Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-35116-de-octubre-24-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d0bce3a33acb006ae0430a010151006a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 17:48:08+00:00

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CONTENIDO:CONCIERTO PARA DELINQUIR. EL CONCURSO DE PERSONAS EN UN DELITO, NO CONFIGURA PER SE EL CONCIERTO PARA DELINQUIR, NI PUEDE CONFUNDIRSE CON ESTE. LA ASOCIACIÓN CRIMINAL PROPIA DEL CONCIERTO, FUNDAMENTALMENTE SE CARACTERIZA POR EL ACUERDO PARA COMETER DELITOS INDETERMINADOS Y LA DECISIÓN DE QUE ESA UNIÓN SE PROLONGUE EN EL TIEMPO, ES DECIR QUE TENGA VOCACIÓN DE PERMANENCIA. CUANDO EL ACUERDO ES PARA CONSUMAR UN DELITO, SE ESTÁ FRENTE A UN CONCURSO DE PERSONAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, CONCIERTO PARA DELINQUIR, HURTO CALIFICADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:495 DE MARZO DE 2013, PG.443
Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil doce
Por el contrario, la Fiscalía fue clara al expresar que a cambio de la aceptación de los cargos y de la responsabilidad de los acusados, ofrecía “la rebaja de pena del 43% a imponer como única rebaja compensatoria por el preacuerdo, ofrecimiento que es aceptado por los imputados en presencia y asesorados por sus defensores”(1).
La representante del Ministerio Público después de señalar que los acusados no tenían derecho a ningún mecanismo sustitutivo de la pena en razón del cuantum a imponer ni a la prisión domiciliaria, advirtió que “la única rebaja sería del 43%, lo que se ha pactado y pues eso sería su señoría realmente lo que está por decidir en virtud del 447 porque aquí no opera ningún subrogado ni beneficio adicional al 43% leído ya en el preacuerdo”.
De ese modo, no tuvo en cuenta el a quo que el denunciante fijó la cuantía de los perjuicios en la suma de $ 180.000.000(3), que las víctimas no asistieron a la audiencia de aprobación del preacuerdo por temor, mientras dos de ellas, Luz Aydé Varela Vaquero y Luis Carlos González Dávila, renunciaron además a “iniciar ningún tipo de acción legal dentro de la presente investigación”.
De otro lado, la sentencia ignoró la aclaración de la Fiscalía, de acuerdo con la cual la devolución de los $ 34.000.000 de pesos tenía como finalidad posibilitar el acuerdo, razón por la cual invocó el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que lo prohíbe cuando “el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo” no reintegra por lo menos el 50% de lo percibido.
Este postulado encuentra desarrollo legal en el artículo 8º del Código Penal de 2000 con carácter de norma rectora, el cual prohíbe imputar más de una vez el mismo comportamiento punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le de o haya dado.
Ahora bien, el concierto para delinquir es de aquellos tipos penales llamados de doble acción o plurisubjetivos, debido al número de personas que requiere para su configuración, más de una, quienes responden a título de autores por el solo hecho de asociarse de manera permanente para cometer delitos indeterminados.
A su vez el tribunal señaló que el concierto para delinquir es un delito autónomo y concurre con los hechos ejecutados por los concertados, mientras que la situación fáctica revela la existencia de un concurso real y heterogéneo entre el y la conducta contra el patrimonio económico y la aceptación del preacuerdo “implicó la renuncia a controvertir los cargos”.
Entonces, tiene razón el libelista porque la discusión no era si los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas en sus dos modalidades son independientes al de violencia contra servidor público como lo decidió el tribunal, sino que la imputación de este último y al mismo tiempo de la causal 3ª del artículo 365 del Código Penal, violaba el principio del non bis in ídem.
1. No Casar el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados, por el cargo segundo propuesto en las demandas a nombre de Luis Enrique Garcia Osorio, Marlon Andrés Macías Maya y Gonzalo Rodríguez Echeverri.
2. Casar parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá conforme al cargo primero de la demanda a nombre de Herson Enrique Rubio Salamanca; en su lugar, imponerle al igual que a Luis Enrique García Osorio, Marlon Andrés Macías Maya, Gonzalo Rodríguez Echeverri y Carlos Alberto Cardozo Oliveros ciento seis (106) meses y un (1) día de prisión y ajustar la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al período fijado para la pena privativa de la libertad, como coautores de los delitos de hurto calificado agravado, receptación, uso de documento falso, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho Fernando Alberto Castro Caballero—Maria del Rosario Gonzalez Muñoz—Gustavo E. Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio E. Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.
A continuación expreso las razones que me llevaron a salvar parcialmente voto en el presente caso. Mi respetuosa discrepancia con la providencia adoptada por la Sala en este proceso se dirige, en primer lugar, al aspecto donde se hace prevalecer el principio de la no reformatio in pejus sobre el principio de legalidad para abstenerse de enmendar el error cometido por el juzgador al reconocer la rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal, sin que en la actuación se colmaran los presupuestos previstos por esa disposición para el efecto.
Y en segundo lugar, a las razones ofrecidas por la mayoría para marginar de la condena el cargo de concierto para delinquir.
A continuación fundamento tales disensos.
(i) El principio de legalidad prevalece sobre la no reformatio in pejus:
No comparto la postura según la cual el principio de legalidad debe ceder a la no reformatio in pejus, pues en mi concepto, aquel principio es uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sin el cual no es posible asegurar la realización de fines esenciales del Estado, tales como la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, conforme lo establece el artículo 2º de la Constitución Política, de tal forma que el principio de legalidad está llamado no solo a lograr los principales fines del Estado de derecho sino a evitar el caos y la arbitrariedad.
“Así las cosas, encontramos que el artículo 1 constitucional señala que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual conlleva necesariamente la vigencia del principio de legalidad, como la necesaria adecuación de la actividad del Estado al derecho, a los preceptos jurídicos y de manera preferente a los que tienen una vinculación más directa con el principio democrático, como es el caso de la ley.
Por su parte, el artículo 121 de la Carta reitera el contenido del principio de legalidad, al señalar que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, y el artículo 123 estipula que existe un sistema de legalidad que vincula a todos los servidores públicos y a todas las autoridades no solo a la Constitución y la ley, sino que la extiende al reglamento, ello para poner de presente que las autoridades administrativas de todo orden deben respetar la jerarquía normativa y acatar, además de la Constitución y la ley, los actos administrativos producidos por autoridades administrativas ubicadas en el nivel superior”(6).
El reconocimiento universal del principio de legalidad no fue pacífico. Su consagración en materia punitiva se le debe en gran medida a Cesare Beccaría, quien inspirado en el pensamiento iluminista y en reacción a los desafueros de la monarquía, postuló el apotegma “nullum crimen, nulla poena sine lege”, cuyo fin estaba dirigido a propender porque se erigieran como delito solamente aquellas conductas que produjeran daño social, sin que pudiese existir persecución por los denominados vicios o pecados, según las definiciones de carácter meramente moral que los gobernantes asignaban ex novo a comportamientos de esa naturaleza(7).
Buscaba también que las sanciones no fuesen inhumanas(8) y que se aplicaran, además, en forma proporcional al delito cometido(9).
El pensamiento de Beccaría se inspiró en el contrato social de Hobbes y Rousseau, entre otros. Conforme a esa concepción, los hombres vivían en un estado de naturaleza donde las constantes guerras hacían imposible la convivencia pacífica. Por eso decidieron celebrar un acuerdo, en virtud del cual entregaron a un tercero (el Estado) la potestad de regular sus vidas. Sin embargo, no entregaron el poder total, “sino la porción necesaria para ‘mantener el buen orden’”(10). De ahí que “con quien ha realizado un comportamiento que se considera violatorio de las normas impuestas en una determinada sociedad, no se puede hacer lo que se venga en gana”(11).
A tono con esa concepción, la Corte Constitucional colombiana ha expresado que el referido principio tiene una posición central en la configuración del Estado de derecho, en la medida en que es rector del ejercicio del poder y rector del derecho sancionador(12).
Es tal la trascendencia del principio de legalidad en los Estados democráticos de derecho y tan importante para la convivencia de los ciudadanos, que ni aun en los estados de excepción es posible su suspensión. Así lo tiene previsto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica(13), que forma parte del denominado bloque de constitucionalidad, conforme lo establecido en el artículo 93 de la Carta Política. En efecto, el artículo 27 de la citada Convención dispone:
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos” (el destacado es nuestro).
La veda de la reforma en peor no constituye un derecho absoluto(14), de modo que si entra en tensión con el principio de legalidad es necesario ponderarlos para determinar cuál de los dos tiene prevalencia. “La ponderación es... la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas, y, por tanto, cuál de ellos determina la solución para el caso”(15).
Por lo demás, sabido es que en el moderno constitucionalismo el proceso penal ya no se concibe como el conjunto de normas orientadas, preferentemente, a garantizar los derechos defensivos del procesado. Hoy en día constituye también presupuesto de legitimación del sistema punitivo el respeto de los derechos a la víctima a buscar la verdad, la justicia y la reparación(16).
(ii) Supresión del delito de concierto para delinquir:
La segunda y última inconformidad que tengo con la sentencia aprobada por la Sala, como lo reseñé ab initio, toca con la eliminación allí pronunciada del cargo de concierto para delinquir. Si bien, es de advertir, estoy de acuerdo con esa decisión, mi disenso cobija la fundamentación ofrecida por la mayoría para proceder de esa manera.
Como lo señala la Corte en la precitada providencia, el delito de concierto para delinquir es un tipo penal autónomo, de modo que se estructura con el simple acuerdo de voluntades para cometer conductas punibles de manera indeterminada, sin que para ello sea necesaria la realización de estas. Al respecto la corporación tiene dicho de tiempo atrás lo siguiente:
“El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley —coautoría propia—, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva” (cfr. Sen. 2ª. Inst., sep. 23/03 Rad. 17089).
En el mencionado pronunciamiento señaló la Corte, además, que “el legislador consideró que el solo hecho de concertarse, pactar, acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya punible, pues por sí mismo atenta contra la seguridad pública y por ello extendió la protección penal hacia esa actividad, sin que sea necesario exigir un resultado específico para pregonar el desvalor en tal conducta”(17).
Desde luego, si se concreta la finalidad convenida, los punibles ejecutados en desarrollo de la concertación pasarán a formar un concurso de conductas delictuales(18). De ese modo, si varios de los miembros de la organización así estructurada se apoderan de bienes muebles ajenos incurrirán tanto en concierto para delinquir como en hurto, incluso bajo la agravación derivada de la intervención “de dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer” el atentado contra el patrimonio económico (Cód. Penal, art. 241, num. 10), pues la realización de ese otro punible, con todas sus circunstancias, constituirá un hecho posterior e independiente del concierto para delinquir.
No es factible aducir que la aludida agravante constituye lo que doctrinalmente se ha denominado acto posterior impune o copenado, pues, como lo ha dicho la Corte, citando al autor Santiago Mir Puig, dicho fenómeno comprende aquellos “hechos posteriores al delito que por sí solos no constituyen infracción, porque el contenido material de la prohibición es “consumido” o “absorbido” por el delito original, razón por la cual resultan impunes”. Se tienen como tales, los actos dirigidos a asegurar, aprovechar o realizar el beneficio obtenido o perseguido con el delito al cual siguen, de modo que no incrementan el daño causado por el mismo y presentan una identidad de bien jurídico, pues no lesionan uno nuevo”(19).
Con la intervención de varias personas en la perpetración del latrocinio no se procuraba asegurar, aprovechar o realizar el beneficio perseguido con el concierto para delinquir, como que, incluso, la estructura típica de ese ilícito no exige propósito de tal naturaleza. De otra parte, la causal de mayor punibilidad constituye agravante de un tipo penal que protege un bien jurídico (patrimonio económico) diverso al tutelado por el concierto para delinquir, esto es, la seguridad pública.
Por tanto, estoy en desacuerdo con la Sala mayoritaria cuando excluye en el presente caso la concurrencia del concierto para delinquir con sustento en el principio non bis in ídem, así como también cuando sostiene que la configuración de dicho punible impide la imputación de la circunstancia de agravación en mención. Si, como se dijo, se trata ese de un delito autónomo, es perfectamente viable que el mismo concurse con otros punibles.
En mi criterio, la marginación del aludido atentado contra la seguridad pública obedece, en realidad, a que en el presente caso no se estableció uno de los elementos configurantes del mismo, en concreto, la comisión indeterminada de delitos por parte del colectivo que perpetró el latrocinio ocurrido en el inmueble situado en la carrera 71D Nº 50-24 de esta ciudad.
Tanto el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y los procesados, como las sentencias de instancia dan cuenta de la realización exclusiva de ese ilícito, luego no aparece que dicha organización tuviera como propósito la ejecución de varios delitos. Es este, y no el expresado en la sentencia mayoritaria, el motivo que debió cimentar la supresión del mencionado cargo.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones que me llevaron a apartarme parcialmente de la decisión adoptada en este asunto, así como de algunos de sus fundamentos.
(6) Sentencia C-028 de 2006.
(7) Beccaría, Cesare. De los delitos y de las penas. Estudio preliminar de Nódier Agudelo Betancur. Universidad Externado de Colombia, págs. XVII y 18. Beccaría rechazó firmemente la idea de que la pena tuviera fines expiatorios.
(8) Estaba en desacuerdo con la tortura y tratos crueles, así como con la pena de muerte como sanción generalizada.
(9) Dentro de sus postulados también estuvo la igualdad de las sanciones. Decía: “Si se destina una pena igual a los delitos que ofenden desigualmente la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor, cuando hallen a él unida mayor ventaja” (pág. 20 ob. cit.).
(10) Vanossi, Jorge Reinaldo. Teoría Constitucional. Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1975.
(11) Beccaría, Cesare. Ob. cit. Pág. XVII.
(12) Cfr. Sentencias C-710 de 2001 y C-530 de 2003.
(13) Aprobado mediante la Ley 16 de 1972.
(14) En la sentencia C-028 de 2006 la Corte Constitucional señaló que no hay derechos absolutos.
(15) Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El Proceso Penal, tomo I, fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 269.
(16) “...La concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que estos sean orientados a su restablecimiento integral y ello solo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos”. Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002.
(17) Sentencia del 13 de octubre de 2004, radicación 22141.
(18) Cfr. Providencia del 19 de enero de 2011, radicación 26954.
(19) Sentencia del 7 de abril de 2010, radicación 30148.

References: artículo 349
 artículo 8
 artículo 365
 artículo 269
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 121
 artículo 123
 artículo 93
 artículo 27