Source: http://cristianortegamahan.blogspot.com/2003/
Timestamp: 2017-04-29 17:26:15+00:00

Document:
La quinta W: 2003
Existen numerosas investigaciones periodísticas que hacen eje sobre las motivaciones de los militares para asumir el poder. María Seoane y Vicente Muleiro, en el libro El Dictador -biografía de Rafael Videla-, explican que la razón del golpe fue la instauración de un modelo económico que delineaba un país excluyente, desindustrializado, con un Estado débil, para pocos con mucho y para muchísimos con casi nada. La continuidad del modelo impuesto a fuego y sangre en 1976 fue ratificada por el propio Martínez de Hoz. En una entrevista a la revista 3 puntos, en octubre del 2002, dijo: “(Domingo) Cavallo y (Carlos) Menem fueron impulsores de nuestros mismos principios”.Seoane y Muleiro, desarrollan: “Para Martínez de Hoz y el CEA (Consejo Empresario Argentino), el plan económico era una reedición de las variantes ortodoxamente liberales: internacionalización de la economía argentina con sesgo agroexportador, apertura irrestricta al comercio exterior, drástica concentración de la riqueza, reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas, y endeudamiento externo. El plan era para un país con 10 millones de habitantes; sobraba la tercera parte y, sobre todo, los trabajadores industriales”.En esa línea, Jorge Lanata en Argentinos II, dice cómo interpretaban el lineralismo los militares: “Una especie de precapitalismo salvaje, mezclado con anarquismo spenceriano, que planteaba la desaparición del Estado como contenedor social”.En este esquema, jugó la oligarquía argentina, que nutrió con planes y hombres -Martínez de Hoz, apellido ilustre de la Sociedad Rural- a la dictadura de Videla y compañía.En 1982, los salarios reales habían disminuido 40 puntos con relación a 1975. La deuda externa pasó de 5.500 a 200.000 millones de dólares entre 1975 y el 2002, incrementándose 365 por ciento durante la dictadura. Seoane, en su libro El saqueo de la Argentina, cuenta: “Este proceso de endeudamiento se inició con el régimen dictatorial del eje Videla-Martínez de Hoz. Luego ingresó al juego Cavallo, cuya intervención en el BCRA en el gobierno de (Reynaldo) Bignone, y más tarde desde el Ministerio de Economía con Menem y (Fernando) De la Rúa, sería decisiva”.Seoane va más allá y detalla la génesis de este plan de endeudamiento programado y calculado: “La nueva era de dominio político sobre los países emergentes, vía la deuda, comenzó a desplegarse desde lo que se llamó la Comisión Trilateral (Trilateral Commission), fundada en 1973, un antecedente de lo que luego fue el Consenso de Washington”. Publicado por
El actual debate sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -que fueron anuladas por el Congreso recientemente y hoy están a disposición de la Corte Suprema de Justicia–, puede significar el final de un intrincado camino de decretos y leyes que en su momento y con contextos particulares, intentaron la tan mentada “pacificación del país”. Los intentos, en general, siempre beneficiaron a los militares que en un primer momento fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, en 1985, gracias a un decreto del ex presidente Raúl Alfonsín, que no dejaba a resguardo a los subalternos.Para entender este andamiaje legal, es necesario recorrer los decretos y leyes que fueron dictados y promulgadas durante los últimos 30 años.Durante la administración de Isabel Perón, en febrero de 1975 se firmó el decreto 261, con el que el Ejército tomaba el mando para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.En octubre de ese año, por una seguidilla de tres decretos (2.770, 2.771 y 2.772), se conformó el Consejo de Seguridad Interna, con amplia participación militar. Este órgano tenía la posibilidad de controlar las policías y personal penitenciario de las provincias.En 1983, el 23 de marzo, la dictadura, ya en retirada, promulgó la llamada ley de autoamnistía (22.924). El artículo 1º decía: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”. El artículo 5º de esta ley completaba la red de impunidad: “Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley”.Diciembre del 83, apenas asumido Alfonsín, fue un mes movido. Se intentó echar luz sobre los años oscuros. Así fue como el entonces presidente firmó el decreto 157 el 13 de ese mes, conocido como “la tesis de los dos demónios”. Ordenaba la persecución penal de los jefes de la guerrilla. El artículo 1º decía: “Declárase la necesidad de promover la persecución penal (...) contra Mario Eduardo Firmenich; Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Armando Obregón Cano; Rodolfo Gabriel Galimberti; Roberto Cirilo Perdía; Héctor Pedro Pardo; y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público”.Ese mismo día, otro decreto, el 158, ordenaba el juzgamiento de las juntas militares. “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”, decretaba Alfonsín.Días después, el mandatario, quien contaba con un colosal apoyo popular, impulsó la sanción en el Congreso de la ley que anulaba la autoamnistía. Fue la 23.040 del 22 de diciembre de 1983. El gobierno alfonsinista, con problemas económicos y a poco de perder las legislativas del 87, decidió impulsar la Ley de Punto Final (23.492), para dejar fuera de los procesos penales a todos aquellos que no fueron juzgado en el histórico proceso a las juntas militares de 1985. El artículo 1º de esa norma decía: “Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar), que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente”.De los legisladores mendocinos, el entonces diputado Raúl Baglini votó a favor de la ley, mientras que los justicialistas José Octavio Bordón y José Luis Manzano estuvieron ausentes.En el Senado, los mendocinos le levantaron la mano a la Ley de Punto Final. Fueron José Genoud y Margarita Malharro de Torres (aún no existía el tercer senador por la minoría).El 8 de junio de 1987, se promulgó la otra ley que hoy es eje de debate: la de Obediencia Debida.Llevó el número 23.521 y estableció que los oficiales subalternos no son punibles de acusaciones de delitos penales por obrar en virtud de la “obediencia debida”. El artículo 1º de la norma decía: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10, punto 1º de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar) por haber obrado en virtud de obediencia debida”.Pasaron un par de años hasta la próxima movida legal con el fin de “pacificar el país”. El presidente ya no era Alfonsín. Carlos Menem, a los pocos meses de estar el frente del país, firmó cuatro decretos: 1.002, 1.003, 1.004 y 1.005, todos del 7 de octubre de 1989: eran los primeros indultos. Poco más de un año después, en diciembre del 90, los decretos 2.741/90 y 2.742/90 seguían con los indultos, que alcanzaron a Mario Eduardo Firmenich.El penúltimo capítulo de esta historia tuvo lugar el 26 de marzo de 1998, cuando el Congreso de la Nación derogó ambas leyes.El capítulo final está desarrollándose. Queda esperar el dictamen de la Corte, que es fuertemente presionada por el Ejecutivo, para saber si las leyes son o no inconstitucionales. De esto depende que los procesos se reabran y centenares de militares marchen hacia un proceso que ha esperado 20 años para completarse.
Por Verónica Césari
La Colonia Papagallos fue uno de los centros clandestinos de detención que operó a principios del 76 en Mendoza y que no figura en el informe que realizó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP).Se trataba de una casa construida para colonia de verano, emplazada en medio del piedemonte, a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Hoy sólo quedan dos paredes en pie de lo que fue el lugar en donde estuvieron detenidos Ricardo Puga, Juan Basilio Sgroi y Francisco Solano López, entre otros. Con el regreso de la democracia, el edificio quedó en estado de abandono. Su demolición fue detenida por orden del ex subsecretario de Educación Juan Manuel Estrella, cuando el mismo Puga reconoció por casualidad el lugar en donde estuvo detenido.Puga explicó que él se dio cuenta de que ese es el lugar a donde lo llevaron en enero del 76, casi tres meses antes del golpe de Estado, cuando fue a buscar a una de sus hijas que estaba realizando una actividad escolar en ese lugar.Las subidas y bajadas para llegar a la Colonia quedaron grabadas en la memoria de Puga y volverlas a transitar le devolvieron el recuerdo. Observando el lugar, encontró una prueba de su estancia allí: en una de las paredes del centro clandestino todavía seguía escrito su nombre, un testimonio que hoy ya no está.Al darse cuenta de esta situación y de que estaban destruyendo el lugar, averiguó a qué dependencia del Estado correspondía para frenar la demolición, cosa que sucedió por orden de Estrella. “Reconozco la actitud que tuvo en ese momento el director de Los Andes y la gente del diario, que días antes del golpe, publicó la lista de quienes estábamos detenidos en el penal de Mendoza, lo que nos legalizó ante la opinión pública y evitó la desaparición de mucha gente”.Luego de su estancia en Papagallos, fue trasladado al D-2 y , paso seguido, a la Penitenciaría provincial. Sólo puede dar fe de la estancia de Sgroi y Solano López y sostiene que había otras personas pero nunca se enteró de quiénes se trataron y qué fue de ellos.A un par de las personas que lo detuvieron en Arenales e Italia de Guaymallén les pudo ver las caras pero nunca pudo reconocer a sus secuestradores. Su detención se debió a una denuncia que realizaron con Sgroi, los dos eran militantes del Partido Auténtico, por un atentado que había sufrido Alberto Martínez Baca en San Rafael. Pusieron de manifiesto, en una solicitud que publicó Los Andes, las actividades del jefe de policía, Julio César Santuccione, y la existencia de organismo parapoliciales, que ya estaban operando en la provincia.
7) Estrategia para juzgar a los represores en Mendoza
Por Pablo Icardi Luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un grupo de abogados mendocinos junto con las asociaciones defensoras de los derechos humanos trabajan en una estrategia para juzgar a en Mendoza a los militares, policías y civiles que participaron del terrorismo de Estado. El tema es coordinado con los abogados que llevan los juicios en el resto del país, quienes quieren llevar adelante una acción conjunta. Pero el tema en Mendoza es más complicado.Es que en la provincia dicen tener en contra a miembros de la Justicia federal por estar identificados con el proceso golpista: muchos fueron designados en esa época y, dicen, “así no se garantiza imparcialidad”.Por esa razón en Mendoza no se presentó un recurso de nulidad de las leyes. “No queremos generar un antecedente negativo. Si en Mendoza la Justicia federal se declara en contra de la nulidad, puede generar una jurisprudencia que juegue en contra para todo el país”, dijo uno de los abogados que trabaja en el tema.Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad de las leyes, estarían en condiciones de abrirse más de 50 causas referentes a Mendoza que quedaron anuladas entre 1986 y 1987.Cuando se decidió juzgar a los militares, la Justicia federal mendocina se declaró incompetente y los jueces cordobeses tomaron los casos de toda la “Zona 3”, aplicando el Código de Justicia Militar (según la organización militar en ese distrito estaba todo Cuyo, el Norte y la base estaba en la provincia mediterránea). Pero llegado el caso de la apertura de los juicios, los abogados quieren que ex militares y policías que actuaron en Mendoza sean juzgados aquí. La estrategia
El primer paso de la acción sería lograr que se traigan las causas. Pero eso no sería lo más complicado. Según opinan los juristas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza “está muy identificada con el proceso y es proteccionista de los militares”. Por eso intentarán que no sea la Cámara federal la encargada de las causas, sino que sean tratadas por los jueces de primera instancia.En ese sentido, esta semana ya hubo un avance. La Cámara Federal porteña reabrió las causas contra los militares y, lo más importante, declaró que los juicios deben hacerse de acuerdo al Código Procesal Penal y no con el Código Militar. Esto haría actuar a los jueces de primera instancia.Otra clave de la apertura de los juicios es la declaración de delitos “imprescriptibles” que determinó el Congreso. Y de tipificar los delitos cometidos por la dictadura como de “lesa humanidad”. “Estamos frente a crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la tipología adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1945”, dijo Pablo Salinas, abogado de familiares de desaparecidos.
La Justicia federal de Mendoza es, junto con la de Tucumán, una de las más identificadas con el proceso. Ya en la década del 80 el presidente de la Cámara Federal, Luis Miret, se autoexcluyó de los juicios por ser íntimo amigo de Juan Pablo Saá, una de las figuras emblemáticas de la dictadura en la provincia. Una de las justificaciones de esas sospechas es la falta de renovación que hay en los tribunales. Tanto en la Cámara Federal, como en los Tribunales Orales hay jueces que fueron designados en la época de la dictadura. Entre ellos están Luis Miret, Otilio Romano, Juan González Macías, Carlos Pereyra González y Roberto Nacif. El hecho de haber sido nombrados durante la dictadura no significa que, ‘per se’, haya parcialidad en las causas. Pero los abogados creen que algunos jueces deberían abstenerse de participar.
Toda manifestación de conocimiento o producción intelectual que era sospechosa, o desconocida para los ojos de los jefes militares, estaba prohibida. Entre los libros que se llegó a considerar subversivos estaba El Principito. Las librerías tampoco podían exhibir obras de los autores mendocinos Armando Tejada Gómez y Juan Draghi Lucero y hasta la canción Manuelita era subversiva para los militares.En la UNCuyo se ordenó “depurar” todas las bibliotecas. Los libros buscados eran, según los comunicados 24 y 28 del rector interventor, los que tenían una tendencia de izquierda y que pudieran perturbar a los alumnos.Esos libros eran llevados, en su mayoría, a la Biblioteca Central. Allí no se podía entrar salvo con autorización de los mandos militares. Una gran cantidad de libros fue depositada, según los testimonios, en un salón de la VIII Brigada, en calle 9 de Julio. Muchos de los libros se recuperaron y se sospecha que hubo quemas (sí se quemaron folletos y revistas).Pero la educación fue atacada en todos los niveles. En un trabajo inédito del periodista Gastón Bustelo se cuenta que en setiembre de 1976 el ministro de Educación de la provincia, coronel Juan Esteban Echazú, declaró: “La penetración ideológica marxista comenzó en la escuela primaria para luego proyectarse a otros niveles (...) Un elemento utilizado como acción de disociación, fue la creación de un juego en el ciclo primario que se llamaba ‘Tribunales Infantiles’, en el que los niños jugaban a los maestros, creando así un sentido de destrucción de la autoridad”. En el mismo trabajo, Bustelo hace constar que en la primera etapa de la dictadura se había expulsado a 3.000 académicos, administradores y asistentes de enseñanza de las escuelas secundarias nacionales.
11) Organigrama del terrorismo de Estado en Mendoza
Rodrigo Sepúlveda Para la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina, el Ejército modificó su estructura y dividió al país en zonas y subzonas según marcaba la enseñanza de los generales franceses que habían participado en la batalla de Argelia. La Zona 3, con asiento en Córdoba, fue el dominio del III Cuerpo de Ejército y el general Luciano Benjamín Menéndez uno de sus máximos responsables. Esta zona abarcaba una vasta región de diez provincias (Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) dentro de las que estaba Cuyo, denominada Subzona 33. En Mendoza, el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña era el que se constituía como Jefatura de la Subzona 33. Luego venían otras divisiones en áreas, subáreas, más políticas que territoriales. En una primera etapa, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 1 de diciembre de 1977, el responsable de los centro clandestinos que funcionaron en la Subzona 33 fue el comandante de Brigada Jorge Alberto Maradona, fallecido hace unos años. Luego, lo reemplazó el general de Brigada Juan Pablo Saá. El esquema de zonas y subzonas se estableció el 5 de febrero de 1975 y permaneció hasta el 31 de diciembre de 1981 cuando fue modificado.
La Comunidad Informativa
En lo que hacía a la represión ilegal, funcionaba un Comando Militar de Operaciones. Lo integraban su jefe, el comandante de la VIII. Brigada de Infantería de Montaña, el segundo de éste, el jefe de la IV Brigada en representación de la Fuerza Aérea, el responsable de la Delegación Naval en Mendoza y los máximos jefes militares de San Juan y San Luis. Este comando era orientado para su toma de decisiones por todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad de cada lugar. Todo esto constituía la Comunidad Informativa. Por su parte, los servicios de inteligencia nacionales que operaban en cada región, como Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal, quedaron incluidos en este esquema bajo el Comando Operacional. Mediante decretos y convenios, las policías provinciales y Servicios Penitenciarios Provinciales, fueron colocados bajo el Control Operacional de las Fuerzas Armadas, desde octubre de 1975.En los tiempos del brigadier Julio César Santucciones, la Comunidad de Inteligencia o Informativa se reunía una vez por semana en la Jefatura de Policía para “tener la situación exacta y acabada del accionar subversivo que amenazaba la paz pública”.
La estrategia antisubversiva se elaboraba en el Tercer Cuerpo o Zona, en Córdoba, y las tácticas operativas en la subzona. En nuestro caso, la VIII Brigada era el lugar donde se tomaban las decisiones de los operativos. Así lo reconoció el propio Santuccione quien en su declaración brindada ante la Cámara Federal el 13 de mayo de 1987 explicó que el accionar de la policía no estaba encuadrado dentro de una “lucha privada o facciosa” sino “que todo el comportamiento contrasubversivo fue institucionalmente dispuesto a través de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas”.La Comunidad Informativa era la encargada de informar al Comando Militar para que éste decidiera las operaciones a realizar. La acción directa, el brazo que ejecutaba, era el COT, o Comando de Operaciones Táctico.
El Comando de Operaciones Táctico dependía del Comando Militar, tenía su sede en el Comando y estaba integrado por oficiales del Ejército, Aeronaútica, Policía Federal, policía provincial y por integrantes de los servicios de inteligencia. En representación del Departamento Dos (D-2), un par de oficiales servían de enlace entre el organismo policial y el COT. Eran Eduardo Smaha y Armando Osvaldo Fernández.Las reuniones del COT “tenían un fin informativo general que la conducción militar brindaba a los organismos de seguridad contribuyentes sobre la situación subversiva en la provincia, tenían carácter de actualización”, declaró Santuccione. Además, para salvar culpas, el ideólogo del Comando Pío XII se ocupó de aclarar que él no integraba el grupo. Cada movimiento de la denominada “guerra antisubversiva” era planificada por la VIII Brigada y el COT era el encargado de ejecutar los operativos de secuestro para lo cual se pedían zonas liberadas a las diferentes seccionales de policía. Los miembros del COT eran los responsables del traslado de los detenidos a los centros clandestinos y dirigían activamente los interrogatorios bajo tortura. Estaban por encima de sus mandos jerárquicos, ya que se encontraban fuera de las cadenas de mandos naturales y dentro de la cadena de mandos del Comando Militar. Publicado por
Por Rafael Morán / Periodista Un mediodía de 1978 conocí al teniente coronel Osvaldo Riveiro. Era un hombre pequeño, delgado, algo ampuloso, sin ningún rasgo que lo hiciera sobresalir de otros individuos comunes salvo por su carácter áspero y un ademán hostil que dejaba escapar deliberadamente. Me hizo sentar en su oficina y se dispuso a repasar en silencio una hoja escrita a máquina, sin membretes ni otra identificación: eran mis antecedentes de preso político, los verdaderos y los otros.Sorpresivamente se paró como impulsado por un resorte y comenzó a golpear sus puños contra el escritorio mientras amplificaba la voz. “¡Los periodistas -dijo- son culpables de lo que ha pasado, cómplices de la subversión!”. Su exaltación podía esperarse en un hombre acostumbrado a mandar sin razón, sobre todo en aquellas circunstancias de absolutismo castrense, pero escondía cierto rencor hacia el mundo intelectual, al que los militares adjudicaban un papel ideológico de respaldo a la guerrilla. Entendí finalmente que sólo buscaba generar impacto. Era Riveiro un oscuro jefe del destacamento de Inteligencia del Ejército que funcionaba en la esquina de Emilio Civit y Martínez de Rozas. Lo recuerdo ahora por que en él me pareció encontrar un prototipo convencido y obediente de los manuales de la represión, un individuo comprometido con los mecanismos planificados de la dictadura. Pero Riveiro todavía se desempeñaba en las sombras. Alcanzó notoriedad diez años más tarde como “balita”, aparente jefe de inteligencia y operaciones en las Fuerzas Armadas de Honduras.La oleada de secuestros y crímenes que desató la asonada del 24 de marzo de 1976 fue especialmente cruel en Buenos Aires y Córdoba y a pesar de que Mendoza era dirigida con mano dura por un rústico general, Jorge Maradona, no se produjo la misma matanza masiva o al menos no con la virulencia de aquellas ciudades. Pero hubo aquí no menos de 200 muertos-desaparecidos. Los detenidos se contaron también por cientos. Algunos marcharon al exilio, otros fueron condenados al ostracismo y muchos padecieron la destrucción de sus lazos familiares y de su propia vida. Esa represión fue justificada como respuesta a las actividades de las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyos cuadros en Mendoza eran bastante exiguos y por lo tanto tenían un accionar precario y limitado, además de equivocado y del todo inútil. Habían provocado algunas bajas policiales y varios atentados. La situación se había tensado en 1973 con la llegada a la gobernación de Alberto Martínez Baca, un farmacéutico sencillo y honesto pero sin capacidad para manejar las exigencias desproporcionadas de la Juventud Peronista ( la tendencia revolucionaria) que le había convertido en líder, y de la derecha representada por Carlos Mendoza, el vicegobernador, hombre fuerte de la entonces poderosa Unión Obrera Metalúrgica. Vino la insustancial denuncia por desajustes internos del PJ, el juicio político a Martínez Baca y la intervención de la provincia. El aire político era irrespirable. Lo peor llegó en octubre de 1975. Las Fuerzas Armadas comunicaron que se hacían cargo de las operaciones policiales del país por imperio de la Ley de Seguridad Nacional y amenazaron a los medios periodísticos con clausuras y arrestos. Impusieron una censura férrea, aunque esto de ningún modo resulta exculpatorio de actitudes ruines en quienes no habían sido obligados a esos extremos. Empezaron los secuestros en todos los ámbitos, se multiplicaron los robos en las viviendas donde se hacían los procedimientos oficiales con metodología clandestina, se conocieron abusos a mujeres en sus propias casas. Los homicidios se realizaban con una saña nunca vista -recuerdo especialmente la ejecución el 20 de marzo de la profesora Susana Bermejillo de Carrizo y del estudiante Mario Jorge Susso- y la gente detenida era alojada en sitios secretos, como ocurrió con Jorge Bonardell, periodista manso y brillante, a quien mantenían desnudo en una sala del Palacio Policial y lo sometían a indecibles torturas.Los atentados dinamiteros retumbaban cada noche. El miedo se extendía con una intensidad viscosa sobre militantes sindicales y políticos, artistas, docentes y estudiantes universitarios. Y alcanzaba particularmente a periodistas que comenzaron a denunciar lo que estaba pasando. A esto se refería Riveiro cuando mencionó la “complicidad” de la prensa. Consideraban los militares que esas crónicas dañaban la imagen de las fuerzas armadas y de seguridad, cuando en realidad lo que querían era un campo libre de obstáculos para matar, detener y torturar.De esa convulsión nacieron el Comando Anticomunista Mendoza, versión local de la Triple A y el célebre Comando Pío XII, creado durante la conducción policial del vicecomodoro Julio César Santuccione, destinado a golpear y asesinar prostitutas. Desde las esferas oficiales se les asignó un origen desconocido. Pero el Pío XII era un grupo con pretensiones místicas como la personalidad del mismo Santuccione y con su misma audacia y temeridad. Mendoza estaba en manos anónimas que dejaban huellas inconfundibles en cada uno de sus actos.El país ya se encontraba dominado por profundos entredichos en el propio justicialismo y por arrebatos verbales de la oposición. Algunos se expresaban con sesgada justificación de la inminente irrupción de los militares en la conducción del país y otros, como el ex ministro peronista, el mendocino Ernesto Corvalán Nanclares, advertían que la república luchaba “denodadamente por su subsistencia”.El senador nacional por el Partido Demócrata, Amadeo Frúgoli, sostuvo que un posible golpe castrense “no será fruto de la decisión apresurada de un jefe militar ambicioso sino la coronación inevitable de una situación de caos, anarquía y vacío de poder”. El diputado nacional justicialista por Mendoza, Arturo Ruiz Villanueva, le contestó: “opositor golpista”. Frúgoli sería ministro de Justicia de la dictadura y ocuparía también la cartera de Defensa durante la guerra por las Malvinas.El país se desangraba. Se decretó la emergencia económica, la devaluación del peso en un 40 por ciento y un aumento salarial de 20 por ciento. El interventor en Mendoza, general Pedro Lucero, convocó a elecciones generales para el 12 de diciembre en sintonía con las urgencias nacionales para abortar la sedición que despuntaba. El día del golpe los principales titulares en las páginas locales de los diarios mendocinos se referían al mercado de uvas, a los acuerdos de exploración minera y a los progresos del autódromo de General Alvear. Pero se había desatado una represión demencial con complicidades empresarias y una caterva de delatores. Supimos con el tiempo cómo había funcionado el esquema de esa represión en Mendoza. Se constituyó un tribunal con sede en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que dictaba condenas secretas. Se prefiguró el destino de cada uno de las personas que llenaban las listas negras que los mismos militares confeccionaron. Esas sentencias eran de meses o de años y nadie debía saberlo. No faltaron los arrestos de ablande de personas cuyos parientes directos no eran encontrados. Era un mecanismo desalmado que rompía los moldes conocidos. Tanta gente murió, desapareció o sufrió largo cautiverio en cárceles donde se la aislaba y golpeaba. Muchos no tuvieron siquiera la posibilidad de un juicio o el conocimiento de una acusación. Recuerdo a Aldo Casadidío, poeta pobre que alumbraba versos en bares y rincones solitarios, periodista nunca nombrado que sobrevivía con un flaco sueldo de la Dirección de Información Pública del Gobierno provincial. Y al chico Santiago Illa, sanrafaelino quien estudiaba periodismo, cuyo rastro encontré en la Penitenciaría provincial a través de un documento de valor indubitable. Fueron asesinados no se sabe por qué ni por quienes. Los jueces no investigaron y luego los culpables quedaron amparados por las famosas leyes del perdón. Pero la memoria se obstina en recordarlos como víctimas de una época en la que la vida valió poco y nada.

References: artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 10