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Timestamp: 2018-06-18 11:01:46+00:00

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REBELION CONTRA EL GOBIERNO CENTRAL
CLM rechaza drásticos recortes de sus rendimientos vitícolas
Viña en la Ribera del Júcar.
Una auténtica rebelión se ha producido estas últimas semanas en el sector de la uva y el vino y en las instituciones castellano-manchegas contra el Decreto del Ministerio de Agricultura de Medidas Urgentes en el Sector Vitivinícola, con el que se pretende poner orden en los rendimientos. Férreamente unido y encabezado a escala política una vez más por la Junta de Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola de esta región se ha posicionado a las claras con beligerancia contra aquellos aspectos del Real Decreto de Medidas Urgentes en el Sector Vitivinícola, de 28 de marzo pasado, que inciden en los rendimientos (kilos de uva o hectolitros de vino por hectárea de viñedo) en el sector en todas y cada una de las provincias españolas.
Dicho Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que entró en vigor el 11 de abril, fue aprobado por el Consejo de Ministros a fin de establecer el marco jurídico que haga posible la adopcion de lo previsto en el Plan de actuación para el sector, elaborado previamente por el MAPA, en el que se incluyen, entre otras, varias actuaciones para adecuar la oferta a la demanda y reactivar el sector.
En la norma se establece un nuevo marco general que regula el acceso a determinadas ayudas contempladas en la Organización Común del Mercado del Sector Vitivinícola, introduciendo una nueva declaración de origen y destino de las producciones, entre otras novedades. "Un nuevo capítulo éste que", en palabras de un portavoz ministerial, "tiene por objeto proteger la calidad limitando las producciones, al condicionar algunas ayudas a que no se superen unos determinados rendimientos, así como controlar el destino de las producciones".
Exactamente el Decreto en su artículo 41 hace referencia a que el Ministerio, oído el Consejo Español de Vitivinicultura (nuevo órgano creado por la Ley de la Viña y el Vino) y previa deliberación de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá establecer límites de los rendimientos agronómicos del viñedo (expresados en hectolitros por hectárea) para el acceso de los productores a ayudas como las que se conceden a la reestructuración y reconversión del viñedo, las ayudas al almacenamiento privado de vinos y mostos y las dirigidas a la destilación según la OCM del Mercado del Sector Vitivinícola en la Unión Europea. De tal manera que de ser superados supondrían de sanción la retirada de esas ayudas públicas a los productores causantes.
Los rendimientos medios que dicho Real Decreto refleja como procedentes de las últimas campañas registradas en las cinco provincias castellano-manchegas y que en el sector en Castilla-La Mancha se quieren ver como referencia para que la Administración Central los tenga en cuenta como rendimientos máximos en próximas campañas son concretamente 27 hectolitros por hectárea a Albacete, 29 a Ciudad Real, 30 a Cuenca y 31 a Guadalajara y Toledo.
Unos rendimientos éstos que en caso de decretarse como máximos en los próximos años no han sido ni serán aceptados, en general, por los distintos agentes del sector en la comunidad autónoma, ya que limitan de manera ostensible el crecimiento del potencial vinícola de una de las mayores regiones productoras de vino de toda Europa (con 600.000 hectáreas de superficie de cultivo) y no establecen compensaciones a los agricultores y productores que no los sobrepasen.
Los rendimientos de 30 hectolitros/hectárea se explican en la viñas de secano podadas en vaso, pero las modernas viñas en espaldera con riego por goteo -la mayoría, paradójicamente, subvencionadas por la UE- pueden producir uva de gran calidad con rendimientos de 40 o 50 hectolitros/hectárea; en ciertos casos, más.
Ha sido el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha en una de sus reuniones la entidad de la comunidad que ha ido más lejos en esta actitud beligerante y de rebeldía contra la normativa ministerial, requiriendo drásticamente al propio Gobierno central la derogación de los artículos del Decreto alusivos a los límites en los rendimientos, por considerar que lesionan las competencias autonómicas y que deberían haberse regulado al amparo de una norma con rango de ley.
Pero el requerimiento de incompetencia cayó en saco roto, al desestimarlo como infundado el Consejo de Ministros en su última reunión de junio pasado, arrogándose dicho órgano la competencia exclusiva en esta materia relacionada con las líneas de ayudas comunitarias y respondiendo, en resumidas cuentas, que no piensa modificar su normativa. Ello ha hecho que el Ejecutivo castellano-manchego esté estudiando ya la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, en relación a esta demanda suya considerada como "un deber de justicia con un sector que está haciendo el máximo esfuerzo de modernización que se ha hecho históricamente", en palabras de un portavoz de la Junta.
El propio consejero de Agricultura de la Junta, Alejandro Alonso, declaró en su día que esta nueva norma restrictiva "injusta y torpe, va exclusivamente en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", ya que podría "cercenar" la modernización iniciada y las posibilidades de crecimiento productivo experimentado por el sector vitivinícola en esta región, que es la que "está experimentando en el país", dijo, "un mayor crecimiento en la producción de más y mejor vino de calidad".
El mismo Alonso calificó de "suicida" dicha normativa, por cuanto España, según él, "tendría los rendimientos medios más bajos de la Unión Europea y a regiones como Castilla-La Mancha le será imposible converger en rendimientos con el resto de los países productores comunitarios". Lo que traducido en cifras equivadría en esta comunidad a una producción total de 18 millones de hectolitros, mientras que grandes países cultivadores como Francia o Italia tienen actualmente unas producciones de 60,3 y 58,1 millones de hectolitros de vino, respectivamente.
Alonso ha argumentado también al respecto que a pesar de que el mercado del vino en la UE está saturado, lo que no puede hacer el Gobierno Central "es poner en marcha una norma unilateral que va en contra de España y especialmente de Castilla-La Mancha para tener un gesto de buena voluntad con una Europa en la que el resto de países no ha tomado ninguna medida reguladora del mercado y sobre todo hacerlo en un momento en que aquí estamos llevando a cabo una modernización y reconversión del sector para mejorar la calidad del vino, introduciendo las mejores variedades de vid en la mejor tierra".
La reconversión no sería posible, prosigue el consejero, "si se limitan los rendimientos de mosto por hectárea a los 30 hectolitros de media que se producen actualmente en la región y que son los máximos que va a permitir a partir de ahora el Gobierno de España". Rendimientos que contrastan, en su opinión, con los que actualmente tienen países como Luxemburgo (187 por hectárea), Alemania (122), Italia (76), Francia (65), o Grecia (50 hectolitros).
La postura de la Junta ha venido a coincidir en líneas generales con la defendida por organismos reguladores, organizacines agrarias, cooperativas e industriales del sector en toda la región, consultados algunos de ellos por elmundovino.com sobre el particular. Tal es el caso del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), que a través de su portavoz, Antonio Molina, ha criticado las prerrogativas que el decreto en cuestión otorga al ministro de Agricultura a fin de "impedir una producción elevada sin limitar en ningún caso la incidencia de otras zonas y regiones, españolas y extranjeras, que provocarán en nuestra comunidad bajas producciones y a la vez bajos precios, con lo que el sector se resentirá gravemente".
Molina, que apoya decididamente el posible rercurso judicial que la Junta se verá abocada a interponer a no tardar mucho, ha condicionado una futurible limitación de rendimientos al hecho de hacerlo de manera coherente, "sin que ello perjudique", ha dicho el portavoz del IVICAM, "a regiones determinadas y en todo caso regulando la competencia desleal de países que pudieran aprovecharse de ello".
La sectorial vitivinícola de la organizacion agraria ASAJA ha lamentado que una medida tan importante y tan polémica como la de la limitación en los rendimientos "no haya sido debatida con el sector", además de perjudicar "el buen desarrollo de los planes de reestructuración del viñedo castellano-manchego, a través de los cuales se han reconvertido ya más de 70.000 hectáreas de viñas".
Antes de procederse a una medida de control tan drástica, según esta organización agraria que apoya la interposición de un recurso anticonstitucional contra el Real Decreto, "se debería haber controlado y detectado todo el viñedo ilegal que existe en España y evitar que su producción llegue al mercado y de esta forma conseguir que se discrimine al viticultor que ha cumplido la ley".
Desde la Unión de Cooperativas de Castilla-La Mancha (UCAMAN), los comentarios sobre el particular no pueden ser más explícitos. Según su director gerente, José Luis Rojas, las políticas del MAPA "deberían ir dirigidas a potenciar líneas de apoyo en pro de la calidad y del consumo moderado de vino y no a recortar rendimientos en zonas donde sabemos que la viabilidad económica y social de muchos pueblos depende del cultivo de la vid".
Por su parte el portavoz sectorial del vino de UCAMAN, Ángel Villafranca, tampoco se ha andado con rodeos al declarar que la limitación de rendimientos del Decreto de Medidas Urgentes del MAPA "es absolutamente ineficaz, discriminatoria y limita en gran medida la competitividad de la vitivinicultura española frente al resto de países productores europeos y de manera especial es claramente perjudicial para Castilla-La Mancha, ya que va contra el vino de mesa y nuestra región es la primera productora a nivel nacional". A su juicio la limitación en los rendimientos vitivinícolas no va a solucionar el actual problema de excedentes "ni mucho menos va a subir la renta de los viticultores, como se pretende, sino que, por el contrario, va a posicionarnos claramente en desventaja frente al resto de productores europeos, dado que lo único que limita es el acceso a la ayudas de la UE para los que superen un rendimiento concreto y eso lo que añade es más incertidumbre a la gestión de nuestras empresas".
Villafranca, que vería bien cualquier medida que impida la aplicación de esos puntos del controvertido Decreto, incluída la vía del recurso judicial, ha indicado asimismo que al establecerse esos rendimientos determinados, el espacio que consecuentemente dejaría el vino castellano-manchego en un mercado cada vez más global "sería ocupado por productores de otros países europeos o países terceros, que tienen métodos de cultivo y formas de elaborar no sujetos a una reglamentación tan estricta como la de la Unión Europea".
La Mancha, perjudicada
Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, el de mayor capacidad de la comunidad autónoma, su presidente, Gregorio Martín-Zarco ha señalado a elmundovino.com que la citada normativa no beneficia en absoluto a esta zona productiva manchega, ya que parece estar hecha a medida para controlar "sólo a La Mancha, limitándole su capacidad de producción y su capacidad para competir, coartando por tanto nuestro desarrollo, mientras que a los demás se les deja que puedan tener una producción libre".
No obstante, Martín Zarco -partidario asimismo de recurrir el Decreto de confirmarse que "es restrictivo sobre todo para Castilla-La Mancha"- ha afirmado que desde la Denominación de Origen La Mancha se puede entender que haya "un orden y un límite de producción adecuados" para el viñedo y "no dejar un mercado completamente abierto", ya que esto conduciría a una situación de enormes excedentes "que sería caótica para el sector". Pero a renglón seguido ha matizado que estos controles y límites no sólo deberían aplicarse a la zona manchega, "sino también a todas las regiones productoras españolas y europeas".
De parecer muy similar es también el presidente del Consejo Regulador de la DO Valdepeñas, Ramón Hidalgo, para quien el decreto incide "de manera muy negativa en el desarrollo de nuestra viticultura", comenzando por el simple hecho de que desde la Administración Central "se ha decretado unas medidas a tomar sin realizar consultas con los más afectados por ellas". Lo que ya de por sí justifica, según él, la interposición de un recurso que sirviera para conseguir que "las limitaciones a la producción sean consensuadas por el MAPA con las distintas administraciones autonómicas".
Para Hidalgo la limitación de rendimientos era necesaria, pero no tal cual se ha planteado. Y era necesaria porque la reconversión subvencionada que está experimentando el viñedo nacional en los últimos tiempos "no puede llevar aparejada un aumento de producción que en ciertos términos se está dando ya". Y con la puesta en el mercado de altas producciones, ya se sabe, "se pone en peligro la comercialización de nuestros vinos".
De otro lado, el industrial Alfonso Monsalve, directivo de la empresa Vinícola de Castilla, de Manzanares (Ciudad Real), ha indicado a este medio que en la práctica el Real Decreto "parece que tiene difícil aplicación por parte de la comunidad autónoma", aunque no obstante piensa que a Castilla-La Mancha, además de ser una de las regiones más limitadas en rendimientos, le perjudica la norma "en tanto que no necesariamente la cantidad es inversamente proporcional a la calidad".
Monsalve se ha declarado partidario de no limitar los rendimientos, ya que la penalización "constituye el no acceso a las ayudas comunitarias". Aunque ello no quita, en su opinión, que el objetivo esencial de la viticultura haya de ser la calidad y no la cantidad. "Como tampoco debe producirse", en su opinión, "con criterios de destilación exclusivamente, si así ocurriera en algún momento".
Críticas aparte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está más que convencido de las bondades que persigue la nueva normativa aprobada. Sentada, pues, esta premisa apriorística y aplicando una lógica deducción, un portavoz ministerial ha declarado que al representar Castilla-La Mancha el 50% del viñedo español y tener en consecuencia un gran peso en la producción de vino, estas medidas "pueden tener efectos muy beneficiosos en la rentabilidad de las explotaciones".
Dicho portavoz, que no ha querido identificarse, ha justificado las medidas limitativas de rendimientos vitivinícolas en el objetivo de proteger la calidad del vino a elaborar, en adecuar la oferta a la demanda actual y en dos hechos, según él, más que probados: En primer lugar, que se ha demostrado en algunas campañas que cuando se superan determinados niveles de producción "los ingresos de los viticultores son menores que cuando la producción no es tan alta" y en el dato irrebatible de que la gran cosecha de uva obtenida en el año 2000 por unas condiciones climatológicas muy favorables "ha condicionado el desarrollo del mercado en las tres campañas siguientes, provocando una situación no deseable para los productores".
Esta medida limitativa, según esta fuente, no será sólo exclusiva de España, ya que otro estado miembro de la UE, como es Francia, gran productor de vino, "ha establecido hace meses una medida semejante". Y asimismo va unida (la medida) a una eliminación del viñedo ilegal plantado sin tener en cuenta la reglamentación comunitaria y a un reforzamiento del control de las producciones mediante declaraciones adicionales que ayuden a clarificar el mercado, "estimulando así al viticultor profesional que busca la calidad en lugar de la cantidad".
El PP manchego, a favor
A lo que hay que añadir y recordar, según el portavoz oficial ministerial, que el Real Decreto no establece límites concretos de rendimientos, sino que más bien faculta al MAPA a poder establecer dichos límites de los rendimientos agronómicos del viñedo para acceder a determinadas ayudas de la OCM europea. Y de parecer muy similar a esta fuente es el portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha en materia agraria, Domingo Triguero, para quien el Decreto "es oportuno y necesario, ya que viene a poner orden en el desorden y a adaptar la producción a la comercialización".
Triguero ha arremetido contra la política vitivinícola de la Junta en los últimos años, acusándola de haber permitido una "gran cantidad de viñedos ilegales", que de alguna forma "deben ser controlados para corregir los agravios comparativos entre legales e ilegales y los excedentes que siempre perjudican a todo el sector". Y otro tanto de lo mismo, según él, ha ocurrido con la reestructuración de viñedos que se viene llevando a cabo últimamente en la región, a raíz de la aprobación de la Agenda 2000 en la UE. Una reestructuración que, en su opinión, especifica claramente que se financia el 100% del coste para cambiar la variedad de uva, adaptarla al consumo y conseguir mejor calidad.
"Sin embargo en Castilla-La Mancha", afirma Triguero, "se ha optado por conseguir más cantidad, abandonando el espíritu de la OCM, que antepone la calidad a aquélla". Y se ha preferido producir "a diestro y siniestro", según sus propias palabras, "sin tener en cuenta la calidad y el destino que vaya a llevar la producción, lo que sólo traerá consigo la ruina y la pobreza de todo el sector en su conjunto y de los pueblos donde se encuentran ubicados los viñedos".
Triguero ha defendido la posición ministerial en el asunto de los rendimientos, asegurando que lo que contempla realmente el Real Decreto son las producciones de uva que cada zona y cada comunidad autónoma venían produciendo a lo largo de la última década. Luego, no tiene sentido recurrir judicialmente -como pretende la Junta- estos rendimientos del sector que son totalmente ciertos. "¿Por qué no recurren, por ejemplo", se preguntaba el dirigente popular, "los rendimientos de los cereales, que también se han decretado?".
No obstante, el portavoz agrario del PP regional paradójicamente se ha mostrado partidario de ir aumentando los rendimientos vitivinícolas "sin abandonar la calidad y en función de lo que seamos capaces de mejorar los canales de comercialización".
Fecha de publicación: 07.07.2003

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 41
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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