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Timestamp: 2019-10-19 02:57:55+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1060 DE NOVIEMBRE 11 DE 2003
SENTENCIA C-1060 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, INCODER. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 , Y EL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 1300 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
Sentencia C-1060 de noviembre 11 de 2003
Sentencia C-1060 de 2003
Ref.: Expediente D-4669
Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 2º del artículo 22 y el artículo 23 del Decreto-Ley 1300 de 2003 “por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura”.
A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.196, de 23 de mayo de 2003. Se resalta lo acusado.
“DECRETO 1300 DE 2003
Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura.
ART. 23.—Delegación y descentralización. El Incoder transferirá por delegación a las administraciones departamentales, el ejercicio de las funciones que considere pertinentes, en la forma y plazos que defina el estudio que para el efecto realizará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. El Incoder realizará el seguimiento y evaluación al proceso de delegación”.
2. Problema constitucional a resolver.
En primer lugar, es pertinente dilucidar sí, como lo afirma el accionante, contraría el ordenamiento superior, particularmente los artículos 150-10 y 209, que el artículo 23 del Decreto 1300 de 2003, autorice al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para transferir por delegación a las administraciones departamentales, el ejercicio de las funciones que considere pertinentes, como quiera que con ello se desbordan las facultades extraordinarias conferidas al ejecutivo por el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2003, por cuanto la ley habilitante no faculta al Presidente de la República para autorizar a ese instituto, la delegación de sus funciones sin someterse a la ley que regula dicha figura, esto es, a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 489 de 1998.
El artículo 23 acusado resulta contrario al artículo 287 de la Constitución Política, en tanto impone a las entidades territoriales la delegación allí establecida, vulnerando la autonomía de las mismas.
Vulnera el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, que el parágrafo 2º del artículo 22 del Decreto 1300 de 2003, autorice al Incoder para transferir parte de sus fondos o bienes a entidades de derecho público, cuando dicha entidad haya delegado en ellas algunas de sus atribuciones, por cuanto la facultad conferida al Presidente de la República mediante el literal f), del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, solamente lo autoriza para crear las entidades u organismos requeridos para cumplir con los objetivos de las entidades u organismos suprimidos, escindidos, transformados o fusionados.
3. Innecesaria integración normativa con la Ley 790 de 2002 —ley de facultades—.
El Decreto 1300 de 2003, fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, por el artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 2002. En el presente asunto se demandan el parágrafo 2º del artículo 22 y el artículo 23 del mencionado decreto, sin que para el análisis de constitucionalidad se haga necesaria la integración normativa con la ley habilitante, porque las disposiciones acusadas tienen un contenido normativo propio que las hace plenamente inteligibles por sí solas, de suerte que su análisis de constitucionalidad no depende de preceptos normativos contenidos en otras regulaciones (1) .
(1) Cfr. C-670 y 758 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Adicionalmente, el demandante parte precisamente de la existencia del Incoder, como un instituto creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1300 de 2003, con fundamento en las facultades extraordinarias, de las cuales se predica por el actor la existencia de una extralimitación del ejecutivo al ejercerlas en este caso concreto.
4. Constitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 22 y del artículo 23 del Decreto-Ley 1300 de 2003.
4.1. La Ley 790 de 2002, en su artículo 16 confirió al Presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, facultades extraordinarias por el término de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de esa ley, para entre otras cosas “[C]rear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen cuando a ello haya lugar”, atribución contenida en el literal f) de la disposición mencionada.
Con fundamento en esa potestad conferida al ejecutivo, se expidió el Decreto-Ley 1300 de 2003, por el cual se creó el Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, con el fin de que cumpliera los objetivos de varias entidades suprimidas, a saber: Incora, INAT, DRI e INPA.
La ley de creación del Incoder, le asignó dentro de sus funciones generales (art. 4º, num. 19), “[A]delantar el proceso de delegación de funciones a las administraciones departamentales, salvo aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de delegación”. Por su parte, el artículo 10, numeral 4º del Decreto 1300 de 2003, estableció como funciones de la gerencia general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, entre otras, “[C]elebrar los convenios de delegación de funciones a las administraciones departamentales a título individual o en forma asociada, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.
4.2. El artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. Por su parte, el artículo 211 superior, defiere a la ley la fijación de las condiciones “para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”.
Para el caso que nos ocupa, la figura de la delegación, constituye una modalidad de transferencia de funciones administrativas, establecida por la Constitución como uno de los mecanismos de organización del ejercicio de la función administrativa, en cuya virtud y, en los casos y supuestos permitidos por la ley, se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia. Los elementos constitutivos de la delegación, son: i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; ii) la transferencia de funciones se realiza por el órgano titular de la función; iii) la necesidad de la existencia de previa autorización legal; y, iv) el órgano que transfiere puede en cualquier momento reasumir la competencia (2) .
(2) Cfr. C-561 de 1999, C-327 de 2002; C-372 de 2002.
En torno a ese modelo de organización administrativa, la Corte ha reseñado las características constitucionales y jurisprudenciales básicas de la delegación (3) . Recientemente (4) , esta corporación recogiendo la jurisprudencia al respecto, señaló que la finalidad de la delegación no es otra que permitir a las autoridades públicas “diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de los fines esenciales del Estado (C.P., arts. 2º y 209). Así mismo, expresó que el objeto de la delegación recae sobre la competencia o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo“. [L]a Constitución lo postula y el legislador así lo ha consagrado en diferentes oportunidades (5) . Igualmente la Corte se pronunció sobre la competencia, como objeto de la delegación (6) . Por otra parte, en cuanto a la autorización para delegar, expresó la Corte en la sentencia que se cita, que las autoridades podrán delegar el ejercicio de asuntos expresamente autorizados en las condiciones que fije la ley (7) . También se refirió este tribunal constitucional, a la improcedencia de la delegación y, al respecto manifestó que:
(3) Cfr. C-315 de 1995, C-398 de 1995, C-936 de 2001.
(4) Sentencia C-372 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(5) La delegación recae sobre la autoridad o competencia que ostenta el delegante para el ejercicio de las atribuciones o funciones a su cargo. Cfr. Ley 80 de 1993, artículo 12 y Ley 734 de 2002, artículo 148.
(6) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) Sobre este aspecto de la delegación, en la Sentencia T-705 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se afirma que el mecanismo de la “la delegación de funciones en otras autoridades o en los subordinados de aquella a la cual fueron atribuidas por la Constitución o las leyes, ciertamente está previsto como válido en el estatuto superior, pero siempre sometido a la vigencia de ley previa que expresamente autorice la delegación y establezca los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios; así lo establece con claridad el artículo 211 de la Carta Política”.
“[H]ay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite delegación. Un ejemplo de restricción expresa en materia de delegación se encuentra en la prohibición para que el Vicepresidente de la República asuma funciones de ministro delegatario (C.P., art. 202). También resulta improcedente la delegación para el ejercicio de la actividad o competencia de la integridad de la investidura presidencial (8) o cuando la delegación supone transferir aquellas atribuciones que atañen con el señalamiento de las grandes directrices, orientaciones y la fijación de políticas generales que corresponden como jefe superior de la entidad estatal “pues, lo que realmente debe ser objeto de delegación, son las funciones de mera ejecución, instrumentales u operativas” (9) .
(8) Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(9) Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Así mismo, en la Sentencia T-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte estima que la función del Procurador General de la Nación consagrada en el artículo 278 numeral 1º de la Constitución Política, es indelegable porque esta competencia “ii) es exclusiva del Procurador; iii) no existe en la Constitución la autorización para delegarla; iv) aún si quisiera delegarla, ello sería inconstitucional, porque la Carta expresamente dice que es una función que debe ejercer directamente”. Además, en relación con la restricción de la delegación, pueden consultarse las sentencias C-214 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-582 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-272 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-496 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ahora, en relación con el delegante, este puede ser designado por la Constitución o la ley y se le garantiza un amplio margen de discrecionalidad para decidir si delega o no el ejercicio de las funciones propias de su empleo o cargo, así como la de fijar los parámetros y “condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de los delegatarios” (10) . Finalmente, es preciso recordar que para el ejercicio de dicha facultad, se requiere de un acto formal de delegación en el cual se establezcan las condiciones de tiempo, modo y lugar para su ejercicio.
(10) Ley 489 de 1998, artículos 9º y 10 Cfr. C-372 de 2002.
4.3. Teniendo en cuenta las pautas jurisprudenciales acabadas de citar, entra la Corte a determinar si como lo considera el demandante, el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 16, literal f), de la Ley 790 de 2002, vulnerando con ello los artículos 150-10 y 209 de la Carta Política, pues a su juicio la ley habilitante no faculta al ejecutivo para que el Incoder pueda delegar funciones sin someterse a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 y por cuanto establece como obligatorio para los departamentos la aceptación de la delegación, violando la autonomía de las entidades territoriales así como la temporalidad de la delegación.
Considera la Corte que no le asiste razón al actor. Como se vio la delegación es uno de los mecanismos de organización de la función administrativa, la cual se encuentra al servicio de los intereses generales. Las condiciones para hacer posible la delegación de funciones por parte de autoridades administrativas en sus subalternos o en otras autoridades, serán las establecidas en la ley por mandato expreso del artículo 211 de la Constitución Política. Así, el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, dispuso que las autoridades administrativas “en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley”, pueden mediante un acto de delegación “transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias”. En ese orden, el Decreto-Ley 1300 de 2003, dispuso como una de las funciones generales del Incoder la posibilidad de delegar las funciones susceptibles de delegación, en las administraciones departamentales (D. 1300/03, art. 4º, num. 19), y, facultó a la gerencia general para la celebración de convenios de delegación de funciones a esas entidades de derecho público (D. 1300/03, art. 10, num. 4º).
Siendo ello así, la transferencia de funciones del Incoder que por delegación se realice a las administraciones departamentales, se encuentra sujeta a las condiciones señaladas no sólo en la ley que creó dicho instituto, sino en la ley que regula el ejercicio de la función administrativa, como lo es la Ley 489 de 1998. El hecho de que el artículo 23 acusado no disponga la celebración de convenios como requisito previo para la delegación de funciones a favor de entidades territoriales, no significa que ese requisito haya desaparecido, como erradamente lo entiende el demandante, pues, como se vio, el Decreto 1300 de 2003, faculta al gerente general para la celebración de los mismos. No puede efectuarse una lectura aislada de la norma acusada para deducir de ella una presunta inconstitucionalidad, como lo hizo el accionante, pues la propia ley de creación del Incoder prevé la celebración de los convenios que se requieren como presupuesto previo a la transferencia de funciones mediante el mecanismo de la delegación.
En efecto, la transferencia de funciones que por delegación realice el Incoder a entidades territoriales, según lo dispone el artículo 23 acusado, deberá ajustarse plenamente a lo dispuesto por la Constitución y la ley que regula la figura de la delegación, esto es la Ley 489 de 1998, que en su artículo 9º establece, como ya se señaló, que las “autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con esa ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”. Así lo estableció esta corporación al señalar:
“[l]a Corte pone de presente que la delegación a la que se refiere la norma en comento (11) , conforme lo señala ha señalado (sic) la jurisprudencia de esta corporación, debe estar tan solo señalada por la ley, la cual según lo indica la Constitución debe fijar las condiciones de la misma, cosa que es exactamente lo que hace el artículo 9º parcialmente acusado que precisamente autoriza a los representantes legales de las entidades descentralizadas, para delegar funciones de conformidad con las condiciones que se indican en los artículos inmediatamente siguientes de la misma Ley 489 de 1998. De la Constitución no se desprende que sea necesario que la ley señale expresamente qué funciones van a ser delegadas por dichas autoridades, determinación que puede ser hecha por el delegante. La Carta sólo exige autorización legal general para llevar a cabo tal delegación y fijación igualmente legal de las condiciones de la misma” (12) .
(11) Se refiere al artículo 9º de la Ley 489 de 1998.
(12) Sentencia C-727 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Encuentra la Corte equivocada la interpretación que del artículo 23 del Decreto-Ley 1300 de 2003 realiza el actor, cuando deduce que ese precepto normativo autoriza al Incoder para delegar las funciones que considere pertinentes en entidades territoriales sin la celebración de los convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria a que se refiere el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, pues el propio decreto de creación del instituto, se repite, faculta al gerente general para la celebración de dichos convenios (art. 10, num. 4º), los cuales en todo caso se deberán sujetar a los términos que señalen la Constitución y la ley. Adicionalmente, la delegación de funciones que realice el Incoder en las administraciones departamentales, según lo dispone el artículo 23 cuestionado, se realizará en la forma y plazos definidos en el estudio que previamente realicen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación.
Precisamente, esta corporación al realizar el análisis de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en el cual se impone la obligación de la celebración de los referidos convenios cuando se presente la delegación entre entidades públicas, manifestó lo siguiente:
“[A] juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o entidades del orden nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegación, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonomía de la entidad territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonomía y por ello, para el reparto definitivo de competencias entre la nación y las entidades territoriales, ha diseñado mecanismos rigurosos, a través de trámites legislativos exigentes, como los propios de las leyes orgánicas.
Dicha autonomía, sin embargo, se ve salvaguardada en el evento de delegación, si el traslado de competencias, previamente autorizado por el legislador, resulta ser aceptado por la entidad territorial delegataria mediante la suscripción de un acuerdo, como lo dispone el inciso primero de la disposición sub examine. Sin embargo, el parágrafo de la misma, al permitir que para la delegación de funciones afines a las que cumple la entidad delegataria no se requiera tal convenio, impide el ejercicio legítimo de la autonomía de las entidades territoriales (13) . (...) Una vez pronunciada la referida inexequibilidad, conforme a lo dispuesto por el inciso primero de la disposición, toda delegación de funciones entre entidades nacionales y territoriales, operará en virtud de convenio en el que se definan los derechos de la delegante y la delegataria, y los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la función delegada, dentro del marco de las disposiciones presupuestales y de planificación”.
(13) El parágrafo del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, fue declarado inexequible en la sentencia que se transcribe (C-727/00), por consagrar la posibilidad de la delegación de funciones entre entidades territoriales sin la suscripción de un convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de las partes.
Dicho convenio, empero, no viola la disposición constitucional que determina la reserva de ley estatutaria para efectos del reparto de competencias entre la nación y los entes territoriales, siempre y cuando el mismo no signifique un reparto definitivo de competencias sino tan solo temporal. El reparto definitivo de las mismas, no puede ser hecho sino mediante ley orgánica, conforme al artículo 151 superior. Pero mediante acuerdo de colaboración transitoria, la Corte estima que sí pueden transferirse funciones administrativas de entes nacionales a entes territoriales, pues ello desarrolla los principios de colaboración armónica y complementariedad a que se refiere el artículo 113 y 209 de la Carta, sin desconocer la autonomía de las entidades territoriales, quienes pueden no aceptar la delegación, y convenir las condiciones de la misma” (14) . (Negrillas fuera de texto).
(14 ) Sentencia C-727 de 2000.
El hecho de que el artículo 23 acusado no establezca un plazo determinado para la transferencia de funciones administrativas en entes territoriales, mediante el mecanismo de la delegación, no lo hace inconstitucional, ni se deriva del mismo la imposición como obligatoria a la entidad territorial delegataria como lo supone el actor, pues la ley por su carácter general faculta a la entidad de que se trate, en este caso al Incoder para delegar las funciones que considere pertinentes, para lo cual se debe sujetar a los requisitos que para el efecto consagra la ley (L. 489/98, art. 10), pues, se repite, la propia Constitución defirió a la ley la fijación de las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, según lo consagra el artículo 211 superior. Siendo ello así, la delegación de funciones que realice el Incoder, necesariamente, deberá llevarse a cabo, a través de un acto administrativo motivado en el cual se establezcan las condiciones de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación (15) .
(15 ) Cfr. C-382 de 2000, C-372 de 2002.
El artículo 23 acusado no excede las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, para crear las entidades u organismos que se requieran a fin de desarrollar los objetivos que cumplían entidades u organismos suprimidos, escindidos, fusionados o transformados, pues el ejecutivo podía en el acto de creación del Incoder, determinar la posibilidad de la delegación de funciones de esa entidad en entidades territoriales, a fin de hacer efectivos los principios que orientan la función administrativa (C.P., art. 209), sin que fuera necesario una regulación detallada de ese mecanismo en el acto de creación, pues la fijación de las condiciones entre delegante y delegatario, son propias del acto administrativo de delegación con sujeción a la ley que regula el ejercicio de la función administrativa (16) . La posibilidad que confiere la ley al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural de transferir funciones por delegación a las administraciones departamentales, en vez de violar el artículo 209 de la Carta Política, le da pleno desarrollo dadas las importantísimas funciones que dicho organismo está llamado a cumplir, pues su objeto no es otro que ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, así como “facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural bajo los principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.
(16) Ley 489 de 1998, artículo 1º.
De lo expuesto, se tiene que la delegación de funciones es un mecanismo establecido por la Constitución Política, para desarrollar plenamente los principios que orientan la función administrativa. Por ello, el hecho de que el artículo 23 cuestionado otorgue como una función propia del Incoder la posibilidad de transferir por delegación algunas de las funciones que considere pertinentes, de conformidad con la Constitución y la ley (D.L. 1300/2003), no contrarían la Carta Política, pues en todo caso la transferencia de funciones a las entidades territoriales, mediante el mecanismo de la delegación, deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y deberes tanto del delegante como del delegatario, con lo cual se garantiza la autonomía de las entidades territoriales, así como sujetarse al establecimiento de los límites y condiciones que debe contener el acto de delegación.
4.4. Ahora bien, el parágrafo 2º del artículo 22 del Decreto 1300 de 2003, dispone la transferencia de parte de sus fondos o bienes a favor de entidades de derecho público, cuando delegue en ellas alguna de sus atribuciones “de conformidad con las normas vigentes”.
Para el ciudadano demandante esa disposición contraría lo dispuesto por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, por exceso en las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, mediante el literal f), del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, por cuanto esa norma lo autorizó para crear las entidades u organismos necesarios para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos suprimidos, escindidos, fusionados o transformados, y no para transferir fondos o bienes cuando el Incoder delegue algunas de sus funciones.
El Presidente de la República, al expedir el Decreto 1300 de 2003, desarrolló la facultad extraordinaria que le confirió el literal f), del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, para “[C]rear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar”. En ese sentido, al crear el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y otorgarle la posibilidad de delegar algunas de sus atribuciones a las entidades territoriales, estableció en la norma que se cuestiona, que para el efectivo ejercicio de las funciones delegadas, el mencionado instituto pueda transferir parte de sus fondos o bienes, de conformidad con las normas vigentes.
Nótese que el parágrafo acusado, hace referencia a la posibilidad de transferir parte de sus fondos o bienes para el cumplimiento de la función que se delega de conformidad con las normas vigentes, lo cual remite necesariamente al artículo 50 de la Ley 489 de 1998, en el que se dispone que la estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende ciertos aspectos, entre ellos la integración de su patrimonio. Ello además guarda armonía con la regla constitucional consagrada en la Constitución Política (art. 150-7), según la cual a la ley le corresponde la creación de organismos del orden nacional, señalando sus objetivos generales y estructura orgánica.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la delegación de funciones a las entidades de derecho público, deberá realizarse mediante la celebración de un convenio interadministrativo, en el mismo, como lo señaló la Sentencia C-727 de 2000, ya citada, se deberán definir los derechos de la entidad delegante y la delegataria “y los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la función delegada, dentro del marco de las disposiciones presupuestales y de planificación”.
Esa transferencia de parte de los fondos o bienes del Incoder en las administraciones departamentales es transitoria; no significa en manera alguna, como equivocadamente lo interpreta el demandante, una delegación permanente de funciones; sencillamente consagra la posibilidad de dotar a las entidades territoriales que en forma transitoria ejercerán las funciones del Incoder en virtud de la delegación, de los recursos necesarios para el eficaz y eficiente ejercicio de esas atribuciones.
De las consideraciones expuestas, la Corte no encuentra que las disposiciones acusadas en tanto facultan al Incoder para delegar las funciones que considere pertinentes en entidades territoriales, y transferirles parte de sus fondos o bienes para el cumplimiento de tales funciones transitorias, vulneren la Constitución Política.
Declarar EXEQUIBLES el parágrafo 2º del artículo 22, y el artículo 23 del Decreto Ley 1300 de 2003, por los cargos analizados en esta sentencia.

References: ARTÍCULO 22
 ARTÍCULO 23
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 artículo 23
 artículo 287
 artículo 150
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 artículo 148
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 artículo 9
 artículo 23
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