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Timestamp: 2018-09-23 01:10:07+00:00

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﻿ SENTENCIA T-451 DE ABRIL 27 DE 2000
SENTENCIA T-451 DE 27 DE ABRIL DE 2000
CONTENIDO:VÍA DE HECHO Y LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. NO ES LO MISMO SUSPENDER UN PROCESO DE SUCESIÓN QUE SUSPENDER LA ORDEN DE ENTREGA DE LA PARTE DE UN BIEN DONDE SE ALEGA QUE SE REALIZARON MEJORAS. DEFINE LO QUE SE ENTIENDE POR MEJORAS Y LOS PASOS A SEGUIR EN CASO DE CONTROVERSIA DENTRO DE UN PROCESO DE SUCESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCESO DE SUCESIÓN, VÍA DE HECHO, ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO
Sentencia T-451 de abril 27 de 2000
Sentencia T-451/00
Ref.: Exp.: T-293.587
Santafé de Bogotá, D.C., 27 de abril de 2000.
EXTRACTOS: «4.2 La suspensión de los procesos, en términos generales, es una eventualidad excepcional que puede presentarse en el curso de éstos, exactamente al momento de dictarse sentencia, y que impide al juez de conocimiento emitir el fallo que corresponda, hasta tanto no se emita una decisión definitiva en otro proceso, decisión que necesariamente ha de influir en la resolución del proceso que, por tal hecho, ha de suspenderse.
Teniendo en cuenta que la suspensión, como fenómeno procesal, implica diferir en el tiempo la resolución de la cuestión planteada al juez, hecho este que toca con uno de los elementos que integran no sólo el núcleo esencial del derecho al debido proceso (art. 29) sino del derecho mismo de acceso a la administración de justicia (art. 229), compete al juez, como director del proceso, hacer uso razonado de esta figura, por cuanto éste no puede retardar o postergar la conclusión del negocio sometido a su conocimiento por el solo hecho de la existencia de otro litigio entre las mismas partes o sobre el mismo objeto, cuando no exista la conexidad sustancial entre la decisión que ha de adoptarse en uno y otro pleito.
Así, el juez, al momento de decidir sobre la suspensión del proceso, sólo puede atender a circunstancias objetivas que le permitan concluir que al fallar el caso sometido a su conocimiento, sin el pronunciamiento que debe producirse en otro proceso, incurriría en contradicciones que afectarían no sólo los derechos de las partes sino la unidad misma que debe existir en la administración de justicia, eventualidades estas que debe prever, postergando su decisión.
Es claro, entonces, que la decisión de un juez de suspender un proceso sometido a su conocimiento, sin atender a esas circunstancias objetivas, implicaría, se repite, el desconocimiento del derecho que le asiste a toda persona que acude a la administración de justicia, de obtener una pronta resolución del asunto que se ha sometido a conocimiento de la jurisdicción y, en especial, el derecho al debido proceso. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado:
“El incumplimiento y la inejecución sin razón válida de una actuación que por sus características corresponde adelantarla de oficio al juez, agravian el derecho al debido proceso. Dentro de este contexto, el derecho a obtener una solución definitiva de la litis, hace parte integral del derecho al debido proceso y a una pronta justicia. Puesto que el fallo es la culminación de la intervención del Estado tendiente a resolver los conflictos surgidos entre los particulares, su denegación por parte del funcionario encargado de emitirlo sin causa que lo justifique, se convierte no sólo en el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso sino del fundamento último del derecho de acceso a la justicia. Los jueces de la República tienen una función que cumplir y que cuando por su negligencia no lo hacen, los afectados no deben ser sometidos a soluciones que impliquen una carga adicional. Tampoco sería ésta la forma adecuada de garantizar los derechos de los asociados o de poner a coto a yerros inexcusables de los jueces, que desconocen principios y fines propios de su altísima misión que hoy tiene hondo raigambre en la Constitución de 1991”. (Sent. T-079 de 1993)
“La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente” (Sent. T-577/98)
Dentro de este contexto, la Sala ha de analizar si la suspensión del proceso de sucesión que fue ordenada por los despachos judiciales en contra de los cuales se dirige esta acción, y cuyo fundamento está en la existencia de un proceso ordinario donde se discute la existencia, reconocimiento y pago de unas mejoras efectuadas sobre el único activo de la sucesión, se ajusta a razones objetivas que hicieran imprescindible tal decisión.
4.3. El proceso de sucesión es un proceso de liquidación del patrimonio de quien fallece (causante), patrimonio constituido por los activos y pasivos de éste, el cual ha de ser adjudicado a quienes por ley o voluntad del de cujus están llamados a sucederlo. Proceso que tiene como finalidad permitir que opere una de las formas de adquirir el dominio: la sucesión por causa de muerte, que consagra el artículo 673 del Código Civil, y que termina con la aprobación, por parte del juez de conocimiento, del trabajo de partición que presente el partidor designado para el efecto, o por los apoderados judiciales de los interesados. Trabajo este que consiste, esencialmente, en liquidar el pasivo y distribuir los haberes existentes.
El artículo 611 del Código de Procedimiento Civil, establece en el numeral 1º que “el juez dictará de plano sentencia aprobatoria (del trabajo de partición) si el heredero y cónyuge sobreviviente lo solicitan”. En el caso en estudio, los actores haciendo uso de la facultad que consagra esta norma, solicitaron al juez de conocimiento aprobar la partición presentada, que, en tratándose de un único bien, se hizo adjudicando proindiviso éste a la cónyuge supérstite un 50%, y el porcentaje restante distribuido en partes iguales entre los cuatro hijos del causante, correspondiéndole a cada uno el 12.5% del inmueble. No existía pasivo alguno que liquidar.
Empero, el juez de conocimiento se abstuvo de dar aplicación a la mencionada norma, por considerar que la partición no podía aprobarse, hasta tanto no se decidiese el proceso ordinario que, contra los herederos y la cónyuge supérstite, estaba en curso, y cuyo objeto era el reconocimiento y pago de unas mejoras plantadas en el bien objeto de la partición, por cuanto lo decidido en dicho proceso, según los despachos judiciales accionados, incidiría directamente en ésta.
4.4. Encuesta esta Sala que, pese a que los jueces de instancia dicen dar aplicación al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en tratándose del proceso de sucesión existe norma especial que prevé expresamente los casos en que el juez debe suspender la partición, y que no son otros que los que consagran los artículos 1387 y 1388 del Código Civil. Significa lo anterior que los jueces acusados, en los términos de la jurisprudencia de esta corporación, incurrieron en grave defecto sustantivo, al basar su decisión en una norma claramente inaplicable al caso concreto. Veamos:
4.5. El artículo 1387 del Código Civil establece que “antes de proceder a la partición se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre los derechos a la sucesión por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios”. Es claro que mientras no exista claridad sobre la calidad de los llamados a suceder al causante no es posible efectuar la partición, en razón a que estas controversias inciden directamente en las adjudicaciones a realizar.
Norma esta que para el caso en estudio no es la aplicable, pues el derecho al reconocimiento de mejoras no entra en las controversias de que trata este artículo, pues su naturaleza en nada toca o afecta los derechos sucesorales, tal como se explicará más adelante.
Por su parte, el artículo 1388 del Código Civil, establece que “...las cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible, serán decididas por la justicia ordinaria, y no se retardará la partición por ellas. Decidas a favor de la masa partible se procederá como en el caso del artículo 1406. Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podrá la partición suspenderse hasta que se decidan; si el juez, a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible lo ordenare así”.
En los términos de este artículo, de existir alguna controversia relacionada con la propiedad de un bien incluido en la partición, ello no es óbice para que la misma se efectúe, pues lo procedente es la exclusión del bien sobre el cual recae la controversia, y proceder a efectuar el reparto de la masa restante. Una vez decidido el conflicto, si la decisión es a favor de la herencia, el correspondiente bien se entrará a dividir entre aquellos sujetos que tengan derecho a ello. Obsérvese que, en el supuesto de esta norma, sólo los asignatarios tienen derecho a solicitar la suspensión, en donde el juez no puede de oficio decretarla.
4.6. Las mejoras están definidas como “lo hecho o gastado en una edificación, heredad o cosa, para conservarlas, perfeccionarlas o convertirlas en más útiles o agradables” según se lee en Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pues bien, el reconocimiento y pago de mejoras no es una controversia que tenga por objeto la discusión sobre la propiedad del bien donde éstas se han plantado. Precisamente parten del supuesto contrario, según el cual, quien ha plantado la mejora y aboga por su reconocimiento y pago, está admitiendo la propiedad que otro ostenta sobre el bien mejorado, en donde el juez debe decir si hay lugar a pagar lo invertido en ellas, teniendo en cuenta que nadie puede enriquecerse a expensas de otro.
El reconocimiento de mejoras, entonces, es un derecho de carácter personal, de crédito, que busca el pago del valor de éstas o de una indemnización, dado que quien ostenta la propiedad sobre el bien en las que cuales éstas se han ejecutado, no puede entrar a usufructuarlas sin reconocer lo invertido en ellas por el tercero. Nuestra legislación las consagra específicamente en los artículos 966 y siguientes del Código Civil, clasificándolas y reconociendo derecho de retención sobre el bien donde éstas se han plantado, hasta tanto no se pague o se asegure su satisfacción (C.C., art. 969).
4.7 Dentro de este contexto, no encuentra esta Sala una razón que justifique la suspensión del proceso sucesorio iniciado por los actores hace más de doce años, pues es claro que lo que se discute y llegue a decidir en el proceso ordinario, en el que los jueces de instancia basaron esa decisión, en nada afecta la partición que en éste se debe aprobar, por las siguientes razones:
Primera, porque mientras el proceso ordinario no se falle en favor de quien dice haber plantado las mejoras, no existe certeza alguna sobre el derecho que éste dice tener y como tal, no puede hacer parte de la masa herencial como un pasivo, como equivocadamente lo planteó el juez once de familia, pues en ésta, sólo pueden incluirse los créditos que consten en títulos ejecutivos, artículo 600 del Código de Procedimiento Civil.
Segunda, porque no es cierto que, en caso en que las mencionadas mejoras lleguen a reconocerse, se afecte la partición, tal como lo manifestó el juez once de familia al afirmar “que la partición o su registro deba ser invalidado, a más que posiblemente esté faltando a la verdad al denunciar algo que en realidad no pertenece a la sucesión, y teniendo como soporte que el inventario pudo quedar mal confeccionado lo cual tendría que remediarse de una vez”, por cuanto al estar demandados todos los asignatarios en el proceso ordinario, el juez de conocimiento, en su momento, salvo que aquellos decidan de mutuo acuerdo cosa diversa, ordenará pagar a cada uno éstos, a prorrata de su asignación, el valor de aquéllas, aplicando la regla general según la cual “las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas”, artículo 1411 del Código Civil.
Por tanto, no es cierto que resulte afectado el heredero a quien se le asigne la hijuela correspondiente, pues cada asignatario, según la partición presentada, tendrá un porcentaje sobre el bien, y como tal, cada uno habrá de responder por las mejoras realizadas al mismo, en proporción a lo que le fue asignado, en caso de prosperar la reclamación sobre éstas.
En otros términos, los asignatarios han heredado un litigio y, en su momento, han de cumplir lo que en éste se decida.
Tercera, porque no es cierto que se afecte el derecho alguno que le pueda asistir a quien está alegando el reconocimiento y pago de mejoras, como parece inferirlo el juez once (11) de familia de Santafé de Bogotá, pues éste se encuentra amparado por la orden que en su momento emitiera el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Penal, y confirmada por esta corporación, en la acción de tutela promovida por aquél, en el sentido de que no ha de procederse a la entrega de la parte del bien donde se alegan fueron realizadas las mejoras, hasta tanto no se decida el proceso ordinario en las que éstas se debaten.
En otros términos, aprobado el trabajo de partición, los asignatarios podrán solicitar la entrega material del bien por parte del secuestre, salvo en la parte que detenta el tercero que alega las mejoras, porque existe una orden judicial que así lo ordena. La entrega de esta parte, en caso de prosperar el proceso ordinario, tampoco habrá de proceder, hasta tanto no se acredita el pago de las mejoras o la garantía que el mismo se efectuará, tal como lo prescribe el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, en ejercicio del derecho de retención. Así las cosas, no existe razón para afirmar que la suspensión del proceso de sucesión se dictó con el fin de salvaguardar “la seguridad jurídica de los interesados” (providencia del juez once de familia de Santafé de Bogotá).
Cuarta, la orden que en su momento emitió la jurisdicción constitucional, no implicaba de suyo la suspensión del proceso sucesorio, como parecieron interpretarlo los despachos judiciales acusados, por cuanto lo que se ordenó en ella, fue la suspensión de la orden de entrega de la parte del bien donde se alegan fueron realizadas las mejoras, y no la suspensión de este proceso.
En conclusión, era claro que los jueces acusados no podían decretar la suspensión del proceso de sucesión de Guillermo Bonilla Rojas, por cuanto no se daban los supuestos legales para el efecto, suspensión que sin tal fundamento, resulta vulneradora de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros».

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 673
 artículo 611
 artículo 170
 artículo 1387
 artículo 1388
 artículo 1406
 artículo 600
 artículo 1411
 artículo 339