Source: https://www.scribd.com/document/153452422/Habeas-Corpus-Jovani
Timestamp: 2019-02-19 23:14:55+00:00

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Uploaded by Victor Humberto Coronado Ushiñahua
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Niegan el hábeas corpus a los jóvenes detenidos en las protestas de Quito | El Comercio
TEORIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVO
Monografia de Derecho Empresarial
Analisis de Las Garantías Judiciales NIRYAN BEXANY
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Pleno Penal 2003
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Secretario Expediente Cuaderno Escrito Nº Referencia
Principal 01 INTERPONGO ACCION DE HABEAS CURPUS.
SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO PENAL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO: xxxxxxxx, identificado con DNI. Nº xxxxx, con domicilio en la calle xxxxxxxx, del distrito de xxxx, provincia de C hiclayo, departamento de Lambayeque; señalando do micilio procesal en …………………., a Ud., como mej or proceda en derecho digo: EL PETITORIO: Que, invocando interés moral y legitimidad para obrar, a través de la presente acci ón de garantía constitucional de habeas corpus, recurro a vuestro despacho ha qu e ORDENE a la Emprea San Pedro Nolasco De Refan, debidamente representada por su Gerente General ………, A FIN DE QUE SE DISPONGA EL RETIRO DE LAS REJAS -TRANQUERA- QUE SE HAN INSTALADO EN LA ENTRADA DEL SECTOR ………del distrito de …….., donde se encuentra el domicilio del suscrito, o en su defecto SE ORDENE QUE LAS REJAS PERMANEZCAN ABIERTAS DURANTE EL DÍA; por cuanto, con la indicada tranquera se viene Y IMPIDIENDO EL LIBRE DEL INGRESO Y TRÁNSITO COMO DE VEHICULAR PEATONAL, TANTO RECURRENTE
TERCERAS PERSONAS; restringiendo la libertad de tránsito o de locomoción por cuanto las rejas se encuentran instaladas en una vía de uso público, contando con control de vigilancia particular; …………………debiéndose OFICIAR al General de la Policía Nacional de la Segunda Región DITERPOL, a fin…. La concesión de la medida se le notificará a la Empresa San Pedro Nolasco de Rafan e; para la notificación de los denunciados que radican en los distritos de Patapo y Pucalá, deberá librarse exhorto al señor Juez de Pucalá a fin de que realice la notificación a cada uno de los denunciados. HECHOS EN QUE SE FUNDA EL PETITORIO :
es decir. . consistente en el nombramiento de un Administrador Judicial. elaborado por el Notario Público Carlos Caballero Burgos. por la renuncia y vacancia múltiple de todos sus directores. así como su transformación industrial en azúcar rubia o blanca.A. reemplazándolo por una administración colegiada. la empresa Agro Pucalá S.A. producción de alcohol y su comercialización. expediente Nº 2004-1711-0-1701-J-CI-3.. entre los accionistas minoritarios se encuentra don Henry Rivera Ramírez. habiendo obtenido personería jurídica con su inscripción registral. es una persona jurídica de derecho privado que fue creado mediante escritura pública Nº 209. su accionista mayoritario Cronwell Assets S. ha interpuesto una demanda de convocatoria a Junta General de Accionistas.A. del Registro Mercantil de la oficina Registral Nor Oriental del Marañon.A.. es una persona jurídica de derecho privado. que la constitución se encuentra inscrito en la ficha Nº 1245 del Registro Mercantil de la Oficina Regional de la Región Nor Oriental del Marañon. siendo su objeto social desarrollar agroindustrias de cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. La empresa Agro Pucalá S.A. mediante resolución número sesenta y cinco ha amparado el pedido de remoción del órgano de auxilio Julio César Alonso Cassini. etc.A.. melaza y otros derivados. a su vez en dicho proceso ha solicitado una medida cautelar temporal sobre el fondo.1. quién ha venido solicitando la remoción del Administrador Judicial de la empresa Agro Pucalá S.A. 2.A.C.. siendo uno de los nombrados el denunciado Marco Bustamante Delgado. En éste proceso se han apersonado una serie de accionistas minoritarios. 3. teniendo como objeto social es dedicarse al desarrollo de las actividades agroindustriales que comprenden la molienda de caña de azúcar. La empresa Industrial Pucalá S. alcohol. Ahora bien. es así que el señor Juez del Tercer Juzgado Especializado Civil. encontrándose registrado en el partida electrónica Nº 11004524. de fecha 15 de diciembre de 1999. que fue creado por disposición del Decreto de Legislativo 802. habiendo caído la representatividad en el Ingeniero Julio César Alonso Cassini. Proceso que se viene tramitando ante el Tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo.
Asimismo. expediente Nº 05-2005. Al conceder la apelación. incluso para el cumplimiento de ésta. así como de armas de punzo cortante han intentando tomar las instalaciones industriales donde funciona la empresa Industrial Pucalá S..A.C. Sin perjuicio de la suspensión. conforme se desprende del oficio remitido por el señor Juez del Tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo. El denunciado Marcos Bustamante Delgado. ha contratado más 200 personas que viven el mundo del hampa . que existen una eminente amenaza al derecho a la integridad personal del suscrito en calidad de Gerente General de la empresa Industrial Pucalá S. Sin efecto suspensivo. El referido denunciado aprovechándose de su nombramiento el día 01 de julio del año en curso .A. La Resolución número sesenta y cinco actualmente se encuentra suspendida sus efectos. por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene. con el objeto que se brinden las garantías policiales para la ejecución del acto de instalación en su cargo de administrador. que sus efectos han quedado suspendidos. la eficacia de ésta resolución queda suspendida hasta que vuestra Sala resuelva el grado 1. en su caso. fue materia de recurso de apelación. aprovisionados de armas de fuego. Con efecto suspensivo. el Juez precisará el efecto en que concede el recurso y si es diferida. puede. sorprendiendo a la Administración de Justicia.. ha solicitado ante el Primer Juzgado Especializado Penal de Lambayeque. el Juez que expidió la resolución impugnada puede seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte.A. solicitando una acción de habeas corpus. .4. vale decir. así como del personal que labora en la fábrica de la empresa . posteriormente a través de resolución número setenta ha concedido apelación con efecto suspensivo contra la resolución número sesenta y cinco . por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior. aprovechándose de la resolución número sesenta y cinco. Luego mediante resolución número sesenta y ocho dejo sin efecto las garantías otorgadas a la administración Colegiada. 5. La Resolución número sesenta y cinco la que amparo el pedido de don Hernry Rivera Ramírez. en el oficio remitido a la Policía Nacional de fecha 28 de junio de 2006. disponer medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irreparable. por tanto. bajo el 1 El artículo 386 del Código Procesal Civil estatuye: El recurso de apelación se concede: 1. 2. a pedido de parte y en decisión debidamente motivada.
pues sí tenemos en cuenta que la resolución que los ha nombrado sus efectos han quedado suspendidos . 6. el denunciado Max Ayora Inoñan. sin embargo. Nuestra aseveración queda corroborada con las declaraciones realizadas por el mismo denunciado ante el periódico EL CORREO. con el propósito de concretizar el enfrentamiento entre la masa laboral y accionistas minoritarios de la empresa el mismo día que se le reincorpora a su centro de trabajo. Ahora bien.A. mediante Carta Notarial de fecha 13 de julio de 2006 y diligencia el día 14 de julio del mismo año. departamento de Lambayeque. Lo grave de éste denunciado sorprendió al señor Juez. Por su parte del denunciado Max Deyvis Ayora Inoñan. seguido por el denunciado contra mi representada sobre Acción de Amparo. para su reincorporación. en la cuál refiere que ha solicitado MAS DE 180 EFECTIVOS. tal como lo ha hecho saber al señor Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de la provincia de Chiclayo.supuesto que se le viene amenazando su ejercicio de libre tránsito. proceso tramitado ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo. no obstante tener pleno conocimiento que ha sido reincorporado a su centro de trabajo. aprovechándose de la existencia de una orden judicial de reposición en su cargo como Jefe de Asesoría Jurídica de la Empresa Agro Pucalá S. En el referido proceso nuestra parte ha cumplido con reponerlo. nos cursa . su integridad personal. cuando su domicilio es el ubicado en la calle Leoncio Prado Nº 765 del distrito y provincia de Chiclayo.. en su información vertida el día 17 de julio de 2006. aún cuando no ostenta el cargo de administrador Judicial. además sorprendiéndole que domicilia en la ciudad de Lambayeque. quedando suspendida los efectos de la resolución que concede la acción de habeas corpus a favor del denunciado Marcos Bustamante Delgado.A. 7. que aún no ostentan el cargo. el denunciante con el afán de generar un enfrentamiento y aprovechándose de la reincorporación a su cargo a pretendido instalar a los seudos administradores. Ante tal anomalía nos hemos apersonado al referido proceso interponiendo recurso de apelación. que ha sido ordenado en el expediente Nº 2006-3770-1-1701-J-CI-2. la misma que nos ha sido conceda con efectos suspendidos.
una carta. a fin que en cada oportunidad que obtienen medidas fraudulentas atenten. JUAN NUÑEZ CABRERA. El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política vigente. textualmente. vienen atentando contra la integridad física del suscrito y de los trabajadores que laboran en las Empresas Agro Pucalá S. SALVADOR ESQUEN SALAZAR. El reconocimiento de su importancia es tal. así como para atentar contra la integridad física del suscrito así como de los trabajadores. a la seguridad personal y al libre desarrollo y bienestar. y con los derechos a la vida. 8. a la salud. En puridad se trata de un atributo indesligablemente vinculado con la dignidad de la persona. quienes son los autores intelectuales para generar el caos en las empresas que represento. JORGE VASQUEZ SANCHEZ. sino también. adicionalmente. a ratificarlo tuitivamente a través de lo dispuesto en el apartado h) del numeral 23 del artículo 2° de la Constitución. señala que toda persona tiene derecho: “A la libertad y seguridad personales. Los demás denunciados: HENRY RIVERA RAMIREZ. 10. 9. la misma que demuestra su intervención directa de generar un caos en las empresas que represento y lograr un enfrentamiento con personas extrañas que contratan. Así lo ha dado ha conocer la prensa Chiclayana como son: en las constantes publicaciones realizadas en el diario el Ciclón donde tilda al empresa Olivio Huancaruana Perales como el artífice de pretender ingresar a tomar el control de las empresas que administro en forma ilegal. En consecuencia: h) Nadie debe ser . quienes contratan personal del mundo del hampa. así como el personal administrativa.C. el cual. que obligó al legislador constituyente no sólo a establecer su protección a través de lo dispuesto en el referido precepto. por medios fraudulentos. JORGE SAMAME CHAPOÑAN.A. Los denunciados OLIVIO HUANCARUNA PERALES Y ERNESTO FLORES VILCHEZ. por ende. y atentando con la integridad física del suscrito y del personal que labora. e Industrial Pucalá S.A. desconociendo mi representatividad de la empresa. contra la integridad del personal que laboran dentro de la fábrica. son cómplices de los dos primeros.A.
En el orden de ideas expuesto anteriormente arribamos que el derecho a la integridad personal conlleva ha proteger la integridad física la misma presupone: el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano. ha expresado que el ser humano es. custodia y apoyo heterónomo para su realización acorde con su condición humana. y.víctima de violencia moral. Asimismo. que. En tal sentido el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 2333-2004-HC. La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades. Ahora bien. en tanto se ejercita un derecho y se cumple con los deberes jurídicos. En efecto. disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y. Quien la emplea incurre en responsabilidad. sí los denunciados al contratar personal del mundo del hampa para ingresar a las instalaciones de las . en una condición indispensable para el desarrollo existencial y en un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. el derecho a la integridad personal tiene implicación con el derecho a la salud. la seguridad personal representa la garantía que el poder público ofrece frente a las posibles amenazas por parte de terceros de lesionar la indemnidad de la persona o desvanecer la sensación de tranquilidad y sosiego psíquico y moral que debe acompañar la vida coexistencial. ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. en general. la Constitución le reserve deferente tutela y vocación tuitiva. por ende. portador de estima. la salud del cuerpo. per se. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad. perturbaciones o alteraciones funcionales. mutilaciones. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. psíquica o física. 11. enfermedades corpóreas. en la medida que esta última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del ser humano. por ende. etc. en el caso Natalia Foronda Crespo. el derecho a la integridad personal se entronca con el derecho a la seguridad personal . así. puesto que supone la convicción y certeza del respeto de uno mismo por parte de los demás. Igualmente. de allí que la defensa de su integridad forme parte de la dimensión vital de la persona y. a preservar la forma. deviniendo. deformaciones.
Supuestos jurídicos que se cumplen en el caso de autos. 3. Igualmente es aplicable el inciso 1 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional que faculta interponer el proceso de habeas corpus cuando se atenta contra la integridad personal. nombrándose una administración colegiada. ante el Primer Juzgado Especializado Penal de Lambayeque. además que su domicilio no se encuentra ubicado en Lambayeque.empresas que represento viene atentando con la integridad personal del suscrito así como del personal que labora en la fábrica. Copia simple de la demanda de habeas corpus interpuesta por don Marcos Bustamante Delgado. Copia legalizada de la resolución número sesenta y ocho. 2. que estatuye que las personas tienen derecho a su integridad. emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3. Copia legalizada de la resolución número setenta emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3 que concede la apelación con efecto suspensivo. expediente Nº 05-2006. emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3. Copia legalizada de la resolución número sesenta y cinco. FUNDAMENTOS DE DERECHO: El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Igualmente sucede con las medidas cautelares fraudulentas que vienen obteniendo en diferentes órganos jurisdiccionales. cuando aún no ostenta el cargo de administrador. con el cuál se demuestra que ha sorprendido al señor Juez. 4. en la cuál se suspende las garantías a los administradores Judiciales. . se encuentra suspendida los efectos de la resolución número sesenta y cinco. con el actuar doloso de los denunciados. MEDIOS PROBATORIOS: 1. por tanto. que acoge el pedido de don Henrry Rivera Ramírez sobre sustitución del órgano de Auxilio.
en el expediente Nº 2006-3770-1-1701-J-CI-2. Copia legalizada de la carta notarial de fecha 17 de julio de 2006. Copia simple de nuestro escrito de apelación en el expediente Nº 05-2006. en la cuál se le hace saber que se le está restituyendo en su mismo puesto de trabajo. con el objeto de obtener una resolución fraudulenta. Copia legalizada del escrito presentado al señor Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo. ante el periódico el CORREO. Copia simple del currículo vitae presentado por don Marcos Bustamante Delgado. haciéndole saber que se ha dado cumplimiento a su mandato. 8. en Lambayeque. remitida por don Max Ayora Inoñan. más no así.5. Copia legalizada de la carta Notarial remitida a don Max Ayora Inoñan. 12. Copia legalizada de la resolución número seis emitido en el expediente Nº 052006. departamento de Lambayeque. en la cuál refiere que solicita más de 180 efectivos para su reincorporación. 7. 10. a fin de que se reincorpore a sus labores. en la cuál se nos ha concedido con efectos suspensivo ordenándose la suspensión de los efectos de la resolución de habeas corpus. en la cuál se demuestra que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Leoncio Prado Nº 765 del distrito y provincia de Chiclayo. con el objeto de instalar a los seudos administradores. haciéndole conocer el actuar fraudulento de don Marcos Bustamante Delgado. que el pedido lo realizó ante el Primer Juzgado Penal de Lambayeque. Demostrándose así. de fecha 17 de julio de 2006. 9. 11. Copia legalizada de la carta notarial de fecha 14 de julio de 2006. Declaración realizada por don Max Ayora Inoñan. . 6. vale decir.
1-G. 1-A. 1-C. Copia simple de la demanda de habeas corpus interpuesta por don Marcos Bustamante Delgado. 1-K. Copia legalizada de la resolución número sesenta y ocho. 1-J. CORREO el día 17 de julio de 2006. emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3. ante el periódico el . 1-D. remitida por don Max Ayora Inoñan. Copia legalizada de la carta Notarial remitida a don Max Ayora Inoñan. así como crear enfrentamiento que atentan contra mi integridad física y de los trabajadores de la empresa. Copia legalizada de la carta notarial de fecha 17 de julio de 2006. Copia simple del currículo vitae presentado por don Marcos Bustamante Delgado. Copia legalizada de los poderes que ostento. con el propósito de desestabilizar las empresas que represento POR TANTO: 1-M. Copia legible de mi documento de identidad. 1-H. Copia legalizada de la carta notarial de fecha 14 de julio de 2006. 1-F. 1-L. ANEXOS. Declaración realizada por don Max Ayora Inoñan. Recorte periodísticos los mismos que sindican al empresario Olivio Huancaruna Perales. 1-B.13. 1-E. Copia legalizada de la resolución número setenta emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3. 1-Ñ. Recorte periodísticos los mismos que sindican al empresario Olivio Huancaruna Perales. con el propósito de desestabilizar las empresas que represento. Copia legalizada de la resolución número sesenta y cinco. a fin de que se reincorpore a sus labores. Copia simple de nuestro escrito de apelación en el expediente Nº 05-2006. Copia legalizada de la resolución número seis emitido en el expediente Nº 05-2006. emitido en el expediente Nº 2004-1711-1-1701-J-CI-3. 1-I.
estamos frente al denominado hábeas corpus de tipo restringido. se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la Ley de Extranjería-. por la gravedad de los hechos que se pueden suscitar. salvo que. o simplemente salida o egreso del país. sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado. La libertad de tránsito o derecho de locomoción es.A Ud. podría ocurrir en el caso de una epidemia o grave enfermedad que pudiese detectarse en determinada zona o sector del territorio del país). en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación. constituyendo uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal. razones de sanidad -lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o. señor Juez. solicito nos conceda la medida de habeas corpus en forma urgente e inmediata. Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario. aplicación de la ley de extranjería -supone que el derecho de locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida. derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento. por lo tanto. . de los más tradicionales. pretende ingresar.° 3482-2005-PHC/TC LIMA LUIS AUGUSTO BRAIN DELGADO Y OTROS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Se cuestionan directamente restricciones a la libertad de tránsito o de locomoción presuntamente producidas por haberse instalado en una vía de uso público un sistema de control mediante rejas y vigilancia particular. por otra parte. tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse. por consiguiente. EXP. se encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos. sino de un caso en el que se denuncia una restricción a la libertad individual distinta a los supuestos de detenciones arbitrarias o indebidas. quien sin pertenecer a un determinado Estado. Chiclayo. Dicho atributo. circulación o tránsito dentro del mismo.. transitar o salir libremente de su territorio. como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial -implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual. N. Con el mismo se busca reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio. habida cuenta de que. 18 de julio de 2006. salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial-. dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela por mediante el hábeas corpus. incluso. no de un supuesto de detención arbitraria frente al que normalmente procede un hábeas corpus de tipo reparador. Se trata. como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución.
Según explica. se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre. restricción o limitación a la locomoción de los individuos. pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular Las vías de tránsito público. pueden sin embargo. de determinados bienes jurídicos. que comunica directamente con la avenida principal. sirven no solo para permitir el desplazamiento peatonal. no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno. 18.referidos a los estados de emergencia y de sitio. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana”. sino sólo una limitación razonable y proporcional.). Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado. existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia. 42. etc. etc. descanso. y como tales. Cuando estas provienen directamente del Estado. y debe ser proporcionada a los fines que se procuran alcanzar con ella”. calles. Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 81 sobre “Libertad De Tránsito y Seguridad Ciudadana.). el crecimiento de la delincuencia. la protección del bien jurídico seguridad ciudadana. en principio. lograr que se retire la tranquera (o pluma giratoria) colocada en uno de los extremos de la calle en que habita. veredas. por lo que para llegar a su casa en su auto debe recorrer muchas cuadras desde la avenida principal. ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. sino para facilitar otros ámbitos de su autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de derechos constitucionales (trabajo. respectivamente). alimentación. en todo caso. por ejemplo. emitido en el mes de enero del 2004. desproporcionado. plazas. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen. que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable. por otra parte. Dentro de tales espacios (avenidas. “No se puede admitir un cierre absoluto de una vía pública ya que ello afectaría el contenido esencial del derecho al libre tránsito. Lo inconstitucional sería. o no. con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales). pp. puentes. y en determinadas circunstancias. Consecuentemente. se constituyen en un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de objetivos personales. cuando provienen de particulares. o simplemente lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento. no existe. a diferencia de unos pocos vecinos . todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público. esto es. se debe garantizar que los enrejados no sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito. por la necesidad de salvaguardar un interés público superior. Siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad. salud. la tranquera restringe el ingreso vehicular a su calle y se mantiene siempre cerrada.
Es esta lógica la que. se deja claramente establecido que la libertad de tránsito puede ser observada dentro de contenidos mucho más específicos. a juicio de este Colegiado. y en lo que respecta a cada uno de los supuestos en los que puede hablarse de restricciones aplicables a la libertad de tránsito o de locomoción. un poblado o una ciudad.Por lo demás. y que evidentemente suponen variables mucho más complejas que las que aquí se señalan. es la facultad de cada uno de los residentes de una localidad. por otra parte. para movilizarse dentro de ella y en las zonas o urbanizaciones que las componen. principalmente en lo expuesto en las Sentencias recaídas en los Expedientes N os 349-2004-AA/TC (Caso María Elena Cotrina Aguilar) y 3482-2005-PHC/TC (Caso Luis Augusto Brain Delgado y Otros). uno de los cuales. En dicha sentencia. resulta pertinente enfatizar en el presente caso. este Colegiado se remite a su doctrina jurisprudencial recientemente establecida en la sentencia recaída en el Expediente N° 28762005-PHC/TC (Caso Nilsen Mallqui Laurence y otro). constitutivas de precedente jurisprudencial obligatorio . y por lo que aquí especialmente respecta.
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 artículo 386
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 25
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 artículo 2
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 artículo 22
 artículo 2
 artículo 137