Source: http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2017-06-28 07:18:44+00:00

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Archipiélago de Chagos: Asamblea General de Naciones Unidas solicita opinión consultiva a la CIJ pese a intentos de Reino Unido y de Estados Unidos.
El pasado 22 de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas optó por solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva con relación a la controversia que opone Isla Mauricio al Reino Unido. El texto de la resolución A/RES/71/292 fue adoptado, pese al intenso cabildeo por parte del Reino Unido, por una amplia mayoría de 94 votos a favor, 15 en contra, 65 abstenciones y 18 Estados que se ausentaron al momento de votar (designados por la expresión "No Show"). La misma prensa británica había advertido del iminente riesgo de un voto desfavorable días antes de la votación (véase nota de The Guardian).
Foto de la mayor isla del archipiélago de Chagos, la Isla Diego García en la que se localiza una base militar norteamericana, extraída de artículo de prensa de The Guardian de noviembre del 2016, titulada "Chagos islanders cannot return home, UK Foreign Office confirms"
Las islas de Chagos fueron separadas de Mauricio justo antes de su independencia en 1968, con la garantía dada expresamente por el Reino Unido que serían devueltas a Mauricio el día en que se cerraría la base militar norteamericana situada en la isla más extensa de este archipiélago, Diego García. Mauricio siempre ha pretendido recuperar su plena soberanía sobre la islas de este archipiélago en el Océano Índico, que se sitúa a más de 1000 kilómetros de sus costas. En este reportaje de MailonLine se puede apreciar la exuberancia de su playas. Reino Unido procedió a transferir a todos los habitantes de las Islas Chagos entre 1965 y 1973, por lo que en ese mismo reportaje se evidencia también en parte el drama humano de un exilio forzado por más de 40 años que viven las personas que nacieron en esas islas, y que regularmente es objeto de examen por parte de órganos de supervisión en materia de derechos humanos de Naciones Unidas (véase nota). En el 2016, las ONG exigieron lo siguiente a los órganos de Naciones Unidas: "Minority Rights Group drew attention to the issue of the Chagos Islands located in the Indian Ocean, specifically the island of Diego Garcia, which the United Kingdom had leased to the United States to be used as a major military base. It was noted that the continued exile of the Chagossian people was a violation of the rights to an adequate standard of living under Article 11 of the Covenant. It recommended that the United Kingdom Government recognize the violations endured by the Chagossians’ right to return immediately, pay them adequate compensation for the violation of their rights over the previous 40 years, and to appropriately seek informed consent of the Chagossians in relation to return and compensation process" (véase nota de Naciones Unidas).
En enero del 2017, se leyó en una respuesta a una pregunta de una senadora francesa al Ejecutivo galo que: "Je voudrais tout d'abord apporter quelques précisions sur ce différend qui oppose le Royaume-Uni et la République de Maurice, différend sur lequel le gouvernement français ne saurait prendre position.
Le gouvernement français continuera d'encourager le Royaume-Uni et la République de Maurice à régler ce différend et à trouver des solutions à la situation des Chagossiens par la voie diplomatique et du dialogue, lequel est engagé depuis plusieurs mois." (véase respuesta de Harlem Désir, Secretario de Estado de Francia delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia).
Nótese que el acuerdo de arrendamiento del Reino Unido a Estados Unidos en la isla Diego García llegaba a su término en noviembre del 2016, y que fue reconducido hasta el 2036 de forma expédita por las autoridades británicas y la administración saliente del Presidente Obama (véase nota de prensa de USNews).
En el tablero del voto obtenido por la resolución A/RES/71/292, se puede apreciar la abstención de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) durante esa tarde del 22 de junio del 2017 en Nueva York. Uno de los Estados miembros de la UE se apartó de la consigna europea acordada: Chipre (voto a favor). Cabe recordar que Estados Unidos cuenta con una base militar en la mayor de las islas que forman ese archipiélago, la isla Diego García, usada para esconder al mundo las exacciones a las que se sometió a personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas durante su interrogatorio después del 11/S (véase declaraciones de un colaborador de Colin Powell en el 2015 a la prensa británica). Foto de personas oriundas de Chagos desplazadas por las autoridades británicas debido a la base militar norteamericana ubicada en la Isla de Diego García, extraída de nota de prensa
Votaron, con el Reino Unido, y en contra de esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ únicamente los siguientes Estados: Afghanistán, Albania, Australia, Bulgaria, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Hungría, Israel, Japón, Lituania, Maldivas, Montenegro y Nueva Zelanda. Lo más cercano a una unanimidad de algun grupo en las Naciones Unidas correspondería - si obviamos la abstención de Canadá - al JUSCANZ al que Israel participa desde hace varios años. En términos numéricos, esta votación registró un estrepitoso fracaso del aparato diplomático británico (y también del de su fiel aliado norteamericano)
En América Latina, se abstuvieron Chile, Colombia, México, Panamá y Paraguay, mientras Honduras se registra entre los 18 "No Show"(véase nota de The Guardian con el tablero de votación reproducido dentro de la misma nota). En la resolución adoptada, se leen las siguientes dos preguntas que serán formuladas a los jueces de la CIJ:
"a)¿Se completó con arreglo a derecho el proceso de descolonización de
Mauricio cuando Mauricio obtuvo la independencia en 1968, después de la
separación del archipiélago de Chagos de Mauricio y teniendo en cuenta el derecho
internacional, incluidas las obligaciones recogidas en las resoluciones de la
Asamblea General 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de
diciembre de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de
19 de diciembre de 1967?”;
b) “¿Cuáles son las consecuencias en virtud del derecho internacional,
incluidas las obligaciones reflejadas en las resoluciones mencionadas, que se
derivan de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte siga
administrando el archipiélago de Chagos, entre otras cosas respecto a que Mauricio
no pueda aplicar un programa para reasentar en el archipiélago de Chagos a sus
nacionales, en particular los originarios del archipiélago de Chagos?”.
La vía consultiva cuando la contenciosa permanece cerrada
Como bien se sabe, la justicia internacional entre dos Estados se basa en el consentimiento de ambas partes. Como Estados soberanos, no siempre reconocen competencia al juez internacional: es parte de sus atribuciones soberanas. Cuando una de las dos partes no reconoce la jurisdicción de un órgano judicial, no hay posibilidad de presentar una demanda contenciosa. El procedimiento consultivo ante la CIJ permite, ya no a través de la solicitud de un Estado, sino a través de la de órganos de Naciones Unidas, obtener una decisión del juez internacional: ello, además, en el marco de un procedimiento abierto que contempla la recepción de las opiniones de los demás integrantes de la comunidad internacional. En el caso de la controversia sobre Chagos, se intentará obtener una decisión favorable a las pretensiones de Mauricio, ante la imposibilidad de demandar en un procedimiento contencioso al Reino Unido. En otro ámbito muy distinto, es lo que se obtuvo con la opinión consultiva del 2004 de la CIJ muy desfavorable para Israel, sobre las consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino ocupado (veáse decisión de la CIJ y lista de opiniones jurídicas que fueron presentadas): esta opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General en el 2003. En aquella ocasión, el voto registrado fue de 90 a favor, 8 en contra y 74 abstenciones: los votos en contra: Australia, Estados Unidos, Etiopía, Israel, Micronesia, Marshall (Islas de), Nauru y Palau (véase nota de Naciones Unidas). A modo de conclusión
La disputa entre Mauricio y el Reino Unido sobe estas islas se evidenció en años recientes, con un Area Marina Protegida (MPA) decretada unilateralmente por Reino Unido en el 2010, la cual dió lugar a una decisión arbitral del 18 de de marzo del 2015, a solicitud de Mauricio, en el marco de los procedimientos de solución pacífica de controversias que ofrece la Convención sobre Derecho del Mar de 1982. El laudo arbitral dado a conocer por la Corte Permanente de Arbitraje (véase sitio), reconoce la ilegalidad de la decisión británica del 2010 y ofrece una refrescante lectura del principio del "estoppel" en derecho internacional. En un detallado análisis sobre esta decisión, se concluye que: "Even if the tribunal upheld only one of Mauritius’s four claims, the award plus the dissent could help mobilize opinion in favour of a negotiated settlement on the Chagos Archipelago, including the return of the Chagossians. The arbitration itself put the UK in the awkward position of having to defend a colonial legacy in the Indian Ocean whose establishment is at least in tension with the legal principles applicable to decolonization"
(véase análisis del jurista Michael Waibel publicado por EJIL-Talk). La decisión contó con las opiniones disidentes de los árbitros James Kateka y Rüdiger Wolfrum. En este laudo, el tribunal arbitral adujo no tener competencia para determinar la soberanía sobre las islas del archipiélago de Chagos.
Dada la reconducción inconsulta por parte del Reino Unido a Estados Unidos del acuerdo relativo a la base militar en Diego García, y ello hasta el 2036, perdiéndose una valiosa oportunidad para resolver la controversia mediante negociaciones directas entre Mauricio y Reino Unido, será ahora la CIJ la llamada a aclarar, en una opinión consultiva, el alcance de las pretensiones de ambos Estados en el Océano Índico. Sin lugar a dudas, la actitud de las autoridades del Reino Unido para impedir que el juez internacional conociera del asunto fue registrada por los jueces en La Haya. Publicado por
En esos días, informacíón ha circulado sobre una nueva llamada de antención, esta vez hecha por la Contraloría General de la República (CGR) a la agencia de Naciones Unidas conocida como UNOPS (véase nota de La Nación del 23 de junio del 2017). El pasado mes, una nota de prensa precisaba que la UNOPS no ha logrado agilizar mayormente los plazos de contratación de las obras que tiene a su cargo (véase nota) y que se prestaba para "mamparas" según externado por un diputado costarricense (véase nota de Nuestra Voz, del 15 de mayo del 2017)..
Como es sabido, se decidió crear en Costa Rica una oficina de la UNOPS, llamada por la administración (2010-2014) para apoyar al Estado costarricense en materia de contratación administrativa de obras de infraestructura de cierta envergadura. En el expediente Legislativo 19.046 se puede apreciar que la fecha de la carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica a los representantes de la UNOPS es del 7 de febrero del 2014 (DM-067-14). En ella se lee que: "En consecuencia, la nota por usted remitida y la presente con las salvedades
anteriormente formuladas a la primera constituyen un Acuerdo entre el Gobierno
de la Republica de Costa Rica y UNOPS, que entrará en vigencia en la fecha de la
Nota Diplomática, mediante la cual el Gobierno de la República de Costa Rica
haya comunicado a UNOPS el cumplimiento de la formalidad constitucional de la
aprobación legislativa del presente Canje de Notas". Este canje de notas fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 15 de junio del 2015 por 42 votos a favor y 3 en contra (véase acta legislativa, p. 53).
Nótese que en su último informe de labores (véase informe 2015), la mayoría de los Estados en los que colabora la UNOPS son Estados devastados por algun tipo de cataclismo (una docena de Estados de África, que incluye a Etiopía, Guinea, República Democrática del Congo) o bien Estados que sufren las consecuencias de un conflicto y piden apoyo en obras de reconstrucción (Afghanistán, Franja de Gaza, Colombia, Libia, Serbia, Siria, Sudán del Sur, campos de refugiados en Arabia Saudita). En Honduras, la UNOPS colaboró en un proceso de adquisición de medicamentos (véase página 16 del precitado informe). Leemos (punto 72) que: "La asociación más importante con un Gobierno en 2015 fue la establecida con
el Gobierno del Afganistán, seguida por la asociación con los Gobiernos del Perú y
Etiopía, respectivamente". Se ignora el tipo de cataclismo que azotó a Perú en años previos para solicitar ayuda a la UNOPS en el 2015. En el punto 97 del precita informe de labores de la UNOPS, se indica que:"Durante 2015, la UNOPS prestó servicios para proyectos por valor de
1.400 millones de dólares, frente a los 1.200 millones de dólares de 2014, lo que
supuso un incremento del 18%. Los ingresos netos relacionados con proyectos
ascendieron a 87,2 millones de dólares, frente a los 66,3 millones de dólares de
2014. El importe de los ingresos varios obtenidos fue de 2,4 millones de dólares
(frente a los 4 millones de dólares registrados el año anterior) y el de los ingresos
sin contraprestación se situó en 0,4 millones de dólares (frente a los 3,8 millones de
dólares correspondientes a 2014). Los gastos de gestión ascendieron a 65,4 millones
de dólares, frente a los 58,9 millones de dólares del año anterior, lo que representó
un aumento del 11%". En un escrito anterior, del 2016, la CGR de Costa Rica había rechazado el Memorandum de Entendimiento para que la UNOPS estuviera a cargo de la ampliación de las oficinas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y del Centro de Datos del Ministerio de Hacienda (véase oficio de noviembre del 2016).
En el 2015, la CGR refrendó el contrato entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la UNOPS para realizar las obras de circunvalación (véase informe de la CGR), no sin antes precisar (punto 4) que: "Como un elemento adicional, conviene señalar que independientemente de las precisiones
realizadas sobre el tipo de contrataciones celebradas con la UNOPS y el régimen recursivo
según se ha explicado; este órgano contralor mantiene las competencias en materia de
fiscalización posterior sobre las contrataciones referidas, particularmente en lo que
respecta a la fase de ejecución contractual". Publicado por
El pasado martes 13 de junio, Panamá anunció, mediante comunicado conjunto con China (véase texto), la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China (véase nota de El Pais). Como es sabido, los Estados deciden de forma discrecional si desean entablar relaciones diplomáticas y de igual forma pueden optar por cesarlas. No existe ninguna norma internacional que obligue a un Estado a mantener relaciones diplomáticas con otro. Usualmente, el cese de relaciones diplomáticas se da a raíz de una profunda crisis política entre dos Estados: la última ruptura de relaciones diplomáticas en América Latina registrada tuvo lugar en el 2014 entre Venezuela y Panamá (véase breve nota nuestra al respecto publicada en Nodal), antecedida por la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela (2010) así como entre Ecuador y Colombia (2008). Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público o en artículos de doctrina que en el caso del establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos Estados son requeridos, mientras que la ruptura es unilateral: "mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento
del otro Estado, la ruptura es un acto de carácter unilateral" (véase artículo de Carles Pérez-Desoy i Fages, p. 2).
En el caso del intenso juego político que libran China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro (algo que la literatura especializada designa por la expresión "switching recognition"). Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos. Recientemente en Australia, en una reunión internacional sobre el comercio de diamantes, se pudo apreciar la dureza de esta cristalina exigencia (véase nota de prensa). La ruptura con Taiwán (o con China Popular) reviste aspectos propios ya que no se asemeja a ningun otro tipo de ruptura de relaciones diplomáticas que pueda darse entre dos Estados atravesando una crisis política: se trata, de un día para otro, de cesar el reconocimiento oficial de un Estado como tal. En un caso, a una entidad que ejerce su soberanía sobre 36.188 kilómetros cuadrados; en otro, a una mayor que lo hace sobre una superficie de 9.640.011 kilómetros cuadrados. Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de esta manera de los restantes Estados de Centroamérica, quiénes mantienen sus lazos con Taiwán. En la actualidad, a nivel global, son 20 los Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber: - Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano; - así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano). América Latina y China Popular: Cuba seguida por un reconocimiento gradual
Vale la pena recordar que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. En 1971, se adoptaría la resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas que decidiría "restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas" (véase texto completo de esta resolución). El texto fue puesto a votación ante la férrea oposición de Estados Unidos y la de sus aliados: fue adoptado con 76 votos a favor, 35 en contra y 17 abstenciones entre los que se registra a Chile, Cuba, Ecuador, México y Perú - a favor -; a Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela - en contra; y a Argentina, Colombia y Panamá - abstinentes). Despúes del tempranero reconocimiento de Cuba, seguirían Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de "duplas" anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando probablemente el desconcierto de las autoridades en Taipei. Antes de Costa Rica en el 2007, el último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007. Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe
Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién recibió a su homólogo taiwanés en Costa Rica en agosto del 2000 y lo condecoró (véase nota de prensa). En el 2004, el que fuera Presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos - OEA (véase nota de prensa). En este artículo sobre las diversas formas que tomaron las ayudas de Taiwán en Centroamérica y en el Caribe, se lee que: "Regretfully, under both the KMT and the PDP administration, Taipei initiatives to
secure connections with Central America and the Caribbean political elites have
occasionally resorted to irregular practices, which have been even criticized in Taiwan.
One of the countries most affected by this irregular behavior has been Costa Rica" (página 18).
En años más recientes, se indicó en el caso de un ex mandatario de El Salvador que: "In a similar case, Francisco Flores – former president of El Salvador – is facing corruption allegations over $15 million worth of checks he received from Taiwan between 2002 and 2004. Salvadoran prosecutors issued an arrest warrant for Flores, who fled the country several months ago and is believed to be hiding in Panama" (véase artículo del Tico Times del 2014).
La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés). Se concluye en este estudio sobre la peculiaridad del reconocimiento que Taiwán intenta obtener que: "The diplomatic battle between the ROC and the PRC highlights
several aspects of recognition that have not been adequately addressed in
the literature. As evident from the number of countries switching recognition,
recognition may not always include a normative element or a deeper
commitment" (página 183).
En el ámbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuyó a aislarla un poco más de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las máximas autoridades taiwanesas (véase nota de prensa del 2007). Serán de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo también prever Panamá modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwán a un foro regional al que participe Panamá. Nótese que el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Taiwán y Costa Rica de 1999 (véase texto) se mantiene "in force" en la base de datos de la UNCTAD (véase casilla correspondiente a este tratado la cual precisa que las partes son "
2. Taiwan Province of China").
Desde el 2007, las expectativas han crecido entre ambos Estados. En este documento elaborado por MIDEPLAN del año 2009, se detalla el "paquete" de ayuda y donaciones recibidas por parte de China, siendo el más emblemático el Estadio Nacional, donado por China a Costa Rica "llave en mano", construído por más de 800 operarios chinos, e inaugurado en marzo del 2011 (véase nota de prensa). Como en toda relación idílica que genera expectativas muy altas, el paso del tiempo puede contribuir a que la ilusión inicial dé paso a otra cosa. Para el período 2007-2017, ya son cinco los embajadores enviados a Beijing por Costa Rica (iniciando en estos meses la primera mujer al mando de la Embajada de Costa Rica en Beijing), mientras que China cubre este mismo período con tres embajadores enviados a San José. En el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006: “Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
Como es sabido, la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro. La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas. Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes costarricenses y los de sus familias, que bien podría llevar el título "Atrapados en Taipei", sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). En caso de no existir, se trata de una interesante veta a explorar para investigadores, que debería incluir la perspectiva jurídica y los arreglos a los que se procedió en el 2007 en Costa Rica: desconocer del día a la mañana a un Estado su calidad de Estado no es lo común para los servicios jurídicos de un aparato diplomático.
El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica. Finalmente, los proyectos en curso de la cooperacion taiwanesa quedaron suspendidos en Costa Rica. Leemos en esta nota de prensa regional costarricense que: "La ruptura significa que a partir de ahora, el Gobierno debe asumir los proyectos en ejecución, como la carretera Ciudad Quesada-Sifón de San Ramón.
Esta mañana trascendió que en las próximas horas empezaría el retiro de la maquinaria de la empresa constructora Sánchez Carvajal, sin embargo, la versión no ha sido confirmada aún por los representantes de la Asociación Pro-carretera, ni tampoco en la Municipalidad de San Carlos.
Entre tanto, el diputado oficialista, Salvador Quirós, reiteró a Noticias En Contacto que el mandatario le aseguró que la futura vía no se verá afectada por la ruptura diplomática.
Sin embargo, en estos momentos no hay certeza de donde saldrán recursos como los 50 millones de dólares que las fuerzas vivas de este cantón de San Carlos pretendían que Taiwán donara para el rediseño de la obra".
La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados y la suspensión de proyectos de cierta envergadura como la carretera Ciudad Quesada - Sifón en la Zona Norte de Costa Rica se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017. En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:"On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. "The decision has been made," he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of "following Nicaragua" on this issue. This was "not just about trade," According to Stagno ". En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China: "12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio". Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.
En el ámbito estríctamente interno costarricense, se informó en el 2012 de una investigación de la Fiscalía General de la República(FGR) sobre el destino exacto de una donación de un millón de US$ de Taiwán a Costa Rica que pudo haber terminado, según indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundación privada (véase nota de prensa). En el mismo año 2012, esta misma fundación privada también fue objeto de una investigación por parte de un juez sobre una supuesta donación proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (véase nota de prensa). En este último caso, como en el anterior, la FGR optó finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepción de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores políticos costarricenses. Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (véase estudio) señala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinería y laborioso proyecto de ampliación de la Ruta 32): según el autor de este informe, "la lectura china del proceso de formulación y ejecución
de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los
chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr
la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema
político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran
suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y
de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos" (p. 5). La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados desde muchos años a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales: hoy los graves problemas de contaminación que aquejan a parte de la población china así lo ponen en evidencia.
No. 001 The Republic of China has terminated diplomatic relations with the Republic of Panama with immediate effect June 13, in order to uphold the sovereignty and dignity of the nation. The ROC will close its embassy in Panama, recall its technical mission, and end all bilateral cooperation and aid programs. The ROC government expresses indignation and deep regret over Panama's unilateral decision to sever diplomatic relations with the ROC and establish ties with the authorities in Beijing.
Con relación a los dos borradores de resolución que fueron votados el pasado 19 de junio en el marco de la Reunión de Consulta de cancilleres, el primer texto - propuesta de CARICOM - obtuvo el respaldo de 8 votos a favor, mientras que el segundo texto - propuesto por Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú - solamente 20 votos a favor (véase texto de ambos proyectos - versión en inglés - en esta nota anterior). En algun momento, se filtró a la prensa que Perú retiraba el texto que coauspició, colocándose en una situación ambígua con los demas Estados promotores del texto (véase nota de prensa peruana). Al haber sido México, Estado anfitrión de la cita, uno de los activos promotores del texto, el resultado obtenido exhibe la falta de pericia de su aparato diplomático. La principal diferencia entre ambos textos radicó en la inclusión y condena que hace el segundo a una Constituyente en Venezuela, y la mención expresa a presos políticos. El primer texto por su parte omite toda referencia a estos dos aspectos, y precisa que toda acción que se prevea en Venezuela deberá contar con la anuencia de sus autoridades. Como se puede apreciar, son diferencias sustanciales, por lo que los esfuerzos para negociar un texto único de consenso culminaron sin mayor éxito el pasado 19 de junio entre las 34 delegaciones presentes. Como se puede apreciar, la medición de fuerzas no ha permitido a quiénes auspician una resolución que condene expresamente la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela que su objetivo prospere. La presión diplomática se ha tornado más intensa conforme se acerca la finalización de esta Asamblea General de la OEA, prevista para este 21 de junio. Uno de los Estados más solicitados al parecer es El Salvador (véase nota de prensa) y Haití en América Latina, así como algunos Estados Miembros del CARICOM. Se ignora si además de Perú, otros Estados están también reconsiderando su posición con relación al texto sometido a votación el pasado 19 de junio que reunió 20 votos. Una vez finalizada la Asamblea General, se espera poder conocer el tipo de presiones recibidas por estos y otros Estados por parte de la administración del Presidente Donald Trump.
Desde el punto de vista estríctamente político, el trasladar la propuesta hecha a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a otro órgano como la Asamblea General constituye un ejercicio riesgoso, en la medida en que: a) se trata de una propuesta de última hora con poco tiempo para garantizar los votos a su favor necesarios para su adopción y ; b) en el primer foro, sólo había un solo tema de agenda: la situación imperante en Venezuela; mientras que la Asamblea General vota una gran cantidad de resoluciones en cada cita anual sobre diversos temas del acontecer interamericano, incluyendo temas como Islas Malvinas, salida al mar de Bolivia, en los que los Estados negocian sus apoyos y los intercambian si necesario.
De particular interés serán los párrafos de la propuesta inicial impulsada por Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú, con respecto a la resolución que adopte la Asamblea General de la OEA. De igual forma las probables notas en pié de página que algunas delegaciones elaboren para hacer ver su parecer, en el caso en que se logre adoptar esta resolución. Caso contrario, es de esperar una reacción de júbilo por parte de Venezuela y de otros Estados cercanos a la posición que defienden las autoridades de Caracas, al tiempo que algunos deberán considerar los límites de una estrategia que consiste en mantener un discurso confrontativo sobre la realidad en Venezuela.
Panamá anunció el pasado martes 13 de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimineto de relaciones con China (véase nota de El Pais). Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público que: "mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento
En el caso del juego político entre China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro. Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos. Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de los 20 Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber: - Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano; - así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano). América Latina y China Popular: un reconocimiento gradual
Nótese que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. Seguirían luego Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de "duplas" anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando el desconcierto de las autoridades en Taipei. El último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China antes de Costa Rica (en el año 2007) fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007. Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe
Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién en el 2004 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos - OEA (véase nota de prensa). La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés).
Recientemente, en el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo de un sector empresarial y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006: “Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro. La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas. Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes y los de sus familias, que bien podría llevar el título "Atrapados en Taipei", sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica. La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica
La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017. En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:"On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. "The decision has been made," he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of "following Nicaragua" on this issue. This was "not just about trade," According to Stagno ". En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China: "12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio". Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.
de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos" (p. 5). La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales. Valiéndose de la experiencia de otros Estados, China logró en el 2015 que Costa Rica ratificara el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre China y Costa Rica, el cual permitirá a las empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (véase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015).
Aprovechando el inicio de la Asamblea General de la OEA que iniciará en Cancún (México) este próximo 19 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre Venezuela se reanudará ese mismo día (véase nota de prensa). A diferencia de otras Asambleas Generales de la OEA, que se realizan en la misma capital del Estado anfitrión, las autoridades de México han optado por otra solución, debiendo prever traslados adicionales para las delegaciones que no puedan llegar y salir con vuelos directos a Cancún desde sus respectivas capitales. Posiblemente Cancún sea además una sede en la que manifestaciones callejeras sean mucho menos visibles, y con un alcance menor al que se pueda tener en México DF: el descontento de una parte de la sociedad mexicana con sus autoridades es latente desde varios años, en particular cuando de derechos humanos y de obligaciones del sistema interamericano en esta materia se trata. Por su lado, de gira en Centroamérica, el jefe de la diplomacia norteamericana llegó a cumplir una directriz de su Presidente, y exigir a los Estados de Centroamérica un mayor involucramiento sobre el tema de Venezuela, según este cable de EFE (véase nota de prensa). Se ignora si la nueva modalidad de la diplomacia norteamericana consiste ahora en hacer públicos sus llamamientos a otros Estados, en vez de recurrir a la discreción de los canales diplomáticos usuales. De última hora, se informó que el jefe de la diplomacia norteamericana ya no no viajará a Cancún (véase nota de prensa).
Tuvimos la oportunidad de analizar brevemente los alcances de la Reunión de Consulta de Ministros en la OEA, los de citas previas que convocaron en su momento Ecuador (2012), Costa Rica (2010) y Ecuador (2008), así como los resultados de la reunión celebrada el 31 de mayo pasado sobre la situación en Venezuela, en una nota anterior a la que remitimos a nuestros estimables lectores. De manera a poder seguir el hilo conductor de esta nueva cita con relación a la anterior del 31 de mayo sobre la situación en Venezuela, reproducimos a continuación los dos proyectos de resolución circulados en aquella ocasión, en su versión en inglés. La principal diferencia entre ambos textos radica en la inclusión y condena que hace el segundo a una Constituyente en Venezuela, y la mención expresa a presos políticos. El primer texto por su parte precisa que toda acción que se prevea en Venezuela deberá contar con la anuencia de sus autoridades. Como se puede apreciar, son diferencias sustanciales, por lo que las negociaciones para obtener un solo texto se anuncian arduas. De interés resultará también saber cuáles Estados ahora cambiarán de opinión, con base en qué criterios, y con base en qué hechos nuevos acaecidos en Venezuela después del 31 de mayo se añada eventualmente un nuevo párrafo, o se circule un nuevo borrador de resolución. Si Panamá fue el único Estado en Centroamérica en patrocinar el proyecto de resolución, se podrá apreciar cuán efectiva es la diplomacia de Estados Unidos al añadirse a la lista otros Estados de Centroamérica: se vaticina que, pasada la incómoda situación de Honduras (véase nuestra nota anterior sobre el insólito comunicado de uno de sus diplomáticos con relación a Venezuela), este Estado opte por coauspiciar el proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos, Canadá, México y Perú. El que el Estado anfitrión (México) sea auspiciante del texto puede también llevar a algunos Estados a aceptar esta vez añadir su firma. Según se informó, la diplomacia de México está desplegando intensas consultas y esfuerzos sobre el tema días previos a la cita hemisférica (véase nota de prensa): al parecer Estados Unidos ha optado por dejarle a México la delicada tarea de reunir 23 votos a favor de algun texto que se adopte sobre Venezuela, segundado por Argentina, cuyo canciller estrena sus funciones con una delicada misión en igual sentido (véase nota de prensa). Como se puede observar, hay varios parámetros que explican que quiénes convocaron a esta máxima instancia en la OEA para debatir sobre Venezuela hace varios meses hayan ahora optado por intentar aprovechar del espacio que brinda una Asamblea General de la OEA. No obstante, el ejercicio no es exempto de riesgos, al tener la Asamblea General una agenda muy cargada que no siempre permite muchas dilaciones en sus debates. Además, existe una incertidumbre con relación al formato de esta Reunión de Consulta de cancilleres, ya que es costumbre que una Asamblea General de la OEA inicie con una sesión inaugural en presencia de los cancilleres del hemisferio americano (denominado "segmento de alto nivel" en algunas ocasiones).
Con esta nueva cita prevista para el 19 de junio para considerar el tema de Venezuela, se podrá apreciar a) quiénes hacen el viaje a Cancún desde su capital, b) quiénes no y c) quiénes hacen el viaje sin que su canciller asista necesariamente a la cita prevista sobre Venezuela. Al ser la OEA una organización internacional en la que los intentos de improvisación procedimental suelen darse, no cabe duda que un laborioso fin de semana espera a los asesores legales de cada una de las 34 delegaciones de los Estados Miembros de la OEA.
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE
Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region. REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
EXPRESSING: Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela. Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS). REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it. EXPRESSING: Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.
(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible. Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement). (AYB)
Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina, desde varios años, busca considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, daños a la infraestructura, difamación, etc...) a diversos líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusión en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (véase declaración pública de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota de Redseca). Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación particular de los defensores de los derechos humanos en el continente: son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que las que suelen enfrentar sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas, entre muchos otros movimientos. En otras palabras, quiénes buscan defender de forma colectiva reclamos legítimos no solamente deben sufrir todo tipo de amenazas e intimidaciones por parte de algunos sectores, sino además, las que se gestan desde el mismo Estado. A mayor cercanía del Estado con esos sectores, mayor es el riesgo de que estas acciones criminalizantes del Estado prosperen ... y que amenazas e intimidaciones de esos sectores se archiven o se desestimen.
En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee algo que comparten muchos integrantes de colectivos sociales latinoamericanos: "El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente
al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia,
por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas
acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial,
algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras
penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se
sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos
en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos
habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni
hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su
juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que
una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física" (p. 24).
En algunos informes sobre protesta social en América Latina, se puede leer, como en este informe auspiciado por el PNUD en el 2012, que : "
"en estos casos, como Chile y Costa Rica, hay pocos conflictos sociales,
no tanto por la ausencia de necesidades y demandas, sino por la débil capacidad
de movilización de los actores sociales" (p. 27). Esta manera de enfocar el problema pareciera haber cambiado con el tiempo: hoy en Costa Rica, hay movilizaciones constantemente y las fotografías de fuerzas de seguridad anti-motines frente a cartones o pancartas sostenidos por gremios o comunidades organizadas han venido a formar parte del acontecer informativo. Una unidad académica registra, consigna y cuantifica estas acciones de protesta (véase sitio oficial).
¿Cómo ha reaccionado el Estado costarricense ante esos reclamos?
Con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el mismo Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento). En mayo del 2017, nuevamente debió de pronunciarse en términos similares (véase pronunciamiento del 2 de mayo del 2017). En el 2015, se leyó en este comunicado en favor de la liberación de Orlando Barrantes en Costa Rica que: "Barrantes fue uno de los principales dirigentes de las luchas impulsada en el año 2000 por las y los trabajadores bananeros, afectados por un pesticida sumamente tóxico conocido como Nemagón, el cual produce terribles consecuencias para la salud humana. A Orlando Barrantes se le acusa de un secuestro de policías del cual no se tienen pruebas suficientes para una acusación. Sin embargo, Barrantes fue encarcelado y se mantiene en prisión preventiva pese a haberse mantenido durante todo el proceso judicial de más de quince años sin salir del país".
El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). Un estudio del Estado de La Nación pormenoriza la protesta ambiental en Costa Rica y sus causas en le período 1994-2013 (véase estudio). A pocos días de acaecida la muerte de un jóven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Alvaro Sagot titulado "¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?" mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitímos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico). Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinomericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza). Con relación a la pena de prisión impuesta a la dirigente argentina Milago Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas señaló en el 2016 que: "Resulta sorprendente para el Grupo de Trabajo que diversas personas han presentado
denuncias penales en 2016 por hechos de los que el Estado argentino supuestamente tenía
conocimiento desde 2010 a partir de una auditoría y que sus efectos legales y procesales
surtan efectos justo en el contexto en el que la Sra. Sala participa en una protesta social
pacífica, y particularmente días después de que un juez estuviera por decretar su
excarcelación. Llama la atención también al Grupo de Trabajo la información recibida
acerca de que una de las personas que denuncian a la Sra. Sala expresó que el testimonio lo
ofreció por presiones y amenazas, al parecer porque dos de sus hijos están vinculados a
delitos similares y respecto de quienes no ha habido consecuencias penales " (punto 107 de Resolución 31 del 2016, DocumentoA/HRC/WGAD/2016/31, disponible aquí. Escoger "S" para la versión en español). Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado "Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012
Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio"
En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dió lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó "los que buscan camorra" (véase nota de La Nación). En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a "ayudarla a luchar" contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los "malos costarricenses" opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada "trocha fronteriza": la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Alvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1). En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, que evidenció un verdadero "contubernio Estado-empresa" (véase nota del Semanario Universidad), la cercanía geográfica de este proyecto con Nicaragua dio lugar a interesantes coincidencias que plantean algunas interrogantes: - el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Contitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado "La mayor amenaza ambiental - El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales" suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18 de noviembre del 2009;
"El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes" (véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pobremente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57). En sus recomendaciones finales, leemos (punto 67) que:
"El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección. Tal iniciativa podría ser un modelo para muchos otros Estados respecto de la manera de abordar esta cuestión". Pocamente divulgadas en Costa Rica, esta y algunas otras recomendaciones muestran similar situación con relación a su implementación por parte de las autoridades costarricenses. Al conmemorarse un año de la muerte de la lider indígena hondureña Berta Cáceres, en marzo del 2017, tuvimos la oportunidad de señalar que el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2). La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente
Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su "delito"? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pese a una fuerte movilización que trascendió incluso las fronteras (véase petición en línea del portal Change.org), el Ministerio Público mantuvo incólume la acusación penal contra los univesritarios. Parte de las supuestas "pruebas" presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo así Costa Rica una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de ElPais.cr del 19 de mayo y nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). Si bien cinco fueron los imputados, más de treinta personas fueron capturadas durante la manifestación, como se puede apreciar en esta nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015:
Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: "Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto.
Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió".
En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda fue dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica. En ella se analizó la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten). También se abordaron algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el lider comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que: "Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia". La demanda penal por presunta difamación fue interpuesta en el 2009 por declaraciones dadas por Carlos Arguedas ante el Consejo Municipal de su localidad, acompañada de una demanda civil resarcitoria por 10 millones de colones (véase nota de Kioscos Ambientales). En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara. En el 2015, cansadas de esperar desde el 2007 una resolución al problema del agua contaminada, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase nota sobre audiencia celebrada en marzo del 2015). La "técnica" consistiendo en no presentarse a audiencias por parte de los abogados de las empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a cinco personas: un lider comunitario, dos profesores universitarios y dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de ellas, titulado "Audiencias con el Infinito: ausencias..." , se lee que: "los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos.
De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente".
Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional
Público, Facultad de Derecho, UCR
Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación
en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED
El debate se dió en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional. Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, "Legalización de la contaminación de aguas para
consumo humano (caso del diurón y el bromacil)", Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12

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