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Timestamp: 2020-05-27 13:05:27+00:00

Document:
STSJ Cataluña 10/2008, 16 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 38511701
STSJ Cataluña 10/2008, 16 de Enero de 2008
Ponente: JAVIER AGUAYO MEJIA
Número de Recurso: 1757/2003
Número de Resolución: 10/2008
Fecha de Resolución: 16 de Enero de 2008
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO PARA FORMACIÓN CONTINUA DE CATALUNYA. APROBACIÓN DE ESTATUTOS. ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. NORMATIVA APLICABLE. FACULTADES. Se reclama contra el Acuerdo por el que se constituye el Consorcio para la Formación Continua de Catalunya y se aprueban sus Estatutos. Que los Estatutos del Consorci prevea la aprobación de ciertos criterios de acreditación de ... (ver resumen completo)
SECCIÓN SEGUNDA. BARCELONA
Recurso nº 1757/2003
Partes:CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIO DE CATALUNYA
C/DEPARTAMENT DE TREBALL, INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME
S E N T E N C I A N º 10
Doña Nuria Clèries Nerín
Doña Mª Pilar Rovira del Canto
Doña Mª Fernanda Navarro de Zuloaga
Don Javier Aguayo Mejía
En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de enero de dos mil ocho.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCION SEGUNDA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguientes sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 1757/2003, interpuesto por CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIO DE CATALUNYA, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST y asistido de Letrado, contra DEPARTAMENT DE TREBALL, INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME, representado y defendido por el LETRADO DE LA GENERALITAT.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Javier Aguayo Mejía, quien expresa el parecer de la SALA.
Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra Resolución de Acuerdo de 15/07/03, por el que se constituye el Consorcio para la Formación Continua de Catalunya y se aprueban sus Estatutos hecho público por Resolución TIC/2593/2003 de 29 de julio, publicado en el DOGC núm.. 3961 de 4 de septiembre de 2003.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derechos que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Se abrió la prueba mediante Auto y, verificada la misma según obra en autos, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes y, finamente se señaló día y hora para votación y fallo que tuvo lugar el 11 de enero de 2008.
Mediante el presente recurso contencioso-administrativo impugna el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de julio de 2003, por el que se constituyó el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya y se aprobaron sus Estatutos.
1. La actuación impugnada trae causa de la Sentencia 95/2002 del Pleno del Tribunal Constitucional, que estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el Acuerdo tripartito en materia de formación continua de trabajadores ocupados suscrito en Madrid el 22 de diciembre de 1992 y, en su virtud, declaró que la titularidad de la competencia de ejecución en la materia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña, así como estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Disposición adicional vigésimo-tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, por no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias, siendo inaplicable en el ámbito territorial de Cataluña.
Dicha STC aduce, en síntesis, que la Disposición de la Ley de Presupuestos y el Acuerdo tripartito de formación continua, en cuanto comprensivos de una serie de criterios para la adecuación de la formación profesional de los trabajadores ocupados, es una materia que concierne a la regulación de un concreto derecho de los trabajadores en el seno de la relación laboral, como que, por ello, compete a la Generalitat de Catalunya en cuanto función ejecutiva de la legislación laboral, según dispone el art. 11.2 del EAC.
A su vez, como consecuencia del orden competencial declarado por la STC 95/2002, se promulgó la Llei 17/2002, d'ordenación del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, con función -entre otras- de gestionar los programas de formación profesional ocupacional y continua y garantizar su coordinación con la formación profesional reglada; legislación que prevé que "El Servicio de Empleo de Cataluña, para mejorar la eficiencia de su gestión, puede establecer conciertos, acuerdos, convenios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas, constituir consorcios o crear otras entidades para gestionar y ejecutar los servicios ocupacionales." (art. 7.1 y 8.2, respectivamente).
La demanda del Consell General de Cambres de Catalunya interesa la anulación de la totalidad de la Resolución por no haberse dado intervención a las Cambres de Comerç de Catalunya ni a su Consell General en el procedimiento administrativo seguido para la constitución del Consorci per a la Formación Contínua, subsidiariamente por no haber integrado en el Consorci ni en sus órganos a las Cambres o al Consell y, subsidiariamente, la anulación del apartado 1 de l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, del párrafo primero del artículo 2 y de los artículos 7,e) y 15.1,j) de sus Estatutos.
La impugnación, tras poner de manifiesto la doble naturaleza, laboral y económico-profesional, de la formación profesional continua, y las funciones de las Cámaras de Comercio en relación la formación continua, aduce: i) que la Resolución impugnada afecta de forma esencial funciones público-administrativas atribuidas legalmente a las Cámaras de Comercio catalanas, por lo que deberían haber tenido alguna intervención en el procedimiento de elaboración de la Resolución impugnada, máxime cuando ello fue solicitado...
SAP Vizcaya 783/2005, 29 de Noviembre de 2005
SAP Barcelona 204/2005, 20 de Abril de 2005
ATS, 4 de Noviembre de 2004
ATC 442/1985, 3 de Julio de 1985

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 artículo 2
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