Source: https://franciscomarinopardo.es/mis-articulos/25-sucesiones/176-el-testamento-del-ciudadano-britanico-con-residencia-habitual-en-espana-tras-el-reglamento-europeo-de-sucesiones-caracter-universal-ley-aplicable-professio-iuris-tacita-reenvio-y-unidad-de-la-sucesion-administracion-de-la-herencia-grant-of-probate-y-execu
Timestamp: 2020-02-20 10:20:49+00:00

Document:
El testamento del ciudadano británico con residencia habitual en España tras el Reglamento europeo de sucesiones. Carácter universal ley aplicable, professio iuris tácita, reenvío y unidad de la sucesión, administración de la herencia (grant of probate y
De entrada, hay que recordar que la plena eficacia de dicha norma comunitaria se produce para todas las sucesiones que se abran con posterioridad al 17 de agosto de 2015 (inclusive), aunque el testamento por el que se rija la sucesión haya sido otorgado con anterioridad a dicha fecha. Pero la circunstancia de ser anterior el título testamentario al RES sí es tenida en cuenta para interpretar su contenido, como veremos.
La principal novedad de la norma comunitaria respecto del anterior derecho internacional privado vigente en España fue la de sustituir el punto de conexión de la última nacionalidad del causante (artículo 9.8 del Código Civil), por el de la residencia habitual de aquel, que se convierte en la regla general para determinar la ley sucesoria aplicable, salvo casos excepcionales de especial vinculación del causante con la ley de otro Estado, y la admisión de la opción voluntaria por la aplicación de ley de la nacionalidad del causante, al tiempo de la elección o del fallecimiento, haciendo uso el causante de la llamada professio iuris.
Desde la fecha de su plena entrada en vigor, los artículos referidos se han convertido en derecho interno, de manera que cualquier autoridad española, incluido el notario, está vinculado por los mismos a la hora de resolver la ley aplicable a una sucesión internacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.6 del Código Civil: "Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español". A mi entender, ello se extiende, en el caso del notario, tanto a cuando autorice un instrumento público que se refiera a una sucesión internacional (por ejemplo, una declaración de herederos), como cuando utilice como título sucesorio para un otorgamiento un documento público o resolución judicial procedente de una autoridad extranjera. Piénsese en Estados que sigan manteniendo como punto de conexión para determinar la ley sucesoria el de la nacionalidad del causante. y en los que, ante una autoridad de los mismos, se tramite una declaración de herederos, la cual, cumpliendo el principio de equivalencia de formas, aplique dicho punto de conexión de la nacionalidad, siendo así que el causante tenga su residencia habitual en España y no haya hecho uso de la professio iuris, con lo cual dicha declaración de herederos extranjera, aunque se admitiese su eficacia formal en España, se apartaría, en principio, de los criterios del RES. Ante ello, entiendo que el notario español debería rechazar la utilización de dicho título sucesorio que se aparte de la ley aplicable a la sucesión según la norma interna, a menos que la ley sucesoria efectivamente aplicada lleve al mismo resultado material al que conduciría la aplicación de la norma vigente en España. De lo contrario, se estarían vulnerando por el notario las reglas propias del derecho internacional privado español, que le vinculan, y siempre limitando esta cuestión a resoluciones o documentos públicos procedentes de Estados que no sean parte del RES.
No obstante, debe reconocerse que esta cuestión del control de la ley aplicada por una autoridad extranjera ya había sido doctrinalmente debatida, y que las recientes reformas legislativas parecen ser contrarias a la misma, incluso fuera del ámbito del RES. Así, el artículo 48 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) se ha pronunciado en contra de su admisibilidad, al disponer: "En ningún caso la resolución extranjera podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo. En particular, no podrá denegarse el reconocimiento por el hecho de que el órgano judicial extranjero haya aplicado un ordenamiento distinto al que habría correspondido según las reglas del Derecho Internacional privado español". La regla transcrita es aplicable en el ámbito del reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras, recaídas tanto en procedimiento contencioso como de jurisdicción voluntaria.
Por otra parte, el artículo 59 de la misma LCJI, a la hora de regular la inscripción en el registro español de resoluciones judiciales extranjeras, además de dispensarlas de la necesidad de exequátur (59.1 "No se requerirá procedimiento especial para la inscripción en los Registros españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones judiciales extranjeras que no admitan recurso con arreglo a su legislación, ya se trate de resoluciones judiciales firmes o de resoluciones de jurisdicción voluntaria definitivas. Si no fueren firmes o definitivas, solo podrán ser objeto de anotación preventiva), limita el ámbito de la calificación registral, que no podrá extenderse al control de la ley aplicada por la autoridad extranjera en la resolución, incluida las de jurisdicción voluntaria, en cuanto la inscripción podrá denegarse, además de por razones formales, solo en virtud de los motivos que pueden dar lugar a denegar el reconocimiento en el procedimiento judicial, entre los que no se encuentra el referido del control de la ley aplicada, según lo dicho (59.2 "Para la inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras a que se refiere el apartado anterior, con carácter previo a la calificación del título inscribible, el registrador verificará la regularidad y la autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de las causas de denegación de reconocimiento previstas en el capítulo II del presente título...). Distinta es la eficacia que atribuye la misma ley a los documentos públicos extranjeros, pudiendo ser discutible si la declaración de herederos ante un notario extranjero debe ser considerada documento público o resolución de jurisdicción voluntaria, aunque bien podría sostenerse lo segundo, desde el punto de vista que el derecho español, pues en este se encuadra expresamente esta actividad notarial en ese ámbito (lo cual, a su vez, es claramente contradictorio con la última posición de la DGRN que extiende la calificación registral al fondo de la declaración de herederos autorizada por un notario español, pues si consideramos que el registrador no puede calificar una declaración de herederos de una autoridad extranjera en cuanto a un aspecto de fondo como es la ley aplicada a la sucesión, carece de sentido, a mi juicio, que pueda calificar el fondo de una decisión notarial adoptada en el ámbito de la jurisdicción voluntaria).
El número 1 del artículo 21 se refiere a la ley aplicable como la destinada a regular "la totalidad de la sucesión". Aquí podría estar implícito el principio general de una sola sola ley aplicable a cada sucesión o de no fraccionamiento de la ley sucesoria, que nuestro Tribunal Supremo había reconocido en los casos de reenvío, aunque el RES no hace un pronunciamiento expreso en tal sentido al regular dicha figura, cuestión sobre la que después volveré.
La posibilidad de professio iuris tácita viene a contemplarse en el número 2 de este artículo 22, cuando admite que la misma "resulte de los términos de una disposición de este tipo".
Aquí parece exigirse una mención explícita a la ley de la nacionalidad o a disposiciones específicas de la misma. Pero en el caso particular de testamentos anteriores al RES, el artículo 83.4 RES favorece esta apreciación de la professio iuris tácita, disponiendo: "Si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión".
De esto cabría concluir que es distinto el tratamiento en este punto de los testamentos anteriores y posteriores al RES.
La posibilidad de optar por la ley de la nacionalidad también se aplica a los pactos sucesorios. El artículo 25.3 RES dispone:
"No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que este establece".
Pero, a diferencia de lo que sucede con la professio iuris recogida en una disposición testamentaria, parece que la referida a un pacto sucesorio solo tendría eficacia en relación con el mismo, sin afectar a la ley general de la sucesión, lo que, a su vez, supone admitir la aplicación de diversas leyes a una misma sucesión.
Por otra parte, el RES es de aplicación en todo el ámbito de la Unión Europea, salvo en Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Esto significa que dichos Estados no han adoptado el RES como norma propia de derecho internacional privado, y, por lo tanto, sus Tribunales y autoridades no aplicarán las soluciones del RES para determinar la Ley aplicable a una sucesión que se dirima ante los mismos. Pero no supone, por el contrario, que conforme a las reglas del RES, no pueda resultar de aplicación a la sucesión la Ley de dichos Estados parte de la UE pero no miembros en el sentido del RES (en situación de "opt out", según dice la DGRN), del mismo modo que sucedería con la Ley de un Estado no miembro de la UE. Así lo dispone el artículo 20 RES:
Expuestas estas ideas básicas generales, entraré en las concretas resoluciones que dan motivo a la entrada. Se trata de las Resoluciones de la DGRN de 15 de junio y de 4 de julio de 2016. Ambas abordan supuestos de hecho similares: testamentos de ciudadanos británicos, con residencia habitual en España, anteriores al RES, falleciendo los testadores una vez entrada en vigor la norma comunitaria, lo que supone que su sucesión se rija por la ley española -la de la residencia habitual-, cuando el testamento otorgado en España, aun sin hacerlo de modo expreso, se ajustaba a las normas de la ley de la nacionalidad, siguiendo los criterios del artículo 9.8 Código Civil, vigente al tiempo del otorgamiento, en una cuestión fundamental: el reconocimiento de derechos legitimarios a los hijos del testador, en cuanto la ley británica no prevé dichos derechos legales de los descendientes, al menos de un modo similar al sistema legitimario español (tampoco se aplicarían, en una sucesión regida por el derecho británico, las reservas hereditarias; en este sentido se pronuncia la Resolución DGRN de 13 de agosto de 2014, en relación con la reserva clásica o vidual de un ciudadano británico, cuya sucesión, abierta antes del RES, se regía por la ley de su nacionalidad, aunque los efectos de su matrimonio lo hacían por la ley española y el reservista tenía dicha nacionalidad; caso dudoso podría ser el de la reversión de donaciones del donatario muerto sin posteridad del artículo 812 Código Civil, en un supuesto de un ascendiente donante británico y de un donatario español, estando el bien situado en España, lo que dependerá de la naturaleza que atribuyamos a esta figura).
A continuación comentaré brevemente alguna de las cuestiones que las resoluciones referidas plantean.
En el caso resuelto por esta resolución, el causante, que era de nacionalidad británica y tenía su residencia habitual en España, fallece en septiembre de 2015 (por lo tanto, tras la entrada en vigor del RES). El testamento que rigió su sucesión se había otorgado en el año 2003, instituyendo heredera de todos los bienes sitos en España a su esposa. El testador tenía tres hijos, nacidos de su matrimonio con la misma esposa heredera, a favor de los que no se disponía de bien o derecho alguno, aunque se contenía la previsión de dejar a a salvo los «posibles derechos que la ley de la nacionalidad que ostente a su fallecimiento conceda a legitimarios o herederos forzosos». El testamento se otorgó ante notario español, constando, mediante su tarjeta de residencia, que el causante tuvo su residencia habitual en España desde un año después del otorgamiento del testamento hasta su fallecimiento. La escritura de aceptación y adjudicación de herencia la otorga solo la esposa heredera, exigiendo la calificación registral la intervención de los hijos como legitimarios, al considerar aplicable a la sucesión la ley española, con arreglo al RES.
La DGRN centra su argumentación en dos aspectos: la existencia de una professio iuris tácita a favor de la ley de la nacionalidad del causante, lo que implicaría la no necesidad de intervención de los legitimarios, y el carácter universal de la ley aplicable según el RES, que permite la aplicación aunque la ley a la que remitan sus puntos de conexión sea la de un Estado no miembro.
Como he dicho, el testamento no contenía una professio iuris expresa, lo que hubiera sido imposible en la práctica por la fecha de su otorgamiento, ni tampoco una previsión específica de ajustarse al derecho británico. Pero como he dicho, en testamentos anteriores a la entrada en vigor del RES, el artículo 83.4 RES favorece esta tesis interpretación, que seria más discutible en testamentos posteriores. Según la DGRN, el testamento recogía una "disposición a favor sólo de su esposa realizada por el disponente, conforme al tipo de frecuencia de los testamentos británico".
Es de advertir que otra previa Resolución DGRN de 13 de agosto de 2014, aunque como pronunciamiento obiter dicta, por ser la fecha de la apertura de la sucesión anterior al 17 de agosto de 2015, expresó un criterio contrario, en un testamento otorgado en España y respecto de los bienes aquí radicantes, en que se instituye heredera única a la segunda esposa del causante, sustituida vulgarmente por los hijos del primer matrimonio. El testamento del caso también era anterior al RES, y la DGRN afirmó: "no puede entenderse realizada la elección de ley aplicable en el título sucesorio, en cuanto simplemente se reconoce la nacionalidad del causante sin expresa declaración de sometimiento a su ley nacional, manifestación que ha de ser explícita conforme al considerando 39 del Reglamento".
Esta afirmación, aunque no es ratio decidendi, es discutible, a mi entender. El que la ley sucesoria sea única, aparte de que sea o no un principio absoluto (como veremos al tratar del reenvío en el análisis de la otra resolución), no excluye la posibilidad de distintos títulos sucesorios con su propio ámbito, pues unidad de ley sucesoria no equivale a unidad de título sucesorio. Entiendo que la realidad nos mostrará que los ciudadanos británicos seguirán otorgando un título sucesorio en su país para regular su sucesión en dicho lugar, precisamente porque al no ser miembro participante el Reino Unido en el Reglamento, el testamento que se otorgue en España podrá encontrar en Reino Unido dificultades de ejecución, sin que tenga aplicación en dicho Estado no miembro participante el nuevo certificado sucesorio europeo. Además, tanto el derecho inglés como el español admiten que la sucesión se ordene en varios testamentos.
En el caso, el testador, de nacionalidad británica y residente habitual en España, en un territorio de derecho común, fallece en octubre de 2015, bajo testamento otorgado en el año 2005, ante notario español, en el que instituía heredera de todos sus bienes presente y futuros, derechos y acciones, radicantes en España a su esposa, con sustitución vulgar a favor de sus dos hijos. La calificación registral exige la concurrencia en la escritura de aceptación y adjudicación de los dos referidos hijos del causante, como titulares de derechos legitimarios conforme a la ley española, que sería, según el registrador, la aplicable con arreglo al criterio general del RES, recurriendo el notario, que invoca el artículo 83.4 RES y la existencia de una professio iuris tácita.
Pero el número 2 del artículo 34 RES excluye expresamente el reenvío en ciertos supuestos, entre los que está el el que el causante haya realizado un professio iuris a favor de la ley de su nacionalidad. Este es el caso, precisamente, de la resolución analizada, como señala la DGRN, aunque la professio iuris lo haya sido en forma tácita y antes de la entrada en vigor del RES.
Pero la cuestión del reenvío no se agota ahí, pues la aplicación de la ley británica en función del RES puede estar basada no en la professio iuris, como en el caso de la resolución, sino en la residencia habitual del causante en Reino Unido, poseyendo este bienes inmuebles en España.
Incluso cabría plantearse el caso de un causante que opta en testamento por la aplicación de la ley de su nacionalidad (professio iuris), pero que acaba falleciendo con su residencia habitual en el Reino Unido, pues en tal caso, en sentido propio, la ley de su sucesión no se determina por el artículo 21.2 RES, que es el expresamente mencionado en el artículo 34 RES, sino por el 21.1 RES.
Así que, el RES no excluye la posibilidad de que la sucesión un ciudadano británico se vea afectada por el reenvío, lo que plantea diversas cuestiones dudosas:
Puede suceder que las normas de reenvío del RES, literalmente interpretadas, den lugar a soluciones sucesorias parciales, en cuanto, por ejemplo, la ley del Estado que determina el reenvío prevea distintas leyes sucesorias según la naturaleza de los bienes. Este sería el caso, precisamente, de la ley británica (ley de la situación para los inmuebles, ley del domicilio del causante para los muebles). Aunque en el supuesto analizado por la resolución ambos criterios remitían a la ley española, no necesariamente tendría que darse esta circunstancia. Piénsese, por ejemplo, en el caso del ciudadano británico, con residencia habitual en el Reino Unido, que tuviese inmuebles tanto en España como en el Reino Unido. Lo mismo podría decirse del ciudadano español con residencia en Reino Unido y con inmuebles en España y el Reino Unido (aunque el elemento de la nacionalidad española introduzca un criterio diferente en el caso de determinación de la ley aplicable de entre las que existen en España, como veremos). Y, en general, el solo hecho de que los causantes referidos tuviesen su residencia en Reino Unido, aunque todos los inmuebles de los mismos se hallasen en España, ya implicaría, salvo casos muy excepcionales, un fraccionamiento de la sucesión, pues la de sus bienes muebles se regiría, conforme a las normas británicas, por la ley del lugar del domicilio, según lo dicho (incluso cabría que el causante británico tuviese su residencia habitual en España y su domicilio en Reino Unido, pues son conceptos no equivalentes para el derecho inglés).
En la doctrina, Ana Fernández-Tresguerrres García (Las sucesiones mortis causa en Europa: aplicación Reglamento UE 650/2012. Aranzadi, 2016) analiza esta cuestión, sosteniendo que la solución del RES para el reenvío "resucita la doctrina del Tribunal Supremo. aun con más fuerza". Invoca esta autora los Considerandos 34 y, especialmente, 37 RES. Este último señala: "Para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el mercado interior, el presente Reglamento debe permitirles conocer cuál será la legislación aplicable a su sucesión. Además, deben introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para evitar resultados contradictorios. La norma principal debe garantizar que la sucesión se rija por una ley previsible, con la que guarde una estrecha vinculación. Por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, es necesario que esta ley rija la totalidad de la sucesión, es decir, todos los bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado, que formen parte de la herencia".
Lo primero que debe decirse es que un sector doctrina ha mantenido que el número 2 del artículo 36 RES ("A falta de tales normas internas ...), solo sería de aplicación cuando el Estado careciese por completo de dichas normas, y no cuando teniéndolas no resuelvan el caso concreto, aunque la tesis mayoritaria es la de que las soluciones del número 2 del artículo 36 se aplicarán siempre que no existan normas de atribución interna, o, aun cuando habiéndolas, estas no sean aplicables para resolver el caso. Esto podría suceder en el el derecho español si el causante careciese de vecindad civil, lo que sucederá siempre que no tenga nacionalidad española, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla tenido y perderla antes del fallecimiento (lo que a su vez plantea dudas en relación con el caso de que se haya optado por la ley española cuando todavía se tenía esa nacionalidad).
Así, en el caso que analizamos del testamento del causante británico, asumiendo que este tiene bienes inmuebles en España y que admitimos el reenvío de la ley británica a la ley española, como lugar de situación de los bienes, resulta que el párrafo 1º del artículo 36 RES es inaplicable en España a un causante extranjero, pues siendo el criterio interno de la ley española el de la vecindad civil, esta condición solo es predicable de los españoles.
Habrá que acudir así a los criterios subsidiarios del número 2, entre los que las letra "a" y "b" tampoco son aplicables al caso del causante británico con residencia habitual fuera de España. Nos queda, por tanto, el criterio de la letra "c", "la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente", lo que nos remite, en el caso de los inmuebles, al lugar de situación de los mismos. Esto puede suponer un nuevo fraccionamiento de la ley sucesoria, si el causante británico tiene inmuebles en España en territorios con distinta legislación civil, lo que planteará nuevamente la admisibilidad de admitir el reenvío, y ello aunque todos los bienes de dicho causante estén situados en España.
Además, en el caso del nacional español con residencia habitual en el Reino Unido y con bienes inmuebles en España, las reglas del artículo 36 RES sí remitirían al criterio de la vecindad civil, lo que puede dar lugar a discordancias. Por ejemplo, el caso de un matrimonio entre británico y española de vecindad común, con residencia habitual en el Reino Unido, que adquieren un inmueble en Cataluña, admitiendo el reenvío de la ley británica a la española, resultaría que la sucesión del esposo se regiría por la ley catalana y la de la esposa por la ley común.
En el testamento típico del derecho inglés, el testador procede a nombrar un ejecutor testamentario (executor), término que se ha traducido al derecho español como albacea, aunque sus funciones difieren de las que a estos atribuye supletoriamente nuestro derecho. Dicho executor procede a solicitar del Tribunal competente la llamada "grant of probate" (también "grant of representation"), presentando al efecto una declaración jurada (affidavit) y el testamento, comprometiéndose a administrar el patrimonio del causante. El procedimiento se tramita a través de un órgano de carácter judicial-registral (register of probate). Implica la publicidad previa de la intención del executor de presentar la solicitud, a través de un registro del Tribunal (register of probate) y cubrir el correspondiente formulario de solicitud del grant of probate (y los fiscales), que se pueden obtener on line. En el procedimiento existen trámites presenciales, como la prestación de un juramento ante el Tribunal o un Comisionado del mismo (normalmente un solicitor o abogado), y, además, los Tribunales británicos solo se consideran competentes para tramitar este expediente cuando el causante tuviera bienes en su ámbito territorial (en otras fuentes de internet he leído que, respecto de ciudadanos domiciliados fuera del Reino Unido, se exige que tengan todo su patrimonio inmobiliario o una parte sustancial del mismo en el ámbito del Tribunal), pudiendo ser necesario obtener diversos "grants of probate" cuando el causante tuviera bienes en diferentes Estados.
El testamento presentado a estos efectos debe ser, en principio, original y formal, desde el punto de vista del derecho británico, esto es, firmado por el testador en presencia de dos testigos. Aunque no se excluye absolutamente la posibilidad de otorgar el "grant of probate" con base en una copia del testamento, parece que el procedimiento está entonces sujeto a trámites especiales y el "grant of probate" concedido es de efectos limitados. Pero la ley inglesa (Wills Act 1963) considera adecuadamente ejecutado un testamento que se ajuste a la ley del domicilio o del lugar del fallecimiento del causante. El propio formulario de solicitud del grant of probate que aparece en la página oficial del Gobierno británico, válido para Inglaterra y Gales, dedica una sección -la 4- al caso de un causante con domicilio fuera de Inglaterra o Gales, y, además de exigir indicar los bienes del causante en dichos territorios británicos (y el valor de los que posea en el extranjero), se le solicita que aporte, si la tuviera, copia oficial del testamento otorgado en el país del domicilio, que podría ser en España la copia autorizada notarial. También se le requiere, en ese caso, que indique si posee un "entrusting document, a succession certificate or an inheritance certificate". Dejando al margen el primer supuesto (entrusting document), que se refiere a la obtención ante una autoridad judicial no británica de un documento de valor similar al probate, como certificado de herencia o de sucesión se admite (según la información que he podido obtener surfeando en la red y con todas las reservas necesarias), entre otros medios, el informe de un notario justificativo de la validez del testamento hecho en el extranjero. Hoy parece que también podría cumplir esta función el certificado sucesorio del RES. En todo caso, desde el punto de vista notarial, los concretos trámites de este expediente del derecho inglés son de interés limitado, pues parece que se cumplirán por vías distintas de la notarial (dejo, de todas formas, un enlace sobre la cuestión: "How to obtain probate").
Esta "grant of probate" es un documento legal extendido por el Tribunal en el que se declara expresamente que el testamento es válido y que los executors están debidamente autorizados para administrar el patrimonio del testador. Pueden ser ordinarias (probate in common form) o solemnes (probate in solemn form). En las primeras, no existe indicio alguno contrario a la validez del testamento y son un simple trámite, aunque pueden ser revocadas. Las segundas presuponen que ha existido una impugnación del testamento ante el Tribunal. Si la sucesión fue intestada, el Tribunal de familia, a instancia de parte, nombrará un administrador del caudal hereditario (administrator or the decedent´s estate), otorgándole el nombramiento por medio de una carta de administración (letter of administration). Si el testamento no contiene designación de "executor", un beneficiario del testamento puede solicitar también del Tribunal competente una "letter of administration".
También es de apuntar, pues puede tener algún interés en la práctica notarial, que la designación de un "executor" por el Tribunal inglés conforme a lo dispuesto en un testamento hecho en el extranjero (como el hecho en España) es posible pero exige que se especifiquen en el testamento las facultades del designado como tal de reclamar y administrar la herencia.
Pero el valor de este trámite del ejecutor testamentario en el common law va más allá de la cuestión meramente formal de validar o certificar el título sucesorio. Su sentido es, por tanto, distinto del que puede tener en el derecho alemán el llamado "Erbschein", por el cual un Tribunal declara quién son los herederos de una persona fallecida con o sin testamento, documento que es discutible que sea necesario para tramitar la herencia de un nacional alemán en España. La Resolución DGRN de 1 de julio de 2015 lo rechazó, declarando: "Es cierto que en Alemania, la legislación prevé el certificado sucesorio alemán o «Erbschein», certificado sucesorio que dicta un juzgado alemán que acredita quienes son los herederos de una determinada persona, sea fallecida con o sin testamento. Ahora bien, el «Erbschein» no es un título imprescindible para la declaración de herederos y tanto el notario como el registrador pueden resolver quiénes son los herederos de acuerdo con el Derecho sustantivo alemán".
Porque si la cuestión fuera meramente formal o de validez formal del título sucesorio, podría salvarse con la aplicación de los amplios criterios de validez formal recogidos en la norma internacional aplicable (Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961; aunque sería un supuesto excepcional el que un testamento otorgado en Reino Unido cumpliese los requisitos formales exigidos por el derecho español, aun aplicando el principio de equivalencia de formas). Pero, según he dicho, en el derecho anglosajón, la cuestión no solo es de forma, pues la intervención del executor o del administrador hereditario es imprescindible para la adquisición de los bienes hereditarios por los herederos, pues la distribución de los bienes entre los beneficiarios de la sucesión es el último trámite de su actuación que comprende la reunión de los bienes, su conservación y administración, entrega de legados, y el pago de deudas e impuestos de la herencia. Como dice Puig Brutau; "el sistema angloamericano estima que los sucesores no pueden ser más que unos meros destinatarios del remanente o saldo activo que queda después de la liquidación de la herencia; por ello, los bienes del fallecido pasan ante todo a un ejecutor o administrador que tiene la misión de liquidar el patrimonio relicto y de atribuir el saldo activo restante a los beneficiarios, pues los herederos, a diferencia de los sistemas romanos, como el nuestro, solo adquieren los bienes tras concluir el proceso de liquidación de la herencia". Se diferencia este sistema del common law del propio de los países de base romana (civil law), como el nuestro, en que la liquidación de las deudas de la herencia no es un trámite necesario para la adquisición de su derecho por los herederos, sino que estos pasan a asumir la responsabilidad por las mismas, subrogándose en la posición del deudor-causante". Conforme a esto, como mucho cabría admitir, antes de la liquidación, una inscripción fiduciaria a favor de executor por la vía del artículo 2.3 Ley Hipotecaria, definiendo las facultades del ejecutor o administrador testamentario, aunque no parezca necesaria dicha inscripción para que este ejercite sus facultades dispositivas (artículo 20 IV Ley Hipotecaria).
Pero el argumento de la resolución fue que el reenvío del derecho inglés al derecho español en materia de sucesión de inmuebles radicantes en España implicaría la aplicación del derecho español en lo relativo a la validez del título sucesorio y de adquisición de los mismos, sin que ello conllevase necesariamente aplicar el derecho español en otros aspectos, como el sistema de legítimas, en cuanto ello supondría el fraccionamiento del principio de universalidad de la sucesión. Por ello, es dudosa la subsistencia de esta doctrina tras la plena entrada en vigor del Reglamento europeo de sucesiones (Reglamento del Parlamento y del Consejo 650/2012, de 4 de julio), entre otras razones porque, en los casos en que la ley sucesoria venga determinada por la professio iuris, no cabrá este reenvío, como confirma la resolución que analizamos.
Y el sistema de adquisición de la herencia por los herederos entra dentro del ámbito de la ley sucesoria y no de la ley del lugar de situación de los bienes.
Según el artículo 23 del RES, la ley sucesoria se ocupa de cuestiones como la transmisión de los bienes a los herederos y legatarios, facultades de ejecutores testamentarios y responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia.
Más claramente aun, el Considerando 42 del RES dispone:
Andrea Bononi y Patrick Wautelet (op. cit) afirman que "si se tratara de un ciudadano inglés que reside desde hace tiempo en España y muere en ese país, en la medida en que ha elegido someter su sucesión al derecho inglés en virtud del artículo 22, deberá de aplicarse el sistema inglés de probate. En consecuencia los herederos no tomarán posesión inmediata de los bienes, incluso si éstos están en España", afirmando que esta solución podrá generar "reticencias" pero es la impuesta por el RES. Aquí tratan del caso del ciudadano inglés residente en España que ejerce la professio iurus. Desde el punto de vista procesal, partiendo de que los Tribunales españoles sean competentes conforme a los criterios del RES (por ejemplo, el causante británico que ha optado por la aplicación de la ley de su nacionalidad a la sucesión, tenía su residencia habitual en España), los citados autores consideran que los Tribunales competentes (los españoles, en el caso), "deben abrir y administrar un procedimiento de probate desconocido en su ley interna". No obstante, apuntan, en relación precisamente a los supuestos del common law; que la ley de la sucesión (ley inglesa) remite la administración de la sucesión a la ley del foro, poniendo el ejemplo del ciudadano español con residencia habitual en Inglaterra que deja bienes en España, siendo los Tribunales españoles competentes por la vía del artículo 10.1.a RES, lo que puede conllevar, dicen, un "reenvío oculto" a la ley española que será la aplicable para la administración de la sucesión (parece que el mismo argumento cabría del ciudadano inglés, residente en Inglaterra y con bienes inmuebles en España, pudiendo ser competentes los Tribunales españoles por la vía del 10.1.b o 10.2 RES).
Sin embargo, en las dos resoluciones de 2016 analizadas, la DGRN no se plantea cuestión alguna al respecto de la necesidad del "grant of probate" o de nombrar un "executor" que liquide la herencia del causante, a pesar de admitir que la sucesión se rige materialmente por el derecho inglés. A lo más que llega el Centro Directivo es a apuntar, en la primera de ellas (la de 15 de junio de 2016), que el testamento no contenía nombramiento de ejecutor testamentario, aunque esto no le lleva a ninguna conclusión negativa respecto de la inscripción de la escritura de adjudicación hereditaria otorgada en España por la esposa heredera. Tampoco la Resolución DGRN de 4 de julio de 2016, que analiza específicamente el tema del reenvío, negando su admisibilidad por tratarse de un supuesto de professio iuris, entra en la cuestión de la necesidad del grant of probate y de la liquidación por el ejecutor testamentario de la herencia.

References: artículo 12
 resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 59
 resolución 
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 83
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 812
 artículo 83
 Resolución 
 artículo 83
 artículo 34
 resolución 
 artículo 21
 artículo 34
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 10
 Resolución