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Timestamp: 2019-10-24 02:34:36+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-5288
Documento BOE-A-2019-5288
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Sahagún, por la que acuerda denegar la práctica de inscripción de una escritura de adjudicación de herencia, sometida al Derecho sueco.
«BOE» núm. 85, de 9 de abril de 2019, páginas 36592 a 36600 (9 págs.)
BOE-A-2019-5288
Por escritura autorizada por el notario de Palencia, don Juan Carlos Villamuza Rodríguez, el día 11 de octubre de 2018, con el número 1.975 de protocolo, se formalizó la sucesión parcial –respecto de los bienes situados en España– de don P. M. K., de nacionalidad sueca.
Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Sahagún, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Artículos 18, 19, 19•bis. 21 y 327 de la Ley Hipotecaria, y 98 y siguientes de su Reglamento, en cuanto a ejercicio y alcance de la función calificadora del Registrador.
– artículo 76.2: «En la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos.»
– artículo 78: «En los casos de los dos artículos anteriores se considerará defecto que impida la inscripción el no presentar los certificados que se indican en los mismos, o no relacionarse en el título o resultar contradictorios en éste. No se considerará contradictorio el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad cuando fuere negativo u omitiere el título sucesorio en que se base el documento presentado, si este título fuera de fecha posterior a los consignados en el certificado.»
La prueba del derecho extranjero ha sido objeto de reciente regulación en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. El régimen de la prueba del derecho extranjero por órganos jurisdiccionales queda regulado en el artículo 33, que no afecta a las reglas específicas sobre aplicación extrajudicial, en particular al artículo 36 del Reglamento Hipotecario, es decir, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se encuentra la legislación hipotecaria (disposición adicional primera, letra f) de la Ley 29/2015). por lo que al intervenir en el caso planteado derecho extranjero (tanto en lo relativo al derecho sucesorio como a la adecuación formal del hipotético título sucesorio y los complementarios) se deberá acudir preferentemente a los medios de acreditación del derecho extranjero previstos en el artículo 36 del RH. La prueba del derecho extranjero resulta también extensible a la acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable y su vigencia. Como resulta del artículo 56 de la ley de cooperación jurídica internacional «Los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público. A efectos de su ejecutabilidad en España deberán tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas.»
Según el artículo 57 de la Ley de cooperación jurídica internacional «Los notarios y funcionarios públicos españoles, citando sea necesario para la correcta ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras, podrán adecuar al ordenamiento español las instituciones jurídicas desconocidas en España. sustituyéndolas por otra u otras que tengan en nuestra legislación efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Cualquier interesado podrá impugnar la adecuación efectuada directamente ante un órgano jurisdiccional». La misma ley dedica los artículos 53 a 61 a la regulación de la inscripción en Registros Públicos declarando que se aplicarán siempre las normas del Derecho español al procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos registrales. Concretamente. conforme al artículo 60 «Los documentos públicos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en los registros públicos españoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislación específica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen.»
Contra esta nota de calificación cabe (…)
Sahagún, a 15 de noviembre de 2018. La Registradora de la Propiedad (firma ilegible), Fdo: Amia Naroa Precioso Aya».
Contra la anterior nota de calificación don Juan Carlos Villamuza Rodríguez, notario de Palencia, interpuso recurso el día 20 de diciembre de 2018, en base a los siguientes argumentos:
Que se aporta documento de notario público sueco, redactado en idioma español y debidamente apostillado, que debe considerarse el título de la sucesión y en el que consta quién es la heredera y los términos en los que hereda, «conforme a las leyes vigentes en Suecia»; Que no puede exigirse que sea igual que una declaración de herederos española conforme a los artículos 76.2 y 78 de la Ley Hipotecaria; Que la nacionalidad sueca consta ya en el Registro; Que consta adecuadamente quien hereda y cómo en el documento público sueco, y que el artículo 82 de la Ley Hipotecaria establece que en la sustitución fideicomisaria simplemente se hará constar la cláusula de sustitución, por lo que no es posible exigir más requisitos que los que exige la legislación española para un español; Que el destino de los bienes se difiere al fallecimiento del segundo cónyuge, y Que debería aplicarse igual criterio que respecto al régimen económico-matrimonial de parejas extranjeras, en que se difiere a un momento posterior la determinación del régimen.
La registradora de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. Se suspende la inscripción de una escritura calificada de «liquidación de sociedad conyugal y adjudicación de bienes por herencia» relativa a la sucesión de un nacional sueco abierta antes del día 17 de agosto de 2015. Por ello, conforme al artículo 83 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 es de aplicación el artículo 9 del Código Civil español, en su párrafo octavo, que conduce a la ley nacional del causante, en este caso a la legislación sueca. Asimismo, la liquidación sucesoria del régimen económico matrimonial, propia de aquel sistema, no se regulará por el Reglamento (UE) 2016/1103, del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales. Conforme a su artículo 69.1 es aplicable desde el día 29 de enero de 2019. (vid. Resolución de este Centro Directivo de 27 febrero de 2019, primera).
2. El Derecho sucesorio sueco y en general el nórdico (vid. Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias, en su versión revisada por el acuerdo intergubernamental entre dichos Estados de 1 de junio de 2012) se asemeja al Derecho anglosajón en que el patrimonio hereditario se independiza de los sucesores, poseyendo personalidad jurídica propia y quedando sujeto a administración (vid., para las sucesiones internacionales posteriores al 17 de agosto de 2015, el artículo 3.2 del Reglamento (UE) y considerando 20; www.e-justicia.eu/sucession).
3. No observa la calificación cuestión alguna en relación con un eventual reenvío a la ley española respecto de los inmuebles, característica de la ley sucesoria aplicable (artículo 2 SFS 1937:81).
4. Adicionalmente, en el Derecho sueco, a falta de distribución previa del patrimonio conyugal, por defecto (Capitulo 3 SFS 1958: 637, enmendado SFS 2005: 435) el cónyuge hereda el patrimonio común y sucesorio, limitándose exclusivamente la disposición mortis causa que quedará prefijada por el fallecimiento del primer consorte abintestato.
5. Sobre estas bases son observados tres defectos: el primero señala que no se aporta el título de la sucesión hereditaria, es decir, la presunta declaración de herederos abintestato, el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades (o acreditación, en su caso, de que no existe dicha obligación) del causante don P. M. K. debidamente traducido y apostillado.
Sin embargo, en el expediente no consta la aportación de certificado de defunción del causante, sometido a los requisitos formales de apostilla– al no ser Suecia parte del Convenio n.º 17 de CIEC (Convenio de Atenas).
Tampoco resulta del expediente que se haya aportado certificado del Registro de últimas voluntades español, ni complementariamente –dada la fecha del fallecimiento del causante, anterior, como se ha indicado, a la aplicación del Reglamento 650/2012–, expresión de la inexistencia de Registro Oficial de Testamentos en Suecia, Estado del que es nacional del causante cuya ley es aplicable en el que no existe registro oficial testamentario alguno (www.e-justice/successions/ Suecia).
La exigencia de prueba de la nacionalidad sueca del causante que expresa la registradora (más allá de sus documentos identificativos –entre los que no figura un NIF en España), consta del mismo Registro, sin que haya dato alguno que permita presumir o afirmar nada en contra.
6. El segundo defecto, ligado al anterior, consiste en que, a juicio de la registradora, no se ha probado el Derecho sueco. Realmente hubiera sido deseable, en correcta técnica, que el notario autorizante realizara un juicio expreso en el cuerpo de la escritura, sobre la prueba de la ley aplicable a la sucesión. No obstante, de la lectura del documento resulta que da por probado el mismo por referencia al juicio de ley de notario sueco que acompaña a la copia autorizada formulado directamente en español y apostillado.
7. Finalmente, en la calificación se observa que no se aclara el sentido e interpretación de la cláusula testamentaria conforme a la cual la única heredera adquiere todos los bienes del causante en pleno derecho de disposición, pero con la única salvedad de que el cónyuge adjudicatario no podrá modificar por testamento los derechos que los descendientes comunes pudieran ostentar sobre el residuo de los bienes (en caso de existir) adquiridos por la cónyuge supérstite en la herencia del cónyuge fallecido. En conexión, no se identifica a los eventuales descendientes comunes del causante y su cónyuge supérstite a los efectos de hacer constar, en su caso algún tipo de derecho a su favor.
8. En la escritura calificada se dispone la adjudicación a la viuda de los bienes del difunto, por título sucesorio, pero también por su procedencia matrimonial.
Se indica «sin que pueda modificar por testamento su destino». Sobre esta limitación, la certificación del notario sueco relacionada en la escritura puntualiza que dicha adjudicación al supérstite lo es en pleno derecho de disposición, es decir con total libertad de administración, disposición y enajenación por cualquier título y modo, con la única salvedad de que el cónyuge adjudicatario no podrá modificar por testamento los derechos que los descendientes comunes pudieran ostentar sobre el residuo (caso de existir) adquiridos por el cónyuge en la herencia del consorte fallecido, todo ello con expresa cita de los preceptos atinentes de su legislación.
9. La inscripción como fideicomiso de residuo que sugiere la registradora, como institución española más próxima, habida cuenta del sistema de «numerus apertus» que preside nuestro ordenamiento jurídico, supone la previa adaptación de la figura extranjera, desconocida a la figura licita más próxima española.
10. Dada la inaplicación de este instrumento europeo, como se ha indicado por razón de la fecha del fallecimiento del causante (y sin perjuicio de los términos del artículo 1.2.k) y.l) del mismo texto), el reflejo registral de la posición jurídica del cónyuge viudo requerirá sin duda de la correspondiente adaptación en los términos de nuestra legislación nacional artículo 61 –también adecuación, artículo 57, para los documentos notariales– de la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
En lo que aquí interesa la pretensión de incorporación de derechos con transcendencia registral en base a un documento público extranjero, desconocidos en el Derecho español –sin prejuzgar su actuación en el ámbito de los reglamentos citados– implicará que el registrador deberá, con carácter previo a su calificación, como procedimiento registral separado, adaptar lo solicitado a lo establecido en nuestro ordenamiento, con finalidad similar y el límite de no producir más efectos que los previstos en el Estado de origen.
11. La adaptación de la figura sucesoria extranjera a una institución conocida en nuestro Derecho, como es en este caso la sustitución fideicomisaria de residuo, exigirá la obligatoria comunicación previa al titular del derecho o medida. Cualquier interesado podrá impugnar la adaptación directamente ante un órgano judicial (artículo 61.2 de la Ley 29/2015).
Es de hacer notar, que en el presente caso no se realiza por el notario autorizante adecuación de instituciones extranjeras, referida a la correcta ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades distintas de las españolas –no resoluciones judiciales– que presenten en España efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Actuación notarial, como la que hubiera sido requerida en este caso y que presenta, como se ha señalado, perfiles independientes a la adaptación registral.
Finalmente, también se separa, artículo 59, párrafo segundo, de la Ley 29/2015, la adaptación registral de la posibilidad de que, con carácter previo a la calificación y con los requisitos que allí se establecen –entre los que destaca la forma de notificación–, pueda ser reconocida incidentalmente una resolución por el registrador. Los parámetros de la adaptación y el reconocimiento incidental registrales son por tanto distintos.
12. En el presente caso, recordando la Resolución de este Centro Directivo de 7 de octubre de 2002, se trataría de aceptar la figura extranjera, en cuanto encaja estructuralmente en el Derecho español y adaptar al Derecho interno el contenido y efectos del derecho real foráneo, todo ello bajo el ropaje técnico de la nueva técnica de la adaptación registral.
Por lo tanto, sin duda, será necesaria la correcta identificación de los hijos interesados (artículos 59 de la Ley 20/2015, 9 de la Ley Hipotecaria y 51 y 82 del Reglamento Hipotecario –designación nominativa–) precisando su notificación a efectos de la constancia de que no hay oposición a los efectos del instituto adaptado. Nada se señala porque no lo hace la registradora en su nota, respecto de la adecuada identificación de la viuda, puesto que en diversos documentos del expediente es conocida con dos apellidos distintos, de origen y matrimonio, razonablemente, siendo este último el indicado en el certificado de la Agencia tributaria sueca (Skatteverket).

References: Resolución 
 artículo 76
 artículo 78
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 9
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 61
 artículo 57
 artículo 59
 resolución 
 Resolución