Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531395.html
Timestamp: 2019-04-24 18:35:48+00:00

Document:
as201531395
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM, SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 395
Expediente: 122/2015-A
Demandante: Angelino Chiara Acarapi
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 524 a 527 vta., interpuesto por Angelino Chiara Acarapi, contra el Auto de Vista Nº 133/14 de 05 de diciembre, cursante de fs. 520 a 521, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones que sigue el recurrente contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); la respuesta al recurso de fs. 531 a 533; el Auto a fs. 534, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 5694 de 19 de junio de 2013, cursante a fs. 374, por la que resolvió otorgar a favor de Angelino Chiara Acarapi, el formulario de cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 24,370, considerando un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.1.376,59.- (un mil trescientos setenta y seis 59/100 bolivianos), el que, previa aceptación, es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.
Ante el recurso de reclamación formulado por el trabajador solicitante (fs. 379 a 380), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 197/14 de 21 de marzo (fs. 499 a 502), resolvió revocar en parte la Resolución Nº 5694 de 19 de junio de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, disponiendo la anulación del Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 24.370, disponiendo se otorgue una nueva calificación al asegurado, sin tomar en cuenta la aplicación del Decreto Ley (DL) N° 13214 de 24 de diciembre de 1975, con una nueva densidad de 6 años y 7 meses de aportes, manteniéndose firme y subsistente el salario cotizable a octubre/1985 de $b492.280.000,00, de acuerdo a la certificación CERT-06-2012-5586, de 27 de noviembre de 2012, de fs. 370 de obrados.
Contra la señalada Resolución, el trabajador interpuso recurso de apelación (fs. 509 a 510), que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 113/14 de 05 de diciembre, de fs. 520 a 521, por la cual confirmó en parte la Resolución N° 197/14 de 21 de marzo, disponiendo únicamente que el SENASIR emita un nuevo Certificado de Compensación de Cotizaciones del Asegurado con matrícula 531106-CAA, expresada en moneda de uso legal vigente a la fecha de emisión de dicho certificado, todo conforme el anexo del Decreto Supremo (DS) N° 0822 y en el ámbito de lo expresado en dicha resolución.
Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 524 a 527 vta., interpuesto por Angelino Chiara Acarapi, señalando lo siguiente:
Que, el Auto de Vista recurrido infringió el art. 12 del DL N° 13214 de 24 de diciembre de 1975 al confirmar en parte la Resolución de la Comisión Reclamación, basándose en el Informe Técnico realizado por el SENASIR, citando la Resolución Administrativa (RA) N° 213 del año 2012, que señalaba que por tratarse de una minería chica y discontinua no correspondía la aplicación del DL N° 13214, y que no podía aplicarse al caso porque su solicitud data de septiembre de 2005 y la resolución es de reciente creación, infringiendo de esa manera el art. 33 de la Constitución Política del Estado abrogada, porque no podía determinar una aplicación o no de un Decreto Ley, más aún si está respaldado por otras normas que se aplican sin límite, porque en ninguna parte indican no a la minería chica, como el mencionado artículo, concordante con los arts. 83 de la RS 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, 14 y 17 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, infringiéndolos por no aplicarlos debidamente.
Señaló también que, no hizo una tasación de la prueba presentada, puesto que el certificado de trabajo de fs. 8, formulario de inicio de afiliación y boletas de sueldos de fs. 119 a 137, si bien le faltan algunas empero respaldaban lo sostenido por el certificado de trabajo, y la certificación de afiliación emitida por la Caja a fs. 328 referida a la empresa Bajaderia S.R.L. y más, si el informe de cuenta individual de fs. 118 confirma plenamente que existen planillas pero incompletas, por lo que se debió aplicar la supleción de la prueba, pero el Auto de Vista determinó que sólo le reconozcan 6 años y 7 meses.
Señaló también, que de acuerdo con el DS N° 26069 de 9 de febrero de 2001, el último salario es de octubre de 1996, pero de preferente aplicación debieron tomar la fecha de su solicitud 2005 que a fs. 107 vta., consta la fotocopia legalizada de la liquidación de entrega de minerales que es Sb.960.478.400 a tipo de cambio a octubre de 1985 Sb. 1.115.000 cuyo monto equivale a $us.861,42.- a 15 de abril del 2013 dan Bs.5.995,48.- infringiendo esta disposición que origina daño en su economía y va en contra del principio de integralidad del art. 48 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), referente a su promedio salarial y lo cual es injusto porque de acuerdo al DS N° 26069, en cuya parte considerativa indica que: “es necesario establecer operativos de cálculo, la determinación del último salario…“ concordante los arts. 17 y 18 de aclaración y actualización de salario, de esta manera el Auto de Vista desconoció debidamente el DS mencionado ya que su salario estaba determinado en la liquidación última de 31 de octubre de 1985 de fs. 107.
Por último, el Auto de Vista al confirmar la Resolución N° 197/14 de 21 de marzo a fs. 503, está lesionando y desconociendo el principio básico de la integralidad del art. 45.II de la CPE, rompiendo la provisionalidad del seguro social, además infringiendo el principio operacional de la eficiencia, y tecnicismo porque no se tomó en cuenta el salario que se encontraba señalado en la liquidación de 31 de octubre de 1985, aplicándose un instructivo que va en contra del art. 48.III de la CPE, el cual señala la irrenunciabilidad de los derechos en materia social, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, infringiendo así dicho artículo.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido cursante de fs. 520 a 521, disponiendo que se le reconozcan la densidad de 9 años y 8 meses y el salario de Bs.5.995,48.- ordenando se emita nuevo certificado de Compensación de Cotizaciones, con la cantidad justa.
Que, así formulado el recurso de casación, se ingresa a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, conforme loa razonamientos que siguen:
Que, por el formulario que cursa a fs. 116, el asegurado inició su trámite de solicitud de Certificado de Compensación de Cotizaciones, adjuntando la documentación de fs. 1 a 112 de obrados, en cuya virtud la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución N° 5694 de 19 de junio de 2013, otorgando a favor del asegurado el formulario de Compensación de Cotizaciones número 24.370, en el que se consideró un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.1.376,59.- con una densidad de aportes de 9 años y 8 meses por el trabajado realizado en la Policía Boliviana (03/1974 a 01/1977), Grupo Minero “Bajaderia” Vilovic-Terrazas (12/1978 a 12/1981) y Grupo Minero Santa Rosa “Graciela” (03/1982 a 10/1985), fundamentando que dicho monto fue calculado en base a los salarios con mantenimiento de valor respecto al dólar Estadunidense vigente a la fecha de aprobación del formulario, y de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010-Ley de Pensiones, DS N° 822 de 16 de marzo de 2011 y demás disposiciones conexas que rigen para el Cálculo de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.
Contra dicha resolución, el asegurado presentó recurso de reclamación (fs. 379 a 380), que fue resuelto mediante Resolución N° 197/14 de 21 de marzo (fs. 499 a 502), revocando en parte la Resolución N° 5694 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, disponiendo la anulación del Formulario del Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 24.370, ordenando se otorgue una nueva calificación, pero sin tomar en cuenta la aplicación del DL N° 13214 de 24 de diciembre de 1975, con una nueva densidad de aportes de 6 años y 7 meses de aportes, porque en referencia al periodo trabajado que fue calificado del Grupo Minero Bajaderia-Vilovic-Terrazas Oruro-Bolivia durante el periodo de 12/78 a 12/81, no se tomó en cuenta porque dicho Grupo Minero es considerado como Minería Chica, corroborado por la documentación de fs. 141 a 143 de obrados, aclarando que no corresponde la aplicación del citado DL, y el cual debe ser tratado de diferente manera de acuerdo a la normativa vigente a esa fecha en referencia a lo establecido mediante la RA N° 213.11 de 26 de octubre de 2011, numeral 15 inc. m), dejando sin efecto la aplicación del DL N° 13214 en referencia a los periodos 12/78 a 12/81.
La señalada decisión motivó también que el asegurado formule recurso de apelación que fue resuelto por el fallo ahora recurrido de casación, que confirmó en parte la resolución apelada, ordenando al SENASIR emitir un nuevo Certificado de Compensación de Cotizaciones expresada en moneda de uso legal vigente a la fecha de emisión del certificado, conforme al anexo del DS Nº 822; decisión contra la cual el trabajador formuló recurso de casación.
Que, el reclamo traído en casación está referido precisamente a la inaplicabilidad del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975 dispuesto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, en cuanto al trabajo desarrollado por el trabajador solicitante en la mina “Bajadería”, como perforista interior mina por el periodo comprendido desde el 10 de diciembre de 1978 hasta el 10 de enero de 1982 (3 años y 1 mes), puesto que la entidad gestora estableció que dicho grupo minero se considera como MINERIA CHICA, al estar respaldado por las planillas de fs. 141 a 143, por lo que no correspondería la aplicación del citado Decreto Ley, y que en todo caso debería tener el tratamiento que la RA Nº 213.11 de 26 de octubre de 2011 establecía.
Al respecto, se advierte de antecedentes que el SENASIR a través de la Comisión de Reclamación, no consideró los periodos reclamados por el trabajador por su trabajo desarrollado en el grupo minero Bajadería-Vilovic-Terrazas Oruro, tanto porque el grupo minero mencionado estaría contemplado como minería chica y por tanto su tratamiento sería distinto, como porque la solicitud de certificación sería del grupo minero Bajadería S.R.L. La Paz, razones sociales distintas.
No obstante lo anotado, si bien la razón social de la empresa pertenece a Minería Chica, como señaló el SENASIR a través de la Comisión de Reclamación, empero, queda claro que el trabajador solicitante prestó servicios en dicha empresa minera en calidad de dependiente asalariado, así se prueba a través de las literales de fs. 9 y 10, de modo que es plenamente aplicable al caso la previsión normativa establecida en el art. 12 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, en el entendido que los originales del "Aviso de Afiliación del Trabajador", "Aviso de Baja del Asegurado" y "Aviso de Reingreso del Asegurado", determinan el número de cotizaciones mensuales reconocidas al asegurado; por ello es que precisamente el Área de Certificación de Cotizaciones de la entidad gestora, a través de la certificación cursante a fs. 320 y ratificada por el informe de fs. 387 a 388, certificó los 3 años y 1 mes en el grupo Minero Bajadería; máxime si las literales de fs. 384 y 385, evidencian con posterioridad a la fecha señalada, la existencia de empleados y obreros asalariados que no corresponden a la característica de minería chica.
Debe quedar también anotado que, si bien las planillas de fs. 141 a 143, no expresan el nombre del trabajador solicitante como personal de dicha empresa minera, se debe a que las mismas sólo contemplan los nombres de los ejecutivos, que al ser documentación incompleta, no puede suponer que el trabajador no haya prestado servicios en dicha empresa; en igual criterio que la diferencia que pueda existir entre las denominaciones que se otorguen a los empleadores, como se advierte de las literales de fs. 9 y 10, en las que, si bien la razón social del empleador varía entre uno y otro, empero el número de empleador o patronal es el mismo, por lo que no se puede desconocer los años de servicio que el trabajador reclama tener, conforme a lo documentado.
Que, es importante referirnos a uno de los principios constitucionales señalado en los arts. 180.I del CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), como es el principio de la verdad material, que orienta hacer prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
En el caso de análisis, se advierte entonces que el trabajador, a tiempo de solicitar su certificado de Compensación de Cotizaciones, adjuntó como prueba de su record de servicios, certificado de trabajo en el Grupo Minero “Bajaderia” Vilovic-Terrazas, desde 10 de enero de 1978 hasta 10 de enero de 1982, aviso de afiliación y reingreso del trabajador en la Empresa Minera Vilovic-Terrazas, informe de la Caja Nacional de Salud de hospitalización del asegurado-demandante del 7/11/1980 y dado de alta el 15/12/1980, y papeleta de alta de la Caja Nacional de Salud (CNS), pruebas que acreditan que el Grupo Minero al que prestó servicios fue de la ciudad de Oruro; así lo respaldan también las literales de fs. 328 y 331 de obrados.
De lo expuesto, es necesario mencionar la obligación de dar cumplimiento irrestricto de los principios protectivos a favor de todo asegurado, resguardados constitucionalmente, por lo que el Tribunal ad quem debió subsumir en el principio de la verdad material, y respetando, de manera obligatoria, su derecho a acceder a la seguridad social del demandante, más aún, cuando es un deber del Estado el garantizar el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo conforme lo dispone el art. 46 de la CPE.
En cuanto a la normativa aplicable en materia de seguridad social cuando haya existido documentación aunque incompleta de los asegurados, como lo fue en el presente caso, tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia han establecido un criterio uniforme a efectos de proveer seguridad jurídica a los ciudadanos, así entre otros, el Auto Supremo Nº 685 de 15 de diciembre de 2010, señaló: ".....En relación al ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario dispuesto por el Art.14 del DS. 27543, la Corte Suprema tiene como precedente que: " el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no se encuentran consignados en las mismas, sin embargo, cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del sistema de reparto, emitió la R.M. Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del Art. 14 del DS. Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones" (A.S. Sala Social II, Nº 22/2009). Asimismo, la resolución ministerial aludida y que es posterior a la R.S. Nº 550 de 28-09-05, en la parte in fine de su único artículo establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DS. 27543....." (sic).
Respecto a la densidad de aportes del asegurado, es menester señalar que el art. 45 de la CPE establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
En el mismo sentido, la renta de vejez se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones legales que advierten que el derecho a la renta de vejez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.
En ese entendido, debe señalarse que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo justo que cuando pretendan acceder a ejercer su derecho se les restrinja u obstaculice el acceso al mismo.
Por otra parte, en cuanto al reclamo respecto a que el Auto de Vista recurrido habría desconocido el DS N° 26069 de 9 de febrero de 2001, cuya parte considerativa indica que es necesario establecer operativos de cálculo, la determinación del último salario, concordante con sus arts. 17 y 18 de aclaración y actualización del salario; cabe señalar que el asegurado reclama la aplicación de un Decreto Supremo sobre otro que aplicó el SENASIR, pero sin explicar cuál la relevancia jurídica para tal aplicación del DS N° 26069, que considera era el correcto en el presente caso, pues de la lectura del Decreto Supremo mencionado, se advierte que su art. 17 está referido al “Valor del salario cotizable”, art. 18 concerniente a la “Actualización del salario cotizable”, y por último, su art. 20 que indica el “Salario cotizable de afiliados del sector minero”, son a la letra, de total semejanza a los arts. 50, 72 y 74 del DS N° 0822 de 11 de marzo de 2011 (aplicado al caso particular), y en ambos Decretos Supremos mencionados existen dos ámbitos de cotizaciones, uno por planillas y otro por internación y/o comercialización de minerales y establece el procedimiento de compensación de cotizaciones que se efectúa en base a la normativa mencionada porque los factores están determinados en tales normas, por consiguiente, este Tribunal no encuentra trascendente la aplicación de un Decreto Supremo sobre otro, más aún cuando el trabajador no explicó de manera clara en qué consistiría dicho perjuicio por parte del Auto de Vista, cuando refiere desconocimiento a lo establecido en el DS N° 26069.
Al tratarse de dos normativas de igual contenido respecto al salario cotizable, no se encuentra afectación a derecho alguno, puesto que al momento de establecer el salario cotizable, el SENASIR consideró tanto la liquidación de la Empresa Minera Graciela de fs. 107 como también la de fs. 106, repetidas a fs. 368 y 369, respectivamente, es decir consideró ambas liquidaciones del mes de octubre de 1985, conforme se advierte de las resoluciones del SENASIR (fs. 374, 499 a 502 de obrados), por lo que la normativa aplicada (DS N° 0822) por el SENASIR y confirmada en ese punto por el Tribunal ad quem, es la correcta.
Por lo expuesto, se concluye que el recurso de casación resulta parcialmente fundado, sólo en cuanto se refiere a los años de servicio que el trabajador demostró haber prestado en la empresa minera Bajadería, con un total de 3 años y 1 mes, los mismos que conforme se anotó precedentemente, corresponden ser considerados por el SENASIR a efectos de emitir un nuevo Certificado de Compensación de Cotizaciones incluyendo dicho periodo, en correcta aplicación del arts. 12 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, por lo que corresponde resolver el recurso conforme prescribe el art. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo dispone que el SENASIR, a través de sus instancias correspondientes, emita Certificado de Compensación de Cotizaciones en el que se incluya además los años de servicio que el trabajador demostró haber prestado en la empresa minera Bajadería, manteniendo en lo demás, firme y subsistente el fallo recurrido.

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