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Timestamp: 2020-04-07 06:13:32+00:00

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Recortes de Prensa Sábado 14 Febrero 2009
S. McCoy El Confidencial 14 Febrero 2009
España ya está oficialmente en recesión. Se cumple el requisito oficial de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo de la economía. Tiene razón el Presidente del Gobierno cuando dice que el mal es de muchos. Se le olvida continuar la sentencia con el latigazo semántico del consuelo de tontos. La debacle financiera internacional, cierto es, está expandiendo la crisis entre economías de lo más dispar. Pero la cuestión clave no es esa: la pregunta del millón es si la actual coyuntura está de visita o ha venido para quedarse. Si una vez superado el mal trago exterior, los resortes internos serán lo suficientemente potentes para emprender el camino de vuelta. Trabajar desde la comparación ajena es una absurda pérdida de tiempo en el momento actual. Tratar de establecer los mecanismos para engancharnos a la recuperación es la prioridad.
Mientras Zapatero y los suyos piden sacrificios a los trabajadores de las empresas, se dedican a comprar apoyos electorales entre sus empleados. Por si alguien a estar alturas tenía dudas, el mercado de votos ya se ha abierto.
Emilio J. González Libertad Digital 14 Febrero 2009
Es muy difícil hacer política cuando no se predica con el ejemplo porque los afectados por las medidas y decisiones del Gobierno siempre se resistirán a las mismas alegando que el Ejecutivo dice una cosa y, dentro de su ámbito de competencias, hace la contraria. Así, desde luego, nunca habrá forma de sacar adelante medida alguna. Este comentario viene a cuenta de los mensajes contradictorios que está lanzando el Gabinete en materia salarial. Por un lado, el Ministerio de Economía, y el Banco de España también, vienen insistiendo desde hace meses en la necesidad de que en nuestro país se moderen los salarios, algo lógico teniendo en cuenta la naturaleza, características y gravedad de la crisis económica por la que está atravesando nuestro país. Pero, por otro, en lugar de aplicarse a sí mismo la receta que prescribe para los demás –a los funcionarios–, de moderación salarial nada de nada. Así, desde luego, no va a lograr que en el sector privado los sindicatos renuncien a lo que están consiguiendo en el sector público, con el ejemplo que está dando con los funcionarios.
Le guste o no a los sindicatos, en esto de la moderación salarial el Gobierno tiene razón. España está en crisis en parte porque durante los últimos años ha perdido competitividad a pasos agigantados, diga lo que diga el Ejecutivo. Ahora toca reparar los daños producidos por una inflación que se ha situado sistemáticamente más de un punto por encima de la media de la Unión Europea, lo que exige o bien aumentar la productividad o bien moderar el crecimiento de los costes. Ahora bien, la productividad no se incrementa de la noche a la mañana. Para ello hace falta invertir en tecnología, en investigación y desarrollo, en formación del personal, en mejorar el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual lleva tiempo y consume unos recursos que, hoy por hoy, son más bien escasos a causa de la crisis. Así es que, aunque la productividad debe ser uno de los objetivos a medio plazo, a corto hay que incidir sobre aquellos elementos que pueden deparar efectos en dicho espacio temporal, es decir, en la moderación del crecimiento de los costes o en su reducción. En este sentido, la moderación salarial juega un papel muy importante por lo necesaria que resulta para devolver la competitividad a la economía española. Ahora que vivimos en el mundo del euro, no podemos devaluar para conseguir ese resultado y, por tanto, la única forma de volver a ser competitivos es o a base de moderación salarial o a base de reducciones de costes que incluyen despidos. De no actuarse de esta manera, muchas empresas están condenadas a desaparecer.
Ahora bien, aunque la lógica económica sobre la que se sustentan las demandas de moderación salarial es tan clara como irrefutable, una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en la práctica lo que entienden los trabajadores es que no es lo mismo predicar que dar trigo y que si el sector público es capaz de subir el sueldo a los funcionarios, a pesar de la crisis, por qué no van a ser ellos iguales que esa casta de privilegiados que tienen asegurado el puesto de trabajo de por vida. De ahí a pensar que el Gobierno los trata de forma muy injusta hay un trecho muy pequeño que lleva necesariamente al rechazo de la moderación salarial, todo por culpa de que el sector público no aplica a sus empleados la medicina que prescribe a los del sector privado.
¿Esto por qué sucede? Pues muy sencillo, porque los funcionarios son empleados del Gobierno y muchos de ellos decidirán su voto en las elecciones en función de cómo les trate quien detenta el poder político, mientras que en el sector privado la culpa de la moderación salarial será imputada, por lo general, a las empresas, lo que no tendrá costes políticos para el partido cuyos diputados se sientan en el banco azul del Congreso. O sea, dicho sencilla y llanamente, que mientras Zapatero y los suyos piden sacrificios a los trabajadores de las empresas, se dedican a comprar apoyos electorales entre sus empleados. Por si alguien a estar alturas tenía dudas, el mercado de votos ya se ha abierto.
California prepara el despido de 20.000 funcionarios. Y aquí tenemos 3 millones
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 14 Febrero 2009
El remedio en California para salir de la quiebra: despedir a 20.000 funcionarios. En Expaña, donde tenemos el pueblo y la élite más inteligente del mundo, hemos superado los 3 millones. ¡Qué placer sería decirles a un millón de ellos: Sayonara babies! (¿Dónde estará de caza Garzón este fin de semana?)
Me gusta Arnold Schwarzenegger más como actor que como gobernador, pues aunque se presenta como republicano es otro personaje más que aplica la corrección política. Por ejemplo, se opone al deseo de la mayoría de los californianos de rechazar el gaymonio y mantiene la legislación ecologista que tanto daño ha hecho al estado.
Sin embargo, para salir de la quiebra del estado se ha planteado una medida tan tajante como el despido de 20.000 funcionarios y suprimir sus costes salariales. En Expaña, donde tenemos el mayor coeficiente intelectual del mundo, hemos sueprado los tres millones de funcionarios. Claro, con un presidente del Gobierno que se ha limitado a calentar su escaño desde los 26 años de edad... En Estados Unidos, el funcionariado está al servicio del pueblo, que le paga el sueldo; en Expaña, por el contrario, el pueblo está al servicio del funcionariado. Los funcionarios no tienen Seguridad Social, sino mutuas; y en los tiempos de la mili, el año o los nueves meses les contaba como tiempo para los trienios y la jubilación.
¡Qué maravilla sería despedir funcionarios! Y no me refiero a los agentes judiciales o a los auxiliares administrativos o a las enfermeras, sino a los que cobran mucho y trabajan poco y para un partido: Baltasar Garzón, Bermejo, Jorge Dezcallar, los gabinetes de comunicación, los cargos de confianza, los liberados sindicales, Solbes, los profesores universitarios sin alumnos, Soraya, los pedagogos, los mossos de escuadra, Maleni, que es inspectora de hacienda, el hermano de Carod, que es embajador, el Senado entero, con senadores y funcionarios completos, todos los parlamentos autonómicos...
En el franquismo había menos de 500.000 funcionarios, nos recuerda Pío Moa, que es un historiador más interesante que muchos profesores universitarios:
la afición funcionarial en todas las clases sociales, y exceptuando contadas provincias, ha sido en España mucho más acentuada que el carácter emprendedor o empresarial típico del individualismo; y ahí yace una clave de nuestro prolongado atraso. Pero se trataba más de una cuestión de mentalidad que de una realidad, porque el número real de funcionarios nunca fue alto. En la administración central había en 1934 unos 215.000 funcionarios para una población de 24 millones, es decir, algo menos de uno por cada cien habitantes. La proporción subió en el franquismo, pero no mucho, pues en 1974 era de 411.000 para una población de 35 millones, es decir, algo más de uno por cada 90 habitantes. Hoy se ha llegado a la cifra asombrosa de tres millones de funcionarios, es decir, uno por cada trece o catorce españoles, niños y ancianos incluidos.
(Y es cierto: en Bilbao y Barcelona las familias decían a los hijos que trabajasen en el sector privado, que ser funcionario, salvo notario -el puesto admirado por todos, mejor que ser papa-, era para vagos y tontos... hasta que se montaron las autonomías.)
Artículo del catedrático Roberto Centeno: Con Franco la economía iba mejor, con perdón.
LA PESTE FUNCIONARIAL
Dato impresionante:
hay comunidades autónomas que dedican un tercio de su presupuesto al pago de las nóminas de sus funcionarios. Algunas de estas autonomías son Canarias, Aragón y Andalucía.
"Esto no puede seguir así. Y en España no hay sindicatos. Huelga general el 1 de abril. Pásalo"
Periodista Digital 14 Febrero 2009
Camino ya de los cuatro millones de parados, con un Gobierno y coro mediático ya sin posibilidades de disimular el desastre, y con unos sindicatos atados del bolsillo, los trabajadores -y parados- empiezan a movilizarse en Internet. Varios son los mensajes "virales" que llegan a los correos haciendo llamamientos para que el "Gobierno haga algo ya. Nos estamos quedando en la calle". Un denominador común: "Huelga general para el próximo 1 de abril".
Ni siquiera el presidente del Gobierno es capaz ya de negar que España está agua al cuello, y que, ZP lo dijo a su modo, lo peor está por llegar. Con una situación laboral "apocalíptica", Zapatero, Solbes, Sebastián y Corbacho dan zancadas para atrás y para adelante, atolondrados, sin saber cómo dar solución a una fila de parados que cada vez se acerca más a los cuatro millones. Lo nunca visto en la historia de España.
¿Y qué respuesta dan a esto los sindicatos? Callados como... ¿Y los actores y demás artistas oficialistas que no son capaces de imprimir unas pegatinas baratitas para apoyar a los compatriotas que van camino de pasar los lunes, martes, y así hasta el domingo al Sol? Lo mismo, chitón.
Ante la angustia y el desamparo de los puñados y puñados de trabajadores que han pasado a engrosar las listas del paro,- numerosísimas familias en las que todos sus miembros están sin trabajo, muchos cientos de miles de personas que dejaran de cobrar un solo euros en las próximas fechas,...-, con esta situación, han empezado a organizarse en Internet.
"SEÑOR ZAPATERO, CUÁNDO SE VA USTED A ENTERAR QUE SÓLO PUEDEN ESPERAR LOS QUE, COMO USTED, TIENEN ASEGURADO Y SEGUIRÁN COBRANDO MES A MES, PASE LO QUE PASE EN ESTE PAÍS. EL RESTO DE LOS ESPAÑOLES NO PODEMOS ESPERAR MÁS, PUES SU POLÍTICA NOS HA LLEVADO A LA RUINA".
El ciudadano y la política
Comunicado nº 35 www.nucleosoa.org 14 Febrero 2009
En todas las elecciones, las encuestas previas arrojan los mismos resultados. Preocupaciones principales de los ciudadanos: paro, delincuencia, inmigración (de hecho son todas la misma: inseguridad con respecto al futuro).
Se trata de identidades (o identificaciones) formadas por la predominante en el entorno social y laboral propio, por sueños de pertenencia, por rasgos asumidos ideológicamente, por ansias de compensación psicológica... Son esos 20 millones de votos fijos, cautivos, que nada tienen que ver muchas veces con actitudes reales, con posiciones sociales reales, con conciencias ideológicas, aunque la política avasalladora y utópica del ZPSOE esté logrando (ya lo predijimos) movilizar y concienciar a sectores antes apáticos o inconscientes.
Lo que busca el individuo en cada acto de su vida, costumbres, actitudes, símbolos... es dotarse de “identidad”, afianzando en él esas características grupales, sociales. De manera que los ropajes culturales y simbólicos son mucho más importantes que las posiciones ideológicas en sí mismas, propiedad sólo de minorías.
M. MARTÍN FERRAND ABC 14 Febrero 2009
DIFÍCILMENTE encontraríamos en Europa una persona dispuesta a defender la existencia de diarios impresos de titularidad pública. Sin embargo, como evidencia del relativismo político que, junto con el moral, va debilitando la fuerza de nuestras convicciones cívicas, son mayoría quienes aceptan la existencia de televisiones y radios públicas -nacionales, regionales y hasta locales- que nos cuestan un potosí, sirven a los intereses del grupo político mayoritario en el ámbito de su actuación y practican, frente a la iniciativa privada, una flagrante competencia desleal. Un matiz diferencial en lo que afecta a los sistemas de difusión y distribución sirve para modificar la valoración ética y política de un mismo fenómeno informativo.
Ya que existen y que, siendo comerciales, las televisiones públicas nos costaron -la nacional y las autonómicas- más de 2.000 millones en el pasado ejercicio debieran ejercitarse en la moderación de su factura y en la prudencia de su actitud. No es así. RTVE perpetra el traslado de sus sedes actuales en Madrid a un nuevo punto de Pozuelo de Alarcón, junto a la Ciudad de la Imagen. Para ello se propone adquirir al Ministerio de Defensa, por 43 millones, una finca -recalificable- de 50 hectáreas. La operación se financiará (?) con la venta de las actuales instalaciones en Prado del Rey, Torrespaña y Estudios Buñuel.
Esos tres latifundios audiovisuales suman una superficie que es la mitad de la que se propone ocupar RTVE y, para mayor ignominia, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Pozuelo han asumido la recalificación de las instalaciones actuales de la Corporación para elevar su precio de venta. Cabe recordar a este respecto que cuando, en 1964, RTVE se trasladó del Paseo de la Habana a Prado del Rey, junto a un regimiento de Transmisiones y en terrenos rústicos del Patrimonio, fueron cedidos en su uso por razones de seguridad.
Las nuevas tecnologías marcan, en el mundo, la jibarización de las plantas de producción audiovisual. Aquí seguimos siendo diferentes. RTVE despliega una vocación latifundista en desprecio de la tercera ley de Baura -«cada metro cuadrado disponible tiende a ser ocupado por un nuevo empleado»- y en contra de la razón, y ello cursa con grandes fastos de especulación urbanística en la que participan, como en aquelarre, un Ministerio, una Comunidad y dos Ayuntamientos.
Si en cuatro años, las organizaciones sindicales mayoritarias y la CEA han recibido 425 millones de euros, esto es, 70.714 millones de pesetas, ¿cuánto han recibido desde el comienzo de la concertación inaugurada en Andalucía por Manuel Chaves?
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Febrero 2009
En cualquier sociedad europea y occidental en la que hubiera una tasa de paro del 22 por ciento, se habrían encendido todas las alarmas. En Estados Unidos andan por el siete por ciento y están absolutamente consternados. En Europa, con una tasa de paro mucho más baja que la española y que la andaluza, andan de cabeza con la crisis. Teóricamente, empresarios y sindicatos, deberían poner el grito en el cielo al observar cómo se desmorona una economía mientras el presidente del gobierno dice que no pasa nada y que estamos en mejor posición que nadie. Pero no. En Andalucía se ha impuesto la ley del silencio según la cual no puede decirse lo que no debe decirse o se teme decir y, como decía el filósofo, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Y además, hay una situación de emergencia política y social por la desfachatez de un régimen pagado con los dineros de todos y que solo beneficia a un partido y a su red de satélites.
Resulta que ha tenido que ser la oposición política representada en exclusiva por el Partido Popular –andalucistas y comunistas de IU han sido pilares del régimen de Chaves en uno u otro momento histórico–, la que ha hecho hincapié en la emergencia andaluza y decidió convocar una manifestación social y cívica por el empleo y por lograr un gran pacto por el empleo que reforme esencialmente la marcha actual y aporte esperanzas a los andaluces. Pero ya sabemos que algunos no irán a la manifestación y vamos sabiendo por qué.
El primer gran por qué reside en la falta de autonomía de las organizaciones sociales. Decían los trabajadores de la Primera Internacional en el Londres de 1864 que "la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será". Ese era el principio fundamental del sindicalismo, un sindicalismo nacido de la unión del respeto a la profesión y a la propia ciudadanía, un sindicalismo que hubiera sido un instrumento potentísimo para pesar en las decisiones políticas y sociales si no se hubiera entregado el poder específico que tienen los asalariados a las ambiciones de los partidos de la izquierda. Y esto es lo que sigue habiendo hoy: cúpulas sindicales que están dirigidas por un pensamiento de izquierdas –no así las bases– y que están mediatizados por los partidos de izquierda.
Igualmente, los empresarios tienen todo el derecho a defender sus intereses. Durante dos décadas, el socialismo triunfante en Andalucía, con las muletas de IU o el PA, arrinconó a los empresarios acusándolos de ser el elemento explotador, el elemento antisocial, el comando antiandaluz... A la tercera década de poder, comprendiendo que sin empresarios –llamados "emprendedores" por los vendedores de baratijas ideológicas–, no se podrá desarrollar nunca una tierra preterida como Andalucía, comenzaron a acercarse a los empresarios con el objetivo, hoy se sabe con claridad, de suplantarlos, de penetrar su tejido social con empresas creadas al calor del dinero público y/o controladas por el dinero público. Ya que el tinglao no se mantiene sin empresarios, parecen decirse, sometamos a los empresarios y convirtámonos en empresarios. Poco a poco, desde el poder de las Cajas de Ahorros a los poderes de los presupuestos regionales, provinciales y municipales, fueron interviniendo crecientemente en la vida empresarial.
Pero la autonomía, además, consiste en poder gobernarse a sí mismo. El más grande instrumento de dominación concebido por Manuel Chaves y su equipo han sido los Acuerdos de Concertación Social, que ha tenido otros nombres. Según tales acuerdos, el Ejecutivo andaluz suelta una pasta inmensa con el objetivo –dicen–, de fomentar y mantener el empleo y el desarrollo andaluces. Pero de hecho, estos acuerdos y sus telas del telón han hecho que empresarios y sindicatos se aventurasen en una serie de contrataciones y en la adquisición de capital fijo destinados todos ellos al fortalecimiento de sus equipos dirigentes. Si en cuatro años, las organizaciones sindicales mayoritarias y la CEA han recibido 425 millones de euros, esto es, 70.714 millones de pesetas, ¿cuánto han recibido desde el comienzo de la concertación inaugurada en Andalucía por Manuel Chaves? ¿2.000 millones de euros? ¿1.500? Y, ¿cuánto recibieron en el resto de España? ¿Y cuánto de las Diputaciones y Ayuntamientos? ¿Y cuánto recibieron sus fundaciones y organizaciones anexas?
Dado que las cuotas no pueden aspirar ni en sueños a sostener estos inmensos poderíos burocráticos, ¿quién se atreverá a elegir un secretario general o un presidente hostil a las disposiciones de Manuel Chaves? Sería bastante incómodo. De hecho, ha sido lamentable comprobar cómo mientras Andalucía enfermaba de paro profundo y de crisis vertiginosa, sindicatos y empresarios andaluces sólo han pensado en mendigar el VII Acuerdo de Concertación Social. Es natural. O más dinero o acaban en suspensión de pagos. Ya no pueden vivir sin los dineros que se desprenderán del bolsillo del capo del régimen, esa oferta que ya no pueden rechazar.
Es más, ¿aguantarán UGT, CCOO y la CEA una fiscalización sistemática y rigurosa de la Cámara de Cuentas del dinero gastado en estos últimos 20 años? ¿Soportarán un examen en el que se pregunte por el número de empleos creados realmente con todo este dinero? El precedente de 37 millones empleados por la Junta en crear empleo sin crear ninguno pesa como una losa pesimista sobre nuestro juicio.
Están "trincados", "cogidos" en una trampa política y económica que es posible que haya hecho ricos a algunos –todo se irá viendo–, y que es posible que haya contribuido a consolidar grupos de poder aparentemente inexpugnables en las tres organizaciones, gestores de un dinero público ingente. Pero ni pueden aspirar a defender con autonomía los intereses legítimos de trabajadores y empresarios ni pueden despegarse del futuro del régimen porque ellos son los pilares básicos del régimen instituido por Manuel Chaves y el PSOE en una Andalucía que no sale de pobre ni saldrá nunca con este tipo de gobierno.
Pero ni los trabajadores son de nadie, ni el dinero público es del PSOE, ni las burocracias estofadas con miles de millones lo pueden todo. Andalucía necesita una serie de profundas reformas si quiere seguir recorriendo caminos democráticos antes que despóticos. Esas reformas comienzan el domingo en Málaga, la primera vez que el Partido Popular, el centro derecha español toma conciencia de que los trabajadores, los empleados públicos y privados, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios son tan suyos como de cualquiera y que es necesario hablar de ellos, hablar con ellos y luchar por ellos.
¿Que por qué algunos no irán a la manifestación de Málaga y han hecho y hacen todo lo posible por que vayan los menos posibles? Pues eso. Y por eso, hay que ir. Es un derecho y un deber.
Si el PP cree que los enemigos de la democracia se comportan "irresponsablemente", pero las democracias violan el derecho humanitario lo mejor que puede hacer es sumarse a la Alianza de Civilizaciones y el apaciguamiento de ZP.
GEES Libertad Digital 14 Febrero 2009
El Partido Popular puede seguir diciendo, en una letanía interminable, que sus principios políticos no han cambiado y que son los mismos de siempre. Su apoyo a la proposición izquierdista del pasado día 12, llenan de preocupación y dan la razón a quienes denuncian el entreguismo que en cuestiones fundamentales hace el PP a la neoizquierda de Zapatero. Y es más grave cuando afectan a temas tan esenciales como la lucha contra el terrorismo.
Esta es la defensa del PSOE de la proposición izquierdista que el PP hace inexplicablemente suya:
Hamás ha provocado y alentado con sus ataques hacia poblaciones israelíes esta dramática situación, demostrando una gran irresponsabilidad y un desprecio absoluto a la seguridad de su pueblo; sin embargo, el legítimo derecho de Israel a defenderse no puede suponer en absoluto una carta blanca para infligir un castigo colectivo a la población civil palestina. Israel ha rebasado muchas líneas rojas durante los veintidós días de ofensiva, y por ello desde mi grupo creemos necesario ofrecer un firme apoyo a la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas para esclarecer y deslindar toda responsabilidad de cualquier posible violación del derecho humanitario internacional que haya podido cometerse las pasadas semana.
Ya es grave que el Partido Popular no se indigne cuando se recuerda la "irresponsabilidad" de Hamás, pero se denuncia el "castigo colectivo", el "traspaso de líneas rojas" y la "posible violación del derecho humanitario" de Israel, haciendo suya sin pestañear la interpretación de Zapatero del conflicto. Si el PP cree que los enemigos de la democracia se comportan "irresponsablemente", pero las democracias violan el derecho humanitario, llevan a cabo castigos colectivos y traspasan líneas rojas, lo mejor que puede hacer es revisar los principios que sustentaron la lucha antiterrorista entre 1996 y 2004 y sumarse a la Alianza de Civilizaciones y el apaciguamiento que ZP lleva a cabo desde el 14M.
Pero resulta aún más sorprendente que el portavoz del PP haga suyo en sede parlamentaria el vocabulario radical palestino: cuando habla de la "maquinaria militar israelí" suena como cuando la izquierda abertzale habla de la "maquinaria represiva del Estado español" para referirse a la respuesta democrática al terrorismo de ETA. Porque de eso precisamente se trata: Hamás es un grupo totalitario que emplea métodos terroristas contra los palestinos y los israelíes, y la democracia israelí trata de hacerle frente como buenamente puede.
En relación con los grupos totalitarios, no hay víctimas de primera ni víctimas de segunda, Estados con derecho a defenderse y Estados puestos bajo sospecha cuando lo hacen. Esto debiera saberlo el PP, porque él fue –eran otros tiempos– el que hizo de esto un principio irrenunciable. Por eso resulta moralmente repugnante e intelectualmente inadmisible que se proponga combatir el terrorismo aquí, pero se desconfíe cuando otras democracias lo hacen. ¿Que pensaría el PP si alguien calificara a ETA de "irresponsable" y fiscalizara la actuación de las fuerzas de seguridad cuando los terroristas se quejaran? Pues eso es lo que está apoyando el partido de la derecha: hacer a los demás lo que no se admite que se haga consigo mismo.
Tras el alto el fuego, Hamás ha continuado con los actos criminales; más de 70 palestinos asesinados por quienes el Congreso, con el PP incluido, llama "irresponsables". Si hacer el juego a los islamistas de allí y a los izquierdistas de aquí va a ser parte del programa que el PP presente a las próximas elecciones europeas, lo mejor es que lo diga. Le regalaremos una kefiya.
Un total de 160.149.088.68 € se concedieron como subvenciones por la Junta a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), desde el año 2004. Es decir, en sólo cuatro años la organización patronal recibió 26646 millones de pesetas del gobierno de Chaves, 6.661 millones de pesetas por año.
En Andalucía hay, según datos de INE de 2007, 522.815 empresas, la inmensa mayoría, 467.776, medianas empresas que sólo tienen cinco trabajadores o menos. Es decir, que puede afirmarse sin riesgo que el 99 por ciento de las empresas andaluzas facturan por debajo de los 40 millones de euros al año, anualidad que recibe como subvención la CEA de manos de Manuel Chaves. Vea la lista de subvenciones aquí
Los datos obtenidos pueden comprobarse fácilmente buscando las subvenciones en el buscador del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía preguntando por "subvenciones CEA" (2004 hasta la fecha de hoy). Es posible que la cantidad pueda sufrir alguna pequeña variación por cuanto los resultados de la búsqueda son diferentes si se ponen los nombres completos de las organizaciones.
Hay que precisar que en estas cantidades no están reflejadas las subvenciones obtenidas por las Fundaciones y organizaciones ligadas a la CEA ni otros ingresos de la CEA por lo que podemos decir que las finanzas de la organización empresarial, al igual que la de las organizaciones sindicales, cuentan con un importantísimo grado de opacidad. Igualmente, hay que precisar que no hay control ni inspección oficial de la Cámara de Cuentas sobre estas cifras al menos desde 1998 en que inspeccionó las subvenciones de la Consejería de Trabajo para formación ocupacional.
En aquella inspección se advirtieron irregularidades como la "no observancia de los módulos de cálculo de las subvenciones", las variaciones, que llegaban a triplicarse, de los precios de las horas de formación en el caso de la CEA, por ejemplo, o que "el 28% de los cursos se imparte por menos horas de las que establecen los estándares", muy especialmente en el caso de UGT.
Para que nos hagamos una idea de cuál es la aportación de la Junta a la CEA, digamos que según Analistas Económicos de Andalucía, de las 50 primeras empresas líderes de Andalucía, la mitad, 25, facturan menos de 160 millones de euros al año. De las 100 primeras empresas líderes de Andalucía, 25 no facturan siquiera 40 millones de euros al año, que es la cantidad con la que subvenciona anualmente la Junta a la CEA. Igualmente podemos decir que estos 160 millones de euros superan los presupuestos de algunas capitales andaluzas y de la mayoría de los municipios medios y grandes.
De este modo, podemos considerar que gracias a Manuel Chaves la CEA y sus dirigentes disponen de una facturación que la sitúa entre las 50 mayores empresas de Andalucía por volumen de "ventas", como parece indicar el siguiente cuadro elaborado por e-informa en 2002.
Ranking 2002 de las 50 primeras empresas andaluzas. La CEA obtiene 40 millones sólo de la Junta, más lo que obtenga de sus actividades y empresas afiladas.
La sociedad vasca necesita un relevo democrático, pero es posible que López caiga en la tentación de darle la mitad del gobierno a Urkullu
José Antonio VERA La Razón 14 Febrero 2009
Atolondrados como estamos por tanta cacería, se nos va de la cabeza que lo importante de verdad en las próximas elecciones está en la posibilidad real de un cambio de régimen en Euskadi.
Treinta años de nacionalismo separatista han hecho de aquello un territorio en el que la presencia del Estado es cada vez menor, y donde se dan pasos lentos pero firmes hacia la ruptura.
Algo difícil de realizar, por mucho empeño que los ibarreches y arzallus de turno impongan en la tarea, pues la historia es la que es y la sociedad vasca en general se siente a gusto dentro de un país que les da convivencia con pueblos y regiones con los que comparten lengua y cultura.
Quizás por eso el empeño moderno de los euskaldunes por erradicar el castellano como instrumento de formación en la enseñanza, y el chorro de millones que invierten en fabricar una cultura diferente. Dinero malgastado, en cualquier caso. El sentido práctico de la gente es mayor que la obsesión megalómana de quienes pretenden construir un Estado para perpetuarse en su poder.
De ahí la relevancia del hecho posible de que el próximo 1 de marzo no gane Ibarreche y, además, que si lo hace el socialista Patxi López pueda gobernar sin ataduras abertzales y sin necesidad de contar con quienes, por higiene y cultura democrática, deberían pasar una temporada hibernando en las bancadas de la oposición. Algún miedo albergamos algunos a este respecto, no obstante. Ya una vez ganaron los socialistas y le entregaron la Lendakaritza a Ardanza. No creo que ahora tengan pensado hacer lo mismo. Sería un error propio de tontos, amén de casi delito. Pero es verdad que, conociendo a la tropa zapatera, es más que posible que puedan caer en la tentación de entregar la mitad del gobierno a Urkullu. Pedirían probablemente la cabeza de Ibarreche, lo cual sería un avance, pero al final acabarían en lo de siempre. O sea, pasteleando gobiernos y presupuestos con sus amigos nacionalistas.
Y por supuesto sometiéndose a sus planes de expansión lingüística y cultural, que es lo peor. Por eso da un poco de miedo que una victoria del PSOE en el País Vasco acabe otra vez en frustración. Que no se atrevan o no sean capaces de hacer lo que procede y mucha gente espera, tras treinta años de imperio euskaldun repartiendo favores y subvenciones, disfrutando de transferencias engordadas, conciertos inflados y cupos rebajados. Y lo que es peor: haciéndole el juego a los que quieren acabar a tiros con los que no piensan como ellos. Mirando para otro lado ante Eta y sus grupúsculos. Obligando a la Policía vasca a que investigue cualquier cosa menos a «esos chicos». Impidiendo que se cumpla la ley en los Ayuntamientos y en las Diputaciones y en el propio Gobierno de Vitoria.
Todos sabemos que en este tiempo largo y pesado el Ejecutivo vasco no ha hecho nada por acabar con Eta. Si hubiera querido, con sus medios y su Ertzaintza, con su conocimiento del terreno y su precisa información, la banda habría sido eliminada hace ya alguna década. Pero desde los años de Arzallus corre por Euskadi la teoría de que es mejor que éstos estén porque «así nosotros somos más importantes». Pura practicidad. Unos agitan y otros recogen. Árboles y nueces. Terroristas y nacionalistas. O sea, que queda claro por qué es importante el cambio de régimen.
Forzado a elegir entre la disyuntiva de aplicar las normas promulgadas por el Ejecutivo de España o salvar el Gobierno tripartito, el Sr. Montilla ha vuelto a preferir seguir incumpliendo la ley
Clemente Polo Libertad Digital 14 Febrero 2009
El aplazamiento de la entrada en vigor de la tercera hora en castellano en Cataluña es un asunto que ha recibido menos atención de la que merece en los medios de comunicación. El pasado 4 de junio, el diario El País informaba de que "la Generalitat retrasará un año la entrada en vigor del decreto del Gobierno central que obliga a impartir a los colegios una tercera hora en castellano después del plante de Esquerra Republicana". Según dicha fuente, "Esquerra Republicana dio un puñetazo sobre la mesa y advirtió de que mientras formara parte del Ejecutivo catalán, el decreto no iba a aplicarse" en Cataluña. El aplazamiento se formalizó en la Orden EDU275/2008 de 3 de junio que amplía hasta finales del curso 2008-09 el plazo de que disponían los centros de enseñanza primaria para elaborar y presentar el Proyecto Lingüístico, ya ampliado por la Orden EDU134/2008 de 20 de marzo hasta el 30 de junio.
La explicación que ha ofrecido el Departament d’Educació para justificar el nuevo aplazamiento no es otra que la supuesta "dificultad de algunos centros para cumplir con el término fijado", una explicación que como veremos no resiste la confrontación con los hechos. Empecemos por el episodio más reciente. Según la información publicada, el Sr. Ernest Maragall, conseller d’Educació del Gobierno de la Generalitat, envió el pasado 26 de mayo una circular a los colegios instándoles a informar antes del 13 de junio "sobre cómo distribuirán entre los tres ciclos de primaria las 245 horas adicionales de lengua española". Que nadie se llame a engaño sobre la inexistente buena disposición y diligencia del Gobierno catalán, pues la circular enviada por el conseller, lejos de constituir una iniciativa propia para constatar si los colegios públicos en Cataluña cumplen la legislación vigente, respondía al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat para que se le informara "sobre las horas lectivas que se imparten en catalán, castellano e inglés".
El culebrón comenzó tras la publicación del Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que determina las enseñanzas mínimas competencia del Gobierno central para "asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas del sistema educativo español". En particular, el Anexo III establece la distribución horaria de la docencia y asigna a la enseñanza en lengua castellana y literatura 315 horas en el primer ciclo y 280 horas tanto en el segundo como el tercer ciclo de enseñanza primaria. Una simple división por el número de semanas (35) y cursos por ciclo (2) muestra que el número de horas semanales requerido para cumplir el decreto son 4,5 en el primer ciclo y 4 horas en los dos ciclos restantes.
Estas cifras son muy superiores a las que se imparten en Cataluña, incluso cuando, como hace la Generalitat, se interpreta de manera abusiva el Real Decreto y se deducen 70 horas por ciclo. Es verdad que el Anexo III del Real Decreto permite a las CCAA con lengua cooficial deducir hasta un máximo de 35 horas, pero siempre y cuando esta cifra no supere el 10 por ciento de las horas establecidas. El primer abuso se produce porque 35 horas excede ampliamente 31,5 y 28 horas, el 10 por ciento de las 315 horas establecidas para el primer ciclo y las 280 horas para los otros dos ciclos en el Real Decreto. El segundo abuso se consuma cuando la Generalitat interpreta que la deducción de 35 horas se aplica a cada curso y resta 70 horas por ciclo. Pues bien, a pesar de esta doble interpretación abusiva, el número de horas de Lengua y literatura castellanas que se deberían impartir en Cataluña para cumplir el Real Decreto son 245 (315 – 70) en el primer ciclo y 210 (280 – 70) en los siguientes ciclos, o sea, 3,5 horas semanales en el primer ciclo y 3 horas en los otros dos. De ahí la obligación de la Generalitat de aumentar de 2 a 3 horas –en realidad a 3,5 horas en el primer ciclo y a 3 horas en los ciclos siguientes– la enseñanza de Lengua y literatura castellanas para cumplir el Real Decreto.
Ante la cerrada oposición de ERC e ICV-EUiA a que se aplicara la norma en Cataluña, la Generalitat, para salvar el Gobierno tripartito, recurrió el Real Decreto el 13 de febrero de 2007 ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando invasión de competencias propias, y promulgó el Decreto 142/2007 de 26 de junio. Este Decreto establece unos horarios globales (Anexo 2) que impiden a los centros cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto y unos horarios mínimos (Anexo 3) que les amparan cuando los incumplen. En efecto, el Anexo 3 del Decreto fija en 420 horas las dedicadas tanto a lengua y literatura catalanas como a lengua y literatura castellana y en 245 horas las destinadas a estructuras lingüísticas comunes en los tres ciclos. Unas simples divisiones, nos revelan que el tiempo dedicado a lengua y literatura castellanas es de 2 horas semanales, una cifra muy inferior a la que establece el Real Decreto, incluso si acepta la interpretación abusiva que hace la Generalitat.
Por otra parte, los horarios mínimos de lengua y literatura castellanas fijados en el Anexo 4 del Decreto 142/2007 son 140 horas en cada uno de los tres ciclos, una exigencia que los colegios pueden cumplir impartiendo 2 horas por semana. Únicamente si el centro destinara la totalidad de las horas asignadas a Estructuras lingüísticas comunes (105 horas en el primer ciclo y 70 horas en el segundo y tercer ciclo), se podrían alcanzar 3,5 horas en el primer ciclo y 3 horas en el segundo y tercer ciclos. Pues bien, los proyectos lingüísticos que los centros elaboran y la Generalitat aprueba (Decreto 142/2007 y Orden EDU221/2007 de 29 de junio) ponen de manifiesto que la mayoría de ellos se limitan a cumplir el mínimo exigido por la Generalitat, dedicando 140 horas por ciclo, 2 horas semanales, a la enseñanza de la lengua y la literatura castellanas. Ésta y no otra es la realidad en Cataluña.
A la vista del manifiesto incumplimiento del Real Decreto en Cataluña, la asociación Convivencia Cívica Catalana presentó una denuncia en el TSJC en septiembre de 2007 para que se investigara el asunto. El tribunal requirió información a la Generalitat y el responsable de área, el Sr. Maragall, se vio en la tesitura de enviar la circular de marras que ha desatado de nuevo las iras de los dirigentes de ERC. Por si había alguna duda sobre la posición de esta formación, la Sra. Simó, portavoz del grupo parlamentario autonómico de ERC, ha reiterado "que de ninguna de las maneras se aplicaría el [Real] decreto" en Cataluña. Ante el nuevo plante de ERC y para evitar que se consume la descomposición del Gobierno catalán, el Sr. Montilla ha vuelto a plegarse a las exigencias de sus socios, declarando una moratoria de un año en la aplicación del Real Decreto, en aras a "que las lenguas en la enseñanza no sirvan para dividir, porque son caminos hacia la libertad". Llama la atención la perversión del lenguaje utilizado por el Sr. Montilla que denomina moratoria a lo que sencillamente constituye un flagrante incumplimiento de una norma estatal.
¿Se imaginan Vds. cómo habría reaccionado la Generalitat si el Gobierno de España hubiera declarado una moratoria parcial o total de la entrada en vigor del Estatut de Cataluña –también por cierto recurrido ante el TC como el Decreto de Enseñanzas mínimas– alegando que los Estatutos "no han de servir para dividir, porque son caminos hacia la libertad"? Esta incómoda pregunta viene a cuento de un artículo (Falso dilema, El País, 10 mayo de 2008) firmado por el propio Sr. Montilla, donde el gobernante catalán exigía "no aplazar la negociación de la financiación autonómica" –contestando a la sugerencia lanzada en ese sentido por el Sr. González Márquez, ex-presidente del Gobierno, unos días antes–, escudándose en que "el Estatut de Catalunya obliga a todos: a la Administración General del Estado y a la Generalitat de Catalunya (...) y el Estatuto dispone que antes de agosto de 2008 se debe llegar a un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir del 2009". ¿Qué –me pregunto– impide al Gobierno de España declarar una moratoria de un año o dos al plazo fijado en el Estatut para alcanzar un acuerdo bilateral sobre financiación, retrasándolo hasta agosto de 2008 ó 2009, cuando la Generalitat de Cataluña declara unilateralmente una moratoria tras otra para impedir la aplicación en Cataluña de un Real Decreto promulgado por el Gobierno Central en 2006?
Este nuevo episodio en la tormentosa y lucrativa relación que mantienen el partido del Sr. Montilla y ERC desde 2004 sirve, si no para otra cosa, para poner de manifiesto que el principal y casi exclusivo objetivo del PSC es mantenerse en el poder a toda costa. ¡Hay, sin duda, muchas nóminas y suculentas comisiones en juego! Y forzado a elegir entre la disyuntiva de aplicar las normas promulgadas por el Ejecutivo de España o salvar el Gobierno tripartito, el Sr. Montilla, ha vuelto a preferir seguir incumpliendo la ley, a sabiendas de que la nueva moratoria "de un año" para poner en marcha la tercera hora es una mera excusa que el Sr. Montilla y el PSC han urdido para encubrir el propósito del Gobierno catalán de posponer indefinidamente la aplicación del Real Decreto que, como han repetido una y otra vez sus socios de ERC, "no se aplicará en Cataluña".
Hipocresía, cinismo, por no decir prevaricación, son los términos más suaves con los que se puede calificar la respuesta del Sr. Montilla a la pregunta que le dirigió el Sr. Puigcercós, presidente de ERC, en el Parlament de Cataluña el pasado 18 de junio (Sesión plenaria 39.1): "El Gobierno ha elaborado, como Vd. sabe está elaborando un borrador de ley de educación de Cataluña [que habrá] de consolidar nuestro modelo [de inmersión lingüística] delante también de regulaciones estatales pero, en todo caso, si la nueva ley no avanza con la celeridad esperada, el Gobierno está dispuesto a considerar otras alternativas antes de que acabe la vigencia de la orden emitida por este mismo Gobierno hace quince días". Ese mismo día, el Sr. Maragall, consejero de Educación, suscribía todo lo dicho por el Sr. Montilla (sesión 39.1, pág. 42), y aseguraba que la Generalitat tiene "todas las herramientas necesarias" para evitar que el decreto de enseñanzas mínimas afecte a Cataluña, que la ley catalana de educación será "absolutamente superior y más potente" que el decreto ministerial y que no conviene dar ningún otro paso que levante "suspicacias" en el conjunto de España (El País, 19 junio).
No cabía esperar otra actitud del Gobierno de la Generalitat dispuesto, para garantizar que nadie escape a la inmersión lingüística, a incumplir incluso su propia Ley 1/1998 de Política Lingüística que en su artículo 21.2 establece que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique". Como Convivencia Cívica Catalana ha denunciado en diversas ocasiones, la Generalitat incumple, además de la ley, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que instan "a garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo". Hay, naturalmente, algunos niños en Cataluña que se salvan de la inmersión lingüística en catalán, como los hijos del propio Sr. Montilla, al cursar sus estudios en el colegio alemán y otros colegios de élite fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.
Así las cosas, finalizo dejando en el aire dos preguntas para la Sra. Cabrera, ministra de Educación y Asuntos Sociales de España. Primera: ¿Qué piensa hacer su Ministerio y el Gobierno del que forma parte ante el último desafío de la República catalana del president Montilla? Y, segunda, si no piensa mover un solo dedo para garantizar que los hijos de los españoles reciban siquiera tres horas semanales de lengua y literatura castellanas en una Comunidad Autónoma de España, ¿por qué despilfarra nuestros impuestos en elaborar y aprobar un Real Decreto de enseñanzas mínimas que el Gobierno de la Generalitat incumple con total impunidad? Para ese viaje no se necesitaban alforjas tan caras.
Manuel Molares do Val Periodista Digital 14 Febrero 2009
Losada apuesta por un trato especial para el gallego porque durante años ´fue perseguido´
El regidor asegura que siempre se caracterizará por una defensa "intensa" del idioma no sólo por cumplir la ley y sus acuerdos de gobierno con el Bloque sino porque cree "profundamente" en este compromiso
M. VILLAR / A. RODRÍGUEZ | A CORUÑA La Opinión 14 Febrero 2009
Javier Losada dio ayer un giro radical a la política municipal de las últimas dos décadas en A Coruña y mostró su apoyo expreso al idioma gallego, al que apuesta por dar un trato "especial", a diferencia del castellano. "Evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo especial con el gallego porque durante muchos años fue perseguido. Y eso hacemos, conscientemente, el alcalde y todo el Gobierno municipal", declaró el alcalde en una emisora local.
Losada realizó esta manifestación tras ser preguntado por la carta que envió la concejal nacionalista Ermitas Valencia al socialista Carlos González-Garcés en la que le reprochaba que utilizase el castellano en una notificación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) porque consideraba que además de cumplir la ley de normalización lingüística había que potenciar el gallego.
"Es una carta innecesaria", explicó el regidor, que destacó que en el Ayuntamiento se cumple "escrupulosamente" la ley de normalización lingüística y la Constitución. Precisó además que en la carta de Ermitas Valencia se respeta lo que dice la legislación. "Dice expresamente que también se podrá utilizar la otra lengua oficial. Y eso es lo que ha dicho el señor Garcés y lo que mantiene el Gobierno en su totalidad", agregó.
El envío de este escrito de la edil de Normalización Lingüística no fue interpretado de forma tan comprensiva por el destinatario. "É unha vergonza", dijo González Garcés, quien en su réplica a Ermitas Valencia recordó que siempre luchó por la igualdad de los dos idiomas e incluso se casó en gallego.
El máximo edil socialista recalcó además que el compromiso de impulsar el gallego no lo asumió forzado por el pacto con el BNG. "El idioma tiene que ser un punto de encuentro. Y eso estoy haciendo, no porque tenga que pactar estos acuerdos con nadie, sino porque los creo profundamente", subrayó Javier Losada.
Con estas declaraciones Javier Losada rompe con la postura oficial de su predecesor, el ahora embajador de España en el Vaticano Francisco Vázquez, que durante muchos años peleó por mantener el topónimo oficial de La Coruña e incluso desafió a los tribunales en el cumplimiento de las resoluciones que le conminaban a cumplir la ley de normalización lingüística. El alcalde coruñés dejó asomar su arrojo y resolución respecto a uno de los asuntos más polémicos de la política municipal de los últimos años y no dudó a la hora de salir en defensa del idioma gallego.
"El idioma no debe ser objeto de confrontación, sino de integración, es algo a defender, y siempre va a ser una Alcaldía en la que la defensa del gallego será intensa porque así lo dicen las leyes, aprobadas durante el gobierno del PP, por cierto, y que no han cambiado durante estos años", afirmó Losada, quien también recordó , para no levantar suspicacias, que los ciudadanos tienen derecho también a que el castellano sea "respetado y usado".
Javier Losada, preguntado por si cabía algún tipo de interpretación distinta de la ley de normalización lingüística, declaró: "Las leyes sólo las interpretan los jueces. Y si me permite, la ley la interpretará el alcalde porque toma la decisión de orientar la política del Gobierno".
Losada resaltó que en el día a día de la política municipal se puede comprobar que en realidad el gallego y el castellano "son usados indistintamente en la Administración", en los aspectos que marca la legislación, "que son todos los actos oficiales". Sin embargo, precisó que cada edil, "en el uso de su actividad política, tiene capacidad para hablar en castellano o en gallego". Indicó que él habla en las dos lenguas.
"Me referencio en los discursos oficiales en los dos idiomas", puntualizó. El alcalde también salió en defensa de Carlos González Garcés al subrayar su "amplio dominio del gallego", además de referirse a él como una persona "con un grado de implicación de la cultura y de la defensa a ultranza de lo que es el galleguismo y el idioma gallego que le viene de su padre".
El ahora teniente de alcalde, Henrique Tello, denunció en 2006 que el Concello se había gastado más de 100.000 euros en la representación del Ayuntamiento en los recursos judiciales a causa del topónimo a lo largo de los años. Tello animó entonces a Javier Losada a "no ser Tartufo" y defender el gallego, en contra de la postura de Vázquez.
Los fondos de la Xunta para Política Lingüística caen un 9% en un año
El departamento pasó de recibir el 0,22% del presupuesto global en 2005 al 0,17%
M. MATO | A CORUÑA La Opinión 14 Febrero 2009
El compromiso de la actual Administración autonómica con la promoción del gallego quedó cuestionado esta semana con la presentación de un estudio que evidencia una importante reducción de los presupuestos de Política Lingüística. El informe señala que sólo este año 2009, respecto al anterior, las partidas de este departamento disminuyeron un 8,9% a pesar de incrementarse casi un 2% el presupuesto de la Xunta.
El estudio, realizado por la Comisión Técnica del Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia -organismo dependiente del Consello da Cultura Galega (CCG)-, señala también que esta bajada de los presupuestos de la Secretaría Xeral de Política Lingüística ha sido constante durante los últimos cinco años.
En el ejercicio del año 2005, la partida presupuestaria para la secretaría xeral encargada de fomentar el gallego "suponía un 0,22% del presupuesto general de la Xunta". Cuatro años después, en 2009, el presupuesto de Política Linguística representa el 0,17% del montante global de la Administración. Los autores del estudio señalan que se debería corregir esta situación e incluso girar 180 grados dotando a Política Lingüística de un presupuesto mayor, de manera que represente el 0,3% del total del de la Xunta.
Con este incremento podrían dedicarse más recursos para la normalización de la lengua gallega en la sociedad. No obstante, desde el Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia añaden que el incremento de fondos debería ir acompañado también "de una utilización más eficaz" del dinero.
Este informe, así como otros, fue presentado en los últimos dos días en el Consello da Cultura Galega en Santiago durante los XI Encontros para a Normalización Lingüística.
En ellos se trató también la adquisición, por parte de los inmigrantes, de las competencias en gallego. Al respecto, el cónsul honorario de Uruguai en Vigo realizó una observación alarmante: "La situación actual de bilingüismo y, aún peor, muchas veces la negación del gallego, llevan a no crear ninguna obligación para con el gallego por parte del inmigrante". El cónsul opinó que "la no normalización del gallego es el hecho de más incidencia en la no adquisición de este idioma".

References: Real Decreto 
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 artículo 21
 Real Decreto 
 resolución