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Timestamp: 2017-09-20 21:39:24+00:00

Document:
Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja, Versión 25/03/2015
BOE 90 de 15/04/2015
Redacción publicada el 25/03/2015
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TÍTULO I. Disposiciones generales y principios rectores de la política deportiva
CAPÍTULO I. Estructura administrativa del deporte
CAPÍTULO II. De las competencias de las administraciones públicas riojanas en materia del ejercicio físico y el deporte
TÍTULO III. Agentes de la actividad deportiva
CAPÍTULO I. Deportistas, técnicos, jueces y otros colectivos del deporte
Sección 1.ª Deportistas, técnicos y jueces
Sección 2.ª Otros colectivos del deporte
Sección 3.ª Garantía de la unidad de mercado y reconocimiento de cualificaciones y de competencias
CAPÍTULO II. Medidas de protección y apoyo
TÍTULO IV. Tipología del deporte
CAPÍTULO II. Ámbitos del deporte
Sección 1.ª Ámbitos de actuación
Sección 2.ª Deporte federado
Sección 3.ª Deporte en edad escolar
Sección 4.ª Deporte universitario
Sección 5.ª Deporte organizado no federado
Sección 6.ª Ejercicio físico y deporte de recreación y ocio
Sección 7.ª Deporte de especial arraigo en La Rioja
TÍTULO V. Formación e investigación en el deporte
CAPÍTULO I. La Escuela Riojana del Deporte
CAPÍTULO II. Formación técnico-deportiva
CAPÍTULO III. La investigación en el deporte
TÍTULO VI. De la organización deportiva privada
CAPÍTULO I. Entidades deportivas
CAPÍTULO III. Agrupaciones deportivas, grupos deportivos y sociedades anónimas deportivas
CAPÍTULO IV. Federaciones deportivas de La Rioja
Sección 2.ª Federación Polideportiva de La Rioja
Sección 3.ª La Fundación Rioja Deporte
CAPÍTULO V. Licencias y habilitaciones deportivas
Sección 1.ª Disposiciones comunes a las licencias deportivas
Sección 2.ª Licencias y habilitaciones federativas
Sección 3.ª Licencia escolar
CAPÍTULO VI. Registro del Deporte de La Rioja
TÍTULO VII. Financiación del deporte
CAPÍTULO I. Financiación pública
CAPÍTULO II. Incentivos al sector privado
TÍTULO VIII. Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte
TÍTULO IX. Infraestructuras y espacios para el deporte
CAPÍTULO II. Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Rioja
CAPÍTULO III. Protección al usuario
TÍTULO X. Justicia deportiva, régimen disciplinario y Tribunal del Deporte de La Rioja
CAPÍTULO I. Jurisdicción deportiva
CAPÍTULO III. Del dopaje
CAPÍTULO IV. Tribunal del Deporte de La Rioja
Sección 2.ª Normas de procedimiento
TÍTULO XI. Inspección deportiva y régimen sancionador administrativo
CAPÍTULO II. Régimen sancionador administrativo
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de estatutos de entidades deportivas
Versión 25/03/2015
La presente ley tiene como antecedente la Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este texto legal reguló durante los últimos veinte años las relaciones jurídico-deportivas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, al amparo de la competencia exclusiva de promoción deportiva contenida en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, y en particular en el artículo 8.Uno.27.
Hasta la entrada en vigor de la citada ley, no existía en materia del deporte una regulación autonómica completa, y la normativa se reducía en aquel momento a decretos aislados de carácter sectorial que respondían a las necesidades concretas que surgían en este ámbito.
Aquella ley, la 8/1995, fue contemporánea de otras muchas que se elaboraron y entraron en vigor en el ámbito autonómico respecto de otras comunidades autónomas, y respondía a la concreta necesidad de articular una regulación desde la cúspide que diera cobertura a un posterior desarrollo normativo por extensión y sirviera de manera eficiente a la vertebración y consolidación del sistema deportivo riojano.
Ha transcurrido el tiempo y ha quedado en evidencia que la regulación y el tratamiento normativo no se adecuan a la actual realidad del deporte. El deporte ha evolucionado de una forma espectacular, la importancia y la trascendencia social ha crecido con el desarrollo del deporte, la práctica de recreación y ocio supone un hábito permanente de vida y la influencia del deporte al servicio de la salud es una nueva consecuencia de la extensión del concepto del deporte para todos.
Es lo cierto que se ha producido una profunda transformación de la sociedad española que, en lo individual, ha hecho crecer notablemente la práctica deportiva y ha modificado sus hábitos deportivos. Estamos en la sociedad del ocio y, como consecuencia de ello, esto se ha traducido en una parte muy relevante de la economía y de la actividad social en su conjunto. La repercusión en el sector ocio de la actividad deportiva no puede dejar de calificarse como de muy relevante.
Además, ha quedado en evidencia la ruptura del monopolio organizativo asentado sobre la manifestación del deporte federado, que hoy, y en términos de hábitos sociales, ha resultado colocado directamente en minoría en la producción de la actividad deportiva. No es posible obviar además el nacimiento de nuevos ámbitos y sectores, la profesionalización del deporte, el desarrollo de las enseñanzas de régimen especial conducentes a la obtención de titulación relativa a las profesiones del deporte y, en definitiva, la transformación del deporte que redunda en la obligación de los poderes públicos de atender a estas nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias sociales deportivas y económicas.
Como consecuencia de todo lo expuesto nace esta nueva ley que comprende, junto con la presente exposición de motivos, once títulos, tres disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. La extensión y lo prolijo de la norma es consecuencia de la nueva realidad del deporte ya referida, de esa transformación estructural tanto de la organización como de la práctica deportiva, de las necesidades y retos que afronta el deporte, con vocación de servicio y de instrumento eficaz que garantice afrontar y dar respuesta a todas las cuestiones del ámbito del ejercicio físico y del deporte.
El nuevo texto comienza en el título I con la extensión del ámbito material de esta ley que se titula del ejercicio físico y el deporte, definición que supone introducir el concepto de ejercicio físico junto con el de deporte y asumir el concepto de «ejercicio físico» frente al de «actividad física». Es así que respecto a ambos conceptos se hace necesario situar su diferenciación en que por actividad física se entiende, desde una perspectiva fisiológica, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que dé como resultado gasto energético mientras que, sin embargo, el ejercicio físico es la actividad física planeada, estructurada, repetitiva y dirigida con el objetivo de mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la aptitud física.
Entendemos, por tanto, que es la voluntad, entendida como la decisión pensada, cognoscitiva y volitiva de querer mejorar la condición física y por tanto la salud, la que supone el elemento clave y definidor que es adecuado traer a la ley.
Junto con esta definición y extensión del ámbito material, el título I establece los cimientos que deben sustentar todo el edificio del sistema deportivo de La Rioja y que no son otros que los principios rectores.
Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de desarrollar, de forma coordinada, las actividades necesarias tendentes a la potenciación del sistema deportivo de La Rioja y a la consecución de distintos objetivos en muy diversos ámbitos, entre los que esencialmente conviene señalar la promoción de la paz y la concordia en el deporte, en el ámbito de la promoción deportiva, el fomento del deporte y del ejercicio físico entre las personas con discapacidad, la promoción de políticas activas dirigidas a la incorporación de la mujer a la práctica deportiva o el fomento de las acciones para la inclusión de los colectivos desfavorecidos en las actividades deportivas, todo ello en el ámbito de la cohesión social y la igualdad.
El título II de la ley regula la organización administrativa, delimitando las competencias propias tanto de la Administración autonómica como de la Administración local.
De esta forma, y a través de las competencias que les son propias, las administraciones públicas riojanas promoverán el ejercicio físico y el deporte, prestando su apoyo tanto al deporte de competición debidamente organizado como a las actividades deportivas recreativas y de ocio.
Asimismo, las administraciones públicas riojanas se relacionan con el Estado y el resto de comunidades sobre la base de la cooperación y colaboración recíproca.
Respecto a la cooperación interadministrativa, esta no puede ser una formulación teórica más o menos rimbombante en su expresión de un deseo. Era necesario determinar el ámbito y la forma en la que la misma debía operar.
Este esfuerzo se centra en conformar un modelo más vertebrado mediante la creación de un órgano para la cooperación y la coordinación.
A tal fin se crea, adscrita a la consejería competente en materia deportiva, la Comisión Intersectorial del Ejercicio Físico y del Deporte como órgano colegiado para la coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, planes, actividades y para elaboración de normativa que con un objeto relativo al ámbito del ejercicio físico y del deporte afecte a otras materias en su desarrollo transversal.
En este órgano se invita a la participación tanto de otras consejerías cuyas competencias de forma transversal inciden de manera importante en el ámbito deportivo, como Salud, Educación o Medio Ambiente, como de las federaciones deportivas de La Rioja que ejercen funciones públicas por delegación, así como de los municipios de La Rioja y de sus universidades, extendiendo este instrumento participativo sobre todos los actores que tienen responsabilidades decisorias que afectan al ejercicio físico y al deporte.
Tal y como se ha descrito, una de las transformaciones más importantes en materia deportiva ha sido la de la profesionalización del deporte, y con él el nacimiento de lo que se ha venido en llamar las «profesiones del deporte». Las comunidades autónomas y el Estado se han limitado, por lo general, a incluir tímidamente en sus correspondientes leyes del deporte una previsión muy genérica sobre la obligatoriedad de contar con la correspondiente titulación para realizar determinados servicios profesionales de carácter deportivo.
A partir de este simple hecho se vuelve la mirada hacia los poderes públicos, pidiéndoles que regulen la profesión, esto es, que acoten los ámbitos funcionales que quedan reservados a unos y otros titulados. Con ello se pretendía poner el acento en la necesidad de concienciación social acerca del alarmante «intrusismo» observado en una actividad directamente relacionada con la salud y la seguridad personal, siendo el sector del empleo en el deporte uno de los que soportan una mayor carga de economía sumergida y un mayor número de profesionales sin formación específica en su ámbito laboral.
Es por ello que, a través del título III y de acuerdo con el principio de necesidad, se regula el ejercicio de las profesiones del deporte con base en el interés público.
Además, esta ley pretende extender su regulación a lo que se ha denominado agentes de la actividad deportiva y que comprende los conceptos tradicionales de deportistas, técnicos y jueces, así como de otros colectivos del deporte, ampliando el ámbito de aplicación.
Dentro del concepto de deportistas se diferencia a estos atendiendo tanto a su dedicación como a su nivel deportivo, siendo además que la ley introduce, define, y atribuye una gran importancia, atendiendo a la nueva realidad de la práctica deportiva, los conceptos de deportista popular y de recreación y ocio, conceptos que a lo largo del texto constituyen una referencia permanente.
Igualmente se recoge, tal y como hemos señalado, la figura de los técnicos y de los jueces, pero la gran novedad deviene de introducir nuevos actores que pertenecen al ámbito del deporte pero que habitualmente escapaban de su regulación material. Entre estos agentes se encuentran los organizadores de eventos deportivos, es decir las personas físicas, jurídicas o administraciones públicas que intervienen en el proceso de planificación, diseño y producción de los mismos, y se da cabida igualmente a un actor cada vez con mayor importancia como lo es el representante, entendido como la persona que se ocupa de los intereses del deportista profesional.
También se incorporan a la regulación de las profesiones del deporte agentes como el director deportivo o el gestor de instalaciones deportivas. Además, el círculo de protagonistas del deporte se completa con los espectadores, las personas que asisten como aficionados a las actividades deportivas tanto competitivas como no competitivas siguiendo el desarrollo y la evolución de las mismas.
Se ha tenido muy presente la obligación de garantizar la unidad de mercado, y, por tanto, de asegurar el ejercicio de la actividad profesional de aquellos profesionales establecidos en cualquier parte del territorio nacional, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad de origen, así como de los ciudadanos de la Unión Europea con la adecuada titulación o experiencia. Por último y como cierre del sistema, con el fin de no dejar fuera, de no excluir o expulsar a las personas que se dediquen profesionalmente a la actividad deportiva antes de la entrada en vigor de la nueva ley, se regula el reconocimiento de competencias profesionales.
A través del título IV se regula el reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas y se establecen los requisitos necesarios para el desarrollo de los eventos y competiciones deportivas. En definitiva, el objeto no es otro que conseguir la garantía, respecto de cada actividad organizada, del cumplimiento de las medidas necesarias para la seguridad de los participantes y personas espectadoras, en particular, la asistencia sanitaria correspondiente a todos los deportistas y la responsabilidad civil derivada de los daños causados como consecuencia de la organización y realización de dicha actividad.
Como novedad se establece, para la celebración de eventos y otras actividades deportivas de carácter no federado, la obligación de que el organizador comunique a la Administración deportiva dicha actividad con el fin de conocer su existencia y adecuación a esta ley, añadiendo la potestad de suspenderla de forma motivada en caso contrario. Además, todos los organizadores deberán solicitar, cuando proceda, las autorizaciones necesarias conforme a las distintas normativas de carácter sectorial. En definitiva, se trata de garantizar una adecuada y eficiente organización en atención al interés deportivo de la actividad o competición para la Comunidad Autónoma.
Se definen los distintos ámbitos del deporte, que se extienden atendiendo a los diferentes colectivos que participan de la práctica deportiva y a sus áreas de actuación, y se introduce, formando parte de los mismos, el deportista profesional no federado y la práctica de la actividad física de ocio y tiempo libre, ámbito que a lo largo de todo el texto normativo tiene un desarrollo extenso y al que se le concede una enorme importancia, con un objeto recreativo y de mejora de la salud.
Otra novedad de enorme importancia se refiere a las actividades asociadas a la locomoción, otorgando la consideración de actividades más apropiadas para el ejercicio físico y para el deporte de recreación y ocio las relativas a caminar, correr, montar en bicicleta y nadar, atendiendo a su capacidad para generar un hábito saludable y a la facilidad de acceso al entorno necesario para su práctica.
El título V se justifica en la enorme importancia de las formaciones deportivas configuradas dentro de la estructura educativa general, como enseñanza oficial de régimen especial, a través de los currículos formativos que conduzcan a la obtención de las titulaciones oficiales establecidas en las disposiciones vigentes.
Esta importancia tiene su concordancia, además, con el tema ya desarrollado relativo a las profesiones del deporte. No puede olvidarse que el ejercicio de las profesiones del deporte está vinculado a la necesidad de haber obtenido la titulación correspondiente necesaria para cada una de las distintas profesiones o niveles de capacitación dentro de las mismas.
Se desarrolla lo relativo a la Escuela Riojana del Deporte como unidad administrativa de la consejería del Gobierno con competencias en materia de deporte, para impartir formación deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como centro de documentación, investigación y estudio, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la consejería competente en materia de educación. Es igualmente reseñable destacar que la formación del personal técnico deportivo podrá llevarse a cabo en centros privados para cuya apertura y funcionamiento se requerirá autorización administrativa en las condiciones que legal y reglamentariamente se fijen por la Administración competente en materia educativa.
Resulta absolutamente imprescindible por su especial importancia referirnos a la regulación de la organización deportiva en su conjunto, tal y como se hace en el título VI, y que comienza con las entidades deportivas de La Rioja.
Dentro de las citadas entidades deportivas la primera consideración responde a los clubes deportivos como base de la cúspide asociativa, clasificándolos en función de su finalidad y de los requisitos establecidos para su constitución y funcionamiento, distinguiendo entre clubes de práctica deportiva y clubes de promoción deportiva.
Especial tratamiento y dedicación en el texto refieren las federaciones deportivas riojanas, que son objeto de una extensa regulación. Las novedades más importantes surgen de la exigencia de rigurosidad y responsabilidad en la gestión de las mismas. Las federaciones deportivas ejercen funciones públicas administrativas por delegación, circunstancia esta que constituye un título habilitante para que la Administración deportiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo y el correcto desempeño de esas funciones públicas, se atribuyera medios de control de distinta intensidad.
Dentro de estos medios o fórmulas de garantizar la exigencia de una adecuada gestión se encuentran la introducción de la figura del tesorero interventor, para el desempeño de las funciones de control y fiscalización interna, la obligación de elaborar unas instrucciones de contratación que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación, así como el sometimiento a las denominadas obligaciones de buen gobierno. Además, se prevé como fórmula de cierre de estos mecanismos de control la avocación de las funciones delegadas, su intervención y, en última instancia, la supresión de una federación deportiva.
Resulta obvio señalar que las modalidades deportivas con mayor seguimiento popular son las que tienen mayor capacidad para afrontar sus obligaciones, pero no todas las modalidades deportivas pueden hacerlo y no todas las modalidades con gran seguimiento popular responden a lo que se ha denominado «modalidades deportivas más populares». Es por ello que se ha entendido necesario crear una nueva estructura, la Federación Polideportiva de La Rioja, como entidad privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, en la que puedan integrarse aquellas modalidades deportivas que no tengan reconocida una federación deportiva propia, y en la que junto a nuevas modalidades deportivas, las federaciones deportivas de La Rioja que ya existan pero que no alcancen un determinado umbral de actividad y volumen de sus estamentos, puedan perder su condición de federación de carácter individual. Esta nueva entidad se concibe concediendo plena autonomía a cada sección o, lo que es lo mismo, a cada modalidad deportiva integrada en la misma, de forma que cada una de las secciones desarrolle las funciones propias de su modalidad deportiva con absoluta libertad organizativa y económica respecto del resto de secciones.
Este título contiene además la regulación relativa a la expedición de las licencias y habilitaciones deportivas, con especial atención a las federativas, que tendrán carácter reglado en tanto que las entidades expedidoras no podrán denegar la tramitación o expedición si el solicitante reúne las condiciones necesarias, y en la que estará debidamente reflejado el contenido mínimo de las mismas. Dentro de este ámbito federado se introduce además una nueva herramienta, la habilitación deportiva, como instrumento de las federaciones deportivas capaz de extender su ámbito a los deportistas populares, dentro de las competiciones no oficiales, y a los deportistas de recreación y ocio, prestando coberturas y servicios que hagan atractiva la tenencia de la habilitación deportiva.
Hasta la redacción de esta ley es lo cierto que la configuración de los registros en el ámbito del deporte se circunscribía principalmente a las entidades deportivas, y de manera tangencial existían otros registros que abarcaban aspectos muy específicos como las instalaciones deportivas.
Como gran novedad se ha considerado la necesidad de articular el Registro del Deporte de La Rioja, definido como una unidad administrativa que tiene por objeto la inscripción o adscripción de las entidades deportivas, de los profesionales del deporte y de las instalaciones deportivas, y la anotación de los actos, hechos y documentos que afectan al ámbito del deporte en su totalidad, de manera sistemática y general. El Registro del Deporte está articulado para proporcionar seguridad jurídica y hacer públicos actos, hechos y documentos inscritos o anotados para quienes tengan un interés legítimo en conocerlos y producir una serie de efectos constitutivos y declarativos.
A través del título VII se afronta una de las cuestiones más importantes que afectan al deporte en estos tiempos de crisis económica y de dificultades para encontrar recursos, la de su financiación.
El gran objetivo no puede ser otro que garantizar la sostenibilidad económica de las entidades deportivas de La Rioja, promover la actividad deportiva, fomentar el ejercicio físico y la construcción de infraestructuras deportivas. Cuestiones claves por tanto resultaban establecer los mecanismos y medidas de apoyo.
Se han incorporado medidas tendentes a la incentivación de aportaciones del sector privado destinadas al desarrollo del deporte en nuestra comunidad. La primera de estas responde a lo que se ha denominado «cláusulas sociales deportivas». En definitiva, la idea se asienta en que las administraciones públicas y los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos de obras, suministros y servicios cuyo objeto tenga vinculación con el ámbito deportivo, incorporen en sus pliegos de contratación cláusulas sociales relacionadas con el apoyo al ejercicio físico y al deporte.
Además, se establece el Reconocimiento Empresarial Deportivo como un sistema de distinciones de concesión anual instituido para reconocer y premiar actuaciones de las sociedades mercantiles y de otras entidades con personalidad jurídica propia destacadas por sus actuaciones de patrocinio privado y de promoción del deporte en La Rioja.
El título VIII reconoce la importancia de la medicina en el deporte, que tiene que ocupar un lugar destacado dentro de la regulación de la práctica del ejercicio físico y el deporte. Debe influir en el establecimiento de mecanismos que posibiliten la detección precoz de patologías que pudieran establecer la existencia de contraindicaciones, de forma total o parcial, para la práctica de ejercicio físico, posibilitar la investigación sobre fisiología del esfuerzo y control de las posibilidades de mejora del rendimiento, posibilitar los canales de aplicación y mejora permanente de las posibilidades asistenciales y de rehabilitación y, por supuesto, establecer los criterios y aplicar los recursos necesarios para abordar la gran problemática del dopaje.
Por ese motivo, se ha considerado imprescindible regular este ámbito del deporte incidiendo en la necesidad de establecer reconocimientos médicos deportivos, realizados por centros homologados, y en particular en el Centro Médico del Deporte de tal forma que no se permita la participación, al menos dentro del espacio federado, a quienes no se sometan a preceptivos reconocimientos o, en su caso y de forma subsidiaria, no presenten el correspondiente certificado de ausencia de contraindicaciones. De esta manera se evitarán muchas de las patologías, a veces incluso mortales, que se dan con la práctica deportiva.
El Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte contendrá los programas y subprogramas en los que se determinarán con concreción las acciones y medios destinados a la prevención y control de la salud de los deportistas riojanos, y las federaciones deportivas de La Rioja no podrán expedir licencias deportivas sin el cumplimiento de las determinaciones contenidas en el citado plan.
Se crea el Centro Médico del Deporte como unidad administrativa, ubicado en el Centro de Tecnificación Deportiva de La Rioja, especialmente ocupado en el estudio y seguimiento médico y científico de los deportistas, con especial atención al deporte escolar y al alto rendimiento, con el fin de valorar y controlar tanto el estado de salud de los deportistas como el tipo y grado de adaptación de su organismo en las diferentes especialidades deportivas.
En la actualidad, y con creciente profusión, las actividades deportivas están dando origen a multiplicidad de infraestructuras destinadas a su práctica y disfrute, muchas de ellas directamente relacionadas con la profesionalización del deporte. De forma paralela, la presencia cada vez más perceptible del deporte en la sociedad da lugar a una necesidad más «doméstica» de alojar, a pequeña escala, una serie de espacios deportivos capaces de absorber las diferentes necesidades lúdicas de ciudadanos de todas las edades y condiciones, exigiendo una planificación, no solo de los lugares físicos sino también de la prospectiva de crecimiento vegetativo de la población de la zona o ciudad, en relación con la utilización de las mismas.
En este sentido, a través del título IX se fija la atención en las instalaciones deportivas y, por supuesto, en la seguridad del equipamiento tanto fijo como móvil necesario para la ejecución de las distintas modalidades deportivas.
Con el fin de ordenar la construcción de las infraestructuras deportivas en nuestra comunidad autónoma, de una adecuada programación de estas, y de garantizar una apropiada utilización de los recursos que las administraciones públicas destinan a la promoción del deporte, se configura el «Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos», que clasificará la tipología de las instalaciones deportivas de uso público a través de diversos niveles de planeamiento.
La importancia que se otorga a las infraestructuras deportivas incide en la obligatoriedad de que con anterioridad a la entrada en funcionamiento de cualquier instalación deportiva de cualquier titularidad y uso público, no adscrita a un centro docente, sea necesario solicitar de los ayuntamientos autorización para su apertura, procediendo en su caso la denegación de dicha autorización cuando la instalación no cuente con las necesarias infraestructuras complementarias o con la adecuada dotación de equipamientos deportivos, en base al cumplimiento de los fines para los que fue construida, o a aquellas que no cumplan las determinaciones sobre seguridad.
Una de las cuestiones más importantes en el ámbito de las infraestructuras deportivas es, además, proteger al usuario de las instalaciones deportivas, es decir, la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños y perjuicios a las personas. De ahí nace la obligación de regular las condiciones y requisitos del mantenimiento de las instalaciones deportivas, al margen de las adscritas a centros docentes, así como de sus equipamientos deportivos.
En el ámbito de la justicia deportiva, desde una perspectiva general podríamos indicar que se ha considerado lo más adecuado mantener la base del modelo tradicional, en particular en lo relativo al régimen disciplinario, introduciendo además novedades que impliquen garantizar la independencia del responsable de resolver, así como la eficacia y agilidad de los procedimientos. Esta es la opción legal elegida que tiene su reflejo en el título X de la ley. Dicha opción implica sistematizar y ordenar la materia, así como el régimen aplicable, y dar una única respuesta jurisdiccional deportiva, cualesquiera que sean los actores que intervengan dentro de la materia regulada.
En consecuencia, se ha elegido establecer un amplio ámbito personal y material que incluyera a las entidades deportivas, a los propios deportistas y agentes y colectivos del deporte vinculados a la organización deportiva, bien mediante una licencia o habilitación federativa, o bien de una inscripción en el caso de los no federados o, únicamente, de personas que acuden a los acontecimientos deportivos participando de estos.
En la normativa que ahora se presenta, la jurisdicción deportiva se extiende al conocimiento y resolución de las cuestiones que en materia jurídico-deportiva se susciten en los ámbitos disciplinario, organizativo-competicional, electoral y asociativo. Podemos señalar que el régimen disciplinario y la organización de las competiciones se ubican dentro de las potestades públicas y, por tanto, dentro de aquellas funciones que las federaciones deportivas asumen por delegación de las administraciones públicas que se presentan, ex lege, como titulares esenciales de la potestad disciplinaria en el ámbito deportivo.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 107.2, introdujo la posibilidad de sustituir el recurso administrativo por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o con misiones específicas, no sometidos a instrucciones jerárquicas. Así se ha configurado la revisión administrativa bajo fórmula arbitral como el medio más apto para implementar criterios de eficacia en la resolución de los conflictos. Este arbitraje no opera simplemente como sustitutivo del recurso administrativo, sino que dicha fórmula tiene un notable aspecto positivo, con él se pretende dar cobertura a la puesta en marcha de un mecanismo de impugnación que, afincado en el principio de eficacia, sirva de alternativa a los clásicos recursos administrativos.
Además, resultaba necesario adoptar una solución respecto al tratamiento de las cuestiones asociativas o de ámbito interno de las entidades deportivas. La opción elegida ha sido establecer el que hemos denominado arbitraje estatutario, es decir, favorecer la posibilidad de que los estatutos de las entidades deportivas riojanas con personalidad jurídica propia contengan este ‘pacto', una regla de funcionamiento de la entidad, que no solo obliga a las partes adheridas a ese contrato fundacional que son los estatutos de las entidades deportivas, sino a la propia entidad que de él nace, que no es parte sino efecto de ese contrato, y a sus órganos y a cuantos sean miembros de estos.
La justificación de la adopción de esta solución deviene de la necesidad de establecer un régimen unificado que evite las distorsiones de ramificar hacia distintas jurisdicciones materias que pertenecen a un tronco común, y que suponen un importante coste económico para el asociado derivado de la obligación de acudir a la jurisdicción civil, y el deseo de ofrecer un sistema de revisión que evite la judicialización de los conflictos en el ámbito deportivo, al entender que dicha judicialización, al oponerse en muchos casos al marco deportivo internacional de las federaciones y organizaciones internacionales, supone una tensión evidente para el sistema deportivo que, en la medida de lo posible, es necesario evitar.
Por último, dentro del mismo título se regula el Tribunal del Deporte de La Rioja, que se configura como un órgano colegiado de ámbito autonómico, adscrito orgánicamente a la consejería competente en materia de deporte, que en el ejercicio de sus funciones actuará con total independencia, no estando sometido jerárquicamente a ningún órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma. La fórmula de actuación, tal y como se ha señalado, implica la introducción de las cortes arbitrales siempre que el órgano actúe en la segunda instancia revisoria, o con ocasión del arbitraje estatutario, así como en el de libre sometimiento, y a través de sus miembros permanentes en el procedimiento denominado de instancia.
En el título XI se incardina la actividad administrativa de inspección encuadrada dentro de la tradicional clasificación de policía administrativa, es decir, de medidas coactivas que utiliza la Administración para que los particulares ajusten su actividad a una finalidad de utilidad pública. El principio de la prevención constituye un principio general del ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que no priorice la idea de la prevención sobre otras vías de intervención en la esfera de los ciudadanos resultaría ineficaz y autoritario. La función inspectora en materia de deporte la ejercerá el personal funcionario del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en dicha materia o el habilitado para ejercer esta función inspectora.
La competencia para la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores previstos en el texto se otorga al titular de la consejería competente en materia de deporte, mientras que la competencia para la instrucción y propuesta de resolución del citado procedimiento sancionador corresponde al instructor designado en el acto de iniciación del procedimiento. El círculo de revisión de la sanción como acto administrativo a través de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador y agota la vía administrativa se completa con el recurso potestativo de reposición o directamente interponiendo el recurso contencioso-administrativo.
Para concluir y como cierre del sistema, siguiendo la técnica legislativa común, se introducen tres disposiciones adicionales, cuya oportunidad deviene de que su parte dispositiva no tiene una ubicación más apropiada en el articulado de la ley. En estas disposiciones, y a los efectos de las mismas, se otorga la consideración de clubes de promoción deportiva a todos los clubes deportivos, siempre que estas modalidades y clubes se hallaran inscritos en el anterior Registro General de Entidades Deportivas, se establece la obligación para los profesionales del deporte de asegurar la responsabilidad civil y, por último, se establece una referencia de género en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Igualmente, se establecen siete disposiciones transitorias que pretenden adaptar, con progresividad temporal, las determinaciones contenidas en el texto en relación con las profesiones del deporte, con las realidades existentes en el ámbito deportivo anteriores a su entrada en vigor y con obligaciones que dependen de la previa aprobación del Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte y del Plan Riojano de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.
Por último, se introducen una disposición derogatoria y dos disposiciones finales relativas al desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor.
Disposiciones generales y principios rectores de la política deportiva
Es objeto de la presente ley promocionar, coordinar y regular el ejercicio físico y el deporte en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como ordenar su régimen jurídico y su organización institucional, de acuerdo con las competencias que el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico atribuyen a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 2. Ejercicio físico y deporte.
1. Se entiende por ejercicio físico la práctica de la actividad física de ocio y tiempo libre con un objeto recreativo, de desarrollo de relaciones sociales y de mejora de la salud.
2. Se entiende por deporte todo tipo de ejercicio físico que, mediante una participación organizada, y dirigida por personal cualificado, tenga por finalidad, además de la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.
3. Tiene la consideración de modalidad deportiva toda forma de práctica de actividad físico-deportiva con características estructurales propias que tengan tradición, reconocimiento y reglamentación nacional o internacional, o que sin tener esas características ofrezca suficientes caracteres diferenciales de otras modalidades deportivas oficialmente reconocidas, así como el suficiente arraigo e implantación social.
4. Se entiende por especialidad deportiva aquella disciplina cuya práctica está basada en unos fundamentos técnicos o tácticos que, aún con elementos propios, no ofrecen diferencias sustanciales con una modalidad deportiva oficialmente reconocida por la Administración.
Artículo 3. Acervo del ejercicio físico y del deporte.
La Comunidad Autónoma de La Rioja reconoce las especiales cualidades, beneficios y valores que el ejercicio físico y el deporte aportan a la sociedad, en especial en la mejora de la salud pública como medio para alcanzar el bienestar general y el desarrollo personal, y en los ámbitos de la educación, la formación y la cultura, así como en el fomento de la cohesión social y en el respeto al medioambiente.
1. En el ámbito de la promoción de la práctica deportiva:
a) La consideración del deporte y del ejercicio físico como actividades sociales que mejoran la salud y aumentan la calidad de vida y bienestar.
b) La adaptación del deporte y del ejercicio físico a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, atendiendo a su diversidad y edad.
c) La protección, recuperación y difusión de la práctica y el desarrollo de los deportes y juegos autóctonos, dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como manera de promocionar y mantener las tradiciones deportivas riojanas.
d) El favorecimiento del deporte de recreación y ocio.
e) El desarrollo del deporte en el ámbito universitario.
f) La consecución de una práctica deportiva integrada en los valores de preservación del medioambiente y la sostenibilidad, y respetuosa con ellos.
g) La promoción de conexiones entre estrategias de deporte y ejercicio físico.
h) La represión del uso de sustancias dirigidas a modificar artificialmente la capacidad física de los deportistas y la concienciación en la sociedad del carácter perjudicial y pernicioso de su utilización.
i) La promoción de la paz y la concordia en el deporte, preservando el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad democrática y pluralista, así como los valores humanos que se identifican con el deporte, y se implicarán activamente en la erradicación de la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia en el deporte.
j) El reconocimiento del ejercicio físico y del deporte como valor educativo que contribuye a la formación integral de niños y jóvenes.
k) La promoción del deporte para todos y la diversificación de las acciones y programas deportivos promovidos por las administraciones públicas en atención a todos los sectores y ámbitos sociales, creando hábitos de vida saludable y mejorando la calidad de vida, el bienestar y las relaciones sociales y familiares.
l) La especial tutela y promoción del deporte en edad escolar y la implantación y desarrollo, en la misma, de programas deportivos con especial atención al desarrollo de actividades extraescolares de carácter recreativo o competitivo, como garantía y medio de la formación integral de los jóvenes.
m) La promoción y apoyo a programas que fomenten la mejora del estado de salud a través del ejercicio físico en grupos de población de especial interés.
2. En el ámbito de la cohesión social y la igualdad:
a) El fomento, de forma prioritaria, del deporte y del ejercicio físico entre las personas con discapacidad.
b) La promoción de políticas activas dirigidas a la incorporación de la mujer a la práctica deportiva, impulsando su participación en todos los ámbitos de la actividad deportiva.
c) El fomento de las acciones para la inclusión de los colectivos desfavorecidos en las actividades deportivas, desde una perspectiva de respeto a la diversidad cultural, con el fin de facilitar su integración, el conocimiento y el respeto mutuo con su entorno de convivencia.
d) La consideración del deporte como elemento de integración social y de empleo del tiempo libre.
3. En el ámbito del asociacionismo deportivo:
a) La promoción y la tutela de las asociaciones deportivas y el estímulo al asociacionismo deportivo.
b) El reconocimiento, el fomento y la regulación del asociacionismo deportivo como base fundamental de participación e integración de carácter social y deportivo.
c) El derecho a la resolución de los conflictos que puedan surgir en las relaciones deportivas.
d) La atención preferente al desarrollo de programas y actuaciones en colaboración con las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a fin de conseguir de manera más eficaz y eficiente aquellos objetivos comunes.
e) La tutela de las federaciones deportivas de la Comunidad de La Rioja, en defensa de sus competencias, apoyando con los medios precisos su gestión como entidades con funciones delegadas por la Administración.
4. En el ámbito del deporte de alto rendimiento y de la tecnificación deportiva:
a) La promoción de medidas y programas que favorezcan y faciliten la práctica del deporte de competición, con atención preferente a los deportistas de alto rendimiento, facilitando la compatibilidad con su actividad académica y apoyando su integración laboral.
b) La obligación de preservar el deporte y a los deportistas riojanos de toda explotación abusiva que pudiera producirse con cualquier fin.
c) El fomento del deporte de competición, del de alto rendimiento y de los programas de tecnificación deportiva.
5. En el ámbito de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad en las prácticas deportivas:
a) Las acciones dirigidas, con un carácter eminentemente preventivo, a propiciar el control del estado de salud y la atención médica de los ciudadanos que practiquen deporte y ejercicio físico, con atención prioritaria a los deportistas en edad escolar.
b) El desarrollo de un sistema general de inspección deportiva.
c) El establecimiento y la extensión generalizada de modalidades de seguro de los deportistas, que tengan como finalidad protegerlos de los riesgos que se derivan de la práctica del deporte y del ejercicio físico.
d) La exigencia, cuando se trate de actividades deportivas que puedan generar riesgo para terceros, de modalidades de seguro que cubran las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la realización de aquellas.
e) La garantía de la práctica del deporte y del ejercicio físico en adecuadas condiciones de seguridad y salud, dentro del respeto y la protección medioambiental de los espacios, del derecho a la accesibilidad, y garantizando la supresión de las barreras arquitectónicas y la aplicación de los planes sobre movilidad sostenible.
f) La garantía de la práctica deportiva en condiciones de salud y seguridad, para lo que será necesaria la cualificación adecuada de los profesionales que la dirigen.
g) La exigencia del cumplimiento de los requisitos de seguridad, formación y otras garantías, tanto en la construcción como en la apertura y funcionamiento de las instalaciones deportivas de uso público, así como el control higiénico-sanitario de estas.
h) La preparación de responsables y personal en lo concerniente al desarrollo de actividades deportivas para hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia que puedan afectar a participantes, espectadores o personal vinculado al desenvolvimiento del acto.
6. En el ámbito de la formación y de la investigación deportiva:
a) La consecución de una formación adecuada y competente de los técnicos deportivos de la Comunidad Autónoma.
b) El establecimiento de las medidas de colaboración y coordinación con las universidades de La Rioja para el desarrollo del deporte universitario y la investigación en las ciencias del deporte y la actividad física.
c) La formación e investigación en el deporte y ciencias relacionadas con el mismo y el establecimiento de las condiciones que favorezcan su desarrollo.
d) La promoción de la cualificación y regulación profesional en el deporte y el ejercicio físico, estableciendo las condiciones adecuadas que favorezcan la actualización y formación permanente.
e) La adopción de medidas que persigan el intrusismo, la falta de titulación y los métodos engañosos en los diferentes ámbitos del deporte.
f) La exigencia de la correspondiente titulación oficial o habilitación profesional que garantice la adecuada capacitación de todos los colectivos del deporte.
g) La formación de técnicos deportivos para personas con discapacidad.
7. En el ámbito de las infraestructuras deportivas:
a) La exigencia de los requisitos que, en su caso, correspondan y que hayan de reunir los establecimientos públicos y privados dedicados al ejercicio físico, al deporte o al ocio mediante el ejercicio físico.
b) La consecución para el territorio de La Rioja de una adecuada, suficiente y equilibrada red básica pública de instalaciones y equipamientos deportivos.
c) El patrimonio municipal del suelo podrá destinarse a las instalaciones y equipamientos deportivos incluidos en el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.
d) La elaboración de los planes y directrices generales de instalaciones y equipamientos deportivos, de acuerdo con el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, realizado y consensuado con los ayuntamientos riojanos en base a la consecución de un mayor equilibrio territorial.
e) La promoción de la práctica deportiva en los espacios naturales riojanos que resulten ser idóneos para la misma.
f) La colaboración, en su caso, en la planificación y construcción de las instalaciones deportivas en los centros docentes públicos, en los que primará la utilización deportiva polivalente, que podrá quedar sometida a un régimen de usos compatibles con el resto de la población.
8. En el ámbito de la financiación deportiva:
a) El favorecimiento y respaldo de medidas tendentes a la incentivación de aportaciones del sector público y privado destinadas al desarrollo del deporte y del ejercicio físico en nuestra comunidad.
b) El reconocimiento y apoyo a las personas y entidades que se hayan distinguido en la práctica, gestión y promoción del deporte, mediante las distinciones que se establezcan reglamentariamente.
c) La optimización y complementariedad de los recursos públicos y privados, con especial atención a la coordinación de las actuaciones de las diferentes administraciones y entidades vinculadas al deporte.
d) La extensión de pautas organizativas que favorezcan el aumento de la capacidad del sector deportivo de nuestra comunidad para generar por sí mismo los recursos financieros necesarios para su desarrollo.
e) El desarrollo de normativas tendentes a regular las figuras de patrocinio y mecenazgo.
f) La colaboración entre el sector público y el privado para garantizar el desarrollo del deporte, teniendo en cuenta los criterios establecidos en esta ley.
Estructura administrativa del deporte
Artículo 5. De las administraciones públicas, autonómica y local en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
1. Las competencias en materia de ejercicio físico y deporte de las distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja se ejercerán bajo los principios de colaboración, coordinación e información interinstitucional. A tal efecto, se establecerán los mecanismos necesarios entre las diversas administraciones con el fin de racionalizar y coordinar todas las acciones y medios disponibles.
2. Las administraciones públicas riojanas promoverán el ejercicio físico y el deporte, prestando su apoyo tanto al deporte de competición debidamente organizado como a las actividades deportivas recreativas y de ocio.
3. Corresponderá a las administraciones riojanas apoyar y promover las acciones encaminadas al desarrollo del ejercicio físico y del deporte de las personas atendiendo a su diversidad.
Artículo 6. Competencia de los órganos de la Comunidad Autónoma.
En materia de ejercicio físico y deporte corresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en el ámbito territorial de esta, el ejercicio de las competencias que en esta materia son atribuidas en exclusividad a la Comunidad por el Estatuto de Autonomía de La Rioja, todo ello sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en la presente ley.
Artículo 7. Actuación de la Administración autonómica.
2. También coordinará, en el marco de sus competencias, con las entidades locales aquellas actuaciones que puedan afectar, directa y manifiestamente, a los intereses generales del deporte en el ámbito autonómico.
De las competencias de las administraciones públicas riojanas en materia del ejercicio físico y el deporte
Artículo 8. Competencias de la Administración autonómica.
1. Conforme a la competencia exclusiva establecida en el artículo 8.Uno.27 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, corresponde a la Administración autonómica, dentro de su ámbito territorial, el ejercicio de las siguientes competencias:
1) En el ámbito de la promoción de la práctica deportiva:
a) Formular la política deportiva autonómica, definir y fijar las directrices y programas de fomento y desarrollo del deporte riojano en sus diferentes niveles, así como planificar y organizar el sistema deportivo de La Rioja.
b) Establecer los mecanismos y criterios de coordinación entre las distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma.
c) Promover, ordenar y organizar el deporte en edad escolar.
d) Fomentar y colaborar con las actividades deportivas de las universidades de La Rioja, sin detrimento de las competencias de estas, en la actividad deportiva.
e) Establecer una política activa de lucha contra el dopaje en el deporte.
f) Desarrollar una política activa de prevención y lucha contra cualquier tipo de manifestación violenta, racista, xenófoba e intolerante en el deporte y fomentar los valores que se identifican con el mismo.
2) En el ámbito de la cohesión social y la igualdad:
a) Fomentar las medidas necesarias que impulsen la incorporación de la mujer a la práctica deportiva.
b) Establecer las acciones necesarias dirigidas a la integración de colectivos desfavorecidos a través del deporte.
c) Promover programas específicos del ejercicio físico entre las personas con discapacidad.
3) En el ámbito del asociacionismo deportivo:
a) Fomentar y regular el asociacionismo deportivo de La Rioja, sin perjuicio de las competencias de la Administración del Estado.
b) Ejercer la máxima representación oficial del deporte de la Comunidad Autónoma ante los organismos estatales, sin perjuicio de las competencias de la Administración del Estado.
c) Autorizar o denegar la constitución de las entidades deportivas previstas en la presente ley, así como revocar, en su caso, su inscripción en el Registro del Deporte de La Rioja.
d) Aprobar los estatutos de las entidades deportivas, así como los reglamentos electorales y los relativos al funcionamiento interno de las federaciones deportivas.
e) Coordinar y tutelar a las federaciones deportivas riojanas en el ejercicio de las funciones públicas que tienen delegadas, y ello sin menoscabo de su actividad privada.
f) Reconocer y calificar nuevas modalidades y especialidades deportivas, así como establecer los criterios y requisitos para su reconocimiento.
g) Calificar las competiciones deportivas de ámbito autonómico, así como autorizar la utilización de denominaciones como «Campeonato de La Rioja», «Copa de La Rioja», «Campeonato Autonómico» o expresiones de contenido similar. La autorización se entenderá otorgada en las competiciones que, organizadas o reconocidas por las federaciones deportivas riojanas, tengan esas denominaciones, salvo prohibición expresa que deberá ser motivada.
4) En el ámbito del deporte de alto rendimiento y de la tecnificación deportiva:
a) Regular y fomentar el deporte de tecnificación y a los deportistas de alto rendimiento de La Rioja y las categorías de deportistas, así como los requisitos para ser incluidos en estas y sus beneficios.
5) En el ámbito de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad en las prácticas deportivas:
a) Promover la atención médica y el control sanitario de los deportistas, estableciendo las adecuadas medidas dirigidas a la protección de la salud del deportista.
b) Ejercer la potestad sancionadora y la función inspectora en materia de deporte, así como establecer los criterios de control y eficiencia sobre las actividades de las federaciones deportivas riojanas.
c) Establecer una política activa de represión de las conductas violentas o contrarias al buen orden social.
d) Suspender las actividades deportivas programadas por organizadores del ámbito no federado cuando contravengan obligaciones y generen riesgos para los participantes o para terceros.
6) En el ámbito de la formación y de la investigación deportiva:
a) Ordenar y organizar las enseñanzas deportivas y el ejercicio profesional, así como la expedición de los correspondientes títulos que las acrediten, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las universidades en estas materias.
b) Promover e impulsar, en colaboración con las universidades y otras entidades y administraciones, la investigación en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte.
c) Fijar los requisitos de cualificación profesional, y los procedimientos de validación de aprendizajes adquiridos, que determinen el acceso a las distintas profesiones.
d) Establecer las directrices para el reconocimiento de las formaciones o títulos habilitantes.
7) En el ámbito de las infraestructuras deportivas:
a) Regular la exigencia de los requisitos relativos al ejercicio físico y al deporte que en su caso correspondan y que hayan de reunir los establecimientos públicos y privados, de acceso público, dedicados al deporte o al ocio mediante el ejercicio físico.
b) Regular las condiciones de seguridad que deberán reunir las instalaciones y los equipamientos deportivos.
c) Aprobar el Plan de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Rioja.
d) Conseguir para el territorio de La Rioja una adecuada, suficiente y equilibrada red básica de instalaciones y equipamientos deportivos.
e) Gestionar las instalaciones y centros deportivos que tengan adscritos.
f) Aprovechar adecuadamente el medio natural y regular en él la práctica deportiva.
8) En el ámbito de la financiación deportiva:
a) Regular las bases de las convocatorias de la Administración autonómica para la concesión de subvenciones y otras actuaciones de fomento del deporte que se tendrán que producir en base a baremos públicos y objetivos y, en su caso, en concurrencia competitiva.
b) Desarrollar las medidas que promuevan e incentiven las aportaciones del sector privado al desarrollo del deporte en La Rioja.
c) Establecer los mecanismos de colaboración con el sector privado para la organización de eventos deportivos.
2. Las competencias indicadas en el apartado anterior las ejercerán, en los términos establecidos en la presente ley y, en su caso, en sus normas de desarrollo, los órganos administrativos que determinen las normas de organización y funcionamiento del Gobierno de La Rioja.
Artículo 9. Competencias de los municipios.
1. Los municipios, en los términos que disponen la presente ley, la legislación de régimen local y la legislación sectorial del Estado, ejercen las labores de promoción, planificación y gestión deportiva, en el ámbito de sus competencias, propiciando la participación, la integración y la cohesión social.
a) Promover y ejecutar, en el ámbito de su competencia, la legislación y los programas deportivos que la Administración autonómica dicte al efecto mediante la coordinación con la misma, participar de sus objetivos, así como colaborar con otros entes locales, entidades deportivas u otros organizadores en la promoción de sus actividades deportivas.
b) Construir, gestionar, ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal.
d) Elaborar su programa de actividades y oferta deportiva.
e) Aprobar la normativa reguladora del uso de las instalaciones y equipamientos deportivos municipales, y promover la plena utilización de las mismas.
f) Fomentar el asociacionismo deportivo, al amparo de la normativa vigente.
g) Establecer, para la gestión de sus competencias en materia de deporte, su propia estructura administrativa y dictar las disposiciones reglamentarias adecuadas a dicha gestión.
h) La promoción de campeonatos de ámbito local y de acontecimientos deportivos de carácter extraordinario.
i) Cualquier otra actuación que redunde en beneficio del desarrollo deportivo local o que les pueda ser atribuida legal o reglamentariamente y que contribuya a los fines u objetivos de la presente ley.
3. La consejería competente en materia deportiva dispondrá de un censo de servicios deportivos municipales con objeto de conocer su existencia y programas, así como, en su caso, prestar apoyo técnico.
4. Los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja deberán prever en sus respectivos instrumentos de planificación urbanística la reserva de espacios o zonas destinadas a instalaciones e infraestructuras deportivas.
5. Los municipios, en el ejercicio de sus funciones, colaborarán con la consejería competente en el ámbito del deporte en materia de inspección deportiva.

References: artículo 8
 resolución 
 artículo 107
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 2

Artículo 3
 resolución 

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 8

Artículo 9