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Timestamp: 2020-07-10 18:42:18+00:00

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Iva implicito en plaguicidas la tarifa señalada legalmente exigía que se comprobara que no estaba en la situación del artículo 424 del Estatuto Tributario
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IVA IMPLICITO EN PLAGUICIDAS - La tarifa señalada legalmente exigía que se comprobara que no estaba en la situación del artículo 424 del Estatuto Tributario / IMPORTACION DE PLAGUICIDAS - La tarifa de IVA implícito del Decreto 1344 de 1999 fue anulado / OFERTA NACIONAL INSUFICIENTE - La expresión que la definía fue anulada por el Consejo de Estado / PRODUCCION NACIONAL DE BIENES IMPORTADOS - Se presentaba cuando la producción interna sólo cubría hasta el 35 por ciento del mercado
En desarrollo del art. 43 de la Ley 488/98, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1344 de 1999, que en su artículo 1° estableció la tarifa promedio implícita aplicable a la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario, entre ellos, los plaguicidas de la partida arancelaria 38.08, a los que asignó una tarifa del 9.2%, la cual regía siempre y cuando se probara que los mismos no se encontraban en la situación de excepción a que alude el parágrafo 1° del artículo trascrito, es decir, que la producción nacional era insuficiente para atender la demanda interna. Posteriormente se expidió el Decreto 2085 de 18 de octubre de 2000, que en su artículo 1º estableció nuevamente las tarifas para la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario (38.08 tarifa de 7.7%), sin embargo, algunos de esos bienes fueron anulados por reproducción del Decreto 1344 de 1999 que había sido anulado parcialmente, mediante varias sentencias de la Corporación. En el artículo 3º del Decreto 2085 de 2000 se definió la oferta insuficiente de un producto “cuando no exista producción nacional del mismo” expresión que fue anulada por la Corporación mediante sentencia de fecha 15 de marzo de 2002, exp. 11634 C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla. Posteriormente, y a partir del año de 2001, la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000, artículo 27, parágrafo 1°, modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario. Esta disposición mantuvo el régimen del “IVA implícito” adoptado a través de la ley 488 de 1998. Sus previsiones estuvieron dirigidas a establecer regulaciones en torno a las pruebas para el acceso al régimen de excepción cuando exista oferta insuficiente de los bienes en el mercado local. En este sentido, legalmente se consagró la “inexistencia” de producción nacional como presupuesto para la exclusión. También precisó la ley que no existe producción nacional y por ende no se causa el IVA implícito, cuando la producción interna sólo cubra hasta el 35% de las necesidades del mercado. Para estos últimos fines, se estableció que el Departamento Nacional de Planeación - DNP, debía certificar anualmente la producción nacional y el tamaño del mercado, previo el acopio de la información necesaria. Para reglamentar esta disposición el Gobierno Nacional expidió, entre otros, el Decreto 2263 de octubre 26 de 2001.
IVA IMPLICITO EN IMPORTACIONES – El Gobierno Nacional incumplió la comprobación de las circunstancias para no cobrarlo / IVA IMPLICITO EN PLAGUICIDAS E INSECTICIDAS - La norma que consagraba el gravamen fue anulada por violar el artículo 424 del Estatuto Tributario / PRODUCCION NACIONAL DE BIENES IMPORTADOS - Para protegerla se estableció la excepción al cobro del IVA implícito
Conviene advertir sobre la existencia de antecedentes que evidencian por parte del Gobierno Nacional, el incumplimiento respecto de la comprobación previa de la situación en las circunstancias que la norma describe, que permiten la aplicación de la excepción al gravamen en mención, en relación con cada uno de los productos gravados con el IVA implícito. Es así como en las sentencias de mayo 12 de 2000 Exp. 9873 C.P. Daniel Manrique Guzmán; octubre 6 de 2000, Exp. 9895, C.P Julio Enrique Correa Restrepo; febrero 8 de 2000, Exp.11864 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; agosto 29 de 2002, Exp.12007 y septiembre 5 de 2002, Exp. 11894, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; septiembre 4 de 2003, Exp. 13553, C.P. Ligia López Díaz, se declaró la nulidad del artículo 1° del Decreto 1344 de 1999, en cuanto gravó con el IVA promedio implícito la importación de los productos clasificados en las partidas arancelarias 10.05 (maíz), 10.04 (avena), 38.08 (plaguicidas e insecticidas), 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 (abonos minerales y otros), 23.09 (preparaciones utilizadas para alimentación de animales), 30.04 (medicamentos). En todos los procesos mencionados, se demostró que la producción nacional de los bienes importados, era insuficiente para abastecer el mercado interno y que por consiguiente, operaba la excepción prevista en la ley. En efecto, la Sala mediante sentencia de fecha 8 de febrero de 2002, expediente No. 11864, declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1344 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional, demandado en cuanto gravó con el impuesto sobre las ventas la importación de “plaguicidas e insecticidas” de la partida arancelaria 38.08, en las subpartidas que relaciona la demandante, a la tarifa promedio implícita de 9.2%, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 488 de 1998, que modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario. Tal situación le permitió a la Sala fijar su criterio en relación con el Decreto 1344 de 1999 y posteriormente con el Decreto 2085 de 2000, en el sentido de indicar que según la ley, para gravar las importaciones, la autoridad debió previamente establecer el suficiente abastecimiento en el mercado nacional, con el fin de hacer efectiva la intención del legislador, que no es otra que la protección de la producción nacional frente a las importaciones de los mismos bienes amparados por el beneficio fiscal de la exclusión del gravamen, por lo que no puede soslayarse la comprobación de la condición prevista en la misma ley para que sean exceptuados los bienes cuya producción nacional sea insuficiente. De todo el anterior recuento normativo y jurisprudencial, concluye la Sala nuevamente que por el simple hecho de encontrarse vigentes los Decretos 1344 de 1999, 2085 de 2000 y 2263 de 2001 a la fecha en que la actora realizó las importaciones, no puede reconocerse la legalidad de la actuación administrativa acusada, puesto que de acuerdo con los antecedentes anotados, el derecho a la excepción del IVA promedio implícito reclamado por la demandante, surge directamente de la ley y no del decreto que se limita a fijar la base gravable y tarifa aplicables, porque los presupuestos fácticos que hacen viable el beneficio de la excepción del gravamen, están contenidos en la norma superior.
CORRECION DE DECLARACION DE IMPORTACION - No puede negarse al exigir la certificación sobre la no producción nacional / CERTIFICADO DE PLANEACION NACIONAL- Es idóneo y suficiente para demostrar la no producción nacional de un bien / LEVANTE DE MERCANCIA - Su firmeza está condicionada al término de 3 años / DECLARACION DE IMPORTACION - Su firmeza se produce a los 3 años contados desde su presentación y aceptación
Por lo anterior considera la Sala que la Administración incurrió en violación del artículo 424 del Estatuto Tributario al negar la corrección a las declaraciones con el argumento de que la certificación sobre la no producción nacional debía presentarse de forma previa a las importaciones, así como al no darle la validez a la certificación expedida por el Ministerio de Comercio Exterior para las importaciones realizadas bajo la vigencia del Decreto 2263 de 2001, por cuanto no fue expedido por el Departamento Nacional de Planeación, toda vez que, como lo señaló la Sala en las sentencias citadas anteriormente y que anularon parcialmente el artículo 1º de ese Decreto, este certificado es idóneo y suficiente para demostrar la no producción nacional de un bien. Finalmente, tampoco es acertado considerar como lo hizo la Administración que la sentencia de nulidad que recayó sobre parte del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999 en cuanto gravó con IVA implícito la importación de plaguicidas de la partida arancelaria 38.08, no afectaba la situación de la actora por cuanto ya había obtenido el levante de la mercancía y la situación jurídica se encontraba consolidada, pues en el presente caso, contrario a lo considerado por la Administración, la situación de la actora no se encontraba consolidada, en atención a lo siguiente. De conformidad con el artículo 131 del Estatuto Aduanero, la declaración de importación adquiere firmeza cuando han transcurrido tres años, contados desde su presentación y aceptación, sin que se haya notificado requerimiento especial aduanero, lo que implica, a su vez, que la firmeza del acto del levante está condicionada al cumplimiento de dicho plazo, pues “…el levante es una autorización administrativa que se surte tanto en el trámite de la importación ordinaria, con el fin de retirar la mercancía del depósito de almacenamiento o de la aduana, como en el trámite de las distintas modalidades de importación”. En consecuencia, la situación jurídica no se consolida por la obtención de la simple autorización de levante, como lo afirmó la entidad demandada, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y el levante respectivo, por ser éste accesorio a ella. En el presente caso, las declaraciones de importación se presentaron de agosto de 1999 a marzo de 2002, por tanto los términos de firmeza se cumplieron en agosto de 2002 y marzo de 2005. La solicitud de corrección se presentó el 2 de julio de 2002, es decir, dentro del plazo fijado por la norma citada. Luego, la situación no quedó consolidada, pues las declaraciones de importación y el levante no habían adquirido firmeza al momento de la solicitud de devolución.
Bogotá, D.C., noviembre nueve (9) de dos mil seis (2006)
Considera la Sala que la Administración incurrió en violación del artículo 424 del Estatuto Tributario al negar la corrección a las declaraciones con el argumento de que la certificación sobre la no producción nacional debía presentarse de forma previa a las importaciones, así como al no darle la validez a la certificación expedida por el Ministerio de Comercio Exterior para las importaciones realizadas bajo la vigencia del Decreto 2263 de 2001, por cuanto no fue expedido por el Departamento Nacional de Planeación, toda vez que, como lo señaló la Sala en las sentencias citadas anteriormente y que anularon parcialmente el artículo 1º de ese Decreto, este certificado es idóneo y suficiente para demostrar la no producción nacional de un bien.
Finalmente, tampoco es acertado considerar como lo hizo la Administración que la sentencia de nulidad que recayó sobre parte del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999 en cuanto gravó con IVA implícito la importación de plaguicidas de la partida arancelaria 38.08, no afectaba la situación de la actora por cuanto ya había obtenido el levante de la mercancía y la situación jurídica se encontraba consolidada, pues en el presente caso, contrario a lo considerado por la Administración, la situación de la actora no se encontraba consolidada, en atención a lo siguiente:
De conformidad con el artículo 131 del Estatuto Aduanero, la declaración de importación adquiere firmeza cuando han transcurrido tres años, contados desde su presentación y aceptación, sin que se haya notificado requerimiento especial aduanero, lo que implica, a su vez, que la firmeza del acto del levante está condicionada al cumplimiento de dicho plazo, pues “…el levante es una autorización administrativa que se surte tanto en el trámite de la importación ordinaria, con el fin de retirar la mercancía del depósito de almacenamiento o de la aduana, como en el trámite de las distintas modalidades de importación”1.
En consecuencia, la situación jurídica no se consolida por la obtención de la simple autorización de levante, como lo afirmó la entidad demandada, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y el levante respectivo, por ser éste accesorio a ella.
De otra parte, para la devolución del pago de lo no debido realizado por la actora en esas declaraciones, no hay norma especial en materia aduanera, por lo que se rige por los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, teniendo en cuenta que el artículo 561 del Decreto 2685 de 1999, remite a las normas del Estatuto Tributario para efectos de la devolución o compensación de tributos aduaneros, en los aspectos no regulados especialmente. Así las cosas, el demandante contaba con diez (10) años para solicitar la devolución del pago de lo no debido, que era el término vigente al tiempo de la solicitud de devolución, para la prescripción de la acción ejecutiva que establecía el artículo 2536 del Código Civil
Los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario fijan los presupuestos legales para tener derecho al reconocimiento de intereses corrientes y moratorios y señala la tasa de interés para el caso de las devoluciones, “cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente”, a partir de la presentación de la solicitud de devolución en debida forma y cuando la devolución no sea atendida dentro de los términos legales.
Radicación número: 54001-23-31-000-2003-00406-01
Actor: JOHNSON & SON COLOMBIA S.A.
Referencia: SOLICITUD DE CORRECCION A DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. -
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 23 de enero de 2006, desestimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad de la referencia contra los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN rechazó una solicitud de corrección a las declaraciones de importación presentadas por la actora entre agosto de 1999 y marzo de 2002.
JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., efectuó importaciones de plaguicidas entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de marzo de 2002 en las que liquidó y pagó el IVA implícito.
El 2 de julio de 2002, la sociedad solicitó a la DIAN expedir las correspondientes liquidaciones oficiales de corrección en relación con las mencionadas declaraciones de importación con el fin de excluir de las mismas el IVA liquidado sobre la importación de productos no gravados con dicho tributo.
Mediante Resolución No. 1930 de 6 de agosto de 2002, la Administración Local de Aduanas de Cúcuta decidió no acceder a la solicitud de corrección, por cuanto se trataba de un impuesto debidamente cancelado en atención a que para la fecha de las importaciones se encontraban vigentes los Decretos 1344 de 1999, 2085 de 2000 y 2263 de 2001 que señalaban una tarifa promedio implícita para la importación de plaguicidas, sin que fuera aplicable la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del IVA implícito en la importación de algunos productos de la partida 38.08 (plaguicidas), toda vez que la sociedad ya había obtenido en levante de las mercancías. Adicionalmente consideró la DIAN que la certificación sobre la no producción nacional, debía presentarla el importador con anterioridad a las importaciones y no posteriormente como en este caso y para el caso de las importaciones efectuadas en vigencia de la Ley 633 de2000, la certificación no fue expedida por la autoridad competente. Finalmente consideró la DIAN que tales disposiciones no violaban el Acuerdo de Cartagena, pues la Corte Constitucional en sentencia C-597 de 2000 consideró que la finalidad del parágrafo 1º del artículo 424 del Estatuto Tributario, era colocar la importación de esos productos en igualdad de condiciones con los productores nacionales.
Interpuesto el recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo, fue decidido por la División Jurídica Aduanera de la Administración de Cúcuta mediante la Resolución No. 3206 de 26 de noviembre de 2002 en el sentido de confirmarlo.
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