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Timestamp: 2020-06-05 13:40:45+00:00

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Sentencia 1563-09 de 11-03-2010
CONCILIACION PREJUDICIAL – Es requisito de procedibilidad de la acción cuando el asunto es conciliable
Con la expedición de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009 el legislador introdujo varias modificaciones a la Ley 270 de 1996, entre ellas, la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Sobre el particular, el artículo 13 de la citada norma señaló como requisito de procedibilidad, para el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y controversias contractuales, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. De la norma en cita se advierte que la conciliación extrajudicial únicamente se exige como requisito de procedibilidad cuando el asunto que se pretende controvertir en sede jurisdiccional, tenga el carácter de conciliable. No obstante ello, la norma no señaló las pautas o criterios que le permitieran al juez identificar la naturaleza de los asuntos que eventualmente pueden someterse al trámite de la conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009. ARTICULO 13 / LEY 270 DE 1996
CONCILIACION PREJUDICIAL EN MATERIA LABORAL – Principio de irrenunciabilidad. Antecedente jurisprudencial / CONCILIACION PREJUDICIAL EN MATERIA LABORAL – Es admisible cuando recae en derechos inciertos discutibles / PENSION DE JUBILACION – No es conciliable por ser un derecho irrenunciable, cierto e indiscutible
El artículo 53 de la Constitución Política estable como garantía fundamental en materia laboral, el principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el cual refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para todo trabajador tiene el derecho laboral. De tal forma que las garantías establecidas en su favor, no puedan voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia. Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano, y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada. Así lo preceptúa el artículo 14 de Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables.”.Sobre este particular, debe decirse que el derecho a la seguridad social, en punto de la prestación pensional, constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable, del trabajador, el cual hace parte de las condiciones de dignidad y justicia que deben orientar toda relación laboral. De acuerdo con la norma transcrita, y las consideraciones que anteceden, la conciliación y la transacción como mecanismos alternativos para la solución de conflictos sólo resultan admisibles en las controversias que giran en torno a derechos inciertos y discutibles razón por la cual, no resulta procedente exigir como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, prevista en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, si lo que se quiere discutir, como en este caso, es la legalidad de una prestación pensional dado su carácter de derecho irrenunciable, cierto e indiscutible. Bajo estos supuestos, la Sala revocará el auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual “no se admitió” la presente demanda para, en su lugar, disponer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la admita, y resuelva sobre la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, como quiera que se encuentran satisfechos los restantes presupuestos exigidos por el C.C.A. para su admisibilidad.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 53 / CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO – ARTICULO 14 / LEY 1285 DE 2009 – ARTICULO 13
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil diez (2010).
Radicación número: 25000-23-25-000-2009-00130-01(1563-09)
Actor: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A. y por intermedio de apoderado, solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución No. 1214 de 16 de diciembre de 1993, expedida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante la cual se decretó y ordenó el pago de un reajuste especial sobre la pensión de jubilación que viene percibiendo la señora Nohra Peralta Ibáñez, en su condición de cónyuge supérsite del señor Alberto Arbeláez Londoño y de la Resolución No. 1657 de 30 de diciembre de 1994, expedida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República mediante la cual, se resolvió una solicitud de reajuste especial sobre la citada prestación pensional.
A título de restablecimiento del derecho solicitó, que se declare que el señor Alberto Arbeláez Londoño nunca tuvo la calidad de congresista durante el período que laboró en el Congreso de la República; que la señora Nohra Peralta Ibáñez no tiene derecho al reajuste especial ordenado sobre la pensión de jubilación que viene percibiendo, esto es, el previsto para los ex-congresistas y, en consecuencia, proceda a reintegrar en favor del Fondo de Previsión Social del congreso de la República el mayor valor producto de los reajustes especiales reconocidos sobre la citada prestación pensional.
Adicionalmente solicitó, que se ordene la suspensión provisional de los actos acusados de acuerdo con el artículo 152 del C.C.A. No obstante ello, con el fin de de garantizar el mínimo vital de la demandada pidió que, durante el curso del proceso se le siga pagando la pensión de jubilación, en las condiciones en que fue reconocida inicialmente mediante la Resolución 0203 de 20 de junio de 1989.
Sostuvo el Tribunal que, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, “en la modalidad de lesividad”, solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. 1214 de 16 de diciembre de 1993 y 1657 de 30 de diciembre de 1994, expedidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante las cuales se ordenó el reajuste especial previsto para los ex congresistas sobre la pensión de jubilación que viene percibiendo la señora Nohra Peralta Ibáñez en su condición de cónyuge supérsite del señor Alberto Arbeláez Londoño.
El 31 de marzo de 1987, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante Resolución No. 0008 le reconoció al señor Alberto Arbeláez Londoño una pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía de 88.907.90, a partir del 1 de octubre de 1986 (fls. 34 a 36).
Según registro de defunción visible a folio 44 del expediente el señor Alberto Arbeláez Londoño murió el 7 de febrero de 1989. Con fundamento en este hecho, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República mediante Resolución No. 0203 de 20 de junio de 1988 sustituyó a favor de la señora Nohra Peralta Ibáñez la pensión de jubilación que venía percibiendo el causante, en su condición de cónyuge supérstite (fls. 45 a 46).
Posteriormente, mediante las Resoluciones Nos. 1214 de 16 de diciembre de 1993 y 1657 de 30 de diciembre de 1994, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, ordenó el reajuste especial previsto para los ex congresistas sobre la referida prestación pensional (fls. 47 a 49 y 51 a 55).
No obstante lo anterior, por Resolución No. 0238 de 29 de febrero de 1996 el Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República revocó directamente las Resoluciones No. 1214 de 16 de diciembre de 1993 y 1657 de 30 de diciembre de 1994, con el argumento de que el reajuste efectuado sobre la pensión que venía percibiendo la señora Nohra Peralta Ibáñez tenía el carácter de irregular (fls. 72 a 76).
El 4 de julio de 1997 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda formulada por la señora Nohra Peralta Ibáñez en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, tendientes a obtener la nulidad de la Resolución No. 0238 de 1996. Por su parte, el Consejo de Estado mediante sentencia de 17 de junio de 1999, al desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior decisión, declaró la nulidad del acto acusado señalando que “los actos administrativos que reconocen una situación jurídica individual están amparados por una presunción de legalidad que les da una eficacia legal plena mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente.” (fls. 114 a 131 y 208 a 214).
La Procuraduría 56 Administrativa de Bogotá D.C., mediante acta No. 857- de 22 de septiembre de 2009 declaró fallido el trámite de la conciliación extrajudicial adelantado entre el Fondo de Previsión Social del Congreso y la Señora Nohra Peralta Ibáñez (fls. 261 a 262).
“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”.
Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano, y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada. Así lo preceptúa el artículo 14 de Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables.”.
Así lo ha sostenido esta Sección1:
“ (…) Es indispensable no perder de vista que son materia de conciliación, derechos que tengan el carácter de “inciertos y discutibles” estos son los autorizados por el artículo 53 de la Carta Política, y a los que hace referencia la Ley Estatutaria al establecer dicho requisito “… cuando los asuntos sean conciliables…”
La anterior, es la razón de ser del condicionamiento señalado en la ley, para exigir la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad del contencioso administrativo laboral “…cuando los asuntos sean conciliables…” de lo contrario el legislador no hubiera consignado dicha frase.
De acuerdo con la norma transcrita, y las consideraciones que anteceden, la conciliación y la transacción como mecanismos alternativos para la solución de conflictos sólo resultan admisibles en las controversias que giran en torno a derechos inciertos y discutibles razón por la cual, no resulta procedente exigir como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, prevista en el artículo 13 de la Ley 1285 de 20092, si lo que se quiere discutir, como en este caso, es la legalidad de una prestación pensional dado su carácter de derecho irrenunciable, cierto e indiscutible.
Bajo estos supuestos, la Sala revocará el auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual “no se admitió” la presente demanda para, en su lugar, disponer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la admita, y resuelva sobre la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, como quiera que se encuentran satisfechos los restantes presupuestos exigidos por el C.C.A. para su admisibilidad.
Devuélvase al Tribunal de origen y Cúmplase
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References: artículo 13
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 85
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 artículo 152
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 artículo 14
 artículo 53
 artículo 13