Source: https://www.slideshare.net/mussiclav/ley-televisa-8179946
Timestamp: 2018-05-21 20:49:14+00:00

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Caricatura periodistica by Jassim Meyer 169878 views
1. Ley televisa <br />y la lucha por el poder en México <br />
2. Capitulo I<br />Antecedentes legislativos de<br />la “Ley Televisa”<br />
3. un par de argumentos del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la<br />Nación, Genaro Góngora Pimentel, en el debate que en mayo de 2007 se<br />llevó a cabo en el Pleno del Poder Judicial, durante el análisis de la Acción<br />de Inconstitucionalidad de las Reformas a las Leyes Federales de Radio y<br />Televisión y de Telecomunicaciones (“Ley Televisa”)<br />los antecedentes de las reformas en el<br />marco de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, en<br />los artículos 6 y 7, y cuyo debate forma parte de los en México.<br />a éstos se ha venido registrando desde hace 30 años.<br />
4. Primera etapa. El reconocimiento constitucional<br />En el marco de la llamada reforma política, el 30 de diciembre de 1977, el<br />presidente José López Portillo presentó una iniciativa que modificaba 17 artículos<br />constitucionales, incluyendo la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos<br />Electorales, en cuyos considerandos expresó:<br />Se estima conveniente establecer como prerrogativas de los partidos políticos<br />su acceso permanente en la radio y la televisión, sin restringirse a los periodos<br />electorales, esta prerrogativa tiene el propósito de dar vigencia en forma más<br />efectiva al derecho de información que mediante esta iniciativa se incorpora al artículo<br />6 constitucional.<br />
5. Otro aspecto que debe ser incorporado en los antecedentes del derecho a la<br />información en México fue, sin duda, el debate internacional que en la década<br />de 1970 se generó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la<br />Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura<br />(UNESCO) frente a la concentración de las fuentes de información de las grandes<br />agencias informativas y que puso sobre la mesa el desequilibrio informativo y la<br />necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación<br />Lo anterior puede explicar que los principales tratados y convenciones<br />internacionales que incorporan los derechos a la libre expresión y el derecho<br />a la información, como el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”<br />(ONU, 1966) y la “Convención americana sobre derechos humanos” (OEA,<br />1969), hayan sido incorporados en 1981 como parte del derecho mexicano para<br />su plena vigencia como norma interna<br />Con esta formalización institucional del derecho a<br />la información se inicia en nuestro país el debate y los intentos por materializar<br />en normas jurídicas, la posibilidad de su ejercicio y garantía plena, que aún hoy<br />seguimos esperando.<br />El<br />
6. El inicio de los debates públicos<br />Treinta años han pasado desde el reconocimiento constitucional del derecho ala información en México,<br /> importantes consultas: en<br />1979 convocadas por el Poder Legislativo, en 1983 por el Ejecutivo, en 1995<br />nuevamente por el Legislativo, en 2001 nuevamente por el Ejecutivo, en 2004 y<br />2005 nuevas consultas en el Legislativo. Sin considerar los cientos de congresos,<br />foros y conferencias que durante este largo periodo han sido realizados en el<br />ámbito académico.<br />Como resultado de estos debates, también se pudo constatar el crecimiento<br />y consolidación de los argumentos respecto de la actualización de las normas<br />reglamentarias y simultáneamente las esgrimidas por quienes históricamente se<br />han opuesto a modificar “una sola coma”, la regulación vigente que ha permitido<br />el cómodo statu quo en el que se han asentado y crecido los grandes medios de<br />comunicación privados.<br />
7. Primera llamada... primera<br />Durante la entonces clásica comida conmemorativa de la libertad de expresión,<br />el 7 de junio de 1977, el presidente José López Portillo manifiesta su convicción<br />sobre la necesidad de poner orden en materia de comunicación y cumplir con la<br />promesa hecha en su campaña sobre la garantía del derecho a la información:<br />En el caso de la información no basta con abrir la oportunidad legal y libre para que<br />haya información y comunicación. En una economía mixta en la que los procesos<br />mercantiles también se garantizan, menester es garantizar que quienes por la<br />fortuna no tienen medios, tengan sí la seguridad de informar y ser informados.<br />Cuatro meses después, el 4 de octubre de 1977 el presidente envía a la Cámara<br />de Diputados la iniciativa de ley que modificaría 17 artículos constitucionales<br />incluyendo la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y que<br />fuera aprobada por el Congreso de la Unión, el 30 de diciembre de 1977 y que,<br />como ya mencionamos, incorpora al artículo 6 constitucional, la garantía del<br />derecho a la información.<br />
8. El derecho a la información es ya expresión constitucional, pero todavía no<br />suficientemente garantizada. Y éste es uno de los retos que se le presentan a la<br />estructura democrática del país<br />Hasta aquí la lógica del procedimiento no presentaba dudas, la presentación<br />de una propuesta reglamentaria parecía ser el paso consecuente. Así, el 18 de<br />septiembre de 1979, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles,<br />dio a conocer la realización de audiencias públicas en la Cámara de Diputados,<br />que tendrían como objetivo conocer las posiciones del sector social sobre el<br />reglamento del derecho a la información.<br />Finalmente, se reconoció<br />al Estado como principal obligado a establecer un organismo regulador de las<br />actividades del comunicador, todos estos son argumentos que reflejan los puntos<br />de consenso. Sólo 15% (22) de las 140 ponencias manifestaron estar en contra<br />de la reglamentación del derecho a la información.1<br />
9. En abril del mismo año, el diputado Farías deja ver que existían presiones para<br />que se abandonara la discusión sobre el tema: “La reglamentación del derecho a<br />la información no estará sujeta a la presión de los grandes intereses que se oponen<br />a ella.<br />El cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados no ha encontrado la fórmula<br />para reglamentar el derecho a la información. Por decirlo así, no le encontramos la<br />cuadratura al círculo. Hasta la fecha he rechazado varios proyectos presentados<br />porque representaban un atentado directo a la libertad de expresión [...] Considero<br />difícil que durante este periodo de sesiones se presente un proyecto definitivo<br />[...] Porque este problema es tan complejo como el de la corrupción.<br />una propuesta de<br />actualización normativa a manera de ley integral que ordenaba la legislación<br />vigente e incluía algunos preceptos no existentes, procurando hacer congruente<br />el cuerpo jurídico general. Además de propuestas para una reordenación<br />administrativa de las instituciones gubernamentales, entre las que estaba la<br />creación de los institutos, tanto el de la radio (Instituto Mexicano de la Radio,<br />Imer), el de televisión (Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión), el de<br />cine (Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine) y el del libro (Instituto<br />Mexicano del Libro, Imel).<br />
10. Lo publicado refleja una buena síntesis de lo que se proponía, así como<br />también nos permitirá evaluar, si lo expuesto en las páginas publicadas era motivo<br />suficiente para entender las reacciones que provocaría:<br />El derecho a la información, garantizado en el artículo sexto de la Constitución,<br />involucra, de acuerdo con el anteproyecto de ley, los siguientes puntos: derecho<br />a solicitar información a las fuentes idóneas; de proveer información a los<br />medios de comunicación social y en general a quienes lo requieran; de informar<br />públicamente; requerir que los mensajes sean publicados en los medios de<br />comunicación social siempre que revistan importancia pública; derecho a<br />una información cierta, objetiva, completa, plural y comprensible<br />
11. las principales propuestas que en 1980-1981 se<br />consideraban indispensables, eran:3<br />• Establecer normas claras para el otorgamiento de frecuencias, y reglas para<br />la renovación de acuerdo con los compromisos establecidos en los títulos de<br />concesión.<br />• Obligación del aprovechamiento racional de las bandas no utilizadas en el<br />espectro.<br />• Favorecer en el otorgamiento de concesiones y permisos a quienes se comprometan<br />a destacar la función social del medio, así como proporcionar formas<br />de participación social en la programación.<br />• Equilibrar la disparidad entre las frecuencias comerciales y las de contenido<br />social, cultural y educativo.<br />
12. (Sociedades para la Comunicación Social de Patrimonio Colectivo) o de las<br />iniciativas de participación social en los medios.<br />• Utilizar plenamente los tiempos disponibles en radio y televisión para<br />canalizar las iniciativas de participación social.<br />• Establecer las medidas necesarias para la eficiente administración del espectro,<br />en particular privilegiando la participación social y del estado en la banda<br />UHF y televisión de cable.<br />• Aprovechar el sistema de televisión por cable para satisfacer las necesidades<br />de cobertura educativa.<br />• Establecer los mecanismos adecuados para la verificación de circulación y<br />audiencias de los medios de comunicación a partir del Registro Público de<br />la Comunicación Social.<br />
13. Establecer un servicio nacional de centros y acervos de datos de operación<br />telemática de acceso público y otras medidas dirigidas a evitar las tendencias<br />a la privatización de la información mediante las nuevas tecnologías.<br />• Estimular la creación de asociaciones de receptores.<br />• Crear la figura (y elaborar una reglamentación específica) de sociedad de<br />comunicación social de patrimonio colectivo.<br />
14. Cuando Luis M. Farías, líder de la Cámara de Diputados, dio por terminado<br />el debate tenía en las manos la propuesta de la Presidencia, nunca lo reconoció<br />en ese momento; sin embargo, diez años después, en entrevista con Proceso,4<br />explicó el final de este episodio:<br />En reuniones privadas se lo dije al presidente: si aprobamos esto te vas a convertir<br />en el gran censor. ¿Quiéres pasar a la historia como el que limitó la libertad de<br />expresión? [...] Mejor déjalo todo como está.<br />Le dije que yo entendía su interés y su preocupación, que había hecho una cosa<br />muy bonita, en teoría pero no práctica, y que atentaba contra la Constitución.<br />Nunca lo aceptó. Después renunció y ya no supe de él.<br />Dijo ignorar si Televisa y otros grupos privados presionaron directamente:<br />“No supe de reuniones privadas, pero no dudo que hayan existido.<br />La ciudadanía, apenas estrenada en los asuntos del debate público, sigue<br />participando y muestra mayor exigencia en sus demandas con 2 mil ponencias<br />presentadas5 por los sectores interesados en el tema, para dejar nuevamente la<br />expectativa de la reforma en un cajón, limitando ésta a un ajuste administrativo<br />de ordenamiento de los recursos del Estado en la comunicación.<br />
15. Segunda llamada... segunda<br />Como resultado de estas deliberaciones, y casi a punto de cerrarse los trabajos<br />de la LVI Legislatura, después de diagnósticos, propuestas y búsquedas de<br />consensos, el 22 de abril de 1997 los diputados federales del PRD, PAN y PT,9<br />miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social,10 presentaron<br />ante el pleno de la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley: la Ley Federal<br />de Comunicación Social, reglamentaria a los artículos sexto y séptimo de la<br />Constitución, presentada por la diputada María Teresa Gómez Mont (PAN) y el<br />proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal<br />de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para crear<br />un nuevo marco legal que regule el otorgamiento, revocación o cancelación de<br />las concesiones de radio y televisión en México,11 presentado por la diputada<br />Ana Lilia Cepeda (PRD). Detenernos en lo propuesto en esta iniciativa<br />
16. Las leyes y reglamentos aún vigentes han sido utilizadas en beneficio de unos<br />cuantos grupos de concesionarios y dueños de los medios, estableciéndose una<br />relación de beneficios mutuos entre éstos y el gobierno.<br />Así,<br />se abre la posibilidad que tendrán dichas estaciones para comercializar espacios<br />publicitarios, conjugando así las necesidades de sobrevivencia de dichas estaciones<br />con la labor cultural y educativa que realizan con las comunidades indígenas,<br />rurales y urbanas del país.<br />
17. El 10 de septiembre de 1998, la Comisión de RTC tomó el acuerdo unánime<br />de conformar una subcomisión revisora, en primer lugar de la iniciativa de Ley<br />Federal de Comunicación Social<br />quedando integrada por tres miembros de<br />cada fracción parlamentaria, quienes definieron su programa de trabajo entre el<br />21 y el 30 de septiembre de 1998, calculando presentar la conclusión de su trabajo<br />el 27 de octubre de ese mismo año, <br />
18. A pesar de que desde la Comisión de RTC se enviaron comunicados de prensa,<br />cartas aclaratorias a los periódicos e invitaciones a conferencias de prensa14 en donde<br />explicaron el proceso de revisión de la iniciativa de Ley Federal de Comunicación<br />Social, negando que existiera un intento por coartar las libertades de información<br />y de expresión garantizadas constitucionalmente, los principales encabezados,15<br />insistían en referirse a una “ley mordaza”, sin mencionar que lo que se presentaba<br />como noticia era la misma iniciativa<br />
19. Tercera llamada... tercera<br />Ese 10 de octubre de 2002, durante la comida de clausura de la tradicional<br />Semana de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, su presidente<br />Bernardo Gómez,19 anuncia “el fin del 12.5% y un nuevo reglamento de la<br />Ley Federal de Radio y Televisión”. Vicente Fox sólo ratifica lo anunciado por<br />el presidente de la CIRT.<br />México inicia una nueva etapa después de los resultados del 2 de julio de 2000,<br />con un gobierno distinto al PRI y donde la Reforma Política de 1977 parecía<br />haber encontrado una etapa concluyente, con un órgano electoral autónomo<br />y una sociedad más participativa que logró un Congreso más heterogéneo en<br />su representación política.<br />
20. El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (1973 -2002)<br />realizó modificaciones que muy lejos quedaron de resolver los problemas<br />centrales de las formas de operación de los medios electrónicos<br />el 4 de diciembre de 2002 llevaron los resultados al Senado de la República<br />presentándolos como iniciativa ciudadana, éste la hizo suya al convertirla en<br />Iniciativa de Ley el 12 de diciembre de 2002, presentada por Raymundo<br />Cárdenas (PRD) y Javier Corral Jurado (PAN) y firmada por 64 senadores (PAN,<br />PRD, Convergencia y PVEM)<br />
21. Capítulo II ¿Qué fue la “Ley Televisa”? <br />Radiodifusión y telecomunicaciones<br />Los servicios de radio y televisión, como el de las telecomunicaciones, constituyen<br />dos campos regulatorios diferentes, tanto por la naturaleza de los servicios<br />que se prestan, como por el fin que cada uno persigue. Mientras que en las<br />telecomunicaciones el uso del espectro para cumplir su cometido constituye una<br />actividad de naturaleza eminentemente mercantil, el servicio de radiodifusión<br />cumple una importante función social, en virtud del interés público que busca<br />satisfacer; verificable, en parte, por la gratuidad de las transmisiones dirigidas<br />a la población en general<br />
22. Por ello conviene revisar las reformas a los artículos 2 y 28 primer párrafo,<br />fracción II de la LFRTV, así como la adición de dos fracciones al artículo 3 de<br />la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), pues su redacción no abona a su<br />comprensión conceptual; al contrario, confunde.<br />Por ello era necesario que la radiodifusión se constituyera legalmente como<br />un servicio de telecomunicaciones, a efecto de que los concesionarios –no así los<br />servicios de radio y televisión permisionados– pudieran ampliar su capacidad<br />de hacer negocio sin necesidad de participar en un proceso legal para que se<br />les adjudicara la prestación de un servicio de esta naturaleza,<br />A lo anterior contribuye la introducción del artículo 7-A en la LFRTV, que<br />establece las reglas de la supletoriedad y precisa en su fracción I que a falta de<br />regulación específica, deberá aplicarse, en primer lugar, la LFT. Como se sabe,<br />la supletoriedad aplica en aquellos supuestos normativos en los cuales no existe<br />disposición expresa en la ley especial<br />
23. La ley favorece la concentración<br />Lo anterior fomenta fenómenos de concentración,2 pues el hecho de permitir<br />a un concesionario explotar nuevos servicios sin mediar licitación, limita la<br />participación de otros interesados, lo cual, además, resulta ilegal, pues ningún<br />acto administrativo firme, como en el presente caso sucede con una concesión<br />de radio y televisión, puede generar en favor de su titular un derecho adicional<br />que debe ser materia de un acto administrativo diferente<br />
24. acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.<br />Por otra parte, lo dispuesto en el artículo 16 favorece sobremanera los<br />fenómenos de concentración, pues si bien disminuye a 20 años el plazo de las<br />concesiones –en la versión anterior de la ley este plazo era de 30 años– beneficia<br />No existe posibilidad alguna para que una concesión que vence se adjudique<br />a alguien diferente al actual concesionario, pues no se establecen requisitos<br />adicionales para evaluar la factibilidad de la prórroga<br />“El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés<br />general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y<br />aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que<br />las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren<br />la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y<br />evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.<br />
25. Lo dispuesto por el artículo 16 de la LFRTV, en la parte comentada, de<br />ninguna manera asegura un esquema que evite fenómenos de concentración,<br />pues reitero, sería indispensable introducir criterios que permitieran evaluar de<br />manera objetiva, por lo menos, el cumplimiento de la función social referida en<br />el artículo 5 de la Ley, previo a que se autorizara la prórroga.<br />Órgano regulador<br />establece el artículo 27 de la Constitución General de la República.<br />No deja de ser importante la reforma que adiciona un artículo (9-A) a la<br />LFT, por medio del cual se le otorgan atribuciones a la Cofetel en los diversos<br />ámbitos de su competencia, entre los cuales puede leerse en la fracción XVI que<br />“de manera exclusiva” la Cofetel adquiere “las facultades que en materia de radio<br />y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley<br />Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales<br />
26. la SCT mantendrá una función importante en materia de<br />telecomunicaciones es la hipótesis contenida en la fracción XV del artículo 9-A<br />anteriormente citado, que atribuye a la Cofetel capacidad para “proponer al titular<br />de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición de sanciones<br />por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas<br />aplicables”, es decir, que siempre habrá la posibilidad de que el titular del ramo<br />no esté de acuerdo con la propuesta de sanción que haga la Cofetel<br />
27. Los redactores de la iniciativa de reformas a la LFT pensaron que para<br />asegurar su congruencia con lo dispuesto por el artículo 27 de la Carta Magna<br />que en su párrafo sexto ordena que “el uso o aprovechamiento de los bienes del<br />dominio directo, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a<br />las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por<br />el Ejecutivo Federal,<br />Por ello, es necesario insistir sobre la necesidad de fortalecer a la Cofetel a<br />nivel de una reforma constitucional, pues de otra forma siempre se mantendrá<br />dependiente de la SCT.<br />En el caso de la Cofetel, se formula una propuesta similar a la que se aplicó<br />en la designación de los comisionados del IFAI, que permite al Ejecutivo<br />Federal realizar los nombramientos y someterlos a conocimiento del Senado de<br />la República, para que éste, o la Comisión Permanente, según el momento en<br />que se haga la propuesta, evalúe el perfil de las personas designadas<br />
28. Por otra parte, en la ley se observa una insuficiencia importante, relacionada con el ejercicio profesional de quienes lleguen al cargo de comisionados, pues<br />no se introduce la posibilidad de vetar a quienes hayan mantenido una situación de empleados de los concesionarios, ya sean de telecomunicaciones como de<br />radiodifusión, con lo cual se corre el riesgo de que el conflicto de intereses no sea una limitante para que determinada persona ocupe el cargo de Comisionado de la<br />Cofetel.<br />
29. Régimen de concesiones y permisos<br />Es preciso señalar que en términos del artículo 27 constitucional, el otorgamiento<br />de concesiones deberá realizarse conforme a “las reglas y condiciones que<br />establezcan las leyes”, aunque no basta simplemente con introducir ciertos<br />criterios legales para asegurar que se cumple con lo anterior, pues el décimo<br />párrafo del artículo 28 de la Carta Magna establece que en caso de que se<br />concesione un servicio del dominio directo, “las leyes fijarán las modalidades<br />y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la<br />utilización social de los bienes”.<br />
30. [...] el precepto constitucional [...] únicamente establece como requisito para<br />su procedencia, que sea ejercida por el equivalente al 33% de los integrantes del<br />órgano legislativo estatal que haya expedido la norma que se combate, por lo que<br />Sobre el tema, cabe resaltar el sentido de los informes que presentaron las cámaras<br />del Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sostienen la<br />validez de la norma general impugnada<br />
31. Capítulo III<br />El proceso legislativo de la aprobación de las reformas<br />Los 327 diputados que aprobaron la “ley Televisa” se distribuyeron, por<br />partidos, de la siguiente manera.16 En la tabla se incluye el porcentaje de legisladores<br />que votó por esas reformas, respecto del total de diputados de cada fracción.<br />El ex secretario de Gobernación nada dijo que los opositores a la “ley Televisa”<br />no hubieran señalado durante los meses aciagos que corrieron de diciembre de 2005<br />a abril de 2006, cuando prácticamente dos poderes de la Unión –el Legislativo y<br />el Ejecutivo– cayeron postrados a los intereses de los ejecutivos de Televisa y de<br />TV Azteca para sacar adelante reformas que, en esencia, significaban una “captura<br />del Estado” y un secuestro del futuro de la convergencia tecnológica en manos de<br />los monopolios de medios electrónicos y telecomunicaciones<br />La “Ley Televisa”, crónica de una imposición<br />
32. Los senadores perredistas, en especial el coordinador Carlos Navarrete, tomó<br />la estafeta y se comprometió a impulsar una reforma a la contrarreforma que<br />significó la “ley Televisa”. El diputado federal Raymundo Cárdenas, quien<br />fue un activo crítico de la ley durante su paso como senador en la Legislatura<br />pasada, alertó junto con otros legisladores como el priísta Carlos Rojas<br />La noche amarga<br />En el seno de la fracción del PRI los ánimos también se caldearon. Al ex<br />gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, no lo<br />pudieron doblar ni las insinuaciones de Emilio Gamboa Patrón ni los amagos<br />de golpes en su contra. Mucho menos a Dulce María Sauri, quien rompió<br />récord de participaciones en la tribuna sin que la contraparte le diera una sola<br />contraargumentación. El diálogo de sordos de esa noche se transformó, un año<br />después, en el expediente más puntual para que los ministros de la Suprema<br />Corte retomaran las críticas vertidas por quienes votaron en contra de las<br />contrarreformas.<br />
33. Capítulo iV<br />La acción de inconstitucionalidad<br />A pesar de que la discusión fue más amplia, es imperioso que el diálogo que<br />se origina entre los actores políticos en nuestro país asiente sus argumentos en<br />procesos dialécticos con los sectores de la población –como son los empresarios<br />y los grupos minoritarios. La sociedad civil debe ocupar su lugar como agente<br />de cambio y reclamar que las leyes creadas para gobernarlos vayan de acuerdo<br />con las demandas de la modernidad. Situación a manifestarse no sólo en la<br />búsqueda del avance tecnológico de los medios masivos, sino a partir de la<br />estrecha unión del desarrollo sociocultural fundado en la competencia necesaria,<br />para que el posicionamiento de las frecuencias disponibles refleje la pluralidad<br />de nuestra nación.<br />
34. La acción de inconstitucionalidad, otro procedimiento que sólo puede tramitarse<br />ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pueden iniciar el equivalente<br />al 33% de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma<br />(es decir, una minoría de senadores o diputados del Congreso de la Unión, o<br />una minoría de diputados de las legislaturas locales), el Procurador General<br />de la República y, en el caso de las leyes electorales, t<br />Los cimientos de la acción de inconstitucionalidad<br />Para comprender la trascendencia que la acción representa para la actualidad<br />democrática del país es necesario sumergirse en los postulados esenciales que<br />promueve. En la presentación del proyecto de sentencia el ministro ponente,<br />Aguirre Anguiano, engloba los problemas fundamentales que personifican los<br />monopolios para el desarrollo plural de la sociedad –traducidos en la aprobación<br />de la “ley Televisa”–, coyuntura que los obligaba a reflexionar sobre la decisión<br />que tomarían: “se trata de determinar qué constituye la propiedad originaria<br />del Estado mexicano, de qué es dueño el Estado<br />
Guion de turimo

References: artículo 6
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 28