Source: https://es.scribd.com/document/147380347/Agenda-de-Derechos-Humanos-Pais-Vasco-2013
Timestamp: 2018-01-21 22:47:54+00:00

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Descripción: Documento de Amnistia Internacional en el que se analiza y se hacen propuestas en materia de Derechos Humanos en el País Vasco
Fecha de primera publicación: Junio de 2012 Fecha de segunda publicación: Mayo de 2013 © Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................4 2. NUEVA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO .....................................................................6 3. TORTURA Y MALOS TRATOS.....................................................................................9 3.1. Unas fuerzas de seguridad del País Vasco que defiendan y respeten los derechos humanos ......................................................................................................11 4. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES .............................................13 4.1. El País Vasco debe respetar y proteger los derechos económicos y sociales, y hacer de ellos una realidad para todo el mundo..............................................................16 5. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ..............................................................................19 5.1. El País Vasco debe continuar fortaleciendo la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas respecto a todas las formas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual ...........................................................................20
País Vasco Una agenda de derechos humanos
Toda política comprometida con la defensa de los derechos humanos ha de tener como objetivo la dignidad de las personas. El País Vasco se enfrenta a un doble reto en estos momentos de su historia: en el nuevo escenario que abre la renuncia a la violencia de ETA, los derechos humanos han de ser la hoja de ruta en todo momento al margen de consideraciones políticas y no deben ser objeto de moneda de cambio. Los derechos humanos no son una opción política y no pueden verse afectados en épocas de crisis, pues aún cuando los recursos de los Estados son limitados, estos tienen la obligación legal de respetar, proteger y cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos. Más aún, en el contexto actual de crisis económica, las autoridades públicas deben adoptar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos de las personas, especialmente aquellas más vulnerables, para evitar su exclusión social o marginación como consecuencia de la pobreza u otra circunstancia. Los Gobiernos y parlamentos autonómicos, como en el caso del País Vasco, juegan un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, ya que cuentan con competencias en ámbitos que afectan directamente a estos derechos, ya sea en materia de sanidad, educación o justicia, o como específicamente en el caso del País Vasco, en materia de fuerzas de seguridad a nivel autonómico. Ámbitos en los que es posible, por ejemplo, impulsar medidas para luchar contra el racismo y la discriminación, proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, asegurar que se respetan los derechos de los y las menores, fortalecer las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales o asegurar que las Fuerzas de Seguridad de ámbito local y autonómico respetan plenamente los derechos humanos y cuentan con la formación adecuada para protegerlos. Cuando los derechos humanos no son respetados en el Estado español, las víctimas a menudo se encuentran, en su búsqueda de protección o justicia, con que las administraciones autonómicas y locales son sus primeras interlocutoras. Y está en manos de esas administraciones dar la respuesta adecuada. Además, tanto las Comunidades Autónomas como las corporaciones locales cuentan con instrumentos para instar al Gobierno español a que proteja los derechos humanos y establezca estándares que aseguren una protección mínima y homogénea de los mismos, en todo el territorio del Estado, tanto a través de declaraciones institucionales o mociones como a través de su participación en órganos como la Federación Española de Municipios y Provincias, en el caso de los ayuntamientos, o en Consejos Territoriales e Interterritoriales y Conferencias Sectoriales, en el caso de las Comunidades Autónomas. Tal y como se estableció en la Conferencia Mundial de Viena (1993), Amnistía Internacional considera que los planes de derechos humanos son un instrumento fundamental para la defensa y protección efectiva de los derechos humanos, los Estados deben dotarse de ellos con una vocación de continuidad y enriquecimiento, e incluir medidas concretas, objetivos claros, indicadores medibles y plazos para cada una de las medidas establecidas. Igualmente deben incluir mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes que faciliten el control por parte de la sociedad civil y de las fuerzas parlamentarias. El Gobierno central y el Congreso se comprometieron a impulsar un plan/estrategia de derechos humanos en esta legislatura. El Gobierno vasco debe también demostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos elaborando y adoptando un programa de acción, con objetivos de política interior y exterior. El resto de las fuerzas políticas deben cooperar en la adopción y puesta en marcha de este programa de acción, y velar por su cumplimiento eficaz.
Amnistía Internacional – Mayo de 2013
Amnistía Internacional propone este documento con una serie de recomendaciones sobre determinadas cuestiones que esperamos formen parte de la agenda de derechos humanos en el País Vasco para esta legislatura. Instamos tanto al Gobierno vasco como a todos los partidos políticos a formalizar su compromiso con los derechos humanos, adoptando un programa que los tenga en cuenta, los recoja y desarrolle, tomando en consideración las recomendaciones recogidas en este documento.
2. NUEVA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
España debe garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de forma incondicional, al margen de cualquier consideración política, y que estos no sean utilizados como moneda de cambio1.
Durante años, Amnistía Internacional ha condenado los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA y ha rechazado de forma categórica cualquier argumento u objetivo que pretenda justificarlos. La organización reitera que no puede haber impunidad para estos graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA. Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio del cese de la violencia, como una oportunidad para los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a: • Garantizar que, en este nuevo escenario, los derechos humanos son la hoja de ruta en todo momento. Deben ser respetados y protegidos al margen de consideraciones políticas. No debe haber espacios de impunidad para los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA y también deben investigarse aquellos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español. Asegurar el acceso de todas las víctimas a la verdad, justicia y reparación, incluyendo, en esta última la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción con el reconocimiento público y las garantías de no repetición, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Revisar determinados artículos de la legislación penal en materia de terrorismo para que estos delitos2 se tipifiquen según las normas internacionales, asegurando que no se trate como delito la conducta de quien, por medios pacíficos, propugne cambios o de que se utilicen para castigar la expresión pacífica de opiniones. Asimismo, revisar la Ley de Partidos Políticos para eliminar las ambigüedades3 que pudieran dar lugar a emprender
Ver comunicado de Amnistía Internacional, con motivo de la tregua, de 21 de octubre de 2011. http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/espana-el-anuncio-de-eta-sobre-el-cese-definitivo-de-su-actividad-armada-unaoportunidad-para-los/ Los delitos de terrorismo están recogidos en los artículos 571 a 580 del Capítulo VII del Código Penal. Como por ejemplo los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos.
procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica4. • En concordancia con las normas internacionales de derechos humanos, todos los presos y presas, incluyendo los de ETA, deben cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y que individualmente lo soliciten5.
En octubre de 2007, el Pleno del Parlamento Vasco dedicado con carácter monográfico a las víctimas de terrorismo aprobó un conjunto de resoluciones referidas a las víctimas de terrorismo, entre las cuales se pidió, por un lado, la elaboración de un informe exhaustivo y riguroso por parte de la Dirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo sobre la realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL, con especial atención a la identificación y estudios del grado de reconocimiento de los derechos reconocidos en la legislación vigente. Por otro lado, se pedía la elaboración por parte de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y a su reparación. Ambos grupos se habían visto excluidos de los procesos previstos en la normativa vigente en materia reparación a víctimas. Desde entonces se han elaborado varios informes y adoptado diversas iniciativas tanto por el Parlamento como por el Gobierno vasco. Mientras que las víctimas objeto del primer informe cuentan ya con un marco jurídico de protección a nivel estatal y autonómico (en el marco de la legislación de atención a víctimas del terrorismo), el total reconocimiento de las víctimas objeto del segundo estudio sigue estando pendiente. En marzo de 2011 se aprobó en el Parlamento Vasco, la Proposición No de Ley 61/2011 sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política que, entre otras cosas, instaba al Gobierno Vasco a la adopción de medidas y actuaciones para el reconocimiento y reparación de estas víctimas. En mayo de 2011 se aprobó un decreto que comprendía a las víctimas entre 1960 y 1978. Si bien este decreto nace con vocación de ser una reparación de tipo administrativo Amnistía Internacional recuerda que las autoridades del Estado español deben asegurar el acceso a todas las víctimas a la justicia en igualdad de condiciones, cuando ocurren violaciones de derechos humanos, con un tratamiento equitativo con independencia de quienes han sido los perpetradores. También debe asumir la responsabilidad en las reparaciones, particularmente cuando son los agentes del Estado los que han estado directamente implicados en la comisión de los crímenes. Amnistía Internacional pide a las autoridades vascas: • Asumir que los derechos humanos deben ser la hoja de ruta de todo el nuevo tiempo que se está abriendo en el País Vasco e impulsar una serie de medidas ante el Gobierno Central que aseguren este objetivo, entre ellos: que no haya áreas de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por ETA y que, aquellos cometidos por las fuerzas de seguridad, sean investigados.
Esto sería contrario a los artículos 1, 16, 20, 22 y 23.1 de la Constitución española, así como a los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los artículos 18, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ver Principio 20 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión: "Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual”.
Garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, con independencia de quien ha sido el perpetrador, tengan acceso a verdad, justicia y reparación. En relación a las iniciativas tendentes a la adopción de medidas de reconocimiento y reparación a víctimas, incorporar los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y de violaciones graves de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparación, aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2005.
España debe garantizar el derecho de toda persona a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
La tortura está prohibida por el derecho internacional. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes6. Es deber de los Estados respetar y garantizar sin excepción la prohibición de la tortura. En España, si bien la tortura y los malos tratos a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no son sistemáticos, basándose en sus investigaciones7, la organización considera que el hecho de que se produzcan se debe a deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de los malos tratos. En España preocupa, en particular, la detención de personas en régimen de incomunicación8, los casos de tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad9, especialmente de ciudadanos extranjeros10, la falta de investigaciones imparciales y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la falta de recursos efectivos para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y la falta de reparación para las víctimas cuando se producen estos hechos, así como que
La tortura y los malos tratos se prohíben en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de los conflictos armados internacionales y el derecho internacional en general. Para más información ver informes de Amnistía internacional: “Sal en la herida”. 2007. Índice: EUR 41/006/2007. http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf; “España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación”. 15 de septiembre de 2009. Índice: EUR 41/001/2009. http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Salir_de_las_sombras.pdf Ver artículo 509.2 Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) “... con relación a la detención incomunicada, coincide en “que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado parte en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los 13 días, vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura” y reitera su preocupación por la limitación de ciertas garantías durante este periodo...”. Ver A/HRC/13/39/Add.6: “Informe del Relator Especial contra la Tortura, y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak”, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General. Página 178, 26 de febrero de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add%206_EFS.pdf Ver también CPT/Inf /2011) 11 “Informe sobre España del 19 de septiembre al 1 de octubre de 2007”. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, 25 de marzo de 2011.
Ver el documento de Amnistía Internacional “España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después”, 2009. Índice: EUR 41/010/2009. http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/010/2009/es/56371500-69dc-4d5a-a1f4-9771008f8753/eur410102009spa.pdf
10 Ver el informe sobre España, CPT/Inf (2011)11, Recomendaciones a propósito de ciudadanos extranjeros, párrafos 19, 59, 69 y 118, Comité para la Prevención de la Tortura, Consejo de Europa, 2011. http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2011-11-inf-eng.pdf
todas las personas privadas de libertad puedan disfrutar de todos sus derechos conforme a la normativa internacional11. Amnistía Internacional insta a: • Acabar con el régimen de incomunicación derogando los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal12; y, mientras tanto, aumentar las salvaguardias de las personas detenidas, como con el nombramiento de un abogado de su libre elección, la comunicación a familiares de la detención y del lugar donde permanecen detenidas, y el derecho a ser examinadas, además de por un médico forense adscrito al juzgado competente, por uno de su elección13. Establecer mecanismos independientes e imparciales para la investigación de denuncias de tortura, malos tratos y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; promover investigaciones diligentes, exhaustivas, independientes e imparciales y de conformidad con las normas internacionales siempre que haya denuncias por malos tratos u otros motivos para creer que estos han podido producirse; poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y a la impunidad policial; adoptar las medidas necesarias para la instalación de cámaras de videovigilancia durante todo el periodo de detención; garantizar que todos los funcionarios encargados de cumplir la ley llevan números de identificación visibles; e impulsar la formación inicial, obligatoria y continuada de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley14.
En concreto Amnistía Internacional pide a las autoridades vascas: • Exhortar al Gobierno español a que ponga fin al uso de la detención en régimen de incomunicación derogando de inmediato los artículos 509, 520bis y 527 de la LECrim, que autorizan el uso de la detención y el régimen de incomunicación.
11 Ver informe sobre España CPT/Inf (2011)11: Recomendaciones 23-33, Comité para la Prevención de la Tortura, Consejo de Europa, 2011. 12 Contemplan la posibilidad de prorrogar el periodo máximo de detención en régimen de incomunicación, hasta cinco días, y solo permite a los detenidos tener acceso a abogado de oficio sujeto a restricciones especiales. 13 Según el artículo 510.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) el preso sometido a incomunicación tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el juez o tribunal competente. Ver también CAT/C/ESP/CO/5, Observaciones finales del Comité contra la Tortura, Recomendación 12. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que la detención prolongada en régimen de incomunicación puede contravenir el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que prohíbe la tortura y otros malos tratos, y su artículo 10, que prevé salvaguardias para las personas privadas de libertad. El Comité también ha afirmado que “deberán adoptarse asimismo disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación como salvaguardia contra la tortura y los malos tratos”. Comité de Derechos Humanos, Observación General nº20, párrafo11. 14 Ver informe A/65/44: Observación sobre España 55, 18) a), b), y c), Comité contra la Tortura, Naciones Unidas, 2010.
3.1. UNAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL PAÍS VASCO QUE DEFIENDAN Y RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS
Las fuerzas de seguridad desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; derechos garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos instrumentos internacionales emanados de ella. Por un lado, su actuación es fundamental para que las personas puedan disfrutar de su seguridad física y mental, y puedan ejercer libremente derechos y libertades. Por otro lado, sin embargo, los amplios poderes otorgados a las fuerzas de seguridad pueden conducir –utilizados de forma inadecuada–, a graves violaciones de derechos humanos: desde el empleo excesivo de la fuerza al controlar una manifestación pública hasta la comisión de malos tratos o torturas. Entre otros documentos, en los informes España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (2007) y Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación (2009), Amnistía Internacional puso en evidencia que, si bien en España la tortura no es una práctica sistemática, la tortura y otros malos tratos no son incidentes aislados sino muestras de las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de esos actos. El artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco prevé la atribución a las instituciones vascas del régimen de la policía autónoma (Ertzaintza). El mando supremo de la Ertzaintza corresponde al Gobierno del País Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y las Corporaciones Locales (art.17.2 EAPV). La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi modifica parcialmente la Ley 4/1992 de 17 de junio de Policía del País Vasco que instituye al Departamento del Interior del País Vasco como el órgano responsable de la política de seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma, atribuyéndole, por tanto, la jefatura y superior dirección del Cuerpo de Policía Autónoma o Ertzaintza. Amnistía Internacional valora las mejoras en la implementación de la videograbación en los pasillos de las dependencias policiales y en salas de interrogatorio, así como los avances producidos en la coordinación de protocolos forenses y atención a familiares. Sin embargo, considera que se han de adoptar medidas para introducir la grabación en vídeo y audio en todas las zonas de custodia de las comisarías de policía. Amnistía Internacional considera que es necesario que la Ertzaintza implemente mecanismos más eficaces para prevenir e investigar casos de tortura y otros malos tratos, así como de uso excesivo de la fuerza15 e insta al Gobierno y Parlamento vascos en el marco de sus competencias a: • Poner fin a la práctica de solicitar el régimen de incomunicación en las detenciones producidas por la Ertzaintza y asegurar que las personas privadas de libertad tengan derecho a consultar en privado con un abogado de su elección, así como a que disfruten del derecho a que les examine un médico de su elección y que puedan notificar o hacer que se notifique la detención el lugar de la misma a los familiares o persona de su elección.
Asegurar que la formación de policías incluya contenidos suficientes y de forma transversal en materia de derechos humanos, así como que se establezcan en los procesos de selección mecanismos adecuados para excluir al alumnado con actitudes o valores contrarios a los derechos humanos. Desarrollar y aplicar de hecho protocolos y directrices sobre el uso apropiado de la fuerza por parte de los y las agentes de policía que sean plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos. Introducir la grabación en vídeo y audio de todas las zonas de custodia de las comisarías de policía y de cualquier otro lugar donde las personas detenidas puedan estar presentes, excepto donde esto pueda constituir una violación de su derecho a consultar en privado con un abogado o un médico. Estas grabaciones deben conservarse en un lugar seguro durante un periodo razonable para garantizar su disponibilidad para la inspección por los investigadores si así lo solicitan. Establecer mecanismos efectivos para garantizar que, cuando una persona desee presentar una denuncia contra agentes de la policía, no sea objeto de obstrucciones de ningún tipo. Cuando una denuncia sea desestimada por inadmisible, deben facilitarse a la persona denunciante las razones claras y detalladas de la decisión, por escrito, así como información sobre los mecanismos de recurso y las vías de recurso alternativas. Garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley portan placas de identificación visibles en todo momento. Impulsar la creación de mecanismos de rendición de cuentas independientes e imparciales encargados de investigar las denuncias de malos tratos y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Analizar minuciosamente la forma y el contexto en que se utilizan los dispositivos de control antidisturbios denominados como “no letales” como las pelotas de goma, ya que pueden causar graves daños e incluso la muerte, y tienen capacidad para causar un dolor cruel e inhumano. Su utilización de manera abusiva puede constituir una grave violación de derechos humanos, por lo que deben establecerse las reglas de intervención que rigen su uso, ya que en muchas ocasiones se utilizan en primera instancia y no como último recurso.
El Estado español debe respetarlos, protegerlos y hacer que sean una realidad para todas las personas
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)16 son derechos que protegen las condiciones básicas de las que toda persona debe gozar para poder tener un nivel de vida digno. El hecho de no disponer de una vivienda digna o de no tener acceso a una atención sanitaria, puede vulnerar otros derechos, incluido el derecho a la vida. Por ello, los recortes y ajustes económicos que se puedan hacer no deben afectar a las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como son las personas sin hogar y las personas afectadas por los desalojos forzosos. La Constitución española (CE) otorga a los DESC, a excepción del derecho a la educación, menores garantías de protección que para los derechos civiles y políticos17. Los DESC únicamente pueden “informar la legislación, la práctica judicial, y la actuación de los poderes públicos”18 no contando con mecanismos reforzados de protección, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC)19. En 2012, el Gobierno central adoptó el Real Decreto Ley 16/201220 mediante el cual se limita el acceso a la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto. Amnistía
16 Ver el informe de Amnistía Internacional “Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España”, 27 de abril de 2011. http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Derechos_a_la_intemperie__DESC_en_Espana_.pdf 17 Ver las Secciones I y II del Capítulo II, y el Capítulo III del Título I de la Constitución Española, referentes a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (artículos 15 a 29); Derechos y Deberes de los Ciudadanos (artículos 30 a 38); y los Principios Rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52) respectivamente. 18 Ver artículo 53.3 CE. 19 Ver artículo 53.2 CE. 20 Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Internacional ha considerado esta medida como regresiva y discriminatoria y contraria por tanto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)21. Con respecto al derecho a la vivienda sigue sin existir en España una legislación que prohíba los desalojos forzosos, es decir los desalojos llevados a cabo sin respetar las garantías de derechos humanos22, tal y como ya recomendó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada en 2008 y el Comité DESC de la ONU en mayo de 201223. Las garantías incluyen, entre otras, la consulta efectiva con las personas afectadas, el acceso a un recurso judicial efectivo y el acceso a un alojamiento alternativo adecuado que no han sido correctamente implementadas. A pesar de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional, existen vacíos legales sobre el respaldo jurídico de los DESC y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Así, la legislación vigente en esta materia no define el contenido mínimo a los servicios y recursos sanitarios exigibles por ley, como tampoco especifica el contenido y alcance de las obligaciones con una nítida asignación de competencias y responsabilidades a departamentos del Gobierno concretos. Igualmente, tampoco contempla mecanismos claros de rendición de cuentas que incluyan el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos para las víctimas de violaciones. Amnistía Internacional insta a: • Completar la ratificación de los instrumentos internacionales de protección de los DESC, como la Carta Social Europea revisada24 y los mecanismos de denuncias colectivas que la acompañan, entre otros; adoptar las medidas necesarias para implementar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)25, presentando una declaración ante las Naciones Unidas de aceptación de la competencia del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
21 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), organismo encargado de vigilar el
cumplimiento del PIDESC, recomendó al Estado “no limitar el acceso de las personas que residen en el parte a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal”. Observaciones finales a España E/C.12/ESP/CO/5, de 17 de mayo de 2012. Asimismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, en sus conclusiones preliminares sobre su misión a España calificó como de novedad lamentable la legislación que ha restringido el acceso a la sanidad para las personas migrantes en situación irregular. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12953&LangID=S 22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General 7. El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos. U.N. Doc. E/1999/22. 23 Comité DESC. Observaciones finales a España. Doc Symbol E/C.12/ESP/C0/5, de 17 de mayo de 2012. El Relator Especial de NAciones Unidas sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Informe de la misión a España. Doc. ONU A/HRC/7/16/Add.2, de 7 de febrero de 2008. 24 Carta Social Europea (revisada). Estrasburgo, 1996. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Spanish.pdf Ver CRI (2011)4: Recomendaciones número 1 y 2 sobre instrumentos jurídicos internacionales, Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Consejo de Europa, 8 de febrero de 2011. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/spain/ESP-CBC-IV-2011-004-ESP.pdf 25 Ver documento de Amnistía Internacional, “El Protocolo Facultativo al PIDESC. http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/PFPIDESC.pdf
para examinar las comunicaciones entre Estados y llevar a cabo investigaciones, en virtud de los artículos 10 y 11 del Protocolo. • Paralizar los desalojos, incluidos los motivados por cuestiones económicas, hasta garantizar que la legislación pertinente incluya procedimientos y recursos judiciales apropiados, que aseguren que los derechos humanos sean protegidos y garanticen el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva. Dictar medidas legislativas y de otra índole que prohíban los desalojos forzosos26, que incorporen las salvaguardas contempladas en los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generado por el Desarrollo27. Garantizar el acceso y disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental28 para todas las personas sin discriminación; el acceso y disponibilidad de recursos idóneos para exigir este derecho; y adoptar medidas legislativas, a nivel estatal y autonómico, que lo respalden jurídicamente.
26 Abdelilah Ghailan, y Fatima Zhora Alami Wahabi son inmigrantes marroquíes. Llevaban siete años viviendo en la Cañada Real Galiana, al sureste de Madrid; tienen dos hijos y su casa ha sido derribada dos veces (la primera vez en 2007 y la segunda en 2011). En aplicación de la legislación sobre la Cañada Real Galiana, aprobada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid en marzo de 2011, que dota de marco legal a la rehabilitación urbana de la zona, todos los desalojos deben llevarse a cabo previa plena consulta a las personas afectadas. La primera vez, en 2007, Abdelilah y Fatima no fueron consultados y no se ofreció a la familia alojamiento alternativo o indemnización; finalmente fueron desalojados sin ofrecimiento alguno de alojamiento alternativo. El día 6 de septiembre de 2011, la vivienda de Fátima Zohra Alami Wahabi, y de Abdelilah Ghailán, fue derruida por segunda vez. El derribo se produjo en contravención de los estándares internacionales, lo que constituye una vulneración grave de los derechos humanos. En esta ocasión la familia tampoco fue consultada previamente, ni se le ofreció un alojamiento alternativo adecuado. Además, el desalojo se produjo durante la noche, vulnerando la normativa internacional. Ver el documento de Amnistía Internacional de junio de 2011. http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/007/2011/es/1c304dda-4a0a-4710-879d-54e3f6405341/eur410072011en.html Ver el documento de Amnistía Internacional de septiembre de 2011. http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/009/2011/es/029a6681-8f58-4d82-8c05-d8baf3034771/eur410092011es.pdf Ver también el informe de Amnistía Internacional “Derechos humanos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos sociales, económicos y culturales en España”, 2011, página 95 (caso de amenaza de desalojo en el distrito de San Marti Barcelona, España). 27 Ver A/HR/418: “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”. Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_sp.pdf Ver la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): 20 de mayo de 1997. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CESCR+Observacion+general+7.Sp?OpenDocument 28 Según el Responsable del Observatorio de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) Juan Francisco Jiménez Estévez, los datos presentados en su último informe de 2010, permiten afirmar que la dotación de recursos profesionales en centros de salud mental de adultos y plazas en dispositivos asistenciales para pacientes mentales graves, es, en general, heterogénea e insuficiente para alcanzar unos indicadores mínimos de calidad. https://www.aen.es/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=3410&Itemid=50 Ver también el informe de Amnistía Internacional “Derechos humanos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos sociales, económicos y culturales en España”, 2011, página 27: https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&SORT=-FPUB&separador=&&INAI=EUR4110211
Dentro de una posible reforma constitucional, y a través de la reforma de la legislación en materia de derechos humanos, garantizar la máxima protección de todos los DESC, sin establecer distinciones entre los derechos, asegurando la eficacia de los recursos jurídicos frente a las violaciones y la disponibilidad de recursos idóneos y accesibles para hacerlos valer; asegurar que, en materia de DESC, la legislación establece claramente el contenido mínimo exigible en todo el territorio del Estado, determinando los mecanismos de rendición de cuentas para reclamarlos ante la administración y justicia; establecer cauces para la participación de las personas e instrumentos de verificación en base a indicadores de derechos humanos con sistemas fiables de producción de datos comparables en todo el territorio español. Garantizar que los proyectos de ley con consecuencias sobre los DESC favorecen la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, eliminar toda medida discriminatoria en base a los motivos prohibidos de discriminación y bajo ninguna circunstancia incrementar o ignorar trabas desproporcionadas motivadas en desigualdades de género o de otra índole. Cuando sea necesario, se adoptarán medidas temporales especiales para situar a los grupos o personas desfavorecidas o marginadas al mismo nivel que otras personas29..
4.1. EL PAÍS VASCO DEBE RESPETAR Y PROTEGER LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, Y HACER DE ELLOS UNA REALIDAD PARA TODO EL MUNDO.
Los derechos humanos, ya sean civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales, deben contar con el suficiente respaldo jurídico para que toda persona pueda exigirlos y encontrar amparo mediante recursos legales efectivos cuando son vulnerados. En su informe Derechos a la intemperie: Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España30, la organización recuerda que más allá del reconocimiento formal de los derechos humanos, si las personas no cuentan con medios legales o estos no están a su alcance, sus derechos se convierten en papel mojado. Cuando, además, ciertos mensajes y estereotipos fomentan la indefensión, la igualdad real y efectiva que los poderes públicos han de promover según el artículo 9.2 de la Constitución queda en cuestión. El artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía ordena a los poderes públicos vascos que, en el ámbito de su competencia, garanticen el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, impulsen una política tendente a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, fomenten el incremento del empleo y la estabilidad económica, promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, y faciliten la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la vida política, económica y cultural de Euskadi. En desarrollo de dicho precepto, se adoptó la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, también conocida como Carta de Derechos Sociales. Posteriormente, se aprobó la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, cuyo objetivo era “reordenar el
29 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General Nº 16 (2005). La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. E/C.12/2005/4, de 11 de agosto de 2005. 30 Amnistía Internacional. Informe “Derechos a la intemperie: Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España. Abril de 2011. Disponible en http://www.es.amnesty.org/uploads/pics/derechos_a_la_intemperie.pdf
conjunto de dispositivos vigentes y mejorar su articulación, a la vez que completarlo, adaptándolo a los cambios observados en la naturaleza de las necesidades y a la evolución de la realidad social”. Amnistía Internacional desea recordar a los poderes públicos que, de acuerdo con el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han de adoptar las medidas necesarias, “hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente” la plena efectividad de los derechos socioeconómicos. Como recuerda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su Observación General 3ª (de 1990), la obligación de desarrollar progresivamente los derechos socioeconómicos impide que los poderes públicos puedan dar pasos atrás deliberadamente en los niveles de protección de estos derechos. En palabras de este Comité: “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”. Es precisamente en tiempos de crisis económica cuando el sistema básico de protección social es más necesario que nunca, en especial para las personas y los colectivos más vulnerables. Los poderes públicos vascos, en el marco de sus competencias, disponen de un importante margen de maniobra para desarrollar leyes y políticas que contemplen mecanismos para garantizar la información sobre los derechos, cauces para la participación, indicadores de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas para avanzar hacia la exigibilidad de los DESC31. El Comité DESC de la ONU ha recomendado “revisar las reformas adoptadas […] para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales”32. Con respecto al derecho a la salud, el País Vasco adoptó el Decreto 114/201233, que permite que las personas inmigrantes empadronadas por un periodo de al menos un año, puedan acceder al derecho a la salud, independientemente de su situación administrativa. Ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno central, en un reciente auto, el Tribunal Constitucional ha permitido de manera temporal que se siga atendiendo a personas inmigrantes alegando que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”34.
31 Así lo ha recordado el Ararteko en su informe “Ante la Crisis: Más regulación financiera, más Europa, más Estado Social y más derechos sociales”. En un contexto de crisis económica, los poderes públicos han de guiarse por los principios de derechos humanos en el diseño de sus políticas públicas y ha recordado que los DESC son derechos humanos y que, por consiguiente, existe un deber para los poderes públicos para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener estos derechos. Disponible en http://argitalpen.ararteko.net/index.php?leng=cast&id_l=58&id_a=2029 32 Comité DESC. Observaciones finales a España. Doc Symbol E/C.12/ESP/C0/5, de 17 de mayo de 2012. 33 Decreto 114/2012, de 26 de junio de 2012, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 34 Tribunal Constitucional, Auto 239/2012, de 12 de diciembre de 2012. Tras estimar el recurso planteado por el Gobierno central, levanta la
Amnistía Internacional insta a: • Promover legislación autonómica que garantice la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Garantizar que la legislación autonómica que se desarrolle, y que pueda afectar al derecho a la salud y a la vivienda, asegure el respeto, protección y realización del contenido mínimo de estos derechos, determinando quién detenta la obligación, y estableciendo los mecanismos para reclamarlos ante la administración y la justicia. Asegurar que las políticas y planes en materia de salud y vivienda se formulan con un lenguaje, contenidos e indicadores de derechos humanos, incluidos mecanismos fiables de verificación sobre su eficacia y rendición de cuentas. Producir y publicar datos desagregados que sirvan para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de DESC. Asegurar que las personas cuentan con información detallada y participan de manera significativa, y sin discriminación, en las decisiones que les afectan. Adoptar medidas de alivio y, a corto plazo, negociar o fijar condiciones que exijan a los bancos reducir al mínimo los desalojos, las personas sin hogar y el cobro de deudas que amenace la capacidad de acceder siquiera a niveles mínimos esenciales de atención de la salud, alimentación, vivienda y un nivel de vida adecuado, y desarrollar de manera urgente legislación autonómica que prohíba los desalojos forzosos sin garantías, y en materia de alojamiento en caso de emergencia. Garantizar el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas, sin discriminación, y realizar una evaluación del impacto que puedan tener los obstáculos al acceso a la salud como consecuencia de los requisitos impuestos por el Decreto 114/2012 del País Vasco y del Real Decreto Ley 16/2012 en los grupos más vulnerables en el País Vasco, incluido el potencial efecto disuasorio, de forma que ninguna persona quede excluida del acceso a la atención sanitaria.
suspensión de los artículos referidos al acceso a la sanidad de la población inmigrante irregular del Decreto 114/2012.
España debe seguir fortaleciendo la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas ante todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual.
La violencia de género es una de las más graves violaciones de derechos humanos en España35. La crisis económica nunca puede ser una excusa para hacer recortes en materia de medidas de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos realizados durante los últimos años para luchar contra esta lacra, especialmente desde que entrara en vigor la Ley Integral sobre Violencia de Género36. Sin embargo, a la organización le preocupa que existan factores que impidan o restrinjan los avances para proteger y hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y niñas. Si bien una de las novedades aplaudidas por la organización fue la creación de los denominados Juzgados especializados sobre Violencia sobre la Mujer, desde el comienzo de su puesta en marcha, Amnistía Internacional alertó de la persistencia de trabas que dificultaban el acceso de las mujeres a la protección y a la justicia. Siete años después de su puesta en marcha no ha habido una evaluación del funcionamiento de los mismos37. Amnistía Internacional insta a: • Elaborar un Plan Marco Estatal frente a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en todas sus Formas que garantice una actuación adecuada frente a los diferentes abusos contra los derechos humanos de las mujeres derivados de la discriminación por motivos de género38.
35 Según el último informe, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre violencia de género, el total de denuncias recibidas por los Juzgados de Violencia de Género sólo durante el segundo trimestre del 2011, fue de 34.347, siendo el 36% de las mismas correspondientes a mujeres extranjeras; según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a 30 de diciembre de 2011, el número total de víctimas mortales de violencia de género para el año 2011, fue de 60. 36 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE número 313 de 29 de diciembre de 2004. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 37 Ver informe de Amnistía Internacional “¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección”. Noviembre 2012. 38 Ver informe de Amnistía Internacional: “Obstinada realidad. Derechos pendientes. Tres años de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género”, 2008. Índice: EUR 410108.
Asegurar una red de recursos de alcance estatal de atención integral a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas que cumpla con los estándares mínimos previstos por el Consejo de Europa39. Promover la atención de todas las víctimas por personal con formación especializada y, en particular, en el ámbito sanitario y policial; la asistencia social integral suficiente, accesible y de calidad. Llevar a cabo una especialización real, y no sólo nominal, de los órganos judiciales encargados de la violencia de género, revisando para ello la legislación vigente. Asegurar que las fiscalías territoriales asignadas a estos juzgados reciben formación previa y cuentan con méritos profesionales que den cuenta de una especialización en violencia de género. Garantizar recursos efectivos y mecanismos legales a todas las víctimas y sus familiares para obtener justicia, protección y reparación justa y adecuada; proporcionar a las víctimas de trata un periodo de reflexión y recuperación adecuados40; impulsar la elaboración de protocolos y directrices de actuación específicas que incluyan a las víctimas de agresiones sexuales y trata; garantizar la comparecencia de los responsables ante la justicia; e incluir procedimientos de detección de los abusos y técnicas de investigación adecuadas. Ratificar la Convención para Prevenir y Luchar contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica41 y promover que otros países de la UE lo hagan.
5.1. EL PAÍS VASCO DEBE CONTINUAR FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS RESPECTO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INCLUYENDO LA VIOLENCIA SEXUAL
En 2012 dos mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en el País Vasco. De enero a marzo de 2013, más de 1.200 mujeres habían sido objeto de algún tipo de violencia de género42.
39 Ver Recomendación Rec(2002)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la protección de las mujeres contra la violencia. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915 40 Ver C/ESP/CO/6: Recomendación 22 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) de 7 de agosto de 2009, que insta al Estado español para que en todas las reformas de su legislación incorpore una perspectiva de derechos humanos; se contemplen medidas de justicia penal y enjuiciamiento de los traficantes, rehabilitación y protección de las víctimas de trata y la prestación de servicios de apoyo adecuados; se intensifiquen los esfuerzos de cooperación internacional, nacional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino; se otorgue la protección prevista en la Convención de Ginebra; se analicen datos desglosados por edad y país de origen; y se adopten políticas adecuadas. 41 Ver Convención para Prevenir y Luchar contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, 11 de mayo de 2005. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm 42 http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_estadistica/es_estadist/adjuntos/ violencia%20de%20genero%20marzo-2013.pdf
El Decreto 471/2009, de 28 de agosto, otorga a la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género, la coordinación de la Política del Gobierno Vasco en esta materia. Amnistía Internacional insta a las autoridades del País Vasco a: • Dotarse de una Ley Integral que cubra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en todas sus Formas y que garantice una actuación adecuada frente a los diferentes abusos contra los derechos humanos de las mujeres derivados de la discriminación por motivos de género. Disponer, con la financiación adecuada, la implantación y funcionamiento de recursos suficientes para ofrecer atención integral a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres, en consonancia con los estándares mínimos previstos por el Consejo de Europa, accesibles a mujeres de municipios periféricos o con necesidades añadidas (drogodependencias, alcoholismo, enfermedad mental u otras) y preparados para la atención a mujeres de lengua extranjera, incluyendo recursos específicos y permanentes para la atención inmediata a las víctimas de violencia sexual en cada provincia y recursos para víctimas de trata, con independencia de la interposición de la denuncia, de la colaboración con las autoridades o de la situación administrativa. Garantizar que todas las autoridades y personal encargado de atender a las víctimas de violencia de género, incluyendo víctimas de trata y de violencia sexual, han recibido formación especializada, especialmente en el ámbito sanitario, justicia y fuerzas de seguridad; y proporcionar asistencia social integral suficiente, accesible y de calidad. Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la asistencia letrada, desde la interposición de la denuncia, y asegurar que el funcionariado y el conjunto de profesionales que intervienen en los juzgados especializados de violencia de género, incluidos los intérpretes, reciben formación adecuada sobre violencia de género e instrucciones sobre información, atención y trato a las víctimas.
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11 Miguel Lopez

References: artículo 9
 artículo 509
 artículo 510
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 Real Decreto