Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A224A-02.htm
Timestamp: 2017-11-19 19:56:38+00:00

Document:
A224A-02
Auto 224A/02
Referencia: expediente I.C.C. 522.
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá.
1. El once (11) de junio de dos mil dos (2002), por intermedio de apoderado, la señora Martha Lucía González Ramírez interpuso acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por auto del doce (12) de junio de dos mil dos (2002), se declaró incompetente para conocer del asunto. Dando aplicación a lo previsto en el inciso segundo (2º) del artículo primero (1º) del Decreto 1382 de 2000, el despacho consideró que por tratarse de una demanda contra CAJANAL, entidad descentralizada del orden nacional, el conocimiento de la tutela debía ser asumido en primera instancia por los jueces del circuito.
3. Remitido el expediente correspondió por reparto al Juzgado veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá, el cual por auto del diecisiete (17) de junio de dos mil dos (2002), con base en la excepción de inconstitucionalidad decidió declararse incompetente y dispuso provocar conflicto negativo de competencia, para lo cual remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por auto del veinticuatro de junio (24) de dos mil dos (2002), decidió declararse inhibida para conocer del conflicto de competencia y en consecuencia decidió remitir el expediente a la Corte Constitucional para que esta se pronunciara sobre el mismo.
5. Durante el trámite del presente conflicto de competencia, el día seis (6) de septiembre de los corrientes, Franklin Gaviria Rosero apoderado de la señora Martha Lucía González, radicó en la Secretaría de esta Corporación, un memorial con del fin de "DESISTIR" y en consecuencia "RETIRAR", la solicitud de tutela impetrada contra CAJANAL, como consta a folio 19 del cuaderno principal del expediente.
1. Mediante sentencia del 18 de julio de 2002[1], la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, luego de analizar las demandas contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º de dicho acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad, en los siguientes términos:
3. Cuando en el trámite de una solicitud de tutela las autoridades judiciales proponen conflicto negativo de competencia, la controversia debe ser dirimida por la Corte Constitucional únicamente si las dos autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[2]. En este orden de ideas, y dado que el presente conflicto de competencia se presentó entre dos autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
4. El inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 " A los Jueces del Circuito o con categoría de tales, les serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del orden descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.", disposición que aplicada al caso objeto de estudio permite concluir que la autoridad judicial competente para conocer de la solicitud de tutela presentada por la señora Martha Lucía González Ramírez contra CAJANAL, es el Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá,.
5. Sin embargo, la Corte advierte que en el presente caso se reúnen los requisitos para la procedencia del desistimiento de las pretensiones de tutela, toda vez que, i) el día seis de septiembre (06) de dos mil dos (2002), el apoderado de la señora Martha Lucía González Ramírez presentó un memorial de desistimiento de las pretensiones de tutela, ii) que existe poder expreso para desistir como consta a folio 5 del cuaderno principal, y iii) que no se ha proferido sentencia de primera instancia dentro del trámite de la tutela.
En conclusión, reunidos los requisitos que permiten la eficacia del desistimiento[3] y en aplicación del inciso 2º del artículo 26[4] del Decreto 2591 de 1991, la Corte considera que corresponde al Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá, juez competente, disponer lo pertinente en cuanto al desistimiento presentado por la parte actora.
Remitir el presente expediente al Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá para los efectos señalados en este auto con relación al desistimiento de las pretensiones, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por la señora Martha Lucía González Ramírez contra CAJANAL.
Salvamento de voto al Auto 224A/02
REF. Expediente ICC - 522
Peticionario: Martha Lucía González Ramírez
[3] Sobre los requisitos de procedencia del desistimiento en el trámite de las acciones de tutela, Cfr., frente a la posibilidad de desistimiento antes de que sea proferida sentencia de primera instancia, Auto 313 de 2001. Frente a la imposibilidad de desistimiento en sede de Revisión ante la Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 1995. Sobre la necesidad de poder expreso para desistir cuando la acción de tutela se promueve por intermedio de apoderado judicial, Sentencia T-010 de 1998.
[4] El texto del artículo 26 del Decreto 2591 de 1996 es el siguiente: Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 26
 Artículo 26