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Timestamp: 2019-01-18 20:51:11+00:00

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﻿ SENTENCIA STC5682-2017/2016-00440 DE ABRIL 27 DE 2017
SENTENCIA STC5682-2017/2016-00440 DE 27 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:ES IMPERATIVA LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE TUTELA CON EL FIN DE CONJURAR LA TRANSGRESIÓN DE LA GARANTÍA SUPERIOR AL DEBIDO PROCESO POR LA PRÁCTICA DE PRUEBAS QUE NO ESTÁN PERMITIDAS. SE ACLARA QUE EN EL EVENTO DE ORDENAR LA PRÁCTICA DE INTERROGATORIOS Y TESTIMONIOS, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES OTORGADAS AL JUEZ DEL CONCURSO, ESPECÍFICAMENTE LAS DE “SOLICITAR U OBTENER, EN LA FORMA QUE ESTIME CONVENIENTE, LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE INSOLVENCIA” Y LAS ATRIBUCIONES “PARA DIRIGIR EL PROCESO Y LOGRAR QUE SE CUMPLAN LAS FINALIDADES DEL MISMO”, NO SE PUEDE OBVIAR QUE EXISTEN UNAS REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL TRÁMITE Y DECISIÓN DE LAS OBJECIONES AL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO, PUESTO QUE LA “ÚNICA PRUEBA ADMISIBLE PARA EL TRÁMITE DE OBJECIONES SERÁ LA DOCUMENTAL, LA CUAL DEBERÁ APORTARSE CON EL ESCRITO DE OBJECIONES O CON EL DE RESPUESTA A LAS MISMAS”, TAL COMO LO DISPONE EL INCISO 5° DEL ARTÍCULO 29 IBÍD., LO QUE CONCUERDA CON LA ORDEN IMPUESTA AL JUEZ DEL CONCURSO DE TENER “COMO PRUEBAS LAS DOCUMENTALES APORTADAS POR LAS PARTES” PARA RESOLVER LAS OBJECIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ DE TUTELA, PRUEBA A PETICIÓN DE PARTE, PRUEBA DOCUMENTAL, CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Sentencia STC5682-2017 de abril 27 de 2017
Radicación 13001-22-13-000-2016-00440-02(1) (Aprobado en sesión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete)
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el diez de marzo de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en las acciones de tutela promovidas por Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés contra la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena, actuación a la que se ordenó vincular a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, Inversiones Alcaluz SAS, Leasing Bancolombia S.A., la sucesión de Mauricio Álzate (q.e.p.d.), y los ciudadanos Álvaro Rainero Aldana Aldana, Alberto Márquez Arias, David Castillo Baute, Miguel Castillo Baute, Jairo de Jesús Álzate Murillo y Andrés Eduardo Rosales Ucross.
Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que estiman vulnerados por la autoridad pública acusada al resolver desfavorablemente las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, y la negativa a suspender el trámite de ese asunto mientras el superior se pronuncia frente a la recusación, dentro del proceso de reorganización de Álvaro Rainero Aldana Aldana adelantada ante la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena.
En consecuencia, pretenden que por esta vía se conceda el resguardo deprecado, se revoquen los autos que resolvieron las objeciones y la recusación, y se reconozca el valor del crédito en la suma de $ 1.353.000.000,oo, junto con sus intereses, y garantía hipotecaria abierta y sin límite de cuantía, se descuenten las valorizaciones del pasivo interno reconocido a favor del concursado, se suspenda el proceso y se ordene remitir el expediente al superior para que se pronuncie frente a la recusación.
1. Álvaro Rainero Aldana Aldana constituyó hipoteca abierta de primer grado a favor de Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés, sobre el predio rural conocido con el nombre de «El Bálsamo», ubicado en Ciénaga de Oro, Córdoba, a través de la escritura pública Nº 143 de 23 de febrero de 2006, otorgada en la Notaría Única de Cereté.
2. A fines de 2009, el señor Aldana Aldana suscribió los pagarés Nos. CA 16029684 y CA 16029683, en los que se comprometió a pagar las sumas de $ 1.200.000.000 y $ 152.370.400, a favor de los acreedores referidos atrás.
3. En el 2011, Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés presentaron demanda ejecutiva hipotecaria contra el deudor, a fin de obtener el recaudo de las obligaciones incorporadas en los títulos valores mencionados.
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, a quien correspondió el conocimiento de ese asunto, libró mandamiento de pago el 14 de octubre de 2011.
5. El demandado interpuso de manera extemporánea excepciones de mérito.
6. En providencia fechada el 16 de julio de 2012, el fallador decretó la venta en subasta pública del bien raíz perseguido.
7. En julio de 2015, Álvaro Rainero Aldana Aldana presentó solicitud de admisión al proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena.
8. La entidad pública accionada, en decisión del 29 de septiembre de 2015, admitió la petición anterior y, entre otras cosas, ordenó designar como promotor a Andrés Eduardo Rosales Ucrós e informar a los jueces que tramitaran procesos de ejecución contra el deudor acerca del inicio de esa actuación.
9. En auto de 6 de octubre de 2015, el juzgador aludido remitió el proceso ejecutivo a la autoridad administrativa mencionada.
10. Asimismo, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sahagún dispuso enviar el proceso ejecutivo con garantía hipotecaria Nº 2012-00421, adelantado por Jairo de Jesús Álzate Murillo contra el señor Aldana Aldana.
11. En auto fechado el 19 de febrero de 2016, el juez concursal decretó la práctica de pruebas de oficio para determinar si se había efectuado un abono o pago parcial de la obligación anterior.
12. El 10 de mayo de 2016, el promotor allegó el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el que incluyó los créditos con garantía real de los aquí quejosos.
13. En efecto, se dio traslado del proyecto anterior el 11 de mayo siguiente, al cual se presentaron objeciones por parte de los diversos acreedores.
14. La Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena, en decisión adiada el 1° de agosto de la anualidad citada, rechazó de plano la recusación incoada por Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés.
15. Más adelante, la autoridad encausada, en proveído de 11 y 17 de agosto del año precedente, negó las peticiones de los quejosos relativas a que se remitiera al superior la solicitud de recusación y la declaración de ilegalidad de lo actuado mientras se resolvía aquella.
16. El 18 de octubre de 2016, se llevó a cabo la audiencia para resolver las objeciones, declarándose, entre otros asuntos, no prósperas las formuladas por los señores Samudio Milanés y Espinosa Milanés, sin embargo accedió a la propuesta por el señor Márquez Arias sobre el crédito de las personas señaladas atrás, y de otro lado, requirió al señor Álzate Murillo para que acreditara el pago del crédito a su favor.
17. Contra esta determinación, los actores interpusieron el recurso de reposición, el cual fue denegado por el organismo acusado en la misma audiencia.
18. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho accionado incurrió en diversas vías de hecho al decidir las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en donde se redujo el valor de la obligación exigida por ellos con base en un abono que no fue reconocido en el proceso ejecutivo remitido al proceso de reorganización, se desconoció la hipoteca abierta y sin límite de cuantía que fue constituida por el deudor para garantizar el crédito mencionado, así como los intereses con base en que el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 no es aplicable porque la garantía fue constituida con anterioridad a su vigencia, se negó la objeción relativa al descuento de la valorización del pasivo interno reconocido a favor del concursado, y finalmente el asunto aludido debería estar suspendido porque la autoridad encausada fue recusada, la cual no ha remitido el expediente al superior para que se pronuncie frente a ese tema.
1. El conocimiento de las diversas acciones presentadas le correspondió a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, quien las admitió por medio de los autos de 23, 24 y 28 de noviembre y 1° de diciembre, todos de 2016, en los que se ordenó enterar a la entidad encausada, se vinculó a Álvaro Rainero Aldana Aldana, Alberto Márquez Arias, David Castillo Baute, Miguel Castillo Baute, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Inversiones Alcaluz SAS, la sucesión de Mauricio Alzate (q.e.p.d.) y Leasing Bancolombia S.A., y todas fueron acumuladas.
2. Dentro de la oportunidad concedida, la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena se opuso a la prosperidad del resguardo, en razón a que el abono al crédito de los actores se reconoció después de que se practicaran pruebas de oficio, la reducción del monto asegurado por la hipoteca abierta sin límite de cuantía obedeció a un oficio remitido al notaría en el que se expresó que el cupo de endeudamiento del deudor ascendía solo a la suma de $ 20.000.000, y en el estado financiero aportado por el deudor no se halló cuenta alguna de revalorización de patrimonio que debiera restarse.
A su turno, los ciudadanos Álvaro Rainero Aldana Aldana y Alberto Márquez Arias manifestaron que las súplicas de los quejosos no debían prosperar porque las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto fueron decididas en legal forma.
3. En sentencia de 6 de diciembre de 2016, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena concedió parcialmente el amparo deprecado y ordenó a la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena que dejara sin efectos las decisiones relativas a la resolución de las objeciones presentadas por los accionantes al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, y emitiera un nuevo pronunciamiento, empero negó la protección respecto a las restantes quejas de los actores.
4. Inconformes con este fallo, los promotores de la queja, la entidad accionada y los intervinientes Álvaro Rainero Aldana Aldana, Alberto Márquez Arias y Miguel Castillo Baute la impugnaron.
5. Esta Corporación, en auto de 9 de febrero de 2017, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y dispuso que fueran citados los ciudadanos Jairo de Jesús Álzate Murillo y Andrés Eduardo Rosales Ucross.
6. En cumplimiento de la decisión anterior, el a quo constitucional dispuso la notificación de las personas vinculadas.
7. El Tribunal Superior, en fallo adiado el 10 de marzo de 2017, concedió parcialmente la tutela y ordenó a la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena que dejara sin efectos las decisiones relativas a la resolución de las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto presentadas contra el crédito de los accionantes, y emitiera un nuevo pronunciamiento, tras considerar que no se aplicaron en debida forma las normas sustantivas y la realidad fáctica de la garantía hipotecaria constituida a favor de los acreedores, pues en la escritura pública correspondiente no se limitó esa garantía a la suma de $ 20.000.000, como erróneamente lo declaró el juez concursal, y adicionalmente se declaró probado indebidamente un abono a las obligaciones garantizados con aquella hipoteca, con fundamento en declaraciones, pese a que el único medio de convicción admisible para resolver las objeciones referidas son los documentos.
De otro lado, el fallador no accedió a la salvaguarda frente a las decisiones del juzgador del proceso de reorganización relativas a la inclusión de un crédito interno a favor del deudor, a la no incorporación de los intereses a los créditos de los reclamantes, y al trámite de la recusación, las cuales consideró razonables, puesto que se observaron las reglas aplicables a esos asuntos.
8. Esta determinación fue impugnada por los reclamantes, en razón a que el deudor utiliza el proceso de reorganización para que no sean exigibles los intereses del crédito perseguido por ellos, y además los beneficios consagrados en la Ley 1676 de 2013 también deberían cobijar a las garantías hipotecarias; y por otra parte, los ciudadanos Álvaro Rainero Aldana Aldana, Miguel Castillo Baute, Alberto Márquez Arias y la autoridad pública encausaron también impugnaron la sentencia anterior, con el objetivo de que fuera revocada y se negara la protección constitucional.
1. Por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.
Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garantías de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.
2. En el presente asunto, como resultado del análisis de la providencia proferida 18 de octubre de 2016 por la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena, dentro del proceso de reorganización de Álvaro Rainero Aldana Aldana, se resolvieron las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en donde se dispuso que la acreencia reconocida a favor de los actores únicamente estaba garantizada con hipoteca hasta el monto de $ 20.000.000, y además se reconoció un abono de capital frente a esa obligación por la suma de $ 800.000.000, se advierte su incursión en el defecto sustantivo, que transgrede los derechos fundamentales de los accionantes, y hace necesaria la intervención del juez constitucional.
En efecto, se observa que en caso examinado se presentó el proyecto referido atrás, en el que se un crédito de tercera clase a cargo del deudor y en favor de Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés por la suma de $ 1.352.370.400, incorporado en los pagarés Nos. CA 16029684 y CA 16029683, y garantizado mediante la hipoteca constituida sobre el predio rural conocido con el nombre de «El Bálsamo», ubicado en Ciénaga de Oro, Córdoba, a través de la escritura pública Nº 143 de 23 de febrero de 2006, otorgada en la Notaría Única de Cereté.
No obstante, al decidirse las objeciones formuladas contra esa obligación, la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales la calificó como de tercera clase únicamente hasta el valor de $ 20.000.000, reconoció la existencia de un abono de capital por la suma de $ 800.000.000, y dispuso que el excedente, a saber, $ 552.370.700 era un crédito de quinta categoría.
3. Pues bien, para la Corte es claro que el estrado judicial acusado incurrió en defecto sustantivo al desconocer las normas jurídicas aplicables al caso, puesto que, en primer lugar, desconoció el privilegio otorgado a la acreencia amparada con garantía hipotecaria a favor de los reclamantes, por el cual es considerado como de tercera categoría, tal como lo dispone el artículo 2499 del Código Civil, a lo que debe sumarse que la escritura pública Nº 143 de 23 de febrero de 2006, otorgada en la Notaría Única de Cereté, cumple con los requisitos previstos en los artículos 2434 y 2435 ibídem para que surta efectos legales, en donde el señor Aldana Aldana garantizó a sus acreedores –Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés– «todas las obligaciones que por cualquier concepto tenga o llegare a tener con ellos», como lo es el crédito incluido en el proceso de reorganización.
En ese orden, más allá de que los acreedores hayan remitido una carta al notario indicando que para efectos de la liquidación de derechos notariales el cupo de endeudamiento inicialmente otorgado al deudor era de $ 20.000.000, tal comunicación no modificó las condiciones de la hipoteca constituida, el cual debe interpretarse de acuerdo con la intención clara de los contratantes, es decir, que todas las obligaciones contraídas por el señor Aldana Aldana a favor de los aquí quejosos estarían sujetas a esa garantía real, disposición que es ley para las partes, según los artículos 1602 y 1618 de la codificación sustantiva referida.
Por ende, el juez de conocimiento no podía desconocer la efectividad de la hipoteca y la naturaleza del crédito de los promotores de la queja, con fundamento en un memorial dirigido a un notario, que no tiene los efectos para modificar las cláusulas de la escritura pública aludida, en razón a que inaplicaría sin justificación válida las normas sustanciales que regulan aquellas instituciones.
4. En segundo lugar, el despacho accionado también desconoció las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006 al resolver una objeción contra el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, reconocer la existencia de un abono de capital de $ 800.000.000, y descontar ese valor de la obligación perseguida.
Lo anterior se debe a que, por medio del auto del 19 de febrero de 2016, la autoridad acusada decretó pruebas de oficio para decidir si existía o no tal abono, para lo cual ordenó la práctica de interrogatorios y testimonios, con fundamento en las facultades otorgadas al juez del concurso en el artículo 5 ibídem, específicamente las de «[s]olicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la información que requiera para la adecuada orientación del proceso de insolvencia» y las atribuciones «para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo».
No obstante, el fallador obvió que existen unas reglas específicas para el trámite y decisión de las objeciones al proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto, puesto que la «única prueba admisible para el trámite de objeciones será la documental, la cual deberá aportarse con el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas», tal como lo dispone el inciso 5° del artículo 29 ibíd., lo que concuerda con la orden impuesta al juez del concurso de tener «como pruebas las documentales aportadas por las partes» para resolver las objeciones (num. 1º, art. 30, ib.).
Puestas así las cosas, es ostensible que no podían decretarse, practicarse y valores pruebas distintas a los documentos aportados por las partes para determinar si se había efectuado un abono al crédito hipotecario de Rafael Samudio Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Clímaco Espinosa Milanés, y de esa manera, decidir la objeción correspondiente, de conformidad con las normas que regulan ese trámite.
5. Por consiguiente, es imperativa la intervención del juez de tutela con el fin de conjurar la transgresión de la garantía superior al debido proceso de los accionantes, ante el defecto sustantivo en que incurrió la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena al pronunciarse sobre las objeciones dirigidas contra la acreencia de los reclamantes, tanto por el desconocimiento de la hipoteca que la garantiza, como por la práctica de pruebas que no están permitidas para la resolución de objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, tal como lo dispuso el a quo constitucional en el fallo impugnado al conceder parcialmente el amparo.
6. De otro lado, respecto a los motivos de impugnación de los actores con la sentencia del a quo constitucional, la Corte no advierte ninguna amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales, toda vez que las determinaciones cuestionadas no son resultado de subjetivos criterios que conlleven ostensible desviación del ordenamiento jurídico y, por ende, tengan aptitud para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja constitucional.
En efecto, la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Cartagena al resolver las objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, negó el reconocimiento de los intereses al crédito de los reclamantes y no descontó la revalorización del pasivo interno reconocido a favor del concursado, y adicionalmente rechazó la solicitud de recusación propuesta por aquellos, dentro del trámite del proceso de reorganización de Álvaro Rainero Aldana Aldana.
Respecto a la primera inconformidad referida atrás, la entidad pública accionada dispuso desestimar la objeción «en atención a que el régimen de garantías mobiliarias no le es aplicable al caso que nos atañe, toda vez que la garantía fue constituida de manera previa a la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013», a lo que se añadió al desatarse el mecanismo de impugnación que «la decisión de no reconocer los intereses en los derechos de votos (...) se fundamente (sic) en el precepto legal contenido en el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006; norma que no concede ningún privilegio a ninguna clase de crédito».
Con relación a la segunda queja citada, la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales expuso lo siguiente:
Revisado el expediente del proceso concursal, se logra constatar que con la actualización de balance a septiembre 2 de 2015 se registra un total del patrimonio por valor de $ 3.054.990.166 compuesta por un superávit por valorización de propiedades planta y equipo por valor de $ 1.775.671.000, un resultado del ejercicio por valor de $ 224’426.967 y un patrimonio social de $ 1.054.992.149. En tal sentido, se tendrá como cierto el total del patrimonio previamente enunciado, toda vez que no incluye las partidas que se restan, que son: utilidades decretadas en especie y el monto de la cuenta de revalorización del patrimonio. En ese orden de ideas, la acreencia interna ascienda (sic) a la suma de $ 3.054.990.116. La presente, en los términos del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006.
Esta determinación fue objeto del recurso de reposición por parte de los objetantes, para lo cual el fallador señaló que «se confirma la decisión de la acreencia interna (...) en la suma de $ 3.054.990.116.00, en atención a que para efectos de establecer su monto se dio aplicación a lo dispuesto y en los términos del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006».
Finalmente, en lo referente a la recusación incoada por los accionantes contra la entidad accionada, fue rechazada de plano en proveído fechado el 1° de agosto de 2016, en donde se indicó que «al consultar el expediente, se observa que el recusante y/o su poderdante han efectuado actuaciones procesales con posterioridad al hecho que motiva la recusación», con fundamento en el artículo 142 del Código General del Proceso.
Posteriormente, los quejosos solicitaron que ese asunto fuera remitido al superior para que resolviera la recusación, sin embargo, mediante auto del 11 de agosto siguiente, se ordenó a aquellas personas estarse a lo decidido en la providencia anterior porque «no fue sustentada en lo dispuesto por el artículo 143 del Código General del Proceso, es decir, no haber aceptado los hechos de la recusación o considerar que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, sino por el contrario, la decisión se fundamentó en lo previsto en el artículo 142 ibídem».
En último término, los reclamantes pidieron que se declarada la ilegalidad de los autos anteriores, no obstante se denegó debido a que «resulta evidente que el peticionario pretende imponer su propia percepción, desconociendo que la misma ya fue resuelta mediante el rechazo de plano», a través de la determinación fechada el 17 de agosto de 2016.
7. Las conclusiones anteriores son producto de unas motivaciones que no pueden calificarse de irrazonables, pues se fundaron en legítimas interpretaciones de la normatividad aplicable al caso y en una valoración de la actuación procesal, circunstancias que, a juicio del estrado judicial acusado, condujeron a que se negaran las objeciones interpuestas por los actores al proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, al estimar que el régimen de garantías mobiliarias no era aplicable a la garantía hipotecaria de aquellos frente al reconocimiento de los derechos de voto por concepto de intereses, según el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, y al reconocer el crédito interno del deudor descontando el monto de la cuenta de revalorización del patrimonio en los términos del artículo 31 ibídem, y de otro lado, se rechazara la recusación propuesta contra la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales con base en el artículo 142 del Código General del Proceso.
De lo cual resulta, que más allá de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que llegó el despacho accionado, está claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciación autónoma y racional de los elementos y la interpretación normativa a partir de los cuales debe formar su convicción, sin incurrir, desde luego, en desviación ostensible del ordenamiento jurídico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le está vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonomía e independencia que demarcan la función judicial.
En tal sentido, verbi gratia, en la Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:
(...) que al sentenciador de tutela le está vedado reexaminar si el juzgador acusado realizó la más convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea está por fuera de sus facultades, ya que “...independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales”.
Queda claro, entonces, que lo pretendido por los peticionarios del resguardo es anteponer su propio criterio al del juzgador encausado y atacar, por esta vía, las determinaciones que los desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia más dentro de los juicios.
8. Por otra parte, algunos de los impugnantes manifestaron que los integrantes de la Colegiatura que decidieron esta acción constitucional en primera instancia debieron declararse impedidos para emitir la sentencia cuestionada, no obstante se observa que esa inconformidad carece de fundamento fáctico, puesto que los hechos alegados por los solicitantes no se adecúan a los presupuestos establecidos en los numerales 4º, 6º, 7º, 13 y 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, tal como lo expuso el a quo constitucional en el auto emitido el 8 de marzo de 2017, máxime que la declaración de nulidad de lo actuado en este asunto, que fuera decretada con anterioridad por esta Corporación, conllevó a la renovación del trámite.
9. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la protección constitucional debe concederse parcialmente, por lo que se confirmará el fallo que por vía de impugnación se ha revisado.
1 Actuación a la que fueron acumuladas las tutelas con radicaciones Nos. 13001-22-13-000-2016-00441-00, 13001-22-13-000-2016-00442-00, 13001-22-13-000-2016-00443-00 y 13001-22-13-000-2016-00450-00.

References: ARTÍCULO 29
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 2499
 artículo 5
 artículo 29
 resolución 
 artículo 24
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 142
 artículo 143
 artículo 142
 artículo 24
 artículo 31
 artículo 142
 artículo 56