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Timestamp: 2019-01-16 08:22:03+00:00

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Acuerdo y Sentencia 261/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 261/17
JUICIO: "OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 114 DE FECHAS 24 DE DICIEMBRE DE 2015, Y RESOLUCIÓN N° 40 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, DICTADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION". EXPTE. N° 391/16.
En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y uno días del mes de agosto de dos mil diez y siete, estando presentes los Excmos. miembros del Tribunal de Cuentas (Contencioso Administrativo), Segunda Sala, los magistrados, RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENITEZ, y MARIA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la presidencia del primero de los nombrados , por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A. C/ Resolución N° 114 de fechas 24 de diciembre de 2015, y Resolución N° 40 de fecha 02 de junio de 2016, dictadas por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION".
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el TRIBUNAL de CUENTAS (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), 2da. Sala, resolvió plantear y votar la siguiente.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: MARIA CELESTE JARA TALAVERA, RAMÓN ROLANDO OJEDA y ARSENIO CORONEL BENITEZ.
Y la miembro del TRIBUNAL de CUENTAS (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), SEGUNDA SALA, mag. MARIA CELESTE JARA TALAVERA, dijo: En el presente caso, la parte actora concurre ante esta Magistratura en búsqueda de la revocación del acto administrativo que resolvió rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 114 de fecha 24 de diciembre de 2015, dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación, por la cual se resolvió: "ART. 1° DETERMINAR las obligaciones tributarias de los contribuyentes OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A, con RUC 80014444-9, en concepto de IRACIS General del ejercicio fiscal 2008 y del IVA General del periodo fiscal diciembre/2008, de conformidad a lo expresado en el considerando de la presente Resolución. ART. 2° CALIFICAR la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACION, de conformidad a la establecido en el artículo 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% sobre tributos defraudados..."
Del estudio de las constancias de autos surge que la Resolución recurrida es consecuencia del Sumario Administrativo caratulado: "DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FT1 (DGFT) C/ OMG CONTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A. S/ INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO DEL 13/02/2015, REFERENTE A LA VERIFICACION DE LA OBLIGACION del IVA GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2008 E IRACIS GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2008" que fuera instruido a la actora, en averiguación y comprobación de supuestas infracciones tributarias.
La Resolución N° 114 de fecha 24 de diciembre de 2015, dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación, determina las obligaciones tributarias que debe abonar la firma OMG CONTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A. y califica sus conducta como DEFRAUDACION, aplicándole una multa equivalente al 300% de los tributos defraudación; por lo cual, la actora recurre dicha resolución en sede administrativa, siendo rechazado el recurso de reconsideración interpuesto, quedando expedita de esta forma la instancia contencioso administrativa.
Una vez determinada la pretensión de la acción contenciosa, esta magistratura pasa al estudio de la cuestión planteada por la que resolveremos si corresponde o no en derecho hacer lugar a la presente acción que busca revocar los Actos Administrativos que resuelven determinar la obligación tributaria de la firma OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A, con RUC 80014444-9, en la suma de G. 1.013.705.538. (Guaraníes mil trece millones setecientos cinco mil quinientos treinta y ocho) en concepto de los impuestos de IRACIS e IVA más la mora y los intereses, y multas por la infracción tributaria de Defraudación y por contravención.
La contribuyente, firma OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A, con RUC 80014444-9, fue objeto de verificación impositiva realizada por el Departamento de Auditoria, de la Dirección General de Fiscalización Tributaria, y en dicho procedimiento se realizaron controles de inventarios físicos de mercaderías en existencia y activos fijos, entre otras. Y debido a que la contribuyente no dio cumplimiento al requerimiento de las documentaciones respaldatorias del periodo fiscal Diciembre/2008, la Administración procedió a la determinación del impuesto resultante sobre la base mixta; y en el informe final se concluye que la firma OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A, ha utilizado facturas de contenido falso para respaldar créditos fiscal y costos del ejercicio fiscal 2008, obteniendo así un beneficio indebido al lograr reducir la materia imponible y consecuentemente el monto de los impuestos.
La actora sostiene como argumentos principales para la revocación de los actos administrativos impugnados, la existencia de irregularidades en las resoluciones, y la prescripción del plazo para la guarda de documentos y para el cobro de los mismos.
En este estadio corresponde analizar si los indicios encontrados a lo largo del procedimiento administrativo son suficientemente serios y concordantes para ameritar la determinación de una infracción tributaria y la imposición de una sanción a la contribuyente OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A Al respecto, corresponde puntualizar que los puntos cuestionados en la presente acción son: 1) Si prescribió el plazo para el cobro de los tributos. 2) Si existieron o no vicios durante la tramitación del Sumario Administrativos. 3) Si existió o no defraudación.
En primer término corresponde el estudio del pedido de prescripción de los tributos planteada por la parte accionante. En tal sentido del análisis de las constancias de autos surge que el ejercicio cuestionado corresponde al ejercicio fiscal 2008.
Al respecto el Artículo 164 de la Ley 125/91 expresa: "La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan los ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal. La acción para el cobro de las sanciones pecuniarias e interés o recargos tendrá el mismo término de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo. Estos términos se computarán para las sanciones por defraudación y por contravención a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en el cual se cometieron las infracciones; para los recargos e intereses, desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el cual se generaron".
En materia tributaria la prescripción se produce por el transcurso del tiempo establecido en la norma a tales efectos, por el incumplimiento del deudor de sus obligaciones fiscales y por inobservancia de la ley por parte de la Administración Tributaria, consistente en el no ejercicio de los deberes de verificación y determinación que la ley le impone en ciertas circunstancias; por lo cual, no es admisible que dicho incumplimiento de la Administración Tributaria, pueda acarrear una acumulación ¡limitada de deudas tributarias pendientes en cabeza de un solo contribuyente.
Que, el Art. 165 de la ley 125/91, expresa en su parte pertinente: "El curso de la prescripción se interrumpe: 1) por acta final de inspección suscripta por el deudor o en su defecto ante su negativa suscripta por dos testigos, en su caso. 2) por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria, seguida luego de la notificación, o por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la cual opera la interrupción, la de la notificación del acto de determinación o, en su caso, la de presentación de la declaración respectiva. 3) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor. 4) por el pago parcial de la deuda. 5) por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago. 6) por la realización de actuaciones jurisdiccionales tendientes al cobro de la deuda determinada y notificada debidamente al deudor."
En el presente caso, la declaración jurada de la obligación del IVA General del periodo fiscal diciembre/2008, fue rectificada el 27/julio/2010. Por otra parte, en lo relativo al IRACIS, la obligación impositiva adeudada debió cumplirse en el año 2009, iniciándose el computo en el 2010, siendo interrumpido el cómputo para la prescripción por Acta Final del 30/diciembre/2014, por lo que de conformidad a lo establecido en el Art. 165°, no ha transcurrido el plazo para la prescripción, debido a los actos interruptivos del año 2010.
En cuanto al segundo punto, "Si existieron o no vicios durante la tramitación del Sumario Administrativo la actora manifiesta que las resoluciones caídas en sede administrativas son irregulares y deben ser revocadas, por dos motivos; en primer término porque contradicen el Principio de Legalidad y en segundo término, porque se realizaron en base a procedimientos irregulares.
Al respecto no considera viable ninguno de los argumentos expuestos por la Actora, con referencia a los supuestos vicios en la fiscalización puntual. En primer término, de las constancias de autos surge que fue ordenada la realización de una Fiscalización Puntual sobre el ejercicio fiscal 2008 de la Actora, dicha orden fue notificada a la actora y al mismo tiempo se le intimó a que acerque todos los documentos a la Subsecretaría de Estado de Tributación, no habiendo dado cumplimiento al tal requerimiento.
Además de ello se puede constatar claramente que no se violó ningún derecho procesal pues, la propia actora se presenta en sede administrativa a interponer el recurso de reconsideración e incluso tuvieron la posibilidad de que lo actuado en sede administrativa sea revisado por esta Magistratura y, en esta instancia, los mismos cuentan con todas las garantías procesales del debido proceso a los efectos de defender sus posturas, por lo que no se puede hablar de menoscabo en el derecho a la defensa en perjuicio de la accionante. Por lo tanto las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación se encuentran dentro de los límites de la legalidad.
En cuanto al tercer punto, "Si existió o no defraudación"; en este punto se tiene que la calificación de la conducta de la actora como defraudación, se basó en la investigación llevada adelante en sede penal, en la cual se identificaron la emisión de facturas sin la prestación de servicios, ni provisión de bienes, certificándose que la firma prestadora de las mismas fueron creadas al solo efecto de la venta de facturas. La actora, no pudo demostrar en el correspondiente sumario, la existencia real de los supuestos créditos fiscales que utilizaba en la generación de las facturas, ni tampoco cuestionó su vinculación con las empresas creadas por el señor Miguel Centurión Carmona, quien fuera procesado por "Megaevasion".
Con respecto a la justificación de la calificación de la infracción tributaria y la multa impuesta, de lo anteriormente dicho surge que en el presente caso se comprobó, por las actuaciones arrimadas en autos, las evidentes operaciones realizadas por la Actora declaradas a los efectos del pago del IRACIS e IVA. De tal manera se puede corroborar la existencia de maniobras, por acción, citadas precedentemente y del perjuicio fiscal; motivo por el cual la conducta del actor se subsume en lo tipificado en el art. 172 de la ley N° 125/91 que dispone: "Defraudación, Incurrirán en defraudación fiscal los contribuyente que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un terceto, realizaren cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco..." en concordancia con el artículo Art. 174 de la Ley 125/91 que dispone: ''...Presunciones de defraudación: Se presumirá que se ha cometido defraudación, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos: 2) Si las personas obligadas a llevar libros impositivos carecieran de ellos o si los llevasen sin observar normas reglamentarias, los ocultasen o destruyesen. 10) Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados...". Razones por las que a criterio de esta magistrada se encuentra probado en autos la comisión por parte del contribuyente de la infracciones de Defraudación; tipificadas en la Ley 125/91 "Del Nuevo Régimen Tributario"; en consecuencia, considera acertada la aplicación de una multa en concepto de defraudación, la cual, debido a la gravedad de la situación, por estar ligada a un delito de gran magnitud como lo es la Megaevasión, debe ser la máxima, de conformidad a lo prescrito en el Art. 175 numeral 8 del mismo cuerpo legal: "...La defraudación será penada con una multa de entre una (1) y tres (3) veces el monto del tributo defraudado o pretendido defraudar..."; por lo tanto, la Administración obró dentro de los límites de sus facultades discrecionales al momento de la imposición de la multa(300%), considerando las circunstancias especiales del caso.
El principio de Legalidad, contenido en estas normas, se basa en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad con el ordenamiento positivo. El principio de legalidad se traduce en la exigencia de que el accionar de la Administración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, como forma de garantizar que los organismos del estado actúen de acuerdo a la finalidad de bien común para la que fueron creados, por lo cual no podemos realizar una determinación tributaria sin establecer y probar de forma eficiente cual fue el hecho generador y su cuantía, pues el equilibrio al que deben propender las relaciones entre el contribuyente y la Administración Pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen la situación de desigualdad en la que se encuentra el particular frente al Estado. La sujeción de la Administración a la ley constituye uno de los principios capitales del Estado de Derecho.
Por las razones expuestas, VOTA por rechazar la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A., y en consecuencia, confirmar la Resolución N° 114 de fechas 24 de diciembre de 2015, y Resolución N° 40 de fecha 02 de junio de 2016, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda. En cuanto a las costas, es de opinión que en virtud de la teoría del riesgo objetivo asumido en el evento, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa, de conformidad con las normas contenidas, en el artículo 192 del C.P.C. ES SU VOTO.
A su turno, los miembros del TRIBUNAL de CUENTAS (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), SEGUNDA SALA, RAMON ROLANDO OJEDA y ARSENIO CORONEL, manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida conjuez, MARIA CELESTE JARA TALAVERA, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo firman los Excelentísimos Miembros del Tribunal de Cuentas, 2da. Sala, por ante mí, el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 21 de agosto del 2.017.
EL TRIBUNAL de CUENTAS (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), SEGUNDA SALA;
1)- NO HACER LUGAR, a la presente Demanda Contencioso Administrativa promovida en los autos caratulados "OMG CONSTRUCCIONES EMPRENDIMIENTOS VIALES S.A. C/ Resolución N° 114 de fechas 24 de diciembre de 2015, y Resolución N° 40 de fecha 02 de junio de 2016, dictadas por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION", por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2)- CONFIRMAR, las resoluciones N° 114 de fechas 24 de diciembre de 2015, y Resolución N° 40 de fecha 02 de junio de 2016, dictadas por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION.
3)- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa.
4)- NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Arsenio Coronel. Miembro

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 172
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 164
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 192
 Resolución 
 Resolución 
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