Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-676-16.htm
Timestamp: 2017-10-23 02:27:36+00:00

Document:
T-676-16
1. Mediante apoderado judicial, Enrique Pérez Astudillo[2] interpuso acción de tutela contra el Banco Corpbanca S.A. y Mapfre Seguros de Vida S.A. por el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales de petición, dignidad humana, no discriminación y mínimo vital, tras la negativa de las accionadas en pagar la póliza de seguro grupo deudor, que cubría el riesgo de invalidez permanente superior a 50% y la muerte del asegurado. En consecuencia, el accionante solicitó que se efectuara el trámite necesario para el pago de la póliza, que garantiza el crédito adquirido con el Banco Corpbanca S.A.
2. El 16 de marzo de 2012, el señor Enrique Pérez Astudillo solicitó un crédito por libranza en el Banco Corpbanca[3] y como exigencia para el otorgamiento de éste, se vinculó como asegurado en un contrato grupo deudores preexistente, que había sido celebrado entre Mapfre y esta entidad financiera. Según se afirmó por el actor, este seguro cubriría el riesgo de la muerte del deudor o la incapacidad permanente que fuera equivalente o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral.
3. El 20 de noviembre de 2013, se efectuó una Junta Médico Laboral Militar en la ciudad de Bogotá, con el fin de realizarle una serie de exámenes a Enrique Pérez Astudillo para determinar su capacidad sicofísica. En el Acta de la Junta Médica Laboral No. 65120, la cual fue registrada en la Dirección Nacional del Ejército, se estableció que el actor sufre de esquizofrenia, presenta trauma lumbar y de rodilla como consecuencia de haber sido víctima de un campo minado, escoliosis lumbar y cefalea postraumática crónica. Por ende, se concluyó que el actor contaba con una disminución de la capacidad laboral del 76,91%[4].
4. El 17 de febrero de 2014, mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL de 71,96% y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008)[5].
5. El 28 de febrero de 2014, Enrique Pérez Astudillo –en calidad de deudor del crédito adquirido con el Banco Corpbanca- solicitó, mediante petición radicada en Helm Corredor de Seguros, que (i) se hiciera efectivo el seguro por haberse concretado el riesgo de invalidez, como así lo acreditaba el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila y (ii) le devolvieran las cuotas que, con posterioridad a dicha reclamación, fueran descontadas por nómina[6].
6. El 6 de mayo de 2014, Mapfre Colombia Seguros de Vida en respuesta a la anterior solicitud, después de revisar nuevamente la documentación referida a esta reclamación, afirmó que no podía acceder de forma favorable a su petición. Esta decisión se sustentó en que el Banco Santander S.A. omitió reportar como asegurado al señor Enrique Pérez Astudillo dentro del listado del grupo asegurable, como así lo exigía la póliza: “[e]s claro que el tomador desentendió una de sus obligaciones a cargo, la cual era reportar dentro del listado del grupo asegurable al señor Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos esta compañía no está llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la referencia”[7].
7. El 13 de junio de 2014, mediante resolución No. 2927, proferida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, se resolvió reconocer y pagar con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional la pensión mensual de invalidez en favor del ex soldado profesional, por la suma de setecientos setenta y un mil ciento sesenta y un pesos (771.161)[8].
8. El 1° de febrero de 2016[9], su apoderado interpuso acción de tutela[10] con el fin de que fueran protegidos los derechos fundamentales de Enrique Pérez Astudillo. En particular, se solicitó el amparo del derecho de petición, a la dignidad humana, a la no discriminación y al mínimo vital, por considerar que las accionadas desconocieron que:
Agregó el actor que convive en unión marital de hecho con Julieth Ortiz Hernández[11] y de este vínculo nacieron dos hijos que en la actualidad son menores de edad[12]. Todo su núcleo familiar, según se afirma en la acción constitucional interpuesta, depende económicamente de él.
9. Mediante auto del nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva puso en conocimiento de Mapfre Seguros de Vida S.A. y del Banco Corpbanca Colombia S.A. –antes Banco Santander Colombia S.A.- la acción de tutela instaurada en su contra[13].
Mapfre Seguros de Vida S.A.[14]
10. El representante legal de esta compañía de seguros se opuso a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta en su contra. Como sustento en la contestación se indicó que, mediante comunicación del 7 de mayo de 2015, se le dio respuesta a la petición presentada y por tanto se ha configurado un hecho superado. No obstante, se precisó que esta petición fue radicada en Crezcamos en el año de 2014, por lo que quien debió haber resuelto esta solicitud fue Helm Corredores de Seguros. Además, informó la accionada que es Helm Corredores “(…) con quien se tiene suscrita la Póliza de Vida de Grupos deudor (y) quien ostenta la calidad de tomador del contra de seguro”[15].
“Es claro que el tomador desentendió una de sus obligaciones a cargo, la cual era reportar dentro del listado del grupo asegurable al señor Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos esta compañía no está llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la referencia”[16].
Banco Corpbanca Colombia S.A.[17]
11. La representante legal para efectos judiciales y administrativos del Banco Corpbanca solicitó que se negara la protección de los derechos invocados por el actor. Manifestó que si bien a Enrique Pérez Astudillo se le aprobó el crédito en la modalidad de libranza No. 0650-950000110734, por un valor de veintiún millones setecientos veintiséis mil quinientos quince pesos (21´726.515), no existió en la reclamación un interés asegurable.
Asimismo, advirtió la accionada que el último pago que se reportó en este crédito fue el ocho (8) de junio de dos mil catorce (2014) y en razón de ello “(…) el Banco procedió con la venta de cartera en el mes de diciembre de 2015 a Sistemcobro, siendo este el actual acreedor del accionante”[18].
Se advirtió que según la documentación allegada, la petición fue presentada por Enrique Pérez Astudillo en marzo de dos mil catorce (2014) -con el fin de hacer efectiva la póliza de seguro grupo deudores-, por lo que al haber trascurrido casi dos (2) años entre dicho hecho y la acción de tutela, no se acreditó el presupuesto de inmediatez:
“En efecto, si su pensión es su única fuente de ingresos, no se entiende como al verse disminuida por los descuentos para el pago del crédito, casi dos años después venga a interponer el amparo constitucional que nos ocupa, invocándola afectación al mínimo vital, pues si como antes se enunció, éste se caracteriza por una inminencia y una gravedad de tal envergadura que crean la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables para la protección del derecho amenazado (…)”[19].
Además, la solicitud radicada fue resuelta por Mapfre Seguros y comunicada por Helm Corrredores de Seguros, en donde se explicó con claridad que no se podía hace efectiva la póliza dado que “(…) el tomador, el antiguo Banco Santander, no reportó al señor Enrique Pérez Astudillo como asegurado dentro del grupo de personas asegurables, respuesta que en consideración de este despacho satisface de fondo la petición, si además se tiene en cuenta que no aparece prueba del contrato de seguro o la póliza respectiva, de manera que en este punto se presenta en realidad un hecho superado que igualmente hace improcedente el amparo invocado”[20].
Impugnación[21]:
15. Mediante auto del doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016)[22], proferido por el Magistrado Sustanciador, se ofició a Enrique Pérez Astudillo para que ratificara los hechos y las pretensiones contenidas en la acción de tutela de la referencia y suministrara cierta información adicional a la ya recaudada en el expediente.
Enrique Pérez Astudillo[23].
18. En relación con la información solicitada por esta Corporación, Enrique Pérez Astudillo ratificó los hechos y las pretensiones de la acción constitucional y el poder otorgado a su nombre. Del mismo modo, aclaró que estuvo en servicio activo en el Ejército Nacional durante más de nueve años, al haber prestado el servicio militar obligatorio y por haber sido soldado profesional[24].
Manifestó que no ha podido acudir al proceso ordinario para resolver su controversia, pues no ha contado con los recursos económicos para el pago de un abogado y en virtud de que sus especiales circunstancias de salud se lo impiden[25]. En consecuencia, la tardanza en interponer la acción de tutela se fundó en que no tenía conocimiento de que podía acudir de forma directa a esta acción constitucional y además existió la confianza de que la entidad financiera iba a dar cumplimiento al contrato de seguro. Sin embargo, nunca se atendieron de fondo las diferentes peticiones y las respuestas otorgadas siempre fueron evasivas.
Aportó una solicitud radicada en el Banco Corpbanca el día ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), en la que solicitó hacer efectiva la póliza correspondiente[26], la cual se suma a la radicada el veinticinco (25) de marzo del mismo año. Esta última petición fue remitida por Helm Corredores de seguros a Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., quien negó el derecho al afirmar que el actor no fue reportado en la lista que incluía el grupo asegurable.
Banco Corpbanca[27]
Pese a lo expuesto, no se entregó la póliza correspondiente, aun cuando se le solicitó de forma explícita en el auto de pruebas[28].
Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A.[29]
20. El representante legal para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos de Mapfre indicó que Enrique Pérez Astudillo no se encuentra, ni se ha encontrado registrado como asegurado por cuenta del crédito adquirido originalmente con el Banco Santander –ahora Corpbanca- y por tanto esta aseguradora no recibió ninguna prima para asegurar al accionante. En efecto, junto con la respuesta a la solicitud de pruebas se envió (i) un disco compacto en donde se encuentra el listado del grupo asegurable remitido por la entidad financiera y (ii) toda la información del contrato de seguro de vida grupo deudores contratado con dicho banco, en el que se reitera que el actor nunca fue asegurado por Mapfre.
Helm Corredor de Seguros S.A.[30]
Sistemcobro S.A.S.[31]
Fasecolda, Superintendencia Financiera, Asobancaria y el Defensor del Consumidor Financiero del Banco Corpbanca[32]
Allianz Compañía de Seguros S.A.[33]
24. Dado que sólo hasta el momento en que se recibieron las pruebas solicitadas, el Banco Corpbanca y Helm Corredores aclararon que el contrato de seguro que cubría el riesgo de invalidez y muerte del actor no se había suscrito con Mapfre sino con Allianz Compañía de Seguros S.A., fue necesario vincular a esta última compañía mediante auto del dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[34].
Pese a lo expuesto, se consideró que aun analizando el asunto de fondo no existió legitimación en la causa dado que esta compañía es ajena a la situación fáctica que dio origen a la acción constitucional. De modo que, al haberse fijado en el año dos mil ocho (2008) la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del señor Enrique Pérez Astudillo, la póliza No. 111000426 en favor del Banco Corpbanca no cubrió este riesgo pues su vigencia empezó el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011). Por ende, según consta en certificado expedido por la entidad financiera, para la fecha del siniestro el actor no tenía obligaciones vigentes con Corpbanca y por tanto no existe el interés asegurable como elemento esencial de este tipo de contratos.
28. Legitimación por activa: Enrique Pérez Astudillo interpone acción de tutela mediante apoderado, acorde con el artículo 86 de la Carta Política[35], que establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá acudir a la acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Es preciso advertir que en un principio el poder había sido otorgado por Julieth Ortiz Hernández, en calidad de compañera permanente del actor. No obstante, por requerimiento del auto de pruebas, el accionante de manera explícita confirmó los hechos, las pretensiones de la acción de tutela[36] y el mandato otorgado en su nombre.
29. Legitimación por pasiva: El inciso 5° del artículo 86 de la Constitución dispone que “[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
Los numerales 1º y 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en un principio, indicaron que la acción de tutela procedía contra acciones u omisiones de los particulares, cuando contra quien se dirigía la solicitud estuviera encargado de la prestación del servicio público de educación o de salud y siempre que mediante dicha acción se buscara la protección de los derechos constitucionales que allí se encontraban enunciados. Tales disposiciones fueron demandadas, por considerar que el hecho de que ciertos derechos fundamentales no hubieren sido consagrados en el decreto, no implicaba que ellos no pudieran ser protegidos mediante este recurso. En la sentencia C-134 de 1994[37] se declaró que la acción de tutela era procedente contra cualquier particular que se encuentre prestando un servicio público y con independencia del derecho fundamental invocado:
Del mismo modo, el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[38] establece que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de los particulares, cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con la organización o con una persona natural.
a) Una de las aproximaciones sobre el tema quedó estructurada en la sentencia T-520 de 2003[39] en donde se analizó si la actividad que realizan los bancos constituye un servicio público, dado que en esa oportunidad los jueces de instancia cuestionaron la naturaleza jurídica de esta actividad. La Corte, después de analizar la evolución del concepto de servicio público, advirtió que la actividad bancaria sí encaja dentro de esta noción y por tanto la acción de tutela era procedente, de conformidad con el inciso 5° del artículo 86[40].
Finalmente, se advirtió que, pese a que esta argumentación no era suficiente para concluir que la actividad financiera es un servicio público, esta categoría había sido otorgada legislativamente, en particular por el artículo 1° del Decreto 1593 de 1959 -no obstante que este artículo ya había sido derogado por el artículo 3° de la Ley 48 de 1968- y jurisprudencialmente a través de las sentencias T-443 de 1992[41] y SU-157 de 1999[42].
b) La sentencia T-587 de 2003[43] asumió que la acción de tutela procede contra las entidades bancarias en virtud del servicio público que prestan, pero para ello además se requiere que se demuestre una posición de indefensión o subordinación. Sobre el particular la Corte señaló “(…) en el caso de las actividades bancarias, la procedencia de la tutela se justifica en la medida en que (i) la entidad presta un servicio público, (ii) en el servicio prestado se presenta una disparidad de la posición contractual de las partes, o el banco tiene una posición dominante negocial, y (iii) se afecta con la actividad un derecho fundamental”.
c) Por último, en la sentencia T-468 de 2003[44] se estudió la solicitud de amparo de una cooperativa dedicada a la distribución de medicamentos, a quien una serie de bancos le terminaron los contratos de depósito en cuentas de ahorro y corriente por hacer parte de “la lista Clinton”. En esta ocasión, se concluyó que si bien ciertas funciones que prestan los bancos son servicios públicos, no toda actividad puede considerarse como tal, sino sólo aquéllas que impliquen una relación de usuario-servidor que traspase la simple relación contractual o legal. Es decir que la vulneración del derecho fundamental se produzca con ocasión de la prestación de dicho servicio.
Frente a dicha noción, de forma legislativa se consagra en el inciso segundo del artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo que servicio público es toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial. Por su parte, en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993[45] se denominan servicios públicos a aquéllos que se encuentran destinados a “(…) satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines”.
Como ha sido establecido por esta Corporación, el concepto de servicio público está estrechamente vinculado con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los asociados[46]. De modo que tal tipo de servicios se erigen en “(…) como instrumentos que le permiten al Estado alcanzar el ideal de justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva, bien sea que los preste directa o indirectamente, o que autorice a los particulares para hacerlo, en todo caso siempre serán su responsabilidad, la cual deberá cumplir de acuerdo con las disposiciones de la ley que rija su prestación, tal como lo dispone el artículo 365 de la Constitución (…)”[47].
En razón a la importancia y las consecuencias que tiene tal calificación, no cualquier servicio debe ser considerado como público. Sin embargo, tampoco es posible ignorar la naturaleza jurídica de aquéllos que son inherentes a la finalidad del Estado y que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución, exigen un control y una vigilancia especial a cargo de la organización estatal. De allí que deba decirse que la noción de servicios públicos no es estática dado que, como se expuso en la sentencia T-520 de 2003[48], se encuentra atada a las transformaciones sociales que implican que el Estado intervenga en mayor o menor medida en cierta actividad para darle cumplimiento a los fines sociales:
“Este concepto permite que el Estado regule tales actividades, otorgándoles a las personas que las ejercen una serie de derechos, facultades y prerrogativas, y permite que a la vez ejerza sobre ellos la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales. En esa medida, el aumento de la complejidad social y la creciente interdependencia entre actividades económicas y finalidades estatales, hacen que cada vez sean más las actividades privadas que interesan al Estado, y a las cuales éste les da un carácter institucional, clasificándolos jurídicamente como servicios públicos”[49].
Contrario a esto, si la relación entre los sujetos –fijada por la finalidad del servicio que es prestado por el particular- es simplemente contractual, se deberá determinar en cada caso si existe una posición de subordinación o indefensión, que del mismo modo hará procedente la acción de tutela, pero no ya por la prestación del servicio público que realiza el particular, sino porque el solicitante se encuentra en una relación de subordinación o indefensión respecto de la actuación u omisión cuestionada[50].
29.3. Descendiendo al estudio del caso concreto es posible advertir que la relación existente entre el Banco Corpbanca y el señor Enrique Pérez Astudillo se dio con ocasión de un crédito de libre inversión adquirido –en la modalidad de libranza-. De modo que, al menos en principio, no puede considerar esta Corporación que cualquier crédito cumple un fin social y por tanto hace parte de la prestación de un servicio público.
Sin embargo, ello no implica desconocer que en un caso particular exista una relación asimétrica entre las partes que haga procedente la acción de tutela por la condición de indefensión en la que se encuentre el accionante. Así, se reconoció en la sentencia T-576 de 2015[51] al afirmar que:
El hecho de no hacer parte del contrato de seguro y de someterse a las condiciones pactadas entre el Banco Corpbanca y la aseguradora evidencian una asimetría de la relación que hace procedente la acción constitucional, pues es el asegurado quien en este tipo de contratos se ha encargado de pagar la prima y quien es el titular del interés asegurable, pero quien a su vez se puede ver enfrentado al impago de la póliza, no obstante que -a su juicio- se concretó el siniestro[52].
En ese sentido, es posible advertir que el actor hubiera podido acudir al proceso ordinario civil, con el fin de solicitarle a la compañía de seguros correspondiente el pago de la póliza en favor del Banco Corpbanca. Sin embargo, en virtud de las condiciones especiales de vulnerabilidad del actor y de su grupo familiar se debe determinar que este proceso no es eficaz[53].
32.2. La Corte Constitucional ha determinado que en razón del delicado estado de salud y del contexto adverso en el que se puede encontrar una persona, es posible considerar a los mecanismos judiciales ordinarios como ineficaces “(…) en consideración a que las acciones ordinarias o ejecutivas civiles requieren del cumplimiento de unos términos mucho más extensos y de la evacuación de una etapas procesales que podrían tardar un tiempo en el cual se generen perjuicios a las condiciones dignas de vida de los accionantes”. En la sentencia T-240 de 2016[54], en la que se estudió una acción de tutela que buscó cuestionar la falta de pago de una póliza, se declaró que el amparo era procedente para conocer los casos de dos sujetos que tenían una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y en relación con los cuales se indicó que el juez constitucional debe ser más flexible, con el fin de ajustar el pronunciamiento a los postulados de igualdad material que exigen un tratamiento especial a las personas en condición de debilidad manifiesta.
Además, de conformidad con esta providencia, debe tenerse en cuenta que tal clase de asuntos pese a que la pretensión puede ser económica, va dirigida no sólo a resolver cuestiones estrictamente negociales, sino a proteger una presunta vulneración de un derecho fundamental. De modo que, en esta clase de controversias también se hace relevante el análisis de la presunta vulneración y (…) la relación inescindible que tiene la misma con los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de los núcleos familiares aquí representados. La afectación física que sufren los accionantes hace posible que la valoración del juez constitucional sea más comprensiva en estos eventos, pues no se trata de resolver cuestiones estrictamente negóciales, sino de atender al llamado de protección ante una posible vulneración de derechos fundamentales”[55].
Incluso se ha indicado que el juez de tutela puede declarar la procedencia de la acción constitucional, a pesar de que no se hubieren ejercido los mecanismos judiciales ordinarios, siempre que el accionante -con sustento en una enfermedad grave o en una discapacidad- no se encuentre en condiciones de adelantar este tipo de procesos. En la sentencia T-282 de 2016[56] se concluyó que la acción de tutela era procedente en el caso de una persona con una pérdida de capacidad del 78,8%, quien dependía de los pocos ingresos de su familia -que no permitían cubrir la deuda y el tratamiento de la enfermedad- por cuanto “(…) si bien la demanda se dirige a cuestionar un aspecto, en principio, de carácter contractual, lo cierto es que éste tiene una incidencia directa en los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y vivienda digna de la accionante, los cuales no son susceptibles de ser protegidos de forma eficaz en un proceso ordinario. Pese a que la petición principal es el reconocimiento y pago de un seguro de vida, lo cierto es que la omisión de la aseguradora supone una amenaza del mínimo vital de la accionante, toda vez que actualmente se adelanta un proceso ejecutivo sobre la vivienda en la que habita junto con su familia, la cual, además, ya es objeto de embargo”.
En la sentencia T-402 de 2015[57] se aclaró que existe una regla de decisión de la Corte que establece la procedencia de la acción de tutela contra aseguradoras y entidades financieras cuando las categorías de derecho privado no explican de forma integral el problema jurídico surgido. Es decir, en los casos en los cuales la relación entre el derecho privado y la Constitución es tan inescindible, que las fuentes del derecho privado pueden llegar a ser insuficientes para dar respuesta a un problema jurídico con evidente relevancia constitucional. En particular, en los contratos de seguros suele presentarse una relación entre sujetos dispares, y por ende la acción de tutela debería ser procedente:
“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que surjan con las compañías aseguradoras deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado el carácter contractual y económico de la controversia, cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital de una persona, puede ser viable la acción de tutela para amparar tales derechos fundamentales, sobre todo si la persona está en una condición de salud que pone en peligro su vida y sus posibilidades de sobrevivir a un proceso ordinario son pocas, haciendo necesaria la intervención del juez constitucional”[58].
32.3. En el caso que se examina el medio ordinario no es eficaz para ventilar la pretensión del señor Enrique Pérez Astudillo dada la pérdida de capacidad laboral con la que cuenta –equivalente al 71,96%-. Si bien la finalidad de la acción de tutela es que la aseguradora asuma una deuda por haberse estructurado el siniestro, no se trata de una simple pretensión económica, sino de una que podría proyectarse en la esfera irreductible del mínimo vital y de la dignidad humana.
El cambio de situación del accionante a partir del momento en que adquirió la deuda es evidente, pasó de recibir una asignación mensual determinada a una pensión de invalidez de setecientos setenta y un mil ciento sesenta y un pesos ($771.161), a partir de la cual perciben su sustento su compañera permanente y sus dos hijas menores de edad[59]. Del mismo modo, con el trascurrir del tiempo el riesgo de un cobro por las vías jurídicas y de un embargo se incrementa y exige de esta Corte el estudio, con carácter definitivo, de la presente acción de tutela.
Las dificultades de cualquier grupo familiar para enfrentar este tipo de situaciones y del estigma social que se genera en torno a estas afecciones de salud, conducen a la Corte a llamar la atención sobre este tema. Los problemas de salud mental, con frecuencia, terminan por generar un aislamiento social derivado de la concepción errada de que este tipo de afecciones son esporádicas y de la idea generalizada de que esta circunstancia no llegará nunca a ser parte de la vida personal[60]. Esta cuestión se opone la realidad de que la ansiedad, el estrés y la depresión son comunes. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud advirtió, en un informe de salud mental del año 2004:
“(…) los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su totalidad, y no sólo a un segmento limitado o aislado de la misma y por lo tanto constituyen un desafío importante para el desarrollo general. No hay grupo humano inmune, empero el riesgo es más alto en (las personas) pobres, los sin techo, el desempleado, en las personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la violencia, los migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas y el anciano abandonado. En todos los individuos, la salud mental, la física y la social están íntimamente imbricadas. Con el creciente conocimiento sobre esta interdependencia, surge de manera más evidente que la salud mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. Desafortunadamente, en la mayor parte del mundo, no se le acuerda a la salud mental y a los trastornos mentales la misma importancia que a la física; en rigor, han sido más bien objeto de ignorancia o desatención”[61].
Todas las instituciones y el Estado en general deben comprometerse a la transformación cultural que rodea a la persona con problemas mentales[62] y a su familia. Como lo destacó la OMS, el difícil contexto de estas enfermedades se ha traducido en estereotipos negativos, temor, incomodidad, rabia, rechazo y evitación. Con fundamento en lo anterior, es posible tomar medidas especiales en favor de un sujeto que sufre de esquizofrenia y de un trastorno postraumático, que en el caso en particular, refuerzan la procedencia de la acción de tutela por los motivos que se pasan a explicar.
No se puede ignorar que Enrique Pérez Astudillo, su compañera permanente y su hijo menor de edad pueden afrontar una problemática vital mayor, no sólo por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral tan alto, sino por factores como los siguientes: (i) la carga económica de los trastornos mentales que supone un peso emocional y financiero importante para la familia y el afectado; (ii) la falta de atención adecuada, los altos costos de los tratamientos y (iii) las barreras que impiden que las personas accedan a una atención apropiada[63].
Sin embargo, no es posible olvidar que la Corte Constitucional ha definido un conjunto de supuestos que justifican adelantar un examen flexible de este requisito de procedencia. Uno de ellos se presenta cuando “(…) a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata”[64].
En concreto, el accionante –en la actualidad- se enfrenta a una serie de cobros por concepto del crédito adquirido con el Banco Corpbanca y de los intereses –que continúan causándose-, además de los potenciales reportes negativos en las centrales de riesgo. Estas circunstancias se proyectan, con especial intensidad, en contra de Enrique Pérez Astudillo quien sufre de trastorno postraumático diagnosticado y esquizofrenia, haciendo que la acción de tutela en el presente caso sea procedente.
34.5. A partir de lo expuesto encuentra la Corte, sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se presentarán, que en esta oportunidad no procede efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la obligación de Allianz Compañía de Seguros S.A. de efectuar el pago. En efecto, de las pruebas que obran en el expediente se puede concluir que ya han corrido los términos de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, como así se indica en el inciso 2º del artículo 1081 del Código de Comercio al establecer: [l]a prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”[65]. Lo anterior, dado que fue el 17 de febrero de 2014 la fecha en el que la Junta Regional de Calificación del Huila le otorgó al accionante una pérdida de capacidad laboral del 71,96%[66]. En consecuencia, los dos años -que hubieran dado sustento a la reclamación- vencieron el 17 de febrero de 2016, sin que el actor o el Banco Corpbanca hubieran acudido a las acciones que a su disposición tenían en contra de la aseguradora.
En consecuencia, si bien el accionante podría iniciar un proceso ordinario orientado a solicitar que se declare el cumplimiento por parte de la aseguradora, es claro que la posibilidad de proponer la referida excepción, casi que elimina la oportunidad de obtener un pronunciamiento de fondo. En adición a ello, el accionante nunca adelantó reclamo alguno dado que consideró –de forma errónea y por razones imputables a la entidad bancaria- que era con otra aseguradora con quien se había suscrito el contrato. De modo que no puede presumirse que de haber tenido conocimiento del acaecimiento del siniestro Allianz hubiera negado su pago y menos vulnerado algún derecho fundamental del accionante.
En consecuencia, el problema jurídico que en realidad le corresponde resolver a esta Corporación es si el Banco Corpbanca, de forma directa o través de Helm Corredores de Seguros, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la información y al mínimo vital del accionante, al mantener en error al señor Enrique Pérez Astudillo acerca de cuál era la aseguradora que cubría su riesgo de invalidez o muerte, y en definitiva, al haberle afectado la posibilidad de reclamar judicial o de extrajudicialmente y de forma oportuna el pago de la póliza.
35. Las principales características de este tipo de contrato han sido desarrolladas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En particular en la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil once (2011)[67] dicha Corporación se ocupó del asunto y apoyándose en diversas fuentes, se refirió a los principales aspectos de este contrato, que en decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional han sido reiterados.
35.1. La celebración de este contrato no es obligatoria y no constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito. El artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero[68] dispone que sólo podrán crearse por la ley seguros obligatorios. En este caso no existe dicha exigencia del legislador y por tanto esta forma de aseguramiento, señaló la Corte Suprema, “(…) representa una garantía adicional de carácter personal, cuyo acogimiento depende de la aquiescencia del deudor y de las políticas sobre manejo de riesgo de las entidades financieras, todo, sin perjuicio de que el mismo obligado decida adquirir dicho amparo por iniciativa propia”.
35.2. Cuando se constituye dicha garantía, el deudor-asegurado normalmente se adhiere a las condiciones propuestas por el acreedor, quien en todo caso debe garantizar que el deudor adquiera la debida información acerca de las condiciones acordadas con la aseguradora. La Superintendencia Financiera, en la Circular Externa 029 de 2014[69], señaló que “(…) cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros, que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta Superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada”[70].
35.5. El interés asegurable en este tipo de contratos se ubica de forma principal y directa en cabeza del deudor, así al acreedor también le asista un eventual interés en el seguro de vida grupo deudores. En ese sentido, advirtió la Corte Suprema que existe una concurrencia de intereses, no excluyentes, entre los cuales predomina el del deudor asegurado. Esto explica porque se considera una práctica restrictiva de la competencia que los funcionarios de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de asegurabilidad, sin permitir que el consumidor financiero lo haga o lo conozca[71].
35.7. El tomador del seguro es el acreedor, quien obra por cuenta de un tercero determinado. El acreedor obra por cuenta ajena pues traslada a la aseguradora un riesgo que -en principio- no es propio, sino que está en cabeza del deudor. De conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, el acreedor está a cargo de las primas causadas[72].
36. La Corte Constitucional ha establecido que, en razón de la naturaleza de las actividades que desempeñan las entidades bancarías y las aseguradoras, ellas se encuentran especialmente vinculadas (i) por las disposiciones constitucionales (arts. 4, 6, 86, 333, 334 y 335), (ii) por los límites fijados en la ley y en el reglamento (arts. 150.19 y 189.24) y (iii) por las obligaciones que se adscriben al deber de actuar conforme a la buena fe (art. 83).
37. Los particulares que desarrollan la actividad bancaria y aseguradora se deben someter a la Constitución (arts. 4 y 6). La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares se encuentra expresamente reconocida en la Carta al establecer, en el artículo 86, que la acción de tutela procede contra cualquier persona que tenga a su cargo la prestación de un servicio público, o en los casos en los que su actividad afecte gravemente un interés colectivo o respecto de los cuales un determinado sujeto se encuentre en una situación de indefensión o subordinación. El reconocimiento de esta eficacia supone la asignación a los particulares de deberes iusfundamentales, que pueden tener como efecto la restricción al ejercicio de la libertad que rige como punto de partida en las relaciones que, usualmente se identifican como de derecho privado.
38. La Carta Política de 1991 establece en el artículo 333 –entre otras cosas- que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y que la empresa, como base de desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Conforme a ello, se le asigna a la ley la función de delimitar el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés social. A su vez, el artículo 335 de la Constitución indica que las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras“(…) son de interés público[73] y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
La relevancia directa o específica de la Constitución que se traduce en la mayor pertinencia de sus normas para resolver una determinada cuestión gobernada -prima facie- por la libre iniciativa privada y las normas que legalmente disciplinan sus manifestaciones, se incrementará cuando el vínculo contractual tenga su punto de partida en una relación significativamente desigual. Por el contrario, dicha relevancia se modificará -tornándose genérica-, cuando el vínculo se configure y se ejecute en un contexto de simetría, paridad o igualdad[74] que justifica la realización en la mayor medida posible de la libre iniciativa privada y, en esa dirección, de las normas legales que configuran su ejercicio.
40.4. Conforme a lo señalado, la relevancia constitucional de la actuación de una entidad aseguradora o bancaria, se incrementará –haciendo posible la aplicación directa de las normas con contenidos iusfundamentales y justificando la intervención del juez de tutela- cuando la relación sea de consumo y las prestaciones alrededor de las cuales gire la disputa se encuentren comprendidas por las normas que reconocen o concretan los derechos fundamentales. En buena medida, aunque ello no puede ser generalizado, es ello lo que ocurre con algunas de las actividades que la Constitución califica como de interés público y que, en razón de su naturaleza, habilitan profundas intervenciones de las autoridades públicas[75].
La definición de la responsabilidad por parte del juez constitucional en estos casos demanda, además de las pautas señaladas anteriormente, (a) identificar la actuación activa o pasiva de la aseguradora o de la entidad financiera, prima facie, contraria a la Constitución, (ii) determinar el deber incumplido y su vinculación con las normas constitucionales y (iii) definir el grado de incidencia de la actuación en la afectación de los derechos fundamentales del actor. Frente a este último aspecto es particularmente diciente la jurisprudencia constitucional, que ha exigido, como causa y justificación necesaria para la intervención del juez de tutela en asuntos contractuales, la evidente trasgresión de un derecho fundamental[76].
40.5. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que las actividades aseguradora y financiera deben desarrollarse de acuerdo con los límites derivados del respeto al bien común, la dignidad humana y la solidaridad social, conforme lo prevé el artículo 1° de la Constitución que irradia cualquier actuación en el Estado Social de Derecho[77]. En esa dirección ha señalado que existen “(…) entonces unos límites a las actividades financiera y aseguradora que por mandado constitucional fueron declaradas de interés público. En esa medida, gozan de libertad contractual y autonomía privada, pero, deben desarrollarse en observancia de los valores y principios consagradas en la Constitución”[78].
Así, pues “(…) en un Estado Social y Democrático de Derecho, los derechos fundamentales tienen tal magnitud, que sus efectos no se agotan frente a actuaciones que provengan exclusivamente de autoridades públicas. Así, las dinámicas sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas, entre otras, llevan a particulares a lesionar o agredir derechos fundamentales que no pueden quedar desprotegidos (…)”[79].
41. Las entidades financieras y aseguradoras también deben someter sus actuaciones a los preceptos legales. A partir de la calificación de estas actividades como de interés público (art. 335), la Constitución le reconoce al Estado la posibilidad de ejercer -en relación con los particulares que las desarrollan- las funciones de (i) regulación, (ii) autorización, (iii) intervención, así como la de (iv) inspección, vigilancia y control[80].
41.1. Sobre la función de regulación, la sentencia C-909 de 2012[81], al estudiar una demanda de inconstitucionalidad que se dirigía a cuestionar algunas disposiciones de la Ley 1328 de 2009[82] -en especial la definición amplia de consumidor financiero y la facultad de delegar en la Superintendencia Financiera la posibilidad de definir cuáles son las cláusulas y prácticas abusivas- indicó:
“(…) la libertad económica prevista en la Constitución, conforme a los modelos político y de mercado instituidos, se encuentra ampliamente protegida, pero a su vez requiere de delimitaciones legislativas, las cuales se insertan entre el reconocimiento de las garantías necesarias para el intercambio económico y la supremacía del bien común, en función de intereses generales que el constituyente ha identificado. De esta forma, mediante la intervención estatal, se garantiza la igualdad de oportunidades, corrigiendo las imperfecciones de dicho mercado, con el fin de permitir el acceso a los bienes y servicios de todas las personas, particularmente, de aquellas que cuentan con menores ingresos o se hallan en condiciones de debilidad manifiesta”[83].
41.2. En consideración a la relevancia que tiene regular este tipo de actividades es que, sobre el particular, se ha reconocido una amplia potestad del legislador y del ejecutivo. Esta Corporación, al referirse al sistema financiero –siendo también aplicables los mismos argumentos para la actividad aseguradora- agregó que su regulación es “(…) compartida entre el Congreso y el Presidente de la República, con fundamento en leyes marco depositarias de pautas generales y en procesos de ejecución y supervisión administrativas, para la inspección, vigilancia y control de las personas que realicen tal actividad u otra relacionada, enfocadas al manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al público”[84]. Lo anterior, explica por qué se expidió la Ley 35 de 1993, por medio de la cual se dictaron normas generales y se señalaron los objetivos y los criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para reglar las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.
41.3. En este contexto se adoptó el Decreto Ley 663 de 1993 que reguló (i) la organización del sistema financiero y asegurador y, de forma detallada, definió las características, las condiciones mínimas, el patrimonio y el tipo de sociedad que puede desempeñar cada una de estas actividades. Por su parte, la Ley 1328 de 2009[85], tuvo por objeto (ii) establecer los principios y las reglas que rigen la protección del consumidor financiero, en la que se incluyó un listado de cláusulas y prácticas abusivas, las cuales se deben complementar -en virtud del literal d) del artículo 12- con las demás que establezca, de manera previa y general, la Superintendencia Financiera de Colombia[86].
42. En consideración a la naturaleza jurídica de las actividades financiera y aseguradora, así como en atención al tipo de relaciones que se establecen con los clientes-consumidores, el deber contractual de actuar de buena fe adquiere una importancia significativa. Sobre el alcance de dicho deber, la Corte Constitucional ha sostenido que “[e]l artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en las actuaciones de los particulares” siendo objeto de “desarrollo legislativo concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 de Código Civil (…) y 871 del Código de Comercio (…)”[87]. Para la Corte, por virtud de la buena fe contractual “las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de aceptar la realización de una determinada prestación, se procederá con honestidad, lealtad y moralidad”[88].
43. Este deber que, en efecto, supone la obligación de actuar de manera leal y honesta, se traduce además en el reconocimiento de los denominados deberes secundarios de conducta. Esta clase de deberes, por oposición a los que en estricto sentido se derivan de un contrato, son aquéllos que pese a no haber sido pactados de forma expresa por las partes se incorporan al acto jurídico en virtud del principio de buena fe –que se funda en la Constitución-. Entre estos deberes complementarios – o contiguos, como también se les han conocido- se encuentran el de información, protección, consejo, fidelidad y secreto.
Tales deberes, según lo ha puntualizado la doctrina especializada[89], tienen como finalidad la realización del interés común perseguido por las partes. Por tal motivo le son impuestos tanto al deudor como al acreedor, no sólo en la ejecución del contrato, sino también en la etapa precontractual y poscontractual. Si bien estas exigencias tienden a hacer más complejas las relaciones jurídicas entre las partes, reformulan el presupuesto de la igualdad formal, con el fin de reconocer la actuación de profesionales, productores o distribuidores de bienes y servicios que tienen la capacidad de imponer a su contraparte las condiciones contractuales.
Sobre este deber se ha indicado que cuenta con dos facetas. La primera exige del profesional el suministro de información en favor de la otra persona que o bien desconoce la materia objeto de contratación, o no tiene el conocimiento suficiente. La segunda, su manifestación negativa, implica “(…) el deber jurídico de abstenerse de engañar o de inducir en error al otro contratante. Se considera que quien tiene la información debe tomar la iniciativa para efectos de suministrarla a la otra parte de la relación e, incluso, debe indagar sus necesidades y su estado de conocimiento sobre el tema materia del respectivo contrato”[90]. En razón de su naturaleza, es necesario resaltar que el deber de informar y el derecho a recibir información en el marco de la actividad financiera no se encuentra a disposición de las partes, en tanto constituye una garantía con un inequívoco fundamento constitucional.
45. El literal c) del artículo 3° de la Ley 1328 de 2009 fija a la transparencia y al suministro de información cierta, suficiente y oportuna, como unos de los principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas:
46. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, constituye una forma de equilibrar la relación desigual y permite al consumidor el ejercicio pleno de sus derechos. Así fue puesto de presente en la sentencia T-277 de 2016[91]:
“(…) la exigencia a las entidades que conforman el sistema financiero para que entreguen a los consumidores datos claros y oportunos, no es otra que equilibrar la situación de indefensión en la que estos últimos se encuentran ante ellas, para que reconozcan y ejerciten sus derechos como usuarios, permitiéndoles tomar mejores decisiones, facilitándoles la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, propendiendo porque conozcan tanto sus derechos como las obligaciones adquiridas” [92].
47. En síntesis, la actividad financiera y aseguradora, pese a estar cobijadas por la garantía de la libre iniciativa privada, debe respetar la Constitución[93]. Son intolerables las conductas que vayan en detrimento del marco jurídico previamente referido, pues si bien la libertad contractual “(…) permite a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad social y la prevalencia del interés general”[94]. La infracción de cualquier límite constitucional, legal o de alguno que se pueda derivar de la buena fe en la ejecución del contrato de seguro, puede ser objeto de control jurisdiccional con el fin de que el Estado de Derecho, el interés público y los derechos fundamentales se realicen, de manera efectiva, en todos los ámbitos de actuación humana.
48. Tal y como quedó planteado, el problema jurídico a resolver en el presente caso consiste en determinar si el Banco Corpbanca -de forma directa o través de Helm Corredores de Seguros- vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la información y al mínimo vital del actor, al mantener en error al señor Enrique Pérez Astudillo acerca de cuál era la aseguradora que cubría su riesgo de invalidez o muerte, y en definitiva, al haberle afectado la posibilidad de reclamar judicial o extrajudicialmente y de forma oportuna el pago correspondiente.
Lo anterior, de conformidad con los hechos probados, según los cuales el accionante se vinculó a un contrato de seguro grupo deudor –como así lo confirmó Allianz Compañía de Seguros en su intervención- con vigencia desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), el que cubría el riesgo de invalidez física superior al 50% de pérdida de capacidad laboral o su muerte. Además, se pudo constatar que el 17 de febrero de 2014 a Enrique Pérez Astudillo, mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL de 71,96% y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008)[95]. A partir de lo anterior, el actor reclamó el pago del siniestro tanto al Banco Corpbanca y a Helm Corredores de Seguros, quienes se limitaron a remitir esta reclamación a Mapfre que siempre adujo no tener vínculo alguno con el accionante. Sin embargo, sólo hasta que esta Corporación, en Sede de Revisión, solicitó que se aclarara la situación Helm Corredores y el Banco Corpbanca aclararon que el accionante figuraba como asegurado en un contrato suscrito con Allianz Compañía de Seguros. Es decir, que el accionante estuvo más de dos (2) años reclamando el pago del siniestro a la aseguradora equivocada.
Para la Corte esta conducta desconoció los límites constitucionales, legales y los derivados de la buena fe en el contrato de seguro, que rigen la actuación de las entidades que desarrollan actividades financieras. La ausencia de una indicación precisa acerca de la aseguradora a quien podría reclamarse el pago del saldo insoluto, en caso de demostrarse la ocurrencia del siniestro, le impidió al demandante no sólo formular adecuadamente la reclamación en los términos del inciso primero del artículo 1075 del Código de Comercio[96], sino también iniciar las acciones judiciales en contra de las sociedades aseguradoras. En particular, se desconoció el deber de información, el cual se encuentra consagrado en distintas disposiciones de la Ley 1328 de 2008, que exigen el suministro de información cierta, oportuna, suficiente y clara. El incontestable desconocimiento de este deber se dio a pesar de que el suministro de información en favor del consumidor financiero es una obligación especial de las entidades vigiladas y un elemento constitutivo del sistema.
49.2. La Corte constata que el Banco Corpbanca siendo tomador del seguro no ha tomado acciones ciertas contra la aseguradora. Contrario a esto, se ha esforzado por cuestionar la reclamación del accionante, pese a que éste no es su papel y a que tal circunstancia termina por agravar la situación del actor y de profundizar la desigualdad que caracteriza el acceso a este tipo de información. No estaba al alcance de Enrique Pérez Astudillo conocer cuál era la aseguradora a la que debía reclamar, si se tiene en cuenta que nunca se le entregó la copia de la póliza y los términos a los que se sujetó este contrato, aun cuando fueron explícitamente solicitados[97]. Este proceder ignoró de manera absoluta que el interés principal asegurado por este contrato es el del deudor y, en consecuencia, la debida información acerca de las condiciones pactadas con la aseguradora revestía una significativa trascendencia.
49.4. A raíz de lo anterior, el incumplimiento del deber de información adquiere, en el contexto del actor, una significativa importancia constitucional. En primer lugar, (i) la omisión de la entidad financiera privó al accionante –quien sufre de serios padecimientos de salud, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 71,96% y de quien dependen dos menores de edad- de la posibilidad de reclamar efectivamente el pago de la póliza y en su defecto de demandar judicialmente la reclamación. En segundo lugar (ii) la infracción del deber de información en este caso tiene adquiere una trascendencia iusfundamental al adscribirse a los artículos 20 y 78 de la Constitución[98]. En tercer lugar (iii) la actuación cuestionada en esta oportunidad impacta los derechos al debido proceso[99] y al mínimo vital[100] del actor, por cuanto el monto adeudado se acrecienta sin que exista una alternativa viable para evitar las consecuencias dañinas de la negligencia del Banco Corpbanca.
La omisión de reportar la reclamación a la aseguradora adecuada y mantener en el error al accionante –no obstante que era esta entidad financiera la que tenía el acceso a la información y estaba en el deber de suministrarla-, le quitó la oportunidad al señor Enrique Pérez Astudillo de reclamar el siniestro a Allianz Compañía de Seguros y/o de demandar judicialmente su reconocimiento, antes de que hubieren corrido los términos de la prescripción ordinaria. La actuación del Banco Corpbanca, al no haber suministrado la información suficiente pese a las dos solicitudes radicadas por el actor[101] y a los múltiples reclamos realizados –según lo afirmó el Enrique Pérez Astudillo y no fue controvertido-, determinó que el demandante hubiera perdido la oportunidad de realizar la reclamación dentro de los términos estipulados para ello.
50.3. La jurisprudencia y la doctrina más autorizada han señalado que la responsabilidad por pérdida de la oportunidad[102] implica que si una persona tenía una posibilidad de beneficiarse o al menos de no agravar su situación y como consecuencia de una conducta o una omisión de un tercero, dicha oportunidad se pierde, éste deberá reparar el daño. No obstante, como es tan sólo una oportunidad –por oposición a la certeza absoluta sobre la prestación- el daño a indemnizar deberá calcularse en razón de las posibilidades fácticas y jurídicas de la ocurrencia del resultado esperado, por cuanto esto fue lo que el responsable frustró con su conducta.
De modo que al no habérsele preguntado al actor si sufría de una enfermedad previa -para que fuera excluida de la póliza del seguro grupo deudor- no existió ninguna inexactitud en la información suministrada por el accionante y mucho menos la existencia de mala fe por parte de quien, en su oportunidad, no pudo declarar un riesgo. Hipotéticamente hablando, si se le hubiere reclamado el pago del siniestro a la aseguradora, no es posible que ella indicara que existía una reticencia en el caso estudiado[103], cuando la situación de salud de Enrique Pérez Astudillo no hizo parte de los términos del contrato de adhesión. Se opone al principio de buena fe limitar los riesgos que se amparan en un contrato de seguro, cuando no se han fijado previamente sus exclusiones.
Si bien en términos jurídicos la Corte constata una probabilidad jurídica muy alta de que la aseguradora se hubiere visto obligada a efectuar el pago correspondiente, es necesario advertir que el daño que se indemniza por la pérdida de la oportunidad también se encuentra atado a una incertidumbre fáctica. En ese sentido, esta pérdida se encuentra sujeta a una probabilidad de obtener el pago del siniestro. Conforme a ello, esta Corporación juzga –de acuerdo a las exigencias de la equidad- que el deudor debe asumir el diez por ciento (10%) del saldo insoluto. Sin embargo, considerando las circunstancias actuales del accionante, Sistemcobro deberá establecer un acuerdo de pago respecto de dicho saldo, en el cual el actor contará con el término mínimo de un (1) año para realizarlo.
(a) En el análisis de legitimación por pasiva contra las entidades financieras se debe tener en consideración si la acción de tutela es procedente dado que cierta actividad pueda catalogarse como (i) un servicio público, o si por el contrario, (ii) lo es por encontrarse el accionante en una relación de indefensión con alguna entidad bancaria. En el caso de las entidades aseguradoras, la acción de tutela será procedente siempre que se demuestren las condiciones necesarias para declarar la indefensión.
(b) El contrato de seguro grupo deudor se caracteriza por ser una modalidad de seguro colectivo, el cual no es obligatorio pero representa una garantía adicional de carácter personal, que depende del consentimiento del deudor y de las políticas de riesgo de las entidades financieras. En todo caso, se debe garantizar en favor del deudor-asegurado (i) la debida información acerca de las condiciones pactadas con la aseguradora y (ii) la libertad para contratar con otras compañías de seguros, teniendo en cuenta que el interés principal es el del asegurado y no el de la entidad crediticia.
(c) En razón de la naturaleza de las actividades que desempeñan las entidades bancarias y las aseguradoras, ellas se encuentran especialmente vinculadas (i) por las disposiciones constitucionales (arts. 4, 6, 86, 333, 334 y 335), (ii) por los límites fijados en la ley y en el reglamento (arts. 150.19 y 189.24) y (iii) por las obligaciones que se adscriben al deber de actuar conforme a la buena fe (art. 83). En ese sentido, el ejercicio de la actividad bancaria y de la aseguradora, sin lugar a dudas, comporta una responsabilidad significativa de quienes la tiene a su cargo. Esto explica por qué deben suministrar en favor del usuario información cierta, suficiente, clara y oportuna, además de estar obligados a abstenerse de engañar o inducir en error al otro contratante.
53. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluyó que se deben tutelar los derechos fundamentales de información, debido proceso –en su modalidad contractual- y el mínimo vital del actor, por cuanto el monto adeudado se acrecentó, mientras que el accionante nunca pudo reclamar a Allianz Compañía de Seguros S.A. por cuenta de la omisión del Banco Corpbanca en suministrar información veraz, cierta, completa y oportuna. Para el momento en que la entidad financiera informó con claridad cuál era la entidad aseguradora responsable de cubrir el riesgo, ya habían corrido los términos de prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro y por tanto el banco debe asumir el 90% del saldo no pagado de la deuda por haber privado al señor Enrique Pérez Astudillo de la oportunidad de reclamar o de demandar que se hiciera efectivo el pago del siniestro.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, que a su vez confirmó la providencia del Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, en la que se declaró improcedente el amparo solicitado por el actor. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la información, al debido proceso contractual y al mínimo vital de Enrique Pérez Astudillo.
Segundo.- ORDENAR al Banco Corpbanca que asuma el asuma el 90% del saldo insoluto de la deuda de Enrique Pérez Astudillo a la fecha de notificación de esta providencia, como consecuencia de haber privado al actor de la pérdida de la oportunidad de reclamar o demandar el pago del siniestro a la aseguradora, con la cual se había adquirido el contrato de seguro de vida grupo deudor.
Tercero.- ORDENAR a Sistemcobro que realice un acuerdo de pago con el accionante para que se efectúe el correspondiente pago del saldo de la deuda, el cual se encuentra sujeto a un término mínimo de un año. Además, como medida para resarcir el daño que se la ha causado a Enrique Pérez Astudillo, una vez que el actor cumpla con el pago del porcentaje que le corresponde de la deuda, Sistemcobro deberá retirar el reporte negativo de las bases de datos de las centrales financieras y crediticias, en las cuales el actor hubiera podido ser reportado. No obstante, a partir de la notificación de esta sentencia se deberá actualizar la información a efectos de que se indique que el saldo debido equivale al diez por ciento (10%) del saldo insoluto.
[1] Acción de tutela presentada el 1° de febrero de 2016 (Folio 54 del cuaderno principal).
[2] Folio 1 cuaderno principal. Poder otorgado por la señora Julieth Ortiz Hernández, en nombre y representación de su compañero permanente.
[3] Si bien el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se refirió a este tipo de entidades como establecimientos bancarios, por simplicidad, se hará referencia a la expresión “bancos” a lo largo de esta providencia.
[4] En el folio 18 del cuaderno principal consta el Acta de la Junta Médica Laboral No. 6512.
[5] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila.
[6] Folio 8 del cuaderno principal. Copia de la petición radicada en Helm Corredor de Seguros.
[7] Folio 9 a 11 del cuaderno principal. Respuesta a reclamación administrativa de pago de la póliza.
[8] Folio 19 a 22 del cuaderno principal. Resolución No. 2927 del 13 de junio de 2014
[9] Folio 54 del cuaderno principal. Acta Individual de Reparto.
[10] Folios 3 a 7 del cuaderno principal.
[11] Se aporta fotocopia de la cédula de su compañera permanente.
[12] Entre las pruebas que fueron recaudadas en Sede de Revisión se aportaron tanto el registro civil de nacimiento de la menor Sara Valentina Ortiz –de 5 años de edad y quien figura como hija del accionante- y de Mariana Lucia Pérez Ortiz- de un año de edad y quien figura como hija del accionante-. Folios 48 y 49 del cuaderno de Revisión.
[13] Folio 56 a 59 del cuaderno principal.
[14] Folio 64 a 71 del cuaderno principal.
[15] Folio 66 del cuaderno principal.
[16] Folio 70 del cuaderno principal.
[17] Folio 81 a 84 del cuaderno principal.
[18] Folio 81 del cuaderno principal.
[19] Folio 77 del cuaderno principal.
[20] Folio 78 del cuaderno principal.
[21] Folio 88 a 89 del cuaderno principal.
[22] Folios 20 a 23 del cuaderno de Revisión.
[23] Folios 42 a 92 del cuaderno de Revisión.
[24] Resolución No. 2927 de junio de 2014. Ministerio de Defensa Nacional. Folios 57 a 60 del cuaderno de Revisión.
[25] Se aportó parte de la historia Clínica. Folios 22 a 92 del cuaderno de Revisión.
[26] Folio 44 del cuaderno de Revisión.
[27] Folios 93 a 122 del cuaderno de Revisión.
[28] En los folios 256 a 265 del cuaderno de Revisión consta una última intervención realizada por el Banco Corpbanca, el veintidós (22) de noviembre del presente año, en la que se insistió en la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por Enrique Pérez Astudillo y se aportó una certificación de BNP Paribas Cardif, en la que se indicó que los amparos de la póliza comprendían la muerte por cualquier causa y la incapacidad total permanente.
[29] Folios 123 a 158 del cuaderno de Revisión.
[30] Folios 159 a 167 del cuaderno de Revisión.
[31] Folios 168 a 202 del cuaderno de Revisión.
[32] Folios 203 a 216 del cuaderno de Revisión.
[33] Folios 226 a 229 del cuaderno de Revisión.
[34] Folios 230 a 248 del cuaderno de Revisión.
[35] El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”.
[36] Folio 42 del cuaderno de Revisión.
[37] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[38] De conformidad con esta disposición “la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”.
[40] Sin que de forma explícita se indique en esta providencia, esta cuestión concuerda con los numerales 1° y 2° de del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[41] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[42] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[43] Marco Gerardo Monroy Cabra.
[44] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
[46] Sentencia C-378/10 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[47] Sentencia T-578/98 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[48] M.P. Rodrigo Escobar Gil. En dicha providencia se estudió la naturaleza jurídica de los servicios públicos para determinar si existía legitimación por pasiva contra dos entidades financieras, quienes se negaron a refinanciar los créditos adquiridos por un sujeto que fue secuestrado y a quien por el contrario se le inició un proceso ejecutivo en su contra.
[50] En varias oportunidades la Corte ha considerado procedente la acción de tutela al verificar la indefensión. Entre ellas se encuentran las sentencias T-832/10 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-751/12 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-826/12 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[51] M.P. Mauricio González Cuervo. En dicha oportunidad se estudió la legitimación por pasiva en contra de una entidad aseguradora que se negó a pagar una póliza de seguro de vida e invalidez, por considerarse que los antecedentes de las enfermedades sufridas por el actor se presentaron antes de la vigencia del contrato. En atención al desequilibrio contractual que existió, al haberse firmado un contrato de adhesión y en virtud de la situación de indefensión del accionante se declaró que existía legitimación por pasiva contra las accionadas.
[52] La Corte Constitucional ha reconocido que, bajo ciertas circunstancias, la acción de tutela procede en contra de entidades aseguradoras para reclamar el pago de un contrato de seguro grupo deudor. Al respecto son relevantes las sentencias T-577/15 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-770/15 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-240/16 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-282/16 (Gloria Stella Ortiz Delgado).
[53] Es necesario considerar que a partir de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el estatuto del Consumidor, se creó una nueva acción de protección al consumidor y para esto se le dio facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera de Colombia en aplicación del artículo 116 de la Constitución. Sobre el particular el artículo 57 de esta ley dispone que: “(…) los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán a su elección someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente artículo para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez. /En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá conocer de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento inversión de los recursos captados del público”. No obstante, al plantearse como una acción que se encuentra a elección del accionante, debe tenerse por satisfecho el requisito de subsidiariedad. .
[56] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58] Con sustento en lo expuesto se concluyó en esta providencia que la acción de tutela era procedente pues estaba dirigida a solicitar la protección del derecho al mínimo vital, por cuanto el solicitante era un persona con una pérdida de capacidad laboral del 74,4%, quien recibía unos escasos ingresos para su sostenimiento del de su familia, compuesta por su esposa y dos menores de edad. De modo que “(…) dadas sus circunstancias de invalidez la cancelación de la cuota de crédito amparado por la póliza de vida grupo deudores afecta directamente el derecho a la vida digna y al mínimo vital de una familia que ni siquiera cuenta con ingresos para suplir sus necesidades más esenciales, representadas en pago de vivienda, servicios públicos, alimentación, educación y salud”.
[59] No obstante, debe indicarse que el actor percibe un ingreso adicional de doscientos quince mil pesos ($215.000), que corresponde a una bonificación que otorga el Ejército Nacional por concepto de la pérdida psicofísica sufrida por el actor.
[60] En la sentencia T-933/13 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) se estudió la negativa del ICETEX en condonar una deuda adquirida -dentro de un programa especial para personas con afecciones físicas, psíquicas y sensoriales- por cuanto se consideró que no existió una invalidez sobreviniente al otorgamiento del crédito. La Corte decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la educación inclusiva, a la igualdad y al mínimo vital del accionante. En consecuencia, se ordenó a la accionada que suspendiera el cobro de las cuotas, mientras se definía si el actor podía seguir o no trabajando. Para llegar a esta conclusión, se indicó que los trastornos mentales esquizoafectivos deben comprender (i) atención médica, (ii) rehabilitación –tal como el apoyo social, educación y formación -, (iii) la transformación cultural de la comunidad y (iv) el apoyo de la familia.
[61] Organización Mundial de la Salud. “Invertir en Salud Mental”. 2004. En: <<http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf >>
[62] En este informe se indicó que “[l]os conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. Salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Salud mental es materia de interés para todos, y no sólo para aquellos afectados por un trastorno mental”.
[64] Algunos de los supuestos en que se ha flexibilizado el estudio de la inmediatez fueron recopilados en la sentencia T-1028 de 2010.
[65] En la sentencia T-662/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se estudió la prescripción -como una de las cargas procesales que el presunto titular del derecho debe soportar- la cual (i) busca generar certidumbre entre las relaciones jurídicas, (ii) incentiva y garantiza que las situaciones no queden en suspenso lo largo del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica y (iii) genera consecuencias desfavorables que pueden llegar incluso a la pérdida del derecho. En esta oportunidad, se diferenció entre las dos prescripciones del contrato de seguro: “[e]xisten dos tipos de prescripción para las acciones derivadas del contrato de seguros; la ordinaria (2 años) y la extraordinaria (5 años). La primera de ellas comienza a contar desde que la persona razonablemente pudo conocer el hecho que da origen a la acción (el siniestro) y la extraordinaria corre desde que ocurre el siniestro. Ambas clases de prescripción pueden comenzar a correr paralelamente. La diferencia radica en que una (la ordinaria) se aplica para personas que por su condición (incapaces) o por otras razones justificables no pueden tener conocimiento del hecho, y la otra (extraordinaria) aplica para cualquier tipo de personas independientemente su calidad.
[66] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila.
[67] Expediente No. 76001-31-03-006-1999-00019-01 M.P. Edgardo Villamil Portilla.
[68] Decreto 663 de 1993.
[69] También conocida como Circular Básica Jurídica.
[70] Parte I, Título III, Capítulo I. Deber de información y manuales de procedimiento.
[71] Numeral 6.2.3. de la Parte I, Título III, Capítulo I de la Circular Externa 018 de 2016.
[72] Tal disposición establece lo siguiente: “El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada. // No obstante, al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo”.
[73] En la sentencia T-919/14 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) se expuso que el interés público supone que se encuentra encaminado a la materialización del bienestar general de la comunidad, por lo que al involucrar las actividades financieras este interés, la libertad en su ejercicio está determinada y puede restringirse cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales o consideraciones de interés general. En consecuencia, después de analizar una serie de providencias de esta Corporación, se agregó que “(…) la libertad contractual si bien permite a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad social y la prevalencia del interés general”.
[74] Al respecto, la sentencia T-222/04 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) indicó: “En el plano constitucional estas distintas situaciones de desigualdad inicial tienen consecuencias distintas. En los ámbitos que ordinariamente funcionan sobre la base de un modelo de igualdad formal, la posibilidad de que las condiciones de igualdad negocial se tornen en asuntos de relevancia constitucional es reducida. Por el contrario, cuando se trata de espacios en los cuales la desigualdad negocial se torna en elemento central para la definición de las modalidades contractuales y la definición de cargas, la posibilidad de que el asunto sea considerado en clave constitucional aumenta”.
[75] Esta es precisamente la situación en la que se enmarca el contrato de seguro, como así se reconoció en la sentencia T-902/13 (M.P. María Victoria Calle Correa) -tras retomar lo indicado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia- y en la que se indicó que en este contrato existe muy poca participación de una de las partes, una potestad amplia del empresario de imponer las condiciones y unas particulares circunstancias que rodean el consentimiento.
[76] En la sentencia T-865/14 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) se advirtió que: “No obstante, si bien el punto de partida de la jurisprudencia rechaza que a través de la acción de tutela se conozcan y decidan de fondo asuntos contractuales provenientes de negocios jurídicos privados, las providencias de esta Corporación han aceptado que, de forma excepcional, la tutela es procedente, incluso si la orden está encaminada a reconocer la prestación económica de forma definitiva. La línea divisoria entre una petición con contenido patrimonial que surge de un acuerdo privado y una petición para la protección de los derechos fundamentales, puede resultar difusa. Es posible que la afectación a derechos fundamentales dependa del no reconocimiento de la prestación económica, y, en consecuencia, haga indispensable la intervención del juez constitucional. / En esa medida, la tarea que tiene el juez encargado de resolver la tutela, es examinar si existe un derecho fundamental involucrado en las circunstancias en las que hacen procedente la acción de tutela. Esto, porque la tutela fue creada como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, en general, no sólo para ciertos escenarios en los que puedan verse afectados. Entonces, si los derechos fundamentales son amenazados o vulnerados con ocasión de una controversia contractual privada, suscita un interés del Estado, y podría la persona cuyos derechos están en peligro, pedir a través de la tutela, la protección de los mismos”.
[77] Corte Constitucional. Sentencia T-058/14 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[78] Corte Constitucional. Sentencia T-398/14 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[79] Corte Constitucional. Sentencia T-830/14. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[80] Estas funciones, en consideración a su importancia y al carácter técnico que exige este mercado, se ejecutan a través de la Superintendencia Financiera. En la sentencia C-909/02 se concluyó que “ [c]ompete entonces al Presidente de la República, entre otras funciones propias de su condición de suprema autoridad administrativa (art. 189 Const.), ejercer la intervención estatal en la economía, de acuerdo con los parámetros constitucionales y según lo dispuesto en la ley, lo cual, al servicio de los intereses generales, con apego a los principios de la función administrativa (art. 209 ib.) y a la cabeza de la estructura de la administración determinada por el legislador (art. 150-7 ib.), desarrolla especialmente a través de las superintendencias, organismos técnicos especializados dependientes del Gobierno central”.
[81] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[82] “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.
[83] En la sentencia T-490/09, después de estudiar el artículo 335 de la Constitución, se concluyó que “(…) la propia Constitución prevé que la ley señale un régimen que sea compatible con la autonomía de la voluntad privada y el interés público proclamado, régimen que no puede anular la iniciativa de las entidades encargadas de tales actividades y naturalmente en contrapartida ha de reconocerse a éstas una discrecionalidad en el recto sentido de la expresión, es decir, sin que los actos de tales entidades puedan responder a la simple arbitrariedad”.
[85] “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.
[86] Al respecto consultar la Circular Externa 018 de 2016.
[87] Sentencia C-865/04 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[89] Arturo Solarte Rodríguez. “La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta”. Vuniversitas, núm. 108, diciembre, 2004, pp. 282-315.
[91] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[92] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[93] Al respecto ver sentencia T-058/14 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En la sentencia T-490/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por su parte, se afirmó que: “(…) la autonomía de la voluntad y la libertad contractual en el ejercicio de las relaciones privadas en materia de seguros gozan de garantía constitucional, sin embargo, se encuentran limitadas o condicionadas por las exigencias propias del Estado Social de Derecho, el interés público y el respeto de los derechos fundamentales de los asegurados-beneficiarios”.
[94] Corte Constitucional. Sentencia T-490/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[95] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila.
[96] Esta disposición expone que “El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes”.
[97] El inciso 2° del artículo 1046 del Código de Comercio determinó que “(…) el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador”.
[98] En la sentencia C-488/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), en la que estudió la demanda de inconstitucionalidad que se dirigía en contra del inciso 2° del artículo 23 de la Ley 58 de 1958 se afirmó que el derecho “(…) [e]s un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal./El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial, como lo consagra el artículo 20 de la Carta Política. De ahí que el derecho a la información puede entenderse como aquel derecho fundamental que tiene toda persona a ser informada y a informarse de la verdad, para juzgar por sí misma sobre la realidad con conocimiento suficiente”.
[99] En la sentencia T-769/05 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se reconoció el debido proceso en materia contractual. Si bien se afirmó que el artículo 29 tiene como destinatario principal al Estado, nada impide que este derecho sea aplicado a relaciones entre particulares: “[e]n la medida en que la Ley defina las formas que deben acompañar las actuaciones que deben regir las relaciones particulares o que delegue determinadas competencias a los ciudadanos para que sean satisfechas en los vínculos privados, sobre todo en aquellos en donde existe algún tipo de subordinación o indefensión, es posible aplicar las subreglas propias del debido proceso como pautas de un trato idóneo, es decir, acordes al numeral 1 del artículo 95 de la Carta. En efecto, teniendo en cuenta que en el ámbito particular se concreta habitualmente el ejercicio de los derechos fundamentales y que el debido proceso constituye medio garantista para la efectividad de aquellos, es apropiado decir que también constituye un medio para evitar su abuso”.
[100] Al tener en cuenta el monto actual de la deuda que corresponde a veinticuatro millones novecientos cincuenta mil pesos (24`950.000) y pensando en un escenario extremadamente favorable en donde se disponga que este saldo deberá pagarse en cuatro años, sin que se cobren intereses adicionales, el actor tendría que consignar más de quinientos mil pesos (500.000) por mes y siendo su ingreso mensual total de un millón ochenta mil pesos (1.080.000) aproximadamente, tendría apenas quinientos ochenta mil pesos (580.000) para sufragar sus gastos –que incluyen los propios de su enfermedad-, los de su compañera permanente y de sus dos hijas menores de edad.
[101] De las pruebas recaudadas se advierte que el (25) de marzo del dos mil catorce (2014) el accionante radicó en Helm Corredores una solicitud para que se hiciera efectivo el pago de la póliza, la cual fue remitida a Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., y que el día ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) se radicó otra petición en el Banco Corpbanca.
[102] El daño por pérdida de la oportunidad o pérdida del chance ha sido estudiado por autores como Gastón Salinas Ugarte –en el Tomo I de su libro Responsabilidad Civil Contractual- y por Juan Carlos Henao –en el libro El daño: Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés-. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil catorce (2014), que resolvió el proceso con Radicado No. 11001-31-03-039-2003-00674-01- reconoció de forma explícita este tipo de daño en favor de una persona que había perdido la oportunidad de recuperar su salud visual. De forma más reciente la Sala de Casación Civil, mediante sentencia del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), al conocer el proceso con Radicado No. 11001-31-03-029-2006-00272-01 indicó que “(…) las pretensiones del impugnante respecto a la situación de la demandante y su reclamo por la reducción de ingresos ante un nuevo empleo, no pueden referir a la modalidad dañina de lucro cesante; de otro, de darse las circunstancias necesarias para estructurar un perjuicio, lo sería bajo la modalidad ‘pérdida de oportunidad’, empero, para ello, como se dejó visto, al damnificado le correspondía acreditar la presencia de los requisitos que la doctrina ha enlistado para tornar viable tal súplica, asunto que no aparece, siquiera, reclamado por esa senda”.
[103] En la sentencia T-919/14 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) que retomó lo dicho en la sentencia T-222/14, se indicó que la reticencia (…) significa la inexactitud en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otras palabras, sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”.

References: resolución 
 artículo 86
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 artículo 42
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 430
 artículo 2
 artículo 365
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 artículo 1081
 artículo 191
 artículo 1039
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 artículo 333
 artículo 335
 artículo 1
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 artículo 83
 artículo 3
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 Resolución 
 artículo 86
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