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Timestamp: 2018-03-22 08:01:04+00:00

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No a la privatización del Registro Civil: mayo 2015
Gallardón sigue defendiendo la privatización del Registro Civil, y culpa al Gobierno de falta de actitud de escucha para llevar a cabo la misma
A su juicio, el planteamiento del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros era "irreprochable" y "es formidable, necesario, conveniente y útil para todos los actores sin excepción".
El Registro Civil de Pontevedra vuelve a celebrar bodas
Los funcionarios del Registro Civil de Pontevedra recibieron ayer la orden de volver a señalar la celebración de bodas, unos enlaces que se habían suspendido como consecuencia de la pretendida entrada en vigor el 15 de julio de la reforma legal de estos organismos públicos. Sin embargo, la decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de renunciar a que los registradores mercantiles se hicieran cargo del Registro Civil ha propiciado que se puedan fijar enlaces matrimoniales de nuevo en el edificio de A Parda.
Según trascendió ayer, las bodas se señalarán, en principio, durante los dos próximos años. Y es que estos veinticuatro meses son el período de vacatio legis que ha establecido el Gobierno al enmendar la pretendida y polémica reforma, con lo que se ha derogado la normativa que preveía el traspaso de poderes.
«Estamos abiertos a propuestas. Nos planteamos el plazo e, incluso, el modelo», señaló días atrás el propio Catalá, palabras que tumban otro de los grandes proyectos legislativos de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, quien ya ha visto cómo se quedaban en el tintero su reforma de la Ley del Aborto o la de las tasas judiciales. La intención del actual ministro de Justicia, según se desprende de sus declaraciones, es alcanzar un pacto y consenso general para modificar estos entes: «No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y por los partidos políticos. Sería absurdo».
Esta decisión ha sido aplaudida por los empleados públicos pontevedreses y centrales sindicales. Incidieron en que el hecho de que durante el Gobierno de Zapatero se instase a la desjudicialización del Registro Civil, no significó que «se apostase por una privatización como, hasta ahora, parecía promoverse desde el Partido Popular».
En este sentido, fuentes sindicales destacaron que lo único que se busca con la desjudicialización es que estos órganos no tengan que estar supervisados por un juez o magistrado, «pero no que dejen de dar un servicio público y gratuito».
En todo caso, el futuro del Registro Civil es, en estos momentos, incierto. Aparcada la reforma de Gallardón, a día de hoy no se dispone de un modelo de cómo deberán ser estos organismos administrativos una vez transcurran los dos años de vacatio legis. Este período queda establecido en sendas enmiendas, la primera de las cuales establece, entre otras cuestiones, que «quedan derogadas las disposiciones adicionales (...) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia», mientras que la segunda concreta que «la presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017».
En cualquier caso, lo que sí sigue adelante es el proyecto de que desde los hospitales pontevedreses se registren tanto los nacimientos como las defunciones que en ellos tengan lugar. No obstante, se ha demorado unos meses su entrada en vigor, que ahora será el próximo 15 de octubre.
La Voz de Galicia, 24.05.2015
A pesar de haber echado el freno de mano y de haber pactado con todos los partidos dos años (hasta junio de 2017) para pensar entre todos cómo tiene que ser el Registro Civil del futuro, el ministro del ramo, Rafael Catalá, sigue pensando que los “los jueces están para impartir justicia no para llevar registros”.
Uno de sus objetivos, desde que tomó posesión en septiembre pasado, ha sido devolver la paz al sector jurídico. Y para ello ha tenido que actuar poco menos que como “un Tedax”, desactivando no pocas “iniciativas-bombas” de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón.
La “desjudicialización” de los Registros Civiles, y su asunción por los Registros de la Propiedad y Mercantiles, era uno de ellos. Renunció a implementarlo de la forma proyectada, por ahora. Pero el ministro sigue pensando que la reforma se producirá sí o sí, de una forma u de otra, según ha reconocido en una entrevista que publica hoy Expansión. Sobre todo porque esa “desjudicialización” fue decidida por el Gobierno socialista mediante ley en 2011.
El ministro Catalá afirma que la mitad de las quejas que recibe el Defensor del Pueblo sobre Justicia tienen relación con los Registros Civiles. Ahora queda por delante un largo periodo de negociaciones con partidos políticos y operadores jurídicos.
“Las reformas que han de llevarse a cabo en materia de justicia deben efectuarse siempre en colaboración con los sectores afectados”, afirma. Lo que no había hecho Ruíz Gallardón.
El ministro valora diferentes alternativas, como que sean los secretarios judiciales –dentro de poco letrados de la Administración de Justicia- los que asuman esa responsabilidad, o que haga la Administración General del Estado, los Ayuntamientos o, ¿por qué no?, los registradores de la propiedad y mercantiles, como estaba previsto.
Todo está abierto. Nada está claro. Ni siquiera la continuidad del actual Gobierno y, por lo tanto, del actual ministro.
Confilegal.com, 20.05.2015
Nota. Si los jueces no están para llevar el Registro Civil, ¿qué han estado haciendo durante más de 140 años?. Ojo: Catalá sigue en su afán de privatizar todo lo que pueda la Administración de Justicia, incluido el Registro Civil.
Adjuntamos por su interés un vídeo elaborado por Alternativas Xusticia sobre la lucha llevada a cabo contra la privatización del Registro Civil y las movilizaciones realizadas por los compañeros y compañeras de Galicia, que han sido un ejemplo para todos.
El PP rescata en la Ley del Registro Civil que el Cervantes evalúe a quienes pidan la nacionalidad y el pago de una tasa de 100 € por expediente
El PP ha recuperado en el proyecto de Ley del Registro Civil que se tramita en el Congreso la enmienda suprimida del proyecto de Ley para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes por la que se cambiaba el funcionamiento del acceso a la nacionalidad por residencia en España, atribuyendo al Instituto Cervantes la potestad de realizar las dos pruebas de evaluación que deberán superar los solicitantes para acreditar que están integrados en el país.
Se materializa así una iniciativa del Ministerio de Justicia, que en abril de 2014 y con Alberto Ruíz Gallardón todavía al frente, anunció que derivaría al Cervantes la realización de estas pruebas para terminar con la discrecionalidad. En la actualidad, cada juez de cada registro civil decide qué pregunta al extranjero para probar su integración, y se han dado casos de denegaciones por motivos como no conocer a un famoso de televisión o un estadio de fútbol.
La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, dice que "la acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española" que impone el Código Civil a quienes piden la nacionalidad, "requerirá la superación de dos pruebas", la primera de las cuales "valorará el conocimiento de la lengua". Los nacionales de países donde el español sea idioma oficial estarán exentos de este examen.
En la segunda prueba, la que hoy día genera más polémica, "se valorará el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas".
Cuando anunció esta medida, Gallardón se comprometió a crear un manual de contenidos único para todos los solicitantes a nivel nacional en el que pudieran estudiar las materias de las que serían evaluados para probar su integración. Sobre este asunto la enmienda del Grupo Popular no dice nada, aunque establece que "estas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente".
TASA DE 100 EUROS
Además, en la enmienda introducida por el Grupo Popular al articulado del proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro Civil, se establece que los extranjeros interesados deberán pagar una tasa de 100 euros para iniciar el procedimiento de obtención de la nacionalidad.
Razones para el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito judicial, por Jesús Seoana Cacharrón
Es un clamor popular, que raya en el escándalo y se refleja en los medios de comunicación social , con la oposición de todos los operadores jurídicos afectados y los partidos políticos, en relación con la privatización del Registro Civil a favor de los Registradores.
Hay serias razones jurídicas y prácticas para mantener el Registro Civil en el ámbito judicial que , sucintamente pasamos a exponer :
1ª.-La atribución del Registro a los Secretarios Judiciales, con los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, ambos integrados en la Administración del Estado , gozan de la experiencia y calificación profesional, unos y otros, para garantizar su buen funcionamiento y el derecho de los ciudadanos a la dignidad y a la intimidad que les ofrecen los artículos 10.1 y 18.1 y 4 de la CE.
2ª.-Por el contrario los Registradores así como sus empleados laborales no tienen experiencia en la materia ni están integrados en la Administración del Estado , a la vista del contenido del articulo 103 de la CE y la doctrina del TJUE de 12 de noviembre de 2009,por lo que es evidente que no pueden garantizar aquellos derechos en la actividad privada que realizan ,por la que perciben sus aranceles, característica que les convierte en interesados y pone en tela de juicio la imparcialidad que, por el contrario, se exige a los Secretarios Judiciales y a los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia.
3ª.-El artículo 117.4 de la CE ha sido la base para la justificación del mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de los Juzgados y Tribunales ,según la interpretación de la doctrina dominante, que se ha recogido en la redacción del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que , al tratarse de una institución del Estado ( articulo 149.1.8) de la CE),es el sistema adecuado para la protección de aquellos derechos fundamentales sobre el estado civil de las personas que se controlan en dicho Registro y no puede privatizarse a favor de los Registradores sin ninguna justificación constitucional, es más sería una perversión constitucional.
4ª.-No conocemos ningún país europeo en que el Registro Civil este encomendado a los Registradores sino a funcionarios públicos del Estado o de los Ayuntamientos (Alemania, Francia e Italia) o a los funcionarios judiciales ( España y Portugal).
5ª.-En el ámbito judicial se garantiza la gratuidad para los usuarios del servicio público del Registro Civil, frente a la necesaria financiación de los Registradores mediante la aplicación directa o indirecta de sus aranceles, con grave perjuicio para los usuarios y / o para ciudadanos en general.
6ª.- Y , por último, continúa el acercamiento del servicio a los ciudadanos, con el mantenimiento de los Registros Civiles, según el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los Juzgados de Primera Instancia (pudiendo crearse al efecto el correspondiente servicio común al amparo del artículo 438 de dicha Ley) y de los Jugados de Paz, por delegación de éstos. Téngase en cuenta que en los miles de pequeños municipios españoles predominan los ciudadanos de la tercera edad con pequeños ingresos económicos y sin poder utilizar los sistemas electrónicos, que parece ser que ofrecen los Registradores.
Salamanca a 20 de abril de 2015.
Por JESÚS SEOANE CACHARON
Doctor en Derecho .Secretario Judicial
Ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales
Diario La Ley 19.05.2015
Catalá no descarta que la gestión de los registros civiles acabe en manos de los registradores, simplemente aplaza la decisión
Extracto de la entrevista a Rafael Catalá en la Voz de Galicia
-¿Queda descartado que la gestión de los registros civiles acabe en manos de los registradores?
A la vista de la discrepancia y la polémica, lo que hemos acordado es aparcar el proyecto para escuchar a todas las partes. Hasta julio del 2017 tenemos tiempo para hacer bien esta reforma contando con todos. Mientras tanto vamos a continuar haciendo cosas como la inscripción de nacimientos desde los hospitales a partir de octubre. ¿Cuál va a ser la solución? No quiero prejuzgarla aún. No sé si finalmente acabaremos encomendándoselo a los registradores o serán los secretarios judiciales, o los secretarios de ayuntamiento... Nos tomaremos tiempo para ver este asunto con el consenso suficiente.
La Voz de Galicia, 20.05.2015
El Gobierno vasco "saluda" que se "rectifique" la reforma del Registro Civil
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha "saludado" que el Ministerio de Justicia haya decidido "rectificar" y dar "un paso atrás" en la reforma del Registro Civil. Por su parte, ha apostado por mantener este servicio "en el ámbito judicial" a través de los secretarios judiciales.
Erkoreka se ha felicitado por el hecho de que, "aunque se ha resistido mucho", el Ministerio que dirige Rafael Catalá finalmente haya accedido a "la presión que algunas, no todas, las comunidades autónomas veníamos ejerciendo en este sentido".
El Gobierno Vasco ha planteado que el Registro Civil se mantenga "en el ámbito judicial, aunque sin judicalizar el servicio, encomendándoselo a los secretarios judiciales", lo que "puede ser una fórmula idónea, positiva, eficaz, que aprovecharía a un colectivo, el de los secretarios judiciales, que puede desempeñar esta labor".
Eitb.eus, 15.05.2015
El futuro del Registro Civil tiene que resolverse en dos años
El acuerdo se ha producido después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, renunciara a traspasar los Registros Civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles con el fin de buscar una “reforma pactada y consensuada” con las partes implicadas y los grupos políticos. La falta de consenso sobre la cuestión y las reticencias de los profesionales convencieron a Catalá de que no era el momento ni el modo de hacer el cambio.
Para hacer posible esa “vacatio legis” (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) de dos años, el PP ha enmendado la reforma del Registro Civil derogando las leyes vinculadas al traspaso de la gestión a través de dos enmiendas.
Los partidos políticos tienen ahora por delante un periodo de negociación de 25 meses en los que todas las partes implicadas tienen que encontrar un nuevo modelo de Registro Civil que cuente con el consenso general.
Queda aparcada, por lo tanto, la pretensión del Ministerio de Justicia de encomendar la gestión de los Registros Civiles al cuerpo de registradores, una iniciativa puesta en marcha por el anterior titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón.
La decisión se concreta en dos enmiendas. En la primera, referida al Real Decreto que asignaba la gestión de los registros civiles a los registradores mercantiles, a la Ley de convalidación del anterior decreto en igual sentido, se dice que “quedan derogadas cuantas normas se opongan a los previsto en la presente ley”. En la segunda enmienda, el Partido Popular fija el 30 de junio de 2017 como la fecha de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011 por el Gobierno del PSOE, que obliga a la desjudialización de los registros en vez del 15 de julio próximo, como establecía en el plan inicial del Gobierno.
Sin embargo, los planes del Ejecutivo de registrar los nacimientos y muertes desde el hospital siguen adelante, aunque su entrada en vigor se amplía al 15 de octubre. Esta novedad no tenía fecha de entrada en vigor ya que se vinculaba a la entrada en vigor de la Reforma del Registro Civil.
Confilegal.com, 14.05.2015
Katiana Vicens (CCOO) considera un "éxito" que se paralice la privatización del Registro Civil
En declaraciones a los medios en los Juzgados de Sa Gerreria, donde miembros del sindicato han descolgado un cartel que rezaba 'No a la privatización del Registro Civil', Vicens ha aseverado que, de aprobarse definitivamente la paralización, supondrá "una gran victoria de todos los que hemos luchado denodadamente contra el intento de privatizar un servicio público indispensable".
"Una victoria de los trabajadores, de la ciudadanía y del servicio público", ha recalcado Vicens, quien ha asegurado sentirse "muy contenta" puesto que "finalmente hemos conseguido el acuerdo de los partidos".
En esta línea, ha aseverado que "para CCOO es muy positivo que las enmiendas que derogan la privatización se hagan de forma conjunta por todos los miembros parlamentarios pues, además de que dicha derogación consensuada pone en valor la lucha unitaria que los trabajadores, CCOO y decenas de organizaciones hemos realizado contra la privatización, allana el camino de su aprobación rápida como Ley en el Congreso y en el Senado".
El pasado mes de febrero, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el Gobierno no tiene "absolutamente ninguna intención" de privatizar el Registro Civil, al mismo tiempo que emplazó a los grupos de la oposición a presentar sus enmiendas al proyecto de ley de reforma del mismo, actualmente en el Congreso.
Catalá afirmó que el objetivo es modernizar y garantizar el servicio del Registro Civil, y que se agilice el trabajo del mismo con la labor de los funcionarios públicos.
Teinteresa.es, 15.05.2015
El PP ha enmendado la reforma del Registro Civil para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
Todos los grupos parlamentarios se van a adherir a las dos enmiendas presentadas por el PP, que cumple de esta forma con el compromiso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de buscar una reforma "pactada y consensuada" con todas las partes implicadas, una vez que el plan del Ejecutivo era rechazado por la mayoría del sector.
Así, una de las enmiendas señala que "quedan derogadas cuantas normas se opongan a los previsto en la presente ley", es decir, se eliminan todas las iniciativas legislativas que encargaban la cesión del registro a los registradores.
Se trata del real decreto que otorgaba la gestión de los registros a los registradores mercantiles, así como la Ley de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.
Ya en la segunda enmienda, los populares fijan el 30 de junio de 2017 como la fecha de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011 por el Ejecutivo socialista, que obliga a la desjudicialización de los registros, en lugar del próximo 15 de julio como figuraba en el plan inicial del Gobierno.
Eso sí, la medida que establece el registro de nacimientos y muertes desde el hospital seguirá adelante, si bien se amplía su entrada en vigor hasta el próximo 15 de octubre.
RadioIntereconomía.com, 15.05.2015
Según la información de que disponemos en estos momentos, por fin, hoy, se presentarán las enmiendas a la Ley 18/2014, que comprometió Catalá en la reunión del pasado 28 de abril, derogando las disposiciones adicionales, de dicha ley, vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta, vigesimoquinta, manteniendo la vigesimosegunda, relativa a la gratuidad del Registro Civil.
Si finalmente se confirma esta información que parece bastante segura ya, habrá sido una gran victoria de todos los que hemos luchado denodadamente contra el intento de privatizar un servicio público indispensable como es el Registro Civil, una victoria de los trabajadores/as, de la ciudadanía y del servicio público.
CCOO, 14.05.2015
El Ministerio de Justicia confirma en que la ampliación de la vacatio legis de la Ley 20/2011 será de hasta 2017, sin precisar más‏
Hoy, el Ministerio de Justicia ha informado formalmente que la ampliación de la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, como ha venido exigiendo CCOO y de lo que hemos venido informando desde hace días, será de dos años, hasta 2017, sin precisar más.
Por tanto, gracias a la presión que venimos ejerciendo los trabajadores/as, CCOO y otras organizaciones, uno de los primeros objetivos para impedir la privatización del Registro Civil está más cerca de conseguirse. Estamos a punto de ganar una batalla importantísima en defensa del servicio público y del empleo público: que la entrada en vigor de la Ley 20/2011 prevista en la ley 18/2014, para el próximo 15 de julio de 2015, se amplíe hasta 2017 (lo más probable hasta el verano de 2017) y que el Registro Civil no se privatice.
En el momento en que el ministro de Justicia cumpla con su primer compromiso, presentar dichas enmiendas en el Congreso y dispongamos de copia de las mismas, las publicaremos en este blog.
CCOO se mantendrá vigilante hasta que el compromiso adquirido por el ministro de Justicia se apruebe y se publique.
CCOO, 13.05.2015
La Corporación de Puebla de Sanabria aprueba una moción contra la privatización de los registros civiles
El Pleno del Ayuntamiento de Puebla ha aprobado, por unanimidad, una moción para defender los Registros Civiles de los Ayuntamientos. La propuesta presentada por el PSOE de Puebla se remitirá al resto de municipios de Sanabria y Carballeda para que respalden el carácter público, universal y gratuito que garantice la prestación de un servicio público de calidad a los ciudadanos, además de retirar la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia. La moción propone la adopción de actuaciones e inversiones que permitan la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil aprobada en 2011, además de evitar situaciones de inseguridad tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos "afectados por la indefinición y confusión existente en la actualidad".
En el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a los ciudadanos a lo largo de su vida, desde su nacimiento, el matrimonio, los hijos y la defunción, además de situaciones como paternidad, incapacidades, tutelas, cambios de nombre o apellidos, de sexo o la adquisición de nacionalidad, entre otras circunstancias. Hechos y datos que han sido atendidos por funcionarios públicos, del Ministerio de Justicia o la Consejería de la Comunidad "que garantizan la privacidad de los datos registrados, además del acceso libre y gratuito a los legítimos interesados.
La Ley de Registro Civiles de 2011, aprobada por consenso incluido el del Partido Popular, supuso una inversión previa de 128 millones de euros para su implantación, para informatizar y digitalizar todos los registros de España. El modelo registral aprobado está orientado a la persona y a la familia como eje, además de consagrar la gratuidad y la tradición jurídica española en materia del estado civil. Este Registro impulsa un modelo desjudicializado, con función registral y no jurisdiccional.
El Congreso amplía hasta el jueves 14 de mayo el plazo de presentación de enmiendas a la Ley Cora, de Registro Civil, que debe contener la derogación de su privatización
Esta mañana, la mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado la ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, hasta el próximo jueves, día 14 de mayo, proyecto de ley en el que el Ministerio de Justicia anunció iba a introducir las enmiendas que dejaban sin efecto la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores y, además, ampliaba el plazo de entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil.
Desde CCOO no se va a lanzar aún las campanas al vuelo, hasta que no se cumplan los compromisos que el ministro Catalá adquirió en la reunión de la mesa sectorial celebrada el pasado 28 de abril.
Es decir, CCOO se mantendrá activo, e impulsando las acciones necesarias en defensa del Registro Civil como servicio público y servido por el personal de la Administración de Justicia, y vigilante, hasta que dichas enmiendas no estén presentadas en el Congreso de los Diputados, el contenido de dichas enmiendas contengan lo que CCOO viene reclamando, que es dejar sin efecto la entrega a los Registradores de la gestión del Registro Civil y la ampliación de la vacatio legis hasta, al menos, julio de 2017, y la ley sea aprobada y publicada en el BOE dejando sin efecto las disposiciones adicionales referidas a la privatización del Registro Civil, contenidas en la Ley 18/2014 y en el RDLey 8/2014.
Es un signo positivo, aunque aún no definitivo, que la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a dicho proyecto de Ley haya sido ahora de solo dos días (hasta el día 14 de mayo, próximo jueves), y no como venía siendo norma desde el 10 de septiembre de 2014, que se venía prorrogando dicho plazo una semana tras otra, lo que de seguir así esa prórroga semanal, era muy peligroso porque la eliminación de la privatización del Registro Civil y la ampliación de la vacatio legis es urgente, pues la Ley 18/2014 entra en vigor el 15 de julio de 2015. Y antes de esa fecha es imprescindible que estén publicadas en el BOE dichas modificaciones legales.
CCOO no ha cejado en seguir demandado diariamente a los responsables del Ministerio de Justicia información precisa sobre los contenidos y fechas de las presentación de dichas enmiendas, y, según la información de los responsables del Ministerio de Justicia que trasladan a CCOO, antes de las 20 horas del jueves 14 de mayo, como tarde, el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno presentará las enmiendas comprometidas por Catalá en relación a dejar sin efecto la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores, y es más que probable que el Gobierno acepte las exigencias de CCOO de que la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 logremos se prorrogue dos años, es decir hasta 2017.
Este tiempo, hasta 2017, es imprescindible para convencer al nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales de finales de 2015, de que solo existe un modelo posible para el Registro Civil que es el actual, público, gratuito, universal, con el mantenimiento de todas las oficinas de Registro Civil existentes en la actualidad, y dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
En cualquier caso CCOO mantendrá la presión hasta que los compromisos del ministro de Justicia se hagan efectivos en la ley y se publiquen dichas modificaciones legales en el BOE.
CCOO, 12.05.2015
CCOO vuelve a exigir a Catalá en Bilbao que cumpla con su compromiso de retirar la privatización del Registro Civil‏
Anteayer en Bilbao CCOO vuelve a exigir al Ministro de Justicia que cumpla con su compromiso de retirar la privatización del Registro civil
CCOO le reitera a Catalá que para cumplir su compromiso, el Ministro de Justicia debe llevar a la Ley la retirada de la entrega a los Registradores de la Gestión del Registro Civil y ampliar la vacatio legis de la Ley 20/2011, hasta al menos 2017.
El lunes en Navarra, el miércoles en el País Vasco, CCOO se ha dirigido directamente al ministro de Justicia para exigirle que cumpla con urgencia con el compromiso que adquirió en la reunión de la mesa sectorial celebrada el pasado martes, 28 de abril, con las organizaciones sindicales representativas.
CCOO observa con grave preocupación que el ministro de Justicia y su equipo hayan sido incapaces de llevar este martes 5 de mayo al Congreso de los Diputados las enmiendas necesarias para detener la privatización del Registro Civil, como comprometió el 28 de abril en la reunión con los sindicatos. Los argumentos de la complejidad técnica para la presentación de las enmiendas que se han esgrimido por el Ministerio pueden ser ciertos o no. Pero cuando el Gobierno se ha dedicado a mentir reiteradamente mientras aplicaba una intolerable política de recortes de los derechos del personal de las Administraciones Públicas y también en su decisión de privatizar el Registro Civil, CCOO no se va a fiar de compromisos verbales mientras no se lleven a la norma legal y se publiquen.
Por eso, CCOO ha vuelto a reclamarle en persona al ministro de Justicia, en su visita a Bilbao, como el lunes en Navarra, la inmediata retirada de cualquier proyecto que suponga la privatización del Registro Civil, y a advertirle que seguiremos con la recogida de, al menos, 500.000 firmas de la ILP, en defensa del Registro Civil público y gratuito, hasta no tener pruebas fehacientes de su retirada en la Ley que entra en vigor el 15 de julio de 2015, y las únicas pruebas válidas para CCOO son la aprobación, primero. y la publicación, después, de dicha Ley, y que de forma clara anule la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores.
La plataforma contra la privatización del Registro Civil mantiene sus movilizaciones
La plataforma conformada por SOS Xustiza y los cinco sindicatos más representativos de la justicia en contra de la privatización del Registro Civil se reunió ayer en los juzgados de Vigo con una representación de asociaciones de vecinos, comerciantes y representantes de ONG, manteniendo sus movilizaciones contra la reforma pese al anuncio del ministro de Justicia, Rafael Catalá de no aplicarla. "Suena a anuncio electoral oportunista, sin el más mínimo rigor", dicen.
El colectivo tuvo un encuentro con las asociaciones de Navia, Bouzas, la Federación de Comercioo Vigovello, entre otras. En la reunión les transmitieron los principales argumentos en contra de la reforma, solicitándoles su implicación en la campaña de recogida de firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular, para la que ya han recogido más de 100.000 firmas en menos de un mes. Integrantes de la plataforma destacan la buena acogida que está teniendo la ronda de contactos en las últimas semanas.
Por otra parte, el colectivo ha suspendido la "chocolatada" prevista para el próximo sábado como protesta "en aras de no interferir en el proceso electoral", dado que la campaña comienza oficialmente el viernes. "Nuestro objetivo no es político, es la defensa de los derechos de los ciudadanos", esgrimen.
El Faro de Vigo.es, 06.05.2015
La privatización de los Registros civiles ha entrado en vía muerta. Por fin se ha impuesto la cordura. El proyecto no satisfacía a nadie. A los beneficiarios, los registradores, porque de continuar siendo un servicio público gratuito supondría una gran carga para estos profesionales o, en caso contrario, deberían ser compensados por el erario público. A los funcionarios y a los empleados interinos del Registro Civil, porque unos perderían su destino y otros su empleo. Y a los ciudadanos, porque ninguno se acababa de creer que el servicio llegara a funcionar sin la implantación de tasas.
Pero aparte del previsible coste para el usuario, la propuesta de encomendar estas funciones a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con un modelo de gestión privada es una clara irracionalidad y una grave irresponsabilidad. La naturaleza pública debe ser la esencia del sistema registral cuando se gestionan datos de carácter personal. No podemos degradar a la persona a la categoría de cosa o mercancía. Pensemos que, además de datos relativos a filiación, matrimonios u óbitos de las personas, se inscriben otros más delicados e íntimos, como disforias de género, adopciones o incapacidades.
El proyecto ahora paralizado y algunas de las soluciones que se están dejando entrever evidencian un cierto desconocimiento de la realidad. Un ejemplo: apostar por inscripciones "automáticas" de nacimientos (otra cosa es la transmisión de datos) a través de redes telemáticas desde hospitales es una mera ocurrencia porque supondría dejar la fe pública en manos de personal no funcional y sin experiencia.
El Registro Civil en la actualidad está judicializado. Se ha revelado que esta forma de llevanza aporta juridicidad y seguridad al proceso registral. Es preferible que los datos íntimos de las personas se traten y protejan con las garantías de la tutela judicial. De todos modos, se ha rectificado. Ojalá la rectificación sea definitiva. Entretanto, felicitémonos.
José Antonio Vega Vega, en el Periódico de Extremadura.com, 04.05.2015
Por mucho que el Ministro Catalá aparente tener buenas intenciones, los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado muestran todo lo contrario. Según informa el periódico El Pais, el PP mantiene en el Senado que los trámites para que los sefardíes adquieran la nacionalidad española los hagan los notarios, algo completamente anormal en nuestro ordenamiento sobre nacionalidad en el que siempre las competencias en esta materia se las han repartido, como órganos de la Administración de Justicia, los Registros Civiles, la Dirección General de Registros y del Notariado por delegación del Ministro de Justicia y el Consejo de Ministros, y nunca los Notarios, y reintroduce una tasa para la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad, suprimida en el Congreso, que en el Proyecto de Ley inicial era de 75 € y ahora sube a 100 €, ignorándose por qué de dicho aumento.
La deriva del PP en en Congreso y el Senado en esta materia es digna de una película de terror. El proyecto de Ley inicial, elaborado por el equipo de Gallardón, establecía que toda la tramitación de adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes la hacían los notarios, quienes elevaban propuesta de resolución a la DGRN, y establecía una tasa de 75 € para todos los expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia. El grupo parlamentario popular enmendó y modificó este proyecto de ley, estableciendo que en la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad de los sefardíes intervinieran en una segunda fase de instrucción los Registros Civiles, introdujo una extensa redacción sobre la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad por residencia, suprimió la tasa de 75 € y habilitó al Gobierno para establecer aranceles para retribuir a los Registradores y Notarios por la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad. Llega el proyecto el Senado y el grupo parlamentario popular propone suprimir a los Registros Civiles en la tramitación de los expedientes de nacionalidad de los sefardíes, volviendo al proyecto original de tramitación única ante los notarios, propone suprimir toda la regulación de los expedientes de nacionalidad por residencia en lo que quizás era lo único decente del proyecto de ley, así como la posibilidad de que el gobierno establezca aranceles a favor de registradores y notarios por la tramitación de los expedientes de nacionalidad tras el anuncio de la vuelta atrás en la privatización del Registro Civil. Ahora llega el grupo parlamentario popular y presenta nuevas enmiendas, reestableciendo la tasa administrativa por todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia (el PP se empeña en hacer caja a costa de los extranjeros que quieran nacionalizarse) y mantiene los trámites ante Notario para las nacionalidades de los sefardíes, claro ejemplo del afán privatizador del PP en materia de Registro Civil, a los que los sefardíes tendrán que pagar sus servicios (es decir, pagas a quien tiene que hacer un informe favorable sobre tu condición de sefardí: sin comentarios).
Todo ello contradice las afirmaciones del Ministro Catalá de que el Registro Civil seguirá siendo pùblico (los Notarios también se definen en sus Estatutos como funcionarios públicos, pero lo cierto es que ejercen una función pública como si fuese su negocio propio, al menos con libre competencia al contrario que los Registradores) y gratuito (habrá que pagar una tasa de 100 € más los aranceles a los notarios, y eso que la Ley 18/2014 dice que todo lo que hoy es gratuito en el Registro Civil lo seguirá siendo). Puede ser que alguien no se escandalice con estas medidas que quiere imponer el PP tras el anuncio de la paralización de la privatización del Registro Civil, pero sin duda esta reforma, si sale con este texto, abre la puerta a la futura privatización de otros expedientes de Registro Civil, atribuyendo competencias a los Notarios (matrimonios, y en el futuro es posible que los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia). Por el bien de nuestro servicio público no debemos dejar ni un resquicio a la privatización del Registro, incluida la tramitación de los expedientes. La lucha continúa.
CCOO se reúne de nuevo con el Ministro de Justicia y le exige que cumpla su compromiso de anular la privatización del Registro Civil
Esta misma mañana se ha conocido que el plazo para presentar enmiendas, en el Congreso de los Diputados, al proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que ha comprometido el ministro de Justicia en la reunión de la mesa sectorial celebrada el 28 de abril para anular la privatización y la entrega a los Registradores de la gestión del Registro Civil, se ha ampliado hasta el próximo martes 12 de mayo (como hemos venido informando, esta ampliación de plazos viene sucediendo desde septiembre de 2014, pero ahora es un grave problema porque los plazos son muy pequeños y la modificación legislativa que anule la privatización del Registro Civil debe estar aprobada y publicada antes del 15 de julio, como muy tarde).
Ante esta seria situación, CCOO ha exigido, primero por escrito, y después directamente, en una entrevista con el ministro de justicia en la visita que realizó hoy a la Comunidad Foral de Navarra, que asegure el cumplimiento de su compromiso de que el Gobierno va a presentar todas las enmiendas necesarias a la Ley 18/2014 y al RDLey 8/2014, de forma que quede suprimida la privatización del Registro Civil, así como que garantice también la presentación de la enmienda necesaria para que la vacatio legis, de la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, se aplace al menos dos años.
En esta reunión, el Ministro ha confirmado que acepta la propuesta que CCOO le hizo en la mesa sectorial de la semana pasada, y redactarán y aprobarán una vacatio legis de dos años a la Ley 20/2011. Para CCOO es imprescindible que durante este plazo se aborde una verdadera negociación para mantener el Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia, como servicio público, gratuito, servido por el personal funcionario de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas de Registro Civil actualmente existentes (8.122 en toda España).
Así mismo, le hemos recordado que aún estamos a la espera de la confirmación sobre la retirada de cualquier proyecto de Ley que suponga la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores de la Propiedad. El ministro nos ha confirmado una vez más "que renuncian sin ningún género de dudas a la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, pero que la retirada les va a costar más tiempo y trabajo del que ellos pensaban en un principio debido a la maraña normativa que tienen ahora mismo en torno al Registro Civil". CCOO recuerda al ministro de Justicia que esa maraña normativa es responsabilidad exclusiva del Gobierno que pretendió privatizar por la puerta de atrás un servicio público que funciona más que correctamente.
Ante esta situación de retraso de al menos otra semana para la presentación de enmiendas por el Gobierno para retirar la privatización del Registro Civil, para CCOO es imprescindible mantener la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), hasta que, al menos, la Ley contenga el fin de la privatización del Registro Civil, con la anulación de la entrega de su gestión a los Registradores y la publicación de una vacatio legis de dos años más para la entrada en vigor de la Ley 20/2011.
Por eso, CCOO hace un llamamiento para seguir con la recogida de firmas de la ILP en toda España, contra la privatización del Registro Civil, hasta que Catalá no lleve a la Ley lo comprometido en la mesa sectorial.
CCOO, 05.05.2015
CCOO seguirá recogiendo firmas de la ILP contra la privatización del Registro Civil mientras Catalá no lleve a la Ley lo prometido en la mesa de 28 de abril
Ante los rumores que han extendido personas u organizaciones ajenas a CCOO, sobre la decisión de dejar de recoger firmas de la ILP contra la privatización del Registro Civil, desde el Sector estatal de la Administración de Justicia de CCOO se manifiesta de nuevo:
El sector de Justicia de CCOO, nada más terminar la reunión del pasado 28 de abril en la que el ministro Catalá anunció ante los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, que iba a dejar sin efecto la entrega a los Registradores de la gestión del Registro Civil, anunció que mantendrían la recogida de firmas de la ILP, contra la privatización del Registro Civil, hasta que el Gobierno no trasladara al texto legal las enmiendas de supresión de las disposiciones adicionales contenidas en la Ley 18/2014 y en el Real Decreto-Ley 8/2014 de privatización del Registro Civil y entrega a los Registradores de su gestión. Y hasta que se incluyera en la Ley la ampliación de la vacatio legis de la ley 20/2011, que CCOO ha reiterado al ministro de Justicia, debe ser de, al menos, dos años.
Por tanto, CCOO mantendrá y seguirá impulsando en toda España la recogida de firmas de la ILP hasta que veamos en la Ley la supresión de la privatización del Registro Civil y la ampliación de la vacatio legis de la entrada en vigor de la ley 20/2011.
El Registro Civil, una privatización con freno y marcha atrás, por Ignacio Gomá Lanzón
Ignacio Gomá Lanzón, Notario, en el Blog Hay Derecho? Pinchando en el enlace se accede a los comentarios de este post en dicho blog.
Los sindicatos CC.OO., ELA, LAB, CGT y UGT han construido este jueves, frente al Palacio de Justicia de Barakaldo, un "muro" simbólico contra la privatización del Registro Civil y para exigir "un acuerdo duradero" que permita "blindar para siempre el compromiso con un Registro Civil público y gratuito".
Según han informado las centrales sindicales en un comunicado, esta acción se ha llevado a cabo a las 11.00 horas, frente al Palacio de Justicia de Barakaldo, y también se han realizado concentraciones en todos los pueblos cabeza de partido judicial, excepto en las capitales.
Con este muro, han explicado los sindicato, se ha impedido que "tomara el Registro Civil un Rajoy al mismo tiempo presidente y registrador de la propiedad", que ha estado representado "con tijeras de recortes en una mano y dos sacos con dinero en la otra".
Tras las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que, "de momento", se paralizaba el proyecto de privatizar el Registro Civil, los sindicatos de Justicia han querido expresar con la construcción de este muro "la necesidad de blindar al Registro Civil como servicio público y gratuito, y protegerlo de las tentaciones privatizadoras todavía existentes".
"Un blindaje que debe hacerse efectivo en base al compromiso y la búsqueda de acuerdo entre todos los sectores sociales, políticos, y sindicales que, de forma ampliamente mayoritaria, han expresado su posición contraria a este proyecto gubernamental", han advertido.
Los jueces paralizan la legalización electrónica de libros de las empresas, nueva fuente de financiación de los Registradores Mercantiles
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha suspendido el procedimiento electrónico para la presentación de los libros sociales (Cuentas Anuales, Diario, Actas de las Juntas Generales y órganos colegiados, los Registros de Acciones Nominativas y de Socios o el Libro-Registro de Contratos), regulado por la Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) de 12 de febrero de 2015, en aplicación de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (L 14/2013).
Planes de futuro secretos
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid -Delgado Velasco, Cadenas Cortina y Gallardo Martín de Blas- determinan que esta situación resulta trascendente porque entre estos libros se pudiera encontrar por ejemplo el libro de actas de la junta de accionistas y demás órganos colegiados, en los que se incluyen las deliberaciones y decisiones adoptadas en el consejo de administración, comités, etc.
Entienden que en la información que se desprende del texto de las actas se pudiera incluir información confidencial que se extrae de los anexos de las mismas, donde constan datos tanto de actuaciones ya realizadas como de planes de futuro, con lo que de conocerse por terceros parece evidente que se afectaría gravemente la estrategia del negocio, y se podría ocasionar un perjuicio para el interés empresarial de las sociedades.
Así, los magistrados deciden en el auto, de 27 de abril de 2015, que "se puede mantener el sistema que se venía empleando antes de la aprobación de la Instrucción, que había resultado útil y suficiente para dar cumplimiento a tal fin y que, por tanto, puede seguirse aplicando más allá del 30 de abril de 2015 y hasta que recaiga la sentencia en el presente recurso".
El Economista, 29.04.2015

References: artículo 117
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 438
 Real Decreto 
 real decreto 
 resolución