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Timestamp: 2018-12-13 04:29:19+00:00

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Apuntar en el cuadrante la sanción a un empleado no vulnera su honor 06-09-2017
La identificación de un trabajador como sancionado en un cuadrante de turnos en la empresa no vulnera el honor del empleado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León rechaza que sea u...
La identificación de un trabajador como sancionado en un cuadrante de turnos en la empresa no vulnera el honor del empleado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León rechaza que sea un ataque a su honor o prestigio profesional, ya que solo tienen acceso al cuadrante algunos empleados, la dirección de la empresa y el personal de recursos humanos, sin que además aparezca en dicho cuadrante la causa que motivó la sanción sino una simple referencia a la misma.
La sentencia, de 1 de marzo de 2017, apunta que "no nos hallamos ante un supuesto en el que la empresa haya revelado datos referidos a la intimidad personal o familiar del actor, sino que se trata de eventos relativos a su actividad profesional, lo que determina que el derecho a la intimidad personal y familiar no resulte vulnerado". De este modo, el TSJ declina un posible menoscabo en el prestigio profesional del trabajador y que se produzca una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
"No existe constancia de que los cuadrantes hayan sido conocidos por personas ajenas a la empresa, con lo que el prestigio profesional del actor no ha quedado afectado fuera de su ámbito estrictamente laboral", explica el magistrado Riesco Iglesias, ponente del fallo. "Es más, solo tienen acceso al cuadrante y, por ello hay que presumir que han resultado conocedores de la sanción, según el fundamento de derecho tercero, los conductores, la dirección de la empresa y el personal de recursos humanos; y tanto la dirección como el personal de recursos humanos lógicamente debían tener conocimiento de la sanción impuesta al trabajador porque la dirección es la responsable de la gestión de la empresa y tiene conocimiento de las sanciones impuestas a los trabajadores en cuanto que es la fuente de las mismas", añade.
El trabajador denunciaba que al cuadrante gráfico acceden no solo los trabajadores de su centro de trabajo, sino también de otros cuatro centros de trabajo de la empresa. De este modo, entendía quela mención a la sanción era un dato innecesario en la confección del gráfico. Además, sostenía que se divulgan datos privados de su esfera personal y privada que no deben ser divulgados ni conocidos por terceros.
En todo caso, el fallo reconoce que puede vulnerarse este derecho "en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias". En este sentido, apunta que "la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un ataque a su honor personal". En estos supuestos, explica que "los calificativos formalmente injuriosos o innecesarios para el mensaje que se desea transmitir pueden hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación fuese directamente de su persona".
La TI híbrida, una ayuda necesaria para cumplir con el GDPR 05-09-2017
Desde sus inicios, el cloud ha demostrado ser tremendamente beneficioso para todas las empresas, proporcionando computación flexible y potente, almacenamiento bajo demanda, y también fia...
Desde sus inicios, el cloud ha demostrado ser tremendamente beneficioso para todas las empresas, proporcionando computación flexible y potente, almacenamiento bajo demanda, y también fiabilidad y seguridad a las organizaciones. Ahora, con la entrada en vigor de la aplicación del nuevo reglamento de protección de datos de la UE (GDPR) a la vuelta de la esquina, la nube, y en especial la cloud híbrida, también puede demostrar su valor.
No en vano, según distintos analistas de la industria, las organizaciones que utilizan una nube híbrida pueden almacenar los datos más sensibles en la nube privada, más bloqueada y controlada, para darles una capa adicional de seguridad. Esto también facilita el trabajo con otras empresas, ya que puede bloquear algunos datos en la nube privada, compartiendo información esencial a través de la cloud pública. Es una manera de organizarse para cumplir adecuadamente con esta nueva normativa que establece fuertes sanciones (hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación mundial de la compañía, lo que sea más alto), si se produce una violación de la regulación y se sufre la pérdida de datos.
Por otro lado, con una cloud híbrida también es posible ejecutar dos nubes interconectadas, cada una almacenando y procesando diferentes conjuntos de datos. La combinación es potente, porque la nube pública que aporta la escala y la eficiencia necesaria, mientras que la nube privada ofrece seguridad, velocidad y personalización. Además, es algo en lo que las compañías ya están invirtiendo.
Ahora bien, el verdadero hándicap para sacar el máximo provecho de una nube híbrida es averiguar dónde dividir los datos y procesarlos. Según una investigación de IDC, las aplicaciones más probables de ser adoptadas por la nube pública incluyen redes sociales empresariales, correo electrónico, gestión de contenido web, pruebas y desarrollo cloud y gestión de dispositivos móviles. Los más probables de ser desplegados en la TI tradicional y la nube privada son las herramientas y aplicaciones analíticas, ERP, CRM y servicios de base de datos.
Asimismo, las empresas que ya han invertido en una nube privada también pueden utilizar una híbrida para aumentar su escalabilidad de manera efectiva. De hecho, esta última les permitirá mover aplicaciones a la nube pública, lo que significa que no tendrán que tirar todo lo que ya hayan invertido. Tampoco tendrán que aprender nuevas maneras de trabajar, ya que pueden continuar con las aplicaciones existentes.
Por el contrario, hay que tener en cuenta que el desembolso inicial para implementar una nube híbrida puede ser alto; y su despliegue, complicado, particularmente cuando se implementan las interconexiones seguras entre las nubes públicas y privadas. Aun así, esa inversión se pagará rápidamente por sí misma, haciendo a la empresa más flexible, fiable, segura y competitiva, y ayudando a evitar cuantiosas multas como consecuencia del incumplimiento del GDPR.
En la Economía de las Ideas actual, el éxito favorece las organizaciones que pueden transformar rápidamente ideas en nuevos productos o servicios. Los modelos empresariales disruptivos están triunfando y la Transformación Digital es imperativo para todo tipo de compañías (Puede comparar su Transformación Digital en este enlace). En este clima cambiante, la TI debe evolucionar para apoyar a la empresa. Las soluciones que nos permitan combinar recursos propios con recursos ofrecidos a través de proveedores de servicios serán los catalizadores que aceleren la adopción de tecnologías más agiles y flexibles para la adaptación a la demanda de la economía digital .
Las claves del delegado de protección de datos: una profesión de futuro 30-08-2017
Una empresa cuya actividad principal implique conocer detalles del usuario que este no ha proporcionado activamente, probablemente deba contar con un DPO, independiente de que se trate de una pyme o d...
Una empresa cuya actividad principal implique conocer detalles del usuario que este no ha proporcionado activamente, probablemente deba contar con un DPO, independiente de que se trate de una pyme o de una multinacional.
Cinco maneras de acelerar el cumplimiento del GDPR con tecnología 30-08-2017
Menos de un año, ese es el plazo que tienen las organizaciones para adaptarse a la nueva regulación de Protección de Datos. Christian Lewis, Country Manager de CA Technologies Iberia, revela cinco cl...
Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales 30-08-2017
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por delito de blanqueo de capitales en audiencias provinciales y en la Audiencia Nacional, de las cuales 55 fueron condenatorias....
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por delito de blanqueo de capitales en audiencias provinciales y en la Audiencia Nacional, de las cuales 55 fueron condenatorias.
Blanqueo de capitales: el delito del siglo XXI. 30-08-2017
Recientemente estamos asistiendo a nivel mundial a una proliferación de legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales, justificada en gran medida por la necesidad ...
Delito de blanqueo de capitales. ¿Crees que no te afecta? 29-08-2017
Existe la falsa creencia de que las citadas normas no afectan cuando la actividad empresarial no está incluida en el listado de sujetos obligados a prevenir y controlar el blanqueo (entidades de crédi...
Lo cierto es que el delito de blanqueo de capitales, hoy sancionado en artículo 301 del Código Penal, ha sufrido en los últimos años una expansión como ningún otro delito ha vivido. La extensión de este delito ha venido de la mano de la ampliación de lo que se conoce en términos de derecho penal como ?delito precedente?. El delito precedente es aquella actividad delictiva con la que se han obtenidos activos de origen ilícito que el blanqueador pretende devolver al mercado con apariencia de activos lícitos.
Así, en la citada Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo (LPBFT), el legislador tuvo a bien hacer una específica referencia al fraude fiscal como actividad generadora de activos susceptibles de blanqueo de capitales. El artículo 1.2 define lo que se consideran bienes procedentes de una actividad delictiva con especial y específica referencia a ?la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública?.
Marcas y nombres comerciales 29-08-2017
Para la protección jurídica de los Signos Distintivos, la OEPM concede Marcas de productos o servicios y Nombres Comerciales. Los Rótulos de establecimiento ya no pueden ser registrados. No obstante l...
¿Necesito antivirus en Mac? 28-08-2017
La cifra de archivos maliciosos para ordenadores Mac se ha multiplicado en los últimos años, como va constatando la plataforma de seguridad Carbon Black. Esto se explica por el aumento d...
El valor de la protección de datos para las empresas 28-08-2017
Los datos personales son un recurso esencial para el avance de la sociedad digital. Por ello, el marco jurídico introducido por el Reglamento General de Protección de Datos, que será de plena aplicaci...
Los datos personales son un recurso esencial para el avance de la sociedad digital. Por ello, el marco jurídico introducido por el Reglamento General de Protección de Datos, que será de plena aplicación a partir de mayo de 2018, persigue introducir la necesaria seguridad jurídica que permita el pleno desarrollo de la economía de datos.
El CGPJ critica la falta de coherencia de algunos aspectos del anteproyecto de LOPD 25-08-2017
El pasado 26 de julio, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial emitió el informe solicitado ("con carácter urgente e improrrogable"), por la Secretaría de Estado...
El pasado 26 de julio, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial emitió el informe solicitado ("con carácter urgente e improrrogable"), por la Secretaría de Estado de Justicia, sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (ALOPD).
Las empresas españolas, poco preparadas ante la nueva legislación de protección de datos 25-08-2017
Si hay un aspecto que sufra un cambio sustancial respecto a la anterior legislación, ese es el de las sanciones por las infracciones. Si con la anterior normativa, las infracciones muy graves ascendía...
Si hay un aspecto que sufra un cambio sustancial respecto a la anterior legislación, ese es el de las sanciones por las infracciones. Si con la anterior normativa, las infracciones muy graves ascendían a multas de entre 300.001 y 600.000, ahora estas aumentan hasta los 20.000.000 o el 4% del volumen de negocios anual a nivel mundial la empresa.
A vueltas con la responsabilidad penal del chief Compliance Officer 25-08-2017
Como es sabido, con la reforma del Código Penal 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio) se erradicó el societas delinquere non potest, tendencia que se amplió en 2015 (LO 1/2015, de 30 de marzo) con la intro...
Lo que sí parece claro, al menos eso se desprende de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es que ?la vigente redacción del CP permite incluir también (?) en la letra a) del art. 31 bis.1 al propio oficial de cumplimiento . Es decir, se equipara al CCO (a los efectos de responsabilidad penal al menos) con los representantes legales de la compañía y con aquéllos autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma u ostenten facultades de organización y control en ella.
A tal efecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia nº 185/2005 , de 21 de febrero , afirma que ?el mero conocimiento de la comisión del delito y la pasividad ante ello no alcanza a constituir una forma de participación típica en esa comisión, excepto en los concretos supuestos de responsabilidad derivada de la ocupación de una específica posición de garante , legalmente prevista ?.
Un ejemplo de lo anterior se puede asociar a la asignación al CCO de la persona jurídica de un control específico de un área concreta en la compañía (ej., responsable en materia de blanqueo de capitales, competencia o medio ambiente...). Este es el denominado compliance específico o afecto a un sector determinado (abuso de mercado, etc.) en contrapartida al compliance genérico (Compliance Management Systems, regulado en la norma ISO 19600).
En estos casos, al haber una posición de garantía específica expresamente descrita en el contrato de trabajo , sí podría existir responsabilidad penal por dejación de las funciones expresamente acordadas entre la empresa y el CCO.
En estos casos, según parece, los departamentos de cumplimiento de las referidas entidades financieras tenían encomendadas, entre otras, la gestión de riesgos de cumplimiento en relación con la prevención de blanqueo de capitales (esto es, compliance específico ), con el correspondiente deber de garantía de aquéllos sobre prevención de blanqueo de capitales descrito expresamente en sus contratos de trabajo.
De esta forma, en estos casos de posición de garantía concretamente asignada al CCO, sí podrían plantearse casos de complicidad omisiva por parte de éste . A este respecto, el Tribunal Supremo ha indicado (MARCHENA GÓMEZ, Presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, sentencia nº 797/2010 , de 10 de septiembre ), en lo que se refiere a la realización omisiva de un ilícito penal en los delitos de resultado, que:
?La jurisprudencia de esta Sala, si bien ha reconocido expresamente que la admisibilidad de una participación omisiva es de difícil declaración , ha aceptado ésta , asociando su concurrencia a la de los elementos propios del art. 11 del CP , entre ellos, que el omitente ocupe una posición de garante (STS 1273/2004, 2 de noviembre )?.
?De ahí que sea posible incluso en los delitos de acción, cuando la omisión del deber de actuar del garante haya contribuido, en una causalidad hipotética, a facilitar o favorecer la causación de un resultado propio de un delito de acción o comisión y que podría haberse evitado o dificultado si hubiera actuado como le exigía su posición de garante (cfr. SSTS 19/1998, 12 de enero, 67/1998, 19 de enero, 221/2003, 14 de febrero)?.
A este respecto, el Alto Tribunal expone que se hace necesario , de cara a transferir una posible responsabilidad penal al CCO , ver de qué manera la actuación o dejación en sus funciones facilitó la perpetración del ilícito penal y , además de lo anterior , que esa omisión haya afectado directamente al resultado realizado por el autor .
El 50% de pequeñas empresas no cumple la Ley de Cookies, la LSSICE o la LOPD 24-08-2017
Están obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos todas las personas físicas o jurídicas que, fruto de su actividad profesional, gestionen y/o almacenen datos d...
Están obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos todas las personas físicas o jurídicas que, fruto de su actividad profesional, gestionen y/o almacenen datos de carácter personal. Se consideran datos personales el nombre, dirección, documento de identidad, teléfono de contacto, correo electrónico, datos de salud, de solvencia patrimonial, ideología, orientación sexual,etc.
Reglamento Europeo de Protección de Datos. Licitud de tratamiento sin consentimiento explícito 24-08-2017
A unos meses de la aplicación efectiva del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante Reglamento Europeo), no queda otra opción que adaptarse a t...
La clave se encuentra en la ?clara acción afirmativa?, es decir, exigiendo expresamente una acción positiva y sin dejar lugar a la posibilidad de estatismo. Este precepto es replicado y ampliado en el considerando 32 de la referida norma, concluyendo además con dos afirmaciones recalcables: ?Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento.? Y ?Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos?.
El consentimiento explícito implica novedad en tanto en cuanto el mismo no se exigía en la regulación existente hasta el momento. Recordemos que el artículo 14.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (en adelante RLOPD) recoge la posibilidad de utilizar la vía del consentimiento tácito para el tratamiento de los datos de carácter personal que no tengan la consideración de especialmente protegidos. Este hecho, por otra parte, ya se encontraba consagrado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y tal es así que en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1986, se entiende que "el consentimiento puede ser tácito cuando del comportamiento de las partes resulta implícita su aquiescencia" a una determinada situación ??.
La problemática principal que plantea esta novedad jurídica es precisamente que aquellos consentimientos obtenidos de forma irregular deberán recabarse nuevamente, esto es, en palabras del Reglamento Europeo: ?el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento?.
Es común que dicha excepción se utilice en algunos contratos con prestadores de servicios externos, como por ejemplo en aquellos casos en los que se ha querido evitar volver a pedir un consentimiento adicional a los empleados de la propia compañía cuando se contrate un proveedor que vaya a realizar un mantenimiento de los sistemas (teniendo el proveedor solo acceso a esos datos ?de contacto? y considerando que el tratamiento de esos datos se va ha realizar de forma meramente incidental en una relación business to business como la que regula el Informe de 18 de Febrero de 2008 de la AEPD, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad).
Recabar de nuevo todos aquellos consentimientos que no se obtuvieron adecuadamente en el pasado con respecto a la nueva regulación, además de tedioso, puede suponer una pérdida económica, traducida en una pérdida de clientes, ya que si volvemos a contactar con todos nuestros clientes para volver a pedirles todos aquellos consentimientos que no obtuvimos ?como un acción afirmativa?, es probable que no obtengamos respuesta o que nos respondan con una negativa. Es por ello que debemos plantearnos cuáles son los consentimientos imprescindibles de obtener y de cuales se puede prescindir por considerarse amparados por otro precepto legal.
El Tribunal Constitucional ya en 2016 se pronunció sobre un caso que hasta el momento requería el consentimiento expreso y que supuso en ese momento un cambio en la línea jurisprudencial. Hablamos del famoso caso Bershka, en el que una empleada de la reconocida tienda de ropa intentó apropiarse de una cantidad de dinero de la caja. En este caso, el Tribunal Constitucional admitió como prueba válida y lícita, las grabaciones que se habían realizado de tal suceso en el establecimiento, las cuales se hicieron sin informar directamente a la trabajadora ni obtener el consentimiento de la misma para tal fin. Y es que el propio tribunal entendió que la medida fue proporcionada, necesaria e idónea para confirmar las sospechas sobre los posibles actos ilícitos de la trabajadora. Asimismo, entendió que al existir un cartel visible de ?Zona Videovigilada? la empresa cumplió con el deber de información que establece la LOPD, con lo cual, es posible decir que aunque evadir el deber de informar es un tema arduo y complejo, lo que sí es cierto es que en éste caso el consentimiento no fue necesario. Cuestión que parece que la AEPD ha debido de tener en cuenta, ya en la última versión de la que disponemos del ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (en adelante el Anteproyecto), establece el artículo 15.5 en el Capítulo II Disposiciones aplicables a tratamientos concretos que:
5. ?Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores siempre que les hubieran informado acerca de esta medida?.
?Debe autorizarse asimismo a título excepcional el tratamiento de dichos datos personales cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial?.
?No será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento por parte de los sistemas de pago y los proveedores de servicios de pago de los datos de carácter personal que resulten necesarios para garantizar la prevención, investigación y descubrimiento del fraude en los pagos.
Asimismo, los sujetos a los que se refiere el párrafo anterior podrán intercambiar entre sí, sin precisar el consentimiento del interesado, la información que resulte necesaria para el cumplimiento de los citados fines.?
It is therefore justified to require that consent of the end-user is obtained before commercial electronic communications for direct marketing purposes (?) However, it is reasonable to allow the use of e-mail contact details within the context of an existing customer relationship for the offering of similar products or services. Such possibility should only apply to the same company that has obtained the electronic contact details in accordance with Regulation (EU) 2016/679.
Adicionalmente, existen otro tipo de excepciones, como la establecida en el Considerando 112 del Reglamento Europeo, es decir, transferencias de datos requeridas por razones de interés público ?en caso de intercambios internacionales de datos entre autoridades en el ámbito de la competencia, administraciones fiscales o aduaneras, entre autoridades de supervisión financiera, entre servicios competentes en materia de seguridad social o de sanidad pública (?)?.
Subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias 24-08-2017
Entre los conceptos subvencionables se encuentran los gastos asociados a la protección y registro de propiedad industrial de los resultados del proyecto.
El plazo para la presentación de solicitu...
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 25 de septiembre de 2017.
Los expertos rechazan la responsabilidad del 'compliance officer' 09-08-2017
Los especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los oficiales de cumplimiento (o compliance officers), una posición de garante respecto de los delitos que puedan cometerse en el se...
Los especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los oficiales de cumplimiento (o compliance officers), una posición de garante respecto de los delitos que puedan cometerse en el seno de la persona jurídica. Un debate que ha resurgido con fuerza después de que se conociera la citación como investigados de 10 de estos responsables de dos bancos.
La posición de garante es una cualidad que atribuye el Derecho penal a determinados sujetos, según la cual tienen el deber de proteger un bien jurídico. Si alguien delinque contra ese bien, el garante puede ser considerado responsable en comisión por omisión.
Ser garante, en consecuencia, es una condición indispensable para que quepa atribuir a un sujeto responsabilidad delito en comisión por omisión. "Esa posición, en las empresas, la ostentan los integrantes del órgano de Administración", asevera Francisco Bonatti, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (Ascom).
Una opinión que comparte Juan Antonio García Jabaloy, of counsel de DLA Pipper para quien el compliance officer es "un instrumento de los administradores para prevenir, mitigar o sancionar las posibles irregularidades dentro de la compañía", sin que el Consejo de Administración pueda delegar en él la posición de garante.
Algún matiz introduce Bernardo del Rosal, abogado de UM&DR y catedrático de Derecho Penal. "Respecto de los delitos de inminente comisión o que se están cometiendo, si el compliance officer no cumple su función de reportar el hecho o si tiene atribuidas funciones de impedir su comisión, de forma que se pueda entender que su inactividad ha permitido el hecho delictivo, sí puede tener responsabilidad", explica.
¿Pueden las condiciones laborales pactadas entre profesional y empresa determinar su posible responsabilidad? Mariana Ladaga, asociada del Área de Penal-Económico y Compliance de Rousaud Costas Duran lo rechaza, "pese a la posibilidad de que los deberes de vigilancia y control propios de la administración de la entidad puedan ser parcialmente delegados en él", sostiene.
Del Rosal, sin embargo, razona que las empresas "tienen un amplio margen de soberanía", por lo que sí cabe atender a la posición o las responsabilidades pactadas. En la misma línea, Bonatti también aprecia que puede existir una delegación contractual de la posición de garante al compliance officer, lo que no exime de responsabilidad al administrador, sino que ésta se extendería a ambos.
Todos los expertos consultados coinciden en que no cabe exigir al compliance officer la obligación de denunciar en caso de que tenga conocimiento de un delito. "Sus obligaciones están previstas para con la empresa", manifiesta García Jabaloy. Del Rosal y Ladaga, por su parte, admiten la opción de que contractualmente se introduzca el deber de denunciar, pero sin que exista una obligación inherente e implícita del responsable de cumplimiento.
Por último, Bonatti alerta de que, en plena implantación del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, del alto riesgo que tienen noticias como la imputación de los oficiales de cumplimiento. "¿Quién iba a aceptar un trabajo en el que cualquier error podría suponer una pena de cárcel?", se pregunta.
Expertos destacan las reformas normativas como "medidas necesarias" para luchar contra el blanqueo de capitales 09-08-2017
Así, en el marco de la inauguración del congreso que se celebra este jueves y viernes en la Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-...
Así, en el marco de la inauguración del congreso que se celebra este jueves y viernes en la Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, ha destacado que las reformas normativas "son medidas necesarias para combatir uno de los delitos que en mayor medida minan los sistemas e instituciones financieras".
Además, ha señalado que "lamentablemente, peores consecuencias tiene para la seguridad de los ciudadanos y para su confianza en el funcionamiento de las instituciones".
"Vivimos en un tiempo en el que términos como paraísos fiscales, sociedades opacas y corrupción son habituales en los medios de comunicación y no debemos rendirnos ni dar pos supuesta esta realidad", ha recalcado.
Por su parte, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha hecho hincapié en que la puesta en marcha de este quinto congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero "significa un compromiso para tratar esta materia, que lleva presente desde hace muchos años en la comunidad debido a la lacra del narcotráfico".
Asimismo, el director xeral ha manifestado que la normativa en torno a esta temática ha experimentado numerosas modificaciones legislativas en los últimos años, por lo que la celebración de esta actividad "cobra aún más importancia", ha abundado.
Este V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo cuenta con la participación de destacados expertos en Derecho y Economía, que abordarán, entre otros temas, la evolución del delito de blanqueo de capitales durante los últimos años en España y la incidencia de estas últimas reformas llevadas a cabo para combatirlo en el marco de la economía y la sociedad digital.
Preceptos incluidos en el anteproyecto de la Ley orgánica de protección de datos 09-08-2017
El informe al anteproyecto de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, ha sido aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para adaptar el ordenamiento jurídico es...
El punto central del informe es el relativo a la disposición adicional quinta del anteproyecto de Ley orgánica de protección de datos, relativa a la autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, que prevé el trámite que se dará a la reclamación que un afectado cuyos datos personales hayan sido o pudieran ser transferidos a un tercer país ?no comunitario, pero que haya sido declarado con nivel adecuado de protección por la Comisión Europea- presente ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar que el tratamiento de datos personales infringe el Reglamento 2016/679.
El CGPJ, en su informe, sugiere mejoras técnicas en línea con el derecho alemán y considera que sería más adecuado que la Ley Orgánica contemplara ?la completa configuración de un procedimiento judicial desde el cual se va a entablar el diálogo prejudicial, a raíz de la solicitud de la decisión judicial formulada por la autoridad de control que conoce de la reclamación, y cuya resolución depende de la validez de la decisión de la Comisión?.
La configuración legal del procedimiento, que se tramitaría por la vía contencioso-administrativa, debería contemplar la legitimación de la autoridad de control ?la AEPD- para formular la solicitud ante el órgano judicial; la forma en que debe deducirse la solicitud y los efectos de la misma en el procedimiento seguido ante la AEPD, teniendo esta la condición de parte actora de la AEPD, además de intervenir en el procedimiento todos los interesados y de la Comisión Europea cuya decisión de adecuación está en cuestión.
El texto añade una alternativa, que sería, ?articular un mecanismo de remisión prejudicial directa desde la autoridad de control ?en España la AEPD-, en el marco del procedimiento en el que examina la reclamación formulada por el titular de los datos personales cuyo derecho se ha visto afectado por la transferencia internacional?.
Por este motivo se debería dotar a la autoridad de control ?o a un órgano dentro de la misma creado a ese fin- de una configuración tal que permita reconocer en ella de forma indubitada e indiscutible los rasgos que, conforme a la jurisprudencia europea, caracterizan el concepto autónomo de ?órgano jurisdiccional? con arreglo al cual se confiere la legitimación para abrir el diálogo prejudicial.
?Se posibilitaría, de ese modo, una tutela más directa y rápida del derecho fundamental, sin necesidad de configurar un procedimiento jurisdiccional ?ad hoc?, ni de dotar de la correspondiente competencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional mediante la imprescindible modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial?, concluye el informe.
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References: artículo 301
 artículo 1
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 20
 resolución