Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Speru48-00.html
Timestamp: 2013-12-10 15:47:53+00:00

Document:
Humberto Vasquez Vejarano v. Peru, Caso 11.166, Informe No. 48/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1200 (1999). I. RESUMEN
1. En fecha 26 de abril de 1993, se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión), la denuncia bajo estudio, conforme a la cual el Presidente de la República de Perú (en adelante "el Estado Peruano," el "Estado," o "Perú"), Sr. Alberto Fujimori, dictó, en fecha 9 de abril de 1992, el Decreto Ley Nº 25.423 (en adelante "Decreto de Remoción"), mediante el cual removió al doctor Walter Humberto Vásquez Vejarano (y a otros doce vocales)1, de su cargo de vocal o magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
El peticionario alega que, con la promulgación y ejecución del referido Decreto
Ley, el Estado peruano violó al Dr. Walter Humberto Vásquez Vejarano los derechos
y garantías consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio
de legalidad y de retroactividad), 23 (derechos políticos) y 25 (protección
judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención"). II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
2. En fecha 2 de junio de 1993, la Secretaría Ejecutiva transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado peruano, quien presentó su respuesta el día 13 de septiembre de 1993. 3. El 4 de octubre de 1993, la Secretaría recibió una segunda comunicación de parte del Estado peruano, en la que agregó nuevos antecedentes al caso. En fecha 27 de diciembre de 1993, la Secretaría recibió una comunicación del peticionario, por medio de la cual contestó y rechazó punto por punto cada uno de los argumentos sostenidos por el Estado. El 2 de junio de 1994, se recibió en la Secretaría una nota del Estado peruano, fechada 31 de mayo de 1994, por la cual contestó a la réplica del peticionario. Con fecha 17 de noviembre de 1994, se recibieron las observaciones del peticionario a la nota acompañada por el Estado el 2 de junio de 1994. 4. En fecha 18 de agosto de 1995, se recibió otra comunicación del Estado, mediante la cual alegó nuevamente la inadmisibilidad del caso.
11. Aduce que obtuvo el cargo de vocal o magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú mediante concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue ratificado por el Senado, conforme a todos los requisitos establecidos en la Constitución Política peruana de 1979, según lo cual le estaba garantizado permanencia en el servicio hasta los setenta años y la inamovilidad en el cargo, mientras observara la conducta e idoneidad propias de la función.3 12. Alega que su remoción del cargo de vocal de la referida Corte Suprema constituyó un acto arbitrario, por no haber mediado procedimiento previo de ninguna especie, con lo cual se le violó su derecho al debido proceso.
18. Sostiene que "...viene desarrollando una franca política de reestructuración del poder judicial iniciada con la promulgación del Decreto Ley No. 25.418, con el cual se instituyó provisoriamente el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; en el cual se propuso, entre otras, la organización del Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura y Ministerio Público; a fin de convertirlos en instituciones democráticas al servicio de la pacificación de país, permitiendo el acceso de las grandes mayorías a una correcta administración de justicia, erradicando definitivamente la corrupción imperante en el aparato judicial, y procurando evitar la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada". 19. Argumenta que en fecha 4 de marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia peruana rechazó el recurso de amparo presentado por el Dr. Vásquez Vejarano, declarando la validez del Decreto de Remoción, fundamentando su decisión en el hecho de que la Ley Constitucional del 9 de enero de 1993, promulgada por el Congreso Constituyente Democrático, declaró la vigencia de los decretos leyes expedidos a partir del 5 de abril de 1992, entre los cuales se encuentra el Decreto de Remoción. Por tanto, concluye, el Presidente Alberto Fujimori, y, en consecuencia, el Estado peruano, actuó conforme a derecho al dictar el Decreto de Remoción.
21. El día 5 de abril de 1992, el Presidente Alberto Fujimori, a través del Decreto Ley Nº 25.418, denominado Ley de Bases del Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional, procedió a declarar en "reorganización" al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República,
y procedió igualmente a disolver el Congreso Nacional y el Consejo Nacional
La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender a situaciones de emergencia pública y preservar
los valores superiores de la sociedad democrática. Pero no puede la Corte
hacer abstracción de los abusos a que puede dar lugar, y a los que de
ha dado en nuestro hemisferio, la aplicación de medidas de excepción cuando
no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios que orientan
el artículo 27 y de los principios que, sobre la materia, se deducen
otros instrumentos interamericanos. Por ello, la Corte debe subrayar que,
dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la suspensión
de garantías no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia
representativa a que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA. Esta
es especialmente válida en el contexto de la Convención, cuyo Preámbulo
reafirma el propósito de "consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal
hombre. La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone ciertos límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales a la persona.4 A. Presupuesto y requisitos del estado de emergencia 25. De acuerdo con el artículo 27 de la Convención y las pautas señaladas por la Corte, la Comisión tiene que revisar si existe el presupuesto fundamental y los requisitos para que un Estado pueda declarar válidamente un estado de emergencia:
26. Conforme al artículo 3(d) de la Carta de Bogotá (1948), uno de los principios fundamentales que rigen la Organización de los Estados
Americanos es el requisito de que los Estados que la conforman deben organizarse
políticamente conforme a los postulados de la democracia representativa.
consecuencia, la Convención reafirma en su preámbulo el "propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". En el mismo espíritu, la Convención, en su artículo 29, prohíbe la interpretación de cualquiera de sus disposiciones en el sentido de excluír "otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno", mientras que en los artículos 15, 16, 22 y 32 hace también referencia a la
27. La "Declaración de Santiago de Chile", adoptada en 1959 por la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores
de Estados miembros de la OEA fue la primera y hasta ahora única tentativa
parte de un organismo internacional de enunciar algunos atributos del sistema
28. En 1991, la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución Nº 1080, relacionada con el papel de la Organización en el afianzamiento de la democracia en la región, e instruyó al Secretario General a convocar inmediatamente a una reunión del Consejo Permanente ante la ocurrencia de cualquier evento relacionado con la interrupción súbita o irregular del proceso democrático, o del ejercicio legítimo del poder por un gobierno elegido democráticamente, en cualquiera de los Estados miembros. El objeto de tal reunión es determinar la conveniencia de convocar una reunión ad hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, o inclusive, una Asamblea General Especial, dentro de 10 días, en donde se tomen las decisiones apropiadas de acuerdo con la carta de la OEA y el derecho internacional. En el mismo sentido, en la Asamblea General celebrada en 1992 se aprobó el Protocolo de Washington6, que entró en vigor el 25 de septiembre de 19977, conforme al cual los Estados miembros de la OEA, por primera vez en la historia de una organización internacional, establecen la posibilidad de suspender la participación en la Organización de un Estado miembro, si su gobierno democrático ha sido derrocado por la fuerza. 29. En tal sentido, el nuevo artículo 9 de la Carta de la OEA, reformado por el Protocolo de Washington, establece:
f) No suponga la restricción de la vigencia del Estado de Derecho ni de las normas constitucionales, ni la alteración de las competencias
de los Poderes del estado o el funcionamiento de los medios de contralor".8
31. La Corte Interamericana ha expresado igualmente que "ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al régimen de libertad personal y ha puntualizado cómo son consustanciales con el Sistema Interamericano y en particular con el régimen de protección de los derechos humanos contenido en la Convención".9 32. Conforme a lo antes expuesto, lo relacionado con la observancia del mantenimiento de la organización política de los Estados de Derecho conforme a los postulados de la democracia representativa constituye un requisito o presupuesto fundamental para la legitimidad de la imposición de un estado de emergencia.
Requisitos para declarar un estado de emergencia 33. Según la Corte Interamericana, el análisis jurídico del artículo 27 de la Convención (...) debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello "en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a la exigencia de la situación". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones del Estado parte, ni deben entrañar "discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social".10
34. Necesidad: Conforme al artículo 27 de la Convención, para que pueda considerarse que hay una emergencia real, debe existir en el país
una situación de extrema gravedad, como guerra, peligro público u otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. La Comisión ha
que las medidas relacionadas con el estado de emergencia "sólo pueden encontrar justificación frente a amenazas reales al orden público o a la seguridad del Estado".11
39. Notificación: Conforme a lo establecido en el artículo 27(3) de la Convención, la declaración de estado de emergencia debe notificarse inmediatamente a los demás Estados partes de la Convención, por intermedio del Secretario General de la OEA. B. Derechos no suspendibles 40. Como el mecanismo de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano ha sido concebido para un hemisferio de países democráticos, el funcionamiento de los poderes del Estado, como el poder judicial, es un elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de otro órgano del Estado. Con respecto a los derechos que se pueden suspender durante la imposición de un estado de emergencia, la Corte Interamericana ha señalado que
42. Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 27(1) de la Convención, la suspensión de derechos tiene que ser compatible con las demás obligaciones establecidas en otros instrumentos internacionales ratificados por el país. 43. La Corte Interamericana ha señalado que la suspensión de garantías no puede comportar la suspensión del Estado de Derecho o de la legalidad: La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas
están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa,
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32).14
El poder judicial debe proteger la legalidad y el Estado de Derecho durante un estado de emergencia. 44. En este orden de ideas, "en condiciones de grave emergencia es lícito suspender temporalmente ciertos derechos y libertades cuyo ejercicio pleno, en condiciones de normalidad, debe ser respetado y garantizado por el Estado pero, como no todos ellos admiten esa suspensión transitoria, es necesario que también subsistan las garantías judiciales indispensables para su protección".15 Asimismo, es imprescindible que el poder judicial sea independiente, dado que
tal independencia constituye el pilar fundamental del estado de derecho y de
la protección de los derechos humanos. En tal sentido, la Corte ha señalado
que el recurso de hábeas corpus y el amparo son garantías judiciales que protegen
derechos no suspendibles y que "dichos procedimientos (son) indispensables para garantizar esos derechos".16 El poder judicial está destinado a proteger la legalidad y el Estado de derecho durante un estado de emergencia. 45. El poder judicial independiente e imparcial sirve como control durante el estado de emergencia. Según la Corte, el habeas corpus y el amparo son los recursos claves para mantener la legalidad durante un estado de excepción. La Corte ha señalado:
46. Conforme a lo anteriormente expuesto, el derecho a un poder judicial independiente consagrado especialmente en los artículos 8 y 25 de la Convención es imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos, no suspendible ni siquiera durante un estado de emergencia, que los Estados miembros de la OEA y especialmente los Estados partes de la Convención se encuentran en la obligación de respetar y de garantizar a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación de ninguna especie. C. Garantías no suspendibles
48. En tal sentido, además de los derechos mencionados en el literal anterior, tampoco son suspendibles, conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 27(2) de la Convención, las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos no suspendibles, pues, como ha dicho la mencionada Corte: ...debe entenderse que en la implementación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia.19 49. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluído que
Así entendidas, las "garantías... que se derivan de la forma democrática de gobierno", a que se refiere el artículo 29.c), no implican solamente una determinada organización política contra la cual
es ilegítimo atentar sino la necesidad de que ella esté amparada por las
garantías judiciales que resulten indispensables para el control de legalidad
de las medidas tomadas en situación de emergencia, de manera que se preserve
el Estado de Derecho.22
51. En conclusión, según la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana, las garantías judiciales no suspendibles durante los estados de emergencia son fundamentalmente el recurso de habeas corpus, el recurso de amparo, los recursos destinados a la preservación del Estado de Derecho y, en general, los demás procedimientos judiciales que ordinariamente sean idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos no suspendibles a que se refiere el artículo 27(2) de la Convención, los cuales, aun bajo el estado de emergencia, deben ser siempre tramitados. D. Controles del estado de emergencia 52. La Comisión considera de suma importancia destacar que el cumplimiento del presupuesto y requisitos relativos a la declaración del estado de emergencia se encuentra sujeto tanto al control jurisdiccional de las autoridades nacionales como al control de los organismos internacionales competentes.
53. Los actos relativos al estado de emergencia, provenientes normalmente del Ejecutivo, no constituyen "cuestiones políticas" exentas de control por el poder judicial nacional. Muy por el contrario, dichos actos,
dada su naturaleza, se encuentran especialmente sujetos a revisión por el Poder
Judicial. Así, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia de fecha 7
de mayo de 199223, señaló que las normas constitucionales relativas a los estados de excepción constituyen un "límite y freno al abuso de discrecionalidad". Dichas normas otorgan un poder discrecional para valorar, ante una situación de anormalidad, lo que exige el interés público
para el restablecimiento del orden, así como la escogencia de las alternativas
de acción. Mediante el control jurídico se afirmó la posibilidad de controlar
al Poder Ejecutivo por la Carta Política de dicho Estado.24 Uno de los límites a la discrecionalidad del Presidente de la República para decretar el estado de excepción es precisamente el propio control jurídico que corresponde a la Corte Constitucional.25
54. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en sentencia de 11 de marzo de 199326, se pronunció sobre un decreto presidencial de 27 de noviembre de 1992, mediante el cual el titular
del Poder Ejecutivo suspendió algunas garantías constitucionales y dijo que
los decretos de suspensión de garantías estaban sometidos al control judicial
de la constitucionalidad, indicando expresamente que además de los elementos
de control objetivo o formal relativos a la competencia del funcionario, la
correcta utilización por el Ejecutivo de su competencia, la sujeción al procedimiento
previamente establecido y el contenido lícito del acto, el propio contenido
del decreto de suspensión de garantías podía ser igualmente controlado en cuanto
a su razonabilidad y a la veracidad de las circunstancias de hecho que lo habían
motivado. La alta Corte venezolana concluyó que la condición de acto de gobierno
no otorga inmunidad jurisdiccional al decreto de suspensión de garantías, y
que la discrecionalidad del Ejecutivo en tal sentido se refiere únicamente
la evaluación de la gravedad de las circunstancias y la conveniencia de la
adopción de la medida.
55. Aunque en general recae en los propios Estados y sus poderes públicos en particular el "margen de apreciación" para determinar la necesidad de declarar el estado de emergencia, por tener un conocimiento directo e inmediato de las circunstancias de hecho por las que atraviesa el país, ese margen de apreciación no es ilimitado. La Comisión tiene la función de evaluar si las circunstancias que condujeron al Gobierno peruano a declarar una emergencia en abril de 1992 encuadran dentro del significado convencional de los términos "guerra, peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte". La Comisión debe evaluar, por ejemplo, si Perú ha excedido la "medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación". En consecuencia, el margen de apreciación a nivel interno está acompañado por una supervisión interamericana.
La Comisión debe valorar apropiadamente aspectos relevantes, tales como naturaleza
de los derechos afectados por la suspensión, la circunstancias que motivaron
el estado de emergencia y su duración. 56. Asimismo, debe destacarse que otros órganos de la OEA efectúan también un control de carácter internacional. En efecto, como respuesta a la situación consecuente a las medidas adoptadas el 5 de abril de 1992, el Consejo Permanente de la OEA convocó una Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, conforme a las disposiciones de la Resolución AG/RES. 1080 (XXI-0-91) de la Asamblea General, comentada en el párrafo 28 supra, y conforme a los explicados principios democráticos en que se fundamenta la Organización.
Dicha reunión se llevó a cabo en Washington, D.C. el 13 de abril de 1992, resolviendo "hacer un llamado para que se restablezca urgentemente el orden institucional democrático en el Perú y se ponga fin a toda acción que afecte la vigencia de los derechos humanos, evitándose la adopción de nuevas medidas que continúen agravando la situación". En la misma resolución, la aludida Reunión solicitó a Perú que formalizara una invitación de esta Comisión a Perú, a los fines
de hacer una visita in loco sobre la situación de los derechos humanos en el país, la cual se llevó a cabo entre el 17 y el 21 de mayo de 1993.27 V. ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO
58. Tal y como se refirió anteriormente, el 5 de abril de 1992 el Presidente Alberto Fujimori, a través del Decreto Ley No. 25.418, denominado
Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, procedió
a declarar en "reorganización" al poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, y procedió igualmente a disolver
el Congreso Nacional y el Consejo Nacional de la Magistratura.
60. Dentro de tal contexto, se procedió a desarticular ("reorganizar") el poder judicial, mediante la eliminación de instituciones y la remoción de
un gran número de jueces a nivel nacional, respecto a lo cual se observó
62. Posteriormente, el 25 de abril de 1992, el Presidente Fujimori dictó el Decreto Ley Nº 25.447 por el cual reconstituyó la Corte Suprema nombrando
13 vocales "provisionales"30 de dicha Corte, y el 28 de abril de 1992 dictó el Decreto Ley Nº 25.454, por medio del cual se estableció la improcedencia de la Acción de Amparo dirigida a impugnar los efectos de la aplicación del Decreto de Remoción.
64. Tal y como se mencionó anteriormente, el Estado peruano ha centrado su defensa en el presente caso en una alegada "emergencia" que afectaba al país, lo cual justificaría, según sostiene, las mencionadas acciones tomadas a partir del 5 de abril de 1992, entre las cuales, como ya se dijo, se destaca el Decreto de Remoción. En tal sentido, las causas invocadas por el Poder Ejecutivo peruano no llegan a representar una "guerra, peligro público u otra emergencia" que amenazara de manera inminente la independencia o seguridad de ese país. Es así que en el "Manifiesto a la Nación" de 5 de abril de 1992, el Presidente Fujimori invocó como causas primordiales
de las acciones iniciadas a partir de esa fecha:
Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas... 31 65. La Comisión considera al respecto que la invocada corrupción y el supuesto caos de los Poderes Legislativo y Judicial no son las hipótesis
de "guerra, peligro u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", para justificar un Estado de Emergencia, y mucho menos la realización de actos que impliquen la eliminación o anulación práctica de las
competencias institucionales de dichos Poderes, pues dicha alegada causa de
ninguna manera llena las condiciones requeridas de legitimidad, realidad, inminencia
y gravedad excepcional. La Comisión debe señalar que, en todo caso, la solución
a los problemas institucionales que puedan afectar a un país se tiene que buscar
dentro de los parámetros de la democracia representativa y su orden constitucional.
La Comisión reitera la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
respecto de que el estado de derecho, la democracia representativa y el régimen
de libertad personal son consustanciales con el Sistema Interamericano, y en
particular, con el régimen de protección de los derechos humanos contenido
la Convención.32
69. La Comisión estima igualmente que, con tal proceder, el Poder Ejecutivo peruano incurrió en la situación conocida doctrinariamente
como "desviación de poder". En efecto, tal y como ha citado la Comisión con anterioridad, un eminente jurista ha señalado que: desviación de poder es el hecho del agente administrativo, que realizando un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación, usa de su poder en casos, por motivos y para fines distintos de aquellos en vista de los cuales este poder le ha sido conferido. La desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Puede un acto administrativo haber sido realizado por el funcionario competente con todas las apariencias de regularidad y, sin embargo, este acto discrecional realizado, que el funcionario cualificado tenía el derecho estricto de realizar, puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos, o, para retener la fórmula de la jurisprudencia, para un fin distinto que el interés general o el bien del servicio.34
71. La Comisión considera importante reseñar, a título ilustrativo, que en un caso similar al presente, en el cual los militares griegos invocaron un estado de emergencia para enfrentar el supuesto peligro del comunismo, la crisis del gobierno constitucional y la crisis en el orden público como causas de emergencia pública que amenazaban la vida de la nación, la Comisión Europea de Derechos Humanos, con base en el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de contenido similar al del artículo 27 de nuestra Convención, desestimó el alegato del Gobierno, por considerar que no había evidencias de que realmente hubiese una situación que amenazara la vida de la nación griega y que los militares no tenían el derecho de invocar un estado de emergencia para destruir la democracia griega, sino exclusivamente para preservarla.36 72. La Comisión observa igualmente que el mencionado Decreto Ley Nº 25.418, de fecha 6 de abril de 1992, mediante el cual se creó el denominado
Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, se declaró en reorganización
al poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la
y se disolvió el Congreso Nacional y el Consejo Nacional de la Magistratura,
lejos de suspender las garantías consagradas en la Convención, declaró expresamente,
en su artículo 6, que "El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional ratifica y respeta los Tratados, Convenios, Pactos, Acuerdos, Contratos y demás compromisos internacionales vigentes, suscritos por el Estado Peruano". Ciertamente, en consecuencia, el Estado peruano tampoco notificó a los demás
países miembros de la OEA, a través del Secretario General de dicha Organización,
que hubiera suspendido alguna de las garantías consagradas en la Convención,
por lo que Perú tampoco cumplió con tal requisito formal de la declaración
estado de emergencia.37
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 75. Por otra parte, y conforme a lo establecido en el artículo 242 de la Constitución Política peruana de 1979, que era la vigente en el año
1992, el Estado garantizaba a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
su permanencia en el servicio hasta los setenta años, y su inamovilidad en
cargo, siempre que observaran la conducta o idoneidad propia de su función.
Asimismo, el artículo 248 de dicha Constitución establecía que "La destitución de los Magistrados requiere resolución, previo proceso administrativo", mientras que el artículo 249 de dicha Carta Magna disponía que:
77. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es evidente que el Decreto de Remoción violó al doctor Vásquez Vejarano su derecho a debido proceso, por haber sido dictado al margen de procedimiento alguno. Dicha ausencia de procedimiento implicó que el doctor Vásquez Vejarano no fue acusado de ningún cargo; no se le formularon cargos de mala conducta, ni de ninguna otra especie; no tuvo oportunidad de ser oído; no pudo ofrecer pruebas; no se le concedió plazo alguno para preparar su defensa; no tuvo acceso a las actas de un eventual expediente; no fue juzgado por su juez natural, ni se le ofreció el derecho de ser juzgado por una autoridad imparcial e independiente. 78. La Comisión ha establecido igualmente que "una cosa son las medidas por las que se remueve a los magistrados, ordenadas por el
órgano competente y de conformidad con los procedimientos constitucionales
y otra muy diferente es la 'destitución' de un magistrado por una autoridad
ilegítima sin competencia, con total desprecio por los procedimientos establecidos
en la Constitución"39.
79. La Comisión reitera la extrema importancia que tiene el Poder Judicial --no sólo su existencia formal sino además su efectiva independencia e imparcialidad conforme al derecho a garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención-- para la preservación de la democracia y del Estado de derecho y para la efectiva protección de los derechos humanos. La Comisión, en su Informe sobre Perú del año 1993 subrayó que La CIDH debe señalar, al respecto, que el procedimiento seguido por el Gobierno luego del 5 de abril de 1992 afecta gravemente la independencia del Poder Judicial cuya necesaria reforma, a fin de corregir lo que se considera que eran situaciones de corrupción e ineficiencia, debió realizarse con pleno respeto de las normas básicas del debido proceso y de la plena independencia de poderes.
80. De acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión concluye que la remoción del Magistrado Vásquez Vejarano de su
cargo, conjuntamente con otros 12 vocales de la Corte Suprema, fue efectuada
del procedimiento establecido para ello y sin las mas mínimas garantías de
un debido proceso; y constituyó una violación del Estado peruano al derecho
debido proceso ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad por la ley, consagrado en el artículo 8 de la
Más aun, dicha violación significó también vulneración al derecho al debido
proceso y al derecho a un poder judicial independiente e imparcial de los
habitantes de Perú. Esta violación es particularmente grave dado que la Corte
ha señalado la necesidad de "la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción".41 Invocar un estado de emergencia para destruir la independencia del órgano judicial atenta contra el Estado de derecho y deja desamparadas a las víctimas de las ilegalidades perpetradas contra ellas. F. Derecho a Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales 82. El peticionario alega que el Decreto Ley Nº 25.454, que estableció la improcedencia de la acción de amparo como medio de impugnación de los efectos del Decreto de Remoción42, impidió al doctor Vásquez Vejarano el acceso a un recurso sencillo y rápido que lo amparara
contra el acto de remoción, en violación del derecho a la protección judicial
contemplado en el artículo 25 de la Convención y en flagrante violación a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual ha establecido sobre este
punto que "la suspensión de (...) habeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos Estados impone la Convención".43 83. La Comisión resalta que no obstante existir el Decreto Ley Nº 25.454 mencionado en el párrafo anterior, el doctor Vásquez Vejarano presentó, en fecha 26 de mayo de 1992, un recurso de amparo solicitando se declarara la inaplicabilidad del Decreto de Remoción y que en consecuencia se le restituyera a la situación anterior a la entrada en vigencia de dicho Decreto, es decir, al ejercicio pleno de sus funciones como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú. No obstante, dicho amparo fue declarado inadmisible con base, precisamente, en la disposición del aludido Decreto Ley Nº 25.454 que declaró improcedente la acción de amparo para impugnar los efectos del Decreto de Remoción.
En primer lugar, la propia lógica interna de todo recurso judicial --también el del artículo 25-- indica que el decisor debe establecer concretamente la verdad o el error de la alegación del reclamante. El reclamante acude al órgano judicial alegando la realidad de una violación de sus derechos, y el órgano en cuestión, tras un procedimiento de prueba y de debate sobre esa alegación, debe obligatoriamente decidir si el reclamo es fundado o infundado. De lo contrario, el recurso judicial devendría inconcluso.
86. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Comisión observa que las decisiones que desestimaron el recurso de amparo intentado por el doctor Vásquez Vejarano no conocieron sobre el mérito del asunto planteado, es decir, sobre la inaplicabilidad del Decreto de Remoción --debido a su alegada inconstitucionalidad--, y sobre la restitución del recurrente a su cargo, sino que lo declararon inadmisible con fundamento en el aludido Decreto Ley que declaró improcedente el Recurso de Amparo para impugnar los efectos del Decreto de Remoción. 87. El Estado, por su parte, ha alegado que a través de la creación del Jurado de Honor de la Magistratura había creado un procedimiento idóneo para impugnar la situación en cuestión. 88. La Comisión tuvo la oportunidad de analizar tanto el procedimiento como la estructura de tal órgano con ocasión del análisis de la admisibilidad de este caso. En dicho informe, la Comisión concluyó que dicho procedimiento no era adecuado ni eficaz y no reunía los requisitos mínimos de debido proceso, tanto en su tramitación como en su fallo, por lo que no configuraba un recurso de la naturaleza exigida por el artículo 25 de la Convención.47
90. En este punto, la Comisión quiere recordar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al cumplimiento por parte
de los Estados respecto de la obligación contraída en el artículo 25 de la
En tal sentido, dicha Corte ha señalado que "para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorias. Ello puede ocurrir porque el poder judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones...".49
El derecho de participación política deja espacio para una gran variedad de formas de gobierno. Hay muchas alternativas constitucionales respecto al grado de centralización de los poderes del estado o al de elecciones y facultades de los órganos responsables por el ejercicio de esos poderes. No obstante, una estructura democrática es un elemento esencial para el establecimiento de una sociedad política donde los derechos humanos puedan ser plenamente realizados.50 94. En tal sentido, la Comisión estima que el derecho de integrar, en condiciones de igualdad, el Poder Judicial de un país miembro de la Convención, es un derecho protegido por el artículo 23(1)(c) antes transcrito. Ello significa que todas las personas que reúnan las condiciones preestablecidas para ello por el ordenamiento jurídico de un Estado, como por ejemplo, edad, nacionalidad, calificaciones profesionales, etc., tienen derecho, en condiciones de igualdad, de ser elegidas para dicho cargo, por lo que en el proceso de selección nadie puede ser discriminado por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 95. La Comisión, en lo relativo a la elección y remoción de jueces, ha explicado igualmente que:
96. Asimismo, en el caso conocido como "Jueces de Chiriquí", relativo a la destitución de varios jueces panameños, la Comisión afirmó que "la importancia de estos hechos se acrecienta por la necesidad de todo Estado de mantener un Poder Judicial independiente, que sea capaz de proporcionar
garantías para el goce de los derechos que establece la misma Convención"52, y determinó que tales hechos constituyeron violación al derecho de acceder en condiciones públicas de igualdad a las funciones públicas del país, establecido en el artículo 23(1)(c) de la Convención.
99. Las disposiciones del artículo antes transcrito son aplicables por vía de interpretación analógica a otro tipo de situaciones jurídicas. Es
así que el artículo 29(c) de la Convención contempla que ninguna disposición
de la Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos
y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
de gobierno. Aun más, el derecho concerniente al principio de legalidad y de
irretroactividad de las leyes contemplado en el artículo 9 de la Convención
tiene una importancia tal que el artículo 27(2) de tal instrumento establece
en forma expresa que este derecho no puede ser suspendido ni siquiera cuando
el país se encuentre bajo estado de emergencia. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, el derecho contemplado en el artículo 9 de la Convención es aplicable
a cualquier tipo de procedimiento sancionatorio susceptible de afectar los
de la persona, puesto que su fin último es proporcionar seguridad al ser humano, en el sentido de saber qué tipo de comportamiento es lícito y qué tipo no lo
es, para preveer así las consecuencias jurídicas de sus acciones.
101. Aunque el peticionario no denunció que los hechos denunciados constituyan violación al derecho a igualdad ante la ley, la Comisión, en uso de sus facultades, entra a conocer de tal posible violación, por considerar que de los hechos denunciados surgen elementos que podrían permitir llegar a tal conclusión. 102. En tal sentido, el artículo 24 de la Convención establece lo siguiente:
105. El artículo 295 de la Constitución peruana de 1979, que era la vigente en el año 1992, contemplaba que la acción de amparo cautelaba, para todos los habitantes del Perú, los derechos reconocidos en la Constitución que fueran vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. 106. Es el caso que el referido Decreto Ley Nº 25.454 dispuso que no procedía la acción de amparo dirigida a impugnar directamente o indirectamente los efectos de la aplicación del Decreto de Remoción, ni la dirigida a impugnar los efectos de los Decretos Leyes Nos. 25442 y 25446.53 Por lo tanto, en la práctica, se configuró una situación conforme a la cual todos los habitantes de Perú tenían acceso a la acción de amparo para cautelar los derechos que les reconocía la Constitución, con excepción de los 147 Magistrados, Jueces y Fiscales que habían sido removidos mediante los Decretos Leyes anteriormente mencionados. Lo anterior creó una situación evidente de desigualdad de las mencionadas 147 personas respecto al resto de los habitantes de Perú, y constituyó igualmente un tratamiento discriminatorio, al cesar a 13 de los 25 vocales que conformaban la referida Corte. 107. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado lo siguiente:
111. El 26 de febrero de 1999 la Comisión, a solicitud de las partes, otorgó un plazo de tres meses, contados a partir del 18 de febrero
de 1999, para que éstas mantuvieran conversaciones sobre el monto relacionado
el cumplimiento de la recomendación "2" mencionada en el párrafo 113 infra. Durante dicho plazo y con posterioridad a éste, las partes no llegaron a un acuerdo sobre el punto antes mencionado. Por otra parte, el Estado peruano no ha acreditado haber dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Comisión en su Informe Nº 57/98.
113. Con fundamento en el análisis y las conclusiones precedentes, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO PERUANO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. Reparar adecuadamente al doctor Vásquez Vejarano, tanto en el aspecto moral como en el material, por las violaciones a sus derechos
humanos, y en particular, 2. Reintegrar al doctor Vásquez Vejarano a su cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pagándole los salarios y demás remuneraciones
que ha dejado de percibir desde la fecha de su remoción, y otorgándole todos
los demás beneficios que le corresponden como Magistrado de dicha Corte,
de ser el caso los relativos a su jubilación, o subsidiariamente, pagar al
doctor Vásquez Vejarano los salarios y demás remuneraciones que le corresponderían
como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hasta que cumpla 70 años,
es la fecha hasta la cual la Constitución peruana de 1979 le garantizaba inamovilidad
en el cargo, pagándole también en ese caso los salarios que ha dejado de
desde la fecha de su remoción y otorgándole todos los demás beneficios económicos
que le corresponden como Magistrado de dicha Corte, incluyendo de ser el
los relativos a su jubilación.
IX. PUBLICACIÓN 114. El 1 de marzo de 2000, la Comisión transmitió el informe 17/00 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. En fecha 3 de abril de 2000, Perú remitió una comunicación a la Comisión en la cual no acreditó haber efectuado ninguna acción relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. 115. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y las recomendaciones contenidas en los capítulos VII y VIII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas.
9 Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre
de 1987. Serie A No. 9. En el mismo sentido, véase también, de la misma Corte:
1) La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
Serie A No. 5, párr. 66; y 2) La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86
del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párrafos 30, 32 y 34. 10 Corte I.D.H., El Hábeas corpus bajo suspensión de garantías... op. cit. párr. 19.
21 Conforme al cual, "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: ... c). excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno". 22 Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia... op. cit. párr. 37.
28 Respuesta del Gobierno a denuncia del peticionario, Nota Nº 7-5-M/321, presentada ante la Comisión con fecha 4 de octubre de 1993. 29 Comisión de Juristas Internacionales. Informe sobre la Administración de Justicia en El Perú. Instituto de Defensa Legal. Lima, 1994.
31 "Manifiesto a la Nación del 5 de abril de 1992", publicado en el Diario "El Peruano" de fecha 6 de abril de 1992, y transcrito en: Centro Peruano de Estudios Internacionales
(CEPEI), Proceso de Retorno a la Institucionalidad Democrática en Perú". Eduardo Ferrero Acosta, ed. Lima, 1992. Págs. 129 a 135.
32 Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia... op. cit. párr. 35. 33 "Resolución sobre la protección de los derechos humanos frente a la suspensión de las garantías constitucionales o estado de sitio". op. cit. pág. 47.
39 Idem, párr. 58. 40 CIDH, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú. 1993. OEA/Ser.L//V/II.83 Doc. 31. párrafos 61 y 62.
41 Corte I.D.H., El Hábeas corpus bajo suspensión de garantías...op. cit. párr. 30. 42 Dicho Decreto Ley establece: "Artículo 2º.- No procede la Acción de Amparo dirigida a impugnar directa o indirectamente los efectos de la aplicación de los Decretos Leyes Nos. 25423, 25442 y 25446". 43 Corte I.D.H., El Hábeas corpus bajo suspensión de garantías...op. cit. párr. 43.
44 CIDH, Informe Nº 30/97 (Argentina). ob. cit. párrs. 71, 73 y 74. 45 "De acuerdo con esa doctrina, el poder judicial se abstendrá de ciertos actos cuando esa decisión presuponga un juicio eminentemente político exclusivamente reservado a un poder del Estado, sea el ejecutivo o el legislativo". CIDH, Informe Nº 30/97 (Argentina). ob. cit. Párrafo 44.
50 CIDH. Doctrine of the Inter-American Commission on Human Rights (1971-1981), en Ten Years Of Activities 1971-1981. Washington, D.C., 1982, pág. 334. Citas tomadas de la versión en Inglés y traducidas libremente al español. 51 Informe Nº 30/97 (Argentina). op. cit. párrs. 41 y 43.

References: artículo 27
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 242
 artículo 248
 artículo 249
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 295
 artículo 51
 artículo 30