Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-664_1996.html
Timestamp: 2019-05-25 02:48:36+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-664_1996]
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 8o(parcial) de la Ley 171 de 1961, "por la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones".
I.	TEXTO DE LA NORMA ACUSADA.
"Artículo 8o. El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.oo) después de haber laborado para la misma, o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, contínuos o discontínuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrán derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
II.	FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
Manifiesta que los trabajadores oficiales -como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia- tienen derecho a la pensión sanción "cuando hayan laborado, en tiempo de conformidad con la norma contendida en el art. 8o. de la Ley 171 de 1961, si son despedidos sin justa causa, dando por entendido que no es lo mismo despido injustificado que despido por causas legales, que de todas maneras no son causas justas, lo cual comprende los casos de despido por supresión del empleo a raíz de la liquidación, transformación, fusión, etc., de las entidades gubernamentales".
Y agrega que no acontece lo mismo respecto de los denominados "servidores públicos", cuya vinculación es legal y reglamentaria. En estos casos, no opera la pensión sanción,, "y en el entendido que en muchos de los casos, los servidores públicos por virtud de esas supresiones de empleos, pierden todas las prerrogativas propias de los escalafonados en carrera administrativa". Aún más, señala que existen casos en que los servidores públicos no están cobijados por las prerrogativas de la carrera administrativa "y que son de libre nombramiento y remoción, cuyos despedidos discrecionales los privan de todos sus derechos laborales".
Aduce que en un Estado social de derecho, no puede haber personas de primera, segunda y tercera categoría, porque la Constitución consagra dentro de los derechos fundamentales, la igualdad, "y sin embargo al examinar detenidamente los derechos que les asisten tanto a los trabajadores oficiales como a los funcionarios públicos, se encuentran marcadas diferencias que permiten avisorar, prima facie, un tratamiento discriminatorio".
En relación con la vigencia de la Ley 171 de 1961, señala que la Ley 100 de 1993 no ha derogado el artículo 8ode dicha ley, por cuanto la pensión sanción a la cual se refiere el artículo 133, está relacionada con el incumplimiento del deber del empleador de afiliar a los trabajadores al sistema general de pensiones, así como tampoco fue derogada por los artículos 151 y 289 ibídem, razón por la cual la pensión sanción de que trata la Ley 171 de 1961, continúa vigente, "tanto más cuanto que en este caso lo que se sanciona no es el hecho de haber omitido el empleador la afiliación del trabajador al sistema general de pensiones, sino el no haberle permitido completar el requisito de tiempo de servicio para optar a la pensión de jubilación".
"Y si bien, en materia de servidores públicos no están claramente determinadas las justas o injustas causas de terminación de la relación laboral, es evidente que, tratándose de servidores públicos, no habrá justa causa cuando se viole lo preceptuado en el artículo 125 de la Carta, lo cual significa que sólo habrá justa causa en el despido cuando se obre dentro de las causales contempladas en la supracitada norma. Cuando el servidor público es despedido a causa de la supresión del empleo, no existe justa causa para el despido, de donde se desprende que debe hacérsele acreedor a ese servidor público de la mencionada pensión sanción".
Conforme a lo anterior, para el actor resulta incuestionable que la parte acusada de la norma sub-examine establece una clara discriminación en contra de los servidores públicos, esto es, que aquellos vinculados legal y reglamentariamente no tienen derecho a la pensión sanción, toda vez que el despido injustificado no se da exclusivamente en el caso de los trabajadores oficiales; respecto de los servidores públicos, también se presentan casos de despido injustificado, "trátese de personal vinculado a carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. En este último caso en el de los despidos discrecionales debería existir mayor severidad en su tratamiento, puesto que los nominadores por lo general, abusan de sus atribuciones confundiendo la discrecionalidad con la arbitrariedad. La discrecionalidad debería desaparecer, cuando en vigencia de la actual constitución están claramente determinados los derechos fundamentales de las personas".
Manifiesta que, en efecto, en cuanto a los antecedentes del artículo 8ode la Ley 171 de 1961, cabe destacar que éste subrogó al artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo referido a la pensión después de diez y de quince años de servicio, y esta disposición fue, posteriormente sustituída por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, que le introdujo cambios sustanciales a sus supuestos fácticos, entre los cuales se destacan la supresión de la referencia al capital de las empresas y el condicionamiento de la aplicación de la pensión sanción a aquellos casos en que el trabajador particular despedido injustamente no está afiliado al Instituto de Seguros Sociales. Esta preceptiva, indica, no reguló la situación de los trabajadores oficiales, como sí lo hizo el parágrafo del artículo 8o. de la Ley 171 de 1961, debido a que "probablemente", el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 que desarrolla el régimen prestacional de los empleados oficiales, consagra expresamente el aludido beneficio en favor del servidor público vinculado por contrato de trabajo con la administración.
Finalmente, indica el Procurador (e), que el parágrafo 1odel citado artículo de la Ley 100 de 1993, que extiende dicho beneficio exclusivamente a los trabajadores oficiales y del sector privado, es sustancialmente distinto del acusado, puesto que no contiene la expresión que en este caso se impugna, cual es, "por contrato de trabajo", entre sus supuestos normativos.
El artículo 8o. de la Ley 171 de 1961, materia de la acción de inexequibilidad promovida ante esta Corporación, estableció la denominada pensión sanción, según la cual el trabajador particular o el servidor público vinculado por contrato de trabajo que "sin justa causa" hubiese sido despedido, después de haber laborado durante más de diez (10) años y menos de quince (15), contínuos o discontínuos, anteriores o posteriores a la vigencia de dicha ley, tendrá derecho a que la empresa le reconozca esa prestación, si para entonces tiene cumplido sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad, con posterioridad al despido.
Esta norma fue subrogada por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, y con posterioridad, en vigencia de la Constitución Política de 1991, al expedirse la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, en su artículo 133 se dispuso: "El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así (...)".
Por lo visto, en los eventos mencionados no se causa la llamada pensión sanción, sino lo que ordena claramente la Ley 50: la obligación exclusivamente patronal de continuar aportando, porque después de la vigencia de dicha ley no existe ninguna disposición que estatuya tal pensión para los trabajadores cubiertos por el I.S.S., toda vez que la primera parte de la norma legal transcrita la consagra únicamente para "aquellos casos en los cuales el trabajador no esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales", para emplear los mismos términos de la normatividad aplicada y porque, además, ese precepto no la erige como sanción por el despido sino que la dota de la naturaleza prestacional destinada exclusivamente a impedir que se trunque la pensión de vejez" (negrillas y subrayas fuera de texto).
"No puede perderse de vista que con arreglo al artículo 37 de la Ley 50 quedaron derogados los artículos octavo de la Ley 171 de 1961 y 267 del C.S.T. (...)
Por otro lado, tampoco se puede asimilar dicha situación a la pensión por retiro voluntario después de 15 años de servicios, y con base en ello concluir que con mayor razón adquieren la pensión sanción, pues si se parte de esa premisa equivocada, errada será también la conclusión, debido a que para los afiliados sometidos al régimen de seguridad social desde su inicio en la respectiva región, lo que procede es la respectiva pensión de vejez a cargo del seguro social, como lo tiene adoctrinado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación" (negrillas y subrayas fuera de texto).

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 125
 artículo 8
 artículo 267
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 74
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 133
 artículo 267
 artículo 37
 artículo 37