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Timestamp: 2019-07-23 12:38:05+00:00

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Obtención de pruebas - Bélgica
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una determinada presunción jurídica no es válida?
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas escritas y los dictámenes e informes periciales?
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por videoconferencia u otros medios técnicos?
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha obtenido de manera legal?
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?
En el ordenamiento jurídico belga se distingue entre Derecho civil y Derecho mercantil. El Derecho mercantil es el conjunto de disposiciones específicas aplicables a los comerciantes, mientras que el Derecho civil es el derecho común.
La normativa civil sobre pruebas se recoge en el Código Civil (Burgerlijk Wetboek), a partir del artículo 1315. Se trata de un sistema independiente con medios de prueba estrictamente regulados (para más detalles véase el punto 2.4).
Las pruebas en Derecho mercantil se regulan en el Código de Comercio (Wetboek van Koophandel), artículo 25. La característica más significativa es que se trata de un sistema abierto y que existe una gran libertad para determinar lo que constituye una prueba en un caso mercantil. El artículo 25 del Código de Comercio reza como sigue: «Además de los medios de prueba admitidos por el Derecho civil, en las relaciones mercantiles las pruebas pueden también ser aportadas por testigos cuando el tribunal lo considere pertinente, sin perjuicio de las excepciones previstas en casos específicos. Las compras y ventas podrán probarse mediante factura aceptada, sin perjuicio de otras formas de prueba permitidas por la legislación mercantil».
Los aspectos procesales de la prueba en las acciones civiles y mercantiles se rigen por el Código Procesal (Gerecthelijk Wetboek), a partir del artículo 870. El artículo 876 del Código Procesal prevé que el tribunal deberá evaluar el caso según las normas en materia de prueba aplicables a la naturaleza del litigio. El litigio podrá ser civil o mercantil.
La parte que invoque un hecho, una hipótesis o una alegación deberá presentar pruebas de los mismos. La parte que exija el cumplimiento de una obligación deberá probar primero su existencia. Asimismo, la parte que afirme haber cumplido una obligación deberá aportar la prueba del pago o del acto que haya originado la extinción de la obligación (Código de Comercio, artículo 1315). Las partes de un proceso deberán presentar pruebas de los hechos que aleguen (artículo 870 del Código Procesal: «actori incumbit probatio»). Corresponde, pues, a la parte contraria refutar el valor de la prueba presentada, cuando sea posible y esté permitido.
Podrá probarse cualquier hecho, siempre que no se vean afectados el orden público o la seguridad pública. No obstante, existen hay tres limitaciones del derecho a presentar pruebas en un proceso. En primer lugar, el hecho objeto de la prueba debe ser pertinente. En segundo lugar, debe ser concluyente, es decir, susceptible de convencer al tribunal acerca de la decisión final sobre el litigio. En tercer lugar, debe ser admisible por ley para probar determinado hechos: deben quedar protegidos el derecho a la intimidad, el secreto comercial y el secreto de las comunicaciones.
En principio, la parte contraria puede refutar las presunciones. Existen, no obstante, presunciones irrefutables («juris et de jure»), frente a las que es incluso ilegal presentar prueba en contrario. Las presunciones refutables («juris tantum») pueden refutarse con pruebas en contrario: los elementos de prueba en este caso se regulan con arreglo a las reglas del Derecho civil, no del Derecho mercantil.
El tribunal debe quedar convencido por las pruebas presentadas por las partes. La medida en la que el tribunal se convenza dependerá de las pruebas y de su fiabilidad. Si el tribunal considera que un elemento de prueba puede contribuir a resolver el conflicto y que la prueba es un reflejo fiable de la realidad, atribuirá valor probatorio a la prueba en cuestión. Solo cuando el tribunal considere que el elemento aportado tiene un auténtico valor probatorio puede hablarse de prueba propiamente dicha.
El valor probatorio es un concepto subjetivo, mientras que la fuerza probatoria es estrictamente objetiva. La fuerza probatoria depende de la fiabilidad que pueda atribuirse a un elemento de prueba. La ley confiere fuerza probatoria solo a los elementos de prueba con un nivel suficiente de fiabilidad, dado que el poder discrecional del tribunal queda limitado en estos casos. Tal es el caso de las pruebas documentales. Si el tribunal interpreta el contenido de un documento obtenido legalmente de forma incompatible con el texto, estará violando la fuerza probatoria del documento. La parte perjudicada podrá alegar este hecho como motivo para recurrir en casación.
La parte que alegue algo debe poder probarlo. En algunos casos el tribunal puede pedir a una parte que presente una prueba específica, como un juramento obligatorio legalmente (Código Civil, artículo 1366). En determinadas y estrictas condiciones, el tribunal puede imponer un juramento a una parte, bien para basar en ello la resolución del litigio, bien para fijar el valor de la condena.
El tribunal puede oír a las partes y acordar de oficio que declare un testigo, salvo en los casos en que la ley lo prohíbe (Código Procesal, artículo 916). El tribunal puede también pedir un informe pericial para determinar los hechos u obtener asesoramiento técnico (Código Procesal, artículo 962).
Las medidas de investigación deben ser solicitadas por una de las partes como petición principal y medida provisional. El tribunal puede aceptar o denegar la petición, motivando su decisión.
En caso de que se solicite la verificación de un documento (Código Procesal, artículo 883) o de una supuesta falsificación (Código Procesal, artículo 895), el tribunal pedirá a las partes que comparezcan (con o sin abogado) y aporten todos los títulos y documentos de comparación, así como el documento supuestamente falsificado. El tribunal puede apreciar inmediatamente el caso o dejarlo pendiente en la secretaría para, posteriormente, ordenar una investigación o recurrir a un perito a estos efectos. Por último, el tribunal se pronuncia sobre la petición de verificación.
Si una parte ofrece presentar pruebas en forma de declaraciones de uno o más testigos, el tribunal puede aceptarlo, siempre que las pruebas sean admisibles (Código Procesal, artículo 915). A menos que la ley lo prohíba, el tribunal puede ordenar la declaración de un testigo. Los testigos deberán ser citados por el secretario al menos ocho días antes de la fecha de la declaración. Deberán prestar juramento y serán oídos individualmente por el tribunal. El tribunal podrá formular preguntas a los testigos de oficio o a instancia de parte. Las declaraciones se recogen por escrito, se leen, se corrigen y se completan en su caso, después de lo cual se cierra la audiencia de testigos.
El tribunal puede solicitar un informe pericial para resolver o evitar un litigio. El informe pericial puede contener solo hechos o bien opiniones técnicas (Código Procesal, artículo 962). El perito es responsable ante el tribunal de la realización de su tarea. Las partes deben proporcionar al perito todos los documentos indispensables y poner todos los medios necesarios para ayudarlo. El informe deberá presentarse en el plazo fijado por el tribunal. No obstante, si el informe no coincide con sus propias convicciones, el juez no está obligado a seguir las indicaciones del perito.
El tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede solicitar una investigación in situ (Código Procesal, artículo 1007). La investigación, durante la cual se puede o no requerir la comparecencia de las partes, la realiza bien el juez que la ordena, bien otra persona designada oficialmente. En cualquier caso, se elabora un informe oficial que recoge todas las medidas y conclusiones y se comunica a las partes.
El tribunal nunca está obligado a acceder a la petición de una parte que solicite medidas de investigación. Pero si se designa a un juez para llevar a cabo una investigación, dicho juez estará entonces obligado a realizarla (Código Procesal, artículo 873).
En Derecho civil (común) existen cinco tipos de pruebas: pruebas documentales, declaraciones testificales, presunciones, reconocimiento de las partes y declaraciones juradas (Código Civil, artículo 1316).
Las pruebas documentales (Código Civil, artículo 1317) pueden revestir la forma de documento público o de documento privado. Un documento público es un documento legal expedido por un funcionario público autorizado (por ejemplo, un notario o un secretario) y, entre las partes y frente a terceros, constituye una prueba concluyente de lo que en él se contiene. Un documento privado reconocido, firmado por todas las partes y en tantos ejemplares como partes haya, constituye una prueba concluyente entre las partes. Se requieren pruebas documentales cuando los importes en juego o el valor del litigio exceden de 375 euros (Código Civil, artículo 1341).
Las declaraciones testificales (Código Civil, artículo 1341) no son admisibles si son contrarias o van más allá del contenido de las pruebas documentales. Pero se aceptan si solo hay pruebas documentales prima facie o si no ha sido posible presentar pruebas documentales.
Las presunciones (Código Civil, artículo 1349) son conclusiones extraídas por ley o por el tribunal para determinar un hecho desconocido a partir de un hecho conocido. Las presunciones no pueden invalidar el contenido de un documento escrito, pero pueden, al igual que las declaraciones testificales, ampliar las pruebas documentales prima facie y sustituir a los documentos cuando sea imposible presentarlos.
El reconocimiento de una parte (Código Civil, artículo 1354) puede ser judicial o extrajudicial. Un reconocimiento judicial es una declaración realizada ante un tribunal por una parte o su representante debidamente autorizado, y constituye una prueba concluyente contra la parte que la realiza. Los reconocimientos extrajudiciales no están sujetos a ningún requisito formal.
Los juramentos o declaraciones juradas (Código Civil, artículo 1357) son impuestos por una parte a la otra (juramento decisivo) o por el tribunal de oficio. Los juramentos decisivos solo constituyen pruebas a favor o en contra de la persona que los haya exigido.
Las pruebas en Derecho mercantil (Código de Comercio, artículo 25) son libres, pero existe una forma específica de prueba, a saber, la factura abonada en el caso de un contrato de compraventa. El comerciante siempre puede utilizar una factura abonada como prueba válida, mientras que la parte contraria deberá aportar otros documentos escritos para que constituyan pruebas válidas.
Las declaraciones testificales son una forma independiente de prueba que se rige por el Código Civil, mientras que los aspectos procesales de las declaraciones testificales se rigen por el Código Procesal. Un informe pericial es simplemente una forma de prueba entre otras, y se rige por el Código Procesal. Las partes pueden pedir al tribunal que llame a testigos, pero no pueden designar peritos ellos mismos. Solo el tribunal puede hacerlo.
Las pruebas documentales tienen valor probatorio y el tribunal debe, por tanto, aceptar su contenido, mientras que los informes y los dictámenes de los peritos no tienen esa consideración. Si el informe no coincide con sus propias convicciones, el juez no está obligado a seguir las indicaciones del perito (Código Procesal, artículo 986).
Existe una jerarquía entre las formas de prueba reguladas. Los reconocimientos y juramentos figuran en la cúspide de la jerarquía. Las pruebas documentales prevalecen siempre sobre las declaraciones testificales y las presunciones. Los documentos públicos (títulos) constituyen pruebas concluyentes entre las partes y frente a terceros, mientras que los documentos privados reconocidos solo constituyen pruebas concluyentes entre las partes. Las declaraciones testificales y las presunciones solo se tendrán en cuenta a falta de pruebas documentales fiables o si no ha sido posible presentar pruebas documentales de la obligación en cuestión.
Dependiendo de si el caso es civil o mercantil, los medios de prueba están previstos por ley o son libres, respectivamente. En Derecho civil deberá presentarse un documento público o un documento privado cuando el valor de las transacciones o del litigio exceda de 375 euros (Código de Comercio, artículo 1341). Únicamente podrán admitirse tales documentos como prueba; no se aceptarán las declaraciones testificales ni las presunciones. En los casos mercantiles, por el contrario, las declaraciones testificales y las presunciones son, en principio, admisibles incluso si son contrarias o van más allá de las pruebas documentales.
No, los testigos son llamados a petición de las partes o, de oficio, por iniciativa del tribunal (Código Procesal, artículos 915 y 916).
Si un testigo citado para declarar alega razones legales válidas para no hacerlo, el tribunal determinará las medidas que deban tomarse. El secreto profesional es una de las razones que pueden aceptarse, entre otras (Código Procesal, artículo 929).
Un testigo que haya sido citado debe comparecer. Si no lo hace, el tribunal, a petición de una parte, puede hacer que sea citado mediante agente judicial (Código Procesal, artículo 925). Un testigo que haya sido citado y no comparezca podrá ser sancionado con una multa conforme a la legislación penal (Código Procesal, artículo 926).
Una declaración testifical no será válida si la realiza una persona sin capacidad legal para actuar como testigo (Código Procesal, artículo 961, apartado 1).
No podrá exigirse juramento a un menor de edad inferior a quince años. Sus declaraciones solo serán indicativas (Código Procesal, artículo 931, apartado 1).
Un menor con capacidad de discernimiento podrá ser oído por el tribunal o por una persona designada por el tribunal en los casos que le conciernan. La audiencia podrá hacerse a petición del propio menor o por decisión del tribunal, aunque en este último caso el menor puede declinar prestar declaración (Código Procesal, artículo 931, apartados de 3 a 7).
Los parientes en línea descendente no podrán ser oídos en los casos en que los parientes en línea ascendente tengan intereses contrarios (Código Procesal, artículo 931, apartado 2).
Las partes no podrán dirigirse al testigo directamente ni interrumpirle, sino que deberán dirigirse siempre al tribunal (Código Procesal, artículo 936). El tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, formular a los testigos cualquier pregunta que pueda ayudar a aclarar o a ampliar su testimonio (Código Procesal, artículo 938).
El testimonio indirecto es válido. No existen disposiciones legales ni principios jurídicos que digan lo contrario. Por otra parte, conforme al artículo 924 del Código Procesal, es posible que un tribunal decida oír in situ a un testigo que demuestre su imposibilidad de personarse ante el tribunal.
Las pruebas obtenidas ilegalmente no podrán utilizarse en un procedimiento judicial. El tribunal no podrá, por tanto, tenerlas en cuenta para dictar sentencia. Las pruebas son ilegales e inadmisibles si se obtienen mediante violación del derecho a la intimidad, del secreto comercial o del secreto postal.
Los documentos procedentes de una parte no podrán utilizarse como pruebas a favor de esa parte. La excepción son, en Derecho mercantil, las facturas (aceptadas por el cliente), que pueden ser utilizadas como prueba de una transacción realizada por el comerciante aunque hayan sido emitidas por él. La contabilidad empresarial correctamente llevada podrá ser aceptada por el tribunal como prueba de transacciones entre comerciantes.
El reconocimiento de una parte es una declaración realizada ante un tribunal por esa parte o su representante legal, y constituye una prueba concluyente contra dicha parte.

References: resolución 
 artículo 1315
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 870
 artículo 876
 artículo 1315
 artículo 1366
 resolución 
 artículo 916
 artículo 962
 artículo 883
 artículo 895
 artículo 915
 artículo 962
 artículo 1007
 artículo 873
 artículo 1316
 artículo 1317
 artículo 1341
 artículo 1341
 artículo 1349
 artículo 1354
 artículo 1357
 artículo 25
 artículo 986
 artículo 1341
 artículo 929
 artículo 925
 artículo 926
 artículo 961
 artículo 931
 artículo 931
 artículo 931
 artículo 936
 artículo 938
 artículo 924