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Timestamp: 2019-10-24 00:42:12+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 1507 DE 2001
RESOLUCIÓN 1507 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS, DE MODO QUE SE REVELEN Y ESTABLEZCAN LAS CONTINGENCIAS DE PÉRDIDA DE SU VALOR Y QUE DICHO ACTIVO SE REGISTRE DE ACUERDO CON SU REALIDAD ECONÓMICA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1182 DE ENERO 15 DE 2002, PG.1458
BOLETÍN N°:44631 DE NOVIEMBRE 30 DE 2001
RESOLUCIÓN 1507 DE 2001
"Por la cual se establecen los criterios para la evaluación, clasificación y calificación y el régimen de provisiones de la cartera de créditos de las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen operaciones activas de crédito y se dictan otras disposiciones".
en uso de las atribuciones conferidas por los numerales 2º, 3º y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y por el numeral 3º del artículo 8º del Decreto 1401 del 28 de julio de 1999, y
Que corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplir las disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación;
Que concierne a la Superintendencia de la Economía Solidaria fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia;
Que compete a la Superintendencia de la Economía Solidaria establecer los reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales que las entidades sometidas a su supervisión deben presentar, así como solicitar a las mismas cualquier información de naturaleza jurídica, administrativa, contable o financiera sobre el desarrollo de sus actividades;
Que esta superintendencia considera necesario establecer los requisitos para la evaluación, clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica,
ART. 1º—Operaciones activas de crédito. Las operaciones activas de crédito que, en desarrollo de su objeto social, realicen las entidades objeto de la presente resolución, deberán contener como mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al deudor potencial antes de que éste firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos de la entidad.
1.1. Monto del crédito
1.2. Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en términos efectivos anuales.
1.3. Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc.
1.4. Modalidad de la cuota (fija, variable, otras).
1.5. Forma de pago (descuento por nómina, otras).
1.6. Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada).
1.7. Tipo y cobertura de la garantía.
1.8. Condiciones de prepago.
1.9. Comisiones y recargos que se aplicarán.
1.10. Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización donde se establezcan los pagos correspondientes a amortización de capital y pago de intereses.
1.11. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio.
PAR. 1º—Estas operaciones deberán contar con un estudio de crédito previo, de acuerdo con lo establecido en el respectivo reglamento de crédito.
PAR. 2º—Las cooperativas con actividad financiera deberán dejar constancia, en las respectivas actas, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1997 y en el Decreto 2360 de 1993, así como en las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, sobre el cumplimiento de los límites a los cupos individuales de crédito y a la concentración de operaciones.
PAR. 3º—No se incluye, para efectos de la presente resolución, la cartera proveniente de ventas de bienes y servicios realizadas por las entidades vigiladas.
ART. 2º—Criterios mínimos que se tendrán en cuenta para el otorgamiento de créditos. Las entidades vigiladas a que se refiere la presente resolución, deberán observar como mínimo y, obligatoriamente, los siguientes criterios para el otorgamiento de créditos:
2.1. (Modificado).* Capacidad de pago, ingresos y egresos del deudor y flujo de caja del proyecto a financiar. En consecuencia, los planes de amortización deberán consultar estos elementos.
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 1º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
2.2. Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto.
2.3. Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías.
2.4. (Modificado).* Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes de que disponga la entidad vigilada. No obstante, a criterio del órgano competente, podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo las operaciones activas de crédito inferiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 1º—Para el otorgamiento de créditos garantizados con hipoteca se deberá obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnica idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda la vida, podrá ser puntualmente atendido y estará suficientemente garantizado.
PAR. 2º—Todas las referencias que en la presente resolución se hagan al deudor, se deben entender igualmente realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito.
PAR. 3º—Las entidades a que se refiere esta resolución establecerán las políticas de crédito y cartera en reglamentos expedidos por el consejo de administración o la junta directiva, según el caso. Así mismo, estos órganos definirán los estamentos competentes para la aprobación de créditos, reestructuraciones y demás decisiones inherentes al manejo de la cartera de créditos, fijando para cada uno de ellos las atribuciones, de acuerdo con la ley y los estatutos.
PAR. 4º—*(Nota: Adicionado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 3º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 2º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
ART. 3º—Clasificación de la cartera de créditos. Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre otros, la cartera de créditos se clasificará en consumo, vivienda, microcrédito y comercial.
3.1. Créditos de consumo
3.2. (Modificado).* Créditos de vivienda
Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales, destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual, independientemente de la cuantía y amparadas con garantía hipotecaria. Para el otorgamiento de estas operaciones se observará lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias.
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 4º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
3.3. (Modificado).* Microcréditos
Se entiende como microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 5º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
3.4. Créditos comerciales
Se entienden como créditos comerciales las operaciones activas de crédito distintas de aquellas que deban clasificarse como créditos de consumo, vivienda o microcréditos.
PAR. 1º— Para efectos de la clasificación de los créditos, se deberá considerar el monto aprobado por la entidad, independientemente de los desembolsos efectuados.
PAR. 2º—Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación.
PAR. 3º—Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, las entidades de que trata la presente resolución deberán clasificarla a su vez, según la naturaleza de las garantías que las amparan (garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo dispuesto sobre el particular en el Decreto 2360 de 1993 y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
PAR. 4º—Los créditos vigentes a la fecha de la presente resolución, así como los nuevos que se otorguen a partir de la misma, deberán estar clasificados de conformidad con las reglas previstas en este artículo, a más tardar el 31 de marzo de 2002.
ART. 4º—(Modificado).* Evaluación de la cartera de créditos. Las entidades vigiladas a que se refiere la presente resolución, deberán evaluar permanentemente el riesgo de su cartera de créditos, de acuerdo con los criterios del artículo 5º, de la presente resolución, introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas calificaciones y provisiones cuando haya nuevos análisis o información que justifique dichos cambios. En los siguientes casos, la periodicidad con la que debe hacerse esta evaluación y eventual recalificación será obligatoria:
4.1. La evaluación del riesgo crediticio de los créditos que incurran en mora de más de 30 días después de haber sido reestructurados.
4.2. En el caso de los créditos cuyo monto aprobado sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las entidades deberán efectuar las evaluaciones, como mínimo en el mes de noviembre, y sus resultados se registrarán al cierre del mes de diciembre.
4.3. En el caso de los créditos cuyo monto aprobado exceda los ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las entidades deberán efectuar las evaluaciones, como mínimo en los meses de mayo y noviembre, y sus resultados se registrarán al cierre de los meses de junio y diciembre, respectivamente.
4.4. Las entidades que ejercen actividad financiera sometidas a vigilancia especial o a cualquiera otra medida cautelar, deberán efectuar una evaluación total de créditos cuyo monto aprobado exceda ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año y sus resultados se registrarán al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente.
PAR. 1º—Las entidades de que trata la presente resolución deberán mantener a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante la vigencia de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios de la calificación de un deudor a una de menor riesgo.
Si los resultados del cambio en la calificación dieran lugar a provisiones adicionales, éstas deberán hacerse de manera inmediata.
PAR. 2º—Las evaluaciones de la cartera de créditos deberán presentarse a la siguiente reunión del consejo de administración o junta directiva, según el caso.
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 6º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
ART. 5º—Criterios de evaluación. Las entidades a que se refiere la presente resolución evaluarán la cartera de créditos con base en los siguientes criterios:
5.1. (Modificado).* Capacidad de pago, ingresos y egresos del deudor y flujo de caja del proyecto a financiar, considerando las condiciones del crédito (plazo, períodos de pago, otros), de conformidad con información financiera actualizada y documentada.
*(Nota: Modificado por la Resolución 1152 de 2002 artículo 7º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
5.2. Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto.
5.3. Naturaleza, liquidez, cobertura, y valor de las garantías, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.
Las garantías que respaldan una operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago. En este sentido, son fundamentales para determinar el nivel de las provisiones, pero no se deben tener en cuenta para calificar los créditos.
*(Nota: Modificado el inciso primero por la Resolución 1152 de 2002 artículo 8º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
5.4. Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier otro).
5.5. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación.
5.6. Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes de que disponga la entidad vigilada, en los mismos términos del numeral 2.4. del artículo 2º de la presente resolución.
ART. 6º—Reportes a la Superintendencia de la Economía Solidaria de las evaluaciones de cartera. Los resultados de las evaluaciones efectuadas se informarán a la Superintendencia de la Economía Solidaria en el reporte siguiente al de su registro, según corresponda, de acuerdo con los cortes establecidos en el artículo 4º de la presente resolución y de conformidad con los formatos que para tal efecto diseñe esta entidad.
ART. 7º—Calificación de los créditos por nivel de riesgo.
Las entidades de que trata la presente resolución calificarán los créditos, en las siguientes categorías:
– Categoría A o “riesgo normal”
– Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”
– Categoría C o “riesgo apreciable”
– Categoría D o “riesgo significativo”
– Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”
De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se calificará, obligatoriamente, de la siguiente manera:
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito
Categoría A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días
Categoría B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31- 60 días
Categoría C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días
Categoría D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días
Categoría E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días
No obstante lo anterior, podrán utilizarse criterios adicionales para la calificación tales como capacidad de pago del deudor y flujo de caja del proyecto, de tal suerte que si la probabilidad de recaudo es dudosa, el crédito se calificará en una categoría de mayor riesgo.
PAR.—Los créditos vigentes a la fecha de la presente resolución, así como los nuevos que se otorguen a partir de la misma, deberán estar calificados de conformidad con las reglas previstas en este artículo, a más tardar el 31 de marzo de 2002.
ART. 8º—Control por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sin perjuicio de las sanciones personales e institucionales a que haya lugar, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá revisar las clasificaciones, calificaciones y provisiones que, de acuerdo con las normas previstas en esta resolución, realice cada una de las entidades, ordenando, si es el caso, modificaciones cuando constate la inobservancia de lo aquí previsto.
Igualmente, para las cooperativas que ejercen actividad financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá ordenar recalificaciones de la cartera de créditos para un sector económico, zona geográfica o para un deudor o conjunto de deudores cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.
PAR.—Las entidades objeto de la presente resolución podrán trasladar, cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria así lo autorice, a categorías de menor riesgo, los créditos revisados por esta entidad, cuando haya razones que lo justifiquen.
ART. 9º—(Modificado).* Regla de arrastre. Cuando una entidad de que trata la presente resolución califique en B, C, D o en E cualquiera de los créditos de un mismo deudor, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor, salvo que demuestre a la Superintendencia de la Economía Solidaria la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo, para efectos del arrastre, las obligaciones crediticias al día y garantizadas como mínimo en un 150% con los aportes sociales del deudor, siempre que la entidad acreedora no registre pérdidas acumuladas, ni pérdidas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación de solvencia exigida.
*(Nota: Modificado el inciso primero por la Resolución 1152 de 2002 artículo 9º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
ART. 10.—Suspensión de causación de intereses, e ingresos por otros conceptos. En todos los casos, cuando se califique en C, o en otra categoría de mayor riesgo un crédito, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden.
ART. 11.—Provisiones. Las entidades objeto de la presente resolución deberán constituir provisiones con cargo al estado de resultados, así:
11.1. Provisión general
Las entidades deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. No obstante, el total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectúe a través de libranza, tendrá una provisión general equivalente al 0.5%.
Las entidades podrán optar por constituir una reserva, con cargo a los excedentes cooperativos, creada por la asamblea general únicamente para este propósito, esto es, para la protección de la cartera de créditos. En este evento, la sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá alcanzar el 1% o el 0.5%, según corresponda. Si la entidad no produce excedentes, se deberá constituir la provisión con cargo al estado de resultados. Esta reserva podrá ser incrementada con cargo al estado de resultados y sólo podrá ser disminuida por decisión de la asamblea general.
Dicha provisión y/o reserva podrá ser superior si así lo aprueba la asamblea general de la respectiva entidad. En este último caso, por decisión de la misma asamblea, de la provisión se podrá destinar una parte a las provisiones individuales que resulte necesario hacer de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
Esta provisión y/o reserva deberá estar totalmente constituida transcurridos tres (3) años a partir del 31 de marzo de 2002, esto es, al 31 de marzo de 2005. Para este efecto, mensualmente y a partir del corte del mes de abril de 2002, las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente.
Para determinar el valor de la alícuota mensual se aplicará la siguiente fórmula:
(1% de la cartera bruta sin libranza + 0.5% de la cartera bruta con libranza)
al cierre del mes respectivo (menos) provisión general acumulada y/o reserva
Número de meses restantes
11.2. Provisión individual.
Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las entidades de que trata la presente resolución deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) no inferior a los porcentajes siguientes:
Días Provisión Días Provisión Días Provisión Días Provisión
Categoría A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0%
Categoría B 31-90 1% 31-60 1% 61-150 1% 31-60 1%
Categoría C 91-180 20% 61-90 10% 151-360 10% 61-90 20%
Categoría D 181-360 50% 91-180 20% 361-540 20% 91-120 50%
Categoría E >360 100% 181-360 50% 541-720 30% >120 100%
>360 100% 721-1080 60%
>1080 100%
Sólo en el caso en que las entidades registren excedentes acumulados y excedentes en el ejercicio en curso, al corte del mes inmediatamente anterior, estas provisiones se constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación, descontando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor al momento de efectuar la provisión. En el evento que el deudor tenga más de una obligación con la entidad, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional al saldo insoluto de cada uno de los créditos.
*(Nota: Modificado el inciso segundo por la Resolución 1152 de 2002 artículo 10º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
11.3. Provisión por cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito
En la misma oportunidad en que, de acuerdo con el artículo 10 de la presente resolución, se deba suspender la causación de intereses e ingresos por otros conceptos en el estado de resultados, se provisionará la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a estos conceptos.
1.1.4. Normas aplicables a los créditos vigentes y gradualidalidad en la aplicación de las provisiones individuales y cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito.
Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, a 31 de diciembre del año 2001 deberán tener registrado en sus estados financieros el valor total de las provisiones de la cartera de créditos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3855 de diciembre de 1993 expedida por el Dancoop, la cual, para todos los efectos legales, pierde vigencia a partir del 1º de enero de 2002. El cumplimiento de lo aquí previsto debe ser certificado por el revisor fiscal de la entidad vigilada en el dictamen correspondiente.
Las entidades a que se refiere esta resolución deberán tener totalmente constituida la provisión individual resultante de la aplicación de la presente resolución, transcurridos tres años a partir del 31 de marzo de 2002, es decir, a 31 de marzo de 2005. Para este efecto, mensualmente y a partir del corte del mes de abril de 2002, las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente.
Provisión individual requerida al cierre del mes respectivo
(menos) provisión individual acumulada
Las cooperativas que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, en el evento en que pasen a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y presenten exceso en la provisión de acuerdo con lo previsto en la presente resolución, podrán hacer las reversiones correspondientes con el propósito de ajustarse a lo aquí establecido, sin que para ellas se aplique la gradualidad a que se refiere este artículo. De presentarse algún defecto, deberán ajustarse a lo previsto en la presente resolución dentro del plazo establecido en el presente numeral.
ART. 12.—Efecto de las garantías sobre las provisiones. Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías admisibles definidas en los artículos 3º y 4º del Decreto 2360 de 1993, excluidos los aportes sociales, se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.
No obstante, dependiendo de que la garantía sea o no hipotecaria y del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera:
12.1. Para garantías admisibles no hipotecarias
Tiempo de mora del crédito Porcentaje del valor de la garantía que se aplica
De cero (0) a doce (12) meses 70%
Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50%
Más de veinticuatro (24) meses 0%
12.2. Para garantías hipotecarias
De cero (0) a dieciocho (18) meses 70%
Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50%
Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30%
Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15%
Más de treinta y seis (36) meses 0%
12.3. Valor de la garantía admisible, cuando consista en hipoteca o prenda
Para establecer el valor de la garantía a efectos de lo previsto en el presente artículo, independientemente de la modalidad del crédito que esté garantizando, se tomará en cuenta su valor de mercado con base en un avalúo realizado máximo con un año de anterioridad, para los créditos otorgados antes del 31 de diciembre de 2001.
Para las garantías de nuevos créditos, esto es, los otorgados a partir del 1º de enero de 2002, el valor de mercado inicial será el del avalúo del bien dado en garantía al momento del otorgamiento del crédito.
En ambos casos, el valor del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al de un nuevo avalúo.
*(Nota: Modificado el inciso segundo por la Resolución 1152 de 2002 artículo 11º de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
12.4. Valor de la garantía admisible, cuando sea distinta de hipoteca o prenda
Para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente artículo, deberá determinarse su valor de realización, por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización.
12.5. Tratamiento y efecto de los bienes recibidos en dación en pago, sobre las provisiones
Deberán constituirse provisiones individuales sobre toda clase de bienes recibidos en dación en pago, a partir de la recepción del bien, de la siguiente manera:
12.5.1. Si se trata de un bien inmueble no destinado a vivienda, deberá constituirse una provisión equivalente al 40% del valor comercial del inmueble.
Si se trata de un bien inmueble destinado a vivienda deberá constituirse una provisión equivalente al 30% del valor comercial del inmueble.
Los bienes inmuebles recibidos en dación en pago registrados a diciembre 31 de 2001, serán provisionados en un término de tres (3) años a partir del 31 de marzo de 2002. Para este efecto, mensualmente y a partir del corte de abril 30 de 2002, las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente de acuerdo con la siguiente fórmula:
(30 ó 40)% del valor de los inmuebles
Para los bienes inmuebles recibidos en dación en pago con posterioridad al 31 de diciembre de 2001 la provisión se hará dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes contados a partir de la fecha de la dación, en alícuotas mensuales iguales.
12.5.2. Si se trata de un bien mueble y su valor comercial al momento de la dación es igual o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse el 100% del valor del bien.
Si el valor comercial del bien mueble no alcanzare a cubrir el saldo insoluto de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de resultados de la entidad y se provisionará el 100% del valor del mueble.
Los bienes muebles recibidos en dación en pago registrados a diciembre 31 de 2001, serán provisionados en un término de veinticuatro (24) meses a partir del 1º de abril de 2002.
Para los bienes muebles recibidos en dación en pago con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, la provisión igualmente se hará dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes contados a partir de la fecha de la dación, en alícuotas mensuales iguales.
12.5.3. Los bienes recibidos en dación en pago deberán enajenarse dentro de los dos (2) años siguientes la fecha de su recibo, período que podrá ser prorrogado por la Superintendencia de la Economía Solidaria sin que ello signifique una ampliación del plazo para constituir provisiones ni tampoco para reversar las que estuvieren constituidas.
ART. 13.—Reestructuración de créditos. Se entiende por reestructuración de un crédito el mecanismo instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones. Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.
En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos y no pueden convertirse en una práctica generalizada.
13.1. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del proyecto, al momento de la reestructuración.
13.2. Habrá lugar a mantener la calificación previa a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito y el resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración demuestre que las condiciones del deudor así lo amerita.
13.3. Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos reestructurados, sólo cuando el deudor haya atendido puntualmente los dos primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración.
13.4. Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de mayor riesgo, y, en consecuencia, las entidades de que trata la presente resolución deberán hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses en el estado de resultados y otros conceptos, cuando fuere del caso.
13.5. Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden.
13.6. Adicionalmente, las entidades de que trata la presente resolución que convengan con sus deudores la reestructuración de créditos, deberán observar lo siguiente:
– Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de reestructuración.
– En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria, actualización del avalúo de la misma, siempre que el último avalúo tenga más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer su valor de mercado o de realización.
ART. 14.—Control interno. Los reglamentos internos de las entidades objeto de la presente resolución determinarán el área a que corresponda llevar a cabo las evaluaciones de cartera de créditos de que trata esta resolución, y es deber del consejo de administración o junta directiva, según el caso, y del representante legal, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad personal por las mismas.
Los funcionarios responsables de ejecutar las evaluaciones serán designados por el consejo de administración o junta directiva, según el caso, y su nombramiento, así como los cambios posteriores, serán comunicados a la Superintendencia de la Economía Solidaria por el representante legal, dentro de los quince (15) días siguientes, indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión.
ART. 15.—Responsabilidad del revisor fiscal. En desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, corresponderá a éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, debiendo incluir pronunciamiento expreso sobre el particular dentro del dictamen que rinda respecto de los estados financieros a partir del cierre del ejercicio económico de 2002. Así mismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 207, numerales 3º, 5º y 6º del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria las irregularidades que en la aplicación de la presente resolución advierta en el ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean materiales.
ART. 16.—Revelación de la evaluación de la cartera en las notas a los estados financieros.
En las notas a los estados financieros de cada ejercicio contable, a partir de los correspondientes al cierre del ejercicio económico de 2002, deberá revelarse, en forma comparada con el ejercicio inmediatamente anterior (no aplica, para efectos de comparación, para el ejercicio del año 2002) y de manera consolidada, por lo menos lo siguiente:
16.1. Los montos de capital, rendimientos y otros conceptos de los créditos comerciales, de consumo, de vivienda y microcrédito que correspondan a cada una de las calificaciones previstas en esta resolución;
16.2. El valor de las garantías admisibles para cada una de las calificaciones previstas por cada clase de crédito;
16.3. El valor de la totalidad de las provisiones individuales y de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito, discriminadas por cada una de las calificaciones, así como de la provisión general.
16.4. El valor de los créditos reestructurados. La revelación deberá separar, por cada circunstancia en particular, los saldos de capital, rendimientos y otros conceptos, el valor de las garantías admisibles y las provisiones constituidas.
ART. 17.—Acuerdos de reestructuración. Ley 550 de diciembre 30 de 1999. A partir de la fecha en que se inicie la negociación de un acuerdo de reestructuración, las entidades de que trata la presente resolución, acreedoras de la empresa o de la entidad territorial objeto del acuerdo, dejarán de causar intereses sobre los créditos vigentes, pero podrán mantener la calificación que tuvieran dichos créditos en la fecha de iniciación de las negociaciones.
En el evento en que la negociación fracase, los créditos se calificarán en categoría “E”, crédito incobrable.
Desde la formalización de un acuerdo de reestructuración, los créditos nuevos que se otorguen a las empresas o entidades territoriales reestructuradas podrán ser calificados en categoría “A”.
No obstante lo anterior, para efectos de rehabilitar la calificación, y para poder reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones de las acreencias anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, deberán cumplirse las siguientes reglas:
17.1. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple incrementos en el capital o suscripción de bonos de riesgo con recursos nuevos, en cuantía superior al quince por ciento (15%) del total de la deuda vigente de la empresa reestructurada con instituciones financieras y cooperativas a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, las entidades vigiladas podrán reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones, siempre que:
17.1.1. El acuerdo no contemple períodos de gracia superiores a un (1) año para el pago de intereses, ni superiores a tres (3) para la amortización de capital.
17.1.2. El acuerdo hubiere sido negociado a un plazo que no exceda de siete (7) años para lograr la recuperación de la empresa, o de diez (10) cuando se trate de reestructuración de entidades territoriales.
17.1.3. El acuerdo prevea que los intereses se pagarán con una periodicidad mensual, trimestral o, máxima, semestral.
17.1.4. El acuerdo prevea que vencido el período de gracia para el pago de capital, su amortización durante el plazo restante, sea en cuotas iguales o, por lo menos, equivalente al treinta por ciento (30%) durante la primera mitad del plazo. El remanente, es decir, el setenta por ciento (70%), deberá distribuirse en alícuotas proporcionales durante la segunda mitad del plazo.
17.1.5. El acuerdo prevea la admisión por parte de los acreedores, de prepagos totales o parciales, sin sanciones, multas o comisiones por tales prepagos.
Para efectos de lo previsto en el numeral 17.1, se entenderá que son recursos nuevos aquellos que le irriguen capital fresco a la empresa, es decir, que no provengan de capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, o de créditos otorgados a quienes fueren accionistas de la empresa en la fecha de iniciación del acuerdo, directa o indirectamente, por los acreedores de la empresa, salvo que se trate de créditos otorgados con recursos provenientes de líneas de capitalización creadas para este propósito en instituciones financieras de segundo piso.
17.2. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, las entidades objeto de esta resolución podrán, si tales capitalizaciones o conversión de deuda, alcanzaren por lo menos el veinte por ciento (20%) del endeudamiento de la empresa con las instituciones financieras y cooperativas, en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y siempre que el mismo cumpla con lo establecido en el numeral 17.1. anterior, reiniciar la causación de intereses en la fecha de formalización del acuerdo.
Para liberar provisiones se requiere que en desarrollo del acuerdo, la empresa reestructurada haya cancelado a la respectiva entidad acreedora sujeta de esta resolución, por lo menos, el quince por ciento (15%) del capital adeudado a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y haya atendido cumplidamente el pago de los intereses.
17.3. En el evento en que el acuerdo prevea el otorgamiento de prórrogas, períodos de gracia o condonaciones, con las cuales se habilite la capacidad de pago de la empresa o entidad reestructurada, mas no el ingreso de nuevos recursos, la capitalización de acreencias ni su conversión en bonos de riesgo, y siempre que el acuerdo cumpla, en cuanto a plazos y forma de pago, con los requisitos contemplados en el numeral 17.1. de este artículo, las entidades utilizarán, para manejar el crédito reestructurado, vigente a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, contabilidad de caja, es decir, los intereses sólo podrán afectar el estado de resultados de la entidad acreedora en la fecha en que se reciban en dinero.
Cuando el acuerdo se encuentre ejecutado de manera que se haya atendido el pago de los intereses y, por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los pagos a capital, la entidad podrá reiniciar la causación de intereses para el resto del período del acuerdo y reversar las provisiones que tuviere constituidas.
17.4. Cuando los acuerdos de reestructuración se formalicen en condiciones diferentes a las contempladas en el numeral 17.1. de este artículo, las entidades no podrán reiniciar la causación de intereses, ni reversar provisiones, hasta tanto no se hayan cancelado en dinero los intereses del período y, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las acreencias reestructuradas, vigentes en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo.
Cuando los acuerdos de reestructuración contemplen la conversión de parte de la deuda contraída por la entidad reestructurada, en capital o en bonos de riesgo, las entidades contabilizarán dichas acciones o bonos de riesgo como inversiones negociables que deberán venderse a más tardar dentro del año siguiente al plazo previsto para la ejecución del acuerdo.
Las entidades objeto de esta resolución que conviertan acreencias en acciones o en bonos de riesgo (cuasi-capital) en cuantía que supere el quince por ciento (15%) de sus aportes sociales o, cuando capitalicen o conviertan acreencias en bonos de riesgo, en porcentajes que representen más del treinta por ciento (30%) del nuevo capital de la empresa, deberán provisionar el ciento por ciento (100%) del exceso sobre los porcentajes antes mencionados.
Solamente podrán levantarse las provisiones efectuadas sobre acciones o bonos de riesgo en la medida en que tales acciones o bonos se vendan de contado y el dinero ingrese a la respectiva entidad. Si un año después de vencido el plazo del acuerdo de reestructuración aún permanecieren tales acciones o bonos de riesgo en poder de la entidad acreedora, deberán provisionarse en un ciento por ciento (100%) o incrementar la provisión que existiere para dicha inversión hasta llegar al ciento por ciento (100%).
Las entidades acreedoras deberán obtener del comité de vigilancia, del promotor del acuerdo o de la dirección de apoyo fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso de las entidades territoriales, certificaciones trimestrales sobre su cumplimiento, las cuales deberán mantenerse a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en la categoría que tenían antes del acuerdo de reestructuración o en una de mayor riesgo. Las inversiones en la empresa como resultado de la capitalización de acreencias o de la conversión de la misma en bonos de riesgo deberán provisionarse en el porcentaje que correspondería al crédito capitalizado.
Si el incumplimiento fuere de tal naturaleza que llevare a la liquidación de la empresa, las entidades de que trata esta resolución deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en categoría “E”, crédito incobrable. En este caso, adicionalmente deberá provisionarse el ciento por ciento (100%) de las acciones o de los bonos de riesgo representativos de la acreencia capitalizada por la entidad acreedora en el acuerdo de reestructuración.
Si el acuerdo de reestructuración tuviere que renegociarse para dar más plazo o para mejorar las condiciones del deudor, los créditos otorgados al mismo deberán calificarse en una categoría de mayor riesgo.
Cuando en los acuerdos de reestructuración se prevea que las entidades reciban como pago de sus acreencias, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o industriales, tales bienes comenzarán a provisionarse, a partir de los doce (12) meses de la fecha de suscripción del acuerdo, en alícuotas mensuales, durante los treinta y seis (36) meses siguientes y hasta por el setenta por ciento (70%) de su valor si se trata de inmuebles destinados a vivienda y durante los veinticuatro (24) meses siguientes y hasta por el ochenta por ciento (80%) de su valor si se trata de otro tipo de inmueble.
En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encontraren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada incluidos capital, intereses y otros conceptos, al igual que los intereses que se generen en el futuro por estos conceptos, se contabilizarán como abono diferido y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.
ART. 18.—Castigos. Las entidades de que trata la presente resolución deberán presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria una relación de los castigos de cartera de créditos que hayan sido debidamente aprobados por el consejo de administración o junta directiva, según se trate.
En dicha relación deberán distinguirse, en capítulo separado, los castigos autorizados respecto de obligaciones a cargo de representantes legales, miembros de consejo de administración, junta directiva, junta de vigilancia, comité de control social, otros administradores, y aquellos que correspondan a obligaciones a cargo del cónyuge, compañero permanente, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de éstos.
Dicha relación, suscrita por el representante legal de la entidad, se remitirá junto con los estados financieros en los cuales se efectúe el registro contable correspondiente y deberá acompañarse con los siguientes documentos:
– Copia del acta del consejo de administración o junta directiva donde conste la aprobación de los castigos, según corresponda, y
– Certificación del revisor fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados.
A efectos de solicitar la aprobación del castigo, es necesario que los administradores expongan ante los miembros del consejo de administración o junta directiva, como mínimo lo siguiente:
18.1. Monto de la cartera de créditos a castigar, discriminando las condiciones de cada una de las obligaciones.
18.2. Concepto del representante legal.
18.3. Gestiones realizadas y el procedimiento de reconocido valor técnico tenido en cuenta para considerar las obligaciones crediticias a castigar como incobrables o irrecuperables.
18.4. Concepto jurídico sobre la irrecuperabilidad de la obligación.
PAR.—Es entendido que el castigo de cartera de créditos no libera a los administradores de las responsabilidades a que haya lugar por las decisiones adoptadas en relación con la misma y en modo alguno releva a la entidad respectiva de su obligación de proseguir las gestiones de cobro que sean conducentes.
ART. 19.—La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2001

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