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Timestamp: 2020-08-13 23:53:13+00:00

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STC 197/2003, 30 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 192909
STC 197/2003, 30 de Octubre de 2003
Número de Recurso: 1836/97
Cuestión de inconstitucionalidad 1836/97. Promovida por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona respecto al art. 143.2 de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad (edad): imposibilidad de declarar en situación de gran invalidez a personas mayores de sesenta y cinco años.
Sentencia citada en: 295 sentencias, 21 artículos doctrinales, 18 resoluciones administrativas
El 6 de mayo de 1997 se registra en el Tribunal escrito del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona al que se adjunta testimonio de las actuaciones núm. 999/96 y Auto de 21 de abril de 1997, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 143.2 de la Ley general de Seguridad Social (LGSS), en cuanto impide declarar gran inválido a quien, encontrándose en la situación descrita en el art. 137.6 LGSS y habiendo sido declarado anteriormente en otro grado de invalidez, hubiera cumplido sesenta y cinco años de edad. Para el órgano judicial el art. 143.2 LGSS infringe lo dispuesto en el art. 14 CE.
A consecuencia de enfermedad común, don Cristóbal López López fue declarado en situación de invalidez permanente absoluta para toda profesión u oficio, mediante Resolución del INSS de 13 de diciembre de 1982. Contaba entonces con 54 años de edad. En fecha de 4 de enero de 1996 sufrió un accidente por caída. A consecuencia del mismo sufrió nuevas lesiones.
El día 17 de septiembre de 1996 presentó demanda solicitando que se le reconociera en situación de gran invalidez. Previamente el INSS, mediante Resoluciones de 30 de abril de 1996 y 19 de julio de 1996, había denegado su petición, dado que en el momento de solicitar la revisión de su grado de invalidez el Sr. López López tenía ya cumplida la edad de sesenta y cinco años y, por cuanto, de conformidad con el art. 143.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, las declaraciones de invalidez permanente relativas a los distintos grados de incapacidad son revisables en todo tiempo siempre que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida para acceder al derecho a la pensión de jubilación (sesenta y cinco años, ex art. 161 LGSS).
Tras celebrarse el acto del juicio oral y a la vista de que el demandante aducía contradicción entre el art. 143.2 LGSS y el art. 14 CE, el Juzgado de lo Social acordó, por providencia de 25 de febrero de 1997 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaran conveniente en relación con la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del indicado precepto.
El demandante en el proceso a quo presentó escrito de alegaciones subrayando que ya en la demanda y en el acto del juicio se había sostenido la contradicción existente entre el art. 143.2 LGSS y el art. 14 CE, pues si bien es cierto que, en el momento de solicitar la revisión, el actor tenía cumplidos sesenta y cinco años, no lo es menos que se daban los requisitos para acceder a la situación de gran invalidez, sin que éstos concurrieran como consecuencia de la agravación natural producida por la edad, sino con motivo de un accidente fortuito desvinculado de ella. En consecuencia, el hecho de que un inválido absoluto no pueda acceder a la situación de gran invalidez una vez cumplidos los sesenta y cinco años es discriminatorio por razón de edad en supuestos como el de autos, al no existir razón alguna que justifique lo anterior.
El INSS, parte demandada en el proceso judicial, señala en su escrito de alegaciones que la cuestión de si una vez cumplidos los sesenta y cinco años un inválido puede solicitar el reconocimiento de la situación de gran invalidez ha sido resuelta en sentido negativo por la jurisprudencia dictada en casación para la unificación de doctrina por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El escrito cita, en este sentido, las Sentencias de 15 de diciembre de 1993 (rollo núm. 997/93), 15 de abril de 1994 (rollo núm. 1255/93), 18 de julio de 1994 (rollo núm. 226/94), 21 de julio de 1994 (rollo núm. 219/94) y 9 de mayo de 1995 (rollo núm. 898/93). Según esa jurisprudencia continúa vigente el apartado d) del núm. 1 del art. 135 LGSS, inalterado no obstante las reformas introducidas por la Ley 26/1985, de 31 de julio, y por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, comprendiendo como grado diferenciado de los demás la gran invalidez; el art. 145.1, al establecer la posibilidad de la revisión de las incapacidades, excluye expresamente que pueda tener lugar después de haber llegado a la edad mínima fijada para la pensión de jubilación. No contradice lo anterior, añade, que el incremento del 50 por 100 por gran invalidez, dado su carácter asistencial, no se compute a los efectos del tope de pensiones. Para el INSS, así, el límite de edad para solicitar la revisión por agravación no supone discriminación, pues la edad opera en materia de Seguridad Social como un factor de diferenciación, citando ejemplos de ello (carencia para la invalidez; extinción de la pensión de orfandad; coeficientes reductores en la pensión de jubilación, entre otros). El sistema de Seguridad Social es limitado, como ha dicho el propio Tribunal Constitucional, y decide cuáles son las situaciones de necesidad a proteger, estableciéndose diferencias entre distintos regímenes.
El Ministerio Fiscal manifestó su no oposición al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Evacuadas las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona, por Auto de 21 de abril de 1997, acuerda el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
El órgano proponente describe, en primer lugar, las lesiones padecidas por don Cristóbal López López como consecuencia del accidente sufrido en enero de 1996, lesiones que configuran una situación material de gran invalidez, tal como la define el art. 137.6 LGSS, entendiendo que si ésta implica una disminución o anulación de la capacidad laboral, para el órgano judicial no es ilógico que se condicione la petición de revisión del estado invalidante a que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida para acceder al derecho a la jubilación pensionada (sesenta y cinco años). La disminución o anulación de la capacidad laboral resultaría carente de significación a esa edad, por cuanto una vez cumplida puede terminarse o, al menos, presumirse como terminada, la vida laboral o profesional. Y finalizada ésta, la capacidad laboral constituiría una circunstancia o condición superflua. La invalidez, construida sobre dicha condición, resultaría simplemente un concepto inaplicable.
La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 5 de febrero de 1998, acordó admitir a trámite la cuestión promovida por el referido Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona, por supuesta inconstitucionalidad del art. 143.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social (LGSS), en cuanto impide declarar gran inválido a quien, encontrándose en la situación descrita en el art. 137.6 de la misma Ley y habiendo sido declarado anteriormente en otro grado de invalidez, hubiera cumplido sesenta y cinco años de edad, por poder infringir el art. 14 de la Constitución, así como dar traslado de las actuaciones que se habían recibido promoviendo la cuestión, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Finalmente, resolvió publicar la incoación de la presente cuestión de inconstitucionalidad en el "Boletín Oficial del Estado".
El Presidente del Senado, a través de escrito fechado el 17 de febrero de 1998, registrado en este Tribunal el día 20 de febrero siguiente, solicitó se tuviera por personada a dicha Cámara, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
Mediante escrito fechado el 17 de febrero de 1998, que tuvo entrada en este Tribunal el 23 de febrero siguiente, el Presidente del Congreso de los Diputados puso en conocimiento de este Tribunal que la Mesa de la Cámara había acordado no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el 24 de febrero de 1998, en el que expuso la argumentación que a continuación se resume, solicitando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada:
Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 27 de febrero de 1998 el Fiscal General del Estado se personó en las actuaciones y, tras recapitular los hechos y circunscribir la duda de constitucionalidad suscitada, formuló las siguientes alegaciones:
Por providencia de 28 de octubre de 2003 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 30 del mismo mes y año.
La norma cuya constitucionalidad se cuestiona es la contenida en el párrafo primero del art. 143.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción derivada de lo dispuesto por el art. 34.2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Su tenor literal es el siguiente: "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de invalidez permanente, en cualquiera de sus grados, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 161 de esta Ley, para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión". Por su parte, el art. 161.1 a) LGSS establece que "tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas en este Régimen General que ... reúnan las siguientes condiciones: ... haber cumplido sesenta y cinco años de edad".
Ya más concretamente, es de advertir que el Auto de planteamiento de la cuestión no pone en duda la constitucionalidad del art. 143.2 LGSS en términos absolutos: puesto que la invalidez es una disminución o anulación de la capacidad laboral, resulta carente de significación a partir de los sesenta y cinco años por cuanto una vez cumplida esa edad "puede terminarse o, al menos, presumirse como terminada la vida laboral o profesional. Terminada ésta, la capacidad laboral constituiría una circunstancia o condición superflua".
El examen de la constitucionalidad del art. 143.2 LGSS desde el punto de vista del art. 14 CE, hace necesario recordar la doctrina que este Tribunal ha establecido muy reiteradamente respecto del principio de igualdad, por un lado, y de la caracterización del sistema de la Seguridad Social, en el terreno que ahora importa, por otro:
Como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en relación con el art. 14 CE, "el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas)" [STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4 a)].
También es doctrina reiterada que "el art. 41 CE convierte a la Seguridad Social en una función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad, pero tales situaciones han de ser apreciadas y determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales. No puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento (STC 65/1987). Los arts. 41 y 50 CE no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho (STC 114/1987). La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 y 27/1988), ni vulnera el principio de igualdad." (STC 77/1995, de 20 de mayo, FJ 4).
Lo que se cuestiona concretamente en este proceso constitucional es que, de conformidad con el art. 143.2 LGSS, los beneficiarios de las prestaciones de incapacidad permanente que pueden solicitar la revisión del grado de la invalidez que tuvieran reconocido sólo serán aquéllos que en el momento del hecho causante acrediten, entre otros requisitos, no haber cumplido la edad de jubilación establecida en el art. 161.1 a) LGSS, limitación que según el órgano judicial proponente lesiona el art. 14 CE, por cuanto, según considera, la definición legal de la gran invalidez no se efectúa desde la limitación de la capacidad laboral del afectado, sino desde la necesidad de "la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida" (art. 137.6 LGSS), y de ahí el incremento de la cuantía de la prestación de gran invalidez en un 50 por 100, con la finalidad de que el inválido "pueda remunerar a la persona que le atienda" (art. 139.4 LGSS).
Sobre esta base, ha de señalarse que resulta evidente que la previsión legal cuestionada introduce una diversificación, a efectos de la posibilidad de revisión de la incapacidad permanente entre todos cuantos padecen un estado invalidante, en función de la edad.
Ciertamente, la argumentación del Auto de planteamiento de la cuestión destaca que la peculiar naturaleza de la gran invalidez -necesidad de la asistencia de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida- la aparta del régimen general de la incapacidad permanente, por lo que su reconocimiento, viable antes de los sesenta y cinco años, debería igualmente ser hacedero después de esa edad, tesis ésta que, como advierte el Abogado del Estado, daría lugar prácticamente a una universalización de la prestación, dado que la avanzada edad, en la mayoría de los casos, puede desembocar en la situación descrita.
Procedente será, por consecuencia, la desestimación de la cuestión.
ATC 125/2004, 19 de Abril de 2004
SAP Barcelona 324/2015, 9 de Julio de 2015
STS 1872/2016, 20 de Julio de 2016

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 161