Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-1331-01.htm
Timestamp: 2018-01-23 02:23:33+00:00

Document:
T-1331-01
Sentencia T-1331/01
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reclamar derechos de carácter contractual
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional sobre controversias contractuales
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inminencia
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Requisitos de procedibilidad no son transferibles
Los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales no son transferibles. Es decir, para efectos del proceso que se revisa y en lo que toca con la acción de tutela, no es cierto, como lo argumenta el apoderado del accionante y como lo afirma el ad quem, que las deudas cuyo pago se solicita por medio de la acción interpuesta, tuvieran la condición de laborales. Esa condición era exclusiva respecto de los acreedores originales, condición que, como se indicó, no es transferible, para efectos de la acción constitucional, a terceras personas y, en particular, a los cesionarios de tales obligaciones.
ACCION DE TUTELA-Abuso
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Actuaciones de particulares
Referencia: expediente T-490293
Acción de tutela instaurada por Juan Agustín Herazo Silgado contra el Municipio de Santiago de Tolú, Sucre
1.3. Su apoderado afirma que "[…] no se encuentra afiliado a la Seguridad Social dependiendo su tratamiento médico única y exclusivamente a cargo de él mismo y quien en estos momentos no cuenta con los recursos económicos necesarios para el manejo de tal delicada, dolorosa y costosa enfermedad"[1].
1.4. Señala que "Al señor JUAN AGUSTIN HERAZO SILGADO", actualmente el Municipio de Santiago de Tolú le adeuda una seria de obligaciones"[2].
a. El 8 de noviembre de 2000 con Ramón Buelvas Romero por siete millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos (7'652.785°°)[3].
b. El 11 de octubre de 2000 con Lourdes D'Angelis Ariza por cinco millones de pesos (5'000.000°°).[4]
c. El 8 de noviembre de 2001 con Arturo Villalobos Sotomayor por veinte millones doscientos once mil ciento noventa y seis pesos (20'211.196°°)[5].
d. El 8 de noviembre de 2000 con Williams Atencia López por cinco millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos veintidós pesos (5'271.422°°)[6].
e. El 13 de octubre de 2000 con Williams Atencia López por cinco millones seiscientos setenta y dos mil pesos (5'672.000°°)[7].
f. El 11 de octubre de 2000 con Robert Paternina Tordecilla por novecientos mil pesos (900.000°°)[8].
g. El 11 de octubre de 2000 con Diana Gulfo Caballero por tres millones seiscientos mil pesos (3'600.000°°)[9].
1.6. El monto total de los créditos cedidos fue de cuarenta y ocho millones trescientos siete mil cuatrocientos tres pesos (48'307.403°°).
1.8. Indica el apoderado del accionante que "Con el actuar omisivo el municipio de Santiago de Tolú, al no responder o atender oportunamente los requerimientos hechos por el señor JUAN AGUSTIN HERAZO SILGADO, en el sentido de no pagarle o cancelarle prontamente los dineros que se le adeudan, muy a pesar de haberle puesto en conocimiento el grave estado de salud que él padece, se atenta y se viola a este señor sus Derechos Constitucionales Fundamentales A LA VIDA Y A LA SALUD"[10].
1.10. Solicitó además "Que se ordene al Municipio de Santiago de Tolú y/o a la Gobernación de Sucre, el pago de las obligaciones directas y por cesión de créditos que se le adeudan a mi poderdante, esto para poder sufragar los altos costos que genera el tratamiento de la enfermedad terminal que padece como lo es el Cáncer de Estómago. Y que todas estas obligaciones se cancelen con sus respectivos intereses moratorios generados por el no pago oportuno"[11].
1.11. Indica que si bien existen otros medios de defensa judicial "[…] no sería eficaz acudir a la jurisdicción ordinaria, ya que sería un proceso demasiado dispendioso, tedioso y demorado, siendo que el paciente requiere de un tratamiento inmediato y pronto, el cual para poder lograrlo es necesario acudir a un mecanismo corto, rápido y eficaz como lo es la acción de tutela"[12].
1.12. Agrega que "En la actualidad la Gobernación de Sucre administra dineros pertenecientes al Municipio de Santiago de Tolú por concepto de Regalías, siendo estos dineros los únicos recursos con los que cuenta el municipio para el pago de las diferentes obligaciones que tienen contraídas con el accionante; ya que en ocasiones anteriores la Gobernación de Sucre ha cancelado acciones de tutela de esta misma naturaleza con los dineros pertenecientes al Municipio de Santiago de Tolú por concepto de regalías"[13].
1.13. Informado de la acción de tutela interpuesta por el accionante, el alcalde de Tolú señaló que "[...] consideramos que la acción de tutela referenciada es improcedente por ser TEMERARIA, habida cuenta que el abogado William Atencia López, impetró acción de Tutela en representación de los señores Ramón Buelvas y Arturo Villalobos Sotomayor entre otros, obteniendo fallo favorable de fecha Marzo 8 de 2001, comunicado a esta Administración a través de oficio N° 0588 de la misma fecha, en la que se ordena al Alcalde Municipal cancelar los valores adeudados por conceptos laborales a los tutelantes; los cuales ya fueron cancelados, y nos encontramos que el mismo profesional del Derecho pretende se ordene la cancelación de estas mismas deudas a favor de un "presunto" cesionario de los mencionados acreedores del Municipio. Con esta situación se configura claramente una temeridad de la acción de tutela, en razón a que se trata de los mismos hechos en dos acciones distintas, lo cual está prohibido por las normas constitucionales y legales vigentes"[14].
Respecto de la tutela interpuesta por Juan Agustín Herazo Silgado, señala que "La respuesta dada por la entidad Accionada, no permite otra opción que la de la declaratoria de la improcedencia de la acción presentada, en razón de la carencia de interés que surge de la Tutela presentada, dado que la entidad accionada lo desconoce como acreedor de las obligaciones que menciona que resultan en su favor, por haber sido cesionario de las mismas, y así las cosas, no se puede disponer procedencia alguna a pesar de la tercera edad que le resulta al accionante y de la situación de salud que padece, debido a la ilegitimidad que aduce la entidad accionada respecto de ese señor, y siendo cierto que la cesión es una figura que se encuentra en voluntad de la parte deudora de reconocer o no al nuevo acreedor después de la cesión, en este caso se niega rotundamente esto, lo que lleva a que este accionante tenga que escoger la acción ordinaria pertinente para hacer valer sus derechos reclamados en la tutela"[15].
Con base en estos argumentos, el Juez Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú negó la tutela interpuesta en fallo proferido el veinticinco (25) de abril de 2001.
El apoderado del accionante presentó impugnación contra el fallo proferido por el a-quo.
Indica que "La petición de tutela, formulada por el accionante ante el órgano jurisdiccional se fundamenta en el hecho objetivo de está el Municipio de Santiago de Tolú (Sucre) adeudándole una serie de obligaciones contenidas y representadas en las cuentas de cobro que le fueron cedidas a través de la figura del mutuo por los señores cedentes ARTURO JOSE VILLALOBO SOTOMAYOR, RAMON BUELVAS ROMERO, LOURDES D'ANGELIS, DIANA GULFO, ROBERT PATERNINA Y WILLIAMS ATENCIA LOPEZ cesiones estas que le fueron notificadas a la administración municipal por intermedio de la tesorería tal como se puede apreciar en el recibido expedido por el funcionario habilitado de ese despacho para tal fin y obrante dentro del respectivo expediente"[16].
Afirma que las obligaciones que dan lugar a la tutela de la referencia fueron cedidas de acuerdo con las normas civiles y que "Las cuentas, los soportes y demás documentos que obran en el expediente están revestidos de la presunción de veracidad, ya que hasta este momento procesal no han sido controvertidos y mucho menos desvirtuados, quedando sin piso las afirmaciones hechas por el señor Alcalde de que la cesión no fue presentada ante la Administración Municipal y por consiguiente éste no pudo aceptar las mismas"[17].
Señala que "Las obligaciones aquí reclamadas por vía de tutela son laborales tal como lo expresa los documentos o títulos complejos que la contienen y que no es necesario entrar a detallar ya que están anexados a este proceso y por simple naturaleza jurídica al ser cedidas al señor JUAN AGUSTIN HERAZO conservan su esencia laboral y no la pierden por haber sido cedidas al tutelante"[18].
Sostiene que si bien es cierto que la acción de tutela no es un mecanismo idóneo para solicitar el cobro de obligaciones patrimoniales, "[...] hay que tener muy presente de acuerdo a las orientaciones de la Corte Constitucional, que cuando el incumplimiento de dichas obligaciones tiene la virtualidad de vulnerar o colocar en posición de amenaza derechos fundamentales, se rompe esa inicial consideración para arribar a la inobjetable y por demás muy justa conclusión de adquirir eficacia para estos otros menesteres"[19].
"Sostengo –indica– sin lugar a equivocarme porque además aparece hasta la saciedad probado en el expediente de que se dan los presupuestos fácticos y de derechos para la prosperidad de la Acción de Tutela, desde luego, que se hace necesario decir como en este caso que nos ocupa que en circunstancias excepcionales donde la amenaza o violación (1) del derecho fundamental resulte manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutible arbitraria (2) en donde el afectado no disponga de otro medio judicial oportuno, salvo que se promueva como mecanismo transitorio ante un perjuicio irremediable, cierto e indiscutible, y (3) siempre que ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo de ese derecho fundamental, el juez constitucional puede ordenar el pago patrimonial de sumas de dinero, siendo el norte a seguir en este caso"[20].
Señala que "La Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que la Acción de Tutela no es en principio un mecanismo judicial indicado para buscar el pago de sumas de dinero por concepto de acreencias laborales. […] Pero de la misma manera ratifica que, excepcionalmente, cuando el medio judicial ordinario no es eficaz para la cierta y concreta defensa de los derechos fundamentales afectados, que son de rango constitucional, cabe la Tutela con ese objeto"[21].
Considera que "Al realizarse la cesión de créditos en debida forma, queda el cesionario subrogado en todos los derechos de los cesionarios, ya tales situaciones, La Corte Constitucional lo ha dicho hasta la saciedad, que tratándose de acreencias laborales, probada la relación de trabajo y las sumas adeudadas en forma prolongada, se establece una presunción legal a favor de los trabajadores de donde se colige que hay una afectación del mínimo vital, y por ser una presunción legal le corresponde a la parte accionada probar lo contrario"[22].
Menciona la Sentencia T-079 de 2000, proferida por la Corte Constitucional, para sustentar el punto[23].
Señala que "Por otro lado, en el presente caso hay prueba suficiente de que el accionante se encuentra padeciendo la enfermedad de CANCER ESTOMACAL, y que a la luz de la ciencia actual es una enfermedad terminal, y de igual manera está demostrado que él mismo se encarga de sus gastos médicos, y dada la gravedad de la situación, es indispensable para él, contar con medios económicos necesarios para tratar de postergar su existencia, de igual manera, es claro para este despacho, que el derecho a LA VIDA es uno de los derechos fundamentales que debe ser protegido por el Estado, de gran relevancia, y consagrado como uno de los derechos inalienables de la persona, cuya primacía reconoce el art. 5° de la Constitución, lo que hace que ellos vinculen al Estado en dos sentidos: En la del respeto y en la de su protección"[24].
La Corte Constitucional debe determinar si Juan Agustín Herazo Silgado tiene un derecho constitucional fundamental a que el Municipio de Santiago de Tolú le pague las deudas que le fueron cedidas por medio de varios contratos celebrados entre particulares, deudas que, según se alega, tuvieron origen en la relación laboral entre los cedentes y la entidad accionada, y que el accionante está cobrando con el fin, según indica su apoderado, de cubrir los costos del tratamiento médico que requiere para la atención de la enfermedad que padece. La cuestión a decidir es la siguiente: ¿Es la acción de tutela la vía procedente para exigir el pago de deudas derivadas de contratos, en este caso de cesión de créditos originados en la relación laboral de los cedentes con la entidad accionada, cuando el cesionario y accionante alega que necesita el dinero para cubrir los gastos médicos por encontrarse gravemente enfermo?
'El derecho fundamental objeto de una acción de tutela debe corresponder a una consagración expresa y positiva efectuada directamente por el Constituyente que decide reservar ámbitos de la persona de la intromisión estatal o establece prestaciones o garantías que se incorporan como situaciones activas de poder de los sujetos oponibles al mismo. No tienen ese origen y mal puede pretender conferírseles ese carácter, las situaciones subjetivas activas y pasivas derivadas de la concesión recíproca de facultades que intercambian entre sí las partes de un contrato y que constituyen su contenido'.[25]
La acción de tutela, ha dicho también la Corte, no procede para la resolución de los conflictos derivados de la actividad contractual, pues el particular dispone de otro medio de defensa judicial, como lo es acudir a la jurisdicción ordinaria[26]. Y esa vía ordinaria es, además de la directamente establecida en la ley, la que en ocasiones puede surgir de la voluntad de las partes contratantes, conforme a las disposiciones legales, como sucede con la conciliación, la amigable composición, el arbitraje etc.
Además, la vía de la tutela es acción residual y subsidiaria que no está llamada a proceder como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales de protección de derechos fundamentales[27]"[28].
3.1.2. Es cierto, no obstante, que en algunas oportunidades la acción de tutela resulta procedente, de forma transitoria, cuando existiendo recursos jurídicos ordinarios, es ésta la única vía de la que se dispone para evitar que de la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales pueda generarse un perjuicio irremediable.
“De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”[29] (Subrayas fuera de texto) [30].
En casos excepcionales, se ha aceptado que la tutela puede prosperar. Sucede así, por ejemplo, en el caso de las acreencias originadas en un contrato laboral[31] pero sólo cuando el trabajador invoca su derecho a subsistir dignamente amparado en el concepto de mínimo vital y éste se encuentra vulnerado. También se ha aceptado, por ejemplo, la posibilidad de que la tutela pueda prosperar cuando se interpone por parte de un acreedor de una entidad financiera en liquidación cuando se comprueba que la demora en el pago de la deuda contraída de manera directa con el tutelante, pone en peligro la vida de éste como persona de la tercera edad, afectada de grave enfermedad y que carece de recursos para atender los gastos del tratamiento que requiere[32].
No obstante, se insiste, cuando la tutela ha procedido en estas oportunidades, ello no obedece a que sea esta acción constitucional un mecanismo para la reclamación de derechos generados por una relación contractual sino porque, y esto es lo esencial, la tutela es, en tales ocasiones, el único medio del que se dispone para evitar un perjuicio irremediable dada la clara vulneración o amenaza, no de cualquier derecho fundamental, sino de los derechos del accionante relativos a su subsistencia digna, y no para el cobro de cualquier acreencia sino tan sólo de aquéllas que son claras, expresas y exigibles y fueron contraídas directamente por el peticionario.
La tutela ha procedido, en consecuencia, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio inminente, grave, urgente e impostergable en cabeza del accionante –y no de terceros– que invoca un derecho fundamental específico –y no uno contractual– para garantizar su derecho al mínimo vital como trabajador –y no como comerciante o profesional independiente u otra condición que no implica subordinación– o como acreedor de una entidad financiera en liquidación, acreedor cuya indefensión surge de su condición de ser una persona de la tercera edad, en grave estado de enfermedad, que demuestra que carece de otros recursos para atender los gastos del tratamiento que requiere.[33]
Entre la accionante y el Municipio de Tolú no existió una relación de tal naturaleza –en lo que hace referencia al proceso que se revisa– que permitiera suponer que las actuaciones u omisiones de éste dieran lugar a una amenaza directa o a una vulneración de los derechos fundamentales de su padre.[34]
En consecuencia, la Corte concluye que un contrato de cesión de derechos entre dos o más particulares, no puede convertir un asunto de conocimiento del juez ordinario, en una cuestión propia del juez constitucional.[35]
3.2.4. Cabe precisar que en esta oportunidad, según lo afirma el apoderado del accionante, los créditos cedidos a favor del accionante tenían origen en una relación laboral entre los cedentes y el Municipio de Tolú.
Así pues, resulta necesario precisar la razón que expone el Juez Promiscuo Municipal de Tolú para negar la acción interpuesta. Si bien es cierto, como lo afirma el a quo, que la acción no es procedente porque el alcalde no reconoce la obligación cuyo pago se solicita, es decir –entiende la Corte–, porque las mismas no eran, en opinión del juez, claras, expresas y exigibles, debe señalarse que la razón principal por la cual en esta oportunidad la tutela no está llamada a prosperar, es porque, como se indicó, por regla general, no es procedente cuando se interpone para solicitar el reconocimiento o la ejecución de derechos originados en relaciones contractuales.
3.3. Posibles irregularidades y abuso de la acción de tutela
3.3.1. En esta oportunidad, la Corte toma en consideración que existe ya un precedente, consignado en la ya referida Sentencia T-971 de 2001, en el que, por parte del mismo despacho judicial, es decir, del Juzgado Tercero Civil de Circuito de Sincelejo, se profirió una sentencia en la que se reconocía por vía de la acción de tutela la existencia y el pago de unos créditos, de manera abiertamente contraria a las normas que regulan esta acción constitucional y a la jurisprudencia en la que esta Corporación ha definido su naturaleza y sus alcances. La Corte señaló en esa sentencia que el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo "[…] implica un perjuicio para las finanzas públicas del Municipio de Tolú y, por ende, para su población", consideración que igualmente podría resultar pertinente en esta oportunidad, según el contraste realizado entre los créditos reconocidos por el juez y los relacionados por el tesorero municipal.
En efecto, afirma el ad quem que "[…] obra en el expediente de Tutela, algunas resoluciones firmadas por los alcaldes de entonces, por medio del cual [sic] se reconoce y ordena el pago de intereses moratorios sobre algunas acreencias laborales, existen también actas de transacción donde se concilian entre las partes el reconocimiento de dichos intereses, cuentas de cobro y órdenes de pago suscritos por el tesorero con su debida imputación presupuestal"[36].
En consecuencia, estima la Corte que, debido a que el alcalde de Tolú había manifestado que las obligaciones reclamadas habían sido ya pagadas y a que se reclaman obligaciones no relacionadas por el tesorero municipal, se debe enviar el presente expediente a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones que sean del caso.
3.3.2. Respecto del comportamiento del abogado Williams Atencia López, la Corte encuentra sorprendente que ostentara la doble condición de acreedor original del municipio y apoderado del accionante para la reclamación, entre otros, de esos mismos créditos. Recuerda la Corte, como lo indicó desde su primera sentencia de tutela, que la actuación de los particulares ante la administración de justicia, debe estar siempre ceñida al principio de la buena fe:
"La administración de justicia tiene su cauce ordinario, y se desajusta la recta disposición del aparato jurisdiccional cuando se pretende ventilar todos los procesos por la vía de la tutela, porque de este modo una pretensión que puede ser válida, se agota por inadecuada, y entonces la mora es mayor y además se entorpece el normal funcionamiento de la justicia.
…la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente que brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce."[37]
La temeridad en la acción de tutela supone el ejercicio arbitrario y sin fundamento valedero alguno de ésta, circunstancia que debe ser cuidadosamente valorada por el juez para no incurrir en decisiones injustas. La conducta temeraria debe estar plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción; requiere de un examen cuidadoso de la pretensión de amparo, de los hechos en que ésta se funda y del acervo probatorio que obre dentro del proceso, que lleve al juzgador a la fundada convicción de que la conducta procesal de la respectiva parte carece en absoluto de justificación.[38]
En consecuencia, se reiteran la Sentencia SU-091 de 2000, en la que se reafirmó el criterio general según el cual la acción de tutela no procede para la resolución de conflictos derivados de la actividad contractual, y la Sentencia T-971 de 2001, en la que se determinó que la acción de tutela no convierte en tutelables meros derechos patrimoniales, así la tutela haya sido interpuesta con el fin de obtener recursos para atender el tratamiento de una enfermedad.
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juez Tercero Civil del Circuito de Sincelejo el veintiocho (28) de junio de 2001.
Segundo.- NEGAR por improcedente la acción de tutela interpuesta por el accionante Juan Agustín Herazo Silgado contra el Municipio de Tolú.
Tercero.- ENVIAR copia del presente expediente al Consejo Seccional de Sucre para que inicie las investigaciones que sean del caso respecto del Juez Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, Dr. Marco Tulio Sierra Severiche.
Cuarto.- ENVIAR copia del presente expediente al Consejo Seccional de Sucre para que inicie las investigaciones que sean del caso respecto del abogado del accionante, Dr. Williams Atencia López.
Quinto.- ENVIAR copia del presente expediente al Contralor Departamental de Sucre para lo de su competencia.
Sexto.- ENVIAR copia del presente expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
[1] Cfr. Folio 1; segundo cuaderno.
[2] Cfr. Folio 1; segundo cuaderno.
[3] Cfr. Folio 9; segundo cuaderno.
[4] Cfr. Folio 10; segundo cuaderno.
[5] Cfr. Folio 11; segundo cuaderno.
[6] Cfr. Folio 12; segundo cuaderno.
[7] Cfr. Folio 13; segundo cuaderno.
[8] Cfr. Folio 14; segundo cuaderno.
[9] Cfr. Folio 15; segundo cuaderno.
[10] Cfr. Folio 3; segundo cuaderno.
[11] Cfr. Folio 3; segundo cuaderno.
[12] Cfr. Folio 2; segundo cuaderno.
[13] Cfr. Folio 2; segundo cuaderno.
[14] Cfr. Folio 77; segundo cuaderno.
[15] Cfr. Folio 83; segundo cuaderno.
[16] Cfr. Folio 5; primer cuaderno.
[17] Cfr. Folio 6; primer cuaderno.
[18] Cfr. Folio 6; primer cuaderno.
[19] Cfr. Folio 8; primer cuaderno.
[20] Cfr. Folio 9; primer cuaderno.
[21] Cfr. Folio 25; primer cuaderno.
[22] Cfr. Folio 26; primer cuaderno.
[23] En efecto, en la Sentencia T-079 de 2000; M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional revisó varios casos acumulados, que versaban sobre la falta del pago salarial por parte de una institución estatal a sus empleados. La Corte afirmó en esa oportunidad, conforme con su jurisprudencia, que "En tratándose del no pago de salarios, esta Corporación ha precisado que tal omisión patronal viola el derecho fundamental al trabajo (artículo 23 C.P.), pues desconoce el derecho del empleado a que aquél se desarrolle en condiciones dignas y justas. Si se presenta la circunstancia descrita, se ha establecido que la procedencia de la acción de tutela debe estar sujeta a la afectación del mínimo vital del trabajador, pues si ello no ocurre, de conformidad con el aludido principio de subsidiariedad, el trabajador debe hacer uso de los mecanismos de defensa ordinarios" (negrillas fuera de texto)".
[24] Cfr. Folio 28; primer cuaderno.
[25] Sentencia T- 242/93, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz (Esta Sala de Revisión comparte la esencia de esta doctrina, sin perjuicio del matiz derivado del artículo 94 de la Constitución que no exige la enunciación expresa de todos los derechos fundamentales)
[26] Ver, entre otras, las Sentencias T-231 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-340 de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara; T-080 de 1998, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
[27] Ver la Sentencia T 287 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[28] Sentencia SU-091 de 2000; M.P. Alvaro Tafur Galvis (En dicha sentencia, la Corte Constitucional confirmó el fallo en el que se concede la tutela interpuesta por la Empresa de Trasporte Masivo del Valle de Aburrá (ETMVA), quien consideró que la indebida interpretación de una cláusula contractual por parte de la entidad accionada –la Cámara de Comercio de Medellín– y el mecanismo que en consecuencia se había seguido para resolver las diferencias surgidas entre aquélla y el Consorcio Hispano Alemán, eran contrarios a su derecho fundamental al derecho debido proceso. Uno de los temas que fue objeto de desarrollo en esa oportunidad, es el relativo al tipo de vulneración que puede ser calificada como causante de un perjuicio irremediable. La Corte consideró que la inadecuada interpretación del contrato y la utilización de la amigable composición por fuera de las reglas pactadas en el mismo, conducían a que la accionante se tuviera que someter a un procedimiento de resolución de controversias que, en esas condiciones, le resultaba contrario al debido proceso. En consecuencia, esta Corporación confirmó la sentencia en la que se había concedido la tutela interpuesta y señaló que el fallo que se cita, estaría vigente hasta que el juez competente se pronunciara de manera definitiva sobre el litigio sostenido entre ETMVA y el Consorcio Hispano Alemán).
[29] Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[30] Sentencia SU 897 de 2000.
[31] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-667 de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo, esta Corporación indicó: "Ha de reafirmar la Corte su jurisprudencia en el sentido de que, salvo en los casos de perjuicio irremediable, o en los que no exista medio judicial idóneo para defender los derechos fundamentales de la persona afectada -como cuando están de por medio el mínimo vital o necesidades básicas inaplazables de personas pertenecientes a la tercera edad-, no procede la acción de tutela para resolver conflictos entre patronos y trabajadores. En efecto, en cuanto a tales asuntos existen normalmente vías judiciales aptas para la protección de los derechos violados o amenazados, lo cual implica que es la jurisdicción ordinaria laboral la encargada de proferir fallo de mérito sobre el particular".
[32] Así, por ejemplo, en la Sentencia T-735 de 1998; M.P. Fabio Morón Díaz esta Corporación indicó: "Para la Sala es claro que el proceso de intervención que ordenó el gobierno a la demandada, dada la grave crisis financiera que afronta, está dirigido fundamentalmente a proteger, en condiciones de igualdad, los intereses de los ahorradores de la misma y desde luego la estabilidad del sistema; no obstante, si se llegare a comprobar que las medidas adoptadas en los casos específicos que se revisan, efectivamente ponen en peligro la vida de los actores, personas de la tercera edad que dicen estar afectadas de graves enfermedades y carecer de recursos para atender los gastos que demandan sus respectivos tratamientos, se configuraría un perjuicio irremediable que haría procedente un tratamiento de excepción para los mismos, en aras de proteger sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, y su dignidad".
[33] Sentencia T-971 de 2001; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (En esta sentencia, la Corte Constitucional estudió la tutela interpuesta por una accionante y cesionaria de unos créditos comerciales que consideraba que la omisión por parte del Municipio de Santiago de Tolú de sufragar tales obligaciones, vulneraba el derecho a la vida y a la salud de su padre enfermo de cáncer. La Corte negó la tutela interpuesta por encontrar que la acción interpuesta no cumplía con los requisitos necesarios para que la tutela pudiera prosperar como medio alternativo de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable).
[34] T-971 de 2001; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] T-971 de 2001; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36] Cfr. Folio 26. Primer cuaderno.
[37] Sentencia T-001 de 1992; M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En dicha sentencia, la Corte Constitucional negó el amparo solicitado por los contralores departamentales que fueron removidos de su cargo por las asambleas departamentales como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la cual establece en su artículo 272 las reglas para la elección de los contralores municipales. En esa oportunidad, la Corte estudió las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela y la obligación que tienen los ciudadanos en virtud del artículo 95 de la Carta, de hacer un uso adecuado y conforme a las reglas, de las instancias y de los mecanismos jurisdiccionales de los que disponen).
[38] Sentencia T-300 de 1996; M.P. Antonio Barrera Carbonell (En esta sentencia, la Corte Constitucional analizó una la sentencia proferida por el juez de instancia en la que se consideraba que la acción presentada era temeraria porque la accionante no había recurrido previamente a la jurisdicción ordinaria. La Corte revocó este aparte del fallo revisado por encontrar que la temeridad implica que se hagas un uso de la acción de tutela para hacer reclamaciones que carecen de manera evidente de legitimidad).

References: resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 94
 resolución 
 artículo 272
 artículo 95