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Timestamp: 2017-10-23 02:39:17+00:00

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El Blog de Fred L. Alvarez: 10 marzo 2009
Derecho a elegir/Luis del Val Mínguez, dirige la productora Media Films
Publicado EL PAÍS, 09/03/09;
Insistimos en el debate del uso del catalán en las películas que han sido rodadas en lenguas que en nuestro país no son oficiales. Como catalán me da igual ver una sesión en catalán o en castellano. Desde pequeño he utilizado las dos lenguas. El problema se me plantea cuando no tengo elección. En las salas en que más cómodo me siento tan sólo programan en un idioma: el castellano. La ley del Cine Catalán causa controversia en los exhibidores, ya que creen que una película doblada al catalán factura menor recaudación. El problema vendrá cuando un exhibidor que opte por el catalán se encuentre con que en el cine de la esquina, su competidor más directo, proyecte el mismo título en castellano. El cine es una cuestión de hábitos. Si estamos acostumbrados a ver las películas en catalán en TV3, ¿por qué no podemos verlas en la gran pantalla? Pues porque en TV3 sólo tenemos la opción de ver esa película en catalán a esa hora y ese mismo día. Los cines que proyectan en catalán se enfrentan ante una mayor oferta en castellano. La clave está en analizar cómo está formulada la oferta y saber cuál es la demanda. La cooficialidad del catalán y del castellano está en las escuelas y también en la calle.
Este punto más controvertido de la Ley del Cine Catalán se solucionaría incentivando con subvenciones al distribuidor y al exhibidor, o por el contrario con una postura más radical: exhibiendo en catalán el 100% las películas con versiones originales de lenguas no oficiales de España. Como productor, que el Govern quiera hacer una normativa más cercana al ciudadano nos consolida como industria y nos ayuda a poder cosechar éxitos tanto comerciales como culturales. El cine nos hace sabios y más libres, y ayuda a que una sociedad legue un patrimonio. Que un documento regule las reglas del juego nos aporta muchas ventajas. La ley actual combina la cultura y la industria protegiendo a los exhibidores, distribuidores y productores por igual. Me explicaré con una vivencia propia; este año he estrenado El truco del manco -que por cierto se rodó en castellano- y gracias a las subvenciones catalanas del ICIC he conseguido equipararme en promoción y distribución con filmes estadounidenses con el pedigrí de los Oscar. Igual podría decir de películas como REC, El orfanato y Vicky Cristina Barcelona, que han tenido éxitos gracias al apoyo de un gobierno. Y a partir de ahora la Generalitat facilita los rodajes en catalán gracias al convenio marco entre ICIC y TV3. Si la rumana Cuatro meses, tres semanas y dos días obtuvo la Palma de Cannes, ¿por qué no puede un día ganarla un filme en catalán? El departamento de Cultura tiene un objetivo elogiable: equiparar los presupuestos para producir películas que puedan aguantar el pulso a Hollywood
El público manda/Enrique González Macho, responsable de la distribuidora y exhibidora Alta Films
Publicado en EL PAÍS, 09/03/09;
Desde siempre he tenido una actitud contraria al doblaje de la obra cinematográfica por razones pura y estrictamente artísticas. El doblaje es en sí mismo una aberración que desvirtúa la obra audiovisual de una de sus características esenciales: el audio. A mi ya larga trayectoria profesional de más de 30 años me remito como prueba de ello; durante la cual he procurado por todos los medios a mi alcance defender y difundir las películas tal y como fueron concebidas por sus autores en su versión original. Por ello todo lo que afecte a su tergiversación me parece algo que va contra natura.
Pero siendo acérrimo defensor de la versión original soy igualmente consciente de que la supresión del doblaje sería la muerte del Cine (con C mayúscula) para nuestro público que desgraciadamente, y no por culpa suya, está habituado al consumo de las películas de forma absolutamente mayoritaria en su versión doblada y ello desde hace casi 70 años. Por tanto las medidas que se pretenden tomar no deben entenderse ni justificarse dentro de una concepción legal cinematográfica sino por motivos ajenos al propio cine y que corresponden a unos intereses pura y exclusivamente políticos de “normalización lingüística”.
Por ello, y por muy nobles que sean los fines que se persigan, se trata una vez más de utilizar la obra cinematográfica para unos fines ajenos a su propia esencia. No creo que nadie esté en contra de estos fines, pero el procedimiento que se quiere emplear es absolutamente desproporcionado y perjudicial para el mantenimiento de la exhibición de las películas en las salas cinematográficas que hoy por hoy sigue siendo el objetivo prioritario de todo cineasta.
La industria del cine en sus tres sectores de producción, de distribución y de exhibición está en una profunda crisis desde hace varios años basada en algo tan elemental como real que es la disminución progresiva de los espectadores. Y ello es debido a diversos factores que no voy a analizar en este momento pues me saldría del objetivo prioritario de estas líneas. El muy loable deseo de que se exhiba más cine en versión doblada al catalán no se va a conseguir mediante imposiciones legales hechas a espaldas de la industria y, lo que es más importante, del público. Todo cambio de hábito requiere tiempo, quizá demasiado pero que será siempre el que imponga el espectador. De nada vale crear una enorme oferta si no existen consumidores. La educación no se consigue ni a golpe de talonario ni a golpe de imposiciones. Es algo demasiado sutil para que sea banalizado por esas propuestas. En el fondo es lo mismo que la pugna entre el cine en versión original y el cine en versión doblada. La capacidad de elección dependerá siempre de quien compre la entrada y eso no se varía por las buenas. Si se desea que se aumente la asistencia al cine doblado al catalán hágase de forma paulatina, sin precipitaciones que van a tener efectos perversos y opuestos a los fines perseguidos y con unas consecuencias colaterales gravísimas para una industria muy debilitada.
Soy distribuidor y exhibidor de cine y puedo asegurar que nosotros no queremos subvenciones. Lo que queremos son más espectadores. Por los motivos que sean hay una realidad hoy en Cataluña y es tan sencilla como que el público no se identifica con el cine doblado al catalán en las salas. Ignoro los motivos, pero es inadmisible camuflar la realidad manipulando estadísticas. Si se quiere fomentar su asistencia hágase de forma racional y que no perjudique ni a la industria ni a su público potencial. Y no nos engañemos. Ninguna ley por muy potente, bienintencionada y generadora de subvenciones múltiples que sea, cambiará los hábitos del público de la noche a la mañana, sino más bien todo lo contrario. Si no, tiempo al tiempo.
Publicado por Fred Alvarez en 3/10/2009 No hay comentarios.:
El caso de Lucía Morett, en el Congreso, hoy
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al caso de Lucía Andrea Morett Álvarez.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promoverte, para su conocimiento.
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE
México, DF, a 2 de marzo de 2009.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-2242 signado por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Ramiro Hernández García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, original del similar número DEP-0279/09 suscrito por Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a Lucía Morett Álvarez.
Atentamente Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
México, DF, a 25 de febrero del 2009.
Subsecretario de Enlace Legislativo Secretaría de Gobernación
Por instrucciones de la secretaria Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradezco de antemano su valiosa intervención para hacer llegar la respuesta adjunta al diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior en respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano Legislativo, en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2009, en el que señala:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45; y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UITA/028/2008.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía si existe algún procedimiento de extradición del gobierno de Ecuador en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que reimta a esta soberanía la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Vázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren UIises Avilés Ángeles mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en marzo de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa secretaría sobre el particular.
Cabe señalar que, con el propósito de responder de manera puntual a los resolutivos que expresa el punto de acuerdo en comento, quedaría pendiente de integrar la respuesta y opinión pertinentes que emita la Procuraduría General de la República.
Rogamos a usted, que pueda hacer del conocimiento de esta secretaría la respuesta final a este punto de acuerdo que le sea remitida al Presidente de la Cámara de Diputados, diputado César Duarte Jáquez.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.
Atentamente Betina Chávez Soriano (rúbrica)
México, DF, a 25 de febrero del 2008.
Diputado César Duarte Jáquez Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del 28 de enero del 2009, relativo a la extradición de la ciudadana Lucía Morett Álvarez, en el que señala:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del articulo 45, y 1 y 3 del articulo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Procuraduría Generar de la República que informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada contra la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UIT A/028/2008.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita a esta soberanía la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Vázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en marzo de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa secretaría sobre el particular.Sobre el particular, me permito hacerle llegar la siguiente información acerca de la posición de México en relación con la supuesta solicitud de extradición contra la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, así como de las acciones en defensa de los mexicanos afectados por la incursión militar del gobierno de Colombia en el territorio de la República de Ecuador.
1. Como fue hecho público por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 6 de enero, mediante el comunicado de prensa 003, hasta el momento no se ha recibido solicitud de extradición internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por parte del gobierno de la República del Ecuador.
2. No obstante, y ante las declaraciones del fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez, respecto a que su país ha iniciado los trámites para solicitar la extradición de la ciudadana mexicana Lucía Morett, la cancillería instruyó a su Embajada en Ecuador para que entrara en contacto con las autoridades competentes, a fin de contar con mayor información sobre el caso.
3. Como resultado de dichas consultas, nuestro embajador fue informado de que la Corte Nacional del Ecuador es la única instancia competente para conocer y decidir respecto a las solicitudes de extradición. Sobre el particular, también ha sido informado de que el 5 de febrero ingresó a la Corte Nacional la solicitud del juez de Sucumbíos para la extradición de Lucía Morett. Jurídicamente, a partir de dicho momento la corte recibe los elementos para sustanciar la solicitud y, en caso de considerarla procedente, darle trámite.
4. Es importante destacar que en todas las solicitudes de extradición internacional que son formuladas a nuestro país, invariablemente y sin distinción alguna, el gobierno de México siempre ha actuado con apego al marco jurídico nacional e internacional, con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra carta magna, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentra establecido en la Ley de Extradición Internacional, fundando y motivando sus actos en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que el caso de Lucía Andrea Morett Álvarez, no sería la excepción.
5. Por otro lado, la información sobre las acciones llevadas acabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto al caso de los mexicanos fallecidos en Ecuador y de Lucía Morett, así como del apoyo brindado a esta última y a los familiares de todos los involucrados, se ha hecho pública oportunamente a través de 16 comunicados cuyo acceso es libre y permanente a través de la página de internet de la cancillería, en el apartado de comunicación social.
6. Cabe señalar que el gobierno de México ha actuado de manera responsable y consistente en relación con este lamentable caso. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del hecho, el gobierno de México deploró los acontecimientos y condenó la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano; asimismo, expresó que la gravedad de los mismos exigía una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos, y procedió a solicitar por vía diplomática toda la información que pudiera surgir de las investigaciones iniciadas por las autoridades, tanto ecuatorianas como colombianas, mismas que no han concluido.
7. El gobierno de México tiene un inequívoco compromiso con el respeto a la vida humana, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Asimismo, es parte fundamental de nuestra política exterior la protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior y la defensa del derecho internacional. Precisamente en observancia de las responsabilidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto a los familiares de los jóvenes fallecidos como a Lucía Morett y sus padres, se les brindó todo el apoyos consular, a efecto de sufragar gastos para trasladarse a Ecuador, gastos médicos, apoyar con los trámites para la identificación de restos y la repatriación de los mismos, entre otros.Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA OLA DE VIOLENCIA Y LAS EJECUCIONES QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD MEXICANA
Aprobada en votación económica en la sesión de este martes 10 de marzo
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 19 de septiembre del 2006 fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen.
Contenido del punto de acuerdo
El proponente expresa que cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento, cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder –ya sea político, económico o social–, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
Expresa que la inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana, por lo que su combate eficaz es urgente, ya que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.
La Comisión de Justicia realizó el estudio del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar éste.
La ola de violencia que se ha desatado en nuestro país es un foco rojo que el Poder Legislativo no puede dejar pasar. En las noticias recientemente hemos visto que la delincuencia organizada ha aumentado sus actividades. Vemos constantemente situaciones de secuestro o ejecuciones, o el terrible atentado ocurrido en Morelia el pasado 15 de septiembre de 2008.
Es obligación del gobierno proteger a sus ciudadanos, por lo que las Cámaras de Diputados y de Senadores estamos trabajando arduamente para diseñar medidas legislativas que faciliten la actuación de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, a fin de combatir de manera eficaz la delincuencia organizada; sin embargo, es necesario también que los demás Poderes de la Unión realicen las acciones pertinentes, en el ámbito de su competencia, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Por lo anterior, los integrantes de la comisión, sabedores de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, coincidimos plenamente con el proponente, al tiempo que reconocemos que el Ejecutivo federal ha estado realizando acciones tendientes al combate de la delincuencia, a fin de disminuir el clima de inseguridad que ha imperado en los últimos meses. No obstante, ello no ha sido suficiente para brindar la seguridad necesaria que demandan los mexicanos, por lo que se hace un atento exhorto a las autoridades correspondientes a redoblar esfuerzos y obtener mejores resultados.
Finalmente, se estima pertinente modificar la proposición a fin de no involucrar al Ejército, toda vez que en la reciente reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en el artículo 21 el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, sin que ello sea óbice para la actuación excepcional dentro del marco constitucional y legal de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 1/96 y la jurisprudencia 36/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a continuar instrumentando acciones pertinentes, a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2008.
Discursos por el día de la Mujer
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 10 de marzo de 2009
Posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay buenas noticias para las mexicanas.
A los efectos devastadores de la crisis económica que ya se siente en nuestros hogares, en el sustento de nuestras hijas e hijos y en los empleos que hoy se están perdiendo. A la inseguridad pública desatada por el crimen organizado, que creció al amparo de pactos y corrupción, hay que agregar el alarmante incremento de feminicidios, sobre todo en los últimos tres meses, 264 mujeres han sido asesinadas por razones de género en México.
Al caso paradigmático irresuelto de las mujeres asesinadas en Juárez, se deben agregar los asesinatos de 94 mujeres en el Estado de México, 56 en Sinaloa, 51 en Jalisco, y otros más en Morelos y en Chihuahua. En su mayoría los cuerpos son encontrados con signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual, por razones asociadas a su condición de mujer.
Evidentemente, el 8 de marzo no es un día para celebraciones, que nos quede claro, no es una fecha para que se nos felicite o se nos regalen rosas, como si fuera nuestro cumpleaños. Este día se instituyó internacionalmente para que a la humanidad no se le olvide que cientos de mujeres han perdido la vida por defender sus derechos. Mujeres y niñas asesinadas, torturadas y tiradas en los lotes baldíos, como se arroja un trozo de basura.
En un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático del país. La violencia contra la mujer fundada en el género es el indicador más flagrante del atraso social, cultural y democrático de una sociedad.
El feminicidio, que es la muerte violenta de mujeres por el solo hecho de serlo, se genera en un contexto social machista y conservador que con cinismo valida esa violencia.
Con esta realidad alarmante nuestra legislación penal se niega a reconocer el delito de feminicidio, ignorando con ello, no sólo los avances internacionales de la ciencia penal y de la política criminal, sino también el avance indiscutible de los derechos humanos de las mujeres.
Comités nacionales e internacionales de observadores y defensores de los derechos humanos han emitido más de 300 recomendaciones a nuestro país, solicitando al Estado mexicano acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, entre las que destacan la de legislar todo lo necesario en la materia.
Nuestro país suscribió y ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Justamente el comité de expertas que analizó el informe periódico de 205 cuartillas que nuestro país presentó en enero de 2006, ha señalado con toda puntualidad las preocupaciones, observaciones y recomendaciones, que emitió en agosto del año pasado, donde dice que debe tipificarse el feminicidio como delito.
Por estas razones el tipo penal el feminicidio debe ser incluido en la legislación mexicana; de lo contrario, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se convierte, como hasta hoy, sólo en festejos burocráticos buenos para el lucimiento "feminista" ?entre comillas? de nuestras autoridades, pero no para dar pasos efectivos en la lucha de las mujeres por sus derechos.
Cada vez que conmemoramos este día debemos hacerlo mediante acciones que efectivamente impacten en la vida cotidiana de todas las mexicanas, las amas de casa, las estudiantes, las trabajadoras domésticas, las profesionistas, las sexoservidoras, aquellas que se ven obligadas a emigrar a Estados Unidos y que en el trayecto son objeto de acoso y violencia sexual; huelga decir que los trabajadores migrantes no tienen que bregar con esa dificultad.
Para este asunto, la Secretaría de Gobernación ?hay que reconocerlo? anunció ayer que ampliará a nivel federal las competencias de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población, en todo el país.
Pero también desde aquí hago un llamado a la Secretaría de Gobernación para que determine las competencias que tendrá esta ampliación de la comisión con el sistema nacional de la Ley contra la Violencia, y la Fevimtra.
Por estas razones, compañeros diputados y compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario de Alternativa les convoca a que mediante una acción concreta, que está al alcance de nuestras manos, hagamos lo que nos toca como legisladores. Les invito a apoyar la iniciativa que hemos presentado para que antes de que termine esta LX Legislatura el feminicidio se tipifique en nuestra legislación penal.
Con ello otorgaremos a nuestras autoridades encargadas de la administración de justicia las herramientas que permitan castigar el feminicidio como lo que es, un crimen de odio, que atenta diariamente contra la seguridad y la tranquilidad de las mujeres mexicanas y de sus familias.
La tipificación del feminicidio permitirá renovar nuestra justicia penal y hacerla digna de un verdadero Estado democrático y de derecho.
Para nosotras no hay mejor homenaje a las mujeres que la ampliación efectiva de sus derechos y la protección del don más preciado: su vida. Nosotras en esa lucha estamos. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, de Nueva Alianza. Estamos sobre posicionamiento, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo.
La diputada Ana Elisa Pérez Bolaños: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este día ofrece una oportunidad para que todos, mujeres y hombres, nos sumemos en pro de una causa que afecta a toda la humanidad.
La igualdad entre hombres y mujeres es no sólo un objetivo en si mismo, si no una condición indispensable para mejorar la vida de todos los habitantes del mundo.
Es un hecho innegable que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales.
Las mujeres hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda del reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos; sin embargo, es una realidad que la igualdad, la legítima, fundamental y esencial igualdad de género, no ha sido todavía conquistada. Aún estamos muy lejos de convertir este entendimiento común en una práctica universal.
Hoy es una triste realidad que a pesar de todas las expresiones públicas de partidos y sectores, las mujeres continuamos estando subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones.
El trabajo de la mujer es subvalorado, insuficientemente remunerado y en algunas ocasiones, sin remuneración alguna.
Es alarmante, de los más de 100 millones de jóvenes en el mundo que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas; de los más de 800 millones de adultos analfabetas en el mundo, la mayoría son mujeres.
En México de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, las brechas entre hombres y mujeres siguen siendo amplias, la tasa de alfabetización de la población femenina asciende de manera menos veloz que la de los varones.
Pero, lo más grave en el escenario es el que prevalezca la violencia contra las mujeres y las niñas. Mal que persiste en todos los continentes, en todos los países y en todas las culturas. Con efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus familias y toda la sociedad.
Como dijo el secretario general de la ONU, recientemente, que en pleno siglo XXI sigan sucediendo atrocidades contra las mujeres es algo que a todos como sociedad debe llenarnos de vergüenza.
Como consecuencia, los resultados de la segunda encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares revelan que 67 de cada 100 mujeres, de 15 años o más, han sufrido violencia por parte de sus parejas, laboral, familiar y docente o comunitaria.
Aunque es cierto que en México se han aplicado diversas leyes y acciones de política pública para abatir ese fenómeno, en la realidad, vemos que con frecuencia esta violencia se encubre o se tolera de manera tácita.
Sin duda, el logro más visible de las mujeres hoy es el haber colocado en la agenda pública mundial y nacional la temática de su situación en todos sus aspectos, especialmente lo referente a la violencia, que es un gran problema social. Ponerlo en la palestra pública significa tratar de prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo.
Por eso, para Nueva Alianza es tan importante el Día Internacional de la Mujer, porque nos recuerda la responsabilidad y la obligación de todos en redoblar esfuerzos en pro de un cambio duradero de los valores y las actitudes que hacen de la violencia un fenómeno difícil de erradicar. Ahí, estriba la importancia de la participación de niños y hombres en construir un nuevo tejido social más parejo y respetuoso.
Para Nueva Alianza, la celebración del Día Internacional de la Mujer es una fecha que nos convoca a trabajar en conjunto con el gobierno en todos sus niveles, con organizaciones de la sociedad, con los partidos políticos y con todos los sectores en pro de alcanzar una transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad; así como la oportunidad para establecer nuevos esquemas de apoyo y colaboración con el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos. Lo reiteramos, este día es una oportunidad para la reflexión.
Este Día Internacional de la Mujer, nuestro compromiso con las mujeres de México y del mundo debe ser el de eliminar la violencia contra las mujeres y unir esfuerzos para lograr la igualdad, así como trabajar conjuntamente por su desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Debe ser una meta dinámica en la agenda pública, en la que siempre haya algo que alcanzar. Gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, de Nueva Alianza. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, en representación del Partido del Trabajo.
La diputada Rosa Elia Rodríguez Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, ese día se instituyó para conmemorar la lucha de la mujer por la defensa de sus derechos y la consecución de sus aspiraciones laborales.
No debemos olvidar que históricamente esa desigualdad nació en el momento mismo en que aparecieron las clases sociales y la explotación del hombre por el hombre. Al mismo tiempo, se constituyó el Estado como garante de la preservación de los intereses de los que habían acumulado más riquezas y posesiones.
Posteriormente, con el desarrollo de la propiedad privada se consolidó la opresión del hombre sobre la mujer y ésta fue excluida de toda posibilidad de ser propietaria de tierras o de cualquier medio de producción.
En nombre de esos privilegios, que derivan de la posesión o de la propiedad privada de los medios de producción, una minoría ha creado una visión del mundo para defender, no sólo sus intereses materiales, sino también para excluir, discriminar y sojuzgar a las mujeres y a todos los desposeídos del mundo.
Por esa razón, la única manera de acabar con la violencia contra las mujeres y la desigualdad social es terminar con cualquier régimen de explotación del hombre por el hombre. Por consecuencia, nunca será suficiente la voluntad política, ni los recursos económicos para abolir la desigualdad de género, ni la opresión del hombre hacia la mujer.
La violencia en el hogar tiene sustento, precisamente, en la opresión del hombre por el hombre, porque constituye el origen del resentimiento social que, invariablemente, se proyecta en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
El poder vertical, que en la fábrica ejerce el patrón sobre el obrero, es en nuestra sociedad el causante de esto último. El lugar preferido por el hombre para desahogar y proyectar ese resentimiento es el hogar, donde la debilidad física de la mujer no le representa ningún obstáculo.
Aunque, es preciso también señalar que cada vez más mujeres ejercen esta violencia contra los hombres. Esto deriva, que en el 70 por ciento de los hogares mexicanos se ejerce la violencia contra las mujeres, tal como lo documenta, de manera profusa y amplia, la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres.
Otro tema vinculado con lo anterior es el referente al abuso sexual contra niños, niñas y las mujeres en el hogar y en la sociedad en lo general. Sobre éste último aspecto, la sociedad no se atreve a debatirlo abiertamente, tal como se hizo con el tema de la violencia contra las mujeres y la pederastia.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, las mujeres petistas y el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos claro que la lucha por la emancipación de las mujeres, la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra nosotras sólo se podrá lograr si nos abocamos a construir una sociedad que forme un nuevo perfil de la mujer y del hombre; una nueva sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades a las mujeres y a los hombres.
Asimismo, que permita que sean sus miembros los que decidan de manera colectiva su destino y el tipo de organización que deseen darse. Luchar por estos ideales es lo que dignifica la lucha de las mujeres petistas y esto nos hace sentirnos orgullosas de que estamos dando continuidad al trabajo que han desarrollado las mujeres de las generaciones pasadas. Ésta es la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, compañera diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Tiene la palabra la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México, para referirse precisamente a la conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y ella lo hace en este capítulo de posicionamientos en representación de su Grupo Parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a 99 años de que se estableciera el Día Internacional de la Mujer continúa la lucha para garantizar y para hacer vigentes los mismos derechos a casi la mitad de la población en el mundo.
Aunque se han registrado importantes progresos en múltiples ámbitos de la vida económica, política, social y cultural del género femenino, hoy más que nunca resulta urgente continuar la lucha contra la represión y discriminación de que aún somos objeto, en particular porque los problemas globales que vivimos son sumamente complejos para encontrar la solución, sin contemplar a las mujeres.
La crisis económica mundial que hoy nos aqueja trae consigo graves efectos que podrían agravar aún más las diferencias entre hombres y mujeres. Muchos organismos han advertido que las mujeres podrán ser las más perjudicadas por la discriminación laboral que se sufre cuando ocupan los empleos más vulnerables.
Peor aún, la Organización Internacional del Trabajo en el informe Tendencias mundiales del empleo de las mujeres señala que se espera que el impacto de género de la crisis económica, en términos de tasa de desempleo, sea más perjudicial para las mujeres que para los hombres, y que este año la tasa de desempleo mundial de las mujeres podría aumentar hasta 7.4 por ciento.
Si bien con el paso de los años la mujer ha ganado posiciones en la vida política, económica, social y cultural, la igualdad de género debe ser un principio fundamental en cualquier respuesta política a la crisis económica del mundo. Ante este panorama, el combate a la discriminación laboral es urgente porque la desigualdad se acentúa de manera manifiesta.
Por su parte, en nuestro país el panorama se vislumbra igualmente difícil; los desafíos que hoy enfrentamos no son menores. La pobreza, la marginación, el desempleo, el descenso en la calidad de vida y la desigualdad entre hombres y mujeres también se acentúan.
Por ejemplo, el nivel de desempleo de las mujeres sigue siendo más alto que el de los hombres, y sus trabajos son mucho más precarios. De hecho, en el último año la tasa de desempleo creció más rápido entre hombres que entre mujeres.
A pesar de los adelantos generales, numerosas mujeres siguen haciendo frente a la discriminación en los sectores formal e informal de la economía, lo que se traduce en una falta de independencia económica que reduce la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones, y también esto incrementa su vulnerabilidad ante la violencia.
La discriminación laboral resulta más delicada en esta época de crisis económica, por ejemplo, en nuestro país durante el segundo semestre de 2008, 35 mil jefas de familia perdieron su trabajo, lo que les representó la pérdida de un ingreso indispensable para mantener a su familia.
Por otra parte, de acuerdo con las Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres, 2008, que publica el Inegi, un alto porcentaje de la población femenina sufre de violencia.
En nuestro país la violencia de género está aumentando. El porcentaje de mujeres que padecieron alguna agresión por parte de su pareja incrementó. Lo anterior representa una violación a los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género y el desarrollo.
Sobre este tema es importante reconocer que, no obstante el esfuerzo gubernamental para erradicar las agresiones contra las mujeres, el problema ha rebasado a las autoridades. Por ejemplo, de 100 averiguaciones previas que se integraron por delitos de violencia contra las mujeres, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres sólo consignó siete.
Compañeros legisladores, reconocemos que en nuestro país se ha avanzado en materia de protección y defensa de los derechos de las mujeres mediante la creación de instituciones del orden federal, estatal y municipal para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; asimismo, las procuradurías de justicia estatales han desarrollado agencias especializadas.
A nivel federal, esta Legislatura aprobó el año pasado establecer la obligación de incorporar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la administración pública federal.
Reconozcamos entonces que hemos tenido avances, pero éstos han resultado insuficientes. A pesar del esfuerzo, la realidad muestra claramente que las mujeres siguen viviendo situaciones de violencia, pobreza, desigualdad y discriminación en ámbitos laboral, político y de salud y en sectores específicos como el trabajo doméstico y en los reclusorios.
La persistencia de las brechas de género demanda la necesidad de implementar políticas más eficientes para abordar la discriminación de las mujeres, a fin de proteger a niñas y mujeres que están atrapadas en un ambiente de violación de sus derechos.
Por ello, mi grupo parlamentario propone que en la recta final de esta Legislatura no escatimemos esfuerzos por innovar y continuar con la lucha iniciada hace 99 años, a fin de que ante la crisis económica el impacto de género no sea más perjudicial hacia las mujeres, porque recordemos que en México las mujeres representamos el 51 por ciento de la población. Una quinta parte de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres, por lo que el bienestar o marginación de las mujeres repercute no sólo en ellas, sino también en los integrantes de sus familias. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Mucha gracias, diputada Beatriz Manrique Guevara. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, en representación del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, me corresponde el raro privilegio de hablar en esta ocasión a nombre de mi compañera de bancada, la distinguida, digna y destacada diputada Mary Carmen Salvatori Bronca, lo cual hago con mucho gusto en esta ocasión.
Al celebrar el Día Internacional de la Mujer y el progreso que hemos logrado en la realización de los derechos de las mujeres alrededor del mundo, no debemos perder de vista que la discriminación directa e indirecta contra este sector persiste de manera generalizada en la ley y en la práctica alrededor del mundo.
La protesta pública y los encabezados tienden a concentrarse en casos atroces de mujeres mutiladas, violadas, de esclavitud sexual y tratos degradantes de todo tipo. México tiene la obligación de implementar medidas efectivas para promover y proteger los derechos de las mujeres.
Por ello, hoy, compañeras y compañeros legisladores, ¿qué estamos celebrando? Celebrar significa conmemorar o festejar una fecha o un acontecimiento.
Actualmente somos 106 millones de mexicanos, de los cuales 54 millones somos mujeres, es decir, por cada 100 mujeres hay 97 hombres. Por tanto, hay 3 mujeres más de cada 100 hombres.
La situación de injusticia hacia las mujeres viene desde nuestra educación. El alto porcentaje de analfabetismo es mayor en las mujeres que en los hombres, siendo en las mujeres un 10 por ciento y en los hombres un 7 por ciento. Esto nos arroja un elevado índice de 5.4 millones de mujeres analfabetas en México.
Cuando las mujeres de 15 años y más nos incorporamos al Sistema Educativo Nacional, el 9.6 por ciento no logra permanecer en ese sistema, el 32 por ciento tiene solamente un grado aprobado en la primaria, el 24 por ciento en secundaria, el 18 por ciento en educación media superior y tan solo el 12 por ciento en el nivel superior.
En cuanto a las actividades económicas y de empleo, hay una diferencia que de cada 100 hombres se emplean 78, y de cada 100 mujeres sólo 41 son empleadas. Otro dato que llama mucho la atención respecto al empleo es que de cada 100 mujeres ocupadas sólo 3 son empleadoras y 65 son asalariadas.
Los grandes problemas económicos que tiene actualmente nuestro país, nos ha arrojado cifras de hogares donde la mujer es cabeza de familia, duplicándose en el período de los últimos 15 años, de ser anteriormente de 2.8 millones a ser actualmente de 5.7 millones.
En la jornada laboral, las mujeres invierten en trabajo doméstico 56 horas contra 27 de los hombres. Respecto a los sueldos, nosotras las mujeres ?habla Mary Carmen? percibimos un 23 por ciento menos que los hombres. Gracias.
La crisis económica tan lamentable a la que hacemos referencia, también se refleja en las estadísticas sobre violencia y divorcio: 67 mujeres de cada 100 han sufrido de violencia, que en la mayoría de los casos ha sido ejercida por su compañero o esposo. Otras tantas, por la comunidad, en el trabajo, en el ámbito familiar y en el ámbito escolar.
En nuestro país existen 128 mil casos de violaciones al año. Asimismo, 16 mil menores, en su mayoría mujeres, cada año son explotadas sexualmente y 85 mil usadas en actos de pornografía. De los 32 estados del país, en 21 existe turismo sexual, o sea, que sólo 11 estados de la república han prevenido este gran problema.
Por eso me pregunto: ¿Qué hay que celebrar en un día como hoy en donde más de 100 países en el mundo no existe representatividad parlamentaria de mujeres? En los parlamentos del mundo las mujeres ocupan un promedio del 15 por ciento de los cargos. En nuestro Congreso de la Unión estamos representadas sólo en un 20 por ciento y a nivel municipal sólo entre el 3 y el 4 por ciento.
Las diputadas y las senadoras de la LX Legislatura impulsamos la reforma electoral, para que en la lista de candidatos se incluya un número no menor de 40 por ciento para cualquiera de los sexos.
Contamos en el mundo con sólo 11 mujeres jefas de Estado o de gobierno, y son sólo tres países, Chile, España y Suecia, quienes tienen gobierno con paridad entre los géneros.
Después de hacer esta evaluación les pregunto a las mujeres mexicanas: ¿qué tenemos que celebrar, cuando ha sido una lucha incansable en busca de justicia, de respeto, de dignidad y de amor que necesitan las mujeres?
Desde esta máxima tribuna deseo invitar a todas las mujeres a seguir en la lucha, a no resignarse, a participar, pues sólo con la participación ciudadana saldremos adelante. Por la atención, muchas gracias a todos y a todas ustedes.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Elías Cárdenas Márquez. Antes de continuar con las oradoras en lista se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta a esta asamblea del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema, diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 406 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidente.
Continuamos. Se concede la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 8 de marzo es una fecha significativa para las mujeres de México y del mundo. Independientemente del origen es una fecha propicia para la reflexión, revisar avances y ver lo que hace falta por hacer.
La Organización de las Naciones Unidas, en su cincuenta y tres periodo de sesiones, señaló como tema prioritario el reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres, respecto del hogar y la familia, incluidos los cuidados prestados en el concepto de VIH-Sida, por lo que es importante reflexionar y a pesar de los avances en cuanto a los derechos que las mujeres han adquirido, todavía quedan pendientes retos.
Las estadísticas nos muestran una realidad injusta y discriminatoria, para lo cual solamente basta revisar los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre de 2008, los cuales señalan que 77 de cada 100 hombres, ?estamos hablando de 2008?, solamente 77 de cada 100 eran económicamente activos y que en el caso de mujeres, solamente 41 de cada 100.
Quiero señalar también que de acuerdo con esta encuesta, señala que las mujeres reciben un ingreso menor 7.9 por ciento, que sus pares varones.
En cuanto al uso del tiempo, las mujeres invierten 28.4 de su tiempo en el trabajo doméstico, mientras que los hombres lo hacen sólo el 6.5 por ciento.
En cuanto a la distribución del tiempo en el hogar, las mujeres participan más en las actividades domésticas, 84.8 por ciento contra 15.2 por ciento.
Cuarenta y un por ciento de las mujeres entrevistadas en esta encuesta tienen una doble jornada de trabajo, de más de 14 horas diarias, y es previsible que el trabajo doméstico de estas mujeres se incremente, ya que es necesario ahorrar debido a la crisis económica.
También es previsible que como consecuencia de esta crisis las mujeres tengan mayores posibilidades de ser despedidas y aumente el número de pobreza y de marginación, sobre todo en aquellos hogares con jefatura femenina.
Conciliar la vida familiar y laboral no es un problema privado, es un tema de la sociedad en su conjunto. La conciliación requiere y sobre todo en tiempos de crisis, implementar medidas, por lo que exhortamos al gobierno federal a redoblar esfuerzos en estos momentos difíciles que vive nuestro país, para que mediante políticas públicas y convenios de colaboración a nivel nacional, se pueda concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conciliar y de compartir las responsabilidades familiares.
También exhortamos al Poder Ejecutivo a realizar las acciones necesarias para la firma del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los trabajadores con responsabilidades familiares y que nos informe por escrito, a esta soberanía, sobre los avances que se tienen y en relación con la suscripción del mismo.
Es importante, compañeras y compañeros diputados, que se apliquen medidas concretas que permitan que el presupuesto que aprobamos en la Comisión de Equidad y Género y ratificado con el voto unánime de esta Legislatura, por cierto, el más alto en la historia del Poder Legislativo que se ha etiquetado a favor de las mujeres, por lo que exigimos que el gobierno federal, que este presupuesto se aplique íntegramente para los fines que esta Cámara definió y que se ejerza en el menor tiempo posible para que podamos contribuir a que las mujeres tengan mayores elementos para sortear la crisis económica que está golpeando severamente a los mexicanos, pero en particular a quienes está lastimando más, es sin duda, a las mujeres.
Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estará vigilante de que el gobierno federal aplique oportunamente los recursos y realice las medidas que las circunstancias actuales exigen para apoyar la economía de las mujeres. Es cuanto.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez. Es el turno de la diputada Maricela Contreras Julián, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Maricela Contreras Julián: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. "Mujeres y hombres unidos para terminar la violencia contra mujeres y niñas." Éste es el lema que la ONU ha puesto este año para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en el 2009.
A esta frase debemos agregar todos los esfuerzos que se hagan desde los diferentes espacios de la sociedad unidos para erradicar la desigualdad y discriminación que padecemos las mujeres.
Con el permiso de la Presidencia, esta conmemoración del 8 de marzo es la última que como LX Legislatura llevaremos a cabo y tiene dos vertientes mi exposición: Una que tiene que ver con utilizar esta tribuna para no dar discursos complacientes que pretendan quedar bien sólo por unas horas, y que oculten una realidad donde las mujeres seguimos siendo discriminadas con mayores estragos por la pobreza, por la violación de los derechos humanos y por el saldo trágico de los índices de calidad de vida que hoy tienen las mujeres.
Alzar la voz por unos minutos solamente es dar paso a un silencio que día a día vivimos. En la mayoría de los casos, durante todo el año se niega una realidad cotidiana en la que vivimos las mujeres en este país y de la innumerable problemática que enfrentamos para que se respeten nuestros derechos.
En esta legislatura, las diputadas hemos impulsado la agenda política de las mujeres y nuestro papel ha sido consolidar todo un proceso histórico de continuidad de lucha, de defensa de una ideología, de romper barreras y obstáculos en las discusiones de este Congreso de la Unión.
El trabajo que hemos desarrollado ha logrado que el tema de la igualdad de género no sólo se quede en la conmemoración de este importante día para nosotras, sino que sea materia del ejercicio de gobierno, de los trabajos legislativos, de las prácticas de impartición de justicia, del ámbito profesional o privado y de todos aquellos sectores donde las mujeres nos desarrollamos.
Sin embargo, tenemos que reconocer que existe un lento reconocimiento ?valga la redundancia? de nuestros derechos en la legislación y una lentísima transformación de la conciencia social para el respeto de los derechos de las mujeres y, para colmo, los avances que se han tenido son motivo de embestidas y retrocesos.
En esta tribuna hemos denunciado casos de violación de los derechos humanos de las mujeres, abusos como la violación sexual ejercida por miembros del ejército y elementos policiales en San Salvador Atenco; en Castaños, Coahuila; en Zongolica, Veracruz. O bien, los constantes llamados para que el gobierno federal publique reglamentos de leyes que contemplen los derechos de las mujeres por leyes aprobadas e impulsadas por las mujeres de la sociedad civil, por las académicas y por las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias.
Asimismo, la manipulación de la Secretaría de Salud a la norma 046 para restringir el acceso de las mujeres víctimas de violación a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo, y? para el anecdotario? frenar la absurda pretensión de las autoridades para sancionar el uso de las minifaldas, o el de manifestar muestras de afecto como los besos.
Aunque hoy podemos hablar de normas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, que atienden la violencia de género, que promueven la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida; o que en 2009 contemos con presupuestos públicos por casi nueve mil millones de pesos para 121 programas, para que las instancias del gobierno los apliquen desde la perspectiva de género, las condiciones de vida de las mujeres poco cambian.
Por ejemplo, en el campo viven 12 millones de mujeres y de ellas sólo 600 mil cuentan con un título de propiedad o posesión de las tierras. Según el INEGI, en el 2008 un millón 922 personas perdieron su trabajo; de esa cifra, un millón 364 mil corresponden a mujeres, es decir, estamos hablando de un 71 por ciento. Y eso no es todo, se estima que para 2009 se perderán 300 mil puestos laborales y de éstos, la mitad corresponderán a las mujeres.
El problema de violencia sigue siendo el problema más grave. Las cifras son alarmantes; encontramos que en 2008, en el último trimestre se dio el asesinato de 264 mujeres. Estamos hablando de feminicidio.
En materia de participación ciudadana no logramos colocar en el código electoral, ya no digamos en la reforma constitucional, la paridad de género para puestos de elección popular. En conclusión, nos encontramos frente a una cultura institucional, social, donde persisten posturas discriminatorias y claramente misóginas.
Con estas circunstancias podemos afirmar que a casi tres años de contar con una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres existe un gran incumplimiento de la misma, pues las instituciones, en todos los niveles de gobierno y en los tres Poderes, no han desarrollado políticas ni aplicado acciones efectivas para hacer realidad lo establecido en este ordenamiento.
Por ejemplo, aquí en el Congreso de la Unión ha existido una rotunda negativa a realizar cambios constitucionales que den certeza jurídica y seguridad a las mujeres para que nuestros derechos sean plenamente reconocidos y respetados, pues no se incorporó ninguna disposición a favor de las mujeres en la denominada "reforma del Estado".
En lo que resta de los trabajos de la presente legislatura seguiremos impulsando acciones a favor de las mujeres, pero no basta con el trabajo que muchas de las diputadas realizamos, sino que requerimos de voluntad de todo el Congreso. Se necesita de la voluntad de todas las diputadas y de todos los diputados.
Hay tres tareas específicas que algunas comisiones de la Cámara de Diputados son responsables de llevar a cabo, tan solo citaré unos ejemplos.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social debe dictaminar ya a la brevedad posible una minuta para que no se nos exija el certificado de ingravidez para que nos den empleo. Esa situación en nuestro país es inadmisible y es inadmisible que este Congreso no avance en este tema.
La Comisión de Justicia del Senado de la República debe tipificar el feminicidio como delito. La Comisión de Presupuesto debe avanzar en la aprobación de reformas legislativas para los presupuestos con enfoque de género, situación que es un compromiso adquirido por las comisiones de esta Cámara, por la Secretaría de Hacienda, el Inmujeres, y la Comisión de Equidad y Género.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía debe aprobar las reformas para que los medios de comunicación no denigren la imagen de la mujer o transmitan estereotipos o lenguajes sexistas. La Comisión de Salud debe avanzar en el reconocimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva.
En el PRD consideramos que es necesario reconocer la problemática de las mujeres como un problema sociocultural que requiere abordarse con estrategias integrales que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, pareciera que el énfasis es el agravamiento de la violencia social. Los conflictos en materia de seguridad, el narcotráfico y la crisis han desconocido esta realidad que vivimos las mujeres, tan es así, que hoy por hoy, el Día Internacional de la Mujer merece estar en este lugar para poder también reconocer a todas las mujeres que desde su diferentes trincheras hemos dado la batalla.
Reconocer el 8 de marzo como un día para reflexionar, como un día en el que reconozcamos que esta fecha tuvo dos hechos destacables, uno trágico, que es el de la muerte de las mujeres trabajadoras en Chicago; pero otro de avanzada, como la marcha de las mil mujeres en Rusia por el reconocimiento de sus derechos.
Valga este día para el reconocimiento de todas las compañeras que día a día tenemos en la trinchera de la defensa de los derechos humanos nuestra tarea.
También, y para finalizar, hacer un reconocimiento a todas nuestras compañeras diputadas en esta Cámara, que hemos estado trabajando codo a codo por los derechos de las mujeres. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Tiene la palabra, la diputada María Mercedes Corral Aguilar, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Mercedes Corral Aguilar: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, diputada.
La diputada María Mercedes Corral Aguilar: El Día Internacional de la Mujer tiene una historia larga. El origen de esta celebración, según algunos historiadores, se remonta al 8 de marzo de 1857, donde en Nueva York, un grupo de mujeres trabajadoras sufrieron, se incendió el lugar, la fábrica textil donde trabajaban, ocurriendo que 146 murieron y otras más resultaron heridas.
Las diversas protestas realizadas por las mujeres en escenarios como son la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el auge del crecimiento del sufragio por la mujer, durante las primeras décadas del siglo XX, en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos llevaron a que, en 1975, la Asamblea General de la ONU estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Con ello, oficializar a nivel del orbe, una fecha que ya se celebraba en medio mundo.
Si bien, el 8 de marzo sirve para celebrar el valor de la lucha histórica de las mujeres para que se le reconozca su dignidad y sus derechos, en igualdad de condiciones con los hombres.
También es cierto que esa lucha no ha terminado. No ha terminado, porque en México y en otros países ese derecho se encuentra conculcado por aquellos individuos que ejercen violencia contra las mujeres, en las calles, en los trabajos y porque no basta que los derechos se encuentren consignados en leyes o en reglamentos.
Bastará, resultará hasta que se corrijan por la fuerza las costumbres discriminatorias, que a pesar de los adelantos en términos de derechos laborales, sociales y políticos subsisten en el mundo y en nuestro país.
En este nuevo milenio las mujeres jugamos un rol fundamental para el desenvolvimiento de la condición humana y este es un reto que debemos asumir con un alto sentido de responsabilidad.
Las mujeres seguimos avanzando, pero tenemos dos objetivos: uno, el de fortalecer la institución familiar y el otro, el de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, consciente y participativa.
Vemos también que la discriminación llega a tal grado que muchas mujeres teniendo el mismo nivel escolar, la misma capacidad tienen sueldos notoriamente menores, a pesar de que se reconoce a la mujer una dedicación y un rendimiento académico mayor que el de los hombres.
En nuestro país este no es sólo un problema más, sino que se añaden también otras formas de discriminación dignas de provocar vergüenza y la indignación internacional para aquellos países que han logrado superar estos problemas.
Es un hecho que las mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otras regiones enfrentan el peor índice de desarrollo humano.
El informe de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que la brecha de desigualdad entre el índice de desarrollo humano indígena y no indígena es del 15 por ciento, y que los índices de desarrollo humano más bajos del país se ubican en los municipios indígenas.
Estos, no sólo se refieren al nivel de educación formal, sino que hay que ver también los usos y costumbres discriminatorios, que hacen que la salud y la morbilidad entre las mujeres sea mucho mayor que entre los hombres.
Los municipios cuya población indígena supera el 40 por ciento registran más del doble de mortalidad que los municipios indígenas. Las mujeres indígenas son las que presentan los niveles más altos de mortalidad.
Por eso, compañeras, debemos implementar las estrategias adecuadas y sacar del marasmo en el que se encuentran inmersos nuestros grandes valores nacionales, hay que dar la lucha firme y frontal, pero responsable y civilizada ante tanto nefasto depredador, causante de la verdad ante el maltrato y humillación de nuestras mujeres.
Hay que recordar, compañeras, que nosotros sabemos en Acción Nacional respetar los derechos humanos, como son, sobre todo: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física.
Tenemos, sobre todo, que reconocer el trabajo que actualmente hemos hecho en la comisión de las mujeres: hemos logrado un presupuesto histórico en beneficio de todas las mujeres.
También, tenemos que ver que nosotros hemos apoyado y puesto nuestro granito de arena en la Comisión de Salud, porque hemos implementado la ley para las mujeres indígenas, las parteras indígenas, para darles capacitación. Tienen su presupuesto, y esto hay que recalcarlo, se les dio suficiente presupuesto para capacitarlas y para que ellas, indígenas preparadas, apoyen a sus otras mujeres compañeras.
El homicidio como ejercicio de violencia extrema, alcanzó la cifra de mil 14 casos. En 13 estados monitoreados entre enero de 2007 y julio de 2008, por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se señala que en el Estado de México y en Chihuahua se producen las mayores escaladas de violencia homicida contra la mujer.
En 10 entidades se registra un crecimiento con los asesinatos de mujeres, que va del 2 al 200 por ciento. Ello, aunado a otras formas atroces de discriminación, como la violación y la violación con homicidio.
En México, una gran proporción de mujeres viven cotidianamente en el terror, de ser agredidas e incluso muertas en la calle y en sus casas. Esto obedece a una cultura machista, dicho en otras palabras, que ni la ley, ni la educación, ni la cultura, han bastado para desterrar de nuestra patria estas atrocidades, y que nos ha faltado el valor y la determinación suficientes para acabar de una manera radical con esas lacras.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y a no ser por la lucha femenina de más de un siglo y las buenas intenciones de algunos ante el panorama de discriminación en nuestra patria y en el mundo, esta celebración sería hipócrita y ridícula.
Por ello pido que, para tener una mínima congruencia con esta celebración, redoblemos los esfuerzos para lograr, de una vez por todas, que la dignidad y los derechos de las mujeres sean respetados.
Hago la consideración de la premisa de los derechos humanos: "Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente" los unos con los otros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputada María Mercedes Corral Aguilar. Vamos a dar paso, continuando con nuestro orden del día, a iniciativas de las señoras diputadas y los señores diputados.
"Oficina de Envigado"
Por GONZALO GUILLEN / El Nuevo Herald, 10 de marzo de 20'09;
La Corte Suprema de Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos al ciudadano libanés Chekri Mahmoud Harb, quien sería el primer enlace descubierto en Colombia entre la poderosa banda de narcotraficantes y sicarios conocida como "Oficina de Envigado'' y la organización terrorista Hezbolá, de Oriente Medio.
Desde octubre pasado Colombia tiene en su poder a Chekri Mahmoud Harb, conocido como "El Talibán'', quien fue arrestado en Bogotá por la policía secreta, DAS, el pasado 13 de octubre, cuando intentaba viajar a Siria. La detención atendía a un pedido de extradición de septiembre pasado hecho por la corte federal del Distrito Sur de la Florida que lo acusa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Según una investigación de la DEA que respalda el pedido del libanés, se trataría del encargado de recibir en Colombia "las utilidades provenientes de la venta de narcóticos que vienen del Oriente Medio y Africa y planea el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos''.
La extradición de Chekri Mahmoud Harb, de 36 años de edad y radicado en Medellín, ahora espera una ratificación del presidente, Alvaro Uribe, para ser entregado a agentes federales que lo recogerán en Bogotá.
La Corte colombiana aceptó como valedero el testimonio de cargo de un testigo secreto al que la DEA identifica como CS1, según el cual desde abril del 2006 paramilitares asociados a la "Oficina de Envigado'' han estado llevando cargamentos de cocaína a EEUU, México, Europa y Oriente Medio.
Envigado, bastión del extinto Pablo Escobar, es un municipio unido al área metropolitana de Medellín y sede de bandas de narcotraficantes y sicarios por cerca de 30 años.
El testimonio de CS1 ratifica informaciones sobre nuevas rutas de la cocaína colombiana a través de Africa que culminan en Estados Unidos y Europa.
Sobre CS1 se sabe que es un informante de la DEA que infiltró la "Oficina de Envigado'' y exploró en detalle las rutas y los secretos de las finanzas de esa organización.
Por ejemplo, CS1 asegura haber comprobado que el libanés despachaba cargamentos de cocaína a África por intermedio de empresas comercializadoras de textiles de la ciudad de Bucaramanga y fungía como comerciante legal con negocios establecidos en Bogotá y Barranquilla.
De acuerdo con la acusación, al parecer, tenía conexiones en Hong Kong, Egipto, Siria y Líbano para supuestamente transferir fondos de apoyo a Hezbolá.
Chekri Mahmoud Harb, de acuerdo con la acusación, también manejaba rutas de transporte de cocaína por medio de empresas radicadas en China, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Esto, al parecer, fue detectado por medio de interceptaciones a 370 líneas telefónicas por las que miembros de la "Oficina de Envigado'' hablaban con supuestos enlaces suyos en Oriente Medio.
Junto con Chekri Mahmoud Harb, EEUU también ha pedido en extradición, bajo cargos de narcotráfico, a Alí Ahmad Kaddoura, Alí Mohamad Abdul Rahim, Zakaria Hussein Harb y Imad Abdul Rahim Alvarado, quienes son buscados por las autoridades en este país. En el mismo pedido son reclamados los colombianos Francisco Antonio Flórez Upegui, conocido con el alias de "Don Pacho''; José Sebastián Sánchez, "El Grande''; Raúl Contreras Chávez, "Comisario'' y Oscar Alonso Acosta Serna, "Beto''.
La "Oficina de Envigado'', además de las operaciones de narcotráfico que maneja, es la agencia de sicarios más temible y grande de Colombia, fundada en los años 80 por John Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye'', lugarteniente de Pablo Escobar.
Tras la muerte de Escobar y el arresto de "Popeye'', la organización pasó a manos de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna'', paramilitar y narcotraficante que está actualmente preso en Nueva York.
Luis Alfredo Ramos, gobernador del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, se declaró el martes sorprendido y aseguró que "esta es la primera información que hemos recibido las autoridades civiles y los organismos de seguridad sobre esas relaciones delincuenciales'' de la "Oficina de Envigado'' con Hezbolá.
El único antecedente que se conocía sobre la posible presencia de terroristas del Medio Oriente en Colombia fue el arresto en Bogotá, en octubre de 1998, del extremista islámico Mohamed Enid Abdel Aal, miembro de la organización Al Gama At Al-Islaya, de Egipto.
Abdel Aaal tenía presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y había participado en dos atentados terroristas en El Cairo y Luxor, en 1997, en los que murieron cerca de 80 personas. En 1995, la Interpol y la policía de Firenze, Italia, lo registraron por primera vez como terrorista. Tras su arresto en Bogotá, Abdel Aaal fue deportado a Quito, Ecuador, de donde provenía, y de allí fue enviado a Estados Unidos.
Charles Freeman víctima del lobby israelí
El diplomático Charles Freeman, decidió retirarse por presione del puesto de jefe del Consejo Nacional de inteligencia de EE UU, para el cual había sido elegido por el presidente Barack Obama.
Freeman "pidió que no se procediera con su selección para presidir el Consejo Nacional de Inteligencia. El jefe Blair aceptó la decisión del embajador Freeman con pesar'', señaló la oficina de Dennis Blair en un comunicado.
Estos últimos habían pedido una investigación sobre "cualquier potencial conflicto de intereses'' resultante de la nominación de Freeman, a causa de sus vínculos con Arabia Saudita y China, donde fue embajador. El quid del asunto es que Freeman es la primera víctima del poderosos lobby israelí
El Consejo Nacional de Inteligencia, es el órgano que se encarga de coordinar las diferentes agencias de espionaje en la elaboración de sus informes de inteligencia.
El loby israelí se mostraron hostiles a su nombramiento y mencionaron un supuesto conflicto de intereses derivado de haber sido miembro del consejo de administración de una empresa china, y de haber recibido su fundación fondos provenientes de Arabia Saudita; empero, está claro que el principal problema eran sus opiniones sobre el conflicto entre israelíes y palestinos.
El senador Chuck Summer lo dejó muy claro en un comunicado: "Sus declaraciones contra Israel se habían pasado de la ralla... Yo insté repetidamente a la Casa Blanca que lo rechazara, y estoy contento de que así lo haya hecho".
Freeman dijo las difamaciones contra él "muestran claramente que hay un lobby poderoso determinado a prevenir la expresión de cualquier opinión que no sea la suya".
Freeman también ha acusado al lobby pro-israelí de "caer en el deshonor y la indecencia" al distorsionar y manipular sus declaraciones, y ha asegurado que son las políticas que el lobby promueve las que "ponen en peligro la existencia de Israel".
25 mil millones de dólares las ganancias del narco
En el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150 mil personas que mueven capitales hasta por 25 mil millones de dólares, dijo David T. Johnson, director de la oficina de narcotráfico internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Adicionalmente, unas 300 mil personas participan en el cultivo de mariguana y opio, declaró Johnson en una audiencia ante el subcomité de operaciones extranjeras de la Cámara de Representantes.
Esa cantidad de gente produjo unas 18 toneladas de heroína en 2008 y casi 16 mil toneladas de mariguana, orientados directamente al mercado estadounidense.
Un 90 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por México procedente de Sudamérica, afirmó el funcionario en la vista convocada para renovar el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
Indicó que el consumo de drogas en México se ha duplicado, desde 2002, a 500 mil adictos y que posiblemente unos 3.5 millones de personas consume drogas ilegales en el país.
Guillermo Zayas detenido
Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASE) detuvieron ayer por la tarde-noche a Guillermo Zayas González por portación de arma de fuego, en la comunidad Espíritu Santo del municipio de Jilotzingo.
De acuerdo con la versión de la ASE, Zayas fue detenido junto con 10 personas más, presuntamente sus escoltas, al acudir a unas canchas de futbol rápido. Ahí fueron interceptados en un operativo y al no acreditar la legalidad de dos armas Pietro Beretta calibre nueve milímetros, se les detuvo. Sin embargo, al llegar al Ministerio Público, “el velador de la bodega acusó a los detenidos de secuestro, pues lo tenían privado de su libertad”.
Zayas y las otras 10 personas fueron trasladadas a la agencia del MP ubicada en Naucalpan para deslindar su responsabilidad. Asimismo, la corporación informó que también se decomisaron 40 cartuchos útiles y se aclaró que sólo uno de los detenidos pudo mostrar un permiso para portar armas.
Zayas aseguró que no conoce las causas por las que fue detenido y que él sólo iba a arrendar las canchas deportivas.
Los detenidos son Moisés Jiménez Valdez y Javier Medina Juárez, pertenecientes a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) adscritos a la escolta y seguridad de Zayas, quien actualmente enfrenta proceso penal por el homicidio de 12 personas en la discoteca New´s Divine.
Alberto Bazbaz, procurador del Estado de México, detalló que Zayas fue presentado, junto con 10 personas más por elementos de la Policía estatal, que a su vez auxiliaron a elementos de la Policía municipal, derivado de una solicitud de apoyo por parte de un ciudadano –denunciante- Antonio Martínez Torrijos.
En entrevista con Denise Maerker precisó que de las 10 personas que están en calidad de presentadas, dos de ellas son elementos de la Policía Bancaria Industrial del Distrito Federal, por lo que las dos armas de cargo pertenecen a los mismos y los cuales no iban uniformados.
Alberto Bazbaz aclaró que fueron presentados tras un conflicto familiar entre Antonio Martínez Torrijos y su hermano José Martínez Torrijos, debido a la posesión del predio Sendero de la Alameda –cancha de futbol, en el Rancho Blanco, Estado de México-, “Antonio solicita el apoyo de la policía” mencionando la palabra secuestro, delincuencia, privación de la libertad”, por lo que la policía actúa a ese llamado y presenta ante el Ministerio Público a las 11 personas.
En tanto, Manuel Mondragón y Kalb, precisó que la Dirección de Asuntos Internos de la SSP del DF inició ya los respectivos procesos de investigación. "Analizaremos cuáles son las actividades una vez que esté todo deslindado, qué estaban realizando los policías o sin que fuera su responsabilidad pudieron haber sido llevados a hacer alguna cosa fuera de su función de resguardo",
Mondragón y Kalb agregó que no se tienen mayores datos respecto del motivo por el cual fueron detenidos los policías junto con Guillermo Zayas y añadió que estarán atentos a la información que proporcionen las autoridades ministeriales del estado de México.
En tanto, el primer superintendente Juan Jaime Alvarado, director general de la PBI, confirmó que los policías fueron detenidos junto con el ex director de Unipol cuando acudieron a revisar un campo de futbol en el municipio de Jilotzingio, y añadió que ambos contaban con permiso para portar armas.
Reacciones de Zayas en radio fórmula.
Guillermo Zayas, aseguró que tras ser detenido los elementos de seguridad, que lo arrestaron por supuesto despojo y privación ilegal de la libertad, lo intentaron extorsionar. Relató, en el espacio de Joaquín López Dóriga, cómo se dieron los hechos, por qué fue detenido y quienes intervinieron. Además de que reveló que sus denunciantes le dijeron conocer al exprocurador Rodolfo Félix a quien en varias ocasiones nombraron para amedrentarlo.
Dijo que intentando buscar una fuente de empleo, vio la posibilidad de rentar unas canchas para poner una liga de fútbol por lo que acudió a una escuela en el Estado de México, sin embargo el hermano de la persona “que me rentó tenía dos meses de no vivir ahí y al llegar acusó a los supuestos propietarios, por despojo y privación ilegal”.
El hombre que llegó se llama Antonio Martínez Torrijos quien se dice dueño del lugar, y le reclama su presencia, “incluso, la primera expresión es decir que sabe que soy Zayas y ahí a la vuelta vive Rodolfo Félix y que le pedirá que le ayude con elementos de la policía para me refundan”.
Tras unos 45 minutos en el lugar, señala, llegaron más patrullas y nos cortaron cartucho. "Nos dicen ‘al suelo', que fue cuando me empezaron a patear en las costillas y jalar el cabello, y me preguntaron dónde estaban los secuestrados y las armas largas".
Zayas dijo que Martínez Torrijos dirigía a los policías y que lo amenazó con iniciarle por medio de la PGR una investigación por lavado de dinero y ponerlo por más de 50 años en prisión. Torijos, lo amenazó: “Te voy a dar en la torre y de esta si no la libras, ya hablaron conmigo Mario Alzave (exfiscal de SIEDO) y David Garay para darte bien en la torre y Félix nos va a apoyar con gente y con los medios. No sé si el señor tenga forma de sustentarlo o no, pero toda la noche se presentó el maestro Héctor Carreón que fue subprocurador de Rodolfo Félix“, relató. Dijo que mientras estuvo en el Ministerio Público el abogado de Martínez Torrijos, de apellido De Luna, instruía a un trabajador de las canchas para que dijera que había sido secuestrado por nosotros, pero el empleado se negó. Supuestamente De Luna pidió a los abogados de Zayas, 300 mil pesos “para parar todo el asunto“y dejarlo en libertad.
La PGDF acusó a Zayas González de homicidio culposo, motivo por el cual el ex fiscal fue detenido y el 30 de agosto del 2008 salió libre del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, luego de pagar una fianza de un millón 198 mil pesos.
En mayo de 2007 el entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, destituyó de su cargo al fiscal para Homicidio, Guillermo Zayas González, y puso en su lugar a Gustavo R. Salas Chávez. Se informó entonces que la destitución se debió a la reestructuración a la que fue sometida la Procuraduría capitalina y que dicho cambio, no ponía en duda el trabajo que durante siete años desempeñó el ex fiscal.
El nuevo canciller cubano.
Es de entrada un diplomático de carrera y llega a a ese puesto en un momento de grandes expectativas de cambio entre Washington y La Habana.
Abogado de 51 años nacido en México de padre español que fue refugiado de la Guerra Civil, se le describe como deliberado, inteligente y un negociador efectivo. "Lo que más lo caracteriza es la impasibilidad: puede decir las cosas más duras sin perder los estribos ni subir la voz."
Entró en la política como líder de la Unión de Jóvenes Comunistas y fue jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales. Estuvo destacado en Angola y en 1990 fue nombrado al Comité Central del Partido Comunista, donde era un cercano aliado del excanciller Roberto Robaina.
Durante un tiempo fue director del diario Juventud Rebelde y se distinguió por su línea dura frente a los cambios derivados de la perestroika y el glasnost en la Unión Soviética, renuente a su posible aplicación en la isla. Escribió en 1991 una fuerte crítica de la película Alicia en el pueblo de Maravillas, un episodio controversial que llevó a Fidel Castro a despedir al presidente del Instituto de Cine (ICAIC), Julio García Espinosa, quien asumió responsabilidad por la realización y distribución del filme.
En 1993 fue nombrado delegado de Cuba en la ONU donde pronunció encendidos discursos en defensa de la isla después del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, y presentó una protesta oficial cuando una esquina frente a la misión de Cuba en la ONU recibió el nombre de los pilotos del grupo.
La plenitud intermitente de ‘Rayuela’/ Juan Cruz
Publicado en EL PAÍS, 12/02/09;

References: artículo 16
 artículo 45
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 artículo 21