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Timestamp: 2020-04-04 09:42:39+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1836-II, miércoles 7 de septiembre de 2005
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1836-II, miércoles 7 de septiembre de 2005.
De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para que esta Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud.
De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la PGR y a la Profepa, a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas.
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
A la Comisión de Juventud y Deporte de esta LIX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma la fracción IX, del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sometida a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por la C. Diputada Marisol Urrea Camarena del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes.
Primero. En sesión celebrada, el día veintiocho de octubre de dos mil cuatro, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la presente Iniciativa a esta Comisión para su estudio y dictamen.
Segundo. Los miembros integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que se discute y tomando en consideración que: 1.- El 6 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Instituto Mexicano de la Juventud, con la finalidad de asesorar al Ejecutivo Federal, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en la instrumentación y ejecución de la política nacional de la Juventud.
2.- Que el actual Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la población juvenil ocupa un importante espacio dentro del desarrollo nacional, por lo que como estrategia considera incorporar integralmente a este sector por medio de una política nacional de juventud que permita promover las oportunidades de estos y contar con los canales de comunicación adecuados para expresarse contribuyendo así con el desarrollo de nuestro país. Con base en los antecedentes señalados, formulamos las siguientes
En un contexto en el que la población juvenil sufre de una creciente exclusión social y de la ausencia de modelos normativos que le permitan aspirar a mejores condiciones de futuro; en el que los procesos de movilización juvenil no cuentan con las condiciones suficientes para generar transformaciones efectivas en la demanda y necesidades locales de la población juvenil, la gestión democrática de políticas locales de juventud es todavía una realidad ausente en nuestro país.
En este contexto, es de esperarse que las políticas para jóvenes y las políticas de juventud emanen fundamentalmente de las orientaciones del gobierno federal. Así, por ejemplo en el caso de la educación, a pesar de que los marcos normativos confieren atribuciones a los ayuntamientos para administrar planteles educativos que dependan del gobierno local, las escuelas municipales no representan ni siquiera el 1% del total de los planteles educativos de nuestro país. En los hechos, los ayuntamientos dependen de los recursos del gobierno estatal y federal, dejando en ellos funciones de mantenimiento y cuidado de las instalaciones.
Estamos convencidos de que una avanzada política de juventud, que afirme y amplíe su legitimidad, supone necesariamente, la participación de los jóvenes en su desenvolvimiento, lo que nos trae a un primer plano la necesidad de la concertación de las políticas de juventud con los propios actores sociales existentes, por lo que la promoción de la participación juvenil es de gran importancia para generar condiciones favorecedoras para el desarrollo.
Es necesario revisar y fortalecer el Marco Jurídico e Institucional en materia de juventud, así como evaluar y aplicar nuevas políticas públicas que coadyuven a su crecimiento.
En México, la gestión democrática de políticas locales de juventud es todavía un asunto pendiente, la heterogeneidad de actores juveniles poco coordinados y la cada vez más grave exclusión social que sufren los jóvenes, son algunos de los factores que condicionan la posibilidad para su diseño e instrumentación.
Es necesario desarrollar estrategias diferenciadas y complementarias, fundadas en la posibilidad de gestación de procesos en los que intervengan con mayor o menor presencia redes de interdependencia entre los actores institucionales y sociales que participan en el diseño e implementación de las políticas, proyectos y/o programas de juventud.
Es por lo anterior y de acuerdo con la exposición de motivos de la Diputada promovente considerando que el objetivo de la iniciativa en estudio es el de promover y enriquecer la diversidad temática que engloban los programas que el Instituto Mexicano de la Juventud desarrolla, consagrando con esta reforma acciones que permitan al Instituto Mexicano de la Juventud replantear estrategias y acciones como: Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.
Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.
Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de la juventud. Asimismo reconocemos que con el fin de materializar las estrategias y acciones anteriormente descritas el Instituto Mexicano de la Juventud emitió en el año de 2002 el Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD) 2002-2005, del cual emanan una serie de programas de trabajo en los que en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se busca generar mayores oportunidades para el desarrollo de este importante sector de nuestra población, mismos que se verán fortalecidos con esta reforma que retroalimentará sus principios rectores.
CONCLUSIONES I.- Con la presente reforma la población joven en nuestro país se beneficiará a través del diseño de estrategias para la ejecución de políticas de Estado y en reconocimiento a sus demandas de educación, empleo, salud, cultura, deporte, entro otras, ya que el Instituto Mexicano de la Juventud tendrá como propósito promover, generar y articular políticas públicas integrales que surjan del reconocimiento de los jóvenes y que respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional.
II.- La gran diversidad de grupos juveniles, exigen la implementación de distintas políticas públicas para garantizar el ejercicio de sus derechos, adecuándolos a cada entorno cultural con el fin de homogeneizar el desarrollo integral del universo juvenil.
III.- Los objetivos rectores del Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD) y los programas que de él se desprenden se verán reforzados con acciones que busquen la generación y mejora de las oportunidades de la juventud nacional.
IV.- El Instituto Mexicano de la Juventud, a través de esta reforma PROJUVENTUD, ha instrumentado una política Nacional de juventud permitiendo incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, materializando con esto su misión de integrador y vertebrador de todos los esfuerzos, programas y recursos invertidos por el gobierno federal a favor de la juventud nacional.
V.- De esta manera el Instituto Mexicano de la Juventud estará obligado a elaborar en coordinación con las dependencias y entidades federativas, programas de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva sensibles a las necesidades de la juventud. A su vez promueve y coordina el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, que es la conjunción de retos y esfuerzos del gobierno, la sociedad y los propios jóvenes, a fin de generar mejores resultados e impactos de los programas.
VI.- La Comisión que dictamina, integrada de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de esta LIX Legislatura, ha considerado favorable la aprobación de la Iniciativa en estudio. Como resultado del estudio de la Iniciativa turnada a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
Artículo único.- Se reforma la fracción IX del Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Articulo 4.- ... I. a VIII. ...
IX.- Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva, medio ambiente, servicios culturales juveniles, género y equidad, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, derechos humanos, incorporación laboral, autoempleo, vivienda, organización juvenil, liderazgo social y participación y en general todas aquellas actividades que de acuerdo a su competencia y a su capacidad presupuestal, estén orientados al desarrollo integral de la juventud, y
X. ... Transitorio
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.
Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos, Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Verónica Pérez Herrera (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIONES I Y IX; 6, 90, 99; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 CON UNA FRACCIÓN IV, 29 CON UNA FRACCIÓN XVI; 100 CON UNA FRACCIÓN III, 138 CON UNA FRACCIÓN VI A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
A la Comisión de juventud y Deporte de esta LIX Legislatura fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, sometidas a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por los C. Diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Comisión, con fundamento en el Artículo 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las iniciativas descritas y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes.
Primero. En sesión celebrada el 19 de enero del presente, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte con perspectiva de genero.
Segundo. En sesión celebrada el día 8 de febrero del presente se turnó la presente iniciativa, por la que se adiciona el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para su estudio y dictamen.
Tercero. Los miembros integrantes de la Comisión del Deporte procedieron al estudio de las iniciativas turnadas, efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las iniciativas que se discuten y tomando en consideración que: 1.- En el año de 1975 se celebró en la ciudad de México la Primera Conferencia Sobre la Mujer.
2.- En 1994, en la ciudad inglesa de Brighton, fue celebrada la conferencia sobre el Deporte Femenino y el Desafío del Cambio.
3.- El 16 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Ley General de Cultura Física y Deporte.
4.- La salud, es un derecho con el que todos contamos, es un derecho consagrado en nuestra Constitución desde el año 1983, en que el Estado Mexicano asumió la responsabilidad de su protección y garantía a toda la población. Con base en los antecedentes señalados, formulamos las siguientes
El deporte es una actividad cultural, cuya practica limpia y razonable enriquece a la sociedad y fortalece lazos de amistad entre naciones. El deporte es una actividad que ofrece al individuo la oportunidad de conocerse a sí mismo, expresarse y realizarse personalmente, adquirir y demostrar habilidades, interacción social, recreación, buena salud y bienestar.
El deporte promueve la integración, el compromiso y responsabilidad frente a la sociedad y contribuye al desarrollo de la comunidad.
En nuestro país en los últimos años, sobre todo en la pasada década, los mexicanos hemos tenido que hacer frente a graves problemas, los cambios económicos y tecnológicos han contribuido en cierta forma al mejoramiento en nuestras condiciones de vida, pero también han engendrado nuevos peligros para la salud que pueden repercutir en cuanto al equilibrio psíquico.
Durante el mismo periodo de tiempo, el deporte ha evolucionado profundamente y de ha expandido por diversos grupos sociales y por todas las naciones, lo que se explica fundamentalmente por los numerosos cambios experimentados por el mundo y por los problemas nuevos así planteados.
Indudablemente, el deporte no puede dar por sí solo solución a todos aquellos problemas, pero, de manera general, contribuirá a su solución en mucha mayor medida de la que habitualmente se supone.
Hoy en día no queda duda de que el ejercicio físico-deportivo permite al individuo mantener un buen estado de salud, tanto física como mental, convirtiéndose el deporte en un hábil instrumento sanitario preventivo al estimular la circulación, avivar los reflejos, desarrollar los músculos, habituar a resistir un esfuerzo prolongado. Por ello, la actividad deportiva es de interés general para toda la sociedad.
El deporte y las actividades deportivas son un aspecto integral de la cultura de toda nación. De todos modos, mientras que las mujeres y niñas son más de la mitad de la población mundial y a pesar que el porcentaje de participación en el deporte varía en los distintos países, en todos los casos es menor que la participación de los hombres y niños.
La creciente participación de la mujer en el deporte en los últimos años y el aumento de oportunidades para mujeres de participar en deportes locales e internacionales no ha sido seguido por un aumento en la representación de las mujeres en las tomas de decisiones y roles de liderazgo dentro del deporte.
Las mujeres están significativamente subrepresentadas en dirección, entrenadores y oficialidad, particularmente en los niveles más altos. Sin mujeres líderes, tomadoras de las decisiones y modelos de roles dentro del deporte, la igualdad de oportunidades para las mujeres y niñas no será lograda.
Las experiencias, valores y actitudes de la mujer pueden enriquecer, intensificar y desarrollar el deporte.
Igualmente, la participación en el deporte puede enriquecer, desarrollar e intensificar la vida de la mujer.
A los primeros juegos de este tipo en 1896 no asistieron mujeres, ellas hicieron su debut en la segunda edición de estas citas, en París 1900, donde compitieron en golf y tenis, es así que el Olímpismo femenino nace a la par del siglo XX.
Algunos historiadores afirman, en cambio, que la primera mujer en obtener un título resultó la estadounidense Helen Pourtalés, quien integraba la tripulación del barco de su esposo, el conde suizo Alexander de Pourtalés, vencedor en la clase 1-2 toneladas. Helen, por tanto, tendría derecho a esa medalla colectiva.
Los dirigentes del atletismo y del Comité Olímpico Internacional (COI) que negaban la participación femenina en las disciplinas atléticas, encontraron una ferviente opositora en la francesa Alice Melliat, atleta de remo y primera de su sexo en obtener un diploma reservado a remeros de larga distancia.
En 1917, Melliat funda la Federación de Sociedades Femeninas de Francia (FFSF), que organiza a partir de 1921 olimpiadas para mujeres. En ese propio año, con el apoyo de otras naciones, crea la Federación Internacional Deportiva Femenina (FSFI).
Es en esa cita donde finalmente el Olímpismo femenino comienza a afianzarse. Concurren cerca de 300 deportistas -casi el 10 por ciento del total- y es elevada su participación, sobre todo en el atletismo.
El crecimiento comenzará a partir de 1976 con el 20 por ciento de mujeres en los Juegos de Montreal, luego se elevó a 25 en Seúl 1988 y al 35 en Atlanta 1996.
La FSFI se disolvió en 1938, pues las pruebas femeninas se fueron incluyendo en los Juegos Olímpicos y el atletismo para mujeres se inserta con grandes éxitos en el programa de la IAAF.
Juan Antonio Samaranch, ex presidente del COI, fijó como prioridad al ser elegido en ese cargo en 1980 que las mujeres tendrían acceso a su directiva. En 1981, por primera vez en la historia olímpica, las mujeres son elegidas para tales cargos.
Las dos primeras mujeres miembros de ese ejecutivo fueron la venezolana Flor Isava Fonseca y la finlandesa Prjo Haggman.
En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 las mujeres compitieron en el mismo números de deportes por equipos que los hombres, que representaron el 38 por ciento de los 10 382 atletas inscritos.
La lucha por alcanzar la igualdad en la participación del deporte, la mujer he realizado un sinnúmero de eventos encaminadas a su plena integración como son las conferencias mundiales sobre "La Mujer y el Deporte" en Windhoek 1990, Brighton 1994 y Paris 2000, recientemente se realizó la Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Deporte en el 2002 y estando en espera la próxima conferencia mundial en el 2006 en Kumamoto, Japón, además de las conferencias de la Red Europea "Mujer y Deporte" en Estocolmo, Atenas, Helsinki y Berlín del 96 al 2002 sumándose también Parlamentos Europeos como el del 5 de junio de 2003 denominado la Mujer y el Deporte.
Por último esta Comisión de Juventud y Deporte considera: Que la Salud y el Deporte unidos a la educación son parte importante en el desarrollo de todo un país como el nuestro, donde el futuro depende de lo que hagan o dejen de hacer las nuevas generaciones y que mucho tiene que ver el que cuenten con un nivel optimo de salud física y social.
Que es interes de esta Comisión que dictamina, el retomar y hacer validos en nuestra nación los esfuerzos alcanzados a nivel internacional en beneficio del movimiento mundial a favor de las mujeres y el deporte.
Que conforme a lo establecido en la Ley Organica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, hemos considerado pertinente no incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como integrante de su órgano de gobierno, ya que para realizar dicha inclusión se requeriria en primera instancia de reformar diversas disposiciones de los ordenamientos anteriormente descritos Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:
Las reformas y adiciones propuestas por los C. Diputados María Elena Orantes López y Jorge Kahwagi Macari, han sido consideradas y valoradas por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.
A efecto de precisar y de acuerdo con los razonamientos obtenidos de las iniciativas en estudio, hemos considerado conveniente y favorablemente promover como resolutivo la emisión de un solo dictamen en virtud de que ambas se dirigen a un mismo ordenamiento y a fin de dar agilidad a los trámites parlamentarios subsecuentes para su aprobación.
La aplicación de los principios de la declaración de Brighton permitirá en nuestro país, como se señala en la misma, "El desarrollo de una cultura deportiva que permita y valorice la plena participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte".
Asimismo brindará de acuerdo a los principios mencionados la "igualdad de oportunidades de participar en el deporte, como actividad de ocio o recreo, para promover la salud, o como actuación de alto nivel como un derecho de cada mujer, sin hacer caso de raza, color, idioma, religión, creencia, orientación sexual, edad, estado matrimonial, minusvalía, opinión o afiliación política y origen nacional o social.
Con la aprobación de las iniciativas presentadas se promoverá el fomento a la salud a través de una cultura deportiva que permita y valore la participación plena de las mujeres en todos los aspectos de esta importante actividad para nuestra sociedad. Como resultado de los razonamientos expuestos, la Comisión que dictamina, ha considerado favorablemente la aprobación de las iniciativas presentadas por los C. Diputados María Elena Orantes López y Jorge Kahwagi Macari en los términos acordados y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:
Artículo único.- Se reforman los Artículos 2 fracciones I y IX; 6; 90; 99; se adicionan los Artículos 2 con una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 29 con una nueva fracción XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 100 con una nueva fracción III, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 138 con una nueva fracción VI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 2. ... I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;
V. Fomentar el desarrollo de la cultura físisca y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;
VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riesgos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios;
VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física Deportiva;
Artículo 6. La Federación, los estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.
Artículo 29. ... I. a XV ...
XVI. Incentivar e integrar entre las mujeres deportistas:
a) La oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro y alentador, que proteja sus derechos, dignidad e integridad;
b) La participación femenina en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo;
c) Que los conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte; y
d) La promoción y reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de una nación más sana.
XVII. a XXV ... Artículo 90. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la perspectiva de género y la capacitación respecto de la atención de las personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad.
Artículo 99. Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente, evitando en todo momento la discriminación por razones de género.
Artículo 100. ... I. y II. ...
III. Promover la perspectiva de género y la no discriminación;
IV. a X . ........ Artículo 138. ... I. .a V. ...
VI. La discriminación, exclusión o violencia de género Transitorios
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005
Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Verónica Pérez Herrera (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE TRANSPORTES, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN; DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; Y DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
Abril 28 de 2005.
El 27 de abril de 2005, le fue turnada a esta Colegisladora la Minuta de la H. Cámara de Senadores con Proyecto de Decreto por el que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de la Policía Federal Preventiva.
De acuerdo con la Minuta elaborada por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Colegisladora, estas Comisiones procedieron a su análisis y estudio, con base en las facultades que confieren los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometiendo a la consideración de esta Honorable Asamblea el dictamen relativo a la Minuta antes citada.
ANALISIS DE LA MINUTA
La Colegisladora se manifiesta por la necesidad de cuidar que la Secretaría de Seguridad Pública mantenga su organización y atribuciones durante 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, periodo en el que no ejercerán las atribuciones conferidas en éste, con el propósito de permitir a dicha Dependencia una reestructuración adecuada y, con base en la formalización de las reformas reglamentarias respectivas, cuente con elementos y sustento jurídico para actuar y ejercer las atribuciones que con este Decreto se otorgan.
Por otro lado considera que al no existir ordenamiento que regule el servicio de paquetería y mensajería y más aún, que con base a dicho ordenamiento, no existen permisionarios que presten este servicio, resulta procedente modificar el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto materia de estudio, eliminando la referencia hecha sobre los permisionarios del servicio de paquetería y mensajería.
Continúa señalando la Colegisladora que para efectos de no crear confusión, se debe modificar la redacción, del Artículo Quinto Transitorio, a efecto de establecer que las disposiciones reglamentarias en vigor se continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos reglamentos.
Asimismo la Cámara de Senadores, se manifestó por la necesidad de dar certeza y seguridad jurídica a quienes interpongan los recursos administrativos contra los actos de autoridad, determinando que las autoridades competentes al resolver los mismos de manera definitiva, serán aquellas ante quienes fueron presentados, por haber emitido los actos que se impugnan conforme a la normatividad que resultó aplicable a dichos actos.
Finalmente, la Colegisladora estima que cuando en ejercicio de las atribuciones que se le confieren en el Decreto, corresponda a la Secretaría de Seguridad Pública resolver respecto a los recursos interpuestos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerando que es la autoridad normativa en materia de servicios públicos de autotransporte federal, apoyará y brindará asesoría en lo conducente y por el tiempo necesario, para la pronta y eficaz resolución de los recursos interpuestos por los ciudadanos, estableciéndose la coordinación y colaboración necesaria para tales efectos, incluso con la participación de otras dependencias
Las que Dictaminan consideran adecuadas las modificaciones y adiciones aprobadas por la Colegisladora en el sentido de cuidar que la Secretaría de Seguridad Pública mantenga su organización y atribuciones durante 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, ello a efecto de permitir que dicha Dependencia realice una reestructuración adecuada y, con base en la formalización de las reformas reglamentarias respectivas, cuente con elementos y sustento jurídico para actuar y ejercer las atribuciones que en este Decreto se otorgan.
También se coincide con la eliminación a la referencia que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto realiza a los permisionarios del servicio de paquetería y mensajería, toda vez que al no existir ordenamiento que regule el servicio de paquetería y mensajería, no existen permisionarios que presten este servicio,
En otro aspecto se juzga procedente que a efecto de otorgar la debida seguridad jurídica, se modifique la redacción del Artículo Quinto Transitorio, a efecto de establecer que las disposiciones reglamentarias en vigor se continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos reglamentos.
En adición se coincide con la Colegisladora en dar certeza y seguridad jurídica a quienes interpongan los recursos administrativos contra los actos de autoridad, determinando que las autoridades competentes al resolver los mismos de manera definitiva, serán aquellas ante quienes fueron presentados.
Finalmente se considera oportuno que cuando en ejercicio de las atribuciones que se le confieren en el Decreto, corresponda a la Secretaría de Seguridad Pública resolver respecto a los recursos interpuestos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerando que es la autoridad normativa en materia de servicios públicos de autotransporte federal, apoyará y brindará asesoría en lo conducente y por el tiempo necesario, para la pronta y eficaz resolución de los recursos interpuestos por los ciudadanos, estableciéndose la coordinación y colaboración necesaria para tales efectos, incluso con la participación de otras dependencias
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA.
Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. recorriéndose en su orden actual el párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo Segundo. Se adiciona el Artículo 590 Bis, a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 590 Bis. Los ingresos derivados por concepto de multas impuestas por infringir disposiciones legales o reglamentarias en materia de tránsito en caminos y puentes federales, se destinarán a la Secretaría de Seguridad Pública para cubrir gastos de operación e inversión en programas vinculados a la propia seguridad pública y de manera específica se destinará el 20% del total a prevención del delito.
Artículo 2o. .......... I. a XII. ...
XIV. y XV. ... Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
............ I. a IX. ... Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.
Artículo 73. ... I. y II. ...
VIII. y IX. ... Una vez elaborada el acta, el servidor público que realiza la inspección proporcionará una copia de la misma a la persona que atendió la visita, aún en el caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no afectará su validez.
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a quinientos salarios mínimos;
V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil días de salario mínimo. En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley.
Artículo 74 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones: I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientos días de salario mínimo, y
II. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo. En caso de reincidencia, la Secretaría de Seguridad Pública podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley.
Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente;
II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o del Distrito Federal, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal,
sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven y
V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes. Artículo 76. El monto de las sanciones administrativas que se impongan por violaciones a la presente Ley y a los ordenamientos que de ella se deriven, por la operación del servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, así como por el tránsito de vehículos, podrá ser garantizado con el valor de los propios vehículos o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder de las mismas. En caso de que la garantía sea el vehículo, podrá entregarse en depósito a su conductor o a su legítimo propietario, quienes deberán presentarlo ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite.
En el caso de vehículos particulares solo procederá el otorgamiento de garantía cuando se trate de falta grave o reincidencia.
Artículo 79. Salvo lo dispuesto en el Artículo 79 Bis, para declarar la revocación de las concesiones y permisos, suspensión de servicios y la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, se estará a lo siguiente: I. y II. ... Artículo 79 Bis. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, se estará a lo siguiente: I. Las infracciones y las sanciones que se impongan, se harán constar en las boletas correspondientes, y
II. El pago de las sanciones impuestas, deberá realizarse por los infractores en las instituciones bancarias u oficinas designadas, o bien a través de cualquiera de los medios establecidos para tal efecto. Artículo 80. Contra las resoluciones dictadas con fundamento en esta Ley y sus reglamentos, se podrá interponer recurso de revisión conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XI, del Artículo 4o. de la Ley de la Policía Federal Preventiva, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ... I. a X. ...
XII. a XV. ... ...
SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con las dependencias competentes y de conformidad con el programa establecido, instrumentará lo necesario para el otorgamiento de estímulos fiscales para la sustitución de unidades del autotransporte federal en mal estado.
SÉPTIMO.- Los procedimientos y recursos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de las presentes reformas, se seguirán hasta su conclusión definitiva por y ante la autoridad que se presentaron de acuerdo con los ordenamientos vigentes al momento que iniciaron.
OCTAVO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2005.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo, Humberto Francisco Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán, María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
Por la Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Jorge Uscanga Escobar (rúbrica), Presidente; José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), secretarios; Álvaro Burgos Barrera, Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Quintín Vázquez García (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), María Antonia García Sanjinés, Raúl Leonel Paredes Vega, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López, Inelvo Moreno Álvarez, Arturo Nahle García (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica).
Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos, Adrián Villagómez García (rúbrica), José Javier Villicaña Jiménez, Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 78, 121, FRACCIÓN I; 150, 152 Y 153 DE LA LEY ADUANERA
Junio 22 de 2005.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente
1.- En fecha 30 de marzo de 2005, la Diputada María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera.
ÚNICO.- Los suscritos integrantes de la Comisión estiman procedente puntualizar la iniciativa presentada por la Diputada María Esther Scherman Leaño, que a la letra señala: "Exposición de Motivos
Las tiendas libres de impuestos ubicadas en los puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura, conocidas como duty free, constituyen depósitos fiscales debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Aduanera, para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras.
Actualmente las mercancías que se venden en estos establecimientos no son sujeto del pago de impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, siempre y cuando la compra la realicen pasajeros que salen del país y la entrega de dichas mercancías se lleve a cabo en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo el ciudadano extranjero que las compra.
Como se sabe, las tiendas libres de impuesto ubicadas en los aeropuertos se localizan en las zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales, es decir, donde sólo pueden permanecer los pasajeros que están próximos a salir del país. En los puertos marítimos, las tiendas se ubican el recinto fiscal, o contiguas al mismo. En ambos casos, el control de estos inmuebles, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas, están a cargo de las autoridades aduaneras.
México en 2004 conserva el octavo lugar a nivel mundial en el número de turistas internacionales con 20.6 millones y mejoró su posición por el monto de ingresos recibidos con 10.8 mil millones de pesos.
En gasto medio de los turistas de internación ha tenido un aumento sostenido en los últimos tres años, al pasar de 645.2 dólares en 2003 a 673.7 dólares en 2004, con una tasa de crecimiento anual de 14.6 por ciento.
Ante ello, la presente iniciativa plantea una alternativa para contribuir a la captación de las divisas y recuperación de las mismas en la compra de productos nacionales y consiste en complementar el esquema de las tiendas de referencia, permitiendo que quienes llegan al territorio nacional procedentes de vuelos internacionales, puedan también tener acceso a la compra y entrega de mercancías no sujetas al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con el previsto en el artículo 61, fracción IV, de la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables; por lo contrario, las mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes; este sistema se encuentra implementado y desarrollado desde hace varios años en los aeropuertos de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Paraguay, entre otros países de América Latina.
El propósito principal de la iniciativa, es que las divisas permanezcan en el territorio nacional y con ello se permita la creación de empleos y se obtengan recursos fiscales para el gobierno; lo anterior, aprovechando el hecho de que cada pasajero nacional o extranjero, tiene derecho a introducir al territorio mexicano un monto hasta de 300 dólares como franquicia, siempre y cuando cumpla con las características de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.
Las nuevas tiendas estarían ubicadas, precisamente, antes de pasar la revisión fiscal y las ventas se realizarían en presencia de las autoridades hacendarias, dando preferencia a los productos nacionales.
Como resultado positivo de esta propuesta, se estima que el Gobierno Federal obtendría mayores ingresos anuales derivados de contribuciones y por rentas en los aeropuertos, sin soslayar que las empresas generarían más Impuesto sobre la Renta.
Conviene señalar que este esquema fue ya instrumentado en México en los años 1984 y 1985; sin embargo, bajo el argumento de problemas de espacio, la entonces Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares dio por terminada la operación de mismo, no obstante que en su momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había tenido inconveniente en el funcionamiento de las mismas, sino por el contrario, apoyó su continuidad, ya que le permitían obtener ingresos fiscales.
Por lo anterior descrito, considero que esta iniciativa de reforma repercutirá en la creación de más empleos, aumentará la recaudación tributaria y elevará la productividad y la calidad de vida de muchos mexicanos.
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de
Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 121 de la Ley Aduanera, sobre ventas libres de contribuciones a pasajeros de vuelos internacionales a su llegada al territorio nacional.
Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 121 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 121. ..........
I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puerto aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas mercancía se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero.
Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al país directamente del extranjero y dicha venta así como la entrega de las mercancías se realice en los establecimientos autorizados por la Secretaría, cumpliendo los requisitos de control que se establezcan mediante reglas, las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción IV, de la ley y demás disposiciones aplicables. Las mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes.
Las autoridades aduaneras controlarán los establecimientos mencionados en los dos párrafos anteriores, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas.
La autorización a que se refiere esta fracción sólo se otorgará a personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los demás requisitos que establezca la Secretaria mediante reglas. En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los locales se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales y en el caso de los puertos marítimos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo. Tratándose de los establecimientos a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, se requerirá que los locales se encuentren en la zona reservada para pasajeros internacionales dentro del aeropuerto internacional o puertos marítimos de que se trate antes de la zona de declaración y revisión aduanal correspondiente.
La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual si lo solicita el interesado durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas.
Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción deberán pagar en las oficinas autorizadas, a más tardar el día diecisiete del mes de que se trate un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes inmediato anterior.
Procederá la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley, cuando los locales objeto de la autorización dejen de encontrarse en las zonas establecidas o se incurra en alguna otra causa de revocación establecida en esta ley o en la autorización.
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente reforma." CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dictaminar la iniciativa presentada por la Diputada María Esther Scherman Leaño de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA.- Esta Dictaminadora procede a dictaminar favorablemente la Iniciativa de la Diputada María Esther Scherman Leaño con algunas precisiones a la iniciativa.
En efecto, las tiendas libres de impuestos (Duty Free), son establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura.
Estos establecimientos se encuentran físicamente ubicados en los aeropuertos internacionales y puertos marítimos de altura del territorio nacional, así como en las franjas o regiones fronterizas norte y sur del país, con la finalidad de que los pasajeros que salgan del país directamente al extranjero compren mercancías nacionales o extranjeras sin el pago de impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias, siempre y cuando la entrega de dichas mercancías se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero.
En la iniciativa presentada por la Diputada María Esther Scherman Leaño, se plantea complementar el esquema de las tiendas libres de impuestos (Duty Free), permitiendo que quienes llegan al territorio nacional procedentes de vuelos internacionales, puedan tener acceso a la compra y entrega de mercancías no sujetas al pago de los impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción IV, de la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables.
Se establece como limitante que las mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes, buscando con ello que las divisas permanezcan en el territorio nacional y que con ello se permita la creación de empleos y de recursos fiscales de los gobiernos.
Esta Comisión coincide plenamente con los argumentos planteados en la iniciativa que se dictamina por lo cual procede a dictaminar en sentido positivo su contenido.
No obstante lo anterior, se propone modificar el contenido de la iniciativa a efecto de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes y dotar a las autoridades aduaneras de los mecanismos necesarios para determinar el valor de las mercancías, evitando con ello la discrecionalidad, se propone establecer los métodos de valoración a que deberá sujetarse dicha autoridad, acordes a lo dispuesto en el GATT, cumpliendo con ello con los compromisos adquiridos con motivo de la adhesión de nuestro país.
Lo anterior, teniendo en consideración la necesidad de dar transparencia y agilidad a los procedimientos a cargo de las autoridades aduaneras, cuidando en todo momento de otorgar a los contribuyentes seguridad y certeza jurídica, se sugiere modificar el procedimiento administrativo en materia aduanera para uniformar el inicio del cómputo de los plazos para ofrecer pruebas, prever la posibilidad de que en los casos en que el embargo precautorio se genere con motivo de una presunta inexacta clasificación arancelaria, se ofrezca la celebración de una Junta Técnica Consultiva, con la posibilidad de que se confirme la clasificación arancelaria asentada en el pedimento se deje sin efectos el embargo se entreguen inmediatamente las mercancías.
En razón de lo anterior, se propone el siguiente texto de reforma: Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importadas no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y IV de esta Ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero.
No obstante lo anterior, cuando la documentación comprobatoria del valor sea falsa o esté alterada o tratándose de mercancías usadas, la autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor comercial de la mercancía con base en la cotización y avalúo que practique la autoridad aduanera; tratándose de vehículos usados el valor será el que resulte de aplicar al valor de un vehículo de características similares o equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se determine la base gravable, una disminución del 30% por el primer año inmediato anterior, sumando una disminución del 10% por cada año subsecuente, sin exceder del 80%.
La autorización a que se refiere esta fracción sólo se otorgará a personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los demás requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las personas autorizadas responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías faltantes en sus inventarios, las que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que establece la Ley.
En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los establecimientos se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales y en el caso de los puertos marítimos y fronterizos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo. Tratándose de los establecimientos a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, se requerirá que los establecimientos se encuentren en la zona reservada para pasajeros internacionales dentro del aeropuerto internacional de que se trate antes de la zona de declaración y revisión aduanal correspondiente. Procederá la autorización de los establecimientos siempre que se encuentren dentro del recinto fiscal o, en el caso de puertos marítimos y fronterizos, contiguo al mismo.
La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual si lo solicita el interesado durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas y los interesados se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción estarán obligados a:
a) Pagar en las oficinas autorizadas, a más tardar el día diecisiete del mes de que se trate un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes inmediato anterior.
b) Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos enlazado con el del SAT.
c) Llevar un registro diario de las operaciones realizadas, mediante un sistema automatizado de control de inventarios, debiendo otorgar a la autoridad aduanera acceso electrónico en línea de manera permanente e ininterrumpida.
d) Instalar y mantener en funcionamiento permanente un sistema de circuito cerrado a través del cual la autoridad aduanera tenga acceso a los puntos de venta y entrega de la mercancía, así como de los puntos de salida del territorio nacional poniendo a disposición del SAT terminales de monitoreo.
f) Presentar ante la Administración General de Aduanas la documentación comprobatoria que acredite el pago del aprovechamiento del 5% de sus ingresos brutos obtenido por la venta de mercancías efectuadas mensualmente y la que acredite que se ha efectuado el pago del derecho por el otorgamiento de la autorización del establecimiento respectivo, conforme al artículo 40, inciso k) de la Ley Federal de Derechos.
g) Cumplir con los mecanismos de control de ventas y entrega de mercancías que se establezcan mediante reglas.
h) Cumplir con las demás condiciones y lineamientos que establezca el SAT.
Procederá la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley, cuando los locales objeto de la autorización dejen de encontrarse en las zonas establecidas o se incurra en alguna otra causa de cancelación establecida en esta ley o en la autorización.
Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.
Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará; que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados.
Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria podrá ofrecerse, dentro del plazo señalado, la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento; dicha junta deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efectos el mismo, en caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo no constituye instancia y el acuerdo que se dicte no podrá ser impugnado por los interesados.
Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta Ley.
En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente.
En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados.
Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los que se pretenda comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información en ellos contenida deba transmitirse en el sistema electrónico previsto en el artículo 38 de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor probatorio a la información transmitida.
Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedará sin efectos el embargo que hubiese sido decretado sobre las mercancías, debiendo ser entregadas éstas al interesado, sin perjuicio de que la autoridad aduanera que hubiese levantado el embargo en los términos de este artículo, emita la resolución correspondiente dentro de los plazos a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los diez días siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, el interesado presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando el interesado en un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de las mercancías. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA.
Artículo Único.- Se reforman los Artículos 78; 121, fracción I; 150; 152 y 153, todos de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importadas no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y lV de esta Ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero.
Artículo 121. ........ I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puerto aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas mercancía se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero.
II. a IV. ......... Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.
En dicha acta se deberá hacer constar: I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción.
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de la reforma al artículo 121 que entrará en vigor hasta que los establecimientos cuenten con la infraestructura, los medios de control que determine el Servicio de Administración Tributaria y el enlace necesario para su operación.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 22 de junio de 2005.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE TURISMO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada Elizabeth O. Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo.
1.- Con fecha 1 de marzo de 2005, la Diputada Elizabeth O. Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, la iniciativa antes descrita, para su estudio y dictamen.
3.- El 1 de marzo de 2005, los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 37 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
4.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen.
5.- Al efecto, con fecha 2 de marzo de 2005, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, realizaron el foro "Incentivos fiscales en el Turismo", contando con la presencia de Diputados de estas Comisiones Unidas, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Turismo y, empresarios del sector turismo, por lo que, conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente
6.- La Comisión de Turismo, a través de su Mesa Directiva, remitió a esta Dictaminadora su opinión favorable respecto a la iniciativa que antecede.
7.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de estas H. Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, procedieron al análisis de las iniciativas mencionadas, con base en los siguientes
PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar las iniciativas presentadas por la Diputada Elizabeth O. Yáñez Robles y la presentada por los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA.- Estas Comisiones consideran procedente dictaminar favorablemente las iniciativas presentadas por la Diputada Elizabeth O. Yáñez Robles y por los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza.
En efecto, el propósito de ambas iniciativas es crear un sistema de reembolso del impuesto al valor agregado a los turistas extranjeros que visiten México y retornen al extranjero.
Entre los motivos fundamentales que sustentan las citadas iniciativas se menciona lo siguiente: 1) El turismo constituye hoy día una actividad que ha tomado cada vez mayor importancia en el ámbito internacional, debido a los beneficios económicos y sociales que su crecimiento le genera a los países.
2) La tendencia internacional indica que en la mayoría de los países desarrollados, se han implementado políticas públicas para atraer a un mayor número de visitantes extranjeros a sus destinos turísticos.
3) Entre las políticas de promoción turística que se han adoptado en otros países, se encuentra el reembolso del impuesto al valor agregado a los turistas extranjeros que les hayan trasladado en sus consumos que realicen en comercios establecidos en el país que visitan.
Ejemplo de ello, es la práctica que llevan a cabo nuestros principales socios comerciales, Canadá y los Estados Unidos de América, así como los países de la Unión Europea y países asiáticos como Taiwán, China y Tailandia, donde se ha establecido como política gubernamental la devolución de impuestos a turistas internacionales.
4) Entre los beneficios que puede brindar la propuesta contenida en las iniciativas de referencia, se encuentran los siguientes:
Promueve al país en el exterior, mejorando su competitividad para posicionarlo en un mejor lugar en el ámbito internacional en materia de turismo.
Coadyuva a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que quien busque afiliarse al mismo deberá estar registrado ante el Servicio de Administración Tributaria y estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
Aumenta el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con la que cuenta el país.
Favorece las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que el incremento en el gasto generaría mayor actividad económica.
5) Considerando la experiencia internacional y los beneficios que puede traer para México el reembolso del impuesto al valor agregado a los visitantes extranjeros, se propone establecer en la Ley del impuesto respectivo la devolución del mismo a los citados visitantes.
Las dos Iniciativas que se dictaminan coinciden en que el sistema para la devolución del impuesto al valor agregado a los turistas extranjeros, debe reunir los requisitos y características siguientes:
a) Que el reembolso del impuesto al valor agregado se realice a los turistas extranjeros que visiten México y retornen al extranjero. Al respecto, la Iniciativa presentada por los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza propone que para que opere dicho reembolso el retorno al extranjero debe ser por vía aérea. Por su parte, la Iniciativa presentada por la Diputada Elizabeth O. Yánez Robles propone que dicho retorno sea por vía aérea, marítima y terrestre.
b) Que se demuestre la calidad migratoria de turista.
c) Que los comprobantes fiscales que emitan los contribuyentes reúnan los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
d) Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo cual debe verificarse en la aduana por la que salga el turista.
e) Que el valor de las compras realizadas, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, reúna un monto mínimo. Los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza proponen que el monto mínimo de las compras realizadas diariamente, sea equivalente en moneda nacional a cien dólares de los Estados Unidos de América. Por su parte, la Diputada Elizabeth O. Yánez Robles propone que dicho monto realizado por establecimiento, sea de mil doscientos pesos en moneda nacional.
f) Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para establecer las reglas de operación necesarias para efectuar las devoluciones y para otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para dicho órgano.
g) En todo caso, la devolución que se haga a los turistas extranjeros deberá disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas.
h) La adición del artículo 31 propuesta en las iniciativas en análisis entrará en vigor el 1 de enero de 2006, estableciéndose un plazo adicional para que el Servicio de Administración Tributaria expida las reglas de carácter general necesarias. El plazo que propone al respecto la Iniciativa de los Diputados Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza es de 120 días naturales contados a partir de la fecha de publicación del Decreto. Por su parte, la Iniciativa de la Diputada Elizabeth O. Yánez Robles propone que dicho plazo sea de 170 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto. Ahora bien, estas Comisiones que dictaminan estiman necesario establecer las siguientes modificaciones a las iniciativas que se dictaminan:
En cuanto al tipo de turistas extranjeros, se estima que es adecuado que la medida se destine a aquellos que ingresen por vía aérea y marítima, pero no se está de acuerdo en que el incentivo también se aplique a los turistas que ingresen por vía terrestre, ya que existirían serios problemas de control ocasionados por el tránsito enorme de personas en las fronteras del país, básicamente en la frontera norte y, por ende, habría abusos para obtener devoluciones improcedentes.
Por lo que hace al monto mínimo de compras por turista extranjero debe ser de 1,200 pesos en moneda nacional.
En relación con la mecánica operativa para la devolución, como son los requisitos que deben reunir los comprobantes emitidos por los negocios que amparen las ventas a los turistas, el registro de los negocios autorizados, el procedimiento para que el turista acredite que lleva consigo las mercancías cuyo impuesto al valor agregado se le devolverá, la forma o medio para entregar la devolución al turista, entre otras cuestiones similares, se considera adecuado que sea el Servicio de Administración Tributaria quien emita las reglas correspondientes, en cuanto órgano que tendrá la obligación de controlar y administrar dichas devoluciones.
Igualmente, se estima conveniente que sea el Servicio de Administración Tributaria quien determine si operará directamente la devolución o bien, si operará a través de un tercero.
Por otra parte, considerando que esta devolución es un servicio exclusivo de beneficio para los turistas, se está de acuerdo en que la devolución del impuesto, se disminuya con el costo de administración que ello implique.
En cuanto a la entrada en vigor de esta disposición, las iniciativas proponen que sea a partir del 1 de enero de 2006, previendo un plazo adicional para que el Servicio de Administración Tributaria emita reglas de carácter general. Sin embargo, se considera conveniente que esta medida entre en vigor en el mes de julio de 2006, a efecto de que el citado órgano pueda definir el mejor sistema de devoluciones que adoptará, ya sea administrándolo directamente o bien, otorgarlo a particulares, previo concurso o licitación pública que se efectúe, así como establecer la infraestructura necesaria con los negocios que vayan a integrarse a este tratamiento, entre otras medidas, como son la capacitación y difusión previas.
Por lo expuesto, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 31, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana aeroportuaria o marítima, según sea el caso, por la que salga el turista.
III. Que valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, ampare un monto mínimo en moneda nacional equivalente a 1,200 pesos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.
Único.- La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2006.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Humberto Francisco Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
Diputados: Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera, Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Benjamín Hernández Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Beatriz Mojica Morga, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio, Janette Ovando Reazola (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez, Pablo A. Villanueva Ramírez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Francisco López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE ESTA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CREAR UN PROGRAMA FEDERAL DE APOYO A LA JUVENTUD
A la Comisión de Juventud y Deporte fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de punto de acuerdo, suscrito por el Diputado Miguel Amezcua Alejo integrante del Partido Revolucionario Institucional, para que esta Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo Federal, a crear un programa federal de apoyo a la juventud.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
Primero.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 7 de diciembre de 2004 se turnó el presente proyecto de punto de acuerdo para su estudio y dictamen.
Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes:
Por la importancia que reviste el papel de los jóvenes dentro de la población y en atención a sus demandas de educación, empleo, salud, cultura, deporte, impulso a la apertura de oportunidades económicas, inclusión social, entre otras, el Estado se ha dado la tarea de implementar políticas públicas encaminadas al desarrollo de este sector, así como a la creación de instituciones encargadas del despacho de asuntos de la juventud.
Que el Gobierno Federal creo el Instituto Mexicano de la Juventud, para poder canalizar todos los asuntos que tuvieran que ver directamente con la población juvenil. Esta institución tiene como propósito promover, generar e instrumentar políticas públicas integrales de juventud para que estas puedan responder a las necesidades de los jóvenes, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional.
Que el Instituto Mexicano de la Juventud se ha dado a la tarea de promover y coordinar el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, en donde se esbozan las acciones que tiene el gobierno federal a fin de generar mejores resultados e impactos de los programas dirigidos a los jóvenes.
Que la Ley del instituto Mexicano de la Juventud, precisa el objeto del Instituto el cual es entre otras cosas el de definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país., así como el de asesorar y promover la planeación de acciones destinadas al mejoramiento del nivel de vida de la juventud así como en sus expectativas en los distintos ámbitos del acontecer nacional.
Que para el impulso y desarrollo de la juventud, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en su artículo 4° el cual define las atribuciones que tiene el organismo para el cumplimiento de su objeto.
Que en el marco de sus atribuciones se establece que el Instituto puede concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud.
Es por ello, que consideramos viable que se exhorte al Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones legales realice un programa federal de apoyo a la juventud.
Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a crear un programa de apoyo social a la juventud, coordinado por el Instituto mexicano de la Juventud.
Segundo. El programa de apoyo a jóvenes estará incluido dentro de los programas sociales de gobierno y deberá considerarse dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos, Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez, Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Verónica Pérez Herrera, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PGR Y A LA PROFEPA, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESALOJAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES UBICADOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, CHIAPAS
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación les fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas como la invasión de Áreas Naturales Protegidas, presentado por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones son competentes para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
1.- En sesión celebrada el día 13 de Abril de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas como la invasión de Áreas Naturales Protegidas, por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
La Reserva de la Biosfera Montes Azules, que fuera decretada Área Natural Protegida desde enero de 1978, se encuentra ubicada en el extremo oriental del Estado de Chiapas. Representa la porción central de la región conocida como Selva Lacandona, un área de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas. La mayor parte de la reserva está cubierta por selva alta y mediana, pero hay en ella varios tipos de vegetación, como son bosque mesófilo de montaña, bosques de pino-encino, sabanas abiertas y humedales que se encuentran solamente en áreas aisladas de la misma.
En la Reserva de la Biosfera se concentran el 28 % de las especies de mamíferos del país, el 32 % de las aves, el 12 % de los reptiles, el 9 % de los anfibios, 14 % de las especies de peces de agua dulce y el 20% de plantas vasculares de todo el país, algunas de las cuales se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2001, el Convenio Internacional de Especies de Flora y Fauna en Riesgo(CITES) o la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza(UICN) .
No obstante lo anterior, la Reserva de la Biosfera ha padecido de una problemática muy fuerte desde mucho antes de su decreto: tala ilegal, fuerte extracción de especies de fauna, contaminación y aumento exponencial de conflictos sociales derivados de las crecientes invasiones y la tenencia de la tierra.
De hecho, debido a los propios asentamientos irregulares, en los últimos 30 años se ha perdido mas del 70 % de la Selva Lacandona, y dentro de la Reserva de la Biosfera el 35 % de su cubierta forestal se ha visto gravemente afectada por los drásticos cambios de uso de suelo al devastar la selva para poner milpas y potreros o privilegiar los intereses de algunos caciques y compañías madereras que deterioran sin contemplación.
A lo largo de los últimos años, esta situación se ha visto evidenciada en diversos medios de comunicación sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema de fondo. En repetidas ocasiones se han pretendido realizar acercamientos por parte de la Secretarías de Reforma Agraria, de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con las familias locales con el objeto de aliviar los conflictos causados por las invasiones así como para implementar programas de reubicación, adquisición de nuevas tierras y conservación de las áreas protegidas sin que se hayan logrado grandes avances.
Debido a lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, LIX Legislatura realizaron uan visita de trabajo del 27 al 30 de noviembre de 2003, en donde se detectó que existen 42 invasiones de las cuales solo 6 tienen derecho constituidos, se tiene sin solución 19 denuncias de despojo por la comunidad lacandona ante el Ministerio Público Estatal, y en el diagnostico se detectaron 28 asentamientos que se consideran de urgente atención por la fragilidad de los ecosistemas.
El 5 de junio de 2003 se formo una Comisión Interinstitucional para atender a los grupos irregulares, este grupo se encabeza por la Secretaría de la Reforma Agraria, que para este fin destina 150 millones de pesos. En la Comisión interinstitucional esta formada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La Comisión Intersecretarial se encuentra en el proceso de reubicar asentamientos fuera de las zonas de reserva, a través del convencimiento de algunas comunidades invasoras.
De igual forma evidenciaron la necesidad de: dar atención integral a los problemas de la Reserva de la biosfera Montes Azules, detener la tala clandestina y cambios de uso de suelo en el área natural protegida, frenar los crecientes asentamientos humanos irregulares, agilizar el proceso de regularización de las antiguas invasiones así como las recientes y se comprometieron a solicitar al Instituto Nacional de Migración, aclare la situación que guardan los extranjeros que se encuentran con los diferentes grupos de invasores.
A casi 5 meses de la visita, en las ultimas semanas de Marzo de 2004, se transmitieron varios reportajes por televisión en los canales de Fuerza Informativa Azteca, mostrando nuevas invasiones en la Reserva de Montes Azules, tala clandestina, erosión de suelo, depredación de recursos, deterioro del entorno así como la cuestionable presencia de extranjeros en las zonas de invasión y la nula intervención por parte de las autoridades.
Tan solo consideremos que los propios indígenas han denunciado que empresas europeas han saqueado de forma ilícita gran parte de las mas de nueve mil especies de plantas medicinales que hay en la selva Lacandona y a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chiapas contra las farmacéuticas extranjeras hasta el día de hoy la extracción continua.
Aunado a lo aludido, vale la pena mencionar que las invasiones a Montes Azules Chiapas, y la afectación a su biodiversidad o recursos naturales, violan lo dispuesto en el Capitulo I de las Áreas Naturales Protegidas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el capitulo V, de Infracciones y Sanciones de la Ley General de Vida Silvestre y Capitulo II, relativo a la Biodiversidad del Código Penal Federal en sus Artículos 418, 419, 420 y 420 bis.
De igual forma, en lo referente a los extranjeros localizados en la Reserva, se violan varios artículos del Capitulo VIII de Sanciones la Ley General de Población de nuestro país, por la realización de actividades para las cuales no están autorizados.
Por lo anterior, estas Comisiones, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás referentes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:
PRIMERO: SE EXHORTA A LA COMISION INTERSECRETARIAL A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DEL AVANCE QUE SE TIENE EN LA REUBICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, PRODUCTO DE INVASIONES, ASI COMO DE LA EXISTENCIA DE NUEVAS INVASIONES, EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, CHIAPAS.
SEGUNDO: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A AGILIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS A LOS LUGAREÑOS DESALOJADOS DE MONTES AZULES.
TERCERO: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A VERIFICAR LA LEGAL ESTANCIA Y COMPORTAMIENTO ADECUADO (ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA LEY DE GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO) DE LOS EXTRANJEROS PRESENTES EN LA SELVA LACANDONA Y EN SU CASO REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA MANTENER EL ESTADO DE DERECHO EN LA ZONA.
CUARTO: SE EXHORTA A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE INVESTIGUEN EL SAQUEO DE BIODIVERSIDAD (BIOPIRATERIA) POR EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS EN MONTES AZULES.
QUINTO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE RESTAURACION ECOLOGICA PARA REVERTIR LOS PROCESOS DE DETERIORO AMBIENTAL QUE SE HAN PRODUCIDO DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES AZULES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 78 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.
Dado en el Palacio Legislativo a ___ de __________del 2004.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarria Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Paez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruíz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).

References: ARTÍCULO 4
 artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 73
 artículo 2

Artículo 2

Artículo 6

Artículo 29
 Artículo 90

Artículo 99

Artículo 100
 Artículo 138
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 Artículo 590

Artículo 590

Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 36

Artículo 73

Artículo 74
 artículo 74

Artículo 74

Artículo 74
 Artículo 76

Artículo 79
 Artículo 79
 Artículo 79
 Artículo 74
 Artículo 80
 Artículo 4

Artículo 4
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 61
 artículo 71
 artículo 121
 artículo 121

Artículo 121
 artículo 61
 artículo 144
 artículo 61
 Artículo 78
 artículo 40
 artículo 144

Artículo 150

Artículo 152
 artículo 151
 artículo 150
 resolución 

Artículo 153
 artículo 150
 artículo 38
 artículo 151
 artículo 150
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 67
 resolución 
 resolución 

Artículo 78

Artículo 121
 Artículo 150
 resolución 
 artículo 121
 ARTÍCULO 31
 artículo 31
 artículo 37
 artículo 31
 ARTÍCULO 31
 artículo 31

Artículo 31
 artículo 31
 artículo 4