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Vigencia desde 01 de Septiembre de 2006. Revisión vigente desde 01 de Septiembre de 2006 hasta 09 de Junio de 2009
234.1 Están sujetos a licencia urbanística previa los actos de transformación o utilización del suelo o del subsuelo, de edificación, de construcción o de derribo de obras a qué hace referencia el artículo 179 de la Ley de urbanismo. Si estos actos se llevan a cabo en terrenos de dominio público, requieren también licencia urbanística, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial.
234.2 La exigencia de licencia urbanística se establece sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público. La falta de autorización o concesión, o su denegación, impide obtener la licencia y al órgano competente otorgarla.
Título séptimo derogado por la letra b) del apartado 1 de la disposición derogatoria única del D [CATALUÑA] 64/2014, 13 mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística («D.O.G.C.» 15 mayo).
Las licencias se otorgan de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de su resolución, o en la fecha en que se entienden producidos los efectos de la falta de resolución expresa de la solicitud.
236.1 Las empresas o entidades prestadoras de los servicios de agua, de energía eléctrica, de gas, de telecomunicaciones y de otros servicios urbanos no pueden efectuar los suministros provisionales para la ejecución de actos de uso o transformación del suelo que no hayan obtenido previamente la licencia correspondiente, salvo que se trate de la ejecución de obras de urbanización previstas en planes urbanísticos o proyectos de urbanización, según corresponda. En el caso de actos de uso o transformación del suelo autorizados por licencia, la duración del contrato de servicios no puede ser superior al plazo máximo establecido en la licencia para la finalización de las obras, salvo que se acredite la concesión de la prórroga correspondiente.
236.2 Asimismo, las empresas o entidades prestadoras de los servicios de agua, de energía eléctrica, de gas, de telecomunicaciones y de otros servicios urbanos no pueden contratar definitivamente los servicios sin la previa acreditación de la obtención de la licencia de primera ocupación.
Número 2 del artículo 236 del Anexo derogado por la letra c) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
237.1 En el caso de terrenos incluidos en polígonos de actuación urbanística, la ejecución simultánea de las obras de edificación y urbanización o reurbanización, mediante el otorgamiento de la correspondiente licencia de edificación antes de alcanzar la parcela la condición de solar, se puede autorizar cuando concurren todos los requisitos siguientes:
a) Que la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación sea firme, o bien, si la reparcelación es innecesaria, que se haya formalizado la cesión obligatoria y gratuita de terrenos.
b) Que estén ejecutadas las obras de urbanización básicas que define el artículo 70.2 de la Ley de urbanismo, salvo que el ayuntamiento autorice la simultaneidad de estas obras de urbanización y de las de edificación, si son compatibles, con la audiencia previa de la administración actuante, si procede.
c) Que la persona interesada se comprometa por escrito en el momento de pedir la licencia a no utilizar la edificación hasta el acabamiento de las obras de urbanización que otorguen a los terrenos la condición de solares, de acuerdo con lo establecido por el artículo 29.a) de la Ley de urbanismo, así como a hacer constar este compromiso tanto en las transmisiones de la propiedad como en las cesiones del uso de toda la edificación o de partes de ésta, condicionándolas a la subrogación por parte de la persona adquiriente o cesionaria.
d) Que la persona interesada preste fianza para garantizar la ejecución simultánea de las obras de urbanización que le correspondan y las de edificación, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación de contratación de las administraciones públicas y en una cuantía mínima del 12% del presupuesto de las obras de urbanización que corresponda a las fincas objeto de edificación. El ayuntamiento puede exigir que se garantice hasta el 100% del presupuesto de estas obras. Esta fianza no incluye la que puede ser exigida para garantizar la reposición de obras de urbanización ya ejecutadas.
237.2 Cuando se trate de terrenos en suelo urbano consolidado a los cuales falte completar o acabar la urbanización para alcanzar la condición de solares, se puede autorizar la ejecución simultánea de las obras de edificación y de urbanización, con aplicación de lo que establece el apartado 1 de este artículo, párrafos a), c) y d), si es posible la ejecución aislada de la urbanización pendiente.
237.3 Los compromisos asumidos por la persona interesada en la simultaneidad de ejecución de las obras de urbanización y de edificación tienen que constar como condiciones de la licencia de edificación que se otorgue, referidas a la finca registral que sea su objeto.
Las condiciones impuestas en la licencia de edificación sobre finca registral determinada se deben hacer constar en el Registro de la propiedad, de acuerdo con la normativa aplicable.
La ejecutividad de la licencia de edificación resta condicionada a que se acredite la constancia de estas condiciones en el Registro de la propiedad.
237.4 El otorgamiento de la licencia de primera ocupación requiere el cumplimiento de los compromisos asumidos. La nota marginal del Registro de la propiedad a que se refiere el apartado 3 se puede cancelar en virtud de la certificación administrativa del otorgamiento de la licencia de primera ocupación.
237.5 El incumplimiento de estos compromisos comporta la pérdida de la fianza constituida y fundamenta, si procede, la adopción de las medidas necesarias para impedir los usos de la edificación, hasta la adecuación de las obras a las condiciones de la licencia de edificación, sin perjuicio de la ejecución subsidiaria y de la declaración de incumplimiento de la obligación de urbanizar.
Están sujetas a previa licencia urbanística todas las operaciones previstas en el artículo 179.2.r) de la Ley de urbanismo, consistentes en la división en propiedad horizontal simple o compleja, salvo que esta división se produzca en virtud de la aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación, de acuerdo con el artículo 143 de este Reglamento, o salvo que la determinación del número de viviendas, de establecimientos u otros elementos o de su incremento esté establecida en la licencia de obras correspondiente. A tales efectos, se entiende por establecimientos los locales comerciales y los industriales. Las plazas de aparcamiento y los trasteros no se consideran establecimientos, salvo el supuesto de que el planeamiento urbanístico regule su número o dimensión.
239.1 Las solicitudes de licencia urbanística, en los supuestos que regula el artículo 238 de este Reglamento, se tienen que presentar con un proyecto, el cual tiene que constar de los documentos siguientes:
a) La memoria justificativa de la adecuación del número de viviendas, establecimientos o elementos propuestos a las determinaciones del planeamiento aplicable y, en el caso de viviendas, del cumplimiento de los requisitos mínimos de habitabilidad para segunda ocupación.
b) Los planos necesarios, a escala adecuada, para dejar constancia del número de viviendas, establecimientos o elementos, y de su superficie y uso urbanístico.
c) Nota simple o certificación del Registro de la propiedad donde conste la descripción de la finca o edificación.
d) La proforma de la escritura pública de división horizontal simple o compleja.
239.2 El acuerdo municipal que otorgue la licencia tiene que incorporar una copia certificada del plano a qué hace referencia el apartado anterior.
El plazo para resolver sobre el otorgamiento de la licencia de división en propiedad horizontal simple o compleja es de un mes. Si transcurre este plazo sin que el órgano competente haya adoptado y notificado la correspondiente resolución, la licencia se entiende otorgada por silencio administrativo.
241.1 Hay que someter a la fiscalización previa municipal toda división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en uno o más lotes, y también las operaciones a las que hace referencia el artículo 183.1, letras b) y c) de la Ley de urbanismo, excepto en los casos que establece el artículo 244 de este Reglamento.
241.2 Las operaciones a que se refiere el apartado anterior se sujetan a licencia de parcelación, o bien tienen que ser objeto de declaración de innecesariedad de la licencia por parte del órgano municipal competente para otorgarla, de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes.
242.1 Están sujetos a previa licencia de parcelación todas las operaciones previstas en el artículo 183.1 de la Ley de urbanismo que faciliten, o tengan por finalidad, la construcción de edificaciones o de instalaciones para destinarlas a usos urbanos. Se incluyen en estas operaciones la constitución o modificación del régimen de propiedad horizontal por parcelas.
242.2 También es precisa la obtención de licencia de parcelación cuando se pretenda una nueva división o segregación de fincas resultantes de una reparcelación, excepto en aquellos casos en los que la descripción de la finca resultante haya previsto la posibilidad de la división o segregación pretendida.
243.1 El órgano municipal competente para el otorgamiento de licencias urbanísticas tiene que adoptar el acuerdo de declaración de innecesariedad de la licencia de parcelación en relación a los actos a qué hace referencia el artículo 241.1 de este Reglamento cuando no se produce parcelación urbanística por concurrir las circunstancias siguientes:
a) Cuando la división o segregación de terrenos es consecuencia de la aplicación de la normativa sectorial agraria o forestal.
b) Cuando se pretende una nueva división o segregación de fincas resultantes de una reparcelación, en aquellos casos en los que la descripción de la finca resultante prevé expresamente esta posibilidad.
c) Cuando la segregación se refiere a la parte o partes de la finca sujetas a expropiación o reparcelación pendientes de ejecutar.
d) Cuando la segregación tiene por objeto agrupar la finca segregada a una finca colindante, siempre y cuando la segregación y la agrupación tengan lugar en la misma operación y así lo exija la declaración de innecesariedad de la licencia.
243.2 En el caso de división o segregación de terrenos en aplicación de la normativa sectorial agraria o forestal, la adopción del acuerdo de innecesariedad de licencia de parcelación no exime de la obligación de obtener las autorizaciones que exige esta normativa.
No es precisa licencia de parcelación ni declaración de innecesariedad si la segregación o división sucesiva o simultánea de terrenos se produce:
a) Por causa de expropiación forzosa, de acuerdo con la legislación aplicable.
b) Como consecuencia de la aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación. El proyecto de reparcelación ampara también la segregación de fincas incluidas parcialmente en su ámbito, incluso cuando la finca matriz situada fuera del perímetro del polígono no cumpla con la dimensión mínima exigida.
c) Al objeto de proceder a la cesión de terrenos destinados a la red viaria en el caso previsto en los artículos 40.3.a) y 124.1 de este Reglamento.
Se presume que hay parcelación urbanística, a los efectos de lo que establecen los artículos 205.a) y d); 206.a), b) y f), y 207.a) de la Ley de urbanismo, cuando se lleva a cabo cualquier acto de división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos sin la previa acreditación de la obtención de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesariedad.
246.1 Las solicitudes de licencia de parcelación urbanística, en los supuestos del apartado a) del artículo 183.1 de la Ley de urbanismo, se tienen que presentar con un proyecto, el cual tiene que constar de los documentos siguientes:
a) La memoria justificativa de la adecuación de la parcelación propuesta a las determinaciones del planeamiento aplicable, de acuerdo con lo que establece el artículo 188 de la Ley de urbanismo.
b) El plano parcelario, a escala adecuada, con indicación de las parcelas indivisibles, la calificación urbanística de los lotes y los terrenos destinados o reservados para sistemas generales o locales.
Cuando el planeamiento en vigor incorpore el plano parcelario, la copia certificada de éste, más los datos y las indicaciones necesarias, puede sustituir el documento a que se refiere el párrafo anterior.
246.2 En los supuestos de los apartados b) y c) del artículo 183.1 de la Ley de urbanismo, entre los cuales se incluye la constitución o modificación del régimen de propiedad horizontal por parcelas, la solicitud se tiene que acompañar de una memoria que justifique la adecuación de las dimensiones de los terrenos objeto de los derechos de utilización exclusiva a las determinaciones del planeamiento urbanístico, y también de plano parcelario que lo refleje.
246.3 El acuerdo municipal que otorgue la licencia de parcelación tiene que incorporar una copia certificada del plano parcelario.
La solicitud de declaración de innecesariedad de la licencia de parcelación urbanística se tiene que acompañar de los siguientes documentos:
a) Memoria en la que se tienen que justificar las finalidades y objetivos que se pretenden alcanzar y la adecuación de las operaciones y los usos a las determinaciones del planeamiento, y también, si procede, la adecuación de la operación a las determinaciones de la legislación que establece las unidades mínimas de cultivo o de producción forestal.
b) El plano parcelario tiene que expresar los usos previstos sobre las parcelas o lotes.
El plazo para resolver sobre el otorgamiento de la licencia de parcelación o sobre la declaración de innecesariedad de esta licencia es de un mes. Si transcurre este plazo sin que el órgano competente haya adoptado y notificado la correspondiente resolución, la licencia o la declaración de innecesariedad se entienden otorgadas por silencio administrativo.
249.1 Para el otorgamiento de escrituras públicas relativas a las operaciones que señala el artículo 238 de este Reglamento es preciso acreditar ante el notario el otorgamiento de la licencia de obras o de la licencia urbanística que prevé el mencionado artículo del Reglamento, que determine el número de viviendas, establecimientos u otros elementos o su incremento, o aportar la certificación municipal acreditativa de haberse otorgado la licencia por silencio administrativo.
249.2 Para el otorgamiento de escrituras públicas relativas a las operaciones que señala el artículo 242 de este Reglamento, es preciso aportar a los notarios la notificación de la licencia de parcelación o la certificación municipal acreditativa de haberse otorgado la licencia por silencio administrativo, junto con la copia certificada del plano parcelario. Estos documentos se tienen que protocolizar o testimoniar íntegramente con la escritura pública, como requisito previo necesario para el otorgamiento de les referidas escrituras públicas.
249.3 En los supuestos de declaración de innecesariedad de la licencia de parcelación, la documentación que es preciso protocolizar o testimoniar con la escritura pública es la notificación o certificación de esta declaración junto con una copia certificada del plano parcelario.
249.4 La documentación requerida de acuerdo con los apartados 2 y 3 se puede sustituir, en su caso, por copia certificada del plano parcelario, en la cual, por diligencia del secretario o secretaria del ayuntamiento, se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración de su innecesariedad.
249.5 En los casos a qué se refieren los apartados 1 a 4 de este artículo, si el ayuntamiento no ha otorgado la licencia, ni ha emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni tampoco no ha emitido certificación de acto presunto en relación a las anteriores peticiones, se puede otorgar la escritura si la persona interesada acredita ante el notario los documentos siguientes:
a) Solicitud de licencia o de declaración de innecesariedad de la licencia.
b) Solicitud de certificación de silencio administrativo positivo.
c) Manifestación expresa de la persona interesada que no ha obtenido ninguna respuesta dentro del plazo legalmente establecido.
250.1 De acuerdo con la normativa reguladora de la inscripción en el Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, los registradores de la propiedad, cuando no se les acredite el otorgamiento de la licencia correspondiente o la declaración municipal de su innecesariedad, ni la certificación acreditativa de silencio administrativo positivo, ni el cumplimiento de los requisitos que establece el apartado 5 del artículo 249 de este Reglamento, tienen que suspender la inscripción de la segregación o división y tienen que notificar su calificación a la persona interesada en la forma prevista por la legislación hipotecaria.
250.2 Si el ayuntamiento o la persona interesada aportan la licencia o la declaración de su innecesariedad, o bien aportan un certificado municipal acreditativo del silencio administrativo positivo producido con relación a la licencia o con la declaración de innecesariedad que se hubiese pedido, se considera enmendado el defecto y se practica la inscripción solicitada.
250.3 En el caso de que la escritura pública se hubiese otorgado de acuerdo con lo que establece el apartado 5 del artículo 249, o que la persona interesada acredite ante el registrador los documentos que exige este precepto, el registrador debe comunicar al ayuntamiento la operación registral solicitada, con la advertencia que, en caso de falta de respuesta dentro del plazo de 15 días, se haría la inscripción. Si el ayuntamiento responde acreditando que denegó en su día la licencia o que no ha adoptado una decisión por falta de documentación, con los consiguientes requerimientos de aportación y suspensión de la tramitación, el registrador tiene que denegar la inscripción.
Si se presenta el documento acreditativo de incoación del expediente de infracción urbanística por parcelación o división en propiedad horizontal ilegales, también hay que denegar la inscripción y, a instancia de la administración legalmente competente, hay que practicar la anotación preventiva de la mencionada incoación.
250.4 Lo que establece el apartado 3 de este artículo se aplica también para la inscripción de declaraciones de obra nueva, si la licencia que las autoriza ha sido obtenida por silencio administrativo.
251.1 El acto de replanteamiento que prevé el artículo 180.4 de la Ley de urbanismo, tiene por finalidad reajustar las alineaciones y rasantes bien por razón de adaptar las fijadas por el planeamiento al resultado físico de la ejecución de las obras de urbanización básicas, o bien por razón de adaptarlas a la realidad física y morfológica de los terrenos, si esta adaptación resulta necesaria.
251.2 El reajuste de alineaciones y rasantes no puede reducir la anchura de los espacios destinados a viales públicos ni las superficies destinadas a espacios libres públicos por el planeamiento urbanístico. El reajuste de alineaciones y rasantes no puede alterar el aprovechamiento urbanístico ni las características físicas derivadas de la ordenación de las parcelas o solares colindantes, que prevé el planeamiento urbanístico.
251.3 El ayuntamiento puede incoar el procedimiento para el reajuste de alineaciones y rasantes antes o simultáneamente a la solicitud de la licencia, y de oficio o a instancia de la persona solicitante de la licencia de edificación. Si la incoación es a instancia de la persona solicitante de la licencia, es preciso acompañar a la solicitud un plano comparativo de las alineaciones y rasantes aprobadas y de las propuestas, a escala adecuada, y los datos de las fincas afectadas y de sus propietarios y las direcciones de éstos. Se entiende por fincas afectadas les que sean objeto del reajuste de alineaciones y rasantes y las colindantes.
Si el reajuste se pide simultáneamente a la solicitud de la licencia de edificación, la tramitación de la licencia resta suspendida hasta la resolución del expediente de reajuste de alineaciones y rasantes
251.4 Una vez incoado el procedimiento, es preciso convocar a todos los propietarios de las fincas afectadas al acto de replanteamiento. Estos propietarios pueden examinar la documentación aportada en el lugar y horario que se señale.
251.5 El acta de replanteamiento se tiene que extender en el plazo de un mes desde la incoación del expediente, por el personal técnico o jurídico municipal asistente al acto, y tienen que firmar todas las personas convocadas que asistan y sus asesores, en su caso. El acta hay que completarla con un plano anexo, igualmente firmado por todas las personas asistentes, comparativo de las alineaciones y rasantes vigentes y las propuestas. Las personas propietarias asistentes pueden hacer constar su conformidad u oposición al reajuste pretendido.
251.6 En el supuesto de que el procedimiento se haya iniciado a instancia de persona interesada, el ayuntamiento tiene que adoptar y notificar la resolución correspondiente en el plazo de un mes desde la fecha de otorgamiento del acta de replanteamiento.
252.1 Cuando el planeamiento urbanístico admite alternativas de ordenación volumétrica de las edificaciones, la concreción de la ordenación volumétrica tiene que hacerse con ocasión de la solicitud de la licencia de edificación. En estos casos, con la solicitud de la licencia de edificación, hay que presentar la documentación siguiente:
a) Un plano, a escala mínima 1:1.000, y sobre cartografía digital, donde se expresen las alineaciones y rasantes que previamente ha definido el planeamiento, que marcan los límites del suelo edificable en relación a los viales, espacios libres o linderos de las parcelas vecinas.
b) Un plano, sobre cartografía topográfica digital, que señale todos los servicios urbanísticos existentes o previstos.
c) Un plano, a escala mínima 1:200, que señale el área no sujeta a edificación y la ordenación de volúmenes por encima y por debajo de las rasantes del terreno, planta por planta, con la descripción de las ocupaciones, distancias entre edificios, parámetros relativos a la separación de vecinos y concreción de los accesos para peatones y vehículos.
d) Un plano, a escala mínima 1:200, con secciones longitudinales y transversales, que exprese las alturas entre plantas y la altura máxima total prevista, incluidos los elementos técnicos y de cubierta de la edificación.
e) Las propuestas de conexión del edificio o conjunto de edificaciones a los servicios urbanísticos existentes.
252.2 Si la concreción de la ordenación volumétrica se solicita a la vez que la solicitud de licencia de edificación, para todas las propiedades de la zona o manzana de la cual se trate, ambas solicitudes se tramitan y resuelven de manera simultánea.
En otro caso, es preciso otorgar una audiencia de 20 días al resto de personas propietarias de la zona o manzana y la tramitación de la licencia de edificación resta en suspenso hasta que se agote el plazo de audiencia.
El acto de aprobación de la ordenación volumétrica hay que notificarlo a todas las personas propietarias de la zona o manzana.
253.1 Los ayuntamientos pueden ordenar a las personas propietarias la ejecución de las obras necesarias para dar cumplimiento a los deberes previstos en los artículos 189.1 de la Ley de urbanismo y 29.2 de este Reglamento.
253.2 Las órdenes de ejecución a que hace referencia el artículo 189.3 de la Ley de urbanismo se tienen que dictar previa audiencia de la persona interesada, y con el informe de los servicios técnicos y jurídicos del ente que las promueva. La orden de ejecución debe ser clara, formalizada por escrito, motivada y con explícita referencia a la norma o normas que la justifican. Asimismo, tiene que detallar con la máxima precisión posible las obras y actuaciones que es preciso ejecutar y el plazo para su cumplimiento, teniendo en cuenta su entidad y complejidad.
253.3 No es exigible la obtención de previa licencia urbanística para ejecutar las obras o actuaciones que constituyen el objeto de una orden de ejecución, salvo que, de conformidad con la normativa aplicable, requieran la elaboración de un proyecto técnico. En este caso, la orden de ejecución tiene que señalar el plazo de presentación de este proyecto y del resto de documentación exigible y la autorización de la ejecución de las obras resta sujeta al régimen de comunicación previa previsto en la normativa de régimen local.
253.4 No obstante lo que establece el apartado 2 de este artículo, las actuaciones que por razones de urgencia o necesidad no admitan demora se tienen que ejecutar de manera inmediata y bajo la dirección técnica correspondiente, en las condiciones y con las características que se determinen en la propia orden.
254.1 Una vez transcurrido el plazo establecido en la propia orden de ejecución para su cumplimiento voluntario, la administración puede optar, en el plazo máximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria a cargo de la persona interesada o el otorgamiento de un nuevo plazo para realizar las actuaciones ordenadas, y así sucesivamente. Se pueden imponer multas coercitivas para el incumplimiento de los plazos establecidos, que se tienen que ajustar en todo caso a lo que prevé el artículo 217 de la Ley de urbanismo y 277 de este Reglamento.
254.2 En el supuesto de que la administración opte por ejecutar subsidiariamente la orden de ejecución, también es a cargo de la persona interesada el coste de redacción del proyecto técnico que, si procede, se tenga que redactar.
Se considera que hay ruina técnica, en virtud de lo que dispone el artículo 190.2.a) de la Ley de urbanismo, cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de los elementos estructurales o de algunos de sus elementos estructurales fundamentales.
256.1 El estado de ruina económica al qué hace referencia el artículo 190.2.b de la Ley de urbanismo se acredita mediante una valoración de las obras a realizar para cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad, o con las condiciones de funcionalidad de los otros tipos de construcciones, así como una valoración del coste de construcción de nueva planta de un edificio de las mismas dimensiones, usos y con cualidades análogas a la edificación existente. Estas valoraciones en ningún caso pueden tener en consideración el valor del suelo.
256.2 La valoración de las obras a realizar debe contenerse en un presupuesto por partidas, en las que se tienen que especificar las obras necesarias para mantener la construcción, o la parte de ésta que resulte afectada, en las condiciones estructurales que resultarían exigibles para otorgar una licencia de obra nueva, de conformidad con los criterios técnicos vigentes en el momento de efectuar la valoración.
En todo caso se considera que hay ruina urbanística, en virtud de lo que dispone el artículo 190.2.c de la Ley de urbanismo, cuando el edificio o construcción se encuentra en situación de fuera de ordenación y las obras necesarias para mantenerlo en condiciones de estabilidad y seguridad de las personas y bienes exceden las admitidas para las construcciones y edificaciones en fuera de ordenación.
Sólo se puede declarar el estado ruinoso parcial de un inmueble en caso de construcciones complejas integradas por cuerpos funcionalmente y estructuralmente autónomos y separables, que no constituyan una unidad material bajo el punto de vista constructivo y arquitectónico.
259.1 El procedimiento para la declaración de estado ruinoso se puede iniciar de oficio, por acuerdo del órgano competente, como consecuencia del informe de los servicios técnicos municipales, o bien como consecuencia de la petición razonada de otro órgano o de una denuncia. En este último caso, presentada la petición o la denuncia, se tiene que acordar la realización de actuaciones previas consistentes en la emisión de un informe por parte de los servicios técnicos municipales y, en atención a su contenido, se debe decidir, en su caso, el inicio del expediente o bien el archivo de las actuaciones.
259.2 El procedimiento para la declaración de estado ruinoso se puede iniciar también a solicitud de la persona interesada. A tal efecto, se consideran personas interesadas, además de las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, y las personas arrendatarias y otros ocupantes, las personas físicas o jurídicas que aleguen la existencia de daño o peligro en sus bienes, derechos o intereses legítimos.
259.3 Las solicitudes de iniciación del procedimiento de declaración de estado ruinoso a instancia de persona interesada tienen que identificar el inmueble a qué se refieren, el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina, las personas propietarias y eventuales titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, así como la relación de arrendatarios y de otros ocupantes. Al escrito de iniciación también se tiene que adjuntar certificado expedido por facultativo o facultativa competente en el que se justifique la causa de instar la declaración de estado ruinoso, se describa el estado físico del inmueble y se acredite si, en el momento de la solicitud, el edificio reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a los ocupantes su permanencia hasta que se adopte el acuerdo correspondiente. Cuando la solicitud de inicio del expediente para la declaración de estado ruinoso se ampare en lo que establece el artículo 190.2.b) de la Ley de urbanismo, es preciso adjuntar la valoración a qué hace referencia el artículo 256 de este Reglamento.
260.1 Iniciado el expediente, éste se debe poner de manifiesto a las personas interesadas que no hayan instado el inicio, dándoles traslado literal del informe o informes técnicos, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos o intereses.
260.2 Cuando la declaración de estado ruinoso afecte a un bien catalogado, objeto de un procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, hay que remitir el expediente al departamento de la Generalidad que sea competente por razón de la materia para que emita informe dentro del mismo plazo, a los efectos de lo que prevé el artículo 190.4 de la Ley de urbanismo.
260.3 Transcurrido el plazo otorgado, los servicios técnicos municipales, previa inspección del inmueble, tienen que evacuar el correspondiente informe técnico, y remitirlo, con la propuesta de resolución que a su juicio proceda, al órgano competente para resolver.
260.4 El plazo para dictar y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento de declaración de estado ruinoso es de seis meses desde la fecha de acuerdo de inicio del expediente, en los procedimientos iniciados de oficio o desde la fecha en la que la petición tuvo entrada en el registro competente en los casos de procedimientos iniciados a instancia de la persona interesada. Si dentro del plazo mencionado no se ha notificado la resolución expresa, se entiende que la declaración ha sido denegada, en los casos que el expediente se ha iniciado a solicitud de la persona interesada, o bien que el procedimiento ha caducado, en los casos que éste haya sido iniciado de oficio.
261.1 La resolución que ponga fin al procedimiento tiene que señalar si procede o no la declaración de estado ruinoso del inmueble.
261.2 En el supuesto de que se declare el estado ruinoso del inmueble, la resolución que pone fin al procedimiento debe tener el contenido siguiente:
a) En el supuesto de que el inmueble no esté catalogado, no sea objeto de un procedimiento de catalogación y no esté declarado como bien cultural, la resolución tiene que determinar la obligación de las personas propietarias de rehabilitarlo o derribarlo, a su elección, salvo que de conformidad con las determinaciones del planeamiento urbanístico la rehabilitación del inmueble no sea autorizable, supuesto en que es preciso proceder necesariamente a su derribo, y tiene que establecer el plazo para solicitar la licencia de obras o de derribo correspondiente.
b) Tiene que ordenar la ejecución de las obras y otras medidas que resulten pertinentes para mantener la seguridad, salubridad y condiciones mínimas de habitabilidad del inmueble, y también las necesarias para evitar eventuales daños a las personas y bienes mientras no se proceda a la actuación de rehabilitación o de derribo del inmueble, y debe fijar el plazo para la iniciación y ejecución de estas obras, advirtiendo expresamente que, en caso de incumplimiento, se procederá a su ejecución subsidiaria a cargo de la persona interesada.
c) Cuando la declaración de estado ruinoso sea parcial, la resolución tiene que ordenar, además, la ejecución de las obras de rehabilitación, conservación y de otras medidas que resulten pertinentes para mantener la seguridad, salubridad y condiciones mínimas de habitabilidad de la parte del inmueble no afectada por la declaración de estado ruinoso.
261.3 Cuando la declaración de estado ruinoso afecte a un bien catalogado, objeto de un procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, la resolución que pone fin al procedimiento tiene que determinar los efectos de la declaración de estado ruinoso de conformidad con la informe a que se refiere el artículo 260.2 de este Reglamento, sin perjuicio de la obligación de las personas propietarias de adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad.
261.4 La resolución que ponga fin al procedimiento de declaración de estado ruinoso hay que notificarla a todas las personas propietarias, ocupantes y titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble, así como a todos los que hayan sido parte en el procedimiento. En el supuesto de que la resolución declare el estado ruinoso y acuerde el desalojo de los ocupantes, la notificación tiene que expresar el plazo para el desalojo voluntario del inmueble, advirtiendo expresamente de su desahucio por vía administrativa en caso de incumplimiento.
261.5 En el supuesto de que se acuerde que no procede la declaración de estado ruinoso del inmueble, la resolución que ponga fin al procedimiento puede ordenar, en su caso, la ejecución de las obras que resulten pertinentes para mantener la seguridad, la salubridad y las condiciones objetivas de habitabilidad o de funcionalidad del inmueble.
262.1 La declaración de estado ruinoso no exime del deber de la persona propietaria de obtener licencia previa para la ejecución de las actuaciones que deba ejecutar.
262.2 La declaración de estado ruinoso de edificios en situación de fuera de ordenación determina la obligación de proceder a su derribo, sin posibilidad de rehabilitación.
262.3 La declaración de estado ruinoso no exime a las personas propietarias de las responsabilidades de todo orden que les puedan ser exigidas respecto a los deberes de conservación que les corresponden.
263.1 Cuando se estime que existe urgencia y peligro en la demora del expediente de declaración de estado ruinoso, el órgano municipal competente tiene que disponer las medidas de protección que se deban adoptar, tales como el desalojo de los ocupantes del inmueble, su apuntalamiento, derribo total o parcial o otras que se consideren necesarias.
263.2 Cuando la existencia de peligro para las personas o bienes se desprenda del escrito solicitando el inicio del expediente de declaración de estado ruinoso, o de la denuncia presentada por cualquier particular, el órgano municipal competente tiene que disponer con carácter de urgencia una visita de inspección de los servicios técnicos municipales, que tienen que emitir informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, y tienen que disponer la adopción de las medidas de protección que sean necesarias.
263.3 El órgano municipal competente tiene que adoptar la resolución que sea procedente en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la recepción del informe técnico que concluya que hay una situación de ruina inminente, sin que resulte preceptiva en este supuesto la audiencia a las personas interesadas a qué hace referencia el artículo 260.1 de este Reglamento.
263.4 Si el informe técnico expresa la posibilidad de continuar ocupando el inmueble previa adopción de las medidas de apuntalamiento o deslinde pertinentes, debe ordenarse la adopción de estas medidas y se prosigue el expediente por los trámites normales. Las medidas acordadas tienen que ser notificadas al departamento de la Generalidad competente cuando resulten afectados inmuebles catalogados, objeto de un procedimiento de catalogación o declarados bien cultural.
263.5 En todo caso, se tienen que llevar a cabo las visitas de inspección que sean necesarias y, como mínimo, las indicadas en el informe de los servicios técnicos, por sí variasen las circunstancias o apareciesen de nuevas que aconsejen una decisión diferente. Finalizado el expediente, debe mantenerse la vigilancia en los mismos términos que durante su tramitación, hasta el desalojo total del inmueble, en su caso.
263.6 Los gastos e indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento por la adopción de las medidas de protección descritas en este artículo, corren a cargo de la persona propietaria del inmueble y la administración puede exigirlas por la vía de apremio.

References: artículo 179
 resolución 
 artículo 236
 artículo 70
 artículo 29
 artículo 179
 artículo 143
 artículo 238
 artículo 183
 artículo 244
 artículo 183
 artículo 241
 artículo 183
 artículo 188
 artículo 183
 artículo 238
 artículo 242
 artículo 249
 artículo 249
 artículo 180
 resolución 
 resolución 
 artículo 189
 artículo 217
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 256
 artículo 190
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 260
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 260