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Timestamp: 2020-02-20 06:14:41+00:00

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Ley General de Bienes Del Estado de Puebla | Propiedad | Estado (política)
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Cotes Retos Desregulacion
ProcedimientosdeTitulaciónMineraenlaLegislaciònNacional Dr[1].JaimeTejadaGurmendi
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Congreso del Estado.- Puebla.
GUILLERMO MORALES BLUMENKRON, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los habitantes del mismo sabed:
EL H. XLV CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
C O N S I D E R A N D
Que por el oficio número 4179 de fecha 30 de noviembre de 1973 el C. Guillermo Morales Blumenkron, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometió a la consideración de este H. Congreso la iniciativa de Ley General de Bienes del Estado.
Que para cumplir con los trámites Constitucionales reglamentarios se turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda e Impuestos Municipales para que formulara su Dictamen, la que lo hizo en el sentido de que debería aprobarse dicha Ley.
Que al tenor del primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la República, el origen de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional radica en la Nación, y a ella corresponde el derecho de transmitirla para constituir la propiedad privada, la que se regula en los Estados conforme al lugar de su ubicación como lo establece la fracción II del diverso 121 de nuestra Carta Magna.
Que el Código Civil del Estado, en su artículo 36 define quienes son personas morales, incluyendo en su clasificación al Estado y a los Municipios a quienes otorga el carácter de Entidades Jurídicas en el ámbito del derecho positivo.
Que el Ordenamiento referido, en sus diversos (92 y 693, precisa el concepto de Jurídico "Bienes de Propiedad Pública" y señala el régimen legal al que deben sujetarse.
Que los artículos 697 y 699 del propio cuerpo legal, define cuales son los bienes de propiedad pública de "uso común" y bienes de propiedad pública "propios", los primeros, aquellos susceptibles de aprovechamientos por todos los habitantes; los segundos, aquellos destinados a satisfacer el gasto público; que no pueden ser aprovechados sino por el propio Estado o mediante concesión especial de autoridad concedida a particulares.
Que de la propia naturaleza de los bienes, muebles e inmuebles de propiedad pública, se desprende la necesidad de un Cuerpo Legal de orden público, que substraído de la esfera del Derecho Privado los regule de manera general, atendiendo primordialmente a la Entidad a quien pertenecen, toda vez que esta, norma su ejercicio en término de disposiciones de Derecho Público.
Que estando satisfechos los requisitos de los artículos 49 fracción I, 51 fracción I, 52, 59, 71
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fracción VII de la Constitución Política del Estado en relación con los relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de este H. Congreso.
ARTÍCULO 1o.- El patrimonio del Estado de Puebla se compone de: ∗
I.- Bienes de dominio público; y
II.- Bienes de dominio privado.
I.- Los de uso común:
II.- Los inmuebles destinados por Estado a un servicio público y los equiparados a éstos, conforme a la presente Ley;
III.- Cualesquiera otros inmuebles propiedad del Estado declarados por Ley inalienables e imprescriptibles; y los demás bienes declarados por el Congreso del Estado, monumentos históricos arqueológicos que previa expropiación e indemnización, pasen al patrimonio del Estado.
IV.- Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza normalmente no sean sustituibles, como los expedientes de los libros raros, las piezas históricas o arqueológicas, las obras de arte de los museos, etc.
I.- Los bienes vacantes situados dentro del Territorio del Estado;
II.- Los que hayan formado parte de una corporación pública creada por la Ley Local, que se extinga;
ARTICULO 4o.- Los bienes a que se refiere el artículo anterior, pasarán a formar parte del dominio público del Estado, cuando sean destinados al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparan a los servicios públicos.
∗ El artículo 1 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTICULO 6o.- Los bienes de dominio privado del Estado, estarán sometidos en todo lo no previsto por esta Ley, al Código Civil vigente en el Estado o, en su defecto, a lo que dispongan otras leyes locales.
ARTÍCULO 6o BIS * .- El Ejecutivo del Estado podrá otorgar a los particulares, el uso y/o aprovechamiento de bienes de dominio público y privado para la instrumentación de proyectos para prestación de servicios a largo plazo.
Para efectos del párrafo anterior, el Titular del Ejecutivo del Estado directamente o por conducto de la Secretaría de Administración, autorizará el uso, explotación y/o aprovechamiento de los citados bienes. ∗
ARTICULO 7o.- Los Tribunales Civiles y Penales del Estado tendrán competencia exclusiva para conocer de los juicios así como de los procedimientos judiciales no contenidos que se relacionen con bienes del Estado, ya sean de dominio público o de dominio privado del mismo.
ARTICULO 8o.- Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos mientras no varía su situación jurídica a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina. Los particulares y las Entidades Públicas locales sólo podrán adquirir sobre el uso o aprovechamiento de estos bienes, los derechos regulares en esta Ley u otras que dicte el Congreso del Estado.
Se regirán sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la venta de frutos, materiales o desperdicios o la autorización de los usos a que alude el artículo 26.
Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en los términos de derecho común, sobre los bienes de dominio público. Los derechos de tránsito, de vistas, de luces, de derrames y otros semejantes sobre dichos bienes, se rigen exclusivamente por acuerdo expreso del C. Gobernador.
ARTÍCULO 9o.- Corresponde al Ejecutivo del Estado: ∗
I.- Declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado forma parte del dominio público del Estado, por estar comprendido en alguna de las disposiciones de esta Ley;
II.- Incorporar al dominio público mediante acuerdo expreso del Ejecutivo un bien que forme parte del dominio privado estatal, siempre que su posesión corresponda al propio Estado;
III.- Desincorporar del dominio público mediante acuerdo expreso, en los casos en que la Ley lo permita, un bien que haya dejado de utilizarse en el fin respectivo;
IV.- Dictar los acuerdos que deberán regir el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes del
* El artículo 6 BIS, fue adicionado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El último párrafo del artículo 6º BIS se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
∗ El primer párrafo del artículo 9 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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dominio público y tomar las medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de ellos.
V.- Otorgar o negar concesiones, permisos o autorizaciones para el uso, explotación o aprovechamiento de los bienes del dominio público directo, que en términos del artículo 27 constitucional, sean de la competencia de los Estados.
VI.- Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que con violación de un precepto legal o por error, dolo o violencia se hayan dictado y que perjudiquen o restrinjan los derechos del Estado sobre los bienes de dominio público o los intereses legítimos de tercero; y
VII.- En general, dictar las disposiciones ejecutivas que demande el cumplimiento de esta Ley o de las disposiciones a que estén sometidos los bienes del dominio público.
Las facultades que este artículo señala se ejercitarán directamente por el Titular del Ejecutivo del Estado o por conducto de la Secretaría de Administración. ∗
ARTÍCULO 10.- Cuando a juicio del Ejecutivo existan motivos que lo ameriten, podrá abstenerse de dictar las resoluciones concretas o de seguir los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, y ordenar al Ministerio Público que someta el asunto al conocimiento de los Tribunales. Pudiendo solicitar de inmediato dentro del procedimiento respectivo la ocupación administrativa de los bienes que serán decretados de plano. El procedimiento se tramitará sumariamente.
ARTÍCULO 11.- Las resoluciones a que se refiere el artículo 9°., podrán ser reclamadas ante el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, quien conocerá y resolverá el recurso, mediante el procedimiento que se sujetará a las siguientes reglas: ∗
I.- Cualquiera que sufra un perjuicio individual directo y actual, tendrá derecho a oponerse a la resolución correspondiente;
II.- La instancia deberá proponerse dentro de los quince días siguientes a aquel de la notificación al opositor o del inicio de la ejecución cuando no hayan habido notificación.
III.- Interpuesto el recurso, procede la suspensión contra la resolución impugnada siempre y cuando el recurrente la solicite y excepto en casos urgentes o de interés público. Ésta será ordenada por la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Una vez concedida, para que la suspensión subsista, el recurrente deberá exhibir garantía bastante que determine el Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, además, de adoptar las providencias adecuadas para la salvaguarda de los derechos del Estado; ∗
IV.- Interpuesto el recurso, se comunicará al tercero interesado si lo hubiere, y se concederá un término prudente, nunca inferior a veinte días, para pruebas. La admisión de éstas se hará en lo posible, conforme al procedimiento sumario que prescribe el Código de Procedimientos Civiles del Estado pero no procederá la confesional y en la pericial se designará solamente el perito que el opositor proponga, salvo cuando hubiere tercero, caso en el que éste tendrá también derecho a designar uno;
V.- La autoridad podrá mandar practicar, de oficio, los estudios y diligencias que estime
∗ El último párrafo del artículo 9 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
∗ El primer párrafo del artículo 11 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
∗ La fracción III del artículo 11 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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oportunos durante la tramitación del recurso;
VI.- Desahogadas las pruebas admitidas o concluido, en su caso, el plazo a que se refiere la fracción IV, quedará el expediente, durante diez días a la vista del opositor y del tercero, para que aleguen;
VII.- Dentro de los diez días siguientes se dictará la resolución que corresponda. La autoridad no tendrá que sujetarse a las reglas especiales de valoración de las pruebas pero estimará cuidadosamente las ofrecidas, y se ocupará de todas las argumentaciones presentadas; y
VIII.- La resolución se comunicará a los interesados personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. Esta resolución no podrá ya revocarse o anularse administrativamente y tendrá presunción de legalidad en cualquier procedimiento jurisdiccional que contra ella se intente.
ARTÍCULO 12.- Las concesiones sobre los bienes de dominio público no crean derechos reales. Otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar los usos, explotaciones y/o los aprovechamientos que se precisen en el acuerdo de concesión respectivo, a condición de que su Titular cumpla con las obligaciones que en éste se
le impongan. ∗
ARTICULO 13.- La nulidad, o rescisión de las concesiones sobre bienes del dominio público, cuando procedan conforme a la Ley, se dictarán de acuerdo con lo que establece el artículo 10.
Cuando la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación de la Ley o en la falta de los supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser confirmada por el Ejecutivo del Estado tan pronto como cesen tales circunstancias. En ningún caso podrá anularse una concesión por alguna de las circunstancias anteriores después de pasados cinco años de su otorgamiento. La nulidad de las concesiones de bienes de dominio público operará retroactivamente, pero el Ejecutivo del Estado queda facultado para limitar esta retroactividad cuando a su juicio el concesionario haya procedido de buena fe.
ARTICULO 14.- Las concesiones sobre bienes de dominio público podrán rescatarse por causa de utilidad o interés público y mediante indemnización, que se fijará atendiendo al monto de las inversiones realizadas. Por virtud de la declaratoria los bienes materia de la concesión, vuelven de propio derecho, desde su fecha, a la posesión, control y administración del Gobierno del Estado, e ingresará al patrimonio del Estado, los bienes, equipos e instalaciones destinados directa o inmediatamente a los fines de la concesión, el Ejecutivo podrá autorizar al concesionario a retirar y disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos
a la concesión cuando los no fueran útiles al Gobierno del Estado. En el caso, el valor real actual de dichos bienes no se incluirá en la indemnización.
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario; pero en ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo el valor intrínseco de los bienes concesionados.
Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización se determinará por la autoridad judicial a petición del interesado, quien deberá formularla dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización.
∗ El artículo 12 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTÍCULO 15.- Los bienes de dominio público que lo sean por disposición de la autoridad, podrán ser enajenados conforme a la Ley previa resolución de desincorporación dictada por el Ejecutivo del Estado, cuando por algún motivo dejen de servir para ese fin.
ARTÍCULO 16.- Son bienes de uso común:
I.- Los caminos, carreteras y puentes cuya conservación esté a cargo del Gobierno del Estado;
II.- Los monumentos artísticos e históricos propiedad del Gobierno del Estado y las construcciones levantadas en lugares públicos, para ornato o comodidad de quienes los visiten, excepto que dichas construcciones se hayan donado a los Municipios; y
III.- Los edificios históricos, propiedad del Gobierno del Estado.
La ley y sus reglamentos determinarán las restricciones a las que deban sujetarse los bienes de uso común, y para aquellos en los que proceda el establecimiento de aprovechamientos especiales se requerirá concesión otorgada con los requisitos establecidos en la presente Ley.
ARTICULO 17.- Cuando de acuerdo con lo que establece el Artículo 15, puedan enajenarse y se vayan a enajenar terrenos que habiendo constituido vías públicas del Estado, hayan sido retirados de dicho servicio, o los setos o vallados que les hayan servido de límite, los propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho de tanto en la parte que les corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso personalmente de la enajenación.
El derecho que este artículo concede, deberá ejercitarse precisamente dentro de los ocho días siguientes al aviso respectivo. Cuando éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la rescisión del contrato celebrado sin oírlos, dentro de seis meses contados desde la fecha en que tengan conocimiento de su celebración.
ARTICULO 18.- También corresponderá al derecho de tanto al último propietario de un bien adquirido por procedimiento de derecho público, que vaya a ser vendido, excepto cuando se esté en los casos previstos por los artículos 8o. segundo párrafo y 21 de esta Ley. Este aviso se dará personalmente al interesado cuando se conozca su domicilio en caso contrario se hará la notificación mediante una sola publicación en el Periódico Oficial.
ARTICULO 19.- Están destinados a un servicio público y por lo tanto se hallan comprendidos en la fracción II del artículo 2o.
I.- El o los palacios de los Poderes del Estado;
II.- Los inmuebles destinados al servicio de las Dependencias del Poder Ejecutivo;
III.- Los edificios de cualquier género destinados a oficinas públicas del Estado;
IV.- Los predios rústicos directamente utilizados en los servicios públicos del Estado;
V.- Los establecimientos fabriles administrados directamente por el Gobierno del Estado;
VI.- Los inmuebles de propiedad estatal destinados al servicio de los Municipios, así como de los prestados y arrendados para servicios y oficinas federales.
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VII.- Los inmuebles que constituyan el Patrimonio de los establecimientos públicos creados por Leyes Locales con la salvedad que indica en artículo 12; y
VIII.- Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de derecho público.
ARTICULO 20.- Se podrán equiparar a los anteriores, los bienes que mediante resolución del Ejecutivo, sean destinados a actividades de interés social a cargo de asociaciones o instituciones privadas que no persigan propósito de lucro.
ARTÍCULO 21.- Los bienes a que se refiere la fracción VII del artículo 19, siempre que no se trate de bienes inalienables, podrán gravarse por resolución del Gobernador del estado cuando a criterio fundado del propio Ejecutivo sea conveniente para el mejor financiamiento de las obras o servicios a cargo de la institución propietaria. Podrán igualmente emitirse bonos u obligaciones que se regirán por las disposiciones legales respectivas previa aprobación del Congreso.
Otorgada la aprobación a que se refiere el párrafo anterior, los bienes quedarán sometidos de pleno derecho a las reglas del derecho común y los acreedores podrán ejercitar respecto de ellos las acciones que les correspondan sin limitación alguna. El Estado no será parte en los juicios que con este motivo se inicien.
ARTÍCULO 22.- Cuando una Dependencia del Ejecutivo estimare conveniente la adquisición de un inmueble para destinarlo al Servicio Público o para uso común, lo comunicará a la Secretaría de Administración la que previo acuerdo con el C. Gobernador, hará las gestiones necesarias y el arreglo de los términos de la compra hasta ultimarlos, llegando al otorgamiento, registro y archivo de los documentos respectivos. ∗
ARTICULO 23.- Cuando se trate de adquisiciones por vías de derecho público, se estará a lo dispuesto por la Ley de Expropiación del Estado.
ARTICULO 24.- Los inmuebles a que se refiere el artículo 22, cuando no hayan sido empleados durante el término de un año, contado a partir de la fecha de la entrega, en el servicio público a que se hayan destinado, deberán retirarse de mismo, mediante el procedimiento que señala el artículo siguiente, a fin de que se utilicen en otro; o bien, para que sean enajenados en los términos que fija la presente Ley.
ARTÍCULO 25.- Para destinar un inmueble propiedad del Estado, a determinado servicio público, el Ejecutivo del Estado expedirá la resolución correspondiente. El cambio de destino de un inmueble dedicado a un servicio público, así como la declaración de que aquel ya no es propio para tal aprovechamiento, deberá hacerse por Acuerdo que expedirá en cada caso, el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 26.- No pierden su carácter de bienes destinados a un servicio público, los que, estándolo de hecho o por derecho, fueren sin embargo aprovechados temporalmente en todo o parte para otro objeto que no se puede considerar como servicio público, mientras no se dicte la declaración respectiva en la forma prevista por el artículo anterior.
* El artículo 22 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007. ∗ El artículo 22 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTÍCULO 27.- Los inmuebles destinados a un servicio público serán asignados a la Dependencia que tenga a su cargo dicho servicio pero quedarán bajo el control de la Secretaría de Administración. Las obras nuevas y las de transformación de los edificios se harán de acuerdo con los planos y proyectos aprobados por el Ejecutivo del Estado. ∗
ARTICULO 28.- Si estuvieren alojados en un mismo inmueble propiedad del Estado, varias instituciones u oficinas de diversas Dependencias, el inmueble quedará a cargo de la Dependencia que nombre y expense a los empleados encargados de su cuidado, pero sólo en lo relativo al aspecto exterior del mismo y a los lugares de servicio común, como patios, escaleras, corredores, pasillos, etc. y no en las partes interiores del edificio, que sirvan para uso de las instituciones u oficinas dependientes de otros organismos.
En caso de duda, el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración, resolverá cuál de las Dependencias deberá hacerse cargo de las partes comunes de los inmuebles de que se trata. ∗
ARTICULO 29.- No se permitirá a funcionarios públicos empleados o agentes de la administración, a particulares, ni a asociaciones extrañas, con excepción de las que presten un servicio social, que habiten u ocupen a título gratuito los inmueble de propiedad estatal, a menos que se trate de las personas a cuyo favor esté destinado precisamente el inmueble, como reos, asilados o educandos, o bien, empleados, agentes o servidumbre que por la naturaleza de la función que desempeñen, sea indispensable, para el buen servicio, que permanezcan en los inmuebles respectivos.
De los Inmuebles de Dominio Privado
ARTÍCULO 30.- La posesión, conservación y administración de los bienes del Estado, corresponde, por regla general y a falta de prevención en contrario, a la Secretaría de Administración, lo mismo que el conocimiento y la resolución de todos los asuntos referentes a contratos u ocupaciones de que sean objeto dichos inmuebles. ∗
ARTICULO 31.- Los bienes propiedad del Estado no destinados a un servicio público o que no disfruten de iguales privilegios que aquellos que si lo están, pueden enajenarse, siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de conservar dicho bien o que se justifique plenamente la necesidad de la enajenación por la importancia del fin que haya de realizarse con el producto de la venta. El Ejecutivo del Estado determinará lo que sea procedente en el acuerdo que dicte en cada caso, previo estudio y consideración de las circunstancias anteriores.
ARTICULO 32.- Los particulares pueden adquirir por prescripción los inmuebles de dominio privado del Estado. La prescripción se regirá por el Código Civil del Estado, pero se duplicarán
* El artículo 27 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El artículo 27 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El segundo párrafo del artículo 28 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El segundo párrafo del artículo 28 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El artículo 30 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El artículo 30 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTICULO 33.- El Ejecutivo Local gestionará que el Gobierno Federal ceda o enajene a título gratuito los bienes propios federales que se encuentran dentro del Estado y no estén destinados a algún servicio público social, en los términos del artículo 38 de la Ley General de Bienes Nacionales.
ARTÍCULO 34.- La enajenación de los bienes inmuebles del Estado sólo podrá hacerse en los casos y bajo las condiciones que fija esta Ley y previo avalúo de los mismos por el Instituto Registral y Catastral. ∗
ARTICULO 35.- Las enajenaciones de dichos bienes se harán en la forma ordinaria con sujeción a las reglas de derecho común en lo que respecta a condiciones esenciales y seguridades; pero con la clara obligación por parte del Gobierno de salvaguardar en cada caso concreto, los intereses generales, dándoles siempre a las enajenaciones un sentido práctico en beneficio de la colectividad, previo avalúo que de los mismos haga el Instituto Registral y Catastral. ∗
Si una vez licitados por segunda ocasión los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, éstos no se enajenaran, se podrán adjudicar, pudiendo reducir como máximo hasta un treinta por ciento del valor previsto en el avalúo del Instituto Catastral y Registral. ∗
ARTICULO 36.- Ninguna venta de inmueble podrá hacerse fijando para el pago total del precio un plazo mayor de diez años y sin que se entregue el dinero en efectivo, cuando menos el veinticinco por ciento de dicho precio. La finca se hipotecará en favor de la Hacienda Pública del Estado hasta el completo pago de su importe, así como el de los intereses pactados y los de demora en su caso.
ARTÍCULO 37.- Los compradores de predios del Estado, no pueden hipotecarlos ni constituir sobre ellos derechos reales en favor de un tercero, ni tienen facultad para derribar las construcciones sin permiso expreso y dado por escrito de la Secretaría de Administración mientras no esté pagado íntegramente el precio. ∗
En los contratos relativos deberá expresarse que la falta de pago de cualquiera de los abonos a cuenta del precio y de sus intereses en los términos convenidos, así como la violación de las prohibiciones que contiene este artículo, implicará la rescisión del contrato.
ARTÍCULO 38.- Cuando se trate de permutar bienes estatales, los que deba recibir el Gobierno se valuarán por el Instituto Registral y Catastral; la diferencia que resulte en favor o en contra del Erario se cubrirá en efectivo precisamente en el momento de la operación. ∗
* El artículo 34 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007
∗ El artículo 34 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El artículo 35 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007
∗ El artículo 35 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
∗ Se adicionó un segundo párrafo al artículo 35 por Decreto publicado en el P.O.E. el 19 de septiembre de 2012.
* El primer párrafo del artículo 37 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El artículo 37 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El artículo 38 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El artículo 38 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTICULO 39.- La infracción de cualquiera de los preceptos anteriores, provocará la nulidad de la enajenación. También estarán sujetas a ellos para su validez, las enajenaciones que los establecimientos públicos y empresas en que el Estado tenga interés, hagan de inmuebles adquiridos del Gobierno del Estado por cualquier título durante los cinco años anteriores.
ARTICULO 40.- Los Bienes del Dominio Privado pueden ser objeto de todos los contratos que regulan el Derecho Común.
ARTICULO 41.- Los actos o contratos que tenga relación con los inmuebles de Hacienda Pública del Estado y que para su validez o por acuerdo entre las partes requieran la intervención de Fedatarios serán presentados ante quien designe el Ejecutivo.
ARTICULO 42.- La Hacienda Pública estará facultada para retener administrativamente, los bienes que posea; pero cuando se trate de recuperar la posesión interina o definitiva o de reivindicar los inmuebles de dominio privado o de obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los contratos celebrados respecto de dichos bienes, deberá denunciar ante los tribunales las acciones que corresponda, las que se tramitarán, salvo la reivindicatoria y la plenaria de posesión sumariamente. Presentada la demanda, el Juez, a solicitud del Ministerio Público y siempre que encuentre razón bastante que lo amerite, podrá autorizar la ocupación administrativa provisional de los inmuebles, resolución denegatoria podrá revocarse en cualquier estado del pleito por causa superveniente.
CAPITULO IV De los Muebles del Dominio Privado.
ARTICULO 43.- Pertenecen al Estado todos los bienes muebles de las diversas dependencias de los Poderes del mismo.
La clasificación y sistemas de inventarios, así como la estimación de la depreciación de los muebles propiedad estatal son facultades de la Secretaría de Administración. ∗
ARTÍCULO 44.- La administración y control de los bienes muebles de propiedad estatal corresponde a la Secretaría de Administración. ∗
ARTICULO 45.- Rige también respecto a los muebles de dominio privado lo establecido en preceptos anteriores sobre prescripción en favor de particulares y retención administrativa de la posesión y recuperación interina o definitiva de la misma posesión.
ARTÍCULO 46.- Acordada la enajenación o la destrucción de un mueble inútil para el servicio, se da de baja en el inventario, y en los casos de enajenación se observarán los procedimientos previstos en las disposiciones y normatividad aplicables, previo avalúo de la Secretaría de
* El segundo párrafo del artículo 43 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El segundo párrafo del artículo 43 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El artículo 44 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
∗ El artículo 44 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
* El artículo 46 fue reformado por Decreto de fecha 31 de Diciembre de 2007.
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Administración, o podrán donar con la autorización del Gobernador del Estado, a personas indigentes que lo soliciten. ∗
Del Registro de las Propiedades del Estado.
ARTICULO 47.- Los encargados de las oficinas Registro Público de la Propiedad en la Entidad tendrán como función la de atender el registro de bienes de la propiedad del Estado y permitirán a personas que lo soliciten, toda la información relativa a las inscripciones que existan en sus libros y de los documentos que estén archivados en sus apéndices, debiendo expedir cuando les sean solicitadas copias certificadas de las inscripciones y constancias.
ARTICULO 48.- Se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad:
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes al Gobierno del Estado, sobre bienes inmuebles;
II.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a plazo de cinco años o mayor;
III.- Las resoluciones de ocupación, dictadas en los procedimientos judiciales;
IV.- Las resoluciones y las sentencias definitivas pronunciadas en los procedimientos a que se refiera la fracción anterior;
V.- Las informaciones ad-perpétuam promovidas por el Ministerio Público, a gestión del Poder Ejecutivo, para justificar hechos o acreditar derechos tendientes a establecer la posesión como medio para adquirir posteriormente el dominio pleno de bienes inmuebles;
VI.- Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores, que produzcan algunos de los efectos mencionados en la fracción I;
VII.- Los demás títulos que conforme a la Ley deban ser registrados; y
VIII.- Los decretos que incorporen al dominio público o desincorporen de él determinados bienes.
ARTICULO 49.- No se hará inscripción de los bienes de dominio público, sino cuando sean de los señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 2o.
CAPÍTULO VI DE LA CONCESIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES COMUNES DE LA CONCESIÓN
∗ El artículo 46 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
∗ Se adiciona el Capítulo VI denominado De la Concesión de Bienes de Dominio Público para comprender del artículo 50 al 70 por Decreto publicado en el P.O.E el 06 de agosto de 2012.
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ARTÍCULO 50.- El Titular del Ejecutivo del Estado o la Secretaría de Administración, podrán otorgar concesiones para el uso, explotación o aprovechamiento de bienes del dominio público, o que conforme a la ley aplicable, se equiparen a los mismos.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán llevar a cabo los actos a que se refiere este Capítulo, respecto de asuntos concretos y previa autorización de la Secretaría de Administración.
ARTÍCULO 51.- Las personas físicas o morales a quienes se otorgue una concesión, llevarán a cabo la misma con inversión total a su cargo, o bien, con inversión mixta entre el Estado y el concesionario; en este último supuesto, siempre y cuando así se prevea desde la suscripción del título de concesión.
ARTÍCULO 52.- Las concesiones podrán cederse, gravarse o enajenarse, con el acuerdo previo y por escrito del Titular del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Administración, y del Titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública otorgante. La transmisión de las concesiones no modifica los términos originalmente establecidos y las demás condiciones en ellas estipuladas, por lo que el cesionario será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a las mismas.
No obstante lo anterior, los derechos económicos derivados de los títulos de concesión, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, sin que medie autorización previa de la otorgante.
ARTÍCULO 53.- El concesionario sólo podrá realizar lo expresamente contemplado en el título de concesión correspondiente.
ARTÍCULO 54.- Para el otorgamiento de una concesión, la otorgante deberá atender a lo siguiente:
I.- La necesidad o conveniencia de otorgar la concesión;
II.- El beneficio social y económico que signifique para el Estado;
III.- La vinculación y afinidad del objeto de la concesión con el Plan Estatal de Desarrollo;
IV.- El monto de la inversión que el concesionario pretenda realizar;
V.- El plazo de la concesión y de la amortización de la inversión;
VI.- El cumplimiento por parte del concesionario de los requisitos exigidos para otorgar la concesión, así como de las obligaciones a su cargo; y
VII.- En su caso, la disponibilidad presupuestal de la otorgante para cumplir con los compromisos de inversión a su cargo.
ARTÍCULO 55.- Las concesiones sobre bienes de dominio público podrán otorgarse mediante las siguientes modalidades:
I.- Por licitación pública;
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II.- Por invitación restringida; y
III.- Por adjudicación directa.
Las concesiones se otorgarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
ARTÍCULO 56.- Las solicitudes de concesión, se formularán por escrito. El solicitante deberá acreditar, como mínimo, lo siguiente:
I.- Nombre y domicilio;
II.- Su legal constitución, a través del acta constitutiva correspondiente, en caso de ser persona moral;
III.- Su experiencia y capacidades técnica, material y financiera, para el cumplimiento del objeto de la concesión, mediante la documentación comprobatoria conducente;
IV.- Que cuenta con personal calificado para el cumplimiento del objeto de la concesión; y
V.- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
SECCIÓN SEGUNDA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA OTORGAR UNA CONCESIÓN
ARTÍCULO 57.- El procedimiento para otorgar la concesión en la modalidad de licitación pública se sujetará a lo siguiente:
I.- Publicar la convocatoria correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, misma que deberá contener:
a. El objeto y duración de la concesión;
b. La fecha límite para la inscripción ante la dependencia o la entidad de la administración
pública convocante y entrega de las bases de la licitación;
c. Los requisitos que deberán cumplir los interesados, incluyendo fechas límites para
recepción y evaluación de las propuestas;
d. La fecha en que tendrá verificativo el acto de notificación al ganador;
e. La caución que deberán otorgar los participantes para garantizar su participación hasta
el momento en que se resuelva sobre el otorgamiento de la concesión; y
f. Otros que la Dependencia o Entidad de la Administración Pública considere pertinentes,
atendiendo a las circunstancias del objeto de la concesión.
II.- Verificar que los interesados cumplan con los requisitos que señala esta Ley y los que se hayan señalado en la convocatoria y bases correspondientes, y en su caso, que acrediten experiencia en la materia, capacidad técnica y financiera requerida, así como su personalidad jurídica cuando se trate de personas morales; y
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III.- Fijar las condiciones y forma en que deberá garantizarse el objeto de la concesión.
La convocatoria podrá publicarse adicionalmente en diarios de circulación estatal y nacional.
ARTÍCULO 58.- Concluido el periodo de recepción de inscripciones y entrega de las propuestas, la convocante, analizará si las propuestas cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales exigidos, a efecto de elaborar, en su caso, el acuerdo para firma del titular de la convocante en el que conste la selección del ganador que será aquella persona que presente las mejores condiciones para el Estado, en base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
La convocante emitirá el acuerdo debidamente fundado y motivado, el cual será notificado tanto
a la persona beneficiada con la concesión, como a aquéllas cuya solicitud fue descartada. La
proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante diez días hábiles a partir
de que se haya dado a conocer el fallo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En tal supuesto, la convocante resolverá lo que estime pertinente en un plazo que no excederá de diez días hábiles.
Otorgado y suscrito el título de concesión con base al acuerdo referido, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se firme el mismo por el titular de la otorgante, deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, procediéndose al registro correspondiente.
ARTÍCULO 59.- Al resolverse sobre el otorgamiento de la concesión, la caución otorgada para garantizar su participación será devuelta a los participantes, excepto cuando abandonen el trámite sin causa justificada.
SECCIÓN TERCERA DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 60.- Bajo su más estricta responsabilidad, el Titular del Ejecutivo del Estado directamente, o a través de la Secretaría de Administración, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y otorgar la concesión a través de invitación restringida a cuando menos tres personas, o en caso de no existir idoneidad, por adjudicación directa cuando
se justifique que se cumple alguna de las siguientes condiciones:
I.- Que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes o casos de emergencia al Estado;
II.- Cuando haya sido declarada desierta una licitación pública en al menos una ocasión, siempre que no se modifiquen los requisitos originalmente establecidos en las bases de licitación, por no haber recibido propuestas solventes o se cancele la licitación;
III.- Que existan circunstancias especiales que, con base en estudios realizados por la otorgante, lleven a concluir que la concesión deba ser otorgada a cierta persona en particular, ya sea física o moral, quien por su naturaleza y características, cuente con capacidades técnicas idóneas para el objeto de la concesión;
IV.- Que se hubiere revocado alguna concesión previa, por causas imputables al concesionario que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos, el Titular del Ejecutivo, o la Secretaría de Administración, podrá otorgar la concesión al licitante que haya presentado la
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propuesta de máxima calificación inmediata inferior al licitante ganador en el caso de puntos y porcentajes o la de costo inmediato superior que resulte solvente en el caso de menor costo;
V.- No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos;
VI.- Se realicen con fines exclusivamente de seguridad de Estado, procuración de justicia, readaptación social, inteligencia y comunicaciones o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia;
VII.- De realizarse bajo un procedimiento de licitación se comprometa en forma grave la seguridad del Estado; y
VIII.- Se trate de la sustitución de un concesionario por revocación o extinción anticipada de la concesión, por causas imputables a él.
La excepción a la licitación que la convocante realice deberá fundarse y motivarse, según las
circunstancias que concurran en cada caso y que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En estos supuestos, la convocante enviará a la Secretaría de la Contraloría, en un lapso de treinta días hábiles posteriores al otorgamiento de la concesión, un informe sobre la misma,
y acompañará copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará
constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para el otorgamiento de la concesión.
La selección del procedimiento de adjudicación directa y el proceso correspondiente deberán fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el objeto de la Ley. La acreditación de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción y para el otorgamiento de la concesión respectiva, deberá constar por escrito y ser validado por la Secretaría de la Contraloría.
ARTÍCULO 61.- El procedimiento para otorgar la concesión en la modalidad de invitación restringida se sujetará a lo siguiente:
I.- Sólo participarán las personas que reciban una invitación para hacerlo, quienes deberán contar con capacidad de respuesta inmediata y desarrollar actividades comerciales o profesionales directamente relacionadas con el objeto de la concesión de que se trate;
II.- La presentación y apertura de ofertas se llevará a cabo en un acto público al cual podrán asistir los invitados a participar en el proceso;
III.- Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán en la invitación;
IV.- Deberán establecerse en la invitación los términos de referencia de las propuestas técnicas
y deberá describirse el sistema de evaluación de las ofertas, aplicándose lo dispuesto para
evaluación de ofertas de licitaciones públicas en términos de esta Ley; y
V.- Se desecharán las ofertas cuya propuesta económica no presente un beneficio para la convocante.
SECCIÓN CUARTA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN
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ARTÍCULO 62.- El título de concesión deberá contener los siguientes elementos:
I.- Los fundamentos legales y los motivos para el otorgamiento de la concesión;
II.- El nombre y domicilio del concesionario;
III.- El bien de dominio público concesionado o las bases y características de la infraestructura pública concesionada;
IV.- Los derechos y obligaciones del concesionario;
V.- El plazo de la concesión;
VI.- El programa de inversión, de ejecución y de operación del objeto de la concesión, así como
el monto de inversión que se derive de dicho programa;
VII.- Las bases para la determinación y regulación de tarifas;
VIII.- La garantía a favor del Estado para el debido cumplimiento de la concesión;
IX.- Las causas de extinción de la concesión, adicionales a las previstas por la Ley;
X.- La firma de la otorgante; y
XI.- Los demás que acuerde el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y/o Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública Estatal.
ARTÍCULO 63.- La concesión se otorgará por un tiempo determinado que no podrá exceder de treinta años, salvo las excepciones que establezca la Ley especial de la materia objeto de la concesión.
El plazo de la concesión podrá ser prorrogado hasta por treinta años más, siempre y cuando lo solicite el concesionario y se sigan cumpliendo los requisitos y condiciones que sirvieron de base
y fundamento para el otorgamiento de la concesión y se justifique la necesidad o variación de
las condiciones que dieron lugar a dicha solicitud.
La otorgante contestará en definitiva la solicitud de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación, previo cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley y establecerá, previa audiencia del concesionario, las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.
ARTÍCULO 64.- Son derechos de los concesionarios:
I.- Ejercer los derechos derivados del título de concesión;
II.- Percibir las tarifas o ingresos que correspondan;
III.- Recibir la indemnización correspondiente por parte de la otorgante, en caso de rescate de la concesión o incumplimiento por parte de la misma de los términos y condiciones del título de concesión; y
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IV.- Los demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y del título de concesión respectivo.
ARTÍCULO 65.- Son obligaciones de los concesionarios:
I.- Iniciar el uso, explotación, mantenimiento, aprovechamiento del objeto de la concesión, incluyendo el diseño, construcción, conservación, operación, y/o mantenimiento, entre otras actividades según sea el caso, en el plazo establecido en el título de concesión en la forma y términos señalados en dicho título, así como por lo dispuesto en esta Ley;
II.- Cubrir los derechos que correspondan conforme a las leyes fiscales;
III.- Entregar los estados financieros que le sean requeridos;
IV.- Contar con el personal, equipo e instalaciones necesarias y adecuadas para cumplir con el objeto de la concesión;
V.- Otorgar garantía en favor del Estado, para el debido cumplimiento de las obligaciones de la concesión; y
VI.- Las demás que se establezcan en esta Ley y en el título de concesión.
SECCIÓN QUINTA DE LA REVOCACIÓN Y FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN
ARTÍCULO 66.- Las concesiones otorgadas conforme a este Capítulo se extinguen en los supuestos y condiciones que al efecto señale esta Ley o el propio título de concesión. Toda resolución que decida sobre la extinción de las concesiones deberá ser formulada y emitida por el titular de la otorgante de la misma.
ARTÍCULO 67.- La resolución de extinción de la concesión se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará personalmente al concesionario.
ARTÍCULO 68.- Son causas de extinción de la concesión:
I.- El cumplimiento del plazo o de la prórroga del título de concesión;
II.- La desaparición del objeto o de la finalidad de concesión;
III.- La quiebra del concesionario;
IV.- La muerte del concesionario o la extinción de la persona moral titular de la concesión;
V.- La revocación;
VI.- El rescate mediante declaratoria; y
VII.- Cualquier otra prevista en el título de concesión y en la presente Ley, en cuyo caso, el procedimiento de que se trate lo tramitará la Secretaría de Administración.
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ARTÍCULO 69.- La extinción de la concesión hará que los bienes afectos a la misma, se integren de pleno derecho al patrimonio del Estado libres de todo gravamen y con todas sus accesiones y edificaciones, salvo que por la naturaleza del bien concesionado se establezca en el título de concesión que los bienes permanecerán en el patrimonio del concesionario.
ARTÍCULO 70.- La extinción de la concesión no exime a su titular de las obligaciones contraídas durante su vigencia, tanto para con el Estado como para con terceros.
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Departamento Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los 21 días del mes de Diciembre de 1973. ANTONIO MONTES GARCIA. D.P. Rúbrica FELIPE ARROYO SOSA D.S. Rúbrica JOSE ESQUITIN LABORADOR D.S. Rúbrica
Por tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado en el Palacio del Departamento Ejecutivo en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres. El Gobernador del Estado, GUILLERMO MORALES BLUMENKRON. Rúbrica. El Secretario General de Gobierno, LIC. EDUARDO LANGLE MARTINEZ Rúbrica.
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ARTÍCULO 10

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ARTÍCULO 15
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