Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_4_2012/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:36:08+00:00

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Es inquietante como en nuestro país sigue abriéndose paso la corrupción y otras prácticas que atentan contra la ética profesional. Son tentáculos que cada vez atrapan a mayor número de entidades que hacen parte de la estructura del Estado diseñada desde la Constitución Política. Un colega preguntaba si la solución estaría en la eliminación de entidades, a lo cual respondíamos, desde nuestro parecer, que el Constituyente nunca tuvo la intención de crear organismos para satisfacer la corrupción; los creó para servir a la comunidad y no para vulnerarla en sus legítimos derechos ni en su concepción de defensa de sus valores primordiales.
Tal vez el debate debería centrarse en cuáles son los perfiles de las personas que están llegando a copar el servicio público y por medio de quién o de qué están llegando. Ejemplos como el muy sonado carrusel de la contratación en el Distrito capital de Bogotá, o los desfalcos en el sector salud y educación son apenas unos pocos ejemplos que, por ubicarse en la cima del iceberg, son llamativos para los medios de comunicación pero seguramente son mucho más prolíferos los casos que desde la cimiente estatal se gestan, y que sin ser tan notorios son igualmente existentes y tal vez, mucho más perversos.
Creemos firmemente en que la labor de los jueces debe seguir propendiendo por la limpieza del servicio público, labor que ha desarrollado con creces. La resolución de los conflictos sociales desde la legalidad pero también desde la ética, debe seguir siendo el foco que alumbre la administración de justicia.
Con el paso del tiempo, la sociedad ha identificado la labor del juez como elemento vertebral para la consolidación del Estado social de derecho; no podría ser de otra forma en razón de la relevancia de sus funciones constitucionales.
Nuevamente hacemos presentación del Boletín del Tribunal Administrativo del Cauca, esta vez en su edición número 04 de 2012 con una selección de cuarenta y dos (42) providencias que por su variedad temática y calidad argumentativa ameritan un detenido estudio del lector.
La Relatoría es consciente del espacio que el Boletín del Tribunal ha ganado entre nuestros destinatarios, cada vez mayores; sin embargo, es menester resalta la labor de los distintos Despachos judiciales ya que sin su metódico y comprometido trabajo el contenido de este medio de información jurídica no sería posible, toda vez que constituye su insumo.
Esperamos, una vez más, que la producción del Tribunal les sea de utilidad para su propio análisis de casos.
SELECCIÓN DE PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012.
1. EXEQUIBILIDAD/ Acuerdo No. 024 de 2011Municipio de Bolívar (Cauca)/ El término de los tres (3) días para surtir el segundo debate, debe contarse después de la aprobación del proyecto en primer debate por la comisión respectiva. MP/Naún Mirawal Muñoz Muñoz/19001233100220120006700
2. HABEAS CORPUS/ El mecanismo no es para lograr exoneración de sentencias condenatorias. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz/ 2012004200
3. ACCIÓN POPULAR/Cosa Juzgada/Arreglo de vía que conduce de Popayán hacia el Municipio de Coconuco y el Departamento del Huila. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/19001230000320100036900
4. ACCIÓN POPULAR/ Seguridad y salubridad pública/ Postes de energía que por su estado no ofrecen las garantías de seguridad requeridas. MP/Horacio Coral Caicedo/1900133310420080003601.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Para ordenar permisos de salida de recluso sin que se haya acudido primero a la autoridad carcelaria/Confirma decisión de primera instancia. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado/190013331002201200001701.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Para resolver sobre el reconocimiento de la pensión el término es de cuatro meses. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado/ 19001230000020120012500
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Demoras en la corrección de identificación de las bases de datos de entidad de salud pone en riesgo la salud de mujer en estado de gravidez. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado/19001230000020120012200.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Educadores/ Mejoramientos académicos por estudio /Debe agotarse vía judicial ordinaria. MP/Horacio Coral Caicedo/19001333100520120000901.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Requisitos para justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación fijada por el artículo 70 de de la Ley 1395/10. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado/19001230000420120013700.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Área de Sanidad del Ejército Nacional/El actor se desvinculó voluntariamente del servicio militar/ El derecho a ser valorado por profesionales del área de la salud no prescribe, y menos, cuando han sobrevenido situaciones que han modificado la salud del actor. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado/190001230000020120012800.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Atención médica integral sin limitaciones para paciente de tercera edad. MP/Horacio Coral Caicedo/19001230000020120012300.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Educadores/ Incrementos porcentuales/ Decretos 1278/02 y 2940/10/Improcedencia de la tutela/ Debe acudirse a vías ordinarias. MP/Horacio Coral Caicedo/19001230000020120013800.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Derecho a la salud/ La póliza de seguros suscrita por el INPEC ampara los recobros y cruce de cuentas y no son carga que deba asumir el paciente/ Los aspectos administrativos no pueden anteponerse a los derechos fundamentales. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado/ 19001333100220120002001.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Caso de temeridad. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado/19001230000420120014900.
15. ACCIÓN DE TUTELA / Debido proceso/ Diferencias entre daño consumado y hecho superado. MP/Horacio Coral Caicedo/20120001501
16. INCIDENTE DE DESACATO/ Amparo transitorio/ La sentencia de tutela quedó supeditada a la decisión que se adoptara en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho/ No hay lugar a imponer sanción por desacato. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz/ 19001230000220100026401
17. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Declamatoria de incumplimiento/ El demandante debe demostrar el cumplimiento de sus propias obligaciones en relación con el contrato. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado. 19001230000020040008700.
18. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Administración de recursos del régimen subsidiado/Son contratos estatales regidos por el derecho privado. MP/Horacio Coral Caicedo/19001230000320040223901.
19. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/Falta de ejecución de la obra civil/Las especificaciones técnicas del objeto contractual deben estar explícita y exhaustivamente señaladas de modo que no haya duda sobre las condiciones especiales que la entidad requerirá/ Los estudios previos contenidos en el pliego de condiciones pasan a ser una unidad inescindible con el contrato. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001230000020020154800,19001230000020030140100 acumulados.
20. EJECUTIVO/ Indebida integración del título ejecutivo/ Excepción de ilegalidad del título la entidad demandante carecía de competencia para liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo por extemporaneidad/Confirma decisión de primera instancia. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 19001333100120060067201.
21. EJECUTIVO/ Reajuste de asignación de retiro/ tuvo un carácter temporal entre los años 1992 a 1995/ Decreto 107/96. MP/Horacio Coral Caicedo. 19001230000420080022601.
22. REPARACIÓN DIRECTA/Educación Superior/ Funciones de inspección y vigilancia/Ministerio de Educación Nacional e ICFES/Caso Universidad Libre Seccional Cali – Extensión Popayán /Tasación de perjuicios morales/Opera la presunción del juez con base en cada caso concreto. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/19001230000220030043101.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Riesgo Excepcional/ Policía Nacional/Accidente de tránsito/ La Entidad tiene la guarda material de la actividad peligrosa/Condena en abstracto/Confirma sentencia de primera instancia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/19001333100220050055401.
24. REPARACIÓN DIRECTA/Accidente de tránsito en vía departamental/Omisión de la entidad/Revoca sentencia primera instancia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/1900123000220040288800.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Ataque guerrillero/ Retén a particulares/El Estado desplegó todos los medios para conjurar el actuar delincuencial/ El Estado no puede garantizar la seguridad en el territorio nacional en términos absolutos. MP/Horacio Coral Caicedo/19001333100420060005701 y 19001333100420060003701 acumulados.
26. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL/ Caso reparación directa /Condena contra Nación- Ministerio de Educación e ICFES/ Tasación de perjuicios morales en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/1900123000320040036001.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/ Metodología para reconocimiento del lucro cesante. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/ 19001230020090034100.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/ Debe demostrarse el nexo causal entre el daño y el actuar de la Entidad. MP/Horacio Coral Caicedo/ 19001230000420080034800.
29. REPARACIÓN DIRECTA/ Reparación Directa/No se probaron los extremos de un riesgo excepcional/ No se demostró clara, suficiente y certeramente que la muerte de hubiera sido causada con armas de dotación oficial/Revoca fallo primera instancia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/1900123000320060075701.
30. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ El juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente la figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso/ Régimen objetivo de responsabilidad. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/ 149001333100820080002700.
31. REPARACIÓN DIRECTA/ Asesinato de Concejal en manos de grupo guerrillero/ Faltan elementos para atribuir responsabilidad del Estado. MP/Horacio Coral Caicedo/ 120013331002200500140601.
32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ Se debe determinar que norma resulta más favorable al demandante, a efectos de ordenar el reajuste. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado/1900123000420070003001
33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensión Gracia/ No es posible declarar prescritas la totalidad de las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al acto que ordenó reajustar el valor de la pensión gracia. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/19001333100120080015302.
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ En su incremento se aplica el principio de oscilación a partir del 2005. MP/Horacio Coral Caicedo/ 19001230000420070027201.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Certificados de urbanismo expedidos por Curaduría/Error al clasificar la zona como área de actividad residencial/ Indebida modificación unilateral por la Secretaría de Planeación. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz/ 190001233100220010125500.
36. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ineptitud de demanda/ Falta de Integración del Litisconsorcio Necesario/ Existe una relación sustancial con los actos por medio de los cuales la administración municipal certificó el uso de suelo del predio objeto de la licencia, toda vez que son el fundamento de la misma. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado/ 1900123000320010133600.
37. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Educadores /Compromisos de recuperación de tiempos no laborados/ No se probó falta de motivación del acto administrativo que negó los pagos respectivos. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado/ 19001230000120040070101.
38. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Declaración de insubsistencia/Provisional nombrado en cargo de carrera/ No requiere motivación/ Presunción de legalidad del acto administrativo de desvinculación/ Línea jurisprudencial del Consejo de Estado. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz/ 19001233100220040084802.
39. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Declaración de Insubsistencia de provisional en cargo de carrera/Reestructuración planta de personal/No se tiene derecho a indemnización ni a reintegro/Revoca sentencia. MP/Horacio Coral Caicedo/1900133310420050061001
40. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ La entidad demandada al negar el reajuste de la asignación de retiro del actor con base en el IPC, quebrantó los principios de favorabilidad e igualdad. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado/1900123000420070002401.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Prima técnica/ Es un reconocimiento a los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público/No opera para funcionarios de la Defensoría del Pueblo. MP/Carmen Amparo Ponce Delgado/19001230000120050081001.
Sentencia: 05 de marzo de 2012
Expediente: 19001233100220120006700
Tema tratado: Acuerdo No. 024 de 2011 Municipio de Bolívar (Cauca)/ El término de los tres (3) días para surtir el segundo debate, debe contarse después de la aprobación del proyecto en primer debate por la comisión respectiva.
“Después de analizar las normas aludidas por el Gobernador, el pronunciamiento de la Procuradora y lo aportado en el proceso, se tiene que el Acuerdo No. 024 de 2011 demandado no cumplió con el término exigido por la Ley en relación al segundo debate, tal y como se explica a continuación: 1) El Proyecto fue presentado el 09 de diciembre de 2011 ante el Concejo Municipal. 2) Sometido a dos debates, el primero el 11 de diciembre de 2011 y el segundo en plenaria el 14 de diciembre del mismo año. 3) Remitido por Concejo Municipal de Bolívar el 15 de diciembre de 2011 al Despacho de la Alcaldía siendo sancionado el 16 de diciembre en el mismo año. Lo anterior se desprende constancia de la Secretaría del H. Concejo Municipal de Bolívar obrante a folio 9 del expediente. Precisa el Tribunal que tal como lo dispone la norma, el término de los tres (3) días para surtir el segundo debate, debe contarse después de la aprobación del proyecto en primer debate por la comisión respectiva, es decir que para el caso en estudio, los mismos debieron contarse a partir del día 12 hasta el 14 de diciembre de 2011, quedando el Concejo Municipal de Bolívar habilitado para darle debate en plenaria el día 15 de diciembre del mismo año y no el día 14 de febrero como en efecto se hizo. Así las cosas, se tiene que efectivamente el Acuerdo No 024 de 2011 se halla afectado por el vicio señalado por el Gobernador del Departamento del Cauca, concluyendo que el acto no se ajustó a la Ley”.
Acción (Recurso): Habeas Corpus
Sentencia: 07 de marzo de 2012
Expediente: 20120014200
Tema tratado: Habeas corpus/ El mecanismo no es para lograr exoneración de sentencias condenatorias.
“Concluye el Despacho que la acción constitucional de Hábeas Corpus constituye un mecanismo subsidiario que no sustituye el trámite ordinario al interior del proceso penal y tampoco deviene en instancia adicional de las legalmente establecidas. Por lo tanto, en ningún momento se encuentra vulnerado el derecho a la libertad física del accionante (…), toda vez que la libertad condicional le fue negada por encontrar en su haber delincuencial dos sentencias condenatorias proferidas por el Juzgado Segundo Penal Municipal y el Juzgado Sexto Penal Municipal, estando inmerso en una prohibición descrita en el Código Penal, por lo tanto tal decisión deviene de su propia actuación, sin que pueda por este medio constitucional entrar a controvertir su determinación o pretender su exoneración, lo que apareja como consecuencia la improcedencia del amparo constitucional. En estas condiciones, la actuación del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, accionada se ajusta a derecho, por lo que en ningún momento vulnera las garantías constitucionales y legales del derecho a la libertad”.
Sentencia: 12 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000320100036900
Tema tratado: Cosa Juzgada/Arreglo de vía que conduce de Popayán hacia el Municipio de Coconuco y el Departamento del Huila.
“Por tanto se concluye que la vía que en la presente acción popular se considera deteriorada por diferentes factores, fue materia de un pronunciamiento anterior en aras de hacer cesar la vulneración de derechos colectivos, tal como se constató en las acciones populares dictadas en los procesos 20080010100 y 20050982. Por ende como el objeto de la presente acción ya fue discutido en otros procesos, la decisión que allí se profirió hace tránsito a cosa juzgada, lo que impide cualquier nuevo pronunciamiento de fondo, pues las decisiones adoptadas no se pueden desconocer. De esta manera, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada por comprobarse la identidad de partes, causa y objeto entre esta demanda y las acciones populares radicadas con los números 20080010100 y 20050982”.
Sentencia: 11 de marzo de 2012
Expediente: 1900133310420080003601
Tema tratado: ACCIÓN POPULAR/ Seguridad y salubridad pública/ Postes de energía que por su estado no ofrecen las garantías de seguridad requeridas.
“Si bien hasta cuando se dictó la sentencia de primera grado los elementos de prueba podían ser cuestionados en lo que hace a su contundencia, la prueba pericial decretada y practicada en segunda instancia lleva a la certeza en cuanto a la violación de los derechos colectivos en juego, al determinarse sin hesitación la existencia de postes de luz eléctrica y en madera que por su estado no ofrecen las garantías de seguridad requeridas, atendidos los factores de topografía y demás, en el dictamen pormenorizados. En esas condiciones, resulta evidente la necesidad del cambio de los postes en madera por unos en ferro concreto que cumplan con los requisitos técnicos, en orden a prevenir los peligros o riesgos para la comunidad indígena de la zona de Río Blanco y, naturalmente, para el buen funcionamiento del sistema eléctrico”
Sentencia: 14 de marzo de 2012
Expediente: 190013331002201200001701
Tema tratado: Improcedencia/ Para ordenar permisos de salida de recluso sin que se haya acudido primero a la autoridad carcelaria/Confirma decisión de primera instancia.
“No obstante, como se informa por el responsable de la Oficina Jurídica de la accionada, el señor (…) no ha presentado una petición en tal sentido frente a las autoridades del respectivo centro de reclusión (fl. 42). De esta forma, la Sala evidencia que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para acceder al permiso de salida al que considera tener derecho el tutelante, ya que el legislador ha designado de manera clara que la potestad para decidir sobre tales cuestiones le corresponde en este caso a las autoridades carcelarias, que no están vulnerando derechos fundamentales, pues no han contado con la oportunidad de analizar el caso del actor, teniendo en cuenta que este no ha solicitado la concesión del permiso de salida. En consecuencia se evidencia la falta de agotamiento de los mecanismos ordinarios tendientes a la obtención del permiso consagrado en el art. 147A de la Ley 65 de 1993, precisando que sólo sería viable acudir a la acción de tutela como mecanismo subsidiario en el evento de que sean vulnerados los derechos fundamentales en el proceso de obtención del respectivo permiso. (…) Por lo anterior, la Sala observa que el interno (…) aún no ha iniciado los respectivos trámites para que sus solicitudes sean atendidas por la demandada y pretende acudir directamente al Juez de tutela para el reconocimiento de derechos y beneficios que no ha solicitado ante las autoridades competentes; por ende, a través de esta acción constitucional no se pueden desconocer los procedimientos preestablecidos para el efecto. En este sentido, se comparte la decisión de la señora Juez A-quo en el sentido de declarar la improcedencia de esta acción constitucional y por ello se confirmará la sentencia impugnada”.
Sentencia: 06 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000020120012500
Tema tratado: Derecho de petición/ para resolver sobre el reconocimiento de la pensión el término es de cuatro meses.
“Así las cosas, halla la Sala que no existe vulneración del derecho de petición del actor, en tanto, aún no ha vencido el término de 4 meses que, de acuerdo a la Jurisprudencia arriba citada y que comparte esta Sala de decisión, tienen las entidades demandadas para resolver sobre el reconocimiento de la pensión del actor, tema que es carácter prestacional; y porque además, ya se le informó al actor sobre el trámite de su petición y de las condiciones que demoran la respuesta de la misma, información que incluso se dio antes de que se interpusiera la presente acción de tutela . Corolario de lo antedicho, se observa necesario denegar el amparo solicitado por el señor (…)”.
Expediente: 19001230000020120012200
Tema tratado: Demoras en la corrección de identificación de las bases de datos de entidad de salud pone en riesgo la salud de mujer en estado de gravidez.
“Es claro en el presente caso, que las entidades accionadas actualmente están realizando el trámite pertinente para corregir de la base de datos de cada entidad, el número de cédula de la accionante y eliminar el registro que se encuentra a nombre de otra persona, no obstante se evidencia que aún se está incurriendo en dilaciones injustificadas para realizar las correcciones necesarias, puesto que se sometió a un término para proceder a la corrección de la identificación de la señora Rivera Rivera como lo manifiesta EMSSANAR ESS, carga que la accionante no está obligada a soportar por tratarse de trámites administrativos internos de cada entidad, y que le están afectando la prestación de los servicios de salud, aun cuando se trata de una paciente en estado de gravidez, persona que tiene especial protección por parte del Estado. No se justifica entonces, que las demandas incurran en un trámite dispendioso para realizar la corrección de identificación de las bases de datos, puesto que ello implica riesgo para la accionante, pues como lo manifestó en su momento se encuentra desvinculada del Sistema de Seguridad Social, y no ha podido a acceder al servicio médico por el error en su número de identificación. En este orden, resulta imperativo conceder el amparo constitucional solicitado en la demanda, y en consecuencia, ordenar a NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD – FOSYGA y EMSSANAR ESS que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, disponga lo necesario para corregir de la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA– del Sistema General de Seguridad Social en Salud el registro correspondiente al numero de identificación 25.464.842 a nombre de la señora (…) ” .
Sentencia: 15 de marzo de 2012
Expediente: 19001333100520120000901
Tema tratado: Educadores/ Mejoramientos académicos por estudio /Debe agotarse vía judicial ordinaria.
“Los actores manifiestan que al no reconocerles el mejoramiento académico por parte de la Oficina de Escalafón de la Gobernación del Cauca-Secretaria de Educación, se está vulnerando los derechos a la igualdad y trabajo en condiciones de dignidad, por cuanto que esta entidad ha reconocido a otras personas el mejoramiento académico quienes han acreditado la misma especialización. Agregan que oportunamente solicitaron concepto a la demandada a fin que informara si la Especialización en Gerencia Informática de la Corporación Universitaria Rémington, estaba reconocida para obtener ascenso, y esta dio una respuesta positiva, sin embargo, al momento de la presentación de la documentación la decisión fue contraria al concepto inicial. El juez Constitucional singular oportunamente dispuso no tutelar los derechos de igualdad y de trabajo invocados, por la improcedencia de la acción, bajo el argumento que la manifestación de la Gobernación del Cauca, es un acto administrativo de carácter particular, respecto del cual una vez agotada la vía gubernativa como en este caso ocurrió, se debió incoar dentro del término legal en la vía ordinaria, es decir iniciar el procedimiento de nulidad y restablecimiento de derecho frente a esta misma jurisdicción. Esa decisión la comparte la Corporación, toda vez que tal y como se plasmó en la reseña vertical, la acción de tutela resulta improcedente cuando existe otro mecanismo de defensa judicial”.
Sentencia: 13 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000420120013700
Tema tratado: Debido proceso/ Requisitos para justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación fijada por el artículo 70 de de la Ley 1395/10.
“La Sala constata que el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN profirió sentencia de primera instancia el día 17 de agosto de 2011, declarando la nulidad parcial del Acuerdo 0002 del 15 de marzo de 2006 expedido por el Consejo Directivo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA- CRC, ordenando, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro de la ecóloga (…) en el cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior jerarquía dentro de la planta de personal de la entidad, el pago de prestaciones sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir desde el primero de abril de 2006 y hasta la fecha en que sea reintegrada efectivamente en el cargo. (fls. 3 a 16). La apoderada de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CAUCA- CRC interpuso recurso de apelación contra la sentencia en mención el día 8 de septiembre de 2011. (fls. 18 a 24) (…) El Juzgado accionado citó a Audiencia de Conciliación para el 19 de octubre de 2011 a las 4:00 p.m., diligencia que se declaró fallida a causa de la inasistencia de la apoderada de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA- CRC como parte apelante y en consecuencia, se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por ella contra la sentencia del 17 de agosto de 2011 (fls. 17, 25 y 26). El 20 de octubre de 2011, la (…), apoderada de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA- CRC presentó al Despacho una incapacidad médica por Faringitis Aguda fechada 19 de octubre de 2011, con el propósito de que se considerara para no declarar desierto el recurso interpuesto, resaltando que el respectivo recurso se interpuso y sustentó oportunamente. (…) En el caso sub examine se observa que la excusa que se aduce para no acudir a la Audiencia de Conciliación, se presentó después de la hora señalada para la celebración de la diligencia por una parte y, de otro lado, si bien se ajusta a la causal de enfermedad, debe considerarse que las normas procesales a las que se ha hecho referencia cualifican tal situación, indicando que se debe tratar de una enfermedad grave que impida acudir a la audiencia.(…) Ahora si bien el padecimiento de salud que sufrió la abogada de la C.R.C. pudo ser imprevisible no se ve que haya sido irresistible, al punto de que la apoderada se viera imposibilitada para sustituir el poder o adoptar una medida para que la entidad pública estuviera debidamente representada en la audiencia.(…) Ahora si bien el padecimiento de salud que sufrió la abogada de la C.R.C. pudo ser imprevisible no se ve que haya sido irresistible, al punto de que la apoderada se viera imposibilitada para sustituir el poder o adoptar una medida para que la entidad pública estuviera debidamente representada en la audiencia. Por tanto, las decisiones adoptadas por el Juzgado en el sentido de no fijar una nueva fecha para la Audiencia de Conciliación y declarar desierto el recurso de apelación, están ajustadas a derecho en la medida en que la parte apelante no acreditó de manera suficiente una causal justificativa para la inasistencia a la audiencia de conciliación, desvaneciéndose así la configuración de una vía de hecho por este aspecto. Como conclusión, se tiene que no se vulneran derechos fundamentales cuando no se accede a fijar una nueva fecha para la Audiencia de Conciliación y se declara desierto el recurso de apelación, considerando que no existe justificación suficiente frente a la inasistencia de la parte apelante a la audiencia de conciliación, por lo cual no se tutelará el derecho fundamental al debido proceso de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C”.
Sentencia: 09 de marzo de 2012
Expediente: 190001230000020120012800
Tema tratado: Derecho a la salud/ Área de Sanidad del Ejército Nacional/El actor se desvinculó voluntariamente del servicio militar/ El derecho a ser valorado por profesionales del área de la salud no prescribe, y menos, cuando han sobrevenido situaciones que han modificado la salud del actor.
“De ese modo, tiene la Sala que el demandante en la actualidad padece de algunas afecciones en su salud que no han sido tratadas, en tanto no se encuentra afiliado a un régimen de salud; y que a pesar de que ha solicitado ser valorado por el Área de Sanidad del Ejército Nacional, ésta se ha negado a suministrarle la atención arguyendo que no es posible ello debido a la desvinculación voluntaria del servicio militar que aquel presentó. Para esta Sala de decisión, no es de recibo la afirmación hecha por la entidad demandada en la contestación ofrecida mediante el oficio de fecha 10 de febrero del presente año, pues, el derecho a ser valorado por profesionales del área de la salud no prescribe, y menos, cuando han sobrevenido situaciones que han modificado la salud del actor. Luego entonces, y de conformidad con la jurisprudencia arriba citada, en los casos en los que persista o se modifique una afección en la salud de un militar retirado, es dable a las Direcciones de Sanidad suministrarle la atención del caso. En tal sentido, se encuentra que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, bajo argumentos no válidos, se ha negado a suministrar la atención médica que el señor (…) requiere en la actualidad, vulnerándose así sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud. En vista de ello, la Sala concederá el amparo de tales derechos, conminando a la accionada para que brinde la atención suficiente a fin de evaluar e implementar las medidas necesarias para lograr la rehabilitación de la patología de estrés postraumático que el actor padece, mientras es fijada una fecha para la valoración médica de retiro del demandante. Para tal efecto, se ordenará a la compañera permanente del señor (…) llevarlo a las valoraciones médicas que sean programadas por la entidad demandada”.
Sentencia: 02 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000020120012300
Tema tratado: Derecho a la salud/ Atención médica integral sin limitaciones para paciente de tercera edad.
“Así pues, se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento de la entidad accionada, en brindar la debida protección reforzada a una persona de la tercera edad, que no es otra que prestar la atención médica integral que requiera de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante, con sujeción a los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y oportunidad, pilares establecidos desde el ordenamiento constitucional. En ese orden de ideas, se otorgará la protección inmediata de los citados derechos fundamentales vulnerados a la accionante, concediendo el amparo de tutela a su favor, por contera, la Nación, Policía Nacional – Departamento de Policía Cauca – Área de Sanidad, deberá asumir de MANERA INTEGRAL cualquier requerimiento que surja con ocasión al tratamiento por ella requerido, no solo por su diagnóstico actual de pérdida anormal de peso, sino también por todo tipo de patología que demande tratamiento médico hacia el futuro, sin limitación alguna”.
Expediente: 19001230000020120013800
Tema Tratado: Educadores/ Incrementos porcentuales/ Decretos 1278/02 y 2940/10/Improcedencia de la tutela/ Debe acudirse a vías ordinarias.
“(La actora).. pone de manifiesto ante el Juez de tutela, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación, vulneran sus derechos fundamentales al expedir el Decreto 2940 del 5 de agosto de 2010, sin que se haya aplicado el incremento porcentual de acuerdo con el compromiso administrativo adquirido entre la Nación y los Docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002, esto es, el 8% adicional desde la vigencia fiscal del año 2008. (…) Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales al caso objeto de estudio, es evidente que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para ordenar al Gobierno Nacional el incremento del salario respecto del compromiso administrativo adquirido entre la Nación y los Docentes, dada su calidad de servidores públicos. Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, es decir, que ésta solo procede cuando el ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo para la protección de sus derechos o no es lo suficientemente eficaz, en consecuencia, y para el caso en concreto, la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como lo es la Acción de Nulidad Simple de que trata el articulo 84 del C.C.A. o la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho si considera lesionado alguno de sus derechos, y que se encuentra prevista en el art. 85 de la misma codificación, contra el Decreto No. 1367 del 26 de abril de 2010. De lo anterior se concluye, que al juez constitucional no le corresponde por vía de tutela interferir en decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales”.
Sentencia: 27 de marzo de 2012
Expediente: 19001333100220120002001
Tema tratado: Internos/ Derecho a la salud/ La póliza de seguros suscrita por el INPEC ampara los recobros y cruce de cuentas y no son carga que deba asumir el paciente/ Los aspectos administrativos no pueden anteponerse a los derechos fundamentales.
“En este orden de ideas en virtud del contrato de aseguramiento suscrito entre CAPRECOM EPS y el INPEC para la prestación de servicios de salud para la población reclusa bajo el régimen subsidiado, se tiene que en esto caso los servicios requeridos están a cargo de la EPSS y el INPEC está en la obligación de adelantar las gestiones pertinentes para lograr que la EPSS preste un servicio de salud eficiente y oportuno, trasladando al recluso a la IPS que se disponga, como se determina en la sentencia impugnada. Frente a la inconformidad de CAPRECOM EPS por no precisarse que sólo están a su cargo los servicios que estén en el POSS y sobre la solicitud de que se le faculte a través de esta acción constitucional para acceder al recobro en un 100% por la prestación de esos servicios, se precisa que aquellos están respaldados por una póliza expedida por la Compañía de Seguros QBE S.A. suscrita por el INPEC, pero ello no libra a esta última entidad y a CAPRECOM EPS de su obligación de prestar de manera efectiva los servicios de salud, pues los aspectos de los recobros y cruces de cuentas no son una carga que se deba asumir por el paciente, anteponiendo aspectos administrativos frente a derechos fundamentales”.
Sentencia: 22 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000420120014900
Tema tratado: Caso de temeridad
“De lo anterior, la Sala evidencia, que la abogada haciendo caso omiso de lo dicho por la Sala en la primera sentencia, en donde se le dijo que no era procedente obtener mediante tutela la remisión de documentos que constituyen prueba dentro de un proceso administrativo ordinario, pues para ello esté el juez natural de la causa, insiste nuevamente con la misma pretensión, hecho que constituye un claro abuso del ejercicio de la acción constitucional, más aún, cuando quien lo hace es una profesional del derecho, que como tal, tiene pleno conocimiento de los alcances y limitantes de la acción, así como las consecuencias de su actuar. Para la Sala, están dados los supuestos para declarar la temeridad y por tanto rechazar la acción de tutela solicitada. Además, teniendo en cuenta que quien incurre en temeridad es una profesional del derecho, se compulsaran copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue”.
Expediente: 20120001501
Tema tratado: Debido proceso/ Diferencias entre daño consumado y hecho superado.
“Razón le asiste al a quo, por cuanto la entidad demandada no desconoció procedimiento alguno tal como consta en el archivo plano remitido por el banco, eso, en lo atinente a la presunta vulneración del debido proceso; en cuanto al problema jurídico principal referente a la declaratoria de improcedencia por carencia actual de objeto por presentarse un daño consumado, esta Sala, le asiste la razón igualmente al a quo en declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual del objeto, no obstante, haciendo la aclaración que para esta Corporación no se presentó daño consumado, si no, el fenómeno del hecho superado, toda vez que la entidad demandada aunque extemporáneamente, profirió respuesta de fondo a la petición del demandante, es decir, su pretensión fue desatada y por lo tanto no hay vulneración fundamental, bajo el entendido de que el hecho de dar respuesta así sea en contra a las peticiones del actor interrumpe la vulneración del derecho y extingue el objeto de la acción constitucional”.
Expediente: 19001230000220100026401
Tema tratado: Incidente de desacato/ Amparo transitorio/ La sentencia de tutela quedó supeditada a la decisión que se adoptó en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho/ No hay lugar a imponer sanción por desacato.
“De lo expuesto anteriormente se tiene que la acción de tutela del señor (…) fue decidida en 21 de junio de 2010, providencia que dejó supeditada su decisión a la decisión que se adoptara en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual el señor (…) actuó como parte demandante contra la misma CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL –CAJANAL-, entidad accionada en la tutela. El cumplimiento de los fallos de tutela a través de los cuales logró el accionante que se le reliquidará la pensión sustituta de jubilación incluyendo factores no previstos y aplicándole en forma extensiva el mismo régimen pensional para los e Ex Congresista y Ex Magistrados de las Altas Cortes, ha de decirse de manera categórica por la Sala, que desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 14 de abril de 2011, no tienen ningún efecto, por cuanto determinaron que el accionante no tenía el derecho que le fuera reconocido transitoriamente, razón por la cual no hay lugar a imponer sanción por desacato frente al supuesto incumplimiento de un fallo que estaba condicionado a las resultas del proceso ordinario. Por las razones expuestas la Sala REVOCARÁ la decisión consultada”.
Expediente: 19001230000020040008700
Tema tratado: Declaratoria de incumplimiento/ El demandante debe demostrar el cumplimiento de sus propias obligaciones en relación con el contrato.
“En este orden observa la Sala, que no obra en el expediente prueba válida que demuestre que la sociedad Asesorías y Consultorías Institucionales Ldta., haya cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato No. 545 de 1998 y sus adiciones, y mucho menos, que en la ejecución del mismo la sociedad haya incurrido en costos mayores al precio pactado en el contrato el cual haya dado lugar a el rompimiento del equilibrio económico contractual. Es preciso recordar que de conformidad con la jurisprudencia contencioso administrativa, para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante. En tales condiciones, al no demostrar la parte demandante, el cumplimiento de sus propias obligaciones en relación con el contrato suscrito por el representante de la sociedad Asesorías y Consultorías Institucionales Ltda., y la Caja Nacional de Previsión Social, no le asiste derecho en solicitar que se declare el incumplimiento de la entidad demandada, incumplimiento que valga decir, tampoco fue demostrado. En cuanto al rompimiento del equilibrio económico del contrato alegado por el demandante, no se observa en el expediente documento alguno que acredite los costos y gastos adicionales en que incurrió la sociedad contratista en el desarrollo y ejecución de las adiciones del contrato suscritas entre las partes, de los cuales se pueda inferir el desequilibrio contractual, razón por la cual en el presente asunto, no hay lugar a declarar el mismo”.
Sentencia: 08 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000320040223901
Tema tratado: Administración de recursos del régimen subsidiado/Son contratos estatales regidos por el derecho privado.
“Así, aunque los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado se rigen por el derecho privado y pueden incluir cláusulas exorbitantes de acuerdo a lo que ha indicado el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, ello no significa que el contrato deje de ser estatal, puesto que se cumple con el requisito de que las partes que lo suscriben son entidades estatales, cuyas controversias son susceptibles de ser conocidas por esta jurisdicción. Bajo ese entendido, es esta la jurisdicción competente para conocer del conflicto en debate”.
Sentencia: 01 de marzo de 2012
Expediente: 19001230000020020154800, 19001230000020030140100 acumulados.
Tema tratado: Falta de ejecución de obra civil/Las especificaciones técnicas del objeto contractual deben estar explícita y exhaustivamente señaladas de modo que no haya duda sobre las condiciones especiales que la entidad requerirá/ Los estudios previos contenidos en el pliego de condiciones pasan a ser una unidad inescindible con el contrato.
“Ha quedado suficientemente decantado que el actual litigio versa en la falta de ejecución de la obra con ocasión del replanteamiento del proyecto presentado por la firma interventora y el contratista al FNCV. En primer lugar, entiéndase que las especificaciones técnicas del objeto contractual deben estar explícita y exhaustivamente señaladas de modo que no haya duda sobre las condiciones especiales que la entidad requerirá, pues no se trata de recibir una pluralidad de ofertas con diferentes posibilidades de satisfacción del objeto contractual, sino de elegir a un oferente que pueda cumplir en la mejor manera lo estrictamente requerido por la entidad. En segundo lugar, si bien se tiene que la realización de los estudios previos y su inclusión dentro del pliego de condiciones constituye una obligación precontractual de la entidad, también lo es que ella deja de serlo cuando afecta de manera directa en la ejecución del contrato luego de celebrado, pues los estudios previos contenidos en el pliego de condiciones pasan a ser una unidad en el contrato inescindible a éste, en la medida en que marcaran el lineamiento que seguirá el contratista para lograr el cumplimiento del objeto contratado, en este caso particular, la obra pública. De modo que, al afectar el normal desarrollo del contrato, este defecto previo a la suscripción del contrato deberá tratarse dentro del marco de la responsabilidad contractual de las entidades, pues su injerencia en el tránsito de la relación contractual marca la diferencia en lo que inició como proceso de formación del contrato y logró trascender a la ejecución del mismo, siendo el objeto por el cual se llegó a la liquidación del contrato en ausencia de la construcción de la obra requerida y por vencimiento del plazo del mismo.Ahora, al analizar la situación particular no logra entender la Corporación como es posible que desde enero de 2002 y hasta el mes de julio del mismo año la entidad no haya podido dar solución al requerimiento planteado por la interventora y el contratista, pues, si el estudio había sido realizado con anticipación era apenas lógico que siguiera los lineamientos planteados en él y no pretender hacer un nuevo análisis de las condiciones técnicas como se intentó”.
Expediente: 19001333100120060067201
Tema tratado: Indebida integración del título ejecutivo/ Excepción de ilegalidad del título la entidad demandante carecía de competencia para liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo por extemporaneidad/Confirma decisión de primera instancia.
“…observa la Sala, que el A Quo expuso como argumentos para negar las pretensiones del demandante además de declarar probada la excepción de Indebida Integración del Titulo Ejecutivo, declaró probada de oficio la excepción de Ilegalidad del Titulo, al considerar que la entidad demandante carecía de competencia para liquidar unilateralmente el convenio Inter administrativo No. 19-0026-0-2000, toda vez que la liquidación unilateral se llevo a cabo el 22 de noviembre de 2.004, es decir, por fuera del término con el cual contaba la entidad demandante para realizar la liquidación unilateral, argumento frente al cual el apelante guardo silencio. Las anteriores razones conducen a la sala a concluir que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán se encuentra ajustada a derecho, razón por la que deberá ser confirmada, como en efecto se hará”.
Expediente: 19001230000420080022601
Tema tratado: Reajuste de asignación de retiro/ tuvo un carácter temporal entre los años 1992 a 1995/ Decreto 107/96
“Tenemos entonces que, por ministerio de la ley, y conforme el marco jurisprudencial fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, fácil es concluir, sin lugar a equívocos, que el reajuste de la asignación de retiro con la inclusión de la varias veces mencionada prima de actualización, a partir del día 1º de enero de 1996 no es exigible, y al verificarse la ausencia de este requisito, la constitución del título ejecutivo deviene enervada. Debe anotar la Sala que si bien en la sentencia presentada como título para incoar la acción que nos ocupa, esta Corporación ordenó el reajuste de la asignación de retiro del actor con fundamento en la prima de actualización “a partir del año 1996”, dicha obligación perdió sustento legal y no es actualmente exigible, toda vez que, como ya se expuso, dicho emolumento tuvo un carácter temporal entre los años 1992 a 1995, lo que impide tomarlo como factor de reajuste de la asignación de retiro para los años posteriores, más cuando el Decreto 107 de 1996, mediante el cual se logró la escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, no contempló porcentaje alguno por tal concepto”.
Expediente: 19001230000220030043101
Tema tratado 1: Educación Superior/ Funciones de inspección y vigilancia/Ministerio de Educación Nacional e ICFES/Caso Universidad Libre Seccional Cali – Extensión Popayán.
“Así pues, queda suficiente claro que las funciones de inspección y vigilancia en relación con la Educación Superior, están radicadas en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, por lo que el hecho dañoso en este evento, le es atribuible a título de omisión por no haber actuado oportunamente, permitiendo con su negligencia, el funcionamiento de la Universidad Libre Seccional Cali con extensión en la ciudad de Popayán, ofreciendo el programa de derecho sin el debido registro ante el ICFES. Por su parte, el ICFES colabora con el Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de la función de inspección y vigilancia delegada por el Gobierno Nacional, así como también tiene la función de registrar los programas de pregrado y de especialización conforme al Decreto 837 de 1994, “Por el cual se establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización de educación superior”, vigente para la época en que se dio apertura al programa de derecho en la Universidad Libre Seccional Cali, con extensión a Popayán. Ahora bien, considera la Sala que obran en el expediente, pruebas que demuestran la responsabilidad del ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que se dilucida especialmente con el análisis de la prueba documental que reposa en el expediente.(…) Es claro que el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, incumplieron sus obligaciones de vigilancia y control y que en desviación de esta potestad, propiciaron el incumplimiento de las normas que rigen la educación superior y en especial el deber de inscripción en el Sistema Nacional de Información del programa de derecho ofrecido por la Universidad Libre jornada nocturna sede Popayán, debido a que dicha decisión fue adoptada por el Rector Interventor designado por el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, precisamente durante el período de intervención decretado por estas mismas entidades sobre la mentada Universidad”.
Tema tratado 2: Tasación de perjuicios morales/Opera la presunción del juez con base en cada caso concreto.
“De esta forma, los perjuicios morales deben ser probados por quien los reclama, sin embargo el Juez puede presumirlos a partir de indicios que junto con la aplicación de las reglas de la experiencia, permitan establecer con un alto grado de probabilidad la existencia de una determinada circunstancia. A título de ejemplo se encuentra que con base en las reglas de la experiencia se ha considerado que uno de los dolores más intensos se presume que se produce ante la muerte de los parientes más cercanos y se ha reconocido que por ello se debe indemnizar con la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero ello no significa que ese sea el único evento donde se pueda imponer dicho monto indemnizatorio puesto que el Juez lo puede reconocer según su prudente juicio en todos las situaciones en las que la afectación moral se presente en su mayor grado de intensidad, tal como se reiteró en sentencia del veintiséis (26) de enero de dos mil once (2011). También debe considerarse que esos límites jurisprudenciales son criterios que orientan al Juez al momento de tasar el perjuicio, pero no son obligatorios ya que es posible apartarse de esos límites con fundamento en el arbitrio judicial. De lo anterior, la Sala evidencia que el dolor que se generó en el señor ALEXANDER CAJIAO QUINTERO fue uno de los más intensos que se pueden experimentar considerando que el actor sintió frustrado su proyecto de vida, puesto que como lo relatan los testigos, efectivamente tenía unas expectativas para ascender en la Fiscalía o ejercer el litigio, mejorar sus ingresos y así lograr una mayor calidad de vida”.
Expediente: 19001333100220050055401
Tema tratado: Riesgo Excepcional/ Policía Nacional/Accidente de tránsito/ La Entidad tiene la guarda material de la actividad peligrosa/Condena en abstracto/Confirma sentencia de primera instancia.
“En el presente asunto, juzga la Sala que como lo expuso la juez de primera instancia, el régimen aplicable para imputar responsabilidad a la Policía Nacional es el riesgo excepcional, en la medida que se trata de un accidente de tránsito, acaecido a un vehículo oficial, asignado a la entidad demandada y en el cual sufrió lesiones el señor Ernesto Quintero Ortiz, en su calidad de agente de Policía, razón por la cual la institución debió demostrar que dicho accidente ocurrió por el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. En consecuencia, a pesar de las circunstancias en que se produjo el mencionado accidente, de donde resultó lesionado el demandante, la Policía Nacional es responsable, en tanto que al ser de su propiedad el vehículo tipo bus 10-049, el cual era utilizado para la movilización de personal de la institución, tenía a su cargo la guarda material de la actividad peligrosa, con ocasión de la cual se produjo el hecho generador del daño.(…) De otra parte, la Sala considera que en aplicación al precedente jurisprudencial antes referido y como quiera que dentro del expediente existe material probatorio que da cuenta del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante sufrido por el señor Ernesto Quintero Ortiz, es acertada la decisión de la a quo, al reconocerlo, toda vez que a pesar de que éste siguió laborando para la institución, ello no puede desconocer que su capacidad laboral se disminuyó, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito acaecido al vehículo que lo transportaba desde Popayán hasta el municipio de El Bordo – Cauca, de acuerdo al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, lo que indudablemente representa el menoscabo de sus ingresos, aspecto distinto es que no se pueda cuantificar, ya que si bien se demostró la vinculación del actor con la Policía Nacional, se desconoce el valor de su salario, razón por la cual debía condenarse en abstracto a la entidad demandada, tal y como se hizo”.
Expediente: 1900123000220040288800
Tema tratado: Accidente de tránsito en vía departamental/Omisión de la entidad/Revoca sentencia primera instancia.
“En este caso, concurrió la omisión de la entidad a cargo de la vía, por el deficiente diseño geométrico de ésta, sus curvas cerradas y continuas, y sin el sobre – ancho reglamentario en el sitio del accidente, según el dictamen pericial, y la ausencia de barandas de protección en el puente “El Retiro”, sobre el río “Mazamorras”, según los testimonios y documentos referidos. Junto con la marcha equivocada del vehículo, el cual no recorrió en forma debida la curva que antecede al mencionado puente, sino que se direccionó por la cuneta por la cual baja el agua de la carretera hacia el río. En consecuencia, debe declararse la responsabilidad de la administración, y reducirse el quantum indemnizatorio, en tanto que aquella, por omisión, como el hecho de la víctima, incidieron en forma concurrente en la producción del daño”.
Expediente: 1900123000320060075701
Tema tratado: No se probaron los extremos de un riesgo excepcional/ No se demostró clara, suficiente y certeramente que la muerte de hubiera sido causada con armas de dotación oficial/Revoca fallo primera instancia.
“(i) De la antedicha prueba, que es el informe de la Misión de Trabajo 078, no se desprende que la muerte del señor (…), haya sido producida por impactos de arma de fuego de dotación oficial. Esto corresponde a una conjetura de la A quo, lo que se evidencia en la siguiente frase contenida en la sentencia cuestionada: “Con la mencionada prueba no le cabe duda al Despacho que la muerte del señor (…) fue ocasionada en un aparente operativo oficial, y si los agentes se encontraban investidos con ese rol, está implícito que fue ocasionada con un arma de dotación oficial…”. Incluso, en el proceso se desconoce la causa y manera de muerte del señor (…), al no haberse aportado el documento idóneo que diera cuenta de ellas. ii) De esa prueba tampoco se desprende que la muerte haya sido causada por miembros del DAS, como lo declaró el Juzgado Octavo. Allí, claramente se lee que el subversivo dado de baja, luego identificado como (…), murió tras haberse producido un intercambio de disparos entre unos sujetos presentes en el lugar de los hechos allí descrito, y “unidades del ejército”. (…) (iii) Ahora bien, debido a que la parte demandante no desplegó mayor actividad probatoria a fin de demostrar los hechos en que fundó sus pretensiones, se impone, a contrario de la decisión de instancia, la nugatoria de tales pretensiones. En ese sentido, nota la Sala que, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación, así como la Procuraduría General de la Nación, pusieron a disposición los procesos penales y disciplinarios relacionados con los hechos de la demanda de la referencia, la parte demandante no diligenció lo pertinente a fin de hacerlos llegar al plenario, con lo que incumplió la carga de la prueba. De allí que, no sea posible predicar la responsabilidad de las entidades demandadas, bajo el reproche de acciones u omisiones que sustenten una falla en el deber de protección sobre (…), que fue la tesis inicial de la demanda. Pues, se desconoce la existencia de amenazas en contra de (….) y de su familia, así como la existencia de solicitudes de protección elevadas ante las autoridades estatales. Incluso, las demandadas, y la Procuraduría General de la Nación, negaron expresamente tener información relacionada con tales amenazas o solicitudes. En igual sentido, no quedan probados los extremos de un riesgo excepcional, porque no se demostró clara, suficiente y certeramente que la muerte de (…) hubiera sido causada con armas de dotación oficial, como arriba se explicó”.
Expediente: 1900123000320040036001
Tema tratado: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL/ Caso reparación directa /Condena contra Nación- Ministerio de Educación e ICFES/ Tasación de perjuicios morales en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Analizando el caso concreto, se considera que la imposibilidad de terminar y culminar la carrera de Derecho en la ciudad de Popayán y someterse a un trámite de validación de los estudios cursados le conllevó al actor una frustración tan profunda que para la Sala amerita su indemnización con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes como pasa a analizarse teniendo en cuenta las declaraciones rendidas en este proceso. (…) De lo anterior, la Sala evidencia que el dolor que se generó en el señor SILVIO OVIDIO BARAHONA CABRERA fue uno de los más intensos que se pueden experimentar considerando que el actor sintió frustrado su proyecto de vida, puesto que como lo relatan los testigos, efectivamente tenía unas expectativas para cambiar su actividad de taxista, mejorar sus ingresos y así lograr una mayor calidad de vida. En este punto para la Sala es indudable que la educación como derecho y servicio público -artículos 67 a 69 de la Constitución Política- tiene como objetivo primordial darle cumplimiento a una función social tendiente a favorecer la oportunidad de las personas para poder acceder al conocimiento, las ciencias, la cultura y en fin, a los aspectos que permiten lograr en mayor medida la dignificación del ser humano. Así, la educación era uno de los medios con los que el señor BARAHONA CABRERA pretendía cumplir con su proyecto de vida y acceder a un mejoramiento a nivel económico y social. Por tanto, en este caso particular el daño cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que se generó una aflicción al sentir que se había perdido el esfuerzo de muchos años”.
Expediente: 19001230020090034100
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ Metodología para reconocimiento del lucro cesante.
“….Los testigos fueron coincidentes y claros en señalar que el señor Durán López, al tiempo de la privación de su libertad, laboraba en una cafetería, aunque no recordaban en cuál, ni tampoco sabían el salario que percibía. Ello significa que el señor (…), era un persona económicamente productiva, por lo que ha de procederse al reconocimiento a su favor del lucro cesante, el cual se liquidará por el tiempo que estuvo recluido injustamente, esto es, 2 meses y 22 días, comprendidos entre el 2 de agosto de 2007 y el 24 de octubre de 2007, más el tiempo que se considera tardaría en conseguir empleo, correspondiente a 35 semanas. El criterio, según el cual, para la liquidación del lucro cesante, ha de tenerse en cuenta el tiempo que la persona permaneció efectivamente privada de su libertad, más el tiempo que se considera tardaría en conseguir empleo o acondicionarse en una actividad laboral, ha sido acogido en diferentes pronunciamientos en los que se ha declarado la responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad de personas que desarrollaban o ejercían diferentes actividades, antes de ser privados injustamente de su libertad. Al respecto, pueden consultarse los pronunciamientos siguientes: 14 de abril de 2010, expediente 18860, caso de una persona dueña de una “tienda de barrio”, 9 de junio de 2010, expediente 19312, caso de una abogada litigante, 7 de marzo de 2011, expediente 20171, caso de un carpintero, 26 de mayo de 2011, expediente 20299, caso de dos personas privadas de su libertad, una de las cuales laboraba en una panadería y arreglando motos en su tiempo libre, y la otra comerciaba pintura, 8 de junio de 2011, expediente 19035, caso de una persona que ella misma declaró hacer una actividad lícita, 22 de junio de 2011, expediente 20713, caso de dos hermanos que compra-vendían ropa, 19 de agosto de 2011, expediente 19857, caso de un abogado, 15 de noviembre de 2011, expediente 21681, caso de una persona que trabajaba en la compra y venta en la bolsa de valores, entre otros. En consecuencia, considera la Sala que es razonable proceder a la liquidación del lucro cesante de una persona que fue privada injustamente de su libertad, teniendo en cuenta el tiempo efectivo de su privación más el tiempo que tardaría en conseguir empleo o acondicionarse en una actividad laboral”.
Expediente: 19001230000420080034800
Tema tratado: Responsabilidad médica/ Debe demostrarse el nexo causal entre el daño y el actuar de la Entidad.
“Según lo expuesto, no se encuentra acreditado que las Entidades contra quienes se ha dirigido la acción hayan causado el daño antijurídico por cuya indemnización se reclama, en otras palabras, el vínculo causal se rompió, sin que sea posible dar por probada su existencia, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que ello solo es aplicable “cuando fuera imposible demostrar con certeza o exactitud la existencia del nexo causal, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que probaran dicha relación, el juez podía “contentarse con la probabilidad de su existencia”, pues la realidad procesal del asunto ahora analizado se aleja de tal evento. Además, la misma Alta Corporación precisó que la exigencia de “un grado suficiente de probabilidad”, no implica la exoneración del deber de demostrar la existencia del vínculo causal entre el daño y la actuación médica, que haga posible imputar responsabilidad a la entidad que presta el servicio, sino que ésta es una regla de prueba, con fundamento en la cual el vínculo causal puede ser acreditado de manera indirecta, mediante indicios”.
Expediente: 149001333100820080002700
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ El juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente la figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso/ Régimen objetivo de responsabilidad.
“Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo -strictu sensu–, de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006) y 15.463 (2007), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso. En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio –que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado–, manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible. En estos supuestos es lógico que el régimen de responsabilidad sea objetivo como quiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del servicio sería someterlo a una especie de probatio diabolica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garantía constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el daño que se irrogó con la detención. En efecto, la herramienta del in dubio pro reo –stricto sensu– opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público –y, concretamente, la represión penal– frente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad, razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas públicas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas”.
Expediente: 190013331002200500140601
Tema tratado: Asesinato de Concejal en manos de grupo guerrillero/ Faltan elementos para atribuir responsabilidad del Estado.
“En este sentido, sostener que es un hecho notorio que todos los concejales del país estaban amenazados y que la falta de actividad de la entidad demandada en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, fueron la causa de la muerte del edil, es una desproporción; pues si bien es cierto no se puede desconocer la difícil situación de seguridad pública por la que atravesaba el país, debido al accionar de grupos armados al margen de la ley, de manera especial en el Departamento del Cauca, no es menos cierto que exista manera alguna de relacionar estos hechos de violencia con el asesinato de (….) por las razones esbozadas en la demanda. En otras palabras, no existe ni el más mínimo elemento de convicción que lleve a concluir que fue un grupo armado al margen de la ley el que cometió el homicidio del edil por el cargo que ostentaba, pues este se pudo producir por cualquier otro motivo. Es claro que las autoridades conocían de la presencia de grupos armados al margen de la ley en el lugar donde acontecieron los hechos por los cuales se demanda, no obstante ello no se puede relacionar esto con la muerte de (…)”.
Tema tratado: Asignación de retiro/ Se debe determinar que norma resulta más favorable al demandante, a efectos de ordenar el reajuste.
“Anotado lo anterior, la Sala de decisión acogiendo la tesis expuesta por el H. Consejo de Estado anteriormente referida y que fue adoptada por esta corporación, tesis según la cual, en cada caso se debe determinar qué norma resulta más favorable al demandante, a efectos de ordenar el reajuste de la asignación de retiro por uno u otro sistema (Régimen de oscilación – IPC), se tiene que, en el asunto objeto de estudio, la entidad demandada al negar el reajuste de la asignación de retiro del actor con base en el IPC, no quebrantó los principios de favorabilidad e igualdad, puesto que tal y como antes se demostró, al demandante le resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro con base en el régimen oscilatorio y no con base en el sistema contenido en el artículo 14 de la ley 100 de 1993”.
Expediente: 19001333100120080015302
Tema tratado: Pensión Gracia/ No es posible declarar prescritas la totalidad de las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al acto que ordenó reajustar el valor de la pensión gracia.
“En el presente asunto, la Caja Nacional de Previsión Social por medio de la Resolución 52760 del 1° de noviembre de 2007, reliquidó la pensión gracia de la actora, por nuevos factores de salario, efectiva a partir del 24 de agosto de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 22 de mayo de 2004, por prescripción trienal y negó la indexación de las sumas reconocidas, razón por la cual la demandante solicitó la nulidad parcial de dicho acto, con el fin de que se le reconociera el valor del reajuste de la mesada pensional desde el momento en que adquirió el estatus pensional, sin aplicar prescripción alguna, y que el valor a pagar por dicho reconocimiento fuese indexado.(…) Al respecto, teniendo en cuenta el cargo de apelación, la condición de apelante único de la entidad demandada, y la limitación que ello implica para la decisión del caso en concreto, considera la Sala que la sentencia objeto de alzada debe ser confirmada, en tanto que no es posible declarar prescritas la totalidad de las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al acto que ordenó reajustar el valor de la pensión gracia de la actora, ya que, en aras de garantizar los derechos de los administrados, la ley ha establecido un término a partir del cual se configura éste fenómeno, mandato que no puede ser desconocido ni por la administración ni por el operador jurídico”.
Expediente: 19001230000420070027201
Tema tratado: Asignación de retiro/ En su incremento se aplica el principio de oscilación a partir del 2005.
“Lo anterior permite afirmar, que el incremento de la asignación de retiro se efectuaba conforme al principio de oscilación establecido en el Decreto 1211 de 1990, pero posteriormente, en vigencia de la Ley 238 de 1995 éste se reajustaba conforme al IPC anual, claro está, solo en el evento en que fuera más favorable, y en la actualidad, a partir del 1 de enero del año 2005, nuevamente aplica el método de la oscilación; en consecuencia, no es posible que a partir de esa fecha se utilice el porcentaje más favorable que surja entre el aumento salarial de los miembros de la policía, y el índice de precios al consumidor, como lo pretende el apelante, razón suficiente para mantener incólume la decisión recurrida. En conclusión, le asiste razón al Juez de instancia al negar la pretensión invocada por el extremo procesal demandante, tendiente a que para el ajuste de su asignación de retiro se tenga en cuenta la base porcentual mas favorable entre los fijados como aumento salarial e I.P.C., cuando por ministerio de la ley, a partir del año 2005, ello se encuentra claramente definido”.
Expediente: 190001233100220010125500
Tema tratado: Certificados de urbanismo expedidos por Curaduría/Error al clasificar la zona como área de actividad residencial/ Indebida modificación unilateral por la Secretaría de Planeación.
“Entonces, de conformidad con el Código de Urbanismo ya citado, se tiene que la Secretaría de Planeación Municipal ante la petición elevada por el representante legal de la Asociación de Vivienda Bolívar 2000, expidió el Certificado de Urbanismo CU Nº 0035 del 25 de septiembre de 1998, por medio del cual el predio identificado con el numero 00- 1- 004 – 035 – 000, ubicado en el sector de Calibio de esta ciudad, fue clasificado como Área de Actividad Residencial. No obstante, la Secretaría de Planeación al advertir el error en que había incurrido al darle dicha clasificación, expide la Resolución 0092 del 17 de marzo de 2000, en el cual se modifica de manera unilateral la clasificación dada en el Certificado de Urbanismo Nº 0035 y de conformidad con las normas del Decreto 228 de 1994 (Código de Urbanismo), determina que efectivamente dicho predio se encuentra en una zona clasificada como Área de Parcelación. Teniendo en cuenta que con dicha clasificación del uso del suelo la Asociación de Vivienda no podría llevar a cabo su proyecto y al haber sido notificado de manera personal a su representante legal, éste decide interponer los recursos de la vía gubernativa, los cuales concluyen con la expedición de la Resolución 1390 del 11 de julio de 2000, por medio de la cual el Alcalde Municipal decide revocar la Resolución 0092 expedida por la Secretaría de Planeación y en su lugar deja vigente el Certificado de Urbanismo CU 0035, el cual clasificó el lote objeto de litigio como Área de Residencial. Revisados los argumentos expuestos para revocar la resolución 092 mencionada, llama la atención a la Sala que no existe en el contenido del acto administrativo, ningún argumento jurídico válido que permitiera adoptar dicha decisión, pues lo que se plantea es que con la el certificado de urbanismo expedido por la Secretaría de Planeación Municipal, se generó para la Asociación de Vivienda, una expectativa, lo cual devino en la adquisición del lote de terreno que la propia administración clasificó como Residencial, sin serlo. Así pues, el argumento expuesto por el Alcalde Municipal para dejar vigente un certificado de uso de suelo, que de bulto no se adecuaba a la clasificación dada por el Código de Urbanismo para ese sector, configura una violación de normas superiores y en concreto del artículo 313 numeral 7 de la Constitución Política, que le atribuye esta función al Concejo Municipal y no al Alcalde.(…) Así pues, se encuentra probado que si bien es cierto el Concejo Municipal facultó de manera temporal al Alcalde para que expidiera el denominado Código de Urbanismo, en el cual consta que el lote objeto de debate se encontraba clasificado como Área de Parcelación, debe precisarse que a pesar de que el Código de Urbanismo fue expedido por el Alcalde Municipal, esto no significa que dicha autoridad pudiera motu propio entrar a modificar su contenido mediante un acto administrativo, pues tal actuación constituye una flagrante violación a las normas superiores, por extralimitación en la competencia funcional, ya que tal como se dejó visto la regulación de los usos del suelo en el Municipio, por mandato del artículo 313 numeral 7º de la Carta Política le fue atribuida al Concejo Municipal”.
Expediente: 1900123000320010133600
Tema tratado: Ineptitud de demanda/ Falta de Integración del Litisconsorcio Necesario/ Existe una relación sustancial con los actos por medio de los cuales la administración municipal certificó el uso de suelo del predio objeto de la licencia, toda vez que son el fundamento de la misma.
“El Municipio de Popayán propuso como excepción la ineptitud de la demanda por no integrar el litisconsorcio necesario, en el entendido que en la expedición de los actos demandados intervino la Curaduría Urbana Dos, entidad que al ser competente para expedir las licencias de construcción, también debía ser demandada. La Sala observa que entre los actos demandados se encuentra la Resolución CU2 – 359 del 28 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Curador Urbano N° 2 del Municipio de Popayán, otorgó la licencia de construcción a la Asociación de Vivienda Bolívar 2000 para el proyecto “Alcazar de Pino Pardo” y la Resolución 005 de 31 de enero de 2001, por la que se le concedió al demandante el recurso de apelación frente al acto antes mencionado, en virtud de lo anterior, en principio, podría tratarse de un Litis consorcio necesario, al haber sido el Curador quien expidió uno de los actos demandado. Precisa la Sala que de acuerdo a la doctrina el Litis consorcio necesario, se presenta cuando varias personas deben obligatoriamente comparecer dentro de un proceso, bien sea como demandantes o como demandados, porque existe identidad con la relación de derecho sustancial que se debate (…) En el presente caso, el demandante solicitó que se declarara la nulidad del certificado de urbanismo expedido por la Secretaria de Planeación, modificado por el Alcalde del Municipio de Popayán, a través de la Resolución 1390 del 11 de julio de 2000 y que a su vez se deje sin valor la Resolución N° CU2 359 del 28 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Curador Urbano N° 2 de Popayán otorgó licencia de construcción a la Asociación de Vivienda Bolívar 2000 para desarrollar el proyecto urbanístico Alcázar de Pino Pardo. De manera que, como una de las pretensiones de la demanda es dejar sin efectos la Resolución N° CU2 359 del 28 de noviembre de 2000, la cual tiene una relación sustancial con los actos por medio de los cuales la administración municipal certificó el uso de suelo del predio objeto de la licencia, toda vez que son el fundamento de la misma, considera la Sala que en el presente asunto ha debido vincularse al Curador Urbano N° 2 del municipio de Popayán, ya que fue quien expidió dicha resolución, en consecuencia, se declarará probada la excepción de inepta demanda por no integrar en debida forma el litisconsorcio necesario”.
Magistrado Ponente: CARMEN AMPARO PONCE
Expediente: 19001230000120040070101
Tema tratado: Educadores /Compromisos de recuperación de tiempos no laborados/ No se probó falta de motivación del acto administrativo que negó los pagos respectivos.
“Por lo tanto, al estar el acto administrativo acusado amparado de respaldo legal y al no probarse la falsa motivación por carencia de justificación legal como lo expresó la parte demandante, y además, como no se encuentra en el expediente prueba alguna que acredite la existencia de un acuerdo entre las partes para la recuperación del tiempo dejado de laborar y la constancia de que efectivamente el trabajador cumplió con dicha obligación para acceder al pago de lo solicitado por la actora, correspondiendo a ésta la carga de la prueba, conlleva a la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la demanda. Se debe recordar que conforme el art. 177 del CPC, la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso, para que los derechos le sean reconocidos, pues por deficiencia probatoria no es posible resolver la controversia en el presente asunto. En este caso la parte demandante no aportó el documento con los requisitos para ser valorado, ni solicitó en la etapa probatoria fuera remitido el documento autenticado por las autoridades intervinientes. Así las cosas, la Sala no encuentra procedente la declaratoria de nulidad del acto acusado y, por tanto, se revocará la sentencia del 29 de enero de 2010, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán; y en consecuencia se negaran las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001233100220040084802
Tema tratado: Declaración de insubsistencia/Provisional nombrado en cargo de carrera/ No requiere motivación/ Presunción de legalidad del acto administrativo de desvinculación/ Línea jurisprudencial del Consejo de Estado.
“Anotado lo anterior, se tiene demostrado que el demandante fue nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa como Inspector de Policía del Municipio de Rosas, del cual fue declarado insubsistente sin que en el acto de desvinculación se explicara las razones de la decisión. Es preciso aclarar, que no reposa en el expediente prueba alguna que acredite que el demandante se encontraba inscrito en carrera administrativa o que hubiere ingresado a dicho cargo por concurso de méritos, situación que implicaría las garantías inherentes a dicho status, especialmente a las condiciones de su retiro. En este sentido, conforme a las normas vigentes para la época de expedición del acto administrativo y la jurisprudencia citada, no gozaba el actor de ninguna estabilidad, razón por la cual podía la entidad desvincularlo sin observar ningún procedimiento previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario del Decreto Ley 2400 de 1968, el Decreto 2504 de 1998, modificatorio del artículo 4º del Decreto 1572 de 1998 y el artículo 7º del mismo Decreto 1572 de 1998, normas que son referidas por la jurisprudencia arriba citada de las cuales se infiere que el Alcalde del Municipio de Rosas, tenía la facultad para declarar la insubsistencia del nombramiento del actor, sin motivación expresa, al presumirse con dicho acto el mejoramiento del servicio. Ahora bien, dentro de la parte considerativa de la sentencia apelada, se expone que el Alcalde omitió el deber legal de investigar dentro de lo dispuesto en la Constitución y la Ley, las actitudes y actuaciones del funcionario, donde éste, en aplicación al debido proceso, hubiera tenido la oportunidad de defenderse, actuando por lo tanto con desviación de poder, al negarle el citado derecho. No obstante, de conformidad con las normas citadas, no existía el deber legal del Alcalde de realizar ningún tipo de investigación con audiencia del actor, antes de expedir el citado acto, pues éste último es expedido con fundamento en la facultad de libre remoción con que contaba el nominador para la época en que tomó la decisión, la cual iba aparejada a la misma discrecionalidad que tuvo el nominador para vincularlo sin la exigencia previa del concurso de méritos, facultad que es sustancialmente diferente a la potestad disciplinaria, la cual sí exige la ritualidad de adelantar un debido proceso, por su naturaleza sancionadora. De otra parte, si bien es cierto deben existir una serie de causas que motiven la expedición de un acto administrativo de desvinculación, el Consejo de Estado ha sostenido que se presume la legalidad de los actos administrativos que declaran la insubsistencia, y que también se presume que son expedidos en aras del buen servicio público, presunción que es susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional, aduciendo y probando por el interesado, que el motivo determinante fue diferente al buen servicio público”.
Expediente: 1900133310420050061001
Tema tratado: Declaración de Insubsistencia de provisional en cargo de carrera/Reestructuración planta de personal/No se tiene derecho a indemnización ni a reintegro/Revoca sentencia.
Total, al no aparecer acreditado fehacientemente en el infolio que la demandante estaba inscrita en carrera administrativa, aún la inconsistencia de estar nombrada en propiedad en un cargo que estaba clasificado como de de carrera administrativa, la determinación de declarar insubsistente su nombramiento como resultado de un proceso de reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Páez y consiguiente supresión de cargos, sin que se le hubiere ofrecido la opción de ser indemnizada o de optar por la revinculación dentro de los seis meses siguientes, no desconoció el debido proceso, porque estas prerrogativas están reservadas por la ley para los empleados a quienes se les suprime sus cargos y se encuentran inscritos en carrera administrativa: ni los de libre nombramiento y remoción, ni los provisionales, que a juicio de la Sala en esta condición estaba la actora, pese al referido nombramiento en propiedad, detentan estas oportunidades. Así las cosas, visto que el A quo resolvió declarar la nulidad del Decreto 00098 del 15 de diciembre de 2004, al inferir, equivocadamente, que la actora era empleada pública vinculada a carrera administrativa, ordenando su reintegro laboral, todo esto por violación del artículo 29 constitucional, cuando lo habido probatoriamente no abona esas declaración y orden, la decisión de segunda instancia estará por la revocatoria del fallo, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 1900123000420070002401
Tema tratado: Asignación de retiro/ La entidad demandada al negar el reajuste de la asignación de retiro del actor con base en el IPC, quebrantó los principios de favorabilidad e igualdad.
“De análisis de los anteriores cuadros comparativos la Sala concluye que efectivamente la asignación de retiro sufrió un detrimento entre los años 2003 y 2004; esto es, entre el que fue reconocido por la entidad demandada con aplicación del sistema oscilatorio y los valores que resultan luego de realizar el ejercicio del reajuste de la asignación de retiro con la aplicación del IPC, puesto que las mesadas recibidas conforme al régimen de oscilación resultan ser menores que el valor resultante de la realización del reajuste observando el IPC, para los mismos periodos. Anotado lo anterior, la Sala de decisión acogiendo la tesis expuesta por el H. Consejo de Estado anteriormente referida, tesis según la cual, en cada caso se debe determinar que norma resulta más favorable al demandante, a efectos de ordenar el reajuste de la asignación de retiro por uno u otro sistema (Régimen de oscilación – IPC), se tiene que, en el asunto objeto de estudio, la entidad demandada al negar el reajuste de la asignación de retiro del actor con base en el IPC, quebrantó los principios de favorabilidad e igualdad, puesto que tal y como antes se demostró, al demandante le resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro con base en el sistema de la Ley 100 de 1993, art. 14 y no con base en el sistema oscilatorio, en los años 2003 y 2004. Entonces para el sub examine, tenemos que la base pensional ha sufrido modificaciones en los años 2003 y 2004, razón por la cual la entidad demandada deberá reajustar el valor de la mesada pensional del demandante de dichos años, con base en el índice de precios al consumidor – IPC- certificado por el DANE del año inmediatamente anterior (diferencia entre lo reconocido y lo que se debe liquidar), debidamente actualizadas al momento de su pago efectivo conforme lo dispone 178 del C.C.A. Por consiguiente, la Sala concluye que la pretensión de nulidad del Oficio OJURI /3266 del 10 de octubre de 2006, está llamada a prosperar parcialmente, por encontrarse demostrados los cargos de violación planteados contra el acto acusado por las razones aquí esbozadas; y en consecuencia, se procederá a revocar parcialmente y modificar la sentencia consultada”.
Expediente: 19001230000120050081001
Tema tratado: Prima técnica/ Es un reconocimiento a los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público/No opera para funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
“Ahora bien, la demandante pretende el pago de la prima técnica, con base en el artículo 3º del Decreto 1661 de 1991 y Decreto Reglamentario 2164 del mismo año, arts. 5 y 7; sin embargo, dicho incentivo económico, es un reconocimiento a los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público, cumpliendo uno de los requisitos, empleos con conocimientos especializados o evaluación de desempeñó, como lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-569 del 15 de julio de 2003, pero para el caso bajo examen, concluye la Sala que (…), no tiene ningún derecho adquirido en vigencia de esta norma por pertenecer a la Defensoría del Pueblo”.
Sala: De consulta y servicio civil
Magistrado ponente: Augusto Hernández Becerra
Expediente: 1100103060002012001500
Tema tratado: Conflicto de competencias administrativas entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
“Es por tanto un imposible fáctico y jurídico que un proceso de responsabilidad fiscal constituya, expresa o tácitamente, el ejercicio de una función judicial o jurisdiccional o que la autoridad que tramite aquel ejerza por ese hecho funciones judiciales, ya que como ha quedado expuesto, adelantar tales procesos es una función típicamente administrativa. Ahora bien, si para el cumplimiento y apoyo eficaz de sus competencias administrativas la Contraloría ha sido facultada por la ley para ejercer funciones de policía judicial, ello no desnaturaliza el carácter eminentemente administrativo de su competencia para convertirla en una función judicial y, de contera, transformar a la Contraloría General de la República en una autoridad jurisdiccional. En consecuencia, la autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señalados en la parte resolutiva de esta decisión corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República”.

References: resolución 
 artículo 70
 artículo 70
in dubio
in dubio
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 313
 artículo 313
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 3