Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-255-14.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:55:29+00:00

Document:
C-255-14
Según la jurisprudencia de la Corte, el fenómeno de Cosa juzgada se configura bajo dos requisitos: (i) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior; y (ii) que se proponga dicho estudio por las mismas razones (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), ya estudiadas en una sentencia anterior. Esto es, sólo en presencia de estas dos condiciones se aplica la prohibición de volver a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norman y se genera a su vez la obligación de estarse a lo resuelto en la sentencia anterior.
Demandantes: Luis Andrés Fajardo Arturo y Melissa Ballesteros Rodríguez.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Luis Andrés Fajardo Arturo y Melissa Ballesteros Rodríguez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23, 24 (parcial), 40 y 41 (parcial) de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012.
Sostienen los ciudadanos Luis Andrés Fajardo Arturo y Melissa Ballesteros Rodríguez que las normas demandadas vulneran los derechos a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y en especial el derecho de las víctimas a la reparación integral porque el incidente allí regulado sólo se ocupa de identificar las afectaciones, con lo cual no se garantiza la reparación integral a las víctimas. Por lo anterior, dice la demanda, existe una diferenciación injustificada entre quienes acudieron al proceso penal bajo las reglas de la Ley 975 de 2005 y las víctimas que, por virtud de las disposiciones cuestionadas, ahora sólo recibirán una indemnización acorde con el marco de la reparación administrativa.[1] En resumen consideran que a través de las disposiciones cuestionadas:
De otra parte el Ministerio de Justicia y del Derecho, defiende la constitucionalidad de las normas acusadas porque procuran una mejor satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas al hacer efectivos los objetivos y finalidades de la justicia transicional en un contexto como el colombiano con un universo de víctimas tan amplio en el que se busca la mayor reparación económica posible al mayor número de víctimas, lo que se logra a través de los baremos de indemnización por vía administrativa. Recalca el gobierno que la indemnización integral va mucho más lejos de la simple compensación económica, comprendiendo una amplia serie de medidas que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas aplica en el marco de un “Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral”.
Luego de hacer una referencia a la orientación y propósito de la modificación de la Ley de Justicia y Paz, el Ministerio de Defensa Nacional señala que los ajustes realizados mediante las normas demandadas son necesarios y pertinentes pues buscan consolidar la paz y la reconciliación nacional “garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por otra, los derechos de los postulados al debido proceso.”[2]. Sostiene que la Ley de Justicia y Paz fijó un procedimiento especial que busca impartir justicia dentro de un proceso de transición que garantice tanto los derechos de las víctimas como los de los mismos victimarios, y en este contexto las disposiciones demandadas son exequibles.
3. Unidad de Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Considera el Instituto Colombiano de Derecho Procesal que la norma demandada no viola el artículo 13 de la Constitución porque “el Estado subrogó las normas cuya eficiencia jamás ocurrió por unas nuevas que permitan hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral”[3] conduciendo a la aplicación de un conjunto normativo que permita asegurar de forma efectiva la reparación de las víctimas como parte de la paz nacional.
6. Fundación País Libre
Sobre las normas que regulan el proceso de transición normativa, el Jefe del Ministerio Público señala que “la solución que en ejercicio de su amplio margen de configuración legislativa tomó el Congreso de la República armoniza el derecho a la reparación administrativa –con sus consecuentes ventajas en términos de eficacia- con la posibilidad de acudir a la reparación judicial en los casos más graves, donde el daño es especialmente intenso para las víctimas. En ejercicio de dicha competencia el legislador estableció un régimen de transición para los incidentes que estuvieran en trámite al momento de entrar en vigencia la reforma, lo que indica que dicha previsión no afecta los incidentes de reparación ya culminados, los cuales por simples consideraciones de seguridad jurídica no pueden modificarse como consecuencia de haber finalizado. Cosa distinta ocurre con los incidentes que no se hubieren decidido, dado que continuarán su trámite por el procedimiento establecido en la reforma, como consecuencia de que el incidente no se ha finalizado ni se ha decidido aun.”[8].
De conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política, las decisiones que adopte esta Corte en ejercicio de la acción de control de constitucionalidad de normas legales hacen tránsito a cosa juzgada, y en coherencia con lo anterior, los artículos 48 de la Ley 270 de 1996[10] y 21 del Decreto 2067 de 1991[11], así lo establecen.
Cabe destacar que no sólo las decisiones de exequibilidad simple tienen efectos de cosa juzgada, dado que las decisiones de constitucionalidad que plantean una interpretación o fijan una condición, también sirven de fundamento para identificar el alcance que tuvo la decisión previa[14] y determinar si el estudio de constitucionalidad pendiente ya ha sido adelantado en la decisión anterior o no. En este sentido ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que el alcance y los efectos de la cosa juzgada “comprende todas las sentencias adoptadas por esta Corporación. Conforme a ello ese efecto acompaña no solo a las decisiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad simple sino también a aquellas que adoptan alguna forma de modulación tal y como ocurre, por ejemplo, con las sentencias de constitucionalidad condicionada, las sentencias integradoras por adición, las sentencias integradoras por sustitución o las sentencias de exhortación. Igualmente se extiende a las decisiones que modulan los efectos temporales de la decisión adoptada, tal y como ocurre, por ejemplo, con las sentencias con efectos retroactivos o las sentencias de inexequibilidad diferida.”[15].
La Corte Constitucional al resolver la demanda D-9813 declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012 a través de la Sentencia C-180 de abril de 2014[16] (M. P. Alberto Rojas Ríos), la cual tiene efectos de cosa juzgada constitucional e impide a la Corporación volver a pronunciarse sobre los mismos contenidos normativos, comoquiera que el cuestionamiento que dio lugar a la inexequibilidad versa sobre las mismas normas que ahora censuran los ciudadanos Luis Andrés Fajardo Arturo y Melissa Ballesteros Rodríguez.
En la sentencia C-180 de 2014 esta Corporación resolvió el siguiente problema jurídico: “En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, corresponde a la Sala Plena resolver si la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso 4° y el inciso 5° del artículo 23 y el artículo 24, inciso 2° de la Ley 1592 de 2012, en lo acusado, tienen las siguientes implicaciones, y por tanto deben ser excluidas del ordenamiento: i) vulneran el principio de juez natural porque la decisión sobre la adopción de medidas de reparación y sus formas compete a autoridades administrativas, según lo aduce la demandante; ii) establecen una limitación al derecho de acceso a la administración de justicia de las víctimas que conduce al desconocimiento de su derecho a la justicia ante la imposibilidad de presentar pretensiones reparatorias dentro del proceso de justicia y paz; y iii) desconocen el derecho a la reparación integral de las personas afectadas con las conductas punibles porque en la sentencia dictada por el juez penal no se adoptará una decisión al respecto”.
Existe entonces identidad entre los cargos decididos por la Corte en la sentencia C-180 de 2014 y los planteados por los ciudadanos en esta oportunidad en el sentido que los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, desconocen el derecho a la reparación judicial integral, señalamientos dirigidos contra la remisión que contemplaban los citados preceptos a las Unidades Administrativas Especiales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y las restricciones impuestas por el artículo 23 a la tasación de los perjuicios por parte del juez penal. Por lo anterior, esta Corporación deberá estarse a lo resuelto en la referida sentencia, en la cual declaró inexequibles las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012., al considerar que:
“[e]n el contexto colombiano el derecho de las víctimas de acceso a la administración de justicia, y especialmente a un recurso judicial efectivo, se vincula constitucionalmente a la posibilidad de que mediante una decisión del juez penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación integral que demanda.
A juicio de la Corte, las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto y el apartado normativo “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 y el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012 son inconstitucionales porque impiden a la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial adoptar las medidas de reparación relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de las víctimas, lo cual desconoce que en virtud del artículo 2º de la Constitución Política, corresponde a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y en concordancia con ello y por mandato de los numerales 6° y 7° del artículo 250 de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento adoptar de manera concreta las medidas de reparación integral dentro del respectivo proceso.
Cabe precisar que la decisión de inexequibilidad adoptada se refiere a la hipótesis en que la víctima decida solicitar la reparación dentro del proceso penal, evento en el cual por virtud del principio de juez natural corresponde al Tribunal de Justicia y Paz ordenar en cada caso en concreto las medidas de reparación a favor de las víctimas, toda vez que las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal seguirán a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la Ley 1448 de 2011, pues cabe resaltar que esta decisión no modifica las funciones atribuidas por otras disposiciones legales a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas.”
“ARTÍCULO 40. ENTRADA EN VIGENCIA DEL INCIDENTE DE IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS. Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de esta ley, el cual modifica el artículo23 de la Ley 975 de 2005.
ARTÍCULO 41. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7o, 8o, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005.”
Para la Corte, respecto de los cuestionamientos que se formulan contra los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material en relación con la Sentencia C-180 de 2014, en la cual se declaró la inexequibilidad parcial de los incisos cuarto y quinto del artículo 23 y el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. Lo anterior por cuanto si bien los ciudadanos demandantes señalan como demandado todo el texto de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, la censura se refiere concretamente a la forma como se decide el incidente de identificación de afectaciones causadas, que a juicio de los demandantes somete el incidente de reparación integral a los parámetros fijados para la reparación por vía administrativa, asunto que ya fue objeto de pronunciamiento en la sentencia C-180 de 2014. A partir de lo anterior, considera la Corte que existe identidad entre la norma declarada inexequible y el contenido normativo de los citados artículos que en esta ocasión censuran los ciudadanos y que se refiere a la intervención en la definición del incidente de identificación de afectaciones causadas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y la fijación del monto de la indemnización dentro del incidente, aspectos que fueron analizados en la mencionada sentencia dando lugar a la declaratoria de inexequibilidad señalada, por lo cual no es procedente un nuevo pronunciamiento de esta Corporación sobre contenidos normativos de los artículos demandados que ya fueron excluidos del ordenamiento jurídico por sentencia C- 180 de 2014.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARIA VICTORIA CALLE CORREA,
JORGE IVAN PALACIOPALACIO
Y ALBERTO ROJAS RIOS
A LA SENTENCIA C-255/14
En la sentencia C-255 de 2014, la Corte decidió (i) estarse a lo resuelto en la sentencia C-180 del mismo año, en la que se declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 25 de la Ley 1592 de 2012 (modificatoria de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”); y (ii) declararse inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 40 de la misma ley.
Compartimos la primera decisión. En la sentencia C-180 de 2014, la Corte consideró que la prohibición impuesta a los jueces de justicia y paz de valorar los daños sufridos por las víctimas de los postulados al proceso transicional de Justicia y Paz, desconocía el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia mediante un recurso judicial efectivo. Por tratarse de una decisión de inexequibilidad posee efectos de cosa juzgada y así lo declaró la Corporación en la sentencia C-255 de 2014.
Sin embargo, nos apartamos de la segunda decisión. La mayoría de la Sala estimó que el actor no logró construir un cargo contra el artículo 40 de la Ley 1592 de 2012, norma derogatoria de un conjunto de artículos de la Ley 975 de 2005. También valoró la demanda como el producto de una interpretación puramente subjetiva, y sostuvo que el actor no demostró la violación alegada sino que se limitó a afirmar que derogar esas normas implicaba una violación de los derechos de las víctimas.
En nuestro concepto sí se presentó un cargo. Una vez se efectúa la lectura de las distintas disposiciones que se pretendieron derogar por el citado artículo 40 de la Ley 1592 de 2012, se puede concluir que se trata de normas definitorias del derecho a la reparación integral por vía judicial dentro del proceso de justicia transicional, como parte de la voluntad legislativa de llevar al plano administrativo todos los aspectos asociados a la reparación de las víctimas.
Esa decisión resulta inconstitucional, pues la reparación debe satisfacerse mediante un recurso judicial efectivo (tal como quedó señalado en la ratio decidendi de la sentencia C-180 de 2014). Pero, además de ello, porque los derechos de las víctimas se encuentran estrechamente relacionados entre sí, de manera que solo se llega a la reparación de las víctimas si también se investigan, juzgan y sancionan adecuadamente las violaciones a los derechos humanos en un escenario apropiado para esclarecer o reconstruir la verdad. Más allá de lo expuesto, la desaparición de la reparación integral por vía judicial de la Ley de Víctimas equivale a la derogatoria de un derecho fundamental de un grupo especialmente vulnerable. Y es claro, siguiendo a Luigi Ferrajoli, que los derechos solo son fundamentales si no se encuentran a disposición de las mayorías legislativas.
Así las cosas, la demanda si presentaba este problema jurídico, existía un cargo, dada la clara oposición entre las derogatorias cuestionadas (artículo 40, Ley 1592 de 2012) y la Carta Política. Además, por tratarse de una medida que afecta a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos por causa del conflicto armado, la Sala debió efectuar un análisis de aptitud de la demanda, no solo más flexible, sino también más sensible a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, frente a este grupo poblacional.
[10] Articulo 48. Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del artículo 23 inciso 4 de la Ley 1592 de 2012.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso 5° del artículo 23 y el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012”.

References: artículo 241
 artículo 13
 artículo 243
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 250
 artículo 23
 artículo23

ARTÍCULO 41
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 24