Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir240306-je.p1t2.html
Timestamp: 2020-08-07 19:05:46+00:00

Document:
Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000; Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria y Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE. TÍTULO II. La dimensión política
Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000; Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria y Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE
Vigencia desde 01 de Abril de 2003. Revisión vigente desde 31 de Octubre de 2010
1. Las Partes mantendrán, con carácter periódico, un diálogo político global, equilibrado y profundo que conduzca a compromisos mutuos.
2. Este diálogo tendrá el objetivo de intercambiar información, fomentar la comprensión mutua y facilitar la definición de prioridades y principios comunes, en particular reconociendo los vínculos existentes entre los distintos aspectos de las relaciones establecidas entre las Partes contratantes y los distintos ámbitos de la cooperación previstos por el presente Acuerdo. El diálogo deberá facilitar las consultas y reforzar la cooperación entre las Partes en los foros internacionales, así como fomentar y apoyar un sistema de multilateralismo efectivo. El diálogo tendrá también el objetivo de prevenir las situaciones en las que una Parte pudiera juzgar necesario recurrir a los procedimientos de consulta referidos en los artículos 96 y 97.
3. El diálogo se referirá al conjunto de los objetivos y finalidades definidos por el Acuerdo así como a todas las cuestiones de interés común, general o regional, incluidas cuestiones relativas a la integración regional y continental. Mediante el diálogo, las Partes contribuirán a la paz, a la seguridad y a la estabilidad, y a promover un clima político estable y democrático. El diálogo englobará las estrategias de cooperación, incluida la agenda para la eficacia de la ayuda y las políticas generales y sectoriales, incluidos el medio ambiente, el cambio climático, los aspectos relativos al género, las migraciones y las cuestiones vinculadas al patrimonio cultural. Asimismo, abordará políticas generales y sectoriales de ambas Partes que puedan afectar a la consecución de los objetivos de la cooperación al desarrollo.
4. El diálogo se concentrará, entre otros aspectos, en temas políticos específicos que presenten un interés común o general en relación con los objetivos enunciados en el Acuerdo, en particular, en ámbitos como el comercio de armamento, gastos militares excesivos, la droga, la delincuencia organizada, o el trabajo infantil, o la discriminación por cualquier motivo, como racial, color de la piel, de género, lingüístico, religioso, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, por propiedad, nacimiento u otro estátus. El diálogo incluirá también una evaluación periódica de la situación relativa al respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos.
5. Las políticas generales destinadas a promover la paz así como a prevenir, administrar y solucionar los conflictos violentos ocuparán un lugar importante en el diálogo, al igual que la necesidad de tener en cuenta plenamente el objetivo de la paz y la estabilidad democrática en la definición de los ámbitos prioritarios de la cooperación. El diálogo en este contexto incorporará plenamente a las organizaciones regionales ACP pertinentes y a la Unión Africana, cuando proceda.
6. El diálogo se llevará a cabo con toda la flexibilidad requerida. Según las necesidades, podrá ser formal o informal y desarrollarse en el marco institucional o fuera del mismo. El diálogo adoptará la forma más conveniente y se organizará en el nivel más oportuno, ya sea nacional, regional, continental o de todos los Estados ACP.
7. Las organizaciones regionales y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil estarán asociados a este diálogo, así como los parlamentos nacionales ACP, cuando proceda.
8. Cuando proceda, y con objeto de evitar situaciones en las que una Parte pueda considerar necesario recurrir al procedimiento de consulta establecido en el artículo 96, el diálogo que verse sobre los elementos esenciales deberá ser sistemático y se deberá oficializar de conformidad con las disposiciones establecidas en el anexo VII.
LE0000493688_20170401 Artículo 8 redactado por el número 5 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
ARTÍCULO 9 Elementos esenciales en materia de derechos humanos, principios democráticos y el Estado de Derecho y elemento fundamental en materia de buena gobernanza
1. La cooperación irá encaminada a conseguir un desarrollo sostenible centrado en el ser humano, principal protagonista y beneficiario del desarrollo, y postula el respeto y la defensa del conjunto de los derechos humanos.
El respeto del conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluido el respeto de los derechos sociales fundamentales, la democracia basada en el Estado de Derecho y una gestión transparente y responsable de los asuntos públicos forman parte integrante del desarrollo sostenible.
2. Las Partes se remiten a sus obligaciones y a sus compromisos internacionales en lo referente al respeto de los derechos humanos. Reiteran su profundo compromiso en pro de la dignidad humana y de los derechos humanos, que constituyen aspiraciones legítimas de los individuos y los pueblos. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Las Partes se comprometen a promover y proteger todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos, ya se trate de derechos civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. En este contexto, las Partes reafirman la igualdad entre hombres y mujeres.
Las Partes reafirman que la democratización, el desarrollo y la protección de las libertades fundamentales y derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Los principios democráticos son principios universalmente reconocidos en los que se basa la organización del Estado para garantizar la legitimidad de su autoridad, la legalidad de sus acciones, que se refleja en su sistema constitucional, legislativo y reglamentario, y la existencia de mecanismos de participación. Sobre la base de principios universalmente reconocidos, cada país desarrolla su cultura democrática.
El Estado de Derecho inspira la estructura del Estado y las competencias de los distintos poderes e implicará, en particular, la existencia de medios efectivos y accesibles de recurso legal, un sistema judicial independiente que garantice la igualdad ante la Ley y un ejecutivo que se someta plenamente a la legalidad.
El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en que se fundamenta la asociación ACP-UE, inspirará las políticas internas e internacionales de las Partes y constituirá un elemento esencial del presente Acuerdo.
3. En el marco de un entorno político e institucional respetuoso de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, la buena gestión de los asuntos públicos se define como la gestión transparente y responsable de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros para conseguir un desarrollo equitativo y duradero. Implica procedimientos de toma de decisión claros por parte de las autoridades públicas, unas instituciones transparentes y responsables, la primacía del Derecho en la gestión y la distribución de los recursos, y el refuerzo de las capacidades de elaboración y aplicación de medidas destinadas, en particular, a prevenir y luchar contra la corrupción.
La buena gestión de los asuntos públicos, que fundamenta la asociación ACP-UE, inspirará las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento fundamental del presente Acuerdo. Las Partes convienen en que solamente los casos graves de corrupción, incluidos los sobornos que generen tal corrupción, mencionados en el artículo 97, constituyen una violación de este elemento. LE0000493688_20170401 Párrafo segundo del número 3 del artículo 9 redactado por el número 6 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
4. La asociación apoyará activamente la defensa de los derechos humanos, los procesos de democratización, la consolidación del Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos.
Estos ámbitos constituirán un elemento importante del diálogo político. En el marco de este diálogo, las Partes prestarán una importancia particular a la evolución de la situación y al carácter continuo de los progresos efectuados. Esta evaluación periódica tendrá en cuenta la situación económica, social, cultural e histórica de cada país.
Estos ámbitos serán objeto de una atención especial en el apoyo a las estrategias de desarrollo. La Comunidad prestará su apoyo a las reformas políticas, institucionales y jurídicas, y al refuerzo de las capacidades de los protagonistas públicos, privados y de la sociedad civil, en el marco de las estrategias que se deciden de común acuerdo entre el Estado en cuestión y la Comunidad.
Los principios sobre los que reposan los elementos esenciales y fundamentales definidos en el presente artículo se aplicarán igualmente a los Estados ACP, por una parte, y a la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra. LE0000493688_20170401 Párrafo final del número 4 del artículo 9 introducido por el número 6 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
LE0000444683_20080701 Rúbrica del artículo 9 redactada por el número 3 de la letra B del artículo único del Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 («B.O.E.» 15 febrero 2011).Vigencia: 1 julio 2008
1. Las Partes consideran que los elementos siguientes contribuyen al mantenimiento y a la consolidación de un entorno político estable y democrático:
Un desarrollo sostenible y equitativo, que implique, en particular, el acceso a los recursos productivos, a los servicios esenciales y a la justicia;
Una mayor participación de los parlamentos nacionales ACP, las autoridades locales descentralizadas, cuando proceda, y de una sociedad civil activa y organizada y del sector privado. LE0000493688_20170401 Segundo guión del número 1 del artículo 10 redactado por la letra a) del número 7 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
2. Las Partes reconocen que los principios de la economía social de mercado, basados en unas normas de competencia transparentes y en políticas sanas en materia económica y social, contribuyen a la realización de los objetivos de la asociación.
LE0000493688_20170401 La expresión «economía social de mercado», contenida en el presente apartado, ha sido introducida en sustitución de la anterior expresion «economía social de mercado» conforme establece la letra b) del número 7 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
Artículo 11 Políticas en favor de la paz, prevención y resolución de los conflictos, respuesta a situaciones de fragilidad
1. Las Partes reconocen que, sin desarrollo ni reducción de la pobreza, no habrá paz y seguridad sostenibles, y sin paz ni seguridad no puede haber desarrollo sostenible. Las Partes ejercerán una política activa, global e integrada de consolidación de la paz y prevención y solución de los conflictos, así como de seguridad humana, y abordarán situaciones de fragilidad en el marco de la asociación. Tal política se basará en el principio de la apropiación y se concentrará, en particular, en el desarrollo de la capacidad nacional, regional y continental, y en la prevención de los conflictos violentos en una fase temprana actuando directamente sobre sus causas profundas, incluida la pobreza, y combinando adecuadamente todos los instrumentos disponibles.
Las Partes reconocen que han de abordarse amenazas a la seguridad nuevas o crecientes, tales como la delincuencia organizada, la piratería y el tráfico de, principalmente, personas, drogas y armas. También han de tenerse en cuenta las repercusiones de retos mundiales tales como los choques de los mercados financieros internacionales, el cambio climático y las pandemias.
Las Partes insisten en la importancia del papel de las organizaciones regionales en la consolidación de la paz y la prevención y solución de conflictos, así como en la gestión de amenazas a la seguridad nuevas o crecientes en África, responsabilidad clave de la Unión Africana.
2. La interdependencia entre seguridad y desarrollo inspirará las actividades en el ámbito de la consolidación de la paz y la prevención y solución de conflictos, las cuales combinarán enfoques a corto y a largo plazo que sean simultáneos y vayan más allá de la mera gestión de la crisis. Las actividades para abordar las amenazas a la seguridad nuevas o crecientes incluirán, entre otras, el apoyo a la aplicación de la ley, incluida la cooperación en los controles fronterizos, la potenciación de la seguridad de la cadena internacional de suministros y la mejora de las salvaguardias del transporte aéreo, marítimo y por carretera.
Las actividades en el ámbito de la consolidación de la paz y de la prevención y la solución de los conflictos consistirán, en particular, en apoyar un equilibrio de las oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales ofrecidas a todos los segmentos de la sociedad, reforzar la legitimidad democrática y la eficacia de la gestión de los asuntos públicos, establecer mecanismos eficaces de conciliación pacífica de los intereses de los distintos grupos, velar por la participación activa de las mujeres, colmar las divisiones entre los distintos segmentos de la sociedad y fomentar una sociedad civil activa y organizada. A este respecto, ha de prestarse especial atención a la creación de sistemas de alerta rápida y mecanismos de consolidación de la paz que contribuyan a la prevención de conflictos.
3. Estas actividades incluirán también, entre otros, un apoyo a los esfuerzos de mediación, negociación y reconciliación, a la gestión regional eficaz de los recursos naturales comunes y escasos, a la desmovilización y reinserción social de los antiguos combatientes, a los esfuerzos para paliar los problemas de los soldados infantiles y de la violencia contra las mujeres y los niños. Se tomarán las medidas pertinentes destinadas a limitar a un nivel adecuado los gastos militares y el comercio de armamento, incluso mediante un apoyo a la promoción y a la aplicación de normas y códigos de conducta acordados, así como a combatir las actividades que alimentan los conflictos.
3.bis. Se prestará una atención especial a la lucha contra las minas terrestres antipersonas y los residuos bélicos explosivos, así como a la fabricación, transferencia, circulación y acumulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras y su munición, incluidas las existencias y reservas objeto de una seguridad inadecuada e incorrectamente gestionadas, y su proliferación incontrolada.
Las Partes acuerdan coordinar, observar y aplicar en su totalidad sus obligaciones respectivas al amparo de todos los convenios e instrumentos internacionales pertinentes y, con este fin, se comprometen a cooperar a nivel nacional, regional y continental.
3.ter. Asimismo, las Partes se comprometen a cooperar para prevenir las actividades mercenarias de conformidad con sus obligaciones en virtud de todos los convenios e instrumentos internacionales pertinentes y de sus respectivas legislaciones y normativas.
4. Con objeto de abordar las situaciones de fragilidad de manera estratégica y efectiva, las Partes compartirán información y facilitarán respuestas preventivas que combinen herramientas diplomáticas, de seguridad y de cooperación al desarrollo de manera coherente. Acordarán la mejor forma de reforzar las capacidades de los Estados para desempeñar sus funciones básicas y estimular la voluntad política de reforma, respetando al mismo tiempo el principio de apropiación. En situaciones de fragilidad, es especialmente importante el diálogo político y se intensificará su desarrollo y refuerzo.
5. En las situaciones de conflicto violento, las Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir la intensificación de la violencia, limitar su propagación y facilitar una solución pacífica de los desacuerdos existentes. Se dedicará un esfuerzo especial a garantizar que los recursos financieros de la cooperación se utilicen de acuerdo con los principios y los objetivos de la asociación y a impedir el desvío de los fondos para fines bélicos.
6. En las situaciones postconflicto, las Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para estabilizar la situación durante la transición con objeto de facilitar el retorno a una situación de no violencia, estabilidad y democracia. Garantizarán los vínculos necesarios entre las medidas urgentes, la rehabilitación y la cooperación al desarrollo.
7. En el fomento de la consolidación de la paz y la justicia internacional, las Partes reafirman su determinación para:
– compartir experiencias sobre la adopción de las adaptaciones jurídicas necesarias para permitir la ratificación y la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y
– luchar contra la delincuencia internacional de conformidad con la legislación internacional, teniendo debidamente en cuenta el Estatuto de Roma.
Las Partes tratarán de tomar medidas encaminadas hacia la ratificación y la aplicación del Estatuto de Roma y de instrumentos con él relacionados.
LE0000493688_20170401 Artículo 11 redactado por el número 8 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
Artículo 11a Lucha contra el terrorismo
Las Partes reiteran su firme condena de todos los actos terroristas y se comprometen a combatir el terrorismo mediante la cooperación internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, los convenios e instrumentos pertinentes en la materia y, especialmente, la aplicación en su totalidad de las Resoluciones 1373 (2001) y 1456 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras resoluciones de las Naciones Unidas pertinentes. Con este fin, las Partes acuerdan intercambiar:
- información sobre grupos terroristas y sus redes de apoyo; y
- sus puntos de vista sobre medios y métodos para impedir los actos terroristas, también en el ámbito técnico y de formación, y sobre experiencias relacionadas con la prevención del terrorismo.
LE0000444683_20080701 Artículo 11.a introducido por el número 5 de la letra B del artículo único del Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 («B.O.E.» 15 febrero 2011).Vigencia: 1 julio 2008
Artículo 11b Cooperación para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva
1. Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de suministro, tanto a agentes estatales como no estatales, representan una de las mayores graves amenazas a la estabilidad y la seguridad internacionales.
Por tanto, las Partes acuerdan cooperar y aportar su contribución para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de suministro mediante el total cumplimiento y la aplicación nacional de sus obligaciones actuales en virtud de los tratados y acuerdos internacionales de desarme y no proliferación y de otras obligaciones internacionales pertinentes.
Las Partes coinciden en que esta disposición constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.
2. Asimismo, la Partes acuerdan cooperar y aportar su contribución para lograr el objetivo de la no proliferación mediante las siguientes medidas:
- hacer lo necesario para firmar, ratificar o acceder, en su caso, a todos los demás instrumentos internacionales pertinentes y para aplicarlos en su totalidad;
- establecer un régimen eficaz de controles nacionales de exportación que verifiquen la exportación y el tránsito de mercancías vinculadas con las armas de destrucción masiva, incluido un control de la utilización final de las tecnologías con doble uso en relación con dichas armas, y que comprenda sanciones efectivas en caso de irregularidades en los controles de exportación.
La asistencia financiera y técnica en el ámbito de la cooperación para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva se financiará mediante instrumentos específicos distintos de los destinados a la financiación de la cooperación ACP-CE.
3. Las Partes acuerdan establecer un diálogo político periódico que acompañará y consolidará su cooperación en este ámbito.
4. Si, tras haber mantenido un diálogo político reforzado, una Parte, informada en particular mediante informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y otras instituciones multilaterales pertinentes, considera que la otra Parte no ha cumplido una obligación derivada del apartado 1, suministrará a la otra Parte y a los Consejos de Ministros ACP y de la UE, excepto en casos de urgencia especial, la información pertinente necesaria para un examen de la situación en profundidad, con vistas a hallar una solución aceptable para las Partes. Con este fin, invitará a la otra Parte a celebrar consultas centradas en las medidas tomadas o que tomará la Parte afectada para poner remedio a la situación.
5. Las consultas se llevarán a cabo al nivel y de la forma que se consideren más adecuados para hallar una solución.
Las consultas comenzarán, a más tardar, treinta días después de la invitación y se mantendrán durante el período que se establezca de mutuo acuerdo, en función de la naturaleza y la gravedad de la violación. En ningún caso el diálogo mantenido en virtud del procedimiento de consultas tendrá una duración superior a 120 días.
6. Si las consultas no conducen a una solución aceptable para ambas Partes, si se rechazan las consultas o en casos de urgencia especial, se podrán tomar las medidas pertinentes. Dichas medidas se derogarán tan pronto como desaparezcan las razones por las que se tomaron.
LE0000444683_20080701 Artículo 11.b introducido por el número 5 de la letra B del artículo único del Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 («B.O.E.» 15 febrero 2011).Vigencia: 1 julio 2008
Artículo 12 Coherencia entre las políticas comunitarias y su incidencia en la aplicación del presente Acuerdo
Las Partes están comprometidas a abordar la coherencia política del desarrollo de manera dirigida, estratégica y orientada hacia la asociación, incluyendo el fortalecimiento del diálogo sobre cuestiones de coherencia política para el desarrollo. La Unión reconoce que las políticas de la Unión, distintas de la política de desarrollo, pueden prestar apoyo a las prioridades de desarrollo de los Estados ACP ajustándose a los objetivos del presente Acuerdo. Sobre esta base, la Unión mejorará la coherencia de dichas políticas con vistas a lograr los objetivos del presente Acuerdo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96, cuando la Comunidad se proponga, en el marco de sus competencias, adoptar una medida que pueda afectar a los intereses de los Estados ACP en lo que atañe a los objetivos del presente Acuerdo, informará de ello al Grupo ACP con la suficiente antelación. A tal efecto, la Comisión informará periódicamente a la Secretaría del Grupo ACP de sus propuestas previstas y comunicará simultáneamente sus propuestas relativas a las medidas de este tipo. Cuando proceda, podrá presentarse también una solicitud de información a iniciativa de los Estados ACP.
A petición de estos, se celebrarán consultas inmediatas para que, antes de la decisión final, se puedan tener en cuenta sus preocupaciones en cuanto al impacto de estas medidas.
Tras estas consultas, los Estados ACP y el Grupo ACP podrán, además, comunicar cuanto antes sus observaciones por escrito a la Comunidad y presentar propuestas de modificaciones indicando cómo responder a sus preocupaciones.
Cuando la Comunidad no acceda a las peticiones de los Estados ACP, les comunicará su decisión motivada lo antes posible.
El Grupo ACP recibirá además, cuando sea posible, de antemano, información pertinente sobre la entrada en vigor de estas decisiones.
LE0000493688_20170401 Artículo 12 redactado por el número 9 de la letra B del artículo único de la Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010 («B.O.E.» 4 diciembre 2012).Vigencia: 31 octubre 2010
1. La cuestión de la emigración será objeto de un diálogo profundo en el marco de la asociación ACP-UE.
Las Partes reafirman sus obligaciones y sus compromisos actuales en el ámbito del derecho internacional para garantizar el respeto de los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación basadas, en particular, en el origen, el sexo, la raza, la lengua y la religión.
2. Las Partes convienen en considerar que una asociación implica, por lo que se refiere a la emigración, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en sus territorios, una política de integración que tenga por objetivo ofrecerles derechos y obligaciones comparables a los de sus ciudadanos a favorecer la no discriminación en la vida económica, social y cultural, y establecer medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia.
3. Cada Estado miembro concederá a los trabajadores procedentes de un país ACP que ejerzan legalmente una actividad en su territorio un trato caracterizado por la ausencia de toda discriminación basada en la nacionalidad con relación a sus propios nacionales en lo referente a condiciones de trabajo, remuneración y despido. Cada Estado ACP, por su parte, concederá a este respecto un trato no discriminatorio comparable a los trabajadores nacionales de los Estados miembros.
4. Las Partes consideran que las estrategias destinadas a reducir la pobreza, a mejorar las condiciones de vida y trabajo, a crear empleos y a desarrollar la formación contribuyen a largo plazo a normalizar los flujos migratorios.
Las Partes tendrán en cuenta, en el marco de las estrategias de desarrollo y la programación nacional y regional, las dificultades estructurales vinculadas a los fenómenos migratorios con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de las regiones de origen de los emigrantes y reducir la pobreza.
La Comunidad apoyará, en el marco de los programas de cooperación nacional y regional, la formación de los nacionales de los Estados ACP en su país de origen, en otro país ACP o en un Estado miembro de la Unión Europea. Por lo que se refiere a la formación en un Estado miembro, las Partes velarán por que estas acciones estén orientadas hacia la inserción profesional de los nacionales de los Estados ACP en su país de origen.
Las Partes desarrollarán programas de cooperación destinados a facilitar el acceso a la enseñanza a los estudiantes de los Estados ACP, en particular, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación.
a) El Consejo de Ministros examinará, en el marco del diálogo político, las cuestiones vinculadas a la inmigración ilegal, con la perspectiva de establecer, cuando proceda, los medios de una política de prevención.
b) En este marco, las Partes convienen, en particular, en garantizar que los derechos y la dignidad de las personas se respeten en todo procedimiento iniciado para conseguir el retorno de los inmigrantes ilegales a su país de origen. A este respecto, las autoridades interesadas concederán las facilidades administrativas necesarias para el retorno.
c) Las Partes convienen también en lo siguiente:
i) Cada Estado miembro de la Unión Europea readmitirá y aceptará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que resida ilegalmente en el territorio de un Estado ACP, a petición de este último y sin mediar más trámites.
Cada uno de los Estados ACP readmitirá y aceptará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que resida ilegalmente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a petición de este último y sin mediar más trámites.
Los Estados miembros y los Estados ACP proporcionarán a sus nacionales documentos de identidad apropiados a tal efecto.
Por lo que respecta a los Estados miembros de la Unión Europea, las obligaciones en virtud del presente apartado se aplican solamente respecto a las personas que deban ser consideradas sus nacionales a efectos comunitarios, de conformidad con la Declaración número 2 aneja al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Por lo que respecta a los Estados ACP, las obligaciones en virtud del presente apartado se aplican solamente respecto a las personas que deban ser consideradas sus nacionales según lo dispuesto en las legislaciones nacionales respectivas.
ii) A petición de una Parte, se iniciarán negociaciones con los Estados ACP encaminadas a celebrar, de buena fe y de acuerdo con los principios correspondientes del Derecho internacional, acuerdos bilaterales que regulen las obligaciones específicas de readmisión y retorno de sus nacionales. Estos acuerdos incluirán también, si una de las Partes lo considerare necesario, disposiciones sobre la readmisión de nacionales de terceros países y apátridas. Los acuerdos precisarán las categorías de personas afectadas por estas disposiciones, así como las modalidades de su readmisión y retorno.
Se concederá una asistencia adecuada a los Estados ACP para la aplicación de estos acuerdos.
iii) A efectos de la presente letra c), se entenderá por «Partes» la Comunidad, cada uno de sus Estados miembros y todo Estado ACP.

References: artículo 96
 Artículo 8

ARTÍCULO 9
 artículo 97
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10

Artículo 11
 resolución 
 Artículo 11

Artículo 11
 Artículo 11

Artículo 11
 Artículo 11

Artículo 12
 artículo 96
 Artículo 12