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Timestamp: 2019-03-25 03:54:36+00:00

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La honorable Quincuagésimo Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Considerando primero. Que es propósito de la administración pública estatal, hecho explícito en el Plan Zacatecas 1986-1992 la actualización de la administración pública, uno de cuyos requisitos es el de lograr una mejor disciplina administrativa y financiera, a través del ejercicio del gasto público con eficiencia, honestidad y control, mejorar los procedimientos mediante la corresponsabilidad en la adquisición de bienes y en la licitación de contratos así como en la programación de adquisiciones que dé una mayor transparencia a la utilización de los recursos que el pueblo de Zacatecas ha confiado a la administración pública.
Considerando segundo. Que esta Ley, forma parte de un proyecto legislativo más amplio, que en gran medida ya ha sido sancionado por el órgano del poder popular, y que consolida las bases jurídicas que permiten avanzar en el establecimiento de mejores controles del gasto público y en la eficaz corresponsabilidad de los servidores públicos en las tareas administrativas. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, aprobada por este órgano legislativo, y la consecuente redistribución de competencias entre las secretarías del Poder Ejecutivo del Estado, así como la creación de otras y de organismos paraestatales, ha permitido actualizar las disposiciones vigentes para, en forma racional y congruente, distribuir las materias de las respectivas competencias. Esto evidencia la voluntad de la administración pública de elevar la productividad y eficiencia en la gestión administrativa, a través de la simplificación y de la transparencia en la relación de la propia administración pública con la ciudadanía.
Considerando tercero. La presente Ley establece las facultades en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles y contiene las normas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículo 22 fracción XVI; 23 fracción VIII y 28 fracciones I y de la X a la XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas para que se conduzca de manera programada y ejercer un mayor control sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios públicos que requieren los órganos de gobierno. La norma se ha estructurado para que el Gobierno del Estado actúe con mayor claridad y transparencia en estos actos a través de la Secretaría y de las Secretarías de Finanzas y de Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado respectivamente; compete a la primera la función normativa respecto de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; a la segunda lo relativo a precios, pagos y créditos y a la tercera efectuar la vigilancia y control de los actos y contratos que de ella se deriven. Ello sin perjuicio de que la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la soberanía del pueblo, pueda ejercer las funciones de fiscalización y control a que está constitucionalmente facultada.
Considerando cuarto. La Ley materia de este decreto prevé la regulación del proceso administrativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con los bienes muebles que llevan a cabo los órganos de la administración pública estatal y, por otro lado, la de los actos y contratos que se celebren sobre las mismas materias. Igualmente se ordena jurídicamente la creación de los comités de compras y el padrón de proveedores de la administración pública estatal, estableciendo sanciones administrativas para los casos de desviación de lo establecido en la ley que nos ocupa, sin perjuicio de las que se deriven de las leyes civiles y penales vigentes.
Considerando quinto. Que en esta Ley, para preservar los principios de garantía de audiencia y de legalidad, se establece un procedimiento para la aplicación de las sanciones, otorgándose al presunto infractor un término probatorio, además de requerirse que la resolución que se dicte sea debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. Igualmente se reglamenta el recurso de revocación, el cual se podrá interponer en contra de las resoluciones que dicten los órganos de gobierno involucrados en el proceso administrativo materia de la misma ley; y al efecto se señala un término para interponer el mencionado recurso estableciéndose el procedimiento para su tramitación. Por lo tanto los diversos momentos del proceso administrativo de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, por parte del Gobierno estatal están debidamente regulados por el ordenamiento jurídico.
Artículo primero. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular:
Art. 2º Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Secretaría: Secretaría de Administración;
II. Unidad: la Unidad de Planeación del titular del Poder Ejecutivo;
III. Finanzas: la Secretaría de Finanzas;
IV. Dependencias: las Secretarías, las Coordinaciones Generales y la Procuraduría General de Justicia;
V. Entidades: los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; los fideicomisos en los que el fideicomitente o fideicomisario sea el propio Gobierno estatal; las comisiones; los comités; los patronatos y las juntas;
VI. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la dependencia que en cada caso designe el Ejecutivo estatal; y
VII. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias a que se refiere la fracción anterior.
Art. 3º La aplicación de esta Ley queda a cargo de la Secretaría, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y la Unidad en lo conducente a sus atribuciones mismas que integrarán la Comisión de Gasto-Financiamiento de Gobierno del Estado. Quedan facultadas las mencionadas dependencias para interpretar esta Ley y dictar las disposiciones administrativas que requiera la adecuada aplicación de la misma y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 4º Esta Ley se aplicará a los municipios cuando las operaciones a que se refiere el artículo 1º sean realizadas con cargo total o parcial al presupuesto del Gobierno del Estado o con bienes muebles o inmuebles propiedad de éste.
Art. 5º Sin perjuicio de lo que esta Ley establece, el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como al presupuesto anual de egresos del Estado.
Art. 6º Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar pedidos y contratos en las materias que esta Ley regula, si no hubiere saldo disponible en su respectivo presupuesto.
Art. 7º Los titulares de las dependencias y entidades, serán responsables de que en la adopción e instrumentación de los sistemas y procedimientos que se requieran para la realización de las acciones, actos y contratos que deben celebrar o llevar a cabo conforme a la presente Ley, se observen los siguientes criterios:
I. Promover la simplificación administrativa a través de la reducción, agilización y transparencia de los procedimientos y trámites;
II. Promover la efectiva delegación de facultades en servidores públicos subalternos, empleando criterios de tasas porcentuales o cualesquiera otros que se adecuen a los topes o rangos que se establezcan en dicha delegación a efecto de garantizar mayor oportunidad en la toma de decisiones y flexibilidad en la atención de los asuntos, considerando monto, complejidad, periodicidad y vinculación con las prioridades de los mismos;
III. Racionalizar y simplificar las estructuras con que cuenten a efecto de utilizar los recursos estrictamente indispensables para llevar a cabo sus operaciones.
Art. 8º Las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios entre el Ejecutivo federal y el Ejecutivo estatal, se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles en materia federal. Tratándose de las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo parcial o total a fondos estatales derivados de los convenios que suscriba el Ejecutivo estatal con los H. Ayuntamientos y demás instituciones, se estará a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 9º Las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno cumplirán, directamente ante la Secretaría con las obligaciones que esta Ley señala a las entidades sectorizadas para con sus respectivas coordinadoras de sector.
Art. 10. Sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de procedencia extranjera para ser utilizados en el Estado se regirán por esta Ley.
Art. 11. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos de obra, deberán realizarse conforme a lo establecido en esta Ley y, en las normas que de ella se deriven, remitiendo su documentación a la Secretaría para el control.
Art. 12. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen las dependencias y entidades se sujetarán a:
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en su caso;
II. Las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias y entidades para la ejecución del Plan y los programas a que se refiere la fracción anterior;
III. Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en el presupuesto de egresos estatal o de las entidades respectivas;
IV. Las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones que prevé esta Ley.
Art. 13. Las dependencias y entidades realizarán la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios y formularán los programas respectivos, considerando:
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazos, así como las unidades encargadas de su instrumentación;
II. La existencia en cantidad y normas de calidad de los bienes y sus correspondientes plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos de las propias dependencias y entidades;
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando se trate de adquisiciones de bienes para obras públicas;
IV. Los requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento y ampliación de la capacidad de los servicios públicos;
V. Preferentemente, la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional así como aquellos propios de la región, con especial atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los objetivos y prioridades del Plan Estatal y los programas de desarrollo respectivos; y
VI. De preferencia, la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que tengan incorporada tecnología nacional o regional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y económicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el país o en el extranjero.
Art. 14. En la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias y entidades deberán estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo aquellos que habrán de sujetarse a procesos productivos.
Art. 15. Las dependencias y entidades deberán determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, coadyuvando a la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas. Al efecto, se normarán bajo los procedimientos que estipule el comité estatal de compras, a conformarse por representantes de la Secretaría y las Secretarías de Finanzas y de la Función Pública del Gobierno del Estado.
Art. 16. El Ejecutivo estatal, por conducto del comité estatal de compras, determinará qué dependencias estatales deberán instalar comisiones mixtas de abastecimiento en función del volumen e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Dichas comisiones tendrán por objeto propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores.
Art. 17. El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría establecerá las bases de integración y funcionamiento del comité y las comisiones a que se refieren los artículos 15 y 16 precedentes.
Art. 18. Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados; pactarán asimismo, el suministro oportuno por parte del proveedor, de las piezas, repuestos, refacciones y, en general, los elementos necesarios para mantener en operación permanente los bienes adquiridos o arrendados.
Art. 19. La Secretaría escuchando la opinión de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, mediante disposiciones de carácter general, podrán determinar los bienes y servicios de uso generalizado, cuya adquisición o contratación, en forma consolidada, llevarán a cabo directamente las dependencias y entidades, con objeto de ejercer el poder de compra del sector público, apoyar las áreas prioritarias del desarrollo y obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad.
Del padrón de proveedores del Gobierno del Estado
Art. 20. Para los fines de esta Ley, se entiende por proveedor a la persona física o moral que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 22 de la presente Ley.
Art. 21. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado será la entidad responsable de establecer y mantener actualizado el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, el cual se forma con las personas físicas o morales que satisfagan los requisitos para enajenar mercancías, materias primas y bienes muebles o bien arrendar o prestar servicios respecto de dichos bienes.
Art. 22. Para ser registrados en el padrón de proveedores, los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Solicitarlo en los formatos que apruebe la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado;
II. Cuando se trate de personas físicas, deberán presentar copia simple [fotostática] del acta de nacimiento respectiva. Lo conducente harán las personas morales, quienes presentarán copia simple de la escritura o acta constitutiva y las modificaciones, en su caso y se deberá acreditar la personalidad del representante legal;
III. Demostrar su solvencia económica, presentando el último balance financiero de la empresa o persona física (realizada por un profesional acreditado en la materia), y su capacidad para la producción o suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento de estos y la prestación de servicios;
IV. Acreditar haber cumplido con las inscripciones y registros que exijan las disposiciones de orden fiscal y administrativo, mediante la presentación de copias fotostáticas de dichos registros;
V. Pagar los derechos que en lo conducente establezca la Ley de Ingresos del Estado, y
VI. Proporcionar la información complementaria que exijan la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado y la Secretaría.
Art. 23. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado dentro del término de quince días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, resolverá si otorga el registro en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado.
Art. 24. El registro en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de su expedición. Los proveedores dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de su registro presentarán su solicitud de revalidación. La falta de presentación de la solicitud para obtener el refrendo o la negativa de éste, traerá como consecuencia la cancelación del registro a su vencimiento, sin perjuicio del derecho del interesado de formular nueva solicitud para obtenerlo. El refrendo del registro se solicitará en los formatos que apruebe la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado y causarán los derechos que establezca la tarifa respectiva y señalada en la Ley de Ingresos vigente en el Estado.
Art. 25. Procederá la suspensión de los efectos del registro hasta por el término de doce meses, cuando el proveedor:
I. No entregue los bienes materiales del pedido o contrato en las condiciones pactadas;
II. Se negare a dar facilidades necesarias para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado ejerza sus funciones de verificación, inspección y vigilancia;
III. Se negare a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos de calidad estipulados.
Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del registro, el proveedor lo acreditará ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, la que dispondrá lo conducente a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos legales, previo pago de daños y perjuicios por los actos u omisiones imputables al proveedor si éstos se hubieren originado.
Art. 26. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado está facultada para cancelar el registro del proveedor sin perjuicio de exigir las responsabilidades correspondientes por al vía que proceda, cuando:
I. La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa o haya actuado con dolo o mala fe en alguna licitación para la adjudicación del pedido o contrato, en su celebración o en su cumplimiento;
II. No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas imputables a él y perjudique con ello gravemente los intereses de la dependencia o entidad afectada;
III. Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal;
IV. Se declare su quiebra fraudulenta;
V. Haya aceptado pedidos o firmado contratos en contravención a lo establecido por esta Ley, por causas que le fuesen imputables;
VI. Se le declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta Ley; o
VII. Deje de reunir los requisitos necesarios para estar registrado en el padrón de proveedores.
Art. 27. Para negar la inscripción o modificación de la especialidad, o determinar la suspensión o cancelación del registro en el padrón de proveedores, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado observará el procedimiento establecido en el artículo 65 de esta Ley.
Art. 28. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de concursos, mediante convocatoria pública por invitación o adjudicación directa, en la que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo establecido por la presente Ley.
Art. 29. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o varios contratos o pedidos, se publicarán en alguno de los diarios de mayor circulación en la Entidad por una sola vez y con un mínimo de treinta días naturales previos a la fecha de celebración del concurso. Además, en el caso de que se requiera la realización de un concurso nacional para ser adquirido o arrendado el bien o la prestación de un servicio, la convocatoria se publicará en uno de los de mayor circulación en la capital del país.
II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación;
III. Las indicaciones de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación y el costo de las mismas;
IV. La fecha límite para la inscripción en el concurso. Para este efecto deberá fijarse un plazo no menor de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria.
V. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones.
Art. 30. Las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa de los bienes o servicios y sus especificaciones, indicando, en su caso, y de manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que habrá de considerar la dependencia o entidad convocante para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente.
Art. 31. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar proposiciones.
Art. 32. La Secretaría a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precios o importes de los bienes y servicios relativos a las operaciones que regula esta Ley, podrá gestionar ante las autoridades federales, la expedición de criterios generales que le sirvan de orientación.
Art. 33. Las dependencias y entidades, previamente al establecimiento de compromisos para la adquisición de bienes y procedencia extranjera, ya sea de importación directa o de compra en el país, deberán solicitar previamente la aprobación de las Secretarías de la Función Pública del Gobierno del Estado y la de Finanzas, y una vez cubierto este requisito, solicitar los permisos de importación correspondiente, ante las autoridades federales respectivas.
Art. 34. Las personas físicas o morales que provean o arrienden bienes, o presten servicios de los regulados por esta Ley, deberán garantizar:
I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación;
II. La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando éstos procedan; y
III. El cumplimiento de los pedidos o contratos.
Art. 35. Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el proveedor en favor de la Secretaría de Finanzas o de la entidad convocante, y consistirán en:
I. Fianza de un importe mínimo del 10% del monto de cada pedido o contrato. La fianza deberá también cubrir, en su caso, el periodo correspondiente a la garantía relativa a la operación de los equipos.
a) Al terminarse de suministrar los bienes.
b) Al terminarse el periodo de garantía relativo a la operación de los equipos.
II. Fianza por la totalidad del importe del anticipo que reciba, otorgada por institución debidamente autorizada. Dicha fianza se cancelará cuando el proveedor haya amortizado el importe total del anticipo.
Art. 36. Las dependencias o entidades convocantes, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirán un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Art. 37. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 38, 39 y 40, las dependencias y entidades podrán optar por fincar pedidos o celebrar contratos respecto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que en las propias disposiciones se señalan, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 28 de esta Ley.
La opción que las dependencias o entidades ejerzan en los términos del párrafo anterior deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En el dictamen a que se refiere el artículo 36 deberán acreditar que la adquisición, el arrendamiento o el servicio de que se trate se encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 38, 39 o 40, expresando, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción.
Art. 38. El Ejecutivo del Estado autorizará el fincamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios así como el gasto correspondiente y establecerá los medios de control que estime pertinentes, cuando se realicen para salvaguardar la integridad y soberanía del Estado. Los ayuntamientos actuarán en el ámbito de su competencia conforme a lo previsto en esta Ley.
Art. 39. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 28 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan:
I. Cuando el pedido o contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la titular de la o las patentes de los bienes o servicios de que se trate;
II. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados;
III. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;
IV. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; por casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes;
V. Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación del mercado que al efecto se hubiere realizado;
VI. Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
VII. Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo. En estos casos las dependencias o entidades verificarán previamente, conforme el criterio de adjudicación que establece el segundo párrafo del artículo 42 si existe otra proposición que resulte aceptable; en cuyo caso, el pedido o contrato se fincará o celebrará con el proveedor respectivo;
VIII. Cuando se trate de la adquisición de bienes mediante operaciones no comunes de comercio; y
IX. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que las dependencias o entidades contraten directamente con los mismos o con las personas constituidas por ellos.
Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios.
El titular de la dependencia o entidad o, si éste lo autoriza, la comisión, que en su caso llegare a establecerse conforme al artículo 16 de esta Ley, en un plazo que no excederá de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado acompañando la documentación que justifique la autorización.
Art. 40. Las dependencias que para el cumplimiento de sus programas autorizados o para el otorgamiento de prestaciones de carácter social al personal que les preste servicios y las entidades que en cumplimiento de su objeto o fines propios, adquieran bienes para su comercialización, o para someterlos a procesos productivos aplicarán los criterios que permitan obtener al Estado, las mejores condiciones en cuanto a economía, eficacia, imparcialidad y honradez, así como satisfacer los objetivos que las originen. En todo caso, observarán las siguientes reglas:
I. Determinarán los bienes o líneas de bienes que por sus características o especificaciones no se sujetarán al procedimiento de licitación previsto en el artículo 28 de esta Ley.
II. La adquisición de los bienes o líneas de bienes que, en los términos de la fracción anterior se sujeten al procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 28 se llevarán a cabo con estricto apego a dicho procedimiento;
III. Si los bienes o líneas de bienes fueran de aquellos en cuya adquisición no se aplique el procedimiento de licitación previsto en el artículo 28, la dependencia o entidad, con excepción de las adquisiciones de bienes a que se refiere la fracción II del artículo 39, deberá obtener previamente a la adjudicación del pedido o contrato las cotizaciones que le permitan elegir aquella que ofrezca mejores condiciones.
Salvo lo dispuesto por las fracciones II, III, IV, VIII y IX del artículo 39 y I del artículo 41, las dependencias y entidades exigirán de los proveedores que éstos se encuentren inscritos en el padrón de proveedores del Estado.
Art. 41. Cuando por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o servicio, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 28 por el costo que éste represente, las dependencias y entidades podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no exceda de los límites a que se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que el mismo señala.
I. Los montos máximos de las operaciones que las dependencias y entidades podrán adjudicar en forma directa;
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado previamente por lo menos tres propuestas;
III. Los montos de las operaciones, superiores a las señaladas en las fracciones anteriores, las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones, precio, calidad y oportunidad en el cumplimiento, habiendo considerado previamente por lo menos cinco propuestas.
Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios multianuales las dependencias y entidades de la administración pública, podrán fincar pedidos y\o celebrar contratos sin que se encuentren obligadas a observar los requisitos que se establecen para tales actos, observando las mejores condiciones y modalidades en cuanto a precio, calidad y financiamiento.
Art. 42. Los pedidos o contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación deberán suscribirse en un término no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al proveedor el fallo o decidido la adjudicación de aquéllos, salvo que las dependencias y entidades consideren indispensable la celebración de contratos preparatorios para garantizar la operación; en cuyo caso la formalización del contrato definitivo deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la misma fecha a que se refiere este artículo.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos y contratos una vez adjudicados, no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualesquiera otra persona física o moral.
Art. 43. Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias y entidades podrán bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar sus pedidos o contratos, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos.
Art. 44. No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos, las personas físicas o morales siguientes:
I. Aquellas en cuyas empresas participe el servidor público que deba decidir directamente, o los que les hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario;
II. Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos y hayan afectado con ello los intereses de la dependencia o entidad; y
III. Los demás que por cualquier causa se encuentren impedidos para ello por disposición de Ley.
Art. 45. Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que celebren respecto a adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; la obtención de las pólizas de seguro del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad; y, en caso de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.
Art. 46. Las dependencias y entidades deberán pagar el precio estipulado en el contrato o pedido al proveedor, a más tardar dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la dependencia o entidad; salvo que, mediando voluntad expresa de las partes para ello, se pactare un plazo mayor.
Art. 47. Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias o entidades a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el pedido o contrato respectivo, en esta Ley y el Código Civil aplicable en el Estado.
Art. 48. Los proveedores que hubieren participado en las licitaciones, podrán inconformarse por escrito, indistintamente, ante la convocante o ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, dentro de los 10 días naturales siguientes al fallo del concurso, actos o irregularidades cometidas con anterioridad al propio fallo en cualquier etapa o fase del concurso.
Transcurrido dicho plazo, precluye para los proveedores el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que las convocantes a la Secretaría del Función Pública del Gobierno del Estado puedan actuar en cualquier tiempo en los términos de los artículos 49 y 50 de esta Ley.
Art. 49. Los actos, convenios, pedidos, contratos y negocios jurídicos que las dependencias y entidades realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, serán nulos de pleno derecho.
Art. 50. Procederá la rescisión de los contratos y la cancelación de los pedidos cuando se incumplan las obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y de las demás que sean aplicables.
Art. 51. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría en la forma y términos que ésta señala la información relativa a los pedidos y contratos que regula esta Ley.
Art. 52. Las dependencias y entidades controlarán los procedimientos, actos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios lleven a cabo. Para tal efecto establecerán los medios y procedimientos de control que requieran, de acuerdo con las normas que dicte el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría.
Art. 53. La Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que celebren actos de los regulados por esta Ley, así como solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los proveedores en su caso, todos los datos e informes relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Art. 54. La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles, se harán en los laboratorios que determine la Secretaría y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad adquirente o cualquier tercero con la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad adquirente si hubieren intervenido.
Art. 55. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades, de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 48, realizarán las investigaciones correspondientes, en un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se inicien, y resolverán lo conducente para efectos de los artículos 49 y 50 de esta Ley.
Art. 56. Durante la investigación de los hechos a que se refiere el artículo anterior podrá suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de las dependencias o entidades. Procederá la suspensión:
I. Cuando se advierta que existen o pudieran existir las situaciones a que se refieren los artículos 49 y 50.
II. Cuando con ella no se siga perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público, y siempre que, de cumplirse las obligaciones pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate.
Art. 57. Tomando la resolución a que se refiere el artículo 55 y sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores que hayan intervenido, las dependencias y entidades deberán proceder en los términos de los artículos 36 y 39 fracción VII de esta Ley.
Art. 58. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado determinará la información que le deberán enviar las dependencias y entidades, respecto de los bienes y servicios que determine dicha dependencia, con el fin de ejercer sus atribuciones y orientar las políticas de precios y adquisiciones de la administración pública estatal.
Art. 59. Con base en el análisis y evaluación a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría dictaminará las circunstancias en que se hubiere celebrado la operación en cuanto al tipo de bienes, precio, características, especificaciones, tiempo de entrega o suministro, calidad y demás condiciones y hará las observaciones que procedan a la dependencia o entidad y al proveedor de que se trate, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas que se requieran.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Secretaría hará del conocimiento de Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado las observaciones que hubiere efectuado respecto de los pedidos o contratos correspondientes para que ésta proceda conforme a sus atribuciones en los términos de esta Ley.
Art. 60. Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o las normas que con base en ella se dicten, con excepción de las consignadas en los artículos 58 y 59 de esta Ley, podrán ser sancionados por Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado con multa de diez a mil cuotas de salario mínimo diario vigente en el Estado, en la fecha de la infracción.
Art. 61. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado queda facultada para sancionar a quienes infrinjan alguna disposición de las contenidas en los artículos 58 y 59 de esta Ley con multa equivalente de diez a mil cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, en la fecha de la infracción.
Art. 62. A los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la presente Ley, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado aplicará, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, las sanciones que procedan.
Art. 63. Tratándose de multas, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado y la Secretaría en los términos de los artículos 60 y 61, las impondrán conforme a los siguientes criterios:
I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir en cualquier forma las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;
II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la multa que se imponga;
III. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra multa mayor dentro de los límites señalados en los artículos 60 y 61 o se duplicará la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto; y
IV. En el caso de que persista la infracción se impondrán multas como tratándose de reincidencia, por cada día que transcurra.
Art. 64. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.
Art. 65. En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo, se observarán las siguientes reglas:
I. Se comunicarán al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se procederá al desahogo de las pruebas aportadas; hecho lo anterior y dentro de los quince días hábiles siguientes se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer;
III. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado en un plazo que no exceda de diez días hábiles.
Art. 66. Los servidores públicos de los ayuntamientos, de las dependencias y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las normas que de ella se deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la Ley.
Art. 67. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil, penal o administrativa, que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Art. 68. En contra de las resoluciones que dicten la Secretaría o la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado en los términos de esta Ley, el interesado podrá interponer ante la que hubiere emitido el acto, recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Art. 69. La tramitación del recurso a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las normas siguientes:
II. En el recurso no serán admisibles las pruebas testimonial y de confesión de las autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, sólo se admitirán en el recurso las que hubiere allegado en tal oportunidad, salvo que se trate de pruebas relativas a hechos supervinientes;
III. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno de los hechos controvertidos y sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas;
IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstos no se acompañan al escrito en que se interponga el recurso y en ningún caso serán recabadas por la autoridad, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolución recurrida;
V. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por la recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo de ley, la prueba será declarada desierta;
VI. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado o la Secretaría según el caso, podrán pedir que se les rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado;
VII. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado o la Secretaría según el caso, acordarán lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. El desahogo de las mismas deberá ordenarse dentro del plazo de quince días hábiles, el que será improrrogable; y
VIII. Vencido el plazo para la rendición de las pruebas, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado o la Secretaría según el caso, dictarán resolución en un término que no excederá de treinta días hábiles.
Art. 2º A partir de la vigencia de esta Ley, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la Entidad en lo que se opongan a las disposiciones de esta Ley.
Dado en la sala de sesiones de la H. Quincuagésimo segunda Legislatura del Estado, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos ochenta y ocho.- Diputado presidente. Lic. Roberto Valadez Galaviz.- Diputados secretarios. Rafael Calzada Vázquez. Ing. Rubén Rayas Murillo.- (Rúbricas.)
Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé al debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.
294 42 25-May-88 26-May-88 LII
62 45 05-junio-2002 06-junio-2002 LVII
Se adiciona el tercer párrafo del artículo 42.
433 1 03-enero-07 04-enero-07 LVIII
Se adiciona un último párrafo al artículo 41 y se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 45.
Se reforman las fracciones I y II del artículo 2º; se reforma el artículo 3º; se reforma el párrafo último del artículo 7º; se reforma el artículo 9º; se reforma el artículo 11; se reforma el párrafo tercero del artículo 14; se reforma el artículo 15; se reforma el artículo 17; se reforma el artículo 19; se reforma el artículo 21; se reforman las fracciones I y IV del artículo 22; se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 23; se reforma el artículo 24; se reforma la fracción II y el párrafo último del artículo 25; se reforma el proemio del artículo 26; y se reforma el párrafo primero del artículo 27; se reforma el párrafo último del artículo 29; se reforma el artículo 32; se reforma el artículo 33; se reforma el párrafo último del artículo 39; se reforma el artículo 48; se reforma el párrafo primero del artículo 51; se reforma el artículo 52; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 53; se reforma el párrafo primero del artículo 54; se reforma el artículo 55; se reforma el artículo 58; se reforma el artículo 59; se reforma el párrafo primero del artículo 60; se reforma el artículo 61; se reforma el artículo 68 y se reforman las fracciones VI. VII y VIII del artículo 69.
Último cotejo de vigencia de la disposición: mayo de 2013

References: artículo 22
 resolución 
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 65
 artículo 28
 artículo 36
 artículo 28
 artículo 42
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 28
 artículo 48
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 48
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 68
 artículo 69