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Timestamp: 2015-01-31 14:36:40+00:00

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Corte Interamericana de Derechos Humanos | El Juego de la Suprema Corte
Corte Interamericana de Derechos Humanos	enero 19, 2015
El pasado 4 de noviembre fue publicada la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana mediante la cual decidió una acción directa en inconstitucionalidad presentada en noviembre de 2005 contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y, por la cual, declaró que efectivamente éste era contrario a la Constitución del país.
En efecto, ante su tribunal constitucional se impugnó el instrumento por el cual se aceptó la competencia contenciosa de la CoIDH que fue suscrito por el entonces presidente de República Dominicana y depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en febrero de 1999. De acuerdo al tribunal, ese instrumento «tiene la misma fuerza de las convenciones internacionales», en razón de lo cual se requería la participación del Congreso nacional para obligar al Estado dominicano, dada su competencia constitucional de «aprobar o desaprobar los tratados o convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo». Sin embargo, sigue el argumento, toda vez que dicha aprobación legislativa no sucedió, dicho tribunal constitucional encontró el instrumento impugnado como violatorio de la Constitución.
La sentencia referida, sin decirlo, desconoce, prácticamente, la competencia que la Corte Interamericana venía ejerciendo en relación al Estado dominicano desde 2003, año en el que la Comisión Interamericana (CIDH) presentó la primera demanda contra República Dominicana. Es verdad que el tribunal constitucional ni siquiera se ocupó de explicar cuáles son los efectos de su decisión, pero es claro que al determinar la inconstitucionalidad del instrumento impugnado, éste tendría que ser expulsado del ordenamiento jurídico dominicano y sería nulo, de acuerdo a la Constitución del país, así como todos los actos de él derivados, como lo sería el ejercicio de la competencia de la CoIDH. No son palabras menores. De ahí que la sentencia tenga que ser revisada minuciosamente.
Primero, el tribunal dominicano consideró que si bien un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir sus obligaciones convencionales, el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (CVDT), establece como excepción que dichas obligaciones hayan sido contraídas a partir de una violación manifiesta que afecte una regla de importancia fundamental sobre las competencias para la celebración de los tratados. El tribunal argumentó que la regla fundamental violentada fue la propia Constitución dominicana que exigía la aprobación del Congreso de la aceptación de competencia de la CoIDH, realizada por el presidente de República Dominicana.
Ahora bien, el instrumento de aceptación de competencia no es un tratado internacional, dado que es un acto internacional no autónomo, porque se hace en el marco de un instrumento internacional principal, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La cual ya había sido ratificada por el Estado dominicano en 1978, acto en el que sí participó el Congreso nacional de este país. El hecho de que el ejercicio de la competencia de la CoIDH pueda tener efectos jurídicos diversos, no convierte al instrumento de aceptación en un tratado, pues tales efectos no serían otra cosa que la determinación judicial de las obligaciones derivadas de la propia CADH.
Lo que el tribunal constitucional evita es referirse al numeral 3 del art. 46 de la mencionada Convención de Viena, el cual define los elementos de la violación manifiesta invocable por los Estados. El segundo de ellos es la buena fe. Es decir, será violación manifiesta aquella «objetivamente evidente para cualquier Estado», de buena fe. República Dominicana no puede pretender, de buena fe, que la suscripción del instrumento de aceptación de la competencia de la CoIDH resulte ser una violación manifiesta a su Constitución nacional, cuando durante quince años distintos órganos internos han reconocido la jurisdicción interamericana a través de múltiples actos. Además, el hecho de que la “violación manifiesta” sea declarada tan solo dos semanas después de que la CoIDH notificó a República Dominicana una sentencia por la cual determinó su responsabilidad internacional, no contribuye a sostener la supuesta buena fe.
En relación con lo anterior, es sorprendente el desconocimiento que el tribunal hizo del principio de estoppel, incluso habiendo estado presente en la discusión. Al grado de limitarse a decir que era un argumento sobre el cual era incompetente para pronunciarse, «en tanto conciernen actos y conductas imputables a las autoridades del Estado dominicano inimpugnables mediante el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad». Es cierto, en derecho internacional, este principio se refiere a la actuación del Estado en su conjunto; sin embargo, esos actos no estaban siendo impugnados ante el tribunal, sino que se solicitaba que los tomara en consideración para formarse un panorama completo relativo a la línea dibujada por las autoridades estatales en el tema.
Para mayor claridad: según la práctica internacional, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en deterioro propio o en beneficio de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera[i]. En esa línea, República Dominicana no puede ahora adoptar una actitud de rechazo a la competencia de la CoIDH, pues ha comparecido, desde 2003, en cuatro ocasiones ante ella y nunca ha opuesto alguna excepción encaminada a cuestionar la validez del instrumento de aceptación incondicional de competencia. Pero no sólo eso: su Suprema Corte de Justicia y su Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de la CoIDH en distintas resoluciones[ii].
Asumir ahora una conducta distinta respecto de la validez de la competencia de la CoIDH no es más que un acto irresponsable del tribunal dominicano. Los argumentos que proporciona no son plausibles. Pues está de más exigir la aprobación legislativa de un acto internacional no autónomo, en razón de que el Congreso del país ya había aprobado la CADH 36 años antes, y desde entonces conocía el procedimiento previsto en la Convención para la aceptación de competencia de la Corte Interamericana, frente al cual no manifestó su intención de formular reserva alguna.
Es difícil dejar de notar que esta decisión se da después de la importante condena que hace la CoIDH a República Dominicana en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas[iii], en el que se constató un preocupante contexto de discriminación racial en ese país y la existencia de un patrón sistemático de expulsiones, incluso colectivas, de haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana o personas de “mero aspecto haitiano”, a partir de un rasero enteramente discriminatorio.De hecho, una de las medidas ordenadas por la CoIDH fue dejar sin efectos una resolución del tribunal constitucional[iv] que establecía que las personas nacidas en territorio dominicano no podían adquirir la nacionalidad dominicana si sus padres se encontraban ahí en situación migratoria irregular.
Tal vez por ello, en la sentencia aquí comentada se estimó que la aceptación de competencia de la CoIDH «transfiere competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía nacional, el principio de separación de poderes, y el de no intervención en los asuntos internos del país».
Esto no demuestra más que la incomprensión de algunos Estados que tachan de injerencia indebida las decisiones de la Corte Interamericana, como si sus actuaciones no estuvieran fundamentadas en la Convención que ellos mismos suscribieron y como si fueran innecesarias, dados los contextos de violaciones graves a los derechos en los países americanos. Hablar de soberanía y de separación de poderes no tiene sentido si no funcionan como garantías efectivas de los derechos de todas las personas.
Este tipo de interpretaciones no hacen más que minar la solidez de un sistema cuyo único objeto y fin es la protección de los derechos humanos. A su vez, abre un camino peligroso que otros países pueden sentirse tentados a seguir para incumplir sus obligaciones internacionales de garantizar derechos.
[i] Principio reconocido por la propia CoIDH desde, por ejemplo, el caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991, §29. También la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo ha abordado, por ejemplo, en el caso de la Delimitación de la plataforma continental del Mar del Norte (República Federal Alemana, Dinamarca y Holanda) de 1969. Igualmente, en los sistemas latino-continentales se reconoce como principio general del Derecho la no contradicción del acto propio (venire contra factum proprium non valet).
[ii] Como ejemplos: en cuanto a la SCJ, la acción en inconstitucionalidad B.J. No. 1137 de agosto de 2005; y al TC, la sentencia TC/0136/13 de agosto de 2013.
[iii] Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; 28 de agosto de 2014, notificada al Estado el 22 de octubre del mismo año.
[iv] Se trató de la sentencia TC/0168/13, de septiembre de 2013. En ella, el TC también ordenó que se efectuara una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar extranjeros.
Asimismo, diversos académicos de la región expusieron en un seminario al final de la semana, los diversos retos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la implementación de sus decisiones en los ordenamientos internos y el análisis de distintos debates en materia de seguridad ciudadana, género, reparaciones, entre otros. De las sesiones del CorteIDH llevadas a cabo en la capital del país, se pueden destacar tanto aspectos positivos como negativos en relación al desarrollo de las audiencias, el papel de México como país anfitrión, y la percepción del público asistente, en su mayoría estudiantes de derecho y miembros del Poder Judicial.
Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana y candidata a maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @adrianawall *Nota: aquí se pueden consultar las audienciaspúblicas y el seminario del 48° período de sesiones de la CorteIDH celebradas en México, así como otros periodos ordinarios y extraordinarios sobre los distintos casos que ha estudiado esta Corte. 1
La segunda línea de acción consistiría en revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La CoIDH, a través de sus diversas resoluciones y particularmente en el caso Yatama vs. Nicaragua, ha dibujado los rasgos de un derecho a la democracia. En concreto, con el voto concurrente del juez Diego García-Sayán ha expresado textualmente el término “el derecho humano a la democracia”. Sin embargo, dicho derecho humano no tiene una tipología expresa. Sus elementos son tácitos y se desprenden de diversos casos[3] que ha resuelto la CoIDH.
“ […] la primacía del orden jurídico internacional […] es compatible con el hecho de que la Constitución de un Estado contenga una disposición según la cual el derecho internacional general debe valer como parte integrante del orden jurídico estatal.”
Hans Kelsen en “La teoría pura del derecho”
Le roi est mort, vive le roi, decían en las monarquías europeas en los momentos en que un monarca muere y otro se unge. En la discusión de si, en caso de restricciones a los derechos, prevalecen las disposiciones constitucionales nativas, el debate se recondujo a una disputa acerca de las técnicas de decisión de un conflicto: o prevalece la regla decidida por el constituyente o se decide atendiendo al principio pro persona (lo que sea que eso signifique). Jerarquía o ponderación, fueron los referentes en la discusión entre los ministros y los groupies, en la feliz expresión de Rodrigo Díez. En tal contexto, aquello que en un inicio parecía ser la muerte de la jerarquía normativa (la pirámide, se dice) y el advenimiento de la ponderación, terminó por fortalecer a la primera. Como competencia bibliográfica, Kelsen le ganó a Alexy.[1]
Detrás de los referentes, se encuentra una discusión con una diversidad de matices y lecturas: avance/retroceso; progresista/conservador, etc. Pero, independientemente de las lecturas que se centran en la valoración de la decisión –en función de posturas, banderas, preferencias o cofradías académicas–, hay otro aspecto que me interesa destacar en esta colaboración: la configuración de las reglas y los roles institucionales para la decisión. La resolución de la Corte define roles institucionales, marcos del constituyente nacional (ahora también, por decisión del nacional, hay “constituyente” internacional), de la propia Corte, de los otros órganos estatales, así como los espacios institucionales o marcos normativos en los que se realiza la definición de lo que son los derechos humanos y de otros valores constitucionales. Para tal propósito, iniciaré por la forma en que el asunto llegó a la Corte.
Las contradicciones de tesis, la incertidumbre, los juegos rudos y la técnica de la ponderación
Una primera cuestión en la que hay que reparar es el mecanismo judicial del que provino la decisión: la contradicción de tesis 293/2011. El mecanismo es una pieza importante en un entramado jurisdiccional en el que la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales del país. Al existir mandatos contradictorios, los obligados no solamente viven en la esquizofrenia, sino en riesgo de responsabilidad. Luego del Caso Radilla se desencadenó un interesante activismo judicial que se topó con decisiones de la Segunda Sala, seguida de posibles procedimientos de responsabilidad (las declaraciones de la ministra Luna aludiendo a la “traición a la Patria”, fueron el aderezo que fotografía los ánimos y los extremos de la discusión). Ante tal panorama, como destaca la profesora Magaloni en una colaboración en el periódico Reforma, la decisión (independientemente de su sentido) era necesaria para la certidumbre y la previsibilidad, tanto para los jueces como para otros operadores. La contradicción no era ya mera cuestión de “criterios”, sino de cuestiones más rudas como la responsabilidad.
Además de lo anterior, la resolución de contradicciones tiene un sentido constructivista de una interpretación “sistemática”: supone la posibilidad de construir judicialmente un sistema interpretativo coherente, en el cual sea posible purgar las contradicciones (en esta idea, Kelsen no tendría inconveniente en ser el autor de la música de fondo). Para tal propósito, la técnica mexicana lleva a plantearlas “en abstracto”, como si fuesen reglas y no decisiones sobre terrenales hechos.
Así, cuando una tesis de un caso “A” contradice a otra de un caso “B”, la tesis “triunfadora” (en abstracto, o sea, sin hechos) se convierte en regla para casos -con hechos- “C”, “D”, etc. Si se repara en el mecanismo, no resulta muy compatible con la técnica de ponderación cuya aplicación llevaría a que en un caso prevalezca “A” y en otro “B” y que ambas soluciones sean aceptables dependiendo del caso (de ahí el atractivo del particularismo). Si el problema se hubiese tratado solamente de “criterios”, la técnica de la ponderación tiene un cierto costo de incertidumbre, pues dependiendo del caso podría prevalecer uno u otro, atendiendo a las circunstancias.
Dependiendo del tipo de contradicción, los efectos son diversos: no es el mismo cuando se trata de la definición de la regla aplicable (como en este caso), o de distintas interpretaciones sobre lo que es un derecho o una restricción a su ejercicio.
La jerarquía o ponderación como roles institucionales para la decisión
La contradicción de tesis decidida por la Corte, determina la mecánica para aplicar reglas cuyos contenidos chocan (el “choque” tiene expresiones formales para un análisis más fino: si se trata de una antinomía o una restricción o un límite y si son lo mismo o son cuestiones diversas). La decisión de que en caso de conflicto, prevalezcan los límites establecidos en la Constitución, tiene el efecto práctico de desplazar a la fuente internacional. Tal desplazamiento, conlleva una reconfiguración de los roles: se fortalece el poder de decisión del “constituyente” (y lo que hay detrás: los grupos parlamentarios, las dirigencias, y la forma en que deciden -negociaciones, acuerdos coyunturales, pactos, quid pro quo, etc.) y, correlativamente, disminuye el riesgo de que sus decisiones constitucionales sean cuestionadas judicialmente. Por otra parte, la Corte y con ella, el resto de los jueces, se auto restringen en sus capacidades de desaplicación de normas constitucionales nacionales (y con esto solamente me refiero a la mecánica de creación y aplicación de normas, sin adelantar juicios sobre los derechos humanos).
Antes de la decisión, por ejemplo, la Corte había desaplicado el artículo 21 constitucional que posibilitaba la sanción de trabajos en favor de la comunidad por autoridad administrativa. Si tal caso se hubiese presentado ahora, las reglas de decisión cambian, y, en principio, (según se interprete como antinomía, límite, restricción) debería aceptarse el trabajo comunitario por autoridad administrativa.
En tanto roles, la Corte da un paso atrás en el rango de sus alcances de control, se auto restringió.
Por otro lado, el constituyente (léase, los políticos) consolidan la firmeza en las decisiones constitucionales. En una lectura contextual, si se comparte, como lo dice María Amparo Casar, que en estos tiempos se gobierna a punta de reforma constitucional, la autorrestricción jurisdiccional abre también una interesante línea de reflexión sobre los efectos de la resolución como incentivo para seguirla empleando. Otra faceta es que con la decisión carece de sentido la iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado Arroyo Vieyra, lo cual no es una mala noticia.
Ahora, que la decisión de la Suprema sea más o menos favorable a los derechos humanos, tiene sus asegunes. Primero, supone que los jueces son más proclives a ellos, lo cual es relativo. La experiencia dice que que hay casos en que la Corte –incluidos los ministros “conservadores”, que para el caso fueron “progresistas”- han desaplicado el artículo 21 constitucional haciendo prevalecer un tratado (yendo más allá de sus precedentes, incluida la improcedencia del amparo contra reforma constitucional). ¿Que ésta haya sido una sentencia pro persona o progresista?, al menos, quien esto escribe, lo duda seriamente.
En lo que tienen razón los críticos (p.e., Geraldina González de la Vega) es que la decisión de la Corte disminuye las posibilidades de la ponderación como técnica y, por tanto, los márgenes interpretativos que tendrían los jueces para sopesar, no solamente la mayor protección a la persona, sino la menor restricción a un derecho (Karlos Kastilla dixit)[2], así como el peso, en la decisión de otros bienes constitucionalmente protegidos.[3] Así pues, si se llegaran a discutir cuestiones como las del arraigo, la postulación de ministros de culto para cargos de elección o su libertad de expresión en asuntos electorales, es más probable que la discusión se cierre con un argumento del tipo “porque así lo dice la Constitución”, que examinando las razones de interés general, de política criminal, o de protección de otros derechos, por las cuales se justifiquen los límites.
Que se sobresea o se entre al fondo del asunto, hace la diferencia.
Sobre la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ¿Menos diálogo y más monólogo entre jurisdicciones? ¿Hacia menos copipasteo y más ratio decidendi?
El primer problema es el significado de “vinculatoriedad” pues en la decisión del pleno se destacó que el ponente no la identificaba con “obligatoriedad”. Así pues, la siguiente cuestión a la que nos lleva la decisión, es el análisis de las repercusiones en la forma de decidir. Según el encabezado de la tesis aprobada, la vinculatoriedad se dirige a los jueces. De lo anterior se derivan dos cuestiones: la forma en que los jueces la incorporarán en sus decisiones y las consecuencias de hacerlo o no y cómo.
Si es vinculatoria, pero no obligatoria, los efectos pueden ser diferenciados (quizás) según se trate de la decisión o de la responsabilidad del juez. Es decir, tener consecuencias para la validez o corrección de la decisión, pero no para destituirlos del cargo.
La jurisprudencia mexicana y la interamericana son “productos distintos”. La primera se lee como enunciados abstractos que se agrupan en el IUS; la interamericana, son sentencias que tienen la narrativa de una historia y construyen la solución jurídica al caso. En las primeras hay abstracción, en las segundas hay concreción y particularidad. Ante productos distintos debería seguir lecturas distintas.
En efecto, como lo dice Carbonell, hay que leer más jurisprudencia interamericana, pero lo más interesante es elegir y construir la regla aplicable al caso. Los artículos de Karlos Castilla han destacado las vacilaciones que la propia CoIDH ha tenido en la autoproclamación de la vinculatoriedad de sus decisiones y los cambios y conflictos que tiene la propia jurisprudencia interamericana. Hay incluso resoluciones contradictorias, por ejemplo, en candidaturas independientes en el caso Castañeda se apoya más en el margen de apreciación nacional, para negarle el derecho; en cambio, en Yatama reconoce directamente el derecho a postularlos.
La vinculatoriedad, más no obligatoriedad, podría conducir a una muy interesante evolución del pensamiento judicial si se asume en su peso estimativo (más que como argumento de autoridad), y por tanto, se “dialogue” con la ratio decidendi y, a la vez, sea creativo para considerar los “márgenes de apreciación nacional”. La relación entre las decisiones de la Corte interamericana y las cuestiones nacionales es de la mayor seriedad y ha sido abordado, entre otros, por Jorge Contesse. Si bien, la jurisprudencia de la CoIDH contribuye a crear un corpus común, la consideración de las condiciones, cultura y otras peculiaridades nacionales, es lo que posibilita tal diálogo.
Una de las cuestiones a observar, es la asimilación de la vinculatoriedad dados ciertos “hábitos judiciales”. La lectura de las sentencias mexicanas muestra un gremio judicial inclinado a aplicar la jurisprudencia como si se tratase de reglas abstractas -más que de piezas jurídicas en las que encuentren razones para la decisión- y frecuentemente inclinado a la técnica del “copiar y pegar”, más que a sofisticar los razonamientos.
La definición de los derechos humanos o más allá de los jueces
El desplazamiento de la decisión creo tiene tambén otro efecto: replantear a quiénes miramos, demandamos, exigimos o ante quiénes actuamos. Que sean los jueces o el constituyente quien ponga los límites a los derechos, lleva a una discusión académica y política interesante sobre los poderes, la función democrática de los congresos y los límites del control por los jueces.
Pero, por otra parte, y esto es de lo mas relevante, cómo se conduce la acción social hacia el fin último de los derechos o de los buenos diseños institucionales: el de la sociedad desable. Los jueces son garantes de los derechos, pero no lo son menos los congresos o las administraciones. Si los órganos políticos establecen los límites (y la configuración) de los derechos, se requieren acciones hacia ellos, desde a quiénes elegimos, cómo se desarrolla el proceso legislativo, cuáles son los estándares para hacer viables los derechos, la proporcionalidad de las restricciones, la eficacia de las políticas públicas, los presupuestos, etc. En la sede legislativa, “la decisión de las mayorías”, la cuestión está en “la calidad democrática” como lo acentúan Alterio y Niembro.
La decisión de la Corte es también una invitación a la acción política.
José Roldán Xopa. Profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
[1] La alusión a las bibliografías viene a cuento por la referencia hecha por Pedro Salazar quien relaciona lo dicho por la ministra Luna Ramos con Kelsen. Por otra parte, la influencia de Alexy en las técnicas de ponderación empleadas incluso por la Corte mexicana es innegable. En mi opinión, y como muestra la cita hecha al inicio, el tratamiento que Kelsen hace del problema es mucho más rica y compleja.
[2] El principio propersona como se ha abordado en México, metodológicamente destaca “la mayor protección”, pero no integró, como lo enfatiza Karlos Castilla, “la menor restricción”
[3] La cuestión de “otros bienes constitucionalmente protegidos” es destacada por Moreso en el libro referido, como algo de lo que “Ferrajoli no se ocupa”. (p. 328)
Mi impresión al leer el proyecto del ministro Zaldívar fue dual: por un lado, me pareció que se trataba de una propuesta impecable en cuanto a su capacidad reconstructiva y expositiva del “nuevo paradigma” de derechos humanos y de sus implicaciones al interior del orden jurídico. Sin embargo, también me generó duda de si podría ser apto para convencer a sus colegas. Es decir, no estoy tan seguro de sus virtudes persuasivas para conciliar con la postura de la ministra Luna Ramos e inclusive para sumar aquellos ministros que se encuentran a mitad de camino. Los cuales, sobra mencionar, marcarán la diferencia en un órgano que requiere tomar decisiones colegiadas y maximizar la posibilidad de generar acuerdos entre su miembros.
El tema de las candidaturas independientes (en lo sucesivo C.I.) no es nuevo en nuestro país. Sin embargo, las coordenadas del debate han cambiado a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 9 de agosto de 2012 y de lo recién resuelto por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad referidas a reformas en Durango, Zacatecas y Quintana Roo –entidades que han establecido una regulación específica sobre las C.I.
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