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Timestamp: 2020-02-28 12:24:12+00:00

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Delito de falsedad en documento público - VITIUM ABOGADOS
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Los abogados colaboradores de VITIUM nos aclaran todo lo relacionado con el delito de falsedad en documento público. Vamos con ello.
Definiendo el delito de falsedad en documento publico
Necesidad de que el autor sea autoridad o funcionario público
La mutación de la verdad como elemento objetivo del delito de falsedad de documento publico
El documento como objeto del delito de falsificacion documento publico:
Autoría del delito de falsedad documental
Dispone el artículo 390 del Código Penal que será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
bien alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial;
bien simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad;
bien suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho;
A la vista de la redacción dada al precepto hemos de llegar a la conclusión de que el tipo previsto en el mismo exige para entender cometido el mismo que el autor sea autoridad o funcionario público, y que cometa el delito en el ejercicio de sus funciones; la concurrencia del elemento objetivo de la mutación de la verdad por alguno de los procedimientos enumerados en el artículo citado, y que la “mutatis veritatis” recaiga sobre elementos esenciales del documento; y el elemento subjetivo o dolo falsario.
Nuestra jurisprudencia ha establecido que no es suficiente que se dé tal condición en el sujeto activo sino que es exigible además que éste actúe en el arca de sus funciones específicas, de tal modo que, aun tratándose de una autoridad o funcionario público, si su actuación falsaria no se refiere específicamente a tales funciones y únicamente se han aprovechado de su condición de autoridad o funcionario para acceder de forma irregular al documento en cuestión, el medio deberá ser calificado con arreglo al artículo 392 del Código Penal (falsedad cometida en documento oficial por particular), concurriendo la agravante de prevalimiento del carácter público del culpable (artículo 22.7).
La mutación de la verdad por alguno de los procedimientos enumerados en el artículo 390, en primer lugar debemos referirnos a la existencia de “documento”. En este sentido, nuestra jurisprudencia ha señalado que la definición contenida en el artículo 26 del Código Penal (“a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”), no puede ceñirse solo al papel porque las nuevas técnicas han multiplicado las ofertas de soportes físicos capaces de corporeizar y dotar de perpetuación al pensamiento y a la declaración de voluntad como grabaciones de vídeo, o cinematográfica, cinta magnetofónica, los disquetes informáticos. En este sentido se pronuncia, entre otras muchas resoluciones, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 426/2016, de 19 de mayo, afirmando que la incorporación de estos instrumentos documentales a nuestro sistema procesal se inició de forma expresa por la Ley Enjuiciamiento Civil, de 7 enero 2000, al establecer en su artículo 135.5º que cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos se pueden utilizar siempre que quede garantizada la autenticidad. También el artículo 130 LOPJ establece que cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos, se pueden utilizar siempre que quede garantizada su autenticidad; y el artículo 230 LOPJ ratifica esta tendencia al establecer que “los documentos emitidos por los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, cualquiera que sea su soporte, gozaran de la validez y eficacia de un documento original, cualquiera que sea su soporte”, añadiendo “siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”. Su aceptación depende, por tanto, de la incuestionable autenticidad técnica del soporte físico en que se encuentre su contenido.
Continua la citada resolución su análisis de lo que ha de considerarse “documento” afirmando que “(…) el soporte papel ha sido superado por las nuevas tecnologías de la documentación e incorporación. Cualquier sistema que permita incorporar ideas, declaraciones, informes o datos susceptibles de ser reproducidos en su momento, suple con ventajas al tradicional documento escrito, siempre que existan instrumentos técnicos que permitan acreditar la fiabilidad y seguridad de los impresos en el soporte magnético. Se trata de una realidad social que el derecho no puede desconocer. El documento electrónico imprime en las “neuronas tecnológicas”, de forma indeleble, aquello que se ha querido transmitir por el que maneja los hilos que transmiten las ideas, pensamientos o realidades de los que se quiere que quede constancia. Su autenticidad es tan firme que supera la realidad que puede visualizarse en un documento escrito. El documento electrónico adquiere, según sus formas de materializarse, la posibilidad de adquirir las categorías tradicionales de documentos privados, oficiales o públicos, según los elementos técnicos que se incorporen para su uso y materialización. La Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información consagra la validez del contacto electrónico lo que dota a los resortes informáticos de la misma validez que los soportes electrónicos (…) Por tanto la manipulación falsaria de ordenadores u otros instrumentos semejantes se halla actualmente tipificada dado el tenor del art. 26 (STS. 619/2007 de 30.10.98). Los datos confeccionados por un funcionario que maneja y tiene el control y la responsabilidad de realizar o poner en marcha los mecanismos magnéticos o informáticos que se pasan a un soporte magnético o informático constituyen un documento susceptible de ser falsificado (STS. 885/2007 de 6.11)”.
Y para diferenciar entre documento público y privado, les dejamos este interesante video (y a partir de 1 minuto y 20 segundos). Ha sido creado por el canal de youtube “videoleyes aula virtual”:
“no es un delito de propia mano, entre otras razones, por cuanto se admite la posibilidad de la autoría mediata. De lo indicado se deduce que, aunque normalmente, el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría, no solo por la vía de la autoría mediata o la inducción, en los casos en los que la persona no ha sido quien materialmente confeccionó el documento (…) Son los supuestos de coautoría en los que existe un dominio funcional del hecho conforme al plan trazado por los autores. En este sentido la STS. 146/2005 de 7.2, recuerda que la autoría en el delito de falsedad no se limita a la persona concreta que realice la materialidad de la imitación de la firma u otro elemento mendaz en que tal falsedad consista. Siendo constante la jurisprudencia que precise que para ser autor de la falsedad no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes. Basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona -aún desconocida- haya sido el autor material, pues ello no obra ni hace desaparecer el autor/inductor de tal acción, que también es considerado autor de acuerdo con el art. 28 CP (…)”; y también sobre el requisito de la “mutatio veritatis”, señalando que “es cierto que tal inveracidad ha de recaer sobre extremos o pormenores esenciales y ha de tener ulterior trascendencia probatoria, por lo que no se incluyen los mudamientos de verdad inocuos a intrascendentes para la finalidad del documento, pero también lo es que en el caso examinado un sobreseimiento de un expediente es un dato absolutamente esencial y tal alteración incide de forma decisiva en la función probatoria del mismo, faltar a la verdad en el contenido de los documentos alterando la realidad, simulando su contenido que no era real, haciendo constar motivaciones que no se correspondían en absoluto con la verdad (…)”.
Finalmente, el delito de falsedad documental requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, se logren o no los fines perseguidos (STS 349/2003 de 3.3, 1095/2006 de 16.11, 35/2010 de 4.2). El dolo falsario requiere el conocimiento en el agente que altera conscientemente la verdad por medio de una mutación o suposición documental y ataca también la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban. Como elemento subjetivo del delito de falsedad documental el ánimo falsario está en la mente del sujeto y salvo que exista prueba directa derivada de una manifestación del acusado, hay que deducirlo mediante una prueba indirecta o indiciaria, a través del correspondiente juicio axiológico o de valor, para lo cual se partirá del conjunto de circunstancias que hayan rodeado a la perpetración del hecho y de cuantos actos haya realizado el sujeto activo que permitan esclarecer su ánimo o pensamiento.
Si tiene algún problema legal relacionado con una falsedad en documento público, le recordamos que en VITIUM Abogados somos los mayores especialistas en derecho penal de España.
Delito de falsedad en tarjetas de credito

References: artículo 390
 artículo 392
 artículo 390
 artículo 26
 artículo 135
 artículo 130
 artículo 230
 resolución