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Timestamp: 2020-02-19 11:33:06+00:00

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En el nombre de la Constitucionalidad: sobre el TC y el "caso Nadine" - IUS 360
En el nombre de la Constitucionalidad: sobre el TC y el «caso Nadine»
Editorial IUS 360
El Tribunal Constitucional está pronto a manifestarse por el recurso de Agravio Constitucional interpuesto por el Ministerio Público sobre el “caso Nadine Heredia”. Es en este sentido que durante los últimos meses hemos podido apreciar cómo diversos medios de comunicación hacen alusión a las presuntas irregularidades de las actividades de la Primera Dama.
Tanto el espacio político como jurídico se encuentran a la espera de esta decisión del Tribunal Constitucional, la que ha logrado delimitar muchas posiciones entre los expertos. Por un lado, diversos abogados como Avelino Guillén, manifiestan que no hay motivos para que el Tribunal Constitucional ampare el Hábeas Corpus interpuesto por Nadine Heredia. Por otro lado, diversos parlamentarios nacionalistas aseguran que el código procesal constitucional solo permite revisar casos de RAC (recurso de Agravio Constitucional) a resoluciones de segundo grado que declaren infundada o improcedente una demanda. Para complicar más la situación, el programa de Investigación de Canal 5, Panorama, publicó un reportaje donde se hacía alusión a un presunto vínculo entre la actual primera dama y el actual magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña. Es por ello que el Tribunal Constitucional se encuentra en el ojo de la tormenta, en un polémico caso con muchas implicancias jurídicas, pero sobre todo políticas.
Desde Ius360 les traemos algunos datos sobre el Caso Nadine Heredia e información jurídica sobre algunas afirmaciones del recurso de agravio constitucional (precedentes vinculantes), que han puesto en la mesa este interesante debate jurídico constitucional sobre una decisión que cambiaría el orden político de nuestro país.
+ Las denuncias de Nadine Heredia
Actualmente, nuestra primera dama se encuentra en tres procesos de investigación ante diversos órganos, siendo todos de gran importancia para los medios de televisión. Los tres casos no solo hacen referencia a irregularidades monetarias que presentaría Nadine Heredia, sino también irregularidades económicas del partido nacionalista.
El primer caso, y el mismo que está revisando el tribunal constitucional, es el de la denuncia de lavado de activos sobre una acusación archivada el año 2009. En la presente investigación que actualmente se encuentra a cargo del fiscal Ricardo Rojas, se inicia una investigación en el año 2009 dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en la cuenta que tenía Nadine Heredia en el Banco de Crédito del Perú. Según la UIF se detectaron depósitos de 210,000.00 $ (doscientos diez mil dólares americanos), los cuales fueron realizados por parte de Ilán Heredia (hermano de la primera dama) y otros familiares, los cuales no tenían fondos para justificar esos depósitos. En ese momento el fiscal encargado de la investigación era Castañeda Garay, el cual no procedió a solicitar el levantamiento del secreto bancario y además no realizo un peritaje contable sobre los depósitos. Fuera de estos vacíos, el entonces fiscal no pudo realizar las conexiones del dinero con otros implicados, dejando una sospecha del origen del dinero.
Sin embargo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de marzo del 2011 señala que se puede reabrir una investigación realizada por la fiscalía cuando se encuentran presentes 2 elementos en la investigación. 1) Se han descubierto medios probatorios que son relevantes para la investigación y 2) hay indicios de que las pesquisas han sido realizadas deficientemente.
Ante los intentos de continuar con la investigación por parte del actual Fiscal, Ricardo Rojas, Nadine Heredia interpuso un recurso de Hábeas Corpus, por haber vulnerado el debido proceso, el principio de cosa decidida y de Nos Bis in Idem. Por lo cual, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, decidió declarar fundada, aplicando además el mismo Hábeas Corpus para Ilán Heredia Alarcón y los demás investigados por el presunto delito de lavado de activos.
El segundo caso por el cual se encuentra investigada nuestra primera dama es el de indagación por los aportes de campaña presidencial del 2011; donde, además, se investigan las agendas de Nadine Heredia por los supuestos montos no justificados. En la presente investigación se encuentra encargado el fiscal Germán Juárez. En esta investigación el fiscal cuenta con las agendas atribuidas a Nadine por el programa de investigación de Panorama, actualmente el fiscal se encuentra esperando la exclusión de la prueba ilícita presentado por el hermano de la primera dama, Ilán Heredia, respecto a las agendas.
Por último, existe la investigación realizada por el Congreso de la República contra la primera dama, la comisión Belaunde Lossio ha recomendado investigar a Nadine Heredia por los presuntos afirmaciones de Simulación Contractual, que no justificarían el ingreso de las cantidades de dinero que asegura tener para sustentar sus gastos.
+ Agravio Constitucional
De acuerdo a lo establecido por nuestra Carta Magna en el artículo 202 inciso b, se manifiesta los siguiente: “Corresponde al Tribunal Constitucional: Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”. Bajo este imperativo, se compete al Tribunal Constitucional manifestarse respecto a los procesos de garantía constitucional interpuestos en sede judicial, siendo este un mecanismo de última instancia para poder acudir a restablecer los derechos vulnerados. Este recurso de agravio constitucional se encuentra presente en nuestro Código Procesal Constitucional en el artículo 18, el cual manifiesta lo siguiente: “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional”. Existe un problema entonces, el Código Procesal Constitucional solo permite ciertos supuestos para poder revisar el caso, en estos amerita que la resolución sea de segundo grado y que se declare infundada o improcedente la demanda, dado que el Ministerio Público hace alusión a una investigación no podría contemplarse en el hecho. Se podría entonces decir que la afirmación de los parlamentarios nacionalistas sobre la improcedencia del pedido de Agravio Constitucional es correcto. Sin embargo, no es así.
El mismo Tribunal Constitucional ha estipulado unas excepciones, las cuales han sido manifestadas por el fiscal Ricardo Rojas. Las excepciones son para casos de lavado de activos y/o tráfico ilícito de drogas (Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Macjhoner Lezama Gutarra, a favor de don Alexander Mosquera Izquierdo, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima) y por delitos de terrorismo (recurso de Agravio Constitucional interpuesto por el Procurador Público del Instituto Nacional Penitenciario contra la sentencia de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 458, su fecha 17 de enero del 2014). Para nuestro caso, es relevante el RAC interpuesto por Don Macjhoner Lezama Gutarra contra la Corte Superior de Lima. En este precedente se aplica un RAC para declarar que se revise el proceso de Hábeas Corpus interpuesto por la defensa, dado que el encarcelado Alexander Mosquera Izquierdo, cumplía 18 meses de prisión preventiva sin sentencia condenatoria. Por más de que se declaró infundado el RAC que pedía se revisara la decisión del Hábeas Corpus, el Tribunal Constitucional consideró de relevancia social importantísima temas de narcotráfico y lavado de activos declarando lo siguiente:
“en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada… para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales.”
Por lo que el Tribunal Constitucional bajo este precedente se encontraría totalmente habilitado para poder decidir de manera definitiva.
+ La Cosa decidida y el Nos Bin in Idem
Cuando se interpuso el Hábeas Corpus a favor de Nadine Heredia se manifestó que se vulneraba el principio de Cosa Decidida y se afectaba el Nos Bin in Idem. En este caso, bastaría con diferencias dos conceptos muy importantes: Cosa Decidida y Cosa Juzgada. Esta existe solamente en procesos penales y en administrativos, mientras tanto, la Cosa Decidida se presenta cuando el fiscal decide no iniciar un procedimiento penal contra el sospechoso dado que no ha podido atribuirle un acto delictivo al no encontrar evidencia al respecto. Tal como lo manifiesta la sentencia 2725-2008-PHC/TC. Ahora existen dos temas que no se han contemplado; pues, por un lado, el fiscal puede archivar el caso por no encontrar un vínculo que conecte las pruebas encontradas con el sospechoso; mientras que, por otro lado, se puede archivar el caso porque no se encontraron pruebas del acto delictivo. Si encontramos nuevos medios de prueba ¿se debe reabrir el caso archivado? Pues evidentemente sí. Por más que parezca un tema obvio, parece que este tema se ha dejado de lado por la argumentación de la Cosa Decidida, la cosa decidida no es lo mismo que la cosa juzgada. Sería ilógico dentro del ámbito jurídico penal no tutelar los derechos de los agraviados habiendo pruebas nuevas. Tomando en cuenta que la fiscalía cuenta con nuevas pruebas ¿habría una vulneración a la cosa decidida?
El Nos Bis in Idem por otra parte asegura que nadie podrá ser procesado ni acusado por el mismo hecho ya revisado. Este principio se encuentra específicamente contemplado en el artículo 139 inciso 13, que manifiesta: “La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada”. Este principio rige bajo una triple identidad, para ser considierado un proceso similar debe haber una igualdad de identidad del sujeto, hecho y fundamento. Este principio se vulnero según la defensa de Nadine Heredia, al intentar continuar con un caso el cual ya se encontraba archivado, dado que la fiscalía intento abrir un nuevo expediente sobre los hechos de presunto lavado de activos revisados en el 2009. La fiscalía por otro lado asegura que se trataba de continuar con la investigación archivada dado que se habían encontrado nuevas pruebas respecto al delito de lavado de activos.
Todavía no podemos adelantarnos a lo que manifestará el Tribunal Constitucional sobre el caso de Agravio Constituciona; sin embargo, es importante recalcar que se encuentra en juego la imagen de un órgano tan importante juridica como institucionalmente como es el TC, en este sentido no se puede tomar a la ligera este caso ni tratar de evadir las concepciones doctrinales que envuelven el mismo. En caso se revoque el Hábeas Corpus se sentenciaría contra precedentes ya existentes, pudiendo existir una avalancha de recursos. Por otro lado, abriría las puertas a evaluar cualquier otra sentencia de garantía constitucional favorable al demandante, pero en contra a los intereses del estado[1]. No esperemos un resultado salomónico, el Tribunal debe ser claro y firme en cualquiera de sus decisiones. Hay muchas suspicacias y sospechas por el panorama político existente, ya se acerca la fecha donde el TC dará a conocer la decisión ¿Están ya sonando las campanas?
Fuente de la imagen: www.laley.pe
[1] http://larepublica.pe/impresa/politica/711338-tribunal-constitucional-revocaria-habeas-corpus-de-nadine-heredia
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References: artículo 202
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución