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Timestamp: 2018-11-19 05:40:57+00:00

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﻿ SENTENCIA C-421 DE AGOSTO 10 DE 2016
SENTENCIA C-421 DE 10 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:PENSIÓN ESPECIAL DEPORTISTAS. DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1389 DE 2010, NORMA QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS, EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMO “ESTÍMULO” DE LA “PENSIÓN VITALICIA” QUE SE RECONOCE A LOS DEPORTISTAS CONSIDERADOS COMO GLORIAS DEL DEPORTE NO CONFIGURA VULNERACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEPORTISTA PROFESIONAL, PENSIÓN DE DEPORTISTA PROFESIONAL, FOMENTO DEL DEPORTE, REGULACIÓN DEL DEPORTE, SUJETOS DEL DEPORTE, ESTATUTO DEL DEPORTE, POLÍTICA DEL DEPORTE
Sentencia C-421 de agosto 10 de 2016
Referencia: Expediente D-11100
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1389 de 2010 “por medio de la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva”.
Actora: Leidy Carolina Muñoz Villamizar
Bogotá, D.C., 10 de agosto de dos mil dieciséis.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 47.744 del 18 de junio de 2010.
“Ley 1389 de 2010
Diario Oficial 47.744 de 28 de junio de 2010
Por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva
ART.5º—A partir de la vigencia de la presente ley, la expresión “pensión vitalicia” para las Glorias del Deporte Nacional, consagrada en el artículo 45 de la Ley 181 de 1995 y en el Decreto 1083 de 1997, se sustituye por la expresión “estímulo”. Tal sustitución se entenderá también realizada en toda la normatividad deportiva vigente que regule específicamente estas materias.
3.2. Problema juridico y metodología.
La ciudadana Leydy Muñoz Villamizar considera que la norma es contraria a la Constitución, porque atentaría contra los derechos adquiridos de aquellos deportistas que han obtenido el reconocimiento definido por la ley como “glorias del deporte”, y que en virtud de la ley, vienen percibiendo una pensión vitalicia, y a partir de la norma demandada perderían su derecho, para ser reemplazado por un simple “estimulo” de naturaleza económica.
La impugnación se concentra en dos aspectos: el primero de ellos respecto del desconocimiento de los derechos adquiridos en virtud de la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1083 de 1997, que concedieron y regularon una “pensión vitalicia” para los deportistas reconocidos como glorias del deporte, al haber reemplazado su carácter de pensión por el de un simple estímulo. El segundo argumento se funda en la vulneración del principio de progresividad de los derechos sociales por parte del legislador, que al expedir la ley en cuestión y en particular incorporar el cambio de pensión a estímulo, generó un retroceso en la protección nacional de los derechos sociales de los deportistas más destacados que no pudieron acceder a una pensión digna.
En las intervenciones, el debate se plantea desde cuatro posturas diferentes: en primer lugar, el ministerio del trabajo, y el ministerio público solicitan a la Corte que se declare inhibida para adoptar una decisión de fondo, habida cuenta de que existe un pronunciamiento anterior en el que quedaron resultas las cuestiones planteadas en la demanda, refiriéndose a la Sentencia C-221 de 2011 en la que, efectivamente, la Corte se refirió en su parte motiva, a la coincidencia de la palabra “estimulo” con los postulados constitucionales.
Por otra parte, un segundo grupo de intervinientes entre los cuales se encuentran el Ministerio de Salud, Coldeportes y la Universidad Nueva Granada defiende la constitucionalidad de la norma con base en lo sostenido por la Corte en la Sentencia C-221 de 2011.
En el otro extremo del debate, un tercer grupo del que hacen parte la Universidad de la Sabana, la Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomás, pide que se declare la inexequibilidad de la norma, con base en el principio de no regresividad en materia de derechos sociales.
Finalmente, el cuarto grupo, integrado por la Univerisidad Javeriana, y la Universidad Libre de Bogotá, pide a la Corte una sentencia de exequibilidad modulada, reconociendo la validez de la expresión “estímulo” en lo que corresponde al cargo sobre regresividad, pero algunos solicitan a la Corte que se manifieste respecto de la irretroactividad de la norma en cuanto a las quienes vienen percibiendo una pensión vitalicia conforme a la legislación anterior.
Vistos los extremos del debate propuesto, la Corte adoptará la siguiente metodología de la decisión:
i) En primer término y habida consideración de las solicitudes de algunos de los intervinientes, determinará la aptitud de los cargos presentados, en particular bajo el examen de cosa juzgada material, a fin de delimitar los cargos objeto del examen de constitucionalidad a realizar.
ii) Una vez delimitado el cargo a estudiar, la sentencia concretará el problema jurídico materia de decisión.
iii) Luego, expondrá algunas reglas jurisprudenciales en materia de (1) diferencia entre pensión y estímulo económico; (2) naturaleza del incentivo a las Glorias del Deporte, antes y después de la Ley 1389 de 2010 y (3) derechos adquiridos en materia pensional, y, con base en ello,
iv) Resolverá el problema jurídico planteado.
3.3. Cuestión previa, examen de aptitud sustantiva de la demanda
3.3.1. La jurisprudencia constitucional ha reiterado(2), que el pleno de la Corte, al momento de proferir sentencia, se encuentra habilitado para establecer, como cuestión previa, si la demanda que da lugar al proceso de constitucionalidad fue presentada en legal forma, esto es, si cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad.
3.3.2. Según lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Corte, en Sentencia C-436 de 2011(3), el estudio de procedibilidad que se realiza en la sentencia puede ser de dos tipos: (i) implícito, cuando a primera vista se advierte sobre la conducencia de la demanda y la misma no presenta resistencia entre los distintos intervinientes, caso en el cual se entiende que la Corporación mantiene la decisión adoptada en el Auto Admisorio; o (ii) explicito, si la demanda formulada genera dudas acerca de su pertinencia, y así lo han advertido los intervinientes o la propia Corporación, debiendo proceder esta última a hacer un pronunciamiento expreso sobre el tema.
3.3.3. En el presente proceso, El Ministerio del Trabajo así como el Ministerio Público, se refieren en sus conceptos a los defectos sustantivos en que incurriría la demanda, en particular respecto del requisito de certeza del cargo presentado.
3.3.4. Al respecto, el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos son los tres (3) elementos, desarrollados en el texto del aludido artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus pronunciamientos, que hacen posible el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal.
Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que los argumentos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por los demandantes y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.
En este orden de ideas, en el Auto A-032 de 2005, la Corte Constitucional señaló que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada. Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder político, los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta Corporación un fallo de fondo respecto del asunto planteado.
3.3.5. En relación con “el concepto de la violación”, en la sentencia C-1052 de 2001(4), reiterada entre otras por la C-543 de 2013(5), la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por los demandantes. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
3.3.6. En relación con la demanda ahora estudiada, la sala encuentra que plantea dos (2) cargos distintos: (i) La vulneración al principio del respeto a los derechos legalmente adquiridos en materia pensional, contenido en el art. 48 y 58 Superior, y; (ii) La vulneración al mandato de progresividad en los derechos sociales por cambiar el término pensión vitalicia por el término incentivo.
3.3.7. Respecto del primer cargo, sobre la vulneración de los derechos adquiridos, el mismo se refleja en la petición final de la demanda:
“Solicitamos la inconstitucionalidad total de inciso segundo del artículo 5º de la ley 1389 de 2010, o su exequibilidad condicional, en el entendido de que quienes hubieren adquirido tal derecho a título de pensión, se les continúe reconociendo como tal”
En tal sentido, la demandante estima que el inciso demandado está dirigido a cambiar la naturaleza de “pensión” a “estímulo” respecto de la asignación que ya vienen percibiendo quienes son actualmente reconocidos como glorias del deporte colombiano.
Esa variación, dadas las diferencias entre una y otra modalidad, implica para la demandante un desconocimiento de los derechos adquiridos de quienes, en virtud de la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1083 de 1997, habían adquirido el derecho a una “pensión vitalicia”, por haber cumplido los requisitos de la norma en cuanto a ser reconocidos como “Glorias del Deporte”, tener una edad mayor a 50 años y no haber realizado las cotizaciones para hacerse acreedor a una pensión de al menos cuatro (4) salarios mínimos. Todo ello con anterioridad a la expedición de la Ley impugnada.
En ese sentido, el cargo presentado resulta claro. Existe certeza en cuanto a la existencia y redacción de la norma impugnada; los argumentos utilizados para sustentar el cargo son específicos pues se refieren a concretamente al alegato sobre el derecho adquirido a una pensión vitalicia por parte de las Glorias del Deporte actualmente reconocidas; los sustentos normativos y jurisprudenciales resultan pertinentes, y; en conjunto, el cargo tienen el alcance persuasivo suficiente para dar lugar al examen de constitucionalidad.
En vista de lo anterior, respecto del primer cargo, se procederá a continuar con el examen de constitucionalidad.
3.3.8. Respecto del segundo cargo, que se concreta en la supuesta vulneración al mandato de progresividad en los derechos sociales, por cambiar la categoría del reconocimiento de pensión vitalicia a “estimulo”. Al respecto el demandante considera que el cambio generado por el legislador es un “retroceso frente al nivel de protección alcanzado” y por lo tanto es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Para sustentar el cargo expone ampliamente las diferencias entre una pensión, como derecho social, y un estímulo.
La Sala recuerda que el requisito de certeza exige al actor formular cargos contra una proposición jurídica real y existente, y no simplemente contra una deducida por él sin conexión con el texto de la disposición acusada.
En ese sentido, y como bien lo sostuvo el Ministerio Público en su escrito, el asunto concreto relativo a la naturaleza del estímulo a las Glorias del Deporte fue objeto de análisis en la sentencia C-221 de 2011, en donde esta Corporación sostuvo la compatibilidad del estímulo con el contexto normativo, habida cuenta de que, por sus condiciones técnicas, el incentivo no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia y por la ley para ser catalogado como parte del sistema de pensiones.
Al respecto sostuvo la Corte:
En ese orden de ideas, no es viable insistir en la naturaleza pensional del estímulo, puesto que conforme con el actual ordenamiento jurídico – es decir, el resultante luego de las reformas introducidas por la Ley 1389/10 – esta erogación no comparte ninguna de las características que definen a las prestaciones propias del régimen pensional. En efecto, la norma no prevé un método de cotización previa por parte del interesado, ni requisitos de tiempo de servicios, cotización o edad mínima y, lo que es más importante, somete la exigibilidad del estímulo a un factor variable, vinculado con el nivel socioeconómico del beneficiario, del cual depende la concesión del estímulo. Esta última circunstancia demuestra que, en realidad, la norma acusada se limita a prever una subvención económica para un grupo de la población, a partir de un criterio de focalización del gasto público social. Así, como se explicará con mayor detalle en apartado posterior, si el beneficiario pierde esa condición en razón de la modificación de su nivel socioeconómico, no podrá acceder a la prestación puesto que incumpliría las condiciones fácticas de focalización del gasto público social.
En tal sentido, existiendo sobre la materia una cosa juzgada material que hizo parte de las consideraciones la decisión, al menos en principio, debería ser “estarse a lo resuelto”.
Según lo establecido por la sentencia C-570 de 2012(6), y reiterado por la sentencia C-007 de 2016(7), la jurisprudencia constitucional se ha referido, al ocuparse de la cosa juzgada material cuando la decisión previa ha sido de exequibilidad, a la necesidad de considerar tal providencia como un precedente relevante del cual, sin embargo, es posible separarse.
Son tres las posibles razones que permitirían emprender un nuevo juzgamiento en lugar de estarse a lo resuelto. Ellas pueden ser denominadas, en su orden, (i) modificación del parámetro de control, (ii) cambio en la significación material de la Constitución y (iii) variación del contexto normativo del objeto de control. La identificación de los eventos que debilitan o enervan los efectos de la cosa juzgada se ha llevado a cabo, principalmente, en sentencias en las cuales este Tribunal se ha enfrentado a supuestos de cosa juzgada material y, en particular, cuando luego de haber declarado exequible un contenido normativo, se expide una nueva disposición cuyo sentido es, a pesar de la modificación del texto, equivalente al primero.
En el caso concreto, ninguno de los tres requisitos se configura, no ha habido ninguna variación relevante de los sustentos que dieron pie a la decisión por lo cual, el sentido y alcance jurídico del pronunciamiento sigue en firme. Por lo tanto, la decisión sobre el argumento relativo a la naturaleza de “estimulo” y no de “pensión” del incentivo dado a las Glorias del Deporte en la norma demanda, debe estarse a lo resuelto respecto del reconocimiento de constitucionalidad que sobre el sentido de la norma ha hecho esta corporación, lo que implica, para el cargo concreto, que no existe contradicción entre el supuesto normativo y la Carta, y por lo tanto, el cargo carece de certeza.
3.3.9. En consecuencia, la Sala rechazará el segundo cargo por ineptitud sustantiva, al no cumplir con el requisito de certeza y se concentrará en resolver el primer cargo, relativo a la exequibilidad condicionada de la disposición que ordena continuar entregando el estímulo al cual se hicieron merecedores de conformidad con el procedimiento indicado en los artículos 4o, 7o y 8o del Decreto 1083 de 1997, tomando en consideración que algunas de las “Glorias del Deporte” lo venían recibiendo a título de “pensión vitalicia”.
3.4. Problema juridico.
El problema jurídico delimitado en el presente asunto, consiste en determinar si el legislador desconoció derechos adquiridos en materia pensional de los deportistas destacados como glorias del deporte, al haber modificado la denominación de “pensión vitalicia” que se le había dado a la prestación especial que se les reconoció en la Ley 181 de 1995, por el de un “estímulo” de carácter económico.
Para analizar el problema planteado, la decisión se guiará por la siguiente metodología. En primer lugar, (i) la sentencia se referirá inicialmente a la legitimidad de las medidas para incentivar el desarrollo de la cultura y el deporte a (ii) las diferencias entre pensión y estímulo económico, (iii) se referirá a los derechos adquiridos en materia pensional y, con base en ello resolverá (v) el tema específico de los derechos de quienes reciben o recibieron una pensión como Glorias del Deporte Nacional.
3.5. Legitimidad de las medidas que incentivan el desarrollo de la cultura y el deporte.
3.5.1. El artículo 355 de la Carta, resguardando el principio de igualdad, en términos generales, prohíbe que con fondos públicos las autoridades efectúen auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas.
3.5.2. Esta Corte sin embargo, ha constatado “por diferentes vías, que la prohibición allí prevista no resulta absoluta, pues admite “excepciones” que se legitiman dentro del marco de un Estado Social de Derecho, tales como la asignación de recursos a sectores especialmente protegidos por la Constitución Política. En efecto la Carta”(8) consagra excepciones acordes con la intención de proteger e incentivar ciertas actividades que la Constitución considera como dignas, respecto de las cuales autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares.
3.5.3. Como bien lo sostuvo la Sentencia C-324 de 2009(9), el análisis del articulo 355 Superior en la Corporación inició con la sentencia C-372 de 1994 con el estudio de los antecedentes del artículo en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, concluyendo que la finalidad principal de esa prohibición fue la de erradicar la práctica de los denominados "auxilios parlamentarios" por “pervertir las instituciones democráticas y alimentar ilegítimas destinaciones de los fondos del erario”(10).
3.5.4. Más adelante en la Sentencia C-506 de 1994(11), la Corte Constitucional debió estudiar la constitucionalidad de una norma en que el Gobierno hacia uso asignaciones específicas para el fomento de la investigación y transferencia de la tecnología. En aquella ocasión la Corporación reiteró la regla general de prohibición, pero advirtió que de existir fundamento constitucional expreso, como sucedía en el caso examinado, los artículos 69 y 71 superiores, la constitucionalidad de la ley es avalada. En efecto, en el caso de las disposiciones acusadas en esa oportunidad, se trató de una concreta modalidad de destinación de los recursos públicos para la atención de una actividad específica de carácter público identificada en la Constitución y en la ley, con la participación de los particulares, previa celebración de un contrato.
3.5.5. A partir de este análisis sobre las razones y objetivos perseguidos por la prohibición, la Corte admite la existencia de situaciones en las que reconoce la posibilidad de que el Gobierno Nacional asigne recursos públicos sin contraprestación alguna a favor de particulares, siempre que tales asignaciones fuesen decretadas (1) con fundamento en la Constitución y, (2) a través de los contratos que se debían celebrar exclusivamente con dichos fines.
3.5.6. Más adelante, en las sentencias C-506 de 1994(12), C-205 de 1995(13) y C-251 de 1999(14), la Corte amplió sus consideraciones respecto a las posibilidades y requisitos para hacer destinación de recursos a particulares sin contraprestaciones, Sin embargo, solo hasta la sentencia C-152 de 1999(15), la Corte reconoció expresamente que “la Carta autorizó al Estado para conceder subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquella considerara dignas y merecedoras de apoyo y, lo más importante, precisó que su desarrollo era materia reservada a la libre configuración normativa del Legislador, en tanto la Carta aparte de permitir la concesión de incentivos o estímulos omitió determinar la forma en que estos podrían decretarse.”
En dicha decisión la Corte analiza la exequibilidad del Artículo 31 de la Ley 397 de 1977 por el cual se establece un Artículo 31. Pensión vitalicia para los creadores y gestores de la cultura. El sistema establecido en la Ley busca proteger a los creadores y gestores cultural que llegando a una edad de jubilación no hubiesen hecho los aportes para poder acceder a la misma, de forma que “el Ministerio de Cultura con sujeción a sus disponibilidades presupuestales hará las apropiaciones a la entidad administradora de pensiones donde se encuentre afiliado el creador o gestor cultural, hasta completar con las cotizaciones ya recaudadas, el monto requerido para cumplir la cotización mínima exigida por la ley.”
Dentro del examen, la Sala consideró que:
La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que con fondos públicos las autoridades efectúen auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas (C.P art. 355). La Carta, sin embargo, por vía excepcional, autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquélla directamente considera dignas y merecedoras de apoyo. El artículo 71 de la C.P., ilustra una de estas situaciones excepcionales: “(...) El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. En este orden de ideas, los incentivos económicos que eventualmente ordene la ley con fundamento en el artículo 71 de la C.P., constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo 355 de la Carta.
Para la Sala, la primera justificación de la constitucionalidad de la disposición se encontraba en que se trata de la protección de una de las actividades constitucionalmente autorizadas, como sucedió con el fomento a la cultura(16), y como sucede, en el presente caso, respecto del fomento al Deporte.
Asi entonces, al revisar la legitimidad de la medida con relación al objetivo buscado, respecto de la pensión vitalicia a creadores y gestores culturales sostuvo la Corte en sentencia C-152 de 1999(17):
3.5.7. Finalmente, la Sentencia C-221 de 2011(18), al analizar la validez jurídica del incentivo estudiado en el presente caso, determinó su legitimidad en las siguientes palabras “En el caso planteado, se ha señalado que el estímulo previsto en la norma analizada pertenece al gasto público social en materia de promoción al deporte, de que trata el artículo 52 C.P. Por ende, su naturaleza jurídica difiere de las erogaciones particulares e injustificadas, respecto de las cuales existe proscripción constitucional para su concesión.”.
3.5.8. Es claro para la Corte que la medida adoptada inicialmente por el artículo 148 de la Ley 100 de 1993, luego por el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, y posteriormente reformada por la Ley 1389 de 2010, responde a un mandato constitucional consagrado en el artículo 52 de la Carta, que obedece a la persecución de los fines constitucionales, no solo de fomento al deporte sino de equidad y seguridad social.
3.6. Diferencias entre pension y estimulo economico
3.6.1. El reconocimiento de estímulos e incentivos para deportistas de alto rendimiento se encuentra consagrado en los artículos 36 y 45 de la Ley 181 de 1995 y los Decretos 1231 de 1995 y 1083 de 1997.
Precisamente, a partir de las reformas introducidas por la Ley 1389 de 2010, no es viable hablar de la naturaleza pensional del estímulo, puesto que conforme con el actual ordenamiento jurídico, esta erogación no conserva ninguna de las características estructurales que definen a las prestaciones propias del régimen pensional.
3.6.2. En cuanto al contenido del derecho a la seguridad social en pensiones, es de recibo traer a colación la Sentencia C-258 de 2013(19), en la que esta Corporación hizo un análisis cuidadoso de la composición y alcance de dicha garantía constitucional. En aquel fallo se expresó que el derecho a la seguridad social en pensiones es un servicio público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y que es a su vez un derecho constitucional fundamental, a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, quien debe garantizarlo a todos los habitantes del territorio nacional.
En desarrollo de estos principios, se tiene entonces que el derecho a la seguridad social en pensiones: i) debe garantizarse a todas las personas, sin ninguna discriminación, y en todas las etapas de la vida; ii) lo cual únicamente dependerá de la acreditación de los requisitos establecidos en la ley aplicable al caso concreto, los cuales están relacionados con la edad, el tiempo y el monto de las cotizaciones; iii) en virtud del carácter universal del derecho, no puede ser protegido exclusivamente a determinadas personas, porque un trato diferenciado de esta naturaleza, carecería de justificación constitucional, y se tornaría por tanto en un trato discriminatorio; y iv) los beneficiarios del derecho a la seguridad social en pensión, deben ser los afiliados directos y los familiares que vivan bajo su dependencia económica.
3.6.3. La ley 1389 y sus decretos, que establecen un “estimulo” para las Glorias del Deporte, contrario a lo que sucede con las pensiones, no establece un método de cotización previa por parte del interesado, ni requisitos de tiempo de servicios, ni de monto de cotización, ni de edad mínima y, lo que es más importante, somete el derecho a exigir el estímulo al nivel socioeconómico del beneficiario. Por tanto, si el beneficiario pierde esa condición en razón de la modificación de su nivel socioeconómico, no podrá acceder a la prestación, puesto que incumpliría las condiciones fácticas de acceso al beneficio.
3.6.4. Esta última circunstancia demuestra que, en realidad, el estímulo se trata de “una subvención económica para un grupo de la población, a partir de un criterio de focalización del gasto público social (…)”(20).
Lo anterior permite evidenciar entonces, tal como lo hizo la sentencia C-221 de 2011(21), que el estímulo no pertenece en la actualidad a las normas sobre seguridad social en pensiones.
3.6.5. En consecuencia, es cierto que el “incentivo” económico de que trata la Ley impugnada, tiene unas características diferentes, y por lo tanto no hace parte del derecho fundamental a la seguridad social del que hacen parte las pensiones. Tampoco guardaría las protecciones y garantías que rodean a las pensiones, por ser conexo con otros derechos fundamentales como el mínimo vital y la salud, lo que implica que no se puede desconocer ni en los estados de excepción, ni tampoco puede desconocerse por normas de inferior jerarquía. Es cierto que, como afirma la demandante, a diferencia de la pensión, un estímulo, no goza del mismo estatus como derecho fundamental y en consecuencia su protección en el ordenamiento jurídico es mínima. La inembargabilidad de la pensión, la conservación de su poder adquisitivo o la mesada adicional, asi como su irrenunciabilidad(22) son elementos ajenos a un estímulo económico.
3.6.6. En ese sentido, es evidente la relevancia de analizar si resulta compatible con la Carta el hecho de que quienes vienen o venían recibiendo una “pensión vitalicia” puedan dejar de percibirla y se les cambie por un “estímulo económico”. En especial a la luz de la jurisprudencia en derechos adquiridos en materia pensional, y bajo el estudio de la vigencia de las normas.
3.7. Derechos adquiridos en materia pensional.
3.7.1. A propósito de lo preceptuado en el artículo 58 Superior(23), la jurisprudencia constitucional, en sentencias C-168 de 1995(24), C-147 de 1997(25), C-789 de 2002(26) y C-177 de 2005(27), se ha pronunciado acerca de la diferencia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas en materia laboral y pensional, señalando que en todo caso deben respetarse los derechos adquiridos:
“(…) derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. Entre tanto, en las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico”.
Bajo este argumento, esta Corporación ha entendido que en principio, los cambios en la ley laboral se aplican a todas las relaciones de trabajo vigentes, salvo que el trabajador tenga un derecho adquirido frente a la normatividad anterior, al haber reunido los requisitos necesarios para poder acceder al derecho cuya reglamentación fue modificada. En estos casos se ha considerado que las situaciones jurídicas individuales que han quedado consolidadas bajo el imperio de una ley anterior, se entienden incorporadas definitivamente en el patrimonio de una persona; a diferencia de lo que ocurre con las meras expectativas, que “se reducen a la simple posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, no son más que una intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto”(28).
3.7.2. Al respecto se ha precisado que para que se consolide un derecho, es necesario que “antes de que opere el tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo”(29), de manera que todas las premisas legales que establece la norma se configuren plena y definitivamente en cabeza de su titular:
“(…) en relación con las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos, no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”(30).
3.7.3. Igualmente, en la sentencia C-781 de 2003(31)http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-329-12.htm - _ftn32 se reiteró la diferencia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas, recalcándose que el legislador está autorizado para modificar las normas laborales “sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas”; de manera que en los términos del artículo 53 Superior, una vez se ha consumado una situación jurídica e individual y se ha constituido el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.
3.7.4. Por otra parte, la sentencia C-258 de 2013(32) sostuvo que si bien es posible variar las condiciones o el monto en que se disfruta un derecho adquirido de tracto sucesivo como la pensión, no es posible en cambio desaparecer este derecho o modificarlo de tal manera que el mismo desaparezca:
La Constitución también protege los derechos adquiridos de la retroactividad normativa, es decir, las situaciones ya formadas y no las condiciones de ejercicio del derecho, lo cual significa que quien esté disfrutando de un derecho cuyos efectos se consolidan de manera escalonada o en un tracto sucesivo -como por ejemplo la pensión, el salario, las prestaciones sociales, una deuda diferida en plazos, los cánones de arrendamiento, etc.-, tiene su derecho amparado por la Constitución, pero los efectos que aún no se han consolidado son modificables en virtud de finalidades constitucionales y con sujeción a los límites que la propia Carta impone. De allí que, según esta tesis, las pautas para ejercer el derecho adquirido pueden cambiar, siempre y cuando la existencia del derecho permanezca indemne. Por ejemplo, en virtud de este nuevo entendimiento el monto de las próximas mesadas pensionales puede variar siempre que no se supriman, puesto que si se suprimen, ello implicaría que el derecho a la pensión ha sido revocado en desconocimiento de la protección de los derechos adquiridos. En este orden de ideas, en materia de derechos fundamentales, esta Corporación ha afirmado sostenidamente que no tienen el carácter de absolutos y que pueden ser limitados en su ejercicio por disposiciones de carácter legal.
3.7.5. La Corte Constitucional ha indicado que a partir de la intangibilidad de los derechos adquiridos se construye el principio de la irretroactividad de la ley, de manera que la nueva ley no tiene la virtualidad de afectar las situaciones jurídicas que han quedado debidamente consolidadas bajo las normas que estaban vigentes, ya que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla:
“Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho”(33).
3.7.6. No obstante lo anterior, se ha considerado que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios o alteraciones; pues si bien la ley no puede afectar situaciones jurídicas concretas y consolidadas, sí puede modificar las regulaciones abstractas, sin que las personas pueda oponerse aduciendo que la nueva regulación es menos favorable y frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para el nacimiento del derecho(34).
En efecto, y tal como se reconoció en la sentencia C-038 de 2004(35), si se admitiera que una mera expectativa pudiera impedir el cambio legislativo, “llegaríamos prácticamente a la petrificación del ordenamiento, pues frente a cada nueva regulación, alguna persona podría objetar que la anterior normatividad le era más favorable y no podía entonces ser suprimida”(36).
3.7.7. En la sentencia C-258 de 2013(37), la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, acusada de vulnerar el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, por cuanto para el demandante, la ley permitía una discriminación positiva en favor de los Congresistas y altas dignidades del país, en cuanto a que sus pensiones, reajustes y sustituciones se harían teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio, por todo concepto, que devengaran en la fecha en que se les decretara su jubilación, el reajuste o la sustitución, lo cual estaba proscrito por el artículo 48 de la Constitución.
En dicha providencia, esta Corporación precisó que los derechos adquiridos reconocen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que habilitan a su titular para exigir el derecho en cualquier momento. En ese sentido, en principio, a las relaciones laborales vigentes se les aplica los cambios de la ley laboral, siempre y cuando el trabajador no tenga ya un derecho adquirido a que se aplique la anterior normatividad, por cuanto ya había reunido los requisitos necesarios para poder acceder al derecho cuya reglamentación fue modificada. En esa medida, la Corte ha establecido que cuando un trabajador cumple con todos los requisitos para acceder a un derecho, las nuevas leyes laborales que modifiquen los requisitos para acceder a ese derecho no le pueden ser aplicados.
En efecto, con la finalidad de mantener la seguridad jurídica, la Constitución prohíbe el desconocimiento de las situaciones particulares de las personas, según las cuales, ante la vigencia de una ley anterior, hayan configurado o adquirido ciertas prerrogativas y derechos, los cuales han quedado determinados y consolidados válida y definitivamente dentro de su patrimonio.
3.7.8. Por lo tanto, si se verifica que en materia de “pensión vitalicia para las Glorias del Deporte” se constituyeron y consolidaron derechos en cabeza de quienes cumplieron los requisitos legales establecidos por el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, durante su vigencia, dichos derechos deben ser respetados, en el sentido de que si bien se pueden modificar algunos aspectos de la pensión, como su monto, el derecho a recibir una pensión, no puede ser extinguido.
3.8. La consolidación de derechos pensionales para las glorias del deporte.
3.8.1. Lo primero a definir para establecer la posibilidad de que se hayan consolidado derechos adquiridos en cabeza de las Glorias del Deporte, es la vigencia de las normas que regulan el asunto. Al respecto en la sentencia C-525 de 2013(38), la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar un problema de constitucionalidad del artículo 148 de la ley 100 de 1993, que justamente regulaba la cuestión de la pensión vitalicia para los deportistas. En dicha decisión, a juicio de la Sala se ha presentado una “derogación orgánica y tácita del artículo 148 de la ley 100 en virtud de la expedición del artículo 45 de la ley 181.” que específicamente regulaba el tema de la “pensión vitalicia para las Glorias del Deporte” ampliando la cobertura, los requisitos y regulando las diferentes cuestiones implicadas.
3.8.2. A su vez, la Corte consideró en esa ocasión, que el contenido de la norma demandada, materialmente similar a la que se estudia en el presente asunto, fue derogado tácitamente por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, (modificatorio del artículo 13 de la ley 100), el cual introdujo la siguiente regla en materia de pensiones:
El fundamento con el cual sostuvo la Corte la derogación tácita de la norma resulta plenamente aplicable al presente caso. Dijo la Corte en aquella ocasión: Nótese que la pensión a la que se refería el artículo 148 de la ley 100 no se obtenía con fundamento en el cumplimiento de un número de semanas de cotización o tiempo de trabajo, de modo que esa regulación es incompatible con la nueva regla de la ley 797, que además fue ratificada por el acto legislativo 01 de 2005. En este orden de ideas, la ley 797 derogó tácitamente el artículo materia de controversia.(39)
Esta última regla, es perfectamente aplicable al presente caso.
3.8.3. El artículo 45 de la Ley 181 otorgaba una “pensión vitalicia” a quienes cumplían con dos requisitos: (i) que fueran considerados glorias del deporte, por haber sido medallistas en campeonatos mundiales oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallistas de Juegos Olímpicos, y (ii) que no tengan recursos o sus ingresos sean interiores a cuatro (4) salarios mínimos legales.
3.8.4. Siguiendo el parámetro utilizado por la sentencia C-525 de 2013(40), es claro que el artículo 45 de la ley 181, en tanto establecía una pensión vitalicia, por unos requisitos diferentes a los regulares, fue derogado tácitamente por la Ley 797 de 2003 que expresamente prohíbe el reemplazo de semanas de cotización por otros requisitos diferentes a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión y prohíbe otorgar pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados.
En consecuencia, el artículo 45 de la ley 181 de 1995 tuvo plena vigencia entre el 18 de enero de 1995 y el 29 de enero de 2003.
3.8.5. Por otra parte, según lo manifestó Coldeportes durante la exposición de motivos de la Ley: “Coldeportes reconoce y paga pensiones a los deportistas consagrados como Glorias del Deporte Nacional de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 89 de la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1231 de 1995, sin que esté consagrado como régimen excepcional dentro del Sistema General de Seguridad Social”.
Ello significa que durante la vigencia de le Ley 181 de 1995 y su Decreto Reglamentario, una serie de Deportistas fueron beneficiados con la “pensión vitalicia” entregada por Coldeportes, lo que implica que se consolidó un derecho en cabeza de los beneficiarios que cumplían con las exigencias que determinaba la ley. Como se ha dicho antes, esta Ley fue tácitamente derogada por la Ley 797 de 2003.
3.8.6. En la Sentencia C-258 de 2013(41), la Corte resolvió justamente sobre los derechos adquiridos en materia pensional en virtud del artículo 17 de la ley 4 de 1992, que como sucede en el caso sub examine, había perdido vigencia, pero continuaba produciendo efectos y los mismos debían ser protegidos, en dos hipótesis: (i) en el caso de las situaciones jurídica consolidadas durante su vigencia, es decir, respecto de las pensiones causadas y reconocidas a su amparo, toda vez que las pensiones son prestaciones periódicas, y (ii) en el caso de las personas cobijadas por el régimen de transición y que, por tanto, tenían una expectativa legítima de pensionarse según los requisitos establecidos en ese precepto. En ambos casos, evidentemente, a condición de que se hubiesen generado de forma legítima.
3.8.7. En esa ocasión, la Corte, considerando los importantes cambios que surgían con la pérdida de vigencia de la norma examinada, consideró que los derechos adquiridos de tracto sucesivo como las pensiones, constituían legítimas expectativas en cuanto a los pagos futuros, susceptibles de las modificaciones que el legislador considerara necesarias. De allí que, según esta tesis, las pautas para ejercer el derecho adquirido pueden cambiar, siempre y cuando la existencia del derecho permanezca indemne.
3.8.8. Ello por lo tanto significa, que pese a la pérdida de vigencia de la Ley, que habría sido tácitamente derogada por la Ley que concedió una pensión, cuando está se haya otorgado o concurran en el sujeto los elementos para ello, la misma debe ser respetada pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior.
4.1. El incentivo otorgado a los deportistas más destacados, denominados Glorias del Deporte, que se dirige a fomentar la cultura y el deporte, y a generar condiciones dignas a quienes, a pesar de haberse destacado internacionalmente, no consolidaron los recursos económicos suficientes que les permitan contar con una pensión para su tercera edad, es una medida legítima, y Constitucional.
4.1.1. La sentencia C-324 de 2009(42), que sintetiza la doctrina constitucional sobre la materia, señala que “…la Constitución autoriza y desarrolla de manera expresa y directa subvenciones, esto es, subsidios o auxilios que se legitiman por si mismos dentro de un Estado social de derecho, de manera que su objetivo no es otro que acortar las distancias de los sectores más deprimidos de la población frente a aquellos que tienen mayor capacidad económica, lo cual de suyo lleva implícita una contraprestación social; en consecuencia la Carta enlista los siguientes: (…) Artículo 52, por el cual se consagra la obligación del Estado de fomentar las actividades deportivas y recreativas”.
4.1.2. Es claro que para la Corte, la medida adoptada por el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, y posteriormente reformada por la Ley 1389 de 2010, responde a un mandato constitucional consagrado en el artículo 52, pero además, está directamente relacionado con el deber del Estado Social de Derecho de buscar una base de equidad social, que garantice la vida digna a quienes, por dedicar sus esfuerzos a construir la representación del país y hacer quedar en alto su nombre en las justas internacionales, no han logrado consolidar los recursos económicos suficientes para garantizarse unas condiciones de vida digna durante su ancianidad, es una medida ampliamente legitima y concordante con los fines del Estado Social de Derecho.
4.1.3. Con esta medida el Estado procura compensar, aunque sea en una mínima proporción, el invaluable bien que aquellas personas le han generado al país, a costa de enormes sacrificios, y en muchas ocasiones, de graves lesiones y desgaste físico. El patrimonio deportivo construido por las Glorias del Deporte Nacional es un beneficio general, de carácter público, que fortalece la identidad nacional, construye valores y genera bienestar del que todos los ciudadanos son indirectamente destinatarios.
Los logros deportivos del país hacen parte del patrimonio conformado por aquellos símbolos identitarios que fortalecen la unidad, refuerzan el sentido nacional y construyen cultura ciudadana. Los deportistas que consagran sus esfuerzos a lograrlos, son ciudadanos emblemáticos, que fomentan el deporte a nivel interno, y remarcan el nombre del país en el exterior. El Estado y la ciudadanía en general tienen un deber con ellos.
La Constitución prohíja el apoyo al deporte y a los deportistas, entiende su enorme valor para la sociedad, y acoge una idea de justicia que permita apoyar a quienes, teniendo las mejores capacidades físicas, deciden no aprovecharlas exclusivamente en su beneficio individual, sino dedicarlas a sacar en alto el nombre del país, a través del deporte y de la bandera nacional impresa en su pecho.
4.2. En el presente caso, queda claro que la reforma normativa generada por la ley 1389 de 2010 que varió la expresión “pensión vitalicia” por la de “estímulo” ha sido avalada por este Corte y encuentra validez y legitimidad en que su objetivo resulta coherente con el marco Constitucional, legal y jurisprudencial en materia de seguridad social y pensiones.
Por lo tanto, se reitera lo dicho en la Sentencia C-221 de 2011(43) respecto que el reemplazo de la expresión “pensión vitalicia” por aquella de “estímulo” en el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, así como la implementación de las reglas para dar aplicación a este incentivo, resultan ajustados a la Carta.
4.3. Sin embargo, no puede la Corte desconocer que, pese a las derogatorias tácitas y expresas de que fue objeto la norma, la norma que consagraba una “pensión vitalicia” alcanzó a generar efectos y derechos adquiridos para quienes fueron beneficiados por la disposición.
4.4. En consecuencia, respecto de aquellos deportistas a quienes les fue otorgada la “pensión vitalicia” o que habían cumplido los requisitos para ello antes del 29 de enero de 2003, fecha en que entró en vigor la Ley 797 de 2003, existe una situación jurídica consolidada que constituye un derecho adquirido que debe ser respetado por las autoridades.(44)
4.5. En conclusión de todo lo analizado, esta Corte declarará la exequibilidad de la norma demanda, en el entendido de que se deben respetar los derechos adquiridos en materia de pensión vitalicia para aquellas Glorias del Deporte a quienes les fue asignada y entró efectivamente a su patrimonio, o a quienes, antes del 29 de enero de 2003, habían cumplido con los requisitos requeridos para ello.
Primero. declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados en el presente asunto, los incisos segundo y tercero del artículo 5º de la Ley 1389 de 2010, en el entendido de que se deberá seguir entregando la pensión a los deportistas a quienes se les haya asignado efectivamente la “pensión vitalicia” como “Glorias del Deporte”, o a quienes, antes del 29 de enero de 2003, habían cumplido con los requisitos para ello.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia C-1300 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte constitucional, Sentencia C-074 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia C-929 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-436 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-570 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-324 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
10 Al respecto sostuvo la Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa:
“En cuanto a los motivos - conviene reiterarlo -, se encuentran, en primer lugar, los evidentes efectos nocivos que suscitó una mala interpretación de la filosofía inspiradora de la reforma de 1968 que, en lugar de fortalecer la justicia social como norma directriz del gasto público, hizo que éste careciera de un control de ejecución. En segundo lugar, los recursos públicos asignados a la entidad privada se estaban manejando con un criterio que no siempre coincidía con los planes y programas de desarrollo, desconociendo así la obligación de procurar el bienestar común, la consolidación de un orden justo y la prevalencia del interés general. Finalmente, la línea determinante en la distribución de recursos no era, propiamente, la justicia, sino la liberalidad; es decir, no había un criterio de dar a cada cual según sus necesidades y de acuerdo con un plan basado en el interés general, sino que se destinaban los bienes del Estado de conformidad con la voluntad subjetiva y algunas veces arbitraria del individuo facultado para ello. En cuanto al fin que busca la norma superior que erradica los denominados "auxilios parlamentarios" (Art. 355 C.P.), es claro que se procura que exista un control previo y posterior al destino y ejecución de los dineros públicos destinados a la realización de actividades conjuntas de interés público o social, siendo esa es (sic) la razón de ser del Contrato que se estipula en el inciso segundo del artículo superior en comento”.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-205 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
16 Sostiene la citada Sentencia: “5. Es evidente que si el subsidio o incentivo que el Estado otorga a un particular, se inscribe en la actividad que la Constitución expresamente ha señalado como digna de estímulo, y, si además, ello se dispone por medio de ley y el beneficio tiene aptitud para conseguir el propósito que se desprende de la norma constitucional, no podría ser objeto de censura por parte de esta Corte.”
17 Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 De acuerdo con la sentencia C-556/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: "la normatividad constitucional garantiza pues el derecho irrenunciable a la seguridad social, la cual, en lo referente a la pensión de invalidez, constituye un patrimonio inalienable del incapacitado. Además, los mismos criterios que tuvo el legislador para considerarla inembargable, valen para hacerla irrenunciable, pues donde caben las mismas causas, caben efectos similares, más aún cuando la norma consagra para la pensión de invalidez la inembargabilidad total..."
23 "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (…)”.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-147 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-789 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Sentencia T-147 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
29 Sentencia C-789 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-781 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
33 Sentencia C-478 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
34 Sentencia C-038 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
35 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
37 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
38 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
39 Resaltado fuera del texto original.
40 Corte Constitucional, Sentencia C-525 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
41 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
42 Corte Constitucional, Sentencia C-324 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
43 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
44 Con esta conclusión concuerda el Ministerio del Trabajo que en concepto rendido a esta Corte en el presente asunto sostuvo “En este punto es pertinente manifestar que el beneficio del artículo 45 de la Ley 181 de 1995, nunca hizo parte del Sistema General de Pensiones, y que al existir un derecho consolidado respecto de los deportistas que cumplieron los requisitos para acceder a él, antes del 29 de enero de 2003, fecha de expedición de la Ley 797, nos encontraos frente a un derecho adquirido en las condiciones que contemplaba la ley; contrario sensu, en relación con los deportistas que no alcanzaron a cumplir dichos presupuestos antes de la aludida fecha, sólo hubo una mera expectativa, por tanto podrían modificarse los presupuestos que deben cumplir para acceder al incentivo.Ministerio del Trabajo, Concepto emitido a la Corte Constitucional en el expediente que se tramita, página 14.

References: ARTÍCULO 5
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 2
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 artículo 5
 artículo 355
 Artículo 31
 Artículo 31
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 355
 artículo 52
 artículo 148
 artículo 45
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 artículo 58
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 artículo 17
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 artículo 45
 artículo 148
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 Artículo 52
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