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LEGISLACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ARGENTINA: SU APLICACIÓN, ANÁLISIS E IMPACTO - PDF
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Pablo Piñeiro Miguélez
1 LEGISLACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ARGENTINA: SU APLICACIÓN, ANÁLISIS E IMPACTO Finalmente, llegamos a una conclusión que, a nuestro entender, permitiría cumplir plenamente con los estándares internacionales y evitar las consecuencias que puede traer en la economía de un país una conceptualización muy amplia y difusa sobre lo que se entiende por conducta terrorista. Dr. LA. Sergio G. Goldenberg Consultoría y Capacitación en Prevención de Lavado de Activos
2 E ste artículo tiene como objetivo analizar la legislación argentina en materia de financiamiento del terrorismo y las consecuencias que pueden derivarse de su aplicación. Para ello, comenzamos por revisar los antecedentes internacionales que llevan a la Argentina, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, a introducir esta conducta delictiva dentro de su Código Penal. En ese sentido, se procuró comparar qué requisitos debía cumplimentar Argentina en esta materia y si los mismos fueron cubiertos en oportunidad de sancionarse las leyes correspondientes. Posteriormente, analizamos la intención reciente de aplicar la Ley Antiterrorista en el país a partir del pedido de quiebra de una empresa y su encuadre como conducta terrorista. Ampliamos también el análisis en base a la legislación comparada con otros países latinoamericanos a efectos de evaluar si el caso analizado podría tratarse en esos países bajo el concepto de terrorismo. Finalmente, llegamos a una conclusión que, a nuestro entender, permitiría cumplir plenamente con los estándares internacionales y evitar las consecuencias que puede traer en la economía de un país una conceptualización muy amplia y difusa sobre lo que se entiende por conducta terrorista.
3 ANTECEDENTES El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental cuyo mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese marco, las Recomendaciones que emite conforman un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar mediante medidas adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con relación al financiamiento del terrorismo, el GAFI establece que los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo) y deben tipificar no sólo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos. Adicionalmente, también deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, los bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo que fuera adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, y aprobado en la República Argentina mediante la sanción y promulgación de la ley en del año 2005, en su artículo 2 establece que: Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado; b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Argentina, en el año 2007, siguiendo los lineamientos del citado Convenio, mediante la sanción de la Ley incorporaba en su Código Penal la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo penalizando a: a) Al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; Estar organizada en redes operativas internacionales; Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. 3 www. Lavadodinero.com
4 b) Al que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. En el año 2011, observaciones del GAFI mediante, Argentina sanciona la Ley por medio de la cual se derogan los artículos introducidos por la Ley citados y se incorpora un nuevo capítulo en el Código Penal bajo el título Delitos contra el orden económico y financiero. Mediante esta modificación, se sanciona a quien directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: para financiar la comisión de un delito por una organización que cometa o intente cometer delitos por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos 4 En los tres casos, siempre que se lleven a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Asimismo, se establece que las penas correspondientes se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. Las disposiciones referidas regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial del Código Penal argentino, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento. La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas así en el Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.
5 CONTEXTO ACTUAL Argentina, a pesar de haber sido víctima de los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, con más de una década sin encontrar a sus responsables y ejecutores, y haber sancionado leyes contra el financiamiento del terrorismo con siete años de vigencia, no registra condena alguna por este delito. El Sistema de Prevención según el informe de gestión emitido por la Unidad de Información Financiera en el año 2013, registra un total de ocho Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo, de los cuales uno de ellos se elevó al Ministerio Público Fiscal, otro se archivó y el resto se encuentra bajo análisis en virtud de su relación con sospechas de financiación de terroristas de Estado prófugos. No obstante ello, el gobierno argentino después de un frustrado intento de su aplicación el año pasado a un periodista por entender que sus reportes buscaban fomentar la inestabilidad social, encontró una creativa forma de hacer debutar la aplicación de la Ley Antiterrorista y proceder así al congelamiento de los fondos a partir de que la empresa RR Donnelley, líder mundial de la industria gráfica fundada en 1864 en Chicago, Estados Unidos e instalada en Argentina desde 1992, pidiera este mes su propia quiebra en el país. La teoría que lleva al Gobierno a llevar adelante una denuncia en el fuero federal parte de considerar que se trataría de una quiebra fraudulenta. Para ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos presentó una denuncia ante la justicia federal tomando como base el artículo 309 del Código Penal que establece entre otras penas, prisión de uno a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años, al que: 5 a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.
6 A efectos de encuadrar el delito denunciado bajo la Ley Antiterrorista la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner fundamentó su eventual aplicación por considerar que la intención de la empresa fue crear un estado de quiebra para generar temor, en su discurso en la Casa Rosada del día 14 de agosto del 2014 expresó Estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población, acompañado por ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra conforme lo anunció la agencia de noticias oficial Télam. Asimismo, relacionó el paquete accionario de la empresa RR Donnelley (Argentina) con el fondo NML Capital Limited, que litiga con la Argentina por la deuda impaga. El Juez a cargo deberá ahora dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba. Por su parte, el titular de la Unidad de Información Financiera se refirió al caso manifestando que el delito precedente es la quiebra fraudulenta y el agravante está dado por la intención de atemorizar a la población y que si el juez acepta la figura del terrorismo contra la gráfica Donnelley, pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del GAFI. Si analizamos la situación, podríamos resumir que el enfoque dado al caso por los funcionarios del gobierno argentino apunta a que la empresa podría estar cometiendo el delito de una quiebra fraudulenta y que tal hecho se habría llevado a cabo con el objetivo de causar temor en la sociedad. Este enfoque a la luz del Código Penal argentino encuadra al aplicarse el artículo 309 por el delito precedente y el artículo 41 quinquies por el agravante, es decir, la quiebra fraudulenta y el objetivo de aterrorizar la población. Si bien corresponderá a la justicia investigar si esta quiebra es dolosa, por otro lado entendemos, no resultará fácil asociar y comprobar en la justicia que dicha quiebra pueda perseguir atemorizar a la población, dada la dimensión que tiene el hecho en el marco de la economía del país. Tengamos en cuenta que esta empresa tenía aproximadamente empleadas a 400 personas en Buenos Aires, y en el país los problemas que hoy evidencian mayor preocupación en la sociedad argentina son la inseguridad y la inflación. ANÁLISIS Ahora bien, si analizamos por qué llegamos a la eventual aplicación de la Ley Antiterrorista en Argentina, es porque su legislación ha introducido en el Código Penal que cualquier delito previsto en el mismo cuando se comete con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, encuadra dentro de un acto denominado terrorista. Es decir que el legislador fue mucho más allá de lo que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional y el propio Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ya que la misma restringe qué tipo de delitos deberían ser incluidos haciendo referencia por una parte a los Convenios preexistentes relacionados con: 6 www. Lavadodinero.com
7 Apoderamiento ilícito de aeronaves Represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil Prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos La toma de rehenes La protección física de los materiales nucleares La represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional La represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima La represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental La represión de los atentados terroristas cometidos con bombas Y, por otra parte, refiere a cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Si tomamos como ejemplo la legislación chilena o mexicana vemos que la misma se mantiene dentro de los lineamientos del GAFI y el Convenio citado sin necesidad de ampliar el delito precedente a cualquier tipo de delito. En Chile, por ejemplo, la Ley sobre conductas terroristas es muy clara con las condiciones que se deben dar para que proceda la presunción de atemorizar a la sociedad ya que en su artículo 1 establece que: incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos. En México, el Artículo 139 del Código Penal Federal establece que: Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional. Asimismo, en su Artículo 148 Bis sobre terrorismo internacional dispone que: Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten: Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o 7 www. Lavadodinero.com
8 a) A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes o personas de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para tratar de menoscabar la autoridad de ese estado extranjero, u obligar a éste o a un organismo u organización internacionales para que tomen una determinación. b) Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer actos terroristas internacionales, o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero, y c) Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero. CONCLUSION Resumiendo lo expuesto, entendemos que la legislación vigente considera como una conducta terrorista a la asociada a cualquier delito tipificado por el Código Penal, siempre que el delito en cuestión se cometa con la intención de atemorizar a la población u obligar a un Gobierno a que realice un acto o deje de hacerlo y esto excede el alcance pautado tanto por el GAFI como el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo. En consecuencia, consideramos que Argentina podría modificar su legislación en materia de financiamiento del terrorismo limitando su alcance a las conductas delictivas pautadas por el referido Convenio, como así también introducir lineamientos interpretativos sobre el agravante del delito precedente y, en ese contexto, dar también así un adecuado cumplimiento a los estándares internacionales a los que está sujeta como miembro del GAFI, evitando eventuales discrecionalidades en su aplicación. Titulo. Legislación sobre financiamiento del terrorismo en argentina: su aplicación, análisis e impacto. Producción, Diseño y Montaje. Departamento Editorial de Lavadodinero.com Primera Edición Digital. 26 de agosto de 2014 DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT Este material es una producción del Departamento Editorial de Lavadodinero.com. Todos los derechos son reservados y pertenecen a Ideas Publishing Solutions. Está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, impreso o multimedia. Cualquier violación de los derechos de autor estará sometida a las leyes federales de derechos de autor de Estados Unidos. Copyright
HONORABLE ASAMBLEA: A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo,

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 41
 artículo 1
 Artículo 139
 Artículo 148