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Timestamp: 2020-07-14 12:32:42+00:00

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Sentencia de Tutela nº 372/95 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43559083
Sentencia de Tutela nº 372/95 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 1995
Concurso de meritos. Omision de nombramiento del concursante que obtuvo el primer puesto. Concedida.
C- EL CASO CONCRETO
Sentencia No. T-372/95
CONCURSO DE MERITOS-Bases
Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.
CARRERA ADMINISTRATIVA-Nombramiento de quien obtuvo el primer lugar
Sea cual fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos".
REF: EXPEDIENTE T-69815
Peticionario: ROGER DAVILA
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DE CARTAGENA.
- Primer puesto en concurso.
Santa Fe de Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-69815, adelantado por R.D..
R.D.M. interpuso tutela contra el Fondo de Previsión Social de Bolívar para que antendiéndose a los resultados del Concurso de méritos escoja el primer puesto de elegibilidad para el cargo de almacenista Código 5030, grado 11; el primer puesto lo obtuvo, precisamente, R.D., pero se designó a quién ocupó el segundo lugar.
Los sintetiza muy bién la sentencia de primera instancia en la siguiente forma:
"Se encuentra totalmente acreditado en este trámite que el peticionario participó en el concurso abierto que el Fondo de Previsión de Bolivar implementó para proveer el cargo de ALMACAENISTA 5030 grado 11 perteneciente a la división administrativa de tal entidad. El aviso de convocatoria a folio 16 muestra que se trató de la convocatoria número 003 de 24 de junio de 1994 y que las inscripciones se programaron para el lapso del 1º al 7 de julio de tal año.
A folio 18 obra la lista de aspirantes a tal cargo que fueron admitidos a concurso siendo 4 personas las seleccionadas, entre ellas el actor y el señor L.R.. La lista de quienes fueron rechazados se vé a folio 19 , (cinco personas). Las solicitudes de inscripción del actor y del señor R. son visibles del folio 20 del 22 y del 36 al 37.
El 12 de septiembre de 1994 la "Directora de Apoyo Comisión Nacional del Servicio Civil", F.O.R., remitió al director del Fondo los informes de puntaje obtenidos en las pruebas aplicadas por esa comisión a los participantes en las diferentes convocatorias realizadas por el Fondo; se remitieron allí los puntajes obtenidos por los concursantes a Almacenista 5030-11. Se expresó por la funcionaria al director que los puntajes estaban dados en escala "T" y tenían un mínimo aprobatorio de 50, remitiéndose además la tabla para interpretar tales puntajes, (fls. 38, 39, 40).
El 26 de octubre de 1994 la empresa ASESORIA PSICOLOGICA EMPRESARIAL, remitió, a través de la sicóloga C.B. de P., los resultados de las entrevistas realizadas en los difetentes concursos, (fl. 41). El resultado para el cargo de almacenista es visible a folio 42.
Los puntajes totales de los concursantes al cargo de Almacenista fueron dados a conocer el 16 de diciembre de 1994 tal como se vé en el "acta de concurso" a folio 43. Allí se aprecia que el puntaje total del señor R.D.M. fue de 79.5 puntos, el de L.R.A. fue de 76.4, y los de Hemel Herrera y M.P. de 52 puntos.
Según costa a folios 3 y 4, este 16 de diciembre el director del Fondo para la época, F.C.A., expidió la resolución 4058 de tal fecha estableciendo en orden de mérito la lista de elegibles dentro del concurso para Almacenista y la lista de aspirantes reprobados. El actor ocupó el primer lugar como elegible, y el señor R. el segundo.
En tal acto, en su artículo segundo se dispuso que "La provisión de vacante para los empleos a que se refiere la anterior lista, se hará con el personal, que figura entre los (3) primeros puestos, entendiéndose por puesto, la persona o personas que obtengan una misma calificación.
El 20 de diciembre se procedió a nombrar como almacenista, código 5030, Grado 11 de la División Administrativa del Fondo al señor L.R.A., por figurar dentro de los tres primeros puestos de la lista de legibles. El 22 de diciembre el señor R. se posesionó. (F.7).
C- Fallo de primera instancia, del juzgado 1º Laboral de Cartagena, 2 de marzo de 1995.
El A-quo resolvió:
1. Conceder la tutela solicitada por el ciudadano R.D.M..
2. Ordénase la inaplicación, en su caso, del aparte del artículo 9º del decreto 1222 de 1993 al que se hace alusión en la parte motiva y que se encontraba vigente para el mes de diciembre de 1994, y del artículo 2º de la Resolución 4058 de 16 de diciembre de 1994 proferida por el Director del Fondo de Previsión Social de Bolívar.
3. Ordenar al señor Director actual del Fondo de Previsión Social de Bolívar, y a quien lo reemplace eventualmente, que proceda a nombrar al señor R.D.M. en el cargo para el cual se presentó a concurso público y ocupó el primer lugar. (Almacenista, código 5030 grado 11). Lo anterior dentro del término de 1 mes a partir de la notificación de esta sentencia.
4. A. al funcionario que el desacato al fallo se sancionara con arresto y multa, sin perjuicio de la sanción penal respectiva.
D- Fallo de segunda instancia, S. Laboral del Tribunal Superior de Cartagena.
El 5 abril de 1995 el Tribunal revocó la decisión del a-quo y denegó la tutela impetrada.
B- TEMA JURIDICO.
Se reiterará la jurisprudencia dictada en casos similares. Es así como en la T-326 de 1995, de esta S. de Revisión se consideró:
"La Constitución de 1991 se ocupa de la carrera administrativa erigiéndola en regla general al señalar que "los empleos en los órganos y entidades son de carrera" con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley (art. 125 C.P.). Este sistema de administración del personal al servicio del Estado propende por la eficiencia y la eficacia de la administración y procura garantizar, fuera de otros supuestos, la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, propósitos todos que encuentran cabal satisfacción siempre que la vinculación se realice atendiendo al criterio de la capacidad del aspirante con prescindencia de factores extraños al mérito; la misma Carta preceptúa que "En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción" (art. 125 C.P.)
El concurso público es, entonces, el mecanismo por excelencia para proveer cargos de carrera administrativa y, según lo ha establecido esta Corporación, puede definirse "como el procedimiento de las bases o normas claramente definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios participantes que han sido convocados y reclutados, a la persona o personas que por razón de sus méritos y calidades adquieren el derecho a ser nombrados en un cargo público". (sentencia Nº T-256 de 1995, M.P.D.A.B.C.).
Esta S. de Revisión tuvo ocasión de recordar que "la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya finalidad sea el acceso a la función pública, deben sujetarse estrictamente a los procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los rigen son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe (C.P. art. 83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían el desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso (C.P. art. 29), así como los derechos a la igualdad (C.P. art. 13) y al trabajo (C.P. art. 25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las jsutas expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceder de la administración está llamado a generar" (Sentencia Nº T-298 de 1995, M.P.D.A.M.C.. En idéntico sentido, en la sentencia T-256 de 1995, ya citada, se expuso:
En el evento que ahora se examina, la S. advierte que efectivamente la peticionaria obtuvo la mejor calificación en el concurso y que el nominador al proveer el cargo público llamó en primer término al aspirante que ocupó el tercer puesto quien declinó el nombramiento, siendo entonces llamado el segundo en la lista de elegibles. Esta sola circunstancia es suficiente para comprobar el quebrantamiento unilateral de las bases del concurso porque, como bien lo precisó la Corte:
Está plenamente demostrado que el accionante ocupó el primer lugar en el concurso y que no fue designado para el cargo. Esta situación da margen para la acción de tutela. Esta S. en la citada T-326/95 había expresado:
"En un caso similar al que ahora se aborda esta S. de Revisión enfatizó "que la acción de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual su procedencia se hace depender de que no existan otros medios de defensa a los que pueda acudir el interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la misma eficacia de la tutela, para la protección del derecho de que se trate. Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones no se revelan más eficaces que la tutela, ya que, la decisión tardía del asunto, deja mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la igualdad y al trabajo..." (Sentencia No. T-298 de 1995). Estas apreciaciones coinciden con las vertidas por la S. Segunda de Revisión en la sentencia No. T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se obtiene "el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo correspondiente". Esta S. reitera ese pronunciamiento y en armonía con él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo SU-458 de 1993 "porque en esta oportunidad se consideró la situación especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la peticionaria" (M.P.D.A.B.C.).....
Es de anotar que en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo del supuesto del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una justificación objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del situado en primer lugar torna patente el caráter arbitrario de la medida tomada en perjuicio de la accionante. Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto retroactivo a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias T-256 y 298 de 1995)."
Es pertinente reiterar lo definido en las Sentencias transcritas, o sea, se considera la acción de tutela como mecanismo idóneo de protección en el presente caso.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 5 de abril de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, S.L., de Cartagena.
SEGUNDO.- CONCEDER, por las razones expuestas en la part motiva de esta providencia, la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordena al Director del Fondo de Previsión Social de Bolívar, que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de R.D.M. como Almacenista, código 5030, grado 11, cargo para el cual se presentó a concurso público habiendo ocupado el primer lugar.
TERCERO.- El Juzgado 1º Laboral de Cartagena vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en este fallo.
CUARTO.- Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
C., comuníquese, notifíquese, cúmplase.
Sentencia nº 2001 - 1396 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, de 18 de Enero de 2006

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 209
 artículo 36