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Timestamp: 2020-02-24 13:49:11+00:00

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"La transparencia incide en la salud de la población" - Salud por Derecho
«La transparencia incide en la salud de la población»
13/02/2020 by Salud in Home Slider
Juan Luis Beltrán (Pamplona, 1946), licenciado y doctor en Derecho, es desde 2018 el presidente del Consejo de la Transparencia de Navarra. Además de su trabajo como profesor universitario y jurista, ha sido asesor del Defensor del Pueblo de Navarra, presidente de la Asociación Juristas de la Salud y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
El Consejo que preside, un órgano independiente de la Administración que se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones públicas de Navarra y entidades del sector público de publicar su actividad, como del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que poseen. Un deber “esencial para cualquier sistema democrático avanzado”, como él asegura, y que es de especial relevancia en el área de la salud, pues de la transparencia en la gestión de los medicamentos depende en gran medida el acceso justo a los mismos y, en consecuencia, la salud de miles de personas.
Da la impresión de que, en los últimos años, tanto en España como a nivel global, cada vez se está hablando más de transparencia y adquiriendo una relevancia cada vez mayor.
Efectivamente. En Europa, sobre todo en los países nórdicos, y en Norteamérica, la transparencia tiene mayor tradición y se promulgaron leyes obligando a la transparencia de la administración hace varias décadas. Sin embargo, en España, esto ha ido con retraso. El acicate para que la transparencia adquiriera el relieve que ahora tiene han sido los episodios de corrupción de las últimas dos décadas.
¿Es entonces la transparencia una herramienta para luchar contra la corrupción?
El hecho de que la administración y los gobernantes hagan públicas sus decisiones y el porqué de esas decisiones es fundamental para un buen gobierno y una buena administración, evitando así decisiones parciales influidas por intereses económicos o personales. La transparencia también es fundamental para la rendición de cuentas. El ciudadano tiene derecho a que la Administración, que no debemos olvidar trabaja al servicio del ciudadano, le rinda cuenta de sus actos. Y, por supuesto, la transparencia es también imprescindible para la participación ciudadana, que ahora está más presente que nunca en las políticas públicas. Pero para que el ciudadano pueda participar tiene que estar informado y no hay información sin transparencia.
En resumen: la transparencia no es un fin en sí mismo, pero sí un mecanismo transversal imprescindible para prevenir la corrupción, para una buena administración, para la participación ciudadana, para la rendición de cuentas, y para la integridad pública.
¿Tiene la transparencia en la salud una especial relevancia? ¿Podría la falta de transparencia tener consecuencias directas en la salud de las personas?
Por supuesto. Una mayor o menor transparencia incide directamente en un mejor o peor nivel de salud de la población. Eso está comprobado empíricamente. Según el baremo sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad en 2018, en España hay dos millones de personas que no compran los medicamentos que le receta el sistema público porque la parte que les corresponde abonar (copago) les resulta demasiado alta y no tienen ingresos económicos que le permitan hacer frente a ese gasto.
¿Por qué hay dos millones de personas que no compran los medicamentos que necesitan? Porque actualmente hay una gran cantidad de medicamentos que han duplicado, triplicado o cuadruplicado su precio, y eso se refleja también en el copago. ¿Y por qué tienen precios tan altos? Pues uno de los motivos es la falta de transparencia en la fijación de su precio por parte de la Administración sanitaria.
En la negociación entre los laboratorios farmacéuticos y la Administración, hay una enorme desigualdad. Las compañías tienen información sobre cuánto les ha costado desarrollar un medicamento que es desconocida para la Administración. Entonces, la Administración dispone de menos armas para realizar una negociación justa con las empresas y conseguir precios más razonables y equilibrados que compensen los gastos de las compañías y pero que también permitan adquirirlos a un precio justo, no como ahora, con precios cada vez más elevados. De ahí que un reciente libro sobre esta temática se titule: “Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?”
Pero ha habido progreso, entonces. Leyes de transparencia, ley del medicamento, jurisprudencia…
Sí, claro. En los últimos años hemos visto cómo el Consejo de Transparencia estatal, un organismo independiente, dictado varias resoluciones estimando las reclamaciones de acceso a la información y dando la razón a organizaciones como No es Sano y Fundación Civio, y declarando su derecho de acceso a los datos que pedían que, en este caso, era sobre los criterios usados por la Administración para aprobar el uso y la compra de un medicamento. La cosa iba bastante bien.
Sorpresivamente, en la última resolución de septiembre del año pasado sobre otra solicitud de información, el Consejo de Transparencia ha dado un giro de 180 grados y da prevalencia al principio de confidencialidad alegado por los laboratorios farmacéuticos. La verdad, nos sorprendió a todos.
¿Principio de confidencialidad?
Sí. En general, la legislación de transparencia exige la máxima transparencia en todas lasactuaciones de la Administración. La Ley del Medicamento, concretamente, en el artículo 7, también sienta el principio general de la máxima transparencia en las decisiones de las autoridades sanitarias en lo relativo al medicamento. Pero ambos grupos de leyes también establecen límites. Uno de esos límites implica no dar información que pueda suponer un perjuicio a intereses económicos y comerciales de las empresas. Y la ley del medicamento, además, en su artículo 97, sienta la regla de confidencialidad sobre los datos técnicos y económicos presentados por los laboratorios a la Administración sanitaria para la aprobación de un medicamento y la fijación de su precio.
A esa regla de confidencialidad se están agarrando las empresas farmacéuticas como a un clavo ardiendo para negar esa información cuando es requerida por terceros a la Administración sanitaria que la posee.
¿Y hay más casos recientes en ese sentido?
Sí. En esa misma línea tenemos la resolución de la Comisión de Transparencia del País Vasco de enero de 2020 que, al igual que había hecho el Departamento de Salud, desestima la reclamación de la Fundación CIVIO que quería saber cuánto está pagando el Servicio Vasco de Salud por un determinado tratamiento para el cáncer. La resolución se basa en dos criterios: que revelar datos de índole económica afectaba a los intereses comerciales del laboratorio y que conocer lo que estaba pagando el Servicio Vasco de Salud podría tener un impacto negativo para el laboratorio en la determinación del precio en otras comunidades autónomas porque su capacidad de negociación sería menor.
Claro, a la compañía farmacéutica, Novartis en este caso, le interesa mantener los acuerdos alcanzados en secreto para poder negociar los precios que considere oportunos en otras Comunidades Autónomas, sin referencias que, a modo de tope, puedan limitar su capacidad de negociación. Pero lo lógico sería que a las Comunidades Autónomas les interese saber cuánto están pagando el resto y así disponer de información que les procure más fuerza para negociar.
¿Pero el Gobierno también denegó el acceso a esa información?
El argumento de la confidencialidad y el perjuicio económico lo utilizó el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y es el mismo argumento que viene utilizando Farmaindustria, en representación de los laboratorios farmacéuticos en España.
Entonces, ¿ha asumido la Administración el argumento de la industria?
A raíz de las primeras y sucesivas decisiones del Consejo de Transparencia estatal concediendo el acceso a datos sobre medicamentos, Farmaindustria se alarmó e inició, por primera vez, una importante campaña a través de declaraciones en prensa o y artículos en revistas científicas reivindicando la necesaria confidencialidad de los datos que aportan para la autorización de medicamentos. Esta campaña tan fuerte parece que ha sido asumida de alguna forma por la Administraciones sanitarias, el Consejo de Transparencia y por la Comisión de Transparencia del País Vasco.
¿Y son argumentos válidos?
El supuesto perjuicio de los intereses comerciales y económicos es, en gran medida una falacia. En varios procesos contenciosos tenemos a los laboratorios diciendo “miren, no pueden hacerse públicos estos datos porque entonces otros laboratorios farmacéuticos los utilizarán, lo que perjudicará nuestro negocio”. Pero es una falacia, repito, porque esos medicamentos están protegidos con una patente, lo que les otorga exclusividad total para la comercialización. Es un argumento inválido.
Otro argumento que utiliza la industria, por ejemplo, es que si no hubiese confidencialidad los precios tenderían a igualarse a un valor único que sería relativamente bajo para los países ricos pero demasiado alto para los más pobres, complicando su acceso. Farmaindustria lo argumenta así, esto es, como si las empresas farmacéuticas fuesen ONGs que, en vez de perseguir el máximo beneficio empresarial, prefieren asegurar el acceso al medicamento de por los ciudadanos en los países pobres. Y para alcanzar ese encomiable objetivo exigen confidencialidad. Pero es falaz, insisto. La Fundación CIVIO, hace poco, realizó un estudio del precio de los medicamentos en varios países de la Unión Europea. Y, por poner un ejemplo, descubrió que para Sovaldi, el famoso medicamento para la Hepatitis C, se pactó un precio más caro en países de rentas más bajas como Portugal o Polonia, que en países de rentas más altas como el nuestro.
De todos modos, las leyes recientes en España, la histórica resolución de transparencia de la OMS o sentencias de otros países sí permiten ver un cambio importante en favor de la transparencia… ¿Podemos ser optimistas?
La falta de transparencia sobre los precios de los medicamentos es un problema a nivel mundial. Los laboratorios no quieren dar a conocer sus datos técnicos y económicos en ningún país para tener más libertad en sus negociaciones con los sistemas de salud de cada país. Pero hay mucha sociedad civil y científica interesadas en el conocimiento de esos datos para poder mejorar el acceso y la gestión del medicamento. Ha habido reclamaciones similares a las de España que han terminado en tribunales de justicia europeos.
De hecho, hace apenas unas semanas, se han publicado varias sentencias en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha posicionado, clarísimamente, en favor del derecho de acceso a esa información, haciendo prevalecer el interés público superior en su divulgación, interés consistente en la necesidad de efectuar un control de las actividades de la Agencia Europea del Medicamento, que también ha mostrado su acuerdo con esta sentencia, y en que los profesionales del ámbito sanitario y de la investigación controlen la expedición de las autorizaciones de comercialización de medicamentos.
Esas sentencias, supongo, influirán en nuestros órganos garantes de la transparencia y en los tribunales, que a partir de ahora espero sean más proclives a conceder el derecho de acceso a la información.
¿Y qué hace falta para avanzar más rápido hacia un modelo de I+D en salud más transparente y justo?
Hacen falta dos cosas para conseguir más transparencia en el sistema y en lo relacionado, concretamente, con la salud. Por un lado, modificar la Ley del Medicamento, estableciendo unos criterios claros, que ahora no lo están; y por otro, que se genere cultura por parte de los organismos públicos y de los altos cargos sobre el valor de la transparencia.
En España, ahora mismo, hay admitida a trámite en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la ley del medicamento en la que se incorporan una serie de artículos nuevos para, por ejemplo, introducir transparencia en la fijación de precios de los medicamentos y productos sanitarios, así como en la rendición de cuentas en la adopción de decisiones de las administraciones sanitarias. Si se consiguen 500.000 firmas de aquí a junio, se empezará a tramitar la ley. Y sería muy importante.
Un alegato final…
Las reprobables prácticas de secretismo de la industria farmacéutica están haciendo imposible un debate público informado y solvente en torno a los costes de fabricación, precio, valor terapéutico, accesibilidad, etc., del medicamento. Aquí están dos intereses en juego: el interés económico del laboratorio farmacéutico y el interés público de garantizar un precio lo más justo posible para los medicamentos que permita el acceso de los ciudadanos a éstos. De esos dos valores… ¿cuál debe prevalecer? Por supuesto, el del interés público, aunque parezca que ahora mismo prevalece el primero.

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 resolución