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Timestamp: 2017-10-21 13:41:31+00:00

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REAL DECRETO 378/2003, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, EN MATERIA DE EXENCIONES POR CATEGORÍAS Y REGISTRO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
Este Real Decreto tiene por objeto autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas concertadas o conscientemente paralelas a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, ordenar el procedimiento para la concesión de autorizaciones singulares previsto en el artículo 4 de la citada ley y regular el Registro de defensa de la competencia.
1. Acuerdos verticales. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1.a de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , quedan autorizados los acuerdos en que participen dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios, en la medida en que tales acuerdos afecten únicamente al mercado nacional y siempre que cumplan las disposiciones establecidas en:
El Reglamento (CE) n° 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.
El Reglamento (CE) n° 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.
2. Acuerdos de transferencia de tecnología. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1ª de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, quedan autorizados los acuerdos en que participen únicamente dos empresas e impongan restricciones en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, en la medida en que tales acuerdos afecten únicamente al mercado nacional y siempre que cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 240/1996 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1996, o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.
3. Acuerdos horizontales. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1b de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, quedan autorizados los acuerdos que, pertenecientes a algunas de las siguientes categorías, afecten únicamente al mercado nacional, siempre que cumplan las condiciones que para cada una de ellas a continuación se establecen:
Acuerdos de especialización, siempre que el acuerdo cumpla las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.
Acuerdos de investigación y desarrollo, siempre que el acuerdo cumpla las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.
4. Acuerdos en el sector de seguros. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1, de la ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, quedan autorizadas las categorías de acuerdos que, afectando únicamente al mercado nacional, cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 358/2003 de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros.
Cuando en el mercado no exista competencia efectiva de productos idénticos o similares.
Cuando se apliquen precios excesivos a los productos objeto del acuerdo.
Cuando existan prácticas concertadas horizontales relativas a los precios de venta.
Cuando, tratándose de acuerdos regulados en los Reglamentos (CE) n° 2790/99 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, o 240/1996 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, o aquellos que los sustituyan, el acuerdo afecte a una cuota que supere el 20 % del mercado del producto o productos objeto de aquel y de los considerados idénticos o similares por los usuarios.
Cuando la existencia de redes paralelas de acuerdos similares provoque un efecto acumulativo que cause una restricción apreciable de la competencia.
Cuando los intermediarios o usuarios no puedan procurarse los productos contemplados en las condiciones practicadas normalmente en mercados diferentes del afectado por el acuerdo, o existan obstáculos al acceso de otros proveedores al mercado afectado.
Cuando por su naturaleza o contenido un acuerdo no se ajuste exactamente a ninguna de las categorías exentas, las partes deberán solicitar la autorización singular por el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia ,y en este Real Decreto.
4. El solicitante acompañará la documentación requerida en el anexo I, en documento original o copia auténtica. El texto del acuerdo o contrato, o la descripción de la práctica, para los que se solicita autorización se presentarán en castellano o con traducción al castellano si estuviese redactado en otra lengua.
2. La resolución que conceda la autorización incluirá en su parte dispositiva el supuesto o supuestos de autorización aplicables conforme al artículo 3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , y separadamente cada una de las modificaciones, condiciones, obligaciones o cargas que se establezcan y las consecuencias de su incumplimiento, así como el período de tiempo por el que se otorga y la fecha de su efectividad que no podrá ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
3. No se impondrán multas por infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , respecto de los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiera la solicitud que hayan sido ejecutados desde su presentación, salvo que el Tribunal se haya opuesto expresamente a la puesta en práctica, de acuerdo con el artículo 10.4 de la citada Ley . Si la resolución denegara la autorización, intimará, en su caso, a los solicitantes y a los demás autores de las prácticas prohibidas que hayan sido parte en el expediente para que desistan de aquéllas, y les prevendrá de que si desobedecieran la intimación incurrirán en las sanciones previstas en el artículo 10 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
1. La resolución se notificará al solicitante y demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la presentación, en forma, de la solicitud, sin perjuicio de las interrupciones en el cómputo de los plazos previstas en el artículo 8 . Se dará traslado, asimismo, al Servicio de Defensa de la Competencia para su inscripción en el registro.
1. El Tribunal en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización, y sin perjuicio de las interrupciones en el cómputo de los plazos previstas en el artículo 8 , podrá dictar resolución motivada por la que se acuerde que no procede la aplicación provisional del acuerdo, decisión o recomendación o práctica objeto del expediente.
1. Cuando, iniciado un expediente sancionador, los interesados solicitaran la autorización del acuerdo, decisión, recomendación o práctica objeto del expediente, al amparo de lo previsto por el artículo 38.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , deberán formalizar la solicitud conforme a lo previsto por el artículo 5 de este Real Decreto.
2. La solicitud será objeto de información pública conforme al artículo 7 , y su tramitación podrá acumularse a la del expediente sancionador, en cuyo caso el Servicio incluirá también la calificación de la solicitud de autorización en el informe que remita el Tribunal.
3. La resolución del Tribunal que ponga fin a este expediente contendrá por separado la declaración que proceda sobre las prácticas o acuerdos objeto del expediente sancionador, con los pronunciamientos accesorios que conforme a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , correspondan, y la declaración que conceda o deniegue la autorización en los términos establecidos por el artículo 11 de este Real Decreto.
REGISTRO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
2. El Registro de defensa de la competencia estará constituido por las siguientes secciones:
Sección A, de acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas autorizadas, modificadas o prohibidas;
Sección B, de las concentraciones económicas.
El registro será público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta o certificación expedida por el funcionario competente, y se limitará a los datos inscribibles a los que se hace referencia en los artículos 20 y 21 siguientes . La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales y será expedida a instancia de quien tenga interés legítimo, por petición de organismo oficial o del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Artículo 20. Datos inscribibles en la sección A.
La fecha de la resolución del Tribunal.
La parte dispositiva de dicha resolución.
La naturaleza del acuerdo, decisión, recomendación o práctica autorizada, modificada o prohibida.
El plazo de la autorización.
Las cláusulas modificadas o revocadas, en su caso.
Los acuerdos o cláusulas prohibidas.
Los nombres y domicilios de las empresas que figuren en los acuerdos.
Los nombres y domicilios de los solicitantes de las peticiones de autorización.
Artículo 21. Datos inscribibles en la sección B.
Nombre de las empresas que participan en la operación de concentración económica o toma de control.
Fecha y contenido de la resolución por la que se pone fin al procedimiento.
Las referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia contenidas en este Real Decreto se entenderán efectuadas a los órganos competentes de las comunidades autónomas cuando las potestades administrativas y los procedimientos en él regulados se ejerzan o tramiten en relación con conductas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia , sean competencia de las comunidades autónomas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 16/1989 , el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia en cualquier momento del expediente podrán ordenar, de oficio o a instancia del interesado, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren confidenciales, formando con ellos pieza separada.

References: Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 81
 artículo 38
 resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 10
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 artículo 11

Artículo 20
 resolución 

Artículo 21
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 53