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Timestamp: 2019-01-18 01:16:05+00:00

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El art. 42 «in fine» del CPCCSF, que consagra la inadmisibilidad de la ratificación de los actos realizados sin poder, ¿se convirtió en letra muerta? – AL DÍA | ARGENTINA
El art. 42 «in fine» del CPCCSF, que consagra la inadmisibilidad de la ratificación de los actos realizados sin poder, ¿se convirtió en letra muerta?
Cita: MJ-DOC-10761-AR | MJD10761
Este tema, lejos de ser novedoso, ha sido abordado por la doctrina y jurisprudencia santafesina en innumerables oportunidades desde hace varias décadas.
Sin embargo, aunque mucho se ha dicho y escrito, aún hoy no existe una opinión pacífica respecto la interpretación y aplicación de la norma contenida en el art. 42 «in fine» del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe (CPCCSF) que establece que: «La ratificación de los actos realizados sin poder es inadmisible».
Prueba de ello, lo constituye el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en relación al tema en danza que será abordado más abajo, pero que adelantamos, no solo presenta una solución novedosa y osada de la cuestión, sino que además, se vislumbra en los votos de los ministros las posturas antagónicas que existen y que existieron desde siempre sobre este tema.
BREVE REFERENCIA A LAS POSTURAS ANTAGÓNICAS EN RELACIÓN A LA NORMA PROCESAL EN ESTUDIO
Reiteramos, el art. 42 «in fine» del CPCCSF establece que «La ratificación de los actos realizados sin poder es inadmisible».
Existe una postura que defiende a ultranza la letra de la norma, y que establece que si el poder no existía a la fecha de su invocación, o bien, no se acompaña al pleito dentro del plazo fijado por el juez a tal efecto, se debe declarar la nulidad de lo actuado.
«En casos urgentes se puede comparecer al proceso, ofreciendo comprobar la personería en el plazo que el juez determine, no superior a 30 días. Que, de concederse el plazo, el mismo empieza a correr desde el día de la invocación, y si transcurrido aquel el poder no se exhibiera o si este no se hubiera otorgado al menos el día que se le alegó, quedará nulo todo lo actuado por el procurador, quien soportará las costas causadas» (1).
En igual sentido, se sostuvo que «El art.42 del CPC sanciona con la nulidad a las actuaciones cumplidas por el gestor en dos hipótesis diferentes, la primera por la falta de exhibición del instrumento de mandato dentro del plazo que concediere el juez, y la segunda, por la inexistencia de mandato anterior o contemporáneo a la fecha en que se invocó en sede judicial» (2).
Para quienes adhieren a esta postura: «El art. 42 del CPCCSF es de orden público, dado que dicha norma es reglamentaria del ejercicio profesional y normativa de la actividad del mandatario del proceso» (3).
La jurisprudencia y la doctrina, con el correr de los años, ha propugnado una flexibilización en la aplicación de la norma señalada, evitando cometer injusticias por un apego irracional a su letra.
Así, existe otra postura, menos radical que la anterior, esbozada en el tan nombrado fallo «Laborde Alfredo c/ Riccardi Rafael» , con el voto del Dr. Alvarado Velloso.
El precedente recién citado, efectúa la siguiente distinción:
1)Ante la inexistencia de mandato anterior o contemporáneo a la fecha que se lo invocó en sede judicial, la nulidad es procedente e insalvable, por aplicación del art. 42 del CPCCSF.
2)Ahora bien, ante la existencia de poder con fecha anterior o concomitante a su invocación en el proceso, se pueden presentar estos supuestos:
a.Si el poder no se exhibe en el pleito en el plazo acordado por el juez ni con posterioridad a su vencimiento, corresponde también declarar la nulidad de lo actuado, puesto que mandato no probado equivale a mandato inexistente.
b.Si el instrumento de mandato no se exhibe en el plazo acordado por el juez, pero se presenta al proceso en fecha posterior a su vencimiento, el decisorio efectúa esta otra distinción:
i.La contraria a la parte que invocó el mandato, cuestiona la personería del mandatario -por falta de exhibición del poder- luego de vencido el plazo judicial y antes de su presentación en el pleito.En este supuesto, no corresponde declarar la nulidad, puesto que no existe perjuicio, pero el personero cargará con las costas por la presentación tardía del documento (art. 137 CPCCSF).
ii.Ahora bien, si la contraria-incidentista a la parte que invocó el poder, consintió el decreto que tuvo por acreditada la personería -luego de exhibir en el proceso en forma tardía el poder invocado- no corresponde declarar la nulidad de lo actuado ni imponer las costas, puesto que al no encontrarse involucrado el orden público, resultan admisible el consentimiento y aplicable el principio de preclusión.
iii.Por último, si la contraria-incidentista a la parte que invocó el poder, no consintió el decreto que tuvo por acreditada la personería -luego de exhibir en el proceso en forma tardía el poder invocado- tampoco corresponde declarar la nulidad de lo actuado, pero habrá de imponerse las costas al personero, por haber dado lugar a la reclamación (art. 251 CPCCSF).
En resumen, el precedente citado importa una flexibilización de la primera postura nombrada, puesto que si bien admite la declaración de nulidad de lo actuado por el personero ante la inexistencia de mandato anterior o concomitante a su invocación en el proceso, rechaza la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado ante la presentación tardía del instrumento de mandato.
Según el fallo citado, «… lo que allí se prescribe (en referencia al art. 42 “in fine” CPCCSF) es la inadmisibilidad de la ratificación de los actos cumplidos sin mandato, resultando entonces admisible la ratificación de los actos cumplidos con mandato, tal como lo prescribe el C. Civil».
Luego, en sintonía con el precedente recién referido, se dictó el fallo pleno de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario «Fata Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. S. R. L.y otro» del 8/10/1979, del cual podemos extraer, en lo que interesa a este tema, dos conclusiones:
1.El orden público no afecta las cuestiones de personería, y por ende, es convalidable la actuación del gestor en pleito, en tanto se encuentre incorporado al mismo -no importa si tempestiva o intempestivamente- un instrumento de mandato que acredite en forma impecable la procura (Del voto del Dr. Alvarado Velloso).
2.La personería no es un asunto que escape a las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales (del voto del Dr. Casiello), salvo los casos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en que se encuentra en juego el orden público.
Hasta el dictado del fallo que motiva este artículo, y que abordaremos más abajo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe adhirió a esta última postura.
En la causa «Verino» (5), nuestro Máximo Tribunal provincial resolvió que ante el supuesto de presentación tardía del instrumento de mandato, no corresponde declarar la nulidad de lo actuado por el personero, puesto que «… si no nos enfrentamos acá con un falsus procurator, si por ende la actuación del personero valdrá en contra del mandante, no median razones para pronunciar una nulidad. Decidir lo contrario por vía de una interpretación literal e irrazonable del art. 42 supondría un desmesurado sacrificio de la sustancia al rito. Este criterio fue reproducido en la causa “Lima”».(6)
Hasta aquí presentamos las dos posturas antagónicas en relación al tema, reuniendo la última mayor cantidad de adeptos, y que además, fue la que adoptó nuestro Máximo Tribunal provincial.
Ahora bien, mención aparte merece el análisis del art. 42 «in fine» del CPCCSF y las normas sobre mandato contenidas en el Código Civil derogado y el vigente.
III. NORMA PROCESAL VS. NORMA SUSTANCIAL
Tal como explicamos en el punto anterior, incluso con los matices señalados, el art.42 «in fine» impide la ratificación de los actos realizados sin poder (7).
Sin embargo, el Código Civil velezano (hoy derogado), en el art. 1936 , establecía que la ratificación equivale al mandato, y tiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto, sin perjuicio de los derechos de los terceros adquiridos entre el acto del mandatario y la ratificación. Es decir, el Código Civil derogado permitía la ratificación de los actos realizados sin mandato.
Así planteada la cuestión, se advierte una contradicción entre la norma procesal del art. 42 CPCCSF y el art. 1936 del Código Civil derogado.
A su vez, el art. 1870 inciso 6 del Código Civil establecía que las disposiciones del mandato se aplican «a las procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan a las disposiciones del Código de Procedimientos».
Ante este abanico de normas dispares, existían dos posturas enfrentadas.
Unos sostenían que siendo el mandato un contrato -que incluye el poder para estar en juicio-, debe estar regulado por la ley de fondo y no por la ley procesal provincial. La norma de derecho común (art. 1936 CC) -por ser de mayor rango- desplazaba la provincial (art. 42 CPCCSF); admitiendo que si bien el dictado de los códigos de procedimientos constituye una facultad no delegada por las provincias al gobierno nacional, cuando la regulación del instituto jurídico es federal, ha de ceder la facultad reservada por la provincia(8) .
En igual sentido, se dijo que «Si bien el art. 42 “in fine” del CPCSF es claro cuando dispone que “la ratificación de los actos realizados sin poder es inadmisible”, dicha norma colisiona con los arts. 1936 y 1058 del CC; además, no se concibe la nulidad por la nulidad misma (arts. 124 y sgtes. CPCCSF)» (9). (Del voto de la mayoría).
Por tanto, esta postura otorgaba primacía a la norma del Código Civil (art.1936 del CCiv) por sobre la del Código Procesal local (art. 42 «in fine» CPCCSF); y en base a tales fundamentos, admitía la ratificación de los actos realizados por el personero que invocaba un poder existente, pero que lo acompañaba en forma tardía al pleito.
Sin embargo, otros opinaban que la legislación procesal primaba sobre la legislación sustancial.
Tal postura, proponía una interpretación armónica del art. 1870 inciso 6 del Código Civil y el art. 42 del CPCCSF, y concluía que «… el Cód igo Civil regula los mandatos judiciales en todo aquello que no entre en contradicción con la regulación procesal de las provincias, a lo que regirán esta última». Y por tanto, «ante la contradicción entre el Código Civil y el Procesal de si es admisible la ratificación de los actos realizados sin poder, rige el Procesal» (10).
En igual sentido, se dijo que «El art. 42 del CPCCSF sanciona con la nulidad de todo lo actuado por el procurador que no exhibe el poder por no haber sido este otorgado y declara inadmisible la ratificación de los actos realizados sin poder. Cabe aquí aclarar que el art. 42 CPCCSF, si bien puede oponerse a lo regulado por el CC con respecto a la ratificación de actos realizados sin mandato, ello no lo invalida, y si bien lo atinente a las cláusulas del mandato se rige por el CC, lo referido a la justificación de la personería es materia del orden procesal provincial. Se trata de un supuesto de representación inexistente que se encuentra vinculado al orden público procesal y por ende separado de las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales, por lo que no cabe considerar la existencia de la ratificación de lo actuado por el personero sin representación acreditada ni la subsanación que prevé el art. 128 inc. 2 CPCCSF» (11).
Aún más radical resulta la opinión del autor José O.Machado, quien al comentar el inciso 6º del art. 1870 del Código Civil, sostuvo que «La Constitución Nacional ha facultado a las Provincias para dictar sus Códigos de Procedimientos, y el Congreso, al legislar sobre la misma materia, ha respetado esas facultades, aplicando solo supletoriamente las disposiciones sobre el mandato a los procuradores. La cuestión no es de saber qué ley debe aplicarse cuando las de procedimientos establecieren lo contrario, porque el mismo Código lo dice, sino la de averiguar si el Congreso puede dictar leyes supletorias que se apliquen al procedimiento. Careciendo de facultades constitucionales para dictar esas leyes, ni aún en ese carácter, creo que la presente disposición no tiene valor sino para la Capital Federal y territorios nacionales. En cuanto a las Provincias, podrán aplicarse las disposiciones del mandato a las procuraciones judiciales, como leyes análogas en los casos en que deban recurrirse a ellas» (12).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe sostuvo que «Tal norma -en referencia al art. 42 CPCCSF- que rechaza de plano la posibilidad de ratificar los actos realizados sin poder, se encuentra en franca oposición con la normativa general del Código Civil y, por tanto, debe ser interpretada restrictivamente» (13).
Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom), que derogó las normas del Código Civil velezano recién señaladas (art. 1870, inc. 6, y art. 1936), consagra nuevamente la posibilidad de ratificar los actos realizados sin mandato en el art. 369 (14) y ss. y cctes.
Sin embargo, cabe resaltar que el Código Civil y Comercial de la Nación no contiene una norma idéntica o similar al art. 1870 inciso 6 del Código Civil derogado, es decir, ya no existe una norma expresa que consagre la preeminencia de la ley procesal local por sobre la legislación sustancial en materia de procuraciones judiciales.
Esto podría modificar la postura de aquellos que -con fundamento en la interpretación armónica del art.42 «in fine» CPCCSF y el art. 1870 inciso 6 hoy derogado- propugnaban la inadmisibilidad de la ratificación de los actos realizados sin poder, justamente por la la ausencia de una norma idéntica o similar al art. 1870 inciso 6 en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Así, esbozadas brevemente las distintas posturas y opiniones sobre el tema en cuestión, corresponde ahora analizar el fallo de nuestro Máximo Tribunal que motiva este artículo.
FALLO «BAMBOSSI» (15)
El precedente citado, fruto de una reñida votación (4 -vocales Dres. Gutiérrez, Gastaldi, Erbetta y Falistocco- a 2 -vocales Dres. Spuler y Netri) sostuvo la factibilidad de ratificar los actos realizados sin poder.
Hasta el momento, la Corte había admitido la ratificación de los actos realizados con poder, que se exhibía o presentaba en juicio en forma tardía. Es decir, se convalidaba la actuación del personero en el supuesto en que el poder existía al tiempo de su invocación, pero se acompañaba en forma tardía al pleito.
Ahora bien, en este decisorio, la Corte Suprema en su afán de evitar injusticias, consideró osadamente como válida la actuación del personero que acompañó al expediente un poder con fecha posterior a su invocación y anterior a la resolución de nulidad del tribunal «a quo». Es decir, se convalidó la actuación del representante que acompañó al pleito un poder de fecha posterior al de su invocación.
Así, la Corte borró de un plumazo la última parte del art. 42 CPCCSF, admitiendo sin medias tintas la ratificación de los actos realizados sin poder.
A renglón seguido, indicaremos los argumentos esgrimidos por los vocales que conformaron el voto de la mayoría.
El Dr.Gutiérrez sostuvo que declarar la nulidad de todo lo actuado «… una vez acreditada en el expediente la personería para actuar por parte de los profesionales en nombre de este, si bien con fecha posterior a la demanda, pero con anterioridad al dictado de dicha resolución, importa sacrificar la posibilidad real de acceso a la jurisdicción por parte del recurrente». Y agrega lo siguiente: «… la hermenéutica de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva».
Por su parte, el Dr. Erbetta, además de adherir al voto indicado en el párrafo anterior, sostuvo que si bien se presentó un poder de fecha posterior a la de su invocación, y ello equivaldría a un poder inexistente, “(…) pero también lo es que su otorgamiento impone una suerte de ratificación de lo actuado sin poder que deja sin sustento el presupuesto básico del artículo 42 del código de rito, que no es otro que evitar que un presunto mandante desconozca -por inoponibles- los efectos de la cosa juzgada y de la sentencia recaída en un proceso en el cual actuara un seudo personero suyo».
A su vez, el Dr. Falistocco adhirió al voto del Dr. Erbetta y la Dra. Gastaldi expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el Dr. Gutiérrez.
El voto de la minoría fue expresado por el Dr. Spuler, al cual adhirió el Dr.Netri, que sostuvo que «… el ordenamiento jurídico aplicable exigía que el representante del actor cuente al momento de la interposición del recurso contencioso administrativo con mandato suficiente para ello, situación que no se configuró». Y agrega que «… es un principio hermenéutico que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de sus términos o su espíritu (Fallos 315:1256), y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente son prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en la norma (Fallos 329:3470) ».
En definitiva, la Corte Suprema provincial admitió la ratificación de los actos realizados sin poder, pese a que el art. 42 «in fine» prescribe lo contrario; y en tal sentido, convalidó los actos procesales realizados por el personero sin contar con poder de su representado a la fecha de su invocación. Para decidir de tal forma, el Tribunal entendió que el acompañamiento postrero al expediente de un poder con fecha posterior a la de su invocación y anterior a la resolución de nulidad del tribunal de la instancia de origen, importa la ratificación por el representado de los actos efectuados por su representante.
El precedente «Bambossi» constituye un hito en la materia, pues en consonancia con la normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación, admite la ratificación de los actos realizados sin poder, pese a que el art. 42 CPCCSF prescribe lo contrario.
Nos parece acertado el decisorio referido, pues lejos de adoptar una visión simplicista del conflicto aplicando sin más la letra de la norma procesal (art.42 «in fine» CPCCSF) tal como lo hizo el voto de la minoría, optó por realizar una interpretación armónica de las normas de fondo y de forma en danza, ponderando los principios y garantías constitucionales en juego.
El Máximo Tribunal advirtió que la aplicación irrestricta de la norma procesal mentada, conducía a un vaciamiento de las normas de fondo e implicaba una lesión a la garantía de defensa en juicio y acceso a la jurisdicción.
Seguramente, se presentaran quienes critiquen este precedente, argumentando que no resulta posible desplazar la aplicación de una norma procesal por contradecir una norma sustancial, puesto que la primera tiene preeminencia sobre la segunda, ya que las provincias se reservaron la facultad de dictar sus propios Códigos de Procedimientos.
Sin embargo, es harto conocido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño viene validando la constitucionalidad de las normas procesales contenidas en las leyes de fondo, afirmando que si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales, y por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos, establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar (16).
En resumen, a raíz del fallo «Bambossi», podemos afirmar que hoy existen tres posturas sobre la materia:
Aquellos que defienden a ultranza la letra de la norma contenida en el art. 42 «in fine» CPCCSF, y sostienen que si el poder no existía a la fecha de su invocación, o bien, no se acompaña al p leito dentro del plazo fijado por el juez, se debe declarar la nulidad de lo actuado.
Una postura intermedia, que si bien admite la declaración de nulidad de lo actuado por el personero ante la inexistencia de mandato anterior o concomitante a su invocación en el proceso, rechaza la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado ante la presentación tardía del instrumento de mandato.
3.Y por último, la opinión vertida en el fallo en estudio, que propugna la admisibilidad de la ratificación de lo actuado por el personero sin poder.
Para concluir, insistimos que el precedente en estudio resulta de una inusitada importancia para quienes litigamos en los tribunales provinciales, puesto que -según la opinión de nuestro Máximo Tribunal- ya no resultan nulos los actos procesales realizados por el personero sin poder, si su actuación resulta luego ratificada por su representado mediante la exhibición de un poder, aunque sea otorgado con fecha posterior a su invocación.
(1) CCC Rosario: Sala 2 Integrada, «Banco Unión Com. e Ind. Buci c/ Nasurdi Carlos P. y/o s/ Juicio Ejecutivo», 26/7/1994, Zeus, t. 66, J-391.
(2) CCC Rosario: Sala 4, «Cerrudo Blanca A. c/ Araya Mirtha B. y otra s/ Ejecución hipotecaria», 23/2/1996, Zeus, t. 72, J-11.
(3) Acuerdo N.º 3/1969, N.º 52/1969, N.º 132/1969 de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, citados en el voto del Dr. Dedoménici Sánchez en el fallo pleno de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario «Fata Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. S. R. L. y otro», del 8/10/1979.
(4) CCC Rosario: «Laborde Alfredo c/ Riccardi Rafael», 17/9/1973, Juris, t. 45, p. 10.
(5) CSJSF,: «Verino Eclair Rosalía c/ Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S. A. -Accidente de trabajo- s/ Recurso de insconstitucionalidad», 29/7/1992, 3202/12.
(6) CSJSF: «Lima José Luis c/ Panificación Buenos Aires y / o Gerardo Segantini -cobro de australes- s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad», 10/4/2002, 13.564/12.
(7) Ello no ocurre en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, en el art. 48 , recepta la figura del gestor, permitiendo que la parte ratifique los actos realizados por el gestor.
(8) CHIAPPINI, Julio, y CARRILLO, Hernán Gonzalo: Derecho Procesal Incidental. Rosario, Zeus Editorial S. R. L., 1993, p.23 y 24.
(9) CCC Rosario: Sala 2, Movigas S. R. L. c/ Brossa Sergio s/ Ejecutivo», 14/12/1992, Zeus, Tomo 61. J-216.
(10) GARCIA GRANDE, Maximiliano: «Ratificación equivale mandato (art. 1936 Código Civil) vs. La ratificación de los actos sin poder es inadmisible (art. 42 Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe)», en el boletín Zeus N.º 8028 el 22/9/2006.
(11) CCC Rosari:o Sala 4, «Aghem Héctor y / o c/ Banco Español del Río de la Plata Ltdo. S. A. s/ demanda ordinaria», 16/12/1992, Zeus, Tomo 61. J-171.
(12) MACHADO, José O.: Exposición y comentario al Código Civil argentino. Buenos Aires, Félix Lajouane Editor, 1899, t. 5, p. 160.
(13) CSJSF: «Beton Construcciones c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (excepción falta de personería y defecto legal el modo de proponer la demanda)», 16/5/1985, 1285/12. En esa oportunidad, el Tribunal resolvió que el caso sometido a decisión, no versaba sobre la ratificación de actos realizados sin poder (pues el poder existió), sino de precisar con nitidez el objeto enunciado en el instrumento; y, por tanto, resolvió intimar al actor para que en el plazo de tres días subsane adecuadamente la deficiencia señalada.
(14) Art. 369(ref: LEG66465.369) del CCivCom: «La ratificación suple el defecto de representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada, con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad».
(15) CSJSF: «Bambossi, Hugo Benjamín c/ Provincia de Santa Fe -Recurso Contencioso Administrativo- s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Concedido por la Cámara-», 7/3/2017, 116/17.
(16) Fallos 138:157; 146:254; 162:376; 190:124; 254:282, citados por BERIZONCE, Roberto O.: Poderes de la Nación para instituir normas procesales, 5/4/2016, LL 2016-B, 1005.
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