Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920069%20.html
Timestamp: 2019-11-19 09:30:24+00:00

Document:
as201920069
Auto Supremo: 69/2019
Expediente: O-48-18-S
Partes: Crisólogo Bravo Vargas. c/ Wilson Freddy Ponce Luna.
Proceso: Inscripción de derecho propietario y otros.
VISTOS: El recurso de casación presentado por Crisólogo Bravo Vargas de fs. 1200 a 1202 vta., y por Wilson Freddy Ponce Luna de fs. 1193 a 1195 vta., ambos contra el Auto de Vista Nº 150/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 1168 a 1177 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de inscripción de derecho propietario y cancelación de registro de declaratoria de herederos seguido por Crisólogo Bravo Vargas contra Wilson Freddy Ponce Luna, el Auto de concesión de fs. 1211, y todo lo inherente;
1. Que, Crisólogo Bravo Vargas interpuso demanda de inscripción de derecho propietario, cancelación de registro de declaratoria de herederos, reparación de daños y perjuicios de fs. 18 a 19, en contra de Wilson Freddy Ponce Luna quien contestó en forma negativa y reconvino anulabilidad de documento. En el trámite de la causa se procedió a la acumulación del proceso de reivindicación a instancia de Wilson Freddy Ponce Luna contra Crisólogo Bravo Vargas, trámite que concluyó con la Sentencia Nº 10/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 1097 a 1103, que declaró IMPROBADA la demanda de inscripción de derecho propietario y cancelación de registro de declaratoria de herederos, y la reconvención de anulabilidad de escritura pública y PROBADA la demanda de reivindicación.
2. Contra la citada determinación, ambas partes a su turno apelaron, en principio el demandante de fs. 1106 a 1107 y en segundo lugar Crisólogo Bravo Vargas de fs. 1109 a 1110, dando origen al Auto de Vista Nº 150/2018 de 20 de septiembre, que revocó parcialmente la sentencia declarando improbada la demanda reivindicatoria y confirmando en lo demás, con el fundamento central:
Que el perito Sof. 1ro. Basilio Octavio Yujra Callisaya no fue designado por las partes ni por el Juez, sino por el Director del IDIF, cuyo informe concluyó que la firma de Rosario Luna Vargas de Ponce es auténtica y no se probó objetivamente que el perito de referencia carece de idoneidad o profesionalismo. Asimismo, en ningún momento del actuado de inspección ante la Notaria de Fe Pública se estableció que la firma fuera falsa. Respecto a la reivindicación el demandado Wilson Freddy Ponce Luna, no demostró el dominio sobre el inmueble debido a la existencia latente del documento de fecha 6 de julio de 2007, el cual mientras no se declare invalido tiene plena vigencia. En cuanto a la pretensión principal manifestó que se encuentra motivada fundamentada, o sea que la autoridad judicial sustentó su decisorio en sentido que el actor por descuido o negligencia no hizo registrar en Derechos Reales oportunamente su derecho propietario sobre el inmueble en litis, y que esa actitud no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional.
3. Contra la aludida determinación ambas partes interpusieron recurso de casación en primer lugar el demandante a fs. 1193 a 1195 vta., y a su turno Crisólogo Bravo Vargas de fs. 1200 a 1202 vta., recurso que es objeto de análisis.
II.1. Del recurso de casación de Wilson Freddy Ponce Luna de fs. 1193 a 1195 vta.
1.- Acusan violación del art. 56.I de la CPE, ya que al declarar improbada su demanda de reivindicación le desconocen su derecho propietario, lo cual involucra una vulneración del art. 105 del CC.
2.- Aduce que el recurso de apelación del demandante en ningún momento observó la demanda acumulada de reivindicación, y el Tribunal de apelación de forma incorrecta y arbitraria pretende subsanar en base a líneas jurisprudenciales el derecho del demandado.
3.- El Auto de Vista de forma errada sostuvo que el demandado ha demostrado el dominio sobre la cosa, sin analizar lo determinado en sentencia que de forma correcta aclara que tiene su derecho debidamente registrado, situación indebidamente compulsada.
4.- Alude la existencia de un informe pericial aprobado de fs. 845, donde se comprueba de forma irrefutable la falsificación de la firma de la Sra. Rosario Luna Vargas, y al no valorarse dicho documento se incurrió en la violación de los arts. 441 y 397 del Código de Procedimiento Civil.
5.- Expresa que el perito solicitó la notificación al SEGIP y al SERECI, para realizar la comparación de los documentos, pero nunca acudió a estas instituciones, lo que acredita que actuó sin profesionalismo.
6.- Precisa que no fueron analizados los testigos de descargo, quienes de forma coherente acreditan que nunca existió la intención de vender la casa, y de la misma manera la confesión provocada, que demuestra la falsificación efectuada en la Escritura Pública Nº 208/2007 de 21 de noviembre.
7.- Que el bien inmueble que viene ocupado en base a un documento cuestionado, reporta ingresos económicos por el alquiler, por ende el usufructo ilegal de su bien hace viable el pago de daños y perjuicios.
II.2. Recurso de casación de Crisólogo Bravo Vargas fs. 1200 a 1202 vta.
1. Expresa que es el único propietario del bien objeto de litis, y este derecho propietario debe ser reconocido con su correspondiente inscripción en derechos reales, que si bien es cierto existía observaciones fueron suplidas, por lo que el juez de la causa obró de forma incorrecta contraviniendo lo establecido en los arts. 584 y 519 del CC, y del art. 6 del Código Procesal Civil.
2. Que la negación a la cancelación del registro en derechos reales del demandante, infringe los arts. 35 y 38 de la Ley de 15 de noviembre de 1887 y art. 62 del D.S. 27957, normativas que fueros desconocidas por el auto de vista realizando una errónea aplicación de las citadas normas.
Contestación al recurso de casación fs. 1208 a 1209 vta.
Manifiesta que el recurso es sumamente dilatorio, porque los agravios reclamados son improcedentes e infundados, que tienen por único propósito que el demandante siga usufructuando porque no se tiene un muro divisorio entre los dos bienes, del cual se apoderó el demandante para echarlo, antecedentes demostrados en el proceso de reivindicación.
Señala que se tiene el informe pericial del Dr. Julio César Gamboa Ancieta que fue aprobado donde concluye que la firma de su madre fue falsificada, asimismo se tiene el informe del oficial Octavio Yujra Calliasya que mereció una serie de impugnaciones, sobre el cual el demandante arguye tener derecho propietario conforme al documento privado de compra y venta de 6 de julio de 2007, empero este documento fue objeto de impugnación y se demostró su nulidad, pues existen informes técnicos que demuestran la existencia de falsificación.
Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos naturales, hechos humanos y actos y negocios jurñidicos…”.
Ahora bien, dicho autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit, nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme a la segunda parte del axioma citado supra”.
III.3. De la valoración de la prueba.
El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.
Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.
Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha señalado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.
III.4. Sobre la eficacia de los contratos en relación a los sucesores o causahabientes.
Conviene de inicio tener presente que un contrato constituye un acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico patrimonial, en la que existen prestaciones a cargo de una persona en favor de otra, de ahí que nuestro ordenamiento jurídico en el art. 450 del Código Civil señale que: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación jurídica”, precepto normativo que además establece que todo contrato emerge a través del acuerdo de las voluntades de dos o más personas; es decir que el contrato es un acto jurídico bilateral que supone necesariamente un acuerdo de dos o más voluntades.
En la literatura jurídica existe una serie de acepciones respecto a este tema, así por ejemplo el autor Pierre Mazeaud, refiriéndose al contrato establece: “El equilibrio práctico de intereses divergentes, que acredita el consentimiento, no será determinado, pues, por la presión de alguna fuerza extraña, sino únicamente por el valor social real, razonablemente apreciado, de las prestaciones puestas en la balanza. Por recibir así cada uno el equivalente de lo que da, la convención será justa; y para cumplir su misión de custos justi (guardián de los justos), el derecho no tendrá sino que sancionarla tal como las partes la hayan consentido. De ahí la regla tradicional, que las libres convenciones tienen fuerza de ley entre las partes”1
De manera que, al referirnos al contrato, diremos que éste no es un simple compromiso de amistad sino que al pactarlo se lo hace con la intención de crear derechos, por una parte y obligaciones por otra, pues las convenciones asumidas por su intermedio tienen fuerza de ley entre sus suscribientes, teniendo los mismo la protección de los tribunales, si fuere preciso, en caso de incumplimiento.
Ahora bien, para que un contrato surta eficacia jurídica, el art. 519 de nuestro Código Civil, establece que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y que no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley, presumiéndose también que “…quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato” conforme determina el art. 524 del precitado cuerpo legal.
Entonces, adentrándonos en la temática analizada, podemos colegir que la disposición normativa inmersa en el referido art. 524 de la norma Sustantiva Civil, dispone que los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores y causahabientes de quienes fueren los suscriptores principales de un contrato, a no ser que las obligaciones que nacieran de ella fueren inherentes a las personas, o que resultase lo contrario por mandato expreso de una cláusula del contrato, o de la naturaleza del mismo, de ahí que se puede asumir que los efectos de los contratos se transmiten también a los herederos ya que ellos representan la persona de su causante y a ellos se transmiten todos sus derechos y obligaciones2, acepción que además se encuentra regulada por el art. 1030 del mismo Código, que de manera clara refiere “Por efecto de la aceptación pura y simple, el patrimonio del de cujus y el patrimonio del heredero se confunden y forman uno solo, cuyo titular es este último. Por lo tanto los derecho y obligaciones del de cujus se convierten en los del heredero y este es responsable no solo por las deudas propiamente dichas sino también por los legados y cargas de la herencia”, lo que sin duda condice con el digesto romano quod ipsis, qui contraxerunt abstata et, succesoribus eurom ostabit, que dice, lo que perjudica a los que lo contrajeron, perjudicará también a sus sucesores, entendiendo a partir de ello que el art. 524 contiene una excepción a la regla res inter alios acta (los contratos no pueden afectar a terceros) del art. 523 del CC, pues bajo esa premisa, la relación contractual que originalmente involucraba a dos o más personas, puede variar, de forma tal que la parte que haya fallecido, permita el ingreso de sus sucesores o causahabientes en la relación patrimonial, importando ello que el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo deban ser acatadas y/o cumplidas por estos, en la forma que fueron consensuadas.
III.5. De la verificación judicial de la invalidez del contrato.
El art. 546 del Código Civil refiere: “La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente” la norma citada establece como regla general que la nulidad de un contrato conforme a nuestro ordenamiento Jurídico Civil, debe ser declarada mediante resolución judicial, dentro de un contradictorio donde se establezcan las viabilidad de las causales de nulidad invocadas, puesto que por regla general todo contrato tiene fuerza de ley entre partes, por ese motivo no puede ser considerado nulo de hecho (ipso facto), sino debe existir una resolución judicial ejecutoriada que deje sin efecto el negocio jurídico, en el mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su obra, Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y Caducidad pág. 78 señala: “Mientras no exista una resolución judicial debidamente ejecutoriada que declare expresamente la nulidad o anulabilidad de un negocio jurídico, no podemos afirmar que tales contratos son inhábiles; por lo tanto la nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente por un órgano jurisdiccional competente.
Toda anulación o anulabilidad de un contrato debe ser declarada judicialmente; vale decir, dentro de un proceso contradictorio “…” empero, siempre debe existir resolución judicial que declara la invalidez del contrato”.
A mayor abundamiento podemos citar AS 953/2015 – L de fecha 14 de Octubre que refrendado lo expresado señala: “La nulidad del contrato o un acto jurídico necesariamente debe ser declarada a través de una resolución judicial, pues el supuesto acto o contrato anulable produce todos sus efectos mientras no se lo impugne y se declare su nulidad o anulabilidad precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos (art. 546 del CC, sobre la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad), pues la Sentencia que dispone la nulidad o anulabilidad de un contrato tiene un efecto retroactivo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo acto jurídico y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato. Sin embargo en el caso de la anulabilidad existe la salvedad en cuanto a los efectos de esta acción respecto a terceros (art. 559 del CC), puesto que esta no afecta los derechos adquiridos por terceros de buena fe como se expuso supra”.
Bajo la misma óptica este Tribunal ya emitió criterio en el AS 723/2018 de 27 de julio donde refirió en sentido que: “ esta vía es la más apropiada porque si bien teóricamente está claro que un contrato contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público es ineficaz por imperio de la ley, en la práctica dicho documento es parte de las relaciones jurídicas, lo que generara conflicto entre particulares y el Estado, donde el uno le otorgara todo el valor y el otro le restara valor invocando la nulidad de pleno derecho, discusión que probablemente se extienda en el tiempo y el documento potencialmente defectuoso continuara latente, lo que es contrario a la paz social, de ahí que se optó por la necesidad de la declaración judicial para destruirlo y expulsarlo del comercio humano.
Para concluir este punto, es oportuno también indicar que la nulidad para ser declarada judicialmente, requiere ser presentada mediante acción o excepción expresa, para que el oponente pueda repeler la misma, mediante mecanismos de defensa como la falta de legitimación, cuando la petición de nulidad de contrato es activada por un tercero a la relación contractual”.
Del examen del recurso de casación se denota reclamos tanto de fondo como de forma, planteados de manera indiscriminada, en consecuencia corresponde por pedagogía jurídica absolver primero los temas de forma, ya que de ser evidentes no será necesario analizar los inherentes al fondo.
IV.1. Del recurso de casación de Wilson Freddy Ponce Luna de fs. 1193 a 1195 vta.
IV.1.1. En el tópico dos, aduce que el recurso de apelación del demandante, en ningún momento observó la demanda acumulada de reivindicación, pero el Tribunal de apelación de forma incorrecta y arbitraria pretende analizar tal aspecto simplemente en base a líneas jurisprudenciales.
Se puede inferir que el reclamo tiene como punto neurálgico observar que el Tribunal de apelación actuó de forma incongruente al revocar en parte la sentencia, debido a que en ningún momento fue observada la pretensión de reivindicación.
Al respecto es necesario traer a colación el entendimiento vertido en el punto III.3, ya que en diferentes fallos este Tribunal ha determinado que el limite competencial del Auto de Vista se encuentra determinado por los agravios plasmados en el recurso de apelación, entendimiento que encuentra su respaldo en el principio de pertinencia derivativo del principio de congruencia y dispositivo, establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil, caso contrario cuando la resolución de alzada desconoce el citado parámetro nos encontramos frente a lo que en doctrina ha sido definido como un fallo ultra, citra, extra o infra petita, conculcando los citados principios.
Al respecto, corresponde analizar si la resolución de alzada ha obrado fuera del marco de congruencia que determina el recurso de apelación, para lo cual corresponde realizar el respectivo contraste entre ambos actos jurídicos, del examen del Auto de Vista de fs. 1168 a 1177, se evidencia la revocatoria de la decisión de primera instancia declarando improbada la demanda de reivindicación, expresando que: “ dejaron establecido que uno de los requisitos para la procedencia de la acción de reivindicación, es que quien pretenda dicha acción demuestre el dominio que tiene sobre la cosa, extremo que en el caso presente no ha demostrado el demandado Wilson Freddy Ponce Luna, debido precisamente a la existencia latente del documento de fecha 6 de julio de 2007, el cual mientras no se invalide tiene plena vigencia entre las partes, y conforme el art. 1538-III del Código Civil al referirse a las partes se hace referencia implícita a los herederos y/o causahabientes conforme al contenido del art. 524 del Código Civil, y el hecho de que el acto jurídico de venta del bien inmueble de fecha 6 de julio de 2007 no haya cumplido con la formalidad del registro en derechos reales no significa que no tenga validez …”, entendimiento que desde la óptica de este Tribunal no resulta incongruente, al provenir del agravio efectuado por el demandante en su memorial de fs. 1109 a 1110 donde de forma textual reclamó : “Al respecto cabe referir que el Juez de primera instancia en principio reconoce que mi persona para el registro de mi derecho de propiedad efectuó el pago de deudas que pesaban sobre el inmueble y debido a las observaciones de la oficina de Derechos Reales no se efectivizó el registro, luego lo desconoce y más grave aún al haber aplicado el artículo 1538 del Código Civil, para negarme mi petitorio anteponiendo formalismos de publicidad a mi derecho sustantivo de propiedades efectuó una errónea aplicación de la norma porque la misma es inaplicable toda vez que por imperio del artículo 524 del Código Civil el contrato de compra y venta suscrito entre mi persona y Rosario Luna Vargas surte efectos a Wilson Freddy Ponce Lune por su condición de herederos, aun así no se haya registrado en la oficina de derechos Reales.” (Sic.) la cita realizada a todas luces demuestra que se actuó dentro del marco de congruencia delimitado en el art. 265.I del Código Procesal Civil, pues el agravio plasmado en el recurso de apelación observa la validez del documento suscrito con la madre del demandado que alcanza en sus efectos a los herederos pese a la ausencia del registro, entendimiento que permitió al Tribunal de apelación realizar un nuevo examen de los elementos probatorios y determinar la validez de dicho documento entre las partes contratantes y sus herederos pese a la ausencia del registro, entendimientos que demuestran coherencia entre lo reclamado y resuelto, no existiendo vulneración al principio de congruencia establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil
IV.1.2. Los acápite 1 y 3, observan la vulneración del art. 56 de la CPE, y art. 105 del CC, alegando que el Auto de Vista de forma errada sostuvo que el demandante ha demostrado el dominio sobre la cosa, sin analizar lo determinado en sentencia que de forma correcta aclara que tiene su derecho debidamente registrado, situación indebidamente compulsada.
Sobre este debate, tomando en cuenta los razonamientos descritos en el punto III.1. de la doctrina aplicable, conviene precisar que en el sub judice, estamos frente a un contrato eminentemente consensual que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, no requiriéndose de otros requisitos y simplemente para efectos de constancia en la vida cotidiana se acostumbra elaborar un documento, pues es esta la característica esencial del contrato de compra venta, que por lógica consecuencia de la soberanía que tiene las partes y en virtud al principio de libertad contractual crea obligaciones reciprocas con la simple manifestación de voluntad de sus suscriptores, entonces bajo el citado entendimiento no se advierte errónea interpretación de los arts. 150 del Código Civil, y 56 de la Constitución Política del Estado, porque si bien el demandado ahora recurrente tiene un título inscrito en derechos reales conforme se advierte a fs.16-19 asiento Nº 2, sin embargo dentro de un contexto de verdad material, no se puede dejar de lado la existencia de un documento de compra y venta contenido en la Escritura Pública Nº 208/2007, suscrito entre el demandante y la madre del demandado Rosario Luna Vargas, quien transfirió el bien objeto de litis, ubicado en la calle Cochabamba ahora Avenida del Ejército, de ahí que la citada documental como se dijo, se torna eficaz entre las partes suscribientes y sus herederos o causahabientes, conforme rezan los arts. 519 y 524 del CC, y en ese entendido el mismo no obstante de no contar con la publicidad exigida por ley, resulta siendo también oponible entre las partes contratantes, de acuerdo a lo estipulado por el art. 1538.III del mismo Código, que de manera por demás clara describe que: “Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derecho reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos solo entre las partes contratantes…” (El resaltado nos corresponde), máxime si en la litis la escritura pública no ha sido declarada nula, surtiendo los efectos reales correspondientes, deviniendo en infundado el reclamo efectuado.
IV.1.3. Los puntos de controversia 4, 5 y 6, se encuentran avocados a observar la errónea valoración de la prueba contenida en el informe pericial de fs. 845 que acredita la existencia de falsificación, es decir que el perito dirimidor no habría utilizado como comparación los documentos del SERECI y SEGIP acreditando la falta de profesionalismo y no analizaron la prueba testifical que demuestra que nunca hubo una intención de vender.
De acuerdo al criterio vertido en el punto III.4 de la doctrina aplicable la valoración de la prueba implica una actividad intelectiva donde la autoridad judicial analiza y pondera todo el universo probatorio, en aplicación del principio de unidad y comunidad de la prueba, aplicando para el caso que corresponda el sistema de valoración de la prueba que la causa amerite de acuerdo a su naturaleza, pudiendo ser acorde a la tasa legal, sana critica o prudente criterio, en ese contexto si bien es evidente que el informe pericial producido por el ahora recurrente de fs. 845 llegaría a determinar la existencia de falsedad, sin embargo el recurrente pretende que la decisión final se funde en ese único medio probatorio desconociendo el principio de comunidad probatoria referido precedentemente, cuando en obrados existen dos informes periciales cursantes en obrados que de forma contundente confluyen en que las firmas contenidas en la Escritura Pública Nº 208/2007 no son falsas, entonces no resulta coherente el fundamento del recurrente, al pretender obtener una resolución en base a una sola prueba desconociendo el resto del elenco probatorio. Ahora en lo que respecta a que el informe pericial, es decir que no hubiere recabado la documentación solicitada en el SERECI y SEGIP, este hecho no puede ser entendido como un parámetro para dejar de lado el controvertido informe pericial, sobre todo cuando el perito en su aclaración de fs. 1094 señalo que si bien no contó con el documento de filiación biométrica, pero utilizó documentación original en cantidad de 14 (fs. 64, 66, 71, 72, 75, 85, 128, 131, 132, 133, 134 y 135), entonces su reclamo no resulta gravitante como para afectar o tornar en ineficaz dicho informe pericial. En cuanto a las pruebas testificales reiterando el criterio vertido, estos no han de enervar los informes periciales que son concluyentes en determinar que no ha existido falsedad en la firma, resultando por ende irrelevantes para el caso en cuestión.
IV.2. Del recurso de casación de Crisólogo Bravo Vargas fs. 1200 a 1202 vta.
Los dos reclamos acusados están orientados a establecer la viabilidad de su registro, sobre todo si el mismo ha sido reconocido en ambas instancias.
Con relación a lo acusado se debe precisar que el demandante como sustento fáctico en lo que concierne al registro precisó : “mediante documento suscrito en fecha 6 de julio 2007 convertido en Escritura Pública bajo el Nº 208 extendido en 21 de noviembre de 2007 ante el Notario Carlos Rodríguez Espinoza, la Sra. Rosario Luna Vargas de Ponce me dio en venta y enajenación perpetua un bien inmueble ubicado en el sector y colindancia Este, de mi propiedad situada en la Avenida del Ejercito Nº 685, entre Tacna y Arica de esta ciudad que, conforme consta por la prueba adjunta, fue motivo de observaciones de carácter administrativo perjudicando su inmediato registro en Derechos Reales… ”, fundamento que contiene una confesión espontanea del demandante en sentido que no pudo inscribir su derecho en el registro por determinadas observaciones, las cuales se hallan referidas a fs. 11, donde la Registradora del Distrito realiza 3 observaciones, como ser la consignación de medidas, las calles , la existencia de gravámenes y restricciones, entonces y compartiendo el criterio vertido por los de instancia corresponderá la inscripción una vez subsanada las nombradas falencias, las cuales no pueden ser suplidas en la presente causa, sino a través del trámite correspondiente, donde se determinara la viabilidad o no del registro, para luego activar el proceso correspondiente para el caso de existir negativa, resultando su alegación carente de sustento.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación presentado por Crisólogo Bravo Vargas de fs. 1200 a 1202 vta., y por Wilson Freddy Ponce Luna de fs. 1193 a 1195 vta., ambos contra el Auto de Vista Nº 150/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 1168 a 1177 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin costas ni costos por doble impugnación.
Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.
1 Mazeaud P. “Derecho Civil, parte II, Tomo I Obligaciones: El Contrato”, pág. 143 y 386-387.
2 Fortunato G. Roque, Alberto Z. Jorge (1998) “Contratos Civiles y Comerciales”, Tomo I, Parte General, 2º Ed., Buenos Aires, Argentina, Edit. Universidad, pág. 356.

References: resolución 
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 artículo 1538
 artículo 524
 resolución