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Timestamp: 2019-06-24 21:53:49+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 185/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 185/19
CAUSA: "SUMARIO MSTRU0O A LA TTE. F. INT. CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE CALUMNIA Y FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR, OCURRIDOS EN EL COMANDO DE LA ARMADA. SALA PANAL N° 799, FOLIO 122 VLTO, AÑO 2017".
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Doctores MIRYAM PEÑA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, y MANUEL RAMIREZ CANDIA, por ante mi, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO A LA TTE. F. INT. CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ. POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE CALUMNIA Y FALTAS CONTRA LA DISCIPUNA MILITAR. OCURRIDOS EN EL COMANDO DE LA ARMADA", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 03 de fecha 20 de julio de 2017, dictado por la Suprema Corte de la Justicia Militar.
¿Admisibilidad de los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto?
Y en su caso, ¿procedencia?
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PEÑA, BENITEZ RIERA, y RAMIREZ CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA MIRYAM PEÑA SOSTUVO:
Conforme al sello de Mesa de Entrada Gabinete CINAE (fs. 14-20) en fecha 05 de octubre del 2016, tuvo entrada la nota de solicitud de Reconsideración en contra de la ORDEN GENERAL N° 141 del COMANDO DE LA ARMADA, derecha 19 de abril de 2016, punto 2 y la ORDEN GENERAL N° 265, del COMANDO DE LA ARMADA, de fecha 08 de agosto del 2016, punto a., presentada por la Tte F Int Carmen D. Quinteros Giménez.
En fecha 25 de octubre del 2016, el Juzgado de Instrucción Militar, a cargo del Tte Cnel. JM - Juez Julio A. Vargas Alonso, instruyó sumario, luego de haberse declarado competente para entender en la causa iniciada con motivo de la remisión de la Nota N° 579 de fecha 10 de octubre de 2016, remitida por el Señor Comandante Interino de la Armada Valte Hugo Milciades Scolari Pagliaro, por la cual elevar el original de Expediente N° 4905 del COMAR de fecha 05 de octubre del 2016, referido al pedido de Reconsideración de dos órdenes generales, presentado por la Tte. F Int Carmen Dolores Quinteros Giménez (fs. 27,28) de los autos principales y en averiguación de supuestos hechos irregulares ocurridos en el Comando de la Armada Paraguaya, a los efectos de la determinación y calificación de las mismos, para deslindar responsabilidades institucionales y personales y la adopción de las medidas que correspondieren.
Por A I.N° 79 de fecha 29 de diciembre del 2016, el Juzgado de Instrucción Militar del Segundo Turno (fs. 445/448), resuelve ampliar el sumario y procesar a la Tte. F. Int. Carmen Dolores Quinteros Giménez por la supuesta comisión de delito de Calumnia y Faltas contra la Disciplina Militar, ocurrido en el Comando de la Armada.
La Sra. Carmen Dolores Quinteros Giménez, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Oscar R. González Acosta, con matricula N° 16.025, interpuso Recurso de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 3 de fecha 20 de julio de 2017, dictada por la Suprema Corte de la Justicia Militar que en su parte resolutiva dice: “1) DESESTIMAR, el recurso de Nulidad interpuesto por la recurrente, TTE. F. INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, contra la Sentencia Definitiva N° 06 de fecha 29 de junio de 2017,dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Tumo, a cargo del TCnel JM Alfredo Fariña, por los fundamentos expuestos en el acápite de la presente Resolución, por improcedente. 2) NO HACER LUGAR, al Recurso de Apelación y, en consecuencia, confirmar en ...///...todas sus partes la Sentencia Definitiva N° 06, de fecha 29 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Tumo, a cargo del TCnel JM Alfredo Fariña, por tos motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3) ANOTAR, registrar, notificar y cumplido archivar... " (sic).
La decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Militar del Tercer Turno, a cargo del Cnel. JM Juez Alfredo Fariña, Sentencia Definitiva N° 06 del 29 de junio de 2017, en su parte resolutiva refiere: 1- ABSOLVER de culpa y pena, por la comisión del delito de Calumnia a la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, sin sobre nombre ni apodo, casada, paraguaya, 31 años de edad al momento de su declaración indagatoria, militar, con C.I. N° 3.833.232...2- NO HACER LUGAR a la prescripción de la acción penal deducida porta defensa de la procesada de autos, de conformidad a los fundamentos, expuestos en el exordio de la presente resolución, por procedente. 3- CALIFICAR, la conducta de la TTE. F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ dentro de las prescripciones establecidas en el art. 299 inc. "h" del Código Penal Militar, en concordancia con el art. 301, inciso 2° del mismo cuerpo legal. 4- DECLARAR probada la comisión del hecho punible de falta contra la disciplina militar, en grado de autor, y la punibilidad de la acusada TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ. 5- DECLARAR la reprochabilidad de la acusada TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, por la conducta típica y antijurídica probada en autos. 6- CONDENAR a la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ.. “...a la sanción disciplinaria de CUARENTA Y CINCO (45) días de ARRESTO, que la deberé cumplir en libre comunicación y a disposición de este juzgado en el asiento de la Fuerza Aérea Paraguaya, debiendo comunicar a este Juzgado el cumplimiento efectivo de la misma, a los efectos del cómputo correspondiente. 7- ANOTAR, registrar, notificar y remitir a la Suprema Corte de Justicia Militar..." (sic).
B. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD
2.1 Respecto al objeto de los Recursos de Apelación y Nulidad, se observa que la defensa utiliza este medio de impugnación contra un Acuerdo y Sentencia de la Suprema Corte de la Justicia Militar, que confirma una Sentencia condenatoria de Sanción Disciplinaria de CUARENTA Y CINCO (45) días de ARRESTO, resuelta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Militar del Tercer Tumo, a cargo del Cnel. JM Juez Alfredo Fariña, confórme al Art. 299 inc. h) en concordancia con el Art. 301, inciso 2° del Código Penal Militar. En el recurso interpuesto, invoca las disposiciones del Art. 7 de la Ley N° 4256/2011 "Que reglamenta el Art 174 de la Constitución Paraguaya" el cual dispone: “Contra los acuerdos y sentencias definitivas o autos interlocutorios que pongan fin a un proceso, dictados por tos tribunales militares, se podrán interponer los recursos de apelación y nulidad, los cuales se tramitarán ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia".
2.2. En este contexto, prima facie, el objeto de impugnación se adecua a los presupuestos del art. 7 de la Ley N° 4256/2011; en razón que constituye el Acuerdo y Sentencia N° 03 de fecha 20 de Julio del 2017, dictado por la Suprema Corte de Justicia Militar, posee la característica de ser una decisión definitiva que pone fin al proceso.
2.3 Por otra parte, el Art. 8 de la Ley N° 4256/2011, requiere que los Recursos de Apelación y Nulidad deban ser interpuestos por escrito, sin expresión de fundamentos, ante el mismo Tribunal que dictó la resolución, dentro del término de 3 (tres días). Los aludidos requisitos se encuentran cumplidos y materializados en el escrito presentado por la propia indiciada Sra. Carmen Dolores Quinteros Giménez, obrante a fojas 947 de autos, presentado el 24 de julio del 2017, es decir en plazo; razón por la cual voto por la admisibilidad del estudios de los agravios contra la misma. Es mi voto.
A su turno, los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifestaron que se adhieren íntegramente al voto emitido por la Ministra preopinante por los mismos argumentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MIRYAM PEÑA, prosiguió diciendo: A los efectos de plasmar de manera ordenada el análisis acerca del objeto debatido, serán considerados: los antecedentes tácticos constatados y valoradlos por el Juez de Instrucción, con la correspondiente decisión emanada de la Suprema Corte de Justicia Militar que resolviera los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos en su momento Luego se explicitarán de manera concreta los argumentos y las pretensiones de la parte recurrente, para finalmente el análisis acerca de la procedencia del recurso.
La Sra. CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMÉNEZ recurre en Apelación y Nulidad contra la decisión de la Suprema Corle de Justicia Militar, conforme los términos del escrito agregado a autos (fs. 927-931); sin embargo, su presentación se halla carente de fundamento, no ha expresado agravios en cuanto a la Nulidad, razón por la cual se considerará desistido de este recurso y, en consecuencia, será declarado desierto.
De los argumentos contenidos en el escrito de referencia, la Apelación se reduce a las expresiones de agravios siguientes: 1. Supuesto error de derecho, por exposición de hechos que no forman parte de la carpeta sumarial; considerando que la falta se produce porque cometió la calumnia y realizarse la retractación, se probó dicho delito, pero no se lo castiga; por lo tanto aplicar una sanción por la falta constituiría una doble persecución, afirma. 2. La falta contra la Disciplina Militar prescribió en más de una ocasión, considerando la fecha 05 de octubre de 2016 y la fecha en que fue procesada por la Falta el 29 de diciembre de 2016, momento éste a partir de la cual tiene la posibilidad del ejercicio de su defensa y todos loe demás derechos procesales que le asiste. 3. Las faltas contra la Disciplina Militar no es necesario realizar un sumario dentro de la jurisdicción militar, sin embargo, el Comandante de la Armada y conforme el análisis del Director Jurídico Cap. C JM Rubén Rodríguez, válidamente desde ese momento podía aplicar el arresto disciplinario y no hizo.
A los efectos de responder al primer agravio, no remitiremos al Libelo Acusatorio (fs 898-900, Tomo V) del Fiscal Militar del Primer Tumo, TCENL JM David Salomón Miranda Castro, transcripto en la Sentencia Definitiva N° 06 de fecha 29/06/2017; en el Dictamen N° 46/2017, transcripta en el considerando de la decisión, culmina solicitando la Absolución de culpa y pena del delito de Calumnia a la Tte. F INT Carmen D. Quinteros y la Sanción Disciplinaria con sesenta (60) días de arresto, por la falta contra la Disciplina militar, argumentando: "...en su Audiencia Indagatoria (fs. 795 y vlto), la encausada manifiesta cuanto sigue: *me ratifico parcialmente en los términos de la mencionada nota y aclaro que me RECTIFICO del punto 3, que abarca los tres últimos párrafos de fojas 19 y toda la foja 20, con excepción del punto del petitorio que hacen referencia a mi pedido de reconsideración; y expresamente me rectifico del punto 2 y de la reserva de derecho de la mencionada nota. ..".La cual lo hizo públicamente a través de una RETRACTACIÓN PÚBLICA en un medio masivo de comunicación, específicamente el diario ABC, página 19, espacio reservado, en fecha 05 de mayo de 2017 (fs. 841). Que el Código Penal Militar en el Art. 182 dispone: el culpable de injuria o calumnia queda exento de pena a) si le perdona el ofendido, b) si media provocación en las injurias verbales y en las escritas: y c) si consiente en hacer una retractación pública. Si bien el ofendido, en este caso, el Comandante de la Armada Paraguaya ALTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO no la perdona ni acepta la retractación planteada por la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ según consta a fs. 829, 830 y 831 de autos; no obstante, como estos presupuestos no son excluyentes entre sí, al verificarse cualquiera de ellos hace viable lo dispuesto en el Art. 182 del Código Penal Militar, es decir, quedar exento de pena; así pues, con la retractación Pública de la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, la misma queda exenta de pena en cuanto al Delito de Calumnia...”.
"...Qué, al considerar la conducta de la encausada respecto a la falta contra la disciplina, vemos que la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS JIMENEZ naciendo la retractación pública, tácitamente ha admitido el hecho de haber supuesto una conducta delictiva del superior y la misma ha producido consecuencias que ha tomado estado público, que si bien la retractación exime del delito como ya sema apuntado; la misma a su vez, configura, faltas contra la disciplina en los términos del Art. 299 que dice: "A más de las ya expresadas en este Código se reputan faltas contra la disciplina tanto en tiempo de paz como de guerra, inc. h) "el suponer de los superiores, si esta falta no producen consecuencias graves...".
A consecuencia de la postura del Fiscal Militar, y no existiendo acusación del Representante del Ministerio Publico, el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Turno, resolvió: “1 ABSOLVER de culpa y pena, porta comisión del delito de Calumnia a la TTE F INT CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ, sin sobre nombre ni apodo, paraguaya, 31 años de edad al momento de su declaración indagatoria, militar, con C.I. N° 3.833 232, domiciliada en la casa de las calles Juan Pablo Segundo, Villa Militar de tas Fuerza Aérea Paraguaya, Ñu Guazú de la ciudad de Luque, hijo de Don Calixto Rotando Quinteros Doldán y Juana Giménez de Quinteros, nacida en Ciudad del Este, en fecha 19 de abril de 1985...".
Respecto a la Falta disciplinaria, el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Turno, consideró: "...POR otro lado, el Agente Fiscal Militar ha solicitado la aplicación de Sesenta (60) días de arresto por la comisión del hecho de falta contra la disciplina militar previsto y penado en el art. 299 inc. h) del Código Penal Militar, en concordancia con el art. 15 de la Ley 1115/97, inciso b) la citada disposición legal reza: "a más de las ya expresadas en este Código se reputan faltas contra la disciplina tanto en tiempo de paz como de guerra: h) el suponer de los superiores si esta falta no producen consecuencias graves" ...la indiciada de autos ha ¡intentado justificar su proceder manifestando que nunca fue su intención atribuible al Comandante de la Armada, la comisión de hechos punibles como ser. Abuso de Autoridad y otros, que su intención realmente fue pedir la reconsideración de su Comandante respecto a su traslado, que la redacción de la nota preservada no fue redactada por la misma, la redactó un profesional abogado, quien al no tener conocimiento de los términos de las correspondencias militares, ocurrió un error formal involuntario, que pudo haber motivado todo estos, pero que no fue esa su intención por lo que realizó una retracción pública, circunstancias que a criterio de este juzgado no revisten mucha relevancia, mucho más aún para exculpada, ya que al estampar su firma en la nota de referencia y presentarlo ante el superior en ese formato, ha quebrantado claras disposiciones Reglamentarias, mucho más aun considerando que el hecho tuvo repercusión social, por lo que no queda otra alternativa a este juzgador que determinar la responsabilidad de la misma en carácter de autor del hecho de falta contra la disciplina militar y establecer la pena o sanción a ser impuesta a la misma por la trasgresión cometida, a los efectos de reparar el daño social ocasionado o lesionado...".
Conforme a las consideraciones precedentes, el agravio proferido pierde sustento, pues nos encontramos frente a modelos de conductas con que se describe un hecho penalmente sancionado en el Código Penal Militar, una como Hecho Punible de Calumnia, Art, 173, y; la otra prevista como Falta contra la disciplina militar, prevista en el Art. 299 inc. h) del mismo cuerpo legal. Las conductas descriptas bajo los tipos legales constituyen hechos punibles independientes unos de otros, en razón de que describen modelos de conductas disimiles, en consecuencia la absolución de una de ellas no impide el castigo por la otra conducta también acreditada ni mucho menos podría constituir doble persecución, como lo sostiene el recurrente.
Efectivamente, con la nota de Reconsideración presentada en fecha 05 de octubre de 2016, tuvo entrada la Nota de solicitud de Reconsideración en contra de la ORDEN GENERAL N° 141 del COMANDO DE LA ARMADA, de fecha 19 de abril de 2016, punto 2 y la ORDEN GENERAL N° 265, del COMANDO DE LA ARMADA, de fecha 08 de agosto de 2016, punto a., presentada por la Tte. F Int. Carmen D. Quinteros Giménez, se ha configurado la falta contra la disciplina militar en los términos del Art 299 que dice: "A más de las ya expresadas en este Código se reputan faltas contra la disciplina tanto en tiempo de paz como de guerra, inc. h) "el suponer de los superiores..."; en razón que, en oportunidad de su declaración indagatoria se ratificó parcialmente en los términos de la mencionada nota, rectificando el punto 3. a excepción del punto 1 del petitorio que hacen referencia a su pedido de reconsideración y expresamente se ratificó en el punto 2 y de la reserva de derechos de la mencionada nota. Son estas circunstancias las que fueron valoradas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Militar, conjuntamente con el Art. 14, Art. 2 del Código Penal Militar; el Art. 15, inciso b) de la Ley N° 1115/97 para hallar responsable, en carácter de autor, por la comisión de Falta contra la disciplina militar.
En cuanto al segundo agravio, respecto a la supuesta prescripción de la Falta contra la Disciplina Militar, la misma debe ser rechazada. Efectivamente, conforme se constata del estudio de los actos del procedimiento, se constata que la Nota de pedido de Reconsideración de dos Órdenes Generales, presentada por la Tte. F Int Carmen Dolores Quinteros Giménez, y dirigida al Señor Comandante Interino de la Armada Paraguaya, individualizada como Expediente N° 4905 del COMAR, fechada 05 de Octubre de 2016, la cual sirviera de base para la instrucción sumarial dispuesta por el Juzgado de Instrucción Militar del Segundo Tumo a través del A.I. N° 71 en fecha 25 de octubre de 2016, fue abierta en averiguación y esclarecimiento de los hechos denunciados, a los efectos de deslindar las responsabilidades del personal militar que pudiere haber tenido participación en la supuesta comisión de los mismos.
El plazo de prescripción de la falta contra la Disciplina Militar, el cual cuerna con un marco sancionatorio de hasta noventa días (Art. 301, inc. 2° del Código Penal Militar) no pudo haber prescripto desde el momento en que con la instrucción del sumario el 25 de octubre de 2016, antes de haberse cumplido los cuarenta y cinco días -es decir el término medio del castigo fijado en la ley Art. 68 del Código Penal Militar- se ha interrumpido todo término de prescripción.
La circunstancia de la ampliación del sumario, con la individualización del supuesto autor y la precisión de la tipificación de los hechos atribuidos, a los efectos del ejercicio efectivo del Derecho de Defensa, no causa ningún efecto jurídico sobre la vigencia de la acción, como la pretenden los recurrentes, debido a que para la prescripción de la acción penal, conforme al Art. 69 del Código Penal Militar, se computa desde el día de la perpetración del delito, es decir, 05 de octubre de 2016, fecha de presentación de la Nota de Reconsideración individualizada como Expediente N° 4905 del COMAR, la cual sirviera de base para la instrucción sumarial.
Finalmente, el tercer agravio que las faltas contra la Disciplina Militar no requieren un sumario dentro de la jurisdicción militar; con claridad el Código Penal Militar, en el Capítulo VII "DE LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN", en el Art. 22 refiere: "Compete a los Jueces de Instrucción la misión de instruir los sumarios por delitos y faltas miliares hasta la conclusión de la investigación sumarial". En consecuencia, el supuesto “agravio" deducido por los recurrentes queda sin sustento al hallarse legalmente determinada la competencia de los Jueces de Instrucción para el juzgamiento de las faltas militares; por lo demás, en la Sentencia N° 6 del 29 del junio de 2017, dictada por el Juzgado de Instrucción Militar del Tercer Turno, claramente se hace la salvedad que la represión de las faltas disciplinarias son aplicadas por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, o sus órganos de mandos pertinentes; sin embargo, en la presente causa, el juez de instrucción se subroga en las facultades de los órganos de mandos correspondientes, autorizada por el Art. 22 precedentemente transcripto para la imposición de la sanción por la Falta contra la Disciplina Militar; razón por la cual debe rechazarse este agravio, por su notoria improcedencia; todo ello en base a las consideraciones precedentes, con sustento en los Art. 64, 68, 69, 299 inc. h), en concordancia con el Art. 15 de la Ley N° 1115/97, inciso b), 182 inc. “c” del Código Penal Militar y; Art. 22 y concordantes del Código Procesal Militar. Es mi voto.
A su turno, el Doctor LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA manifiesta que se adhiere íntegramente al voto emitido por la Ministra preopinante por los mismos argumentos.
A su turno el Doctor MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA manifiesta cuanto sigue: Luego del análisis integral de autos, disiento con la decisión adoptada por el Ministro preopinante, en razón de que considero que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción penal en esta causa, basado en las siguientes consideraciones.
Por el hecho de que un proceso pueda desembocar en imposición una sanción privativa de libertad, pese a que el juzgamiento se realiza conforme a las reglas de una legislación especial, como lo son el Código Penal Militar y el Código procesal Militar, se exige que el procedimiento de juzgamiento sea armonizado con principios y preceptos legales de la materia vigentes en nuestro sistema penal. En dicho contexto resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 1286/98 Código Procesal Penal, el que dispone: "Los principios y garantías previsto por este código serán observados en todo procedimiento a consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier resolución restrictiva de libertad".
El debido proceso indica el derecho de los justiciables de acceder a una tutela judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el cual se observan una serie de principio y garantías, cuya finalidad última es alcanzar justicia.
Por ello, necesariamente debemos partir de la base de que las leyes penales militares deben actualizarse, reformularse en sintonía con el plexo normativo que hoy día conforma nuestro derecho positivo nacional.
Dicha sincronización legal de la materia punible, atendiendo la jerarquización normativa otorgada por el artículo 137 de la Constitución Nacional, la que no puede ser alterada por juzgadores, ni por justiciables, debiendo ser aparejada desde la cúspide normativa, obliga a una revisión constitucional, específicamente articulado 16 de la máxima norma, que manda: "DEFENSA EN JUICIO. La defensa en juicio de tas personas y sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales".
Complementa la garantía constitucional del pleno acceso a la justicia, el artículo 17 de la Carta Magna, que dispone los derechos procesales, cuyo numeral 10 se transcribe: “10. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecida por la ley.
Seguido a los referidos preceptos constitucionales, resulta igualmente atendible el Pacto de San José de Costa Rica o, como también es conocido, Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por el Congreso Nacional, por Ley N° 1/89 de fecha 08 de agosto de 1989, cuyo artículo 8, bajo el acápite GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, garantiza a todo justiciable del siguiente modo: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter".
En base a lo previsto por la normativa constitucional y legal citada, si se detectaren vicios en la labor de juzgamiento, éstos no pueden ser justificados con el pretexto de que el proceso penal militar aplicado es de corte inquisitivo, con sus particularidades procedimentales propias, puestos que éstas ceden ante normas constitucionales y convencionales posteriores que incorporan nuevos principios y garantías que socavan a los que rigen en el sistema inquisitivo, debiendo estos ajustarse a aquellos y no a la inversa.
En este contexto normativo, previamente a cualquier discusión sobre los motivos del recurso, se deben verificar los plazos procesales y en caso necesario, disponer la predisposición de la acción, independientemente a las pretensiones de las partes y el momento procesal, sin la necesidad de un debate sobre los hechos, su probanzas y la calificación jurídica que ameriten, puesto que el instituto tiene un carácter eminentemente cuantitativo, constatación de los plazos procesales y no cualitativo.
La limitación de la prescripción está dada por el transcurso de tiempo sin actividad o sin dictarse resolución definitiva en la causa tras un periodo de tiempo establecido en la ley o por incumplimiento de la resolución definitiva luego de transcurrido el plazo legal. Con ello se busca que la persecución de los hechos punibles tenga un límite, como garantía para el perseguido de que el proceso no durará indefinidamente, conocido como principio de razonabilidad.
En igual sentido, como bien lo tiene sentado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las cuestionas relativas al cumplimiento del plazo razonable desde un puno de vista procesal, así como el control de la prescripción de la acción desde un punto de vista sustantivo deben ser estudiados, como regla general en primer término y aún de oficio dado que ello apareja cuestiones (admisibilidad y procedencia del recurso) de constatarse el exceso den al duración de proceso y la precedencia de la declaración de prescripción.
Pasando al estudio de las normas que regulan el instituto de la prescripción de la acción de la jurisdicción militar, en primer lugar se cita lo dispuesto por el art. 68 del Código Penal Militar que establece: "La acción penal para los delios sujetos a la jurisdicción militar, se prescribe a) a los dos años, cuando es de prisión hasta tres años; b) en un tiempo igual al término medio del castigo fijado por la ley en los demás delitos que tengan previstos penas mayores o distintas a las anteriores; y c) a los quince años en los delitos que merezcan pena de muerte”. El art. 69 del C.P.M. dispone: "El tiempo de la prescripción de la pena se cuenta desde la fecha de la sentencia, o desde el día del quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a cumplirse, y el de la prescripción de la acción penal, desde el día de la perpetración del delito".
Por su parte y complementando las normas antes citadas el art. 201, última parte, del Código Procesal Militar establece: "La prescripción de la acción comienza a correr desde el día en que se ha cometido la infracción criminal, pero si se hubieren practicado actuaciones judiciales, el término empezaré a correr desde la última diligencia. El término para la prescripción de la pena, empezaré a correr desde el día en que la sentencia quedó ejecutoriada, o si la sentencia ha empezado a cumplirse, desde el día en que la ejecución se suspenda".
En el mismo sentido, debe atenderse a lo dispuesto por el art. 104 del C.P. que señala: "Interrupción. 1°. La prescripción seré interrumpida por 1. Un acta de imputación; 2. Un escrito de acusación; 3. Una citación para indagatoria del inculpado; 4. Un auto de declaración de rebeldía y contumacia; 5. Un auto de prisión preventiva; 6. Un auto de apertura a juicio; 7. Un requerimiento fiscal solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional; 8. Una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero; 9. Requerimiento fiscal de aplicación de salidas alternativas a la realización del juicio".
Entrando en materia de análisis, a los fines de establecer si una acción ha proscripto o no, debe estarse a la calificación realizada por el Juez y concordar ello con los plazos previstos en el art. 68 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto por los art. 69, 301 del mismo cuerpo legal, así como 201 del C.P.P.M.
El inicio del cómputo del plazo de prescripción, tal como fuera expresado líneas arriba, incida desde el día de la perpetración del delito, tal como lo prescribe el citado art. 69 del C.P.M. para determinar ello, debemos fijamos en lo establecido por el Juez de 1ra. Instancia Militar, en cuanto a la cronología de los hechos juzgados.
El juez en la sentencia de primera instancia sostuvo que la Tte. F Int Carmen Dolores Quinteros Giménez, es responsable en carácter de autor por la comisión de Faltas contra la disciplina Militar, la cual conforme a las constancias de autos se ha producido en fecha 05 de octubre de 2016, fecha de la presentación de la Nota de Reconsideración, individualizada como Expediente N° 4905 del COMAR, la cual sirviera de base para la instrucción sumarial.
De los cual se desprende que debe considerarse como fecha de perpetración del hecho el 05 de octubre de 2016, y por ello se considerará esta última fecha como punto de partida para el cómputo de la prescripción. En la sentencia definitiva de primera instancia, el Juez sentenciante, calificó la conducta de la Tte. F Int Carmen Dolores Quinteros Giménez, dentro de lo previsto en el art. 301, inc. 2° del mismo cuerpo legal, siendo el marco sancionatorio establecido en esta última norma la que debe ser tenida en cuenta al momento de determinar si transcurrió o no el plazo de la prescripción. En ese sentido el art. 301, inc 2° del C.P.M., cuenta con un marco sancionatorio de hasta 90 días.
Consecuentemente, resulta aplicable lo previsto por el art. 68 del C.P.M. que dispone: "La acción penal para los delitos sujetos a la jurisdicción militar, se prescribe b) en un tiempo igual al término medio del castigo fijado por la ley, en los demás delitos que tengan previstos penas mayores o distintas a las anteriores". Por lo tanto el plazo dé la prescripción e la falta de disciplina Militar, de cuarenta y cinco días.
En el mismo sentido, corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 201, última parte, del Código Procesal Militar que establece: “La prescripción de la acción comienza a correr desde el día en que se ha cometido la infracción criminal, pero si se hubieren practicado actuaciones judiciales, el término empezará a correr dese la última diligencia".
En este contexto, luego de un exhaustivo control, las constancias de auto revelan que han sobrevenido circunstancias legales interruptivas del plazo, así por ejemplo vemos que a fs 27/28 se ha instruido sumario conforme AI N° 71 de fecha 25 de octubre del 2016, antes de cumplirse los 45 días, es decir, que fue interrumpido el plazo de la prescripción. Sin embargo, a fs, 445/448 de autos, obra el AI N° 79 de fecha 29 de diciembre del 2016, por el cual se amplía el sumario y se ordena el procesamiento de la Tte. F Int Carmen Dolores Quinteros Giménez, siendo dicha resolución una actuación judicial (equiparable al acta de imputación prevista en el C.P. vigente), el cual constituye otro acto interruptivo y a partir del cual luego del cálculo (respectivo, se constata el transcurso de los 45 días requeridos para el cumplimento del plazo de la prescripción, teniendo en cuenta que el siguiente acto interruptivo se da en fecha 13 de marzo de 2017, con el dictado de la providencia que cita a prestar declaración indagatoria, se tiene que ha transcurrido en exceso (74 días) el plazo de prescripción señalado en la normativa. Al resolver sobre la prescripción de la acción penal, siendo ésta una cuestión de puro derecho, que a su cumplimiento solo necesita su declaración, hace inoficioso el estudio de los Recursos de Apelación y Nulidad planteados. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 26 de marzo de 2019.
1.- DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el Recurso de Apelación, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 03 de fecha 20 de julio de 2017, dictado por la Suprema Corte de la Justicia Militar.
2.- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 03 de fecha 20 de julio de 2017, dictado por la Suprema Corte de la Justicia Militar, por las razones expuestas en el exordio de la presente resolución.
3.- REMITIR los autos a la Justicia Militar a los efectos legales pertinentes.
Dr. Manuel Dejesus Ramírez. Ministro

References: artículo 13
 resolución 
 artículo 137
 artículo 17
 artículo 8
 resolución 
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