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Timestamp: 2019-08-19 10:36:00+00:00

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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - DHpedia
Verde oscuro: firmada y ratificada; verde claro: firmada pero no ratificada; gris: ni firmada ni ratificada
Apertura a la firma: 10 de diciembre de 1984
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987
Estados firmantes: 83
Estados parte: 163[1]
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y entró en vigor el 26 de junio de 1987, de acuerdo con el artículo 27.
Los Estados Partes en la Convención se comprometen a tipificar los actos de tortura como delitos en su legislación penal y aplicar penas adecuadas a esos delitos; a investigar con prontitud e imparcialidad todos los presuntos actos de tortura; a asegurarse que ninguna declaración realizada mediante tortura sea aceptada como prueba en ningún procedimiento judicial y a garantizar que la legislación proporciona a las víctimas o a las personas a su cargo, el derecho a su rehabilitación y a indemnizaciones justas y adecuadas[2].
La Convención consta de 33 artículos divididos en tres partes, antecedida por una serie de considerandos o motivos. La Convención tiene por objeto principal impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los Estados, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la guerra o cualquier otra emergencia (artículo 2.2).
La tortura es una violación a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales. Puesto que el uso de la tortura ataca el mismo centro de las libertades civiles y políticas, fue uno de los primeros temas tratados por las Naciones Unidas, en su desarrollo de estándares de derechos humanos. Así, el castigo corporal fue abolido en los territorios coloniales en 1949[3]. La tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, inaceptables bajo cualquier circunstancia, están prohibidos por la leyes internacionales.
«...cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental sobre una persona, con el propósito de obtener de él/ella o de una tercera persona información o una confesión, castigarlo por un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por cualquier razón basado en discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea inflingido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia...»
Abstenerse de practicar actos de tortura o de infligir malos tratos.
Prevenir estas prácticas mediante la adopción de medidas adecuadas.
Reprimir tales prácticas y tipificarlas como delito en el derecho penal interno, mediante las penas adecuadas.
Reparar el daño sufrido por las víctimas de estas prácticas mediante recepción de las denuncias, investigación imparcial y protección tanto de la víctima como de los testigos.
Extraditar o juzgar a los autores de tales actos.
El artículo 2 de la Convención establece que todos los Estados parte tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir los actos de tortura; esto incluye medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole que se estimen convenientes. Los Estados también tienen la obligación de evitar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aunque no sean torturas, como se indica en el artículo 16.
Es de resaltar el artículo 3, que establece el principio de no expulsión, es decir, ningún Estado debe expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando haya “razones fundadas” para creer que dicha persona estará en peligro de ser sometida a tortura.
1 Contenidos de la Convención
2 El Comité contra la Tortura
3 El Protocolo Facultativo y el Subcomité Contra la Tortura
definición de la tortura; jurisdicción y extradición del delito de tortura; investigación pronta e imparcial de las acusaciones de tortura; formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley; reparación del daño a la víctima y su derecho a una indemnización justa y adecuada; impedimento de los Estados a que en sus territorios se den tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura. se refiere a la organización del Comité contra la Tortura, establecido para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del tratado. mecanismos para firmas, ratificaciones y adhesiones a la Convención.
La Convención estipula la creación de un Comité contra la Tortura (Artículo 17), integrado por 10 expertos que son elegidos por los Estados partes, cuya función el velar por el cumplimiento de la Convención en los Estados partes. El Comité entró en funcionamiento en 1988[4].
El artículo 20 de la Convención establece que el Comité puede emprender investigaciones por iniciativa propia si recibe información fiable con indicios fundados de tortura o maltrato. No obstante, el artículo 28 establece que en el momento de la firma, ratificación o adhesión a la Convención, cualquier Estado podrá declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en el artículo 20.
El artículo 21 estipula que los Estados Partes pueden presentar denuncias ante el Comité sobre presuntas violaciones de la Convención por otro Estado Parte.
El artículo 22 establece que todo Estado Parte podrá reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, o que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la convención.
El Comité también realiza publicaciones (observaciones generales) para interpretar el contenido de la Convención.
El Protocolo Facultativo y el Subcomité Contra la Tortura
El Protocolo Falcultativo fue adoptado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2002 y entró en vigor el 22 de junio de 2006. Los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo están obligados a crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que permite la visita regular a lugares de detención. Así el Protocolo Facultativo proporciona un doble sistema de vigilancia precautoria contra la tortura; internacional y nacional.
El Protocolo Facultativo surgió de la necesidad de adoptar nuevas medidas para conseguir los objetivos de la Convención y mejorar la protección de las personas privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o penas, inhumanos o degradantes, mediante procedimientos preventivos, fundamentalmente visitas a los lugares de detención[5].
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o DegradantesAdoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 Los Estados Partes en la presente Convención,
Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:
Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.
Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.
Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.
Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue el Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.
Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados Partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité constituido con arreglo a la presente Convención.
Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente artículo.
Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité.
Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.
Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:
Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado cualquier disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la medida correcta que ese Estado haya adoptado.
El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:
El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo.
El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.
Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia del Comité según se establece en el artículo 20.
Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.
Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
↑ https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
↑ http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_104.pdf pág. 21
↑ http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Instrumentos_Juridicos&id=386&opcion=descripcion
↑ http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_104.pdf pág. 29
↑ http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_104.pdf pág. 48
«La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», Rafael García de Alba (PDF)
«Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Versión comentada» (PDF)
Naciones Unidas; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
«Contra la tortura y otros malos tratos. Manual de acción», Rafael Amnistía Internacional (PDF)
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References: artículo 27
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 resolución 
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 20