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Timestamp: 2019-10-18 07:37:45+00:00

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Publicado por tonibandin el 13 junio, 2012
Jorge Scala, abogado argentino especialista en derechos humanos y bioderecho, en el que ofrece su experiencia en una asociación de ayuda a madres solas, y sus respuestas al debate existente en Argentina tras una polémica sentencia que despenaliza el aborto en caso de violación.
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La Corte Suprema de Irlanda pronunció una sentencia que marcó un hito a favor de la familia natural al sostener que la Constitución del país está por encima de la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia sostiene que la relación entre un niño y su padre biológico, por lo general, beneficia al menor, aún en el caso de que su progenitor sea un donante de esperma y que el niño sea criado por la madre y su pareja lesbiana.
Un panel de letrados conformado por cinco jueces invalidó en forma unánime la decisión judicial de un tribunal de primera instancia que había negado a un donante homosexual de esperma la custodia de su hijo y el derecho de visita. El fallo del mencionado tribunal se basaba, en parte, en el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé el derecho a la vida familiar, y en él se sostenía que la pareja lesbiana había constituido una «familia de hecho», cuyos derechos estaban contemplados en la Convención.
La Corte Suprema, sin embargo, sostuvo que la Constitución irlandesa no contempla que una pareja lesbiana con un hijo constituya una «familia», y que las leyes irlandesas tampoco reconocen las «familias de hecho», sea que estén constituidas por personas homosexuales o por heterosexuales que no han contraído matrimonio.
El Presidente de la Corte Suprema, John Murray, aclaró que la Convención Europea de Derechos Humanos no es «generalmente parte de la legislación interna [irlandesa]» y que el tribunal de primera instancia «no tenía autoridad para aplicar el Artículo 8 de la Convención a la situación de las demandadas y el menor». En efecto, la Corte observó que el juez de primera instancia (quien fue miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante casi una década) había intentado extender de manera unilateral la jurisprudencia de la Convención Europea, dado que el Tribunal Europeo aún debe comprobar que las parejas del mismo sexo están contempladas en el Artículo 8 de la Convención.
La Corte Suprema advirtió que la decisión judicial del tribunal de primera instancia no había dado suficiente importancia al hecho de que tener un padre es beneficioso para un niño, y ordenó que se concediera al progenitor el derecho de visita. Por otro lado, un padre biológico, aun si se trata de un donante de esperma, puede solicitar la custodia según lo establecido en la Ley de Custodia de Menores de Irlanda. Los tribunales de primera instancia deben considerar caso por caso los hechos específicos que se les presentan a fin de tomar una decisión según lo que sea mejor para los intereses del menor.
David Quinn, del Iona Institute de Irlanda, califica de «significativa» a la decisión, porque en ella se confirma la importancia del «vínculo biológico» de la familia natural y la primacía de la legislación nacional frente a la Convención Europea de Derechos Humanos. Si bien Quinn censuró una reciente resolución de la Corte por la que se estableció que los embriones congelados no son personas «no nacidas» con igual derecho a la protección de la que gozan los embriones implantados en el marco de la Constitución pro-vida de Irlanda, observó que, en ese caso, la Corte recurrió al Parlamento irlandés para aclarar el asunto.
Tal deferencia a la soberanía popular es un rasgo característico de la Corte Suprema de Irlanda. Los analistas observan que éste fue el único alto tribunal que ordenó que el Tratado de Lisboa fuera sometido a un referendo público antes de ser ratificado. Dado que algunas de las disposiciones del tratado equivalían a una enmienda de la Constitución irlandesa, consideró que era necesario el consentimiento directo de la población irlandesa.
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Un gran número de naciones hizo frente común para criticar un informe especial sobre “la violación de los derechos humanos por cuestiones género en la toma de medidas contra el terrorismo”. El malestar surgió a raíz de que el autor del informe presentó el concepto de género como un constructo social flexible y, además, impulsó un documento sobre “derechos homosexuales” elaborado en la ONU que se conoce como “Principios de Yogyakarta”, en vez de centrarse en la tarea asignada, que consistía en el análisis de los abusos padecidos por las mujeres que fueron capturadas en la guerra mundial “contra el terror”.
Durante el denominado “debate interactivo” con el Relator Especial de la ONU Martin Scheinin, la Organización de Países Islámicos y del Grupo Africano, representados por Malasia y Tanzania, respectivamente, criticaron a Scheinin por exceder su mandato, violando así el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos. Según el Grupo Africano, Scheinin incurrió en el uso indebido de su función, para impulsar los controvertidos Principios de Yogyakarta, declaración que pretende “reflejar el estado actual de la legislación sobre derechos humanos” en relación con “la orientación sexual y la identidad de género”. Scheinin fue uno de los casi treinta “expertos” auto-elegidos que redactaron el mencionado documento en 2007.
En respuesta a las críticas, Scheinin defendió el uso de los Principios aduciendo que fue “absolutamente legítimo”. Además, afirmó que se trata de una “ley blanda” que “enriquece” la interpretación de las normas vinculantes sobre derechos humanos. En sus declaraciones a Friday Fax, un delegado desestimó las afirmaciones de Scheinin al indicar que no existe consenso internacional sobre orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, así como tampoco una obligación jurídica vinculante.
La nación caribeña de Santa Lucía recriminó a Scheinin el haberse apartado de la definición acordada para el término “género”, según lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los cuales confirman la interpretación tradicional de la palabra. La delegación estadounidense, mostrando continuidad con la política de la administración Bush, también respaldó el uso del término según lo acordado en Beijing, si bien añadió que los Estados Unidos están interesados en el impacto que las medidas en contra del terrorismo han tenido en la “comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual”. El Estatuto de Roma define al género como “los dos sexos, hombre y mujer, en el contexto de la sociedad”, a la vez que el documento de Beijing reafirma el “uso ordinario y generalmente aceptado” del vocablo.
La Santa Sede reiteró que el “género se basa en la identidad sexual biológica, masculina o femenina”, y rechazó “la noción de que la identidad sexual pueda ser adoptada indefinidamente”. India, que rara vez toma la palabra en esta clase de asuntos sociales que generan divisiones, criticó al Relator Especial por redefinir la “perspectiva de género” y por conducir al comité a un debate “académico” que se aparta de su mandato.
Scheinin también tuvo defensores, particularmente entre las naciones europeas y ciertos países latinoamericanos, como ser Uruguay y Chile. Noruega expresó su “respaldo absoluto” al informe y recibió con agrado la visión de género como un constructo flexible. Suiza reprendió a las naciones que se opusieron al Relator Especial por no coincidir con su presentación, y sostuvo que éstas deben acatar cualquier resolución posterior que se base en el informe.
Un delegado que reprochó la “arrogancia” de Scheinin y de los países europeos que lo respaldan resumió el debate diciendo: “En pocas palabras, ellos nos pueden criticar a nosotros, pero a nosotros no se nos permite criticarlos a ellos. Son dioses.”
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intelectuales chinos reclaman democracia y respeto de los Derechos Humanos
Carta 08, un manifiesto por la libertad en China
Los firmantes de la Carta 08 se apoyan en los compromisos a favor de los derechos humanos que el régimen chino ha suscrito en teoría
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La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a Educación para la Ciudadanía
José Luis Bazán: “Los padres objetores han percibido la violencia moral que se ejerce sobre sus hijos con Educación para la Ciudadanía”.
José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos
“La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a Educación para la Ciudadanía”
– Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres. Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados. En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.
– Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.
– No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.
– Si, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega. El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.
– Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.
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Colombia rinde examen en derechos humanos
Ante la ONU, Colombia rinde examen en derechos humanos
El vicepresidente Francisco Santos presentará cifras en cuanto a la disminución de masacres durante este Gobierno, reducción de las minas antipersona y atención a la población desplazada, entre otras
Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia
EL ATENTADO de que fue víctima una misión humanitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el domingo en Caquetá será denunciado mañana ante la Alta Comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, en donde la situación en el país en este campo será puesta bajo la lupa del Consejo de Derechos Humanos del organismo.
Así lo anunció el presidente Álvaro Uribe después de ser informado del atentado con explosivos del que fue objeto uno de los vehículos que hacía parte de una caravana del Icbf que se dirigía a la vereda Campo Hermoso, del municipio de San Vicente del Caguán, hecho en el cual perdieron la vida dos personas y tres resultaron heridas, cuyo pronóstico de salud es reservado hasta el cierre de esta edición.
“El Gobierno Nacional presentará sus demandas por este nuevo, aleve atentado, ante la Alta Comisionada de Derechos de Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”, aseguró el Jefe de Estado.
Este hecho se presentó justamente cuando este miércoles, la situación de los derechos humanos en Colombia será puesta bajo la lupa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde confrontarán posiciones el gobierno de Álvaro Uribe y el Alto Comisionado de la ONU, que cuenta con aportes de ONG.
Colombia estará representada por su vicepresidente, Francisco Santos, quien defenderá los “grandes esfuerzos” adelantados por el Gobierno nacional efectuados en temas de derechos humanos desde el inicio de su gestión en 2002, según el informe entregado al Consejo.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONG sobre la situación en Colombia, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares, como lo señaló Human Rights Watch en su más reciente informe, en el cual señala que la extradición a Estados Unidos de los cabecillas del paramilitarismo entorpecerá los procesos de justicia y reparación a las víctimas, fruto de la desmovilización de estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, en el escenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno nacional controvertirá los informes de varias ONG, al señalar que la política de seguridad democrática ha devuelto la tranquilidad en gran parte del país. En uno de sus apartes, el informe del Ejecutivo nacional señala que “la seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos”, en referencia a los logros de su plan de “seguridad democrática” contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El Gobierno habla de “tolerancia cero” con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONG, entre éstas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) –con las que Uribe mantiene frecuentes roces–, señalan que éstas “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas”, según el informe que enviaron al Alto Comisionado.
La de mañana será la segunda fase del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que presenta Colombia, el cual asumió el país de forma voluntaria.
La presentación colombiana comprenderá un diálogo interactivo, en el que los representantes del Estado harán una exposición sobre la situación de derechos humanos en el país, sus avances y retos y responderán a las inquietudes, observaciones y sugerencias que los otros Estados planteen.
En el informe escrito presentado el pasado primero de septiembre, el Estado colombiano estableció compromisos voluntarios de reforzar sus acciones en materia de atención a las poblaciones vulnerables, minas antipersonal, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia, educación, salud, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, entre otros temas, ofreciendo resultados proyectados concretos.
Dentro de los casi setenta compromisos voluntarios que Colombia presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se pueden destacar el fortalecimiento en la atención a las víctimas de las minas antipersona; el fortalecimiento de la confianza en el poder judicial; el impulso a las investigaciones de crímenes contra los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas; el fortalecimiento de las autoridades indígenas y afrocolombianas en el país y la cobertura plena en salud para el 2010.
El próximo mes de marzo, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, se llevará a cabo la última etapa de la evaluación, en la que se aprobarán los resultados, las recomendaciones y los compromisos.
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Libros de texto de EpC.
Ministros y altos cargos desvelan el verdadero contenido de esta asignatura
– Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.
– José Martínez Olmos, secretario general del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.
– Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.
– Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.
– Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.
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 artículo 26