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⭐A/HRC/WG.6/18/DOM/3. Asamblea General. Naciones Unidas
A/HRC/WG.6/18/DOM/3. Asamblea General. Naciones Unidas
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Manuel Padilla Mendoza
1 Naciones Unidas Asamblea General A/HRC/WG.6/18/DOM/3 Distr. general 8 de noviembre de 2013 Español Original: español/inglés Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 18º período de sesiones 27 de enero a 7 de febrero de 2014 Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo República Dominicana* El presente informe constituye un resumen de 18 comunicaciones de interlocutores 1 para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período. * El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas. GE (S)2 Información proporcionada por otros interlocutores A. Antecedentes y marco 1. Alcance de las obligaciones internacionales 1. Amnistía Internacional (AI) señaló que, de los tratados que la República Dominicana convino en firmar y ratificar en el último examen, solo ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en enero de JS3-CDPM recomendó la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares 3. JS11-WCADP instó a la República Dominicana a que ratificara/se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 4. JS6-CODHMU promovió la ratificación del Convenio 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio Nº 183 de la OIT relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad y el Convenio Nº 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos Marco constitucional y legislativo 2. JS4-CDyT señaló la promulgación de una nueva Constitución el 26 de enero de 2010, la cual redefine los derechos fundamentales e incluye principios y valores sustanciales 6. JS4 también señaló que por primera vez en la Constitución se reconoce que la República Dominicana es un Estado Social Democrático de Derecho, basado en el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes y el respeto a la dignidad humana, pero que la población dominicana no ejerce un rol activo en la formulación de las políticas públicas 7. JS4 expresó que hasta 2013, el proceso de adecuación de las leyes a la nueva Constitución sigue retrasado, incluyendo las que regularían los mecanismos directos de participación, como el referendo y el plebiscito, así como las de protección a víctimas y testigos, control de legalidad de la administración pública, prescripción y procesal de los crímenes de corrupción; rendición de cuentas del poder judicial, juicios de extinción de dominio y la de derecho penitenciario JS2-CDSC recomendó que el Estado tipifique el delito de desaparición forzada y el de ejecución extrajudicial 9. CEJIL recomendó que se aplicara plenamente la sentencia en el caso de Narciso González Medina y por lo tanto que se garantizara que hubiera investigaciones adecuadas sobre las desapariciones forzadas, incluso mediante la reforma de las leyes e instituciones nacionales que sean necesarias CEJIL señaló que el Gobierno había puesto en marcha una serie de actos legislativos y cambios constitucionales que han intensificado la discriminación contra los dominicanos de ascendencia haitiana 11. OSJI recomendó que se revisaran y modificaran las disposiciones constitucionales de 2010 relativas a la nacionalidad, así como la Ley General de Migración de 2004 para garantizar que respetaran plenamente el principio de no discriminación, así como el acceso a la ciudadanía, independientemente del origen étnico de una persona o el origen nacional de sus padres JS5-CLGBTTI recomendó promulgar, entre otras, una ley antidiscriminación que incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de género, una ley de identidad de género y adoptar medidas legislativas que prohíban la discriminación con base a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género GE3 3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política 6. JS4 recomendó fortalecer la independencia de los poderes del Estado, así como la independencia funcional del ministerio público, fortalecer el sistema de partidos políticos para obtener un sistema de pesos y contrapesos, mejorar los sistemas de fiscalización y control de fondos públicos y contribuir al empoderamiento de la sociedad civil para el control social, rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la transparencia en la gestión pública JS2 señaló que se designó al Defensor del Pueblo luego de 12 años de espera 15. JS7 se refirió a la frágil institucionalidad de las instancias garantes de derechos, la falta de autonomía, independencia e imparcialidad de la Oficina del Defensor del Pueblo, así como la necesidad de transparencia en procesos de selección en esta Oficina 16. AI recomendó que se proporcionaran recursos suficientes a la Oficina del Defensor del Pueblo y que esa Oficina se reforzara en consonancia con los Principios de París que rigen las instituciones nacionales de derechos humanos JS2 expresó que el Estado no ha elaborado ni aplicado una estrategia nacional de derechos humanos según la recomendación 87.4 del EPU anterior 18 y recomendó elaborar y aplicar junto a la sociedad civil un Plan Nacional de Derechos Humanos e implementar un plan de protección de defensores de derechos humanos en riesgo JS2 mencionó que el Estado cuenta con dos institutos de educación en derechos humanos, uno para la policía y otro para el Ministerio de Fuerzas Armadas y expresó preocupación sobre su eficacia JS7-COPI recomendó poner en práctica el mecanismo de coordinación intersectorial, planificación, supervisión, control, participación y exigibilidad ciudadana para la protección de la familia y la niñez y establecer procesos transparentes para los presupuestos dedicados a la niñez. B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos Cooperación con los procedimientos especiales 11. JS2 resaltó que la República Dominicana no ha cursado invitación abierta ni permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, ni ha aceptado la visita del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales 21. C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable 1. Igualdad y no discriminación 12. JS1-CDERNA afirmó que la negación sistemática al derecho a la nacionalidad a los hijos e hijas de madres extranjeras en situación irregular nacidos en la República Dominicana ha generado marginalización, exclusión social y pobreza extrema 22 y anotó que sin estos documentos no pueden declarar a sus hijos, continuar los estudios de secundaria, ni registrarse en la universidad 23. OSJI se refirió a las consecuencias en los derechos laborales 24 e informó, entre otras cosas, de que los dominicanos de ascendencia haitiana no podían viajar libremente, ni podían votar o participar como candidatos en las elecciones locales o nacionales, lo que afectaba a derechos como la igualdad ante la ley, el derecho a la participación política y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 25. CEJIL GE4 destacó las consecuencias para la libertad de circulación y el acceso a la justicia 26 y AI se refirió al riesgo de detención arbitraria y expulsión masiva y sin control judicial JS3 afirmó que los operativos de redadas y deportaciones masivas y los operativos de repatriación son aplicados con criterios discriminatorios y que las detenciones son realizadas con base en un criterio fenotípico AI afirmó que sobre la base de las directrices publicadas por la Junta Central Electoral, a miles de dominicanos de ascendencia haitiana se les ha negado el acceso a documentos de identidad, y que esto también ha dado lugar a la eliminación arbitraria del registro civil de personas nacidas y reconocidas como dominicanos 29. OSJI afirmó que los dominicanos de ascendencia haitiana a los que se les ha negado el reconocimiento oficial de su nacionalidad dominicana (incluidos muchos a los que previamente se les había reconocido y concedido documentos como ciudadanos dominicanos), se consideran "residentes ilegales" y, como consecuencia, sus hijos no tienen derecho constitucional a la nacionalidad dominicana 30. OSJI informó de que en la República Dominicana los hijos de madres extranjeras tienen certificados de nacimiento de un color diferente y un estatus inferior de los que se entregan a las madres dominicanas Sobre el Libro de Nacimientos (conocido como Libro de Extranjerías), JS1 informó que se sigue cuestionando crear un sistema para registrar y administrar nacionalidades extranjeras sin tener claro si este sistema es confiable, legal y seguro JS1 informó de que en 2011, la Dirección Nacional del Registro Civil emitió la Circular 32-11, que permitió que personas afectadas por la Resolución de la Junta Central Electoral (JCE) (que dispone la suspensión provisional de los actos del Estado Civil con indicios de irregularidades) 33, obtuvieran duplicados de su acta de nacimiento por un tiempo, pero que esta Circular no ha sido implementada en todas las oficialías y siguen persistiendo situaciones de negación de entrega de documentos 34. OSJI dijo que en un caso de 2011 relativo a la negativa de la JCE de expedir una copia certificada de un acta de nacimiento a un dominicano de ascendencia haitiana, la Suprema Corte confirmó las medidas de la JCE Con relación al registro civil, JS1 recomendó eliminar las medidas administrativas y políticas discriminatorias y garantizar la inscripción en el mismo a todos los niños y niñas sin distinción 36. AI recomendó que se evitara la aplicación retroactiva de la Ley General de Migración y de la Constitución, para garantizar una indemnización completa a las personas afectadas por las citadas directivas y que se reconociera la ciudadanía de los que la tenían en el momento de su nacimiento 37. OSJI también se refirió a al derecho a un recurso efectivo 38 y recomendó que se aplicaran procedimientos transparentes y no discriminatorios con respecto a la inscripción de los nacimientos y la identificación personal, y que se garantizara el debido procedimiento mediante la inclusión de notificaciones escritas y registros de las investigaciones, explicaciones por escrito de las decisiones adoptadas y las posibilidades de apelación JS8-IIMA-VIDES se refirió a la continuación de casos de discriminación contra la mujer 40 en todos los sectores y recomendó desarrollar campañas de sensibilización contra el machismo JS5 subrayó que el Estado no ha creado políticas públicas ni leyes en contra de la discriminación por orientación sexual 42. JS5 afirmó que la prohibición constitucional del matrimonio igualitario excluye legalmente a esta población En relación con la igualdad de género, JS1 calificó como avances, entre otros, el reconocimiento constitucional de que la mujer dominicana otorga la nacionalidad dominicana a sus hijos por jus sanguinis, la permisión de que la mujer adquiera la 4 GE5 nacionalidad dominicana por matrimonio y la automatización del registro civil dominicano, indicando que debe esperarse a ver cómo se desarrolla su implementación JS1 manifestó que, aunque el período ha sido de avances constitucionales y legislativos 45, persisten medidas y prácticas discriminatorias hacia los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el territorio dominicano 46, los cuales enfrentan negación al derecho a la nacionalidad, deficiencia del Registro Civil, implementación del Libro de Nacimiento ("Libro de Extranjería") 47, desnacionalización administrativa 48 y políticas discriminatorias por parte del Estado Dominicano Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 22. JS2 afirmó que los homicidios cometidos por agentes policiales suponen un 12% de las muertes violentas anuales, según la Procuraduría General de la República 50. AI afirmó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, personas fueron muertas por la policía entre 2005 y , y que las entrevistas que AI ha realizado, así como la prensa y los informes de las organizaciones no gubernamentales, indican que en muchos casos los agentes de policía no cumplen con las normas internacionales y el derecho interno y recurren a una fuerza desproporcionada en relación con la amenaza a que hacen frente 52. JS2 también se refirió a que se presentan también desapariciones forzadas y abusos perpetrados por fuerzas del orden así como detenciones arbitrarias y torturas a detenidos, ambas prácticas utilizadas incluso contra defensores de los derechos humanos y periodistas 53. JS2 mencionó algunas iniciativas del Estado 54 y anotó que se carece de estadísticas sobre estos abusos y de investigaciones efectivas JS6 resaltó que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, desde enero de 2005 a diciembre de 2012, mujeres han sido víctimas de feminicidios 56. JS8 manifestó que no obstante una ley que protege a las mujeres contra la violencia, un buen número de mujeres son víctimas de ella y recomendó aumentar las asignaciones para programas de protección y para la creación y empoderamiento de centros de acogida y de asistencia para las víctimas 57. JS6 recomendó que se asignaran más fondos, descentralizados y equitativamente distribuidos a nivel nacional, para la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas, iniciar el funcionamiento de más Casas de Acogidas, mayor abordaje del fenómeno de violencia contra la mujer y las niñas en la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela Nacional del Ministerio Público, y definir políticas públicas de prevención incluyendo educación igualitaria en el ámbito público y privado 58. AI recomendó que se aplicara el Plan Estratégico para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar, , aprobado en abril de JS8 notó avances respecto a la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, sin embargo observó que estos casos persisten y recomendó inter alia, adoptar las medidas necesarias contra la impunidad de los responsables de explotación sexual, de trata de menores y de pornografía infantil 60. JS7 recomendó poner en práctica el mecanismo de coordinación intersectorial, planificación, supervisión, control, participación y exigibilidad ciudadana establecidos en la Ley Nº para la protección de niños y niñas 61. JS7 también recomendó, inter alia, la implementación total y asignación de recursos a las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos y la capacitación y sensibilización a funcionarios públicos que prestan atención directa o indirectamente a niños y niñas 62. Sobre la trata y tráfico de migrantes, JS3 indicó que son necesarias la adopción de políticas públicas para su erradicación y la judicialización de las personas responsables, una tipificación adecuada 63 y adoptar políticas públicas de casas de acogida de la mujer migrante 64. GE6 25. JS6 subrayó que existen altos niveles de acoso sexual y recomendó modificar el Código Penal para un tratamiento más amplio que contemple el acto a partir de la obstaculización de la función, independientemente de las relaciones jerarquizadas JS5 afirmó que miembros de la policía nacional y los cuerpos militares cometen apresamientos ilegales, extorsión y hasta violaciones sexuales a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI) 66. JS5 recomendó al Estado diseñar una campaña de prevención de la violencia contra la población LGBTTI y desarrollar sanciones efectivas JS7 resaltó que a pesar de que la Ley Nº penaliza la violencia contra niños, niñas y adolescentes, es preocupante el número de niños y niñas víctimas de violencia, incluyendo castigo corporal, sin que se disponga de datos al respecto 68. GIEACPC dijo que, a pesar del compromiso del Gobierno de prohibir ese castigo en todos los ámbitos (EPU-2009) 69, no ha habido ningún cambio en la legalidad del castigo corporal, y los niños están a veces protegidos legalmente, mientras que la nueva Constitución no prohíbe explícitamente todos los castigos corporales y no hay ninguna provisión relativa al castigo corporal judicial en el derecho penal 70. JS8 celebró la creación en todas las provincias del Tribunal de defensa de los menores así como los programas para niños abandonados 71 y recomendó revisar el marco legal, promover programas para asistir a los niños con vulnerabilidades y realizar campañas de sensibilización En relación con el sistema penitenciario, JS2 recalcó un gran hacinamiento del 600%, falta de higiene, y de condiciones para personas con discapacidad JS2 mencionó preocupación por el incremento en el porte y tenencia de armas cortas y ligeras por civiles 74, y por que las políticas públicas de prevención de violencia son prácticamente inexistentes Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho 30. JS2 afirmó que el Estado no ha adoptado medidas adicionales para hacer frente a la impunidad, incluida la investigación independiente de los asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad como indica la recomendación 89.3; señaló que aunque en algunos casos se ha enjuiciado y obtenido sentencias contra agentes del orden público, esto no pasa en la mayoría de los casos, y a la vez el enjuiciamiento solo se realiza contra agentes de bajo rango, quedando muchos casos impunes cuando hay oficiales vinculados al crimen 76. JS2 se refirió al bajo nivel de confianza de la población en el poder judicial 77. JS2 recomendó recoger estadísticas de denuncias, casos tramitados a la justicia, y sentencias condenatorias, por parte de la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, sobre detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura por agentes del orden, clasificadas según el sexo, orientación sexual, lugar del hecho, etnia, edad, lugar de procedencia, nacionalidad y color de piel de la víctima AI destacó que, aunque la República Dominicana apoyó las recomendaciones para establecer un órgano de supervisión independiente que investigara las denuncias de abuso policial y violaciones de los derechos humanos, no se había aplicado ninguna medida para ponerlas en práctica 79. JS2 recomendó incluir a las víctimas y testigos de estas violaciones en el programa de protección, establecer un programa de reparación y desarrollar estadísticas de casos de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado 80. JS2 recomendó reformas efectivas de la policía basadas en los derechos humanos, formación profesional de calidad, condiciones de trabajo adecuadas, desarrollo profesional y mecanismos de control AI señaló que las disposiciones legales vigentes solo garantizan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares compensación y restitución, lo que 6 GE7 no se ajusta a las normas internacionales, que incluyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. AI destacó que la Ley institucional de la Policía Nacional reconoce solo la responsabilidad personal no institucional de los miembros de la policía por actos ilícitos cometidos durante el servicio, y que el nuevo proyecto de Código Penal presentado en junio de 2013 exonera expresamente al Estado dominicano de cualquier responsabilidad penal CEJIL recomendó que se aplicaran plenamente dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a la constante discriminación del Estado contra los dominicanos de ascendencia haitiana y su derecho a la nacionalidad, incluida la de garantizar la inscripción no discriminatoria de los nacimientos 83. AI afirmó que la nueva disposición constitucional sobre la nacionalidad contradice directamente la sentencia de 2005 de esa Corte en la causa Dilcia Yean y Violeta Bosico c. la República Dominicana, según la cual la condición de migrantes de los padres no debe incidir en el derecho del niño a la nacionalidad 84. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el caso Benito Tide Méndez et al. fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Junio de 2012 porque consideró que el Estado no había cumplido las recomendaciones de la CIDH, entre otras, que revisara la legislación nacional sobre la inscripción y concediera la nacionalidad a las personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano y derogara las disposiciones que directa o indirectamente tenían efectos discriminatorios por motivos de raza u origen nacional JS4 señaló un avance en la adopción de un marco normativo constitucional, y legal para hacer transparente el manejo de los fondos públicos, no así en su cumplimiento e implementación donde se registran bajos niveles de institucionalidad, ausencia de transparencia, y una alta percepción de corrupción y de impunidad 86. JS4 remarcó que no ha sido posible la persecución, investigación, juzgamiento y sanción de los funcionarios públicos 87 y que los órganos responsables de la persecución para combatir la corrupción no cuentan con independencia funcional JS7 indicó que el sistema judicial no cuenta con la estructura necesaria para dar atención rápida y eficaz al alto número de querellas sobre violencia contra la mujer JS5 señaló barreras en el acceso a la justicia para la población LGBTTI Derecho al matrimonio y a la vida familiar 37. JS1 señaló que al negarle documentos de identidad a los dominicanos de descendencia haitiana y sin poderes para declarar a sus hijos también se les impide contraer matrimonio 91. JS5 mencionó que la prohibición constitucional del matrimonio igualitario excluye legalmente a esta población y la discrimina, y resaltó la insuficiencia legislativa respecto al reconocimiento de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política 38. JS5-CLGBTTI señaló que hay casos en que se denegó el permiso para la marcha del Orgullo Gay, así como el rechazo de la policía al derecho de la comunidad LGBTTI a congregarse JS2 resaltó que en 2012 se denunciaron 25 casos de agresiones físicas y verbales y sometimientos a la justicia contra miembros de la prensa por oficiales, agentes de la autoridad o por ciudadanos civiles JS4 afirmó que la creación del Tribunal Superior Electoral a partir de la reforma constitucional de 2010 es considerado como un gran avance 95. JS4 recomendó implementar GE8 mecanismos de gobernanza, monitoreo y rendición de cuentas efectivos para reducir los errores de exclusión, prevenir el clientelismo y los abusos de poder JS4 indicó que se llevaron a cabo elecciones presidenciales en 2012 sin haber reformulado la Ley Electoral en función de la Constitución de 2010 y que tampoco se ha aprobado una ley de partidos políticos ni un reglamento sobre financiamiento, propaganda y extensión de la campaña electoral 97. JS4 señaló inequidades para opciones emergentes ya que los partidos mayoritarios disponen de mucho mayor financiamiento, lo que obstaculiza el acceso a la participación política en igualdad de condiciones Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 42. JS6 señaló una persistente alta desocupación ampliada femenina y recomendó definir políticas públicas de empleo que promuevan la inserción laboral femenina, definir indicadores de las inequidades salariales y laborales entre mujeres y hombres 99, promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y cuidado de los hijos, e introducir un sistema de cuotas en el sector privado JS6 recomendó garantizar derechos laborales a las trabajadoras migrantes que se desempeñan en los trabajos rurales y en el trabajo doméstico independientemente de su estatus migratorio, garantizar la seguridad social a todas las mujeres que trabajan en el sector informal, regular adecuadamente la jornada laboral de trabajadoras domésticas e incluir en la seguridad social a las mujeres amas de casa JS3 se refirió a que el prejuicio racial tiene un gran peso en el sector laboral, donde el perfil físico es ponderado como un elemento más de las capacidades para desempeñar un rol en la vida productiva 102, y que se ha podido constatar la vulneración del derecho a la dignidad y práctica discriminatoria contra las trabajadoras domésticas JS5 indicó que la comunidad LGBTTI es discriminada en el ámbito laboral, con prácticas comunes como acoso, humillación, incitación a casarse para ascender y expulsión del trabajo 104, sin políticas públicas y leyes en contra de la homofobia Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 46. JS4 expresó que las políticas del Gobierno han profundizado más la pobreza y que los programas de transferencias monetarias condicionadas tendrían un impacto beneficioso si estos fueran utilizados con transparencia y con los fines para los que han sido creados 106. JS4 recomendó fortalecer la efectividad de los programas para erradicar los niveles de pobreza de los sectores más vulnerables AI expresó profunda preocupación por el elevado número de desalojos forzosos, y por la manera en que se realizan, y dijo que, para disponer de terrenos para la construcción de infraestructuras, complejos turísticos y complejos industriales, los desalojos se realizan sin los debidos procedimientos o consultas con las comunidades afectadas, y que el uso excesivo de la fuerza por la policía es frecuente 108. AI recomendó que se adoptaran medidas para promover la seguridad de la tenencia y promover la igualdad de acceso a la vivienda, así como para garantizar que los desalojos se lleven a cabo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos Derecho a la salud 48. JS10-Profamilia e Iniciativa por los Derechos Sexuales destacó que la tasa de mortalidad materna de la República Dominicana es desproporcionadamente alta 110. JS10 indicó que, aunque según auditorías médicas el 80% de las muertes serían evitables si se solucionaran problemas de calidad en la asistencia médica y hospitalaria, el país está lejos 8 GE9 de poder cumplir con la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir en 75% la tasa de mortalidad materna para JS8 notó con preocupación que el número de madres adolescentes es muy elevado 112 y recomendó garantizar servicios de salud para los adolescentes, en particular programas de salud reproductiva y educación sexual 113. JS10 recomendó la disponibilidad de servicios adecuadamente equipados, capacitación permanente y actualizada de los agentes de salud, y la aplicación correcta de normas y protocolos de atención, con instrumentos de monitoreo que permitan verificar su cumplimiento 114 dentro de un plan estratégico de reducción de la mortalidad materna e infantil JS10 afirmó que la penalización absoluta del aborto impide o dificulta la atención médica de las mujeres que acuden a los establecimientos de salud con abortos incompletos o complicados 116 e impide evaluar su incidencia e impacto en la salud de las mujeres 117, mientras que figura como la tercera causa de muerte materna 118. JS6 afirmó que el Estado sigue privando a las mujeres de decidir sobre su sistema reproductivo, aún si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, y recomendó despenalizar el aborto por causas especiales tales como violación, incesto y peligro de la vida de la madre, así como monitorear la aplicación de procedimientos médicos antes y después del parto, y crear un seguro especial para maternidad para mujeres de escasos recursos 119. AI recomendó que se reformara el Código Penal y se asignaran recursos suficientes para la plena aplicación del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna JS5 recomendó diseñar políticas públicas que aborden las necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres LGBTTI así como de los hombres trans que viven en el país, y servicios de salud adecuados para toda la población LGBTTI Derecho a la educación 52. JS8 recomendó seguir reforzando políticas educativas para garantizar la escolarización para todos los niños y niñas, asegurar el acceso a la secundaria de todos ellos, el conocimiento de los derechos del niño y la plena aplicación del Código de la Infancia de OSJI se refirió a los efectos en los derechos laborales 123, y al acceso a la educación de los niños dominicanos de ascendencia haitiana y sin certificados de nacimiento o documentos de identidad que no pueden asistir a la escuela ni recibir educación secundaria JS5 recomendó que la educación en el Estado sea laica y que se solicite al Programa de Educación Afectivo Sexual del Ministerio de Educación que se incluyan en el currículo educativo estatal los temas relativos a la diversidad sexual JS6 indicó avances en la integración de las mujeres a la educación en todos los niveles y que, no obstante esto, el sistema educativo reproduce prejuicios, y recomendó incorporar la educación sexual e implementar programas sobre educación no sexista en todos los niveles del sistema escolar tanto a nivel público como privado, desde un enfoque de género y derechos humanos que promueva la superación del sexismo en el sistema educativo dominicano y la promoción de conceptos, valores y principios que combatan los estereotipos de género 126. JS6 señaló una alta tasa de embarazos en la adolescencia, y dijo que mientras la Ley Nº establece el derecho a información en salud, incluida la salud sexual y reproductiva y programas sobre salud preventiva al respecto, la ley general de educación no regula nada al respecto en el sistema educativo Personas con discapacidad 55. JS9-OPcD subrayó la situación de exclusión social, económica y de discriminación de las personas con discapacidad, la invisibilización de las violaciones cometidas en su contra 128, la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud y del mercado laboral 129, GE10 la falta de acceso a la justicia 130 y la ausencia de indicadores y datos estadísticos 131 con respuestas estatales que han estado más bien encaminadas a un limitado asistencialismo social o a la caridad privada, y no en el marco de la promoción de los derechos de la persona, lo que tiende a profundizar la injusticia y las desigualdades JS9-OPcD destacó que la Ley Orgánica sobre la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad constituye un instrumento que sustenta las demandas de una mayor inclusión y respeto a los derechos de las personas con discapacidad, pero que sin embargo, se hacen necesarias acciones puntuales para su implementación, tales como su reglamento y su debido cumplimiento, el cual debe estar acompañado de sanciones como contrapeso a su violación 133. JS9 también recomendó un estudio riguroso sobre la situación de las personas con discapacidad, un plan de acción, la creación de una institución nacional independiente para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un Plan Nacional de Accesibilidad Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 57. JS3 manifestó que respecto de las personas migrantes, se denunciaron conductas como actos de violencia, intimidaciones, detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio, repatriaciones colectivas, separaciones de familias, obstrucción en el acceso a la justicia, prohibición de la recuperación de bienes, sueldos o efectos personales, explotación laboral y trata y tráfico de personas y menores; todo en un contexto de discriminación por parte de agentes del Estado y sectores de la población dominicana JS3 se refirió a la existencia de deportaciones colectivas, generalizadas y sistemáticas, sin un debido proceso de ley, desde el momento de la detención y privación de libertad, hasta la expulsión del territorio dominicano sin datos oficiales ni un registro o control migratorio en el país por la frontera dominico-haitiana de entrada y salida de migrantes 136. AI señaló que se sigue procediendo a esas expulsiones masivas, a pesar del llamamiento realizado en febrero de 2010 (renovado en junio de 2011), tanto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de suspender por razones humanitarias todos los retornos involuntarios a Haití a raíz del terremoto en Haití en enero de JS3 recomendó entre otras cosas establecer instituciones especializadas en migración, garantizando un debido proceso de ley. Entre ellas, una fiscalía y defensoría especializada en el tema migratorio, un tribunal especializado, centros de detención especializados, y un registro oficial de deportaciones Sobre la situación laboral del trabajador migrante JS3 destacó que la falta de documentación del trabajador migrante haitiano implica que los trabajadores no pueden acceder al seguro social, así como las dificultades, dilaciones y prácticas discriminatorias para acceder a residencia con fines laborales o permisos de trabajo 139 junto con la existencia de explotación laboral y trabajo forzoso, ausencia de acuerdo escrito formal laboral, pagos de salario ínfimos, despidos injustificados, discriminación por su origen étnico o nacional, incumplimiento de normas de seguridad e higiene y acoso sexual 140. JS3 expresó que particularmente la Ley de Migración dispone que en caso de "enfermedades catastróficas" se negará la residencia, y que la Dirección General de Migraciones no concede renovación de residencia a personas con VIH JS3 informó de que existe una propuesta de un Plan de Regularización presentada por la Dirección General de Migración, en la cual la sociedad civil no participó, y solicitó adoptar dicho plan de manera consensuada con la sociedad civil JS3 informó que seis años después de promulgada la ley, se dictó el Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración Nº , Decreto , el cual vincula el goce y ejercicio de los derechos civiles de los extranjeros a su condición de legalidad en el país y 10 GE11 dispone que el extranjero "residente" tendrá los mismos derechos que los nacionales dominicanos, y condiciona los derechos civiles de los extranjeros en materia laboral a estar regularizados 143. JS3 consideró que este reglamento desconoce los derechos adquiridos por los migrantes que entraron al país antes de la adopción de la Ley de Migración y del Reglamento, ya que confunde la legalidad o ilegalidad migratoria con el tránsito JS3 recomendó, entre otras cosas, que se adoptaran planes efectivos de prevención y cooperación internacional, y un Plan de Regularización Migratoria del trabajador migratorio y de sus familiares consensuado con la sociedad civil 145. Notas 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: Civil society Individual submissions AI Amnesty International, London (UK); GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children OSJI Joint submissions JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 (London, United Kingdom) Open Society Justice Initiative (New York, New York 10019, United States). Joint submission submitted by: Coalición Dominicana para el Derecho a la Nacionalidad: Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA),Santo Domingo (República Dominicana); Fundación Étnica Integral (FEI), Santo Domingo (República Dominicana); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Santo Domingo (República Dominicana); Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Histianos (MOSCTHA), Santo Domingo (República Dominicana); Centro Filosófico Pedro Francisco Bono Santo Domingo (República Dominicana); Centro Cultural Dominico Haitiano (CCDH), Santo Domingo (República Dominicana); Alas de Igualdad, Santo Domingo (República Dominicana); Asociación Pro Desarrollo de la Mujer (APRODEMA), Santo Domingo (República Dominicana); Comisión de Trabajo Ecuménico Dominicano (COTEDO), Santo Domingo (República Dominicana); Afro Alianza Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana); and Minority Rights Groups International (MRG), London, United Kingdom; Joint submission submitted by: Coalicion Dominicana por la Seguridad Ciudadana: Fundación Comunidad Esperanza y Justicia (FUNCEJI), Santo Domingo (República Dominicana); Instituto Caribeno para el Estado de Derecho (ICED), Santo Domingo (República Dominicana); and Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Santo Domingo (República Dominicana); Joint submission by Coalición por los Derechos de las Personas Migrantes(CDPM): Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),Santo Domingo (República Dominicana); Centro Filosófico Pedro Francisco Bono, Santo Domingo (República Dominicana); and Fundación Étnica Integral (FEI), Santo Domingo (República Dominicana); Joint submission by CDyT: Participación Ciudadana (PC), Santo Domingo (República Dominicana), Fundación Comunidad Esperanza y Justicia (FUNCEJI) Santo Domingo (República Dominicana); and Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3), Santo Domingo (República Dominicana); Joint submission by Coalición LGBTTI de la República Dominicana: Diversidad Dominicana (DIVERDOM), Santo Domingo (República Dominicana); Amigos Siempre Amigos (ASA), Santo Domingo (República Dominicana); Coordinadora Lésbica, Santo Domingo (República Dominicana); Rede de Voluntarios de Amigos Siempre GE12 JS6 JS7 JS8 JS9 Amigos (REVASA), Santo Domingo (República Dominicana); Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Santo Domingo (República Dominicana); Gente Activa y Participativa (GAYP), Santo Domingo (República Dominicana); Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights, Chicago (United States of America); Fundación Comunidad Esperanza y Justicia (FUNCEJI), Santo Domingo (República Dominicana); and HUB de El Caribe Latino de CARIFLAGS, Santo Domingo (República Dominicana); Joint submission by Coalición Dominicana por los Derechos Humanos de las Mujeres: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres República Dominicana (CLADEM- RD), Santo Domingo (República Dominicana); Colectiva Mujer y Salud, Santo Domingo (República Dominicana); Foro Feminista, Santo Domingo (República Dominicana); and Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Santo Domingo (República Dominicana); Joint submission by Coalición de ONG por la Infancia de la República Dominicana (COPI): Acción Callejera, Santiago de los Caballeros (República Dominicana); Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. (ACOPRO), Santo Domingo (República Dominicana); Aide et Action, Cambridge-Massachusetts (United States of America); Centro Profesional para la Prevención del Uso Indebido de Drogas (Casa Abierta), Santo Domingo (República Dominicana); Coordinadora de Animación Sociocultural (CASCO), Santo Domingo (República Dominicana); Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legal (CEDAIL), Santo Domingo (República Dominicana); Hogar Renacer, Santo Domingo (República Dominicana); Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Santo Domingo (República Dominicana); Centro de Integración y Acompañamiento al Niño de la Calle (Niños del Camino), Santo Domingo (República Dominicana); Organización para el Desarrollo de Salud (ODESA), Azua (República Dominicana); Pastoral Juvenil, Santo Domingo (República Dominicana); Centro de Promoción de la Atención Integral a la Familia (PROINFANCIA), Santo Domingo (República Dominicana); Proyecto MAIS, Puerto Plata (República Dominicana); Save the Children República Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana); Aldeas Infantiles SOS, Santo Domingo (República Dominicana); Aprendices de Don Bosco, Santo Domingo (República Dominicana); Caminante Proyecto Educativo (CAMINANTE), Santo Domingo (República Dominicana); Caritas Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana); Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Santo Domingo (República Dominicana); Compasión Internacional, Santo Domingo (República Dominicana); Fundación para el desarrollo y Bienestar de la Mujer y la Niñez Inc. (FUNDEBMUNI), Santo Domingo (República Dominicana); Plan República Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana); Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Santo Domingo (República Dominicana); Programa Amigos de los Niños (PAN), Santo Domingo (República Dominicana); Unión de Juventud Ecuménica Dominicana (UJEDO), Santo Domingo (República Dominicana); and Visión Mundial República Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana). Joint submission by Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), Geneva (Switzerland) and International Volunteerism Organization for Women, Education and Development (VIDES International), Sao Paulo, (Brazil); Joint submission by Observatorio a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (OPcD): Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), Santo Domingo (República Dominicana); Centro Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo (República Dominicana); Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Santo Domingo 12 GE13 (República Dominicana); and Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), Santo Domingo (República Dominicana); JS10 Joint submission by Profamilia República Dominicana, Santo Domingo (República Dominicana) and Iniciativa por los Derechos Sexuales, Ottawa (Canada); JS11 World Coalition Against the Death Penalty (WCADP), Montreuil, France. Regional intergovernmental organization IACHR-OAS Inter-American Commission on Human Rights-Organization of American States (Washington, D.C , United States). 2 AI, p JS3-CDPM, pp JS11-WCADP, para JS6-CODHMU, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS2-CDSC, pages 3 and CEJIL, p. 1. See also IACHR, p. 3, Nadege Dorzama et al. Massacre of Guayubín, Dominican Republic, February 11, 2011, at 11 CEJIL, p OSJI, p. 3. See also: CEJIL, p.1 and IACHR-OAS, p JS5-CLGBTTI, p JS4-CDyT, p JS2-CDSC, p. 2. See also JS4-CDyT, para JS7-COPI, p AI, p JS2-CDSC, p JS2-CDSC, p JS2-CDSC, para JS2-CDSC, p JS1-CDERNA, para JS1-CDERNA, paras and 3.4. See also: CEJIL, paras OSJI, paras OSJI, paras CEJIL, para AI, p JS3-CDPM, para AI, p OSJI, para.6. See also: JS1-CDERNA, para OSJI, p JS1-CDERNA, paras. 2.8 and JS1-CDERNA, para JS1-CDERNA, para OSJI, para JS1-CDERNA, para.5.1. See also, OSJI, p AI, pp.5, See also: OSJI, p. 3 and para OSJI, para OSJI, p JS8IIMA-VIDES, para JS8IIMA-VIDES, para JS5-CLGBTTI, para JS5-CLGBTTI, para JS1-CDERNA, paras.1.4 and JS1-CEDERNA, paras.1.2,1.4 and JS1-CDERNA, para.1.2. See also: OSJI, p JS1-CDERNA, paras. 2.8 y 2.9. GE14 48 JS1-CDERNA, paras. 3.1, 3.6 and JS1-CDERNA, para See also: OSJI, pages 9 and JS2-CDSC, para AI, p AI, p JS2-CDSC, paras JS2-CDSC, para JS2-CDSC, para JS6-CODHMU, para JS8-IIMA-VIDES, paras. 26 and 27. See also JS6-CODHMU, para.10 and AI, pp.1, 3 and JS6-CODHMU, pp.3 and AI, p JS8-IIMA-VIDES, para JS7-COPI, p JS7-COPI, p JS3-CDPM, paras. 45, 50 and JS3-CDPM, para S6-CODHMU, paras. 37 and JS5-CLGBTI, paras. 15 and JS5-CLGBTTI, p JS7-COPI, pp GIEACPC, pp GIEACPC, para JS8-IIMA-VIDES, para JS8-IIMA-VIDES, para JS2-CDSC, p JS2-CDSC, p JS2-CDSC, p JS2-CDSC, para JS2-CDSC, p JS2-CDSC, p AI, p JS2-CDSC, p JS2-CDSC, p. 5. See also AI, p AI, p CEJIL, pp. 1 and para AI, pp.1. See also: JS1-CDERNA, paras. 2.2 and 3.7 and OSJI, p IACHR, p.3. See Benito Tide Méndez et al. Case , Dominican Republic, July,12,2012 (http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases.asp). See also: JS3, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para. 12. See also: JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS6-CODHMU, para JS5-CLGBTTI, p JS1-CDERNA, paras.3.3. and 3.4. See also: CEJIL, paras JS5-CLGBTTI, p. 2 and JS5-CLGBTTI, paras JS2-CDSC, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para JS6-CODHMU, paras. 30 and JS6-CODHMU, para JS6-CODHMU, paras. 43,45,46 and JS3-CDPM, para JS3-CDPM, para GE15 104 JS5-CLGBTTI, paras JS5-CLGBTTI, paras. 12 and JS4-CDyT, para JS4-CDyT, para AI, p AI, p JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, p JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, p JS8-IIMA-VIDES, para JS8-IIMA-VIDES, para JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, para JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, para JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, para JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, para JS10-Profamilia-Iniciativa por los Derechos Sexuales, para JS6-CODHMU, paras. 50,52,55 and 56. See also AI,p AI, p JS5-CLGBTTI, p JS8-IIMA-VIDES, para OSJI, paras OSJI, paras JS5-CLGBTTI, p JS6-CODHMU, paras.17-19,24,28 and JS6-CODHMU, paras See also : JS9, para JS9-OPcD, para JS9-OPcD, paras JS9-OPcD, para JS9-OPcD, para JS9-OPcD, para JS9-OPcD, para JS9-OPcD, p JS3-CDPM, paras. 3 and JS3-CDPM, para AI, p JS3-CDPM, p JS3-CDPM, paras. 23, 24, 26 and JS3-CDPM, para JS3-CDPM, para JS3-CDPM, paras. 35 and JS3-CDPM, para JS3-CDPM, para JS3-CDPM, paras GE Mostrar más
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