Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532046.html
Timestamp: 2019-04-22 14:20:18+00:00

Document:
as201532046
Auto Supremo Nº 46/2015.
Expediente: SSA.II-SCZ.442/2014.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 6111 a 6116, interpuesto por la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel contra el Auto de Vista Nº 104 de 31 de marzo de 2014, cursante de fs. 6083 a 6090, dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la empresa Planta Industrial Don Guillermo Ltda. representada por Abrahán Noel Mayta Jamachi, contra la institución tributaria recurrente, la respuesta de fs. 6130 a 6134, el auto de fs. 6135, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 14/2012 de 17 de diciembre, cursante de fs. 6044 a 6051, declarando probada la demanda contenciosa tributaria interpuesta por Félix Flores Gómez en representación de la empresa Planta Industrial Don Guillermo Ltda., resolviendo dejar sin efecto la Resolución Determinativa Nº 026/2008, de 08 de marzo de 2008; disponiendo practicar una nueva determinación de la deuda Tributaria conforme a derecho.
En grado de apelación, planteada por el representante de la entidad demandada de fs. 6055 a 6062, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 104 de 31 de marzo de 2014, de fs. 6083 a 6090, confirmando en su totalidad la Sentencia de 17 de diciembre de 2012, cursante de fs. 6044 a 6051 pronunciada por la juez primero en materia Administrativa, coactiva, Fiscal y Tributario de la Capital.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 6111 a 9116, interpuesto por la Gerencia Distrital de Sata Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por su Gerente Distrital a.i. Mayra Ninoshka Marcado Michel, acusando:
En la forma: Que la Administración Tributaria a momento de la contestación a la demanda, adjuntó como prueba los antecedentes administrativos en fs. 5543, en los cuales se puede apreciar que la Resolución Determinativa Nº 026/2008, determinó reparos sobre base cierta en Bs.14.960.441.- y sobre base presunta en Bs.42.570.882.-, que sumados a los Bs.4.031.- por conceptos de multas por contravenciones tributarias, hacen una deuda total de Bs.57.535.294.
Que, de la revisión de la sentencia y el auto de vista se puede evidenciar que ambos fallos judiciales basan su decisión en la transcripción del Auto Supremo Nº 30/2012, no obstante al haberse anulado mediante Sentencia Constitucional Nº 1046/2013, de 27 de junio de 2013, los mismos que se refieren a los contratos de maquila, cuya controversia es solo para los reparos sobre base presunta y no así para los reparos sobre base cierta, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a las Transacciones (IT), Impuesto al Consumo Especifico (ICE), e Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos fiscalizados de abril de 2004 a marzo de 2005, toda vez que la pretensión del demandante respecto a los reparos sobre base cierta contienen otra fundamentación que no ha tenido pronunciamiento tanto en la Sentencia Nº 14/2012, y el auto de vista recurrido, sin embargo estos reparos sobre base cierta fueron anulados de igual manera, contraviniendo de esta manera el art. 190, y numerales 2) y 3) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, conforme en lo dispuesto en la SC Nº 0387/2012-R, de 22 de junio de 2012.
En el fondo: 1.- Denuncia que la emisión de la vista de cargo fuera del plazo establecido por el art. 104 de la Ley Nº 2492, no extingue la competencia de la Administración Tributaria; el procedimiento de fiscalización se encuentra establecido en el art. 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), de su parágrafo V, señala que: “desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo no podrá transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prorroga hasta por seis (6) meses más”, de lo señalado se puede evidenciar que el incumplimiento en la emisión de la vista de cargo, no es sancionada con la perdida de competencia y la facultad de la Administración Tributara para determinar una obligación tributaria, toda vez que no se ha establecido expresamente que el incumplimiento en el plazo establecido en la citada norma sea una causal de nulidad del acto administrativo, tal es así que tanto en la Ley Nº 2492 (CTB), y la Ley Nº 2341 (LPA) no establecen que la emisión de la vista de cargo fuera del plazo previsto en el procedimiento de fiscalización, determinen la nulidad o anulabilidad de la vista de cargo.
2.- Sobre la incorrecta interpretación de los arts. 1 y 3 de la Ley Nº 843 en los contratos de maquila y la violación al principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley Nº 2492 (CTB); de conformidad al art. 1 de la Ley Nº 843 señala: “crease en todo el territorio nacional un impuesto que se denomina Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: los contratos de obra, de prestación de servicio y toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza, realizada en el territorio nacional”, asimismo el art. 3 de la citada ley señala: “son sujeto pasivos del impuesto quienes realicen obras o presten servicio o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza”. En este sentido del análisis de la documentación presentada por el contribuyente en la fase administrativa, se pudo evidenciar que la Planta Industrial Don Guillermo Ltda., efectuó la prestación de servicio de procesamiento de caña para transformarla en azúcar, toda vez que las instituciones cañeras mediante sus afiliados entregaban al contribuyente caña de azúcar para su procesamiento industrial, efectuando la prestación del servicio de procesamiento de caña y apropiándose de un porcentaje del azúcar producida a cuenta de pago, realizando un hecho generador gravado por el IVA, sin emitir nota fiscal correspondiente por el mencionado servicio, por lo que el auto de vista recurrido habría violado el principio de legalidad establecido en el art. 6 de las Ley Nº 2492 (CTB), el cual señala en el num. 2) que solo la ley puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.
3.- El auto de vista recurrido aplico indebidamente en su fundamentación el Auto Supremo Nº 30/2012, el mismo que fue anulado mediante Sentencia Constitucional Nº 1046/2013; de la revisión del auto de vista y la propia sentencia, se podrá evidenciar que la estructura de la fundamentación e inclusive la única fundamentación de ambas resoluciones para resolver el presente proceso, es el Auto Supremo Nº 30/2012, de fecha 23/0472012, sin embargo, debemos indicar que el mencionado auto supremo fue anulado mediante Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1046/2013 de fecha 27/06/2013.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 104 de 31 de marzo de 2014, consiguientemente se mantenga firme y subsístete la Resolución Determinativa Nº 026/2008 de fecha 08/05/2008, o en su defecto aplicar el art. 275 del Código de Procedimiento Civil.
CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación en la forma y en el fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso se establece lo siguiente:
Resolviendo el recurso de casación en la forma; respecto a la acusación, se tiene que la pretensión del demandante respecto a los reparos sobre base cierta, contiene otra fundamentación que no ha tenido pronunciamiento tanto en la Sentencia Nº 14/2012, ni el auto de vista recurrido, sin embargo, estos reparos sobre base cierta fueron anulados de igual manera, contraviniendo de esta manera el art. 190, y num. 2) y 3) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil; de la revisión de obrados se tiene que, tal acusación no es evidente, toda vez la sentencia como el auto de vista se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas, en ellas se establecen decisiones positivas y precisas, que recaen sobre los aspectos litigados, donde hacen una exposición clara de los hechos y del derecho que se litiga, así como hacen el correspondiente análisis y evaluación en la parte resolutiva que se halla plenamente basada en la prueba de cargo como de descargo, propuesta por los sujetos procesales, como así señala las normas y jurisprudencia vinculante para llegar a esa decisión; por tanto los supuestos agravios traído a casación no tienen asidero legal, para la nulidad de obrados.
En cuanto a la impetrada nulidad, se concluye que no existe fundamento convincente para que la misma opere merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia, protección y convalidación.
Resolviendo el recurso de casación en el fondo: 1.- El art. 104 de la Ley Nº 2492, señala que el incumplimiento en la emisión de la vista de cargo, en el plazo señalado, no es sancionada con la a perdida de competencia y la facultad de la Administración Tributara para determinar una obligación tributaria, de la revisión de la norma antes citada se evidencia que tal afirmación no es evidente, toda vez, que desde el inicio de la Fiscalización Externa Nº 00060FE0096, hasta la emisión de la vista de cargo, transcurrieron más de 12 meses, y cuando advertidos de esa negligencia o error emitieron la Resolución Nº 027/2007 con fecha de 07/09/2007, pronunciada por la presidencia ejecutiva del SIN, donde se amplía el plazo para la fiscalización en cuatro meses más, la misma que no se notificó al contribuyente, porque el plazo para la fiscalización ya había precluido, además que dicha resolución ordenaba y disponía expresamente: “notifíquese en el domicilio señalado al contribuyente”, ordenada por la máxima autoridad del SIN, impidiendo que en este plazo ampliado se pueda plantear reclamos, observaciones de forma y de fondo, al establecerse que se estaba fiscalizando más allá del plazo señalado por ley, y al no haber sido notificado, se ha vulneró el derecho constitucional a la defensa, al debido proceso en su elemento a la seguridad jurídica consagrados en los parágrafos I y II del art. 115 de la Constitución Política del Estado, y art. 90 del Código de Procedimiento Civil.
2.- Que, la Planta Industrial Don Guillermo Ltda., efectuó la prestación de servicio de procesamiento de caña para transformarla en azúcar, toda vez que las instituciones cañeras mediante sus afiliados entregaban al contribuyente caña de azúcar para su procesamiento industrial; bajo estos parámetros, de la revisión de antecedentes del proceso se puede establecer con precisión que en el proceso productivo de la cooperación agro industrial, existe una cooperación entre partes para la transformación de materias primas, en cambio, en el contrato de prestación de servicio existe una prestación de servicio de una parte en favor de otra, en el proceso productivo de maquila, una vez obtenido el producto, los cooperantes distribuyen el producto final entre sí, en proporciones predeterminadas (42.80% industrial y 57.20% cañeros), sin pactar ni establecer precio alguno por dicho concepto; en cambio, en el contrato de prestación de servicios, el precio a percibir constituye la razón por la cual el denominado contratista ejecuta el servicio en favor del contratante, el que al pagar el precio convenido, adquiere la calidad de propietario del total de la cosa, por lo que no corresponde la aplicación del art. 1 de la Ley Nº 843 que señala sobre la prestación de servicio y toda otra prestación; a que se refiere el inciso b) del artículo antes referido, reclamado por la Administración Tributaria, que en su criterio establece que cualquiera actividad económica desarrollada en el ámbito de esa expresión genérica, al igual que la prestación de servicio, requiere el pago de un precio por la contraprestación, en el caso que nos ocupa la interpretación de la realidad económica a partir del contrato de cooperación agro-industrial, no establece y menos demuestra la existencia de ningún pago por el procesamiento industrial de la caña de azúcar, es más, en este contrato, el cañero mantiene la propiedad de la materia prima y de su cuota aparte del azúcar producida, lo que implica una actividad económica de cooperación agroindustrial en la que no se paga ni se cobra precio alguno, como tampoco se produce la transferencia de dominio de bienes activos, por lo que no se produce el hecho generador del tributo.
3.- La entidad recurrente señala que la sentencia y el auto de vista fundamentaron su decisión en la transcripción de la Sentencia Constitucional Nº 30/2012, como consecuencia de la nulidad del referido auto supremo, la Sala Social y administrativa, Liquidadora Primera del Tribunal Supremo de Justica, emitió el Auto Supremo Nº 093/2014 de 25 de abril del 2014, cursantes de fs. 6119 a 6127, casando el Auto de Vista Nº 390 de 10 de septiembre de 2009, y deliberando en el fondo declaró probada la demanda presentada por Planta Industrial Don Guillermo Ltda.; en el mismo se amplían los fundamentos establecidos en el Auto Supremo Nº 030/2012, de fecha 23 de abril de 2012, donde amplían mayores comentarios que la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba incensurable en casación, corresponde a los jueces y Tribunales ordinarios y no a la instancias Constitucional que tiene otras competencias y no constituye tribunal revisor de la legalidad ordinaria, en el presente caso se tiene que en el proceso productivo de maquila, existe una cooperación entre partes para la transformación de la materia prima; en cambio en el contrato de prestación de servicio, existe una prestación de servicio de una parte en favor de la otra; asimismo el proceso productivo de maquila, tanto el cañero como el ingenio se reparten en proporciones predeterminadas el producto final elaborado cooperativamente sin pactar ni existir precio alguno por dicho concepto.
En cambio en el contrato de prestación de servicio, el precio a percibirse constituye la razón por la cual el denominado contratista ejecuta el servicio a favor del comitente, el mismo que al pagar el precio es el propietario de todo el producto terminado, estas dos consecuencias constituyen en una conclusión razonable y justificada, la maquila no constituye hecho generador de tributos como ocurre con el contrato de prestación de servicio, en el caso presente corresponde aplicar el Decreto Supremo Nº 27800 entre otras, normas conexas, las cuales tienen por objeto normar el sistema de cooperación entre el sector agrícola cañero y agroindustrial- azucarero por lo cual se tiene por realidad económica del contribuyente y el marco normativo, que los contratos de zafra celebrados entre la Planta Industrial Don Guillermo Ltda., y las Instituciones cañeras de la gestión 2004, no son contratos de servicios, sino convenios de cooperación, por lo cual tal actividad agroindustrial no constituye un hecho generador y no está sujeto al pago de impuestos. Conforme la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
A mérito de estas consideraciones, se evidencia que el tribunal de segunda instancia no incurrió en ninguna de las acusaciones denunciadas por la parte recurrente, al contrario, realizó correcta interpretación y aplicación de las normas legales citadas, correspondiendo resolver el recurso de casación en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso por mandato de los arts. 214 y 297 segundo párrafo de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 6111 a 6116.
Sin costas por expresa disposición de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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