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Timestamp: 2018-01-16 15:18:38+00:00

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MODIFICACIÓN DE NORMAS SANITARIAS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CONCESIONES DE ACUICULTURA
MAYOR PLAZO A SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Sesión 5ª, en miércoles 21 de marzo de 2012
(De 16:18 a 20:7
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes; de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez.
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", para el despacho de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que establece sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes (boletín N° 7.911-06).
2.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización (boletín N° 7.963-06).
3.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de ellas (boletín N° 6.952-07).
4.- Proyecto de ley sobre responsabilidad ante daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
5.- Proyecto de ley que otorga a personal de la atención primaria de salud que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín Nº 8.140-11).
6.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).
7.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "simple", en relación con el proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín N° 7.616-06).
Con el último retira las urgencias respecto de las siguientes iniciativas:
2.- Proyecto de ley que regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos (boletín Nº 7.141-08).
Con el primero comunica que ha elegido Presidente y Primer y Segundo Vicepresidentes a los Honorables señores Nicolás Monckeberg Díaz, Carlos Recondo Lavanderos y Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, respectivamente.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines Nºs 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
Remite informe que evalúa petición del Concejo Municipal de Huailahué, enviada en nombre del Honorable señor Escalona, en lo referente a la pavimentación de la Carretera Austral en el tramo que va desde Hornopirén hasta Puerto Montt.
Entrega antecedentes relativos a la solicitud de pavimentación del camino Las Trancas-Termas de Chillán y al nuevo puente sobre el río Biobío, materias consultadas en nombre del Honorable señor Navarro.
Responde petición de información, cursada en nombre del Honorable señor Tuma, sobre el estado de ejecución presupuestaria de esa Secretaría de Estado en cuanto a la Región de La Araucanía.
Contesta petición de antecedentes, requerida en nombre del Honorable señor Navarro, en lo referente al número y composición de las brigadas forestales dependientes de esa entidad.
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03) (con urgencia calificada de "suma").
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley que amplía el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en la letra a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación (boletín N° 8.191-04).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, con la que comunica que, en sesión del día de hoy, eligió Presidente al Honorable señor Francisco Chahuán Chahuán.
Pido un momento de atención para la solicitud, que requiere el acuerdo unánime de la Sala, en orden a remplazar la hora de Incidentes y tratar el proyecto de ley, calificado con urgencia de "discusión inmediata", en segundo trámite constitucional, que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Es sobre la Cuenta, señor Presidente.
La Comisión de Educación despachó en el día de ayer, por unanimidad, el proyecto que amplía el término concedido a los sostenedores para ajustarse a las exigencias prescritas en la Ley General de Educación.
En lo fundamental, mil 200 establecimientos no pudieron cumplir con el plazo para constituir una persona jurídica y el giro único. Estamos en una situación muy compleja. Son demasiados.
Entonces, dado que se registró un acuerdo unánime y que el informe ya se encuentra disponible para los señores Senadores, solicitamos la comprensión de la Sala para aprobar o rechazar la iniciativa, sin discusión, simplemente con ese texto y los antecedentes con que se cuenta en este minuto.
Es una cuestión de mero trámite: se otorgan 24 meses, con carácter perentorio, para que todos los establecimientos del país puedan ponerse al día.
Le pido, señor Presidente, solicitar el asentimiento en tal sentido.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Comisión de Educación solicita que se vote sin discusión el proyecto a que ha hecho referencia el Honorable señor Cantero.
El señor PIZARRO.- ¿También en el tiempo que iba a corresponder a Incidentes?
El señor ESCALONA (Presidente).- Al comienzo, en forma previa al de acuicultura.
El señor CANTERO.- Para claridad de todos, le solicito formalmente dar a conocer la hora de término del Orden del Día, para saber en qué momento vamos a votar las dos iniciativas que se ha pedido tratar sobre tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La duración del Orden del Día, según el Reglamento, propiamente tal, es de dos horas. En virtud de un acuerdo adoptado hace algunos años en Comités y por la Sala, se extendió a tres horas.
Desde ese punto de vista, y como se ha procedido durante todo este tiempo, el Orden del Día de la presente sesión terminará a las 19:15.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, conforme a la resolución de la Sala, los dos proyectos se verán, en reemplazo de la hora de Incidentes, a las 19:15.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyectos de ley, iniciados en mociones de los Honorables señores Rossi, Escalona y Girardi y de los entonces Senadores señora Matthei y señor Ominami, en primer trámite constitucional, que despenalizan la interrupción del embarazo, con informe de la Comisión de Salud.
1) Del primero se da cuenta en sesión 77ª, en 15 de diciembre de 2010.
2) El segundo ingresa en sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009.
3) Del tercero se da cuenta en sesión 31ª, en 7 de julio de 2009.
Sesiones 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión); 4ª, en 21 de marzo de 2012 (queda pendiente la discusión general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera de las iniciativas, que es una moción del Senador señor Escalona, apunta a permitir la interrupción del embarazo solo con fines terapéuticos y si la intervención es documentada por dos médicos cirujanos.
La segunda, del Honorable señor Girardi y del entonces Senador señor Ominami, propone admitir el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y ético-sociales, lo que incluye al embarazo producto de un hecho constitutivo del delito de violación, caso en el cual solo podrá interrumpirse dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Y la tercera, iniciada en moción del Honorable señor Rossi y de la entonces Senadora señora Matthei, define las conductas que no serán consideradas aborto y los procedimientos para acreditar la concurrencia de las circunstancias que justifican la despenalización.
La Comisión discutió solo en general los tres proyectos, aprobando la idea de legislar por 3 votos a favor (de los Honorables señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide) y 2 en contra (de los Senadores señores Chahuán y Uriarte).
Los textos de todos ellos se transcriben en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Cabe señalar, finalmente, que el órgano técnico propone a la Sala la fusión de los tres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Prosigue la discusión general iniciada en la sesión extraordinaria de la mañana.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría registró a los señores Senadores que quedaron inscritos para que no surja ningún problema en el uso de la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- De acuerdo con la relación que nos ha entregado el señor Secretario, tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Primero, saludo al señor Presidente y al señor Vicepresidente y les deseo mucho éxito en su incipiente gestión.
La verdad es que hablar del tema es hacer referencia a una cuestión muy compleja. Aquí ya se ha dicho: median consideraciones relevantes desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético. Es una materia que genera discusión y pasiones. Pero es bueno que sea este el lugar donde podamos llevar a cabo un debate ante la ciudadanía, con argumentos, con seriedad.
Ahora bien, lo hemos observado en las intervenciones registradas: la sola palabra "aborto" genera reacciones inmediatas. En Chile, lamentablemente, somos los campeones del eufemismo y de cambiarles el nombre a las cosas. Porque es algo perfectamente definido, como lo dijo el señor Ministro de Salud en su intervención, si bien es cierto que existen ciertos aspectos relativos, pues en la medicina, la ciencia y el arte no hay nada absoluto. Se trata de la interrupción o terminación de un embarazo antes de la viabilidad fuera del útero con medios adecuados, como una incubadora. Hoy día se estima un período de 22 a 23 semanas. Eso va cambiando, y quizá mañana sean 19 o 20, de acuerdo con el avance de la ciencia y la medicina.
También es interesante constatar que la mortalidad fetal espontánea -o sea, los abortos de la naturaleza- representa poco más de las dos terceras partes de los huevos fecundados. El 70 por ciento de los embarazos terminan en aborto natural, espontáneo.
Incluso, en el caso de un tercio, por lo mismo que decía el señor Ministro, ni siquiera podría emplearse ese concepto, al no haber un embarazo. Este último es una convención que se define cuando aparecen los síntomas maternos producto de los cambios hormonales provocados al implantarse el embrión -o el blastocisto, en términos más precisos- en la cavidad endometrial. Los primeros 10 o 14 días, cuando no hay implantación, no se puede hablar de un embarazo. Y en el proceso de fecundación-migración se pierde un tercio de los huevos fecundados.
O sea, la naturaleza produce un aborto de dos tercios de los embarazos. Eso es importante decirlo, especialmente para la gente que funda su argumentación racional en la moral natural. Es más bien un punto a veces estadístico.
Ahora, ¿por qué legislar? Me parece que lo primero que es preciso aclarar es que no lo estamos haciendo para reducir la mortalidad materna. Hoy día, la cantidad de muertes por aborto es de cuatro de las 42 fallecidas anualmente en Chile por complicaciones. Gracias a la planificación familiar se ha reducido de manera notable el número de decesos de mujeres y también, por cierto, la morbilidad y mortalidad infantiles.
Es necesario legislar, en primer lugar, porque tenemos que adecuar nuestro ordenamiento.
No comparto cierta argumentación en el sentido de que "Igual se hacen abortos y aunque sean ilegales nadie los sanciona". Los cuerpos legales, en un Estado de Derecho, están para cumplirlos. Y, desde ese punto de vista, la legislación es muy clara.
La legislación del Almirante Merino -porque es de septiembre de 1989 y fue una de las últimas leyes de amarre de la dictadura- expresa: "No se podrá ejecutar ninguna acción cuya finalidad sea provocar un aborto". Subrayo la palabra "ninguna".
Entonces, tenemos que dar seguridad jurídica, tal como lo piden los ginecólogos de la Universidad de Chile. Por eso, la Decana de la Facultad de Medicina de ese plantel de enseñanza superior, doctora Cecilia Sepúlveda, apoya la iniciativa y la considera necesaria justamente para proporcionarles ese factor a los equipos clínicos.
Del mismo modo, media un vacío legal indudable cuando se entrega al criterio de un equipo médico, sin establecerse ninguna clase de certeza, la decisión de interrumpir o no un embarazo en caso de riesgo vital materno.
Obstetras de la Universidad de Chile, en una reunión, nos plantearon el caso -para aquellos que dudan de la necesidad de legislar- de un embarazo ectópico, como el de las trompas pero en el cuello uterino, y que iba a terminar mal. ¿Qué hicieron los especialistas, ya que carecemos de una legislación que permitiera la interrupción por una causa materna? Tuvieron que ligar las arterias uterinas, sin tomar la otra medida directamente, lo que habría provocado muchísimas menos complicaciones de salud a la mujer.
En tercer lugar -y es algo que no resuelve el proyecto de la Democracia Cristiana-, 972 mujeres esperan anualmente una respuesta, si bien el señor Ministro expuso que son 500 o 600, ya que tienen que proseguir con un embarazo contra su voluntad, a pesar de saberse que el desenlace es fatal. Son procesos inviables.
Y a aquellos que de manera artera han aseverado que estos proyectos promueven el aborto al registrarse el síndrome de Down quiero decirles que esa es una franca manipulación de la información. Lo que estamos planteando es la interrupción del embarazo en situaciones sin viabilidad: alteraciones cromosómicas, alteración del desarrollo, malformaciones congénitas, sin incluirse, por cierto, ese otro caso, en que un conjunto de malformaciones son totalmente compatibles con la vida.
Me parece completamente imprescindible legislar respecto del embarazo producto de una violación, porque no es posible que el Estado le imponga a una mujer una segunda victimización. O sea, a la violencia del delito le sumamos la de proseguir con un embarazo contra su voluntad.
Hasta septiembre de 1989 existió el aborto, cuando se modificó el artículo 119 del Código Sanitario. Y la verdad es que los abortos no proliferaban en Chile. De hecho, gracias al Presidente Frei Montalva, en la década de los sesenta, se implementó una política de planificación familiar, la cual fue tratada de meter en un cajón por parlamentarios de la UDI, al oponerse al dispositivo intrauterino y cuando recurrieron al Tribunal Constitucional para que se declarara inconstitucional la "píldora del día después".
Porque eso hay que decirlo: en este Congreso había parlamentarios que deseaban que las mujeres se sacaran dicho dispositivo, y gracias a una buena y adecuada planificación familiar hoy día tenemos menos abortos y menos mortalidad.
A mi juicio, aquí debe hablarse con la verdad.
Se ha señalado que no hay creencias religiosas detrás del fundamento de quienes promueven votar en contra de esta materia. Sin embargo, quiero recordar lo que sostuvo -lo hago con mucho respeto, porque es legítimo; pero no lo comparto- el ex Senador Jaime Guzmán cuando se redactó la Constitución de 1980. Dijo lo siguiente: "La madre debe tener al niño aunque sea anormal y aunque sea producto de una violación". Él pensaba que no hacerlo constituía una falla moral.
Eso nos llevaría a establecer que lo moral tiene que ver con conductas heroicas cercanas al martirio. Y nadie está obligado a ser héroe; al menos no en el Derecho Penal, como también lo afirmó el columnista Carlos Peña en el diario "El Mercurio", el domingo pasado.
La ley que rige desde 1989 y que modificó el artículo 119 del Código Sanitario establece: "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto". ¿Y qué ha declarado la Iglesia para justificar los abortos que se están realizando y sostener que no es necesario legislar? Que si una mujer embarazada padece cáncer y necesita quimioterapia, esta se puede aplicar porque no tiene por objeto provocar la muerte del feto. Por lo tanto, habría un aborto indirecto.
Ello sería posible en ese caso, pero no en el del embarazo ectópico. Porque no ocurre lo mismo. Por ejemplo, en la trompa el riesgo vital materno está dado por el embrión. Y el objetivo del procedimiento terapéutico -que se practica 3 mil 500 veces al año en Chile- es destruir el embrión, pues es el causante del riesgo vital.
Por eso es necesario legislar, ya que vivimos una contradicción jurídica tremenda.
Si uno ve la clasificación internacional sobre enfermedades y muertes de la OMS, se da cuenta de que la cantidad de egresos hospitalarios por abortos alcanzan a 110 mil, en los últimos 7 años. De estos, 15 mil al año son ilegales y, por cierto, los hacen pasar por embarazos ectópicos. Y también se habla de "otros productos anormales de la fecundación", que llegan a 84 mil, en 7 años.
Ahora, uno se pregunta si en un país donde hay leyes -insisto en lo mismo- debemos cumplirlas o no. Porque aquí se ha repetido bastante el argumento de que "muchas cosas igual se hacen". Sin embargo, eso no le da respuesta a quien presenta un embarazo inviable.
Muchas mujeres son enviadas por las clínicas a Brasil o España. Alguien dice: "Tengo alteración cromosómica, no hay viabilidad fetal. No quiero proseguir con este embarazo, porque me provoca dolor, sufrimiento, y esa es mi decisión. No soy un envase, ni un reservorio; sino un ser humano, un individuo con derechos". Pero ¿qué ocurre? Esa persona debe viajar a esos países, si cuenta con recursos, para que le introduzcan una sondita y paralicen los latidos cardiacos fetales. Y cuando regresa a Chile le dicen: ¡Ah, es posible hacerle un raspado uterino, porque ya no hay vida...!
No creo que el Estado pueda interferir en un ámbito tan íntimo.
Otra cosa importante es que se habla de que este no es aborto terapéutico.
¿Saben cuándo se habla de "terapéutico"? Cuando se alude a acciones, medidas o intervenciones destinadas a recuperar la salud. ¿Y qué es la salud? El completo estado de bienestar físico, sicológico y social. ¿Quién puede definir mejor el impacto físico o mental en la salud de una mujer que presenta un embarazo no viable? ¿El Estado? ¿Nosotros? ¿O ella?
¿Qué pasa cuando una niña es violada por su padre? El hijo de esa mujer es hijo del padre de ella, nieto de su madre y sobrino de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? ¡Vamos a decidir nosotros por esa niña! ¿No tendría que resolver ella sobre lo terapéutico y lo mejor para su vida? ¿Qué se entiende por "salud" en esa situación?
Solo 8 países, que representan menos del 0,5 por ciento del mundo, no aceptan el aborto. A nosotros nos gusta compararnos con las naciones de la OCDE, las desarrolladas, las evolucionadas, pero en este caso debemos hacerlo con Nicaragua, Surinam, Honduras, El Salvador, Malta. Porque somos un país -alguien lo dijo por ahí- que vive una dictadura moral, donde hay personas que quieren imponer creencias religiosas al resto de la población. Pero estas son válidas y respetables para ellas.
Es tremendamente legítimo que una mujer tome la decisión de seguir con un embarazo, aun cuando sea inviable. Porque puede ver en ese dolor, en ese sufrimiento, una manera de trascender, una ocasión de crecimiento personal, de desarrollo humano. ¡Pero respetemos también a la que estima que ese sufrimiento es innecesario! Y eso es lo que planteamos quienes deseamos avanzar en esta legislación: ¡que se respete el derecho de cada mujer a decidir!
Por otra parte, ¿cuál es la proyección de los abortos de causa médica hoy día en Chile? Quiero mencionarlo, porque se ha hablado de que se les abriría la puerta.
Según datos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de 252 mil embarazos al año, 972 abortos son por causas fetales. Se trata de mujeres con embarazos inviables que actualmente deben seguir un largo peregrinaje, lleno de dolor y sufrimiento. Ello nos consta a los que las hemos acompañado, porque aquellos que se oponen a estos proyectos no lo hacen, y son los mismos que ayer estuvieron en contra del condón; de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS); de la anticoncepción de emergencia -es una contradicción tremenda-, y del DIU.
Entonces, ¿en qué quedamos? No educamos, no prevenimos, no acompañamos a las mujeres en el dolor, en el sufrimiento que significa seguir con un embarazo de tales características.
Finalmente, esta materia se relaciona esencialmente con los derechos humanos. Acá hay un tema ético profundo, porque la mujer tiene todo el derecho a ejercer su autonomía y su libertad. Y esto guarda estrecha relación con su dignidad como persona, como ser humano, de lo cual hablamos tanto.
A mí me violenta -pienso que también a esas mujeres- el hecho de que se menoscabe profundamente la dignidad de la persona humana cada vez que el Estado se entromete en un ámbito tan íntimo como este. Debemos legislar, ya que en todos los hospitales se realizan acciones regulares de interrupciones de embarazos, las que constituyen -reitero- el 40 por ciento o más de los egresos hospitalarios Y son abortos directos, que no siguen la lógica eclesiástica de los indirectos.
¿Quién me puede responder qué diferencia hay entre el derecho a la protección de un feto con anencefalia, respecto a un embrión alojado en la trompa? ¿Por qué se puede destruir el embrión alojado en la trompa y no el feto anencefálico? ¿Qué diferencia hay entre este último y un paciente con muerte cerebral? Cuando un hombre o una mujer llegan a ese estado, se los considera muertos y se pueden extraer y donar sus órganos. En cambio, si hay un feto sin cerebro no es posible interrumpir el embarazo y se obliga a esa persona a que vaya a su lugar de trabajo, donde le dicen: "Te va creciendo la guatita". Entonces, ella debe llevar sola el sufrimiento a su casa, y en contra de su voluntad. Sin duda alguna, es una forma de tortura.
El Estado puede prohibir conducir a quien consuma alcohol, y también fumar delante de un niño. Pero, claramente, no puede obligar ni a morir por un embarazo, ni a continuar con él cuando no existe vida alguna que proteger, a consecuencia de una alteración del desarrollo. Ya lo dije: la mujer no es un reservorio ni un envase, sino un individuo consciente, que goza de derechos humanos. ¡Y estamos hablando de derechos humanos!
Votar en contra de la idea de legislar, de discutir la materia, de que se entreguen facultades a las mujeres a fin de que ejerzan su libertad, fortalezcan su dignidad, me parece que es oponerse a los derechos humanos de todas ellas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debo advertir al público que nos acompaña en las tribunas que comparto que se aplauda, pero el Reglamento no lo permite. De modo que les ruego que no lo hagan, ya que el sentido literal de nuestra reglamentación prohíbe las manifestaciones a favor o en contra durante el debate.
En todo caso, agradecemos su presencia y el interés que han mantenido, durante ya varias sesiones, por acompañarnos en la discusión de un tema tan importante.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, antes de expresar mi posición respecto al fondo de esta materia, estimo útil y conveniente hacer dos consideraciones de forma.
Primero, este es un debate legítimo y necesario en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra.
Segundo, no debemos plantear la discusión presumiendo mala fe o descalificando al contendor, sino argumentando con respeto y seriedad, sobre la base de principios, convicciones y la búsqueda del bien común.
Respecto al fondo, como todo el país sabe, somos contrarios a la legalización del aborto por múltiples razones de diversa naturaleza. Esta firme y clara posición se sustenta en argumentos de distinta índole.
En primer lugar, de carácter jurídico. Nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida, y tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han fallado invariablemente en el sentido de que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el niño por nacer (nasciturus) es también una persona, cuya vida debe ser protegida. Y, por si eso fuera poco, la propia Carta Fundamental le encarga al legislador la adopción de las medidas necesarias para "proteger la vida del que está por nacer".
En segundo término, de orden práctico. En la duda siempre es mejor optar por la vida. Porque aun si no tuviéramos certeza respecto del tratamiento jurídico que ha de darse a una vida humana en gestación, lo correcto y sabio sería asumir una posición humilde y preferir aquella que resultara más favorable a la protección y el desarrollo de esa vida. En consecuencia, tratándose de cuestiones que involucran la vida o la dignidad humanas, más vale ser prudentes que proceder de manera apresurada.
El tercer argumento es que no se trata de una decisión que compete solamente a la madre o a los padres del niño que está por nacer. Se halla involucrada también la vida de un ser nuevo, único, irrepetible y distinto de sus progenitores, la cual debe ser defendida con mayor fuerza precisamente por su condición de plena inocencia e indefensión.
El cuarto es de orden religioso. Como cristiano, creo en la vida como un don de Dios. Solo él tiene el poder para darla y el derecho a quitarla. Por eso, soy partidario de proteger la vida y la dignidad humanas desde su concepción hasta la muerte. Y, por lo mismo, soy también contrario a la eutanasia y la pena de muerte.
Sin perjuicio de ello, soy consciente de que ese argumento de naturaleza religiosa, por sí solo, no es suficiente para justificar una prohibición estatal absoluta del aborto. Porque, entre otras razones, no tiene sentido debatir en la esfera pública desde convicciones puramente religiosas, que no son susceptibles de deliberación, ni pueden ni deben quedar sujetas a las reglas de las mayorías, propias de un sistema democrático.
Buena parte de la discusión se ha centrado, sin duda, en el caso más dramático al que una madre embarazada puede verse enfrentada: tener que decidir si someterse o no a un tratamiento médico que le permita salvar su vida a costa de poner en riesgo la del hijo o la hija que lleva en su vientre. Afortunadamente, los avances de la ciencia y la medicina han permitido que la posibilidad de una colisión ineludible entre ambas sea altamente improbable.
Pero, aun así, no estamos en condiciones de descartar que situaciones como esas puedan producirse. Para esos casos excepcionales y extremos, no cabe duda de que tanto nuestro ordenamiento jurídico como los protocolos médicos autorizan intervenir, quirúrgica o terapéuticamente, con el objeto de salvar a la madre, si ella lo decide, aun cuando como efecto no deseado ni buscado puedan poner en riesgo la vida del hijo.
En pocas palabras, si la madre eligiera realizarse un tratamiento que le salvara su vida pero no la de su hijo, no estaríamos frente a un caso de aborto. Del mismo modo, si ella optara por la vida de su hijo y decidiera arriesgar y sacrificar la suya propia -lo que debe respetarse-, no estaría cometiendo suicidio. Se trata de una decisión, sin duda, desgarradora, frente a la cual la sociedad puede y debe acompañar y dar apoyo a la familia afectada, pero en ningún caso juzgarla ni menos condenarla.
Por otra parte, los argumentos en favor del aborto eugenésico, que es el que se propone para situaciones de inviabilidad o malformaciones del feto, y del denominado "aborto ético social", que permite poner término a un embarazo que ha sido consecuencia de una violación, son incorrectos. Ello, porque supondrían atribuirnos el derecho a clasificar a los seres humanos en superiores -aquellos que merecen vivir- e inferiores -quienes no merecen vivir- y, además, condenar a muerte a seres absolutamente indefensos e inocentes de las circunstancias de su concepción.
Algunos esgrimen que Chile sería un país menos moderno y civilizado de no imitar lo realizado por otras naciones supuestamente más desarrolladas, donde el aborto no solo es legal, sino ampliamente aceptado.
Olvidan que Chile tiene una tradición más que centenaria de protección a derechos fundamentales; que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer la libertad de vientre y prohibir la esclavitud, y que la forma como una sociedad trata a sus miembros más débiles -los adultos mayores, los enfermos, los más pobres, los que sufren alguna discapacidad y los niños que están por nacer- dice mucho más sobre el grado de su civilización que su riqueza material, la altura de sus edificios, la calidad de su infraestructura o su poderío militar.
Hasta aquí, me he referido a un extracto de la columna que publicara el Presidente de la República el día domingo, para fijar su posición sobre la materia.
Y quise traerlo ahora a colación, porque me siento orgulloso de tener un Primer Mandatario que se atreva a fijar una postura clara, valiente y con mucho coraje y, además, de formar parte de una coalición de Gobierno que no duda en defender principios y convicciones.
En esta oportunidad discutimos tres proyectos de ley. Es muy probable que más adelante analicemos otros dos. Los primeros -como ya explicaron suficientemente quienes me han precedido en el uso de la palabra- en el fondo pretenden reponer el artículo 119 del Código Sanitario, que -bien sabemos- estuvo vigente desde 1931 a 1989.
Otros incorporan los conceptos de "aborto terapéutico", "aborto eugenésico", e incluso de "aborto ético social".
Y, como explicó el Senador Ignacio Walker, hay un cuarto proyecto -no fue visto por la Comisión de Salud; se va a discutir dentro de muy poco, luego de lo cual pasará a la Sala-, cuya finalidad es declarar que no constituye aborto la intervención que tenga por objeto salvar la vida de la madre.
Respecto de los tres primeros, resulta evidente que mi opinión es contraria.
En cuanto al cuarto, también mi posición es de rechazo. Por cuanto lo que antes resolvían los médicos en los hospitales a través de un protocolo, de prosperar esta iniciativa legal, lo tendrán que determinar los tribunales, los fiscales, los jueces de garantía, debido a que será imprescindible demostrar que lo practicado a determinada mujer no constituía un aborto. Para ello deberá recurrirse a un juzgado, y que este así lo declare. El desfile de los médicos en los tribunales va a ser imposible de atajar.
Por tal motivo, tratándose de una iniciativa con muy buenos fundamentos, en la práctica conlleva efectos bastante malos y, por lo mismo, debemos rechazarla.
En consecuencia, soy partidario de rechazar todos estos proyectos básicamente por tres razones.
En primer lugar, por una de orden estrictamente biológico. Como ya lo dijo el Ministro Mañalich, existe consenso en la medicina en que el embrión humano es una criatura única, irrepetible y distinta de quienes la han gestado. La ciencia podrá discutir sobre muchos temas, pero sobre ello no cabe duda alguna.
La segunda razón es de carácter jurídico: tanto las leyes y la Constitución como los tratados internacionales se refieren a la concepción como el momento en que comienza la vida humana. Existe abundante literatura sobre el particular.
Además, en lo que respecta a los tratados internacionales, hay al menos tres instrumentos suscritos por Chile -uno de ellos es el Pacto de San José de Costa Rica- que no solo ratifican esa definición, sino que además impiden volver atrás con una legislación interna. No es admisible quitarle a alguien un derecho que le ha sido reconocido mediante un convenio internacional.
Por eso, lo que estaríamos haciendo acá no sería, ni más ni menos, que imponer por la vía de una normativa legal interna un regreso hasta antes de la suscripción de un tratado como el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, se trataría de una legislación regresiva.
Finalmente, hay también una razón política para rechazar estos proyectos.
Se ha dado como fundamento para sostener uno de ellos el tener que reaccionar frente a una concepción cristiana occidental de la vida -y, si se lo quiere, judeo-cristiana occidental-, basada, además, en una visión antropocéntrica, que aparece abiertamente como algo no solo provocador sino que interesante.
Pues bien, por ser políticos y no antropólogos, por estar en el Senado y no en un laboratorio nuclear y por pertenecer a una sociedad cristiana occidental, en mi opinión debemos ser claros: vivimos en una civilización y formamos parte de ella, en la cual se ha concluido que determinadas materias no pueden discutirse. Entre ellas están, por ejemplo, los derechos humanos, que de verdad constituyen un valor al que es preciso adherir de manera incondicional; o la igualdad ante la ley, o el respeto a la dignidad del ser humano.
Estas declaraciones fluyen de una concepción cristiana occidental. Y, por lo mismo, no puede haber una condena a la eutanasia en animales o a la pena de muerte, pero sí un apoyo al aborto. Porque, lo que está en juego es un valor superior: la vida de un ser humano.
Por tanto, no es necesario tener convicciones religiosas ni pertenecer a una ONG pro vida para saber que no se puede quitar la vida a otra persona. No es lícito ni legítimo que un ser humano le imponga un proyecto de vida a otro y que, en virtud de esa decisión, le quite la vida.
Y esas son cuestiones que emanan y fluyen naturalmente de una concepción cristiana occidental.
Por eso, para el mundo occidental la dignidad de la vida es algo que no se puede discutir. Ella está sobre cualquier otro derecho o cualquier otra declaración de principios. Sobre todo, la vida.
Por las razones dadas, señor Presidente, votaré en contra de los tres proyectos en discusión.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se aceptan los aplausos, no las pifias, porque suenan feo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a los asistentes mantener la calma. Si los aplausos son moderados, la Mesa puede aceptarlos, pero siempre que se mantenga un buen clima. Si hay bullicio, como el que se acaba de producir, lógicamente que nos dejan en una posición imposible.
Entonces, tengamos la misma tolerancia con que se habían comportado hasta antes de la estridencia que, de repetirse, obligará a la Mesa a desalojar las tribunas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, primero que nada, quiero señalar algunos puntos que me parece importante aclarar para luego expresar mi posición. Porque la Democracia Cristiana nos permite abordar estas materias con toda libertad de conciencia, sin apartarnos de la esencia: nuestra defensa de la vida, de la libertad, de la democracia, del derecho de las personas a hacer lo que el bien común de la sociedad en que vivimos les autoriza.
Entiendo lo que ha llevado a esta discusión. Se ha producido un hecho público, con grandes exacerbaciones por todos lados. Y quiero respaldar al señor Presidente en su petición de que no solo en la Sala, sino en general en el debate tengamos conciencia de que estamos hablando de un tema extremadamente serio. Por lo tanto, no debe ser un punto político o partidario, de gritos, etcétera, porque no me parece que sea la forma en que el Senado lo aborde. Lo digo con toda franqueza.
Ahora bien, nuestra visión es muy clara y la han repetido muchos de los Senadores de estas bancas. Primero, la mujer y el niño son una individualidad, pero sujetos a una relación absolutamente nítida. Antes -creo que se perdió la forma de expresarlo- manejábamos mejor estos temas al hablar del "diálogo creador del binomio madre-niño". Es la libertad de la madre y la vida, por un lado y, por otro, los "productos", como se los llama ahora, los niños y la relación armónica que debe haber entre ellos.
Lamento que no se haya traído a la Sala el proyecto que presentamos, para que hubiéramos podido discutirlo junto con los que están en debate. No es un problema reglamentario, señor Presidente, sino de lógica y de comprensión. De cinco iniciativas tratar solamente tres, sabiendo que después va a venir a la Sala otra, para ser aprobada o rechazada, es un despropósito, una situación absolutamente absurda, que no tiene que ver con el Reglamento, sino con el criterio, bastante disminuido en el último tiempo.
Señor Presidente, cinco Senadores de estas bancas suscribimos una indicación para hacer una acción sustitutiva en el proyecto que el Honorable señor Escalona presentó. ¿Con qué objeto? El de permitir que se apruebe la primera parte de su texto y la primera parte -solo la primera- de la iniciativa del Senador Rossi y de la entonces Senadora señora Matthei. Porque eso es lo correcto.
Las tres iniciativas a que me estoy refiriendo tienen exactamente la misma estructura y reflejan lo que hace la medicina actual.
Es decir, no es aborto -¡por amor a Dios, utilicemos los nombres como corresponde!- si a una señora con una enfermedad grave -un empiema o un hemoperitoneo u otro mal-, se la opera y eso produce, lo mismo que en los casos de embarazo en las trompas, la pérdida del niño. Eso es tratar a la persona como corresponde. Y si un médico no lo hace, está cometiendo un error grave, porque la enferma se puede morir. Si el procedimiento significa la muerte del feto -lo reitero-, no es aborto. Y queremos que ese punto quede claramente establecido.
Por eso formulamos la indicación. Deseamos que esa sea la primera cosa que se asiente como voluntad del Senado.
Señor Presidente, los demás proyectos no nos parecen adecuados. Puede tenerse una opinión u otra, pero no los consideramos convenientes. Y, dentro de esa libertad que tenemos para votar, es lo que estamos señalando.
Por otro lado, aquí se ha hablado mucho de respetar la opinión de los demás. Yo desearía que eso se verificara también en los hechos. En Chile alegamos siempre a favor del derecho de cada uno a pensar distinto. Pero seamos claros: aquí estamos en una discusión absolutamente fuera de lo que es el verdadero diálogo, el cual se ha transformado en un monólogo con interrupciones: "Si no me gusta lo que habla otro, entonces interrumpo". En este debate eso no vale.
Tal vez, como médico, uno tiene una sensibilidad especial frente a lo que para nosotros no es solo una ley, sino la vida diaria que estamos viendo ahora los que hemos hecho medicina por 20 o 30 años. Y los demás colegas lo saben: aquí hay un valor sentimental, un valor real, un valor de vida, una relación diferente con el tema.
Entonces, permítannos que también tengamos opiniones que a veces pueden no encajar en cualquiera de los puntos que se han tratado. Porque, por ejemplo, uno de los Senadores hizo una exquisita intervención acerca del valor judeo-occidental o de los desvalores que tenía este asunto, señalando que estábamos oponiéndonos y sofocando la libertad de los hombres.
Y yo, primero, quiero decir con mucha franqueza que soy católico -lo reconozco- ¡"con escape libre"!
El señor LAGOS.- ¡Y bien libre...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pero, señor Presidente, los católicos, y también los cristianos, entendemos que la pérdida de esa sexualidad exquisita y gozadora de que hablaba el ex Presidente del Senado es algo que no impide la Iglesia. Porque ha habido una torpeza en el entendimiento de lo que ella ha expresado, pues las declaraciones de sus queridos obispos, en ciertas oportunidades, abren camino para una interpretación errada.
Pero seamos claros: la Iglesia no exige paternidad ni maternidad en un matrimonio.
En tiempos pasados y también recientes, en el Lejano Oriente hubo algunos gobiernos y determinadas religiones que permitían el divorcio cuando la esposa no daba un fruto maternal. En la Iglesia no queremos eso. Para nosotros el matrimonio o las parejas, como quiera llamarse, habiendo amor de por medio, son un mecanismo de desarrollo mutuo, en que juntos crecen. Si hay hijos, maravilloso. Si no, basta lo primero para que ese matrimonio se sostenga en sí mismo.
En consecuencia, ahí no se da la misma situación.
Por otro lado, se ha mencionado lo de la violación.
Al respecto, debo decir que cuando uno llega al nivel de cierta discusión política, como el que exhiben los miembros del Senado, tiene derecho a plantearse dudas. No hay manera más clara de saber lo que se ha de hacer si uno no sostiene consigo mismo un debate sobre sus ideas, que a veces cambian. Porque ninguno de nosotros piensa hoy día como lo hacía hace 30 años. Unamuno dice muy claro: "Somos nuestro yo y nuestra propia circunstancia". Y aquí ustedes son mi circunstancia y yo la de ustedes. Por eso, es necesario el debido respeto que tiene que haber entre nosotros, que es el mismo que demando de los demás.
Acá se ha dicho que, de alguna manera, azuzamos a los buenos y a los malos, y no es verdad. Aquí no hay buenos, ni asesinos, ni beatos, sino personas que tenemos criterios distintos, que yo he tratado de ir perfilando en cuanto a lo que queremos pensar y lo que deseamos hacer.
En el caso de la violación, cuando uno reflexiona acerca de todos los aspectos vinculados a ella, tiene la obligación de pensar -creo que a eso hemos llegado algunos después de muchas dudas- sobre qué debe hacerse al respecto. Y mi opinión personalísima es que, cuando hay violación, es preciso despenalizar el aborto al que una mujer resuelva someterse.
Pero también es verdad que eso no lo puede fijar ni la ley, el Estado ni las encuestas. Lo decide, a mi juicio, la mujer sobre la base de sus antecedentes. Ella tiene el derecho de ser asistida por su marido, esposo o pareja, su familia, su guía espiritual y, también, por lo que hemos creado en este mismo Congreso: los Comités de Ética de todos los servicios. Uno confía en que esa institución, más los médicos y todo el entorno del caso serán capaces de aconsejar a una mujer para que, al final, resuelva si aborta o no.
Porque se trata de un tema muy grave. Y, en este sentido, recojo el argumento de quienes han señalado que resulta bastante dudoso que uno pueda comprender lo que le pasa a una mujer en esas circunstancias. Pero también debemos entender que existe aquel derecho. Y estamos haciendo un esfuerzo para lograr que ella pueda resolver de la mejor manera posible. Además, es verdad que uno no tiene que cansarla con ese debate y después castigarla por lo que le sucedió. Asimismo, es preciso entender que si ella dice que no va a abortar, y lo hace conscientemente, eso no constituye un motivo para despreciarla, señalando que se encuentra o loca o que está siendo forzada, porque tiene el derecho de manifestar que se hace el aborto, minimizando su valor ético, y también heroico, en una sociedad que no reconoce lo heroico, sino solamente lo pragmático: "Si una mujer quiere tener a su niño, es digna de nuestro aprecio y consideración".
Señor Presidente, en estas condiciones, en conocimiento de que qué estamos discutiendo en relación con una materia cada vez más conflictiva, a la cual se agregan dos puntos -después quiero plantear una proposición concreta al respecto-, lo primero que se debe tener presente es que la medicina actual no es la misma que 10 años atrás, ni la que será en la próxima década. Lo que antes parecía imposible -lo decía el Ministro, y es verdad- ahora es factible: un embarazo de 500 o 370 gramos, peso calculado para saber si el feto es viable o no.
Lo relativo a la viabilidad es uno de los puntos más confusos y difíciles. No solo se trata de si el niño puede o no vivir, sino también de qué más se debe hacer para llevar al máximo su vida futura y recoger las posibilidades para mejorar su sistema cromosómico y hacerlo viable. No se olviden que a este respecto ya se está trabajando en proyectos sobre la materia en Norteamérica. Con el Senador Patricio Walker hemos presentado un mecanismo de asistencia para esos niños, el que está dando excelentes resultados en Estados Unidos. Pero ello también tiene que ver con la forma en que avance la medicina.
Por eso, uno va estableciendo ciertos elementos para llegar a un gran punto final, que es el siguiente: primero que nada, la norma general conforme a la cual debemos pronunciarnos es el rechazo absoluto respecto del aborto como opción. ¡Eso no está en el debate de esta Sala!
Pero, como se muestran documentos donde algunos piden eso, nos asiste la obligación también de saber ciertas cosas y de tener cuidado para que lo que empieza hoy no termine donde no queremos.
En segundo lugar, necesitamos precisar que no hay aborto cuando se requiere salvar a la madre, porque de otra manera moriría.
Tercero, que después de eso se requiere ver en su mérito los frutos de las dificultades del niño en materia cromosómica, en lo cual ya se está trabajando.
En consecuencia, conviene aclarar que no se pueden fijar normas específicas en algunas materias: que el marco general lo fija el país en cuanto elige a personas que son democráticamente representativas y que estas, por lo tanto, procederán conforme a lo que la opinión pública les ha entregado como programa. Eso, en función de lo que cada una de ellas se ha ganado en la encuesta popular.
Finalmente, señor Presidente, deseo reiterar que lamento mucho que no hubiésemos tenido a la vista el cuarto proyecto y que sobre ello hayamos cometido un desaguisado legislativo. Porque era cuestión de permitir que la Comisión funcionara para haberlo tenido a la mano. Dado que eso no fue posible, y con la idea de que lo podamos lograr de otra manera, hemos resuelto plantear lo que señalo a continuación: es menester pedir a la Comisión de Salud que despache las dos últimas iniciativas presentadas y pronunciarnos sobre ellas cuando sea el momento de votar. Y las vamos a votar con franqueza.
Ahora, como ya dije, presentamos una opción de cambio al proyecto del Senador Escalona mediante una indicación, que votaríamos en esos términos, para evitar que mañana aparezca el Senado como que no puede discutir nada porque se niega a todo. No queremos agravar la incorrección de lo que se ha hecho rechazando lo que nos parece malo, sino mejorándolo, a fin de dejar un espacio para poder votar y así continuar con el debate en el país, pues se trata de un tema demasiado serio como para no abordarlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le habíamos dado un minuto adicional, Su Señoría, pero usted se apresuró.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no puedo iniciar mi intervención sin dirigir unas palabras de afecto y solidaridad a la familia de Daniel Zamudio.
Yo quisiera que en nuestro país nunca más hubiera un joven en estado de extrema gravedad por haber sido agredido de manera deleznable, incalificable, debido a su opción sexual.
Ojalá creciéramos, maduráramos como sociedad, y fuéramos capaces de entender que nadie, por su opción sexual, por su credo religioso, merece ser violentado de esa manera.
Nosotros tenemos una pequeña herramienta, cual es el proyecto antidiscriminación, que espero que podamos despachar a la brevedad.
El Senado aprobó en forma unánime un proyecto de acuerdo que daba cuenta de la importancia de despachar esa iniciativa, más otra, de autoría de la Senadora Lily Pérez, muy parecida, en términos de que nadie puede, por sus convicciones religiosas, ser objeto de ese nivel de odiosidad.
Confío en que lo haremos a la brevedad, porque nos urge dar una pronta señal al país respecto de la forma en que debemos educar y educarnos y de lo que no se puede permitir nunca más.
Espero que estos grupos neonazis desaparezcan, aunque me temo que estamos en presencia de una proliferación, si vemos lo que está ocurriendo aquí y en muchas partes.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero resaltar la importancia de esta discusión.
Lo dije a raíz de una entrevista, y lo quiero reiterar: si no fuese por las tres mociones que ahora estamos conociendo -aparentemente, van a llegar dos más-, si no fuese por los parlamentarios que las propusieron, hoy no estaríamos debatiendo el tema.
Han transcurrido 20 años desde que recuperamos la democracia y en todo ese período él ha estado silenciado. Y ha sido así porque hay muchas voces que quieren silenciarlo.
¡Qué importante es que discutamos a cara abierta, que reflexionemos, que intercambiemos opiniones, que unos y otros nos expresemos legítimamente de acuerdo a nuestras convicciones! Pero lo que no podemos hacer es silenciar. Lo que no podemos hacer es ignorar que hoy se practican miles de abortos de manera insegura, lo cual es realmente dramático. Quizás podríamos prevenir mucho más y evitar esos embarazos no deseados si tuviésemos más coherencia, que tampoco hemos demostrado.
Es duro cuando uno se encuentra con canales de televisión que se niegan a pasar avisos sobre el condón porque les molesta. Así ha sido y así lo hemos vivido. Es duro saber que algunos, incluso, se molestaron cuando en los Gobiernos de la Concertación propusimos las llamadas "JOCAS", jornadas de educación, de orientación, de información hacia los jóvenes.
Hicimos campañas públicas para resaltar la importancia del uso del condón, no solo para prevenir el sida, por cierto, sino además para evitar embarazos no deseados. ¡Pues también encontramos oposición!
Asimismo, planteamos el uso de la pastilla del día después. ¿Qué pasó? 34 parlamentarios acudieron al Tribunal Constitucional. La Presidenta Bachelet tuvo que enviar un proyecto de ley que a último minuto nos permitió salvar una tremenda y gigantesca desigualdad, una más de las tantas que existen en nuestro país. Porque ¿saben? Hay mucha diferencia entre la tasa de embarazos adolescentes que se da en La Pintana y la que se registra en Vitacura. Y eso es por el acceso a la información y, por cierto, porque una muchacha de la comuna de Vitacura sí puede ir a una consulta médica a conseguirse una receta para obtener la pastilla del día después. Por eso decíamos que lo legítimo era que fuera entregada en los consultorios, para no seguir ahondando esas diferencias.
Entonces, cuando hay oposición a todas estas políticas públicas, tan fundamentales para informar y para prevenir los embarazos no deseados, después tenemos que lamentarnos, porque, quiérase o no, hoy el aborto en Chile está absolutamente penalizado. Por cierto, el terapéutico, aunque estoy hablando en general.
Sin embargo, el aborto se sigue realizando de manera clandestina. Y se sigue sancionando. No obstante, no debemos olvidar el contexto en que las mujeres se lo hacen. Parece que hay que ser mujer para darse cuenta de lo desgarrador y lo tremendo que debe ser tomar una decisión como esa. Hay testimonios al respecto. Y no sería malo, colegas, que de repente leyeran algunos documentos. El CIPER publicó una información: una extensa entrevista a una mujer que está en la cárcel por haber interrumpido su embarazo.
A pesar de que la mujer tenga un marido alcohólico, que le pega, que la violenta; que sea objeto de una violación no reconocida -obviamente, no tiene cómo demostrarla y es su palabra contra la de su, entre comillas, marido, que después la abandona-, será ella la que termine en la cárcel. ¿Por qué? Por haberse practicado un aborto.
Yo creo que alguna vez tenemos que ser más sinceros y abordar esta materia de manera abierta y transparente. Hoy, sin embargo, a diferencia de lo que señaló un colega, no estamos discutiendo sobre el aborto en general, sino acerca de una legislación que tiene nombre y apellido: "aborto terapéutico", denominación que, efectivamente, está mal puesta, pues, en mi opinión, lo que corresponde es hablar de interrupción del embarazo.
Eso es lo que estamos discutiendo ahora. No estamos discutiendo las otras realidades, pero sería bueno que no las ignoráramos del todo y que alguna vez el país tuviera la capacidad de abordarlas.
Este debate me ha hecho recordar -en un plano diferente, pero también importante en la vida de los seres humanos- la oposición que tuvimos que enfrentar cuando llegó el momento de legislar sobre el divorcio. Se nos acusó de todo: divorcistas, antifamilia, que no respetábamos. Y todo lo que estábamos haciendo era decir que el vínculo se podía disolver y dar, a las personas que se equivocan, la posibilidad de rehacer sus vidas. Pero costó mucho, y fuimos descalificados.
Y a ratos siento que en este debate, que debiera ser sereno, reflexivo, llevado con altura de miras, con argumentos, se cae en extremos. Aquí he escuchado a algunos Senadores afirmar que estamos abriendo la puerta al aborto, que lo único que queremos es, efectivamente, el asesinato. Y eso se repite una y otra vez, a veces con bastante desconocimiento de lo que realmente estamos tratando de hacer.
Acá estamos legislando, o queremos legislar, aprobando el proyecto en general, para no ser hipócritas de nuevo, para permitir que esta discusión continúe. Porque, ¿saben lo que pasa? Durante 20 años estuvimos en silencio, y vamos a seguir igual si ni siquiera aprobamos la idea de legislar.
Yo entiendo que alguien pueda estar a favor o en contra, que la iniciativa puede ser mejorada, pero, si la rechazamos en general, significa que nunca más, por lo menos durante un año, vamos a poder discutir el tema.
Por eso, quiero hacer un llamado y señalar por qué voy a votar a favor: no solo porque tengo la convicción, sino además porque quiero que el debate continúe, que es lo que me parece legítimo frente a la sociedad, frente a las distintas organizaciones, frente a las miles de personas que nos están escuchando o que desean tener algún grado de participación. Una de esas organizaciones, denominada "MILES por la interrupción legal del embarazo en Chile", que agrupa a distintas entidades, intenta demostrar que el aborto terapéutico es válido bajo ciertas causales. Tenemos que saber, por ejemplo, si estamos o no en condiciones de legislar cuando se trata de salvar la vida de la madre.
Como aquí se ha dicho, la medicina ha ido evolucionando y perfeccionándose. Es cierto. Hoy, claramente, existe bastante menos riesgo en los embarazos, pero aún se corre peligro en algunos casos. Es lo que ocurre en los embarazos ectópicos, entre otros.
Lo que no me gusta es que en situaciones como esas la decisión quede a conciencia de un médico. Para mí, llegó la hora de legislar, no desde la ignorancia -en palabras del Ministro de Salud-, sino para que haya claridad y transparencia en el marco regulatorio bajo el cual se puede actuar. Pero ese legislar no implica no reconocer a la mujer y sus derechos.
Lo dije en una radio: somos seres humanos y, como tales, tenemos cuerpo y derechos sobre este. Y, principalmente, exigimos que se nos respete.
Entiendo que haya diferentes opiniones -son legítimas-, pero a veces me cuesta aceptar algunas expresiones. De repente me siento hasta un tanto violentada.
Un señor Senador citó las palabras que en su momento manifestó Jaime Guzmán. Pero la cita fue incompleta. Es más larga. Yo solamente voy a leer un párrafo, que dice: "La madre debe tener al hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo, derive en su muerte (...) cualquiera sea el dolor que ello acarree, pues constituye, precisamente lo que Dios ha impuesto al ser humano".
Esto es exactamente lo que no debemos hacer: confundir la necesidad de una política pública para hacernos cargo de un bien público, como es salvaguardar la vida de mujeres en riesgo de muerte, con confesiones religiosas. Uno puede tener el máximo respeto por los distintos credos, pero estos no son para imponerlos en las leyes.
Cuando se discutió el divorcio, igualmente se dijo que no era posible, que el matrimonio era para toda la vida y que el vínculo no se podía disolver.
Por mi parte, quiero señalar que no es admisible que se afirme que no se puede legislar en esta materia porque simplemente hay que aceptar "lo que Dios ha impuesto al ser humano", aunque exista peligro de muerte o aunque el embarazo sea producto de una violación.
Creo que la columna de Carlos Peña del día domingo también nos ayuda a reflexionar. Lo que escribe es efectivo:
Algo así no lo puede decidir el Estado.
Tampoco es el Estado quien debe decidir en aquellos casos en que hay que escoger entre la vida de la madre y la del nasciturus. Si una niña enferma de hepatitis al extremo de necesitar un trasplante, pero su embarazo hace cada día más difícil la espera del donante, ¿debe esperarse la viabilidad del feto o, desde ya, interrumpir el embarazo?, ¿quién debe tomar la decisión de qué vida ha de salvarse? Ninguna declaración general acerca del valor de la vida -de esas que se escuchan por estos días- permite resolver ese dilema hipotético. Y sin perjuicio de preguntarse por qué la creación pone a los seres humanos ante decisiones tan terribles, hay que decidir: ¿Quién ha de hacerlo?, ¿acaso el Estado en abstracto?
De nuevo, no cabe duda: no es el Estado quien debe decidir algo así. Habrán de hacerlo los directamente involucrados (o, en otras palabras, las víctimas del destino).
A mi juicio, difícilmente se pueden sustituir las creencias de una mujer que carga un embarazo complejo. Difícilmente alguien se puede poner en el lugar de esa mujer y comprender mejor sus sentimientos. Difícilmente haya algo que guste menos a una mujer que realizar un aborto (terapéutico o sin apellido). Probablemente, son muy extremas las condiciones que la llevan a ello.
Pero, ¿saben? Esa mujer tiene derechos. Y nosotros, los legisladores, debemos garantizar que esa mujer no sea objeto de escarnio y no sufra injustamente. No hablo de penalización, que ya existe, sino del escarnio por optar por el camino de interrumpir un embarazo causado, por ejemplo, por una violación.
En los tres proyectos que nos ocupan se observan a lo menos tres situaciones distintas.
La primera es la que se da cuando se trata de salvar la vida de la madre. Esto sucede, aunque los casos sean pocos.
La segunda es la concepción de un feto que no tiene viabilidad en la vida extrauterina. Pese a que la medicina ha avanzado, hay condiciones que son irreversibles. Si un feto viene sin cerebro, va a vivir horas, minutos, no lo sé, pero se trata de un defecto completamente irreversible. No estoy hablando de anomalías menores, sino de malformaciones que no tienen vuelta atrás.
Y yo me pregunto: ¿Qué derecho nos podemos arrogar para decirle a esa mujer que igual debe cumplir los nueve meses de embarazo, con el drama que ello implica, para finalmente dar a luz a un ser cuyo deceso se producirá de inmediato, por no tener ninguna viabilidad? ¿A título de qué podemos hacer eso?
Algunos creen que tal situación corresponde a un castigo impartido por una autoridad divina o a un error de la Naturaleza. ¡No! Yo creo que ya es hora de pensar en lo que ella significa para una mujer. ¡Simplemente, es inhumana!
Es más. Aquí se ha hablado de derechos humanos. Y es parte de ellos el derecho a la salud reproductiva y sexual de la mujer, desde el año 1968. No hay un solo tratado internacional, desde esa fecha, que no lo reconozca como tal.
¿Y saben qué significa eso? Que son las parejas, las personas, las que tienen el derecho a decidir.
Le daré un minuto adicional para que termine.
Decía que es un derecho de las personas decidir cuántos hijos tener y en qué espacio de tiempo.
Y, en tercer lugar, está el tema de la violación.
Francamente, no puedo creer que no seamos capaces de entregar una herramienta legislativa que permita no obligar a las mujeres. Si una de ellas queda embarazada producto de una violación y quiere concebir a su hijo, es su decisión. ¡Pero no se le puede impedir que decida no tenerlo!
Por esas razones, señor Presidente, por la dignidad de la mujer, por sus derechos, por su autonomía, porque no comparto la incapacidad de entender que estamos ante un derecho humano esencial, considero saludable discutir estas iniciativas.
Sin embargo, espero que el debate continúe y que el país sea capaz de dar un paso adelante al aprobarlas.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo primero es alegrarme del debate que estamos realizando -aunque hay pocos colegas en la Sala en este momento- sobre un tema sensible, complejo de encarar y que, sin duda, despierta pasiones y sentimientos encontrados. Ello, porque en el análisis se mezclan las creencias de cada cual, los valores que uno quiere preservar, y la forma como se pueden establecer, desde el punto de vista legal, excepciones a los valores que se desea proteger.
Doy por hecho que todos estamos por el respeto irrestricto y absoluto a la vida. Eso ha formado y forma parte esencial de nuestros principios y valores y, al menos desde la perspectiva de nuestro partido, de lo que siempre hemos defendido.
Nunca hemos aceptado, y menos justificado, las violaciones a los derechos humanos -entre ellos, el derecho a la vida, que es sagrado-, bajo ninguna circunstancia social, política o de otro tipo. Eso, unido al respeto a la libertad de las personas, a la democracia, al principio de la justicia social, a la solidaridad y al desarrollo de vida en común, forma parte, sin duda, de lo que rige nuestro modo de actuar en la vida política. Y tiene un origen, un pensamiento; obedece al Humanismo Cristiano que los miembros de mi colectividad profesamos.
Y seguramente para nosotros, los que somos creyentes, este debate es mucho más complejo y difícil de abordar, pues, para quienes abrazamos una religión -en este caso, yo soy católico-, la disyuntiva es mucho más compleja. Porque el punto está en que la Iglesia plantea un "deber ser", y uno, desde la perspectiva de las creencias, tiene que tratar de acercarse a ese "deber ser".
Sin embargo, en virtud del rol y la responsabilidad que ciudadanos de distintos signos nos han entregado para representarlos en el Congreso, nuestra obligación es legislar para todos sin distingo de ningún tipo.
Se ha dicho -considero buena la comparación- que de repente este debate se parece al que se produjo con motivo de la necesidad de contar con una ley de divorcio en Chile. Y ahí el cuestionamiento para quienes entendíamos que había que encarar una situación de hecho era: "Mire: los que están a favor del divorcio están en contra de la familia", definición total y absolutamente arbitraria, injusta, errónea, y que además constituía una ignorancia tremenda, porque significaba no reconocer que con una ley de divorcio estábamos buscando justamente admitir la diversidad existente en las familias chilenas.
Los católicos tenemos un concepto del matrimonio; aspiramos a que sea único y para toda la vida. Pero no es así; la realidad es completamente distinta. Y, también sobre la base de los principios cristianos, nos importan mucho el arrepentimiento, la rehabilitación, la posibilidad de corregirse.
Esa es la razón por la cual, producto de un debate largo, mentiroso y, además, antojadizo (donde las disyuntivas que se presentaban no eran las correctas), finalmente logramos aprobar la ley de divorcio. Y hoy día muchas familias en Chile tienen una formación, una vida en comunidad, mucho más sólida que el solo hecho de formar un matrimonio legal o para toda la vida, como se establecía anteriormente.
Este debate también me recuerda a veces la discusión sobre la pena de muerte, pero con un sentido distinto. Porque, frente a este tema, siempre dijimos que por ser sagrado el derecho a la vida nos oponíamos a la pena capital. Y fue un Senador nuestro (Juan Hamilton) el gran baluarte para llevar adelante ese debate y lograr que se eliminara la pena de muerte en nuestro país.
Sin embargo, lo curioso es que quienes hoy día formulan planteamientos de principios no dudaban muchas veces en justificar total y absolutamente la existencia de la pena de muerte. Sin duda, había numerosas razones, y muy buenas algunas.
Ahora, me referiré a la violación. En ese entonces el argumento excesivo era: "¡Pero, cómo un violador, que reiteradamente ha incurrido en tal y tal cosa!". Y se llegaba al extremo de señalar: "¡Esa niña y su familia lo que exigen es la pena de muerte!".
Por lo tanto, se trataba de una discusión compleja y difícil de enfrentar.
Y hay que distinguir entre la condición espiritual de cada uno y nuestro rol como legisladores.
Debo confesar, señor Presidente, que este diálogo, que este debate, lo hemos llevado a cabo entre colegas de distintos partidos, y fundamentalmente en nuestra bancada, y tenemos matices diferentes en cuanto a cómo enfrentarlo.
Considero imprescindible continuar la discusión, seguir dialogando, con el objeto de lograr determinar con claridad las excepciones que deben establecerse para justificar la interrupción del embarazo. Porque estamos hablando de excepciones.
No he escuchado a nadie en esta Sala -¡a nadie!- argumentar a favor de permitir la realización de un aborto con total y absoluta libertad de decisión por parte de las mujeres; no he oído a ningún colega exponer en esa línea.
En verdad, me extraña que no se haya efectuado ese razonamiento. Porque, digámoslo con sinceridad, el temor -legítimo- de muchos es que, a partir de las excepciones que fijemos, lleguemos a una liberalidad total y absoluta, en el sentido de que cualquiera podría abortar en la circunstancia que sea: por razones psicológicas, económicas; porque le pareció, y porque, además, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.
Ese planteamiento y ese debate no se han efectuado, pero está; se encuentra camuflado, escondido.
Entonces, me parece fundamental que continuemos dialogando y debatiendo para establecer con claridad cuáles serían las excepciones, en qué circunstancias se producen y de qué manera la mujer puede tomar la decisión, en un momento determinado, de interrumpir su embarazo.
El primer punto algunos proyectos lo encaran.
La primera excepción que se propone es la despenalización del aborto cuando la vida de la madre depende de la eliminación del feto.
Como se ha expresado, esa situación resulta cada día más extraña, más excepcional. Pero se da.
La otra alternativa para la interrupción del embarazo se refiere a cuando se necesita salvar la vida de la madre. ¿Por qué? Porque cualquier tratamiento o procedimiento indispensable para la salud de ella provoca la muerte del feto. Y se ha hablado largamente sobre esa situación. Es decir, para garantizar y salvar el primer bien que queremos cautelar, la vida de la madre, se produce la muerte del feto. Y eso, que llaman aborto, yo lo entiendo como interrupción del embarazo.
La segunda excepción -en mi modesta opinión, deberíamos considerarla; y reconozco que entra en un terreno más complejo- es la relativa a cuando existe un embarazo que se transforma en inviable y a ciencia cierta se determina o se sabe que no hay posibilidad alguna de vida.
Me parece que, en la práctica, en este caso debe considerarse con total y absoluta claridad la decisión personal y particular de la madre. Porque aquí se han entregado -y hemos leído- testimonios maravillosos de mujeres que, conscientes total y absolutamente de que el feto no tiene ninguna viabilidad, han querido que el embarazo llegue a término.
Eso se halla relacionado con las creencias; con lo que uno quiere, con lo que se siente desde un punto de vista muy personal.
La Senadora Allende hacía referencia a casos parecidos. En realidad, es la madre la que debe decidir. ¡Qué bien que sea así! ¡Qué maravilloso! Porque quienes han dado ese testimonio se encuentran dispuestas a hacerlo.
En tal sentido, el Senador Ignacio Walker ha presentado un proyecto, que hemos respaldado, que busca acompañar a esas madres y ayudarlas en el proceso una vez que ellas adoptan esa resolución.
El punto está en qué pasa con las otras madres. Porque, ante la misma situación, no se les produce esa reacción maravillosa. Al revés, les provoca un trauma o un problema psicológico que, a lo mejor, hace más aconsejable que tomen la decisión de interrumpir su embarazo.
Esa es la gran discusión, la gran duda.
Me parece que es una segunda excepción que debemos mirar con tranquilidad, con diálogo, con respeto a las resoluciones de las personas, y cuyo análisis en el Senado debemos posibilitar. Eso se producirá seguramente durante la discusión en particular de estos proyectos.
La tercera excepción -al menos a mí, en lo personal me hace mucha fuerza- me suscita un problema complejo, espinudo, es la referida a la violación.
Sobre el particular, uno podría decir: "Existen mecanismos; hay ayuda; está la `píldora del día después`, etcétera". Pero creo que el trauma que se provoca a una madre, a una joven violada, es demasiado fuerte, demasiado brutal, como para no considerar que a ella le asiste el derecho también de decidir sobre la interrupción de su embarazo.
Muchas optan -qué bueno que así sea- por tener igual a esa guagua.
Aquí han dado a conocer casos desgarradores.
El Senador Gómez hizo referencia a una detenida que fue violada reiteradamente por su torturador y fue capaz de decir: "Yo igual tengo el hijo".
Pero también tenemos casos a la inversa, que, lamentablemente, los vemos más a menudo y en mujeres en condiciones sociales más vulnerables. Porque aquí hay que ponerse en tales situaciones, y sabemos que se producen en ambientes de promiscuidad, de violencia intrafamiliar, en que mujeres son violadas sistemáticamente por la pareja de la madre o el padrastro; o por el hermano, o el tipo que se halla más cerca. Y no tienen ninguna posibilidad de acceder a la "píldora del día después", ni menos de ir a efectuar una denuncia. ¡No pueden hacer nada!
En mi opinión, en algún momento esa mujer debe tener la posibilidad de decidir si quiere o no que nazca esa guagua, y sin el riesgo de ser penalizada por interrumpir ese embarazo.
Los Senadores que presentamos un proyecto sobre esta misma materia, que no ha sido discutido en esta Sala pero que se encuentra en la Comisión, formulamos una indicación a la iniciativa del Senador Escalona.
Por lo menos para mí resulta muy importante la aprobación de ese proyecto. Y estando de acuerdo con lo manifestado acá, y compartiendo, además, el encabezado de la iniciativa del Senador Rossi, de la entonces Senadora Matthei, por cuanto es muy parecido a lo que nosotros planteamos, nos parece mejor aprobar el proyecto del Senador Escalona e iniciar el debate con tranquilidad, y ver en particular de qué manera podemos establecer lo relativo a las excepciones que permitan la interrupción del embarazo, con la decisión, bajo ciertas condiciones para la madre, de si quiere hacerlo o no, y por supuesto, con las certificaciones y correspondientes opiniones médicas, que resultan fundamentales en este caso.
En un tema difícil, espinudo y complejo, en que no es fácil adoptar una posición, yo estoy porque legislemos en esta materia, porque sigamos debatiéndola. Y en el momento en el que haya que votarla, lo voy a hacer a favor.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, la madurez de una democracia se aprecia cuando somos capaces de debatir con seriedad, con altura de miras aquellos asuntos que representan las convicciones más profundas del ser humano. Porque es el momento en que uno se enfrenta con sus propias convicciones, independiente de la popularidad o impopularidad que cada una de ellas evidencie.
En eso consiste, la tolerancia. Y, por eso, con mucha libertad y convicción voy a plantear mi aproximación y mis definiciones respecto de esta materia.
Señor Presidente, desde mi punto de vista, el aborto tiene que ver con el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no admite excepción alguna. Porque admitir excepciones en cuanto al derecho a la vida significaría que unas vidas prevalecen sobre otras, en circunstancias de que todas tienen la misma condición.
Desde el momento en que existe la vida, a nadie le es lícito disponer de ella, aun en las peores circunstancias. Al revés, desde el instante en que existe la vida, nuestro deber es ampararla, protegerla.
La vida comienza con la concepción, y termina al momento de la muerte natural. Es a partir de la concepción cuando ese ser humano tiene su propia individualidad, independiente de sus progenitores. Es a partir de ese instante cuando todas las vidas están en un mismo estatus, en igual dignidad. No existe una jerarquía en cuanto a cuál vida prevalece sobre la otra. Nadie puede sentirse dueño para disponer de la vida de otro.
Señor Presidente, el aborto, por lo tanto, no es la interrupción del embarazo, sino que es privar de la vida a otro.
Este conjunto de proyectos de ley plantean genéricamente dos grandes materias: el mal llamado "aborto terapéutico" y el aborto eugenésico.
El primero, el aborto terapéutico, plantea un falso dilema: frente al riesgo de la vida de la madre, se priva de la vida al no nacido.
Se trata -como lo acabo de señalar- de un falso dilema. Un médico, ante este supuesto dilema, debe hacer un esfuerzo por salvar ambas vidas. Si como consecuencia de un procedimiento médico que pretendía salvar ambas vidas fallece el no nacido, no estamos en presencia de un aborto, porque nunca ha existido una actitud dolosa, una intención de matar al feto.
Tratándose del aborto eugenésico es claramente distinto. Porque ahí se priva directamente de la vida a un no nacido. Y así lo plantean varias de las iniciativas que hoy día se hallan en discusión.
Por ejemplo, se establece el aborto eugenésico cuando el feto presenta graves taras o malformaciones físicas o psíquicas, y lo que es más delicado, por razones ético-sociales.
Tal como lo manifesté, el aborto eugenésico conlleva problemas éticos muy profundos, porque es privar de la vida al feto.
Y se presentan casos límite, como hemos visto en el curso del debate respecto de la inviabilidad fetal.
Creo que tampoco en ese evento corresponde privar de la vida. Porque es la muerte natural la que debe generar ese proceso, pues de lo contrario estaríamos legitimando la práctica de la eutanasia.
Aceptar ese principio sería dar el paso el día de mañana para que en el caso de personas, por ejemplo, con enfermedades terminales un tercero pueda disponer de sus vidas.
¿Qué diferencia hay entre la inviabilidad fetal y una enfermedad terminal? Ninguna, señor Presidente.
Tratándose de graves malformaciones físicas o psíquicas, o por razones ético-sociales, se pueden llegar a cometer las aberraciones más grandes.
Quiero abordar el tema de la violación, señor Presidente.
Ese ser humano ya tiene vida; tiene su propia individualidad, distinta, y no es responsable de las circunstancias que rodearon la concepción.
Reconozco que para la progenitora es una cuestión feroz, brutal. Por lo tanto, para respetar esa vida, es lícito y legítimo que al momento del alumbramiento entregue a ese ser nacido en adopción o a una institución que asuma su cuidado.
Señor Presidente, quiero especialmente referirme a un asunto que se ha planteado respecto del aborto por razones ético-sociales. ¿Y por qué quiero señalarlo, y con mucha fuerza? Porque detrás de las razones ético-sociales, se apunta a los embarazos no deseados, que -seguramente- constituye la principal causa de aborto en Chile, en particular de los abortos clandestinos.
Los embarazos no deseados no se resuelven quitando la vida. Si por alguna circunstancia, que a mí no me corresponde juzgar -porque jamás lo haré-, alguna mujer es incapaz de asumir la maternidad, existe otra forma de solucionarlo, a partir de la cultura de la vida: la adopción.
En lo personal, he tenido una experiencia maravillosa: tres de mis hijas son adoptadas; tres de los cuatro hijos que tengo, señor Presidente. Seguramente, en su momento, sus progenitoras estaban muy angustiadas. Pero optaron por la vida.
Cientos de miles de familias estamos dispuestas a recibir a todos esos niños, no por caridad, sino como a verdaderos hijos.
Basta, señor Presidente, mirar las listas de espera conformadas por quienes quieren adoptar.
La maternidad o la paternidad trascienden lo meramente biológico. Son lazos que se van forjando día a día entre progenitores e hijos.
Por eso presenté un proyecto de ley, aprobado unánimemente por este Senado hace pocas semanas, donde propuse establecer el 25 de marzo como "Día del que está por nacer".
Pero le agregué algo, para establecerlo también como "Día de la adopción". Ello, porque reconozco que la razón principal para que se realice un aborto son los embarazos no deseados. Y a esto tenemos que darle una respuesta: la adopción.
Yo, humildemente, hago un llamado en esta Alta Corporación para que optemos por la cultura de la vida a través de la adopción; para que generemos instituciones que ayuden y acompañen a las mujeres que pasan por la difícil situación del embarazo no esperado y les señalen que existe un camino distinto del aborto y que cuentan con nuestro más profundo respeto y admiración por haber elegido aquella alternativa.
Nadie puede sentirse con derecho a juzgar a una mujer, a estigmatizarla por las circunstancias en que se registró un embarazo de tal índole. Al revés, debemos apoyarla.
Nadie puede erigirse en juez, pues todos los días cada uno de nosotros -puede ocurrirle a cualquier ser humano- incurre en errores.
Ese es el momento en que las mujeres necesitan más apoyo, comprensión, afecto, lo que debe partir de la propia familia, la que muchas veces termina estigmatizándolas.
¡Optemos por la cultura de la vida!
¡El aborto atenta contra la vida!
¡La vida no admite excepciones!
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, más que de género, de salud pública o científico, este pareciera ser un debate sobre el debate. Es como si tuviéramos un Senado metalingüístico.
¿Por qué digo eso? Porque aquí algunos están cerrando la puerta a la discusión, que es de la esencia de la democracia, cuando anuncian su rechazo a la idea de legislar sobre una materia que todos han calificado de compleja e importante para el país.
Decir "No" a la idea de legislar es tirar la basura debajo de la alfombra; es mirar a esta Alta Cámara como si fuese un concilio medieval y no el alma de una república democrática.
Yo quiero escuchar los argumentos de las organizaciones autodenominadas "pro vida", pero también los de la mujer violada por un drogadicto, o los de aquella que tiene un embarazo inviable, o los de cualquier mujer que sufre alguna patología -lo han señalado aquí varios Senadores- que impida llegar a buen término con una gestación.
Chile es uno de los pocos países del mundo que aún prohíben el aborto en su totalidad. Porque parece que nos estamos acostumbrando -da la sensación de que es normal- a que el Estado decida por los ciudadanos. O sea, el Estado confía cada vez menos en la gente y, en consecuencia, siente que debe ejercer los derechos por ella; en este caso, por las mujeres.
Entonces, quiero decirle a cada colega Senador que hoy se está prohibiendo el debate.
Porque, probablemente, en este mismo instante se están realizando abortos en una población de Lota o en alguna comuna del barrio alto de la Capital.
¡Y vaya que hay diferencias: la mujer pobre se lo practica en una casa escondida en una población del sur de Chile, y la que dispone de recursos, hasta con el médico amigo de la familia, en algunos casos!
Hay entonces, señor Presidente (digamos las cosas por su nombre), hipocresía.
Les sugiero a mis colegas que llamen a cualquiera de los números de teléfonos celulares -se los puedo dar- que aparecen en distintos avisos clasificados de sitios web donde se promueve lo siguiente (esto le van a responder a cualquiera que consulte):
"Venta de pastillas para abortar: misotrol, mifeprex, CITOTEC, $65.000. Tengo a la venta pastillas con efectos abortivos, 100% legítimas, efectivas hasta las 9 semanas de gestación comprobada, garantizo resultado, seriedad, confianza, transparencia y reales conocimientos me avalan; cada pastilla de misotrol es hexagonal (...)" -salen sus características, el laboratorio, cuántas deben tomarse, en qué forma- "reales interesados, envíos todo Chile, seriedad, confianza, discreción, seguridad y total compromiso me avalan".
Lo que he leído -cualquiera lo puede comprobar- no se refiere al levonorgestrel; no es la "píldora del día después".
Señor Presidente, a ratos este debate se parece mucho al de tres años atrás. Me gustaría que pudiésemos buscar los archivos para ver qué decían en aquella ocasión cada Diputado y cada Senador. Y, por supuesto, qué piensan hoy los 32 parlamentarios que recurrieron al Tribunal Constitucional, no solo por la "píldora del día después", sino también por los anticonceptivos orales, por los dispositivos intrauterinos, que a su juicio no había que seguir utilizando.
Estimados Senadores y Senadoras, ¡de qué prohibición hablamos!
¿Creen algunos de ustedes que por pronunciar aquí un discurso que agrade un poquito más a una parte de la sociedad las adolescentes que no quieren ser madres van a venir a preguntarnos qué pensamos?
¿Creen algunos de ustedes que por no abrirse a la idea de legislar los teléfonos celulares a que me referí, mediante los cuales se promueve la venta de pastillas abortivas, dejarán de sonar?
¡Terminemos con la hipocresía, con la mojigatería!
Aquí hay una mirada antropocéntrica que intenta imponerle al resto de los chilenos una supremacía moral, valórica.
Y eso no es nuevo. Dicha supremacía existió también en plena dictadura, durante la cual, en nombre de aquella, se torturaba y mataba solo por pensar distinto.
¡Cuidado con eso de que el derecho a la vida no admite ninguna excepción!
Señor Presidente, en materia de supremacía podríamos, sin ir más lejos, ver lo que está ocurriendo con un hecho bastante reciente, que es noticia en la actualidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por el caso de la jueza Atala.
¿Qué sucedió en ese caso? Diferentes concepciones; no solo jurisdiccionales (no olvidemos que todavía no hay ley antidiscriminación). Para algunos, los valores correctos son la heterosexualidad, y los incorrectos, la opción sexual distinta. ¿Y qué hizo la referida Corte? Acaba de condenar al Estado chileno precisamente por aquello: por intentar llevar a supremacía moral concepciones religiosas.
Señor Presidente, durante este debate ha quedado absolutamente claro que quienes están contra la idea de legislar acerca de cualquiera de los proyectos que nos ocupan lo hacen por concepciones religiosas, en circunstancias de que la separación de la Iglesia y el Estado ocurrió hace harto tiempo.
Evidentemente, este Congreso, esta sociedad, este Estado son mucho menos abiertos que los de hace 80 años.
Lo responsable es discutir sobre el aborto y legislar para que no sigamos arriesgando la vida de las adolescentes.
El propio Ministro Mañalich señalaba hace poco rato que no tenemos dimensionado cuántos abortos se registran al año, en distintos ámbitos. Algunos hablan de 60 mil; otros, de 120 mil.
¿Alguna mujer le pidió autorización a algún parlamentario para someterse a un aborto? Claramente, no.
Digo lo anterior porque acá tenemos, fundamentalmente, la mirada de sectores conservadores que intentan imponerle al resto de la sociedad una concepción religiosa. Y eso me parece en extremo delicado.
El debate, a mi juicio, es sobre la igualdad de acceso: mientras para efectuarse un aborto algunas mujeres viajan fuera del país o acuden de manera ilegal a una clínica del sector alto de Santiago, otras arriesgan su vida.
Ese es el debate. Pero siento que a ratos no lo estamos haciendo.
Se habla del derecho a la vida. Sin embargo, al respecto no se ponen de acuerdo todavía ni los teólogos ni los científicos.
El origen de la vida no es uno solo. La vida es muy anterior al ser humano como especie.
Actualmente, los científicos y el mundo de la salud pública varían sus posiciones entre algunos que conciben que hay vida con la unión de dos gametos, donde aparece un nuevo ADN y se insuflan el alma y el espíritu, y otros que sostienen que la hay recién a partir de la duodécima semana, cuando existe desarrollo neuronal.
Entonces, no hay a ese respecto consenso entre los mundos científico y religioso.
Por eso, creo que este debate se parece mucho al sostenido hace algunos años en torno a la "píldora del día después". Y hoy hemos escuchado a un Ministro absolutamente categórico con relación a que los argumentos que la Derecha esgrimió y llevó al Tribunal Constitucional estaban por completo equivocados.
Me gustaría, pues, escuchar ahora a alguno de los parlamentarios que adujeron tales argumentos, porque estamos adoptando decisiones para todas las mujeres y ellos le están imponiendo su creencia, su convicción -por cierto legítima- al resto del país.
Por eso, me parece interesante lo que señaló el Senador Pizarro en el sentido de distinguir entre la condición espiritual de cada uno y las decisiones de Estado.
Señor Presidente, simplemente, estimo del todo necesario avanzar en esta materia. Sin duda, se precisa llevar adelante la discusión particular, examinar en su mérito cada uno de los proyectos que nos ocupan. No podemos clausurar este debate. Es importante avanzar en él, para lograr conocer las cifras oficiales, con las que el Ministerio de Salud no cuenta en la actualidad -esto no constituye un hecho menor-; para impulsar la democratización del acceso a una intervención segura -eso lo conseguiremos en la medida que haya ley-, y para dotar al Estado de un rol de apoyo psicológico y consejería dirigidos a mujeres que se hallan en la situación a que se ha hecho referencia.
Por todo lo expuesto, votaré a favor de la idea de legislar y en contra de la hipocresía.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero partir señalando que en una sociedad democrática no existen los temas tabúes y que, como legisladores, tenemos la obligación de abordar cada una de las materias que, requieran o no legislación, es necesario debatir, precisamente porque formamos parte (y felizmente) de una sociedad democrática -valga la redundancia- y porque, además, quienes estamos aquí -todas y todos- representamos a nuestros electores.
Antes de entregar mi opinión sobre los proyectos en debate, deseo manifestar que parece conveniente -lo digo con gran respeto- evitar las visiones maniqueas que entienden que la discusión sobre el aborto es un enfrentamiento absoluto, puro y simple entre los defensores de la vida, por una parte, y los partidarios de la muerte, por otra.
Pero, aun cuando uno rechace el aborto, como es mi caso,...
... parece justo reconocer -y a quienes se encuentran en las tribunas les pido que también lo hagan- que el propósito perseguido por algunos de quienes promueven las propuestas de ley que nos ocupan está vinculado precisamente a la protección del derecho a la vida, en este caso -así lo piensan muchos- el de las mujeres a las que les toca enfrentar embarazos de altísimo riesgo.
Cualquiera con algún grado de conciencia sobre los altos niveles de marginación, invisibilidad y discriminación de que han sido víctimas históricamente las mujeres, en especial las más pobres, no puede sino valorar esa intención.
Siempre pensando que debemos tener un debate con altura de miras, me gustaría que los partidarios de autorizar algunos tipos de aborto entendieran que varias de las personas que rechazan estas iniciativas no lo hacen por ser insensibles ante el sufrimiento de las madres, ni porque adscriben a visiones machistas que consideran a la mujer embarazada una incubadora sin derechos de ningún tipo, sino que lo hacen más bien sobre la base de lo que entienden que es una comprensión cabal de la igual dignidad de todas las personas.
Señor Presidente, con relación a las iniciativas que estamos debatiendo esta tarde, debo manifestar en primer lugar que hay una concepción errada -varios parlamentarios lo han señalado aquí- acerca de lo que se llama "aborto terapéutico".
Con absoluta claridad, quiero expresar que, existiendo la necesidad de realizar algún tratamiento médico para salvar la vida de la madre, no hay duda alguna de que el facultativo está obligado a efectuarlo aun cuando como consecuencia de ello se produzca la muerte del feto. De eso no tengo dudas, tanto porque es la práctica del día de hoy cuanto porque existen razones legislativas.
Debo recordar que en 2010 se aprobó en el Congreso la ley sobre femicidio. En dicha oportunidad hicimos una gran modificación -recuerdo que fue sugerida por el profesor Cury en la Comisión de Constitución-, mediante la cual se incorporó en el Código Penal, entre las eximentes de responsabilidad penal, una ampliación del estado de necesidad.
Antes de tal enmienda, el referido Código establecía que el estado de necesidad se relacionaba con la protección de los bienes de las personas (estoy simplificando). Vale decir, si alguien entraba a un domicilio, procedía a robar un computador y quien vivía allí le pegaba un palo, esta acción se encuadraba dentro del estado de necesidad.
Pues bien, mediante la ley que estableció el delito de femicidio se modificó el número 11 del artículo 10 del Código Penal, que quedó redactado así:
"11. El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
"1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar.
"2ª. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo.
"3ª. Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita.
"4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí", etcétera.
Insisto: "El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero" lo está haciendo en estado de necesidad. Y ello se incorpora entre las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.
Esto es reciente: emana de la ley sobre femicidio.
Ahora, en cuanto a la modificación explicitada, no ha existido una difusión adecuada -contrariamente a lo que debería suceder- en universidades, en los colegios médicos, incluso -excúsenme, señor Presidente y Honorables colegas- entre nosotros mismos. Y digo esto último porque varios de los colegas con quienes he hablado no recordaban la nueva disposición a que me referí. Porque la legislamos con relación al femicidio, pero se olvidó que se trataba de una modificación al Código Penal y que regía para cualquier tipo de circunstancias.
Debería, pues, existir una mayor socialización a ese respecto.
Entonces, señor Presidente, más allá de la práctica médica, aquí hay una razón legal, vinculada con "El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero".
Esto -reitero- es nuevo. Y me parece muy importante que se sepa: que lo sepan los médicos, que lo sepa la ciudadanía, que lo sepan las mujeres, que lo sepan también -¡ojo!- los hombres.
Porque adelanto una afirmación: me preocupa que solo se hable de los derechos de la mujer. Los hijos son concebidos por un hombre y una mujer, y, por ende, no se trata solo de los derechos de la madre, que existen, sino también -ya hemos legislado al respecto, pero quisiera avanzar mucho más- de los propios de los padres.
Hemos meditado sobre el particular y, en lo personal, conversado con muchas mujeres, pero también con parejas que han vivido la inviabilidad fetal y optado por una determinación u otra.
Fui Ministra del SERNAM, de manera que estoy muy bien enterada de la situación. Conozco testimonios directos -no solo los que arrojan la literatura o la medicina- de personas que han pasado por experiencias dramáticas.
Y existe de todo, señor Presidente. Hay mujeres, como aquí se ha señalado, que optan por tener al hijo, porque, aunque viva horas, días, semanas o meses, quieren acceder a la posibilidad de verlo, tomarlo en brazos, darle un nombre y sepultarlo.
También me impuse, por casos prácticos, que con frecuencia, cuando adoptan una decisión contraria, los traumas posaborto son terribles.
La expresión "inviabilidad" intenta presentar como algo claro y uniforme un conjunto complejo de realidades.
En algunas oportunidades existen elementos de juicio que permiten una anticipación, pero, en otras, el diagnóstico es mucho menos preciso. Sé de anuncios de inviabilidad fetal respecto de embarazos en que los niños nacen sin dificultades.
Entonces, ¿a qué se refiere el proyecto? ¿A la certidumbre total de la muerte inmediata? ¿A la expectativa de una vida precaria, con escasas posibilidades de sobrevivir? ¿A la perspectiva de necesitarse terapias extraordinarias y costosas? Tal ambigüedad sería suficiente para descartar la norma.
Sin embargo, mi rechazo al aborto por dicha causa no descansa principalmente en esas dudas ni en los peligros del error. La objeción se mantendría en pie aun cuando se acotara la disposición para casos en que puede haber cierta certeza.
El problema de fondo es que la idea viola gravemente el igual derecho a la vida del que está por nacer. Recordemos que esta no principia al momento del nacimiento, sino con la concepción. Y lo vulnera porque, en vez de atar la protección del derecho a la igual dignidad intrínseca de todo ser humano, la condiciona a las posibilidades de sobrevida.
Es cierto que las grandes religiones del mundo coinciden en levantar, con mucha fuerza, el mandamiento de no matar inocentes. Sin embargo, la regla también se justifica en la ética pública laica. ¿Acaso no es verdad que la humanidad ya sabe, lamentablemente, lo que pasa cuando un grupo cualquiera se arroga la potestad de distinguir entre los tipos de seres y vidas que vale la pena cuidar y cuáles no?
La Senadora señora Allende, con mucha razón, repudió el hecho horroroso que afectó al joven Zamudio, pronunciamiento que espero que todos compartamos por igual. Entre paréntesis, el Senado ya aprobó el proyecto contra la discriminación, y confiamos en que la Cámara de Diputados actuará con celeridad.
Por otra parte, existen algunas indicaciones de carácter eugenésico y otras de índole ético-social.
Respecto de las primeras, me parece reprochable, francamente, desde el punto de vista de un Estado laico, la posibilidad -no deseo emitir ningún juicio en contra de quienes lo han sostenido- de provocar un aborto por alguna situación del niño que está por nacer.
¿En qué se está pensando cuando se hace referencia a graves taras o malformaciones físicas o psíquicas? ¿En el síndrome de Down? ¿En los siameses? ¿En los niños sin extremidades?
¿Y quién juzga? ¿La madre? ¿El juez? ¿El médico?
No solo en razón de su indeterminación es criticable una indicación de esa naturaleza. Admitir la excepción es gravemente contradictorio con la igual dignidad de todos. Tales soluciones redundan en la consecuencia evidente, aunque no deseada, de etiquetar a algunos como seres inferiores y prescindibles. Ello no me parece correcto, cualquiera que sea el defecto físico o la malformación que presente una persona. Se trata de un ser humano único e irrepetible, con igual dignidad y derechos que los demás.
En cuanto a la indicación ético-social relativa a la violación, creo que la motivación es realmente atendible, ante el profundo sufrimiento de la madre; pero permítame expresar, señor Presidente, que no encuentro justificado que se busque subsanar un delito horroroso por la vía de matar a un ser humano.
Sí me parece...
El señor PROKURICA.- ¡Ya está bueno, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- Con otro insulto tendré que ordenar el desalojo de las tribunas. Esta es la última vez que lo advierto.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, no me considero hipócrita. Soy una persona que dice en público y en privado lo que piensa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede proseguir, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, comprendo a una madre violada que, por sentimientos muy poderosos de dolor, depresión, miedo, arrebato, quiera provocarse un aborto. Lo entiendo muy bien. Sé del sufrimiento.
Existe un hogar -puede haber muchos otros, pero este lo conozco muy de cerca, porque lo visito- de niñas menores de 18 años violadas a quienes se acoge para acompañarlas en su embarazo, las que tienen después la posibilidad de dar a su hijo en adopción. Pueden estudiar, y si quieren quedarse con el bebé, las otras muchachas lo cuidan. Y el 95 por ciento de esas niñas violadas y que han recibido el apoyo necesario durante su difícil proceso deciden no entregar en adopción a sus pequeños. ¡Ellas tienen menos de 18 años!
Media una obligación del Estado de apoyar verdaderamente -no sirven solo palabras- a esas madres, y es fundamental que la cuestión le competa tanto al hombre como a la mujer.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se agotó su tiempo, señora Senadora. Tiene un minuto para concluir.
Finalmente, deseo expresarles a todos los que nos acompañan en esta trascendental discusión que lo más relevante en una sociedad democrática es escucharnos y respetarnos. En ese contexto lograremos mejores debates sobre todos los temas que se requiere considerar en nuestra sociedad y someterlos a la consideración del Senado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero al público, no el dilema reglamentario, que estimo secundario en este caso, sino la importancia de saber escuchar en relación con la materia en examen. Por lo tanto, ruego asumir que se precisa un esfuerzo máximo de tolerancia y reflexión y la capacidad de demostrarlo.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en verdad, celebro profundamente...
El señor ESCALONA (Presidente).- Excúseme, Su Señoría.
Solicito nuevamente a quienes se interesan en asistir al debate -entiendo que se encuentran acá motivados precisamente por su espíritu cívico, por su contribución como ciudadanos- que sepan escuchar.
La señora VON BAER.- Decía que celebro que podamos darnos el espacio, no solo nosotros, en el Senado, sino también quienes nos acompañan hoy día en las tribunas, para tratar, con calma, respeto y ampliamente, un tema que conmueve, como el del aborto.
Creo que podemos seguirlo analizando, porque sería posible pedir una sesión especial para tal efecto. Eso demuestra lo que resulta evidente: que para ocuparse en un asunto en esta Corporación no es necesario aprobar la idea de legislar. Siempre podemos discutir algo; aprobar esta última es distinto.
Es fundamental para una democracia que se puedan abordar todas y cada una de las cuestiones con claridad, con transparencia, pero también con altura de mira y, sobre todo, con respeto a una opinión diferente. Es un sistema en el que nadie puede imponer su visión. Resulta de la esencia discutir todos los aspectos, pero respetar siempre los demás pareceres, opciones y convicciones.
Pero seamos claros: votar a favor de la idea de legislar no significa abrir el debate. Para eso -repito- se puede citar a una sesión especial. Votar a favor de la idea de legislar importa decir que sí a hacerlo en favor del aborto; implica estar de acuerdo con aprobar alguna normativa, alguna ley, que permita terminar con la vida del que está por nacer.
Por lo tanto, señor Presidente, cuando se dice que el pronunciamiento en contra de la idea de legislar obedece a que nosotros no queremos debatir sobre el tema, eso no es correcto. Estamos dispuestos a hacerlo en la Sala del Senado y ante la opinión pública, porque eso es importante para nuestra democracia. Pero la aprobación involucra querer que se legisle a favor del aborto. Y ese es un paso que la Senadora que habla, por lo menos, no desea dar.
Esta es una discusión de aquellas que despiertan pasiones justamente por tocar convicciones muy profundas. Y, por lo mismo, estimo relevante para la salud de nuestra democracia que seamos claros y transparentes en nuestros planteamientos.
La primera cuestión que debemos aclarar, a mi juicio, es qué se encuentra primero: la persona o el Estado. ¿Está la persona al servicio del Estado o el Estado al servicio de la persona?
Evidentemente, la persona es anterior al Estado. Este último es la organización que nos damos los seres humanos precisamente y en primera instancia para brindarnos seguridad, para proteger nuestra vida. Tiene, entonces, el mandato de defender la vida humana.
Lo segundo que se requiere dilucidar es si las mujeres, como plantean algunos -y respeto su opinión, aunque no la comparto-, tenemos derecho sobre nuestro cuerpo a tal punto de poder interrumpir un embarazo.
Si creemos que la vida en desarrollo al interior de nuestro vientre es una extensión del cuerpo, la respuesta lógica sería la afirmativa, es decir, que podríamos terminar con ella.
Sin embargo, si abrigamos la convicción de que la vida que se desarrolla milagrosamente en el vientre materno es distinta, es la de un ser humano único, entonces ¡nadie! tiene el derecho a terminarla deliberadamente.
De hecho, el Estado pena a una madre que mata a su hijo una vez nacido. ¿Por qué no debiera sancionar a aquella que lo hace mientras se encuentra en su vientre? ¿Esa nueva vida no tiene el mismo derecho que los demás seres humanos a la protección de parte del Estado?
A mi juicio, señor Presidente, las mujeres no somos omnipotentes y no tenemos el derecho a decidir sobre la vida y la muerte.
Coincido con el Senador señor Rossi en que no estamos haciendo referencia a convicciones religiosas, sino a derechos humanos; pero no se trata solo de los correspondientes a las mujeres, sino también a los de los niños por nacer.
La tercera cuestión es si pensamos que existen distintos tipos de seres humanos, distintos tipos de vida, y, por lo tanto, si algunos tienen derecho a vivir y otros no.
Mi Honorable colega Alvear preguntaba: "¿Y quién lo decide?".
Considero muy complejo, muy difícil, que le entreguemos tanto al padre como a la madre la decisión de qué vida se puede mantener y cuál no.
La otra forma de considerar el asunto es abrigando la convicción de que toda vida humana merece el mismo respeto.
Uno de los proyectos en análisis plantea que se permita terminar con el embarazo cuando el que está por nacer presente graves taras o malformaciones físicas o psíquicas.
Si reflexionamos profundamente, si cerramos los ojos y nos replegamos en nuestro interior, llegaremos una y otra vez a la misma respuesta: nunca tendremos el derecho a terminar con la vida de otro, aunque sea distinto. Y es cosa de preguntarle a cualquier madre que tiene un hijo con habilidades diferentes.
Señor Presidente, creo que no debemos evitar ningún tema. Estamos aludiendo a situaciones difíciles; a momentos desgarradores para muchas familias, para muchas mujeres y para muchos hombres. Siempre es importante intentar ponerse en el lugar del otro, aunque nunca vamos a poder vivir completamente el drama de otra persona. Es importante tratar de sentir con el otro, con una mujer, con una niña violada, con una madre que espera un hijo con alguna malformación.
Pero también debemos ponernos en el lugar del ser humano que está por nacer y sentir, ¡sentir! con él, con ese niño que, cuando estamos embarazadas, llevamos dentro de nosotras.
Esa vida también merece nuestro respeto. Frente a ella no podemos ser indiferentes.
Señor Presidente, estoy convencida de que una de las cosas que le hacen falta a nuestra política, especialmente desde la mirada de los jóvenes, es que seamos capaces de discutir con claridad y transparencia, por más duros y difíciles que resulten los temas que se deban debatir, por más pasiones que despierten. Siempre debemos tener la capacidad de hacerlo y de señalar con transparencia lo que pensamos y, también, de defenderlo con fuerza y valentía.
Una de las frases que enreda y confunde esta discusión es la del mal llamado "aborto terapéutico". Y esto lo explicó muy bien la Senadora Alvear. Porque, finalmente, ¿qué es el aborto? Es la acción que busca terminar con la vida del que está por nacer al sacarlo del útero materno antes de que pueda sobrevivir fuera de él. Otra cosa muy distinta es que el médico persiga salvar la vida de la madre y, por un efecto secundario no deseado, ponga en peligro la del niño que aún no ha nacido. De hecho, es una obligación del facultativo salvar a la mujer. Al seguir este pensamiento, si no salvamos a la madre que espera a un niño que todavía no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno, finalmente este no va a sobrevivir.
Por lo tanto, es un contrasentido decir que no vamos a salvar la vida de la madre. ¡Tenemos que hacerlo, y ojalá, también la del niño! La ciencia y la tecnología nos ayudan a que estos dos derechos colisionen cada vez menos. Pero resulta claro -lo han señalado varios médicos y hoy día lo ha afirmado el Ministro de Salud- que, en caso de que se deba salvar la vida de la madre, y por efecto del tratamiento se dañe al feto, no hay dolo.
No confundamos la discusión. Hablemos del fondo. Todos estamos de acuerdo en salvar la vida de la madre, pero una cosa muy distinta es pensar que ella tiene el derecho a terminar con la del niño.
Entonces, el debate real no es salvarla o no. Esto, a mi juicio, está aclarado. Y volver una y otra vez sobre el mismo punto no tiene mucho sentido, porque no nos permite discutir el fondo.
El Senador Pizarro sostuvo que este debate se halla detrás de la discusión real. ¡Entremos a la discusión real! ¡Entremos a la que verdaderamente importa acá! Ella radica en si creemos -y respeto la diferencia de opiniones- que la mujer tiene derecho a acabar con la vida del que aún no ha nacido. Entonces, seamos sinceros. El debate se trata del aborto, de si estamos dispuestos a aceptarlo en Chile, de si pensamos que es un derecho de la madre el tomar esa decisión.
Señor Presidente, considero que nadie tiene derecho a terminar con la vida de otro, por muy tremenda que sea la situación que esté viviendo. Nadie es omnipotente. Nadie puede acabar con la existencia de otra persona, menos aún con la de un niño que está por nacer.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio.
Deseo dar las gracias, en especial, a las personas que supieron escuchar. Les agradezco que hayan acogido la solicitud que formuló la Mesa.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, la discusión sobre el aborto terapéutico no ha sido fácil. Desde luego, por lo complejo del tema, en que se involucran visiones personales, éticas, religiosas, además de la evidencia científica.
Sin embargo, se vuelve aún más difícil producto de que algunos sectores pretenden acallar el debate. Temen que legislar sobre esta materia abra camino a leyes más permisivas respecto de todo tipo de interrupción del embarazo.
En ese afán, utilizan argumentos jurídicos e históricos como si fueran irrefutables, pretendiendo dar a ciertas circunstancias y hechos alcances que no tienen.
Lo primero que cabe decir, y que por obvio se calla, es que no se está trazando una normativa nueva sobre este asunto. La posibilidad de interrumpir el embarazo cuando peligre la vida de la madre existió en nuestra legislación durante muchas décadas. Fue incorporada en 1931, y reformulada en 1967, bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva. Permaneció vigente por más de 20 años, resistiendo sin mayor problema casi toda la dictadura, hasta septiembre de 1989, pocos meses antes del retorno a la democracia, fecha en que se reemplazó la norma pertinente.
Esa modificación ni siquiera revistió unanimidad en el curioso sistema legislativo de la dictadura. El pronunciamiento de sus diversas comisiones, que no eran más que la expresión de las ramas de las Fuerzas Armadas, tampoco fue pacífico, siendo la Armada, con el Almirante Merino a la cabeza, la casi exclusiva promotora de tal enmienda. Los informes respectivos de médicos de las restantes áreas castrenses contradecían científicamente el proyecto correspondiente.
Pero lo más sorprendente y desconocido para muchos es que aún en el limitado espectro teórico que representaban los redactores de la Constitución de 1980 no estuvo, ni remotamente, la intención de limitar la posibilidad de que el legislador estableciera en el futuro ciertas formas de aborto en el país.
Lo anterior, incluso a pesar de la declaración formulada en el inciso segundo del numeral 1° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que señala: "La ley protege la vida del que está por nacer", la cual es usada muy habitualmente por los detractores de estas iniciativas como argumento capaz de cercenar el debate.
Dicho de otro modo, pese a incorporar esta aparentemente irrefutable declaración, los constituyentes del año ochenta le dieron otro significado, precisamente el de un mandato al legislador del futuro para discutir y no un llamado a cerrar la puerta, como se pretende.
Muy ilustrativa es, en este aspecto, la discusión de la denominada "Comisión Ortúzar" en su sesión 90ª, del 25 de noviembre de 1974. En ella se consigna un debate acerca de la interpretación que los comisionados le dieron a dicha disposición.
Al respecto, el señor Silva Bascuñán expresa su conformidad con incorporar dicha mención, señalando que "es un avance del constituyente establecer no sólo el precepto de protección del derecho a la vida, sino también de la vida del que está por nacer". Sin embargo, a continuación aclara el sentido, indicando que "eso será un buen argumento para que el legislador no abra la posibilidad a la legalización excesiva del aborto".
En seguida, el señor Evans menciona su interés en que se deje expresa constancia del sentido de la frase, afirmando que a su juicio ella "implica un mandato flexible para no sancionar penalmente formas de aborto terapéutico en que haya mediado una decisión responsable del padre o del facultativo".
Luego, el señor Ovalle avanza aún más en la delimitación del precepto, pues manifiesta que "esta norma, como señala el señor Evans, es flexible. Pero esa flexibilidad no la entiende tan limitada como lo aprecian los señores Silva, Bascuñán y Evans".
A su juicio, "el legislador deberá tratar con acopio de antecedentes, informes técnicos y estudios concretos que el constituyente no puede, necesariamente, tener a la vista, por su tarea de carácter general, el problema del aborto, pero no podrá hacerlo con la liberalidad con que, por ejemplo, se ha abordado este problema en los países nórdicos, porque es deseo del constituyente que lo considere en forma restringida".
"Agrega que, personalmente, no sólo es partidario del aborto terapéutico, sino que de otros casos más que para él se justifican en plenitud".
El Presidente de la Comisión, señor Ortúzar, intenta seguidamente resumir este debate indicando que "en esta materia quizás convendría ser, también, un poco flexibles" (...) "y aún cuando no se atreve a precisar cuáles son los casos, no cree que, en conciencia, el único sea el aborto terapéutico", tras lo cual señala, a título ejemplar, el caso de una violación.
Concluye precisando que "se deja esta posibilidad al legislador, con el fin de que él pueda apreciar aquellos casos, como el del aborto terapéutico, principalmente, en que, en realidad, se estime que puedan no ser constitutivos de delitos".
Ese es el antecedente de la disposición constitucional que se usa para impedir el debate sobre el aborto en Chile.
Lo expresado en la citada instancia trajo consigo la molestia del comisionado señor Jaime Guzmán, quien solicitó la palabra para expresar "su profundo desencanto" de que "la Constitución no vaya a tomar una definición en esta materia", añadiendo que "éste era uno de los aspectos respecto del cual hubiese aspirado con mayor énfasis a que la Comisión y la Constitución futura hubieran tenido una posición clara y definida".
De lo anterior, señor Presidente, Honorables colegas, se concluye lo siguiente:
1.- La historia fidedigna de la Constitución Política de 1980 demuestra que no estuvo en el espíritu de sus redactores establecer la prohibición absoluta de legislar sobre el aborto, pese a incorporar en el texto la frase "La ley protege la vida del que está por nacer".
2.- Del tenor del debate sostenido por sus redactores queda de manifiesto que se encarga al legislador pronunciarse, en el futuro, acerca de los casos en que pudiera aceptarse y despenalizarse el aborto.
3- Los constituyentes de 1980 solo dejaron constancia de dos criterios:
a) Que la regulación en esta materia pudiera incluir el aborto terapéutico como una de sus manifestaciones más evidentes y, eventualmente, otras como el caso de la mujer violada, citado, a título ejemplar, por uno de los comisionados a que aludí anteriormente.
b) Que una legislación sobre el tema solo tiene como límite no llegar a una legalización "excesiva" del aborto, mencionándose como paradigma negativo la existente en los países nórdicos.
Por lo anterior, y por las razones sanitarias y éticas que hemos escuchado, considero útil que nuestro país se abra a una discusión respecto a este asunto. Creo que en democracia no corresponde cerrar la opción a debatir, y menos usando frases que no tuvieron la connotación que se pretende darles, ni siquiera entre los redactores de la Constitución Política de 1980.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, sin duda alguna, comparto la valoración del hecho de que llevemos a cabo este debate. En una sociedad democrática no hay temas vedados ni censurables; todas las materias pueden ser discutidas en el Parlamento, donde se expresa la diversidad del país. Por lo tanto, saludo y valoro el debate que hemos desarrollado hoy día con gran altura de miras.
Debo manifestar que resulta muy importante escuchar a las mujeres, quienes son las afectadas por el asunto que estamos analizando. Hemos escuchado a especialistas e invitado a numerosas personas que representan puntos de vista diversos.
Me parece fundamental que se discuta con convicciones, con argumentos, con respeto y no con descalificaciones. Y eso es lo que ahora he visto en el Senado de la República.
En mi opinión, hay algunos elementos claves que debemos tener en cuenta en este debate.
En primer lugar, mi convicción personal de que hay vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esto lo ha reconocido la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional.
En segundo término, si asumimos lo anterior, ni siquiera razones tan poderosas y atendibles en sí mismas, como la salud, la autonomía o el desarrollo personal, serán suficientes para sacrificar la vida de un embrión, de un ser inocente que no tiene cómo defenderse.
En tercer lugar, reconozco que existen seres humanos respecto a los cuales, al no poder ejercer su libertad debido a que carecen de su capacidad racional (o la han perdido), o al no ser considerados en el cálculo de utilidad porque su vida significa una carga pesada y un sufrimiento tanto para sí mismos como para quienes se hacen cargo de ellos o la sociedad en general, la consecuencia lógica sería abandonarlos o deshacerse de ellos. Y no solo tratándose de embriones o fetos sino también de niños nacidos con graves enfermedades genéticas, personas en estado vegetativo persistente, ancianos con alzhéimer. Según esta visión, sería legítimo aplicar la eutanasia, tal como se ha planteado en algunos países desarrollados.
En cuarto término, considero que ambas doctrinas se fundamentan en una visión del ser humano profundamente egoísta, cuya motivación solo apunta a la búsqueda de su propio beneficio, ya sea por medio de un ejercicio casi irrestricto de su libertad o por la satisfacción hedonista para el mayor número de individuos.
Si reconocemos que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, debemos admitir que la libertad e igualdad en dignidad y derechos es compartida por todas las personas que están por nacer.
Se trata, entonces, de una identidad ontológica, es decir, del ser.
Por lo tanto, aun sin haber nacido, a los seres humanos se les debe reconocer y respetar -tal como lo hacen nuestra Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Chile- desde la concepción.
Primera hipótesis que se plantea para legislar: salvar la vida de la madre.
En realidad, en nuestro país actualmente los médicos intervienen, actúan, sin pedirle permiso a nadie, para salvar la vida de las madres y, si eso significa interrumpir el embarazo, lo hacen. No hay ni un solo facultativo en Chile condenado, formalizado o investigado por un aborto practicado para salvar la vida de la madre.
Por eso, señor Presidente, me parece importante situar las cosas en el lugar que corresponde.
¿Por qué ocurre esto? Los casos reales de conflicto entre la vida de las madres y la de los hijos han estado cubiertos por la no exigibilidad de otra conducta, contemplada en el artículo 10, número 10, del Código Penal, el cual, aun cuando no es lo óptimo, por operar a nivel de la culpabilidad y no de la ilicitud, debiera resolver todas las hipótesis imaginables.
Durante el 2010 aprobamos una reforma legal que se hace cargo de las legítimas y razonables inquietudes planteadas acá.
En efecto, la ley N° 20.480, de diciembre de ese año, que tipifica el femicidio, amplía significativamente el estado de necesidad como causal de justificación. En el artículo 10, número 11, se establece como eximente de responsabilidad penal.
Si hasta ahora el estado de necesidad solo operaba en aquellos casos en que se sacrifica la propiedad, la inviolabilidad de la morada para proteger la vida o la integridad física, en su redacción actual, que trabajamos en la Comisión de Constitución -tengo el honor de integrarla-, apunta a proteger tanto la vida como la salud de otra persona. Y, por supuesto, según se ha hablado acá, está también la teoría o la tesis del doble efecto, en que hay un fin buscado, salvar la vida de la madre, y un fin no deseado, que es interrumpir el embarazo.
Por lo tanto, en mi opinión, este tema está resuelto. Un ejemplo concreto: cuando hay un embarazo ectópico, los médicos intervienen y no dudan en salvar la vida de la madre.
Segundo caso en discusión: la inviabilidad fetal.
Debo reconocer que este es el caso que me causa más dolor, que encuentro más dramático. Por eso, lo que voy a decir es con tremendo respeto y con compasión hacia las madres a las que les toca vivir la situación de inviabilidad fetal.
Sin embargo, en verdad, el término "inviabilidad fetal" es muy amplio. Hay veces en que se puede anticipar con certeza que la criatura no tiene la posibilidad de sobrevivir al parto más de algunos minutos. Pero en otras oportunidades el diagnóstico es mucho menos claro y, por lo tanto, hay más ambigüedad; se pueden cometer más errores. Yo he conocido dos ejemplos que me han comunicado por correo electrónico: una niñita de doce años y un niño de quince. Si se hubiera hecho caso al médico, no habrían nacido, porque su pronóstico era inviabilidad fetal.
Para nosotros lo más importante en este punto es respetar la dignidad inherente a todo ser humano. Que la persona viva o le queden cinco minutos, horas, meses, años, ¿dónde ponemos el límite? Esa es la gran pregunta, señor Presidente.
Tengo la sensación de que terminar con la vida del feto no acaba con el dolor tremendo de la madre.
Los seres humanos, por el solo hecho de ser personas, tienen dignidad al margen de su utilidad y de sus posibilidades de sobrevivir. Si hacemos una analogía y pensamos en quienes han nacido, ¿qué pasa cuando hay un estado vegetativo persistente o un alzhéimer? ¿Terminamos antes con la vida de esas personas o dejamos que mueran en forma natural? Evidentemente, dejamos que dejen de existir de manera natural y no anticipamos el término de su vida.
Pero hay que hacerse cargo de esas personas. Hablábamos de la compasión y del respeto a esas mujeres. Por eso, los Senadores de la Democracia Cristiana hemos presentado un proyecto de ley que establece un programa de apoyo prenatal y un cuidado paliativo perinatal a las madres, a sus hijos y a su familia durante todo este doloroso proceso. La idea es que esas mujeres cuenten con la adecuada orientación y con la atención profesional que requieren.
Doy un solo ejemplo: estos programas se empezaron a aplicar en la década del sesenta en Estados Unidos, donde está legalizado el aborto. El 80 por ciento de las mujeres embarazadas con inviabilidad fetal abortaban. Después de que se crearon esos centros y programas de apoyo, el 80 por ciento de las madres optan por tener sus hijos y porque el proceso se desarrolle naturalmente.
Hemos recibido muchos testimonios de mujeres que abortaron por inviabilidad fetal y, cuando les entregamos nuestro proyecto, nos expresaron que, si hubieran tenido este apoyo, su proceso hubiera sido mucho más fácil y menos doloroso.
Por eso, hago un llamado al Gobierno a patrocinar esta iniciativa de ley y a darle urgencia.
Otro proyecto habla de posibilitar el aborto cuando hay graves taras o malformaciones físicas o sicológicas. Sinceramente, creo que esa es una redacción demasiado amplia, y su aplicación puede ser sumamente cruel. Podría comprender aun a niños con síndrome de Down o sin extremidades. Lógicamente, no queremos aborto eugenésico. Me parece que este incluso atenta contra una normativa que aprobamos nosotros acá -la ley contra la discriminación-, la cual no sanciona sino que protege a las personas, sobre todo si tienen alguna situación difícil de desigualdad.
Y el caso de la violación también es dramático, superdoloroso. Me pongo en el lugar de la mujer víctima de un atentado de ese tipo. Pero, tiempo atrás -yo voté a favor- aprobamos la píldora del día después, entre otras razones para que la mujer que queda embarazada producto de una violación no tenga que recurrir al aborto, sino que pueda usar ese fármaco, respecto del cual tengo la convicción de que no es abortivo y, por lo tanto, puede significar perfectamente un alivio para la mujer que está viviendo una situación tan difícil.
Señor Presidente, ahora quiero referirme al aborto con fines terapéuticos.
Si aprobáramos la redacción propuesta, la aplicación de la norma sería muy riesgosa. En España, donde está legalizado el aborto, el 90 por ciento de la interrupción del embarazo se hace para proteger "la salud psicológica de la mujer", ya que, por una depresión o por un sentimiento de angustia, puede abortar. Y eso, claramente, me parece un exceso.
Se dice que los abortos clandestinos aumentan la mortalidad materna. Yo tengo acá un estudio del doctor Elard Koch, el cual señala que en 1989 morían 14 personas al año por abortos provocados; hoy fallecen solo 3 anualmente por esa causa.
Chile tiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo. En Estados Unidos la cifra es de 18 cada 100 mil niños nacidos vivos; en Chile es aun más baja: 16 por cada 100 mil niños nacidos vivos.
Por lo tanto, los países que han legalizado el aborto tienen índices más altos de mortalidad infantil.
Hay un último tema que me preocupa: la evolución del aborto en los últimos cincuenta años en Europa. Ha habido allí una transición rápida desde el aborto terapéutico al de libre petición. Un ejemplo: España. En 1985, año en que se legalizó esta práctica, hubo 16 mil abortos; en 1998, 53 mil, y en 2008, 115 mil. Y ahora nuevamente se amplió la aplicación del aborto en ese país.
Chile tiene un aborto cada 10,9 nacidos vivos. Lituania, Estonia, Rumania, uno cada 2,5. La legalización trae más aborto. Y lo más terrible es que en España hoy día no nacen prácticamente niños con síndrome de Down. Y eso, a mí, personalmente, me violenta.
Señor Presidente, algunos dicen que esta es una discusión entre religiosos y no religiosos. Tengo acá el veto que envió el ex Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, agnóstico, socialista, un hombre de profundas convicciones, que desde su visión científica dijo: "Nace la vida desde el momento de la concepción". Aquí está el documento, si alguien lo quiere leer. Por lo tanto, este no es un tema de católicos o no católicos.
En mi opinión, sobre esta materia, uno tiene que actuar con libertad. Yo soy católico, pero cuando llegué a la convicción de que en Chile había que aprobar el divorcio, voté a favor del proyecto de ley de matrimonio civil con divorcio vincular.
La Iglesia Católica dijo que no recomendaba aprobar la píldora del día después. Como muchos de los Senadores de la Democracia Cristiana, llegué a la convicción de que no era abortiva y la respaldé.
Lo mismo sucedió con el Acuerdo de Vida en Común: lo aprobamos para parejas homosexuales o heterosexuales. De hecho, con la Senadora señora Alvear impulsamos su aprobación en la Comisión de Constitución que integramos. Lo mismo ocurrió con el proyecto de ley contra la discriminación.
Como decía Chesterton: "Cuando uno va a la iglesia le piden que se saque el sombrero, pero no la cabeza". Uno acá está actuando por convicción.
Los democratacristianos, señor Presidente, hemos defendido la vida siempre.
En la época de la dictadura de Pinochet nos acusaban de que éramos rojos, porque estábamos con los que no tenían voz; el presidente de nuestro Partido trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad por los que no tenían voz, y la Senadora Alvear, con el Cardenal Silva Henríquez, en las poblaciones, también defendían a los que no tenían voz.
Y criticamos las dictaduras de Pinochet, de China, de Cuba, las grandes, las chicas y las de Derecha y de Izquierda, por creer que, cuando se trata de defender la vida, uno no puede tener doble estándar.
En conclusión, lo más importante en el quehacer humano es actuar por convicción.
Recuerdo cuando votamos la derogación de la pena de muerte. En una radioemisora, en mi ex distrito en la Cuarta Región, se formulaban puras críticas, y el 90 por ciento de ellas eran para mí. Pero cuando uno actúa por convicción, no por cálculo y sin mirar las encuestas, puede dormir tranquilo, y nuestra actividad adquiere sentido.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de los tres proyectos.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Restan solo 9 minutos para el término del Orden del Día y hay una larga lista de Senadores inscritos. Si concedo la palabra a quien le toca intervenir, ni siquiera podrá completar su exposición de 15 minutos.
Hemos conversado con algunos Senadores que se han acercado a la Mesa, y ha quedado registrada la nómina de inscritos para la próxima sesión. Así se ha convenido.
Por lo tanto, el estudio de la iniciativa seguirá en esa sesión.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Deseo informar que la Comisión de Desafíos del Futuro ha propuesto como sus integrantes a los Senadores señores Carlos Cantero, Francisco Chahuán, Guido Girardi, José Antonio Gómez, señora Ximena Rincón y señores Fulvio Rossi y Gonzalo Uriarte.
Son siete nombres que, según entiendo, fueron consensuados para conformar la referida instancia. Tal integración es, a lo menos, por este año. Por cierto, podría variar para el próximo.
Para ello se requiere la aprobación de la Sala.
Boletín N° 7910-21
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7910-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Certificado de Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Certificado de Comisión Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas: sesión 4ª, en 21 de marzo de 2012.
Sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 14 de marzo del año en curso, y las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 3°, 4° y 5° permanentes y artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
Tales disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación. En todo caso, habría que dejar testimonio del quórum respecto de las letras a), c) y d) del número 1) del artículo 1°, del número 3) del artículo 1° y del artículo 5°, que versan sobre normas de quórum calificado y requieren, para su aprobación, los votos favorables de 18 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala se darán por aprobados dichos artículos en las condiciones señaladas por el señor Secretario.
El señor NOVOA.- Las normas de quórum especial hay que votarlas separadamente, señor Presidente.
Entonces, se darán por aprobados los artículos que no son de quórum. Y los restantes se votarán después.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Ministro tiene el uso preferente de la palabra.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, la norma que necesita quórum es la letra f) del número 10) del artículo 2°, que establece la posibilidad de formular reclamaciones ante la Corte de Apelaciones respectiva.
El Ejecutivo propuso en el proyecto original que las reclamaciones por las sanciones interpuestas por la Subsecretaría de Pesca, que hoy día se hacen ante el Ministro, se efectúen ante la Corte de Apelaciones pertinente, eliminando lo otro.
Dicha disposición no obtuvo el quórum requerido en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la estamos reponiendo en este trámite. Pero, dada la importancia que reviste el aprobar y publicar la normativa antes del 8 de abril, fecha en que vencen los plazos para la entrega de concesiones acuícolas, el Ejecutivo solicita el rechazo de la norma, a fin de incorporarla en otra iniciativa legal, con lo que se evitaría el trámite ante el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, sugiero rechazar la letra f), que requiere quórum especial. De esta forma, se podrá mantener vigente la actual disposición por un tiempo, con la certeza de que lo propuesto estará dentro de los plazos.
Ayer surgieron varias opciones para que sean estudiadas por el Ejecutivo y exista la seguridad de que el proyecto será despachado. Y la señalada es la forma más expedita para evitar ir, en el evento de que la Cámara de Diputados no tenga quórum mañana, a Comisión Mixta y, posiblemente, al Tribunal Constitucional.
Por consiguiente, solicitamos rechazar la norma de la letra f), que establece que las reclamaciones deberán ser ante la Corte de Apelaciones respectiva. Eso lo vamos a incorporar en otro proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, en todo caso, en este instante preciso no se está discutiendo tal materia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Deseo explicar que, en este momento, no se debate esa disposición, sino las normas de quórum calificado -las cuales requieren 18 votos para su aprobación- que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Y, de consiguiente, sólo hay que dejar constancia del quórum.
Si Sus Señorías quieren, la Secretaría puede contar el número de señores Senadores presentes. Y con posterioridad, naturalmente, se entrará al análisis de las otras disposiciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, se aprobarán dejando constancia del quórum.
--Se aprueban (23 votos).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas, realizaron diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Ahora bien, las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, la recaída en la letra f) del N° 10 del artículo 2° debe ser aprobada con 19 votos, por incidir en normas de rango orgánico constitucional. Es aquella a la que se refirió el señor Ministro.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Votamos todo, con excepción de la letra f)?
El señor NAVARRO.- ¿Hay que votar todos los artículos?
El señor ESCALONA (Presidente).- Los de quórum especial
Señor Secretario, le pido que nuevamente haga la relación de las normas de quórum especial que se hallan en esta situación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La única norma de quórum especial que queda pendiente es aquella a la que se refirió el señor Ministro. Las otras no lo son y, por tratarse de enmiendas aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas, las que, en este caso, no hay.
No sé si algún señor Senador desea solicitar que se discuta alguna de ellas.
El señor NAVARRO.- Yo lo pido, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Nos puede indicar respecto de cuáles artículos solicita que se abra debate.
El señor NAVARRO.- Todos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Algunos ya fueron aprobados por unanimidad, así que no pueden ser todos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Que vuelva a la Mesa mejor...!
El señor PROKURICA.- ¡Sí, que vuelva...!
El señor BIANCHI.- ¡Empezaron los Incidentes...!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, conversé con el señor Ministro y hay una norma imperativa que vence el 8 de abril.
Sin embargo, quiero hacer presente que en esta materia, que aborda la acuicultura de mitílidos, hay un tema pendiente que vimos en la Comisión de Pesca el año pasado junto con la ex Senadora Matthei y que dice relación con la pequeña y mediana acuicultura, es decir, con el fomento de los chicos y los medianos, no solo de los grandes. Porque lo que hoy día estamos haciendo es otorgar mejores condiciones para la acuicultura de estos últimos.
Y aunque uno diga que va a aprobar el proyecto, existen normas que no son enteramente satisfactorias.
Se efectuó una petición a la Superintendencia de Valores y Seguros, la que pidió a los poseedores de las concesiones aclarar sus activos. No obstante, se negó la respuesta. Así por lo menos me lo informaron en la reunión de asesores que se realizó ayer.
Entonces, tenemos un tema pendiente relativo a la pequeña y mediana acuicultura. El Gobierno se comprometió a formular un proyecto de ley que permita que en la Cuarta y la Octava Regiones se pueda pasar a la agricultura del mar, para que se cultive en la tierra y también en el océano. Eso requiere un debate, pero ahora -reitero- solo estamos facilitando la gran acuicultura.
Del mismo modo, señor Presidente, en el caso de Magallanes el Senado aprobó un proyecto de acuerdo para los kawashkar. Ya está vigente una ley sobre el borde marítimo y ahora se espera efectuar un debate para determinar cómo serán las concesiones en esa área, en la Duodécima Región. Y eso no queda aclarado del todo en la actual iniciativa.
El señor BIANCHI.- Pero ella está referida solo a la Undécima Región.
El señor NAVARRO.- Sí, pero la posibilidad de relocalizar se extiende también a la Región de Magallanes.
Voy a hacer un breve resumen.
Nosotros teníamos plazos y fechas para que las concesiones pudieran adaptarse: para la Región de Los Lagos, cinco años; Aysén, dos años; Magallanes, un año.
En el caso de Aysén había 900 inscripciones. Pero ahí, al igual que en otros lugares, muchas personas tienen carné de pescador artesanal sin ser pescadores artesanales. Ellas desarrollan esta actividad laboral como alternativa, por la temporada. El caso es que se han suspendido 900 concesiones. Esto fue denunciado en su oportunidad. Hubo una inscripción masiva, a fin de poder ganar posiciones, sin intención de desarrollar proyectos productivos y luego se abrió un mercado secundario donde dichas concesiones se transaban. O sea, el problema no está solo en las 900 que hoy día se encuentran detenidas; hay un problema también en las que fueron otorgadas. Por tanto, uno igualmente quisiera claridad sobre las concesiones ya otorgadas en Aysén, que tienen titularidad pero que, en definitiva, no constituyen proyectos productivos, sino especulativos.
En tal sentido, me hubiera gustado tener un detalle o al menos una apreciación general, si bien es cierto que se requiere una investigación más profunda, para saber qué vamos a hacer con las concesiones que fueron inscritas y que, pese a que hoy tienen un valor en el mercado secundario, no apuntan a un desarrollo productivo.
De otra parte, señor Presidente, se declara como legal la modificación del proyecto técnico de concesiones en la Región de Magallanes. Estuve leyendo lo que manifestaron los invitados en la Comisión. Encontré lo que dijeron un grupo de empresas, la gente de la Subsecretaría de Pesca, pero los actores sociales no aparecen. Lo que me preocupa es que podamos, con alguna de estas normas, contrariar a los actores sociales, que sí estuvieron muy activos la vez anterior, cuando se vio la ley de concesiones acuícolas.
También tenemos la figura de las concesiones de cultivo experimental, que se amplía a la actividad de mejora genética.
Nosotros hemos dicho que estamos llanos a toda introducción de mejora genética. Y si bien la ley en proyecto contempla una detallada condición para su desarrollo, su ampliación va a requerir de especial atención por parte de la autoridad pública.
Hemos dicho que el virus ISA no fue detectado porque no teníamos laboratorios. Éramos los campeones mundiales del salmón, los principales exportadores del mundo; sin embargo, no contábamos con tecnología preventiva ni de análisis. Y nos metieron las ovas contaminadas.
Por lo tanto, le pido al señor Ministro que en su oportunidad nos detalle cuáles van a ser las inversiones públicas, de la alianza estratégica público-privada, respecto del control de la actividad de mejora genética. Eso, a mi juicio, dará tranquilidad a todos los actores, tanto sociales como productivos.
Señor Presidente, las comisiones regionales de uso del borde costero deberán pronunciarse sobre las áreas apropiadas para la acuicultura en un plazo máximo de seis meses. Quiero llamar la atención particularmente sobre esto.
Hoy día tenemos algueras, recolectoras de orilla, a lo largo de toda la costa chilena, y están organizadas. Sin embargo, me parece que en muchos casos en la competencia por el uso del borde costero se ha dado fuerte preeminencia a los sindicatos de pescadores artesanales, desplazando a las algueras.
Quiero señalar el caso de Coronel. Bocamina II ha irrumpido sobre la costa y ha sacado a más de 450 algueras y recolectoras que hoy no disponen de espacio, dada la evacuación de aguas a 30 grados de temperatura que hace esta termoeléctrica. El proyecto establece que las comisiones regionales de uso del borde costero dispondrán de seis meses de plazo para pronunciarse sobre el área apropiada para desarrollar la acuicultura y que, en caso de no haber respuesta, se entenderá aprobada el área propuesta. Lo considero un exceso. Si se produce una disputa entre acuicultores y recolectores de orilla que no se alcance a zanjar en seis meses, se fallará en favor de los primeros y en desmedro de los segundos en cuanto al uso del borde costero.
Por eso, señor Presidente, le pido al señor Ministro, por su intermedio, que exista algún grado de flexibilidad en ese plazo, porque, si se registra un gran avance en la materia, los seis meses van a alcanzar, pero, si no, no se podrá cumplir y, al final, se van a aprobar ipso facto las propuestas a favor de la acuicultura, lo cual puede generar problemas de carácter social entre los propios pescadores artesanales y las recolectoras de orilla y entre estos y los inversores en el área.
Se señala también que se elimina la condición de evitar la diseminación de patógenos por intercambio de aguas en destino -lo que es técnicamente imposible, según se indica-, y que las autorizaciones de funcionamiento de centros de acopio ya concedidas se extendería hasta el 31 de marzo de 2014.
Aquí tenemos un tema pendiente de larga data. Chile no maneja las aguas de sentina. Cuando regresan los barcos de todo tipo (comerciales, de transporte, de carga, pesqueros), botan sus aguas de sentina a 30 millas. No hay tratamiento. En los demás puertos del mundo se las trata, pues son altamente contaminantes y, particularmente, transportadoras de patógenos. Es decir, cuando llegan estas aguas de Asia, del Atlántico o de regiones que pueden presentar deficiencias, el barco se traslada y las elimina, pero, si esto ocurre en una zona libre de contaminación, puede haber problemas.
El punto 13, consignado en la página 5 del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, señala que se elimina la condición de evitar la diseminación de patógenos por "intercambio de aguas en destino". Yo quiero saber si tal medida facilitará que estas aguas sean diseminadas. Porque no existe control de la DIRECTEMAR, que no está en condiciones de fiscalizar, ni tampoco tenemos plantas de tratamiento para las aguas de sentina.
He visitado varios puertos en el mundo, y estas aguas son tratadas; no son enviadas al océano...
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, Senador Navarro.
Le daré un minuto más, para que concluya.
En el fondo, por falta de exigencias, aquello está permitido.
Yo entiendo la urgencia del Ejecutivo y estamos disponibles para despachar el proyecto, para que cumpla su objetivo y no se genere un vacío legal en la materia.
Mi idea no era discutir tan apresuradamente las acciones a las que aludí, prescritas en la ley, pero al menos dejo planteadas mis observaciones, a fin de que, si se producen los efectos que he indicado, ellas sean retomadas y mejoradas.
Confío en la buena voluntad del Gobierno y, particularmente, en la voluntad positiva del Ministro Longueira.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, le pido que aplique el Reglamento, sobre todo durante la tramitación de una ley.
El Honorable señor Navarro, con mucha razón, ha querido exponer sus ideas, pero ha vuelto a hacer una discusión general del proyecto, en circunstancias de que estamos en el debate particular. Por tanto, procede el análisis artículo por artículo.
Se ha propuesto lo que corresponde de acuerdo al Reglamento: votar sin discusión los artículos aprobados por unanimidad en las Comisiones unidas, salvo que algún Senador pida votar por separado una norma específica, para lo cual debe indicar su número.
Entonces, para los efectos de hacer una tramitación razonable, ya escuchadas las observaciones del Senador Navarro, que son muy interesantes, debemos abocarnos a ver cómo despachar el proyecto.
Además, hago presente que la iniciativa modifica parte de la ley Nº 20.434. Con relación a las concesiones de acuicultura, las enmiendas no son aplicables a toda la normativa -aunque sí operan las multas y otras disposiciones generales-, pues se refieren solo a la Undécima Región, que es donde se ha dicho que no ha habido tiempo suficiente para hacer la relocalización de las concesiones.
Entonces, pido que nos aboquemos derechamente al trámite particular del proyecto, votemos sus normas y tratemos de despacharlo.
El señor BIANCHI.- Bien.
El señor PROKURICA.- Me parece.
El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias, Senador Zaldívar.
Esa es la intención de la Mesa.
El señor PROKURICA.- ¡De parte de ella, solamente...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡De los integrantes de la Mesa que están en la testera en este momento...!
El señor Secretario coincide con la opinión del Senador Zaldívar. Así que procederíamos a votar la totalidad de los artículos, excepto la disposición de quórum orgánico constitucional que indicó el señor Ministro.
El señor SABAG.- No.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿No?
El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero aclarar que se van a votar todos los artículos que fueron aprobados por unanimidad. Porque hay una norma, aprobada por mayoría, que debe discutirse de todas maneras, y yo pido que así sea.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Secretario va a explicar la situación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el fondo, señores Senadores, son tres votaciones distintas, o más, según se acuerde en su oportunidad, por lo que voy a exponer.
La primera votación corresponde a las modificaciones aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas, con excepción de la disposición de rango orgánico constitucional individualizada por el señor Ministro, que constituiría la segunda votación.
Luego, hay tres enmiendas que no fueron acordadas por unanimidad, sino por simple mayoría, las que, conforme al Reglamento, tienen que votarse separadamente, sin perjuicio de que la Sala, si así lo estima pertinente, resuelva realizar una sola votación para las tres modificaciones. Pero eso es una decisión que Sus Señorías tomarán en su oportunidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- Por consiguiente, en votación las enmiendas aprobadas en forma unánime por las Comisiones unidas que no requieren quórum especial.
--Se aprueban las modificaciones acordadas de manera unánime por las Comisiones unidas (24 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde, a continuación, poner en votación la enmienda, también aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas, que tiene rango orgánico constitucional.
Esta se encuentra en la página 43 del comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente que, de conformidad con el Reglamento, si la enmienda propuesta por las Comisiones fuera rechazada, procedería votar enseguida el texto aprobado en general. Y si este también fuere rechazado, no habría cambios en la ley vigente en esa parte, la que seguiría en vigor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Esta disposición es de quórum orgánico constitucional.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Qué norma es?
El señor ESCALONA (Presidente).- La letra f) del número 10) del artículo 2º.
El señor Ministro ha pedido la palabra. Como estamos en votación, solicito el acuerdo unánime de la Sala para concedérsela.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, la ley, en este punto, establece que la entidad que sanciona es la Subsecretaría de Pesca y que el reclamo pertinente cabe hacerlo ante el Ministro.
El señor WALKER (don Patricio).- Por el momento.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Claro. Eso es lo que dice la ley hoy día.
El Ejecutivo propuso, obviamente, mantener la sanción en la Subsecretaría de Pesca, y cambiar la instancia de reclamación desde el Ministro a la Corte de Apelaciones respectiva.
La Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para acoger tal modificación. Y lo que el Senado tendría que hacer es rechazarla, pues así se mantendría la norma vigente hasta que se ingresara un nuevo proyecto sobre la materia.
En definitiva, si se rechazara la letra f) acordada por las Comisiones unidas, habría que votar el texto que viene de la Cámara Baja. Pero, dado que ahí no se alcanzó el quórum, también habría que rechazar lo propuesto. Y esa sería la segunda votación.
Reitero: si se rechaza la letra f), se deberá votar lo resuelto por la Cámara de Diputados. Y si también se rechaza eso, la norma vigente quedaría sin cambios hasta que otra iniciativa la modificara. Así nos evitaríamos el trámite ante el Tribunal Constitucional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien, señor Ministro.
El señor LAGOS.- ¡No me lo explique de nuevo, por favor...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Está claro, señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Está muy claro.
¡Pueden reclamar "ante el Ministro" si no lo entienden...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Estamos en votación.
Senador Zaldívar, estoy cumpliendo la solicitud que usted mismo efectuó, así que no le puedo dar la palabra.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Salvo que quisiera fundamentar el voto.
--Se rechaza la letra d), que ha pasado a ser f), del número 8), que ha pasado a ser 10), del artículo 2º del proyecto (16 votos en contra, uno a favor y 9 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Espina, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la afirmativa el señor Pizarro.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García-Huidobro, Novoa, Orpis, Sabag y Uriarte.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar el texto aprobado en general, que señala:
"d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Las infracciones de este artículo no se someterán al procedimiento establecido en el párrafo 2° del Título IX. Tales sanciones serán impuestas por resolución de la Subsecretaría, previo informe del Servicio y audiencia del interesado.". El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, si se rechazara dicha norma quedaría vigente el actual texto de la ley.
--Se rechaza la letra d) -que reemplaza el inciso final del artículo 118 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura- aprobada durante la discusión en general del proyecto (21 votos en contra, uno a favor y 4 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la afirmativa la señora Rincón.
Se abstuvieron los señores Escalona, Muñoz Aburto, Pizarro y Sabag.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, como se había explicado, hay tres normas aprobadas por mayoría en las Comisiones unidas, que proponen lo siguiente:
1.- Eliminar la letra b) del número 1) del artículo 1º del proyecto, que sugiere agregar un inciso cuarto al artículo 2º de la ley Nº 20.434.
Fue aprobada por 7 votos a favor y uno en contra.
2.- Intercalar una letra a), nueva, al número 8), que ha pasado a ser 10), del artículo 2º del proyecto, pasando los literales a), b) y c) a ser b), c) y d), respectivamente.
Su texto expresa:
"Agrégase a la letra a), la siguiente oración final: "En los casos en que el Servicio no apruebe la información ambiental en el plazo que corresponda conforme al reglamento, se entenderá aprobada sin más trámite.".".
Se aprobó por 5 votos a favor y 3 en contra.
3.- Por último, agregar un artículo cuarto transitorio, nuevo, que señala:
"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 3° del artículo 2° de la Ley N° 20.434, las solicitudes de concesión de acuicultura de peces presentadas en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que a la fecha de publicación de la presente ley tengan Resolución de Calificación Ambiental favorable y que tengan como antecedente el requerimiento de la Subsecretaría de Pesca para ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán suspendidas en su tramitación hasta el 8 de abril de 2015, renovándose la tramitación sólo en el caso que los espacios solicitados no hayan sido otorgados en concesión de acuicultura producto de una solicitud de relocalización y cumpla además con los demás requisitos legales y reglamentarios vigentes.".
Fue aprobado por 7 votos a favor y uno en contra.
Esas tres disposiciones, en principio, deberían votarse separadamente o, si Sus Señorías así lo desean, en una sola votación.
El señor PIZARRO.- Son materias distintas...
El señor ESCALONA (Presidente).- Como escucho hablar al Honorable señor Pizarro, me da la sensación de que quiere intervenir.
El señor PIZARRO.- Deseo pedir que la votación sea por separado.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, siguiendo lo señalado por el Honorable señor Zaldívar, voy a referirme al artículo cuarto transitorio.
Al suspender de manera total las solicitudes de concesiones presentadas en la Región de Aysén hasta el 8 de abril de 2015, se apela al ordenamiento mediante las relocalizaciones.
Sin embargo, creo que pueden pagar justos por pecadores al postergarlas todas hasta el 2015.
No sé si existe un catastro de todas las solicitudes que se van a postergar...
El señor BIANCHI.- ¿Estamos hablando de la misma información?
El señor NAVARRO.- Estamos hablando del artículo cuarto transitorio, que señala que "serán suspendidas en su tramitación hasta el 8 de abril de 2015,".
Como decía, desconozco si efectivamente tenemos el catastro de las solicitudes de concesión que vamos a suspender, si todas son de especulación o si hay pequeños interesados en participar en esta actividad.
Mi temor es que con esta suspensión anulemos la posibilidad de tomar parte a quienes sí quieren desarrollar labores productivas de pequeña y mediana envergadura. Porque estamos haciendo tabula rasa.
Estimo que, si evaluáramos el asunto en el transcurso de esta suspensión, se podrían establecer prioridades en la tramitación, aun cuando la ley prescribe -si no me equivoco, señor Ministro- que es por orden de llegada: así como llegan se tramitan. No existe otra excepcionalidad para la tramitación de las concesiones acuícolas que no sea ese orden. Ese sistema constituye una discriminación dura para quienes sí tienen intención de trabajar y no están en el tema especulativo.
Por lo tanto, dejo sentado en este debate que, cuando tengamos que discutir la reanudación del trámite de concesiones en 2015, estos criterios puedan ser producto de una nueva ley de ordenamiento, una vez que haya decantado todo, a fin de favorecer a la pequeña y a la mediana acuicultura también.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero recordar a la Sala que se trata de tres disposiciones.
Comenzaremos con la que propone eliminar la letra b) del número 1) del artículo 1º del proyecto.
El señor SABAG.- Señor Presidente, en realidad, esta iniciativa ha sido discutida en forma -diría- bastante compleja, en muy poco tiempo.
En las Comisiones unidas de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura la aprobamos en una tarde, rápidamente, con el ánimo de seguir su análisis. El Presidente de dichos órganos técnicos había pedido que votáramos el lunes siguiente la idea de legislar. Pero la aprobamos en esa ocasión porque entendíamos que el Gobierno pretendía despachar el proyecto antes del 8 de abril.
Sin embargo, he dejado testimonio acerca de un punto sobre el cual tomé conocimiento mientras se desarrollaba el debate en las Comisiones unidas. Debo sí aclarar que en mi zona no existen las concesiones acuícolas, que apuntan fundamentalmente al cultivo de salmones, que se encuentran más al sur.
Durante la discusión me di cuenta de que se está cometiendo un cierto grado de injusticia. Y no quiero borrar con el codo hoy lo que aprobamos ayer en el Senado.
Por lo menos deseo dejar constancia de mi opinión sobre la materia que nos ocupa. Esta fue objeto de un largo debate y tuvo una estrecha votación (43 votos a favor y 40 en contra) en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, a este tema deseo referirme en esta oportunidad.
En la Región de Aysén particularmente, se suspendió por el plazo de dos años el ingreso de solicitudes de concesiones acuícolas y el otorgamiento de nuevas concesiones cuyo proyecto técnico considere peces, salvo que a la fecha de publicación de la Ley N° 20.434 contaran con un proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría de Pesca. Vale decir, se suspendió el otorgamiento de concesiones entre el 8 de abril de 2010 y el 8 de abril de 2012. El objetivo de la suspensión fue permitir la relocalización de las concesiones existentes para que sus titulares pudieran trasladarlas a sectores con mejores condiciones de carácter ambiental y sanitario.
Sin embargo, la ley N° 20.434 no suspendió la tramitación de aquellas solicitudes que habían ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que sus titulares siguieron con la evaluación ambiental de sus proyectos con la confianza de que, transcurrido el período de suspensión, la autoridad continuaría con la tramitación normal de esas solicitudes, pronunciándose respecto su otorgamiento. Durante dicho período 38 solicitudes -que podrían ser 40- han obtenido una resolución de calificación ambiental favorable.
Debo manifestar que las resoluciones de calificación ambiental demoran muchos años, que son de lata tramitación. Naturalmente, en su análisis toman parte las Subsecretarías para las Fuerzas Armadas y de Pesca. Y en todo ese proceso participan los titulares.
1.- Ingreso de la solicitud.
2.- Análisis del SERNAPESCA.
3.- Análisis de la Subsecretaría de Pesca.
4.- Envío al titular de la llamada "carta D.Ac", en que se le solicita someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
5.- Presentación de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda.
6.- Análisis ambiental vía Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
7.- Emisión de la resolución de calificación ambiental (si es favorable, continúa el proceso).
En fin, es una larga tramitación, en la que participan tanto los órganos estatales como las empresas que están solicitando esas concesiones. Hay gastos, hay inversión, hay tiempo involucrados del Estado y de las empresas.
Al respecto, debo recordar que tenemos otro tipo de concesiones: las de obras públicas, y se llama también al sistema de iniciativa pública. Esa persona, a la que se le permite iniciativa pública, elabora todo el proyecto de la futura concesión: realiza enormes gastos, y va a propuesta. Y si no se la gana, el adjudicatario de la licitación debe reembolsarle todos los gastos aportados para el financiamiento de los estudios que realizó.
En el caso que ahora nos ocupa, ¿quién reembolsa algo?
Le representamos este hecho al Ministro, en especial el Senador Zaldívar. Y dijo que se trataba de un derecho en el que no cabía duda que estaba ya constituido. Sobre el particular existen dos informes en derecho de connotados profesores, de los cuales puedo...
Yo cumplo con señalar que a las 20 se acaba el Orden del Día. De no votar este proyecto ahora, tendremos que citar a sesión para mañana.
El señor PROKURICA.- ¡Abra la votación, señor Presidente!
El señor COLOMA.- ¡Votemos todo ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Reglamentariamente el Honorable señor Pizarro pidió votación por separado. De modo que debemos ir punto por punto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde, en consecuencia, votar la modificación efectuada por las Comisiones unidas para eliminar la letra b) del número 1) del artículo 1° del proyecto, mediante la cual se agrega el inciso cuarto que indica.
El señor PIZARRO.- ¿Estamos votando el informe de las Comisiones unidas?
El señor PIZARRO.- Entonces, quienes estamos con lo planteado por el Senador Sabag deberemos pronunciarnos en contra.
--Se aprueba la proposición de las Comisiones unidas para eliminar la letra b) del numeral 1) del artículo 1° del proyecto (19 votos a favor, 5 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Pizarro, Sabag y Walker (don Patricio).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En segundo lugar, se debe votar la proposición de las Comisiones unidas que agrega la siguiente letra a), nueva, al número 8), que ha pasado a ser 10), del artículo 2° del proyecto:
"a) Agrégase a la letra a), la siguiente oración final: "En los casos en que el Servicio no apruebe la información ambiental en el plazo que corresponda conforme al reglamento, se entenderá aprobada sin más trámite.".".
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en las Comisiones unidas se explicó la razón por la cual el silencio administrativo en este caso es fundamental.
El proceso relativo a la crianza, descanso de los peces es muy estricto. De manera que si se tiene que iniciar un proceso determinado en enero, no se puede esperar a febrero, marzo o abril. Si se realiza la solicitud para comenzar un ciclo, la autoridad sabe perfectamente que debe dar la autorización o el rechazo en cierta fecha.
Por consiguiente, es fundamental que el silencio administrativo opere acá. Porque no es un problema de voluntad, sino de ciclos productivos, de ciclos de crecimiento.
Entonces -yo diría-, la explicación dada en las Comisiones unidas fue muy convincente desde ese punto de vista. El SERNAPESCA sabe perfectamente cuáles son los ciclos, las fechas; y si quisiera negar una solicitud, cuenta con todos los elementos para hacerlo. Pero si el silencio impide que se vayan realizando los procesos productivos de acuerdo al ciclo natural, estaríamos cometiendo un gran error.
Por eso, la mayoría de los miembros de las Comisiones unidas estuvo por aceptar el efecto del silencio en esa forma.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en realidad no fue tan convincente, porque la votación fue de cinco votos contra tres.
El argumento que di junto con otros Senadores dice relación con que no es posible que esta materia quede sujeta al silencio administrativo. Hay que obligar al Servicio a pronunciarse. Porque en caso de no hacerlo, no estaría cumpliendo con sus funciones.
Señor Presidente, se trata de un asunto muy delicado. No es admisible que en una materia ambiental el Servicio al que le corresponde pronunciarse no lo haga. Debe hacerlo. Habrá que buscar responsabilidades administrativas si ello no ocurre. Pero no podemos dejar que se apruebe la información ambiental por el solo silencio del Servicio.
Esa esa la razón por la cual tres de los ocho miembros de las Comisiones unidas votamos en contra.
En otras circunstancias el silencio administrativo puede aprobarse. Pero en materia ambiental, nosotros creemos que este no es suficiente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no resulta coherente que se intente castigar el silencio administrativo cuando este podría dañar el interés de las empresas.
Yo quiero insistir: la Superintendencia de Valores y Seguros ha solicitado a las empresas salmoneras incluir en sus estados de resultados consolidados del año 2011 una serie de elementos que permitirán cuantificar el valor real de su negocio (Diario "Estrategia", 8 de febrero de 2012). Y dichas empresas han respondido que "publicar el detalle de las concesiones acuícolas en trámite las colocaría en una situación de desventaja frente a los competidores que no están abiertos a la Bolsa" (Diario "Estrategia", 6 de marzo de 2012).
Por eso, debemos decir que si bien aquí se propone una norma que castiga el silencio administrativo, yo quiero que no haya silencio administrativo cuando se trata de información pedida por la Superintendencia. No se puede aceptar que las compañías se escuden en este supuesto carácter estratégico de la información que deben entregar, porque sirve para formar paquetes de información sucia, que afectan a los accionistas e inversionistas institucionales, entre los cuales se encuentran las AFP, teniendo en cuenta que ellas han invertido en las salmoneras.
Por ello, existe una serie de bienes públicos involucrados en esta investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros; y en la negativa de las compañías a entregarle la información requerida hay un sesgo de mucha desconfianza.
No pueden usarse esos bienes públicos otorgados por la autoridad para usufructuar de ellos y negar la información que el Estado solicita.
Deben ponerse los resguardos para evitar que se produzca una "burbuja del salmón", por la falta de transparencia del sector.
La información que debe tener la Superintendencia de Valores y Seguros ha de estar a disposición del sector financiero, y no puede basarse en lo que las compañías le entregan al SERNAPESCA. Deben proporcionarla a la Superintendencia, que es el organismo especializado.
Está claro que es preciso transparentar la información que se está usando para atraer inversionistas, sobre la base de que son, justamente, bienes nacionales de uso público, de que se trata de concesiones del Estado.
Es menester escuchar a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre qué alcance tuvieron sus requerimientos a las compañías beneficiarias de concesiones de acuicultura que cotizan en la Bolsa, en orden a que ellas entreguen información patrimonial, productiva y sanitaria; y qué resultados tuvo tal requerimiento.
Señor Presidente, yo no estoy de acuerdo en que por silencio administrativo se otorgue la autorización, y que cuando haya silencio administrativo de parte de los productores salmoneros o acuícolas no exista sanción. Ellos se niegan a entregar la información financiera, y se requiere mucha transparencia, como bien sabe el Ministro, quien es economista.
Esta normativa busca beneficiar al sector. Todos queremos que la industria salmonera y acuícola renazcan; pero que lo hagan con bases sólidas y seguras. Y para que ello ocurra no solo tiene que haber transparencia en materia medioambiental, sino también en el aspecto financiero.
Por eso voy a pedir, luego de este debate, a la Superintendencia de Valores Seguros que nos explique cuáles fueron los requerimientos que solicitó a esas empresas y cuál fue la respuesta que ha obtenido. Porque hoy día debatimos esta iniciativa, con urgencia calificada de "discusión inmediata", precisamente para fomentar el empleo, el desarrollo de una actividad productiva muy importante para Chile; pero ella debe contar con bases sólidas.
En lo ambiental -convengo con el Senador Zaldívar- no puede haber, gracias al silencio administrativo, aprobación ipso facto. Pero, asimismo, en lo económico, que es lo esencial -porque requerimos fomentar el desarrollo productivo y el empleo en la zona sur, tan castigada (esto incluye también a Magallanes)-, se necesita mucha transparencia.
Hago presente tal situación al momento de votar, señor Presidente.
Voy a rechazar la modificación propuesta. Creo que debe exigírseles a los órganos del Estado que garanticen la aprobación de la información ambiental dentro de márgenes en que la inversión sea productiva. O sea, si el Estado falla y por su retardo fracasa la inversión, ha de haber sanción administrativa. Porque de nada sirven las autorizaciones entregadas después de los plazos adecuados para el desarrollo productivo.
Por eso, en esta modificación, mediante la cual se agrega una oración final en la letra a), nueva, del artículo 118 ter, me pronunciaré en contra, por estimar inconveniente que derivado del silencio administrativo se apruebe ipso facto la información ambiental.
--Se aprueba la enmienda consistente en agregar una oración final en la letra a), nueva, del artículo 118 ter (13 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide y Uriarte.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Lagos, Navarro, Pizarro, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Bianchi, Cantero, Escalona y Muñoz Aburto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La última votación se refiere a la enmienda consistente en agregar un artículo cuarto transitorio, nuevo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, solo quiero dejar constancia de que esta norma se le pidió al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque algunos solicitantes de concesiones con resolución de calificación ambiental aprobada habían reclamado que, de acuerdo a una disposición prevista por la ley en proyecto, toda la tramitación hecha para obtener la aprobación pertinente quedaría en cero. En el fondo, los trámites no servirían para nada, pues irían a la papelera, y en dos años deberían realizarse de nuevo.
Con el artículo transitorio que solicitamos -y lo redactamos- estamos estableciendo que quienes contaban con RCA, una vez vencido el plazo de suspensión, vuelvan a la ubicación prioritaria correspondiente en los espacios que queden después de la relocalización.
Esa es la razón de la enmienda, que, en el fondo, acoge en parte la demanda de algunos solicitantes que realizaron el trámite de la resolución de calificación ambiental.
El señor SABAG.- Señor Presidente, a esto me refería justamente cuando se acabó mi tiempo en una votación anterior.
La solicitud la formuló el Senador Andrés Zaldívar, para reconocerles un derecho a personas con largos años de tramitación de concesiones. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Presentó la indicación.
Ahora, ¿qué dice la norma propuesta?
Quiero que mis Honorables colegas pongan mucha atención, porque considero que ¡esto es una tomada de pelo incalificable!
"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 3° del artículo 2° de la Ley N° 20.434, las solicitudes de concesión de acuicultura de peces presentadas en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que a la fecha de publicación de la presente ley tengan Resolución de Calificación Ambiental favorable y que tengan como antecedente el requerimiento de la Subsecretaría de Pesca para ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán suspendidas en su tramitación hasta el 8 de abril de 2015, renovándose la tramitación" -¡ojo!- "sólo en el caso que los espacios solicitados no hayan sido otorgados en concesión de acuicultura producto de una solicitud de relocalización y cumpla además con los demás requisitos legales y reglamentarios vigentes.".
Es decir, las concesiones que ya estaban con calificación favorable y tenían adjudicación definida podrán ser pedidas por otros. Así, en dos años más quienes las solicitaron no encontrarán absolutamente nada.
¡Es como darle una pastilla a un niño chico...!
Esto es letra muerta. Yo diría, una tomada de pelo absoluta para las casi 40 empresas que cuentan con RCA favorable.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se intentó mejorar el artículo.
Yo vuelvo a apelar: hay que relocalizar y reordenar.
Quienes están pidiendo esta modificación son aquellos que lo hicieron mal: los que llevaron a nuestra industria salmonera al auge y al fracaso.
Hoy día quieren prioridad.
Cedimos los espacios de acuicultura en condiciones excepcionales. ¡No hay en nuestro país una forma de concesión como la de los salmoneros! Ponen en el banco el bien concesionado y, como sobre este existe propiedad, a base de ello obtienen créditos.
Entonces, vuelvo a decir que aquí hay que incorporar a más actores. Debe haber competencia real, para que la industria grande sienta que tiene que hacer las cosas bien. Porque, tal como expresó el Senador Sabag, quienes cumplieron el requisito pueden quedar afuera.
En mi concepto, el proceso de relocalización debe realizarse con mucho criterio. Porque si los grandes van a ocupar los mejores lugares, la competencia puede terminar matando a los pequeños y medianos -aunque todos aquellos de los que hablamos son medianos-, y volveremos a cometer el mismo error.
Cerrada la relocalización, la reanudación del trámite para aquellos que se hallaban en la lista de quienes tenían RCA favorable debe ser objeto de un proceso muy transparente.
Además, dicho proceso ha de garantizar que la relocalización no signifique que algunos tomen todo para eliminar la competencia; o sea, que la relocalización se ajuste estrictamente al terreno necesario para desarrollar el proyecto propio y no otro. La idea -reitero- es que no haya el propósito de copar los espacios para excluir a quienes tengan cumplido el requisito ambiental, como aquí se ha señalado.
Voto a favor de la norma transitoria propuesta. Entiendo que se va a aprobar. Sin embargo, quería formular las observaciones precedentes. Y sigo confiando en el buen criterio del señor Ministro. Porque en esta materia se trata de evitar problemas.
--Se aprueba el artículo cuarto transitorio, nuevo, propuesto por las Comisiones unidas (20 votos a favor, 1 en contra y una abstención), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Sabag.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero pedirles a Sus Señorías un esfuerzo final.
Se trata de, a solicitud del Senador señor Cantero, realizar una última votación: la del proyecto, informado por la Comisión de Educación, que amplía el plazo concedido a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias del DFL N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación.
La Sala acordó por unanimidad despacharlo en esta sesión, atendida su urgencia.
Le ofreceríamos por dos minutos la palabra al Senador Cantero y luego procederíamos a la votación.
Teniendo dicha iniciativa rango orgánico constitucional, para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
Boletín N° 8191-04
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo recién acordado, corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Ignacio Walker, Chahuán, García, Lagos y Tuma, en primer trámite constitucional, que amplía el plazo que se les concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8191-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de Senadores señores Walker (don Ignacio), Chahuán, García, Lagos y Tuma):
En primer trámite, sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le concederé la palabra al Senador señor Cantero por dos minutos y luego procederemos a votar.
Cabe hacer presente que, teniendo esta iniciativa rango orgánico constitucional, para su aprobación se requieren 19 votos afirmativos.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, les hago un llamado a los colegas que se hallan en sus oficinas para que concurran a votar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, abriremos de inmediato la votación.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, esta iniciativa, que se originó en una moción de los Senadores señores Ignacio Walker, Chahuán, García, Lagos y Tuma, tiene como propósito permitir que los sostenedores de establecimientos educacionales regularicen su situación, en la medida que deben cumplir una serie de requisitos dentro de cierto plazo.
Cerca de 1.200 planteles no han logrado llevar a cabo todos los procedimientos, dada la burocracia que ello involucra. Entonces, se necesita un tiempo mayor para normalizar aspectos del ámbito educativo, particularmente en lo concerniente a obligaciones de los sostenedores.
En los fundamentos de la moción se enfatiza que los establecimientos arriesgan la pérdida del reconocimiento oficial, lo que acarrearía situaciones muy complejas para sus estudiantes.
Por lo expuesto, la Comisión de Educación acordó unánimemente conceder un plazo nuevo y perentorio de 24 meses para que los establecimientos involucrados cumplan las obligaciones pertinentes y se ajusten al marco determinado por la ley.
Pedimos, en consecuencia, aprobar sin dilación esta iniciativa, porque es de toda lógica y se atiene a la normativa pertinente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Les solicito a los señores Senadores que se pronuncien.
En este momento no se reúne el quórum exigido.
El señor PROKURICA.- ¿Cuántos votos faltan?
El señor ESCALONA (Presidente).- Dos.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y una abstención); por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron a favor las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a Secretaría.
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública e Intendente de Magallanes, requiriéndoles RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA REPARACIONES DE DAÑOS POR RECIENTE INUNDACIÓN EN CUARTEL DE SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS.
Al señor Ministro de Educación, solicitándole información sobre ADJUDICACIÓN POR JUNAEB ISLA DE PASCUA DE LICITACIÓN DE ALIMENTOS A EMPRESA ALISERVICE.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole antecedentes en cuanto a PROCEDIMIENTOS POLICIALES USADOS EN DESALOJO DURANTE RECIENTE TOMA DE TERRENOS EN SECTOR ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ (comuna de Punta Arenas).

References: artículo 46
 resolución 
 artículo 17
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
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 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 1
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 artículo 2
 artículo 118
 artículo 118
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 artículo 2
 Resolución 
 artículo 46