Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/03/17/prescripcion-de-la-demanda-por-la-que-un-sobreviviente-del-atentado-de-la-amia-pretendia-ser-indemnizado-por-el-estado/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2019-08-23 02:47:54+00:00

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Prescripción de la demanda por la que un sobreviviente del atentado de la AMIA pretendía ser indemnizado por el Estado – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Ferretti Jorge Osvaldo c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-90949-AR | MJJ90949 | MJJ90949
Prescripción de la demanda por la que un sobreviviente del atentado de la AMIA pretendía ser indemnizado por el Estado, basándose en el reconocimiento mediante decreto de su responsabilidad en la falta de prevención del mismo.
1.-Corresponde confirmar la resolución apelada, y hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Estado Nacional contra la pretensión de un sobreviviente al atentado de la AMIA, de ser indemnizado ante el reconocimiento del Estado de su responsabilidad por falta de prevención en el mencionado atentado, pues la prescripción comienza a correr desde el momento de la comisión del hecho, y siendo el plazo aplicable el bianual por tratarse de responsabilidad extracontractual, el mismo ya había transcurrido en exceso al momento de interposición de la demanda.
2.-A los efectos de determinar el punto de partida del lapso extintivo, el Alto Tribunal ha precisado, como regla -y sobre la base del principio general que emerge del art. 3956 del CCiv.-, que aquél comienza en el momento en que los daños fueron conocidos por el reclamante y asumieron un carácter cierto y susceptible de apreciación, sin que obste a ello que tengan una duración prolongada o indefinida.
3.-A partir de la naturaleza y magnitud del hecho que los demandantes señalan como generador de responsabilidad (cuyo efecto directo e inmediato sobre su persona es imposible desconocer, más allá de cuál sea su real y última dimensión), -acaecido como es es de público y notorio el 18 de julio de 1994-; y dada la fecha en que la demanda fue presentada -el 21 de noviembre de 2006-, cabe concluir que fue correcto el tratamiento que se le dio en la instancia anterior a esta cuestión, porque al momento en que el actor formuló su pretensión habían transcurrido mas de 11 años desde el suceso generador del daño.
4.-El plazo de prescripción debe computarse a partir del día del atentado; resultando el sujeto demandable nítidamente identificable, toda vez que el deber de seguridad y prevención que se imputa no puede recaer en otro individuo que no sea el Estado.
5.-La presentación del actor como parte querellante en la causa penal, acreditada el 7 de julio de 1998, no pudo tener efecto suspensivo sobre el curso de la prescripción porque a esa fecha ya había transcurrido holgadamente el plazo bienal aplicable y no es posible suspender la prescripción cumplida.
6.-Respecto al dec. 812/05 , mediante el cual el Estado Nacional reconoció su responsabilidad por el atentado, más allá de que el decreto constituya o no un reconocimiento de deuda, lo cierto es que éste no puede interrumplir un plazo de prescripción ya operado, cuyo efecto inmediato es que las obligaciones adquieran la calidad de naturales .
7.-El instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva y ante la duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del voto de la Dra. Caputi, en disidencia).
8.-Si bien la acción se sustenta en la invocación de los daños derivados de la explosión, ello no significa que necesariamente la acción resarcitoria haya nacido con dicho acontecimiento, en ese sentido, se debe tener en cuenta que el dec. nº 812/2005 comporta un verdadero reconocimiento, por parte del Estado Nacional, de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios provocados en la sede de la AMIA (del voto de la Dra. Caputi, en disidencia).
9.-No constituye un obstáculo que el plazo de prescripción bienal haya vencido con anterioridad a la interposición de la demanda, toda vez que la prescripción es materia renunciable aun cuando ya esté ganada o cumplida, y si bien es cierto que la intención de renunciar no se presume y que la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (art. 874 , CCiv.), las singulares y trágicas circunstancias que despiertan en el caso la acción resarcitoria justifican plenamente la conclusión de que el Estado Nacional, con la sanción del decreto nº 812/2005, ha manifestado tácitamente su voluntad de renunciar a la prescripción ganada (arg. art. 918 , CCiv.) (del voto de la Dra. Caputi, en disidencia).
10.-La circunstancia de que la manifestación de voluntad del máximo representante del Estado Argentino ante la instancia interamericana, recibiera posteriormente la aprobación mediante un acto regido por el derecho interno -tal el dec. nº 812/2005-, viene a refrendar los efectos jurídicos que pueden razonablemente ser considerados como originados por la firma del Acta en cuestión (del voto de la Dra. Caputi, en disidencia).
En Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer en relación al recurso interpuesto en autos: “Ferretti Jorge Osvaldo c/ EN s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia obrante a fs. 369/374 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Dr. Luis María Márquez dijo:
I. El 21 de noviembre 2006 el señor Jorge Osvaldo Ferretti promovió demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la reparación integral por las lesiones sufridas con motivo del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (en adelante “AMIA”) -ocurrido el 18 de julio de 1994-, más sus intereses y costas. Estimó su reclamo en la suma de $ 969.120 ($ 200.000 en concepto de daño moral, $ 250.000 en concepto de incapacidad, $ 27.600 por gastos de farmacia, $ 48.000 por medicamentos futuros, $ 97.920 por tratamiento psicológico -pasado y futuro- y $ 345.600 en concepto de lucro cesante pasado y futuro) (conf. fs. 8/19).
Puso de relieve que se había presentado como querellante en la causa de la AMIA nº 8.566/96 que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 6.
Asimismo, destacó -en cuanto interesa- que mediante decreto 812, del 13 de julio de 2005, el Estado Nacional había reconocido su responsabilidad en relación con el atentado, por incumplimiento de la función de prevención habida cuenta del previo atentado terrorista contra la Embadaja de Israel, y por haber existido encubrimiento de los hechos e incumplimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito; y que se había comprometido -entre otras medidas- a promover la sancion de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, sin que a la fecha de la demanda ella hubisese sido dictada.
II.La señora jueza de primera instancia hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del artículo 4037 del Código Civil y, en consecuencia, rechazó la demanda, con costas.
Para decididir de ese modo señaló que, por tratarse de un supuesto de responsabilidad extracontractual, era aplicable al caso el plazo de prescripción de dos años contemplado en el artículo 4037 del Código Civil. En el caso, el inicio de dicho plazo se situaba en la fecha del atentado -esto es, el 18 de julio de 1994- de manera que al momento de la fecha de presentación de la demanda -21 de noviembre de 2006- había transcurrido holgadamene el plazo de prescripción bienal aplicable.
Sentado lo anterior, consideró que correspondía examinar si había existido alguna causal de suspensión o interrupción del mencionado plazo de prescripción, ya que -en su defecto- éste habría operado el 18 de julio de 1996.
En tal sentido, negó efecto suspensivo a la presentación del actor como parte querellante el 7 de julio de 1998 en la causa penal tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº6. Consideró, por un lado, que a la fecha de esa presentación la prescripción ya había operado, y no se podía suspender la prescripción ya ganada; y, por el otro lado, porque la querella no había sido deducida contra el Estado, demandado en autos (conf. art. 3982 bis, introducido por la ley 17. 711, y doctrina del fallo plenario de la Cámara Civil, del 18/2/2004, en autos “Maciel, Marcos c/ Barry, Federico y otros s/ daños y perjuicios” , conforme a la cual “No corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art.3982 bis del Código Civil a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo”. En igual sentido, esta Sala, “Risso Emmanuel Jordan c/EN-Mº Justicia-PFA -Cromañon- y otro s/daños y perjuicios”, de fecha 12/07/12).
Ello asentado, pasó a examinar los términos y efectos jurídicos del reconocimiento expreso de responsabilidad por parte del Estado Nacional, mediante el dictado del decreto 812/05.
En tal sentido, descartó que el dictado del decreto 812/05 pudiese interrumpir un término extintivo ya vencido (9 años antes).
Asimismo, sostuvo que no podía asignársele al referido decreto el efecto de una renuncia tácita a una prescripción ya ganada, y menos aún el de una renuncia explícita, porque de los términos de la norma no se desprendía manifestación alguna en dicho sentido.
Al efecto, con sustento en los fundamentos expuestos por este Tribunal en la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2011 en los autos “Schreiber Elena Julia c/ EN s/ daños y perjuicios”, sostuvo que el Acta y Decreto examinados en modo alguno podían ser interpretados como renuncia o abdicación del Estado Nacional respecto del derecho de repeler -mediante la invocación de la prescripción operada- las acciones indemnizatorias singulares que pudieran haber sido promovidas con fundamento en la responsabilidad objeto de reconocimiento en dichos instrumentos. Agregó que tampoco podía presumirse -como derivación de dichos actos- la renuncia del deudor a oponer la prescripción, cuando como ocurrió, la hizo valer en la primera presentación en juicio (conf.CNCom, Sala B, fallo del 17/10/03, LL, 2004-C, 772). Y en ese sentido recordó que aun el reconocimiento de una obligación (en la especie, la de indemnizar a las víctimas del atentado) efectuado con posterioridad a que se hubiere operado la prescripción por el curso de los términos previstos, no hacía renacer la extinguida obligación, pues aquél beneficio había quedado incorporado al patrimonio del deudor (CSJN doct. Fallos: 315:1916).
Señaló que, en igual sentido se había pronuciado la Sala IV de la Cámara de este fuero en la causa “Toer Ariel Esteban c/ EN y/o responsable s/ daños y perjuicios”, el 28 de junio de 2012, considerando que los términos empleados en el Acta del 4 de marzo de 2005 y su decreto aprobatorio nº 812/05 no permitían inferir, en forma nítida e indudable, que mediante esos actos el Estado Nacional hubiese intentado instrumentar un reconocimiento de su deber de responder con carácter incondicional y absoluto que, a su vez, importara dejar de lado lo estatuido por el artículo 4037 del Código Civil.
Aclaró que la forma en que resolvía no obstaba el derecho o la prerrogativa que pudiera tener la actora para reclamar la reparación que -en cumplimiento con los términos establecidos en el punto 6 del Acta de Washington de fecha 4 de marzo de 2005, aprobada por el Decreto 812/05- el Estado Nacional reconociese a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA.
III. La sentencia fue apelada por la actora (a fs. 375), quien expresó agravios (a fs. 387/393), cuyo traslado fue contestado por la contraria (a fs. 395/399).
IV.La parte actora se queja de que la señora jueza de grado haya declarado prescripta la acción entablada y rechazado la demanda, no obstante haber aceptado que ésta había sido promovida el 21 de noviembre de 2006 sobre la base del decreto 812/05 del 13 de julio de 2005, cuando escasamente había transcurrido un año y medio desde el reconocimiento contendido en él.
Sostiene que la jueza a quo no aplicó de manera adecuada el artículo 3982 bis del Código Civil, por cuanto dicha norma no exige que la querella criminal esté dirigida a quien finalmente sea demadado sino que, por el contrario, alude a “. querella criminal contra los responsables del hecho.”. Destaca que encontrándose pendiente la acción penal, no hubiere podido existir una sentencia en sede civil. A mayor abundamiento advierte que el Estado no puede ser sujeto pasivo del derecho criminal.
Agrega que la magistrada tampoco aplicó supletoriamente el artículo 3994 del Código Civil que expresa: “[l]a interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios aprovecha a los coacreedores y recíprocamente la que se ha causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a los otros”.
Considera, asimismo, que se equivocó la a quo cuando interpretó que el decreto 812/05 no implicaba una renuncia a la prescripción supuestamente ganada.
Sostiene, al respecto, que el decreto 812/05 no es producto de una “salida amistosa” ni una dadiva sin causa, y que la desatención del Estado en lo que refiere a seguridad produce muertos y heridos y su responsabilidad surge de la sentencia penal en la causa “AMIA”.
Entiende evidente que el Estado, al aceptar su responsabilidad y comprometer una futura reparación para las víctimas, implícitamente expuso su compromiso de no oponer como defensa el transcurso del tiempo, pues de otra manera se estaría avalando un absurdo:suponer que el Poder Ejecutivo Nacional hubiese imaginado una maniobra elusiva ante la comunidad internacional.
Pone de relieve que la jueza ha ignorado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 y, en particular, la regla de interpretar de buena fe las convenciones internacionales y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El derecho interno no puede actuar como impedimiento para la aplicación de un Tratado.
Invoca la doctrina de la Sala I de este fuero en cuanto a que, solo a partir de la publicación del decreto 812/05 en el Boletín Oficial el demandante estuvo en condiciones de determinar el sujeto demandable a fin de dirigir su pretensión indemnizatoria; no había hasta ese momento indicio serio sobre ese aspecto” (Conf. Sala I, “Duniec, Silvio c/ EN s/ daños y perjuciios “14/5/2013).
Afirma, también, que la sentencia dictada es arbitraria, por cuanto prioriza aspectos doctrinarios y abstractos a la verdad material y la necesidad de impartir justicia mediante el otorgamiento de la indemnización a quien se le reconoció su derecho mediante un decreto. No sería un acto jurisdiccional racionalmente válido negar la indemnización reconocida como adeudada, y que está pendiente de fijación (y por lo tanto no prescripta).
V. De manera preliminar debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
VI. Sentado lo anterior, debo señalar que el caso bajo examen, tal como se encuentra planteado, resulta sustancialmente análogo al resuelto por este Tribunal en los autos “Schreiber Elena Julia c/ EN s/ daños y perjuicios”, mediante pronunciamiento del 7 de diciembre de 2011, cuyos desarrollos y argumentos estimo plenamente aplicables.
VII.En tales condiciones, y a título de factores relevantes de la cuestión por decidir, debe destacarse que no está discutido en autos que el actor es uno de las damnificados y sobrevivientes del atentado ocurrido en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.
Tampoco se encuentra controvertido que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 812/05 -del 12 de julio de 2005-, aprobó el acta firmada el 4 de marzo de 2005 en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en la audiencia celebrada en el marco del 122 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella se reconoció la responsabilidad del Estado Nacional en relación con el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de la función de prevención, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la Embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo que produjo una clara denegatoria de justicia, conforme lo declarado por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 en su sentencia del 29 de octubre de 2004.
En el mencionado decreto, y a consecuencia de lo acordado en el Acta del 4 de marzo de 2005, se aprueba la propuesta -entre otros objetivos allí enunciados- de promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
VIII. Desde otro ángulo, y en cuanto a la prescripción de la acción, se advierte que en esta instancia la parte actora no cuestiona el plazo de prescripción que la a quo declaró aplicable al sub examine, esto es, que por tratarse de un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado, la acción consecuente se extingue a los dos años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4037 del Código Civil, solución que coincide con la adoptada en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos:307:821; 320:2289; 322:496 , entre otros).
A los efectos de determinar el punto de partida del lapso extintivo, el Alto Tribunal ha precisado, como regla -y sobre la base del principio general que emerge del artículo 3956 del Código Civil-, que aquél comienza en el momento en que los daños fueron conocidos por el reclamante y asumieron un carácter cierto y susceptible de apreciación, sin que obste a ello que tengan una duración prolongada o indefinida (Fallos: 308:337; 310:1545 y 1774; 313:1105; 316:2136 y 326:1420). Sólo excepcionalmente ha admitido un inicio distinto, cuando el daño aparece y se verifica más tarde (Fallos: 320:2289 cit.).
En función de lo expuesto; de la naturaleza y magnitud del hecho que los demandantes señalan como generador de responsabilidad (cuyo efecto directo e inmediato sobre su persona es imposible desconocer, más allá de cuál sea su real y última dimensión), acaecido -como es es de público y notorio- el 18 de julio de 1994; y dado que la demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2006 (ver cargo obrante a fs.19), cabe concluir que fue correcto el tratamiento que se le dio en la instancia anterior a esta cuestión, porque al momento en que el actor formuló su pretensión habían transcurrido mas de 11 años desde el suceso generador del daño (conf., Sala IV, Toer Ariel Esteban c/ EN y/o responsable s/ daños y perjuicios”, 28/6/2012; “Villaverde, Rolando y otro c/ EN y/o y otro s/ daños y perjuicios” , 23/4/2013 y “Galarraga, Gimena y otro c/ EN y/o otros s/ daños y perjuicios”, 8/5/2014).
Advierto, al respecto, que no comparto el criterio esbozado por la parte actora al invocar lo decidido por la Sala I en los autos “Duniec”, respecto de que solo apartir de la publicación del referido decreto en el Boletín Oficial el demandante estuvo en condiciones de determinar el sujeto demandable a fin de dirigir su pretensión indemnizatoria.
En el caso, según se desprende de los hechos narrados en el escrito de inicio a los cuales el actor atribuye las lesiones padecidas, el actor sustenta su pretensión de responsabilizar al Estado por omisión del deber de prevención en el atentado y no por falta de servicio y/o encubirmiento por actividad jurisdiccional irregular.
Como se ha señalado, del decreto 812/05 surge que el Estado Nacional asumió la responsabilidad por dos hechos materialmente distintos: a) por el “incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado las medidas idóneas y eficacess para intentar evitar el atentado”; b) porque “existió encubrimiento de los hechos, porque medió un grave y deliberado incumplimeinto de la función de investigación del hecho ilícito ocurrido el 18 de julio de 1994, y porque este incumplimiento en materia de investigación adecuada produjo una clara denegatoria de justicia”. Ambas conductas, igualmente imputables a la demandada, son ciertamente difernciables, y esa distinción conlleva consecuencias tangibles. A modo de ejemplo, coputar plazos de prescripción distintos para cada una de ellas, y eventualmente, recurrir a factores atributivos de la responsabilidad diversos:por omisión del deber de prevención en el primer caso o por falta de servicio y/o actividad jurisdiccional irregular en el segundo (ver, el voto del doctor Sergio Fernández en los autos “Faifman Ruth Myriam y otros c/ EN s/ daños y perjuicios”, el 24/10/2013).
Sobre esas bases considero que, en el caso, el plazo de prescripción debe computarse -tal como se señaló- a partir del día del atentado; y, también, que el sujeto demandable resultaba nítidamente identificable, toda vez que el deber de seguridad y prevención que se imputa no puede recaer en otro individuo que no sea el Estado (conf., en igual sentido, voto del doctor Sergio Fernández el los autos “Faifman”, cit.) IX.1. Así pues, y atentos los términos de los agravios desarrollados por la parte actora, corresponde examinar si los hechos y actos a los que atribuyó efecto interruptivo y/o suspensivo (esto es, su presentación como querellante en la causa penal y el reconocimiento efectuado por el Estado Nacional -mediante decreto 812/05- de su responsabilidad en relación con el atentado, por incumplimiento de su función de prevención) produjeron concretas y específicas consecuencias respecto del plazo de prescripción de esta acción individual.
Al efecto, adelanto que, en mi criterio, aquellos hechos y actos no tienen relevancia para modificar la solución, porque el plazo de prescripción respectivo ya estaba agotado al momento en que ellos ocurrieron.
IX.2.En efecto, tal como lo señaló la jueza a quo, la presentación del actor como parte querellante en la causa penal, acreditada el 7 de julio de 1998, no pudo tener efecto suspensivo sobre el curso de la prescripción porque a esa fecha ya había transcurrido holgadamente el plazo bienal aplicable y no es posible suspender la prescripción cumplida.
El recurrente se limita a sostener que la a quo hizo una inadecuada aplicación del artículo 3982 bis del Código Civil al negarle a la querella el efecto suspensivo previsto en la norma con fundamento en que no había sido deducida contra el Estado y sin advertir que éste, en tanto persona jurídica, no podía ser demandado penalmente. De ese modo, pretende soslayar -en su crítica- la extemporaneidad de la presentación efectuada en el trámite penal, circunstancia que -por sí sola- lleva a desestimar la existencia de efecto suspensivo alguno sobre el curso de la prescripción.
Por lo demás, más allá de que solo sea posible querellar criminalmente a personas físicas, y no al Estado como tal (conf. doct. Fallos: 323:3963 ; 324:2972 , y Sala I, “Coppola, Guillermo Esteban c/ EN s/ daños y perjuicios”, 20/12/2005), lo cierto es que nada impedía al actor demandar al Estado, por indemnización de daños, en sede civil.
IX.3. Idéntica conclusión procede respecto del dictado del decreto 812/05. Más allá de que el decreto constituya o no un reconocimiento de deuda, lo cierto es que éste no puede interrumplir un plazo de prescripción ya operado, cuyo efecto inmediato es que las obligaciones adquieran la calidad de “naturales” (Fallos: 211:269). En efecto, solo puede interrumpirse o suspenderse el término de una prescripción en curso -no de una cumplida o ganada- (arg. art. 3989 del Código Civil y, en igual sentido, Sala IV, “Toer” del 28/6/2012; “Villaverde” del 23/4/2013 y “Galarraga” del 8/5/2014; y voto del Dr.Fernández en “Faifman” cit.). Sujeto todo esto -claro está- a que el deudor invoque la prescripción en el momento procesal oportuno. De no hacerlo, debería interpretarse que renunció a la prescripción cumplida a su favor (Fallos: 323:229 ).
En el caso, la demandada opuso la excepción en su primera oportunidad procesal (conf. punto IV de la contestación de demanda, a fs. 53/68); y entre el 18 de julio de 1994 y el 13 de julio de 2005 (fecha de publicación en el Boletín Oficial del decreto 812/05), habían transcurrido once años, sin haber acreditado el actor causa alguna de suspensión o interrupción de la acción en ese lapso.
X. En tales condiciones, descartada la suspensión o interrupción de la prescripción, tal como lo hice en la citada causa “Schreiber”, procede examinar las consecuencias del di ctado del decreto 812/05, sobre una prescripción ya ganada (arg. art. 3965 cód. cit.) por el deudor.
A ese fin tomo en cuenta que ni en el Acta ni en el decreto 812/05 existe mención alguna a una renuncia o remisión de la liberación obtenida por el transcurso del tiempo, por lo que el aspecto central residirá en determinar la eventual configuración de un supuesto de renuncia tácita.
Corresponde pues atenerse precisamente a los términos de los mencionados instrumentos, de modo tal que la interpretación de sus alcances permita determinar si en realidad el reconocimiento que contienen, comporta a su vez una renuncia tácita a la prescripción ya operada, en razón de la cual el deudor se despoja a sí mismo de la facultad de oponerla, supuesto en el cual corresponderá tenerla por remitida (“rectius”: renunciada); o en caso negativo, si aquél reconocimiento deja incólume el derecho del deudor a articular exitosamente la defensa, a los fines de obtener la declaración de extinción de la acción por el transcurso del plazo liberatorio (conf. Llambías, J. J. “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”. Ed. Perrot, Bs. As.1987, t.III, pág. 479, nº 2125; Belluscio, A. C. y otros “Código Civil.Comentado, Anotado y Concordado”, Ed. Astrea, Bs. As. 1994, t.III, pág. 378/380).
Pues bien, de los términos del Acta del 4 de marzo de 2005 y su decreto aprobatorio (812/05 cit.), resulta que en ellos consta -en cuanto interesa a los fines del reclamo objeto de autos- el explícito reconocimiento por parte del Estado Nacional, de su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar la evitación del atentado, así como la propuesta de promover una ley de reparación para todas las víctimas del hecho.
Sin embargo, debe también quedar en claro que dicho reconocimiento de responsabilidad y proyecto de otorgamiento de una reparación a las víctimas del atentado, comporta -de manera análoga a lo ocurrido con la ley 20.007 y decreto 664/92, referidos al evento ocurrido en la Embajada de Israel- el ejercicio de una facultad del Poder Ejecutivo de carácter graciable, con finalidad de auxilio extraordinario y destinada a los damnificados del hecho con alcance general, sin que la compensación que pudiere fijarse importe acordar a cada uno de ellos en forma singular, una indemnización fundada en la responsabilidad del Estado y las normas del Código Civil (conf. esta Sala doct.fallo del 21/8/2007 “EMEBE SAFAI y M c/ M° del Interior – Estado Nacional s/ proceso de conocimiento” ).
Es que la emisión de actos y el dictado de normas de la naturaleza de la aquí analizada, tiene por objeto reparar la injusticia que significaría privar a las víctimas de todo resarcimiento (tal como resultaría de la aplicación estricta de la legislación civil); lo cual por un lado comporta una decisión discrecional del Estado Nacional en orden a la asunción unilateral de dicho deber resarcitorio, y por el otro, presupone la vigencia y operatividad de los institutos del derecho civil -tales como la prescripción- así como su aplicación a las pretensiones indemnizatorias singulares (CSJN, doct. Fallos: 330:4592, consid. 6 y 7), cuyas consecuencias -en punto a la pérdida del derecho indemnizatorio- vienen a ser mitigadas por vía de aquéllos preceptos.
XI. Cuanto se lleva dicho persigue la obvia finalidad de señalar que, en definitiva, cualesquiera fuese la denominación que se asigne, y por tratarse -la eventual e hipotética dispensa o renuncia a la prescripción- del ejercicio de una facultad que tendría por finalidad producir una modificación en el mundo jurídico (extinguir los efectos de la liberación ya ganada), debe necesariamente ser exteriorizada mediante un acto externo, expreso y formalmente emitido (art.8 LPA), no siendo admisible, en el caso de autos, la existencia de decisiones tácitas o “presupuestas” o “implícitas”.
Desde esta perspectiva y tomando debida razón de las circunstancias que se llevan reseñadas, es claro que ellas impiden tener por configurado por parte del Estado Nacional dicho acto de volición (renuncia a la prescripción ganada y reconocimiento de una indemnización a cada una de las víctimas en el marco de la responsabilidad aquiliana), cabiendo en este orden puntualizar que la trascendencia y significación de las formas en el ámbito de que se trata posee una relevancia decisiva, pues dicho recaudo tiene por finalidad tutelar tanto la garantía de los derechos de los particulares, como el orden, acierto, justicia y legalidad que deben presidir los actos de la administración (conf. Cassagne, J. C. Derecho Administrativo, t. II, pág. 165/169; Hutchinson, T., Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, t.I, pág. 172/176).
A lo que se debe añadir que, aún cuando desde el punto de vista estrictamente teórico pudiere admitirse la existencia de actos administrativos tácitos, cuando como consecuencia de la emisión de un acto expreso surgen efectos jurídicos que presuponen la existencia de otra decisión (la que se reputa como tácitamente emitida, o como presupuesto o consecuencia tácita del acto expreso), ello requiere que aquél contenga una decisión legalmente fundada que exteriorice no sólo la voluntad explícita de la administración, sino también aquélla que se considera adoptada en orden a lo que es materia de decisión en el supuesto acto tácito (conf. Cassagne, J. C. op. cit. pág. 171 ap.c), y naturalmente, que produzca plenos efectos jurídicos; siempre y cuando claro está, no se verifique la existencia de otras manifestaciones de voluntad debidamente exteriorizadas por el poder público, en sentido contrario a aquel que se pretende adjudicar al mentado acto tácito.
Sin embargo no es tal el supuesto que se configura respecto de los dispositivos examinados, puesto que sus respectivos textos, antecedentes y fundamentos, en modo alguno alcanzan a contener un mínimo sustento fáctico y normativo respecto de las razones que habrían determinado la emisión de un acto de reconocimiento que implique acordar a cada uno de los damnificados, en forma singular, una indemnización fundada en la responsabilidad del Estado y las normas del Código Civil o, en su caso, una efectiva dispensa o renuncia a la prescripción ganada (respecto de las acciones singulares que se pudieran articular) ya que el reconocimiento de la responsabilidad y el proyecto de emisión de una norma que otorgue una reparación, así como las referencias de orden general contenidas en aquellos actos, en modo alguno alcanzan a satisfacer los mencionados recaudos (arg. art. 7º incs. b y e de la LPA).
A esta altura, corresponde recordar que ha de tenerse por configurada la renuncia tácita solo cuando puede ser inducida de manera inequívoca de los actos de conducta obrados por el deudor, de tal suerte que no pueda de ellos sino entendérselos razonablemente como abdicación de la facultad de oponer la prescripción.
Y, en esta línea, no cabe estimar como tales los actos analizados cuando pueden -como en el caso- ser razonablemente comprendidos con efectos distintos (según resulta de los alcances, significación y concretas derivaciones asignadas al Acta del 4.3.05 y dec. 812 citados); adviértase que se llegó a interpretar que no son hechos que impliquen renunciar a la liberación obtenida el reconocimiento de la responsabilidad o la promesa de pago de una deuda, en tanto tales manifestaciones carecen de virtualidad para aniquilar por sí solas los efectos de la prescripción cumplida (conf. Llambías, J. J. op.cit, N° 2129, pág. 484/487).
XII. En línea con los desarrollos expuestos, es válido concluir en que el Acta y decreto analizados en modo alguno pueden ser interpretados como renuncia o abdicación del Estado Nacional, respecto del derecho de repeler -mediante la invocación de la prescripción operada- las acciones indemnizatorias singulares que pudieran haber sido promovidas con fundamento en la responsabilidad objeto de reconocimiento en dichos instrumentos.
Síguese de ello que, por análogas razones, tampoco puede presumirse -como derivación de dichos actos- la renuncia del deudor a oponer la prescripción cuando, como aquí ocurre, la hace valer en la primera presentación en juicio (conf. CNCom, Sala B, fallo del 17/10/2003, LL, 2004-C, 772).
Y en este sentido ha de recordarse que aún el reconocimiento de una obligación (en la especie, la de indemnizar a las víctimas del atentado) efectuado con posterioridad a que se hubiere operado la prescripción por el curso de los términos previstos, no hace renacer la extinguida obligación, pues aquél beneficio ha quedado incorporado al patrimonio del deudor (CS doct. Fallos: 315:1916); cabiendo a esta altura remarcar que la doctrina que emana del precedente del Alto Tribunal registrado en Fallos: 195:66 (“Laplacette”) no resulta -a mi juicio- de aplicación al caso (siquiera desde la perspectiva hermenéutica), por cuanto sus circunstancias fácticas y jurídicas resultan sustancialmente diferentes de las aquí configuradas, ya que el reconocimiento estatal allí indicado, valorado y tenido en cuenta como factor interruptivo de la prescripción, tuvo lugar pendiente su curso (v. esp. parágrafos 7,8 y 14), en tanto que, en el supuesto aquí verificado, el Acta del 4.3.05 y su decreto aprobatorio (812/05) fueron emitidos una vez cumplido el plazo liberatorio, por manera que carecen en el caso de idoneidad jurídica para restaurar, restablecer o proyectar efectos sobre un término ya extinguido (CSJN, Fallos: 312:2157, consid.4º).
De tal suerte, por no haber mediado renuncia expresa a los beneficios de la prescripción operada y ganada, así como tampoco resultar en el caso procedente presumirla -tanto a consecuencia de los términos de los actos analizados, como del proceder del propio Estado Nacional (quien con posterioridad, opuso la prescripción de la acción singular de reparación con fundamento en las normas del derecho civil)-, corresponde atenerse a la vigencia y aplicación de tales preceptos al caso de autos.
Por cierto que comparto las atinadas reflexiones que con toda precisión ha vertido mi estimada colega en su disidencia, en torno de la exigibilidad de un obrar coherente en la administración (Consid. IV de su ponencia), mas no advierto en el caso, que la invocación de la prescripción comporte un obrar contradictorio o incongruente con la postura que emana del Acta y decreto tantas veces citados; por cuanto el planteo de dicha defensa, lejos de comportar -en el supuesto aquí analizado- lisa y llanamente una negación del débito, se limita a poner de manifiesto la extinción de la acción judicial (tal el efecto natural de la prescripción liberatoria), mas en modo alguno implica (ni puede ser interpretado) como una denegatoria por parte del Estado, a otorgar una reparación a las víctimas del criminal atentado, ya que tal deber ha sido -como quedó dicho- explícitamente reconocido, y en trámite de concreción por la vía legislativa correspondiente, dependiendo su efectivización de la acción conjunta y oportuna de los poderes a quienes concierne el tratamiento y aprobación del proyecto, así como la promulgación de la ley pertinente (v. Consid. XIII de este voto).
A modo de digresión, debo puntualizar que si bien en un anterior precedente de esta Sala se ha considerado la publicación del decreto 812/05 como punto de partida del curso liberatorio (valorándose en su caso, la existencia de una dispensa de la prescripción transcurrida hasta entonces; fallo del 10/06/2010 “Furman, Jacobo y otro c. E.N. s.Daños y Perjuicios”, con intervención del suscripto), un nuevo análisis de las cuestiones implicadas -tal el efectuado en la causa “Schreiber”- conduce a la adopción de una solución distinta.
XIII. Por último, en cuanto a la alegada violación de tratados y principios internacionales, es necesario recordar -con relación al caso- que el Alto Tribunal precisó que la ratificación de la República Argentina de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) por ley 23.054 carecía de incidencia para modificar la sentencia de la anterior instancia que había declarado la prescripción de la acción, porque ninguna de sus normas establecía la imprescriptibilidad de las acciones civiles de indemnización de perjuicios ocasionados por la privación de la libertad que había teneido lugar en desmedro de los principios aceptados por el mencionado pacto (Fallos: 311: 1490) (conf., Sala IV, “Toer” del 28/6/2012; “Villaverde” del 23/4/2013 y “Galarraga” del 8/5/2014; cit.).
Además, también es oportuno destacar que, en cumplimiento de la obligación asumida, el Poder Ejecutivo de la Nación impulsó el proyecto de Ley S-1655/11 que, con variantes, cuenta con media sanción del Senado de la Nación del día 27 de julio de 2011, y por el cual se propone la ratificación legislativa del decreto 812/05 y se regula el derecho a percibir una indemnización para los afectados del atentado (conf. voto del Dr.Sergio Fernández en la causa “Faifman” cit.), lo que implica por un lado la existencia de de una tramitación legislativa que en principio aparece idónea a los fines del cumplimiento del compromiso asumido por el Estado Nacional; y por el otro, que precisamente es este medio el adoptado por la administración para hacer efectivo el reconocimiento de la responsabilidad que surge del decreto 812/05, sin que pueda tal temperamento ser extendido en principio, a título de renuncia de prerrogativas jurídicas, a causas judiciales singulares no alcanzadas ni previstas por dicho acto.
XIV. Como consecuencia de los desarrollos formulados, y en vista del término liberatorio cumplido, así como la inexistencia de toda consecuencia o efecto por parte del Acta y decreto examinados en la prescripción operada, debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto declaró prescripta la acción intentada.
Advierto que -a idéntica solución, con argumentos parcialmente análogos- arribó la Sala IV de esta Cámara en las mencionadas causas “Toer Ariel Esteban c/ EN y/o responsable s/ daños y perjuicios” el 28 de junio de 2012: “Villaverde, Rolando y otro c/ EN y/o y otro s/ daños y perjuicios” el 23 de abril de 2013 y “Galarraga, Gimena y otro c/ EN y/o otros s/ daños y perjuicios” el 8 de mayo de 2014.
XV.Se deja aclarado, que la decisión aquí adoptada en modo alguno implica ni podrá ser interpretada como denegatoria del derecho u obstáculo (resultante de lo aquí tratado y resuelto), en punto al ejercicio de la prerrogativa que pudiere asistir a la parte actora para reclamar la reparación que, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Acta del 4 de marzo de 2005 y decreto 812/05, se reconociere por vía normativa, a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994.
Por las razones expuestas y si mi voto es compartido, corresponderá desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la prescripción de la acción. Atento a las particularidades de la cuestión, a que el dictado del decreto 812/05 pudo razonablemente inducir al actor a promover la pretensión y a resistir -en su oportunidad- la defensa liberatoria, así como en razón de los fundamentos sobre cuya base se decide en definitiva, estimo apropiado que las costas de esta instancia se distribuyan en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCCN).
El Dr. José Luis Lopez Castiñeira adhirió al voto que antecede.
La Dra. María María Claudia Caputi dijo:
I. Los autos arriban a estos estrados a fin de tratar la apelación del actor, deducida contra el decisorio de grado, por el cual se hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción opuesta por el Estado Nacional, y se resolvió el rechazo de la demanda.
El actor, Sr.Jorge Osvaldo Ferretti, es sobreviviente del atentado ocurrido en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, y se presentó en autos demandando al Estado Nacional, invocando su calidad de damnificado por las consecuencias lesivas que derivan de tales hechos, que lo han incapacitado de modo permanente y absoluto.
Entre los antecedentes del caso, cabe observar que el escrito de inicio data del 21 de noviembre de 2006, y respecto de las demás vicisitudes y antecedentes doy por reproducida, por razones de brevedad, la detallada reseña de los considerandos I a IV del voto de mis distinguidos colegas. No se controvierte, por lo demás, la aplicación al caso del plazo bienal, según el art. 4037 del Cód. Civil.
En las condiciones descriptas, tengo para mí que la defensa de prescripción opuesta por el demandado debe ser desestimada. Por ello, a continuación paso a desarrollar los fundamentos de mi criterio, con el me he de apartar de las consideraciones y la conclusión a la que arriban mis estimados colegas de Sala.
II. Esencialmente, mi perspectiva en torno del tópico que motiva la apelación es sustancialmente concordante con la expresada por diversos pronunciamientos de esta Cámara, emitidos frente a situaciones que guardan analogía con la que arriba a estos estrados en esta oportunidad. Sin perjuicio de ello, he de expresar algunas consideraciones adicionales de las meritadas en aquellos decisorios.
Según lo dicho, comienzo, entonces, por remitir a los fundamentos y conclusiones que surgen de la causa “Duniec, Silvio c/E.N. s/daños y perjuicios”, Expte. nº 20.418/2007, sent. de la Sala I, del 14/05/2013, primer voto del Dr. Rodolfo Eduardo Facio, al que adhirió el Dr. Carlos Manuel Grecco, en tanto se expidió mediante un voto concurrente en la solución la Dra. Clara María do Pico. Posteriormente -unos cinco meses más tarde-, un criterio análogo fue seguido por la mayoría de la Sala III de esta Cámara de Apelaciones, en el caso “Faifman, Ruth Myriam y otros c/E.N.s/Daños y perjuicios”, sentencia del 24/10/2013, expte. 15.936/2006, según el voto de los Dres. C. M. Grecco y Jorge Esteban Argento, mientras que el Dr. Sergio Gustavo Fernández votó en disidencia (ver su texto en internet: ).
En el precedente “Duniec”, ya citado, se partió de la base de descartar la imprescriptibilidad de las pretensiones indemnizatorias, aún cuando los daños derivasen de delitos de lesa humanidad, recordándose al respecto el precedente de Fallos, 330:4592 de la Corte Suprema (véase el consid. VI del fallo cit.). Sin perjuicio de ello, se puso de resalto que el plazo de la prescripción “.corre desde que existe la responsabilidad y ha nacido la acción consiguiente para hacerla valer, lo que acontece como regla cuando ocurre el hecho ilícito que origina la responsabilidad” (cfr. consid. VII, fallo “Duniec”). A ello se agregó que, excepcionalmente, podría determinarse un punto de partida diferente, bien porque el daño aparezca después o porque no pueda ser adecuadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada, o bien cuando el actor hubiere conocido efectivamente que la acción indemnizatoria quedó expedita a su favor, todo lo cual fue señalado con la correspondiente invocación de jurisprudencia del Máximo Tribunal (cfr. consid. VII, ya citado).
En otro orden de ideas, se invocaron razones de seguridad jurídica, junto con la conveniencia general, que justifican la figura de la prescripción, como medio para contribuir a la estabilización de las relaciones entre los habitantes, y se tuvo en cuenta asimismo que la finalidad de la prescripción reside en la conveniencia de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando las situaciones de los patrimonios ante el abandono que se presumiría frente a la inacción del titular (cfr.considerando VIII, primer párrafo, caso “Duniec”, cit.).
Por otra parte, se señaló que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva y que ante la duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho, según el criterio de la Corte Suprema cuyos fallos allí se recuerdan.
Seguidamente, a lo largo del Considerando IX del primer voto del fallo que se viene reseñando, se pone de relieve que si bien la acción se sustenta en la invocación de los daños derivados de la explosión ocurrida el 18 de julio de 1994, ello no significa que necesariamente la acción resarcitoria haya nacido con dicho acontecimiento. En ese sentido, se tuvo en cuenta que el Decreto nº 812/2005 “.comporta un verdadero reconocimiento, por parte del Estado Nacional, de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios provocados por la explosión ocurrida el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA” (vide, “Duniec”, consid. IX, segundo párrafo, del primer voto). De este modo, se consideró que no cabía soslayar los términos en que el reconocimiento de responsabilidad fue formulado, por medio de un Acta que es aprobada por el decreto en cuestión. Así, se precisa que dicho reconocimiento se basó en el incumplimiento de la función de prevención estatal, por no haberse tomado las medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado. Se dedujo, de este modo, que recién con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el afectado estuvo en condiciones de determinar el sujeto demandable, a los fines de dirigir su pretensión indemnizatoria. Según se indica, además, no había “. hasta ese momento ningún indicio serio sobre ese aspecto” (cfr. consid. IX, tercer párrafo, del voto cit.).
Consideraciones aparte fueron dedicadas a la circunstancia de que otros afectados por el atentado hubieran deducido acciones similares a la presente, bien que a juicio del Estado “temporáneamente”, es decir dentro del plazo prescriptivo, aunque contado éste a partir del fatídico 18 de julio de 1994.Con respecto a esos otros expedientes, en el decisorio que se viene reseñando se estimó que sólo con los pronunciamientos de Alzada el Sr. Duniec pudo estar en condiciones de individualizar al sujeto pasivo de su pretensión, de modo que el argumento defensivo carecía de idoneidad para alterar el curso de los razonamientos y conclusiones alcanzados.
Por ello, se determinó que el punto inicial para el cómputo del plazo de prescripción liberatoria venía dado por la publicación oficial del decreto 812/2005, en el entendimiento de que en la fecha respectiva es cuando nació la acción judicial para hacer valer la responsabilidad estatal, lo cual tuvo lugar el 13 de julio de 2005.
Con una concepción análoga, como adelanté, se expidió la mayoría de la Sala III de esta Cámara de Apelaciones, en el caso “Faifman”, ya mencionado. En el voto que hizo mayoría, elaborado por el Dr. Carlos M. Grecco, se tuvieron en cuenta conceptos concordantes y coincidentes con los ya reseñados, es decir:se interpretó que el acta y el acuerdo que la aprueba, traducen un “inequívoco reconocimiento” de la obligación del Estado de indemnizar los daños derivados de la explosión en la sede de la AMIA, se recordó también que la prescripción es materia renunciable aun cuando ya estuviera ganada o cumplida (con lo cual el acta y el decreto serían actos de inequívoco reconocimiento), y se concluyó recordándose que, en caso de duda, cabe inclinarse por el mantenimiento de la acción, en atención a que los institutos aniquiladores de derechos “deben ser estrictamente interpretados”.
Según se afirma en el considerando II del voto indicado, “. el Estado Nacional, al aprobar el Acta del 4 de marzo de 2005, firmada en la audiencia celebrada en el marco del 122 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, admitió su responsabilidad “en cuanto existió incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado -teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel- y porque existió encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria de justicia, conforme lo declaró, en su sentencia del 29 de octubre de 2004, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 3″ (cfr. considerando del decreto citado, tercer párrafo).” Se agregó a ello que: “[t]al decisión del Poder Ejecutivo Nacional, formalizada en una declaración generadora de efectos jurídicos, no puede ser interpretada de otra forma que como el inequívoco reconocimiento de la obligación del Estado Nacional de indemnizar los daños y perjuicios provocados el día 18 de julio de 1994 por la explosión ocurrida en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, cfme. art.718 del Código Civil). El argumento obstativo que propone el demandado -al manifestar que el reglamento no pudo haber configurado “un acto interruptivo de la prescripción en tanto reconocimiento expreso (art. 3989 del Código Civil) dado que el plazo establecido por el artículo 4037 de ese código (2 años) se encontraba cumplido ampliamente, al dictarse ese decreto” (fs. 544)- no es de recibo, pues, según observa Borda, trasunta un tributo excesivo a la lógica formal, en tanto si bien parecería un contrasentido hablar de interrupción de una prescripción ya cumplida, hay que considerar que la prescripción no se opera de pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos y que el cumplimiento de éstos tiene solamente el efecto de poner al deudor en condiciones de oponerse a la demanda; pero mientras no lo hace no hay prescripción definitiva ganada (conf. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, La Ley 2012, página 48). En igual sentido, calificada y corroborante doctrina ha expresado que “no constituye un obstáculo que el plazo de prescripción bienal haya vencido con anterioridad a la interposición de la demanda, toda vez que la prescripción es materia renunciable aun cuando ya esté ganada o cumplida” (conf. Llambías, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, Tomo III, editorial Perrot 1977, página 479; C.N.Fed. Civ. y Com., Sala II, in re “Acosta”, resolución del 14 de diciembre de 2006 y CNACAF, Sala I, in re “Duniec, Silvio c/EN s/daños y perjuicios”, expte. nº 20.418/2007, sentencia del 14 de mayo del año en curso). Y si bien es cierto que la intención de renunciar no se presume y que la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (art. 874, Cód.Civil), las singulares y trágicas circunstancias que despiertan en el caso la acción resarcitoria justifican plenamente la conclusión de que el Estado Nacional, con la sanción del decreto nº 812/2005, ha manifestado tácitamente su voluntad de renunciar a la prescripción ganada (arg. art. 918, Cód. Civil).” III. En forma complementaria a la solución descripta en los fallos reseñados, considero que caben algunos comentarios adicionales, sobre dos cuestiones: la relativa al reconocimiento de la vigencia de la obligación de resarcir, y su vinculación con el principio de coherencia y el resguardo de las expectativas legítimas de los habitantes.
Así, como punto de partida de estas apreciaciones, habré de considerar que el texto inequívoco del Acta de Reconocimiento de Responsabilidad, suscripta por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre la cual se basa -entre muchos otros elementos- la acción intentada, consiste en atribuirle los efectos de un reconocimiento, en aras del examen de las cuestiones suscitadas en torno de la extinción de la acción indemnizatoria por prescripción liberatoria. Cabe observar que el tenor del Acta y del decreto 812/2005 han sido reconocidos en la contestación de demanda, según luce a fs.59vta./60vta.
En efecto, más allá de los alcances y efectos que el reconocimiento plasmado en dicha Acta podría alcanzar en el plano sustancial de la controversia trabada entre las partes, lo cierto es que a los efectos de resolver la defensa de prescripción, dilucidándose si se encontraba viva la acción al momento de ser intentada, dicho reconocimiento reviste, a mi juicio, plena virtualidad jurídica.
La circunstancia de que la manifestación de voluntad del máximo representante del Estado Argentino ante la instancia interamericana, recibiera posteriormente la aprobación mediante un acto regido por el derecho interno -tal el Decreto nº 812/2005-, viene a refrendar los efectos jurídicos que pueden razonablemente ser considerados como originados por la firma del Acta en cuestión.
Ahora bien, estimo decisivo que, según lo ha entendido el Máximo Tribunal, en términos que son aplicables al presente caso, la prescripción se justifica por una razón evidente de utilidad pública y se funda generalmente en una presunción de renuncia al derecho que ha dejado de ejercerse durante un largo tiempo, motivo por el cual el deudor ha podido creerse exonerado de su obligación: cfr. “Laplacette, Juan -su sucesión- y otros c/Provincia de Buenos Aires s/indemnización de daños y perjuicios” (publicado en Fallos: 195:66, sent. del 26/02/1943, entre muchos otros). Bajo un afín orden de ideas, se afirmó en dicho precedente que “no es justo ni equitativo que [los reclamantes] se encuentren con que la prescripción se ha operado cuando no han incurrido en inacción alguna”.
Estas definiciones son decisivas, en tanto no puede considerarse que el actor haya sido remiso en la reivindicación de sus derechos, de los que no cabe razonablemente suponer que tuviera conocimiento antes de emitido el decreto 812/2005, o de la manifestación vertida en el Acta del 4 de marzo de 2005.Cabe advertir, en este sentido, que cuando un Estado admite que no ha facilitado el esclarecimiento de una causa judicial -en otras palabras, que algunos de sus agentes han contribuído de algún modo a obstruir su marcha-, y que ha facilitado o perpetrado otros actos antijurídicos, resulta más que improbable que las propias víctimas puedan acceder a información que les revele la respectiva obstrucción o antijuridicidad; ciertamente parecen ser los órganos superiores del Estado quienes en mucha mejor posición se encuentren para acceder a los elementos que permitan advertir dicha situación disvaliosa.
Pero hay aún más: dado que en autos se discute sobre la configuración de un reconocimiento de responsabilidad extracontractual, hipótesis prevista en nuestro Derecho por el Artículo 3989 del Código Civil (norma que prevé el caso de reconocimiento expreso o tácito del deudor), se considera destacable que en el citado caso “Laplacette, Juan c/Prov.de Buenos Aires” la Corte Suprema haya interpretado que dicho acto de reconocimiento bien podía provenir y derivar tácitamente de una declaración de los poderes públicos demandados.
En efecto, en dicho precedente se estableció que “.ese reconocimiento surge del mensaje que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires remitió a la Legislatura bonaerense el 8 de septiembre de 1924, acompañando un proyecto de ley para dejar sin efecto la que autorizaba la construcción de las obras”. Se tuvo así en cuenta el tenor del respectivo mensaje del gobernador bonaerense, en el cual se manifestaba que el envío de ciertos proyectos de ley estaba relacionado con la solución que se propiciaba dar a las diversas cuestiones pendientes entre su gobierno y los propietarios de ciertos terrenos que habían sido damnificados por la traza de un canal, y de ese modo se procuraba poner fin a la serie de cuestiones pendientes entre la administración y los vecinos perjudicados por las obras respectivas.
Se consideró claro, en aquel contexto, que para el estado provincial demandado tenían derecho a indemnización todos los afectados, y habida cuenta de que Laplacette lo era, se desestimó la defensa de prescripción; en otras palabras: se tuvo por configurado el reconocimiento que mantenía viva la acción.
De este modo, se admitió -en términos que resultan enteramente aplicables al presente caso-, que de forma implícita pudiera deducirse de las manifestaciones de la Administración (por conducto de sus máximas autoridades) en ejercicio de sus funciones propias, un curso de acción incompatible con la creencia de que se tratasen -las reclamadas- de obligaciones naturales. Esta solución ratifica, de hecho, el principio conforme el cual la renuncia a la prescripción, más allá de que no debe presumirse, de hecho puede ser tácita. O sea: bien puede resultar de actos o manifestaciones del deudor que revelen su propósito inequívoco de no aprovechar los beneficios de la inacción del acreedor (cfr. art.3989, Código Civil). Se trata, en todo caso, de una manifestación de voluntad equivalente a una confesión, que importa sostener la subsistencia del derecho de la contraria.
Extrapolada esta doctrina al caso sub examine sin mayor dificultad, pocas dudas me quedan para asimilar en sus efectos el Acta y el decreto presidencial de 2005 al mensaje del gobernador bonaerense de 1924, y ratificar así por estos fundamentos (que se suman a los desarrollados en los precedentes “Duniec” y “Faifman”, ya analizados) en que ha mediado en autos el reconocimiento que mantiene viva la acción. Máxime, cuando dicho reconocimiento, por sus términos y contexto, revela un carácter incondicional y absoluto. Todo ello autoriza a desestimar la defensa liberatoria que esgrime el demandado.
Por lo demás, cabe agregar que desde un punto de vista conceptual, la respuesta del Estado Argentino emergente de su actuación frente a la Petición nº 12.204 del registro del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos (por su Comisión), y por el dictado del Decreto nº 812/05, debe ser subsumida en el concepto de una asunción de “responsabilidad”, entendida ésta como la relación jurídica que nace cuando alguien se ve obligado a resarcir el injusto come tido que ha generado daño, verificándose los presupuestos de imputabilidad, causación y lesión -en este caso, antijurídica-. No se trata, entonces, en mi visión, de un supuesto de otorgamiento de beneficios de índole graciable (“subsidios” no indemnizatorios, según alguna nomenclatura), ni de figuras emanadas de razones de solidaridad social que, si bien podrían ser analizados como perifenómenos de la responsabilidad stricto sensu, ciertamente no se confunden con ésta, coincidiendo a lo sumo en la finalidad de neutralizar los efectos nocivos padecidos por los damnificados, bien que bajo dispares bases y modulaciones.Por ello, y atento a que la inconsecuencia o inadvertencia no puede ser predicada, en principio, respecto de quien ejerce la función administrativa en sus máximos niveles, debo entender que el Poder Ejecutivo obró con entendimiento de las diferencias ontológicas entre uno y otro instituto, al proceder del modo que es analizado en autos. De hecho, el dictado de los decretos nos. 1216/1994, 1328/1994, y 1452/1994, por los cuales se reconocieron subsidios no indemnizatorios a los damnificados por el atentado a la sede de AMIA-DAIA y se reglaron diversos aspectos de los mismos, también revela que el Estado ya había atendido bajo el paradigma de la solidaridad, con prestaciones graciables, a las consecuencias gravosas y nefastas del atentado en cuestión. De hecho, expresamente, en el cuarto considerando del Decreto nº 828/1996, se aludió a las sumas otorgadas mediante dichos decretos como “.obedeciendo a una concepción de solidaridad”. Estos elementos, a mi juicio, corroboran que lo actuado algo más de once años más tarde se encuadra en otra clase de respuesta, que no es otra que la responsabilidad del Estado, máxime cuando se basa en la admisión de la comisión de delitos de acción continuada.
IV.Sin perjuicio de los conceptos expresados precedentemente, también estimo que corresponden -tal como se adelantó- unas consideraciones sobre la coherencia del obrar administrativo y su correlato con las expectativas legítimas de las personas destinatarias de los actos estatales.
Debo por ello dejar sentada mi convicción de que el Derecho Público está -o debería estar, para tener pretensiones de racionalidad- iluminado por un conjunto de principios y teorías que han adquirido carta de ciudadanía en esta rama jurídica, y cuyo factor en común consiste en plantear cierto desideratum respecto del comportamiento derivado del ejercicio de la función administrativa.
Básicamente, podría afirmarse que estas doctrinas apuntan a la necesidad de que exista cierto grado de coherencia y la consiguiente previsibilidad en el proceder de la Administración, de modo tal que ciertas pautas de conducta trazadas por las autoridades públicas deberían ser mantenidas. Si bien cada uno de tales principios presenta sus matices y particulares modulaciones, lo cierto es que se despliegan bajo una filosofía común (al punto que existe jurisprudencia que los concibe como relacionados o vinculados: v.gr., C.S.J.N., Fallos: 308:191, considerando 5°; 314:491; y 326:1851, entre otros), y aunque algunos se conocen desde antaño, otros surgieron recientemente, aunque de hecho todos han cobrado intensidad en los últimos tiempos. Se trata de la seguridad jurídica, la confianza legítima, la doctrina de los actos propios, el respeto a la buena fe, y el principio de coherencia o no contradicción.
En el ideario de Linares Quintana, la seguridad jurídica “presupone la eliminación de toda arbitrariedad y violación en la realización y cumplimiento del derecho.” ayudando a crear “.un ámbito de vida jurídica en la que el hombre pueda desenvolver su existencia con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, y por consiguiente, con verdadera libertad y responsabilidad” (cfr. Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Parte Especial, Alfa, Buenos Aires, 1956, t. V, págs.189 y ssgtes.).
Hasta hoy, el Derecho Administrativo ha generado una variada gama de antídotos frente a procederes contradictorios de los poderes públicos (así, institutos tales como la estabilidad del acto administrativo, bien enfocada, atañen a la previsibilidad del obrar estatal).
Pero más allá de consideraciones estrictamente jurídicas, no está de más recordar que la coherencia -a veces soslayada- es una cualidad indispensable en cualquier sistema racional, si éste pretende ser tal. En efecto: una manifestación de voluntad destinada a afectar la esfera de derechos de las personas, no puede en forma válida ordenar que se haga algo y aceptar que, por otra vía, también se haga lo contrario.
Debo dejar sentado, por otra parte, que soy plenamente consciente de que los principios recordados deben ser aplicados con una singular dosis de prudencia y equilibrio en los casos concretos, con el objetivo de evitar postular exigencias desmesuradas que impongan cargas indebidas sobre la Administración, o conduzcan a soluciones injustas. En todo caso, también cabe advertir que los valores ínsitos en la seguridad jurídica, la predictibilidad y el respeto de las expectativas razonables que se susciten en las personas, adecuadamente entendidos, no significan desconocer que la Administración esté facultada a adoptar criterios cambiantes según lo exijan las dinámicas necesidades sociales.
Empero, este conjunto de valores implica admitir que tales fluctuaciones no deben suceder de manera antojadiza, de allí que la defensa hasta aquí examinada no condiga con el principio de coherencia, frente a los actos que el Estado ha emitido en 2005. Ello así, porque en atención al fundamento de los efectos del reconocimiento, cabe entender que la conducta de quien reconoce una obligación resulta incompatible con la negación de la deuda, que está implícita en la invocación de la prescripción liberatoria de la misma (cfr. Compagnucci de Caso, Rubén H. -Director-, “Código Civil de la República Argentina Explicado – Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía”, Tomo VIII, arts. 3449 a 4051, ed. Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires y Santa Fe, 1ª ed., 2011, pág.928, comentario al art. 3989 del C.C.).
Por todo lo expuesto, concluyo en la desestimación de la defensa de prescripción, con costas a la demandada, y si bien esta tesitura conduciría a remitir la causa a la instancia de origen a fin de que se dé tratamiento a las demás cuestiones planteadas -es decir: los aspectos sustanciales del pleito- lo cierto es que, como resultado del modo en el que prospera la apelación, ha devenido inoficioso dicho cometido, lo que así he de entender. ASI VOTO.
En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal -por mayoría- RESUELVE: 1º) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; 2º) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
(en disidencia) JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
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References: resolución 
 artículo 4037
 artículo 4037
 artículo 4037
 artículo 3982
 artículo 3994
 artículo 27
 artículo 4037
 artículo 3956
 artículo 3982
 artículo 4037
 resolución 
 Artículo 3989