Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A356-08.htm
Timestamp: 2018-12-11 07:41:41+00:00

Document:
A356-08
Auto 356/08
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Finalidad
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura
ACCION DE TUTELA-Competencia Tribunal Superior de Distrito Judicial
Referencia: expediente ICC 1327
Conflicto de competencia entre el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales
Acción de tutela promovida por José Noé Mejía Morales contra el Distrito Militar No. 31 de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional
José Noé Mejía Morales, el 16 de octubre de 2008, interpone acción de tutela contra el Distrito Militar No. 31 de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso al ser sujeto de un cobro de multa impuesta, a su juicio, de forma injusta y cuyo pago es presupuesto para el otorgamiento de su libreta militar a pesar de ser beneficiario del nivel II del Sisbén.
La acción de tutela fue repartida al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, que mediante auto del 20 de octubre de 2008 dispuso la remisión del expediente a la Oficina Judicial con el fin que la repartiera entre los Tribunales Superior, Administrativo o el Consejo Seccional de la Judicatura de esa municipalidad, por cuanto el tutelado es una autoridad del orden nacional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000.
Efectuando el nuevo reparto la acción fue asignada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que por auto del 23 de octubre de 2008, en observancia de lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000, devolvió la actuación al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales por considerar que era a ese despacho judicial al que corresponde conocer de la acción toda vez que el accionado es una autoridad descentralizada por servicios del orden nacional.
Recibido nuevamente el expediente, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales señaló que “el Distrito Militar No. 31 del Batallón Ayacucho de Manizales, es una dependencia de una entidad del orden nacional, del nivel central, que pertenece a la Rama Ejecutiva, Ejército Nacional que hace parte del Ministerio de Defensa”[1]
Por lo anterior, planteó conflicto de competencia negativa y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que se determine la autoridad judicial que debe conocer del reclamo de protección constitucional impetrado.
Esta Corporación reitera[2] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia[3].
De esta manera, en el asunto de la referencia tanto el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales como la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad eran jueces de tutela competentes para conocer de la solicitud de protección “inmediata” de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el actor, por lo que cualquiera de esas autoridades podría haber asumido su conocimiento.
Constata entonces la Sala, que el origen de esta controversia procesal fue el errado entendimiento que los despachos judiciales involucrados dieron al Decreto reglamentario 1382 de 2000, por lo que esta colisión es tan solo aparente.
Así, la controversia planteada se soluciona determinando la naturaleza jurídica de la entidad accionada, puesto que fue ese el criterio adoptado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 para determinar la autoridad a la que debe ser repartida la actuación. En el presente asunto el reclamo de protección constitucional fue promovido contra una dependencia del Ejército Nacional que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 049 de 2003 hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional que conforme lo dispone el numeral 1 literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 es una autoridad pública del orden nacional del sector central.
De esta manera, la Corte debe reiterar[4] que la naturaleza jurídica de las diferentes entidades estatales no surge de las particulares interpretaciones que haga cada juez individual o colegiado (Artículo 121 Superior) sino que se encuentra consagrada en un precepto normativo al cual debe acudirse en cada caso, dado que dichos entendimientos en lugar de optimizar los principios de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que deben informar el trámite de la acción de tutela, atentan contra ellos (Artículo 2º Decreto 2591 de 1991).
Si en el presente caso se accionó contra una autoridad pública del orden nacional del sector central, la regla de reparto aplicable era la contenida en el inciso primero del numeral 1 del artículo 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000, por lo que correspondía a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales tramitar la acción de tutela impetrada.
Se insiste que este tipo de colisiones de competencia aparentes, violan la Constitución y restan efectividad (art. 2 C.P.) a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que buscan las personas que deciden acudir a la jurisdicción constitucional y enerva la brevedad y rapidez con que el mismo debe ser resuelto, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano[5] características éstas que expresamente materializó el texto constitucional al prescribir que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”[6]
En consecuencia, se dispondrá el envío de la solicitud de protección constitucional a dicho Tribunal Superior para que le imprima el trámite correspondiente de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, en observancia del principio que surge del artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, para prevenir la ocurrencia de futuros casos violatorios de la Carta Política.
Primero. ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que de forma inmediata, tramite la solicitud de protección constitucional de la referencia, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo: Por Secretaría General, comuníquese al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, la decisión adoptada para los fines expuestos en esta providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 356 DE 2008
Referencia: ICC-1327
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[7] Dice así la disposición citada:
[1] Folio 19 del expediente
[2] Auto 015A de 2005 MP. Alvaro Tafur Galvis
[3] En el Auto 009 A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va a efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes”.
[4] Corte Constitucional. Autos 058 de 2003, 023A de 2004, 037 de 2004, 090 de 2004, 141 de 2005, 041 de 2007 y 158 de 2008.
[5] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 16/72): “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (Resaltado fuera de texto)
[6] Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991
[7] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 86
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 41
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 25