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Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto 2012
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Rosario Belmonte Camacho
1 ISSN: UT EM Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto 2012 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada
2 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, Serie Bibliotecología y Gestión de Información es publicada desde Octubre de 2005 por el Departamento de Gestión de Información de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Dr. Hernán Alessandri, 722, 6º piso, Providencia, Santiago, Chile, Sus artículos están disponibles en versión electrónica en E-prints in Library and Information Science: y están indizados e integrados en la base de datos Fuente Académica de EBSCO Information Services. Está registrada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal (LATINDEX), en Dialnet, portal de difusión de la producción científica hispana y en DOAJ Directory of Open Access Journals. Sitio Web: Dirección Editorial - Héctor Gómez Fuentes, Director Departamento de Gestión de la Información - Carmen Pérez Ormeño, Directora Escuela de Bibliotecología Editor Jefe Héctor Gómez Fuentes Consejo Editorial Académicos del Departamento de Gestión de Información - Mariela Ferrada Cubillos - Guillermo Toro Araneda Presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile A. G. Gabriela Pradenas Bobadilla Representante Legal Luis Pinto Faverio Decano Facultad de Administración y Economía Enrique Maturana Lizardi Secretaria del Departamento de Gestión de Información Rossana Flores Cuevas Autorizada su reproducción con mención de la fuente. LAS IDEAS Y OPINIONES CONTENIDAS EN LOS TRABAJOS Y ARTÍCULOS SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS AUTORES Y NO EXPRESAN NECESARIAMENTE EL PUNTO DE VISTA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITA 2 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
3 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada. Resumen Asesora en Gestión de Archivos Es internacionalmente reconocido que, para una adecuada gestión de los documentos que generan los órganos de la administración del Estado en cualquier país, es imprescindible la existencia de un cuerpo legal que regule la gestión de los archivos públicos, entendiendo que en éstos consta la documentación que las personas pueden requerir y hacer efectivo su derecho de acceso a información pública. La realidad chilena contempla diversas normas que regulan aspectos relativos a los archivos y gestión de documentos, generando una dispersión normativa que ocasiona problemas al momento de aplicar e interpretar las disposiciones en concordancia con la realidad que hoy podemos observar en la estructura de la Administración del Estado. La segunda parte de esta investigación revisa los alcances que tiene la legislación vigente respecto de la eliminación de documentos, quedando de manifiesto que la principal normativa en la materia no emana de un órgano especializado, no instaura expresamente la valoración documental como principio archivístico que respalde el expurgo y que, en todos los casos no identificados expresamente, se otorga al jefe de servicio la facultad de eliminar la documentación que estime falta de interés. Por último se hace una breve reseña de los dictámenes y decisiones más relevantes en materia de archivos públicos emanados desde la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia, con el fin de ilustrar la aplicación práctica de determinadas normas. Palabras claves: Archivos, Gestión de Documentos, Administración del Estado, Normas, Archivistica, Legislación Archivística, Ley de Transparencia. 3
4 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, Abstract It s internationally recognized for proper management of documents generated by agencies of state administration in any country, it is essential to the existence of a legal body that regulates the management of public record, in which consists the documentation may be requested through the right of access to public information. Chilean reality provides various rules that address issues relating to archives and records management, creating a regulatory dispersion which causes problems when applying and interpreting the provisions in accordance with the reality that today we can observe in the structure of the Administration. The second part of this research reviews the scope that has the current legislation regarding the disposal of documents, become clear that the primary legislation in the matter not from a specialized agency, not expressly establishes the documentary and archival principle assessment to support the expurgation and in all cases not specifically identified, is given to the agency head the power to remove documents that it deems lack of interest. Finally there is a brief overview of the most significant judgments and decisions concerning public records emanating from the Comptroller General of the Republic and the Council for Transparency, in order to illustrate the practical application of certain rules. Keywords: Archives, State Administration, Management of Public Record, Archivistics, Archives Legislation, Records Management, Transparency Law. 4 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
5 INTRODUCCION Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Los órganos de la Administración del Estado generan diversa documentación que materializan las actuaciones que realizan en concordancia con sus atribuciones y que, en definitiva, permiten dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales. En este sentido, existe una real necesidad de que dicha documentación sea custodiada con el mayor rigor posible, atendiendo principalmente a su triple carácter de fuente histórica, de prueba de derechos del Estado y de los ciudadanos y como elemento de planificación y formulación de políticas. Esta necesidad se ha visto acrecentada tras la reforma constitucional del año 2005, así como con la dictación de la ley N sobre Acceso a la Información Pública, en adelante Ley de Transparencia, y el consecuente reconocimiento de la publicidad de todo acto o resolución del Estado, sus fundamentos y procedimientos que utilicen. Estos hitos han evidenciado la importancia de contar con una normativa de archivos que regule la gestión de los documentos y los archivos, asegurando un adecuado control y recuperación de la información ya que sólo de esa manera se garantiza el eventual conocimiento, por parte del público, de aquella información que sustenta la actuación del Estado resguardando, en definitiva, uno de los principales mecanismos para el control ciudadano de las actuaciones de sus representantes. Sin embargo, el trabajo directo y en terreno con las instituciones ha permitido detectar en ciertos casos el desconocimiento y, en otros, la poca aplicación del conjunto de normas que rigen la materia, ya sea en aspectos tan sensibles como la conservación y eliminación de documentos públicos, como en directrices técnicas de organización de archivos que aseguren la adecuada recuperación y disponibilidad de los documentos de archivo. El presente análisis aborda el problema antes descrito a través de una exhaustiva revisión de la normativa nacional vigente en materia de gestión de documentos de archivo y archivos, entendiendo por ésta la gestión de la información registrada en documentos de todo tipo de soportes, creada o recibida por una organización en el 5
6 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, desarrollo de sus actividades, considerando el ciclo de vida de dichos documentos y, por ende, los diferentes tipos de archivo que los conservarán como información y testimonio de las actividades de la institución. En este artículo se revisa específicamente la normativa legal vigente para el proceso de eliminación de documentos públicos, entendiendo por éste al procedimiento mediante el cual se determina y ejecuta la destrucción física de la documentación de un archivo; un proceso que sólo puede llevarse a cabo tras el correspondiente análisis de las características históricas, administrativas, jurídicas, fiscales e informativas de la documentación, y dejando un registro del material eliminado. Para finalizar el análisis, se presentan los principales dictámenes emanados de la Contraloría General de la República, que en algunos casos define la interpretación de la normativa; así como algunas decisiones en la materia emanadas del Consejo para la Transparencia, organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. El Consejo para la Transparencia está encargado de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública, es decir, es la institución encargada de hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Transparencia y amparar el derecho de los particulares. 6 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
7 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, Normas sobre eliminación de documentos públicos. Teniendo presente que en la gestión de los documentos y archivos la eliminación debiera estar precedida de un proceso de valoración y selección documental que asegure la eliminación responsable y/o la conservación indefinida de los documentos con valor patrimonial, en este capítulo entenderemos por eliminación de documentos la destrucción de documentos empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los mismos y su posterior utilización 1. En este sentido, la eliminación de documentos sólo puede llevarse a efecto una vez efectuado el análisis de las características de la documentación que se busca eliminar a modo de poder concluir si existe o no la facultad de eliminarla o si, por el contrario, debe ser conservada.. Es así como al momento de ponderar la pertinencia de la eliminación de documentos debe distinguirse el tipo documental a fin de determinar las eventuales reglas a aplicar, las cuales podemos separar en cuatro categorías, comprendiendo aquellas contenidas en i) la Circular N de 1981, sobre Disposiciones y Recomendaciones Referentes a Eliminación de Documentos, de la Contraloría General de la República; ii) el decreto N 577, de 1977 de Bienes Nacionales sobre destinación del material de desecho; iii) la ley N , que consagra un sistema de general aplicación relativo a la microcopia o micrograbación de documentos y iv) el decreto N 721, de 1980 del Ministerio de Educación, que crea la Comisión de Selección para los efectos de descarte de documentos oficiales, todas los que a continuación se analizarán con la finalidad de establecer el marco legal que rige en materia de eliminación de documentos generados, conservados o reunidos por los órganos y servicios de la Administración del Estado. 1 Circular N 051del 9 de febrero de 2009 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en atención a la definición establecida por el diccionario de Terminología Archivística de la Dirección de Archivos Estatales de España (1993) y la 2ª versión de la Norma Internacional General de Descripción Archivística del Consejo Internacional de Archivos ISAD-(G) (2000). 7
8 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, Circular N de 1981 de la Contraloría General de la República, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a la eliminación de documentos. La Circular de la Contraloría señala las principales disposiciones y recomendaciones referentes a la eliminación de documentos, siendo en este sentido la regla general en la materia, a excepción de aquellos documentos que no se contemplen en ella, a los que por tanto deberá aplicarse la normativa especial que corresponda. Por regla general, los plazos a los que se refiere la Circular se cuentan desde la fecha de emisión del documento, salvo el plazo relativo a los libros, documentos y cuentas aprobadas, el que por expresa disposición de la ley N orgánica constitucional de la Contraloría General de la República se contará desde la revisión definitiva del documento. La Circular distingue diferentes modalidades según el tipo de documento que se trate: Documentos de la deuda pública, especies valoradas u otros efectos. En estos casos corresponde al Contralor General, por sí o por delegado designado especialmente, intervenir en la destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública, especies valoradas u otros efectos. De esta manera los bonos, pagarés, letras de cambio y demás documentos pagados o anulados deberán ser eliminados con la formalidad anotada después de dos años de su examen por la Contraloría, el cual no tiene plazo para su ejecución. 8 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
9 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Libros, documentos y cuentas aprobadas 2. En cuanto a la incineración de este tipo de documentos 3, ella se ordena cuando estos cumplen tres años desde su revisión definitiva, salvo que el Contralor considere especial interés en conservarlos 4. Siendo así, toda documentación que tenga relación con la contabilidad fiscal, municipal y en general gubernamental o con cuentas relativas a la administración de fondos o bienes del Estado deben ser mantenidos por las entidades respectivas por un lapso de tres años desde su revisión definitiva, a menos que el Contralor disponga que se guarden por un lapso mayor o que hayan sido objetados por los órganos de control internos o por la Contraloría, en cuyo caso deben conservarse hasta el finiquito de la observación o reparo. Documentos de los ministerios. De acuerdo a lo dispuesto en el DFL N de 1929 del Ministerio de Educación, cumplidos cinco años de antigüedad todos los documentos oficiales deberán ingresar al Archivo Nacional por lo que, en definitiva, este tipo de documentación no contempla normas de eliminación, las que dependerán de los criterios y decisiones que adopte el Archivo Nacional sobre su ingreso. Por documentos oficiales debemos entender, siguiendo el criterio establecido por la Contraloría General de la República 5 y de acuerdo a lo consignado por la jurisprudencia administrativa, en sinónimo de los términos instrumento público o auténtico, los que entendidos en los términos 2 Artículo 21 inciso 1, en relación al artículo 7 inciso 1 de la Ley N : se refieren al examen e inspección de libros, registros y documentos relativos a la contabilidad fiscal, municipal y de beneficencia pública, así como la revisión de cuentas de todas las personas que administren fondos o bienes indicados en el inciso 1 del artículo 7 (examen y juzgamiento de cuentas de empleados que custodien, administren, recauden o inviertan rentas, fondos o bienes, o de toda persona que deba rendir sus cuentas a la Contraloría o esté sometida a su fiscalización). 3 Documentos que tengan relación con la contabilidad fiscal, municipal y en general, después de la dictación del DL N de 1975 Orgánico de Administración Financiera del Estado, gubernamental o con cuentas relativas a la administración de fondos o bienes del Estado. 4 Artículo 21 ley N y dictámenes N /2003 y /1978 que señalan que aquellos documentos no incluidos en las situaciones descritas deben conservarse por un tiempo prudente y su incineración deber ser autorizada por el Presidente de la República o quien tenga delegada dicha facultad. 5 Dictamen N 2921/1987 y 3191/
10 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, del artículo 1699 del Código Civil se refieren a aquel autorizado con las solemnidades legales y por el competente funcionario. Documentos Tributarios 6. La incineración o exclusión de documentos de carácter tributario se rige por normas especiales del Código Tributario, las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos y el artículo 7 de la ley N En definitiva, todo libro de contabilidad o documento que sirva para acreditar las anotaciones contables o relacionadas con actividades afectas a cualquier impuesto deberán conservarse por al menos tres años, plazo establecido para la prescripción de las sanciones que el Servicio de Impuestos Internos pueda aplicar. El plazo señalado será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Todo esto sin perjuicio de que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos podrá autorizar su destrucción cuando ellos estuvieren microcopiados o micograbados, siempre que en dicho procedimiento se hayan cumplido las normas establecidas en la ley N y las demás normas establecidas por el Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos y las que, para el caso particular, haya estimado conveniente fijar el Director Regional respectivo. Documentos previsionales. Las instituciones de previsión social podrán destruir los documentos originales que hayan sido microfilmados o reproducidos electromagnéticamente, previa 6 El decreto con fuerza de ley Nº 7 del 30 de septiembre de 1980, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y adecua disposiciones legales, señala que será el Secretario General, quien es el Jefe del Departamento de Secretaría General, quien puede autorizar la eliminación de timbres, sellos y documentos del Servicio tal como establece el artículo 17 de dicha norma legal. 7 Dispone que mientras se encuentren pendientes los plazos establecidos en el artículo 200 del Código Tributario será aplicable lo dispuesto en el artículo 97 N 16 de igual cuerpo normativo respecto de la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o de los libros señalados en ésta última norma. 10 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
11 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 autorización de la Superintendencia de Seguridad Social 8 y en relación con las instrucciones que de esta institución emanen al respecto. Otros no señalados. Además de estas modalidades especiales existen otras que han sido establecidas por el legislador o fijadas por determinadas autoridades en ejercicio de atribuciones que les son propias. Dentro de este ámbito podemos señalar las siguientes: - Documentos de salud. En materia de registros clínicos, los hospitales y clínicas deben contar con un sistema de registro e información, la que deberá conservarse por un plazo mínimo de diez años a contar de la última atención realizada al paciente 9. En cuanto a los documentos farmacéuticos, específicamente las recetas despachadas de estupefacientes y sicotrópicos deberán inutilizarse y permanecer archivadas en el establecimiento al menos por un año luego de su despacho 10. De tratarse de recetas despachadas de productos de venta restringida se archivarán en forma cronológica, pudiendo destruirse transcurrido un año 11. Otro asunto sucede con los documentos confidenciales o aquellos que contienen datos sensibles, como sería la reserva clínica, entre otros, los cuales tienen un tratamiento distinto ya que la calificación administrativa le corresponde a 8 Artículo 2 del DL N de Artículo 17 del decreto N 161 de 1982 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de Hospitales y Clínicas. 10 Dictamen 3.142/1986 en relación con los Decretos N 404 sobre reglamento de estupefacientes y N 405 sobre reglamento de productos psicotrópicos, ambos del año 1983 del Ministerio de Salud. 11 Decreto N 466 de 1985 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. 11
12 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, la autoridad administrativa del servicio y su destrucción debe ser dispuesta por decreto o resolución exenta de toma de razón, debiendo levantar acta de ello. En este sentido, la Contraloría se ha pronunciado en el dictamen N /1998, señalando que no existe plazo para la eliminación de las historias clínicas, de modo que la autoridad respectiva puede ordenar su destrucción teniendo en cuenta lo señalado en el manual de procedimiento de la sección de orientación médica y estadística del Hospital, en el sentido de que tales documentos se eliminarán después de quince años que el paciente no consulte al establecimiento asistencial Documentos indígenas. El Archivo General de Asuntos Indígenas, dependiente del Archivo Nacional conservará los documentos oficiales que se generen en materia indígena 13. En todo caso, la jurisprudencia administrativa 14 ha señalado que, salvo las excepciones establecidas en los artículos 14 y 21 de la ley N , no existe en la legislación actual norma alguna que habilite a la Contraloría para autorizar una determinada conducta en materia de eliminación de documentos pudiendo, no obstante, concluirse que ella dependerá, entre otros factores, del tiempo transcurrido, naturaleza, importancia y necesidad de la documentación analizada. 12 En este mismo sentido dictamen N / Artículo 30 de la ley N Dictámenes N /1999 y / Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
13 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Por lo demás, en la circular se contemplan ciertas recomendaciones relacionadas con: Documentos relativos a personal. Es conveniente que se conserven indefinidamente, salvo que los antecedentes se encuentren registrados en libros o tarjetas individuales, lo que permitirá prescindir de aquellos que daten de cinco años, conservándose aquellos cuya información no se encuentre consignada de esa forma. Siendo así, el servicio podrá prescindir de aquellos cuya fecha de expedición sea superior a cinco años, siempre que los antecedentes consten en libros o tarjetas individuales. En caso contrario deberán ser conservados, salvo el hecho de que las personas de las que se trata no pertenezcan a la Administración 15. Adicionalmente se señala que los antecedentes administrativos no ingresados al Archivo Nacional y que justifiquen nombramientos de personal podrán devolverse a los interesados después de cumplidos dos años desde la fecha de su designación, dejándose constancia de haberse retirado 16, normativa que faculta a eliminar aquellos documentos personales que no sean reclamados por sus dueños. Por lo tanto se recomienda que los documentos relativos al personal se mantengan indefinidamente, salvo que los antecedentes del caso se encuentren registrados en libros o tarjetas individuales, lo que permitiría prescindir de los documentos que daten de cinco años, conservándose sólo aquellos cuya información no se encuentre consignada en la forma anunciada. En este 15 Dictamen N 10588/ Artículo 10 de la Ley N que declara las materias que indica podrán ser objeto de decretos o resoluciones expedidos por las autoridades que señala, con la sola firma del respectivo funcionario y Dictamen N 931/
14 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, sentido el Contralor estableció que al no existir disposiciones legales ni instrucciones de Contraloría que obliguen a las instituciones o servicios públicos a conservar los libros y demás registros de ingreso y salida de personal, se estima innecesario dar instrucciones y recomendaciones sobre la conservación de ellos toda vez que, por lo demás, tienen una utilidad limitada en el tiempo 17. Documentos de área operacional 18. Se recomienda retenerlos durante cinco años. Documentos representativos de obligaciones pendientes. La eliminación de este tipo de documentos, tales como letras de cambios y facturas, no podrá realizarse hasta un plazo mayor a la total extinción de la obligación para el examen de la Contraloría, toda vez que es necesaria su existencia por el eventual examen de las operaciones a que se refieran. De acuerdo a la recomendación de la Contraloría, el destino definitivo de la documentación estará condicionado a los resultados de los exámenes que se practiquen. Documentos de Fiscalía. Su destrucción se realizará previa autorización de la Unidad Jurídica Superior en cada caso, por cuanto podrá efectuar la correspondiente ponderación. Documentos de Oficina de Partes. Se considera útil mantenerlos durante cinco años, sin perjuicio de que las copias de resoluciones y de oficios deberán mantenerse empastadas indefinidamente. 17 Dictamen N 5376/ Dictamen N / Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
15 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Otros documentos. La Contraloría recomienda darlos de baja previa consulta a la unidad de origen. Es oportuno señalar que la circunstancia de daño por desastres no se encuentra prevista en la Circular N , referida a documentos que por diversas circunstancias tales como inundaciones, terremotos, lluvias e incendios, entre otros, queden inutilizados y, por lo tanto, se debe proceder a su incineración para evitar su mal uso y otros efectos nocivos para la salud. Ante esta situación la Contraloría General de la República 19 señala que dicha circunstancia es un imprevisto imposible de resistir y constituye un caso fortuito o de fuerza mayor por lo que debe seguir las reglas dispuestas en el Código Civil. 1.2 Decreto N 577 de 1977 del Ministerio de Bienes Nacionales, sobre destinación de material de desecho. En su título V señala reglas especiales relativas al material de desecho, entendiendo como tal aquel material que ha perdido las condiciones que lo hacían útil o aprovechable para el servicio respectivo. En este sentido incluye el papel, la cartulina, el cartón, los archivos, las cintas magnéticas y cualquier otro elemento en desuso o no aprovechable 20. Asimismo dispone que en caso de duda, la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales determinará si un material reúne las condiciones antes mencionadas, de forma que dicho material no puede estar constituido por documentación oficial, toda vez que ésta última se rige por las disposiciones contenidas en el DFL N de De acuerdo a lo señalado por la Contraloría en el dictamen /2006, la documentación no oficial que ha perdido utilidad para el servicio está 19 Dictamen N / Artículo 31 del decreto N 577 de
16 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, sometida al decreto N 577 de 1978, correspondiéndole al Ministerio de Bienes Nacionales, en caso de duda, determinar si el material reúne las condiciones de desecho o no. Hay que señalar que a nivel regional el Ministerio de Bienes Nacionales podrá, en representación del Fisco, enajenar el material mediante subasta pública o propuesta pública o privada, fijando modalidades que favorezcan el interés fiscal e inclusive, en casos calificados, el Director Regional podrá autorizar la venta directa del material, así como podrá autorizar a los servicios para que dispongan directamente la venta u ordenar su destrucción o incineración si ésta procediere Ley N de 1989 del Ministerio de Justicia, que consagra un sistema de general aplicación relativo a la microcopia o micrograbación de documentos, y DFL N 4 de 1991 del Ministerio de Justicia, que dicta normas sobre el registro y los requisitos del método de microcopia y micrograbado de documentos. Conforme a esta ley se puede proceder a la destrucción de todos aquellos documentos originales que sean microcopiados o micrograbados respecto de los cuales no exista prohibición legal, una vez transcurridos diez años si se trata de instrumentos públicos 21 o cinco años si se trata de instrumentos privados 22, contados desde la fecha de la microcopia o micrograbado. En estos casos, la destrucción de la documentación se encuentra sujeta a determinadas prohibiciones impuestas por el legislador, tales como: 21 Instrumento público o auténtico: los autorizados con las solemnidades legales por el competente funcionario (art.1699 Código Civil). Por lo tanto los requisitos son (a) presencia de un funcionario público; (b) que el funcionario actúe dentro de su competencia y (c) que el documento sea autorizado por el funcionario competente con las solemnidades legales. Así, el artículo 17 del Código Civil señala que por autenticidad se entiende el hecho de haber sido otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese. 22 No existe definición legal del instrumento privado por lo que su definición es por oposición al concepto de instrumento público. Por eso, se dice simplemente que instrumento privado es todo aquel que carece del carácter de público, cuya diferencia fundamental radica en la intervención del funcionario público, que le da su sello de autenticidad. 16 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
17 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 Documentos de valor histórico o cultural aun cuando hayan sido microcopiados o micrograbados. Se trata de documentos pertenecientes a la administración pública centralizada y descentralizada y de registros públicos respecto de los cuales el Conservador del Archivo Nacional ejerza el derecho de oposición a la destrucción de la documentación, los que tras ese acto quedan en custodia del Archivo Nacional. Documentos pertenecientes a los archivos privados que hubieren sido declarados monumentos nacionales de conformidad a la ley, así como de aquellos que el Conservador del Archivo Nacional haya presentado oposición a su destrucción señalando fundadamente la necesidad de preservarlos por su valor histórico y cultural. Los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto no podrán destruirse mientras se encuentren pendientes los plazos establecidos en el Código Tributario relativos a la prescripción. De esta forma, para la destrucción de documentos pertenecientes a archivos o registros públicos, será necesaria una notificación mediante un aviso que se publicará en el Diario Oficial 23 con una anticipación mínima de sesenta días respecto de la fecha fijada para la destrucción o de noventa días en caso de documentos perteneciente a registros privados 24. De este modo quien tuviere interés en ello podrá, a su costa, obtener certificados vinculados con los documentos y copias del mismo antes de su destrucción. 23 De ello deberá darse aviso mediante carta certificada al Conservador del Archivo Nacional. 24 Artículo 6 de la ley N
18 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, En todo caso, el Conservador del Archivo Nacional podrá, dentro de los plazos indicados precedentemente, examinar los documentos y oponerse a su destrucción 25, siendo obligado por este acto a recibir dichos documentos para su custodia sin perjuicio de que podrá disponer, cuando sea necesario, que la documentación se mantenga bajo custodia del servicio. La destrucción de los documentos pertenecientes a la administración pública centralizada y descentralizada y de registros públicos deberá hacerse en presencia del funcionario a cargo del archivo o registro al que pertenezca el documento, quien deberá suscribir el acta de destrucción que incluirá la enumeración (podrá ser abreviada) necesaria para identificar en forma suficiente los documentos destruidos y que deberá ser mantenida en custodia por el funcionario. En cuanto al método de destrucción, el DFL N 4 de 1991 dispone que se propenderá, por razones ecológicas de preservación de la atmósfera terrestre y ventajas económicas del reciclaje de materias primas, a reemplazar la incineración por procedimientos físicos o químicos que garanticen la imposibilidad de reconstituir la información de los documentos originales y que permitan su transformación en pulpa de papel u otra materia apta para el reciclaje. La destrucción de las microformas se hará de modo que sea posible el reciclaje de sus materias primas 26. En todo caso es menester tener presente que, con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, es pública la información a que alude el artículo 5 de la ley, cualquiera sea su fecha de creación. Lo anterior no afecta la aplicación de la preceptiva vigente sobre eliminación de documentos, toda vez que dicha norma se refiere únicamente a la documentación que esté en poder del respectivo órgano público al momento de ser solicitada Todo lo señalado no rige para los documentos comprendidos en el DFL N de 1929 ni documentos municipales. 26 Artículo 13 del DFL N 4 de Dictamen N / Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
19 Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 75, Agosto, 2012 De la normativa señalada se desprende que el sistema de microcopia o micrograbado permite la posterior destrucción de los documentos originales, en los plazos y procedimientos que establece y sólo en cuanto su destrucción no se encuentre prohibida de acuerdo a las excepciones indicadas con anterioridad. 1.4 Decreto N 721 de 1980 del Ministerio de Educación, que crea la Comisión de Selección para los efectos de descarte de documentos oficiales. La función principal de la Comisión de Selección de Documentación de Descarte 28, consiste en proponer al Ministerio de Educación normas respecto de la eliminación o desecho de la totalidad o parte de la documentación oficial que debe ingresar al Archivo Nacional. Para la documentación de igual tipo o clase de los órganos del Estado se propondrán normas comunes oyendo a los encargados de las oficinas de Archivo cuando sea conveniente. Asimismo, la Comisión deberá coordinar el cumplimiento de las normas aprobadas y la eliminación de documentos, dejando constancia de la eliminación en un acta firmada por el Conservador del Archivo Nacional y por el encargado del archivo respectivo, quedando el original en poder del Conservador y la copia en poder del organismo. El señalado decreto dispone que no podrán ser eliminados los registros notariales y conservatorios de bienes raíces y de minas, los expedientes judiciales y libros copiadores de sentencias. 28 El artículo 2 del Decreto N 721 señala que la Comisión estará formada por a) El Conservador del Archivo Nacional, quien la presidirá; b) Un miembro de número de la Academia de la Historia y designado por ésta; c) Un profesor universitario de Historia Jurídica o de Derecho Histórico nombrado por el Ministro de Educación Pública; d) El Jefe de la Oficina de Partes, Archivos y Microfilms del Ministerio de Educación Pública; e) Un representante de la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, designado por su Presidente, y f) Un funcionario del Archivo Nacional, designado por el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos. En la práctica no hay evidencia del funcionamiento de esta Comisión en al menos los últimos 20 años. 19
20 Serie Bibliotecología y Gestión de Información N 75, Agosto, La Contraloría General de la República, al tomar razón del decreto precedente precisa que en todo caso las proposiciones de la Comisión y la normativa que se apruebe debe ajustarse a lo dispuesto en el DFL N de 1929 en cuanto señala taxativamente los documentos que deben ingresar anualmente al Archivo Nacional. De esta manera, sólo en virtud de una modificación legal expresa se podrá destruir esa documentación. Por último, la Contraloría, como órgano fiscalizador, dispone que tampoco se podrán eliminar los documentos referidos en los artículos 14 y 21 de la ley N sin la intervención o autorización previa del Contralor General de la República. 1.5 Reglas en materia de eliminación. a) Regla General En razón de sus atribuciones, el Presidente de la República debe otorgar la autorización para la eliminación de documentos en uso de las atribuciones que como Jefe del Estado le confiere la Constitución Política 29. En caso de los organismos con autonomía administrativa, la autorización para la eliminación debe ser otorgada por el jefe de servicio mediante la dictación de un decreto o una resolución exenta. A este respecto, la circular N de 1981, de la Contraloría General de la República, señala que La autorización para eliminar documentos de los organismos que gozan de autonomía administrativa procede que la confiera ( ) la respectiva jefatura superior. En este evento, la medida corresponde que se adopte mediante la dictación de derecho o resolución exenta. 29 Dictamen N /78 20 Análisis de la Normativa Legal Vigente sobre documentación y archivos en Chile: Normas sobre eliminación de documentos y jurisprudencia asociada.
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 artículo 7
 Artículo 21
 artículo 1699
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 200
 artículo 97
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 Artículo 17
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 Artículo 30
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 Artículo 31
 artículo 17
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 artículo 2
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