Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2008/as200812086.htm
Timestamp: 2020-03-30 10:01:18+00:00

Document:
200803-Sala Penal Segunda-2-086
Auto Supremo: Nº 086 Sucre, 18 de marzo de 2008
Expediente: La Paz 249/06
Partes: Alejandro Burgos Calderon c/Luis Enrique Geng Padilla
VISTOS: el memorial de 23 de octubre del año 2006 que cursa de fojas 184 a 190 por medio del cual Alejandro Burgos Calderón interpuso el recurso de casación impugnando el Auto de Vista pronunciado el 20 de septiembre del 2006 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz dentro del proceso penal seguido por Alejandro Burgos Calderón como acusador particular contra Luis Enrique Geng Padilla por la comisión del delito de estafa tipificado en el artículo 335 del Código Penal.
CONSIDERANDO: que el recurrente Alejandro Burgos Calderón interpuso el recurso de casación manifestando los siguientes argumentos: i) que el Tribunal de Alzada sólo hizo mención a los requerimientos de las partes procesales y con tal acto intentó suplir la fundamentación necesaria exigida por el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal; ii) que el caso de Autos está referido a un contrato de compra-venta de un departamento realizado por Luis Enrique Geng, quien pese a haberle transferido el inmueble nunca se lo entregó y para proceder a la devolución de los 17.000 dólares americanos que le había pagado, le entregó un cheque cuya cuenta se encontraba inhabilitada y la firma no correspondía con la de su titular, elementos que motivaron la iniciación del proceso penal contra Luis Enrique Geng por la comisión del delito de estafa, el mismo que después de tramitarse la etapa del juicio oral concluyó con el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en contra del imputado, al haberse acreditado la existencia del delito y después de que el Juez de Sentencia hiciera la valoración jurídica de las pruebas ofrecidas y por la defensa, expresando el valor asignado a cada una de las pruebas con aplicación de la sana crítica; sin embargo de lo expuesto el Auto de Vista impugnado de manera dolosa y mal intencionada señaló que la sentencia se basó en hechos no acreditados y no consideró la apreciación conjunta y armónica de la prueba efectuada por el Juez de la causa; iii) que en la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado se dispuso anular totalmente la sentencia y la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia basándose en la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nº 431 de 15 de octubre del año 2005; sin embargo el Tribunal de Alzada no fundamento los motivos por los cuales determinó la nulidad de la sentencia, determinación que además resulta ser contradictoria a la doctrina legal citada en la resolución impugnada porque la resolución recurrida no expresó los fundamentos de hecho y de derecho para su determinación final.
Que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz pronunció el Auto de Vista de 20 de septiembre del año 2006 señalando que el Juez Octavo de Sentencia de la ciudad de La Paz falló declarando a Luis Enrique Geng Padilla autor del delito de estafa tipificado en el artículo 335 del Código Penal y lo condenó a la pena de reclusión de 4 años y 100 días multa a razón de cinco bolivianos por día; contra dicha resolución el imputado interpuso el recurso de apelación restringida cuestionando los siguientes aspectos: errónea aplicación de la ley sustantiva por haber sido condenado en base a una incorrecta subsuncion del hecho al derecho; contradicción entre la parte dispositiva y considerativa porque no se valoró correctamente la prueba; insuficiencia y falta de fundamentación de la sentencia, porque se basó en hechos no acreditados y porque contiene afirmaciones que no condicen con la realidad del proceso; además que en la sentencia se concluyó que cometió el delito de estafa en dos ocasiones, lo cual constituye una aberración; y finalmente porque no se asignó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba pues se penalizó una obligación de tipo contractual. El Tribunal de Apelación señaló que la sentencia sólo describe los nombres de los testigos y la prueba documental y bajo el rótulo de valoración jurídica de la prueba se citaron los artículos 171, 173, 340, y 343 del Código de Procedimiento Penal, por lo que no se realizó una valoración detallada de cada uno de los elementos de prueba ofrecidos, y tampoco se observaron las reglas de la sana crítica, resultando evidente la incorrecta valoración de la prueba denunciada por el apelante: en consecuencia aplicando la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nº 431 de 15 de octubre del año 2005, resolvió anular la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro juez.
CONSIDERANDO: que del análisis de los fundamentos expuestos por el recurrente y del examen del Auto de Vista impugnado, se advierte que dicho Auto carece de motivación o fundamentacion, por cuanto se limita a señalar los fundamentos expuestos por el imputado en el recurso de apelación restringida y no ingresa a realizar la debida motivación o fundamentación de ley, pues el Tribunal de Alzada, debió pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos que fueron objeto de la apelación y no lo hizo; así como tampoco estableció de manera especifica el porqué llegó a la conclusión de que en la sentencia apelada existía una incorrecta valoración de la prueba o en que parte de la resolución recurrida se encontraba la inadecuada valoración de la prueba o respecto a que elementos de prueba, vale decir, que la conclusión arribada por el Tribunal de Alzada no cuenta con las razones legales que permitan identificar cual fue la valoración realizada; además que en la resolución recurrida en la parte considerativa tampoco se citaron las disposiciones legales que se consideraban aplicables para el resultado arribado por el Tribunal, por lo que, al no haberse fundamentado o motivado el Auto de Vista impugnado, se vulneró el derecho al debido proceso con el que cuentan tanto la acusadora como la parte imputada, el mismo que, además constituye un derecho fundamental de toda persona.
DOCTRINA LEGAL.- El derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; la autoridad que pronuncia una resolución debe necesariamente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo. Esta exigencia se torna aun mas relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades que dictaron la sentencia, pues dichas resoluciones deben estar suficientemente fundamentadas y exponer con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y permitan establecer que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, proviene de una correcta y objetiva valoración de las pruebas y consideración de los argumentos expuestos por las partes, por cuanto en la medida en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y derecho, los sujetos procesales ( acusador y acusado) llegarán a la convicción de que la decisión adoptada es justa.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista impugnado (fojas 175-176) y dispone que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz pronuncien nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.

References: artículo 335
 artículo 124
 resolución 
 resolución 
 artículo 335
 resolución 
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 resolución 
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 resolución 
 artículo 419
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