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Timestamp: 2019-10-21 03:22:05+00:00

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Resolucion de alegaciones y aprobacion definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesion de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos economicos, para colaborar en sus gastos por vivienda habitual | Iberley
Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos, para colaborar en sus gastos por vivienda habitual - Boletín Oficial de Las Palmas de 13-10-2017
En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5,d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete:
ÁREA DE GOBIERNO DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
31. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A PERSONAS Y UNIDADES DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL
Primero. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 28.07.2017, acordó la aprobación
inicial del texto de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual, así como su sometimiento al trámite de información pública por un plazo de treinta días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), durante los cuales los interesados podrían examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimasen oportunas.
Segundo. Publicado el correspondiente anuncio en el BOP número 96, de 11 de agosto de 2017, y una vez trascurrido el plazo precitado (26.09.2017), por la Oficina de Atención a la Ciudadanía se remitió certificación acreditativa de la no constancia de ningún asiento registral en relación con el asunto.
No obstante ello, en virtud de correo electrónico de la Secretaria del Concejal de Gobierno del Área de Cohesión Social e Igualdad, se remitió escrito fechado el día 17 de agosto presentado a través del Experta por don Juan José Cardona González, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su nombre y en el del grupo político al que representa .
Tercero. Las alegaciones formuladas se resumen a continuación:
PRIMERA. Sobre el contenido del expediente.
Es necesario realizar un completo diagnóstico previo de la ayuda creada, así como un estudio de su impacto económico, recogiendo, principalmente, las necesidades de dotación presupuestaria para garantizar su éxito. Constituye ésta la primera alegación presentada.
SEGUNDA. Eliminación del criterio del valor catastral.
Las ayudas sociales destinadas a los vecinos para colaborar en sus gastos de vivienda habitual pasan a ser ayudas catastrales, no de realidades personales; se subvenciona a los inmuebles, a su tamaño, a su ubicación, a sus características físicas, y después de ello, se atiende a la realidad social de los que habitan en ellos, sus condiciones personales, familiares, laborales. Una realidad social de gran dificultad, por el hecho de habitar en una vivienda de valor catastral superior a 60.000 euros queda automáticamente excluida de la posibilidad de ser ayudada con esta Ordenanza inicialmente aprobada.
Se usa así un criterio previo y condicionante que supedita la valoración social y la intervención de los profesionales del trabajo social a una referencia catastral, a un espacio físico, a metros cuadrados y a ubicación de inmuebles, cuando las realidades sociales trascienden de los aspectos meramente físicos.
La eliminación del criterio catastral como referencia para otorgar estas ayudas es, en nuestra opinión, obligada si realmente se desea apoyar realidades sociales de dificultad y se quiere garantizar la plena justicia social; la certeza de que se llegará a quienes peor lo están pasando al margen de donde habiten.
TERCERA. Cuantía de las subvenciones.
El importe de las subvenciones no incluidas en ninguno de los regímenes especiales se calculará mediante la aplicación de dos criterios sucesivos y acumulativos que vuelve a profundizar en el error de tomar como factor clave de referencia el valor catastral, además de complicar mucho el procedimiento.
Consecuentemente, los dos criterios sucesivos y acumulativos escogidos producirá el efecto de reducir a la mínima expresión la cuantía definitiva de las subvenciones, ya que con el primer criterio (valor catastral + número de miembros de la unidad de convivencia) se aplica un porcentaje sobre el importe del IBI y con el segundo criterio acumulativo (número de miembros unidad de convivencia + ingresos) se aplica un nuevo porcentaje sobre el primer porcentaje obtenido. Complejidad difícil de entender.
Con este sistema se está relegando el principal criterio que cualquier prestación social debe emplear al último lugar, además de complicar el procedimiento sin alcanzar a entender la razón y hacer que la cuantía final de la subvención se reduzca de forma notable.
Si se aplicase sólo el último criterio sucesivo y acumulativo , el de los ingresos reales que entran en una vivienda con una unidad de convivencia concreta, se estaría garantizando que las ayudas creadas llegan de forma justa y objetiva a quienes más lo necesitan. Importe del IBI a afrontar, a partir del cual se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad de convivencia y los ingresos que entre todos ellos se
perciben; éstos son los factores valorados en el segundo cuadro y son los factores que de forma más justa y fidedigna muestran la realidad social de una familia.
Por tanto, con la alegación expuesta pretendemos eliminar el primer criterio de los sucesivos y acumulativos que determina la ordenanza inicialmente aprobada, simplificando así el procedimiento y tomando como referencia para determinar la cuantía final de las subvenciones exclusivamente los miembros de la unidad de convivencia y los ingresos que se perciben.
CUARTA. Eliminación del límite máximo del valor catastral para los beneficiarios del Régimen Especial
Uno de los más sorprendentes retrocesos que supone la nueva Ordenanza con respecto a las Bases para el mismo objeto que rigieron estas subvenciones durante el pasado año 2016 ha sido la inclusión de un límite de valor catastral (60.000 euros ampliable hasta 80.000 en casos justificados) para los beneficiarios que perciben Ayuda de Emergencia, beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y, a partir de ahora, perceptores de la Prestación Canaria de Inserción.
Para otorgar la PCI o dar una Ayuda de Emergencia por parte del Ayuntamiento nunca se ha tenido en cuenta el valor catastral del inmueble donde el perceptor reside, sino sus condiciones socioeconómicas. Incluir un criterio catastral para estos perfiles sociales es un error que debe ser corregido.
I) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 49, establece el procedimiento al que se deberá ajustar la aprobación de las ordenanzas locales:
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. II) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 4 establece el concepto de interesado en los siguientes términos:
III) A la hora de valorar las alegaciones presentadas por el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, lo primero que debemos plantear es la legitimación de un grupo político para efectuarlas en el trámite de información pública.
Y en este sentido, es pacífica la doctrina y la jurisprudencia que consideran que los concejales, actuando en cuanto tales, no tienen la condición de interesados en el procedimiento.
La Jurisprudencia (por todas, Sentencia de 17 de julio de 1995, del Tribunal Constitucional), ha establecido claramente la diferencia entre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, reconocido en el artículo 23.1 C.E., concretando respecto de esto último que se refiere a la representación política, con exclusión de otros posibles representaciones de carácter corporativo, profesional, etc., (participación política); y los derechos reconocidos en diversas
leyes en relación con los trámites de audiencia y de información pública.
Aclara el TC que la audiencia se articula básicamente como medio de posibilitar la tutela y defensa de los derechos en favor de los que ostentan un interés legítimo, y en este sentido ofrece un cierto carácter instrumental y adjetivo, mientras que la información pública supone un plus respecto de la audiencia puesto que no sólo la presupone en parte, sino que implica además una forma de participación directa en los asuntos de interés público, cual es la ordenación urbanística, dirigida a todos los ciudadanos (o, en nuestro caso, la aprobación de una Ordenanza)
Se trata de una participación en la actuación administrativa -prevista ya, por cierto, en la legislación anterior a la Constitución-, que no es tanto una manifestación del ejercicio de la soberanía popular cuanto uno de los cauces de los que en un Estado social deben disponer los ciudadanos -bien individualmente, bien a través de asociaciones u otro tipo de entidades especialmente aptas para la defensa de los denominados intereses difusos - para que su voz pueda ser oída en la adopción de las decisiones que les afectan.
Dicho derecho, cuya relevancia no puede ser discutida, nace, sin embargo, de la Ley y tiene -con los límites a que antes hemos aludido- la configuración que el legislador quiera darle; no supone, en todo caso, una participación política en sentido estricto, sino una participación -en modo alguno desdeñable- en la actuación administrativa, de carácter funcional o procedimental, que garantiza tanto la corrección del procedimiento cuanto los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
Se concluye, pues, que los concejales no podrán invocar su condición de tales para ser considerados interesados en un procedimiento administrativo; y ello porque representan a los ciudadanos, pero dicha representación es de carácter político, a efectos de participar en los asuntos públicos.
Podría entenderse que un concejal tendrá el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a personarse en los procedimientos en que tengan un interés legítimo, pero ello no ocurre en el presente caso, pues ninguna de las alegaciones deducidas concreta derechos o intereses del concejal específicamente afectados por la Ordenanza, sino que se refiere a cuestiones genéricas y procedimentales; no bastando a tal efecto con que se haga constar que se actúa en su nombre y en el del grupo político al que representa .
Por otro lado, queremos destacar el hecho de que todos los grupos políticos municipales fueron invitados a participar en el proceso de redacción del texto de la Ordenanza, pudiendo realizar cuantas manifestaciones y consideraciones considerasen pertinentes, siendo el grupo popular el único que se abstuvo de aceptar la invitación.
En conclusión, procede no admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, en relación con aprobación provisional del texto de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos, para colaborar en sus gastos por vivienda habitual, por falta de legitimación activa.
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno resuelve:
PRIMERO. No admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, en relación con aprobación provisional del texto de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual, por falta de legitimación activa.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el texto de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual, que se incorpora como anexo al presente acuerdo.
TERCERO. La publicación íntegra del texto de la Ordenanza, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, y transcurra el plazo establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.
CUARTO. Informar a los interesados que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su publicación,
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede de Las Palmas) a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
QUINTO. Dar cuenta en las próximas sesiones a celebrar de las Comisiones de Pleno de Políticas de Igualdad y de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas, respectivamente, para su toma de razón de este acuerdo plenario, de conformidad con lo previsto en el artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SOCIALES DIRIGIDAS A PERSONAS Y UNIDADES DE CONVIVENCIA RESIDENTES EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL
Primera. Objeto y finalidad de la subvención
Tercera. Personas destinatarias
Cuarta. Incompatibilidad de las subvenciones
Quinta. Conceptos
Sexta. Requisitos generales para acceder a las subvenciones
Séptima. Cuantía de las subvenciones
Octava. Régimen especial de las solicitudes presentadas por perceptores de ayudas sociales
Novena. Régimen especial de las solicitudes presentadas por arrendatarios de VPO Décima. Criterios de prelación de las solicitudes
Duodécima. Procedimiento de concesión de las subvenciones
Decimotercera. Publicidad de las convocatorias
Decimocuarta. Dotación presupuestaria
Decimoquinta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes
Decimosexta. Notificación de los actos administrativos mediante su publicación
Decimoséptima. Solicitud y Representación
Decimoctava. Comprobación de datos de oficio por el propio Ayuntamiento
Decimonovena. Subsanación de la solicitud
Vigésima. Fases de ordenación e instrucción del procedimiento
Vigésimo primera. Comisión de Valoración
Vigésimo segunda. Propuesta de resolución provisional
Vigésimo tercera. Resolución
Vigésimo cuarta. Verificación y control
Vigésimo quinta. Reintegro de la subvención
Vigésimo sexta. Régimen sancionador
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Pago de las subvenciones en la Convocatoria de 2017
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación para la interpretación de la ordenanza
El Plan de Rescate Social y Contra la Pobreza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
El Plan de Rescate Social y Contra la Pobreza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria1 (en adelante, PRS), presentado por el Ayuntamiento en enero de 2016, se configura como una respuesta a la necesidad de intervención urgente sobre las graves consecuencias que la desigualdad social y los desequilibrios sociales están teniendo en buena parte de los habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En su esencia, es un instrumento compensador que ofrece acciones de gobierno ideadas para aquellos segmentos de la población que más duramente se han visto afectados por el actual contexto de crisis social y económica, apoyando las economías domésticas de quienes sufren estados de privación material grave, reforzando en su práctica al sistema municipal de prestaciones sociales básicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social .
El PRS, basándose en datos del Instituto Canario de Estadística, cifra la tasa relativa de pobreza en nuestra ciudad en el 23%, con un 7% de la población en situación de pobreza severa.
Estas cifras están relacionadas, sin duda, con el alto nivel de desempleo. Como se recoge en el PRS, a día de hoy, Las Palmas de Gran Canaria ocupa en nuestro país el octavo lugar por número de habitantes y el primero en porcentaje de población desempleada (25,88% según datos de abril del presente año) .
Para luchar contra esta situación, el PRS contempla treinta y cinco medidas, repartidas entre catorce líneas de actuación que, a su vez, se distribuyen entre cuatro ejes estratégicos.
El primer eje engloba, bajo la rúbrica de Garantía de Acceso a Bienes y Servicios de Carácter Básico , diversas medidas destinadas a mantener en lo esencial el actual nivel de protección, reforzando determinadas prestaciones tanto económicas como de servicios propias de la atención a la emergencia social, sin menoscabo de la acción coordinada que se ha de procurar con los sistemas de rentas mínimas o la intervención social a favor de las políticas activas de inserción.
En el citado primer eje, dentro de la Línea de Actuación 1, Medidas de Apoyo Económico , se recoge como Acción 4, la denominada Subvención del pago del IBI . Esta modalidad de subvenciones (conocida coloquialmente como IBI social ) viene expresamente recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento para la anualidad de 2017, en cuyo artículo 5 aparece relacionada entre las líneas estratégicas de actuación con la denominación de ayudas sociales a familias necesitadas , siendo desarrollada en la ficha 45 del anexo del plan, y va dirigida a personas con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos de vivienda habitual .
En este sentido, el presente texto reglamentario se ha desarrollado en aras de posibilitar que la prestación recibida por las familias beneficiarias pueda ser declarada como exenta, a efectos de lo dispuesto en el artículo 7.y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, según la modificación operada por el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico.
En concreto, el artículo 7.y) precitado declara rentas exentas del impuesto Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición .
Sobre el denominado IBI social
Adoptado ya por un importante y creciente número de ayuntamientos españoles, el programa de subvenciones coloquialmente denominado IBI social ha logrado hacerse un hueco entre las denominadas Prestaciones Sociales, tras haber superado no pocas dificultades derivadas de su compleja construcción jurídica, en cuanto subvención referenciada funcionalmente a una figura propia del ámbito tributario, como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con cuyas siglas quedó bautizado.
Pese a haber sido implantado por el Ayuntamiento de Málaga ya en 2001, ha sido en los últimos años cuando se ha extendido su aplicación, como medida adoptada por los municipios para apoyar a las familias más castigadas por la reciente recesión económica.
Pero lo cierto es que, más allá de la común referencia funcional al IBI, la regulación del programa de subvenciones en los distintos Ayuntamientos abarca multitud de variantes, tanto en los aspectos cualitativo como cuantitativos, encontrando desde bases reguladoras inspiradas en un mismo modelo, hasta otras configuradas de forma radicalmente distinta.
Justificación del modelo adoptado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
En septiembre de 2016 se publicaron las Bases para la concesión de ayudas destinadas a vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para colaborar en sus gastos por vivienda habitual en el contexto de crisis económica existente actualmente , mediante las que se llevó a cabo la primera convocatoria del IBI social por parte de este Ayuntamiento, que, como toda primera incursión en una nueva iniciativa, constituyó una inestimable fuente de información para intervenciones futuras y, además, sirvió de catalizador para que se procediera a la regularización, tanto de oficio como a instancia de las personas solicitantes, de un importante número de inscripciones catastrales que no habían sido debidamente actualizadas, o incluso que adolecían de errores de relevancia.
Contando con esa importante baza, la presente Norma nace, al contrario que las Bases precitadas, con vocación de permanencia, siendo su objetivo último erigirse en instrumento regulador de los aspectos básicos de las futuras convocatorias del programa de subvenciones del IBI social por parte de nuestro Municipio.
Según datos de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el número total de viviendas en nuestra ciudad es de 182.890, de las que 144.987 son principales (un 79,28%) y 102.409 están en régimen de propiedad (un 56%). Por otro lado, del total de hogares, un 48,59% tienen tres o más miembros. Si conjugamos estos datos con los de desempleo y los de riesgo de pobreza, el número potencial de familias que podrían beneficiarse de una ayuda para hacer frente al pago del IBI, en cuanto gasto que tiene su origen en la titularidad de sus viviendas, es, sin duda, considerable.
Pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido dar un paso más, incluyendo también en el ámbito subjetivo de la ayuda a las personas arrendatarias de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler propiedad de alguna entidad del sector público a las que se les repercuta el IBI.
Para el otorgamiento de estas subvenciones y su cuantificación en relación con las familias titulares de sus viviendas se tienen en cuenta tres factores: el número de miembros de la unidad de convivencia, sus ingresos brutos anuales y el valor catastral de las viviendas, duplicándose el importe máximo para este último recogido en las Bases de la convocatoria de 2016. Combinando estos tres factores se pretende ampliar el abanico de posibles beneficiarios, y al mismo tiempo, ajustar el importe de las subvenciones a las circunstancias de las familias solicitantes.
Paralelamente, la Ordenanza, en coherencia con su intrínseca naturaleza, prioriza y otorga un tratamiento diferenciado a aquellas familias respecto de las que existe expresa constancia previa de su situación de especial necesidad o vulnerabilidad, como las perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción y las beneficiarias de las Prestaciones Económicas para Situaciones de Especial Necesidad o Emergencia Social y del servicio de Ayuda a Domicilio.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria a personas residentes en el municipio en especiales situaciones de necesidad o vulnerabilidad por no disponer de medios económicos suficientes, para colaborar con los gastos habitacionales de la unidad de convivencia en que se integre, siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases.
2. Para cuantificar el importe de las subvenciones, se tomará como referencia, en la forma establecida en las presentes Bases, el importe de la cuota anual a abonar en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI) por las personas beneficiarias, bien sea en condición de propietarias, superficiarias o usufructuarias de la vivienda habitual, bien sea en condición de arrendatarias de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler propiedad de alguna entidad del sector público a las que se les repercuta el IBI.
3. La Ordenanza establece un régimen general de aplicación a todas las solicitudes, así como dos regímenes específicos; uno para las presentadas por personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción y de del servicio de Ayuda a Domicilio y Prestaciones Económicas para Situaciones de Especial Necesidad o de Emergencia; Social y otro para las presentadas por personas arrendatarias de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler.
1. Las subvenciones a que se refieren estas Bases tienen carácter voluntario y eventual, no generan ningún derecho a la obtención de subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como precedente. Están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condiciona su otorgamiento, así como a la limitación presupuestaria.
2. Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención y se regirán por lo dispuesto en la presente ordenanza y en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vigentes en la fecha de cada convocatoria, hasta tanto se apruebe la Ordenanza Municipal General de Subvenciones.
En lo no previsto en ellas, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
3. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación incondicional del contenido de estas Bases y el de la Convocatoria correspondiente.
1. Las subvenciones reguladas en esta ordenanza van destinadas a las personas físicas residentes y empadronadas en el municipio de Las Palmas de Gran que deban hacer frente al pago del IBI sobre la vivienda que constituya su residencia habitual, bien como sujeto pasivo del impuesto en su condición de propietarias, superficiarias o usufructuarias (en adelante, titulares de la vivienda), bien como arrendatarias de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler propiedad de alguna entidad del sector público, a las que se les repercuta el IBI (en adelante, arrendatarias), siempre que reúnan los requisitos previstos en las presentes Bases.
2. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta ordenanza las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 LGS. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 LGS, y dado el carácter asistencial de estas subvenciones, se exceptuará a aquellas personas o unidades de convivencia respecto de las que exista expresa constancia previa de su especial situación de necesidad o vulnerabilidad económica al estar incluidas en alguno de los supuestos previstos en los apartados a) y b) del punto 1 de la base octava.
Las subvenciones reguladas en la presente ordenanza serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.
A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá por
- Unidad de convivencia: la persona o conjunto de personas que residan y estén empadronados en una misma vivienda de forma habitual y permanente, unidos por vínculos de consanguinidad o afinidad o
por cualquier otra relación que implique corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma que consuman y/o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.
- Vivienda habitual: aquélla situada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria en la que la unidad de convivencia habite de manera efectiva y con carácter permanente y en la que se encuentren empadronados todos sus integrantes en el momento de solicitar la ayuda y desde, como mínimo, el día 1 de enero del año en que se publique la convocatoria, de forma ininterrumpida, incluyendo, en su caso, un trastero y hasta un máximo de dos plazas de garaje.
Con carácter general, para percibir esta prestación económica será preciso el cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos y condiciones:
1.º) Que quienes soliciten la subvención deban hacer frente al pago del IBI sobre la vivienda que constituya su residencia habitual, bien como sujeto pasivo del impuesto en su condición de titular de la vivienda; bien como arrendatarios de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler propiedad de alguna entidad del sector público a las que se les repercuta el IBI.
2.º) Que el valor catastral de la vivienda no supere los 60.000,00 € .
3.º) Que se domicilie el pago de la cuota del IBI correspondiente a la vivienda habitual en una cuenta o libreta abierta en una entidad de crédito que posea sucursal en España, en caso de que no se encontrase domiciliado.
4.º) Que ninguna de las personas integrantes de la unidad de convivencia sea titular en régimen de propiedad, usufructo o superficie de otro bien inmueble o de una participación sobre el mismo, con independencia de su ubicación, excepto en los supuestos de cotitularidad de la propiedad o usufructo de la vivienda con el cónyuge o pareja de hecho que resida en la misma, en caso de separación o divorcio, y de cotitularidad en régimen de proindiviso en un porcentaje igual o inferior al 25%, de un bien de valor catastral no superior a 60.000 € . 5.º) Que los ingresos brutos anuales de la unidad de convivencia referidos al último ejercicio fiscal cerrado no superen, en conjunto, los umbrales que se recogen en el cuadro siguiente, referidos al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual para 14 pagas correspondiente al año anterior al de la convocatoria, y al número de miembros de la unidad de convivencia.
Nota: A efectos orientativos, en el cuadro se reflejan, en cursiva, las cuantías máximas de ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal de 2016
A efectos de determinar el nivel de renta, se tomará en consideración la suma de la base imponible general
3 más la base imponible del ahorro de cada uno de los integrantes de la unidad de convivencia, según sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referidas al último ejercicio fiscal cerrado, o, en su defecto, los rendimientos íntegros del trabajo o equivalente.
Si alguno de los miembros de la unidad de convivencia no tuviera la obligación de presentar la citada declaración, se acreditarán los datos mediante certificado de imputaciones expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
1. El importe de las subvenciones se determinará tomando como referencia el importe de la cuota líquida del IBI por la vivienda habitual correspondiente al ejercicio en que se publique la convocatoria, y será como máximo de 300 € .
2. El importe de las subvenciones no incluidas en ninguno de los regímenes especiales, se calculará mediante la aplicación de dos criterios sucesivos y acumulativos:
- En primer lugar, se calculará el porcentaje máximo a aplicar sobre la cuota tributaria, atendiendo al valor catastral de la vivienda y al número de miembros de la unidad de convivencia (CRITERIO 1).
- En segundo lugar, se calculará el porcentaje a aplicar al obtenido según los parámetros del criterio anterior, atendiendo a la cuantía de los ingresos brutos anuales de la unidad de convivencia (CRITERIO 2).
2 IPREM 2017: Mensual = 532,51 € Anual 14 pagas = 7.455,14 €
3 Casillas 392 y 405 de la Declaración IRPF de 2016 En los siguientes cuadros se relacionan los porcentajes a aplicar según cada criterio.
CRITERIO 1: Porcentaje a aplicar sobre la cuota tributaria según los parámetros valor catastral de la vivienda y número de miembros de la unidad de convivencia
CRITERIO 2: Porcentaje a aplicar al obtenido según el criterio 1, atendiendo al parámetro ingresos de la unidad de convivencia
- Por último, se aplicará el porcentaje obtenido según el criterio 2 al obtenido según el criterio 1, resultando así el porcentaje definitivo a aplicar a las cuotas tomadas como referencia para la cuantificación de las subvenciones.
3. Una vez aplicados los porcentajes definitivos en la forma citada, se obtendrán las cantidades concretas a percibir por los solicitantes, siempre con el límite máximo de 300 € .
1. El régimen especial previsto en esta Base será de aplicación para las unidades de convivencia en las que uno o más de sus miembros se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:
a) Que sean perceptores de la Prestación Canaria de Inserción en la fecha de publicación de la Convocatoria o lo hayan sido en algún momento durante el año en que se publique la misma, a contar desde el día 1 de enero y hasta la fecha de publicación, siempre que no se haya denegado, retirado o suspendido la prestación citadas por incumplimiento sobrevenido de las condiciones para su otorgamiento o por haber incurrido en alguna infracción, y siempre, además, que se mantenga la misma situación económica que motivó el otorgamiento de las ayudas.
b) Que hayan sido beneficiarias del programa municipal de Prestaciones Económicas para Situaciones de Especial Necesidad y Emergencia durante los doce meses anteriores a la fecha de publicación de la Convocatoria, siempre que se mantenga la misma situación económica que motivó el otorgamiento de las ayudas.
c) Que sean beneficiarias del programa municipal de Ayuda a Domicilio en la fecha de publicación de la Convocatoria y desde, como mínimo, el 1 de enero del año de la publicación.
2. A los efectos de esta Base, se entenderá que se mantiene la misma situación económica en caso de que los ingresos de la unidad de convivencia no se hayan visto incrementados en más de un diez o un quince por ciento para unidades de convivencia de hasta, respectivamente, dos y cuatro personas, o en más de un veinte por ciento para unidades de convivencia de cinco o más personas.
3. Las solicitudes a que se refiere esta Base se tramitarán de manera preferente, y dentro de ellas, se dará prioridad a las establecidas en los apartados a) y b) del punto 1.
4. El importe de la subvención será en todo caso del 100% del importe de la cuota tributaria de referencia, dentro del límite general de 300 € .
5. El límite máximo de 60.000 € fijado en esta Ordenanza para el valor catastral de la vivienda podrá elevarse, excepcionalmente, hasta 80.000 € , en caso de que concurran circunstancias de especial necesidad debidamente acreditadas. A estos efectos, se presumirá la concurrencia de tales circunstancias en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del punto 1 de la presente base.
6. En todo lo no recogido en esta Base será de aplicación lo dispuesto para el régimen general.
Novena. Régimen especial de las solicitudes presentadas por arrendatarios de VPO
1. Las subvenciones concedidas a las arrendatarias de VPO con IBI repercutido se tramitarán en último lugar, pudiendo demorarse su ejecución hasta el ejercicio siguiente.
2. El valor catastral de la vivienda no podrá superar el límite general de 60.000 € .
3. El importe de la subvención será en todo caso del 100% del importe de la cuta tributaria, con el límite general de 300 € .
4. En todo lo no recogido en esta Base será de aplicación lo dispuesto en esta Ordenanza para el régimen general.
Décima. Criterios de prelación de las solicitudes
En caso de que la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente para atender a todas las solicitudes, se ordenarán las mismas por orden de prelación, mediante la aplicación de los siguientes criterios:
1.º) Sujeción al régimen especial previsto en la Base octava.
2.º) Sujeción al régimen especial previsto en la Base novena.
3.º) Porcentajes definitivos a aplicar a las cuotas tributarias para determinar el importe de las subvenciones, de mayor a menor.
4.º) Porcentajes obtenidos según valor catastral y número de integrantes de la unidad de convivencia, de mayor a menor.
5.º) Porcentajes obtenidos según valor catastral, de mayor a menor.
6.º) Valor catastral de las viviendas, de menor a mayor.
1. El pago de las subvenciones a los beneficiarios que sean titulares pasivos del IBI se efectuará mediante compensación con el derecho reconocido en concepto de cuota líquida del IBI. Si la subvención no compensara la totalidad de la cuota citada, se cobrará el resto a través de la preceptiva domiciliación bancaria.
El pago de las subvenciones a los beneficiarios acogidos a la fórmula del pago fraccionado del IBI se realizará mediante compensación con el resto de la cuota que faltase por pagar, procediéndose a ingresar la diferencia a su favor, en su caso, en la cuenta bancaria facilitada por el interesado, en la que deberá aparecer como titular.
2. El pago de las subvenciones a los beneficiarios que sean arrendatarios de viviendas protegidas se efectuará:
a) Directamente al beneficiario mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el mismo, en caso de que se hubiera abonado el importe del IBI a la entidad arrendadora.
b) A la entidad arrendadora, en nombre y por cuenta del beneficiario, en caso de que no se hubiera pagado el IBI a aquélla.
En el supuesto previsto en el párrafo a) del apartado anterior, se deberá aportar certificación acreditativa del pago emitida por la arrendadora.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia pública competitiva.
2. No obstante lo anterior, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente atendiendo al número de peticionarios una vez finalizado el plazo de presentación, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes.
1. Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como en la página web municipal.
2. La información se trasladará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 a) LGS.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la información sobre las convocatorias
podrá ser también difundida a través de otros medios publicitarios, al objeto de garantizar que llegue al mayor número de destinatarios posible.
1. En cada convocatoria se deberán especificar los datos relativos a la dotación presupuestaria, aplicación presupuestaria a la que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles.
2. La concesión de las subvenciones reguladas en la presente ordenanza quedará siempre condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
1. Las solicitudes podrán presentarse en cualquier oficina del registro municipal o por cualquier otra modalidad de las previstas en la normativa del procedimiento administrativo común. Asimismo, se podrá realizar la presentación telemática de la solicitud a través de la página web del Ayuntamiento: www.laspalmasgc.es
2. El plazo de presentación de solicitudes será el fijado en cada convocatoria, sin que pueda ser inferior a DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), los actos administrativos que se dicten en el ámbito de las convocatorias de subvenciones reguladas por esta ordenanza se notificarán mediante su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
1. En la web municipal se publicará el modelo de solicitud normalizado para participar en cada convocatoria pública, así como la información relativa a la documentación a presentar. 2. La persona solicitante podrá actuar por sí o por medio de representante, legal o voluntario, en cuyo caso deberá consignar en la solicitud sus datos identificativos y acreditar dicha representación por cualquier medio válido en derecho.
1. Previo consentimiento de los interesados, el órgano gestor verificará, mediante intercambio de información con las administraciones competentes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y en la Convocatoria. La información recabada se limitará a los datos estrictamente necesarios para la tramitación del expediente y este consentimiento eximirá de la obligación de adjuntar a la solicitud la documentación que se relaciona en el apartado 4.
La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica de la unidad de convivencia, supondrá la exclusión automática de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona solicitante.
2. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por las personas solicitantes, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
La autorización de los restantes miembros de la unidad de convivencia que sean mayores de 16 años, en su caso, deberá ser expresamente concedida, firmando a tal efecto en la casilla correspondiente del modelo de solicitud.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá requerir a las personas solicitantes para que aporten la documentación que, en su caso, considere precisa, estando aquéllas obligadas a dar cumplimiento al requerimiento, con los efectos previstos en los artículos 68 o 73 de la LPAC, según proceda.
4. En caso de que la persona solicitante de la ayuda manifieste no autorizar la verificación de sus datos, o alguno de los restantes miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años no lo autorice expresamente, se deberá adjuntar a la solicitud la documentación que se relaciona a continuación:
- Certificación catastral expedida por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acreditativa de la condición de titular catastral de la persona solicitante, de la
fecha de incorporación al Catastro Inmobiliario y del porcentaje de derecho sobre el inmueble. Este documento podrá ser sustituido por la copia del recibo del IBI si la persona solicitante coincide con la titular del mismo (sólo SOLICITANTE).
- Certificado catastral de bienes de los miembros de la unidad de convivencia referidos al ámbito territorial del Estado español.
- Certificados resumen de la declaración IRPF del ejercicio anterior o en el caso de no haberla presentado, certificación negativa de la AEAT - certificado de imputaciones.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá a la persona solicitante, mediante anuncio publicado en la web municipal, para que, en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la publicación, proceda a la subsanación de defectos, defectos, con la advertencia de que en caso contrario se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la LPAC.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Área competente en materia de Servicios Sociales, en colaboración con el Área Hacienda.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.
1. El informe de valoración de las solicitudes será formulado por una Comisión de Valoración, integrada por cinco técnicos municipales, dos del Área competente en materia de Servicios Sociales, dos del Área Hacienda y uno de la Oficina de Atención a la Ciudadanía.
2. La Comisión de Valoración podrá solicitar la asistencia de terceras personas, con voz pero sin voto, para que presten asesoramiento técnico sobre cuestiones relativas a las solicitudes de subvención. Vigésimo segunda. Propuesta de resolución provisional
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, indicando el porcentaje definitivo a aplicar a las cuotas tributarias con arreglo a la base séptima y la cuantía resultante, así como la relación de solicitantes para los que se proponga la desestimación.
2. La propuesta de resolución provisional se notificará en la forma establecida en la base decimosexta, y dará inicio al trámite de audiencia, disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la fecha de la publicación, para formular las alegaciones que estimen oportunas.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que será elevada al órgano competente.
4. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor de los solicitantes frente al Ayuntamiento, que no se ostentará mientras no se haya notificado la resolución de concesión.
1. La competencia para dictar la Resolución corresponderá a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de las delegaciones que, en su caso, se hubieran acordado.
2. La resolución deberá ser motivada, y deberá contener la relación de solicitudes estimadas y la cuantía de las subvenciones, así como la relación de solicitudes desestimadas, con indicación del motivo en que se fundamenta la denegación.
3. La resolución se notificará en la forma establecida en la base decimosexta.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses computados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo de resolución en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 23.1 de la LPAC, comunicando dicho acuerdo a las personas solicitantes en la misma
forma establecida para la notificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención
5. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y en ella se hará constar el régimen de recursos que podrán interponer los interesados.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá verificar en cualquier momento las circunstancias alegadas por las personas solicitantes para la obtención de las subvenciones.
Será de aplicación a las ayudas objeto de esta ordenanza el régimen de reintegro de subvenciones previsto en la LGS.
En especial, la obtención de la subvención falseando los datos o condiciones establecidos en las presentes Bases para acceder a ella, u ocultando información que lo hubiera impedido, dará lugar al correspondiente expediente de reintegro, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que se hubiera podido incurrir.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta Ordenanza será el previsto en la LGS y normativa de desarrollo.
Atendiendo a que la Convocatoria de estas subvenciones para el año 2017 no podrá ser aprobada antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, y a la complejidad que supondrá para la tramitación del procedimiento la aplicación por primera vez de los criterios establecidos en la Base séptima para la cuantificación de las subvenciones, existe la posibilidad de que la Resolución de concesión no sea publicada antes de haber finalizado el plazo ordinario del periodo voluntario de pago del impuesto (del 5 de septiembre al 5 de diciembre). En tal supuesto, y de manera excepcional para la citada Convocatoria, se podrá modificar la forma de pago de la subvención recogido en la Base undécima, prescindiendo de la figura de la compensación, y efectuándolo mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por el beneficiario, en la que deberá figurar como titular.
Para percibir la subvención en la forma citada, los solicitantes deberán haber pagado el impuesto dentro del periodo voluntario.
Las Convocatorias correspondientes a los años siguientes se aprobarán y publicarán con la suficiente antelación, rigiendo respecto de las mismas la forma de pago recogida en la Base undécima.
Se faculta expresamente a la Alcaldía o Concejalía en que delegue para interpretar la presente Ordenanza y resolver las dudas y cuestiones que puedan surgir sobre su ejecución, pudiendo adoptar cuantas resoluciones considere necesarias a tales efectos, que se declaran expresamente aplicables siempre que no resulten contrarias al texto vigente y salvo disposición en contrario.
La presente ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, cuando se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada ley .
Régimen de Recursos. Contra el acto expreso que se publica, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su publicación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a seis de octubre de dos mil diecisiete.

References: Resolución 
 artículo 122
 artículo 45
 RESOLUCIÓN 
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 65
 artículo 126
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución

 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 45
 resolución 
 artículo 68
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 70
 artículo 65