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Timestamp: 2019-03-19 17:10:54+00:00

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Acuerdo y Sentencia 275/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 275/18
JUICIO: “FINANCIERA ITACUA S.A C/ RESOLUCION RP N° 15 DEL 31 DE ENERO DE 2008 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION” EXPTE. N° 1059, FOLIO 54, AÑO 2013.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de julio del año dos mil diez y ocho, estando presentes los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal- Dres. SINDULFO BLANCO, MIRYAN PEÑA CANDIA Y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, en la Sala de Audiencias y Publico Despacho, bajo la Presidencia del primero mencionado e integrado el último señor Ministro, ante la inhibición del señor Ministro: Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaría autorizante, se trajo a consideración los autos: “FINANCIERA ITACUA S.A C/ RESOLUCION RP N° 15 DEL 31 DE ENERO DE 2008 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION”, con el fin de resolver los recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 73; de fecha 22 de marzo de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PEÑA CANDIA Y BAJAC ALBERTINI.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. SINDULFO BLANCO DIJO: se puede verificar en autos que el Abogado Walter Canclini, por la representación ejercida en estos autos, ha desistido expresamente del recurso de nulidad interpuesto. Por otro lado no se observan vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DESESTIMAR este recurso. ES MI VOTO.
A sus turnos, los Doctores PEÑA CANDIA y BAJAC ALBERTINI manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. SINDULFO BLANCO DIJO: El Ministro; Doctor Sindulfo Blanco, prosiguió diciendo: procediendo a un análisis profundo de las cuestiones jurídicas y fácticas debatidas en estos autos, respecto del Recurso de Apelación en estudio argumento en ese sentido cuanto sigue:
Adentrándonos al análisis del Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, recurrido por el representante convencional de la parte Demandada, Ministerio de Hacienda, se vislumbra que, por el mencionado Acuerdo y sentencia el Tribunal de Mérito ha resuelto cuanto sigue: 1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por FINANCIERA ITACUA S.A. C/ RESOLUCION RP N° 15 DEL 31 DE ENERO DE 2008, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA” y, en consecuencia corresponde; 2) REVOCAR el acto administrativo impugnado, la Resolución N° 15 de fecha 31 de enero de 2008 de la Subsecretaría de Estado de Tributación y, en consecuencia. 3) DISPONER que la entidad demandada devuelva al contribuyente - en Certificados de Crédito Endosables - los montos consignados en la presente resolución que fueron abonados indebidamente y en exceso, por los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente resolución. 4) IMPONER las costas a la perdidosa. 5) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Así, las controversias que se dilucidan en la resolución referida y recurrida, se direccionan principalmente a las siguientes cuestiones:
La Sub Secretaria de Estado de Tributación, al fundar y expresar agravios, del recurso de apelación interpuesto, afirma que con el criterio adoptado por el A-quo, todas las actividades de las financieras de la República deben considerarse exentas del pago del I.V.A., acordando beneficio fiscales no autorizados por las leyes, violando el principio de legalidad. Refiere que el criterio adoptado por el Tribunal de Merito, sostiene que todas las actividades conexas y/o accesorias de4 naturaleza patrimonial realizadas por la Financiera, que genera Valor Agregado y Lucro, estarían exentas del I.V.A por el solo hecho de ser una entidad financiera.
Por otro lado, la parte actora, al contestar el traslado de la expresión de agravios de la apelante, afirma que la adjudicación y posterior transferencia de bienes para el pago de préstamos otorgados por la Financiera están exonerados del impuesto del Valor Agregado, por constituir una operación financiera que menciona el artículo 83, apartado 2) inciso c) de la Ley N° 125/91.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, respecto al punto objeto de análisis, ha considerado que la recuperación de créditos y la consecuente venta de los bienes adjudicados o dados en pago constituyen una actividad financiera alcanzada por la exoneración prevista en el Art. 83 de la Ley N° 125/91.
Contexto esta alta magistratura, a fin de establecer una hermenéutica sistemática, considera importante referirse a lo que dispone el Art. 77 de la Ley 125/91, el cual transcripto reza cuanto sigue: Hecho Generador: Crease un impuesto que se denominara impuesto al Valor Agregado. El mismo gravara los siguientes actos: a) La enajenación de bienes, b) La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia”.
Como podrá observarse, el articulado tributario transcripto, indica claramente que la prestación de servicios, es considerado como hecho generador y punto de partida que genera la obligatoriedad de pagar impuestos. En este sentido, y a fin de delimitar, específicamente a que se refiere la norma legal, al expresar “prestación de servicios” debemos remitimos a las disposiciones contenidas en el Art. 78 de la Ley 125/91, el que en su parte pertinente expresa: Definiciones: 1)...2) Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso o gratuito que, sin configurar enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho, tales como: a), b), c), ... d) Las intermediaciones en general.
Ahora bien, la discusión en el presente proceso se centra que el Art. 83, Inc. 2 de la Ley 125/91, establece cuales prestaciones de servicios serán exoneradas del pago del Impuesto al Valor Agregado, refiriendo en el apartado c) “LA INTERMEDIACION FINANCIERA”, que por hoy se encuentra regida por la Ley 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos”.
Sin embargo y referente a ello, este Ministro, considera que el acto jurídico desarrollado por la Financiera ITACUA S.A., tan siquiera podría considerarse como un hecho generador a los efectos de la determinación tributaria en los términos del Art. 77 Incs. a) y b), considerando que la circunstancia de regenerar o recuperar los activos, por medio de la reubicación de bienes obtenidos como dación de pago, no tienen incidencia en la obligación del pago de tributos en el contexto del Impuesto al Valor Agregado.
En la seguridad absoluta de que el hecho generador determina el nacimiento de la obligación tributaria, se puede afirmar que la descripción legal de enajenación de bienes y prestación de servicios, establecidos en el Art. 78 de la Ley 125/91 (hipótesis de incidencia) no es asimilable a la actividad (recuperación de activos por medio de la ubicación de bienes)desarrollada por la firma ITACUA S.A., por lo que la obligación tributaria no incide respecto del actividad realizada por la firma referida, es decir, al no existir hecho imponible (determinante del nacimiento de la obligación tributaria), no podría hablarse de incidencia del tributo sobre actividad alguna.
Las circunstancias acaecidas y probadas en autos, permiten afirmar que los bienes que financiera ITACUA S.A, ha adquirido en dación de pago y posteriormente enajenado, constituyen un sistema de recuperación de activos, que le permiten seguir realzando el servicio que desarrolla, ya que de otro modo no podría efectuar el cobro de de las deudas generadas por las obligaciones incumplidas.
Cabe recalcar que, la actividad que finalmente desarrolla la financiera ITACUA S.A. con la ubicación de los bienes obtenidos en dación de pago, es efectivamente el cobro de obligaciones incumplidas, generando la estabilidad de los activos que permiten su actividad única y principal, por ende no existe incidencia tributaria sobre dicha actividad.
Otra circunstancia no menos importante lo constituye, el hecho de que la ubicación de bienes obtenidos como dación en pago, no es la actividad habitual de la entidad financiera, sino que se produce de manera excepcional, como mecanismo ineludible de recuperación de activos, por lo que en estas circunstancias, y respecto al punto concreto, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala ha resuelto conforme a derecho.
Perdidas por Valuación de Activos en el Exterior.
La parte recurrente, Ministerio de Hacienda, a través de su representante convencional, al momento de fundar sus respectivos agravios, respecto del punto en estudio, afirma que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala ha soslayado que los resultados sobre los activos dinerarios se dan al cierre de cada ejercicio fiscal, ello es a los efectos de la determinación del impuesto a la renta y que al tipo de cambio es un accesorio de los principal, que es el depósito en el exterior, por tanto constituye una renta de fuente extranjera y el resultado negativo lo considera no deducible. Afirma igualmente la apelante, que el monto de Gs. 53.554.971 jamás puede no utilizarse para deducción de tributos, en razón, sostiene, que constituyo erogación de renta no alcanzada. Culmina solicitando se haga lugar a la apelación en ese sentido.
Por otro lado, la parte actora, Financiera ITACUA S.A., en oportunidad de contestar el traslado del escrito de agravios de la recurrente, ha expresado entre otras cosas que si bien el activo dinerario está colocado en el exterior, las pérdidas a que hace referencia este punto provienen de las diferencias de cambio que resultan de comparar el importe den dólares colocados en el exterior con el Guaraní al tipo de cambio vigente al momento de actualización. Continua refiriendo que en dólares el depósito se mantiene constante, carece de perdida ni menoscabo en dicha moneda, la perdida solo se produce en Paraguay, en donde existe la obligación de reflejar en los registros contables todas las cuentas en Guaraníes y en consecuencia, en esa conversión meramente contable, se ha producido una perdida, porque el tipo de cambio del Guaraní con el Dólar ha disminuido.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, a través de la resolución recurrida, ha expresado que la perdida por valuación de activos dinerarios colocados en el exterior por Gs. 53.554.971 (Guaraníes Cincuenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno) es deducible, en virtud a que dicha perdida se asienta y se reconoce en los libros de contabilidad de la actora, que son llevados en nuestro país y que constituyen diferencias negativas del tipo de cambio que se produce de la comparación valorativa de la moneda nacional el Guaraní, con relación a la moneda extranjera colocada. Ante estas circunstancias, este Ministro, considera necesario referirse a las normas jurídicas que regulan las circunstancias que son traídas a consideración de esta Corte.
Así, el artículo 5° de la Ley 125/91, establece cuanto sigue: Fuente Paraguaya: Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de los contratos".
Las rentas, considerándose como todo ingreso que se traduce en utilidades o beneficios generados por algún bien o servicio, serán objeto de aplicación del tributo correspondiente.
La norma, transcripta en el anterior párrafo, y concatenada con las circunstancias observadas en autos, revelan que la utilidad o beneficio que eventualmente podrían haber generado los depósitos en el extranjero, efectivamente no se ha producido, es decir la renta no se ha obtenido.
En atención a ello y realizando una integración normativa, debemos remitimos a lo que establece el Art. 9 de la Ley 125/91, la cual, en el Inc. f) establece cuanto sigue: “Conceptos no deducibles: No se podrán deducir: ...f) Gastos directos correspondientes a la obtención de rentas no gravadas. Los gastos indirectos serán deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la Administración”.
Pues bien, considerando que la renta efectivamente no se ha obtenido, y el Art. 9, Inc. f) establece que no se podrán deducir los gastos directos correspondientes a la obtención de rentas no gravadas, es razonable afirmar que las perdidas o devaluaciones de depósitos dinerarios, producidas en la república como consecuencia de la diferencia cambiaria (depósitos en dólares americanos/devaluación en guaraníes) y que no han generado rentas, son deducibles, mas aun cuando ello se encuentra asentado y reconocido en los libros de contabilidad de la parte actora, cuyas constancias han sido verificadas por la autoridad Administrativa Nacional. Ante las argumentaciones esgrimidas, considero, que el Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013, respecto del punto en estudio, ha sido dictado conforme a derecho.
Gratificación y bonificación
En relación a este ítem, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ha considerado en el Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013, que de las constancias de autos concluyen que esta cuestión no fue denunciada ni debatida durante el sumario administrativo instruido a la firma financiera ITACUA S.A. y, en consecuencia, expresan, se ha violado el derecho constitucional a la legítima defensa, privándose a la sumariada de defenderse en relación a al rubro en estudio.
Por su parte, la recurrente y demandada, Ministerio de Hacienda a través de su representante convencional y en oportunidad de presentar sus agravios, ha expresado, que el criterio adoptado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala es totalmente inaudita, improcedente y hasta insultante considerando que es el accionante quien, recién en el debate judicial del asunto, en su escrito ante el tribunal de cuentas quien señala cuestiones no debatidos, reclamados ni estudiados en sede administrativa. Afirma, que no puede explicarse como un asunto no tratado en sede administrativa y luego reclamado directamente ante el Tribunal de cuentas puede tener un fallo favorable.
Igualmente, la parte Actora y recurrida, financiera ITACUA S.A., al momento de contestar el traslado de los agravios presentados por la adversa, ha referido que el apelante pretende la confirmación del errado criterio de la resolución administrativa, que incorpora un rubro no denunciado por los inspectores actuantes y que no ha formado parte de la litis en el sumario administrativo. Continua expresando, la recurrente, que desde el punto de vista del debido proceso, no se puede incorporar en la Resolución que da por concluido todo el proceso sumarial, una nueva cuestión no denunciada, discutida, debatida ni probada durante todo el sumario, porque ello afecta el derecho de defensa del contribuyente quien no ha tenido consecuentemente la oportunidad de ejercerla sobre el nuevo concepto incorporado, por la ventana y de contrabando, en la resolución de marras.
Las constancias obrantes en autos, permite determinar si el tribunal de mérito, ha fundado correctamente el Acuerdo y Sentencia recurrido, así como la verificación de la imprescindible motivación de la misma. Así, a fs. 11/26 de autos, consta la Resolución RP N° 15 de fecha 31 de enero de 2008, por la cual el Vice ministerio de Tributación, hace lugar parcialmente al Recurso Administrativo de Reconsideración interpuesto por la firma FIANCIERA ITACUA S.A, con RUC N° FITA-916850A, Modifica los términos del Art. 3 de la Resolución N° 1562 emitida por la Subsecretaría de Estado de Tributación en fecha 27 de diciembre de 2006 y finalmente ordena, Percibir de la firma ITACUA S.A. la suma de Gs. 543.366.012 (Guaraníes quinientos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y seis mil doce) en concepto de impuestos y multas.
En la aludida Resolución Administrativa, la administración tributaria, en el Inc. I) Gratificación y bonificación, refiere cuanto sigue: “este rubro ha sido correctamente denunciado e incluido en el DVF N° 25, obrante a fs. 17 de autos, por tanto corresponde confirmar la resolución recurrida en este concepto. Vale aclarar, en el sentido mencionado, que la administración tributaria, ha denegado la pretensión de financiera ITACUA S.A.
Siendo así, efectivamente en la Resolución RP N° 15 de fecha 31 de enero de 2008, consta que el rubro, objeto de análisis, ha sido denunciado. Sin embargo, no consta en autos, ni en los fundamentos de la resolución referida que el rubro (Gratificación y bonificación) haya sido objeto de debate procesal y dentro del sumario administrativo, es decir, se pretende justificar una sanción administrativa por la sola existencia de una denuncia, sin otorgarle el andamiaje jurídico de la bilateralidad, que generara en fin la seguridad jurídica del debido proceso, es decir se perciben elementos de convicción que permitan afirmar que efectiva y realmente se haya desarrollado, debatido y controvertido el rubro de gratificación y bonificación. Y ello es así considerando que el Art. 196 del la Ley 125/ 91, impone que los actos de la Administración Tributaria cumplan con los requisitos de seguridad y validez relativos a la forma legal y al procedimiento correspondiente. Concluyendo y en atención a las argumentaciones que hacen a las gratificaciones y bonificaciones, esta alta Magistratura, considera que el punto en estudio contenido en el Acuerdo y Sentencia recurrido, debe ser confirmado, habiendo en el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala motivado y fundado, aquella, conforme a derecho.
Devolución de montos impositivos.
Finalmente, el Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ha dispuesto, que la entidad demandada devuelva al contribuyente en certificados de crédito endosable, los montos consignados en la referida resolución que fueran abonados indebidamente y en exceso.
La parte recurrente y demandada, Ministerio de Hacienda, al expresar agravios, en relación a ello, refiere que la adversa no ha solicitado ni arrimado antecedentes y/o probanzas que hacen a la justificación del ingreso de las sumas de dinero reclamadas por el contribuyente. Continua argumentando que, el procedimiento para reclamar sumas de dinero, es necesario realizarlo en sede administrativa para acreditar la existencia del crédito reclamado.
Respecto de ello, este Ministro al observar las constancias de autos, ciertamente no encuentra elemento probatorio que permita afirmar el pago indebido y en exceso realizado por la parte Actora ante la autoridad tributaria, y que en el presente proceso contencioso reclama la devolución.
Igualmente, resulta importante referimos a las disposiciones contenidas en la Ley 125/91, relativas a la devolución de impuestos pagados indebidamente y en exceso. Así, el Art. 217 del referido conjunto normativo tributario dispone: “Repetición de pago: El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a repetición. La devolución de tributos autorizada por leyes o reglamentos, a titulo de incentivo, franquicia tributaria exoneración, estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento. Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes. Evidentemente y como ya se refiriera anteriormente, el pago en exceso o indebido dará lugar a la repetición, sin embargo ello deberá ser probado, es decir, no puede procederse a la devolución de pagos excedidos o indebidos, que el contribuyente reclamante no haya probado haberlos realizado, mas aun cuando el Art. 218 del la Ley 125/91 dispone que la repetición de pago procede cuando el mismo se haya efectuado mediante declaración jurada o en cumplimiento a una determinación firme del tributo.
Esta circunstancia no ha podido ser determinada en esta instancia, en razón a que no constan, por un lado, recibos de pago de los impuestos respectivos, y por el otro, procedimiento alguno de repetición de pago establecido en el Art. 222 de la Ley 125/91, que permita, eventualmente a los órganos jurisdiccionales competentes, ordenar la montos impositivos.
Deducción de remuneraciones al personal superior.
Con relación esta cuestión, objeto de apelación, la deducibilidad de gastos de la remuneración asignada a los gerentes, que en definitiva constituye personal superior de la entidad financiera, y que a decir del apelante, el tribunal de Cuentas ha cimentado su fallo sobre premisas equivocadas. La apelación alude sus expresiones de agravio, citando las normativas reglamentarias que regulan los límites de la remuneración del personal superior. En canto a este punto la cuestión fundamental radica en que el actor apuntalo su demanda, en que si nienm el Art. 8° de la Ley 125/91 hace alusión a las remuneraciones personales y condiciona estas a efectos de su deducibilidad, en la generalidad de los casos, deben aportar al sistema de seguridad social o caja de jubilaciones reconocidas por la ley a efectos de considerar estos gastos deducibles y establece además, que en los casos en los que no corresponda aporte al sistema de seguridad social, la reglamentación establecerá los limites.
Que, para el caso del personal superior que no corresponde aportar al Instituto de Previsión Social el plexo legal tributario, a través de la delegación reglamentaria, establece límites para el personal superior, como medida antielusiva, ya que hasta el año 2012 estuvo ausente del sistema tributario nacional el impuesto a la renta personal por lo que, en cuanto al las remuneraciones personales se refiera, la reglamentación ha establecido limitaciones conforme a lo que señala el Art. 8° de la ley 125/91 que expresa: “Renta Neta: La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representes una erogación real y estén debidamente documentados. Así mismo se admitirá deducir: ... c) Las remuneraciones personales tales como: sueldos, salarios, comisiones, bonificaciones, y gratificaciones por concepto de prestación de servicios y siempre que por los mismos se realicen aportes al Instituto de Previsión Social o Cajas de Jubilaciones y Pensiones creadas o admitidas por Ley. En los casos que no corresponda efectuar el aporte de referencia, la deducción se realizará de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la reglamentación.”. En el caso de autos particularmente se alude a la remuneración otorgada a los gerentes de la entidad financiera y en ese marco el actor de la demanda sostiene que las remuneraciones deben ser totalmente deducibles a pesar de no haber aportado al instituto de Previsión social ya que al no limitarse, específicamente las disposiciones reglamentarias las remuneraciones de los gerentes, estas resultan íntegramente deducibles. Las resoluciones reglamentarias del Art. 8 emitidas por la Administración Tributaria y citadas en la apelación, hacen relación a los Directores que sean presidentes de la entidad, Directores que sean a su vez gerentes en los casos de la sociedades Anónimas o bien a Socios gerentes en el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. En la demanda, en el fallo apelado y en la correspondiente contestación de la expresión de agravios se expresa que ninguna de las reglamentaciones citadas por el sujeto activo de la relación tributaria hace especificidad a los gerentes que no sean parte del directorio o que no sean socios de la entidad que le remunera los honorarios y que por esa razón no puede limitarse lo que la reglamentación no limita. Al respecto, resulta relevante establecer la pertinencia de la reglamentación a efectos de la limitación reglamentaria el monto a deducir por la remuneración a gerentes que no sean socios o directores de empresas por lo que entiendo, que siestas remuneraciones no se encuentran limitadas por la administración fiscal, siempre que reúnan los requisitos generales del Art. 8°, deben resultar deducibles, por lo que en este punto no me resta más que confirmar el fallo del Tribunal de Cuentas.
Indexación del capital.
Respecto al siguiente punto de apelación se expresa agravios en relación a la indexación de capital y la deducibilidad de este concepto en relación al impuesto sobre la renta. Por su parte el apelante sostiene que el Tribunal de cuentas ha arribado a una conclusión incorrecta pues señala que el argumento del actor se baja en que las cifras señaladas en el Art. 11 de la Ley 861/96 son deducibles en su totalidad, no solo sobre el monto del capital mínimo y sostiene, en el marco de su expresión de agravios que toda suma que exceda ese capital mínimo debe ser no deducibles. En tal sentido, dicho artículo expresa “Capital mínimo de las entidades financieras. El capital mínimo integrado y aportado en efectivo que obligatoriamente deberán mantener, sin ninguna excepción, todas y cada una de las entidades financieras que operen en el país, será el siguiente: a) Bancos: G/ . 10.000.000.000 (diez mil millones de guaraníes); b) Financieras: G/. 5.000.000.000 (cinco mil millones de guaraníes); y, c) Sociedades del Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda: G/. 5.000.000.000 (cinco mil millones de guaraníes). Para el establecimiento en el país de una sucursal de una entidad financiera o bancaria del exterior se requerirá de la asignación de un capital igual al exigido a los bancos y financieras constituidos en el país. Hoja No. 2/48 LEY No. 861 Las sumas indicadas son de valor constante y se actualizarán anualmente, al cierre del ejercicio, en función al Indice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Banco Central del Paraguay y serán deducibles para el pago del impuesto a la renta. El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá exigir el aumento del capital mínimo de las entidades financieras y dispondrá que aquellas entidades financieras que tengan contabilizado en sus libros el capital en moneda extranjera sea convertido a guaraníes, para lo cual se fijará el tipo de cambio guaraní/dólar vigente en la fecha de promulgación de esta ley..
A los efectos interpretativos del articulo transcripto me permito expresar cuanto sigue: la cuestión se circunscribe a que si la deducibilidad a la cual refiere la litis está restringida a los montos establecidos en el Art. 11 de la Ley 861/96 o no. Al respecto al observar la redacción dada por la ley al artículo de referencia, advierto que la norma alude a estas cifras como capital mínimo y le otorga la virtualidad, a dicha cuantía, de monto deducible a los efectos del impuesto sobre la renta, haciéndose alusión a que estos montos resultan en valores contantes, por lo que, al constituirse en valores constantes dichas cuantías, significa que representan la magnitud de una variable neutralizando la inflación. Prosiguiendo con el análisis de la redacción del artículo, el mismo hace referencia a que dichos montos constituyen en valores mínimos, lo cual hace colegir que los valores pueden sr superiores pero en ningún caso inferiores a los valores referenciados, por lo que, en base a dicha redacción y a la referencia cuantitativa expresa por la norma, esta se refiere al concepto principal de lo reglado, que es sin dudas el monto del capital con el cual deben contar las entidades financieras y este, a mi criterio, siempre que el mismo sea cuanto menos de la cuantía señala posee la virtualidad de ser deducido del impuesto sobre la renta. Por tales motivos es mi opinión que debe confirmarse el criterio sustentado en el acuerdo y sentencia recurrido.
En atención a estas proposiciones, esta alta magistratura, considera que la apelación en este sentido debe prosperar parcialmente, y en consecuencia revocar el punto 3) del Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013.
POR TANTO, en atención a las normas legales citadas y a los argumentos expuestos; corresponde HACER LUGAR, parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto, por la parte demandada, Ministerio de Hacienda, y en consecuencia REVOCAR el punto 3 de la referida resolución, debiendo confirmarse los demás puntos de la misma, todo ello de conformidad a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. En cuanto a las costas, atendiendo al criterio argumentado y sostenido por este Ministro, las costas deben ser impuestas por su orden, de conformidad a la disposición normativa contenida en el Art. 203 Inc. c), del código Procesal civil. ES MI VOTO.
A su Turno, los DOCTORES: PEÑA CANDIA Y BAJAC ALBERTINI, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
Asunción, 13 de julio de 2.018.
2) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto, por la parte demandada, Ministerio de Hacienda, y en consecuencia;
3) REVOCAR el punto 3 del Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de marzo de 2013, todo ello de conformidad a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.
4) IMPONER las costas en el orden causado.

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