Source: https://fiscalizacion.es/2014/03/09/patologias-negociado/
Timestamp: 2017-06-29 05:25:32+00:00

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Las patologías del procedimiento negociado – Fiscalizacion.es
por Antonio Arias Rodriguez	en Contratación	en Domingo, 9 de marzo de 2014	24 comentarios
Tampoco obedece a una situación coyuntural surgida sino a funciones de gestión ordinaria de la competencia de la Agencia el contrato “Coordinación de exposiciones temporales” en el que la propia asesoría jurídica de la Entidad advierte que “… debe velarse especialmente porque los servicios contratados respondan no solo en el pliego sino en su ejecución a un verdadero contrato administrativo de servicios y no a una relación laboral encubierta o incluso a una cesión ilegal de trabajadores”.
Una verdadera concurrencia de licitadores Conforme al artículo 178 de la LCSP, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, debiendo dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
Para terminar, no dejéis de ver este espectacular video, de dos minutos y obrar en consecuencia visitando el oriente asturiano …
Etiquetas: Cámara de Cuentas de Andalucía, contratos, procedimiento negociado, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP	Publicado por Antonio Arias Rodriguez
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Plural: 24 comentarios en “Las patologías del procedimiento negociado”	Julián de la Morena dice:	Miércoles, 2 de abril de 2014 en 07:42h	Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (BOE de 02.04.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Sábado, 5 de abril de 2014 en 09:16h	Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE de 05.04.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Lunes, 7 de abril de 2014 en 07:45h	Publicada la Orden HAP/536/2014, de 3 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada (BOE de 07.04.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Lunes, 7 de abril de 2014 en 10:12h	En el DOUE de 5 de abril de 2014, se ha publicado la DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2014 sobre la identificación de especificaciones técnicas TIC que se puedan usar como referencia en la contratación pública.
Responder	Julián de la Morena dice:	Miércoles, 23 de abril de 2014 en 12:06h	Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española (BOE de 23.04.2014).
1.	La Administración General del Estado gestionará la cobertura de riesgos por cuenta del Estado por medio de un Agente Gestor que será designado por el Ministro de Economía y Competitividad. En el procedimiento de selección del Agente Gestor no resultarán aplicables las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se respetarán los principios de idoneidad, transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.
Responder	Julián de la Morena dice:	Sábado, 10 de mayo de 2014 en 10:31h	Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (BOE de 10.05.2014).
2. Los operadores se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público y de carácter público, de acuerdo con lo establecido en este título. Cuando se impongan obligaciones de servicio público, conforme a lo dispuesto en este capítulo, se aplicará con carácter supletorio el régimen establecido para la concesión de servicio público determinado por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. En el resto de supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesión, será requisito previo que los solicitantes ostenten la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la prestación de servicios audiovisuales se otorgará por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aneja al título habilitante audiovisual. La duración de estas concesiones será la del título habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue la concesión no tiene por qué ostentar la condición de operador de comunicaciones electrónicas sino la de prestador de servicios audiovisuales.
4. El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la entidad se acomodará a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Responder	Julián de la Morena dice:	Sábado, 10 de mayo de 2014 en 10:38h	El Real Decreto 336/2014, de 9 de mayo, publicado en el BOE de 10.05.2014, modifica el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se adapta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, aprueba su Estatuto y se acuerda su denominación como Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, OTORGA LA CONSIDERACIÓN DE MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO (ART. 24.6 TRLCSP) de la Administración General del Estado, así como de los organismos, entes y entidades del sector público estatal, sean de naturaleza jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de aquélla, en los términos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y del presente Estatuto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Responder	Julián de la Morena dice:	Sábado, 10 de mayo de 2014 en 10:41h	Ver Sentencia 56/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2928-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Competencias en materia de contratación administrativa: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una excepción a la prohibición general de pago aplazado en la contratación del sector público, publicada en el BOE de 07.05.2014).
Destaco la crítica al artículo 87.7 del TRLCSP:
“Sin duda puede reprocharse al artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público su imprecisa formulación, por cuanto la remisión genérica a la ley para el establecimiento de excepciones al régimen de prohibición de pago aplazado no despeja, prima facie, la duda de si con ello el legislador ha querido referirse únicamente a la ley estatal o, por el contrario, ha pretendido abrir la posibilidad de excepciones establecidas mediante ley autonómica. Pero la crítica que pueda merecer el precepto desde la óptica de la buena técnica legislativa no nos exime de indagar en la dimensión material de la norma básica, que es en definitiva la que debe prevalecer en el juicio de constitucionalidad.”
Responder	JULIAN dice:	Sábado, 28 de junio de 2014 en 09:10h	Ver Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (BOE de 28.06.2014)
Responder	tmoreo dice:	Domingo, 29 de junio de 2014 en 09:01h	LA ADJUDICACIÓN DIRECTA CON SIMULACRO DE NEGOCIACIÓN,
Un Posted: 28 Jun 2014 12:10 AM PDT insertado en mi correo electrónico me lleva al comentario que hizo Antonio Arias, hace tiempo ya (Antonio, no acabo de aclararme con la dinámica del Blog con estas vueltas al pasado), sobre el Informe de 2013 que la Cámara de Cuentas de Andalucía publicó a raíz de la fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial 2012. Asunto pasado, pero presente por la actualidad del tema: El negociado sin publicidad.
Respecto a tal procedimiento, con todos mis respetos a la Cámara, no comparto la idea de que sea un ejemplo de buenas prácticas (como se señala en la página 490 del Informe) proceder a la publicación de un anuncio de la contratación en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, otorgando un plazo para que cualquier empresa interesada pueda presentar oferta, como si de un procedimiento negociado con publicidad se tratase.
Las malas prácticas en la adjudicación de los contratos, en concreto, la adjudicación directa con simulacro de negociación, tema que preocupa al OCEX y que supone el 99% de los casos de negociados sin publicidad, se deberían atajar desde la raíz desincentivando su práctica a golpe de declaraciones de nulidad. plena de la adjudicación, por haber prescindido del procedimiento, en aquellos supuestos en los que no ha existido negociación, bien porque no convenía, no era posible o no se sabía cómo negociar, y, por lo tanto, se ha utilizado un procedimiento distinto al establecido, que para estos casos, es el procedimiento abierto.
Sostiene el Tribunal Supremo que seguir en la contratación un procedimiento distinto del legalmente fijado supone “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, esto es, causa de nulidad de pleno derecho según el artículo 62.1 de la L30/1992, aplicable a este supuesto de acuerdo con el artículo 32 del TRLCSP. Los tribunales administrativos de recursos contractuales ya lo han hecho en varias ocasiones pero, desgraciadamente, los contratos que son objeto de esta tramitación fraudulenta, en la mayoría de los casos no son susceptibles del recurso especial en materia de contratación por tratarse de importes que no alcanzan el umbral comunitario y ya se sabe lo que ocurre con los recursos de reposición: Recurso de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Lo que no puede admitirse, en mi modesta opinión, es atajar el problema inventándose un nuevo procedimiento: El negociado sin publicidad con publicidad en el Perfil.
Los procedimientos que los EEMM están autorizados a utilizar se encuentran enumerados taxativamente en la Directiva y no se puede entender como hizo Francia en su momento y luego hubo de rectificar, que la Directiva es una Directiva de coordinación que deja libertad total a los EEMM en este sentido. El Código Francés contemplaba un procedimiento a modo de “diálogo competitivo”, desarrollado en dos partes: un anuncio para un contrato de definición y, posteriormente, mediante negociación entre los que han firmado el contrato de definición, se formalizan contratos de ejecución. La Comisión Europea lo denunció y el Tribunal de Justicia, en sentencia de 10/12/09 asunto C-299/08, proclamó que dichos preceptos contravienen la Directiva 2004/18/CE porque los procedimientos están tasados y los EEMM no se pueden inventar procedimientos.
Los procedimiento que el órgano de contratación puede utilizar para la adjudicación de los contratos en España son cinco (el contrato menor no es procedimiento y el concurso de proyectos es un supuesto muy especial) y cada uno de ellos se encuentra perfectamente regulado en el TRLCSP donde se concretan trámites, plazos y medios de publicidad obligatorios.
Respecto al negociado, en los casos en que se proceda a la publicación de anuncios de licitación, serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 163 a 166, ambos inclusive, que regulan el procedimiento restringido (Ver artículo 177.3 del TRLCSP)
¡Ahí es nada! ¡Uno de los procedimientos más farragosos de la Ley y se bendice que lo despachemos con una publicación en el Perfil y cuatro días para responder a las invitaciones!
Alabar esta práctica como hace el Informe en la página 490, nos parece confundir al público.
La negociación no es posible en todos los contratos; utilicemos el procedimiento abierto con independencia de si el VEC alcanza o no los 60.000€. Ocurre como en las variantes o mejoras, En determinados contratos, el órgano de contratación, partiendo de una solución tipo (a diferencia del diálogo competitivo que la desconoce) se encuentra en posición de negociar determinados aspectos de dicha solución, lo cual aporta a los poderes adjudicadores más flexibilidad para obtener de la contratación resultados que satisfagan realmente sus necesidades. Pero no siempre es así.
Las posibles ventajas de una mayor flexibilidad y una posible simplificación deben contraponerse con el aumento de los riesgos de favoritismo y, más en general, de que la mayor discrecionalidad de que disfrutarán los poderes adjudicadores en el procedimiento negociado dé lugar a decisiones demasiado subjetivas, que, reconozcámoslo, van a adoptarse con o sin anuncio en el Perfil cuando al órgano de contratación le convenga, porque el problema es que, en general, se ha entendido que el negociado sin publicidad por razón de la cuantía es el procedimiento que sustituye a la adjudicación directa permitida en España para contratos que no superaran los 5 millones de pesetas, hasta se derogó la Ley de Contratos del Estado de 1965 por la Ley 13/1995. En definitiva, un procedimiento que autoriza a la Administración a elegir discrecionalmente al empresario que va a ejecutar el contrato, siempre que se cumpla formalmente con la invitación a tres empresas y se deje constancia en el expediente de la negociación.
El concepto de «negociado=adjudicación directa» está totalmente alejado del concepto de negociación que se perfila en la nueva Directiva 2014/24/UE, relativa a la Contratación pública donde se reconoce que existe una necesidad generalizada de mayor flexibilidad y, en particular, de un acceso más amplio a un procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones explícitamente para todos los procedimientos, siempre previa licitación pública, como las que prevé el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
La negociación puede incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad/precio, al dar a los poderes adjudicadores más flexibilidad para obtener de la contratación resultados que satisfagan realmente sus necesidades. Nada que ver con la práctica habitual que, en el mejor de los casos convierte este procedimiento en un procedimiento abierto sin publicidad, que se sustituye por la invitación telefónica a tres empresas para que presenten sobres con ofertas para selecciona la más ventajosa, hurtando a este proceso de selección las ventajas que ofrece una verdadera negociación.
Si la utilización que se hace del procedimiento negociado sin publicidad consiste en aplicar el concepto «negociado=adjudicación directa», limitémoslo bajando las cuantías de 200.000 y 60.000 euros que son considerables; es más, suprimamos el negociado sin publicidad por razón de la cuantía y dejemos un pequeño margen de maniobra para la adjudicación directa de contratos de cuantía menor (50.000 para obras es demasiado) o para aquellos casos imprevistos que requieren un solución momentánea, eso sí, reforzando los controles de estos gastos con controles posteriores de regularidad que comprendan un control de cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, principalmente si se han producido fraccionamiento ilícito del objeto del contrato.
El TJUE en su sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, apartado 37, ha calificado la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa como la infracción más grave del Derecho comunitario en materia de contratos públicos.
¿No es adjudicación directa la determinación a priori de la empresa que conviene ejecute el contrato, con o sin anuncio en Perfil?
Palma 29 de junio de 2014
Responder	Julián de la Morena dice:	Martes, 1 de julio de 2014 en 13:03h	Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2014 (BOE de 01.07.2014).
Responder	Julián de la Morena dice:	Martes, 15 de julio de 2014 en 08:53h	VER Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (BOE de 15.07.2014)
Responder	Julian de la Morena dice:	Martes, 15 de julio de 2014 en 10:05h	Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (BOE de 15.07.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Miércoles, 16 de julio de 2014 en 08:55h	Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOE de 16.07.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Miércoles, 16 de julio de 2014 en 09:05h	Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears (BOE de 16.07.2014)
Sección 2.ª Transporte público regular de viajeros de uso general
Subsección 2.ª Adjudicación del contrato y vigencia
Artículo 25. Modalidad del contrato y adjudicación.
1. Los contratos administrativos especiales de gestión de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera adoptarán, generalmente, la modalidad de concesión administrativa, en la que el empresario gestiona el servicio a su riesgo y ventura.
2. Para el otorgamiento de la concesión se seguirá el procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal. En casos justificados se podrá recurrir a las otras modalidades de contratación previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público o la normativa que lo sustituya.
3. No obstante lo anterior, la administración podrá optar por la adjudicación directa del contrato en aquellos casos que prevé la normativa europea y recoge la normativa nacional reguladora de la ordenación de los transportes terrestres, conforme a la cual podrá ser de aplicación.
4. El pliego de condiciones que haya de regir el contrato tomará como base el proyecto aprobado por la administración junto con la resolución de establecimiento del servicio, e incluirá, como mínimo, los requisitos establecidos en la normativa estatal, así como cualquier otra circunstancia que delimite su servicio y configure su prestación.
5. En el procedimiento relativo a la adjudicación del servicio, el contrato de gestión y prestación del servicio público, y su modificación, extinción y condiciones de aplicación se atendrán a lo establecido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, en los reglamentos que las desarrollan y, supletoriamente, en la normativa vigente en materia de contratos del sector público.
Artículo 26. Vigencia del contrato.
2. La duración de los contratos de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia y en las disposiciones reglamentarias dictadas para su ejecución y desarrollo, no podrá ser superior a diez años.
Sin embargo, si las condiciones de amortización de los activos aportados hicieran necesario prorrogar la duración del contrato y la gestión de la explotación fuese evaluada positivamente, el contrato podrá prorrogarse por un plazo no superior a la mitad del período originalmente establecido.
Sección 2.ª Adjudicación y prestación del servicio
Artículo 172. Adjudicación del servicio.
1. Por regla general, la explotación del servicio se adjudicará mediante un procedimiento abierto, de acuerdo con las normas establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, o en la norma que lo sustituya. El contrato de adjudicación tendrá naturaleza de contrato administrativo especial de gestión de servicios públicos.
2. La convocatoria para la adjudicación del servicio exigirá, como condición esencial, que la explotación del ferrocarril de Sóller conserve y mantenga su tradicional y típica imagen actual, en cuanto a su material móvil, sus instalaciones y sus dependencias, principalmente las estaciones.
Responder	Pingback: Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas de Panamá | Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización Julián de la Morena dice:	Martes, 21 de octubre de 2014 en 08:46h	Medidas de transparencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
Ley 1/2014, de 24 de abril, de supresión de la Sindicatura de Cuentas (BOE de 21.10.2014)
Responder	Julián de la Morena dice:	Martes, 30 de diciembre de 2014 en 10:05h	Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 (BOE de 30.12.2014)
Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales,
Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social
podrán formalizar durante el año 2015, con cargo a los respectivos créditos de inversiones,
contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios,
siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración
directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de
servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla
y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la
Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de
obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de
inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta
propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización,
por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad, o en su caso por el
Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará
sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato
de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización
previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación
de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario
destinado específicamente a dicha finalidad.
En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora,
esta contratación requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado,
que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado
a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de
disconformidad con el informe emitido, el Organismo autónomo o la Entidad pública
empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para su resolución.
Disposición Transitoria Sexta. Régimen transitorio de la centralización de créditos.
Respecto a aquellos contratos centralizados, cuyos gastos deban imputarse al
Programa presupuestario 923R «Contratación Centralizada», en tanto no se proceda a la
centralización de los créditos correspondientes, la aprobación de las órdenes ministeriales
de centralización dictadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en
aplicación del artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, determinarán, en su
caso, la obligación por parte de los diferentes entes mencionados en los apartados a), b),
c), d), e) y f) del artículo 1 de esta Ley, de emitir las correspondientes retenciones de
crédito respecto a los contratos que se tramiten al amparo de la misma.
Con carácter previo al inicio de cada contrato, la Dirección General de Racionalización
y Centralización de la Contratación comunicará a cada ente el importe por el que deberá
efectuar la retención de crédito, de acuerdo con la distribución del objeto del contrato.
Disposición Transitoria Décima primera. Centralización de créditos.
Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, respecto a aquellos contratos
centralizados cuyos gastos deban imputarse al Programa presupuestario 923R
«Contratación Centralizada», en cuyo objeto se contemplen obras, bienes o servicios
destinados a organismos, deberá establecerse el coste asumido a satisfacer por el
destinatario del bien o servicio para la tramitación de la correspondiente transferencia de
crédito desde el presupuesto del órgano destinatario a la Sección 31, o cuando no fuera
posible esta transferencia de acuerdo con el régimen presupuestario aplicable, mediante
generación de crédito en el Servicio Presupuestario 05 «Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación» de la Sección 31 «Gastos de
Diversos Ministerios» por el ingreso que efectúe el destinatario del objeto del contrato
Las anteriores modificaciones de crédito serán aprobadas por el Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, a iniciativa de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación y a propuesta de la Subsecretaría de Hacienda y
Los expedientes de modificación se iniciarán una vez concluido el proceso informático
presupuestario de atribución de créditos aprobados en los Presupuestos Generales del
Estado aprobados por las Cortes.
A partir del ejercicio 2015, dicho sistema de asignación de crédito se simultaneará con
la dotación inicial que se asigne al citado Servicio Presupuestario, en consonancia con los
nuevos contratos centralizados tramitados y aquéllos que ya se encuentren formalizados.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de
el 3,50 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2015.
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 4,375 por ciento.
Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 4,375 por
OJO: En el artículo 35 se refieren a la “legislación de Contratos del Estado”. ¿Qué os parece?
Responder	Teresa Moreo dice:	Sábado, 3 de enero de 2015 en 18:39h	No me extraña si la norma nace en el entorno de la Dirección General de Racionalización. He escuchado mas de una vez a su máxima responsable referirse a la Ley de Contratos del Estado como si no hubiera otra ley y también utilizando conceptos que no aparecen en nuestro texto refundido, como “contratos abiertos”, sin saber muy bien a qué se estará refiriendo, pero la verdad es que es muy fuerte que aparezca así en una ley. No tengo palabras.
Responder	Julián de la Morena dice:	Martes, 27 de enero de 2015 en 08:42h	Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (BOE de 27.01.2015).
Disposición adicional undécima. Pagos en metálico y en otros bienes.
En los contratos del sector público, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, la retribución del contratista podrá consistir en la entrega de otras contraprestaciones, incluido bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de contratación y patrimonial.
En el supuesto de que la contraprestación no sea directamente en metálico, deberá incorporarse un informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que se deducirá en el importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares, que servirá de base a la licitación.
Disposición final primera. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones normativas que regulen la forma de prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y conservación, las condiciones técnicas y los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por medios electrónicos cuando los destinatarios de las mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades vinculadas o dependientes.
La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha consejería de manera gradual, en atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de contrato de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11.
Responder	Julián de la Morena dice:	Martes, 27 de enero de 2015 en 08:47h	Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015 (BOE de 27.01.2015)
Responder	Estudiante dice:	Lunes, 4 de mayo de 2015 en 19:11h	Soy una pobre estudiante de última hora y con prisas que se acaba de iniciar en el mundo de los contratos públicos. No se nada, pero me divierto. Es obvio que hay un abuso en cuanto al procedimiento negociado sin publicidad supuestamente exepcional, pero me ha encantado leer en esta página de empresas de inserción http://www.feclei.org/clausulas/claso_cues_adjudicacion.htm, lo felices que son ellos con este procedimiento de adjudicación negociado: “nos interesa de forma especial este apartado, ya que resulta un procedimiento especialmente apropiado para facilitar el acceso de las Empresas de Inserción a los contratos públicos, puesto que por debajo de determinados importes nos permite invitar a la licitación exclusivamente a esta tipología de entidades.” Que se haga a dedo pero de manera responsable socialmente. Uhhmm, ¿no tiene un peculiar aroma de Chop Suey con salsa agridulce?
Responder	Pingback: La gerencia de la Universidad pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora | Fiscalizacion.es Pingback: Revista Española de Control Externo nº 50 | Fiscalizacion.es Gracias por comentar con el fin de mejorar Cancelar respuesta	Introduce aquí tu comentario...

References: artículo 178
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 87
 artículo 87
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 32
 artículo 177
	Resolución 

Artículo 25
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 26

Artículo 172
 Real Decreto 

artículo 47
 artículo 206
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 38
 artículo 35
 artículo 27