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Timestamp: 2019-10-21 16:10:46+00:00

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Publicado en BOCL núm. 9 de 15 de Enero de 2019
Artículo único Aprobación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE CONDICIONES DE ACCESO Y DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Artículo 33 Información especializada y estructuras de trabajo
DISPOSICIÓN ADICIONAL Prestaciones destinadas a la atención de personas refugiadas y asiladas
La Constitución Española en su artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad e igualdad de individuos y grupos sean reales y efectivas, así como el deber de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.
En cumplimiento del mandato constitucional y en ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de servicios sociales, se aprobó la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales, que, definió entre sus destinatarios a las personas que se encuentren en situación de pobreza, marginación, emergencia o necesidad extrema, y preveía la existencia de prestaciones económicas dirigidas particularmente a paliar las situaciones de especial necesidad.
Como consecuencia de un acuerdo entre la Administración Regional y las Centrales Sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad, en desarrollo de la citada Ley 18/1988, se creó, la prestación de Ingresos Mínimos de Inserción, configurada como una ayuda social destinada a cubrir las necesidades de subsistencia de quienes carezcan de los medios económicos para ello, propiciando simultáneamente la integración personal, familiar, social y, en su caso, laboral de los miembros de la unidad familiar beneficiaria, y que constituye el antecedente de la actual prestación de renta garantizada de ciudadanía.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en la reforma operada en el año 2007 consagró en su artículo 13.9, el derecho de los ciudadanos castellanos y leoneses al acceso a una renta garantizada de ciudadanía cuando se encuentren en situación de exclusión social. El mismo precepto, obliga a que la normativa reguladora de las condiciones para el disfrute de esta prestación forme parte del ordenamiento de la Comunidad, al tiempo que establece que los poderes públicos deberán promover la integración social de las personas perceptoras de la referida prestación.
Mediante la aprobación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, reguladora de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, configurándose la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León dentro de los parámetros aprobados con fecha de 28 de diciembre de 2009, en el seno del Consejo del Dialogo Social de Castilla y León en materia de renta garantizada de ciudadanía.
Fruto de la referida línea de colaboración, con fecha de 23 de septiembre de 2013, se adoptó un nuevo Acuerdo del Dialogo Social, al objeto de impulsar una serie de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad derivada de la pasada crisis económica. El contenido del mencionado acuerdo fue incorporado al acervo jurídico de la Comunidad, mediante el Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
En aras de facilitar el conocimiento y aplicación de la normativa sobre la prestación de renta garantizada, en el seno del Diálogo Social se apreció la necesidad de elaborar un texto refundido que incorporase toda la normativa reguladora del acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía. En su virtud, en sede parlamentaria se introdujo en la disposición final décima de la Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público, la autorización a la Junta de Castilla y León para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, lo que culminó con la aprobación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
La reforma del sistema de prestaciones por desempleo aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo el subsidio de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, también denominado «subsidio parcial», derivado de los casos en los que el contrato que dé lugar a la prestación de desempleo, sea un contrato a tiempo parcial.
En este marco legal, desde la representación del Diálogo Social se trasladó la necesidad de facilitar el acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía por los perceptores de subsidios parciales de desempleo que, por tal motivo, veían vedado el acceso a la prestación de renta, a lo que se dio respuesta con la aprobación de la Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, con el fin de permitir el acceso a la prestación de renta garantizada de los perceptores de un subsidio parcial de desempleo.
La evolución de la crisis generó una nueva problemática social que no estaba cubierta desde los recursos existentes en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública integrados en la denominada Red de protección, existiendo antinomias en las medidas de inserción social dirigidas, entre otros colectivos, a los perceptores de prestaciones y ayudas sociales, que impedían o dificultaban el pleno cumplimento de la finalidad que persiguen los recursos y prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
Dicha situación fue subsanada a través del Decreto-Ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a familias de Castilla y León afectadas por la crisis, que recoge el contenido del Acuerdo del Dialogo Social de 27 de enero de 2016.
El objeto del Decreto-Ley 1/2016, se centró en la aprobación de una serie de medidas dirigidas a eliminar las referidas discordancias, posibilitando la plena inclusión social de las personas que se encuentran en situación de especial necesidad, mediante el refuerzo de la cobertura de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor fragilidad, buscando, al mismo tiempo, la debida cohesión y armonización entre los sistemas de protección social y laboral.
Finalmente, el Decreto-Ley 1/2016 fue convalidado, de forma unánime, por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, que acordó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al objeto de dotar de mayor estabilidad a las medidas recogidas en aquél, aprobándose, en consecuencia, la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, en su disposición final segunda, al objeto de evitar posibles antinomias derivadas de la dispersión normativa existente en la regulación de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, procede a modificar el texto refundido de las normas vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, incorporando aquellas medidas que afectan a la prestación de renta garantizada de ciudadanía recogidas en la referida Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de protección a las familias de Castilla y León.
La disposición final sexta de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, contiene una autorización a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, incluyendo regularización, aclaración y armonización de textos, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, un texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León.
Esta autorización está motivada por la oportunidad de codificar en un único texto, en aras de su mejor conocimiento por los operadores jurídicos, la normativa en materia de prestación de renta garantizada de ciudadanía, la cual se ha visto afectada por las modificaciones operadas por la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis, así como por la Ley 4/2018, de 2 de julio, en la ya referida disposición final segunda, lo que constituye, por ende, el argumento justificativo de este texto refundido.
Por otra parte, se considera conveniente mantener los apartados dos, tres y cuatro, que se transcriben a continuación, de la parte expositiva del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, quedando, de este modo, exteriorizados los principios inspiradores de la ley y los principales aspectos objeto de regulación, así como su justificación e interpretación, con el fin de procurar un mejor conocimiento de la norma por parte de sus destinatarios y de los operadores jurídicos responsables de su gestión.
Igualmente responde al principio de subsidiariedad, en tanto que se concibe, al igual que sucede en ordenamientos de nuestro entorno, como una prestación que se reconoce únicamente cuando no resulta posible el acceso a las acciones protectoras de otros regímenes o sistemas, sea por finalización de su cobertura o por su no concesión. En conclusión, constituye, en expresión ya acuñada, la última red de protección.
Según el artículo 13.9 del Estatuto de Autonomía el disfrute de la prestación queda sujeto a los requisitos y condiciones que normativamente se dispongan. Por ello, no obstante el carácter de derecho subjetivo de la renta garantizada de ciudadanía y la observancia del principio de universalidad que rige la misma, resultará exigible para su disfrute el cumplimiento efectivo de las obligaciones generales que se impongan y de las específicas que contenga el proyecto individualizado de inserción que, como convenio que contiene las obligaciones, ha de ser suscrito por el titular. Este proyecto determinará las actuaciones que coadyuven a la integración social de quienes vayan a ser sus destinatarios, sea a través de la formulación de medidas concretas para la inclusión sea reclamando el compromiso genérico de participación activa en la superación de su situación y además evitar así que la prestación se convierta en una medida desmotivadora de esta superación o del acceso al empleo.
El decreto legislativo consta de un artículo único, por el que se aprueba el texto refundido, una disposición adicional, una derogatoria y una final, relativa a la entrada en vigor del decreto legislativo. A su vez el texto refundido consta de 37 artículos, agrupados en un título preliminar, seguido de 9 títulos, una disposición adicional y una disposición final.
El título I se dedica a los requisitos de los destinatarios, ocupándose en primer lugar de los exigibles al titular y en segundo lugar de los referidos a las unidades familiares o de convivencia en las que se integra. Por último, define las circunstancias que configuran la situación de carencia de medios económicos en la que se encuentran los eventuales destinatarios de la prestación. Se completan los requisitos con las reglas excepcionales en el acceso a la prestación en las que tiene un peso importante la edad del solicitante, su condición de demandante de empleo y la crítica situación económica de la persona beneficiaria cuando ésta es una víctima de la violencia de género. En este capítulo, en el artículo 12, apartado a), apartado 11.º, al objeto de dar coherencia al texto de la norma, se ha sustituido la referencia a la cuantía de 426 euros, que era el equivalente en su momento al 80% del Iprem, por la expresión, más correcta, de cuantía básica de la renta, al objeto de evitar los desajustes producidos por las modificaciones operadas en la cuantía del referido indicador.
El título IV aborda las normas generales del procedimiento, enumera los criterios a los que, en todo caso, debe atender, así como las normas fundamentales relativas a la iniciación, instrucción y terminación. Establece el plazo de resolución en tres meses y, por razones imperiosas de interés general, en concreto los objetivos de política social, la protección de los derechos y la seguridad de los destinatarios, dispone que la falta de resolución expresa en dicho plazo legitima a los interesados que hubiesen deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo, teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho implica no sólo una prestación económica sino que conlleva, en cada caso, la definición de obligaciones y compromisos, genéricos y específicos, del destinatario. En este punto, cabe hacer mención que, de conformidad con los términos de la delegación efectuada, la consolidación realizada de los textos legales vigentes en la materia ha exigido que, con motivo de resoluciones de los órganos jurisdiccionales, se clarifique una de las causas de denegación o, en su caso, de extinción de la prestación, concretamente, la referida a las salidas del territorito de la Comunidad de Castilla y León, suprimiendo del texto de la norma el término «abandono», cuya interpretación por los órganos jurisdiccionales era la de una salida de nuestra Comunidad con carácter permanente.
El título IX se dedica a la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, órgano de asesoramiento que forma parte del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que debe velar por el cumplimiento de los objetivos en el marco de la planificación de acciones frente a la exclusión social.
El texto refundido contiene una disposición adicional, que pasa a ser única al ser derogada la anterior referida a los planes de empleo, referida a las prestaciones destinadas a la atención de personas refugiadas y asiladas, cuya motivación se encuentra en las Recomendaciones del Procurador del Común de Castilla y León, relativas a la necesidad de proteger a las personas que estén asiladas o refugiadas en Castilla y León, garantizando su anonimato, por lo que se prevé la posibilidad de que puedan percibir las prestaciones sociales que les correspondan a través de aquellas entidades que designen y pertenezcan a la Red, sin necesidad de abrir cuentas corrientes a su nombre donde se ingresen dichas prestaciones.
Por último, la norma contiene una disposición final en la que se autoriza a la Junta de Castilla y León y a la consejería competente en materia de servicios sociales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
El presente decreto legislativo se ha elaborado de acuerdo con los postulados previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, cabe señalar que es claro interés general del objeto de la norma, que va dirigido a lograr la homogeneización de la dispersa normativa sobre la prestación de renta garantizada de ciudadanía. Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita imponer a sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación imprescindible para lograr la consolidación en un único texto de la dispersa normativa en materia de prestación de renta garantizada de ciudadanía.
En aplicación del principio de transparencia, a lo largo de su tramitación se ha dado la preceptiva audiencia, en aras de lograr la mayor participación ciudadana, a través de la publicación de esta norma en el portal de transparencia y participación ciudadana Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, oído el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de enero de 2019
Se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, que se inserta a continuación.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, se entenderán hechas al presente texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, y en particular, por integrarse en dicho texto refundido:
a) El Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
b) La Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
c) La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en lo que se refiere a las medidas de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
d) La disposición final segunda de la Ley 4/2018, de 2 de julio, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en lo que se refiere a las medidas de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
El presente decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
3. La renta garantizada de ciudadanía es complementaria, hasta el importe que de ésta corresponda percibir en su caso, respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera tener derecho cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, excepto para el solicitante o titular de la prestación de renta garantizada cuando sea titular de prestaciones que procedan de las acciones protectoras de la Seguridad Social, en cualquiera de sus modalidades contributiva o no contributiva, o de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, en cuyo caso será incompatible.
Asimismo, también será compatible para su solicitante o titular, con carácter complementario, hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples vigente para cada ejercicio económico (IPREM) con la percepción de prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras de análoga naturaleza que normativamente se determinen, siempre que su importe sea inferior al referido porcentaje del IPREM y se cumplan el resto de requisitos establecidos para los destinatarios contemplados en el título I.
b) Tener una edad comprendida entre los veinticinco años y la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.
5.º Que, no habiendo estado bajo la acción protectora de la Administración durante su minoría de edad, estén siendo atendidos en centros específicos para jóvenes sin recursos que cuenten con financiación pública para este fin.
11.ª Los ingresos procedentes de actividades laborales desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a la cuantía básica de la renta en dicho período. Esta exclusión del cómputo de ingresos se mantendrá durante un período máximo de veinticuatro meses, a contar desde que se inicie la actividad laboral retribuida, pudiéndose prorrogar mediante informe técnico por una anualidad más.
Cuando los rendimientos del trabajo por cuenta propia determinados conforme a las reglas de valoración que resulten de aplicación para el cálculo de los ingresos a efectos del reconocimiento de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, fueran inferiores al cincuenta por ciento del importe de la base de cotización a la Seguridad Social en el mes de la solicitud, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.
4.º Los bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 €, se computarán al 50% de dicho valor.
5.º En el caso de que alguno de los destinatarios de la prestación sea copropietario de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá dicho bien del cómputo patrimonial, siempre que el valor catastral de la parte de propiedad que le corresponda sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM vigente en cada ejercicio económico.
6.º Las viviendas de mujeres víctimas de violencia de género, durante el primer año de la percepción de la prestación cuando aquéllas hayan tenido que abandonar su domicilio por este motivo y residan temporalmente en otro que no sea de su propiedad, previa justificación mediante informe técnico, pudiéndose prorrogar esta exclusión por otro año de forma motivada.
7.º Los vehículos a motor cuyo valor sea inferior a 5.000 € y a 10.000 € en el caso de los vehículos adaptados para personas con discapacidad, cantidad que se actualizará anualmente según la evolución del IPC.
8.º Los productos financieros que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares, siempre que hayan ejercitado las acciones oportunas en vía judicial o en su caso, extrajudicial.
3. La persona solicitante de la prestación de renta garantizada de ciudadanía deberá comunicar, de forma fehaciente, todos los cambios producidos en la unidad familiar o de convivencia que pudieran tener incidencia en el reconocimiento del derecho o en su cuantía.
4. Todos los destinatarios habrán de cumplir también los compromisos pactados en su proyecto individualizado de inserción y las obligaciones específicas que en éste se determinen.
5. Además, el titular deberá comunicar de forma fehaciente, en el plazo que reglamentariamente se determine, cualquier cambio que la unidad familiar o de convivencia o sus miembros experimenten en las circunstancias económicas o personales que puedan dar lugar a la modificación o extinción de la prestación o a la suspensión de la percepción de su cuantía.
3. En el supuesto contemplado en el tercer y cuarto párrafo del apartado 3 del artículo 4, la cuantía mensual no podrá superar la cuantía básica de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.
d) Salir del territorio de la Comunidad de Castilla y León cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, en los términos previstos en el artículo 28.1.g).
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas para los destinatarios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 sobre el incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo.
g) La salida por el titular de la prestación, o en su caso, del cónyuge o persona unida a él en relación análoga la conyugal, del territorio de la Comunidad de Castilla y León por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas.
No obstante, la salida del territorio de Castilla y León por causa de enfermedad grave de un familiar o fuerza mayor, dará lugar a la extinción de la prestación cuando se produzca en un número superior a tres veces al año o a 45 días naturales en cómputo anual.
No obstante, en los supuestos de suspensión motivada por la obtención de ingresos derivados del ejercicio de una actividad laboral, aquélla se levantará, reanudándose el abono cuando cesen las circunstancias que motivaron dicha suspensión y así se comunique por la persona titular, quien deberá haber tramitado, en su caso, las prestaciones o subsidios a los que se pudiera tener derecho por la actividad laboral desarrollada.
5. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo, la suspensión del abono de la prestación será de un mes, sin perjuicio de que para la reanudación de dicho abono deban cumplirse los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley.
1. En los supuestos en que proceda el reintegro de cantidades se aplicará el procedimiento establecido en la normativa en materia de subvenciones, salvo lo previsto en la misma respecto a los intereses de demora, sobre liquidación de intereses, teniendo los créditos a reintegrar la consideración de derechos de naturaleza pública.
En el caso de personas refugiadas o asiladas en Castilla y León, la prestación de renta garantizada de ciudadanía destinada a su atención que les sea reconocida, podrá ser percibida a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

References: Artículo 33
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 13
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 29