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Timestamp: 2020-01-21 18:40:56+00:00

Document:
C-714 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020037829CC-SENTENCIAC714200319/08/2003CC-SENTENCIA_C_714__2003_19/08/2003200378292003Sentencia C-714/0 3 COSA JUZGADA ABSOLUTA -Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito "SIMIT" DERECHO A LA IGUALDAD -Prerrogativas especiales para conductores de transporte público DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Precisión clara de disposición acusada y cargo concreto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva Referencia: expediente D-4451
JAIME ARAUJO RENTERÍAD4451CONSTITUCIONALIDADJosé Domingo BernalIdentificadores20020037830true57160Versión original20037830Identificadores
Sentencia C-714/03
COSA JUZGADA ABSOLUTA-Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito "SIMIT"
DERECHO A LA IGUALDAD-Prerrogativas especiales para conductores de transporte público
Referencia: expediente D-4451
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) y contra el Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002.
Demandante: José Domingo Bernal.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano JOSÉ DOMINGO BERNAL demandó el artículo 10 (parcial) y el Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002.
Mediante auto de 10 de febrero de 2003 se inadmitió la demanda por cuanto el actor sólo formuló algunos interrogantes y comentarios breves respecto del contenido de las normas acusadas. De otra parte, no era claro si se demandaba todo el Capítulo IV del Título IV de la citada ley, o sólo algunas de sus disposiciones.
El libelista sólo corrigió la demanda en relación con el cargo planteado contra el artículo 10 de la ley 769 de 2002, ya que en lo tocante al Capítulo IV del Título IV ibídem se limitó a decir que con el mismo se borró de un plumazo el principio de igualdad, "(...) consagrando prerrogativas especiales para los conductores del Transporte público en detrimento de los conductores particulares". Es decir, que por este aspecto no hay cargo.
Artículo 10. Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT),por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.
Parágrafo. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional ypor lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.
Artículo 136. Reducción de la sanción. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por cien (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Considera el demandante que el artículo 10 (parcial) quebranta el artículo 355 de la Constitución, por las siguientes razones:
El Constituyente primario fue enfático al disponer que "Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado" y así lo plasmó en el artículo 355 de la Carta Fundamental. No obstante esta perentoria prohibición, la Rama Legislativa consagró en el artículo 10 de la ley 769 de 2002 una PARTICIPACIÓN del 10% sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a favor de la Federación Colombiana de Municipios, persona jurídica de derecho privado inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de marzo de 1997 bajo el número 00002898 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro.
En el caso del artículo 13 de la Constitución Nacional, se consagra la igualdad de las personas sin distingo de ninguna naturaleza e impone a las autoridades dar igual protección a las personas. Sin embargo este principio constitucional se borra de un plumazo con el Capítulo IV (Actuación en caso de imposición de comparendo al conductor para el Transporte Público) del Título IV de la ley 769 de 2002, consagrando prerrogativas especiales para los conductores del Transporte público en detrimento de los conductores particulares.
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue, en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicitó la exequibilidad del artículo 10 de la ley 769 de 2002 y la exequibilidad condicionada de los artículos 136 a 141 ibídem. Sus argumentos se resumen así:
- El artículo 10 acusado debe interpretarse dentro del contexto que le corresponde, el cual vincula el Registro Único Nacional de Tránsito, del que también hace parte el Registro Nacional de Infracciones de Tránsito que se integrará con la información remitida por la Federación Colombiana de Municipios sobre las multas y las sanciones por infracciones de tránsito.
- La autorización concedida a la Federación no vulnera el principio de igualdad, pues mediante dicho sistema tan sólo se va a canalizar la información de los diferentes municipios que luego se incluye en el Registro Único Nacional, cuyo funcionamiento puede hacerse directamente a Través del Ministerio de Transporte, o a través de entidades públicas o particulares, al amparo de la licitación pública. Además, el artículo 160 del Código abre la misma posibilidad, tanto a favor de la Federación de Municipios como de quienes demuestren capacidad para el efecto.
- El porcentaje que establece la ley a favor de la Federación no constituye auxilio o donación, sino contraprestación por el servicio que presta el particular, el cual implica gastos que no está en obligación de soportar.
- En relación con la actuación relativa a la imposición de comparendos, los artículos 135 a 137 de la ley de tránsito prevén un procedimiento especial para la hipótesis de conductores de transporte público, otorgándoles ciertas prerrogativas en torno a las multas y su pago. Por contraste, el tratamiento para los particulares resulta más gravoso, lo cual no tiene justificación aparente si se tiene en cuenta que las infracciones de tránsito son igualmente predicables de unos y otros, ocurriendo lo propio con el riesgo. Por tanto, los beneficios y prerrogativas dispuestos en las normas para el caso de comparendos contra conductores de transporte público, deben ser igualmente aplicables a los conductores particulares, bajo cuyo condicionamiento es dable la constitucionalidad de la norma demandada.
La Corte observa que el escrito de intervención de esta universidad fue recibido por la Secretaría General el 9 de abril de 2003, esto es, en forma extemporánea, razón por la cual no será tenido en cuenta.[1]
El Procurador General de la Nación rinde el concepto correspondiente solicitando a la Corte declarar la inexequibilidad del artículo 10 y de los tres últimos párrafos del primer inciso del artículo 136 de la ley 769 de 2002.
En relación con el artículo 10 expresó que si bien no se está en presencia de un auxilio o de una donación, por haber una contraprestación de por medio, resulta pertinente reiterar el concepto emitido por ese Despacho dentro del expediente No. 4305, mediante el cual se solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del artículo en mención. Dicho concepto se resume así:
Ahora bien, en torno al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002 la Vista Fiscal censuró la presencia de una serie de prerrogativas, injustificadamente otorgadas a los conductores de transporte público, en detrimento de los conductores de transporte particular, violándose así el artículo 13 superior. Sus argumentos se resumen así.
- En relación con la orden de comparendo el Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002 establece unas actuaciones relativas a la aceptación de la comisión de la infracción por parte del conductor de transporte público, al pago de la multa dentro del respectivo plazo y a la rebaja del 25% de la misma, siempre y cuanto el infractor se comprometa a realizar un curso en una escuela de tránsito. Oportunidades que al conductor de transporte particular no se le dan, en desmedro de su derecho a la igualdad.
- Frente a la renuencia del contraventor de transporte público la autoridad de tránsito adelantará un proceso, con fallo en audiencia pública y notificación en estrados. Por el contrario, en el caso de los conductores de transporte particular la renuencia a comparecer sin justa causa comprobada -en el término de 10 días- implicará el incremento de la multa hasta el doble de su cuantía. De lo cual se deduce la mayor severidad y drasticidad del tratamiento dado a los conductores de transporte particular en la hipótesis del comparendo, que el otorgado a los conductores de transporte público; discriminación que no tiene razón de ser por cuanto ambos deben cumplir de similar forma las reglas de tránsito. Siendo del caso advertir que en razón de su profesión los conductores de transporte público deben tener un conocimiento superior de las normas de tránsito, y por ende, les cabe una mayor exigencia frente al cumplimiento de las mismas. Profesión ésa que en tanto relación con la comunidad implica importantes responsabilidades que no son inferiores a las del conductor de transporte particular. Como que en su diario ejercicio los conductores de transporte público ponen en mayor riesgo los bienes jurídicos de la vida, la integridad personal y la salud de los pasajeros, no existiendo entonces razón alguna para que ellos disfruten de un mejor tratamiento en el evento del comparendo.
Considera el demandante que el artículo 10 de la ley 769 de 2002 quebranta el artículo 355 de la Constitución, por cuanto con él se crea un auxilio o donación a favor de la Federación Colombiana de Municipios, que es una persona jurídica de derecho privado. En relación con el Capítulo IV del Título IV de la misma ley, el actor alega violación del artículo 13 superior sin llegar a construir cargos concretos que sustenten su pedimento de inexequibilidad.
3. Cosa juzgada absoluta frente al artículo 10 de la ley 769 de 2002
La Corporación advierte que mediante sentencia C-385 de 2003, la Corte declaró exequibles los artículos 10 y 11 de la ley 769 de 2002, sin relativizar los efectos de la decisión; dándose por entendido que la Corte Constitucional examinó estos artículos contra la totalidad de la Constitución Política. Por consiguiente, para efectos del asunto bajo examen la Corporación concluye que ha operado la cosa juzgada absoluta, razón por la cual, frente al artículo 10 de la ley 769 de 2002 se hará un pronunciamiento inhibitorio.
4. Carencia de cargo frente al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002
En lo tocante al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002 arguye el actor:
El demandante ataca globalmente el Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002, esto es, sin señalar concretamente los contenidos normativos que en su sentir vulneran el artículo 13 superior, ni la forma en que los mismos configuran un tal quebranto. Quedándose por tanto al margen de la necesaria comparación que debe hacerse entre una norma, específicamente considerada, y uno o más preceptos constitucionales. Así, al no precisarse las disposiciones acusadas, ni la forma en que ocurre la violación del orden superior, por este aspecto la demanda incumple los requisitos básicos que debe llenar, y por ende, se hace imposible que la Corte confronte el conglomerado acusado con la Constitución. Como que resulta improcedente un examen de constitucionalidad sobre la base de la globalidad, la vaguedad y la indeterminación conceptual de los dispositivos censurados. Al respecto dijo esta Corporación en sentencia C-1168 de 2001:
4. En numerosas oportunidades, esta Corte ha señalado que si bien la acción de inconstitucionalidad es pública y no está sometida a formalidades especiales, sin embargo los demandantes tienen unas cargas mínimas que cumplir para que la Corte pueda pronunciarse de fondo. En particular, corresponde a los actores precisar con claridad la disposición acusada y formular una acusación susceptible de ser debatida "mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal"[2]. Y esta Corte ha precisado que el actor no cumple ese requisito "si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad"[3].
Así las cosas, por este aspecto la deficiencia comentada implica que la demanda no cumple con los requisitos básicos que deben observarse para acceder a un fallo de mérito, imponiéndose por tanto una decisión inhibitoria frente al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002.
Consecuentemente la Sala hará las declaraciones que pasan a verse.
1. Estar a lo resuelto en sentencia C-385 de 2003, mediante la cual esta Corporación declaró EXEQUIBLES los artículos 10 y 11 de la ley 769 de 2002, en forma absoluta.
2. Declararse INHIBIDA para decidir en torno al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Aclaraciónde voto a la Sentencia C-714/03
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito magistrado aclara el voto; dado que en al sentencia C-385 del 13 de mayo de 2003 a la cual se remite el presente fallo, salvé mi voto, los argumentos allí expuestos también son aplicables en esta oportunidad y a ellos me remito.
[1]La Decanatura de la Facultad de Derecho de la universidad Santo Tomás recibió el 6 de marzo de 2003 el oficio 295, por el cual esta Corporación la invitó a emitir concepto frente a la norma demandada. Pero la respuesta la entregó la universidad el 9 de abril del mismo año.
[2] Sentencia C-447 de 1997. Fundamento 3.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 10

Artículo 136
 artículo 10
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 160
 artículo 10
 artículo 136
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 355
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13