Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65903&nValor3=87003&strTipM=TC
Timestamp: 2020-04-03 02:01:48+00:00

Document:
Normativa >> Ley 8754 >> Fecha 22/07/2009 >> Texto completo
Fecha de vigencia desde: 24/07/2009
Versión de la norma: 2 de 3 del 03/05/2010
Texto Completo Norma 8754
Texto Completo acta: C7881 8754
ARTÍCULO 1.- Interpretación y aplicación
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 19 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017, se derogará este numeral. De conformidad con el transitorio único de la presente norma la misma entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha se hará la respectiva derogación)
ARTÍCULO 2.- Declaratoria de procedimiento especial
ARTÍCULO 3.- Acción pública
ARTÍCULO 4.- Prescripción de la acción penal
ARTÍCULO 5.- Interrupción del término de prescripción de la acción penal
a) Cuando el Ministerio Público inicie la investigación.
b) Con la declaratoria judicial establecida en el artículo 4 de esta Ley.
c) Cuando se haga la primera imputación formal de los hechos del encausado.
d) Con la presentación de la querella o de la acción civil resarcitoria.
e) Con la presentación de la acusación ante el tribunal de la etapa intermedia.
f) Con el dictado de la primera resolución convocando a audiencia preliminar, aunque no esté firme.
g) Con el dictado del auto de apertura a juicio, aunque no esté firme.
h) Con cualquier resolución que convoque a juicio oral y público.
i) Con el dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme.
j) Por la obstaculización del desarrollo normal del proceso debido a causas atribuibles a la defensa, según la declaración que efectuará el tribunal en resolución fundada.
k) Por el aplazamiento en la iniciación del debate o por su suspensión por impedimento o inasistencia del imputado o de su defensor, o a solicitud de estos.
ARTÍCULO 6.- Suspensión del término de prescripción de la acción penal
a) Cuando, en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no pueda ser promovida ni proseguida.
b) En los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso.
c) En los delitos relativos al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento.
d) Mientras duren, en el extranjero, el trámite de extradición, asistencias policiales, asistencias judiciales, de cartas rogatorias o de solicitudes de información por medio de autoridades centrales.
e) Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad o por la suspensión del proceso a prueba, y mientras duren esas suspensiones.
f) Por la rebeldía del imputado. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder un tiempo igual al de la prescripción de la acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo dicho plazo.
ARTÍCULO 7.- Plazo de la prisión preventiva
ARTÍCULO 8.- Cese de la medida cautelar
a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, aun antes de que transcurran seis meses de haberse decretado.
b) Cuando su duración supere o equivalga al monto máximo de la pena por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.
ARTÍCULO 9.- Prórroga de la prisión preventiva. A pedido del Ministerio Público, del querellante o del actor civil, el plazo originario de la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, hasta por doce meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga. En este caso, el Tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento.
Vencidos dichos plazos, con la finalidad de asegurar la realización de un acto particular o del debate, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia, el Tribunal podrá disponer la conducción del imputado por la Fuerza Pública y la prisión preventiva; incluso, podrá variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594. En tales casos, la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición.
(Así reformado por el artículo 9° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
ARTÍCULO 10.- Secreto sumarial
ARTÍCULO 11.- Plataforma de Información Policial
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 20 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio único de la presente norma la misma entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha dicho artículo se leerá de la siguiente manera: "Artículo 11- Plataforma de Información Policial. La Plataforma de Información Policial (PIP) será parte de la estructura administrativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como un instrumento de consulta integrada de datos de diferentes fuentes de información pública y privada relevantes a las investigaciones judiciales y al mantenimiento de la seguridad pública. Tiene por objetivo funcionar como una plataforma de información homologada, capaz de integrar todos los datos requeridos para que los cuerpos estatales de policía y de investigación judicial de todo el país la consulten y retroalimenten, como parte de las actividades de investigación, prevención y combate al delito.
Los cuerpos estatales de policía e investigación judicial estarán vinculados a la PIP y tendrán la obligación de:
i) Incluir los datos y la información relevante a las funciones de seguridad pública de su competencia.
ii) Compartir y asegurar el acceso de otros cuerpos estatales de policía, investigación criminal, a la información de sus registros, bases de datos, expedientes electrónicos, redes internacionales e inteligencia policial, con la finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones, tanto preventivas como represivas, de toda clase de delitos y amenazas contra la seguridad pública.
La información incluida en la PIP, que provenga de datos personales de la ciudadanía, será utilizada con fines exclusivamente internos de los cuerpos policiales y judiciales; no podrá ser comercializada bajo ninguna circunstancia o condición y será de acceso restringido por ser sensibles al ámbito de intimidad de los particulares. Su manipulación se apegará a lo establecido en la Ley N.° 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011, considerando que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública, en el cumplimiento de fines públicos.
No obstante, para no afectar las investigaciones penales en etapa preliminar, no se brindará información a ninguna persona sobre las consultas realizadas a su nombre en la Plataforma de Información Policial, salvo orden expresa de la autoridad jurisdiccional o por requerirse en procesos administrativos disciplinarios para determinar la corrección de actuaciones por parte del personal con acceso a ella.").
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 20 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017, se adicionaran los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater. De conformidad con el transitorio único de la presente norma la misma entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha dichos artículos serán los siguientes: Artículo 11bis- Acceso a información para sustentar la Plataforma de Información Policial. Salvo en los casos en que una norma jurídica requiera, de manera expresa, una orden de juez para accederlos, todos los registros, las bases de datos, los expedientes de los órganos y las entidades estatales, las instituciones autónomas, las corporaciones municipales, las empresas privadas y públicas que suministren servicios de carácter público a los ciudadanos, entes públicos no estatales, serán accedidos sin costo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para uso exclusivo de la PIP. La información accedida será aquella estrictamente relevante a las investigaciones policiales y judiciales.
Los requerimientos se realizarán por el director del OIJ de forma expresa y razonada para cada ente por una única vez, con el fin de establecer el acceso continuo a dicha información, justificando su utilidad para los fines perseguidos por la PIP.
Una vez formulado el requerimiento se deberá facilitar la información requerida de forma inmediata y de manera que se asegure la consulta a través de la transferencia de información por medios tecnológicos mediante redes de comunicación, así como por medio de respaldos de las bases de datos requeridas.
El acceso a los datos, motivado por orden judicial, estará restringido a los agentes policiales o investigadores judiciales previamente designados, así como a los fiscales a cargo del caso y los jueces a quienes corresponda dictar algún auto o sentencia de ese caso; cuando la misma información se requiera en otro proceso, esta no podrá conocerse o compartirse sin la autorización previa de la autoridad judicial. Quienes conozcan tales datos legalmente deberán guardar secreto de ellos y solamente podrán referirlos en declaraciones, informes o actuaciones necesarios e indispensables del proceso.
Todos los entes públicos y privados a los que se les solicite información para la PIP estarán en la obligación de cooperar y, en un plazo máximo de seis meses a partir de que la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial solicite formalmente la información, suscribir convenios de acceso a sus bases de datos digitales e información relevante a la PIP que garantice su oportuna vinculación.
De no cumplir con las solicitudes de información dentro del plazo establecido, las empresas públicas o privadas se harán acreedoras de una sanción económica que consistirá en una multa equivalente al dos por ciento (2%) de los ingresos brutos devengados del año fiscal anterior, hasta un máximo de cuarenta salarios base, la cual será impuesta por parte del órgano competente, dineros que serán destinados al mantenimiento y desarrollo de la Plataforma de Información Policial.
La PIP deberá estar vinculada con las plataformas de información de las organizaciones policiales internacionales a las que se afilie el Estado costarricense.
Quienes no colaboren con estas disposiciones se harán acreedores de las sanciones contempladas en el Código Penal, para el delito de desobediencia.
Artículo 11 ter- Responsabilidad administrativa sobre la Plataforma de Información Policial. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) será el responsable de asegurar las condiciones para la correcta operación de la Plataforma, delegará su administración operativa en su Oficina de Planes y Operaciones (OPO).
El director establecerá un protocolo de acceso y uso de la información contenida en dicha Plataforma, estableciendo, entre otros elementos, los lineamientos que garanticen la integridad del sistema para evitar que dicha información sea utilizada para fines ilícitos o distintos para los que fue creada, evitar la duplicidad de la información, asegurar que los datos que contenga se encuentren actualizados, así como establecer las condiciones de seguridad de la información ahí contenida y los niveles de acceso a la información por parte de los distintos cuerpos policiales y de investigación judicial, estableciendo perfiles de acceso para los usuarios autorizados a hacer uso de la información de la PIP.
Queda facultado para establecer convenios con las instituciones públicas y empresas privadas, para formalizar las condiciones de acceso a la información relevante a los esquemas telemáticos y de infraestructura correspondientes, requeridos para asegurar la conexión, el enlace y el mantenimiento de los equipos y las redes informáticas para este fin.
El uso de la Plataforma de Información Policial será responsabilidad administrativa directa del funcionario o los funcionarios autorizados, según queden habilitados por su perfil de acceso; su uso indebido será sujeto de sanciones administrativas. Se establecerán las responsabilidades y sanciones penales, cuando se confiera que el uso indebido resulte en una fuga de información o en perjuicio de las investigaciones judiciales y policiales.
Artículo 11 quater- Financiamiento de la Plataforma de Información Policial. Para el financiamiento de la Plataforma de Información Policial, además de lo establecido en este artículo y en el artículo 30 de la Ley N.° 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, se dispondrá de un monto adicional obtenido de los recursos dispuestos en el artículo 85 de la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 26 de diciembre de 2001, de la siguiente forma:
a) Un dos por ciento (2%) del monto destinado al cumplimiento de los programas preventivos.
b) Un tres por ciento (3%) del porcentaje asignado a los programas represivos.
c) Un uno por ciento (1%) del importe concedido para el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, con ocasión de la aplicación de esa ley.
d) Para cumplir con el artículo 31 de la Ley N.° 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, de 26 de octubre de 2012, se dispondrá de un monto adicional de un cinco por ciento (5%) de los recursos recaudados en el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la citada ley.")
ARTÍCULO 12.- Ubicación física de la Interpol
ARTÍCULO 13.- Divulgación de la información de la Plataforma de Información Policial
ARTÍCULO 14.- Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones
ARTÍCULO 15.- Intervención de las comunicaciones
ARTÍCULO 17.- Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicación
ARTÍCULO 19.- Anticipo jurisdiccional de prueba
ARTÍCULO 20.- Causa del patrimonio
Recibida la denuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros. Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.
ARTÍCULO 21.- Sentencia y recursos
ARTÍCULO 23.- Distracción del patrimonio
ARTÍCULO 24.- Distracción culposa del patrimonio
INCAUTACIÓN Y COMISO DE BIENES
ARTÍCULO 25.- Decomiso
ARTÍCULO 26.- Depósito judicial
De ordenarse el decomiso por las disposiciones de esta Ley, deberá procederse al depósito judicial de los bienes de interés económico, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del ICD. El ICD deberá destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus intereses. En el caso de préstamo de bienes decomisados, antes de la entrega y utilización, la institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor, cuando proceda, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD. Los beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines del Instituto.
En caso de no ser posible, según el segundo párrafo del artículo 33 relativo a Pérdida de bienes o dinero no reclamados, de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario oficial La Gaceta, en el que se indicarán los objetos, las mercancías y los demás bienes en su poder. Vencido el término establecido en el artículo indicado anteriormente, sin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y cuando exista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisados pasarán, a ser, en forma definitiva, propiedad del Instituto, y deberán utilizarse para los fines establecidos en esta Ley o en la Ley N.º 8204, según corresponda.
ARTÍCULO 27.- Anotación registral
ARTÍCULO 28.- Utilización de vehículos con placa extranjera
ARTÍCULO 29.- Terceros de buena fe
ARTÍCULO 30.- Administración del dinero decomisado
a) Un cuarenta por ciento (40%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y la actualización de la PIP, así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
b) Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
c) Un diez por ciento (10%) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
d) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.
e) Un diez por ciento (10%) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
f) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
ARTÍCULO 31.- Disposición previa de bienes
ARTÍCULO 32.- Bienes perecederos y otros
ARTÍCULO 33.- Pérdida de bienes o dineros no reclamados
ARTÍCULO 34.- Comiso
ARTÍCULO 35.- Control y fiscalización de las inversiones
ARTÍCULO 36.- Distribución de dineros y valores comisados
a) Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de aseguramiento, almacenamiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
b) Un diez por ciento (10%) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
c) Un diez por ciento (10%) al Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la Víctima de Delito y el combate del crimen organizado.
d) Un cincuenta por ciento (50%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y actualización de la PIP, así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
e) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
ARTÍCULO 37.- Inscripción de bienes
ARTÍCULO 38.- Donación de bienes
ARTÍCULO 39.- Destrucción de bienes en estado de deterioro
ARTÍCULO 40.- Otros ingresos
DECOMISO Y COMISO POR DELITOS SEXUALES
CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD CARACTERIZADOS
COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTÍCULO 41.- Decomiso de bienes
ARTÍCULO 42.- Decomiso de bienes y pago de multas
ARTÍCULO 43.- Depósito judicial de los bienes
Los bienes a que se refieren los artículos 41 y 42 de esta Ley deberán ponerse en depósito judicial, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Previo aseguramiento por el valor del bien, para garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destrucción, el PANI deberá destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, a la protección de menores de edad víctimas de delitos sexuales y al cumplimiento de las políticas que por ley le son otorgadas; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus intereses. Igualmente, para fines del uso de los bienes decomisados y en comiso, podrá firmar convenios con organizaciones y asociaciones debidamente inscritas, cuyos objetivos sean la prevención, la represión y el tratamiento de las personas menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al PANI. Los beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán de la siguiente manera:
a) Un cuarenta por ciento (40%) en el cumplimiento de los programas preventivos de la explotación sexual comercial.
b) Un quince por ciento (15%) en los programas represivos, que estará a disposición del Poder Judicial, para la investigación de la causa.
c) Un cinco por ciento (5%) en el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo anterior.
d) Un cuarenta por ciento (40%) en el resarcimiento pecuniario de la víctima.
ARTÍCULO 44.- Depósito de los dineros decomisados
a) Un cuarenta por ciento (40%) al cumplimiento de los programas preventivos de la explotación sexual comercial.
b) Un quince por ciento (15%) a los programas represivos, que estará a disposición del Poder Judicial, para la investigación de la causa.
c) Un cinco por ciento (5%) al aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo anterior.
d) Un cuarenta por ciento (40%) para el resarcimiento pecuniario de la víctima.
ARTÍCULO 45.- Administración de los bienes
ARTÍCULO 46.- Venta de los bienes perecederos
ARTÍCULO 47.- Resguardo de la información
ARTÍCULO 48.- Inscripción y traspaso de los bienes
ARTÍCULO 49.- Comiso definitivo de los bienes
ARTÍCULO 50.- Bienes deteriorados y onerosos
ARTÍCULO 51.- Plazo de cancelación
ARTÍCULO 52.- Derechos de los terceros de buena fe
ARTÍCULO 53.- Devolución de los bienes
d) El reclamante no adquirió derecho alguno sobre los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habría sido transferido para efectos de evitar el posible decomiso y comiso.
ARTÍCULO 54.- Soluciones alternativas al juicio
ARTÍCULO 55.- Pago de multas
ARTÍCULO 56.- Procedimiento para la erogación a favor de los encargados legales de las víctimas
a) Contratación del tratamiento médico urgente para la víctima menor de edad, en la eventualidad de que esta no pueda ser suministrada oportunamente por los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
b) Tratamiento y terapia psiquiátrica o psicológica privados, individual y familiar, para la víctima menor de edad, de conformidad con la opinión de los psicólogos del PANI.
c) En caso de que se requieran, pagos para materiales, uniformes o cualesquiera otros bienes necesarios para la educación preescolar, el primero, segundo y tercer ciclos de la Enseñanza General Básica, de la víctima menor de edad.
d) Mejoras al hogar de la víctima, siempre que estas incidan directamente en el bienestar de la persona menor de edad.
e) Cualesquiera otras necesidades expresadas por los encargados legales de la víctima menor de edad, siempre que incidan directamente en su bienestar social, económico y recreativo.
ARTÍCULO 57.- Adición del artículo 18 bis a la Ley N.º 8642
"Artículo 18 bis.-
Para el otorgamiento de cualquier contrato de concesión estipulado en esta Ley, el concesionario deberá cumplir todos los requerimientos técnicos que garanticen acceso inmediato al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) contemplado en la Ley contra la delincuencia organizada, según los alcances de ese cuerpo normativo."
ARTÍCULO 58.- Adición del inciso g) al punto 1 del artículo 22 de la Ley N.º 8642
"Artículo 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos
ARTÍCULO 59.- Adición del artículo 310 bis al Código Penal
"Artículo 310 bis.- Uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales
3) Las conductas descritas en los incisos 1) y 2) anteriores serán sancionadas con pena de prisión de cinco a ocho años, cuando el fin sea cometer un delito grave."
TRANSITORIO VII.- Depósito judicial de embarcaciones y equipo de navegación
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veintidós días del mes de julio del dos mil nueve.
Fecha de generación: 02/04/2020 08:01:47 p.m.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 19

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 artículo 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 20
 artículo 20
 Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11
 artículo 30
 artículo 85
 artículo 31
 artículo 52

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20
 resolución 

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26
 artículo 33
 resolución 

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57
 artículo 18

ARTÍCULO 58
 artículo 22

ARTÍCULO 59
 artículo 310