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Timestamp: 2017-07-20 16:43:44+00:00

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PREPARACIÓN ESCALA BÁSICA CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: LPA
El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido y ámbito de aplicación. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.
1. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: ESTRUCTURA Y CONTENIDO ESENCIAL
La estructura de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, consta de un Título Preliminar, 10 Títulos, ( 146 artículos) 19 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.
• Exposición de Motivos • Título Preliminar. Del ámbito de aplicación y principios generales.
• Título I. De las administraciones públicas y sus relaciones. • Título II. De los órganos de las administraciones públicas. - Capítulo I. Principios generales y competencia. - Capítulo II. Órganos colegiados. - Capítulo III. Abstención y recusación. • Título III. De los interesados. • Título IV. De la actividad de las administraciones públicas. - Capítulo I. Normas generales. - Capítulo II. Términos y plazos. • Título V. De las disposiciones y los actos administrativos. - Capítulo I. Disposiciones administrativas. - Capítulo II. Requisitos de los actos administrativos. - Capítulo III. Eficacia de los actos. - Capítulo IV. Nulidad y anulabilidad. • Título IV. De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
- Capítulo I. Iniciación del procedimiento. - Capítulo II. Ordenación del procedimiento. - Capítulo III. Instrucción del procedimiento
- Capítulo IV. Finalización del procedimiento. - Capítulo V. Ejecución. • Título VII. De la revisión de los actos en vía administrativa. - Capítulo I. Revisión de oficio. - Capítulo II. Recursos administrativos. • Título VIII. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.
- Capítulo I. Disposiciones generales. - Capítulo II. Reclamación previa a la vía judicial civil. - Capítulo III. Reclamación previa a la vía judicial laboral.
• Título IX. De la potestad sancionadora.
- Capítulo I. Principios de la potestad sancionadora. - Capítulo II. Principios del procedimiento sancionador. • Título X. De la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
- Capítulo I. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. - Capítulo II. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1.2. CONTENIDO ESENCIAL
- El título I aborda las relaciones entre las Administraciones Públicas de carácter directo en unos casos y, en otros, formalizadas a través de los órganos superiores del Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboración que han de presidir aquéllas, consustancial al modelo de organización territorial del Estado implantado por la Constitución.
- El título II dedica su capítulo I a regular los principios generales del régimen de los órganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación, en el marco de lo previsto por el artículo 103 de la Constitución Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo estricto de lo que constituye la normativa básica de toda organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.
- El título III recoge las normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, la legitimación para intervenir en el procedimiento, la comparecencia a través de representantes y la pluralidad de interesados. Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitución, cuyo artículo 105,c), acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento administrativo.
- El título IV, bajo el epígrafe "De la actividad de las Administraciones Publicas", contiene una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y las Leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administración-, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administración actuante, y el de obtener información y orientación sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
Incorpora, a continuación, las normas esenciales sobre el uso de las lenguas oficiales, regula el acceso a la información de los archivos y registros administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 105,b), de la Constitución, y aborda de manera frontal y decidida -en contraposición a la timidez de las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958- la instalación en soporte informático de los registros generales, así como la integración informática de aquéllos con los restantes registros administrativos.
En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperación, coordinación y colaboración, posibilitando el que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Públicas en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, al margen de las restantes posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto se prevé que, mediante convenio de colaboración entre Administraciones Públicas, se implanten sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.
La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relación de la Administración con el ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo. Se podría decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. No seria exacto. El objetivo de la Ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una Administración en la que debe primar la eficacia sobre el formalismo, sólo cederá cuando exista un interés general prevalente o cuando, realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.
- Abre el título V el capítulo dedicado a las disposiciones administrativas, enunciando los principios generales de legalidad, jerarquía, publicidad e inderogabilidad singular del Reglamento.
- El título VI regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración.
Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilización de medios telemáticos e, incluso, audiovisuales, para facilitar su formulación, siempre que quede acreditada la autenticidad de su voluntad.
El capítulo IV regula las formas y efectos de la finalización del procedimiento, a través de resolución desistimiento, renuncia o caducidad. Se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y terminación de los procedimientos.
La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecución forzosa quedan recogidos en el capítulo V. La autotutela de la Administración Pública, potestad que permite articular los medios de ejecución que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los limites constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecución, de modo que se restrinja al mínimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
- El título VII, Revisión de los actos administrativos, establece una profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.
- El título IX regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del texto constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitución, en su artículo 25, trata conjuntamente los ilícitos penales y administrativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que ambos se sujeten a principios de básica identidad, especialmente cuando el campo de actuación del derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo en aras al principio de mínima intervención.
Entre tales principios destaca el de legalidad o "ratio democrático" en virtud del cual es el poder legislativo el que debe fijar los límites de la actividad sancionadora de la Administración y el de tipicidad, manifestación en este ámbito del de seguridad jurídica, junto a los de presunción de inocencia, información, defensa, responsabilidad, proporcionalidad, interdicción de la analogía, etc.
- El título X, "De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus Autoridades y demás personal a su servicio", incorpora la regulación de una materia estrechamente unida a la actuación administrativa y que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace así realidad la previsión contenida en el artículo 149.1.18ª de la Constitución sobre el establecimiento de un "sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas".
2. ALCANCE Y CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
En un sentido técnico el procedimiento consiste fundamentalmente en una pluralidad de actos ligados o coordinados entre sí de manera que sin cada acto anterior, ninguno de los posteriores tiene validez y sin cada acto posterior, ninguno de los anteriores tiene eficacia. Así entendido el procedimiento, hay que hacer, sin embargo, las siguientes precisiones:
- El término procedimiento resulta más amplio que el de "proceso", pues éste se refiere a actuaciones judiciales, mientras que aquél se predica en general de las diversas funciones públicas;
- Por otro lado, el procedimiento no debe tampoco confundirse con el simple expediente administrativo, el cuál sólo representa la materialización del procedimiento mismo.
La importancia del procedimiento administrativo puede observarse a través de distintos aspectos: - El procedimiento es un medio de producir actos administrativos; - El procedimiento administrativo es un presupuesto procesal necesario para poder acudir ante los Tribunales deduciendo pretensiones frente a la administración; - El procedimiento es, finalmente, una garantía para el administrado, pues su finalidad es contribuir a la legalidad, acierto y oportunidad del acto administrativo.
3. LOS INTERESADOS
3.1. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
Uno de los principios clásicos del procedimiento administrati¬vo ha sido el de imparcialidad por parte de quienes, desde el lado de la Administración, intervienen en el mismo.
A estos efectos se han regu¬lado las figuras de la abstención y de, en su caso, si no se lleva a efecto ésta existiendo motivos para ello, la recusación.
La Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, se re¬fiere a las mismas en los artículos 28 y 29.
3.1.1. Abstención
Las autoridades y el perso¬nal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior in¬mediato, quien resolverá lo pro¬cedente.
 Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera in¬fluir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad intere-sada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
 Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la repre¬sentación o el mandato.
 Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
 Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
 Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
La actuación de autorida¬des y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abs¬tención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Los órganos superiores po¬drán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
La no abstención en los ca¬sos en que proceda dará lugar a responsabilidad
El artículo 7,lº,g), del Real Decreto 33/1986, tipifica como falta grave "interve¬nir en un procedimiento admi-nistrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención le¬galmente señaladas".
3.1.2. Recusación
En los casos previstos en el articulo 28, anteriormente visto, podrá promover¬se recusación por los interesados en cualquier momento de la tra¬mitación del procedimiento.
La recusación se planteará por escrito en el que se expresa¬rá la causa o causas en que se funda.
En el día siguiente el re¬cusado manifestará a su inme¬diato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido.
Si el recusado niega la cau¬sa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comproba¬ciones que considere oportunos.
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recu-sación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
3.1.3. La relación jurídico administrativa
La relación jurídico-administrativa, para que sea tal ha de reunir los siguientes caracteres:
- Presencia en ella de la Ad¬ministración, corno sujeto de la relación, normalmente en el lado activo de la misma, junto al Ad¬ministrado, que suele situarse en el lado pasivo,
- La Administración ha de intervenir en tal relación como tal, y no como persona de Dere¬cho Privado. Esto es tanto como decir que ha de actuar (la Administración) al servicio de los intereses generales a que le obliga el artículo 103,1º de la Constitución, de 27 de di¬ciembre de 1.978.
- La Admi¬nistración actúa normalmente como parte activa de la relación, es decir, ejercita en ella las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le reconoce para el cumplimiento de sus fines.
- Esto no obsta a que, en deter¬minadas relaciones, sea el sujeto pasivo, por ejercer el particular un derecho subjetivo frente a ella, por ser objeto, por ejemplo, de una reclamación de responsa¬bilidad por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- Está regulada por el Derecho Ad¬ministrativo.
- El elemento subjetivo, que es doble: un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por lo general, como se ha dicho, el lado activo es desempeñado Por la Administración Pública, y el Pasivo Por el Administrado, le que no impide en ocasiones que se entable una relación jurídico-administrativa entre dos sujetos con carácter publico, dando lugar a las deno¬minadas relaciones interadmi¬nistrativas, e, igualmente, que en una relación jurídico-administrativa resulte sujeto activo el administrado y pasivo la Admi¬nistración (pensemos en la ac¬ción de responsabilidad inter¬puesta por aquél contra ésta a que aludíamos).
- El objeto, constituido por los actos humanos (desempeño de su cargo por el Funcionario, por ejemplo) o las cosas (el dominio publico). en cuanto integran¬tes del bien jurídico tutelado por la norma.
- El contenido, que se descompone en una serie de derechos y obligaciones que recaen sobre el objeto de la relación (derecho al uso privativo del domi¬nio público, etc.) y corresponden a los sujetos que en ella intervie¬nen.
- La causa, la re¬lación social que sirve de soporte a la relación jurídico-administra¬tiva adquiere esta naturaleza en cuanto es regulada por el Dere¬cho Administrativo. Pero el orde¬namiento jurídico vincula el na¬cimiento de la relación a la con¬currencia de ciertos hechos que, por ello, son calificados de jurídicos y que pueden considerarse su causa (la relación de servicios nace por el hecho jurídico del acto de nombramiento y poste¬rior toma de posesión por el Fun¬cionario).
C) Nacimiento, modifica¬ción y extinción
En cuanto a su nacimiento, toda relación jurídico-administrativa tiene su punto de arran¬que en una disposición legal (en sentido amplio), un negocio jurí¬dico (por ejemplo, un contrato administrativo), un hecho o un acto (esencialmente, administra¬tivo).
Su modificación puede afec¬tar a los sujetos (por ejemplo, el cambio de un particular en la titularidad de una Licencia de Apertura de un Establecimiento), al objeto (por ejemplo, redimir a metálico la prestación personal a que se refiere el artículo 119 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re¬guladora de las Haciendas Locales) o al contenido de la relación, es decir. a los derechos y debe-res de los sujetos en la misma (que puede producirse, por ejemplo, cuando la Administración hace uso del "ius variandi" en 1a contratación administrativa, modificando unilateralmente los términos del contrato de que se trate
Finalmente, respecto a la ex¬tinción, puede deberse a la pro¬pia Ley, que determine cuándo se extingue la relación. Asimis¬mo. las relaciones personalísi¬mas, por ejemplo la que mantie¬ne un Funcionario con la Admi¬nistración, se extinguen por la muerte del primero, aunque se generen otras relaciones a resul¬tas de la misma, como el deven¬go de pensión en favor del cón¬yuge e hijos.
3.1.4. Clases de Administrados
De todo lo ya expuesto, se deduce que el Administrado es uno de los sujetos de la relación jurídico-administrativa, normal¬mente el pasivo, al ser el destina¬tario de las prerrogativas o po¬testades del otro sujeto (la Admi-nistración) en el seno de dicha relación.
En definitiva, el hombre cuan¬do entra en relación con la Admi¬nistración, adquiere la condición de Administrado.
A) Clases de Administra¬dos
Administrado puede ser toda persona física o jurídica que entre en relación con la Administración, por 1o que puede hacerse una tipología del mismo en fun¬ción de lo que realmente sea (in¬dividuo, persona jurídica, etc.,).
En la Doctrina científica ha sido tradicional la distinción en¬tre:
a) Administrado simple: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un esta¬do de sujeción general y que es tratado por la norma de una for¬ma impersonal, siendo ésta la posición normal. Así, Administrado simple es cualquier ciudadano que deam-bule por una vía pública, cuyo uso no tiene limitado sino por directrices de carácter general. El que hace un uso común gene¬ral del dominio público.
b) Administrado cualificado: Es aquel que se encuentra res¬pecto de la Administración en un estado de sujeción especial, es decir, especialmente vinculado a ella, lo que puede derivar, por ejemplo, de la relación funcionarial, del uso común especial o del uso privativo del dominio públi¬co, de la realización de una prestación personal (como el propio servicio militar), etc.
¬B) El administrado o inte¬resado en el procedimiento administrativo
El artículo 31 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre., en cuanto a la actuación dentro de los procedimientos adminis-trativos, considera como intere¬sados en los mismos:
 Quienes lo promuevan como titulares de derechos o in-tereses legítimos individuales o colectivos.
 Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan dere¬chos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
 Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colecti¬vos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definiti¬va.
En este contexto, cuando en una solicitud, escrito o comuni¬cación figuren varios interesa¬dos, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el repre¬sentante o el interesado que ex¬presamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término artículo 33 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
Finalmente, si durante la ins¬trucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o in¬tereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expe¬diente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del pro¬cedimiento (artículo 34 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.).
3.2. CAPACIDAD Y REPRE¬SENTACIÓN
Así como en el Derecho Priva¬do existe una teoría general de la capacidad de las personas, en virtud de la cual quien ostente la capacidad jurídica (desde el na¬cimiento, prácticamente) y de obrar (desde que, como regla ge¬neral, se alcanza la mayoría de edad) puede entablar todo tipo de relaciones jurídicas con otros (por ejemplo, adquirir o vender bienes), en el Derecho Adminis¬trativo no se ha elaborado esta teoría respecto del Administra¬do, dado que la relación jurídico¬-administrativa suele establecer¬se “intuitu personae” (en consideración a la persona); en consecuencia, el ordenamiento jurídico exige diversos requisitos de capacidad según el tipo de rela¬ción de que se trate (así, por ejemplo, para el acceso a la Pun¬ción Publica, se suelen especifi¬car todos los requisitos que ha de reunir la persona que preten¬da servir a la Administración: mayoría de edad, titulación es¬pecifica para la plaza a que se opta, etc.)
Por eso, habrá que estar a la norma en concreto que regule la relación de que se trate para sa¬ber qué capacidad es exigible al Administrado, sin perjuicio de que el propio Derecho Adminis¬trativo se base en las reglas de la capacidad de Derecho Privado, o de que, en ocasiones (por ejemplo, para plantear un recurso económico-administrativo) per¬mita a los menores de edad (in¬capaces de obrar en el Derecho Privado) actuar en defensa de sus intereses.
En cuanto a las circunstan¬cias modificativas de la capaci-dad, igual remisión debe hacerse a la doctrina civilista, sin perjui¬cio de algunas especialidades propias del Derecho Administra¬tivo, como la mencionada en el párrafo anterior respecto a los menores de edad.
En este línea hay que insertar la dicción del artículo 30 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. según el cual “tendrán capacidad de obrar ante las Ad¬ministraciones Publicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejer¬cicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-adminis¬trativo sin la asistencia de la per¬sona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se excep¬túa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la exten¬sión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los dere¬chos o intereses de que se trate.
Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. enten¬diéndose con éste las actuacio¬nes administrativas, salvo mani¬festación expresa en contra del interesado.
Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Dere¬cho que deje constancia fidedig¬na, o mediante declaración en comparecencia personal del inte¬resado (es lo que, en la práctica administrativa, se ha llamado el poder “apud acta”, el apodera¬miento otorgado por el interesa¬do en favor de otra persona, efec¬tuado ante el funcionario respon¬sable del expediente de que se trate, que debe extender una di¬ligencia para hacer constar el mismo que se insertará en el expediente, dándose copia al interesado). Para los actos y ges¬tiones de mero trámite se presu¬mirá aquella representación.
La falta o insuficiente acre¬ditación de la representación no impedirá que se tenga por reali¬zado el acto de que se trate siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano ad¬ministrativo, o de un plazo supe¬rior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (con esta previsión. se pretende cum¬plir el principio de celeridad que rige la ordenación del procedimiento, al que se refieren los artículos 74 a 77 de la propia Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.).
Por lo demás, cuando tal representación exista, no se exigen en principio formalidades especiales para acreditarla; sin embargo, para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos de gestión de mero trámite se presumirá aquella representación. La falta o insuficiencia de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Es, sin duda, la legitimación lo que convierte al administrado en "interesado", entendiendo por legitimación la posibilidad jurídica de realizar un determinado acto jurídico en virtud de una especial relación entre sujeto y objeto. Ahora bien, es preciso distinguir dos tipos de interesados:
 Interesados propiamente dichos. A ellos se refiere el art. 31 apartados a) y b) de la Ley 30/1.992, a cuyo tenor se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
 Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos
 Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Más aún, para estos últimos la tramitación del expediente deberá serles comunicada si no hubieran comparecido todavía en el procedimiento.
 Interesados por personación.
 Se trata en este caso de aquellas personas que sólo pueden considerarse interesadas si se personan o comparecen expresamente en el procedimiento.  El artículo 31 apartado c) de la Ley considera también interesados a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, siempre que se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva.
 Además, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales (artículo. 31.3)
 Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Pero además, la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre y las demás normas aplicables al proce¬dimiento administrativo y a las relaciones entre la Administra¬ción y el Administrado, recono¬cen una serie de derechos, a lo largo de su articulado.
Conforme al artículo 35 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre., en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen los si¬guientes derechos:
a) Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tra¬mitación de los procedimien¬tos en los que tengan la con-dición de interesados, y obte¬ner copias de documentos contenidos en ellos.
- A estos efectos. el artículo 46 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, señala que:
1. Cada Administración Públi¬ca determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados.
2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista cons¬tancia de que sean auténticas.
3. Las copias de documentos privados tendrán validez y efica¬cia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Publicas, siempre que su autenticidad haya sido com¬probada.
4. Tienen la consideración de documento publico administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
b) Derecho a identificar a las auto¬ridades y al personal al servi¬cio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los proce¬dimientos.
c) Derecho a obtener copia sellada de los documentos que pre¬senten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
En concreto, el artículo 70,3º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. prescribe que "de las solicitudes, comunicacio-nes y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la techa de presen-tación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fe¬cha de presentación anotada por la oficina".
d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Or¬denamiento Jurídico.
Sobre la lengua de los proce¬dimientos trata el artículo 36 de esta Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, disponiendo que:
- La lengua de los procedi¬mientos tramitados por la Admi¬nistración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella.
- En este caso, el procedimien¬to se tramitará en la lengua ele¬gida por el interesado. Si concu¬rrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera dis¬crepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documen¬tos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
- En los procedimientos tra¬mitados por las Administracio¬nes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
- En cualquier caso, deberán traducirse al castellano los docu¬mentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comuni¬dad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo solici¬ten expresamente.
- Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. deberán ser traducidos al castellano por la Administración Pública ins¬tructora.
e) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al tramite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el ór¬gano competente al redactar la propuesta de resolución.
- En similares términos se pro¬nuncia el artículo 79,1º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, estableciendo su número 2 que "en todo momento podrán los interesados alegar los defec¬tos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización. infracción de los plazos precepti¬vamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas ale¬gaciones podrán dar lugar, si hu¬biere razones para ello, a la exi¬gencia de la correspondiente res¬ponsabilidad disciplinaria.
f) Derecho a no presentar docu¬mentos no exigidos por las normas aplicables al proce¬dimiento de que se trate, o que ya se encuentren en po¬der de la Administración ac¬tuante.
g) Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técni¬cos que las disposiciones vi¬gentes impongan a los pro¬yectos, actuaciones o solici-tudes que se propongan reali¬zar.
h) Derecho de acceso a los Regis¬tros y Archivos de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
- El artículo l05,b), de la C.E. establece que la Ley regulará el acceso de los ciuda¬danos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
i) Derecho a ser tratados con respe¬to y deferencia por las autori¬dades y funcionarios, que ha¬brán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumpli¬miento de sus obligaciones.
- Téngase en cuenta que los artículos 6 a 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administra¬ción del Estado, aplicable supletoriamente al resto de los funcionarios públicos recogen, en su tipificación de faltas muy graves, graves y leves, la “actuación que suponga discriminación por ra¬zón de raza, sexo, religión, len-gua, opinión, lugar de nacimien¬to, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia perso¬nal o social” (falta muy grave), “la grave falta de consideración con los administrados” (falta grave) y la incorrección con el público, superiores, compañeros o subor¬dinados” (falta leve).
j.) Derecho a exigir las responsabi¬lidades de las Administraciones públicas.
- El sistema de responsabilidades personales de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como patrimonial se regula en el Título X de la Ley de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
- En la propia Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. se contienen otros derechos, como, por ejemplo, el de no comparecer obligatoriamente ante las oficinas públicas salvo que esté previsto en una norma con rango legal y con las garantías del artículo 40 los reconocidos en el artículo 85, en la instrucción del procedimiento (asistencia de asesor etc.) y los reconocidos en el pro¬cedimiento sancionador.
Por último, en relación con los principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad, el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
Asimismo, las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan
4. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
4.1. CLASES DE PROCEDIMIENTOS
- Procedimiento ordinario: es el procedimiento general regulado en el título VI de la Ley que, tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial.
- Procedimientos especiales:  Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el Título IX de la Ley 30/1.992, y en Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba le Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: recogido en el Capítulo I del Título X de la Ley 30/1.992, "Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública" y en el Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.  Procedimiento de Recaudación, regulado en el Real Decreto 1684/1.990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
4.2. FASES Las fases del procedimiento administrativo son:
Procederemos posteriormente a su estudio pero teniendo en cuenta el contenido del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, introducido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Este artículo regula la denominada “declaración responsable y comunicación previa”.
Se entenderá por “declaración responsable” el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Se entenderá por “comunicación previa” aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.
Procedemos a continuación al estudio de las fases del procedimiento administrativo.
4.2.1. Iniciación El procedimiento administrativo puede así iniciarse tanto de oficio como a solicitud de persona interesada.
• Por propia iniciativa
• Por orden del órgano superior • Por petición razonada de órganos inferiores
• Por denuncia de particulares
• Nombre y apellidos del interesado, medio preferente o lugar que señale a efectos de notificación así con el de la persona que actúe como representante
• Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige
• Hechos, razones y petición, en que se concrete con toda claridad la solicitud
• Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio
Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
• En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
• En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
• En representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
• En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes .
Se podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos. Los registros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia del órgano o entidad que creó el registro y que se especifiquen en la norma de creación de éste, así como que cumplan con los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información que se señalen. Los registros telemáticos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil para el órgano o entidad se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.
• Adopción de medidas provisionales
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
• Acumulación de expedientes
4.2.2. Ordenación
• Oficialidad: el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites; normalmente no se necesitará la petición de los administrados en tal sentido (art.74.1).
• Igualdad ante la Ley: en el despacho de los expedientes se guardará el riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el Titular de la unidad administrativa se dé orden motivada y escrita en sentido contrario (art. 74.2).
• Economía, celeridad y eficacia: este principio se traduce en las siguientes consecuencias:
 Que se acuerden en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan impulsión simultánea
 Que al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberán consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto
 Que los trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo normas que especifiquen otro plazo
 Cuando se considere que alguno de los actos de los interesados no reúnen los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo  Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de las actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación 4.2.3. Instrucción
La instrucción se encuentra recogida en los artículos 78 a 86 de la Ley 30/92 y se rige por el principio de oficialidad dado que, si en principio la iniciación se realizará de oficio o a solicitud del interesado, en todo caso se deberán efectuar de oficio los actos de instrucción cuando el contenido de la resolución tenga relevancia inmediata para el interés público. En este sentido, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que trámite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos.
Los interesados podrán aducir las alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen oportunos en cualquier momento del procedimiento, pero siempre con anterioridad al trámite de audiencia. Unas y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
El instructor del expediente acordará la apertura de un período de prueba en los siguientes casos:  Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados;
 Cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
Los hechos relevantes para la resolución del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
 Preceptivos son aquellos informes que el órgano decisorio está obligado a solicitar por exigirlo así un precepto legal.  Facultativos, en cambio, son aquellos informes que son solicitados voluntariamente por el órgano decisorio, sin estar obligado a ello. Por razones de celeridad, se establece que sólo se soliciten informes cuando sea absolutamente necesario. Por lo demás, los informes se presumen facultativos, salvo que expresamente se establezca lo contrario.
 Vinculantes serán los informes cuando haya obligación de resolver conforme al dictamen emitido, sea éste preceptivo o no.
 No vinculantes, por último, serán los informes cuando no haya tal obligación de resolver conforme al contenido del informe. Como regla, también los informes serán no vinculantes, salvo disposición en contrario.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución E) Participación de los interesados: Audiencia al interesado e Información Pública.
Una vez instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, puedan alegar lo que estimen pertinente. El Tribunal Supremo tiene declarado con reiteración que la omisión del trámite de audiencia al interesado determina la nulidad de todas las actuaciones posteriores. Hay que tener en cuenta que para que haya lugar a la anulabilidad es preciso no sólo que se haya omitido el trámite de audiencia, sino también que tal omisión haya dado lugar a la indefensión del interesado. Por esa razón, el artículo 84 Ley 30/92 señala que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuanta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, porque entonces no habrá tal indefensión, que es precisamente lo que el trámite de audiencia pretende evitar. En el ámbito constitucional se recoge este principio en el artículo 105,c).
4.2.4. Terminación
Se encuentra regulada en los artículos 87 a 101 de la Ley 30/1.992. Señala el artículo 87 que pondrán fin al procedimiento:  Resolución
 Desistimiento
 Renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico
 La declaración de caducidad
La resolución es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo. El acto resolutorio, o resolución, pone fin a la tramitación del procedimiento decidiendo sobre el objeto del mismo. El acto administrativo en que la resolución consiste podrá ser expreso, tácito o presunto, según la doctrina general de los actos administrativos. La Ley de refiere específicamente a las resoluciones expresas señalando:
 Que la resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados, así como aquellas otras que se deriven del expediente.
 Cuando se traten de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo de manifiesto en aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
 Que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste sin que en ningún caso, pueda agravar su situación inicial, y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
 Que la resolución contendrá solamente la decisión, no siendo motivada más que en los casos que recoge el art. 54 Ley 30/92. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que consideren oportuno.
 Que si la resolución se adopta por delegación, se hará constar esta circunstancia y se considerará como si la hubiere dictado la autoridad delegante.
 En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el art. 29 de la Constitución.
 La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la misma.
 El desistimiento se refiere sólo a la instancia administrativa que se hubiere iniciado, renunciando a ésta, pero no al derecho que motivó la pretensión, de modo que, al no haber renunciado al derecho material, se podrá reproducir la instancia en otro momento.
 En la renuncia se abdica no sólo la instancia, sino también al derecho material a que se refiere, de manera que, al haber renunciado al derecho o pretensión de fondo, no se podrá reproducir la instancia ante la Administración.
 Que la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, en cuyo caso la Administración puede exigir la continuación del mismo hasta dictarse la correspondiente resolución.
 Que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento.
La caducidad se produce por la paralización del procedimiento por un plazo superior a 3 meses por causa imputable al interesado, siempre que la Administración le hubiere hecho el oportuno requerimiento y advertencia. Es decir, cuando se produzca la paralización de un procedimiento iniciado a solicitud de interesado por causas imputables al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, y, si transcurrieran esos tres meses sin actuación alguna por parte del interesado, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado, que podrá interponer los recursos que procedan contra dicho acuerdo.
 Que la paralización sea imputable al interesado.
 Que tal inactividad del interesado cause la imposibilidad de continuar el procedimiento.
 Que la Administración deberá advertir al interesado inmediatamente que se produzca la paralización del procedimiento que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo con archivo de las actuaciones.
4.2.5. La obligación de resolver y el Silencio Administrativo
El silencio administrativo se produce cuando la Administración agota el plazo máximo de resolución del procedimiento sin haber dictado resolución expresa, siempre que el procedimiento no haya concluido por alguna de las otras causas legalmente admisibles. A) La obligación de resolver
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de esta obligación, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. B) Duración máxima del procedimiento
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:  En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.  En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. C) Suspensión del plazo máximo de duración del procedimiento
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
 Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.  Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.  Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.  Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.  Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. D) Ampliación del plazo máximo de duración del procedimiento
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. E) Responsabilidad en la tramitación
El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.» F) El silencio administrativo
1- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
2- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:  En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.  En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.
 En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
5. TÉRMINOS Y PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO
5.1. REGLAS SOBRE EL CÓMPUTO DE PLAZOS
Como anexo al tema, analizamos las reglas aplicables al cómputo de plazos. Son las siguientes:
 Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.  Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.  Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.  Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.  Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o ala inversa, se considerará inhábil en todo caso.  La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos.  El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.  Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos. 5.2. AMPLIACIÓN DE PLAZOS
La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.
5.3. TRAMITACIÓN DE URGENCIA
Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. 6. LA INTERACCIÓN DE LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Tras realizar el análisis del procedimiento administrativo común, en los apartados anteriores, debemos centrar nuestro estudio en el procedimiento de gestión tributaria.
Existe un procedimiento general de gestión tributaria y procedimientos específicos que resultan de aplicación a actos de gestión presupuestaria concretos, como pueden ser las modificaciones de crédito, que serán analizados en el bloque de temas dedicados al estudio de la gestión presupuestaria.
En este momento, baste decir que todas las normas de gestión presupuestaria suponen la aplicación del ya estudiado principio de legalidad. En este contexto el procedimiento de gestión presupuestaria se define como la serie compleja de actos y controles a través de los cuales se realiza el gasto público. Este procedimiento tiene como finalidad garantizar la legalidad financiera de los actos administrativos de gasto e ingresos. Es pues la concreción del principio de legalidad, en el procedimiento de ejecución y gestión del presupuesto.
El procedimiento de ejecución presupuestaria se convierte así en presupuesto habilitante de la actuación administrativa y los procedimientos específicos que regulan la actuación de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines que aquél les atribuye.
Así, son predicables de los procedimientos de gestión presupuestaria, los principios generales predicados del procedimiento administrativo común, de modo que la infracción de las normas de gestión dará lugar a la invalidez de los actos presupuestarios y se ejercen asimismo, potestades de control sobre todos los actos de gestión.

References: artículo 103
 artículo 105
 artículo 105
 resolución 
 artículo 25
 artículo 149
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 103
 artículo 119
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 artículo 30
 artículo 31
 resolución 
 artículo 35
 artículo 46
 artículo 70
 artículo 36
 artículo 79
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 85
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 70
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 resolución 
 resolución 
 artículo 84
 resolución 
 artículo 105
 artículo 87
 Resolución

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