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Timestamp: 2019-03-18 17:45:00+00:00

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DERECHO PENAL COLOMBIA: Dilaciones indebidas derivadas de malas prácticas constituyen violación del debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia
Dilaciones indebidas derivadas de malas prácticas constituyen violación del debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia
Tribunal Superior de Bogotá señala que es una mala práctica de la Fiscalía General de la Nación convocar a nuevas audiencias de conciliación en delitos querellables, cuando las partes ya han expresado la falta de interés o ánimo conciliatorio. Por ello, en esos casos, lo procedente es proseguir la actuación y disponer prontamente si se convocará a las audiencias preliminares ante un juez de garantías, o ante un juez de conocimiento para reclamar la preclusión de la investigación, o emitir una orden de archivo con la debida motivación.
El Tribunal amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, porque las malas prácticas lo único que persiguen es dilatar los procesos, situación que propicia desacreditar la administración de justicia ante los usuarios y la sociedad.
Aprobado Acta N° 058
Bogotá, D.C, lunes, trece (13) de junio de dos mil dieciséis (2016).
110013109005201605627 01
Carmen Elisa Gamba Martínez
Fiscal 88 Local.
Revoca y tutela derechos fundamentales
1.- Resolver la impugnación presentada por Carmen Elisa Gamba Martínez contra el fallo proferido el 26 de abril de 2016 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, que negó por improcedente la acción de tutela.
2.- Dijo la accionante con motivo del ataque que recibió de unas personas el 23 de noviembre de 2015, le fueron diagnosticadas unas lesiones personales generaron una incapacidad 55 días de incapacidad.
3.- Por tales hechos presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación (FGN), autoridad que se ha limitado a programar una conciliación que resultó fallida, motivo por el cual fijó para el 16 de agosto de 2016 una nueva diligencia de la misma naturaleza, plazo que consideró excesivo.
4.- Por estos motivos solicitó amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la Fiscalía 88 Local Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, fijar una fecha de conciliación más cercana y que, de fracasar, impulse la investigación e impute cargos a los responsables.
5.- El Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la entidad accionada ha adelantado todas las actuaciones, siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Advirtió que la FGN le ha respondido a la accionante todos los derechos de petición presentados.
6.- La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al considerar que la demora en realizar la audiencia de conciliación vulnera sus derechos como víctima e incrementa los perjuicios materiales y morales ocasionados con el delito.
7.- Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591/91, es competente la Colegiatura para conocer la impugnación presentada contra la sentencia proferida por los juzgados del circuito.
8.- Problema Jurídico: Debe establecer la Sala si la FGN vulnera los derechos fundamentales de la accionante al programar una nueva audiencia de conciliación, cuando ya se realizó la que ordena la ley como requisito de procedibilidad para poder proseguir el trámite procesal.
9.- Sobre la tutela contra autoridades judiciales: El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivado de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley.
10.- La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991[1], situación que por regla general torna improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque sus especiales características de subsidiariedad y residualidad impiden que pueda ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez de tutela a fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, cometido que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los servidores judiciales, de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior.
11.- No obstante, este postulado encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicción con la Constitución Política o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan verdaderas vías de hecho que conculquen o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a las cuales no disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos la protección resulta imprescindible para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
12.- Mediante la sentencia de control de constitucionalidad sobre el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia unificó y sistematizó los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela contra providencias judiciales[2].
13.- En desarrollo de la línea jurisprudencial que considera muy excepcional la acción de tutela contra sentencias judiciales, las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia y las secciones y subsecciones del Consejo de Estado han aceptado que la acción de tutela puede ser el remedio constitucional contra graves y flagrantes violaciones a los derechos fundamentales revestidas de una simple apariencia de legalidad.
14.- El Tribunal Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de tutela procede para estudiar la validez constitucional de decisiones judiciales que constituyen vías de hecho, tesis que surge de la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones principales:
15.- Igualmente, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones -omisiones- judiciales, básicamente está supeditada a que se satisfagan los siguientes requisitos[3]:
16.- En aquellas actuaciones judiciales en las que el juez -o la FGN- decide un conflicto jurídico asumiendo una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales, se puede identificar una multiplicidad de modalidades de vías de hecho o causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, las cuales han sido sistematizadas en el curso de varios años[7] y alcanzado su mayor rigor y fuerza vinculante en la sentencia de constitucionalidad C-590/05[8].
17.- Por ello es que la jurisprudencia ha definido que cuando ocurre una vía de hecho en una actuación judicial, emergen las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela para evitar o impedir que prosiga la vulneración de cualquiera –uno, varios o todos- de los derechos fundamentales. Particularmente el escenario del proceso es propicio para la eventual vulneración de los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa, con todas las manifestaciones y particularidades que se derivan de los mismos.
18.- Las partes e intervinientes en el proceso penal y las garantías constitucionales: Es innegable que la efectiva tutela judicial, entre otras manifestaciones, se orienta a garantizar un proceso sin dilaciones indebidas, siendo la propia Constitución Política y el bloque de constitucionalidad el asiento de tal mínimo de garantías.
19.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos[9] (Corte IDH) ha trazado una clara y continua línea hermenéutica sobre la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención ADH o Pacto de San José), tarea que le ha permitido establecer que
20.- Siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[11], se tiene que para que un Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[12]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[13]. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[14]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[15].
21.- En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 1966), para el ámbito del derecho penal se determinó en el artículo 14 que
22.- El precepto acogido por la comunidad universal, a juicio de algunos comentaristas[16], es menos amplio y tiene carácter restrictivo al comparársele con el Pacto de San José, porque solamente hace referencia al proceso penal cuando refiere a la clase de asuntos que se deben resolver sin dilaciones indebidas, más cuando dicho criterio del debido proceso se vincula a la denominada tutela judicial efectiva.
23.- Por ello se ha explicado que el acceso a la administración de justicia -referido al trámite oportuno y respuesta de fondo al asunto planteado[17]-, que en un todo se aplica a las peticiones que se hacen ante los fiscales, debe interpretarse buscando el máximo de cumplimiento y eficacia de la Constitución, lo que equivale dar la mayor efectividad en la protección inmediata del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, más cuando el ordenamiento jurídico en su conjunto impone que el objeto de los procedimientos se concentre en la efectividad de los derechos[18].
24.- El derecho a la tutela judicial efectiva no se resume en la facultad de acudir a la administración de justicia y ser escuchado. No. En la fundamentación de los postulados elementales de justicia resulta conforme a dichos postulados admitir la existencia de un auténtico derecho subjetivo a la tutela jurisdiccional concreta, esto es, un derecho a una sentencia conforme a lo que jurídicamente -y, por tanto, presuntamente “en justicia”- le corresponde al usuario. Dicho de otra manera: en este plano, no es convincente que una persona, que por ejemplo tiene la calidad de comprador y ha entregado el precio, no tenga derecho -un derecho verdadero- a una sentencia en la que precisamente se condene al vendedor a entregar la cosa vendida.
25.- Recuérdese que la «acción», el «derecho de acción», y el «derecho a la tutela judicial efectiva» no son, pues, sino manifestaciones de un mismo fenómeno, a saber: el reconocimiento de la posibilidad que asiste a los ciudadanos de instar al poder público la resolución de los conflictos en que se hallen involucrados, ante la prohibición jurídica que pesa sobre ellos de que los resuelvan por sí mismos, arbitrariamente o mediante el uso de la fuerza.
26.- En ese orden de ideas, el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se encuentra directamente relacionado con los derechos de defensa y de igualdad, de tal manera que este implica acceder a la justicia con igual tratamiento por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares e idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales.
27.- Acceder a la administración de justicia implica en consecuencia poder acudir ante los diferentes jueces, a quienes se asignan otros competencias o funciones, incluyendo los jueces de garantías, porque todos tienen el encargo constitucional de velar por la vigencia de los postulados supremos, son garantes de los derechos de las partes que acuden a las diferentes diligencias judiciales.
28.- Por lo demás, hay que tener en cuenta que el derecho de «acción» o, si se prefiere expresarlo con más modernidad, respecto de los derechos de los justiciables o del (de los) “derecho(s) a la justicia”, podrá clasificarse según un orden de menor a mayor contenido de tal o tales derechos. Así, atribuir a los sujetos jurídicos sólo el “libre acceso a los tribunales”, sería, obviamente, concederles un poder jurídico de ámbito más pequeño que el que les atribuirían quienes, aun sin negar dicho “libre acceso”, les reconociesen el derecho a impulsar la actividad jurisdiccional. Y esto último, a su vez, sería y es bastante menos que estimar que pueden ser titulares de un derecho a lo que se llama la sentencia de fondo. Al final de esta graduación clasificatoria, aparecería la tesis que atribuye a los sujetos jurídicos de derecho -un verdadero derecho subjetivo- a una sentencia de fondo con un contenido concreto (a una sentencia “favorable”, dicen algunos aunque es preferible no emplear el adjetivo “favorable”, que se presta a subjetivismos, sin hablar de “tutela jurisdiccional concreta”, expresión que serviría para enlazar con el proceso de ejecución)[19].
29.- La tutela y el acceso a la administración de justicia: Entre las garantías fundamentales que es factible proteger mediante la acción de tutela, de manera destacada aparece el acceso a la administración de justicia, el cual está íntimamente ligado a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-283/13, expuso:
30.- El debido proceso: La Corte Constitucional ha sostenido que cuando se trata de resolver situaciones tanto judiciales como administrativas, se necesita de un debido proceso, el cual a su vez, demanda entre otras, que ese proceso se surta conforme a las leyes preexistentes, ante el juez o funcionario competente, sin dilaciones injustificadas, con la posibilidad de presentar pruebas y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Estas exigencias, que se pueden condensar en una gran pretensión de respeto de la legalidad vigente, no sólo buscan que el juez o servidor público realice las funciones asignadas, sino además que las cumpla en la forma señalada por el ordenamiento jurídico[20].
31.- Igualmente ha afirmado que:
32.- El debido proceso y las dilaciones indebidas[22]. Que un proceso se tramite y concluya sin dilaciones y dentro de un término[23] moderado es un reclamo que se tiene desde antaño[24]. Por ejemplo, Beccaria señaló en 1764 que el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible, porque cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y útil, más justa, porque evita al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación y con el principio de la propia flaqueza; más justa, porque siendo una especie de pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia, sino en cuanto la necesidad obliga[25].
33. En 1950 se suscribió en Roma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que en su artículo 6.1 reconoció el derecho a que el proceso se sustancie en un plazo razonable («Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída...dentro de un plazo razonable»), como medio para garantizar la eficacia y credibilidad de la justicia.
34. Por lo razonable se debe entender lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario. Es un calificativo que tiene contenido axiológico que implica opinión pero, de alguna manera, puede emplearse jurídicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los tribunales, pues toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino razonable[26].
35. Empece de los desarrollos que ha tenido la institución, se proclama que el plazo razonable tiene que ver con el transcurso del tiempo sin que se haya tramitado el juzgamiento y por tanto que prosigue la indefinición de un asunto.
36. Lo expuesto es así porque, con fundamento en lo descrito por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es imposible traducir el concepto plazo razonable en un número fijo de días, semanas, meses o años, o en variar la duración según la gravedad del delito, la complejidad para investigar los hechos, las dilaciones del proceso a cuenta de la actuación de la defensa o la manera como el asunto fue abordado por la autoridad judicial. Es por ello que en la doctrina se dice que definir este derecho en días calendario de modo uniforme constituye una tarea absurda[27].
37. Adicionalmente, y con fundamento en la naturaleza abierta del mandato del plazo razonable, el TEDH ha manejado con cierta flexibilidad esta vertiente del derecho, mostrando a lo largo de su jurisprudencia que lo importante no es la «celeridad» en sí misma, sino la importancia de que el proceso se desarrolle sin anomalías. Por tanto, es la correcta administración de justicia, en el marco de un proceso concreto, lo que prima en el análisis de esta vertiente del debido proceso[28].
38.- Caso concreto. En la presente acción plantea la demandante que a la fecha la Fiscalía 88 Local Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, no ha tramitado con rigurosidad la denuncia promovida por hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2015, porque considera que aún no se ha agotada el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación.
39.- La Sala advierte que la petición que aquí se ventila es de carácter judicial y, por lo tanto, debe tramitarse de conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, por lo que no atender las solicitudes propias de la actividad jurisdiccional pueden configurar una violación del debido proceso y del derecho al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo razonable o justificación, presupone una dilación injustificada dentro del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional[29].
40.- El legislador ha establecido en el artículo 175-parágrafo de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, que la FGN tendrá un término máximo de dos años (2) años, contados a partir de la recepción de la noticia criminis, para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación.
41.- De las pruebas arrimadas se constata que los hechos que dieron origen al proceso penal pudieron tener ocurrencia el 23 de noviembre de 2015, encontrándose en la actualidad en fase de indagación.
42.- Igualmente, al tenor del artículo 522 de la Ley 906/04, para el ejercicio de la acción penal y cuando se trate de delitos querellables, como ocurre con el asunto que ha sido puesto en conocimiento de la FGN, debe agotarse la audiencia de conciliación preprocesal:
43.- En este evento, se trata de lesiones personales cuya incapacidad se fijó en 20 días y secuelas consistentes en deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio[30], de modo que ese delito, al tenor de lo establecido en el numeral 2º del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, requiere querella de parte y el agotamiento de la audiencia de conciliación, la que, en efecto, se llevó a cabo el 2 de febrero de 2016, cumpliéndose así con el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.
44.- Pese a lo anterior, la FGN señaló el 16 de agosto de 2016 como fecha próxima para otra conciliación, situación de la que se infiere la mala práctica y errada costumbre de ese ente fiscal.
45.- Llamar a una nueva diligencia de conciliación cuando las partes ya la han agotado y no tienen el ánimo de conciliar, no es más que proceder con ánimo dilatorio.
46.- Advierte la Sala que los delegados fiscales, cuando no quieren hacer nuevas labores investigativas, buscan llevar a cabo trámites que a la postre son innecesarios, como citar nuevamente a audiencias de conciliación cuando ésta ya se ha surtido, actividad con la que se obtiene, como único beneficio, entorpecer, dilatar y demorar el ejercicio de la acción penal, dejando a las víctimas una sensación de desamparo y en la sociedad la firme idea de que la justicia es ineficaz.
47.- De esta manera, la excusa de fijar una nueva fecha para una audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, es una forma de obstaculizar el acceso a la administración de justicia que le asiste a la víctima, generándose a partir de ello una dilación que impide que el asunto sea resuelto oportunamente a través de los mecanismos legales que el legislador ha dispuesto para tal fin.
48.- Resultan manifiestas las malas prácticas de funcionarios judiciales -jueces y fiscales-, quienes con apariencia garantista desarrollan usos abiertamente arbitrarios que afectan principios procesales, como los de celeridad, igualdad y legalidad, todo lo cual, en últimas, patentiza una grave violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, porque las partes -en este caso la víctima- son sometidas a esperar años para tener una resolución definitiva de su caso, como infortunadamente está ocurriendo a diario aún en los asuntos más sencillos.
49.- Si el legislador precisó la celebración de una audiencia de conciliación para cumplir el requisito de procedibilidad en los procesos por delitos querellables, inaudito resulta que se decrete la celebración de la misma diligencia repetidamente, más cuando las partes expresaron en la diligencia de 2 de febrero de 2016 que no les asistía ánimo conciliatorio.
50.- Es tiempo perdido programar una nueva conciliación en tales circunstancias. A cambio, lo que debe hacer la FGN es conseguir prontamente toda la información, evidencia y elementos que le permitan tomar decisiones.
51.- Si bien es cierto, que la autoridad requirente cuenta con el término de dos (2) años para formular imputación u ordenar el archivo de las diligencias, tiempo que aún no se ha agotado, cierto es que la expresión manifiesta de las partes a no conciliar debe provocar que la Fiscalía prontamente decida si realizará imputación, solicitará preclusión u ordenará el archivo de las diligencias.
52.- La manifestación expresa de las partes en contra de la posibilidad de conciliar, le impone a la FGN proseguir con la actuación evitando dilaciones injustificadas. Convocar a nuevas audiencias, luego de que haya ocurrido lo advertido, no es más que denegar a las víctimas el derecho a que se haga justicia, abriéndose así el camino a la impunidad.
53.- Surge evidente que la peticionaria lo único que busca es obtener una respuesta de la administración de justicia a fin de encontrar los posibles responsables de las lesiones personales sufridas, situación que la obligó a acudir legítimamente ante la FGN, titular de la acción penal. Proceder de otra manera, como lo es rezagando la actuación con diligencias innecesarias, no es más que contribuir con el mal nombre del que goza la administración de justicia ante los asociados.
54.- Todo lo expuesto permite concluir que la acción de tutela es el mecanismo adecuado para la protección de los derechos fundamentales de la demandante.
55.- En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso de Carmen Elisa Gamba Martínez, motivo por el cual ordenará que en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta decisión, la doctora Fanny Constanza Bustos Moreno, Fiscal 88 Local Delegada ante los Jueces Penales Municipales, o quien haga sus veces, resuelva en forma definitiva la denuncia instaurada por la víctima, disponiendo lo que eventualmente corresponda: archivo de diligencias, petición de audiencia preliminar de imputación o de preclusión.
1º.- REVOCAR en su integridad el fallo de primera instancia.
2º.- TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso a Carmen Elisa Gamba Martínez y, en consecuencia, ORDENAR que en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta decisión, la doctora Fanny Constanza Bustos Moreno, Fiscal 88 Local Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, o quien haga sus veces, resuelva en forma definitiva la denuncia instaurada por la víctima, disponiendo lo que eventualmente corresponda: archivo de diligencias, petición de audiencia preliminar de imputación o de preclusión.
3°.- ADVERTIR que contra la presente decisión no proceden recursos.
4°.- ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
[4] Corte Constitucional, sentencia T-749/99 (a pesar de estar surtiéndose el recurso de casación existía un evidente problema de homonimia -al que no se refirió el Tribunal Nacional en el fallo de segunda instancia-, que hizo necesaria la inmediata intervención del juez constitucional). La Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto 16 de enero de 2009, radicación 31066, indica que “si la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en la cual, aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”.
[20] Sentencia T- 137/93
[21] Sentencia T-706/12
[22] Se sigue lo expuesto en la obra Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2014.
[23] En el presente documento se utilizan indistintamente y con similar sentido las expresiones término y plazo. Empece de ello no se desconoce que con la expresión «término» se alude a un instante ideal, mientras que con el vocablo «plazo» se hace referencia a aquel lapso que se inserta en el proceso mismo. Cfr. Cristina Riba Trepat, La eficacia temporal del derecho. El juicio sin dilaciones indebidas, Barcelona, José María Bosch Editor, 1997, p. 26.
[24] En el artículo 9º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se consagró: Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.
[25] César Beccaria, De los delitos y de las penas, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, p. 173-174.
[26] Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Excepciones Preliminares (Guatemala). Sentencia del 25 de enero de 1996; Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993.
[27] Cfr. Florabel Quispe Remón, El debido proceso en el derecho internacional…, ob. cit., p. 390.
[28] Cfr. Daniel Sarmiento y otros, «Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Véase en http://www.danielsarmiento.es/pdf/sentencias_basicas.pdf (2013/05/08).
[29] Sentencia T-215/11.
[30] Folio 30, cuaderno tutela.
Publicado por DERECHO PENAL en 11:18 a.m.
Etiquetas: audiencia de conciliacion, debido proceso, delitos querellables, dilaciones indebidas, fiscalia general de la nacion, malas practicas, requisitos de procedibilidad

References: artículo 32
 artículo 86
 artículo 40
 artículo 228
 artículo 185
 artículo 25
 artículo 14
 resolución 
 artículo 6
 artículo 175
 artículo 49
 artículo 522
 artículo 74
 resolución 
 artículo 9