Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421276.html
Timestamp: 2019-03-22 18:29:00+00:00

Document:
A S - 276
Auto Supremo: 276/2014
Sucre: 02 de junio 2014
Expediente: LP - 12 - 14 - S
Partes: Omar Alejandro Asbun Farah, Martha Clemencia Farah de Asbun
Fernando Asbun Gamarara. c/ David Saitone Watmough representante
legal y Gerente General del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Proceso: Nulidad de contratos de préstamo y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1789 a 1796, interpuesto por Fernando Asbun Gamarra, contra el Auto de Vista Nº S-36/2013 de fs. 1720 a 1723 y vlta, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contratos de préstamo y pago de daños y perjuicios, por Omar Alejandro Asbun Farah, Martha Clemencia Farah de Asbun y Fernando Asbun Gamarara contra el Banco de Crédito de Bolivia S.A.; la respuesta al recurso de fs. 2041 a 2048; el Auto de concesión de fs. 2053; los antecedentes del proceso, y:
Omar Alejandro Asbun Farah, Martha Clemencia Farah de Asbun y Fernando Asbun Gamarara, por memorial de fs. 4247 a 4257 y vlta., demandan nulidad de contratos de préstamo y pago de daños y perjuicios, señalando lo siguiente: 1) El 10 de noviembre de 1999, Omar Alejandro Asbun Farah como deudor principal, juntamente con Fernando Asbun Gamarra, Martha Farah de Asbun y José Luis Vega Arias, suscribieron una minuta de contrato de venta de inmueble con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., consolidándose la Escritura Pública Nº 732/99 de 23 de noviembre de 1999, transfiriéndose el 100% de derechos y acciones sobre 809 m2 de dicha propiedad ubicada en calle México Nº 1580 zona San Pedro de la ciudad de La Paz. Adicionalmente dentro de la misma operación, contrajeron un préstamo de $us.800.000 de los cuales se destinaron $us.600.000 a la compra del Edif. denominado Bahía, $us.100.000 al pago de un crédito al Citibank N.A. Sucursal Bolivia como pago para rescatar una garantía, y $us.100.000 a la conclusión parcial de la construcción del Edif. 2) El 12 de octubre de 2000, Omar Alejandro Asbun Farah juntamente Fernando Asbun Gamarra, Martha Farah de Asbun, Juan Carlos Rivas Medrano y José Luis Vega Arias suscribieron con el Banco la Escritura Pública Nº 1261/00 en base a un contrato de préstamo de dinero que confiere el Banco a favor de Omar Alejando Asbun Farah la suma de $us.378.300. 3) El 2 de abril de 2001, el Gobierno Municipal de La Paz, ordenó la paralización de la obra a raíz de una denuncia presentada por María Elena Alcoreza Bedregal. A raíz de esa orden se llegó al convencimiento de que no se podrá terminar la edificación y menos transferir el edificio. 4) A consecuencia del proceso de nulidad de adjudicación iniciado por el Sr. Comboni y luego la paralización de obras, y todas las irregularidades se truncó la venta del Edif. La Bahía a la Aduana Nacional con la que se había adelantado negociaciones. 5) A causa de ello, no se pudo cumplir con el pago de las dos obligaciones por lo que el Banco de Crédito inició dos demandas coactivas por $us.378.300 y $us.800.000 más intereses, costas y gastos. La nulidad del contrato, conforme al art. 551 y 474 del Código Civil, procede porque se operó: 1) error esencial considerado como propio que invalida el consentimiento del comprador a quien ofertaron una cosa pero resultó que lo que le habían vendido era otra, ignorando las verdaderas cualidades principales y las características del bien que adquirió con financiamiento del mismo vendedor. El segundo elemento que hace a la nulidad es el dolo contendido en el art. 482 del Código sustantivo, por el que el vendedor ha provocado error del comprador en la manifestación volitiva de Omar Alejandro Asbun. 2) Debido a la paralización de la obra y en mérito a la denuncia de la Alcaldía Municipal no se llegó a terminar la obra e implícitamente no se pueda vender la misma. Tal situación proviene de la falta de buena fe del vendedor y financiador -Banco de Crédito S.A- quien no respondió por los vicios de la cosa (saneamiento y evicción). 3) El proceso civil en el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil y Comercial, que pesa sobre el inmueble perjudica la pacífica posesión y capacidad de uso, goce, disfrute y disposición de su actual propietario Omar A. Asbun Farah. 4) El origen de la propiedad objeto de la venta fue que ésta fue adjudicada al Banco vendedor y financiador a través de un auto que no firmó el juzgador, viciando la transferencia porque no se ha cumplido la formalidad prevista por el art. 545 del Código de Procedimiento Civil, configurándose el dolo enervando el consentimiento. 5) La Escritura 732/799 de 23 de noviembre de 1999, tiene una minuta con la partida 01478525 la que se encuentra en la Notaría y en el protocolo, pero también existe otra Escritura 732/99 pero ésta con dos partidas; la anterior corresponde al 60% de los derechos y acciones sobre la propiedad, y la otra que corresponde al 40% conseguida dolosamente por el banco. Daño y perjuicio ocasionados, el proyecto presenta alteraciones porque para su remate se presenta una superficie de 773 m2, en el peritaje de parte se establecen 632,44 m2, y la única verdad es que la obra se encuentra paralizada por no cumplir con las normas de construcción aprobada por la Alcaldía Municipal y por invasión de propiedad vecina. El pago de daños y perjuicios procede porque 1) El inmueble adolece de varios vicios por lo que hace inviable su construcción y posterior venta. 2) El Banco conocía los problemas que presentaba el predio ya sea a través del proyecto origina de la Empresa Constructora Comboni, o por los varios estudios que ellos realizaron. 3) El proceso de anulabilidad seguido por el anterior propietario Silvio Roberto Ramiro Comboni radicado en el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil, originó un acuerdo transaccional en desmedro de los intereses de Omar Alejandro Asbun Farah, en el cual el ente financiero vende el 100% del Edif. Bahía, cuando posteriormente se encuentra otros copropietarios que mermaban el derecho de Omar Alejando Asbun Farah sobre el 100% reduciéndolo al 60% real. 4) esta escritura como el testimonio 732/99 de 23 de noviembre, presentan irregularidades que enervan el derecho propietario de Omar Alejandro Asbun Farah. 5) Existe superposición sobre el terreno de María Elena Alcoreza Bedregal actualmente en demanda. 6) A la fecha, no puede realizarse ningún acto de uso, goce o disfrute del inmueble siendo un simple detentador. 7) El actuar del Banco de Crédito tuvo y tiene por objeto enriquecerse ilegalmente, tal cual prevén los arts. 961 y siguientes del Código Civil, y 792 del Código de Comercio. Con ello, piden la Nulidad de las siguientes escrituras públicas: Nº 732/99 de 23 de noviembre de 1999, Nº 755/99 de 6 de diciembre de 1999, Nº 1261/2000 de 12 de octubre de 2000, Nº 84/2001 de 5 de marzo de 2001, Nº 1.260/2000 de 12 de octubre de 2000, así como de todos los gravámenes y cargas inscritas sobre el patrimonio de los infrascritos demandantes, al no haber sido ninguna de las obligaciones contenidas en dichas Escrituras Públicas, cumplidas por la entidad demandada en su calidad de vendedora-acreedora, conllevando los daños y perjuicios así como haber ocasionado el lucro cesante y en el daño emergente, así como conllevará la resolución de los contratos antes mencionados.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia-Resolución Nº 568/2006 de 30 de noviembre de 2006- de fs. 5140 a 5160 y vlta., declaró probada la demanda de fs. 55 a 65, e improbadas las excepciones opuestas de fs. 340 a 346, disponiendo la nulidad de los contratos inmersos en las Escrituras Públicas Nº 732/99 de 23 de noviembre de 1999, Nº 1261/2000 de 12 de octubre de 2000, Nº 1260/2000 y Nº 84/11 de 5 de marzo de 2001, conforme al art. 547 del Código Civil, las obligaciones emergentes de los contratos declarados nulos se extinguen. El Banco de Crédito recupera el derecho propietario del inmueble con todas las mejoras introducidas por el demandante. Se levanten todos los gravámenes y cargas inscritas sobre los bienes que en su momento otorgaron en garantía del demandante por la oficina de Derechos Reales. La calificación de daños y perjuicios en ejecución de Sentencia.
El Auto de Vista -Resolución Nº S-258/2007 de 20 de junio de 2007, de fs. 5250 a 5251 vlta., dispone la Anulación de la resolución Nº 90/2007 de 8 de marzo de 2007, donde se concede el recurso de apelación de la Sentencia.
El recurso de casación en la forma de fs. 5307 a 5309 vlta., interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., contra el mencionado Auto de Vista -Resolución Nº S-258/2007 de 20 de junio de 2007.
El Auto Supremo Nº 293 de 4 de septiembre de 2010, de fs. 5507 a 5509 vlta., dispone la anulación de obrados con reposición hasta fs. 85, disponiendo que el Juez A quo observe el apersonamiento del apoderado de la entidad demandada.
Mediante Auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011 (fs. 1278), la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías en la acción de amparo constitucional, Concede la tutela solicitada disponiendo: dejar sin efecto el Auto Supremo Nº 293/2010 de 4 de septiembre de 2010, correspondiendo a las autoridades demandadas emitir uno nuevo, subsanando lo extrañado.
El Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011 (fs. 1302 a 1306), Anula el Auto de Vista Nº 258/2007 de 20 de junio de 2007, y dispone que el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación de fs. 915 a 921 (numeración original), con la pertinencia prevista por el art. 236 de Código de Procedimiento Civil.
Por Auto Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011 (fs. 1374 a 1376), la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, Conmina a las autoridades demandadas que en el plazo de 72 horas de su legal notificación con la presente Resolución, cumplan de manera completa y efectiva con lo dispuesto en el Auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011.
Por Auto Nº 46/12 de 30 de enero de 2012 (fs. 1380 a 1381), la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declara No ha lugar a la reposición solicitada, manteniéndose firme y subsistente el proveído de fs. 145 y todas las Resoluciones que se emitieron a efectos de materializar los derechos fundamentales tutelados en el Auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011.
El Auto Supremo Nº 92/2012 de 25 de abril de 2012 (fs. 1520 a 1522 vlta.), determina la imposibilidad material de dar cumplimiento a los Autos Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011, Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011 y Nº 46/12 de 30 de enero de 2012, emitidos por la Sala Penal constituida en Tribunal de Garantías, en tanto ese tribunal no se pronuncie en forma expresa respecto a la situación legal del Auto Supremo Nº 320/2011 de 7 de octubre de 2011, y respecto a la competencia de los Magistrados Titulares de este Tribunal Supremo.
Por Auto Nº 162/12 de 13 de junio de 2012 (fs. 1561 a 1563), la Sala Penal Primera constituida en Tribunal de Garantías, dispone la Notificación a los Magistrados Liquidadores de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia a efectos de que tomen conocimiento y cumplan con la materialización y justiciabilidad de los derechos que fueron tutelados por la Resolución Nº 77/2011.
Por Auto de 15 de agosto de 2012 (fs. 1614 a 1616), la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, determina la imposibilidad material de dar cumplimiento al Auto 162 de 13 de junio de 2012, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en tanto ese Tribunal no se pronuncie en forma expresa respecto a la situación legal del Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011.
Por Auto Nº 198/12 de 25 de agosto de 2012 (fs. 1652 a 1653), la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, Deja sin Efecto el Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011, debiendo los Magistrados Liquidadores de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitir nuevo Auto Supremo enmarcado en derecho, subsanando lo extrañado en la Resolución 77/11 de 1 de marzo de 2011.
Por el Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012 (fs. 1656 a 1662), la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, Anula el Auto de Vista Nº 258/2007, y dispone que el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación de fs. 915 a 921.
El Auto de Vista -Resolución Nº S-36/2013 de 19 de febrero de 2013 (fs. 1720 a 1723 vlta.), Revoca en parte la Sentencia Nº 568/2006 de 30 de noviembre de 2006, en cuanto a la pretensión incoada por la parte accionante únicamente, declarando Improbada la demanda de fs. 55 a 65, manteniendo inalterable lo concerniente a la declaratoria de Improbadas las excepciones opuestas a fs. 340-346, sin costas por la revocatoria. Todo en previsión del art. 237 par. I inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 1961/2012 de 12 de octubre de 2012 (fs. 1734 a 1769), resuelve aprobar en parte la Resolución 77/11 de 1 de marzo de 2011, y en consecuencia, Conceder la tutela solicitada únicamente por el derecho al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y Denegar por el derecho a la igualdad. Anula el Auto Supremo 293 de 4 de septiembre de 2010, emitido por la Sala Civil de la Corte Suprema, ahora Tribunal Supremo de Justicia. No ha lugar a la determinación de responsabilidad civil, en razón a que el tribunal de Garantías actuó oportunamente en la protección de los derechos y las garantías del accionante.
El co-demandado Fernando Asbun Gamarra, a fs. 1789 a 1796, el 26 de marzo de 2013, interpone recurso de casación en el fondo en contra del Auto de Vista -Resolución Nº S-36/2013 de 19 de febrero de 2013, de cuyo contenido se resume lo siguiente:
Violación y Aplicación Indebida de la Ley:
Primero: El Auto de Vista de 19 de febrero de 2013, es extemporáneo y se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica referido a la aplicación objetiva de la ley conforme los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, porque:
A. Se hizo notar en el memorial de contestación al recurso de apelación de fs. 922-922 vlta., y 933-935, que el apelante Omar Vargas Claure carecía de legitimación procesal y se requería necesariamente de un apoderado tipo “E”.
B. El demandado Banco de Crédito de Bolivia SA., presentó memorial de subsanación de apelación después de 18 días.
C. No obstante, el Juez concedió el recurso de apelación a fs. 964-964 vlta.
D. El Auto de Vista 258/2007 de 20 de junio de 2007, se anuló el Auto de concesión del Recurso de Apelación por haber transcurrido más del tiempo previsto en el art. 220-I-1) señalado, omisión que importa la ejecutoria de la Sentencia.
E. Mediante memorial de 25 de julio de 2007, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., interpuso recurso de casación en la forma sosteniendo que el Poder otorgado a Omar Vargas Claure, comprende también la facultad de interponer recursos ordinarios y extraordinarios, y no haber considerado la aplicación de la ley sobre la extensión del poder.
F. El indicado recuso de casación fue respondido por su persona, por Martha Farah de Asbun y por Omar Alejando Asbun Farah, señalando que el Auto de Vista 258/20007, ejecutorió la Sentencia de primera instancia; que la subsanación del recurso de apelación se efectuó fuera de plazo y no cumplió con el voto de la ley. Por dichas razones, no se podía abrir la competencia para resolver un recurso interpuesto extemporáneamente.
G. El referido recurso de casación fue conocido por la ex Corte Suprema de Justicia cual, mediante Auto Supremo 293 de 4 de septiembre de 2010, dispuso anular obrados hasta fs. 85 inclusive, ordenando al Juez de primera instancia observe el apersonamiento del apoderado del demandado.
H. En mérito a que dicho Auto Supremo 293 de 4 de septiembre de 2010, era contrario a derecho y vulneratorio a la garantía del debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y derecho a la igualdad, su hijo Omar Alejandro Asbun Farah, el 18 de febrero de 2011, interpuso acción de amparo constitucional contra Ángel Irusta Pérez y Teófilo Tarquino Mújica, ex Ministros de la Sala Civil de la Corte Suprema.
I. La Sala Penal de la ex Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 77/11 de 1 de marzo de 2011, concedió la acción planteada disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 293 de 4 de septiembre de 2010, instruyendo la dictación de nueva Resolución.
J. En franco desconocimiento a la Ratio Decidenci del Tribunal de Garantías Constitucionales que ordenó se tome en cuenta el hecho de que el recurso de apelación presentado por la entidad demandada era extemporáneo, la Sala Civil Liquidadora del Tribunal de Justicia, mediante Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012, Anuló el Auto de Vista 258/2007, disponiendo que el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación de fs. 915 a 921, con la pertinencia del art. 236 del Adjetivo Civil.
K. Los de Alzada pese a que mencionan todas las resoluciones judiciales y especialmente las Resoluciones 77/11, 449/11, 162/12 y 198/12, no cumplieron con el Auto Supremo Nº 293 de 4 de septiembre de 2010, ni las posteriores conminatorias que dejaron sin efecto los Autos Supremos que no cumplían el fallo constitucional, tampoco con su deber de fiscalización prevista en el Art. 15 de la LOJ abrogada y 17 de la vigente Ley de Organización Judicial.
Acusa a los Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de haber incurrido en el mismo error que los Ministros de la Sala Civil Liquidadora de no observar y cumplir el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales referidas al impedimento legal de ingresar a considerar el fondo del referido recurso de apelación, porque al haber incumplido el apelante lo dispuesto en forma taxativa por el art. 220-I inc. 1) del Código de Procedimiento Civil; por ningún motivo podían ingresar a valorar los agravios señalados por la parte apelante en el memorial presentado extemporáneamente, y simplemente les correspondía disponer la ejecutoria de la Sentencia 568/2006 de 30 de noviembre de fs. 887-907 vlta., en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, de entonces, mediante Resolución Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011; ante el incumplimiento en este Auto Supremo, del fallo constitucional lo dejó sin efecto y conminó a dictar el Auto Supremo 263/2012 que tampoco dio cumplimiento a fallos constitucionales al no haber obrado de esa forma, viola flagrantemente los principios de seguridad jurídica y legalidad, la garantía constitucional del debido proceso.
Segundo: Asimismo, se violaron y aplicaron indebidamente la Ley incurriendo en la causal de casación prevista en el art. 253 inc. 1) del Ritual, por haber ingresado al análisis del fondo del recurso de apelación del demandado sin cumplir los requisitos previstos por ley, que fue subsanado en forma extemporánea, siendo que la resolución es contraria al Derecho, porque si bien el Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012, sostuvo que debía tenerse presente el Derecho a la Impugnación que tiene cualquier interesado y que los fallos emitidos por el Tribunal de Garantías Constitucionales no puede ingresar a efectuar valoraciones de fondo en relación a la sustanciación de los procesos judiciales, disponiendo que los de Alzada den cumplimiento a lo ordenado, al incumplir el mencionado Auto Supremo 263 lo ordenado por el Tribunal de Garantías, correspondía al Tribunal de Alzada cumplir inexcusablemente con lo ordenado por dicho Tribunal de Garantías efectuando una prolija revisión de los antecedentes del proceso para verificar si tal recurso de apelación cumplía con el voto de la ley.
Tercero: Violación y aplicación indebida de la Ley por haber ingresado a valorar el fondo del recurso de apelación cuando el mismo fue interpuesto por la parte demandada fuera del plazo previsto en el art. 220-I-1) del Ritual, por tanto, correspondía rechazarlo y declarar ejecutoriada la Sentencia. Existe absoluta inobservancia de la Resolución Constitucional pronunciada por la Sala Penal de la ex Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, como Tribunal de Garantías Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011, que remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional, fue aprobada en parte concediendo la tutela invocada mediante la Sentencia Constitucional 1961/2012 de 12 de octubre, que sostuvo una vez más que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue presentado fuera del término perentorio del art. 220 inc.1) del Código de Procedimiento Civil, señalando textualmente: “la entidad demandada antes de recurrir de casación ejecutó actos de aceptación de la ejecutora de la sentencia”; no tomaron en cuenta lo dispuesto en el art. 220 de la norma precitada, referido al plazo perentorio para apelar la Sentencia, que faculta al Tribunal Supremo CASAR el auto de vista impugnado declarando ejecutoriada la Sentencia del caso de autos, e impedía ingresar a considerar el fondo del recurso de apelación, debiendo haber rechazado in límine el mismo.
En base a estos antecedentes, el recurrente pide se Case el Auto de Vista 36/2013, disponiendo la ejecutoria de la Sentencia de primer grado en cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 9161 de 12 de octubre de 2012.
De los antecedentes que tuvieron lugar en el presente proceso, los cuales fueron detallados precedentemente, puede advertirse que emitido el Auto Supremo Nº 293 de 4 de septiembre de 2010, por la Sala Civil de la ex Corte Suprema de Justicia, el actor accionó amparo constitucional contra el mismo, obteniendo la Resolución -Auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011- que dejó sin efecto el mencionado Auto Supremo, y al haberse emitido el Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011, éste fue dejado sin efecto por Auto Nº 198/12 de 25 de agosto de 2012, del Tribunal de Garantías, disponiendo que los Magistrados Liquidadores de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitan nuevo Auto Supremo.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, previamente había reconocido mediante el Auto Nº 162/12 de 13 de junio de 2012 (fs. 1561 a 1563), que conforme a la nueva interpretación realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a la Ley de Transición, ante cualquier eventualidad relacionada con las causas ingresadas y resueltas antes del 31 de diciembre de 2011, sean conocidos por los Magistrados de la Sala Liquidadora y no por quienes prorrogaron sus funciones que son los Magistrados Titulares, habiéndose reconducido el entendimiento respecto a la competencia de los Magistrados Liquidadores, debiendo tener presente que la Ley de Transición Nº 212 ha regulado la especial coyuntura de transición institucional desde la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial, en ese sentido, para el caso de autos, no se puede negar ni soslayar a los ciudadanos el acceso efectivo a la Justicia y tutela judicial efectiva por parte del Estado Boliviano, ni mucho menos ingresar en el campo de inseguridad jurídica ya que toda persona que persigue reconocimiento y tutela de sus derechos y garantías fundamentales, requiere ser atendido no solo en lo formal sino principalmente que su reclamo sea materializado efectivamente.
En base a dichos antecedentes, la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia tuvo a bien emitir el Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012 (fs. 1656 a 1662), el cual efectuó el análisis del recurso de casación interpuesto en la forma por el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a través de sus representantes legales, de la siguiente forma:
Efectúa consideraciones del derecho a recurrir un fallo adverso ante un tribunal superior, imparcial e independiente como una de las garantías del debido proceso legal, señalando que cuando existe alguna duda acerca de las condiciones en que debe entenderse o ejercerse un derecho fundamental, los tribunales deben inclinarse por la interpretación que mejor favorezca al contenido y protección de los derechos.
Se refiere al principio pro homine, según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho fundamental del modo más favorable para el destinatario de la protección, el juzgador ha de preferir siempre la interpretación que más optimice un derecho fundamental.
Igualmente, el principio favor actionis o proactione, según el cual se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución valida sobre el fondo de la pretensión atendiendo siempre la finalidad del acto.
En ese marco de principios, advierte que el Tribunal de Alzada señaló que el memorial de apelación deducido por el Banco de Crédito fue firmado solo por Omar Vargas Claure, y que en virtud al Poder Nº 121/2002 de 4 de junio de 2002, la representación de aquel debió ser conjuntamente con un apoderado del tipo E, concluyó que el recurso de apelación se planteó por quien no tenía la capacidad procesal para ello, tomando en cuenta que desde la presentación del mismo hasta la presentación del memorial de fs. 926 a través del cual el Banco de Crédito dio por bien hecho el recurso, habría transcurrido más del termino previsto por el art. 220-I-1) del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, señala en el mencionado Auto Supremo, resulta evidente que Omar Vargas Claure no sujetó su representación a los términos del mandato conferido por el Banco demandado, en consecuencia el Tribunal Ad quem al reparar en ese aspecto en principio actuó correctamente conforme los arts. 62 del Código de Procedimiento Civil y 811-I del Sustantivo Civil, que prevén que el mandato no solo comprende los actos para los cuales han sido conferidos sino aquellos que son necesarios para cumplimiento, sin embargo, el Tribunal de Alzada interpretó de forma restrictiva los alcances de la ratificación hecha por el Banco, antes de que la apelación fuera rechazada o concedida, ratificó la apelación hecha a su nombre y solicitó que la misma sea concedida, habiendo el tribunal Ad quem entendido que la ratificación, al haberse presentado fuera de término, no validó la apelación interpuesta.
Evidencia que el recurso de apelación fue presentado dentro del término previsto por el art. 220-I-1) del Código de Procedimiento Civil, y que en virtud a la observación realizada por la parte actora a la representación del Banco, mediante el memorial de fs. 926 y vlta., presentado antes del rechazo o concesión del recurso de apelación, el Banco de Crédito de Bolivia, ratificó la apelación efectuada por Omar Vargas Claure.
Concluye que la interpretación del Tribunal de Alzada extralimitó la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y con ello afectó el derecho a recurrir del recurrente, impidiendo que una resolución de primera instancia sea revisada por un Juez o Tribunal superior, soslayando pronunciarse sobre el fondo de la impugnación contraviniendo lo dispuesto por el art. 236 del Adjetivo Civil, que hace a la aplicación de la causal de nulidad prevista por el art. 254-4) de dicha norma.
Con la exposición de esos antecedentes, el mencionado Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012, resolvió la nulidad del Auto de Vista Nº 258/2007, disponiendo que el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación de fs. 915 a 921, con la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, determinación que fue cumplida mediante el Auto de Vista Nº S-36/2013 de 19 de febrero de 2013 (fs. 1720 a 1723 vlta.). De ello resulta que los agravios expuestos en los puntos primero y tercero no tienen sustento legal.
Toda vez que se emitió el Auto Supremo Nº 263 el 12 de octubre de 2012, se evidencia de obrados que el mismo no fue impugnado por la vía de la acción de amparo constitucional por ninguna de las partes, ni se evidencia que las partes hayan incidentado de nulidad, o de otra forma, hayan impugnado el referido fallo, por consiguiente, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no ha hecho más que dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Resolución de la Sala Civil Liquidadora, en consecuencia, el recurrente hoy no puede pretender que el Tribunal de Alzada estaba impedido de ingresar al análisis de fondo del recurso de apelación, menos puede pretender a través de su recurso de casación en el fondo que éste Tribunal de Casación revea o revise los actos efectuados por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, porque significaría desconocer su propia competencia, más aun cuando el mencionado Auto Supremo Nº 263 no fue reclamado o impugnado oportunamente a través de las acciones legales que reconoce la ley a las personas. Al no haber procedido de esa forma, en todo caso correspondía a Fernando Asbun Gamarra, recurrir de casación contra el Auto de Vista Nº S-36/2013 de 19 de febrero de 2013, bajo argumentos de fondo conforme a los puntos resueltos en el mencionado Auto de Vista, ya que en su “recurso de casación en el fondo” en realidad esgrime argumentos de forma referidos a que el recurso de apelación de la parte adversa no cumplió con el art. 220-I-1) del Procedimiento Civil. Consiguientemente, el agravio referido en el segundo punto del recurso tampoco tiene sustento legal alguno.
Finalmente, en cuanto a la última parte del agravio formulado en el tercer punto, el recurrente señala que ha existido absoluta inobservancia de la Resolución Constitucional pronunciada por la Sala Penal de la ex Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, como Tribunal de Garantías Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011. Al respecto corresponde en principio precisar que el aparente incumplimiento reclamado por el recurrente de la Resolución del Tribunal de garantías no puede ser analizado por este Tribunal y en todo caso su consideración correspondería al propio Tribunal que emitió la referida Resolución, siendo éste el competente para conocer y resolver las incidencias referidas para el cumplimiento o incumplimientos de sus Resoluciones. Sin embargo de ello se tiene que el Auto Supremo Nº 263 de 12 de octubre de 2012, al respecto ha señalado que a los Tribunales de garantías que conocen de una acción de amparo, le corresponde analizar los actos procesales en los que pudo haber existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione derechos fundamentales, pero no puede entrar a realizar valoraciones de fondo de los antecedentes producidos en el proceso que dio lugar a la acción de amparo, estableciendo la forma de resolución que se debe emitir sobre un recurso de casación; de consentirse estos excesos, como ocurre en el presente caso, la Sala Penal Primera constituido en Tribunal de Garantías, pretende obligar a este Tribunal Supremo, emitir resolución sobre el recurso de casación planteado declarándolo improcedente con el argumento de la materialización y justiciabilidad de los derechos tutelados por la Resolución Nº 77/11, y en base a una equívoca referencia constitucional. Criterio del Tribunal Liquidador plasmado en un Auto Supremo que no puede ser revisado por esta Sala Civil como erradamente pretende la parte recurrente porque ello supondría que a través de un Auto Supremo se deje sin efecto las determinaciones dispuestas en otro Auto Supremo.
Por las razones precedentemente expuestas, en la revisión y análisis del recurso de casación interpuesto, no se han acreditado como evidentes los agravios acusados por el recurrente, consiguientemente, este Tribunal de Casación, emite Resolución en la manera determinada por el art. 271 núm. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Fernando Asbun Gamarra, contra el Auto de Vista Nº S-36/2013 de fs. 1720 a 1723 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.
Se regula el honorario profesional en Bs.1.000,oo.

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