Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S89-05.html
Timestamp: 2015-07-08 04:43:15+00:00

Document:
Cecilla Rosana Nuñez Chipana v. Venezuela, Caso 12.103, Informe No. 89/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 89/05[1]
18. Los peticionarios sustentan sus alegatos sobre la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley en el presente caso bajo el argumento de que el juez natural “violó gravemente el principio de igualdad de armas” al desconocer en absoluto los escritos finales presentados por la defensa de la señora Núñez Chipana. Asimismo, se alega la violación del derecho a buscar y recibir asilo por la carencia de respuesta a las diversas solicitudes de asilo formuladas y los “diversos obstáculos puestos por las autoridades venezolanas para formalizar la solicitud”. 19. Respecto de los requisitos de admisibilidad los peticionarios alegaron que la petición denuncia violaciones a derechos establecidos por la Convención, cometidas por un Estado parte; que la reclamación sobre violación de derecho no ha sido sometida a otro procedimiento internacional; que no existe otro recurso legal disponible en la jurisdicción venezolana y los existentes han sido agotados; y que la presente denuncia se presentó dentro del lapso de 6 meses siguientes al agotamiento de los recursos internos. En consecuencia, los peticionarios solicitaron “se diligencie la presente denuncia de conformidad con lo establecido en el artículo 44 a 51 de la Convención Americana y en el artículo 18 inciso a) del Estatuto de la Comisión”.
22. Según el Estado, la presente denuncia ante la Comisión y aquella presentada ante el Comité contra la Tortura presentan como común denominador la presunta víctima, el planteamiento de los hechos y las mismas alegaciones de orden jurídico. Así, la señora Núñez Chipana invocó ante el Comité contra la Tortura que fue detenida por autoridades de la DISIP bajo acusaciones de haber participado en la colocación de un artefacto explosivo en el Congreso de la República de Venezuela. La peticionaria alegó, además, que desde el momento mismo de su detención fue calificada de pertenecer a la organización sendero Luminoso. Asimismo, alegó que fue recluida en los calabozos de la DISIP en donde recibió un trato irrespetuoso de los derechos humanos, se le impidió firmar documentos en el lugar de detención, no se le permitió tomar luz solar y fue recluida en un calabozo pequeño y sin ventilación. 23. El Estado destaca que en el escrito presentado por la señora Núñez ante el CAT en fecha 21 de septiembre de 1998, la peticionaria invocó y solicitó al Comité que se pronunciara sobre las supuestas violaciones al debido proceso cometidas por el Estado de Venezuela en el procedimiento de extradición. Las presuntas violaciones alegadas fueron: haber dictado sentencia sin considerar el escrito presentado por sus abogados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no habérsele notificado oportunamente los motivos de su detención, y haber ejecutado la sentencia de extradición sin la decisión de la acción de amparo por ella interpuesta. El Estado alega que dichas alegaciones son idénticas a las formuladas por los peticionarios ante la Comisión Interamericana.
24. Asimismo, el Estado señaló que el CAT era competente para pronunciarse sobre todas las violaciones invocadas por la peticionaria. A juicio del Estado, la normativa que rige las competencias y funcionamiento del Comité claramente le facultan para pronunciarse sobre la no expulsión, devolución o extradición de una persona así como sobre las violaciones al debido proceso en los procedimientos de expulsión, devolución o extradición de una persona. Así, el artículo 2, numeral 1, 3 y el artículo 6 de la Convención contra la Tortura establecen los principios de actuación por parte de los órganos del Estado en la tramitación de los procedimientos de expulsión, devolución o extradición, esto es, las reglas del debido proceso. 25. El Estado argumenta que “los derechos que denunciara como violados la ciudadana Núñez Chipana ante la Comisión, se pueden condensar básicamente en la violación al debido proceso”. En este orden de ideas, aduce el Estado, es claro que la petición llevada ante la Comisión contiene básicamente la denuncia de los derechos que se relacionan íntimamente con lo que es la garantía del debido proceso. El Estado concluye que el Comité contra la Tortura ya se pronunció al respecto y la presente denuncia no es más que la reproducción de la petición ya formulada y decidida internacionalmente. En esta medida, la admisión de la presente denuncia significaría el doble juzgamiento del Estado venezolano por el mismo hecho, situación inaceptable en todos los ámbitos o ramas del derecho, incluso los derechos humanos. 26. En consecuencia, el Estado refiere que de los artículos 46 (1)(c) y 47 (d) de la Convención surge el principio de “una vía electa” de cuya aplicación resulta claro que la presentación contemporánea o sucesiva de peticiones sobre los mismos hechos y garantías es inadmisible, como ocurre en el presente caso. Por estas razones, el Estado solicita que la presente petición sea declarada inadmisible al tratarse de un tema ya decidido por otro organismo internacional.
Los comentarios de la autora 5.1. En sus observaciones sobre la exposición del Estado Parte la autora mantenía que la extradición se realizó sin que se hubiesen agotado los recursos judiciales, en momentos en que la Corte Suprema conocía de un recurso de amparo con solicitud de medidas cautelares contra la decisión que acordó la extradición. En efecto, la extradición se produjo el 3 de julio y sólo el 7 de julio de 1998 la Corte se pronunció sobre el recurso de amparo, declarándolo inadmisible así como la medida cautelar solicitada. Además, el traslado al Perú se produjo por sorpresa, sin que la fecha hubiera sido comunicada previamente a la autora o a su abogado. 5.2. La sentencia de la Corte Suprema no se refería en absoluto al contenido de los informes presentados por la defensa, mientras que incorporaba ampliamente la opinión favorable a la extradición emitida por el Fiscal General de la República. La sentencia tampoco hacía mención de las medidas provisionales solicitadas por el Comité, a pesar de que las mismas fueron invocadas por la defensa. Sólo el magistrado disidente se refirió a las mismas, añadiendo además que no existían fundados indicios para incriminar a la autora en los hechos imputados, que las condiciones en el Perú no garantizaban un debido proceso y que organismos internacionales se habían pronunciado sobre la flagrante violación de derechos humanos en el Perú. La autora argumentaba igualmente en contra de la opinión de la Corte Suprema sobre el carácter político de los delitos que se le imputan en el Perú. 5.3. Con respecto a la solicitud de asilo la autora afirmaba que ni ella ni su abogado habían recibido respuesta alguna al respecto, contrariamente a las afirmaciones del Ministro de Relaciones Interiores al ser interpelado ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Cámara de Diputados. Según éstas el Ministro habría comunicado a la autora mediante oficio de fecha 27 de marzo de 1998 que la solicitud de asilo no estaba acompañada de pruebas de que era perseguida política y que la decisión final correspondía a la Corte Suprema[9].
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2005 (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Florentín Meléndez y José Zalaquett
[3] CIDH, Informe Nº 96/98, (Inadmisiblidad), Caso 11.827, Peter Blaine c. Jamaica, 17 de diciembre de 1998, Párr. 42. [4] Ibídem, Párr. 43.
[5] Véase, por ejemplo, CIDH, Resolución 33/88, caso 9786 (Perú), en OEA/Ser.L/V/II.76, doc. 10, 18 de septiembre de 1989, considerandos d – h.
[7] Véase, por ejemplo, CIDH, Resolución 33/88, caso 9786 (Perú), en OEA/Ser.L/V/II.76, doc. 10, 18 de septiembre de 1989, considerandos d – h; Informe Nº 96/98, (Inadmisiblidad), Caso 11.827, Peter Blaine c. Jamaica, 17 de diciembre de 1998, Párr. 42. [8] ONU, Comité contra la Tortura, Cecilia Rosana Núñez Chipana v. Venezuela, Comunicación Nº 110/1998, U.N. Doc. CAT/C/21/D/110/1998.

References: artículo 44
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 6
 Resolución 
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