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Timestamp: 2018-07-21 19:34:03+00:00

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La teoría del nomen iuris. | | Derecho & Perspectiva
Posted on 16 septiembre, 2015 11 diciembre, 2016 by Miguel Alonso Carreño
Una de las grandes fuentes de conflicto en la rama del Derecho Laboral no es otra que la determinación de si la relación que une al empresario con el trabajador es de carácter laboral o mercantil. Ello se debe a la gran cantidad de diferencias que supone estar ante una o la otra en materia de indemnizaciones por despido, Seguridad Social, obligaciones y procedimientos. Para saber ante qué figura jurídica nos encontramos deberemos acudir al Estatuto de los Trabajadores en su primer artículo y a lo marcado por la jurisprudencia, buscando siempre las notas características de la relación laboral o mercantil.
El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante) nos indica su ámbito de aplicación y, por tanto, qué se considera una relación laboral, siendo esta su redacción: “La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.”
Encontramos, por tanto, en este artículo, las notas que se consideran necesarias para estar ante una relación laboral: voluntariedad, ajenidad, dependencia, retribución y con carácter personalísimo.
La voluntariedad supone, simplemente, que no es trabajador el que está obligado a trabajar salvo por una obligación de carácter jurídico; la ajenidad implica que el trabajador no soporta los peligros de las inversiones al igual que no es el que posee el fruto de su trabajo, si no que es el empresario; la dependencia consiste en la situación de subordinación de los empleados a la organización y dirección del empresario que puede hacer uso de su poder disciplinario; el trabajo debe ser hecho a cambio de un pago; el trabajo es desempeñado por una persona en concreto, “intuitu personae”, que está vinculada a dicho puesto de trabajo.
Entra aquí en juego la teoría del “nomen iuris”, jurisprudencia pacífica del Tribunal Supremo, que consiste en que no importa el nombre que las partes den a la relación, lo que importa son los rasgos que tenga dicha relación. De este modo, dará igual que la relación que se pretenda por las partes sea la mercantil, dado que si se cumplen las notas que se desprenden del artículo 1.1 ET esta relación será laboral (STS de 20 de marzo de 2007, RCUD 747/06 y STS de 7 de noviembre de 2007, RCUD 2224/06 entre otras).
Teniendo en cuenta que la relación laboral no viene marcada por una, sino por varias características, no es fácil determinar cuándo una relación es laboral, puesto que pueden darse tres características y no las otras dos y que en un caso se determine la laboralidad de dicha relación y en otro se declare que es una relación mercantil.
Para ello, tenemos que acudir a los criterios jurisprudenciales que establecen la importancia de unas u otras características y qué hechos pueden considerarse meras formalidades que no pueden servir más que de meros apoyos para decantarse por un lado o por otro. De la jurisprudencia se concluye que la nota más importante es la dependencia para establecer ante qué tipo de relación estamos (STS de 22 de abril de 1996 [RJ 1996/3334] y 12 de diciembre de 2007 [RJ 2008/524] entre otras).
La jurisprudencia establece asimismo una serie de indicios que suponen que nos encontramos ante alguna de las notas de la relación laboral que expongo a continuación:
Mención aparte merecen las llamadas relaciones laborales especiales, que son relaciones laborales como se entienden en el artículo 1.1 ET pero que, sin embargo, poseen alguna especialidad, por lo que se requiere de una legislación especial.
Estas relaciones laborales tienen su propio Real Decreto y se basarán en este y sólo se acudirá al Estatuto en lo que no se determine en su Convenio Colectivo aplicable ni en el Real Decreto.
Las relaciones laborales especiales en el régimen jurídico español son las siguientes:
-Relación laboral de Alta Dirección (RD 1382/1985).
-Relación laboral de los Representantes de Comercio (RD 1438/1985).
-Relación laboral de los Artistas Profesionales (RD 1435/1895).
-Relación laboral de las Trabajadoras del Hogar (RD 1620/2011).
-Relación laboral de los Deportistas Profesionales (RD 1006/1985).
-Relación laboral de los Abogados en Despachos profesionales (RD 1331/2006).
En estas relaciones laborales encontramos especialidades que sólo son aplicables a los que estén sometidos a estos Reales Decretos. Se aplica también la teoría del “nomen iuris” de tal manera que el sometimiento a sus imperativos legales no dependerá de lo que determinen las partes si no de la realidad fáctica de la relación laboral.
Así, por ejemplo, el plazo de preaviso de un abogado antes de dejar su trabajo para formar su propio despacho o ir a uno nuevo es de entre 45 días y tres meses según se establece en el RD en su artículo 22 o que los Altos Directivos tendrán una indemnización de 7 días por año trabajado en el caso de desistimiento por parte del empresario, salvo que se pacte en contrario en el contrato de trabajo según el artículo 11.1 de su Real Decreto.
De todo lo visto podemos concluir, por lo tanto, la importancia de la teoría del “nomen iuris” en el ordenamiento jurídico laboral español y, sobre todo, por las consecuencias que se derivan de tratar como mercantil una relación laboral o como relación laboral especial una que es ordinaria.
Si bien no es el objeto de este escrito y será ampliamente explicado en otros artículos, sí pondré un ejemplo de una consecuencia que ejemplifica la importancia de esta teoría.
Supongamos que tenemos una relación laboral especial de Alta Dirección y no ha habido pacto en cuanto a los días de indemnización. Tal y como se determina en el RD 1382/1985, en caso de despido, la indemnización será de 20 días por año de trabajo, salvo pacto en contrario, si fuera declarado improcedente (art. 11.2).
El alto directivo interpone demanda por despido y argumenta que la indemnización no es la adecuada dado que la relación laboral en realidad era ordinaria. Esto queda acreditado porque, por ejemplo, él no reportaba directamente ante el consejo de administración si no que se trataba de una multinacional y él, como director del área española tenía que reportar ante el director del área europea. La consecuencia sería, entre otras: el pago de 33 días por año de trabajo de indemnización (45 días en la prestación de servicios previa a febrero de 2012). El impacto económico que puede tener sobre la empresa podría ser la diferencia entre proceder al despido a pesar de su improcedencia o esperar a tener alguno de los comportamientos tasados para el despido procedente.
En definitiva, la teoría del nomen iuris debe marcar nuestras decisiones en el marco de las relaciones laborales si no queremos encontrarnos con diversas contingencias, principalmente de adquisición de derechos y de impacto económico, que pueden producir una problemática más que variada y que será tratada en otros artículos.
Firmado: Miguel Alonso.
-Cuadro resumen realizado por José Antonio San Fulgencio para el Máster en práctica Jurídica Laboral del CEG, curso 2014/2015.
El delito de autoblanqueo y la problemática del non bis in idem
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References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 11