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Timestamp: 2018-01-23 08:05:53+00:00

Document:
SSC-13368-2006
EXPEDIENTE N° 06-009519-0007-CO
RESOLUCION Nº 2006-013368
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y cuarenta y siete minutos del ocho de septiembre del dos mil seis.
Recurso de amparo interpuesto por GERARDO WALTER GRANADOS TORRES, cédula de identidad número 3-219-553, contra la CONTRALORA GENERAL Y EL GERENTE DE LA DIVISIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veinte horas y diez minutos del tres de agosto del dos mil seis, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Contralora General y el Gerente de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, y manifiesta, que por resolución número PA-08-2006 de las catorce horas del veintiuno de junio del dos mil seis, de la Dependencia de la Contraloría recurrida, se dispuso declararlo responsable administrativamente -en su condición de Alcalde- y en consecuencia, recomendar al Tribunal Supremo de Elecciones imponerle la sanción de cancelación de credencial. Que dicha decisión desborda las competencias asignadas por ley, violentando sus derechos adquiridos en el proceso electoral en que fue electo como Alcalde, pues dicho órgano no posee facultades para ordenar la cancelación de una credencial obtenida mediante voto de elección popular, tal y como lo ha sostenido jurisprudencialmente esta Sala. Que aunado a ello se violenta la autonomía municipal, constitucionalmente reconocida. Que dicho procedimiento administrativo se inició con la resolución dictada por la División de Asesoría y Gestión Jurídica, a las diez horas del trece de enero del dos mil cuatro, en su calidad de Órgano Acusador, sin embargo, por resolución dictada por esa misma Dependencia a las once horas del quince de febrero del dos mil seis, se le notifica que en virtud de la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, se dispuso que la tramitación de los asuntos relativos a procedimientos administrativos estarán a cargo de esa misma Dependencia, pero como Órgano Decisor. A su juicio, ello violenta el principio de Juez Natural, pues con lo descrito, la Dependencia de la Contraloría recurrida actua como Juez y parte, en tanto por un lado acusa y por otro resuelve sobre la acusación o elevación a Procedimiento Administrativo. Que además, las conclusiones a las que arribaron los funcionarios de la Contraloría, son totalmente omisas en cuanto a su fundamentación fáctica y jurídica, lo cual lo deja en estado de indefensión. Que la resolución de la Contraloría comete un error gravísimo de valoración de la prueba, pues es el Concejo Municipal el órgano responsable de los hechos atribuídos, en tanto, el Alcalde únicamente cumple con el seguimiento y ejecución de los acuerdos que emanan de dicho órgano. Aunado a ello, se violenta el principio de inmediatez de la prueba, pues quienes recomiendan la sanción no estuvieron presentes en la audiencia oral y privada. Por último alega violación al principio de igualdad, en tanto con la resolución que se recurre se exime de toda responsabilidad -estando en igualdad de condiciones- a los miembros del Concejo Municipal que participaron expresamente en la aprobación del Convenio que dio lugar a la apertura del procedimiento administrativo.
El recurrente impugna en esta sede constitucional la decisión de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, emitida en la resolución número PA-08-2006 de las catorce horas del veintiuno de julio del dos mil seis, mediante la cual se le declara responsable en el procedimiento administrativo seguido en su contra, como Alcalde de Oreamuno, y otros en su condición de Regidores Municipales, y por la cual se dispone recomendar al Tribunal Supremo de Elecciones imponerle la sanción de cancelación de su credencial. Para ello, el recurrente fundamenta -principalmente- sus alegatos en que: - dicha decisión desborda las competencias asignadas por ley, violentando sus derechos adquiridos en el proceso electoral en que fue electo como Alcalde, pues el órgano contralor no posee facultades para ordenar la cancelación de una credencial obtenida mediante voto de elección popular y que además, con ello se violenta la autonomía municipal, constitucionalmente reconocida; aunado a lo anterior, el recurrente reclama varios vicios dentro del procedimiento administrativo al que fue sometido, a saber: que dicho procedimiento administrativo se inició con la resolución dictada por la División de Asesoría y Gestión Jurídica, a las diez horas del trece de enero del dos mil cuatro, en su calidad de Órgano Acusador, sin embargo, por resolución dictada por esa misma Dependencia a las once horas del quince de febrero del dos mil seis, se le notifica que en virtud de la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, se dispuso que la tramitación de los asuntos relativos a procedimientos administrativos estarán a cargo de esa misma Dependencia, pero como Órgano Decisor, lo que a su juicio violenta el principio de Juez Natural, pues con lo descrito, la Dependencia de la Contraloría recurrida actua como juez y parte, en tanto por un lado acusa y por otro resuelve sobre la acusación o elevación a Procedimiento Administrativo. Que las conclusiones a las que arribaron los funcionarios de la Contraloría son totalmente omisas en cuanto a su fundamentación fáctica y jurídica, además de que se comete un error gravísimo de valoración de la prueba, pues es el Concejo Municipal el órgano responsable de los hechos atribuídos, en tanto, el Alcalde únicamente cumple con el seguimiento y ejecución de los acuerdos que emanan de dicho órgano; Que también se violenta el principio de inmediatez de la prueba, pues quienes recomiendan la sanción no estuvieron presentes en la audiencia oral y privada. Por último alega violación al principio de igualdad, en tanto con la resolución que se recurre se exime de toda responsabilidad -estando en igualdad de condiciones- a los miembros del Concejo Municipal que participaron expresamente en la aprobación del Convenio que dio lugar a la apertura del procedimiento administrativo.
EN CUANTO A LA PÉRDIDA DE LA CREDENCIAL DEL ALCALDE POR CAUSAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS. Tal y como ha sido reconocido por este Tribunal, los funcionarios municipales de elección popular son suceptibles de perder sus credenciales (ver sentencia número 2000-06326 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del diecinueve de julio del dos mil), por causas legalmente establecidas, circunstancia que -obviamente- alcanza al Alcalde Municipal. Específicamente y para el caso que nos ocupa, conviene hacer un repaso del fundamento legal de la sanción recomendada a aplicar al recurrente. Así tenemos que el Código Municipal establece:
La Contraloría General de la República, sin perjuicio de otras sanciones previstas por ley, cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública, recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor. (...)"
En concordancia con la normativa de cita, el Reglamento Sobre la Cancelación o Anulación de Credenciales Municipales, dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en La Gaceta N° 20 del veintiocho de enero del dos mil, en lo que nos interesa, menciona:
"En cuanto al segundo reparo constitucional hecho en aquella ocasión de la sentencia 2430-94, en razón de la competencia constitucionalmente asignada a la Contraloría General de la República, por tratarse de la recomendación de la pérdida o anulación de una credencial obtenida mediante voto popular, es necesario hacer las siguientes consideraciones. Es precisamente en atención al tipo de funcionario al que va dirigida la norma –funcionarios municipales de elección popular- que resulta necesario rescatar la función contralora de la Hacienda Pública que por mandato constitucional se le encomienda a la Contraloría General de la República, a fin de garantizar el principio de la buena fe en el ejercicio de la función pública y el correcto manejo de los fondos públicos; obligar a que tales investigaciones se hagan únicamente en la sede penal-jurisdiccional, haría desmerecer las competencias constitucionales y legales asignadas al órgano contralor, en primer lugar, y de alguna manera facilitaría una situación de incerteza sobre el resultado de las investigaciones en el sistema penal, dada las notorias dificultades que en este campo experimenta, cuando administrativamente, y con la intervención de un órgano altamente cualificado (y especializado) como lo es la Contraloría, se puede llegar a establecer la responsabilidad administrativa, que de toda suerte puede ser muy diferente de la responsabilidad de tipo penal en sentido estricto. Está claro, pues, que nos ubicamos en el ámbito de la competencia investigativa de la Contraloría General de la República para la verificación de la responsabilidad administrativa de los funcionarios investigados únicamente, pudiendo recomendar al órgano constitucional correspondiente -Tribunal Supremo de Elecciones- la cancelación de la credencial. Esto es independiente, entonces, de la responsabilidad penal que también pudiera estimar el órgano contralor, pero para tal determinación, el asunto deberá trasladarse, paralelamente, al órgano competente de la investigación penal. Por lo tanto, la competencia investigativa que se le reconoce en esta materia a la Contraloría no es excluyente de la reconocida a las instancias de la justicia penal, que debemos entender como complementarias y muy estrechamente coordinadas en muchos casos. "(sentencia número 2000-06326 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del diecinueve de julio del dos mi).
De lo anterior queda establecido que la actuación de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República no desborda la competencia legalmente asignada al órgano contralor para recomendar -con carácter de vinculante- la cancelación de la credencial de Alcalde del funcionario municipal recurrente, en tanto la misma resulta apegada al ordenamiento jurídico que rige la materia. De manera que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la Contraloría General de la República no solo puede recomendar la cancelación de su credencial como Alcalde Municipal, al constar su responsabilidad en los hechos atribuidos, sino además se encuentra obligada a hacerlo, conforme el mandato legal y constitucionalmente conferido, todo ello como consecuencia de la verificación de la responsabilidad administrativa.
EN CUANTO A LA ALEGADA VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. Tal y como se ha venido citando, la fiscalización y control del manejo de los fondos públicos es una función constitucionalmente otorgado al órgano contralor, de manera que la cotidianidad municipal en cuanto a sus presupuestos y actividad contractual no escapa a la competencia contralora, sin que por ello se pueda alegar violación a la autonomía municipal, a la cual también se le ha reconocido rango constitucional, según lo preceptuado en el artículo 169 de la Constitución Política. Al reafirmar dicho criterio, la Sala ha sostenido en la sentencia que se viene citando (2000-06326):
EN CUANTO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. El recurrente está disconforme con la manera en que la Administración valoró la prueba, pues, a su juicio, de los propios elementos de convicción que obran en el expediente administrativo tramitado en su contra se demuestra que él no tiene ninguna responsabilidad en los hechos y que, además, de haber un responsable sería el Concejo Municipal de Oreamuno, pues fue quien tomó los acuerdos y ordenó la ejecución de los mismos. Sin embargo, esos argumentos, como su inconformidad con la forma en que la administración recurrida valoró los elementos de prueba, son aspectos propios a plantearse, discutirse y resolverse en la vía legal correspondiente, no ante esta Sala, ya que no son más que aspectos de mera legalidad sobre los que no cabe pronunciarse a este Tribunal Constitucional. No se trata, en este caso, que la Administración haya incurrido en una grosera violación a las reglas de la sana crítica al valorar la prueba que obra en el expediente administrativo –como lo plantea el recurrente- sino de su disconformidad con esa valoración, pues el interesado, sobre los mismos elementos probatorios, llega a otra conclusión. Esa discrepancia debe zanjarse en la vía legal correspondiente.
EN CUANTO A LA ALEGADA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL. El recurrente alega que con la entrada en vigencia de la nueva la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República mientras se desarrollaba el procedimiento administrativo, y mediante la cual se dispuso que la División de Asesoría y Gestión Jurídica sería la encargada de resolver los asuntos relativos a procedimientos administrativos, se violenta el principio de juez natural, sin embargo, tal y como lo ha sostenido esta Sala, dicho "...principio es referido única y exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional y no a procesos de índole administrativa, donde evidentemente la Administración actúa como juez y parte."
. (sentencia número 2001-07496), razón por la que se constituye en innecesario ahondar sobre este alegato.
EN CUANTO A LA ALEGADA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA PRUEBA. La misma situación se produce con este alegato, en el que el recurrente afirma que quienes recomiendan la sanción no estuvieron presentes en la audiencia oral y privada. Sin embargo, dicho principio también es propio del proceso penal y supone un contacto y conocimiento directo de la prueba, por parte del órgano llamado a dictar la resolución de fondo. El procedimiento administrativo, se inspira en el proceso penal; sin embargo, en virtud de la naturaleza de los bienes jurídicos en juego en uno y otro caso, son diversos y no puede hacerse una aplicación idéntica de principios. De manera que el procedimiento administrativo disciplinario debe ajustarse -a falta de normativa expresa- en las disposiciones de las Ley General de la Administración Pública y no en las del Código Procesal Penal -que tiene reglas expresas sobre inmediación-, y en todo caso, la verificación del 'in procedendum de legalidad' compete a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional.
EN CUANTO A LA ALEGADA DISCRIMINACIÓN POR SANCIONARSE SOLAMENTE A UNA DE LAS PARTES SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. No se puede equiparar la situación de un investigado a la de otro, aún en una misma causa cuando la responsabilidad es enteramente personal y son los vínculos con el proceso y los aspectos personales del interesado los que deben incidir en la determinación de una presunta falta y la eventual imposición de una sanción. En este sentido la Sala ha dicho:
Como primer agravio, acusa el amparado disconformidad en virtud de que el Departamento de Inspección Policial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició un procedimiento disciplinario en su contra, procedimiento en que estima se ha dado un trámite inusual, lo que es lesivo al principio de igualdad, en tanto a un expediente disciplinario seguido en contra del funcionario que se desempeñaba como Jefe de Operativo Nacionales de esa Policía se le ha dado un trámite que no es expedito. En primer lugar, es menester indicarle a la recurrente que los parámetros de determinación de la discriminación entre iguales para efectos constitucionales, difieren en mucho de los parámetros de equidad entre investigados al momento de ser sometidos a un procedimiento disciplinario. La valoración del trato equitativo en tratándose de sujetos sometidos a dicho proceso disciplinario varía de acuerdo al tipo de denuncia o queja que enfrenten, a las condiciones de los distintos sujetos, su relación con el hecho investigado, los intereses del proceso, y es de competencia del Órgano Director del Procedimiento establecido al efecto. No se puede equiparar la situación de un investigado a la de otro, aún en una misma causa cuando la responsabilidad es enteramente personal y son los vínculos con el proceso y los aspectos personales del interesado los que deben incidir en la determinación de una presunta falta y la eventual imposición de una sanción. Así, el principio de igualdad ante la Ley rige únicamente para efectos del proceso aplicado y las defensas que en él se contienen, dejándose a criterio del Juzgador –en sentido amplio de la palabra- y en beneficio del correcto devenir del proceso y de la averiguación de la verdad real, el trámite conforme a derecho de las causas disciplinarias, atendiendo claro está, a los hechos denunciados y la efectiva participación de los denunciados en el mismo. De esta forma, debe rechazarse este reclamo, toda vez que la discriminación alegada no tiene asidero constitucional."
(Sentencia número 12488-04)"
Aunado a lo anterior, no puede pretender el recurrente sacar provecho de una situación contraria a derecho, sea, la eventualidad de que la Administración no haya cumplido con su deber en cuanto a otros responsables por la falta que a él se le atribuye.
Así las cosas, al analizar todos y cada uno de los alegatos planteados, estima la Sala que en los hechos acusados no se producen los quebranttos a los derechos fundamentales alegados por el recurrente, y en consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede el rechazo del amparo.
Presidente Ana Virginia Calzada M. Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G. jfas.-

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 169
 resolución 
 artículo 9