Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632271.html
Timestamp: 2019-03-22 10:53:35+00:00

Document:
as201632271
Auto Supremo Nº 271/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.391/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 167 a 169, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, Director General del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 058/2015 S.S.A.II, de 19 de mayo, cursante de fs. 162 a 164, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Eustaquio Jacinto Choque contra el SENASIR, la respuesta de fs. 174 a 175, el Auto a fs. 176 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 001368 de 13 de diciembre de 2010 de fs. 82 a 85, dispuso la suspensión definitiva de la Renta única de Vejez otorgada a Eustaquio Jacinto Choque por incurrir en irregularidades al contar con dos partidas de nacimiento, asimismo determinar y recuperar lo indebidamente cobrado por Eustaquio Jacinto Choque.
Que, ante esta determinación el asegurado interpuso recurso de reclamación de fs. 98 y vta., que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución N° 549/14 de 30 de junio de 2014, de fs. 145 a 148 confirmando la resolución N° 0010368 de fecha 13 de diciembre de 2010, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de fs. 82 a 85 de obrados.
Que, esta situación originó que el asegurado interponga recurso de apelación de fs. 153 a 154, que fue resuelto por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista N° 058/2015 S.S.A.II, de 19 de mayo, confirmó en parte la Resolución N° 549/14 de 30 de junio de 2014, manteniendo firme y subsistente la suspensión definitiva de la renta de vejez. Sin lugar a la recuperación de lo indebidamente cobrado por Eustaquio Jacinto Choque.
Esta resolución originó que el representante del SENASIR, formule recurso de casación en el fondo de fs. 167 a 169, en el que denunció la violación de los arts. 963, 1287,1289.l, 1296 y 1523 del Código Civil (CC), art- 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, art. 4.c) del DS N° 26189, DS N° 27066, art. 8 del DS N° 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley N° 1178, art. 23 y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de fecha 21 de julio de 1997 y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0411/2013 de 27 de marzo, argumentando que el Tribunal ad quem, en el auto de vista recurrido en el doceavo párrafo del segundo considerando que menciona “que con este análisis, se tiene que la autoridad administrativa ha compulsado correctamente los antecedentes del proceso con relación a las pruebas cursantes en el expediente, razón por la cual este Tribunal considera avalar en parte la Resolución apelada...”, tomando como primer agravio la referencia que se hace “con respecto a avalar en parte la resolución apelada” y que en la parte dispositiva establece simplemente como “sin lugar”, sin sustento legal que avale la Resolución recurrida, más al contrario simplemente de manera enunciativa refiere la no recuperación de lo indebidamente cobrado, vulnerándose la SCP 0411/2013 de 27 de marzo, referida a la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida procesalmente como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto.
Paralelamente y como segundo agravio, manifiesta que: existió un cobro indebido y que la autoridad de alzada no fundamentó su decisión con referencia a este cobro y que solo de manera enunciativa refiere la no recuperación de lo indebidamente cobrado, siendo que la resolución de la Comisión de Calificación de Rentas N° 10368 de 13 de diciembre de 2010 mediante el área de Revisión de Rentas determina la recuperación de lo indebidamente cobrado, asimismo manifiesta que ante lo indebidamente cobrado o al haber un pago indebido, cita el CC en su art. 963, ordena la restitución de lo indebidamente pagado, por lo que al haber un cobro indebido por parte del interesado provoca un pago indebido de renta complementaria de vejez y que corresponde al SENASIR la recuperación de lo cobrado en detrimento del patrimonio del Estado y de los asegurados del Sistema de Reparto.
Agrega que, la recuperación de cobros indebidos encuentra su fundamento legal en el art. 4.c) del DS N° 26189 de fecha 18/05/01, en consideración a que las rentas en curso de pagos, son pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación, según Ley N° 2197 modificatoria del art. 57.III de la Ley N° 1732 de Pensiones; menciona que en aras de precautelar los intereses económicos del Estado el art. 8 del DS N° 23215, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley N° 1178 señala que el Sistema de Control Gubernamental Interno, cada entidad pública tiene por objetivo promover el acatamiento de las normas legales y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores, en virtud de los cuales el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión para determinar el daño económico al Estado.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que case en parte el auto de vista recurrido y se confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR, con las formalidades de rigor.
1.- Se advierte que el representante de la institución demandada, trae a colación en el recurso objeto de análisis, la incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto por parte del tribunal de alzada, habiéndose vulnerado la SCP 0411/2013 de 27 de marzo, la SC 0358/2010-R de 22 de junio citada por la SCP 1546/2012 de 24 de septiembre, entre otras.
La SC 1301/2010-R de 13 de septiembre, estableció: “Sobre el derecho fundamental a una resolución judicial motivada, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones.”
En ese mismo orden, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), establece que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y debida fundamentación; auto de vista que podrá ser confirmatorio o revocatorio, total o parcial, en cada caso, o anulatorio o repositorio, de acuerdo con lo previsto por el art. 237 del citado código. En ese mismo sentido, tal como señala la SC 0863/2003-R de 25 de junio, el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley.
De la revisión del auto de vista recurrido del análisis y valoración de las pruebas aportadas se tiene de fs. 1 a 12 recibos de pago, certificaciones y memorándum, documental que demuestra que el asegurado trabajó en la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE B&S; a fs. 15 se evidencia fotocopia legalizada de afiliación a la caja ferroviaria de salud, por la que se demuestra que el trabajador estuvo asegurado a dicha caja, en la cual se menciona como fecha de nacimiento de Eustaquio Jacinto Choque; a fs. 19 y 20 fotocopia y certificación de fotocopia del asegurado en el cual se menciona la fecha de nacimiento el 02 de noviembre de 1942, un duplicado de certificado de nacimiento emanado de la Corte Nacional Electoral a través de la Dirección General del Registro Civil el mismo que corrobora la fecha de nacimiento del asegurado, estas fueron algunas de las pruebas aportadas por el asegurado para que la Dirección de Pensiones resuelva otorgar en favor de Jacinto Choque Eustaquio la renta de vejez.
Que, por otra parte a fs. 49 existe una denuncia por falsificación de documentos, por parte de una persona anónima; ante esta denuncia y después de realizar las investigaciones, la Dirección de Pensiones concluye que existe inconsistencia en la fecha de nacimiento del asegurado ya que este tendría tres partidas de nacimiento, una en fecha 02/11/52, otra en fecha 02/11/42 y la tercera con fecha de nacimiento 02/11/53, por lo que no le corresponde la renta de vejez y por ultimo resuelven suspender definitivamente la Renta de Vejez, siendo el único responsable de esta el asegurado ya que en obrados no se tiene elemento probatorio alguno que desvirtúe lo aseverado y probado por parte del SENASIR.
Tomando en cuenta lo supra mencionado, de la revisión de vista impugnada de casación, se advierte que el Tribunal de Apelación a tiempo de emitir el fallo de segunda instancia, se circunscribió a resolver los agravios expuestos en el recurso de apelación cursante a fs. 154 de obrados, conforme lo previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, no siendo evidente lo acusado sobre este punto por parte del ente gestor.
2.- Referente al supuesto cobro indebido por parte del asegurado, establecido en la Resolución N° 00101268 de 13 de diciembre de 2010 de fs. 82 a 85, confirmada mediante Resolución N° 549/14 de 30 de junio de 2014 de fs. 145 a 148; en el caso de autos, se debe considerar lo establecido en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, dispone: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
De otra parte, si bien el art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2.b) de la Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”; sin embargo en virtud a las previsiones contenidas en el art. 477 del aludido Reglamento, el descuento procede cuando se comprobare que la decisión de otorgación de renta obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. Situación que no sucedió en el caso de análisis, por cuanto, el tribunal ad quem, al confirmar en parte la Resolución N° 122/09 de 4 de febrero de 2007 cursante a fs. 105 a 109, manteniendo firme y subsistente la suspensión definitiva de la renta de vejez; y a la vez, disponer sin lugar a la recuperación de lo indebidamente cobrado por Eustaquio Jacinto Choque, actúo correctamente, porque al presentar su documentación no incurrió en error, ni se debió a datos, declaraciones o documentos fraudulentos, al concluir que no corresponde determinar la devolución de los pagos con efecto retroactivo, como exige el SENASIR, siendo incorrecto proceder a la recuperación de lo supuestamente indebidamente cobrado, porque no es la vía para hacerlo, toda vez que tampoco se demostró mala fe en la presentación de los documentos por parte del asegurado, no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, de donde resulta no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso.
Este tribunal advierte con frecuencia que los funcionarios del SENASIR desconocen el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano otorgando las prestaciones que establece la ley, derechos que no pueden confiscarse ni privarse en detrimento de los asegurados, porque se tratan de contribuciones que emergen de los salarios de los propios asegurados; en el caso de análisis, se impone la presunción de inocencia, arts. 115.1 y 116.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Por lo referido, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, porque tribunal de apelación hizo correcta aplicación de la ley y valoración de las pruebas cursantes en obrados, corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por disposición del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 167 a 169, interpuesto por el representante del SENASIR.
Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.

References: Resolución 
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 artículo 236
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