Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?MALTA&member=1
Timestamp: 2019-08-18 22:30:18+00:00

Document:
1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?
2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?
3 Efectos jurídicos del matrimonio en:
4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?
5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?
6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?
7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?
8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?
9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?
10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?
11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?
12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?
13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?
14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?
15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea
16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?
Para poder obtener el divorcio en Malta, una pareja casada debe presentar una solicitud conjunta, o uno de los cónyuges debe presentar una solicitud de divorcio del otro cónyuge. En el momento en que comienza el procedimiento de divorcio, los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial. El órgano jurisdiccional debe también considerar que no hay perspectiva razonable de reconciliación de los cónyuges. Otra condición es que los cónyuges y todos sus hijos deben recibir alimentos de forma adecuada cuando proceda, pero las partes pueden renunciar a este derecho a recibir alimentos en cualquier momento. Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. Debe tenerse en cuenta que no es necesario que los cónyuges hayan estado separados por un acuerdo o mediante una sentencia antes de solicitar el divorcio.
La legislación no se refiere a los motivos del divorcio. Sin embargo, ya se ha mencionado en la respuesta relacionada con las condiciones, que en el momento en que comienza el procedimiento de divorcio los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial.
3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)
Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. La Ley de separación se aplica también respecto de los apellidos y, por tanto, la mujer puede elegir recuperar su nombre de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito archivado en el expediente del caso antes de la sentencia. Cuando se declara el divorcio, todos los efectos civiles junto con la obligación de las partes de vivir juntas cesan. Asimismo, los derechos sucesorios de los cónyuges también cesan, con efecto a partir de la fecha en la que tiene lugar la sentencia de divorcio en la que se convierte en res iudicata.
3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges
Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. El artículo 66D, apartado 5, del Código Civil maltés prevé que cuando cese la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration) las partes tendrán derecho, en cualquier caso y si están de acuerdo, a divorciarse sin liquidar los activos que tengan en común.
3.3 los hijos menores de los cónyuges
Cuando se declara el divorcio, ello no supone ningún cambio en lo que concierne a los derechos y obligaciones parentales respecto de los hijos menores en común, o en lo relativo a cualquier acuerdo alcanzado entre las partes sobre la guardia y custodia de los menores. Sin embargo, una de las partes puede reclamar que la otra parte no es apta para tener la custodia de los menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza la parte declarada como no apta no podrá, en caso de fallecimiento de la otra parte, recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial. Los alimentos a favor de los menores continúan estando vigentes hasta que cumplan los dieciocho años, aunque en el caso de que el hijo continúe estudiando, la obligación de alimentos continuará hasta los 23 años salvo que se acuerde lo contrario.
3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?
Un divorcio declarado entre cónyuges separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. Por lo tanto, la obligación de prestar alimentos no cesa con el divorcio, salvo que las partes decidan lo contrario. El órgano jurisdiccional en la resolución que acepta la solicitud de divorcio puede, a petición de la parte a quien le corresponde recibir los alimentos (para ella misma o para sus hijos) durante la vista, ordenar que el pago de alimentos por la otra parte se garantice a través de una garantía apropiada y razonable, de conformidad con las circunstancias de las partes. El importe de la garantía no podrá superar el de los alimentos durante cinco años. Esta solicitud también puede realizarse en cualquier momento tras la sentencia mencionada anteriormente, cuando exista obligación de prestar alimentos.
Cuando se presente una solicitud de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente por parte de cualquiera de los cónyuges o por ambos tras haber acordado que su matrimonio debe disolverse, y cuando los cónyuges no estén separados a través de un acuerdo o de una sentencia judicial, antes de autorizar el divorcio, el órgano jurisdiccional citará a las partes para que comparezcan ante un mediador, designado por el propio órgano jurisdiccional o por las partes de mutuo acuerdo. El objetivo será intentar que los cónyuges se reconcilien y, en caso de que no sea posible y de que los cónyuges no hayan acordado todavía las condiciones del divorcio, el mediador intervendrá para que las partes se divorcien sobre la base de un acuerdo. Dicho acuerdo deberá alcanzarse respecto de algunos o todos los elementos siguientes:
guardia y custodia de los menores;
acceso de ambas partes a los menores;
alimentos de los cónyuges o de uno de ellos, y de cada menor;
residencia en el hogar matrimonial;
reparto de la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration).
La separación judicial se refiere a la presentación, por parte de uno de los cónyuges, de la acción legal pertinente contra el otro cónyuge, sobre la cual dicta sentencia el órgano jurisdiccional determinando los derechos y obligaciones de los cónyuges una vez separados legalmente.
Las condiciones para otorgar la separación judicial son una o varias de las siguientes:
adulterio;
actos de violencia doméstica;
excesos, crueldad, amenazas o agresión con lesiones graves ejercidos por una de las partes contra el demandante o contra cualquiera de sus hijos/as;
imposibilidad de mantener la convivencia conyugal ya que el matrimonio se ha roto irremediablemente;
abandono o ruptura de la convivencia conyugal.
En relación con los alimentos, el cónyuge contra quien se dicta la separación debe proporcionar alimentos a la otra parte y a los hijos hasta que alcancen los dieciocho años, o hasta los veintitrés si continúan estudiando o formándose a tiempo completo. La cantidad que debe proporcionarse a la otra parte y a los hijos se determina teniendo en cuenta todas las circunstancias de los cónyuges y de los hijos, incluidas las siguientes:
necesidades de los hijos, tras tomar en consideración todas las circunstancias;
cualquier discapacidad, ya sea física o mental;
enfermedades cuya gravedad comprometa la habilidad de los cónyuges o de los hijos para mantenerse a sí mismos;
si la capacidad de obtener ingresos de la parte a quien se conceden los alimentos se vio menguada porque durante el matrimonio tuvo que ocuparse del hogar familiar, de la otra parte y de la cría de los hijos del matrimonio;
todos los ingresos o prestaciones que los cónyuges, o que uno de ellos, reciba/n de conformidad con la ley;
las necesidades de alojamiento de los cónyuges y de los hijos;
la cantidad que se debería a cada una de las partes en concepto de prestación, incluidas, entre otras, las prestaciones por un plan de pensiones, ya que debido a de la separación una de las partes perderá el derecho o la posibilidad de adquirirla.
El órgano jurisdiccional puede conceder el domicilio conyugal a una de las partes a petición de esta, lo que supondría la exclusión de la otra arte, durante el periodo y bajo las circunstancias que el órgano jurisdiccional considere oportuno. El órgano jurisdiccional puede también ordenar que el domicilio conyugal sea vendido cuando esté pagado y cuando ambas partes y sus hijos tengan un alojamiento apropiado y alternativo. El órgano jurisdiccional también decidirá a quién asigna las ganancias de la venta según considere oportuno y, si el domicilio conyugal pertenece a ambas partes, lo asignará a una parte y esta parte tendrá que compensar a la otra parte por la pérdida económica.
Al dictar la sentencia de separación, el órgano jurisdiccional también debe decidir a cuál de los cónyuges le confía la custodia de los hijos menores, teniendo como máxima prioridad el bienestar de los mismos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede, a petición de una de las partes, solicitar que se declare a la otra parte no apta para tener la custodia de los hijos menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza, la parte declarada como no apta no tendrá derecho en caso de fallecimiento de la otra parte, a recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial.
A la hora de separarse, la mujer puede elegir recuperar su apellido de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito incorporado al expediente del caso antes de la sentencia.
En todos los casos, los efectos personales de la separación no cesarán con respecto a terceros, hasta el día en que la escritura se registre en el Registro Civil.
La anulación del matrimonio implica que el matrimonio no tiene efecto alguno. Ese matrimonio se declara como nulo.
Un matrimonio es nulo si:
no se cumplen los requisitos formales para que sea válido según el derecho del país en el que se celebra el matrimonio;
el consentimiento de cualquiera de las partes se consigue por medio de la violencia, física o moral, o del miedo;
si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por razones de un error en relación con la identidad de la otra parte;
si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene mediante el fraude en relación con alguna cualidad de la otra parte que, debido a su naturaleza, podría entorpecer seriamente la vida matrimonial;
si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por causa de una grave falta de discreción de juicio sobre la vida matrimonial o sobre sus derechos y deberes esenciales, o por una patología psíquica grave que haga imposible que esa parte cumpla con las obligaciones esenciales del matrimonio;
si cualquiera de las partes es impotente, ya sea absoluta o parcialmente, pero solo si dicha impotencia era anterior al matrimonio;
si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene con vistas a la exclusión positiva del matrimonio en sí, o de uno o varios elementos esenciales de la vida matrimonial o el acto conyugal en sí;
si cualquiera de las partes somete su consentimiento a una condición referida al futuro;
si cualquiera de las partes, aún teniendo una capacidad cognitiva adecuada, en el momento de contraer matrimonio carecía de las facultades cognitivas o de la capacidad volitiva suficiente para dar el consentimiento matrimonial, incluso como fruto de una razón transitoria;
si el matrimonio no ha sido consumado.
Se considerará que los efectos de un matrimonio válido siempre han existido en relación con los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio que se haya declarado nulo, así como en referencia a los hijos nacidos antes de dicho matrimonio y reconocidos antes de la sentencia de nulidad. Si uno de los cónyuges actuó de buena fe, dichos efectos serán aplicables a su favor y a favor de los hijos. Si ambos actuaron de mala fe, los efectos de un matrimonio válido serán aplicables solo a favor de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio declarado nulo. El cónyuge responsable de la nulidad del matrimonio debe pagar alimentos al otro cónyuge de buena fe por un periodo de cinco años: esta obligación cesará si la parte que actuó de buena fe se casa durante ese periodo.
No, no existen otras alternativas puesto que solo puede hacerse ante un órgano jurisdiccional.
Una solicitud de divorcio, de separación judicial o de anulación de un matrimonio civil debe presentarse ante el Tribunal Civil (Sección de Familia), mientras que el registro de una nulidad matrimonial otorgada por un Tribunal Eclesiástico en Malta debe presentarse ante el Tribunal de Apelación. La solicitud de divorcio, separación y nulidad de un matrimonio civil debe presentarse bajo juramento. La solicitud debe resolverse en los veinte días siguientes. Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud varían en función de lo que se quiera probar. Sin embargo, en el caso del registro de una nulidad declarada por un Tribunal Eclesiástico, debe adjuntarse una copia de la sentencia dictada por el Tribunal Metropolitano de Malta, la sentencia del Tribunal Regional de Segunda Instancia, la sentencia de ejecución y un certificado de matrimonio.
En cualquier momento del procedimiento, salvo cuando el asunto esté visto para sentencia, cada parte en una acción legal de separación puede pedir a través de una solicitud que la demanda de separación realizada se considere como una demanda de divorcio.
Sí, puede concederse el beneficio de asistencia jurídica gratuita siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 912 del Código de Organización y Procedimiento Civil.
Sí, es posible recurrir una sentencia de divorcio, de separación judicial o de nulidad. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia para el registro de una nulidad otorgada por el Tribunal Eclesiástico de Malta no puede recurrirse.
El Derecho maltés reconoce a todos los efectos una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero en relación con el estatus de una persona casada si la sentencia la dicta el órgano jurisdiccional competente en el país en el que una de las partes del procedimiento tiene su residencia o del que es nacional. Esto se realiza en el Registro Civil de Malta (Evans Building, Merchant’s Street, Valletta VLT 2000).
Además del Derecho maltés, también es de aplicación el Derecho europeo, en particular el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo. El artículo 22 de este Reglamento se refiere a los motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación o nulidad, que son:
«a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;
b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución;
c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, o bien
d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.».
El Tribunal Civil (Sección de Familia) es el órgano jurisdiccional donde debe manifestarse la oposición al reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad. El procedimiento aplicable es el que establece el Capítulo 12 de la Legislación de Malta.
Los órganos jurisdiccionales del orden civil tienen competencia para conocer y juzgar las demandas de divorcio solo si se cumple al menos uno de los dos requisitos siguientes:
al menos uno de los cónyuges tiene su domicilio en Malta en el momento de presentar la petición de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente; o
al menos uno de los cónyuges tuvo su residencia habitual en Malta durante un periodo de un año con anterioridad inmediata a la presentación de la demanda de divorcio.
Última actualización: 22/03/2017

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 artículo 912
 artículo 22
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución