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Timestamp: 2018-08-20 22:48:54+00:00

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FALLA DEL SERVICIO PENITENCIARIO - Muerte de reclusos durante traslados en vehículos de servicio público o particular / FALLA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - Omisión de funciones en cárceles / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN - En centro carcelario &nbsp; Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el régimen objetivo basado en las obligaciones de resultado, en este caso aplicará el de falla probada porque en la demanda se imputa irregularidad de conducta del demandado; en éste régimen deben demostrarse concurrentemente los siguientes elementos: El hecho anómalo, por acción o por omisión; El daño o menoscabo (s) que debe reunir las siguientes calidades: cierto, presente o futuro; particular, a las personas que solicitan reparación; que exceda los inconvenientes inherentes al servicio y que lesione un derecho con protección jurídica; y El nexo de causalidad eficiente y determinante entre aquellos dos elementos anteriores, falencia y daño, que
FALLA DEL SERVICIO PROBADA - En accidente de tránsito. Elementos configurativos / ACCIDENTE DE TRANSITO - Normas de tránsito aplicables / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRANSITO - Aplicación del régimen de falla probada &nbsp; El caso se analizará bajo el régimen de falla probada porque a la entidad pública demandada se le imputó la ocurrencia de unos daños como consecuencia de su conducta culposa proveniente de un agente del Estado, en haber ocasionado en forma negligente el accidente donde perdió la vida el señor Restrepo Giraldo. Sobre tal régimen de responsabilidad, en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha dicho que “La nueva norma constitucional basa la responsabilidad Estatal en el daño antijurídico, siendo éste el pilar de la estructura del nuevo régimen, sin que por ello, pueda entenderse que desaparece la responsabilidad por falla del servicio. En esta disposición se consagró la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijuríd
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Evolución jurisprudencial. Una providencia judicial proferida conforme a la ley puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que ha sido privado de la libertad / FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL - Por detención preventiva cuando dentro del proceso no se desvirtuó la presunción de inocencia &nbsp; El derecho positivo Colombiano consagró y consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental no absoluto, limitado a ciertas condiciones y supuestos o constitucionales o legales; que una de las particulares restricciones a tal derecho es la detención preventiva que tiene carácter excepcional y está condicionada a supuestos también legales fundamentados en la efectividad de la presunción de inocencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal
ACTA DE CONCILIACION JUDICIAL - Incumplimiento de acuerdo da lugar al ejercicio de la acción ejecutoria / CONCILIACION JUDICIAL - Acto de conciliación judicial y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestan mérito ejecutivo / ACTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS - Procedencia de la acción ejecutoria &nbsp; Resulta claro que en el presente caso las pretensiones objeto de la demanda provienen del incumplimiento del pago que se comprometió a hacer INVIAS en razón de la conciliación judicial lograda con el demandante. De tal manera que la entidad demandada debía cumplir su obligación en los términos previstos en el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal, evento en el cual de conformidad con la norma anteriormente transcrita, presta mérito ejecutivo el acta respectiva y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado. Por lo tanto, no es la acción de reparación directa la vía judicial apropiada para dar curso a las pretensiones del demandante, ya que para ello
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Normas aplicables respecto de la inclusión de cláusulas exorbitantes en los contratos / CLAUSULAS EXORBITANTES - No hay claridad respecto de su aplicación en los contratos que celebren las empresas de servicios públicos en materia energética / SUSPENSION PROVISIONAL - Improcedencia &nbsp; La parte actora pretende que se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento del contrato, de orden de hacer efectivas unas garantías y la que ordena la liquidación unilateral por considerarlos manifiestamente contrarios a lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 y 8º de la Ley 143 de 1994, puesto que, en su sentir, el contrato se rige por el derecho privado y era necesario que la inclusión de cláusulas exorbitantes estuviera previamente autorizada por la CREG. El contrato en el que se incluyó la cláusula exorbitante se celebró para la construcción de la presa y obra
INEPTITUD DELA DEMANDA - No se demandó el acto administrativo inicial / ACCION CONTRACTUAL - Ineptitud de la demanda &nbsp; En el caso concreto se produjo un acto administrativo por medio del cual el departamento de Antioquia declaró el incumplimiento del contratista, dispuso la liquidación del contrato, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y las correspondientes garantías. El contratista formuló la pretensión de nulidad de la resolución por medio de la cual el departamento de Antioquia confirmó la resolución declaratoria del incumplimiento del contratista; sin embargo, no demandó la nulidad del acto de conformidad con lo exigido por la ley. La resolución por medio de la cual el departamento declaró el incumplimiento del contratista, está cobijada por la presunción de legalidad y si el contratista pretende demostrar que los motivos del mismo son falsos, sea porque él sí cumplió el contrato o se allanó a cumplirlo o porque fue la Administración quien lo incum
05001 23 26 000 1992 0861 01 13675 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
FALLA DEL SERVICIO MEDICO - Error en el diagnóstico / ERROR EN EL DIAGNOSTICO - Torsión testicular / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL - Aplicación del régimen de la falla probada del servicio / INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Reconocimiento de perjuicios morales y de daño a la vida de relación &nbsp; Evidenciado el error médico en el diagnóstico, debe interrogarse la Sala si de haber recibido el paciente una atención médica oportuna y adecuada a la patología padecida, se habría evitado la pérdida de su testículo izquierdo o si, por el contrario, cuando el paciente acudió al I.S.S. ya era tardío el tratamiento quirúrgico e inevitable el daño. Es conocido que en eventos como el presente indudablemente son crecientes las dificultades para efectuar un diagnóstico acertado, debido principalmente a que la consulta se surte cuando ya han transcurrido varias horas desde las primeras manifestaciones de la afección. Esta circunsta
05001 23 26 000 1994 0340 01 13811 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
NEXO DE CAUSALIDAD - Rompimiento por hechos de las víctimas directas e indirectas / HECHO DE LA VICTIMA - Víctimas directas e indirectas: Imprudencia de menores peatones y conducta negligente de los padres / ACCIDENTE DE TRANSITO - Muerte de menores &nbsp; La Sala debe preguntarse sobre si ¿las conductas demostradas de los demandados fueron causa determinante y eficiente en la producción del daño sufrido por los actores?. Sobre el particular se observa que las pruebas de demostración de las conductas de los demandados no es a su vez prueba de la relación causal. Particularmente los demandantes alegaron indirectamente que debe aplicarse para la determinación del nexo causal la teoría de “la equivalencia de las condiciones” y no la teoría de “la causalidad adecuada”, pues cree que la mera conducta, o de falla o de riesgo, son causales en la producción del daño. Por tanto, para la Sala es indispensable señalar cómo no toda conducta referida a un daño puede entenderse
05001 23 26 000 1997 0222 01 21389 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
ACUERDO CONCILIATORIO - Hace tránsito a cosa juzgada / COSA JUZGADA - Del acuerdo conciliatorio &nbsp; Se observa que las partes convinieron los extremos del acuerdo que guarda armonía con las directrices de la Sala sobre este particular y es congruente con lo pedido en la demanda y, que éste se realizó según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001. La Sala señala que, conforme al artículo 66 de la ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. &nbsp; Auto 2221(21389) del 02/08/08, Ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ, Actor: MARCO AURELIO GANTIVA Y OTROS, Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL &nbsp; &nbsp; CONSEJO DE ESTADO &nbsp; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO &nbsp; SECCIÓN TERCERA &nbsp; Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ &nbsp; Bogotá D. C. Ocho de agosto (8) de dos mil dos (2002) &nbsp; Radic
05001 23 26 000 1998 4483 01 13011 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
FALLA DEL SERVICIO DE ENERGIA - Colocación indebida de cuerdas conductoras de energía eléctrica / TEORIA DEL RIESGO EXCEPCIONAL - Aplicación en muerte por electrocución en el caso concreto &nbsp; Es necesario señalar que en tratándose del caso de daños producidos por redes de energía eléctrica, tanto la doctrina como la jurisprudencia han indicado como fundamento de responsabilidad estatal la teoría del riesgo excepcional, supuesto de responsabilidad objetiva, de cuya declaración sólo se libera la administración si logra demostrar la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, elementos éstos que hacen desparecer la relación de causalidad entre el hecho o la omisión y el daño causado. Así pues, el Estado compromete su responsabilidad, entre otras situaciones, cuando en la prestación de un servicio, los medios o recursos técnicos que se utilizan, colocan a las personas o a sus patrimonios en situación de quedar expuestos a su
05001 23 31 000 1991 6856 01 12818 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD - La atención médica y hospitalaria frente a complicaciones post quirúrgicas, fueron inadecuadas y colocaron en estado crítico la salud del menor / FALLA DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL - En atención post quirúrgica &nbsp; De las pruebas que obran en el proceso, se deduce que el menor Juan Sebastián Ramírez Jaramillo fue operado en el Instituto de Seguros Sociales el 24 de octubre de 1990, por un lipomielomeningocele lumbar sacro. Frente a éste diagnóstico y a la cirugía realizada para su extirpación no existe reproche alguno, tampoco respecto de tratamiento hospitalario brindado hasta el 26 de octubre de 1990. Sin embargo, la Sala considera que la atención médica y hospitalaria de Juan Sebastián Ramírez Jaramillo, frente a complicaciones post quirúrgicas, presentadas entre el 27 de octubre y el tres de noviembre de 1990, fueron inadecuadas y colocaron en estado crítico la salud del menor. Luego de
05001 23 31 000 1992 0810 01 13396 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
FALLA DEL SERVICIO DE POLICIA EN OPERATIVO - Muerte de civiles / FALLA DEL SERVICIO POR OPERATIVO - Muerte de civiles &nbsp; Con fundamento en las pruebas considera esta Sala demostrado que los señores Joaquín Emilio Rueda, María Hilda Tabares de Rueda, Joaquín Emilio y Jorge William Rueda Tabares, murieron el 28 de noviembre de 1991, en su casa de habitación, en la finca El Silencio, ubicada en el Municipio El Retiro (Antioquia), en desarrollo del operativo adelantado por el grupo Unase, en ejercicio de sus funciones y utilizando armas de dotación oficial, con el fin de rescatar a la señora Maribel Arias Oyola, quien se encontraba secuestrada desde el 24 de noviembre anterior. Por estar demostrado, en el presente caso, que en la realización del hecho se utilizaron armas de dotación oficial, resulta procedente aplicar el régimen objetivo de responsabilidad, y dado que está probada la existencia del daño del cual se derivan los perjuicios reclamados, así como que e
05001 23 31 000 1993 0621 01 12789 Económico y financiero, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR OMISION - Presupuestos en la doctrina extranjera / FALLA DEL SERVICIO POR OMISION - Doctrina extranjera &nbsp; Observa la Sala que se plantea, en este proceso, el interesante tema de la responsabilidad de la administración por omisión, concretamente en relación con el cumplimiento de sus obligación de supervisar a los particulares en el ejercicio de determinadas actividades, en desarrollo de las cuales pueden causar perjuicios a otras personas. En ensayos recientes, el tema ha sido tratado por los profesores españoles, Rafael Entrena Cuesta y Mariano Magide Herrero, algunas de cuyas observaciones resultan pertinentes y se presentan a continuación. Se ocupa Entrena Cuesta de distinguir entre la inactividad material y la inactividad formal de la administración, explicando que la primera alude a un no hacer de ésta, en el marco de sus competencias ordinarias, mientras que la segunda se refiere a la pasividad de la administrac
07001 23 31 000 1994 0114 01 13417 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
COSA JUZGADA - Concepto. Alcances y aplicación en el caso de sentencias judiciales y a las soluciones logradas en los mecanismos alternativos de definición de conflictos &nbsp; Entrando en el concepto de “Cosa Juzgada” o RES JUDICATA se aprecia tal hecho involucra lo que ha sido juzgado o resuelto. La cosa juzgada ha sido asimilada al principio del “non bis in idem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, como legítimos en la solución de los conflictos, no vuelvan a ser debatidos ante otro funcionario en juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y por lo tanto es inmutable al tener plena eficacia jurídica; la cosa juzgada cubre pues, todo lo que se ha disputado. La cosa juzgada desde un punto de vista genérico está regulada en el artículo 332 del C. P. C en el cual se contienen los el
07001 23 31 000 1994 0131 01 13238 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL - Norma y término aplicable en el presente caso es el art. 55 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 41 de la ley 153 de 1887 &nbsp; La Sala observa que el incumplimiento del crédito empezó a causarse desde el día 30 de abril de 1992, cuando se hizo civilmente exigible. Para la fecha del vencimiento del plazo estipulado para el pago – 30 de abril de 1992 - regía en materia de caducidad de la acción contractual el artículo 23 del decreto ley 2.304 de 1989 que subrogó el artículo 136 del C. C. A; tal disposición indicaba como término o plazo para demandar el de “( ) dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento ( )”. Además debe tenerse en cuenta, en el caso bajo juicio, que para cuando aún no había vencido el término para accionar por el incumplimiento contractual, empezó a regir el 1º de enero de 1994 una nueva disposición en materia del plazo legal para accionar, contenida
07001 23 31 000 1995 3893 01 13893 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
CADUCIDAD DE LA ACCION CONTRACTUAL - Evolución legal respecto del término &nbsp; El decreto ley 01 de 1984, modificado por el decreto 2304 de 1989, aplicable al caso concreto por las razones expuestas, dispuso un término de caducidad de la acción contractual de dos años, “de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento” (num. 6 art. 136 C. C. A.) Posteriormente la ley 80 de 1993 modificó el plazo legal de dos años, que estaba previsto en el artículo 136 numeral 6 del C. C. A, para promover la acción de controversias contractuales sólo respecto de las omisiones de los contratantes y de las conductas antijurídicas de éstas. En efecto, el legislador amplió el término de prescripción de la acción a veinte años para los eventos de las conductas antijurídicas contractuales. De esta manera Administración y contratista, bajo la vigencia de esa norma, pueden perseguirse judicialmente dentro de un término de veinte años, cuando sus conductas (a
08001 23 31 000 1998 5004 01 13248 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social, Comercial, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
SERVICIO DE NOTARIADO Y REGISTRO - Definición y desarrollo legal. Funcionarios competentes &nbsp; Ha sido una constante el entendimiento de que el servicio de notariado y de registro es una función para dar fe pública y que pertenece al Estado, Nación Colombiana, que lo ha delegado en los notarios. Desde el Código Civil de la Unión de 1873, adoptado por el Congreso de la República de Colombia el día 15 de abril de 1887 se trató la actividad del notariado en el título 42 del libro cuarto, la cual se ejercía dentro de los círculos notariales so pena de que los actos suscritos por fuera de ellos adolecieran de nulidad (art. 2.550). Su artículo 2.547 dispuso que “La recepción, extensión y autorización de los actos y contratos a que las personas naturales o jurídicas deban o quieran dar autenticidad y constancias públicas, conforme a la ley, están a cargo del notario público”. El servicio de notariado es de creación constitucional, aunque en principio la Carta Políti
08001 23 31 000 2000 2145 01 22351 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
TITULO EJECUTIVO COMPLEJO - De naturaleza contractual judicial. En este tipo de título ejecutivo y a partir de su exigibilidad sólo hay lugar a los intereses comerciales moratorios, salvo que las partes acuerden en contrario y disminuyéndolos / INTERESES MORATORIOS - Los intereses comerciales moratorios incluyen la indexación en sus componentes / INDEXACION - Improcedencia en la indexación del crédito contenido en un título ejecutivo contractual complejo de naturaleza judicial &nbsp; El título de recaudo ejecutivo, en este caso, es complejo de naturaleza contractual judicial pues se conforma por el acta de conciliación prejudicial en asunto contractual y por la providencia judicial aprobatoria. En este tipo de título ejecutivo y a partir de su exigibilidad sólo hay lugar a los intereses comerciales moratorios, salvo que las partes acuerden en contrario y disminuyéndolos. Es por ello que el valor del crédito contenido en el título de recaudo ejecutivo judicial no
11001 03 25 000 2001 0045 01 21040 Ambiental, Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
JUSTICIA ARBITRAL - Competencia constitucional &nbsp; Competencia Constitucional. Para deducir el espacio de competencia de los particulares en función judicial, desde un punto de vista positivo, o su límite, desde un punto de vista negativo, es necesario acudir a la Constitución de 1991, la cual facultó expresamente a los particulares para administrar justicia, en forma transitoria, en calidad de árbitros o conciliadores, para dictar fallos en derecho o en equidad cuando las partes involucradas en el conflicto así lo dispusieran. Al respecto la Carta Política dispuso en el artículo 116 que “( ) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. Este canon señala, desde otro punto de vista, que el desarrollo normativo del arbitramento y de la conciliación,
11001 03 25 000 2001 0046 01 21041 Económico y financiero, Administrativo, Comercial, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Nulidad absoluta del pacto arbitral por objeto o causa ilícita / NULIDAD ABSOLUTA DEL PACTO ARBITRAL - No es causal de anulación del laudo arbitral, pero constituye una facultad oficiosa del juez administrativo el estudiarla y decretarla / PACTO ARBITRAL - Naturaleza contractual y autonomía &nbsp; En materia de contratos estatales, como ya se indicó, si bien la nulidad del pacto arbitral por objeto o causa ilícita no está legalmente prevista como causal o motivo de procedencia del recurso de anulación del laudo arbitral, ello tan solo significa que no puede ser invocada por las partes como fundamento de la impugnación del laudo; pero ese hecho, en modo alguno impide o elimina la facultad que, por vía general, tiene el juez administrativo de declarar oficiosamente las nulidades absolutas del contrato que encuentre acreditadas en el proceso. Pero el ejercicio de la facultad oficiosa en comento tiene una limitante, en cuanto q

References: artículo 414
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 66
 artículo 332
 artículo 41
 artículo 23
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 2
 artículo 116