Source: https://www.revistaderecho.com.co/3/index.php/en/blog-timeline/itemlist/date/2020/4/6
Timestamp: 2020-06-03 16:34:48+00:00

Document:
Revista Derecho, debates & personas - Items filtered by date: Monday, 06 April 2020
HomeEdicionesItems filtered by date: Monday, 06 April 2020
La doble conformidad, ¿De qué problemas adolece?
posted on April 06, 2020 by Super User posted in	Artículos Penal
Un problema que denota gran importancia para la ciencia del derecho penal, en especial el derecho procesal penal, es el relativo a la estructuración y regulación de la doble conformidad (cosa distinta al derecho de la doble instancia), puesto que esto trae aparejado una serie de consecuencias prácticas para los intervinientes en un proceso judicial, debido a que del reconocimiento y la adecuada formulación de esta garantía depende, en muchas ocasiones, la responsabilidad penal del procesado. Por ello, el presente trabajo pretende abordar a totalidad esta figura jurídica (doble conformidad), es decir, establecer su concepto, diferenciarlo con el derecho de la doble instancia, determinar su consagración convencional, constitucional, legal y, por último, hablar sobre su tratamiento en la jurisprudencia colombiana, para así examinar unos posibles inconvenientes presentados por esta figura en el Derecho Colombiano.
Antes que nada, se deben tener en cuenta una serie de precisiones terminológicas y conceptuales; como, por ejemplo, que es impugnar, que es recurso y, por último, que es apelación.
Por impugnación podría entenderse como aquel derecho que tienen las personas de atacar, controvertir, tachar, refutar las decisiones judiciales (Gómez Castillo, 2016, pág. 52). Ya sea porque se ha incurrido en un yerro procedimental, o porque el resultado del procedimiento (sentencia) no fue el esperado y esto conllevo un perjuicio para algunas de las partes y/o intervinientes, es decir, es un derecho subjetivo que tienes las personas que participan en el proceso judicial de solicitar la modificación de algunos autos o sentencias judiciales. El medio o instrumento mediante el cual se lleva acabo el derecho de impugnar se le denomina “recurso”, dicho de otra manera, la impugnación es la institución y el recurso es la forma en la que materializo ese derecho.
En el código procesal penal colombiano (ley 906 de 2004) los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios, los primeros son los de apelación art 176.2, reposición art 176.1, y recurso de queja art 179B, y extraordinarios existe el de casación art. 180 y revisión art. 192. Ahora bien, el recurso de apelación consiste en la posibilidad que se tiene de solicitar la revocación o modificación de un auto o sentencia judicial al superior jerárquico que emitió dicha providencia (pág. web). En el código de procedimiento penal colombiano el recurso de apelación procede contra sentencias, ya sea de absolución o condena, y contra autos que tiene que ver con la libertad del procesado, que afecten la práctica de pruebas o que perjudiquen derechos patrimoniales, tal como lo afirma el art. 20 del CPP.
La pregunta que surge ahora es ¿Qué es la doble conformidad?, Podría definirse como la facultad que tienen las personas de impugnar (controvertir) la primera sentencia condenatoria, esto es, es un derecho que se tiene de solicitar a otro juez diferente al que profirió la decisión que esté de acuerdo con dicha sentencia o que revise la misma, esta garantía es un elemento estructural del debido proceso, pues de lo contrario, se tornaría injusto que un acusado condenado por un determinado delito no pudiera solicitar esa revisión por otro juzgador. Diferente figura ésta a la doble instancia; pues tal como lo afirma la Corte Constitucional (sentencia C-792 de 2014) la primera procede solo es casos en que la decisión haya sido condenatoria, por lo que solo procede en asuntos penales y puede ser ejercitada exclusivamente por el condenado o su defensor, en cambio, la doble instancia puede aplicar para todo proceso judicial en general (civiles, penales, laborales etc.), sumado a que el principio de la doble instancia puede ser interpuesto por cualquiera de los sujetos procesales, para que exista legitimación de interponer el derecho a la doble conformidad, solo puede ser el que haya sido condenado, también se tiene que mientras la doble instancia, se ha dicho por la corte, es un principio general del debido proceso puede en algunas situaciones ser exceptuado por vía legislativa, sin embargo, el doble conforme además de ser principio es un DERECHO por lo que las excepciones al mismo se encuentran limitadas. En cuanto a su contenido, mientras el derecho a la impugnación otorga la facultad para controvertir la sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido por dos jueces distintos, la garantía de la doble instancia exige que una misma controversia jurídica sea sometida a dos instancias o faces procesales distintas e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero sin importar que los fallos resultantes sean coincidentes. Por último, la finalidad que entraña cada institución es diferente; puesto que mientras la doble conformidad persigue garantizar mediante el derecho de defensa, que el incriminado tenga la posibilidad de verificar si su condena se impuso correctamente, en la doble instancia su finalidad es corregir los fallos judiciales, para así garantizar una la igualdad en la decisión.
La doble instancia se encuentra consagrada en el artículo 31 de la carta política de la siguiente manera “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. En cambio, la doble conformidad se establece en el artículo 29 de la carta política “toda persona tiene derecho... ha impugnar la sentencia condenatoria” (Constitución Política de Colombia, 1991).
Desde una perspectiva convencional, la doble conformidad se encuentra consagrada en el artículo 8. 2 literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos “toda persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Por último, en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”
Como se ha señalado, la doble conformidad como derecho Fundamental e indispensable en un estado social de derecho, no es novedad alguna, puesto que se encuentran de antaño consagrada en distintos órganos internacionales, en el ordenamiento jurídico interno se consagro de manera taxativa en la constitución colombiana de 1991, no obstante, su existencia y aplicación se ha ignorado en gran manera por los tribunales y jueces del país, debido, entre otras cosas, a que ha faltado un desarrollo por parte del legislador, lo cual no obsta para que no sea aplicado de manera directa por algún juez de la república, esto, si se tiene que tal como lo afirma el artículo 4 de la Constitución esta es norma de normas, por lo que se debería aplicar de manera preferente, pues no toda disposición constitucional requiere que el legislador de luz verde para su aplicación.
Cabe resaltar, que no fue hasta la Sentencia C-792 de 2014 en la que la Corte Constitucional decidiendo sobre unos artículos demandados del código de procedimiento penal, hace un análisis de dicha garantía, para así darse cuenta de que en Colombia no se le ha reconocido la importancia que entraña para el debido proceso esa institución.
En dicha providencia la Corte reconoce dos reglas fundamentales; la primera relativa a la posibilidad de impugnar en procesos de única instancia o en aquellos procesos en los que se condena por primera vez en segunda instancia y, la segunda, relaciona con que el sistema recursivo diseñado por el legislador para materializar el derecho a la impugnación, debe garantizar los siguientes estándares: (i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso. Posteriormente, la alta corporación exhorto al Congreso para que dentro de un año regulara dicha materia de lo contrario iba a proceder la impugnación sobre cualquier decisión judicial, no obstante, este guardo silencio al respecto.
Vencido el termino, la Corte Suprema de Justicia no quería reconocer tal garantía fundamental (Doble conformidad) como en las sentencias: CSJ AP4808/2016, CSJ AP4069/2016.
No fue hasta la creación del Acto Legislativo 01 del 2018 en donde la posición de la corte se ha morigerado un poco, ¿Qué cambios realizo este Acto legislativo? Básicamente al modificar los artículos 186, 234, 235 de la Constitución política crea unas salas especiales en la Corte suprema de justicia, para poder garantizar el Derecho a la doble instancia en el caso de los aforados constitucionales y, el derecho a la doble conformidad en los casos en los cuales se ha condenado por primera vez en segunda instancia, en pocas palabras el área penal, ya no solo se componen de nueve magistrados (como en la sala de casación penal) sino que está compuesta de dieciocho magistrados, puesto que se creó una Sala Especial de Primera Instancia (tres magistrados) y una sala de instrucción (seis magistrados). Todo lo anterior, con la finalidad de que se puedan garantizar dichas garantías mínimas fundamentales requeridas en un proceso penal, pero todo no ha sido color de rosas, pues a causa del inexistente de desarrollo normativo de dichos artículos, y al faltar un procedimiento creado por el legislador para acceder a dichos mecanismos, lo que se ha creado es confusión y oscuridad sobre el tema, pues la mayoría de las veces los tribunales niegan ese derecho, puesto que no conocen la manera de acceder a tales garantías (pues no existe tal procedimiento) como la doble conformidad.
En la sentencia AP1263/2019 la Corte Suprema de Justicia da una serie de pautas o lineamientos necesarios para poder garantizar el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, esto debido a la inactividad del legislador, por lo que establece que el recurso de impugnación especial (así se le denomina en dicha sentencia a la doble conformidad) se regirá con base a la técnica del recurso de apelación, sin embargo, sus términos procesales se asimilaran de conformidad con el recurso de casación, esto es, un hibrido o una mezcla entre un recurso ordinario y extraordinario, aunado a que si en la misma actuación se interpone un recurso de casación por cualquiera de los intervinientes del proceso al mismo tiempo que uno de impugnación especial, se resolverá primero el de casación y no el de impugnación especial, teniendo en cuenta que la impugnación especial es un recurso preferente, puesto que como su esencia lo establece, es un medio que garantiza un Derecho Fundamental reconocido en tratados internacionales y hasta en la Constitución Política.
Es loable que la Corte Suprema de Justicia actuando de una manera garantista opte por regular dicho derecho fundamental para que no se siga vulnerando, no obstante, un tema de semejante envergadura no se le puede confiar a ese órgano jurisdiccional puesto que es una tarea exclusiva del legislador colombiano. De lo contrario, como se ve en algunas ocasiones, los Tribunales Superiores ya sea por desconocimiento, o, por falta de claridad sobre dichos parámetros, omiten seguir los lineamientos del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y, siguen vulnerando la tan mencionada doble conformidad. Siendo muchas veces la única manera de proteger esta garantía la interposición de tutelas contra las sentencias de los Tribunales que se rehúsan a reconocer tal figura trascendental, en providencias como STP131/2020, CSJ. STC15017/2019, STC531/2020; en dichas providencias se evidencia que los tribunales superiores del Distrito omiten reconocer tal garantía que es núcleo central del debido proceso, siendo (como dije anteriormente) el único instrumento para el reconocimiento del particular, la acción constitucional de tutela, pues no existe una forma clara o uniforme de acceder a la impugnación especial, pues si bien es cierto la CSJ ha tratado de regular al respecto el procedimiento, aun así se siguen generando dudas sobre cuestiones como el rango de aplicación de tal derecho en el tiempo (favorabilidad) y otros problemas que se pueden presentar.
En otras ocasiones, las mismas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, resolviendo acciones de tutelas, han negado el amparo constitucional del derecho a impugnar la primera condena, argumentando que dichos procesos fueron realizados o que fenecieron antes del pronunciamiento emito por las Corte Constitucional en la tan mencionada Sentencia C-792-2014 y otros pronunciamientos posteriores, con base en dichas alegaciones niegan los amparos de esa prerrogativa fundamental, arguyen que son situaciones ya consolidadas y para ello no aplica tal beneficio, lo anterior, en sentencias como STC1145-2020, STC1468-2020. Vulnerando flagrantemente la constitución y los tratados internacionales adoptados por Colombia mediante la institución del Bloque de Constitucionalidad consagrado en el art. 93 de la Carta Política y las sentencias de la Corte Constitucional1 en donde ella misma acepta que por lo mínimo se debería reconocer tal garantía desde la constitución de 1991 puesto que se han venido violando de una manera sistemática por parte de los organismos jurisdiccionales y, desde luego, el procesado no tiene la culpa de esas situaciones. Así lo dejo claro la corte2 cuando afirmo: “Entonces, es evidente que el derecho a la doble conformidad de la condena penal está vigente en nuestro ordenamiento jurídico –se reitera- desde 1976. Luego, la circunstancia de que esa prerrogativa se haya vulnerado en todos los procesos en que los enjuiciados no tuvieron la posibilidad de impugnar la primera condena penal que, por tanto cobró ejecutoria en esas condiciones, no es una causal eximente de la obligación del Estado de garantizarla, es una situación agravatoria de su incapacidad de brindar a los procesados penales las garantías mínimas reconocidas por los instrumentos internacionales adoptados por nuestro ordenamiento interno desde hace más de cuatro décadas”.
Inclusive, en la sentencia citada anteriormente la corte establece lo siguiente “Se trata evidentemente de un fundamento constitucional que resulta aplicable no sólo a las condenas impuestas mediante el procedimiento de la Ley 906 de 2004 sino, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y las disposiciones precitadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a todas las sentencias condenatorias proferidas mediante cualquier régimen procesal penal”, es decir, al abrir también la posibilidad de que la doble conformidad tenga cabida en los procesos adelantados bajo la ley 600, se puede inferir que no tiene tanta importancia el tiempo en el que se solicite el derecho de la impugnación especial (es decir, antes de la sentencia del 2014 o después), puesto que como se evidencia esa garantía ha estado vigente de antaño.
Recapitulando, existen algunas sentencias en donde la Corte Suprema de Justicia ampara los derechos fundamentales a la impugnación especial, acogiendo la tesis de que ese derecho se encuentra vigente mucho antes, pero, posteriormente, en sentencias como las ya citadas3 modifica su criterio de manera inexplicable tal como lo señala el Magistrado Ariel Salazar Ramírez en un salvamento de voto de tan rara sentencias: “De manera francamente incomprensible, pues no se expusieron las razones del nuevo viraje al criterio ya consolidado, en esta oportunidad la mayoría decidió no salvaguardar los intereses de la tutelante”. Todo lo anterior, pone de manifiesto la problemática que supone este derecho (ante la ausencia legislativa) con respecto a la favorabilidad en materia penal (que en estricto sentido no sería favorabilidad pues esa garantía, como se vio, está vigente mucho antes en el ordenamiento jurídico interno).
Otro problema muy importante que surge es: que sucede cuando la primera condena no se impone por primera vez en segunda instancia, sino ahora en casación, puesto que hasta el momento se ha hablado solo de casos en los que se emite la sentencia condenatoria es en segunda instancia. Lo anterior, seria en la hipótesis en la que se absuelve al procesado en primera instancia, la fiscalía apela (ejerciendo se derecho a la doble instancia) y el tribunal vuelve absolver, entonces la fiscalía interpondría el recurso de casación y, cuando llega el caso al conocimiento de la corte esta revoca imponiendo una sentencia condenatoria. De acuerdo con lo anterior, en la tan pluricitada Sentencia de la corte constitucional4, se afirmó lo siguiente: "a la hipótesis en la que, en el marco de un juicio penal, se profieren dos sentencias absolutorias, de primera y de segunda instancia, y posteriormente, el juez de casación revoca tales fallos y declara por primera vez la responsabilidad penal. Frente a este supuesto fáctico, esta Corporación ha establecido que el derecho a la impugnación puede ser ejercido en contra de esta última providencia”.
Partiendo de dicho presupuesto, la doble conformidad se podría alegar en esos casos, no obstante, en sentencia SU215-2016 la Corte parece haber cambiado de criterio estableciendo lo siguiente: En la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. A esta conclusión se llega entonces porque en el contexto del caso entonces sujeto a consideración de la Corte se observa que (i) no se demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en casación, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque desconocían el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los problemas jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.
De lo anterior se colige, que la impugnación no aplica para los casos en los que se ha emitido condena en sede de casación, lo que comporta, como es evidente, una gran vulneración al debido proceso y a su núcleo fundamental como es el derecho de defensa, pues no tiene como controvertir una decisión adversa, sumado a la violación de los tratados internacionales aceptados por Colombia y que prohíben ser limitados (art. 93 C. P), por lo tanto, esto no puede aceptarse, sumado a la violación del derecho de igualdad (art.13 CP). Cabe resaltar, que con la entrada en vigor del acto legislativo 01 de 2018 esa tesis expuesta anteriormente parece abandonarse, pues esta modificación constitucional, implementa el derecho de la doble instancia (para aforados constitucionales) y la posibilidad de impugnar la primera condena, sin importar en que instancia procesal se lleve a cabo.
Pero lo anterior, trae aparejado algunas aparentes confusiones, vrg, en los casos en los que un aforado constitucional es juzgado por la sala especial de primera instancia y es absuelto, la fiscalía ejercitando el derecho de la doble instancia apela y, posteriormente la sala de casación penal de la Corte Suprema de justicia condena, ¿ante quien se ejerce el derecho de doble conformidad? En los casos en los que la corte al conocer sobre un recurso de casación condena por primera vez ¿ante quien se ejerce el derecho a la doble conformidad, pues la Sala especial de Primera instancia no puede conocer asuntos que le competen a la sala de casación penal, como son conocer demandas de casación? En las hipótesis en las que un Tribunal Superior absuelva a un procesado, la fiscalía apela (ejerciendo su derecho a la doble instancia) la Corte en su sala de casación penal revoca la sentencia del tribunal y condena, ¿ante quien se interpone el recurso de impugnación, pues la sala especial de primera instancia no puede conocer de esos casos? La respuesta a estos cuestionamientos que por lo general se producen, puede estar, en que ahora la sala de casación penal ya no conoce los nueve magistrados de un determinado recurso (sea apelación, impugnación especial, casación), sino que ahora esa Sala de Casación penal, a su vez está divida en dos salas, una compuesta por seis magistrados que conocen del recurso de apelación o casación y otra de tres magistrados que conocen de la impugnación especial (esto se concluye del art 235 numeral 7 de la Constitución Política), pero la pregunta ahora es ¿qué asuntos conoce la Sala plena de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? puesto que ahora hay un fraccionamiento en el área penal. Todo lo anterior, hecho con la finalidad de garantizar algunas garantías mínimas indispensables en un Estado Social de Derecho, como lo es la oportunidad para impugnar una sentencia de Condena.
Cabe aclarar, que algunas de estas problemáticas o “confusiones” se producen por la posibilidad que tiene la fiscalía, como los demás intervinientes del proceso, de impugnar decisiones judiciales, pues si no se pudiera interponer recurso de una sentencia Absolutoria, no se presentarían estos inconvenientes. Lo cual, no puede ser tampoco de esa manera, pues desconocería también los derechos de las victimas que revisten de gran importancia dentro de un proceso judicial.
Como colorario, se debe tener en cuenta la sentencia STP981-2020, decisión un poco controvertida, debido a que en aquella oportunidad la alta Corporación tutelo el derecho de la Doble Conformidad habiendo el abogado defensor interpuesto el recurso de apelación de manera Extemporánea; argumentando la Corte que se le debe reconocer al juez un margen de oficiosidad, para que así no se interponga el recurso, tramitar el derecho de impugnación especial, algo similar a lo que sucede con la “consulta” en materia laboral. Desde luego, esto resultaría un poco contradictorio si se tiene que las oportunidades procesales son perentorias e improrrogables y, aunado a que la interposición de recursos es un acto de parte.
Lo que mejor se podría realizar, para disipar ciertas dudas y contradicciones, que entrañan la institución del derecho de la doble conformidad (tal como se pone de manifiesto en todo el articulo) sería un desarrollo legislativo completo y acertado, de parte del órgano legitimado constitucionalmente para ejércelo. De lo contrario, la majestuosidad de dicho Derecho se verá empañada por la inactividad del legislador.
1 C-792-2014. SU615-2016. SU217-2019.
2 SU217-2019.
3 STC1468-2020 STC1145-2020.
4 C-792-2014.
•	Constitución Política de Colombia. (20 de Julio de 1991). Asamblea Nacional Constituyente. Preambulo: El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación(...). Bogotá D.C., Colombia. Obtenido de •	Gómez Castillo, A. (2016). La técnica de casación penal. Bogotá D.C.: Editorial Leyer.
* Estudiante de la universidad libre seccional Cúcuta. Participe como ponente en el concurso internacional de derecho procesal, el año 2019, categorías semilleros.

References: artículo 31
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 29