Source: https://tc.vlex.es/vid/-171671
Timestamp: 2019-08-20 06:28:41+00:00

Document:
STC 182/2002, 14 de Octubre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 171671
Número de Recurso: 2720/1999
Recurso de amparo 2720/99. Promovido por don Manuel Ceballos Gómez frente a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrtivo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del Tribunal Supremo que denegaron su petición de justicia gratuita y terminado el litigio contra el Ayuntamiento de Piélagos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo tras denegar la justicia gratuita por insostenible, sin ofrecer la posibilidad de proseguirlo con Abogado y Procurador de libre designación.
En el recurso de amparo núm. 2720/99, promovido por don Manuel C.G., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Rabadán Chaves y asistido por la Letrada doña María Rosa Sanz García-Muro, contra la providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1999, por la que se declaró no haber lugar al nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio para la interposición de recurso de queja contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de mayo de 1998, por el que se declaró terminado el procedimiento instado por el demandante de amparo, y contra la providencia del mismo órgano jurisdiccional de 11 de septiembre de 1998, que dispuso no haber lugar a la solicitud de designación de Abogado y Procurador para interponer recurso de súplica contra el anterior Auto y, en su caso, para preparar recurso de casación. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 23 de junio de 1999, el demandante de amparo solicitó que se le designaran Abogado y Procurador del turno de oficio al efecto de interponer recurso de amparo contra las resoluciones de que se hace mérito en el encabezamiento.
Por diligencia de ordenación de 5 de julio de 1999 se acordó dirigir comunicación al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a fin de que, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996 y el Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 18 de junio de 1996, sobre asistencia jurídica gratuita, se designara, si procedía, Abogado y Procurador del turno de oficio que defendiera y representara, respectivamente, al recurrente en amparo.
El Sr. Manuel C.G. solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que se le habilitara el beneficio de justicia gratuita y que se le nombraran Abogado y Procurador del turno de oficio, con el fin de interponer recurso contencioso-administrativo contra resolución presunta del Ayuntamiento de Piélagos. Por providencia de 26 de febrero de 1996 se declaró no haber lugar a lo solicitado con referencia a la justicia gratuita, indicando que, de conformidad con el art. 32 LEC, el recurrente debería dirigirse al Juzgado de Primera Instancia correspondiente a fin de que tramitara dicho beneficio.
Atendida la indicación efectuada en la referida providencia, el demandante de amparo obtuvo del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santander, tras la correspondiente tramitación, Sentencia de 10 de febrero de 1997 en la que se le reconoció el derecho a litigar gratuitamente en el recurso contencioso-administrativo núm. 1843/95. Posteriormente, se procedió a la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio.
Con fecha 30 de octubre de 1997 el Abogado designado comunicó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que consideraba insostenible la pretensión interesada por el Sr. Manuel C.G.. Asimismo, dirigió escrito con igual fecha a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, exponiendo las consideraciones jurídicas con base en las cuales estimaba insostenible la pretensión del recurrente; extremo que puso también en conocimiento del Colegio de Abogados.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Cantabria emitió dictamen el 20 de noviembre de 1997, en el que concluyó que las razones expuestas por el Letrado designado de oficio para la defensa del recurrente eran suficientes para la admisión de la renuncia por insostenibilidad de la pretensión del litigante. A la vista de este dictamen, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó dirigir un oficio a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que le informara sobre el estado del expediente incoado como consecuencia del dictamen emitido por el Colegio de Abogados. Por oficio enviado el 4 de mayo de 1998, la citada Comisión informó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que no existía ningún expediente relativo al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para el recurso contencioso-administrativo núm. 1843/95, y que, por el año de referencia del recurso, debía tratarse de una solicitud de justicia gratuita anterior a la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Recibido este último oficio, y ante el hecho de que el escrito que dio origen al recurso era de fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 1/1996, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única de la mencionada Ley, acordó con fecha 18 de mayo de 1998 seguir el procedimiento previsto en los arts. 13 a 50 LEC, por lo que dio traslado del informe del Colegio de Abogados al Ministerio Fiscal para que emitiera dictamen en el plazo de seis días, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39 LEC. El Fiscal emitió su dictamen el día 28 del mismo mes y año, mostrando su conformidad con el escrito de renuncia por insostenibilidad de la pretensión presentado por el Letrado designado de oficio al recurrente, y con el dictamen del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.
Vistos los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados de Cantabria y por el Ministerio Fiscal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó Auto con fecha 29 de mayo de 1998, acordando tener por terminado el procedimiento contencioso-administrativo.
El recurrente presentó escrito el 19 de junio de 1998 manifestando su intención de recurrir en súplica el anterior Auto y, en su caso, de preparar recurso de casación, por lo que solicitaba que se le designaran de nuevo Abogado y Procurador de oficio, con suspensión del plazo para la interposición de aquéllos. Al no obtener respuesta a su petición, la reiteró en escrito presentado el 31 de julio de 1998. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en providencia de 11 de septiembre de 1998, declaró no haber lugar a lo solicitado.
El demandante de amparo presentó escrito dirigido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (con entrada en el Registro General de éste el 13 de octubre de 1998), manifestando su pretensión de interponer recurso de queja contra la providencia de 11 de septiembre de 1998 y contra el Auto de 29 de mayo del mismo año, a cuyo efecto solicitaba la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio, así como la suspensión del plazo para interponer el recurso hasta tanto ésta se produjera.
Por providencia de 13 de mayo de 1999 la Sala Tercera del Tribunal Supremo deniega lo solicitado, por entender que las resoluciones que se pretendían recurrir en queja no eran susceptibles de tal recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LJCA. En consecuencia, la Sala acordó proceder al archivo de las actuaciones.
La demanda de amparo afirma que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente consagrado en el art. 24.1 CE, en un doble sentido. En primer lugar, se señala que el Auto de 29 de mayo de 1998 ha violentado tal derecho pues ha declarado terminado el procedimiento contencioso-administrativo sin que quedaran resueltos los derechos invocados en el recurso, como consecuencia de la opinión del Letrado designado de oficio y del Ministerio Fiscal, pero no por la del Tribunal Superior de Justicia, que es el que debería haber enjuiciado las pretensiones del justiciable. En segundo lugar, se considera que el referido Auto es contrario al art. 24.1 CE porque puso fin al procedimiento sin haber indicado al actor si la resolución era o no firme y los recursos que contra ella podían interponerse.
Mediante diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2000 se acordó solicitar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 1843/95. Al contestar dicha Sala que las actuaciones no obraban en su poder, por haberse remitido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo a los efectos de la resolución del recurso de queja interpuesto por don Manuel C.G., por diligencia de ordenación de 29 de junio de 2000 se acordó solicitar el envío de las actuaciones a este último órgano judicial.
El 10 de octubre de 2000 la Sala Segunda dictó resolución en la que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que, en el término de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 9288/98. Asimismo, se interesó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el recurso núm. 1843/95 para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
Por diligencia de ordenación de 19 de abril de 2001 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que dentro del expresado término pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
El 17 de mayo de 2001 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal escrito de la Procuradora doña Paloma Rabadán Chaves que, en la representación acreditada de don Manuel C.G., reiteró los alegatos y fundamentos jurídicos expuestos en la demanda de amparo.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 21 de mayo de 2001, interesa que se dicte Sentencia otorgando el amparo. Tras exponer el desarrollo de los hechos, el Fiscal afirma, como primera cuestión, que las resoluciones que son verdaderamente objeto del motivo de amparo invocado son el Auto de 29 de mayo de 1998 y la providencia de 11 de septiembre del mismo año, dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sin embargo, no puede considerarse impugnada la resolución dictada por el Tribunal Supremo que, a juicio del Fiscal, se ajusta totalmente a la normativa procesal, sin que pueda ser tachada su fundamentación de arbitraria, irracional o incursa en error patente.
Señala el Ministerio público que en las actuaciones se aprecia la existencia, de una parte, del proceso principal, que giraba en torno a la pretensión del actor de que fuera anulada una resolución administrativa presunta del Ayuntamiento de Piélagos en relación con la ordenación urbanística de determinadas parcelas sitas en dicha localidad. Ésta era la pretensión de fondo y principal que el actor quería llevar a la jurisdicción para que emitiera una resolución sobre la adecuación a derecho de la actuación municipal. Por otra parte, de modo incidental, se abrió un proceso en el que se reconoció al hoy actor el beneficio de justicia gratuita de conformidad con el procedimiento regulado en la LEC. El análisis de este incidente lleva a la conclusión de que, una vez declarado el derecho a litigar gratuitamente, fueron seguidos correctamente los trámites que prescribía el antiguo art. 48 LEC, por lo que, en el estricto ámbito de la legalidad ordinaria, se puede considerar correcta la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de acordar el cese de la obligación del Abogado designado de oficio para ejercitar la defensa gratuita del Sr. Manuel C.G..
En cuanto al alcance del amparo, afirma el Fiscal que el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente quedará plenamente respetado con la anulación del Auto de 29 de mayo de 1998 y de la ulterior providencia de 11 de septiembre del mismo año, debiendo la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictar en su lugar una resolución por la que, de una parte, a la vista de los dictámenes obrantes en las actuaciones, se pronuncie en exclusiva sobre la cesación o no del beneficio de pobreza del actor y, de otro lado, para el supuesto de que se acordara el cese en dicho beneficio, se le conceda nuevo plazo para formalizar el recurso contencioso-administrativo con Letrado de su designación, aunque sin gozar de justicia gratuita.
Por providencia de 10 de octubre de 2002 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
El demandante de amparo impugna la providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1999, por la que se declaró no haber lugar al nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio para la interposición de recurso de queja contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de mayo de 1998, por el que se declaró terminado el procedimiento instado por el demandante de amparo, y contra la providencia del mismo órgano jurisdiccional de 11 de septiembre de 1998, que dispuso no haber lugar a la solicitud de designación de Abogado y Procurador para interponer recurso de súplica contra el anterior Auto y, en su caso, para preparar recurso de casación.
El recurrente denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, basándose, en resumen, en los siguientes datos de hecho: a) El Sr. Manuel C.G. solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que se le habilitara el beneficio de justicia gratuita y que se le nombraran Abogado y Procurador del turno de oficio, con el fin de interponer recurso contencioso-administrativo contra Resolución presunta del Ayuntamiento de Piélagos. b) Obtenida Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santander reconociéndole el derecho a litigar gratuitamente en el recurso contencioso-administrativo núm. 1843/95, se procedió a la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio. c) El Abogado designado en primer lugar consideró insostenible la pretensión interesada por el actor, criterio que fue ratificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y por el Ministerio Fiscal. d) A la vista de los dictámenes emitidos por estos últimos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó Auto con fecha 29 de mayo de 1998, acordando tener por terminado el procedimiento contencioso-administrativo. El recurrente presentó escrito manifestando su intención de recurrir en súplica el anterior Auto y, en su caso, de preparar recurso de casación, por lo que solicitó que se le designaran de nuevo Abogado y Procurador de oficio, con suspensión del plazo para la interposición de aquéllos, petición que fue denegada en providencia de 11 de septiembre de 1998. e) El demandante de amparo presentó escrito ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, manifestando su pretensión de interponer recurso de queja contra las anteriores resoluciones, a cuyo efecto solicitaba la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio, así como la suspensión del plazo para interponer el recurso hasta tanto ésta se produjera. Por providencia de 13 de mayo de 1999 la referida Sala Tercera deniega lo solicitado, por entender que las resoluciones que se pretendían recurrir en queja no eran susceptibles de tal recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LJCA.
Por su parte, el Ministerio Fiscal estima que se ha producido la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente porque el Auto de 29 de mayo de 1998 no sólo acuerda el cese de la obligación del Abogado designado de oficio para ejercitar la defensa gratuita del Sr. Manuel C.G., sino que pone fin, además, al pleito principal que, hasta ese momento, ni siquiera se había concretado en una demanda sobre la cual enjuiciar una pretensión de fondo. Considera el Ministerio Fiscal que nos hallamos ante una clara y manifiesta denegación de justicia, pues el órgano judicial ni siquiera ha permitido al actor interponer el recurso contencioso-administrativo y formalizar una demanda en la que expusiera sus argumentos sobre el fondo de la litis.
Con carácter previo, es preciso realizar una aclaración en relación con la resolución impugnada. Aunque en el encabezamiento de la demanda de amparo se afirma nominalmente que la impugnación se dirige contra la providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1999, lo cierto es que, como de forma patente se deduce del escrito inicial del recurrente y de la propia demanda, tal mención obedece al hecho de ser la resolución que pone fin a la vía judicial previa, pero, en realidad, las quejas del recurrente se imputan directamente a las otras dos resoluciones y, de manera más específica, al Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de mayo de 1998, que fue el que declaró terminado el proceso judicial que el recurrente pretendía entablar, siendo también la que, de acuerdo con la argumentación plasmada en la demanda, habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del hoy actor, al haberle denegado el acceso a la justicia. Así lo ha entendido también el Ministerio Fiscal que, además, ha rechazado con acierto la posibilidad de que la providencia de 13 de mayo de 1999 pueda haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del actor, pues se limita a inadmitir su petición de manera motivada, justificando que, de acuerdo con el art. 97.2 LJCA, no cabía la interposición de recurso de queja contra el Auto de 29 de mayo de 1998 y contra la providencia de 11 de septiembre del mismo año, fundamentación que no puede ser tachada de irrazonable, arbitraria o incursa en error patente. No obstante, de ello no cabe deducir que la última actuación del demandante pretendiera la ampliación artificial del plazo de interposición del recurso de amparo, muy especialmente si se considera que actuaba sin dirección letrada y en las resoluciones impugnadas no aparecía pie de recurso alguno (SSTC 107/1987, de 25 de junio, FJ 1; 169/1992, de 26 de octubre, FJ 1; 128/1998, de 16 de junio, FJ 6, entre otras).
Realizada esta precisión, es necesario traer a colación aquí, en relación con el derecho fundamental invocado por el recurrente, la consolidada doctrina constitucional existente en la materia. Este Tribunal ha declarado reiteradamente, desde nuestra temprana STC 19/1981, de 8 de junio, que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE comprende primordialmente el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial (entre otras, SSTC 115/1984, de 3 de diciembre, FJ 1; 211/1996, de 17 de diciembre, FJ 2; 36/1997, de 25 de febrero, FJ 3; 132/1997, de 15 de julio, FJ 2), por lo que se erige en elemento esencial de su contenido el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. No obstante, este derecho resulta satisfecho también con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (SSTC 154/1992, de 19 de octubre, FJ 2; 18/1994, de 20 de enero, FJ 6; 39/1999, de 22 de marzo, FJ 3; 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 115/1999, de 14 de junio, FJ 2; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4; entre otras muchas), pues al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (SSTC 185/1987, de 18 de noviembre, FJ 2; 108/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 201/2001, de 15 de octubre, FJ 2).
Dentro del ámbito del acceso a la justicia cobra especial importancia la previsión constitucional de gratuidad contenida en el art. 119 CE, al establecer que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". Este Tribunal ha afirmado que el precepto constitucional consagra un derecho de carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE (STC 117/1998, de 2 de junio, FJ 3), que constituye una garantía no sólo de los intereses de los particulares, sino también de los intereses generales de la justicia, ya que, como dijimos en la STC 16/1994, de 20 de enero, FJ 3, "tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una Sentencia ajustada a Derecho, aunque sin duda su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que ninguna `persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar¿ (STC 138/1988)".
Como se ha dicho en el primer fundamento jurídico, el recurrente considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que se haya declarado terminado el procedimiento contencioso-administrativo como consecuencia de la opinión del Letrado designado de oficio y del Ministerio Fiscal, que consideraron insostenible su pretensión, sin que responda al parecer del Tribunal Superior de Justicia, que es el que debería haber enjuiciado las pretensiones del justiciable, que no han recibido la debida contestación.
El problema se plantea en el momento en que la facultad concedida por la Ley de enjuiciamiento civil a los Abogados designados de oficio para poner de manifiesto la insostenibilidad de la pretensión ha determinado la imposibilidad definitiva de acceso a la jurisdicción para ejercitar la pretensión principal, sin dar opción al justiciable a designar un Letrado de su elección que lo asista y un Procurador que lo represente, según lo previsto en el art. 42 LEC.
Esta decisión, que, a mayor abundamiento, no encuentra respaldo normativo expreso en los preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil reguladores del beneficio de la justicia gratuita aplicables al caso, no sólo ha supuesto una interpretación de tales normas apartada del principio pro actione, sino que, al mismo tiempo, ha convertido el derecho a la asistencia de Letrado, estrechamente imbricado aquí con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, en un obstáculo al efectivo ejercicio de este último, en contra de una consolidada doctrina de este Tribunal, reflejada, entre otras, en las SSTC 42/1982, de 5 de julio, 37/1988, de 3 de marzo, 216/1988, de 14 de noviembre, y 132/1992, de 28 de septiembre. De este modo, ante la imposibilidad del Sr. Manuel C.G. de obtener Abogado y Procurador del turno de oficio, determinada legalmente, la decisión del órgano judicial le impidió de plano el acceso a la jurisdicción, en lugar de concederle la posibilidad de nombrar otros profesionales de su elección.
La concesión del amparo va a determinar, como primer efecto, la anulación del Auto de 29 de mayo de 1998, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por lo que no es necesario entrar en el análisis de la otra queja aducida por el demandante de amparo, relativa a la presunta vulneración del art. 24.1 CE por no indicarse en la referida resolución si era firme o no y, en su caso, los recursos que cabían contra la misma, aspecto que, lógicamente, ha perdido toda eficacia práctica. En cualquier caso, no parece que tal omisión, hubiese ocasionado una efectiva indefensión material al demandante de amparo, desde el momento en que no le impidió anunciar e interponer los recursos que consideró procedentes ni supuso un menoscabo a la hora de acudir a la vía constitucional para recabar la protección del derecho fundamental que le había sido desconocido.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Manuel C.G. y, en su virtud:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
Restablecerle en el citado derecho y, a tal fin, anular el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de mayo de 1998, en la parte en que declara terminado el procedimiento contencioso-administrativo, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicho Auto, para que por el citado órgano judicial se dicte otra resolución que respete el derecho fundamental reconocido.
SAP Madrid 164/2005, 12 de Mayo de 2005
STS, 4 de Junio de 1994
SAP Córdoba 96/2000, 10 de Abril de 2000
Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Granada, don José Justo Navarro Chinchilla, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Iznalloz (Granada), a inscribir una escritura de declaración de obra nueva antigua y compraventa.

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