Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2013/07/
Timestamp: 2018-02-20 03:36:22+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: julio 2013
Abogado de Rodas renuncia por presiones del “poder absoluto”
El abogado de Denis Rodas, implicado en el caso de la red de extorsión, Freddy Fernández, renunció como patrocinante argumentando que no se puede hacer nada contra los designios del “poder absoluto” que maneja la justicia y hace ineficiente su trabajo. En tanto, se anunció que Boris Villegas, otro de los implicados, ampliará su declaración informativa por el caso Chaparina.
Ayer se debió realizar la apelación de audiencia cautelar para los procesados en la Fiscalía de Distrito de la capital oriental a las 9 de la mañana, sin embargo, una orden habría determinado suspender por tercera vez el acto y luego la Sala Penal Segunda ratificó la detención de Rodas además de Fernando Rivera y Boris Villegas. En tanto, Isabelino Gómez fue trasladado a una clínica por su estado de salud, pues padece de diabetes y una posible trombosis.
Ante estos acontecimientos, el abogado Fernández decidió dar un paso al costado y dejar a su cliente pues mencionó a una estructura de poder que intenta afectar, desprestigiar y condenar no sólo a Rodas sino a su familia, aunque no identificó nombres.
“Mi trabajo se hace ineficiente cuando el poder absoluto se manifiesta no solamente a través de los policías, fiscales sino también a través de los tribunales cuyas decisiones no respeta nadie, como el caso de ahora cuando el Gobernador no remitió a los detenidos simplemente porque no le da la gana. En ese sentido mi conducta ética, deontológica debe ser apartarme de seguirle cobrando a mi cliente, porque mi cliente prácticamente no necesita abogado, el poder absolutista lo va aplastar así tenga 100 abogados”, expuso.
Por su lado, Villegas declaró dentro del panal de Palmasola ante la fiscal Patricia Santos sobre el caso Chaparina y se anticipa que amplíe su ponencia en una nueva audiencia con la fiscal paceña que investiga la represión a la octava marcha de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, desde su vigilia en Trinidad declaró que la comparecencia de Villegas confirma la vinculación directa del Ejecutivo en la represión policial del 25 de septiembre de 2011, aunque se habla que la presencia de Santos se debió a otro caso.
“La propia fiscal está diciendo que si esto no es sobre Chaparina, como diciendo que no hay persecución, da a entender claramente que la octava marcha estaba perseguida por el Gobierno”, declaró.
La oposición estuvo presente en los alrededores del penal de máxima seguridad del departamento de Santa Cruz, para hacer seguimiento sobre estos casos.
La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, dijo que se continuará solicitando la convocatoria a otros supuestos implicados en los casos red de extorsión, represión de Chaparina y caso Rosza o terrorismo I y II, pues los exasesores de los ministerios de Gobierno y Ministerio de la Presidencia tendrían información clave sobre los estrategas y responsables de cada hecho y acción ejercido desde el régimen.
Gonzales también pidió que se llame al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, a la excandidata a la Gobernación de Beni, Jessica Jordan y al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, pues cada caso no estaría desvinculado de otro.
Ostreicher debe declarar por un supuesto matrimonio falso
El estadounidense Jacob Ostreicher, procesado por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y el responsable de ‘destapar’ una presunta red de extorsión judicial, gubernamental y policial, debe presentarse hoy a las 10:00 en la Fiscalía para responder por el supuesto delito de uso de instrumento falsificado, acción ilícita en la que incurrió cuando utilizó un certificado de matrimonio que sería falso.
El fiscal Adán Arteaga confirmó la presentación de Ostreicher. El caso por el que testificará el estadounidense fue conocido hace más de un año y era investigado por la fiscal Janeth Velarde, actualmente presa en Palmasola, vinculada a la supuesta red de extorsión que denunció el extranjero.
Uno de los abogados de Ostreicher, Yimi Montaño, manifestó que este mismo argumento fue presentado hace un año y medio por la fiscal Velarde y por el exasesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera (preso en Palmasola en el caso de la supuesta red de extorsión). De acuerdo con el jurista, esta documentación se usó para que los jueces le negaran la libertad a su cliente.
Montaño señaló que el documento del presunto matrimonio es falso y que fue inventado para apoderarse de los bienes del empresario estadounidense. Además, cuestionó el hecho de que nuevamente el caso sea ‘movido’, justo cuando se conoció sobre la incautación de otras propiedades de Ostreicher, fallo que fue emitido por la jueza Eneas Gentile por el requerimiento del fiscal antinarcóticos Carlos Robles.
Ostreicher calificó su citación como una distracción debido a que es un caso viejo.
Critican incautación
La defensa de Jacob Ostreicher expresó ayer su indignación por la incautación de las siete propiedades, ya que aseguran se trata de un abuso de poder.
El abogado Yimi Montaño, en una rueda de prensa realizada en la casa del estadounidense, manifestó que, al parecer, la incautación de los bienes de su cliente solo busca apropiarse de los mismos de forma irregular.
Montaño cuestionó el hecho de que en 35 meses de investigación el Ministerio Público aún no haya actuado, siendo que hay órdenes de aprehensión contra una decena de personas implicadas en la red de extorsión.
“Todavía tengo algunas camisas y pantalones y algo de ropa. Solamente falta que me quiten mis pantalones y las fotos de mis nietos”, afirmó molesto el extranjero
1 Jacob dijo que el fiscal Carlos Robles y el agente Ariel Prado le recuerdan a Fernando Rivera y a Denis Roda, que estaban intoxicados por el poder para hacerle daño y destruir a su familia sin pensar que Dios los iba a poner en la cárcel. “Seguiré luchando con el apoyo de la gente de Bolivia”, dijo Ostreicher.
2 Para las 9:00 de hoy está prevista la audiencia de apelación a la detención preventiva, que ha realizado Fernando Rivera.
Los jueces o vocales que cometan actos de corrupción, en el ejercicio de sus funciones, podrían perder sus títulos profesionales de abogado, advirtió ayer la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
“Como autoridad voy a pedir que el Código Penal sea duro, todo funcionario llámese vocal, juez que se demuestre que son realmente corruptos, que se les quite el título de abogado”, aseveró Mamani al indicar que como autoridades judiciales electas por voto determinaron erradicar la corrupción en la justicia hasta el año 2015.
La sanción planteada -según Mamani- se debe ante las anomalías e irregularidades que descubrieron durante el proceso de fiscalización. No obstante, aseveró que hay buenos jueces, quienes serán “premiados”.
La Magistratura inició ayer la fiscalización a los juzgados cautelares del distrito de La Paz, que tiene 160 juzgados de los cuales 15 son cautelares, diez ubicados en la ciudad de La Paz y cinco en la ciudad de El Alto.
Otra medida para erradicar la corrupción en el Órgano Judicial, es que el 1 de julio del 2012 comenzaron a funcionar 21 jueces disciplinarios a nivel nacional, nueve están en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y el resto en los demás departamentos.
La consejera Wilma Mamani informó que recibieron 2.000 denuncias pero sólo 350 casos se encuentran en la sala de disciplinaria y 100 tienen sentencia.
Proponen tres mecanismos para acabar con la corrupción en la Fiscalía
El expresidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia y actual magistrado suplente del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza, propuso tres mecanismos para acabar con la corrupción en el Ministerio Público de Bolivia.
Mencionó que primero se deben solucionar todas las denuncias que existen contra los fiscales dando cumplimiento al régimen disciplinario de la institución, sancionando las faltas que han sido denunciadas y confirmadas, pero también liberando los casos que muchas veces sólo son iniciados por calumnias a los fiscales.
“Eso depende de la Fiscalía General, organizarse, dar prioridad y dar resultados que son de castigo o liberando porque muchas son calumniosas”, indicó.
Como un segundo mecanismo, propuso hacer controles de calidad de los procesos que llevan adelante los fiscales.
Aseguró que es necesario saber el “por qué un proceso dura tanto, por qué en un proceso hay quejas, porque sencillamente el fiscal está librado a su suerte y a su libre entender y con la liberalidad que tiene comete hechos irregulares”.
Como un tercer trabajo propuso que la Fiscalía concrete convenios estratégicos con diferentes instancias de la sociedad civil que de alguna forma le interesa ser parte de la solución o prevención de algunos fenómenos criminales y de esta forma programar ciertas tareas específicas.
Mencionó que, por ejemplo, a los banqueros quienes estarían interesados en participar en temas como la falsificación o clonación de tarjetas.
Mendoza que hizo un estudio de la situación de corrupción en el Ministerio Público aseguró que con la aplicación de estos mecanismos habría una notable disminución de los actos de corrupción entre los fiscales.
Ana Claudia Arruda Flores declaró ante el fiscal anticorrupción Gomer Padilla haber entregado un sobre al exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, en el que supo después que había 50 mil dólares que el empresario Zvonko Matkovic dejó a un emisario para que liberen a su hijo ahora detenido en el penal de San Pedro. La mujer declaró por espacio de cuatro horas en el marco de las investigaciones promovidas por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales contra la exautoridad, por los delitos de extorsión y beneficios en razón del cargo. Este fue parte del interrogatorio que se conoció.
Lo que dijo de Soza. Arruda indicó que conoció al exfiscal en la plaza Murillo en La Paz. "Me lo presentó un edecán del presidente a mí y Jessica Jordan, con quien me había venido de Beni para que la ayude a trabajar en su campaña (a la Gobernación) entonces me pidió sugerencia sobre en qué hotel hospedarse y le recomendé el Jacarandá", indicó. Agregó que le pidió su teléfono y la llamó pasadas las elecciones del 2009.
Contó también que en una tercera oportunidad lo vio por televisión cuando llegó a Santa Cruz y lo llamó para saludarlo. "Fue entonces que me dijo si podía hospedarlo y yo le ofrecí mi casa en el barrio Cordecruz. Fue así que llegó con su edecán y le di la habitación de mi hijo. Él pasó dos noches y un día en mi casa. El último día lo visitó el Sr. Zvonko (Matkovic) acompañado de otro hombre pero él entró solo a hablar con Soza. Me quedé sorprendida porque Soza me dijo que me iban a traer unos sobres el Sr. Zvonko y como qué, vino su amigo y dejó un sobre algo bultoso para el Sr. Soza", contó en su declaración.
Finalmente, contó que un mes después la llamó Soza a La Paz donde le recomendó que cambiara de abogado. Después de otro mes dijo que vino un sobrino de ella "y me dijo que Soza no cumplió con el trato y que el sobre que le dimos era plata y que estaba pidiendo otros 50 mil dólares. Entonces yo lo llamé para contarle eso y él me cortó la llamada".
Piden que se lo procese. La senadora opositora Carmen Eva Gonzales informó que pidió a la Fiscalía de La Paz la imputación formal y detención preventiva del exfiscal Soza porque existe riesgo de fuga por las investigaciones que se le siguen por presunta manipulación del caso Rózsa.
Una testigo confirma versión de empresario Arruda: 'Matkovic estuvo con Soza en mi domicilio'
Hasta hoy, el investigador del caso Terrorismo II (referido a los financiadores del grupo separatista desarticulado en 2009 en Santa Cruz) deberá entregar un informe a la comisión de fiscales sobre el estado actual de las investigaciones y los actuados que todavía se deben realizar.
El fiscal que integra esa comisión, Marco Antonio Rodríguez, explicó que ese reporte debe contener datos sobre las declaraciones que fueron recibidas, las investigaciones que se realizaron y la prueba documental o testifical recolectada, entre otros.
A partir de esa información, precisó, se procederá a tomar las declaraciones a las personas que están en calidad de acusadas, a las que todavía no se las convocó.
De la revisión inicial de los expedientes, sostuvo, aproximadamente 66 personas fueron sindicadas de haber coadyuvado con el grupo Terrorista, liderado por Eduardo Rózsa, pero además hay 14 imputados, quienes en su momento fueron sometidos a medidas cautelares y varios de ellos remitidos a la cárcel. Sin embargo, reconoció Rodríguez, a la fecha no existe ninguna persona detenida.
“Vamos a revisar cuáles fueron los motivos que fundaron las medidas sustitutivas a la detención preventiva de estas personas”, explicó la autoridad.
En el barrio San Francisco, 5to anillo y avenida Alemania, la presencia del entonces fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, no pasó desapercibida, pues vecinos recuerdan haberlo visto ingresar varias veces a una casa de dos plantas ubicada en la calle Luisa Wichtendall, Nro. 4470. Esa situación fue recordada ayer luego de que el fiscal anticorrupción Gomer Padilla confirmara que realizará una inspección a propósito de la declaración del empresario Zvonko Matkovic, en el sentido de que hasta allá lo llevaron para pedirle la suma de 50 mil dólares a cambio de la liberación de su hijo, uno de los 38 imputados en este caso.
Conocida en el barrio. Asimismo, los vecinos recordaron que Claudia Arruda, la mujer que hospedó supuestamente al fiscal Marcelo Soza, era conocida en la zona por las múltiples denuncias por estafa que tenía. Los vecinos recuerdan que la mujer conversaba muy poco y que inclusive sus víctimas llegaron con carteles hasta la casa para reclamarle por el pago de su dinero
Ex fiscal Soza dispuesto a someterse a investigación en Santa Cruz
El ex fiscal Marcelo Soza, que investigó el caso Rózsa, reapareció el jueves en la Fiscalía Departamental de La Paz, para hacer seguimiento al proceso que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en su contra, según informó su abogado Moisés Ponce.
'Lo único que puedo manifestar es que el día de hoy (jueves) nos hemos apersonado para revisar el cuaderno de investigación haciendo uso del ejercicio que nos corresponde, de la defensa técnica y material de mi defendido', declaró el jurista.
Sobre el empresario Zvonko Matkovic, que acusó a Soza de pagar la extorsión de 50.000 dólares mediante un intermediario, Ponce aseveró que su cliente se someterá a toda investigación que se inicie.
'El está dispuesto a comparecer en La Paz o Santa Cruz y en mi caso como defensa y en el caso de Soza como investigado acudirá a cualquier llamado de la autoridad competente, sea la autoridad jurisdiccional o del Ministerio Público', apuntó.
Agregó que para no contaminar la investigación, el ex Fiscal de Materia 'no conversará con los medios de comunicación'.
Dejó establecido que todas las acusaciones que pesan contra su cliente, tienen el objetivo de perjudicarlo profesionalmente y tratar de destruir el caso que estaba investigando.
El 15 de marzo la senadora opositora presentó un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Sosa y se lo vincula con los detenidos en el penal de Palmasola por el caso 'extorsión'.
Sosa se alejó de la investigación del caso terrorismo el 19 de marzo.
El lunes declarará el húngaro Elöd Tóásó por caso Terrorismo
Este lunes 29 de julio se reiniciará el juicio oral por el caso Terrorismo con la declaración del ciudadano Húngaro Elöd Tóásó en la ciudad de Santa Cruz a las tres y media de la tarde.
La información fue confirmada por el fiscal Marco Rodríguez, miembro de la comisión que investiga el caso.
El húngaro, sobreviviente de la intervención al hotel Las Américas donde murió Eduardo Rózsa Flores, debía declarar en los primeros días de junio, sin embargo el acto se pospuso hasta el 29 de julio.
El fiscal Rodríguez informó que la comisión de la que forma parte espera el informe de los anteriores investigadores del caso para iniciar pesquisas propias que determinen la verdad de los hechos.
Estos extranjeros, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, que también sobrevivió al operativo, fueron acusados por el Gobierno de ser parte de una supuesta trama para asesinar a Morales y conformar además una célula terrorista para apoyar la secesión territorial del rico departamento de Santa Cruz.
Policía no admitirá casos de corrupción en la ANAPOL
El comandante general de la Policía, Alberto Aracena, advirtió que en esa institución no permitirán hechos de corrupción ni mucho menos tráfico de influencias como se detecto en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) en la alteración de calificaciones de cadetes.
“Por la imagen de la institución y la Academia no toleraremos hechos de corrupción y tráfico de influencias” dijo la autoridad en relación a la extorsión que se detectó en la ANAPOL y en el que están implicados una abogada y un funcionario policial.
En el caso de la abogada Lizet G.M., que fue hallada 2en flagrancia", Aracena dijo que por disposición judicial fue recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF).
En el caso del funcionario policial, de quien mantuvo en reserva su identidad, precisó que la Policía puso al efectivo a disposición del Ministerio Público.
El funcionario estaba a cargo de la base de datos e informática de la ANAPOL y manipuló las calificaciones de cadetes de ese instituto policial.
De dos mil denuncias presentadas contra malos funcionarios en la administración de justicia, solo una logró sentencia, 10 se encuentran siendo revisados y un 20 por ciento fueron resueltas por la vía administrativa, según información proporcionada por la presidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
Mamani dijo que no hay un cambio total y a profundidad de la justicia, y advirtió que con la elección directa de autoridades en este Órgano se dio un paso importante, pero falta cambiar otras piezas./Erbol.
Rocha se declara inocente en caso red de extorsión
Mario Ariel Rocha recorre Cali a diario con una carpeta de documentos tan pesada como un saco de boxeo. Para llevar esos papeles aquí y allá se requiere apoyarlos sobre el revés de los dos brazos, asegurarlos contra el pecho, caminar lentamente. Son tantos que en el asiento trasero de un carro se desparraman sin que nadie más se pueda sentar. - Es mi defensa - , explica.
Abogados piden que víctimas de extorsión presenten denuncias contra exfiscal Soza
El abogado cruceño Gary Prado Arauz, hijo de Gary Prado Salmón.
Los abogados defensores de los implicados en el caso de supuesto terrorismo exhortaron ayer a que las víctimas del caso red de extorsión se presenten a denunciar al exfiscal Marcelo Soza, para acumular más testimonios y pruebas que presionen hacia la detención de este representante del Ministerio Público.
Álvaro Melgarejo, abogado de Zvonko Matkovic, recordó que con el caso de extorsión, el Ministerio de Gobierno, en representación del Estado, se atribuyó como víctima y demandó, además de 16 personas, a sus exasesores jurídicos, Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas hasta llevarlos a la cárcel de Palmasola en calidad de detenidos preventivos.
Matkovic padre dijo haber pagado 90 mil dólares en dos pagos de 50 y 40 mil a unos emisarios del exfiscal, para que su hijo sea sacado de la lista de acusados del caso terrorismo, operado supuestamente por la célula separatista encabezado por el húngaro Eduardo Rózsa Flores.
En tanto, Gary Prado Arauz, abogado e hijo de Gary Prado, procesado por el caso terrorismo, solicitó a través de los medios de comunicación que las víctimas de la red de extorsión declaren sin esperar la convocatoria del Ministerio Público para aportar más pruebas y que la versión tenga credibilidad, dado que “en Santa Cruz todo el mundo sabe que la red de extorsión funcionaba”.
Sostuvo que a consecuencia de este hecho, más de 39 familias fueron “perseguidas de una manera ilegal y abusiva por el Gobierno, acusadas de delitos que no han sido cometidos”, y la declaración sobre extorsión podría dilucidar la verdad en el caso de supuesto terrorismo, y el porqué hubo extorsión.
En su descargo, el exfiscal Soza dijo: “(Marinkovic) tendrá que demostrar que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”.
Otorgan 24 horas para apelar la decisión Niegan libertad a la exalcaldesa Gaby Candia
Después de dos horas y media de audiencia, la jueza quinto de Sentencia en lo Penal determinó anoche negar el pedido de libertad solicitada por la exalcaldesa Gaby Candia, quien ya tiene una sentencia ejecutoriada por malversación y uso indebido de influencias.
En la lectura que hizo la jueza Lucía Fuente Nina, en presencia de familiares de Candia y los abogados defensores Franklin Amaru y Reynado Alzabe, dijo: “La suscrita jueza quinto de Sentencia en lo Penal, de conformidad al artículo 125 de la Constitución Política del Estado y al artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, deniega la siguiente tutela de la presente acción de libertad interpuesta por Gaby Esperanza Candia de Mercado, en contra de los vocales componentes de la sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz que han sido accionares en este caso”.
Precisó que si las partes desean solicitar acciones o enmiendas, la pueden realizar dentro de 24 horas desde la notificación de la negación. Luego de tres años de juicio, desde 2001, en 2004 la Corte de Justicia de La Paz determinó ocho años de prisión para Candia. Sin embargo, las sentencias no fueron cumplidas, pues la defensa de Candia argumentó intereses políticos del entonces alcalde Juan Del Granado. El daño económico es de 1.642.000 dólares causado por la expropiación ilegal del cerro Santa Bárbara, en octubre de 1997.
Soza niega extorsión y dice que Matkovic “tendra que demostrar” que le dio dinero
El ex fiscal Marcelo Soza respondió este lunes a las denuncias realizadas la semana pasada por Zvonko Matkovic que reveló que pagó 50 mil dólares para conseguir la libertad de su hijo. Soza negó este hecho y conminó al empresario a demostrar que fue extorsionado.
“Tendrá que demostrar (Matkovic) que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”, dijo Soza, según señala el portal de radio Fides.
Según Soza las declaraciones del empresario fueron realizadas por “desesperación” ante la imposibilidad de ver a su hijo en libertad “creo que está tomando una vía equivocada el señor Matcovic”, agregó el ex fiscal.
Marcelo Soza es investigado por varios hechos de corrupción y renunció a continuar en el Ministerio Público tras revelarse audios en los que supuestamente se escucha su voz relatando como fue que se montó el caso Rózsa.
La senadora Carmen Eva Gonzales logró que un peritaje realizado en el Brasil confirme la veracidad de estos audios y existe un proceso instalado en La Paz que hasta el momento no ha dado ningún resultado.
El empresario Zvonko Matkovic reveló la anterior semana en su declaración ante el fiscal Gómer Padilla como fue extorsionado por emisarios enviados por el ex fiscal Marcelo Soza para lograr la liberación de su hijo detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz, como uno de los 38 imputados en el juicio por el caso Rózsa.
El Ministerio Público investiga en Santa Cruz una querella por extorsión planteada por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, en contra del ex fiscal Marcelo Soza y esta semana otros testigos brindarán su declaración al respecto.
Castedo, acusado del caso de terrorismo, presentó documentación que acredita su mal estado de salud y su impedimento de viajar; sin embargo, la justicia lo conminó varias veces a ir a
Tarija para las audiencias.
Sobre la denuncia de extorsión de Zvonko Matkovic en contra de Marcelo Soza, Fries dijo que ‘hordas’ de abogados y políticos “azules y verdes” trataron de extorsionar a su cliente. “Nos traían listas de nombres, unas 180 personas, todas personalidades cruceñas y nos hablaban a nombre del Gobierno”, relató
El jefe de la unidad de Transparencia del Ministerio de Salud, Marcelo Sandstein, informó que se puso a disposición de la ciudadanía dos líneas telefónicas para atender y recibir denuncias de corrupción y las quejas de la población sobre la mala atención médica en los centros hospitalarios del país.
"Se instaló la línea directa 2484673 y la línea gratuita 800-1000-88, que serán atendidas por funcionarios de esta unidad, además las personas pueden remitir sus denuncias de manera formal en las oficinas de Transparencia ubicadas en el Ministerio de Salud".
Precisó que un equipo judicial tiene la responsabilidad de recibir e investigar los supuestos actos de corrupción dentro del Ministerio y en las instituciones dependientes e independientes de éste. "Somos una entidad descentralizada e independiente en nuestras acciones, estamos para velar por la salud de la ciudadanía y sancionar a los malos funcionarios y profesionales en salud".
Los casos atendidos. El Jefe de la unidad de Transparencia informó que en el primer semestre de esta gestión, se recibieron al menos 70 denuncias escritas, que fueron investigadas y sancionadas en los planos administrativos y judicial.
"Las sanciones suponen desde una llamada de atención, a los responsables, descuentos hasta 15 días de haber y despido laboral, si la falta fuera muy grave".
"La unidad fue creada en el año 2008 por disposición del presidente Evo Morales. Pido a la población denunciar cualquier acto irregular dentro de los centros de salud". Marcelo Sandstein - TRANSPARENCIA
Abogado pide detención domiciliaria para Santos Ramírez tras agravarse su enfermedad
"La petición está basada en el certificado médico forense por lo dependerá del Estado y Fiscalía que de manera objetiva determinarán su se puede aceptar", remarcó a medios locales.
Detalló que el médico forense aceptó que existe un recrudecimiento del estado del expresidente de YPFB (2008) quien fue uno de los pilares del Gobierno del MAS en los primeros años de asunción al mando del Estado.
A inicio del presente mes, Ramírez sufrió una parálisis facial del lado izquierdo por lo que fue evacuado de la cárcel de San Pedro a una clínica particular de la ciudad de La Paz.
De acuerdo a fuentes oficiales, se había agudizado el mal de Chagas que padecía y por la parálisis facial no podía comer, según referenció su abogado Paredes.
El municipio de Entre Ríos, capital de la provincia O´Connor de Tarija, se quedó sin autoridad edilicia debido a que el alcalde, Teodoro Suruguay, cumple una detención domiciliaria impuesta por el Tribunal de Sentencia Unico de esa localidad que decidió modificar las medidas sustitutivas.
Suruguay es investigado por presuntas irregularidades en la construcción de las cabañas ecoturísticas Tapiao - Las Lomas. /DM
Por supuesto que lo conozco, porque me tomó la declaración en La Paz por el caso terrorismo. La segunda vez, cuando me llevan a la casa de la señora (Claudia) Arruda y me sorprendo que estaba ahí, donde tuvimos una conversación donde ellos me plantearon (...), fueron las dos veces que estuve con ellos. A las 2:00 (del 21 de mayo de 2010) recibo una llamada de mi esposa para comunicarme que me iban a llamar. A las 6:00 se comunica conmigo el señor L. Pereira y me dice que si me podía recoger el mismo día, a las 7:00 para tratar el tema de mi hijo Zvonko Matkovic Ribera, que estaba preso en San Pedro y que él tenía la solución.
En ese momento el que habla es el Dr. Soza y manifiesta que el caso de mi hijo no es un caso complicado, que tiene solución porque lo involucra una llamada telefónica, por lo que me dí cuenta que se trataba de la llamada que le hizo Rósza a mi hijo, pero no de que él habría llamado a Rósza. Para darle esa solución, él me propuso que en 15 días se iba a arresto domiciliario y en 30 días estaba libre, pero previo que iba a arreglar yo con un monto de dinero que me iban a decir los otros (Arruda y Pereyra), pero respondí que el caso de mi hijo no era grave, pero Soza respondió con unas palabras que las tengo grabadas: ¿Sabe que yo soy el único que puede aumentar o sacar cargos. Prácticamente para mí era un mensaje claro.
Él se levantó, hizo una llamada y dijo que no, que era en efectivo. Le dije que no tenía plata y que no me iban a seguir extorsionando, se quedan con mi hijo guardado. Pasó eso y después se aparece en mi oficina otro operador, también mandado por Soza y llama G. Gutiérrez, que se presentó a nombre de Soza e insistió en que tenía que pagar $us 200.000 y que los $us 50.000 que dí no valían, pero repetí que no tenía plata. Se han hecho extorsiones simples y por combo, es decir con personas directas y por grupos
Zvonko ofreció entregar su casa porque no tenía dinero
La investigadora española María Concepción Gavira Márquez brindará hoy una conferencia magistral titulada "Una burocracia eficaz: La asignatura pendiente del antiguo y nuevo régimen en Oruro, estudio sobre la corrupción en los siglos XVIII – XIX", que se desarrollará en el auditorio "Josermo Murillo Vacareza" de la Carrera de Antropología, a las 19:00 horas.
Esta actividad está auspiciada por el Consejo Departamental de Culturas de Oruro y la Carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro, con el fin de dar a conocer la burocracia y las prácticas corruptas durante la Colonia y de las primeras décadas de la Bolivia independiente.
Estuvo en diferentes ocasiones y diferentes temporalidades trabajando y viendo todos los archivos y papeles que fueron posibles y durante muchos años Oruro fue su obsesión como historiadora, por lo que le tiene un cariño especial y siempre termina trabajando sobre Oruro.
Para Gavira, la burocracia es un problema muy actual, como un cáncer social que no termina de solucionarse y que ataca a cualquier país.
Entonces, sostiene que la creación del Estado moderno en el siglo XVIII surge a partir de un intento de controlar el territorio por parte de las monarquías insipientes y un principio básico para eso, era la burocracia y el ejército, ahí nace ese entramado de funcionarios que están gobernando para el monarca, el príncipe y el gobernador de turno. "Entonces, a partir de ahí empieza a hacerse más presente, a partir también de que la monarquía absoluta del XVIII empieza a controlar más a la población, controlar más el territorio, eso desemboca en aumento de funcionarios, trámites, y todo se reduce aumentar el control", manifestó Gavira.
Para la investigadora la pobreza no hace a la corrupción, considerando que es más bien cuestión de valores, de una educación de servicio a la sociedad, al Estado.
"Creo que cuando se llega a un cargo político, administrativo, por mínimo que sea se recibe un sueldo, todo el mundo trabaja por un sueldo, esta burocracia siempre tuvo un sueldo, entonces tiene que atenerse a vivir de eso, lo que ocurre es que cuando no se atiene a vivir con el sueldo, y empieza a lucrarse con el dinero que es de la sociedad entonces ahí empieza el problema", expresó la estudiosa.
La comisión de fiscales de la Fiscalía de Sustancias Controladas, integrada por Sergio Pedraza y Carlos Robles, recibió ayer los resultados de las pericias de la apertura de 28 computadoras secuestradas dentro de la indagación que se sigue contra varias personas, entre ellas Jacob Ostreicher, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas
La Fiscalía Anticorrupción instó a los jueces evitar las permanentes excusas de una de las causas de mayor connotación como el de la red de extorsión por el caso de Jacob Ostreicher.
El coordinador de la Fiscalía, Olvis Égüez, mostró su preocupación por las excusas hasta ahora presentadas por al menos 12 jueces, que presentaron diferentes argumentos para no llevar el caso, ocasionando demora en el avance del proceso, que ya lleva ocho meses.
El expediente se sustanció en el juzgado 14 del juez Primo Flores, pero el lunes, tras la finalización de las vacaciones judiciales, el caso fue derivado al juzgado 12.
Hasta el momento hay 14 personas detenidas en la cárcel y en total 39 investigadas por la red de extorsión desbaratada tras las denuncias del empresario estadounidense.
Reclamos sin resolver
Abogados y familiares de los detenidos Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas, entre otros, denunciaron que hace más de dos meses no tienen respuesta a memoriales de reclamos presentados por la vulneración a sus derechos. La defensa de Ostreicher también cree que el caso no avanza
4 efectivos de Interpol van a la cárcel por extorsión
Cuatro policías de Interpol fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) los acusara de extorsionar a un presunto narcotraficante que llevaba en un camión más de media tonelada de marihuana .
Los detenidos son un teniente y tres suboficiales.
Según la información de las autoridades, los policías Freddy Q.R. y los de menor rango Evelio C.H., Elías A.C. y Jenny Miriam S.P. pidieron 4.000 dólares para no informar a la fuerza antidroga que en el motorizado había 672 kilos de marihuana.
La droga provenía de Paraguay y el destino final era Europa.
Un juez determinó el fin de semana la detención preventiva para los cuatro uniformados.
Medios locales informaron que un persona civil también fue enviada al penal de Palmasola por denunciar sobre el cargamento y esperar una recompensa a cambio del dato.
El secuestro del camión se realizó el jueves de la semana pasada en el barrio Tropical de la Radial 26 en la zona norte de la capital cruceña; sin embargo, el dueño de la droga y quien manejaba el vehículo se dieron a la fuga antes de la llegada de la Policía.
Se conoce que un informante tomó conocimiento de la existencia del cargamento en el barrio Tropical y avisó a un policía. Éste, a su vez, puso al tanto del caso al teniente Freddy Q.R., quien el miércoles 10 de julio, cuando estaba de turno con su grupo, se contactó con el acusado Ruddy C.S.
La FELCN indaga si hay más uniformados involucrados en este hecho de extorsión.
Candia se declara inocente y afirma que acción civil caducó
Gaby Candia, exalcaldesa de La Paz, reapareció y aseguró que es inocente en el caso Santa Bárbara. Además, afirmó que una reciente resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no ratifica una condena en su contra y que la Alcaldía perdió la posibilidad de recuperar el daño económico porque el plazo para ello caducó.
“No sólo soy inocente, sino que, además, creo en la justicia, por eso estoy en el país”, manifestó.
Candia, en declaraciones a Página Siete, señaló que el proceso en su contra lleva 15 años y que a la fecha no se llegó a una sentencia ejecutoriada debido a que no se le dio el derecho a apelación.
La resolución del Tribunal de abril pasado, sin embargo, establece que la sentencia contra Candia y otras seis personas es “ejecutoriada” y ordena su detención debido a que no le da derecho a apelación. Página Siete informó el lunes sobre esa nueva resolución del tribunal, que ratifica la condena de ocho años de cárcel para Candia.
“...No habiendo recurso de casación en contra, se declara que la sentencia Nº 01/2004, de fecha 3 de febrero de 2004, se encuentra ejecutoriada”, expresa la resolución.
La acusación señala que Candia no tiene derecho a una apelación porque ella fue juzgada con el denominado “caso de corte” en su calidad de exalcaldesa.
“Este documento no es una resolución ratificatoria de la sentencia inicial; (...) ya se emitió una sentencia en febrero de 2004, tras seis años de proceso y esa sentencia tiene derecho de apelación, que siempre me han negado”, señaló.
La exautoridad fue procesada por los delitos de malversación y uso indebido de influencias debido a que en su gestión, 1997, mediante la aprobación de la Resolución 443, se autorizó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación del cerro Santa Bárbara, propiedad que no tenía utilidad para la comuna.
El juicio lo inició la entonces concejala de La Paz, Lupe Andrade.
Respecto a que el tema caducó se refiere a que la posibilidad de hacer una reparación civil ya no es posible, dijo. “El Código de Procedimiento Penal dice que la acción para demandar la reparación del daño, por medio del procedimiento civil, caducará a los dos años de ejecutoriada la sentencia de condena”.
Si ella obtuviera el derecho a una apelación, añadió, se reactivaría la posibilidad de una reparación civil.
Dijo que la Alcaldía se constituyó en parte civil; sin embargo, habiéndose dado la sentencia en 2004, tenía hasta 2006 para plantear una acción civil y no la presentó.
El asesor jurídico de la Alcaldía paceña, Fernando Velásquez, anunció que “una vez que comience la fase de recuperación del daño civil vamos a instaurar otro proceso y todas las medidas correspondientes para la recuperación de los adeudos a través de sus bienes”. Este proceso, según Candia, no se puede hacer.
Por su parte, el portavoz del MSM, Edwin Herrera, aseguró que “se puede obtener justicia sin tener que recurrir a la politización ni a la persecución sañuda en contra de una autoridad”.
1998 La entonces concejala Lupe Andrade acusó a Gaby Candia por firmar una resolución que autoriza el pago de 1,6 millones de dólares por la expropiación de un cerro sin utilidad para la ciudad.
2001 El exalcalde Juan del Granado apeló una resolución de la justicia que declaraba extinta la acción penal contra Candia.
2013 El Tribunal Supremo de La Paz emitió una resolución que establece que está vigente el fallo de 2004, señala que la sentencia es “ejecutoriada” y por tanto ratifica la pena de ocho años contra Candia.
Justicia ratifica 8 años de cárcel para Gaby Candia

References: artículo 125
 artículo 53
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