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Timestamp: 2020-04-05 03:24:52+00:00

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Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia
por lapipaco | Ago 15, 2018 | Justicia
El proyecto de ley estatutaria que busca poner en marcha la Justicia Especial para la Paz (JEP), fue aprobado en medio de la maratón legislativa que corrieron los Congresistas durante la vigencia del ‘fast track’, el mecanismo expedito para la aprobación de leyes de implementación del acuerdo de Paz. El proyecto fue aprobado en conciliación en el Senado de la República el 30 de noviembre del año pasado, fecha en que se venció el término del ‘fast track’.
Contexto: “La JEP actuará con autonomía, rigor e independencia”: Patricia Linares
Ahora, el conjunto de normas que regirán el nuevo modelo de juzgamiento —que surgió de las negociaciones del Acuerdo de Paz y se encargará de judicializar a quienes hicieron parte del conflicto armado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc— está siendo revisado por la Corte Constitucional quien le entregará el aval necesario para que entre en funcionamiento.
Como aporte a este proceso de revisión, Dejusticia interveno ante el alto tribunal con énfasis en seis artículos del proyecto de ley que, de acuerdo con esta organización, deben ser analizados por parte de la Corte:
Primero: la JEP debe poder seleccionar solo los casos donde se juzgue a los máximos responsables de las conductas más graves del conflicto
El primer punto al que se refirió Dejusticia fue al parágrafo 2° del artículo 19, que estipula que la JEP no podrá renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Esto es inconstitucional porque vulnera el núcleo esencial del deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El efecto práctico de esta norma será el de impedir que el Estado, en cabeza de la JEP, utilice la selección para concentrar su acción en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas de las cometidas en el conflicto armado, que son precisamente los casos para los cuales se introdujo el principio de selección al nuestro ordenamiento jurídico.
Si no se aplican criterios de selección que permitan enfocarse en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas cometidas en el conflicto armado, se puede poner en riesgo el núcleo esencial de esta obligación.
Segundo: Participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones “alternativas”
El segundo artículo del proyecto de ley que se analizó en la intervención es el artículo 31, según el cual la participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias impuestas por la JEP serán incompatibles.
En la intervención se argumentó que esta norma se ajusta parcialmente a la Constitución, ya que desarrolla tanto los propósitos de la paz como los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado interno.
Al mismo tiempo, se expusieron las razones por las que se considera que la expresión “alternativas” es inconstitucional, pues resulta violatoria del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 1/17, tal y como fue interpretado por la Corte Constitucional.
Esto por cuanto resulta de vital importancia adoptar medidas de inclusión política de excombatientes para asegurar la sostenibilidad de procesos de paz, a la vez que se justifica, desde un punto de vista constitucional, la participación política de excombatientes.
Contexto: La inclusión política garantiza que no se repita la violencia
Tercero: Impedirle a la JEP el acceso a información sobre terceros y agentes del Estado impide que los colombianos conozcan lo ocurrido en el conflicto
El tercer artículo estudiado fue el que prohíbe que la JEP tenga conocimiento de las compulsas de copias que le hayan sido remitidas a la Fiscalía General de la Nación por la Jurisdicción de Justicia y Paz (inciso segundo (parcial) del literal b del artículo 79 del proyecto de ley), relacionadas con conductas de terceros o agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que no hayan manifestado previa, expresa y voluntariamente su intención de someterse a la JEP.
“Consideramos, como expusimos en la intervención, que esta norma es inconstitucional porque contraviene el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional”, señaló Dejusticia.
Además, dicha limitación va en desmedro de la dimensión colectiva del derecho a la verdad, esto es, aquella que compromete a la sociedad en su conjunto con el derecho a conocer lo ocurrido en el conflicto, las razones y circunstancias que posibilitaron las graves y masivas violaciones a los derechos humanos, con miras a evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir.
Cuarto: Los requisitos planteados por el proyecto para la posesión de magistrados de la JEP son inconstitucionales
La intervención incluyó también un análisis sobre la constitucionalidad de los requisitos para la posesión de magistrados de las Salas y el Tribunal para la Paz de la JEP (parágrafos únicos de los artículos 100 y 104 del proyecto de ley).
Dichos requisitos, adicionales a los indicados en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996, son inconstitucionales porque, primero, violan los principios del debido proceso, buena fe y confianza legítima, pues fueron introducidos luego de la escogencia de los magistrados de la JEP, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, dichos requisitos-inhabilidades son irrazonables y desproporcionados, por cuanto son inadecuados e innecesarios para preservar la independencia de los magistrados de la JEP, al tiempo que reproduce la estigmatización contra los defensores de los derechos humanos.
Quinto: Delitos sexuales deberían ser juzgados por la JEP, como lo indica el Acuerdo Final
De otro lado, en la intervención se presentaron las razones por las que esta organización considera que el artículo que consagró la imposición de penas de la Ley 599 de 2000 —Código Penal— y la imposibilidad de aplicar subrogados penales para quienes cometieron delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, es inconstitucional.
En primer lugar, el numeral 60 y el acápite denominado “listado de sanciones” del Acuerdo Final establece que la JEP podrá aplicar “en todos los casos” penas propias, alternativas u ordinarias y que la JEP podrá aplicar subrogados penales bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.
En segundo lugar, el artículo viola de manera directa la Constitución Política, particularmente el artículo 13 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 (AL 1/17), que regula las sanciones que pueden imponerse dentro del marco de la JEP de conformidad con el Acuerdo Final, en el que no se contempla esta exclusión.
En tercer lugar, consideramos que es una modificación sustancial en materia de penas del Acuerdo Final que desconoce el arreglo de justicia transicional que permitió terminar el conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y, en consecuencia, vulnera el Acto Legislativo 02 de 2017 (en adelante AL 2/17), según el cual las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.
En cuarto lugar, también viola el principio de proporcionalidad, pues da un tratamiento punitivo desigual a los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos dentro del marco del conflicto armado, con respecto a otros delitos de similar gravedad dentro del mismo contexto, por lo que el legislador está incurriendo en un exceso punitivo contrario a la Constitución Política.
Sexto: Modelo de gobierno y administración de la JEP que expone el proyecto es constitucional pero debería condicionarse
Finalmente, se analiza la constitucionalidad del modelo de gobierno y administración de la JEP definido en varios artículos del proyecto de ley estatutaria.
En primera instancia, Dejusticia considera que el modelo de gobierno y administración de la JEP expuesto en el proyecto de ley estatutaria es constitucional, en términos generales, porque se ajusta a los lineamientos previstos en el Acto Legislativo 1/17 y se circunscribe a las competencias establecidas en el procedimiento legislativo especial.
Además, respeta —en términos generales— los principios constitucionales de separación de poderes, economía y eficiencia administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó a la Corte Constitucional condicionar la interpretación constitucional del primer inciso del artículo 112 del PLE, en el entendido de que el órgano de gobierno de la JEP —independientemente de si se trata del creado provisionalmente por el PLE o el que diseñe la misma JEP— debe observar los principios constitucionales de economía, eficiencia administrativa y armonía entre las instituciones del Estado consagrados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política.
por lapipaco | Jul 17, 2018 | Justicia, La Pipa se Ve, Víctimas
Dignidad y seguridad jurídica: lo que la nueva coalición uribista se llevó
por Andrés Tafur V. | Jul 3, 2018 | Justicia, Víctimas
En la mesa de conversaciones de La Habana, la preocupación por la seguridad jurídica fue un asunto sobre todo de los militares. El de la dignidad, si se quiere en clave política (e histórica), era el de la guerrilla. No se quiere decir con esto que a los militares no les hubiera interesado un tratamiento digno para efectos de la terminación del conflicto armado, o que la guerrilla no hubiera querido garantizar seguridad jurídica para sus combatientes y comandancia.
De facto, las acciones de la fuerza pública han gozado de una narrativa que atornilla legalidad, legitimidad y reconocimiento. No es gratuito que la propaganda oficial los ensalce todavía hoy, a pesar de todo, como los “héroes” (realmente existentes) de la Patria. Por el contrario, la guerrilla, como alter ego del héroe y enemiga del statu quo que este defiende, ha sido representada históricamente como ilegítima, criminal y terrorista.
Por fuera de la ley, la guerrilla, y en nombre de la ley, el ejército, es lógico que en la mesa los enemigos militares hubieran tratado de recuperar lo que perdieron por efecto de la guerra: el reconocimiento (y la dignidad) del alzamiento en armas, por un lado, y la garantía de que “los desafueros” cometidos con ocasión del conflicto armado no rebasaran la interpretación de la (justicia en la) defensa del orden, por el otro.
Fue eso es lo que la nueva coalición uribista hizo trizas en el Congreso la semana pasada:
Al insistir en la retórica de “no equiparar a los héroes de la patria con los terroristas” y por eso mismo crear una sala exclusiva para juzgar a los militares distinta de las salas de reconocimiento y amnistía e indulto de la JEP, con lo que los expone ante la Corte Penal Internacional (como ya lo han señalado varios expertos).
Por su preocupación obsesiva con la narrativa del final del conflicto, es decir, sobre quién escribe la historia de los hechos de la guerra, de lo cual depende el legado de Uribe y paradójicamente, su propia seguridad jurídica.
Por el lado de la dignidad, lo que ha estado de fondo es una tensión entre el carácter ordinario o extraordinario de los dispositivos de justicia transicional, fundamentalmente de la JEP.
El asunto, llanamente, es si tratar a las guerrillas como delincuentes, siguiendo un modelo de justicia ordinarizante; o si tratarlas en una perspectiva político-militar, de acuerdo a un modelo extraordinarizante.
El primer punto de vista pertenece a quienes siempre propugnaron por una victoria militar: su consideración era que la justicia transicional debía ser solo una expresión de la justicia ordinaria. Desde este punto de vista, la contraparte es asumida como criminal y terrorista, y debe ser sometida a la justicia.
Por el otro lado, quienes asumen la justicia transicional como justicia extraordinaria, han considerado que se debe reconocer el estatus político de la contraparte, y en correspondencia, reconocer la politicidad de la escena judicial. De esta manera, rompen con la visión ordinarizante y criminalizante de la justicia transicional.
Eso es lo que no le gusta al Centro Democrático y a eso debe su pelea a muerte con el Tribunal de la JEP. (Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”)
Justicia y paz, lo que está en debate
Los modelos de judicialización producto de las negociaciones políticas tienden a inclinar la balanza hacia la paz. Por el contrario, aquellos producto de las victorias militares se inclinan más hacia la justicia (de vencedores).
El Acuerdo de Víctimas de La Habana, construido en el marco de una negociación política para la terminación del conflicto armado, no es ajeno a dicha “tendencia”. En esa dirección, el acuerdo suscribe tanto el derecho de las víctimas a que se haga justicia, como el derecho que tienen todos los colombianos a vivir en paz.
El famoso aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la masacre de El Mozote, en El Salvador, es esclarecedor en ese sentido:
“Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla”.
Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el Acuerdo logra un balance entre justicia y paz, debido, por lo menos, a cuatro aspectos: i) al modelo como tal (a la visión de sistema), ii) a la bidireccionalidad de sus mecanismos, iii) al reconocimiento de la politicidad de la escena judicial, y (iv) a la manera como se definirán las responsabilidades.
El primer aspecto tiene que ver con la visión holística propuesta por Naciones Unidas en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 2012.
El segundo es coherente con el primero: la vocación de sistema apunta a que los distintos mecanismos que vehiculan los principios de la justicia transicional (la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de personas dadas por desaparecidas y los programas de reparación, para el caso colombiano) sean implementados de manera coordinada e interconectada, lo cual no debe suponer ni un solapamiento de funciones ni algún tipo de superioridad de unos mecanismos sobre otros.
La consideración de estos dos aspectos comprende un concepto de justicia ampliado, en el que la perspectiva retributiva – el castigo – es alimentada por perspectivas de justicia restaurativa y distributiva (la verdad, la reparación y la no repetición, por ejemplo).
El tercer aspecto se sigue del debate sobre la vocación ordinarizante o extraordinarizante de la JT anteriormente expuesto.
La visión “despolitizada” de la escena judicial provista por el uribismo y por el mismo gobierno a través del derogado Marco Jurídico para la Paz, tuvo que ceder paso al reconocimiento del delito político en la JEP, por medio de la incorporación de una Sala de Amnistía e Indulto.
Esta fue una concesión a las Farc dado que se les reconoció como actor político en la mesa, bajo la promesa de que posterior a su desmovilización podrían ingresar a la competencia política institucional, como lo señaló el propio ex comisionado de paz y actual embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo. (Contexto: La inclusión política garantiza que no se repita la violencia)
Por último, la imputación de responsabilidades no se descargará sobre los máximos responsables, sino que se “administrará” de acuerdo a la comprobación de la participación determinante en los hechos. Esta fue una concesión tanto a la guerrilla como a la cúpula militar, bastante comprometida con asesinatos a sangre fría de civiles que se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate (Falsos positivos).
He ahí el meollo de su seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que la nueva coalición uribista en el Congreso hizo trizas.
Estos son los dos ‘articulitos’ que el uribismo le cambió a la JEP
por lapipaco | Jun 28, 2018 | Justicia, Víctimas
Contexto: Los cambios “sustanciales” que quiere hacerle Iván Duque al Acuerdo de Paz
El partido Centro Democrático le ganó el pulso al Gobierno en el Congreso y logró introducir importantes modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de tres horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Procedimiento que le permite funcionar a la JEP con reglas claras avaladas por el Legislativo.
No obstante, la Ley que fue aprobada dista mucho a la que propuso inicialmente el gobierno y con la cual el uribismo nunca estuvo de acuerdo.
El primer cambio lo propuso la senadora Paloma Valencia y consiste en limitar las competencias de la JEP para los casos de extradición. De ahora en adelante, a diferencia de lo que sucedió con el caso de Jesús Santrich, cuando la JEP pidió suspender la solicitud de extradición, la Jurisdicción no tendrá potestad para pronunciarse de fondo sobre estos casos y tampoco para emitir juicios sobre la responsabilidad de la persona sindicada.
Los magistrados ya no podrán ordenar práctica de pruebas cuando tengan que decidir sobre la fecha en la que se cometieron los delitos. Para decidir si alguien en solicitud de extradición puede acogerse a la JEP, los magistrados solo podrán acogerse a los hechos conocidos públicamente para concluir si fueron cometidos antes de que se firmara el Acuerdo de Paz.
Solamente la Corte Suprema de Justicia tendrá derecho a acceder a las pruebas.
Contexto: ¿Acabar con la JEP?
El segundo cambio que introdujo el Centro Democrático tiene que ver con el trato especial para los militares. También por iniciativa de Paloma Valencia, el Senado aprobó que los militares tengan un procedimiento “especial y diferenciado”.
Los militares contarán con una sala especial dentro de la misma JEP, con nuevos magistrados y con un trato único.
Según el Centro Democrático, los magistrados actuales no pueden otorgar garantías para los militares por su “orientación ideológica”, por lo cual propusieron una nueva sala. Lo cierto es que los procesos contra los militares que están siendo investigados quedarán congelados por 18 meses mientras se define concretamente cómo será el proceso de juzgamiento.
Se espera que antes de la medianoche de este jueves las plenarias de Senado y Cámara voten las conciliaciones y la Ley pase a manos de la Corte Constitucional, donde los magistrados deberán evaluarla y, si cumple con la Constitución, aprobarla.
Para Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, los cambios que introdujo el Centro Democrático son inconstitucionales y van en contra de lo que se acordó durante el proceso de paz. A corte de marzo de este año, 4.653 excombatientes se acogieron a la JEP. Lo mismo hicieron 1.792 integrantes de la Fuerza Pública. Que sus procesos continúen como venían dependerá de lo que decida la Corte Constitucional.
Las versiones del Art. 53 de ley procesal aprobadas hoy por el @SenadoGovCo son contrarias a la Constitución y el Acuerdo Final; son garantía de extradición sin pruebas y buscan hacer trizas lo paz.
Conminamos a @CConstitucional a declarar su inconstitucionalidad. https://t.co/fn3Q4dhK9d
— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) June 27, 2018
Contexto: Los ‘guerreros’ que se comprometieron con la JEP
Vía ¡Pacifista!

References: artículo 19
 artículo 31
 artículo 79
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 112