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Timestamp: 2019-10-14 05:31:35+00:00

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STC 260/2000, 30 de Octubre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 138358
STC 260/2000, 30 de Octubre de 2000
Número de Recurso: 2548/1998
RA 2548/98. Promovido por don Antonio G. F. respecto de los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declararon desierto su recurso de casación, en un proceso sobre sanción por realizar obras en el dominio público marítimo terrestre sin autorización. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso de casación que no es manifiestamente irrazonable, en cuanto niega la eficacia de la presentación de escritos en el Juzgado de guardia antes del último día del plazo.
Sentencia citada en: 180 sentencias, 7 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2548/98, interpuesto por don Antonio G. F. , representado por la Procuradora doña Fabiola-Jezzabel Simón Bullido y asistido por el Letrado don Juan Ignacio Fernández Aguado, contra los Autos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fechas 28 de octubre de 1997 y 4 de mayo de 1998 por los que se declara desierto el recurso de casación núm. 7060/97. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de junio de 1998, doña Fabiola-Jezzabel Simón Bullido, actuando en nombre y representación de don Antonio G. F. , interpuso recurso de amparo constitucional contra las resoluciones judiciales de que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
El ahora solicitante de amparo fue sancionado por Resolución de la Demarcación de Costas de Baleares del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 19 de abril de 1994 por realizar obras en el dominio público marítimo terrestre sin autorización. La sanción fue confirmada en vía administrativa por nueva Resolución de la Dirección General de Costas del indicado Departamento Ministerial de fecha 27 de febrero de 1995.
Agotada la vía administrativa el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 28 de julio de 1997.
Una vez que le fue notificada esta Sentencia, el demandante preparó recurso de casación, siéndole conferido el plazo de treinta días para su interposición el 5 de septiembre de 1997, por lo que dicho plazo finaba el día 11 de octubre siguiente. El escrito de interposición se presentó en el Juzgado de guardia el día 10 de octubre de 1997 y tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el día 13 siguiente.
Mediante Auto de 28 de octubre de 1997, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó declarar desierto el indicado recurso de casación por extemporaneidad. Impugnada en súplica, esta resolución fue confirmada por nuevo Auto de 4 de mayo de 1998.
El recurrente impugna estos Autos, cuya nulidad solicita, porque entiende que con ellos se ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Por providencia de 29 de noviembre de 1999 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada por don Antonio G. F. . Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se requirió atentamente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la remisión de testimonio del recurso de casación núm. 7060/1997, emplazando a quienes fueron parte en dicho procedimiento, con excepción del recurrente del amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
La personación del Abogado del Estado tuvo lugar mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 28 de diciembre de 1999.
Por diligencia de ordenación de 10 de enero de 2000 se tuvo por personado y parte en este proceso constitucional al Abogado del Estado y, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal, al propio Abogado del Estado y al solicitante de amparo, para que en el término común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
El 24 de enero de 2000 se presentó el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En él se solicita la denegación del amparo interesado por las razones que seguidamente se extractan.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 2 de febrero de 2000. En dicho escrito se postula también la denegación del amparo solicitado.
También se detiene el Abogado del Estado a exponer las razones por virtud de las cuales no cree de aplicación a este supuesto la doctrina de la STEDH Pérez de Rada Cavanilles contra España. En ella se trata de determinar si la negativa a dar efecto a la presentación, por vía postal y en Madrid, de un recurso de reposición dirigido al Juzgado de Aoiz (Navarra) era compatible con el art. 6.1 del Convenio Europeo, para concluir que el exigir del recurrente la presentación del escrito en el domicilio donde tiene su sede el Juzgado resultaba desproporcionado teniendo en cuenta el breve espacio de tiempo de que aquél disponía y el hecho de que la notificación se había practicado en Madrid. Pues bien, en este caso no concurren razones suficientes para sostener que dicha Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuerza a modificar la doctrina contenida en la STC 165/1996. La configuración legal del recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es sustancialmente diferente de la existente para el recurso de reposición, diferencia de regulación de la que es preciso extraer las lógicas e ineludibles consecuencias. Así, el escrito de interposición del recurso de casación contencioso-administrativo debe llevar la firma de dos profesionales, un Abogado y un Procurador (art. 97.1 LJCA); el plazo para su interposición es notoriamente más amplio: treinta días (arts. 97.1 y 99.1 LJCA); la parte puede conferir a un Procurador de Madrid su representación ad litem mediante un poder notarial de bajo coste (2.500 pesetas según los aranceles notariales aprobados por Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre) y se encuentran claramente previstas las consecuencias de la presentación extemporánea del escrito de interposición (art. 97.1 LJCA).
El demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones el 4 de febrero de 2000. En dicho escrito, además de reproducirse en su integridad el contenido del escrito de demanda con que se inició el presente proceso constitucional, se rebaten las consideraciones recogidas en los Autos impugnados en torno al alcance y significado del art. 41 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio.
Mediante providencia de 27 de octubre de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 30 del mismo mes y año.
Según se ha expuesto con mayor detalle en el antecedente segundo de esta Sentencia, es objeto del actual proceso constitucional el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997, confirmado en súplica por el Auto de 4 de mayo de 1998, que declaró desierto el recurso de casación núm. 7060/97 por haberse presentado fuera de plazo el escrito de interposición. En concreto, el ahora demandante en amparo preparó recurso de casación frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 28 de julio de 1997, siendo emplazado para que procediera a la interposición del recurso el día 5 de septiembre de 1997, por lo que, de conformidad con lo prevenido en el art. 97.1 LJCA, el plazo para formalizar dicho trámite finaba el día 11 de octubre de 1997, ya que el día 9 de septiembre de dicho año era fiesta local y, por lo tanto, día inhábil a efectos de cómputo. Pues bien, el escrito de interposición tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el 13 de octubre de 1997, procedente del Juzgado de guardia, donde había sido presentado el anterior día 10.
Planteado el recurso en estos términos, parece oportuno exponer de manera muy sucinta la doctrina constitucional de este Tribunal relevante para la resolución del caso. Exposición que debe arrancar con la identificación de los cánones a que hemos de ceñirnos cuando del examen de decisiones judiciales que determinan la imposibilidad de hacer uso de un recurso se trata.
La estricta adecuación del control constitucional a estos cánones resulta especialmente aplicable cuando la resolución judicial impugnada tiene como efecto impedir el acceso al recurso de casación, incorporado al proceso contencioso-administrativo por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal. A ello aboca la caracterización de dicho recurso como un remedio procesal extraordinario, con fundamento en motivos tasados numerus clausus, que sólo permite revisar la interpretación del Derecho y cuya admisibilidad está sometida a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal (SSTC 58/1995, de 10 de marzo, FJ 4; 119/1998, de 4 de junio, FJ 2, y 197/1999, de 25 de octubre, FJ 3).
En esta ocasión niega el solicitante de amparo que la frustración a limine del recurso de casación por lo que la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha entendido como incumplimiento insubsanable de un requisito de validez y eficacia de los actos procesales, cual es la interposición tempestiva del indicado recurso, sea el resultado de una interpretación razonable de la legislación procesal aplicable al caso. Antes de analizar la razonabilidad de dicha interpretación, parece aconsejable recordar la jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia.
Pues bien, ateniéndonos a los pronunciamientos con origen en un proceso contencioso-administrativo, debemos comenzar mencionando la STC 302/1994, de 14 de noviembre, donde se entendió que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por haberse presentado el escrito de interposición en el Juzgado de guardia donde tiene su residencia el demandante, en aquella ocasión la Comunidad Valenciana, en lugar de hacerse en el correspondiente a la sede del órgano judicial destinatario del escrito, que también entonces era la Sala Tercera del Tribunal Supremo por ser objeto del frustrado recurso el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. Amén de calificarse de razonable y fundada la resolución judicial entonces impugnada, se rechazó que en tal supuesto resultara de aplicación el principio de confianza legítima, toda vez que el Juzgado de guardia de Valencia "al recibir el documento no realizó sobre el mismo ninguna calificación jurídica, y simplemente se limitó a cumplir, sin duda en base a una generosa interpretación de las normas núms. 12 y 13 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1974, con la obligación de trasladar dicho documento al órgano al que se dirigía, sin que de esa conducta pueda derivarse ningún otro efecto" (FJ 4 de la citada resolución).
Con posterioridad, en la STC 165/1996, de 28 de octubre, tras sintetizar la doctrina mayoritaria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acerca del lugar idóneo para la presentación de escritos procesales, y reiterar que la mera recepción del documento por el Juzgado de guardia no genera una confianza legítima acerca de que su presentación fuese correcta, se traslada al ámbito del proceso contencioso-administrativo la idea, ya expresada en relación con el art. 45 LPL por la STC 48/1995 antes mencionada, de que la presentación de escritos en el Juzgado de guardia constituye una excepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación de documentos. Ese mismo carácter excepcional impide, se significó en el fundamento jurídico 4 de dicha resolución, que "la determinación del lugar procedente para la presentación de documentos devenga en mera indicación del lugar preferente para efectuar esta actividad, perfectamente sustituible por otros en los que la norma pensó -es claro- designándolos como posibilidades subsidiarias de aquella principal" (en el mismo sentido, ATC 80/1999, de 8 de abril, FJ 3).
En el presente caso los Autos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 y 4 de mayo de 1998 niegan que la presentación del escrito de formalización del recurso de casación con anterioridad al último día del plazo de treinta establecido en el art. 97.1, en relación con el art. 99.1, LJCA, sea eficaz a los fines pretendidos por la parte (tener por formalizado o interpuesto el recurso) si el escrito tiene entrada en el Tribunal una vez vencido dicho plazo. Las resoluciones judiciales impugnadas aplicaron una doctrina, que puede calificarse de constante, de la mencionada Sala, que queda sintetizada en la Sentencia de su Sección Tercera de 3 de junio de 1997 (recurso de casación núm. 4036/1996) y en los Autos de la propia Sección Primera de 16 de marzo (recurso núm. 4371/97), 24 de abril (recurso núm. 7925/97), 11 de mayo (recurso núm. 9660/97), 18 de mayo (recurso núm. 3496/97) y 22 de junio de 1998 (recurso núm. 4525/97) y 8 de febrero de 1999 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1731/98), entre otros.
Planteada la cuestión en los términos ahora expuestos, debemos avanzar ya la desestimación de este recurso de amparo, puesto que la interpretación efectuada en las resoluciones judiciales impugnadas en el presente proceso constitucional de las normas que disciplinan el lugar de presentación de escritos procesales no puede ser calificada de irrazonable.
Por lo expuesto, debemos acordar la desestimación del recurso de amparo interpuesto por don Antonio G. F. frente a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 y 4 de mayo de 1998.
STC 151/2008, 17 de Noviembre de 2008

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 Resolución 
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 Real Decreto 
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