Source: https://enocasionesveoreos.blogspot.com/2017/11/
Timestamp: 2020-01-20 17:18:06+00:00

Document:
En ocasiones veo reos (Blog de Derecho penal y procesal penal de Juan Antonio Frago Amada): noviembre 2017
A la persona jurídica, para variar, se le calcula mal la pena. Como ya dijimos este último viernes, parece que hay algunos problemillas para los juristas en lo que a la dosimetría de las penas se refiere.
Si a la persona jurídica se la condena por el 250. 1. 5º Cp, se aplica lo siguiente:
Consecuentemente, a la persona jurídica, a la que no le aplican la atenuante de reparación del daño (cuando sí a las personas físicas), ni la de dilaciones indebidas (puesto que no está prevista en el 31 quáter Cp), la pena a imponer sería la siguiente (art. 251 bis Cp):
Es evidente que la pena tendría que haber oscilado entre el triple y el quíntuple de los citados 123.300 €.
También se le impone, por el acuerdo de las partes, “la suspensión de las actividades sociales de dicha mercantil que comprenden la gestión inmobiliaria, asesoramiento financiero y captación de fondos, durante el periodo de 1 años”, con lo que si no se embarga de lo ahorrado, mal producirá para pagar la multa.
Dicho esto, la sentencia plantea dos cuestiones.
La primera ya la vimos en ESTE POST, hacia el final. La necesidad del poder especial para conformar en nombre de las personas jurídicas y los problemas prácticos que se pueden generar.
La segunda es la relativa a la reparación del daño. Como hemos visto, se ha reconocido a las personas físicas y no a la jurídica. En un juicio contencioso, o de no conformidad, dudo mucho que un tribunal serio hubiera pasado por reconocer la atenuante por 10.000 € entregados, de 123.300 € debidos, cuando encima hay 3 eventuales responsables para pagar (las dos personas físicas y la jurídica). Pero voy más allá, la comunicabilidad de la atenuante; si puede trasladarse entre las mismas. En mi opinión, al menos ha sido correcto no aplicarla extensivamente a la PJ cuando según los hechos probados han sido las físicas las que han hecho el abono.
Por último, lo que es de agradecer es que se empiecen a ver condenas, pese a los defectos que se van detectando. Poco a poco, los juzgados y fiscalía van lanzándose al cumplimiento de los deberes impuestos por la OCDE y la UE.
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 30, 2017 No hay comentarios:
La STS 4074/2017, de 16-XI, ponente Excmo. Andrés Palomo del Arco, confirma una previa sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional.
Estamos ante una sentencia muy interesante, que narra la operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera, la policía judicial de la AEAT, y el CICO (hoy CITCO, Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado), relativa a una incautación de hachís en gran cantidad que se pretendía introducir por Andalucía.
Todo parece indicar que de dos acusados que fueron enjuiciados, uno quería aceptar un acuerdo de 4 años de prisión tratado entre su letrado y la Fiscalía y el otro no. Supongo que se llegó a un acuerdo encubierto, por el que confesaría pese a todo los hechos el que quería los cuatro años, rebajando la Fiscalía en conclusiones definitivas la calificación hasta los cuatro años, pero resulta que el acusado confiesa los hechos para a continuación decir que no sabía que era droga. La Fiscalía no modifica el escrito de acusación y la AN condenó a ambos a cinco años y medio.
“1. Argumenta que al comienzo del Juicio Oral alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el cual el acusado reconocía los hechos y aceptaba una pena principal de cuatro años de prisión. El acusado al comienzo del Juicio Oral admitió y reconoció los hechos, pero a preguntas del Fiscal manifestó no saber el contenido de los fardos que había en la embarcación y que dicho contenido fuera sustancia estupefaciente. Debido a esa discrepancia, que el recurrente achaca al nerviosismo o a un problema con el intérprete, el Fiscal elevó sus conclusiones a definitivas en el trámite correspondiente y la defensa persistió en la petición de pena de cuatro años. El acusado al hacer uso de la última palabra indicó que se conformaba con la pena solicitada por su abogado y que el día anterior se encontraba muy nervioso.
2. Es exigencia normativa para que la conformidad tenga eficacia que la aceptación de la descripción de hechos de la acusación, lo sea, por todas las partes (art. 787.2 LECr); es decir, conformidad total, que en autos, en modo alguno no se ha producido, pues al margen de cual fuere lo acaecido con el recurrente, el coacusado nunca reconoció hecho alguno, lo que imposibilita la tramitación y conclusión del proceso por conformidad.
Ya la STS 971/1998, 27 de julio, que por razón de su fecha incluye alguna referencia a preceptos cuya numeración se ha trocado tras diversas reformas, pero cuyo contenido sustancial a estos efectos pervive en la actual redacción, recordaba que "...una sentencia de conformidad viene siempre condicionada por la unánime prestación de la conformidad por todos los acusados de un delito: el artículo 691 exige que, si los procesados fueren varios, se pregunte a cada uno sobre la participación que se le haya atribuido, de modo que únicamente podrá el Tribunal dictar sentencia de conformidad en los términos expresados en el artículo 655 si todos se confiesan reos del delito o delitos que les hayan sido atribuidos en los escritos de calificación y reconocen la participación que en las conclusiones se les haya señalado, no considerando los defensores necesaria la continuación del juicio ( artículo 697, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Pero si cualquiera de ellos no se confiesa reo del delito que se le haya imputado -o su defensa considera necesaria la continuación- se procederá a la celebración del juicio (artículo 673, párrafo segundo, y 696 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ). Que un hecho se considere al mismo tiempo cierto por conformidad, e incierto por el resultado de las pruebas, es un contrasentido evitado con la exigencia de la unanimidad de los acusados al conformarse con la calificación, y la necesidad de celebrarse el juicio oral para todos cuando la conformidad sólo es dada por algunos. Tal hipótesis conducirá a una determinación de los hechos probados, no en razón de esa especie de disponibilidad «sui generis» del objeto procesal, presente en cierto modo en la figura de la conformidad, sino sobre la base de la subsiguiente actividad probatoria desarrollada en el juicio oral con observancia de los principios de inmediación, contradicción y publicidad. De modo que una conformidad expresada por sólo parte de los acusados resultará irrelevante para determinar el sentido de la sentencia que en tal caso habrá de ser para todos los acusados -incluso para los que expresaron la conformidad- el resultado de un juicio contradictorio exactamente igual que si la conformidad no se hubiese manifestado por ninguno; y así las conformidades expresadas sólo por algunos devienen intrascendentes si faltan las de los demás, diluyéndose aquéllas en el ámbito de la actividad probatoria total, a valorar en conciencia por el Tribunal de instancia ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)".
Criterio en el que abundan, las SSTS 1014/2005, de 9 de septiembre; 260/2006, de 9 de marzo , 88/2011 de 11 febrero, 73/2017, de 13 de febrero ó 422/2017, de 13 de junio; resoluciones algunas ellas citadas en la sentencia recurrida, pero de las que no obtienen la conclusión adecuada.
3. Consecuentemente, este primer motivo no puede estimarse; así como tampoco el segundo formulado por infracción de ley con base en el artículo 849.1 de la LECr ., por entender infracción de precepto penal sustantivo por indebida inaplicación del artículo 787 de la LECr ., (conformidad del acusado) e indebida aplicación de los artículos 368, 369.5 y 370.3 del Código Penal ; pues tiene el mismo sustento que el anterior, hasta el extremo de que en su desarrollo se limita a dar "por reproducidas todas y cada una de las argumentaciones, tanto fácticas como jurídicas, vertidas en el motivo primero".
En este caso, en cuanto que no se discuten los hechos ni la calificación, sino simplemente se interesa que derivado de la conformidad alegada, el reproche penal adecuado conlleva que la pena de prisión le sea reducida a cuatro años de prisión, la desestimación deriva, no solo porque el art. 787.2 LECr, condiciona el pronunciamiento de la sentencia de conformidad que la descripción de los hechos sea aceptada por todas las partes; sino porque esa norma, estrictamente procesal, no puede considerarse precepto penal sustantivo, cuya infracción pueda sustentar este motivo.
En todo caso, desde la estricta motivación de la pena, la cantidad de droga transportada, catorce toneladas de resina de hachís, más de cinco veces de lo que sería suficiente para calificar como extraordinaria gravedad, deviene circunstancia suficiente para entender justificada la pena en dos grados y si además añadimos que concurre otra causa suficiente por sí sola para calificar el hecho como de extraordinaria gravedad, el empleo de un buque con sesenta y dos metros de eslora y mil cien toneladas de peso muerto, resulta proporcionada a la gravedad del hecho enjuiciado, mitigado por la falta de falta de oposición al abordaje de las autoridades, que conlleva en la motivación de la Audiencia, la imposición de la pena superior en dos grados pero en su mitad inferior.”.
Dos notas: 1) es algo feo alegar un supuesto acuerdo que no tiene sustento documental, esencialmente porque el tribunal, y menos el de la segunda instancia, carece o debería carecer de toda información sobre una supuesta negociación. Deontológicamente es algo reprobable. 2) Un buen abogado, sobre todo si tiene que asumir una conformidad en un entorno de cumplimiento de años de prisión, tiene que ir a hablar días antes del juicio con la Fiscalía. Un cliente al que cinco minutos antes de entrar al juicio le dices que va a tener que cumplir pena de prisión, quizás bastantes años, puede no asumirlo nada bien, no entender qué debe decir en el plenario, etc. Sin embargo, si se entera con días o semanas de tiempo, tiene asumida completamente su decisión, consultada con otra gente de confianza, etc.
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 29, 2017 No hay comentarios:
La entrada domiciliaria con consentimiento del morador (551 LECRIM)
En un asunto del despacho me apareció un supuesto que hasta ahora jamás me había encontrado: si en un consentimiento del propio morador del inmueble en comisaría era válido o no sin autorización judicial o intervención del LAJ (antes Secretario Judicial).
Concretamente, el único artículo que habla de la cuestión es el vetusto 551 LECRIM:
“Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 6.º de la Constitución del Estado”.
Tan vetusto que se refiere a otra Constitución.
Me surgió la duda de si la actuación policial había sido correcta al no llevar al Secretario Judicial. En otras palabras, si ese consentimiento desplaza la regla general del art. 569. 4 LECRIM que claramente dice:
“El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.”.
Pues bien, tras rebuscar por Google durante casi dos horas, acabé encontrando la Sentencia del Tribunal Supremo 261/2006, de 14-III-2006, ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, que declara en su FJº 1º:
“El recurrente desenfoca la cuestión. Es cierto que solo existen tres supuestos de entrada licita en domicilio ajeno. consentimiento del titular -art. 551 -, flagrante delito -art. 553 - y autorización judicial -art. 558 -, (SSTS. 20.9.94, 24.1, 27.4.95, 18.10.96 y 23.1.97), y que los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizante del registro domiciliario, según la STS. 1803/2002 de 4.11, son los siguientes:
a) Otorgado por persona capaz; esto es mayor de edad (Sentencia de 9 de noviembre de 1994), y sin restricción alguna en su capacidad de obrar. En supuestos de minusvalía psíquica aparente, esté o no declarada judicialmente, no puede considerarse válidamente prestado el consentimiento, todo ello en base al art. 25 del Código penal: "a los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma".
b) Otorgado consciente y libremente. Lo cual requiere: a) que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; b) que no se condicione a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; c) que si el que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de Letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial. "El consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Por tanto si el titular está detenido su consentimiento no será valido de carecer al concederlo de asistencia letrada (SSTC. 196/87, 252/94, SSTS. 2.7.93, 20.11.967, 23.1.98, 14.3.2000, 12.11.2000, 3.4.2001).
d) Debe otorgarse expresamente, si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. 551 autoriza el consentimiento presunto. Este articulo ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido mas favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada (SS.5.3, 30.9 y 3.10.96m 7.3.97 y 26.6.98). Si el consentimiento no se produce en las condiciones de serenidad y libertad ambiental necesarias no se considerará suficiente como consentimiento: "Qui siluit cum loqui debuit, et notint, consentire de videtur" (SS. 7.3 y 18.12.97 ), pues consiente el que soporta, permite, tolera y otorga, inequívocamente" que entre y registre y registre (S. 23.1.98).
g) No son necesarias en ese caso las formalidades recogidas en el art. 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de la presencia del Secretario Judicial.”.
Por tanto, la diligencia se practicó correctamente. Los problemas pueden surgir si aparece la fuerza policial en el inmueble y luego resulta que hay más residentes en el mismo inmueble, o si aparece otro delito distinto, como ir a buscar armas y aparecer drogas o un cadáver.
Y es por esto por lo que creé el blog, para anotar estas perlas tan raras para cuando se me presente de nuevo un caso de estas características dentro de varios años, o haya un recurso, tenga la ya jurisprudencia clara a mano.
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 28, 2017 4 comentarios:
Condenadas tres empresas por delito urbanístico (a una pena miserable)
La sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona 297/2017, Sección 2ª, de 9-VI-2017, ha confirmado la sentencia condenatoria recaída en primera instancia en un juzgado de lo penal de Tortosa.
Se condena a tres empresas por delito urbanístico, siendo la primera sentencia, hasta donde conozco, por este concreto delito.
Ahora bien, la alegría se nos debe acabar con el hecho de que hayan recaído condenas, puesto que las penas impuestas son las siguientes (igual para las tres empresas):
“1.- DOCE MESES DE MULTA A RAZÓN DE OCHO EUROS DIARIOS (2.880 EUROS), así como la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa prevista en el art. 53 CP.
2.- SEIS MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION U OFICIO DE CONSTRUCTOR O PROMOTOR, debiendo satisfacer las costas del presente procedimiento.”.
El art. 319. 4 Cp dice clarísimamente:
“4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.”.
La pena que se ha impuesto a cada una de las tres empresas, como hemos visto, es de 2.880 €.
Si nos olvidásemos por un momento del sistema proporcional, resulta que, por cuotas, desde 2010 el art. 50. 4 Cp dice clarísimamente:
“4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros.”.
¿Por qué ha acabado con cuota diaria de 8 meses y no de 30 mínimo que es lo que marca claramente la ley? Hablamos de una diferencia de que lo mínimo para el delito, por el sistema de cuotas diarias, es de 10.800 € (1 año mínimo por el delito x 30 días que tiene el mes a efectos del Código x 30 € mínimos del art. 50. 4 Cp). Diferencia: el Estado ha perdido un mínimo de 8.000 € por cada una de las tres empresas.
Y, claro, no podemos saber nada sobre lo que pasó en la primera instancia, pero no deja nada bien a las dos administraciones (judicial y fiscal).
El juez porque ha impuesto una pena fuera del marco legal previsto (igual que no se puede imponer una pena de muerte o una prisión de 10 días) y la Audiencia que ni hace mención de la cuestión, que es imperativa.
La Fiscalía porque no recurre una sentencia que está claramente fuera del marco legal y eso si no se calificó el asunto por debajo de los 30 € día.
Entiendo que una norma de la parte general del Código penal, pasados 7 años de la entrada en vigor, es para conocerla. De hecho, es de esas que una vez las lees se te quedan grabadas.
Si pasamos al sistema proporcional, la sentencia habla de los beneficios obtenidos:
“LA empresa que llevó a cabo estas obras fue la mercantil Construcciones Pallarés Brull, S.L., de la que el SR. Pedro era administrador único. La Sra. Juana, por las obras realizadas, abonó la suma de 26.550,27 euros a la entidad Pallarés Suministros para la Construcción S.L y a la mercantil Fincas Solvent, S.L. la de 43.920 euros”.
Con arreglo a esto, la pena tendría que haber sido, conforme al 319. 4 Cp del doble al cuádruple, con lo que los 2.880 € se antojan una broma de cara a lo que se podría haber exigido.
Según los hechos declarados probados, existía una masía en ruinas. Los propietarios pidieron una licencia y el Ayuntamiento la dio, pero condicionada a no derribar la masía preexistente. Dicho suelo estaba enclavado en suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística. Los supuestos dueños del suelo (porque encima el solar estaba a nombre de una hija) contrataron a las empresas que derribaron íntegramente la vieja masía, aprovechando la piedra para una cisterna y construyeron una íntegramente nueva.
En cuanto a fundamentación jurídica, lo único destacable se encuentra en el FJ 4º:
“Por último en cuanto a la participación y condena de la Sociedad Solvent, SL, entiende el recurrente que dicha Sociedad no es ni promotora ni constructora ni técnico y por tanto no puede ser objeto de imputación al no haber intervenido en la obra. No podemos compartirlo. Dicha empresa perteneciente al entramado de sociedades del Sr.
Pedro participo junto a la Sociedad Construcciones Pallarés Brull, SL y Pallarés Subministres, SL en la construcción de la casa (maset) tal como indica la juez de instancia dado que fue por medio de esta Sociedad que el Sr. Pedro como legal representante de la misma acepto el presupuesto de la obra promovida por la coacusada Sra. Juana habiendo percibido por dicho concepto la cantidad de 43.920 euros.”.
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 27, 2017 No hay comentarios:
Etiquetas: Derecho penal económico y/o de la empresa, Derecho penal/Delitos urbanísticos
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 24, 2017 No hay comentarios:
By Juan Antonio Frago Amada en noviembre 23, 2017 No hay comentarios:

References: artículo 691
 artículo 655
 artículo 697
sui generis
 artículo 741
 artículo 849
 artículo 787
 artículo 6
in dubio
 artículo 31