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Timestamp: 2017-02-22 10:44:32+00:00

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Balance y desafíos de la Nueva Política Penitenciaria by marcela alcalay - issuu
de la Nueva Política Penitenciaria
Introducción____________________________________________ pág. 5
Un primer paso: el plan de 11 medidas____________________________ pág. 9
Los ejes de la Nueva Política Penitenciaria_________________________ pág. 23
1. Nuevo sistema de penas sustitutivas_________________________ pág. 25
2. Modificación de la legislación para lograr uso racional de las cárceles_______ pág. 29
3. Modernización de Gendarmería de Chile_______________________ pág. 33
4. Infraestructura _____________________________________ pág. 43
5. Gestión de plazas en el sistema concesionado____________________ pág. 51
6. La seguridad en las unidades penales_________________________ pág. 55
7. Los procesos de reinserción ______________________________ pág. 59
8. Fomento del trabajo, educación y salud de los privados de libertad ________ pág. 67
9. La consideración de grupos especiales ________________________ pág. 75
10. Política penitenciaria en el contexto de derechos humanos____________ pág. 83
es producto de décadas de desatención del problema
carcelario por parte de los sucesivos gobiernos y de
la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han
preferido no mirar hacia las cárceles: “los centros de
privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes
de monitoreo y fiscalización en los que tradicionalmente
ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia”1.
Esta realidad es especialmente crítica en América Latina.
Así por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se ha referido a esta situación señalando que
Existe amplio consenso en que uno de los principales
problemas de la Región, lo constituye el hacinamiento y
la sobrepoblación. Para demostrar la transversalidad del
problema, el siguiente cuadro muestra la situación de la
densidad penitenciaria2 al año 2010 en la Región:
esde una perspectiva internacional, los
sistemas penitenciarios han presentado,
histórica y sistemáticamente, deficiencias
estructurales que afectan gravemente
comprometen la seguridad pública e impiden que las penas
privativas de libertad cumplan con la finalidad esencial de
reinsertar a quienes son enviados a un establecimiento
Cuadro N°13: Densidad Penitenciaria en América Latina 2010
Sobre este punto basta señalar que según lo establecido
por el Consejo Europeo para los Problemas Criminales, toda
sobrepoblación es considerada crítica cuando es superior
al 120%, siendo éste un criterio útil también para América
Latina, en donde sobre este margen corresponde hablar
propiamente de hacinamiento4.
1 “INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre de 2011, p. 2.
2 Densidad penitenciaria = número de plazas / población penal recluida x 100.
3 Elaboración propia a partir de datos publicados en «INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS», con datos del año 2010. En el caso de Chile, se consideran cifras
entregadas por Gendarmería de Chile. En el caso de Argentina, sólo se considera el sistema federal de prisiones. En el caso de Venezuela, no se consideraron los datos del Centro Penitenciario Metropolitano Yare III. Por
último, no se cuenta con datos de Brasil, República Dominicana, México, Colombia, Honduras y Cuba.
4 Carranza, Elías, Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, en “Anuario de Derechos Humanos 2012”, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 33.
Sin embargo, el problema no se reduce sólo al hacinamiento,
pues también encontramos otros no ajenos a nuestra
realidad nacional, como las deficientes condiciones de
reclusión, tanto físicas como aquellas relativas a la falta
de provisión de servicios básicos. A lo anterior, se agregan
los altos índices de violencia carcelaria; la falta de control
efectivo al interior de las cárceles; el uso excesivo de la
fuerza por parte de funcionarios penitenciarios; la ausencia
de medidas efectivas para la protección de grupos
vulnerables y la falta de programas laborales y educativos.
Todos estos factores afectan gravemente el respeto de los
derechos humanos, comprometen la seguridad pública e
impiden que las penas privativas de libertad cumplan con
la finalidad esencial de reinsertar a quienes se encuentran
en un establecimiento penal.
Balance y desafíos de la Nueva Política Penitenciaria
En estas condiciones -considerando que toda persona
privada de libertad debe ser tratada humanamente,
respetando su dignidad, sus derechos y garantías
fundamentales y con estricto apego a los instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos5-, cumplir con
el deber del Estado de constituirse en garante de las
personas sometidas a su custodia es un gran desafío, pues
el Estado debe respetar y garantizar los derechos de las
personas bajo custodia sin abandonar su obligación de
ejercer el control efectivo y velar por la seguridad interna
de los centros penales.
Por otra parte, la falta de impulso para mejorar los sistemas
penitenciarios, compromete gravemente la seguridad
pública. Esta se ve seriamente afectada con el incremento de
la peligrosidad de las personas durante su permanencia en
la cárcel, fomentada por todos los problemas anteriormente
señalados. De esta forma, el sistema penitenciario no debe
ser un factor que aumente las posibilidades de que una
persona cometa nuevos delitos, sino justamente lo contrario.
Lo anterior, porque cumplidas sus respectivas penas, la
totalidad de los reclusos, regresarán a sus comunidades
de origen. En muchas ocasiones, estas localidades registran
una alta tasa de criminalidad y padecen graves problemas
sociales y cuando las personas han sufrido experiencias
en la cárcel regresan a sus casas con menos posibilidades
económicas que antes, esto se traduce en una carga
adicional para esas comunidades.
Por último, el imperativo de abordar estos problemas
radica en que las penas privativas de libertad cumplan con
la finalidad esencial de reinsertar a quienes son enviados
a un establecimiento penal. Al respecto, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por
Chile en 1990, en su artículo 5° N° 6 señala: “Las penas
privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados”. En el
mismo sentido, el artículo 10 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile el 10 de
febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril
de 1989, establece: “El régimen penitenciario consistirá en
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y
readaptación social de los penados”.
También se refieren a la orientación de las sanciones
“Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”
adoptadas por las Naciones Unidas, que señalan al respecto:
“El fin y justificación de las penas y medidas privativas de
libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra
el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el
período de privación de libertad para lograr, en lo posible,
que el delincuente una vez liberado no solamente quiera
respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también
que sea capaz de hacerlo”.
La situación penitenciaria en nuestro país no era muy distinta
a la realidad comparada en el contexto latinoamericano.
Décadas de abandono e invisibilización del sistema de
prisiones fueron configurando una crítica condición en
nuestras cárceles, afectando tanto a los internos como
a los trabajadores penitenciarios. Adicionalmente, la
Reforma Procesal Penal implementada en forma gradual a
contar del año 2000, fue una política pública exitosa que
permitió adecuar nuestro sistema procesal penal a las
exigencias del debido proceso. No obstante, su puesta en
marcha implicó un impacto significativo y no previsto en
la evolución de la población penitenciaria, prácticamente
duplicándola en los últimos 15 años, como se muestra en
el gráfico N° 16:
Lo anterior refleja lo que ha sido una constante en el
país: nuestro sistema penitenciario, y particularmente
Gendarmería de Chile, nunca han sido objeto de una
verdadera política pública. De hecho, pese a la exitosa
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la CIDH mediante Resolución 1/08 en su 131º período
ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, (Principio I).
6 En tanto, la población atendida por Gendarmería de Chile en los subsistemas cerrado, semi-abierto y abierto se ha incrementado sostenidamente en la última década, pasando de un promedio anual de 66.079 personas
en el año 2001 a un promedio anual de 100.508 el año 2012. Al 31 de diciembre de 2012 se registraba un total de 100.508 personas atendidas por Gendarmería de Chile como muestra el Gráfico Nº 2.
Por otra parte, al 31 de diciembre de 2012 las personas sujetas a medidas alternativas a la reclusión, alcanzaron un total de 48.626 personas (48,4%); mientras que el promedio anual de personas recluidas, (incluidas aquellas
personas que hacen uso de beneficios de reinserción o con apremios), fue de 51.82 internos, lo que equivale al 51,6% de la población atendida por Gendarmería de Chile.
Gráfico N°17: Evolución de la población privada de libertad en Chile
implementación de la reforma procesal penal, que implicó
la creación de nuevas instituciones, como el Ministerio
Público, y la Defensoría Penal Pública, y la instalación
de nuevos tribunales (juzgados de garantía y tribunales
de juicio oral en lo penal), con capacidad suficiente para
absorber la gran demanda de causas y condenas como
consecuencia del nuevo sistema de enjuiciamiento
penal8, ello no implicó una modernización semejante
en Gendarmería de Chile, más allá de las tradicionales
propuestas vinculadas a la mera construcción de nuevos
empleo, cuestión reconocida como un fenómeno en todo
el mundo. Así, el respeto de los derechos fundamentales,
la seguridad jurídica y la eficacia de las prisiones tienen
efectos, no sólo en la población penitenciaria, sino también
en la propia comunidad e imagen exterior del país. Un
gobierno que permite abusos y no pone freno a la violación
de derechos humanos es percibido como débil, en tanto
que la imposibilidad de administrar adecuadamente y de
manera profesional un sistema penitenciario es apreciada,
tanto en el ámbito nacional e internacional, como un claro
signo de mala administración pública9.
Todos estos elementos motivaron a que el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera haya decidido, desde el
año 2010, implementar por vez primera en nuestro país,
una verdadera política integral de reforma al sistema
penitenciario chileno, el que no está exento de los problemas
transversales existentes en la Región. Estos cambios se
inspiran en el propósito de avanzar en el cumplimiento de
los estándares internacionales de Derechos Humanos, a fin
de que la forma en que se cumplen las condenas contribuya
a la seguridad pública, y en definitiva, su ejecución
permita reinsertar adecuadamente a las personas que han
Es por ello que abordamos esta gran tarea de manera
seria, responsable, pero a la vez ambiciosa y desafiante.
La necesaria reforma penitenciaria, como cualquier
cambio social, no acontece de un día para otro, sino que,
por el contrario, toma varios años y supone un constante
ejercicio de trabajo, estudio, coordinación, búsqueda de
consensos y por cierto, motivación. Pese a que se trata de
un cambio de largo aliento, los resultados alcanzados en
este período demuestran que una reforma de este tipo
es viable, y que es fundamental no sólo emprenderla, sino
continuarla. El presente documento busca sistematizar
todas estas acciones, dando cuenta de los avances y los
próximos desafíos que requiere una política pública de
esta naturaleza, de la que se espera que en poco tiempo
siga demostrando que la trasformación penitenciaria es un
Lo anterior no ha sido fácil, pues históricamente el ámbito
penitenciario ha mantenido una escasa relevancia política,
frente a otros temas como la salud, la educación o el
7 Fuente: Gendarmería de Chile.
8 El nuevo sistema procesal penal aumento en cerca de un 700% el número de sentencias penales. En 1999, con el sistema penal antiguo, se dictaron en el país 35 mil sentencias condenatorias aproximadamente. En
cambio, en el año 2011 se registraron 241.332 sentencias condenatorias, cifra menor a la del 2010, con 246.648 sentencias. El último año, el 2012, las sentencias condenatorias alcanzaron las 231.951.
9 Matthews, Roger. “Una propuesta realista de reforma para las prisiones de Latinoamérica”, Política criminal, Vol. 6, Nº 12 (Diciembre 2011), pp. 296 – 338.
El Plan de 11 medidas
l Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
definió como uno de los ejes centrales de su
tarea promover una sociedad más segura, por
lo que asumió el compromiso irrenunciable de
combatir sin tregua a la delincuencia. Pero este
compromiso involucra no sólo una efectiva prevención y
persecución de los delitos, sino también, que la sanción
penal que se imponga sea eficaz y justa, para que podamos
aspirar a que los condenados puedan vincularse con
procesos de reinserción que los lleven a abandonar el
camino de la criminalidad.
En el año 2010, la necesidad de mejorar la crítica
realidad del sistema penitenciario chileno, fue recogida
en el mandato del Presidente de la República, quien
instó al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile,
a elaborar un diagnóstico y una
proposición sobre las medidas
de mejoramiento urgentes que
debían adoptarse. Conscientes
de que una solución definitiva
requiere un trabajo de
largo plazo, y un sustancial
como en la infraestructura
penitenciaria, se configuró
el “Plan de 11 Medidas”
a implementar en el corto
plazo. A continuación se
describen las 11 Medidas
Colchones, frazadas, literas
Al contrario de lo que pudiera asumirse, no todos quienes
ingresan a las prisiones tradicionales (no concesionadas),
disponían de una cama, un colchón y ropa de abrigo.
Algunos internos compartían un camastro y miles carecían
de un colchón y ropa de abrigo. El diagnóstico indicaba
que existía un déficit de más de 14 mil colchones, 42
mil frazadas y más de 4 mil literas. En virtud de ello, las
acciones contempladas fueron:
Cubrir el déficit de colchones
Se adquirieron nuevos colchones ignífugos, que cumplen
con todas las medidas de seguridad, lo que permitió
terminar con la situación de internos que dormían en el
suelo. El monto invertido para un total de 23.000 colchones
(tanto nuevos como por renovación), fue de $693.528.000.
Entregar frazadas nuevas
Con esta medida se buscó renovar completamente el stock
de frazadas en el sistema carcelario tradicional, con piezas
especiales ignífugas, que cumplieran con todas las medidas
de seguridad. En una primera etapa se adquirieron 19.220
frazadas, por $178.418.952, y en la segunda etapa, otras
23.198 frazadas, con un costo estimado de $206.766.094.
Fabricar e instalar literas
Inicialmente, se incorporaron a través de la compra o
fabricación a cargo de los propios internos, en los talleres
de los Centros de Educación y Trabajo (CET), 4 mil literas. El
costo total de la medida fue de $228.523.000.
Adicionalmente entre los años 2011 y 2012, se destinaron
recursos adicionales, los que permitieron llegar a la
renovación de más de 18 mil literas en total, con un costo
de M$1.912.741.
condenados e imputados
Una cuestión básica era asegurar un régimen de entrega
de comida que permitiera una adecuada alimentación de
todos los internos. El diagnóstico realizado evidenciaba
que en muchas cárceles tradicionales, la distribución de
alimentos se efectuaba a través de grandes ollas o fuentes
entregadas a sólo algunos internos por cada galería,
sin que existieran controles que aseguraran que ello se
hacía en forma equitativa. Este sistema, claramente, no
garantizaba que todos recibieran una ración adecuada,
por lo que debió ser modificado, sobre todo si se considera
que de los 42 mil internos en el sistema tradicional 35 mil,
aproximadamente, reciben alimentación, mientras que los
otros 7 mil preparaban sus propios alimentos. En virtud de
ello, las medidas implementadas fueron:
Adquisición de 42.098 pocillos plásticos con tapa, por
aproximadamente $37.888.200, a fin de asegurar que
todos los internos recibieran la ración alimenticia
Con el fin de que los alimentos fuesen entregados en
forma oportuna, caliente e higiénica.
Se compraron 457 termos mantenedores de 35 litros
(con capacidad para 70 raciones cada uno), y 125
carros transportadores. El costo total de esta medida
implicó $127.175.300, además de $81.657.490 para la
adquisición de otros utensilios.
Se inició la habilitación de centrales de alimentación en
los penales que cumplieran la condición para hacerlo.
A fin de avanzar en este proceso, se destinaron M$776.949,
para ir dotando de mobiliario, equipos, maquinarias
y materiales para la habilitación de las centrales de
Mejoramiento en materia sanitaria y
Las condiciones sanitarias son un complejo problema en
todas las cárceles tradicionales. Las redes de alcantarillado
y de agua potable no siempre están en buen estado,
tanto por la antigüedad de las instalaciones como por el
mayor uso derivado de la sobrepoblación penal. Lo mismo
ocurre con los artefactos sanitarios y la grifería. A estas
deficiencias se suman muchas veces, la mala iluminación
en celdas, patios y áreas comunes, como también de zonas
externas, en donde están las áreas de administración,
líneas de seguridad y dependencias para las visitas.
consideraron la galería 12 y las calles N° 1, 2, 3, 12, 13 y 15,
concretándose en un 100% las obras mencionadas.
A partir del diagnóstico efectuado en esta materia, las
medidas implementadas fueron:
Reparación, renovación y mejoramiento de baños
e instalaciones sanitarias en todas las unidades
penales del sistema tradicional
A través de la reposición de artefactos, pavimentación,
pintura, insumos para sistemas de ventilación,
mejoramiento del sistema de alcantarillado y la adquisición
de nuevos artefactos sanitarios, se contribuyó a elevar las
condiciones de higiene y buen servicio.
En este contexto, una especial preocupación concitaba
el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, ex
Penitenciaría de Santiago, que llegó a albergar a más de
siete mil internos.
Al respecto, cabe señalar que en el 2010, se efectuaron
gastos en el mejoramiento de baños en el CDP Santiago
Sur, el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago y
el CDP de San Miguel, definiendo las galerías y las calles
5, 6 y 7 para efectuar las obras. Además, se efectuaron
reparaciones en las instalaciones sanitarias de las unidades
penales y reposición de las luminarias.
De igual manera, en el 2011, se efectuaron reparaciones
de servicios higiénicos y alcantarillado en el CDP Santiago
Sur, las que, en su primera etapa, consideraron la galería
12 y las calles N° 8, 9 y 10; y, en una segunda etapa, se
En el 2012, se desarrollaron obras tendientes al
mejoramiento de las unidades del Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Colina I y del CDP de San Miguel.
Si bien esta medida contempló inicialmente una inversión
a nivel nacional de $944.000.000, los recursos destinados a
estas mejoras alcanzaron los $1.709.800.000.
Esta medida buscaba fortalecer las condiciones de
seguridad de los internos y del personal de Gendarmería de
Chile, mediante la incorporación de mejores condiciones
de iluminación, a través de la adquisición y reposición de
luminarias por $17.905.000, en gran parte de los penales
Aumento en las horas de desencierro
En nuestro sistema penitenciario, los reclusos pasan largas
horas dentro de sus celdas en situación de encierro. Este
hecho, sumado a las condiciones de hacinamiento que
muchas veces soportan, tiene efectos negativos en su
salud física y mental. Esto explica que las orientaciones
penales modernas, tiendan a aumentar las horas de
desencierro, y recomienden actividades que colaboren con
la convivencia, la rehabilitación y la reinserción. Se entiende
por desencierro, el período que va desde el término del
confinamiento nocturno hasta el encierro destinado al
descanso, al término de la jornada diaria.
A fin de implementar este compromiso, las medidas
adoptadas fueron:
Aumentar entre una a dos horas el periodo de
desencierro de la población penal.
Se instruyó a todos los jefes de unidades del país, el deber
de cumplir con nueve horas efectivas de desencierro.
Ahora bien, cada unidad penal maneja la aplicación
de este periodo tomando en consideración factores
geográficos, dotación de funcionarios y cantidad de
y salud en situaciones de
Las riñas y hechos de sangre eran habituales en los penales.
Esta situación, sumada a las emergencias de salud, dejaba
al descubierto una serie de carencias en materia sanitaria
en las cárceles del país, en donde se requiere de un stock
básico de medicamentos y una adecuada dotación de
paramédicos o auxiliares paramédicos. Adicionalmente,
se estimó, fundamental contar con un prevencionista de
riesgos por región, para contribuir a resolver situaciones de
catástrofe natural y emergencias. A su turno, la necesaria
coordinación entre las enfermerías de las unidades penales
y los hospitales y servicios de ambulancias más cercanos,
exhibía un precario nivel.
Las medidas adoptadas en este punto fueron:
Asegurar la presencia de al menos un paramédico
en cada unidad penal del país
Se determinó que 32 funcionarios que tenían esta
especialidad, dejaran de desarrollar otras funciones, para
poder asumir esta labor. Esta medida permitió cubrir el
déficit de 5 enfermerías de unidades penales que no tenían
Se definió un stock básico de medicamentos,
materiales e insumos para situaciones de
emergencia en todas las enfermerías a nivel
La disposición se aplicó a tres categorías de penales, según
su población. Stock uno, para 58 enfermerías de recintos de
hasta 500 personas privadas de libertad. Stock dos, para 14
enfermerías de establecimientos de 501 a 2.000 internos.
Stock tres, para 5 enfermerías de cárceles de 2.001 y más
personas recluidas.
El presupuesto destinado para contar con los medicamentos
e insumos para stock básico fue de $22.994.758.
registro corporal a internos
Se constató que la sobrepoblación carcelaria daba lugar a
situaciones críticas que determinaban una intensificación
de las medidas de control de la población penal, lo que se
traducía en un incremento en los allanamientos, registros a
internos y otras medidas de seguridad. Para prevenir tratos
inadecuados o que pudieren comprometer la dignidad de
los reclusos, se introdujeron cambios al Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios (Decreto Supremo N°518
de 1998), en lo pertinente al registro de personas, cuidando
al mismo tiempo, la necesidad de cautelar la seguridad de
los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Entre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones
de registro, destaca la incorporación, en diciembre de 2011,
del artículo 29 bis en el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios. Dicha norma regula esta acción en tres
niveles: registro cotidiano o en situación normal, registro
especial y registro en situación de emergencia. Cada una
de estas modalidades, más allá de sus particularidades
por la oportunidad y tipo de evento en que se realizan,
responden a un nuevo trato hacia los internos, basado en
un cambio en la cultura penitenciaria. Esto implica que las
revisiones deben siempre hacerse en lugares cerrados, con
la presencia de personal especialmente capacitado, con
indumentaria que garantice la higiene y en condiciones de
7.	Mejorar sistema de visitas
Un factor que incide en forma importante en la salud mental
de los internos -además del encierro y, precisamente,
como consecuencia de éste- es su vinculación con el
medio externo. Esta relación se da mediante las visitas de
sus familiares y amigos. En este proceso, las personas que
ingresan a las cárceles no deben sufrir incomodidades o
agravios por la calidad de penados de sus familiares. Por
ello, sin descuidar la seguridad y el ejercicio de un efectivo
control para evitar el ingreso de elementos no permitidos,
se mejoraron las condiciones en que se producen estos
Una de las medidas adoptadas, fue instalar un techo
en aquellos penales en donde la visita o la espera se
realizaba a la intemperie. También se instalaron bancas.
Se implementó un sistema de solicitud de horas de visita
y entrega de información a familiares por una línea 800.
Esta medida permitió mejorar la atención al público, dar a
conocer y programar horarios de visita, informar acerca del
estado o situación de sus familiares internos, entre otras.
Adicionalmente, se consideró el uso de elementos
electrónicos para el control de las visitas. Con el objeto
de asegurar una revisión efectiva, pero menos invasiva, se
recurrió a elementos modernos de seguridad electrónica
que permiten detectar objetos prohibidos, disminuyendo la
necesidad de efectuar exámenes físicos. Con esta finalidad,
se adquirieron paletas de registro magnético, sillas boss o
de registro no invasivo a través de escáners y equipos de
rayos X, para ser distribuidos en los penales del país de
Durante el 2010, se invirtió en la habilitación del
sector de registro de visitas del CDP Santiago Sur
y la adquisición de equipamiento de seguridad
Sistema de inspección de rayos x.
Sillas detectoras de metales.
En el 2011, se realizó un análisis de las diferentes
necesidades a nivel nacional, producto del cual se
28 sistemas de inspección de rayos x.
1 equipo de identificación de sustancias químicas.
1 equipo de escaneo corpóreo.
450 paletas detectoras de metal.
3 cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) tipo
endoscópicas.
Ampliación del sistema de CCTV (sector visitas) en el
CCP Temuco, además del CCP de Concepción.
Implementación del CCTV para el CCP de Victoria y el
CCP de Santa Cruz.
Adquisición de mesa de rodillos para máquinas de rayos x
El total de la inversión fue de M$ 1.106.222.
asesoría religiosa y
8.	Fortalecer
espiritual a los internos
Reconocida es la importante labor espiritual, en materia
de reinserción y rehabilitación, que cumplen distintos
credos religiosos al interior de los penales. Esta actividad
de auxilio ha aportado notoriamente a la convivencia y
orden en cada unidad. Con el fin de uniformar criterios y,
fundamentalmente, de facilitar esta asistencia espiritual,
se definieron medidas para establecer un registro de sus
representantes y su participación en labores propias de
la población penal: se implementó un sistema de registro,
acreditación y credenciales para todos los capellanes,
sacerdotes y pastores de las confesiones religiosas
que prestan apoyo en los penales. Para estos efectos se
contrastó la información proporcionada por las capellanías
y la existente en el Departamento de Personal, para
confeccionar una nómina con listados de capellanes
Se facilitó el ingreso de sacerdotes y pastores a las
unidades penales, a fin de asistir espiritualmente a los
Se revisaron los distintos cuerpos normativos referidos
a asistencia religiosa.
Para facilitar la labor de las iglesias, se estandarizó y
facilitó la participación de los internos mediante la
organización de las actividades de carácter espiritual.
9.	Mejorar condiciones de liberación
El primer encuentro de quienes han cumplido sus condenas
con la libertad, se produce en condiciones que pueden ser
complejas, porque muchas veces abandonan los penales
durante la noche, generalmente sin compañía y sin recursos
Para perfeccionar el sistema de liberación de quienes han
permanecido recluidos en unidades penales, se adoptaron
La incorporación de un nuevo inciso final al artículo 6°
del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en
diciembre de 2011, que permitió que el interno que
está en condiciones de dejar el penal - porque cumplió
su condena- pueda permanecer en el recinto hasta las
07:00 horas del día siguiente, si así lo solicita. De esta
forma no estará obligado a retirarse a las 00:00 horas,
Se apoya la coordinación con familiares del privado de
libertad y la asistencia para su liberación. Se suscribió un
convenio con la Defensoría Penal Pública, para que esta
entidad actúe como apoyo al interno en el momento en
que éste recupere su libertad, ya sea para acompañarlo
cuando egresa del recinto penitenciario, o para
coordinar el encuentro con familiares, o brindarle algún
transporte de acercamiento, en caso de encontrarse en
un penal distante de los centros urbanos.
10.	Potenciamiento
Como parte de las políticas de reinserción y rehabilitación,
Gendarmería de Chile ha incorporado programas para
capacitar e integrar a las personas infractoras que están
bajo su custodia. En este marco, y desde hace 40 años, la
Institución administra unidades productivas para internos
e internas, ya sea al interior de las unidades penitenciarias
o bajo un sistema de centros de reclusión semi-abiertos.
Se trata de los denominados Centros de Educación
y Trabajo (CET), en los que mediante la capacitación,
formación y trabajo, se apoya la reinserción, bajo normas
de cumplimiento y compromiso.
2012, se inauguró un nuevo establecimiento del subsistema
semi-abierto, el CET Femenino de Santiago Talita Kum,
que cuenta con 34 plazas destinadas sólo para mujeres.
Además, se implementó una campaña de difusión dirigida
a los internos del subsistema cerrado, con el objeto de
ampliar la información y motivación para la postulación a
las plazas disponibles de este subsistema.
Por último, se contrataron 6 profesionales del área
psicosocial y 3 técnicos del área contable con la finalidad de
potenciar el área laboral y los CET del subsistema cerrado.
entregan una eficaz herramienta laboral
para los internos. En estos espacios pueden ocupar
productivamente su tiempo de reclusión, percibiendo un
incentivo económico que les permite ayudar a sus familias,
además de aprender un oficio. Para reforzar esta línea de
acción se adoptaron las siguientes medidas:
Utilización de la totalidad de las plazas de los CET semiabiertos.
Suscripción de convenios con empresas del sector
privado, para potenciar la actividad productiva de los
CET y motivar a los internos con nuevos incentivos en
aspectos como capacitación, ingresos económicos y
posibilidades de empleo en libertad.
Implementación de medidas de fiscalización de los CET
y garantizar la entrega de remuneraciones.
Se autorizó que los internos dispongan de dinero en efectivo,
depósitos en libretas de ahorro, seguro de accidentes
laborales, uso de excedentes con fines de reinserción y
servicios internos, además de pago de incentivos.
Es importante destacar que en el mes de diciembre de
11. Seguridad al interior de los penales: Se abordará en el punto Nº 6 de “Los ejes de la Nueva política Penitenciaria”.
Nueva PolĂ­tica Penitenciaria
1. Nuevo sistema de penas sustitutivas
El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia se anticipan en la capacitación a Jueces en Penas Sustitutivas. | 19 de marzo de 2012.
l sistema de medidas alternativas a la reclusión
se instaló en 1983, con la Ley N°18.216. Sin
embargo, éstes se estableció en forma precaria,
sin los recursos adecuados y quedando en
segundo lugar respecto de las penas de privación
total de la libertad. Debido a la insuficiencia de recursos
para controlar su funcionamiento y el limitado nivel de
profesionalización de los encargados de su control, el
sistema de medidas alternativas resultó poco eficiente y
carente de especialización10.
En razón de lo anterior, el Consejo para la Reforma
Penitenciaria entregó en el 2010, distintas propuestas
para que el sistema de penas alternativas funcionara
adecuadamente y cumpliera con los niveles de vigilancia y
asistencia establecidos en la legislación, como11:
a) Ampliar la cobertura y características a nivel nacional
de los centros de reinserción social.
b) Aumentar la cantidad y calidad de los delegados de
libertad vigilada y que estos se transformen en agentes de
cambio por medio de:
El desarrollo de una relación positiva con el sujeto y la
El modelamiento de conductas pro sociales.
La utilización de estrategias motivacionales.
c) Evitar la imposición de penas de corta duración
(inferiores a un año), en particular tratándose de delitos de
baja lesividad social.
d) Utilizar tecnologías para controlar eficazmente las
condenas fuera de la cárcel.
En este contexto surge la Ley N° 20.60312-que modifica la
Ley N° 18.216- estableciendo un nuevo sistema de penas
sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, que
10 Los nudos problemáticos detectados en esta área se basan en Hoffer, M.E, “Medidas alternativas a la reclusión en Chile”, Conceptos, número 4, febrero de 2008, Fundación Paz Ciudadana.
11 El Consejo para la Reforma Penitenciaria fue convocado por el Ministerio de Justicia en junio de 2009, entregando su informe final en marzo de 2010. Además de representantes del Ministerio de Justicia, participaron
representantes del Ministerio del Interior, Gendarmería de Chile, la Corte Suprema, junto con representantes de instituciones del mundo académico, tales como el Programa Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (FLACSO-Chile); Fundación Paz Ciudadana (FPC); el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
12 Publicada en el diario oficial el 27 de junio de 2012, tiene un período de vacancia máximo de 18 meses para que entre en vigencia.
busca impedir que las personas condenadas vuelvan a
cometer nuevos delitos, instando por la reinserción social
de los condenados, mediante el acceso a intervención
psicosocial oportuna y efectiva para aquellas personas que
presenten consumo problemático de drogas y alcohol y
entregando una atención especializada para condenados
por delitos de violencia intrafamiliar y sexuales. De
este modo, se busca generar procesos de intervención
individualizados, que consideren las necesidades de
intervención, el nivel de motivación y la receptividad de los
condenados a las actividades propuestas, para disminuir los
factores de riesgo delictual y favorecer la integración social.
Para tal efecto, se contempla la contratación de 232
profesionales que se agregan a los casi 300 que ya existen
como delegados de libertad vigilada y libertad vigilada
intensiva y 120 delegados de prestación de servicios
en beneficio de la comunidad, los cuales, tendrán a su
cargo la supervisión del cumplimiento de ciertas penas
en libertad. Se trata, en definitiva, de uno de los procesos
más grandes de contratación de profesionales destinados
a la reinserción, por parte de Gendarmería de Chile, lo
que incluye por cierto, una adecuada capacitación de
los mismos previo a la entrada en vigencia del sistema,
contemplada para fines de este año 2013.
En segundo término, se aumenta el control de las penas en
libertad, de modo que el condenado tenga conocimiento
de que si comete nuevos delitos o intenta agredir a la
víctima, dicha situación será advertida por las autoridades
y sancionada enérgicamente. Para ello, se ha contemplado
la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico que,
en tiempo real, pueden reportar el nivel de cumplimiento
de la pena y dar protección a la víctima, permitiendo
alertarla en caso de que se encuentre en peligro.
Las penas en libertad apelan al control en la sociedad
por lo que, obviamente, demandan desafíos nuevos en
materia de supervisión por parte de la Administración
de Justicia, especialmente tratándose de personas
Corte Suprema y Cortes de Santiago y San Miguel se capacitan en nueva ley de penas sustitutivas. | 6 de septiembre de 2012.
sujetas a tratamiento de drogas y alcohol. De este modo,
mediante audiencias periódicas de seguimiento y planes
de tratamiento adecuados, el juez deberá alentar al
condenado a adherir a la intervención que se disponga en
su plan de intervención individual.
Este nuevo sistema de penas sustitutivas, con un
financiamiento de 52 millones de dólares, tendrá una
implementación gradual, previéndose su puesta en marcha
para fines del presente año.
Uno de los grandes ejes de las políticas públicas impulsadas
por nuestro Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es que
su diseño se apoya en la evidencia, no en mitos o intuiciones,
sino en lo que realmente funciona. En complemento con
lo anterior, otro pilar fundamental está constituido por
la permanente evaluación de la implementación de las
políticas, a fin de posibilitar la introducción de ajustes
derivados de la experiencia y la aplicación práctica. En
esta línea, el Ministerio de Justicia encargó al Centro de
Estudios Intellis de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile, que efectuara el diseño de las
evaluaciones periódicas que deberán realizarse una vez que
la nueva Ley N° 20.603 entre en operación, incorporando
monitoreo de procesos, resultados e impacto, de todo el
sistema de ejecución de penas en libertad, lo que permitirá
medir la efectividad y eficiencia de las prestaciones y de
los programas de intervención. Adicionalmente, a estos
procesos de evaluación y seguimiento, se encargó a Intellis
el levantamiento de una línea de base que permitirá realizar
el análisis contrafactual posterior, una vez implementado
el nuevo sistema de penas sustitutivas.
Modificación de la legislación para
lograr uso racional de las cárceles
a respuesta tradicional al fenómeno de la delincuencia ha sido aplicar penas de cárcel, con la pretendida finalidad
de hacer inofensivo al autor o de neutralizarlo, sin evaluar la posibilidad de que al interior de los recintos penales,
una persona puede terminar adquiriendo un mayor perfil delictual. Las penas de prisión han sido criticadas
porque no contribuyen a socializar al individuo. Lejos de aquello, le generan un perjuicio a él y a su familia y
suelen constituir una fuente de contagio criminógeno, en particular, respecto del delincuente primerizo, lo que
favorece su reincidencia. Dentro de las medidas para racionalizar el sistema penitenciario y evitar que las cárceles sean
“escuelas del delito”, se han impulsado un conjunto de leyes cuyo objetivo es generar condiciones de ejecución de las
penas que permitan desarrollar programas de reinserción.
a) Modificación al sistema de libertad
condicional (Ley N° 20.587)
La Ley N° 20.587 fue publicada el 8 de junio de 2012 y su
objetivo fue establecer que el otorgamiento del beneficio
de la libertad condicional quedase entregado a criterios
objetivos y no a la intervención política, de modo que la
decisión final ya no dependiera del Secretario Regional
Ministerial de Justicia, sino que fuese adoptada- conforme
a estrictos criterios técnicos- por la Comisión de Libertad
Condicional, integrada exclusivamente por miembros del
Con la vigencia de esta ley, se resuelve sobre los procesos
de reinserción de una persona por una comisión que
considera aspectos técnicos que permiten orientar sobre
las posibilidades de reinserción de una persona, según las
actividades que haya desarrollado durante el cumplimiento
de su condena. Considerando lo anterior, se ha fortalecido
este mecanismo de obtención de libertad, principalmente
debido al aumento de la cobertura de las actividades de
reinserción al interior de los recintos penales, tal como se
explica en el Eje N°8 de la Política Penitenciaria, lo que ha
permitido preparar a más personas, y de mejor forma, para
la recuperación gradual de su libertad y su inserción en la
comunidad, fortaleciendo la seguridad pública.
b) Modificación a las sanciones por no pago
de multa (Ley N° 20.587)
La Ley N° 20.587, también busca evitar el encarcelamiento
de quienes hubieran sido condenados al pago de una pena
de multa y carecieren de recursos para enterarla en arcas
fiscales. De este modo, se sustituye la reclusión por la pena
Número de libertades condicionales otorgadas,
de prestación de servicios en beneficio de la comunidad,
que consiste en actividades no remuneradas a favor de la
colectividad o en beneficio de personas en situación de
precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería
La nueva pena de prestación de servicios en beneficio
de la comunidad constituye una eficaz herramienta para
conseguir que el condenado se involucre en actividades
que puedan vincularlo con un ambiente que favorezca
la adopción de conductas pro sociales, satisfaciendo los
requerimientos de seguridad pública y los fines preventivos
especiales de la pena. Asimismo, generar una disminución
de la cantidad de personas que se encuentran condenadas
en el medio cerrado.
A instancias de este Ministerio, el Centro de Estudios en
Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC)
realizó un estudio que releva las mejores estrategias que
permiten asegurar una implementación exitosa de esta
pena, con la finalidad de generar interés, visibilidad social
y una buena recepción en la comunidad respecto de los
penados que deben prestar esos servicios, una adecuada
oferta de plazas y un alto nivel de cumplimiento de la pena.
c) Ley de conmutación de penas
(Ley N° 20.588)
Esta ley, publicada el 1 de junio de 2012, estableció
una conmutación general de penas para cierto tipo de
condenados, que hubieren cumplido una parte significativa
de sus condenas y en la medida que su liberación no
implique un compromiso para la seguridad pública.
La iniciativa benefició a las mujeres que se encontraban
privadas de libertad, a los condenados que cumplían
pena bajo el beneficio de permiso de salida diaria, a los
sometidos a reclusión nocturna y finalmente, a ciertos
condenados extranjeros.
La ejecución de esta ley permitió favorecer a 38 mujeres
condenadas, a 211 internos que gozaban del permiso de
salida diaria, a 3.241 condenados a reclusión nocturna y,
en un operativo histórico en el sistema penitenciario, a
772 extranjeros, que retornaron a sus países de origen.
Con ello, se conmutaron las penas de 4.262 personas, es
decir, se liberaron cupos correspondientes a dos cárceles
completas de 2.000 plazas aproximadamente, con un
bajísimo costo para el Estado, y sin afectar la seguridad
pública, pues de los más de 4.000 beneficiados, sólo 13
personas no cumplieron con las condiciones requeridas
como consecuencia de la conmutación de la pena.
d) Cumplimiento alternativo de penas
inferiores a 300 días
(Indicación nueva Ley Nº 18.216)
El 23 de marzo de 2011 se presentó al Congreso una
indicación que introdujo modificaciones al proyecto de
la Ley N° 20.603, mediante la cual se faculta al tribunal
para sustituir la pena privativa de libertad igual o inferior
a 300 días de duración, por la de prestación de servicios
en beneficio de la comunidad, siempre que se cumpla con
los requisitos legales, y en particular, si la medida permite
disuadir al condenado de cometer nuevos delitos.
La nueva pena de prestación de servicios en beneficio de la
comunidad, constituye una respuesta inteligente frente a
la crisis de la pena de cárcel y particularmente, en relación
a las llamadas “penas cortas”.
Finalmente, cabe señalar que todas estas medidas
destinadas al uso racional de la privación de libertad han
permitido disminuir la población de 56.566 reclusos a fines
de 2010, a 49.920 a fines de 201213 .
13 Para estos efectos se cuenta a las personas que cumplen una medida o pena privativa de libertad, incluyendo a quienes encontrándose en los establecimientos penales, cumplen la actual medida alternativa de
reclusión nocturna, o el permiso de salida controlada al medio libre, o bien quienes participan de las actividades de un Centro de Estudio y Trabajo (CET) semiabierto.
Modernización de Gendarmería de
a modificación de los programas de reinserción, el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y el
desarrollo de nueva infraestructura penitenciaria
no son suficientes para una nueva política de la
magnitud y relevancia que nuestro país requiere.
En efecto, cualquier proceso de modernización del sistema
penitenciario pasa esencialmente por fortalecer, potenciar
y modernizar la institución a cargo de ese sistema. En
nuestro caso, se ha trabajado para que Gendarmería de
Chile pueda contar con el número necesario de funcionarios,
adecuadamente seleccionados, capacitados, con estabilidad
laboral y con una carrera profesional remunerada en relación
a la importante función que desempeñan.
Este proceso de modernización se inició en marzo de2010,
con la publicación de la Ley N° 20.426, que “moderniza
Gendarmería de Chile, incrementando su personal y
readecuando las normas de su carrera funcionaria”. Esta
Ley tiene por objeto, entre otras materias, fortalecer a esta
institución, de modo que pueda hacer frente de manera
eficaz y oportuna a los múltiples desafíos que a diario deben
enfrentar los diversos establecimientos penitenciarios
como parte integrante del sistema de seguridad pública,
principalmente en lo que se refiere a incremento de
personal, fijación de nuevas plantas, regulación del
proceso de encasillamiento del personal y reordenamiento
orgánico de la institución. Así, esta ley reordenó los grados
de la carrera funcionaria tanto para oficiales como para
suboficiales, permitiendo, a través de encasillamientos, los
aumentos de grado del personal. Cabe señalar que si bien la
ley fijó un plazo de 18 meses para proceder a esta mejora
para el personal, el Ministerio de Justicia en conjunto con
Gendarmería de Chile realizaron todo el proceso en 9 meses,
haciendo posible, en definitiva, los siguientes beneficios:
Se favoreció con un aumento de grado, a
través de un proceso de encasillamiento, a
los siguientes funcionarios:
Planta de oficiales penitenciarios.........................466
Planta de suboficiales y gendarmes................. 9.543
Planta de profesionales ...........................................313
Planta de técnicos .....................................................199
Planta de administrativos........................................239
Planta de auxiliares...................................................... 23
En definitiva, 10.783 funcionarios se beneficiaron con esta
ley, los que representan el 96,7% de la planta autorizada
de oficiales, suboficiales y gendarmes.
Se inició un proceso de formación de 348 oficiales
penitenciarios y 4.466 suboficiales y gendarmes, en un
plazo de 5 años, contados desde el 2011.
Se crearon 25 cargos en la planta de directivos, con la
incorporación del segundo nivel jerárquico al sistema de
Se procedió al ingreso de 100 profesionales civiles a
Se aumentó el valor de la asignación de turno para el
grado 26º y de la asignación de responsabilidad en el
grado 9º de la planta de suboficiales y gendarmes.
Adicionalmente, se aumentó un grado a 1.639
funcionarios a contrata, lo que da un total de 12.422
funcionarios beneficiados con esta ley, lo que representa
un 84% de la dotación de Gendarmería de Chile
autorizada por la Ley de Presupuestos de 2010.
Con la implementación de la Ley N° 20.426, de 11.333
oficiales penitenciarios, suboficiales y gendarmes que
había al 2010, como dotación autorizada, en el 2013 ya se
cuenta con 13.502, lo que constituye un aumento de un
19%. Con este incremento, Chile se ubica como el segundo
mejor país en la relación de funcionarios versus población
penal, sólo por debajo de Costa Rica14.
En tanto, el personal civil de la Institución, que en el 2010
ascendía a 3.421 personas, como dotación autorizada en los
programas presupuestarios 01 y 02, se incrementó en el 2013,
a 4.381 funcionarios, lo que representa un 28% de aumento.
En definitiva, Gendarmería de Chile pasó en 4 años
(2010 – 2013) de tener una dotación autorizada por Ley
de Presupuesto de 14.507 a 16.624 funcionarios, lo que
significa un aumento de un 15%, quedando aún por ingresar
cerca de 2.600 funcionarios uniformados, para completar
lo autorizado en la Ley N° 20.426. La mayoría de los países
de la Región tienen una relación superior a 7 internos por
funcionario, mientras que Chile, considerando que a fines
del 2012 la población penal era de 49.920 personas, tenía
una relación de 4.1 internos por funcionario15.
14 El país que mejor ratio funcionarios/internos posee es Costa Rica, con 3.6. Todos los datos extraídos de Carranza, Elías, Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, en “Anuario de Derechos
Humanos 2012”, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 49.
Ahora bien, sin perjuicio de todos los beneficios que
implicó la dictación de la Ley N° 20.426 que ya se han
señalado, el hecho de haber significado un aumento
de grado en la carrera funcionaria para más de 10.000
funcionarios, se observó que como consecuencia de ese
aumento, iniciaban desde cero su permanencia en el
nuevo grado al cual ascendieron. Por ello, siendo requisito
esencial para promover los ascensos la exigencia de cierto
tiempo mínimo en el grado, luego de la dictación de la ley,
existiendo vacantes en grados superiores, no era posible
efectuar los ascensos por no cumplir con este requisito.
Por ello, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que
faculta al Director Nacional de Gendarmería de Chile para
cursar ascensos en las plantas de oficiales penitenciarios,
y de suboficiales y gendarmes, eximiendo del requisito de
tiempo mínimo de permanencia en el grado. En virtud de
lo anterior, el 31 de mayo del 2013 se publicó la Ley N°
20.674, que “ajusta normas del estatuto del personal de
Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso
y de promoción de cargos en las plantas de oficiales
penitenciarios y de suboficiales y gendarmes”. Producto
de esta ley, se logró ascender a 141 oficiales y a 2.537
Por otra parte, dentro del proceso de modernización de
la Institución, un aspecto clave ha sido la formación de
los funcionarios. Por ello, en lo que respecta a la Escuela
de Gendarmería de Chile, se dictó un nuevo estatuto
para su organización y funcionamiento, a través de la
Resolución Exenta N° 7581, de 1 de agosto de 2012. Con
ello se reestructuró su organización interna, reforzando su
carácter académico, junto con la renovación de su cuerpo
Además, la Resolución Exenta N° 7965, de 10 de agosto
de 2012, que aprueba planes de estudio de formación en
la Escuela de Gendarmería de Chile del General Manuel
Bulnes Prieto, modificó los planes de estudio y la malla
curricular, para incluir en el proceso de formación no sólo
aspectos referidos a la seguridad de las unidades penales,
sino también, otras materias de igual relevancia en la
gestión penitenciaria, como la reinserción de la población
penal y el cumplimiento de estándares en materia
de Derechos Humanos. Junto con ello, se contempla
establecer definitivamente un sistema de capacitación
continua para todo su personal dentro de la carrera
funcionaria, a través de cursos de perfeccionamiento y
exámenes de especialización, que doten a los gendarmes
de las herramientas, conocimientos y habilidades acordes
a la gestión de los penales en pleno siglo XXI.
15 En algunos casos la relación incluso es de 1:15 (Panamá) o 17 (El Salvador). El país que mejor ratio funcionarios/internos posee es Costa Rica, con 3.6. Todos los datos extraídos de Carranza, Elías, “Situación Penitenciaria
en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, en “Anuario de Derechos Humanos 2012”, del Centro de Derechos Humanos 2012”, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pág. 49.
Durante el período 2010 – 2013 se incrementaron los recursos asignados a Gendarmería
de Chile en la Ley de Presupuesto, en un 40%.
Programa 01	212.238.540	251.017.963	262.842.668	276.456.718
Programa 02	6.338.896	7.927.823	9.493.717	30.235.795
CONSOLIDADO	218.577.436	Incremento % 258.945.786	18,47%	En la tabla se aprecia que entre los años 2010 y 2013 el
crecimiento real de los recursos asignados en las Leyes
de Presupuesto de cada año fue de un 40%. Entre los
conceptos importantes que explican dicha variación, está
la aplicación gradual de la ley Nº 20.426, cuyo informe
financiero de 2010 contemplaba poco más de 88 mil
millones de pesos para su implementación.
Durante este período, también se incorporaron recursos
por cerca de 11 mil millones de pesos para mejorar la
alimentación de la población penal y asegurar condiciones
básicas para las personas privadas de libertad.
Se ha puesto un énfasis importante en las condiciones
de seguridad tanto de internos como del personal de
Gendarmería de Chile, destinándose más de 17 mil
millones de pesos sólo para redes secas y húmedas.
272.336.385	5,17%	306.692.513
A su vez, se han adquirido y repuesto gradualmente, gran
parte de los inventarios de colchones, frazadas y literas.
También, a través de reasignaciones del sector, se ha
priorizado la renovación del parque automotriz de la
Asimismo, se han aumentado y fortalecido los programas de
reinserción; se han mejorado las condiciones de intervención
de la población condenada en los Centros de Educación y
Trabajo; se han implementado programas de intervención
para jóvenes que cumplen condena en secciones juveniles y
se le ha entregado apoyo laboral a los internos.
En el 2013 se incorporaron más de 16 mil millones de pesos
para la aplicación de la Ley Nº 20.603 sobre penas sustitutivas.
Durante el 2012, Gendarmería de Chile registró importantes mejoras en diversos ámbitos de su gestión
estratégica e interna.
Como parte de la gestión estratégica, en materia de
seguridad caben destacar los siguientes aspectos:
Disminución en el número de internos fugados
de las condiciones de hacinamiento que algunos centros
presentan. Sin embargo, las acciones adoptadas a fin de
evitar este tipo de agresiones han rendido frutos. Es así
como las muertes de internos por causa de riñas, pasaron
de 52 decesos registrados en el 2011, a 42 durante el 2012.
Un aspecto fundamental para el servicio y sensible para
la evaluación de la gestión de Gendarmería de Chile está
constituido por las fugas. La Institución, en los últimos
años, ha emprendido importantes acciones, las que le han
permitido ir disminuyendo paulatinamente el número de
fugas registradas desde el interior de los centros.
Para el logro de este resultado han sido fundamentales las
acciones preventivas, tales como, los procesos de mejora
en la clasificación de los internos y en la categorización de
De esta forma, se pasó de 31 internos fugados el 2011, a
23 durante el 2012.
Disminución en las muertes de internos a causa
Parte de la problemática penitenciaria está dada por
la conflictividad y en este sentido, una preocupación
constante del Servicio, ha sido disminuir riñas e incidentes
entre internos. Se trata de una labor compleja en vista del
nivel de compromiso delictual de algunos condenados y
Mejorar los índices de ausentismo que se registraban entre
los funcionarios de Gendarmería de Chile constituía un
importante desafío y espacio de mejora en la gestión para
la Institución. Ello, ya que, por ejemplo, en el año 2009, se
registraban casi 21 días de ausencia al año, por funcionario.
Esto no era una tarea fácil, debido a diversos factores como la
extensión geográfica, la presión que las funciones de seguridad
conllevan y el sistema de turnos, entre otras circunstancias.
Durante el 2011, en el marco del Plan ChileGestiona,
se comenzó a sistematizar información relativa a este
ámbito y se estableció su medición periódica. En el 2012
se intensificó el seguimiento y se reforzó la necesidad de
implementar planes de trabajo para mejorar este índice. De
esta forma, se llevaron a cabo tareas de diagnóstico de la
situación, análisis, seguimientos regionales y la definición
de acciones destinadas a mejorar las condiciones relativas
al monitoreo y apoyo en el caso de funcionarios con
licencias médicas. Asimismo, se implementaron mejoras
en el criterio para el otorgamiento de permisos y se
crearon incentivos, como, por ejemplo, otorgar un premio
al establecimiento que logre la mayor disminución de
ausentismo a nivel nacional.
Es así como, al finalizar el 2012, Gendarmería de Chile
registraba casi 2 días menos de ausentismo que en el 2011,
a saber: 20,6 días de ausentismo por funcionario durante el
2011, versus 18,7 días durante 2012.
Días de ausentismo al año por funcionario
Disminución de las horas extraordinarias
En el mismo contexto que el ausentismo laboral,
Gendarmería de Chile registró avances en la racionalización
de las horas extraordinarias y, por ende, del pago asociado
a ellas. Durante el 2011 se registraron 24,3 horas
extraordinarias por funcionario, en tanto que durante el
2012, éstas alcanzaron las 23 horas. Si bien, a primera vista,
esta rebaja puede parecer menor, en realidad no lo es, ya que
la reducción de horas extraordinarias en 1,3 horas implica
un importante ahorro para la Institución y optimización del
trabajo en horario normal por parte de los funcionarios.
Horas extraordinarias por funcionario al año
Fuente: Informe ChileGestiona, diciembre 2012, Subsecretaría de Justicia
Mejora en la tramitación de sumarios
Gendarmería de Chile tiene una dotación de más de 15
mil funcionarios, lo que en parte explica un alto número
de sumarios. A ello se suma que, por cada incidente de los
internos, se genera una investigación de este tipo, la que
muchas veces duraba años. Los datos eran elocuentes: al
finalizar el 2011, la Institución registraba 5.066 sumarios, de
los cuales 4.110 llevaban más de 6 meses de tramitación.
En vista de este escenario, entre el 2011 y 2012, se llevaron
a cabo una serie de acciones tendientes a mejorar este
proceso, dentro de las que podemos mencionar: el análisis
y clasificación de datos, diagnóstico sobre el origen de los
sumarios y sanciones asociadas, mejoras en el proceso
de ejecución de las investigaciones y seguimiento de las
mismas. De esta forma, al finalizar el 2012, Gendarmería de
Chile redujo considerablemente el total de estos procesos,
llegando a un total de 3.786 sumarios, de los cuales 2.997
registraban más de 6 meses de tramitación.
Tiempo de tramitación de sumarios
Aumento en la recuperación de Licencias Médicas
En todo el sector público, se observaba una baja
recuperación de recursos asociados al pago de licencias
médicas. En el caso de Gendarmería, durante el 2011, se
efectuó una importante tarea de identificación, registro
y seguimiento de este tema, pudiendo determinarse
que el 30% de las licencias médicas tenían pendiente la
recuperación de dinero asociado a su pago. Por esta razón,
durante el 2012 se implementaron una serie de acciones
tendientes a dar un buen uso a las licencias médicas y
mejorar la recuperación de recursos asociados a ellas.
De esta forma, al finalizar el año pasado, las licencias
médicas sin recuperar correspondieron al 19,2%, resultado
que representa una mejora significativa, pero que se ve
limitada principalmente por ámbitos de gestión ajenos a
la Institución, siendo otros organismos quienes registran
nudos críticos para seguir aumentando la recuperación
de estas licencias médicas. Frente a esta situación el
Ministerio de Justicia ha propiciado la comunicación con
organismos como el COMPIN, a fin de generar un espacio
de trabajo conjunto en esta materia.
Licencias médicas no recuperadas 2012
Recuperación de plazas e instalaciones post terremoto
partir del terremoto ocurrido el 27 de febrero
de 2010, las instalaciones y los recintos de
Gendarmería de Chile ubicados en la zona
afectada, presentaron distintos niveles de
deterioro, llegando incluso a la inutilización de
algunas instalaciones. Además, no existía una evaluación
estructural adecuada de los edificios, por lo que se
determinó el cierre de ocho unidades penales y el traslado
de los internos, a fin de resguardar su integridad física y
mantener las medidas de control y custodia.
La cárcel de Buin, en la Región Metropolitana; la cárcel
de Molina, Constitución, Parral, Chanco y San Javier en
la Región del Maule; y cárcel de Chillán y Los Ángeles,
en la Región del Biobío, fueron clausuradas después del
terremoto. Con posterioridad, y habiéndolas ya intervenido,
algunas de ellas se han puesto en operación parcialmente.
Un caso emblemático fue el manejo de las instalaciones
de la cárcel de El Manzano I, en la ciudad de Concepción,
donde fue necesario el traslado de más de 1.700 internos
a la cárcel concesionada de Concepción, aún en etapa de
habilitación y a otros penales de la zona, a raíz del terremoto
y posterior incendio de alguna de sus instalaciones.
Con posterioridad, la cárcel concesionada se habilitó
completamente e inició su operación en septiembre de
2011, aportando 1.189 nuevas plazas.
Durante el 2010, se intervinieron más de 45 establecimientos
penitenciarios afectados por el terremoto, con una inversión
superior a los $2.000 millones, especialmente en relación a
la reposición o reparación de muros perimetrales, atención
de daños estructurales y servicios sanitarios y eléctricos.
En un primer momento, el objetivo fue recuperar la
operatividad de los recintos afectados y en una segunda
etapa, se ha trabajado en el diseño de arquitectura e
intervenciones mayores, de manera de lograr una mejora
sustantiva en las condiciones de habitabilidad, así como en
la recuperación e incremento de plazas donde sea posible,
fomentando el desarrollo de intervenciones orientadas a la
Respecto de estas intervenciones mayores, destacan los
penales de Parral, El Manzano, Coronel y Mulchén.
No obstante, la pérdida de plazas generadas en un
primer momento por la emergencia del terremoto y
el cierre total o parcial de algunos recintos de la zona
afectada, la constante y permanente intervención en la
recuperación de la infraestructura carcelaria existente, ha
permitido reponer parte importante de ella, además de la
contribución de plazas que generó la entrada en operación
de la cárcel concesionada de Concepción, que mitigó
considerablemente la pérdida de instalaciones carcelarias
en la región de Biobío.
El proyecto asociado a la reconstrucción y ampliación de
la cárcel de Parral busca normalizar el funcionamiento
del establecimiento mediante la intervención total de las
instalaciones sanitarias y eléctricas. Además, se realizaron
mejoras funcionales a toda la unidad, que consisten en:
reparación del área administrativa, mejoramiento de
pavimentos y muros; reposición de ventanas y puertas,
renovación total de la techumbre en el área de módulos de
reclusión y cambio de las losetas del cielo.
Adicionalmente, se considera la reconstrucción parcial
y el reforzamiento del muro perimetral norte, oriente
y poniente, entre otras obras. La superficie a intervenir
asciende a 2.130 m2, de los cuales 498 m2 son nuevas
instalaciones, generando un total de 130 plazas. La Unidad
Técnica a cargo del desarrollo, es Gendarmería de Chile
mediante el sistema tradicional de contratación de obra
En el caso del penal de Coronel, que se encuentra
en operación, Gendarmería de Chile está licitando
su construcción y busca mejorar las condiciones de
habitabilidad y seguridad, así como la normalización de
las instalaciones. El proyecto contempla 1.994 m2 de
reparaciones y 3.575 m2 de reposición, abarcando en total
una superficie de 5.569 m2, para 303 plazas masculinas. En
la actualidad, este penal opera con 217 internos.
La situación del penal de Mulchén es semejante a la de
Coronel, ya que se encuentra en operación y Gendarmería
de Chile está licitando su construcción, lo que permitirá
abordar la normalización del centro. Este recinto contaba,
antes del terremoto, con una capacidad de 117 plazas
masculinas, el diseño propuesto incrementará esta
capacidad a 236 plazas masculinas, además de mejoras
en la habitabilidad y disposición de espacios para
intervenciones de reinserción. El proyecto contempla 1.871
m2 de reparaciones y 2.223 m2 de reposición, abarcando
en total una superficie de 4.094 m2.
El total de inversión proyectada para atender las
ampliaciones y reparaciones de los recintos de Parral,
Coronel y Mulchén es de más de $6.100 millones a ejecutar
-en gran parte- durante el 2014. El inicio de operaciones
se proyecta durante el primer semestre del 2015.
En el caso de El Manzano, el proyecto plantea una
reposición de 28.789 m2 que beneficiará a una población
penal de 1.380 internos masculinos. El diseño se encuentra
en desarrollo, a través de la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la Región del Biobío.
Las intervenciones contemplan las siguientes áreas:
Zona de reclusión: muro perimetral, garitas, módulos de
reclusión del 1 al 10, el área de entretecho de los módulos
de reclusión ubicada en el 4°piso, que actualmente se
encuentra en desuso, gimnasio, escuela, muros divisorios
de patios de módulos de reclusión, talleres y baños de
patio de módulos de reclusión.
Zona externa: edificio administrativo y cuadra de personal,
casino, policlínico.
Instalaciones: eléctricas y corrientes débiles, agua
potable, alcantarillado, aguas lluvia.
Otro proyecto de gran importancia, desarrollado
directamente por Gendarmería de Chile, fue la incorporación
de 448 nuevas plazas en el recinto penitenciario de Colina
I. A través del análisis estructural de las edificaciones, se
ampliaron los módulos de dormitorios y se incorporaron
sistemas de seguridad como redes secas y húmedas.
Además, se contempla adecuar talleres de trabajo en los
sectores de baja utilización. Esta intervención permite dar
un mejor uso a la infraestructura existente.
Es decir, sumado a las 1.190 plazas que aportó la nueva
cárcel concesionada de Concepción, durante el primer
semestre de 2014 se contará con el mejoramiento
e incremento de 1.117 plazas, bajo un estándar que
mejora la habitabilidad y las instalaciones para la oferta
programática de los internos, lo cual permitirá recuperar la
disposición de plazas existentes antes del terremoto.
Nuevos Centros de Educación y Trabajo
Otros recintos que atenderán la demanda de nuevas plazas,
corresponden a los nuevos Centros de Educación y Trabajo
que se están desarrollando a partir de la experiencia y
asesoría de la empresa norteamericana Altegrity Risk
International, Inc: “La Laguna” en la región del Maule, y “El
Arenal” en la región de Atacama. El diseño de estos recintos
es parte de una nueva política penitenciaria orientada
directamente al énfasis que se ha dado en las políticas de
reinserción social, laboral y nivelación escolar.
Estos nuevos centros contemplan el aporte de 3.080
nuevas plazas al sistema carcelario (1.400 en el recinto
de La Laguna en la región del Maule y 1.680 en El Arenal
primera etapa, región de Atacama) dirigido a reinsertar
a internos de baja y mediana peligrosidad, que por sus
antecedentes de buena conducta y voluntad explícita de
incorporarse a un programa de educación, capacitación en
habilidades y conocimientos técnicos, se les proporcionará
un trabajo remunerado que les permitirá generar ingresos
para sus familias y obtener experiencia práctica para
su incorporación a la sociedad una vez que obtengan su
Este nuevo conjunto de plazas será un aporte significativo
a la reducción de la sobrepoblación de la zona centro y
La selección de la ubicación de estos dos nuevos
recintos responde, en el caso de la región del Maule, a la
disposición de recintos de reciente factura en las regiones
adyacentes, así como de las condiciones para entregar
una oferta programática ajustada a los nuevos énfasis.
Adicionalmente, se debe destacar que las ciudades de
origen de las personas condenadas concentran un 60% al
El recinto de El Arenal responderá a una demanda territorial
de sobrepoblación de la zona norte, donde se dispone de
recintos de reciente construcción, como es el caso de la
cárcel concesionada de La Serena y, durante el segundo
semestre del 2013, la cárcel concesionada de Antofagasta.
Estos recintos están en etapa de diseño, y se espera que
su construcción comience durante 2015 y su entrada en
operaciones a fines de 2016.
Características fundamentales del nuevo
modelo a implementar:
Plan de actividades superior a las 12 horas. El programa
con el que serán intervenidos los internos proyecta
la ocupación diaria intensiva, a través de nivelación
en educación, capacitación en habilidades técnicas y
desarrollo de actividades laborales remuneradas, dentro
del recinto penal. Adicionalmente a estas actividades, se
contemplan horas de recreación en canchas colectivas
al aire libre y dentro de los módulos.
Provisión de profesionales en educación de adultos,
tanto para temas de nivelación educacional, como de
Modernización de Gendarmería de Chile: Reentrenamiento y formación de oficiales y gendarmes
para el control, cuidado y dirección de estos internos.
El objetivo es que estos funcionarios se transformen
en agentes penitenciarios que colaboren al proceso
de reinserción. Es importante destacar que parte del
compromiso asumido por el interno que se integre a
este tipo de penal, es su adhesión explícita a las reglas
de conducta, educación y trabajo. En caso de infringir el
compromiso, el interno pierde esta oportunidad.
En la actualidad, la Dirección de Arquitectura del MOP
publicó la licitación de los diseños de estos recintos, los
que se espera estén adjudicados en el mes de enero del
penitenciaria existente
A raíz de los eventos del terremoto, así como del análisis de
la situación en que se encontraban las personas privadas
de libertad en los recintos tradicionales y los recintos
concesionados, se determinó que existía un margen de
operación que permitía aumentar la cantidad de población
Maqueta de lo que serán futuros Centros Modelo de Educación y Trabajo.
de los penales concesionados, en particular en los módulos
de baja seguridad sin sacrificar la calidad en la atención y la
oferta programática, ni generar deterioro acelerado de la
infraestructura existente o contagio criminógeno. A partir
de este análisis, Gendarmería de Chile pudo determinar
para cada recinto concesionado, los módulos e incremento
de los recintos, logrando la posibilidad de un crecimiento
cercano a las 2.000 nuevas plazas entre 2011 y 2012.
Aunque la distribución territorial de estas plazas en algunos
casos se da en regiones en las que existe disponibilidad,
también se reconoce un nivel superior de prestaciones en
el caso de recintos concesionados.
Tal como se mencionó anteriormente, la situación del
recinto de Colina I y el mejor uso de la infraestructura
permitió la incorporación de 448 nuevas plazas. A este
aumento se debe sumar el mejoramiento y la adaptación
del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, que ha
generado la habilitación de 768 plazas femeninas, con sus
respectivos talleres y dependencias para el cuidado de
sus hijos lactantes. Para estas iniciativas se contemplaron
recursos por un monto de M$ 3.460.000 millones.
Estas nuevas instalaciones se hacen cargo de las adversas
condiciones en que se encontraban las mujeres privadas
de libertad, en particular aquellas ubicadas en la Región
Según palabras de la Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, “entre los principales avances se destaca
el impacto del cambio en el entorno de vecinos del penal
y la municipalidad, dado que se trata de internas con un
perfil menos agresivo, lo que conlleva que las visitas de
familiares se desarrolle en un ambiente más pacífico y
menos invasivo; la nueva infraestructura de habitaciones
y sanitarios en las secciones que ya utilizan las internas; el
uso de hornos industriales en vez de marmitas, con lo cual
se evita que la comida llegue desintegrada o desarmada al
momento de servirse en platos; la eliminación de todo tipo
de elementos inflamables y la instalación de una nueva red
seca para control de incendios”.
Nuevas plazas para el sistema penitenciario
Próximamente se iniciará el proceso de licitación de
los proyectos de ampliación de los recintos del CCP de
Iquique, y CDP de Rengo, mientras que el CDP de Quillota
se encuentra actualmente en proceso de adjudicación.
El proyecto de ampliación del Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Iquique, considera la rehabilitación de
cuatro módulos e intervenciones sanitarias y eléctricas
para la totalidad del penal, con una capacidad de 272
internos. Se considera una intervención total de 3.921
m2 (2.650 m2 de habilitaciones, 433 m2 de construcción
nueva y 838 m2 de construcción de pasarelas), con una
inversión total de M$2.272.373, que incluye construcción
Se proyecta tener completamente construidos y
operativos estos recintos en el primer semestre de
2015, incrementando en 462 nuevas plazas el sistema
El proyecto de aumento de capacidad para el Centro de
Detención Preventiva (CDP) de Quillota, consiste en la
construcción de un módulo de tres pisos para internas
imputadas y condenadas con lactantes, en un área de
aproximadamente 908.66 m2 de terreno disponible, donde
actualmente se encuentra la zona de estacionamientos de la
unidad penal. El proyecto contempla una planta de servicios
y un sector de reclusión y dormitorios en los pisos superiores.
Este proyecto aumentará la capacidad de la unidad penal
en 88 plazas, distribuidas en dormitorios colectivos de tres
internas. La inversión estimada es de M$ 1.529.364.
A este desarrollo de infraestructura, se debe agregar la
puesta en operación del segundo recinto del Grupo N°2
de Concesiones, el EP de Antofagasta, que se encuentra
en plena operación desde septiembre de 2013, aportando
1.160 nuevas plazas, lo que ha permitido reducir
considerablemente la sobrepoblación existente en la cárcel
de Antofagasta, que superaba un 170% de ocupación.
El proyecto de habilitación de un área de la cárcel de Rengo,
ubicada a un costado de la plaza de armas de esta comuna,
considera la construcción de dos pabellones completos o
módulos de hombres, para una capacidad de 102 plazas,
además de la rehabilitación de la sección juvenil del mismo
penal. La cantidad de m2 a intervenir es de 1.250 y la
inversión estimada es de M$1.483.887.
Por último, se ha concluido el diseño de arquitectura del
Nuevo Complejo Penitenciario Femenino de Arica, con la
propuesta de edificación de casi 10.500 m2, para atender
a 384 internas, con facilidades para aquellas que tienen
niños lactantes menores de 2 años. El monto considerado
para esta obra es de $ 12.076 millones y se proyecta la
licitación y adjudicación del proyecto durante el primer
semestre del 2014, para que su entrada en operación sea
partir del 2000, el Estado elabora el primer
“Programa de Concesiones de Infraestructura
Penitenciaria”, que se genera mediante el
sistema de Concesiones de Obras Públicas
y busca abordar el incremento de la
sobrepoblación de personas condenadas e imputadas.
El Programa contemplaba la construcción de 10 recintos
penitenciarios, para poblaciones de mediana y máxima
seguridad, con una inversión estimada en US$280 millones,
aportando 16.000 nuevas plazas.
Otros aspectos importantes que sustentaron la creación
de este programa, fueron las condiciones precarias de la
infraestructura existente, con recintos penales de muy
antigua data de construcción y diseñada con parámetros
que no respondían a las exigencias mínimas de derechos
humanos, ni a las políticas de educación y reinserción. Las
prioridades en la inversión pública impedían el desarrollo
de un plan de inversión de corto plazo en el sector Justicia.
A través de un mandato que da el Ministerio de Justicia
a la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas, el modelo implementado es el modelo mixto,
desarrollado principalmente en Francia, donde se entrega
como parte de las obligaciones de los privados, el diseño,
la construcción, el equipamiento y la operación de los
todos los servicios prestados en el recinto penitenciario- a
excepción de la dirección y seguridad del establecimientoque queda a cargo de Gendarmería de Chile. Es decir,
esta Institución se enfoca plenamente en su labor de
mantenimiento de la seguridad y control de los internos,
incorporando equipos de tecnovigilancia provistos por las
Los primeros establecimientos penitenciarios del
“Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria”
que se pusieron en operación, fueron los que componen el
denominado “Grupo 1”, que corresponden a: Iquique, La
Serena y Rancagua, cuya adjudicación se realizó el año
2002 y los inicios de su operación el 2006. El denominado
“Grupo 2”, que contemplaba los establecimientos de
Concepción y Antofagasta, fue adjudicado durante el
2002, y después de varias controversias que incluyó la
resciliación de este contrato de concesión con pago de
indemnizaciones por parte del Estado y la re-licitación sólo
de la operación, logró ponerse en operación a Concepción
el 2011 y durante el segundo semestre del , se pondrá en
operación Antofagasta.
en la forma de operarlo, tanto para generar los incentivos
necesarios para evitar su sobrepoblación, como para
entregar prestaciones de salud, aseo, educativas y laborales.
Estos servicios son significativamente mejores que en otros
penales, que por su fecha de construcción y modelo de
operación no poseen las condiciones para una buena gestión.
El denominado “Grupo 3”, integrado por los complejos
penitenciarios Santiago Uno, Valdivia y Puerto Montt, fue
adjudicado durante el 2004 y puesto en marcha durante
el 2007. El aporte total de nuevas plazas ha sido 12.435,
incluidas las 1.190 plazas de Antofagasta, prontamente a
estar en servicio.
El mejor aprovechamiento del tiempo por parte de los
internos y un mejor control de los espacios de dormitorio
–individuales o colectivos- permitieron detectar la
posibilidad de optimizar el espacio disponible, sin reducir
con esto el nivel del servicio otorgado en estos recintos
concesionados. Se pudieron densificar aquellos módulos
con internos de bajo compromiso delictual e incrementar
en una litera aquellas celdas individuales, o pasar de 3 a
4 camas en dormitorios colectivos, ciertamente después
de un análisis técnico y de seguridad generado por los
expertos de Gendarmería de Chile.
El costo total que desembolsará el Estado por infraestructura,
incluido el pago de indemnizaciones, superará los US$800
Durante los casi 10 años de operación de los recintos
concesionados, se han generado importantes aprendizajes
Los aprendizajes obtenidos, en el tipo y estándar de
prestaciones exigidos en los contratos, en la interacción de
privados encargados de estas prestaciones, en la labor de
Gendarmería de Chile enfocada a las acciones de control
y resguardo, y de los propios internos incorporados a este
sistema, ha generado una complementación valiosa y la
posibilidad de optimizar las instalaciones disponibles.
Esta optimización de la infraestructura disponible, ha
permitido generar una negociación con las empresas
concesionarias de los Grupos de Cárceles N°1 (Iquique,
La Serena y Rancagua) y N°3 (Santiago, Valdivia y Puerto
Montt), con el objeto de incrementar en un 40% la población
atendida, pasando de un universo de casi 10.085 internos,
a 14.439 personas que obtendrán mejores prestaciones
y ofertas programáticas para su reinserción social, con
intervenciones de infraestructura de menor orden y un costo
de operación adicional por año del orden de MM$8.200.
Es decir, a través de esta optimización del espacio, se ha
postergado la construcción de más de dos penales con las
capacidades de estándar de los modelos concesionados.
Cabe señalar que estos incrementos medidos por recinto,
generan establecimientos para poblaciones con capacidad
del orden de 1.600 plazas, a excepción de Santiago, que se
proyecta para un máximo de 4.000 internos.
El objetivo es que estos ajustes -que apuntan a mejorar la
utilización de la infraestructura disponible- no reduzcan de
paso las oportunidades ni ofertas programáticas vigentes.
Se trata de eliminar situaciones que implicaban el pago
de multas al concesionario por parte del Estado, cuando
superados ciertos márgenes de población, se incurre en el
incumplimiento de las condiciones pactadas.
Para lograr este importante avance, que está en pleno
período de ajuste final con las empresas concesionarias,
se ha sumado a todos los agentes involucrados, públicos
y privados, que aunando voluntades, han facilitado las
respuestas en forma expedita.
Se considera que el programa de concesiones ha respondido
adecuadamente a los requerimientos y condiciones para los
que fue requerido, es decir, ha abordado en forma efectiva
las nuevas exigencias humanas y sociales en términos
de prestación de servicios básicos y oportunidades de
Hoy en día, los niveles de hacinamiento se han reducido desde
el 57,5% en el 2010 a cifras inferiores al 23% durante 2013
(en promedios nacionales) y se avanza para la reducción aún
mayor hasta marzo de 2014. Esta reducción paulatina, que
va mejorando sustantivamente las condiciones de dignidad
de los internos -al reducir el hacinamiento y exposición a
eventuales maltratos o situaciones de riesgo- es sólo un
primer paso para seguir avanzando.
En consecuencia, esto ha permitido incorporar las
definiciones y aportes metodológicos de expertos
internacionales que han asesorado al Ministerio de Justicia
para redoblar sus esfuerzos en el cambio integral de cómo
abordar la reinserción de los internos condenados, en
especial aquellos de baja peligrosidad y que manifiestan
en forma explícita su deseo de superación.
6. La Seguridad en las unidades penales
Inversiones en seguridad periodo 2010-2013 en Gendarmería de Chile
Durante el periodo 2010-2013, han sido destinados recursos adicionales al presupuesto de Gendarmería de Chile por
un monto de M$ 24.512.044 para dotar de elementos y equipos de seguridad e infraestructura a los establecimientos
Años	Redes Secas y Húmedas	Equipamiento	2010	1.572.040
2011	2.500.000	2012	10.652.696	2013	4.372.268	427.364
M$17.524.964	M$3.517.850
Total	3.469.230	Infraestructura y otros
M$ 3.469.230	1.518.446
Implementación de redes secas y húmedas
En el 2011 se asignaron recursos por un monto de M$
2.500.000, para el diseño de redes contra incendios en 68
unidades penales del país y la ejecución de una primera
etapa en siete establecimientos penales (CDP Santiago
Sur, CDP de San Miguel, CDP Puente Alto, CDP Talagante,
CCP Colina I y II y CPF Santiago).
Durante el 2012, por Ley de Presupuestos se asignaron M$
2.962.696 para la ejecución de la segunda etapa y final
en las siete unidades ya señaladas. Además, mediante
reasignación presupuestaria, se destinaron recursos para
incorporar 15 unidades penales por un monto de M$
7.690.000. (CP Valparaíso, CP Concepción, CP Arica, CCP
Antofagasta, CCP Temuco, CCP Talca, CCP Copiapó, CDP
Quillota, CCP Curicó, CCP Los Andes, CCP Cauquenes, CCP
Punta Arenas, CDP Angol, CCP Iquique y CCP Osorno).
Para el 2013 se solicitaron recursos para la ejecución de
12 proyectos más, beneficiando de esta forma al 87% de
población recluida en unidades penales tradicionales.
En los proyectos de inversión, se estima un total de recursos
que asciende a M$ 4.372.268, para 12 unidades penales:
CDP de Calama, CCP de Chillán, CDP de Villarrica, CCP de
San Felipe, CCP de Nueva Imperial, CDP de Vallenar, CCP
de Chañaral, CDP de Ovalle, CCP de Coronel, CCP de San
Antonio, CDP de Limache y CDP de Pozo Almonte.
Inversión en redes secas y húmedas (M$)
Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, realizó visita inspectiva a las redes secas y húmedas de la cárcel El Manzano I de Concepción |15 de marzo de 2013.
Adquisición de insumos y equipamientos de
seguridad para brigadas contra incendios
Plan de mejoramiento de las condiciones
En el 2011, se asignaron recursos a través de la Ley
de Presupuestos para la “Adquisición de elementos
contra incendios”, tales como: equipos de respiración
autónoma E.R.A, equipos de espuma presurizada “SEP 160”,
compresores de aire tipo E o D, equipos de protección
corporal contra incendios, cascos de protección contra
incendios, motobombas de presión para trabajo bomberil
y generadores, por un monto de M$ 469.230. Además,
a través de reasignación presupuestaria, se destinaron
M$3.000.000, para financiar gastos asociados a “insumos y
equipamiento de seguridad para brigadas contra incendio”,
como por ejemplo: napoleón, holigaan, motodiscos de
corte, hachas TNT 35, llaves de grifos, tuercas de grifos,
llaves de unión storz, linternas, compresores, mangueras
de 3”, pitones, botas contra incendio, entre otros.
Durante el 2010, el Gobierno destinó recursos adicionales
al presupuesto institucional para implementar el plan
de mejoramiento del sistema penitenciario “Plan de 11
Medidas”, de las cuales -en materia de seguridad- se
consideraron las siguientes acciones: mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de la población penal por
M$ 814.375 y el mejoramiento de sistema de visitas en
unidades penales, por un monto de M$ 757.665.
En el 2011, por Ley de Presupuestos, se destinaron recursos
por un monto de M$1.518.446, de los cuales M$487.889
fueron para infraestructura carcelaria y M$1.030.557,
para equipamiento de seguridad para registro de visitas
en unidades penales, tales como: silla de registro corporal,
equipos de rayos X y paletas detectoras de metal.
En el 2013, se asignaron recursos por M$427.364 para la
adquisición de sistemas de tecnovigilancia (M$322.274) y
mantención (M$105.090) de equipos de inspección para
Un nuevo enfoque de los procesos de
reinserción e intervención
urante las últimas décadas, ha cobrado
relevancia en el ámbito de la ejecución
penal a nivel mundial, el planteamiento
a favor de la importancia de reinsertar
socialmente a quienes han cometido algún
delito. En nuestro país, en particular, estos esfuerzos se
han plasmado en la renovación del sistema penal que
actualmente el Ministerio de Justicia y Gendarmería de
Chile se encuentran diseñando, especialmente a través de
la implementación de las modificaciones a la Ley N° 18.216
y a la reformulación de los programas de reinserción.
La respuesta más común para fomentar la reinserción social
ha sido tradicionalmente el desarrollo de intervenciones
que produzcan un cambio en algún aspecto asociado con la
conducta delictiva de la persona, tales como sus actitudes,
pensamientos, salud mental, relaciones interpersonales
y/o laborales, con la finalidad de que sea menos probable
que vuelva a infringir las leyes en el futuro. No obstante,
la creciente cantidad de estudios sobre la materia,
ha proporcionado datos relevantes respecto a lo que
funciona y lo que no, para generar cambios en aquellos
que cometen delitos. En general, hay acuerdo en sostener
que los enfoques con orientación punitiva, basados en
los castigos y sanciones, no son eficaces16, a diferencia
de los enfoques desarrollados bajo los principios de la
intervención correccional eficaz17, los cuales han arrojado
datos prometedores para disminuir la reincidencia.
Estos principios refieren a la importancia de centrarse en
el cambio de los factores (necesidades criminógenas) que
se saben predictores de la delincuencia; la implementación
de servicios de tratamiento de naturaleza conductual,
focalizado en los infractores de mayor riesgo criminógeno);
privilegiar las intervenciones en la comunidad en lugar de
un entorno institucionalizado; asegurar que el programa
cuente con profesionales adecuadamente capacitados y
establecer procedimientos de seguimiento y asistencia
una vez finalizado el programa18. Estos principios se han
desarrollado ampliamente en el modelo de Riesgo-
16 Cullen, F. T. & Gendreau, P. (2000). Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice, and prospects. In J. Horney (Ed.), Criminal justice 2000: Vol. 4. Barbaret, J., y Barquin, R. (2006). Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas, en Justicia Penal, Siglo XXI. Ed. Granada.
17 Andrews, D.A. y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th). Cincinnati, OH Anderson Publishing.
18 Andrews, D.A., Zinger, I., Hoge R., Bonta,J., Gendreau, P., Cullen, F. (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. Criminology 28 (August): pp. 369-404. Lösel, F.
(1995). Increasing consensus in the evaluation of offender rehabilitation? Lessons from recent research syntheses. Psychology, Crime & Law, 2, pp. 19-39. Andrews, D.A. y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct
(5th). Cincinnati, OH Anderson Publishing.
Necesidad-Responsividad19, (en adelante RNR), el cual fue
presentado oficialmente en los años noventa en Canadá.
ha generado disparidad de criterios y falta de planificación
de los procesos de intervención.
A pesar de la amplia literatura disponible en materia
de intervenciones correccionales o de tratamiento
penitenciario, en nuestro país el desarrollo de
investigaciones en torno a la efectividad de los programas
que Gendarmería de Chile implementa para la población
condenada en el medio libre como privada de libertad es
aún muy limitada.
Implementación de un modelo comprensivo
para la intervención del comportamiento
No obstante, una revisión de las políticas y prácticas en
materia de reinserción implementadas en nuestro país
hasta la fecha, arroja importantes deficiencias entre
las cuales podemos mencionar: la falta de un modelo
comprensivo de la conducta delictual que cuente con el
respaldo de la evidencia y la ausencia de instrumentos de
evaluación validados para la población penal, todo lo cual
En lo que respecta a la incorporación de un modelo
comprensivo de la conducta delictual basado en la evidencia,
se realizó una revisión de los modelos de intervención más
utilizados para trabajar con población condenada, tanto
en el extranjero como en nuestro país, encontrándose que
-durante los últimos veinte años- ha cobrado relevancia la
aplicación del modelo RNR, el cual se ha establecido como
lineamiento de intervención transversal, tanto para las
personas privadas de libertad, como en el nuevo sistema de
penas sustitutivas, específicamente aquellos condenados
a una pena de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva.
19 El concepto “responsividad”, corresponde a una traducción literal del término inglés “responsivity”, el cual también ha sido traducido como capacidad de respuesta o disposición a responder.
En términos generales, el modelo RNR intenta explicar las
diferencias individuales en la conducta delictiva, a partir de
la interrelación de variables asociadas al contexto cultural,
social y familiar, incorporando la influencia de las relaciones
interpersonales y de las características personales en
la conducta. Se sitúa desde una teoría general de la
personalidad y del aprendizaje social del comportamiento
delictual, que afirma la importancia de adherir a tres
principios fundamentales al momento de implementar
cualquier programa de intervención que desee ser exitoso.
El primero de ellos, se refiere al principio del riesgo, el
cual sostiene que la intensidad de la intervención debe
ser proporcional al riesgo de reincidencia del infractor,
obtenido a través de instrumentos para la evaluación
del riesgo de reincidencia20. Incluso, los datos existentes
indican que cuando no se respeta este principio, es decir,
cuando se aplica un programa de intervención intensivo
a sujetos de bajo riesgo, los efectos son contradictorios,
generando muchas veces un aumento del riesgo como
consecuencia de una intervención mal dosificada21.
El segundo alude al principio de necesidad, el cual
argumenta que la intervención debe focalizarse en
aquellos factores de riesgo dinámicos asociados con la
conducta delictual, también denominados necesidades
criminógenas. Éstas se agrupan en siete grandes áreas: el
pensamiento procriminal, la relación con pares antisociales,
un patrón de personalidad antisocial, bajo nivel educacional
y/o problemas en el ámbito del empleo, conflictos con la
familia y/o pareja, consumo de sustancias y mal uso del
tiempo libre. En contraposición, están las necesidades
no criminógenas, que corresponden a las variables que
complementan el proceso de intervención, pero que por
sí solas no son suficientes para generar cambios en la
conducta delictual de la persona. Algunos ejemplos serían
la existencia de problemas en el ámbito de las finanzas, de
la vivienda y en el área de la salud física o mental.
El tercero se refiere al principio de responsividad, el que
sostiene que la existencia de elementos contextuales
o individuales puede afectar la capacidad del infractor
de beneficiarse de las intervenciones. Una intervención
que busca tener un impacto positivo debe considerar los
El Subsecretario de Justicia Juan Ignacio Piña, destacó el empeño puesto por el interno ruso, Maxim Molokoedov para reinsertarse a través del deporte en el proceso de rehabilitación. | 22 de Febrero de 2013.
20 El instrumento de evaluación de riesgo de reincidencia más conocido y utilizado a nivel internacional es el Level of Service Inventory- Revised (Andrews y Bonta, 1995) y el Level of Service/Case Management Inventory (Andrews, Bonta y Wormith, 2004), el cual será desarrollado más adelante.
21 Andrews, D., Kiessling, J., Robinson y Mickus, S. (1986). The risk principle of case classification: “An outcome evaluation with young adult probationers”. Canadian Journal of Criminology, 28, 377-84.
elementos relacionados con el estilo de aprendizaje, género,
contexto cultural y grado de motivación de cada condenado.
pares masculinos, lo que a su vez se debe considerar para
el trabajo de reinserción con estas mujeres.
Lo anterior ha sido ampliamente validado por diversos
estudios22, que sostienen que los efectos positivos en
términos de disminución de la reincidencia oscilan entre
el 15% y el 30% en aquellos programas que siguen estos
tres principios. No obstante, es importante mencionar
que los desarrollos actuales han identificado diferentes
necesidades para poblaciones delictuales específicas, en
particular, la delincuencia femenina y los delitos violentos
(como las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar).
De este modo, las diferencias en los procesos de
socialización de las mujeres, así como las características
de su patrón delictivo, generan diferencias cualitativas en
el comportamiento delictual y en los factores relacionados
con la reincidencia. A diferencia de lo que ocurre en
el caso de los hombres, los factores que favorecen
el involucramiento de las mujeres en las actividades
delictivas dicen relación con la presencia de antecedentes
de victimización que impactan en la puesta en práctica de
habilidades y capacidades para enfrentar asertivamente
situaciones complejas, la importancia de las relaciones
interpersonales y familiares, especialmente el cuidado
de los hijos, oportunidades laborales limitadas y muchas
veces la existencia de antecedentes de trastornos de
personalidad y sintomatología depresiva25. En cuanto a
las carencias que compartirían con sus pares masculinos,
se encuentran el pensamiento procriminal, el bajo nivel
educacional, mal uso del tiempo libre y consumo de alcohol
En lo que respecta a los procesos de intervención para
mujeres, se ha demostrado que los factores de riesgo
que tradicionalmente se han estudiado y definido23, han
sido reconocidos en su mayoría, para infractores de sexo
masculino, más que para la población femenina. Esta
afirmación se fundamenta en que las características
criminológicas de las mujeres, la trayectoria delictual y las
razones por las cuales ingresan o abandonan un estilo de
vida criminal24, son sustancialmente diferentes a las de sus
22 Andrews, D.A. y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th). Cincinnati, OH Anderson Publishing. Andrews, D.A., J. Bonta y S.J. Wormith (2004). The Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI):
User’s Manual . Toronto: Multi-Health Systems. Hanson, R. K., Helmus, L., y Thornton, D. (2009). “Predicting Recidivism among Sexual Offenders: A Multi-site Study of Static-2002”. Law and Human Behavior.
23 Hannah-Moffat, K. y Shaw, M. (2001). Taking Risks: Incorporating Gender and Culture into the Classification and Assessment of Federally Sentenced Women in Canada. Policy Research Report. Ottawa: Status of Women
Canada. Covington, S. (1998.) Women in prison: Approaches in the treatment of our most invisible population. Women and Therapy 21(1): pp. 141-155. Blanchette, K. y Brown, S.L. (2006). The Assessment and Treatment of
Women Offenders. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
24 Worrall, A. (2001). Girls at Risk? Reflections on Changing Attitudes to Young Women’s Offending, Probation Journal, 48(2): pp. 86-92. Blanchette, K. y Brown, S.L. (2006). The Assessment and Treatment of Women Offenders.
25 Blanchette, K. y Brown, S.L. (2006). The Assessment and Treatment of Women Offenders. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Covington, S. (1998). Women in prison: Approaches in the treatment of our most invisible population. Women and Therapy 21 (1):141-155.
Considerando lo anterior, una nueva política pública
destinada a favorecer los procesos de reinserción de
la población que cumple condena, debe incorporar los
actuales conocimientos en la materia, de manera de poder
lograr resultados que se traduzcan en promover un cambio
en las personas, eliminando los factores que contribuyen a
que dichas personas se involucren en actividades delictivas,
para finalmente disminuir la reincidencia y contribuir a la
seguridad pública. Dada la envergadura de esta política,
la incorporación de este modelo como política pública
en los procesos de reinserción de Gendarmería de Chile,
se realizará paulatinamente, aplicándose en principio
en condenados a la pena de libertad vigilada y libertad
vigilada intensiva, para luego ampliar su implementación a
todo el sistema cerrado del país.
condenado de manera diferenciada, adecuada y orientada
a lograr su reinserción mediante una oferta programática
efectiva. En este sentido, la reforma a la ley N°18.216, en
virtud de la cual se establece un nuevo sistema de penas
sustitutivas, ha posibilitado el diseño de programas de
intervención en base a las prácticas eficaces mencionadas
precedentemente, que consisten en un Programa de Abuso
Sexual (PAS), Programa de Agresores de Pareja en contexto
de violencia intrafamiliar (PAP), Programa de Competencias
Sociales (PCS), Programa de Competencias Sociales
para Mujeres (PCSM) y el Programa de Intermediación
Laboral (PILSA). Todos ellos contarán con un marco lógico
y con procesos de seguimiento que permitan evaluar
la efectividad de la intervención y adoptar las medidas
Desde ya, este proceso ha implicado modificaciones a nivel
de gestión administrativa, debido a la mayor especialización
de los operadores y de las funciones que se requieren;
pero por sobre todo, a nivel técnico, por cuanto se hace
necesario contar con instrumentos de diagnóstico que
permitan elaborar una intervención y un trabajo con cada
En lo que respecta a los procesos de reinserción al
interior de las cárceles, el Ministerio de Justicia encargó
la realización de un estudio en el 2012, denominado
“Evaluación del Programa de Fortalecimiento de los
Consejos Técnicos y Seguimiento de los Beneficiarios
con Salida Controlada al Medio Libre”, con la finalidad de
identificar los logros, debilidades y recomendar medidas
correctivas para optimizar los resultados esperados. Entre
las principales conclusiones que pueden extraerse de este
estudio, se evidencia la falta de protocolos de intervención,
la falta de instrumentos y técnicas de diagnóstico que
permitan focalizar y orientar eficazmente los programas y
la oferta disponible.
En este escenario, es importante mencionar la
implementación en el 2012, de un programa piloto de
intervención para mujeres en el Centro Penitenciario
Femenino de Santiago, desde el enfoque RNR, incorporando
las variables de género levantadas por las últimas
investigaciones criminológicas sobre la delincuencia
femenina. Esta iniciativa pionera busca proponer
lineamientos de intervención acordes con las necesidades
de las mujeres privadas de libertad, que permitan disminuir
sus factores de riesgo y fortalecer su potencial de
reinserción social, para que se constituya en un modelo a
replicar en todas las cárceles del país.
La incorporación del Inventario para la
Gestión de Caso e Intervención (IGI)
En el ámbito de los procesos de intervención del
comportamiento humano, es necesario establecer, por
una parte, un modelo teórico comprensivo que entregue
las directrices de las variaciones de la conducta específica
para entender sus principales manifestaciones y el
contexto en que se expresan; y, por otra parte, incorporar
procedimientos que estandaricen este proceso. Esto
se logra mediante la incorporación de instrumentos
específicos que permitan orientar y evaluar la intervención.
Si no se dispone de instrumentos orientadores del
proceso de intervención, nos enfrentaremos a tantas
formas de intervenir como intervenidos e interventores
existan, mientras que la disponibilidad de instrumentos
en los procesos de cambio conductual garantizan el
establecimiento de un lenguaje y conceptos comunes
entre los ejecutores, lo que permite la instauración de
prácticas y conocimientos coherentes entre sí. Todo
este proceso de reestructuración en el conocimiento,
y específicamente en las prácticas de intervención de la
población penal, va aparejado de procesos de evaluación
permanentes, que se constituirán en antecedentes de los
procesos de intervención realizados, que este Ministerio en
conjunto con Gendarmería de Chile están impulsando.
Actualmente, en nuestro país no se dispone de un
instrumento específico para el ámbito penal que cuente
con normas chilenas y que esté debidamente validado para
orientar la intervención a la población que cumple condena,
sea como pena sustitutiva o como pena de cárcel. De este
modo, las intervenciones se realizan en base a formatos
que recopilan información, pero no entregan prioridades
de intervención que contribuyan a planificar el trabajo de
los profesionales a cargo de los procesos de reinserción,
quedando finalmente la intervención determinada por la
discrecionalidad profesional.
Para suplir esta deficiencia, el Ministerio de Justicia ha
decidido introducir el instrumento de evaluación de
riesgo y necesidad denominado “Level of Service Case
Management Inventory” (LS/CMI), diseñado en Canadá, y
que ha sido traducido como “Inventario para la Gestión de
Caso e Intervención” (IGI).
El IGI es el resultado de un proceso de investigación de
más de veinte años, en el cual se han logrado establecer
aquellos factores que inciden en la conducta delictual.
Es un cuestionario compuesto por 11 secciones, donde
la principal se denomina “Factores Generales de Riesgo/
Necesidad” y se compone por 8 áreas:
1. Historia Delictual
2. Educación/Empleo
3. Familia/Pareja
4. Uso del Tiempo Libre/Recreación
6. Consumo de Alcohol/Drogas
7. Pensamiento Procriminal
8. Patrón Antisocial
Incluye además, la evaluación de otros factores que inciden
en los procesos de intervención como las necesidades
específicas asociadas a la comisión de conducta violentas,
la presencia de características relacionadas con la
motivación y adherencia, la evaluación de los factores
protectores y el acceso a las prestaciones sociales y de
salud que pueden contribuir al proceso de intervención,
constituyendo un indicador de los logros a lo largo del
La incorporación de este instrumento permitirá contar con
un protocolo unificado, tanto para las personas condenadas
a libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, como a
aquellas condenadas a una pena privativa de libertad
que homogenizará el sistema de cumplimiento penal
basado en la reinserción. De este modo, el IGI permitirá
identificar las necesidades criminógenas, es decir, aquellos
factores que pueden cambiar, que se oponen a los factores
de riesgo estáticos, es decir, aspectos de la historia de
la persona que delinque, como su edad o su historial
delictivo, que no pueden ser modificados. Las actitudes
del sujeto, las habilidades de resolución de problemas, por
ejemplo, son factores que predicen la reincidencia, y a la
vez, son modificables y han de constituir objetivos de una
En este escenario, adquiere especial relevancia conocer
a nuestra población penal que cumple condena, a fin
de focalizar las intervenciones en aquellos que más lo
necesiten y definir programas más efectivos basados en la
incorporación de prácticas, conocimientos y experiencias
probadas que permitan estandarizar, de manera fundada,
los procesos de intervención y gestión de caso, en función
del riesgo de reincidencia. Así, la incorporación del IGI al
trabajo de los profesionales de Gendarmería de Chile se
realizará paulatinamente, partiendo con su aplicación
en virtud de las modificaciones a la Ley N° 18.216 que
conlleva un cambio en el modelo de intervención de la
libertad vigilada, pasando de un enfoque basado en el
modelo de intervención diferencial, a uno basado en la
evaluación de los riesgos y necesidades del infractor. No
obstante, la incorporación del IGI aspira a instalarse como
instrumento prioritario para la toma de decisiones relativa
al proceso de intervención del sistema cerrado en el corto
Para estos efectos, el Ministerio de Justicia ha procedido
a realizar el proceso de validación del instrumento IGI
a nivel nacional, con una muestra representativa de la
población penal, el cual busca, por una parte, evaluar si
el instrumento permite categorizar adecuadamente a
la población; y por otra, establecer normas chilenas para
la aplicación del instrumento. La validación o adaptación
del IGI a nuestro país, permite establecer los parámetros
para caracterizar la complejidad de la población penal en
función de su nivel de riesgo y probabilidad de reincidencia;
y a su vez, permitirá definir los estándares de intervención
requeridos para el diseño de políticas y programas
públicos más efectivos adaptados a las necesidades de
cada persona. Esta caracterización, que estará disponible
para el público a fines de este año 2013, permitirá
contar con fundamentación científico-técnica probada
estadísticamente para implementar los programas de
reinserción conforme cada persona lo requiera.
En conclusión, tratándose del trabajo directo con condenados,
destinado a favorecer su reinserción, es esencial definir las
áreas que deben ser abordadas para cada condenado, dando
una base firme, validada y efectiva para que los profesionales
a cargo de la reinserción, hagan su trabajo adecuadamente.
Con este proceso actualmente en marcha, se situará a nuestro
país como el más desarrollado en el contexto latinoamericano
en cuanto a trabajos de reinserción con los condenados a
través de modelos de intervención efectivos.
Fomento del trabajo, educación y
salud de los privados de libertad
Fomento del trabajo y la capacitación
El 14 de mayo de 2011, el Ministerio de Justicia promulgó
el Estatuto Laboral para Personas Privadas de Libertad,
contenido en el Decreto Supremo N° 943, destinado a
incentivar y regular la actividad productiva de los internos
al interior de las cárceles. Con ello, se busca potenciar y
generar nuevos empleos y programas de capacitación
y apresto laboral, que dignifiquen al interno y hagan del
encierro una oportunidad para entregarle herramientas
para alcanzar su inserción social.
Con el objetivo de aumentar y mejorar el entrenamiento
laboral en las tres modalidades que estableció este
Estatuto26, el 10 de mayo de 2012 se firmó un convenio
de cooperación público-privada entre el Ministerio de
Justicia y sus Servicios dependientes (Gendarmería de
Chile y el Servicio Nacional de Menores) con el Ministerio
del Trabajo, Fundación Telefónica, la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) y Fundación Paz Ciudadana.
El objetivo de este convenio es “contribuir a la reinserción
social y laboral de quienes se encuentran condenados por
infracciones a la ley penal o por haber cometido crímenes
o simples delitos, de manera de mejorar sus condiciones
de vida actuales y futuras, a través de una empleabilidad
digna y estable, obteniendo también un incremento de la
capacidad productiva del país a través de su integración
en el campo laboral”. Para ello se constituyó una mesa de
trabajo permanente integrada por dos representantes de
cada Institución, la cual planifica y coordina la ejecución
de actividades en las áreas de difusión, colocación laboral
y capacitación. Gracias a esta iniciativa, dicha mesa de
trabajo permitió en julio de 2013 el lanzamiento de la
página web www.reinsercionsocial.cl, que constituye un
canal de promoción y encuentro entre la población penal
disponible y capacitada para el trabajo, y la demanda desde
el mundo privado de mano de obra.
26 Distinto al resto de los permisos de salida conocidos como beneficios intrapenitenciarios (salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada al medio libre). Este permiso permite que personas que no reúnan
todos los requisitos para acceder a los beneficios intrapenitenciarios, puedan salir durante el día a trabajar fuera del penal, si cuentan con un contrato de trabajo.
Continuando con estas acciones destinadas a promover
la reinserción a través del trabajo y la formación para
el mismo, en agosto de 2013, el Ministerio de Justicia
y Gendarmería de Chile firmaron un Convenio de
Colaboración Mutua con el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, para que a través del SERVIU, se fomente a
que las empresas constructoras contraten directamente a
condenados, con un trato contractual igual que los demás
trabajadores, en términos de tareas asignadas, jornadas de
trabajo y pago de remuneraciones.
Pero no sólo el mundo privado debe ser responsable
de la reinserción laboral, pues el propio Estado debe
no sólo promover la reinserción, sino que dar efectivas
oportunidades de colocación laboral, y por ello, el 15
de octubre se publicó la Ley N° 20.702, que permite,
por primer vez en la historia, que el propio Estado y las
municipalidades puedan contratar personas condenadas,
creando más alternativas para la reinserción laboral.
El conjunto de todas acciones ya están dando frutos.
Así por ejemplo, el Estatuto Laboral creó la figura del
permiso de salida laboral, permitiendo que hasta octubre
de 2013, 560 reclusos hayan salido a trabajar fuera de la
cárcel. Asimismo, permitió aumentar de 932 reclusos que
participaron de las actividades productivas en los Centro
de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería en 2010, a
1.410 el 2012.
En definitiva, se logró aumentar de un 13.2% la población
penal que trabajaba formalmente el 2010, a un 18% este
año 2013, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Año	Total de
2010	51.152	6.790	13.2%
2011	50.491	7.305	14.4%
2012	46.022	7.444	16.1%
2013	45.470	8.228	18.0%
27 Relación Laboral regulada por el Código del Trabajo, actividades de formación para el trabajo y la prestación de servicios a terceros.
28 La Sociedad de Fomento Fabril es una federación gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno.
Pero no sólo el número de condenas con trabajo ha
aumentado, sino además la calidad del vínculo laboral.
Así, el porcentaje de condenados con contrato de trabajo
respecto del total de condenados que realizan actividades
laborales ha aumentado entre el 2011 y 2012, pasando de
5,02% a 5,77%.
Además, durante 2012, se comenzó a medir la colocación
laboral formal de los egresados del sistema penitenciario
que forman parte del programa de apoyo post penitenciario
y que recibieron alguna capacitación. Las mediciones del
segundo semestre de 2012, arrojaron que el 74,79% de
estos egresados cuentan con un trabajo formal.
En relación a la capacitación, también a diciembre de
2012, 9.424 internos habían participado de actividades de
capacitación en materias tales como: mueblería, corte y
confección, repostería, electricidad y gasfitería.
Una de las prestaciones más antiguas que el sistema
penitenciario entrega es la educación, destinada a facilitar
los procesos de integración y reinserción social de las
personas que cumplen condena. En la actualidad, es el
programa que tiene mayor cantidad de beneficiarios y
cuenta con el aporte directo del Ministerio de Educación.
La educación que se imparte en los recintos penitenciarios
del país corresponde a los planes y programas de adultos
de modalidad científico-humanista, con algunas iniciativas
en educación técnica, aprobados por el Ministerio del ramo.
Esta demanda es atendida a través de 98 establecimientos
educacionales que operan al interior de las distintas
unidades penales del país. Algunos de estos recintos
educativos ejecutan cursos anexos de enseñanza básica o
media en más de un recinto penal.
Durante 2012, se registró una matrícula inicial de 8.380
internos en educación básica (7.574 hombres – 806 mujeres)
y 9.467 internos en enseñanza media (8.736 hombres – 731
mujeres), totalizando 17.847 internos atendidos (16.310
hombres – 1.537 mujeres). De este total de estudiantes, un
85,31% (15.225 internos) finalizó el año escolar y un 14,69%
(2.622 estudiantes) abandonó sus estudios durante ese año.
Del total de internos que finalizó el año escolar en 2012
(15.225) el 8,7% corresponde a mujeres (1.332), mientras
que el resto a varones (13.893). Esta proporción por sexo es
similar a la que se da en el total de la población recluida,
por lo que es posible inferir similares condiciones de
acceso a esta prestación.
Respecto del nivel educacional, se advierten cifras
similares de matriculados. Del total que finalizó estudios
(15.225), 7.031 personas (un 46,2%) lo hicieron cursando
educación básica; en tanto que 8.194 (un 53,8%) lo hicieron
en educación media.
Además, 1.105 internos de todo el país, rindieron la prueba
de selección universitaria para el proceso de ingreso a las
universidades 2012, de los cuales 9,1 % correspondieron a
mujeres y el 90,9% a varones.
Cabe señalar que, tal como se ha indicado, en 2012 15.225
internos culminaron su año escolar, en tanto que el 2010
esa cifra fue de 11.731 internos.
Actualización del convenio de colaboración entre el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación
En noviembre de 2013 se actualizó el convenio entre el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación que
fue firmado en 1978. Este nuevo acuerdo incorporó las
orientaciones de la Ley General de Educación (LGE) y los
aportes de las reformas del sistema penal y penitenciario.
Además, mantiene la coordinación intersectorial a través
de una comisión nacional y sus respectivas comisiones
Aporte del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación apoya el trabajo al interior
de los establecimientos penitenciarios a través de
los sostenedores (el 75% son municipales), y también
entregando material educativo, capacitación y organizando
encuentros sectoriales con profesores que laboran en las
unidades carcelarias.
Se financió el mejoramiento de la infraestructura de 13
escuelas y liceos a nivel nacional. Cada proyecto demandó
una inversión de 50 millones de pesos.
El Ministerio de Justicia firmó en 2012 un convenio de
colaboración con el Ministerio de Salud para fortalecer
el trabajo sanitario con la población privada de libertad,
lo que permite reforzar la atención primaria, secundaria y
terciaria con los internos.
El convenio implica desarrollar actividades preventivas y de
atención para toda la población del sistema penitenciario a
nivel de salud física y mental, enfatizando la coordinación
permanente entre ambas secretarías de Estado.
A continuación se destacan las siguientes iniciativas que
implican el trabajo conjunto entre Salud y Justicia:
Comisión Nacional de Psiquiatría Forense
El 5 de diciembre de 2012 se creó la Comisión Nacional de
Psiquiatría Forense entre el Ministerio de Salud y Ministerio
de Justicia, con la participación de instituciones del sistema
penal (Excma. Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría
Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Médico
Legal), de los Servicios de Salud y de instancias gremiales
(Colegio Médico y Colegio de Abogados). Esta Comisión,
tiene como objetivo conocer la situación de los imputados
y condenados de los que se sospeche puedan tener algún
trastorno de salud mental y que requieran ser peritados
para determinar su imputabilidad penal o no. Además,
debe conocer la aplicación de medidas de seguridad y
la implementación de infraestructura disponible para
ello. A la fecha se encuentra ya elaborado el modelo de
psiquiatría forense del sistema penal que contempla a
condenados atendidos en Unidades de Psiquiatría Forense
Transitoria (UPFT)29, a personas imputadas atendidas en
Unidades de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) y las
sentenciadas a medidas de seguridad.
Simultáneamente, la Comisión de Psiquiatría Forense facilita
la instalación de un software de administración y gestión
de camas forenses centralizadas en algunos Juzgados
de Garantía del Centro de Justicia, como plan piloto, en la
perspectiva de ampliar progresivamente dicho programa en
todo el país. Esta iniciativa implica la instalación material del
equipamiento y la capacitación de los operadores.
29 Las UPFT de Arica y Valparaíso se encuentran próximas a entrar en funcionamiento. La UPFT del Complejo Penitenciario Femenino de Santiago (CPF) debe iniciar proceso de licitación de diseño y posterior construcción,
esperando estar habilitada y en funcionamiento el segundo semestre de 2014.
La Comisión actualmente apoya la realización de
una investigación de salud mental que tiene soporte
financiero de la Comunidad Europea en coordinación con
la Universidad de Chile. Tiene como objetivo analizar la
prevalencia de alteraciones y trastornos de salud mental
de las personas privadas de libertad, que se encuentran
imputadas o condenas en el sistema penitenciario chileno.
Este estudio se puede transformar en un gran insumo para
el trabajo que realiza la Comisión de Psiquiatría Forense30.
Plan de trabajo bianual 2013-2014 en promoción
de salud sexual, prevención y no discriminación
El Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio
de Salud elaboró el plan de trabajo bianual 2013-2014 en
promoción de salud sexual, prevención y no discriminación
de VIH/Sida para la población privada de libertad. Este
considera difusión y capacitación para funcionarios
penitenciarios, coordinación entre Salud y Servicio
Penitenciario, entrega de preservativos y evaluación del
trabajo preventivo, entre otras acciones.
En el contexto del convenio de colaboración entre
los ministerios de Salud y Justicia se supervisará este
importante trabajo entre ambas carteras, lo que permitirá
normalizar la situación de las unidades de salud al interior
El Ministerio de Justicia, en coordinación permanente con
el Ministerio de Salud, revisará aspectos administrativos,
técnicos y programáticos del área sanitaria de sistema
penitenciario para desarrollar otras áreas del trabajo como
la tele-medicina, la situación de la salud de los funcionarios
penitenciarios, los sistemas de registros y estadísticos,
la atención primaria y un plan de salud mental para la
población del sistema cerrado.
El trabajo elaborado permitirá implementar, en forma
más eficaz y coordinada, el trabajo entre los ministerios
involucrados, lo que consolidará el convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Salud. El plan involucra trabajar con la población imputada
y condenada del sistema penitenciario.
Diagnóstico de dispositivos de salud en
establecimiento penitenciarios y elaboración
de un informe de brechas para el logro de su
Gendarmería de Chile incorporó, dentro del Convenio de
Desempeño Colectivo 2013 de los equipos regionales,
la necesidad de diagnosticar los dispositivos de salud
al interior de las unidades penales de todo el país, en la
perspectiva de lograr la autorización sanitaria para facilitar
las atenciones y el apoyo de los servicios de salud.
Esta meta se orienta a obtener un diagnóstico que permita
conocer cuál es la brecha existente entre la situación
actual de los dispositivos de salud de las unidades penales
y lo establecido en las normas técnicas vigentes, para la
autorización sanitaria elaborada por el Ministerio de Salud.
30 Estudio similar se realizó en 2012 para población juvenil privada de libertad. También en la Universidad de Chile realizó un estudio en 2007 para población adulta.
9. La consideración de grupos especiales
n sistema penitenciario eficiente, capaz de desarrollar políticas y programas eficaces, no puede tratar a
toda la población penal de la misma manera. Conocer la población penal, sus características y necesidades
específicas, lleva necesariamente a la conclusión de que las políticas y programas deben considerar los
distintos grupos de población. Por ello deben adoptarse medidas especiales, diferenciadas y eficaces para
distintos grupos que se encuentran en nuestros establecimientos penales, como las mujeres, los condenados
como adolescentes, los indígenas y los extranjeros.
Política Penitenciaria con enfoque de género
La prisión constituye para la mujer un espacio discriminador
y opresivo, particularmente por el significado que asume el
encierro para ellas, ya que esta experiencia es doblemente
estigmatizadora y dolorosa dado el rol que la sociedad le
El Estado de Chile ha asumido como una tarea prioritaria
- junto con la ratificación de la “Convención sobre la
las mujeres”- la construcción de una convivencia social
que permita erradicar todas las formas de violación
de los derechos humanos. Dentro de éstas se incluyen
la discriminación y la violencia de género y los tratos
degradantes hacia la mujer, lo que implica adoptar
programas para modificar los patrones socioculturales
de conducta y contrarrestar todo tipo de prácticas que se
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la
violencia contra ésta.
Considerando que la privación de libertad de las mujeres
constituye una experiencia especialmente difícil para ellas,
el Ministerio de Justicia ha decidido llevar a cabo una serie
de acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de
las internas privadas de libertad y favorecer su reinserción
social. Dentro de estas acciones se destacan:
La implementación en el Centro Penitenciario Femenino
(CPF) de Santiago del Programa de Competencias Sociales
para Mujeres, el que busca incorporar aquellas necesidades específicas que relevan la relación entre lo femenino y
lo delictual, a fin de identificar las necesidades criminógenas específicas de las mujeres que requieren ser abordadas de manera diferencial. Con ello se pretende consolidar
procesos de reinserción de aquellas internas a las que se
les ha negado con anterioridad el acceso a algún beneficio
intrapenitenciario.
y la modernización de instalaciones eléctricas. Con una
inversión de US$ 4 millones, tiene una capacidad de 768
plazas para mujeres.
La creación de una mesa de Políticas Penitenciarias con
Enfoque de Género, convocada por el Ministerio de Justicia y en donde participan distintos organismos públicos y
privados, cuyo objetivo es analizar cómo imprimir la orientación del enfoque de género a las políticas penitenciarias,
con modificaciones reglamentarias y legislativas que es
necesario implementar en el corto tiempo y que pueden
impactar en la vida de las mujeres dentro de las unidades
penales, así como mejoras en la gestión para la reinserción
de las internas privadas de libertad.
Construcción de una Unidad Psiquiátrica Forense Transitoria (UPFT) en el CPF Santiago: corresponde a la
construcción de la primera unidad especializada en
psiquiatría forense en lo penal para mujeres, con recintos adecuados dentro del centro penitenciario donde
se realiza la labor de evaluación y atención psiquiátrica
para personas privadas de libertad sobre las que recaiga sospecha fundada de enajenación mental. Se espera
entregar la obra terminada en 2014 con una inversión
cercana a los US$ 2 millones.
Producto de esta mesa, en octubre de 2013 se firmó la
Guía de Indicadores para medir las Condiciones Carcelarias
de las Mujeres Privadas de Libertad, que permitirá evaluar,
de manera periódica, la política penitenciaria enfocada en
la mujer en áreas tales como presupuesto, infraestructura,
salud, trabajo, capacitación, educación, programas específicos para la mujer, y régimen disciplinario, entre otras.
Creación del Centro de Educación y Trabajo (CET) de
Santiago para mujeres, Talita Kum: es el primer Centro
de Educación y Trabajo semi abierto exclusivamente
para mujeres, tiene una capacidad de 34 plazas, con
una inversión de $290 millones en obras civiles, ya en
funcionamiento desde diciembre del 2012.
Teniendo presente la necesidad de contar con una infraestructura acorde a estándares internacionales para las mujeres privadas de libertad, que otorgue condiciones mínimas para su desarrollo y reinserción, se han desarrollado
Remodelación de la Cárcel de San Miguel: se contempló
su reconversión a un establecimiento penal exclusivamente para mujeres, principalmente imputadas, con la
finalidad de constituirse en un moderno centro penitenciario que permita descongestionar el CPF de Santiago. Esta reconversión comprendió la remodelación
en áreas de celdas colectivas y celdas especiales, el
mejoramiento de las instalaciones sanitarias, la habilitación de escaleras de emergencia para todas las torres
Construcción del nuevo CPF de Arica: corresponde a la
construcción de un nuevo recinto cuya ejecución comienza en 2014 y finaliza en 2015 con una inversión
de US$ 26 millones y que incorporará 384 plazas exclusivas para mujeres, descongestionando la población
penal que actualmente se encuentra en el Complejo
Penitenciario de Acha.
El 4 y 5 de abril de 2013, nuestro país fue anfitrión de la
XVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). En la oportunidad, los ministros
suscribieron el Programa Modelo de Género en Contexto
de Privación de Libertad para Iberoamérica y se comprometieron a observar un estándar común de intervención
para las mujeres privadas de libertad, a fin de lograr una
variación en sus condiciones de vida, un avance sustantivo
en el respeto y promoción de los derechos humanos y la
aplicación de una perspectiva de género para las políticas
El Ministerio de Justicia ha impulsado distintas acciones
tendientes a coordinar, apoyar y reforzar las políticas institucionales de los servicios del sector Justicia, con el fin
de ir incorporando en ellas, de manera paulatina, la pertinencia cultural que los órganos públicos están llamados a
contemplar, a partir de la entrada en vigencia del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
septiembre de 2009, y de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007,
a la que Chile también ha adherido.
Al constituir el Convenio 169 de la OIT un instrumento legal de carácter obligatorio para aquellos países que lo han
ratificado, su entrada en vigencia conlleva como tarea la
necesaria y progresiva armonización de la normativa legal
y reglamentaria de los servicios públicos que brindan prestaciones a miembros de pueblos originarios31.
En lo referente a Gendarmería de Chile, se pueden señalar
las siguientes acciones en el período 2010-2013:
Capacitación a funcionarios de unidades penales en
materias de interculturalidad y cosmovisión indígena.
Facilitación para el desarrollo de expresiones según
identidad social y cultural: celebración del año nuevo
en unidades penales del norte de Chile con población
indígena según sus costumbres y, en especial, en la Región de La Araucanía, del ceremonial del año nuevo del
pueblo mapuche –Ñgellipun- el 26 de junio de cada año,
con flexibilización de horario de encierro, desencierro e
ingreso de visitas para participación en la ritualidad.
Incorporación en 2013 -como meta interna de la
Institución penitenciaria- de la caracterización de esta
población para identificar algunas variables relevantes
y comparar sus resultados respecto del total de la
población penal y así definir políticas institucionales
con pertinencia cultural. Con la adopción de esta
meta se recogen las recomendaciones formuladas
por organismos internacionales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el
de la ONU, que orientan al fortalecimiento de las
capacidades de los Estados en la generación, análisis
y difusión de información pertinente, para avanzar en
el diseño, aplicación y evaluación de políticas para la
31 La Ley Indígena N° 19.253, reconoce nueve pueblos originarios: Aymara, Rapa Nui, Quechua, Mapuche, Atacameño o Licanantay, Coyas, Kawésqar, Yagán y Diaguita.
La población penal suele presentar características de alta vulnerabilidad social, las que se multiplican tratándose de
reclusos extranjeros. Este grupo de población suele recibir pocas visitas en las unidades penales, con escasa interacción
con el resto de los reclusos y se torna muy difícil realizar procesos de reinserción adecuados, ya que al término de su
condena deberán volver a sus respectivos países. Por lo anterior, el Ministerio de Justicia ha emprendido el desarrollo de
una serie de medidas que favorezcan su reinserción.
Al 31 de diciembre de 2012 se encontraban en nuestras cárceles 1.439 internos extranjeros, distribuidos de la siguiente
forma según nacionalidad32 :
BOLIVIANA	PERUANA	ARGENTINA	COLOMBIANA	PARAGUAYA	BRASILERA	OTRA
625	410	157	Entre las principales medidas se puede señalar las
Dictación de la Ley N° 20.588 de 2012 sobre
Como ya se señaló acerca de las medidas para un uso
racional de la privación de libertad, la ley sobre conmutación
de penas, que entró en vigencia el 1 de junio de 2012,
tuvo como objetivo otorgar un indulto conmutativo
general a quienes cumplieran determinadas condiciones,
a fin de disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar las
condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios,
brindando un trato más digno y humanitario a quienes
cumplen penas privativas o restrictivas de libertad.
Esta ley contempló -junto a otras categorías de personas
que cumplen condenas- a los extranjeros debido a la
situación de vulnerabilidad que enfrentan al estar lejos de
su entorno social y familiar, lo que, como hemos señalado,
influye en sus posibilidades de reinserción en Chile y porque
de esta manera se anticipaba a la aplicación de normas de
carácter administrativas a ser ejecutadas al término del
cumplimiento de sus penas, como son las referidas a la
expulsión administrativa de nuestro país.
Para que un extranjero pudiera acogerse a esta ley, se
debía contar con la expresa voluntad del beneficiado. Se
debía elevar una solicitud para acogerse a este mecanismo
32 Datos de Gendarmería de Chile.
116	28	14	89
y beneficiaba sólo a cierto tipo de condenados, que
hubiesen cumplido parte significativa de sus condenas,
cuya liberación reunía condiciones que no implicaran un
compromiso para la seguridad pública, por ejemplo, no
haber sido condenado por delitos graves. En virtud de este
mecanismo, podían regresar a sus propios países pero
quedándoles absolutamente prohibido el reingreso a Chile
por un período de diez años contados desde su salida del
Gracias a esta iniciativa se vieron favorecidos 772 reclusos
extranjeros, los que fueron llevados a la frontera a través
de operativos de alta complejidad, lo que implicó trasladar
a grupos importantes de personas a sus respectivos países.
Por ejemplo, se debió llevar hasta la respectiva frontera a
441 bolivianos y 259 peruanos.
Firma del Tratado sobre Traslado de Personas
Condenadas entre la República de Chile y la
República del Perú, de noviembre de 2010,
promulgado en 2012.
El traslado de personas condenadas entre los países, es
una herramienta fundamental de la cooperación jurídica
internacional en materia penal, que enlaza estrechamente
el derecho internacional con aquellos postulados que
emergen de diversos tratados sobre derechos humanos,
como la Convención Americana de Derechos Humanos y el
A través de este instrumento se logra contribuir a que,
aquellos privados de libertad por condenas (o medidas de
seguridad en algunos casos), que cumplen en el extranjero,
puedan seguir cumpliendo sus condenas, pero en sus
países de origen. Para concretar el traslado del condenado
es necesario que se cumpla con el principio del triple
consentimiento, esto es, que previamente, deben dar
su aquiescencia, el Estado donde se cumple la condena,
el Estado al cual pretende volver el condenado, y por
supuesto, se requiere la voluntad de este último.
Es así como ya en el año 1991, se inician entre los Gobiernos
de Chile y de Perú, las negociaciones tendientes a celebrar
un tratado que regulara la posibilidad de que las personas
nacionales condenadas por el otro Estado, pudieran
cumplir sus penas en el Estado de origen.
El Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre
la República de Chile y la República del Perú, suscrito en la
ciudad de Lima el 25 de noviembre de 2010, es el resultado
de tal iniciativa y permite que los nacionales condenados
en cada uno de estos respectivos países, puedan cumplir
sus sentencias en su medio social de origen.
En Chile, el Tratado fue promulgado mediante Decreto Nº 80
de fecha 14 de junio de 2012 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y se encuentra vigente internacionalmente a
partir del 14 de julio de 2012.
La importancia de este hito radica en que la población
peruana atendida por Gendarmería de Chile es la segunda
en términos numéricos en relación al universo total de
extranjeros que se encuentran en unidades penales
chilenas. Dicha población alcanzaba al 31 de diciembre
de 2012, a 410 personas, lo que representa el 28,5 % del
universo total de extranjeros, que a esa fecha correspondía
a 1.439 personas.
En la actualidad, ya se encuentra en trámite la solicitud de
traslado de un nacional peruano condenado por tribunales
de justicia chilenos, que ha solicitado acogerse al nuevo
tratado, para regresar a Perú a cumplir el saldo de la pena
que aún tiene pendiente
Los jóvenes menores de 18 años se rigen por un sistema
especializado de responsabilidad penal adolescente
-consagrado en la Ley N° 20.084- así, quienes hayan sido
condenados en virtud de esta ley, pero durante el desarrollo
de una sanción privativa de libertad hayan superado la
mayoría de edad, pueden cumplirla en dependencias de
Gendarmería de Chile, específicamente, en secciones
juveniles. Si bien se trata de un grupo reducido, que no
supera las 300 personas a lo largo de todo el país, es una
población que requiere de una consideración especial,
ya sea porque sus delitos fueron cometidos durante
la adolescencia y también porque la responsabilidad
penal juvenil exige que las sanciones cumplan unos fines
específicos, esto es, la responsabilización de los jóvenes
por los delitos que cometen y su plena reintegración social.
El cumplimiento de los fines de las penas para infractores
juveniles se ha visto dificultado porque los recintos
destinados a albergar a los jóvenes condenados -centros
y secciones juveniles- no cuentan con condiciones básicas
para una adecuada intervención y menoscaban la dignidad
de los jóvenes, comprometiendo su salud física y mental.
Atendido lo anterior, en 2012 el Ministerio de Justicia
elaboró el Plan de 11 Medidas para la Reinserción Juvenil,
que se agrupan en ejes temáticos que buscan otorgar
dignidad, seguridad y mejoramiento de la habitabilidad
de los espacios en los que los jóvenes se encuentran
cumpliendo su sanción, fijando un estándar de calidad
respecto de la intervención de salud, capacitación laboral,
educación y especialización de los funcionarios.
Las secciones juveniles de Gendarmería de Chile, han
conllevado el desafío de proporcionar un trato distintivo a
esta población penal, porque que si bien es una población
reducida en comparación con la población adulta, los
requerimientos existentes son altísimos en cuanto al tipo de
intervención que se señala en la ley, ya que expresamente
se establece la realización de un programa de reinserción
social, que otorgue a los jóvenes condenados los elementos
fundamentales para el desarrollo de un cambio conductual.
Una de las medidas significativamente importante para
el 2012, fue establecer la implementación al interior de
todas las secciones juveniles del país, de programas de
intervención especializada para su población, desarrollando
una nueva estrategia orientada a generar cambios en
los jóvenes, estableciendo vínculos con la sociedad civil.
Para lograr lo anterior, se realizaron diversos procesos
licitatorios que permitieron generar la oferta especializada
Durante el 2012, se focalizaron esfuerzos en términos
presupuestarios que permitieron mejorar y construir
espacios dignos de atención e intervención psicosocial,
mejorar los servicios higiénicos, mejorar las condiciones de
seguridad en la que se encuentran los jóvenes, contratar
servicios especializados de intervención, otorgando una
oferta programática acorde a las necesidades individuales
de atención que cada joven requiere; además, se ha podido
mejorar los espacios de trabajo de los equipos técnicos, salas
de uso múltiple, oficinas de atención individual, mejorando
en definitiva, las condiciones de vida y de habitabilidad.
Para el 2013, nuevamente se contempló la implementación
de programas de intervención especializada, encontrándose
ya efectuados todos los proyectos en las respectivas
secciones juveniles.
En lo que dice relación con el seguimiento del Plan de
11 Medidas para la Reinserción Juvenil, en el 2013, se
establecieron nuevas ponderaciones de metas, indicadores
y verificadores, que darán cuenta de una medición completa
de cada una de las acciones definidas para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los jóvenes que cumplen
una sanción en las secciones juveniles administradas por
Gendarmería de Chile. Con la finalidad de transparentar
la gestión pública en esta materia, toda esta información
referida al seguimiento de la implementación de este plan
se encuentra a disposición de la ciudadanía, mediante su
publicación en el sitio web del Ministerio de Justicia.
Política penitenciaria en el
El profesor Andrew Coyle CMG, consejero de prisiones de Naciones Unidas, la Ministra de Justicia, Patricia Pérez Goldberg, la Baronesa Vivien Stern, Senior Research
Fellow del Centro de Estudios Penitenciarios (ICPS) del King College de Londres y el embajador del Reino Unido en Chile, Jon Benjamin, encabezaron la inauguración
del Seminario Internacional “Derechos Humanos, Privados de Libertad y Función Penitenciaria”. | 22 de octubre de 2012.
ctualmente, en materia de justicia y derechos
Humanos, se están dando pasos sustantivos
para instaurar en Chile una verdadera cultura
de protección y fomento de la vida, la dignidad
y los derechos de las personas, en todo tiempo,
lugar y circunstancia. Para ello, se ha enviado al Congreso
un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos
Humanos, que será parte del nuevo Ministerio de Justicia y
Los derechos humanos corresponden a libertades
fundamentales para la existencia humana. Son derechos
intrínsecos de toda persona por el mero hecho de
pertenecer al género humano y están fundados en el
respeto a la dignidad y al valor del ser humano. No se trata
de privilegios o prebendas concedidas por gracia de un
dirigente o un gobierno. Tampoco pueden ser suspendidos
por un poder arbitrario. No pueden ser denegados ni
retirados por el hecho de que una persona haya cometido
un delito o infringido una ley, según lo prescrito por las
Por lo anterior, se procedió a la creación en el 2012 de
la nueva Unidad de Protección de Derechos Humanos
al interior de Gendarmería de Chile, que tiene entre sus
Articular a nivel nacional un sistema eficaz de defensa
de los derechos humanos de las personas condenadas y
sujetas a prisión preventiva, como asimismo promover la
construcción de una cultura que reconozca y promueva
el respeto y protección de los derechos y garantías de
Coordinar y asesorar a las Subdirecciones, Direcciones
Regionales, Escuela de Gendarmería y los Departamentos
de la Institución, en el desarrollo e implementación de
programas y planes orientados a fomentar el respeto,
la protección y promoción de los derechos humanos al
interior de Gendarmería de Chile.
Desarrollar un plan anual de capacitación que promueva
una cultura coherente y sistemática de respeto,
protección y garantías de los derechos humanos.
Colaborar y coordinar la entrega de información para la
elaboración de informes relativos a la materia, solicitados
por organismos, tanto nacionales como internacionales
encargados de observar su cumplimiento.
Monitorear y guiar la implementación de recomendaciones
en materia de derechos humanos de las personas bajo
custodia y control de Gendarmería de Chile.
33 Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos.
Preparar un informe anual de cumplimiento de los
planes y programas orientados a la protección de
derechos y garantías, hacer recomendaciones y
observar su implementación.
Coordinar con organismos relacionados con el tema, la
ejecución de actividades que promuevan y entregue
herramientas en la promoción de los derechos y garantías
y en desarrollar una cultura de respeto entre si.
Producto de lo anterior, y en el marco de la gestión
de esta Unidad, se han desarrollado las siguientes
Formación de 201 monitores de Gendarmería y
realización de un diplomado para 30 oficiales, destinado
a dar a conocer los derechos humanos, transmitir la
cultura del respeto de éstos y sensibilizar sobre su
promoción en el ámbito penitenciario.
Elaboración de un manual de derechos humanos en el
contexto penitenciario chileno, trabajado a partir del
manual del criminólogo Andrew Coyle, quien ya en 2012
realizó una capacitación a funcionarios de Gendarmería
de Chile, en su Escuela de Formación. Este documento
será la base de la capacitación que se entregará a
los monitores locales, señalado anteriormente. Se
espera que este manual sea validado por el Ministerio
de Justicia, por el King´s College of London y por la
COMJIB33.
Vigencia para el 2013, de una meta de incentivo
colectivo para Gendarmería de Chile, consistente en
levantar un diagnóstico nacional de la cantidad de
celdas de aislamiento y la elaboración de un plan de
mejoramiento para racionalizar su uso (por ejemplo,
convertir estas celdas en venusterios).
Junto con lo anterior, se estableció en mayo de 2013
una nueva regulación de las sanciones de aislamiento
e internación en celda solitaria, consagrando los
principios de racionalidad y excepcionalidad de este
mecanismo, pues tratándose de las sanciones más
graves contempladas en nuestro ordenamiento
jurídico, deben aplicarse únicamente cuando no exista
otra manera menos gravosa para conseguir el objetivo
buscado y velar porque la duración de ellas no se
extienda más allá del tiempo estrictamente necesario.
Estas acciones han permitido racionalizar sustancialmente
la aplicación de esta sanción, que, como se ha señalado,
es la más severa contemplada en el ordenamiento jurídico.
Así, si hasta diciembre de 2012 el 80% de las sanciones
aplicadas a las personas privadas de libertad la constituía
precisamente la internación en una celda de aislamiento,
con la nueva regulación su incidencia dentro de todas las
sanciones aplicables disminuyó a un 28%.
Finalmente, en este contexto, se debe relevar el Programa
de Defensa Penitenciaria de la Defensoría Penal Pública,
que -considerado sólo con carácter piloto hasta el 2012pero ahora ya establecido propiamente como programa,
busca resguardar los intereses, garantías y derechos de
las personas que cumplen condena en unidades penales34,
mediante la realización de actuaciones judiciales y
extrajudiciales, además de charlas, videos, afiches y cartillas
de difusión de los derechos de las personas privadas de
libertad, todo ello ejecutado por defensores dedicados
exclusivamente al ámbito penitenciario.
34 El programa de Defensa Penitenciaria presta servicios a los internos de las unidades penales de La Serena; Ovalle; Combarbalá; Illapel; Colina I; Colina II; Unidad Especial de Alta Seguridad; Centro Penitenciario Femenino; Puente Alto; Talagante; San Miguel; Biobío; Concepción; CET Concepción (Punta Parra).
Los ejes explicados anteriormente dan cuenta del contenido de una verdadera política
penitenciaria ya iniciada en nuestro país. Como toda política pública, debe estar basada
en la evidencia, en la experiencia internacional y por cierto, en la de nuestro país.
También debe ser transparente, poniendo permanentemente a disposición del público,
de expertos y de académicos su contenido, sus fines y sus resultados. Esto último es
importante, pues todos estos ejes deben estar orientados al logro de objetivos, como
lo son en este caso, mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y dignidad, no
sólo de nuestra población penal, sino también de los funcionarios a cargo de la gestión
penitenciaria, a través de un sistema eficiente y racional en la condición de nuestras
Pero queremos también que ese sistema sea íntegro, y por ello, no basta solamente
centrarnos en nuestras cárceles, pues debemos con igual esfuerzo y responsabilidad
fortalecer un sistema alternativo a la privación de libertad y un sistema postpenitenciario
que fomente la reinserción y contribuya a dejar de lado la estigmatización, la exclusión
y los factores subyacentes a la conducta delictiva. Igualmente, se deben fortalecer
aquellos aspectos que, sin ser inherentes al sistema penitenciario propiamente
tal, inciden finalmente en él. Por ello, junto con haber presentado a inicios de este
año un proyecto de ley tendiente a perfeccionar nuestro Código Procesal Penal,
fomentando la coordinación y capacitación de los distintos actores, y reforzando
derechos y facultades de las víctimas, actualmente nos encontramos elaborando el
proyecto de un nuevo Código Penal para nuestro país, en el seno de una Comisión de
Expertos convocada por el Ministerio de Justicia, para zanjar una deuda de modernizar
nuestra normativa punitiva, que data de hace más de 130 años. Una deuda similar la
constituye la consagración legal del régimen de ejecución, hoy sólo establecido a nivel
reglamentario, y que en los próximos meses pretendemos afrontar, con la elaboración
de un proyecto de ley de ejecución de penas.
Sin embargo, nada de lo anterior se logra sin modernizar y fortalecer la propia
Institución penitenciaria, con mayor cantidad de funcionarios, mejor preparados, más
capacitados, dentro de un Servicio orgulloso de su misión, moderno y transparente,
orientado al logro de objetivos, que permitan, en definitiva, implementar un sistema
que contribuya a la seguridad pública del país.
Morandé 107 | Santiago - Chile
marcela alcalay
Libro de políticas penitenciarias

References: artículo 5
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 6

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
in fine