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Novedades legislativas y reglamentarias - Septiembre 2015 - Lexology
Novedades legislativas y reglamentarias - Septiembre 2015
Spain September 4 2015
Relevante novedad supone la modificación de la Ley de Montes de 2003, transcurridos diez años desde su aprobación de la Ley de Montes, y a raíz de haberse detectado algunos aspectos que es conveniente mejorar; otros que, debido al desarrollo posterior de la legislación nacional o autonómica, es preciso adaptar; y, finalmente, otros en cuyo desarrollo hay que avanzar más, tanto con respecto del texto originalmente aprobado de la ley como de la primera modificación realizada en 2006.
La primera finalidad de las modificaciones en determinados aspectos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, es la de ajustarse, a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la impugnación de múltiples preceptos de la ley originalmente aprobada, fundamentalmente la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, la Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2013, de 13 de abril, y la reciente Sentencia 97/2013, de 23 de abril. Otra de las novedades (de índole comunitaria) es la consideración, como un nuevo principio inspirador de esta ley, de los montes como infraestructuras verdes, en sintonía con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2013) 249 final, de 6 de mayo de 2013, denominada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa», puesto que constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden.
Adicionalmente se reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles, es decir, su capacidad de cumplir simultáneamente con varias funciones económicas, ecológicas y sociales, incluyendo las culturales (materiales e inmateriales), sin que ninguna de ellas vaya en detrimento de las demás. También destaca como novedad la sistematización de las facultades que corresponden a la Administración General del Estado derivadas del vigente marco constitucional, de las que se destacan, entre otras, la coordinación de la elaboración y la aprobación de las directrices sobre distintos aspectos de la lucha contra incendios forestales, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, independientemente de que ambas cuestiones se elaboren en estrecha coordinación con las comunidades autónomas.
Relevante cuestión supone reflejar en la ley la competencia de la Administración General del Estado derivada del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT (Aplicación de la legislación forestal, gobernanza y comercio) aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea. La aplicación de esta política se realizará conforme a las competencias de cada Administración, por lo que figura como competencia compartida. El cuadro de competencias compartidas se cierra con la inclusión de aquellos aspectos en materia de conservación y ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas que superan el ámbito de una comunidad autónoma, cuya coordinación conviene sea ejercida por la Administración General del Estado.
Entre otros extremos dignos de mención y que destacan por su singular casuística (y que obligan a una lectura atenta de la Ley para comprobar cómo queda cada tema, en el ajuste puntual a lo que a cada uno interesa) la norma establece una clasificación de los montes en grupos disjuntos, primero según su titularidad y seguidamente por su afección a un interés general, que es el factor que determina las características de la gestión de que deben ser objeto. La especial importancia de estos montes, ya sean públicos o privados, derivada de los valores singulares que incorporan, les hace acreedores de una peculiaridad que justifica la adopción de una regulación y unos registros propios, diferentes para cada titularidad, a través de los cuales las Administraciones puedan velar por su especial protección y salvaguarda.
Se mantiene, sobre el ya difícil cambio de uso forestal con carácter general, la prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en un terreno incendiado. Se añade, sin embargo, una excepción (que ha motivado incluso críticas previas a la aprobación de la nueva Ley), para terrenos en que concurran razones imperiosas de interés general de primer orden que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley, lo que exige un proceso de participación pública y un pronunciamiento con sede en la soberanía popular (añadiéndose medidas compensatorias).
Se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, no como licencia o requisito previo para desarrollar su correspondiente actividad, sino con el carácter de instrumento de cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y de la diligencia debida que deben tener a efectos de legalidad, así como fuente de información estadística, base para la planificación forestal a escala regional y nacional.
En el obligado orden de infracciones y sanciones, la aplicación del esquema de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se ha mostrado deficiente al tener sólo en cuenta el tiempo necesario para la recuperación del daño ambiental como factor de gravedad, obviando la dimensión del mismo. Como corrección se introduce una medida de la importancia de dicho daño como moduladora de la gravedad de la infracción, de forma que, tanto las infracciones produzcan daños que tardaren mucho tiempo en recuperarse, como las que ocasionaren daños muy cuantiosos –estimados mediante el valor de reposición– se considerarán graves o muy graves, según los casos. Esto implica que este segundo factor, que en la redacción anterior se consideraba como agravante, deja de serlo, pues no se debe utilizar dos veces en la calificación de la infracción. También incide en la gravedad la reincidencia en faltas de menor gravedad.
Novedad relevante en este ámbito es la introducción de una nueva infracción por violación de los preceptos derivados de la aplicación del Reglamento n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, sobre aseguramiento de la legalidad de los productos de madera, y la normativa europea derivada, cuestión que tiene reserva de ley. En ella el valor de la madera introducida en el mercado contraviniendo la normativa es el que define la gravedad de la infracción.
Rompiendo el principio de sedes materiae (que diariamente resulta olvidado por todos los legisladores) la Ley incorpora una serie de preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de febrero. Esta sentencia ha declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el artículo 72.3 de su Estatuto de Autonomía. La declaración de inconstitucionalidad ha generado incertidumbre y pone en riesgo el normal funcionamiento del trasvase. Con el firme propósito de evitar esta situación, en la presente Ley se da cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal.
Con una indudable trascendencia en todos nuestros ámbitos de análisis agroalimentario, la ley centra su objeto en los aspectos técnicos de las reglamentaciones técnico-sanitarias y en la normativa de la Unión Europea y nacional que regula las características de los alimentos o sus procesos de producción y que tienen contenido esencialmente económico por estar dirigidos a intentar prevenir fraudes alimentarios y mejorar la calidad de los bienes puestos en el mercado, superponiendo a todas ellas unos sistemas comunes de autocontrol, autocontrol acreditado, control oficial administrativo y régimen sancionador de su incumplimiento. Asimismo, incluye las normas de etiquetado facultativo que si bien no son obligatorias en el sentido de que sean vinculantes para todos los operadores, actúan como normas de obligado cumplimiento en cuanto a sus condiciones en caso de que éstos decidan libremente acogerse a la posibilidad de etiquetar esos elementos adicionales.
Junto a los contenidos anteriores interesa destacar que se ordena en la nueva norma que no procederá la aplicación del mencionado Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, para los productos alimenticios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, ni a los operadores de dichos productos en las etapas de la cadena alimentaria desde la consideración del producto como alimento de acuerdo con el citado Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, hasta la transformación, incluidos los almacenes mayoristas y de distribuidores mayoristas, así como el transporte entre todos ellos, sin olvidar a los intermediarios mercantiles con o sin almacén.
De otro lado se constata que en los últimos años se ha producido un incremento substancial de los sistemas privados de certificación de calidad y que estas certificaciones están basadas en normas internacionalmente reconocidas, confiando la garantía de que los productos cumplen los requisitos establecidos a una tercera parte independiente de los intereses de los operadores del mercado y de los consumidores: las entidades de certificación o de inspección.
Junto a lo indicado, se contienen un régimen de infracciones y sanciones específico para el caso del ganado vacuno y porcino así como nuevos mecanismos para homogeneizar homogeneización el trato de las empresas alimentarias en todo el territorio español, independientemente de la comunidad autónoma donde se asienten, desde el punto de vista del control de calidad y de la aplicación del régimen sancionador, determinando un único instrumento legal dotado además de carácter básico. La existencia de distintos mecanismos de control no puede suponer para el operador en ningún caso trabas al ejercicio de su actividad, ya que ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen la libre circulación de bienes o servicios. Interesa destacar, finalmente, la creación como grupo de trabajo de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, que se constituye como instrumento básico de cooperación entre las Administraciones.
Establece el preámbulo de la disposición que mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.º 595/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1788/2003 del Consejo, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, cuyas disposiciones fueron incorporadas al Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, se establece la posibilidad, para los Estados miembros, y a fin de reducir la carga financiera para los productores que deben pagar una tasa por excedentes en relación con el período de tasa láctea 2014/15, de decidir percibir el importe adeudado según un régimen de pago escalonado.
Continua señalando que la situación crítica que atraviesa el sector lácteo hace imprescindible hacer uso de la citada posibilidad, que permitirá a los productores con dificultades financieras hacer frente de forma escalonada al pago de la tasa sin intereses. El beneficio financiero de este escalonamiento constituye, según dispone el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, una ayuda de minimis en el sector agrario, que se concede de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artícu- los 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola que resulta de aplicar a la cantidad que se escalona en los ejercicios 2016 y 2017, el tipo de base en vigor a 1 de octubre de 2015 más un punto porcentual, de acuerdo con la comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y actualización (2008/C 14/02).
Mediante este real decreto se refuerza el sistema de declaraciones obligatorias, ampliando la información que estas deberán contener y la periodicidad de su remisión, que pasa de ser anual a ser mensual y que afecta a las declaraciones de existencias y producciones. Se crea así un sistema unificado de información en el sector vitivinícola, que incluirá un registro de operadores señalando la información mínima que deben contener las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.
Este sistema de declaraciones mensuales por parte de los operadores permitirá realizar un seguimiento y análisis más pormenorizado de la realidad mediante la implantación de un sistema adicional de información sectorial. Dadas las modificaciones sustanciales que se incorporan procede la adopción de un nuevo real decreto que unifique toda la normativa en la materia y dé respuesta a las necesidades mencionadas del sector vitivinícola, así como a las obligaciones de comunicación previstas en la normativa comunitaria. Se deroga por ello el Real Decreto 1303/2009, de 30 de julio.
El sistema unificado de información en el sector vitivinícola quedará adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -que será el responsable de su funcionamiento coordinado- señalando en colaboración con las comunidades autónomas los protocolos técnicos necesarios para su correcto funcionamiento
El real decreto desarrolla el procedimiento para la aplicación en nuestro país el nuevo régimen derivado del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, el cual viene a establecer un nuevo sistema para la gestión de plantaciones de viñedo a nivel de la UE basado en autorizaciones (complementado por otros reglamentos delegados posteriores).
Se produce ello puesto que la Unión Europea ha fijado normas relativas a la concesión de autorizaciones de manera que todos los solicitantes estén sujetos a normas similares en toda la Unión y así evitar que se enfrenten a desigualdades injustificadas, retrasos excesivos o una carga administrativa desmesurada. Se deben mantener esos principios en España de manera que la aplicación sea uniforme, no se produzca discriminación y se pueda cumplir con las normas de admisibilidad y prioridad establecidas para todos por igual. Para ello se ofrece un especial protagonismo al sector, puesto que las organizaciones interprofesionales del sector vitivinícola y los órganos gestores de las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas pueden realizar recomendaciones sobre limitaciones y restricciones a la plantación, siempre que concurran determinadas circunstancias.
España se ha declarado libre del serotipo 1 en la franja norte y este de su territorio peninsular con base en los requisitos para la declaración de zona libre frente a un serotipo establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1266/2007, de la Comisión, de 26 de octubre, por lo que se ha estimado que el uso de vacunas inactivadas, así como el periodo estacionalmente libre, representan la forma más adecuada de ofrecer las garantías sanitarias necesarias en los movimientos de las especies que potencialmente puedan diseminar la enfermedad en nuestro territorio, dentro y entre las zonas restringidas y desde estas hacia zona libre. En consecuencia, procede derogar la Orden AAA/88/2015, de 29 de enero, a fin de definir las nuevas zonas de restricción frente al virus de la lengua azul en España, establecer las zonas de vacunación obligatoria para ambos serotipos, así como las condiciones para el movimiento dentro y entre las zonas restringidas y hacia las nuevas zonas libres.

References: artículo 72
 Real Decreto 
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