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Sentencia A.P. Salamanca 408/2010 de 2 de noviembre. Aseguradoras. Responsabilidad. Reclamación de cantidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Salamanca 408/2010 de 2 de noviembre
Entidades aseguradoras: Responsabilidad del pago de indemnización por accidente. Acción de reclamación de cantidad: No prescripción. El plazo prescriptivo se computa a partir del conocimiento por el interesado, de modo definitivo, del quebranto padecido, que en el presente caso no tuvo lugar hasta la finalización de la última baja médica.
SENTENCIA: 00408/2010
SENTENCIA NÚMERO 408/10
D. MANUEL MORAN GONZALEZ
En la ciudad de Salamanca a dos de Noviembre de dos mil diez.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO ORDINARIO N.º 14/09 del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Salamanca, Rollo de Sala n.º 185/10; han sido partes en este recurso: como demandantes-apelantes-apelados D. Juan Francisco y D.ª Eva María, representados por la Procuradora D.ª Susana O. Anitua Roldán y bajo la dirección de la Letrada D.ª Belén García Muriel y como demandada-apelante- apelada MAPFRE AUTOMOVILES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador D. Angel Martín Santiago y bajo la dirección de la Letrada D.ª Ana M.ª Vasallo Merchán, habiendo versado sobre Reclamación de cantidad.
1.º- El día 23 de Noviembre de 2.009 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada a instancia de Juan Francisco y Eva María representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Anítua Roldán y asistidos por la Letrada García Muriel contra la entidad Mapfre Automóviles representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Santiago y asistidos por la Letrada Sra. Vasallo Merchán condenando a la demandada al pago de 4.433,51 euros más los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda asimismo, siendo parcial la estimación de la demanda cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
2.º- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandante concediéndole el plazo establecido en la Ley para interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien después de hacer las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, terminó suplicando se dicte sentencia de conformidad con lo solicitado en el suplico de su escrito de apelación.
Asimismo se interpuso recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandada, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus intereses, para terminar suplicando se dicte resolución por la que estime íntegramente el Recurso de Apelación planteado, revocando parcialmente la Sentencia de 23/11/2009 (Sentencia N.º 234/2009), por otra que condene en costas a D. Juan Francisco, con el resto de pronunciamientos inherentes a Derecho.
Dado traslado a cada una de las partes de la interposición de sus respectivos recursos, por la representación jurídica de la parte demandada Mapfre Automóviles, S.A. se opuso al recurso de apelación interpuesto por la parte contraria, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus intereses, para terminar suplicando se dicte resolución por la que desestime íntegramente el Recurso de Apelación planteado confirmando la Sentencia de 23 de noviembre de 2.009 (Sentencia N.º 234/2009) respecto a este Recurso, con imposición de costas en la forma preceptiva.
Y por la representación jurídica de la parte demandante D. Juan Francisco y D.ª Eva María, se opuso al recurso de apelación interpuesto por la parte contraria, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus intereses, para terminar suplicando se dicte Sentencia, por la que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada-apelante, dicte sentencia confirmatoria de la dictada en Instancia, en lo que al objeto de la presente oposición al recurso se refiere, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente, decretando lo demás que sea procedente en derecho.
3.º- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día 8 de Octubre de 2.010 pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.
Primero.-Contra la sentencia de primera instancia que estimo parcialmente la demanda que dio origen al presente juicio, se interpusieron sendos recursos de apelación tanto por la parte demandante, como por la parte demandada.
La parte demandante fundamentó su recurso en el error de derecho, por infracción de los artículos 1968.2, 1973, 1902 y 1101 CC, al entender que la acción ejercida por el demandante don Juan Francisco, no está prescrita; y asimismo alegó el error de hecho, por infracción de las reglas sobre valoración de la prueba por entender que las lesiones y daños reclamados por ambos demandantes deben ser considerados plenamente acreditados y estimados de forma total.
Segundo.-Por lo que se refiere a la prescripción hemos de indicar que la regla general, aplicable al presente caso, por no haber disposición especial que otra cosa determine, para el cómputo del plazo de prescripción es la contenida en el artículo 1968.2.º y 1969 CC, regla según la cual, el tiempo para la prescripción de esta clase de acciones se contará desde el día que lo supo el agraviado y pudieran ejercitarse. Como señala el profesor Díez Picazo, en sus comentarios al artículo 1969 CC publicado por el Ministerio de Justicia, la cuestión de la determinación del momento inicial del cómputo de la prescripción es un viejo tema debatido de antiguo por la doctrina. Partiendo de la idea de que lo que prescriben son las acciones, los antiguos autores formularon la llamada doctrina de la " actio nata". De acuerdo con ella, para que pueda comenzar a contarse el tiempo de prescripción, la acción debe de haber nacido. A la inversa, se dice que la acción todavía no nacida no prescribe. El problema radica, pues, en averiguar cuándo se puede decir que la acción ha nacido. Para contestar a este interrogante, los autores formularon dos básicas teorías: a) para qué la prescripción pueda comenzar a contarse es necesario que el derecho subjetivo haya sido lesionado por obra de un tercero, por qué es la lesión del derecho lo que determina el nacimiento de la acción para defenderlo y, por tanto, el comienzo de la prescripción (teoría de la lesión). b) Partiendo de la observación de que algunos derechos subjetivos comienzan a prescribir sin necesidad de acto positivo de lesión (por ejemplo, los derechos de crédito, que, una vez vencidos, comienzan a prescribir con la mera inejecución por el deudor de la prescripción debida), se señaló que para que la prescripción comience es menester simplemente la insatisfacción del derecho (teoría de la insatisfacción o de la pretensión insatisfecha). Se ha observado que las dos teorías no son incompatibles, pues contemplan tipos diversos de derechos. Así, se dice que mientras la teoría de la lesión piensa fundamentalmente en los derechos reales, la de insatisfacción es aplicable a los derechos de crédito. Mas este punto de vista no resuelve todas las cuestiones, pues hay derechos de crédito que para ser violados requieren una lesión positiva (por ejemplo, el derecho del acreedor a un "non facere" del deudor) y derechos reales que quedan violados a partir de la misma insatisfacción (por ejemplo, el derecho real de hipotecas). En rigor, insatisfacción y lesión son dos formas de violación del derecho subjetivo que no se corresponden netamente con la naturaleza de cada uno de ellos. Por eso puede decirse que el derecho comienza a prescribir desde que es violado, pues en ese momento puede y tiene que ejercitarse la acción para protegerlo; y que es violado en unos casos cuando un tercero lo lesiona mediante un comportamiento positivo y en otros cuantos queda insatisfecho por un comportamiento omisivo del tercero.
Ahora bien, para el comienzo de la prescripción es preciso asimismo que hayan desaparecido los obstáculos del ejercicio del derecho, establecidos por la ley o por la voluntad de las partes: el cumplimiento del plazo en los derechos aplazados; la realización del evento, en los derechos condicionales y el cumplimiento de las condiciones legales o "condiciones iuris" (cfr. SSTS de 2 de julio de 1963,y 20 de febrero de 1967). Para que la prescripción no comience a contarse es necesario que exista un impedimento legal de la acción, no un impedimento del pago (STS 20-VI-1969). Nuestro código civil ha resuelto la cuestión a través de una regla general que se contiene en el artículo antes citado, acompañado de una serie de reglas especiales. La regla de nuestro código civil presenta un perfil más práctico que teórico y alude simplemente a la posibilidad de ejercicio: desde que pudieran ejercitarse. Lo que significa, según hemos dicho, no sólo un poder, sino también un tener que, para desvanecer cualquier situación de confianza o de silencio. La posibilidad de ejercicio ha de valorarse con carácter objetivo, sin tomar en consideración las circunstancias subjetivas del sujeto del derecho. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, y en atención a lo dispuesto en los arts. 1968.2 y 1969 CC EDL 1889/1, ("desde el día en que pudieron ejercitarse"), cuando se ejercita la acción de responsabilidad civil por lesiones, la jurisprudencia viene declarando que el plazo prescriptivo se computa a partir del conocimiento por el interesado, de modo definitivo, del quebranto padecido, porque ese día, el del conocimiento definitivo de su quebranto, es el momento a partir del cual el perjudicado sabe el daño que se le ha causado y puede por ello ejercitar la acción reparadora del mismo que la ley le concede.(SSTS de 13 febrero 2003 EDJ 2003/2065, 20 septiembre 2006 EDJ 2006/265950, 3 octubre 2006 EDJ 2006/275370 y 3 diciembre 2007 EDJ 2007/222914).
Conocimiento que en el presente caso no tuvo lugar hasta la finalización de la última baja médica. Y ello con independencia de que este segundo período de baja médica pueda o no ser considerado como derivado desde un punto de vista causal del accidente de tráfico objeto de juicio, puesto que tal cuestión atañe al fondo del asunto y debe ser examinada por el tribunal en el juicio correspondiente, una vez que el interesado ejercite la acción que la ley le reconoce. Por lo tanto, en este momento del debate sólo se está diciendo que al amparo de los artículos 1968.2 y 1969 CC el perjudicado señor Juan Francisco tiene derecho a ejercer la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido el 26 de diciembre de 2006, en atención a que el quebranto lesivo padecido por el mismo no adquirió carácter definitivo hasta el final del período de la segunda baja médica, momento desde el cual no ha transcurrido el plazo descriptivo de un año, sin que con esta declaración se haga en modo alguno supuesto de la cuestión y se afirme que ese segundo periodo de baja laboral constituye también un daño derivado del presente accidente, cuestión que se pasará a examinar posteriormente. No sin antes aclarar que de acuerdo con lo dicho el documento 34, unido al folio 50 de los autos, sí que constituye un documento que interrumpe el plazo de prescripción a los efectos del artículo 173 del código civil, en relación con el citado artículo 1969 del mismo cuerpo legal, por cuanto en dicho documento textualmente se dice que el señor Juan Francisco no reclama aún nada porque se encuentra de baja laboral y en tratamiento rehabilitador. Por consiguiente, mediante dicho documento no se renuncia a ninguna reclamación de los daños, sino que tan sólo se dice que esa reclamación se llevará a cabo a partir del momento en que pueda concretarse tal reclamación. De no admitir esta postura, obligaríamos a los perjudicados en estos supuestos a realizar antes de que transcurriese el plazo legal de prescripción una reclamación totalmente genérica, imprecisa e infundada a sus deudores, los cuales ante una reclamación con esas características no podrían nunca elaborar una fundada estrategia de defensa, o, en su caso, aceptar la reclamación efectuada como correcta, con lo que haríamos a las partes acudir a un juicio sin posibilidad de resolver un conflicto que aún no se ha definido ni delimitado desde el punto de vista de los hechos. De ahí que lo conveniente sea fijar, como se ha dicho, el plazo del inicio del cómputo de la prescripción en el momento en que el perjudicado conoce, de manera definitiva, el quebranto padecido.
Sentado lo anterior, procede, pues, entrar en el examen del fondo de la reclamación efectuada por el señor Juan Francisco, el cual reclama nada menos que más de 40.000 € por los daños derivados de un accidente de tráfico -en el que curiosamente, no se olvide, otras dos víctimas, ocupantes del mismo vehículo siniestrado han aceptado la indemnización de sus lesiones por valor de apenas 3000 €-, y en prueba de una tan elevada reclamación se han aportado a los autos tan sólo una serie de documentos hospitalarios y médicos, no acompañados para nada de ningún informe pericial técnico que, tratándose de hechos de esta naturaleza, es a todas luces imprescindible por mandato del artículo 335 LEC, pues el examen de tales documentos exige unos conocimientos técnicos de carácter médico de los que este tribunal por supuesto carece. De manera que como una tal prueba pericial corresponde aportarla a la parte demandante, al amparo del artículo 217 LEC, y no ya sólo porque al tratarse de la colisión entre dos vehículos de motor, no entran en juego los principios sobre inversión de la carga de la prueba en cuanto a la culpa de los intervinientes, sino también y sobre todo porque en los supuestos de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 CC, como el que nos ocupa, corresponde al perjudicado en todo caso acreditar la realidad de los daños, así como la relación causal entre dichos daños y la conducta negligente; como corresponde al perjudicado aportar a los autos dicha prueba pericial médica, decimos, sobre cuya base acreditar que los daños que reclama, y que han sido impugnados por la compañía de seguros demandada por entender que en modo alguno derivan del accidente objeto de juicio, tales daños si que se hallan relacionados desde el punto de vista causal y, por ello, derivan del accidente objeto de juicio, y sin embargo tal prueba no existe, ni se ha aportado a los autos, no cabe sino concluir que procede desestimar la reclamación de dicho demandante en lo que se refiere a que los daños desde la segunda baja médica constituyen daños que en modo alguno derivan del presente accidente, según un examen de acuerdo con las reglas de la sana crítica como manda el artículo 326 LEC de los documentos hospitalarios y médicos aportados por la parte demandante. Y así, en el documento único al folio 15, titulado "parte médico de alta de incapacidad temporal", se añade, "por enfermedad común", indicándose en el recuadro relativo a contingencia: "enfermedad común", sin que se haga, pues, referencia, a ninguna baja por accidente de circulación. Sólo cabe reconocer, pues, como incapacidad temporal derivada del presente accidente, la sufrida hasta la fecha de la primera alta médica, extendiéndose como días de baja no impeditivos aquellos en los que el demandante recibió sesiones de fisioterapia, que comenzó el día 4 de junio del 2007 hasta el 23 de julio del 2007, en total 37 sesiones. Por tanto, se acepta como incapacidad un total de 24 días impeditivos, desde el 27 de diciembre de 2006 al 19 de enero del 2007, más otros 37 días durante los que recibió sesiones de fisioterapia (1176,72 euros, por los 24 días impeditivos, a 49,03 euros día; y 976,8 euros, por los 37 días no impeditivos, a 26,40 euros día). Del resto de los documentos no se desprende nada más que estuvo de baja laboral por enfermedad común y que tenía problemas degenerativos de columna, pero, como se ha dicho, ningún técnico en la materia ha acreditado que ese segundo largo período de baja, ni tampoco que el estado actual de su columna se deba al accidente objeto de juicio, y no a enfermedad común ni a cuestiones degenerativas. En total, pues, se reconoce en favor del demandante Juan Francisco la cantidad de 2153,52 €, cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de la interposición de la demanda, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1089, 1100 y 1108 CC, sin que sean de aplicación los intereses penales del artículo 20 LCS, por cuanto la reclamación del perjudicado ha sido desde un principio absolutamente desmesurada y carente de todo fundamento, lo que desde luego constituye causa justificada para que por parte de la compañía de seguros no se haya efectuado el pago o consignación de ninguna indemnización (cfr. SSTS 14-nov-2002 y 29-nov-2005).
Otro tanto cabe decir de la reclamación llevada a cabo por la otra parte demandante, en la medida en que dicha reclamación, tan importante también desde un punto de vista cuantitativo, carece igualmente de ninguna prueba técnica en autos que acredite la relación causal de los daños que reclama, impugnada por la parte demandada, con respecto al accidente objeto de juicio, sin que de los documentos médicos y hospitalarios que presenta dicha demandante se deduzca tampoco que los daños que reclama proceden del accidente que nos ocupa, pues en tales documentos se habla de lesiones degenerativas, no derivadas de ningún accidente de tráfico. Por todo ello, debe estimarse parcialmente el presente recurso de apelación.
Tercero.-En cuanto al recurso de apelación de la parte demandada, indicar que si bien el mismo se fundamentaba en un error efectivamente cometido en la sentencia impugnada, puesto que en ella se olvida que siempre que hay dos demandantes se produce un supuesto de acumulación subjetiva de acciones, regulada en los artículos 71 y siguientes LEC, que aún cuando se tramiten en un mismo proceso, serán resueltas de manera independiente cada una de ellas, y por ello, pese a desestimarse en dicha sentencia íntegramente la demanda de uno de los demandantes, estimándose parcialmente la demanda del otro demandante, sin embargo, no se impusieron las costas a ninguna de las partes, cuando debió aplicarse respecto al primero de los demandantes el criterio del vencimiento del objetivo del artículo 394.1 LEC, imponiéndole las costas; si bien ello es así, decimos, lo cierto es que dicho error en la presente instancia carece de efecto alguno en lo que respecta a la modificación de la sentencia impugnada, ya que tras examinar el recurso interpuesto por la parte demandante, se ha llegado a la conclusión de que debe ser estimado en parte, en lo que se refiere a la pretensión ejercida por el demandante señor Juan Francisco, que se estima parcialmente, por lo que no cabe respecto del mismo tampoco la imposición de costas, conforme al artículo 394.2 LEC, lo que significa que el recurso de la parte demandada, aun cuando tenga razón, no puede ser estimado.
Cuarto.-Por aplicación del artículo 398.2 LEC, no se hace imposición de las costas del recurso interpuesto por la parte demandante, al haber sido estimado parcialmente.
En cuanto al recurso interpuesto por la parte demandada, por aplicación del artículo 398.1, en relación con el artículo 394.1 LEC, no se hace imposición de las costas a ninguna de las partes, puesto que si bien la sentencia impugnada no se ha visto modificada, sin embargo en la misma se contenía el error denunciado en su recurso por la parte demandada apelante, de manera que aún cuando no se estime el recurso de dicha parte en lo que se refiere a la modificación de la sentencia impugnada, si que se estima el mismo en lo que respecta a su argumentación jurídica, lo que determina que sea justo en este caso no hacer imposición de las costas de esta alzada
Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los demandantes D. Juan Francisco y D.ª Eva María, representados por la Procuradora D.ª Susana O. Anítua Roldán, y desestimando el recurso de apelación interpuesto por la demandada MAPFRE AUTOMOVILES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador D. Angel Martín Santiago, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia N.º 1 de Salamanca con fecha 23 de Noviembre de 2.009 en el procedimiento de que este Rollo dimana, revocamos la misma, y en su lugar estimamos parcialmente la demanda interpuesta por D. Juan Francisco y D.ª Eva María, contra MAPFRE AUTOMOVILES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, condenando a dicha demandada a que abone al demandante D. Juan Francisco la cantidad de 2.153,52 €, y a la demandante D.ª Eva María, la cantidad de 4.433,51 €, más los intereses legales de dichas cantidades desde la fecha de la interposición de la demanda, sin hacer imposición de las costas de la primera instancia ni de las de esta alzada a ninguna de las partes.
Devuélvase a la parte demandante-apelante el depósito constituido, y dese al depósito constituido por la parte demandada-apelante el destino legalmente establecido.
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1968
 artículo 1969
 artículo 173
 artículo 1969
 artículo 335
 artículo 217
 artículo 1902
 artículo 326
 artículo 20
 artículo 394
 artículo 394
 artículo 398
 artículo 398
 artículo 394