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Timestamp: 2019-07-23 09:44:45+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2005-00974/42919 DE ABRIL 4 DE 2018
SENTENCIA 2005-00974 DE 04 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR PROFERIR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO SIN TENER MÁS DE DOS INDICIOS GRAVES. LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DEBE DICTARSE CON CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 356 DE LA LEY 600 DEL 2000, EL CUAL SEÑALA QUE PARA LIBRAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO SE REQUIERE POR LO MENOS DE DOS INDICIOS GRAVES DE RESPONSABILIDAD CON BASE EN LAS PRUEBAS LEGALMENTE PRODUCIDAS DENTRO DEL PROCESO, DE MODO QUE EN EL CASO CONCRETO SE DESCONOCIERON LOS POSTULADOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, PUES DURANTE TODA LA INVESTIGACIÓN NO EXISTIÓ NINGUNA PRUEBA QUE COMPROMETIESE LA RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDANTE DIFERENTE A VIVIR EN LA MISMA RESIDENCIA QUE SU MARIDO QUIEN AL MOMENTO DEL ALLANAMIENTO EN QUE SE ENCONTRÓ ALLÍ UN KILO DE HEROÍNA, ACEPTÓ HABER LLEVADO A LA CASA SIN QUE SU COMPAÑERA TUVIERA IDEA DE ELLO. POR TANTO, NO ES ACEPTABLE EL ARGUMENTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SEGÚN EL CUAL LA DEMANDANTE DEBÍA RESPONDER PENALMENTE EN TANTO EL SILENCIO Y EL APOYO DE LA MISMA SOBRE LOS MALOS ACTOS DE SU COMPAÑERO LA HACÍAN COAUTORA, O POR LO MENOS PARTÍCIPE, OBLIGADA A RESPONDER PENALMENTE. POR LO TANTO, SE CONSIDERA QUE SE CONFIGURÓ UNA FALLA EN EL SERVICIO QUE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DEMANDADA Y SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, APRECIACIÓN DEL INDICIO, INDICIO GRAVE, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2005-00974/42919 de abril 4 de 2018
Rad.: 76001-23-31-000-2005-00974-01 (42919)
Acumulados 0974 y 0459 de 2005
Actor: Carlos Arturo Quiroga Valencia y otros
3.1. Presupuestos procesales y materiales.
Competencia. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado por el ejercicio que de la acción de reparación directa hicieron la víctima y los afectados, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(9).
Vigencia de la acción. Al momento de presentación de la demanda la acción estaba vigente, pues la providencia que ordenó precluir la investigación —a la que estaban vinculados Ángela María Quiroga Valencia y Plinio Zúñiga—, es del catorce (14) de agosto de dos mil tres (2003)(10) y las demandas que dieron origen a este proceso son del siete (07) de febrero y once (11) de marzo de dos mil cinco (2005), luego, entre aquella y estas no transcurrió un lapso superior a dos (2) años, que establece el artículo 136 del C.C.A., para que se configure la caducidad de la acción.
Legitimación en la causa. La parte demandante está conformada por la señora Ángela María Quiroga Valencia que es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, es cónyuge del señor Vladimir Zúñiga Muñoz, según consta en la copia auténtica de su registro civil de matrimonio obrante a folio nueve (9) del cuaderno de primera instancia; es hija de Guillermo Quiroga y María Valencia Iván, según se puede establecer con las copias auténticas del registro civil de nacimiento que se encuentran incorporadas al expediente a folios siete (7) del cuaderno de primera instancia; y es hermana de Martha Yaneth Valencia, Carlos Arturo Quiroga Valencia, Lina María Quiroga Valencia y Paola Andrea Quiroga Valencia, tal y como se acredita con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento que obran a folios cuatro (4), cinco (5), seis (6) y ocho (8) del cuaderno ya referido.
A su vez, Plinio Zúñiga es víctima directa de la privación de la libertad, es cónyuge de la señora María Melba Gómez, según consta en la copia auténtica de su registro civil de matrimonio obrante a folio tres (3) del cuaderno de primera instancia; es padre de Martha Lucía y Luz Marina Zúñiga Gómez, según se puede establecer con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento que se encuentran incorporados al expediente a folios cuatro (4) y cinco (5) del cuaderno de primera instancia, con los cuales se presume la relación de cercanía afectiva requerida por la jurisprudencia.
Sostiene pacíficamente esta corporación que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(11). También es criterio reiterado y pacífico en esta corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio de la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.
En consideración a estos criterios, esta Sección concluye que la privación de la libertad que sufrió Ángela María Quiroga Valencia ha obrado como causa de la aflicción padecida por sus progenitores, cónyuge y hermanos, así mismo en lo que se refiere a la privación de la libertad de Plinio Zúñiga, esta ha sido la causa del padecimiento de la cónyuge y los hijos de éste, y que, por tanto, todos ellos se encuentran legitimados para la causa, por activa.
En lo que concierne a la demandada, la Nación es la persona llamada al ejercicio del derecho de defensa frente a los hechos que le endilgan los demandantes con ocasión del ejercicio de competencias a cargo de la Fiscalía General de la Nación, órgano que, a través de su máxima autoridad, o de quien funja como su delegado, estaba llamado, como en efecto, ocurrió, a llevar su representación dentro de este proceso.
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos: el daño sufrido por quienes conforman ese colectivo de demandantes, su extensión, intensidad y modalidades; y, las actuaciones u omisiones que endilgan a la demandada y en cuya virtud le atribuyen la responsabilidad que piden, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba y, por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber, hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.
En lo que tiene que ver con el valor de los medios de prueba aportados al proceso, la Sala advierte que algunos documentos fueron aportados en copia autentica, por tanto, estos serán tenidos como válidos. De igual manera, serán valoradas, con fundamento en lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las copias simples aportadas al proceso, por cuanto ellas estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen, sin que fueran tachadas de falsas(12).
Con relación a la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala seguirá el criterio jurisprudencial que habilita su valoración y apreciación sin que haya lugar a la exigencia de formalidad adicional, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del C.P.C., esto es, que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o, con su audiencia, por cuanto de esta manera se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba que ha sido conocida y pudo ser controvertida por aquellas(13).
3.2.1. Sobre las pruebas relativas al daño.
En el caso sub lite, el daño lo hace consistir la parte demandante en la afrenta que en su libertad física, en su derecho al sosiego y a la paz interior y en la vida de relación padecieron Ángela María Quiroga Valencia y Plinio Zúñiga, por causa de la investigación que debieron soportar y de la captura y posterior detención de las que fueron víctimas directas; así como en el agravio que sufrieron el cónyuge y los progenitores de Ángela María, y la cónyuge y los hijos de Plinio Zúñiga, tanto en su derecho a la paz y al sosiego interior, como en su vida de relación, por causa de la privación de libertad que aquellos debieron soportar..
3.2.1.1. La afrenta a la libertad física de Ángela María Quiroga Valencia y Plinio Zúñiga, con los siguientes documentos:
— Copia de la boleta de encarcelación JSA-047 del 26 de noviembre de 2001, en contra del señor Plinio Zúñiga como sindicado del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en la cual se puede evidenciar que la fecha de captura fue el día dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001)(14).
— Copia de la boleta de libertad 037293 y 037295, con las que se prueba que la señora Ángela María Quiroga y el señor Plinio Zúñiga estuvieron privados de la libertad hasta el seis (6) de noviembre de 2002(15).
— Copia de la Resolución 109 del dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001), por medio de la que se dispuso la captura y encarcelación, tanto de Plinio Zúñiga, como de Ángela María Quiroga Valencia(16).
— Copia de la Resolución interlocutoria 051 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001), proferida por la Fiscalía General de la Nación - unidad delegada ante los jueces penales del circuito especializado - fiscal décimo, por medio de la cual fue decretada la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Plinio Zúñiga y Ángela María Quiroga Valencia, como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes(17).
De esta forma queda establecido que Plinio Zúñiga y Ángela María Quiroga Valencia, estuvieron privados de su libertad.
3.2.2. Sobre las pruebas que se aportan para la imputación.
Además de las pruebas relacionadas anteriormente, se aporta para efectos de probar la imputación, las siguientes pruebas:
— Copia del informe de la Policía Nacional - Dirección central de policía judicial - comisión especial, del nueve (09) de octubre de dos mil uno (2001), por medio del cual se puso en conocimiento de la Fiscalía la investigación que se adelantó en contra de una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes(18).
— Copia del informe(19) de la Policía Nacional, Dirección central de policía judicial - comisión especial del primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2001), que dejó en conocimiento del fiscal encargado, que las personas comprometidas en las actividades ilícitas hicieron referencia al señor Plinio Zúñiga.
— Copia de la Resolución del primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2001) proferida por la Fiscalía diez (10) delegada ante los jueces especializados de Cali, a través de la cual se resolvió abrir instrucción y ordenó la vinculación del señor Plinio Zúñiga por presunta realización de actividades de producción y tráfico de cocaína y heroína(20).
— Copia de la Resolución interlocutoria 041 del primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2001), por medio de la cual la Fiscalía procedió a ordenar varios allanamientos conforme a la solicitud hecha por la Policía Nacional Dirección de policía judicial, dentro de los cuales se ordenó realizar allanamiento y registro del inmueble del señor Plinio Zúñiga y del inmueble del señor Vladimir Zúñiga(21).
— Copia de la Resolución interlocutoria 046 del primero (1º) de noviembre de 2001, por medio de la cual se ordenó diligencia de allanamiento a un predio de propiedad del señor Plinio Zúñiga ubicado en el corregimiento de Timba - municipio de Jamundí(22).
— Copia del acta que documentó la diligencia de allanamiento y registro practicada el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) del inmueble donde fue capturado el señor Plinio Zúñiga, en la que consta la incautación de: una maleta mediana de color azul, dos láminas adheridas las paredes laterales de la maleta, recubiertas con un plástico de color negro; dos paquetes envueltos en plástico negro que estaban camuflados en las suelas, y otro más camuflado en el tacón de botas; y otro paquete rectangular envuelto en cinta de enmascarar adhesiva que contenía una sustancia sólida(23). Anexa al acta, obra relación de objetos encontrados
— Copia del acta que documentó la diligencia de allanamiento y registro practicada el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001), en el corregimiento de Timba-Jamundí (Valle), a una finca de propiedad del señor Plinio Zúñiga, en la que los efectivos de la policía judicial encontraron enterrado un galón plástico, blanco, tapa roja y en su interior una sustancia liquida olor característico al acetato, igualmente en la cocina del lugar fue encontrado otro galón. En el curso de esta diligencia fue decomisada una escopeta marca Indumil, una pistola, con sus respectivos cartuchos, bolsas plásticas transparentes y una caja de papeles para determinar P.H.(24).
— Copia de la Resolución109 del dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001), proferida por la Fiscalía General de la Nación, en la que se ordenó escuchar en indagatoria a los capturados Plinio Zúñiga y Ángela María Quiroga Valencia. En el plenario reposa diligencia de indagatoria rendida por el señor Plinio Zúñiga, ante la Fiscalía General de la Nación el 6 de octubre de (2001)(25).
— Copia de la providencia proferida por la Fiscalía sexta delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Cali, del treinta (30) de septiembre de dos mil dos (2002), que declaró cerrada la investigación contra la señora Ángela María Quiroga Valencia(26).
— Copia de la Resolución interlocutoria 03-153 del cinco (5) de noviembre de dos mil dos (2002), proferida por el fiscal sexto delegado ante los jueces penales del circuito especializados, por medio de la cual resolvió otorgar el beneficio de libertad provisional, al señor Plinio Zúñiga y a la señora Ángela María Quiroga Valencia(27).
— Copia de la resolución por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación, el catorce (14) de agosto de dos mil tres (2003), procedió a calificar el mérito del sumario dentro de la investigación a la que estaban vinculados el señor Plinio Zúñiga y la señora Ángela María Quiroga, y resolvió precluir la instrucción(28).
3.3. Elementos de la responsabilidad.
En general, a partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.
3.3.1. Sobre el daño y su antijuridicidad.
El daño se ha entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido a la cual, bajo determinadas condiciones, el derecho facilita la reacción de quien lo padece, en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.
El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad. Se configura cuando se lesiona la relación de facto establecida por el hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades; cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para adquirir de ellos determinados servicios u objetos físicos aptos para el mismo fin o, finalmente cuando se lesiona la propia integridad, o la existencia misma del hombre.
En todos, y en cualquiera de estos casos, el daño, acontece, inicialmente, en el plano fáctico, plano en el que el daño deviene insuficiente para poner en acción el derecho en función de facilitar la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación del sacrificio que de él deriva.
Para que el daño adquiera una dimensión jurídica relevante (para que pueda predicarse su antijuridicidad) es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de quien lo padece; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado; y que no haya sido causado, ni haya sido determinado por un hecho de la propia víctima.
Si el daño no recae sobre un interés jurídicamente tutelado, si no se derivan de él consecuencias ciertas para el patrimonio económico o moral de quien lo sufre, e incluso, si el daño tiene por causa o se encuentra determinado por el hecho o por la culpa de la víctima, tal daño no habrá trascendido el plano puramente fáctico, y en ninguno de estos casos se activará el ordenamiento jurídico para facilitar a la víctima la reparación del daño, mediante el traslado de sus consecuencias a un patrimonio diferente del suyo propio, a través de un juicio de imputación.
De quien ha padecido un daño en el plano puramente fáctico, no puede predicarse que esté jurídicamente obligado a soportar sus consecuencias; simplemente, podrá decirse que el derecho no ampara la intención, que bien puede alimentar, de trasladar tales consecuencias a otro patrimonio, y que, por tanto, será estéril el juicio de imputación que promueva con tal propósito.
3.3.2. Sobre la responsabilidad en privación de la libertad.
En primer lugar, es importante señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en relación con la operación de los títulos de imputación de daños en los juicios de responsabilidad por causa del decreto de una medida cautelar de detención que después se revoca, incluso en los casos en los que esta revocación ha devenido como consecuencia de la aplicación del principio in dubio pro reo. Para el efecto, ha derivado consecuencia de la presunción constitucional de inocencia, y ha tomado en consideración el carácter excepcional que tiene la privación de la libertad en forma cautelar, para hallar procedente el adelantamiento del juicio de responsabilidad bajo un régimen objetivo basado en el daño especial(29) entendiendo que resulta desproporcionado y contrario al principio de distribución equitativa de las cargas públicas, que una persona, en el marco de un Estado social de derecho, sea privada de la libertad en forma cautelar, sin que la actuación de investigación y/o juzgamiento en que tuvo lugar tal medida, culmine con la condena resultante del vencimiento de la presunción de inocencia.
Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” premisa que en modo alguno obsta para que opere el eximente de la culpa de la víctima que encuentra fundamento normativo en el artículo 70 de esa misma ley, que prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
Es pertinente precisar que respecto a la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)”.
Se entiende por culpa grave, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.
Al respecto, esta Sala ha precisado:
Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”.
En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente de la persona privada de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, frente a la misma privación de la libertad, o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no hayan sido suficientes ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, no quiere decir que se configure de manera lineal y automática la responsabilidad patrimonial de la administración, pues compete a la jurisdicción verificar que el actuar de quien fue investigado penalmente haya sido debido, diligente y que no haya determinado a la autoridad a tomar la decisión de adelantar la investigación y/o de decretar la medida cautelar, así finalmente, no se configuren los elementos de la responsabilidad penal para que se profiriera condena.
Si tal es el caso, habrá lugar a inferir que el daño no le es imputable a la demandada, sino a la propia víctima.
De conformidad con lo expuesto, y revisada la sentencia de primera instancia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los elementos probatorios allegados al plenario, y los límites de su competencia, la Sala encuentra que debe dar respuesta en forma sucesiva, y sólo si las respuestas dadas a las preguntas precedentes lo hacen necesario, a los siguientes problemas jurídicos:
1. La vinculación de Plinio Zúñiga y Ángela María Quiroga a una investigación penal que adelantaba la Fiscalía para esclarecer los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores y partícipes en unos delitos, ¿constituye daño antijurídico, si después se les desvincula para preclusión de la investigación?
2. La detención preventiva en establecimiento carcelario que experimentaron Plinio Zúñiga y Ángela María Quiroga en virtud de la medida cautelar ordenada con sujeción a los presupuestos y requisitos formales de ley, dentro del proceso penal al que estaban vinculados, ¿constituye daño antijurídico, si después recobran su libertad por preclusión de la investigación?
— Las actuaciones desplegadas por Plinio Zúñiga con relación a las conductas investigadas, ¿contribuyeron de manera eficiente para que la demandada librara la medida de aseguramiento, en términos que impiden imputar el daño que entrañó la privación de su libertad a la Nación - Fiscalía General de la Nación?
— ¿El daño antijurídico que sufrió Ángela María Quiroga Valencia, es imputable a título de falla en el servicio?
Establecido lo anterior, de ser necesario, y en caso de hallarse acreditados, procederá la Sala a la liquidación de perjuicios.
En las pruebas traídas válidamente al proceso y relacionadas en el acápite correspondiente a las pruebas del daño, la Sala encuentra mérito suficiente para la demostración de la privación efectiva de la libertad que padecieron Ángela María Quiroga Valencia y Plinio Zúñiga, los dos por el período comprendido entre el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) y el seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002).
No cabe duda de que esta privación comportó para Ángela María Quiroga Valencia y Plinio Zúñiga una disminución radical en el bien jurídico fundamental de la libertad personal y física, que goza de especial tutela por parte de los artículos 24 y 28 de la constitución política de Colombia, tanto como en los artículos 7º y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A su vez, reglas elementales de experiencia observadas por la jurisprudencia de la corporación permiten predicar, a manera de presunción, que se encuentran acreditadas las consecuencias ciertas que esta privación causó sobre el patrimonio moral de aquellos, como víctimas directas, tanto como en el patrimonio moral de cónyuges y familiares más cercanos que han sido encontrados por la Sala, como legitimados por activa para esta litis.
Ahora bien, con relación al tercer presupuesto de la antijuridicidad del daño, esto es, la inexistencia de un título jurídico que lo justifique es preciso advertir la complejidad que reviste su constatación en los casos de privación de la libertad precalificada en la demanda como injusta.
En efecto, como punto de partida ha de decirse con el énfasis necesario, que la libertad física de las personas se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento constitucional con las consecuencias del principio de presunción de inocencia conforme al cual, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Tal presunción solo se quiebra, en cada caso particular, con la firmeza de la sentencia judicial que declara culpable al sindicado.
No obstante, el mismo ordenamiento constitucional confiere, de manera excepcional y por vía cautelar o preventiva, una permisión de la privación de la libertad en sede de instrucción criminal, sin que aún se haya demostrado la culpabilidad del incriminado, en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Los casos en los que la medida resultaba procedente, para la época de los hechos que fundamentan la demanda, estaban definidos en función de la regla general del artículo 3º de la Ley 600 de 2000, por el artículo 355 de la misma ley, y las formalidades a las que quedaba sujeta esta decisión estaban fijadas por el artículo 356 subsiguiente.
Empero, para los fines que interesan al derecho de daños y conforme a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera de esta corporación, la verificación de justificación de la medida preventiva lesiva de la libertad física no se agota con la constatación de la legalidad de la decisión; debe avanzar hasta la averiguación del resultado del proceso penal, pues sólo este garantiza la intangibilidad del principio de presunción de inocencia.
Por tanto, si como ocurrió en el sub lite, el proceso penal y la medida de detención ordenada dentro de él, concluyen, por causa de absolución u otra decisión equivalente, bien porque el delito no existió, porque el sindicado no lo cometió, porque la conducta no constituía hecho punible, o porque el Estado no pudo quebrar la presunción de inocencia del detenido a prevención, ha de concluirse que la medida no estuvo respaldada en título jurídico que la legitimara.
En efecto, se encuentra debidamente acreditado, a través de la prueba documental arrimada al expediente, que la Fiscalía General de la Nación, el catorce (14) de agosto de dos mil tres (2003), procedió a calificar el mérito del sumario dentro de la investigación a la que estaban vinculados el señor Plinio Zúñiga y la señora Ángela María Quiroga, y resolvió precluir la instrucción, medida esta que determinó la consiguiente expedición de la orden de libertad para los referidos ciudadanos.
Así las cosas, satisfechos como se encuentran los supuestos de la antijuridicidad del daño sufrido por los demandantes, procede la Sala al juicio de atribuibilidad del daño.
En el asunto sub examine, el tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, en su criterio, la Fiscalía actuó conforme a sus competencias y encontró elementos de juicio suficientes para ordenar la medida de aseguramiento en los dos casos. Argumento que también planteó la entidad demandada al considerar que, en la investigación penal adelantada, surgieron una serie de informaciones y pruebas que relacionaban a los hoy actores con miembros de una reconocida organización de tráfico de narcóticos.
Al punto, en primer lugar, la Sala encuentra que el informe rendido por la Policía Nacional llevó a conocimiento de la Fiscalía las resultas de una investigación que se inició por una fuente humana que habría dado a conocer, no solo la existencia de una organización delictiva, sino la característica principal que la actividad delincuencial, consistente en su centro en torno a una misma familia, circunstancia ésta que hacía más difícil el rastreo de sus operaciones por parte de las autoridades.
Con base en esta información se desarrollaron actividades judiciales bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía especializada de Santiago de Cali consistentes, en su primera fase prejudicial, en labores de actividades de vigilancia y seguimiento en orden a establecer si, en realidad, los integrantes de esa familia se encontraban implicados en tráfico de estupefacientes. En esta fase se realizaron interceptaciones da diferentes abonados telefónicos y con apoyo en los resultados de estas, se pudo establecer el rol que jugaba cada uno de los implicados en la organización. Gracias a esto, se evidenció el compromiso de Plinio Zúñiga y de Vladimir Zúñiga Muñoz (cónyuge de Ángela María Quiroga Valencia) con la actividad ilegal.
Un informe posterior de la Policía advirtió que las personas que se dedicaban a la actividad delincuencial había hecho referencia a que el señor Plinio Zúñiga era “(…) la persona encargada en aportar dineros para los envíos de los correos humanos del narcotráfico que se realizan con Adriano y James, en su propiedad que se encuentra en las cercanías del municipio de Timba se ha realizado la terminación de la sustancia heroína, igualmente se han almacenado kilos de sustancia estupefaciente como en su lugar de residencia, a fecha de mayo 26 de la presente anualidad le fue encontrado junto con Elder Gómez una sustancia química en poca cantidad que es usada para la elaboración de heroína, procedimiento realizado por personal uniformado de la Estación El Guabal (...)”.
Con basamento en estas informaciones, se ordenó y llevó a ejecución la diligencia de allanamiento y registro practicada el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) en el inmueble donde fue capturado el señor Plinio Zúñiga, en la que se incautó: una maleta mediana de color azul, dos láminas adheridas a sus paredes laterales recubiertas de un plástico de color negro con dos paquetes envueltos en plástico negro camuflado en las suelas y otro paquete camuflado en el tacón y un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva que contenían una sustancia sólida en polvo(30). Así como la copia de la diligencia de allanamiento y registro practicada el mismo día, en el corregimiento de Timba-Jamundí (Valle), a una finca de propiedad del señor Plinio Zúñiga, en la cual los efectivos de la policía judicial encontraron enterrado un galón plástico, blanco de tapa roja y en su interior una sustancia liquida olor característico al acetato, igualmente en la cocina del lugar fue encontrado otro galón. Dentro de esta diligencia fue decomisada una escopeta marca Indumil, una pistola, con sus respectivos cartuchos, bolsas plásticas transparentes y una caja de papeles para determinar P.H.(31).
De igual manera, aparece la copia del informe sobre los “comentarios y análisis realizados por la Policía Nacional(32), a los abonados interceptados y que hacen parte de la organización de las familias Gómez y Zúñiga”, en los que se relacionan las conversaciones que el señor Plinio Zúñiga sostuvo con Marcel, Eller, Adriano, Elder y Beto, respecto de quienes Plinio Zúñiga diría en su indagatoria, no eran conocidos suyos, ni haber tenido comunicación alguna con ellos. Sin embargo, en el informe se lee que fueron varias las ocasiones en que el señor Zúñiga sostuvo conversaciones con cada uno de ellos y en desarrollo de las que se hicieron alusiones a “drogas que salieron malas”, así como comentarios acerca de una operación que se estaría adelantando contra narcotraficantes amigos de quienes intervenían en las conversaciones interceptadas, sobre “la sacada de la mula”, y sobre algún dinero que les habían incautado, comentarios, entre otros que permiten concluir a la Sala que el señor Zúñiga, sí tenía conocimiento de estas personas y había interactuado telefónicamente con ellos, pues los temas que se dialogaron en esas oportunidades, no son temas intrascendentes como para que no tuviese recuerdo de ellos.
Así las cosas, la Sala encuentra elementos de juicio que le permiten concluir que Plinio Zúñiga conocía a estas personas, que participó en conversaciones telefónicas con ellos en las que se hizo alusión a conductas criminales relacionadas con los hechos materia de investigación criminal, y que llegado el momento, no prestó colaboración a la administración de justicia para que se adelantara una investigación con miras a establecer prontamente la verdad sobre estos hechos que evidentemente conocía, circunstancia esta que resultó determinante para que se impusiera la medida de aseguramiento que lo mantuvo privado de la libertad hasta tanto se produjo la preclusión de la investigación.
En tales condiciones, la Fiscalía contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, y aunque su conducta no mereció reproche definitivo en el campo penal para la Sala es claro que el actuar del señor Zúñiga resultó determinante para que el ente investigador librara la medida de aseguramiento el mismo día en que tomó su versión indagatoria, pues la investigación adelantada desde meses anteriores por la Policía Nacional evidenciaba su vinculación con personas que hablaban con él de hechos relacionados con los delitos objeto de investigación, y Zúñiga, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de explicar su proceder y evitar que se librara la medida de aseguramiento, optó por negar el conocimiento de personas y de hechos que conocía y cuyo esclarecimiento resultaba útil para infirmar indicios que obraban en su contra.
Así, a términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 interpretados a la luz del artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante fue contrario a los estándares de cuidado y diligencia que aún una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y declarará, en relación con el daño cuya reparación él, y por rebote sus familiares cercanos pretenden, la causal eximente de responsabilidad prevista en la norma en cita.
En suma, como se anticipó en el pequeño marco conceptual de estas consideraciones, aunque la justicia penal precluyó la investigación adelantada, ello no quiere decir que pueda esta jurisdicción pasar por alto la culpa del penalmente investigado, pues esta obra como eximente de responsabilidad patrimonial para la entidad demandada. Por tanto, se confirmará la decisión recurrida, por ahora en relación con la falta de mérito para proferir condena en beneficio del señor Plinio Zúñiga.
Ahora bien, la Sala encuentra que, contrario a lo que ocurre con Plinio Zúñiga, en el caso de la señora Ángela María Quiroga Valencia, ésta no estaba en el deber de soportar el daño padecido y que se concretó en la privación de libertad de que fue objeto pues observa que la misma Fiscalía, al motivar la medida de aseguramiento en contra de la señora Ángela María, manifestó lo siguiente:
“8. PRUEBAS EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD DE ÁNGELA MARÍA QUIROGA.
8.1. SINOPSIS DE LOS CARGOS. Se la escuchó en indagatoria por la presunta comisión del delito de conservación de la heroína y la morfina encontrada en su residencia al momento del allanamiento.
8.2. DETALLE DE LOS CARGOS. Como bien conocemos, ÁNGELA MARÍA no figuraba en los informes de inteligencia que dieron lugar a este sumario, y mucho menos podemos afirmar que se tuviera idea de actividad ilícita suya. Pero en el acta de la diligencia de allanamiento a folio 131 del cuaderno 2 de este expediente, leemos que en parte muy principal de la vivienda de esta dama, en una de las habitaciones donde había un computador, se encontró un total de tres envoltorios que contenían sustancias de olor fuerte. Para nadie en ese hogar era ajeno la existencia de esos materiales. Menos para quien vivía ahí día y noche. (…)”(33) (subrayado propio).
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación, el catorce (14) de agosto de dos mil tres (2003), procedió a calificar el sumario dentro de la investigación a la que se entraba vinculada la señora Ángela María Quiroga, y ordenó la preclusión de la instrucción en razón a lo siguiente:
“(…) ANGÉLICA MARÍA QUIROGA VALENCIA. La captura suya se verifica en su hogar, al igual que la de su esposo VLADIMIR ZÚÑIGA MUÑOZ, sitio donde el personal que interviene en la diligencia de allanamiento y registro encuentra, entre otras cosas, sustancias solidadas y liquidas, a las que una vez practicados los peritazgos de rigor, resulto (sic) ser la primera heroína en cantidad superior a un (1) kilo. En diligencia de indagatoria, la señora QUIROGA VALENCIA manifiesta que no sabe el motivo por el cual se encontraba eso en su casa; desconoce a las personas que se le enuncian, salvo aquellas con las que tiene vínculos familiares y se declara inocente de los cargos que se le imputan, incluidos los hechos en los que está involucrado LÁZARO en la capital de la República.
Sobre el particular, puede decidirse que no existe en el informativo ningún elemento de juicio que vincule a ÁNGELA MARÍA en la actividad delictiva de la organización de marras, en ninguna de sus fases, llámese producción, transporte o distribución, y, menos, que la incrimine en el hallazgo de sustancia controlada en su morada. No podemos pasar por alto que desde el principio, al definirle la situación jurídica provisional, el funcionario instructor de la época fue claro al señalar que ella “… no figuraba en los informes de inteligencia que dieron lugar a este sumario…”, fundamentando la medida en su contra en el hallazgo del clorhidrato, circunstancia que en el actual momento procesal ha dejado de ser gravosa para esta incriminada, toda vez que su cónyuge, además de exonerarla expresamente, se hizo responsable de tal conducta en la correspondiente diligencia para efectos del trámite de sentencia anticipada; a lo antes expresado debe añadirse que el criterio de esta oficina esgrimido al momento de decidir su participación en el caso RAMÍREZ VARGAS, se ha mantenido incólume hasta el presente, en ausencia de probanza alguna que en contrario predique.
Así las cosas, sin necesidad de recurrir a elaborados raciocinios pero en elemental ejercicio de equidad, podemos concluir que deberá absolverse de responsabilidad y, en consecuencia, se decretará en su favor la preclusión de la instrucción de los dos (2) cargos por el delito de tráfico de estupefacientes, tanto por lo encontrado en su residencia, como por el caso de LÁZARO”.
Nótese que en el caso de la señora Ángela María, la Fiscalía únicamente contaba, al momento del decreto de su detención, con la prueba de que en su lugar de residencia que naturalmente compartía con su cónyuge, al momento del allanamiento se había encontrado un kilo de heroína, sustancia que Vladimir Zúñiga (cónyuge de Ángela María) aceptó haber llevado a la casa sin que su consorte tuviera idea de ello. Durante toda la investigación y hasta el momento en que el ente investigador calificó el mérito del sumario y decidió precluir la investigación, no existió ninguna otra prueba que comprometiese la responsabilidad penal de la señora Quiroga Valencia. Por lo anterior, para la Sala es claro que el ente investigador libró la medida de aseguramiento en contra de ésta, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000, norma que señalaba que para librar la medida de aseguramiento se requería por lo menos de dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso, de modo que no le estaba permitido el decreto de su detención con único fundamento en la siguiente argumentación falaz y prejuiciada: “En la antigüedad, cuando la mujer prácticamente carecía de todo derecho, inclusive el de expresión, podía aducirse que ella no respondía penalmente si callaba ante los delitos de su marido. Pero hoy en día, cuando toda la sociedad se ha hecho consciente de la igualdad entre los sexos, el silencio y el apoyo de la mujer a los malos actos de su compañero, la hacen coautora, o por lo menos participe, obligada a responder penalmente, porque sus acciones son libres”. Con este argumento, que desconoce los postulados contenidos en el artículo 33 de la C.N. y desarrollados en el artículo 28 de la Ley 600 de 2000, sustituyó el Fiscal las exigencias probatorias de ley, pues no existía ninguna prueba que la incriminara.
Por consiguiente, encuentra la Sala que, en el caso de Ángela María Quiroga Valencia, la privación de la libertad no solo fue injusta, sino que además constituye una falla en el servicio que compromete la responsabilidad de la entidad demandada, razón por la que no comparte la decisión tomada por el a quo en el sentido de negar las pretensiones de la demanda en este proceso y que conduce a revocar la decisión de primera instancia.
Dicho lo anterior, la Sala procederá a hacer el pronunciamiento respecto del reconocimiento de los perjuicios reclamados por Ángela María Quiroga Valencia y su grupo familiar.
3.5.1. De los perjuicios inmateriales.
3.5.1.1. De los perjuicios morales.
La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014 las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación Injusta de la libertad. Para definir la fórmula aplicable a la liquidar el valor de la compensación por daño moral en casos de privación injusta de la libertad se valió de las siguientes reglas de experiencia: a) los parientes más próximos a la víctima directa se afligen por causa de la injusticia que entraña la aplicación injusta de este tipo de medidas a ésta; y b) a mayor aflicción mayor es el daño moral. Estas reglas, aplicadas a este tipo de daño, permitieron inferir que la mayor aflicción deviene de la mayor proximidad del parentesco acreditado entre la víctima directa y los demás perjudicados los casos de privación y que, a mayor extensión de la pena, mayor es, también la aflicción.
Así las cosas, la jurisprudencia unificada definió cinco niveles aflicción posibles en atención al tipo y grado de parentesco probado entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y en procura del resarcimiento del daño moral por este tipo de medidas, y con base en ello, adoptó la regla que revela la siguiente tabla de topes indemnizatorios:
En el presente caso, se ordenará el pago de perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para: a) Ángela María Quiroga Valencia (víctima de la privación injusta); b) Guillermo Quiroga y María Valencia Iván, quienes son los progenitores de ésta según se puede establecer con las copias auténticas del registro civil de nacimiento que se encuentran incorporabas al expediente a folios siete (7) del cuaderno de primera instancia; y c) a su hermanos Martha Yaneth Valencia, Carlos Arturo Quiroga Valencia, Lina María Quiroga Valencia y Paola Andrea Quiroga Valencia, tal y como se acredita con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento que obran a folios cuatro (4), cinco (5), seis (6) y ocho (8) del cuaderno ya referido, en atención a los criterios trazados en la tabla relacionada con anterioridad.
De otra parte, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales reclamados por su cónyuge Vladimir Zúñiga, quien si bien acreditó la existencia del vínculo matrimonial que lo une a la víctima directa, no tiene derecho a dicho reconocimiento por cuanto fue precisamente éste quien generó su congoja y dolor por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Ángela María, toda vez que como él mismo lo narró introdujo en su hogar la sustancia que fue incautada por el cuerpo técnico de la Policía, siendo esta la única prueba que llevó a que se librara la medida de aseguramiento en contra de la señora Ángela María. Por tanto, las pretensiones reclamadas por Vladimir Zúñiga se denegarán.
Así, se tiene por probado que la señora Ángela María Quiroga Valencia fue privada de la libertad desde el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002), por lo que atendiendo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta corporación, se reconoce en este caso a la víctima directa y a sus progenitores Guillermo Quiroga y María Valencia Iván, noventa (90) SMLMV para cada uno, y a los señores Martha Yaneth Valencia, Carlos Arturo Quiroga Valencia, Lina María Quiroga Valencia y Paola Andrea Quiroga Valencia (hermanos de la víctima directa), cuarenta y cinco (45) SMLMV, para cada uno.
Ángela María Quiroga Valencia 90 SMLMV
Guillermo Quiroga 90 SMLMV
María Valencia Iván 90 SMLMV
Martha Yaneth Valencia 45 SMLMV
Carlos Arturo Quiroga Valencia 45 SMLMV
Lina María Quiroga Valencia 45 SMLMV
Paola Andrea Quiroga Valencia 45 SMLMV
3.5.1.2. Del daño a bienes constitucionales.
La parte actora solicitó la indemnización por “daño a la vida en relación”, terminología utilizada jurisprudencialmente para la época de la presentación de la demanda, pero que en la actualidad tipifica el daño que la corporación ha reconocido como afectación de los bienes constitucionalmente protegidos.
La Sala evidencia que este perjuicio lo basa la parte demandante en la pérdida de goce de la compañía de su familia y de las personas que conformaban su núcleo relacional próximo, por cuanto no pudo reunirse con aquella ni con sus amigos, así como en la afectación que sufrió en el derecho a disfrutar de los placeres que entrañan actividades lúdicas tales como la práctica de sus deportes favoritos. Empero, la Sala observa que la demandante no reconstruyó la memoria de su vida cotidiana antes de su detención, de modo que resulta imposible la verificación de la cualificación de la pérdida predicada, además de que el goce de esta clase de actividades está inmerso en el derecho a la libertad, razón por la que este no será reconocido.
Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”(34).
En relación con los perjuicios materiales a título de lucro cesante, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de treinta millones de pesos ($ 30.000.000) correspondientes a las sumas de dinero que dejó de percibir, al no poder trabajar en su ocupación habitual en el ámbito de la cosmetología y la belleza.
Sin embargo, como al expediente solo se aportó, para probar dicho perjuicio, la certificación expedida por la Academia de Belleza Carrusel, en la que hace constar que la señora Ángela María realizó en el año dos mil uno (2001) el curso de cosmetología y peluquería pero no se dio razón de la efectiva prestación de servicios por parte de ésta en el ámbito de su formación, y los testimonios recaudados refieren su desempeño como empleada de un almacén y de manera genérica y no circunstanciada en “cosmetología”, la Sala encuentra probado que Ángela María Quiroga desarrollaba una actividad lucrativa sin que se tenga conocimiento cierto de la renta que de esta derivaba.
Por tanto, en aplicación de la presunción según la cual toda persona en edad laboral devenga al menos un salario mínimo legal mensual vigente, liquidará el lucro cesante con base en el salario mínimo legal vigente para el año 2018, es decir, setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($ 781.242). El período que indemnizar, será el comprendido entre el dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) y el seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002) más los 8,75 meses(35), para un total de 20,79 meses.
Por lo anterior, el monto a reconocer a favor de Ángela María Quiroga Valencia, por concepto de lucro cesante, asciende a la suma de diecisiete millones cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos con seis centavos ($ 17.048.589,6).
En consecuencia, la Sala reconocerá los perjuicios de orden moral y material liquidados en este acápite, y denegará las demás pretensiones por no encontrarse probadas.
3.5.2.2. Del daño emergente.
La demandante y recurrente Ángela María Quiroga Valencia formuló pretensión de condena resarcitoria de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente causados con ocasión del pago que hubo de hacer al abogado Alberto German Ortiz Moncayo, de honorarios profesionales en retribución por sus servicios como defensor técnico suyo dentro del proceso que cursó en la fiscalía sexta especializada de Cali por los delitos de tráfico de estupefaciente y concierto para delinquir con fines de narcotráfico; de la manutención suya en el centro penitenciario y de la financiación de las expensas familiares durante su detención.
Para probar los hechos en los que fundó esta pretensión, la señora Quiroga Valencia aportó, únicamente, como documento adjunto de la demanda, un certificado extendido por el referido profesional del Derecho, en el que hizo constar que recibió de aquella por tal concepto, la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) m./cte.
El documento así incorporado al proceso estuvo a disposición de las partes sin que se formulara tacha alguna en su contra, y sin que la parte a quien competía su contradicción hubiera solicitado su ratificación(36). Por tanto, procede la Sala a su valoración a la luz de la Sana crítica, tarea que le permitirá abordar, con propósitos de unificación, los siguientes problemas que ya han sido tratados en las tres subsecciones de Sección Tercera en oportunidades anteriores(37):
Para desatar estas inquietudes, la Sala encuentra pertinente el desarrollo de las siguientes reflexiones:
La remuneración de los servicios profesionales constituye uno de los extremos en el marco de las obligaciones de un contrato de mandato que solo requiere para su perfeccionamiento, del consentimiento de las partes, pues el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, aceptación que puede, incluso, ser tácita, mediante la realización de actos de ejecución del mandato. Esta última característica mueve a inferir que cualquier medio de convicción relativo al acuerdo de voluntades entre mandante y mandatario que revele su objeto, y que, respecto del mandato oneroso, dé cuenta de la contraprestación convenida para remunerar la gestión, es prueba pertinente para la acreditación de la existencia de relación de mandato.
Pero, no basta con la acreditación del vínculo, si lo que se pretende es que el daño que derivó el mandante en esa relación por causa de su cumplimiento sea trasladado a otro patrimonio a manera de reparación. En tal caso, será necesario que se demuestre la ejecución efectiva del mandato por parte del mandatario, tanto como el pago por parte del mandante, de la suma convenida para retribución de los servicios de aquel. De esta manera, se demuestra la relación causal existente entre el desembolso acreditado y la causa del daño cuya reparación se pretende.
Cuando sólo se ha traído al proceso de reparación la prueba del mandato y de su ejecución, pero no se ha acreditado el quantum del importe pagado por los servicios, esta corporación ha recurrido al empleo de criterios auxiliares para determinar el monto razonable que pudo tener el egreso por tal concepto.
En otras oportunidades, se ha traído al proceso contencioso la prueba de la ejecución del mandato acompañada de otros elementos de juicio (de ordinario una certificación extendida por el profesional del derecho que ofició como defensor) que dan cuenta de una suma que se dijo cancelada en contraprestación de los servicios del abogado defensor, pero la suma resulta excesivamente alta, a los ojos del juez, frente a lo que usualmente suele reconocerse por ese concepto.
En tales casos, se pregunta la Sala, ¿basta la certificación extendida por el abogado, de que recibió una determinada suma de dinero por honorarios de la parte actora, para tener dicho valor como cierto?
Lo primero que ha de decirse es que la respuesta a este interrogante remite a la valoración integral de la prueba, sin perder de vista que la misma legislación civil alude en varias normas supletivas de voluntad, a la carta de pago como documento idóneo para formalizar no sólo su cuantía, sino el concepto, la forma de imputación y los efectos especiales del pago de las obligaciones, y que conforme al numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, es obligación del abogado, “suscribir recibos cada vez que perciban dineros, cualquiera que sea su concepto”, pero sin que en modo alguno, esta normativa entrañe una restricción del marco de libertad probatoria que rige la materia. Entonces, el juez apreciará el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que obren en el expediente y que puedan ser útiles para la formación del convencimiento sobre el quantum del desembolso realizado, siempre de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En segundo lugar, podría decirse que no basta con la certificación del pago de los honorarios para obtener el reconocimiento del daño emergente en este tipo de eventos, pues para ese efecto resulta pertinente la revisión por parte del juez, de las piezas procesales traídas al contencioso administrativo, del proceso penal, pues a través de ellas se puede constatar si quien extendió la certificación de pago de honorarios fue la misma persona que prestó los servicios profesionales de defensa técnica al allí encartado y pretendiente de reparación en el proceso de responsabilidad.
En tercer lugar, se impone considerar que, cuando de la valoración de la prueba documental se trata, su objeto reside en la constatación de la autenticidad del instrumento probatorio, así como en la verificación de su aptitud para reflejar con fidelidad los hechos que en él se representan (para el caso, el monto del importe pagado al abogado en contraprestación por sus servicios como defensor), tarea que adelanta el juez con apoyo en la lógica, la ciencia, y la experiencia, y que ha de traducirse en la expresión de razones para determinar su valor.
En este punto, aunque no parece existir duda en la jurisprudencia de las subsecciones de la Sección Tercera, el problema no siempre se ha planteado en forma explícita, y su solución no ha conducido a resultados homologables. En algunas oportunidades se ha atendido al quantum de los honorarios certificados por el apoderado sin consideración a su significativo monto(38); en otras, se ha desestimado el valor del pago por concepto de honorarios que fue certificado por el abogado, porque el juez consideró que la suma del pago así certificado resultaba ser excesiva en relación con lo que ordinariamente ocurre en la defensa de casos similares(39), desproporcionada respecto de las actuaciones desplegadas por el togado dentro del proceso penal, en consideración a su complejidad y al indicador referencial tomado de la tarifa mínima de honorarios profesionales establecida por el Colegio Nacional de Abogados(40), o sensiblemente superiores o inferiores(41) a esta última(42).
La adopción de un criterio unificado, a juicio de la Sala, tendría fuente normativa en los artículos 174, 175 y 187 de C.P.C. (hoy 164, 165 y 176 C.G. del P); 1.626, 1.757, 2.143 y 2.184 ordinal 3º del Código Civil Colombiano.
En efecto, ha de partirse de la idea base de que, en el mandato pactado a título oneroso, la remuneración se encuentra determinada por el convenio de las partes, aunque la ley intervenga excepcionalmente el quantum de la remuneración (que no es el caso), y el juez tenga competencia para fijar su monto a través de trámite incidental o de proceso declarativo, cuando exista silencio o discusión entre las partes sobre aquel. También parece importante tomar en consideración que la ley obliga al mandante al pago de la remuneración estipulada, sin que le esté permitido sustraerse de él so pretexto del resultado de la gestión encomendada o de la comprobada existencia de alternativas de servicios más económicos en el mercado, salvo cuando la culpa del mandatario ha incidido en tal resultado.
Significa lo anteriormente expuesto que nuestro ordenamiento jurídico no impone límites a la autonomía de la voluntad de las partes que intervienen en la celebración del contrato de mandato judicial, sin perjuicio, sí, de las consecuencias disciplinarias que puedan derivarse para el profesional del derecho, por causa del abuso que pueda comportar una tasación injustificadamente alta de sus honorarios, dado el estado de debilidad que según regla elemental de experiencia, acusa quien se ve abocado a recabar la mejor defensa para el bien preciado de su libertad.
Pero, no parece razonable revertir al juicio de reparación del daño emergente, los efectos que el ordenamiento jurídico deriva al profesional del derecho por abuso de una suerte de posición dominante en la relación de servicios. Una consecuencia tal, comporta una minimización del principio de reparación integral de la víctima, y connota, por demás, un signo de revictimización.
En ese contexto, cabe preguntar, si la conducta que no le está permitida a las partes vinculadas en la relación de mandato, le está permitida al juez ante quien pretende probar el mandante, el pago realizado del importe de los honorarios por servicios prestados por su mandatario, en otro proceso anterior.
Esta pregunta ha de responderse, también, afirmativamente, pues se trata de dos juicios diferentes, uno de responsabilidad contractual, entre mandante y mandatario; y otro, de responsabilidad aquiliana, entre quien realizó un egreso en condición de mandante, y un tercero a quien pretende trasladar las consecuencias del daño, concretizadas en ese desembolso.
En este segundo juicio, la valoración de la prueba del quantum del importe pagado al mandatario resulta procedente, no sólo en la perspectiva de determinar el mérito que se encuentre en la prueba para la acreditación de la realidad de ese pago, sino aún en orden a verificar la razonabilidad del valor, sin consideración a que su pago hubiere sido real. Esto último porque atañe a la víctima la diligencia necesaria para evitar la agravación del daño por causa de la contratación poco diligente de este servicio. En ese sentido, sin embargo, el juicio puede ser moderado por causa de la particular debilidad que acusa la persona en estado de privación de la libertad al momento de la contratación de los servicios de su defensor.
Así las cosas, la Sala se plantea la siguiente cuestión: ¿qué elementos de juicio, aparte de la apreciación subjetiva, o del conocimiento privado del juez, pueden fundamentar válidamente la duda respecto del valor de la realidad del pago de los honorarios certificado por su receptor?(43)
La respuesta a esta pregunta remitiría, bien a pruebas ciertas que contradigan el monto que ha sido certificado, bien a pruebas indiciarias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los extremos subjetivos del contrato de mandato; o bien a elementos de juicio ciertos que puedan ser traídos válidamente al proceso, y que den cuenta del comportamiento promedio del mercado de servicios profesionales de defensa judicial.
Las pruebas que de manera directa o indiciaria podrían contradecir el importe del pago certificado, que vendrían al proceso como natural resultado del ejercicio del derecho de contradicción por la parte contra quien se presenta la certificación, o como producto del decreto oficioso de pruebas en primera instancia, suelen estar ausentes del expediente contencioso. Tampoco cuenta el juez con estudios indicadores del costo medio del mercado imperfecto de servicios de defensa judicial.
Estas las razones por las que de ordinario se ha apelado al referente de las tarifas fijadas por Conalbos. El recurso a esta tarifa, en cuanto alude específicamente a los servicios profesionales de defensa dentro del proceso penal, resulta más pertinente que el empleo del Acuerdo 1887 de 2003 que regulaba las tarifas para efectos de la fijación de agencias en derecho, ajenas como son estas al derecho penal(44), aunque no debe perder de vista el juez que la tarifa allí señalada lo ha sido con el propósito expreso de “evitar la competencia desleal en el ejercicio de la profesión”. Configura, por tanto, un “piso”, no un “techo”, ni siquiera un promedio de costos en el mercado, circunstancia esta que mueve a una ponderación de dicho referente tarifario en función de las variables objetivas que el mismo estatuto indica como determinantes del valor final del servicio, en cuanto resulten compatibles con el desempeño del abogado en materia penal, y se puedan inferir al menos indiciariamente de las pruebas que obren en el expediente:
a) El tipo de gestión encomendada: para efectos penales, resultan determinantes, no sólo las fases de indagación, investigación, juzgamiento, recursos ordinarios y/o extraordinarios que comprenda la actuación realizada por el abogado; los elementos probatorios requeridos para demostrar la inocencia o para controvertir las pruebas de la sindicación, y la facilidad o dificultad que exista para obtener una decisión favorable al sindicado, sino también el tipo de conducta o conductas que se endilgan, pues una elemental regla de experiencia indicaría que la sindicación de conductas punibles en concurso, de delitos que comprometen la vida y el patrimonio público, así como delitos conexos con el narcotráfico, suelen causar honorarios más altos que otro tipo de delitos de menor impacto social. Con base en esa regla de experiencia, se estimará razonable el pago de los honorarios certificados que supere hasta en un cien por ciento el mínimo raso fijado en la tarifa para cada actuación.
b) La condición económica del poderdante: Para este efecto, se entenderá razonable el incremento que según la certificación, haya tenido el honorario, hasta en un cien por ciento, sobre la tarifa mínima fijada por Conalbos, si las rentas o los bienes de capital del defendido permiten apreciar que su solvencia económica que le permitía contratar tales servicios sin compromiso de su status.
c) Lugar de prestación del servicio: en casos en los que se demuestre que el apoderado tenía por sede principal de sus actividades a un municipio diferente de aquel en el que se desarrolló la defensa judicial y aún, de aquel en que estuvo privado de la libertad su defendido, el valor del honorario podrá incrementarse en un porcentaje de hasta un treinta por ciento (30%) sobre la tarifa mínima.
Al margen de estas variables, quien pretenda trasladar a otro patrimonio, a título de daño emergente, el importe de honorarios que pagó a su defensor en exceso del valor final resultante de la ponderación de los criterios recogidos en los literales precedentes, deberá probar la razonabilidad del pago con empleo de medios de prueba pertinentes y conducentes para la demostración de la cualificada experiencia profesional, especialización y/o trayectoria del abogado, así como el empleo efectivo de servicios auxiliares de investigación asociados a la defensa en el marco del sistema penal acusatorio comprobables, cuando menos, en las piezas procesales trasladadas del proceso penal.
Visto lo anterior, para el caso en estudio la Sala encuentra que Ángela María Quiroga Valencia anexó al expediente la certificación(45) expedida por Alberto German Ortiz Moncayo, identificado con la C.C. 12.954.956, con T.P.14.451 del C.S.J., en la que éste hizo constar que aquella canceló veinte millones de pesos ($ 20.000.000) por concepto de honorarios en razón a la defensa hecha dentro del proceso penal seguido contra ésta, la suma antes referida, y la Sala ha constatado, con revisión de las copias que se aportaron a esta actuación, del expediente que documenta el proceso penal, que quien extendió la certificación fue el profesional del derecho que la asistió y representó en dicho proceso.
En atención a la conducta punible que se le endilgaba, en relación con el tráfico de narcóticos, la sala encuentra razonable que el pago convenido superara en un cien por ciento el mínimo tarifario previsto en la tabla de Conalbos.
No obran en el expediente pruebas que permitan predicar conocer la condición económica de la señora Quiroga Valencia, pero, al tenor de la renta presunta que hubo de considerar la Sala para la determinación de sus rentas, no encuentra una acreditada solvencia que le permitiera pagar, en atención a su status económico, unos honorarios superiores al mínimo resultante de la ponderación de otros factores.
No encontrando prueba de ningún otro factor que incida en el monto del daño emergente a reconocer, la Sala encuentra pertinente adoptar el referente actualizado de la tarifa de honorarios profesionales adoptadas por Conalbos para entender que el costo razonable del egreso realizado por la señora Quiroga Valencia en retribución de los servicios de defensa judicial penal, y que se trasladará a manera de condena de resarcimiento de título del daño emergente a la aquí demandada, es el resultante de la siguiente estimación:
a) Consulta verbal: Dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 (doble del referente tarifario).
b) Visita a cárcel y recepción de documentos: Cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 (doble del referente tarifario).
c) Asistencia a indagatoria ante fiscal seccional: seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 (doble del referente tarifario).
d) Etapa instructiva ante fiscal seccional: diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 (doble del referente tarifario).
En consideración a esta estimación, la Sala proferirá condena a la Nación y con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a indemnizar el daño emergente causado a Ángela María Quiroga Valencia, por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 17.191.328).
REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la señora Ángela María Quiroga Valencia, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. CONDÉNASE, como consecuencia de lo anterior, Nación - Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar las siguientes sumas:
A la señora de Ángela María Quiroga Valencia, por concepto de lucro cesante la suma de diecisiete millones cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos con seis centavos ($ 17.048.589,6), y por concepto de daño emergente la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 17.191.328).
3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
6. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse las copias auténticas con las constancias de ley, al apoderado que ha venido actuando a lo largo del proceso.
9 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
10 Folio 162, c. 1.
11 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750
12 Sentencia de 30 de septiembre de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00. El pleno de la Sección Tercera había unificado su jurisprudencia en el mismo sentido en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022.
13 Sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12789; 9 de junio de 2010, Exp. 18078.
14 Folio 174, c. 3.
15 Folios 426 y 427, c. 3.
16 Folio 339, c. 3.
17 Folios 102 a 173, c. 3.
18 Folios 41 a 51, c. 3.
19 Folios 45 a 100, c. 3.
20 Folios 317 a 318, c. 3.
21 Folios 319 a 323, c. 3.
22 Folios 323 a 325, c. 3.
23 Folios 328 a 330, c. 3.
24 Folio 335, c. 3.
25 Folios 339 a 346, c. 3.
26 Folios 399 a 413, c. 3.
27 Folios 399 a 413, c. 3.
28 Folios 723 a 777, c. 4.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01 (23354).
30 Folios 328-330, c. 3.
31 Folios 335 a 338, c. 3.
32 Folios 7 a 33, c. 3.
33 Folios 132 y 133, c. 3.
34 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidad civil, 6ª edición, Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.
35 En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido: “En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)”.
36 Código de Procedimieno Civil. Artículo 277.—“Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.
“2. Los documentos privados de contenido declarativo se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.
37 Cfr. Consejo de Estado, S. de lo C.A., Sección Tercera, Subsección B. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), Rad. 15001-23-31-000-2000-02026-01(35886); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2015, Exp. 25664;
38 Cfr. C. de E., Sección tercera, Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017), Rad. 25000-23-26-000-2006-02136-01(39544); C. de E. Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), Rad. 81001-23-31-000-2009-10013-01(40378); C. de E., Sección Tercera, Subsección A. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), Rad. 73001-23-31-000-2009-00542-01 (41054).
39 Cfr. C. de E. Sección Tercera, Subsección B. C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo, ocho (8) de julio de dos mil dieciséis (2016), Rad. 25000-23-26-000-2002-02039-01 (37902);
40 Cfr. C. de E. Sección Tercera, Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth, cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), Rad. 05001-23-31-000-2002-02561-01 (41536).
41 También se ha recurrido a criterios auxiliares cuando la cuantía de la condena solicitada por concepto de indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios de abogado en el proceso penal resultaba inferior a la fijada en la tabla de Conalbos (Cfr. Sentencia del 2 de mayo de 2017, Exp. 38775).
42 Cfr. Subsección B. C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo, trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), Rad. 25000-23-26-000-2005-02508-01(43531; Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), Rad. 73001-23-31-000-2008-00628-01(37995); Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, catorce (14) de Marzo de dos mil dieciséis (2016). Rad. 73001-23-31-000-2002-02597-01 (29840).
43 (sic).
44 Ahora, si bien hay notables diferencias entre las agencias en derecho y los honorarios del abogado en tanto que aquellas corresponden a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, se decretan en favor de la parte, no de su representante judicial, por decisión discrecional que adopta el juez con base en los criterios establecidos en el artículo 366-4 del Código General del Proceso (antes 393-3 del C.P.C.), mientras los honorarios corresponden a la retribución o pago a una persona que ejerce una profesión liberal por la prestación de sus servicios.
45 Folio 10, c. 1.

References: ARTÍCULO 356
 ARTÍCULO 33
 artículo 136
 artículo 185
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 90
in dubio
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 3
 artículo 355
 artículo 356
 artículo 70
 artículo 63
e contrario
 artículo 356
 artículo 33
 artículo 28
 artículo 28
 Artículo 277
 artículo 366