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Timestamp: 2020-08-14 17:36:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 129, de 18/07/2012
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página6)
Reglamento del Congreso y normas complementarias
412/000004 Resolución de la Mesa de la Cámara, de 26 de junio de 2012, sobre la edición electrónica de las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputados ... (Página7)
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia ... (Página9)
161/000786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la custodia compartida ... (Página9)
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre una estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en la Unión Europea ... (Página11)
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común ... (Página12)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre mantenimiento de la imposición por el Impuesto sobre el Valor Añadido de aquellos productos que en la actualidad tributan al tipo reducido y superreducido ... (Página13)
161/000772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo a la financiación de la carretera de acceso a La Aldea de San Nicolás en la isla de Gran Canaria ... (Página14)
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la eliminación del punto negro viario en la A-2, a su paso por Sant Julià de Ramis ... (Página15)
161/000784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre consolidación de un sistema ferroviario público y social ... (Página15)
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre mejora de reparto del tiempo de trabajo ... (Página17)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impedir que se siga desmantelando la Central de Atención y Recepción de llamadas del sistema de cita previa telefónica para la obtención del DNI y Pasaporte, ubicada en la ciudad de Cuenca respetando los derechos de los trabajadores que lo están prestando y las condiciones que se pactaron ... (Página18)
161/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada (León) ... (Página18)
161/000773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre extinción de incendios y ayudas ante los daños causados por los mismos ... (Página19)
161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al reconocimiento de las enfermedades de sensibilización central. Corrección de error ... (Página21)
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para evitar fraudes en empresas que ofrecen asesoramiento jurídico en casos de desahucios ... (Página21)
161/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de paralizar el nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio debido a los múltiples problemas que se registran ... (Página22)
161/000787 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV), de Unión Progreso y Democracia y Mixto, sobre la creación de la especialidad de embriología y genética clínica ... (Página23)
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido en los productos y servicios culturales ... (Página24)
161/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el derecho de voto en los Plenos municipales a concejales y concejalas que se encuentren de baja por maternidad, paternidad o enfermedad grave ... (Página24)
181/000463 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si la supresión de los partidos judiciales recogidos en el Informe del Consejo General del Poder Judicial para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es beneficioso para los ciudadanos y para la gestión del servicio público de la Justicia, así como previsiones acerca de llevar a cabo dicha supresión ... (Página25)
181/000464 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre razones por las que el Ministerio de Justicia ha trasladado la tramitación de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y condiciones establecidas ... (Página25)
181/000465 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre calendario para acometer el desarrollo del Parque de las Aletas, en la provincia de Cádiz ... (Página26)
181/000466 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre previsiones acerca de la finalización de la Línea de Alta Velocidad entre Algeciras y Bobadilla ... (Página26)
181/000467 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre fecha de finalización de la Línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz ... (Página26)
181/000468 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre previsiones acerca de la construcción de la variante de la autovía A-7, Algeciras-San Roque ... (Página26)
181/000472 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de reducir la partida destinada a la subvención del transporte de mercancías de Canarias ... (Página26)
181/000476 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de suprimir las bonificaciones al fomento del transporte aéreo de los aeropuertos canarios ... (Página26)
181/000482 Pregunta formulada por la Diputada doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP), sobre medidas para ajustar a la baja los precios máximos de los módulos para la Vivienda de Protección Oficial (VPO) con respecto a los precios medios de la vivienda libre ... (Página27)
181/000483 Pregunta formulada por la Diputada doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP), sobre previsiones acerca del mantenimiento de la percepción de la renta básica de emancipación para quienes han adquirido el derecho con anterioridad a su eliminación ... (Página27)
181/000475 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras Educativas de Canarias ... (Página27)
181/000481 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales de la Ley del Deporte y de los créditos salariales de sus deportistas, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional segunda bis de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ... (Página27)
181/000471 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de la financiación estatal del Servicio Canario de Empleo ... (Página27)
181/000473 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras Turísticas de Canarias ... (Página28)
181/000455 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre programas de desarrollo rural que han quedado sin desarrollar debido al incumplimiento financiero de las administraciones, así como situación de los relativos a Galicia ... (Página28)
181/000469 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de suprimir la partida de subvención a las desaladoras de Canarias ... (Página28)
181/000470 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de suprimir 23 millones de euros de las ayudas de Estado del POSEI para el sector primario canario ... (Página28)
181/000474 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre consecuencias de pasar de 59,3 millones de euros en 2011 a 16 millones de euros en el Convenio de Obras Hidráulicas con la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página29)
181/000480 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre incidencia sobre la agricultura del Acuerdo suscrito entre la Unión Europea y China ... (Página29)
181/000454 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre situación en que se encuentran los diferentes proyectos destinados a la igualdad de género contemplados en los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, valoración de los mismos, así como actuaciones previstas en relación con el perjuicio de perder los fondos europeos por no poder desarrollarse estos proyectos por la falta de la financiación que tienen que aportar las administraciones propias del Estado ... (Página29)
181/000456 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre conocimiento por el Gobierno del informe de la OCDE: "Igualdad de género en la educación, el empleo y el emprendimiento 2012", así como medidas para evitar la brecha laboral existente entre hombres y mujeres ... (Página29)
181/000457 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre razón por la que se ha retirado de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las campañas de sensibilización contra la violencia de género y se van a desarrollar campañas destinadas a la sensibilización contra dicha lacra social ... (Página29)
181/000477 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre convocatoria de subvenciones para la realización de Postgrados de Igualdad, complementarias a la investigación y actividades de las unidades de igualdad, en el ámbito universitario, por el Instituto de la Mujer ... (Página30)
181/000478 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre convocatoria de subvenciones para la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las Mujeres y del Género por el Instituto de la Mujer, así como opinión del Gobierno acerca de dicha convocatoria ... (Página30)
181/000479 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre fecha prevista para la convocatoria de subvenciones de ayuda a la edición de publicaciones por el Instituto de la Mujer, así como opinión del Gobierno acerca de dicha convocatoria ... (Página30)
232/000042 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6433/2000, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, frente a los artículos 7.1, 3 y 5; 8.1 h) y v), 2 y 3; 9.1 u) y 3; 10.2; 12; 13; 14; 15.1 a) y 2, párrafo segundo; 16.1 y 3; 17.2; 18.1; 20.4, 5 y 6; 22.2 y 3 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares ... (Página30)
232/000044 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2004/2004 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, representado por la Letrada de la Junta de Andalucía, contra los artículos 126, 127 y 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página31)
233/000025 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 6588/2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el procedimiento ordinario número 1124/2009, en relación con el artículo 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, por posible vulneración del artículo 149.1.6.ª de la Constitución ... (Página32)
233/000045 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3792/2001, planteada por el Juzgado de Menores número 1 de Valencia, respecto a los artículos 16.2 y 4, 17.4 y 5, 18, 23.3, 26.1, 2 y 3, 28.2, 31, 33 e), 41, y 61 a 64 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ... (Página33)
093/000006 Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de la zona norte para la gestión de incidentes con múltiples víctimas en zonas geográficas limítrofes ... (Página34)
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletln Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto
MÍNGO ZAPATERO, Mario
SILVA REGO, María del Carmen
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, Elena
PAJÍN IRAOLA, Leire
(061/000002)
PICÓ I AZANZA, Antoni
(061/000003)
412/000004
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de 26 de junio de 2012, aprobó la Resolución sobre la edición electrónica de las Publicaciones Oficiales del Congreso de los Diputados.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RESOLUCIÓN DE LA MESA DE LA CÁMARA DE 26 DE JUNIO DE 2012 SOBRE LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En esta línea, se procede al establecimiento de la edición electrónica de las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputados, que presenta iguales condiciones de confianza y seguridad que la anterior edición impresa, pero mediante la cual, sin duda, se garantiza de forma más eficaz su accesibilidad y usabilidad, de tal manera que los ciudadanos puedan conocer y disponer por medios electrónicos de los textos oficiales publicados por la Cámara.
Al mismo tiempo, la página web constituye en la actualidad un instrumento capaz de proporcionar la máxima publicidad y, por lo tanto, se procede a adecuar el contenido del "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" a esta situación y se traslada la publicación de determinados textos a la página web del Congreso de los Diputados.
Conforme a todo lo anterior, la Mesa de la Cámara, en ejercicio de la competencia otorgada a la misma por los artículos 31.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, dispone lo siguiente:
Artículo 1. Edición electrónica de las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputados.
A partir del día 1 de agosto de 2012 el "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" y el "Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados" se publicarán exclusivamente en edición electrónica que tendrá validez oficial a todos los efectos. De dicha edición electrónica, se obtendrá la edición
en papel de un ejemplar de todos los números de las publicaciones oficiales, para su depósito en la Biblioteca del Congreso de los Diputados.
1. La edición electrónica de las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputados se podrá consultar en la página web del Congreso (http://www.congreso.es), garantizándose la autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos.
2. La edición electrónica del "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" estará accesible en la fecha que figure en la cabecera de cada publicación, salvo que resultara imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.
Artículo 3. Estructura de las publicaciones oficiales.
1. El "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" se compone de las siguientes series:
Serie A. Proyectos de Ley.
Serie B. Proposiciones de Ley.
Serie C. Tratados y Convenios Internacionales.
Serie D. General:
Composición y organización de la Cámara.
Reglamento del Congreso y normas complementarias.
Confianza parlamentaria.
Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley.
Competencias en relación con otros órganos e instituciones.
2. El "Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados" se compone de las siguientes series:
Pleno y Diputación Permanente.
1. Los ficheros que integran la edición electrónica del "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" incorporarán el sello electrónico de Administración Pública, tal como dispone el artículo 18.1.a) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. La página web del Congreso de los Diputados permitirá en todo momento, a los efectos de comprobación de su autenticidad, obtener la copia firmada de la publicación correspondiente al código de verificación electrónica que se mostrará en cada página. Se podrá verificar la validez del certificado digital con el que se realizó la firma mediante las herramientas informáticas disponibles en cualquier navegador de Internet.
Corresponde al Secretario General del Congreso de los Diputados la adopción de las medidas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta Resolución.
Queda derogado cualquier acuerdo anterior de la Mesa del Congreso de los Diputados que se oponga a lo establecido en la presente Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000780
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una propuesta de modificación de la demarcación judicial que pretende reducir de 431 a 200 los partidos judiciales existentes.
El estamento judicial que ha elaborado esta propuesta intenta remarcar que esta medida no supone la eliminación de sedes judiciales existentes, si no una reorganización de estas para agilizar la administración de justicia.
Se invocan en la propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial elaborada por el CGPJ motivos de agilización y proximidad de la justicia, medidas para evitar la dispersión excesiva de medios personales y materiales, la necesidad de implementar las nuevas tecnologías y el compromiso para su especialización.
No hay ninguna duda que cualquier proyecto de mejora de la justicia ha de ser una prioridad, dados los muchos ejemplos de paralización o lentitud de esta. No obstante, la propuesta que ahora se ha elaborado contiene elementos que no son aceptables desde el punto de vista de los usuarios de la justicia.
El documento no esconde, pero, la desventaja que supondría toda esta reorganización en el deterioro del acceso geográfico a la justicia. Y esto es, precisamente, una de las razones para justificar la oposición a esta propuesta.
Con solo modificar la estructura de la planta judicial no se va a conseguir nada y mucho menos si se trata de alejar la justicia de los ciudadanos; hay que ir mucho más allá, sobre todo invirtiendo en medios humanos y en nuevas tecnologías, diseñando aplicaciones eficaces que permitan el expediente digital completo, la automatización de tareas, etc.
En todo momento se habla, en el documento del CGPJ, de la agilización de la justicia a partir de la implementación de las nuevas tecnologías, facilitando y agilizando con estas los trámites de los ciudadanos y entre los juzgados. Precisamente esta posibilidad cierta entra en contradicción con las razones que se esgrimen para eliminar partidos judiciales, dado que la correcta aplicación y funcionamiento de las nuevas tecnologías es un factor determinante para hacer innecesaria la modificación física de los partidos judiciales.
El elemento clave para la mejora de la justicia en esta país y en pleno siglo XXI, argumento que ya aparece en el documento del CGPJ, es la aplicación de las nuevas tecnologías y la predisposición y capacitación de los empleados de la justicia y los jueces para hacer uso de estas en el funcionamiento diario de los estamentos judiciales y entre estos y los usuarios de la justicia.
Por todos estos motivos, se hace necesario que todas las Administraciones Públicas con competencias y recursos, junto con todas las estructuras del Poder Judicial, pongan todos los medios técnicos y económicos para hacer posible la máxima eficiencia de la justicia con la aplicación de las nuevas tecnologías en este país y se progrese de esta manera en su mejora sin caer en el error de eliminar la proximidad física de esta con los ciudadanos y ciudadanas.
1. Dejar sin efecto la tramitación de la propuesta de modificación del mapa de partidos judiciales que se propone en la documento de propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial que ha redactado el Consejo General del Poder Judicial.
2. Presentar un plan de inversiones en nuevas tecnologías que permita la total implementación de estas en los juzgados y la mejora de los servicios de la justicia, con la dotación económica suficiente para transferir a las Comunidades Autónomas competentes los importes que han de servir para su realización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000786
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la custodia compartida, para su debate en Comisión.
La reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de una moción que insta al Gobierno a llevar a cabo modificaciones legislativas destinadas a "conseguir la viabilidad de la guardia y custodia compartida en los supuestos de ruptura de la unidad familiar, impulsando la conciliación y atendiendo al interés supremo del menor", ha generado gran preocupación en diferentes sectores sociales, que consideran que detrás de este acuerdo subyace la intención de aplicar la custodia compartida de manera generalizada, es decir, impuesta.
Dichos temores también se explicitaron durante el debate de la moción a pesar de que el texto no incorporaba ninguna mención ni a la generalización ni a la preferencia de la referida custodia.
Partiendo de la base de que nos parece oportuno seguir profundizando en el desarrollo de la custodia compartida, según lo que se establece en el artículo 92 del Código Civil, de acuerdo a las modificaciones que del mismo se hacen en la Ley de Divorcio, Ley 15/2005, el BNG votó a favor de la mencionada moción. Pero debemos dejar muy clara nuestra posición al respecto ya que estamos muy lejos de posicionamientos que pretendan imponer la custodia compartida, ya que una imposición así colisionaría con el interés supremo del menor o de los menores.
Las modificaciones del artículo 92 del Código Civil que se contemplan en la Ley 15/2005, tratan de dar respuesta a las nuevas demandas sociales por los cambios que, en los últimos años, se han producido en relación con el papel de los padres, un papel mucho más activo en el cuidado de los hijos que en los momentos de aprobación de la Ley de Divorcio del año 1981.
Asimismo, hay que tener presente que la modificación que se realiza en relación con la custodia compartida es producto del acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, además de que se han tenido en cuenta los testimonios de diferentes expertos y organizaciones con posiciones distintas sobre la cuestión, partiendo fundamentalmente de los derechos y del bienestar de los menores.
Dicho lo anterior, somos conscientes de que lo aprobado no colma las aspiraciones ni las demandas de una parte importante de la sociedad que considera necesaria la aplicación de la custodia compartida con menos trabas y limitaciones de las establecidas actualmente.
Del mismo modo que somos conscientes de la existencia de demandas que consideramos inapropiadas, como la custodia generalizada o por imposición que hace que entendamos también los temores y precauciones de otros sectores sociales, como los que se han manifestado ante la aprobación del mencionado acuerdo parlamentario.
Aunque participamos de la idea de que la mejor atención a los hijos es aquella que puedan compartir ambos progenitores, no somos ajenos/as al hecho de que no siempre esto es posible debido a que no siempre este problema se resuelve de mutuo acuerdo en el Convenio Regulador, como se establece en el apartado 4 del mencionado artículo 92 y que, por lo tanto, ha de ser resuelto por la autoridad judicial como se ordena en los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 del mismo artículo.
En relación a este debate, el Gobierno anunció su disposición a llevar a cabo modificaciones legislativas al respecto. Nuestra formación política dejó claro en el debate de la moción que nuestro apoyo a avanzar para hacer viable la custodia compartida, exigía las cautelas necesarias que permitan garantizar el interés supremo de los menores, siendo los derechos de estos los que han de prevalecer por encima de los que puedan entenderse como derechos parentales. Por eso nos opondríamos a modificaciones de carácter generalista. Los desacuerdos entre las partes se deben a razones diferentes en cada caso, por lo tanto, no se puede aplicar de manera rígida la misma solución a todos los conflictos. La norma ha de contar con la suficiente flexibilidad que permita alcanzar las medidas adecuadas de acuerdo a la realidad del asunto.
En este orden de cosas y, partiendo en todo momento del bienestar de los menores, sería conveniente que después de 7 años de la aplicación de la custodia compartida se siguiera profundizando en el desarrollo de este artículo 92, y se procediese a realizar un estudio del impacto que la fórmula acordada sobre la custodia compartida ha tenido en las resoluciones de divorcio. Si la regulación ha mejorado los acuerdos en el Convenio Regulador, si ha sido beneficioso para los menores, cuál es el balance de padres y madres sobre el tema, el resultado de las custodias compartidas resueltas por la Autoridad Judicial, un análisis sobre aquellas demandas o reclamaciones respecto a los desacuerdos con las resoluciones judiciales, entre otras cuestiones. También se debe tener presente la legislación que sobre este tema se ha contemplado en diferentes CC.AA., así como la necesidad de analizar y llegar a conclusiones sobre los resultados obtenidos con su aplicación.
- Antes de elaborar una propuesta de modificación "del artículo 92 del Código Civil, o cuantos otros preceptos fuesen necesarios para conseguir la viabilidad de la guarda y custodia compartida, en los supuestos de ruptura familiar", y en caso de proceder a una modificación legislativa, que exista cuando menos el mismo nivel de consenso que en la aprobación de la Ley 15/2005,
- Llevar a cabo las actuaciones necesarias ante el Consejo del Poder Judicial, a fin de poder contar con un informe de este organismo que analice jurídica y socialmente el desarrollo de la custodia compartida y sus
consecuencias sobre los menores, así como la conveniencia de modificaciones legislativas.
- Impulsar una Comisión de Trabajo orientada al análisis del impacto social del desarrollo de la custodia compartida, sus consecuencias, positivas o negativas, las necesidades de mejoras o cambios legislativos, entre otras cuestiones. Una Comisión que contaría con la participación de personas expertas en la materia, de organizaciones sociales y políticas con contrastada implicación y trabajo, y cuyas aportaciones a los debates de la comisión puedan ser de gran valor para alcanzar conclusiones y acuerdos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2012.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000783
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
En particular, Europa se encuentra atrapada por el fracaso de las políticas de austeridad. Los recortes presupuestarios agudizan la recesión, esta alimenta el déficit público y el círculo perverso se cierra con el refuerzo de las políticas de austeridad por parte de los Gobiernos. En esta espiral depresiva se imponen devaluaciones salariales internas y recortes presupuestarios, laborales y sociales. Son políticas injustas, que cuestionan el modelo social europeo, aumentan la desigualdad y asfixian a la actividad económica y al empleo.
La tan cacareada gobernanza económica debe lograrse, pero para coordinar las políticas económicas en aras del crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, y es importante abordar las asimetrías comerciales que traducen las balanzas exteriores de los Estados miembros como uno de los problemas fundamentales de la economía europea.
Europa necesita políticas de estímulo para intentar salir a corto plazo de la crisis y para ello es preciso flexibilizar los objetivos de déficit y abandonar la política de austeridad y recortes.
El Banco Central Europeo ha de tener un papel activo a corto plazo en la gestión de la crisis y debería ser reestructurado para cambiar de prioridades y objetivos, centrándose en la creación de empleo y no únicamente en satisfacer los intereses de las instituciones financieras de los países que componen el núcleo central de la Unión Europea.
Y es necesario lograr una mínima armonización de las políticas fiscales en materia tributaria, implementar un impuesto a las transacciones financieras y luchar de forma decidida contra los paraísos fiscales.
La Unión Europea no puede continuar por más tiempo sin garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas de todos sus Estados y sin hacer nada para salir de la recesión.
En el pasado Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio en Bruselas se anunció un programa de estímulo económico de 130.000 millones de euros, pero se desconoce su contenido concreto y su financiación. Un plan de inversiones por un importe equivalente al 1% del PIB europeo sería una buena medida si se trata de inversión nueva, que puede ser financiada a través del Banco Europeo de Inversiones y de la emisión de euroobligaciones, y no de una simple reordenación de partidas de los fondos estructurales ya aprobados.
Pero es muy probable que cuando llegue esa concreción el programa de estímulo quede diluido, más aún cuando la exigencia de austeridad sigue siendo la tónica en la Unión Europea.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno de la Unión Europea, una estrategia coordinada de crecimiento y de creación de empleo en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De forma específica, el Gobierno promoverá en las instituciones europeas los siguientes contenidos:
a) Flexibilización inmediata de los objetivos de déficit y deuda pública. Renegociar el Plan de Estabilidad 2012-2015 y los objetivos presupuestarios de medio plazo (MTBO) para permitir una política fiscal expansiva.
b) La utilización por parte de las instituciones europeas, en el ámbito de sus mandatos, de todos los instrumentos a su alcance para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. El Banco Central Europeo también debe de facto cambiar sus prioridades y abogar por el crecimiento, aplicando una política monetaria expansiva.
c) La adopción del Fondo Europeo de Mutualización de la deuda pública, como fue adoptado por el Parlamento
Europeo dentro del 2-pack, y avanzar hacia los eurobonos.
d) La adopción de un plan de emergencia para combatir el desempleo, y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones Sostenible, a través del nuevo instrumento financiero denominado bonos de proyecto emitidos por el Banco Europeo de Inversiones y tantos otros instrumentos como sean necesarios, que aumente la capacidad de financiación para inversiones que tengan como objetivo modificar la estructura productiva de los países miembros a fin de que todos presenten estructuras productivas diversificadas y de alta productividad, garantizando la transformación hacia una economía verde.
e) Dotar de recursos europeos extraordinarios a los Grupos de Acción de la Comisión Europea en la lucha contra el desempleo juvenil. Garantizar que las políticas a realizar sean diseñadas por jóvenes afectados.
f) Aumentar los recursos propios de la Unión Europea para generar empleos. España apoyará dentro del Consejo un aumento de un 5% de los presupuestos y de los recursos propios en el Marco Financiero Multianual (MFM). El presupuesto comunitario debe garantizar la creación de empleo y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas.
g) El desarrollo de una política impositiva de naturaleza progresiva que tenga como objetivo el incremento de la participación salarial en la renta en todos los países miembros y que apueste por la armonización fiscal y la lucha contra el fraude en el seno de la Unión Europea. Asimismo, la creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras y la prohibición de todas las transferencias monetarias con territorios jurídicos considerados paraísos fiscales por los organismos internacionales.
h) Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión.
i) La Unión Bancaria requiere en primer lugar la modificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a fin de que este pueda recapitalizar directamente a las entidades financieras, sin generar mayor deuda y déficit público estatal. Cualquier intervención bancaria a nivel europeo debe comportar un exhaustivo control democrático.
j) El desarrollo de una política de coordinación salarial a nivel europeo que vincule el crecimiento de los salarios reales al crecimiento de la productividad en los países con déficit comercial, y que establezca un aumento de los salarios reales superior al crecimiento de la productividad en los países con superávit comercial. Asimismo, el establecimiento de topes salariales tanto en el sector público como en el sector privado. Para estos objetivos, el diálogo social a nivel europeo debe ser reforzado. Los sindicatos deben participar a su vez en el diseño de políticas públicas macroeconómicas, como el proceso del semestre europeo.
k) El establecimiento de una cámara de compensación monetaria europea para las transacciones comerciales, a fin de que se introduzcan incentivos adecuados para evitar excesivos déficits o superávits comerciales.
l) La reestructuración del Banco Central Europeo para que rinda cuentas al Parlamento Europeo, así como su modificación estatutaria para establecer como prioridad la consecución del pleno empleo y la capacidad de intervenir en el mercado primario de deuda pública estatal. Dicho cambio debe darse en el marco de una Convención Europea para la modificación de los tratados en donde se incluyan otras modificaciones institucionales en la Unión Europea para garantizar una Unión Política y Económica.
m) La prohibición de las operaciones con derivados de crédito o "credit default swap" vinculadas a la deuda pública, así como de todas las operaciones financieras al descubierto.
n) El desarrollo de una política energética europea destinada a sacar, en un tiempo máximo de 10 años, toda industria energética del ámbito del mercado en aras de adecuar el modelo de producción y consumo a las exigencias del entorno natural. El primer paso para esto es el cumplimiento con los objetivos marcados en la estrategia EU 2020."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000775
El Grupo don Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común, para su debate en Comisión.
La Constitución del Estado español de 1978 asumió el modelo de organización territorial e institucional de los entes locales que había sido diseñado desde el primer tercio del siglo XIX. Tanto en sus orígenes como en su evolución posterior, la organización territorial local se correspondía con una visión acérrimamente
centralista del ejercicio del poder, que en la actualidad se demuestra incompatible con un sistema institucional basado en la descentralización y reparto competencial entre el poder central-Estado y otros entes territoriales, las Comunidades Autónomas, dotados con autonomía política y administrativa.
La paulatina consolidación del nuevo esquema de organización territorial en base a las Comunidades Autónomas constituidas ha obviado el debate sobre la utilidad de la organización provincial y de la Diputación como su institución representativa en la mayor parte del territorio del Estado español, desde la perspectiva de su función política, de su racionalidad y eficacia administrativa, así como de su adecuación a la realidad de cada territorio.
El desarrollo legal del régimen jurídico local ha supuesto, además, la plasmación de un modelo provincial prácticamente uniforme, que difícilmente encaja -salvo las especialidades forales e insulares- con otras instituciones, e incluso, en muchas ocasiones, implica duplicidades e ineficiencias en la actuación administrativa.
La persistencia del modelo provincial, en las actuales circunstancias de restricción de recursos económicos para atender políticas sociales básicas, también incide negativamente en una utilización más racional de los recursos públicos, pues obliga a mantener estructuras burocráticas cuya acción apenas repercute a los ciudadanos, al tiempo que los municipios, como administraciones más cercanas y responsables a la hora de atender directamente los servicios básicos locales, afrontan cada vez más dificultades económicas para sostenerlos.
La reforma constitucional del modelo de organización territorial provincial es, por lo tanto, inaplazable, al contribuir a una racionalización administrativa que permitirá obtener un ahorro estructural de gasto público con carácter improductivo, y con ello dotar de mayor financiación y recursos económicos a los municipios, como instituciones más próximas a los ciudadanos y auténticos entes representantes del interés local.
La presente Proposición no de Ley pretende que se acometa, transcurridas más de tres décadas de vigencia de la Constitución, una reforma constitucional que aborda una amplia reestructuración de la organización territorial local, a partir de la necesaria superación de la actual delimitación provincial y de las propias las Diputaciones Provinciales, abandonando así definitivamente la herencia de un modelo de organización territorial decimonónico, para dar paso a su adecuación a la realidad y necesidades de cada territorio.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego presenta la siguiente
"1. Proceder a las modificaciones legislativas necesarias para que sean las Comunidades Autónomas las que articulen y asuman las funciones de las diputaciones provinciales en su estructura institucional, a fin de racionalizar la estructura administrativa y evitar duplicidades, lo que redundará de manera significativa en el ahorro de los recursos públicos.
2. Aprobar, por tanto, un nuevo esquema institucional que conlleve la eliminación de las Diputaciones Provinciales cuyas funciones pasarían a administrarse desde las CC.AA., e incluso otras funciones serían gestionadas por las administraciones locales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000776
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de la imposición por el impuesto sobre el valor añadido de aquellos productos que en la actualidad tributan al tipo reducido y super reducido, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ante las noticias de posibles subidas en el IVA reducido y super reducido, en productos como el turismo (8% en la actualidad) o bienes de primera necesidad (4%), se ha generado un cierto estado de alarma en la ciudadanía. Desde nuestro punto de vista solo cabe decir que el Gobierno vuelve a apostar, cual Eurovegas, por el sufrimiento de la mayoría de la población al querer cargar de nuevo contra la economía familiar con el fin de salvar al sector financiero, a los causantes de la crisis. Al ciudadano ya no le sirve que se le diga que es una medida que nos imponen desde fuera, porque sabe que existen otros instrumentos que podrían causar el mismo efecto económico buscado, pero que obviamente afectarán a las clases pudientes.
Esta subida de la imposición indirecta afectará más a quien menos tiene y hará aún más regresivo el sistema fiscal de lo que ya es, donde son precisamente las rentas del trabajo los mayores proveedores de fondos a las arcas públicas. La subida del IVA empobrecerá aún más a la población y supondrá un mazazo a la paupérrima economía de miles de familias que incluso podrían verse enfrentadas a situaciones de penuria de épocas que ya creíamos pasadas, al afectar a productos esenciales como los alimentos tanto de forma directa como indirecta a través del encarecimiento del transporte. Quizás el Gobierno sufra de nostalgia.
Un aumento del IVA hará disminuir el consumo uno de los motores principales de la economía, y afectará tanto a bienes perecederos como de carácter duradero, como la vivienda o servicios, en una situación económica marcada por una caída de la demanda interna en todos sus componentes y aunque desde el inicio de la crisis se haya incrementado el consumo de artículos de lujo como coches de alta gama. Esto producirá que la salida de la crisis se tenga que enfrentar a nuevos problemas y con ellos se acentúa el peligro de retrasar la creación de empleo tan necesaria en nuestro país.
Para un país que se nutre de la explotación del sol y playa para obtener recursos provenientes del exterior, los tipos de IVA reducido son un instrumento esencial para la sostenibilidad del turismo en España. Una subida de tipos y su correspondiente reflejo en los precios podría originar una desastrosa caída de la llegada de turistas y nuestra economía no se puede permitir este tipo de riesgo cierto en el primer sector económico del país, en particular cuando actualmente estamos perdiendo en términos de competitividad internacional, a lo que se suma la dramática caída en el consumo de los españoles.
Esta situación hace necesario plantear otro tipo de alternativas y medidas, como por ejemplo y entre otras: la revisión de los impuestos directos haciendo que pague más quien más gana o tiene, haciendo con ello más progresivo el sistema; revisando bonificaciones y deducciones fiscales de grandes empresas; creando nuevas figuras fiscales que graven las grandes fortunas o de carácter medioambiental de forma que quien contamine, pague; eliminando las SICAV; persiguiendo el fraude fiscal y la economía sumergida de forma contundente y decidida...
En suma, existen instrumentos a nuestro alcance capaces de generar mayor recaudación fiscal, sin que ello perjudique a los ciudadanos y ciudadanas con menor renta, solo es cuestión de voluntad política y de tener claro a quién se tiene que servir, al pueblo o a las grandes fortunas y corporaciones.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no adoptar ninguna medida que suponga elevar el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en particular para aquellos bienes y servicios que en la actualidad están gravados con el tipo reducido o super reducido."
161/000772
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguiente del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Fomento la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la financiación de la carretera de acceso a La Aldea de San Nicolás en la isla de Gran Canaria.
La actual carretera Agaete-La Aldea, tiene una larga historia en su ejecución que arranca:
1. Agaete-Guayedra, 6,9 km (1924-1926).
2. Guayedra-El Risco, 6,4 km (1934-1949).
3. El Risco-Andén Verde, 6,2 km (1937-1944).
4. Andén Verde-Playa de La Aldea, 10,3 km (1936-1958).
a. Tramo 2.º Andén Verde-Mirador, 4,8 km (1936-1939).
b. Tramo 1.º Mirador-Playa de La Aldea, 5,5 km (1941-1958).
El actual trazado, sinuoso y peligroso, a lo largo de unos 31 km ha contribuido a mantener el largo aislamiento de un municipio que necesita de las comunicaciones para conseguir salir de su actual situación de precariedad económica.
Muchas son las estrategias para movilizar voluntades que sensibilicen a las diferentes administraciones en la necesidad de un pueblo, de un municipio, que ve que su futuro pasa por mejorar sustancialmente sus comunicaciones.
El proyecto de la nueva carretera comienza, en la década de los noventa, cuando se firman los convenios de carreteras Canarias-Estado, el primero en la época de Aznar y el segundo en la legislatura de Zapatero. El objeto de esta nueva vía es evitar la peligrosidad que representan los continuos desprendimientos que han producido ya desgraciados fallecimientos y daños materiales a numerosos usuarios.
El 14 de febrero de 1996 se convoca un concurso para la redacción del Estudio Informativo que es adjudicado por el Gobierno de Canarias el 16 de julio de 1998.
En julio del año 2000 se encarga la redacción del proyecto de construcción de la nueva carretera GC-2. Tramo: Agaete-San Nicolás de Tolentino. Isla de Gran Canaria, que fue aprobado mediante acuerdo del Gobierno de Canarias el 8 de mayo de 2000, y cuyo presupuesto de licitación fue de 2.812.736,65 ?, con un plazo de ejecución de 18 meses.
Se abre entonces un dilatado proceso técnico-administrativo, con ausencia de información entre 2001
y 2005, acompañado de reivindicaciones de colectivos por un lado y la oposición de grupos ecologistas por otro. Finalmente prevalece la necesidad de evitar los peligros de la actual vía y en 2009 el proyecto es aprobado por el Gobierno de Canarias con un presupuesto estimado en 196 millones de euros.
El 18 de febrero de 2009 se adjudican las obras del tramo La Aldea-El Risco por un presupuesto de 87.921.866,19 euros y con plazo de finalización en septiembre de 2012.
Las obras se inician el 2 de julio de 2009 y después de una serie de modificaciones en el proyecto de ejecución, fijan la fecha de finalización de este tramo el 30 de junio de 2014. El estado de ejecución está muy avanzado, se han abierto los dos túneles de 3.145 m y el porcentaje ejecutado supera el 50 % del total de la obra.
Los presupuestos del Estado para este ejercicio 2012, asignan al convenio de carreteras Canarias-Estado una cantidad que representa escasamente un 30 % de la cantidad prevista para la totalidad de las obras en ejecución en toda la comunidad autónoma canaria.
A través de los medios de comunicación se da a conocer que la UTE adjudicataria ha rescindido los contratos a la mayoría de sus trabajadores/as. Dado que en reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias, tanto el Consejero de Obras Públicas, como el Director General de Carreteras o el propio director de la obra manifestaron la ralentización de la obra, resulta inquietante la fecha de finalización de una obra cuya necesidad es ahora más palpable que nunca.
La Aldea de San Nicolás está atravesando unos momentos muy difíciles: a la paralización de las obras de dicha carretera se une un alto nivel de paro (más del 37% de la población activa), la desaparición de las ayudas agrícolas del POSEI al sector tomatero y la disminución sustancial de las ayudas al transporte.
1.º Que arbitren las medidas, que posibiliten la asignación de las partidas económicas necesarias -quince millones de euros anuales (periodo 2012-2014)- para finalizar la ejecución, en los plazos previstos en la adjudicación de la carretera de interés general GC-2, el tramo El Risco-La Aldea de San Nicolás.
2.º Que en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado se incluya la partida necesaria para ejecutar el tramo de la GC-2, El Risco-Agaete."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000779
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republlcana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación del punto negro viario en la A-2, a su paso por Sant Julià de Ramis, para su debate en la Comisión de Fomento.
Uno de los puntos negros en la red viaria de las comarcas gerundenses se encuentra localizado entre los puntos kilométricos 723 a 724 del trazado de la carretera A-2, a la altura del término municipal de Sant Julià de Ramis.
En este punto de la carretera, situado en la zona llamada Costa Roja, el trazado presenta unas curvas mal peraltadas, el asfalto es muy resbaladizo debido al barro de los camiones que están realizando las obras de la vecina AP-7, hay una señalización insuficiente y, además, confluyen peligrosos accesos al núcleo urbano que cruza la carretera.
Todas estas causas provocan una fuerte accidentalidad en este tramo. El último accidente fue mortal para un conductor de veintiún años.
Realizar las actuaciones oportunas para erradicar la siniestralidad entre los puntos kilométricos 723 a 724 del trazado de la carretera A-2, a la altura del término municipal de Sant Julià de Ramis."
161/000784
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre consolidación de un sistema
ferroviario público y social, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Consejo de Ministros, en reunión que celebró el pasado día 2 de julio de 2010, aprobó un Acuerdo que fijaba las bases para la declaración de "servicio público" de las líneas de transporte ferroviario de viajeros que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales. El Acuerdo derivaba del Derecho Comunitario, en concreto, de la aplicación del Reglamento UE n.º 1370/2007, de 23 de octubre, que limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para la compensación de aquellos servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental, así como las compensaciones correspondientes por el coste de dichos servicios y las obligaciones del operador, entre ellas los indicadores de calidad que deben cumplirse en su prestación.
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros limitaba, en consecuencia, las subvenciones estatales al ferrocarril a los supuestos señalados en la normativa comunitaria y establecía que el resto de los servicios ferroviarios debían regirse por criterios de competencia comercial y no debían percibir ayudas del Estado.
El texto definía el tipo de servicios que habían de considerarse de interés público en España y señalaba que el Ministerio de Fomento presentaría antes del 30 de noviembre de ese año al Consejo de Ministros la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que serían garantizados mediante Obligaciones de Servicio Público.
Para elaborar esta relación se tendrían en cuenta los estudios y análisis necesarios que permitieran identificar los servicios ferroviarios, tramos y frecuencias que debían ser garantizados, así como los niveles de calidad exigibles en su prestación y las compensaciones para el operador. La norma comunitaria que justificó este Acuerdo regula las condiciones en las que es posible imponer obligaciones de servicio público tomando como referencia el coste de los servicios para compensar a los operadores, pero deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre qué servicios de interés público deben garantizarse.
Las bases aprobadas señalaban que prioritariamente serían considerados de interés general los servicios de transporte ferroviario de viajeros que fueran utilizados de manera habitual e intensiva por parte de los ciudadanos, siempre que concurrieran razones de eficiencia energética, social y económica. Se ponderaría tanto el nivel de eficacia del servicio como las posibilidades de utilización de otros medios de transporte combinado por parte de los viajeros.
Además, el texto precisaba que, de manera prevalente, se garantizarían mediante Obligaciones de Servicio Público y compensación económica los servicios de cercanías no transferidos a las Comunidades Autónomas, los de media distancia de uso habitual y frecuente, esto es, que requieran su utilización por la ciudadanía en trayectos de ida y vuelta al menos cinco días a la semana, y aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de una Comunidad Autónoma y que esta estime de interés público. En estos casos, será la Administración autonómica quien aporte las compensaciones al operador.
En coherencia con el contenido del Acuerdo, Renfe-Operadora se comprometió a hacer un análisis pormenorizado de la oferta ferroviaria de transporte de pasajeros y pasajeras. El objetivo era identificar las opciones para la reorganización de la oferta, tanto en trayectos de larga como de media distancia, que incrementasen la eficacia y la eficiencia en su prestación y su conectividad con otros modos de transporte alternativos, buscando con ello aprovechar las ventajas de cada uno en función de su mayor eficiencia social, económica o medioambiental.
Según este acuerdo, Renfe-Operadora se encargaría de prestar los denominados servicios públicos de las "líneas que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales por un periodo inicial de tres años". Pasado este tiempo "el Ministerio de Fomento propondrá al Gobierno la prórroga adicional del contrato de servicio público o la licitación de estos servicios en régimen de concurrencia, transparencia y no discriminación". Finalmente el acuerdo abre la posibilidad para el cierre de líneas que no se consideren de interés general o que tengan una "demanda insuficiente" según el Gobierno.
1.º Consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal.
2.º Incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las CC.AA. entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica.
3.º Garantizar que todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una Comunidad Autónoma sean declaradas servicio de interés público.
4.º Presentar ante esta Cámara en el primer Período de sesiones de 2013 un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías y un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2012.-Ascención de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000781
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un mejor reparto del tiempo de trabajo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La tasa de trabajo a tiempo parcial en España es mucho más baja que la media europea, y casi inexistente en trabajos en el sector público. Según los datos del cuarto trimestre de 2011 tan solo el 13,2% de los trabajadores y trabajadoras españoles estaban contratados a tiempo parcial, es decir, el 86,2% lo hacían a jornada completa. Por el contrario, en España casi la mitad de los que trabajan a tiempo parcial declaran que lo hacen porque no encuentran una alternativa de trabajo a tiempo completo, un porcentaje que dobla el europeo y multiplica el de los países de mayor tasa de tiempo parcial. Hay, por tanto, que incentivar y hacer mucho más atractivo el trabajo a tiempo parcial (horarios, tipo de contrato, remuneraciones), sería una fórmula atractiva para luchar contra el desempleo. A modo de ejemplo, si España tuviera la misma tasa de trabajadores a tiempo parcial que Holanda, deberían crearse casi 5 millones de puestos de trabajo.
Es necesario un mejor reparto del tiempo del trabajo, ya que si hay paro, hay que repartir el trabajo. En este sentido, es imprescindible la reducción legal de la jornada laboral remunerada por un reparto del tiempo más humano, tal y como están haciendo otros países de nuestro entorno como el caso francés. Y es que según los datos del cuarto trimestre de 2011, con una media de 38,3 horas de trabajo efectivas a la semana, España se encuentra por encima de la media europea (que es de 37,3 horas) y muy por encima del resto de estados de la Zona Euro (la media de tiempos de trabajo efectivos a la semana por trabajador en la UE17 es de 36,9 horas).
Una nueva división del tiempo saca el trabajo remunerado del centro de la vida social y da un gran espacio en la cotidianidad, favorece una corresponsabilidad efectiva de hombres y mujeres en todos los tiempos y trabajos y es crucial para lograr un cambio de modelo económico, buscando una economía de calidad, cuidadora de las personas y del entorno. También permite a los trabajadores y trabajadores poder continuar su formación a lo largo de la vida, cosa que haría que la economía española fuera más competitiva.
1. lmpulsar cambios legislativos y de políticas de empleo que comporten una reducción del tiempo de trabajo efectivo, tanto en términos anuales como a lo largo de la vida de trabajo de las personas, y en concreto:
a) Reducción de la Jornada máxima anual, en la línea de las 35 horas semanales computadas en términos anuales. Incentivando el papel de la negociación colectiva en la ordenación, aplicación y distribución de esta Jornada en función de las distintas realidades sectoriales o empresariales.
b) Prohibición de la prolongación de la Jornada de Trabajo no retribuida y limitación de las horas extras, incentivando que las necesidades puntuales de prolongación de la Jornada se compense prioritariamente en tiempo de descanso.
c) Ampliación de los permisos de formación, de los permisos, licencias retribuidas para atender a responsabilidades relacionadas con el cuidado de las personas del entorno familiar del trabajador/ra
d) Incentivar las innovaciones empresariales, especialmente en la PIME con el objetivo de sustituir procesos intensivos y extensivos en fuerza de trabajo por otros intensivos en tecnología, aumentando la productividad de las empresas.
2. Impulsar reformas legislativas que incentiven repartir el empleo para compartir el trabajo. En la línea de:
a) Mantener los mecanismos de jubilación flexible, anticipada y parcial, y no prorrogar la edad legal ordinaria de jubilación. Incentivar procesos de jubilación adaptados a las características especialmente penosas de determinadas profesiones.
b) Potenciar los sectores de atención a las personas a partir del reconocimiento de derechos sociales de
acceso universal y la puesta en marcha de servicios públicos destinados a la atención de las personas con necesidades de atención especial.
c) Reducir el abandono prematuro de la educación postobligatoria e incentivar el mantenimiento en el sistema educativo de los jóvenes, garantizando especialmente la equidad en el acceso de las personas a la educación postobligatoria y a la formación continua."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000774
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impedir que se siga desmantelando la Central de Atención y Recepción de llamadas del sistema de cita previa telefónica para la obtención del DNI y Pasaporte, ubicada en la Ciudad de Cuenca, respetando los derechos de los trabajadores que lo están prestando y las condiciones que se pactaron, para su debate en la Comisión de Industria.
Mediante Acuerdo de Encomienda de Gestión suscrito con fecha 4 de junio de 2007, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información encomendó a Red.es la realización de actuaciones para el apoyo al despliegue en el territorio nacional del DNIe.
En este sentido, en el marco de la citada Encomienda, y con el fin de asegurar el éxito del despliegue del DNIe en todo el territorio nacional, se acordó encargar a Red.es la prestación de un servicio de cita previa.
La Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, sobre la implantación de un sistema de cita previa telefónica para lo obtención del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte, recoge en el punto 4 del Acuerdo que la central de atención y recepción de llamadas se establecerá en la ciudad de Cuenca.
La Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, publica el Acuerdo por el que se encomienda a la entidad pública empresarial Red.es la gestión para la prestación del servicio de cita previa del DNI electrónico y del pasaporte.
La entidad pública empresarial Red.es se obligó a cumplir la Encomienda de Gestión de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El servicio de cita previa mediante sistema automático se divide en dos subservicios y uno de ellos será atendido por teleoperadores.
El 16 de noviembre de 2010 Red.es adjudica la prestación de este servicio a empresa mercantil SERVINFORM, S.A., que mantiene 89 personas de la plantilla de la empresa que hasta ese momento prestaba el servicio.
Poco a poco ha ido prescindiendo de personal y finalmente en el mes de junio de este año han despedido a 77 trabajadores. Actualmente solo prestan servicios en Cuenca las personas que forman parte del comité de empresa, tan solo 11 personas.
Si tenemos en cuenta que el servicio se sigue prestando por la empresa, ello solo puede ser explicado por el hecho de que se esté incumpliendo el punto 4 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 y también el acuerdo que firman los trabajadores de Cuenca, que acceden a una página de la policía, y que tiene que tener una acreditación específica.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desde los Ministerios de Industria del que depende Red.es y del Interior, de acuerdo con la competencia para dar las instrucciones relativas a la prestación del servicio, procedan a revisar la situación y cumplimiento del pliego de condiciones de cómo, dónde y quién debe prestar el servicio y la realización efectiva del mismo, procediendo a revocar la adjudicación en caso de incumplimiento con el fin de que el servicio se preste íntegramente desde la ciudad de Cuenca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2012.-Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000790
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Desde el punto de vista energético, el sector del carbón es estratégico por tratarse del único combustible fósil que se produce en España. Sin embargo, existe la necesidad de compatibilizar su uso con el compromiso en la lucha contra el cambio climático, lo que hace necesario un decidido impulso en el desarrollo de tecnologías que permitan un uso sostenible del carbón.
En este sentido y teniendo en cuenta la especial relevancia que tiene este tipo de proyectos para las comarcas mineras, el Gobierno socialista creó en mayo de 2006 la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada, que entre otros, tienen como principal objetivo liderar internacionalmente la investigación y desarrollo de tecnologías de lucha contra el cambio climático mediante el desarrollo de un proyecto piloto de captura y almacenamiento geológico de CO2 único en su categoría.
Asimismo, y junto a este principal objetivo, se puso a su vez en marcha el Museo Nacional de la Energía que pretende ser un espacio de divulgación científica y ocio cultural y a la vez un elemento dinamizador del turismo en la comarca de El Bierzo, que en estos momentos no solo se encuentra en el contexto de crisis global, si no que también sufre las consecuencias del abandono progresivo de lo que ha sido su principal fuente de recursos, la actividad minera.
Además, a medida que la Fundación se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en paralelo a los dos grandes objetivos, se han ido desarrollando toda una serie de proyectos relacionados con la eficiencia, el ahorro energético y la protección del medio ambiente y que a su vez, tienen un gran potencial de formación y creación de empleo relacionados con estos ámbitos así como de desarrollo territorial.
En estos momentos, después de la aprobación de los Presupuestos Generales para el presente año, la Fundación se enfrenta a un proceso en el que se prevé la destrucción de varios programas y puestos de trabajo y en el que el futuro del proyecto de la Fundación, tal como fue concebido, corre serio riesgo de desaparecer.
En definitiva, como poderes públicos nos corresponde dar apoyo a este proyecto, que supone una apuesta por las energías limpias, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo social y económico de toda una comarca especialmente castigada por la crisis.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
- A dar prioridad presupuestaria al proyecto de desarrollo tecnológico en captura, transporte y almacenamiento geológico de dióxido de carbono que está llevando a cabo la CIUDEN, así como el Museo Nacional de la Energía, garantizando su continuidad y dotándolo de todos los recursos necesarios para ello.
- A impulsar y agilizar todos aquellos proyectos que lleve a cabo paralelamente la CIUDEN, tanto los encaminados a la eficiencia, ahorro energético y protección ambiental, como los de formación y de desarrollo social y económico, facilitando los medios para ello.
- A tomar todas las medidas necesarias para evitar tanto la destrucción de programas como de puestos de trabajo, garantizando la continuidad de la Fundación en todas las vertientes en las que se desarrolla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2012.-José Antonio Alonso Suárez y Helena Castellano Ramón, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000773
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre extinción de incendios y ayudas ante los daños causados por los mismos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre el hecho de que España está entrando en un periodo de sequía meteorológica, aunque todavía no de sequía hidrológica, dado el nivel de reservas que los embalses tienen por las campañas anteriores (2009 y 2010).
Este hecho no es ajeno al nivel, absolutamente excepcional, de incendios que estamos teniendo en este invierno (2011-2012) y al número e intensidad de los que se han producido en los primeros días del verano.
Los incendios en las provincias de Huesca, Lugo, León, en el Pirineo leridano, en Gerona, en Valencia, Castellón, Albacete y Murcia, son solo ejemplos. Si a 29 de febrero de 2012, habían sido arrasadas por el fuego el 93,25% más de hectáreas que en el mismo periodo del año anterior y esto suponía un total de 13.541 hectáreas de superficie quemada, ahora hay que añadir más de 50.000 hectáreas arrasadas por los incendios que han provocado un verdadero desastre ecológico en la Comunidad Valenciana a principios del mes de julio.
La gestión de la lucha contra incendios forestales en España es competencia de las Comunidades Autónomas. No obstante, la Administración General del Estado mantiene algunas competencias en la materia.
Por supuesto, mantiene las competencias en materia de legislación básica (art. 149.1.23.ª CE) pero también aportación de medios materiales y personales de refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios o de lucha contra la deforestación, por citar solo algunos ejemplos.
Resulta absolutamente imprescindible que el Gobierno encare con urgencia esta situación. Es necesario que se activen cuanto antes los protocolos de actuación contra la sequía, que está agravando la situación, que se impulsen los medios de prevención y extinción de incendios que dependen del Gobierno de la nación y que asuma la función de coordinación de la actuación de las Comunidades Autónomas en esta materia.
Es verdad, que dada la gravedad de la situación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente retomó, desde el pasado 1 de marzo, la actividad de las Brigadas de Refuerzo contra incendios forestales (BRIFs) a través de los denominados Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIFs). Pero también lo es que lo hizo "de forma extraordinaria" para responder a la situación, también extraordinaria, de sequía que empieza a vivir el país.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar e impulsar una política pública y suficiente de prevención y extinción de incendios forestales, en colaboración y, en su caso coordinación, con las Comunidades Autónomas. En especial a:
1. Mantener convocado de forma permanente, el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO) con el fin de actualizar la información disponible, seguir el desarrollo de los incendios y administrar medios y recursos.
2. Activar, de forma inmediata, los correspondientes protocolos y planes de prevención y lucha contra incendios.
3. Reunir, de forma inmediata, a las Comunidades Autónomas para coordinar la actuación de las administraciones públicas en materia de prevención y extinción de incendios.
4. Incrementar, de forma decidida y no temporal, y con recursos económicos suficientes, la aportación estatal en medios materiales y personales para la prevención y extinción de incendios. Especialmente:
- Los medios aéreos y terrestres de cobertura nacional, y las partidas presupuestarias destinadas, en los distintos departamentos ministeriales, a la prevención de incendios.
- El personal dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa.
5. Establecer, de forma inmediata, un sistema de ayudas directas que palien los daños producidos por los incendios en las zonas afectadas en función del grado de protección medioambiental del terreno quemado y, en todo caso, al menos, las que se adoptaron en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. En especial, activar la petición al Fondo de solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural tras la comprobación de los requisitos para su activación.
6. Garantizar en todo el territorio nacional la aplicación del artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción que le dio la Ley 10/2006, de 28 de abril, para evitar cualquier actuación especulativa en relación con la zona siniestrada, impidiendo, en todo caso, que se pueda edificar sobre terreno quemado si no se podía hacer con anterioridad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2012.-Leire Pajín Iraola y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000115
Corrección de error en su Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las enfermedades de sensibilización central.
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Por medio del presente escrito el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, subsana el error advertido en la Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las enfermedades de sensibilización central. Presentada el 18/01/2012, calificada el 31/01/2012, ("BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012).
En la parte propositiva de la iniciativa deberían adicionarse los dos siguientes apartados:
Apartado 1).
"El reconocimiento pleno de las enfermedades de origen medioambiental y de las prestaciones y servicios socio-sanitarios que conlleva este tipo de patologías, incluyendo el grado de discapacidad que puedan generar."
"Promover la coordinación de actividades entre las diferentes administraciones responsables de políticas medioambientales y sanitarias, donde se incorpore el principio de beneficio para la salud en los criterios de eficiencia bioecológicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000778
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para evitar fraudes en empresas que ofrecen asesoramiento jurídico en casos de desahucios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Los procesos de embargo y desahucio hipotecario son uno de los momentos más graves para cualquier familia y, desgraciadamente, se están produciendo en todo el Estado.
Para acabar de agravar esta situación se han detectado empresas que aprovechan esta circunstancia para sacar provecho. En concreto acceden a los datos de las viviendas que están en proceso de desahucio mediante los edictos que se exponen en los diferentes juzgados de todo el territorio y se comunican con las personas afectadas, bien personándose directamente en los domicilios o remitiendo cartas ofreciéndoles un hipotético apoyo jurídico que evite el procedimiento de embargo. Este supuesto apoyo, lejos de ser efectivo, es un timo que aprovecha la desesperación de las personas afectadas para sacar un rédito económico.
Es absolutamente vergonzoso e inmoral que alguien pueda aprovecharse de estas desgraciadas circunstancias para sacar ganancias y la Administración debe tomar todas las medidas que estén a su alcance para evitarlo.
1. Adoptar todas las medidas oportunas para el control de las empresas de servicios jurídicos de personas afectadas por las hipotecas y perseguir las actuaciones fraudulentas y de mala praxis.
2. Impulsar que las pertinentes autoridades de consumo tomen acciones para controlar e identificar las empresas que realizan actuaciones fraudulentas o de mala praxis y estudiar y llevar a cabo las oportunas medidas legales al respecto.
3. Establecer los mecanismos necesarios para que las personas afectadas por los procesos de desahucio tengan una adecuada información y asesoramiento legal respecto a ellos y respecto a las prácticas engañosas que se producen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000785
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.a Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de paralizar el nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio debido a los múltiples problemas que se registran, para su debate en Comisión de Sanidad.
La puesta en marcha del nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de julio está provocando muchos problemas tanto a los usuarios como a las farmacias.
La lista de quejas y problemas es muy larga y va desde códigos erróneos, pasando por el tema del porcentaje de pago, las recetas antiguas, datos desfasados de los ciudadanos o errores informáticos. La situación de bloqueo o de atasco es tal en ocasiones que los usuarios no saben a donde dirigir sus quejas, si al Ministerio de Sanidad, al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a las CC.AA.
Aunque la Administración central intente lavarse las manos y eludir responsabilidades, hay una cuestión que está clara y es que los datos fiscales de los ciudadanos están en manos de la Administración central, por tanto, si existen desfases en los datos de los pacientes es esta Administración la que debe subsanar los errores. En este sentido, se están registrando muchas quejas de ciudadanos en desacuerdo con los códigos por renta adjudicados.
Son muchos los casos de pensionistas que según la ley deben pagar el 10% de los fármacos, a los que se les está aplicando el 50% del coste debido a que sus datos no están actualizados y no constan como pensionistas. Así, muchas farmacias y centros de salud están descubriendo casos de personas a las que se les ha adjudicado un código de renta que no se corresponde con la realidad. Caso de pensionistas más recientes.
El origen de estos problemas puede ser diverso como el hecho de que se utilicen datos de declaraciones de la renta del año 2010, que no se actualice la situación laboral de los ciudadanos u otros que se deberían subsanar si se pretende seguir adelante con una medida muy criticada, muy cuestionada y que repercute sobre todo en las mayorías sociales más desfavorecidas y menos protegidas.
El BNG se opuso a esta medida injusta porque empeora este servicio público pero también advertimos de las dificultades que iba a generar la puesta en marcha de esta medida, precisamente porque se producirían problemas en el cruce de los datos sobre la renta de los ciudadanos. Así está siendo como se puede comprobar.
Las prisas siempre han sido malas consejeras, sobre todo cuando se aplican decisiones exclusivamente centradas en el afán recaudatorio y que no tienen en cuenta el aspecto humano. Los fríos cálculos de los tecnócratas suelen chocar con la realidad más humana, y es lo que estamos viendo.
De todos modos, el Gobierno debería paralizar el nuevo proceso de copago farmacéutico ante los numerosos problemas que está generando y evitar enloquecer a ciudadanos y farmacias en cada intento de compra de medicamentos.
Paralizar el nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio de 2012 debido a los múltiples problemas que está provocando, especialmente debido a los códigos desfasados sobre la renta de los ciudadanos y por consiguiente, el porcentaje de pago a aplicar."
161/000787
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de la especialidad de embriología y genética clínica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Desde el 25 de julio de 1978, fecha en que nació Louise Brown, primer bebé probeta del mundo, hasta nuestros días, posiblemente pocas disciplinas biomédicas hayan evolucionado tan rápidamente como lo ha hecho la Reproducción Asistida humana.
Actualmente el 4% de los nacimientos que se producen en España provienen de tratamientos de reproducción asistida, lo que se traduce en una cifra absoluta de 16 000 niños nacidos/año, siendo el 84% producto de la Fecundación In Vitro (FIVTE) y el 16% restante, de la inseminación artificial (IA).
España se encuentra entre los tres primeros países de Europa en cuanto a número de ciclos de Reproducción Asistida, tal y como se muestra en el registro "European IVF monitoring" de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), realizándose 55.000 ciclos de técnicas de Reproducción asistida (TRA) al año, lo que representa aproximadamente el 11 % del total de ciclos que se realizan en Europa.
La complejidad en el diagnóstico y tratamiento de la esterilidad, ha obligado a los diversos profesionales implicados, a trabajar al unísono en equipos multidisciplinares. Estos equipos, conforman lo que hoy conocemos como Unidades de Reproducción Humana Asistida, las cuales cuentan con profesionales cualificados que desarrollan funciones específicas en el laboratorio de embriología. Son estos profesionales (embriólogos clínicos), los únicos de tales equipos que no disponen de una formación especializada, académicamente reglada.
Se entiende por Embriología Clínica a la especialidad biomédica que, desde el conocimiento de la fisiología y fisiopatología de la reproducción humana, del desarrollo embrionario precoz y primeras fases de la gestación, y de los métodos de análisis de muestras biológicas de origen humano relacionadas con lo descrito, tiene como misión la de actuar clínicamente sobre gametos y preembriones, así como la de aportar información sobre la utilidad clínica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de pacientes estériles y/o en tratamiento, en los siguientes aspectos:
1. Distinguir los estados de salud y enfermedad de los procesos relacionados con la reproducción humana.
2. Ayudar en el diagnóstico de tales estados, valorando la correcta homeostasis de gametos y preembriones así como de sus desviaciones.
3. Actuar sobre gametos y preembriones humanos, para corregir las desviaciones que comprometan su correcto desarrollo.
4. Contribuir en la valoración, pronóstico y eficacia de los tratamientos reproductivos propuestos.
5. Mantenimiento diferido de gametos y preembriones humanos.
El embriólogo clínico es parte esencial de un equipo multidisciplinar, con participación conjunta en la prevención de las patologías relacionadas con la reproducción humana, así como de la asistencia y cuidado de los pacientes implicados, con especial importancia en el estudio, asistencia y cuidado de gametos y preembriones humanos.
Sus competencias se extienden de un modo relevante en tres áreas fundamentales: Asistencia, docencia e investigación. Sin embargo, no hay en España una especialidad reglada de la embriología clínica.
La existencia de una especialidad reglada evitaría situaciones de riesgo para los pacientes y las administraciones, así como para los propios profesionales. Impediría que cualquier persona con escasos conocimientos en Embriología Clínica pudiera trabajar en el laboratorio de embriología de una Unidad de Reproducción Asistida (URA). Lo que supondría importantes inconvenientes para los usuarios de los procedimientos, para las administraciones y para él mismo.
Ello permitiría lograr una mejora de la calidad y homogeneidad en el nivel de formación de los profesionales, contribuyendo así mismo a concordar la realidad y la legalidad expresada en la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que establece en su Artículo 18 que "Los equipos biomédicos que trabajen en estos centros o servicios sanitarios deberán estar especialmente cualificados para realizar las técnicas de reproducción asistida, sus aplicaciones complementarias o sus derivaciones científicas..."
La existencia de reglamentación en la formación académica especializada de los embriólogos clínicos, supondría facilitar la aplicación de políticas de calidad, la trazabilidad del procedimiento y la seguridad de los pacientes, así como la seguridad patrimonial de las administraciones y de los propios profesionales.
Ello podría hacerse sin dificultad creando una especialidad en los estudios biomédicos que englobe la embriología clínica con la genética clínica.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que cree una especialidad dentro de la formación troncal de laboratorio clínico que comprenda la Embriología Clínica y la Genética Clínica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000777
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido en los productos y servicios culturales, para su debate en la Comisión de Cultura.
Una vez que la Comisión Europea recomendó al Gobierno de España la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, entre otras medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, y que diversos responsables comunitarios hayan señalado el carácter obligatorio de dichas recomendaciones, nadie duda de que, aunque se ignora aún la fecha, estamos en vísperas de que se adopte una reforma fiscal al alza con respecto a nuestro principal impuesto indirecto. A consecuencia de esa certeza, diversas entidades representativas de productos y servicios culturales que temen un impacto negativo derivado de la subida del IVA [como la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) o la Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza de España (FAETEDA), entre otras] han reclamado al Gobierno que reconsidere la decisión o al menos que no afecte a su sector. En estos momentos, periódicos, revistas y libros tributan al tipo superreducido del 4%, mientras que las entradas a teatros, cines, conciertos, bibliotecas y museos tributan al tipo reducido del 8% (que ya subió un punto el 1 de julio de 2010), mientras que la adquisición de discos y vídeos tributan al tipo general del 18% (que subió dos puntos hace dos años).
Por consiguiente, además de la preocupación general por el impacto que una subida generalizada del IVA tendría especialmente sobre los bolsillos de la mayoría de la ciudadanía y por el freno al consumo que supondría, posponiendo cualquier atisbo de recuperación de la actividad económica, entendemos que la Comisión de Cultura debe centrarse en las dificultades que tal decisión fiscal conllevaría para los productos y servicios culturales, en un momento particularmente difícil para los creadores y las industrias culturales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no adoptar ninguna medida que suponga elevar el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en particular para aquellos bienes y servicios culturales o de información que en la actualidad están gravados con el tipo reducido o superreducido."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000788
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de voto en los Plenos municipales a concejales y concejalas que se encuentren de baja por maternidad, paternidad o enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Igualdad.
El voto de los concejales y concejalas es personal e indelegable. Conciliar la vida laboral con la familiar también lo es. Es por este motivo que cuando una concejala o concejal está de baja maternal o paternal y no puede acceder a su espacio de trabajo de manera temporal, pierde la capacidad de ejercer su derecho a voto en los plenos municipales y, por tanto, también se pierde la representatividad que este concejal o concejala comporta y por el cual fue escogido o escogida.
Según el artículo 14.8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres, los Poderes Públicos tienen que establecer medidas que aseguren la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. Según la Disposición Final Séptima de la misma, el Gobierno tiene que promover acuerdos necesarios para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con la finalidad de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de los y las cargos electos.
A estos efectos, tanto el Parlamento de Cataluña como el Congreso de los Diputados, ya han aprobado diferentes modificaciones para hacer efectiva esta Ley de Igualdad. En los Ayuntamientos aún no se ha adaptado esta legislación, por lo que crea un agravio comparativo entre los diferentes órganos de gobierno democrático. Por este motivo, los y las representantes electos que se encuentran en esta situación no pueden votar en los plenos municipales.
Según el Informe del Observatorio del Derecho europeo, autonómico y local de la Universidad de Granada, sobre los permisos de maternidad de los cargos electos, habría 3 formas de poder votar en estos casos: la primera, por substitución del cargo electo por el siguiente de la lista de la misma candidatura, atendiendo así a la plena representatividad institucional. La segunda opción, sería utilizar las tecnologías actuales como herramienta para suplir la presencia de los ediles y poder votar de forma telemática. Y la tercera y última, delegar el voto en otra persona del consistorio.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas legales oportunas y los acuerdos necesarios con las entidades locales, para que se permita ejercer, de forma adecuada, el derecho de voto en los plenos municipales a las concejalas y a los concejales que se encuentren de baja por maternidad o paternidad o por enfermedad grave, así como que el método a utilizar no comporte ningún gasto suplementario a los ayuntamientos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
181/000463
¿Considera el Gobierno que la supresión de los Partidos Judiciales recogidos en el Informe del Consejo General del Poder Judicial para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es beneficioso para los ciudadanos y para la gestión del servicio público de la Justicia?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo la supresión de estos Partidos Judiciales en la Comunidad de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000464
Razones por las que el Ministerio de Justicia ha trasladado la tramitación de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y condiciones establecidas.
181/000465
Diputado don Francisco González Cabaña
¿Contempla el Gobierno un calendario concreto (mes y año) para acometer el desarrollo del Parque de las Aletas, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.
181/000466
¿Cuáles son las perspectivas de futuro en el corto, medio y largo plazo para la finalización de la Línea de Alta Velocidad entre Algeciras y Bobadilla?
181/000467
No estando contemplada la finalización en el año 2012 de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz, ¿Puede el Gobierno concretar (mes y año) la fecha de su finalización?
181/000468
¿Cuáles son las perspectivas de futuro en el corto, medio y largo plazo en la construcción de la variante de la autovía A-7 Algeciras-San Roque?
181/000472
Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de reducir la partida destinada a la subvención del transporte de mercancías de Canarias un total de 10,9 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2012.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
181/000476
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de suprimir las bonificaciones al fomento del transporte aéreo de los aeropuertos canarios?
181/000482
Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera
¿Qué medidas, de carácter inmediato, piensa adoptar el Gobierno para ajustar a la baja los precios máximos de los módulos para la VPO con respecto a los precios medios de la vivienda libre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.
181/000483
¿Piensa el Gobierno mantener la percepción de la Renta Básica de emancipación para quienes han adquirido el derecho con anterioridad a su eliminación?
181/000475
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras Educativas de Canarias?
181/000481
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
¿Va a cumplir el Gobierno el mandato de la Disposición adicional segunda bis de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por el que en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales de la Ley del Deporte y de los créditos salariales de sus deportistas, plazo que acaba el 30 de junio de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
181/000471
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de la Financiación Estatal del Servicio Canario de Empleo?
181/000473
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras Turísticas de Canarias?
181/000455
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Los diferentes programas de desarrollo rural que debían llevar a cabo las CC. AA. durante los últimos cinco años debían contratar no sólo con financiación europea, sino también con fondos procedentes en torno al 20% de las Administraciones dependientes del Estado, Autonómicas e incluso Locales, ¿cuántos de dichos proyectos han quedado sin desarrollarse debido al incumplimiento financiero de alguna de estas Administraciones y cuál es el estado de estos proyectos en el caso de Galicia y si se han quedado proyectos sin desarrollar debido a la falta de financiación complementaria por parte de alguna de las Administraciones implicadas, cuáles han sido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2012.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000469
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de suprimir la partida de subvención a las desaladoras de Canarias?
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Consecuencias de suprimir 23 millones de euros de las ayudas de Estado del POSEI para el sector primario canario.
Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito número de registro 22230, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
¿Qué consecuencias prevé el Gobierno que tenga la supresión de 23 millones de euros de ayudas del Estado del POSEI para el sector primario canario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
181/000474
¿Tiene previstas el Gobierno las consecuencias de pasar de 59,3 millones de euros en 2011 a 16 millones de euros en el Convenio de Obras Hidráulicas con la Comunidad Autónoma de Canarias?
181/000480
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
¿Qué repercusiones va a tener sobre la agricultura española y en cada uno de sus subsectores agrícolas y ganaderos, el Acuerdo que ha suscrito la Unión Eu-ropea con China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000454
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
¿Conoce el Gobierno en qué situación se encuentran los diferentes proyectos destinados a la igualdad de género, contemplados en los diferentes programas de desarrollo rural de las CC.AA.? ¿Cuál es la valoración y si ha previsto alguna actuación en relación con el perjuicio de perder los fondos europeos por no poder desarrollarse estos proyectos por falta de la financiación que tienen que aportar Administraciones propias del Estado?
181/000456
¿Conoce el Gobierno el informe de la OCDE: "Igualdad de género en la educación, el empleo y el emprendimiento 2012", y es consciente de la enorme brecha laboral existente en el Estado español entre hombres y mujeres, y en consecuencia qué medidas va a adoptar en el ámbito laboral para evitar que dicha brecha aumente dado el contenido de la reforma laboral aprobada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2012.- M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000457
Diputado doña M.a Olaia Fernández Davila
¿Por qué razón el Ministerio de Sanidad, Consumo e Igualdad ha retirado de su página web todas las campañas de sensibilización contra la violencia de género y va el Ministerio a desarrollar campañas destinadas a la sensibilización contra esta lacra social?
181/000477
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
El Instituto de la Mujer ha venido convocando subvenciones para la realización de Postgrados de Igualdad, complementarias a la investigación y actividades de las unidades de igualdad, en el ámbito universitario, ¿va a continuar el Instituto de la Mujer convocando estas subvenciones? ¿Va a variar los criterios en dicha convocatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000478
El Instituto de la Mujer ha venido convocando subvenciones para la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las Mujeres y del Género, ¿va a continuar el Instituto de la Mujer convocando estas subvenciones? ¿Qué opinión le merece esta convocatoria al actual Gobierno?
181/000479
Para el cumplimiento de algunos de los fines que tiene encomendados, el Instituto de la Mujer lleva años estudiando la situación de las mujeres en todos los ámbitos, recopilando información y documentación. Es por ello que ha venido realizando una convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de edición de publicaciones, ¿cuándo saldrá la convocatoria de subvenciones de ayuda a la edición? ¿Qué opinión le merece esta convocatoria al actual Gobierno?
232/000042
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6433/2000, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, frente a los artículos 7.1, 3 y 5; 8.1 h) y v), 2 y 3; 9.1 u) y 3; 10.2; 12; 13; 14; 15.1 a) y 2, párrafo segundo; 16.1 y 3; 17.2; 18.1; 20.4, 5 y 6; 22.2 y 3 de la Ley del Parlamento de las Illes
Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, así como voto particular formulado a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6433-2000, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, frente a los artículos 7.1, 3 y 5; 8.1 h) y v), 2 y 3; 9.1 u) y 3; 10.2; 12; 13; 14; 15.1 a) y 2, párrafo segundo; 16.1 y 3; 17.2; 18.1; 20.4, 5 y 6; 22.2 y 3 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Presidente del Parlamento de las Illes Balears. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:
a) Declarar inconstitucional el artículo 8.2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, en cuanto permite la delegación de las atribuciones asignadas al Pleno por las letras k), o) y q) del artículo 8.1.
b) Declarar inconstitucional y nulo el segundo párrafo del artículo 15.2 de ese mismo texto legal.
Dada en Madrid, a 19 de junio de 2012.
232/000044
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2004/2004 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, representado por la Letrada de la Junta de Andalucía, contra los artículos 126, 127 y 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2004/2004 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, representado por la Letrada de la Junta de Andalucía, contra los artículos 126, 127 y 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Declarar que ha perdido objeto la impugnación del artículo 126 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuanto a la redacción dada a los artículos 22.3, 23.4, 23.ter y la introducción de la disposición adicional novena en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres.
Dada en Madrid, a 5 de julio de 2012.
233/000025
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 6588/2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el procedimiento ordinario número 1124/2009, en relación con el artículo 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, por posible vulneración del artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6588-2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 3.4 de la Ley 3/l998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (LPMAPV), por posible
infracción del artículo 149.1.6 CE. Han intervenido el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Pleno.
Declarar la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6588-2011 por desaparición de su objeto.
233/000045
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3792/2001, planteada por el Juzgado de Menores número 1 de Valencia, respecto a los artículos 16.2 y 4, 17.4 y 5, 18, 23.3, 26.1, 2 y 3, 28.2, 31, 33 e), 41, y 61 a 64 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de constitucionalidad núm. 3792-2001, planteada por el Juzgado de Menores núm. 1 de Valencia, respecto a los artículos 16.2 y 4, 17.4 y 5, 18, 23.3, 26.1, 2 y 3, 28.2, 31, 33 e), 41, y 61 a 64 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad respecto de los artículos 16. 2 y 4, 17. 4 y 5, 18, 23.3, 26.1 y 3, 28.2, 33 e), 41, y 61 a 64 de la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
093/000006
Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de la zona norte para la gestión de incidentes con múltiples víctimas en zonas geográficas limítrofes.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA ZONA NORTE EN INCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
En ..............................................., a ................ de 2011.
De una parte, .................... actuando en nombre y representación del Organismo Autónomo Servicio ................. de Salud
(nombrar cada uno de los firmantes y a quien representan)
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de Salud, así como en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las Administraciones Públicas deben prestar la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
Que los incidentes con múltiples víctimas se caracterizan por generar una desproporción entre el número de heridos y los recursos necesarios para darles una respuesta sanitaria óptima, pudiendo, en eventos de gran magnitud, alterar el normal funcionamiento del sistema sanitario.
Que las Comunidades Autónomas firmantes creen necesario impulsar su colaboración y cooperación en la gestión de incidentes con múltiples víctimas en aquellas zonas geográficas limítrofes que requieran que las actuaciones sanitarias se lleven a cabo de forma conjunta, con independencia de la comunidad autónoma donde se origine el incidente.
Que la participación de recursos de las comunidades firmantes en IMV limítrofes con otras persigue dar una respuesta lo más eficaz posible a este tipo de problemas, en aras de proporcionar el mayor beneficio para las víctimas, y que en ningún caso ocasionará reclamación de gastos derivados de dicha participación entre las comunidades implicadas.
Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio conforme a las siguientes
Mejorar la coordinación y la asistencia sanitaria en los Incidentes de Múltiples Víctimas que tengan lugar en el ámbito de aplicación de este procedimiento.
A los efectos del presente convenio se entiende por Incidente de Múltiples Víctimas el incidente de más de cinco víctimas, al menos dos de las cuales son de prioridad alta, muy grave, que genera una desproporción entre las necesidades sanitarias de las mismas y las ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente disponibles en la propia comunidad.
Este convenio es de aplicación en los Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) que se puedan producir en la franja territorial limítrofe entre las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de la Zona Norte:
? Aragón.
? Asturias.
? Cantabria.
? Castilla y León.
? Galicia.
? La Rioja.
? Navarra.
? País Vasco.
En caso de cambios en el alcance, por cese o adhesión de alguna comunidad, se procederá como queda explicado en la cláusula ocho.
A los efectos del presente convenio se entiende por franja territorial limítrofe en el contexto de la colaboración entre comunidades limítrofes el espacio a ambos lados de la línea de división intercomunitaria, hasta donde pueden llegar los recursos sanitarios, ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente, de ambas comunidades en treinta minutos.
Tercera. Modo de actuación.
Este convenio afecta a los siguientes aspectos:
- Tratamiento de la llamada de alerta.
- Movilización de recursos.
- Actuación de los recursos.
- Comunicación entre Centros Coordinadores.
El procedimiento general, protocolos, mapas de recursos y algoritmos quedan expuestos en el documento anexo.
1. Se crea una Comisión de Seguimiento del Convenio que estará compuesta por el responsable del Servicio de Emergencias Sanitarias de cada comunidad autónoma participante, o en quien delegue.
2. La Comisión tendrá como funciones facilitar el adecuado cumplimiento del Convenio, resolviendo las dudas que pudieran surgir y promoviendo su aplicación.
Sexta. Coste sanitario.
La participación de recursos sanitarios durante la atención a las víctimas de un IMV por parte de los Servicios de Emergencias, en ningún caso ocasionará reclamación de gastos entre las comunidades firmantes del acuerdo.
Séptima. Coordinación y medidas organizativas.
Las comunidades firmantes establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para ordenar la participación de sus recursos en IMV limítrofes, adoptándose, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para hacer efectivo el procedimiento contemplado en el presente Convenio.
Octava. Vigencia, modificación y resolución.
1. Vigencia. El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio, siendo prorrogado de manera tácita por años naturales, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda denunciarlo con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que vaya a darse por finalizado. Esta finalización no afectará al desarrollo y conclusión de las actividades que estuvieran en ejecución.
a) En caso de producirse nuevas adhesiones de comunidades a este convenio, la modificación del mismo deberá ser aceptada por las comunidades firmantes, previa aceptación de su contenido por la comunidad que se incorpora.
b) Si una comunidad desea darse de baja del convenio, deberá solicitarlo por escrito a la comisión de seguimiento que se encargaría, una vez hecha efectiva la baja, de modificar el alcance del convenio.
c) En caso de propuesta, por parte de alguno de los firmantes, de cambios en el procedimiento objeto del presente convenio, se procederá a exponerlos a la comisión de seguimiento para que sean valorados y se proceda a modificar el texto si son aceptados.
d) En caso, de incumplimiento de las cláusulas por alguna de las partes, la comisión de seguimiento estudiaría el caso, pudiendo proponer, según las circunstancias, dar de baja a la parte no cumplidora, si así lo deciden el resto de las partes.
3. Resolución: Son causas de resolución del presente convenio:
a) El acuerdo mutuo de las entidades firmantes, que deberá instrumentarse por escrito.
b) La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de desarrollar las actividades que constituyen el objeto.
Y, en prueba de su conformidad, todas las partes suscriben el presente convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
En virtud de lo previsto en artículo 11.1.c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las cuestiones que puedan plantearse en relación a la interpretación, cumplimiento y extinción de este Convenio serán sometidas a la jurisdicción de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Procedimiento de actuación entre Comunidades Autónomas de la zona norte en incidentes con múltiples víctimas
"Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual no estamos preparados."
Uno de los mayores retos de la gestión de incidentes con múltiples víctimas es la cooperación entre todos aquellos intervinientes y organizaciones que participan en su resolución. Cuando el incidente tiene lugar en territorios limítrofes con otras comunidades, puede ser necesaria la participación de recursos de distintos sistemas de salud. En estos casos, esta cooperación debe darse entre intervinientes procedentes de servicios de emergencias diferentes, por lo que se hace necesario disponer de un protocolo que refleje y aúne los distintos funcionamientos, y desarrolle un procedimiento consensuado entre todos. Todo ello, en aras de aumentar nuestra efectividad, es decir, de optimizar los recursos disponibles para proporcionar el mayor bien para la mayoría.
Las comunidades que firman este documento han colaborado en su elaboración a través de un grupo de personas que en un momento dado comenzaron a reunirse periódicamente para tratar temas relacionados con la gestión sanitaria de los incidentes de múltiples víctimas. Su objetivo inicial era la cooperación, el intercambio de ideas y el trabajo en común para mejorar. El presente documento es uno de los frutos de esa colaboración.
2.1 Tratamiento de la llamada.
? La llamada se recibe en el Centro Coordinador de Urgencias de la Comunidad Autónoma en la que se ha producido el IMV.
En este caso el Centro Coordinador de Urgencias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) será el encargado de recoger toda la información necesaria para la gestión del incidente, según protocolo de cada Servicio de Emergencias. Este CCU actuará como CCU-Principal.
Si la magnitud del incidente hace pensar que los recursos del SEM donde se produce el incidente pueden ser insuficientes, se procede a informar (pre-alertar) al Centro o Centros Coordinadores de Urgencias de las CC.AA. limítrofes (CCU-Secundarios) (Anexo I).
? La llamada se recibe en el Centro Coordinador de Urgencias de alguna de las Comunidades Autónomas limítrofes a la Comunidad en la que se ha producido el incidente.
El CCU-Secundario recoge la información básica y transfiere dicha información y la llamada al CCU-Principal (Anexo II).
En cualquiera de los casos la comunicación se establecerá, previa identificación de los responsables, entre Médicos Reguladores y/o Jefes de Sala del CCU-Principal y CCU-Secundario.
2.2 Movilización de recursos.
? Si se confirma la necesidad de recursos limítrofes para la resolución del incidente:
El CCU-Principal solicitará al CCU-Secundario los recursos (número y tipo) considerados más adecuados para la atención de dicho incidente, así como información sobre la cartera de servicios y la capacidad de absorción de los servicios de urgencias de sus hospitales limítrofes.
? Si tras realizar la pre-alerta no se considera necesario movilizar los recursos de las Comunidades limítrofes, el CCU-Principal se lo comunicará al CCU-Secundario.
2.3 Actuación de los recursos.
2.3.1 La primera unidad que llega es una Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA).
? La primera Unidad de Soporte Vital Avanzado que llega al lugar pertenece a la comunidad del CCU-Principal. El médico de esta USVA será el Mando Sanitario y los recursos que lleguen con posterioridad se pondrán a sus órdenes.
? La primera USVA que llega al lugar pertenece a la comunidad del CCU-Secundario. El médico de esta USVA será el Mando Sanitario hasta la llegada del primer Soporte Vital Avanzado del CCU-Principal. A partir de este momento, todos los recursos del CCU-Secundario quedan bajo la autoridad de este mando.
2.3.2 La primera unidad que llega es una Unidad de Soporte Vital Básico (USVB).
? La primera Unidad de Soporte Vital Básico que llega al lugar pertenece a la Comunidad del CCU-Principal. Los Técnicos de Emergencias de esta USVB asumirán las tareas organizativas hasta la llegada de la primera USVA: seguridad, información al CCU, zonificación, control de víctimas, triaje si escena segura, tratamiento inicial si procede.
? La primera de Unidad de Soporte Vital Básico que llega al lugar pertenece a la Comunidad del CCU-Secundario. En este caso, los Técnicos de Emergencias de esta USVB informarán al CCU-Secundario y éste informará al CCU-Principal de los datos aportados por la USVB.
Tras la llegada del primer equipo de soporte vital avanzado se pondrá a las órdenes del Mando Sanitario, independientemente de la Comunidad a la que pertenezca esta USVA.
2.3.3 La primera unidad que llega es un Equipo de Atención Primaria (EAP).
? Tanto si la primera unidad que llega es un Equipo de Atención Primaria perteneciente a la Comunidad Autónoma encargada de la gestión del incidente como si pertenece a la Comunidad Autónoma encargada de apoyar a la gestión del incidente, el médico de este EAP será el Responsable del Grupo Sanitario hasta la llegada del primer recurso avanzado cuyo médico asumirá el Mando Sanitario, independientemente de la Comunidad a la que pertenezca esta USVA.
- Informar a su CCU (CCU-Principal o Secundario).
- Zonificar y colaborar con las FOP en balizar la zona.
- Si las FOP no están presentes, su prioridad será la seguridad propia y la seguridad en la escena.
- Evitar las evacuaciones incontroladas.
- Realizar el primer triaje si la escena es segura.
- Comenzar la estabilización de pacientes.
En caso de que el primer equipo de EAP que llegue sea de la comunidad que apoya el incidente, el CCU-Secundario informará al CCU-Principal de los datos aportados por el EAP.
2.4 Regulación del IMV.
- Existirá una comunicación directa entre ambos CCU. La información que debe transmitirse es:
? Pre-alerta del incidente.
? Confirmar el incidente y si son necesarios o no recursos de CC.AA. limítrofes.
? En el caso de que se necesite trasladar pacientes a un centro sanitario de una Comunidad distinta a la del CCU-Principal se solicitará destino de evacuación.
- La gestión del IMV se realizará a través del CCU-Principal. Por tanto, quedarán bajo sus órdenes todos los recursos, los propios y los del CCU-Secundario. Con respecto a los recursos, la comunicación del CCU-Secundario al CCU-Principal será:
? Llegada del recurso al lugar del incidente.
? Finalización del traslado.
* Teléfono alternativo sin grabación.
5. ALGORITMOS
I. Algoritmo I
1. Recursos de la CCAA de Aragón
2. Recursos de la CCAA de Asturias

References: Resolución 
 artículo 3
 artículo 149
 artículo 97
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 18
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 50
 artículo 193
 artículo 193
 Artículo 18
 artículo 14
 artículo 189
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 126
 artículo 3
 artículo 149
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 artículo 149
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