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Timestamp: 2020-04-07 08:26:44+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2020-1125
Documento BOE-A-2020-1125
«BOE» núm. 21, de 24 de enero de 2020, páginas 7649 a 7664 (16 págs.)
BOE-A-2020-1125
ECLI:ES:TC:2019:182A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, promovido el 7 de octubre de 2019 por el Gobierno de la Nación en relación con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», ha dictado el siguiente
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, al amparo de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente por STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la referida moción.
2. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 400, de 1 de agosto de 2019.
1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 2015, en la necessitat de legislar com a parlament plenament sobirà, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa energetica, a l’emergencia en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergencia humanitària que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències plenes per a les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute que faci possible —i no impedeixi— un pla de xoc social.
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019, por el que se decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», por incumplimiento de la STC 136/2018, para que se declare la nulidad de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la inmediata suspensión de los incisos controvertidos.
3. El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno los incisos señalados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, por contravenir la STC 136/2018.
Y en la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó en su sesión de 5 de julio de 2018 la moción 5/XII «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», cuyos apartados primero, segundo y tercero fueron declarados inconstitucionales y nulos por la STC 136/2018, de 13 de diciembre.
b) Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sirve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», citando al efecto el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla.
La resolución 534/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), de acuerdo con los arts. 151 y 152 del Reglamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del «Debate general sobre las propuestas para la Cataluña real». Previamente, las propuestas de las resoluciones fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las sometió a votación del pleno.
Estas decisiones insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015, y de la moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018, y son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, aunque pudieran entenderse carentes de efectos vinculantes sobre sus destinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la comunidad autónoma), que no es el caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» (STC 42/2014, FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 534/XII «pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos», especialmente el Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma, «de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).
En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII tienen en común la afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la voluntad de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 259/2015, y en la moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018. Por ello, a pesar de incluirse en diversos apartados de la resolución, los incisos impugnados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter soberano tanto del pueblo de Cataluña, como, especialmente, del Parlamento.
En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contienen la decisión de adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata pues de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se dictan en desarrollo de la resolución 1/XI, declarada nula por la STC 259/2015, y precisamente para cumplir sus objetivos, como hizo también la moción 5/XII.
d) Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018 y desatienden los requerimientos contenidos en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Lejos de cumplir con lo acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de Cataluña insiste en continuar con el proceso secesionista declarado inconstitucional. El contenido de los incisos impugnados incide, una vez más, en una materia reservada al procedimiento de reforma constitucional.
En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat a que lo haga efectivo. Coadyuvan así al inconstitucional propósito de la anulada resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en las SSTC 259/2015 y 136/2018 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.
A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la obligación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que reproducían el contenido objeto del presente incidente de ejecución, puesto que esas propuestas suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Cita aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual la facultad de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» se torna en una obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6).
Es patente, en suma, que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018, por lo que deben ser declarados nulos y sin efecto jurídico alguno.
e) Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los indicados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018.
4. Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en relación con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real», por contravención de la STC 136/2018, de 2 de diciembre.
Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018.
Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el contenido de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contraviene los pronunciamientos de la STC 136/2018, por cuanto se produce una coincidencia conceptual e incluso semántica con la moción 5/XII así como con las resoluciones anteriores 1/XI y 306/XI. Los apartados e incisos cuestionados declaran un derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, lo que supone afirmar la soberanía de este. A su vez el Parlamento de Cataluña se proclama, de acuerdo con la resolución 1/XI, como depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña y, por ende, como Parlamento soberano sin sujeción a límite alguno, que legislará como tal sobre un conjunto de materias que señala. De este modo se reiteran la resolución 1/XI en la que el Parlamento de Cataluña se declaraba «como depositario de la soberanía y como expresión de un poder constituyente» (apartado sexto de la resolución 1/XI).
Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma su voluntad de ejercer de manera concreta el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, se está reproduciendo parte de la resolución 306/XI sobre el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación» (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 306/XI), cuyo ejercicio se proclama incluso «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español» (capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que fue declarada nula por ATC 24/2017, y reitera el mandato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: «el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español», lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017, FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe un «derecho de autodeterminación», entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Implica asimismo desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un estado catalán independiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/XI. Supone además negar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE).
En suma, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña reiteran y dan cabida de nuevo a acuerdos de las resoluciones 1/XI y 306/XI y la moción 5/XII ya declarados inconstitucionales y nulos, de manera que vuelve a reproducir una voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar a cabo su proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república, a través de un «proceso constituyente» cuyas fases describió la resolución 263/XI, mediante el ejercicio del llamado «derecho de autodeterminación», no reconocido constitucionalmente. Incumple así el Parlamento de Cataluña lo resuelto por este Tribunal en la STC 136/2018, lo que ha de conducir a la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.
Aduce asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no contravienen las SSTC 259/2015 y 136/2018. Los apartados e incisos de la resolución 534/XII que se atacan no constituyen desde una perspectiva formal ningún desarrollo o continuación de la resolución y moción anuladas por este Tribunal, sino que se han aprobado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior de la cámara. Para apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que se trata de un caso claro y evidente de que la nueva resolución se ha dictado precisamente para eludir los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, elemento subjetivo a que hace referencia la STC 136/2018, y que está ausente en el presente caso, según el letrado del Parlamento de Cataluña.
Por lo que se refiere al inciso de la resolución 534/XII en el que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano», reconoce el letrado del Parlamento de Cataluña que existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI y con la moción 5/XII, pues la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la plena soberanía de la cámara, pero sostiene que ello no es suficiente para considerar que la resolución 534/XII constituya un incumplimiento de las SSTC 259/2015 y 136/2018. No lo sería porque no presenta las características de la resolución 1/XI y por diferir el contexto legislativo en que se aprobaron una y otra resolución.
Sostiene por último el letrado del Parlamento de Cataluña que el incidente de ejecución provoca efectos restrictivos sobre el derecho de iniciativa legislativa de los diputados, que forma parte de su ius in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas por la cámara sin restricciones injustificadas.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que inadmita o, en su caso, desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 534/XII no contraviene la STC 136/2019, sin que en consecuencia resulten procedentes los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que interesa el abogado del Estado. Mediante otrosí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la resolución 534/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2019, don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis: (i) que la impugnación de la resolución 534/XII, aunque se plantee como incidente de ejecución, es inadmisible por haberse interpuesto extemporáneamente (art. 161.2 CE, en relación con el art. 76 LOTC); (ii) si se entiende que el incidente de ejecución no queda sujeto al plazo de dos meses previsto para la impugnación de las disposiciones autonómicas (art. 76 LOTC), entonces no le puede ser de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia de 10 de octubre de 2019 carece de sustento normativo; (iii) la impugnación por el Gobierno de la resolución 534/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (iv) la resolución 534/XII no es susceptible de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto y en consecuencia es inadmisible; (v) el apartado quinto de la providencia de 10 de octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobierno en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (vi) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vii) la providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (viii) la providencia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018, vulnera la autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (ix) la providencia vulnera el derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados cuarto y quinto, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019, doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja personal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitimación se concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia del ministerio fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el Parlamento de Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el procedimiento que dio origen a la STC 136/2018, carecen de legitimación para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Mediante el incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender un interés general, en concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos, y el restablecimiento del pronunciamiento constitucional, caso de que hubiera sido desconocido, mediante un juicio de contraste entre el acto impugnado y los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho subjetivo de los diputados se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un interés legítimo y directo de los diputados que solicitan personarse que tenga relación directa con el derecho de participación política del que son titulares. Si acaso, cabría afirmar un interés indirecto en sostener la validez de la resolución 534/XII, en la medida que la votaron, cuestión esta sobre la que nada se argumenta en el escrito en el que solicitan su personación.
Lo decidido por este Tribunal en el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica la anterior conclusión. Ese auto se dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) cuyo objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor. Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura. El Tribunal Constitucional entendió que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el art. 92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente caso lo que se cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado por los miembros de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado con plenitud el derecho de participación política ius in officium que les asiste.
En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de los diputados en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, en el que se ventila, al margen del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto parlamentario, cuya defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impugnada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII aparece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados para tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, pues los derechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de la resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personarse ni han sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que solicita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018, respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
13. El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sostiene que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en juicio (art. 13 de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud del art. 80 LOTC), como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención en el presente incidente de ejecución de sentencia de los diputados que han solicitado personarse, a título particular, y los efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos, máxime cuando han alegado una eventual afectación del ejercicio de las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE.
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018. El incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real».
I.1. Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
I.2 Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
1. El Parlamento de Cataluña se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de acuerdo con los intereses y las necesidades de la sociedad catalana, para dar respuesta a la pobreza energética, a la emergencia en el ámbito de la vivienda y también a la emergencia humanitaria que viven los refugiados, y para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria pública y de calidad, una educación pública, las libertades públicas, unas competencias plenas para las administraciones locales, el derecho al aborto y una gestión de la deuda que haga posible —y no impida— un plan de choque social.
El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 534/XII constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los incisos impugnados de esa resolución reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 136/2018. Por ello interesa que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.
El letrado del Parlamento de Cataluña postula la inadmisión del incidente de ejecución, por entender, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de antecedentes, que el incidente ha sido promovido extemporáneamente, y que, sin perjuicio de ello, la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. De no acordarse por este Tribunal la inadmisión, interesa que el incidente sea desestimado, toda vez que la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituiría desarrollo o continuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por tanto, los incisos y apartados de la resolución 534/XII que se atacan no contravienen la STC 136/2018. En consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.
2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuenta que contra la providencia de 10 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener por formulado incidente de ejecución de la STC 136/2018 respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.
Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 136/2018, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 534/XII, aprobada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019.
Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), cuyo objeto era impugnar una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a un candidato huido de la justicia para su investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura; al entender este Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, se estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución es si los pronunciamientos de la STC 136/2018 han sido desconocidos o menoscabados por un acto parlamentario, la resolución 534/XII, ya debatida y votada por los diputados del Parlamento de Cataluña, esto es, se trata de un incidente de ejecución promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado en plenitud sus derechos de participación política.
3. El objeto del presente incidente es determinar si lo resuelto en la STC 136/2018, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018, ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al aprobar la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, en los concretos apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes reproducidos. De ser así, los incisos y apartados impugnados deben ser declarados nulos (art. 92.1 LOTC).
Ocurre que los apartados e incisos impugnados por esta vía incidental ya han sido anulados por auto de esta misma fecha por incumplimiento de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015.
En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha perdido sobrevenidamente su objeto. Según doctrina constitucional reiterada, aunque la desaparición sobrevenida del objeto no está contemplada en el artículo 86.1 LOTC como una de las causas de terminación extraordinaria de los distintos procesos constitucionales, es posible, no obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la conclusión del proceso constitucional (recientemente, ATC 114/2017, de 18 de julio, para recursos de inconstitucionalidad; STC 86/2018, de 19 de julio, para conflictos positivos de competencia; ATC 107/2018, de 8 de octubre, para recursos de amparo; o ATC 28/2018, de 20 de marzo, para procesos de impugnación de disposiciones autonómicas). Así sucede, en particular, en aquellos casos en que resoluciones anteriores del Tribunal han declarado ya la nulidad de los actos y disposiciones recurridos (AATC 120/2017, de 12 de septiembre, o 171/2015, de 20 de octubre), doctrina que hemos aplicado también a los incidentes de procesos constitucionales como los de levantamiento o mantenimiento de la suspensión cuando el acto impugnado ha quedado sin efecto o no pueda ya ejecutarse (AATC 68/2018, de 20 de junio, y 54/2015, de 3 de marzo, ambos en procedimientos del título V LOTC).
En este caso, procede, por identidad de razón, declarar la desaparición sobrevenida del objeto del presente incidente de ejecución. La pretensión principal de la parte recurrente es la declaración de nulidad, al amparo del art. 92.1 LOTC, de los apartados de la resolución 534/XII que ya han sido declarados nulos en el auto de esta misma fecha dictado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015. Y las pretensiones accesorias de notificación y requerimiento a determinadas autoridades para abstenerse de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a esa misma resolución han sido igualmente estimadas en ese mismo auto. Al mismo tiempo, la posición institucional del Tribunal Constitucional y la eficacia de la STC 136/2018, a cuya salvaguarda se dirige el incidente de ejecución, han quedado igualmente restablecidas con el mencionado auto. Por lo tanto, la resolución de este segundo incidente no satisface ya ningún interés, ni de parte ni de carácter general (pues este puede, en ocasiones, justificar el pronunciamiento del Tribunal: ATC 49/2018, de 26 de abril, FJ 1).
1.º No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2.º Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, promovido respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019, por desaparición sobrevenida de su objeto.
DICTADA en el Incidente de ejecución de sentencia publicado en BOE núm. 246, de 12 de octubre de 2019 (Ref. BOE-A-2019-14637).
DECLARA en el Incidente de ejecución de la Sentencia 136/2018, de 13 de diciembre, la inadmisión de la intervención indicada y su extinción en relación con los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, del Parlamento de Cataluña (Ref. BOE-A-2019-461).

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in fine
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 artículo 86
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