Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831801.html
Timestamp: 2019-11-19 08:41:44+00:00

Document:
as201831801
Auto Supremo Nº 801
Victoria Pinto Mayta (Manuel Pinto Machaca)
Renta Vitalicia de Orfandad
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 209, interpuesto por Victoria Pinto Mayta derechohabiente de Manuel Pinto Machaca; y, el recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 216, interpuesto a su turno por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (en adelante SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros; ambos recursos contra el Auto de Vista Nº 41/18 de 14 de febrero de 2018 de fs. 203 a 204, pronunciado por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del trámite de Renta Básica de Orfandad Vitalicia Absoluta otorgada a Victoria Pinto Mayta derechohabiente de Manuel Pinto Machaca; los memoriales de respuesta a ambos recursos de fs. 219 a 221 y fs. 225 a 226, respectivamente; el Auto de 19 de julio de 2018 que concedió ambos recursos de fs. 224; el Auto de 10 de septiembre de 2018 de fs. 232 a 233, por el cual se declara admisible los recursos de casación en el fondo interpuestos; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante la Resolución Nº 3356 de 14 de noviembre de 2016 de fs. 146 a 148, resolvió suspender definitivamente la renta básica de orfandad vitalicia absoluta otorgada en favor de Victoria Pinto Mayta, en virtud a los fundamentos de orden legal expuestos en su parte considerativa; determinando que por la Unidad Jurídica se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la beneficiaria.
Ante la presentación de descargos y solicitud de restitución de la renta básica de orfandad vitalicia absoluta por parte de la beneficiaria de fs. 168, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación 069/17 de 9 febrero de 2017 de fs. 186 a 190, confirmó la Resolución Nº 3356 de 14 de noviembre de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto por estar conforme a los datos del expediente y normativa vigente.
En conocimiento de la Resolución de la Comisión de Reclamación 069/17 de 9 febrero de 2017, la beneficiaria interpuso recurso de apelación de fs. 195 a 196; que fue resuelto por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 41/18 de 14 de febrero de 2018 de fs. 203 a 204, confirmó en parte la Resolución apelada, en lo referente a la suspensión definitiva de la renta básica de orfandad vitalicia absoluta, dejando sin efecto la recuperación de lo indebidamente cobrado por la beneficiaria.
Recurso de casación en el fondo de la beneficiaria Victoria Pinto Mayta.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, Victoria Pinto Mayta interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 209, señalando lo siguiente:
Sostiene que por lógica los huérfanos vitalicios generalmente no se casan debido a su estado mental y físico y si lo hacen, siempre terminan divorciándose porque nadie puede convivir con una persona que mental y físicamente no es apta, al no poder mantener la paz social y económica de un hogar; en ese razonamiento, señala que: “…LOS Arts 53 del Cdgo de SS y 40 de la RS 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 disposiciones que están derogadas como expresé, modificado en PARTE POR EL ART. 40 DEL DL 13214 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1975 Y EL ART. 15 Y 16 NUMERAL II DEL D.L. 14643 DE 3 DE debidamente estos aspectos porque y hubiera sido ASÍ existirían, muchos huérfanos con discapacidad suspendidos quitándole EL DERECHO a la SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALMENTE SU ASPECTO HUMANO, no después de 20, 30 años y mas”; no es apropiado que el Auto de Vista señale que los certificados de fs. 191 a 193, son irrelevantes en razón a que no fueron emitidos por la comisión respectiva del Seguro Social, cuando ya no tiene la condición de rentista por efecto de la suspensión del seguro; si el fundamento se basa en que contrajo matrimonio dos veces, tendría que terminar sola hasta su muerte para que no ocurra la suspensión, siendo injusto porque a la fecha no tiene y no puede conseguir trabajo, no puede preparar sus alimentos, menos ir al baño sin asistencia, con el riesgo de caerse; y asevera que no es verdad que contrajo matrimonio dos veces, pues hubo una separación mucho antes, porque debido a su incapacidad, no podía mantener la paz social y menos hacer las tareas domésticas, encontrándose a expensas de familiares y terceras personas que no siempre estarán pendientes de su persona, siendo ésta su realidad.
En ese sentido, señala que se han aplicado mal los arts. 38 y 40 de la Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, el art. 2 del Decreto Supremo N° 0286 del 2009, el art. 53 del Código de Seguridad Social, el art. 7 inc. k) de la Constitución Política del Estado abrogada, los arts. 37, 45 y 48 de la Constitución Política del Estado vigente, la excepción dispuesta en el art. 16 parágrafo II del Decreto Ley Nº 14643 de 3 de junio de 1977 y el art. 151 del Código Procesal del Trabajo.
Solicita que, deliberando en el fondo se case en parte el Auto de Vista Nº 41/17, disponiendo la rehabilitación de su renta básica de orfandad vitalicia absoluta a partir de la suspensión.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, a su turno, formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 214 a 216, señalando lo siguiente:
Aclara que el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, citado erróneamente en el Auto de Vista recurrido, no fue fundamento de las resoluciones emitidas en instancia de SENASIR, para disponer la recuperación de lo indebidamente cobrado, siendo el motivo de lo dispuesto el haber contraído nupcias en dos oportunidades, hecho que vulnera el art. 40 del Manual de Prestaciones, que prevé los motivos por los cuales cesa de la renta de orfandad, así también, el art. 53 del Código de Seguridad Social, prevé que la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio.
Señala que se debe tomar en cuenta el art. 963 del Código Civil, que dispone la obligación de restituir lo indebidamente percibido, asimismo, los arts. 108 numerales 1 y 14 y 235 de la Constitución Política del Estado Vigente, que establecen el deber de todos los bolivianos de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes y resguardar, defender y proteger el patrimonio económico de Bolivia, respectivamente; añade que, nadie puede alegar desconocimiento de la Ley, más aún, si el Código de Seguridad Social se ha promulgado desde el 1956.
Citando el art. 9 del Decreto Supremo Nº 27991 de 28 de enero de 2005, el art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001, el art. 5 inciso h) del Decreto Supremo Nº 27066 de 6 de junio de 2003, el art. 8 del Decreto Supremo Nº 23215 y los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178, señala que el SENASIR tiene la obligación de revisar y determinar el daño económico al Estado, debiendo realizar las correcciones debidas, porque las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida, constituyen un enriquecimiento económico injusto de terceros y un empobrecimiento del Estado, que desestabilizan de alguna forma el sistema financiero de la seguridad social.
Señala que las normas legales transgredidas y mal aplicadas son los arts. 45, 62 al 64, 108, 178 de la Constitución Política del Estado vigente, 963 del Código Civil, 8 del Decreto Supremo Nº 23215, 5 del Decreto Supremo Nº 27066 y 9 del Decreto Supremo Nº 27991.
En ese sentido, concluyó que Victoria Pinto Mayta al haber contraído nupcias en dos oportunidades, perdió el beneficio de la Renta Básica de Orfandad Vitalicia Absoluta, por lo que los cobros realizados de forma indebida, posteriores a las nupcias, son sujetos a recuperación, cumpliendo a cabalidad las normas que rigen a la materia.
Solicitó que, deliberando en el fondo se case en parte el Auto de Vista Nº 41/17; y se confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 069/17 de 9 febrero de 2017.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y DOCTRINA APLICABLE AL CASO:
A fin de dilucidar la presente problemática es necesario señalar que el art. 8-I y II de la Constitución Política del Estado (en adelante CPE) promulgada el 7 de febrero de 2009, señala los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales y también establece los principios que asume y promueve: “suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa)”, entre otros, como principios ético-morales de la sociedad.
Respecto de estos valores y principios asumidos, en cuanto a la administración de justicia, en una perspectiva actual e inclusiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció: “…respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho de que sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no solo se limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma; sino también debe hacerse prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible, que este al lado del Estado y la población, con miras al vivir bien que permita rebatir los males que afectan a la sociedad” (SPC 0488/2017-S1 de 31 de mayo de 2017).
En ese sentido, el art. 45 de la CPE vigente, establece: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. (…) III. El régimen de seguridad social cubre atención por (…) orfandad, (…) y otras previsiones sociales” (resaltado añadido); sumando la garantía estatal de protección de los derechos inmersos en esta Ley Fundamental, el art. 13 parágrafo I, determina: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.
Respecto de los derechos de las personas con discapacidad la CPE, en su art. 70, establece que: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado”, así también el art. 71 parágrafo II, determina: “El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna”.
Por la naturaleza de la controversia, es importante citar también la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo” establece lo siguiente: “Los Estados Partes en la presente Convención,
...t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,
…v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
…x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
…Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
…Artículo 5
…Artículo 23
…Artículo 28
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.”, Sic.
El citado Convenio fue aprobado por Estado Boliviano, mediante Ley Nº 4024 de 15 de abril de 2009, entonces al formar parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo a lo establecido en los arts. 257 parágrafo I y 410 parágrafo II num. 2 de la Constitución Política del Estado, se aplica con preferencia a las leyes nacionales.
No obstante, de forma adicional conviene señalar que mediante la Ley General para Personas con Discapacidad Nº 223 de 2 de marzo de 2012 (en adelante LGPD), se estableció como objeto de la misma, el de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral, como señala su art. 1; y entre sus fines el art. 2 de ésta normativa, dispone: “Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes: a) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. (…) f) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social”; asimismo, consagra el derecho a constituir su propia familia, determinando su art. 8, que: “Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges”, estableciendo también de manera clara el derecho a la protección del Estado del cual goza este sector, en su art. 9 parágrafo II, que señala: “II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos”.
De todos estos preceptos, se concluye que las personas con discapacidad cuentan con especial protección, debido a su situación de desventaja frente al común de la población, por sus propias limitaciones, que en muchos casos les imposibilita la igualdad de condiciones y a acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente y sin discriminación en el ejercicio de otros derechos reconocidos; estos aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que en la búsqueda del “vivir bien”, reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a la sociedad y el Estado, gozando este sector de regulación constitucional propia, norma fundamental que garantiza a las personas con discapacidad como también protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, es así que, mediante la aprobación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo” citado y la LGPD, se reconoce con énfasis, el uso irrestricto del ejercicio a su derecho de constituir su propia familia, sin que ello signifique la negación de otros derechos, como son la protección y estabilidad económica que permiten mejorar sus condiciones de vida.
Resolución del recurso de casación en el fondo de la beneficiaria Victoria Pinto Mayta:
Para el presente caso, conforme se tiene de la Resolución Nº 3589/78 de 2 de agosto de 1978 de fs. 68 vta., otorgó en favor de la derechohabiente Victoria Pinto Mayta renta vitalicia de orfandad y mediante Resolución Nº 102/84 de 4 de enero de 1984 de fs. 72 vta., se rehabilitó la misma.
Pero, al advertirse que la beneficiaria contrajo matrimonio, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto emitió la Resolución Nº 3856 de 14 de noviembre de 2016, suspendiendo definitivamente la Renta Básica de Orfandad Vitalicia Absoluta, otorgada a la ahora recurrente, disponiendo además, la recuperación de lo indebidamente cobrado; determinación que fue confirmada por la Comisión de Reclamación en la Resolución Nº 096/17 de 9 de febrero de 2017 y que en apelación fue resuelta por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista Nº 41/18 de 14 de febrero de 2018, revocando en parte la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, manteniendo la suspensión de la Renta Única de Orfandad Vitalicia Absoluta, sin dar lugar a la recuperación de lo indebidamente cobrado.
Al considerar la recurrente, que ésta decisión asumida por el Tribunal de apelación vulnera sus derechos, acusó de errónea aplicación normas modificadas y alegó la equivocada aplicación a su caso. Al respecto, el art. 38 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (en adelante MPRCPA) aprobado con Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, determina: “Los hijos matrimoniales, extramatrimoniales reconocidos arrogados y los adoptivos tienen derecho a la renta de orfandad hasta la edad de diez y nueve (19) años. Sin embargo, cuando el huérfano fuera declarado inválido antes de cumplir los diez y nueve (19) años de edad tendrá derecho a la renta que le corresponde con carácter vitalicio”.
En ese mismo sentido, el art. 107 del Reglamento al Código de Seguridad Social (en adelante RCSS), señala: “Tienen derecho a una renta de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años de edad o de 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado o bien sin límite de edad, en caso de ser reconocidos inválidos por la Comisión de Prestaciones de la Caja y siempre que la invalidez hubiera sobrevenido antes de las edades señaladas. En todos los casos la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio”.
Así también el art. 53 del Código de Seguridad Social (en adelante CSS), establece: “Tienen derecho a la renta de orfandad los hijos menores de 16 años de edad, o de 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado, o bien sin límites de edad, en caso de ser reconocidos inválidos siempre que la invalidez hubiere sobrevenido antes de las edades señaladas. En todos los casos, la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio”, precepto que fue complementado, y no así modificado como indica la recurrente por el art. 40 del Decreto Ley Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, que indica: “La renta de orfandad será equivalente al 20% por cada hijo, de la renta de invalidez o vejez que el rentista percibía o de la que le hubiera correspondido al asegurado por la invalidez o vejez. Los huérfanos recibirán la renta hasta los 19 años de edad. Sin embargo, cuando el huérfano fuera declarado inválido antes de cumplir los 19 años de edad tendrá derecho a la renta que le corresponde con carácter vitalicio”, sin cambiar el sentido del artículo; asimismo, conforme a lo recurrido y la materia a tratarse, el art. 40 del MPRCPA, establece: “La renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio o fallezca”.
Ahora, la recurrente considera que el art. 16 parágrafo II del Decreto Ley Nº 14643 de 3 de junio de 1977, aclara y modifica el art. 53 del CSS, conforme a la siguiente excepción: “II.-El derecho al goce de rentas de viudedad, huérfanos, padres y hermanos comenzará a partir del primer día del mes siguiente al de fallecimiento del asegurado pasivo. La renta cesará a) con la muerte de los beneficiarios; b) con el matrimonio o convivencia de la viuda; c) cuando los huérfanos o hermanos cumplan la edad de 19 años o contraigan matrimonio, excepto los casos de invalidez previamente calificada.”. No obstante, olvida que conforme al art. 40 del MPRCPA, antes citado, se aclara que la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio.
En base a las citas realizadas, se puede apreciar de las disposiciones nacionales establecen de manera uniforme que la Renta de Orfandad cesa cuando el beneficiario de invalidez, contrae matrimonio.
En el presente caso la beneficiaria contrajo matrimonio conforme pudo demostrar documentalmente el SENASIR, constituyéndose en un fundamento para asumir la determinación de suspender la Renta otorgada.
Sin embargo, conforme a la norma suprema vigente y la Ley Nº 4024 que ratificó la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo”, el Estado debe proteger los derechos consagrados tanto en los preceptos constitucionales y en los preceptos del convenio citado, con mayor razón, los derechos de las personas discapacitadas al tratarse de un grupo social desprotegido y de atención prioritaria; promoviendo los valores y principios instituidos en nuestra Constitución y en la normativa que forma parte del bloque de constitucionalidad, reflejándolos al momento de impartir justicia, otorgando una seguridad social eficaz, entendiendo los derechos como progresivos; debiendo el Estado adoptar medidas de acción positiva para evitar cualquier tipo de discriminación y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, brindando protección a un sector que no puede valerse por sí mismo, aplicándose de manera preferente la Constitución Política del Estado y los convenios ratificados, con relación a la normativa nacional, todo conforme al bloque de constitucionalidad regido en los arts. 257 parágrafo I y 410 parágrafo II de la CPE y art. 15 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, que dispone: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general”.
En ese orden de consideraciones, la ahora recurrente fue beneficiada con la renta básica de orfandad vitalicia absoluta, por haberse declarado su estado de incapacidad o invalidez (sordera completa de ambos oídos), que no le permite desempeñar actividades cotidianas, como tampoco generarse medios de subsistencia, siendo esta la razón por la cual se otorga por parte del Estado, rentas de orfandad vitalicia. Ya que, la renta de orfandad (no vitalicia), está establecida para que el derechohabiente menor de edad, pueda subsistir de manera digna -al haber quedado en la orfandad- hasta que pueda generarse medios de subsistencia propios; por eso se establece un límite de edad, en la normativa precedentemente señalada; empero, los beneficiarios de la renta básica de orfandad vitalicia absoluta, no podrán alcanzar ese presupuesto, el de generarse medios de subsistencia propios, porque sus límites conforme la incapacidad o invalidez calificada no se lo permiten, por ello, el Estado otorga este beneficio en forma vitalicia; y no se puede restringir a este sector, la posibilidad de conformar su propia familia a partir del matrimonio o el concubinato por ser un derecho reconocido en el art. 8 de la LGPD, señalado precedentemente; así tampoco se puede condicionar al beneficiario a no contraer matrimonio, solo para tener un medio de subsistencia propio (sin depender de una tercera persona) otorgado por el Estado, más aún, si se considera que la norma que determina la perdida de esta renta, por haber contraído matrimonio data de hace más de 50 años y no condice con los preceptos constitucionales vigentes, siendo los derechos reconocidos en nuestra ley fundamental progresivos; además, el matrimonio contraído puede llegar a concluir, a disolverse, mientras que la incapacidad es permanente y no se restablece con el matrimonio o el divorcio.
Además, el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, en su art. 5 señala las causales para la pérdida del beneficio, estableciendo: “I. El Derechohabiente pierde el derecho a pensión en los siguientes casos: a) A su fallecimiento. b) Al cumplimiento de la edad límite de acceso, conforme a lo siguiente: 1.-Las hermanas y/o los hermanos del Asegurado fallecido, al día siguiente de cumplir los dieciocho (18) años. 2.- Las hijas y/o los hijos que no presenten Certificado de Estudios, al día siguiente de cumplir los dieciocho (18) años, pudiendo recuperar su derecho presentando dicho documento. 3.- Las hijas y/o los hijos que no presenten Certificado de Estudios, al día siguiente de finalizada la vigencia del Certificado anterior, pudiendo recuperar su derecho presentando dicho documento. 4.- Las hijas y/o los hijos estudiantes no declarados inválidos, al día siguiente de cumplir los veinticinco (25) años. C) Cuando se emita Sentencia Ejecutoriada que lo declare autor, instigador o cómplice de la muerte del Asegurado o de la lesión que originó la invalidez definitiva del mismo”, disponiéndose nuevas causales de pérdida de derechos, en las cuales no está prevista como una de ellas, el contraer matrimonio.
En ese mismo entendido, el Auto Supremo Nº 119 de 15 de mayo de 2017, señalo: “Así a partir de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, el legislador a fin de proteger a las personas con discapacidad como también proteger el núcleo fundamental de la sociedad, estableció nuevas causales para la perdida de dichos derechos, causales donde no está prevista que la renta de orfandad cesa cuando el beneficiario contrae matrimonio. De modo que, el Tribunal de apelación decidió que se proceda a emitir una nueva Resolución dejando sin efecto la Resolución Nº 1019 de 1 de abril de 2014 y rehabilitando la renta de orfandad sin límite de edad por discapacidad desde la fecha de suspensión, puesto que, interpretó las normas desde y conforme la Constitución Política del Estado, aplicando por tanto correctamente los arts. 15.I de la LOJ, 62 y 71.II de la CPE; así como la Ley 223…”.
En mérito a lo expuesto y encontrándose fundados los fundamentos traídos en casación, corresponde dar aplicación al art. 220 parágrafo IV del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable por la remisión contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.
Respecto del argumento traído, por el SENASIR en su recurso de casación en el fondo, referido a la recuperación de montos indebidamente cobrados; se tiene que, el art. 477 del RCSS, dispone: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
De otra parte; si bien el art. 9 del Decreto Supremo N° 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”; empero, en virtud a las previsiones contenidas en el art. 477 del aludido Reglamento, el descuento procede cuando se comprobare que la decisión de otorgación de renta obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas; porque al presentar la beneficiaria su documentación no incurrió en error, ni se debió a datos, declaraciones o documentos fraudulentos y el SENASIR al determinar la existencia de cobros indebidos no cumplió con la carga legal de demostrar que las renta otorgada sea el resultado de documentos, datos o declaraciones fraudulentas proporcionadas por la asegurada, única circunstancia, tal cual señala la normativa citada que hace posible exigir la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas, porque el solicitante de una renta solo se limita a presentar la documentación requerida para solicitar la otorgación de rentas; en ese entendido, en aplicación del art. 477 del RCSS, que indica claramente “La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas”.
Más allá de esta consideración, este Tribunal determinó conforme a los fundamentos esgrimidos en el análisis y resolución del recurso de casación de la beneficiaria, que no se debe suspender la renta básica de orfandad vitalicia absoluta, que en derecho le corresponde a la asegurada, no existiendo en consecuencia cobros indebidos, pues si bien el art. 474 del RCSS, citado no fue el fundamento de las resoluciones impugnadas emitidas por el SENASIR; por el contrario, las previsiones de los arts. 40 del MPRCPA y 53 del CSS; empero estas normas se encuentran implícitamente derogadas por la Ley Nº 4024 y las normas de la CPE citadas precedentemente, correspondiendo su inaplicación, respecto de la causal de cesación de la renta por matrimonio del beneficiario.
Por consiguiente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo interpuesto por el SENASIR; corresponde resolver conforme prescribe el art. 220 parágrafo II del CPC-2013, aplicable por la remisión contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial: 1) Resolviendo el recurso de casación de fs. 201 a 209 interpuesto por Victoria Mayta Pinto, CASA el Auto de Vista Nº 41/18 de 14 de febrero de 2018 de fs. 203 a 204, pronunciado por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 069/17 de 9 de febrero de 2017 de fs. 186 a 190 y se dispone se emita una nueva Resolución, asumiendo los fundamentos del presente fallo y restituyendo la renta básica de orfandad vitalicia absoluta a Victoria Pinto Mayta, desde la fecha en que fue suspendida indebidamente. 2) Declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 216, interpuesto por el SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros.

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