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Timestamp: 2017-10-23 16:49:06+00:00

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Sentencia A.P. Pontevedra 53/2010, de 25 de marzo. Violencia en el ámbito familiar. Dilaciones indebidas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Pontevedra 53/2010, de 25 de marzo
En el presente caso dice la sentencia en el relato de hechops probados ninguna mención se hace a los hechos que sirven de base para la operación de la apreciación de las dilaciones indebidas. Se alude por el recurrente a la excesiva duración de la instrucción, indicando que alguna de las causasa del retraso fueron los traslados al Ministerio Fiscal. Pero, dice la Audiencia que no cosnta que tales actuaciones fueran innecesarias o no estuviesen justificadas; ni, por tanto, que exista retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional.
En PONTEVEDRA, a veinticinco de marzo de dos mil diez.
Vistas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, formada por su Presidente el Iltmo. Sr. D. ANTONIO BERENGUA MOSQUERA y las Magistradas DÑA. NÉLIDA CID GUEDE Y DÑA. CRISTINA NAVARES VILLAR, las actuaciones del recurso de apelación N.º 223/09 seguidas como consecuencia del formulado contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal N.º 2 de Pontevedra en el Procedimiento Abreviado N.º 119/09, sobre maltrato familiar y en el que es parte como apelante Juan María, representado por el Procurador JOSE PORTELA LEIROS y defendido por el Letrado CESAREO FERNÁNDEZ BOUZAS y el representante del Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Iltma. Sra. D.ª NÉLIDA CID GUEDE, quien expresa el parecer de la Sala, previa la preceptiva y oportuna deliberación y votación, procede formular los siguientes Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo:
Primero.-El Juzgado de lo Penal n.º 2 de Pontevedra dictó sentencia, con fecha 14.05.09 en la que constan como hechos probados los siguientes:
"Resulta probado y así se declara que Juan María y Tarsila mantuvieron una relación sentimental aproximadamente desde principios del año 2003 hasta aproximadamente junio de 2004, conviviendo mientras duró la relación en el domicilio propiedad de Tarsila, sito en la [...]; en Ponteareas; abandonando al romperse la relación Juan María dicho domicilio. La relación entre ambos fue conflictiva dado el carácter celoso de ambos.
En fecha no determinada de noviembre de 2003, antes del día 14 de dicho mes, Juan María e Tarsila discutieron en el domicilio común a causa de las llamadas que recibían en los móviles de terceras personas y en el transcurso de la discusión, Juan María empujó a Tarsila, la tiró contra el suelo, la agarró del pelo, la tiró del pelo y con un cuchillo le rasgó el jersey e intentó quitárselo. Tarsila no acudió en la fecha de los hechos a ningún centro médico, sin embargo una amiga que vio los hematomas avisó a la madre de Tarsila siendo ésta quien la convenció de que acudiera al servicio de urgencias, pero cuando fue llamada a declarar al Juzgado que recibió el parte médico, no quiso declarar ni ser reconocida por el Médico Forense, lo que dio lugar al sobreseimiento provisional de las actuaciones. En el parte médico de urgencias, de fecha 14 de noviembre de 2003, consta que Tarsila sufría hematomas en el párpado superior derecho y en el brazo derecho y erosiones en ambas axilas; que según el informe forense posterior, precisaron para su curación una primera asistencia y 15 días, sin que le restaran secuelas.
En fecha no determinada de diciembre de 2003 o enero de 2004, sobre las 20 horas, Juan María e Tarsila salieron del domicilio común y Juan María comenzó a empujar a Tarsila para que ésta entrara en el coche, resistiéndose ella, por lo que se golpeó con la cabeza en la puerta del coche. Felix compañero de trabajo de Tarsila que se encontraba en su caso, oyó gritos y salió al balcón, bajó a la calle y le dijo a Juan María que se fuera, observando Felix que las gafas de Tarsila estaban rotas. Tarsila no acudió a ningún centro médico.
Ya finalizada la relación sentimental entre Juan María e Tarsila, en fecha 1 de agosto de 2004, cuando Juan María acudió al que había sido domicilio común a recoger algunos efectos de su propiedad, se produjo una discusión entre ambos, en el curso de la cual los dos se golpearon; Juan María agarró del pelo y zarandeó en varias ocasiones a Tarsila e Tarsila empujó a Juan María, le tiró del pelo, le arañó en el pecho y le dio bofetadas en la cara.
A consecuencia de estos hechos Juan María sufrió doce lesiones erosivas lineales en el tórax en distintas direcciones y de diversa profundidad, epidérmicas y dérmicas, con costra sanguínea así como dolor a la palpación en el esternocleidomastoideo derecho y tímpano derecho retraído; precisando para su curación primera asistencia y 7 días, sin restarle secuelas. Tarsila sufrió crisis de ansiedad, que precisó para su curación primera asistencia y 1 día.
El día 14 de agosto de 2004, Juan María e Tarsila se encontraron en la playa de las barcas, en Vigo, discutiendo en el coche de Tarsila y en el curso de la discusión Juan María llamó a Tarsila puta y le borró los mensajes de su teléfono móvil. Por estos hechos se siguió en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo juicio de faltas, dictándose sentencia en fecha 27 de mayo de 2005 en la que se condenó a Juan María como autor de una falta de injurias a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de 4 euros, sentencia que devino firme al ser confirmada por la Audiencia Provincial en fecha 11 de abril de 2006.
A consecuencia de todos los hechos expuesto, Tarsila sufrió síndrome de estrés postraumático con fuerte sintomatología depresiva, habiendo recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico a partir de agoste de 2004 en el centro psicosocial de la Asociación Cidadá para a Prevención da Violencia; en Vigo. En fecha 26 de julio de 2007 la depresión sufrida por Tarsila se encontraba en fase de remisión y su situación psicológica era estable".
Segundo.-Dicha sentencia contiene el FALLO que literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a Juan María, como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar previsto y penado en el artículo 153 del Código Penal a la pena de 4 meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 1 año y 3 meses y prohibición de aproximación a Tarsila, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre a una distancia de 200 metros y comunicar con ella por cualquier medio, en ambos casos por tiempo de 1 año y 4 meses; como autor de un delito de maltrato previsto y penado en el artículo 153,2 del Código Penal a la pena de 11 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y 6 meses y prohibición de aproximarse a Tarsila, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre a menos de 200 metros y a comunicar con ella por cualquier medio en ambos casos por tiempo de 2 años; y como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar previsto y penado en el artículo 153,2 del Código Penal a la pena de 8 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y 1 día y prohibición de aproximarse a Tarsila, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre a menos de 200 metros y a comunicar con ella por cualquier medio por tiempo en ambos casos de 2 años; así como al abono de rasparte correspondiente de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular, debiendo indemnizar a Tarsila en la suma de 2885,27 euros por las lesiones causadas.
Que debo condenar y condeno a Tarsila como autora de un delito de maltrato en el ámbito familiar previsto y penado en el artículo 153 del Código Penal a la pena de 4 meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 1 año y 3 meses y prohibición de aproximarse a Juan María, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre a menos de 200 metros y comunicar con el por cualquier medio, en ambos casos por tiempo de 1 año y 4 meses, así como al abono de la parte correspondiente de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular, debiendo indemnizar a Juan María en la suma de 173,69 euros por las lesiones causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Tarsila del delito de maltrato habitual previsto y penado en el artículo 173,2 del Código Penal y de un delito de maltrato previsto y penado en el artículo 153 del Código penal por los que compareció como acusada, declarando de oficio la parte correspondiente de las costas procesales causadas.
Tercero.-Por la representación de Juan María, se formuló recurso de apelación, que le fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a las demás partes personadas y al Ministerio Fiscal.
Cuarto.-Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y una vez recibidas, se acordó la no celebración de la vista para la resolución del recurso, al no estimarse necesaria.
HECHOS PROBADOSSe acepta el relato de Hechos Probados de la Sentencia impugnada.
Primero.-La representación de Juan María, recurre en Apelación la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal que le condena como autor responsable de un delito de maltrato del art 153 del CP y dos delitos de maltrato en el ámbito del art 153,2 del CP., alegando, en síntesis, error en la valoración de la prueba e infracción del art 21,6 del CP. por no aplicación de la Atenuante de dilaciones indebidas, así como impugnación por falta de justificación de la responsabilidad civil fijada, interesando la revocación de la resolución impugnada y la absolución del recurrente, manteniendo la condena de Tarsila y, subsidiariamente, la aplicación de la Atenuante de dilaciones indebidas y la imposición de la pena inferior en grado.
Segundo.-Invocando el error en la valoración de la prueba, lo que pretende la parte recurrente es hacer una nueva valoración de la actividad probatoria con el fin de que prevalezca su criterio frente al del Juzgador de Instancia, alegación que no puede sostenerse ya que la declaración de hechos probados de la Sentencia, resultado de la percepción directa y de la valoración imparcial de las pruebas practicadas en la primera instancia, ajustadas a las prescripciones del art 741 de la LECrim, no puede sustituirla quien recurre por su particular versión de los hechos enjuiciados, salvo error demostrado de la Juez de lo Penal, que no consta se haya producido en el presente caso, más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a, las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el Juzgado, haciendo hincapié en si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios como aquéllos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales.
En el presente caso, la Juez a quo, que directa y personalmente presenció la practica de la prueba en el fundamento de derecho primero de la resolución impugnada hace un examen de la prueba practicada, analizando las contradictorias manifestaciones de ambos acusados que niegan sistemáticamente los hechos que a cada uno se atribuyen, así como las manifestaciones de los diversos testigos que deponen en el plenario, así como los datos objetivos derivados de los partes de lesiones e informes forenses e informes periciales practicados. Así, respecto de los hechos ocurridos con anterioridad al 14/11/03, valora la juzgadora, no solo las manifestaciones de la perjudicada y de su madre, cuya credibilidad, al margen de la mala relación que pueda tener con el acusado no pone en duda y que además se encuentran corroboradas por los partes e asistencia inicial y forense que aprecian unas lesiones que por su evolución y etiología estima compatibles con el mecanismo de producción descrito. Asimismo, respecto de los hechos acaecidos el día uno e agosto, valora la prueba practicada y razona expresamente, con criterio que se comparte, como la falta de signos de lesiones en Tarsila, a la vista de los golpes descritos consistente en zarandearla y el tirarle del pelo, tal como se describe en el relato e hechos probados, impide llegar a la conclusión de que se produjo un acometimiento mutuo. apreciado la juez a quo la credibilidad, verosimilitud y objetividad de su testimonio, excluyendo exista cualquier animadversión contra el acusado, sin que suponga afectación alguna de su credibilidad las supuestas contradicciones e imprecisiones a que se alude por el recurrente. Del mismo modo, deben rechazarse las alegaciones efectuadas respecto de los hechos en fecha no determinada del mes de diciembre o enero de 2004, por cuanto se ha contado con prueba e cargo suficiente, consistente en la declaración del testigo presencial que vió como Juan María intentaba que Tarsila entrase en el vehículo a empujones y como le dio un golpe con el Juan María de la puerta y le rompio las gafas, apreciando la juez a quo la credibilidad, verosimilitud y objetividad de su testimonio, excluyendo exista cualquier animadversión contra el acusado, sin que suponga afectación alguna de su credibilidad las supuestas imprecisiones a que se alude por el recurrente, respecto de la fecha de los hechos.
Tercero.-Debe rechazarse la pretensión del recurrente relativa a la apreciación de la Atenuante de dilaciones indebidas y, por tanto, la aplicación de la regla del art 66, 1 del CP. y ha de tenerse en cuenta que es necesario que los ingredientes de dicha circunstancia se declaren expresamente en la sentencia o se deduzcan de los hechos declarados probados, pues, como pone de manifiesto la STS de 17/5/07 el fundamento de tal atenuación radica en el particular sufrimiento que produce al reo la prolongada incertidumbre y ansiedad respecto del resultado del proceso penal; sufrimiento más o menos intenso en relación con la duración de esa dilación.
En el presente caso, en el relato de Hechos probados ninguna mención se hace a los hechos que sirven de base para la apreciación de las dilaciones indebidas y se alude por el recurrente a la excesiva duración de la instrucción, indicando que alguna de las causas de la dilatada instrucción fueron debidas a las vicisitudes relativas a la determinación del Juzgado competente y a los diversos traslados realizados al Ministerio Fiscal, pero no consta que tales actuaciones fueran innecesarias o no estuviesen justificadas, ni, por tanto, que exista retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, ni que sufrimiento implicó para el acusado, por lo que no procede su aplicación.
Cuarto.-Respecto a la indemnización por daños y perjuicios, hay que tener en cuenta que únicamente aquellos perjuicios que sean consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo son los que deben indemnizarse y a cuyo resarcimiento queda igualmente obligado el autor responsable de un delito o falta, y que el perjuicio debe ser probado por quien lo reclama. Desde esta perspectiva, en el relato de hechos probados consta que a consecuencia de todos los hechos, Tarsila sufrió síndrome de estrés postraumático, con fuerte sintomatología depresiva, habiendo recibido tratamiento psicológico y siquiátrica, valorando los informes periciales aportados, que acreditan que a partir de 1 de agosto de 2004 recibió tratamiento psicológico y siquiátrica en la Asociación Cidada para prevención da Violencia y en especial el informe sicosocial adscrito al Imelga y de la médico forense, perito judicial permanente que no se estima en modo alguno contradicho y que estima, a la vista de los antecedentes que examina que la perjudicada sufrió un síndrome ansioso-depresivo a tratamiento desde agosto 2004, que en fecha 26/7/07 se encontraba en fase de remisión, estimando correctamente fijada tanto la secuela como la indemnización otorgada.
Quinto.-Se declaran de oficio las costas del Recurso.
Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con el Artículo 117 de la Constitución, en nombre de S.M el Rey, por la autoridad conferida por el Pueblo Español,
DESESTIMAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador Sr. José Portela Leirós en nombre y representación de Juan María, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Pontevedra, que se confirma, con declaración de oficio de las costas del Recurso.
Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada DÑA. NÉLIDA CID GUEDE que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

References: artículo 153
 artículo 153
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 artículo 153
 artículo 173
 artículo 153
 resolución 
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 Artículo 117
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