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Timestamp: 2018-09-20 14:23:59+00:00

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III. Argumentos de los participantes y de los terceros participantes - Organización Mundial del Comercio
III. Argumentos de los participantes y de los terceros participantes
1. Párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994
El Canadá aduce que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida canadiense es incompatible con las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 relativas al trato de la nación más favorecida ("NMF"). De forma expresa, el párrafo 1 del artículo I prohíbe cualquier discriminación en la concesión de ventajas en función del origen de los productos. En este sentido, la medida del Canadá es, en opinión de ese país, "neutral con respecto al origen" 28 y, por tanto, compatible con el párrafo 1 del artículo I.
El Canadá sostiene que ninguno de los informes de grupos especiales anteriores que se han ocupado de la cuestión del trato NMF en el marco del párrafo 1 del artículo I apoya el concepto de infracción de facto del párrafo 1 del artículo I del Grupo Especial. Los elementos de hecho del presente asunto son distintos de los que concurrían en casos anteriores. En el presente caso, los vehículos de motor importados en el Canadá en régimen de franquicia arancelaria proceden de gran número de países, y las condiciones para beneficiarse de la exención de derechos de importación no tienen relación alguna con el origen de los vehículos.
2. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC
a) Si la medida constituye una "subvención"
Según el Canadá, la medida canadiense no está comprendida en la definición de "subvención" del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC. El Canadá aduce que el criterio apropiado para determinar si la medida es una "subvención" consiste en aplicar el texto del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC. En lo que respecta al contexto, la nota 1 de pie de página del Acuerdo SMC delimita el sentido del inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 1. Esa nota pone de manifiesto que la exención de derechos de importación respecto de un producto no siempre se considera una "subvención". El elemento fundamental a efectos de la determinación de si una medida constituye una "subvención" es que la cuantía del derecho objeto de la exención no puede exceder del total adeudado. La medida del Canadá da lugar a una situación análoga a la descrita en la nota 1 de pie de página del Acuerdo SMC. Como no puede haber nunca una exención de un derecho que exceda del total del derecho adeudado, la exención del derecho no es una "subvención" en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC.
b) Si la medida está "supeditada […] de jure […] a los resultados de exportación"
El Canadá aduce que la medida no está supeditada "de jure" a los resultados de exportación en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. El Grupo Especial ni siquiera trata de demostrar esa supeditación "a partir del texto de la ley pertinente", sino que recurre a "hechos" hipotéticos. Al examinar esos "hechos", el Grupo Especial convierte su análisis de la supeditación "de jure" en un análisis de la supeditación "de facto".
El Canadá señala que el Grupo Especial ha constatado que la exención de derechos de importación está supeditada a la exportación porque está condicionada al mantenimiento de determinadas proporciones entre producción y ventas. El Grupo Especial clasificó esas proporciones en dos categorías: proporciones inferiores a 1:1 y proporciones iguales o superiores a 1:1. El Canadá aduce que ninguno de esos dos grupos de proporciones da lugar a una supeditación "de facto" a las exportaciones.
3. Párrafo 1 del artículo I y párrafo 1 del artículo II del AGCS
a) Párrafo 1 del artículo I del AGCS
Según el Canadá, el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el ámbito de aplicación del AGCS abarca la medida en litigio. El Canadá aduce que el artículo I del AGCS, en el que se declara que el Acuerdo se aplica a "las medidas […] que afecten al comercio de servicios", determina el alcance de dicho Acuerdo, y sostiene que la medida en litigio no afecta al comercio de servicios. En el presente caso, según el Canadá, la medida no afecta al suministro de servicios de distribución ni a los proveedores de servicios de distribución al por mayor en su calidad de proveedores de servicios. Aunque es cierto que la exención de derechos de importación "puede afectar"29 al costo de los productos, el efecto que puede tener sobre el suministro de servicios de distribución es tan "tenue" 30 que es evidente que la medida pertenece a la categoría de las medidas que deben examinarse exclusivamente en relación con el GATT de 1994.
b) Párrafo 1 del artículo II del AGCS
El Canadá sostiene que los reclamantes han sostenido que existe una discriminación tanto de jure como de facto en el sentido del párrafo 1 del artículo II del AGCS. Para formular una constatación favorable a los reclamantes, sería necesario que el Grupo Especial hubiera establecido la base para estimar que la medida otorga a determinados servicios y proveedores de servicios un trato menos favorable y hubiera puesto de manifiesto cómo se otorga ese trato menos favorable a los servicios similares o proveedores de servicios similares de determinados Miembros. A juicio del Canadá, el análisis realizado por el Grupo Especial no pone de manifiesto ninguno de esos elementos.
El Canadá aduce que, al parecer, el Grupo Especial ha constatado la existencia de una discriminación respecto de los servicios y proveedores de servicios de "cualquier otro Miembro" debido a que la exención de derechos de importación se había concedido a determinados fabricantes de algunos Miembros, aun cuando los requisitos para poder beneficiarse de este trato se basaran en criterios "neutrales con respecto al origen".31 Esta constatación es cuestionable, porque, de conformidad con ella, siempre podría constatarse que existe discriminación, a no ser que todos los fabricantes de todos los Miembros cumplieran los criterios establecidos para tener derecho a la exención de derechos de importación. Con arreglo al razonamiento del Grupo Especial, habría discriminación siempre que un fabricante de un Miembro no estuviera representado entre los proveedores de servicios que reúnen las condiciones requeridas. Además, el Canadá manifiesta que el análisis del párrafo 1 del artículo II realizado por el Grupo Especial prescinde del hecho de que es posible modificar la nacionalidad de los fabricantes/comerciantes al por mayor mediante decisiones comerciales privadas.
En opinión de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial interpretó adecuadamente el párrafo 1 de artículo I del GATT de 1994. El Grupo Especial constató que la medida en litigio en el presente caso, aunque se aplica a los importadores y es, a juzgar por sus términos, neutral con respecto al origen, puede otorgar de facto una ventaja a productos originarios de determinados países.
Las Comunidades Europeas aducen que la incompatibilidad de facto con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 debe establecerse caso por caso. Al examinar la alegación de que existe una infracción de facto es necesario tener en cuenta todos los hechos pertinentes, e inferir la incompatibilidad de la configuración total de los hechos. En el presente caso, el Grupo Especial constató acertadamente que los hechos pertinentes demuestran que existe una incompatibilidad de facto.
Las Comunidades Europeas consideran que el Grupo Especial constató acertadamente que la medida constituye una "subvención" en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC. A tenor del inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 hay una "contribución financiera" cuando se condonan ingresos públicos "que en otro caso se percibirían". En el presente caso, el Gobierno canadiense estableció una pauta normativa para sus derechos de aduana, que son ingresos públicos. La exención de derechos de importación se desvía de esa pauta normativa. En consecuencia, la medida constituye una condonación de ingresos públicos "que de otro modo se percibirían" y es, por ende, una "contribución financiera". Dado que con ello se otorga además un "beneficio" en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, la medida es una "subvención".
Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial llegó acertadamente a la conclusión de que los términos de los instrumentos jurídicos pertinentes ponen de manifiesto que las prescripciones en materia de proporción entre producción y ventas hacen que la medida esté supeditada "de jure" a los resultados de exportación, con infracción de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. El criterio para considerar que existe una incompatibilidad de jure es aplicable tanto a los instrumentos jurídicos que establecen una supeditación expresa a las exportaciones como a los que establecen una supeditación tácita, en concreto, en aquellos casos en que la obligación de exportar se deriva necesariamente de la aplicación de las condiciones establecidas en la ley. El presente caso pertenece a esta última categoría.
En opinión de las Comunidades Europeas, las prescripciones en materia de proporción entre producción y ventas, tanto en los casos en que esa proporción es 1:1 o superior como en los que es inferior a 1:1, dan lugar a una supeditación "de jure" a las exportaciones. En el primer caso, el fabricante no puede vender vehículos de motor introducidos en el Canadá con exención de los derechos de importación por ningún valor si no exporta vehículos por un valor equivalente. En el segundo, las Comunidades Europeas coinciden con el Canadá en que el fabricante puede vender una cierta cantidad de vehículos de motor importados con exención de los derechos de importación sin realizar exportaciones, pero señalan que si el fabricante exporta, el valor de las importaciones realizadas con exención de los derechos de importación se incrementará en una cuantía equivalente al valor de las exportaciones, por lo que la medida está supeditada "de jure" a los resultados de exportación a consecuencia de las prescripciones en materia de proporción, con infracción de lo dispuesto en al apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
Según las Comunidades Europeas, la constatación del Grupo Especial de que la medida adoptada por el Canadá afecta al comercio de servicios en el sentido del artículo I del AGCS es correcta. Aunque es cierto que la medida de que se trata en el presente caso puede afectar tanto a las mercancías como a los servicios, ello no impide que pueda ser examinada en el marco del AGCS. Las Comunidades Europeas sostienen que el criterio adecuado de conformidad con el párrafo 1 del artículo I del AGCS consiste simplemente en determinar si la medida en litigio afecta al suministro de servicios y que el examen de la medida en conexión con el artículo II del AGCS realizado por el Grupo Especial incluía tácitamente la evaluación de si afecta al comercio de servicios en el sentido del artículo I del AGCS.
A juicio de las Comunidades Europeas, el artículo II del AGCS es aplicable tanto a la discriminación de facto como a la discriminación de jure. Al examinar una alegación de discriminación de facto, la posible incompatibilidad debe inferirse de la configuración total de los hechos que rodean la medida. En el presente caso, el Grupo Especial examinó adecuadamente esos hechos, que apoyan su constatación de que existe una discriminación de facto.
Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial constató acertadamente que la medida del Canadá otorga a los servicios y a los proveedores de servicios de algunos Miembros un trato menos favorable que el que concede a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de otros Miembros. Las Comunidades Europeas aducen que, en contra de lo que alega el Canadá, la integración vertical de la industria del automóvil no excluye la posibilidad de que la medida afecte a las condiciones de competencia por el suministro de servicios comerciales al por mayor. La constatación del Grupo Especial de que la integración vertical no excluye la competencia potencial en las relaciones entre mayoristas y fabricantes ni la competencia real en las relaciones entre mayoristas y minoristas es correcta. El hecho de que la inmensa mayoría de los proveedores de servicios que se benefician de la exención de derechos de importación al amparo de la medida sean proveedores de los Estados Unidos confirma esa constatación. Además, desde 1989, se ha excluido la posibilidad de incluir a otros proveedores de servicios entre los posibles beneficiarios de la exención.
C. Argumentos del Japón - Apelado
El Japón sostiene que la constatación del Grupo Especial de que la medida del Canadá es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 es correcta. El Grupo Especial ha interpretado adecuadamente el párrafo 1 del artículo I, realizando un análisis de si la medida del Canadá otorga, de facto, un trato menos favorable a los productos similares de determinados Miembros de la OMC. El Grupo Especial ha tenido en cuenta la posibilidad de que la limitación a determinados importadores de la exención de derechos de importación al amparo de la medida tenga como resultado una discriminación de facto.
A juicio del Japón, los hechos que concurren en el presente caso ponen de manifiesto que la medida concede, a las importaciones de vehículos de motor procedentes de algunos países, una "ventaja", en el sentido del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994, que no se ofrece con respecto a las importaciones de los vehículos de motor similares procedentes de todos los Miembros de la OMC. Esta discriminación se produce debido a que la posibilidad de beneficiarse de la exención de derechos de importación se limita a un grupo reducido de fabricantes, así como a las prácticas en materia de compras intraempresariales en el sector. Por ello, el Grupo Especial ha llegado acertadamente a la conclusión de que la medida del Canadá es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.
Según el Japón, el Grupo Especial ha constatado acertadamente que la medida constituye una "subvención" en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC. Las constataciones de que la medida constituye una "contribución financiera", debido a la condonación de ingresos públicos "que en otro caso se percibirían", y de que existe asimismo un "beneficio" apoyan la conclusión del Grupo Especial de que existe una "subvención".
b) Si la medida está "supeditada […] de jure […]a los resultados de exportación"
El Japón considera que la medida está supeditada "de jure" a los resultados de exportación en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. Debido a las prescripciones en materia de proporción, hay una clara relación de condicionalidad entre la exención de los derechos de importación y la exportación. El Japón aduce que cuando la prescripción fija una proporción de 1:1 o mayor, es preciso exportar para beneficiarse de la exención de derechos de importación. La única forma "económicamente viable" 32 en que un fabricante puede cumplir las prescripciones en materia de proporción cuando importa vehículos de motor consiste en exportar vehículos producidos por él en el Canadá. Cuando la proporción prescrita es inferior a 1:1, también hay necesidad de exportar, aunque el Japón admite que en este caso la "presión" para exportar es "menor".33 El Japón ha facilitado fórmulas matemáticas que reflejan esos argumentos.
Según el Japón, la constatación del Grupo Especial de que las prescripciones en materia de proporción, como condición para poder beneficiarse de la exención de derechos de importación, supeditan "de jure" la medida a los resultados de exportación es correcta, puesto que puede determinarse la existencia de supeditación sobre la base de los términos de los instrumentos jurídicos pertinentes. Esos instrumentos conllevan una "interpretación"34 con arreglo a la cual la exención de derechos de importación al amparo de la medida está supeditada a los resultados de exportación. En consecuencia, la medida está supeditada "de jure" a los resultados de exportación en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
A juicio del Japón, el enfoque adoptado por el Grupo Especial al determinar si la aplicación de la medida afecta al comercio de servicios en el sentido del artículo I del AGCS es correcto. El Grupo Especial no incurrió en error en su constatación sustantiva de que la medida afecta al comercio de servicios en el sentido del artículo I del AGCS. La expresión "que afecten" del artículo I tiene amplio alcance. La medida afecta al comercio de servicios por cuanto tiene efectos sobre "el costo y/o la rentabilidad"35 de los servicios comerciales al por mayor conexos.
El Japón aduce que la medida es incompatible con la obligación de trato NMF establecida en el artículo II del AGCS. La constatación del Grupo Especial a este respecto es correcta. El Grupo Especial se ha basado, en parte, en el hecho de que la medida coloca en una situación económica o de competencia desventajosa a algunos proveedores de servicios. El Grupo Especial ha reconocido que es preciso examinar los dos componentes siguientes del suministro de servicios al por mayor: los servicios al por mayor suministrados a los fabricantes y los servicios al por mayor suministrados a los minoristas. En opinión del Japón, el Grupo Especial ha constatado acertadamente, en relación con el artículo II del AGCS, que sólo pueden beneficiarse de la exención de derechos de importación determinados proveedores de servicios al por mayor, por lo que esa exención no está a disposición de los proveedores de servicios similares de todos los Miembros de la OMC.
D. Alegaciones de error formuladas por las Comunidades Europeas - Apelante
1. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC - Alegación de las Comunidades Europeas acerca de las prescripciones en materia de VAC
Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no examinó la alegación de las Comunidades Europeas de que las prescripciones en materia de VAC operan como un condicionamiento a los resultados de exportación prohibido por el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. Las Comunidades Europeas sostuvieron ante el Grupo Especial que las prescripciones en materia de VAC hacen que la subvención esté supeditada "de jure" o, subsidiariamente, "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados o, como única alternativa, a los resultados de exportación.36 Por consiguiente, las prescripciones en materia de VAC son incompatibles con la prohibición del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3. El Grupo Especial ha actuado erróneamente al no examinar la supeditación alternativa a los resultados de exportación. Las Comunidades Europeas solicitan que el Órgano de Apelación constate que algunas de las prescripciones en materia de VAC entrañan una supeditación a los resultados de exportación.
2. Apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC
a) Si la medida está supeditada "de jure" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados
La Comunidades Europeas aducen que el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC prohíbe las subvenciones supeditadas a una condición que "dé preferencia"37 al empleo de productos nacionales con respecto a los importados. La constatación, que responde a una interpretación restrictiva del Grupo Especial según la cual el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 únicamente prohíbe la concesión de subvenciones que requieran que el beneficiario emplee efectivamente productos nacionales, constituye un error de derecho.38 En opinión de las Comunidades Europeas, la interpretación del Grupo Especial permitiría eludir las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3. Por otra parte, aun aplicando el criterio utilizado por el Grupo Especial, las prescripciones en materia de VAC requieren jurídicamente en algunas circunstancias el empleo efectivo de productos nacionales. Por tanto, la constatación del Grupo Especial es errónea.
Las Comunidades Europeas señalan que el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 prohíbe la concesión de subvenciones que estén supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados "como condición única o entre otras varias condiciones". Esos términos abarcan el supuesto en el que una subvención está supeditada simultáneamente a dos o más "condiciones cumulativas", pero las Comunidades Europeas aducen que también podrían aplicarse a situaciones en las que una subvención esté supeditada a dos o más condiciones "alternativas", de modo que el cumplimiento de cualquiera de ellas otorgue el derecho a obtener la subvención.39 Según las Comunidades Europeas, el empleo de productos nacionales con preferencia a los importados impuesto por las prescripciones en materia de VAC es una condición alternativa para poder beneficiarse de la exención de derechos de importación al amparo de la medida. Esta condición alternativa es una condición "de jure" para beneficiarse de la exención de derechos de importación y, por lo tanto, es incompatible con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
b) Si la medida está supeditada "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados
Subsidiariamente, las Comunidades Europeas aducen que las prescripciones en materia de VAC dan lugar a una subvención supeditada "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. Al formular esta alegación, las Comunidades Europeas sostienen que la constatación del Grupo Especial según la cual el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 no es aplicable a la supeditación "de facto" es errónea.
En opinión de las Comunidades Europeas, esta constatación es errónea porque se basa exclusivamente en uno de los aspectos del contexto del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 y prescinde del sentido corriente, de los demás aspectos del contexto, del objeto y fin y de la historia de la redacción de la disposición. El sentido corriente del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 no excluye la supeditación "de facto". Además, es un elemento pertinente del contexto el hecho de que el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 haya sido incorporado al Acuerdo SMC para aclarar y reforzar las disciplinas vigentes del GATT de 1994 con respecto a las prescripciones en materia de contenido nacional. Por otra parte, el objeto y fin del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 es impedir la utilización de subvenciones que fomenten la sustitución de productos importados por productos nacionales. De aceptarse la interpretación del Grupo Especial, sería posible eludir las prohibiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3.
E. Alegaciones de error formuladas por el Japón - Apelante
1. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC
a) Si la medida está "supeditada […] de facto […] a los resultados de exportación"
El Japón apela de forma condicional la decisión del Grupo Especial de abstenerse de formular una constatación con respecto a si la medida, con infracción de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC, está supeditada "de facto" a los resultados de exportación. Sostiene que en caso de que el Órgano de Apelación revoque la constatación del Grupo Especial de que la subvención está supeditada "de jure" a los resultados de exportación, debe considerarse que el Grupo Especial aplicó erróneamente el principio de economía procesal, y que el Órgano de Apelación debe examinar la cuestión de si la subvención está supeditada "de facto" a los resultados de exportación.
Según el Japón, el Grupo Especial ha formulado algunas constataciones pertinentes a la cuestión de si la exención de derechos de importación está supeditada "de facto" a los resultados de exportación. El examen realizado por el Grupo Especial de las prescripciones en materia de proporción pone de manifiesto que los "elementos de hecho" de esas prescripciones llevan a la conclusión de que la exención de derechos de importación está supeditada a los resultados de exportación.
El Japón aduce que la medida está supeditada "de jure" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, en contra de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. De los términos de esta disposición se desprende claramente que un elemento fundamental de la norma legal aplicable estriba en si el empleo de productos nacionales con preferencia a los importados "conduciría" a la concesión o mantenimiento de una subvención.40 El objeto y fin del Acuerdo SMC, en general, y del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3, en particular, apoyan esta interpretación.
El Japón sostiene que, en el presente caso, la incorporación de VAC es una de las diversas condiciones cuyo cumplimiento da lugar a la obtención de la exención de derechos de importación. Una de las formas de cumplir las prescripciones en materia de VAC consiste en el empleo de piezas y materiales nacionales. Según el Japón, no se ha demostrado que sea posible satisfacer las prescripciones en materia de VAC sin utilizar piezas y materiales nacionales. Aunque el Grupo Especial ha hecho referencia a esa posibilidad hipotética, el Canadá no ha aportado pruebas suficientes para refutar el hecho de que las prescripciones en materia de VAC imponen la utilización de piezas y materiales nacionales. La constatación del Grupo Especial según la cual una subvención no está supeditada al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados cuando sea posible obtenerla de otra forma, aunque el empleo de productos nacionales con preferencia a los importados sea una forma de obtener efectivamente la subvención, es discutible. De confirmarse, permitiría que los Miembros de la OMC eludieran las obligaciones que les impone el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 mediante la inclusión de otras condiciones que no tengan relación con el empleo de productos nacionales con preferencia a los importados.
El Japón aduce que el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC prohíbe tanto las subvenciones supeditadas "de jure" como las supeditadas "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. La constatación del Grupo Especial que reduce el ámbito de aplicación de ese apartado a las subvenciones supeditadas "de jure" a ese empleo es errónea. El Grupo Especial ha constatado que la inclusión de los términos "de jure" o "de facto" en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC y la ausencia de esos términos en el apartado b) de ese mismo párrafo significa que los redactores del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 tuvieron la intención de limitar esa disposición a la supeditación "de jure". A juicio del Japón, el razonamiento del Grupo Especial prescinde del sentido corriente de los términos del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3. Ese apartado prohíbe las subvenciones "supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados". Esos términos no reducen expresamente el ámbito de aplicación del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 a la supeditación "de jure". En ausencia de una limitación expresa, debe interpretarse que dicho apartado es aplicable tanto a la supeditación "de jure" como a la supeditación "de facto". Lo más probable es que la inclusión de las palabras "de jure o de facto" del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 responda al propósito de "reforzar"41 la nota 4 de pie de página del Acuerdo SMC, en la que se facilita una aclaración respecto de las subvenciones supeditadas "de facto" a los resultados de exportación. Además, la constatación del Grupo Especial según la cual el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 sólo prohíbe las subvenciones supeditadas "de jure" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados no tiene en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC en general y del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC en particular.
Según el Japón, al determinar si una subvención está supeditada "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, lo que hay que determinar es si la configuración total de los hechos que rodean la concesión de la subvención es tal que "de hecho" la subvención se concederá si el beneficiario ha empleado productos nacionales con preferencia a los importados. En el caso de la medida en litigio en este momento, de los hechos pertinentes se desprende que resulta imposible a los fabricantes cumplir las prescripciones en materia de VAC sin adquirir al menos una determinada proporción de piezas y componentes canadienses.
F. Argumentos del Canadá - Apelado
Según el Canadá, el Grupo Especial aplicó correctamente el principio de economía procesal al abstenerse de examinar si la medida estaba supeditada "de facto" a los resultados de exportación en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. Puesto que había constatado la existencia de una supeditación "de jure", el Grupo Especial podía detener su análisis en ese punto, en legítima aplicación del principio de economía procesal, al que no afecta la apelación del Canadá. No obstante, en caso de que el Órgano de Apelación avale la posición del Canadá sobre la cuestión de la supeditación "de jure" se planteará la cuestión de si la medida está supeditada "de facto" a los resultados de exportación.
Con respecto al contenido sustantivo de la apelación del Japón, el Canadá se apoya en los argumentos expuestos en su comunicación del apelante a ese respecto. En esa comunicación, el Canadá adujo que no hay pruebas que demuestren que la medida está supeditada "de facto" a los resultados de exportación.42
b) Alegación de las Comunidades Europeas en relación con las prescripciones en materia de VAC
El Canadá se refiere al argumento de las Comunidades Europeas, formulado con carácter subsidiario, de que las prescripciones en materia de VAC, en cuanto son una condición para beneficiarse de la exención de derechos de importación, hacen que la subvención esté supeditada a la exportación. El Canadá sostiene que las Comunidades Europeas no han señalado ningún error de derecho en la decisión del Grupo Especial de abstenerse de formular una constatación sobre esta cuestión. Además, las prescripciones en materia de VAC no dan lugar a una subvención supeditada "de jure" o "de facto" a los resultados de exportación. En el texto de la medida no hay ninguna disposición que indique que está supeditada a los resultados de exportación, ni hay pruebas fácticas que demuestren que la concesión de la subvención esté en alguna forma vinculada a las exportaciones, en contra de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
A juicio del Canadá, el Grupo Especial ha constatado acertadamente que la medida no está supeditada al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC. El Grupo Especial ha interpretado adecuadamente el término "supeditada". En cambio, las Comunidades Europeas y el Japón intentan ampliar el alcance de ese término más allá de su sentido corriente. Ambos reclamantes aducen que el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC prohíbe cualquier condición que "favorezca" o dé "preferencia" al empleo de productos nacionales. El Canadá responde que en el texto del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 no hay base para una interpretación de esa naturaleza.
El Canadá sostiene que el argumento de los reclamantes según el cual el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 prohíbe las subvenciones que pueden percibirse si se cumple una de varias condiciones alternativas carece de fundamento. A juicio del Canadá, la posición de los reclamantes está en pugna con el sentido corriente de "supeditada". Si el empleo de productos nacionales con preferencia a los importados es una entre varias condiciones alternativas para recibir una subvención, esa subvención no está, por definición, "supeditada" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, puesto que sería posible recibirla sin utilizar productos nacionales con preferencia a los importados.
El Canadá considera, además, que el ámbito de aplicación del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 no abarca las medidas supeditadas "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. La constatación del Grupo Especial a ese respecto ha sido correcta. A juicio del Canadá, el contexto del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 es concluyente. Dado que las palabras "de jure o de facto" figuran en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3, del hecho de que no figuren en el apartado b) de ese mismo párrafo se desprende que este último no es aplicable a la supeditación "de facto".
El Canadá aduce que, en todo caso, el Japón y las Comunidades Europeas no han demostrado que la medida esté supeditada "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. Como ponen de manifiesto las pruebas aportadas por el Canadá al Grupo Especial, es posible cumplir las prescripciones en materia de VAC sin utilizar productos canadienses.
G. Terceros participantes
a) Párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994
Corea aduce que la medida del Canadá es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994, porque establece una discriminación con respecto al trato otorgado a productos similares de distintos orígenes. Aunque, la medida no impone expresamente condiciones relativas al origen de los productos de que se trata, de hecho la exención de derechos de importación no se ha concedido a los productos similares de todos los Miembros de la OMC. A juicio de Corea, el Grupo Especial ha constatado acertadamente que la limitación a determinados importadores de la posibilidad de beneficiarse de la exención de derechos de importación, unida al carácter "intraempresarial" del comercio en el sector de los productos de la industria del automóvil, tiene como resultado una discriminación "de facto" de los productos similares de algunos Miembros de la OMC.
b) Apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC
i) Si la medida constituye una "subvención"
Según Corea, la medida constituye una "subvención" en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC. Los derechos de aduana son ingresos públicos, y el hecho de eximir del pago de derechos de aduana constituye una excepción a las normas generales. En consecuencia, la medida da lugar a la condonación de ingresos públicos "que en otro caso se percibirían" en el sentido del inciso ii) del número 1) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 1. Puesto que con ello se otorga un beneficio, la medida es una "subvención" en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC.
ii) Si la medida está "supeditada […] de jure […] a los resultados de exportación"
Corea sostiene que, como ha constatado el Grupo Especial, la medida está supeditada "de jure" a los resultados de exportación en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC, como consecuencia del funcionamiento de las prescripciones en materia de proporción. El Grupo Especial estuvo en lo cierto al constatar que la exención de derechos de importación está supeditada a los resultados de exportación, con independencia de la proporción concreta prescrita. Cuando esa proporción es de 100:100 o mayor, la empresa no puede beneficiarse de la exención de derechos de importación a no ser que exporte. Cuando es inferior a 100:100, el valor de las importaciones que pueden realizarse al amparo de la medida sigue dependiendo directamente del valor de las exportaciones. Esta conclusión se desprende de los términos de los propios instrumentos jurídicos pertinentes. Por consiguiente, la medida está supeditada "de jure" a los resultados de exportación, en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
c) Apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC
A juicio de Corea, el Grupo Especial incurrió en error al concluir que la medida no constituye una subvención supeditada "de jure" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC, como consecuencia del funcionamiento de las prescripciones en materia de VAC. Las prescripciones en materia de VAC constituyen una de las varias condiciones establecidas para beneficiarse de la exención de derechos de importación. Es posible cumplir las prescripciones en materia de VAC mediante la adquisición de productos canadienses, de insumos de origen nacional o de una combinación de unos y otros. Puesto que la utilización de productos canadienses es una de las formas de cumplir las prescripciones en materia de VAC, la medida está supeditada "de jure" al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
d) Párrafo 1 del artículo I y párrafo 1 del artículo II del AGCS
i) Párrafo 1 del artículo I del AGCS
Corea aduce que, de conformidad con el artículo I del AGCS, el ámbito de aplicación del AGCS abarca la medida del Canadá. El término "que afecten" del párrafo 1 del artículo I del AGCS tiene un alcance amplio. En el presente caso, la medida, aunque no rige directamente el suministro de servicios, modifica las condiciones de competencia en el suministro de servicios comerciales al por mayor, y, por tanto, está comprendida en el ámbito de aplicación del AGCS.
ii) Párrafo 1 del artículo II del AGCS
Corea sostiene que el Grupo Especial actuó acertadamente al constatar que la medida es incompatible con el párrafo 1 del artículo II del AGCS, porque no otorga a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de otros Miembros un trato no menos favorable. Debido a sus efectos en las condiciones de competencia, la medida da lugar a una discriminación de facto en función del origen del servicio o del proveedor del servicio. De hecho, el pequeño grupo de proveedores de servicios está integrado casi exclusivamente por proveedores estadounidenses y canadienses de servicios. En consecuencia, determinados proveedores de servicios relacionados con los vehículos de motor de algunos Miembros pueden beneficiarse de la exención de derechos de importación, en tanto que los de otros Miembros no pueden hacerlo y, por consecuencia, los proveedores de servicios de determinados Miembros reciben un trato menos favorable que los proveedores de servicios de otros.
Los Estados Unidos, aunque señalen en su comunicación que tienen un profundo interés en las consecuencias sistémicas de las cuestiones planteadas en esta apelación43, no formulan argumentos concretos sobre las cuestiones sustantivas planteadas. Por ello, en la presente sección del informe no se hace ningún resumen de argumentos expuestos a ese respecto por los Estados Unidos.

References: artículo 3
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