Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-366-16.htm
Timestamp: 2017-10-18 14:43:51+00:00

Document:
T-366-16
Sentencia T-366/16
PENSION DE INVALIDEZ-Finalidad
Entre sus fines se encuentra permitir que las personas que, por el acaecimiento de un determinado siniestro, no pueden procurarse un mínimo de sustento, adquieran una fuente de ingresos que les permita sobrellevar con dignidad su actual condición, de forma que puedan suplir los gastos de afiliación al SGSSS y garantizarse de esta manera el acceso a la asistencia médica que requieren.
FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Concepto
La invalidez de una persona solo puede entenderse constituida desde el momento en que le es imposible procurarse los medios económicos de subsistencia de los que con anterioridad derivaba su sustento; es decir, que el estado de invalidez, por estar íntimamente relacionado tanto con el individuo del que se predica, como con su contexto, debe ser evaluado a partir de patrones científicos que midan hasta qué punto el trabajador queda afectado para desempeñar la labor [que desarrollaba] de acuerdo con las características del mercado laboral en el que se desenvuelve.
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Régimen jurídico
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Requisitos
Se ha aceptado por la jurisprudencia de esta Corporación que de conformidad con las circunstancias que determinan nuestro contexto cultural, social, político y económico, es necesario interpretar la normativa de forma que también sea aplicable a todas aquellas personas que, habiendo perdido su capacidad laboral en más de un 50%, ostenten una edad de hasta 26 años.
PENSION DE INVALIDEZ-Parágrafo 1° del artículo 1 de la ley 860 de 2003 que incluye a los jóvenes, exige haber cotizado 26 semanas
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Orden a Fondo de Pensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA EN PENSION DE INVALIDEZ-Reconocimiento y pago mientras justicia ordinaria se pronuncia
Referencia: expedientes T-5.416.550 y T-5.416.648 AC.
Acciones de tutela presentadas por el ciudadano Frayder Alberto Orrego Correa, en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR (T-5.416.550) y por la ciudadana María Eugenia Arboleda Penagos, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– (T-5.416.648).
En el proceso de revisión de los fallos proferidos: en única instancia, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, el veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015) dentro de la acción de tutela presentada por el ciudadano Frayder Alberto Orrego Correa, en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR (T-5.416.550) y, también en única instancia, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015) dentro del proceso de tutela presentado por la ciudadana María Eugenia Arboleda Penagos, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– (T-5.416.648).
Expediente T-5.416.550.
Expediente T-5.416.648.
1.2. A pesar de sus patologías, la accionante empezó a trabajar como niñera de su hermana al cuidado de sus sobrinas y cotizó en total más de 350 semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones[1].
1.5. Mediante Resolución No. GNR 090412 del 10 de mayo de 2013, Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por la actora, por considerar que, al momento determinado como de estructuración de su invalidez (en 1989, cuando tan solo tenía 12 años de edad), tenía 0 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones.
2.1. Resolución No. 090412 del 10 de mayo de 2013, mediante la cual se negó el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez de la accionante por no contar con las 50 semanas requeridas para el efecto.
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–
Mediante oficio del 15 de junio de 2015, la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– se pronunció en relación con el presente asunto e indicó que, con el objetivo de optimizar el proceso de seguimiento y aplicación del precedente judicial constitucional, se implementó una medida de defensa jurídica especial que permitiera mejorar la calidad de las determinaciones administrativas que por ellos son proferidas en materia pensional.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección. Reiteración de jurisprudencia[2].
La acción de tutela, concebida como un mecanismo jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de los individuos, se caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional, esto es, parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que nos circunscribe, existen mecanismos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial[3].
En este sentido, la Corte ha señalado que hay ciertos eventos en los que a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela con el objeto de obtener la protección pretendida, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos es imposible al actor obtener un amparo integral a sus derechos fundamentales, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; eventos dentro de los que es necesario entender que se encuentran inmersos los casos en los cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una especial consideración por parte del juez de tutela[4]; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a efectuar una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) el perjuicio debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.[5]
4. El derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia.[6]
En este orden de ideas, la seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamental, como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[7], surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
“necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político[8], donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación[9] [sic].”
“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.”[10]
En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.[11]
En la misma línea, esta Corporación, en sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este derecho radica en que "su máxima realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional" y, por tanto, se constituye en un elemento esencial para la materialización del modelo de Estado que hemos acogido y que nos define como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general[12].
5. Derecho a la pensión de invalidez
El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social en un caso específico, se constituye en una prestación económica mensual que se reconoce a favor de una persona que ha sufrido una limitación física o mental que ha mermado, en forma considerable, su capacidad laboral y le impide, tanto el normal ejercicio de sus derechos, como la consecución de los medios de subsistencia para sí y para su núcleo familiar.[13] Entre sus fines se encuentra permitir que las personas que, por el acaecimiento de un determinado siniestro, no pueden procurarse un mínimo de sustento, adquieran una fuente de ingresos que les permita sobrellevar con dignidad su actual condición, de forma que puedan suplir los gastos de afiliación al SGSSS y garantizarse de esta manera el acceso a la asistencia médica que requieren.
Al respecto, resulta necesario destacar que cuando se hace referencia a una merma considerable en la capacidad laboral de una persona, la jurisprudencia ha reconocido que debe materializarse una discapacidad que se manifieste a tal punto, que pueda ser subsumida dentro del concepto de “invalidez”, esto es, que la afectación a la salud física, mental, intelectual o sensorial de la persona sea lo suficientemente grave como para impedir que ésta, no solo desarrolle una actividad laboral remunerada y, así, pueda valerse por sí sola para subsistir dignamente, sino que además le creé barreras infranqueables que cercenen su posibilidad de injerir en forma plena y efectiva dentro de un conglomerado social.[14]
Ahora bien, la pérdida de la capacidad laboral de una persona se establece a través de una evaluación de carácter técnico-científico, que realizan las entidades autorizadas para el efecto por la ley, con respecto a: (i) el nivel de afectación que ha causado en la capacidad laboral de un sujeto la ocurrencia de un determinado suceso; (ii) el origen de esta situación; y (iii) la fecha en que se estructuró la invalidez (de haberse materializado).[15]
6. Momento de estructuración de la invalidez
Con respecto a la fecha de estructuración, el Decreto 917 de 1999[16] estableció que esta correspondía al momento en que el individuo padece de una “pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva” y en el caso de las personas que padecen de enfermedades degenerativas, el momento en que el afiliado ve disminuidas sus capacidades físicas y mentales en tal grado que se le hace imposible desarrollar la actividad económicamente productiva en virtud de la cual derivaba su sustento diario, la cual debe estar fundamentada en “la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación”.
En conclusión, se ha reconocido que la invalidez de una persona solo puede entenderse constituida desde el momento en que le es imposible procurarse los medios económicos de subsistencia de los que con anterioridad derivaba su sustento[17]; es decir, que el estado de invalidez, por estar íntimamente relacionado tanto con el individuo del que se predica, como con su contexto, debe ser evaluado a partir de “patrones científicos que midan hasta qué punto el trabajador queda afectado para desempeñar la labor [que desarrollaba] de acuerdo con las características del mercado laboral”[18] en el que se desenvuelve.
Es por ello, que la Corte consideró que la restricción expresa que hace el Parágrafo Primero del Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, respecto de la edad que debe tener un afiliado para hacerse acreedor a una pensión de invalidez con una exigencia de cotizaciones más laxa, debe ser evaluada por el juez constitucional a la luz de los principios y derroteros superiores que la inspiran y fundamentan; de forma que sea posible concluir que los efectos de la norma anteriormente descrita deben extenderse a todas las personas que se encuadren en el concepto de “jóvenes”. Ello, en razón a que la elección por parte del legislador del límite de 20 años no se motivó debidamente y, en consecuencia, generó una situación de desigualdad frente a quienes, con posterioridad a esa edad y, aun siendo considerados como jóvenes, se encuentran en las mismas condiciones de hecho que quienes cuentan con una edad menor a la establecida (20 años), esto es, que cuando apenas se encontraban iniciando su vida laboral fueron afectados por la materialización de una contingencia que los dejó en estado de absoluta vulnerabilidad.
Consideró la Corte en esa ocasión que, al no haber un motivo que justifique la diferenciación entre quienes acaban de culminar su educación secundaria y recién se vinculan al mercado laboral, o quienes se vincularon a éste con posterioridad a dicho momento, ya sea porque decidieron realizar un estudio profesional o técnico, se hace necesario entender que el beneficio contemplado en el parágrafo primero del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su contenido textual, termina por desconocer principios de raigambre constitucional como la igualdad y la restricción de regresividad en materia de derechos sociales.
En ese sentido, concluyó esta Corporación que si bien es completamente válido que el ordenamiento legal fije mecanismos para proteger de la invalidez a una población que, por su edad, cuenta con un historial de aportes en materia de pensiones considerablemente corto, se encuentra vedado de hacerlo con base en asunciones injustificadas sobre el momento en que esta población suele entrar al mercado laboral (ya sea desde los 15 años, momento en que legalmente es posible a una persona empezar a trabajar o los 18, momento en que adquiere la mayoría de edad y puede empezar a hacerlo autónomamente). Ello, pues, de hacerse de esa manera, terminarían desconociéndose las transformaciones anteriormente descritas en virtud de las cuales existe una tendencia cada vez más numerosa de empezar a laborar solo después de una etapa prolongada de formación y capacitación.[19]
Ahora bien, en relación con lo que debe entenderse por “joven” y cómo determinar si una determinada persona se encuadra dentro de esta figura, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva, la Corte ha reconocido que si bien la Constitución de 1991 dejó abierto el concepto, por tratarse de una idea compleja que depende de factores culturales, sociales, económicos y políticos, y que, en principio, no debe someterse a criterios tan cerrados como el número de años de una persona, ello no es óbice para que el juez de la causa valore las condiciones particulares del caso y defina, para la litis que se le ha encomendado resolver, si una determinada persona puede ser entendida como joven a la luz de los factores anteriormente enunciados y, en ese orden de ideas, hacerse acreedora a la prerrogativa establecida en el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
· Expediente T-5.416.550
En concordancia con lo expuesto, se hace necesario entender que el actor puede ser concebido como una persona “joven” a quien, en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo Primero del Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (de conformidad con la interpretación que sobre éste ha realizado esta Corporación), tan solo le son exigibles 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de su invalidez.
En ese orden de ideas, siendo que únicamente tenía 25 años de edad al momento en el que se consolidó su situación jurídica respecto del derecho pensional que pretende, en cuanto fue en ese el momento en que se le determinó una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es posible que, a la luz de la jurisprudencia constitucional y, en concreto, del entendimiento de la norma que se aceptó como el único que resulta constitucionalmente admisible (Sentencia C-020 de 2015)[20], el actor sea catalogado como persona “joven”, con todos los efectos jurídicos que ello implica. De ahí que, si se tienen en cuenta las exigencias de cotizaciones que son aplicables a este sector de la población, se hace mandatorio concluir que, en el año anterior a dicho momento cotizó más de 41 semanas al SGSSP y, en consecuencia, el actor satisfizo a cabalidad todos los requisitos que por ley era necesario cumplir para hacerse acreedor a la pensión de invalidez que en esta ocasión reclama.
Por esta razón, se ordenará al representante legal del Fondo de Pensiones y Cesantías PROVENIR S.A. que, si aún no lo ha hecho, proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la que el actor tiene derecho. De igual manera, se ordenará a la autoridad administrativa anteriormente referenciada que realice el pago del retroactivo pensional al que, en igual manera, se hizo acreedor el accionante, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción trienal que tiene lugar con respecto a este tipo de acreencias y que aparece consagrada en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
· Expediente T-5.416.648
Una vez esclarecidas las condiciones que circunscriben el caso de la actora, se hace necesario entrar a dilucidar si la acción de tutela resultaba procedente para resolver la controversia jurídica planteada, pues, al igual que en el caso anterior, ésta cuenta, en la práctica, con mecanismos ordinarios de protección que, en este caso, ya se encuentran en trámite[21] y a través de los cuales puede llegar a obtener el reconocimiento del derecho pensional que pretende.
Ello, en aras de evitar la configuración de un perjuicio de carácter irremediable y, así, otorgarle una efectiva protección frente a la condición de especial vulnerabilidad en que se encuentra. Lo expuesto toma sustento en el hecho de que, en este caso, se cumplen los cinco elementos relacionados en la parte considerativa de esta providencia para la configuración de este tipo de afectaciones[22], estos son, la inminencia o certeza en su causación, irreparabilidad, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la intervención requerida, pues se trata de una persona que no cuenta con los medios mínimos de los cuales derivar su subsistencia y que, de seguir desprovista de ellos, se verá necesariamente reducida a una situación de miseria; como producto de la que quedará desamparada de la atención en salud que requiere para el tratamiento de las catastróficas patologías que le aquejan.
Por lo anterior, y tras considerar probado que, en el presente caso, el momento determinado como de estructuración de la invalidez de la accionante no corresponde a aquel en que en realidad se vio imposibilitada para seguir procurándose por sí misma los medios mínimos de subsistencia, se hace necesario que, al menos durante el tiempo en que dure la resolución definitiva del proceso ordinario laboral que se encuentra en trámite[23], se adopte como fecha en que la actora vio configurada su invalidez, el momento en que se efectuó el dictamen de PCL por parte del Instituto de Seguros Sociales, esto es el 04 de julio de 2012.
Por esta razón, se ordenará al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– que, si aún no lo ha hecho, proceda a reconocer y pagar de manera transitoria y mientras la controversia se resuelve de manera definitiva ante la justicia ordinaria, la pensión de invalidez a la que la actora tiene derecho.
Por lo anterior, a pesar de que la accionante tiene en trámite un proceso laboral ordinario para obtener el reconocimiento del derecho pensional que pretende, se determinó necesario que, al menos de manera transitoria y mientras éste culmina[24], se asuma la fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral de la actora como el momento en que efectivamente se vio imposibilitada para seguir procurándose por sí misma los medios de subsistencia y, en consecuencia verificar, desde ese momento, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para hacerse acreedora al derecho a una pensión de invalidez
TERCERO.- REVOCAR el fallo de única instancia proferido, el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, a través del cual se denegó el amparo ius-fundamental deprecado dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana María Eugenia Arboleda Penagos en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– y, en su lugar, CONCEDER de manera transitoria y mientras se resuelven las pretensiones de la accionante ante la justicia ordinaria, la protección a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas que fueron desconocidos por la entidad accionada.
CUARTO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a expedir un acto administrativo mediante el cual reconozca transitoriamente y empiece a pagar la pensión de invalidez de la ciudadana María Eugenia Arboleda Penagos, sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley.
[1] 250 de ellas, cotizadas con anterioridad a la fecha en que se realizó el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
[2] Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y T-330 de 2015, entre otras.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2013.
[4] Ello, en cuanto, como producto de las particularidades que circunscriben su caso en concreto, resulta desproporcionado someterlos a los trámites y dilaciones que un proceso ordinario implica.
[5] Consultar entre otras sentencias: T-132 de 2006, T-463 de 2012, T-706 de 2012, T-063 y T-090 de 2013.
[6] Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915de 2014, T-009 de 2015 y T-330 de 2015.
[7] Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.
[8] “Artículos 2, 13, 5 de la Constitución. Véase la sentencia C-575 de 1992.”
[9] “Artículo 366 de la Constitución.”
[10] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 19. Introducción, Numeral 2.
[11]Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
[12] Constitución Política de Colombia, Artículo 1.
[13] Ver entre otras, las Sentencias: T-461 de 2012; T-146 de 2013.
[14] Ver entre otras, las Sentencias: T-262 de 2012; T-022 de 2013.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.
[16] Es de destacar que si bien esta normativa fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, al momento de los hechos era la norma vigente y aplicable.
[17] Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] Corte Suprema de Justicia. Sentencia 17187 del 27 de noviembre de 2001. Magistrado Ponente: German Valdez Sánchez.
[19] Ver sentencia C-020 de 2015.
[20] Interpretación que termina haciendo parte del contenido mismo de la norma en comentarios.
[21] Tal y como lo reconoce tanto la parte accionante, como la accionada.
[22] Numeral 3 de la parte considerativa de esta providencia.
[23] Trámite que se encuentra actualmente en etapa de conciliación como producto de la nueva valoración que Colpensiones realizó de la situación jurídica de la actora y con base en la que determinó que ésta sí tenía derecho al reconocimiento pensional que pretende.
[24] Proceso que en la actualidad se encuentra en trámite de conciliación, en cuanto la accionada, tras determinar que la actora en realidad era acreedora del derecho reclamado, decidió iniciar las gestiones pertinentes y conducentes para poner fin al litigio entablado.

References: artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 Artículo 39
 artículo 488
 resolución 
 Artículo 48
 Artículo 1