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Timestamp: 2019-03-25 15:44:04+00:00

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Actividad arbitral de la administración
ACTIVIDAD ARBITRAL DE LA ADMINISTRACIÓN*
I. La actividad arbitral de la administración
II. Leyes administrativas que prevén procedimientos administrativos arbitrales
La actividad arbitral de la administración, no se refiere al arbitraje en el derecho administrativo. A diferencia de aquél, la actividad arbitral de la administración no alude a una administración pública sometida al arbitraje como medio de solución de sus controversias, en virtud de así preverlo una cláusula contractual concreta. La actividad arbitral de la administración se manifiesta en los llamados por la doctrina administrativa actos cuasijurisdiccionales, que son el producto del ejercicio de una función jurisdiccional llevada adelante por un órgano de la administración, quien se erige en autoridad para la solución de una controversia entre dos administrados, cuya actividad concluye, no con un laudo arbitral como en el arbitraje, sino con un acto administrativo, sujeto como todos los actos administrativos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, tal y como lo prevé el artículo 259 de la Constitución.
Entre las múltiples actividades que realiza la administración pública en el ejercicio de sus funciones (actividad de policía, actividad de gestión, actividad de prestación de servicios públicos, actividad sancionadora), encontramos la llamada actividad arbitral, definida por Ramón Parada, como “aquella que realiza la administración pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados sobre derechos privados o administrativos”[1]
Otra cosa es el arbitraje administrativo, que ha sido definido como “aquel mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual la administración pública en cualesquiera de sus manifestaciones y los administrados, pueden pactar que sus diferencias, surgidas en las materias de su libre disposición o en aquellas expresamente señaladas por la ley, sean resueltas por árbitros mediante un laudo que tiene eficacia de la cosa juzgada, excluyendo así el asunto concreto del conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes¨[2]. Cuando hemos hecho referencia al arbitraje administrativo[3], hemos dicho que comprende todo procedimiento de arbitraje en el cual la administración es una de las partes en conflicto, con un particular –u otro ente administrativo-, y el cual versa sobre una controversia de naturaleza privada o pública la cual puede ser objeto de disposición por la administración. Este nace, desde luego, de un acuerdo arbitral previo[4] y deberá ser resuelto por un tercero imparcial que actuará como árbitro y emitirá un laudo arbitral de efectos obligatorio para ambas partes en conflicto.
El arbitraje administrativo tiene fundamento constitucional en los artículos 258 y 259 de la Constitución, de los cuales se deriva que el ámbito de las materias que corresponden al conocimiento de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, son aplicables los medios alternativos de resolución de conflictos, en general, y el arbitraje, en particular. Asimismo, dicho mecanismo está contemplado expresamente en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[5], artículo 6, el cual dispone que “Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento”. Asimismo, la Ley de la Procuraduría General de la República[6], se refiere al arbitraje administrativo, en su artículo 12 que señala que ¨Los contratos a ser suscritos por la República que establezcan cláusulas de arbitraje, tanto nacional como internacional, deben ser sometidos a la opinión previa y expresa de la Procuraduría General de la República¨.
Sin embargo, esta posibilidad constitucional y legal debe ser analizada a la luz de los principios aplicables a la jurisdicción contencioso-administrativa y en atención al carácter público de la actividad sometida al conocimiento de esta jurisdicción especial, para de este modo delimitar el alcance del arbitraje en los juicios que versen sobre la materia administrativa, excluidos expresamente los contratos administrativos.
De manera que la admisión del arbitraje, como medio de solución de controversias, encuentra los límites que le impone el ordenamiento jurídico[7], bien porque se trate de materias no disponibles por las partes, bien porque se trate de materias que dado su sometimiento al régimen jurídico de derecho público no son enjuiciables y menos aún arbitrables[8].
Ahora bien, ambas figuras, el arbitraje administrativo y la actividad arbitral de la administración, son completamente distintas en virtud de que el primero se encuentra referido a la posibilidad que la administración resuelva sus conflictos intersubjetivos de intereses con los particulares, ante un órgano arbitral; mientras que el segundo supuesto está vinculado con la actividad que realiza la administración pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados, sobre asuntos de derecho privado o administrativos.[9]
Comparamos entonces la actividad arbitral de la administración (llamada también procedimientos administrativos arbitrales) y el arbitraje administrativo, para encontrar lo siguiente[10]:
a- En el arbitraje administrativo la administración es una parte de la controversia que trata de resolver su disputa con un administrado u otra administración, de ser el caso, confiando la resolución del asunto a un tercero. En los procedimientos administrativos arbitrales, por su parte, la administración está en la posición de árbitro, es quien debe, por mandato de la ley, resolver la controversia existente entre dos particulares.
b- En el arbitraje administrativo, como en todo arbitraje, existe un acuerdo previo entre las partes para someter el conflicto existente o el que surja en el futuro, a la decisión de un árbitro. En cambio, el procedimiento administrativo arbitral no presupone acuerdo alguno, se trata de un cauce formal establecido por la ley que tiene que ser transitado por los administrados para dilucidar determinados conflictos. Ocurre en ocasiones que este paso previo es un requisito de admisibilidad para el posterior acceso a la vía judicial.
c- El arbitraje administrativo, como el arbitraje general, sirve para resolver conflictos actuales o que vayan a producirse en el futuro. El procedimiento administrativo arbitral solo puede operar cuando hay un conflicto actual.
d- En principio, en el arbitraje administrativo, como ocurriría en cualquier otro arbitraje, el laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes y solo podría ser atacado en nulidad por las causales previstas en la ley. Por su parte, el procedimiento administrativo arbitral culmina con un acto administrativo que será enjuiciable en todos los casos ante la jurisdicción contencioso administrativa, tal y como lo dispone el Artículo 259 de la Constitución y lo desarrolla la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En todo caso, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la actividad arbitral de la administración es actividad administrativa y por tanto son actos administrativos (y no sentencias o laudos arbitrales lo que se producen), sujetos en su validez y eficacia a las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[11]; y, que dicha actividad está sometida al control de legalidad por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa (conforme a lo establecido en el artículo 259 de la Constitución).
Aunque hay autores que consideran que hay diferencias entre la actividad cuasi-jurisdiccional y la arbitral de la administración, es nuestra opinión que conforme a los principios del Derecho Administrativo y del Arbitraje, la actividad arbitral y la actividad cuasijurisdiccional de la administración corresponden a lo mismo. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha equiparado ambos conceptos (actividad cuasi-jurisdiccional y procedimiento arbitral) al señalar que la actividad cuasi-jurisdiccional la cumple la administración cuando la ley le da competencias para ello mediante procedimientos arbitrales y actos arbitrales, lo que en nuestro ordenamiento jurídico son considerados como típicos actos cuasi-jurisdiccionales (sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, caso nulidad del artículo 87, ordinal 4 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario).
Por el contrario, en el caso de arbitraje administrativo, la sentencia o laudo arbitral que culmine el procedimiento, podrá ser apelado, o anulado, ante el tribunal natural u ordinario de alzada, conforme a las normas establecidas en los artículos 288 y siguientes, y 626 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, respectivamente. Así pues, puede quedar claro que la actividad arbitral y el arbitraje administrativo son dos instituciones totalmente distintas, que solo comparten una sinonimia[12].
Además, la doctrina ha determinado que para que exista arbitraje propiamente dicho, es necesaria la concurrencia de tres elementos esenciales como son la voluntariedad, la exclusión de la vía judicial y la determinación y elección de los árbitros que resuelven la cuestión litigiosa[13]. La actividad arbitral de la administración realmente no comprende dichos rasgos configuradores del arbitraje, es más, la resolución de conflictos por ese medio no responde a ese esquema puesto que ni es voluntaria ni excluye la vía judicial del acto en virtud del cual se resuelve el conflicto, ni tampoco prevé la elección de los árbitros, puesto que es el legislador quien determina que este mecanismo debe ser llevado a cabo por órganos de la administración pública, por lo que no cabe calificarlos de verdaderos instrumentos arbitrales[14].
Así pues, se indica que en la actividad arbitral de la administración, también conocida como los procedimientos administrativos arbitrales[15], la administración es quien, actuando como árbitro, está llamada a resolver, por mandato de ley, la disputa existente entre los particulares, es decir, un conflicto ajeno[16]. Estos procedimientos no presuponen acuerdo alguno entre las partes, sino que los mismos se encuentran preestablecidos en la ley y tienen que ser transitados por los administrados para resolver sus controversias, pudiendo en ocasiones constituirse como un requisito de admisibilidad para tener acceso a la vía judicial.[17]
Toda vez que el ordenamiento jurídico le adjudica la potestad a los distintos órganos y entes de la administración pública, de resolver las controversias entre particulares sometidas a su conocimiento, a través de medios de resolución alternativa de conflictos de naturaleza arbitral, dichas disposiciones legales se refieren al arbitraje como ejercicio de la función jurisdiccional, surgiendo de esta manera la doctrina de los actos “cuasi-jurisdiccionales”.[18]
De esta forma la doctrina ha reconocido, a pesar de la resistencia de algunos autores, que la actividad arbitral de la administración está comprendida dentro de la llamada actividad cuasi jurisdiccional, la cual, en palabras de Hildegard Rondó de Sansó, está caracterizada por la existencia de un procedimiento en que ante el órgano administrativo se plantea un conflicto ¨entre verdaderas y auténticas partes, esto es, la confrontación de dos o más sujetos que alegan pretensiones frente a sus contrincantes y que, en consecuencia, mantienen una relación procedimental dirigida a obtener una decisión final¨[19], caso en el cual, ¨la administración no realiza como objetivo esencial, su función de satisfacer en forma práctica los intereses de la comunidad o sus propios intereses, sino que está destinada a declarar ante varios sujetos en conflicto quién tiene la razón y quien no la tiene¨[20].
Es por ello que Ramón Parada afirma que la limitación que supone para el administrado la actividad arbitral de la administración no solo puede comprenderse justificada por el interés público, ni como un beneficio directo de la misma como sujeto, “sino que en ella es predominante el interés o derecho del particular que está en causa”[21], por lo que es conteste que la administración tenga el deber de actuar, en el cumplimiento de esa actividad, en estricta neutralidad, y solamente con arreglo a un fin de justicia, análogo al que persiguen los órganos jurisdiccionales.[22]
El origen de esta “usurpación”, como la denomina Ramón Parada, de funciones judiciales de carácter civil por la administración, se remonta a los primeros tiempos del Imperio romano, cuando los conflictos entre particulares eran sustraídos a la tramitación de las reglas del proceso ordinario cuando el Emperador consideraba que determinados asuntos debían someterse a un procedimiento más rápido y eficaz; así pues, “se crearon las condiciones para establecer derogaciones a las reglas de fondo del Derecho común en aquellas materias en que el conflicto inter privatos afectaba al interés de la administración imperial o a la propia independencia de esta, favoreciendo al mismo tiempo la centralización del poder”.[23]
Más adelante, en el Antiguo Régimen, con ese precedente, los Monarcas tendían a avocar ciertos litigios en que era parte el Estado y en conflictos entre simples particulares “por porque estaba en juego un interés público, o por puro capricho”, “no habiendo terreno vedado al deseo del Monarca de convertirse en juez único y excepcional de una determinada controversia”.[24] Ahora bien, en el siglo XIX, con el auge del principio de división de poderes, los conflictos y controversias entre particulares pasaron, en principio, a ser atribución exclusiva de los jueces civiles, sin embargo, se admitiría luego una cierta competencia de la administración y de la jurisdicción administrativa sobre dichos conflictos. Así pues, la jurisdicción administrativa conocería de forma frecuente sobre conflictos particulares en los casos en que se viera involucrado el interés público[25].
Sin embargo, más que por razones de interés público, se ha reconocido que la actividad arbitral de la administración nace en la exigencia del correcto funcionamiento de determinados sectores económicos (como por ejemplo transporte y consumo), lo que originó la previsión, por parte de las normas que lo tutelan, de fórmulas alternativas a la judicial para la resolución de conflictos, debido a la inadecuación de ésta para dar solución rápida y eficaz a los problemas que se plantean en estos sectores concretos[26], no solo por causas de interés público o general, ni como un beneficio directo de la propia administración como sujeto, sino por el predominante interés o derecho del particular que está en causa[27].
Asimismo, Ramón Parada expresa que parece ser causa de la injerencia administrativa en las competencias judiciales civiles “el insatisfactorio funcionamiento de la justicia civil, que se ha intentado remediar en casos puntuales con jurisdicciones especiales o actividades mediadoras de la Administración¨[28]. En ese sentido, es el propio legislador ¨quien dispone de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de discernir si se dan los suficientes argumentos que aconsejen el otorgamiento o no de la potestad de resolución de conflictos inter privatos a las administraciones públicas”.[29]
A pesar de ello, es preciso mencionar que parte de la doctrina ha considerado la actividad arbitral de la administración como una “manifestación patológica, una simple intromisión de la administración en las competencias de los jueces civiles”,[30] de modo que García de Enterría y Fernández Rodríguez señalaban como “privilegio odioso la aplicación de la autotutela administrativa al campo de las relaciones inter privatos, para lo cual se introduce en estas una convencional intervención administrativa que no tiene otro objeto que buscar ese efecto”.[31]
Años después, García de Enterría señalaría de forma más contundente y cerrada, que la “única forma de compatibilizar la extensión de la autotutela administrativa al campo de los conflictos intersubjetivos es su consagración como vía electiva o voluntaria, garantizando así que la misma no sea límite u obstáculo para el libre acceso a la jurisdicción de las partes en conflicto (1998, T. II, p. 513)”,[32] por lo que sólo admitía “la continuidad de esta particular forma de actuación”, si la misma pasa por su adecuación al régimen constitucional, donde se vieran reforzados las garantías fundamentales como la de libre acceso a los tribunales de tutela judicial efectiva haciendo imposible que se mantengan (o se sigan estableciendo) materias o categorías de conflictos reservados a la administración en los cuales se niega a los particulares interesados la posibilidad de accionar a su contraparte de manera directa, obligándolos a someter la solución de sus controversias ante un órgano administrativo”.[33]
De acuerdo con lo anterior, la actividad arbitral de la administración en Venezuela se considera válida en tanto que estos procedimientos alternativos sean “alternativos”, esto es: opcionales, facultativos, elegibles a voluntad de los interesados”,[34] pues lo contrario atentaría contra el derecho constitucional de acceso a la justicia (artículo 26 de la Constitución).
También ha sido reconocida por la jurisprudencia venezolana el arbitraje administrativo, y en este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2008 (caso: CONSORCIO MINERO SAN SALVADOR C.A), señaló que la actividad administrativa arbitral, se entiende como la potestad de resolver conflictos en que se enfrentan dos o más sujetos con pretensiones opuestas e inconciliables, cuya resolución la ley atribuye a la administración de forma obligatoria y vinculante para ambos contendientes.[35]
Se trata así de un procedimiento administrativo arbitral, el cual se refiere, no a un arbitraje propiamente dicho sino al uso de un mecanismo de naturaleza arbitral en el marco de un procedimiento administrativo común. De este modo, el procedimiento administrativo arbitral funciona en los denominados procedimientos triangulares en los cuales la administración decide controversias suscitadas entre los administrados que versen sobre derechos privados o administrativos de estos.
El uso de esta figura jurídica es cada vez más común en las administraciones públicas, tanto nacional como en derecho comparado, pudiendo referir como ejemplo el caso de España; país en el cual existen las denominadas Juntas Arbitrales de Consumo que las Comunidades Autónomas han creado al amparo del Real Decreto 636/1993 de fecha 3 de mayo, en el que se regula el sistema arbitral de consumo creado por el art. 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidor y Usuarios. Dichos órganos están integrados por representantes de los sectores afectados, de los consumidores y usuarios, y de las administraciones públicas; siendo importante destacar que el sometimiento a este sistema es voluntario y debe constar por escrito.[36]
Asimismo, encontramos que el artículo 5.4 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, remite a las Juntas Arbitrales de Consumo las controversias surgidas entre los operadores postales y los usuarios, destacando que las controversias que no se sometan a dichas Juntas podrán tramitarse ante el Ministerio de Fomento, bajo un procedimiento regido por los principios de celeridad y gratuidad.[37]
Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la actividad arbitral en España, el autor Javier Guillén Caramés, distingue entre tres tipos los siguientes:
i) Una primera manifestación de forma de actividad arbitral es la que atribuye a órganos administrativos la condición de instituciones arbitrales de tal forma que pueden intervenir en la resolución de conflictos entre sujetos de derecho privado.
ii) Una segunda modalidad de la actividad administrativa arbitral o de resolución de conflictos es aquella en que el legislador encomienda y atribuye a órganos administrativos la función de fijar, a falta de acuerdo entre las partes, la compensación o el precio que un sujeto debe abonar a otro a quien la Ley impone la obligación de contratar con el primero y le faculta a usar un determinado bien o derecho. El fundamento de esta vertiente se encuentra en que el legislador quiere evitar situaciones monopolísticas o de falta de explotación de un bien o derecho concreto.
iii) Por último, podemos destacar una última modalidad de actividad administrativa arbitral referida a cuando el legislador atribuye a las denominadas autoridades reguladoras o administraciones independientes la potestad de resolver los conflictos que se planteen entre los diversos operadores, así como entre los operadores y usuarios[38].
En la legislación venezolana podemos encontrar también distintos mecanismos de solución de conflictos, de naturaleza arbitral (no de arbitraje propiamente dicho) en los que la administración pública, en determinados órganos administrativos, es facultada por el legislador para decidir controversias entre particulares –administrados- sobre determinadas materias.
1) La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario[39] (2004, derogada) preveía un procedimiento arbitral administrativo, aun cuando se utilizaban inadecuadamente las expresiones “Árbitro arbitrador y laudo arbitral”. Este procedimiento desaparece en las posteriores leyes de la materia.
2) La Ley de Telecomunicaciones[40]: Entre las competencias de CONATEL (febrero 2011) se encuentra la de: “Actuar como árbitro en la solución de conflictos que se susciten entre los operadores de servicios, cuando ello sea solicitado por las partes involucradas o ello se derive de la aplicación de la ley.” (artículo 37, numeral 23).
3) La Ley de la Actividad Aseguradora[41] (2015) se dispone que el Superintendente de la Actividad Aseguradora podrá actuar como árbitro arbitrador en aquellos conflictos que surjan (en los casos contemplados en esta ley) entre los sujetos regulados y entre éstos y los tomadores, asegurados, beneficiarios de seguros, contratantes de medicina prepagada, asociados y las financiadoras de prima, cuando las partes lo hayan establecido de mutuo acuerdo (artículo 133, y artículo 8, numeral 44 de la Ley).
El procedimiento y las características de este procedimiento se han desarrollado en unas normas administrativas dictadas por el Superintendente de la Actividad Aseguradora que pretenden ciertamente tratar este procedimiento como un verdadero arbitraje. En este sentido, se prevé que el mismo será procedente cuando exista previo acuerdo entre las partes en conflicto, quienes deberán manifestar por escrito al Superintendente de la Actividad Aseguradora, su voluntad de someterse al mismo. Una vez verificado el acuerdo de voluntades se procederá a la firma de la correspondiente cláusula compromisoria y se establecerán las reglas del procedimiento, el cual no podrá exceder de un término de cuatro meses.[42]
Asimismo se contempla que: (i) el árbitro podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinente, pudiendo al efecto exigir las garantías necesarias a la parte solicitante de la medida. (ii) podrá requerir la asistencia de los órganos jurisdiccionales para evacuar las pruebas que sean necesarias para la resolución de la controversia, e (iii) incluso está facultado para solicitar documentos, realizar inspecciones, ordenar experticias y realizar cualquier otra actividad que procure el mejor proveer del asunto sometido a su conocimiento.[43]
Por último, se destaca que el procedimiento culmina con un laudo arbitral y se establece que deberá ser motivado y dictado por escrito –salvo que las partes hayan dispuesto lo contrario-, pudiendo las partes ejercer contra éste, recurso de nulidad ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere dictado.
La ejecución de dicho laudo podrá ser voluntaria o forzosa, procediendo en este último supuesto conforme al procedimiento de ejecución de sentencias previsto en el Código de Procedimiento Civil, previa solicitud presentada ante el juez competente en razón de la cuantía, del domicilio de la persona contra la cual se ejecutará el laudo arbitral.[44]
Nótese entonces que estas normas administrativas pretenden convertir a la administración en un verdadero árbitro sustituyendo al juez en la resolución de este tipo de conflictos. Esta concepción de la administración como árbitro es en verdad inadmisible para el derecho constitucional y para el derecho administrativo y representa una especie de retroceso a los inicios mismos del contencioso administrativo en Venezuela, donde se tuvo que dilucidar que no era posible entender la revisión judicial de las actuaciones administrativas por un recurso de apelación. Ni los tribunales pueden actuar como órganos administrativos de revisión, ni la administración podría actuar como órgano judicial o de administración de justicia (medios alternativos), porque ello “estaría atentando contra el principio de la división de los poderes.” [45]
Recuérdese que el arbitraje constitucionalmente se inserta en el título del poder judicial y sistema de justicia, es decir que el arbitraje forma parte de la justicia como función estatal, de allí que repugne a la organización misma del Estado y a la separación de los poderes como principio cardinal de ésta, la consideración de la administración como tal.
Desde la perspectiva del derecho administrativo, por su parte, todo acto de la administración está sujeto al control de legalidad por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, quien tiene la competencia, de rango constitucional, para anular los actos dictados por la administración pública (artículo 259).
Estas normas administrativas no indican cual es el tribunal competente para conocer de la nulidad del mal denominado laudo arbitral, pues sólo se refiere a los tribunales superiores competentes, pero estos, de acuerdo a la norma constitucional mencionada, no pueden ser otros que los tribunales de lo contencioso administrativo, siendo un acto de la Sudeseg, las cortes de lo contencioso administrativo, que conocen de los recursos de nulidad contra los actos de este ente, y sólo mediante el procedimiento y las reglas de impugnación del contencioso administrativo, por lo cual tal decisión no calificará como un verdadero arbitraje.
4) La Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial: No contempla el procedimiento arbitral pero dispone:
4.1) Art. 7: “En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y el acuerdo entre las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).”
4.2) Art. 22: “Cuando la relación arrendaticia no pudiera ser objeto de finiquito entre las partes, por obligaciones insolutas de cualquiera de ellas, se procederá de la siguiente manera: (…)
En caso de discordia será la SUNDDE la que determiné el monto total a reintegrar, a solicitud de parte interesada.”
Aunque la ley no habla de procedimiento arbitral, constituye a la SUNDDE en árbitro para dirimir un conflicto contractual.
5) La Ley sobre el Derecho de Autor[46], en su artículo 130, numeral 6 le atribuye a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia) la facultad de servir como árbitro cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten entre titulares de derecho; entre las entidades de gestión colectiva; entre éstas y sus miembros, y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de las obras, productos o producciones protegidos en esa ley.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131 de la ley, en los casos de arbitraje sometidos a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, se aplicará el procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil.
Entre los casos en que los particulares pueden solicitar el arbitraje, la ley menciona en su artículo 62 el supuesto en que los usuarios de las obras consideren abusiva las tarifas fijadas podrá recurrir al arbitraje para debatir dicho punto.
Como observaciones a la ley, Francisco Hung Vaillant indica: i) el arbitraje dispuesto en esta ley no es obligatorio o forzoso ya que el mismo solo procede cuando lo soliciten los interesados, y ii) la ley sobre el Derecho de Autor (como las leyes previamente vistas), ha encomendado el Arbitraje especial a quien si bien no tiene personalidad jurídica (la Dirección Nacional del Derecho de Autor) es un organismo del Estado, por lo que “al Derecho positivo venezolano no le es extraña la circunstancia de nombrar árbitros a quienes no sean personas naturales”.[47]
1) La administración no puede ser tribunal arbitral porque el arbitraje forma parte del sistema de justicia (artículo 253 de la Constitución) y sería violatorio del principio de separación de los poderes (artículo 136 de la Constitución).
2) El carácter opcional del arbitraje administrativo no es suficiente para admitir la intervención de la administración como verdadero árbitro en la solución de conflictos entre particulares.
3) El resultado de este procedimiento administrativo arbitral es un acto administrativo, no un fallo arbitral.
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* Conferencia dictada en las III Jornadas de Arbitraje de la Asociación Venezolana de Arbitraje y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 11 de noviembre de 2016.
** Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Profesor de la Universidad Monteávila. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant admitido por el Florida State Bar. USA.
[1] PARADA, Ramón, ¨Derecho Administrativo. I Parte General.¨, Octava Edición. Marcial Pons. Madrid, 1996. p.590.
[2] FRAGA PITTALUGA, Luis. ¨El Arbitraje en el Derecho Administrativo¨, Editorial Torino, Caracas, 2000. P.48.
[3] Véase BADELL MADRID, Rafael, ¨Medios alternativos de solución de conflictos en el Derecho administrativo venezolano. Especial referencia al arbitraje en los contratos administrativos¨, Separata del Libro del Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Homenaje al Profesor Luis Henrique Farías Mata, Caracas, 2006., p. 55.
[4] El acuerdo arbitral ha sido definido por la Ley de Arbitraje Comercial (publicada en Gaceta Oficial Nº 36.430 de 7 de abril de 1998), en su artículo 5, como ¨un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual¨. De conformidad con el mismo artículo, en virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces, de forma que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria. La rigurosa literalidad del acuerdo arbitral implica que el mismo deba constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje (artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial). De esta forma, la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato (Artículo 6 eiusdem).
[5] Gaceta Oficial Nro. 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.
[6] Gaceta Oficial Nro. 6.210 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015.
[7]Se excluyen por no ser materias disponibles los aspectos relativos al control de constitucionalidad o legalidad de la actuación de la administración, incluidos aquellos aspectos reglados de la contratación administrativa.
[8] Como es el caso de la competencia de la administración para dictar los actos administrativos, las cuales no pueden ser ejercidas por el juez mediante la decisión judicial.
[9] FRAGA PITTALUGA, Luis. Op. cit. p. 51.
[10] FRAGA PITTALUGA, Luis. . ¨El Arbitraje en el Derecho Administrativo¨, Editorial Torino, Caracas, 2000. Ob. Cit. pp. 51-53
[11] Gaceta Oficial Nro. 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
[12] FRAGA PITTALUGA, Ob. Cit. p. 53.
[13] Vid. en GUILLÉN CARAMÉS, Ob. Cit. pp.366-367.
[15] Definido a su vez como ¨ un mecanismo por medio del cual la administración pública, previa habilitación legal, asume el carácter de árbitro, para dirimir conflictos entre administrados sobre materias de su libre disposición, mediante la emisión de un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa¨, CHIRINOS P., Loiralith M.; TAVARES D., Fabiola del V., OCANDO A., LORAINIS T., ¨Arbitraje administrativo propiamente dicho: Referencia al arbitraje tributario¨, en Actualidad Contable FACES Año 15 Nº 24, Enero - Junio 2012. Mérida, 2012. Pp. 19-41.
[16]GRANADO HIJELMO, Ignacio, ¨El arbitraje en Derecho Administrativo: algunas reflexiones sobre su fundamentación¨, en Revista jurídica de Navarra, ISSN 0213-5795, Nº 39, 2005, págs. 39-56
[17] Ibídem. p.24.
[18] Sin embargo, extender estas competencias decisorias administrativas a los conflictos contractuales, materias típicas de las relaciones particulares intersubjetivas, hacen cuestionable la Constitucionalidad de estas normas. A menos, y como lo establece García de Enterría, que este sometimiento de las controversias al arbitrio de los órganos y entes administrativos, sea electivo y no sea un límite al libre acceso a los órganos judiciales.
[19] RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, ¨Los actos cuasijurisdiccionales¨, Ediciones Centauro, Caracas, 1990. P.4
[20] De esta forma, ¨La discrecionalidad de que goza el legislador ha de tener unos límites, pues no cabe el otorgamiento con carácter general de una fase prejudicial administrativa de resolución de conflictos. Por ello será necesaria una especial atención del legislador a la hora de examinar el interés público legitimador de la intervención administrativa arbitral en un sector concreto que deberá ser el mismo interés público —concreto y específico— que legitima el resto de las potestades administrativas que se ejerzan en ese sector¨. Ibídem, p. 5.
[21] PARADA, Ramón, Ob. Cit. p.590.
[23] Ibídem, pp. 592-593.
[25] Citado por Ramón Parada, Lafarriere al respecto admitía que : ¨la ley y a Justicia civiles reglamentan en general las relaciones privadas entre los ciudadanos; pero no reglamentan en general todas las relaciones según la doctrina demasiado absoluta de Henrion de Pensey, porque, aun cuando las relaciones que existen entre dos particulares con ocasión de los actos administrativos son relaciones privadas, afectan en algunos puntos al interés de la administración general y al derecho de la administración pública cuyos actos deben ser interpretados y ejecutados conforme al fin que la administración se ha propuesto. De aquí viene para la Justicia civil la necesidad de inhibirse del juicio entre simples particulares, hasta la interpretación por la autoridad competente del acto administrativo objeto del debate¨, Vid. en PARADA, Ramón, ob. Cit. pp. 593-594.
[26] GUILLÉN CARAMÉS, Javier. ¨Administración y actividad arbitral: la necesidad de simplificación y reforma de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo¨, en Revista de Administración Pública núm. 166. Madrid, enero-abril, 2005. Pp.353-393.
[27] PARADA, Ramón, Ob. Cit. p.590.
[28] PARADA, Ramón, Ob. Cit. p.591
[30] PARADA, Ramón, Ob. Cit. p.591
[31] García de Enterría y Fernández Rodríguez, ¨Curso de derecho administrativo¨, Madrid, 1984, cit. en PARADA, Ramón, Ob. Cit. p.591.
[32] SÁNCHEZ S., Luis P., ¨La inconstitucionalidad de los actos cuasijurisdiccionales¨, Tesis de grado (Especialista en Derecho Administrativo).-- Universidad Católica Andrés Bello, Dirección General de los Estudios de Postgrado, 2008. P.25
[35] Sentencia Nº 1157 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de julio de 2008. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/decisiones.shtml.
[36] ALONSO, Jesús del Olmo. ¨El arbitraje administrativo¨, en Revista española de derecho administrativo, ISSN 0210-8461, Nº 104, 1999, págs. 681-684.
[38] GUILLÉN CARAMÉS, Javier. Ob. Cit. pp.363 y ss.
[39] Gaceta Oficial Nro. 37.930 fe fecha 4 de mayo de 2004.
[40] Gaceta Oficial Nro. 39.610 del 7 de febrero de 2011.
[41] Gaceta Oficial Nro. 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015.
[42] Normas para regular los mecanismos de solución de conflictos en la actividad aseguradora (G.O. Nº 39.854, 31.01.2012) artículos 16-28.
[45] La sentencia Pan American del 11 de mayo de 1981 de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia es el caso emblemático en esta evolución jurisprudencial del contencioso administrativo en la que se dejó claramente establecido que “cuando un cuerpo legal especial concede apelación contra un acto administrativo por ante un órgano de la jurisdicción contencioso administrativa debe entenderse que se trata en su lugar de recurso contencioso-administrativo previsto en la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.”
[46] Gaceta Oficial Nro. 4.638 Extraordinario de fecha 1 de octubre de 1993.
[47] HUNG VAILLANT, Francisco, ¨Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano¨, Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos 74, Caracas, 2001. pp. 90-91.

References: artículo 259
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 artículo 6
 artículo 12
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 Artículo 259
 artículo 259
 artículo 87
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 Real Decreto 
 artículo 5
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 artículo 8
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 artículo 130
 artículo 131
 artículo 62
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 artículo 5
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