Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-modifica-hidrologico-nacional-17832854
Timestamp: 2019-09-20 06:45:42+00:00

Document:
LEY 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 17832854
Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Junio de 2005
Marginal: BOE-A-2005-10622
Norma citada en: 300 sentencias, 58 artículos doctrinales, 27 disposiciones normativas, un tema práctico, 9 resoluciones administrativas, 7 noticias
En su dimensión económica, en tanto se han exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados y, en algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración; la estructura de precios para la industria, la agricultura y los consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplicarían tarifas diferentes según los territorios, ni cómo establecerían los acuerdos en materia de precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada.
En cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, y no se han despejado las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro; no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río Ebro y en particular del Delta; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats; existe un riesgo real de propagación de especies invasoras; en la evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados no se recoge ninguna información sobre la toma y la distribución del agua del trasvase, ni sobre los bombeos de agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto; tampoco se ha informado en el trámite de consulta sobre el aumento de salinidad previsto tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras, pospuesta a estudios futuros, que pueden llegar cuando el daño sea ya irreparable.
Y en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras.
Por otro lado, de realizarse el señalado trasvase no quedaría garantizado el cumplimiento de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente pueda verse comprometido por la transferencia, ni quedaría asegurada la obligada circulación del caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivación y el mantenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como expresamente exige la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco sobre Política de Aguas), patrón por el que deberán perfilarse las políticas hidráulicas de los Estados miembros en el siglo XXI.
De acuerdo con la citada Directiva europea, las transferencias entre cuencas sólo deben plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca; y, en todo caso, cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales que garanticen la calidad ecológica de las aguas. Ello es aplicable, evidentemente, a la única transferencia de agua de importancia significativa existente en España, el trasvase Tajo-Segura, cuya utilización deberá ajustarse, estrictamente, a las condiciones establecidas en la legislación vigente.
Adicionalmente, el exigible principio de recuperación de los verdaderos costes asociados al trasvase, haría inviable económicamente la utilización de los recursos aportados para el regadío y retrasaría en el tiempo la puesta en marcha de soluciones a problemas que son ya muy urgentes, mientras que existen alternativas técnicamente más recomendables, ligadas a la gestión de la demanda, a la utilización de desaladoras y a la reutilización de recursos, que pueden atender una demanda justificada y legítima, paliar la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, y asegurar el mantenimiento de los ecosistemas de interés natural, garantizando un uso más racional y sostenible de los recursos hidráulicos.
El panorama descrito lleva a considerar que el trasvase proyectado cuestiona gravemente los principios que la propia Ley 10/2001, de 5 de julio, establece en el artículo 12.
Es necesario por todo ello adoptar unas medidas cuya urgencia se justifica en las razones hasta aquí expuestas, ya que carecería de toda racionalidad continuar invirtiendo en las obras necesarias para realizar un trasvase que no se va a llevar a cabo. Además de un evidente despilfarro de recursos públicos, ello supondría impedir o retrasar, por inmovilización de recursos financieros, la exigible y urgente realización de las medidas estructurales de inversión y de gestión que se aprueban con el carácter de prioritarias y urgentes.
Porque la satisfacción de las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admite demora, y debe procurarse asegurando la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro.
Las medidas recogidas en esta Ley se centran, de una parte, en la derogación de los preceptos que regulan el trasvase y la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. En este sentido, el Anexo III incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, el nuevo Anexo IV comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse con carácter prioritario.
De otra parte, se incorporan determinadas reformas a la Ley de Aguas, entre las que cabe destacar: la demanialización total de las aguas desaladas; medidas de racionalización en la toma de decisiones sobre nuevas obras de interés general, a través de un estudio previo de sus costes económicos y ambientales; medidas para favorecer la mayor integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otras políticas, como las relativas a energía, transporte, ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, pesca, o turismo; la definición cualitativa de los caudales ecológicos, por su importancia para la conservación del medio ambiente hídrico y terrestre asociado; la determinación en los planes hidrológicos de cuenca de las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar los tramos de ríos con escasa o nula intervención humana; la exigencia de mediciones precisas de los caudales efectivamente consumidos o utilizados por los distintos titulares del derecho al uso privativo de las aguas; medidas de refuerzo de la policía de aguas; protección específica de las aguas destinadas a consumo humano y a riegos, garantizando la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblaciones; responsabilidad del concesionario para mantener los estándares de calidad de las aguas reutilizadas, que quedan asimismo demanializadas; mecanismos de coordinación entre Administraciones para la mejor aplicación del principio de recuperación de costes; y previsión de una normativa específica sobre seguridad de presas y embalses.
Se trata de un conjunto de reformas, parcial pero importante, que plasma la reorientación de la política del agua cuyos ejes principales son: cumplir las normas europeas, en particular la Directiva Marco 2000/60; garantizar la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión y el uso de los recursos hídricos, y utilizar para ello las mejores tecnologías disponibles.
Artículo único Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se modifica en los siguientes términos:
Primero.-El artículo 2.1.d) queda redactado como sigue:
Optimizar la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los territorios con escasez, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
La actualización de los Planes Hidrológicos de cuenca para el adecuado cumplimiento de los nuevos criterios de los Planes Hidrológicos de cuenca, contemplados por la Ley de Aguas modificada, haciendo especial atención al dimensionamiento de las necesidades actuales y previsibles de cada zona.
Las relativas a las siguientes materias, de conformidad con la regulación establecida en otros artículos de esta Ley y respetando las competencias de cada Administración: caudales ambientales, gestión de las sequías, protección del dominio público hidráulico, humedales e información hidrológica.
Estos programas considerarán especialmente las reglamentaciones que determinarán las condiciones técnicas definitorias de cada uno de los estados de las masas de aguas y potenciales en cumplimiento de los criterios de la Directiva Marco del Agua, así como los criterios de clasificación, en virtud del cumplimiento del artículo 92 ter.1 de la Ley 1/2001, de Aguas, de 20 de julio.
Artículo 15. Condiciones ambientales.
Con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, se someterán a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de manera individual y conjunta y, en su caso, planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las cuencas cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa que resulte de aplicación.
En los supuestos en que la normativa de aplicación no haya previsto la evaluación de impacto ambiental para las transferencias, todos los proyectos relativos a las mismas se someterán a la evaluación de impacto ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias las medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas en las declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten.
Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán las referidas reservas, y las considerarán como limitaciones a introducir en los análisis de sus sistemas de explotación. A propuesta de las Comunidades Autónomas estas reservas podrán integrarse en las redes de protección que la Comunidad haya previsto en el ejercicio de sus competencias.
La fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos del Agua de las respectivas cuencas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro.
El artículo 1, párrafo 2, de la Ley 18/1981 queda redactado de la siguiente forma:
Dos. Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la provincia de Tarragona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para los regadíos del Delta; a cuyos efectos se realizarán, en su caso, los necesarios reajustes de las actuales concesiones.
Se declaran de interés general las actuaciones incluidas en el Plan Especial del Alto Guadiana.
f) La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y nutrientes necesarios para los ecosistemas natu-rales.
Se modifica el Anexo II, Listado de inversiones, respecto de las siguientes actuaciones:
Cuenca del Ebro: la actuación denominada ''Embalse de San Salvador'' pasa a denominarse ''Embalse de Montbrun (San Salvador optimizado)''.
Cuenca del Júcar: la actuación denominada ''Interconexión Manises-Picasent'' pasa a denominarse ''Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre''.
Se incorporan al listado del Anexo II las siguientes actuaciones:
Cuenca del Tajo: infraestructuras de interconexión y aprovechamiento conjunto de los ríos Sorbe y Bornova.
Cuenca del Guadiana: mejora del abastecimiento a la comarca de Almadén.
Cuenca Hidrográfica del Sur.
Reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga.
Cuenca Hidrográfica del Segura.
Desaladora para L' Alacantí y Vega Baja.
Ampliación de la Estación Desaladora de Aguas Salobres -EDAS- de El Mojón y sus colectores.
Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales -EDAR- de Murcia-Este y dotación de tratamientos terciarios para su reutilización.
Interceptor de las aguas pluviales del norte del municipio de Murcia.
Cuenca Hidrográfica del Júcar.
Ampliación de la desaladora de Jávea
Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos en Castellón.
Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Novelda y Monforte del Cid.
Terminación de la reutilización de las aguas residuales de Pinedo.
Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Sueca.
Reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur.
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.
Prolongación del Canal de la Cota 100 del río Mijares.
Reutilización de aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí.
Mejora de la depuración y reutilización de aguas residuales de la Plana de Castellón.
Ampliación de la capacidad de depuración de agua en Sueca.
Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo del Algar.
Infraestructuras para la reutilización de las aguas residuales de las EDAR's de Monte Orgegia (Alicante) y Rincón de León (Alicante) por los usuarios del Vinalopó.
Desalobración e infraestructuras para la posterior reutilización agrícola de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Elda-Petrer, por los usuarios del Vinalopó.
Tratamiento terciario y reutilización de la EDAR de Alcoiá-Comtat para uso industrial.
Tratamiento terciario y reutilización de la EDAR de Ontinyent-Vall d' Albaida para uso industrial.
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía.
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Xàbia
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Oliva.
Encauzamiento del barranco de Juan de Mora (Castellón).
Programa de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías con agua dulce de los canales de riego (1.ª fase).
Programa para corregir subsidencia y regresión del Delta del Ebro (1.ª fase).
Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix.
Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro (1.ª fase).
Aprovechamiento por elevación de la capacidad no útil del embalse de El Grado.
Desaladora de agua de mar de Carboneras. 2.ª fase.
Reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga. 1.ª fase.
Colector de evacuación de aguas salinas en la Vega Baja y desalobradora.
Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Baja del Segura.
Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Media.
Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta. Ojós-Contraparada.
Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta hasta Ojós.
Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de las zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín.
Modernización de la infraestructura hidráulica de la zona regable de Librilla.
Mejora de la calidad del agua para abastecimiento urbano procedente del Tajo-Segura.
Terminación de la conservación y acondicionamiento del dominio público hidráulico en el río Segura, Contraparada-Guardamar (tramo Alicante).
Interceptor de aguas pluviales de las ramblas del norte del municipio de Murcia.
Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo de Algar.
Reutilización y balsa de regulación en Villajoyosa.
Gran reparación y automatización del canal principal del Campo del Turia.
Reposición de la Acequia Mayor de Sagunto, afectada por la construcción de la presa de Algar.
Infraestructura para la sustitución de bombeos en acuífero de La Mancha Oriental.
Desalobración e infraestructuras para la posterior reutilización agrícola de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Elda-Petrer por los usuarios del Vinalopó.
Tratamiento terciario y reutilización de la EDAR de Alcoià-Comtat para uso industrial.
Tratamiento terciario y reutilización de la EDAR de Ontinyent-Vall d'Albaida para uso industrial.
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Xàbia.
Programa de saneamiento de aguas resi-duales urbanas (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro (1.ª fase).
En aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que establece la prioridad de la cuenca cedente, el volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas las Comunidades Autónomas afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura.
El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las Comunidades Autónomas afectadas, tendrá en cuenta las implicaciones para la gestión del trasvase Tajo-Segura derivadas de las exigencias contenidas en la Directiva Marco del Agua.
En todo caso, durante la presente legislatura no se modificarán las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Disposición citada en: 9 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, una noticia
Disposición adicional segunda Cambio de denominación de la Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales.
El Gobierno, en el plazo máximo de tres meses, mediante convenio con la Generalidad de Cataluña, garantizará el acceso a la financiación con cargo a fondos comunitarios, con el máximo coeficiente de aportación posible y por cuantía equivalente a la prevista para la realización de las obras sustituidas en las cuencas internas de Cataluña que se relacionan:
Las que figuraban en los Anexos III.5 y IV.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, incorporados mediante el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio.
El Ministerio de Medio Ambiente informará anualmente a las Comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado del volumen y destino de los caudales transportados por el acueducto Tajo-Segura, de los ingresos y costes derivados de su explotación y utilización, con especial mención de los caudales transportados que no han generado ingresos, y de la distribución entre las Comunidades Autónomas y provincias beneficiarias de la recaudación obtenida por la tarifa de conducción del agua.
La inclusión de la «Conducción Júcar-Vinalopó» en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, no supondrá en ningún caso la afirmación de su validez frente a la nulidad declarada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de octubre de 2004 en relación con varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar.
Disposición citada en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales
En el marco del desarrollo de la planificación hidrográfica y con los plazos que exige la Directiva Marco del Agua, el Gobierno, previo consenso con las Comunidades Autónomas, y en el ámbito de sus competencias, llevará a cabo las actuaciones siguientes:
La revisión de la trasposición de la Directiva 2000/60/CE.
La adaptación de los Planes hidrológicos de cuenca a lo establecido en esta norma, disposiciones de desarrollo y a la trasposición de la Directiva 2000/60/CE.
La reforma del Consejo Nacional del Agua.
La revisión del Plan Nacional de Saneamiento.
Actuaciones en materia de protección y gestión de las aguas subterráneas.
Actuaciones en materia de protección de los humedales existentes.
Actuaciones en materia de gestión de pantanos a fin de recuperar sedimentos que puedan retornar a los ríos y eviten la regresión de las zonas costeras.
Actuaciones dirigidas a fomentar el ahorro de agua, incluida la posible sustitución de usos de aguas potables por aguas de otras procedencias.
Actuaciones relativas a campañas didácticas para promover un uso sostenible y racional del agua entre la población escolar.
Quedan derogados los artículos 2.2, letra e), 6, letra c), 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 36.4, segundo inciso (desde: «Por dicha razón.», hasta: «. la presente Ley»), de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Quedan derogadas las siguientes actuaciones del Anexo II, Listado de Inversiones, de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional:
Queda derogado el artículo 125 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
1. La actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la gislación sectorial aplicable.
2. En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo expediente las autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas hidrográficas a las que se refiere el ar-tículo 21 de esta Ley.
La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida pis-cícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.
h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región al abastecimiento de poblaciones.
Artículo 94. Policía de aguas.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, gra-bación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.
El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos.
Las Administraciones establecerán los oportunos mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión del agua.
Artículo 123 bis. Seguridad de presas y embalses.
Disposición citada en: 50 sentencias, 7 artículos doctrinales
Disposición final segunda Habilitación competencial.
Arts. 2.2.e), 13, 16 a 19, 21 a 23, lo indicado del 36.4 y lo indicado del anexo II, MODIFICA determinados preceptos y AÑADE dos disposiciones adicionales, una transitoria 4 y los anexos III y IV a la LEY 10/2001, de 5 de julio (Ref. 2001/13042)
Art. 125 de la LEY 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. 2003/23936)
MODIFICA determinados preceptos y AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4 a la LEY de Aguas, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio (Ref. 2001/14276)
CITA DIRECTIVA 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 (Ref. 2000/82524)
RECURSO 6651/2005, promovido contra el art. único, apartados 9 y 15 (Ref. 2005/18675)
RECURSO 6595/2005, promovido contra el art. único, apartados 9 y 15 (Ref. 2005/18674)
RECURSO 6522/2005, promovido contra el art. único, apartados 9 y 15 (Ref. 2005/18673)
RECURSO 6067/2005, promovido contra el art. 26.1 y la disposición adicional 10, apartados 1, A), B) y C), y 3 y 5 de la LEY 10/2001, de 5 de julio, en la redacción dada por el art. único (Ref. 2005/17502)
Entrada en vigor el 23 de junio de 2005.
Suplemento en Lengua Catalana y en Lengua Gallega el 1 de julio de 2005.
Suplemento en Lengua Valenciana el 1 de septiembre de 2005.
Edicto.-Cédula de notificación.-Autos 376/06
Texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. (Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero)
ORDRE TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
DECRETO 97/2007, de 4 de octubre, por el que se desconcentran determinadas competencias de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en el Gerente de Servicios Sociales.

References: artículo 12
 artículo 2
 artículo 92

Artículo 15
 artículo 1
 artículo 125
 Real Decreto 

Artículo 94

Artículo 123
 REAL DECRETO