Source: http://rcci.net/globalizacion/2005/fg553.htm
Timestamp: 2017-12-18 12:52:25+00:00

Document:
La trastienda de la Constitución Nacional. Mitos, verdades, falsedades, amores y odios en la construcción de un imaginario popular sobre nuestra Ley Suprema. O de como detrás de los preámbulos, de los convencionales, detrás de los incisos y el articulado, detrás…detrás esta la gente.
Era un curioso instrumento jurídico con significativos silencios. Ni siquiera se mencionaba como sería el régimen de elección de autoridades en el vasto territorio donde tendría fuerza de ley. Aunque su carácter centralista y unitario quedaba pristinamente en claro, cuando normaba que un Director del Estado, tendría facultad discrecional para "nombrar todos los empleos".
Atrás queda, ya en el plano de lo meramente anecdótico, la propuesta de Belgrano de instaurar como rey a un descendiente de los incas, propuesta que motivó la irónica y racista réplica de Tomás Anchorena que afirmó que a ese rey habría que ir a buscarlo a alguna chichería del Cuzco donde seguramente sería tal su grado de embriaguez que difícilmente entendería para que lo buscaban. O los periplos de Rivadavia, Alvear y el mismo Belgrano por Europa buscando en alguna Casa Dinástica de "segunda división" algún candidato. Daba lo mismo que fuera un De Luca o un Orleáns. Lo importante era que, como afirmaba el general Alvear, el monarca viniera con fuerzas militares suficientes para sofocar a los díscolos. Pero el año 20 demostró que los díscolos no pudieron ser sofocados y atrás quedó para siempre el ideal monárquico.
Pero el complemento de ese ideal, el sistema unitario de gobierno no desapareció. Travestido de republicanismo logró durante la "feliz experiencia rivadaviana" que un Congreso Nacional a hechura de los intereses porteños, redactará una Constitución de régimen republicano, representativo y unitario. Tan explícita era en este último carácter que el proyecto de la Comisión de Negocios Constitucionales fue finalizado el 1° de septiembre de 1826 y reconocía que "no ha hecho más que perfeccionar la Constitución de 1819". Aprobada la misma en Buenos Aires, fue rechazada en el resto de las provincias.
Hacemos una salvedad, más allá de la anécdota citada, los autores de este trabajo no nos sumamos a esta tradición revisionista de tomar de "punto" a Tezano Pintos. Este en definitiva, era tan solo uno más de una generación de hombres del puerto, prisioneros de una contradicción. En efecto, provistos de un bagaje doctrinario de ideas recibidas del Iluminismo, alternaron entre promover la democracia o excluir la participación política de las masas populares. Su orientación final, aristocrática y urbana, muestra su profunda desconfianza al proletariado rural. En la década anterior su inclinación hacia estructuras monárquicas expresó su vocación centralizadora con Buenos Aires a la cabeza de su proyecto de progreso elitista. En cierta forma, y tal como los definió Juan Bautista Alberdi, los ideólogos unitarios se asumían ideológicamente como románticos, siendo en realidad positivistas sin saberlo. El problema es que su "orden y progreso" era impracticable, dada que su cosmovisión se daba de bruces con la realidad del país. De allí su impotencia para vencer el desafío que se habían propuesto de institucionalizar prácticas y modelos europeos en una población cuyos verdaderos intereses ignoraban.
Un año después de promulgada la Constitución de 1826, encendida nuevamente la mecha de la Guerra Civil, el proyecto de los hombres "del cuadernito" quedó en el olvido.
En el interior los cambios habían sido igualmente dramáticos y socialmente "revolucionarios". En un principio los terratenientes criollos habían resistido mejor la crisis económica que las pequeñas elites urbanas. De allí que rápidamente exigieron de los cabildos y legislaturas locales, una mayor participación y protagonismo político. Adquieren estos señores rurales una autoridad que no solo es militar sino social y económica. Si en un principio proceden de las familias principales del hinterland donde ejercen su poder, en la década de 1820 surgen nuevos caudillos de origen humilde, que adquieren su prestigio por méritos militares.
En muchos casos el caudillo unía a las distintas clases de la provincia en una solidaridad política y territorial, frente al enemigo externo. Estamos entonces frente a un modelo de federalismo popular o lisa y llanamente plebeyo. Una especie de "bonapartismo" a la criolla. La naturaleza democrática del liderazgo que ejercía el caudillo dimanaba de su exitosa defensa de los valores y tradiciones locales por un lado, y su encuadre "nacional", al asumirse junto a sus colegas de las otras provincias, como portavoz de los intereses del Interior frente a la postura absorbente de Buenos Aires.
Debemos sin embargo tomar precauciones al adjetivar como democrático al sistema de caudillos. Si bien algunos ejercían un paternalismo benévolo ("El caudillo era el sindicato del gaucho", según la feliz definición jauretcheana), otros eran pequeños autócratas locales, señores de horca y cuchillo que imponían su despótica autoridad sobre trabajadores serviles y un pequeño estamento comercial urbano, a menudo víctima de saqueos y exacciones. Eran frecuentes los conflictos locales, sobre un trasfondo de continua declinación social y económica del Interior, declive simétricamente proporcional al progreso de los estancieros y comerciantes porteños dueños del puerto y de la aduana.
Y no estaba solo en esa empresa. El santiagueño Ibarra (el mismo que había recibido literal y "simbólicamente" en calzoncillos el "cuadernito" unitario de 1826), instaba a convocar una Asamblea Constituyente. En Córdoba Mariano Fragueiro se pronunciaba de manera similar, y varias provincias propiciaban la formación de una asamblea representativa presidida por Quiroga.
Rosas: pateando la pelota hacia delante
Mucho del articulado del Pacto Federal no pasó de ser letra muerta, mera expresión de deseos. Sin embargo los largos años de autocrático gobierno de Rosas, van dejando pese al mismo Rosas, un sedimento "constitucional". Esto lo vieron con contemporánea claridad desde el exilio, Alberdi y Sarmiento, seguramente los más lúcidos representantes de la Generación del 37, aquella que había apostado al proyecto de organización nacional a partir de los caudillos federales del Interior.
Alberdi sostenía que el país había avanzado poco y nada (en realidad había retrocedido) bajo el gobierno de Rosas. Sin embargo el régimen había logrado un objetivo positivo: la centralización del poder. En igual sintonía se expresaba Sarmiento al sostener que "los unitarios han perdido, pero ha triunfado la unidad; han vencido los federales, pero la federación ha sucumbido". Para ambos pensadores Rosas había logrado restablecer el orden, quedaba por cumplir el postergado sueño de libertad. Para el sanjuanino en particular, la reconciliación entre las facciones beligerantes solamente se podría dar por medios pacíficos, a través de una Constitución aprobada por el voto de la población, convertida en "el medio más poderoso de pacificación y de orden interior".
"Rosas no ha hecho nada útil para el país"
Esta frase que expresa al mismo tiempo reprobación y desangelado desconsuelo pertenece a Juan Bautista Alberdi. La escribe en 1847 tras sufrir el ominoso silencio del Restaurador a su proyecto de institucionalización, tal como vimos. Más allá de su herido amor propio, el tucumano no andaba del todo desacertado en su definición del módico autócrata de las pampas. Acertaba en tanto Rosas se había apropiado de algunas formas simbólicas del antiguo orden colonial, "restaurándolas" para consolidar su propio poder. Tal el nacionalismo xenófobo y la exaltación de una arcadia rural que por lo menos en el género discursivo dominaron el imaginario colectivo de la Santa Federación. Y no todo había sido mero discurso. Entre las acciones concretas se podía contar el desmantelamiento del Banco Nacional, la resistencia a las nuevas formas de tecnología y producción, la restricción a la libre circulación de hombres e ideas, y por supuesto, la férrea negativa –privilegios porteños de aduana mediante- a la organización nacional definitiva.
Pronto los hechos dieron respuesta a esas preguntas. Rápidamente Buenos Aires se volvió contra su "libertador" de la víspera iniciando un proceso que culminaría en la secesión del 11 de setiembre de 1852. Ante la provocación separatista Urquiza se movió con prudencia y moderación. Pensaba que una vez sancionada la tan anhelada Constitución Nacional, la Legislatura de Buenos Aires ratificaría la misma. El optimismo del entrerriano demostró ser infundado. El puerto no estaba dispuesto a perder sus privilegios. Buenos Aires llegó a levantar ejércitos para impedir la reunión del Congreso Constituyente. Pese a tan cerril oposición, este comenzó a funcionar en Santa Fe. Veamos el como y el modo de ese funcionamiento. Desacartonando el pasado, traigamos a nuestro presente las prácticas de esos actores devenidos por fuerza de los hechos en "expertos constitucionalistas".
Cuando uno hace referencia a una Convención Constituyente aparecen imágenes recurrentes: doctos personajes enfrascados en la lectura de libros, tratados, papeles de toda índole. Sesudos debates de alta jerarquía intelectual. Y un todo contextual de solemnidad dado por la tarea de formular leyes fundamentales para el futuro y el destino de la Nación. Afirmó con certeza Benedetto Crocce que toda historia es historia contemporánea. Nuestro presente nos lleva a idealizar a los congresales que se reunieron en Santa Fe de una manera que por ejemplo desde el punto visual, es tributaria de la estética que dimana de un afamado cuadro que impone su majestad escénica en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.
Frente a este empaque leguleyo construido crocceamente en el imaginario colectivo con posterioridad a los acontecimientos, recurrimos al antídoto de la atrapante (y tendenciosa) narrativa un historiador revisionista para desmitificar el lugar, los hechos y los hombres: `Fue por la primavera del 52 que empezaron a llegar a Santa Fe, vieja ciudad de caudillos, unos señores estirados, graves y solemnes; que pusieron con sus fracs europeos y sus labios rasurados al estilo unitario, la nota exótica en la tranquila y somnolienta calma de la vida provinciana. Discurrían con ademanes ampulosos sobre "los pueblos" señalando el desierto que empezaba a pocas cuadras de la plaza Mayor, y hablaban con difícil y encendida prosa sobre "la libertad" mientras los amplios corbatones y las camisas de plancha los mantenían sudorosos y oprimidos, pues no eran esas prendas las más apropiadas para Santa Fe y para el cálido mes de noviembre. Pero ellos querían demostrar que la civilización es sólo una, y no conoce geografía ni termómetro.
Los criollos, que calafateaban en la Ribera las famosísimas goletas santafecinas, los veían pasar, solemnes y despreciativos, depositarios de la fórmula mágica que traería el "bienestar general"; mientras las habilidosas mujeres, tejiendo las fuertes telas del litoral (toscas tal vez, pero que duraban toda la vida), comentaban alegremente las vestimentas de colores extraños usadas por quienes querían vestir la Patria con ropaje constitucional. Los veteranos blandengues del Patriarca, que corrieran media Confederación en el ejército del Brigadier invicto, y que pocos años atrás se habían batido como bravos junto a Mansilla y Santa Coloma en el Quebracho y San Lorenzo, trataban de penetrar el sentido de alguna frase difícil, como esa de "proveer a la defensa común", oída al paso de alguna atildada y enfática pareja de congresales. Junto a la puerta de la Aduana, el viejo Bustamante miraba asombrado los "fraques", que venían a hacer Patria, mientras acariciaba entre sus manos quemadas por cuarenta años de guerras, el tambor que Belgrano le diera en Tacuarí, y con el cual repetía continuamente los compases de la carga famosa de su niñez´.
Si, eran los hombres del fraque, que pese a la vestimenta no tenían el empaque solemne de aquel Tezano Pintos que no había sabido apreciar la sabiduría de andar en calzoncillos en el tórrido verano santiagueño. Elegidos de modos disímiles por las trece provincias interiores, los convencionales no se destacaban, salvo excepciones, por su vuelo intelectual. Algunos ni siquiera pertenecían a las provincias que deberían representaban. En Buenos Aires los llamaron "alquilones", porque ´ni Elías ni Martínez sabían donde quedaba La Rioja, cuyos intereses representaban; ni Huergo ni Gondra podían señalar a conciencia el sitio exacto de San Luis, que los había "elegido"; ni Gutiérrez había pisado jamás Entre Ríos; ni Alvear, Catamarca; ni Lahitte y del Carril eran nativos de Buenos Aires que los "enviaba", ni tampoco Pérez de Entre Ríos; mientras Seguí, Gorostiaga, Delgado y Barros Pazos faltaban respectivamente de Santa Fe, Santiago, Mendoza y Córdoba desde sus años mozos y muy pocos los reconocerían por allí, no obstante haberlos "votado"´.
El relato precedente juega en clave irónica con la complicidad del lector. El autor del mismo es José María Rosa, uno de los revisionistas más reconocidos y sin duda el de mayor impacto en el público en general. Su Historia Argentina fue una obra de largo aliento (13 tomos, luego ampliados a 17) y constituyó un éxito editorial de proporciones. Rosa es un cabal ejemplo de esa generación de intelectuales para quienes la interpretación de la historia nacional se constituyó como un campo de batalla político, en el que la presentación de una visión alternativa a la oficial de la historia argentina se convirtió en un importante eje de un combate ideológico orientado a la impugnación del orden socioeconómico y político existente. Siempre dispuesto a dar batalla por el presente utilizando como arma (lejos de todo rigor heurístico) su interpretación del pasado, es en esta clave que se puede entender por ejemplo, que halla encomillado los términos "elegido" y "votado", lo cual constituye un anacronismo. Es pretender pensar y cuestionar los modos de designar representantes a mediados del siglo XIX desde la óptica de una decencia de los modos electorales que recién comenzará a hacerse perceptible a partir de la promulgación de la Ley Sáenz Peña en 1912.
Dos de los residentes en la alfajorería de Merengo, Gorostiaga y Gutiérrez fueron los redactores reales del Proyecto Constitucional. Así entre diciembre de 1852 y enero de 1853, mientras sus "colegas" se entretenían a orillas del río donde calmaban ardores y ausencias desfogándose con las chinitas que servicialmente les brindaba la élite santafecina, los dos pobres juristas dedicaban largas horas a traducir a lenguaje llano "los trabajos abstractos del doctor Alberdi".
Esta satisfacción podía ocultar un hecho: si la Constitución pretendía tener fuerza de ley sobre todo el territorio, era ésta una Constitución manca. Buenos Aires, la provincia más poderosa no la había reconocido. La unidad política que tras la euforia de la caída de Rosas se había pensado lograría ser fundada a partir de la sanción de una Constitución, se quebró con el golpe porteño del 11 de septiembre de 1852. Como expresamos previamente Buenos Aires no aceptó transferir su poder económico (la aduana tal como lo establecía el artículo 19 del Pacto de San Nicolás) ni tampoco aceptó ponerse a nivel de igualdad política con los "trece ranchos" al enviar la misma cantidad de representantes que cada una de las restantes provincias. Así durante casi una década habrá una coexistencia armada dentro del territorio nacional de dos unidades políticas: la Confederación Argentina con asiento en Paraná y el Estado Libre de Buenos Aires.
Sintéticamente esta reforma estableció que los derechos de exportación no serían considerados como rentas nacionales y tiró la pelota hacia adelante en el ríspido tema de la cuestión capital al establecer que ésta se establecería en aquella ciudad que designara el Congreso previa sesión de la legislatura local. Mientras tanto las autoridades nacionales residirían en la ciudad de Buenos Aires. De esta forma la Constitución determinó el papel del presidente de modo teórico y ayudó a que en la práctica se negara lo que en la teoría se normaba.
Durante las tres presidencias ocurridas desde 1862 a 1880 los titulares del Poder Ejecutivo Nacional debieron desempeñar su papel constitucional en un territorio muchas veces hostil y siempre ajeno, donde carecían de los medios necesarios para hacer efectivo el poder político debido a su coexistencia obligatoria en la misma ciudad con el gobernador de la provincia más poderosa. El caso más patético fue el de Nicolás Avellaneda que llegó a decirle a un amigo, señalándole a un policía de facción en la Casa de Gobierno: "-ves ese milico que está allí, pues sobre él el presidente de la Nación no tiene la menor autoridad. Es más, si se le ocurre a Tejedor (gobernador de la provincia de Buenos Aires), éste puede ordenar que me detenga". La federalización de la ciudad de Buenos Aires dirimirá la larga cuestión capital. La provincia porteña entregaba su puerto y su aduana a la Nación, pero como con ironía señaló el profesor de historia (entre otras actividades) Juan Domingo Perón, para entonces ya la Nación era Buenos Aires.
Asimismo el artículo 25 privilegió taxativamente a determinada migración. Su texto no deja margen de duda al respecto: "el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes". El gobernar es poblar de la consigna alberdiana implicaba hacerlo con gente de pigmentos claros.
A finales del siglo XIX y principios del XX se acentúa la tensión entre una normativa teóricamente universalista integradora y un contexto real restrictivo, lo cual, y en opinión de las historiadoras Marta Bonaudo y Elida Sonzogni "...obliga al Estado entre el fin de siglo y la Primera Guerra Mundial, ha replantear su rol. Estos diferentes actores van generando, a través de sus demandas la necesidad de rediscutir el papel punitivo de éste o su desempeño solo como garante del orden en términos de legalidad. En ésta etapa se comienza a colocar en el plano de la discusión la importancia de reformular sus niveles de ingerencia operando más ampliamente como regulador y árbitro de las relaciones sociales".
Ese Estado opera sobre una nueva sociedad donde la cuestión social toma creciente importancia. Paradójicamente la conflictividad entre normativa y realidad se asienta en los postulados de ese artículo 25 que fomenta la inmigración europea. Claro que no han llegado, salvo en pequeñas cantidades, los "industriosos y civilizados" anglosajones y germanos que pretendía Alberdi para construir una sociedad de farmers en éstas pampas, sino que ha sido de la Europa mediterránea y oriental de donde arribaron los migrantes que no encontraron por cierto acceso a la propiedad de la tierra. Ésta ya había sido parcelada en beneficio de las élites oligárquicas. A su vez, la Conquista del Desierto había dado el verdadero sentido del inciso 15 del artículo 67 de la Constitución Nacional: a los indios se los convertía "pacíficamente" al catolicismo a fuerza de fusil.
En esa mezcla de igualitarismo normativo y exclusión de hecho, surge un discurso donde la hipocresía campea por sus fueros. El mito de la Argentina crisol de razas es entendido por buena parte de la sociedad de una manera muy particular. Un sector ve sin duda en el artículo 25 o en el inciso 15 del artículo 67 (recordemos que este recién fue derogado en 1994), algo más digno de elogio que de reprobación. Esta "conversación general" no es fácilmente erradicable. Como bien expresó Waldo Ansaldi en "La construcción de una ciudadanía democrática requiere necesaria e imprescindiblemente de la abolición de toda forma de discriminación, viejas y nuevas. La común prohibición, en locales bailables de la ciudad de Buenos Aires, de entrada a jóvenes y adolescentes de tez morena y/o cabellos negros es un caso harto conocido. Del mismo tenor es la aberrante conducta de quince mujeres "de la alta sociedad» salteña que amenazaron con incendiar la catedral de la ciudad de Salta y presionaron al vicario episcopal para que -como finalmente ocurrió- quitara del atrio un «pesebre criollo» cuyas imágenes tenían rasgos collas y estaban vestidas con trajes bolivianos, «argumentando» que de ese modo las mismas no se mostraban en "su perdurable belleza".
Si en señoras de las cuales quizás no pueda esperarse otra cosa, esa actitud es grave y repudiable, en otro caso la conducta es gravísima y más repudiable aún por tratarse de un hombre con funciones de gobierno muy importantes -las cuales lo ponen (deberían poner) en un plano de acción en favor de la cohesión social-, como el protagonizado por el gobernador de la provincia de Chubut. Según la prensa, el mandatario, Carlos Maestro, momentos antes de una grabación televisada, sin advertir que el micrófono estaba abierto le pregunta a un colaborador: « ¿Cómo se llama esa mina, medio rompebolas? Esa que era más loca que la mierda... Esa que es medio india, dirigente mapuche».No hay excusa alguna para justificar tamaña agresión, tanto en términos de género -por su condición de mujer, degradada a la de mina-, cuanto de conducta -«medio rompebolas»-, de estado –"más loca que la mierda"-, de pertenencia étnica –"medio india"- y de responsabilidad –"dirigente mapuche".
Los ejemplos que da Ansaldi pueden multiplicarse hasta el infinito. Esta multiplicidad en cierto modo, despoja de parte de culpa a nuestra Vieja Dama Indigna, trasfiriéndola a la sociedad de la cual es Ley Suprema. Ella ha creado ciudadanía a lo largo del tiempo y a su vez a establecido normativamente la exclusión racial. No debemos sorprendernos que una posible síntesis sea el actual resultante de esta construcción constitucional: una sociedad de ciudadanos racistas, con un hipócrita doble discurso. Discurso que en situaciones límites se torna prístinamente descarnado. Como cuando ante el éxodo de miles de personas de clase media durante la crisis del 2001/02, era habitual escuchar lamentos por la partida de tantos "buenos argentinos" al tiempo que se señalaba compungidamente la pena por lo que le pasaría al país en el futuro, dado que "los negros de mierda" se quedaban.
Este suceso refleja la indiferencia con la que buena parte de los sectores subalternos asumían el proceso institucional. La Constitución que entre sus funciones fundamentales tenía la de crear ciudadanía era objeto de esta mofa. La razón última de estas ironías se encontraba en la dicotomía entre una normativa igualitaria e integradora, y una práctica decididamente restrictiva que hacía del fraude electoral una herramienta fundamental de la vigencia y reproducción del régimen oligárquico fortalecido especialmente a partir de 1880. Régimen falaz y descreído lo llamará con su kraussista estilo, Hipólito Yrigoyen. Precisamente será éste quien acaudillará durante los "veinticinco años seculares", un movimiento cuya bandera más significativa (en esencia tal vez la única), será la plena vigencia de la Constitución Nacional. Entienden los hombres del radicalismo que el fraude es una anomalía que no está prescripto en la Carta Magna sino que atenta contra el espíritu de la misma.
Es una afirmación discutible. Los Constituyentes de 1853 (y su tucumano numen inspirador) no creían en el sufragio universal como medio de representación política. El Preámbulo lo expresa claramente: "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes". Y como éstos eran elegidos mediante componendas entre los distintos sectores de poder, deliberaban y gobernaban las minorías con el pueblo ausente. La chusma y el populacho debían ser excluidos dando paso a la inteligencia y la fortuna. Esa adjetivación tenía un claro sentido restrictivo para los hombres de la Organización Nacional.
Es evidente que la sociedad argentina fue cambiando a lo largo de esa segunda mitad del siglo XIX. Aunque en esencia es igualmente burda la paródica opción de los soldados de Urquiza por candidatos tales como "Felipe Lotas" o "Serapio Ludo" en 1852, con el acaparamiento de libretas electorales por parte del pintoresco Cayetano Ganghi (un cololichesco "caudille positive" que orgulloso de su eficiencia le muestra a Carlos Pellegrini un cajón repleto de libretas incautadas, listas para ser utilizadas a favor del mejor postor), el contexto no es el mismo. Las revoluciones cívico-militares de 1890, 1893 y 1905 se ocuparon de recordar a las élites que el pueblo quería participar de la cosa pública mediante la pureza del sufragio.
Este conflicto se resolverá parcialmente cuando los sectores más lúcidos del régimen descompriman la situación al votar en 1912 la ley de sufragio universal con padrón militar para los ciudadanos varones. Pero como una endemia similar a las plagas de langosta que por esos años azotaban nuestros campos, el fraude retornará con virulencia en la década de 1930. Realizado en algunos casos en nombre de los principios constitucionales. Tal el llamado "fraude patriótico" ejecutado por los conservadores para evitar el retorno de la "chusma radical".
El artículo más revolucionario de esa Reforma es el número 40 que declara de propiedad exclusiva del estado argentino, al subsuelo nacional. Lo que en buen romance significaba que el petróleo no podía ser explotado por el capital extranjero. El artículo 40 era el símbolo máximo de la soberanía que proclamaba el peronismo. Cuando el mismo es aprobado por la Asamblea Constituyente, Arturo Sampay llama emocionado al presidente de la Nación para darle la buena nueva. Sin embargo, éste le contesta lo siguiente: "-Lo que yo quiero saber es si ya aprobaron el tema de la reelección. Lo demás es puro papel". Y agrega: "-o usted nos cree tan pelotudos que por más que lo pongamos en la Constitución, nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos por el tema del petróleo".
Tal vez el paradigma de todo este embrollo lo constituya la figura de Antonio López Quintana, alias "el Chaucha". Llegó a convencional sin que fuera impedimento que tuviera en su haber varias entradas por infracción a la ley de juegos y tiroteos varios. En 1952 atacó a balazos a un diputado, en 1969 cayó en un enfrentamiento con la policía bonaerense en el Tigre. En ese momento su prontuario registraba delitos contra la propiedad, juegos de azar, tráfico de drogas, etc. Con sentido de revancha evidente el diario La Prensa le dedicó una editorial a la muerte de "el Chaucha" al denominarlo personaje simbólico de la Constitución de 1949. Era esta una apreciación falaz y tendenciosa. El manejo clientelar y el turbio maridaje con el hampa y el lumpenaje es de larga data en la historia política argentina. ¿Quién podría entonces horrorizarse y tirar la primera piedra?
Tampoco lo podrían hacer los radicales que se retiraron de la Convención como campeones del civismo y de la pureza de las prácticas políticas. No eran precisamente inmaculados los intereses que, por ejemplo en nuestra zona, unían a dirigentes radicales como Juan Cepeda con elementos de acción tales como el paisano Díaz, un tenebroso explotador de mujeres hoy insólitamente reivindicado por la "rosarinada", ese deleznable movimiento local que ensalza y eleva a paradigma referencial a cuestionables personajes telúricos, simplemente por eso, por ser "de acá".
Al condicionar el funcionamiento constitucional a los estatutos por ella dictados, la dictadura se arrogó impunemente el rol de "soberano". Este rol, que lamentablemente desde nuestro hoy, buena parte de la dirigencia política de la época le reconoció tácita o implícitamente, convertía al gobierno militar en fuente de juridicidad, en virtud de la cual la legalidad que de el dimanaba se colocaba por encima de la legalidad constitucional.
Ese rol había sido asumido por las Fuerzas Armadas antes del golpe mismo. Hacia 1975 la clase política toda se tornaba impotente al no poder controlar la violencia generalizada que se daba en medio de la quiebra final del modelo redistributivo. La sociedad civil ya no creía en una recomposición dentro de los marcos institucionales y miraba expectable a las Tres Armas. El propio partido gobernante, desquiciado por sus luchas faccionales, había abandonado toda vocación de mediación política, asumiendo implícitamente su imposibilidad de dar respuesta a hechos que consideraba inabordables. Es en este contexto en que debemos entender la forma vergonzosa en que el gobierno civil peronista dejó librada la represión en Tucumán al exclusivo arbitrio de la cúpula militar, lo que permitió trasladar la figura del "soberano" a la misma. En ese estadio había que dar solo un pequeño paso a la represión generalizada: todo aquel que no acepte al "soberano" y las medidas que este dicte se convierte inmediatamente en un enemigo sin derechos. La primera etapa de la dictadura se caracterizó por una militarización casi total de la sociedad, que pasivamente en general aceptó el clima de guerra que se le impuso. Al respecto se torna pertinente la definición de Carl Schmitt: "la guerra es un terreno apropiado…con el pretexto de restablecer el orden, se ejerce un poder ilimitado y a lo que antes se llamaba libertad se llama ahora motín y desorden"
"Tengo derechos porque soy argentino hasta la muerte"
En cambio en la tercera pregunta: ¿por qué cree usted que tiene esos derechos?, la mitad de los encuestados consideró tenerlos porque se los otorga la Constitución. En dos casos, remitieron el origen de esos derechos a la nacionalidad antes que a la normativa. Testimonio de N.P.B, nivel secundario, empleado, 64 años: "tengo derechos porque soy argentino y amo a mi país".
Testimonio de H.V., nivel primario, empleado, 62 años: "tengo derechos porque soy argentino hasta la muerte". Posiblemente esta enfática expresión remite concientemente o no en el testimoniante al título de una canción puesta de moda a principios de los años 70 por el teatralmente desaforado Roberto Rimoldi Fraga, un cantor enrolado en la más cerril derecha nacionalista. Paradójicamente, nuestro entrevistado se define como liberal, comprometido "desde siempre" con los postulados de la Unión Cívica Radical.
La siguiente pregunta fue: ¿qué idea tiene de la Constitución Nacional? Las respuestas fueron en general de una vaguedad extrema. "Alguna vez la leí", "no se me ocurre nada", "no recuerdo", "se algunas cosas, pero muy pocas", etc. Un solo testimoniante: J.E.F.F., arquitecto, 45 años, afirmó tener "un buen conocimiento".
La última pregunta que se les hizo fue acerca de que les gustaría agregar, sacar o modificar a la Constitución. La mayoría (17 sobre 20) contestó de modo ambiguo, genérico o negativo: "no se me ocurre nada", "no me interesa mucho el tema", "no puedo contestar porque no lo sé", "muchas cosas", "la dejaría como está", "me declaro ignorante en este punto", "ni idea".
Sintomáticamente los testimoniantes restantes, desean modificar la Carta Magna, no para darle mayor amplitud sino para hacer más restrictiva su normativa. Dos de ellos lo expresan taxativamente: "agregar la pena de muerte", "pena de muerte a ciertos delitos". El tercer encuestado nos da en principio una propuesta progresista. "más derecho a los pobres", aunque agrega "pero cuidado, a la gente pobre pero honrada". Nuevamente la tensión ya expresada entre integración y exclusión. Incentivado por un discurso mediático fundado en un contexto real de inseguridad y creciente marginalidad.
Hecha y presentada la encuesta, algunas conclusiones. La mayoría cree que tiene derechos. No necesariamente relacionan directamente los mismos con la Constitución. Aunque "lo constitucional" esté rondando el sentido de las respuestas. La Ley hace al derecho del ciudadano. El ciudadano es producto de esa Ley. Aunque tenga una idea muy vaga (o ninguna) de la Ley Suprema.
La mitad de los encuestados consideró que la Constitución estaba presente en su vida cotidiana. Igual proporción consideró que la Constitución era justa. En este estado resulta pertinente una pregunta: ¿la botella esta medio llena o medio vacía? El empate debe ser visto en el contexto de actualidad. Así la euforia institucional del regreso a la democracia de 1983, con un Alfonsín recitando el Preámbulo ante las multitudes, esa mitad hubiese significado que la botella estaba media vacía. Creemos que en nuestro hoy la botella está medio llena. Pese al descrédito de la clase política, de "lo político" en forma genérica, la mitad de los encuestados considera que, la Constitución simboliza la Justicia. Y que de diversas formas está presente en su vida cotidiana. Y la inmensa, la abrumadora mayoría muestra un asimétrico respeto por nuestra sesquicentenaria Carta Magna. "No se le anima" a la misma. Agregarle o sacarle artículos no es tarea de los encuestados. Tal vez de nadie. El tiempo anquilosa y sacraliza a la Constitución Nacional. Ciento cincuenta años de una Vieja Dama Indigna que a diferencia de la que creara el dramaturgo Bertold Brecht, no contribuye a modificar el sentido común del que, muy a menudo, la gente se siente orgullosa pero que puede responder a la costumbre, los prejuicios y las falsas apreciaciones.
Costumbres, prejuicios y falsedades cimentando un imaginario largamente elaborado desde el arriba y al que el abajo (en este caso, todos nosotros) debemos darle un nuevo sentido. Porque (en obvia paráfrasis serratiana) detrás de los preámbulos, de los convencionales, detrás de los incisos y el articulado, detrás…detrás está la gente.
Por mera coincidencia el gran dramaturgo alemán escribe "Los cuentos del almanaque" donde aparece la Vieja Dama Indigna en 1953, en el centenario de nuestra Constitución

References: artículo 19
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 67
 artículo 25
 artículo 67
 artículo 40