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IV. El principio de división de poderes	GC	2017-06-04T14:28:55+00:00
Capítulo IV. El principio de división de poderes
Los actos estatales presentan características distintas y si se realiza una clasificación de los mismos se obtienen tres categorías: actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales.
Originalmente el llamado principio de división de poderes
[i] atribuía una sola función a cada uno de los órganos estatales y esta atribución se hacía en forma exclusiva. De esta forma el resultado era que los actos legislativos solamente podía realizarlos la asamblea o congreso, los actos administrativos el poder ejecutivo y los jurisdiccionales eran exclusivos de los tribunales.
Una función estatal, al poder ser realizada por distintos órganos, hace necesario distinguir el aspecto formal del material. El aspecto formal hace referencia al órgano creador del acto, es decir la causa eficiente del mismo. Por su parte el aspecto material se refiere al acto mismo, a su sustancia o esencia, sin tener en cuenta quién realiza el acto.
El que una norma sea general implica que los destinatarios de la misma son indeterminados. Es por ello que las normas generales designan a los sujetos obligados por ellas, empleando categorías o términos genéricos y nunca nombrando individuos. Al respecto Gabino Fraga (2005) opina que “La generalidad de la ley debe estimarse como la esencia de la función legislativa.” (pág. 42).
El que una norma sea abstracta significa que la vigencia de la misma no está condicionada a un número determinado de actualizaciones del supuesto normativo. En otras palabras, la obligatoriedad de la norma no está limitada a una cantidad específica de casos concretos sino que resulta vigente para una infinidad de casos.
Miguel Carbonell (2005), al estudiar la abstracción de la norma, dice lo siguiente “la abstracción se referiría no a los sujetos, sino a las acciones, de forma que sería abstracta una ley que no predeterminara los casos a los que se va a aplicar” (2005, pág. 242).
Según el artículo 50 de la CPEUM la función jurisdiccional está atribuida en forma preponderante al Congreso de la Unión: “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados u otra de senadores.”
Si bien la regla general es que el Congreso ejerza la función legislativa, también hay excepciones según se describirá más adelante.¡
Entre las características que la doctrina encuentra en el acto administrativo están: ser un acto jurídico, estar regido por el Derecho público, y ser realizado por un órgano estatal por mencionar algunas.
En relación al acto jurisdiccional, se expone el concepto planteado por Oscar Morineau (2005) y Villalón (1950).
En general el concepto anterior es correcto, lo único que requiere es cierta precisión, es la labor del juez respecto de la segunda relación jurídica. Tanto Morineau (2005), como Villalón (1950), consideran que la tarea del juez solamente es constatar la existencia o inexistencia de tal relación jurídica. Si se observan las resoluciones de los jueces con seguridad se encontrarán casos que van más allá de la simple tarea de constatar la existencia o inexistencia de una relación jurídica. Muestra de lo anterior pueden ser los casos en que el juez le autoriza a una persona que ejerce la patria potestad la enajenación de ciertos bienes propiedad de sus hijos,[ii] las sentencias con efectos constitutivos, los casos de integración del Derecho, etcétera.
El conjunto de actos que son realizados al llevar a cabo la función jurisdiccional es complejo ya que el juez no solamente aplica el Derecho, también lo interpreta, lo integra, etcétera. Es por ello que se sugiere al lector consulte el apartado correspondiente del capítulo I de nuestro libro “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo”, ello para conocer las distintas teorías acerca de la jurisdicción y para vislumbrar a detalle y con ejemplos en qué consiste esta función estatal.
Por otra parte y de acuerdo con el artículo 94 de la CPEUM la función jurisdiccional se ejerce preferentemente por el Poder Judicial: “Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.”
Excepciones al principio de división de poderes
Al ser el principio uno de los pilares del constitucionalismo, sus excepciones deben estar previstas en forma expresa por la CPEUM, ya que de lo contrario los órganos constituidos pueden concentrar demasiado poder y hacer mal uso del mismo.
Enseguida se mostrarán algunas excepciones al principio de división de poderes autorizadas por la CPEUM y también se darán algunos ejemplo de excepciones no contempladas y por ende anticonstitucionales.
Actos legislativos expedidos por autoridades distintas del Poder Legislativo
Lo interesante de las normas jurídicas generales producto de la facultad reglamentaria del Ejecutivo es que tienen características propias que las distinguen de las leyes del Congreso.
En primer lugar, los reglamentos del Ejecutivo están subordinados a las leyes del Congreso, es decir no pueden establecer contenidos incompatibles con la ley que están desarrollando y tampoco pueden agregar elementos novedosos en relación a lo previsto por el legislador.
En segundo lugar, el ámbito personal de validez no es el mismo. Mientras una ley del Congreso puede regular la conducta de autoridades y particulares, el reglamento sólo puede regular la conducta de las personas que forman parte de la esfera administrativa.
Para determinar los alcances de la expresión “esfera administrativa” empleada por la Constitución resulta conveniente observar lo dispuesto por el artículo 90 de la CPEUM.
Como se puede observar, en el artículo 90 de la CPEUM establece elementos normativos que permiten delimitar el concepto de “esfera administrativa”, señalando que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal.
En ese orden de ideas es válido afirmar que el Constituyente consideró que la expresión “esfera administrativa” refiere únicamente a la Administración Pública y no así a los particulares, lo cual tiene absoluto sentido, pues las funciones encomendadas al Ejecutivo justifican que el titular de dicho Poder pueda emitir disposiciones generales destinadas a los entes públicos sometidos a su dirección, mientras que el afectar directamente a los particulares no se encuentra justificado pues dicha labor está reservada al Poder Legislativo.
Conviene mencionar que la propia CPEUM cuando refiere las afectaciones a los particulares emplea una terminología distinta, a saber, la “esfera jurídica” del artículo 107 fracción I de la CPEUM.
De lo dicho hasta este punto resulta que la CPEUM, al hablar de la afectación a los particulares, emplea la expresión “esfera jurídica”, mientras que la expresión “esfera administrativa” se encuentra reservada a Administración Publica (centralizada y paraestatal) en la que precisamente se lleva a cabo la función materialmente administrativa. Por lo tanto, es claro que la facultad reglamentaria, constitucionalmente no tiene los alcances necesarios para afectar a los particulares, más aun cuando los actos privativos y de molestia tienen que estar fundados en una ley y no en un reglamento según lo establecen los artículos 14 y 16 de la CPEUM.
Excepciones no autorizadas por la Constitución
Un ejemplo de un acto materialmente legislativo que es emitido en contravención del principio de división de poderes sin contar con autorización expresa de la CPEUM lo constituyen todos los reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados de la República, ello en virtud de que el artículo 116 de la CPEUM establece el principio de división de poderes sin hacer una excepción al respecto.
Al respecto podría alegarse que el artículo 21 de la CPEUM contempla los reglamentos de policía y buen gobierno y que por lo tanto dicho artículo constituye el fundamento expreso para que los gobernadores sean competentes para emitir reglamentos, pero dicho argumento es incorrecto ya que en términos del artículo 115 constitucional son los ayuntamientos, y no el gobernador, quienes pueden emitir actos materialmente legislativos:
Un ejemplo más de una violación al principio de división de poderes lo constituye la autorización de facultades extraordinarias prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:
Conviene recordar que en términos del artículo 41 de la CPEUM las constituciones locales deben ser acordes a la Constitución Federal y como ya se vio el artículo 116 establece al principio de división de poderes como obligatorio para los gobiernos locales.
Artículo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
El artículo 41 de la CPEUM es un reflejo más de la supremacía constitucional ya que dicho artículo establece la subordinación de los gobiernos locales a las disposiciones contenidas en la CPEUM.
Otro caso en que se viola el principio de división de poderes sin contar con autorización expresa de la CPEUM se encuentra en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Acciones y Controversias en adelante).
En relación a este caso, conviene precisar que una cosa es la jurisprudencia emitida con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Acciones y Controversias y otra distinta es la declaratoria general de inconstitucionalidad que sí tiene fundamento constitucional. Para un estudio más detallado al respecto se recomienda al lector nuestro libro “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo”.
Por último, la jurisprudencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevista en los artículos 141 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Distrito Federal también constituye una violación al principio de división de poderes que no cuenta con fundamento constitucional pues la Base Quinta del Artículo 122 se limita a señalar que el Tribunal resolverá las controversias entre los particulares y la Administración Pública del Distrito Federal:
Los anteriores ejemplos demuestran que en el sistema jurídico mexicano existen múltiples normas jurídicas que transgreden el principio de división de poderes y como consecuencia de ello pueden ser impugnadas para dejarlas sin efectos.
Actos administrativos expedidos por autoridades distintas al Poder Ejecutivo
Por lo que hace a algunas de las excepciones autorizadas constitucionalmente, tratándose de actos materialmente administrativos se puede mencionar que en términos de la Fracción II del artículo 76 de la CPEUM tiene la facultad de ratificar ciertos nombramientos de funcionarios públicos:
Un ejemplo de acto administrativo en el Poder Judicial Federal es la facultad concedida por el actual párrafo Tercero del artículo 97 de la CPEUM que establece: “La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados.”
Actos jurisdiccionales expedidos por autoridades distintas al Poder Judicial
En términos del artículo 178 bis fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con la facultad para declarar cuándo un particular transgrede el aviso comercial, marca, etc., de otro particular, es decir el Instituto se pronuncia de forma vinculante respecto de una relación entre particulares y ello constituye un acto jurisdiccional, ya que el Instituto no es parte material en la relación jurídica respecto de la que se pronuncia.
Artículo 178 bis.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del presente Título. Al efecto, el Instituto tendrá las facultades siguientes:
II.- Sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados, emitir las resoluciones que correspondan a dichos procedimientos e imponer las sanciones que procedan, y
Resulta irrelevante que el legislador haya calificado a dicha declaración como “administrativa”, pues su naturaleza jurídica no corresponde a un acto materialmente administrativo.
Otro ejemplo de una excepción al principio de división de poderes que resulta anticonstitucional es la contenida en las fracciones II y III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en la que se observa que el legislador indebidamente facultó al perito valuador referido en esas fracciones para determinar el precio del bien inmueble de forma vinculante para las partes materiales del procedimiento sin tener la calidad de juez, eliminando de manera absoluta las facultades de valoración de la prueba que le corresponden a todo órgano jurisdiccional.
ARTICULO 486. Para el remate, se procederá de la siguiente forma:
II.- En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria;
III.- En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado en la fracción I de este artículo, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para el remate el primero en tiempo;
Como se desprende de las fracciones citadas las partes deben someterse a la voluntad del perito valuador, lo cual hace notoria la violación al principio de división de poderes y a los artículos 17 Constitucional, 8 del Pacto de San José y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que la justicia será impartida por los Jueces y Tribunales y no por los peritos valuadores.
Finalmente se menciona el caso relativo a los artículos 75 y 92 de la Ley de Concursos Mercantiles que otorgan facultades jurisdiccionales al conciliador sin contar con autorización expresa de la CPEUM.
Artículo 75…
El conciliador decidirá sobre la resolución de contratos pendientes y aprobará, previa opinión de los interventores, en caso de que existan, la contratación de nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías y la enajenación de activos cuando no estén vinculadas con la operación ordinaria de la empresa del Comerciante. El conciliador deberá dar cuenta de ello al juez. Cualquier objeción se substanciará incidentalmente.
Artículo 92.-Los contratos, preparatorios o definitivos, pendientes de ejecución deberán ser cumplidos por el Comerciante, salvo que el conciliador se oponga por así convenir a los intereses de la Masa.
En el siguiente capítulo se abordará el tema relativo a la distribución de competencias realizada por la CPEUM.[i] Si bien la denominación de este principio ha sido criticada, su uso es bastante generalizado. No se abundará en esas críticas debido a que es un tema por demás conocido y las dificultades que presenta son principalmente de carácter semántico.[ii] Art. 436 CCDF.

References: artículo 50
 artículo 94
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 107
 artículo 116
 artículo 21
 artículo 115
 artículo 61
 artículo 41
 artículo 116

Artículo 41
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 105
 artículo 43
 Artículo 122
 artículo 76
 artículo 97
 artículo 178

Artículo 178
 artículo 486

Artículo 75
 resolución 

Artículo 92