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Timestamp: 2018-08-17 19:14:15+00:00

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﻿ SENTENCIA C-309 DE MAYO 3 DE 2007
SENTENCIA C-309 DE 03 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:ACUERDOS INTERNACIONALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO Y FIRMADO EN BOGOTÁ D.C., EL 31 DE MARZO DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIÓN EXTRANJERA, ACUERDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA, ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-309 de mayo 3 de 2007
Sentencia C-309 de 2007
Ref.: Expediente LAT-291
Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil siete.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil —quien la preside—, Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1069 de 2006, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
EXTRACTOS:«II. Texto del convenio que se revisa y de su ley aprobatoria
Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección reciproca de inversiones
c) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, creado por el “Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente acuerdo se haya adherido a aquel. En caso de que una de las partes contratantes no fuera Estado contratante del citado convenio, la controversia se podrá resolver conforme al mecanismo complementario para la administración de procedimientos de conciliación, arbitraje y comprobación de hechos por la secretaría del CIADI.
“Tal es el caso del Ministro de Relaciones Exteriores, quien, por razones obvias, es el agente que, en mayor grado, está encargado de orientar, bajo la dirección del presidente, la política estatal en materia de relaciones internacionales y de asuntos exteriores. Por ende, es lo natural y razonable que le corresponda concretarla a través de los instrumentos respectivos, esto es, mediante la negociación y suscripción de tratados, convenios y demás instrumentos aptos para acordar y fortalecer la cooperación internacional...” (Sent. C-045/94, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
3. El trámite de aprobación de la Ley 1069 de 2006.
a.1. La señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, presentaron ante el Senado de la República, en representación del Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria del “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
a.2. La exposición de motivos del Gobierno, junto con el texto de las disposiciones puestas a consideración del Congreso, fue publicada en la Gaceta del Congreso 562 del 25 de agosto de 2005 (fls. pág. 1-14).
a.3. El proyecto de ley fue repartido a los senadores Jesús Ángel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún, quienes presentaron ponencia favorable para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la Gaceta 750 del 31 de octubre de 2005 (fls. 17 a 28).
a.4. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Tal como consta en el acta 11 del 9 de noviembre de 2005, incorporada al expediente en medio magnético por la Secretaría de la Comisión Segunda del Senado de la República, dicha Comisión dio el anunció correspondiente de los proyectos que anunciados, serían votados en la sesión del 15 de noviembre de 2005.
El siguiente es el texto del anuncio, transcrito de la copia del acta 11 del 9 de noviembre de 2005, tal como aparece en el disquete allegado al expediente.
1. Proyecto de Ley 305 de 2005 Senado y 255 de 2004 Cámara. “Por medio de la cual se declara el festival de la cultura Wayuu como patrimonio cultural de la Nación”. Ponente: honorable senador Efrén Félix Tarapués Cuaical.
6. Proyecto de Ley 76 de 2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005. Ponentes: HH.SS. Jesús Ángel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún.
a.5. La aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión Segunda del Senado ocurrió en la sesión del 16 de noviembre de 2005, tal como consta en el acta 12 de 2005, adjunta al expediente en medio magnético por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, luego de que, según certificación del secretario general de la Comisión Segunda del Senado, copia de la ponencia para primer debate hubiera sido repartida (fl. 1, cdno. de pruebas). Inicialmente, el proyecto fue anunciado, para lo cual se hizo referencia a la sesión en que se hizo el anuncio. Posteriormente se sometió a votación. La siguiente es la transcripción del anuncio del orden del día:
Proyectos de ley para discutir y aprobar en primer debate, los cuales fueron anunciados en la sesión del miércoles 9 de noviembre de 2005.
1. Proyecto de Ley 76 de 2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Ponentes: HH.SS. Jesús Ángel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún. Publicación: Proyecto Original: Gaceta 562 de 2005. Ponencia 1º Debate: Gaceta 750 de 2005.
a.6. Tal como consta en la misma copia del acta 12, el proyecto de la ley de la referencia fue aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República en sesión del 16 de noviembre de 2005, por decisión de 10 de sus 13 miembros (certificación adjunta, fl. 36, cdno. ppal.). El siguiente es el texto de su aprobación:
El señor secretario, Dr. Felipe Ortíz, informa a la presidencia de los proyectos discutidos: Proyecto de Ley 76 de 2005 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá, el 31 de marzo de 2005. Ponente: Honorable senador Jesús Ángel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún.
El señor Presidente, Senador Jesús Ángel Carrizosa Franco, somete a consideración la proposición con que termina el informe. Se abre su discusión, queda cerrada. Aprueban los honorables senadores el informe del proyecto de ley leído. Ha sido aprobado.
Acto seguido el señor presidente, somete a consideración el articulado del proyecto. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Aprueban los honorables senadores el articulado del proyecto. Ha sido aprobado.
El señor presidente, senador Jesús Ángel Carrizosa Franco, somete a consideración de los honorables senadores el título del proyecto leído. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Lo aprueban los honorables senadores. Ha sido aprobado el título del proyecto.
El señor presidente, senador Jesús Ángel Carrizosa Franco, pregunta a los honorables senadores si quieren que este proyecto tenga segundo debate? Si lo quiere la comisión. En consecuencia se nombran a los mismos ponentes que veníamos haciendo la ponencia para el primer debate.
a.7. La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta 750 del 31 de octubre de 2005, siendo ponentes los mismos senadores Jesús Ángel Carrizosa y Habib Merheg Marún (fl. 194 y ss, cdno. de pruebas 1).
a.8. En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 y tal como consta en el acta 332 de la sesión del 13 de diciembre de 2005 (Gaceta del Congreso 17 del 30 de enero de 2006, pág 30), por instrucciones de la presidencia del Senado de la República, la secretaría anunció los proyectos que serían discutidos y aprobados en la sesión siguiente, dentro de los cuales se incluye el proyecto 76 de 2005, Senado, correspondiente a la ley objeto de revisión. La siguiente es la transcripción del anuncio:
“Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión...
“Proyecto de Ley 76 de 2005, senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá, D.C., el 31 de mayo de 2005”.
a.9. Según consta en el acta 34 del 14 de diciembre de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso 18 del 30 de enero de 2006 (fl. 36, cdno. de pruebas 2, pág 35), la plenaria del senado aprobó el proyecto por mayoría de los 95 senadores asistentes, según lo ratifica la certificación expedida el 11 de septiembre de 2006 por el secretario general del Senado de la República (certificación del secretario general del senado, fl. 1, cdno. de pruebas 2).
b.1. El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el número 246 de 2005 en la Cámara de Representantes. La ponencia para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 87 del 28 de abril de 2006 y el ponente designado fue el representante a la Cámara Jaime Darío Espeleta Herrera.
b.2. De conformidad con el texto del acta 20 del 3 de mayo de 2006, el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes solicitó al secretario general de la misma dar lectura a los proyectos de ley “que se discutirán la próxima semana”, dentro de los que relacionó el proyecto de la ley de esta referencia.
b.3. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en sesión del 10 de mayo de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de los 17 representantes asistentes, según certificación del secretario general de la comisión, expedida el 7 de septiembre de 2006. La votación consta en el acta 21 de 2006 (fls. 106 a 110, cdno. de pruebas 1).
b.4. La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta 134 del 24 de mayo de 2006 (fl. 156-r, cdno. de pruebas 1, pág. 14), con ponencia del mismo representante a la cámara Jaime Darío Espeleta Herrera.
b.5. El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 1 de 2003 se hizo el 31 de mayo de 2006, en la sesión que figura en el acta 232 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 219 del 27 de junio de 2006 (fl. 92, cdno. de pruebas 3, pág. 41). La transcripción del anuncio es la siguiente:
“Proyecto de Ley 246 de 2005 cámara, 76 de 2005 senado”
b.6. Tal como consta en el acta 233 de la sesión del 6 de junio de 2006, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 153 representantes asistentes (Gaceta del Congreso 228 del 12 de julio de 2006, pág 13, fl. 37, cdno. de pruebas 3), según lo ratifica la certificación expedida el 13 de septiembre de 2006 por el secretario general de la Cámara de Representantes (fl. 3, cdno. de pruebas 3).
c) Constitucionalidad del trámite dado a la Ley 1069 de 2006.
Luego del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley 1069 de 2006.
Para comenzar, esta Corte constata que el proyecto de la Ley 1069 fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157-1), aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara (C.P., art. 157-2), aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (C.P., art. 157-3) y recibió la debida sanción presidencial (C.P., art. 157-4).
d) Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
El artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 dispone lo siguiente:
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, el a que hace referencia la norma busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes (1) . Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas” (2) .
Desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos, la jurisprudencia sostiene que el anuncio “facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de esta, ejercer sus derechos de participación política (C.P., art. 40) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa (C.P., arts. 1º y 3º)” (3) .
a. En la discusión del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, en el acta 11 del 9 de noviembre de 2005 se señala que serán leídos los proyectos de ley para ser votados en la sesión del martes 15 de noviembre de 2005. No obstante, de conformidad con la numeración sucesiva de las actas, que corresponde y coincide con la secuencia de las sesiones, el 15 de noviembre de 2005 no tuvo lugar la sesión en que haría la votación de los proyectos de ley anunciados el 9 de noviembre. La fecha en que realmente se celebró la sesión fue el 16 de noviembre, día en que efectivamente se sometió a votación el proyecto de la ley de la referencia.
En principio, dicha inconformidad de fechas podría sugerir que el anuncio no especificó, como lo ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, la fecha determinada o determinable para la realización de la votación. Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha exigido que el anuncio a que hace referencia el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 identifique correctamente la fecha en que la votación del proyecto tendrá lugar. Dice al respecto la jurisprudencia:
“La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación del proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad cuando se realizará la votación” (Auto 89/2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Adicionalmente, la jurisprudencia ha precisado que si la sesión en la cual pretende hacerse la votación —de conformidad con la fecha del anuncio— no es posible adelantar la votación, es requerido por la naturaleza del anuncio que el mismo se vuelva a hacer, pues de lo contrario se rompe la cadena correspondiente y se desnaturaliza la finalidad del requisito. A ese respecto dijo la corporación:
“4. Cuando la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva a cabo en la sesión para la cual fue anunciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, toda vez que “no existe otro instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva realización del fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual —según se ha visto— consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias”. Si ello no tiene ocurrencia, es decir, si no se cumple con la secuencia temporal del aviso cuando por razones de práctica legislativa el debate y votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, se entiende que la votación se realizó en una sesión distinta a la que fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 160 de la Carta Política (4) .
“Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, “el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión” (5) . Si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de “anuncio” previo consagrado en el artículo 160 superior Sentencia C-933 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
No obstante, esta Sala percibe que el anuncio que el 15 de noviembre de 2005 no tuvo lugar la sesión de la comisión destinada a debatir y votar los proyectos de ley anunciados el 9 del mismo mes, sino que la misma ocurrió el 16 de noviembre. La prueba de que el 15 no se celebró la sesión y que, por tanto, en esa fecha no pudo renovarse el anuncio a efectos de no romper la secuencia está en que, según el orden sucesivo de numeración de las sesiones, el acta siguiente a la de la sesión del 9 de noviembre es la correspondiente a la del 16 de noviembre. En efecto, la sesión del 9 tiene asignada el acta 11, al tiempo que la sesión del 16 tiene asignada el acta 12, hecho que demuestra que entre ambas no existió otra sesión en la que no se hubiera votado el proyecto y hubiera podido renovarse el anuncio. En últimas, dado que entre la sesión en que se hizo el anuncio y la sesión en que finalmente ocurrió la votación no medió ninguna sesión de la comisión, esta no incumplió con el deber de renovar el anuncio.
b. El anuncio hecho en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que consta en el acta 20 del 3 de mayo de 2006 también merece comentario. El secretario general de la comisión relacionó el proyecto de la referencia en el grupo de los proyectos de ley que serían discutidos “la próxima semana”.
“Ejemplo adicional de que la Corte ha acudido al contexto de las discusiones para determinar, por ejemplo, la fecha de votación de proyecto, lo constituye el fallo contenido en la Sentencia C-780 de 2004 (6) . Frente al anuncio del secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara en el que dicho funcionario informó los proyectos que serían incluidos en la sesión de “la próxima semana”, la Corte determinó que pese a que dicha expresión no permitía fijar con precisión la sesión en la cual serían discutidos, del contexto de las discusiones se entendía que la “próxima semana” era la manera de referirse a la siguiente sesión de la comisión, que tendría lugar a los ocho días de aquel en el que se hizo el anuncio. Por ello, determinó que el anuncio, hecho en esas condiciones y en ese contexto, era válido. En esa oportunidad, la Corte admitió que aunque la expresión utilizada por el secretario de la comisión podría considerarse como una irregularidad, la misma no adquiría la categoría de vicio de inconstitucionaidad” (7) (Auto 311/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En el caso concreto, el proyecto fue anunciado en la sesión del 3 de mayo de 2006, que consta en el acta 20. La votación tuvo lugar en la sesión siguiente, que se reunió la semana siguiente, y que consta en el acta 21. Del contexto del anuncio y la votación se entiende que la expresión “para la próxima semana”, se refiere a la sesión de la semana siguiente, que efectivamente fue la del 10 de mayo de 2006, toda vez que entre esta y la anterior no hubo ninguna sesión. El orden de numeración sucesiva de ambas refleja que la votación tuvo lugar en la sesión inmediatamente posterior, pese a que la fórmula usada por el Secretario haya sido la de “la semana siguiente”.
Por esta razón, la corporación tampoco considera que en el anuncio hecho en la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara haya vulnerado el procedimiento consignado en el Acto Legislativo 1 de 2003.
4. El contenido material de la Ley 1069 de 2006 y la constitucionalidad del acuerdo.
a) Contenido del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y España.
Por su parte, el artículo 8º admite que los derechos del inversionista se subroguen y se hagan valer en el territorio de la otra parte contratante, en virtud de la celebración de contratos de seguros o de garantías ofrecidas a la inversión. De este modo, la parte contratante podrá ejercer los derechos de su inversionista, perdiendo este la facultad de hacerlo directamente.
Por virtud del artículo 9º, el acuerdo en mención regula la solución de disputas entre las partes contratantes. El compromiso inicial es someter la controversia a solución diplomática, fallida la cual se convocará a tribunal de arbitramento. La norma regula el mecanismo de conformación del tribunal y establece una metodología en caso de que el mecanismo anterior no tenga efecto, que involucra en la designación de los árbitros a la Corte Internacional de Justicia. El referido artículo precisa que el fallo del tribunal tendrá como sustento las normas del acuerdo y las disposiciones internacionales, señalará su propio procedimiento, salvo disposición en contrario.
El artículo 10 regula la solución de las controversias entre partes contratantes y los inversionistas de la otra. Precisa la necesidad de agotar la vía gubernativa y de resolver amistosamente la divergencia, antes de recurrir a los tribunales locales, a un tribunal de arbitramento —regulado por las normas internacionales— o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, creado por el “Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, cuando el Estado hubiere adherido a él. El artículo en mención regula aspectos procedimentales de la convocatoria del tribunal de arbitramento, relativos al cálculo de términos, solicitudes de aclaración, evaluación sobre las medidas adoptadas, etc. Igualmente, precisa que mientras los conflictos se sometan a trámite arbitral, las partes se abstendrán de recurrir a los canales diplomáticos, salvo cuando alguno de ellos incumpla la decisión de la sentencia o el laudo.
Finalmente, mientras el artículo 12 compromete a los Estados parte en la consulta respecto de la aplicación del Acuerdo, el 13 señala los términos de entrada en vigor de sus normas —60 días después del perfeccionamiento constitucional mutuo del acuerdo— y su vigencia —10 años iniciales, prorrogables indefinidamente a menos que se presente denuncia del instrumento—. El acuerdo prevé una protección de las inversiones que se hagan en virtud del acuerdo denunciado, que perdurará 10 años después de la denuncia.
b) Finalidad general del acuerdo.
En general, las disposiciones del acuerdo están diseñadas para crear condiciones favorables de inversión que atraigan el capital español, pero también que propicien la emisión de inversión nacional al país ibérico (8) . Los mecanismos de promoción de las inversiones mutuas que promueve el acuerdo bajo estudio van desde la consolidación de escenarios de seguridad jurídica, que garanticen a los flujos de inversión las condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el país, hasta la concreción de mecanismos de resolución de conflictos que generen confianza en el inversor respecto de posibles controversias surgidas con el Estado en que se inyecten los recursos.
c) Constitucionalidad general del acuerdo sometido a revisión.
El Acuerdo para la para la promoción y protección recíproca de inversiones que Colombia y España suscribieron en Bogotá el 31 de marzo de 2005 se enmarca en el conjunto de instrumentos internacionales suscritos con el fin de dinamizar la economía local a partir de la atracción de capital extranjero y de la integración de capital nacional en el escenario de mercados de mayor desarrollo.
De igual manera, Colombia suscribió con Cuba, en el mismo año, un convenio sobre promoción y protección recíproca de inversiones (9) , que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-379 de 1996.
En igual sentido, mediante Ley 801 de 2003, el Congreso de Colombia aprobó el protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en lima en 2001, el cual se encontró ajustado a la Constitución en Sentencia C-961 de 2003. El protocolo modificó algunas disposiciones del Convenio entre Colombia y Perú sobre promoción y protección reciproca de inversiones, suscrito en lima el 26 de abril de 1994 y aprobado mediante Ley 279 de 1994, tal como fue estudiado por la Corte en la Sentencia C-008 de 1997 (10) .
Los acuerdos fundados en la promoción y protección de las inversiones son entonces herramientas usuales de integración internacional a las que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Usualmente corresponden a tratados “tipo”, es decir, modelos preestablecidos de acuerdo internacional, de estructura estándar, que generalmente desarrollan temas vinculados con la definición de las inversiones protegidas; el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero en contraste con el inversionista nacional o de un tercer estado; la protección frente a la discriminación; salvaguardas contra la expropiación y señalamiento de las indemnizaciones procedentes; la libre transferencia de inversiones y utilidades, y el establecimiento de mecanismos de solución de controversias. La doctrina especializada identifica este tipo de convenios como acuerdos de promoción y protección de inversiones —APPRI—, internacionalmente conocidos como BIT —Bilateral Investment Treaties—.
Como ya se dijo, la Corte Constitucional se ha pronunciado en otras oportunidades acerca de la exequibilidad de este tipo de acuerdos y ha establecido que, en términos generales, los mismos se ajustan a las previsiones de la Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de integración de la economía nacional que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial. A juicio de la Corte, las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social” (11) .
“En este entorno los preceptos convencionales en revisión, que delimitan el ámbito de aplicación, los sujetos y la clase de inversiones a los que se refiere el tratado, y que imponen a las partes el deber de promover mutuamente las inversiones, resultan necesarios para la correcta aplicación del Instrumento internacional y para conseguir los objetivos que se propone, los cuales, como ya se anotó, armonizan plenamente con la normatividad superior” (Sent. C-379/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Ciertamente, como mecanismo de promoción de ingreso de capital extranjero al país, el acuerdo suscrito constituye una herramienta legítima a la luz de las normas constitucionales, pues la inversión extranjera impulsa la economía local. El empuje que la inversión extranjera da a las economías de los países en desarrollo no solo se manifiesta en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepción de nueva tecnología, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal capacitado. Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e incrementa la base imponible en beneficio de aumento de los recursos tributarios del Estado. La inversión extranjera en territorio nacional vincula la economía local con la dinámica internacional, lo cual, en términos generales, evita su aislamiento del concierto mundial de mercado.
A la luz de las normas constitucionales, dicha integración es perfectamente admisible. El artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al Estado en la promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, al tiempo que el 227 autoriza la “integración económica, social y política con las demás naciones”.
El fortalecimiento de los canales productivos y comerciales del país encuentra fundamento en el artículo 2º de la Carta Política que consagra como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad general. Además, responde al compromiso contenido en el artículo 333 de la Carta que asigna al Estado la función de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la promoción de la productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones (C.P., art. 334).
En suma, el instrumento bajo estudio permite la integración económica del país como respuesta a una creciente necesidad impuesta por la dinámica mundial, integración que resulta adecuada a los propósitos de la Carta Política y coincidente con los fines asignados al Estado. En estas condiciones, cabe reiterar lo dicho por la Corte Constitucional al advertir que el desarrollo económico de las naciones avanza hacia la integración, pues este parece ser el único escenario posible del mercado del futuro.
“La desaparición de las fronteras nacionales, para determinados efectos, parece ser, en el largo plazo, un estado de cosas del que los Estados no podrán sustraerse con facilidad. En la actualidad, el proteccionismo económico, que incita a los países a replegarse sobre sí mismos, ignorando los flujos y reflujos del comercio internacional, solo puede conducir a que los países que lo llevan a cabo se sometan a sí mismos al ostracismo y se conviertan en una especie de parias de la sociedad internacional. En este orden de ideas, la internacionalización de las relaciones económicas se convierte en un hecho necesario para la supervivencia y el desarrollo de los Estados que trasciende las ideologías y los programas políticos” (Sent. C-358/96, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo).
El artículo 2º, en cuanto formula el compromiso central del acuerdo de promover y admitir las inversiones mutuas, es manifestación directa del ánimo de integración económica que previamente se juzgó constitucional. Así que, respecto del mismo, la Corte no tiene ningún reparo. Tampoco lo tiene respecto del compromiso adquirido de trato equitativo a inversionistas del estado cosignatario, pues dicho trato está expreso en el artículo 226 constitucional que promueve la integración económica sobre bases de “equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
Tampoco merece reproche el artículo 3º del acuerdo, que consagra las conocidas cláusulas de tratamiento nacional y Nación más favorecida, típicas en el modelo de convenios al que pertenece el presente acuerdo. La Corte Constitucional ha dicho a este respecto que por virtud de dichas cláusulas, “un Estado se obliga a dar a otro un trato no menos favorable que el que se concede a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier tercer Estado” (12) ; a lo cual viene a agregar:
“Preceptos de esta índole no vulneran la ley suprema y, por el contrario, se dirigen a hacer efectivo “en todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del tratado que consagra la aludida cláusula (...) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales” (13) (Sent. C-294/2002, M.P. Jaime Araújo Rentería).
En relación con la legitimidad de dicho tratamiento, la corporación ha sostenido que estas cláusulas son perfectamente compatibles con el texto constitucional, pues las mismas persiguen “la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del tratado que consagra la aludida cláusula (...) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales” (14) .
Finalmente, en relación con este artículo, la Corte considera constitucionalmente compatible el numeral que pretende aclarar que la celebración del Acuerdo en cita no obstaculiza la adquisición de compromisos con otros Estados por parte de los Estados signatarios. Al respecto, cabría reiterar lo dicho por la corporación respecto del acuerdo de promoción y protección de inversiones mutuas entre Colombia y Perú, cuando aquella sostuvo que “las excepciones hechas en el tratado a la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida, cuando Perú o Colombia hagan parte de acuerdos con terceros Estados tendientes a crear uniones aduaneras o ventajas similares con el fin de estimular el comercio intrarregional, tiene como propósito evitar que la celebración del presente convenio se convierta en obstáculo para otros procesos de integración y en tal sentido encuentran claro apoyo constitucional” (15) .
Las normas del artículo 4º son constitucionales en tanto consagran medidas de salvaguarda para la inversión extranjera, cuyo claro propósito es generar confianza en el inversionista respecto del tratamiento seguro de su capital. Las disposiciones del artículo prevén soluciones para eventos que en la práctica implican un perjuicio sensible para los intereses de quien hace la inversión. La nacionalización de la inversión o la expropiación de la misma —así como la creación de un monopolio que desplace la inversión extranjera— no pueden imponerse sin la debida indemnización, medida que en el caso colombiano se reconoce sin excepción a partir de la vigencia del Acto Legislativo 1 de 1999, que eliminó la anterior expropiación sin indemnización por motivos de utilidad pública.
Ciertamente, antes de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1999, el régimen constitucional colombiano permitía la expropiación sin indemnización en casos de equidad definidos por el legislador. Sostenía al respecto la norma constitucional:
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”.
“En efecto: mientras el inciso 6º del artículo 58 de la Constitución establece que “... el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”, el artículo 6º del convenio que se examina, en su parte pertinente dispone:
“1. Las inversiones de nacionales o compañías de cualquiera de las partes contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra parte contratante, a: (...).
“b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria por motivos de utilidad pública o interés social relacionadas con las necesidades internas de esa parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva” (resalta la Corte).
“Resulta, entonces, evidente que el convenio prohíbe a las partes, de modo terminante, una forma de expropiación que el artículo 58 de la Carta expresamente autoriza” (Sent. C-358/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
No obstante, tal como se adelantó, la disposición constitucional en cita fue modificada mediante el Acto Legislativo 1 de 1999, justamente en el aparte que permitía la modalidad de expropiación sin indemnización justa. El texto constitucional anterior había sido sometido a duras críticas, precisamente por su incompatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por Colombia. tras la modificación, el régimen constitucional proscribió la expropiación sin indemnización, haciendo viables las cláusulas contractuales que autorizan dicha medida. Respecto de las razones justificativas del cambio constitucional, la Corte sostuvo:
“Estas dos situaciones, llevaron al Congreso de la República, en uso de su facultad para reformar la Constitución (C.N., arts. 114 y 374), a eliminar el inciso final del artículo 58 de la Carta Política que preceptuaba: “Con todo el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. Como se puede observar, la eliminación del mencionado inciso, hizo desaparecer la prohibición impuesta por el Constituyente de 1991 para controvertir judicialmente “los motivos de utilidad pública o de interés social” definidos por el legislador para sustentar una decisión de expropiación.
“Esto nos lleva a considerar otros principios fundamentales de la Carta: También somos estado de derecho y el principio de legalidad expresado particularmente en el artículo 6º, es pilar para que haya actos del Estado exentos de control y mucho menos contrarios a la Constitución.
“Las anteriores razones, expuestas por doctrinantes y tratadistas desde el momento mismo en que entró a regir la Constitución de 1991 nos llevan a proponer a los honorables senadores respaldar la propuesta de los proyectos de acto legislativo, pero en el sentido de derogar los incisos 5º y 6º del actual artículo 58 de la Constitución” (Gaceta del Congreso 245, oct. 30/98, págs 5 y 6). (resaltado fuera de texto) (Sent. C-059/2001, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano).
En concordancia con lo dicho, en Sentencia C-1074 de 2002, la Corte Constitucional reconoció que el cambio constitucional dispuesto por el Acto Legislativo 1 de 1999 garantizaba la protección de las inversiones amparadas por normas internacionales.
“En segundo lugar, dicho fundamento constitucional subsistió hasta 1999, cuando a raíz de los fallos de inconstitucionalidad de las cláusulas indemnizatorias de varios tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera (16) , el constituyente decidió modificar el artículo 58 constitucional para derogar la posibilidad de expropiación sin indemnización. Al derogar integralmente el texto introducido en 1936, que autorizaba esa posibilidad, en lugar de reformarlo para permitir excepciones con base en tratados internacionales, no solo protegió la inversión extranjera, sino los derechos de propiedad de todos los habitantes de Colombia, quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización (17) ” (Sent. C-1047/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
“El acuerdo que aquí se examina se adecua a nuestro ordenamiento constitucional al establecer que para que un inversionista pueda ser privado de su inversión en el territorio de la otra parte contratante, se requiere que exista una ley que por motivos de utilidad pública o de interés social así lo disponga; que las medidas no sean discriminatorias; y que vayan acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. De la legalidad de la medida y del monto de la indemnización se podrá reclamar ante las autoridades judiciales de la parte que la adoptó. Si bien en el convenio no se señala expresamente que la indemnización debe ser previa y que la decisión debe ser autorizada en cada caso concreto por sentencia judicial, o por la vía administrativa si se trata de uno de los eventos que el legislador expresamente ha señalado, así habrá de entenderse pues en este se dispone que las medidas serán adoptadas por los Estados contratantes, “según lo previsto en sus respectivas constituciones”.
“Así las cosas, no hay entonces reparo constitucional al respecto” (Sent. C-294/2002, M.P. Jaime Araújo Rentería).
Ahora bien, la compensación por pérdidas que es objeto de regulación en el artículo 5º hace referencia a los eventos de orden público —guerras, conmoción interior, etc.— que potencialmente pueden repercutir en el destino de la inversión. La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que dicha cláusula es consecuencia del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación del orden público o económico, por lo que la misma es garantía implícita del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta. No obstante, en concordancia con fallos precitados, particularmente con la Sentencia C-358 de 1996 (18) , el reconocimiento de los principios y garantías aquí consignados no excluye la posibilidad, derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso niegue el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Por ello, reitera la Corte, “en un tratado internacional no se podría impedir al legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las circunstancias que la norma constitucional contempla (19) . De igual modo, la norma no excluye la hipótesis del artículo 59 constitucional, que consagra, en caso de guerra, la expropiación con indemnización posterior.
Ahora bien, en tanto que, como lo ha dicho la Corte, las transferencias a que hace referencia el acuerdo suscrito constituyen típicas operaciones cambiarias, la Corte reitera las consideraciones previamente hechas por el tribunal en el sentido de que la aplicación del convenio aquí estudiado no implica la reducción de ninguna de las potestades que la Constitución Política y la ley confieren al Banco de la República en materia de política cambiaria y manejo de reservas internacionales (C.P., art. 372 y L. Marco 9/91).
La Sala percibe que aquella corresponde a una decisión excepcional, procedente únicamente cuando las circunstancias macroeconómicas del Estado así lo exijan, restricción que de todos modos no se impone de manera automática, sino por decisión autónoma y soberana de los Estados parte y siempre y cuando las medidas que se adopten sean equitativas, no contengan discriminación alguna y consulten el principio de buena fe. El hecho de que dichas medidas deban ser compatibles o estar de acuerdo con los acuerdos del FMI no las hace inconstitucionales per se, pues al ser Colombia Estado parte en el acuerdo constitutivo de dicho fondo —Ley 96 de 1945— y de sus enmiendas, los acuerdos que en desarrollo del mismo se expidan deben estar acordes con los compromisos adquiridos por los Estados parte del estatuto del FMI (20) . Así que la referencia a los acuerdos que hace la norma estudiada, antes que considerarse contraria a la Carta, es reconocimiento de lo pactado en el tratado del cual Colombia es parte, que la obliga a da cumplimiento de las estipulaciones pactadas y a respetar las competencias asignadas por dicho acuerdo.
Del mismo modo, el artículo 8º sobre subrogación se acopla al contexto normativo constitucional. La subrogación de que habla la norma incluye el reconocimiento de un mecanismo del derecho privado que permite que la entidad aseguradora que expide póliza de seguro de inversión se subrogue en los derechos del inversionista con el fin de reclamar los derechos derivados del siniestro. La disposición añade un elemento de seguridad a la inversión al impedir que la extensión de una póliza sobre el capital de inversión se constituya en razón para negar el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes. Para la Corte, dicha medida está acorde con las normas internacionales porque garantiza “los riesgos que implica para cualquier inversionista extranjero ejecutar tales actividades y, de esta manera, lograr incentivar la colocación de capitales foráneos” (21) . Sobre el particular, el tribunal agregó:
“Además, el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del gobierno nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del acuerdo, toda vez que esta figura solo regula las relaciones del inversionista extranjero con su gobierno o con el organismo de derecho internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente” (Sent. C-358/96, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo).
“Una visión integral de la Constitución permite concluir que esta busca, como uno de sus propósitos fundamentales, la resolución pacífica de los conflictos. Para el logro de este objetivo consagra una serie de mecanismos que tienden a desconcentrar la administración de justicia y a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias tales como las jurisdicciones especiales, los jueces de paz, la conciliación o el arbitramento. En razón de la naturaleza de las diferencias que pueden suscitarse con ocasión de las inversiones de que trata el tratado sub examine, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que sea un organismo internacional especializado o un tribunal de arbitraje quien las solucione. Por otra parte, la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales” (Sent. C-379/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
En el artículo 11 el acuerdo dispone el ámbito de aplicación de sus normas. precisa que el mismo regirá para las inversiones hechas antes o después de su entrada en vigor, en un esfuerzo por estimular nuevas inversiones pero también por favorecer las que ya se iniciaron, lo cual en modo alguno contraría la Carta. La Corte ha dicho que se trata de garantías que se otorgan por “los Estados a los inversionistas tanto para iniciar como para mantener la inversión y, además, en términos de seguridad, a idéntico riesgo está sometido el empresario antiguo como el nuevo, de donde resulta que la igualdad real consagrada en el artículo 13 de la Carta se realiza mejor con los términos acordados en la cláusula examinada que con una referencia tajante a las inversiones futuras” (22) .
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1069 de 2006, por la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
(3) Auto A-089 de M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araújo, Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Clara Inés Vargas.
(4) Cfr. las sentencias C-930 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C- de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(5) Sentencia C-(sic) de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(6) M.P. Jaime Córdoba Triviño, SS.VV. Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Uprimny Yepes.
(7) Concluye la Sentencia C-780 de 2004 “… aunque la situación presentada puede considerarse como irregular, en tanto —se repite— el anuncio de que trata el último inciso del artículo 167 (sic) de la Constitución debe ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la Ley aprobada".
(8) De acuerdo con el cálculo presentado por el Gobierno Nacional, la inversión colombiana en España presentó un importante repunte en 2004, lo que le permitió ocupar el noveno lugar en la escala de países que comprometen sus recursos en España.
(9) Ley 245 del 29 de diciembre de 1995.
(11) Sentencia C-379 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(12) Sentencia C-294 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(13) Sent. idem.
(14) Sent. idem
(15) Sentencia C-008 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(16) Ver por ejemplo la Sentencia C-358 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte analiza la constitucionalidad de un convenio de inversión extranjera que establecía la obligatoriedad de indemnización en los casos de nacionalización y expropiación. La Corte declaró la inexequibilidad de dicha cláusula por considerar que era contraria al inciso 5º del artículo 58 de la Carta que permitía la expropiación sin indemnización por razones de equidad. Con el mismo argumento fueron declaradas inexequibles otras cláusulas indemnizatorias en las Sentencia C-379 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-494 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(17) Corte Constitucional, Sentencia C-158 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte analizó las implicaciones del Acto Legislativo 1 de 1999, que excluyó esta forma de expropiación. Por considerar que dicha derogatoria había producido el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente, declaró la inexequibilidad de las expresiones: “Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política”, “de equidad" y “sin indemnización" contenidas en el inciso primero del artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, y la expresión “siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna" del parágrafo del artículo 98 de la Ley 388 de 1997.
(18) MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
(19) Sentencia C-358 de 1996.
(20) Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, artículo I, incorporado al ordenamiento nacional mediante Ley 96 de 1945.
Las dos Enmiendas posteriores: Ley 2º de 1966, y Ley 17 de 1977, introdujeron algunas modificaciones a los fines del FMI. artículo I. Fines. Los fines del Fondo Monetario Internacional son: i) Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institución permanente que constituye un mecanismo de consulta y colaboración en problemas monetarios internacionales. ii) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica. iii) Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes cambiarios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. iv) Coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y a la eliminación de las restricciones cambiarias que entorpezcan la expansión del comercio mundial. v) Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente los recursos generales del Fondo bajo las garantías adecuadas, dándoles así la oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. vi) De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros. El Fondo se guiará en todas sus políticas y decisiones por los fines enunciados en este artículo.
(21) Sentencia C-379 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(22) Sentencia C-358 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.

References: artículo 8
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