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Timestamp: 2018-10-18 07:20:44+00:00

Document:
(ce) nº 5/2001 aprobada por el consejo el 30 de noviembre de 2000
POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 5/2001 APROBADA POR
EL CONSEJO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000 CON VISTAS A
LA ADOPCIÓN DE LA DIRECTIVA 2000/…/CE DEL
DE POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 91/308/CEE
DEL CONSEJO RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y en particular, la primera y
tercera frases del apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 95,
(1) Conviene que la Directiva 9/308/CEE del Consejo, denominada en lo sucesivo
«la Directiva», se actualice según las conclusiones de la Comisión y los deseos
manifestados por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, dado que es
uno de los principales instrumentos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. De este modo, la Directiva no sólo debe reflejar las mejores
prácticas internacionales en este ámbito, sino también seguir gárantizando un
elevado grado de protección del sector financiero y de otras actividades vulnerables frente a los efectos perjudiciales de las actividades delictivas.
(2) El Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) autoriza a los miembros a adoptar las medidas necesarias para proteger la moralidad pública y a
adoptar medidas por motivos cautelares, incluidas las adoptadas a fin de
garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero. Dichas medidas
no deben imponer restricciones mayores que las necesarias a fin de alcanzar
(3) La Directiva no determina con claridad a qué Estado miembro han de pertenecer las autoridades destinatarias de las notificaciones de operaciones sospechosas procedentes de sucursales de entidades de crédito e instituciones financieras cuya sede social esté situada en otro Estado miembro, ni a qué Estado
miembro han de pertenecer las autoridades responsables de velar por que las
citadas sucursales se atengan a lo dispuesto en la Directiva. La recepción de las
referidas notificaciones y el ejercicio del mencionado cometido deben corresponder a las autoridades del Estado miembro en el que esté situada la sucursal.
(4) Esta atribución de responsabilidades debe establecerse claramente en la Directiva mediante una modificación de las definiciones de «entidad de crédito» y
de «institución financiera».
(5) El Parlamento Europeo ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que
las actividades de las agencias de cambio y las empresas de envío de dinero
sean susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Estas actividades deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva. A fin de disi-
par cualquier duda a este respecto, debe confirmarse claramente la inclusión
de estas actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva.
(6) Con objeto de garantizar la mayor cobertura posible del sector financiero, también debe indicarse claramente que la Directiva se aplica a las actividades de
las empresas de inversión tal como se definen en la Directiva 93/22/CEE del
Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el
ámbito de los valores negociables.
(7) La Directiva únicamente impone a los Estados miembros la obligación de
luchar contra el blanqueo del producto de delitos relacionados con los estupefacientes. En los últimos años se ha tendido a definir el blanqueo de capitales
de manera mucho más amplia, tomando en consideración una gama mucho
más extensa de delitos subyacentes, como atestigua, por ejemplo, la revisión
de 1996 de las cuarenta Recomendaciones del Grupo de acción financiéra
internacional (GAFI), principal órgano internacional de la lucha cóntra el blanqueo de capitales.
(8) La ampliación del abanico de delitos subyacentes facilita la notificación de las
transacciones sospechosas y la cooperación internacional en este ámbito. Por
lo tanto, debe actualizarse la Directiva a este respecto.
(9) En la Acción común 98/699/JAl, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el
Consejo, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito, los
Estados miembros acordaron considerar todos los delitos graves, tal como se
definen en la Acción común, delitos subyacentes a efectos de la atribución de
carácter delictivo al blanqueo de capitales.
(10) La Directiva impone obligaciones relativas, en particular, a la notificación de
operaciones sospechosas. Sería más adecuado y acorde con la filosofía del
Plan de acción del grupo de alto nivel para luchar contra la delincuencia organizada que se ampliara la prohibición del blanqueo de capitales con arreglo a
(11) El 21 de diciembre de 1998, el Consejo aprobó la Acción común 98/733/JAI,
relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea. Dicha Acción común refleja
el acuerdo de los Estados miembros sobre la necesidad de un planteamiento
común en este ámbito.
(12) En todos los Estados miembros y de acuerdo con lo previsto en la Directiva, el
sector financiero, y en particular las entidades de crédito, notifican cuantas
transacciones despiertan sospechas. Existen indicios de que el endurecimiento
de los controles en el sector financiero ha impulsado a los autores del blanqueo de capitales a buscar métodos alternativos para ocúltar el origen del producto de actividades delictivas.
(13) Los autores del blanqueo de capitales tienden a recurrir cada vez más a
empresas no financieras. Esta tendencia se ve corroborada por los trabajos del
GAFI sobre técnicas y tipología de blanqueo de capitales.
(14) Las obligaciones contempladas en la Directiva en lo que respecta a la identificación de los clientes, la conservación de registros y la notificación de transacciones sospechosas deberían haceise extensivas a un número limitado de acti-
vidades y profesiones que se hayan revelado susceptibles de ser utilizadas para
(15) Los notarios y los profesionales independientes del ámbito jurídico, tal y como
han sido definidos por los Estados miembros, deben estar sujetos a lo dispuesto
en la Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales,
incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista el mayor riesgo de que los
servicios de dichos profesionales del ámbito jurídico se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas.
(16) No obstante, cuando los notarios, abogados o bufetes de abogados independientes establezcan la situación jurídica de sus clientes o ejerzan la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva imponer a estos profesionales la
obligación de notificar sospechas de blanqueo de capitales. Debe quedar
exenta de la obligación de notificación la información obtenida antes,
durante o después de acciones judiciales o al establecer la situación jurídica
(17) Servicios directamente comparables deben ser objeto de idéntico trato, cualesquiera que sean los profesionales contemplados en la presente Directiva que
ejerzan dichos servicios. Con el fin de preservar los derechos establecidos por
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales y por el Tratado de la Unión Europea, por lo que
respecta a los auditores, contables externos y asesores fiscales que en determinados Estados miembros pueden defender o representar a sus clientes en el
contexto de una acción judicial o establecer la situación jurídica de sus clientes, la información que obtengan en el ejercicio de estas funciones no puede
estar sujeta a la obligación de notificación con arreglo a la Directiva.
(18) La Directiva se refiere, por una parte, «a las autoridades responsables de la
lucha contra el blanqueo de capitales» a las cuales deben notificarse las operaciones sospechosas y, por otra parte, a las autoridades que estén facultadas por
disposiciones legales o reglamentarías para supervisar las actividades de cualquiera de las instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la Directiva
(«autoridades competentes»). Se sobreentiende que la Directiva no obliga a los
Estados miembros a crear dichas «autoridades competentes» en caso de que
no existan, y que los colegios de abogados y otros organismos autorreguladores de profesionales independientes no entran dentro del concepto de «autoridades comperentes».
(19) En el caso de los notarios y profesionales independientes del ámbito jurídico,
y para atender adecuadamente a la obligación de observar el secreto profesional que tienen con sus clientes, debe autorizarse a los Estados miembros a
designar al colegio de abogados u otro organismo autorregulador de profesionales independientes como el organismo al que dichos profesionales deben
notificar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Los Estados
miembros deben determinar las normas por las que se regirá el tratamiento de
estas notificaciones y su posible transmisión a las «autoridades responsables
de la lucha contra el blanqueo de capitales» y en general, las formas apropiadas de cooperación entre los colegios de abogados u organismos profesionales y dichas autoridades.
La Directiva 91/308/CEE se modificará como sigue:
A. “Entidad de crédito”: toda entidad que se ajuste a la definición del párrafo
primero del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE, así como toda
sucursal, tal y como se define en el punto 3 del artículo 1 de dicha Directiva,
establecida en la Comunidad por entidades de crédito que tengan su sede
social dentro o fuera de la Comunidad.
B. “Institución financiera”:
1) toda empresa distinta de una entidad de crédito cuya actividad principal
consista en efectuar una o varias de las operaciones mencionadas en los
puntos 2 a 12 y 14 de la lista que figura en el anexo I de la Directiva
2000/12/CE: éstas incluyen las actividades de las agencias de cambio y de
las oficinas de transferencia o envío de fondos,
2) toda empresa de seguros debidamente autorizada con arreglo a la Directiva 79/267/CEE, en la medida en que realice actividades contempladas en
dicha Directiva,
3) toda empresa de inversión tal como se define en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE,
4) toda empresa de inversión colectiva que negocie sus participaciones o
Esta definición de institución financiera incluye también las sucursales situadas
en la Comunidad de instituciones financieras que tengan su sede social dentro
o fuera de la Comunidad.
C. “Blanqueo de capitales”: las siguientes acciones realizadas intencionadamente:
– la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la partiapación en ese tipo de
actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir
las consecuencias jurídicas de sus actos,
– la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de
derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,
– la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad
delictiva o de la participación en ese tipo de actividad,
– la participación en alguna de las acciones mencionadas en los guiones
precedentes, la asociación para cometer ese tipo de acciones, las tentativas
de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución.
El conocimiento, la intención o el propósito que han de darse en las actividades antes mencionadas podrán establecerse basándose en elementos de
hecho objetivos.
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que
hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en
el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.
D. “Bienes”: todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles
o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos
jurídicos que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los
E. “Actividad delictiva”: cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito grave.
– cualquiera de los delitos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 3 del Convención de Viena,
– las actividades de las organizaciones delictivas definidas en el artículo 1
de la Acción común 98/733/JAl,
– el fraude según se define en el apartado 1 del artículo 1 y el artículo 2 del
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, al menos en los casos graves,
– los delitos que puedan generar beneficios considerables y que sean sancionables con pena grave de prisión de acuerdo con el Derecho penal del
Los Estados miembros modificarán antes del … la defimción que figura en
el presente guión con objeto de alinearla con la definición de delito grave
de la Acción común 98/699/JAI. El Consejo invita a la Comisión a presentar
antes del … una propuesta de Directiva que modifique a este respecto la
Los Estados miembros podrán considerar actividad delictiva a efectos de la
presente Directiva cualquier otro delito.
F. “Autoridades competentes”: las autoridades nacionales que estén facultadas
por disposiciones legales o reglamentarias para supervisar la actividad de cualquiera de las entidades, instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la
2) Se añadirá el artículo 2 bis siguiente:
1) entidades de crédito, según se definen en la letra A del artículo 1,
2) instituciones financieras, según se definen en la letra B del artículo 1,
así como a las siguientes personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio
de su profesión:
3) auditores, contables externos y asesores fiscales,
4) agentes de la propiedad inmobiliaria,
a) ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta
de su cliente relativas a:
iv) la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el
funcionamiento o la gestión de empresas,
v) la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades fiduciarias,
empresas o estructuras análogas,
b) ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria,
6) personas que comercian con artículos de valor elevado, como piedras y
metales predosos, siempre que el pago se realice en efectivo y su cuantía sea
igual o superior a 15.000 euros;
7) casinos.».
3) El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente;
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva exijan la identificación de
sus clientes, mediante un documento acreditativo, en el momento de entablar
relaciones de negocios, en particular, en el caso de entidades y de instituciones, cuando abran una cuenta o una cuenta de ahorros u ofrezcan servicios de
2. También será preceptiva la identificación para cualquier transacción con
clientes distintos de los contemplados en el apartado 1, cuya cuantía sea igual
o superior a 15.000 euros, ya se lleve ésta a cabo en una o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Si se desconociera
el importe en el momento de la transacción, la entidad, institución o persona
de que se trate procederá a la identificación en cuanto tenga conocimiento del
mismo y compruebe que la transacción alcanza la cuantía indicada.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando se trate de contratos
de seguros celebrados por empresas de seguros contempladas en la Directiva
79/267/CEE, en la medida en que realicen actividades comprendidas én el
ámbito de aplicación de dicha Directiva, no se exigirá identificación cuando el
importe de la ptima o primas periódicas que deba pagarse durante un año no
exceda de 1.000 euros o, si se trata del pago de una prima única, cuando el
importe no exceda de 2.500. euros. Si el importe de la prima o primas periódicas que deban pagarse durante un año se incrementa de tal forma que supere el
umbral de 1.000 euros, la identificación se exigirá a partir de dicho momento.
4. Los Estados miembros podrán disponer que la identificación no sea obligatoria cuando se trate de contratos de seguros suscritos, dentro de un plan de
pensiones, en virtud de un contrato de trabajo o de la actividad profesional del
asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cláusula de rescate ni
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros velarán por que se exija una identificación bien cuando un cliente entre en un
casino, o bien cuando un cliente abone en efectivo la compra de fichas de
juego por un valor igual o superior a 2.500 euros, o canjee fichas de juego por
un cheque del casino por dicho importe.
6. Cuando existan dudas sobre si los clientes a que hacen referencia los apartados precedentes actúan por cuenta propia, o cuando exista la certeza de que
no actúan por cuenta propia, las entidades, instituciones y personas sujetas a
lo dispuesto en la presente Directiva adoptarán medidas razonables a fin de
obtener información sobre la verdadera identidad de las personas por cuenta
de las cúales actúan los clientes.
7. Tan pronto como existan sospechas de blanqueo de capitales, las entidades,
instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presenté Directiva deberán
proceder a la citada identificación, incluso cuando el importe de la transacción sea inferior a los importes antes mencionados.
8. Las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente
Directiva no estarán sometidas a las obligaciones de identificación previstas en
el presente artículo en caso de que el diente sea una entidad de crédito o una
institución financiera de las contempladas en la presente Directiva, o una entidad de crédito o una institución financiera establecida en un tercer país que
imponga, a juicio de los Estados miembros correspondientes, obligaciones
equivalentes a las prescritas por la presente Directiva.
9. Los Estados miembros podrán disponer que se consideren cumplidas las
obligaciones de identificación con respecto a las transacciones contempladas
en los apartados 3 y 4 cuando se haya establecido que el importe de la transacción debe ser cargado en una cuenta abierta, con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 1, a nombre del cliente, en una entidad de crédito sujeta a la presente Directiva.
10. Los Estados miembros velarán, en cualquier caso, por que las entidades,
instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva adopten
las medidas específicas y adecuadas necesarias para compensar el mayor riesgo de blanqueo de dinero existente cuando se establecen relaciones de negocios o se realizan transacciones con clientes que no han estado físicamente
presentes para su identificación (“transacciones a distancia”). Estas medidas
harán que se establezca la identidad del cliente, por ejemplo, exigiendo documentos justificativos adicionales, o medidas complementarias encaminadas a
comprobar o certificar los documentos facilitados, o una certificación de confirmación expedida por una entidad o institución sujeta a lo dispuesto en la
presente Directiva, o exigiendo que el primer pago de la operación se efectúe
a través de una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito
sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva. Los procedimientos de control
interno estipulados en el apartado 1 del artículo 11 deberán tener expresamente en cuenta estas medidas.».
4) En los artículos 4, 5, 8 y 10 los términos «entidades de crédito e instituciones
financiera» se sustituirán por «las entidades, instituciones y personas sujetas a
lo dispuesto en la presente Directiva».
5) El artículo 6 se sustituirá por cl texto siguiente:
1. Los Estados miembrós velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva y sus directiyos y empleados
colaboren plenamente con las autoridades responsables de la lucha contra el
a) informando a dichas autoridades, por iniciativa propia, de cualquier
hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales;
b) facilitando a dichas autoridades, a petición de éstas, toda la información
necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.
2. La información a que hace referencia el apartado 1 será remitida a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre situada la persona, entidad o institución que facilite dicha información. En principio, se encargarán de remitir la
información la persona o personas que hayan sido designadas por las entidades, instituciones y personas, de conformidad con los procedimientos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 11.
3. En el caso de los notarios y otros profesionales independientes del Derecho
contempládos en el punto 5 del artículo 2 bis, los Estados miembros podrán
designar al organismo autorregulador pertinente de la profesión de que se trate
como la autoridad a la que se ha de informar acerca de los hechos a que se
refiere la letra a) del apartado 1 y, en tal caso, establecerán las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades responsables de la
Los Estados miembros no estarán obligados a imponer las obligaciones establecidas en el apartado 1 a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales, con respecto a la información que éstos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de
defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con
ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información
4. La información que se facilite a las autoridades, de conformidad con lo previsto en el apartado 1, podrá utilizarse únicamente para la lucha contra el
blanqueo de capitales. No obstante, los Estados miembros podrán disponer
que dicha información pueda ser igualmente utilizada con otros fines.».
Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas
sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva se abstengan de ejecutar cualesquiera transacciones, hasta tanto no hayan informado a las autoridades a que
se refiere el artículo 6, cuando sepan o sospechen que aquéllas están relacionadas con el blanqueo de capitales. Dichas autoridades podrán, en las condiciones que determine su legislación nacional, dar instrucciones para que no se
ejecute la operación. Cuando se sospeche que la transacción considerada va a
implicar blanqueo de capitales y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o
pueda comprometer el procesamiento de los beneficiarios de la presunta operación de blanqueo, las entidades, instituciones y personas afectadas informarán a las autoridades inmediatamente después.»
7) El artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente:
La revelación, de buena fe, de la información contemplada en los artículos 6 y
7 a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales,
por parte de una persona, entidad o institución sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva; o de sus empleados o dirøctivos no constituirá violación de las
restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o
por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y no implicará
ningún tipo de responsabilidad para la persona, entidad o institución, sus
directivos y empleados.».
8) El articulo 11 se sustituirá por el texto siguiente:
b) adopten las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. Estas medidas
incluirán la participación de los empleados correspondientes en cursos especiales de formación, para ayudarles a detectar las operaciones que puedan
estar relacionadas con el blanqueo de capitales y enseñarles la manera de proceder en tales casos. sobre las prácticas de los autores del blanqueo de capitales y sobre los indicios que permiten detectar las transacciones sospechosas.».
En caso de que una persona física de las enumeradas en los puntos 3 a 7 del
artículo 2 bis ejerza su profesión en calidad de empleado de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por el presente artículo recaerán en dicha persona jurídica en vez de en la persona física.
2. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva tengan acceso a información
9) En el artículo 12, los términos «entidades de crédito e instituciones financieras
contempladas en el artículo 1» se sustituirán por «entidades, instituciones y
personas contempladas en el artículo 2 bis».
En los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, la
Comisión efectuará un examen particular, en el marco del informe prévisto en
el artículo 17 de la Directiva 91/308/CEE, de los aspectos relativos a la aplicación del quinto guión de la letra E del articulo 1, el trato específico de los abogados y otros profesionales independientes del Derecho, la identificación de
los clientes en transacciones comerciales a distancia y las posibles implicaciones para el comercio electrónico.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva a más tardar el … (*). Informarán de ello inmediatamente a
Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas contendrán una
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de tal referencia en su
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
(*) Dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
El 20 de julio de 1999, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Directiva
por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, basada en el
apartado 2 del artículo 47, en particular sus frases primera y tercera, y en el artículo
95 del Tratado CE.
El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura sobre la propuesta
el 5 de juJio de 2000. El Comité Económico y Social emitió el suyo el 26 de enero
El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó su Posición común de conformidad con el artículo 251 del Tratado.
La finalidad de la propuesta es modificar la actual Directiva 911308/CEE relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
ampliando la prohibición de blanqueo de capitales para abarcar no sólo el tráfico
de drogas sino también otros delitos graves y extendiendo las obligaciones de la
Directiva a determinadas actividades y profesiones de carácter no financiero,
incluidos los abogados y auditores. La propuesta trata asimismo de clarificar algunos aspectos del texto de 1991.
Se exponen a continuación las modificaciones que introduce la Posición común en
relación con cada uno de los artículos de la propuesta de la Comisión.
La letra A del artículo 1, no se modifica con respecto a la propuesta de la
Comisión, excepto que la referencia a la definición de entidad de crédito se
ha adaptado, tanto en esta disposición como en el resto del texto, para tener
en cuenta la reciente codificación de la legislación bancaria. Dicha definición incluye claramente las, entidades de dinero electrónico, ya que la
Directiva 2000/28/CE modifica la definición de entidad de crédito para
incluir las entidades de dinero electrónico. Por consiguiente, la Posición
común incluye el contenido fundamental de la enmienda 9 propuesta por el
La letra B del artículo 1 amplía el abanico de las instituciones cubiertas por la
Directiva en comparación con la propuesta de la Comisión e incluso con la
enmienda 10 propuesta por el Parlamento Europeo, al incluir todas las empresas de participación colectiva que negocien sus participaciones o acciones. La
Posición común incluye de este modo el contenido fundamental de la enmienda 10 propuesta por el Parlamento Europeo. No incluye la enmienda 11 propuesta por el Parlamento Europeo debido a que el Consejo no considera adecuado definir a las autoridades supervisoras como instituciones financieras.
Las letras C y D del artículo 1 no se modifican.
La letra E del artículo 1, que define la actividad delictiva, se ha modificado
para ampliar el ámbito de aplicación propuesto por la Comision.
En primer lugar, se explica que la actividad delictiva supone cualquier tipo de
participación delictiva en la comisión de un delito grave. La finalidad de este
texto es exeluir del ámbito de aplicación de la Directiva la participación inocente o no intencionada. La disposición define a continuación los delitos que
deben considerarse graves a efectos de la Directiva y, por último tal como propuso la Comisión, permite a los Estados miembros la posibilidad de ampliar el
ámbito de aplicación en su legislación nacional considerando actividad delictiva a efectos de la Directiva cualquier otro delito.
Los delitos graves se definen en cinco guiones:
– el primer guión es idéntico, excepto cambios de redacción de importancia
secundaria, al propuesto por la Comisión y cubre los delitos relacionados con
– el segundo guión cubre la participación en la delincuenciá organizada, tal
como propone la Comision, pero con una redacción más precisa, basada en
las actividades de organizaciones delictivas tal como se definen en la Acción
común, de 21 de diciembre de 1998, por la que se considera delito la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión
Europea (98/733/JAl), adoptada en el marco del tercer pilar. La Posición
común ofrece de este modo una definición más precisa de la delincuencia
organizada que lá propuesta por la Comisión, objetivo que perseguía la
enmienda 12 propuesta por el Parlamento Europeo. No obstante, el Consejo
no ha considerado conveniente establecer una definición de «delincuencia
organizada» en esta Directiva, adoptada en el marco del primer pilar. Por consiguiente, la Posición común toma en consideración el espíritu de la enmienda
12 propuesta por él Parlamento Europeo,
– el tercer guión cubre el fraude (la corrupción se trata en el cuarto guión,
como se verá a continuación) según se define en el apartado 1 del artículo 1 y
en el artículo 2 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Su redacción persigue una definición más
precisa que la propuesta por la Comisión. Este téxto se ha redactado de forma
diferente al texto propuesto por el Parlamento Europeo en su enmienda 1 3,
pero, si se interpreta de forma conjunta al cuarto guión, que cubre la corrupción, la Posición común se ajusta en gran medida al enfoque de la enmienda
13 propuesta por el Parlamento Europeo,
– el cuarto guión cubre la corrupción, independientemente de que atente o no
contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y se ha incluido
de forma explícita para recalcar la gravedad de este delito,
– el quinto guión tiene como objetivo cubrir todos los delitos graves que puedan generar beneficios considerables. Para que un delito pueda considerarse
grave en esié contexto debe ser sancionable con una sentencia severa de prisión con arreglo a la legislación penal nacional. El Consejo considera conveniente, en esta fase, permitir a los Estados miembros cierto margen de flexibilidad en la aplicación de esta disposición y en la evaluación de lo que constitúye una sentencia grave de prisión. No obstante, se invita a la Comisión a que
presente en un plazo de tres años desde su entrada en vigor, una propuesta de
Directiva por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE para armonizar esta
definición con la de delito grave éstablecida en la Acción común de 3 de
diciembre de 1998 (98/699/JAI). Ésta define los delitos graves en términos de la
duración de la priváción de libertad que puede imponerse a cualquiera que
haya sido declarado culpable de delito.
La letra F del artículo 1 se ha modificado para aclarar que el objeto de supervisión son las actividades desempeñadas y no las entidades y personas
cubiertas por la Directiva. En el considerando 18 se explica que esta disposición no debé interpretarse como la imposición a los Estados miembros de
una obligación de crear cualøsquiera nuevas autoridades o de asignar nuevas
responsabilidades a las autoridades actualmente existentes, y que las asociaciones de abogados y otros organismos autónomos dé profesionales independientes están excluidos del término «autoridades competentes». Por consiguiente, la Posición común no incluye la enmienda 14 propuesta por el Parlamento Europeo.
En el artículo 2 bis se ha modificado el abanico de entidades y personas
cubiertas por la Directiva:
– en el punto 3 se ha añadido una nueva categoría, los «asesores fiscales»,
teniendo en cuenta la primera parte de la enmienda 16 propuesta por el Parlamento Europeo. No obstanté, la Posición común mantiene la estructura propuesta por la Comisión conforme a la cual los profesionales que proporcionan
auditoría y asesoramiento fiscal se diferencian de los profesionales jurídicos y,
por consiguiente, no incluye la enmienda 15 propuesta por el Parlamento
– el punto 5 se ha modificado para incluir a los abogados que participan en
– la primera función abarca la asistencia a la planificación o ejecución de
transacciones para los clientes en relación con una serie de categorías de
actividades especificadas. Estas últimas coinciden en gran parte con las propuestas por la Comisión, excepto una nueva categoría añadida, a saber: la
organización de contribuciones necesaria para la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades,
– la segunda función abarca la actuación en nombre de los clientes y por
cuenta de ellos en cualquier transacción financiera o inmobiliaria.
– El ámbito de aplicación es, por consiguiente, más restringido en el caso de la
función de asistencia y asesoría que en el caso de la función de actuación. La
Posición común no excluye del ámbito de aplicación de la Directiva el asesoramiento jurídico prestado en el contexto de procesos judiciales. Este aspecto
está recogido en el apartado 3 del artículo 6 a tenor del cual los Estados miembros podrán excluir la información obtenida en el contexto de procesos judiciales o al determinar la situación jurídica de sus clientes de la obligación de
inforrnación establecida en la Directiva (véase más adelante). Por consiguiente, la Posición común no incluye una parte de la enmienda 16 propuesta por
– en el punto 6, referido a las personas que comercian con artículos de valor
elevado, se ha restringido el ámbito de aplicación para incluir únicamente
aquéllos en los que hay mayor probabilidad de blanqueo de capitales, con el
fin de ahorrar a los comerciarites cargas administrativas indebidas. Por consiguiente, el texto propuesto por la Comisión se ha completado con la precisión
de que las obligaciones de la Directiva sólo se aplicarán cuando los comerciantes reciban un pago en efectivo igual o superior a 15.000 euros. La Posición común no incluye, por lo tanto, las enmiendas 17, 18 y 19 propuestas por
– el punto 7 de la propuesta de la Comisión se ha suprimido por considerarse
– los puntos 1, 2, 4 y 7 (punto 8 de la propuesta de la Comisión) no se modifican con respecto a la propuesta de la Comisión. La Posición común no incluye
la enmienda 20 propuesta por el Parlamento Europeo, ya que el Consejo no
considera pertinente ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los funcionarios a que se refiere dicha enmienda.
Los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Posición común, que hacen preceptivas las obligaciones de estas disposiciones a todas las personas y entidades
cubiertas por la Directiva, no se modifican con respecto a la propuesta de la
Comisión. El Consejo considera que la redacción de estas disposiciones permite la flexibilidad suficiente para evitar cargas innecesarias a las actividades
comerciales. Por ejemplo, los agentes de la propiedad inmobiliaria no estarán
obligados a exigir identificación, a efectos de la Directiva, a una persona que
se limite a preguntar por la posibilidad de alquiler de un apartamento o vivienda cuando no existan indicios que hagan sospechar el blanqueo de capitales.
La Posición común no incluye, por lo tanto, las enmiendas 21 y 22 propuestas
El anexo en el que se describe la obligación de identificación de los clientes
en operaciones financieras a distancia y la referencia a la misma en el subapartado 2 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión se han suprimido
Dichas obligaciones se describen ahora en el nuevo apartado 10 del artículo 3
(véase más adelante). Al suprimir el anexo, la Posición común incluye la
enmienda 33 propuesta por el Parlamento Europeo.
La Posición común no modifica los apartados 3 y 4 del artículo 3 propuestos
por la Comisión, que son idénticos a la actual Directiva de 1991, por lo que la
enmienda 24 propuesta por el Parlamento Europeo no se ha incluido en la
Las disposiciones relativas a los casinos figuran en el nuevo apartado 5 del
artículo 3. Esta disposición combina la propuesta de la Comisión y la enmienda 25 propuesta por el Parlamento Europeo. El texto especifica que se exigirá
identificación bien cuando un cliente entre en un casino, o bien cuando un
cliente abone en efectivo la compra de fichas de juego por un valor igual o
superior a 2.500 euros, o canjee fichas de juego por un cheque del casino por
dicho importe. Por consiguiente, la Posición común incluye el contenido fundamental de la enmienda 25 propuesta por el Parlamento Europeo.
Los apartados 6 y 7 del artículo 3 (apartados 5 y 6 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión) no se modifican con respecto a la propuesta de la Comisión.
El apartado 8 del artículo 3 (apartado 7 del artículo 3 de la propuesta de la
Comisión) amplía el ámbito de aplicación de la exención de la obligación de
identificación a una entidad de crédito o una institución financiera establecida
en un tercer país que imponga, a juicio de los Estados miembros correspondientes, obligaciones equivalentes a las prescritas por la presente Directiva. El
Consejo considera que el establecimiento de una descripción detallada de las
obligaciones que los terceros países deberían imponer a este respecto introduciría una rigidez inaceptable en el texto y dificultaría la posibilidad de tener en
cuenta futuros cambios. Debe observarse, por consiguiente, que para el Consejo, la forma en que los Estados miembros aplican esta disposición es una
cuestión que puede debatirse en el Comité de contacto creado por la Directiva
de 1991, para evitar cualquier discrepancia en la aplicacion.
El apartado 9 del artículo 3 (apartado 8 del artículo 3 de la propuesta de la
Comisión) no se modifica con respecto a la propuesta de la Comisión.
La nueva disposición del apartado 10 del artículo 3 sustituye a las obligaciones
inicialmente establecidas en el anexo de la propuesta de la Comisión. En ella
se describe el objetivo de la disposición, a saber: que las instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva adopten las medidas específicas y adecuadas necesarias para compensar el mayor riesgo de blanqueo de
dinero existente en las transacciones a distancia. Se proporcionan ejemplos de
estas medidas, como la exigencia de que el primer pago de la operación se
efectúe a través de una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de
crédito sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva; esto se propone también
en la enmienda 23 del Parlamento Europeo. El Consejo considera que la
redacción de la Posición común garantiza al máximo la flexibilidad necesaria
y permite a las autoridades así como a las personas y entidades afectadas tener
en cuenta futuros cambios en el ámbito de los servicios financieros electrónicos, por ejemplo, las firmas electrónicas. Tal como propone el Parlamento
Europeo en su enmienda 23, se estipula que los procedimientos de control
interno establecidos en el apartado 1 del artículo 11 tengan específicamente
en cuenta estas medidas. De este modo, la Posición común incluye en parte la
enmienda 23 propuesta por el Parlamento Europeo.
La Posición común incluye, en términos ligeramente diferentes, las modificaciones técnicas de los artículos 4, 5, 8 y 10 propuestas por la Comisión. La
Posición común no incluye, por consiguiente, la enmienda 28 propuesta por el
El apartado 3 del artículo 6 se ha modificado con respecto a la propuesta de la
Comisión. Se han introducido cambios secundarios en la redacción del primer
párrafo para aclarar el texto.
El ámbito de la aplicación del segundo párrafo, que permite a los Estados
miembros eximir a algunas profesiones de las obligaciones de información
establecidas en el apartado 1 del artículo 6, se ha ampliado. Esta disposición
incluye ahora a los auditores, contables externos y asesores fiscales, por las
razones explicadas en el considerando 19. La disposición incluye asimismo la
información recibida no sólo durante los procesos judiciales, sino también en
el transcurso de la determinación de la posición jurídica: en favor de un cliente. Por último, se ha introducido una serie de cambios en la redacción para
precisar que la disposición se refiere a todos los aspectos de los procesos judiciales. La última frase del segundo párrafo de la propuesta de la Comisión, que
contiene una excepción a esta posibilidad, se ha suprimido tal como propuso
el Parlamento Europeo en su enmienda 26. Por consiguiente, la Posición
común incluye en parte la enmienda 26 propuesta por el Parlamento Europeo.
El apartado 4 del artículo 6 no se modifica con respecto a la propuesta de la
Comisión, que a su vez tampoco se modifica con respecto a la redacción de la
última frase del artículo 6 de la actual Directiva de 1991. La Posición común no
incluye, por consiguiente, la enmienda 27 propuesta por el Parlamento Europeo.
Los artículos 7 y 9 no se han modificado con respecto a la propuesta de la
Comisión, salvo cambios técnicos de menor importancia en la redacción del
artículo 9. Por lo tanto, la Posición común no incluye la enmienda 29 propuesta por el Parlamento Europeo.
El artículo 11 se ha modificado con respecto a la propuesta de la Comisión. El
abanico de personas y entidades cubiertas por la disposición: sigue siendo el
mismó, pero la Posición común añade una frase que especifica a quién corresponde la obligación del primer párrafo del apartado 1 del artículo 11. La Posición común incluye asimismo un nuevo apartado 2 tal como propuso el Parlamento Europeo. Por consiguiente, la Posición común incluye en parte la
enmienda 30 propuesta por el Parlamento Europeo.
El Consejo ha preferido mantener el artículo 12 tal como figura en la Directiva
de 1991, y ha introducido únicamente una modificación técnica exigida por la
ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. El Consejo considera que
las cuestiones relativas al intercambio de información y a la cooperación entre
la Comisión (OLAF) y las autoridades nacionales no deben regularse en la presente Directiva y ha invitado a la Comisión a que presente una nueva propuesta sobre estas cuestiones. La Posición común, por consiguiente, no incluye las
enmiendas 31 y 32 propuestas por el Parlamento Europeo.
Los considerandos se han adaptado en función de los cambios efectuados en
la propuesta de la Comisión y conforme la Directriz nº 10 del Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las Directrices comunes
sobre la calidad de redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de
17.3.1999, p. 1). Los considerandos incluyen las enmiendas 3 y 34 propuestas
por el Parlamento Europeo, mientras que las enmiendas 1, 41, 4, 5, 7, 45 y 35
no se han incluido.
El Consejo considera que todas las enmiendas de la propuesta de la Comisión
se ajustan plenamente a los objetivos de la Directiva. En los casos en los que
la Posición común modifica la propuesta de la Comisión, se ha perseguido el
objetivo de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva y otorgarle mayor
eficacia, teniendo presente la necesidad de garantizar el mantenimiento del
derecho de las personas a la defensa o la representación jurídica o a la determinación de su situación jurídica. El Consejo confia en que la Directiva, así
modificada, constituya una importante arma en la lucha contra el blanqueo
formato en el que recibir n los alegaciones
El polémico adiós a las 48 horas semanales
La directiva todavía tiene que ser aprobada por el pleno del
Funciones de los delegados a la Asociación Comunal de Juntas

References: artículo 47
 artículo 95
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1

artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 9

artículo 2
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 47
 artículo
95
 artículo 251
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 6
 artículo 3
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 artículo 3
 artículo 3
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 artículo 11
 artículo 6
 artículo 6
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artículo 9
 artículo 11
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 artículo 12