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Timestamp: 2018-01-19 13:47:26+00:00

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LOS PARTICULARES Y EL PROCESO URBANIZADOR: ASIMETRÍAS EN LA CONSIDERACIÓN EMPRESARIAL DE LOS URBANIZADORES DE TERRENOS A EFECTOS DEL IRPF Y DEL IVA - PDF
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Agustín Moreno Gil
1 LOS PARTICULARES Y EL PROCESO URBANIZADOR: ASIMETRÍAS EN LA CONSIDERACIÓN EMPRESARIAL DE LOS URBANIZADORES DE TERRENOS A EFECTOS DEL IRPF Y DEL IVA Sumario Para determinar los efectos tributarios de las operaciones realizadas por los particulares resulta imprescindible dilucidar si tales operaciones son realizadas en el marco de sus actividades privadas o con carácter profesional o empresarial. Así, en la imposición directa sobre la renta, las operaciones realizadas en el ámbito empresarial dan lugar, en general, a rendimientos de la actividad económica, mientras que las rentas procedentes de las inversiones no empresariales originan rendimientos del capital o ganancias patrimoniales. Por otro lado, en la imposición indirecta IVA recae sobre el tráfico mercantil o empresarial, mientras que el ITP y AJD sobre el tráfico civil o privado. No obstante, la frontera entre el tráfico mercantil y civil no siempre es clara, especialmente en el tráfico inmobiliario y en particular en las operaciones que atañen a la urbanización o preparación de un terreno para su posterior edificación. Además, los requisitos legales para que un particular sea considerado como empresario a efectos fiscales no siempre son coincidentes en todos los tributos que le puedan afectar. Precisamente en este trabajo vamos a realizar una revisión crítica de los requisitos legales, así como la interpretación que de ellos han venido realizando nuestra jurisprudencia y doctrina administrativa, para calificar la intervención de los particulares en el proceso de urbanización de los terrenos como empresarial a efectos de IVA o de IRPF. Este análisis nos permitirá analizar y comparar la diferente respuesta que en estos dos tributos se da a la consideración empresarial de los particulares que intervienen en el proceso urbanizador
2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN EL PROCESO DE URBANIZACIÓN Sistemas de ejecución del planeamiento y obligación de urbanizar Las juntas de compensación LOS PARTICULARES, LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO Y EL IRPF Las actividades empresariales en el IRPF: elementos definitorios Calificación como actividad constructiva El criterio de la ejecución material El criterio de la responsabilidad sobre las obras de urbanización Calificación como actividad de promoción inmobiliaria Requisitos legales para la calificación como empresarial de la actividad de promoción inmobiliaria: ordenación por cuenta propia de medios materiales y personales de producción Las consultas de la Dirección General de Tributos 1681/2004 y V0152/2005: un cambio de criterio? Constituye la actividad de promoción inmobiliaria una actividad empresarial en todo caso? Nuestra interpretación de los requisitos que deben cumplirse para calificar la actividad de promoción inmobiliaria como empresarial Calificación como compra-venta Recapitulación LOS PARTICULARES, LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO Y EL IVA Principios vertebradores del IVA Los particulares que intervienen en las primeras fases del proceso de edificación en la Sexta Directiva Los particulares que intervienen en las primeras fases del proceso de edificación en la Ley 37/ El artículo 5.Uno.d) de la Ley 37/ El concepto de urbanización o sobre cuándo se entiende que unos terrenos están siendo urbanizados
3 El concepto efectuar o sobre las actuaciones que debe realizar el propietario del terreno para que se le considere urbanizador ocasional El vínculo financiero El vínculo jurídico La finalidad pretendida o sobre la necesidad de que los terrenos urbanizados se destinen a la venta, adjudicación o cesión a terceros Recapitulación CONCLUSIONES
4 1. INTRODUCCIÓN Para determinar los efectos tributarios de las operaciones realizadas por los particulares resulta imprescindible dilucidar si tales operaciones son realizadas en el marco de sus actividades privadas o en su esfera profesional o empresarial. En este sentido y respecto de la imposición directa sobre la renta, las operaciones realizadas en el ámbito empresarial suelen dar lugar a rendimientos de la actividad económica 1, mientras que las rentas procedentes de las inversiones no empresariales del sujeto pasivo dan lugar a rendimientos del capital o a ganancias patrimoniales. Por otro lado, en la imposición indirecta, se afirma que el Impuesto sobre el Valor Añadido ( IVA ) grava el tráfico mercantil o empresarial, mientras que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas ( TPO ), grava el tráfico civil o privado. No obstante, la frontera entre el tráfico mercantil y civil no siempre es clara. Así, por ejemplo, las transmisiones realizadas por particulares que intervienen de forma ocasional en la producción o distribución de bienes y servicios constitutivos de una actividad económica pueden quedar sujetos al IVA, mientras que, por otro lado, pueden quedar sujetas a TPO transmisiones inmobiliarias exentas realizadas por personas jurídicas empresariales. Y la calificación de las rentas obtenidas por particulares a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) puede plantear dudas cuando con una infraestructura económica mínima y con carácter ocasional el sujeto pasivo interviene en la producción o distribución de bienes o servicios. Estos casos fronterizos son frecuentes en el tráfico inmobiliario 2, habiendo suscitado especial controversia en su tratamiento tributario las operaciones inmobiliarias que atañen a la urbanización o preparación del terreno para la posterior edificación. 1 Con dos excepciones: (i) las rentas procedentes de la transmisión de activos no financieros y de participaciones en los fondos propios de entidades -tanto si se encuentran afectos a una actividad empresarial, como si no- siempre son calificadas como ganancias de patrimonio, y (ii) los rendimientos procedentes de la cesión de capitales a terceros o de la participación en fondos propios de entidades (incluyendo los procedentes de la transmisión de activos financieros representativos de la cesión a terceros de capitales propios), siempre son calificadas como rendimientos de capital mobiliario. 2 Debido, como apunta BATALLA Y MONTERO DE ESPINOSA, a que al tratarse los inmuebles de bienes duraderos, una vez terminado su ciclo de producción y ser objeto de consumo mediante su venta, pueden ser reincorporados al proceso de producción de otros bienes y servicios. (BATALLA Y - 4 -
5 En este trabajo vamos a analizar los requisitos legales, así como la interpretación que de ellos han venido realizando nuestra jurisprudencia y doctrina administrativa, para calificar la intervención de los particulares en el proceso de urbanización de los terrenos como empresarial a efectos del IVA o del IRPF. Prestaremos especial atención a las razones que justifican que operaciones realizadas por particulares puedan calificarse como empresariales a efectos de un tributo y no de otro. Previamente, revisaremos algunos conceptos urbanísticos fundamentales por la relevancia tributaria que en ocasiones se ha atribuido al sistema de gestión elegido para llevar a término la ejecución del planeamiento EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 2.1. Sistemas de ejecución del planeamiento y obligación de urbanizar La urbanización tiene por objeto reconvertir un terreno que no es apto para construir en otro susceptible de edificación, acondicionándolo para ello con servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y acceso rodado. Como regla general, la urbanización tiene lugar en la llamada fase de ejecución del planeamiento. En la fase de planeamiento los poderes públicos regulan la utilización del suelo, asignando sus usos y realizando la ordenación que se considera idónea a las necesidades municipales y al interés público. En la fase de ejecución se trata de distribuir los beneficios y cargas derivados del planeamiento entre los titulares de las fincas afectadas y de proceder a la urbanización, transformando las parcelas en solares en los que pueda materializarse el derecho-deber de la edificación conforme al plan. MONTERO DE ESPINOSA, Alfonso: El sector inmobiliario y la aplicación del impuesto sobre el valor añadido, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1985, págs. 19 y ss. También ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César: Las operaciones inmobiliarias como actividad empresarial en el IVA, Revista Impuestos, 1986, Ed. Aranzadi, págs. 37 y ss.) 3 No pretendemos en este trabajo realizar un estudio pormenorizado del tratamiento tributario de los distintos actos, negocios o contratos que pueden tener lugar durante el proceso de ejecución de planeamiento urbanístico. Estudios así ya han sido abordados por la doctrina, que ha prestado especial atención al sistema de compensación urbanística y al tratamiento tributario de las juntas de compensación. En este sentido puede consultarse: MARTÍN FERNÁNDEZ, Javier, NATERA HIDALGO, Rafael D., RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Jesús y VILLAR EZCURRA, José Luis: Aspectos Tributarios de las Juntas de Compensación, Ed. Aranzadi, Navarra, 2002; ABEL FABRE, Jordi; El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia, Ed. Bosch, Barcelona, 2001; FERNÁNDEZ TUBÍO, Domingo y SILVA PÉREZ, José Antonio: La tributación de las Juntas de Compensación, Revista de Contabilidad y Tributación nº 241, Centro de Estudios Financieros, 2003; y, SÁNCHEZ GALLARDO, Francisco Javier: El tratamiento en el IVA de la ejecución del planeamiento urbanístico a través de juntas de compensación fiduciarias: comentarios y un ejemplo práctico, Revista Fiscal nº 89, Ed. Francis Fefebvre, octubre
6 Esta ejecución se lleva a término a través de distintos sistemas, siendo los más relevantes los de cooperación, compensación y expropiación, aplicables en general en casi todas las Comunidades Autónomas. En todos estos sistemas se trata de compatibilizar el interés público que resulta de la ordenación del territorio (reservando a los poderes públicos la potestad de dirección y control de la ejecución), con el interés privado que atiene al derecho de propiedad de los propietarios afectados por el planeamiento. La normativa urbanística impone a los propietarios de fincas afectados por una unidad de ejecución obligaciones de cesión de suelo necesario 4, de distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del planeamiento 5, de urbanización y de edificación 6. Centrándonos en la obligación relativa a la urbanización que atañe a los particulares afectados por la ejecución del planeamiento y que comprende las obras de viabilidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica y jardinería y arbolado, los artículos 14.2.e) y 18, apartados 3 y 6, de la Ley 6/ emplean la expresión costear y, en su caso, ejecutar. Aunque estos preceptos no precisan en qué casos la obligación consiste en «costear» y en cuáles en «ejecutar», puede afirmase que, en general y salvo en el sistema de expropiación, el pago de las obras de urbanización corre siempre a cargo de los propietarios, mientras que son responsables de la ejecución de las obras de urbanización la entidad expropiante (en el sistema de expropiación 8 ), la Administración (en el sistema de cooperación 9 ), o la junta (en el sistema de 4 Los propietarios deben ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo necesario para sistemas locales (viales, espacios verdes, dotaciones públicas,..), el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general incluye en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión y el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del ámbito respectivo. 5 Los propietarios están obligados a proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo. Esto se hace mediante el proyecto de compensación (en el sistema de ejecución por compensación) o mediante el proyecto de reparcelación (en el sistema de ejecución por cooperación). 6 Los propietarios en suelo urbano están obligados a edificar los solares en el plazo que, en su caso, establece el planeamiento o, en su defecto, la legislación aplicable, lo que obliga previamente a solicitar la licencia municipal de edificación, En caso de no solicitarse se producirán las consecuencias previstas en la normativa aplicable que pueden llegar a la extinción del derecho a edificar, la venta forzosa o la reducción del aprovechamiento urbanístico. 7 Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones. 8 Artículo del TRLS92. 9 Artículo del TRLS
7 compensación 10 ). Por otro lado, la ejecución material puede realizarse por estos entes directamente o encomendarse a terceros. En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de octubre de 1993 ha señalado lo siguiente:...una vez delimitado un polígono o unidad de actuación es cuando deberá establecerse quién urbaniza y costea la urbanización y cómo ha de procederse al reparto de cargas y beneficios derivados de la ordenación urbanística. Si se financia el planeamiento con cargo al dinero público y se ejecuta por la Administración las obras correspondientes, se está ante el sistema de expropiación. Si la Administración, manteniendo inalteradas las propiedades privadas, realiza las operaciones de ejecución de la urbanización coactivamente con cargo a los propietarios, se está ante el sistema de cooperación (artículo 131 de la Ley del Suelo). Y si son los propietarios quieres reparten entre ellos los beneficios y cargas derivados del planeamiento, urbanizando a sus costa (artículo de la Ley del Suelo), se estará ante el sistema de compensación. El sistema de actuación que en cada caso se elija por la Administración actuante, depende esencialmente de la capacidad financiera pública y de gestión tanto pública como privada (...). Y corresponde al Plan (...) o a las Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento (...) la elección del sistema atendiendo a criterios técnicos. En lo que al sistema de cooperación se refiere, el artículo del Texto Refundido de 1976 y el del Reglamento de Gestión Urbanística señalan que los propietarios del polígono o unidad de actuación aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización. La Administración puede bien realizar las obras por sus propios medios, bien encomendar su ejecución a terceros cumpliendo las normas de la Directiva 93/37 y las de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las obligaciones de los propietarios de los terrenos se limitan, en todo caso, a costear los costes de urbanización incurridos por la Administración. En el sistema de compensación, la ejecución de la urbanización se encomienda a las juntas de compensación, organizaciones con personalidad jurídica propia de base privada cuya naturaleza administrativa sólo adquiere relieve en el ámbito de las funciones públicas que la Ley les confía. Las juntas pueden contratar la ejecución de las obras con un tercero. Esta contratación de obras 10 Artículo del TRLS
8 tiene naturaleza administrativa (según STS de 24 de mayo de 1994) y debe regirse, por tanto, por las reglas de publicidad y concurrencia establecidas en la Directiva 93/37 y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Las juntas de compensación Como hemos señalado, en el sistema de compensación la ejecución de la urbanización se encomienda a las juntas de compensación, entidades de las que podríamos destacar los siguientes caracteres 12 : Tienen naturaleza administrativa pero son entidades de base asociativa privada y, por ello, se rigen por sus propios estatutos (aprobados por la Administración e inscritos en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras). Su objeto esencial es la urbanización del polígono o unidad de actuación, siendo responsables de la ejecución de las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones, y de su mantenimiento hasta su recepción por la Administración. Tienen plena capacidad de obrar y responsabilidad propia e independiente de sus miembros y están sujetas a control administrativo. Son directamente responsables, frente a la Administración actuante, de la urbanización completa del polígono o unidad de actuación. A efectos tributarios se ha concedido enorme trascendencia a la dualidad permitida por la Ley del Suelo entre las denominadas juntas de compensación fiduciarias (en las que los propietarios no transmiten a la junta la propiedad del suelo) y las juntas de compensación propietarias (en las que los propietarios sí transmiten dicha titularidad). La diferenciación viene motivada por el artículo del TRLS/1976 según el cual la incorporación de los propietarios a la Junta de Compensación no presupone, salvo que los Estatutos dispusieran otra cosa, la transmisión a la 11 Puede ocurrir también que las juntas de compensación decidan ejecutar las obras de urbanización por sí mismas si cuentan con medios para ello. Así será habitualmente cuando se hayan incorporado a ellas como miembros de pleno derecho empresas urbanizadoras con este fin, tal y como autorizan el artículo del Texto Refundido de 1976 y los preceptos correspondientes del Reglamento de Gestión Urbanística. Así, el artículo del Reglamento de Gestión establece que si a la junta de compensación se hubiera incorporado alguna empresa urbanizadora que aporte, total o parcialmente, los fondos necesarios para urbanizar el suelo, la ejecución de la obra podrá realizarse directamente por dicha empresa si las bases lo hubieran así previsto. 12 Seguimos en este punto a ABEL FABRE, Jordi: El sistema (...) ; op. cit.; págs. 58 y ss
9 misma de los inmuebles afectados a los resultados de la gestión común. El artículo del TRLS/1976 señala además, que las juntas de compensación actuarán como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos. No obstante, la doctrina rechaza que nos encontremos ante un negocio fiduciario en sentido técnico, ya que la relación de la junta con las fincas no es producto de un negocio jurídico sino que es creada directamente por la Ley y la titularidad que la junta ostenta no es oculta frente a terceros 13. Por otro lado, la transmisión que se produce en las llamadas juntas propietarias está condicionada por lo establecido en los estatutos, las bases de actuación y el proyecto de compensación. Como señala ABEL FABRE la actuación de la Junta de Compensación no es la de actuar en nombre de otros, ni por autorización de otros, actúa en nombre propio sobre bienes ajenos para la consecución de un objeto común a cuantos se han incorporado a ella y que consiste en la ejecución del planeamiento, polígono o unidad de actuación 14. En realidad, ninguna junta es durante toda su vida de una forma u otra en su integridad 15 : la junta siempre es propietaria respecto a los terrenos expropiados y, una vez aprobado el proyecto de compensación, actúa siempre como fiduciaria 16. Además, y tal y como hemos apuntado, en ambos casos la junta de compensación es directamente responsable frente a la Administración competente de la urbanización completa de la unidad de ejecución, siendo la responsabilidad de los propietarios miembros de la junta subsidiaria y mancomunada entre ellos POZO CARRASCOSA: El sistema de compensación urbanística ; Marcial Pons, Madrid, 1993; pág ABEL FABRE, J: El sistema (...), op. cit., pág EGUINOA, María: La problemática tributación de las Juntas de Compensación ; Impuestos (compendio); tomo 2; año 1997; págs. 961 y ss. MARTÍN FERNÁNDEZ, Javier y VILLAR EZCURRA, José Luis: El sistema de compensación como forma de ejecución del planeamiento urbanístico en Aspectos tributarios (...), op. cit., pág Salvo con relación a los terrenos que, al amparo del artículo 177 del Reglamento de Gestión Urbanística, se le hubiesen adjudicado para que, mediante su enajenación, pueda financiar las obras de urbanización y sobre los que mantiene una titularidad plena (aunque de carácter fiduciario, en el sentido de que dicha titularidad debe encaminarse a la ejecución de los fines que le son legalmente establecidos). 17 ABEL FABRE, J: El sistema (...), op. cit., pág
10 Por todo ello, y a nuestro juicio, la trascendencia que a efectos tributarios se ha otorgado a esta distinción (más allá de la necesidad de determinar cuál es el tratamiento fiscal de la transmisión de los terrenos a la junta) está en ocasiones injustificada LOS PARTICULARES, LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO Y EL IRPF 3.1. Las actividades empresariales en el IRPF: elementos definitorios. En general, en el ámbito de la imposición directa, las transmisiones de elementos patrimoniales por sujetos pasivos del IRPF, se encuentren o no dichos elementos afectos a una actividad económica, da lugar a ganancias o pérdidas de patrimonio (que se integran en la parte especial de la base imponible si los elementos transmitidos han permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año, tributando al 15%) 19. No obstante, cuando los elementos transmitidos constituyen el propio objeto de la actividad económica (esto es, cuando se trata de las existencias objeto de comercialización o del activo circulante) su transmisión da lugar a rendimientos de la actividad económica que se integran en la parte general de la base imponible, tributando según la escala progresiva de tipos de gravamen. El artículo 27 de la LIRPF califica como rendimientos de la actividad económica a aquéllos que proceden del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, cuando suponen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios. Esta definición también se encuentra en otras parcelas del Derecho tributario. Así, a efectos del IVA, el artículo 5.Dos de la Ley 37/ señala que son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Y el artículo 80.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas 18 En igual sentido EGUINOA, María: La problemática tributación (...) op. cit. pág La autora analiza las competencias de las juntas de compensación en relación con los terrenos aportados para concluir que son idénticas tanto si se transmite la propiedad de los terrenos como si no se transmite y que, por tanto, carece de sentido una diferenciación, al menos total, entre dos tipos de Juntas, ya que, como se ha visto, la frontera entre unas y otras no se divisa claramente, y a veces tiende a confundirse. 19 En el Proyecto de nueva Ley del IRPF, las ganancias procedentes de la transmisión de activos tributarán en todo caso al 18%, con independencia de su período de generación. 20 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ( Ley 37/1992 )
11 Locales establece, respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, que se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno o de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. La realización de actividades económicas a efectos tributarios exige, pues, la concurrencia de una serie de requisitos (organización por cuenta propia de medios materiales y personales, finalidad de intervenir en la distribución de bienes y servicios) que no se encuentran en las restantes categorías de rentas. Por ello, podría pensarse que la distinción entre la esfera empresarial/profesional y la actividad particular del individuo a efectos del IRPF es, en principio, fácil de realizar. Esta asunción, no obstante, se encuentra con algunas reservas cuando se trata de actividades que pueden llevarse a cabo con medios materiales o personales escasos, o cuando la intervención del particular es ocasional y no pretende adquirir visos de habitualidad. En este contexto el legislador ha definido la estructura empresarial mínima que permite calificar como empresarial a ciertas actividades inmobiliarias en las que la frontera entre el tráfico civil y empresarial puede ser muy tenue. Es el caso del arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles que, según el artículo 25.2 del TRLIRPF tienen carácter empresarial únicamente cuando concurren las dos siguientes circunstancias: (i) que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo su gestión; y (ii) que para la ordenación de dicha actividad se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Para otras actividades, el legislador presume iuris et de iure su carácter empresarial. Así, las referidas en el artículo 25.1 in fine del TRLIRPF según el cual: (...) tienen esta consideración (la de rendimiento de la actividad empresarial) los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas. Se encuentran incluidas, pues, en este concepto las actividades de construcción que podrían englobar, a los efectos que nos ocupan, la ejecución material de las obras de urbanización esto es, las obras de acondicionamiento de los terrenos para dotarlos de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, acceso rodado, etc
12 Otras actividades inmobiliarias, como por ejemplo la de promoción inmobiliaria (entendiendo por tal la actuación sobre los bienes inmuebles, transformándolos para mejorar sus características y capacidades físicas, y ofrecerlos en el mercado) ni se encuentran entre aquéllas para las que el legislador presume iuris et de iure su carácter empresarial, ni se encuentran entre aquellas para las que el legislador ha establecido una infraestructura mínima para que puedan entenderse realizadas en el marco de una actividad empresarial. Por tanto, para estas otras actividades, entendemos que sólo cabrá predicar su condición empresarial cuando satisfagan los requisitos generales para la existencia de actividad económica, a saber: ordenación por cuenta propia de medios materiales y personales, e intención de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Por tanto, para calificar como empresarios a efectos del IRPF a los particulares afectados por la ejecución del planeamiento, debe dilucidarse, primeramente, qué actividad realizan para, seguidamente, determinar si se cumplen los requisitos legales exigidos para que dicha actividad revista carácter empresarial. Y en este sentido, a nuestro modo de ver, la actividad de un particular que se ve involucrado en la ejecución del planeamiento podría, en principio y dependiendo de cada caso, calificarse bien como actividad de construcción, bien como actividad de promoción inmobiliaria, bien como actividad de mera compraventa de bienes inmuebles Calificación como actividad constructiva Habida cuenta de que una de las obligaciones que la normativa urbanística impone a los propietarios de terrenos afectados por la ejecución del planeamiento es la de urbanización de los terrenos, habría que plantearse si cabe entender que estos particulares realizan las obras de urbanización del terreno (las obras de abastecimiento y evacuación de aguas, acceso rodado, suministro de energía eléctrica, parcelación, etc.) que, como actividad constructiva, debe ser calificada en todo caso como empresarial, según el artículo 25.1 in fine del TRLIRPF El criterio de la ejecución material Creemos que esta es la conclusión a la que se debe llegar si las obras de urbanización y parcelación de los terrenos son ejecutadas directamente por los propietarios. Esta es la conclusión que se desprende de la consulta de la Dirección General de Tributos nº 1170/2004 de 3 de mayo en la que se afirma que la urbanización y parcelación de una finca realizada por su propietario con la finalidad de enajenar las parcelas resultantes, comporta el ejercicio de una
13 actividad económica ya que se dan los elementos definitorios de la misma: ordenación por cuenta propia y finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, elementos que se manifiestan en la urbanización y parcelación de la finca para la posterior enajenación de las parcelas resultantes 21. No obstante, es evidente que con carácter general la ejecución material de las obras de urbanización no será realizada directamente por los propietarios involucrados en la ejecución del planeamiento sino por empresas urbanizadoras contratadas por la junta de compensación o la Administración actuante (en función del sistema de ejecución de que se trate). Por lo tanto, atendiendo al criterio de ejecución material de las obras no se puede concluir que los propietarios sean urbanizadores y, por tanto, empresarios ex lege a efectos del IRPF El criterio de la responsabilidad sobre las obras de urbanización Podría plantearse no obstante, si cabe la calificación de los particulares como urbanizadores en atención a la responsabilidad frente a terceros (que no ejecución material) de la correcta ejecución de las obras de urbanización. Pero como la responsabilidad sobre las obras de urbanización no recae, sea cual fuere el sistema elegido para la ejecución del planeamiento, en los titulares de los terrenos afectados por éste, sino (i) en la Administración expropiante, en el sistema de expropiación; (ii) en la Administración en el sistema de cooperación (artículo 131 de la Ley del Suelo); o, (iii) en la junta, en el sistema de compensación (artículo de la Ley del Suelo), debe concluirse pues que tampoco cabe calificar a los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento como urbanizadores en atención al criterio de responsabilidad sobre las obras de urbanización. En efecto, tanto en el sistema de cooperación como en el de expropiación, los titulares de terrenos afectados por la ejecución del planeamiento no pueden ser responsables de la ejecución de las obras de urbanización, dado que éstas se efectúan, en estos dos sistemas, por la Administración. Mayores dudas ofrece la ejecución del planeamiento mediante el sistema de compensación, habida cuenta de que el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de octubre de 1993 anteriormente citada afirma que en él son los propietarios quienes urbanizan a su costa. En 21 Si bien es cierto que, en el caso concreto, la Dirección General de Tributos terminaba calificando la actividad desarrollada por el consultante como actividad de promoción inmobiliaria y no como actividad constructiva

References: artículo 5
 artículo 177
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 80
 artículo 25
 artículo 25
in fine
 artículo 25
in fine