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Timestamp: 2016-12-08 14:56:26+00:00

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LEY 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid	LEY 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid Mis Leyes
LEY 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid Estado	:
TÍTULO I. DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
CAPÍTULO II. ACCIÓN PROTECTORA.
CAPÍTULO III. DE LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL.
SECCIÓN I. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.
SECCIÓN II. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
CAPÍTULO V. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
SECCIÓN I. GESTIÓN.
SECCIÓN II. PARTICIPACIÓN.
CAPÍTULO II. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
CAPÍTULO III. COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Artículo 46. Competencias de los Municipios.
TÍTULO III. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
TÍTULO IV. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
TÍTULO V. DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LOS SERVICIOS SOCIALES.
TÍTULO VI. DE LA ATENCIÓN SOCIAL A LA DEPENDENCIA.
TÍTULO VII. DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de los artículos 6 y 13 de la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Consejo Interadministrativo y Consejo Regional de Servicios Sociales.
El Estado social y democrático de derecho, tal como se define en la Constitución Española, compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9.2), así como en el cumplimiento de los objetivos que hagan posible el progreso económico y social. De esta forma nuestra Constitución incorpora los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, donde los derechos sociales y económicos se colocan en el mismo orden de importancia que los derechos civiles y políticos.
Por todo ello se hacía indispensable acometer la tarea de llevar a cabo una actualización de la norma básica que regula los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, de modo que ésta responda a la realidad presente, e incluso señale nuevos caminos para el futuro de los mismos. La elaboración de esta ley se ha realizado a través de un proceso participativo, en el que han intervenido desde responsables políticos en el ámbito autonómico y municipal, a técnicos, entidades, asociaciones, profesionales y ciudadanos en general, respondiendo a la convicción de que la búsqueda del consenso social y político es fundamental cuando se trata de legislar en temas tan amplios y de tan importante repercusión social como son los que afectan a los servicios sociales. Esta Ley es, por tanto, el resultado de integrar todas las aportaciones realizadas por los distintos agentes implicados en los servicios sociales en la Comunidad de Madrid.
El Título Preliminar contiene las disposiciones de carácter general que deben conducir la aplicación de la norma, tales como el objeto y ámbito de la Ley, así como la finalidad y principios por los que han de regirse los servicios sociales. Respecto a los principios, se ha procurado evitar la reiteración de conceptos similares tanto como los enunciados voluntaristas, señalando principalmente lo que deben ser pautas comunes que guíen la actividad de los servicios sociales. Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto a los servicios sociales, que no se recogían en la Ley anterior, se incluyen también en este Título general.
El Título V de esta Ley se refiere a la iniciativa privada que actúa en el ámbito de los servicios sociales. La realidad actual exige la coparticipación de los diferentes agentes (públicos, de iniciativa social o privados) en la satisfacción de las necesidades sociales que presenta la población, aunque la responsabilidad última sea de la Administración Pública y la iniciativa social tenga una consideración prioritaria frente a la iniciativa lucrativa. En la nueva situación no sólo es posible, sino también necesario, combinar el mantenimiento básico de derechos sociales con la producción mixta (pública o privada) de servicios para el bienestar social. Por ello en esta Ley se aborda con claridad lo que ya viene siendo una práctica en el ámbito de los servicios sociales, a saber, la concurrencia de distintos agentes en la provisión de servicios, en la realización de programas o en la gestión de centros.
No obstante, la tradicional colaboración de las entidades sin fin de lucro con los servicios sociales públicos y su papel de vanguardia en muchas ocasiones y de expresión de la organización de los propios afectados para la resolución de sus problemas, en otras, merecen un tratamiento especial, del que se hace eco esta Ley. Así se establece que las Administraciones responsables del sistema público de servicios sociales fomentarán, de modo preferente, la creación y desarrollo de entidades sin fin de lucro. Asimismo estas entidades podrán recibir subvenciones por parte de las Administraciones referidas y establecer con ellas convenios de colaboración.
Si bien la intervención frente a situaciones de dependencia, permanente o transitoria, que dificultan el desarrollo integral de las personas, forma parte de la actuación habitual y esencial de los servicios sociales, lo que se focaliza en esta Ley es la atención a las personas más severa o gravemente afectadas, por ser la que requiere un mayor esfuerzo e incremento de recursos. Para ello se prevé realizar las adaptaciones oportunas en cuanto a intensidad, especialización, diversificación y extensión de algunas de las prestaciones propias del sistema público.
En el mismo se prevé la creación del Instituto de Formación e Investigación en Servicios Sociales y el establecimiento de un Observatorio de la Realidad Social. Con ambas medidas se está elevando y dotando de estabilidad a unas actividades que, sin haber faltado del ámbito de los servicios sociales, precisan de un nuevo impulso que repercutirá en el avance de este sector del bienestar social en el futuro.
Responsabilidad pública: en la promoción, planificación, coordinación, control, ejecución y evaluación de los servicios sociales para dar respuesta a las necesidades detectadas, a través de análisis objetivos, conforme a criterios de equidad y justicia social.
Universalidad: los servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos, con independencia de quién esté obligado a su provisión o su pago.
Igualdad: derecho a acceder y utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad, ideología, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad será compatible con una discriminación positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y facilite la integración social.
Protagonismo de la persona: en todas las intervenciones propuestas desde los servicios sociales que afecten a su propio interés y en la gestión de su propio cambio.
Solidaridad: como valor inspirador de las relaciones entre las personas y los grupos sociales, para la cooperación de todos en el bienestar común.
Globalidad: atención integral a las necesidades y aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de prevención, atención, promoción e inserción.
Proximidad: la prestación de los servicios sociales se realizará desde el ámbito más cercano al ciudadano, mediante un reparto equitativo de recursos que permita la atención y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida y de convivencia.
Participación: se promoverá la participación democrática de los ciudadanos en la programación y control de los servicios sociales.
Concurrencia: de los diferentes agentes sociales y de la iniciativa privada, en la satisfacción de las necesidades sociales de la población, bajo la supervisión de las administraciones públicas.
Coordinación: entre las administraciones, y entre éstas y la iniciativa social o privada, con el fin de establecer actuaciones coherentes y programas conjuntos de actuación, especialmente entre aquellas implicadas en el desarrollo del bienestar social y el desarrollo integral de la persona, como son las competentes en empleo, salud, educación, vivienda y cultura.
A una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las prestaciones y recursos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos, así como sobre otros recursos de protección social a los que puedan tener derecho.
A recibir la atención social, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
A ser protegidos por la ley, tanto ellos como sus bienes, cuando no posean la capacidad de decidir por sí mismos, ya reciban cuidados en su familia o se encuentren atendidos en una institución.
A una atención individualizada que respete su identidad y dignidad, y les procure en todo momento un trato apropiado.
A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención.
A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social, y eligir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar, entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atienden su caso.
A la confidencialidad respecto a la información que sea conocida por los servicios sociales en razón de la intervención profesional, y a conocer la información existente en su historia social.
A la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio en los términos establecidos o convenidos, siempre que se mantengan las condiciones que originaron su concesión.
A cesar voluntariamente en la utilización de la prestación o servicio, salvo lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sobre internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, en los artículos 158 y 172 del Código Civil referidos a la Tutela de menores y los internamientos previstos en la Ley 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores.
A participar en los órganos de representación del sistema público de servicios sociales, así como en aquellos órganos de participación que pudieran existir en el ámbito de actuación de la iniciativa privada.
A que se respeten sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en centros donde se les presten cuidados, con garantía plena de su dignidad e intimidad.
A los derechos que, en materia de atención a menores, establece el artículo 66 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y a los establecidos por la normativa reguladora de la actividad de los centros y servicios sociales.
A estar debidamente informado de los derechos anteriormente descritos.
Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de las prestaciones de servicios sociales.
Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social.
Acudir a las entrevistas con los profesionales de servicios sociales y realizar las actividades indicadas como parte de su proceso de integración social.
Contribuir a la financiación del coste del centro o servicio, cuando así se determine por la normativa que corresponda.
Cumplir con las obligaciones correlativas a los derechos reconocidos en el artículo anterior.
Los que establezca la normativa reguladora de la actividad de los centros y servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Regular los requisitos y condiciones en que debe prestarse los servicios sociales.
Actuar como autoridad administrativa en las funciones de planificación, autorización y control de su funcionamiento.
Supervisar que se dispensan de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico que les sea de aplicación.
Garantizar la promoción y realización de políticas y acciones de carácter preventivo y de atención, promoción e integración social, a través de prestaciones, equipamientos y recursos humanos, gestionados por sí o mediante la participación de personas y organizaciones autorizadas.
Reconocer derechos personales a los ciudadanos para el acceso y disfrute de dichas prestaciones.
En general, cuantas actuaciones administrativas se orienten al mejor cumplimiento de los fines expresados en la presente Ley.
Quedan reservadas a las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, para su exclusiva utilización, los nombres de sus entidades gestoras, así como las expresiones referidas a Sistema Público de Servicios Sociales, Asistencia Social y Centro de Servicios Sociales; en cualquiera de sus formas o combinaciones, o cualquier otra que pueda inducir a confusión con las prestaciones del Sistema Público.
a. Estudio para la detección, análisis y evaluación de necesidades y demandas sociales de la población.
b. Sensibilización social sobre las necesidades sociales existentes o latentes.
c. Prevención de las causas que generan situaciones de vulnerabilidad o desventaja para las personas, mediante la intervención en contextos y grupos de riesgo.
d. Apoyo para la adquisición o recuperación de habilidades y capacidades personales que faciliten el desenvolvimiento autónomo, la permanencia en el medio habitual de convivencia y la participación en la vida social de los individuos.
e. Orientación y asistencia material, social, psicológica, sociológica y jurídica de las personas, familias o grupos que se encuentran en situaciones de dificultad, dependencia o conflicto.
f. Tutela jurídico-social de las personas en situación de desamparo, según los términos previstos en la presente Ley.
g. Apoyo a las familias en el desarrollo de las funciones que les son propias y en especial en la prestación de cuidados personales a aquellos de sus miembros que, por la edad, discapacidad u otras circunstancias, se encuentren en estado de dependencia.
h. Aseguramiento de unas condiciones de vida dignas a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes, cuando no se encuentren protegidas por la Seguridad Social u otros sistemas de protección social pública.
i. Desarrollo de actuaciones para combatir la exclusión y la discriminación y promover la inclusión social, favoreciendo así la cohesión de la sociedad.
j. Protección de los derechos de las minorías, implantando las medidas de refuerzo necesarias para facilitar su acceso normal a los recursos ordinarios.
k. Atención social y ayuda en situaciones de emergencia individual, familiar y colectiva.
l. Desarrollo comunitario de comarcas, barrios y otros núcleos de población cuya situación social así lo aconseje, mediante la elaboración de planes y programas específicos.
m. Acciones de cooperación cuyo objeto sea el fomento de la participación ciudadana, tales como el impulso de la iniciativa social, del asociacionismo u otras formas de ayuda mutua, y del voluntariado u otras modalidades de heteroayuda.
n. Promoción, en las materias propias de los servicios sociales, de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, e impulso de la participación de todos los ciudadanos en la vida social.
ñ. Cualesquiera otras que respondan a los principios enunciados en el Título Preliminar y a lo dispuesto en la presente Ley con carácter general.
Artículo 13. Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales. CAPÍTULO II.
Información de los recursos sociales disponibles, y del derecho de acceso a los mismos, para facilitar la igualdad de oportunidades.
Valoración individualizada de la situación y de las capacidades de cada persona.
Asesoramiento, apoyo y acompañamiento social a personas o grupos para la superación de situaciones problemáticas.
Intervención social, o psicológica o sociológica de orientación social, para favorecer la adquisición o recuperación de funciones y habilidades personales y sociales que faciliten la integración y la convivencia social y familiar.
Protección jurídico-social de las personas con capacidad de obrar limitada que se encuentren en situación de desamparo.
Cualquier otro acto profesional que se considere necesario para garantizar una adecuada atención social.
Prestación económica de renta mínima de inserción, a la que tendrán derecho todas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
Ayudas económicas de emergencia social, de carácter extraordinario y no periódico, destinadas a facilitar la superación de situaciones en las que concurra una necesidad económica coyuntural.
Ayudas económicas temporales para apoyar procesos de integración social y desarrollo personal.
Ayudas económicas a particulares para el fomento del acogimiento familiar de menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.
Cheque-servicio, modalidad de prestación económica otorgada a personas o a familias para que con ella atiendan al pago de centros o servicios que hayan sido indicados para responder con idoneidad a su situación.
Ayudas económicas de análoga o similar naturaleza y finalidad que las anteriores.
La atención residencial, que comporta alojamiento, continuado o temporal, sustitutivo del hogar.
La atención diurna, que ofrece cuidados personales, actividades de promoción y prevención o aplicación de tratamientos de forma ambulatoria.
Atención domiciliaria, consistente en ofrecer un conjunto de atenciones a personas o familias en su propio domicilio, para facilitar su desenvolvimiento y permanencia en su entorno habitual.
Manutención, que consiste en proporcionar alimentos preparados para su consumo, ya sea en locales de atención colectiva o en el propio domicilio del usuario.
Cualesquiera otras de naturaleza similar que se establezcan como respuesta a la evolución en las necesidades de la población y de los avances en las formas de atención.
DE LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
2. La atención a cada sector deberá articularse de forma complementaria desde los servicios sociales de atención primaria y especializada que se describen en la Sección I del Capítulo IV del Título I.
El impulso de una mayor valoración y presencia de los niños/as y adolescentes en la vida social y el fomento de la participación y corresponsabilidad de los mismos en su propio proceso de socialización.
La detección de sus necesidades y la promoción de actuaciones integrales para favorecer su desarrollo físico, psíquico y social.
La prevención de situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social de los menores de edad, y la intervención y seguimiento social en los casos indicados.
La protección jurídica y social de los menores en situación de desamparo, procurando el mantenimiento del menor en el medio familiar y, en su caso, la aplicación de recursos alternativos cuando la convivencia familiar sea imposible o contraria al interés del menor.
La atención para la reinserción social de los menores infractores.
La atención a los grupos familiares mediante la orientación y el apoyo familiar y las ayudas para superar la insuficiencia de recursos personales o materiales para atender adecuadamente las necesidades de los menores.
El reconocimiento de la diversidad y el derecho a la diferencia, que exige disponer de servicios apropiados para situaciones personales distintas.
La atención a grupos de mayor riesgo a través de programas específicos.
El fomento de la participación activa de la persona en la respuesta a sus problemas mediante la utilización de todo tipo de recursos normalizados.
La protección jurídica de las personas adultas en situación de desamparo.
Favorecer la atención integral de las necesidades que se plantean en esta etapa de la vida.
El impulso y la facilitación a través de programas y medidas que permitan a estas personas su aportación a la sociedad, como uno de los mejores instrumentos de su integración social.
Promover la autonomía de las personas mayores, estimulando el desarrollo de sus habilidades en beneficio de su bienestar físico y psíquico.
Facilitar el mantenimiento de la persona mayor en su medio, a través de medidas que posibiliten su permanencia en el hogar propio o familiar.
La protección jurídica de las personas mayores en situación de desamparo.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL.
Detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e implícitas, en su ámbito de intervención.
Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas individuales o colectivos.
Atención profesional personalizada, que incluye todas las prestaciones de carácter técnico, excepto la de protección jurídica y social de los menores en situación de desamparo en el caso de municipios con población inferior a 500.000 habitantes.
Gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social y ayudas económicas temporales, así como colaboración en la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, en los términos que establece la Ley que regula esta prestación, y gestión de cuantas otras prestaciones de naturaleza económica pudieran delegarse.
Fomento de la participación, la solidaridad y de la cooperación social.
Coordinación con el nivel de Atención Social Especializada así como con otros servicios para el bienestar que operen en el mismo territorio, de manera especial con los de salud, educación, cultura y empleo, con el fin de favorecer la atención integral de las personas.
Detección de necesidades y análisis y evaluación de la demanda de servicios.
Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas singulares.
Asesoramiento, apoyo y tratamiento especializados.
Desarrollo de actividades socio-educativas, recuperadoras o rehabilitadoras.
Gestión de las prestaciones económicas, excluida la de emergencia social.
Gestión de las prestaciones materiales de atención residencial, atención diurna, manutención, atención domiciliaria, en su caso, y cuantas otras de carácter similar pudieran establecerse.
Mantenimiento de cauces de comunicación y coordinación con el nivel de Atención Social Primaria y con los otros Servicios del Bienestar Social, en especial los de salud, educación, cultura y empleo, a fin de lograr una continuidad en las atenciones, favorecer la intervención integral y mantener la vinculación de las personas con el ámbito comunitario.
Llevar a cabo planes y programas específicos por sectores de población o atendiendo a colectivos con problemáticas concretas.
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Artículo 38. Consejo Regional de Servicios Sociales. Artículo 39. Consejos Locales de Servicios Sociales.
COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La iniciativa legislativa en el ámbito autonómico que le es propio, para la autorización, establecimiento, gestión, inspección, supervisión de la calidad de los servicios sociales y ordenación del sistema en general.
El desarrollo reglamentario de la legislación autonómica sobre servicios sociales, a los efectos contemplados en la letra a precedente.
La aprobación de los Planes y Programas de Servicios Sociales previstos en el Título III de la presente Ley.
El establecimiento de mínimos de calidad en los centros y servicios, con el fin de asegurar que la prestación de servicios sociales en ellos se realiza de forma digna y adecuada.
La determinación de los servicios sociales públicos en cuya financiación hayan de participar los usuarios, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y económicas de éstos.
La reglamentación del régimen jurídico básico de los servicios públicos prestados en los centros y servicios, así como de los requisitos de acceso a las plazas convencionales, cofinanciadas y tasadas de los centros.
El establecimiento de instrumentos de coordinación entre las Consejerías que, directa o indirectamente, tengan competencias en materias de servicios sociales y conexas.
Cuantas otras competencias le atribuye la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la legislación sectorial vigente, en materia de menores, de ordenación de centros y servicios sociales, personal, contratación, y cualesquiera otras que tenga atribuidas en el ámbito de los servicios sociales.
a. El desarrollo reglamentario y ejecución de las disposiciones y acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales.
b. La elaboración de los planes y programas de servicios sociales en el territorio autonómico, al objeto de determinar prioridades, evitar desequilibrios territoriales y garantizar los niveles mínimos de protección, en coordinación con las corporaciones locales.
c. El diseño de criterios generales y modelos de intervención para la prestación de los servicios de atención social primaria y de atención social especializada, en colaboración con las Entidades Locales.
d. La cooperación para el desarrollo de la Atención Social Primaria, contribuyendo a la financiación de la red básica de servicios sociales conforme a criterios objetivos, que tomarán en consideración el tamaño de los municipios, la población en situación de dependencia, exclusión o vulnerabilidad, el nivel de renta y otros similares, consensuados previamente por la Comunidad de Madrid y las asociaciones representativas de los municipios.
e. El establecimiento de centros y servicios de titularidad autonómica para la dispensación de la Atención Social Especializada prevista en la Sección I del Capítulo IV del Título I.
f. La concesión de las prestaciones económicas de renta mínima de inserción, y de otras ayudas económicas individuales, con excepción de la emergencia social, y asimismo de las subvenciones a entidades contempladas en el Título V.
g. La gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación del sistema de Seguridad Social, así como de las pensiones asistenciales para ancianos y enfermos incapacitados, del extinguido Fondo Nacional de Asistencia Social y de los subsidios económicos contemplados en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
h. Las funciones de registro y autorización de entidades, centros y servicios, así como las de inspección, control de la calidad, potestad sancionadora y cuantas otras le sean atribuidas por la normativa reguladora de la actividad de los centros y servicios de acción social y servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
i. Estudio e investigación de las necesidades que se plantean en el ámbito de los servicios sociales, con el fin de conocer sus causas y articular los medios oportunos para su prevención y tratamiento.
j. La coordinación de las acciones de las Entidades locales y de la iniciativa privada, de acuerdo con la planificación establecida, así como la asistencia técnica y asesoramiento a las mismas.
k. Fomento de la participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del voluntariado, y de otras formas de ayuda mutua y heteroayuda.
l. Realización de programas de sensibilización social, en colaboración con las Entidades Locales, las entidades de iniciativa social y cuantas otras se encuentren interesadas en el tema objeto del programa.
m. La creación e implantación de sistemas de información y elaboración de estadísticas, así como de evaluación de resultados y de calidad en la prestación de servicios sociales sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia de calidad de los servicios a la Dirección General correspondiente.
n. El desarrollo de una acción formativa planificada en materia de servicios sociales, en especial la que deba dirigirse al personal que presta servicios en la atención social básica y en la atención social especializada, de forma que se garantice una actualización constante de sus conocimientos.
ñ. Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.
Estudio y detección de necesidades sociales en su ámbito territorial.
La planificación de los servicios sociales en su ámbito de competencia, de acuerdo con las líneas generales de actuación establecidas por la Administración autonómica.
El establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de la atención social primaria, así como el mantenimiento y la gestión de los mismos.
La dotación de personal suficiente y adecuado para la prestación de los servicios sociales en el nivel de Atención Social Primaria.
El desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de Atención Social Primaria, señaladas en la Sección I del Capítulo IV del Título I.
La gestión de los equipamientos para la Atención Social Especializada de titularidad municipal, así como la de aquellos del mismo nivel y de titularidad autonómica que se acuerden, en función del principio de territorialidad y subsidiariedad.
Concesión de las prestaciones económicas individuales de emergencia social y de ayudas económicas temporales que tengan por objeto la integración personal.
Creación e impulso de los Consejos locales de servicios sociales, regulados en la Sección II del Capítulo V del Título I.
Colaboración en las funciones de inspección y control de la calidad a las que alude el apartado h del artículo precedente.
Realización de programas de sensibilización social, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua y heteroayuda.
Las competencias que, en materia de atención a menores, atribuye a las Entidades locales la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Cualesquiera otras competencias que se le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
1. Como complemento y desarrollo del Plan Estratégico de Servicios Sociales se elaborarán, por la Comunidad de Madrid, los Planes sectoriales que se manifiesten de interés en cada momento, en virtud de las necesidades y problemas sociales detectados. En todo caso, se contemplarán planes sectoriales dirigidos a la atención social de la infancia y adolescencia, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia, los extranjeros inmigrantes, y las personas en situación de exclusión social. Tendrán un período de vigencia plurianual y serán elaborados contando con la participación de las Entidades Locales y de los distintos interesados en el área que se planifica.
Análisis de las necesidades y de la demanda social que motiva el Plan.
Definición de los objetivos de cobertura y establecimiento de períodos temporales indicativos para su consecución.
Tipificación y distribución territorial de los recursos necesarios para el logro de los objetivos previstos.
Criterios y mecanismos indicados para el seguimiento y la evaluación del Plan.
Cuantos otros aspectos se consideren precisos para conseguir una planificación objetiva y adecuada a las necesidades de servicios sociales.
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Los créditos para gastos que, anualmente, se consignen para programas de servicios sociales en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Las asignaciones presupuestarias que figuren en los Presupuestos de las Corporaciones Locales para servicios sociales.
Los recursos de carácter extraordinario que se destinen por las Administraciones autonómica y locales para servicios y actividades sociales.
Las subvenciones, donaciones, herencias, legados y cualquier otra aportación voluntaria de personas físicas y jurídicas, para fines de servicios sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Las aportaciones de los usuarios de centros y servicios que, en su caso, pudieran establecerse.
Cualquier otro recurso que pudiera corresponder al sistema público de servicios sociales.
2. La Comunidad de Madrid incluirá en sus Presupuestos Generales anuales créditos para la colaboración en el cumplimiento de las funciones de Atención Social Primaria, con objeto de garantizar que todos los ciudadanos de la región reciben un nivel básico de prestaciones sociales. Por lo que se refiere a las funciones de Atención Social Primaria que se regulan en los apartados a, b, c, d, e y j del artículo 31 de la presente Ley, la Comunidad de Madrid colaborará en su financiación cuando aquellas se realicen a través de fórmulas de gestión directa.
DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LOS SERVICIOS SOCIALES.
1. Las Entidades privadas con ánimo de lucro que contemplen entre sus fines la realización de actividades de servicios sociales y se encuentren debidamente autorizadas para llevarlas a cabo, así como los centros y servicios de ellas dependientes, deberán someterse a las prescripciones legales contenidas en la Ley de ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción social y de la mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Tendrán, asimismo, la consideración de entidades prestadoras de servicios sociales.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá conceder subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro o de voluntariado social que presten servicios sociales y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la actividad de los centros y servicios sociales y en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Creación, modificación, adaptación y equipamiento de centros y servicios referidos a las áreas de actuación social a que se refiere esta Ley.
Mantenimiento de centros y servicios.
Promoción de programas y actividades de servicios sociales, en especial aquellos que tengan carácter innovador o se dirijan a grupos de población necesitados de atención social preferente.
Fomento del asociacionismo de iniciativa y objeto social, del voluntariado y otras formas de ayuda mutua.
Promoción de acciones formativas en el ámbito de los servicios sociales.
Actividades de I+D relacionadas con el ámbito de los servicios sociales.
Otras subvenciones de análoga o similar naturaleza y finalidad que las anteriores.
DE LA ATENCIÓN SOCIAL A LA DEPENDENCIA.
Prevenir la dependencia, evitar su agravamiento y reducir al máximo sus consecuencias en la vida de las personas y los grupos familiares en que se integran.
Ayudar a las personas en situación de dependencia, proporcionándolas la protección necesaria, facilitando su acceso a los servicios sociales más indicados y disponiendo las ayudas económicas y técnicas apropiadas.
Llevar a cabo medidas de habilitación personal y social que permitan a las personas en situación de dependencia recuperar la máxima autonomía posible.
Promover medidas y recursos que favorezcan su participación en las actividades de la vida social.
Respeto a la autonomía y a la dignidad de la persona dependiente.
Protección del bienestar y desarrollo personal de la persona dependiente y de sus cuidadores.
Recursos diversificados y adaptados a las diferentes situaciones de dependencia.
Participación de los usuarios en el coste de los servicios de atención social a la dependencia.
2. De conformidad con lo establecido en el |Título III de esta Ley, se elaborará un Plan de Atención Social a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, que contendrá los indicadores de cobertura según los grados de dependencia, la previsión del crecimiento de recursos necesario, así como su financiación, distribución territorial y calendario de implantación, para conseguir la atención adecuada en las situaciones de dependencia.
Atención domiciliaria intensiva.
Ayuda individual o familiar a través del cheque-servicio.
Apoyo a las familias y cuidadores informales.
Ayudas instrumentales.
Cualesquiera otras de carácter técnico, económico o material que pudieran establecerse en respuesta a las necesidades de la población y como consecuencia de los avances en las formas de atención.
6. Las personas en situación de dependencia, o sus representantes legales, participarán en el coste de las prestaciones de carácter material a través de las fórmulas de precio público, cofinanciación, precio tasado u otras que se determinen, al amparo de lo establecido en el Título IV de esta Ley.
Formación teórica y práctica adaptada para permitir la óptima realización de sus tareas y la dispensación de los cuidados apropiados.
Información respecto a los recursos, derechos y ayudas a los que pueden acceder.
Programas de respiro, que presten atención a la persona dependiente cuando el cuidador habitual no pueda hacerlo, o que permitan realizar a éste actividades de relación o descanso para mantener su bienestar psíquico, físico y emocional.
Facilidades para la conciliación de la vida profesional y familiar y promoción de la corresponsabilidad en la ayuda a la persona en situación de dependencia dentro del hogar, sin discriminación en función del sexo.
DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES.
Estudio de las causas y factores que determinan el cambio social y sus efectos en el campo de los servicios sociales.
Análisis de los sistemas de organización más adecuados para la gestión de los servicios sociales.
Análisis de la demanda y de su impacto en la adecuación, oportunidad y coste de los servicios sociales.
Análisis de coste-beneficio en los diseños para la creación de equipamientos sociales.
Estudio prospectivo de las características y necesidades que puedan presentar los distintos grupos de población atendidos por los servicios sociales, con el fin de desarrollar estrategias de prevención y sensibilización.
Evaluación, cuantitativa y cualitativa, de las medidas contenidas en Planes y Programas de servicios sociales.
Realización de los estudios que procedan para adquirir un mejor conocimiento de la situación, necesidades de atención, aspiraciones y expectativas de los ciudadanos a quienes se dirigen las prestaciones de servicios sociales.
3. La naturaleza jurídica del Instituto de Formación e Investigación será la de Órgano de Gestión sin personalidad jurídica, de los previstos en el artículo 2.1.b de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. Las funciones, medios personales y materiales, y régimen de funcionamiento del Instituto se determinarán reglamentariamente, de acuerdo con lo previsto en la disposición final segunda de la presente Ley.
Artículo 6. Sedes de los Consejos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Consejo Interadministrativo y Consejo Regional de Servicios Sociales. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Instituto de Formación e Investigación en Servicios Sociales.
2. La naturaleza jurídica de las Agencias Madrileñas de Gestión de Recursos Sociales será la de Organismo Autónomo, de los previstos en el artículo 2.1.a de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y se adscribirán a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
3. La Ley de creación de las Agencias Madrileñas de Gestión de Recursos Sociales establecerá de forma expresa la subrogación de las mismas en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones del Organismo Autónomo Servicio Regional de Bienestar Social, así como la integración y adscripción del personal que desarrolle sus funciones en el Servicio Regional de Bienestar Social, que continuará rigiéndose por las disposiciones legales que le sean de aplicación atendiendo a su vinculación jurídica, procediéndose en ese momento a la extinción del Servicio Regional de Bienestar Social.
2. La naturaleza jurídica del Instituto de Formación e Investigación en Servicios Sociales será la de Órgano de Gestión sin personalidad jurídica, de los previstos en el artículo 2.1.b de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y se adscribirá a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Madrid, a 27 de marzo de 2003.
Artículos 13, 38 y Disposición transitoria primera:
Derogada por Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.
LEY 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de MadridORDEN 2656/2007, de diciembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2008 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de mantenimiento de centros y servicios y desarrollo de programas, para la atención social especializada al sector de personas con enfermedad mental crónica ORDEN 2655/2007, de 27 de diciembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de convocatoria para 2008 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de inversiones, para la atención social especializada al sector de personas con enfermedad mental crónica ORDEN 1/2008, de 9 de enero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2008 de ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidadORDEN 15/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria anual de subvenciones por los conceptos de mantenimiento de centros y servicios e inversiones, a instituciones sin fin de lucro para atención a las personas mayores para el año 2008ORDEN 17/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se convocan subvenciones para el año 2008, destinadas a proyectos en el Área de Familia de la Comunidad de Madrid dirigidas a instituciones sin fin de lucroORDEN 2359/2008, de 16 diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Voluntariado durante el año 2009ORDEN 936/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro para los años 2009-210, para acciones dirigidas a la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y para la creación y mantenimiento de redes para combatir la exclusión social y laboral, cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Objetivo Competitividad Regional y EmpleoORDEN 1229/2009, de 1 de junio, por la que se establecen bases reguladoras y se convocan subvenciones para el año 2009, destinadas a proyectos en el Área de Familia de la Comunidad de Madrid dirigidas a instituciones sin fines de lucroORDEN 1758/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2009 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de inversiones para la prestación de servicios sociales especializados (sector de atención a personas con discapacidad)ORDEN 1761/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2009, de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de inversiones, para la atención social especializada al sector de personas con enfermedad mental grave y duraderaORDEN 9/2010, de 11 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el bienio 2010-2011, de subvenciones a instituciones sin fi nes de lucro, en concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la aten ción social especializada al sector de personas con enfermedad mental grave y duraderaORDEN 571/2010, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2010 de subvenciones a entidades sin ánimo de lu cro en concepto de mantenimiento de centros e inversiones para la prestación de servicios sociales especializados a los sectores de personas sin hogar, ex-reclu sos y minorías étnicasORDEN 639/2010, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos de integración y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para la realización de proyec tos de integración en 2010 y 2011ORDEN 1112/2010, a 28 de junio, por la que se aprueban las bases regulado ras, y por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos menores de un año y al mantenimiento de una red de apoyo durante el año 2010ORDEN 1069/2010, de 6 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2010 de ayudas individuales de apoyo social a per sonas integradas en programas de rehabilitación y reinserción social de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de SaludLEY 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector PúblicoORDEN 897/2011, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para los años 2011-2012, para acciones dirigidas a la integración socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Objetivo Compe titividad Regional y EmpleoLEY 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada	Cerrar PDF
LEY 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid	Trámites

References: Artículo 46
 resolución 
 artículo 763
 artículo 66

Artículo 13

Artículo 38
 Artículo 39
 artículo 31
 artículo 2

Artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
in fine
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