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Timestamp: 2019-06-19 20:59:19+00:00

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PROYECTO DE LEY N°28142. FECHA 21-05-2019. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 8669- DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE | Liliana Montero
21 | 05 | 2019GENERO
PROYECTO DE LEY N°28142. FECHA 21-05-2019. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 8669- DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 8669 – DE EXPLOTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE, EN ASPECTOS VINCULADOS A LA PARTICIPACIÓN PARITARIA DE MUJERES DENTRO DEL PERSONAL AFECTADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS Y PASAJERAS.
Artículo 1.- Incorporase a laLey Provincial Nº 8669(texto ordenado según Ley Nº9034) el artículo 9 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo Nº 9BIS:
La autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas positivas y establecer un sistema de paridad del 50% a los fines que las empresas operadoras del servicio público de transporte de pasajera/os en todas las modalidades enunciadas en el artículo anterior, garanticen la participación equivalente de géneros en la selección y ocupación del personal afectado al servicio.
La paridad establecida deberá cumplirse paulatinamente a medida que se produzcan vacantes.
Artículo 2.-Incorpórase a la Ley de Provincial Nº8669(texto ordenado según Ley Nº 9034) el artículo23 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23 BIS:
El Registro Provincial de Prestatarios tendrá a su cargo la elaboración de nómina de aspirantes mujeres que posean licencia habilitante para conducir transporte de pasajera/os y que deseen ser conductoras de colectivos u ómnibus, a los fines que las empresas prestatarias se remitan a ellas de manera prioritaria para cubrir sus vacantes, hasta completar la paridad establecida, sin perjuicio que las que sean convocadas deban acreditar los demás requisitos de idoneidad exigidos por la empresa, todo de conformidad a lo que se establezca en la reglamentación. La paridad establecida y la modalidad prioritaria no podrá ser omitida por las empresas, salvo que no existan mujeres aspirantes al puesto de conductor/a en la nómina que al efecto lleva el registro, circunstancia que deberá ser acreditada por la empresa prestataria mediante certificado expedido por el Registro Provincial de Prestatarios.
Artículo 3.-Modifícase el inciso “F” del Artículo28 de la Ley Provincial Nº8669 (texto ordenado según Ley N° 9034), que quedará redactado de la siguiente manera:
F.-Afectar el personal necesario para la adecuada prestación de los servicios y controlar que el mismo se encuentre debidamente capacitado y en condiciones de aptitud psicofísicas para realizar las tareas que se le asignen. Garantizar el régimen de participación equivalente e incorporación prioritaria establecido; utilizando a los fines de la selección y ocupación criterios objetivos, razonables y no discriminatorios, es decir, basados en la idoneidad técnica y no por razones de género.
Artículo 4.-Incorpórase al artículo 30 de la Ley Provincial Nº8669 (texto ordenado según Ley Nº9034) inciso “D” que quedará redactado de la siguiente manera:
D.-Las infracciones a las disposiciones vigentes y exigencias legales en materia de género, igualdad y no discriminación.
Artículo 5.-Incorpórase al artículo 40 de la Ley Provincial Nº8669 (texto ordenado según Ley Nº 9034), el inciso “Ñ”, “O”, “P” y “Q” que quedarán redactados de la siguiente manera:
Ñ.- Implementar programas de capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, dirigidos a toda/os los integrantes de empresas operadoras del servicio público de transporte de pasajera/os, en la modalidad, periodicidad y certificación que establezca la reglamentación para lo cual podrá celebrar convenios con los organismos especializados en la materia y controlar el cumplimiento.
O.-Implementar a través de la autoridad de aplicación conjuntamente con la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo de la Provincia de Córdoba- el organismo que lo reemplace-, programas de capacitación y formación técnica tanto teórica como práctica dirigida a todas las mujeres que pretendan obtener certificación como conductoras profesionales que requiere la reglamentación.
P.- Implementar medidas de difusión idóneas para poner en conocimiento de la población la inclusión de las mujeres en el sector del transporte público, las medidas adoptadas en la presente como así también la visibilización de la labor de las mujeres en la conducción del transporte público remarcando la idoneidad, autonomía y competitividad de las mismas.
Q.- Celebrar ad-referéndum de la autoridad competente convenio con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba -UTN- a los fines de garantizar el acceso igualitario de las mujeres a los cursos de capacitación para la obtención del certificado de conductor/a profesional, de evitar la discriminación; y la difusión de todos los aspectos que permitan fomentar la inclusión competitiva de las mujeres en el sector del transporte público de la provincia.
Artículo 6.-Incorpórase a la Ley de Provincial Nº 8669 (texto ordenado según Ley Nº 9034) el artículo 49 sexies que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 49 sexies:
La Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba, por vía reglamentaria, creará una comisión de seguimiento de las políticas de selección de personal a los fines de garantizar la participación equivalente de mujeres entre los postulantes y controlará el cumplimiento de ocupación establecido en la presente. Las empresas prestatarias deberán acreditar el cumplimiento de las medidas mediante la presentación anual de la nómina de conductoras ante la autoridad de aplicación y las certificaciones emitidas por el Registro Provincial de prestatarios, en caso de corresponder.
Artículo 7.-La autoridad de aplicación deberá llevar adelante todas las acciones necesarias para hacer operativa la presente Ley dentro de los 90 días de promulgada.
Artículo 8.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Estamos transitando un proceso de cambio en materia de género y este proceso, nos invita a redefinir los distintos espacios sociales, los roles asignados y el desarrollo laboral desde esta nueva perspectiva. Bajo esa premisa, hoy nos detenemos en el transporte público de pasajeros regulados en la ley 8669 que debe ser revisada a la luz de los nuevos paradigmas.
Es un hecho incuestionable que en materia de transporte público de nuestra provincia (y en el país) predomina la presencia masculina en las tareas conducción (con excepción destacable de las conductoras de Trolebuses de la Ciudad de Córdoba), basta con detenerse unos minutos en las paradas o en las terminales de ómnibus, para advertir que no hay conductoras mujeres. Si nos preguntáramos a que obedece esta circunstancia, es imposible a esta altura siquiera pensar que no existan mujeres que tengan la aptitud o habilidad técnica de conducir colectivos. Evidentemente, una lectura superficial de la situación nos conduce a la vigencia de prejuicios respecto de las mujeres al volante, sin embargo, si indagamos un poco más, nos encontramos con una verdadera discriminación subyacente, de un contexto histórico, político y social que hoy se ha modificado de sobremanera.
Si bien las normas vigentes sobre la materia no excluyen explícitamente a las mujeres y aparentan ser imparciales, lo cierto es que el sistema, tal como está previsto no las está protegiendo ni tampoco recoge los antecedentes legales, doctrinales y jurisprudenciales que le sucedieron. Bajo el régimen actual las empresas prestatarias del servicio de transporte público, no tienen la obligación de garantizar el acceso de mujeres a los puestos de conductores y eso ha llevado a que con el correr del tiempo la segregación laboral en este sector se haya acentuado. Es decir, si bien no dejan de cumplir con los requerimientos legales se encuentran al margen de los estándares internacionales y nacionales de igualdad y no discriminación.
Cuando refiero una situación de discriminación, hablo de una discriminación en el entorno laboral que precede a la desigualdad en los salarios, ya que nace en la desigualdad en el acceso y en la ocupación, a partir de una demanda preferente de mano de obra masculina para cubrir los puestos de conductores reflejada por la escasa o nula participación de las mujeres en el tipo de trabajo en cuestión.
Actualmente las mujeres cordobesas están excluidas del trabajo de conductora debido a la existencia de prácticas de contratación favorables a los hombres basadas en la idea de la existencia de atributos típicamente masculinos, en prejuicios fundados en el género, que subsistirán a menos que trabajemos en políticas de apoyo que acompañen las nuevas oportunidades de trabajo.
Ya en el mes de junio del año 2014 el diario “La Voz del Interior” daba cuenta de esta realidad informando que a veinticinco años de la inauguración del sistema de trolebuses -que sabemos conducen las mujeres- lo ómnibus de la ciudad de Córdoba eran solo conducidos por varones, obviamente esto se hace extensivo a nivel provincial. Indagando sobre este fenómeno, en la nota periodística se recogieron testimonios vinculados a la desigualdad y discriminación que planteo, tales como:
Otro empresario, que pidió anonimato, reconoció un argumento más polémico. “Es una cuestión de costos”, aseguró. “Es simple: si vos tenés a dos personas que pueden hacer lo mismo y una es más cara que otra, elegís la que genera menos costos”, manifestó. A la vez, aclaró que las mujeres directamente no presentan currículum. “Nunca. Es una cuestión de usos y costumbres; las chicas que quieren estar en la actividad van a los troles”.
“No fue fácil convencer a la sociedad machista, se decían barbaridades como que la mujer no iba a dar un buen servicio y que los choques iban a ser innumerables por su incapacidad para manejar”, cuenta. Y se lamenta porque la experiencia no se haya extendido a los colectivos. “La sociedad sigue siendo machista”, asegura.”
Para contextualizar la publicación de la voz del interior, es importante destacar que la misma se hacía eco de una “leading case” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como el fallo “Sisnero” en virtud del cual nuestro máximo tribunal se expide concretamente con relación a un reclamo de una mujer salteña -Mirtha Sisnero- que luego de intentar infructuosamente durante cinco años ser contratada en alguna de las siete empresas que operaban el sistema de transporte en Salta, interpone un amparo con una pretensión particular y otra pretensión colectiva como integrante de una fundación “entre mujeres”. Agota las instancias en su provincia y llega a la Corte. Si bien su reclamo no tuvo acogida en lo que hizo a su pretensión particular por cuestiones probatorias, sí procedió en el aspecto colectivo lo que resultó muy enriquecedor en materia de protección del género y la inclusión del mismo -del género- como las llamadas “categorías sospechosas” para referirse a aquellas situaciones que históricamente han sido motivo de discriminación.
Allí la CSJN sostuvo que …” está en juego la determinación del alcance del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el ámbito de la selección de personal para ocupar puestos de trabajo. A su vez, se debate que deberes genera esos derechos en las empresas demandadas -que agotan el mercado correspondiente al transporte público de pasajeros de la ciudad de Salta- en el contexto de un mercado laboral segregado en perjuicio de las mujeres”[1]
En el caso bajo análisis, la procuradora general de la Nación en su dictamen, remarca la existencia de “síntomas discriminatorios en la sociedad” que explican la ausencia de mujeres en un empleo como el de conductora de colectivo tomando como argumento de esta afirmación, las manifestaciones que hace uno de los empresarios demandados ante un medio periodístico, quien con relación al juicio y sin ningún problema dijo “esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias”; “esas manos son para acariciar y no para llenarse de callos” entre otras.
El fallo destacó también que “los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional” y subrayó –especialmente- las obligaciones estatales, establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de adoptar todas las medidas apropiadas “para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar [… ] b) el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección […] y c) el derecho a elegir libremente profesión y empleo […]” , así como para “eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas […]”, “incluso las de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” (cons. 2°).
Existe otro antecedente más recientede la Cámara Nacional de Apelaciones que se expidió también sobre una acción de amparo interpuesta por una mujer la provincia de Buenos Aires[2] en el fallo se considera que es significativa la exclusión “de hecho” de las mujeres al mercado laboral como choferes de colectivo, y a partir de ese hecho se sugiere una lectura estructural de la igualdad. La Cámara reafirma lo sostenido en su precedente “Sisnero” referido a que el comportamiento de las empresas en cuanto contribuye a mantener un mercado laboral sesgado por un estereotipo de género, proyecta consecuencias disvaliosas cuya reparación requiere de otras medidas tendientes a revertir el efecto disvalioso verificado en la política de contratación de choferes. A partir del caso se establece un sistema de cupos, basadas en listas y también la obligación a las empresas prestatarias de llevar adelante un protocolo de “buenas prácticas” en materia de género.
Obviamente, Córdoba no está exenta de tales síntomas discriminatorios.
Más allá de los precedentes judiciales, también existen investigaciones e informes de los organismos especializados, por ejemplo, una investigación efectuada por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD-[3]parte de la premisa que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano primordial resguardado en normas y legislación internacional y nacional y sostiene que la igualdad de género es una fuerza transformadora del desarrollo humano.
Asimismo, destaca el papel preeminente que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW- [4] tiene en la materia, ampliando la responsabilidad estatal de respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres. La CEDAW establece la obligación de los estados, de la sociedad civil y del sector privado de adoptar medidas concretas para eliminar los obstáculos que dificultan la participación igualitaria de las mujeres a la esfera política, económica y social. En este aspecto, es un acto de discriminación coartar la libertad de las personas para conseguir la clase de trabajo al que aspiran y de impedirles desarrollar su potencial productivo.
Lamentablemente, debemos seguir exigiendo la igualdad de oportunidades para las mujeres, hasta lograr un equilibrio en el seno de las organizaciones y en el mercado de trabajo, aunque debamos recurrir siempre a leyes de discriminación positiva como medida. Hay que terminar con los prejuicios sexistas y lograr que la igualdad formal se convierta en igualdad real.
En este contexto el presente proyecto propone la adopción de medidas concretas frente a una realidad incuestionable y tal como ha expresado la Corte Interamericana a través de sus fallos no resulta suficiente transmitir el contenido normativo, sino proporcionar las herramientas que permitan visualizar las desigualdades estructurales de las mujeres de modo de generar prácticas transformadoras.
Consecuentemente, en el trabajo de PNUD ya referido se ha sostenido que “Avanzar hacia la igualdad requiere romper con los estereotipos sobre las capacidades asociadas a lo “masculino” y a lo “femenino” y a considerar a todas las personas cualquiera sea su sexo como agentes imprescindibles de cambio”.
El contexto normativo supranacional e interno exige la adopción de acciones positivas tendientes a reconducir aquellas construcciones sociales y culturales generadoras de situaciones de ilegítima desigualdad para asegurar la igualdad real de oportunidades de las mujeres para acceder a los puestos de conducción del sistema de transporte público.
No esperemos que las mujeres de la provincia de Córdoba deban recurrir a la justicia para acceder igualitariamente a puestos como conductoras de transporte público de pasajeros, brindemos con esta reforma herramientas que garanticen la igualdad, que impidan la discriminación y que además, permita concientizar a los distintos operadores del sistema, capacitando a los empresarios y conductores de manera que sean partícipes de este proceso de cambio, orientándolos en la readecuación de sus políticas de selección, contratación y cese en prácticas discriminatorias.
Es por eso pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2013/AGilsCarbo/junio/Sisnero_Mirtha_S_932_L_XLVI.pdf
http://portaldetramites.cba.gov.ar/v/1448
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mujeres-manejan-troles-pero-ningun-omnibus
https://www.diariojudicial.com/nota/81786
[1]S.C. S.932, l.xlvi, Sisnero Mirtha Graciela y Otros c/ Tadelva SRL y otros- AMPARO. de 2014.
[2]Cámara Nac. De Apelaciones, Sala II, “Borda Erica c/ Estado Nacional -M.T.E.y S.S. de la Nación -s/ Acción de Amparo, 11/10/2018.
[3]Aportes para el desarrollo humano en la Argentina, 2014, “Género en el trabajo- Brechas en el acceso a puestos de decisión-
[4]Ratificada por nuestro país

References: Artículo 1
 artículo 9

Artículo 2
 artículo23

Artículo 3
 Artículo28

Artículo 4
 artículo 30

Artículo 5
 artículo 40

Artículo 6
 artículo 49

Artículo 7

Artículo 8