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Timestamp: 2018-02-22 20:46:01+00:00

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Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 1/2017, JCA - Barcelona, Sec. 1, Rec 55/2015, 12-01-2017 | Iberley
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 1/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 1, Rec 55/2015 de 12 de Enero de 2017
Sentencia Administrativo Nº 2/2016, JCA - Barcelona, Sec. 2, Rec 417/2014, 12-01-2016
Órden: Administrativo Fecha: 12/01/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Puig Muñoz, Elsa Num. Sentencia: 2/2016 Num. Recurso: 417/2014
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 15/2017, JCA - Barcelona, Sec. 1, Rec 92/2016, 24-01-2017
Órden: Administrativo Fecha: 24/01/2017 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Gonzalez Ruiz, Francisco Jose Num. Sentencia: 15/2017 Num. Recurso: 92/2016
Órden: Administrativo Fecha: 30/06/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Puig Muñoz, Elsa Num. Sentencia: 215/2016 Num. Recurso: 435/2015
Sentencia Administrativo Nº 10/2016, JCA - Málaga, Sec. 5, Rec 611/2015, 18-01-2016
Órden: Administrativo Fecha: 18/01/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Málaga Ponente: Macho Macho, Santiago Num. Sentencia: 10/2016 Num. Recurso: 611/2015
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 24/10/2017
Núm. Resolución: V2722-17
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 33.120, 30-11-2016
Ponente: Gonzalez Ruiz, Francisco Jose
Núm. Sentencia: 1/2017
Núm. Recurso: 55/2015
Núm. Cendoj: 08019450012017100010
Núm. Ecli: ES:JCA:2017:288
Núm. Roj: SJCA 288:2017
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE BARCELONA
Ciutat de la Justícia de Barcelona i d'Hospitalet (Edifici I, planta 12)
Procedimiento ordinario núm.: 55/2015-5
Parte actora: BLUE PARK BARBERA 22, SL
Representante parte actora: Procurador Jesús Acín Biota
Parte demandada: ORGANISME GESTIÓ TRIBUTÀRIA-DIPUTACIÓ BARCELONA
Representante parte demandada: Letrada Eva Gándara Espart
SENTENCIA Nº 1/2017
En la ciudad de Barcelona, a 12 de enero de 2017.
Vistos por mí, Francisco José González Ruiz, magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y su provincia, los autos del recurso contencioso administrativo de anterior referencia en los que ostentan la condición de parte actora la mercantilBLUE PARK BARBERA 22, SL, representada por el procurador Jesús Acín Biota y defendida por el letrado Guzmán Sans Sampietro, y la condición de parte demandada elORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representado y defendido por la letrada Eva Gándara Espart, en nombre de SM El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emanada del pueblo me confieren la Constitución y las leyes, he dictado la presente sentencia con arreglo a los siguientes
PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso contencioso administrativo por la parte recurrente dentro del plazo legal fijado el la Ley Jurisdiccional en fecha 12 de febrero de 2015, se dio trámite procesal adecuado por procedimiento ordinario, ordenándose reclamar el expediente administrativo de autos sin publicar anuncio de interposición del recurso al no solicitarlo así la parte recurrente.
SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro de plazo legal, lo que hizo ésta alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó precisos en orden a sus pretensiones y solicitando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y anulatoria de la actuación tributaria impugnada, peticionando asimismo la condena en costas de la parte contraria.
TERCERO.- Dado traslado del escrito de demanda a la parte demandada para que la contestara, así se verificó por ésta en el plazo legal, con oposición a la misma y solicitud de sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, interesando asimismo la condena en costas de la adversa.
CUARTO.- Por auto de 6 de octubre de 2015 se recibió el pleito a prueba, que debía versar sobre los puntos de hecho y los medios de prueba interesados por las partes, al tiempo que por decreto de 16 de junio anterior se fijó la cuantía del recurso en 61.248,06 euros. Propuesta por las partes y admitida por el juzgador la que lo fuera válidamente y en debida forma por aquéllas, seguidamente se practicó la prueba que resultó admitida con el resultado que obra en las actuaciones.
QUINTO.- Mediante diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2015 se declaró concluso el período probatorio procesal y, acordada la celebración de vista en fase de conclusiones por providencia de la misma fecha, íntegramente confirmada con la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra a la misma por posterior auto de 22 de diciembre de 2015, mediante nueva diligencia de ordenación de fecha 18 de febrero siguiente se señaló día y hora para su celebración, la cual tuvo lugar el 10 de los corrientes en la fecha señalada al efecto, habiendo comparecido al acto ambas partes demandante y demandada, quienes informaron en los términos que obran en las actuaciones, quedando seguidamente el proceso concluso para dictar sentencia, con citación de las partes, al finalizar dicho acto.
SEXTO.- Solicitada en su día por la parte recurrente, mediante auto firme de 17 de marzo de 2015 dictado en la pieza separada de medidas cautelares dimanante de estos autos principales, se acordó la suspensión de la ejecutividad de la actuación tributaria recurrida, sujeta a prestación de garantía, por las razones allí consignadas, lo que consta acreditado en las actuaciones por escrito de la parte demandada de 5 de mayo de 2015.
SÉPTIMO.- En la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo aquéllas que han devenido de imposible cumplimiento por razones estructurales de sobrecarga de asuntos pendientes de resolución ante este juzgado.
PRIMERO.- El objeto procesal de este recurso contencioso administrativo reside en las pretensiones cruzadas por las partes litigantes en el presente proceso en torno a la impugnación jurisdiccional por la mercantil actora de la Resolución de fecha 27 de noviembre de 2014 de la gerente del organismo autónomo provincial demandado, notificada a la sociedad recurrente el 23 de diciembre siguiente (documento 2 escrito interposición recurso, ramo probatorio parte actora; folios 240 y ss. expdte. adtvo.), por la que se desestimara el recurso administrativo de reposición interpuesto por la entidad recurrente en fecha 27 de junio anterior (folios 81 y ss. expdte. adtvo.) contra la liquidación tributaria del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) correspondiente a la transmisión por compraventa de la finca o solar sito en la calle Arquímedes, 18, de la localidad de Barberà del Vallès (Barcelona), formalizada en escritura pública notarial de fecha 22 de julio de 2013 e identificada referencia catastral 7960002DF2976S0012EQ (documento 2 demanda, ramo probatorio parte actora).
En su demanda rectora de autos, la parte recurrente solicita que se dicte sentencia estimatoria de su recurso y anulatoria de la actuación tributaria impugnada por su manifiesta disconformidad a derecho, peticionando asimismo la condena en costas procesales de la parte contraria. En defensa de sus pretensiones, en síntesis, tras exposición de antecedentes, alude la parte recurrente a la disconformidad a derecho de la liquidación tributaria recurrida, en esencia, por no haberse producido en el caso particular ahora enjuiciado plusvalía alguna sino minusvalía de la finca transmitida, practicándose la liquidación tributaria impugnada en autos en ausencia del hecho imponible del impuesto local de referencia, con la infracción así de lo previsto por el artículo 104.1 del TRLHL 2/2004 y, consecuentemente, con indebida aplicación del artículo 107 del mismo TRLHL 2/2004, invocando al efecto la jurisprudencia territorial o menor citada en su demanda.
En su posterior turno, por la representación procesal letrada de la parte demandada se contestó a la demanda con oposición a la misma por los propios fundamentos de las resoluciones administrativas aquí recurridas y afirmando, con carácter principal, la plena conformidad a derecho de la liquidación tributaria recurrida a la vista de las competencias propias de las entidades locales reconocidas limitadamente a su favor por relación con un tributo local de gestión catastral y tributaria compartida y cuya liquidación remiten las normas tributarias aplicables a los valores catastrales fijados por administración distinta que no pueden ser obviadas por la corporación local meramente liquidadora, y, con carácter subsidiario, la falta de acreditación suficiente de la supuesta minusvalía de la finca transmitida aducida en la demanda, por lo que solicitó la íntegra desestimación del recurso interpuesto y la plena confirmación de la actuación tributaria recurrida, interesando asimismo condena en costas procesales de la adversa.
SEGUNDO.- No habiéndose opuesto por las partes litigantes en el presente proceso óbice de procedibilidad alguno que se oponga al conocimiento de las cuestiones de fondo suscitadas entre las mismas en el debate procesal sostenido en estos autos, y constreñido éste en lo que al motivo principal de la impugnación jurisdiccional actora de la liquidación tributaria de autos se refiere a la supuesta no concurrencia en el caso particular enjuiciado del hecho imponible del tributo local subyacente en las actuaciones por ausencia de plusvalía alguna en la valoración de la finca transmitida a la fecha de la venta de autos con respecto a la fecha de su adquisición -esto es, a la supuesta infracción en el caso del artículo 104.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL 2/2004)-, deberá anotarse ahora que la resolución de las pretensiones formalizadas por las partes exigirá atender aquí a la resultancia fáctica y los antecedentes concretos del caso particular dimanantes del expediente administrativo de autos y de las pruebas practicadas a propuesta de las partes en el periodo probatorio procesal, siempre con la atención principal puesta aquí en el marco normativo regulador del impuesto de autos (IIVTNU), tributo local potestativo y directo de gestión compartida estatal y local -gestión catastral y liquidadora, respectivamente- que se regula por los artículos 104 y ss. del TRLHL 2/2004 antes ya referenciado.
Siendo así que, en lo que ahora principalmente aquí nos interesa, los artículos 104.1 y 107.1 de dicho TRLHL 2/2004 -referidos respectivamente a los distintos conceptos tributarios delhecho imponibley de labase imponibledel impuesto de referencia-, se pronuncian por relación a tales conceptos normativos en los siguientes términos:
'Artículo 104. Naturaleza yhecho imponible. Supuestos de no sujeción.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo quegrava el incremento de valor que experimenten dichos terrenosy se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. (...)'
'Artículo 107.Base imponible
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. (.....)'-subrayados nuestros-
TERCERO.- A partir de lo anterior, importará ahora significar que, como es ya bien sabido por las partes, no es esta la primera ocasión en la que los juzgados y los tribunales de este mismo orden jurisdiccional especializado -entre ellos, este mismo juzgado en sus Sentencias núms. 111/2015, de 28 de mayo , y 19/2016, de 21 de enero , dictadas por este juzgador en los procedimientos abreviados 423/2013 - 2 y 251/2014-2, respectivamente, seguidos en este Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y provincia- se enfrentan con la obligación de revisar en esta misma sede impugnatoria jurisdiccional actuaciones liquidadoras del indicado tributo local por parte de sendas corporaciones locales y en aplicación del mismo precepto legal sectorial a otros supuestos paralelos de transmisiones inmobiliarias sujetas al repetido impuesto local (IIVTNU), en relación con iguales o con muy similares alegaciones y pretensiones -así, entre otras muchas, en Sentencias núm. 48/2015, de 10 de marzo , del Juzgado núm. 6, núm. 56/2015, de 24 de marzo, del Juzgado núm. 4, núm. 112/2015, de 29 de abril, del Juzgado núm. 9, y núm. 51/2015, de 19 de febrero , del Juzgado núm. 8, todos de este mismo orden y capital, estimatorias todas ellas de las respectivas pretensiones procesales actoras-, sosteniendo criterio al respecto que este juzgador no puede sino compartir en sus líneas generales y, en particular, en su conclusión estimatoria de los respectivos recursos por entenderlas más correctamente fundadas en derecho.
Y ello, a su vez, al coincidir asimismo dicho criterio con el reiteradamente expresado ya al respecto por el tribunalad quemde este órgano judiciala quo-esto es, la Sala Contenciosa Administrativa (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya-, y recordado por sus Sentencias núm. 281/2016, de 15 de marzo , y núm. 519/2016, de 13 de mayo, dictadas por dicha Sala y Sección del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sus respectivos rollos de apelación 123/2015 y 11/2016 , como fundamento para la revocación allí de sendas resoluciones provenientes de otros tantos juzgados de esta misma clase y capital que acordaran en su momento la suspensión procedimental de sus actuaciones por prejudicialidad constitucionalex artículo 4 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción -por relación a la pendencia de resolución a la fecha de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1012-2015 elevada al Tribunal Constitucional por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de los de dicho orden de Donostia-San Sebastián respecto a la misma controversia judicial, cuestión admitida a trámite por providencia de fecha 28 de abril de 2015 por el Pleno de dicho Tribunal Constitucional-, criterio este ya expresado, reiteradamente, en sus anteriores Sentencias núm. 305/2012, de 21 de marzo , núm. 310/2012, de 22 de marzo , núm. 848/2012, de 12 de septiembre , núm. 805/2013, de 18 de julio , y núm. 1250/2015, de 3 de diciembre -rollo apelación 193/2014 -, todas ellas de dicha Sala Contenciosa Administrativa (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
CUARTO.- Consecuentemente, procederá reproducir íntegramente aquí tal criterio como fundamento propio de esta resolución -entre otras razones, por la necesaria efectividad de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, que en caso contrario quedarían aquí comprometidos, y por cuya efectividad deben siempre velar los órganos judiciales, siendo así que tales principios demandan de los mismos, con carácter general, igual solución jurisdiccional para casos procesalmente idénticos en lo esencial, en aras a la efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (así, entre otras, STC 2/2007, de 15 de enero , 147/2007, de 18 de junio , 31/2008, de 25 de febrero , y 13/2011, de 28 de febrero ), aun no desconociendo este juzgador tampoco el criterio contrario puntualmente sentado al respecto, entre otras, por Sentencias núm. 317/2014, de 19 de noviembre , del Juzgado núm. 14, núm. 291/2014, de 11 de diciembre, del Juzgado núm. 15, y núm. 90/2015 y núm. 91/2015, de 17 de marzo, del Juzgado núm. 2, todas ellas también de este mismo orden y capital, cuya fundamentación y conclusión desestimatoria este juzgador no puede compartir por las razones que seguidamente se verán.
En dicho sentido, y no difiriendo el caso particular aquí enjuiciado del supuesto allí resuelto más que en las circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada caso singular que en nada sustancial alteran las mismas conclusiones también deducibles ahora en esta sede impugnatoria jurisdiccional, resolvió ya el mismo debate jurídico de autos la citada Sentencia núm. 48/2015, de 10 de marzo , dictada por el Juzgado núm. 6 de esta misma clase y provincia, bajo siguiente tenor literal:
'SEGUNDO.- (...) Alega ausencia de incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la de transmisión posterior, que fundamenta en los siguientes motivos: -la vivienda fue transmitida por un valor inferior al que tenía en el momento de su adquisición, según las tasaciones emitidas por XXX, SA (una vez finalizadas las obras de edificación)- del precio de venta estipulado en la escritura pública de compraventa y la aplicación del valor de comprobación no prioritaria fijado por la Instrucción de la Agencia Tributaria de Catalunya de comprobación de valores de los bienes inmuebles en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los coeficientes correctores de los valores catastrales de la provincia de Barcelona correspondientes al ejercicio 2013, resulta un decremento de valor entre 2007 y 2013 entorno al 60 %. Por ello, la existencia de un decremento se constata igualmente si la valoración se realiza a partir del valor mínimo de comprobación no prioritaria. -A su vez los coeficientes correctores que se aplican para obtener dicho valor mínimo a lo largo de dicho período también han sufrido un descenso del 18,75 %. -Añade que el Ministerio de Fomento facilita una información, en términos generales de mercado, que refiere que el precio medio del suelo urbano entre 2006 y 2012 ha pasado del índice 250 a un índice de 170. -Unido a ello, en la fase de prueba aporta un dictamen pericial emitido por el Sr xxx, ingeniero de caminos, canales y puertos cuyas conclusiones son las siguientes: (...) El escrito de demanda se articula, esencialmente, en torno a un único argumento: no ha habido incremento del valor de los terrenos, por lo que no se ha producido el hecho imponible y, en consecuencia, no cabe exigir el tributo. La Administración demandada, por su parte, se opone a las pretensiones actoras de acuerdo con los fundamentos que constan en las actuaciones.
TERCERO.- No ha sido objeto de discusión en este pleito ni las fechas de adquisición y de enajenación de los terrenos, ni que alguna de las pruebas presentadas por la recurrente lo sean -globalmente y no individualizadas para la finca de autos. Como señala la sentencia dictada por el Juzgado nº 1 de Girona en fecha 7 de mayo de 2014 (PA 21/2014), para la resolución de la cuestión central planteada, es preciso acudir a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 21 de marzo de 2012 (Sec. 1ª, rec. 432/2010 , ponente D. Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda), en cuyos fundamentos de Derecho Quinto y Sexto, puede leerse lo que sigue: «Quinto.- (...) El actual IIVTNU, cuyos antecedentes se remontan al año 1919 con la instauración del denominado Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos, podría llegar a generar ciertos problemas de justicia tributaria a la hora de acometer el cálculo de la base imponible. En efecto, si bien no deben confundirse ni superponerse hecho imponible con base imponible lo cierto es que el eventual aumento de valor real del terreno urbano no se calcula en la actualidad por las diferencias (en términos absolutos) entre el valor de transmisión y el de adquisición sino que el parámetro matemático que se maneja viene dado por la aplicación de un porcentaje sobre el valor catastral del suelo. Obviamente, por pequeño que sea el incremento del valor catastral en un contexto de crisis económica marcado por la disminución de los precios del mercado, la disociación de la que habla la demanda podría producirse eventualmente. Por otra parte el margen de maniobra de la Administración tributaria municipal es inexistente a los efectos de realizar determinadas correcciones -obviamente, después de fijar el correspondiente tipo- a tenor del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la medida que con relación a las autoliquidaciones, 'el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas'. Por tanto, el centro de gravitación de la problemática parece estructurarse no tanto en torno a la determinación del hecho imponible como a la de la magnitud económica o valorativa del mismo obtenida a través de la base imponible. Dicho de otra manera, la argumentación de la parte recurrente tendría ciertos visos de éxito -cuando menos, a efectos de estimar procedente el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad- sólo cuando la aplicación del referido cálculo (fundamentado en el valor catastral), arrojase un resultado positivo pese a la efectiva disminución del valor real del inmueble puesto de manifiesto como consecuencia de una transmisión. Si la base imponible debe medir o cuantificar adecuadamente el hecho imponible, no hay que olvidar que, en este sentido, con anterioridad a la Ley 51/2002, de modificación de la Ley de Haciendas Locales, el artículo 108. 1 de ésta última establecía que la base imponible del impuesto estará constituida por el incremento real de valor de los terrenos. Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el término de valor real: en efecto, el actual artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apunta que 'la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos'. En consecuencia, podría ocurrir que ese incremento de valor no fuese el real, sino el derivado de las reglas establecidas para calcular la base imponible, no resultando descartable un saldo de plusvalía positiva con independencia -o, de manera más explícita, de espaldas- del incremento o disminución del valor que en la realidad determine el mercado. Recapitulando, la censura del recurrente podría tener cierto sentido si acreditase que con relación a la finca sita en (...), pese a haberse producido una disminución en términos reales o absolutos del valor del inmueble -insistimos, basada en el precio o valor del mercado- la magnitud del hecho imponible determinada por las reglas de la base imponible del impuesto arrojasen un incremento de valor. (...)
SEXTO.- Sin perjuicio de lo expuesto,parece evidente que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica. La misma conclusión ha de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios. Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (como ya hemos dicho, antes «real», y ahora «incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).
Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes: 1.ª)Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos. 2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación delas reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.»
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 22 de marzo de 2012 (Sec. 1ª, rec. 511/2011 , ponente D. Emilio Rodrigo Aragonés Beltrán), explica que: «El vigente sistema legal de determinación de la base imponible, contenido en el art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL), parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988 se limitó a elevar a modelo para todos los Ayuntamientos de España la solución que había adoptado el Ayuntamiento de Madrid por razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores iniciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quebrado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica, y siendo retroalimentado por sus consecuencias. Desde su implantación en 1988, ha sido objeto de amplia polémica si dicho sistema ha de considerarse como una ficción legal (la impropiamente llamada presunción iuris et de iure) o, por el contrario, se trata de un sistema sólo aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior al resultante de aquel sistema (sería una presunción iuris tantum, en el sentido de que siempre correspondería al contribuyente probar que el incremento real es inferior). El art. 107.1 LHL dispone que la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, pero se ha sostenido que este precepto legal es una mera declaración de intenciones o un eufemismo amable, pues ha de estarse en todo caso al sistema legal, del que siempre resulta un incremento, quedando reforzada esta interpretación por la eliminación en la Ley 51/2002 de la referencia al carácter «real» del incremento del valor que se contenía en la redacción originaria del precepto ( art. 108.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales). Sin embargo, el impuesto grava, según el art. 104.1 LHL, el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la norma. Por tanto,el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión,la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios. Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (antes «real», y ahora «incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio)» En base a ello, dicha sentencia establece las mismas dos consecuencias ya transcritas en la anterior sentencia.Y lo mismo ha sido reiterado en las sentencias de la misma Sala y Sección de 9 de mayo de 2012 (rec. 501/2011 ), o 18 de julio de 2013 (rec. 515/2011 ). Partiendo, pues, de que el hecho imponible del IIVTNU, según establece el art. 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, viene constituido por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, resulta que, en el supuesto concreto de autos, consta acreditado por las valoraciones contenidas en los informes y tasaciones ya reseñados, que el valor de los terrenos transmitidos en el momento de la enajenación (año 2013) es muy inferior al que tenían en el momento de adquisición (año 2007), por lo que no existiendo un incremento objetivo de valor en la transmisión, con independencia del resultado que pueda derivarse de la aplicación del método de cálculo de la base imponible y de la cuota, no puede considerarse realizado el hecho imponible y, consecuentemente, no puede exigirse el pago de cuota alguna por el referido impuesto. Lo anterior determina la estimación del recurso contencioso- administrativo en este punto y la anulación de la resolución directamente recurrida y de las liquidaciones tributarias de las que trae causa. (.....)'-subrayados nuestros-
QUINTO.- Larga cita la anterior de precedentes judiciales, plenamente justificada aquí por la práctica identidad sustancial de los supuestos procesales que presentan los casos particulares allí y aquí resueltos y que, en suma, por los fundamentos del mismo resultará obligado seguir ahora en la resolución de estos autos, sin más que efectuar para ello las necesarias adaptaciones de aquellas circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada supuesto particular, que en nada sustancial o relevante alteran las conclusiones estimatorias deducibles asimismo aquí, en orden a estimar el recurso interpuesto en autos en lo que a la pretensión anulatoria de la parte actora se refiere, al acreditarse no concurrir tampoco en el caso particular aquí enjuiciado el hecho imponible gravado por la actuación tributaria aquí recurrida.
Y ello, sin más que anotar aquí que, ciertamente, en los supuestos de la transmisión de inmuebles generadora de pérdidas ominusvalías, que no de plusvalías -supuesto este radicalmente contrario al que, en suma, alude expresamente el fundamento causal propiamente constitucional que, en efecto, destaca en el concreto impuesto local aquí considerado (IIVTNU) proclamado por el artículo 47 de la Constitución española ['Artículo 47. (...) La comunidad participaráen las plusvalíasque genere la acción urbanística de los entes públicos.' -subrayado nuestro-]- la disconformidad a derecho de las liquidaciones tributarias del IIVTNU por la inexistencia de hecho imponible en tales casos de minusvalía resulta manifiesta, como han venido a subrayar diversos pronunciamientos de la llamada jurisprudencia menor o territorial anteriormente ya citados - STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 305/2012, de 21 de marzo, rec. 432/2010 , núm. 310/2012, de 22 de marzo, rec. 511/2011 , núm. 848/2012, de 12 de septiembre , núm. 805/2013, de 18 de julio, rec. 515/2011 , y núm. 1250/15, de 3 de diciembre, rec. 193/2014 -, recogidos, entre otras más, por STSJ de Madrid, Sala Contenciosa Administrativo, Sección 2ª, núm. 1580/2013, de 11 de diciembre, rec. 767/2013, y, Sección 9 ª, núm. 1356/2014, de 16 de diciembre, rec. 295/2014 , y por STSJ Comunidad Valenciana, Sala Contenciosa Administrativo, Sección 4ª, núm. 520/2016, de 14 de septiembre, rec. 4/2016 , con la consiguiente declaración de invalidez de las actuaciones tributarias producidas en tales supuestos de no sujeción por relación al concepto impositivo de autos.
Sin venir ello precisado del planteamiento a tal efecto de cuestión de prejudicialidad constitucional ante el Tribunal Constitucional -en términos de presunta infracción del principio de capacidad económica y asimismo del derecho fundamental subjetivo a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos y a la prueba, artículos 31.1 y 24 CE en los que se fundara la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado núm. 3 de los de este mismo orden de Donosti-San Sebastián de anterior referencia-, al referirse la cuestión aquí controvertida alhecho imponible-artículo 104.1 del TRLHL 2/2004- y no a labase imponible-artículo 107 del TRLHL 2/2004- del impuesto local de referencia, quedando en su caso relegada dicha necesidad del planteamiento de la referida cuestión prejudicial sólo a aquellos supuestos distintos de transmisiones lucrativas u onerosas efectivamente generadoras de incrementos oplusvalías, aun escasos o inferiores a los presumidos por completo al margen de la realidad del mercado inmobiliario por la regla legal objetiva de cuantificación de la base imponible del tributo impuesta por el repetido artículo 107 del TRLHL 2/2004, por relación en tales supuestos distintos, quizás, a la infracción en los mismos del artículo 47 CE antes mencionado -en los supuestos de la eventual absorción de todo el incremento o la ganancia económica por la concreta liquidación del impuesto, que noparticiparíaasí sino que se apropiaría directamente de toda la plusvalía generada por la transmisión-,o del límite constitucional propio del sistema impositivo que impone el principio constitucional de la no confiscatoriedadex artículo 31.1 CE .
Y sin que resulte ocioso a tal efecto anotar aquí que, ciertamente, es ya reiterada la jurisprudencia contenciosa administrativa que viene sentando que, en efecto, la falta de materialización del hecho imponible impide la aplicación de las normas aplicables para la determinación de la base imponible en relación, precisamente, con el mismo tributo local potestativo de autos (entre otras, por STS, Sala 3ª, de 29 de abril de 1996 -rec. 3279/1993 -, 25 de septiembre de 1997 -rec. 336/1993- y 30 de noviembre de 2000 -rec. 2306/1995-), siendo así que, como antes se dijera, el hecho imponible del repetido IIVTNU tiene una caracterización técnica constitucional propiaex artículo 47 de la Constitución española , al tiempo que viene definido, con carácter general, como el presupuesto legal necesario para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal por el artículo 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , norma sectorial tributaria esta a la que directamente remite el artículo 12 del TRLHL 2/2004 antes mencionado en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.
SEXTO.- Ello, habiendo resultado asimismo suficientemente acreditada en autos por la parte actora la inexistencia de incremento o plusvalía alguna a consecuencia de la transmisión inmobiliaria subyacente en las actuaciones y sí, por el contrario, la clara y relativamente importante minusvalía aducida por la parte recurrente, a partir de las conclusiones dimanantes de las pruebas documentales públicas practicadas en este proceso, por relación a las respectivas escrituras públicas notariales de adquisición en fecha 12 de diciembre de 2007 y de venta en fecha 22 de julio de 2013 de la misma finca o solar subyacente en las actuaciones por la sociedad mercantil aquí recurrente (documentos 3 y 4 demanda, ramo probatorio parte actora; folios 10 a 52 y 53 a 75 expdte. adtvo.).
Documentos públicos estos a los que cabe reconocerles la fuerza probatoria a la que se refieren los artículos 317.2 º y 319 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 1.218 del Código Civil , y que han sido tenidos como posible prueba eficaz y bastante para acreditar la efectiva ausencia del incremento de valor o de la plusvalía a los efectos de liquidación del mismo impuesto local de autos (IIVTNU) por distintos pronunciamientos de los tribunales de este especializado orden jurisdiccional (entre otros, por la STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Sección 4ª, núm. 520/2016, de 14 de septiembre, rec. 4/2016 ).
Siendo así que del contenido de dichas escrituras públicas notariales se desprende, incontrovertidamente, que la finca, solar o terrenos sin edificar subyacentes en las actuaciones - sitos en la calle Arquímedes, 18, de la localidad de Barberà del Vallès (Barcelona); finca registral núm. 28.540 inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 5 de Sabadell- fueron adquiridos por la entidad mercantil aquí recurrente en fecha 12 de diciembre de 2007 mediante compraventa por un precio de 3.180.000,00 euros, IVA excluido, y, a su vez, transmitidos por la misma titular en fecha 22 de julio de 2013 mediante nueva compraventa por un precio de 1.590.000,00 euros, esto es, el 50% de de su precio de adquisición, en idénticas condiciones físicas, urbanísticas y de la falta de construcciones -tercera fase del total complejo inmobiliario, pendiente de construir únicamente en cuanto a dicha tercera fase-, lo que, en efecto, denota la efectiva ausencia en el caso del hecho imponible alegada por la parte recurrente por falta de incremento del valor experimentado por dichos terrenos entre las respectivas fechas de adquisición y de transmisión de los mismos -artículo 104.1 TRLHL 2/2004- y sí, por el contrario, una fuerte depreciación de su valor.
Por todo ello, en suma, se impondrá aquí estimar la demanda, y con ella el recurso interpuesto, con la consiguiente anulación en esta sede jurisdiccional de la actuación administrativa tributaria recurrida, a tenor de lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1.b ), 70.2 y 71.1.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , al resultar la misma disconforme a derecho por gravar un supuesto incremento de valor de los terrenos transmitidos sin haberse materializado en el supuesto particular enjuiciado el hecho imponible gravado por el impuesto liquidado, sin la necesidad de expreso pronunciamiento a título de reconocimiento de situación jurídica individualizada y de restablecimiento de los derechos subjetivos de la parte recurrente desconocidos por la actuación tributaria recurrida, al amparo procesal ahora de lo previsto al respecto por los artículos 31.2 y 71.1.b) de la Ley Jurisdiccional , sobre el derecho de la recurrente a que por la administración demandada le sean reintegrados los importes liquidados por la misma a la hacienda local, en su caso, por el concepto tributario de autos, toda vez que, como se indicara ya en el antecedente sexto de esta resolución, la ejecutividad de la actuación tributaria aquí recurrida quedó ya suspendida por auto firme de 17 de marzo de 2015 dictado en la pieza separada de medidas cautelares dimanante de estos autos principales.
ÚLTIMO.- A tenor de los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley Jurisdiccional , modificado éste por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, las costas procesales se impondrán en primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, salvo que el órgano judicial aprecie y razone en debida forma la concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, sin que obste a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes litigantes, toda vez que tal pronunciamiento judicial sobre las costas es siempre imperativo para el fallo judicial sin incurrir por ello en vicio de incongruencia procesalultra petita partium- artículos 24.1 CE y 33.1 y 67.1 LJCA -, al concernir tal declaración judicial a cuestión de naturaleza jurídico procesal, conforme al propio tenor del artículo 68.2 de la Ley Jurisdiccional y de la ya reiterada jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional sentada al respecto (entre otras, por STS, Sala 3ª, de 12 de febrero de 1991 ; y STC, Sala Primera, núm. 53/2007, de 12 de marzo , y STC 24/2010, de 27 de abril ).
Se recoge así el principio del vencimiento mitigado que deberá conducir aquí a la no imposición de costas habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare totalmente ausente en este casoiusta causa Iitigandi('serias dudas de hecho o derecho'), teniendo en cuenta al efecto la jurisprudencia recaída en casos similares para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso, como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, máxime a la vista aquí de la concurrencia de criterios dispares sobre la misma cuestión controvertida en este proceso entre distintos órganos judiciales de esta misma jurisdicción.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, y resolviendo siempre dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda,
ESTIMAR el recurso contencioso administrativo núm. 55/2015-5 interpuesto por la entidad mercantil BLUE PARK BARBERA 22, SL, bajo la representación procesal y la defensa letrada especificadas en el encabezamiento de la presente resolución, contra la actuación administrativa tributaria a la que se refieren los antecedentes de la misma, por resultar ésta disconforme a derecho y, en consecuencia, ANULAR los actos administrativos aquí recurridos, con condena a la administración demandada a estar y pasar por las consecuencias y efectos legales inherentes a los anteriores pronunciamientos y a hacerlos efectivos; sin imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma, en su caso, cabe la interposición de recurso ordinario de apelación, a tenor del artículo 81.1 y ss. de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , a interponer a través de este juzgado ante Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución mediante escrito razonado que debe contener las alegaciones en las que se fundamente el recurso.
Una vez firme, comuníquese esta sentencia en plazo máximo de diez días al órgano que realizara la actividad objeto del recurso para que por el mismo:
1. Se acuse recibo de la comunicación en idéntico plazo máximo de diez días desde su recepción indicando el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.
2. Se lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo.
Así, mediante esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales llevándose el original al Libro correspondiente de este juzgado, lo pronuncio, mando y firmo, Francisco José González Ruiz, magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y su provincia.
PUBLICACIÓN. -
El magistrado titular de este juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que doy fe.
Ley 37/2011 de 10 de Oct (Medidas de agilización procesal) VIGENTE
Fecha de entrada en vigor: 31/10/2011

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 104
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 Real Decreto 
 artículo 108
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 47
 artículo 107
 artículo 47
 artículo 31
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 394
 artículo 81
 resolución