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Timestamp: 2019-04-26 06:50:43+00:00

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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 19 de Octubre de 2015 (caso Souto, Richard Y Otros S/rec. De Casación.) - Jurisprudencia - VLEX 585200314
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 19 de Octubre de 2015 (caso Souto, Richard Y Otros S/rec. De Casación.)
Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
Registro nro.: 1805/15 la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 del mes de octubre del año dos mil quince, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, D.. L.E.C., E.R.R. y M.H.B., bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 caratulada ―S., R.F.; M.A.C.; S.M., J.S.; S.M., A.Y.;V., Emanuel; M., C.V. y otros s/recurso de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. R.O.P.; de los Dres.
E.D. e I.P., en representación del querellante J.P.B.; de las Sras. Defensoras Públicas Oficiales ad hoc, G.G. (JenniferS.M., E.E.V. y A.Y.S.M.); B.L.P. (RichardF.S., A.C.M., D.M.S.; L.B.P. (FedericoE.M., C.V.M., G.H.Á., G.R.F.); M.B. (NéstorF.M.) y de la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces, Dra. V.S. (A.Y.S.).
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, R., B..
Llega el expediente a conocimiento de esta Sala a raíz de los recursos de casación interpuestos a fs. 7717/7733 vta.; 7735/7793; 7794/7832; 7833/7839 vta., por las defensas de N.F.M.; F.E.M.; C.V.M.; G.H.Á.; G.R.F.; J.S.M.; E.E.V.; R.F.S.; A. 1C.M. y D.M.S.; y por la querella, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, obrante a fs. 7304/7310 y 7434/7645 vta. que no hizo lugar a las nulidades planteadas y condenó a R.F.S., como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad, por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima –M.B.-, en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima A.C.- a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 170 incs. 1º y 6º y anteúltimo párrafo del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a N.F.M. como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad, por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima –M.B.- en concurso real con los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes, –víctima A.C.-, resistencia a la autoridad y tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, estos últimos en calidad de autor, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 170 incs. 1º y 6º y anteúltimo párrafo y 239 del C.P.; 33 inc. ―c‖ de la ley 17.671 –conf. texto ley 20.974-
398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a D.M.S., como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad, por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima –M.B.-; a la pena de prisión perpetua, accesorias 2 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º y anteúltimo párrafo del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a G.H.Á., como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad, por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima –M.B.-; a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º y anteúltimo párrafo del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.), declarándolo reincidente (art. 50 del C.P.); a G.R.F., como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad, por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima –M.B.-; a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º y anteúltimo párrafo del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.), declarándolo reincidente (art. 50 del C.P.).; a A.C.M., como coautora penalmente responsable del delitos de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima M.B.-; en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima A.C.-, a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc.
, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 170 incs. 1º y 6º del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a F.E.M., como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima M.B.-, a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 3 6º del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a C.V.M., como coautora penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima M.B.-, a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a E.E.V., por ser coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima M.B.- a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas (arts.
5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.); a J.S.S.M., como coautora penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego, por haberse cometido en perjuicio de un menor de dieciocho años de edad y por el número de intervinientes –víctima M.B.-, a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas (arts.
5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 41 bis, 45, 170 incs. 1º y 6º del C.P.; 398, 399 y ccs. del C.P.P.N.) y absolvió a A.Y.S.M., del delito de secuestro extorsivo agravado por el que mediara acusación, sin costas, ordenando su inmediata libertad.
Los recursos fueron concedidos a fs. 7964/7969 y mantenidos a fs. 8083, 8084, 8085, 8088 y 8090.
Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465 cuarto párrafo y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentaron la Sra. Defensora Pública Oficial ad hoc en defensa de A.Y.S.M. (absuelta) a fs.
8096/8104 vta. y de E.E.V. y J.E.S., a fs. 8105/8128; el Sr. Fiscal General de Cámara a fs.
8129/8152 vta.; el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. N.R., en relación a R.F.S., A.C.M. y D.M.S., a fs. 8154/8168; la Sra. Defensora 4 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
Pública Oficial ad hoc Dra. E.H., en defensa de N.F.M., a fs. 8170/8177 vta.; la Sra. Defensora Pública Oficial, Dra. L.B.P., en defensa de F.E.M., C.V.M., G.H.Á. y G.R.F., a fs. 8178/8189 vta.
Finalmente, habiéndose celebrado la audiencia prevista por el artículo 468 del código de forma, oportunidad en la que la parte querellante y las defensas presentaron las breves notas obrantes a fs. 8287/vta.; 8288/8290; 8291/8293; 8294/8299 y 8300/8302, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.
I) Recurso de casación articulado por la Defensa Pública Oficial de N.F.M. (fs. 7717/7733 vta.)
La asistencia técnica estatal, encuadró su impugnación en el segundo de los supuestos previstos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y sus agravios pueden sistematizarse en:
Nulidad de las declaraciones prestadas por A.C.S.Q. a fs. 1093, 1103, en Cámara Gesell y en la audiencia de debate.
Los consideró viciados por haberse expedido en contra de su concubino G.H.Á. violando la prohibición establecida en los artículos 242 y 178 del Código Procesal Penal de la Nación. Vínculo acreditado con los testimonios de la madre de la menor, Sra. L.E.Q.D., del I.W.O., y con el acta de allanamiento obrante a fs.
2854/2855.
Por ende, sostuvo que esa declaración debe ser valorada con los reparos que amerita la incómoda situación expuesta en el juicio y las contradicciones debidas al conflicto de intereses dado por su intención de colaborar con la averiguación de la verdad y al hacerlo, perjudicado a una persona con quien estaba íntimamente relacionada.
Puso de manifiesto que a fs. 1093/1095, 1103/1104 y 1225/1226 S.Q. el 7 de octubre de 2010 declaró en la 5 misma causa como testigo e imputada, influenciada por esa situación procesal, difícil de comprender para una menor de quince años en un contexto de vulnerabilidad, indefensión, maltrato policial y amenazas de separarla de su familia.
Sostuvo que desde el momento en que su domicilio, compartido con G.Á. fue allanado, la nombrada no era testigo sino imputada, habida cuenta que se secuestraron elementos de dudosa procedencia, que la comprometerían al menos en un encubrimiento.
Afectación al proceso que se reveló con el sobreseimiento que se le dictara el 4 de mayo de 2011, incompatible con su calidad de testigo y que ―... nuestra normativa indicaba que debían descartarse las declaraciones prestadas el mismo día que se le recibió declaración indagatoria, como así también los dichos vertidos en oportunidad de realizarse la Cámara Gesell y, en caso de considerar necesario su testimonio, convocarla en calidad de testigo una vez sobreseída en las presentes actuaciones. Siguiendo esa línea de pensamiento, la única declaración que resulta válida...es aquella prestada a fs.
1225/1226, en la que hizo uso de su derecho constitucional a negarse a declarar.‖.
Por último, indicó que el testimonio rendido en Cámara Gesell ante la Licenciada S.P.C. (fs. 2525/2535), es írrito porque no encuadra en las previsiones del artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación, sólo aplicable a los casos de menores víctimas de delitos sexuales.
Sin perjuicio de ello, señaló el defensor que de los informes obrantes a fs. 2525/2535 y del relato de la citada profesional en el debate, surgieron indicios de mendacidad, ocultamiento o influencia de terceros que también contaminaron sus manifestaciones en el juicio, ocasión en la que incurrió en contradicciones y se mostró reticente para aportar información sobre los hechos, lo que llevó a leerle sus deposiciones en la instrucción, con oposición de las defensas.
Concluyó, por ende, en que los dichos de Soverón Quintana no debieron ser evaluados para fundar una sentencia condenatoria por 6 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
lo que solicitó la nulidad de las declaraciones de fs. 1093, 1103 y la prestada ante la Licenciada P.C., de conformidad con los artículos 166, 167, 168 inc. 2º, 172 y concordantes; 184, 211, 294, 295, 296 del Código Procesal Penal de la Nación, por afectar las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal, debiendo proyectarse los efectos de los actos ilegítimamente procurados a todos los que fueron su consecuencia y a los que se utilizaron en perjuicio de los intereses de N.F.M..
Nulidad del testimonio de J.F.L..
Sostuvo que el levantamiento de la reserva de su identidad durante el juicio, sin previa notificación a las defensas haciéndose referencia a una declaración rendida en la instrucción que se desconocía, impidió la preparación de una defensa eficaz y un ofrecimiento de prueba, afectando el derecho de defensa en juicio.
Señaló que el perjuicio no se diluye con la exhibición de las actuaciones con reserva de identidad pues fue posterior al testimonio de L.. Tampoco con la mención de su nombre por parte de su pareja E.T.N.Q. al prestar declaración testimonial en el expediente.
Remarcó que del análisis de las comunicaciones efectuadas desde el celular del nombrado y del testimonio de Nara Quintana fluye su relación con los procesados y su participación en el hecho juzgado, de allí la mendacidad de sus exposiciones.
Requirió la exclusión de esta prueba, más aún cuando se advierte que declaró en su beneficio, para no perjudicarse en esta causa y transmitió dichos de terceros, lo que desvirtúa su validez probatoria.
Acotó, por último, que la reserva de identidad fue dispuesta sin fundamento por el F., que carece de facultades para ello, con inobservancia de los artículos 210, 212 y 213 inc. c) del Código Procesal Penal de la Nación y la ley 25.764 que instituye el Programa de Protección a Testigos e Imputados, razones de más para declarar su nulidad.
Falta de fundamentación de la sentencia y su 7 arbitrariedad en relación a las víctimas M. B. y A. C.
La Defensa Oficial sostuvo que no se ha acreditado con la certeza requerida por una condena, que M.B. fue secuestrado el día 28 de septiembre de 2010 a las 05.30 horas aproximadamente; que M. fuese el autor de las llamadas extorsivas de los dos secuestros investigados ni que haya intervenido con R.S. en la recaptura del joven B. pues las pruebas analizadas en el fallo no resultan concluyentes.
Al respecto marcó la insuficiencia del peritaje de voz evaluado en el fallo, para acreditar que fuese la de M., lo que contamina de arbitrariedad a la sentencia al atribuirle las llamadas extorsivas en los dos secuestros investigados.
Tampoco se probó que el abonado 01138785178 le perteneciera ya que ni siquiera se ha constatado su uso de parte del encausado.
Agregó que se dio por probado que el rodado utilizado en el secuestro era el Chevrolet Corsa gris de su asistido pese a que los testimonios recabados en el juicio no fueron contestes en ese aspecto.
Tampoco cuenta en la atribución de su responsabilidad, que en el domicilio de N.F.M. se hubiera decomisado una infracción de tránsito perpetrada con ese vehículo, (fs.
253/7) porque al cometerse era F.M. quien lo conducía, lo que desbarata su participación en los hechos relacionados al secuestro de B.
Tampoco puede acreditarse el traslado de B. en ese coche con la identidad de las muestras terreras halladas en su calzado y las obtenidas en la herrería.
Excluidos los testimonios de S.Q. y L., y los indicios derivados de las llamadas telefónicas, el cuadro de orfandad probatoria desafecta a su asistido de los dos sucesos investigados en autos.
Alegó que la presencia de M. en la herrería fue circunstancial por problemas familiares o comerciales, sin que pueda relacionarse con las actividades de los moradores de la 8 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
finca, de manera que el reconocimiento que efectuara A.C. no permite inferir su intervención en el evento de marras.
Por todo lo expuesto, solicitó que se haga lugar al recurso de casación intentado.
II.- Recurso de casación articulado por la Defensa Pública Oficial de F.E.M., C.V.M., G.H.Á. y G.R.F. (fs. 7735/7793).
La asistencia técnica estatal encaminó la impugnación en las dos causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación por los agravios que se sistematizan como siguen:
Nulidad de los allanamientos de fs. 1177/1180 y 2854/2855.
Planteo basado en que se concretaron en domicilios diversos de los consignados en las órdenes judiciales respectivas.
Manifestó que en el de fs. 1177/1180, se autorizó el ingreso al inmueble emplazado en la intersección de las calles Venezuela y C., Unidad nº 29, escrito en color negro, del Barrio ―El Embrujo‖ de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires pero se allanó la unidad nº 61 de ese complejo; en el de fs. 2854/2855 se ordenó la inspección de la vivienda nº 10 de la calle Venezuela ubicada en el complejo habitacional antes mencionado, y se registró también la unidad nº 61.
Lo expuesto se acreditó durante el juicio merced a los testimonios de A.C.S.Q. y su madre, E.L.D.; del C.M.M., de los testigos de actuación B. y Espinosa, y el resultado de la inspección ocular efectuada durante el juicio, a requerimiento de esa parte.
Requirió la declaración de nulidad de las piezas procesales referidas y de sus actos dependientes y, por ende, la absolución de G.H.Á. por los hechos por los que fue acusado.
Nulidad de los testimonios prestados por A.C.S.Q. –fs. 1093, 1103, ante la Licenciada P. a fs.
2525/2535 y en el debate oral.
Sostuvo la defensa que la relación de concubinato entre S.Q. y G.Á., contenía la prohibición de declarar establecida por los artículos 242 y 178 del ordenamiento formal, a tenor de la jurisprudencia citada en el escrito recursivo.
Como el testimonio de S.Q. fue utilizado en contra de sus asistidos, solicitó su nulidad y la exclusión de todos los actos que fueron consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 172 del mismo texto formal.
Idéntica sanción merecen esas piezas procesales, por haber sido procuradas mientras revestía el doble carácter de testigo e imputada, con afectación de los derechos inherentes al estatus jurídico de ambas figuras procesales.
Dijo que la nombrada, menor edad, fue sorprendida en flagrancia de un delito federal en el marco del allanamiento de la unidad funcional nº 61, y trasladada detenida a la sede policial el 7 de octubre de 2010, fecha en la que se le recibe testimonio en sede prevencional, y después en la fiscalía, minutos antes de que el F. ordenara oírla en indagatoria, habiendo sido posteriormente sobreseída por inimputabilidad (fs.
1221, 1225 y 4020/4022).
Concluyó que la situación descripta conllevó un perjuicio concreto a sus defendidos porque las declaraciones de la menor ilegítimamente obtenidas no podían hacerse valer en el proceso ni evaluarse en sentido cargoso contra de los justiciables.
Reclamó, por ello, la nulidad de las actuaciones obrantes a fs. 1093, 1103 y ante la Licenciada P., de los actos que fueron su necesaria consecuencia y aquellos que perjudicaron a los encausados.
Nulidad de la declaración testimonial prestada por A.C.S.Q. ante la Licenciada C..
La defensa puso de relieve, que posteriormente a la declaración indagatoria, S.Q. fue convocada como testigo en los términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación, sólo aplicable a las víctimas de determinados 10 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
delitos tipificados en el Código Penal que no hubieren cumplido dieciséis años de edad, pero no a personas imputadas.
Además agregó que frente a las amenazas recibidas se la debió incluir en el sistema de protección de víctimas e imputados establecido por la ley 25.764.
Solicitó la nulidad de las declaraciones obtenidas con violación de garantías constitucionales primarias y la exclusión de todo contenido cargoso proyectado en perjuicio de los encausados.
Nulidad de la declaración testimonial prestada por J.F.L..
Efectuó ese reclamo porque su condición de testigo de identidad reservada se reveló tardíamente en el marco del debate, habiéndose coartado el ejercicio de una defensa plena y eficiente al privar a la parte del derecho de producir pruebas vinculadas con la tacha del testigo o con el contenido de su relato.
Indicó además la invalidez de esa reserva de identidad porque fue ordenada por el fiscal, que carece de facultades para ello, y por falta de motivación, según lo dispone expresamente el artículo 2 de la ley 25.764. Proceder que implicó la violación de los artículos 210, 212, 213 inc. ―e‖ del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto vedan al Representante del Ministerio Público Fiscal realizar actos capaces de afectar derechos y garantías constitucionales.
Finalizó en que los vicios descriptos consagran una afectación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso legal y el supuesto de nulidad previsto en el artículo 167 inc.
del catálogo instrumental, y que el perjuicio es evidente pues el testimonio írrito de L. fue un elemento de cargo determinante de la condena de sus asistidos.
Nulidad de las actas de procedimiento y detención de F.M., de fs. 1317 y 1318.
La defensa planteó la nulidad de la detención de F.M., por haberse logrado a través del testimonio de su concubina, F.L., quien se encontraba afectada por la prohibición de declarar establecida en los artículos 242, 178 y 11 ccs. del Código Procesal Penal de la Nación. Vínculo acreditado con los dichos de M., el informe ambiental de fs. 6619/vta., el social de fs. 6581, la declaración del preventor Abalos de fs.
518/519 y el acta de procedimiento.
Que conforme surge de lo actuado a fs. 1317 y 1318, se utilizó el testimonio prohibido de L. para lograr la detención de M.; toda vez que el personal policial la interceptó, la condujo a la dependencia policial y logró su colaboración para engañarlo, citándolo a un lugar determinado donde finalmente fue aprehendido.
La defensa consideró que la intervención de F.L. fue decisiva para la detención de M., según surge de los relatos del Teniente W.O. y el Principal Avalos, quedando expuesto el perjuicio concreto derivado de lo actuado y la consiguiente afectación de garantías constitucionales.
Arbitrariedad de la sentencia.
La defensa señaló que la sentencia contiene una defectuosa, parcializada y antojadiza interpretación de las pruebas recopiladas, lo que la descalifica con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias del Superior.
1) Situación de F.M..
Puso de relieve, un marco de orfandad probatoria y la arbitrariedad del fallo al sostener que F.M. participó en la sustracción de M.B. en la localidad de Ingeniero Mascwitz.
Manifestó que la condena se basó exclusivamente en los relatos de A.C.S.Q. y E.T.N.Q..
Con relación al testimonio de S.Q., el defensor se remitió a las críticas formuladas al solicitar la nulidad de las declaraciones prestadas en la instrucción e incorporadas al debate por lectura, las que merman su fuerza cargosa.
Señaló que se tergiversó su testimonio, que las afirmaciones volcadas en la sentencia no se condicen con lo realmente declarado por la nombrada, quien además, desmintió en el juicio 12 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
oral la versión dada en instrucción sobre la que se asienta el pronunciamiento para afrontar la escasa prueba recopilada.
Marcó en ese sentido, que contrariamente a lo señalado por los jueces, de su testimonio se desprende que F.M. no integró el grupo que en esa oportunidad decidió salir a delinquir.
Acotó que las conclusiones del Tribunal sobre el relato de E.T.N.Q. son producto de un puro voluntarismo, pues sus aportes provienen de relatos de terceros y no de hechos percibidos por sus sentidos; admitió en la audiencia no saber quién había capturado a la víctima ni cómo fue abordada y reveló que en la instrucción se dirigió el contenido de su testimonio.
Remarcó que, por su parte, J.F.L. manifestó
desconocer si M. era partícipe del suceso.
Por otro andarivel, otro testigo, J.D.L. ratificó la versión de su asistido en cuanto a su conocimiento personal, haber estado reunidos en casa de F.M. antes de los hechos, y que habitualmente se juntaban para ver películas o conversar hasta la madrugada.
De manera que los tres relatos enunciados y la negativa del encausado neutralizan la responsabilidad criminal que se le asignara en el fallo, que por ende resulta arbitraria.
Agregó que los acusadores no mencionaron ninguna comunicación telefónica que comprometa su situación procesal, deficiencia recogida por el Tribunal.
Resaltó que el sistema denominado VAIC (causa nº 95/10 Sec.
B.) entrecruzó 131.682 llamados efectuados por los imputados desde los distintos teléfonos, ninguno de los cuales entró en el número 01134011615 de F.M. durante el secuestro de M.B., según también se desprende del informe de la Dirección de Análisis de Comunicaciones de la Delegación Norte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (fs. 3298).
Acotó que se ha omitido evaluar la ausencia de secuestro de elementos comprometedores en el allanamiento en su domicilio; la detención de M. sin oponer resistencia; los estudios, informes, pericias y exámenes recopilados (rastrillajes, dermotest, test de filamentos pilosos, muestras hemáticas, confrontes de balística, exámenes patológicos, muestras térreas, geológicas, y fílmicas) y que los casi doscientos testigos convocados a prestar declaración, ni siquiera lo mencionaron.
Alegó que el testimonio del C.R.D.G., integrante del Comité de Crisis, y las constancias de fs. 51, 332, 475, y 1217/1218 revelan que los investigadores han confundido a su asistido F.M., con su hermano F., pareja de C.M. y cuñado de R.S. a quien se lo identificaba indistintamente como D. o F., error que se patentiza en la nota de fs. 332 en la que se hace constar la averiguación de paradero de N.N. D. o F.E.M., concubino de C.M..
Según el recurrente, la persona buscada era F.M. y sobre esa base se ordenaron diligencias que culminaron en la detención de su ahijado procesal ajeno al hecho de autos, adjudicándole a F.M. un teléfono que no le pertenecía y el Chevrolet Astra utilizado para trasladar a la víctima.
Concluyó en que la sentencia en estos aspectos carece de fundamentación y posee graves vicios de logicidad que la descalifican como acto jurisdiccional válido, por lo que solicitó
su nulidad y la absolución de su defendido.
2) Situación de C.M..
Indicó la defensa que los elementos de juicio reunidos en la encuesta desvirtúan la participación asignada por el Tribunal a C.M..
Resaltó que la presencia de su defendida en la herrería ubicada en el inmueble de la localidad bonaerense de B. donde fue retenido M.B., fue circunstancial porque estaba visitando a su hermana A.S.M. con quien pensaba ir de compras a la Ciudad, y que no se ha controvertido que ella residiera en la calle San Lorenzo esquina D.O..
El empleado de la herrería F.F., estuvo presente en el lugar desde la mañana hasta la tarde del 28 de septiembre 14 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
de 2010, ratificó que C.M. no estaba y que sólo vio a F.M., a R.S. y a J.S..
E.P. dijo que ese día llegó a la herrería entre las 17 y las 18 horas, y que C.M. no estaba porque había viajado a Capital a comprar ropa junto con A.C.M., dato avalado por los dichos de la encausada, de R.S., por la prueba de activación de antenas, documental (recibos y folletos) y fotografías de las prendas adquiridas según consta a fs. 698.
Su asistida volvió a la herrería aproximadamente a las 19 horas y según se expuso en la sentencia, B. logró escapar del galpón a las 19.15 horas, por lo que resulta inaceptable que lo hubiera retenido u ocultado, porque prácticamente no estuvo en todo el día en ese lugar.
De haber existido un acuerdo de sustitución para cuidar al secuestrado, C.M. no formó parte de él, porque no tuvo ocasión ni motivos para reemplazar a nadie ni tenía poder de disposición real sobre el inmueble, y menos un co-dominio de cualquier hecho que pudieran estar cometiendo terceras personas.
En su criterio, el Tribunal no pudo establecer su intervención en el cuidado y guardia alternada o subrogada del cautivo por parte de Celeste Moyano y en todo caso sólo podría justificarse su participación en un evento de menor entidad como encubrir u ocultar la responsabilidad de los autores, tales como su concubino, el padre de su hijo, su hermana y su sobrina.
Varios vecinos y allegados de los S.M., entre ellos P.Z., E.M.B., S.O.A., C.A.U., J.A.L., M.G.A., M.D.G., aportaron datos de lo sucedido con posterioridad a la huida de B., y ninguno mencionó
haber visto a C.M..
Por su parte, S.R.C., M.C., B.R., E.M.R., F.G., M.G. y A.M. tampoco la involucran en el episodio.
Testimonios que, para la defensa, desbaratan el sentido cargoso asignado en el pronunciamiento a las aisladas 15 manifestaciones de E.P. al decir que C. gritaba que ―los estaban robando” y que habría manifestado que ―estos tenían al pendejo acá” y que ―observó a las tres mujeres que salieron corriendo hacia afuera de la casa sin decir nada e inmediatamente volvieron a entrar”, porque aún esa versión permite afirmar que C.M. nunca dijo nada en el exterior de la vivienda tratando de confundir a los vecinos.
Por otra parte, según dichos del C.L., al ser detenidas, A.M. y J.S. afirmaban que sabían que las buscaban por el “chico que había querido robarles en su domicilio‖ y C.M. no tuvo esa actitud, lo que resulta consecuente con la sostenida ajenidad.
En síntesis, el recurrente considera que la prueba producida en el debate ha demostrado que C.M. no llevó adelante la conducta penalmente relevante que arbitrariamente se le atribuye, por lo que solicitó su absolución por aplicación de la regla in dubio pro reo, contenida en el artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación.
3) Situación de G.Á. y de G.F..
Se quejó el recurrente de la falta de evaluación de pruebas directas acerca de la responsabilidad de los enjuiciados en el secuestro y posterior muerte de M.B., habiéndose basado en los testimonios nulos de A.S.Q., su hermana E.T.N.Q. y del testigo de identidad reservada, J.L..
S.Q. en el debate manifestó ignorar la participación de los imputados en el suceso y aclaró que lo dicho con anterioridad se debió a la intimidación del personal policial.
Marcó la mendacidad y contradicción de J.F.L., y admitió que algunas circunstancias fácticas relatadas en realidad eran deducciones del testigo, defectos que enervan su valor incriminante.
Agregó que L. tiene antecedentes penales, pues fue condenado por haber cometido un hecho delictivo junto a dos 16 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
hermanos del imputado G.F., situación que lo llevó a efectuar ciertos señalamientos cargosos hacia algunos de los enjuiciados que no exhiben coherencia y han sido desvirtuados por otras pruebas directas y objetivas.
En términos generales, expresó la defensa que los datos aportados por el nombrado no condicen con la cronología probada del suceso investigado y fueron desacreditados por pruebas directas y objetivas.
Dijo el defensor que el testimonio de R.D.O. y la pericia terrea de compatibilidad de los rastros de tierra hallados en el Chevrolet Astra gris con las del lugar del hecho, desmienten el dato dado por L. de que, en el tramo final del hecho los imputados trasladaron a M.B. a la localidad de Campana en un Ford Fiesta Negro; a su vez, L. dijo que el traslado sucedió la noche de su recaptura, pero O. fue contundente en ubicarlo cerca de las 6:00 horas; los Dres. C.C. y C.F.M., encargados de la autopsia confirmaron que M.
B. falleció el 29 de septiembre de 2010 a las 6.30 horas, que tampoco coinciden con los detalles dados por el testigo; y la pericia de dermotest determinó que R.S. fue quien habría disparado al joven, no mencionado por L..
Apreció que estas acreditaciones desmerecen los dichos del testigo y su minucioso examen descarta la intervención de Á. y F. en ese tramo del suceso.
Puntualizó la defensa que las falsedades de L. se completaron cuando intentó justificar su viaje a Paraguay por razones de índole familiar y para hacer unos giros, cuando en realidad se estaba fugando por temor a ser involucrado en este proceso.
Acotó que su relato se desplomó cuando, pese a negar todo contacto con los imputados, las escuchas telefónicas acreditaron todo lo contrario, de modo tal que su testimonio estuvo afectado por su interés en quedar ajeno al secuestro y muerte de M.B., tratándose de un testigo en causa propia, a quien no resulta exigible manifestarse con la verdad sobre los hechos por los que es interrogado, según la jurisprudencia y doctrina citada.
Puntualizó la defensa la necesidad de apreciar con cuidado la declaración de E.T.N.Q. por ser la pareja de L. y porque en la audiencia manifestó que las circunstancias por ella referidas se las contó el nombrado, por lo que se trata de un testigo interesado.
El defensor puso énfasis en las contradicciones en que incurrió la nombrada, tales como dar detalles que ni siquiera se los mencionó su pareja, como haber recibido L. un mensaje de texto que decía “...tenemos al chancho de américa”, en referencia a que habían secuestrado a una persona, dato desmentido por el propio L., todo lo que pone de relieve la endeblez del testimonio.
En relación a S.Q. objetó el defensor la valoración de la versión que diera en la instrucción en demérito de la rendida en la audiencia en la que deslindó la responsabilidad de los encausados.
Acentuó la carencia de entidad cargosa de sus declaraciones, por las mismas razones por las cuales instó su nulidad, entre otras por haber sido interrogada por un delito federal sin habérsele leído sus derechos, ni orden evacuada por consulta al fiscal o al juez federal; luego trasladada en calidad de demorada o detenida sin intervención de personal femenino, y en esas condiciones de vulnerabilidad, indefensión y maltrato, con más de veinticuatro horas sin dormir, fue amenazada con separarla de su madre si no declaraba.
Condiciones bajo las cuales se lograron las revelaciones cargosas evaluadas en la sentencia, posteriormente desmentidas por la declarante en la audiencia oral, y pese a que esos vicios se irradiaron en el testimonio que le tomara la Licenciada P., ésta no descartó la influencia de terceros o mentiras en sus manifestaciones.
En síntesis, la defensa entendió que las únicas declaraciones válidas de S.Q. fueron las vertidas en el juicio oral, de tinte exculpatorio para los acusados, que entiende están avaladas por las demás pruebas producidas.
Dio por acreditado que F.M. fue el que hizo los llamados extorsivos y que el secuestro de M.B. se produjo en ese lapso, de lo cual infiere el letrado defensor que la víctima estaba con el nombrado M. en ese momento y lugar. Entonces, sigue diciendo si M. en esas circunstancias se comunicaba con sus asistidos, F. y G., era porque no estaban con él, lo que lleva a descartar su participación en ese particular evento.
Remarcó además, que por el informe de activación de antenas F.M., G.Á. y G.F. estaban a una considerable distancia entre sí, sin haberse probado la ubicación física de G.F. entre las 6:00 horas del 28/9/2010 y las 7:00 hs. del 29/9/2010, lapso que según esos informes estaba a unos cinco kilómetros o más de donde se hallaba F.M.; que al momento de la recaptura F. no se comunicó
con ninguna de las personas investigadas ni recibió llamados y no pudo ser ubicado junto a R.S. o F.M. luego de la reunión mantenida a consecuencia de la huida del joven.
Déficit que se repite en relación a G.Á., pues según el mismo informe de antenas, al momento del primer llamado extorsivo efectuado por F.M., cuando estaba con la víctima, a las 7:07 hs, desde el km 46 en Maschwitz, Á. se encontraba a unos quince kilómetros de allí, entre M., D.V. y general P.. Datos, que según la defensa demuestran que G.Á. no estaba con G.F. y que ambos estaban lejos de F.M. y M.B. Agregó que tampoco se lo puede vincular con la recaptura pues en dicho período el informe de antenas lo detecta a un radio de 15 km, entre las localidades antes citadas.
Remarcó que como no se cuenta con el contenido de las comunicaciones, el sentido otorgado es producto de una especulación y una conjetura del Tribunal.
En definitiva, según la defensa lo único que se pudo comprobar fueron los llamados extorsivos, el predio donde fue retenido B. y el lugar y modo del inaceptable desenlace, pero no hay evidencias que involucren a sus asistidos.
Indicó, por otro andarivel, que la irrisoria suma propuesta como rescate, (entre $ 500 y $ 1000) es incompatible con la intervención de diez personas probada en la sentencia; que ningún testigo vio a sus asistidos en los lugares de cautiverio, escape y recaptura de la víctima; tampoco fueron vistos por el chófer E. que trasladó a M.B., no aparecen en las filmaciones de la autopista Panamericana ni en las restantes rutas. Además en el juicio, los vecinos de los S., y los propietarios, trabajadores y moradores del lugar donde fue hallado el cuerpo, en el juicio, rechazan toda posibilidad imputativa en cualquiera de los tramos del episodio.
Seguidamente resaltó el efecto liberatorio de los elementos de juicio enumerados como 1 a 23 del escrito recursivo, omitidos por el Tribunal en su evaluación probatoria.
Concluyó en que el pronunciamiento no es una derivación razonada de la prueba reunida, sino una versión subjetiva y antojadiza que dogmáticamente pretendió adjudicar a F. y Á. una participación en conductas no acreditadas y que se encuentran contradichas por numerosos elementos que el Tribunal menciona y otros que omite ponderar, tornándose el decisorio en un acto carente de motivación y por ende arbitrario, que lo priva de validez.
4) Planteos subsidiarios.
Respecto de C.M..
Acotó que el fallo exhibe severas falencias de motivación en los elementos subjetivos del delito reprochado a la encartada, ineficaces para superar su desconocimiento de lo que ocurría en la herrería con M.B.
En ese aspecto, retomó la defensa los puntos referidos a que M. no vivía en ese lugar, que el día del secuestro había estado en Capital Federal y que llegó minutos antes del intento de escape del damnificado con quien no tuvo posibilidad de contacto.
Desconocimiento que según el recurrente se respalda en que ni F. ni P., que estuvieron en el lugar donde fue retenido 20 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
B. por un espacio de 9 horas, notaron la presencia de C.M., quien además fue sobreseída en el caso del secuestro de C.
Señaló que no se ha tenido en cuenta el contexto de violencia de género que afectaba a C.M. por parte de su pareja F.M., condenándola, en definitiva por ser la mujer de uno de los acusados.
Señaló que la escasa significancia real, prescindibilidad y fungibilidad del rol adjudicado a M., descarta todo codominio en el hecho, dogmáticamente achacado en la sentencia, participación que no podía superar el de una complicidad secundaria.
Cuestionó, también supletoriamente, la determinación de la pena, por la arbitraria consideración del rol preponderante y decisivo de C.M. al momento de la huida del joven B., afirmación desajustada a las circunstancias comprobadas de la causa, y la omisión de evaluar el contexto de violencia de género que padecía de parte de su entorno familiar y otros elementos atenuantes de la pena, como la probada vulnerabilidad social y su frágil disponibilidad defensiva, el prolongado tiempo que lleva privada de su libertad y la pérdida de un embarazo, b) Respecto de G.Á. y G.F..
Remarcó que el Tribunal no ha explicado razonadamente en qué
consistieron los aportes de los enjuiciados en el suceso y omitió
evaluar numerosas pruebas que conducían a una solución contraria.
En ese aspecto, en términos generales, la defensa reprodujo los argumentos referidos a la ausencia de elementos de juicio de la participación de sus asistidos, particularmente los atingentes a que F. y Á. no estuvieron presentes en la reunión en la que se decidió la muerte de M.B. y a las contradicciones del relato de J.L..
Puso de relieve que si no hay pruebas que coloquen a los procesados en la reunión referida mucho menos en la escena del deceso, máxime cuando ninguno de los testigos relacionados con el descampado donde fue hallado el cuerpo de M. los sindicó, y paralelamente, se constató que fueron otras las personas que 21 estuvieron en ese sitio y que asumieron la decisión fatal.
Concluyó en que el cuadro probatorio recopilado conlleva la aplicación del principio in dubio pro reo, y solicitó que se anule el pronunciamiento cuestionado en cuanto a la asignada participación de F. y Á. en la muerte de la víctima.
Planteos subsidiarios comunes.
Planteó la errónea aplicación de la agravante del artículo 41 bis del Código Penal respecto de C.M. y F.M., a quienes no se les enrostró participación en la muerte de M. B.
Asimismo, consideró que no se ha probado que en el hecho se emplearon armas de fuego, y en su caso, su idoneidad o aptitud para el disparo.
En su virtud, reclamó la nulidad del fallo frente a la imposibilidad de tener por acreditados los elementos típicos requeridos por ese tipo penal, y la consecuente reducción de las penas, con extensión a la situación de G.Á. y de G.F..
Inconstitucionalidad del artículo 50 del Código Penal.
Sobre la base de una afectación de los principios de culpabilidad, derecho penal de acto, ne bis in ídem, legalidad, humanidad, proporcionalidad y de readaptación del condenado a una pena privativa de la libertad, el defensor postuló la declaración de inconstitucionalidad del régimen de la reincidencia estipulado en la norma de cita.
De acuerdo a los argumentos expuestos, requirió que se deje sin efecto tal declaración respecto de G.H.Á., G.F. y F.E.M..
Inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Sostuvo la defensa que la pena de prisión perpetua agrede los principios constitucionales de culpabilidad, proporcionalidad, división de poderes y de readaptación social establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales y se trata de una pena cruel, inhumana y degradante.
Reforzó lo dicho, en que la sanción de las leyes 25.892 y 25.948 modificatorias del artículo 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660 vedan al condenado la posibilidad de atemperar el encierro mediante la incorporación a los regímenes de libertad anticipada, razones que justifican la reconsideración del tema.
Solicitó que se case la sentencia en este aspecto, y se fije una nueva pena respecto de los imputados Á. y F..
De acuerdo a todo lo dicho, la defensa requirió que se haga lugar a la impugnación, se anule la sentencia en los aspectos discutidos y se absuelva a sus asistidos; en subsidio que se reduzcan las sanciones de acuerdo a los planteos alternativos o, en su caso, se reenvíe el expediente a un nuevo tribunal, a sus efectos.
III.-Recurso de casación articulado por la defensa oficial de J.S.M. y E.E.V..
La Sra. Defensora Pública Oficial enfocó la vía recursiva en las causales previstas por artículo 456 del ordenamiento instrumental.
Los agravios pueden sistematizarse en:
Falta de fundamentación de la sentencia por violación al principio lógico de razón suficiente.
Sostuvo que la imputación formulada a sus defendidos carece de fundamentos y debe descalificarse conforme lo dispuesto en el artículo 404 inc. 2º del Código Procesal Penal de la Nación y la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, pues los elementos colectados no permiten tener por acreditada la responsabilidad en los hechos por parte de sus asistidos.
1) Sobre la participación de J.S.M.:
Señaló que el Tribunal la vinculó con el cuidado de M.B.
durante el cautiverio y en su recaptura sin que las pruebas recogidas en el debate puedan sustentar dichas conclusiones, entre ellas, los testimonios de F., P., Z., B. y A..
En esa línea, argumentó que J. desconocía que en casa de sus padres había una persona secuestrada pues no vivía allí; que el día de los hechos estaba junto a su niño, de visita y al momento en que se produce la fuga de M.B., estaban bajando música en la computadora junto a M.P..
Acotó que, según los informes médicos, la joven, para entonces de 17 años, se encontraba afectada por una problemática situación familiar con vivencias de maltrato y violencia de género, proclive al sometimiento a su entorno (fs. 4895/4896 y fs. 6307/6339).
Interpretó el recurrente, que en ese contexto debe analizarse la conducta atribuida. De allí que, en su opinión, la circunstancia de que la nombrada saliera gritando de la casa de sus padres diciendo que habrían querido robarles, solo obedece a que vio a su madre A. y a su tía Celeste correr hacia la calle gritando que el muchacho –M.B.- era un ladrón que había querido robarles; ella no dudó que así era y adoptó la misma actitud que las dos, y no a una participación activa en los hechos.
La defensa no encuentra en la actitud tomada por su asistida ningún otro elemento que permita sostener que conocía la verdadera razón por la cual M.B. habría salido corriendo de esa morada. Desde la óptica de la enjuiciada, ese día era un día normal, donde el empleado de su padre F.F. habría estado trabajando en el galpón hasta aproximadamente las cinco de la tarde, y ella se encontraba en la vivienda de sus padres junto a su hijo y un amigo escuchando música.
Si F. y P. no advirtieron en ningún momento la presencia de M.B. no hay razón para sostener que J.S.M., cuya presencia era circunstancial, sabía de la existencia del cautivo, y lo ocultaba y custodiaba.
Acotó que de la lectura de las declaraciones brindadas en la causa surge sin lugar a dudas que fue A.M. quien dirigió
los hechos, alertando a los vecinos sobre el supuesto ladrón que habría intentado entrar en su domicilio, y además señalando que ella habría llamado a la policía, es decir, ella fue quien tuvo un rol preponderante en los hechos.
Concluyó que la sentencia arribó a una solución dogmática, Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
sin base probatoria que la sustente, omitiendo evaluar las circunstancias mencionadas por esa parte, y por ello, carece de fundamentación y debe ser anulada.
2) Sobre la participación de E.V.:
La defensa recordó que el Tribunal tuvo por acreditada su participación en el secuestro de M.B. en la madrugada del 28 de septiembre de 2010 y durante su cautiverio.
En sentido contrario, sostuvo que el imputado no tuvo ninguna participación en el suceso y en ese menester, comenzó por resaltar que el F. durante su alegato no mencionó a V. como uno de los intervinientes en el secuestro, detalle que revela la fragilidad del fallo condenatorio.
Acotó que el sentenciante tergiversó los dichos de A.S.Q., J.F.L. y E.T.Q., quienes fueron contestes en que V. no intervino en el hecho.
Sin embargo, a partir de una valoración parcial y errada de esos testimonios, en especial los de S.Q., dedujo su participación a partir de la particular relación que V. habría tenido con G.Á. y por el hecho de que V. pasara a buscarlo horas antes de acaecida la captura de B.
Según el recurrente, el razonamiento del Tribunal es falso pues S.Q. jamás dijo que V. pasó a buscar a Á. ni a otros coimputados ese día en concreto.
Por otra parte, en el fallo se toma a la declaración de J.F.L. como una prueba contundente para develar lo acontecido en estos actuados, pero omite valorar las manifestaciones del testigo sobre la ajenidad de Vivas con el secuestro de B., sin contestar los planteos expuestos por esa parte, lo cual evidencia su debilidad argumental.
Puntualizó que el análisis de esas declaraciones da lugar a un cuadro de orfandad probatoria valorado forzadamente y a partir de inferencias con el objeto de ubicar a V. en la escena de los hechos investigados.
A su vez, se imputa al encartado la participación en la faz de la captura en virtud de los entrecruzamientos telefónicos 25 entre los abonados de los imputados en ese momento, sin realizar una compulsa detallada y concreta del contenido de esos datos de tráfico.
Advirtió que el abonado telefónico utilizado por V., estaba a nombre de N.D. y no ha sido ubicado en las inmediaciones del lugar de la captura del joven B.; y que no existieron llamados entre los coimputados y su asistido entre las 5:00 y las 7:00 horas del 28 de septiembre de 2010, franja horaria coincidente con el secuestro, datos que surgen del legajo de escuchas de la línea nº (011) 15-5428-6614.
Los únicos registros de tráfico relacionado a V. son pasadas las 9:00 horas y a las 11:50 horas de la mañana, y sendas comunicaciones impactaron en antenas de telefonía celular ubicadas geográficamente en una zona distinta a las inmediaciones del lugar del secuestro -P.N. y Los Polvorines-.
Elementos que realzan las declaraciones de J.L. y A.C.S.Q. en cuanto a que los integrantes del grupo que secuestró a B. fueron D.S., G.H.Á., F.M. y G.F..
En lo atingente al ocultamiento y custodia de la víctima, alegó la defensa que sólo pudo acreditarse que E.V. recibió una llamada proveniente del celular utilizado por A.M., pero ese elemento es insuficiente para afirmar su participación.
Apuntó en su favor, que G.Á. le envió a V. un mensaje de texto a las 20.25 horas, una hora después del intento de fuga de M.B., diciéndole que no lo llamara porque estaba ocupado, que pone de manifiesto que V. desconocía la existencia de la reunión entre los coimputados. De allí que es también ilógico suponer que V. sirvió de nexo entre los integrantes del grupo.
En síntesis, entendió la defensa que la prueba sobre la que se basó el Tribunal no resulta contundente ni permite sostener, sin margen de duda, que E.V. participara en los hechos investigados, y que fue condenado por integrar y mantener amistad 26 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
con personas involucradas en el secuestro del joven, defecto de fundamentación que es suficiente para descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.
Planteo subsidiario. Errónea atribución de la coautoría.
La defensa consideró que J.S. y E.V., no han tenido el dominio del hecho, ni concurrencia de voluntades entre sí o con los demás imputados en un plan común, con un objetivo querido y con poder de decisión de modo de marcar una coautoría, sino que en todo caso resultan responsables en los hechos a título de partícipes secundarios.
En el caso de J.S., acotó que su intervención se circunscribió a hacer pasar a los gritos a M.B. como un ladrón que habría querido entrar a robar en la casa de sus padres y que no tuvo dolosamente en sus manos el curso del suceso típico que fue dirigido por A.M..
Por su parte, E.V. se limitó a recibir un llamado de A.M., ya que él tenía un teléfono N., y retransmitirlo a G.Á., lo que denota el carácter también fungible del sujeto. De tal manera que si A.M. no hubiera podido comunicarse con V. habría buscado otra alternativa en el iter criminis, denotando ello la ajenidad de su asistido con la decisión común inicial.
De acuerdo a ello, la impugnante solicitó que se case parcialmente la sentencia, se ajuste el caso a las previsiones del artículo 46 del Código Penal y se les imponga el mínimo de la pena previsto por la escala penal.
Planteo subsidiario. Arbitrariedad en la determinación de los montos de las penas.
Puso de manifiesto que el Tribunal calificó los hechos a tenor de la agravante prevista en el artículo 170 inc. 6º del Código Penal, que aumenta la escala penal prevista en función del número de sujetos intervinientes, y tomó esa pluralidad de partícipes como agravante de la pena, incurriendo en una doble valoración que afecta la regla de ne bis in ídem.
Respecto del encausado V., señaló la omisión de considerar su mínimo aporte al quehacer criminal y su corta edad 27 (veinte años), fijando una pena desproporcionada e irrazonable y alejada del mínimo legal.
En el mismo sentido, expuso en relación a S., que su corta edad al momento de los hechos y la ausencia de antecedentes penales, tomados por el tribunal como atenuantes, no se vieron reflejados en la pena seleccionada, que resulta arbitraria e injustificadamente alejada del mínimo que rige el caso.
Consideró que la sentencia en estos aspectos es arbitraria, carece de fundamentación en los términos de los artículos 123 y 404 inc. 2º del Código Procesal Penal de la Nación y merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido, solicitando su nulidad parcial, fijándose sanciones sensiblemente menores.
IV.- Recurso de casación deducido por el Sr. Defensor Público Oficial de R.S., A.C.M. y D.M.S..
Encauzó la impugnación en las previsiones del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y los agravios se clasifican en:
Nulidades planteadas en favor de M.S., que favorecen a R.S. y a A.M. por aplicación de la regla de exclusión.
1) Nulidad del testimonio de A.S.Q. de fs.
1093, 1103 y del prestado en Cámara Gesell, incorporados al debate con oposición de las partes.
Expuso el defensor que en el marco del allanamiento obrante a fs. 1177/1180, S.Q. fue llevada por la fuerza a la Delegación, se intentó precintar sus manos, no había personal femenino ni gabinete psicológico que la resguarde, teniendo en cuenta que era una menor de 15 años, Se le incautó en su poder, un documento de identidad ajeno y fue interrogada con desatención de la prohibición establecida en el artículo 184 inc. 10 del catálogo instrumental.
En la Delegación Campana, se le recibe una declaración testimonial (cfr. acta de fs. 1093/1095), desajustada a su condición de detenida e imputada. Allí refirió, en prieta 28 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
síntesis, ser pareja de G.Á. a quien incriminó junto a varias personas, entre ellas, a D.M.S., R.S. y a A.M. en el secuestro de M. B.
Tales declaraciones, ilegítimas y producto de una coacción, no pueden ser incorporadas al juicio, máxime cuando en esa ocasión no mantuvo ni ratificó las manifestaciones cargosas que por ende, carecen de toda aptitud probatoria.
Por otro andarivel, precisó que la condición de concubina de S.Q. afectó su testimonio de acuerdo a las previsiones de los artículos 178 y 242 del código instrumental, circunstancia que también conduce a su descalificación.
A su vez, su deposición en Cámara Gesell tampoco puede ser evaluada pues no resultaban aplicables las previsiones del artículo 250 bis del ordenamiento procesal, limitada sólo a la protección de la víctima, calidad que no revestía S.Q..
De acuerdo a estas precisiones, la defensa solicitó que se declare la nulidad de testimonio de la nombrada y la aplicación de la regla de exclusión.
2) Nulidad del testimonio de J.F.L..
A su respecto, alegó que la tardía revelación, durante el juicio de la identidad del testigo protegido, afectó el derecho de las partes de controlar la prueba, resultando insuficiente que se les facilitara el legajo original y la posibilidad de su interrogatorio en la audiencia.
Además, predicó la nulidad del testimonio con reserva de identidad por haber sido ordenado y practicado por la fiscalía y no por el juez interviniente, en violación de lo dispuesto por los artículos 123, 210 y 212 inc. ―e‖ y 2º de la ley 25.764.
Remarcó que hay pruebas que enlazan a L. con el secuestro de B., como el entrecruzamiento de llamadas entre los teléfonos investigados y el aportado por su pareja nº 011-15-30008484, lo que evidencia el interés en indicar a terceras personas para deslindar su participación en los sucesos.
Resaltó que ese testimonio es el elemento fundamental evaluado por el Tribunal para sustentar la culpabilidad de la 29 mayoría de los acusados.
Restó importancia al testimonio de E.T.N.Q., también interesada en el resultado del proceso por su vínculo con L., a quien intentó desvincular de los hechos objeto del proceso y nada aportó en realidad por ser un testigo indirecto.
A su vez, puntualizó que J.F.L. es hermano paterno de D.M.S., por lo que regía a su respecto, la prohibición de declarar establecida en el artículo 242 del Código Procesal Penal de la Nación; que el Tribunal no lo relevó de dicha prohibición y L. declaró finalmente en su contra, con violación a las garantías que protegen la cohesión familiar que inspira la disposición legal referida.
Por esa razón, los dichos del testigo deben ser suprimidos de la valoración probatoria.
Falta de fundamentación y arbitrariedad de la sentencia condenatoria –víctima M.B.-.
En términos generales, el impugnante insiste en que no se ha podido acreditar la participación de sus asistidos en este hecho criminal.
En relación a R.S., la defensa alegó que desconocía que en la herrería había una persona secuestrada, lo que descarta toda participación en alguno de los tramos del secuestro.
Que la prueba recopilada en el juicio sólo permitió
acreditar que S. el día del hecho se encontraba en su domicilio haciendo trabajos de mecánica en un automóvil; salió de su hogar y volvió para almorzar junto al empleado F., F.M. y sus hijas, luego buscó repuestos y comenzó el armado del sistema de inyección de una camioneta.
Según la defensa, el testimonio de F. en el debate es compatible con ese argumento, pues dijo no haber notado ninguna actividad o actitud extraña en S. y que hasta que se retiró
cerca de las 17.00 horas todo aparentaba normal.
No obstante marcó que el relato de F. resulta sospechoso 30 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1462/2011/TO1/8/CFC6 “S., R. y otros s/recurso de casación”
porque si estuvo en el taller durante al menos ocho horas, llama la atención que no haya escuchado ruidos de la víctima ni visto que alguien entrara en la oficina donde era retenida y por ello infiere que “...o F. sabía que el joven B. esta cautivo –lo cual lo transforma en partícipe- o S., durante el horario que estuvo presente F. en el taller, no conocía el cautiverio de M.B. en su taller...
Indicó que los cruces de llamadas al abonado de R.S. con posterioridad a la captación del joven, podrían deberse a que los secuestradores lo querían engañar para que guarde algún elemento de procedencia ilícita, pero no resultan útiles para acreditar que sabía que M.B. estaba secuestrado en el taller.
En su criterio, nada impide afirmar que S. pudo haberse enterado del cautiverio de B. con posterioridad a su fuga del lugar o ignoró esa situación, circunstancias que lo ubicarían como un encubridor, no como coautor o partícipe.

References: artículo 468
 artículo 456
 artículo 250
 artículo 456
 artículo 172
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 167
in dubio
 artículo 3
in dubio
 artículo 41
 artículo 50
 artículo 14
 artículo 456
 artículo 404
 artículo 46
 artículo 170
 artículo 456
 artículo 184
 artículo 250
 artículo 242