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Timestamp: 2018-01-19 15:37:36+00:00

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La cuestión surge con motivo de la nueva redacción dada al artículo 164.1 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- ("LC") en la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ("Ley 38/2011"). El tenor actual de la norma dice así: "El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso". El problema interpretativo surge a raíz de la introducción de la referencia final a la exigencia temporal relativa a las condiciones indicadas en el precepto respecto de la determinación de las posibles personas afectadas por la calificación en el caso de deudor persona jurídica.
Antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- no incluía esa limitación temporal. El artículo 164.1 LC -EDL 2003/29207- se refería, sin más, a quienes tuvieran la condición de "administradores o liquidadores, de hecho o de derecho" del concursado persona jurídica. En cambio, el artículo 172.3 LC, relativo a la responsabilidad concursal, contenía una referencia temporal expresa, al disponer que la condena a la cobertura del déficit podría imponerse a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, "y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso". Ello había dado lugar a que surgiesen diversos planteamientos para resolver el que se dio en llamar "problema temporal" de la calificación. Así, una tesis consideraba que la determinación de si el concurso debía calificarse como culpable o fortuito había de hacerse en aplicación de las reglas establecidas en los artículos 164 y 165 LC, sin más limitaciones temporales en cuanto a la identificación de las conductas relevantes que las expresamente establecidas en algunos de los comportamientos del catálogo de presunciones (artículos 164.2.5 y 165.3º LC). Sin embargo, sólo podía imponerse la condena a la cobertura del déficit a quienes hubieren sido administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, del concursado en los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, por así disponerlo expresamente el artículo 172.3 LC. En cambio, en el resto de consecuencias de la calificación de culpabilidad (inhabilitación, pérdida de derechos, condena a devolución de bienes o derechos y condena a indemnización de daños y perjuicios, ex artículo 172.2.2º y 3º LC), se entendía que no cabía atender a ese límite temporal de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aplicable, en consecuencia, sólo en sede de responsabilidad concursal. Este planteamiento se puede ver en los razonamientos contenidos en la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de septiembre de 2010 -EDJ 2010/238683-, relativa a un caso en el que la declaración de concurso se había producido en 2006 y la declaración de culpabilidad se había fundado en la ausencia de contabilidad tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley Concursal, teniéndose, por tanto, en cuenta para la calificación hechos producidos fuera del límite temporal de los dos años previos a la declaración de concurso.
Frente a ello, existía la postura que consideraba que la identificación de los posibles afectados por la calificación y la determinación de sus consecuencias debía limitarse, con carácter general y no sólo para la condena a la cobertura del déficit, a los administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y a quienes hubieren tenido esa condición en los dos años previos a la declaración de concurso. Esta tesis puede encontrarse en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga de 22 de mayo de 2006 -EDJ 2006/249145- , en el Auto de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de septiembre de 2006 o en el Auto de la Audiencia Provincial de Jaén de 10 de marzo de 2008.
Las posturas sobre el régimen anterior a la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- aparecen delimitadas con precisión por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra de 25 de mayo de 2012 -EDJ 2012/95114-: "La jurisprudencia, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 38/11... mayoritariamente acogía la restricción temporal de los dos años anteriores a la declaración de concurso como el lapso temporal al que se debía restringir la responsabilidad del administrador de hecho y al de derecho la posibilidad de ser afectado por la calificación culpable- entre otras, SJM Málaga de 22 de mayo de 2006 (AC 2006, 1264) -EDJ 2006/249145- o AAP Barcelona, sección 15ª de 21 de septiembre de 2006 (JUR 2007, 145684)-... Frente a dicha posición, sin embargo, otras resoluciones hacían abstracción expresa de cuándo se hubiera realizado la conducta, con el único límite temporal impuesto por la presunción de turno, si la conducta se incardinaba en alguno de tales supuestos".
La Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- introduce, como se ha visto, relevantes modificaciones en esta materia. En primer lugar, la cláusula general del artículo 164.1 LC -EDL 2003/29207- hace referencia expresa al límite temporal de dos años. Además, el artículo 172.2.1º LC dispone que, en caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas con la calificación "los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso". Los términos utilizados coinciden, como puede verse, con los del artículo 164.1 in fine LC.
Así las cosas, puede decirse que en la reforma introducida por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- el legislador ha abordado de manera expresa el conocido como el problema temporal de la calificación. Lo que queda, sin embargo, es determinar en qué términos lo ha hecho.
Con todo, entre las tesis existentes, se considera más acertada la que entiende que no cabe extender con carácter general la limitación temporal de los dos años del artículo 164.1 LC -EDL 2003/29207- a la determinación objetiva de los comportamientos susceptibles de establecer la calificación del concurso. Son varios los argumentos que se pueden invocar en apoyo de esta interpretación.
La misma conclusión se alcanza si se acude al catálogo de presunciones establecido por el legislador en los artículos 164.2 y 165 LC -EDL 2003/29207- y a los criterios de interpretación sistemática y atenta a la finalidad de la norma. Entre los comportamientos determinantes de presunciones iuris et de iure de culpabilidad, sólo el artículo 164.2.5 LC incluye una limitación temporal, al disponer que en todo caso el concurso se calificará como culpable "cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos". El resto de presunciones iuris et de iure de culpabilidad no introducen límite temporal alguno en cuanto a la definición de los comportamientos relevantes. Y, por lo que se refiere a las presunciones de dolo o culpa grave, el artículo 165.3º LC incluye los casos en que "el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso". Si sólo se pudieran tener en cuenta comportamientos realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso, sería imposible la aplicación de esta presunción en sus íntegros términos, que por definición va más allá de ese período y hace referencia a los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. De nuevo, si con la redacción actual del artículo 164.1 LC se hubiera querido extender el límite temporal a la identificación de comportamientos, el legislador podría haber optado por eliminar las referencias temporales que aparecen en los preceptos que se acaban de citar. Pero no lo ha hecho. Las ha mantenido en sus términos originales. La interpretación sistemática parece, así, confirmar la resultante del texto de la norma. Lo mismo puede decirse si se atiende a la finalidad perseguida con la reforma: solucionar el problema de descoordinación que existía entre el artículo 164.1 LC y el artículo 172 LC y, dentro de éste, entre los números 2º y 3º del apartado 2 –consecuencias de la calificación de culpabilidad y el apartado 3 –responsabilidad concursal-, de manera que, a partir de la reforma, quede claro que la calificación y sus consecuencias sólo pueden afectar, en el caso de persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y apoderados generales, que lo sean al tiempo de la declaración de concurso o lo hubieran sido en los dos años anteriores a esa fecha. Nada más. No se ha querido, en cambio, ir más allá y, en particular, no se ha querido limitar con carácter general a ese período temporal la identificación de los comportamientos determinantes de la calificación y sus consecuencias.
La reforma operada en la Ley Concursal -EDL 2003/29207- por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- modifica el artículo 164.1 LC a los efectos de determinar las personas afectadas y estableciendo un límite temporal para determinar el alcance de la responsabilidad, pudiendo ser responsables de la insolvencia, además del deudor, sus representantes legales, administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o apoderados generales y los que hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso siempre que les fueran atribuibles los hechos que dan lugar a la citada responsabilidad. Este límite temporal estaba contemplado antes de la citada reforma en el artículo 172.3 LC.
El mismo límite temporal y en su caso su alcance a las personas que hubieren tenido las condiciones anteriores, se introduce por la citada reforma en el artículo 172.2.1º LC -EDL 2003/29207- respecto de los pronunciamientos que debe contener la sentencia que califique el concurso como culpable en orden a la determinación de las personas afectadas por la calificación.
Por otro lado no puede olvidarse que uno de los defectos que contenía la Ley Concursal antes de llevarse a cabo su reforma por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- era la falta de concordancia que existía entre esta y la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- en cuanto a la exigencia de responsabilidad de los administradores. Como expresa la exposición de motivos de la citada Ley 38/2011, la misma pretende precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso, entre ellos "la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles durante el concurso, tratando de armonizar los diferentes sistemas de responsabilidad ... que tratan de resolver los principales problemas que la aplicación ha suscitado en nuestros tribunales", entre los que menciona expresamente la responsabilidad concursal por el déficit de la liquidación.
En este sentido la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Pontevedra de 25 de mayo de 2012 -EDJ 2012/95114- que, tras analizar la jurisprudencia que mayoritariamente acogía la restricción temporal de los dos años anteriores a la declaración del concurso para restringir la responsabilidad (SJM de Málaga de 22 de mayo de 2006 -EDJ 2006/249145- o SAP Barcelona, Sección 15ª, de 21 de septiembre de 2006), señala que "la mejor doctrina –Muñoz Paredes- deduce una mejora técnica en la nueva redacción de los artículos 164.1 y 172.2.1 -EDL 2003/29207-, al ligar conductas y autoría e imputabilidad ... De esta forma, resultaría superflua la modificación de las concretas conductas del artículo 164 ligadas a un plazo, al contenerse éste con carácter general en el artículo 164.1. Así, también, se explica la supresión del plazo de dos años en la responsabilidad concursal del 172 bis –era el 172.3 anterior el que contemplaba el límite bianual- o, mejor, el traslado de dicho plazo al 164 y al 172 para salir de dudas sobre el límite de afectación de la conducta culpable".
Y resulta conveniente traer a colación tal conjunto de requisitos porque, a la hora de interpretar temporalmente las imputaciones a quienes hubieran tenido la condición de representantes del deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso –y que no la tienen al tiempo del mismo-, resultará preciso identificar una actuación en la conducta de tales sujetos pasivos de la calificación en la que se advierta el dolo o culpa grave desde la que establecer un nexo causal con la generación o agravación de la insolvencia pues, precisamente, la cuestión que plantea la ampliación del ámbito subjetivo es la vinculación entre un hecho cometido –activa u omisivamente- por quien ha sido representante del deudor en un plazo de dos años anteriores a la declaración del concurso y la insolvencia, radica en tal conexión.
Lo cierto es que la Ley Concursal -EDL 2003/29207- contiene ejemplos que confirman aquella regla general pero también, como no, que la excepcionan.
Un examen particularizado de los supuestos tipificados en el 164.2 y 165 ponen de relieve que hay casos en los que la extensión temporal queda delimitada por el propio supuesto. En otros, resulta evidente que la limitación temporal carece de relevancia. –ad exemplum, incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso- casos en los que la culpabilidad vendrá determinada, desde un punto de vista temporal, sólo por el hecho de haber sido representante del deudor en los dos años anteriores a la declaración del concurso, que, desde la perspectiva de la categoría general de la culpabilidad concursal –art 164.1- es sin embargo, desde mi punto de vista, la regla predominante.
La reforma de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- (en adelante, LC) llevada a cabo a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, ha supuesto entre otros aspectos la ampliación del conjunto de sujetos cuyo comportamiento o actuación debe ser sometido a examen con la finalidad de verificar la concurrencia de los presupuestos para la declaración del concurso como culpable. Frente a la redacción original del art. 164 LC en 2003 que, en caso de persona jurídica, limitaba el conjunto de sujetos cuyas actuaciones debían ser tomadas en consideración en orden a la calificación del concurso, a los administradores o liquidadores de hecho y de derecho de la entidad, la reforma realizada en 2011 ha ampliado dicho conjunto incluyendo ahora también a los apoderados generales y a quienes hubiesen ostentado dicha condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.
Con ello, el sistema de calificación del concurso e imputación de responsabilidad en caso de deudor persona jurídica resulta ahora más congruente. En este sentido, en la versión original de la LC -EDL 2003/29207- se hacía referencia a los administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, que hubiesen ostentado dicha condición en los dos años anteriores únicamente a los efectos de determinar su responsabilidad concursal ex art. 172.2.3º LC; es decir, no se preveía que su actuación fuese tomada en consideración a efectos de determinar si el concurso había de calificarse como culpable ni tampoco se contemplaba expresamente que pudieran ser declarados como personas afectadas por la calificación pero, en cambio, sí cabía imputarles responsabilidad concursal en caso de que el concurso fuese calificado como culpable. Tras la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, con independencia de otras cuestiones, la referencia a los sujetos que hubiesen ostentado dicha condición en ese período de tiempo se ha incluido también en relación con la calificación del concurso como culpable (art. 164.1 LC) y con la determinación de las personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1 LC), al margen de quedar así mismo comprendidas en el ámbito de aplicación subjetivo del art. 172 bis LC en relación con la atribución de responsabilidad concursal.
La LC -EDL 2003/29207- establece los presupuestos de la calificación del concurso como culpable en los arts. 164 y 165 sobre la base de una cláusula general (art. 164, apartado 1) y una enumeración de supuestos concretos de culpabilidad (art. 164, apartado 2 y art. 165). De ellos se desprende que para la calificación del concurso como culpable deben concurrir, entre otros requisitos, la realización de un comportamiento o actuación (acción u omisión) por parte de determinados sujetos, en concreto, el deudor y sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los años anteriores a la fecha de declaración del concurso. Se delimita, así, un comportamiento y el sujeto o sujetos que han podido llevarlo a cabo. De este modo, la fijación del plazo temporal de dos años no se refiere a la delimitación del período durante el cual han debido realizarse las actuaciones que han podido generar o agravar la situación de insolvencia del deudor sino, exclusivamente, a la delimitación de los sujetos cuyo comportamiento debe ser examinado por ser susceptible de determinar la calificación del concurso como culpable. Es decir, la norma no acota o limita un período de tiempo durante el cual ha debido realizarse el comportamiento o actuación que fundamenta la calificación del concurso como culpable, sino que establece que, en caso de deudor persona jurídica, ha de examinarse la conducta, no solo de quienes ostenten el cargo de administrador o liquidador en el momento de declaración del concurso, sino también de quienes lo hayan ostentado en un determinado período anterior a dicha fecha.
Dentro de las modificaciones que la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123- ("Ley 38/2011"), ha introducido en la regulación de la calificación del concurso, cabe destacar la definición del concepto de "persona afectada por la calificación" en el caso del deudor persona jurídica -concepto que a pesar de que figuraba en la redacción original no estaba claramente definido-. Según la actual redacción del artículo 172.2.1º LC -EDL 2003/29207- "en caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso". De manera coherente, el artículo 164.1 LC dispone que "el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso".
No parece que esta posibilidad sea la querida por la Ley. El artículo 172.2 LC -EDL 2003/29207- dispone que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos...", y a continuación relaciona, como uno de ellos, la determinación de las personas afectadas por la calificación. Para la Ley, sin responsabilidad es irrelevante la declaración de culpabilidad.
Además, si no se extiende el límite temporal subjetivo a las conductas relevantes para la declaración del concurso culpable se corre el riesgo de generar casos discriminatorios y se estaría promoviendo las dimisiones meramente instrumentales. Mientras que al gestor culpable que hubiera dimitido más allá de los dos años antes de la declaración del concurso -persiguiendo la irresponsabilidad- no cabría exigirle, en el concurso, ninguna consecuencia aunque el concurso fuera declarado culpable por una actuación que le fuera imputable; al que no hubiera tenido la habilidad de cesar tempestivamente, se le podrían imponer todas las consecuencias sancionadoras previstas en la Ley por actuaciones que hubiera llevado a cabo en cualquier momento -incluso en la hipótesis extrema en que habiendo sido diligente dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, existiera enlace causal entre su actuación anterior y la generación o agravación de la insolvencia-.
Aunque lo más normal debería ser que las conductas recogidas en los artículos 164 y 165 LC -2003/29207- estuvieran cercanas al momento en que se produce la declaración de concurso -supuesto en que el análisis que estamos abordando carece de importancia- en los supuestos en que no sea así, no parece pertinente extender el periodo relevante en el que se tienen que haber realizado la conductas que conllevan que el concurso sea declarado culpable, más allá del que puede ser tenido en cuenta para poder ser considerado "persona afectada por la calificación", salvo las excepciones legalmente establecidas.
En consecuencia, si no existe la posibilidad de atribuir a quienes potencialmente son "personas afectadas por la calificación" conductas relacionadas en los artículos 164 y 165 LC -EDL 2003/29207- cometidas dentro del periodo relevante -dos años antes a la fecha de declaración de concurso-, lo más plausible es declarar el concurso fortuito porque las eventuales causas determinantes de la responsabilidad no han sido llevadas a cabo por los potencialmente responsables dentro del periodo relevante.
Lo anterior deberá compatibilizarse con aquellos supuestos en que, excepcionalmente, el legislador haya definido la conducta determinante de la declaración de culpabilidad, tomado en cuenta un periodo superior al de los dos años anteriores a la declaración del concurso -v.gr. el artículo 165.3 LC -EDL 2003/29207- que exige que la omisión de formulación de las cuentas anuales, o de su auditoría obligatoria, o de su depósito en el Registro Mercantil, se haya llevado a cabo "en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso"-.

References: artículo 164
 artículo 164
 artículo 172
 artículo 172
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 artículo 164
 artículo 172
 artículo 164
in fine
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 165
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 172
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 artículo 172
 artículo 172
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 172
 artículo 164
 artículo 172
 artículo 165