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Timestamp: 2019-11-12 10:00:25+00:00

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EL ILEGAL BARRIO AMARRAS DEBERÁ SER DESTRUIDO – FundaVida
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Finalmente y en un fallo que pone las cosas en su lugar, aunque tendremos que velar para que sea reparado el fenomenal daño ambiental ocasionado por los especuladores inmobiliarios sin escrúpulos y todos los actores institucionales cómplices de estos latrocinios, léase Municipalidad de Pueblo General Belgrano, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos durante las gestiones de Fernando Raffo y actual, y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en la persona del gobernador Gustavo Bordet y el Fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes, se dictó Justicia.
Ahora tendremos que velar por su cumplimiento, y eso haremos.
FALLO COMPLETO DEFINITIVO SOBRE AMARRAS
En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los quince días del mes de octubre de dos mil diecinueve, reunidos los Sres. miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: la Señora Vocal Dra. CLAUDIA MONICA MIZAWAK; los Sres. Vocales Dres. JUAN RAMON SMALDONE y MARTÍN FRANCISCO CARBONELL asistidos del Secretario autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: «MAJUL, Julio Jesús C/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros S/ ACCION DE AMPARO AMBIENTAL».-
Denunció que la Municipalidad solicitó la «suspensión de los efectos del acto administrativo» por el cual se otorgó la aptitud ambiental al barrio Amarras, en virtud de los perjuicios irreparables que ocasionaría a los habitantes de la región.-
c) A fs. 37/58 contestó la acción el Presidente Municipal de Pueblo General Belgrano solicitando el rechazo de la acción intentada, y luego de negar genérica y particularmente los hechos expuestos en el escrito postulatorio de la acción, expresó que la Municipalidad de Pueblo General Belgrano dentro de su competencia dictó las ordenanzas Nros. 041/2012, 058/2012, 066/12 y los Decretos del Presidente Municipal Nros. 254/12 y 335/2014.-
Describió el contenido de lo actuado en el expediente administrativo que se conformó con la petición inicial de «Altos de Unzue S.A.» de construir un proyecto de loteo abierto sobre el Río Gualeguaychú y explicó que en la documentación presentada se referenció que el proyecto se denomina “Amarras”, que era un emprendimiento urbano integral, abierto, a realizarse en un predio rural ubicado entre la zona urbana municipal, el Rio Gualeguaychú y el Parque Unzué, dentro del territorio Municipal de Pueblo General Belgrano.-
Que a raíz de ello el Secretario de Ambiente resolvió“Aprobar la carta de presentación y Estudio de impacto Ambiental referente al proyecto de construcción y operación del desarrollo urbano “AMARRAS DEL GUALEGUAYCHÚ” de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4977/09 de impacto ambiental, ubicado en el municipio del Pueblo General Belgrano, Provincia de Entre Ríos, presentado por la firma Altos de Unzué, en virtud de lo expresado en las actuaciones precedentes.- Anexar certificado de Aptitud Ambiental en referencia al proyecto de construcción y operación del desarrollo urbano “Amarras del Gualeguaychú” condicionado al cumplimiento de lo establecido en el anexo 1 de la presente resolución. Dejar constancia que el incumplimiento, o la no aprobación de la documentación solicitada por parte de las autoridades competentes, serán causales de revocación del certificado de aptitud ambiental de la obra».-
Agregó el Presidente Municipal de Pueblo General Belgrano que dichos requisitos no habían sido observados en esta acción porque el amparo no identificaba los intereses cuya defensa exige, resultando inviable, que desde su perspectiva no basta con la mera invocación de intereses relativos a la protección del ambiente o a derechos de incidencia colectiva para viabilizar la acción de amparo regulada en el art. 43 de la Constitución Nacional, sino que la posible lesión -actual o inminente- a tales derechos, debe ser satisfactoriamente demostrada por los demandantes y que los intereses en cuya defensa fue promovida la acción de amparo han sido invocados por los demandantes de manera imprecisa y abstracta, sin exponer siquiera mínimamente de qué modo incidiría el acto impugnado en la preservación del ecosistema de la región bajo estudio, que esa indefinición del perjuicio invocado por los demandantes determina la falta de idoneidad del reclamo para suscitar el ejercicio de la jurisdicción en el marco constitucional descripto, que no exime de la demostración de la relación existente entre el acto presuntamente lesivo y los intereses que se intenta proteger (conf. «Consumidores Libres» cit. supra)”.( Tribunal citado, autos: Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional. T. 323, P. 1261).-
Expuso al respecto, para un mejor análisis, punto por punto, las diferencias existentes respecto de saneamiento hidráulico, que en el Recurso de Apelación Jerárquica, la Municipalidad manifestó su preocupación por no apreciar adecuadamente al Río Gualeguaychú, su cuenca de aporte y dinámica, bastando con reproducir algunos párrafos del proyecto de Saneamiento Hidráulico (según el proyecto Amarras) según consta en fojas 7 y 8 del expediente 1493144: … “Con la premisa de evitar el ingreso de las aguas del río a la zona a urbanizar, considerando los niveles de alerta y evacuación, y considerando registros de altura extraordinaria del río, se propone un relleno hasta alcanzar valores de cotas en lotes de …” …“Cabe destacar que cuando nos referimos a evitar el ingreso del agua del río al predio donde se proyecta la nueva urbanización no debemos perder de vista que esa zona constituye la llanura de expansión del río. Debemos interpretar al río como un sistema compuesto por el cauce principal y su llanura de inundación. Las llanuras de inundación constituyen un sector del cauce fluvial que es ocupado por las aguas en determinadas oportunidades, cuando el cauce principal ya no tiene la capacidad suficiente para conducir todo el caudal que transporta; siendo estos espacios invadidos por el agua excedente. Es decir que se trata de las expansiones del río, en donde el volumen de agua que ingresa se acumula y luego vuelve a incorporarse al cauce principal. Sin la llanura de inundación el cauce principal deberá transportar la totalidad del caudal que llegue, para lo cual o bien aumenta su sección o incrementa su velocidad de conducción. En cualquiera de los dos casos significa que la totalidad del volumen de agua será conducido hacia aguas abajo en un menor tiempo, a una tasa mayor, con el potencial de riesgo de los tramos del río sucesivos no estén acondicionados para recibir dicho caudal o bien provocar una mayor afectación a la margen opuesta…».-
«…En virtud de lo enunciado en los párrafos anteriores y dado que una porción del predio en cuestión constituye la llanura de inundación del río Gualeguaychú, se consideró la incorporación al proyecto de un espejo de agua interior, en comunicación directa con el cauce principal del río y su llanura de inundación, de modo de poder alojar en su interior ese volumen que originalmente ocupaba parte de la superficie de las tierras. Este elemento permite seguir brindando al río un lugar para expandirse…».-
Respecto a la ingeniería Sanitaria, en cuanto a los residuos sólidos urbanos, en el planteo recursivo presentado se consideró que la empresa «Altos Unzué S.A» no ha presentado los detalles solicitados para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el Barrio Amarras, siendo necesario antes de cualquier aprobación o factibilidad de construcción del Barrio y sin lugar a dudas antes de otorgarse el Certificado de Aptitud Ambiental, que debería estar presentado y aprobado el “Plan de Manejo de Residuos” por los organismos provinciales competentes en la temática, que debía considerarse seriamente que en la actualidad el Municipio de Pueblo General Belgrano posee un basural a cielo abierto que no cumple con ninguna medida de contingencia ni Plan de Monitoreo Ambiental que garantice que no se están contaminando las napas subterráneas de la zona, ni que el agua del río compartido, tras los escurrimientos posteriores a las lluvias no reciba aportes del basural, y que para el caso hipotético e improbable de no considerarse la firma “Altos Unzue S.A” con la obligación de aclarar lo precedentemente solicitado, era necesario requerir que el Municipio de Pueblo General Belgrano anexe al expediente de Amarras los Monitoreos Ambientales y Estudios Ambientales que posee con respecto a su basural a cielo abierto.-
Manifestó que en el recurso de apelación administrativo presentado por ese Municipio dejaron planteado cuestiones respecto a la accesibilidad al predio del proyecto Amarras y su planificación, sosteniendo que indudablemente una de las «llaves» de los organizadores de Amarras para tentar en la oferta comercial, que además lo han plasmado en planos y descripciones, es la vinculación del emprendimiento a través del Parque Unzué de la Municipalidad de Gualeguaychú, que dicho parque forma parte del paseo y del esparcimiento de la ciudad para los vecinos de Gualeguaychú, además de ser una reserva ecológica (florística) que está en proceso de recuperación, debiendo tomarse en cuenta que la propuesta comercial del emprendimiento consta de: 335 lotes residenciales, mas 110 lotes residenciales con frentes náuticos, complejos multifamiliares de aproximadamente 200 unidades, hoteles con un estimado de no menos de 150 habitaciones, comercios y otros servicios, y que si se realiza una suma simple de vehículos por casas a un promedio de dos vehículos por casa, se llegaba a la cantidad de 1700 vehículos, sin tener en cuenta invitados y paseantes, que encontrarían un recorrido mucho mas corto, en unos 4000 metros, traducido en tiempo unos 10 minutos a una velocidad de 40 km/h para llegar a su ciudad, sabiendo que Pueblo General Belgrano es y será por mucho tiempo mas ciudad dormitorio de Gualeguaychú.-
Explicó que el impacto que generará ese movimiento vehicular haría perder todas las características de espacio de esparcimiento, recreación y de «reserva verde» del sector del Parque Unzué, punto sobre el cual tampoco fue consultada la Municipalidad de Gualeguaychú, pero lo indican y lo ofrecen de esa manera.-
Dijo que se debía tomar en cuenta que la zona es considerada área protegida por la Ordenanza Yaguarí Guazú como así también por una Ordenanza Florística, ambas de la Municipalidad de Gualeguaychú, que no hace falta ni mencionar que el Parque Unzué es un pulmón verde que tiene Gualeguaychú y que se ve totalmente saturado solamente con la afluencia de la comunidad local, consecuencia de ello es que la gestión promueve y proyecta nuevos sectores verdes para uso de esparcimiento y recreación como son el Parque del Frigorífico y Costanera Sur y Parque del Oeste, que la obra agravaría el alto tránsito que ya tiene el antigüo Puente «Méndez Casariego», con vida útil limitada según estudios, que es la única vinculación con el Parque Unzué y la vía mas directa con el vecino Pueblo General Belgrano, cuya población de 8.000 habitantes que también prefieren y utilizan esta vinculación por resultar la de mas corta distancia para circular entre Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano.-
Así expresaron que la acción de amparo ambiental circunscribe su objeto y su petitum a lograr que el Proyecto «Amarras» sea erradicado y se condene con distintas obligaciones a cada uno de los demandados: a la Empresa Amarras a “…que interrumpa las obras que se relacionan con ese proyecto y que repare, a su costo, lo ya hecho y que constituya un mal irreversible para nuestra comunidad, en especial la ribereña a nuestro río…”; a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano “para que se le ordene que no autorice la obra…”, y a la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos “…para que no avale, en modo alguno, este proyecto y lo declare inviable…”.-
Sostuvo que el emprendimiento no es perjudicial para el medio ambiente, que no agravara las condiciones de vida y salud de ninguno de los habitantes de Gualeguaychú y zonas aledañas, que no tendrá «amarrado» al río aguas abajo y arriba controlando bajantes y subas sometiéndolo a su voluntad cual si fuera Salto Grande.-
h) Luego de declarada la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 12/13, incluida la sentencia de fs. 149/199, resuelta por este mismo Tribunal a fs. 462/463, se devolvieron las actuaciones a la instancia de grado, oportunidad en que el actor Julio Jesús MAJUL amplió su demanda de fs. 1/7, lo que ya había hecho y fuera consentido, expresando que el objeto de su acción era «prevenir y detener daños ya producidos, que tienen características de gravedad e ilegalidad, que afectan a las comunidades de Gualeguaychú -en la que declara vivir-, y de Pueblo General Belgrano«, debido a que «altera nuestra flora, fauna, el régimen de aguas, nuestro paisaje y el derecho al equilibrio urbanístico», agregando que «se trata de preservar derechos a un «medio ambiente sano y equilibrado» que se han visto alterados en abierta infracción a las garantías constitucionales y legales, indicando las obligaciones contenidas en la ley orgánica de municipios provincial.-
Puntualizó el reclamo que formulaba a cada uno de los demandados, que respecto a «Altos de Unzué SA» y/o los responsables del proyecto solicitaba se les ordene interrumpir las obras y la reparación, a su costo, de lo ya hecho y que constituyere un mal irreversible, respecto a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano solicitó que no ordene la obra y detenga las acciones amenazantes de la empresa y por último a la Secretaría de Medio Ambiente que no autorice el proyecto «Amarras» y lo declare inviable, interesando especialmente la nulidad de la resolución Nº 340 del 23/6/2014, explayándose posteriormente en su legitimación activa para interponer la acción, hizo el juramento de ley y citó jurisprudencia que refuerza su postura.-
Aludió luego a los hechos debatidos, centrándose en la colisión de los derechos individuales con los colectivos, citó legislación referida a la defensa del ambiente y crítica en torno al abuso del derecho, agregando que el art. 240 del Código Civil y Comercial establece la función socio ambiental de la propiedad y que el proyecto «Amarras» no puede afectar bienes de carácter colectivo, ya que son indivisibles e inapropiables, que su condición de tercero no impedía que tuviera legitimación para pronunciarse debido a que el asunto lo permite, que la normativa reciente establece una categoría de nuevos derechos, por lo que persigue proteger derechos de tercera generación por encima de los de primera generación, y que amparar la postura de «Amarras» significaría ir en contra de la cláusula del progreso en materia ambiental.-
Sostuvo que una empresa comercial, cuya integración desconoce, ha ejecutado sin autorización tareas de desmonte en la zona del Parque Unzué, levantó enormes diques, aparentemente para construir viviendas o similares y ha hecho movimientos de tierra con la finalidad de construir un barrio privado de características anfibias, lo que causaría evidentes perjuicios a la población local y la zona de influencia, que esta tarea destructora comenzó en 2012 sin autorizaciones ni trámite para obtenerlas, que la resolución Nº 340 de la Secretaría de Medio Ambiente es un certificado de aptitud ambiental de carácter condicional, demostrativo de su inconsistencia, con ausencia de fundamentación y fragilidad, lo que originó la presentación de una apelación en sede administrativa de parte de la Municipalidad de Gualeguaychú, que el emprendimiento tiene una extensión aproximada de 110 hectáreas y 1400 metros de franja costera e impacta sobre el ejido de Gualeguaychú, surgiendo del sitio web del proyecto la importancia del mismo, con una suerte de «disculpa» por el perjuicio al ambiente que se intentaba compensar con medidas que no se llevaron a cabo, que el objetivo involucra un importante movimiento de tierra y confección de terraplenes -ya hechos en gran parte-, dentro de los cuales se proyectaría construir un lugar habitable de grandes dimensiones, que lo realizado acarrea graves impactos en el río local, en su zona de anegación, su cuenca lacustre y la afectación del nivel de las aguas, lo que fue puesto de manifiesto por la Municipalidad de Gualeguaychú en su recurso de apelación donde denunció que el río crecería entre 2 y 9 centímetros y que se comprometía el valle de inundación, lo que implicaría la afectación de las zonas cercanas, que lo comenzado como un loteo se transformó en un proyecto náutico que implicaba numerosas obras que se ejecutaron sin previsión, donde el control administrativo fue liviano ya que el particular puede disponer de su propiedad mientras no afecte derechos de terceros, no teniéndose en cuenta las variables que indefectiblemente traerá el crecimiento futuro, que las modificaciones del terreno obedecen más a criterios comerciales que armónicos con el ambiente, y cuya consecuencia es la afectación del derecho al ambiente sano y equilibrado que estipula el art. 41 de la Constitución Nacional, guiándose la empresa con la teoría de los hechos consumados, resaltando como ejemplar lo acontecido en la Provincia de Buenos Aires donde hay muchos barrios náuticos que ocasionan daños al ambiente y que tendrían origen dudoso, que se realizaron varios reclamos a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano por parte de particulares y entes oficiales, los que fueron ignorados, que «Amarras» avanzó en su proyecto en flagrante violación de las normas ambientales y con la complicidad de los organismos públicos, no mereciéndole confianza la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente Provincial.-
Explicó el proyecto «Amarras» consignando que desde la década del ’90 irrumpieron como nueva forma de urbanismo los barrios náuticos privados, que combinan espacios privados y públicos, con un formato novedoso en el que incluyen lagunas artificiales, marinas y muelles particulares que se construyen extrayendo materia de los humedales y utilizándola para elevar los terrenos donde se asienta la urbanización, belleza que va en contra de la sustentabilidad ambiental, que las prácticas del buen urbanismo desaconsejan su implementación sobre humedales, que tienen una función natural, y que no obstante lo beneficioso que puede resultar la inversión en turismo, su construcción en áreas sensibles hace necesario responder a numerosos interrogantes y no limitarse a las obvias razones económicas que impulsan a los desarrolladores, que una vez producido el daño es prácticamente irreversible, y aun cuando el proyecto se ubique fuera del radio local, se encuentra en el centro de la oferta turística, lo que ha sido esgrimido por los promotores del proyecto y que Pueblo Belgrano ha otorgado las autorizaciones, que el hecho de hallarse fuera del ejido local no implicaba la ausencia de afectación.-
Sostiene que la naturaleza de la propuesta revela un cambio dramático del cauce del río y que impacta en los balnearios, emprendimientos costeros, clubes, parques y demás, que el río se halla bajo jurisdicción provincial por lo que no podía verse modificado por una ordenanza local de Pueblo Belgrano, que el proyecto se hizo público en octubre de 2012, detallando sus características, agregando las afectaciones a la flora, fauna y al paisaje que no habrían sido tenidas en cuenta al momento de confeccionarse el «Plan de manejo ambiental», que «Amarras» no respetó los bienes mencionados, modifica el curso del río y las especies arbóreas que se pretenden introducir son ajenas al medio, añadiendo que estas formas de urbanismo llevan mayores niveles de fragmentación, segregación económica y marginación social, lo que queda demostrado con la Ordenanza Nº 58/2002 de Pueblo Belgrano ya que permite erigir cerramientos perimetrales sin que ello implique la construcción de un barrio cerrado, de donde resultarían los vecinos privados de acceso al río.-
Hizo consideraciones acerca de la zona de afectación por inundación de «Amarras», describiendo la geografía del emplazamiento, explicando que el proyecto ocupa 1400 metros de la ribera y tendrá efectos dramáticos sobre el casco urbano de Pueblo General Belgrano, como lo ha puesto de resalto la municipalidad local, que la empresa constructora informó que elevará terraplenes dos metros por encima de la cota de máxima creciente, llegando a 8 ó 9 metros, cuya consecuencia será que los terraplenes desplacen el agua, la que ingresará en el casco urbano de Gualeguaychú, afectando a la población local, especialmente a los más humildes, acompañando mapas de donde surgiría tal circunstancia. Sostiene que algunas de las irregularidades que rodean al negocio son la afectación del valle de inundación del río, el desinterés y despreocupación en torno al tema sanitario y la eliminación de residuos, que no se contempló lo atinente a las piletas de tratamiento de la red cloacal, las que se encuentran dentro del ejido de Gualeguaychú, que no cuenta con la autorización de Gualeguaychú para el tratamiento de los desechos cloacales, que no se ha previsto la creación de una red propia de tratamiento cloacal, y que la cercanía con Gualeguaychú en vez de ser una ventaja es justamente un problema ya que generaría un impacto vehicular que afectaría al parque Unzué, zona que se halla protegida por dos ordenanzas de Gualeguaychú, la «Yaguarí Guazú» y la «Florística», que la Municipalidad de Gualeguaychú solicitó la nulidad de la resolución 340 de la Secretaría de Medio Ambiente por ser contraria a normas de jerarquía constitucional, y que la Municipalidad de Pueblo G. Belgrano no se expedía al ser requerida su opinión en los reclamos formulados.-
Agregó que no se podía obviar el análisis de lo que significa el recurso «agua» para los habitantes zonales, debiendo recordarse conceptos obvios como los principios rectores de la política hídrica nacional, destacando las bondades del recurso, manifestando que la importancia que el agua tiene para el mantenimiento de la vida implicaba la obligación estatal de ejercer controles exahustivos, que el barrio náutico proyectado linda con el Parque Unzué local y que tras los movimientos de tierra que comenzaron en el 2012 se afectó el humedal allí existente, lo que ha sido denunciado por la Municipalidad de Gualeguaychú, que el estudio de impacto ambiental en que se ampara la empresa es insuficiente y poco serio y que no permite descartar las afectaciones denunciadas por la Municipalidad de Gualeguaychú.-
j) A fs. 512/513 se tuvo por promovida la acción de amparo, se ordenó librar mandamientos a los accionados, se citó como tercero a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, se otorgó trámite colectivo al presente proceso, ordenando publicar edictos pertinentes e hizo lugar a la medida cautelar peticionada, decretando la suspensión de las obras y actividades que se lleven a cabo en el predio ubicado en el ejido de Pueblo General Belgrano donde la empresa «Altos de Unzué» desarrolla el emprendimiento «Amarras de Gualeguaychú».-
k) A fs. 525/550contestó la demanda la firma “Altos de Unzué S.A.”. En el capítulo que denominaron “La búsqueda de la verdad” dijó que parecía que este era una expediente sin historia, haciendo apreciaciones críticas del derrotero judicial, criticaron la actitud del actor y otros alegando que estarían motivados en cuestiones ajenas a lo declarado, manifestando que la empresa padecía un hostigamiento judicial y mediático que no se correspondía con las otras actividades que afectarían el río Gualeguaychú, que la forma de vida propuesta por los vecinos quejosos sería incompatible con las reglas de la civilización, que existen grupos que se tildan de ambientalistas cuya militancia pública no se condice con su despliegue privado, cerrados a escuchar las explicaciones que la empresa tiene para dar, que la medida cautelar dictada no es procedente, y que no se demostró que el proyecto “Amarras” produjese daños al ambiente.-
Luego de una negativa detallada de los argumentos de la acción de amparo brindaron el informe que exige el art. 8º de la Ley 8369 y dijeron que el obrar de “Amarras” ha sido totalmente lícito e incuestionable, que lo mismo correspondía concluir de lo actuado por el Superior Gobierno Provincial y la Municipalidad de Pueblo G. Belgrano, lo que quedaba demostrado con la evidencia de un error cometido en sede administrativa referido al permiso de uso recreativo, que la firma “Altos de Unzué SA” presentó un proyecto que atravesó un extenso período en sede administrativa tras el cual obtuvo aprobación, lo que acredita con las ordenanzas emitidas por Pueblo G. Belgrano, con el amplio informe de impacto ambiental confeccionado por la prestigiosa firma “Ambiente y territorio SA”, con el estudio independiente practicado por el ingeniero Barbagelata, con la Resolución Nº 340 dictada por la Secretaría de Ambiente Provincial, y especialmente surgía la licitud de su conducta de los expedientes administrativos, lo que impide catalogar livianamente su accionar de ilegítimo o ilegal, que desde el mes de septiembre advierten un despliegue «anti-Amarras» pero ni una prueba del desastre que se denuncia. Alegan que el procedimiento administrativo fue tramitado ante los organismos competentes de acuerdo a las normas exigibles, detallando los sucesivos pasos, de lo que surgía la ausencia de invalidez y que ésta fuera insalvable, que al tratarse de desarrollo sustentable, “es graduable en criterios de mayor rendimiento posible y sobre todo controlable, de manera de hacer compatibles intereses legítimos, en el caso, de comunas vecinas”, que la acción de amparo pretende aniquilar y enterrar el proyecto remitiéndolo a su estado virginal (monte de espinillos), intenciones que deberán ser rechazadas por absurdas, infundadas y temerarias, que el proyecto no es perjudicial para el medio ambiente, no agravará las condiciones de vida y salud de los habitantes de Gualeguaychú ni de la zona, no tendrá “amarrado” el río aguas abajo ni arriba, controlando bajantes y subidas, no se apropiará del agua sino que la utilizará de conformidad con los permisos otorgados, que el proyecto es un intento de inversión llevado a cabo por empresarios privados en un todo coherente con los parámetros ambientales por convicción, reiterando que sin ambiente sano sufrirán las generaciones futuras, pero sin trabajo sufrirán las presentes, agregando que “Amarras” era un nítido ejemplo de desarrollo sustentable.-
Sostienen que cumplieron con el plan de comunicación, se cumplieron los pasos que impone el célebre instituto de la licencia social, se publicaron innumerables notas en diarios, páginas web y medios radiales donde se explicó en que consistía el proyecto, que se brindaron varias oportunidades para cuestionar el proyecto, se invitó a los medios a entrevistar a los referentes del mismo, que en cada oportunidad que se tuvo se brindó información a los vecinos, que para cerrar el círculo virtuoso se pusieron a disposición del público libros de sugerencias y consultas, tanto en Pueblo Belgrano como en Gualeguaychú, todo ello con la intención de llevar tranquilidad a la población dado que no existía ninguna chance o posibilidad de que el proyecto genere efectos nocivos en la zona, por lo que surge el cumplimiento de la Ley 25.675, y es esa la única licencia social exigible legalmente, que el proyecto contempla integrarse al sistema de agua potable y cloacal del Municipio de Pueblo G. Belgrano, otorgando la cooperativa el certificado de conexión, destacando que esta integración fortalecía a la institución y que si hubiera alguna imposibilidad “Amarras” había desarrollado a su costo un plan alternativo, que también tiene previsto el tratamiento de los residuos, se ha diseñado un proyecto en el cual se detallaban medidas y acciones beneficiosas para mejorar el medio ambiente refiriendose a la incorporación de especies arbóreas nativas con sentido paisajístico y de biodiversidad, se reprodujeron ambientes de humedales en puntos estratégicos para permitir la instalación de flora y fauna, y que la afirmación de que “Amarras” inundaría Gualeguaychú no era más que parte de la asquerosa prédica «anti-Amarras» que ha logrado preocupar a los vecinos, asegurando que el plan hidráulico sostenía que no se afectaba en lo más mínimo el desenvolvimiento del río, que nadie desconoce que el proyecto se emplaza en el valle de inundación del río Gualeguaychú, y por ello “Altos” hizo un proyecto donde el balance de suelo sea neutro, el impacto ambiental sea mínimo y se genere un cuerpo de agua que se conecte con el río sin impactar en predios vecinos, que el sector central del predio de 112 hectáreas, históricamente el más inundable y donde técnicamente funcionaba el valle de inundación, fue exento de relleno por esas características, que se prefirió invertir en movimiento de suelo para profundizar este sector y que esta acción permitía que el río mantenga su capacidad de retención hidráulica en momentos de necesidad, que también se previno la no afectación de los predios propios y vecinos aguas arriba y abajo, que las obras propuestas recibieron la “no objeción” de la Dirección de Hidráulica que había requerido un estudio adicional, llamado Estudio de modelación hidráulica de toda la cuenca hidrológica, el que se realizó con el estudio BISA (del ingeniero Barbagelata) y de ese estudio surgía que el proyecto resultaba beneficioso para la seguridad de Gualeguaychú, explicando algunos aspectos.-
III.- A fs 634/676 el Sr. Juez interviniente en la instancia de grado, hizo lugar a la acción colectiva de amparo ambiental promovida por el señor Julio A. Majul, y ordenó el cese de las obras que la firma «Altos de Unzué SA» lleva adelante en el inmueble de su propiedad y que se denomina proyecto «Amarras del Gualeguaychú», condenó solidariamente a la firma «Altos de Unzué SA», a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a recomponer el daño ambiental producido, en el término de noventa días, con costas, bajo apercibimiento de transformar dicha obligación en una de carácter indemnizatorio, designando a la Dirección de Medio Ambiente de la ciudad de Gualeguaychú para controlar dicha tarea, y la autoriza a denunciar su incumplimiento.-
Estableció, con carácter de mandato preventivo, la obligación de las partes y tercero citado, de informar en la causa en el término de tres días cualquier novedad que surja respecto del proyecto denominado «Amarras del Gualeguaychú» y ordenó también, con carácter de mandato preventivo, el libramiento de oficio al Honorable Senado Provincial, para que evalúe la posibilidad de darle tratamiento al proyecto de fiscalías ambientales a partir de este precedente.-
Propuso a las partes la concurrencia a la sede del «Consejo Provincial de Ambiente» (COPROAM), creado mediante Resolución 186 SMA a fin de coordinar esfuerzos para el cumplimiento de la sentencia dictada y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para cuando se conforme base económica del pleito.-
IV.– Apelada que fuera la sentencia, se hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, revocándose la misma y rechazando la acción de amparo, al considerar que si bien en autos se suscita una compleja situación planteada a raíz del proyecto inmobiliario que diera origen a las profusas actuaciones administrativas que obran agregadas, la pretensión actoral es un reclamo reflejo del expediente administrativo obrante en la Secretaría de Ambiente Provincial, instado por la Municipalidad de Gualeguaychú, resultando asi clara e inequívocamente inadmisible la vía del amparo, debiendo continuar en sede administrativa el conflicto que aquí se genera, pues de lo contrario se permitiría de esta manera que tangencialmente se pueda deambular simultáneamente en sede judicial y administrativa en procura de un mismo objetivo, y además, en refuerzo de tal argumento, señaló que con el dictado del Decreto Nº 258 GOB de fecha 18/12/2015, se ordenó la suspensión de la Resolución Nº 340/15 SA, lo que consideró demostrativo de que no existe un peligro inminente que autorice a abandonar la vía administrativa iniciada con anterioridad a la presente acción.-
V.– Disconforme con tal decisión, el actor interpuso Recurso Extraordinario Federal a fs. 801/810, cual fue denegado por la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, por lo que el actor interpuso Recurso de Queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por denegación del Recurso Extraordinario Federal, imprimiéndose el trámie correspondiente por ante el Cimero Tribunal.-
VI.– A fs. 959/964 dictaminó la Procuradora General de la Nación, Dra. Laura M. Monti, recomendando a la Corte declarar admisible la queja así como procedente el Recurso Extraordinario, y revocar la sentencia apelada, devolviendo las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho.-
VII.– Así, a fs. 989/999 la Corte Suprema Justicia de la Nación dictó sentencia haciendo lugar al Recurso de Queja articulado por el actor, declarando formalmente procedente el Recurso Extraordinario, dejando sin efecto la sentencia de éste Superior Tribunal de Justicia de fs. 784/791, ordenando la devolución de las actuaciones a los fines de que este Tribunal emita un nuevo pronunciamiento.-
Destacó la Corte en primer lugar que del Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, realizado por la consultora «Ambiente y Desarrollo» -de enero de 2012- surge que citan la «Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres» y que dicha reserva fue creada por la ley provincial 9718 que en el artículo 10 «Declara área natural protegida a los Humedales del Departamento Gualeguaychú”, que también se desprende del EIA que «el proyecto [sito en el Departamento de Gualeguaychú] se realizará sobre una zona de humedales» (fs. 27) y que «[los] (movimientos de suelo), la construcción de talud vial (Construcción de terraplenes), y el relleno de celdas con material refulado, alterarían las cotas de la morfología original del terreno. Se trata de impactos permanentes e irreversibles« (fs. 148).-
Asimismo, dijo la Corte que el Informe de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Gualeguaychú (original incorporado al «Legajo Documental Municipalidad de Gualeguaychú», n° 5916, fs. 46/54) evidencia las graves transformaciones en el área en el transcurso del tiempo y cómo se desarrolló un impacto negativo en el ambiente, detallando que en la imagen de junio de 2004 la Municipalidad expresa que «era un monte denso mixto de algarrobos, ñandubay, coronillos, talas, chañar y espinillos, etc.» (fs. 761), y que en la imagen de enero de 2012 «se observa el desmonte total del predio», en la imagen de marzo de 2013 «se observa la intervención realizada sobre el terreno a raíz de la ejecución del proyecto» (fs. 752), y que en las últimas cuatro imágenes fotográficas (fs. 754/756) aflora que el relleno del emprendimiento «aumentará la mancha de inundación sobre el área urbana de la ciudad de Gualeguaychú», constatando así las graves transformaciones en el área durante el transcurso del tiempo y la alteración negativa al ambiente en el valle de inundación.-
Precisó la Corte que en ese contexto, el Director de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, Ingeniero Gietz, envío dos oficios -septiembre de 2014- (fs. 620/623, uno dirigido a la Secretaría de Ambiente de la Provincia y el otro a la Secretaría de Estado de la Producción) en donde compartió el informe del Ingeniero en Recursos Hídricos José Luis Romero, del cual surgía que existe una afectación en el valle de inundación -humedal-, que del informe del Ingeniero Romero (fs. 623/628, informe original a fs. 613/618 del expediente administrativo 1416477 del Gobierno de Entre Ríos) surge, en síntesis, que «la construcción de la obra implicaría una sobreelevación del nivel del río en el tramo de aguas arriba de la obra que en zona de desarrollo urbano, pueden ser en algún momento la diferencia entre inundarse y no inundarse« (fs. 624) recordando que los dictámenes emitidos por organismos del Estado en sede administrativa sobre daño ambiental agregados al proceso tienen la fuerza probatoria de los informes periciales (conf. art. 33, de la ley 25.675).-
Con éste escenario, se refirió la Corte a la inadmisibilidad del amparo señalando que la misma no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa y que se realizó un examen de los requisitos que debe reunir la apelación con inusitado rigor formal que lesiona garantías constitucionales ya que el Superior Tribunal local, al rechazar la acción de amparo en razón de que existía «un reclamo reflejo» deducido con anterioridad por la Municipalidad de Gualeguaychú en sede administrativa, omitió dar respuesta a planteos del actor conducentes para la solución del caso, tendientes a demostrar que la acción de amparo era la vía adecuada para la tutela de los derechos invocados.-
Ello así pues, dice la Corte, el tribunal local no tuvo en cuenta que en la pretensión del actor por vía de amparo, además del cese de las obras, había solicitado la recomposición del ambiente mientras que la Municipalidad de Gualeguaychú -en sede administrativa- informó avances de la obra, manifestó su oposición y solicitó la interrupción de las obras y un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, deduciendo así que la pretensión del actor en la acción de amparo -más allá de que no había actuado en sede administrativa- es más amplia -en razón de que solicitó la recomposición del ambiente- que la de la comuna en sede administrativa y, en consecuencia, no resulta un «reclamo reflejo» como sostuvo el tribunal local. Además, que el razonamiento expuesto por los jueces del Superior Tribunal, resulta contrario a lo establecido por el segundo párrafo del art. 30 de la ley 25.675 (Ley General del Ambiente, de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional -art. 30-) que establece que deducida una demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados -en el caso, el afectado, Majul-, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros, siendo ésto es lo que sucedió en el caso, no solo cuando la Municipalidad de Gualeguaychú intervino como tercero en el presente juicio (conf. fs. 595/607), sino cuando expresó que existían diferencias entre su planteo en sede administrativa con la pretensión del actor.-
Reprochó la Corte a éste STJ que “no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y «los sistemas de humedales que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados» (art. 85 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos)” (sic).-
Resaltó la importancia de éstos sistemas, citando el documento «Valoración económica de los humedales» (Oficina de la Convención de Ramsar de 1997), que define los distintos tipos de humedales y, específicamente, a los fluviales como «tierras anegadas periódicamente como resultado del desbordamiento de los ríos (por ejemplo, llanuras de inundación, bosques anegados y lagos de meandro)», destacando, entre sus funciones, la de «control de crecidas/inundaciones» ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo.-
Expresó que entre muchas otras funciones, conviene destacar la de «protección de tormentas», «recarga de acuíferos» y «retención de sedimentos y agentes contaminantes» (fs. 128/131).-
Se refirió luego a la actualidad a nivel mundial respecto de los humedales reseñando que estos desempeñan un papel desproporcionadamente grande en la hidrología por unidad de superficie, citando datos del Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos, para acentuar luego la conclusión a la que finalmente arribó: Que es evidente la necesidad de protección de los humedales y que en este sentido, el art. 12 de la ley 9718 -que declaró «Área Natural Protegida» a los humedales del Departamento de Gualeguaychú, en donde se sitúa el proyecto de barrio-, ordenó su comunicación a la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y al Comité Ramsar de Argentina, entre otros organismos.-
Y por último, se refirió a la perspectiva del Derecho Ambiental recordando que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente, que al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio (art. 40 de la ley 25.675). Asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura que establece que «en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos« (según la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016).-
Mas especificamente se refirió la Corte al principio In Dubio Pro Agua, consistente con el principio In Dubio Pro Natura, que en caso de falta de certeza, establece que las controversias ambientales y de agua ‘deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos (Segun UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018).-
IX.– A fs. 1120/1121 y 1122/1142 se presentaron el actor -Dr. Majul- y la firma demandada -Altos de Unzué S.A.- respectivamente de manera espontánea.-
Insinuó que el Municipio de Gualeguaychú es artífice de la demonización del proyecto «Amarras» por no haber podido ser partícipe del proyecto inmobiliario, y discurrió en nuevos estudios relacionados con el proyecto con que entiende quedan subsanados los vicios del proyecto inicial, asentándose en el dictamen de la Fiscalía de Estado Nº 28/18 del expte. Administrativo 1384701 que aconsejó rechazar el recurso de apelación jerárquica, que la actividad desplegada por el Municipio de Gualeguaychú invade la jusridiccion del Municipio de Pueblo General Belgrano. También calificó al informe de la Universidad Nacional de la Plata que tuvo presente la Corte como precario y poco serio, señalando que no reconoce la soberanía de Pueblo Gral. Belgrano, solicitando en definitiva se dicte un nuevo fallo rechazando el amparo.-
X.– A fs. 1153 y vta. obra informe de Secretaría, comunicando la entrada en vigencia de la Ley 10.704 (modificatoria de la Ley 8369), la cual establece la competencia del Superior Tribunal de Justicia en pleno.-
XII. – Previo a emitir su dictamen, a fs. 1192, el Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amilcar Luciano García, requiere al Poder Ejecutivo Provincial la remisión de los expedientes administrativos que se hubieren sustanciado con ulterioridad al fallo dictado por el S.T.J., e interesa se le corra traslado de la documental agregada a fs. 1122/1142 vta.-
A fs. 1217/1218 se corre nuevamente vista al Señor Procurador, de la nueva documental que se acompaña («Proyecto de Obra de Mitigación Amarras del Gualeguaychú Barrio Náutico». Expte. Nº2290321 y «Proyecto Plan de Contingencia Amarras del Gualeguaychú». Expte. Nº2294562) lo cual entiende, que corrobora que los efectos restaurativos o preventivos se estan efectivizando en el marco administrativo.-
En relación al marco normativo ambiental, podemos mencionar a nivel nacional, nuestra Carta Magna, la cual en la reforma constitucional de 1994 situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática llamado «Nuevos Derechos y Garantías», establece que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley». (C.N. Artículo 41).-
Asimismo, en el artículo 75 inciso 22 se incorporan una serie de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional que protegen el medio ambiente. Así podemos mencionar la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», Protocolo de San Salvador (Ley 24.658) que en su artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano; los «Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos», (Ley N° 23.313) que en su artículo 12 punto 2 inciso b) preve el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente. Asimismo existen otros Tratados Internacionles, ratificados por nuestro país que se refieren a la protección del medio ambiente, «Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR», suscripto en Asunción en el año 2003 (Ley Nº25841), que fomenta la aplicación de aquellos principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 , que favorece la promoción de la protección del medio ambiente, como así también el desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco entre los sectores ambientales y económicos; y el «Convenio de Ramsar», (Ley Nº 23.919) que fomenta la conservación y el uso racional de los humedales, entre otras.-
Por otro lado, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la reforma del año 2008, garantiza en materia ambiental la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad, como así también establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental (C.P. Artículo 83). Menciona también que el «…El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso…»; «…Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…»(C.P. Artículo 85 ).-
A su vez, la Ley General del Ambiente nos brinda un concepto de lo que debemos entender por principio precautorio mencionando que «…cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente…» ( L.G.A. Artículo 4).-
Desde la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en sede administrativa en octubre de 2012 hasta su aprobación «condicionada» mediante resolución 340/2015, la empresa «Altos de Unzue» efectuó trabajos de gran magnitud en el predio, trabajando aún en períodos en los cuales se encontraba suspendido el proyecto.-
Ahora bien, se advierten una serie de irregularidades por parte de la empresa «Altos de Unuze S.A.».-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que «…el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten (…) La aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras…»( Fallos 332:663, considerando 2°) . Como así tambien, que «…es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro (Fallos: 329:2316). Como así también que «…la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino antes bien una instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana…Que, en tales condiciones, la decisión de la Corte local de no considerar los fundamentos de la actora tendientes a demostrar que la resolución 35/09 -en cuanto aprobó el Informe de Impacto Ambiental en forma condicionada- era manifiestamente ilegal y arbitraria y que, en consecuencia, el amparo resultaba ser la vía idónea para cuestionar este aspecto de la pretensión y evitar así un daño inminente al medio ambiente, no constituye un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencias, por lo que corresponde su descalificación…» (Fallos: 325:1744, considerando 8 y 9) (la negrita en ambas citas me pertenece).-
Por último, el estudio ambiental carece del rigor científico requerido que permita efectuar un pormenorizado análisis de las diversas consencuencias ambientales que podrían suscitarse frente a los trabajos de gran magnitud que se realizaron (desmonte, movimiento de tierra, afectación de humedales, cantera, uso de arenas), como así tampoco posee firma y sello, por lo no puede identificarse a su autor y menos cumplir con la manda constitucional de que dicho informe sea confeccionado por un «ente público».-
Asimismo, se observa que durante el tiempo que transcurrió para que la Corte Nacional hiciera lugar al recurso de queja y ordenara que un nuevo tribunal decidiera conforme a los parámetros establecidos en la sentencia de fecha 11 de julio de 2019, el emprendimiento objetado avanzó considerablemente en el ámbito administrativo dando lugar a diversos dictámenes, todos ellos tendientes a regularizar y otorgar un marco de legalidad a un emprendimiento que comenzó ilegitimo. Se presentó el «Análisis Hidrodinámico Bidimensional del emprendimiento Amarras del Gualeguaychú», elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay a fs. 1190/1245; un informe de «Estudio Multidisciplinario relativo a los impactos hidrológicos y potencial riesgo socio ambiental», elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata a fs. 1295/1528; ;informe de la Dirección de Hidráulica de fs. 1538/1571; «Proyecto Ampliatorio del Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales» (2018) a fs. 1783/1833, «Plan de Gestión Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos» a fs. 1839/1850, Informe sobre medidas de Mitigación de Impacto Ambiental «Plan de Forestación Compensatoria» a fs. 1852/1865, Proyecto de Tratamiento de Efluentes Cloacales (2019) a fs.1917/1959, entre otros.-
En ese marco, la Ley Provincial Nº9718 establece en su ARTICULO 1: Decláranse “Área Natural Protegida” a los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporándose al «Sistema de Áreas Naturales Protegidas» conforme a la Ley 10479 vigente a partir del 5/06/2017.-
De este modo, dicha ley las considera como «Reservas de Usos Múltiples» garantizándose el mantenimiento de la diversidad genética, con el fin de alcanzar el desarrollo económico social de modo sostenido y sostenible, para satisfacer las necesidades de la población presente y futura, y para desarrollar esquemas demostrativos de producciones sustentables con fines educativos y de promoción del desarrollo ambiental responsable (artículo 22).-
Cabe advertir entonces, que actividades como el proyecto «Amarras» no se compadecen con las formas de producción y esparcimiento fijadas en dicha ley.-
A su turno, la Corte Suprema Nacional ha dicho específicamente en autos que «…Al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio (art. 4 de la ley 25.675). Asimismo, los jueces debe considerar el principio in dubio pro natura… e indubio pro agua». (considerando 13).-
También ha puntualmente señalado que, del estudio de impacto ambiental realizado por la consultora «Ambiente y Desarrollo» -enero 2012- se desprende que el proyecto se realizará sobre una zona de humedales (fs. 27) y que los movimientos de suelo, construcción de talud vial (construcción de terraplenes), y el relleno de celdas con material refulado, alterarían las cotas de la morfología original del terreno. Se trata de impactos permanentes e irreversibles (fs. 148). Es decir, del mismo EIA presentado por la empresa surge que se realizaran trabajos en un humedal -dentro de un área protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles (Cfr. considerando 7 del fallo de la Corte en autos), por lo que conforme a ello, todo el procedimiento administrativo realizado posteriormente no puede poner un manto de legalidad a un emprendimiento que se está construyendo en una zona legalmente protegida de humedales, que la misma constitución provincial expresamente protege.-
En este marco, ha dicho el Alto Cuerpo Nacional que «…El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía establecida en el Artículo 31 de la Constitución Nacional (Fallo 329:1214, considerando 7).-
Como enseña Cafferatta la condena a recomponer el ambiente «…es la preferida, porque vuelven las cosas al estado anterior, porque desaparece el perjuicio; y un bien de tanta importancia queda incólume, como antes del hecho. Es el máximo de justicia conmutativa. Borra la injusticia. Pero aparece como sumamente compleja, en la mayoría de los casos» («Summa Ambiental». Revista de Derecho Ambiental. Director Néstor A. Cafferatta. Tomo III. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Año 2011).-
Por su parte, el maestro Bidart Campos dice que recomponer es restablecer lo que se ha descompuesto («Manual de la Constitución Reformada». Tomo II. Editoral Ediar. Año 1998). Se trata en estos casos, de prevenir, recomponer o compensar ambientalmente, el desequilibrio ecológico, el ambiente en sí mismo y los recursos naturales afectados en su conjunto o en su normal funcionamiento como un componente del todo, en un sentido global.-
Así me he expedido como integrante de la Sala Nº 1 de este STJ, cuando ejercía competencia apelatoria en esta materia, en los precedentes: «BUTTARO» -Causa Nº 19021 sent del 15/02/10-; «FORO ECOLOGISTA DE PARANA» -Causa N° 19381, sent. del 05/10/10-, «LORENZUTTI» -Causa N° 19662, sent. del 13/04/11-, «ROMERO» -Causa Nº 23000, sent. del 07/12/17-, “BRODER” – Causa Nº23350, sent. del 17/5/18 y «FORO ECOLOGISTA DE PARANA y OTRA” – Causa N° 23709 sent. del 29/10/18, entre varios otros.-
Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada, y por mayoría, la siguiente sentencia: Claudia M. Mizawak – Juan R. Smaldone – Martín F. Carbonell.
Fdo.: Claudia M. Mizawak – Juan R. Smaldone – Martín F. Carbonell. Ante mí:
Eduardo Rodríguez Vagaría -Secretario-.-
Eduardo Rodriguez Vagaría
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 Artículo 83
 Artículo 85
 Artículo 4
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