Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=53&id_a=1903
Timestamp: 2020-02-19 01:53:37+00:00

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ARARTEKO, 2.2.4. Familia
2.2.4.1. Política familiar
En diciembre de 2011 ha sido aprobado el III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la Comunidad Autónoma del País Vasco (2011-2015), en el que se presenta el marco de estrategias y objetivos que darán forma a las políticas públicas de apoyo a las familias en los próximos cinco años, dando así continuidad a la labor de planificación y coordinación iniciada en 2002 con el primer plan.
En el marco de la reunión mantenida con la Dirección de Política Familiar y Comunitaria del Gobierno Vasco se nos informó de que el referido plan se ha visto condicionado por el contexto económico, que obliga más que nunca al establecimiento de prioridades. En todo caso, el cambio más destacable del nuevo plan respecto a los precedentes es cualitativo: la transversalidad aparece como idea rectora que pretende consecuencias operativas en cuanto a la implicación y compromiso de otros departamentos del Gobierno y de otras administraciones públicas vascas. Parece que la receptividad está siendo buena, incluso la de aquellos sistemas tradicionalmente menos permeables, lo que constituye una buena noticia. No obstante, compartimos la alerta respecto a que en esta re-valoración de la función de la familia pueda estar incidiendo la dificultad para el sostenimiento de algunos sistemas sociales. Otro de los elementos destacables del plan es la apertura de nuevas líneas de actuación, diferentes a los caminos explorados hasta la fecha, que trasciendan la política de compensaciones por gastos de las familias y se orienten hacia la creación de una nueva oferta de servicios de apoyo a las familias.
Desde el Ararteko manifestamos nuestra coincidencia con la orientación general y la filosofía que inspira al nuevo plan, aprovechando el momento para trasladar algunas cuestiones relacionadas con quejas recibidas en nuestra institución:
En relación con el sistema de ayudas económicas por hijos e hijas reguladas por el Decreto 255/2006 reiteramos nuestra postura favorable a que las ayudas se otorguen de manera automática (como sucede en otros países de Europa), lo que facilitaría su gestión y universalizaría su concesión. Así mismo, planteamos la conveniencia de coordinar estas ayudas directas con una intensificación de las medidas fiscales. En todo caso, consideramos necesario que se unifiquen los criterios de bonificaciones fiscales a las familias en todo el territorio vasco (incluidos los tributos y tasas locales) y que se amplíen las actuales bonificaciones fiscales existentes en renta. La Dirección nos aclaró al respecto que, en cuanto al Decreto 255/2006, de ayudas económicas por hijos e hijas, tienen intención de esperar a conocer todas las posibles áreas de mejora que concreten todas las cuestiones a modificar, antes de abordar su posible reforma. Igualmente manifestó que es su intención regular el procedimiento de renta familiar estandarizada a efectos de unificar los criterios para el otorgamiento de toda clase de ayudas a las familias.
Respecto a los permisos de conciliación, se trasladan una vez más las quejas de las personas trabajadoras autónomas, no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto de ayudas a la conciliación 177/2010. Consideramos que el Gobierno Vasco bien puede articular un sistema para controlar el fraude en esta materia, habida cuenta de que es esa la principal razón que actualmente se opone para no incluir a estas personas como beneficiarias de estas ayudas.
Todavía en este asunto, y concretamente en lo tocante a los permisos por hijos e hijas con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, se traslada la diferencia de consideración entre el Estatuto del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores, vivida como de clara discriminación por los trabajadores del ámbito privado. Reconociendo que es una cuestión legislativa, se sugiere que se articulen medidas en el marco competencial de la Dirección que palíen esta diferencia. La Dirección nos informa de que se encuentran en marcha un estudio sobre flexibilidad laboral, una experiencia piloto con un grupo pequeño de empresas y la inclusión del tema en la mesa de diálogo social.
Se sugiere articular medidas compensatorias que den prioridad a las familias monoparentales por el plus de dificultad con el que afrontan todas las situaciones o, en palabras de la Ley 13/2008, de apoyo a las familias, por la situación objetiva de vulnerabilidad en la que están inmersas.
De manera complementaria, nos parece interesante por su conexión con cuestiones que a lo largo de este documento se presentan como de especial interés o preocupación de la institución del Ararteko, citar tres de los objetivos en los que esta Dirección ha venido trabajando a lo largo de 2011:
Sensibilizar sobre la diversidad en los modelos de familia.
Sensibilizar en la conciliación y la corresponsabilidad.
Impulsar los programas de parentalidad positiva a través de la detección y evaluación de los existentes y el posterior diseño de programas.
Como cierre de este apartado informamos de la decisión de elaborar para 2012 un informe extraordinario sobre las políticas públicas dirigidas al apoyo a las familias en Euskadi que clarifique el panorama de políticas públicas existentes en este ámbito, así como las necesidades y demandas de las familias vascas. En el informe se estudiará, entre otras muchas cuestiones, la situación de las familias numerosas, tal y como se ha comprometido con la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide.
2.2.4.2. Familias homoparentales
En el informe al Parlamento Vasco del pasado año se informaba sobre los problemas detectados en la determinación legal de la filiación en matrimonios formados por dos mujeres y de ello se hacía un análisis en profundidad en nuestra Recomendación General 4/2010.
En relación con la determinación legal de la maternidad de la madre no biológica del hijo o hija nacido en el seno de un matrimonio de dos mujeres mediante técnicas de reproducción asistida, en 2010 se inició una actuación de oficio dirigida a promover la revisión de las actuales prácticas registrales. En opinión de esta institución, la ambigüedad de la configuración legal del tema en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, estaba provocando prácticas registrales no uniformes y que, en algunos casos, podían estar generando situaciones de discriminación para los matrimonios compuestos por dos mujeres.
A finales del año 2010 se trasladó, por razones competenciales, el problema detectado a la institución del Defensor del Pueblo, con objeto de que iniciara las actuaciones que estimara pertinentes para lograr una clarificación de la interpretación legal. Como resultado de nuestra actuación hemos tenido conocimiento de que la Secretaría de Estado de Justicia entiende que también es posible que la manifestación de la voluntad de asumir la filiación, requerida legalmente a la pareja de la madre biológica, se realice con posterioridad al nacimiento. Esto resolvería el problema que se planteaba en nuestra Recomendación General 4/2010. De ello se dará traslado al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco con objeto de que difunda dicha información entre las y los jueces encargados de los registros civiles de la CAPV.
Por otra parte, representantes de la asociación Magala nos trasladaron su preocupación por la invisibilidad de esta clase de familias en los materiales didácticos que, en general, se emplean en los centros educativos, así como por la escasez o incluso inexistencia de materiales educativos específicos que tengan por objeto transmitir esta realidad al alumnado. La referida asociación pretende que se promueva la difusión en los centros educativos de Euskadi de materiales escolares dirigidos a facilitar la integración y normalización de las familias homoparentales, indicándonos que han encontrado especiales dificultades a la hora de obtener dichos materiales en euskera, ya que están en su mayor parte en inglés, castellano y catalán, y se ven en la necesidad de traducir al euskera esos textos, para lo que buscan ayuda institucional. Nos hemos comprometido a recabar el apoyo del Gobierno Vasco en esta cuestión, a la vez que les hacemos partícipes de nuestra implicación en el proyecto europeo (Rainbow) del que damos cuenta más detallada en el apartado 6.4. de este documento.
2.2.4.3. Información a padres y madres separados
Una temática que se ha presentado este año desde diversas ópticas, ya que son diversos los ámbitos a los que viene afectado (educación, sanidad, hacienda, padrón…), es la relacionada con la información que deben recibir los padres y madres separados en torno a los datos referentes a sus hijos e hijas que obren en poder de la Administración y la documentación que deben presentar. En la recomendación 8/2011, de 15 de noviembre de 2011 formulada al respecto se exponen con detalle las situaciones de las que hemos tenido conocimiento, los protocolos e instrucciones que se vienen aplicando, los fundamentos de derecho y las conclusiones de todo ello. En todo caso, tal y como se expone en el apartado de recomendaciones del informe general, traemos a colación las dificultades que algunas personas separadas con hijos e hijas a su cargo encuentran para ejercer determinados derechos y deberes que, como progenitores, la Ley les asigna. Algunas de ellas surgen como consecuencia de determinados condicionantes que la Administración impone al ejercicio de la patria potestad por parte de personas separadas, sobre todo –aunque no exclusivamente–en materia de educación y de sanidad. Cuando la Administración posee datos relativos a un menor, tiene la obligación de proteger su intimidad, por lo que sólo los da a conocer a quien ostente su representación legal. Sin embargo, para acreditarla, a sus padres les basta con presentar el libro de familia en caso de que vivan juntos; por el contrario, si están separados, se les obliga a demostrar, además, que no han sido privados de la patria potestad. En el ámbito sanitario, el progenitor no custodio ha de presentar incluso un "documento que acredite la patria potestad". Así, son tres los motivos de queja que ello suscita:
La preservación de su intimidad es asimismo fundamento de las quejas de ciudadanos y ciudadanas que, por otros motivos, han de acreditar ante la Administración las consecuencias económicas y personales de su separación o divorcio. Para ello piden que, en vez de tener que presentar la correspondiente resolución judicial en su integridad, baste a estos efectos con aportar su parte dispositiva.
Del análisis de las situaciones descritas se derivan las conclusiones destacadas, tanto en la propia resolución (como no puede ser de otro modo), como en el capítulo IV de recomendaciones generales del informe general.
En los casos que motivaron nuestra intervención por este motivo en el ámbito educativo la Administración había actuado de acuerdo con las instrucciones establecidas al respecto por la Dirección de Centros Escolares el 16-06-1997. Coincidiendo en el tiempo con la publicación de la recomendación del Ararteko, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación hizo públicas unas nuevas instrucciones a este respecto en las que ya se atiende al espíritu de la recomendación y se incorporan algunos de los elementos sugeridos, como la aportación de la parte dispositiva en exclusiva de las resoluciones judiciales o la reseña de la circunstancia de la separación y la dirección postal de ambos progenitores en los impresos y la aplicación informática de matriculación. Sin embargo, entendemos que las nuevas instrucciones no solucionan los problemas de adecuación jurídica que suscitaban, a nuestro juicio, los criterios seguidos en virtud de las anteriores. Los puntos en que se cifra la discrepancia son:
Frente al criterio que se desprende de la parte introductoria de las Instrucciones, nuestra recomendación insiste en que los pronunciamientos judiciales en torno a la patria potestad no traen causa de las situaciones de separación o divorcio, sino del incumplimiento de deberes paterno filiales, que pueden producirse tanto por parte de personas casadas como solteras o separadas. No existiendo resolución judicial que diga que tal incumplimiento ha existido, la patria potestad viene establecida por ministerio de la Ley, como consecuencia de la filiación. Por tanto debe bastar la prueba de ésta, mediante el Libro de Familia o documentación registral análoga, para acreditarla. Por ello resulta contraria a lo recomendado la exigencia, contenida en la instrucción primera, de que toda solicitud de matriculación o cambio de centro vaya acompañada de la parte dispositiva de la resolución judicial de separación o divorcio.
Naturalmente, no desconocemos los problemas a los que deben hacer frente las Direcciones de los centros en este ámbito y que –comprensiblemente– se pretenden atajar. Sin embargo, de cara a facilitar el trabajo y evitar posibles problemas a las direcciones de los centros, entendemos que hay que tener presente lo siguiente, sin perjuicio de la consideración de otras variables que se pudieran aportar:
o Si de lo que se trata es de evitar que quien está desposeído de la patria potestad pueda ejercer derechos inherentes a la misma, la exigencia de que las personas separadas aporten la resolución judicial de separación no lo soluciona, pues además de que ésta casi nunca se pronuncia al respecto, dicha privación lo mismo puede darse en personas casadas como separadas o solteras. Por el contrario, puede ser fuente de problemas, pues no existe base legal para considerar que la separación de una persona, ni el hecho de que no ostente la guarda y custodia de sus hijos, constituyan en sí mismos indicio de que esté incursa en causa de privación de la patria potestad. En consecuencia, resulta contrario a derecho tomar esa separación o divorcio como base para condicionar el ejercicio de un derecho que como progenitor le asiste, y que la Administración está obligada a respetar e incluso a facilitar, al cumplimiento de un requisito al que la Ley no les obliga.
o De lo que la separación sí es indicio es de que la voluntad expresada por uno sólo de los progenitores, ya sea sobre la matriculación o sobre el cambio de centro, puede no representar la de los dos, mientras que en el caso de convivencia es lógico presumir que esa voluntad es común, aunque la solicitud venga firmada por sólo por el padre o por la madre. Frente a este indicio, de lo que el Centro necesita asegurarse no es de que la persona solicitante ostenta la patria potestad o la guarda de sus hijos, sino de que la solicitud no cuenta con la oposición de alguna de las personas a las que la Ley asigna la facultad de decidir al respecto: en la inmensa mayoría de los casos serán los dos progenitores, tanto si conviven como si no; excepcionalmente será uno sólo de ellos, cuando el otro haya sido privado de la patria potestad, o bien, en caso de que ambos estén desposeídos de la misma, la persona o institución que desempeñe la tutela. Para solucionar ese posible problema, nuestra recomendación sí sería compatible con una instrucción que dispusiera que, en aquéllos casos en que no exista convivencia de los progenitores, las solicitudes de matriculación o cambio de Centro deban ir suscritas por ambos, y que para el caso de que un miembro de una pareja separada formulara unilateralmente dicha solicitud, se le indique que debe aportar –en este caso sí– la resolución judicial que le faculte para hacerlo sin contar con el otro, esto es, que acredite que el otro está privado de la patria potestad en materia educativa; si no la aportara, sería de aplicación lo previsto en la instrucción 2ª, cuando dispone que se remitirá copia de la solicitud al otro progenitor, con advertencia de que será tramitada si, en el plazo de diez días, no mostrara su oposición.
Por último, en lo que se refiere a la información sobre sus hijos e hijas, la instrucción tercera no se ajusta a nuestra recomendación en la medida en que creemos que ha de ser la misma, y en las mismas condiciones, para cualquier progenitor con independencia de la separación o de que se ostente o no la guarda y custodia. Nos remitimos por tanto a lo dicho en nuestra Resolución, tanto en relación con la acreditación que han de presentar los progenitores separados para acceder a la misma, como a la obligatoriedad de facilitársela por parte del centro, así como también, y muy especialmente, al contenido de la participación de ambos progenitores, que no se limita a ser informados del rendimiento académico, sino que atañe a todos los ámbitos de interacción con todas las instancias –tutores, responsables de actividades extraescolares, orientadores, órganos de gobierno, etc.– de la comunidad escolar.
Esta recomendación dio lugar también a una consulta realizada por un gabinete psicológico en la que se nos preguntaba hasta qué punto los profesionales de dicho gabinete estarían obligados a facilitar información al padre no custodio sobre una menor que recibía atención psicológica. El supuesto que se nos planteaba tenía un carácter bien distinto de aquellos que motivaron la adopción de la referida recomendación general. De hecho, la circunstancia de que se tratara de un cónyuge no custodio no era relevante para la decisión que se adoptara o, dicho de otra manera, nuestra opinión no habría diferido en el caso de que el padre solicitante ejerciera la guarda y custodia de su hija.
Trasladábamos al gabinete nuestro parecer al tratarse de un supuesto especial en el que la información que se dispensara al padre –custodio o no– podría generar un impacto no deseado en la confianza que la menor tuviera en su terapeuta. Entendíamos que la protección del interés superior de la menor debía inspirar cualquier actuación que le concerniera y que la información ofrecida en ningún caso podría entrar en colisión con el secreto profesional y la garantía de la alianza terapéutica entre la paciente y el profesional. Al margen de nuestra aportación, sugeríamos también al gabinete la conveniencia de compartir estas cuestiones en el ámbito colegial y le ofrecíamos algunas referencias como la de los centros de salud mental infanto–juvenil, con el fin de que pudiera recabar pautas sobre buenas prácticas para casos de este tipo.
2.2.4.4. Violencia intrafamiliar (filio-parental)
Uno de los dos elementos de especial preocupación señalados en las conclusiones del informe 2010 de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia en el ámbito de las y los menores infractores era el continuo crecimiento de los delitos de violencia en la familia y contra la pareja. Ya en 2004 la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco manifestó su primera preocupación sobre este tema al contabilizar 43 medidas (aproximadamente el 5% del total), sumadas las cautelares y firmes, vinculadas a delitos de violencia intrafamiliar, calificación en la que esta dirección incluye todos los delitos que compartan la característica de tratarse de comportamientos violentos en las relaciones afectivas. Contabilizan así tanto la violencia ejercida sobre los progenitores o figuras de autoridad, como sobre sus parejas, y delitos sí por violencia familiar como por vejaciones, injurias, amenazas, etc. Desde entonces, los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y contra la pareja van en aumento, dándose en 2009 un incremento de casi un 30%, que volvía a crecer un 4,7% en 2010. En ese año un tercio de las medidas es aplicada a chicas (que duplicaban los porcentajes del año anterior). Ante estos datos, se decide iniciar una actuación de oficio con el objetivo de conocer el grado y calidad de la respuesta que se está ofreciendo desde instancias públicas a esta realidad emergente.
Como resultado de la información obtenida de las direcciones de Justicia y de Política Familiar y Comunitaria de Gobierno Vasco, de la fiscalía, de los servicios de Infancia y Mujer y Familia de la Diputación Foral de Bizkaia y de la UPV/EHU y la Universidad de Deusto, podemos afirmar que esta reciente realidad ha sido ya visibilizada por un buen número de agentes institucionales y sociales y que el panorama de atención no es tan baldío como pensábamos inicialmente.
Por una parte, los equipos de investigación de las dos universidades citadas están llevando adelante estudios auspiciados por instancias públicas con el objetivo de explicar el fenómeno, conocerlo mejor, saber a qué puede estar respondiendo y cuáles las variables intervinientes, con una clara intención de aportar luz a la articulación de las respuestas más eficaces. Según hemos podido saber, existen pocas referencias en la literatura científica internacional al respecto y, a tenor de lo que se conoce de la realidad en el estado español por la presencia en foros y encuentros a los que invitan a profesionales, hasta se podría decir que la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con cierto grado de referente, tanto en lo tocante a investigación como a intervención.
Una idea compartida tanto por estos agentes que se acercan al fenómeno con intención de explicarlo, como por aquellos que lo hacen con una finalidad de intervención, es que los medios de comunicación tienden a focalizar la atención en el menor agresor, señalando el incremento de estos comportamientos sin vincularlos a los valores y las características de la sociedad en la que los chicos y chicas están creciendo. Se traslada una imagen pública de estas personas menores un tanto sesgada, en la medida en que se proyecta que los chicos y chicas son los culpables y sus padres y madres las víctimas, cuando el trabajo cercano y continuado viene indicando que estos hijos e hijas expresan, manifiestan conflictos familiares importantes de los que ellos y ellas mismas son también víctimas. Este posicionamiento de partida incorpora una gran dosis de culpabilidad en los menores y cierto riesgo de des-responsabilización de los progenitores, que se quedan a la espera de que "alguien" (un tercero) "les cambie" al hijo o hija.
Una mirada sistémica al problema nos hablaría de conflictos en el sistema familiar, en el que todos sus miembros tienen cierta responsabilidad. Desde aquí, es posible una llamada a la co-responsabilidad en el proceso de cambio y sentar las bases adecuadas para la implicación de todas las partes en el proceso terapéutico que, lógicamente, no debería ser abordado exclusivamente desde la perspectiva individual del menor.
Los tres programas de intervención que hemos tenido oportunidad de conocer parten de esta consideración de conflicto familiar, pero los contextos desde donde intervienen facilitan más o menos la actuación con el sistema familiar al completo. Así,
El programa Hobetzen del Servicio de Mujer y Familia de la Diputación Foral de Bizkaia aborda las situaciones de violencia filio-parental desde una intervención integral con la familia, con el objeto de transformar el modelo relacional instaurado en la dinámica familiar y el aprendizaje de un modelo más sano y satisfactorio de relación (finalidad última: que desaparezca la violencia en las relaciones familiares). Consecuentemente con este enfoque, las destinatarias del programa son las familias (con hijos o hijas de edades comprendidas entre 10 y 21 años que ejercen violencia hacia sus madres y padres), tanto si el o la adolescente continúa viviendo con ella, como si se encuentra separado, temporal o permanentemente, de ella.
El recurso residencial desde el que se atiende a esta problemática en el Servicio de Infancia de la misma diputación realiza intervención psicoeducativa con las familias y los/las adolescentes, teniendo en cuenta, no obstante, que los chicos y chicas no conviven con sus familias, ya que en un alto porcentaje estas han cedido la guarda (guarda administrativa) a la administración. El Plan de intervención tanto en este programa como en el anterior articula actuaciones sobre tres focos: el y la adolescente, las madres, padres u otros familiares, el sistema familiar en su conjunto, y contempla modalidades de intervención individual –aspectos problemáticos, carencias y recursos personales de cada una de las personas de la familia–, familiar –explicación relacional de la problemática e impulso de un proceso de cambio en la dinámica relacional familiar– y grupal –de hijos/hijas y madres/padres separadamente–.
La intervención desde el sistema de justicia juvenil viene muy determinada por el delito y la sanción correspondiente. Esto le confiere dos peculiaridades: trabajan con un tiempo tasado, limitado, no siempre coincidente con el necesario para el proceso educativo y/o terapéutico de recuperación; aunque las medidas firmes impuestas son mayoritariamente no privativas de libertad (35 libertades vigiladas con obligaciones de participación en recursos y programas frente a 14 internamientos y 3 convivencias en grupo educativo en 2011), hay un porcentaje importante de situaciones en las que se establece orden de alejamiento, que añade dificultad al trabajo relacional y sistémico al que venimos refiriéndonos. Conviene también señalar que no existe un recurso específico para esta tipología, pero, desde el principio de la intervención personalizada, se diseña un plan de actuación que aborda estos comportamientos específicamente.
En cuanto a la caracterización de las familias y personas que están tomando parte en estos programas:
Se trata de familias "normales" y predominantemente "autóctonas". Gran incidencia de familias en las que el peso de la crianza cae en exclusiva en la madre, bien por tratarse de familias monomarentales, bien por ser una familia (separada o no) en la que el padre no colabora respecto a la educación de los hijos e hijas, está ausente de la dinámica familiar.
En un alto porcentaje de las familias que no son monoparentales se observan discrepancias importantes entre los progenitores sobre las pautas educativas. Estilos educativos permisivos (en sintonía con ciertos valores socialmente aceptados) y gran tiempo que los hijos e hijas pasan solos en el hogar sin figuras de supervisión. Sobrerepresentación de los modelos violentos de abordaje de los problemas, especialmente en los casos abordados por el sistema de justicia juvenil.
Predominantemente de clase media, no existe la pobreza como factor de riesgo. El nivel formativo de los progenitores es superior al graduado escolar y se encuentran activos laboralmente.
En un porcentaje abrumador son las madres las agredidas, reduciéndose a la mitad en el caso de los padres, incluso contabilizados sólo los que participan activamente en el sistema familiar.
Respecto a las personas adolescentes, es más habitual la presencia de adolescentes a partir de los 15 años y con clara tendencia a la equiparación respecto al sexo. No son adolescentes desescolarizados, fuera del circuito académico, pero en un porcentaje alto se observa un pobre rendimiento. Los consumos habituales de alcohol y cannabis intensifican la violencia ejercida en la familia. En algunos casos existe diagnóstico de trastorno de personalidad o TDA-H.
Una última idea recurrente en el discurso de las y los profesionales de este ámbito es la de la necesidad de la prevención y la intervención temprana.
De todo esto y a modo de conclusión, recogemos:
Quizás de manera similiar a como ocurrió con la violencia de género, esta realidad de violencia filio-parental ha tardado en visibilizarse públicamente, lo que ha demorado la articulación de respuestas. Este último año, especialmente, parece haber sido especialmente positivo a este respecto, a tenor de la proliferación de foros, congresos y encuentros de profesionales convocados.
No parece una realidad que vaya a ir a menos, más bien al contrario, algunos valores sociales imperantes y dificultades en la educación de hijos e hijas en una sociedad compleja nos llevan a pensar en una tendencia creciente de estos comportamientos.
Ante ello, urge la disposición de un abanico amplio de respuestas, desde la prevención y atención temprana a través de la activación de escuelas de padres o iniciativas similares que den apoyo emocional y herramientas prácticas para la crianza; pasando por el impulso al trabajo de los equipos socioeducativos de los servicios sociales municipales, como detectores de problemas incipientes y apoyo a las familias; hasta la apuesta decidida por el desarrollo de programas específicos (los existentes y tantos otros como se viera necesario activar) para el abordaje integral psicoterapéutico y socioeducativo desde una perspectiva sistémica (familiar).

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