Source: https://supremo.vlex.es/vid/702169813
Timestamp: 2019-12-05 20:14:55+00:00

Document:
STS 42/2018, 25 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 702169813
Número de Recurso: 746/2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la casación.
RECURSO CASACION núm.: 746/2017
Sentencia núm. 42/2018
Esta sala ha visto el recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuesto por la representación del acusado D. Santos , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente acusado representado por el Procurador Sr. Aranda Alarcón y los recurridos Acusación Particular D. Jose Francisco y Erica representados por la Procuradora Sra. Munar Serrano y Dña. Luisa , Ángel , Paulina y Bruno , representados por la Procuradora Sra. Martínez Virgili.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola incoó Procedimiento Abreviado con el nº 95 de 2011 contra Santos , y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que con fecha 29 de julio de 2016 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
"PRIMERO.- AIFOS y su promoción " DIRECCION000 ". En el año 2003, la entidad mercantil AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.A dirigida por su administrador (inicialmente solidario y posteriormente único) aquí acusado D. Santos (mayor de edad y sin antecedentes penales), quien igualmente dirigía el grupo de empresas AIFOS de la que aquélla formaba parte y controlaba la gestión diaria y completa del mismo, decidió promover en la parcela NUM000 ( CALLE000 ) de la URBANIZACIÓN000 (término municipal de Fuengirola) la construcción de un conjunto residencial denominado " DIRECCION000 " para la edificación de 338 viviendas en 10 bloques de tipología plurifamiliar previéndose en el proyecto que todos los bloques contarían una misma altura (compuesta de tres plantas y uso bajo cubierta), además de una planta sótano destinada a aparcamientos, trasteros y piscinas. La referida parcela de suelo urbano NUM000 había sido comprada por AIFOS (así denominaremos más abreviadamente en adelante a la promotora AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.A) a la entidad Torreblanca del Sol S.A. mediante documento privado de 13/02/2003 que fue elevado a público el 2 de julio del mismo año. Se trataba de un terreno de gran desnivel cuya superficie total superaba los 31.000 m2 pero cuya parcela neta edificable, según el previo estudio de detalle (redactado en junio de 2003), que le fue exigido por el ayuntamiento para poder autorizar las obras, era de 27.395 m2, correspondiendo el resto al viario. Presentada la correspondiente licencia municipal de obras ante el ayuntamiento de Fuengirola, ésta le fue concedida por decreto de 09/02/2004. Pero ya bastante antes de tal concesión, e incluso de la elevación a público de ese título de compra, la empresa dirigida por el acusado inició la campaña de divulgación de su promoción (principalmente a través de su página web) así como las ventas sobre plano de las viviendas proyectadas llegando a formalizar, entre otras, las que en el siguiente apartado de este relato se van a exponer con el debido detalle. Una actividad de venta que no se vio interrumpida pese a la paralización parcial de la promoción urbanística que el ayuntamiento acordó por decreto de 19/12/2005 por no ajustarse la ejecución de las obras en ciertos bloques (los números 1 al 5) al proyecto inicial para el que había sido otorgada la licencia al haberse procedido por AIFOS a aumentar unilateralmente el volumen de edificabilidad de esos bloques incluyendo una planta semisótano e incrementando así a 396 el número de viviendas total de la promoción (en lugar de las 338 aprobadas) amparándose en la supuesta necesidad de profundizar su cimentación como consecuencia del derrumbe de un talud producido poco después de la concesión de la licencia y que había afectado a los bloques 1 y 2. Paralización de las obras que afectó exclusivamente a los cinco bloques antes indicados, y que, aunque fue seguida de la firma de un convenio urbanístico entre el ayuntamiento y AIFOS por el que se acordó un trasvase del volumen de edificabilidad a esta promoción de la parcela NUM000 ( CALLE000 ) desde la ya consolidada en la parcela NUM001 ( CALLE001 ) que también la misma promotora estaba construyendo en la URBANIZACIÓN000 , no logró alzar esa paralización hasta el 19 de abril de 2011, fecha en la que el BOJA público la aprobación definitiva de la revisión del PGOU de Fuengirola al que se incorporó ese convenio, con el consiguiente grave perjuicio para todos los clientes que antes de ese decreto de paralización, o después del mismo (sin haber sido advertidos debidamente de esta circunstancia) habían ido comprando viviendas en esos bloques a AIFOS. Circunstancia ésta a la que debe añadirse la situación concursal en la que se encuentra esta empresa desde que fue declarada así por auto de 23/07/2009 dictado por el juzgado de lo mercantil de Málaga . SEGUNDO.- Ventas de viviendas y percibo de cantidades anticipadas. Como ya se ha indicado antes, apenas firmado el documento privado de compra de la parcela NUM000 , la mercantil AIFOS procedió a poner a la venta todas las viviendas proyectadas de su promoción Cortijo de Torreblanca realizando entre otras las siguientes enajenaciones: 1).- Contratos de abril de 2003 con los Sres Jose Francisco Erica . En este mes de abril, los querellantes D. Jose Francisco y Da. Erica contactaron con la referida entidad promotora y formalizaron con la misma dos contratos de compraventa de fecha 14/04/2003 (folios 184 y siguientes de autos) por !os que adquirieron dos de las viviendas proyectadas en el conjunto residencial DIRECCION000 correspondientes a las letras NUM002 y NUM003 ; planta nivel NUM004 del bloque NUM004 , por el precio convenido de 105.950 € más IVA y 108.950 E más IVA, respectivamente. Como forma de pago se convino una primera entrega inicial, que fue satisfecha por los compradores al momento de la firma del contrato y cuya suma total ascendió a 27.000 E (13.500 más 13.500 E, respectivamente), una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de efectos cambiarios. Como consecuencia de ello, los adquirentes llegaron abonar a AIFOS un total de 90.258 €. Los contratos quedaron plasmados en dos clases de documentos tipo homologados por la dirección de la empresa vendedora consistentes en un pliego de condiciones particulares (en el que simplemente se hacían constar los nombres de las partes, la descripción de la vivienda, el precio y la forma de pago) y en otro pliego de cláusulas generales (o comunes para todos los compradores) en las que, entre otras estipulaciones, se recogía en su cláusula cuarta que "las obras de edificación en general, y particularmente la relativas a la vivienda objeto de este contrato, están siendo realizadas conforme al proyecto aprobado y redactado por el estudio de arquitectura" así como que "la finalización de las obras se fija inicialmente aproximadamente en 20 meses desde la firma por el arquitecto del acta de replanteo". Y en su cláusula sexta se contenía una expresa referencia a lo previsto el artículo 3 de la ley 57/1968 de 27 de julio en los siguientes términos literales: "para el caso de que se instase la resolución de este contrato por las causas previstas en el artículo 3 de la ley 57/68 de 27 de julio , las cantidades recibidas, le serán devueltas al adquirente en unión de sus intereses legalmente correspondientes". Respecto a la cláusula cuarta, es preciso destacar que aunque ciertamente su contenido no se correspondía objetivamente con la realidad (pues las obras, carentes aún de licencia, no se habían iniciado siquiera al tiempo de la firma del contrato, no siendo hasta noviembre de ese mismo año cuando comenzarían los primeros movimientos de tierra), no consta que tales expresiones se hubieren incluido en el contrato tipo con deliberado propósito de engañar ni que, por otra parte, tampoco los adquirentes fueran desconocedores de esa realidad material. Y respecto a la cláusula sexta, resulta de mucho más interés destacar aquí que, pese a la expresa referencia a la citada ley 57/68, no se contenía en dicha cláusula, ni en ningún otro apartado de esas condiciones generales, mención alguna a las obligaciones legalmente establecidas tanto en esa ley como en la ley 38/1999 de 5 noviembre de ordenación de la edificación en orden a garantizar la devolución de las cantidades anticipadas para el caso de que la construcción de la vivienda proyectada no llegara a iniciarse o culminarse por cualquier causa. Exigencias legales esencialmente consistentes en el deber de concertar a tal efecto un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor. Pero no sólo se incumplió por la entidad vendedora, tanto en este caso como en los demás que después mencionaremos, el deber legal de hacer constar en el contrato esas garantías con indicación expresa del concreto tipo de seguro o aval y denominación de la entidad avalista o aseguradora así como de la entidad bancaria y cuenta especial donde debían ser ingresadas las cantidades anticipadas por el adquirente sino que tampoco en ningún momento posterior a la firma del contrato llegaron a subsanarse por parte de la dirección de la empresa promotora ninguna de esas exigencias. Todo lo contrario, todo el dinero que fue recibiendo AIFOS de estos compradores (al igual que el de los demás clientes que con ella fueron concertando) era ingresado en una cuenta general de la sociedad e incorporado de esta forma directamente a su patrimonio fusionándolo definitivamente al mismo con consciente infracción de todas esas garantías de devolución legalmente exigidas. Pues, en definitiva, ello obedecía a una política general expresamente marcada por el máximo responsable de la empresa, el acusado Sr. Santos , por la que se negaba todo tipo de avales específicos a los clientes que no lo solicitaban expresamente y asumían a su cargo el coste correspondiente, hasta el punto de que sólo en dos casos (concretamente en noviembre de 2005) entregó AIFOS a clientes (distintos, por cierto, de los que aquí figuran como querellantes) dos avales por un importe total de 117.108 € que le habían sido solicitados. Transcurridos cinco años desde la firma de los contratos sin que las viviendas compradas por los señores Jose Francisco Erica fuesen construidas ni, por tanto, le fueran entregadas, estos procedieron a remitir el 5 de marzo de 2008 a la promotora un burofax reclamándoles la resolución del contrato y la devolución de las cantidades pagadas. Reclamación a la que respondió días después el departamento jurídico de AIFOS anunciándole simplemente que este iba a proceder al estudio de su solicitud y a ponerse en breve en contacto con los reclamantes a fin de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Pero esa "solución satisfactoria" que para los clientes no podía ser otra que la devolución de las cantidades entregadas (ascendentes a un total de un total de 90.258 €) más los intereses correspondientes, no llegó nunca, por la sencilla razón de que AIFOS, lejos de haber avalado e ingresado en una cuenta específica esas sumas recibidas, tal y como estaba obligado legalmente a hacer, dispuso libremente de ellas fusionándolas con su patrimonio social, con lo que hacer frente a ese crédito posteriormente reclamado le resultaba la empresa especialmente gravoso para sus intereses económicos. En vista de ello, con fecha 26 de marzo de 2009 los referidos compradores interpusieron demanda de juicio ordinario contra la mercantil reclamando esa devolución dineraria así como también, en el mes siguiente, la correspondiente denuncia que ha sido sustanciada en esta causa penal en la que se han personado como acusación particular a fin de hacer valer sus derechos. 2).- Contrato de julio de 2003 con el Sr. Leon . En este mismo mes de julio, el querellante D. Leon formalizó con la promotora ATEOS un contrato de compraventa de fecha 04/07/2003 (folios 341 y siguientes de autos) por el que adquirió una de las viviendas proyectadas en el conjunto residencial DIRECCION000 identificada con la planta NUM005 , letra NUM006 del bloque NUM005 , por el precio convenido de 117.950 € más IVA. Como forma de pago se convino una primera entrega inicial, que fue satisfecha por el comprador al momento de la firma del contrato y que ascendió a 13.500 €, una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de efectos cambiarios. En cumplimiento de lo pactado, el adquirente llegó a abollar a AIFOS un total de 49.539 €. Al igual que en el caso anterior, el contrato quedó plasmado en las dos clases de documentos tipo homologados por la dirección de la empresa vendedora antes mencionados compuestos por un pliego de condiciones particulares y otro pliego de cláusulas generales de idéntico contenido al suscrito con los dos clientes anteriores en el que igualmente se recogían en sus cláusulas cuarta y sexta los textos ya antes comentados a los que, en aras a la brevedad, nos remitimos. E igualmente debe darse aquí por enteramente reproducido todo lo antes referido al manifiesto incumplimiento por parte de AIFOS, también en este caso, de esas exigencias legales relativas al deber de concertar un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor que tampoco fue subsanado en ningún momento posterior y que al igual que en el caso anterior (tal y como era el habitual modus operandi de la empresa ordenado por su máximo dirigente) llevó consigo el ingreso de todo ese dinero recibido del cliente en una cuenta general de la sociedad con la consiguiente incorporación definitiva del mismo a su patrimonio social. Transcurridos más de cuatro años desde la firma del contrato sin que la vivienda comprada por el señor Leon fuese construida ni, por tanto, le fuera entregada, este procedió a remitir el 17 de octubre de 2007 a la promotora un burofax reclamándole la resolución del contrato y la devolución de las cantidades pagadas. Reclamación a la que respondió días después el departamento jurídico de AIFOS en términos bastante similares (búsqueda de solución satisfactoria) a los ya empleados en su contestación a los clientes Sres. Jose Francisco Erica . Pero esa "solución satisfactoria", que para este cliente no podía ser otra que la devolución de las cantidades entregadas ascendentes a la indicada cifra de 49.539 €, no se alcanzó por la misma razones que en el caso anterior. Porque AIFOS, lejos de haber avalado e ingresado en una cuenta específica esas sumas recibidas, tal y como estaba obligado legalmente a hacer, dispuso libremente de ellas fusionándolas con su patrimonio social, con lo que hacer frente a ese crédito posteriormente reclamado le resultaba la empresa especialmente gravoso para sus intereses económicos. En vista de ello, con fecha 12 de mayo de 2009 este comprador interpuso la correspondiente querella que ha sido sustanciada en esta causa penal en la que viene actuando como acusación particular a fin de hacer valer sus derechos. 3).- Contratos de julio de 2003 con la Sra. Paulina y su esposo Sr. Carmelo (ya fallecido). En este mes de julio, el matrimonio integrado por la aquí querellante Da. Paulina y su posteriormente finado esposo D. Carmelo contactaron con AIFOS y formalizaron con ella dos contratos de compraventa de fecha 10/07/2003 (folios 84 y siguientes de autos) por los que adquirieron dos de las viviendas proyectadas en el conjunto residencial DIRECCION000 correspondientes a las letras NUM007 y NUM008 , planta NUM005 NUM004 del bloque NUM004 , por el precio convenido de 112.950 € más IVA y 112.950 € más IVA, respectivamente. Como forma de pago se convino una primera entrega inicial, que fue satisfecha por los compradores al momento de la firma del contrato y que ascendió a un total de 27.000 € (13.500 € más 13.500 €, respectivamente), una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de efectos cambiarios. En cumplimiento de lo pactado, los adquirentes llegaron a abonar a AIFOS un total de 94.878 €. Al igual que en los casos anteriores, el contrato quedó plasmado en las dos clases de documentos tipo homologados por la dirección de la empresa vendedora antes mencionados compuestos por un pliego de condiciones particulares y otro pliego de cláusulas generales de idéntico contenido al suscrito con los clientes anteriores en el que igualmente se recogían en sus cláusulas cuarta y sexta los textos ya antes comentados a los que, en aras a la brevedad, nos remitimos. E igualmente debe darse aquí por enteramente reproducido todo lo antes referido al manifiesto incumplimiento por parte de AIFOS, también en este caso, de esas exigencias legales relativas al deber de concertar un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor que tampoco fue subsanado en ningún momento posterior y que al igual que en los supuestos anteriores (tal y como era la costumbre impuesta por la dirección de la empresa) llevó consigo el ingreso de todo ese dinero recibido del cliente en una cuenta general de la sociedad con la consiguiente incorporación definitiva del mismo a su patrimonio social. Y también como en los casos anteriores, el largo tiempo transcurrido desde la firma de los contratos sin que las viviendas compradas les fuesen construidas y entregadas ni tampoco devuelto el dinero satisfecho, sin recibir al respecto ninguna explicación mínimamente satisfactoria de todo ello, les llevó a estos clientes a interponer con fecha 19/03/2009 la querella que ha dado origen a esta causa penal en la que la Sra. Paulina viene actuando como acusación particular a fin de hacer valer sus derechos tanto en nombre propio como en su condición acreditada de legítima heredera de su finado esposo. 4).- Contratos de junio de 2003 y de marzo de 2004 con la Sra. Caridad y Benjamín . En junio de 2003, Da. Caridad formalizó con AIFOS un contrato de compraventa de fecha 05/06/2003 (folios 133 y siguientes de autos) por el que adquirió una de las viviendas proyectadas en el conjunto residencial DIRECCION000 identificada con la planta NUM004 del bloque NUM005 , por el precio convenido de 105.950 € más IVA . Como forma de pago se convino una primera entrega inicial, que fue satisfecha por la compradora al momento de la firma del contrato y que ascendió a 15.025,30 €, una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de efectos cambiados. En cumplimiento de lo pactado, la adquirente llegó a abonar a AIFOS un total de 29.473,70 €. Al igual que en los demás casos hasta ahora expuestos, el contrato quedó plasmado en las dos clases de documentos tipo homologados por la dirección de la empresa vendedora antes mencionados compuestos por un pliego de condiciones particulares y otro pliego de cláusulas generales de idéntico contenido al suscrito con los dos clientes anteriores en el que igualmente se recogían en sus cláusulas cuarta y sexta los textos ya antes comentados a los que, en aras a la brevedad, nos remitimos. E igualmente debe darse aquí por enteramente reproducido todo lo antes referido al manifiesto incumplimiento por parte de AIFOS, también en este caso, de esas exigencias legales relativas al deber de concertar un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor que tampoco fue subsanado en ningún momento posterior y que al igual que en los casos anteriores comportó el ingreso de todo ese dinero recibido de esta cliente en una cuenta general de la sociedad y la consiguiente incorporación definitiva del mismo a su patrimonio social. Casi un año más tarde, con el expreso consentimiento de la acreedora AIFOS, se produjo una novación subjetiva en ese contrato en virtud de la cual el querellante D. Benjamín vino a sustituir a la inicial compradora Caridad en todos los derechos y obligaciones contractuales asumidas frente a la promotora, lo que se plasmó por escrito en un denominado contrato de compraventa de fecha 16 de marzo de 2004 (folio 140 de autos). Y como consecuencia de ello, además de reembolsar a la originaria cliente los pagos realizados, siguió abonando a AIFOS los sucesivos pagos pendientes, ascendiendo finalmente la cantidad total satisfecha por éste querellante a la suma de 56.603,23 €. Pero, al igual que en los anteriores supuestos ya descritos, tampoco éste querellante pudo ver satisfecho su deseo de ocupar la vivienda contratada, que no llegó a construirse, ni tampoco a obtener la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, por lo que con fecha 19/03/2009, en unión de otros perjudicados, interpuso la querella que ha dado lugar a esta causa en la que se encuentra personado como acusación particular. 5).- Contratos de agosto de 2003 y de junio de 2004 con el Sr. Ángel . En agosto de 2003, D. Ángel formalizó con AIFOS un contrato de compraventa de fecha 04/08/2003 (folios 288 y siguientes de autos) por el que adquirió una de las viviendas proyectadas en el conjunto residencial DIRECCION000 correspondiente a las letra S, planta jardín del bloque NUM004 , por el precio convenido de 121.450€ más IVA. Como forma de pago se convino una primera entrega inicial que quedó completamente satisfecha al momento de la firma tras haber abonado en días anteriores parte de ella en concepto de reserva y cuya suma total ascendió a 16.645 E, una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de efectos cambiarios. Como consecuencia de ello, el adquirente llegó a abonar a AIFOS un total de 51.009 €, que son los que reclaman esta causa. Al igual que en todos los casos anteriores, el contrato quedó plasmado en las dos clases de documentos tipo homologados por la dirección de la empresa vendedora antes mencionados compuestos por un pliego de condiciones particulares y otro pliego de cláusulas generales de idéntico contenido al suscrito con los clientes anteriores en el que igualmente se recogían en sus cláusulas cuarta y sexta los textos ya antes comentados a los que, en aras a la brevedad, nos remitimos. E igualmente debe darse aquí por enteramente reproducido todo lo que hemos venido refiriendo en relación al manifiesto incumplimiento por parte de AIFOS, también en este caso, de esas exigencias legales relativas al deber de concertar un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor que tampoco fue subsanado en ningún momento posterior y que al igual que en los casos anteriores comportó el ingreso de todo ese dinero recibido de este cliente en una cuenta general de la sociedad con la consiguiente incorporación definitiva del mismo a su patrimonio social. Y también como en los casos anteriores, el largo tiempo transcurrido desde la firma del contrato sin que la vivienda comprada le fuese construida y entregada ni tampoco devuelto el dinero abonado sin recibir al respecto ninguna explicación mínimamente satisfactoria todo ello, le llevó a este cliente a interponer con fecha 29/07/2009 la querella que ha venido sustanciándose en esta causa penal en la que el Sr. Ángel viene actuando como acusación particular a fin de hacer valer sus derechos. 6).- Contratos de febrero de 2003 y de julio de 2005 con los Sres. Rodolfo Luisa . En febrero de 2003, este matrimonio integrado por la aquí querellante Luisa y su posteriormente finado esposo D. Rodolfo contactaron con AIFOS y formalizaron con ella un contrato de compraventa de fecha 2 7/02/2 003 (folios 68 y siguientes de autos) por el que adquirieron una de las viviendas que esta entidad tenía proyectadas en el conjunto residencial denominado " DIRECCION001 " de la URBANIZACIÓN001 ubicada en el término municipal de Mijas (Málaga), concretamente la vivienda de la planta NUM004 , letra NUM004 , edificio en Berlín, siendo el precio convenido el de 117.137 € más IVA. Como forma de pago se convino una primera entrega inicial de 37.601,06 euros que fue satisfecha por el comprador al tiempo de la firma del contrato, una segunda parte mediante la futura subrogación en el préstamo hipotecario, y otra tercera mediante la aceptación de un efecto cambiario por importe de 5.739,45 €. Al igual que en todos los anteriores casos, pese a versar la compra sobre una vivienda perteneciente a otro conjunto residencial, el contrato quedó plasmado en las dos clases de documentos tipo homologados con carácter general por la dirección de la empresa vendedora antes mencionados (un pliego de condiciones particulares y otro pliego de cláusulas generales de contenido siempre idéntico) en el segundo los cuales, por tanto, se recogían en sus cláusulas cuarta y sexta los ya conocidos textos literales a los que, en aras a la brevedad, nos remitimos. Y también, naturalmente, debe darse aquí por enteramente reproducido todo lo que se ha venido reiterando hasta ahora con respecto al manifiesto incumplimiento por parte de AIFOS, también en este caso, de esas exigencias legales relativas al deber de concertar un contrato de seguro o aval bancario y depositar el dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor que tampoco fue subsanado en ningún momento posterior y que al igual que en los casos anteriores comportó el ingreso de todo ese dinero recibido de estos clientes en una cuenta general de la sociedad con la consiguiente incorporación definitiva del mismo a su patrimonio social. A diferencia de los casos anteriores, el largo tiempo transcurrido desde la firma del contrato sin que la vivienda comprada le fuese construida y entregada llevó esta vez AIFOS a ofrecer estos clientes en permuta otra vivienda proyectada en el conjunto residencial DIRECCION000 , lo que fue aceptado por estos, plasmándose dicho acuerdo en el contrato de permuta de fecha 29 de julio de 2005 (folio 80 y siguientes de autos) en el que se mantuvo el mismo precio convenido que en el contrato de anterior de 27/02/2003 con las mismas condiciones particulares y generales ya antes expuestas siendo en este caso la vivienda objeto del contrato la correspondiente a la planta NUM004 , letra NUM003 , bloque NUM004 del mencionado conjunto residencial. Pero también en este caso se volvió a repetir la misma historia pues ni la nueva vivienda (proyectada en uno de los edificios cuyas obras fueron paralizadas en diciembre 2005 por el ya comentado decreto municipal) se llegó a construir ni tampoco ATFOS devolvió a estos clientes las cantidades entregadas que en total ascendieron a un total de 47.309,43 €. En vista de lo cual, la Sra. Luisa , con fecha 19/03/2009 interpuso la querella que ha dado origen a la formación de esta causa y en la que viene actuando como acusación particular a fin de hacer valer sus derechos tanto en nombre propio como en su condición de legítima heredera de su finado esposo. TERCERO.- Destino de las cantidades anticipadas recibidas. A lo largo de todo este período de tiempo comprendido entre abril de 2003 y el segundo semestre de 2005, la empresa AIFOS dirigida por el acusado Sr. Santos recibió de los clientes aquí querellantes en concepto de cantidades anticipadas a cuenta de la respectivas viviendas en proyecto adquiridas un total de 389.596,66 €, sumas todas ellas que, por así tenerlo ordenado dicho inculpado a sabiendas de su ilegal modo de actuar, fueron sucesivamente incorporadas al haber social de la entidad, confundidas con su patrimonio y destinadas, por tanto, indistintamente tanto a fines de construcción como a cualesquiera otros gastos y necesidades inherentes a su objeto social, habiendo quedado acreditado en cualquier caso que ninguna de las viviendas contratadas llegó a ser enteramente construida ni tampoco, como antes se ha dicho, devuelto a ninguno de los querellantes el dinero satisfecho".
"Que debemos condenar y CONDENAMOS a D. Santos , como autor de un DELITO CONTINUADO Y CUALIFICADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, concurriendo la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de Inhabilitación especial para para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con la promoción inmobiliaria durante todo el tiempo de duración de la condena y MULTA DE NUEVE MESES a 15 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Así mismo condenamos al autor de dicho delito a que indemnice a cada uno de los perjudicados que se relacionan a continuación en las cantidades que se indican más los intereses legales del artículo 576 LEC en los siguientes términos: A Dª. Luisa : 47.309,43 €. A Dª. Paulina : 94.878 €. A D. Benjamín : 56.603,23 €. A D. Jose Francisco y Dª. Erica : 90.258 €. A D. Ángel : 51.009 €. Y a D. Leon : 49.539 €. Sumas indemnizatorias todas ellas de las que deberá responder igualmente en calidad de responsable civil subsidiaria la mercantil AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.A. Notifíquese la presente resolución a las partes previniéndoles de que contra la misma cabe preparar recurso de casación para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el término de cinco días, como previenen los artículos 855 a 857 de la LECrim ".
Por Auto de 27 de enero de 2017 se aclaró la anterior sentencia conteniendo la siguiente Parte Dispositiva:
"Por los motivos expresados, la Sala acuerda aclarar la sentencia en el sentido recogido en el fundamento jurídico único, en los términos interesados por la representación del perjudicado debiendo hacerse extensiva en los mismos términos a los demás perjudicados".
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, por la representación del acusado D. Santos , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
El recurso interpuesto por la representación del acusado D. Santos , lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Al amparo del art. 852 L.E.Cr ., por infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 C.E .).
Segundo.- Al amparo del art. 849.1 L.E.Cr . por indebida aplicación del art. 252 C.P .
Tercero.- Al amparo del art. 849.1 L.E.Cr . por indebida aplicación del art. 252 C.P .
Cuarto.- Al amparo del art. 5.4 L.O.P.J ., art. 852 L.E.Cr ., art. 25.1 y 9.3 de la C .E., por infracción del principio de legalidad y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras.
Quinto.- Al amparo del art. 849.1 L.E.Cr . por infracción del art. 14.3 C.P ., por la existencia de error sobre la punibilidad del incumplimiento de las obligaciones que la Ley 57/68 impone al vendedor en la transmisión de vivienda.
Sexto.- Al amparo del art. 849.1 L.E.Cr . por infracción del art. 14.1 C.P ., por error de hecho sobre la condición de inversor del adquirente.
Séptimo.- Al amparo del art. 849.1 L.E.Cr . por infracción del art. 21.6º del C.P . en relación al art. 66.1.2º del C.P .
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, solicitó la inadmisión y subsidiaria impugnación del mismo, dándose asimismo por instruidas las representaciones de las partes recurridas, oponiéndose al recurso y quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Por Providencia de esta Sala se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día16 de enero de 2017, prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.
Contra la sentencia dictada por la sección tercera de la audiencia Provincial de Málaga del 29 julio 2016 que le condenó como autor de un delito continuado y cualificado de estafa, previsto y penado en los artículos 252 en relación con el artículo 250.1.6 (especial gravedad) y 74.2, todos del Código Penal concurriendo atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de tres años y seis meses prisión y multa de nueve meses a 15 euros de cuota diaria, interpone el recurrente siete motivos de casación, el primero por infracción de derecho fundamental a la presunción de inocencia artículo 24.2 CE , al amparo del artículo 852 LECrim , debido a que la sentencia arbitrariamente omite recoger en los hechos probados de la sentencia diversas circunstancias fácticas que han quedado probadas en la instancia y que resultan relevantes para la calificación de los hechos, todas favorables al acusado, el segundo por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 LECrim , por indebida aplicación del artículo 252, al condenar por aplicación de la doctrina emanada de la STS 163/2014 del 6 marzo según la cual, el incumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 1 Ley 57/68 de 27 julio , reguladora de las percepciones de las cantidades anticipadas en la constitución y venta de las viviendas, genera por sí solo responsabilidad penal si la construcción no se iniciara o alcanzara buen fin y no se devolviese el dinero dado que los denunciantes no eran compradores finales, sino inversores, no siendo aplicables las ; el tercero al amparo del artículo 849.1 LECrim , también por indebida aplicación del artículo 252 CP , obligaciones de entrega de aval ni constitución de cuenta especial establecidas por la Ley 57/68; el cuarto al amparo de los artículos 5.4 LOPJ , artículos 852 LECrim , art. 25.1 y 9.3 CE , por infracción del principio de ilegalidad y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, dado que la Ley , 57/68 de 27 julio fue derogada expresamente por la disposición denegatoria única 1 f) de la LO 10/95 de 23 noviembre, con lo que dicha conducta, objetivamente considerada, quedó expresamente penalizada desde el 24 mayo 1996 y sin embargo desde la STS 163/2014 se ha creado una nueva línea jurisprudencial, según la cual, el incumplimiento de las garantías establecidas en el artículo 1 Ley 57/68 genera por sí su responsabilidad penal " reactivando una norma derogada y reinterpretando un carácter normativo tanto referida Ley como el artículo 252 CP , que se está aplicando con carácter retroactivo a conductas anteriores a dicha doctrina; el quinto al amparo del artículo 849.1 LECrim , por infracción del artículo 14.3 CP por la existencia de error sobre la punibilidad del incumplimiento de las obligaciones de la Ley 57/68 impone al vendedor en la transmisión de la vivienda, dada la controversia jurídica y de los propios tribunales sobre tal cuestión; el sexto, al amparo del artículo 849.1 LECrim , por infracción del artículo 14.1 CP por error de hecho en el acusado sobre la condición de inversores de los compradores, a los que no resultaba obligatorio legalmente entregarle aval y cuyas cantidades no habrían de ser ingresados en cuenta especial; y el séptimo un al amparo del artículo 849.1 LECrim por infracción del artículo 21.6 CP , en relación con el artículo 66.1.2 CP , al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas como simple, cuando sólo el dato de que la causa se haya sentenciado más de 13 días después de ocurridos los hechos y más de siete después de incoada la investigación es razón suficiente para poder aplicar dicha atenuante como muy cualificada.
Dado el contenido de los motivos que se han referido, resulta conveniente clarificar la doctrina más reciente de esta Sala en orden a la cuestión principal debatida cuál es la calificación que debe darse a la conducta del promotor que incumple las obligaciones previstas en la Ley 57/68 de 27 julio no entrega la vivienda comprometida ni devuelve las cantidades adelantadas.
Así en la reciente STS 739/2017 de 16 noviembre recordábamos que esta Sala en supuestos similares al que se contempla tenía consolidada una doctrina cuyo contenido principal, así como las discrepancias y objeciones, se pueden apreciar en las SSTS 89/2016 de 12 febrero , y 151/2017 de 10 marzo , en ese precedente jurisprudencial, frente a las alegaciones de un imputado afirmando que el dinero entregado por el comprador lo ha dedicado a diferentes gastos previos para la construcción del edificio donde adquirió su vivienda la parte denunciante, contra argumenta la Sala de Casación que conforme a lo alegado por el recurrente bastaría a los promotores de viviendas con incumplir la ley e ingresar las cantidades recibidas anticipadamente en una cuenta genérica de su empresa, sin garantizarlas como están obligados, prescindiendo de la cuenta específica legalmente imperativa, para que estas cantidades se confundan con su patrimonio y no sea posible acreditar en qué las han gastado, eludiendo totalmente su responsabilidad. Uniendo a esta argumentación la exigencia de que, pese a que es el promotor el que ha dispuesto de las cantidades entregadas burlando manifiestamente sus obligaciones legales de garantía y separación, sean por el contrario los perjudicados los que estén obligados a acreditar que el promotor se ha gastado su dinero en atenciones diferentes de la construcción de las específicas viviendas a las que estaban destinados los anticipos. Prueba que resulta prácticamente imposible cuando las cantidades anticipadas se ingresan ilegalmente en una cuenta común de la empresa, con lo que se consuma el esperpento que pretende la parte recurrente, al incumplir primero la Ley y después emplazar a la víctima a una prueba diabólica, no exigida por el tipo, haciendo prácticamente inviable la sanción por apropiación indebida en estos supuestos.
Acuerdo que fue desarrollado por la STS 406/2017 de 5 junio , que tras analizar un exhaustivo estudio de la doctrina jurisprudencial en esta materia, concluye: Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Dejando a un lado problemas probatorios, lo que importa es si se declara probado que el autor ha recibido el dinero para emplearlo en la construcción, y que no lo ha destinado a esa finalidad, sin que importe cuál ha sido la utilización concreta del mismo. Pues resulta, a estos efectos, indiferente si lo ha gastado en atenciones personales, si lo ha ocultado, si lo ha regalado a un tercero, si lo ha empleado en otras promociones inmobiliarias o en otros negocios o si lo ha utilizado para sanear su empresa. La finalidad exclusiva de esas cantidades era la construcción de las viviendas de los compradores, y cualquier otro destino dado a las cantidades recibidas implica una distracción de las mismas.
5- Por ello, cuando el promotor incumple tales obligaciones de aperturar la cuenta especial y dedicarla a la obra comprometida, y la dedica o la confunde con otros patrimonios de otras promociones pero ante la petición de devolución de lo recibido entrega las cantidades adelantadas, o acredita el destino de ese dinero a la ejecución de la obra comprometida - -aunque no acabada--, entonces podrá existir responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de tales obligaciones, pero no delito de apropiación indebida, no olvidemos que la Disposición Adicional 1ª de la Ley 38/99 de 5 noviembre de ordenación de la Edificación que mantuvo expresamente la vigencia de las obligaciones legales establecidas en la Ley 57/68 prevé multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo primero del artículo 6 de la citada Ley se impondrá por las Comunidades autónomas, en cuantía por cada infracción, de hasta el 25% de las cantidades cuya devolución debe ser asegurada o por lo dispuesto en la normativa propia de las comunidades autónomas.
Aplicando la doctrina jurisprudencial al caso que se analiza dado que en el apartado tercero del hecho probado "Destino de las cantidades anticipadas recibidas" se recoge que "a lo largo de todo este período de tiempo, comprendido entre abril de 2003 y el segundo semestre de 2005, la empresa AIFOS dirigida por el acusado señor Santos recibió de los clientes aquí querellantes en concepto de cantidades anticipadas a cuenta de las respectivas viviendas en proyecto adquiridas un total de 389.596 66 €, sumas todas ellas que, por así tenerlo ordenado dicho inculpado a sabiendas de su ilegal modo de actuar fueron sucesivamente incorporadas al haber social de la entidad, fundidas con su patrimonio y destinadas, por tanto, indistintamente tanto a fines de construcción como cualesquiera a otros gastos y necesidades inherentes a su objeto social habiendo quedado acreditado en cualquier caso de ninguna de las viviendas contratadas llegó a ser enteramente construida ni tampoco, como antes se ha dicho, devuelto a ninguno de los dirigentes el dinero satisfecho", debemos analizar el motivo primero al amparo del artículo 852 LECrim , por infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), e n, cuanto en los hechos probados se omiten recoger determinadas circunstancias , absolutamente relevantes para la calificación de los hechos y que resultan probadas y pese a ello la sentencia iimpugnada, sin lógica ni razón alguna, las obvia, con vulneración no sólo del derecho fundamental de presunción de inocencia, sino también del derecho a la tutela judicial efectiva, íntimamente vinculado con el anterior.
Estas razones serían:
- Tres de los diez bloques de la promoción inmobiliaria se encontraban terminados y con licencia de primera ocupación solicitada, habiéndose constituido una cooperativa de viviendas para su gestión a la que los denunciantes no quisieron inscribirse, encontrándose el resto de la promoción en alto grado de desarrollo.
- Las cantidades obtenidas por Aifos en la promoción urbanista por la venta de inmuebles fue inferior a las cantidades invertidas por la Promotora en la misma promoción, lo que impide la distracción del dinero.
- Dos de los compradores Sra. Paulina y su esposo Sr. Carmelo , tenían sus apartamentos en los bloques terminados y aun así, no los han querido recibir.
- Los compradores eran inversores que solo deseaban obtener rentabilidad y no comprar una vivienda.
- Que uno de los denunciantes D. Benjamín no es cliente de Aifos ni ha realizado entrega de cantidad a cuenta alguna.
Previamente en cuanto el recurrente postula una modificación de los hechos probados al haber sido omitidos datos que considera esenciales para repercutir en los pronunciamientos jurídicos y el fallo, y dado que el motivo por infracción de Ley del artículo 849.1 LECrim , obliga a respetar aquel relato fáctico, al discutirse solos problemas de aplicación de la norma periódica que han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, la jurisprudencia viene señalando que la única vía que permitía impugnar en casación la apreciación de la prueba hecha en la instancia en el motivo fundado en el artículo 849.2 LECrim , vía particularmente estrecha y que ahora cuando se trata de subsanar manifiestos errores de la sentencia recurrida, se ve ampliada por la vulneración de la presunción de inocencia, como un caso concreto de interdicción de la arbitrariedad de poderes públicos.
En efecto es doctrina jurisprudencial reiterada, SSTS 14/2010 el 28 enero , 383/2010 de 5 mayo , 371/2011 de 19 mayo , 1236/2011 de 22 noviembre , 480/2012 de 29 mayo , la que establece que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
En este sentido cuando se trata de valoración de pruebas personales Como hemos dicho en SSTS. 14/2010 de 28.1 , 294/2008 de 27.5 , la valoración de la prueba una vez considerada como prueba regularmente obtenida bajo los principios que permiten su consideración como tal, esto es, por su práctica en condiciones de regularidad y bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción efectiva, se desarrolla en dos fases:
La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en base a la que dicta la sentencia condenatoria puede y debe ser analizada en el ámbito del control casacional como consecuencia de la condición de esta Sala Casacional como garante a la efectividad de toda decisión arbitraria -- art. 9-3º C.E .--, actualmente más acentuado, si cabe, a consecuencia de la efectividad a que debe responder el presente recurso de casación como recurso efectivo que permita el reexamen de la culpabilidad y de la pena impuesta por el Tribunal sentenciador de acuerdo con el art. 14-5º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ..."; y por último la STS. 728/2008 de 18.11 antes referida que recuerda que: "el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. El respeto a las reglas de la inmediación y a la facultad valorativa del Tribunal enjuiciador conlleva -como ya hemos dicho ut supra- que el control en esta sede casacional del cumplimiento del referido principio constitucional no se limita a la constatación de una prueba de cargo lícitamente practicada, pues lo límites de dicho control no agotan el sentido último de este derecho constitucional, el cual vincula al Tribunal sentenciador no solo en el aspecto formal de la constatación de la existencia de prueba de cargo, sino también en el material de su valoración, imponiendo la absolución cuando la culpabilidad no haya quedado acreditada fuera de toda duda razonable.
Partiendo de estas premisas debemos analizar la primera queja del recurrente relativa a la omisión en el hecho probado de que tres de los diez bloques de la promoción se encontraban terminados y con licencia de primera ocupación solicitada encontrándose el resto de la promoción en alto grado de desarrollo.
La sentencia recurrida en este extremo se limita a recoger en el apartado primero del hecho probado, tras detallar las características de la promoción " DIRECCION000 " en Fuengirola de la entidad mercantil AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.A dirigida por su administrador el acusado hoy recurrente D. Santos , edificación de 338 viviendas en 10 bloques de tipología plurifamiliar de una misma altura (compuesta de tres plantas y uso bajo cubierta), además de una planta sótano destinada a aparcamientos, trasteros y piscinas, en conclusión de la correspondiente licencia municipal de obras por Decreto de 9 febrero 2004, relata la paralización parcial de la promoción acordada por el Ayuntamiento de 19 diciembre 2005 por no ajustarse la ejecución de las obras a ciertos bloques (los números uno a cinco) al proyecto inicial por el que se había otorgado al aumentarse el volumen de edificabilidad de esos bloques incluyendo una planta semisótano, incrementando así a 396 el número de leyendas de la promoción.
Paralización de la obra que afectó exclusivamente a esos cinco bloques y que tras la firma de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Aifos se alzó esa paralización el 19 abril 2011 fecha en el que el BOJA publicó la aprobación definitiva de la revisión del PGOV de Fuengirola al que se incorporó el Convenio. Circunstancia está a la que se añade la situación concursal en la que se encuentra Aifos por auto de 23 julio 2009 del juzgado de lo Mercantil de Málaga .
Y en el apartado tercero de los hechos probados "destino de las cantidades anticipadas recibidas" tras señalar que las cantidades anticipadas a cuenta de las respectivas viviendas adquiridas en un proyecto, 389.596 66 Euros fueron incorporadas al haber social de la entidad, confundidas con su patrimonio y destinadas indistintamente tanto a fines de construcción como a cualesquiera otros gastos y necesidades inherentes a su objeto social, considera acreditado que "en cualquier caso ninguna de las viviendas contratadas llegó a ser enteramente construida".
El recurrente discrepa de tal conclusión a la que la Sala llega-fundamento jurídico segundo-"de todas las pruebas practicadas en el juicio oral o formalmente llevadas al mismo con las debidas garantías de contradicción, inmediación y publicidad, entre las que deben ser destacadas, ante todo y sobre todo, la abundante documental no cuestionada por ninguna de las partes (en especial los diversos contratos de compraventa y respectivas cantidades entregadas por los clientes, las resoluciones de licencia municipal y de paralización parcial de las obras en los bloques NUM004 a NUM009 de la promoción), las propias declaraciones del acusado (quien, entre otros extremos, ha reconocido abiertamente esos contratos, el recibo de las cantidades sin ningún tipo de aval específico y su fusionado destino a la cuenta general de la sociedad, alegando como único inconsistente pretexto que los clientes eran meros "inversores" y que además nunca le habían solicitado esas garantías legalmente previstas), las muy diversas testificales depuestas en el plenario directamente afectantes a los hechos objeto de enjuiciamiento (excluyendo, por tanto, por su irrelevancia para el caso, las que han ido referidas a hechos muy posteriores a los específicos actos objeto aquí de acusación, como por ejemplo todos aquellos testimonios que han versado sobre la administración concursal o sobre esa peculiar cooperativa constituida en el año 2013 sobre la que se nos ha hablado en una de las sesiones del juicio), habiendo resultado de especial interés para el caso, tanto por su contenido como por la credibilidad merecida a la luz de la inmediación, los testimonios depuestos por los perjudicados Paulina , Ángel y Leon así como por el arquitecto del ayuntamiento de Fuengirola Luis Alberto .
Por último, en relación con esta valoración probatoria, debe ponerse de manifiesto que ninguna relevancia sustancial en orden al enjuiciamiento y calificación de los hechos (menos aún a los efectos exculpatorios pretendidos) le ha merecido esta sala el dictamen pericial que ha sido ratificado y explicitado en el juicio por el perito don Doroteo propuesto a instancias de la defensa. Y ello por la sencilla razón de que, aun dejando de lado algún abultado error numérico que él mismo ha reconocido a preguntas de una de las acusaciones, en ninguno de los extremos de su extenso contenido aborda de forma directa y clara lo esencial, es decir qué concreto destino tuvieron, separadamente por cada uno de los clientes, las cantidades que estos fueron entregando a AIFOS. Todo lo contrario, a raíz de las preguntas y precisiones que le han ido demandando las partes acusadoras, su dictamen ha venido indirectamente a confirmar lo ya probado por otros medios: que nunca se abrió cuenta separada por cada cliente ni, en el caso de la promoción objeto de autos, se expidió nunca aval específico alguno tal y como exigía la ley que, por cierto, el perito afirma desconocer por completo.
Pues bien de la anterior motivación se colige que la argumentación de la Sala se circunscribe a entender acreditado como base de la subsunción de la actuación del recurrente en el delito de apropiación indebida, la no apertura de cuenta separada para cada cliente y la inexistencia de aval específico que garantizarse la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, devolución que no se ha producido, pero ha omitido valoración alguna de la prueba documental, testifical y pericial de la defensa sobre el estado final de la obra y las causas de la paralización de las obras, olvidando que el fallo judicial que pone fin al proceso debe ser la expresión razonada de la valoración concreta e individualizada de los elementos que integran el conflicto, de las pruebas practicadas de cargo y de descargo y de la interpretación de la norma aplicada. Por ello mismo, la obligación de motivar -como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todo justiciable- supone la necesidad de valorar tanto las pruebas de cargo presentadas por la acusación, como las de descargo practicadas a instancia de la defensa.
Siendo así obran en la causa diversos documentos, corroborados por pruebas personales personas acreditativos de que tres de los bloques se encuentran finalizados y del alto grado de acabado de los restantes.
Así en el desarrollo del motivo señala el recurrente:
Dos informes de 9 noviembre 2007 y 28 enero 2009 emitidos por la Concejala Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuengirola ( folios 66 y 67 tomo I) recogiéndose en el primero que las obras de los bloques NUM004 a NUM009 se paralizaron por Decreto 13.192/2005 "no afectando la paralización al resto de la obra, y el segundo que "sobre dichas obras (bloques NUM004 a NUM009 ) se ha iniciado expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística..." y "aunque efectivamente la licencia de primera ocupación de dichas obras está solicitada, sobre la misma no ha recaído aún resolución expresa".
Informe de tramitación urbanística de la promoción obrante al rollo de Sala como documento 2.2 de la defensa presentado con escrito del sello de entrada 14 mayo 2015, en el que se recogen, puntos 8 y 9 de dicho informe, comunicaciones entre Aifos y el Servicio Municipal de Aguas de Fuengirola y Endesa Distribución Eléctrica S.L.V. con el objeto de dar de alta los servicios de suministro de agua y electricidad a 108 viviendas de la Promoción " DIRECCION000 ". Alta en dichos servicios acreditativos de la terminación de dichas viviendas.
Certificado de tasación de la promoción realizado por TINSA para la entidad financiera que otorgó el préstamo promotor, que cifra en 25.066.778 55 € el valor de la obra construida (folios 568 y siguientes, Tomo II).
Tasación realizada por perito de la entidad financiera concedente del préstamo hipotecario-y por tanto ajeno a Aifos, que coincide con la partida de gasto invertido por esta y la obra en el informe pericial económico elaborado por los economistas don Doroteo y don Felix , señalan que sólo los costes de obra, de urbanización y de movimientos de tierras alcanzaron la cifra de 36.263.796 56 € (informe que obra Rollo Sala como documento I del escrito de defensa con sello de entrada de 14 mayo 2015).
Certificaciones de obra-folio 1233 y siguientes Tomo IV-de la promoción emitidos por la dirección facultativa entre el 25 julio 2006 y el 1 de febrero 2007, que acreditan que durante esos meses la promoción pasó a estar construida en un 76,9% al 83,29%. Mientras que la última certificación de obra expedida por la dirección facultativa el 9 de febrero 2009, aportada por la defensa de Aifos al inicio de las sesiones del juicio oral consta que la totalidad de la promoción acabada a tal la fecha era de un 85 31%.
El Plan de liquidación de Aifos emitido por la administración concursal y unido al Rollo de la mayor colección sala como documento número 2.5 en el escrito de la defensa con sello de entrada de 14 mayo 2015. En dicho Plan, página 38, los administradores concursales expresan que la promoción es un activo de la sociedad "en un alto grado de terminación"-aunque haya sufrido en los años posteriores una depreciación por robos-y que se pretende terminar la misma tras los acuerdos alcanzados con Cajasur y con la cooperativa Blanca del Sol SICA creada con algunos de los compradores.
Prueba documental omitida en su valoración por la Sala de instancia y que pone de manifiesto que tres bloques de la promoción, con 108 viviendas, estaban terminados en cuanto a su construcción y el resto con un grado de terminación muy elevado, y que se ve corroborada en el Plenario por las declaraciones de las personas que intervinieron en su elaboración: administrador concursal de Aifos, arquitecto jefe Ayuntamiento de Fuengirola; Presidente de la Cooperativa "Blanca del Sol viviendas"; arquitecto encargado del Proyecto y de la dirección de la obra, y perito economista don Doroteo sobre los costes de obra, de urbanización y de movimientos de tierra (más de 36 millones de euros); cantidad muy superior a la recibida de los compradores y no devuelta, 10.038. 455 43 €.
En este extremo la Sala si se pronuncia sobre este informe pericial cuestionando que no aborde de forma directa y clara lo esencial, es decir que concreto destino tuvieron separadamente por cada uno de los clientes de las cantidades que éstos fueron entregando a Aifos. Razonamiento cuánto o menos discutible, pues lo importante es que el dinero se destine a la construcción de los bloques de la promoción considerada en su conjunto como unidad de negocio, con independencia del bloque en que se encuentre la vivienda, dado que la obligación al recibir el dinero es destinarlo a la edificación y la promoción genéricamente considerada y no en un concreto piso.
En definitiva nos encontramos ante una promoción cuya construcción se realizó de forma casi completa y que si no pudo terminarse y entregarse las viviendas a los compradores fue por la paralización de parte de la construcción por el Ayuntamiento y por haber sido declarada en concurso la empresa promotora, que sí había dado el dinero recibido el destino pactado.
Siendo así resulta de aplicación el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala a que se ha hecho referencia, en cuanto el dinero recibido si se destinó a la construcción, esto es para la finalidad que se recibió, con la consiguiente absolución del recurrente del delito de apropiación indebida, por el que había sido condenado, sin que sea necesario el análisis del resto de alegaciones de este motivo y de los demás motivos articulados.
Estimar el recurso interpuesto por la representación del acusado D. Santos , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera; casando y anulando la mencionada resolución.
Esta sala ha visto la causa seguida por la Sección Tercera, de la Audiencia Provincial de Málaga, que condenó a D. Santos por sentencia de fecha 29 de Julio de 2016 , por delito de apropiación indebida y que ha sido casada y anulada por la dictada en el día de la fecha por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen.
Se aceptan los hechos probados excepto el tercero que quedará redactado: "a lo largo del periodo de tiempo comprendido entre abril 2003 y el segundo semestre 2005, la empresa Aifos dirigida por el acusado Sr. Santos recibió de los clientes aquí querellantes en concepto de cantidades anticipadas a cuenta de las respectivas viviendas adquiridas en proyecto un total de 389.596,66 E, sumas todas que fueron destinadas a los fines de construcción de la promoción, estando tres bloques terminados y el resto construido en un porcentaje muy elevado.
Tal como se ha razonado en la sentencia precedente , los hechos no son constitutivos de un delito de apropiación indebida.
Debemos absolver y absolvemos a Santos del delito de estafa por el que había sido condenado, con declaración de oficio de las costas, dejando sin efecto cuantas medidas asegurativas se tomaron en su contra.
D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Alberto Jorge Barreiro
SAP Alicante 208/2017, 31 de Mayo de 2017

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 576
 resolución 
 artículo 250
 artículo 24
 artículo 852
 artículo 849
 artículo 252
 artículo 1
 artículo 849
 artículo 252
 artículo 1
 artículo 252
 artículo 849
 artículo 14
 artículo 849
 artículo 14
 artículo 849
 artículo 21
 artículo 66
 artículo 6
 artículo 852
 artículo 849
 artículo 849
 resolución