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Timestamp: 2019-06-17 15:03:33+00:00

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Empresas de servicios públicos deben proteger el derecho a la seguridad personal mediante medidas que eviten eventuales peligros ( Sentencia 25000231500020110137501) – Con Toda Propiedad
Empresas de servicios públicos deben proteger el derecho a la seguridad personal mediante medidas que eviten eventuales peligros ( Sentencia 25000231500020110137501)
Radicación número: 25000-23-15-000-2011-01375-01(AC)
Actor: MARGOTH GARCIA DE PALMA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 30 de junio de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por medio del cual se rechazó por improcedente el amparo solicitado.
La solicitud de amparo y las pretensiones.
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Margoth García de Palma, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la vida, a la integridad física, a la igualdad y de los niños a un ambiente sano, presuntamente vulnerados por la Nación-Procuraduría General de la Nación y Codensa S. A. E. S. P.
Como consecuencia del amparo de los derechos invocados, solicitó imponer a las entidades accionadas las sanciones correspondientes y, si el juez de tutela lo estima pertinente, condenarlas a pagar una indemnización.
Los hechos y las consideraciones de la accionante.
Señaló que presentó un escrito ante Codensa S. A. E. S. P. el día 17 de mayo de 2011, en el que solicitó: i) la realización de una visita al inmueble ubicado en la Carrera 18F bis No. 08 sur-35, del Municipio de Soacha, con el fin de constatar la existencia de un poste ubicado a menos de un metro de su predio y el peligro que el mismo está generando, y ii) la reubicación del poste con el propósito de iniciar la construcción del segundo nivel de su vivienda.
Afirmó que Condensa y la Procuraduría General de la Nación, autoridad ante la cual expuso su situación, no han dado una respuesta positiva y de fondo a lo solicitado.
Trámite procesal e informe de las entidades accionadas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante auto de 16 de junio de 2011 (fl. 17), admitió la acción de tutela de la referencia, en consecuencia, ordenó notificar a la Nación-Procuraduría General de la Nación y Codensa S. A. E. S. P.
-La Procuraduría General de la Nación, mediante memorial visible en los folios 30 a 33, manifestó que la queja de la accionante fue radicada bajo el número 166568 y repartida al Procurador Segundo Distrital de Bogotá, y que al no tener relación con el ámbito de competencia del Ministerio Público, fue remitida a la E. S. P. Codensa S. A.
La E. S. P. Codensa S. A., se opuso a las pretensiones del escrito de tutela, por las razones que se exponen a continuación (fl. 40-42):
Resaltó que en presente asunto se presenta una carencia actual de objeto, dado que no se vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, pues se dio respuesta de fondo a lo pedido.
Lo anterior, ya que se envió una cuadrilla al predio de la demandante con el fin de verificar la existencia de la infraestructura eléctrica, y se dio respuesta a su solicitud, indicándole a la peticionaria que no era posible acceder a sus peticiones, es decir, que no era procedente dar traslado al poste, ya que éste se “encontraba ubicado en el espacio público y respetando las distancias, y no aparece como lógico y como legal que la usuaria invada (con la construcción del segundo piso que está adelantando) el espacio público en el que está correctamente ubicada la infraestructura y adicionalmente solicite que se retire el poste”.
Frente a la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad y de los niños a un ambiente sano, relató que en el presente caso no se evidencia acción u omisión imputable a Codensa, dado que fue la accionante la que obró contra el Reglamento Técnico de Infraestructura en cuanto a las distancias mínimas que deben guardarse respecto a las instalaciones eléctricas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en sentencia de 30 de junio de 2011, rechazó por improcedente el amparo solicitado, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación (fls. 60-73):
En la providencia impugnada se hicieron algunas consideraciones sobre la procedencia de la acción de tutela, resaltando su carácter excepcional y subsidiario, por lo que señaló que ante la existencia de medios ordinarios naturales para ventilar tales conflictos, sólo puede ser utilizada como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable.
De otra parte, el A quo hizo algunas consideraciones sobre el contenido del derecho fundamental de petición, citando para tal efecto la sentencia T-008 de 1992 de la Corte Constitucional.
Descendiendo al sub judice, respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición, señaló que el escrito presentado por la accionante el día 17 de mayo de 2011 ante la Procuraduría General de la Nación, fue remitido por competencia a Codensa S. A. E. S. P. mediante oficio de 14 de junio de 2011, y que dicha remisión fue informada a la interesada el 21 de junio por correo, es decir, que esa autoridad obró en armonía con lo dispuesto en el artículo 33 del C. C. A.
Frente a la respuesta dada por Condensa S. A., consideró que ésta fue clara, de fondo y coherente con lo solicitado, pues además de explicarle a la interesada las razones jurídicas por las cuales no se podía mover el poste, le advirtió que los riesgos que podrían correr ella y su familia, obedecían a la ampliación de la edificación con voladizos excesivos, lo que disminuyó las distancias de seguridad mínimas entre las redes eléctricas y su inmueble.
De otra parte, el Tribunal concluyó que la situación planteada por la demandante se escapa del conocimiento del juez de tutela, ya que no se evidencia un perjuicio cierto e inminente para la peticionaria y su familia que amerite la protección constitucional, toda vez de conformidad con la fotografía aportada con el escrito de tutela, su predio no se encuentra habitado en la actualidad.
Posteriormente, el A quo afirmó que la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, pues puede controvertir las respuestas dadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ejerciendo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, el Tribunal exhortó a la demandante para que tome las medidas de precaución necesarias para evitar la cercanía de sus hijos a los cables de alta y baja tensión.
La parte accionante manifestó su desacuerdo respecto a la decisión de primera instancia en el memorial visible en el folio 74 del expediente, por las razones que se resumen a continuación:
Sobre la procedibilidad de la acción de tutela, manifestó que es el mecanismo idóneo para resolver el asunto de la referencia, en el sentido que la salud e integridad física de ella y su familia se encuentran en riesgo con la existencia del poste, situación que podría ocasionar un perjuicio irremediable.
Además, indicó que la infraestructura eléctrica les impide construir el segundo nivel de su casa, edificación que fue autorizada mediante licencia de construcción por las autoridades competentes, lo que viola su derecho a la propiedad privada, pues le impide ejercer los atributos propios del dominio.
Previo a decidir la impugnación interpuesta, con el fin tener mayor claridad sobre los hechos expuestos, mediante auto del 16 de agosto de 2011 se requirió a la Curaduría Urbana No. 2 de Soacha en los siguientes términos (fls.84-85):
Por Secretaría, notifíquese por el medio más expedito y eficaz, al Curador Urbano No. 2 de Soacha, sobre la existencia de este proceso, a fin de que en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, manifieste lo que considere pertinente frente a los hechos y pretensiones expuestos por la señora Margoth Sierra de Palma. Para tal efecto, envíesele copia del escrito de tutela, de la sentencia controvertida y de la impugnación presentada por la parte accionante
Ofíciese a la Curaduría Urbana No. 2 de Soacha, para que en el término de dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia y por el medio más expedito, informe sobre los siguientes aspectos:
Si concedió licencia de construcción sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50S-40504792, ubicado en el Municipio de Soacha, en la dirección Carrera 18F Bis No. 8-35 sur, la cual fue solicitada por la señora Margoth Sierra de Palma, con C. C. 28.711.376.
En caso positivo, señale los términos en que se otorgó tal permiso, en especial el área del proyecto y las distancias de seguridad entre las redes de electricidad y la construcción, y allegue copia de la resolución por la cual se concedió la referida licencia, así como de los antecedentes administrativos que dieron origen a dicho acto.”
Transcurrido el plazo concedido, la Curaduría Urbana No. 2 de Soacha expuso lo siguiente (fls. 94-95):
Que la Curaduría otorgó a la accionante la licencia de construcción para el bien inmueble ubicado en Carrera 18F Bis No. 8-35 sur, mediante Resolución 102 de 2009.
Que la edificación en comento se encuentra ubicada en la tercera etapa de la urbanización Quintas de Santa Ana, que fue autorizada mediante Resolución No. 005 de 1992, y que con la autorización la urbanizadora debió presentar ante la respectiva empresa de servicios públicos el proyecto de redes e instalaciones para su correspondiente aprobación.
En este sentido, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aún existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.
Sin embargo, la Corte ha señalado que la existencia de otros medios de defensa judicial, no es por sí misma razón suficiente para dar lugar a la declaratoria de improcedencia del amparo constitucional, ya que es necesario entrar a considerar (i) si dicho mecanismo es eficaz para restablecer el derecho y (ii) la necesidad de proteger el mismo de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable[1].
El derecho fundamental a la seguridad personal.
La Corte Constitucional, en sentencias T-719 de 2003 y T-634 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, definió el contenido y el ámbito del derecho a la seguridad personal.
La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados[2].”
Sobre el derecho de petición.
4.1. El núcleo esencial del derecho de petición
«….El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. ….Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. …. «.
Para el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional a lo largo de múltiples y reiteradas providencias al respecto, ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición consiste en la certidumbre “de que, independientemente de lo que se solicita, se habrá de obtener una respuesta oportuna y de fondo”.[3]
“El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición”.[4]
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. La propuesta debe ser puesta en conocimiento del Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. (…)”[5]
La Sala comparte las apreciaciones formuladas en el precedente jurisprudencial descrito, por lo que concluye que la garantía constitucional del artículo 23 no se satisface simplemente al obtener una respuesta de las autoridades, sino una resolución clara, precisa y congruente con lo solicitado, independiente que ésta sea contraria o favorable a los intereses del suplicante.
La Sala considera necesario traer a colación el artículo 33 del C.C.A., por cuanto el mismo establece el procedimiento a seguir cuando un derecho de petición es presentado o remitido a un funcionario que no es competente para resolverlo.
“ARTICULO 33. FUNCIONARIO INCOMPETENTE. Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días.”
Además con el artículo 33 del C.C.A., no sólo se busca garantizar que se dé una respuesta en la forma antes señalada, sino que la misma se suministre de manera eficiente, y por ende que la remisión no se convierta en un obstáculo o en una excusa para no emitir oportunamente el pronunciamiento requerido, motivo por el cual se establece que el funcionario incompetente dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud debe informar de tal situación al peticionario, y adicionalmente, que el competente tiene el mismo término para resolverla.
Si la actuación de la Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante.
Si la E. S. P. Codensa S. A. vulneró los derechos de petición, a la vida y a la seguridad personal de la accionante y su familia, al indicarle que el comportamiento de la empresa fue ajustado a las normas existentes y negarse a trasladar un poste de luz que tiene una ubicación muy cercana del segundo piso que piensa construir en su propiedad.
En el folio 6, obra el escrito presentado por la tutelante el día 17 de mayo de 2011, dirigido a la E.S.P. Codensa S. A., con copia a la Procuraduría General de la Nación, en el que solicitó: i) la realización de una visita al inmueble ubicado en la Carrera 18F bis No. 08 sur-35, del Municipio de Soacha, con el fin de constatar la existencia de un poste ubicado a menos de un metro de su predio y el peligro que el mismo representa; y ii) la reubicación del poste con el propósito de iniciar la construcción del segundo nivel.
La accionante inició las obras correspondientes, una vez la construcción en comento fue autorizada por la Curaduría No. 2 de Soacha mediante Resolución 102 de 2009 (fls. 114-118)
La empresa Codensa S. A. le manifestó a la accionante que no se podía mover el poste contiguo a su inmueble (fls. 11 y 12).
Según la fotografía anexada (fl. 13), la demandante pretende construir un segundo piso que excede algunos decímetros el área del primer nivel.
Sobre la respuesta dada por la Procuraduría General de la Nación, obra al folio 23 del expediente el Oficio SIAF-166568 sin fecha, suscrito por la sustanciadora del Procurador Segundo Distrital, mediante el cual se pretende informar a la interesada que mediante auto de 14 de junio de 2011 se remitió por competencia su petición a la Empresa Codensa S. A (fl 58).
Ante la falta de elementos que permitieran concluir que la accionante tuvo conocimiento de la remisión de que trata el artículo 33 del C. C. A., pues por el solo hecho de la introducción del documento al correo no se puede llegar a tal conclusión[6], se estableció contacto vía telefónica con la interesada, quien afirmó que efectivamente recibió la referida comunicación (fl. 132).
Frente a la respuesta emitida por Codensa S. A., se advierte en los folios 11 y 12 el escrito mediante el cual la referida empresa le indicó a la accionante después de la visita que realizó a su inmueble, que no se podía mover el poste contiguo a éste, ya que la disminución de las distancias de seguridad mínimas entre las redes eléctricas y su fachada, obedecía a la ampliación de la edificación con voladizos excesivos, y le aconsejó tomar varias medidas de precaución.
Para la Sala la referida respuesta fue completa, de fondo y congruente con lo solicitado, pues Codensa S. A. señaló a la demandante los motivos por los cuales no podía acceder a su petición, además, le recomendó a la accionante unas medidas de seguridad y le indicó que de continuar con las obras se generaría un riesgo para los habitantes de la edificación y el personal que adelanta las obras.
De otra parte, se advierte que con la construcción mencionada se acercó más el inmueble ubicado en la Carrera 18F bis No. 08sur-35, del Municipio de Soacha a la parte alta del poste de electricidad (fl. 13), situación que produce, en palabras de misma empresa de servicios públicos, Codensa S. A, un peligro real, tanto así que en su respuesta advirtió a la accionante de abstenerse de acercar estructuras metálicas a la red de alta tensión (fls. 11-12).
Asimismo, la Sala observa que la accionante inició las obras correspondientes, actuación que constituye una manifestación legítima de su derecho de propiedad, con la confianza de que su proceder se ajustaba a las normas urbanísticas, toda vez que la construcción en comento fue autorizada por la Curaduría No. 2 de Soacha mediante Resolución 102 de 2009 (fls. 114-118).
En ese orden de ideas, cabe resaltar que Codensa S. A., como compañía prestadora del servicio público de energía eléctrica, actividad que genera un riesgo excepcional, es responsable de proteger a la comunidad de los riesgos causados por tal actividad, y por ende, debe realizar los estudios necesarios para evaluar el nivel de gravedad y prevenir cualquier contingencia en la prestación del servicio, más aún si un ciudadano que advirtió el peligro, pidió que se estimará su magnitud[7].
Frente a la situación descrita, se reitera que según la Corte Constitucional el derecho a la seguridad personal incluye, entre otras: i) la obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso, la existencia, las características y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado, y ii) definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que éste se materialice.
Estima la Sala necesario resaltar que en casos como el presente, no es constitucionalmente admisible esperar a que el nivel de riesgo aumente o en el peor de los casos se concrete, para tomar las medidas de protección correspondientes, basta con que éste haya sido advertido y que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, pues de obrar en sentido contrario se impondría al ciudadano la carga de enfrentar un riesgo excepcional por su cuenta, proceder contrario al principio de solidaridad.
Teniendo en cuenta que se encuentran amenazados los derechos a la vida y a la seguridad personal de la accionante y de su grupo familiar, y que la E. S. P. Codensa S. A. tiene la obligación de evaluar concienzudamente la situación de la interesada sobre los riesgos de culminar la construcción del segundo piso del inmueble de su propiedad, y definir las medidas de protección adecuadas para evitar su materialización por la prestación del servicio, se ordenará a la referida empresa que evalúe los riesgos en los que se encuentran la accionante, sus familiares y el personal que adelanta las obras, y proceda a señalar y tomar las medidas de seguridad correspondientes.
Finalmente, estima la Sala importante reiterar, que la intervención del juez de tutela en el presente caso, no es un reconocimiento del cumplimiento de la accionante de la normatividad urbana relativa a la construcción de una placa superior cerca de estructuras eléctricas; o de que la empresa de energía y la urbanizadora o la constructora del conjunto residencial donde se encuentra ubicado el inmueble, fueron las que contravinieron la reglamentación respectiva, al errar en la ubicación y diseño de la conducción eléctrica y sus soportes; o que la Curaduría Urbana otorgó la licencia de construcción sin verificar el cumplimiento de la normatividad o la invasión del espacio público, pues dichos temas escapan a la orbita del juez constitucional.
Tutelar los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal de la accionante y su núcleo familiar. En consecuencia, y como quiera que en el caso no se tiene plena certeza sobre la magnitud del peligro y del grado de afectación de los interesados, se ordenará a la referida empresa que en el término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta providencia, evalúe de forma pormenorizada los riesgos en los que se encuentran la accionante, sus familiares y el personal que adelanta o adelantará la construcción del segundo piso del inmueble ubicado en la Carrera 18F bis No. 08 sur-35, del Municipio de Soacha, en especial, las posibilidades reales de que los cables en cuestión sean manipulados, la probabilidad de que el eventual deterioro de la protección de los cables eléctricos cause un daño a la integridad física y las implicaciones de la proximidad del poste a la construcción para la salud.
Además, en atención a que el A quo no hizo una mención expresa al derecho fundamental de petición de la demandante frente a la Procuraduría General de la Nación y la Empresa Codensa S. A. en la parte resolutiva de la sentencia, se adicionará ésta para negar el amparo solicitado frente a este derecho.
Primero: REVOCASE parcialmente la sentencia de 30 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en cuanto rechazó por improcedente el amparo solicitado por Margoth García de Palma, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,
Segundo: ORDENASE a Codensa S.A. E.S.P. que en el término treinta (30) días a partir de la notificación de esta providencia:
Evalúe de forma pormenorizada los riesgos en los que se encuentran la accionante, sus familiares y el personal que adelanta o adelantará la construcción del segundo piso del inmueble ubicado en la Carrera 18f bis No. 08 sur-35, del Municipio de Soacha, en especial, las posibilidades reales de que los cables en cuestión sean manipulados por los posibles residentes de la futura edificación y el personal que adelanta las obras, la probabilidad de que el eventual deterioro de la protección de los cables eléctricos cause un daño a la integridad física y las implicaciones de la proximidad del poste de energía a la construcción para la salud.
Una vez realizado dicho estudio, proceda a señalar las medidas que habrán de ser tomadas, así como adoptar las decisiones de su competencia a que haya lugar, para evitar el peligro identificado, entre las que pueden encontrarse la reubicación del referido poste.
Tercero: ADICIONASE la parte resolutiva de la anterior providencia, en el sentido de NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición de la demandante frente a la Procuraduría General de la Nación y la E. S. P. Codensa S. A.
Sexto: Envíese copia de esta sentencia al Tribunal de origen.
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