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Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( ) - PDF
Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( )
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Raquel Pérez Rico
1 Constitución de la Nación Argentina Artí inciso Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.... la Convención sobre los Derechos del Niño [ ía constitucional, no derogan a primera parte de esta Constituci n y deben ententías por ella reconocidos. Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 37 án porque: a) ningún niñ tes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda... Años atrás, no respetar los derechos de los niños era aberrante. Hoy, además, es inconstitucional. Unicef - Oficina de Argentina Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( ) Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( )2 Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( )3 Coordinación del proyecto Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Sede Corrientes: Av. Corrientes 1441 (C1402AAA) Ciudad de Buenos Aires Coordinación editorial Unicef - Oficina de Argentina ISBN: Junín 1940, Planta Baja (C1113AAX) Ciudad de Buenos Aires Diciembre de 2003 Diseño de cubierta e interiores as-estudio /Ana Sirinian Agradecimientos Los editores de esta publicación desean expresar su agradecimiento a todas aquellas personas que, de una u otra manera, han colaborado para que su realización sea posible. Vayan nuestros especiales agradecimientos para los magistrados Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, Dra. Zulita Fellini, Dra. Cristina Lembeye y Dr. José Alejandro Miguel, quienes colaboraron en la obtención de las sentencias aquí compiladas. También queremos agradecer profundamente a: Dra. Mary Beloff, Dra. Nelly Minyersky, Dra. Laura Musa, Dra. Ana Aliverti, Dra. Noris Pignata, Dr. Martiniano Terragni, Dr. Marcelo Iñíguez, Dra. Susana Musa, Lic. Magdalena Klappenbach y Lucía Carbone, quienes participaron activamente en la preparación de la publicación. Finalmente, agradecemos a todas y todos los miembros de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sin cuyo estímulo e interés este libro no existiría. En particular a: Dra. Adriana Leybor, Dra. Leticia Apfelbaum, Dr. Carlos Basile, Dra. Teresa Regina Quintana, Dra. Sofía Pogranizky, Dra. Carolina Finocchio, Dra. Lourdes Foradori Lencinas, Dra. Graciela Corvi, Dra. Graciela Silenzi, Dra. Elena Mendoza, Dra. Vanessa Ramelle, Dra. Úrsula Thomas, Dra. Marisol Burgués, Dra. Lucía Padilla, Dra. Norma López Faura, Dr. Ernesto Bendersky, Dr. Ernesto Cabanillas, Dra. Alba Duchowna y Dra. Carmen Diez Arizcuren.4 Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( ) Contenido Presentación Prólogo Nota del editor LOS CASOS Caso 1 - M.A.S. Tribunal Oral de Menores N.º 3, Ciudad de Buenos Aires, 20/11/ Caso 2 - C.D.N. y L.M.M. Tribunal Oral de Menores N. 1, Ciudad de Buenos Aires, 12/04/ Caso 3 - G.S.F. Cámara Penal de Primera Nominación, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, 04/10/ Caso 4 - C.A.M. Tribunal Oral de Menores N. 1, Ciudad de Buenos Aires, 28/10/ Caso 5 - A.J.M. Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, Río Gallegos, Santa Cruz, 29/04/5 Caso 6 - S.C.R.C. Tribunal en lo Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 06/11/ Caso 7 - D.D.A. Tribunal en lo Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 03/07/ Caso 8 - R.D.V.F. Tribunal en lo Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 28/11/ Caso 9 - F.A.S. Tribunal Oral de Menores N.º 2, Ciudad de Buenos Aires, 11/12/ Caso 10 - D.E.M. Tribunal Oral de Menores N. 2, Ciudad de Buenos Aires, 05/11/ Presentación El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, pone a disposición de todos los matriculados y de todas las personas la publicación Sentencias de prisión perpetua y reclusión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( ), como un instrumento necesario para difundir y defender los derechos humanos de las personas menores de edad, ante las graves sentencias aplicadas a jóvenes en nuestro país. Por vez primera se reúnen en un libro diez sentencias, en su mayoría inéditas, de diversos tribunales de menores del país que aplicaron condenas de prisión perpetua y de reclusión perpetua a personas menores de 18 años de edad, junto con las resoluciones de los tribunales superiores que concedieron diversos recursos y que fallaron de formas diferentes. Cada una de estas sentencias con sus resoluciones constituyen una unidad a la que denominamos caso y cada caso se introduce mediante un breve sumario. Entendemos que esta publicación constituirá un aporte indispensable para el conocimiento y el trabajo cotidiano, pues su propósito es fortalecer las acciones de defensa de los derechos humanos de las personas menores de edad, de los abogados defensores de niños y adolescentes, de los organismos de derechos humanos y de todas las personas interesadas, ya que hace pública y sistematiza jurisprudencia de muy difícil acceso que, en su mayor parte, nunca antes había sido difundida. Mediante este trabajo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal explicita la grave preocupación que provoca la situación que los documentos testimonian y traduce su ineludible vocación de defender los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de sexo, religión, origen étnico, social u otra condición particular y, en este caso especialmente, sin ninguna distinción debida a la edad de las personas. Hugo Germano, Presidente Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 8 Presentación 96 Prólogo Muchas personas conocen la respuesta atribuida a Pablo Picasso, cuando las fuerzas de ocupación nazis lo interrogaron acerca del Guernica. Usted hizo esto?, preguntaron. No, ustedes lo hicieron, respondió. La anécdota viene a cuento porque en este mundo del absurdo y de crueldad bondadosa que es el sistema de justicia de menores argentino, no podemos descartar que a alguien se le ocurra atribuir a cualquier difusor de las sentencias de reclusión perpetua a personas menores de edad, algún tipo de responsabilidad por ellas. De manera similar a quienes culpan al termómetro por la fiebre o al satélite por la quema de los bosques, tal vez a algún trasnochado se le ocurra vincular las tres sentencias de Mendoza con su ley provincial (un avance en su momento) o las cinco sentencias de la Ciudad de Buenos Aires con la ley 114 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, un instrumento jurídico de excelencia adaptado a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). La modesta publicación que aquí se presenta ha reunido en forma absolutamente artesanal ante la inexistencia de instituciones oficiales que centralicen y difundan este tipo de información y con carácter obviamente no exhaustivo todas aquellas sentencias de primera instancia donde una o más personas menores de 18 años de edad fueron condenadas a prisión perpetua o a reclusión perpetua entre 1997 y 2003, junto con las resoluciones que tratan sobre la concesión o no de recursos contra ellas presentados (10 sentencias, 12 personas condenadas). Esto, incluso en los casos en que esas sentencias hayan sido anuladas por cuestiones procesales por tribunales superiores (un caso) o hayan sido modificadas por sentencias más leves (de una condena de prisión perpetua a una de 25 años de privación de libertad en otro caso). Múltiples y diversos han sido los canales a través de los cuales se ha obtenido esta información. Activistas de derechos humanos, funcionarios de la propia justicia de menores y de adultos, y colegas de las Comisiones de Infancia o Familia de diversos Colegios de Abogados del país han sido 10 Prólogo 117 nuestros principales informantes y colaboradores. No descartamos que esta publicación genere nuevas informaciones sobre otras sentencias, ya ocurridas, de prisión perpetua o reclusión perpetua a personas menores de edad, ni tampoco nuevas informaciones sobre otras condenas de larguísima duración de otras personas menores de 18 años. En todo caso, la situación sobre la que aquí se informa no tiene parangón en América Latina. En ningún otro país de la región según la información de que disponemos se han verificado sentencias de reclusión perpetua a personas menores de 18 años al momento de la comisión de los delitos. Resulta imprescindible preguntarse, entonces, cómo en el país de América Latina pionero en la introducción de un derecho tutelar, supuestamente designado para sustraer a las personas menores del derecho penal (cf. ley Agote Nº del año 1919) es donde precisamente se verifica, y en forma reiterada, una práctica jurídica flagrantemente violatoria no sólo de tratados de derechos humanos con rango constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino del más elemental sentido común que es necesario observar para construir una política de prevención seria y razonable, destinada a enfrentar los problemas derivados de la real y en buena medida también supuesta violencia juvenil. La respuesta a este interrogante remite a tres órdenes de problemas de naturaleza diversa: de cultura jurídica, de derecho positivo y de política en sentido amplio. Los revisaremos por partes. Un análisis profundo y detallado de la cultura jurídica argentina espera todavía por su autor, sin embargo, algunas de sus características se ponen particularmente de manifiesto cuando consideramos críticamente este problema. La supuesta sustracción de las personas menores de edad del derecho penal realizada por la ley Agote de 1919 exquisito cadáver inconstitucional técnicamente derogado por la CDN, pero fuente real de las decisiones judiciales para las personas menores de edad se verificó sólo en algunos discursos pero no en la práctica judicial. Por el contrario, los sufrimientos reales, medidos en términos de las prácticas concretas de privación de libertad sin tiempo determinado, sin defensa jurídica y sin las garantías más elementales de las que goza cualquier persona mayor de edad acusada por la comisión de un delito, sólo fueron posibles de legi- timar apelando a eufemismos (el juez padre, la pena como bien y el proceso como rito pedagógico, entre otros) que el cinismo corporativo y la indiferencia social frente a los hijos de los pobres mantuvieron en un hagamos de cuenta que por muchos años. Curiosamente el rechazo hacia el futuro, desde posiciones que misteriosamente se autoperciben como progresistas, de la responsabilidad penal de los adolescentes, permitió ignorar las terribles condiciones materiales que experimentan las personas menores de edad internadas y las monstruosas condiciones jurídicas de los jóvenes menores de 16 años privados de libertad por pobreza o protección. Este rechazo a futuro de la responsabilidad penal de los adolescentes parece conectarse con un rechazo mucho más profundo de la sociedad argentina a la responsabilidad tout court. Y esto, porque este rechazo de la responsabilidad penal no se traduce ni en prácticas ni en normas contrarias a la punición (como sería el caso de la perspectiva abolicionista), sino en la consolidación de normas y de prácticas que interpelan a los adolescentes como enemigos (exterminándolos, como es el caso de la Provincia de Buenos Aires) o como enfermos (como es el caso de las crecientes prácticas de psiquiatrización de personas menores en situación irregular ). En el plano normativo, a la discrecionalidad absoluta frente a las personas menores de 16 años que le otorga al Estado la ley Agote de 1919 se suma el régimen penal especial contenido en los decretos-leyes y de 1980 y 1983 respectivamente, régimen de cuyos maravillosos resultados este libro es un ejemplo viviente. Estos decretos-leyes, herencia maldita de la dictadura militar, han determinado de derecho y de hecho que, con muy pocas excepciones, 1 rija en la República Argentina la imputabilidad penal plena a partir de los 16 años. Sin embargo, durante 17 años rigió un pacto implícito de carácter tutelar, claramente verificable a partir de la jurisprudencia, según el cual en los casos de delitos graves, pero también en los casos de delitos más leves y aún en los casos de delitos de dudosísima comprobación en su materialidad y 1. Se exceptúan los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no excedan de dos años, con multa o con inhabilitación (cf. art. 1.º decreto-ley y ). 12 Prólogo 138 culpabilidad, las sentencias contuvieran penas relativamente leves. Recién a partir de 1997, este pacto tutelar se rompe y da origen a una avalancha de sentencias de prisión perpetua y reclusión perpetua, sobre las cuales este libro desea formar un testimonio, sin pretensiones ni mucho menos seguridad de exhaustividad. Los problemas de cultura jurídica y de tipo normativo se condensan y magnifican en una dimensión política caracterizada por una profunda asimetría entre infancia y democracia. Esta asimetría se configura por el hecho de que mientras cada vez son más aquellos que, trabajando con seriedad desde distintas perspectivas los problemas de la infancia, no ignoran la importancia y pertinencia de los grandes problemas de la democracia, todavía son muy pocos aquellos que, trabajando con seriedad los grandes problemas de la democracia, entienden y otorgan centralidad y pertinencia a los problemas de la infancia. Para terminar, poco trabajo le costará al lector descubrir el carácter eminentemente documental de este libro, en el que en forma deliberada se presentan las sentencias tal cual son, con la terrible crudeza de los hechos y la no menos terrible inexistencia de fundamentación adecuada para la aplicación de la pena más grave que prevé nuestro sistema penal. Ojalá que en este espejo pueda mirarse la sociedad argentina, muy especialmente aquella que tiene responsabilidades institucionales y, ojalá, reflexione sobre sí misma con auténtica vocación por recuperar el déficit histórico que en materia de justicia y derechos humanos se tiene con nuestra infancia. Ciudad de Buenos Aires, octubre de Nota del editor Esta publicación intenta recoger el estado actual de la jurisprudencia respecto de la aplicación de las sentencias de prisión perpetua y reclusión perpetua aplicadas a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina, con el propósito de constituir un documento testimonial de la situación actual. En los textos de las sentencias que a continuación se presentan se encuentran suprimidos los nombres de las personas condenadas, los que han sido reemplazados por sus correspondientes iniciales. También se han suprimido otros datos, como el número de documento, a fin de preservar la identidad en tanto se trata de personas condenadas por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Los datos restantes de las sentencias (órgano juzgador, fecha, registro, etc.) sí se encuentran detallados para aportar las correspondientes fuentes. Emilio García Méndez, Coordinador Titular Gimol Pinto, Coordinadora Suplente Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 14 Nota del editor 159 Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina ( ) LOS CASOS 1610 Caso 1 M.A.S. El Tribunal Oral de Menores N.º 3 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1997 condenó en autos S., M. A. p/homicidio y robo con armas al adolescente M.A.S. a la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas, por un delito que cometió cuando tenía 17 años de edad reprimido con esa sanción en el Código Penal, con basamento en los términos del art. 4 de la ley Contra esta resolución, la defensa oficial de M.A.S. interpuso recursos de casación e inconstitucionalidad, los que fueron oportunamente concedidos. Con fecha 09/09/1998, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió por mayoría en el recurso de casación ANULAR la resolución recurrida. Así, se basó en que el Tribunal de juicio incorporó una circunstancia fáctica la intencionalidad de matar para apoderarse de un automóvil que había sido rechazada previamente en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y que al llevar esto adelante sin que el ministerio público fiscal actuante en el debate ampliara su acusación, se violaba la garantía del debido proceso, la defensa en juicio de M.A.S. y el principio de congruencia. Por lo tanto, se ordenó que otro Tribunal Oral proceda a sustanciar un nuevo juicio con estricto apego al factum contenido en la requisitoria de elevación a juicio. Entonces, para la mayoría el planteo de inconstitucionalidad de la pena aplicada devino en abstracto. Por el contrario, el voto en minoría analizó el recurso de inconstitucionalidad y entendió que el art. 37 inc. a de la Convención sobre los Derechos del Niño no prohibe la aplicación de la sentencia de prisión perpetua a una persona menor de 18 años ya que podría S. con ulterioridad recuperar la libertad, en 18 Caso 1 - M.A.S. 1911 los términos del art. 13 del Código Penal. Asimismo, y teniendo en cuenta que S. podría en el futuro hacerse acreedor a la aplicación del precitado instituto, resolvió que no se hallaba frente a la pena de por vida con imposibilidad de excarcelación que proscribe el art. 37, inc. a de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que la pena de prisión perpetua no sería contraria a los principios de la Convención y de la Constitución de la Nación. Si bien este fue un voto en minoría en el año 1998, que logró la anulación de dicha sentencia, ha sido también parte del fundamento de la sentencia de la misma Cámara que se publica en el Caso 2 de esta edición. TRIBUNAL ORAL DE MENORES N.º 3 CIUDAD DE BUENOS AIRES, 20/11/1997 M.A.S. p/homicidio Y ROBO CON ARMAS Buenos Aires, 20 de noviembre de Y VISTOS: Reunidos los integrantes del Tribunal Oral de Menores N.º 3 de la Capital Federal, Drs. Víctor Gerardo Pettigiani Presidente del debate, Néstor O. A. Morillo Capurro y Zulita Fellini Gandulfo Vocales, esta última en reemplazo de la Dra. Mónica E. Rodríguez Eiriz por resolución N.º 370/97 C. N. C. P. del 17/11/1997 (fs. 517), con la sola ausencia del Sr. Secretario de Cámara Dr. Sergio Eduardo Real, para dictar sentencia en la causa N.º 639, seguida por los delitos de homicidio y robo con armas contra: M.A.S. (D.N.I. N.º --), apodado -- y alias --, nacido el 03 de febrero de 1976, en la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, argentino, de 21 años de edad, soltero, pintor, actualmente desempleado, alfabeto, hijo de S. E. S., con último domicilio real en la calle Martín Coronado --, de la localidad de Laferrère, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, con domicilio constituido en Comodoro Py N.º piso 9º- Capital Federal (Defensoría Oficial Dra. Yofre), con antecedente condenatorio ante el Exmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, de fecha 14 de abril de 1997, que expiró (fs. 504 v.), por el delito de robo de automotor con armas en grado de tentativa, actualmente preso en el Instituto de Detención de la Capital Federal U-2S.P:F., sito en la calle Bermúdez 2651 de esta Ciudad, bajo LEGAJO N.º -- a nombre de M., M.A. o S. (cfr. fs. 527) y, por haber agotado la pena de tres años y diez meses de prisión impuesta por la Justicia de Entre Ríos (cfrs. fs. 504 vta. cit.), a exclusiva disposición de este Tribunal Oral de Menores N.º 3 de la Capital Federal en la presente causa N.º 639, con Prio R.N.R. N.º --, Prio R.H.P.F. N.º --, Legajo C.M.P.F. N.º --, Legajo de Minoridad --, Legajo S.P.F. U 2 N.º -- y Expediente Tutelar N.º 583 cesado y corriente por cuerda, interviniendo 20 Caso 1 - M.A.S. 2112 en el proceso el Sr. Fiscal de cámara, Dr. Claudio di Paola Derqui, la Sra. Defensora Oficial Adjunta, Dra. Diana María Yofre, y la Sra. Asesora de Menores, Dra. Claudia López Reta; ésta última por imperio de los arts. 411 ap. Final y 413-regla 3) del Código Penal de la Nación ya que el imputado, al momento del hecho por el que es requerido, contaba con 17 años de edad. RESULTANDO: Que el hecho imputado a M.A.S., según el requerimiento fiscal de elevación a juicio de fs. 370/375; incorporado por lectura al comienzo del debate oral, es el ocurrido el día martes 21 de septiembre de 1993, siendo aproximadamente las horas, circunstancias en que el entonces menor S. ascendió al automóvil de alquiler marca FIAT Duna Dominio C , guiado por M.J.B. (D.N.I. N.º --); en el transcurso del viaje subsiguiente S. consiguió desalojar al taxista del puesto de conducción, descerrajándole también un disparo con el revólver calibre 32 marca ITALO GRA sin numeración visible que portaba en la emergencia ; a consecuencia del impacto de bala recibido se produjo el deceso del chofer B. frente al pabellón 39 del Barrio Los Perales sito en la Avda. Perón de esta Capital Federal, siendo aproximadamente las horas (ver fs. 278), lugar donde mal herido habría conseguido apearse desde el asiento trasero del rodado; tal circunstancia fue aprovechada por M.A.S. para apoderarse ilegítimamente del taxi alejándose con el mismo; aproximadamente a las horas del día miércoles 22 de septiembre de 1993, personal policial de LUJÁN Provincia de Buenos Aires produce la detención de S. y su concubina K.V.C. sobreseída a fs. 348/349 con el FIAT Duna sustraído a B., al transitar por Ruta 7 y Francia de aquella localidad; ocultos bajo el asiento delantero izquierdo del automóvil secuestraron un revólver calibre 32 marca ITALO GRA sin numeración visible con dos cartuchos en el tambor y una escopeta recortada calibre 20 marca DOS LEONES número 4268 ; asimismo, también pudo recuperarse la documentación correspondiente al titular del taxi y a su conductor; ya que el asiento de la Seccional policial bonaerense se secuestró una cápsula servida calibre 32 marca C.B.C. del bolsillo derecho de la campera de S. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El desarrollo de la audiencia de debate se encuentra plasmado en el acta correspondiente, glosada a fs. 529/532, donde consta la declaración vertida por el procesado M.A.S. narrando el hecho acaecido el día martes 21 de septiembre de 1993 en horas de la noche; así relató que aproximadamente a la hora se encontraba en Caballito de esta Capital Federal, exactamente en la zona de Primera Junta, sobre la Avda. Rivadavia antes de llegar al subterráneo línea A ; en ese lugar tomó el automóvil de alquiler marca FIAT Duna, patente colocada C , el mismo que se encuentra ilustrado en la causa a fs. 107/108 que se le exhibió y reconoció; que ascendió al rodado poco después de la hora señalada, según remarcó con la intención de que el conductor del vehículo lo lleve a distribuir sustancias estupefacientes que tenía en su poder como correo de droga, aclarando que subió al taxímetro solo armado con un revólver calibre 32, cargado con proyectiles de ese calibre, marca ITALO GRA, que en un primer momento no exhibió, reiterando que su prístina intención no era la de robar el automotor sino que su chofer lo llevara para así repartir la droga que tenía que vender. Así, tras abordar el taxi para ir en dirección a Mataderos, mientras iban tranquilos, como el conductor no quiso ir del lado provincia le mostró un arma con la que lo apuntó y que apoyó en el asiento delantero derecho en dirección al taxista, encontrándose el imputado como único pasajero sentado detrás del medio hacia la derecha; en un momento dado, cuando el chofer se daba vuelta, se produjo un disparo del revólver con el que lo encañonaba mientras estaba circulando el rodado, diciéndole el chofer qué hiciste, flaco señalándose con la mano el lado derecho de la campera que tenía puesta y frenando el auto; que, una vez detenido el mismo, procedió a pasar al conductor por entre los asientos delanteros ubicándolo sentado en el asiento trasero lado del acompañante o derecho, descendió del vehículo y tomó el volante, reanudó la marcha, deteniéndolo después de un trecho y bajando al taximetrista por la puerta trasera derecha; así siguió el viaje solo al volante del taxi pasando a la Provincia, aclarando que cuando se produjo el disparo tenía el revólver en su mano derecha y, 22 Caso 1 - M.A.S. 2313 luego de ocurrido el hecho, lo metió debajo del asiento delantero y continuó su marcha hasta la casa de su concubina, dejando al señor mayor de unos sesenta años que conducía el taxi en la Avenida Eva Perón del Barrio Los Perales, cerca de un puesto policial o destacamento, un poco antes; que así llegó a la Ciudad Evita y salen con su concubina con el auto FIAT DUNA robado; dejó perfectamente claro que inmediatamente que bajó al chofer puso primera y se fue apoderándose del rodado, ya que quería el auto para distribuir la droga; que hizo el reparto de la misma y cobró setecientos dólares, guardando quinientos en su casa y se quedó con doscientos para pasear con su novia con la que se fue a LUJÁN, Provincia de Buenos Aires. Ampliando sus dichos respecto al homicidio ocurrido dijo que cuando se produjo el disparo no tenía el arma martillada; como que el asiento delantero del acompañante estaba corrido hacia delante y que el proyectil impactó del lado derecho del conductor perforando su campera cuando el mismo se dio vuelta, y el arma la portaba en su mano derecha, cree que en su pierna derecha cuando disparó; que recién después que se produjo el tiro y tras pasar sin problemas el cuerpo del taxista hacia atrás y luego bajarlo, transcurrido un trecho, para que se fuera a un hospital, decidió apoderarse del vehículo para repartir la droga que llevaba; que su primera intención era que el conductor lo llevara pero, cuando esto no pudo ser, después que el mismo se apeara del taxi decidió llevárselo y así lo hizo; en su amplia declaración, prestada durante el debate, reconoció el revólver con el que efectuó el disparo, no reconociendo en cambio la escopeta que estaba también debajo del asiento del taxi. Oídos, también durante la audiencia del debate, los dos testigos oculares que vieron al conductor aún con vida, ya desfalleciente, bajar del taxi FIAT DUNA en esta Ciudad, manifestaron, primero L.R.M. quien declaró bajo juramento que vio, después de haber descendido ella del colectivo, siendo de noche y cuando estaba por cruzar Avda. Eva Perón, como de un taxi en mitad de esa avenida salió un hombre tomándose el pecho con la mano y luego cayó tras dar unos tres pasos, todo aquello al tiempo que ella gritaba al del taxi que era un muchacho que estaba con las luces prendidas quien sonrió, arrancó y se fue; aclaró que el señor que se cayó sobre la avenida lo hizo sobre la misma y no llegó a la vereda; inclusive observó que se venía encima un camión de transporte de vacas siendo en esos instantes cuando le dijo al otro señor que bajó del colectivo un tal J. que llame a la policía. A su turno, el testigo J. corroboró los dichos de la Sra. M. en el sentido de que el taxi, después de frenar fuerte y bajar el sujeto dio vueltas hasta caer sobre el pavimento boca abajo, arrancó y se fue a toda velocidad por la Avda. Eva Perón hacia la Avda. Gral. Paz lado Provincia, todo ello mientras la señora que bajó del colectivo con él gritaba al del taxi, que se fue; luego de llamar a la policía al destacamento dándole intervención. También se incorporaron al debate, con la expresa conformidad de las partes, los dichos testificales del Oficial Inspector P.F.E.P.G. quien, siendo aproximadamente las horas del día 21 de septiembre de 1993, se constituyó sobre la Avda. Eva Perón de esta Ciudad, a la altura del Barrio Los Perales dado que en el lugar se encontraba una persona sin conocimiento que resultó ser y llamarse B. en el medio de la calzada tirada sobre el pavimento decúbito ventral; que en tal lugar se constituyó el SAME Interno 48 a cargo del Dr. O.S., procedente del Hospital SANTOJANNI quien certificó la muerte de la persona de marras; que ello ocurrió en presencia de los testigos que declararon en el juicio: la Sra. L.R.M. y el Sr. J.R.P.J., dejándose constancia que el difunto momentos antes de caer en medio de la calzada había bajado de un auto de alquiler tomándose con las manos en el vientre, mientras el taxímetro una vez bajado el pasajero se alejó del lugar. Al reconocimiento por parte del procesado M.A.S. de su primaria participación en el suceso investigado se sumó la incorporación al acta judicial ver fs. 530 v./ 531 de toda la demás prueba testimonial, pericia y documental allí señalada, siendo de destacar la pericia médico forense de f.s. 23/30 y el acta de defunción de f.s. 278/279; la fotografía del occiso de f.s. 35 y la del lugar del evento a fs. 36, así como el croquis de dicho lugar a fs. 37/38; igualmente la fotografía de fs. 109 ilustra el revólver, los proyectiles y la escopeta incautadas en el rodado sustraído, así como a fs. 232 consta el detalle de la documentación incautada entre ella el D.N.I. y el carné de conductor del occiso M.J.B.; por otra parte constan a fs. 47 y 48 los testimonios de L.E.V. y J.J.G., confirmando el accionar policial y la detención 24 Caso 1 - M.A.S. 2514 de S. junto con el secuestro del arma utilizada en el homicidio: el revólver calibre 32 ITALO GRA; a fs. 63 consta la testificación del agente M.F.T. dando cuenta del secuestro de una vaina servida del calibre 32 marca CBC de uno de los bolsillos de la campera que vestía S., documentándose a fs. 64 dicho secuestro; a fs. 217/224 obra la pericia balística sobre el revólver ITALO GRA calibre 32 largo, el proyectil extraído del cuerpo del occiso B. ha sido percutido y disparado por el revólver ITALO GRA; a fs. 229/230 y 287/290 se glosaron pericias que determinan los orificios de bala en la campera, pulóver camisa y camiseta que vestía B. que se corresponden al accionar de un solo proyectil disparado desde una distancia aproximada de setenta centímetros corroborando lo dicho por S.; a fs. 160 se acreditó la edad de M.A.S. con fotocopia de su partida de nacimiento; a fs. 101 se realizó un reconocimiento médico del mismo; a fs. 295 obra la rinoscopía de S. quien presenta lesión, trófica compatible con inhalación de cocaína, congruente con lo dicho por el imputado quien afirmó transportar y distribuir droga a título oneroso el día del suceso, al prestar declaración durante la audiencia oral como consta en el acta a fs renglones 5/8, conducta que oportunamente dio lugar por parte del entonces Juez de Menores de la Localidad de Mercedes (P.B.A.) ver fs.102 d. 3) a la extracción de testimonios por presunta infracción a la ley art. 5. c) y e) - cfr. Fs. 509 vta. También constan a fs. 531/532 los aspectos fundamentales de lo alegado por las partes durante el debate oral, destacándose que el Sr. Fiscal de Cámara expresó que encontraba legalmente acreditada la materialidad del hecho enrostrado a M.A.S., así como la responsabilidad que le corresponde al mismo destacando en su confesión la circunstancia de que subió al rodado no con intención de robar sino para que lo llevara a la Provincia de Buenos Aires para efectuar entrega de drogas y ante la resistencia de ir a la provincia le efectuó un disparo con el revólver que portaba, admitiendo que el mismo no estaba martillado por lo que juega el dolo eventual y tuvo que representarse que tenía un arma letal en su mano derecha y el desenlace final, que fue el resultado de accionar la cola del disparador del arma de fuego con el dedo venciendo su resistencia; así ocasionó la herida mortal que causó el deceso del taxista, resultando prueba del dolo el haber dejado a la víctima bajar en medio del pavimento de una avenida doble mano tras frenar bruscamente, en forma nocturna, en un lugar escasamente iluminado, sonriendo y huyendo a toda velocidad no obstante los llamados de la testigo M., que nada pudo hacer al igual que el testigo J. De todo ello se desprende que S., al menos actuó con dolo eventual: subió al auto, disparó al conductor, se deshizo del mismo, decidió apoderarse ilegítimamente del automotor porque lo necesitaba para repartir droga huyendo con el mismo sin prestar el mínimo auxilio a la víctima que falleció en el pavimento, calificando el Ministerio Público el accionar de S. como constitutivo del delito de homicidio criminis causae o conexo en concurso real con robo de armas, en calidad de autor (arts. 45, 55, 80 - inc. 7º y inc. 2º del Cód. Penal), solicitando la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, adelantando que no merece reducción de pena ya que su conducta es de suma gravedad no dudando que su objetivo fue matar para apropiarse del automotor y con éste distribuir y comerciar estupefacientes a título oneroso como admitió en el debate, excluyendo el Sr. Fiscal la figura del latrocinio (art. 165 C. Penal) en base a los propios dichos del imputado durante el debate; sostuvo igualmente que la conducta de S. fue muy grave, habiéndose involucrado además posteriormente en otro delito por el cual fue condenado y expiró la pena; concluyó su alegato solicitando se dé curso a la extracción de testimonios respecto de la conducta de J.S., como solicitara a fs. 483, propietario del arma homicida que habría sido sustraída en la Provincia de Entre Ríos y, asimismo, se efectúe la remisión de la escopeta al Juzgado Nacional de Menores N.º 6 - Secretaría N.º 16, como consta a fs Otorgada la palabra a la Sra. Defensora Oficial Adjunta, para producir su alegato, ésta sostuvo que su asistido relató durante la audiencia la verdad de lo ocurrido el día 21 de septiembre de 1993; que aclaró que subió al rodado para valerse de un vehículo para cumplir con su objetivo: correo en reparto de droga; que quería llevar la sustancia estupefaciente de un lugar a otro y ése fue el motivo por el que subió al automotor de alquiler, llevar mercadería y cobrar, agregando que tuvo que estar adelantado el asiento delantero del vehículo lado acompañante para que el disparo que efectuó su defendido sea frontal, sumado al movimiento del chofer 26 Caso 1 - M.A.S. 2715 al girar su cuerpo hacia la derecha y atrás; también sostuvo que S. sabía que dejó bajar a una persona herida y que no tenía la intención de robar el automotor de alquiler aunque finalmente se quedó con el mismo; que hasta tal punto estaba consciente de su robo que dijo a la policía de la sustracción y que había herido, descartando el dolo eventual del defendido; por ello postuló aplicar la figura del latrocinio prevista en el art. 165 del Código Penal; S. robó y terminó con un homicidio; concluyó expresando que S. no se hizo acreedor a la absolución ya que registra una condena, por lo cual solicitó se lo condene al mínimo legal con la reducción prevista en la ley Por último, en uso de la palabra, la Sra. Asesora de Menores consideró que habiendo cesado la tutela en pleno derecho y habiéndose fugado S. cuando era menor de un hospital al tiempo de estar internado en el Instituto AGOTE hace ya cuatro años, no existen muchas constancias para evaluarlo; luego fue detenido y condenado en otra causa y no registra sanciones, destacando su actitud positiva con la investigación, entendiendo que se ha hecho acreedor a la reducción de pena que prevé el art. 4º de la ley , lo que peticionó. SEGUNDO: Producida la deliberación secreta el Tribunal en pleno, en forma conjunta y sin hesitación, entendió que, a través de todas las pruebas recibidas y los actos del debate, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, quedó plenamente demostrada la materialidad del hecho enrostrado a M.A.S., como su autoría y primaria participación criminal en el mismo, por lo que medió acusación del Ministerio Público Fiscal, resultando sin dudas el nombrado penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma, en calidad de autor (conf. arts. 45, 55, 80 - inc. 7º y inc. 2º del Cód. Penal), en relación con el suceso ocurrido el día 21 de septiembre de 1993, en las circunstancias temporo, modales y especiales reseñadas en el resultando del presente fallo. Para arribar a tal conclusión, en forma unánime, este Cuerpo Colegiado no sólo tuvo en cuenta la confesión prestada por el imputado durante la audiencia de debate, reconociendo su participación en la muerte de quien en vida fuera M.J.B. y en el posterior apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble registrable totalmente ajena el automóvil de alquiler FIAT DUNA dominio C -- utilizando el revólver calibre 32 ITALO GRA, que portó en la ocasión el acusado S., sino que además coadyuvó a la emisión del juicio la importante prueba reunida durante el debate que completó un cuadro cargoso en forma seria como para que el Tribunal haya resuelto, a la luz del art. 401 C.P.P.N., acompañando en ello al Sr. Fiscal de Cámara, dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el requerimiento fiscal de elevación a juicio.- En efecto, en base a las probanzas colectadas reseñadas en el considerando primero de este fallo, se confirmó por parte del acusado S. su conducta delictiva en la noche del 21 de septiembre de 1993; quedó fehacientemente comprobado que el joven contando con 17 años de edad ascendió al automotor taxímetro patente C -- en la zona de Primera Junta de esta Capital Federal y, estando a sus propios dichos, tomó el taxi portando entre sus ropas el revólver calibre 32 marca ITALO GRA cargado y además según relató estupefacientes que debía entregar a otro a título oneroso (setecientos dólares, dijo); así fue como el viaje en el rodado de alquiler tuvo un firme propósito, cual fue cumplir con su rol de correo en reparto de droga y desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Provincia homónima; quedó en claro que el viaje transcurrió sin contratiempos hasta la zona de Mataderos mas, cuando le dijo al chofer de pasar a la provincia y, viendo que el conductor no quiso, extrajo el arma de fuego que llevaba efectuándole un disparo que resultó letal; prueba de ello son los propios dichos del imputado; corroborado por los testigos, del postreros descenso del chofer por la puerta trasera cuando el vehículo se detuvo después de que la víctima M.J.B. le dijera: qué hiciste, flaco (sic), al tiempo que se tomó con la mano su pecho lateral derecho, señalando el lugar donde el proyectil impactó en su cuerpo atravesándole la campera y demás ropa e interesando los pulmones y corazón; acto seguido se comprobó el conductor frenó el rodado pasándolo el acusado entre los asientos delanteros para sentarlo en el trasero del lado derecho; seguramente aún consciente y mortalmente herido B. le dijo lo llevara a un hospital siendo que S., en forma fría y 28 Caso 1 - M.A.S. 2916 reflexiva, con un profundo desprecio por la vida humana, en lugar de trasladarlo urgentemente a un centro asistencial, decidió en forma calculada hacer descender al moribundo B. en medio de la Avda. Eva Perón, abandonándolo a su suerte (morir) sobre el asfalto de una arteria de dos manos, justamente cuando venía con poca iluminación un camión de transporte de ganado; fue en tales circunstancias que los testigos L.R.M. y J.P.J., quienes acababan de bajar de un colectivo de línea, en el preciso instante que S. hizo descender del vehículo a B., observaron la desaprensiva conducta dolosa del joven acusado; éste no atendió los gritos demandando auxilio de la Sra. M., sino que su respuesta fue una sonrisa y poner primera al taxi huyendo del lugar hacia la Provincia, todo lo que ocurrió exactamente frente al pabellón 39 del Barrio Los Perales sito en la Avda. Eva Perón de esta Ciudad; poco después se constató el fallecimiento en la vía pública del Sr. B. En este punto, señala el Tribunal, está muy claro la intencionalidad de S.: para lograr sus propósitos criminales no titubeó en eliminar al taxista para así consumar el apoderamiento ilegítimo del rodado y poder realizar con éste su labor de repartidor como correo de droga. En efecto, sin mucho trabajo, quedó en claro para el pleno Tribunal y atendiendo la propia confesión de S., sumado al resto de la prueba producida y documentada en la presente causa, que el mismo actuó con el dolo directo de matar o, en su defecto, con dolo eventual, suficiente como para aplicar en el caso la figura del homicidio agravado criminis causae o conexo que prevé y reprime el art inc. 7º del Código Penal; M.A.S. mató para consumar otro delito o para asegurar sus resultados. Confirma a este Cuerpo tal calificación merecedora de prisión perpetua todo lo dicho por S. durante el debate: primero mató, pero ello lo hizo teniendo en miras la realización de una delincuencia futura: apoderarse del automotor para así lograr su fin de entregar a término la droga, lo que pudo concretar como surge de su relato; es decir, una vez que removió el obstáculo para lograr sus fines criminales, que constituía el taxista B., eliminándolo con un tiro, logró consumar el objetivo propuesto. Ello lo dice este Tribunal porque el acusado fue más que explícito en el sentido de cuál fue su intencionalidad en el evento consumando así un homicidio criminis causae que concurre materialmente con el robo cometido con arma del automotor (arts. 55 y 166 inc. 2º C.P.). En este aspecto, el Tribunal coincidió con la postura del Sr. Fiscal de Cámara y no con la de la esforzada defensa que aprehendió la conducta de S. en la figura del latrocinio (art C. Penal), como viene requerido. No tiene dudas el Juzgador que la muerte fue prevista de antemano y, además, aceptada por el autor; quedó evidenciado se reitera que el agente, con un profundo desprecio por la vida humana, fría y reflexivamente en forma calculada, eliminó al conductor del taxi con miras a la realización de la delincuencia futura: robar el automotor y con éste repartir la droga, teniendo tiempo inclusive de buscar a su concubina y dirigirse como narró a la Ciudad de LUJÁN conduciendo el vehículo mal habido y portando en el interior del mismo un arma homicida, como probó su detención y secuestro de elementos cargosos por la policía bonaerense. No descuenta el Tribunal que el homicidio, además, estuvo motivado por el propósito de lograr la impunidad para sí por parte de S. habida cuenta de la enorme responsabilidad penal del autor por su conducta desaprensiva; en suma, la muerte ha sido el resultado razonable de la acción de S. quien evidentemente asintió tal resultado obrando con dolo, ya que no hay duda que fue precisamente su criminal accionar el que provocó la muerte en forma directa mediando representación del resultado por el conocimiento que tuvo en el momento del hecho; por lo cual este Cuerpo Colegiado concluyó que se cometió un homicidio para consumar un robo de automotor y no que con motivo u ocasión del robo resultó homicidio; tal es así que quedó evidenciado en autos que por parte de S. existió conciencia de su conducta homicida, asintiendo el resultado muerte del taxista M.J.B., para luego consumar el robo del rodado, no acreditándose en modo alguno conductas culposas o preterintencionales; por lo expuesto, se entendió que existió una doble intención, siendo el homicidio el medio para apropiarse del taxi y así efectuar el corretaje de drogas por el que se extrajo testimonios s fs. 102; a través de la muerte prevista (homicidio) se logró consumar el robo; por todo ello se calificó el accionar de S. como quedó sentado al principio de este considerando (arts. 45, 80 - inc. 7º, 55 y inc. 2º, todos del Código Penal). 30 Caso 1 - M.A.S. 3117 TERCERO: M.A.S. participó en los hechos criminosos reprochados contando con 17 años de edad ya que nació en febrero de 1976 y los delitos ocurrieron el 21 de septiembre de 1993, cuando aún no había cumplido los 18 años; fue dispuesto el 07 de octubre de 1993 e inicialmente estuvo internado en el Instituto Dr. Luis Agote tramitando el Expediente de disposición bajo N.º 583; de la lectura del mismo se desprende el consumo de marihuana y cocaína, en la que se inició a los 13 años, completando sus estudios primarios, dedicándose a la venta ambulante y trabajos de zapatería y pintura, viviendo en concubinato desde temprana edad; el 11 de noviembre de 1993 fue trasladado al Hospital FERNÁNDEZ donde fue operado de apendicitis y el día 14 del mismo mes y año se fugó, con el apoyo de otras personas de dicho nosocomio; fue habido nuevamente y el 12 de noviembre de 1996 se dejó sin efecto la captura y rebeldía del mismo encontrándose alojado en la Unidad N.º 2 de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, desde el 27 de febrero de 1994 por robo de automotor con armas, hecho en que incurrió contando ya 18 años de edad; consta en autos que finalmente resultó condenado a la pena de tres años y diez meses de prisión y, acorde cómputo de pena practicado por la justicia de Entre Ríos, la misma expiró, quedando alojado a exclusiva disposición de éste Tribunal Oral de Menores N.º 3 de la Capital Federal desde el 30 de mayo de 1997 (ver fs. 427). De la copia de la sentencia ver fs. 491 surge que el vehículo que se intentó robar con armas de fuego era también un automóvil FIAT DUNA en el paraje Las Palmeras del Lago Salto Grande de Concordia, Provincia de Entre Ríos. Es decir que, luego de la fuga que el menor protagonizara del Hospital FERNÁNDEZ de esta Ciudad, en noviembre de 1993, el mismo fue detenido poco después de tres meses en febrero de 1994 también por robo con armas en el que resultó condenado, habiendo a la fecha agotado la pena; a fs. 509 vta. consta que la causa N.º 458 en que S. fue imputado concluyó ordenándose su archivo tratándose del testimonio que a fs. 102 d. 3) dispuso el Juzgado de Menores de Mercedes. Requeridos informes a la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal, lugar donde está actualmente alojado M.A.S., surge que el mismo tiene un buen concepto en lo que hace a su conducta y cumplimiento de los reglamentos, no registrando sanciones disciplinarias (ver fs. 527). Puestos a considerar la situación del acusado M.A.S. a la luz de la ley , ya que por disposición del art. 2º de la misma es sabido que es punible un menor de 16 a 18 años de edad que incurriere en delito y, habiéndose sometido al mismo proceso y cesado su disposición en pleno derecho en febrero del corriente año por haber el mismo accedido a la mayoría de edad civil, corresponde ingresar al estudio respecto a si corresponde o no la imposición de pena respecto del nombrado; en tal aspecto, no existen dudas que el mismo es penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso del arma, en calidad de autor respecto al hecho materia del juicio oral ocurrido el 21 de septiembre de 1993, no existiendo eximentes de pena ni de su responsabilidad, ni estando el imputado amparado por la normativa del art. 34 de Código Penal o similar. Consecuentemente, habiéndose cumplido los requisitos del art. 4º de la ley y habida cuenta que las modalidades y gravedad del hecho imputado, los antecedentes del menor, quien registró no bien cumplió los 18 años de edad una condena por robo a mano armada de automotor, en grado de tentativa, evento ocurrido tres meses después de la espectacular fuga del menor del Hospital FERNÁNDEZ donde estaba siendo atendido, sumado al nulo resultado del tratamiento tuitivo, ya que la inconducta seria del mencionado M.A.S. no arrojó resultados positivos de ninguna especie a la fecha, su proclividad a la droga, la impresión negativa que tuvo del mismo el Tribunal al momento de la audiencia del debate, en la que S. no mostró signos de arrepentimiento por su conducta; todo ello hace que el Tribunal entienda que es necesario e inevitable aplicarle la sanción penal y así se resolverá condenando al mismo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, sin practicar la reducción en la forma prevista para la tentativa por el mentado art. 4º ley por no haberse hecho el imputado S. acreedor de tal beneficio. Para imponer tal grave sanción el Tribunal no puede apartarse, en casos como el presente, de la pena que imperativamente ordena el art. 80 del Código Penal de carácter perpetuo; es decir, que no admite graduación 32 Caso 1 - M.A.S. 3318 en lo que a la condena se refiere, por lo que las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del código sustantivo aparecen irrelevantes; ello sin perjuicio como arriba se dijo de la naturaleza de la acción del joven S., la que de por sí es gravísima por el daño causado con total desprecio por la vida humana, sumando a ello su proclividad delictiva que muestra peligrosidad en su conducta, lo que quedó en claro con el conocimiento directo y de visu del sujeto y de la fotografía de la víctima fallecida glosada a fs. 35; todo ello, sin perjuicio de que, encontrándose el joven S. privado de su libertad personal, deberá practicarse por Secretaría el cómputo de detención, notificándose el mismo a los efectos de los arts. 493 y 494 C.P.P.N. CUARTO: Finalmente ha de disponerse la extracción de los testimonios solicitados por el Sr. Fiscal respecto de la conducta de J.S. en el escrito de fs. 483, con relación al revólver marca ITALO GRA calibre 32; igualmente, deberá remitirse la escopeta de un caño marca DOS LEONES al Juzgado Nacional de Menores N.º 6 conforme fuera solicitado a fs Por último, ha de ordenarse la destrucción por Secretaría de los efectos recibidos con el sumario, mencionados a fs. 389, a excepción de la escopeta marca DOS LEONES, del revólver marca ITALO GRA y la documentación perteneciente a quien en vida fuera M.J.B. so real con robo calificado por el uso de arma, en calidad de autor ocurrido el 21 de septiembre de 1993 (arts. 12, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7º y 166 inc. 2º del Código Penal y los arts. 2º y 4º de la ley ), debiendo practicarse por Secretaría el cómputo del tiempo de detención. 2) DISPONIENDO la extracción de los testimonios solicitados por el señor Fiscal respecto de la conducta de J.S. en el escrito de fs. 483, con relación al revólver marca ITALO GRA, calibre 32 sin numeración. 3) ORDENANDO la remisión al Juzgado Nacional de Menores N.º 6 de la escopeta de un caño, marca DOS LEONES conforme fuera solicitado a fs ) ORDENANDO la destrucción por Secretaría del resto de los efectos recibidos con el sumario y mencionados en la nota de fs Insértese, hágase saber, tómese razón en los Libros Del Tribunal, comuníquese a quien corresponda, dese intervención al Sr. Juez Nacional de Ejecución que por turno corresponda, agréguese copia del presente en el expediente tutelar N.º 583 y oportunamente ARCHÍVESE. QUINTO: VÍCTOR GERARDO PETTIGIANI NÉSTOR O. A. MORILLO CAPURRO ZULITA FELLINI GANDULFO Por todo ello, en mérito a lo que resultó del acuerdo de la fecha 22 de noviembre de 1997, en la presente causa N.º 639 de registro de este Tribunal Oral de Menores N.º 3, y por aplicación de lo previsto en los arts. 396, 398, 399, 400, 401, 403, 410, 411, 412, 413, 493, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, como así también el art. 4º y normativa concordante de la ley , el Tribunal, FALLÓ: 1) CONDENANDO A M.A.S. (D.N.I. N.º.--), de las demás condiciones personales de autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS por considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio criminis causae en concur- CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL - SALA I CIUDAD DE BUENOS AIRES, 09/09/1998 CAUSA 915 M.A.S. s/ RECURSO DE CASACIÓN En la ciudad de Buenos Aires, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y ocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por la doctora Amelia Lydia Berraz 34 Caso 1 - M.A.S. 3519 de Vidal como presidente y la doctora Ana María Capolupo Durañona y Vedia y el doctor Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, doctor Daniel Enrique Madrid, a los efectos de resolver los recursos de casación y de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 548/558 vta. y 559/561 vta. respectivamente de la presente causa N.º 915 del registro de esta Sala, caratulada: S., M.A. s/recurso de casación, de la que RESULTA: 1) Que el Tribunal Oral de Menores N.º 3 de esta ciudad, en la causa N.º 639 de su registro, por veredicto de fecha 20 de noviembre de 1997 cuyos fundamentos fueron dictados el mismo día, condenó a M.A.S. a la pena de PRISIÓN PERPETUA, ACCE- SORIAS LEGALES Y COSTAS, por considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma, en calidad de autor ocurrido el 21 de septiembre de 1993 (arts. 12,29 inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7º y 166 inc. 2º del Código Penal y arts. 2º y 4º de la ley ) (cfr. fs. 533/533 vta. y 536/546 vta.). 2) Que contra dicha sentencia interpuso recurso de casación y recurso de inconstitucionalidad la señora Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral de Menores N.º 3 de la Capital Federal, Dra. Diana María YOFRE, a fs. 548/558 vta. y 559/561 vta. respectivamente ; los que fueron concedidos a fs. 562, y mantenidos en la instancia a fs. 570, sin adhesión del señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Pedro C. NARVAIZ (fs. 569 vta.). 3) Que la señora Defensora Oficial estimó procedente el recurso en virtud de lo establecido por el art. 456, incs. 1º y 2º, del C.P.P.N. La recurrente propició se descalifique la sentencia como acto jurisdiccional válido, por cuanto entendió que se advertían vicios vinculados con una errónea aplicación de la ley sustantiva, al calificarse los hechos como constitutivos de los delitos de homicidio criminis causae y robo con arma, y otros vicios relativos a la inobservancia de las normas procesales, en tanto se encuentra la sentencia privada de la debida motivación, que, bajo pena de nulidad, exigen los arts. 123 y 404, inc. 2º), del C P.P.N. En primer término, alega que el Tribunal de Menores en la sentencia incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva sancionada con nulidad en punto a la calificación legal atribuida al choque se tuvo por probado e inobservancia de la ley procesal sancionada con nulidad por faltar o ser contradictoria la fundamentación de la sentencia. En este sentido sostuvo que en el decisorio en crisis no sólo habría existido errónea aplicación de la ley conforme al hecho que ha sido tenido por acreditado, sino también tanto la calificación jurídica, cuanto la valoración de la prueba indiciaria, carecen de argumentación alguna que las fundamente. Alegó, en lo que hace a la falta de fundamentación de la calificación legal escogida, que el Tribunal no señaló el hecho concreto, ni fundó la valoración de la prueba, ni tampoco hizo alusión alguna a por qué se concursan las calificaciones legales escogidas y por qué no se entiende a una el robo incluida en la otra, ni tampoco se fundamentó por qué se trata de un concurso real y no ideal. Asimismo se agravia la recurrente de que no se realizó un análisis de los tipos penales escogidos, que nada se dijo si concurrían todos los elementos requeridos por ellos, y menos se analizaron cada uno en especial el dolo confrontándolos con las constancias de la causa. En segundo lugar, la recurrente alega una errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto se agravia del concurso real aplicado entre las dos figuras penales y de la calificación legal escogida, por cuanto entendió que correspondía aplicar la prevista en el art. 165 del C.P. Respecto del concurso, concluyó que se estaría frente a un concurso de leyes que se encierra en el mismo art. 80 inc. 7º del C.P., el cual incluye la figura del robo con arma. Respecto de la calificación, la recurrente entendió que los señores magistrados no han valorado la intención de robar de S. dado que en todo momento se señaló mató para y no en ocasión de robo mató. En este sentido, señaló que S. se apoderó ilegítimamente del auto (fin inmediato) para repartir la droga (fin mediato). Por otra parte, citando doctrina en apoyo de su postura, alegó que la figura legal del art. 80 inc. 7º del C.P. exige una determinada especie de culpabilidad, por efecto de un elemento 36 Caso 1 - M.A.S. 3720 subjetivo y por una exigencia expresa del tipo que implica la necesidad de que concurra el dolo directo o dolo cierto, por lo que el que mata con dolo eventual aceptando la muerte como probable resultado de los medios que utiliza para cometer el otro delito quedaría fuera del art. 80 inc. 7º. Señala, también, que tampoco surge de la sentencia que los jueces hayan tenido por probada la conexión subjetiva que requiere el homicidio criminis causae. Por lo que solicita que la conducta que deber atribuirse al hecho que se tuvo por probado es la prevista en el art. 165 del C.P. Por último, solicita la anulación parcial de la sentencia en cuanto a la fijación de la pena de prisión perpetua a M.A.S. por carecer de fundamentación suficiente. Señaló, en apoyo de su postura, que el Tribunal omitió valorar las circunstancias atenuantes que deberían viabilizar la disminución de pena prevista en el art. 4º de la ley , a la cual S. debería hacerse acreedor; ello por cuanto no se mencionó la situación social de su asistido, ni tampoco las circunstancias de que haya cometido los hechos por los cuales fue juzgado cuando sólo tenía 17 años de edad y de que haya confesado de una manera clara y sincera, demostrando su verdadero arrepentimiento. Sostuvo que tampoco realizaron los sentenciantes una distinción entre los elementos que mencionaron, si los mismos concurrían de manera atenuante o agravante, y señaló los elementos que debieron valorarse a efectos de atenuar la pena impuesta a su representado. Entendió, con cita de Jeschek, que los señores Magistrados infringieron el principio de la prohibición de la doble valoración de los elementos fácticos de la individualización penal, pues todos los elementos que señalan como justificantes gravedad de su actuar, daño causado con desprecio de la vida humana y peligrosidad de la severa pena impuesta, forman parte de los elementos del tipo, al igual que los criterios que se refieren a cada clase de delito, y no pueden valorarse como agravatorios o atenuadores en la individualización de la pena, puesto que ya fueron tomados en cuenta por el legislador para trazar el marco punitivo. Asimismo, señaló que en ningún párrafo del fallo y como consecuencia de la abstención de la evaluación prescripta por los arts. 40 y 41 del C.P. se mencionaron las determinaciones de los fines de la pena; nada se dijo de la prevención general ni de la especial. Concluye que las consideraciones del Tribunal se encuentran desprovistas de toda evaluación razonada de cada elemento o circunstancia aludidos; incapaz, de por sí, como para fundar el punto controvertido. En definitiva, concluyó la recurrente, el planteo se encamina a obtener que este Tribunal de casación descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, en lo que a los agravios invocados se refiere, con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad, por haber mediado errónea aplicación de la ley e inobservancia de la ley procesal, sancionable con nulidad. Por último, hizo expresa reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48), para el supuesto de que la decisión que se adopte sea contraria al derecho que esta parte funda en aquellas garantías consagradas por el art. 18 de la Constitución de la Nación. 1) Que, a fs. 559, la defensa de S. interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 80 inc. 7º del C.P., en punto a la pena impuesta, aplicado en la sentencia por la que se condena a S. a la pena de prisión perpetua, no obstante haber cometido el hecho por cual fue juzgado siendo menor de dieciocho años; en franca contradicción con lo prescripto por el art. 37 inc. a de la Convención sobre los Derechos del Niño de rango constitucional. El citado art. 37 establece: los estados partes velarán porque: inc. a): ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.... Entendió que lo resuelto por el Tribunal en punto a la pena impuesta implica una violación al derecho que tiene cada menor de que se cumplan las prescripciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de rango constitucional, la cual resguarda los intereses de éstos. En consecuencia, consideró que debe ser declarada la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 80 inc. 7º del C.P. en punto a la pena impuesta, sin habérsele efectuado la disminución prevista por el art. 4º de la ley , toda vez que por su aplicación M.A.S. ha sido condenado a prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. 38 Caso 1 - M.A.S. 39 Mostrar más
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, CSJ 989/2013 (49-Pl/CS1 R.O. Patria Cía. de Seguros Generales S.A. en liquidación el INDER si reaseguros. Buenos Aires, vistos los autos: "Patria Cía. de Seguros Generales S.A. en liquidación cl INDER Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 37
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 Resolución 
 Artículo 1

RESOLUCIÓN 
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 artículo 13
 Artículo 440
 ARTÍCULO 234
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 ARTÍCULO 16

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