Source: http://espanito.com/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacin-laboral-gustavo-hern-v5.html
Timestamp: 2018-02-21 03:22:41+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación laboral gustavo hernando lópez algarra magistrado ponente sl17185-2015 Radicación n.° 49504 Acta 41
Descargar 70.93 Kb.
Tamaño 70.93 Kb.
SL17185-2015
Radicación n.° 49504
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ GUILLERMO ÁLVAREZ MONTES, en contra de la sentencia proferida el 16 de julio de 2010 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente a ULISES BETANCOURT, y solidariamente a las sociedades CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA S.A. EN LIQUIDACIÓN, CONTINENTAL BUS S.A., TRANSPORTE DE CARGA EXPRESO BOLIVARIANO LIMITADA EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, y a EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN REESTRUCTURACIÓN.
Se acepta el impedimento manifestado por el Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
El señor José Guillermo Álvarez Montes llamó a juicio a Ulises Betancourt, y solidariamente a las sociedades Central de Servicios Pensilvania S.A. en Liquidación, Continental Bus S.A., a Transporte de Carga Expreso Bolivariano Limitada en Liquidación Obligatoria, y a Expreso Bolivariano S.A. en Reestructuración, con el fin de que se condenase a las demandadas al reconocimiento y pago de las cesantías por todo el tiempo laborado; de los intereses a las cesantías; de las primas causadas y no pagadas; las vacaciones sufragadas y no canceladas, al reconocimiento y pago de la indemnización por rompimiento de la relación laboral con justa causa por parte del demandante, al pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, y al reconocimiento y pago de la pensión sanción por no haber sido inscrito en el sistema de seguridad social integral.
Fundamentó sus peticiones, en que ingresó a laborar para la demandada y sus empresas el 2 de noviembre de 1981 y hasta el 31 de julio de 1999, cuando se retiró con justa causa, después de haber desempeñado el cargo de representante legal de las sociedades demandadas, siendo su último salario la suma de $3.000.000 mensuales. Afirmó que nunca fue afiliado al sistema de seguridad social, que no le liquidaron las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, y que siempre estuvo disponible para realizar sus labores en cualesquiera de las empresas demandadas, ya que recibía órdenes de cada uno de los accionados, y les prestaba servicios a ellos en asuntos relacionados con accidentes de tránsito, recuperación de daños y seguros de los vehículos de los llamados a juicio. Por último informó que recibía el pago de sus salarios una veces del demandado persona natural, y otras veces de cualesquiera de las sociedades llamadas a juicio.
La parte accionada, en forma conjunta, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma. Negó todos los hechos de la demanda. Al respecto manifestó que entre el demandante y las demandadas jamás existió contrato de trabajo, y mucho menos en los extremos mencionados; que lo que existió entre las partes fueron relaciones contractuales distintas, incluso él y su familia eran accionistas de Expreso Bolivariano S.A., y es deudor de unos créditos a favor de los accionados que no canceló.
En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones demandadas, compensación, y prescripción.
El Juzgado Noveno de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., al que correspondió el trámite de las últimas fases de la primera instancia, mediante fallo del 29 de mayo de 2009, absolvió a los demandados de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte accionante (fls. 414 a 431).
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, mediante fallo del 16 de julio de 2010, confirmó la sentencia de primer grado (fls. 8 a 17 del cuaderno de segunda instancia).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Juez de la alzada, delanteramente precisó que «del escrito mismo de la demanda, se colige que el actor desde un comienzo demandó a la persona natural ULISES BENTANCOURD (sic) y, a las demás personas jurídicas, como solidarias con el demandado principal.»
Para efectos de establecer la existencia o no de la relación laboral entre el actor y el accionado principal, el Tribunal consideró, respecto de la certificación de trabajo calendada 21 de mayo de 1998 (fl. 7), que si bien refleja un tiempo de servicios del actor a favor de la sociedad Central de Servicios Pensilvania, desde el 1 de julio de 1992, y un salario de $2.340.000 mensuales, con nota de ser expedida con destino a la empresa Celumovil, al revisar el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de dicha sociedad, éste expresó que la certificación se expidió «en calidad de amistad para que el señor ALVAREZ tramitara documentos con destino específico a Celumovil, certificaciones que muchas veces se da como referencia bancaria o referencias de tipo netamente de amistad», lo que encontró corroborado con lo manifestado por la testigo Patricia Aleyda Beltrán García, concluyó que «dicha documental, no arroja la suficiente certeza para colegir, según las condiciones que tenía el demandante con la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA S.A. como primer renglón en la Junta de Socios de dicha empresa, tal como lo certifica la Cámara de Comercio, … que se hubiera tratado de una relación laboral y la circunstancia de haber sido expedida para obtener los servicios de una empresa de telefonía celular arroja mayor convicción de que se trató de una certificación de mera conveniencia.»
Igualmente se refirió a los comprobantes de pago de sueldos correspondientes a los meses de febrero y abril de 1999, por $3.000.000 cada uno, como subgerente de la misma empresa Central de Servicios Pensilvania, girados por Ulises Betancourt, «lo que demuestra es el pago de esas dos mensualidades, pero no la remuneración mensual por la ejecución continuada de un contrato de trabajo según los extremos de la relación laboral que fijó el demandante desde un comienzo (2 de noviembre de 1981 a 31 de julio de 1999). Pero, además, el Representante Legal de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA S.A. negó enfáticamente que se tratara de sueldos del mes de marzo (sic) de 1999.»
A continuación valoró los testimonios rendidos por Oswal Armando Angarita, Antonio María Romero, José Antonio Amaya García, Carlos Alejandro Contreras Rivera y Myriam Yaneth Vergara, para expresar que
… todos ellos coinciden en la versión de que el demandante fue Gerente de la empresa TRANSPORTE DE CARGA EXPRESO BOLIVARIANO LTDA., pero, ofrecen especiales motivos de credibilidad las declaraciones de CARLOS ALEJANDRO CONTRERAS RIVERA Y MYRIAM YANETH VERGARA. El primero, no obstante que dijo ser el cuñado de ULISES BETANCOURT, afirmó que él lo ayudo a vincular a esa empresa y fue nombrado como Gerente Comercial, que duró cinco años hasta cuando renunció, que el demandado ULISES BETANCOURT le facilitó la compra de unos furgones, que se le nombró como miembro de la Junta Directiva y que fue Suplente de la Gerencia cuando el declarante fue Gerente de la misma, que era el único cargo en el que se tenía nexo laboral con la empresa.
La segunda de los declarantes mencionados, ocupó el cargo de Revisora Fiscal de esa empresa y señaló que el demandante tan solo trabajó hasta mediados del año 1990, cuando renunció y se le pagó todo lo que se le debía a la terminación del vínculo laboral.
De los demás declarantes se infiere, además, la condición que tenía el demandante como propietario de vehículos al servicio de esa empresa, por los cuales percibía pagos, pero se debe resaltar que ninguno apuntó a precisar las fechas de vinculación y retiro dentro de la vinculación laboral que el actor tuvo con esa empresa y con las demás; mucho menos, se puede deducir de allí las fechas que corresponden a los extremos de la relación laboral indicada en los hechos de la demanda.
Acerca de los memorandos enviados al actor por la empresa Expreso Bolivariano S.A., como los del 16 de enero y 20 de octubre de 1997, 4 de mayo y 2 de diciembre de 1998, y 7 de mayo de 1999, así como las diligencias ante las autoridades de tránsito, en donde el accionante atendía audiencias de conciliación como suplente general de la misma firma, «se refieren a circunstancias particulares pero, de todas o cada una de ellas, no es posible derivar la prueba contundente de los extremos de la relación laboral que fijan los hechos de la demanda», y más adelante afirmó que de ellas «no se deduce de manera inequívoca la existencia de una relación laboral continuada, bajo permanente subordinación y dependencia de esa naturaleza, toda vez que el demandante entre el 29 de marzo de 1985 al 28 de marzo de 1998 fue primero y segundo suplente del Gerente General (folio 134 – 135), motivo por el cual cobra valor y en esa condición le hicieron llegar esas comunicaciones. Lo mismo ocurre con las audiencias de conciliación que atendía ante las autoridades de tránsito.»
Por todo lo manifestado concluyó que «no hay elementos de convicción suficientes e inequívocos para precisar el tipo de vinculación que se dio con el demandante y, mucho menos, para concluir que se trató de una relación laboral dentro de los extremos temporales que fijó el actor en el escrito de demanda, para reclamar los derechos que se derivan de la existencia de un contrato de trabajo – pese al esfuerzo realizado por el accionante en el curso del proceso -», y cerró afirmando que «no es de recibo el principio de favorabilidad en la valoración de los hechos, toda vez que en virtud de la Ley y de la Constitución Política, tan solo está reservado para desatar dudas con origen en las fuentes formales del derecho, particularmente en la aplicación de la Ley al caso controvertido. Que no es lo que se da en el presente asunto.»
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la del juzgado, «a fin de que en calidad de Tribunal de Instancia acceda a las pretensiones de la demanda.»
Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los que pasan a estudiarse.
Acusó la sentencia impugnada, por «VIOLACIÓN INDIRECTA en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA POR ERROR DE HECHO de los artículos 22, 23, 24 del CST; artículo 127 del C.S.T., Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990; artículo 249 del C.S.T. concordante con los siguientes artículos 53, 80, 102, 103; Art. 99 de la Ley 50 de 1990; Decreto Ley 663 de 1993 Art. 64 y Decreto Reglamentario 1176 de 1991, Decreto Reglamentario 2795 de 1991; Artículo 23, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990; art. 24 subrogado por el art. 2º de la Ley 50 de 1990; artículo 32, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965 art. 1º y concordantes con el art. 35, 58, 162 y 190 del C.S.T.; Artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990; Artículo 50 del C.P.L.; Artículo 6º de la Ley 50 de 1990, subrogado por el art. 64 del CPT.»
Señaló como errores de hecho en que incurrió el juez de la alzada, los siguientes:
No dar por establecido estándolo, que la prestación del servicio por el demandante fue continua entre el 2 de noviembre de 1981 y el 31 de julio de 1999.
No dar por demostrado estándolo, que el demandante percibía un salario de acuerdo con los comprobantes de pago que en el proceso obran a folios 4, 5 y 6.
Dar por establecido, sin estándolo (sic) que no existió relación de trabajo.
Dar por establecido sin estarlo que no existe prueba que demuestre la relación laboral entre el demandante y demandado y por consiguiente no se puede acceder a las pretensiones de la misa (sic).
Indicó que esos errores fueron el producto de la equivocada apreciación y valoración de las siguientes pruebas:
Comprobantes de Pago Folios 4, 5, 6.
Certificación de vinculación, folio 7
Memorando firmado por la Presidente Carolina Castellano y dirigido al demandante a folio 3.
Acta de conciliación realizada entre el representante legal y el demandante a folios 8 al 14
Memorando firmado por Ulises Betancourt con destino al demandante.
Carta dirigida al demandante por parte de Socorro Contreras de Betancourt presidenta de la compañía, a fin de solicitarle al demandante sus servicios en la información de los vehículos accidentados de la empresa.
Carta de fecha mayo 7 de 1999, dirigida por el demandante, por parte de la señora Carlina Castellanos López, presidente dando a conocer una información a la empresa.
Carta enviada por el señor Ulises Betancourt al señor Álvarez, dando a conocer parámetros en el manejo de asuntos de la compañía.
Informe presentado por el demandante con fecha mayo 8 de 1998, sobre reclamaciones de buses y dirigido a la señora Socorro C. de Betancourt.
Certificados de Cámara de Comercio en donde se muestra que el demandante fue designado Gerente General suplente en las empresas demandadas y muestran aún más la vinculación del actor, folios 120 a 139.
Desarrolló el cargo indicando que el yerro del Tribunal se produjo cuando estimó que:
…. dicha documental no arroja la suficiente certeza para colegir, según las condiciones que tenía el demandante con la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA S.A. como primer renglón en la Junta de Socios de dicha empresa, tal como lo certifica la Cámara de Comercio, según el registro del acta de Asamblea de Socios de 28 de Septiembre de 2001 (folio 84 vto.) que se hubiera tratado de una relación laboral y la circunstancia de haber sido expedida para obtener los servicios de una empresa de telefonía celular arroja mayor convicción de que se trató de una certificación de mera conveniencia.
No hay otros elementos probatorios que permitan colegir lo contrario, toda vez que del interrogatorio de parte del Gerente General de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA (folio 89) no hay aceptación de la relación laboral alguna ni declaraciones que así lo permitan concluir.
Pero, además, si en gracia de discusión fuere tenida en cuenta esa fecha como extremo inicial de la relación laboral, tan solo vincularía a la demandada antes referida, como único empleador, sobre la cual no se alegó un extremo final de relación laboral, porque el señalado por la demanda, se refiere a todos los demandados.
El censor disiente de lo expresado por el Tribunal, porque a su juicio el pago de salarios y la vinculación del demandante para laborar a favor de las demandadas, se pueden observar claramente en los documentos que citó como mal valorados o dejados de valorar por parte del juez plural, en donde se establece a través de memorandos, comunicaciones y actuaciones del actor que éste tenía un vínculo laboral con las demandadas lo que no fue desvirtuado en las instancias. Añadió que el actor fue representante legal de Expreso Bolivariano, cargo en el cual recibía órdenes escritas de Ulises Betancourt y de las presidentas de las sociedades, pidiéndole y exigiéndole el cumplimiento de las funciones conforme a los parámetros y regulaciones que ellos dictaminaban.
En apoyo de lo expresado precisó que el actor desempeñó cargos dentro de las empresas demandadas, y ostentó la representación legal de las mismas en actos y ante funcionarios públicos, «que implican determinar que la vinculación del actor si se enmarca dentro del artículo 22 del CST», es decir, que hubo prestación personal de un servicio, en condiciones de subordinación y a cambio de una remuneración, cuya prueba se encuentra entre los folios 4 y 6, lo que evidencia la existencia de un contrato de trabajo que conlleva el pago de prestaciones sociales.
Dijo que el artículo 24 del CST, modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, estableció una presunción legal, según la cual «los servicios personales establecidos y fijados con órdenes de trabajo y subordinación, regulados por el código sustantivo de Trabajo establece que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato individual de trabajo», servicios que están demostrado en el proceso, a lo que añadió que la parte accionada nunca demostró que los documentos y hechos que acreditan ese vínculo laboral no existieran, y mucho menos descartó la existencia de la actividad productiva del accionante en favor de las empresas llamadas a juicio.
A manera de conclusión de este primer cargo, indicó que como está demostrado la violación de las normas que reseñó en el cargo, la Corte deberá casar la sentencia impugnada, «y de acuerdo con las aspiraciones contenidas en el alcance de la impugnación, se acepten las súplicas de la demanda».
VI.CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de segunda instancia por «por VIOLACIÓN INDIRECTA en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA POR ERROR DE HECHO de los artículos 22, 23, 24 del CST; artículo 127 del C.S.T., Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990; artículo 249 del C.S.T. concordante con los siguientes artículos 53, 80, 102, 103; Art. 99 de la Ley 50 de 1990; Decreto Ley 663 de 1993 Art. 64 y Decreto Reglamentario 1176 de 1991, Decreto Reglamentario 2795 de 1991; Artículo 23, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990; art. 24 subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990; Artículos 32, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965 art. 1º y concordantes con el art. 35, 58, 162 y 190 del C.S.T.; Artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990; Artículo 50 del C.P.L.; Artículo 6º de la Ley 50 de 1990; subrogado por el art. 64 del CPT.»
Absteniéndose de precisar los supuestos errores de hecho en que incurrió el juez plural, así como los medios probatorios no apreciados o apreciados erróneamente por éste, pasó directamente a la «DEMOSTRACIÓN DEL CARGO», planteando similares razonamientos a los utilizados frente al primero de los cargos.
VII.RÉPLICA
Formulada en conjunto por todos los demandados, y frente a los dos cargos, expresó que el recurrente incurrió en protuberantes errores que hacen impróspero el recurso extraordinario, por lo siguiente:
Si bien el censor, en el alcance de la impugnación, pidió la casación de la sentencia acusada, no le indicó a la Corte lo que debe hacer con la sentencia de primer grado.
Así mismo, manifestó que la proposición jurídica resultó incompleta y errada, ya que dejó por fuera la mención de las normas relacionadas con varios derechos que reclama, como las primas, las vacaciones, las indemnizaciones y la pensión.
Resaltó que el recurrente invocó en el primer cargo las mismas pruebas como apreciadas y no apreciadas por el Tribunal, lo que es un contrasentido, ya que las mismas pruebas no pueden ser, a la vez, apreciadas y no apreciadas. En tanto que en el segundo cargo ni siquiera señaló los elementos probatorios que consideraba mal apreciados o dejados de apreciar.
Insistió también frente al primer cargo, que el impugnante no probó el error en que incurrió el Tribunal, mediante un razonamiento que haga ver la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal.
Frente al segundo cargo, informó que el censor cometió el imperdonable error de creer que por la misma vía podía atacarse un aspecto eminentemente jurídico, ya que de la lectura del cargo se infiere que los supuestos de hecho, según su dicho se daban por sentados y aceptados, lo que no es cierto.
Así mismo señaló que el recurrente no indicó la apreciación equivocada en que incurrió el Tribunal, y cuál debió ser esta, para evidenciar los errores del Juez de la alzada. Con otras palabras, el recurrente no precisó en qué se equivocó el Juez plural para darle a las pruebas acusadas el significado que le corresponde, así como tampoco cómo debieron ser analizados los mismos documentos.
Igualmente dijo que el recurrente dejó de atacar pruebas que el Juez colegiado tuvo en cuenta para sustentar su absolución, por ejemplo los interrogatorios de parte formulados a los representantes legales de las empresas demandadas, y varios testimonios recibidos, de manera que no le serviría el recurso extraordinario si otras pruebas en que se sustentó el fallo quedaron incólumes.
Por último precisó que igualmente en el segundo cargo, se olvidó el recurrente de señalar los errores de hecho imputables al Juez colegiado.
Ahora bien, sobre el fondo de ambos cargos manifestó que las afirmaciones hechas por el recurrente acerca de la existencia de un vínculo laboral entre las partes en conflicto, «fueron desvirtuadas con el estudio juicioso que efectuó el Ad quem de cada uno de los elementos probatorios», lo que incluyó la mencionada presunción legal, por lo que «realmente no existen pruebas determinantes, suficientes y contundentes que acrediten la relación laboral alegada por la parte actora».
VIII.CONSIDERACIONES
Asume la Corte el estudio en conjunto de los dos cargos formulados en contra de la sentencia de segunda instancia, por cuanto acusan por la misma vía y modalidad, la indirecta y por aplicación indebida respectivamente, la violación de un mismo acervo normativo, se fundamentan en similares argumentaciones, tienen el mismo propósito, y por permitirlo así el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Tiene razón la réplica acerca de la severa crítica que le hizo a la sustentación del recurso de casación formulado por la parte demandante, lo que implica la improsperidad de ambos cargos, como pasa a verse:
El alcance de la impugnación está determinado por el petitum mismo de la demanda de casación, es decir por lo pretendido a través del recurso extraordinario, y por ello debe ser esbozado en forma clara, precisa y concreta, por lo que el impugnante debe, en primer lugar indicar si la sentencia recurrida debe casarse en forma total o parcial, y en este último caso puntualizando la parte del fallo que debe casarse; segundo, debe expresar la actuación que debe realizar la Corte como Tribunal de instancia, en el evento en que deba remplazar el fallo cuestionado; y tercero, lo que debe hacer la Corte con el fallo proferido por el Juez de primer grado, si revocarlo, modificarlo o confirmarlo, y así mismo determinar la forma en que debe quedar la decisión de primera instancia.
En la caso que ocupa nuestra atención, el censor pretende que la Corte case la sentencia de segunda instancia, y a renglón seguido solicita que en «en calidad de Tribunal de Instancia acceda a las pretensiones de la demanda», es decir, se abstiene el casacionista de indicarle a esta Corporación lo que debe hacer con la sentencia de primer grado, si confirmarla, revocarla o modificarla, lo que hace que el alcance de la impugnación sea incompleto e ineficaz.
En cuanto a las proposiciones jurídicas, que para ambos cargos resultó idéntica, el recurrente acusó la sentencia de segundo grado de aplicación indebida de normas relacionadas con la definición de contrato de trabajo, los elementos esenciales de la relación laboral, la presunción de existencia de una relación laboral, los elementos integrantes del salario, la regla general sobre el auxilio de cesantías, los efectos de la suspensión de los contratos de trabajo, el efecto jurídico del periodo de prueba, vacaciones y cesantías para profesores de establecimientos particulares de enseñanza, contrato de trabajo con choferes de servicio familiar, sistema de liquidación anual y definitiva de cesantías, aviso y objeciones en el proceso de adquisición de entidades financieras, el proceso de escogencia del nuevo régimen de cesantías, normas relacionadas con el régimen de las sociedades administradores de pensiones y cesantías, representantes del empleador, simple intermediarios, obligaciones espaciales del trabajador, exclusiones de la jornada máximo legal, acumulación de vacaciones, pagos que no constituyen salarios, salario en especie, fallos extra y ultrapetitas, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, en donde además de señalar normas que no tienen relación alguna con las pretensiones de la demanda inicial, y de la demanda de casación, deja de lado las normas de otros derecho laborales que persigue, tales como las relacionadas con los intereses a las cesantías, primas de servicios, la indemnización moratoria por no pago oportuno de las prestaciones sociales, y el reconocimiento y pago de la pensión sanción, deprecadas en el libelo introductorio, lo que conllevaría eventualmente a que la Corte tenga que sustraerse del estudio este tipo de emolumentos laborales.
Insistentemente viene recordando la Corte que cuando se acusa la sentencia por la vía indirecta, es porque el sentenciador incurrió en errores de hecho o de derecho como consecuencia de la equivocada apreciación o falta de estimación de los medios de prueba aportados al expediente, que en tratándose de errores de hecho, estos deben ser manifiestos, evidentes u ostensibles, proveniente de un documento auténtico, una confesión o inspección judicial. Así mismo se viene manifestando que por esta vía no basta referirse al contenido de las pruebas y exponer lo que a juicio del recurrente se concluye de la misma, sino que debe el impugnante confrontar el juicio probatorio vertido en la sentencia recurrida con la lectura que de manera unívoca se desprende de las pruebas habilitantes y sobre las cuales se soporta la sentencia atacada, para a partir de allí, demostrar la manifiesta equivocación en que incurrió el juzgador, y acreditar que si no hubiese incurrido en el yerro, otra sería la decisión, sin dejar incólume ninguno de los soportes de la decisión fustigada. Además en esta vía de ataque no es de recibo argüir asuntos de estirpe jurídica sino solamente fáctica.
En la situación bajo estudio, en el primero de los cargos, el censor acusó la sentencia de segundo grado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, pero en su desarrollo el recurrente mezcló asuntos jurídicos con fácticos, como cuando discurrió sobre el contenido de los artículos 22 y 24 del CST, y la presunción que contiene este último, y en forma concomitante se detuvo en el análisis de unos elementos probatorios.
En el primer cargo, si bien identificó que los errores que cometió el Juez colegiado se debieron a la equivocada apreciación y valoración de las pruebas reseñadas durante el desarrollo del cargo, y al referirse al mismo acervo probatorio, expresó que dichos medios probatorios realmente no fueron apreciados por el Juez de la alzada, lo que configura un contrasentido, ya que lo que no fue apreciado no puede a su vez ser apreciados en forma equivocada.
Siguiendo con el desarrollo del primer cargo, aunque el recurrente expuso lo que a su juicio se extrae de los documentos relacionados como origen del yerro del Tribunal, se abstuvo de confrontar cada una de las pruebas reseñadas con lo que dijo sobre ellas el sentenciador de segundo grado.
En el segundo cargo, el cual igualmente se enfiló por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las mismas normas supuestamente violadas según el primero de los cargos, como se anunció, no se individualizaron los errores de hecho en que supuestamente incurrió el Tribunal, como tampoco los medios probatorios calificados cuya falta o indebida valoración podrían haber constituido los yerros.
En forma adicional, igualmente incurrió el censor, en la demostración del cargo, en el error de mezclar tanto asuntos fácticos como jurídicos, cuando la vía de ataque que escogió fue la indirecta, es decir la de los hechos.
En efecto, inició afirmando que el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 22, 23 y 24 del CST, subrogado los dos últimos por los artículos 1 y 2 de la Ley 50 de 1990, para a continuación precisar los conceptos de «dependencia», de «presunción legal», y la hermenéutica del artículo 24 de CST con la modificación que le introdujo el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, lo que son asuntos propiamente jurídicos; así mismo, en el cargo, afirmó que «Son evidentes los documentos que muestran la relación de trabajo y que prueban inequívocamente que si hay contrato individual de trabajo, que se cumple con el elemento de subordinación y que hubo contraprestación salarial por dicha labor. Las actividades que desarrollaba el actor frente a las empresas demandadas en su calidad de representante legal no eran gratuitas, tenían asignadas una remuneración que esta (sic) en el expediente, en donde se puede constatar que las propias empresas le asignan un cargo y unas funciones que muestran la subordinación y dependencia del demandante frente a las demandadas», y más adelante añadió que «en el caso presente hay suficientes hechos que muestran la prestación y ejecución de un servicio personal de parte del señor Álvarez para la demandada, y es así como los aspectos probatorios que se han mencionado en este escrito son pruebas inequívoca de la relación de trabajo que ligo a las partes. La parte demandada nunca demostró que los documentos y hechos que acreditan ese vínculo contractual laboral no existieran, y mucho menos descartó la existencia de la actividad productiva a favor de las empresas por parte del demandante», aspectos puramente fácticos, reiterando, que en ningún momento señaló las pruebas no apreciadas, o mal valoradas, así como tampoco se confrontó el juicio del Ad quem con la lectura que se desprende de las mismas, para evidenciar la equivocación del Juez plural, y la decisión que se hubiese adoptado de haber observado los medios probatorios calificados.
Por último, no hay duda alguna de que el Juez de segunda instancia no solo sustentó su decisión en pruebas documentales, sino también con los testimonios de los señores Oswal Armando Angarita, Antonio María Romero, José Antonio Amaya García, Carlos Alejandro Contreras Rivera y Myriam Yaneth Vergara, y especialmente de estos dos últimos, que si bien no son pruebas calificadas para fundar sobre ellos errores de hecho manifiestos en casación, en los términos del artículo 23 de la Ley 16 de 1968, modificado por el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, el impugnante tenía la obligación de denunciarlos como erróneamente apreciados, para el evento en que resultase demostrado el error de hecho con fundamento en prueba idónea, estos fueran desvirtuados, en la medida en que fungían como soporte de la decisión cuestionada, labor de la que prescindió la censura, puesto que de quedar libres de examen la versión de estos testigos, permanecerían indemnes, y con ellos la sentencia impugnada conservaría la presunción de legalidad y acierto que la acompaña.
Por lo además, indudablemente el escrito de sustentación del recurso extraordinario se asemeja más bien a un alegato de instancia que a una sustentación del recurso de casación.
Por todo lo manifestado, los cargos no resultan prósperos.
Debido a que no salió avante el recurso extraordinario impetrado, y además hubo réplica, se imponen costas a la parte impugnante, para lo cual se señala como agencias en derecho la suma de $3.250.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ GUILLERMO ÁLVAREZ MONTES en contra de ULISES BETANCOURT, y solidariamente en contra de las sociedades CENTRAL DE SERVICIOS PENSILVANIA S.A. EN LIQUIDACIÓN, CONTINENTAL BUS S.A., TRANSPORTE DE CARGA EXPRESO BOLIVARIANO LIMITADA EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, y EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN REESTRUTURACIÓN.
Costas como se expresó en la parte motiva.

References: artículo 127
 artículo 14
 artículo 249
 Artículo 23
 artículo 1
 artículo 32
 Artículo 50
 Artículo 6
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 127
 artículo 14
 artículo 249
 Artículo 23
 artículo 1
 artículo 2
 Artículo 50
 Artículo 6
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 7