Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620649.html
Timestamp: 2019-03-24 09:14:37+00:00

Document:
as201620649
Auto Supremo: 649/2016
Expediente: T-22-15-S
Partes: Andrés Michel Jerez y Rosario Marina Espindola Cata de Michel c/
Teodoro Tórrez Tolaba, Nilda Chocala Aban de Tórrez, María Blanca
Navajas Moore de Iturricha (Registradora de Derechos Reales de Tarija) y
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado
representado por Oscar Gerardo Montes Barzón.
Proceso: Restitución de superficie
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 310 a 315 y vta., interpuesto por Andrés Michel Jerez y Rosario Marina Espíndola Cata de Michel contra el Auto de Vista Nº 42/2015 de 22 de mayo, cursante de fs. 305 a 308, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de Restitución de superficie, seguido por Andrés Michel Jerez y Rosario Marina Espíndola Cata de Michel contra Teodoro Tórrez Tolaba, Nilda Chocala Aban de Tórrez, María Blanca Navajas Moore de Iturricha (Registradora de Derechos Reales de Tarija) y Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado representado por Oscar Gerardo Montes Barzón, la concesión de fs. 319, los antecedentes del proceso, y;
I.1.- El Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, dictó la Sentencia Nº 31/2014 de 19 de septiembre, cursante de fs. 263 a 271 y vta., declarando Probada parcialmente la demanda de fs. 40 a 43, aclarada y modificada a fs. 49 a 55, interpuesta por Andrés Michel Jerez y Rosario Marina Espindola Cata de Michel. En consecuencia dispone la rectificación de la superficie del inmueble inscrito en la Matrícula 6.01.1.01.0012543, mediante subinscripción debiendo adicionarse o restituirse a esta la superficie 185,37 mts.2 y en consecuencia quedar inscrita la misma como superficie total de 2357,337 mts.2, cuyos límites y colindancias se reserva en su determinación para ejecución de Sentencia. Sin lugar a la creación de una nueva matrícula y traslado de la anotación preventiva inscrita a favor de Teodoro Tórrez Tolaba y Nilda Chocala Aban como a la inscripción de la Escritura Pública Nº 428/2011. En ejecución de Sentencia por secretaria se expedirá la ejecutorial de las principales piezas del proceso encomendando su cumplimiento a las oficinas de Derechos Reales.
I.2.- Resolución de primera instancia que es apelada por la parte co-demandada María Blanca Navajas Moore de Iturricha en representación de la oficina de Derechos Reales, mediante escrito de fs. 275 a 276 y vta., y a la que se adhiere la parte actora por memorial de fs. 281 a 284, que mereció el Auto de Vista Nº 42/2015 de 22 de mayo, cursante de fs. 305 a 308, que en lo relevante haciendo referencia a los fundamentos de hecho de la demanda principal y a la pretensión de la parte actora, así como al marco normativo contenido en los arts. 24, 26 del D.S. Nº 27957, art. 32 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, art. 1550 del Código Civil, de igual manera en análisis de las pruebas documentales de fs. 5 a 7, de 8 a 9 vta., concreta que si los demandantes tienen registrado en DD.RR. la superficie de 2579 mts.2 y venden la superficie de 185,37 mts.2, la superficie real del lote de terreno sobrante es de 2171,967 mts.2, y no la superficie de 2357,337 mts.2, como se ordenó en la Sentencia impugnada de fs. 263 a 271 vta. por no corresponder a lo demandado por los actores en la demanda en la que se solicita restituir la superficie original del inmueble a 2579 mts.2; que la A quo en el considerando III de la Sentencia impugnada considera que los actores de manera unilateral procedieron a aclarar la superficie y colindancias del inmueble refiriendo que la superficie inicial de 2579 mts.2, a raíz de la venta que hicieron de una fracción de terreno y debido a la ampliación de vía tanto de la Av. Centenario como de la calle Noé Delfín así como la afectación que sufrió por retiro de la línea municipal ha variado, quedando una superficie de 2171,967 mts.2, para luego y de una manera contradictoria concluir que a raíz de la venta de una fracción el terreno cuenta con 2230,68 mts.2 para finalmente disponer lo siguiente: “En consecuencia se dispone la rectificación de la superficie del inmueble inscrito en la matrícula 6.01.1.01.0012543, mediante subinscripción debiendo adicionarse o restituirse a esta la superficie 185,37 mts.2, y en consecuencia quedar inscrita la misma como superficie total de 2357,337 mts.2…”, sin contar con el respaldo probatorio que sustente dicha decisión y sin que los demandantes lo hayan demandado, como asimismo sin considerar que de acuerdo a los planos de fs. 1 y 2 aprobados por la Dirección de Ordenamiento Territorial a nombre de los demandantes, el lote de terreno tiene como superficie útil 2171,967 mts.2; que en ese contexto, es necesario que las partes que pretenden algo en juicio deban aportar todos los medios probatorios que les autoriza el C.P.C., que conduzcan al juzgador al convencimiento de lo afirmado por las partes, toda vez que no basta la sola afirmación de la parte, sino que debe probar lo afirmado; concluyendo que de todo lo analizado llega a la conclusión de que los agravios se encuentran sustentados; por lo que en ese antecedente revoca en todas sus partes la Sentencia apelada, y deliberando en el fondo declara Improbada la demanda de fs. 40 a 43 y modificada a fs. 49 y vta., sin costas.
I.3.- Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.
II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN, Y SU RESPUESTA:
II.1.- De las infracciones acusadas por los ahora recurrentes, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:
Refiere que en el caso de Autos resulta fehaciente, evidente, insoslayable que el Auto de Vista recurrido contiene violación de la ley, interpretación errónea de la ley, además que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de derecho y error de hecho, por los fundamentos que expone y demuestra:
Denuncia que el Auto de Vista recurrido tiene como argumento los arts. 1283 y art. 375 del C.P.C., 237-3), al considerar que los demandantes no han demostrado su pretensión por los medios probatorios que confiere la ley.
Los cuales han sido violados en el Auto recurrido, por interpretación errónea al haber incurrido en error de derecho y de hecho, al no haber sido consideradas de acuerdo a ley.
Acusa que el Auto de Vista viola los arts. 375-1), 2), 3), 4), 376, 377, 379, 380, 381, 397 del C.P.C., y arts. 1283, 1286, 1287, 1289, 1297 del C.C.
En efecto el art. 375-1) del C.P.C., establece que la carga de la prueba incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho. El art. 380 del mismo cuerpo legal establece la forma de proponer la prueba y el art. 381 y siguientes del C.P.C., establece la admisión y pertinencia de la prueba, que de su parte han cumplido y que el Auto de Vista recurrido considera ilegalmente que no han cumplido, siendo además estos medios probatorios los idóneos para demostrar su pretensión como fue la inspección judicial de fs. 228 a 235, informe pericial de fs. 176 a 177, 195 a 196, 214 a 215 y prueba documental de fs. 1 a 32, fs. 54 y 100, que tiene toda la fuerza probatoria que les otorga el art. 1289, art. 1287 y art. 1297 del C.C.
De manera que la Resolución recurrida ha violado las normas legales citadas al interpretarlas erróneamente y aplicarlas indebidamente al caso de Autos, una vez que de su parte han demostrado ciertamente la carga de prueba que les correspondía.
El Auto de Vista viola los arts. 1287, 1289 y 1297 del C.C., al expresar que no existe prueba, cuando la prueba consta en obrados y cuenta con todo el valor probatorio y ni siquiera han sido valorados.
En consecuencia, la Resolución recurrida ha violado las normas legales citadas al haberlas interpretado erróneamente y aplicado al caso de Autos.
El Auto de Vista viola el art. 397 del C.P.C. La norma citada establece que las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgue la ley, pero si esta no determina otra cosa, podrá ser apreciada conforme a su prudente criterio o sana crítica.
Denuncia que en el caso de Autos, en la apreciación de los documentos consistentes en la Escritura Privada de fs. 5 a 7, plano de fs. 100, certificado treintañal de fs. 54, que acredita que la superficie original de su terreno era de 2597 m2, la Escritura Pública Nº 565/2010 de fs. 10 a 12, Escritura Pública Nº 428/2011, memoriales reiterativos presentados a DD.RR., informes que corren de fs. 14 a 23, Folio Real de fs. 25. El Tribunal recurrido ha incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de tales pruebas, evidenciado por los mismos documentos citados. De manera que ha violado la norma legal acusada y conforme al art. 253 numeral 3) del C.P.C., corresponde casación en el fondo.
Por todo lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare probada la demanda con costas y responsabilidad.
En el presente caso de Autos se aclara que no existe respuesta de la parte demandada al recurso de casación interpuesto por la actora.
III.1.- Respecto a los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo:
El Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, reiterando la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal ha señalado que: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales. Aspectos estos que no son debidamente comprendidos por el ahora recurrente, porque funda su denuncia de valoración de las pruebas en el argumento de que las autoridades correspondientes no han hecho una correcta valoración de su prueba aportada al proceso, pretendiendo con este fundamento que este Tribunal se constituya en una instancia más del proceso ordinario, sin embargo no adecua su denuncia a las causales y requisitos de procedencia establecidos por ley.
En ese antecedente es preciso concretar que la valoración de los hechos y de las pruebas es una facultad privativa de los jueces de grado, por ello correspondía a los impugnantes fundar su denuncia de valoración de la prueba en error de hecho o de derecho, como exige el art. 253 num. 3) y 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, lo que no hacen los ahora recurrentes en el caso de Autos, pretendiendo de esta manera que éste Tribunal realice una nueva valoración de los hechos y de la prueba producida, lo que no está permitido por ley, porque el recurso de casación o de nulidad no se constituye en una tercera instancia más del proceso ordinario. Lo que hace desacertado el agravio acusado, extremos estos que no permiten considerar el mismo”.
Por otra parte, el art. 271 de la Ley Nº 439, al hacer referencia a las causales de casación establece que: “I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores…”.
Por su parte el art. 274 del mismo Código Procesal Civil, preceptúa que: “I. El recurso deberá reunir los siguientes requisitos:…3. Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente”.
La parte ahora recurrente de modo general, en una misma relación fáctica y cual si se tratara de un memorial de alegatos, remitiéndose y desarrollando los antecedentes de la presente causa, la demanda y contestación, así como la sentencia y Auto de Vista, especifica que la Resolución de Alzada contiene “violación, interpretación errónea y apreciación indebida de la ley, además que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de derecho y error de hecho”, por lo que concreta recurso de casación en el fondo, sin embargo, de manera incoherente, procede a desglosar y acusar en una misma relación de hechos la violación de normas sustantivas (arts. 1283, 1286, 1287, 1289 y 1297 del Código Civil), y adjetivas (arts. 375, 376, 377, 379, 380, 381, 397 del Código de Procedimiento Civil), concluyendo también por el “error de hecho y de derecho en la valoración de los medios probatorios y actos procesales que menciona”; es decir, que funda su denuncia de violación interpretación errónea y apreciación indebida de la ley, y error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas, en la misma relación de hechos.
Al respecto, remitiéndonos al sub punto III.1, del apartado III (De la doctrina aplicable al caso) corresponde concretar que el recurso de casación no se constituye en una tercera instancia más del proceso ordinario, porque el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, es más se debe aclarar que en atención a la naturaleza del error que motiva el recurso de casación, éste puede presentarse como recurso de casación en la forma o como recurso de casación en el fondo, si bien pueden ser interpuestos simultáneamente en un mismo escrito, empero en ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma; resultando por ello inadecuada la pretensión de la parte recurrente en sentido de plantear en un solo fundamento error in judicando así como error in procedendo, por ello correspondía a la ahora recurrente vincular su denuncia a las causales taxativamente previstas por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil y dar estricta observancia a los requisitos de procedencia establecidos por el art. 258 num. 2) del mismo adjetivo civil, extremos con los cuales no cumple la acusación en examen, pues inclusive se confunde el recurso de apelación con el de casación, lo que demuestra una inadecuada comprensión de la diferencia que revisten las normas procesales y las sustantivas, así como de la distinta naturaleza de los recursos de casación en la forma y en el fondo y de los motivos que dan lugar a uno y otro medio de impugnación, deviniendo por consiguiente en incoherente.
Por otra parte, si bien concreta violación, interpretación errónea y apreciación indebida de la ley, empero, no vincula sus presuntas infracciones a las causales de procedencia taxativamente desarrolladas en el num. 1) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, porque como se ha referido en la doctrina legal aplicable las figuras jurídicas desarrolladas en dicho numeral son diferentes, ya que, la primera (violación) implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda (interpretación errónea), consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última (apreciación indebida de la ley), consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella; por otro lado, tampoco cumple con la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida, menos señala los requisitos imperativamente dispuestos por el art. 258 num. 2) del mismo adjetivo civil, esto es que no concreta en que consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que deben hacerse precisamente en la infracción acusada y no fundarse en escritos anteriores ni suplirse posteriormente, lo que hace a su manifiesta inconsistencia.
Asimismo, si bien denuncia error de derecho y error de hecho en la valoración de los medios de prueba que menciona; empero como se ha desarrollado en la doctrina legal aplicable, el error de derecho y el error de hecho también son diferentes, extremos que no son debidamente comprendidos por los ahora recurrentes, porque con relación a su denuncia de error de derecho los ahora impugnante debían especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no les dió la tasa legal que la ley le otorga, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, sin embargo, no señalan con precisión cual la tasa legal que se omitió otorgar a los medios probatorios que mencionan o que normas se hubiesen erróneamente interpretado, o cual es el valor probatorio que expresamente se ha desconocido. De igual manera, en relación al error de hecho, no demuestran objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, porque conforme se ha referido, la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos. Aspectos estos que no son debidamente comprendidos por los ahora recurrentes, porque fundan su denuncia general de error de derecho y error de hecho en la valoración de las pruebas en el argumento general de que las autoridades correspondientes no han hecho una correcta valoración de su prueba aportada al proceso, pretendiendo con este fundamento que este Tribunal se constituya en una instancia más del proceso ordinario, sin embargo no adecua su denuncia a las causales y requisitos de procedencia referidos, extremos que inviabilizan que este Tribunal pueda ingresar a realizar un análisis de la presunta infracción acusada, por falta de precisión. Lo que hace improcedente su recurso.
Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 220.I num. 4) del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.I num. 4) del Código Procesal Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 310 a 315 y vta., interpuesto por Andrés Michel Jerez y Rosario Marina Espíndola Cata de Michel contra el Auto de Vista Nº 42/2015 de 22 de mayo, cursante de fs. 305 a 308, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin costas y costos, por no existir contestación.

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