determinada actuación o carga dentro de un lapso determinado, lo que presupone que el procedimiento respectivo se erija sobre el principio dispositivo pues sólo así se explica y justifica el deber de las partes de impulsar el mismo. Si bien esto último pudiera conducir a sustraer de su aplicación los juicios que versan sobre materia laboral dados los especiales principios que la informan, lo cierto es que la supletoridad de las normas generales que el Código del ramo prevé en su artículo 426 y específicamente en cuanto a los recursos, en los artículos 463 y 468, así como el hecho de que los ámbitos en que el Tribunal tiene mayores facultades de actuación o las oportunidades en que se le impone el deber de intervenir en la ritualidad del proceso están expresamente establecidos, determinan lo contrario.
QUINTO: Que según aparece del tenor de la norma respectiva, la prescripción de la apelación tiene por objeto sancionar la inactividad de las partes que no hacen las gestiones necesarias según la ley "para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de fallarse", de tal manera que cuando el litigante ya ha realizado todo lo que se requiere por la ley para el cumplimiento del fin antes señalado, nada más puede exigírsele.
SEXTO: Que la sentencia de primera instancia de autos, confirmada por el fallo impugnado, luego de asentar la operatividad de las reglas del Código de Procedimiento Civil respecto en los juicios laborales -punto ya analizado por esta Corte en el mismo sentido-, sustentó su decisión en la circunstancia de que aun encontrándose el expediente en el Tribunal, las partes dejaron transcurrir más de seis meses sin realizar gestión alguna para que el recurso pendiente -el presentado por la demandada en contra de la sentencia definitiva- se llevará a efecto y quedará en estado de ser resuelto por el superior.
SÉPTIMO: Que de esta manera, han entendido los Jueces de la instancia que las actuaciones desarrolladas por la demandada antes de que se dejara sin efecto el decreto de autos en relación, no la relevan de cumplir la misma carga, una vez pronunciada la decisión complementaria que justificó la remisión del expediente al Tribunal de origen, en tanto continuaba pendiente de resolución la apelación presentada por la mencionada litigante.
OCTAVO: Que del examen de los antecedentes aparece claro para esta Corte, tal como concluyeron los sentenciadores del grado, que el impulso procesal del presente juicio recaía en las partes del mismo, ya que aun cuando el Tribunal de segunda instancia ordenó la elevación de los autos una vez cumplida la complementación del fallo por el Tribunal a quo, lo cierto es que revocó la resolución que dejaba el proceso en estado de resolver el recurso que le otorga competencia, volviendo los antecedentes al juzgado de origen. Queda la apelante, entonces, en situación de dar curso progresivo a los autos, no siendo ello de responsabilidad exclusiva del Tribunal, ya que aquella parte fue la que ejerció los derechos que el ordenamiento le franquea con miras a obtener la modificación de la decisión del conflicto.
NOVENO: Que, como se dijo, no es posible extremar la aplicación del principio cautelar del que se encuentra imbuida la normativa de esta materia, en todo el ámbito procesal y menos para obviar la vigencia de normas generales, como son las que reglamentan el instituto en examen, sin que obste para ello los términos imperativos de que se sirve el legislador en normas como la contenida en el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil o las que tanto en este último cuerpo legal, como en el del Trabajo, asignan al Tribunal la recepción de la causa a prueba o la citación de las partes a oír sentencia. Tales reglas no importan traslación del impulso procesal al Tribunal, sin perjuicio de las formas verbales que emplean, de modo tal que son los litigantes los que deben reclamar o exigir, por ejemplo, la dictación del auto de prueba o la citación para oír sentencia, según resulte legalmente procedente o, como el presente caso, la elevación de los antecedentes para la resolución del recurso de apelación pendiente, pues el sentido que subyace a instituciones como la prescripción o el abandono del procedimiento es evitar la incertidumbre que para la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas genera inevitablemente la existencia de un litigio, aun cuando aparezca carente de fundamento, sancionando con la pérdida de lo obrado a quien promovió su inicio o ejerció un determinado derecho y no realizó las actuaciones tendientes a ponerle término. El mencionado objetivo debe cumplirse en todas las etapas del procedimiento, sin importar a cuál de los actores procesales -partes o Tribunal- corresponde la siguiente actuación.
DÉCIMO: Que en consecuencia, los sentenciadores no han incurrido en los errores de derecho denunciados por la demandada al haberla sancionado con la declaración de prescripción de la apelación deducida en contra de la sentencia de primer grado, en tanto la recurrente fue negligente en la tramitación de dicha impugnación, dejando transcurrir el lapso legal sin procurar las diligencias necesarias para que su recurso fuera conocido y resuelto por el Tribunal de segunda instancia, razón por la que la nulidad de fondo solicitada deberá ser desestimada.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 765, 767, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada a fojas 160, contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 156.
Acordada contra el voto de la Ministro señora Pérez, quien estuvo por acoger el recurso planteado e invalidar la declaración de prescripción de la apelación interpuesta por la demandada en contra de la sentencia de primer grado, por no concurrir en la especie el principal presupuesto para ello, esto es, que recayera en la parte el deber de instar por la prosecución del juicio, dada la etapa en la que este último se encontraba. En efecto y sin desatender la carga que importa para los litigantes ser parte de un proceso regulado sobre la base del principio dispositivo y la consecuente aplicación de la prescripción, la de autos constituye una situación particular que en los hechos y en el derecho se sustrae a dicha directriz, tanto porque la propia Corte de Apelaciones respectiva ordenó al a quo relevar los antecedentes una vez dictada y notificada la pertinente resolución complementaria, cuánto porque el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil le impone al Tribunal inferior -una vez deducida la apelación y confeccionadas las compulsas- la obligación de remitir el expediente en el día siguiente al de la última notificación. No es el caso, entonces, el de aquél litigante negligente que habiendo ejercido un derecho, como es el de impugnación, deja transcurrir el tiempo sin hacer las gestiones útiles para que el recurso pertinente quede en estado de ser conocido y resuelto, en tanto esa etapa ya había sido sorteada por la demandada de acuerdo a las exigencias legales, lo ocurrido en la presente litis condice más bien con una desatención del órgano jurisdiccional respecto de una tarea que le es propia y cuyo incumplimiento no puede generar consecuencia negativa alguna para las partes, como lo significa la sanción que conlleva la institución aplicada.
Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Benito Mauriz Aymerich.
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Gabriela Pérez P., Ministro Suplente señor Julio Torres A., y los Abogados Integrantes señores Benito Mauriz A., y Roberto Jacob Ch. No firma el Ministro señor Torres y el Abogado Integrante señor Jacob, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por estar ambos ausentes. Santiago, 25 de marzo de 2009.
Rol Nº 7.491-08.
La Corte Suprema nuevamente vuelve a sorprender. El fallo arriba transcrito consolida una doctrina que constituye un paso atrás en la tarea de mejorar la calidad y eficacia de la justicia, y genera un peligroso precedente. No me quiero detener en los detalles de la sentencia, como tampoco en la oportunidad de esta indagación, pero sí recabaré en dos ideas que me parecen dignas de resaltar, aun cuando no sea para aplaudir.
En primer término, nuestro Máximo Tribunal insinúa que la asignación al órgano jurisdiccional de un rol activo en orden al impulso procesal no sería compatible con un proceso asentado en el principio dispositivo (Considerando Cuarto: "Dentro del ámbito procesal, ello trasunta en el efecto del incumplimiento de una determinada actuación o carga dentro de un lapso determinado, lo que presupone que el procedimiento respectivo se erija sobre el principio dispositivo pues sólo así se explica y justifica el deber de las partes de impulsar el mismo".) En segundo lugar, y dentro de este mismo contexto, la Corte asume que la existencia de normas expresas que consagran el deber del tribunal de impulsar el proceso no amaga la carga principal de las partes en el mismo sentido (Considerando Noveno: "Tales reglas no importan traslación del impulso procesal al Tribunal, sin perjuicio de las formas verbales que emplean, de modo tal que son los litigantes los que deben reclamar o exigir, por ejemplo, la dictación del auto de prueba o la citación para oír sentencia, según resulte legalmente procedente o, como el presente caso, la elevación de los antecedentes para la resolución del recurso de apelación pendiente".) En las líneas que siguen intentaré, brevemente, dar cuenta de lo erradas de las motivaciones de la Corte, cimentadas en una equivocada recepción del principio dispositivo y un modelo procesal de corte liberal del siglo XIX, hoy por hoy en franca retirada si no ya fenecido en todos los ordenamientos del mundo.
Que el principio dispositivo puede perfectamente convivir en un proceso cuyo impulso procesal le corresponda al juez parece ser una premisa que no merece mayor discusión. La mayoría de la doctrina, incluso aquella que se presume garantista y contraria a todo activismo judicial,1 está de acuerdo en asignar el impulso y el control del proceso al juez. Resolver lo contrario, esto es, sustentar la incompatibilidad entre un proceso de corte dispositivo y la asignación al órgano jurisdiccional de un deber impulso procesal -como lo hizo nuestra Corte- es desconocer dos ideas consolidadas en el Derecho Procesal moderno.
En efecto, por un lado, el fallo ignora la distinción formulada por la doctrina alemana del cuarto del siglo pasado, seguida y afianzada prácticamente por toda la doctrina y jurisprudencia hispanoparlante, entre el principio dispositivo y el de aportación de parte. El primero, se conecta directamente con los derechos subjetivos e intereses legítimos objeto de la tutela, frente al cual el juez carece completamente de potestad. En este sentido, se le prohíbe iniciar de oficio un proceso, colocar hechos no alegados por las partes y otorgar más de lo pedido por los litigantes. Al mismo tiempo, el proceso dispositivo reconoce a los litigantes la libertad para disponer del objeto del proceso, renunciando a la pretensión, desistiéndose o aviniendo. La plenitud en la actuación de estas máximas es lo que caracteriza e identifica a un proceso como auténticamente dispositivo y no el monopolio exclusivo de las cargas procesales sobre las partes.
Esto significa que un proceso donde el principio dispositivo sea estrictamente actuado no se pone en entredicho con la asignación al órgano jurisdiccional de roles de impulso procesal, como tampoco con la de poderes probatorios. Es más, los modelos procesales contemporáneos se alejan de los sistemas del siglo XIX, propiamente liberales, donde el juez quedaba "atado de manos" y entregado al ritmo que las partes impusieran al proceso. Hoy en día me parece difícil concebir un proceso donde el juez carezca de verdaderos poderes formales. Por el contrario, la tendencia camina hacia el aumento, en todo orden, de las potestades del juez y a la necesidad de buscar un justo equilibrio con las facultades que se le reconocen a las partes. Así, se sostiene hoy en día -a diferencia lo que cree nuestro Máximo Tribunal- que el proceso dispositivo no va ligado en términos de necesidad al impulso procesal privado, pudiendo lograrse una plena armonía entre un proceso de orden dispositivo y el impulso oficial. La incompatibilidad sólo sería posible si el ordenamiento atribuye al órgano jurisdiccional el monopolio exclusivo del andar procesal excluyendo a las partes de toda iniciativa en tal sentido.
La Corte también parece olvidar que el proceso (civil, laboral, familia o penal) no debe ser mirado como el puro resultado de la excitación del particular por medio de la acción, sino también como el cauce normal del desarrollo de la actividad jurisdiccional.2 Esto implica que dentro del proceso conviven y se encuentran el interés del justiciable que pide tutela por medio de la acción y el del Estado, por medio de la jurisdicción que está en el imperativo de otorgar la tutela pedida (sea favorable o desfavorable). La conjunción de ambos intereses proyecta su contenido en toda la actividad procesal, especialmente en la actividad de impulso que perfectamente puede recaer, ya sea en forma general o sea de forma específica, en el órgano que ejerce la jurisdicción. De ahí que se predique, según Ramos Méndez, la autonomía de la judicatura para la consecución de los actos del proceso.
Si un justiciable realiza la petición de tutela que habilita al tribunal para el desarrollo de un proceso no parece razonable que el ordenamiento le exija a ese justiciable impulsar el proceso para alcanzar la tutela definitiva a sus derechos e intereses legítimos. En este sentido, el órgano jurisdiccional si ha sido requerido debe propender a prestarla dentro de los límites impuestos y fijados por la pretensión. Así lo propugna también Sentís Melendo al explicar que cuando una persona en su día recurrió al tribunal ejerciendo una acción, pidiendo una sentencia favorable a sus intereses, ya ha dado al mecanismo todo el impulso que necesita y no hay motivo para que el ordenamiento le exija, para cada trámite o etapa, impulsar el proceso hasta la sentencia final.3
Por otra parte, parece lógico que la Corte Suprema entienda que el motor natural de todo proceso debería ser el propio interés de los litigantes; si ellos son los principales interesados en que se preste una tutela jurisdiccional a sus derechos, instarán por una pronta dictación de la sentencia definitiva, cumpliendo y haciendo cumplir los trámites para llevar el proceso a su fin. De esta forma, si no satisfacen las cargas procesales se verán expuestas a sufrir algún perjuicio a su propio interés. Esta constatación de orden lógico no tiene, sin embargo, la virtud de impedir que el legislador pretenda proclamar el impulso oficial para determinadas actuaciones, ordenando al tribunal efectuar una actividad procesal concreta. Y ello es precisamente lo que quiere decir la norma del Art. 198 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando la actuación judicial no podía efectuarla sino el tribunal y nadie más que el tribunal. Ya ni siquiera de trata de preferir el impulso oficial como una opción de política procesal frente a la conocida decadencia del que debería ser el motor natural de todo proceso, sino de imponer directamente al juez un deber de impulso en razón de no haber otro sujeto legitimado para cumplir la actuación judicial.4
Otro extremo que parece digno de análisis es aquel que indica que las normas que establecen deberes de impulso del tribunal no exoneran a las partes de las cargas que tienen en el mismo sentido (Considerando Noveno). Esta afirmación es doblemente equivocada, tanto desde el plano teórico como desde la discusión particular de las normas aplicables.
En primer lugar, es equivocada desde el plano teórico porque, al contrario de lo sostenido por la Corte, entiendo que dentro de las posiciones subjetivas la carga procesal no puede sino que desaparecer cuando hay deberes del juez. En palabras de Sentís Melendo, la carga procesal termina ahí donde hay un deber del juez.5 Y si el juez tiene el deber de impulsar el juicio a término, por expresas normas legales que así se lo imponen, no pueden venir asociadas consecuencias adversas a los litigantes. En concreto, es evidente que el Art. 198 del Código de Procedimiento Civil no tiene por objeto establecer una sustitución general de la carga de impulso procesal a manos del juez, pero sí regula un traslado específico y concreto, de manera que resulta razonable que en aquel caso no hubiese sido procedente la institución del abandono del procedimiento. Mismo razonamiento podría aplicarse a todas las situaciones donde actúan deberes del juez: el recibimiento de la causa a prueba, la citación a oír sentencia, la citación a conciliación, etc. Se trata de actividades que no pueden sino ser desarrolladas por el juez, entonces no cabe hablar de inactividad de las partes. Situación diversa sería en otras actuaciones cuya gestión el legislador las entrega tanto a las partes y/o al juez, en cuyo caso podría pensarse en sanciones frente a la inactividad de las partes.
En segundo lugar, el impulso oficial se fundamenta en el claro interés público y general que existe en la pronta terminación de los litigios. El Estado es consciente de la necesidad de que las relaciones jurídicas gocen de la mayor certeza y que la pendencia de los derechos se mantenga en el menor tiempo posible. Para ello es necesario articular procesos rápidos, ágiles y expeditos capaces de satisfacer pretensiones en el menor tiempo. Además, el aparato estatal compromete recursos, espacio y tiempo en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, por ende, tiene un interés en que el proceso llegue a su término.6
Para cumplir este objetivo, que es uno de política procesal, el Estado crea normas para ser actuadas en el proceso como verdaderos deberes judiciales, que le indican al juez -una vez constatados los presupuestos de hecho- lo que tiene que hacer para alcanzar la finalidad tenida en vista en la creación de la norma. Sin embargo, la interpretación de la Corte (Considerando Noveno) desnaturaliza toda iniciativa legislativa que pretenda dotar al proceso de una mayor eficacia al relativizar la adjudicación al juez del manejo de los tiempos del proceso. En este sentido, las normas imperativas que imponen al órgano jurisdiccional deberes procesales se transformarían en simples normas admonitivas, es decir, preceptos desprovistos de sanción jurídica y que consisten en meros consejos o recomendaciones hacia el juez.7
Es peligroso aceptar una práctica que tienda a diluir en la nada la consagración expresa de deberes judiciales como si éstos se trataran de letra muerta, haciendo recaer sobre las partes las consecuencias no sólo de su inactividad sino también de la inactividad del juez.8 La solución de la Corte además de pugnar expresamente con el tenor literal de la disposición -el que increíblemente salva señalando que se trata de simples "formas verbales"- no se concilia con el propósito del legislador que, en forma deliberada, quiso radicar en el juez el impulso del proceso. Basta mirar el Mensaje del Código de Procedimiento Civil para darse cuenta de lo errada de la interpretación de la Corte: "En las leyes de procedimiento, se hace preciso conciliar el interés de los litigantes, que exige una pronta solución de los pleitos, y el interés de la justicia, que requiere una concienzuda y acertada apreciación del derecho sobre que debe recaer el fallo. En obedecimiento a este doble propósito, se ha creído necesario, por una parte, simplificar en lo posible la tramitación y adoptar al mismo tiempo una serie de medidas encaminadas a hacer ineficaces los expedientes dilatorios a que apela la mala fe para retardar la solución de los pleitos; y, por otra parte, dar a los magistrados mayor latitud en sus atribuciones a fin de que puedan hacer sentir en mayor grado que hasta ahora su acción en la formación y marcha de los procesos. Confiados éstos a la sola iniciativa de las partes, se desvían a menudo de su verdadera marcha, resultando de allí que la acción de la justicia se hace más fatigosa y menos eficaz". Por ende, no es efectivo que no exista, en ésta y otras normas similares, una clara intención de trasladar la carga de impulso hacia el juez.
Por último, la solución de la Corte supone imponer sobre las partes otra carga distinta a la impulso: la de recordar al juez de hacer lo que la ley le impone que haga. La conclusión no puede ser otra si se mira el Art. 198 del Código de Procedimiento Civil que le impone al Tribunal inferior el deber de remitir el expediente en el día siguiente al de la última notificación. Esto implica que cada vez que hay un deber del tribunal hay una correlativa carga del justiciable de instar el cumplimiento del mismo.
Si nuestro Máximo Tribunal sigue manteniendo sin cortapisa esta interpretación entonces todo avance que se quiera imprimir al proceso civil a través de establecimiento de deberes judiciales resultará estéril. Y esta conclusión es particularmente preocupante cuando se piensa en articular un proceso civil cuya dirección y control de los actos procesales corresponda al juez. Este es el modelo que se pretende implantar en el nuevo Código Procesal Civil, y que está llamado a mejorar la calidad y eficiencia de la justicia en base a una distribución de tareas procesales mediante el establecimiento de deberes (para los actos meramente formales del proceso, dentro de los que se incluye el impulso procesal) y potestades judiciales (para los actos relacionados con la prueba) y facultades de las partes.
1 Vid., Montero Aroca, Juan: La Prueba en el Proceso Civil, Thomson Civitas, quinta edición, Navarra, 2007, p. 520.
2 Vid., Ramos Méndez, Francisco: Derecho y proceso, Bosch, Barcelona, 1979, p.115.
3 Cfr., Sentís Melendo, Santiago: Perención de la instancia y carga procesal, Estudios de Derecho Procesal I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1967, p. 338.
4 En cierta forma el ordenamiento asigna al tribunal el deber de hacer algo, precisamente, porque la actuación no puede ser materializada ni por el demandante ni por el demandado.
5 Cfr., Sentís Melendo, Santiago: Perención de la instancia y carga procesal, op. cit., p. 352.
6 La intervención o rol activo del juez a lo largo del siglo XX tuvo como primer objetivo, esencialmente, apurar el andamiento del proceso con el fin de obtener aquella rapidez en la actuación de la justicia, asumiendo que la rapidez es un bien muchísimo más preciado para el litigante pobre que para el litigante rico. Esta nota es aún más predicable en un proceso laboral. Vid., Denti, Vittorio: Processo civile e giustizia sociale, Edizioni di Comunità, Milán, 1971, p. 63.
7 Vid., De la Oliva Santos, Andrés: Derecho Procesal Civil. Introducción, el proceso civil, sus tribunales y sus sujetos, Tomo I, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993, pp. 237 y 238.
8 Ya lo decía Comoglio de que sería altamente inequitativo reflejar sobre las partes las consecuencias perjudiciales del comportamiento inerte del órgano jurisdiccional, estableciendo sanciones de tipo procesal a la violación de los términos y de las formas que regulan los poderes instructorios o decisorios del magistrado. Cfr., Comoglio, Luigi Paolo: Direzione del processo e responsabilità del giudice, en Rivista di Diritto Processuale, Nº 4, 1981, p. 25.

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 211
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 artículo 198
 artículo 426
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 artículo 198
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 artículo 198
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