Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-303-13.htm
Timestamp: 2018-12-10 23:52:50+00:00

Document:
C-303-13
AUDIENCIA DE IMPUTACION DE CARGOS Y CONSECUENCIAS DE ACEPTACION CONDICIONAL DE RESPONSABILIDAD PENAL-Exequibilidad
En primer lugar, el actor demanda la expresión “comunica”, contenida en el Artículo 286 del C.P.P., ya que a su juicio, el carácter meramente informativo de la audiencia de formulación de la imputación limita injustificadamente el derecho de defensa de los presuntos infractores de la ley penal, quienes en la audiencia únicamente juegan un rol pasivo y no pueden, ni controvertir el acto de imputación, ni presentar las aclaraciones a los cargos que se formulen en su contra. De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Corte considera, por el contrario, que la solución legislativa prevista en el aparte acusado dotó de garantías el derecho de defensa, al menos por tres razones: (i) en primer lugar, porque se diseñó un momento procesal específico, dotado de todas las garantías procedimentales e institucionales, para informar al presunto responsable sobre la existencia de un procedimiento penal en su contra: la audiencia de formulación de la imputación; como este conocimiento es indispensable para ejercer la defensa, la realización de la audiencia, lejos de limitar el derecho de defensa, lo hace posible; (ii) en segundo lugar, porque la ley previó un escenario específico para delimitar el alcance de la controversia jurídica, es decir, para que el Estado informe al particular sobre los hechos considerados relevantes y la calificación jurídica provisional las conductas, y para que el presunto infractor tenga claridad sobre la materia sobre la cual recaerá la actividad procesal del ente acusador; como esta delimitación es fundamental para ejercer la defensa, pues no es posible defenderse frente a acusaciones indeterminadas, la realización de esta audiencia informativa materializa la prerrogativa que el peticionario considera desconocida; (iii) aunque en esta audiencia el presunto infractor de la ley penal no puede controvertir ni modificar los términos de la imputación, tiene la posibilidad de hacerlo durante todo el procedimiento penal; es decir, la defensa material no se ejerce en dicha audiencia, sino justamente a partir de ella. Por las razones expuestas, el carácter informativo de la audiencia de formulación de acusación no desconoce el derecho al debido proceso, y en consecuencia, la expresión “comunica” contenida en el Artículo 286 del C.P.P. se declara exequible. En segundo lugar, el peticionario impugna la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación” contenida en el Artículo 288.3 y la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”contenida en el Artículo 351 del C.P.P. A su juicio, estas normas desconocen el derecho al debido proceso, la justicia y la equidad y las bases constitucionales del modelo acusatorio, por cuanto únicamente confieren el beneficio del descuento punitivo de hasta la mitad de la pena imponible, para la hipótesis de la aceptación simple de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la acusación, pero no para la aceptación de los mismos con modificaciones en el tipo penal, la modalidad del delito o el grado de participación; dado que en ambos casos se reconoce la responsabilidad y se contribuye efectivamente con la justicia, la restricción normativa desconocería una de las bases fundamentales sobre las cuales se erigió el procedimiento penal, como es la promoción de las negociaciones y acuerdos entre el ente acusador y los presuntos infractores de la ley penal, para incentivar la colaboración con la justicia y evitar el desgaste injustificado del aparato judicial. La Corte considera que este reproche no lesiona los principios constitucionales alegados, así: (i) Por un lado, la limitación procesal anotada no guarda relación con el derecho de defensa, porque éste no comprende un derecho a los descuentos punitivos, y porque no compromete el derecho a ser informado sobre el inicio, desarrollo y conclusión del proceso, el derecho a impugnar las decisiones adoptadas dentro del mismo, aportar las pruebas y controvertir las existentes, ni el derecho a contar con asistencia jurídica; (ii) Por otro lado, la diferenciación que la ley establece entre el allanamiento simple y el condicionado responde a diferencias materiales constitucionalmente relevantes, pues mientras en el primer caso el reconocimiento de la responsabilidad implica hacer cesar el proceso penal, y con éste la actividad de la fiscalía, en el otro no; (iii) Finalmente, la medida cuestionada no riñe con el modelo acusatorio, pues como en éste, quien ejerce la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, el escenario natural para la obtención de beneficios punitivos por el reconocimiento de la responsabilidad penal es el sistema de negociaciones con el ente acusador. En tercer lugar, el peticionario demanda la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos”, contenida en el Artículo 356 del C.P.P. A su juicio, esta disposición vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto únicamente concede el beneficio de la reducción de hasta la tercera parte de la pena, cuando en la audiencia preparatoria el imputado acepta los cargos formulados por la fiscalía, pero no cuando se reconoce la responsabilidad penal, pero en unos términos distintos a los propuestos por el ente acusador. Por las mismas razones expuestas en relación con la norma anterior, la limitación procesal no se considera vulneratoria del derecho al debido proceso, y se declara exequible. Finalmente, el accionante demanda la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable”, contenida en el Artículo 367 del C.P.P. En su parecer, nuevamente, se vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto la norma únicamente concede la rebaja de una sexta parte de la pena imponible cuando en la alegación inicial del juicio el acusado se declara culpable en los términos propuestos por la fiscalía, pero no cuando la reconoce en otros términos. Por las mismas razones anteriores, la medida no se considera contraria al debido proceso, y se declara exequible por este cargo.
FORMULACION DE CARGOS Y ACTO DE IMPUTACION-Imposibilidad de impugnación por parte del sindicado
El legislador estableció que la formulación es un acto de mera comunicación, actuación preliminar en la que deben encontrarse presentes, tanto el Fiscal, como titular de la acción penal; el imputado, como sujeto pasivo del actuar del Estado; el defensor de este último, en un acto que si bien se entiende encaminado a la salvaguardia de los intereses del receptor de la imputación, nada puede hacer en ese sentido; y finalmente el juez, cuya actuación se limita a verificar si se entendieron o no los términos de la imputación y en caso de un allanamiento a cargos, si se hace de manera libre consciente y voluntaria, siendo finalmente ésta la misma función que cumple el defensor.
imposibilidad para impugnar acto de formulacion de cargos-No constituye una vulneración del derecho al debido proceso
derecho de contradicciOn-No comprende la posibilidad de impedir que el Estado ejerza el rol investigativo que constitucionalmente le corresponde
formulaciOn de imputaciOn-Acto que posibilita la defensa en los procedimientos penales
DERECHO DE DEFENSA EN ACTUACION PENAL-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO DE DEFENSA-Importancia en el contexto de las garantías procesales/DERECHO DE DEFENSA EN EL AMBITO PENAL-Reconocimiento en el escenario internacional
FALTA DE PREVISION DE descuento punitivo por reconocimiento condicionado de responsabilidad penal-No compromete el derecho de defensa
descuentos punitivos previstos por el legislador para aceptaciOn pura y simple de responsabilidad-No se extienden al reconocimiento condicionado
aceptaciOn simple y aceptaciOn condicionada de cargos-Existen diferencias constitucionalmente relevantes entre una y otra, que hacen indispensable un tratamiento jurídico diferenciado
ACEPTACION CONDICIONAL DE CARGOS Y DECLARACION CONDICIONAL DE CULPABILIDAD-Inexistencia de descuento punitivo automático
La preceptiva demandada en modo alguno prohíbe la rebaja de penas o impide la aceptación condicionada de los cargos, como sugiere el peticionario. Por el contrario, la ley únicamente señala los efectos jurídicos y las vías procesales para viabilizar dos fenómenos distintos: la aceptación simple de los cargos imputados por el ente acusador, y la aceptación condicionada. En el primer caso, el allanamiento o la declaratoria de culpabilidad se formula ante el juez, e implica un descuento punitivo automático en los términos de la legislación procesal; y en el segundo caso, la aceptación condicionada se formula ante el ente acusador mediante el procedimiento de los preacuerdos, y cuyo efecto en términos punitivos no está pre-establecido en la legislación. Pero esto en modo alguno equivale a impedir la aceptación condicionada de la responsabilidad penal.
3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351
Esta deficiencia normativa no se subsana con las negociaciones que lo largo del proceso penal se pueden adelantar con la Fiscalía, pues se trata de mecanismos optativos y consensuales en los que el ente acusador actúa con un alto nivel de discrecionalidad, y respondiendo no solo a los intereses y necesidades de los imputados, sino fundamentalmente a la política criminal del Estado y a las directrices institucionales. Por el contrario, la aceptación simple de los cargos o de la declaratoria de culpabilidad confiere automáticamente el derecho a acceder a ciertos descuentos punitivos, por lo que la insuficiencia de la ley no se encuentra “compensada” con los mecanismos de negociación previstos en la legislación procesal.
- En segundo lugar, la prohibición tácita para condicionar el reconocimiento de la responsabilidad penal no solo lesiona los derechos de los presuntos infractores de la ley penal, sino que además es incompatible con los lineamientos del procedimiento penal, que justamente pretende incentivar la colaboración con la justicia. Dado que la ley penal no retribuye en términos punitivos la aceptación condicional de la responsabilidad penal, tácitamente bloquea y obstaculiza la realización de unos de las bases del sistema acusatorio, como es la colaboración efectiva con la justicia, y en general, con lo que se ha denominado como “justicia premial”. .
Por las razones expuestas, el actor concluye que los artículos 286, 288, 351, 356 y 357, vulneran el derecho al debido proceso.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que el acto de imputación tiene un carácter meramente informativo, y esta connotación tiene relevancia constitucional en distintos sentidos. (i) Como propiamente no se adopta ninguna decisión susceptible de ser controvertida, sino que únicamente se comunica a una persona la iniciación de la investigación, carece de sentido la reclamación por la supuesta falta de recursos en contra de un acto que por su propia naturaleza no está sujeto al litigio; (ii) Como no es posible la defensa respecto de cargos indeterminados, y como en dicha audiencia se fija el alcance de la litis en términos fácticos y jurídicos, la imputación es justamente el acto que permite oponerse a las bases sobre las cuales se edificó la calificación jurídica de la conducta reprochada, y la que en general, posibilita el ejercicio del derecho de contradicción. Por este motivo, la disposición no solo no lesiona el Artículo 29 de la Carta Política, sino que desarrolla y materializa el derecho a ser informado sobre la existencia de un proceso judicial, así como el derecho de contradicción (Art. 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); (iii) En la medida en que en estricto sentido el acto informativo no tiene la potencialidad de afectar o lesionar ningún derecho del presunto infractor de la ley penal, no tiene fundamento alguno postular la necesidad de un sistema de recursos frente al mismo; el derecho de defensa no comprende la facultad para atacar los actos informativos mediante los cuales se da a conocer a una persona la apertura de una investigación penal en su contra: “El deber que se deduce de los instrumentos internacionales de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad y de las normas del Estatuto Superior, es el de “informar” a la persona sobre la existencia de una investigación o causa penal en su contra, más no el de otorgarle al imputado la posibilidad de controvertir el acto de formulación de imputación”; por este motivo, el derecho de defensa no comprende la facultad para atacar los actos informativos mediante los cuales se da a conocer a una persona la apertura de una investigación penal en su contra: “El deber que se deduce de los instrumentos internacionales de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad y de las normas del Estatuto Superior, es el de “informar” a la persona sobre la existencia de una investigación o causa penal en su contra, más no el de otorgarle al imputado la posibilidad de controvertir el acto de formulación de imputación”; obviamente, si dentro de la misma audiencia se solicita una medida de aseguramiento, se hará necesaria la intervención del juez de garantías, y la decisión adoptada por este podría ser impugnada.
Adicionalmente, la mejor vía para asegurar y proteger los derechos de los imputados que no están de acuerdo con los términos en que fueron propuestos los cargos, no es a través del allanamiento condicionado, sino a través del rechazo a la imputación: “Si, tal como lo afirma el accionante, el investigado no está de acuerdo con alguno o algunos de los cargos o elementos de la imputación, su mejor garantía no es, según propone la demanda, entrar en la controversia acerca de los términos, alcances o definiciones de la imputación, dado que se puede incluso incurrir en una autoincriminación, sino rechazar los cargos, esto es, no allanarse a la imputación, lo cual no cierra ni restringe ninguna de sus garantías, dado que, de inmediato, pueden iniciarse negociaciones con la Fiscalía en orden a precisar o modificar la imputación a términos que estimen convenientes o favorables, tanto el ente acusador como el sindicado”. Por este motivo, cuando el presunto infractor de la ley penal disiente de la imputación, la vía procesal para la defensa de sus intereses consiste en omitir el allanamiento, controvertir el fundamento fáctico o jurídico de la imputación, y reservarse la posibilidad negociar posteriormente.
Con respecto al Artículo 356 del C.P.P., que implícitamente contempla la misma limitación procesal de la audiencia de imputación en la audiencia preparatoria, la Defensoría sostiene que la restricción es constitucionalmente admisible, por cuanto no solo es consistente con el margen de discrecionalidad con el que razonablemente debe contar la fiscalía y por cuanto subsisten los mecanismos negociales con el ente acusador, sino también por otras dos razones adicionales: (i) Dado que previamente a la audiencia preparatoria se han surtido las audiencias de formulación de imputación y de acusación, el procesado ya ha tenido la oportunidad de negociar los términos de la imputación, e incluso la de aceptar la responsabilidad, por lo que permitir la aceptación condicionada de los cargos equivaldría a desconocer el desarrollo de todo el proceso penal y “retrotraer dicha diligencia a un estado anterior y revivir una controversia –la negociación de los cargos-, que se supone fue superada”; (ii) Por otro lado, sobredimensionar la importancia del allanamiento implicaría desconocer el escenario natural para rebatir y atacar las apreciaciones de la Fiscalía: el debate probatorio.
- Con respecto al Artículo 367, se sostiene que la prohibición para allanarse condicionalmente no implica ninguna inconstitucionalidad por omisión, ya que cuando existe una aceptación condicional de los cargos, y durante el proceso se demuestra que la persona debe ser condenada por un delito que tiene una menor pena, “se deberá respetar el derecho a recibir la respectiva sanción penal con el correspondiente descuento punitivo”.
Con respecto a la primera de estas peticiones, se sostiene que en la demanda únicamente se afirma la oposición entre las disposiciones legales y el derecho al debido proceso, pero no se ofrecen las razones para acreditar la contradicción entre uno y otro texto normativo. En efecto, los preceptos acusados únicamente contemplan algunos beneficios penales cuando existe allanamiento en la audiencia de formulación de imputación o en la audiencia preparatoria, o declaración de culpabilidad durante la alegación inicial del juicio oral. Por su parte, según el Artículo 29 de la Carta Política y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad, el debido proceso tiene los siguientes componentes: (i) el derecho a ser oído en el juicio; (ii) la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia; (iii) la presunción de inocencia.
Con respecto a la primera de las objeciones, la Corte encuentra que efectivamente, a juicio del actor, en la audiencia de formulación de imputación el investigado “solo puede hacer uso de la palabra en punto de manifestar si entendió o no los cargos que se le imputan y si desea o no allanarse a éstos bajo los términos expuestos por el delegado del ente acusador”, y que por este motivo, “no procede réplica alguna, solo siéndole permisible al administrado la manifestación de voluntad frente a la figura del allanamiento a cargos”.
Ahora bien, aunque el contenido de esta aseveración no se desprende del texto legal, y aunque los imputados sí pueden participar en la audiencia realizando todas las intervenciones que sean compatibles con la naturaleza de este acto procesal de carácter informativo (por ejemplo, solicitando explicaciones adicionales al fiscal para que aclare el sentido de su imputación), lo cierto es que esta falencia interpretativa no afecta la aptitud del cargo, toda vez que el fundamento de la acusación no se estructura en torno a esta consideración, sino que gira alrededor de dos argumentos: primero, la imposibilidad para controvertir los términos de la imputación de la Fiscalía; es decir, el actor no afirma que la disposición sea contraria al ordenamiento superior porque prohíba al imputado participar en la audiencia, sino porque no existe un escenario específico para impugnar la orden de dar inicio a la investigación ni para refutar los términos de la imputación efectuada por la Fiscalía; en este sentido, el actor afirma en la demanda que “su representación en esta audiencia viene a resultar inocua, por cuanto ningún reproche puede hacer frente a los términos de los delitos que se le vienen imputando, limitación ésta que se extiende al propio imputado”; dentro de esta misma línea, en el escrito de corrección afirma que “al omitir el constituyente la posibilidad de que el imputado controvierta, desde ese preciso momento, la comunicación que le es puesta de presente –con la finalidad de persuadir al delegado de la Fiscalía frente a los términos de la misma”; en otras palabras, el fundamento del reproche del peticionario no es la tesis de la prohibición para participar dentro de la audiencia (hacer preguntas, pedir aclaraciones, etc.), sino la de que el imputado no tiene la posibilidad de controvertir o impugnar el acto mediante el cual se le informa sobre la existencia de la investigación en su contra.
Y en segundo lugar, el reproche de constitucionalidad se sustenta en la prohibición tácita para aceptar condicionalmente los cargos que se formulan en contra del sindicado y acceder a los beneficios punitivos propios del allanamiento. Así, en la demanda se afirma lo siguiente: “el imputado una vez puesta a conocimiento de él la situación fáctica y jurídica que lo vincula de manera activa o pasiva (sea por delito por acción o por omisión) a una conducta de interés para el derecho penal, pretende aceptar su responsabilidad, por cuanto reconoce su intervención en la conducta a él puesta de presente, pero no desea hacerlo en los términos dados por el titular de la acción penal, sino que reconoce su participación en los hechos criminales que se le imputan pero en diferente modalidad o grado de participación y condiciona su aceptación de cargos pero es bajo estas específicas circunstancias (…) no obstante lo anterior, el fiscal, como dueño del acto procesal decide no variar los términos de la misma, por lo que el imputado muy a pesar de reconocer su intervención activa en el ilícito no en la modalidad y/o formas de la imputación, decide, como es lógico, no allanarse, e irse a juicio con todas las prerrogativas que ello implica, dando las resultas de la actuación un fallo en los mismos términos propuestos por el ahora procesado-condenado cuando ostentaba la calidad de imputado, no obstante sin derecho a ninguna clase de descuento punitivo”.Una línea argumentativa semejante se encuentra en el escrito de corrección.
Tal como se indicó anteriormente, a juicio del actor, el Artículo 286 del C.P.P. transgrede el derecho de defensa, por cuanto implícitamente impide al imputado controvertir la imputación que se formula en su contra. En efecto, su papel dentro de esta audiencia se limita a expresar si entendió los términos de la acusación, y si se allana a los mismos, pero ni él ni el abogado que lo representa, tienen la posibilidad de atacar el acto mismo de la imputación o los términos en que se formula, ni de aclarar los hechos en que se fundan los cargos. De esta manera, la presencia del imputado, de su abogado, e incluso del juez, es totalmente inocua porque desde una perspectiva material, no es posible concretar la defensa: “El legislador (…) estableció que la formulación es un acto de mera comunicación (…) actuación preliminar en la que deben encontrarse presentes, tanto el Fiscal, como titular de la acción penal; el imputado, como sujeto pasivo del actuar del Estado; el defensor de este último, en un acto que si bien se entiende encaminado a la salvaguardia de los intereses del receptor de la imputación, nada puede hacer en ese sentido; y finalmente el juez, cuya actuación se limita a verificar si s entendieron o no los términos de la imputación y en caso de un allanamiento a cargos, si se hace de manera libre consciente y voluntaria, siendo finalmente ésta la misma función que cumple el defensor”.
Por otro lado, contrariamente a lo que supone el peticionario, la formulación de la imputación es justamente el acto queposibilita la defensa en los procedimientos penales, al menos en dos sentidos. De una parte, porque como el ejercicio de este derecho solo es viable cuando se tiene conocimiento de la existencia de un proceso en contra de una persona, y como en esta audiencia se comunica a dicha persona su calidad de imputado, la medida no solo no desconoce este derecho, sino que lo materializa y hace efectivo. En este sentido, el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “toda persona acusada de un delito tendrá derecho (…) a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”; aunque ni el texto constitucional ni los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen una formalidad específica para este acto informativo, el legislador previó un acto procesal especial para la materialización de este deber, exigiendo que la comunicación se efectúe en esta audiencia, con la presencia del imputado, su abogado y el juez.
De otra parte, como no es posible defenderse frente a ataques indeterminados que no individualizan unos hechos concretos ni una acusación particular, la previsión de esta audiencia especial en la que se señalan al imputado las circunstancias fácticas que se consideran relevantes, así como la calificación provisional de la conducta (arts. 286y 188 del C.P.), hace viable el ejercicio del derecho de defensa. En otras palabras, la norma acusada desarrolla la exigencia del Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político de que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprende y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”,y la comprensión que de este precepto ha hecho el Comité de Derechos Humanos, en el sentido de que dentro de la información suministrada se debe señalar “tanto la ley como los supuestos de hecho en que se basa [la acusación]”[2].[3]
Finalmente, tampoco encuentra la Corte que la ausencia de este beneficio desconozca los lineamientos constitucionales del proceso acusatorio, ni en particular, el componente de la “justicia premial” que el peticionario considera transgredido. Por un lado, como el ordenamiento superior no establece el derecho constitucional al descuento punitivo automático por el reconocimiento de la responsabilidad penal, independientemente de los términos en los que se formule, la regla implícita asumida por el legislador, según la cual el beneficio punitivo debe estar en función de la contribución del imputado o acusado al proceso penal, y el hecho de que la utilidad del reconocimiento condicionado de la responsabilidad es sustancialmente menor al que implica el reconocimiento simple, justifica, desde la perspectiva constitucional, la solución legislativa ahora controvertida.
Por otro lado, la medida ahora cuestionada tampoco tiene ninguna incidencia en el sistema de acuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el presunto infractor de la ley penal, que es el escenario natural en el que se materializa la denominada por el actor “justicia premial”, y que es el procedimiento consistente con el rol de la Fiscalía General de la Nación de ejercer la acción penal. Aunque en este contexto la negociación viene a depender de la voluntad del ente acusador, y los efectos en términos punitivos no necesariamente coinciden con los previstos en la legislación para la aceptación simple de responsabilidad, estas diferencias tienen sustento en las diferencias entre uno y otro fenómeno, tal como explicó en acápites anteriores[5].
- En primer lugar, el actor demanda la expresión “comunica”, contenida en el Artículo 286 del C.P.P., ya que a su juicio, el carácter meramente informativo de la audiencia de formulación de la imputación limita injustificadamente el derecho de defensa de los presuntos infractores de la ley penal, quienes en la audiencia únicamente juegan un rol pasivo y no pueden, ni controvertir el acto de imputación, ni presentar las aclaraciones a los cargos que se formulen en su contra.
Por las razones expuestas, el carácter informativo de la audiencia de formulación de acusación no desconoce el derecho al debido proceso, y en consecuencia, la expresión “comunica” contenida en el Artículo 286 del C.P.P. será declarada exequible.
- En segundo lugar, el peticionario impugna la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación” contenida en el Artículo 288.3 y la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”contenida en el Artículo 351 del C.P.P. A su juicio, estas normas desconocen el derecho al debido proceso, la justicia y la equidad y las bases constitucionales del modelo acusatorio, por cuanto únicamente confieren el beneficio del descuento punitivo de hasta la mitad de la pena imponible, para la hipótesis de la aceptación simple de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la acusación, pero no para la aceptación de los mismos con modificaciones en el tipo penal, la modalidad del delito o el grado de participación; dado que en ambos casos se reconoce la responsabilidad y se contribuye efectivamente con la justicia, la restricción normativa desconocería una de las bases fundamentales sobre las cuales se erigió el procedimiento penal, como es la promoción de las negociaciones y acuerdos entre el ente acusador y los presuntos infractores de la ley penal, para incentivar la colaboración con la justicia y evitar el desgaste injustificado del aparato judicial.
- En tercer lugar, el peticionario demanda la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos”, contenida en el Artículo 356 del C.P.P. A su juicio, esta disposición vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto únicamente concede el beneficio de la reducción de hasta la tercera parte de la pena, cuando en la audiencia preparatoria el imputado acepta los cargos formulados por la fiscalía, pero no cuando se reconoce la responsabilidad penal, pero en unos términos distintos a los propuestos por el ente acusador. Por las mismas razones expuestas en relación con la norma anterior, la limitación procesal no se considera vulneratoria del derecho al debido proceso, y será declarada exequible.
- Finalmente, el accionante demanda la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable”, contenida en el Artículo 367 del C.P.P. En su parecer, nuevamente, se vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto la norma únicamente concede la rebaja de una sexta parte de la pena imponible cuando en la alegación inicial del juicio el acusado se declara culpable en los términos propuestos por la fiscalía, pero no cuando la reconoce en otros términos. Por las mismas razones anteriores, la medida no se considera contraria al debido proceso, y será declarada exequible por este cargo.
PRIMERO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “comunica” contenida en el Artículo 286 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación”, contenida en el Artículo 288.3 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
TERCERO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” contenida en el Artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
CUARTO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos” contenida en el Artículo 356.5 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
QUINTO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable” contenida en el Artículo 367 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

References: Artículo 286
 Artículo 286
 Artículo 288
 Artículo 351
 Artículo 356
 Artículo 367
 artículo 351
 Artículo 29
 Artículo 356
 Artículo 367
 Artículo 29
 Artículo 286
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 286
 Artículo 286
 Artículo 288
 Artículo 351
 Artículo 356
 Artículo 367
 Artículo 286
 Artículo 288
 Artículo 351
 Artículo 356
 Artículo 367