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Timestamp: 2018-08-15 06:52:02+00:00

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CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.-
1.- Proceso y procedimiento. Concepto.-
Cuando el Estado toma a su cargo la realización coactiva del derecho, sustituyendo la defensa privada, aparece el proceso jurisdiccional como respuesta adecuada para lograr la satisfacción de los intereses. Ello implica la imposición del principio de oficialidad.-
Es así que la aplicación del derecho sustantivo es asumida por el Estado a través de la función jurisdiccional produciéndose de esta manera un desplazamiento de esta actividad, de los particulares a él. Ella se realiza a través de la llamada “administración de justicia” que es ejercida por órganos públicos (magistratura) y mediante el proceso judicial (Conf. Ferreyra de De La Rúa-González de la Vega de Opl, Lecciones de Derecho Procesal Civil, edit. Advocatus, pág. 11).-
De este modo, el proceso se convierte en el instrumento técnico -construido por normas procesales- adecuado para lograr la realización del derecho sustancial. El proceso permite la realización indirecta del derecho cuando los particulares no respetan espontáneamente el orden jurídico fijado por las leyes positivas de un Estado.-
Podemos afirmar, siguiendo el concepto brindado por el Dr. Vélez Mariconde, que el proceso es “una serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales, cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares interesados o compelidos a actuar que persigue determinados fines: su fin inmediato es la fijación de los hechos y la aplicación del derecho, y el mediato está dado, desde el punto de vista de valores públicos colectivos, en la obtención de la paz social o el restablecimiento del orden jurídico alterado (Conf. Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, Edit. Marcos Lerner, tomo 1.).-
Señalamos entonces que el proceso como institución es una estructura técnica, un ente abstracto de unidad conceptual que se manifiesta en la realidad a través de los procedimientos. Y es por ello que cuando hablamos de “procedimiento”, nos estamos refiriendo al rito del proceso que visto en su faz dinámica, es el curso o movimiento que la ley establece en la regulación de su marcha dirigida a obtener un resultado. En otras palabras, es el camino que los sujetos procesales deben recorrer para culminar en la sentencia.-
El profesor Hugo Alsina nos enseña que proceso es el género, que comprende un conjunto concatenado de actos realizados por el juez, las partes, y a veces los terceros, a fin de proteger el derecho subjetivo mediante la actuación del derecho objetivo, contemplando el interés público y privado (Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Ed. Ediar, pág. 404). En cambio, el procedimiento es el conjunto de actos o etapas, el rito del proceso (Clariá Olmedo, Derecho Procesal, Edit. Depalma, tomo I, pág. 127, punto 113).-
Por tanto, los procedimientos son el conjunto de formalidades a que deben sujetarse las partes y el juez, en la tramitación del proceso.-
“La palabra proceso hace referencia a una institución jurídica que utilizamos como paradigma a los fines del estudio del derecho procesal [...] ; en cambio, los procedimientos son los trámites a seguir; es el conjunto de actos y formalidades a los que debe someterse el tribunal, las partes y los demás intervinientes...” (Ferreyra de De la Rúa-Rodríguez Juárez, Manual de Derecho Procesal Civil, edit. Alveroni, tomo I, pág. 121).-
Las leyes procesales ofrecen diversidad de procedimientos, cada uno con “perfiles propios”, no obstante mantener el concepto unitario de proceso que se manifiesta empíricamente diversificado.-
La legislación procesal argentina adopta este criterio instituyendo múltiples procedimientos.-
Se puede citar como ejemplo el Código de Procedimiento de la Nación, que instituye los procesos -procedimientos- de conocimiento, dentro de los cuales regula el proceso ordinario, y sumarísimo (ver arts. 319, y 498 del CPN); como así también los procesos -procedimientos- de ejecución, dentro de los cuales distingue a los generales (art. 520 CPN), y por otra parte ejecuciones especiales, como la ejecución hipotecaria (arts. 597 a 599 CPN); la ejecución prendaria (arts. 600 y 601 CPN); la ejecución comercial (arts. 602 y 603 CPN); y la ejecución fiscal (arts. 604 y 605 CPN).-
En el ámbito local, nuestra ley 8465 (Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba), en el Libro I, Título IV (arts. 409 y 410 del CPC) distingue los juicios declarativos y ejecutivos, y a su vez los clasifica en generales y especiales (arts. 411 y 412 del CPC). Los primeros son comprensivos del juicio ordinario (art. 417 del CPC), y el abreviado (art. 418 del CPC). Los declarativos especiales incluyen entre otros al juicio arbitral, de división de cosas comunes, mensura y deslinde, desalojo, juicio de cuentas, etc. El juicio ejecutivo general está regulado a partir del art. 517 del C.P.C., en tanto que el especial: ejecución de sentencia, está regulado a partir del art. 801 del C.P.C.. En el libro IV se receptan legislativamente los actos de jurisdicción voluntaria del art. 823 hasta el art. 886 del mismo plexo normativo.-
También cabe agregar a la lista, los procedimientos que contemplan las diferentes leyes (por ejemplo: de amparo, de familia, de sociedades y concurso, de ejecuciones fiscales, etc.).-
Sin embargo, las modernas tendencias del derecho procesal avizoran un proceso cuya característica principal es la simplicidad del procedimiento. También postulan menos diversidad en los trámites procesales. Además se advierte una inclinación a atenuar la vigencia del sistema dispositivo, atribuyéndole al juez un rol activo, y se auspicia el principio de inmediación en la realización del derecho.-
2.- Criterios de clasificación de los procedimientos.-
La clasificación de los procedimientos, ya sea doctrinaria o legislativamente, surge ante la necesidad ineludible de contemplar nuevas situaciones a las que un sistema único no puede brindar soluciones.-
En el derecho primitivo existía un solo tipo de proceso y no se conocían diferentes modalidades. Señala Carlo Carli que “el derecho primitivo, desconocía la diversificación de los procesos” (citado por Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 17).-
Actualmente, con el transcurso del tiempo y la aparición de nuevas formas de vida, por las profundas transformaciones socioeconómicas, se hace sentir la necesidad de crear nuevas formas procesales. Se multiplican los procedimientos, casi podríamos decir que hay excesiva proliferación de tipos de procedimientos.-
Existen procedimientos con particularidades propias, que pueden clasificarse en la legislación positiva vigente. Así existen diferentes criterios de clasificación a saber: 1) por la naturaleza del órgano; 2) por la existencia de conflicto; 3) por el fin perseguido; 4) por la estructura; y 5) por la naturaleza de la pretensión.-
Seguidamente, pasaremos a desarrollarlos en detalle uno por uno.-
2.1.- Por la naturaleza del órgano.-
Esta clasificación atiende a quien es el sujeto que va a dirimir el conflicto. Desde este punto de vista, encontramos el procedimiento judicial propiamente dicho, y el procedimiento arbitral.-
a) Procedimiento Judicial:
Es el que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional y constituye el proceso por antonomasia.-
En consecuencia, es aquel que se realiza ante un juez investido por el Estado de la potestad de administrar justicia, con todas las facultades que le son inherentes: notio, vocatio, coertio, iudicio, y executio.-
b) Procedimiento Arbitral:
Este tipo de procedimiento se desarrolla ante un juez denominado árbitro, que recibe mandato de las partes o de la ley, a fin de dirimir la contienda, con garantías de imparcialidad y ecuanimidad.-
El arbitraje puede ser forzoso (impuesto por la ley) o voluntario (aquél que proviene de la decisión de las partes) -Ver arts. 601 y 603 del C.P.C.-.-
Ahora, si bien los árbitros sustituyen, en los casos que la ley lo permite, al órgano jurisdiccional, este reemplazo no es total, por cuanto en numerosos supuestos se debe acudir ante el juez de la jurisdicción ya que el juez árbitro no posee imperium (carece de coertio y executio). En otras palabras, los árbitros tienen la facultad de conocer, llamar a la partes, continuar el juicio aun en su ausencia, y de decidir, mas no pueden hacer cumplir forzadamente sus decisiones. Así, si alguna de las partes deseara solicitar alguna medida cautelar (vgr. un embargo), deberá requerirlo ante un juez ordinario (investido de coertio) y no ante el juez árbitro que carece de potestad para despacharlo.-
Los árbitros resuelven las cuestiones que se les plantean a través de una resolución equivalente a la sentencia que se denomina “laudo arbitral”, la que deberá ser protocolizada ante el Tribunal ordinario que debiera haber conocido del asunto.-
La ejecución de la sentencia en su caso, se efectuará a pedido de parte y será ordenada por el tribunal ordinario y no ante el árbitro que carece de executio (art. 639 del C.P.C.).-
A la par del arbitraje se van avizorando nuevas instituciones emparentadas con él que apuntan a la misma finalidad: resolver las controversias suscitadas entre los particulares. Comúnmente son denominadas “medios alternativos de solución de conflictos”. Constituyen sustitutivos del litigio, que se muestran como figuras opcionales para el justiciable y que reconocen su fundamento en el consenso. Ellas son: la mediación, la conciliación, la negociación.-
2.2.- Por la naturaleza de la pretensión.-
Este criterio de clasificación está determinado por el tipo de pretensión y se divide en: universales y singulares.-
a) Procedimientos Universales:
Son aquellos que tienden a la distribución del patrimonio de una persona por causa de muerte o de falencia.-
Estos procedimientos tienen fuero de atracción. Esto implica que ante el juez de la sucesión deben deducirse y tramitarse todas las acciones personales que tengan los acreedores contra el causante o la sucesión.-
El juicio sucesorio regulado en el Libro Tercero, Capítulo II, a partir de los arts. 649 al 716 del C.P.C. se inicia a petición de parte ante el juez del último domicilio del causante. Consta fundamentalmente de dos etapas: a) la declaración de herederos, y b) el juicio sucesorio propiamente dicho.-
La petición de declaratoria de herederos abre la primera etapa de este proceso. Ella tiende a la determinación de quiénes son los sujetos que revisten la calidad de herederos. Participa en esta fase el Ministerio Fiscal asegurando el contradictorio y efectuando un control de legalidad ya que esta cuestión interesa al orden público. Asimismo esta intervención obedece al eventual interés que pueda tener el Fisco o Estado Provincial en caso que la resolución determine que no haya herederos forzosos y a la alternativa que se repute a la herencia vacante. Con el escrito inicial es necesario acreditar la muerte y el vínculo con el causante, lo que se efectúa con las copias correspondientes a las partidas de nacimiento y de defunción expedidas por el oficial encargado del Registro Civil. Admitida la petición previo a oficiar al Registro de Juicios Universales, el magistrado ordenará la publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial, con el fin de citar a todas las personas que se consideren herederos, acreedores o con derecho a los bienes del causante (herederos testamentarios, legatarios). Vencido el plazo por el que se ordenó publicar los edictos, el tribunal designará día y hora de audiencia a los fines previstos por el art. 659 del C.P.C. (escuchar eventualmente a quienes se consideren con vocación hereditaria). Luego de ella, el juez resolverá por auto quiénes son los herederos, procediendo a su declaración. Este pronunciamiento no es definitivo por cuanto es dictado sin perjuicio de terceros y produce el efecto de cosa juzgada formal. En efecto, si algún heredero hubiere resultado excluido no podrá apelar la resolución, pero tiene la posibilidad de ejercitar la acción de petición de herencia.-
La segunda etapa comienza con la petición de apertura del juicio sucesorio, y en ella cesa la intervención del Ministerio Fiscal. Este procedimiento tiende a determinar y distribuir los bienes que integran el haber hereditario mediante las operaciones de inventario, avalúo, y partición. Cabe señalar que este momento puede no existir si es que los herederos son capaces y acuerdan la distribución extrajudicial de los bienes, la que será efectuada por un escribano.-
Es dable destacar que parte de la doctrina se pronuncia por la exclusión del ámbito jurisdiccional de los procesos sucesorios, a mérito que este tipo de procedimiento no configura en sentido estricto una manifestación de la función jurisdiccional. Por ello es que las tendencias modernas propician particiones extrajudiciales con diferentes modalidades y cuyo trámite eventualmente se desarrollará en presencia de un escribano o un funcionario público (Conf. Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 26).-
Para terminar con el punto, es preciso destacar que existen tres tipos de procedimientos universales a saber: 1) el sucesorio; 2) el concursal (ley 24.522); 3) la quiebra (ley 24.522).-
b) Procedimientos Singulares:
En este tipo de procedimientos el rasgo principal es la existencia de partes individuales en situación de conflicto. Entendemos por parte a los titulares de las pretensiones hechas valer en juicio.
En los procesos singulares se controvierte el interés de una o más personas con relación a una o más pretensiones determinadas.-
Estos procesos singulares se clasifican teniendo en cuenta la existencia o no de conflictos en: 1) procedimientos contenciosos; y 2) actos de jurisdicción voluntaria, los que serán estudiados a continuación.-
2.3.- Por la existencia o no de conflictos.-
Este criterio de clasificación atiende a la existencia o ausencia de controversia; y se clasifican en:
a) Contenciosos:
Son aquellos procedimientos que tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitado entre dos o más personas, que revisten la calidad de “partes” (Conf. Palcio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Bs. As.).-
Cabe señalar que esta situación de controversia existe aún en el caso de rebeldía del demandado.-
b) Actos de jurisdicción voluntaria:
También interviene la función jurisdiccional ejercida por el Estado con motivo de situaciones ajenas a la idea de conflicto o controversia. Ello sucede cuando por necesidad o disposición de la ley, debe ocurrirse ante el juez para que otorgue tutela jurídica a la pretensión deducida.-
Podemos decir entonces que los actos de jurisdicción voluntaria tienen por finalidad integrar, constituir o dar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas, frente a la sociedad.-
No se trata de un conflicto entre partes ya que no estamos frente a sujetos encontrados o antagónicos, sino que existe un peticionante que pide tutela para un interés legítimo particular que exhibe. El demandado entonces, no se encuentra individualizado. La resolución que pone fin a estos procedimientos se dicta eventualmente a favor del que lo promueve (peticionario) pero no en contra de un demandado, sino frente a la sociedad.-
Un ejemplo: si en la partida de matrimonio de una persona, se ha consignado erróneamente la fecha de nacimiento de uno de los contrayentes, podrá el interesado solicitar la rectificación de tal documento, mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Quien inicia el trámite es denominado “peticionario” y su solicitud no va dirigida contra persona determinada, sino frente a la sociedad.-
En estos actos de jurisdicción voluntaria no hay conflicto aunque pueden tornarse contenciosos. En ellos participa un miembro del Ministerio Público, que es el Fiscal, asegurándose de esta manera el contradictorio. El Fiscal efectúa un control de legalidad de todo el trámite y vigila el efectivo cumplimiento del derecho sustancial. Más aún: actúa en defensa del interés social o público comprometido; vgr.: declaración de demencia regulada en el art. 830 y ss. del C.P.C. (Conf. Ferreyra de De la Rúa- González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 29).-
El pronunciamiento que los resuelve produce el efecto de cosa juzgada en sentido formal. Este carácter implica que lo resuelto puede ser revisado en otro proceso (el pronunciamiento se dicta con la reserva de “sin perjuicio de terceros” o se utiliza cualquier otra expresión que evidencie la ausencia de cosa juzgada material).-
2.4.- Atendiendo al fin Perseguido.-
Los procedimientos se clasifican atendiendo al fin perseguido en: a) declarativos; b) ejecutivos; y -para algunos autores- c) cautelares. Es decir, según se pretenda la declaración de un derecho, su ejecución, o el aseguramiento de lo resuelto, respectivamente.-
a) Declarativos, de conocimiento o de cognición:
El juicio declarativo, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquel que tiene como objeto una pretensión inicialmente incierta, tendiente a lograr que el tribunal que conoce el problema, reciba la prueba y dicte sentencia decidiendo sobre el fondo de la cuestión.-
El proceso de conocimiento es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a conseguir que el tribunal reciba la prueba y resuelva, mediante la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, los hechos alegados por las partes. La característica de este tipo de procesos, que no puede faltar y de la cual deriva su nombre, es el conocimiento por el tribunal del fondo de la cuestión debatida, cuya denominación técnica es “cognitio judicial”. Y el nombre común como se conoce en la doctrina a esta categoría de procesos, es el de “juicio declarativo”.-
Siguiendo el concepto brindado por el profesor Palacio, el juicio de cognición es el procedimiento que tiene por fin que el juez dilucide o declare el derecho mediante la aplicación de las normas pertinentes. La sentencia que se dicte en ellos, produce el efecto de la cosa juzgada material o sustancial; es decir, una vez que la resolución quede firme y ejecutoriada, goza de inmutabilidad, no existiendo en consecuencia otra vía que posibilite su revisión.-
En este tipo de procedimientos el conocimiento el juez es cuantitativamente plenario, por cuanto abarca la totalidad de la relación jurídica que se le somete a juzgamiento. Así las partes tendrán la posibilidad de alegar y discutir ampliamente sus pretensiones, y correlativamente podrán ofrecer y diligenciar todas las medidas de prueba pertinentes (Conf. Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 30).-
En nuestro ordenamiento se admiten dos clases de juicios declarativos generales: el ordinario, y el abreviado; previéndose también juicios declarativos especiales.-
Son aquellos en los cuales, preexistiendo un derecho cierto o presumiblemente cierto, se procura su efectivización para satisfacer el interés del titular. En este tipo de proceso se pide la efectividad coactiva de un derecho reconocido en una sentencia o en un título de ejecución (Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, edit. Depalma).-
Se trata de procedimientos en donde la prueba está prácticamente preconstituida en el título que sirve de base a la ejecución. En esta clase de procesos se parte de un documento -título- que goza de una presunción de autenticidad, o de una sentencia firme, pretendiendo quien acciona su directa ejecución. Se debe destacar como nota característica de este tipo de procedimientos, que la sentencia que en ellos se dicte produce el efecto de cosa juzgada formal; en otras palabras, la resolución podrá ser revisada en otro juicio -declarativo- (art. 529 y 557 del C.P.C.). Sin perjuicio de ello, la nota distintiva está en lo limitado de la discusión y lo taxativo de las defensas que se pueden esgrimir en este tipo de procesos.-
“Creemos que el legislador al establecer el juicio ejecutivo en la ley procesal, ha tenido en mira otorgar un instrumento ágil y apto para lograr el cobro de ciertos créditos en un tiempo razonable” (Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 31).-
c) Cautelares:
Es común que la tramitación de un juicio lleve un tiempo considerable. En efecto, la experiencia demuestra que entre la interposición de una demanda y el dictado de la sentencia puede transcurrir un largo período de tiempo. Por ello, a los fines de garantizar los derechos del actor o evitar que ellos se tornen ilusorios, se han previsto los procedimientos cautelares.-
Las medidas cautelares son aquéllas que tienden a impedir que el derecho cuya actuación se pretende pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre demanda y sentencia (Conf. Palacio, ob. cit.).-
El objeto de estas medidas es asegurar el resultado de un proceso declarativo o ejecutivo a fin de que no se torne de imposible cumplimiento durante el tiempo que transcurre entre demanda y sentencia. Son resoluciones jurisdiccionales provisionales que se dictan inaudita parte.-
Rodríguez Juárez-Ferreyra de De la Rúa entienden no existe una tercera categoría denominada “procedimientos cautelares”. Afirman que atendiendo a la finalidad que se persigue, los procedimientos se clasifican en: a) procesos de cognición, y b) procesos de ejecución; y que los procedimientos cautelares son accesorios, tanto de los unos, como de los otros (Ferreyra de De la Rúa-Rodríguez Juárez, ob. cit., pág. 121, nota 131).-
2.5.- Por su estructura.-
Los juicios contenciosos, declarativos y ejecutivos, se subclasifican, por su estructura, esto es por la forma asignada para su procedimiento, en generales y especiales.-
El art. 410 del C.P.C. establece que “Los juicios declarativos y ejecutivos son generales o especiales, según constituyan una forma general para la declaración o ejecución de los derechos o simplemente una forma especial para casos determinados”.-
Los procesos contenciosos (declarativos y ejecutivos) son clasificados, según la norma referida, teniendo en cuenta su estructura: si su sistematización es común (generales), o bien cuando con motivo de la naturaleza propia del derecho pretendido, se establecen actos y etapas propias para esos casos particulares (especiales). La importancia de esta distinción es que las normas de los procesos contenciosos generales pueden ser aplicadas, en cuanto sean compatibles, a los especiales, pero no pueden aplicarse la de éstos para aquéllos (arts. 415 y 416) (Conf. Ferrer Martínez, Director, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, edit. Advocatus, tomo I, pág. 804).-
2.5.1.- Juicios Declarativos Generales:
El C.A. (ley 1419) instituía tres tipos de juicio declarativos generales: ordinario de mayor cuantía; ordinario de menor cuantía; y verbal, siguiendo de esta manera a las leyes de enjuiciamiento civil españolas. El criterio utilizado para determinar la procedencia de uno u otro, era esencialmente cuantitativo en el texto original, aunque luego se establecieron diversos supuestos, para el juicio verbal, sin atender al valor o monto (Conf. Vénica Oscar H., Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Cba., comentado y anotado, edit. Marcos Lerner, Tomo IV, pág. 531).-
Esa clasificación tripartita es mantenida durante años por todos los códigos procesales civiles del país, que siguen con el procedimiento escrito, aunque con las denominaciones de juicio o proceso ordinario, sumario, y sumarísimo.-
El actual Código de Procedimiento Civil de Córdoba, sólo contempla dos: ordinario y abreviado.-
Como ya adelantamos, los juicios declarativos generales se reducen a dos en nuestro actual sistema procesal: “ordinario” y “abreviado”. El primero constituye la regla, de carácter residual, pues siempre que para un determinado asunto no esté dispuesto otro procedimiento se le aplica su trámite (art. 417 del C.P.C.). Asimismo, en caso de duda corresponde adoptar las formas del juicio ordinario (art. 420 y 423 del C.P.C.) (Conf. Vénica, Oscar H., ob. cit., pág. 148).-
La ley procesal determina taxativamente cuáles son los procesos declarativos, con lo que no pueden crearse otros (Conf. Ferrer Martínez, ob. cit., pág. 805).-
El juicio ordinario es temporalmente más extenso, ya que cada acto y etapa procesal se detalla más minuciosamente, los medios impugnativos son más amplios, y esto se traduce en un mayor trabajo, incomodidad y gastos.-
Pero ciertas cuestiones, por su naturaleza sencilla, deben ser resueltas rápidamente, por lo cual se ha previsto un tipo de proceso más breve y expeditivo, donde se trata de reducir el tiempo (acortando etapas, concentrando actos procesales, plazos fatales, restricciones probatorias y recursivas), y es denominado “juicio abreviado” (Conf. Ferrer Martínez, ob. cit., pág. 805).-
Se tramitará por el trámite de juicio ordinario todo asunto cuya cuantía exceda de cien jus, y toda demanda que persiga la condenación de daños y perjuicios, sin importar cuál sea su monto. Además deberá sustanciarse -como ya se adelantó- por este trámite, toda cuestión de competencia de los tribunales de primera instancia que no tuviere un procedimiento especial.-
El juicio declarativo ordinario consta de cuatro etapas esenciales: la introductiva de las cuestiones, la etapa probatoria, la etapa discusoria, y la etapa decisoria. Existen además otras etapas que podríamos denominar eventuales, toda vez que pueden o no existir y que son: las medidas preliminares (preparatorias y prueba anticipada), las medidas cautelares, la ejecución de la sentencia, y la etapa impugnativa o de recursos.-
Por tratarse de un procedimiento tipo, los códigos procesales (entre ellos, el nuestro) imponen una aplicación subsidiaria de las reglas del juicio ordinario a los juicios declarativos especiales. Así lo dispone expresamente el art. 415 del C.P.C.: “Lo establecido para el juicio ordinario, incluso las medidas preparatorias, será aplicable al abreviado y a los demás juicios declarativos especiales en cuanto sea compatible”. Es decir que, cuando un trámite, plazo o actividad no estuvieren especificados en un procedimiento se aplicarán por analogía las reglas o previsiones fijadas por la ley para el juicio ordinario. Por ej., el juicio de división de condominio (declarativo especial) tiene su tramitación específica, pero en todo aquello que se refiere a medios probatorios, notificación y recursos, se rige por las disposiciones generales (Conf. Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 45).-
A su turno, el art. 420 del C.P.C. establece: “En caso de duda sobre el procedimiento que deba adoptarse, los tribunales procederán por el más amplio”; esto es el trámite de juicio ordinario.-
El juicio ordinario es la vía de mayor amplitud para esclarecer las contiendas o conflictos. Se caracteriza por sus plazos amplios que se reflejan en todas sus etapas. Por ejemplo: en el plazo para contestar la demanda (art. 493 del CPC); plazo para ofrecer, y recepcionar la prueba (art. 498 del CPC) y en el término para dictar sentencia (art. 121 del CPC).-
b) Juicio Abreviado:
El juicio abreviado sustituye al juicio verbal del C.A., que de verbal poco tenía, pues al ser, además, actuado, en definitiva era totalmente escrito. A pesar que estaba concebido como el más breve y acelerado de los juicios declarativos, no ocurría así en la práctica (vgr.: la necesidad de desarrollar todo el juicio por medio de audiencias, daba como resultado una mayor dilación que a través de traslados (Vénica, Oscar Hugo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. De Córdoba...”,Edit. Marcos Lerner, Tomo IV., pág. 546).-
Su estructura mantiene varias normas propias del juicio verbal (arts. 509, 511, 512, 515), y en lo demás se ajusta en gran medida a los juicios sumarios (ya derogados por la reforma introducida por la ley nro. 25.488) y sumarísimos del C.P.N..-
El art. 418 del C.P.C. a través de sus siete incisos, determina con claridad meridiana que pretensiones deben ser ventiladas por el trámite de juicio abreviado. Pasaré seguidamente a analizar detalladamente cada uno ellos.-
a) inc. 1: “Toda demanda cuya cuantía no exceda de cien jus, con excepción de las que persiguen la condenación de daños y perjuicios que, cualquiera sea su monto, se tramitará por el juicio ordinario”.-
El legislador sigue aquí un criterio “cuantitativo” para la determinación del trámite por el que habrá de sustanciarse el procedimiento, disponiendo que deben tramitarse por juicio abreviado los procesos de conocimiento en los que el valor reclamado o cuestionado no exceda de cien jus (aprox. $ 2.500); con la excepción de aquellos reclamos que persigan la condenación al pago de daños y perjuicios.-
En caso de duda sobre la verdadera cuantía del litigio deberá sustanciarse el procedimiento por el trámite de juicio ordinario, de conformidad al art. 420 del C.P.C.. Ya dijimos que el juicio ordinario es de esta manera un procedimiento “residual”; ello, toda vez que por su amplitud -de plazos-, es el que mejor garantiza el derecho de defensa en juicio de las partes.-
b) inc. 2: “La consignación de alquileres”.-
Procede cuando el locatario pretende abonar las mesadas locativas por vía judicial (art. 756 del Cód. Civil) por entender que concurre alguno de los supuestos del art. 757 del Código Civil.-
c) inc. 3: “La acción declarativa de certeza”.
Esta acción está prevista en el art. 413 del C.P.C.. Será tratada en un punto aparte, al que remitimos.-
d) inc. 4: “El pedido de alimentos y litis expensas”.-
En la ciudad de Córdoba, donde existe un Fuero de Familia, el pedido de alimentos debe presentarse ante este fuero, y tramitarse por el procedimiento previsto en la ley 7676, que es eminentemente oral.-
En los lugares donde no existe el Fuero de Familia, sí se tramita por el procedimiento del juicio abreviado.-
e) inc. 5: “Los incidentes”.-
La norma hace referencia a los incidentes que no tengan previsto un trámite específico determinado por el Código Procesal (art. 427 del C.P.C.).-
f) inc. 6: “Todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente”.-
La ley sustantiva suele establecer la forma en que deberá sustanciarse o el trámite a imprimirse a tal o cuál institución. En muchos casos se utilizan expresiones tales como “procedimiento sumario”, “sumarísimo”, “breve”, “vía procesal o procedimiento más breve que prevea la ley local”, etc.; vgr.: la autorización de venta de bienes gananciales (art. 1277 del C.C.); la oposición a la celebración del matrimonio; las variaciones del proyecto en la locación de obra (art. 1633 bis C.C.); la acción confesoria (art. 2796 del C.C.); molestias en las relaciones de vecindad (art. 2618 C.C.).-
g) inc. 7: “Los demás casos que la ley establezca”.-
El inciso bajo examen se refiere sin lugar a dudas, a la ley procesal, pues de lo contrario estaríamos en el supuesto contemplado en el inciso 6 (analizado en la letra anterior).-
El Dr. Vénica afirma que el inciso en cuestión alude a leyes locales, sea el mismo código de procedimiento u otras. El C.P.C. manda tramitar como juicio abreviado: juicio de división de cosas comunes (art. 725, 1º párr.); juicio de cuentas (art. 769, 1º párr.); acciones posesorias (art. 779, inc. 1º); actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición en contrario (art. 828).-
Finalmente, en función del art. 890 inc. 2º del C.P.C., quedan sujetos a dicho procedimiento por aludir al juicio verbal: los juicios de expropiación, expropiación irregular, retrocesión y ocupación temporaria (arts. 15, 35, 41, y 51 de la Lp. 6394); y la oposición a la inscripción como martillero o corredor público (art. 5 Lp. 7191).-
Respecto a las diferencias que se advierten con el juicio ordinario, podemos destacar que en el juicio abreviado, en la etapa de las postulaciones, esto es, con la demanda, contestación de la demanda, reconvención, contestación de la reconvención, y contestación de las excepciones, deben ofrecerse todas las pruebas que las partes pretendan hacer valer, con excepción de la absolución de posiciones y la prueba documental. Además, son más reducidos los plazos para contestar la demanda y no se encuentra separada la citación de comparendo del traslado de la demanda. Las excepciones dilatorias no deberán ser tramitadas como de artículo previo; y de las interpuestas, se corre traslado al actor para que las conteste (art. 510 del C.P.C.).-
Se advierte de esta manera que el juicio abreviado se caracteriza por la sumariedad, que se evidencia en éstas reglas que imponen la concentración y la eventualidad en las afirmaciones.-
Ante la incomparecencia del accionado, no cabe la declaración de rebeldía, sino que simplemente se lo tendrá como rebelde para las demás actuaciones del proceso (art. 509 del CPC).-
En el juicio abreviado no existe apertura a prueba de la causa, sino que la notificación del decreto que provee toda la prueba determina el dies a quo para el cómputo del período probatorio, que es de quince días (art. 511 del C.P.C.). Otra característica del trámite radica en que existe limitaciones probatorias que se manifiestan en la imposibilidad de ofrecer más de cinco testigos (art. 512 del CPC) y si se ofrece prueba pericial, la tarea recaerá en un solo perito oficial (art. 513 del CPC).-
En esta clase de juicio, no existe etapa discusoria, ya que no está previsto el corrimiento de traslados para alegar (art. 514 del C.P.C.).-
Por último, cabe destacar que en este juicio todos los plazos son fatales (art. 516 del C.P.C.); existe también lo que se denomina “inapelabilidad de las interlocutorias”, con algunas excepciones (art. 515 del C.P.C.), y en la etapa decisoria se reduce el plazo para dictar sentencia definitiva (20 días, conforme el inc. 2 y 4 del art. 121 del C.P.C.), contra la cual proceden los mismos recursos que en el juicio ordinario.-
2.5.2.- Juicios Declarativos Especiales:
Los juicios declarativos especiales son caracterizados por el art. 412 del C.P.C. como: “aquellos que la ley establece para determinadas relaciones de derecho” (sic). En otras palabras, son aquellos que se hayan sometidos a trámites específicos diferentes al general y que se adaptan al derecho que se pretende realizar.-
A los juicios declarativos especiales se refiere el Título I del Libro III, pero los juicios de división de cosas comunes, de desalojo, de cuentas, de alimentos y litis expensas, las acciones posesorias, y ante los jueces de Paz de Campaña, se organizan sobre la base del juicio abreviado, con más o menos modificaciones (Conf. Vénica, ob. cit., pág. 149).-
Expresa el Dr. Ferrer Martínez que cuando el derecho sustancial debatido en el proceso tiene características particulares (a veces incluso la ley de fondo establece normas procesales para su ejercicio) es necesario adaptar a esas circunstancias los actos procesales, debiendo cumplirse con ciertos requisitos, sea para el que lo invoca, sea para quien lo sufrirá, y para los terceros involucrados en el mismo; es el caso por ejemplo de la división de condominio, sucesorio, desalojo, etc.; son regulados como procesos declarativos especiales (Conf. Ferrer Martínez, ob. cit., pág. 805 y 806).-
Cabe computar entre ellos, además del juicio de división de condominio, el de mensura y deslinde, desalojo, cuentas, etc.-
2.5.3.- Juicios ejecutivos generales:
Son aquellos establecidos por la ley para toda clase de obligaciones que traigan aparejada ejecución (art. 414 del CPC).-
El juicio ejecutivo general es un procedimiento sumario y de ejecución, tendiente a hacer efectiva una obligación documentada en un título ejecutivo.-
Sumario significa que la etapa de conocimiento es limitada. Así, solamente se abrirá el contradictorio si el demandado opuso excepciones. Caso contrario, interpuesta la demanda y ante el silencio del demandado cuando se lo cite de remate se dicta sin más trámite la sentencia (art. 546 del C.P.C.).-
Si el demandado asume actitud defensiva, es decir opone excepciones (art. 547 y 548 del C.P.C.) se abre una etapa de conocimiento limitada.-
Esta limitación se manifiesta en que sólo pueden oponerse las excepciones previstas taxativamente en el art. 547 del C.P.C. y además en que los plazos en las etapas sucesivas (probatoria y discusoria) son menores que en el juicio ordinario.-
La nota de ejecutividad está dada porque admitida la demanda la primera orden del tribunal es librar mandamiento de ejecución y de embargo contra los bienes del accionado por el monto reclamado con más la suma que el tribunal estime que corresponda a intereses y costas provisorias (art. 526 del CPC). Se trata de una medida típicamente coactiva propia del juicio ejecutivo.-
El fundamento de este tipo de proceso reside en razones de necesidad, referido especialmente a las relaciones comerciales. De este modo se procura una vía idónea y rápida para el cobro de las obligaciones (Conf. Ferreyra de De la Rúa-Rodríguez Juárez, ob. cit., tomo II, pág. 210).-
El título ejecutivo debe ser suficiente, completo y bastarse a si mismo. Para ello debe contener los requisitos establecidos en nuestro Código Procesal Civil en los arts. 517 y 518.-
Cabe precisar que lo que define la posibilidad de entablar un juicio ejecutivo, es que el actor cuente con un título ejecutivo, de acuerdo con el art. 517 del C.P.C.. En palabras de la norma “que traiga aparejada ejecución”, pues el requisito de que documente “una obligación exigible de dar una suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable...” es condición necesaria pero no suficiente. De modo que el reclamo de una obligación de esas características, sin título ejecutivo, sólo puede enderezarse, válidamente, en juicio declarativo (Conf. Vénica, ob. cit., tomo V, pág. 5).-
Debe tratarse, necesariamente, de una obligación de dar una suma de dinero, pues el C.P.C. no admite, a diferencia de otros códigos, la facultad de utilizar la vía ejecutiva para reclamar obligaciones de dar cosas o valores. Pero puede estar referida a moneda local o extranjera (art. 617 del Cód. Civil).-
Esa suma de dinero debe ser líquida o fácilmente liquidable sobre las bases que el mismo título suministre, esto es, por una simple operación aritmética, al alcance de una persona de cultura media, partiendo de las constancias del propio título, pues éste debe bastarse a si mismo.-
La obligación es exigible si no está sujeta a plazo, a condición o prestación. En consecuencia, el contrato del que surgen obligaciones bilaterales no puede constituir título ejecutivo. Además es dable destacar que no basta que las partes hayan pactado la vía ejecutiva, pues ésta depende de la ley y no de la voluntad de las partes, de modo que la sola estipulación no es suficiente, en tanto no concurran los requisitos del art. 517 del C.P.C. (Conf. Vénica, ob. cit., tomo V, pág. 8).-
Desde otro ángulo, del título debe resultar la legitimación activa y pasiva, coincidencia de las personas de actor y demandado con quienes figuran en el título como acreedor y deudor, así como la exigibilidad del crédito, sea por que lo es en cualquier momento, o porque el plazo está vencido, pero no se requiere fecha de contratación de la deuda.-
2.5.4.- Juicios ejecutivos especiales:
Son aquellos establecidos para la ejecución de sentencia, y demás casos que expresamente se determinen (art. 414 del CPC).-
Enseña el Dr. Rogelio Ferrer Martínez refiriéndose a la diferencia entre juicio ejecutivo general y especial que “La distinción formulada e en razón de la naturaleza propia del derecho ejercido en la ejecución, ya que en el caso de los generales son para cualquier obligación, siempre que traiga aparejada ejecución; en cambio cuando de se trata de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o si la ley sustancial establece normas procesales propias (por ej. en la ley 12.962 de prenda con registro), estamos en presencia de ejecuciones especiales donde algunos actos procesales cambian o se modifican para satisfacer más rápidamente el interés de la parte (Ferrer Martínez, ob. cit., pág. 807).-
Corresponde incluir dentro de la categoría de ejecutivos especiales, a la ejecución prendaria, que encuentra regulación en la ley 12.962 y decr. 897/95 y a la ejecución hipotecaria (art. 528 del C.P.C.). También se caracteriza como ejecutivo especial el trámite de ejecución de sentencia (art. 801 y ss. del C.P.C.).-
El Dr. Oscar H. Vénica destaca que en el Código Procesal Civil de Córdoba existe una sola clase de trámite, el juicio ejecutivo, para todos los títulos ejecutivos extrajudiciales, y también para los títulos ejecutivos extrajudiciales, la ejecución de sentencia (art. 801 del CPC). En este sentido afirma que a diferencia de la mayoría de los demás códigos del país (CPN por ej.), el único juicio ejecutivo es el común, y por su procedimiento tramitan todas las clases de título ejecutivo. Solamente admite algunas modificaciones en las ejecuciones hipotecarias, pero ante la posibilidad de terceros poseedores -art. 528 del CPC- (Conf. Vénica, ob. cit., tomo V, pág. 2/4).-
Por último, cabe precisar que la ley nro. 9024 ha creado los Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal; estableciéndose que entenderán en las causas que se promuevan por cobro judicial de tributos y multas aplicadas por la autoridad administrativa y por repetición de pago indebido de impuestos, tanto provinciales como municipales (art. 1); y fijándose el procedimiento a seguir: por la vía del juicio ejecutivo regulado en el C.P.C., con las modificaciones establecidas en la mencionada ley (art. 2) (ver Vénica, Oscar H, Juzgados de primera instancia en lo fiscal, ley 9024: ¿Necesidad, conveniencia, inutilidad?, Sem. Jurídico nº 1373, del 08/08/02, pág. 35). Las modificaciones a que hace alusión la ley se refieren a: la competencia territorial (art. 3); a la citación del deudor (art. 4); los requisitos que debe reunir el título base de la acción (art. 5); las excepciones admisibles y su prueba (art. 6); la sentencia (art. 7); los recursos (art. 8) y la acción de repetición (art. 9 y 10).-
3.- Los procesos y las necesidades actuales.-
En el horizonte que se avizora al final del milenio se manifiestan otros tipos de procedimientos más ágiles y que resultan novedosos, como es el caso del “juicio monitorio” y de los “procesos urgentes” , que proveen a la existencia de trámites idóneos para el logro del valor eficacia en el proceso.-
3.1.- Procesos de estructura monitoria:
El juicio monitorio constituye una forma rápida de solucionar conflictos, evitando trámites que, a veces, resultan innecesarios. Ya se ha referido a este tipo de proceso Piero Calamandrei (El proceso monitorio, trad. de S. Sentís Melendo, edit. Ejea, Bs. As., 1946) y ha sido adoptado por muchas legislaciones, especialmente europeas.-
Este procedimiento puede ser útil tanto para la ejecución de alguno títulos como para tramitar ciertos procesos de conocimiento de escasa complejidad como el cumplimiento de obligaciones exigibles de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas; el pedido de división de condominio; de restitución de la cosa mueble dada en comodato; de desalojo de inmuebles por vencimiento del plazo contractual o por falta de pago, etc. (Roland Arazi, La demanda y su contestación en el sistema de la ley 25.488; en Revista de Derecho Procesal, “Demanda y Reconvención 2004-2, edit. Rubinzal-Culzoni, pág. 48).-
Para acceder al proceso monitorio el actor debe presentar un documento auténtico o autenticado notarial o judicialmente o una sentencia judicial, salvo lo que se determine para los diversos títulos ejecutivos.-
Solicitada la apertura del procedimiento monitorio, el juez examinará cuidadosamente el título; y si cumple con los recaudos legales, dictará sentencia monitoria, conforme a las particularidades que se determinan en cada caso (Conf. Arazi, ob. cit., pág. 49).-
La sentencia monitoria debe notificarse al demandado por cédula a su domicilio real, con entrega de las copias de la demanda.-
Dentro del plazo que se establece por ley el demandado podrá articular oposición por escrito, ofreciendo la totalidad de la prueba de que intente valerse.-
En defecto de oposición o desestimada ésta por resolución firme, se ejecutará la sentencia monitoria por el procedimiento establecido para la ejecución de sentencia.-
Como puede advertirse, constituye un proceso en el que la estructura contradictoria normal (en el que luego de trabada la litis y ofrecido prueba, esto es, después de escuchadas las partes, el juez dicta sentencia), se invierte.-
La utilidad y rapidez de este tipo de procedimientos finca en que en caso de que el demandado no se presente, se abrevia el trámite para llegar a la etapa de ejecución de sentencia. En definitiva, la sentencia monitoria queda sujeta, para su ejecución, a la condición de que el demandado no articule oposición o bien a que ésta sea desestimada.-
3.2.- Procesos Urgentes:
Hay supuestos en que se necesita una respuesta urgente de la jurisdicción y ninguno de los procesos previstos resulta idóneo para una tutela real y efectiva. Piénsese por ejemplo el caso de que se pida autorización judicial para efectuar una transfusión de sangre a un menor, ante la oposición de sus padres o tutores: si la urgencia exige que la transfusión se realice dentro de muy pocos días o aun de horas, porque se encuentra en riesgo la vida del menor, queda claro que el procedimiento abreviado no se adapta a las circunstancias del caso; tampoco es posible recurrir a las medidas cautelares porque éstas son accesorias de un proceso principal (doct. art. 456 del CPC) y, en este supuesto, la pretensión se agota con el cumplimiento de la medida, siendo innecesario cualquier trámite ulterior (Conf. Arazi, ob. cit., pág. 47 y 48).-
Expresa el profesor Peyrano que la tutela de urgencia o “proceso urgente” reconoce en la actualidad tres tipos de principales mecanismos diferenciados entre sí: las medidas cautelares, la tutela anticipatoria, y las medidas autosatisfactivas (Peyrano, Jorge, “Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema”, en Sentencia anticipada, Rubinzal-Culzoni, pág. 28).-
En cuanto a la clasificación de los procedimientos, nos interesan las medidas autosatisfactivas, que no tienen naturaleza cautelar ni anticipatoria.-
Se trata pues de un requerimiento “urgente”, formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota con su despacho favorable, no siendo entonces necesaria la iniciación de una posterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento (Peyrano, Jorge, “Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas”, L.L., 1998 -A- pág. 968).-
Las medidas autosatisfactivas o “sentencias satisfactivas” no revisten naturaleza cautelar; es decir, no acceden a un proceso principal; tienen un fin en si mismas. Se caracterizan por ordenarse dentro de un proceso “autónomo” que no es ni provisorio ni accesorio, como sí lo son las medidas cautelares (conservatorias y anticipatorias).-
En cuanto a la naturaleza jurídica de estas medidas, podemos afirmar que las mismas tienen naturaleza contenciosa, en el sentido que por intermedio de ellas se trata de dirimir una contienda o un conflicto planteado en la sociedad. Por ello, no consideramos adecuado incluirlas dentro de la categoría de los “actos de jurisdicción voluntaria”, pues si bien son despachadas inaudita parte, no por ello podemos concluir que en ellas está excluida la etapa del contradictorio, sino, que ésta, y por razones de urgencia atendibles, será desplazada para luego de dictada la medida.-
Podemos decir que este tipo de procesos autónomos tienen los siguientes caracteres:
a) El despacho de la medida autosatisfactiva reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud del derecho.-
b) Su dictado acarrea una satisfacción “definitiva” de los requerimientos del postulante, salvo, claro está, que el destinatario de la medida hubiera articulado exitosamente las impugnaciones del caso.-
c) A raíz de la iniciación de este tipo de medidas, se genera un proceso que es autónomo en el sentido que no es subordinado ni accesorio de otro, agotándose en sí mismos.-
Con relación a la exigencia de la contracautela en este tipo de medidas, ello dependerá de las circunstancias del caso, y de lo que dispongan los ordenamientos jurídicos que las regulen. En efecto, esas disposiciones son las que determinarán si su despacho estará condicionado o no y e qué casos, al otorgamiento de una fianza u otro tipo de caución (Conf. Asrin, Patricia, en Ferreyra de De la Rúa-Rodríguez Juárez, ob. cit., tomo II, pág. 405).-
Es necesario destacar que la satisfacción en forma “definitiva” de este tipo de medida, se alcanzará cuando ésta sea consentida, o cuando transcurran los plazos que los ordenamientos procesales establezcan sin que se hayan interpuesto las vías impugnativas correspondientes.-
Por último, cabe aclarar que estas medidas no se encuentran consagradas legislativamente en el orden local, mas la jurisprudencia las ha admitido en numerosas ocasiones.-
4.- Semejanzas y diferencias de estructura de los procedimientos declarativos y ejecutivos.-
Atento algunas semejanzas existentes entre el juicio ejecutivo y el juicio abreviado, me referiré primeramente a las diferencias que existen entre los juicios de conocimiento y los de ejecución, para luego marcar otras diferencias (aparte de las comunes que explicitaré primero) tiene el juicio ordinario con el juicio ejecutivo.-
4.1.- Entre las diferencias que surgen del análisis de los juicios de conocimiento con los de ejecución podemos mencionar a las siguientes:
a) Los juicios declarativos -o de cognición- parten de una pretensión inicialmente incierta, por lo que debe ser alegada y probada. El conocimiento del juez es cuantitativamente plenario, por cuanto abarca la totalidad de la relación jurídica que se le somete a juzgamiento. La sentencia que en ellos recaiga, hace cosa juzgada en sentido material.-
En cambio, en los procesos de ejecución se demanda en base a un título ejecutivo que goza de una presunción de autenticidad sobre el crédito que contiene. No puede discutirse la causa de la obligación, y como lógica consecuencia de ellos, la sentencia que se dicte sólo hará cosa juzgada en sentido formal (Conf. Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 58).-
b) En el juicio de conocimiento el demandado puede asumir diversas actitudes defensivas. Así, puede contestar la demanda (art. 192 del C.P.C.), desconocer los hechos y negar el derecho, reconvenir, oponer todo tipo de excepciones, etc..-
En cambio en el juicio ejecutivo, citado de remate el demandado, solamente puede defenderse oponiendo las excepciones previstas taxativamente en el art. 547 del C.P.C. Además, si el demandado no opone excepciones se omite cualquier tipo de trámite ulterior (no hay etapa probatoria, ni discusoria) pasándose directamente al dictado de la sentencia, sin llamamiento de autos (art. 546 del C.P.C.).-
c) En cuanto a la prueba, cabe destacar en primer lugar que en los procesos declarativos rige el principio de libertad de objeto y de medios (art. 200 y 202 del CPC). Además, las rigen las reglas comunes de la carga de la prueba (ver art. 377 del CPN).-
En cambio, en los procesos de ejecución se advierte cierta limitación al irrestricto sistema de libertad probatoria consagrado en los arts. 199 y 200 del C.P.C., que implica para el juez el deber de admitir prueba aunque no sea pertinente y la posibilidad de producir prueba sobre hechos no alegados por las partes. Así tratándose de un procedimiento ejecutivo, el art. 553 del C.P.C. permite al tribunal desestimar la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad, mediante resolución fundada. Parecería incluso que el legislador cordobés le ha otorgado al juzgador la facultad de analizar la eficacia -relevancia- de la prueba antes del dictado de la sentencia; a este tipo de análisis -mérito- hace referencia el vocablo “carente de utilidad”.-
En cuanto a la carga de la prueba, ésta se invierte en función de lo dispuesto por el art. 548 del C.P.C.: corresponde al demandado la carga de la prueba de los hechos en que funde sus excepciones.-
d) La decisión en el juicio declarativo se concreta en una sentencia que resuelve conforme las pretensiones esgrimidas por las partes (art. 327 y 328 del C.P.C.), la que firme y consentida, adquiere el efecto de cosa juzgada sustancial (material).-
En el juicio ejecutivo en cambio la sentencia deberá -conforme lo dispuesto por el art. 556 del C.P.C.- resolver sobre la legitimidad de las excepciones opuestas y decidir llevar adelante la ejecución o no hacer lugar a ella (Conf. Ferreyra de De la Rúa-González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 60). La sentencia firme produce el efecto de cosa juzgada formal (arts. 529 y 557 del C.P.C.).-
4.2.- Entre las diferencias que surgen del análisis del Juicio Ordinario con el Juicio Ejecutivo, además de las mencionadas ut supra, se pueden mencionar las siguientes:
a) En la etapa instructoria, en el juicio ordinario existe un desdoblamiento de la citación de comparendo con el traslado de la demanda (art. 493 del C.P.C.). Es decir, primero se cita al demandado para que comparezca a estar a derecho, y luego de que comparece o en su defecto se lo declara rebelde, recién ahí se corre traslado de la demanda.-
En el juicio ejecutivo en cambio, al demandado se lo cita para que comparezca a estar a derecho en el plazo de tres días, y en la misma providencia se lo cita de remate para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento de aquél plazo, oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 526 del CPC).-
b) En la etapa probatoria, el juicio ordinario se caracteriza por la amplitud de los plazos (ver arts. 498 y 499 del CPC).-
En el juicio ejecutivo, el plazo probatorio que es sólo para el diligenciamiento de la prueba ya ofrecida en la etapa de introducción de las cuestiones, es más breve (15 días) y no se admite el término extraordinario de prueba.-
c) La etapa de alegatos en el juicio ordinario se realiza con traslados sucesivos por el término de seis días (art. 505 del CPC). Esta etapa existe aún en aquellas causas que sean de puro derecho (art. 497 del CPC).-
En cambio, en el juicio ejecutivo, los traslados sucesivos para alegar son de cinco días (art. 554 del CPC) y sólo se corren en el caso en que se hubiere producido prueba.-
d) El plazo para dictar sentencia en el juicio ordinario es de sesenta días (art. 121 inc. 3 del CPC).-
En cambio en el juicio ejecutivo, es de veinte días (art. 121 inc. 2 del CPC); reduciéndose a la mitad en caso de no mediar controversia (art. 121 inc. 4 del CPC).-
e) Por último, la etapa impugnativa en los procedimientos ordinarios se rige por las reglas generales.-
En cambio, en el juicio ejecutivo, las reglas sobre la recurribilidad de las resoluciones están establecidas en el art. 559 del C.P.C. y el demandado sólo se podrá apelar la sentencia, si opuso excepciones y estas fueron tramitadas (art. 558 del C.P.C.).-

References: resolución 
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