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Timestamp: 2018-12-13 04:06:46+00:00

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LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN MÉXICO. UNA VISIÓN A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sumario: I. Introducción; II. La reforma constitucional en materia de derechos humanos; III. La justicia alternativa como solución en la reforma judicial; IV. Las prerrogativas de la justicia alternativa; V. Los Centros de Justicia Alternativa; VI. Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; VII. Exposición de motivos de los medios alternativos de solución de conflictos; VIII. Conclusiones; IX. Fuentes de investigación.
El sistema de justicia alternativa (que comprende la mediación, conciliación y el arbitraje) permitirá exjudicializar una gran cantidad de asuntos que se turnan a los tribunales. Además dicho sistema y su respectiva ley responden a las reformas federales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en 2008.
De esta manera, la justicia alternativa es definida como todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, al cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas, para buscar una solución acordada que ponga fin a su controversia, por procedimiento de técnicas específicas aplicadas por especialistas.[2]
Las resoluciones que se obtengan al término del ejercicio de la justicia alternativa, serán irrecurribles y adquirirán la categoría de cosa juzgada, con ello se crean obligaciones para las partes que hayan acudido a estos medios.
Respecto al contenido de la Minuta[3] las iniciativas están orientadas a llevar a cabo las siguientes modificaciones constitucionales:
En dicho Dictamen se plantearon los siguientes objetivos fundamentales:
Una vez conocidas, comentadas, analizadas y estudiadas las observaciones que realizó la Cámara de Diputados a la Minuta enviada por el Senado de la República en abril de 2010 sobre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la Cámara de Senadores emitió el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, el pasado 17 de febrero de 2011.[5]
Cabe señalar que el Senado de la República en sesión de la Comisión Permanente, ha recibido de manera formal la comunicación de 22 Estados de la República, mediante la cual 21 Estados han aprobado la Reforma constitucional en materia de derechos humanos, entre ellos el Estado de Michoacán, y solamente un Estado votó en contra, el cual fue el Estado de Guanajuato, con lo cual se ha determinado su envío al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
III. La justicia alternativa como solución en la reforma judicial.
Como ya es sabido, nuestro sistema tradicional, en casi cualquiera de sus modalidades, se basa en la documentación de los acontecimientos que se estiman jurídicamente trascendentes.
A la frialdad del expediente, cabe adicionar el creciente cúmulo de trabajo, factor determinante dada la correlación directa entre el grado de atención que el juzgador debe dar al asunto y la velocidad procesal que ha de imprimirle.
Aun cuando existen dispositivos legales que establecen la obligación del juzgador de procurar la conciliación de los sujetos en litigio, la práctica ha demostrado que son ineficaces, pues, es mínimo el número de asuntos que se solucionan como consecuencia de la aplicación de dicho precepto.
Lo que se busca con la justicia alternativa es el convencimiento cooperativo, pacífico, psicológica y materialmente satisfactorio para las partes, evitando el desgaste propio de un litigio cuyo fin no es pronosticable.
Esto tiene como objeto el establecimiento de una opción a la justicia ordinaria, en la que se contempla como herramienta fundamental los mecanismos de conciliación y de mediación.
Igualmente, se prevé la creación de Centros Estatales de Justicia Alternativa, dependientes de los Consejos de la Judicatura de los Estados, así como la prestación gratuita de los servicios de mediación y conciliación que los centros proporcionen.
La mediación deberá ser entendida como el procedimiento voluntario, donde el mediador asume una conducta facilitadora de la comunicación entre las partes, tendente a la búsqueda de soluciones surgidas de ellas mismas.
Por otra parte, se establece que en materia penal, la mediación y conciliación entre ofendido e inculpado sólo podrá recaer respecto de delitos perseguibles por querella.
Se regula el procedimiento de conciliación ante el Centro de Justicia Alternativa, que inicia con petición de parte interesada, seguida de la verificación de que se trata de asunto susceptible de medio alternativo.
Este procedimiento concluirá por convenio; por decisión de una de las partes; o por inasistencia de los interesados a las sesiones programadas.
Finalmente, la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, no pretende sustituir a la actividad jurisdiccional, que es inherente al Estado, ni tampoco debe contemplarse, por sí sola, como la solución a los problemas de la administración de justicia, pues, “los mecanismos de solución distintos al sistema judicial deben penetrar en nuestro quehacer jurídico porque representan una ampliación de las opciones para que la sociedad mexicana alcance la paz social. El objetivo central de su implementación y desarrollo… debe ser el ofrecimiento de una gama mayor de alternativas a la sociedad para solucionar sus conflictos.”[6]
V. Los Centros de Justicia Alternativa.
El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es un órgano administrativo del Consejo de la Judicatura, con autonomía técnica y de gestión, que administra y desarrolla los métodos alternos para la solución de controversias.[7]
Su creación responde a la reforma judicial y a la materialización de los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que se ha involucrado en ampliar las vías de acceso a la justicia.
Respecto a su evolución y operación, debemos mencionar que en un principio sólo se ofrecieron los servicios de mediación y orientación para la solución de las controversias en materia familiar, a partir de 2006 en materia civil-comercial; desde 2007 en materia penal, y desde finales del 2008 se inició el servicio en materia de justicia para adolescentes.
· Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a sus derechos y obligaciones, obteniendo con ello mayores beneficios;
· Tienen impacto positivo en la relación futura de los contendientes, porque fomentan el consentimiento, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial;
· Desaparece el juez como autoridad, lo cual desinhibe a las partes para poner en la mesa de las discusiones toda la información necesaria sobre los verdaderos intereses que subyacen en la controversia;
· Sus procedimientos observan mayor flexibilidad, pues la solución de las diferencias tienden a ser negociadas, es decir, una de las partes no es enteramente dueña de la razón en perjuicio de la otra;
· Existe celeridad y la escasez de formalismos;
· La voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad como principios rectores del procedimiento;
· Los breves tiempos de respuesta, notoriamente más reducidos que los observados en procedimientos seguidos ante tribunales;
· Implica un menor desgaste emocional ya que fomenta que la actitud de las partes sea de colaboración, dando como resultado que ambas ganen;
· Se fomenta entre los ciudadanos la función cívica de resolver sus conflictos de manera privada.
Conscientes de estos beneficios, las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, han expedido la Minuta Proyecto de Decreto que contiene las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas el artículo 17, en cuyo texto reformado se elevan a rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias, literalmente se establece: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que requerirá supervisión judicial.”[8]
“… en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.
No puede quedar al margen el procedimiento restaurativo, entendido como todo proceso en el que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquier otra persona o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del hecho típico, por lo general con la ayuda de un facilitador, pues teniendo este medio alternativo como objetivo que el imputado reconozca el daño causado y lo repare, lo cual conlleva el curar la lesión psíquica y moral sufrida por la comisión del hecho típico, permitirá su rehabilitación, previene la reincidencia y reduce los costos de la justicia penal, de aquí la utilidad de regular apropiadamente este medio alternativo de solución de conflictos.
• Fomenta la función cívica de resolver sus conflictos de manera privada.
En lo que atañe a la participación de la justicia alternativa como método para solucionar conflictos de índole penal, es importante tener en consideración que la finalidad del procedimiento será siempre y en todo caso, lograr el resarcimiento del daño provocado a la víctima, así como la efectiva reincorporación del responsable a la vida social como parte integral de la comunidad. Lo que tendrá como resultado evitar los efectos dañinos del delito, como lo ha sido por mucho tiempo el olvido total de la víctima por parte de las autoridades, así como el sufrimiento, en algunos casos de la pena de prisión en sujetos en los cuales no sería necesaria la aplicación de esta medida.
IX. Fuentes de Investigación.
1. AZAR Manzur Cecilia. Medicación y Conciliación en México: Vías Alternativas de Resolución de Conflictos. Editorial Porrúa. México, 2003.
2. Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal.
3. Ley de Justicia Alternativa del Estado de Tamaulipas.
4. Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas.
5. Exposición de Motivos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas.
6. Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Cámara de Senadores. 7 de abril de 2010.
Dictámenes a discusión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3162-IV, miércoles 15 de diciembre de 2010.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Cámara de Senadores. 17 de febrero de 2011.
· Citas cibernéticas:
1. PÉREZ Castañeda, Jorge I. Justicia Alternativa. Disponible a través de: http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/admonjus/n28/AJ28_001.htm
· Notas periodísticas:
1. LUNA, José. Justica alternativa, la solución. Organización Editorial Mexicana El Sol de México. Ciudad de México. 5 de mayo de 2008.
2. Formalizan justicia alternativa. El Informador. Guadalajara, Jalisco. 01 de marzo de 2011.
[1] Doctora en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha cursado diversos diplomados en la misma institución. Ha sido Asesora del C. Gobernador del Estado de Michoacán y Secretaria Privada del Secretario de Gobierno en la Administración 2002-2008. Coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de América y catedrática de la misma, así como de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversas conferencias y congresos nacionales e internacionales como ponente y organizadora. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas jurídicas. Actualmente se desempeña como Directora de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, así como Vicepresidenta del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán.
[2] PÉREZ Castañeda, Jorge I. Justicia Alternativa. Disponible a través de: http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/admonjus/n28/AJ28_001.htm
[3] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Cámara de Senadores. 7 de abril de 2010.
[4] Dictámenes a discusión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3162-IV, miércoles 15 de diciembre de 2010.
[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Cámara de Senadores. 17 de febrero de 2011.
[6] AZAR Manzur, Cecilia. Mediación y Conciliación en México. P. 12.
[7] Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal.
[8] Artículo 17 de la Minuta Proyecto de Decreto que contiene las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

References: resolución 
 artículo 17
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 resolución 
 Resolución 
 Artículo 17