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Timestamp: 2019-10-16 12:42:47+00:00

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STS 514/2018, 11 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729540941
STS 514/2018, 11 de Mayo de 2018
Número de Recurso: 2872/2017
Número de Resolución: 514/2018
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2872/2017
Sentencia núm. 514/2018
En Madrid, a 11 de mayo de 2018.
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Juan Enrique , representado y defendido por el Letrado D. José Manuel Fernández-Montesinos Aniorte, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de mayo de 2017, en el recurso de suplicación nº 355/2017 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2016 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Reus , en los autos nº 524/2015, seguidos a instancia de dicho recurrente, contra el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de prestación.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida el Fondo de Garantía Salarial, representado y defendido por Abogado del Estado.
Con fecha 21 de octubre de 2016, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
FALLO: DESESTIMO la demanda origen del presente procedimiento promovida por D. Juan Enrique contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y, en consecuencia, confirmo la resolución del organismo demandado de 28 de noviembre de 2014 y le absuelvo de los pedimientos dirigidos en su contra
1 .- D. Juan Enrique , mayor de edad, con N.I.E. n° NUM000 prestó servicios para la empresa "Antonio Montoya González" desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 3 de agosto de 2012, fecha en la que fue objeto de un despido objetivo. Percibía un salario de 39,34 euros diarios con inclusión de la prorrata de pagas extras. El actor interpuso una demanda en materia de despido y en fecha 19 de diciembre de 2012 el Juzgado de lo Social n° de Tarragona dictó sentencia (procedimiento 749/2012) estimando tal pretensión y condenando a la empresa a readmitir al actor o a abonarle la indemnización de 12.598,60 euros. Instada la ejecución de la sentencia, en fecha 19 de febrero de 2013, el Juzgado de lo Social n° 3 de Tarragona dictó auto extinguiendo la relación laboral, fijando una indemnización de 13.355,90 euros y unos salarios de tramitación de 7.907,34 euros (folios 48 a 72).
2 .- Instada ejecución dineraria, este juzgado dictó auto despachando ejecución por un principal de 25.515,88 euros. En fecha 20 de noviembre de 2013, este órgano judicial dictó decreto declarando la insolvencia de la empresa "Antonio Montoya González" por un importe de 21.263,24 euros (folios 74 a 84).
3.- En fecha 4 de abril de 2014, el actor dedujo solicitud ante el Fondo de Garantía Salarial (folio 31)
4.- En fecha 28 de noviembre de 2014, el Fondo de Garantía Salarial dictó resolución por la que reconoció el derecho del actor a percibir en concepto de prestación de garantía una indemnización por importe de 9.244,90 euros y salarios de tramitación en la cantidad de 4.720,80 euros, calculados sobre un salario módulo de 39,34 euros (folios 9 a 11). Esa resolución -fue notificada a la parte actora en fecha 16 de diciembre de 2014 (folio 138)
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia con fecha 22 de mayo de 2017 , en la que consta la siguiente parte dispositiva:
FALLAMOS: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Juan Enrique contra la sentencia de 21 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Reus en los autos 524/2015, seguidos a su instancia contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada resolución
Contra la sentencia dictada en suplicación, el Letrado Sr. Fernández-Montesinos Aniorte en representación de D. Juan Enrique , mediante escrito de 19 de julio de 2017, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de octubre de 2016 .
Por providencia de esta Sala de 17 de noviembre de 2017 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de que interesa la desestimación del presente recurso.
Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 8 de mayo de 2018, en cuya fecha tuvo lugar.
Reproducidos más arriba los hechos probados y antecedentes del caso, las circunstancias litigiosas que merecen destacarse en lo que aquí concierne son las que siguen: 1) el actor fue objeto de un despido objetivo; 2) interpuesta demanda frente al mismo, fue estimada por el Juzgado de lo Social, condenando a la empresa a readmitir al actor o a abonarle la indemnización de 12.598,60 euros. 3) Solicitada su ejecución, se dictó auto extinguiendo la relación laboral, fijando una indemnización de 13.355,90 euros y unos salarios de tramitación de 7.907,34 euros. 4) Declarada la insolvencia de la empresa, en fecha 4 de abril de 2014, el actor dedujo solicitud ante el Fondo de Garantía Salarial. 5) En fecha 28 de noviembre de 2014, el FOGASA dicta resolución por la que reconoció el derecho del actor a percibir en concepto de prestación de garantía una indemnización por importe de 9.244,90 euros y salarios de tramitación en la cantidad de 4.720,80 euros.
2 . Formulada demanda por el trabajador, la sentencia de instancia la desestima, absolviendo al Fondo de los pedimentos deducidos frente al mismo.
La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 22 de mayo de 2017 (rec 355/2017 ) igualmente desestima la petición de reconocimiento de las prestaciones de garantía salarial realizadas por el actor.
Citando precedentes de la misma Sala, y así la adoptada en Pleno, que examinaron la decisión de esta Sala IV del TS de fecha 16 de marzo de 2015 (rcud 802/2014 ), señala que "el efecto del silencio administrativo...a lo único que obliga al Fogasa, es a reconocer el derecho reclamado", pero no puede implicar una estimación superior a lo que la normativa sustantiva de aplicación le hubiere concedido. Concluye, que tanto el FOGASA como los órganos judiciales pueden examinar no solo los presupuestos, sino también que no pueda obtenerse una mayor prestación. Confirma correlativamente la resolución de instancia apartándose en esa forma de la doctrina unificada.
El FOGASA en su escrito de impugnación al recurso denuncia en primer término la falta de contradicción como causa de inadmisibilidad del mismo, y, subsidiariamente, insta su desestimación pues pretende obtener una prestación al margen de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, aludiendo a una situación de fraude -que debió haber verificado en la pertinente resolución temporánea y sobre la que tampoco explicita los elementos que pudieron sustentarla-, así como a la no aplicación de sentencias posteriores de esta Sala dictadas sobre supuestos que entiende diferentes.
El informe el Ministerio Fiscal parte de la existencia de la necesaria contradicción y solicita la desestimación del recurso señalando que concurre la concreta circunstancia de falta de especificación de una cifra concreta en lo reclamado por el trabajador al Fondo, de forma que debe entenderse que lo solicitado es una prestación conforme a derecho, es decir, ajustada a los límites del art. 33 ET .
La sentencia ahora recurrida -en la que no se hace constar el debate acerca de la extensión y contenido de la solicitud efectuada por la parte actora, a diferencia de otros casos enjuiciados por la Sala- confirma la resolución desestimatoria de la demanda y, por consiguiente, la aplicación de los límites cuantitativos operada por el FOGASA en resolución extemporánea. La de contraste otorga la respuesta contraria y afirma la imposibilidad de dictar una resolución opuesta a la derivada del silencio administrativo positivo.
En efecto, en ambas sentencias se trata de supuestos en los que los actores han postulado, siendo la empresa insolvente, prestaciones de garantía en conceptos de indemnización y salarios de tramitación por los importes derivados del título de ejecución, y mientras que la recurrida valida la limitación cuantitativa extemporánea sobre la base de que "cualquier otra cantidad que se reclame que supere el tope legal debe ser simplemente rechazada", la de contraste impide la minoración aplicando todos los efectos del silencio administrativo positivo.
1. La cuestión que se suscita ya ha sido resuelta por la Sala en multitud de sentencias cuyo criterio hemos de reproducir. Así, en SSTS de 6 de julio de 2017 [rcud 1517/2016 ], 27 de septiembre de 2017, [rcud 1876/2016 ], 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016 ], 16 de enero de 2018 [rcud 1204/2017 ], 18 de enero de 2018 [rcud 2870/2016 ], 25 de enero de 2018 [rcud 369/2017 ] y 13 de marzo de 2018 [rcud 1358/2017 ], entre otras muchas, con base en la doctrina adoptada por el Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016], y que, por elementales razones de seguridad jurídica y aplicación del principio de igualdad, vuelve a serlo en estas actuaciones. Recuérdese igualmente que las sentencias tienen por naturaleza la condición de declarativas y retroactivas, a diferencia de las leyes y el resto de normas que tienen, salvo que dispongan otra cosa, efectos solo prospectivos (no retroactivos) por su condición de fuentes de creación del derecho - arts. 1 y 2.3 del Código Civil - ( STS 7 de febrero de 2002, rcud 2129/2001 ), entre otras.
La doctrina que se contiene en la sentencia recurrida en los términos que hemos indicado se opone a la ya unificada y antes transcrita, procediendo su revocación.
Conforme al art. 228.2 LRJS " Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada ".
Entrando en consecuencia a resolver el debate deducido en suplicación, estimamos el de tal clase formulado por la parte actora, reconociendo su derecho a percibir la cantidad reclamada de 7.297,54 euros (cifra que obtiene de deducir de la suma señalada en la resolución de insolvencia las cantidades ya abonadas por el Fondo).
Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS , no procede imponer costas al organismo demandado. Ha de precisarse en este punto, que el FOGASA no interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina (ni suplicación), de manera que no opera respecto al mismo la imposición -pedida por el propio recurrente- que el precepto prevé para la parte que lo ve desestimado (con las excepciones que contempla).
) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Juan Enrique , representado y defendido por el Letrado D. José Manuel Fernández- Montesinos Aniorte.
) Casar y anular la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de mayo de 2017 dictada en el recurso de suplicación nº 355/2017 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2016 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Reus , en los autos nº 524/2015, seguidos a instancia de dicho recurrente, contra el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de prestación.
) Resolviendo el debate de suplicación, estimar el recurso de tal clase formulado por el actor en el sentido de revocar la sentencia de instancia y estimar la demanda para condenar al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL al pago de la cantidad de 7.297,54 euros.
SAP Madrid 227/2007, 25 de Abril de 2007

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