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Timestamp: 2017-07-21 23:20:37+00:00

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Cámaras de casación -minoría-Uploaded by FedericoPinedoRelated InterestsConstitutional RightCase LawJudgeProcedural LawJurisdictionRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Dictamen de comisión del PRO sobre Cámaras de Casación.View MoreDictamen de comisión del PRO sobre Cámaras de Casación.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDictamen de minoríaHonorable Cámara: Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, han considerado el mensaje 376/13 del Poder Ejecutivo y el proyecto de ley, en revisión, por el cual se crean la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial (expediente 11-S2013), y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja rechazarlo. Sala de las comisiones, 23 de abril de 2013.
El proyecto de ley bajo análisis tiene por objeto crear tres nuevas cámaras de casación, a saber: i) la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal; ii) la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social; y iii) la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial de la Nación, todas ellas con sede en la Capital Federal. Por las razones expuestas en el presente informe, se aconseja el rechazo del proyecto.
I. Contexto. Paquete de proyectos
Antes de analizar el proyecto en sí mismo, es necesario y conveniente considerar el contexto dentro del cual la iniciativa ha sido remitida al Congreso. Es importante, en efecto, tener presente que este proyecto integra, junto con otros cinco, una propuesta bastante general y abarcadora referida al Poder Judicial de la Nación. Dentro de ese paquete de proyectos los hay más importantes y trascendentes y de menor relevancia. Este último no sería el caso del proyecto bajo análisis, pero igualmente sería un error considerarlo y analizarlo aisladamente, sin tener en cuenta la totalidad de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Porque si se analizan y tienen en cuenta los seis proyectos que forman parte de la iniciativa, se podrá advertir el verdadero sentido y propósito que mediante ellos se persigue. Desde nuestro punto de vista, está claro que ese propósito no es otro más que debilitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la doble vía de recortar grandemente su competencia jurisdiccional y también sus facultades administrativas. Se busca, en síntesis, que el más alto tribunal de la república resuelva la menor cantidad posible de causas y, a la vez, deje de ser quien gobierna y conduce al Poder Judicial de la Nación. Estos propósitos quedan bien a la luz y en evidencia, muy particularmente, al analizar el proyecto ingresado al Senado mediante expediente PE-5/13 (mensaje 375/13) por el cual se propicia una reforma integral y de enormes consecuencias al Consejo de la Magistratura creado por el artículo 114 de la Constitución Nacional. Mediante esa iniciativa, a la cual en su momento nos referiremos en particular, no solo se propone recortar las atribuciones de la Corte Suprema, sino también aumentar el número de integrantes del consejo, establecer la elección popular de algunos de sus integrantes y reducir las mayorías necesarias para resolver la designación y destitución de jueces. En síntesis, se busca convertir al Consejo de la Magistratura en un órgano político más, sometido a las luchas y disputas políticas de las cuales, paradójicamente, los
constituyentes de 1994 quisieron apartar al procedimiento de designación y remoción de magistrados nacionales. En otros términos, se nos propone una gravísima vuelta atrás, un retroceso a prácticas y trámites que creíamos haber superado. Por ende, todos los proyectos que integran el paquete remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo deben ser analizados y considerados bajo esta premisa, la de que no son propuestas aisladas sino parte de una decisión política de enorme trascendencia destinada a modificar sustancial y gravemente el funcionamiento y el rol del Poder Judicial de la Nación. No debemos cometer el error de considerar aislada o individualmente los proyectos. Debemos hacerlo en conjunto y teniendo siempre presente la verdadera finalidad que mediante ellos se persigue, para evitar la equivocación de avalar, aunque sea parcialmente, una reforma nefasta para la independencia del Poder Judicial. No podemos permitir que se oculten a la opinión pública los enormes perjuicios que algunos de los proyectos causarían, por el hecho de que otros contengan iniciativas en apariencia ―y solo en apariencia― bien inspiradas. De todas maneras y más allá de su apariencia, ninguno de los proyectos merece ser aprobado. Todos contienen, en mayor o menor medida, vicios de legalidad y defectos conceptuales. Y lo que es peor, ninguno está de verdad destinado a concretar una mejora en el funcionamiento de la justicia o a lograr que ella sea más accesible y eficiente para todos los ciudadanos, como se ha expresado públicamente para intentar justificar este verdadero ataque a la independencia del Poder Judicial. En el caso particular de este proyecto de creación de nuevas cámaras de casación, aparece con brutal evidencia el propósito de alterar gravemente el trámite del juicio que desvela al gobierno, que no es otro que el promovido por el grupo Clarín respecto de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual ("Grupo Clarín S.A. y otros c/Poder Ejecutivo nacional y otro s/Acción meramente declarativa", expte. 119/2010). En efecto, la combinación de los artículos 7° y 15 del proyecto demuestra con notoria claridad el objetivo de que esa causa, recientemente resuelta en segunda instancia por la sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (sentencia del 17/4/2013), pase en apelación a la nueva Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial que se crearía en caso de aprobarse el proyecto de ley (art. 1°). La pretensión, en caso de concretarse, implicaría la creación de una comisión especial, expresamente prohibida por el artículo 18 de la Constitución nacional, y la desaparición de cualquier resto de seguridad jurídica que pudiera todavía existir en nuestro país.
II. Trámite parlamentario exprés. Afectación del rol del Congreso
Además de las razones sustanciales, concurren también razones procedimentales que llevan a propiciar el rechazo de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo.
Nos referimos, concretamente, al trámite parlamentario ultra rápido que se ha aplicado a las iniciativas y que afecta el rol constitucional del Congreso de la Nación. Ese trámite exprés pone de manifiesto la inexistencia de voluntad de diálogo, estudio y debate serio de la mayoría oficialista. El tratamiento de los proyectos en plenario de comisiones, en lugar del procedimiento normal de tratarlo en cada comisión por separado, limita el debate e impide la reflexión serena. Lo cual se agrava frente al hecho de que un día después del tratamiento en comisión los proyectos serán sometidos al debate del pleno de la cámara, sin que haya transcurrido el plazo del artículo 113 del Reglamento. La modernización del Poder Judicial es un tema importante y pendiente, que ha generado una enorme cantidad de iniciativas. Existen numerosos proyectos presentados por diversos diputados y senadores, pero esos proyectos duermen en los cajones de las comisiones porque el oficialismo se niega a discutirlos y, como en este caso, sólo cita a las comisiones para tratar ―sin debate ni posibilidad de r eformas― los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. En este contexto, los seis proyectos deben ser rechazados porque no implican ninguna mejora sustancial en el servicio de justicia, ni benefician al ciudadano y, para peor, se nos exige tratarlos mediante un trámite parlamentario velocísimo y de dudosa legalidad. Mientras tanto, los proyectos que sí mejorarían a la justicia, como ocurre con muchos de los presentados por los legisladores, no se debaten ni consideran. Entre ellos podemos citar: creación de tribunales de menor cuantía, regulación del arbitraje, reglamentación de las acciones de clase y colectivas, creación de fiscalías anticorrupción, traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires de los fueros ordinarios del Poder Judicial de la Nación, reglamentación del juicio por jurados, instauración de la oralidad y tantísimos más. Con las precedentes salvedades, pasamos al análisis de esta iniciativa en particular.
III. Afectación de los derechos del justiciable
La creación de las nuevas cámaras que el proyecto propone no aporta beneficio alguno para los justiciables o para el servicio de justicia. Muy por el contrario, afecta los derechos de los ciudadanos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia rápida y eficiente. Porque la competencia prevista para las nuevas cámaras es tan amplia y tan alejada de lo que deberían ser verdaderos tribunales de casación, que en verdad constituirán una tercera instancia ordinaria que provocará enormes demoras en la finalización de los juicios. Y no hay que perder de vista que la violación de estos derechos, consagrados en tratados de derechos humanos, puede generar la responsabilidad del Estado argentino ante tribunales internacionales.
1. Afectación del debido proceso, del derecho a la tutela judicial efectiva y a una justicia rápida El primero que no se beneficia sino más bien se perjudica con la reforma propuesta es el justiciable, es decir, el ciudadano que necesita acudir a la justicia para solicitar la protección de un derecho o ya se encuentra con un pleito en trámite. Si hay algo que caracteriza al servicio de justicia en nuestro país es la excesiva extensión temporal de los pleitos que tramitan en los tribunales. Toda persona que se haya visto en la necesidad acudir al Poder Judicial a solicitar la tutela de un derecho en la solución de un pleito, sabe que un juicio en Argentina demora años y, a veces, décadas. La "judicialización" de los conflictos de diversa índole se encuentra en franco crecimiento desde hace tiempo y la solución corresponde a un Poder Judicial cada vez más lento y burocrático. Buena parte de la responsabilidad por ese estado de cosas la tienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por cuanto no se debaten proyectos tendientes a acelerar los procesos y a modernizar la justicia, que existen al por mayor. Pues bien, el proyecto que se propone lo que menos hace es mejorar la situación actual. Muy por el contrario, la empeora, porque agrega una instancia más a las ya existentes y, para peor, mezclando la competencia federal con la nacional ordinaria. Se argumenta que existe un problema de falta de uniformidad de la jurisprudencia, pero, si ello fuera cierto, el proyecto no brinda una respuesta adecuada, como analizaremos más adelante. Porque no se crean tribunales de casación sino una tercera instancia ordinaria, dada la amplísima competencia que el proyecto contempla para las nuevas cámaras. Un proceso en primera instancia, según la complejidad del caso, puede tardar ―sin apelaciones intermedias, lo cual no es usual ― un promedio de tres años, como mínimo y con mucha suerte. Si alguna de las partes decide apelar, a esa etapa hay que agregar el trámite en segunda instancia. Pues bien, de sancionarse este proyecto, habría que agregar una instancia más, la de la cámara de casación. Por supuesto, si alguna de las partes desea seguir apelando, le quedará la última instancia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quien más provecho obtendría de esa innecesaria prolongación de los juicios sería el Estado, que se caracteriza como litigante por apelar indiscriminadamente toda decisión judicial que le resulte adversa hasta las últimas instancias, como técnica para dilatar el cumplimiento de la sentencia. Un claro ejemplo es la ANSES, que apela todas las resoluciones judiciales hasta donde le resulte posible hacerlo, con tal de demorar el pago de los reajustes previsionales. En definitiva, la creación de una instancia más sin razones que lo ameriten, afecta el derecho del ciudadano al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en espe5
cial a tener un proceso en un plazo razonable, e incluso a obtener una sentencia útil. Porque no basta sólo con que existan juzgados, jueces y normas procesales. El sistema debe permitir que el ciudadano pueda defender sus derechos a través del servicio de justicia en tiempo oportuno. Se sabe que una justicia que llega tarde, no es justicia. Los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva están garantizados en nuestra Constitución Nacional (art. 18) y en varios instrumentos internacionales, como la Declaración de Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 10), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (art. 18), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8° y 25), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14). Nuestra Corte Suprema, en consonancia con ello, tiene dicho que "la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Fallos 287-248; 289-181; 305-913)" (Fallos 324-1944). Asimismo, el máximo tribunal ha resuelto reiteradamente que "la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de «afianzar la justicia» enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional (Fallos 298-312; 300-1102; 302-299; 311-1644 y voto del juez Fayt en la causa C.019.XXII «Compañía Arenera del Río Luján c. De Castro», del 1° de septiembre de 1992 ―La Ley, 1993-A, 247―)" (Fallos 319-2151). Con relación a la inviolabilidad de defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5°, 18 y 33 de la Constitución Nacional) tiene resuelto la Corte Suprema que "dichas garantías constitucionales se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (sentencias del 12 de mayo y del 7 de julio de 1977, «Pileckas, Ernesto A.» y «Klosowsky, Víctor y otros», respectivamente)" (Fallos 300-1102). Por otra parte, debemos tener presente la interpretación contenciosa y consultiva que efectúan los organismos de aplicación de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y que generan responsabilidad para el Estado argentino. Esos tratados contienen diversas normas referidas a la cuestión del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que "toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" (art. 18). La Convención Americana sobre Derechos Humanos, reza que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (art. 8°). Asimismo, el artículo 25 del citado instrumento dice que "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Referenciadas alguna de las normas pertinentes a nuestro análisis, veamos ahora la interpretación que efectuaron los organismos internacionales encargados de su aplicación. Respecto de los artículos 8° y 25 de la convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretó que "de ambas disposiciones se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable" (informe 105/99, caso 10.194, "Narciso Palacios", 1999). Por su parte, en el reciente caso "Fornerón", la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales" (Corte IDH, caso "Fornerón e hija vs. Argentina", sentencia del 27 de abril de 2012). 2. Incumplimiento del deber internacional de adoptar medidas internas en materia de derechos humanos Reconocido el derecho de los ciudadanos de tener estructuras judiciales que le
aseguren decisiones judiciales en plazos razonables, este proyecto de ley, al agregar una instancia más implica una regresión en el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva. En el citado caso "Fornerón", la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que "este tribunal ha afirmado en otras oportunidades que 'en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas'. En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos". Más adelante, en el mismo caso, el tribunal señaló que "la Corte Interamericana ha interpretado que la adecuación de la normativa interna a los parámetros establecidos en la convención implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: a) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y b) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se satisface con la reforma, la derogación o la anulación de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segunda, obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir". En igual sentido, en la opinión consultiva 14/94 la Corte Interamericana sostuvo que "son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la convención". En definitiva, aunque la incorporación de una instancia más a la estructura judicial no significa, por sí misma, la violación del derecho a una justicia en "plazo razonable", lo cierto es que si analizamos la amplísima competencia que el proyecto de ley asigna a las nuevas cámaras, la conclusión no puede ser otra más que ellas están destinadas a convertirse en una tercera instancia ordinaria que sólo provocará dilaciones en los procesos (ver, art. 11 del proyecto). El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo no demuestra con ningún argumento que la creación de las cámaras de casación represente una medida tendiente a garantizar que los ciudadanos obtengan justicia en plazo razonable. Todo indica lo contrario, con lo cual de aprobarse por este Congreso, el Estado argentino estaría haciendo precisamente lo opuesto a lo que prescriben las pautas internaciones conforme relatamos, lo cual puede dar lugar a la responsabilidad de nuestro país
ante el sistema interamericano de derechos humanos.
IV. Conflicto con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y sus facultades de legislación y jurisdicción
El proyecto del Poder Ejecutivo también merece ser rechazado en tanto implica un claro retroceso en el proceso de traspaso de competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referido a las que actualmente todavía ejerce el Poder Judicial de la Nación. El artículo 129, primer párrafo, de la Constitución Nacional dispone que "la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad". Por su parte, el artículo 6° de la ley 24.588 establece que "el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes". En el mismo sentido, la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente establece que "se faculta al Gobierno de la Ciudad, para que convenga con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la ciudad, conservando su inamovilidad y jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la ciudad sea ejercida por sus propios jueces. Los que hayan sido designados antes del mencionado convenio pueden ser removidos sólo por los procedimientos y jurados previstos en la Constitución Nacional. Esta facultad no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo en términos diferentes, para lograr una transferencia racional de la función judicial. En todos los casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de recursos conforme al artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional". Todo sabemos que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, excepto respecto a algunos pocos delitos, la justicia ordinaria la ejerce el Poder Judicial de la Nación, que también desarrolla su función natural de justicia en asuntos federales (art. 116 de la Constitución Nacional). La intención de los convencionales de 1994 en relación con la Ciudad de Buenos Aires fue que este distrito tenga un gobierno autónomo, con facultades de legislación y jurisdicción, y así quedó plasmado en el artículo 129 de la Constitución. Es decir, que la ciudad debe tener un Poder Judicial propio que ejerza, al igual que las provincias, la justicia en aquellas materias de derecho común (art. 75, inc. 12). Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Poder Judicial en pleno funcionamiento, pero que no juzga sobre derecho común, excepto en algunos delitos
penales. La justicia local se compone por un Tribunal Superior de Justicia, y juzgados inferiores (cámaras de apelaciones y juzgados de primera instancia) con competencia en materia penal, contravencional y de faltas, así como contencioso administrativo y tributario. Vinculado a la función judicial, también la ciudad cuenta con un Ministerio Público fiscal, de la defensa, y tutelar. El proceso de transferencia de competencias de la justicia nacional ordinaria a la ciudad, en base a las normas que citamos, se viene realizando desde hace tiempo, y desde este punto el proyecto que propone el Poder Ejecutivo es un franco retroceso, porque buena parte de los fueros alcanzados por la competencia de las cámaras de casación que se propone crear están indefectiblemente destinados a ser transferidos a la ciudad. Entre los antecedentes, vale mencionar que el 7 de diciembre de 2000 se suscribió entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el convenio de "Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". El mismo fue ratificado por ley 597 de la ciudad y por ley 25.752 del Congreso. Entre los considerandos de este convenio se reconoció que "es evidente la necesidad de un traspaso progresivo de competencias". Por otra parte, el 1° de junio de 2004 ambos gobiernos suscribieron el "Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ratificado por ley 2257 de la ciudad y por ley 26.357 del Congreso, complementada por ley 26.702. Entre los fundamentos de dicho convenio, suscripto por el ex presidente Néstor Kirchner, se señaló que "la reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino". En otras palabras, la conducta coherente con este proceso y respetuosa de la Constitución Nacional, debería ser el traspaso de toda la justicia ordinaria que ejerce el Poder Judicial de la Nación, al Poder Judicial de la Ciudad. Lo que precisamente no hay que hacer, es crear nuevas instancias en la estructura de la justicia nacional que, según la Constitución y a casi 20 años de la reforma, debería estar ejerciendo la justicia porteña. Por otro lado, con el proyecto del Poder Ejecutivo se incrementa la discriminación que padecen los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto de sus pares de otros puntos del país. En efecto, en las provincias los legisladores y convencionales locales pueden decidir la estructura de su poder judicial, que decide sobre cuestiones de derecho común.
En cambio en la Ciudad de Buenos Aires, el fuero ordinario lo ejerce el Poder Judicial de la Nación, cuya estructura establece y modifica el Congreso de la Nación, como precisamente intenta hacer el proyecto bajo análisis. Por lo tanto los ciudadanos que viven en la ciudad tienen menos derechos, pues a través de sus representantes no pueden decidir el modelo de servicio de justicia que quieren en aquellas materias que hacen a su vida cotidiana, como es la materia de derecho común (civil, comercial, laboral, etc.) En conclusión y en relación con la estructura de la justicia nacional, la única iniciativa que debería debatir y sancionar este Congreso debería ser el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para juzgar en materia ordinaria, y no más ampliaciones o creación de nuevas instancias. Una vez transferido el fuero ordinario al Poder Judicial local, serán los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires quienes decidan, a través de sus representantes, la estructura e instancias que quieren para el servicio de justicia de su jurisdicción, en el marco de la autonomía que les asegura la Constitución.
V. El rol de la Corte Suprema en la estructura judicial
Otro de los puntos que corresponde analizar es el referido al rol que debe tener la Corte Suprema en la estructura judicial.
1. Cúmulo de causas que llegan a la CSJN En el proyecto del Poder Ejecutivo, se expresa que con la creación de las cámaras de casación "se descomprime el cúmulo de tareas que retrasan la labor del alto tribunal". Este supuesto aspecto positivo del proyecto no es tal, como lo demuestran las estadísticas, y siempre que entendamos que el temperamento correcto sería la transferencia del fuero ordinario a la ciudad. Veamos algunos números. En relación con la justicia ordinaria, según los datos oficiales del Poder Judicial de la Nación, al 1° de enero de 2011 estaban radicadas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 4051 causas, y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 3916. Es decir, un total de 7967 en materia ordinaria civil y comercial. Por su parte, en la justicia federal, según los datos de la misma fuente, en la misma fecha la Cámara Civil y Comercial Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires contaba con 812 causas. Esa abrumadora diferencia también se advierte en materia penal. Así, según estadísticas de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió 10.439 causas. Por su lado, el mismo año, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional resolvió 3088 causas.
Es decir, es notorio que el Poder Judicial de la Nación ocupa mayoritariamente sus recursos y esfuerzos en tramitar y resolver cuestiones de justicia ordinaria que debería ser transferida a la jurisdicción local. La circunstancia descripta, más los datos estadísticos, dan muestra cabal de que si lo que se quiere es reducir el trabajo de la Corte Suprema, lo que hay que hacer es transferir el fuero ordinario que actualmente ejerce el Poder Judicial de la Nación, al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Basta ver las cifras citadas para advertir, sin mucho esfuerzo, que el mayor cumulo de causas que puede llegar a la Corte Suprema corresponde a materia de justicia ordinaria, la cual ―insistimos― debería estar bajo la órbita de la justicia porteña. Si así fuera, y de manera análoga con lo que sucede en las provincias, el superior tribunal de la causa sería el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en los artículos 111 a 114 de la Constitución local. En esas condiciones, las apelaciones extraordinarias de las sentencias que dicten las cámaras nacionales en lo Civil, en lo Comercial, del Trabajo y de la Seguridad Social, serían resueltas por el Superior Tribunal de la ciudad y no habría necesidad alguna de una cámara de casación. De este modo, realmente se lograría descomprimir el cúmulo de trabajo de la Corte Suprema, qué podría dedicarse a su verdadero rol, esto es, ser garante de la Constitución Nacional y del derecho federal.
2. Acerca de una hipotética función casatoria de la Corte Suprema. Las vías recursivas planteadas en el proyecto En los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo se plantea que, en caso de aprobarse, las nuevas cámaras de casación disminuirán el trabajo de la Corte Suprema. Esto lleva implícita la hipótesis de que el máximo tribunal cumple actualmente una función casatoria, lo que no se corresponde con la realidad y diferencia a nuestra Corte Suprema de la estadounidense. En ese sentido, buena parte de la doctrina rechaza la idea de que la Corte Suprema argentina tenga una función casatoria. Al respecto, se ha dicho que "ni la ley 48, a través del recurso extraordinario, le otorga facultades para ello, ni la Corte las ha ejercido en el orden práctico" (Alberto Bianchi, Control de Constitucionalidad, tomo I, editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1ª edición, 1992, pág. 357). Por su parte "esta facultad sí existe, en cambio, en la Corte Suprema de Estados Unidos, pues la Regla 10 de Procedimiento se la confiere expresamente con ocasión del writ of certiorari, que en este punto es diferente del rechazo discrecional que emplea nuestra Corte a tenor del artículo 280 del Código Procesal. En efecto, la trascendencia a que alude esta norma procesal no se activa necesariamente frente a la necesidad de uniformar la jurisprudencia, lo que sí ocurre en el tribunal nor-
teamericano" (op. cit., págs. 357-358). Esta postura la sostiene la propia Corte, que tiene dicho que "no procede el recurso extraordinario para la unificación de jurisprudencia que se estima contradictoria en materia de derecho común y procesal" (Fallos 276-254, entre otros). Desde otro punto de vista, es bien conocida la regla jurisprudencial de que el análisis de cuestiones de derecho común, procesales y valoración de prueba, escapan a las competencias de la Corte Suprema atribuidas por la ley 48 (especialmente, artículos 14 y 15). En ese sentido, el máximo tribunal sostiene que "el principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto, lo cual resulta aplicable también a la jurisdicción de la Corte, a la que la Constitución Nacional, por buenas razones, le ha vedado el análisis de las cuestiones de derecho común, de modo que en el ámbito que es propio de los jueces competentes para la interpretación de tales materias, las decisiones que ellos adopten deben ser aceptadas también por los jueces de dicho tribunal, aun cuando de haber estado en aquel lugar hubieran preferido una solución diferente" (Fallos 333-866). En conclusión, las cámaras de casación no suplantan función alguna que realice la Corte Suprema, de manera tal de aminorar su trabajo. Sino antes bien estos nuevos tribunales, específicamente en lo que a la función casatoria se refiere, serán una nuestra estructura judicial adicional (con todo el gasto que ello implica) para hacer lo que actualmente ya realizan las cámaras de apelaciones a través del recurso de inaplicabilidad de ley y los fallos plenarios, regulados en los artículos 288 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que el proyecto del Poder Ejecutivo pretende derogar (ver art. 11 del proyecto).
VI. Comisión especial
El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional prescribe que "ningún habitante de la Nación puede ser… juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa" . Es lo que se conoce como la garantía del juez natural. El proyecto bajo análisis, tal como está concebido y con las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto originario, literalmente arrasa con esa garantía. En efecto, el artículo 7° del proyecto no sólo contempla la inconstitucional posibilidad de "establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces" de las nuevas cámaras, sino que además agrega que "hasta tanto las cámaras de casación creadas por el artículo 1° de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento".
La previsión es claramente inconstitucional. En primer lugar porque no existe posibilidad legal de abreviar los trámites de designación de jueces y mucho menos de integrar con jueces subrogantes o conjueces un tribunal que aún no está instalado ni ha comenzado a funcionar. Ni el artículo 114 de la Constitución ni la ley 24.937 contemplan la posibilidad de un "procedimiento abreviado" para la designación de jueces. Aceptar un "procedimiento abreviado" para la designación de jueces implica aceptar que se dejen de lado los procedimientos normales previstos en la Constitución y en las leyes reglamentarias. O, dicho de otra manera: implica violar las normas vigentes. Tampoco es posible aplicar un régimen de subrogancias para integrar un tribunal que nunca fue constituido ni mucho menos integrado. El único método legítimo de integrar un tribunal que se crea es mediante el procedimiento de concursos previsto en la ley 24.937 y en los reglamentos del Consejo de la Magistratura. Si aceptamos un "procedimiento abreviado" para la designación de jueces, también podríamos aceptarlo para la elección de diputados, senadores, gobernadores y hasta para el presidente de la Nación. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón que justificaría un caso pero impediría los restantes? Cuando el camino que se empieza a recorrer se aparta de la senda marcada por la Constitución el destino puede ser muy desagradable, tanto como la tiranía o la dictadura. Lo que se busca y pretende, hay que decirlo con todas las letras, es crear un tribunal ad-hoc, integrado con jueces ad-hoc, para que resuelva la inminente apelación del gobierno contra la sentencia que benefició al grupo Clarín en la disputa relativa a la ley de medios. Y eso no es otra cosa, en buen romance, más que crear una comisión especial para que juzgue y decida un caso particular y concreto; lo que nos saca del campo del derecho constitucional y nos traslada al campo del derecho penal. La Corte Suprema ha determinado que se viola la garantía del juez natural cuando se produce una sustracción arbitraria de una causa con el fin de cambiar el magistrado o tribunal llamado a resolverla ("Grisolía", Fallos 234-482). Esto es lo que ocurriría con el caso "Clarín" y el presente proyecto, mediante el cual se pretende atribuirle el conocimiento de la causa a un nuevo tribunal, hasta hoy inexistente, y para peor integrado por magistrados designados a dedo y de manera ilegal. Como se aprecia, son muchas las objeciones constitucionales, muchos los inconvenientes y muchas las dudas que ostenta el proyecto, frente a las cuales ninguna ventaja justifica la aprobación de la iniciativa. Por eso la rechazamos íntegramente.
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References: artículo 114
 artículo 18
 artículo 113
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 129
 artículo 6
 artículo 75
 artículo 129
 artículo 280
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 114
 Resolución