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Timestamp: 2017-09-19 15:18:21+00:00

Document:
INFORMACION DESDE EL SERVICIO DE MENORES DE ARAGON: JORNADAS “MIRADA SOCIOEDUCATIVA SOBRE LOS MENORES INFRACTORES”
MIRADA SOCIOEDUCATIVA SOBRE LOS MENORES INFRACTORES.
La delincuencia juvenil en España (desde el punto de vista criminológico)
Cristina Rechea Alberola. pág. 2-20
La interacción entre agentes del sistema de justicia juvenil El fiscal y el superior interés del menor. Carlos Sancho Casajús. Pág.21/58
Los abogados y la educabilidad de los Menores: La intervención del abogado en justicia de menores. Carmina Mayor Tejero. pág. 59/79
La ejecución de las medidas y el respeto a los derechos individuales del Menor. Patxi López Cabello. pág.80/82
PONENCIA Justicia juvenil en España actuaciones y tendencias. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Pág.83/110.
PONENCIA Características de la delincuencia juvenil actual: causas y evolución Prof. Dr. D. Marcelo F. Aebi. Pág.111
MESA REDONDA La relación educativa
La norma y lo educativo. Paloma Larena. pág. 112/119
El encuentro educativo en medio abierto. Mª P. Cotoré Alegre pág. 120/132
La relación educativa en un marco judicial. J.L. Mateos Gómez y E;Mateo Fernández. pág. 133/139
PONENCIA Justicia restaurativa: mediación extrajudicia. Manuel Benedí Caballero pág. 140/156
MESA REDONDA Intervenciones para no intervenir
Interviniendo con infractores menores de 14 años. P. Jiménez de Bagüés pág. 157/162
Planes de convivencia escolar. Á. Poza Pascual. pág. 163/173
PROGRAMAS Intervenciones socioeducativas en reinserción
Mercedes Ortega Manzano. pág. 174/181
La experiencia de las empresas en el trabajo con menores infractores. Eduardo Sanz . pág. 182/192
PONENCIA Perspectiva juvenil de la violencia y educación social. Javier Elzo.
pág. 199/214
MESA REDONDA Creando redes
Formación y empleo en tiempos de crisis C. Gimeno Nasarre y María Peco Alcubierre. pág. 215/220
Promoción de la salud en adolescentes conflictivos. Alberto Casamayor Suñén. pág. 2211/230
Padres e hijos. Patricia Crespán Monreal. pág. 231/235
Características de la delincuencia juvenil actual: causas y evolución
Prof. Dr. D. Marcelo F. Aebi
Vicedirector de la Escuela de Ciencias Criminales, Universidad de Lausana, Suiza
Esta presentación intenta tender un puente entre las aproximaciones teóricas al fenómeno de la delincuencia juvenil y los resultados de la investigación empírica, así como entre estos últimos y las intervenciones prácticas en el terreno de la prevención.
En el terreno de la criminología, una de las iniciativas más innovadoras de los últimos años es la realización de la segunda encuesta internacional de delincuencia juvenil autorrevelada. Esta encuesta fue llevada a cabo en treinta países con un cuestionario idéntico. Las muestras estudiadas se componen de adolescentes que se encuentran cursando entre el séptimo y el noveno año de estudios (aproximadamente 13-16 años). Los datos empíricos de esta presentación provienen de dicha encuesta.
Puesto que la base de datos internacional no se encuentra todavía disponible, se presentarán los resultados de los análisis realizados sobre la muestra suiza. Sin embargo, es posible realizar algunas extrapolaciones a partir de esos resultados puesto que la investigación ha demostrado que algunas características de la delincuencia juvenil no están limitadas por las fronteras nacionales.
Uno de los principales objetivos es cotejar los resultados de la investigación empírica con las previsiones de diversas teorías criminológicas, incluyendo la teoría de la tensión, la teoría del aprendizaje social, la teoría del autocontrol y las teorías situacionales. Se identificarán así algunos factores vinculados a la delincuencia, lo que permitirá proponer diversas estrategias de prevención.
Otra modalidad de violencia ha ocupado también bastante espacio en los medios de comunicación. Precisamente la violencia transmitida en esos mismo medios y su incidencia en los comportamientos de los adolescentes. Como he escrito repetidas veces hay mucha investigación sobre las correlaciones entre violencia en los medios y violencia real, sin llegar a ninguna conclusión clara, a poco que se profundice en el tema. Ahora algunos estudiosos[13] empiezan a apuntar a que el catastrofismo de los 'telediarios', la repetición constante de los hechos más terribles y el paso inmediato de esas trágicas noticias a otras más ligeras es lo que ha dado lugar a lo que se denomina como la banalización de la violencia.
[1] En. PPC-SM. Madrid 2008, 253 páginas.
[2] Ver para Euskadi, J. Elzo y Maria Teresa Laespada (co-directores), Arostegui E., Elzo J., García del Moral, N., González de Audikana M., Laespada M.T., Mugeta U., Sarabia I., Sanz M., Vega A., (redactores), “Drogas y Escuela VII. Las drogas en escolares de Euskadi veinticinco años después”. Edit. Universidad de Deusto. Bilbao 2008, 599 páginas; Para Catalunya “Enquesta de convivencia escolar i seguretat a Catalunya Curs 2005-2206”, Generalitat de Catalunya. www.gencat.net/interior/departament/publicacions/estudis/ecesc.htm Junio de 2007
[3] Javier Elzo. “Los jóvenes y la felicidad”. PPC, Madrid 2006, ver las paginas 73 -78.
[5] .- Ver I. Taylor, P. Walton y J. Young: "Criminología crítica" Ed. Siglo XXI. México 1977
[7]. Robert K. Merton: "Estructura social y anomía" en "Teoría y estructuras sociales" F.C.E. México, 1987 (2ª reimpresión de la 3ª edición en inglés), págs. 209-274.
[10] . Desde su específica perspectiva suya, aunque no olvida, ni yo con él, obviamente la dimensión genética o biosocial lo que aprovecho para subrayar su importancia aunque no debo ni puedo entrar en ellas, por incompetencia manifiesta.
Justicia restaurativa: mediación extrajudicial
Manuel Benedí Caballero
Jefe de Área de Atención al Menor en Conflicto social. IASS Zaragoza
La justicia restaurativa es una opción que va tomando fuerza en los países más avanzados del mundo y de forma contundente en Europa por lo que quiero empezar mi intervención recogiendo lo que sobre la justicia restaurativa nos dice el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea»(2006/C 110/13), en los siguientes apartados.
4.3 Respecto a la evolución de los sistemas de justicia juvenil, y retomando lo que se expresaba en los apartados 3.2 y 3.3, conviene señalar, en primer lugar, que frente al concepto de justicia retributiva (pagar por el daño causado) ha emergido una concepción restaurativa o reparadora de la justicia (restorative justice) nacida con el movimiento político-criminal a favor de la víctima –victimología– y la recuperación del papel de ésta en el proceso penal. La justicia restaurativa es el paradigma de una justicia que comprende a la víctima, al imputado y a la comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictivo, con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectiva.
La justicia restaurativa intenta proteger tanto el interés de la víctima (el ofensor debe reconocer el daño ocasionado a ésta y debe intentar repararlo) cuanto el de la comunidad (dirigido a lograr la rehabilitación del ofensor, a prevenir la reincidencia y a reducir los costos de la justicia penal) y el del imputado (no entrará en el circuito penal, pero le serán respetadas las garantías constitucionales).
4.4 Además, respecto a este último la reparación ejerce una específica acción educativa por cuanto estimula la reflexión del menor sobre su culpabilidad, al enfrentarle directamente con la víctima, pudiendo disuadirlo de exhibir comportamientos similares en el futuro. Resulta por ello un modelo idóneo para el sistema de justicia del menor por su escaso valor estigmatizante, su alto valor pedagógico y su carácter de menor represión.
El artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en adelante LRRPM, regula la posibilidad de realizar reparaciones extrajudiciales con aquellos menores que en la acción del delito o falta no hayan empleado violencia grave contra las personas.
El artículo 27 de la LRRPM establece que serán los Equipos Técnicos (EETT) los que deberán llevar a cabo estas actividades de conciliación reparación, pero el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LRRPM, en su artículo 8.7 abre la posibilidad a las comunidades autónomas para que sean sus profesionales de los Equipos de Medio Abierto, los que puedan llevar a cabo estas actividades.
En la LRRPM se entiende la solución extrajudicial como la resolución de un conflicto sin la necesidad de audiencia de la intervención del Juez de Menores. Las partes, infractor y perjudicado, alcanzan un acuerdo que es facilitado por la acción de un mediador o mediadora, que será quien comunique al Ministerio Fiscal el resultado de las actuaciones, solicitando si procede el archivo del expediente.
La Ley 4/92, de reforma de menores, estableció por primera vez la posibilidad de resolver algunos expedientes de menores a través de una reparación extrajudicial, durante la vigencia de esta ley, tanto los fiscales como los jueces de menores propusieron a la Comunidad Autónoma de Aragón que sus educadores de medio abierto realizaran reparaciones extrajudiciales, por lo que con la entrada en vigor la LRRPM estos tenían ya experiencia en esta tarea y, cuando desde la Fiscalía de Menores se propuso que se asumieran las reparaciones extrajudiciales con el contenido que se les daba en la nueva ley, se acepto, y se aumentaron los efectivos profesionales, en cuatro educadores en Zaragoza, dos en Huesca y uno en Teruel, para llevarlas a cabo.
Actualmente el Área de Atención al Menor en conflicto social en Zaragoza, (más del 90% de casos) se constituye con dos equipos de educadores, el EMCA (equipo educativo de menores de catorce años) y el EMA (equipo de medio abierto), el EMCA se ocupa específicamente de aplicar programas educativos dirigidos a menores de catorce años que cometen hechos delictivos o faltas, y el EMA de la ejecución de las medidas que establece la Ley del Menor que no implican internamiento, y de llevar a cabo las conciliaciones y reparaciones extrajudiciales.
El EMA lo constituyen quince educadores y educadoras, todos ellos han recibido formación y capacitación especializada para intervenir en las actividades de mediación, conciliación y reparación.
Todos los educadores del EMA intervienen en ejecución de medidas judiciales y en reparaciones extrajudiciales, la experiencia de los educadores en la ejecución del resto de las medidas favorece su capacidad para llevar a cabo las conciliaciones y reparaciones, conocen mejor las posibilidades que la LRRPM ofrece en la integración social de los adolescentes y jóvenes, saben llegar con facilidad a los menores y sus familias para indagar sobre las circunstancias personales y familiares de estos, conocen los recursos en los que se les puede integrar, y sobre todo aportan su experiencia profesional en una tarea en la que el punto de vista educativo tiene una importancia mayor, si cabe, que en las medidas en medio abierto.
Conviene recordar que la LRRPM en su exposición de motivos nos dice que el interés del menor “debe ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia”, es decir, da una gran importancia al contenido educativo, psicológico o psiquiátrico, cuando sea necesario, que se les debe dar a las intervenciones de los profesionales que se ocupan de la ejecución de las medidas o de las reparaciones extrajudiciales.
En Zaragoza se hacen reparaciones extrajudiciales con menores desde 1994, ya en los primeros años pudimos constatar la eficacia preventiva de estas actividades de reparación, los educadores iniciaban su intervención educativa con los menores en fechas muy próximas a la comisión de los hechos, esta actuación tan cercana en el tiempo cortaba en muchos casos lo que podía ser el inicio de una escalada de sucesos y hechos delictivos protagonizados por el mismo menor.
Durante el primer cuatrimestre de 2009 hemos recibido en el EMA a 216 menores derivados por la Fiscalía de Menores para la realización de una reparación extrajudicial, 154 de chicos y 62 de chicas, el tiempo que ha transcurrido entre la denuncia de los hechos y la citación en el EMA para responder de sus actos e iniciar el procedimiento de reparación es el siguiente: 15 menores se inicia el trabajo antes de un mes, 72 entre el primero y el segundo mes, 68 entre el segundo y el tercero, 38 entre el tercero y cuarto, 5 entre el cuarto y el quinto y entre el quinto y el sexto los 19 restantes.
Desde la comisión de los hechos hasta la citación hay que tener en cuenta que; efectuada la denuncia, la policía tiene que derivarla a la Fiscalia de Menores donde debe estudiarla el Fiscal y decidir si va para reparación.
Posteriormente se cita por correo certificado al menor a su representante legal y, a su abogado, ante el educador del EMA, previamente, el educador del EMA recibe el expediente con la denuncia para preparar esta primera cita con el menor. Esta primera cita la fija directamente la Fiscalía de Menores en la sede del EMA.
Los 15 casos en los que se interviene en el primer mes, son mayoritariamente, denuncias hechas directamente en la Fiscalía de Menores por los padres del menor por delitos de violencia doméstica de los hijos hacia los padres, en muchos casos, con el permiso del menor, su representante legal y el abogado, suele estar presente en la comparecencia del menor ante el Fiscal, el Jefe del Área de Atención al Menor en Conflicto Social, quién acabada la comparecencia, si se decide llevar el caso a reparación extrajudicial, le asigna ese mismo día el educador que se va a hacer cargo del expediente para llevarla a cabo.
Los delitos o faltas cometidos por los menores que fueron derivados a reparación el año 2008 fueron los que se reflejan en el cuadro adjunto.
Periodo: 20-02-08 a 31-12-2008
Total reparaciones aceptadas: 366
FALTAS/DELITOS
Falta de maltrato familiar
Conducción alcoholica
Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia, atentado, abuso sexual, falsificación, resistencia, falta de estafa, estafa, riesgos para la circulación, desórdenes públicos, falta de coacción, violencia de género. (Un menor en cada título)
No existe un único perfil del menor o menores que como infractor/es acceden al proceso de Conciliación-Reparación. Su edad oscila entre los 14 y 18 años, aunque algunos pueden ser ya mayores de edad, pues los hechos fueron cometidos siendo menores.
La procedencia por clases sociales o sectores socio- económicos es heterogénea, son más comunes los factores que tienen que ver con los estilos educativos de los padres, las relaciones intrafamiliares, la implicación de ambos progenitores en la educación de los hijos, los lazos de apego con alguno de los progenitores, etc., por encima de otros que pueden tener una relación más estrecha con factores endógenos de los adolescentes o jóvenes.
En la realización de esta tarea, las reparaciones y conciliaciones extrajudiciales, como educadores y profesionales de la educación, nos interesamos sobre todo por atender las necesidades de las personas que se han visto implicadas en el delito, y en primer lugar de las víctimas, que ven como en un momento cambia su vida porque han sido agredidos física o psicológicamente, o porque un bien que les prestaba un servicio, un coche por ejemplo, ha desparecido o, ha sido destrozado por otra persona.
Las víctimas suelen extrañarse, cuando las llamamos, les sorprende que alguien relacionado con la Fiscalía de Menores, se interese por los daños que han sufrido y les plantee la posibilidad de una reparación extrajudicial, en la que el agresor, les va a resarcir económicamente de los daños que les ha causado, les va a pedir disculpas, y si lo desean van a poder hablar con él y, explicarle personalmente los perjuicios que ha originado en su vida cotidiana el delito cometido por el menor.
A la victima se le ofrece participar, no solo para que declare en un proceso judicial contra un agresor, sino para que colabore en un intento por hacer partícipe al agresor del daño que ha causado y de la responsabilidad personal que tiene en los daños originados por sus actos. No hay en esto ningún tipo de ensañamiento social, todo lo contrario, el reproche social lo recibe directamente el agresor cuando asume los costes de sus actos y escucha el relato de la víctima sobre las consecuencias que, para esta, tuvo la conducta del agresor, éste se enfrenta así a la necesidad de colaborar para restablecer el equilibrio social que ha roto y que no se le presenta de forma abstracta, en base a unos principios de convivencia que posiblemente en su medio social no han sido capaces de transmitirle, sino en el relato sereno de la víctima, que deja de ser un desconocido, para ser una persona que como el agresor, siente, sufre, y que, le explica las dificultades y problemas que el delito le ha supuesto en su vida.
La víctima pasa a ser el centro de la acción de la justicia que busca restablecer el equilibrio roto por el delito, reparar el daño que ha sufrido, o por lo menos minimizar al máximo todos los perjuicios que la acción delictiva ha tenido sobre ella.
En algunos casos asesoramos a las víctimas para que superen con mayor facilidad las causas del delito, informamos a los padres de las víctimas, cuando estos son niños/as, o adolescentes, sobre como comportarse frente a sus hijos en relación con el delito, para que la propia acción de los padres no potencie los efectos negativos del delito, en caso necesario los ponemos en contactos con especialistas que puedan ayudarles.
En la reparación el objetivo de la justicia pasa de ser una acción retributiva, (de castigo) penal, que busca la medida judicial sobre el agresor como meta principal del proceso judicial, a ser una acción reparativa que tienen el objeto de restablecer el equilibrio social roto, reparando el daño causado a la víctima, pero a la vez, hay una acción que la sociedad debe hacer con el agresor para prevenir la comisión de un nuevo delito, de una nueva conducta delictiva.
Los adolescentes y jóvenes que cometen delitos se encuentran, por unas u otras causas endógenas o exógenas, en situación de riesgo social, esto desde un planteamiento educativo, implica que necesitan ayuda de profesionales de la educación, la psicología o la psiquiatría, para su integración social.
A través de la reparación el adolescente o joven se ve integrado en un proceso en el que en primer lugar se le hace responsable de sus conductas, se le explican el significado y las consecuencias a las que estas han dado lugar, y se le ofrece la posibilidad de tomar parte activa en el proceso que ha establecido la justicia para resolver el problema que él ha provocado.
Con el juicio y la imposición de una medida judicial, y el pago de los daños el menor no participa personalmente, se limita a ser el objeto de la intervención de otros, el equipo técnico, el Fiscal, el abogado defensor, los educadores que ejecutan la medida, mientras que en una reparación al agresor se le ofrece la posibilidad de participar activamente, pagando la factura de los daños causados, escuchando a la víctima el relato de las consecuencias de su conducta, pidiendo disculpas a la víctima. Se ve obligado a participar en una relación intersubjetiva, en la que se va a poner en el lugar del otro, o cuando menos va a escuchar al otro
Durante el proceso de reparación el educador conoce a la familiar del agresor, la situación escolar o la capacitación profesional de este, y en el caso de que haya algún tipo de necesidad en su formación, se le orientará para que se inscriba en cursos de formación profesional, en la búsqueda de empleo, o en la integración escolar, si se encuentra en periodo de escolarización obligatoria.
La intervención a través de la reparación lleva consigo que un profesional va a intervenir en la vida cotidiana del menor y su familia, propiciando cambios en la dinámica relacional de sus miembros y distribuyendo tareas y responsabilidades, tanto a los menores implicados, como a sus padres.
La colaboración de los padres, como es lógico es voluntaria, pero son informados por el educador previamente, de la importancia de su colaboración para conseguir la erradicación de las conductas que han dado lugar al expediente abierto por la Fiscalía de Menores a su hijo.
El educador o educadora presta especial atención para saber si el menor consume sustancias psicoactivas: alcohol, marihuana o cualquier otra; o si existen problemas en las relaciones intrafamiliares que inciden directamente en la conducta del menor, en el caso de que existan consumos tóxicos lo derivaremos a un servicio de desintoxicación, y prestaremos ayuda psicológica al agresor y sus padres si hay problemas de relaciones, limites, etc.
Cuando los hechos son agresiones de hijos hacia los padres, pero no graves, la Fiscalía de Menores suele proponer que se inicie la intervención con una reparación extrajudicial cuya actividad central será la derivación de toda familia a una consulta gratuita de terapia familiar. Favorecemos la colaboración e implicación de los padres en la resolución de los conflictos que afectan a sus hijos.
Implicamos también a la sociedad, en el restablecimiento del equilibrio roto, ya no es la justicia quien interviene exclusivamente, colabora la víctima pero también; una residencia de ancianos, cruz roja, una empresa, un ayuntamiento; ya que, en determinados casos además de pedir perdón a las víctimas, pagar las facturas que le correspondan, pueden realizar servicios en beneficio de la sociedad, reparaciones indirectas, porque entendemos que es necesario para que el agresor comprenda con mayor eficacia los efectos negativos de sus conductas y la necesidad de no volver a realizar actos similares.
Una de las dudas que algunos profesionales se plantean en relación con las reparaciones extrajudiciales es si el agresor se ha arrepentido realmente de los hechos o si por el contrario participa en la reparación porque le resulta menos costosa que un juicio y el cumplimiento de la posterior medida judicial que se pueda derivar del mismo.
No llevaríamos a cabo una reparación en la que no pudiéramos garantizar el respeto del agresor hacia la víctima, el educador y al propio proceso de la reparación.
Si tenemos la certeza de que el arrepentimiento no es sincero o de que prefieren participar en la reparación para el evitar el juicio, informamos negativamente porque consideramos que no se dan las circunstancias adecuadas para la reparación.
Pero también es cierto, desde nuestro punto de vista, que el procedimiento de la reparación es educativo como tal, en su desarrollo se van a encontrar con situaciones nuevas, con puntos de vista nuevos, con una realidad que van a compartir con la víctima, van a tener que esforzarse por integrar en su realidad sobre el hecho, la realidad que escuchan de la víctima y a partir de este momento su punto de vista será distinto, aunque mantengan la misma visión personal o moral sobre lo que sucedió, lo que la víctima ha transmitido en el momento de la reparación se va a quedar en la memoria del agresor, las sensaciones de ese momento de los hechos, se habrán modificado no serán las mismas que tenía antes de iniciar la reparación, en su vida permanecerá para siempre una visión de la realidad distinta de la que el ha vivido, porque el mismo instante se lo ha contado otro, de forma diferente a como el agresor lo ha vivido y lo recuerda, no podrá borrar de su experiencia la visión del otro que ha tenido que escuchar en el momento de la reparación.
La familia del agresor también se ve involucrada, pagando los costes económicos, y esto va a tener efectos en la atención que le prestan al hijo, en las obligaciones y normas que le van a exigir a partir de ese momento, en las justificaciones que pueden verbalizar sobre la conducta de su hijo. Escuchan de la víctima el relato de los hechos que será distinto del que les ha contado su hijo.
El Proyecto Educativo del Área de Atención al Menor en Conflicto Social de mayo de 2009 define lo que los educadores consideran mediación, conciliación y reparación, y establece los principios sobre los que se basa su intervención, a continuación voy a exponer estos principios.
Mediación, que equivale a poner en contacto a la víctima y al infractor, y supone la intervención de una tercera persona, un educador o una educadora del EMA, que trata de alcanzar un acuerdo y compromiso en el conflicto que opone al infractor y a la víctima, atendiendo adecuadamente a los derechos e intereses de ambos.
Conciliación, como gestión posterior al contacto establecido en la mediación, que puede revestir un carácter de compensación simbólica y primer paso en el proceso de responsabilización del menor, de enfrentarse y escuchar a la víctima, de situarse en el lugar de la víctima, hacerse plenamente consciente del daño causado, comprometerse a repararlo si está a su alcance, expresar las correspondientes disculpas y su compromiso de respetar a la víctima en lo sucesivo.
Reparación, como compensación del daño causado, resulta una consecuencia natural de la conciliación y trata no sólo de satisfacer los deseos de la víctima, sino también de ejercer una influencia educativa sobre el propio menor; en su planteamiento y ejecución debe atenderse a la proporcionalidad entre el daño y la reparación, ajustarse a la voluntariedad, la edad y las posibilidades del menor, tanto materiales como psíquicas y sociales, y facilitar la cooperación del entorno familiar.
Atendiendo a las características del acto reparador, puede diferenciarse entre reparación directa (acuerdos entre infractor y víctima) y la reparación indirecta. La reparación indirecta se produce cuando la víctima no es una persona física o jurídica determinada, no es posible su localización, no quiere participar o adopta una actitud muy negativa que no puede ser reconducida por el educador (sentimiento de venganza).En estos casos, las acciones reparadoras se dirigen hacia la comunidad, indirectamente perjudicada por cualquier infracción, no entrando en el concepto de conciliación en sentido estricto.
Para el menor, asumir su responsabilidad es una oportunidad educativa de comprender y experimentar que sus actos tienen consecuencias positivas y negativas para los demás y para sí mismo, aprendiendo a valorar dichas consecuencias y a planificar mejor su comportamiento, dentro de los límites sociales y morales, respetándose en todo momento sus derechos y garantías. Tiene también un objetivo educativo o formativo, en la medida en que reflexionando sobre los hechos pasados, puede proyectar sus actuaciones futuras y que, en base a la experiencia adquirida, en el proceso de mediación, aumenta su repertorio de conductas alternativas ante posibles nuevos problemas.
Principios de la intervención:
El modelo de justicia reparadora ofrece una alternativa al sistema clásico de justicia penal, intentando que todas aquellas personas relacionadas íntimamente con el delito (infractor, víctima, perjudicado y comunidad) tengan una participación directa en la solución del conflicto. Nuestra actuación socioeducativa tratará de ayudar a los menores infractores a enfrentarse a su responsabilidad, integrando a la víctima como parte activa del proceso e implicando a la comunidad en el restablecimiento de la paz social.
La resolución de los problemas se afronta desde un enfoque educativo. El menor infractor se enfrenta al hecho con sus consecuencias, se le otorga la posibilidad de resolverlo de forma positiva y de aprender de la experiencia. Se le ofrecerán las herramientas y los medios que contribuyan a su mejor desarrollo personal y social.
Intervención inmediata y mínima.
Este tipo de actuaciones, suponen una alternativa al procedimiento judicial, que se justifica por la inmediatez de la respuesta desjudicializadora. Estas intervenciones se resuelven normalmente en menos de tres meses (en ocasiones pueden extenderse más tiempo cuando en interés del menor, y atendiendo a sus necesidades y circunstancias personales, se establece en los acuerdos de reparación que recibiese atención terapéutica o apoyo socioeducativo).
La respuesta es rápida e inmediata, ya que incide sobre el hecho que ha dado lugar a la apertura del expediente, y se materializa en actuaciones educativas concretas, dirigidas a modificar la conducta infractora.
El principio de oportunidad aparece en el proceso penal juvenil, íntimamente conectado con el principio de intervención mínima. La LRRPM contempla, teniendo en cuenta el interés del menor, un conjunto de actuaciones extrajudiciales para que el proceso no pase más allá de la incoación del expediente, sin que llegue a la Sala de Justicia.
Teniendo en cuenta factores como el grado de socialización, el índice de delincuencia y en delitos de escasa lesión social, se trata de poder obtener una rehabilitación del menor infractor, con objeto de evitar procesos de estigmatización social del mismo.
Voluntariedad de las partes
El principio de voluntariedad es irrenunciable en el derecho penal. Supone la libre voluntad de las partes en la resolución de este tipo de conflictos. Si el autor no acepta la reparación, ésta no se realizará, aún en el caso hipotético de que la víctima hubiera expresado su voluntad previa de llegar a una solución extrajudicial. Si es la victima la que no acepta la reparación, tampoco se produciría la misma, aunque, por decisión del Ministerio Fiscal, en determinados casos sería posible realizarla, como una reparación indirecta.
Individualización de la intervención.
Se tendrá en cuenta la naturaleza del hecho, la situación de las personas implicadas y los recursos a utilizar. Es importante que la intervención se integre adecuadamente en su contexto social.
Respeto a los derechos del menor.
El menor infractor goza de las mismas garantías procesales que un adulto, dispone de asistencia de letrado durante la intervención (pieza penal y de responsabilidad civil) y es necesaria la autorización de los representantes legales en los acuerdos de Conciliación-Reparación.
Responsabilización del menor.
Se trata de situar al menor infractor frente al delito, que tome conciencia de las consecuencias que su conducta ha producido al perjudicado y a la sociedad, que se responsabilice del perjuicio ocasionado y restituya el daño.
El menor infractor debe asumir que a pesar de las carencias y dificultades que pueda encontrar en su camino, nada justifica satisfacer sus necesidades a costa del bienestar de los demás.
Responsabilización de los padres.
Los padres directa o indirectamente son parte del conflicto, responden de las consecuencias de los comportamientos de sus hijos, hacen frente a la responsabilidad civil. Su colaboración es fundamental en el cumplimiento de los acuerdos de Conciliación-Reparación.
Protección a la sociedad en general y a las víctimas.
Tras reprobar la conducta del menor que supuso esta intervención, se le explican las razones por las que la sociedad tipifica como falta o delito la infracción cometida.
Las victimas y la sociedad sufren daños por las acciones delictivas, y la Ley garantiza que, en un proceso de Conciliación-Reparación, quedarán garantizados todos sus derechos.
El educado y la educadora conocerán los distintos recursos que disponibles en la comunidad, donde el menor podrá realizar las actividades de reparación. En este sentido se tendrá en cuenta, dentro de los recursos disponibles, los que mejor se adapten al hecho denunciado, a la voluntad, características, posibilidades y necesidades del menor. Se trata de disponer de un amplio abanico de servicios y recursos, como por ejemplo servicios del Ayuntamiento (parques y jardines, labores de limpieza y mantenimiento…), ONGs.
Asociaciones de Discapacitados, Residencias de ancianos, sanidad, colegios…. donde el menor pueda realizar las actividades de la forma más útil y satisfactoria para sí mismo y la propia Comunidad.
En el caso de detectarse algún trastorno, anomalía, alteración adicción en menores que participan en actuaciones extrajudiciales de conciliación o reparación, podrán derivarse al Centro o recurso especializado adecuado para su diagnóstico y tratamiento, si existe voluntariedad y consentimiento por parte del menor y su familia.
Inicio de la intervención:
En primer lugar el educador se entrevista con el menor infractor en la sede el EMA, sus representantes legales y su abogado.
La entrevista al menor, establecida por la Fiscalía, se realiza en presencia de sus padres y el letrado asignado. En la misma se les informa del motivo de nuestra intervención y de la posible solución extrajudicial. El menor contará su versión de los hechos ocurridos, grado de responsabilidad y arrepentimiento. Es importante conocer las consecuencias que ha supuesto la denuncia a nivel personal (lectura y respuesta que ha hecho del conflicto), familiar y social. La entrevista nos aporta mucha información del menor para valorar si se dan las condiciones para que acceda y participe en el proceso de mediación extrajudicial (reconocimiento del daño causado, asunción de consecuencias, disposición a conciliarse con la víctima, voluntariedad e implicación en la solución, desarrollo moral, empatía…).
Una vez realizada la entrevista: si el menor asume su responsabilidad en relación al hecho cometido, expresa su voluntad de querer conciliarse con la víctima, manifiesta querer reparar el daño ocasionado y participa activamente en la solución del conflicto, es cuando consideramos que el menor está en condiciones de solucionar el asunto mediante la intervención extrajudicial.
Puede suceder que haya varios menores implicados y que unos reconozcan y otros no. Con los que aceptan la conciliación, se continúa el proceso. Con los que no aceptan, se informa al Ministerio Fiscal. También puede darse el caso de que el menor no se presente, se puede reintentar la citación o Fiscalía puede decidir continuar la vía judicial. Es posible también que no se pueda localizar a la víctima. Por decisión de la Fiscalía, podría continuarse con el proceso iniciado.
Los letrados garantizan los derechos penales y procesales del infractor, asesoran a sus defendidos, negocian la responsabilidad civil, proponen alternativas y aportan equilibrio entre lo jurídico y lo educativo.
Entrevista con la víctima.
Tras conocer la buena disposición del/la menor a reparar, nos ponemos en contacto con la víctima. Se le informa de la apertura del expediente al menor que denunció, por parte de la Fiscalía de Menores y que se ha solicitado nuestra intervención para tratar de resolver este asunto de forma amistosa, mediante una intervención extrajudicial de conciliación y reparación. De forma breve y clara se le explica el funcionamiento de la Justicia de Menores y enmarcamos el programa de intervención en la fase anterior al procedimiento judicial. Si la víctima dice estar conforme con la solución propuesta, se solicita su participación en este proceso.
Es preciso indicar que con la víctima nos ponemos en contacto en segundo lugar, tras comprobar que el infractor reúne las condiciones establecidas para participar en el programa. De este modo, se evitan falsas expectativas o situaciones de revictimización. La víctima, en este proceso, tiene la oportunidad de ser escuchada (dar su versión de los hechos), de expresar sus necesidades, sus peticiones (para abordar la parte penal y civil en los acuerdos de reparación) y sus deseos conciliatorios o vindicativos. Las posibles respuestas pueden ser:
- Que acepte la reparación y continuemos el proceso.
- Que acepte la reparación, pero no quiera colaborar en la solución.
- Que no quiera reparación ni conciliación.
- Que condicione la reparación al acuerdo de Responsabilidad Civil.
Señalaremos que la víctima, cuando sea menor de edad, deberá estar acompañada y autorizada por sus representantes legales.
Podemos afirmar que la mayoría de las víctimas aceptan la intervención extrajudicial. Se sienten protagonistas del proceso y valoran la resolución del conflicto como positiva y eficiente. Además consideran que se paraliza el procedimiento judicial, con todas las ventajas que esto supone.
Si bien en la intervención con el menor debe primarse el fin educativo de la misma, en modo alguno, ha de olvidarse el daño sufrido por la víctima y que si no resulta satisfecha en este momento, difícilmente lo será posteriormente.
Las entrevistas con los infractores y las víctimas son momentos que deben estar bien planificados debiéndose procurar no dejar ningún aspecto a la improvisación. En las entrevistas se recibe mucha información que debe ser recogida de manera ordenada. Conocemos a las partes, sus opiniones sobre la forma de abordar el conflicto, sus actitudes, sus capacidades y voluntad para solucionar el asunto.
En función de los aspectos recogidos en las entrevistas y de los intereses de las partes, el mediador valorará si es posible o no continuar el proceso extrajudicial y de qué forma (conciliación, reparación directa o indirecta).
Acuerdos de Conciliación y Reparación.
La materialización de la voluntad de las partes en solucionar el conflicto se concreta con la firma de los acuerdos de conciliación y/o reparación. Este documento recoge los compromisos, que previamente pactados, el menor infractor debe cumplir: Compromiso de reconocer el daño ocasionado y pedir disculpas a la víctima (puede ser en encuentro personal de conciliación o mediante carta, según desee la víctima). Compromiso de no reincidir en los hechos que motivaron la denuncia. Realización de actividades voluntarias en beneficio de la víctima o para la Comunidad (con fechas y duración de las mismas). Asumir el pago, de la cantidad previamente establecida, como compensación por el perjuicio ocasionado (responsabilidad civil).
Los acuerdos son firmados por el/la menor y sus representantes legales. El programa educativo es proporcional a la gravedad de los hechos y circunstancias del menor, y tiene una clara función preventiva. Siempre se procura que haya una correspondencia entre los hechos denunciados y las actividades a realizar. Lo ideal sería que las actividades fueran en beneficio directo del denunciante, y en su defecto, en actividades en beneficio de la comunidad. También pueden realizarse tareas socioeducativas en beneficio del menor: atención psicológica o terapéutica, realizar un programa de habilidades sociales, búsqueda de empleo, etc. Se trata de lograr una mayor capacitación y mejora en las posibilidades de inserción social de los propios menores, lo que redundaría en un beneficio indirecto para la propia comunidad.
Encuentro de conciliación.
El encuentro del menor infractor y la víctima se lleva a cabo en un espacio neutral para ambas partes. Se recibe a las partes en horario distinto y se les recuerda los principios básicos del encuentro: respeto mutuo, hablarse entre ellos mirándose a la cara y no al mediador, evitar acusaciones, expresar sentimientos, proponer alternativas de solución, etc. El encuentro finaliza cuando el infractor expresa sus disculpas, la víctima las acepta y se siente satisfecha, suscribiéndose el correspondiente acuerdo de conciliación o reparación.
Durante la entrevista el/la Educador/a facilitará la comunicación y la consecución de los objetivos planteados. Aspectos a tratar podrían ser: historia de la relación de los implicados, expresión de sentimientos surgidos tras el conflicto, búsqueda de alternativas para solucionarlo, verbalización y concreción de necesidades, intereses y posibilidades, etc.
El Educador en las actuaciones socioeducativas de mediación debe intentar ser neutral, atendiendo a los intereses particulares pero también de la comunidad, colaborando con las partes en la resolución del conflicto, aportando propuestas y flexibilizando posiciones.
Las intervenciones en las Conciliaciones-Reparaciones suelen ser rápidas, por lo que ayudan a contener la crisis inicial que se ha generado, trabajando los sentimientos y las experiencias negativas vividas, intentando rescatar lo positivo del conflicto. El Educador colabora en la toma de acuerdos y en su control. Es el nexo de unión entre denunciante y denunciado, recogiendo sus demandas y el Ministerio Fiscal, que representa el interés de la justicia y la sociedad.
Como se ha explicado, la comunicación entre el Ministerio Fiscal y el EMA es permanente. Informamos siempre que lo consideramos preciso, y se puede decir que, como mínimo, se realizarán los siguientes informes:
Informe de comparecencia en el EMA. En el informe se recoge la presentación o no del menor infractor en la fecha fijada por la Fiscalía de Menores.Reconocimiento o no de los hechos denunciados y de su voluntad sobre la posibilidad de aceptar la reparación e iniciar los trámites
Acuerdo de reparación. Sirve para fijar por escrito los compromisos generales, a los que se compromete el menor al iniciar el proceso.
Informe a Fiscalía detallando, de manera concreta, todos los aspectos y posibilidades de la Reparación. En este informe, hacemos una valoración educativa de lo trabajado hasta ese momento
Concreción de los acuerdos. Se fijan de manera exacta las cantidades a pagar, en el caso de que hubiera responsabilidad civil. Y también se detallan las tareas, servicios o actividades a realizar en concepto de responsabilidad penal.
Informe final. Se informa brevemente de la situación del menor, de las actuaciones realizadas, del cumplimiento de los acuerdos de reparación en su día firmados (se suele aportar hoja de evaluación de los servicios realizados), de la participación de la víctima en el proceso y la solicitud de archivo de las actuaciones una vez conseguidos los objetivos establecidos. Si el menor no cumpliera los acuerdos establecidos, el Ministerio Fiscal continuaría con la tramitación del expediente.
Justicia juvenil en España actuaciones y tendencias
Las actuaciones y tendencias en el sistema de Justicia Juvenil es un tema tan amplio que debe ser previamente enmarcado. Para ello puede recordarse que el cambio de sensibilidad hacia la infancia y cuanto la rodea que se ha operado en los últimos 130 años ha estado caracterizado por una particular atención a la importancia que los primeros años de la vida tienen en el desarrollo ulterior de la personalidad y por una nueva actitud hacia los valores de la persona en su etapa infantil y juvenil.
En el ámbito jurídico este proceso general ha derivado hacia la “revalorización del menor en su calidad de persona”, esto es, en su acepción más esencial y trascendente y no sólo en su dimensión jurídica de titular de derechos. Se ha entendido además que se trata de una realidad humana en devenir, o ser humano “en formación” y precisamente en las etapas decisivas en orden a la definición de su futura identidad.
Frente al tradicional tratamiento tuitivo de los niños, paulatinamente se ha impuesto el criterio de orientar su protección confiriéndoles, sobre todo a partir de la adolescencia, la condición de persona en evolución y la capacidad de participar progresivamente en la determinación de su propio interés.
Todo ello ha tenido una primera incidencia en el desarrollo de los derechos vinculados a la personalidad, especialmente regulados en relación con los menores (Convención sobre Derechos de los Niños (1989) y LO 1/1996 de Protección Jurídica de los Menores….); también se ha manifestación en la consideración de los aspectos afectivos, emocionales o psicológicos de los derechos e intereses de los menores que no se limitan al bienestar meramente material, y que ahora se estiman primordiales.
Pero donde quizá con mayor calado se ha concretado la consideración del niño como sujeto de derechos ha sido en la progresiva implantación en el ámbito de la Justicia Juvenil del llamado “modelo de los derechos” o “modelo de responsabilidad”, frente a anteriores modelos tutelares o de seguridad. Los modernos sistemas de Justicia Juvenil desarrollados en el último cuarto del pasado siglo, se caracterizan por el reconocimiento específico de los derechos del menor en sus relaciones con la Administración de Justicia, y se orientan además al aseguramiento de su desarrollo personal bajo el criterio de la prevalencia de su superior interés. Esto ha influido decisivamente desde el punto de vista de las medidas a imponer. No se trata sólo de abominar de la pena de muerte o cadena perpetua para menores, o excluir en todo caso, las torturas o las penas crueles y degradantes, sino de que, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del niño y el joven, se ha impuesto la idea de que las medidas privativas de libertad han de ser el último recurso, imponerse por el tiempo mínimo necesario y limitarse a supuestos excepcionales, en los que se respetará siempre la dignidad y las necesidades propias de la edad del afectado. Así, la regla general será la de medidas de carácter preventivo-especial, carentes de efectos retributivos y dotadas de un contenido socio-educativo acorde con el interés del menor y por tanto, orientadas exclusivamente a su reinserción social.
Ha influido también en el marco del proceso en el que el menor infractor ha de ser tratado como ciudadano titular de todos los derechos y beneficiario de las mismas garantías constitucionales que los adultos: presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación, asistencia jurídica, a no declarar contra sí mismo y a no sufrir indefensión…
El art. 40.1 de la Convención consagra el derecho de todo niño en conflicto con la ley “a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.
Con estos parámetros los modelos de Justicia Juvenil de nuestro entorno jurídico se caracterizan inicialmente por partir de un Derecho de menores educativo y responsabilizador, alejado de las pautas del Dº Penal de los adultos, y en el que la legalidad representa criterios axiológicos específicos de la minoría de edad. La LORPM 5/2000, aprobada con un amplio consenso parlamentario y acogida con unánime entusiasmo por juristas y profesionales se adscribió claramente a esta línea encarnando los principios del modelo de responsabilidad y garantías, plasmados en los instrumentos internacionales ya suscritos por España. Sintéticamente son los principios de especialidad, celeridad, flexibilidad, desjudicialización, interés superior del menor…
II.- El permanente cuestionamiento del sistema de Justicia Juvenil español. Tres cuestiones concretas
Pese a la satisfacción general con que fue acogida la LO 5/2000, su texto originario ha sido sometido a sucesivas reformas parciales que culminaron con la LO 8/2006 de 4 de diciembre, y que han contaminado en parte un modelo esencialmente basado en fines reeducativos para la efectiva reinserción social del menor infractor y lo han aproximado a la lógica retributiva o de defensa social propia del Dº Penal de adultos[1], y al predominio de las exigencias preventivo-generales sobre las preventivo especiales y reeducadoras de los menores infractores.
Así por ejemplo, se suprimió definitivamente del ámbito de aplicación de la Ley el tramo de edad comprendido entre los 18 y 21 años (jóvenes-adultos) que hubieran cometido meras faltas o delitos no violentos, de escasa trascendencia y siempre que no fueran reincidentes y que su personalidad y grado de madurez lo aconsejara. Esto es lamentable pues se trata de un sector en el que normalmente hubiera tenido una incidencia positiva el ejercicio del principio de oportunidad procesal y la derivación a estrategias restauradoras.
Pero pueden citarse otros extremos ilustrativos de una cierta tensión entre las concretas previsiones legales y los principios básicos del sistema que no se han derogado; son los siguientes:
1.- La situación en primer plano de los intereses de las víctimas, hasta la reforma 8/2006 preteridas por el predominio del superior interés del menor que se reconoce en la Justicia Juvenil.
2.- La modificación radical del tratamiento procesal de la acción civil, inspirado en el sistema de acumulación de acciones, combinado con el mantenimiento de la pieza de responsabilidad civil, por mucho que ahora se limite su función a la de servir de plataforma de aterrizaje [2] de los perjudicados en el proceso penal de menores.
3.- El incremento punitivo que comporta el nuevo art. 10 de la LO 8/2006 en relación con el nuevo art. 14, según el cual, “el Juez podrá o incluso tendrá que ordenar el cumplimiento de las medidas de internamiento en régimen cerrado aplicadas a los jóvenes conforme a lo dispuesto en la LORPM, cuando hayan cumplido los 18 años (excepcionalmente) o los 21 años (generalmente) en un centro penitenciario común, de acuerdo con el régimen general previsto por la LGP
4.- La fijación de los respectivos períodos de seguridad (art. 10.1 b) 2ª y 10.2 b), que impiden durante su vigencia la libre modulación de la respuesta sancionadora en aras del interés del menor en su educación y reinserción.
No es mi intención – al menos ahora – hacer una crítica al legislador. El Fiscal no está simplemente sujeto a la ley como el resto de las instituciones, sino tiene por misión específica la defensa de la ley, junto con la defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Estas disposiciones del art. 124 de la CE enmarcan las actuaciones del Ministerio Fiscal.
Para orientar y coordinar tales actuaciones, la FGE ha realizado una tarea de interpretación legal imprescindible tras las sucesivas reformas de la LORPM, vista la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, derivada de las limitaciones cognitivas del recurso de casación para la unificación de doctrina en materia de reforma de menores. Quisiera destacar la Circular 1/2007 de 23 de noviembre sobre “Criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de Menores de 2006”, y más recientemente, la Circular 1/2008 sobre la sustitución de medidas en caso de quebrantamiento en el ámbito de la Reforma de Menores.
Ahora bien, la LORPM y su Rto de aplicación han sido objeto, incluso desde antes de la entrada en vigor de la primera redacción legal, de un intenso debate social que, al menos en tres puntos concretos sigue aún abierto, y en el que vale la pena incidir como presupuesto previo de cualquier análisis sobre las tendencias en el marco de nuestro sistema de Justicia Juvenil. Sin perjuicio de otras muchas cuestiones, esos tres puntos aluden a lo siguiente:
A.- Incremento de la delincuencia juvenil.
En los últimos años se ha hecho evidente un cierto abandono de la idea del carácter subsidiario del Dº Penal que ya no se considera la “ultima ratio” de intervención, sino el mejor instrumento de control social. Las recientes reformas del CP en materia de violencia familiar y sobre la mujer, seguridad vial, cumplimiento de las penas…. Han entrañado el endurecimiento de las penas previstas para determinados delitos, la tipificación de nuevas conductas y también formas más rigurosas de cumplimiento de las penas en general.
Tal vez como consecuencia de ello la “ratio” de población penitenciaria en nuestro país es de 160 internos por cada 10.000 habitantes, una de las más altas de la Unión Europea cuya media es de 127’94. La “ratio” en nuestro país aparece sólo superada por la República checa, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Son datos referidos a diciembre de 2008 y aportados por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios. Paradójicamente, España es uno de los países con menor tasa de delincuencia: 47’5 infracciones por cada 1.000 habitantes, cuando la media europea se situaba en un 71’3, y sólo Grecia, Portugal e Irlanda presentaban una tasa inferior, según datos proporcionados por el anuario del Ministerio del Interior de 2007.
Esta línea de progresivo rigor ha afectado también a la Justicia Juvenil donde, sobre todo tras la LO 8/2006, es más contundente la respuesta penal frente a las infracciones, particularmente las graves, cometidas por los menores. El proceder del legislador obedece a una demanda social real de defensa y seguridad. Vale la pena constatar que esta demanda social se ha articulado a partir de dos premisas cuya aceptación es más emocional que racional, un tanto acrítica y generalizada, sin el debido contraste, casi siempre sobre el dudoso punto de partida de informaciones más o menos sensacionalistas difundidas por los medios de comunicación; tales premisas aluden al incremento de la delincuencia juvenil y la impunidad de los menores infractores
Pero los análisis más fiables de la evolución de la delincuencia juvenil no confirman este incremento. Al menos no de una forma significativa. El Ministerio del Interior en su informe sobre “La criminalidad en España en 2006” concluyó una evolución positiva constatando un descenso del 4’4 % en 2006 sobre el 2005, que a su vez había experimentado un descenso del 5.’2 % sobre el 2004.
CGPJ Según el Servicio de Inspección frente a los 54.922 asuntos registrados en la jurisdicción de menores en 2001, se registraron tras un progresivo descenso en los años siguientes, 33.349 en 2007.
El contraste de los resultados aportados en las últimas Memorias de la FGE con los datos de que disponemos ya sobre 2008 arroja los siguientes resultados, ordenados por la importancia cuantitativa, y referidos siempre al número de procedimientos incoados:
2002………… 14.993
2003..……….. 14.086
2004………… 15.371
2005………… 15.928
2006………… 17.076
2007………... 17.539
2008………… 16.412
2002………… 8.217
2003………… 8.956
2004………… 10.185
2005………… 9.047
2006………… 9.748
2007………… 10.042
2008………… 8.740
2002………… 16.424
2003………… 9.017
2004………… 8.839
2005………… 7.861
2006………… 7.793
2007………… 8.448
2008………… 8.225
2002………… 7.241
2003………… 6.248
2004………… 7.135
2005………… 7.420
2006………… 7.705
2007………… 9.294
2008………… 7.669
2002…………. 6.042
2003…………. 6.211
2004…………. 6.757
2005…………. 6.416
2006…………. 7.676
2007…………. 7.620
2008…………. 7.113
2007………… 840
2008…………. 4.443
2007………… 2.683
2008………… 4.211
2002………… 7.038
2003………… 6.789
2004………… 5.168
2005………… 4.677
2006………… 4.573
2007………… 4.418
2008………… 3.183
2002…………. 1.187
2003…………. 1.118
2004………..... 1.320
2005…………. 1.469
2006…………. 1.390
2007…………. 1.501
2008…………. 1.740
2002………….
2003………….
2004…………
2005………… 1.099
2006………… 1.023
2007………… 1.037
2008………… 901
2002………... 111
2003………… 115
2004………… 179
2005………. 203
2006………. 120
2007………. 189
2008………. 266
Los delitos más cometidos siguen siendo lesiones, robos con violencia o intimidación, con fuerza, hurtos y daños.
Los robos y hurtos de uso han sido superados por primera vez en importancia cuantitativa por los delitos contra la seguridad del tráfico y los delitos de violencia doméstica y de género. Tras los primeros, continúan los delitos contra la salud pública.
De estos datos no puede obtenerse la conclusión del incremento significativo de la delincuencia juvenil entre los años 2000 y 2005, cuando se proyectó la principal reforma legal. A partir de esa fecha, entre los delitos contra el patrimonio, mientras de mantienen básicamente las cifras de robos con violencia, y hurtos y robos de uso de vehículo, descienden en general los hurtos y mantienen un discreto aumento los delitos de daños.
Desciende también la cifra de delitos contra la salud pública.
Lo que sí se observa es un incremento espectacular de la cifra de delitos contra la seguridad del tráfico en virtud de la reforma de los delitos contra la seguridad del tráfico operada por LO 15/2007 de 30 de noviembre que tipifica la conducción ilegal lo que ha propiciado que de los 840 procedimientos incoados en 2007 hayamos pasado a los 4443 de 2008.
Lo más decisivo es a mi juicio el incremento de las cifras de delitos contra la vida, lesiones (el delito más cometido), violencia doméstica y de género. Los delitos contra la vida entre los que se computan – a mi entender indebidamente desde la perspectiva estadística - los delitos imprudentes, siguen una evolución constante al alza pese al mayor rigor legal, ya consolidado, en el tratamiento de estos comportamientos. Si contrastamos este extremo con el hecho de que los delitos contra la vida, incluso los de lesiones graves, y desde luego, la violencia doméstica o de género integran conductas antes solo abordadas por adultos y muy excepcionalmente por niños o jóvenes, no será difícil concluir que no se ha incrementado tanto la delincuencia propiamente juvenil, como ciertas formas de delincuencia violenta en las que ahora intervienen también los jóvenes.
Pero lo que se constata es una línea de disminución en los primeros años de vigencia de la LORPM cuyos postulados se reformaron bajo la tacha de excesiva benevolencia y con el pretexto de un incremento de la delincuencia. Sin embargo, se observa un ligero aumento general en los años 2007 y 2008, ya vigente la reforma legal y el mayor rigor punitivo que introdujo. Esto, sin perjuicio de un análisis más complejo que indudablemente cabe hacer, nos muestra una vez más la inexistencia de la pretendida correlación entre la permisividad o benevolencia legal
el incremento de la delincuencia, y nos obliga a buscar la etiología de los comportamientos violentos fuera y más allá de las previsiones legales, más o menos correctas y sólo supuestamente benévolas.
Esto nos lleva al análisis de otra cuestión frecuentemente suscitada en los debates sobre nuestro sistema de Justicia Juvenil:
B.- La supuesta impunidad de los menores infractores. Es ésta también una idea recurrente. Trae a colación una referencia: “la punición o impunidad” que se compadece mal con la Justicia Juvenil orientada a la re-educación y desde luego, no parte del estudio serio de las respuestas que ofrecía la vieja Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1992, y de su contraste con las previstas en la LO 5/2000, incluso en su primera redacción, para las conductas más graves (contra la vida); no digamos con las que ofrece actualmente, tras la reforma 8/2006.
Ha cuajado en el colectivo social la doble convicción de que la delincuencia juvenil se ha incrementado y de que tal incremento trae causa de la benevolencia legislativa. Esa benevolencia ha sido más supuesta que real, al menos por lo que a delitos graves se refiere pues para ellos incluso la primera redacción vigente de la LO 5/2000 preveía medidas de internamiento de mayor duración que las de las soluciones ofrecidas en la ley de 1992 en la que la duración máxima del internamiento por cada delito era de 2 años que pasó a 4 años con la primera reforma de la LO 5/2000 operada antes de la entrada en vigor del texto originario.
Actualmente cabe imponer la medida de internamiento en centro cerrado (art. 9.2 LORPM) cuando:
a) Los hechos estén tipificados como delito grave por el CP o las leyes penales especiales.
c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades
En punto a la posible duración del internamiento en centro cerrado cabe observar:
REGLAS GENERALES atendiendo a dos tramos de edad:
- Para menores de 14 o 15 años…… hasta 3 años de duración o 150 horas de PBC o 12 fines de semana
- Para menores de 16 o 17 años…… hasta 6 años o 200 horas de PBC o 16 fines de semana
SUPUESTOS DE EXTREMA GRAVEDAD
Son los casos en que el menor de 16 o 17 años hubiera cometido un delito grave, o en el que concurra violencia o intimidación o riesgo para la vida o la integridad o se tratare de un delito cometido en grupo, siempre que además quepa calificar la conducta como de “extrema gravedad”
El Juez de Menores puede imponer una medida de 1 a 6 años de internamiento, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de 5 años. El rigor legal se residencia en la prohibición de hacer uso del principio de flexibilidad (cancelación o sustitución) en la ejecución hasta transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento.
SUPUESTOS DE MÁXIMA GRAVEDAD
Según el art. 10.2 LORPM se producen cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los arts. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP (homicidio, asesinato, agresiones sexuales y terrorismo) o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho CP o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a 15 años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:
- Menores de 14 o 15 años…….. de 1 a 5 años, complementada en su caso por libertad vigilada hasta 3 años.
- Menores de 16 o 17 años……… de 1 a 8 años, complementada por otra libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años, período de seguridad ½ del internamiento
Incluso cabe extender la duración del internamiento hasta el tope máximo de 10 años en los casos de concurso de delitos (art. 11.2), cuando alguno de ellos sea de los considerados de máxima gravedad y siempre que se trate de menores de 16 o 17 años. Si se trata de menores de 14 o 15 años, el tope máximo imponible será de 6 años.
Si comparamos objetivamente estas previsiones con la duración de las penas previstas para los adultos en el CP para los delitos más graves (10 a 15 años de prisión en el homicidio, 6 a 12 en la violación….), se comprende fácilmente que las posibilidades punitivas de la ley se encuentran muy próximas, al menos en punto a la duración de la privación de libertad, a la respuesta que prevé el CP para los adultos.
En todo caso, no está demás recordar aquí algunos extremos del Informe del Comité de Derechos del Niño, de Naciones Unidas sobre España (CRC/C/15/Add. 185 de 13 de junio de 2002, que en sus puntos 53 y 54 mostraba ya su “preocupación por el incremento de la duración del tiempo de detención y las medidas de internamiento así como por el hecho de que la privación de libertad no sea utilizada como único recurso, recomendando a las autoridades españolas la revisión de los periodos de internamiento para adecuarlos a las previsiones generales y alentando el uso de alternativas a la privación de libertad”.
Lo dicho hasta ahora alude al aspecto más significativo de la duración de la medida más restrictiva, pero indudablemente el llamado endurecimiento de nuestro sistema ha alcanzado también a la ejecución de las medidas, fase en la que se han impuesto mayores límites en punto a permisos de salida, posibilidades de suspensión de la ejecución de medidas superiores a dos años, o generalizando el pase al sistema penitenciario.
Por todo, puede concluirse que la LORPM no fue originariamente - en su comparación con la derogada Ley de Tribunales Tutelares de Menores - ni es ahora una respuesta benévola o “impunista”, por emplear este término de uso vulgar, totalmente ajeno al ámbito de la Justicia Juvenil; y que el incremento de la delincuencia juvenil es sólo significativo - aunque alarmante – en las cifras sobre determinados delitos que precisamente no son los que tradicionalmente han sido de más frecuente comisión entre jóvenes, aunque sí sean graves: homicidios, agresiones sexuales, lesiones, violencia intrafamiliar y de género…precisamente aquellos frente a los que la respuesta legal ha incrementado su contundencia retributiva.
Sin embargo sí es forzoso reconocer que existen graves problemas infraestructurales para la ejecución de medidas no privativas de libertad, en concreto, la libertad vigilada, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas, debido a la escasez de medios para llevar a cabo la ejecución. Esta dificultad, que a veces desemboca en que la medida no sea ejecutada, sí puede producir en los menores la sensación de impunidad. Por ejemplo, en algunos puntos del territorio las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas en 2008 han prescrito hasta en un 80%. En otro, como es el caso de Gran Canaria, carecen de centro para internamiento en régimen abierto y son varias las comunidades autónomas que carecen de recurso para el cumplimiento de la medida de convivencia con grupo educativo o familiar, por lo que no puede ejecutarse en los casos en que resulta impuesta (La Coruña y La Rioja)
En primer lugar, la conciencia de los límites del Dº Penal como instrumento de control social y el carácter ilusorio de la identificación entre benevolencia punitiva e incremento de la delincuencia. La ley podrá tener y tiene quiebras y deficiencias, precisadas de corrección pero ni es en sí misma un factor criminógeno ni puede por sí misma combatir, o prevenir la delincuencia, por mucho que se incremente indefinidamente el rigor de sus previsiones. Esto es más evidente en el Dº Penal Juvenil, ámbito en el que el rigor de la respuesta puede resultar consolador para las víctimas, y causar más dolor al infractor pero no facilitará su reinserción ni prevendrá la delincuencia en general, que tiene su origen en el déficit educativo y en los conflictos sociales y familiares.
En segundo lugar, no es la falta de rigor de la ley sino en su caso, el incumplimiento de sus previsiones, lo que en el ámbito de la delincuencia juvenil menos grave puede generar en los infractores la sensación de que no pasa ni pasará nada.
En tercer lugar, es necesario generar políticas, prácticas y asignaciones presupuestarias dirigidas a erradicar las listas de espera para el cumplimiento de medidas en medio abierto y por ende, evitar su prescripción.
Todo ello sin olvidar que la delincuencia y los conflictos que la determinan o se generan en el ámbito familiar, escolar, social y, sin perjuicio de la existencia y perfeccionamiento de la legislación penal, tales conflictos sólo se previenen eficazmente con políticas familiares, educativas y sociales en general.
C.- La edad mínima de responsabilidad penal. ¿menores de 14 años?
Aunque el Proyecto de LORPM partía de los 13 años para delimitar el inicio de sus posibilidades de intervención, la redacción final optó por la edad de 14 años, ciertamente la referencia más común en los países de nuestro entorno. Se argumentaba en la Exposición de Motivos que las infracciones cometidas por “niños menores de esta edad son en general irrelevantes”.
No todos comparten hoy esta impresión.
Existen supuestos, bien que excepcionales, en que los menores de 12 y 13 años han iniciado ya la senda de la delincuencia con reiteración de comportamientos, mayoritariamente contra el patrimonio, a veces acompañados de violencia o intimidación. En términos generales podríamos seguir hablando de supuestos excepcionales. Pero el problema para muchos profesionales dedicados a la reeducación de los menores infractores es la percepción o certeza de que la ausencia de intervención eficaz ante los primeros síntomas serios de aproximación del niño o preadolescente al delito, hace más difícil la actuación ulterior con el adolescente iniciado. Frente a ello caben dos posturas:
a.- Romper con la presunción iuris et de iure de que por debajo de 14 años no es exigible al menor, en ninguna circunstancia y bajo ningún concepto, ningún tipo de responsabilidad, y abordar el tratamiento de los menores de 12 y 13 años dentro del Sistema de la Ley Penal Juvenil. Alguna Fiscalía como la de Valencia proponía el año pasado esta solución que también se sugería, como una de las posibles alternativas en el informe elaborado por el Consejo Fiscal en 2005 sobre el anteproyecto de Reforma de la LORPM que se aprobó en 2006. Lo cierto es que tal sugerencia se propuso alternativamente, sólo para supuestos especialmente graves o de multirreincidencia, indicativa de un pronóstico preocupante en relación con la personalidad y la perspectiva vital del menor, y, siempre acompañada de un amplísimo margen para aplicar el principio de oportunidad que - se decía – debería operar sobre todo tipo de delitos, tanto graves como menos graves, de modo que la regla general fuera la no-intervención, y quedara abierta la posibilidad de ciertas intervenciones cuando fueran absolutamente imprescindibles.
b.-La otra posibilidad es la adopción de medidas eficaces para el aseguramiento de tratamientos adecuados y efectivos en el ámbito de

References: artículo 19
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución