Source: https://es.scribd.com/doc/16933101/25/La-policia-judicial
Timestamp: 2016-02-12 14:39:41+00:00

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La policía judicial for tecnicas del juicio oral
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StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1tecnicas del juicio oraltecnicas del juicio oral5.0|Views: 40.658|Likes: 269Publicado porestigwebMore info:Published by: estigweb on Jun 30, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/16933101/tecnicas-del-juicio-oral09/24/2013pdftextoriginalSections2.1. Breve introducción histórica2.1.1. Persecución penal privada2.1.2. Persecución penal pública2.1.3 El Ministerio Público actual5.1. El Gran Jurado5.2. El Jurado7.1. Libertad Caucionada7.2. Garantía de no autoincriminación7.3. Otras Garantías9.1. A manera de introito9.2. Etapas preliminares. La Audiencia Preliminar(Preliminary Hearing).El Rol del Gran Jurado9.3. La Acusación9.4. El pedido para que el fiscal "descubra" las10.1. "Pleadingns y Plea Bargaining"Plea bargaining14.1. Apelaciones14.2. RevisiónLa regulación de la doble instancia en el derechoLa redacción de las normas orgánicasEl control judicial en actuaciones que afecten laLa creación de la figura del juez de control deUna fiscalía dedicada a la investigaciónLa cadena de custodiaLa policía judicial6.1. Tipos de prueba o tipos de evidencia2.1. Prepárese bien para la entrevista2.2. Explique la razón de la entrevista2.3. Invite al testigo a decir la verdad2.4. Trate amablemente al entrevistado2.5. No discrimine al testigo2.6. Proyecte tranquilidad y confianza en usted2.7. Tenga en cuenta la personalidad del2.8. Evite interrumpir al declarante cuando2.9. Observe permanentemente al2.10. Identifique las inconsistencias2.11. Después de las preguntas abiertas2.12. Elabore croquis de ubicación2.1. No pierda el rumbo2.2. Use lenguaje apropiado2.3. Permita al testigo explicar2.4. Observe y escuche al testigo2.5. Tome apuntes3.1. Organización lógica3.2. Esté atento a los detalles3.4. Utilice los apoyos visuales4.1. Preguntas narrativas4.2. Preguntas abiertas5.1. El Relato5.2. Actos Introductorios al Relato5.3. El Relato2.1. Prepare un esbozo previo al debate2.2. No repita el interrogatorio directo2.3. Observe y escuche el relato y el2.4. Tono de voz firme2.5. La posición del abogado3.2. Identificación de algunos temas clave3.3. Contradicciones que surgen3.4. Por su historia3.5. Utilice los apoyos visuales4.1. Use preguntas cerradas4.2. Utilice preguntas sobre un tema4.3. Nunca pregunte a un testigo Por qué4.4. Preguntas abiertas4.5. No haga al testigo una pregunta de la6.1. Desacreditar el testimonio6.1.1. Percepción6.1.2. Memoria6.1.3. Comunicación6.1.4. Desacredite la conducta que el testigo6.1.5. Refutación6.2. Desacredite al testigo6.2.1. Influencias y prejuicios6.2.2. Interés6.2.3. Motivos6.2.4. Idoneidad7.1. Testigo evasivo7.2. Testigo Argumentativo8.1. Peritos8.2. Preparación8.3. Interrogatorio3.1. Preguntas que conducen a respuestas3.2. Preguntas Superfluas3.3. Preguntas Capciosas3.4. El testigo no es calificado3.5. Secreto Profesional3.6. Testimonio de Oídas3.7. Preguntas sugestivas3.8. Preguntas que conducen a concluir3.9. Preguntas que conducen a manifestar3.10. Preguntas y respuestas repetitivas3.11. Pregunta no contestada3.13. Preguntas especulativas3.14. Preguntas compuestas3.15. Pregunta argumentativa2.1. Atacar la credibilidad personal de un testigo2.2. Atacar la credibilidad ya no de la persona2.3. Obtener de los testigos de la contraparte un2.4. Obtener del testigo un testimonio2.5. Acreditar la prueba material que se intentaráPreguntas abiertas5.1. Declaraciones previas inconsistentes5.2. Declaraciones inconsistentes de un testigo5.3. Utilización de nuestra propia historia5.4. InverosimilitudCoherencia interna5.5. Experiencia común5.6. Ir "de pesca"5.7. Detalles5.8. "Desordenar" el testimonio5.9. Exigir consecuencias8.1. El proceso de preparación8.2. Desarrollo de información8.2.1. Información General8.2.2. Información EspecíficaLo primordial en la preparación del contra-6.1. Preguntas por opiniones o conclusiones6.2. Pregunta repetitiva6.3. Pregunta que tergiversa la prueba6.4. Preguntas confusas, ambiguas o vagas6.5. Preguntas compuestas2.1. Para el Contrincante2.2. Para el Proponente4.1. El presupuesto4.2. En Colombia5.1. Antecedentes y Aspectos Garantistas5.2. Su naturaleza2.1. Introducción2.2. El cuerpo2.3. La conclusión2. Técnicas de la argumentación2.1. Organización2.2. Discusión de los hechosFiscal2.3. Argumento del Móvil2.4. Credibilidad de los testigos2.4.1. Algunos criterios que afectan la2.4.2. Algunos criterios que afectan la2.5. Analogías2.6. Enfrentar las debilidades de la prueba a su2.7. Utilizar pruebas físicas y apoyos2.8. La pregunta "retórica"3.1. Preparación3.2. Analizar la prueba desde todas las3.3. Ser "eficiente"3.4. Forma de presentación3.5. Tomar apuntes3.6. Práctica Previa4.1. Introducción4.2. Presentación de la teoría del caso4.3. Presentación de la controversia4.4. La narración de los hechos4.5. Análisis de la prueba4.5.1. Los hechos4.5.2. Teoría del delito, aplicación del análisis4.6. Confrontación del caso4.7. Valoración de la prueba4.8. Conclusión
De conformidad con las prescripciones contenidas
en la Carta Política, artículos 250-3, el Estado ejerce
el monopolio de la acción penal por conducto de la
Fiscalía General de la Nación para el debido
desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador
se le confía, entre otras, la misión de dirigir y
coordinar las funciones de policía judicial que estén
a cargo de la Policía Nacional o de los demás
organismos que defina la ley.
En la sentencia C-037/96, de la Corte
Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
mediante la cual se revisó la constitucionalidad del
proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95
Cámara, "ley Estatutaria de la Administración de
Justicia", la Corte declaró exequible el artículo 33,
el cual reitera lo dispuesto en la norma superior
Articulo 33. Direccion, coordinacion y control
de las funciones de policia judicial. El Fiscal
General de la Nación o sus delegados tienen a
su cargo dirigir, coordinar y controlar las
funciones de policía judicial que en forma
permanente cumplen la Policía Nacional,
demás organismos previstos en la Ley y los
restantes entes públicos a los cuales de manera
transitoria el Fiscal General les haya atribuido
tales funciones, todas las cuales ejercerá con
arreglo la ley, de manera permanente, especial
o transitoria directamente o por conducto de
los organismos que ésta señale.
La omisión en el cumplimiento de las órdenes,
directrices, orientaciones y términos que
imparta la Fiscalía para el cumplimiento de
las funciones de policía judicial, constituye
causal de mala conducta, sin perjuicio de la
El Fiscal General de la Nación, bajo su
responsabilidad, separará en forma inmediata
de las funciones de policía judicial al servidor
público que omita el cumplimiento de tales
órdenes, directrices, orientaciones y términos.
Si tal servidor no es funcionario o empleado
de la Fiscalía, el Fiscal que dirija la
investigación lo pondrá a disposición de su
nominador quien iniciará el proceso
disciplinario correspondiente, sin perjuicio de
las demás investigaciones a que haya lugar.
PARAGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este
artículo la estructura y funciones de Policía
Judicial de la Procuraduría General de la
Nación, de acuerdo con lo señalado por el
artículo 277 de la Constitución Política.
Señala la Corte Constitucional que el artículo 33 se
encarga de conceder algunas facultades que, no sólo
son de naturaleza disciplinaria, sino que se convierten
en instrumento efectivo para que el fiscal general de
la Nación pueda ejercer las labores de dirección y
coordinación de la policía judicial, de forma tal que
los responsables de investigar y acusar conozcan y
puedan decidir oportunamente acerca de las gestiones
que se adelanten respecto de un asunto en particular.
directrices, orientaciones y términos que imparta la
Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de
policía judicial, constituye causal de mala conducta,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal
y civil del infractor.
Agrega que las decisiones disciplinarias que al respecto
adopte el fiscal general, siempre deberán respetar el
derecho fundamental de defensa y de contradicción,
integrantes del debido proceso, el cual es aplicable tanto
a los asuntos de orden penal como, en este caso, a los
LA ORALIDAD. ANTECEDENTES EN ○
LA DOCTRINA Y LA LEGISLACIÓN COMPARADA5
Elaborado por el Primer Comité de Oralidad. 2001.
En la perspectiva de Alberto Binder, la justicia Penal debe
esencialmente cumplir con dos aportes fundamentales
en la construcción del Estado de derecho, el primero que
denomina del fortalecimiento del sistema de garantías y
el segundo del control al poder político, y para ello
plantea la necesidad de implementar o fortalecer
instituciones jurídico penales entre ellas y tal vez la más
importante en nuestro parecer, EL JUICIO ORAL. Al
respecto sostiene: “...Yo creo que tenemos que tomar
conciencia de lo que ha sucedido y lo que sucede es
que en nuestras sociedades no existen juicios, no se
administra justicia a base de juicios. Si es que una
sociedad o nuestras sociedades se dan el lujo de no
realizar juicios, los efectos son extremadamente
perniciosos, no solo por que entonces el poder de
castigar y el de afectar el patrimonio , que son poderes
muy fuertes, quedan desbocados; sino por que la
sociedad no percibe donde están sus jueces, si no ve
los juicios. Si ustedes le preguntaran a cualquier
ciudadano común, cómo hace para identificar a
un juez, normalmente en nuestros países si ingresa
a un palacio de justicia podrá distinguir un juez de
un secretario, de un simple empleado de los
tribunales; sin embargo, realizando juicios
orales y públicos se ve clara la figura del
juez. Los ciudadanos necesitan ver a los
jueces, por que esa es la primera condición
para que el juez adquiera ese protagonismo
social". ("Las experiencias de Reforma Procesal en
Latinoamérica, La Paz, Bolivia 1.995, Ministerio de
Justicia USAID, p. 14")
Desde nuestra perspectiva, también creemos que el
establecimiento del juicio Oral en el proceso penal
Colombiano, favorece sin duda el sistema de garantías e
influencia positivamente la figura del Juez ante la
sociedad y el sistema mismo, en términos del propio
Binder, el sistema escrito va paulatinamente degradando
el sistema jurídico y por lo tanto el juicio oral , el sistema
acusatorio, adversarial en general, es un modo de
restaurar el litigio que permite una reelaboración
permanente del sistema jurídico ayudando a su
racionalización. Para ello, sin duda se hace necesario un
cambio de cultura jurídica, como lo expresa BINDER,
no podemos sostener esta cultura que ama las formas
pero reniega del Derecho, una cultura que ama los
rituales, pero ha perdido la capacidad y la imaginación
creadora de nuevas soluciones y perspectivas para
El Código Procesal Penal Argentino, en su titulo
primero, contiene lo atinente a las Garantías
Fundamentales y menciona como únicos principios
generales: el del Juez Natural, Juicio Previo, Presunción
de Inocencia, Non bis in ídem e in dubio pro reo, en
forma tal que expresamente no se contiene el principio
de oralidad, sin embargo en diversas de sus normas
procesales se desarrolla.
Por ejemplo, en su Art. 69, 71, 118, 204, 341, 363 ,372,
391, 393, 395, 400 y 414, se hace importante alusión
al principio de la oralidad al prescribir que los
representantes del Ministerio Fiscal procedan
oralmente en sus debates, que las RECUSACIONES ,
sean resueltas en Juicio Oral y sumario por parte del
Juez o Tribunal; que las declaraciones sean de viva
voz, la celebración de audiencia con citación de las
partes, para que en ella de manera Oral y breve hagan
la defensa de sus posturas, en general prohíjan por
que el debate sea oral y público, incluso contemplan
el que la resoluciones sean dictadas verbalmente
dejándose simple constancia de ellas en el acta.
El Dr. Álvaro Fernandino Tacsan, plantea que en pos
de alcanzar el ideal de justicia pronta y cumplida, el
sistema penal tiende a adoptar mecanismos y formas
que se orienten hacia una resolución más eficaz de
los casos penales.
El acercamiento del proceso penal al principio
acusatorio ha propiciado la adopción de procesos
penales que introducen la ORALIDAD en distintos
momentos de su desarrollo pero, en especial, en la
etapa de juzgamiento. La ORALIDAD tiene el valor de
asegurar más plenamente el respeto a las garantías
procesales y la mejor realización de los principios que
la informan.
Así alude al principio de inmediación como
relacionado estrechamente con la oralidad, al aseverar
que este principio sólo puede entenderse asegurado si
el juez y las partes tienen la posibilidad de acercarse a
la pruebas por medio de un contacto constante entre
todos ellos y el elemento probatorio en examen. Lo
anterior sólo es posible mediante la comparecencia
oral del testigo frente a todos los actores procesales.
“ ... La doctrina nos enseña que por inmediación
debemos entender la circunstancia en virtud de
la cual los sujetos procesales reciben en forma
inmediata, directa y simultánea los elementos de
prueba provenientes de los diferentes medios,
como presupuestos lógicos de la fundamentación
de la sentencia....” (Memorias del Plan Nacional
de Entrenamiento para defensores públicos Tomo
II, Defensoría del Pueblo, Programa Justicia USAID
-MSD 1.999, p. 316)
Del mismo modo, el principio de concentración y
continuidad sólo se podrá garantizar con mayor
plenitud si efectivamente las partes, en audiencias
sucesivas, examinan la prueba, vierten sus alegatos y
resuelven de fondo el asunto, lo cual solo es posible a
través de la oralidad.
Es necesario garantizar en el proceso penal que la
recepción de la prueba se lleve a cabo mediante el
control de todos los sujetos del proceso, de tal modo
que exista la posibilidad de la contradicción y que las
partes puedan censurar, cuando sea procedente, la
legitimidad de la introducción de la prueba en el
proceso. Todo esto tiene como fin el que las partes
puedan fundar sus alegatos finales en función del
material probatorio introducido y del cual han logrado
conocer su contenido y discutir sobre el mismo.
La realización plena del contradictorio se produce
justamente cuando el sistema permite la interacción
de las partes, en un juego equilibrado de
intervenciones orientadas a reforzar la posición de
cada uno de los intervinientes y en controlar el
desarrollo de la audiencia Oral.
Resalta el autor consultado, como es de la esencia del
estado republicano y democrático, la necesaria
transparencia en la actuación de los funcionarios
públicos y el control por parte de los interesados y
del resto de los ciudadanos, de los actos que aquellos
cumplen, lo que explicaría el por qué de sus
actuaciones siempre públicas. Ello le permite inferir
que existe una relación estrecha entre PUBLICIDAD Y
Por su parte el doctrinante Fernando Cruz, al resaltar
las bondades del sistema procesal penal fincado en la
Oralidad, plantea que con ella sin duda se disminuye
el peso de la instrucción, y propone la introducción
de una fase intermedia en la investigación , en aras
de imprimir concentración de la prueba y celeridad
El tratadista Jorge Marabotto, parte de un interrogante a
partir del cual busca legitimar su propuesta en punto a
la Oralidad dentro del proceso penal, ¿Por qué países tan
distantes en lo económico y en lo ideológico tienen un
mismo proceso? ¿No será que la forma natural de hacer
el juicio es que las dos partes estén frente a frente, al igual
que frente al juez; que la gente sepa quién va a decidir su
juicio, su litigio? Sea hace imprescindible una justicia
rápida y eficiente para la efectividad de los derechos de
“ ... Uno de los artículos que para mi es fundamental,
en el código General del proceso, es el art. 14; este
señala que para interpretar la norma procesal, el
tribunal deberá tener en cuenta el fin del proceso, la
efectividad de los derechos sustanciales. No puede ser
que el proceso, el expediente en último término, sea
la vedette y que lo sustancial, aquello que debe
resolverse quede como en la penumbra, tapado por
lo que es meramente instrumental, por lo que debe
ser un medio para obtener algo y no un fin en sí
mismo". (" Las Experiencias de la Reforma Procesal
en Latinoamérica y perspectiva para Bolivia,
Ministerio de Justicia Bolivia, USAID p. 36”)
En su opinión, la Oralidad es de la esencia de la
Celeridad y sostiene que si la justicia no es rápida no
es justicia. "esa expresión que se oye
permanentemente de que la justicia tarda pero
llega, para mi no es exacta. La Justicia cuando
tarda no llega nunca y cuando llega más allá del
tiempo en el que alguien la reclama, la exige o la
pretende no es justicia”. (Obra citada p. 39.)
El jurista Luis Torello plantea que, hoy por hoy se puede
hablar de una doctrina procesal Iberoamericana, que
tiende a la implementación y el fortalecimiento de Juicio
Oral, generada a su vez por la necesidad de superar la
lentitud de nuestros procesos, por la falta de
inmediación que lo vivifique y lo acerque al justiciable,
y por la ineficacia practica de las decisiones judiciales.
Con base en ello se debe establecer bases concretas del
procesamiento que sin desmedro de las garantías conlleve
una sensible abreviación de los procesos, todo a partir de
la oralidad, con lo que además se posibilitaría una
verdadera inmediación entre las partes y la concentración
del debate y de las pruebas.
El código instrumental penal de este país, con
marcada y definitiva influencia alemana, menciona
y desarrolla de manera clara el principio de oralidad,
código que entró en vigencia en 1.998 y que se
denomina "Código Orgánico Procesal Penal ",
(Publicado en la Gaceta Oficial No. 5.208), el cual
destina sus primeros 22 artículos a los principios
regulatorios del proceso penal.
En varias disposiciones menciona la Oralidad como
integrante del principio del debido proceso:
En su artículo primero dispone: Juicio previo y debido
proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio oral
y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante
un Juez imparcial, conforme a las disposiciones de
este código y con salvaguarda de todos los derechos y
garantías del debido proceso... ".
Posteriormente, el artículo 14 consagra el principio de
oralidad al señalar: "El juicio será oral y sólo se
apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia,
conforme a las disposiciones de este código."
Por otro lado el artículo 15 al aludir al principio de
publicidad, prescribe: " el juicio Oral tendrá lugar en
forma pública”.
Dicho principio es reiterado en varias normas del estatuto
procesal penal venezolano, por ejemplo, en sus arts. 185,
326, 330, 331,332, 333, 340, disposiciones en las cuales se
establece que el Juez y los sujetos procesales intervinientes
en la audiencia pública y oral, lo harán provistos de toga,
que para imprimir trámite a las peticiones de
sobreseimiento el juez podrá convocar a las partes y a la
víctima a una audiencia oral, que igualmente una vez
presentada la acusación, el juez convocará a las partes para
realizar una audiencia oral, y como dentro de las expresas
facultades y cargas de las partes está precisamente la de
indicar la prueba que el imputado producirá en el juicio
oral, así mismo se dispone que la decisión final terminada
la audiencia preliminar, el juez debe resolver en
presencia de las partes entre otras cosas sobre la
pertinencia de las pruebas, la medidas cautelares y los
La norma que, en nuestro sentir, refleja no solo la manera
oral como se adelanta el juicio en el régimen Venezolano,
sino a la vez el verdadero contradictorio y la inmediación
no solo en la práctica de las pruebas sino en las
intervenciones de las partes, la constituye el Art. 340 que
dispone : " La audiencia pública se desarrollará en
forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y
argumentaciones de las partes como a las
declaraciones del acusado, a la recepción de las
pruebas y, en general , a toda intervención de
quienes participen en ella. Durante el debate, las
resoluciones serán fundadas y dictadas
verbalmente por el tribunal y se entenderán
notificadas desde el momento de su
pronunciamiento, dejándose constancia en el
acta del juicio."
Es tal la trascendencia e importancia que entraña la
oralidad dentro de la estructura del debido proceso en el
régimen del vecino país, que prevé la posibilidad de
apelar la sentencia, cuando precisamente se hubiese
visto recortado o vulnerada precisamente la oralidad
y sus normas pertinentes ( art. 444 ).
La legislación Alemana es sin duda una de las mayores
influencias en los regímenes penales de Latinoamérica,
por ello nos parece apropiado resaltar cómo en aquella
el sumario sirve para preparar el juicio oral, es decir,
en términos de los doctrinantes, para valorar si se puede
acusar a una persona por los hechos delictivos
investigados y para determinar si no procede la acusación,
ya que el sobreseimiento toma también su base del
sumario. “y es en la fase del juicio oral en la que se
interpone por primera vez la pretensión procesal
por la acusación y la resistencia por el acusado.
Es decir, el sumario ha servido para investigar los
hechos, averiguar la participación del delincuente
y valorar si se le puede acusar."
Podríamos entonces destacar la importancia que se le
imprime a la oralidad dentro del rito penal
especialmente en la llamada audiencia que allí se
denomina juicio oral. Así KAI AMBOS sostiene "... rigen
también los principios de oralidad- solamente el
material aportado oralmente es fundamento de
la sentencia- y el de la publicidad (Art. 169 de la
Ley orgánica de Tribunales Gerichtsver-
fassungsgesets -GVG-) " (KAI AMBOS "el proceso
penal alemán y la reforma en América Latina"
ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá Dc,
1.998)
Podríamos concluir diciendo que existe una nueva
cultura jurídica Latinoamericana, que avanza de manera
significativa hacia la consolidación de un modelo rápido
de procesamiento criminal, que entrañe no solo celeridad
y racionalización del sistema jurídico sino ante todo,
publicidad , concentración, contradicción y credibilidad,
esto último por cuanto como lo aseveran los juristas
Argentinos, Bolivianos y Costarricenses, hemos venido
implementando sistemas penales cerrados de espaldas a
la sociedad , lo que ha generado un abismo entre ésta y
la justicia penal; todo parece indicar que la ORALIDAD
se erige en el principal principio, en aras de favorecer
efectivamente los derechos de las personas. De esta forma
se refuerza, como lo recuerda el Uruguayo Luis Torello,
la credibilidad del proceso como instrumento civilizado
e insustituible para la solución de los conflictos de
intereses entre los hombres.
LA ORALIDAD EN LOS INSTRUMENTOS ○
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 6
Bajo el entendido de concebirse la ORALIDAD como
un principio INTEGRADOR o SISTEMATIZADOR del
conjunto de valores y normas rectoras que
conforman los estatutos penales, instrumentales,
estimamos que su importancia y dimensionamiento,
ha sido recogido desde las primeras normativas
internacionales de protección de los derechos
humanos, al punto que como veremos, de manera
expresa se alude a la oralidad como esencia del
Podríamos decir entonces que existe una Jurisdicción
Internacional procesal que aboga por la necesidad y
el deber para los estados partes, de implementar
procedimientos penales, que garanticen en su
derecho interno, la existencia de modelos o sistemas
adjetivos que configuren JUICIOS ORALES,
PÚBLICOS y CONTRADICTORIOS.
En efecto, el art. 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos proclama : " Toda persona tiene
derecho en condiciones de plena igualdad , a ser oída
independiente e imparcial , para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal ".
Por su parte, el Art. 11 de la misma preceptiva
internacional consagra: " Toda persona acusada de
un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley en JUICIO PÚBLICO en el que se hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa."
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su Art. 14,1 a la letra dice: " Todas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías, por un
tribunal competente, independiente e imparcial
establecido por la ley... Toda sentencia en materia
penal será pública."
La Declaración Americana de Derechos Humanos, Art.8,
dispone que toda persona tiene derecho a "ser oída
con las debidas garantías y dentro de un plazo
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
proceso penal o reglas de Mallorca, aunque conscientes
de su falta de efecto vinculante para los estados
miembros de naciones unidas, recogen los
instrumentos ya reseñados y recuerdan el derecho que
asiste a todo imputado a tener un juicio oral, a no
realizar el juicio contra acusado ausente
voluntariamente y a que las pruebas se practiquen
ante el tribunal sentenciador competente.
Es evidente entonces, la preocupación de la comunidad
internacional, por fortalecer un sistema de garantías
penales, que propugnen por la oralidad y publicidad del
juicio en materia penal, al punto que por ejemplo el
órgano de aplicación del Pacto , es decir el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de manera
reiterada ha interpretado que la publicidad - que entraña
oralidad- de la audiencia constituye una importante
salvaguardia de los intereses del individuo y de la sociedad
en general , y en consecuencia estima que las audiencias,
como escenario propicio para el juicio público y
contradictorio, deben estar abiertas a la comunidad.
Y señala la doctrina del Comité " que el procedimiento
penal escrito es incompatible con el derecho del
acusado a un proceso público..." (CIDH., informe
Guatemala, 1983, párrafos 8 y 35, (1).)
Alberto Bovino, al comentar las implicaciones del derecho
al juicio público en el ámbito internacional, sostiene:
"el respeto efectivo al principio de publicidad, por
último, produce efectos positivos sobre otros aspectos
del enjuiciamiento penal. De modo obvio, un juicio
penal, para ser público debe ser oral. La exigencia
de juicio penal oral derivada del principio de
publicidad ya no se discute " (Pag. 276, Problemas
del derecho Procesal Contemporáneo, Ed. Del puerto,
argentina, 1.998).
PRINCIPIOS QUE SE RELACIONAN CON LA ORALIDAD7 ○
Podríamos decir que existe absoluto consenso en la
comunidad jurídica no solo nacional sino foránea, en
cuanto a que la ORALIDAD, está unida íntimamente con
varios principios procesales penales.
1. Oralidad y Publicidad
Es precisamente en el juicio Oral, donde de la mejor
manera se ve garantizado el acceso no solo de las partes
a las pruebas, a sus alegaciones y pretensiones, sino a la
vez el conocimiento de la ciudadanía de las actuaciones
de los funcionarios encargados de administrar justicia. A
partir de oralidad se permite el adelantamiento de un
juicio público, sin secretos para las partes ni para la
sociedad, lo que conlleva un mayor control de la justicia
por la comunidad, en un estado democrático en el que la
soberanía reside en el pueblo y éste a través del juez
administra justicia (arts. 29 y228 C.N.).
Así mismo, garantiza la transparencia de la actuación de
los funcionarios públicos, y como garantía del
conocimiento colectivo legitima la función.
La publicidad, a su vez facilita a los medios de
comunicación, la difusión de la tarea judicial, en atención
a que la libertad de expresión, la comunicación libre, es
la base de una sociedad libre y democrática.
Todo esto garantiza al imputado el derecho a ser juzgado
con imparcialidad y bajo la legalidad en contraposición
a la arbitrariedad.
Julio B. Maier sostiene "el juicio público es el
paradigma formal sintético del Estado de derecho
en la administración de justicia penal. Tanto las
convenciones internacionales sobre derechos
humanos , que los países Iberoamericanos han suscrito
y ratificado casi en su totalidad, como las
constituciones políticas que los rigen, exigen bien por
vía de reglas expresas , bien por el contexto ideológico
-histórico cultural del que parten - La República
democrática - esta forma de enjuiciamiento como
único método que dé base a la decisión penal. Su
incorporación al sistema positivo se trata entonces,
de un imperativo del sinceramiento de nuestras
instituciones operativas con nuestras instituciones
programáticas. Este es así, el punto de partida que
debe constituir el núcleo central del procedimiento
penal. El implica sintéticamente, un debate cumplido
con la presencia interrumpida del imputado, su de-
fensor, el acusador y los jueces que van a dictar la
sentencia, y su desarrollo en un lapso breve que como
dijimos, los actos que los integran sean los únicos
habilitados para dictar sentencia. La Publicidad del
juicio, así concebido, representa, por una parte,
agregar transparencia republicana a los
procedimientos y decisiones de la administración
de justicia ...junto a ello algunas ventajas
practicas; celeridad y sencillez del juicio , limpio
de toda rémora y complejidad burocrática , y el
mejor conocimiento de la verdad histórica, una de
las claves del procedimiento actual...".
(Democracia y administración de Justicia Penal
en Ibero América, cita de la revista No. 3 del Colegio
de Bogados Penalistas de Caldas p. 112, 1.995)
Resulta claro entonces que la Oralidad favorece el
principio de Publicidad, toda vez que a partir de la
palabra, el argumento y contra-argumento, propios
del sistema controversial, se entera no solo a las partes
dentro del proceso penal, del sentido y fundamentos
de las decisiones judiciales, sino a la vez al pueblo,
quien escuchando de primara mano las pretensiones
y sus sustentos, ejerce un control el cual recae a su
vez , bien sobre tales actuaciones públicas ora sobre
la guarda a los derechos fundamentales y las garantías
procesales no sólo del imputado sino también de la
Ferrajoli, afirma que "la publicidad asegura el
control, tanto interno como externo de la
actividad judicial, pues el procedimiento debe
realizarse a la luz del sol, bajo el control de la
opinión pública y sobre todo del imputado y su
defensor." (Ferrajoli L. Derecho y Razón De, Trotta
Madrid 1.995, p. 616).
La relación innegable entre la Oralidad y la Publicidad
en materia penal, es recogida y desarrollada
extensamente por Alberto Bovino , en su libro
"Problemas del derecho procesal penal
contemporáneo", editores del puerto , argentina,
1.998, pag. 276, para quien, el respeto efectivo al
principio de la publicidad, produce efectos positivos
para el enjuiciamiento penal y se constituye por
excelencia en forma de control democrático de la
La Carta Política en sus artículos 29 y 228 estatuye
el juicio público, el código de procedimiento pe-
nal, (ley 600 de 200), en su art. 14 dispone que
dentro del proceso penal el juicio es público, el
236 que durante el juzgamiento no habrá
reserva y las pruebas podrán ser de público
conocimiento, el 400 señala un término de 15 días
para preparar en el juzgamiento, las audiencias
preparatoria y pública, el 401, 403, 404 y 409
prevén las pruebas a practicar en la audiencia
pública, su celebración, las intervenciones, la
variación de la calificación y la dirección de la
diligencia pública.
2. Oralidad y Contradicción
El juicio penal, para ser oral y público, debe ser
contradictorio y continuo, toda vez que la
dialéctica que en esencia caracteriza el proceso
penal, se posibilita brindando a las partes ocasión
para controvertir, no solo las pruebas, sino
diríamos también las posturas procesales de los
contradictores naturales dentro del mismo, vale
decir, la oralidad permite dar a conocer al otro
nuestras posiciones en torno al tema materia del
debate, solo alcanzable mediante el juicio público.
Desde el momento en que el ciudadano es sindicado
tiene el derecho a conocer los hechos y pruebas en su
contra y controvertirlos como considere conveniente.
La contradicción se da con la norma o con los hechos y
tiene mayor desarrollo en la oralidad, en la que la
controversia adquiere una mejor dinámica y eficiencia,
lo que se evidencia en una audiencia pública, en la cual
se pueden analizar con mayor detalle cada uno de los
elementos fácticos que conforman el expediente, según
la valoración y cuestionamiento que se haga de los
La contradicción presupone el conocimiento por parte
de los sujetos procesales de todas las pruebas
practicadas y de la forma en que se aportaron al
proceso, a fin de evitar medios de convicción secretos
y mecanismos indebidos que no sean objeto de
controversia y oposición por las partes, las que pueden
en forma activa desvirtuarlas o darles un viraje o
alcance diferente.
cuando el sistema permite la interacción de las partes
en forma equilibrada.
La Carta en su artículo 29 consagra el principio y
nuestro actual Código instrumental penal en su art.
13 establece que en desarrollo de la actuación, los
sujetos procesales tendrán derecho a presentar y
controvertir las pruebas, y los artículos 401, 403 y
407 señalan que en la audiencia pública se podrán
repetir las pruebas que los sujetos procesales no
tuvieron la posibilidad jurídica de controvertir, que
estos pueden interrogar al sindicado y se les con-
cede la palabra para su intervención.
3. Oralidad e Inmediación
Es la impresión fresca y directa de la prueba mediante la
comparecencia oral. Impone que el juez se haga partícipe
de los hechos y de las pruebas, que aprecie los hechos sin
intermediarios y de esta forma tenga una noción clara
del objeto percibido y del alcance jurídico, material o for-
mal que se le debe conceder de conformidad con las reglas
probatorias. El juez directamente percibe a las partes –
inmediación subjetiva – y los hechos y cosas –
inmediación objetiva -.
Se infiere que debe existir una completa y permanente
articulación y armonía entre la Oralidad y los principios
procesales hasta el momento comentados, en forma tal
que se hace necesario para un juicio público y
contradictorio, la presencia ininterrumpida de los
sujetos procesales y, por su puesto, de quien debe presidir
el juicio. Solo así el Juez podrá tener una aprehensión
directa de lo que allí sucede.
Sobre el tema afirma Iván González Amado, "...el
juicio, como fase oral del juzgamiento, respaldado
y condicionado por lo dispuesto en el art. 29 de la
Carta y en las disposiciones internacionales que
consagran los derechos fundamentales, es la sede
prioritaria del debate probatorio. Es allí en donde
se han de ordenar y practicar las pruebas , de
forma tal que se garantice la INMEDIACIÓN DEL
JUEZ con ellas y se asegure la imparcialidad, pues
a través de su audiencia e impulso , el funcionario
encargado del juzgamiento no ve mediatizada
su valoración por lo que le presente la fiscalía o la
defensa, sino independientemente podrá evaluar
el mérito de cada uno de los medios de formación
de su convencimiento". "Propuesta para la
Reforma del sistema Procesal Penal Colombiano
", del H. Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, pag. 62"
También es conocido como Principio de
interrogatorio personal y conlleva efectos positivos
para el proceso toda vez que purifica las pruebas
que pretenden hacerse valer en el juicio - que por
vigencia del principio de permanencia pudieron ser
recolectadas en instrucción- toda vez que el Juez de
primera mano, percibe la manera espontánea o no,
como se vierten por ejemplo los testimonios, los
resultados del interrogatorio y contra interrogatorio
por los sujetos procesales y en general facilita la
INMEDIACIÓN, la posibilidad material de aplicar
sin intermediación alguna las reglas de valoración
y crítica de la prueba en mención y ello sin duda
redunda en pro de los intereses de la administración
de justicia y la aproximación a la verdad histórica
"...el principio de inmediación supone formalmente,
que el Tribunal que dicta sentencia es el que actúa
por sí mismo, de ahí que tenga que proceder a la
practica de los pruebas, y materialmente , que tiene
que extraer los hechos por sí mismo de las fuentes
inmediatas, de ahí que tenga que interrogar a los
testigos...". 14 J.L. Gómez Colomer en El Proceso Pe-
nal Alemán, Barcelona, Bosh, 1.985, p. 167.
En las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Procesal de Madrid, se concluyó que en un sistema
procesal penal que dé prevalencia a la etapa del juicio
oral, en el que simplemente la investigación o
instrucción sirve para prepararla, debe tenerse cuidado
por parte del juez, en el sentido de no acudir a este ,
con impresiones y prejuicios derivados de la
instrucción, en forma tal que no podría desligarse la
existencia de un juicio oral con el principio de
INMEDIACIÓN , es decir que el Juez debe fundar su
decisión solo sobre la base de los resultados probatorios
directamente percibidos en su presencia , lo que
demanda identidad entre el juez que procede a la
asunción de las pruebas y el juez que decide sobre las
res iudicanda, y también en la continuidad de las
operaciones probatorias.
Los arts. 401, 403 y 407 del C. de procedimiento Penal
permiten al juez la inmediación sobre las pruebas y
sobre las intervenciones de los sujetos procesales.
4. Oralidad y Concentración
En un sistema procesal en que la prueba recaudada fuera
del juicio no se judicializa, toda la prueba y las
actuaciones de los intervinientes en el proceso deben ser
recogidas sucesiva pero conjuntamente en un mismo
acto, o en varios secuencialmente, lo cual sólo es posible
a través de la oralidad. La continuidad también indica
que entre la recolección de la prueba y la sentencia debe
mediar un corto lapso.
De la mano de los principios anteriores, aparece la
necesaria CONCENTRACIÓN, no solo de la práctica de la
prueba en audiencia o en el juicio, sino también de las
intervenciones de los sujetos procesales al abordar sus
alegaciones finales. No se comprendería como
materializar el principio de INMEDIACIÓN, si no es por
que las pruebas se evacuen dentro de la audiencia pública,
que es por excelencia el punto central del proceso penal,
en el que se debaten aquellas. De hecho, el que las
intervenciones de las partes se realicen con interrupciones
prolongadas, atenta contra la fijación, concentración
claridad y memoria de quien finalmente tiene cargo la
adopción de la decisión, el Juez, por ello en plurales
legislaciones se impone la obligación de realizar sesiones
consecutivas de la vista, so pena de anular el juicio ante
la presencia de largas interrupciones.
A manera de ejemplo, la legislación procesal penal Ar-
gentina, en su Art. 391 dispone que las declaraciones
testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de
nulidad, por la lectura de las recibidas durante instrucción
y establece excepciones a esta regla, cuando el testigo
hubiese fallecido, se ignore su paradero, hubiere
declarado mediante exhorto o informe, o cuando las
partes consientan ante la no concurrencia del testigo.
Norma que sin duda favorece la posibilidad de concentrar
la practica de la prueba en el juicio.
Así mismo, el Procedimiento Penal Italiano, ( arts. 506 y
507 ), dispone como regla general el que la practica de la
prueba se concentre en el juicio oral , salvo las excepciones
que la misma legislación prevé para la prueba anticipada,
es decir que de manera excepcional se puede dar lectura
a las actas en las que se hayan recogido declaraciones
de testigos o del imputado , que no constituyan medio
de prueba, sino tan solo faciliten el juzgador para
apreciar las condiciones de credibilidad.
La concentración está prevista en nuestro ordenamiento
procesal en los arts. 401, 4’3, 404, 407, 409 y 410 en los
que se advierte la concentración en la audiencia pública
5. Oralidad, Celeridad y Eficiencia
Es evidente, que el adelantamiento de un juicio Oral,
público, concentrado y con la inmediación del juez,
contribuye de manera decidida en la rápida adopción de
las decisiones judiciales, toda vez que a partir de la
oralidad se dinamiza el proceso, se agiliza la practica de
las pruebas y su debate y se permite que el sentenciador
conozca directamente las pretensiones y las pruebas en
que se fundan, lo que de suyo facilita e imprime celeridad
La celeridad bien puede observarse como uno de los
requerimientos primordiales del debido proceso, pues
tanto la sociedad como las partes intervinientes en el
proceso esperan de la administración de justicia la
definición oportuna de sus peticiones para una
Es precisamente nuestra carta política que demanda
en su art. 29 un debido proceso no solo público,
sino sin dilaciones injustificadas, bajo el entendido
de concebir la verdadera justicia como la pronta
resolución del conflicto que entraña el proceso penal,
de un lado la oportuna decisión sobre la suerte del
procesado y de otra, la respuesta a la sociedad y la
víctima que reclaman sanción al culpable o
absolución al inocente.
La ley 600 de 2000 (C. De P.P.), en un Art. 15 prevé la
celeridad y eficiencia como norma rectora y dispone
que toda actuación se surta pronta y cumplidamente
sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales
son perentorios y de estricto cumplimiento.
El juicio está delimitado en un lapso apropiado y con
términos expresos. No debe permitirse que se dilate la
audiencia pública porque se propiciaría el atentado con-
tra los principios de concentración e inmediación. La
justicia lenta no es justicia. Otras normas del Código
de Procedimiento Penal que hacen alusión a este
principios son: Arts: 142,143, 146. Igualmente, el Art .4
6. Oralidad, Integración y Remisión
Permite que por bloque de constitucionalidad se acuda a
los tratados y convenios internacionales ratificados por
Colombia y al Código de Procedimiento Civil u otros
ordenamientos procesales que no se opongan a la
naturaleza del procedimiento penal. Arts. 93 de la C.N. y
23 del C.P.P.
JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LA ORALIDAD ○
Poder disciplinario del juez /-sanción
correccional juez-
“...2.2. Sanciones correccionales
Las sanciones correccionales, por su parte, son
impuestas por el juez en virtud del poder disciplinario
de que está investido como director y responsable del
proceso, de manera que no tienen el carácter de
"condena", sino que son medidas que adopta
excepcionalmente el funcionario, con el objeto de
garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales.
“…durante el desarrollo de un determinado
proceso, las partes actúan, no frente a la persona
del juez, la cual amerita respeto, sino ante el pueblo
soberano que ha depositado en aquel la facultad que
le es propia de impartir justicia, lo que hace que la
relación no sea simétrica, entre ciudadanos, sino
asimétrica, entre éstos y la majestad misma de la
justicia, a la cual se someten y le deben el máximo
respeto y consideración; de ahí la gravedad de
aquellos comportamientos que impliquen irrespeto,
pues no sólo se están desconociendo los derechos del
juez como individuo, sino los del pueblo soberano
representado en él; ello, por sí solo, justificaría la
constitucionalidad del poder disciplinario que se le
otorga al funcionario a través de las normas
impugnadas, poder cuestionado por el actor, para
quien dicha facultad atenta, en el marco de un
Estado Social de Derecho, contra el derecho funda-
mental al debido proceso.”8
Ahora bien, es importante resaltar que este poder
disciplinario del juez no es absoluto, pues a la luz de
la Constitución de 1991, dichas actuaciones deben
enmarcarse dentro del ámbito del derecho fundamen-
tal al debido proceso, consagrado en el artículo 29 su-
perior. Así las cosas, el poder disciplinario del juez,
consistente en la facultad de imponer sanciones
correccionales a quienes pretendan obstaculizar o
irrespetar la administración de justicia, debe sujetarse
al desarrollo previo de un proceso, no obstante éste sea
sumario, que garantice al presunto infractor el derecho
a la defensa, sin que con ello se desconozca la suprema
autoridad de que esta investido el Juez, ni su capacidad
Así, deben cumplirse unos presupuestos esenciales en
la imposición de las medidas correccionales, a saber:
que el comportamiento que origina la sanción
correctiva constituya, por acción u omisión, una falta
Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz
al respeto que se le debe al juez como depositario que
es del poder de jurisdicción; que exista una relación de
causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la
actividad del funcionario judicial que impone la
sanción; que con anterioridad a la expedición del acto
a través del cual se impone la sanción, y con el fin de
garantizar el debido proceso, el infractor tenga la
posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar
pruebas o solicitar la práctica de las mismas. De este
“… se armoniza el ejercicio del poder disciplinario por
parte del Juez, esencial para el cumplimiento de sus
deberes, y la garantía constitucional de un debido
proceso para los ciudadanos, cualquiera sea el tipo de
actuación que se surta.”
Es forzoso concluir entonces que la imposición de
diversas sanciones respecto de una misma conducta, no
implica de por sí una violación al principio non bis in
idem, tal como lo ha manifestado esta Corte en repetidas
ocasiones, ya que se trata de medidas de distinta
naturaleza no excluyentes entre sí, impuestas por
autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones.
Pero esto no es todo. Considerando que una misma
conducta puede tener la virtualidad de acantonarse
simultáneamente en diferentes ámbitos del derecho, esto
es, producir efectos materiales lesivos de distintos
derechos de una pluralidad de titulares, o de dos o más
derechos de un mismo titular; claro es que el Estado
debe proveer a la defensa y protección de tales derechos
tipificando las conductas dañinas de los
correspondientes bienes jurídicos. Y este es justamente
el punto: el Estado Social de Derecho debe reivindicar a
través de los respectivos estatutos la protección de los
bienes jurídicos predicables de la sociedad y del Estado
mismo, bienes que por múltiples motivos pueden ser
amenazados o vulnerados merced a una o varias
conductas. Por donde, si una persona con una sola
conducta quebranta varios bienes jurídicos, mal podría
aducir a su favor el non bis in idem como medio para
obtener un juzgamiento circunscrito a los linderos de
uno solo de tales bienes, toda vez que el examen de dicha
conducta frente a los demás bienes jurídicos afectados
quedaría en el más completo abandono, allanándose
así el camino para la eventual impunidad de los
respectivos infractores, con la subsiguiente alarma so-
cial que con frecuencia da cabal noticia sobre las políticas
y acciones de la justicia administrativa y judicial. Por lo
tanto, siendo claro que bienes jurídicos tales como el
derecho a la vida, la administración pública, el orden
económico social, el tesoro público, y todos los demás,
merecen la más satisfactoria protección por parte del
Estado y sus agentes, en modo alguno podría convalidarse
una visión unidimensionalista de la función punitiva que
le compete a las autoridades administrativas y judiciales.
Antes bien, en el evento de que un servidor público llegue
a incurrir, por ejemplo, en el tipo "interés ilícito en la
celebración de contratos", a más de la acción penal
procederían las acciones disciplinaria y fiscal, en el
entendido de que con su conducta el infractor pudo
quebrantar tres bienes jurídicamente protegidos: la
administración pública, la moral administrativa y el
tesoro público. Se impone entonces reconocer el carácter
de piedra angular que ostentan los bienes jurídicos, como
que de ellos dependen los correspondientes estatutos
rectores y represivos, las competencias, los procedimientos,
y por supuesto, las condignas decisiones absolutorias o
sancionatorias, que a manera de particulares resoluciones
jurídicas conforman el universo de fallos pertinentes a la
conducta infractora del sujeto pasivo de la acción
Debe declarase entonces la constitucionalidad del parágrafo
2 del artículo 144 de la ley 600 de 2000 demandado, puesto
que la norma responde a la necesidad de otorgar a la
autoridad jurisdiccional instrumentos idóneos para que
pueda cumplir con su función de administrar justicia, sin
que ello constituya violación al debido proceso consagrado
en el artículo 29 superior, o más concretamente, al principio
de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, también
denominado non bis in idem.
Sentencia c-620/01
Expediente d-3157
Audiencia pública / naturaleza unitaria y
compleja del acto/
“...3. Finalmente, en relación con las censuras expuestas
por el defensor sobre la postura que, según entiende, el Tri-
bunal evidencia en torno al carácter que el juicio ostenta
en nuestro sistema, es de decirse que el proceso penal como
método legalmente consagrado en orden a establecer la
verdad histórica y determinar judicialmente la aplicabilidad
de las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento
para los supuestos de hecho definidos como delito, está
compuesto de una serie armónica y sucesiva de actos
concatenados dentro de los cuales se halla la audiencia
pública como máxima expresión de los principios de
oralidad, publicidad y contradicción que gobiernan el de-
bate oral, preámbulo necesario de la sentencia.
Se tiene, entonces, que la vista pública, como acto en el
cual se concreta la acusación y se ejerce a plenitud la
defensa, es la última de las oportunidades para purgar de
vicios la actuación, dirimir incidentes y, en general, llevar
a efecto todo aquello que por su naturaleza no deba ser
diferido para su decisión en el fallo, al punto que con
posterioridad a su celebración solo procede el proferimiento
de la correspondiente sentencia de mérito.
La dinámica que el juicio ostenta, impone, entonces, en la
audiencia, la materialización de las garantías
fundamentales, la concreción de las pretensiones
probatorias de las partes, y, con carácter general, el ejercicio
de la facultad oficiosa en procura de poner la actuación a
tono para el fallo, la definición de los incidentes y las
peticiones de libertad. Se trata, por tanto, de una actuación
unitaria y compleja que, contrario a la común opinión,
trasciende la intervención de los sujetos procesales en
defensa de sus intereses; involucrando, en muchos eventos
decisiones y actividad de la más variada índole, como el
recaudar las pruebas oportunamente decretadas y ordenar
aquellas que siendo indispensables para la concreción de
la verdad material aún no hubieren sido practicadas, re-
solver la acumulación de procesos, las peticiones de nulidad,
las objeciones a los dictámenes periciales, etc.. Más compleja
se torna cuando, como aquí acontece, se trata del
juzgamiento de un funcionario judicial por varios delitos,
a su vez cometidos en concurso, lo cual impone al juzgador,
máximo cuidado a la hora de pronunciarse sobre
pretensiones que podrían resultar definitivas en la solución
final del asunto a su cargo.
Por esos motivos, bajo la concepción de la vista pública
que aquí se expone, deviene erróneo el criterio según el
cual la audiencia pública está constituida solamente por
el acto de intervención oral de los sujetos procesales, como
parece haber sido el entendimiento generado en el
recurrente por pronunciamiento del Tribunal de primera
instancia...”
Ponente: Fernando Arboleda Ripoll
PROCESO: 17037
Audiencia pública/ principios/ identidad
del juzgador/ indelegabilidad del acto
“...La audiencia pública no es un acto de simple
sustanciación, no es una formalidad que tiene por
propósito el mero agotamiento de una etapa más, su
significado trasciende en el proceso al punto que, siendo
ella el ámbito propio en que se desarrolla el juicio con
sus principios de oralidad, inmediación y concentración,
se constituye en el escenario propicio e idóneo y
prácticamente único en donde se debaten todos los
aspectos fundamentales referidos a los acontecimientos
materia de la causa y a la responsabilidad del acusado,
es allí donde se concreta la acusación y se ejerce a plenitud
el derecho de defensa y el principio de contradicción, es a
la vez el momento culminante de oportunidades como
la probatoria o la de objeción de dictámenes; en fin, siendo
el hito último hasta el cual puede llevarse a efecto todo
aquello que por su naturaleza no deba ser decidido en la
sentencia, que precisamente se profiere después de su
realización, la audiencia pública involucra decisiones y
actividades de la más variada índole que devienen ya de
la propia acción probatoria, o del ejercicio de la facultad
oficiosa de que se encuentra investido el juzgador, o del
uso de sus poderes correccionales y de dirección o,
finalmente, del desarrollo de la amplia potestad con que
el artículo 453 ídem dota al juez "para tomar las
determinaciones que considere necesarias con el fin de
lograr el esclarecimiento de los hechos".
Por todo ello, la audiencia pública, según desde antiguo
lo tiene entendido la Sala (auto de 4 de agosto de 1.993,
M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas), se debe celebrar ante la
respectiva autoridad judicial de conocimiento pues es a
ésta a quien concierne proferir la sentencia luego de haber
escuchado y dirigido el debate que caracteriza a la etapa
de juzgamiento, mucho más cuando nuestro sistema se
identifica en gran parte con los principios que rigen el
sistema acusatorio donde la intervención del juez de
conocimiento, a diferencia del anterior orden donde el
mismo funcionario que instruía era el que acusaba y
juzgaba, deja de ser formal para hacerse dinámica y
participativa en la medida en que, asumiendo su
verdadera función de juzgador, garante de la
imparcialidad y la justicia, debe escuchar con
inmediatez a las dos partes, acusado y acusador, así
como practicar y presenciar las pruebas que habrán de
sustentar su inminente decisión de condena o de
Con una tal trascendencia, a pesar de los inconvenientes
que evidencia nuestra realidad carcelaria, los que de
ninguna manera pueden tener preponderancia sobre
aquellos valores y principios que se materializan en la
audiencia pública, resulta inadmisible que en ese
verdadero acto de examen de las diversas y generalmente
antagónicas posiciones que se asumen en la dialéctica
del proceso frente a la conducta del acusado, se ausente
el juez a quien por disposición legal corresponde proferir
la sentencia, lo que no obsta para que, dentro de la
complejidad de dicha diligencia, pueda, de modo sin-
gular, comisionar la práctica de determinadas pruebas
fuera de su sede, según lo permite el artículo 448 del
Código de Procedimiento Penal...”
Ponente: Carlos Augusto Galvez Argote
Auto colisión de competencia
Proceso: 16378
Audiencia publica/ direccion neutral del
juez/ concentracion de la prueba-
“...En el ámbito demostrativo, tema particular que en
esta oportunidad más interesa, concentra el acto la
práctica de las pruebas previstas para la etapa de la
causa, "excepto las que deban realizarse fuera de la sede
del juzgado o requieran de estudios previos"; pero
además de las dispuestas de antemano (art. 447, C.de
P.P.), y obedeciendo los principios de publicidad, lealtad,
contradicción, imparcialidad e igualdad, es la audiencia
ocasión para adicionar los medios que "surgieren" y
fueren necesarios, y aún aquellos que de oficio halle el
juez indispensables, con la invariable mira del suficiente
esclarecimiento de los hechos como fin primordial de las
actividades probatorias, en las que es deber expreso del
funcionario judicial la búsqueda de la "verdad real" (cfr.
artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, en
concordancia con el 246, 247 y 249 ibídem).
De esta manera conciliará el juez su intervención de neu-
tral director del acto, con la de garante de los derechos de
los sujetos procesales, y partícipe imparcial en la búsqueda
del esclarecimiento de los hechos, lo que le va a implicar
no solamente el máximo cuidado en el decreto y práctica
de medios, sino también cautela para que nunca puedan
éstos convertirse en vía de sorprendimiento para alguno
de los intervinientes procesales, a quienes debe dar la
posibilidad de conocerlos y controvertirlos, si es menester,
con la aducción de nuevas pruebas y la prolongación o
aplazamiento del debate, siempre y cuando agote, por lo
demás, esa práctica de pruebas, antes de darle curso a la
intervención oral...”
Ponente: Juan Manuel Torres Fresneda
Fecha: 25/06/1998
Proceso: 9290
Audiencia pública/ intervención partes
“...Es una realidad legislativa que el artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal confiere a las partes
procesales el derecho a intervenir en la diligencia de
audiencia pública por una única ocasión, repitiendo de
esta manera similar disposición prevista en el artículo
del Código Penal de 1987.
El proceso, como siempre se ha sostenido, es
fundamentalmente dialéctico, porque en su desarrollo
siempre se hayan posiciones encontradas que imponen a
las partes un ejercicio intelectual de argumentos y
contrargumentos y ejercer con la mayor amplitud los
derechos de contradicción y de interposición de recursos,
bien para oponerse a las argumentaciones de las otras partes
o para contraprobar lo que estas hayan probado o para
manifestar la discrepancia con la decisiones judiciales.
La Sala entiende que el derecho a la interpelación surge
claro de las preceptivas constitucional y legal que consagran
el derecho a un debido proceso, en igualdad de
circunstancias para todas las partes, institucionalizando
como un proceso público, de partes, contradictorio, que
tiene como finalidad fundamental hacer realidad el derecho
penal material. Con ello se quiere afirmar que su objetivo
es la obtención de la justicia real, en el sentido de que en la
medida de lo posible la decisión del Juez debe coincidir con
la realidad de los hechos tal como estos acontecieron...”
Ponente: Edgar Saavedra Rojas
Fecha: 03/11/1993
Proceso: 8185
Debido proceso / principio de publicidad
del proceso /principio de contradiccion
en el proceso/
“...2. El debido proceso y el derecho de defensa.
2.1. Dada su naturaleza y la finalidad filosófico-jurídica,
que cumple el proceso en la sociedad, como instrumento
para garantizar la pacífica convivencia entre los
asociados, se hace indispensable que él se tramite
conforme a unas reglas mínimas que permitan a las
partes, en igualdad de condiciones y de oportunidades,
concurrir y actuar en el debate judicial.
Esa es la razón por la cual para evitar así mismo la
arbitrariedad en las decisiones del Estado, el proceso ha
de organizarse conforme a unos principios generales, que
constituyen lo que la doctrina universal conoce como el
“debido proceso”.
2.2. Entre tales principios, resultan esenciales en un
Estado democrático el de la publicidad y la contradicción.
El primero, impide que existan en el proceso actuaciones
ocultas para las partes o para quienes intervienen en él
por ministerio de la ley como sujetos procesales, cual
sucede con el Ministerio Público, la Fiscalía o la
Defensoría de Familia. Tal publicidad, resulta indispens-
able para la formación válida de la relación jurídico-
procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría
expuesto a que contra él se profiriera una sentencia
adversa sin haber sido siquiera debidamente anoticiado
de la existencia de la demanda promovida en su contra.
Es decir, presupuesto necesario para que pueda existir la
contradicción a lo largo del proceso, es el de la publicidad
de las actuaciones que en él se surtan, por quienes se
encuentran legitimados para el efecto. Sólo de esta
manera puede tener cabal realización la garantía
democrática de que nadie puede ser condenado sin haber
sido oído y vencido en juicio…”
Sentencia T-1012/99
Expediente T-255612
Testimonio unico / sana critica-testis unus,
testis nullus
“...1. Entiende la Corte, la máxima testis unus, testis
nullus surgió como regla de la experiencia precisamente
por la alegada imposibilidad de confrontar las
manifestaciones del testigo único con otros medios de
convicción, directriz que curiosamente aún hoy se invoca
por algunos tratadistas y jueces, a pesar de la vigencia de
la sana crítica y no de la tarifa legal en materia de
valoración probatoria.
3. No se trata de que inexorablemente deba existir
pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas
confrontar unas con otras, única manera aparente de
llegar a una conclusión fiable por la concordancia de
aseveraciones o de hechos suministrados por testigos
independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar
en el mismo sentido. No, en el caso del testimonio único
lo más importante, desde el punto de vista legal y
razonable, es que existan y se pongan a funcionar los
referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo
294 del Código de Procedimiento Penal, que no
necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la
naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos
por medio de los cuales se captaron los hechos, las
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió,
la personalidad del declarante, la forma como hubiere
declarado y otras singularidades detectadas en el testi-
monio, datos que ordinariamente se suministran por el
mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de
control interno y no necesariamente externo de la prueba.
Con una operación rigurosa de control interno de la única
prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control
externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria),
como la que ordena singularmente la ley respecto de cada
testimonio o medio de prueba (art. 254, inciso 2° C. P.
P.), también es factible llegar a una conclusión de
verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva
prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración
individual es un paso previo a la evaluación conjunta,
supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello
que sería una obligación frente a la realidad de la
existencia de multiplicidad de medios de convicción, no
por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de
la certeza posible aún con la prueba única.
En razón de lo dicho, desde antes la Corte ha enseñado:
"El testimonio único purgado de sus posibles vicios,
defectos o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios
ajenos a esta purificación. El legislador, y también la
doctrina, han abandonado aquello de testis unus, testis
nullus. La declaración del ofendido tampoco tiene un
definitivo y apriorístico demérito. Si así fuera, la sana
crítica del testimonio, que por la variada ciencia que
incorpora a la misma y mediante la cual es dable
deducir cuándo se miente y cuándo se dice la verdad,
tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de
persona interesada o en solitario. Estos son
circunstanciales obstáculos, pero superables; son
motivos de recelo que obligan a profundizar más en la
investigación o en el estudio de declaraciones tales, pero
nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor
estima y de no alcanzar nunca el beneficio de ser apoyo
de un fallo de condena" (Casación de 12 de julio de
1989, M. P. Gustavo Gómez Velásquez. Las subrayas
pertenecen al texto).
Ponente: Jorge Anibal Gomez Gallego
Fecha: 15/12/2000
Proceso: 13119
Testimonio-prueba/ sana critica/
“...6. Si se trata de analizar la prueba testimonial es
evidente que el juzgador debe tener en cuenta diversos
aspectos como las condiciones personales del deponente,
su relación con las partes en el proceso, la forma como
se hace el relato de lo acontecido. Lo que no se puede
reprochar, como lo hace el libelista, es que fallador no
tenga en cuenta la finalidad propuesta por cada
deponente, es decir, si su intención era causar o no
efectos nocivos en contra del procesado, porque
precisamente para ello debe utilizar su buen juicio. De
allí que cuente con la potestad de otorgar valor
probatorio a aquellos elementos de juicio que lo lleven
al convencimiento de la ocurrencia o no del hecho, de
acuerdo con su raciocinio, señalando aquellos que le
signifiquen alguna importancia o le resulten adecuados
para el hecho que propone declarar como cierto, siempre
y cuando, se reitera, ese razonamiento no resulte
caprichoso ni arbitrario...”
Ponente: Carlos Eduardo Mejia Escobar
Fecha: 18/01/2001
Proceso: 13545
Testimonio-credibilidad
“...1. De otro lado, el hecho de que (…) y (…) sean
padres de la denunciante, no es un factor que
inexorablemente lleve a negarles mérito, pues como lo
ha sostenido la Sala:
"...la valoración de la prueba y, concretamente, de la
testimonial, está expresamente regulada por el artículo
294 del C. de P. P., en concordancia con el 254 que
consagra la sana crítica como criterio de apreciación,
el cual permite darle credibilidad a personas vinculadas
con la víctima o el victimario de un delito, dentro de
las reglas de la psicología, la lógica y el sentido común.
No existe norma de procedimiento penal que ordene al
funcionario judicial desechar las declaraciones de los
amigos o parientes de las partes involucradas en la
realización del hecho punible.
"Tampoco esas circunstancias convierten per se a tales
testigos en inverídicos. Es más, la ley procesal civil
tampoco descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino
que, al tenor del artículo 218, el juez deberá apreciarlo
"de acuerdo con las circunstancias de cada caso", lo
que significa que, simplemente, debe examinarlo con
mayor cuidado, pero puede merecerle plena
credibilidad".*...”
* Casación 9741 del 23 de enero de 1998, M.P. Dr. Jorge
E. Córdoba Poveda
Ponente: Jorge E. Cordoba Poveda
Proceso: 10656
Testimonio-enemistad
“...5. No es admisible como regla de experiencia que la
enemistad del testigo hacia el procesado lo lleve siempre
a declarar en su contra y a perjudicarlo, como lo sugiere
el impugnante ya al final del ataque. Se trata de una
circunstancia que debe ser considerada en la crítica de la
prueba, igual que la amistad o el parentesco, y que por sí
misma por lo tanto no conduce sin remedio a descalificar
al testigo. Otro tanto sucede con su moralidad. Es otro
elemento del análisis y en consecuencia la condición de
delincuente o de prostituta, o cualquier otra, no determina
la credibilidad del declarante, sin que sea posible entonces
admitir como regla de experiencia que todo malhechor
es mentiroso y por esa sola razón debe ser descartado como
testigo...”
Proceso: 14849
LA TEORIA DEL CASO9 ○
Documento preparado por Ana Montes Calderón del PFYAJ “USAID” y tomado del libro Teoría del Caso que elaboró el Proyecto de Fortalecimiento
de la Justicia de USAID. Nicaragua
1. Importancia de la teoría del caso
La teoría del caso consiste en subsumir los hechos (teoría
fáctica), dentro de la normal aplicable (teoría jurídica),
según los elementos de convicción recopilados (teoría
probatoria), de modo que permitan construir una historia
Con significado penal relevante. No importa si el significado
penal relevante es condenatorio o absolutorio; basta con
que la teoría del caso concluya: Fulano es [o no es] autor
responsable de tal delito, y lo demuestre.
¿Cómo procede la teoría del caso? Identifica la acción, el
sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos involucrados, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y las compara con
los requisitos que en ese mismo sentido exige el tipo penal.
Si se logra un encuadre significativo, se relaciona con la
prueba que se ha acopiado. Si cada elemento de la historia
tiene un referente en la prueba que así lo demuestre, se
tiene una teoría del caso.
Desde la perspectiva de la acusación, la teoría del caso
es una explicación jurídica de por qué ciertos hechos
ocurridos deben dar lugar a una sanción penal en con-
tra de su autor. Desde la óptica de la defensa, la teoría
del caso es la explicación jurídica de por qué no debe
sancionarse a aquel a quien se tiene por autor. Según
lo verá el órgano jurisdiccional, la teoría del caso es la
postulación que cada parte le presenta para que la
asuma como una verdad jurídica. El juez deberá,
finalmente, admitir una y solo una teoría del caso, la
cual plasmarán en su decisión final.
En términos muy sintéticos, diremos que teoría del caso es
el resultado de la conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica
y probatoria que manejan el fiscal y el defensor respecto de
un caso concreto. O sea, es el conjunto de hechos que él ha
reconstruido mediante la prueba, y ha subsumido dentro
de las normas penales aplicables de un modo que pueda
ser probado; este conjunto es el que defenderá ante el juez.
La teoría del caso, entonces, está compuesta por tres
a) La teoría de los hechos o teoría fáctica
b) La teoría jurídica o teoría del derecho aplicable al caso
c) La base probatoria
La razón de describir la teoría del caso como compuesta
por tres elementos, es que si se dejara por fuera la base
probatoria, lo que tendría el litigante sería una buena
historia, pero no un buen caso, porque le faltarían los
elementos de convicción que lo demuestren. Para que
haya caso penal, es necesario que tengamos prueba.
Tanto es así, que si en la etapa de investigación no es
posible recoger los elementos de convicción que demuestre
el dicho del ofendido, el fiscal pasará a la etapa de
formulación de su requerimiento con una conclusión
negativa, o sea, que no hay delito que perseguir.
La prueba es el elemento que permite formular un
requerimiento acusatorio. Si el fiscal o acusador no tiene
suficientes elementos de convicción en dicha audiencia
de control, el juez encargado le rechazará su
requerimiento por falta de fundamentación probatorio.
La relación entre los tres elementos de la teoría del
caso es de continuidad: Primero encontramos que los
hechos (teoría fáctica) tienen relevancia penal. En
segundo lugar, los encuadramos dentro de las normas
penales que creemos aplicables (teoría jurídica y
subsunción). En tercer lugar, contrastamos esos
hechos con la prueba (teoría probatoria); cada
elemento, típico de la historia será demostrado por
otro elemento de convicción.
En las situaciones fácticas, jurídicas o probatorias
discutibles, será la habilidad del fiscal la que pueda
demostrarle al juez o al jurado que su hipótesis de la historia
sí es una teoría del caso admisible.
La teoría del caso no se comienza a desarrollar en el
momento de la audiencia, sino desde la misma
investigación. Con la notitia criminis y las primeras
entrevistas, tanto el defensor como el acusador están en
posición de iniciar lo que será el borrador de su teoría del
caso. Las pruebas que vayan acopiando irán perfilando esa
idea, hasta hacerla tomar cuerpo de hipótesis.
No hay duda de que en la teoría del caso el abogado deberá
ir añadiendo y desechando elementos. Para cuando llegue
al juicio, el litigante deberá haber acopiado todos los
elementos probatorios que demostrarán su hipótesis fáctica
y jurídica, los cuales serán muy importantes en la
No todos los elementos de la historia son útiles, y algunos
que parecen no serIo cobrarán importancia después. La
construcción de la teoría del caso es un continuo ir y venir
por los hechos, hasta armar el rompecabezas de -una
historia donde no todos los testigos están, ni todas las
evidencias se encuentran, o bien hasta ir armando una
historia donde es evidente que los hechos no se dieron de
cierto modo y por esa razón la prueba de la contraparte es
inconsistente. Ahí adquiere fortaleza la hipótesis que el
abogado ha forjado para su caso.
3. Historias delictivas y teoría del caso
•Si los hechos que el abogado maneja no son
subsumibles dentro de un tipo penal, no tiene un caso
penal sino una historia, pura y simple.
•So los hechos son subsumibles dentro del tipo penal,
pero no hay prueba, se tiene una buena historia
•Si los hechos son subsumibles dentro del tipo y
demás se tiene una buena prueba, el fiscal tienen
4. La teoría fáctica
Es la reconstrucción de los hechos que el interesado le
ha narrado al profesional en Derecho, los cuales son
obtenidos primero por medio de la notitia criminis y
posteriormente por el acopio de entrevistas y
documentación probatoria. La etapa de investigación
es la que agotará la búsqueda de elementos probatorios
o de descargo, los cuales sustentarán la hipótesis del
Con esas piezas de la investigación, el abogado formará
una historia, con hechos, personajes que realizan las
acciones, personajes sobre los que recaen las acciones,
instrumentos u objetos con los que se realizan los
hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar.
La recomendación más aplicable en el montaje de la
teoría fáctica es la secuencia cronológica, pues es el
modo como el entendimiento humano capta mejor las
ideas que le son comunicadas.
En la fase de investigación, a UD. se le presentará el caso
por partes, sin ningún tipo de orden. La narración que le
harán los primeros testigos o sujetos intervinientes será
ambiguas, oscuras, con lagunas, inconclusas, desordenadas.
El trabajo del investigador y del fiscal es preguntar para
conocer el orden cronológico, hasta tener montada una
historia creíble, con secuencias históricas lógicas. En e caso
del acusador, buscará que exista una acción y: prevista en
un tipo penal, y se vayan cumpliendo los diversos requisitos
del delito mediante la historia que el ofendido, la evidencia
física o los testigos le van narrando Habrá muchos otros
elementos de la historia que so irrelevantes, pero el testigo
los querrá narrar todos. Las preguntas, no obstante, se
dirigirán solamente a la parte de la historia que es
Diversas partes de la historia le irán llegando, sin que
Ud. pueda lograr una secuencia correcta,
históricamente creíble, o históricamente lógica. No
obstante, el reacomodo de elementos le permitirá ir
esclareciendo cómo sucedieron los hechos, para que
pueda cotejarlos con los diversos tipos penales y decidir
si la historia encaja en alguno o algunos de ellos.
Desde la perspectiva de la defensa, el abogado debe
buscar en la historia del adversario cuáles piezas faltan
cuya ausencia hace inverosímil o imposible el hecho,
o lo hacen cierto pero no logran poner a su defendido
en la escena y desarrollando la acción ilícita.
5. Aplicación de la teoría del caso
Para determinar con exactitud cómo ha de presentar
su caso, el fiscal deberá saber de antemano qué prueba
necesitará, y deberá conocer los requisitos técnicos del
tipo penal o de las normas que va a utilizar (teoría
jurídica) a la hora de presentar su historia (teoría
fáctica), con el propósito de que el juez o tribunal capte
que se le está presentando una relación de hechos
ilícitos atribuibles a una o varias personas,
debidamente concatenados y probados (teoría del
La presentación del caso ante el juez o jurado, implica
proveerse de:
a)una posición específica y firme sobre la teoría del caso
(teoría fáctica y teoría jurídica subsumidas);
b)un acerbo de material probatorio que debió
acopiarse en la fase de investigación (elementos
de convicción);
c)un interrogatorio y contrainterrogatorio eficientes,
que se realizarán en la misma audiencia;
d) La producción de prueba no testimonial que se
obtendrá en juicio;
e)una conclusión o argumentación final que
asocia todos los elementos anteriores y los
presenta organizadamente como una historia
verosímil y debidamente probada en cada
extremo pertinente.
6.La teoría del caso y la
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 artículo 33
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 artículo 14
 artículo 15
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 artículo 144
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