Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/74436
Timestamp: 2020-01-23 06:28:25+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPR-34/74436
El objetivo de esta reforma es prohibir que a los menores se les castigue de forma física o humillante.
SYNOPSIS: The aim of this reform is to prohibit minors from being punished physically or humiliatingly.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
SENADOR PLABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Quien suscribe la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 323 ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente:
Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial de los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.[*]
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las niñas y niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó esta Convención en 1990.
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.[*]
En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:
Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para la niñez y adolescencia.
Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez se observe en todo momento el principio del Interés Superior, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”
Es así que un avance trascendental en la materia es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por el Congreso de la Unión el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 4 de diciembre del mismo año.
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encarga de determinar la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
Asimismo, se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.
Ahora bien, la LGDNNA considera el derecho de niñas, niños y adolescentes a “la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo” en su Capítulo Primero, en específico, su artículo 16 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.
También la Ley en su Capítulo Octavo contempla el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal” y establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Así también, que las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados[*].
Es así que el 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltando la publicación y entrada en vigor de la LGDNNA.
En ese sentido, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes cuarto y quinto consolidados de México, en el apartado de “Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia” menciona lo siguiente:
32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe:
(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia;
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el “derecho a corregir” sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños;
Ahora bien, respecto al castigo corporal el “Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la gravedad y seriedad de esta práctica por lo que decidieron realizar un informe temático sobre el tema.
En dicho informe se establece la siguiente definición de Castigo Corporal adoptada por el Comité de los Derechos del Niño:
La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General Nº 8 adoptada en el 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto –azote, vara cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante[*]
Este informe también establece las medidas legislativas que deben de adoptar los estados y que a continuación se enuncian:
95. Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a menores de 18 años; como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que aún en muchos países forman parte de las regulaciones correspondientes a la institución de la patria potestad; así como la adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.[*]
Por último, el Informe de referencia hace hincapié que además de las medidas legislativas y educativas, la erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes exige la acción del Estado en forma integral. Sobre este punto conviene precisar, que la Comisión no pretende agotar en esta sección la diversidad de medidas que podrían ser de utilidad para la creación de una política de Estado orientada a la erradicación del castigo corporal. No obstante, es posible enunciar algunos ámbitos en los cuales sería necesaria una acción inmediata del Estado como son: salud, justicia, seguridad interna, entre otros.
En el caso específico de México, los datos arrojan que el 31 por ciento de los niños y niñas hasta 14 años de edad son educados sin violencia; 44 por ciento sufre algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se aplica mediante agresión psicológica, esto de conformidad con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015.
Esta misma encuesta refleja que el 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes de uno a catorce años de edad, ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar; esto es, 6 de cada 10 niñas, niños o adolescentes experimentan recientemente algún tipo de disciplina violenta.
Asimismo, en 8 de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables[*].
A raíz de estas problemáticas es que el pasado 12 de julio de 2016, el Estado mexicano fue unos de los primeros cuatro países en sumarse a la “Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”. La Alianza busca sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de la niñez; así como movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad para que lleven a cabo acciones prioritarias.
En consecuencia, el día 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), cuyo acuerdo de creación fue aprobado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en su sesión del 18 de agosto de 2016.
El objetivo de la COMPREVNNA es articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia contra esta población, así como de atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano, como su participación como país pionero en la Alianza Global promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
A partir del 27 de marzo pasado, se iniciaron con los grupos de trabajo para elaborar un Plan de Acción de México para prevenir y Atender la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y se dividieron en las siguientes temáticas:
Aplicación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes.
En este último grupo participa de forma activa la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado. Otros participantes en el grupo de trabajo son la Comisión Nacional de Seguridad, el SIPINNA, el UNICEF, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y diversas organizaciones de la Sociedad Civil.
Es así, que el Plan de Acción de México fue aprobado en lo general por unanimidad el pasado 28 de junio en la 1º Sesión Ordinaria de la COMPREVNNA cuya misión es prevenir, atender y responder a todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes con la colaboración integral y multisectorial entre los órdenes de gobierno y actores sociales y privados.
Entre las acciones que conforman el Plan en el apartado de Implementación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes, le corresponde específicamente al Congreso de la Unión las siguientes tareas:
Elaborar la Ruta Crítica que facilite el seguimiento o propuestas de Reformas Legislativas a favor de la prevención y atención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Armonización legislativa estatal que incluya los temas de prohibición explícita del castigo corporal en todos los ámbitos y del matrimonio infantil.
Por lo anterior y en atención a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que corresponde al Congreso de la Unión respecto a la “Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes” y al Plan de Acción de México, es que se pone a su consideración esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se prohíbe explícitamente el castigo corporal.
En primera instancia se plantea una reforma al Código Civil Federal con el objeto de que en las relaciones familiares se erradique esta práctica comúnmente utilizada como un correctivo o método de crianza, pues el castigo corporal y humillante se da primordialmente en ese ámbito, tal y como se señaló anteriormente.
El estudio presentado por Laura Chioda, “Fin a la Violencia en América Latina” Una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta, señala que “los padres y familiares pueden por lo tanto servir como puertas de entrada para la aplicación de políticas contra el crimen y la violencia, en su capacidad de ayudar a los niños a autorregular y “desaprender” la violencia. Asimismo, el vínculo entre la familia y delito parece ser mucho más profundo que una mera ventana de oportunidad para la crianza durante estas etapas iniciales.
También menciona que el maltrato es un factor determinante en el comportamiento criminal futuro. Estos resultados sugieren que, si bien no todos los abusados se convierten en delincuentes, el maltrato es uno de los principales factores determinantes de comportamiento delictivo a futuro.
Además, siguiendo con las recomendaciones del Comité, se prohíbe el castigo corporal a nivel federal a través de las reformas a este ordenamiento, en su artículo 323 ter.
Por otro lado, se encuentra la reforma a la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para estipular la prohibición expresa del castigo corporal y añadir el castigo humillante que como bien señala el Comité en su Observación General Número 8, existen otras formas de castigo que no son físicas pero de igual manera son humillantes y degradantes, por lo que no se puede dejar fuera su prohibición en la legislación general.
Finalmente, en atención al derecho a la participación de la LGDNNA que señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y en específico, al artículo 74 del mismo ordenamiento en donde obliga a los diferentes órdenes de gobierno a que informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta, es que esta iniciativa da respuesta a sus peticiones y opiniones vertidas en el “10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México”, que se llevó a cabo en la H. Cámara de Diputados en febrero pasado, y que en las declaratorias de las 15 comisiones se coincidió en la petición de la erradicación de la violencia familiar.
Si bien, la Ley General ha sido uno de los avances más representativos en materia de niñez y adolescencia en México, sabemos que los retos continúan, por lo que estas reformas están encaminadas a reforzar el cambio de paradigma de titularidad de derechos de niñez, y generar su pleno respeto.
Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:
Artículo Primero.- Que reforma el primer párrafo del artículo 323 ter del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes.
Artículo Segundo.- Que reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:
Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten cualquier tipo de violencia en su contra, en particular, queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto de 2017.
[*] Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
[*] Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
[*] Artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
[*] Comité de los Derechos del Niño, Observación General No 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay otras formas de castigo que no son físicas, pero son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles para la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.
[*] Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf
[*] Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, Menores maltratados, Enero- Diciembre, Sistema Nacional DIF, México 2014.

References: ARTÍCULO 323
 ARTÍCULO 105
 artículo 71
 artículo 323
 artículo 105
 resolución 
 artículo 16
 artículo 323
 artículo 105
 artículo 74
 artículo 323

Artículo 323
 artículo 105
 artículo 28
 artículo 37
 Resolución