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Timestamp: 2016-10-22 01:02:41+00:00

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LEY 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	LEY 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears Mis Leyes
LEY 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears Estado	:
TÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
CAPÍTULO II. LAS CONSEJERÍAS Y SU ESTRUCTURA INTERNA.
CAPÍTULO III. LOS CONSEJEROS.
CAPÍTULO IV. LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LAS CONSEJERÍAS.
CAPÍTULO V. ÓRGANOS COLEGIADOS.
TÍTULO III. LA COMPETENCIA.
CAPÍTULO II. LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA.
CAPÍTULO III. LA TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.
CAPÍTULO IV. OTRAS FORMAS DE EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.
TÍTULO IV. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.
TÍTULO V. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I. LA LENGUA.
Artículo 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa.
Artículo 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos.
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO III. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN I. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS Y DE LAS DISPOSICIONES.
SECCIÓN II. EL RÉGIMEN DE RECURSOS.
CAPÍTULO IV. LAS RECLAMACIONES PREVIAS.
CAPÍTULO V. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA.
CAPÍTULO VI. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO VII. POTESTAD SANCIONADORA.
CAPÍTULO VIII. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
TÍTULO VI. SERVICIOS JURÍDICOS.
CAPÍTULO I. EL ASESORAMIENTO JURÍDICO.
CAPÍTULO II. LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO.
TITULO VII. DE LAS RELACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El título II acoge la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma en forma de estructura jerárquicamente ordenada. Así, bajo la superior dirección del presidente y del Gobierno, la Ley considera como órganos superiores a los consejeros, y como órganos directivos a los directores generales, los secretarios generales y aquellos otros que se asimilen a éstos en rango.
La Ley detalla, respecto de cada uno de ellos, su forma de nombramiento, su estatuto personal y las atribuciones que tienen encomendadas.
Contiene una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, que establecen un período de tres meses de vacatio legis, en coherencia con la extensión y alcance de la nueva regulación.
LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
LAS CONSEJERÍAS Y SU ESTRUCTURA INTERNA.
Fijar los objetivos de la consejería, aprobar sus planes de actuación y asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
Dirigir la elaboración y la ejecución de los planes de actuación de la consejería, así como ejercer su control de eficacia y eficiencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de finanzas y en la presupuestaria.
Desarrollar, mediante orden y coordinadamente con la relación de puestos de trabajo vigente, la estructura orgánica básica que determine las funciones de las unidades administrativas de la consejería.
Dirigir y coordinar la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería.
Mantener las relaciones institucionales con los órganos superiores de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y del resto de administraciones públicas territoriales, en el ámbito de competencias atribuidas a la consejería.
Resolver conflictos de atribuciones que se puedan plantear entre los órganos directivos de la consejería o entre éstos y los órganos directivos y de gobierno de los entes que integran la administración instrumental adscritos a su consejería, así como aquellos que se planteen entre órganos o unidades administrativas que dependan de órganos directivos distintos.
Plantear, en su caso, los conflictos de atribuciones contra órganos de otras consejerías.
Resolver los recursos y las reclamaciones administrativas de acuerdo con lo previsto en legislación vigente.
Ejercer aquellas otras facultades y atribuciones que les correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
2. Son indelegables las competencias señaladas en las letras a, b, f y g, del número anterior.
Suscribir contratos en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Autorizar los convenios de colaboración y los acuerdos de cooperación que se lleven a cabo con la Administración General del Estado y el resto de administraciones territoriales, o con los entes públicos que de ellas dependan, así como aquellos que se lleven a cabo con personas físicas y jurídicas sujetas a derecho privado, y que no corresponda su autorización al Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de esta Ley.
Suscribir los convenios de colaboración y los acuerdos de cooperación cuya firma no corresponda al presidente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que prevén la letra h del artículo 11 de la Ley del Gobierno de las Illes Balears y el artículo 80 de esta Ley.
Dirigir los recursos humanos de la consejería, de acuerdo con la legislación específica.
Nombrar o, en su caso, proponer, el representante de la consejería en los órganos colegiados, si no lo prevé la normativa aplicable.
Remitir al consejero competente en materia presupuestaria el anteproyecto del estado de gastos y de la estimación de ingresos de la consejería y de las entidades públicas dependientes.
Gestionar los créditos para gastos de sus secciones presupuestarias y proponer sus modificaciones.
Autorizar y disponer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que le corresponden.
Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones les correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LAS CONSEJERÍAS.
1. Los titulares de los órganos directivos serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo a criterios de competencia profesional y de experiencia.
En el ejercicio de sus funciones les resulta de aplicación:
La sujeción al control y a la evaluación del órgano superior competente, sin perjuicio del control establecido por la legislación de finanzas y la presupuestaria.
Prestar asistencia técnica y jurídica al consejero en el ejercicio de la potestad normativa y en la producción de los actos administrativos que le correspondan, así como, en su caso, a otros órganos directivos de la consejería.
Informar, en los términos previstos en la Ley del Gobierno de las Illes Balears, sobre los proyectos de disposiciones generales tramitados por la consejería.
Elaborar, en coordinación con los directores generales, el anteproyecto del estado de gastos y de la estimación de ingresos de la consejería y de las entidades públicas dependientes.
Controlar, bajo la superior dirección del consejero, la gestión del presupuesto de la consejería.
Ejercer, de acuerdo con las directrices fijadas por el consejero, el control de la eficacia y la eficiencia de los órganos y de las unidades administrativas de la consejería.
Encargarse de las publicaciones técnicas de la consejería, así como preparar compilaciones sistematizadas de las disposiciones normativas que afecten a la consejería, y proponer refundir o revisar aquellos textos normativos que se consideren oportunos.
Gestionar el registro general, los medios materiales y los servicios auxiliares, así como otros elementos organizativos.
Ejercer aquellas otras facultades y atribuciones que le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
Elaborar los programas de actuación específicos de la dirección general que encabezan, al objeto de alcanzar los objetivos establecidos por el consejero, así como dirigir la ejecución de éstos y controlar su adecuado cumplimiento.
Impulsar propuestas normativas en las materias concernientes a su dirección general.
Proponer al consejero la resolución de los asuntos que afecten áreas de su competencia, siempre que dicha facultad no esté expresamente atribuida a otro órgano, así como proceder a su resolución, cuando les corresponda.
Dirigir los órganos y las unidades administrativas que estén bajo su dependencia.
Velar por la utilización racional y eficiente de los medios materiales y de las dependencias a su cargo.
Las finalidades o los objetivos que persigue.
La adscripción administrativa o dependencia jerárquica.
La composición y los criterios para la designación del presidente y de los otros miembros.
La dotación de los créditos presupuestarios necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA.
LA TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.
Las atribuidas directamente por la Constitución o el Estatuto de Autonomía a un órgano determinado.
Las establecidas como indelegables en la normativa estatal básica de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Las establecidas como indelegables una norma con rango legal.
Las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad Autonóma de las Illes Balears se pueden delegar en otra administración territorial de las Illes Balears, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y en la normativa reguladora de los entes territoriales.
OTRAS FORMAS DE EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.
Los secretarios generales, los directores generales y los otros órganos directivos los suplirá el órgano directivo que determine el consejero.
Si no se hubiese designado expresamente un suplente, el secretario general suplirá a los directores generales; en su defecto, el director general más antiguo en el cargo o, si dos o más tienen la misma antigüedad, el de más edad.
En defecto de designación expresa, el director general más antiguo en el cargo suplirá al secretario general o, si dos o más tienen la misma antigüedad, el de más edad.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma en su actuación debe asegurar, por medio de las medidas adecuadas, la efectividad de estos derechos.
Con este objetivo, la actuación administrativa debe procurar en la relación con los ciudadanos:
Ofrecerles el acceso igualitario a los servicios públicos.
Facilitarles un tratamiento personalizado y adecuado a sus condiciones sociales y culturales.
Mantener una relación activa, de manera que pueda anticiparse a sus necesidades y expectativas.
Velar par la mejora continua de los servicios y de las prestaciones públicas, mediante modelos de gestión enfocados hacia la innovación y la evaluación de los resultados por parte de los usuarios.
Tomar en consideración la percepción y las opiniones de los usuarios en relación con la prestación de los servicios.
Promover la utilización general de las técnicas y de los medios electrónicos, telefónicos y telemáticos, asegurando la confidencialidad de las comunicaciones.
2. Los ciudadanos tienen derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración autonómica; no obstante, los ciudadanos deberán identificar el expediente en el que se halle el documento.
Reglamentariamente se concretaran las formas de ejercicio de este derecho.
Informar permanentemente y de manera actualizada sobre la organización propia, y sobre los principales servicios y prestaciones públicas, así como facilitar toda aquella información relativa a la identificación y la localización de las diversas unidades administrativas.
Ofrecer información general sobre los procedimientos vigentes de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Informar de los medios de impugnación y de reclamación al alcance del ciudadano.
Informar y poner al alcance de las personas interesadas los modelos de declaración responsable y comunicación previa, que tendrán que incluir de manera expresa y clara los requisitos exigidos en cada caso, y que tendrán que estar publicados en el web de la comunidad autónoma, así como la relación permanentemente actualizada de todos los procedimientos en que se admiten.
Los actos dictados por el presidente adoptan la forma de decreto.
Los actos dictados por el Gobierno y por las comisiones delegadas adoptan la forma de acuerdo.
Los actos dictados por el vicepresidente y por los consejeros adoptan la forma de resolución.
Los actos dictados por otros órganos adoptarán la forma de resolución y, si se trata de órganos colegiados, la de acuerdo.
Artículo 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa. La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental podrán utilizar el catalán y el castellano, indistintamente, en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También podrán utilizarlos indistintamente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a recibir respuesta en la lengua cooficial utilizada o en la que soliciten.
Artículo 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos. 1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y por las entidades que integran la administración instrumental se pueden emplear indistintamente el catalán y el castellano, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en la lengua cooficial que deseen. Si no manifiestan en qué lengua cooficial quieren recibir la respuesta, se entenderá que optan por recibirla en la que hayan utilizado al dirigirse a la Administración.
DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Artículo 45. Del inicio del procedimiento, la declaración responsable y la comunicación previa. 1. Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud de la persona interesada, y se les tiene que asignar un código de identificación indicativo del tipo de expediente de que se trata, y del número correlativo dentro del año de inicio, que también tiene que constar.
Un año, en los procedimientos ordinarios.
Seis meses, en los procedimientos simplificados o abreviados.
El que establezca la normativa procedimental de carácter específico, si el plazo fijado es superior al establecido en las letras anteriores.
Los procedimientos para la concesión de ayudas y de subvenciones públicas.
Los procedimientos previstos en una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho comunitario.
Los actos dictados por el presidente y por el Consejo de Gobierno.
Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y las resoluciones de los consejeros, salvo que una ley establezca lo contrario.
La resolución de los procedimientos de reclamación o de impugnación a los que hace referencia el artículo 59 de esta Ley.
Los acuerdos, pactos o convenios que tengan la condición de finalizadores de los procedimientos previstos en las normas básicas del régimen jurídico.
Las resoluciones de otros órganos, cuando una norma de rango legal o reglamentario así lo establezca.
3. 4. La declaración de nulidad requerirá dictamen previo y favorable del Consejo Consultivo.
3. Artículo 56. Revocación y rectificación.
2. En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la resolución de un recurso administrativo, ni en los supuestos previstos en las letras d y e del apartado 1 del artículo 53.
LAS RECLAMACIONES PREVIAS.
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA.
Artículo 70. La Abogacía de la Comunidad Autónoma. 1. El asesoramiento jurídico del presidente y del Gobierno corresponde, con carácter general, a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma, los cuales se integran en la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO.
Artículo 74. Representación de los entes instrumentales. Artículo 75. Autorizaciones para actuar.
DE LAS RELACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
La normativa básica del Estado.
La legislación de consejos insulares en las relaciones con estas entidades.
La legislación de régimen local en las relaciones con las demás entidades que integran la administración local.
Los órganos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
Las actuaciones que se acuerde desarrollar.
La necesidad o no de establecer una organización personificada para su gestión.
El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes.
La extinción por causa distinta a la prevista en la letra anterior, así como la forma de determinar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá suscribir convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y la prestación de servicios propios de sus competencias, en los términos establecidos en el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
1. Corresponderá al presidente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la letra h del artículo 11 de la Ley del Gobierno de las Illes Balears, la firma de los convenios de colaboración y de los acuerdos de cooperación con el Estado y las comunidades autónomas, así como la de aquéllos que se suscriban con órganos constitucionales o estatutarios.
La autorización, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 19 de la Ley del Gobierno de les Illes Balears, de los convenios y acuerdos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo anterior, con independencia de cuál sea su cuantía, así como de los instrumentos de colaboración y cooperación previstos en el apartado 3 del artículo anterior.
La autorización de aquellos que, por razón de la cuantía, así lo exija la legislación presupuestaria.
Sociedades mercantiles públicas.
Artículo 86. Sociedades mercantiles públicas. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
A los Consejos Insulares.
A las entidades que integran la administración local de las Illes Balears.
A las entidades instrumentales que dependen de las administraciones citadas en las letras anteriores.
A las corporaciones de derecho público de las Illes Balears.
A los concesionarios de servicios públicos de competencia de las administraciones de las Illes Balears.
Los ciudadanos de las Illes Balears se han de poder relacionar con la Administración de la Comunidad Autónoma por vías informáticas o telemáticas.
A estos efectos, el Gobierno ha de establecer el marco normativo que permita:
La tramitación total o parcial de los procedimientos por vías informáticas o telemáticas.
La comunicación directa con los órganos y las unidades administrativas, así como también la formulación de solicitudes y demás manifestaciones.
Órgano competente para la resolución.
Normas en que se concreta la regulación del procedimiento.
Plazos máximos para resolver y notificar y efectos del silencio administrativo.
Los preceptos que quedan en vigor de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La disposición adicional segunda de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de les Illes Balears.
La Ley 5/1994, de 30 de noviembre, de representación y defensa en Juicio de la Administración de las Illes Balears.
Los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística.
Artículos 69 (apdo. 3) y 72 (apdo. 3):
Añadido por Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 70, 73 (apdo. 1) y 74:
Redacción según Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Exposición de motivos; Artículos 72, 73 y 76:
Las referencias al Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma contenidas en esta Ley se han realizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma por Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 54 (apdo. 3), 55 8apdo. 3), 74 y 86; Disposición transitoria única:
Derogado porLey 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears Artículos 37 (apdo. 3) y 41 (apdo. 2.d):
Añadido por Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículos 45 y 51 (apdo. b):
Redacción según Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículos 64 (apdo. 3):
Añadido por Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible Artículos 43 y 44 (título y apdo. 1):
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan AvanzaOrden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 17 de diciembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes BalearsLEY 5/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2008Orden del Consejero de Presidencia de 18 de febrero de 2008 por la que se aprueba la atribución de funciones a los puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia y de la Consejería de PresidenciaOrden del consejero de Turismo de 14 de enero de 2008 por la cual se aprueba la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Consejería de TurismoOrden del consejero de Vivienda y Obras Públicas, de día 15 de febrero de 2008 , por la que se aprueba la atribución de funciones a los puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Vivienda y Obras PúblicasRESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la creación del consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes BalearsRESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio marco entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el establecimiento de un Centro Colaborador Español con el Instituto Joanna BriggsOrden de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 12 de mayo de 2008 de suplencia de los altos cargos de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración para los supuestos de vacantes, ausencia y enfermedadRESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la prestación mutua de servicios de administración electrónicaOrden de la consejera de Educación y Cultura de 23 de diciembre de 2008 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del ciclo formativo de Educación infantil en la modalidad presencial que se imparte de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las Illes BalearsOrden de Consejero de Economía, Hacienda e Innovación por la cual se modifica la Orden de 14 de febrero de 2008, por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda e InnovaciónOrden de 27 de marzo de 2009, de la consejera dEducació i Cultura, por la que se regula la realización de estancias de formación en empresas de las Illes Balears del profesorado de los cuerpos de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación profesional, que imparte ciclos formativos de formación profesional y programas de calificación profesional inicialOrden de la Consejera de Interior de 23 de abril de 2009 por la que se designa la Unidad Estadística de la Consejería de InteriorLEY 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes BalearsLEY 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsLEY 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interiorOrden del Consejero de Salud y Consumo de 19 de enero de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub- venciones en materia de salud y consumoLEY 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes BalearsLEY 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears	Cerrar PDF
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References: Artículo 43

Artículo 44
 artículo 27
 artículo 81
 artículo 11
 artículo 80
 resolución 
 resolución 

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 resolución 
 artículo 59
 Artículo 56
 resolución 
 artículo 53

Artículo 70

Artículo 74
 Artículo 75
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 19

Artículo 86
 artículo 10

RESOLUCIÓN