Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derechos-tutela-judicial-580054678
Timestamp: 2019-11-22 10:46:02+00:00

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STC 152/2015, 6 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580054678
Se impugnan las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un recurso de apelación en el que se objetó un proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy. Asimismo, se alega la composición parcialmente diferente de la Sala que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto, debido a que de cinco miembros, pasó a integrarse únicamente por los tres Magistrados que habían mantenido el criterio mayoritario en la sentencia impugnada, sin incluir a los dos Magistrados que habían emitido un voto particular parcialmente estimatorio de las pretensiones del demandante de amparo. Se otorga el amparo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley. Por un lado, la Sentencia declara que el órgano judicial incurrió en incongruencia en la identificación de la pretensión realmente formulada por el actor, dejando sin juzgar sus reclamaciones relativas a los conceptos de exceso de costes de urbanización y lucro cesante por pérdida de oportunidad. Por otro lado, se declara que el debate procesal previo y la resolución del incidente de nulidad de actuaciones estuvieron viciados. Sin causa justificativa, la composición de la Sala que resolvió, se alteró arbitrariamente sin ninguna justificación objetiva y razonable.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 8 de enero de 2014, el Procurador de los Tribunales don Daniel Otones Puentes, en nombre y representación de don Joaquín Moreno Grau, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
Los hechos en los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
Mediante Sentencia de 22 de noviembre de 2007, recaída en el procedimiento ordinario núm. 565-2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante de amparo contra diversas resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Alcoy relativas a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la “UE 2, Sector I —Vila i Raval Vell— del Casco Histórico de Alcoy”, del proyecto de reparcelación forzosa de la misma unidad de ejecución y del programa para el desarrollo de la actuación integrada. En la referida Sentencia, que ganó firmeza el 1 de abril de 2010 al ser íntegramente desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la misma, se decretó la nulidad de los citados instrumentos urbanísticos, los cuales, sin embargo, ya habían sido ejecutados sobre el espacio físico afectado.
En escrito registrado en el Juzgado el 17 de noviembre de 2010, el demandante de amparo instó que se adoptaran las medidas necesarias para la ejecución de la Sentencia, interesando, en particular, la cancelación de la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad. De dicha solicitud se dio traslado a la administración condenada, que, en escrito registrado en el Juzgado el 21 de diciembre de 2010, solicitó que se declarase la imposibilidad material y legal de ejecutar la Sentencia.
Celebrada vista el 9 de marzo de 2011, en la que el Ayuntamiento ratificó su petición de declaración de imposibilidad de ejecución y el actor manifestó que no se oponía a la misma, el órgano judicial dictó Auto de la misma fecha en el que estimó el “incidente de imposibilidad de ejecución de sentencia” y concedió un plazo de quince días a la parte ejecutante —el ahora recurrente— para que formulara alegaciones “sobre la pertinencia de fijar indemnización sustitutoria y su cuantificación”.
El demandante de amparo presentó sus alegaciones el 31 de marzo de 2011. A efectos de proceder a la acreditación del daño resarcible, el ahora recurrente acompañó a su escrito diversa documentación que ya había sido incorporada al proceso en la fase declarativa y “un nuevo documento de naturaleza pericial” referido “al exceso de costes de urbanización imputables directamente al Ayuntamiento de Alcoy”. En su petición indemnizatoria, el actor distinguía la responsabilidad patrimonial que debía cuantificarse en concepto de “daño emergente”, en el que incluía “el exceso de coste de urbanización acreditado que resulta imputable al Ayuntamiento de Alcoy”, y la que debía concederse como “lucro cesante”, concepto que derivaba, a su juicio, de la propia imposibilidad de ejecución, que había impedido la “confección de un nuevo proyecto de reparcelación” en el que hubieran podido reducirse “los costes de urbanización imputados por el urbanizador”.
En providencia de 4 de mayo de 2011, el Juzgado ordenó el traslado a la administración ejecutada de las alegaciones y documentos presentados por el demandante de amparo, emplazando a aquélla por quince días para que presentara sus propias alegaciones, trámite que fue cumplimentado por el ente local el 1 de junio de 2011. El Ayuntamiento acompañaba a su escrito un informe del arquitecto técnico municipal que cuantificaba el total de la indemnización abonable en la suma de 7.390,43 euros.
En fecha 9 de junio de 2011 se dictó providencia en la que se tuvo por presentado el escrito de alegaciones del Ayuntamiento, se ordenó su unión a las actuaciones y se dispuso que quedaran “los autos sobre la mesa de SSª para dictar la resolución oportuna (art. 105 LJCA y 714 LEC)”. La providencia contenía “pie de recurso” en el que se señalaba la posibilidad de interponer frente a ella recurso de súplica. Dicha resolución fue notificada al demandante de amparo en fecha 13 de junio de 2011 sin que éste interpusiera recurso alguno contra la misma.
Mediante Auto de 21 de septiembre de 2011, el Juzgado resolvió el incidente fijando la indemnización sustitutoria en la cantidad propuesta por el Ayuntamiento (7.390,43 €). La resolución rechazaba diversos conceptos indemnizatorios propuestos por el demandante de amparo, dando por buenos los argumentos expuestos de contrario por la entidad municipal. En particular, justificaba la desestimación de la indemnización por lucro cesante por haber partido el ejecutante de una premisa errónea, “cual es la inexistencia de inquilinos o arrendatarios de los inmuebles”.
En fecha 14 de octubre de 2011 el demandante de amparo presentó recurso de apelación contra el Auto dictado. En lo estrictamente relativo al presente proceso constitucional, el escrito del recurrente denunciaba: (i) que se le había generado indefensión, ya que no se le había dado traslado de las alegaciones y del informe técnico pericial del Ayuntamiento, elementos de convicción que habían resultado decisivos en la resolución del incidente indemnizatorio; (ii) que no se había hecho pronunciamiento alguno en la instancia sobre lo reclamado en calidad de “costes de urbanización”; (iii) que tampoco se había dado respuesta a lo interesado en concepto de lucro cesante, ya que dicha ganancia frustrada se reclamaba por “la pérdida de oportunidad de obtener una reducción de costes de urbanización imputados por el urbanizador” y nada tenía que ver con la existencia de inquilinos o arrendatarios en el inmueble. El actor solicitaba, finalmente, que se recibiera el pleito a prueba en fase de apelación, conforme a lo previsto en el art. 85.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), interesando la ratificación y “práctica conjunta”, conforme al art. 347 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), de las pruebas periciales presentadas en la instancia a efectos de que el órgano judicial pudiese decidir sobre la indemnización “mediante la observación directa del debate entre los peritos”.
Mediante Auto de 12 de marzo de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana denegó el recibimiento a prueba al entender que la petición efectuada no era “de indudable trascendencia o importancia” sino “superflua e innecesaria” a efectos de formar la convicción del órgano judicial. Dicho Auto fue recurrido en reposición por el demandante de amparo, que alegó que la decisión adoptada le privaba de un medio de prueba imprescindible para solventar la indefensión padecida en la primera instancia. La Sala desestimó esta impugnación en un segundo Auto, de 7 de mayo de 2012, señalando que la petición realizada era “inútil” ya que “en definitiva, lo que cuestiona es la valoración … de las pruebas periciales propuestas”.
En Sentencia de 20 de marzo de 2013, la Sala, formada por cinco Magistrados, desestimó el recurso de apelación interpuesto, considerando que la cuestión a dilucidar quedaba “reducida a determinar a cuál de los informes aportados por las partes … debe darse prevalencia sobre la cuestión”, señalando a continuación que “por los motivos que expresa el Auto apelado” debía “acogerse lo alegado en base al informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal”, declaración general a la añadía únicamente dos especificaciones relativas al cálculo general del valor del suelo de la parcela y a la inexistencia de una rehabilitación integral del edificio.
Promovido por el demandante de amparo incidente de nulidad de actuaciones, éste fue desestimado en Auto de 22 de noviembre de 2013. En dicha resolución, la Sala, formada exclusivamente por los tres Magistrados que habían impuesto su criterio mayoritario en la Sentencia, rechazó los motivos de nulidad planteados entendiendo que la petición de nulidad se sustentaba “en el voto particular formulado frente a la Sentencia mayoritaria”.
En su escrito de demanda, el recurrente agrupa las vulneraciones de derechos fundamentales atribuidas a las resoluciones impugnadas en tres grandes epígrafes generales (“contradicción e igualdad de armas procesales”, “motivación de las resoluciones judiciales, racionalidad y congruencia” y “derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”). Dichos epígrafes contienen, en realidad, varios motivos de impugnación heterogéneos, no reconducibles a categorías comunes. Conviene, por ello, exponer analíticamente los motivos concretos en los que se funda el recurso de amparo, prescindiendo de la confusa sistemática propuesta.
Por providencia de 18 de febrero de 2015, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 2154-2011 y del procedimiento ordinario núm. 565-2006, interesándose al propio tiempo del Juzgado que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el plazo de diez días.
Por diligencia de ordenación de 17 de marzo de 2015, se tuvo por personado ante este Tribunal al Ayuntamiento de Alcoy, que así lo había solicitado en escrito registrado el día 2 de marzo anterior. En la misma resolución, se ordenó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que pudieran formular alegaciones en plazo común de veinte días.
La representación del recurrente de amparo presentó sus alegaciones en escrito registrado el día 20 de abril de 2015.
El día 22 de abril de 2015 tuvieron entrada en el Registro General de este Tribunal las alegaciones del Ayuntamiento de Alcoy. El escrito presentado por la administración municipal contiene alegaciones de distinto orden, unas relativas a la supuesta inexactitud de los datos fácticos en los que se funda la demanda de amparo y otras concernientes a las valoraciones jurídicas realizadas por el actor, que el Ayuntamiento de Alcoy considera igualmente erróneas.
En el plano puramente fáctico, afirma el Ayuntamiento que el recurrente ha omitido en su demanda datos del procedimiento que son esenciales para comprender las circunstancias del caso, en particular los siguientes:
En cuanto a las razones de oposición de fondo, el Ayuntamiento rechaza los argumentos del recurrente del siguiente modo:
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito de fecha 28 de abril de 2015, en el que interesa que se otorgue el amparo solicitado por el recurrente por vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
Por providencia de 2 de julio de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el recurrente de amparo impugna el Auto de 21 de septiembre de 2011, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Alicante en el procedimiento ordinario núm. 565-2006, resolución en la que se fijó la indemnización sustitutoria por imposibilidad de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). También impugna la Sentencia de 20 de marzo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el rollo de apelación 2154-2011, confirmatoria de la decisión indemnizatoria adoptada en la instancia, así como el Auto del mismo órgano judicial de fecha 22 de noviembre de 2013 por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor.
Antes de iniciar el análisis de las quejas formuladas por el recurrente de amparo, hemos de determinar si resulta admisible la primera de ellas, relativa a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de proscripción de indefensión, lesión que, según se ha expuesto, derivaría de la falta del traslado al actor de las alegaciones y los documentos presentados por el Ayuntamiento de Alcoy en el trámite del art. 105.2 LJCA. Opone el Ministerio Fiscal a este motivo de amparo el óbice de admisibilidad contemplado en el art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), precepto que exige que “se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial”.
Para resolver las vulneraciones de derechos fundamentales que han sido correctamente planteadas por el recurrente, hemos de adoptar un criterio sistemático que concilie las exigencias de tutela subjetiva de la posición jurídica del actor con la función objetiva que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, cumple el proceso constitucional de amparo.
La lógica de la “mayor retroacción” impone comenzar nuestro análisis por la queja relativa al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, ya que su estimación obligaría a retrotraer las actuaciones para la práctica de la prueba indebidamente inadmitida.
Considera, en segundo lugar, el demandante de amparo que, tanto el Auto de 21 de septiembre de 2011, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, como la Sentencia de 20 de marzo de 2013, dictada en apelación por la Sala, incurrieron en un doble error patente pues: (i) no se atuvieron al valor del suelo adjudicado que figuraba en el expediente administrativo —aceptando, en su lugar, la valoración ex novo contenida en el informe técnico pericial presentado por el Ayuntamiento de Alcoy—, y (ii) resolvieron sobre la petición de indemnización por lucro cesante atendiendo a unos datos de hecho —inexistencia de inquilinos o arrendatarios— que eran ajenos a la petición verdaderamente realizada en dicho concepto, que versaba, en realidad, sobre la pérdida de la oportunidad de reducir los costes de urbanización en la tramitación de un segundo proyecto de reparcelación para esa unidad de ejecución.
Entrando ya en el vicio de incongruencia denunciado, considera el recurrente que, ni el Auto de 21 de septiembre de 2011, ni tampoco la Sentencia de apelación de 20 de marzo de 2013, han respondido a las peticiones relativas a dos conceptos indemnizatorios: (i) los costes de urbanización indebidamente imputados a los propietarios (que el Ayuntamiento habría debido asumir) y (ii) el lucro cesante por la pérdida de oportunidad de obtener una reducción de dichos costes. En este segundo supuesto, la falta de respuesta judicial habría obedecido, como acaba de exponerse, a un error manifiesto del órgano judicial en la identificación de la pretensión realmente formulada por el actor.
La primera cuestión a dilucidar es si los dos extremos que el recurrente considera que no han recibido respuesta judicial (exceso de costes de urbanización y lucro cesante por pérdida de oportunidad), constituían verdaderas pretensiones y afectaban por ello al deber de congruencia.
Sentado que estamos ante verdaderas pretensiones del recurrente, debemos determinar, a continuación, si, a la vista del conjunto de los argumentos contenidos en la resolución dictada, puede entenderse que lo pedido fue desestimado por el órgano judicial, siquiera de forma táctica. A estos efectos, son relevantes los siguientes extremos:
Resta únicamente por examinar la queja en la que hemos localizado la especial trascendencia constitucional de este recurso de amparo, relativa a la posible violación, con ocasión de la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
Declarar que han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 22 de noviembre 2013 y de la Sentencia de 20 de marzo de 2013, dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el rollo de apelación núm. 2154-2011, así como del precedente Auto de 21 de septiembre de 2011, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante en el procedimiento ordinario núm. 565-2006.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de 21 de septiembre de 2011, para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

References: resolución 
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e contrario
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