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Timestamp: 2017-01-19 04:38:44+00:00

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El juicio a Fujimori: El fin de la impunidad? by José Alvear Restrepo - issuu
El juicio a Fujimori :
¿ El ﬁn de la impunidad ?
Preámbulo : Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten
de la libertad de palabra y de la libertad
de creencias;
Considerando esencial que los
derechos humanos sean protegidos por un
n°509e
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 2
más de 15 años de trabajo contra la impunidad
Palabras de Gisella Ortiz
Hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta y tenaz perseguidora de justicia
«Queridos amigos, amigas, familiares, todos:
15 años pueden signiﬁcar una fecha importante, decisiva muchas veces
Pero, ¿qué pasa cuando durante esos 15 años ha sido imposible hacerse entender, compartir nuestro
dolor, sensibilizar, alcanzar justicia?; ¿cuando todavía se levantan voces para limpiar de culpas a quienes nos quitaron a nuestros familiares y pretenden que los olvidemos y renunciemos a nuestro derecho
a hacer justicia?
15 años después de que el estado peruano decidiera acabar con la vida de nuestros seres queridos y
apropiarse de la nuestra, hace falta recordar cada día de espera, cada día de angustia, cada día de
lucha; pero también, cada día de acompañamiento y solidaridad encontrada. 15 años para recordar
quiénes son los culpables, dónde están escondidos de la justicia, por qué no hay castigo, quiénes permiten la impunidad.
Nos negamos a aceptar que la justicia sea una decisión ajena a nuestra voluntad, que sean
otros quienes ya exculpan sin entender responsabilidades; que sean otros quienes no denuncian
porque hay temor, indiferencia, exclusión. Éste es el grito estancado en la garganta, la lágrima seca
en el rostro por el tiempo; ésta es nuestra voz que ha de remecer nuestras fronteras, ésta es nuestra
esperanza que se transforma en sueños: sueños de justicia, de respeto a nuestra memoria, a nuestra
Seguimos ﬁrmes. hasta que se haga justicia.»
El 18 de julio de 2007
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 3
I. CONTEXTO : EL LARGO CAMINO HACIA LA JUSTICIA
A) Del auto golpe a la huida del dictador
B) Un paso adelante hacia la justicia: los fallos de la Corte
C) La extradición de Alberto Fujimori al Perú
II. EL JUCIO A FUJIMORI EN PRIMERA INSTANCIA: ¿HACIA EL FIN DE LA
IMPUNIDAD ?
A) Violaciones de Derechos Humanos por las que se juzga a Alberto
B) Observaciones del juicio
1. Desarrollo del juicio
1) Presentación de pruebas
2) Exposición de los cargos de acusación
3) Interrogatorio del acusado y presentación de testimonios
2. Importancia de la publicidad del JUICIO. Los medios de comunicación y el
III Ataques y amenazas a los defensores, testigos y víctimas, ﬁscales,
abogados y jueces por fujimoristas
A) Preocupante hostigamiento a los defensores, testigos y víctimas, ﬁscales,
B) Otros problemas detectados igualmente preocupantes, en relación al
derecho de las víctimas y de sus familiares a la verdad, justicia y reparación
A) En relación con las investigaciones de los crímenes cometidos durante el
B) Sobre el marco legal para garantizar la no repetición de los crímenes del
C) Sobre la protección de los defensores de derechos humanos, de las víctimas
y de sus representantes y de los jueces y ﬁscales
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 4
El 10 de diciembre de 2007, día internacional de los
derechos humanos, se inició un juicio histórico contra
el ex dictador Alberto Fujimori Fujimori en Lima, Perú.
Este ex Presidente, elegido inicialmente en 1990,
llevó a cabo un “autogolpe” en 1992 proclamando un
«Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional».
Fujimori es el primer Presidente en ser juzgado en su
país por crímenes graves tras su extradición por un
país tercero - Chile - lo cual constituye un paso muy
importante hacia el ﬁn de la impunidad. Hace ya varios
meses que este jefe de Estado se sienta en el banquillo
de los acusados, en la sala de audiencia del Tribunal
Supremo federal, especialmente construida para la
ocasión, en el Este de Lima.
Sin duda, este juicio es un logro de las víctimas, de sus
familiares y de los organismos de derechos humanos
que han hecho una campaña nacional e internacional
de varios años para que estos crímenes no queden en
la impunidad, y para que su máximo responsable sea
investigado y juzgado. La Justicia Peruana tiene ahora
el desafío de mostrar que es capaz de realizar un juicio
con debido proceso e imparcialidad contra un ex-Jefe
de Estado, permitiendo que participen las víctimas y
que se les garantice su derecho a la verdad, a la justicia
y a la reparación.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos
(FIDH) ha acompañado durante más de 15 años las
denuncias sobre las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas bajo el régimen de Fujimori, junto
con sus ligas en el Perú, la Asociación Pro Derechos
Humanos (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral
del Perú (CEDAL), y ha respaldado a las víctimas frente
al proceso de extradición desde Chile, lo cual se hizo
con el apoyo de su liga en ese país, la Corporación
de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEPU). Este proceso contra Fujimori, al igual que
su extradición desde Chile, trasciende las fronteras
peruanas y, son hitos remarcables de por sí en la lucha
contra la impunidad a nivel mundial.
La FIDH espera que este juicio sea la ocasión para
las víctimas de acceder a sus derechos a la justicia,
a la verdad y a la reparación integral. La FIDH insistió
también, a lo largo de este juicio, en la necesidad
de que las autoridades velen especialmente por la
seguridad y la integridad de todos los que participen
en este juicio: las víctimas, los testigos, abogados y
jueces, y los defensores de derechos humanos, de
manera a que no se volvieran a repetir las amenazas ni
ofensas como fue la profanación del memorial el Ojo
que Llora, construido como homenaje a las víctimas.
Este informe es el resultado de diferentes misiones de
observación del juicio que tuvieron lugar en diciembre
de 2007, para la apertura del juicio, y en febrero
del 2008 así como de reuniones con organizaciones
representantes de las víctimas en junio, julio y
La FIDH delegó en el ex Magistrado ANTONIO DOÑATE
y en el Abogado Defensor de Derechos Humanos ALIRIO
URIBE MUÑOZ para llevar a cabo la observación del
juicio a Fujimori con el objetivo de asegurarse de que
se respetasen los principios de derecho internacional
y regional de los derechos humanos en materia de
debido proceso, así como el derecho de las víctimas y
de sus familiares a la verdad y la justicia. La segunda
misión tenía además como objetivo investigar y narrar
los ataques y amenazas a los defensores, testigos,
ﬁscales, abogados y jueces.
La misión, durante la visita realizada a Lima en la semana
del 17 al 23 de Febrero de 2008, asistió a tres audiencias
del juicio que se adelanta al dictador ALBERTO FUJIMORI.
Y previamente, entre el 10 y el 13 de Diciembre de 2007,
se había realizado una visita a la instalación del Juicio
por parte del abogado Alirio Uribe.
Los miembros de la misión tuvieron algunas reuniones
con autoridades del Gobierno Peruano, entre ellas
con el señor VICEMINISTRO DE JUSTICIA, Dr. ERASMO
ALEJANDRO REYNA ALCANTARA, y el Consejero
Nacional de Derechos Humanos, Dr. LUIS ALBERTO
SALGADO, quienes excusaron a la Ministra de Justicia
La misión también se reunió con la Defensora del
Pueblo, Dra. BEATRIZ MERINO, y con la Jefa del Equipo
de Secuelas de la Violencia Política, Dra. GISELLA
VIGNOLO HUMANI.
La misión tuvo otra reunión en dependencias de
la Embajada francesa, con los Embajadores de la
Unión Europea en el Perú a la cual asistieron unas 20
delegaciones con Embajadores u otros funcionarios
diplomáticos de alto nivel.
La misión se reunió con el señor Presidente del Poder
Judicial del Perú, Dr. FRANCISCO TAVARA CORDOBA, y
con dos vocales magistrados del Tribunal que adelanta
el Juicio contra ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, los
señores Dr. CESAR SANMARTIN, magistrado que preside
el juicio, y el Dr. HUGO PRINCIPE.
También se reunió con familiares de las víctimas de los
casos de LA CANTUTA y de BARRIOS ALTOS: entre otros
con Gisela Ortiz, Carmen Amaro, Carolina Huaman
Oyague y asimismo con los abogados Antonio Salazar
García, Gloria Cano, Víctor Álvarez, Gustavo Campos y
Ronald Gamarra que representan a las víctimas como
abogados de la PARTE CIVIL.
De otra parte los miembros de la misión contribuyeron
al debate y discusión ante la opinión pública peruana
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 5
sobre las experiencias internacionales de juzgamiento
a ex-jefes de Estado por crímenes de lesa humanidad
y corrupción, participando en el Seminario realizado
el día 21 de Febrero en el auditorio del Colegio de
Abogados de Lima.
El objetivo de este informe consiste en volver de
nuevo sobre el largo proceso que condujo al actual
juicio del ex dictador peruano y en analizar este juicio
para evaluar su grado de transparencia, imparcialidad
y respeto de los principios del derecho a un debido
proceso así como del derecho a la justicia, a la verdad
y a la reparación de las víctimas y de sus familiares,
tomando en cuenta también el contexto peruano en el
que el juicio se está llevando a cabo.
niveles, con el apoyo de las fuerzas armadas. Este acto
es popularmente conocido como el “auto golpe”.
Sin duda la disolución del Congreso afectó de manera
dramática la democracia peruana, impidiendo la
disidencia política y acallando todo organismo de
control político sobre la conducta del poder ejecutivo.
I. CONTEXTO : EL LARGO
Otro gran perjudicado fue el Poder Judicial que perdió
totalmente su independencia y autonomía. Tres de
los siete miembros del Tribunal Constitucional fueron
destituidos, se retiró a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, se destituyó ﬁscales y jueces
considerados no proclives o enemigos del Gobierno, se
creó una planta judicial de jueces interinos y quedaron
por fuera de la carrera judicial un 80% de los jueces. El
Gobierno argumentó que todas estas medidas estaban
destinadas a combatir al grupo Sendero Luminoso y
al MRTA. En el mes de septiembre de 1992, el líder
del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, fue
capturado, juzgado y condenado a cadena perpetua.
A) Del auto golpe a la huida
del dictador1
En 1995, Fujimori fue reelecto esta vez como candidato
del partido Nueva Mayoría – Cambio 90, luego de haber
conseguido una reforma constitucional que le permitía
repetir mandato.
Fujimori fue electo a la presidencia del Perú en 1990, en
base a un programa en el que se prometía el desarrollo
tecnológico y económico, y la mejora de las condiciones
de vida y de trabajo de los campesinos. Durante
la campaña electoral, insistió sobre su honradez,
y aﬁrmó que acabaría con el Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Hizo
un llamamiento especial a los votantes de las zonas
rurales, a los indígenas, a los mestizos y a las clases
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, promulgó el
Decreto Ley N° 25418, con el cual instituyó un Gobierno
de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Entre las
motivaciones de dicho Decreto se indicaron la de
“moralizar la administración de justicia y las instituciones
vinculadas a ella; y el Sistema Nacional de Control,
decretando la reorganización integral del Poder Judicial,
del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo
Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público y de
la Controlaría General de la República” y la de “paciﬁcar
el país dentro de un marco jurídico que garantice la
aplicación de sanciones drásticas a los terroristas a
ﬁn de que, dentro de un clima de paz y orden interno
nuestra sociedad se desarrolle adecuadamente”. El
Gobierno de Emergencia disolvió el Congreso y destituyó
sumariamente a numerosos jueces y ﬁscales de todos los
Una grave crisis llegó a su nuevo gobierno cuando,
en diciembre de 1996, un comando del MRTA asaltó
la Embajada japonesa en Lima, reteniendo a una
gran cantidad de rehenes para solicitar a cambio la
liberación de presos pertenecientes a la organización.
En abril de 1997 se produjo la incursión de un comando
militar a la residencia y la liberación de 77 rehenes con
un saldo de 1 rehén, 2 militares y los 14 emerretistas
que resultaron muertos.
El 27 de diciembre de 1999, Fujimori anunció
formalmente su intención de ser reelegido Presidente,
noticia que, aunque esperada, fue caliﬁcada por los
partidos de oposición como una violación constitucional
y un intento de perpetuar el régimen autocrático.
Fue en esos meses cuando se cristalizó el malestar
popular por los excesos represivos de las fuerzas de
seguridad, protagonistas de numerosas violaciones de
los derechos humanos, el autoritarismo del Presidente
y la degradación de la situación económica.
Con una tensión social sin precedentes desde 1990,
Fujimori acudió a la primera vuelta de las elecciones
el 9 de abril de 2000, seguro de batir a su contrincante
Alejandro Toledo, quien al frente del movimiento Perú
Posible había acertado en capitalizar el descontento
popular. Sobre la caótica jornada electoral y el
subsiguiente escrutinio recayeron graves sospechas de
fraude, sobre todo por el retraso en varios días de la
1. Ver informes FIDH: Por el mismo sendero: la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Fujimori, mayo de 1992 y El golpe de
Estado Permanente?, Perú No 275/3, 1999, http://www.ﬁdh.org/spip.php?rubrique223
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 6
publicación de los resultados, los cuales dieron como
ganador a Fujimori con el 49,8% de los votos. Dicho
fraude fue denunciado por la Organización de Estados
Americanos (OEA) así como numerosos observadores
internacionales de derechos humanos2. También se
produjo una importantísima movilización por parte de la
sociedad peruana, caracterizada principalmente por la
marcha de los 4 suyos, durante la que miles de Peruanos
convergieron en Lima para expresar su descontento.
El 28 de julio de 2000, coincidiendo con el 179
aniversario de la independencia y con una segunda ola
de disturbios en Lima que causó seis víctimas mortales
y graves destrozos, Fujimori juró su tercer mandato,
pero poco después abandonaría el Gobierno. Pues,
el 14 de septiembre se desató un enorme escándalo
cuando el opositor Frente Independiente Moralizador
difundió un video en el que se veía a un congresista
recientemente fugado al bloque fujimorista recibir
dinero de Vladimiro Montesinos, asesor y colaborador
de Fujimori desde 1990. A Montesinos se le tenía como
responsable encubierto del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) y como el verdadero cerebro de las
operaciones contra el terrorismo, la delincuencia y el
La opinión pública había personiﬁcado en él las graves
violaciones de los Derechos Humanos imputadas
al régimen y los fenómenos de corrupción. El 16 de
septiembre, Fujimori salió a escena para anunciar la
convocatoria de nuevas elecciones en 2001, la entrega
del poder al ganador de las mismas y la desactivación
del SIN. El 24 de ese mes, Montesinos abandonó el
país como un fugitivo y llegó a Panamá, donde recibió
asilo. El 14 de noviembre, Fujimori viajó oﬁcialmente a
Brunei, pero en realidad se dirigió a Japón y renunció
desde allí al cargo de Presidente, el 20 de noviembre
de 2000. Al día siguiente, el Congreso peruano declaró
el mandatario “moralmente incapacitado” para el
desempeño de su cargo y lo destituyó.
El 13 de febrero de 2001, la Fiscalía de la Nación acusó
formalmente al ex mandatario de enriquecimiento ilícito
y malversación de fondos públicos, y seis días después fue
la comisión investigadora del Congreso la que aprobó el
mismo procedimiento por los cargos de incumplimiento
de su deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución
peruanas, de usurpación de funciones y de abandono de
la función pública. El 23 de febrero de 2001, el pleno
del Congreso presentó una acusación constitucional en
su contra y lo inhabilitó para el desempeño de cualquier
cargo público durante diez años. Cinco días más tarde la
Fiscalía de la Nación remitió la denuncia correspondiente
a la Corte Suprema3.
En 2003, el gobierno peruano pidió a Japón la
extradición de A. Fujimori y se emitió una orden de
captura internacional desde Interpol, por diez casos
de corrupción y por dos acusaciones de violaciones
de derechos humanos, vinculadas con los casos “La
Cantuta”, “Barrios Altos” y “Sótanos SIE”. Se trataba en
particular de los delitos de homicidio caliﬁcado, lesiones
graves o lesiones corporales, desapariciones forzadas o
El 6 de Noviembre del 2005, Alberto Fujimori, fue
capturado en Santiago de Chile a su llegada desde Japón,
en aplicación de la orden de captura internacional
“ángulo rojo” de la INTERPOL, que regía para 189
países, incluido Chile. En septiembre de 2007, tras dos
años de procesos y hesitaciones por parte de la justicia
chilena, la Corte Suprema de Chile admitió ﬁnalmente
la extradición de A. Fujimori al Perú donde se inició un
juicio el 10 de diciembre del mismo año.
B) Un paso adelante hacia la justicia:
los fallos de la Corte Interamericana
A pesar de su huida y de las diﬁcultades para
obtener su extradición, las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante su mandato no
quedaron totalmente impunes. Los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los casos de
«La Cantuta» y «Barrios Altos» aparecieron como un
punto mayor y abrieron la posibilidad real de superar
la impunidad en el Perú.
EL CASO «BARRIOS ALTOS» :
El día 3 de Noviembre de 1991 los integrantes del
grupo «Colina» autorizados por Fujimori, portando
pistolas y ametralladoras con silenciadores, ingresaron
violentamente en el inmueble ubicado al Jirón Huanta
N°840 del distrito de Barrios Altos en donde un grupo de
personas, identiﬁcadas por la inteligencia militar como
presuntos terroristas, realizaba una actividad social
destinada a recaudar fondos para la reparación de sus
viviendas. Después de obligar a los asistentes a echarse
en el piso, mientras los acusaban de terroristas, los
miembros del grupo «Colina» dispararon contra ellos,
ejecutando arbitrariamente a 15 personas (Luis León
Borja, Luis Diaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro,
Placentina Chumbipuma Aguirre, Octavio Huamanyauri
Nolasco, Filomeno León León, Maximo León León, Luis
Quispe Huanaco, Tito Ramírez Alberto, Teobaldo Rios
2. Ver informe FIDH Misión Internacional de Observación Electoral, Perú No 289/3, 2000.
3. Ver informe de la FIDH Perú: Avances y Retrocesos en la Lucha contra la Impunidad, No 366/3, 2003.
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 7
Lira, Manuel Rios Perez, Nelly Rubina Arquiñigo, Odar
Sifuentes Nuñez, Benedicta Yanque Churo y Javier
Manuel Rios Rojas), entre ellas a un niño de ocho años, y
dejando gravemente heridas a otras cuatro personas.
La sentencia del caso «Barrios Altos» proferida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14
de marzo de 2001, dejó clara la responsabilidad del
Estado peruano a nivel internacional, condenándolo
por la violación de los derechos humanos a la vida; a
la integridad personal; a las garantías judiciales y a la
protección judicial de las víctimas.
Esta sentencia anula los efectos de las leyes de
impunidad en el Perú con la ﬁnalidad de permitir el
juzgamiento de quienes cometieron estos crímenes y
establece, además, una prohibición general de todas
las leyes de amnistía, lo cual constituye un gran avance
para la jurisprudencia interamericana en su conjunto.
En efecto, la Corte considera que “son inadmisibles
las disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación
y sanción de los responsables de las violaciones graves
de los derechos humanos tales como la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”
(§41). La Corte concluye entonces: “Como consecuencia
de la maniﬁesta incompatibilidad entre las leyes
de autoamnistía y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de
efectos jurídicos y no pueden seguir representando
un obstáculo para la investigación de los hechos que
constituyen este caso ni para la identiﬁcación y el
castigo de los responsables, ni puedan tener igual o
similar impacto respecto de otros casos de violación
de los derechos consagrados en la Convención
Americana acontecidos en el Perú [...] el Estado del
Perú debe investigar los hechos para determinar
las personas responsables de las violaciones de los
derechos humanos a los que se ha hecho referencia
en esta Sentencia, así como divulgar públicamente
los resultados de dicha investigación y sancionar a
los responsables.”
En aplicación de esta sentencia se abrieron cientos de
causas entre las que están las que motivaron la petición
de extradición de Fujimori.
EL CASO «LA CANTUTA» :
Este crimen ejecutado por el grupo «Colina» el día
18 de julio de 1992, formó parte de un «operativo
antisubversivo» llevado a cabo en la Universidad
Enrique Guzmán Valle «La Cantuta», con la autorización
del ex Presidente Fujimori. En este operativo militar
intervinieron diversas unidades del Ejército, miembros
del Servicio de Inteligencia del Ejército e integrantes
del grupo «Colina», quienes en horas de la madrugada
ingresaron a dicho centro universitario y procedieron
a ubicar y detener en forma arbitraria a nueve
estudiantes y un profesor. Después de ser torturados,
los detenidos fueron conducidos a la Escuela de
Comandos del Ejército, lugar donde no se les recibió a
pesar de presentar evidencias de haber sido golpeados.
En lugar de ello, se les trasladó al campo de tiro de
Huachipa en donde ﬁnalmente serían ejecutados
y enterrados. Los estudiantes y el profesor fueron
asesinados con disparos de arma de fuego en la cabeza
y nuca. Posteriormente, parte de los restos fueron
incinerados para evitar su identiﬁcación y trasladados
en cajas de cartón al distrito de «Cieneguilla», lugar
donde fueron nuevamente enterrados en dos fosas
En su decisión del 29 de noviembre de 2006, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó
al Estado peruano en el caso de «La Cantuta», por
los hechos arriba mencionados, ocurridos durante
la presidencia de Fujimori: la Corte declaró por
unanimidad que el Estado peruano violó el derecho a
la vida, a la integridad personal y libertad personal, y
el derecho a las garantías judiciales y a la protección
judicial, derechos consagrados en la Convención
Además de la condena al Estado peruano, esta
sentencia debe ser destacada por varios de sus
aspectos: primero reitera la prohibición total de
las leyes de amnistía por su incompatibilidad con
la Convención Americana (§80.62), ﬁjando así la
jurisprudencia sentada en el caso Barrios Altos, luego
establece claramente la implicación directa y por lo
tanto la responsabilidad de Fujimori en la comisión
de graves violaciones de derechos humanos bajo su
régimen y, ﬁnalmente, erige al rango de obligación
erga omnes la obligación de juzgar y sancionar a
los responsables de violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, lo cual conlleva no solamente una
obligación positiva de investigar, juzgar y sancionar a
los autores de las graves violaciones cometidas para
el Perú, sino también para los Estados terceros que
deben de colaborar con el Perú para no permitir que
estos hechos queden impunes.
En lo que se reﬁere a la responsabilidad de A. Fujimori,
la Corte reconoció que “la planeación y ejecución de
la detención y posteriores actos crueles, inhumanos y
degradantes y ejecución extrajudicial o desaparición
forzada de las víctimas, (...) no habrían podido
perpetrarse sin el conocimiento y órdenes superiores
de las más altas esferas del poder ejecutivo y de las
fuerzas militares y de inteligencia de ese entonces,
especíﬁcamente de las jefaturas de inteligencia y del
mismo Presidente de la República” (§ 96) y consideró
que “la ausencia de uno de los principales procesados,
el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, inicialmente
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 8
asilado en el Japón y actualmente detenido en Chile,
determinan una parte importante de la impunidad de
los hechos.” (§147)
Asimismo, la Corte llamó el Estado peruano a cumplir
con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a
los responsables de los crímenes cometidos en el caso
“La Cantuta” en un plazo razonable (§9 del dispositivo)
y valoró los esfuerzos realizados por el Perú para
obtener la captura y extradición de Fujimori, a ﬁn de
que sea juzgado (§ 159 y §9 del dispositivo), invitándole
a seguir en este sentido. Estableció en consecuencia
una obligación erga omnes para los demás Estados
partes a la Convención Americana de cooperar para
que los crímenes cometidos no queden impunes. La
Corte consideró que: “En los términos del artículo
1.1 de la Convención Americana, los Estados están
obligados a investigar las violaciones de derechos
humanos y a juzgar y sancionar a los responsables.
Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún
tratándose de un contexto de violación sistemática
de derechos humanos, la necesidad de erradicar la
impunidad se presenta ante la comunidad internacional
como un deber de cooperación interestatal para
estos efectos. El acceso a la justicia constituye una
norma imperativa de Derecho Internacional y, como
tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados
de adoptar las medidas que sean necesarias para
no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea
ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho
interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en
su caso, sancionar a los responsables de hechos de
esa índole, o colaborando con otros Estados que lo
hagan o procuren hacerlo. La Corte recuerda que,
bajo el mecanismo de garantía colectiva establecido
en la Convención Americana, en conjunto con las
obligaciones internacionales regionales y universales
en la materia, los Estados Parte en la Convención
deben colaborar entre sí en ese sentido” (§160).
La Corte pidió además al Estado peruano proceder a
reparaciones individuales y colectivas por los crímenes
cometidos. Entre otras cosas, se pidió al Estado
peruano realizar un acto público de reconocimiento
de su responsabilidad por la desaparición forzada o
ejecución extrajudicial en los hechos de La Cantuta,
y de inscribir los nombres de las 10 víctimas en el
monumento de homenaje denominado “El Ojo que
Estas decisiones contribuyeron verdaderamente
a la lucha por la verdad y la justicia en Perú,
inscribiéndose en el marco de la lucha internacional
contra la impunidad, añadiéndose a los esfuerzos para
sancionar a los responsables de graves violaciones de
C) La extradición de
Alberto Fujimori al Perú
En 2001, se inició la campaña por la extradición de
Alberto Fujimori. Diversos organismos de derechos
humanos realizaron acciones a nivel nacional e
internacional a favor de la extradición del prófugo
ex Presidente refugiado en Japón. En 2002, la Corte
Suprema de Justicia de Perú pidió al gobierno que
solicitara la extradición desde Japón del ex-Presidente
Alberto Fujimori. El 13 de junio de 2002, el pedido
de extradición de Fujimori por su responsabilidad
en los delitos de asesinato, lesiones graves y de
lesa humanidad cometidos por el Grupo Colina fue
aprobado por el Consejo de Ministros del Perú. Pero
Fujimori se amparó en su doble nacionalidad, logrando
ser protegido durante cinco años por las autoridades
japonesas quienes no respondieron a los reiterados
pedidos judiciales del Estado peruano para su pedido
de extradición, vulnerándose así los principios del
derecho internacional instalados a partir del Tribunal
de Nuremberg (1946). El gobierno peruano advirtió
entonces que si Japón señalaba que era japonés, el
Perú iría al Tribunal de la Haya a discutir la nacionalidad
preponderante ya que Fujimori era peruano y no existía
convenio de doble nacionalidad entre Perú y Japón. El
6 de noviembre de 2005, Fujimori huyó a Chile.
Fujimori fue detenido el día 7 de noviembre de 2005
y permaneció seis meses privado provisionalmente
de libertad para ser sometido al procedimiento de
En el proceso de extradición, el Estado peruano solicitó
que, conforme a los tratados internacionales4, se
concediera su remisión ante la Justicia del territorio
en el que se lo acusaba de haber cometido graves
En 2006, el gobierno peruano entregó 12 cuadernillos
a ﬁn de que Alberto Fujimori pudiera ser extradito
y juzgado en el Perú. A la presentación de los
expedientes, se agregaron otros crímenes cometidos
por el gobierno de Fujimori donde se le indicaba como
responsable directo o indirecto. El juez chileno inició
formalmente el proceso de extradición y ordenó la
detención indeﬁnida del ex gobernante. Pero el 18
de mayo de 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema
de Chile otorgó la libertad provisional bajo ﬁanza a
Fujimori, éste quedando sujeto solamente a la medida
de arraigo, lo que le impidió abandonar el país.
Casi un año y medio después de su captura, no se
había realizado todavía el informe en derecho de la
Fiscal de la Corte Suprema, debido no solamente a una
actitud dilatoria de Fujimori, sino también a una falta
de interés del Estado peruano en que Fujimori fuera
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 9
extraditado4. Finalmente, en junio de 2007, la ﬁscal del
Tribunal Supremo chileno, Mónica Maldonado, entregó
su informe en donde recomendó la extradición al Perú
de Alberto Fujimori por diversos casos de corrupción y
violaciones a los derechos humanos, entre los cuales
los casos La Cantuta y Barrios Altos. Pese a no ser
vinculante, el informe de la ﬁscal Maldonado que era
una opinión del Estado chileno y reconocía que existía
evidencia suﬁciente de la participación de Alberto
Fujimori como jefe de Estado en la creación de un
grupo de aniquilamiento responsable de crímenes de
lesa humanidad, sentó un precedente y allanó así el
camino para que Fujimori sea sancionado. Con este
informe, el sistema judicial chileno acogió además la
recomendación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos formulada en el caso La Cantuta, en donde
señaló la obligación internacional de Chile de cooperar
para que Fujimori sea juzgado y castigado por los
graves crímenes revelados en este caso, evitando de
esa manera que los hechos queden en la impunidad.
A pesar de ello, el 11 de julio de 2007, el magistrado
chileno, el Sr. Orlando Alvarez, encargado del asunto
Fujimori desde su detención en Chile en 2005, rechazó la
extradición de Fujimori al Perú, lo cual suscitó una gran
preocupación entre las víctimas y las organizaciones
que les están acompañando5. El Juez Álvarez argumentó
su fallo diciendo que las pruebas aportadas eran
insuﬁcientes y vagas, a pesar del informe de la Fiscal
Maldonado que las había considerado contundentes,
y de la sentencia de la Corte Americana de Derechos
Humanos en el caso de la Cantuta arriba mencionada
en la cual se demostró claramente la responsabilidad
de Fujimori en los crímenes cometidos. Además, del
fallo se desprendía una interpretación errónea de las
leyes chilenas por parte del Juez ya que el estándar
probatorio para justiﬁcar la extradición exige solamente
la existencia de indicios suﬁcientes para establecer una
presunción fundada de la participación del requerido y
no un juzgamiento del mismo.
Afortunadamente, esta decisión fue revisada por la
Segunda Sala Penal de la Corte Suprema chilena quen
concedió, en un fallo del 21 de septiembre 20076, la
extradición de Fujimori al Perú por los “delitos de
homicidio caliﬁcado y lesiones” de las matanzas de la
Cantuta y Barrios Altos7 y los “delitos de secuestros” en
el caso Sótanos del SIE8 y otros cinco de corrupción. Es
una decisión histórica que sobrepasa las fronteras de
América Latina, y viene alentar la colaboración entre
los Estados encaminada a ponerle ﬁn a la impunidad
de que han gozado jefes de Estado o de gobierno
que han cometido crímenes de lesa humanidad,
graves violaciones de derechos humanos y/o abusado
de recursos públicos. Al día siguiente, Fujimori fue
extraditado al Perú.
II. EL JUCIO A FUJIMORI EN
PRIMERA INSTANCIA: ¿HACIA
EL FIN DE LA IMPUNIDAD ?
La FIDH se alegra de que las autoridades judiciales
peruanas hayan permitido la apertura rápida del juicio
al ex Presidente Alberto Fujimori, cayendo además en
el día simbólico que es el 10 de diciembre 2007, día
A) Violaciones de Derechos
Humanos por las que se juzga a
De los 12 cuadernos de extradición remitidos por el
gobierno peruano al gobierno chileno, los casos de 7 de
estos cuadernos fueron admitidos por la Segunda Sala
de la Corte Suprema, los demás quedando excluidos.
Acatando a la decisión de extradición de la Corte
Suprema chilena, la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú emitió, el
6 de noviembre de 2007, una “acusación acumulativa
contra ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o FUJIMOR KENYA
como autor de los delitos:
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -HOMICIDIO
CALIFICADO, ASESINATO, en agravio de Luis Antonio León
Borja, Luis Alberto Lazo Astovilca, Alejandro Rosales
Alejandro, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre,
Octavío Benigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno León
León, Máximo León León, Lucio Quíspe Huanaco, Tito
Ricardo Ramlrez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel
Isaías Rios Pérez, Nelly María Rubina Arquiñígo, Odar
4. Ver Informe FIDH: “¡Fujimori: extradición al Perú o juicio en Chile!”, mayo 2007
5. Ver comunicado “La FIDH considera un grave error el rechazo del pedido de extradición de Fujimori al Perú”, 19 de julio 2007, http://
www.ﬁdh.org/spip.php?article4494
6. Para la decisión de la Corte Suprema ver http://www.cortesuprema.cl/index2.php?pagina1=causas/esta402.php?h=AAANmYAAMAABI71AAU.
Ver también el comunicado “Extradición de Fujimori: se resquebraja la inmunidad e impunidad de los jefes de Estado!”, 21 de septiembre 2007,
http://www.ﬁdh.org/spip.php?article4719
7. La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile decidió lo siguiente: “se acogerá el pedido de extradición instaurado por el Estado peruano,
por las circunstancias referidas en el presente cuaderno nominado “Barrios Altos - La Cantuta”, por los delitos de homicidio caliﬁcado y
lesiones” (cuaderno de extradición N° 15-05).
8. «se admitirá el requerimiento de extradición formulado por el Gobierno de la República de Perú, en lo relacionado con estos antecedentes
pero sólo acotado a los delitos de secuestro y respecto de las víctimas antes indicadas -Gorriti y Dyer».
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 10
Mender Sifuentes Núñez, Benedicta Yanque Churo y
Javier Manuel Ríos Rojas, (Caso Barrios Altos), y Juan
Gabríel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague
Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales
Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortíz
Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides
Pablo Meza y Hugo Muñoz Sánchez (Caso La Cantuta),
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –LESIONES
GRAVES, en agravio de Natividad Condorcahuana
Chicaña, Felipe León León, Tomas Livias Ortega y
Alfonso Rodas Albitres, (Caso Barrios Altos), y
Contra la Libertad Personal- SECUESTRO en agravio
de Samuel Edward Oyar Ampudia y Gustavo Andrés
Gorriti, Ellenbogen” (Caso Sótanos del SIE)9.
Estos crímenes fueron cometidos en el marco de tres
casos distintos: el caso Barrios Altos, el caso la Cantuta
y el caso denominado Caso Sótanos del SIE. Los delitos
“contra la Libertad Personal – secuestro” se reﬁeren a
los hechos perpetrados en este último caso.
Para una presentación de los hechos en los Casos
Barrios Altos y la Cantuta, por favor ver más arriba.
Caso Sótanos del SIE : durante el gobierno de Alberto
Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia empleaba
las instalaciones del Cuartel General del Ejército,
conocido como “Pentagonito”, como un centro de
detención clandestino para los castigos, torturas y
ejecuciones a opositores del régimen dictatorial.
Alberto Fujimori habría ordenado, conocido y permitido
el secuestro y torturas de personas consideradas como
opositoras a su régimen, las mismas que eran detenidas
y en ocasiones torturadas en las instalaciones del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), lugar donde
precisamente el ex-Presidente ﬁjó su residencia
durante el año 1992. La versión de los ex agentes del
grupo Colina, Jesús Sosa y Santiago Martin Rivas, los
cuadernos del SIE y las investigaciones de los casos
fueron remitidos a la justicia chilena, a ﬁn de demostrar
que durante el gobierno de Fujimori existió un patrón
sistemático de violaciones a los derechos humanos que
obedecía a una estrategia de lucha contra la subversión
diseñada por el mismo Fujimori.
Entre las víctimas que estuvieron recluidas en los Sótanos
del SIE ﬁguran los estudiantes de la Universidad Nacional
del Callao, Martín Rocas Casas y Kenneth Anzualdo
Castro, asimismo, el caso del ex docente ayacuchano
Justiniano Najarro Rúa. El desenlace de estos casos
fue descubierto a partir de la publicación del libro
“Muerte en el Pentagonito”, del periodista peruano,
Ricardo Uceda, en donde se aclaró que los autores de
estos crímenes pertenecieron al SIE, lugar en donde las
víctimas fueron ultimadas y sus restos, calcinados. El
libro se basó en el testimonio del ex agente del Grupo
Colina, Jesús Sosa, conocido como “Kerosene”, quien
narró cómo los estudiantes (Roca y Anzualdo) y el ex
docente (Najarro) fueron secuestrados, torturados en
los sótanos del SIE y posteriormente incinerados en un
horno de dicha dependencia castrense. A estos casos se
agregan los del empresario Samuel Dyer y el periodista
Gustavo Gorriti quienes también estuvieron retenidos
en las instalaciones del Pentagonito pero salieron
vivos y, hoy en día, intervienen como agraviados en el
juicio llevado a cabo en contra de Fujimori. Incluso, la
propia esposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi, fue
secuestrada y conducida a los sótanos del SIE en donde
fue golpeada y mantenida drogada en un calabozo.
Los hechos ocurrieron cuando Fujimori residía en las
instalaciones del SIE, en 1992.
Samuel Edward Dyer fue detenido, el 27 de julio de 1992,
por el General Carlos Domínguez Solís, en ese entonces,
Jefe de la Dirección de Contra Inteligencia del SIN, en
el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. Luego fue
conducido a las instalaciones del SIE, especíﬁcamente
a los sótanos de dicho establecimiento. La detención
se produjo al amparo de una supuesta requisitoria
por terrorismo, sin embargo nunca se la mostraron,
ni tampoco el control de la oﬁcina de Migraciones del
Aeropuerto registraba una orden judicial. El agraviado
fue conducido en una camioneta a las instalaciones del
SIE y fue recibido por el Coronel Alberto Pino Cárdenas.
Allí estuvo retenido en una celda de 3x3 metros, sin
agua ni servicios. Ese lugar tenía una pequeña ventana,
con rejas al lado izquierdo, por donde no se veía
nada. Al parecer se trataba de un corredor. Cuando
Dyer salió del sótano vio al requerido caminar por las
instalaciones del SIE, acompañado por un grupo de
personas de rasgos orientales.
El 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen fue
intervenido en su casa por personal perteneciente al
SIE, quienes lo trasladaron en un vehículo a dichas
instalaciones. Fue recluido en un sótano. Lo ubicaron
en un cuarto en donde permaneció hasta las dos o tres
de la mañana del día siguiente. Luego lo remitieron al
local de la Prefectura.
Como representantes de la FIDH los encargados de misión
han podido observar que el JUICIO contra el ex dictador
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI se adelanta, al menos
en primera instancia, de manera muy transparente y
apegado a los estándares internacionales en materia
de debido proceso y garantías procesales.
La Sala Penal de la Corte Suprema está compuesta
9. La mención Caso Sótanos del SIE aquí es nuestra.
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 11
por tres magistrados de carrera que llevan años de
ejercicio de la magistratura con probidad y experiencia,
y por la complejidad e importancia del juicio están
con dedicación exclusiva al mismo, al haber quedado
exonerados de cualquier otra actividad jurisdiccional
hasta tanto dicten la sentencia que ponga ﬁn a esta
fase del proceso.
El juicio se realiza en una sala habilitada expresamente
que tiene debidamente ordenadas y cómodas las áreas
correspondientes a los Jueces, al Ministerio Público
(Fiscal) con los abogados que sustentan la acusación
contra el enjuiciado, a los Abogados de la Defensa –que
son varios- para garantizar los derechos del acusado, y
a los Abogados de las Víctimas, constituidos en Parte
Civil. El procesado Alberto Fujimori cuenta también en
dicha sala con una silla y una mesa-escritorio con libro
de notas para el seguimiento de las audiencias.
Al inicio del juicio, el tribunal presentó a las partes
intervinientes su propuesta de realización de las
audiencias, y tras escuchar los comentarios de las
mismas adoptó los criterios interpretativos de la
normativa procesal peruana para garantizar el máximo
respeto a los derechos tanto del acusado como de la
acusación pública y de la parte civil, tanto en relación
a la proposición de pruebas como a su práctica, para
ajustar el desarrollo del juicio a las normas del “debido
proceso” según los parámetros internacionales. Hasta
la fecha (octubre de 2008), la FIDH no ha recibido, ni
tiene noticia, de que en las sesiones realizadas desde
el 10 de Diciembre de 2007 se haya formulado quejas
formales por ninguna de las partes. Se pudo observar
que cuando surge alguna discrepancia respecto a
la admisión o práctica de alguna prueba, el tribunal
oye primero a todas las partes intervinientes y
posteriormente resuelve indicando las razones de su
Al inicio de cada sesión la Sra. Secretaria del tribunal
da cuenta de los documentos o comunicaciones llegados
al mismo, así como de las incidencias en cuanto a la
citación de los testigos que han de comparecer ante
el tribunal para la realización de la sesión del día, y
oídas las partes que lo solicitan, resuelve lo pertinente
De cada sesión celebrada se entrega a todas las partes
procesales una acta, con la transcripción literal de lo
acontecido en la sesión, preguntándose asimismo a
las mismas en la sesión siguiente si tienen algo que
manifestar sobre su contenido.
Por otro lado, al ﬁnalizar cada sesión, el presidente del
tribunal, en una interpretación extensiva y reforzadora
del derecho del acusado a decir la última palabra al
ﬁnal del juicio, permite al acusado Fujimori expresar
una opinión sobre las pruebas debatidas en cada
Asimismo al ﬁnalizar cada sesión, el tribunal transmite
a las partes el listado de los testigos previstos para las
próximas sesiones y por el orden en que se les recibirá
declaración, según criterio temático del momento en
que se encuentra el desarrollo del juicio, según se
informó a la misión, por lo que se van alternando testigos
de la acusación y de la defensa. Este orden únicamente
puede resultar alterado por la incomparecencia de
alguno o algunos de dichos testigos.
La publicidad del juicio queda sobradamente garantizada
no solo porque hay una dependencia anexa al fondo de
la sala de enjuiciamiento, con la separación material de
un gran ventanal, que permite a sus ocupantes percibir
visualmente todas las intervenciones, y acústicamente
por un servicio de megafonía, sino además porque
muy próxima se ha habilitado otra sala para unas
100 personas, con dos pantallas de gran tamaño y los
pertinentes altoparlantes, en la que puede seguirse el
juicio en tiempo real.
A la primera de estas salas auxiliares tienen únicamente
acceso los familiares e invitados del acusado (nueve
asientos), los familiares de las víctimas (nueve
asientos) y observadores nacionales e internacionales
previamente acreditados ante el tribunal (el resto de
asientos hasta un total de 45 sillas). Esta distribución
se acata por los familiares de las víctimas, pero se
considera inadecuada dado el elevado número de
víctimas y, por tanto, de sus familiares directos. Esto
limita considerablemente su derecho de asistencia al
juicio, en tanto las nueve sillas asignadas al acusado
superan el número de tales familiares directos. Tanto
esta queja como el trato discriminatorio apreciado por
los integrantes de la misión en la forma de entregar
diariamente las credenciales para ingresar en esta
sala auxiliar, haciendo guardar ﬁla a los familiares
de las víctimas, en tanto no ocurre lo propio con los
familiares y amigos del acusado, fueron transmitidas a
los dos miembros de la Sala con quienes los encargados
de misión mantuvieron una entrevista. Las sillas están
numeradas y se adjudican por los servicios de seguridad
con la obligación de no poder utilizar otra que la
asignada, sin duda para identiﬁcar a los causantes de
alteraciones de orden, como las que se produjeron en
A la segunda sala acceden otros asistentes, observadores
y periodistas nacionales e internacionales debidamente
acreditados, con capacidad para poder retransmitir por
televisión o radio todo o parte del juicio, como así se
realiza por algunos canales y emisoras.
Por otra parte, el acusado Fujimori cuenta con una
dependencia en las proximidades de la Sala del
Juicio y dentro del mismo recinto de la Dirección de
Operaciones Especiales (DIROES), con condiciones
carcelarias especiales y ajustadas a la normativa
penitenciaria, y que según la Defensoría del Pueblo tras la visita girada sin previo aviso tras la propuesta
formulada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 12
para que organismos humanitarios comprobasen tales
condiciones- pueden ser valoradas como “óptimas”,
atendido que el acusado-preso cuenta con cinco
amplias habitaciones: su celda propiamente dicha,
un hall para visitas, un ambiente para sus clases de
pintura, un baño completo y un tópico. Además, cuenta
con un patio exterior de 60 metros cuadrados. Desde
la propia Defensoría se ha informado asimismo que el
régimen carcelario impuesto a Fujimori es el “cerrado
especial intermedio” y que pudo haber sido impugnado
por el acusado, pero no lo hizo. En la actualidad el
régimen de Fujimori, es el primario; tiene 8 horas de
Patio y puede recibir, cualquier tipo de visitas, el único
requisito es que él dé su consentimiento.
La primera fase de este importante Juicio fue la
presentación de nuevas pruebas de parte de los
diferentes sujetos procesales. Tras cada propuesta el
tribunal oyó a las otras partes y resolvió su admisión,
denegación o su resolución en un momento posterior.
El Ministerio Público había solicitado previamente
muchas pruebas encaminadas a ayudar a esclarecer la
verdad y asignar responsabilidades durante el Juicio
al ex-Presidente, hoy procesado, ALBERTO FUJIMORI,
entre ellas hay decenas de testimonios de víctimas, de
testigos, peritos, políticos, ex militares y ex policías
de alto rango al igual que un cúmulo de pruebas
documentales, lo que vaticinaba un largo debate
Tales pruebas fueron complementadas con un
importante acervo probatorio solicitado por los siete
abogados y abogadas de las víctimas que actúan como
representantes de la Parte Civil. Entre las pruebas
ofrecidas están documentos de la Comisión de La
Verdad y Reconciliación, libros e informes oﬁciales que
permitirán esclarecer los hechos y crímenes ocurridos
durante el Gobierno de ALBERTO FUJIMORI ; informes
de ONG internacionales sobre los casos y contextos de
los crímenes. También se pidieron pruebas que tienen
que ver con los informes desclasiﬁcados de los Estados
Unidos que contienen información privilegiada sobre
los crímenes ocurridos en el Perú en la mal llamada
paciﬁcación o lucha contra el terrorismo. Y se propusieron
muchos testigos que ya han dado información en otros
procesos y que pueden ampliar en este juicio sobre
la responsabilidad directa de ALBERTO FUJIMORI como
autor MEDIATO de los crímenes imputados.
La parte civil también solicitó testimonios de expertos
(“testigos técnicos”) sobre temas especializados
que se debatirán en juicio, tales como la estrategia
antisubversiva de guerra de baja intensidad, sobre
los documentos desclasiﬁcados de la CIA que tienen
que ver con el grupo Colina, sobre cómo se deﬁne la
responsabilidad penal en los aparatos organizados de
poder frente a crímenes de lesa humanidad, y sobre la
forma cómo a nivel internacional se vienen juzgando
crímenes de lesa humanidad frente a los mayores
responsables de la cadena de mando.
Por su parte la defensa de FUJIMORI solicitó 50
testimonios de solo ex militares y policías de alto rango
que trabajaron en altos cargos durante el Gobierno
de FUJIMORI. Llama la atención que la defensa no
llame a declarar civiles, políticos, ex ministros u otros,
y que algunos de los que llama a declarar ya hayan
sido condenados y otros estén enjuiciados por haber
cometido graves crímenes contrarios a los derechos
humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas. Sin duda que entre estos
testigos pueden aﬂorar muchas verdades frente a otros
crímenes si deciden confesar los hechos, o al menos
A continuación el Tribunal instó al Ministerio Público a
que expusiese los cargos de la acusación:
ACUSACION DEL FISCAL: El Ministerio Público sustentó
su acusación y pidió la condena a 30 años de cárcel
para el ex dictador ALBERTO FUJIMORI, aﬁrmando que
ALBERTO FUJIMORI como Presidente expidió normas y
decretos legislativos que le permitían tener el control
personal y directo de toda la lucha antisubversiva y
el manejo de la inteligencia a través del organismo
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que centraba
toda la información de inteligencia de los diferentes
organismos de seguridad, aparato siniestro que
dirigía a través de VLADIMIRO MONTESINOS, que era
a su vez la voz del Presidente FUJIMORI. Aﬁrmando
asimismo que en ese período de lucha antiterrorista el
Presidente utilizó dos estrategias: una, OFICIAL, “esto
es, el visible y convencional, lo que se decía en los
discursos oﬁciales, en los mensajes y los documentos
públicos, etc.” , acorde a la normas legales y otra,
SECRETA o CLANDESTINA, que buscaba la eliminación
de sus enemigos y opositores caliﬁcados de presuntos
subversivos dentro de una guerra de baja intensidad
utilizando para ello entre otros el grupo de exterminio
denominado COLINA integrado por miembros del
Ejército peruano, algunos ya condenados por graves
Aseveró también el representante del Ministerio
Público que este destacamento o grupo COLINA -que
ejecutó innumerables crímenes y entre ellos los de
BARRIOS ALTOS y LA CANTUTA- fue creado y dotado
de infraestructura y armas por voluntad libre y expresa
del enjuiciado ALBERTO FUJIMORI, por lo que se
le llama a juicio como AUTOR MEDIATO por tener el
dominio del hecho a través de un aparato organizado
de poder sobre el cual el acusado tenía el dominio y
ostentaba el máximo poder en la cadena de mando,
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 13
pues son bajo sus órdenes que se ejecutaron los actos
criminales y de lesa humanidad como los mencionados.
Después de perpetrados los crímenes y de descubrirse
la autoría del grupo Colina, lo que hizo FUJIMORI como
Presidente fue conseguir la impunidad y la libertad de
los miembros de esta estructura criminal edictando las
leyes de auto amnistía: Ley No 2647910 que concede
“amnistía general a personal militar, policial y civil
para diversos casos” y la Ley No 26492 que “[p]recisa
...[la] interpretación y [los] alcances de [la] amnistía
otorgada por la Ley No 26479” pese a que la propia
justicia penal militar había adelantado juicios por estos
En el caso de los SOTANOS DEL SIE, el Ministerio Público
acusó y dijo que ALBERTO FUJIMORI, luego del golpe
de Estado del 5 de abril de 1992, ordenó el secuestro
ilegal de personas opositoras que presuntamente tenían
vínculos con el terrorismo. La acusación se limitó, en
conformidad con el fallo de la Corte Suprema chilena,
a los secuestros de los ciudadanos Gustavo Gorriti
Ellenbogen y Dyer Ampudia.
En conclusión, la Fiscalía pide 30 años de condena para
ALBERTO FUJIMORI por los delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud, HOMICIDIO CALIFICADO ASESINATO
por los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que son
25 homicidios y 4 heridos, y por SECUESTRO de dos
personas (caso Sótanos del SIE), y pide que se condene
a pagar 100 millones de nuevos soles (equivalen a
33 millones de dólares) por los daños causados a las
Tras esta acusación el presidente del Tribunal preguntó
al acusado si aceptaba ser autor o participe de los
delitos imputados por el Ministerio Público (Fiscal) o
responsable de la reparación de la Parte Civil, momento
en que el acusado, con la autorización del presidente,
consulta privadamente con su abogado defensor. A la
vista del contenido y forma de las manifestaciones que
iba vertiendo el acusado, el presidente le reconvino a
que se limitase a contestar aﬁrmativa o negativamente,
entonces el acusado manifestó enfáticamente: “rechazo
los cargos totalmente, soy inocente y no acepto esta
acusación Fiscal”.
Seguidamente, la Sra. Secretaria dio lectura a la siguiente
“Declaración del Tribunal” que, por su interés, se
reproduce aquí literalmente: “La causa que se inicia es
un juicio penal, no es un juicio político, los cargos objeto
de imputación y debate tienen su fundamento en la Ley
Penal por tanto, como corresponde al Tribunal utilizará
como criterios de actuación los parámetros objetivos que
el Derecho ofrece, será ajeno en sus decisiones a cualquier
motivación que contradiga las exigencias constituciones
de aplicación objetiva de la Ley. Segundo, el Tribunal
es consciente de la expectativa social que genera este
proceso y de la trascendencia que reviste lo que en él
ocurra, reconoce que el presupuesto de una decisión
legalmente ajustada a Derecho es la independencia
y la imparcialidad judiciales; por ello, reaﬁrma su
independencia frente a cualquier poder constituido
o fáctico que hará respetar en todo momento o ante
cualquier circunstancia y su equidistancia respecto a lo
que se debatirá y de los intereses de las partes. Tercero,
el Tribunal ratiﬁca el pleno respeto a los principios y
garantías que informan el desarrollo del proceso penal e
insiste en que las partes tienen el rol fundamental en la
aportación de la prueba; por tanto el Tribunal cuidará
que la actuación probatoria se desarrolle con pulcritud y
permita el pleno esc1arecimiento de los hechos, en ese
contexto los actos del juicio se llevarán con celeridad
y con la máxima concentración posible. Cuarto, se han
adoptado las medidas necesarias para garantizar la
transparencia del Juicio, así como la publicidad, difusión
y acceso de los medios de comunicación a sus actuaciones;
el Tribunal invoca objetividad en la información que se
proporcione a la comunidad. Lima diez de diciembre de
dos mil siete.”
3) Interrogatorio del acusado y presentación de
El 12 de diciembre se dio inicio a la segunda sesión
con el interrogatorio del acusado, si bien previamente
el presidente del Tribunal realizó algunas precisiones
en relación a las actas del juicio y de modo especial
con referencia a la forma en que debían realizarse los
interrogatorios en el futuro: “Cuando se hagan preguntas,
la idea es que deben ser precisas, concretas y directas e
igualmente las respuestas deben ser claras y dentro de lo
posible absolutamente concisas; quienes son interrogados
se van a dirigir a la persona que lo está interrogando,
tenemos un sistema de audio que está mejorándose
continuamente, no hace falta que se grite. Cualquier
precisión o interrupción que haga el Tribunal deben de
guardar silencio y esperar las indicaciones que haga el
Tribunal, espero que de aquí en adelante evitemos, en
primer lugar, cualquier declaración que se encuentre al
margen de la línea de este juicio. Pido por consiguiente
a todos ustedes la máxima colaboración para que el
esclarecimiento sea amplio, profundo y absolutamente
conveniente para arribar a la verdad que es lo que, todos
queremos, sin presiones ni otro tipo de consideración
subalterna; por tanto exhorto a todos, en especial a usted
señor Fujimori, la máxima concreción, respuestas directas
y que se dirija a quien lo interroga. Voy a ser aquí muy
claro y ﬁrme para evitar cualquier tipo de consideración
distinta; el respeto que se merecen todos y nos merecemos
todos está por encima de cualquier consideración y, eso
el Tribunal lo va a aﬁrmar decididamente”.
10. La ley n 26479 concedió una amnistía a todos los integrantes de la fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos. (CADH,
Barrios Altos, 14 de marzo 2001).
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 14
Esta metodología procedimental ha continuado en las
siguientes sesiones del juicio, incluidas las tres a las
que los observadores de la FIDH asistieron en la semana
del 17 al 23 de Febrero de 2008, según informaron los
Sres. Abogados de la Parte Civil. No se tiene noticias
de quejas formales de ninguna de las partes procesales
intervinientes en el juicio.
A la fecha de este informe el expediente ya cuenta
con más de 60 mil folios que muestran el gran acervo
probatorio del que van a disponer las partes procesales
y ﬁnalmente ser valorado por el tribunal sentenciador.
El interrogatorio del acusado se alargó hasta mediada la
sesión 8ª (28 de Diciembre de 2007). Luego se empezó
a recibir los testimonios: al inicio de la sesión 9ª (4
de Enero de 2008) el tribunal presentó a las partes
procesales la lista de los 25 primeros testigos por el
orden en que serían interrogados en las sucesivas
sesiones; y a la sesión 25ª del juicio (Febrero de
2008), ya se había escuchado a 37 testigos, 21 de los
propuestos por la acusación y 16 por la defensa del
acusado Fujimori.
La sesión ﬁjada para su comienzo el día 7 de Enero
de 2008, no pudo iniciarse por la incomparecencia del
abogado de la defensa Dr. Nakazaki, así como tampoco
los otros dos abogados del acusado Fujimori habilitados
por el mismo y que venían asistiendo a las sesiones
anteriores. El tribunal, al inicio de la sesión 10ª (11
de Enero de 2008), aceptó la justiﬁcación médica
presentada por el abogado Dr. Nakazaki, que motivó
su incomparecencia, pero advirtió a las partes que
ante situaciones como la examinada, debería asumir
la defensa otro de los abogados, o en su caso actuaría
el designado de oﬁcio por el tribunal, en aras de no
alargar más allá de lo estrictamente necesario la
duración de esta fase de pruebas.
La misión pudo veriﬁcar que el “debido proceso” está
garantizado, tanto por la posibilidad de presentación
de pruebas documentales y testiﬁcales como por la
forma en que se llevan a cabo los interrogatorios, y
que el presidente del Tribunal ha razonado en varias
ocasiones que la Sala quiere la verdad sin dejarse
arrastrar por posicionamientos inquisitivos y sin que
hasta el momento se haya formulado queja formal
alguna por la defensa del acusado ni por ninguna de
las otras partes procesales. La misión pudo percibir
directamente que al inicio de la sesión 27ª (el día 22 de
Febrero de 2008) el Tribunal dio cuenta a las partes del
ofrecimiento recibido de una persona proponiéndose a
sí misma como testigo, y tras oír a las partes (el Fiscal
interesó que se le tuviese por testigo, los abogados de
la Parte Civil que se dejaba a juicio del tribunal y la
Defensa del acusado se oponía por impertinente y en
su caso que solo cabría su admisión si la prueba hubiera
resultado insuﬁciente), la sala resolvió, tras dejar claro
que en modo alguno el tribunal lo propusiese como
testigo, que en su momento valoraría si tal testimonio
resultaba imprescindible, para posteriormente dar
cuenta del listado de testigos que faltaban y que serían
llamados por ese orden, aclarando que el tribunal
estaba abierto a cualquier indicación de las partes
Por tanto, cabe concluir que la Sala Especial de la Corte
Suprema, ha manifestado tener la suﬁciente autonomía
e independencia para llevar a cabo este juicio.
Finalmente señalar que si se interpusiese por alguna
de las partes un recurso contra la sentencia que en
su día dicte el tribunal que está juzgando al acusado
Fujimori, para resolver este recurso habrá igualmente
una sala colegiada de la Corte Suprema con un total
de cinco magistrados, diferentes a los tres magistrados
de primera instancia. El actual Presidente de la Corte
Suprema, el Dr. Távara, indicó a la misión de la FIDH
que el sorteo entre las dos posibles Salas será público
y que las sustituciones en casos de baja o licencia de
alguno de los miembros de la Sala ﬁjada tras el sorteo,
serán cubiertas por riguroso orden de antigüedad. Sin
embargo, si la apelación se diera después del cambio
de Presidencia de la Corte Suprema, podría darse cierta
manipulación en caso de que el nuevo Presidente de la
Corte Suprema sea parte de los resabios Fujimoristas en
la Corte Suprema ya que el Presidente de la Corte es
quien nombra las Salas. Por lo tanto, la FIDH advierte
acerca de este riesgo y espera que, en caso de que la
decisión de la primera instancia llegara a ser impugnada
en segunda instancia, esta última respondería a los
criterios de imparcialidad e independencia.
2. Importancia de la publicidad del JUICIO.
Los medios de comunicación y el juicio a
Sin duda que este Juicio es una gran noticia para el
pueblo peruano. Los medios de comunicación abrieron
sus noticieros con la noticia del juicio a FUJIMORI,
los diarios impresos titularon en primera página
reﬂejando lo que representa este juicio, con titulares
como “FUJIMORI BUSCA CONVERTIR EL JUICIO EN UN
SHOW MEDIATICO”, “GANO PRIMER ROUND”, “CHINO
LLORON”, “CHINO SE LOQUEA Y VOCAL LO CALLA”, “SE
EXALTO, FUJIMORI PRETENDIO DEFENDERSE A GRITOS”,
“ORDENO ASESINATOS”, “ARMA SHOW Y SE CORRE”,
“FUJISHOW”, “JUEZ CUADRO A CHINO LLORON”,
“CONTUNDENTE ACUSACION DEL FISCAL”, “ONGS HACEN
CIRCO CON JUICIO A FUJIMORI” entre otros. Llama la
atención que el diario oﬁcial el PERUANO considerado
aprista, fue el único que no lo hizo en primera página
sino en la página 21 con el título “FISCAL PIDE 30 AÑOS
DE CARCEL PARA EL EXPRESIDENTE FUJIMORI”. Según
la información recibida, este tratamiento mediático
podría obedecer o bien a que este juicio no se vea
como importante, o para que no vaya a salpicar a la
administración actual del Presidente ALAN GARCIA.
Sobre la publicidad de la audiencia, los medios
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 15
privados realizan una amplia cobertura de la
audiencia y trasmiten secuencias de la misma,
incluso dan difusión a las declaraciones de los sujetos
procesales, de las víctimas, y/o de los observadores
que concurren al juicio. Las lecturas en los medios
de prensa en general en su mayoría son buenas y
se inclina en favor de la verdad lo cual favorece a
las víctimas, salvo la Razón que es abiertamente
profujimorista y en menor medida el diario Expreso.
Que el juicio se trasmita por la televisión ha servido
para que mucha gente haya apreciado en su gran
dimensión que era una política de Estado, y a mucha
gente le impacta que FUJIMORI diga: “ no sé” “no
recuerdo”, “lo habrán hecho a mis espaldas”.
Sin embargo, dada la importancia de que la verdad se
socialice, se haga pública y sirva para la no repetición
de los crímenes, sería importante que el Canal Estatal
de Televisión del Perú hiciera una transmisión en
directo y completa de las audiencias, que permita
un alcance masivo nacional. Algunos familiares de
regiones muy apartadas y organizaciones sociales
también ven conveniente que el juicio se trasmita
por canales de radio nacional pública. La misión no
pudo transmitir directamente esta preocupación
y necesidad a la Ministra de Justicia, pero sí al Sr.
Viceministro Dr. Reyna. Pero frente a esta pregunta el
Sr. Viceministro sobre a qué autoridad correspondía
tomar esta decisión, manifestó que el canal público
de televisión dependía de un Directorio, como dando
a entender que no dependía del Gobierno.
Durante la realización de la segunda misión de
observación al juicio (17 al 23 de Febrero de 2008),
los integrantes de la misma realizaron múltiples
intervenciones por radio y por televisión sobre el
juicio contra ALBERTO FUJIMORI, e igualmente en
varios medios impresos como EL COMERCIO, ANDINA,
LA PRIMERA, COORDINADORA NACIONAL DE RADIO,
UNION RADIO, RADIO UNO, LA REPUBLICA, entre
otros, que registraron la forma como la misión se
pronunció sobre el juicio contra ALBERTO FUJIMORI.
III Ataques y amenazas a
los defensores, testigos y
víctimas, ﬁscales, abogados y
jueces por fujimoristas
A) Preocupante hostigamiento a
los defensores, testigos y víctimas,
ﬁscales, abogados y jueces
La misión ve con profunda preocupación que se hayan
presentado algunos hechos que pueden afectar la
independencia de la Fiscalía y la participación y
representación de las víctimas en este importante
juicio, o “megajuicio” como se le dice a nivel mediático
por los “mass media” nacionales e internacionales.
Preocupa que uno de los Fiscales de la acusación, el Dr.
AVELINO GUILLEN, Fiscal adjunto supremo de la Primera
Fiscalía Suprema Penal que ha participado a todos los
juicios seguidos a la red Fujimori-Montesinos, haya sido
objeto de amenazas11. El viernes 14 de diciembre 2007,
durante la tercera audiencia del juicio a Fujimori, el Dr.
Guillén interrogó por primera vez al acusado. Dos días
después, recibió llamadas amenazándolo, en particular
el domingo 16 de diciembre, a las 8h30 de la noche, el
ﬁscal Guillén recibió una llamada de un cierto «Ricardo
Quijano» quien pretendió llamar acerca de los casos
de la Cantuta y Barrios Altos. Luego el desconocido
le dijo «te voy a buscar donde estés y te voy a sacar
la...», el Dr. Guillén colgó. Se recibieron dos llamadas
más en los minutos siguientes. Finalmente, el 18 de
diciembre, desconocidos se acercaron a su residencia,
preguntando por él. Tanto por los hechos como por
el tenor de las amenazas resulta obvio que estos
actos fueron perpetrados por seguidores de Fujimori
sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado
los autores. La FIDH reportó estos hechos al Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia
de jueces y abogados, el Dr. Leandro Despouy.
Asimismo, el 14 de mayo del 2008, el general Rodolfo
Robles fue víctima de persecución y arraglaje a
propósito de su intervención como testigo en el juicio
a Fujimori. Estas amenazas no fueron investigadas, ni
identiﬁcados los autores.
El 30 de Junio del 2008, se presentó en calidad de
testigo Vladimiro Montesinos Torres, quien acusó al Dr.
Avelino Guillén de haber colaborado cuando era Fiscal
11. Ver La República, Hay plan fujimorista contra Guillén, 2 de julio de 2008 y APRODEH, Investigan las amenazas al ﬁscal Avelino Guillén, 10
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 16
en la investigación sobre la intervención telefónica
realizada por el Coronel Roberto Huaman Azcurra
a connotados líderes de la oposición, con el ﬁn de
entregar esa información a Montesinos. Señaló que, el
02 de Abril de 1992, Guillén supuestamente ﬁrmó, una
resolución Fiscal archivando la investigación contra
Huaman. Sin embargo esta información es falsa, ya
que tres días después, el 05 de abril del mismo año,
Fujimori dio el Golpe de Estado e intervino el Ministerio
Público, cesando a un conjunto importante de Fiscales
y Jueces, entre ellos al Dr. Avelino Guillén. Se atribuye
justamente esta separación de la ﬁscalía a que el Dr.
Guillén haya iniciado, unos días antes, este proceso. En
respuesta a estos ataques, el Dr. Guillén precisó que su
decisión había sido independiente y autónoma, y que
había tenido que archivar el caso de forma provisional
por falta de elementos necesarios a la determinación
de la responsabilidad penal de los procesados12.
De la misma manera preocupa que las víctimas, sus
representantes y la observadora internacional la Dra
JO MARIE BURT, representante del Washington Ofﬁce
for Latin America (WOLA), y la Dra. GLORIA CANO, una
de las abogadas que representa a las víctimas en estos
casos, hayan sido agredidas y amenazadas en varias
ocasiones entre los días 10 y 18 de diciembre de 2008,
al iniciarse el juicio contra Fujimori. Llama la atención
que estos actos se den en la Dirección de Operaciones
Especiales (Diroes) donde se está llevando a cabo el
juicio a Fujimori o en su proximidad inmediata, sin que
la Séptima Región de la Policía Nacional, encargada del
mantenimiento de la orden y de la seguridad en los
alrededores de la Diroes, intervenga. Un primer acto
de hostilidad hacia las víctimas ya se había dado al día
posterior de la extradición del ex Presidente Alberto
Fujimori, cuando los seguidores de Fujimori atentaron
contra el memorial el Ojo que Llora, construido en
honor a las víctimas del conﬂicto armado interno que
vivió el Perú entre los años 1980 y 2000, al destruirlo y
pintarlo de color naranja, símbolo del fujimorismo13.
Las amenazas fueron particularmente insistentes
en contra de la Dra GLORIA CANO que fue objeto de
variadas y graves amenazas contra ella y contra su
familia, de manera directa, por vía telefónica y por
correo electrónico. El 18 de diciembre de 2007 la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó
a una conferencia de prensa donde dio a conocer estos
hechos a la opinión publica. Ese mismo día, en las
oﬁcinas de APRODEH ingresó una llamada telefónica
en la cual fueron formuladas amenazas de muerte en
contra de los miembros de APRODEH y en particular de
la Dra GLORIA CANO14.
Estos hechos no están aislados. En realidad se trata de
una verdadera campaña de difamación y deslegitimación
que se inició en abril del 2008 en contra de las dos
principales ONG que representan a las víctimas en el
juicio a Fujimori: APRODEH y el Instituto de Defensa
Legal (IDL).
La campaña contra APRODEH fue desencadenada en el
marco de la presentación, en el Parlamento Europeo y
a iniciativa del Partido Popular, de una propuesta de
enmienda a la resolución de la Eurocámara de cara a
la cumbre de Lima, que pretendía que se integrara a la
lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea
al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) del
Perú y que fue ﬁnalmente rechazada15.
El 22 de abril del 2008, Aprodeh dirigió una carta a los
integrantes del Parlamento Europeo en la cual expresó,
tras reiterar su condena a todos los actos de terrorismo,
incluyendo aquellos cometidos por el MRTA, que no
consideraba pertinente la propuesta de integrar al
MRTA a la lista de organizaciones terroristas ya que
dicha organización fue desarticulada hace más de ocho
años y sus principales dirigentes se encuentran en
prisión. Aprodeh advirtió además que, en el contexto
en el cual el gobierno del Presidente García quiere
asociar la protesta social al terrorismo, dicha iniciativa
vendría reforzar esta represión y daría de paso una
cobertura que se preste a generar impunidad para los
crímenes por los que se está investigando y juzgando
hoy en día al dictador Alberto Fujimori.
Estos temores fueron rápidamente conﬁrmados por
la reacción del propio Presidente, Alan García, quien
caliﬁcó, tres días más tarde, de “lamentable y grave”
la resolución del Parlamento Europeo para enseguida
caliﬁcar de “ traición a la patria” la misiva de Aprodeh
dirigida a la Eurocámara.
La FIDH considera que estos ataques verbales a Aprodeh,
que han generado una serie de amenazas y actos en
contra de la organización, y en particular de su director,
Francisco Soberón, están animados no solamente por
la frustración de la voluntad de criminalizar a los
movimientos de protesta social apoyándose sobre una
resolución del Parlamento Europeo16, sino también por
12. El Comercio, Fiscal Guillén desestima acusación realizada por Vladimiro Montesinos, 30 de junio de 2008, http://www.elcomercio.com.
pe/ediciononline/HTML/2008-06-30/ﬁscal-guillen-desestima-acusacion-realizada-vladimiro-montesinos.html
13. Ver APRODEH, Atentado contra el memorial dedicado a las víctimas de la violencia El Ojo que Llora, Comunicado, 26 de septiembre 2007,
http://www.aprodeh.org.pe/ojoquellora2007/comunicado.html y http://www.aprodeh.org.pe/ojoquellora2007/fotos/1/index.html para
fotos de la agresión contra el Memorial El Ojo que Llora.
14. Sobre estos hechos ver el comunicado del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (programa conjunto
de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)), Durante el juicio del ex-presidente Fujimori, amenazas y agresiones
contra las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y sus representantes, 21 de diciembre 2007, http://www.ﬁdh.org/spip.
php?article5067
15. Ver Carta abierta a las autoridades de la UE: Resolución del Parlamento Europeo de cara a la Cumbre de Lima genera intensa persecución
a los defensores de derechos humanos en el Perú, http://www.ﬁdh.org/spip.php?article5474
16. El ex presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Salomón Lerner, expresó temores similares al considerar que los
ataques y críticas del Gobierno a Aprodeh, buscan justiﬁcar persecuciones a las voces opositoras (27 de abril de 2008).
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 17
la voluntad de descredibilizar y debilitar a Aprodeh
que, en su labor de defensa de los derechos humanos,
presentó varias denuncias por violaciones de derechos
humanos en contra de congresistas así como del actual
Presidente, cometidas bajo el gobierno de Fujimori y
bajo el anterior gobierno de García.
Los ataques verbales del Presidente en contra de Aprodeh
fueron seguidos por más actos de difamación, de parte de
las más altas autoridades del país17 en las cuales, entre
otros, se caliﬁcó a Aprodeh de « asociación terrorista ».
En esta misma lógica, Aprodeh fue objeto de controles
por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) y, el 28 de abril de 2008, el Poder Ejecutivo retiró
a Aprodeh y a otras 63 ONG que integran la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (el Dr Soberon siendo
miembro de su comité permanente) su estatuto de
observador del Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), ello con la aprobación de la Ministra de Justicia,
Rosario Fernández.
Frente a esta situación, a principios de mayo, el propio
ex Presidente peruano, Alejandro Toledo, denunció a la
prensa una «desproporcionada» campaña del gobierno
contra las ONG que deﬁenden los derechos humanos,
y advirtió que puede estar revelando una «peligrosa
tendencia al autoritarismo». Por su lado, la titular de
la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, manifestó que
debía recuperarse el diálogo.
El 21 de mayo de 2008, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares
a Aprodeh y pidió al Estado peruano que le informara «
sobre las medidas adoptadas a ﬁn de evitar se obstaculice
por medios administrativos y judiciales la labor de
derechos humanos realizadas por Aprodeh ». Sin embargo,
esto no impidió que un power point difamando Aprodeh
e incitando a asesinar Francisco Soberón, circulara entre
los miembros del Ejército.
Además, el 10 de junio dos manifestaciones fueron
organizadas en contra Aprodeh: 20 ómnibus pagados
no se sabe por quién movilizaron a unos cuatrocientos
manifestantes, en su mayoría amas de casa y niños. En
la primera manifestación, unos cuarenta integrantes del
«Gremio de Héroes de la Paciﬁcación» (agrupación que
reúne a militares y policías que quedaron discapacitados
en acción de armas) marcharon, con banda de guerra,
desde la tribuna de Campo de Marte con dirección a
la sede de Aprodeh. Quince minutos después, veinte
ómnibus de «servicio especial» fueron cuadrándose a
pocos metros del monumento «El Ojo que llora».
Finalmente, el 13 de junio en la tarde, desconocidos
ingresaron al domicilio de la contadora de Aprodeh y
llevaron los CPU de las computadoras, una laptop y
documentos contables sobre Aprodeh mientras otros, en
este mismo momento, intentaron ingresar a la oﬁcina de
apoyo, con la cual cuentan Aprodeh y la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, situada a 200 metros
del cuartel donde se desarrolla el Juicio contra Alberto
En cuanto a los actos de hostigamiento en contra de IDL, el
3 de septiembre de 2008, el Jefe de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, anunció
en una sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno
del Congreso de la República la realización de una nueva
ﬁscalización “integral” al Instituto de Defensa Legal (IDL),
a pesar de que durante 2007 la APCI llevó a cabo dos
acciones de ﬁscalización al IDL, cuyos resultados fueron
absolutamente satisfactorios y en medio de los cuales no
fue encontrado indicio alguno de irregularidad.
Este anuncio de una tercera ﬁscalización “integral” por
ser realizada en menos de un año - teniendo además
en cuenta que las entidades que deben ser ﬁscalizadas
ascienden la suma de 400, y que al 3 de septiembre
de 2008 sólo 46 habían sido ﬁscalizadas -, desvirtúa las
funciones legales de APCI y pone al descubierto que este
organismo pretende ser usado como herramienta de
persecución y hostigamiento en contra de instituciones
como el IDL u otras, que trabajan en la defensa de los
derechos humanos y representan las víctimas en el juicio
de Fujimori. Es importante recordar que esta ﬁscalización
se hizo luego de ser solicitada durante un debate
parlamentario por el Vice presidente y el parlamentario,
Luis Giampietri, quien pidió a la APCI que interviniera y
redeﬁniera los objetivos institucionales del IDL.
La misión pudo apreciar una falta de voluntad política
en el Ejecutivo y Legislativo en dar una solución formal
y material correcta a toda esta problemática de
hostigamiento y amenazas, como viene a conﬁrmarlo
el hecho de que está paralizado en el Congreso de la
República el proyecto de Ley presentado por el Grupo
Parlamentario “Unidad Nacional” el día 12 de Septiembre
de 2006, sobre “El proceso de beneﬁcios por colaboración
eﬁcaz y sobre el sistema de protección de colaboradores,
agraviados, testigos y peritos”. Hasta la fecha no se conoce
de investigaciones eﬁcaces para dar con los responsables
e imponer sanciones como lo ordena la ley, ni que se
tomen medidas reales de protección.
La FIDH condena ﬁrmemente estos actos de hostigamiento
a las ONG involucradas en el juicio a Fujimori, incluso
por parte de las más altas autoridades del Estado y del
Gobierno Nacional, y recuerda a estas últimas que su rol
consiste, por lo contrario, en rechazar enérgicamente
este tipo de hechos. Debe además, y en conformidad
17. Presidente del Congreso, comandante general del Ejército, Ministra de la Justicia, el canciller José García Belaunde, presidente del Consejo por la Paz, procurador antiterrorismo del estado, etc.
18. Proyecto de Ley N° 28875 del 24 de julio de 2006.
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 18
con sus obligaciones internacionales19, proporcionarles
una protección adecuada para respaldar el combate
contra la impunidad y para evitar que se afecte la
necesaria representación legal de las víctimas en este
juicio y a ﬁn de garantizar el respeto de su derecho a
la verdad, a la justicia y a la reparación.
La FIDH considera muy conveniente la constitución de
un Programa de Protección para defensoras y defensores
de Derechos Humanos, según la propuesta que se ha
hecho llegar a la misión, y que sería instituido dicho
Programa por el Ministerio Público, en coordinación
con el Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, con
supervisión de una Comisión Multisectorial, integrada
por representantes del Ministerio de Justicia, que
la presidiría, Ministerio del Interior, Poder Judicial,
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con el
ﬁn de dar protección a toda persona que, de cualquier
forma, promueva o procure la realización de los
reconocidos a nivel nacional e internacional. Se espera
que este programa pueda ser adoptado cuanto antes.
B) Otros problemas detectados
igualmente preocupantes, en
relación al derecho de las víctimas y
de sus familiares a la verdad, justicia
Llama la atención y resulta preocupante que hayan
pasado por el juicio testigos que fueron beneﬁciados
con rebajas de penas por colaboración eﬁcaz y que sin
embargo se sustraigan de contar de manera real y veraz
todo lo sucedido en los casos en que son partícipes, es
decir, que no se haya dicho toda la verdad. Deberían
tomarse medidas para que no se burle este mecanismo
que puede redundar en encontrar la verdad de lo
sucedido. La FIDH considera inadecuado que para
otorgar los beneﬁcios penales por colaboración eﬁcaz
se haya tenido en cuenta únicamente las aportaciones
para la persecución de los responsables de los delitos
cometidos, y no la localización exacta de los lugares
donde fueron enterrados los cadáveres para su
exhumación, identiﬁcación y entrega a los familiares
para su enterramiento digno.
En el mismo sentido, los familiares de las víctimas
hicieron ver su preocupación por que las autoridades
peruanas, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial,
no hayan realizado las diligencias suﬁcientes para lograr
la ubicación y la identiﬁcación de todos los restos de
los desaparecidos de la CANTUTA, ya que según la
información que se ha transmitido a la misión, si uno de
los cadáveres sí ha sido identiﬁcado, el del estudiante
Luis Enrique Ortiz Perea, y se han logrado determinar
la presencia de restos de la estudiante Dora Oyague
Fierro y Bertila Lozano, los restos de los demás aún no
han sido hallados ni identiﬁcados Asimismo la misión fue
informada de que todavía no se ha dado cumplimiento
íntegro por el Estado a las reparaciones establecidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
esperando los familiares que dicha reparación vaya
más allá de lo estrictamente económico.
De otro lado, existen preocupaciones a nivel legislativo:
por un lado, hay iniciativas legislativas que es preciso
retomar y reforzar por parte del Gobierno y por parte
del Congreso, como es el Proyecto de Adecuación de
los delitos penales nacionales a los delitos establecidos
en el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional,
pues aún existiendo ya las iniciativas, éstas están
congeladas. Pero por otro lado, existen proyectos o
intentos de Ley extremadamente preocupantes.
Asimismo, es preocupante que se hayan expedido leyes de
Justicia Militar, como la Ley de Organización y Funciones
del Fuero Militar Policial (Ley 29182) que reviven normas
que han sido declaradas inconstitucionales por el
Tribunal Constitucional, como las que tiene que ver con
el hecho de que militares en servicio activo puedan ser
jueces militares, o que sus nombramientos no se hagan
por los Consejos de la Magistratura sino por los propios
militares y sus líneas de mando, o que se permita hacer
uso de las armas y haya impunidad anticipada en caso
de uso indebido de las mismas, incluso en caso de que
causen la muerte o heridas graves, como ha sucedido
en las protestas pacíﬁcas de los campesinos en el mes
de febrero de este año. La DECLARATORIA del ESTADO
DE EMERGENCIA, los cuatro muertos, y los más de 150
detenidos por un paro agrario, son señales preocupantes
de la forma autoritaria como aún se maneja el derecho
a la protesta pacíﬁca en el Perú.
A ello se une la proposición de Ley que hizo pública el
Gobierno tras salir la misión del país, sobre “Arresto
ciudadano” facultando a los ciudadanos a detener a los
delincuentes in franganti, que puede estar mandado un
mensaje a la población no tanto de eﬁcacia antidelictiva,
cuanto de potenciar el incivismo de algunos violentos y
además de reconocimiento implícito de que la policía
no está capacitada o dotada de los recursos personales
y materiales adecuados. Esta proposición de ley hay que
ponerla en relación asimismo con la propuesta por ese
mismo Gobierno, hace ya varios meses, de restauración
19. Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre de 1998 ; lineamientos establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus
reiteradas resoluciones de “Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción
y Protección de los derechos humanos en las Américas”( Ver, entre otras, la Resolución AG/RES. 2280 (XXXVII-O/07), aprobada en la cuarta
sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007).
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 19
de la pena de muerte en algunos supuestos de delitos
graves, que no sólo suponen un grave retroceso en el
reconocimiento y garantía de los derechos y libertades
fundamentales de la ciudadanía yendo en contra de la
propia Convención Americana suscrita por el Estado
peruano, sino además un signo preocupante de una
política de lucha contra la criminalidad de marchamo
populista y demagógico, ante la incapacidad política
de dar la respuesta eﬁcaz que el ciudadano espera de
Igualmente señalar la preocupación de que militares
ya condenados por graves violaciones de derechos
humanos, no hayan sido todavía separados de las
FF.AA. Preocupa también el anuncio del congresista
oﬁcialista, Edgar Núñez, presidente de la Comisión
de Defensa del Congreso, según el cual estaría por
presentar un proyecto de ley que busca amnistiar
a unos 600 militares acusados de violaciones a los
derechos humanos durante los veinte años de conﬂicto
interno20.
El proceso seguido en contra del ex Presidente, Alberto
Fujimori, desde la extradición hasta el juicio, tiene un
carácter histórico que trasciende las fronteras del Perú.
Es remarquable de por sí ya que es la primera vez que
un ex Presidente está juzgado en su país por crímenes
de lesa humanidad tras haber sido extraditado por un
país tercero. Es además de suma importancia para la
lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos
desde el Estado y para que se cumpla el derecho de
las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación.
Los crímenes cometidos en el marco de la política
de terror del gobierno Fujimori ya han dado lugar a
decisiones claves de la Corte Americana de Derechos
Humanos (Barrios Altos, 2001 y La Cantuta, 2006) que
han permitido sentar una jurisprudencia fundamental
en materia de lucha contra la impunidad. Se espera
ahora que el juicio que se está llevando a cabo en el
Perú dará lugar también a una decisión histórica que
alumbrará el camino hacia el ﬁn de la impunidad para
Primera: Valoramos positivamente que el juicio
seguido en primera instancia al acusado extraditado
desde Chile, Alberto Fujimori, por los graves delitos
de lesa humanidad de Barrios Altos, La Cantuta, y los
Sótanos del SIE, y que se inició el 10 de Diciembre de
2007, se esté desarrollando con escrupuloso respeto a
las garantías del debido proceso, según los estándares
Segunda: Valoramos positivamente el equilibrio, la
transparencia e imparcialidad que en sus decisiones
interlocutoras está reﬂejando la Sala Especial de la
Corte Suprema que juzga al acusado Fujimori, oyendo
previamente a todas las partes procesales, así como
su reiterada aﬁrmación de que el tribunal está guiado
únicamente por el afán de llegar a la verdad en la ﬁjación
de los hechos y los partícipes en los mismos. Se tiene la
gran esperanza de que este modo de hacer permita no
solo llegar a concretar, en su caso, la responsabilidad
del acusado, sino además que lo resuelto en la sentencia
ofrezca credibilidad y respeto tanto en el ámbito interno
peruano como en el internacional.
Tercera: Valoramos positivamente las decisiones
correctoras adoptadas por el Tribunal en relación a la
salud del acusado y de su abogado defensor, tendentes
a evitar que este juicio se dilate indeﬁnidamente, con
respeto a los principios de celeridad y concentración de
pruebas, dado el abultado acervo probatorio interesado
por la acusación pública, la Parte Civil y la defensa del
Cuarta: Valoramos positivamente el esfuerzo y sacriﬁcio
que han desplegado las víctimas y los familiares de
muertos y desaparecidos, junto con las ONGs de DDHH
durante tantos años, para hacer posible, primero la
extradición del acusado, y ahora su enjuiciamiento,
ocupando en todas las sesiones celebradas, la totalidad
de los asientos asignados en la sala, en rigurosos turnos,
al no tener más espacios disponibles. Sin embargo se
lamenta que no se disponga de más espacio para que las
víctimas y sus familiares puedan asistir al juicio.
Quinta: Valoramos positivamente que el Poder
Judicial peruano haya asumido, en Primera Instancia
y mediante la Sala Especial de la Corte Suprema, el
reto de la celebración de este juicio en condiciones
de ejemplaridad, habilitando la estructura y medios
adecuados, y garantizando además el respeto al
principio de juez natural, al asumir el compromiso
de dar publicidad al sorteo de la Sala que resolvería
deﬁnitivamente el proceso.
Sexta: Valoramos positivamente el esfuerzo que
los medios de comunicación están haciendo en el
seguimiento de todas las sesiones del juicio, facilitado
por los modernos medios técnicos y estructurales que el
Poder Judicial ha puesto en las salas auxiliares de la Sala
donde se está realizando. Sin embargo, echamos a faltar
20. Perú.com, Núñez: «Proyecto de amnistía a militares y policías tiene consenso», 20 de octubre de 2008, http://www.peru.com/noticias/
sgc/portada/2008/10/20/detalle9604.aspx, El Financiero (México), Alistan ley de amnistía en Perú, 20 de octubre de 2008,
http://www.elﬁnanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=151019&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC , La
Nación (Costa Rica), Polémica en Perú por proyecto de amnistía, 21 de octubre de 2008,
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/21/mundo1744642.html
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 20
un apoyo decidido del Gobierno en la retransmisión por
el Canal Estatal de la totalidad de las sesiones, por su
valor pedagógico social y su idoneidad para recuperar la
credibilidad del ciudadano en sus tribunales de justicia,
así como para prestar el importante servicio público de
dar satisfacción al derecho inalienable de los peruanos
a conocer su historia y las formas represivas que se
dieron en el Perú, con el ﬁn de evitar la repetición de
estos gravísimos crímenes. También se deplora que el
juicio no sea transmitido por radios públicas de alcance
Séptima: Lamentamos y denunciamos las agresiones,
amenazas y campañas de desprestigio y estigmatización
de las cuales el Fiscal Guillén, las víctimas y sus
representantes así como las organizaciones APRODEH
e IDL que se destacan por su lucha en contra de la
impunidad y su profunda dedicación en este juicio,
han sido víctimas en el contexto del juicio a Fujimori,
incluso desde las más altas esferas del Estado peruano.
Condenamos también el atentado perpetrado contra
el memorial El Ojo que Llora, al día siguiente de la
extradición del ex Presidente.
Octava: Esperamos que este juicio permitirá hacer la luz
sobre los acontecimientos trágicos que sucedieron bajo
el gobierno de Fujimori y que permitirá avanzar aún más
en el juicio de los demás responsables de estos crímenes
de lesa humanidad. Sin embargo, se lamenta que, en
la modalidad de colaboración para la persecución de
los responsables de estos crímenes – que se gratiﬁcará
con beneﬁcios penales -, no se busque al mismo tiempo
conseguir información para la localización de los cuerpos
de las víctimas aún desaparecidas. De la misma forma,
es inadmisible que no haya habido mayores avances en
la identiﬁcación de los cuerpos de las 10 víctimas de La
Novena: Hacemos par de nuestra honda preocupación
en relación con las iniciativas tanto del Congreso como
del Gobierno actual que tienden a la represión y a la
criminalización, y hacen temer que algunos de los
esquemas y crímenes que se produjeron bajo el gobierno
de Fujimori vuelvan a repetirse. Es ya tiempo que el
Perú aprenda de su pasado, y se espera que el juicio al
ex Presidente ayude en este sentido.
Décima: Denunciamos ﬁrmemente las leyes de Justicia
militar dirigidas a asegurar la impunidad de los crímenes
graves cometidos por los militares, así como el proyecto
de ley anunciado recientemente y en el cual se
ofrecería, en violación clara del derecho international
y regional de los derechos humanos, una amnistía a los
militares que ejecutaron los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante el conﬂicto bajo el pretexto de la
orden recibida.
Undécima: Finalmente esperamos que, en caso de que
haya una apelación de la decisión que será rendida por la
Sala Especial de la Corte Suprema en primera instancia,
los magistrados de segunda instancia se apeguen tan
escrupulosamente a los principios del debido proceso
y a aquellos del derecho internacional y regional de
los derechos humanos en materia de justicia, verdad y
reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos
por el acusado Alberto Fujimori.
Aún si la valoración del proceso llevado a cabo por la
Sala Especial de la Corte Suprema está exempto de
irregularidades y cumple escrupulosamente con los
estándares regionales e internacionales en materia
de debido proceso y con respecto al derecho de las
víctimas a obtener verdad y justicia, resulta evidente
que varios factores que giran entorno a ello están
orientados a obstaculizar la justicia y a hacer prevalecer
la impunidad. Así que, a ﬁn de asegurar que los crímenes
de lesa humanidad de los cuales el acusado Fujimori se
hizo responsable y para que se cumpla a cabalidad con
los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y
a la reparación, la FIDH formula las recomendaciones
Que el Gobierno y la sociedad peruana den un respaldo
irrestricto al trabajo del Poder Judicial para dar
satisfacción al derecho de las víctimas a la verdad,
Que se asegure, en caso de apelación de la decisión
de la Sala Especial de la Corte Suprema, que los
magistrados de segunda instancia respondan a los
criterios de imparcialidad e independencia que deben,
en conformidad con los compromisos asumidos por
el Estado peruano a nivel regional e internacional,
caracterizar cualquier tribunal.
A) En relación con las investigaciones
de los crímenes cometidos durante el
Que el Estado peruano, en relación a los desaparecidos,
proporcione los recursos y logística necesarios que
permitan avanzar con más prontitud en la ubicación,
exhumación e identiﬁcación de los restos de los
desaparecidos, a ﬁn de que los familiares puedan darles
un enterramiento digno.
Que para el otorgamiento de los beneﬁcios penales por
una colaboración eﬁcaz se tenga asimismo en cuenta la
información proporcionada por el acusado y los testigos
durante las audiencias para la localización de las fosas
donde fueron enterradas las víctimas.
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 21
Que por los distintos Poderes del Estado, en el ámbito de
sus respectivas competencias, se adopten las medidas
urgentes adecuadas para salir del estancamiento
en que se encuentran las otras investigaciones en
los casos priorizados por la Comisión de la Verdad y
Que por las autoridades militares y policiales se presten
con la debida prontitud y eﬁcacia los medios de prueba
solicitados por las autoridades judiciales, máxime
cuando los interesados están en servicio activo, para no
entorpecer la investigación de los delitos perseguidos.
Que ante la falta de abogados para representar a las
víctimas en las investigaciones por violaciones de
derechos humanos, se constituya dentro del Ministerio
Público, el servicio de Defensores Públicos, que permita
la participación de las víctimas en la investigación.
B) Sobre el marco legal para garantizar
la no repetición de los crímenes del
Que el Presidente y los demás miembros del gobierno y
altas autoridades que hicieron declaraciones en contra
de APRODEH y de otras organizaciones de defensa
de derechos humanos retiren sus acusaciones y les
rehabiliten públicamente.
Que se ponga de inmediato un término a la
instrumentalización de la APCI dirigida a hostigar a las
organizaciones de defensa de los derechos humanos y
a obstaculizar su labor.
Que por el Gobierno y el Congreso se dé una solución
formal y material correcta a toda la problemática
de hostigamiento y amenazas, y de modo especial
haciendo avanzar el proyecto de Ley presentado por
el Grupo Parlamentario “Unidad Nacional” el día 12 de
Septiembre de 2006, sobre “El proceso de beneﬁcios
por colaboración eﬁcaz y sobre el sistema de protección
de colaboradores, agraviados, testigos y peritos”.
Que se apruebe la constitución de un Programa de
Protección para defensoras y defensores de Derechos
Humanos, según la propuesta arriba mencionada.
Que se retomen y debatan a la mayor brevedad por parte
del Congreso, iniciativas legislativas como el Proyecto
de Adecuación de los delitos penales nacionales a los
delitos establecidos en el Estatuto de Roma o Corte
Que leyes como la 29182 sobre “Organización y
Funciones del Fuero Militar y Policial” sean adaptadas
deﬁnitivamente a la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional en cuanto a la composición y sistema de
nombramiento y control de los miembros integrantes
de los tribunales militares y policiales, ante el riesgo
de involución que lleva consigo su actual articulado.
Que se rechace contundentemente la iniciativa
legislativa que apunta a otorgar una amnistía a más
de 600 militares por los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante el conﬂicto armado.
C) Sobre la protección de los
defensores de derechos humanos, de
las víctimas y de sus representantes y
de los jueces y ﬁscales
Que los actos de hostigamiento y amenazas denunciados
en este informe sean debidamente investigados y que
se sancione a sus responsables a lo largo de un juicio
independiente e imparcial en el cual se garantiza el
derecho a un debido proceso.
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 22
representa 155
organizaciones de defensa de derechos humanos distribuidas
Determinar los hechos:
Desde el envío de un observador judicial hasta la organización de una misión internacional de investigación, la
FIDH lleva a cabo, desde hace más de cincuenta años, una labor rigurosa e imparcial para esclarecer hechos y responsabilidades. Los expertos que trabajan sobre el terreno lo hacen de manera voluntaria al servicio de la FIDH.
En los últimos 25 años, la FIDH ha delegado cerca de 1 500 misiones en un centenar de países. Estas acciones han
reforzado las campañas de alerta y de defensa de la FIDH.
Apoyo a la sociedad civil:
La FIDH organiza múltiples actividades en partenariado con sus organizaciones miembro en sus respectivos países.
Estas acciones pretenden fortalecer la capacidad de acción y de inﬂuencia de los militantes de los derechos
humanos, además de darles una mayor credibilidad frente a los poderes públicos locales.
Movilizar a la comunidad de Estados:
un lobby constante frente a las instancias intergubernamentales
La FIDH brinda apoyo a sus organizaciones miembro y a sus socios en sus gestiones en el seno de las organizaciones
intergubernamentales. Asimismo, alerta a las instancias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos
y denuncia casos particulares ante dichas instituciones.La FIDH también colabora en la creación de instrumentos
jurídicos internacionales.
Informar y denunciar:
La FIDH alerta y moviliza la opinión pública, y, de esta manera, intenta dar a conocer las violaciones de derechos
humanos. Para lograr dicho objetivo, la FIDH emite comunicados, organiza conferencias de prensa, escribe cartas
a las autoridades, redacta informes de misión, hace llamados urgentes y peticiones, lanza campañas y utiliza su
17, passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France
Tel: (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
Site internet: http://www.ﬁdh.org
Directora de la publicatión: Souhayr Belhassen
Jefe de redacción: Antoine Bernard
Autores del informe: Antonio Doñate, Alirio Uribe
Coordinadores del informe: Jimena Reyes, Delphine Raynal
PAO: Céline Ballereau
Imprimerie de la FIDH - Dépôt légal novembre 2008 - Fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978 - (Déclaration N° 330 675)
FIDH - El juicio a Fujimori : ¿ El ﬁn de la impunidad ? / 23
régimen de Derecho, a ﬁn de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reaﬁrmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de
que los Estados Miembros se
• La FIDH trabaja para proteger a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos, para prevenir estas violaciones y llevar a los autores de los crímenes
• Una vocación generalista
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos los
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales
• Un movimiento universal
Creada en 1922, hoy en día la FIDH federa 155 ligas en más de 100 países.
Asimismo, la FIDH coordina y brinda apoyo a dichas ligas, y les sirve de lazo a
• Obligación de independencia
La FIDH, al igual que las ligas que la componen, es una institución no sectaria,
aconfesional e independiente de cualquier gobierno.
Para tener información sobre las 155 ligas de la FIDH, por favor conéctese a www.ﬁdh.org
El juicio a Fujimori: El fin de la impunidad?
El proceso contra Alberto Fujimori constituye un hito para los derechos humanos en el Perú y a nivel mundial. Por primera vez un ex Presidente del Perú es llevado a juicio por crímenes contra la humanidad. Es la primera vez en la historia que un ex Presidente ha sido extraditado para responder por acusaciones de tales crímenes en su propio país.

References: artículo
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