Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22777
Timestamp: 2020-05-30 00:18:56+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 23/2012
SENTENCIA 23/2012, de 27 de febrero
ECLI:ES:TC:2012:23
a) El 23 de septiembre de 2002, el centro geriátrico La Lonja, S.L., y doña María Rafaela Claur Marín, promovieron demanda de juicio ordinario por infracción de sus derechos fundamentales al honor, el primero, y a la intimidad personal y a la propia imagen, la segunda, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Sueca, contra Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y contra la cadena Antena 3 Televisión, S.A., que el 15 de mayo de 2002 había emitido el programa “Al Descubierto”, que versaba sobre residencias de tercera edad y reproducía la investigación realizada en tres residencias concretas, una de las cuales era el centro geriátrico La Lonja, S.L.
b) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Sueca dictó Sentencia el 12 de enero de 2004 en la que, estimando en parte la demanda, declaró la existencia de una intromisión en el derecho al honor del centro geriátrico La Lonja, S.L., pero negó que hubiera existido violación de los derechos de la señora Claur. Tras examinar los requisitos propios del derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], el Juzgador aprecia que la presentación va más allá de un reportaje neutral, no sólo porque ya antes de la emisión del video se está prejuzgando sino también porque la visión de los telespectadores queda condicionada por el propio contexto —sobre prácticas atentatorias contra la dignidad de los ancianos— en el que se emite el reportaje, atacándose así el honor, la reputación y la fama del centro. Por otra parte, entiende que, tratándose de un programa de “periodismo de investigación”, debe exigirse un mínimo de contraste y verificación de la información, de lo que es responsable el programa, que debía haber comprobado la existencia de las denuncias descritas por los particulares. De todo lo anterior concluye que el derecho a la libertad de información debe ceder en este caso frente al derecho al honor del centro geriátrico.
“2. Antes de entrar en el fondo de la controversia planteada debemos pronunciarnos, sin embargo, sobre el reparo procesal puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, esto es, la extemporaneidad del recurso de amparo, que razona destacando que tanto en el recurso de apelación como en el de casación interpuestos por la demandante de amparo se invocó la lesión del derecho a la libertad de información por lo que, habiéndose podido defender en dos ocasiones mediante los recursos procesales pertinentes la prevalencia del derecho fundamental a la información sobre el derecho [al honor], la nulidad de actuaciones resulta manifiestamente improcedente.
A este respecto debemos recordar que es doctrina reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite. Así lo declaramos, entre otras, en la STC 69/2011, de 16 de mayo, cuyo FJ 2 afirma que ‘la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos (por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero, FJ 2; 204/2005, de 18 de julio, FJ 2; 237/2006, de 17 de julio, FJ 4; 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3; y 29/2011 de 14 de marzo, FJ 3)’.
3. El art. 44.2 LOTC exige que el recurso de amparo se interponga en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. Pues bien, tal y como señalamos, entre otros, en el FJ 1 del ATC 177/2010, de 24 de noviembre, este plazo es de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y en modo alguno puede quedar al arbitrio de las partes. Por ello no cabe su alargamiento o suspensión mediante la prolongación artificial de la vía judicial previa al recurso de amparo a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes, de modo que ‘el tiempo invertido en la resolución de esos medios de impugnación manifiestamente improcedentes, cuando exceda del plazo establecido para presentar el recurso de amparo, determinará la extemporaneidad de éste (por todas, SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 2; 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2; 185/2004, de 2 de noviembre, FJ 3; y 323/2006, de 20 de noviembre, FJ 2)’ (ATC 42/2010, de 12 de abril, FJ 2).
La interpretación de lo que debe entenderse por recurso manifiestamente improcedente debe realizarse, en todo caso, de forma restrictiva en aras a la armonización de las exigencias del principio de seguridad jurídica y del derecho a la tutela judicial efectiva, ‘limitándolo a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad (por todas, SSTC 50/1990, de 26 de marzo, FJ 2; 224/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 10/1998, de 13 de enero, FJ 2; 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 172/2009, de 9 de julio, FJ 2).’ (ATC 42/2010, de 12 de abril, FJ 1).
Y en el mismo Auto que acabamos de citar (FJ 2) declarábamos ‘que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 241.1 LOPJ (en la redacción que le ha dado la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), el incidente de nulidad de actuaciones no es un recurso más, sino un remedio al que se puede acudir 'excepcionalmente' para reparar la vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE, 'siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario'’.
4. En el proceso que nos ocupa, el enfrentamiento entre el derecho fundamental a la información y el derecho [al honor] ha constituido el objeto de la controversia judicial ya desde la primera instancia, de modo que la vulneración del derecho a la libertad de información pudo ser y, de hecho fue, denunciada antes del incidente de nulidad de actuaciones.”
4. Y concluíamos en la STC 17/2012 citada (FJ 4) que: “[E]s indudable que, en las circunstancias concurrentes en el presente caso, la formulación del incidente de nulidad frente a la Sentencia de casación era manifiestamente improcedente, dado que en el incidente se denunció por la recurrente la lesión de un derecho fundamental, el derecho a la libertad de información garantizado por el art. 20.1 d) CE, que no derivaba originariamente de dicha Sentencia, sino de las Sentencias anteriores de primera instancia y apelación, pues en las dos instancias ya se había planteado la posible vulneración del citado derecho. No se trata, así, de una supuesta lesión de un derecho fundamental ‘que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso’, como exige el art. 241.1 LOPJ.”
Tipo y número de registro Recurso de amparo 10143-2009
Promovido por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial de Valencia y de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca que le condenaron a abonar una indemnización por intromisión en el derecho al honor.
Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A. interpone recurso de amparo, presentado el 2 de diciembre de 2009, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 522/2009, de fecha 7 de julio de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 1992-2005.
La formulación del incidente de nulidad frente a la Sentencia de casación era manifiestamente improcedente, dado que en el incidente se denunció por la recurrente la lesión del derecho fundamental a la libertad de información, garantizado por el art. 20.1 d) CE, que no derivaba originariamente de dicha Sentencia, sino de las Sentencias anteriores de primera instancia y apelación, pues en las dos instancias ya se había planteado la posible vulneración del citado derecho [FJ 4].
El incidente de nulidad de actuaciones no es un recurso más, sino un remedio al que se puede acudir excepcionalmente para reparar la vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario (STC 17/2012; ATC 42/2010) [FJ 2].
El plazo de interposición del recurso de amparo es de caducidad, improrrogable y no susceptible de suspensión, por lo que no cabe su alargamiento mediante la interposición de recursos manifiestamente improcedentes, de modo que el tiempo invertido en la resolución de esos medios de impugnación, cuando exceda del plazo establecido para presentar el recurso de amparo, determinará la extemporaneidad de éste (SSTC 72/1991, 17/2012; ATC 177/2010) [FJ 2].
Los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite (SSTC 32/2002, 17/2012) [FJ 2].
Doctrina sobre la interpretación de lo que debe entenderse por recurso manifiestamente improcedente (SSTC 50/1990, 17/2012; ATC 42/2010) [FJ 2].
Aplica la doctrina sobre la inadmisión del recurso de amparo por planteamiento de incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente de la STC 17/2012 [FFJJ 2, 4].
Artículo 241.1, f. 4

References: resolución 
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Artículo 241