Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36641
Timestamp: 2018-01-21 00:23:24+00:00

Document:
Sentencia C-241 de 2009 Corte Constitucional
SENTENCIA C-241/09
Referencia: expediente D-7412
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones".
Demandante: Ramiro Mejía Correa y otros.
Bogotá, D. C., primero (1°) de abril de dos mil nueve (2009)
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Ramiro Mejía Correa, Luís Hernando Llanos Urueña, Ingrid del Pilar Saavedra Rodríguez, Mario Alexander Correa Correa y Omar Ñáñez Camacho solicitaron a esta corporación declarar la inexequibilidad de la expresión "y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes," contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones".
Diario Oficial No 43.357 de 6 de agosto de 1998
"Artículo 55. INTEGRACION AL GRUPO. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo."
Los demandantes formulan dos cargos específicos contra el texto demandado, el primero por su oposición material frente a varios preceptos constitucionales (citan los artículos 13, 29, 88, 228 y 229) y el segundo por las dificultades interpretativas que se causan al comparar la regla demandada con otras disposiciones de la Ley 472 de 1998 que regulan el trámite de la acción de grupo, lo que a su turno afecta el derecho constitucional de acceder a la administración de justicia, de que trata el artículo 229 superior.
Al desarrollar el primer cargo, sostienen los actores que la regla demandada resulta inconstitucional por cuanto, al establecer la imposibilidad de acogerse a lo decidido en la sentencia para aquellas personas cuya acción individual haya prescrito o caducado, impone requisitos nuevos y adicionales para el ejercicio de la acción de grupo. Indica que esta decisión legislativa desconoce el mandato del artículo 88 de la Constitución, por el cual se quiso facilitar el acceso a la justicia de todas las personas individualmente afectadas por un mismo hecho dañoso, a través del ejercicio de una acción de carácter colectivo1. Añade que, por las mismas razones, el precepto demandado sería contrario también a la garantía de libre acceso a la justicia contenida en el artículo 229 de la Constitución Política.
Afirman los demandantes que "la inconstitucionalidad de la norma acusada deviene, en que se le exige a todos los miembros del grupo actuar judicialmente y manifestar su interés individual, es decir, hacerse parte de la acción a efecto de evitar que les prescriba o caduque". Agregan que este hecho viola el artículo 13 de la Constitución Política, ya que distintas personas que se encuentran ante un supuesto análogo (el perjuicio) reciben tratamiento diferente.
En el segundo cargo los demandantes comparan la regla establecida en el segmento normativo acusado con el contenido de otras disposiciones (artículos 46, 48, 53, 55, 56, 65 y 66) de la misma Ley 472 de 1998, a partir de lo cual sostienen que se crea una contradicción interna. En este sentido, y a manera de ejemplo, resaltan los siguientes aspectos: la existencia de una doble caducidad para la acción de grupo (arts. 47 y 55); la regla según la cual el actor representa a todas las personas que hubieren sido individualmente afectadas por el mismo hecho (art. 48, parágrafo); las normas que establecen que únicamente quienes manifiesten su deseo de ser excluidos del grupo estarán al margen de los efectos de la sentencia (arts. 56 y 66); la inclusión como beneficiarios de personas que no hubieren sido expresamente designadas en la demanda (arts. 52 y 53), y las reglas sobre el contenido de la sentencia (art. 65). Reiteran que la regla demandada es la única que marcha en dirección contraria, pues como se observa, todas las demás apuntan a proyectar los efectos del proceso y de la sentencia de tal manera que todas las víctimas del hecho dañoso pueden beneficiarse del proceso promovido por uno de ellos.
Finalmente, informan que en varias ocasiones la Sección Tercera del Consejo de Estado ha decidido inaplicar el segmento normativo demandado a partir de lo previsto en el artículo 4° constitucional, argumentando su inexequibilidad. Explican que las razones que el juez contencioso administrativo ha tenido para llegar a esa conclusión se refieren, de una parte, a que esta regla es contraria al propósito del artículo 88 constitucional, y de otra, a las contradicciones existentes entre su contenido y el de varias de las otras normas de la Ley 472 de 1998, citadas en el párrafo anterior.
4.1. Del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Añade que el precepto demandado es violatorio del debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional, ya que "El debido proceso es aquel que permite realmente la defensa o garantía del derecho para el cual el mismo proceso está establecido", cosa que en su concepto no ocurre con esta norma.
4.2. De la Universidad Externado de Colombia
Este interviniente presenta citas tanto de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente como de pronunciamientos de esta corporación2 para resaltar las finalidades que la Constitución Política le atribuyó a las acciones de grupo, y que en su concepto se sintetizan en, de una parte, garantizar el acceso a la administración de justicia, y de otra, contribuir a la economía procesal.
En concepto Nº 4639 recibido en la Secretaría General de esta corporación el día 27 de octubre de 2008, el entonces Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el segmento normativo demandado.
Después de hacer un resumen de los argumentos planteados por los demandantes, el Procurador entra a examinar la posible existencia de cosa juzgada en relación con el precepto demandado y los cargos planteados3, concluyendo que dicho efecto es sólo aparente, por lo que no existe impedimento real para que la Corte entre a pronunciarse de fondo en relación con esta demanda.
2. Los problemas jurídicos que deberán dilucidarse
De otra parte, tampoco considera la Corte que en razón a las divergencias explicadas en la demanda fuere necesario realizar integración normativa entre el segmento acusado y otras disposiciones de la Ley 472 de 1998 de la cual aquél hace parte, ya que frente al sentido suficientemente esclarecido de la regla aquí cuestionada y su posible inexequibilidad, de ningún modo resultaría necesario extender tales efectos a otras disposiciones de la misma ley.
Como ya se mencionó, la Corte ha conocido previamente de otras demandas dirigidas contra el artículo 55 aquí parcialmente demandado, concretamente las que fueron resueltas mediante los fallos C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-1062 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-735 de 2008 (M. P. Mauricio González Cuervo).
En la primera de estas sentencias la Corte se pronunció sobre el texto de todo el artículo 55, sin plantear precisión en relación con el alcance del efecto de cosa juzgada resultante. Sin embargo, consultado el contenido de dicha providencia, queda claro que en esa oportunidad el cargo formulado se refirió únicamente a la eventual vulneración del debido proceso que pudiera resultar del hecho de que fuera posible beneficiarse del efecto de la sentencia estimatoria una vez proferida ésta sin haber intervenido en el proceso antecedente, situación que fue encontrada conforme a la Constitución.
De lo anterior queda claro que si bien la demanda se dirigió contra la totalidad del texto del artículo 55 y que esta corporación no dejó salvedades acerca del alcance del efecto de cosa juzgada, éste es absoluto apenas en apariencia4, puesto que el análisis efectuado por la Corte estuvo claramente limitado a confrontar la regla antes referida con el derecho al debido proceso de la parte demandada, la cual debe aceptar la tardía aparición de integrantes del grupo que no se hicieron presentes durante el desarrollo del respectivo proceso. Por lo tanto, es claro para la Corte que no existe en este caso efecto de cosa juzgada derivado de la ya citada sentencia C-215 de 1999, frente a lo que ahora se demanda.
Por su parte, el pronunciamiento contenido en la sentencia C-1062 de 2000 en relación con la norma demandada estuvo limitado a la exequibilidad de la expresión "derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos", sin referirse en modo alguno al segmento ahora demandado, por lo que tampoco existe efecto de cosa juzgada, generado por ese fallo, que impida el pronunciamiento que ahora corresponde adoptar a la Corte.
Desde la expedición de la Ley 472 de 1998, el concepto y finalidades de la acción de grupo han sido estudiados y esclarecidos en importantes y sucesivos pronunciamientos de esta corporación, varios de los cuales fueron reseñados por los actores y por los intervinientes dentro de este proceso. Entre los principales cabe destacar las sentencias C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-1062 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes), C-116 de 2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y, más recientemente, T-191 de 2009 (M. P. Luís Ernesto Vargas Silva).
Dentro de esta perspectiva, la Constitución en su artículo 88 ordenó al legislador regular "las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares". De la lectura de este texto superior se desprende entonces que la existencia y procedibilidad de la acción de grupo supone, para cada una de las personas afectadas por el hecho dañoso, el ofrecimiento de una vía procesal alternativa, especialmente clara y expedita, a través de la cual pueden buscar el reconocimiento y efectividad de la responsabilidad que la ley establece en cabeza del autor de dicho hecho jurídico generador del daño, en circunstancias presumiblemente más ventajosas que aquellas que rodearían el ejercicio de la acción individual. Sin embargo es claro, puesto que así lo quiso el mismo Constituyente, que la sola existencia de la acción de grupo y su procedencia frente al caso concreto, están llamadas a facilitar el acceso a la administración de justicia en comparación a las posibilidades existentes en ausencia de esta acción, y en ningún caso a entrabarlo o dificultarlo.
En esta línea quedó establecida entonces, no sólo la potestad, sino la necesidad de que el legislador regulara los aspectos procesales requeridos para la efectividad de las acciones que la doctrina denomina acciones de grupo, encargo que sólo vino a cumplirse en 1998 con la expedición de la Ley 472 de ese año. Sin embargo, vista la especial finalidad con que la norma superior contempló la existencia de este tipo de acciones, es importante resaltar que el contenido de la regulación que para el efecto se expida debe necesariamente definirse de forma tal que favorezca el ejercicio y efectividad de dichas acciones, siendo entonces constitucionalmente cuestionable que dicha regulación pueda en cambio restringir el derecho de las personas interesadas en obtener la indemnización de los daños causados en estas especiales circunstancias. Ese importante principio fue ampliamente relievado por esta Corte en la ya citada sentencia C-569 de 2004.
En cumplimiento del referido mandato superior, la Ley 472 de 1998 al desarrollar el trámite de las acciones de grupo estableció reglas y principios claramente encaminados a facilitar su ejercicio, entre los cuales pueden destacarse: i) la facultad que se atribuye al Defensor del Pueblo o los personeros para dar inicio al trámite de la acción5; ii) la regla según la cual quien actúe como demandante representa a todas las demás personas que hubieren sido afectadas por los mismos hechos vulnerantes6; iii) la posibilidad de acudir al proceso una vez que éste se ha iniciado gracias a la demanda iniciada por otra persona7; iv) la opción de solicitar ser excluido del grupo en caso de preferir el ejercicio de las acciones individuales, evento en el cual los efectos de la sentencia no serán oponibles a dicha persona8; v) la procedencia de medidas cautelares en los mismos casos que en los procesos civiles ordinarios9; vi) la posibilidad de interponer, contra la decisión final, los recursos de apelación, casación y/o revisión10; vii) en general, la celeridad que caracteriza este tipo de procesos11.
Así por ejemplo, la sentencia C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez) declaró inexequible la regla contenida en el artículo 70 de la Ley 472 de 1998, según la cual las indemnizaciones que no hubieren sido reclamadas por sus beneficiarios dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia que las hubiere ordenado ingresan definitivamente al patrimonio del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. La Corte consideró que esa norma vulneraba el derecho a la propiedad privada garantizado por el artículo 58 superior, además de lo cual resultaba restrictiva frente a la regla existente con respecto a este mismo tema para el caso de ejercerse las acciones ordinarias, razones por las cuales ese precepto fue retirado del orden jurídico.
Algunos años después, mediante la sentencia C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes) esta corporación declaró inexequibles dos expresiones de idéntico contenido12 que hacían parte de los artículos 3° y 46 del mismo estatuto (Ley 472 de 1998), las cuales permitían que para el ejercicio de la acción de grupo el juez pudiera exigir que se acreditara la existencia del grupo titular de la acción con anterioridad a la fecha de los hechos dañosos. En este caso la Corte anotó que la ambigüedad del texto de las expresiones acusadas y su carácter aparentemente repetitivo dejaba espacio suficiente para que el juez que conociera de la acción planteara esta inusual exigencia, esencialmente contraria al sentido de la acción de grupo y en muchos casos de imposible cumplimiento, frustrándose así en buen número de situaciones la posibilidad de ejercer esta acción y beneficiarse de las ventajas que le son propias13. Por tales motivos esta corporación consideró que ese requisito resultaba contrario al principio de igualdad en el acceso a la administración de justicia.
En fecha más cercana, el fallo C-116 de 2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) declaró la exequibilidad condicionada de un inciso del mismo artículo 46, concretamente el que exige que el grupo habilitado para iniciar esta acción esté compuesto al menos por veinte (20) personas. En este caso la Corte planteó una distinción según la cual, una cosa es la conformación mínima del grupo perjudicado, a efectos de justificar el uso de este particular mecanismo procesal, frente a lo cual resulta razonable el número establecido para el caso por el legislador, pero otra es la exigencia de que al presentarse la demanda concurran y otorguen poder un mínimo de veinte personas. También en este caso la Corte entendió que esta última exigencia resultaría desproporcionada y contraria al texto constitucional, pues ella sin duda entrabaría la posibilidad de que las personas perjudicadas pudieran acudir a este mecanismo procesal, desvaneciéndose así la posibilidad de aprovechar sus beneficios, contrario a lo querido por el Constituyente.
La Corte ha emitido también importantes pronunciamientos sobre el tema en sede de tutela, dentro de los cuales se destaca la muy reciente sentencia T-191 de 2009 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), en la que esta corporación analizó in extenso el tema de la caducidad de la acción de grupo y las reglas aplicables, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, a la contabilización de dicho término. En este pronunciamiento la Corte destacó también las diferencias existentes entre la caducidad de la acción de grupo, sobre la cual hizo algunas precisiones, y la de las acciones indemnizatorias individuales.
5.1. El precepto demandado es contrario al propósito que conforme a la Constitución Política tienen las acciones de grupo
Como quedó dicho, el principal objetivo que animó al Constituyente de 1991 a establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico las acciones de grupo fue el de facilitar el acceso a la administración de justicia y el más eficiente funcionamiento de ésta frente a situaciones en las que a partir de la ocurrencia de un único hecho dañoso, un número considerable de personas tienen derecho a reclamar de un mismo sujeto sendas indemnizaciones.
En todo caso, es preciso reconocer que resulta factible entender la intención de la norma, que como ocurre con todas las demás disposiciones legales vigentes sobre caducidad o prescripción de las acciones judiciales, no es otra que procurar el pronto y oportuno logro de la seguridad jurídica, estimulando al titular del derecho a actuar de manera diligente, so pena de que en vista de su desinterés, aquél pueda considerarse extinguido. Tal como es absolutamente claro en la jurisprudencia constitucional, esta finalidad no es en sí misma opuesta en modo alguno a los mandatos superiores, sino por el contrario, claramente válida y concordante con ellos14.
5.2. La regla acusada restringe el acceso a la administración de justicia, propicia una situación discriminatoria contraria al derecho a la igualdad y afecta el debido proceso de los perjudicados por el hecho dañoso
De las observaciones hechas en el punto anterior se desprende que existe fundamento suficiente para declarar la inexequibilidad del precepto acusado. Sin embargo, en este caso la Corte considera importante examinar si aquél resulta también contrario al derecho de acceder a la administración de justicia, al debido proceso y al derecho a la igualdad, tal como lo postulan los actores.
Según lo ha definido la jurisprudencia constitucional, el derecho de acceder a la administración de justicia de que trata el artículo 229 superior es fundamental15, presentando diversas facetas y aplicaciones.
"Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado múltiple. Entre otros, comprende contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso, que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres, que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. Este derecho se garantiza también a través del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos."
Cosa distinta ocurre cuando, como en el presente caso, se trata de mecanismos de acceso a la justicia expresamente contemplados por el texto constitucional. En estos casos, debe entenderse que la autonomía legislativa en relación con el desarrollo normativo de esos mecanismos se encuentra limitada en la forma explicada en el acápite anterior, puesto que las cámaras no pueden, so pretexto de esa facultad, legislar en forma tal que se entorpezca o se restrinja el libre ejercicio de aquéllos, sino únicamente de manera que las normas legales promuevan y favorezcan el uso eficiente de las respectivas acciones, en los eventos para los cuales las diseñó la Constitución Política.
De otra parte, en relación con este aspecto resulta sin duda pertinente traer a colación algunas de las reflexiones vertidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado a las que hicieron alusión tanto los actores como varios de los intervinientes. Sobre el particular ha señalado esa corporación16, que en repetidas ocasiones ha resuelto inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad, la norma aquí demandada:
"Encuentra la Sala que en oposición al contenido de todas estas normas, cuando se regula el derecho de quienes no intervinieron en el proceso, de acogerse a los efectos favorables de la sentencia, el aparte ‘y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado’ del artículo 55 de la ley 472 impide efectivamente hacer uso de ese derecho. La frase señalada es abiertamente incompatible con la Constitución, pues una simple lectura del texto basta para advertir la oposición flagrante al mandato constitucional contenido en el artículo 229, por lo que el juzgador cuando se enfrenta a este precepto debe optar por inaplicarlo.
El segmento normativo arriba indicado del artículo 55 de la ley 472 impide el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), por cuanto mientras el texto de la ley en perfecta simetría con la Constitución está encaminado a evitar el ejercicio de acciones indemnizatorias individuales, cuando ya se ha intentado la de grupo, a menos que se logre la exclusión, en el aparte que se analiza se impide a quienes no se hicieron parte en el curso del proceso, obtener la indemnización de perjuicios a que la sentencia condenó en su favor, con el argumento de que la reclamación debe hacerse dentro de su propio término de caducidad o prescripción, a pesar de que no depende del afectado la determinación del momento en el cual se produce la sentencia, en otra palabras la determinación del momento para acogerse a los efectos de la sentencia. Ello depende de factores externos tales como la congestión propia de la función judicial que impide el cumplimiento de los términos judiciales.
En tal virtud, la ruptura entre el aparte destacado del artículo 55 de la ley 472 de 1998 y el artículo 229 Constitucional es, a juicio de la Sala, ostensible, por lo que no se tiene camino distinto que optar por la disposición constitucional, en acato a la regla prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, el cual ordena la aplicación constitucional preferente aún frente a disposiciones imperativas, como en el caso sometido a estudio de la Sala, cuando quiera que éstas resulten incompatibles con la Carta." (No está en negrillas en el texto original).
DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión "y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes,", contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
1 Sobre la imposibilidad de establecer requisitos adicionales para el ejercicio de estas acciones los demandantes citan la sentencia C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes).
2 Cita las sentencias C-215 de 1999 y C-569 de 2004.
3 Se refiere particularmente a las ya citadas sentencias C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez) y C-1062 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
4 Sobre el concepto de cosa juzgada absoluta aparente se ha pronunciado la Corte, entre otras, en las sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000, C-415 de 2002 y C-931 de 2008.
5 Cfr. artículo 48 de la Ley 472 de 1998.
6 Parágrafo del artículo 48 ibídem.
7 Art. 55 ibídem.
8 Art. 56 ibídem.
9 Arts. 58 y siguientes.
10 Art. 67.
11 Arts. 53, 56, 61, 64 y 67 entre otros
12 El texto de estos dos segmentos normativos establecía: "Las condiciones uniformes deberán tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad".
13 Dentro de la parte considerativa de esta sentencia se registró el hecho de que, de manera reiterada aunque no unánime, varios pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado exigieron la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad de esta acción, y además, que la razón de esta exigencia era la necesidad de atribuir algún efecto útil a las dos disposiciones que por esta sentencia fueron declaradas inexequibles, las cuales, de no ser por esta específica consecuencia, parecerían sobrantes y repetitivas, respecto de la regla definitoria de los elementos de la acción de grupo, contenida en la parte inicial de los mismos artículos 3° y 46 de la Ley 472 de 1998 allí demandados.
14 Cfr. en relación con este aspecto, entre otras, las sentencias C-072 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-381 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-298 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-570 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-835 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería).
15 Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-006 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-1027 de 2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-114 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
16 Sentencia de octubre 6 de 2005 (C. P. Ruth Stella Correa Palacio), postura reiterada en posteriores pronunciamientos, particularmente la sentencia de agosto 15 de 2007 con ponencia de la misma Consejera.

References: artículo 55
 artículo 88
 artículo 241
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 229
 artículo 88
 artículo 229
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 29
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 70
 artículo 58
 artículo 46
 artículo 229
 resolución 
 artículo 55
 artículo 229
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 229
 artículo 4
 artículo 55
 artículo 48
 artículo 48