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Timestamp: 2019-09-18 07:38:20+00:00

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﻿ SENTENCIA SP18333-2017/50330 DE NOVIEMBRE 1 DE 2017
SENTENCIA SP18333-2017 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PENA ACCESORIA DE PRIVACIÓN DE PORTE DE ARMAS NO DEBE SER IGUAL A PENA PRINCIPAL. SE PRECISA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL, QUE LA PENA DE PRISIÓN CONLLEVARÁ LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR UN TIEMPO IGUAL AL DE LA PENA QUE ACCEDE Y HASTA POR UNA TERCERA PARTE MÁS, SIN EXCEDER EL MÁXIMO FIJADO EN LA LEY Y SIN PERJUICIO DE LA EXCEPCIÓN DEL INCISO 2° DEL ARTÍCULO 51 ÍDEM. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE NO OCURRE LO MISMO CON LA SANCIÓN ACCESORIA DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS SOBRE LA CUAL LA LEY PENAL NO PREVÉ UNA DURACIÓN IGUAL A LA DE LA PENA A QUE ACCEDE, SINO QUE ESTABLECE EL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA FIJACIÓN DE UN ÁMBITO PUNITIVO DE MOVILIDAD, CUYO MÍNIMO ES DE 1 AÑO Y EL MÁXIMO DE 15 AÑOS Y DE CUALIFICACIÓN, CONFORME AL INCISO 2° DEL ARTÍCULO 52 ÍDEM, QUE REMITE AL ARTÍCULO 59.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA DE CASACIÓN, PENA PRINCIPAL, PENA ACCESORIA, PRIVACIÓN DEL DERECHO AL PORTE DE ARMAS, APLICACIÓN DE LA PENA ACCESORIA, PORTE DE ARMAS, DURACIÓN DE LA PENA ACCESORIA
Sentencia SP18333-2017/50330 de noviembre 1 de 2017
SP18333-2017
Rad.: 50330
(Aprobado Acta 363)
En ejercicio de la facultad prevista en el tercer inciso del artículo 184 del C.P.P., la Corte dictará fallo con el objeto de corregir la ilegalidad de la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión de condenar a F. J. V. S. por el delito de porte, fabricación y tráfico de armas de fuego, partes o municiones, tipificado en el artículo 365 ejusdem, en lo que hace a la cuantía de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas que se le impuso.
Como se refirió en los antecedentes procesales, el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas (Caldas) condenó a F. J. V. S. a una pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición para el porte y tenencia de armas de fuego o municiones, ambas por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad. Esa determinación fue confirmada integralmente por el Tribunal Superior de Manizales en sentencia proferida el 30 de agosto de 2017.
El artículo 52 del Código Penal dispone que “…, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley [20 años], sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51 [intemporal para servidores públicos condenados por los delitos indicados en el artículo 122-5 C. Pol.(1)]”. De ahí que ninguna incorrección exista en la decisión de igualar el monto de la referida pena a la de la prisión (108 meses).
No ocurre lo mismo con la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, respecto de la cual la ley penal no prevé una duración “igual a la de la pena a que accede…”, sino que establece el método de cuantificación consistente en la fijación de un ámbito punitivo de movilidad, cuyo mínimo es de 1 año y el máximo de 15 años (art. 51), y de cualificación en los términos del inciso 2º del artículo 52 ibídem que remite al art. 59.
Siendo así, la determinación de la cantidad de pena accesoria a imponer debe ser el resultado de la aplicación de las reglas previstas en los artículos 60 y 61 del Código Penal, que regulan la imposición de la pena de prisión y las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, y la cualificación se determina en la fundamentación explícita sobre los motivos que tenga el juez para deducir «la relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena” (art. 52 ejusdem).
Tales aspectos son: i) la ausencia de razones que funden su imposición como lo exige el artículo 52, inciso segundo y 59 de la Ley 599 de 2000, y (ii) la inobservancia respecto de aquélla del régimen de cuartos ordenado en los artículos 60 y 61 del citado estatuto, mediante el cual justamente se hace efectiva la exigencia legal en el sentido de que toda “sentencia deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.
“En ese orden de ideas, de acuerdo con el criterio jurisprudencial actualmente en vigor, una vez que en el fallo han sido expuestos los fundamentos acerca de la acreditación de las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los referidos injustos, ellas son razón suficiente y per se justifican la imposición de “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma” por los motivos que al efecto consagra el artículo 52 de la Ley 599 de 2000, esto es, por su “relación directa con la realización de la conducta punible por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena”.
La necesaria aplicación del artículo 61 sustantivo en la determinación de las penas accesorias, distintas a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, ha sido reiterada por la Corte en las decisiones SP2636-2015, mar. 11, Rad. 44221, y muy recientemente en la SP9557-2017, jul. 5, Rad. 48659 y SP11841-2017, 9 ago. 2017, Rad. 49919. De esa manera, es evidente que en el caso bajo examen, al dosificar el monto de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, impuesto a F. J. V. S., se incurrió en violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del precitado artículo 61. En consecuencia, corresponde casar la sentencia en ese aspecto puntual y sustituirla fijando la pena que legalmente corresponde.
Atendiendo los extremos de la pena accesoria en cuestión, el fallador de primer grado se habría tenido que mover en el primer cuarto mínimo que oscila entre doce (12) y cincuenta y cuatro (54) meses, y en ausencia de cualquier otra consideración de ese ámbito habría tenido que seleccionar el límite inferior, como igual lo hizo para tabular la pena principal de prisión. Es decir que la privación del respectivo derecho sólo habría sido posible por un lapso de doce (12) meses.
Como consecuencia de lo expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de fijar en doce (12) meses la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego infligida a F. J. V. S.
1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
2. Como consecuencia de lo anterior, fijar la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se le impuso a F. J. V. S., en doce (12) meses.
1 Artículo 122, inciso 5º, de la Constitución: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

References: ARTÍCULO 52
 ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 52
 ARTÍCULO 59
 artículo 184
 artículo 365
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 122
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 61
 artículo 61
 Artículo 122