Source: https://www.legalik.com/abogados/indemnizacion/baremo-de-accidentes-de-trafico.e1910
Timestamp: 2019-04-24 04:29:45+00:00

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Baremo de accidentes de trafico
Abogados baremo de accidentes de trafico
1. Baremo de indemnizacion por accidente de trafico. Preambulo.
El nuevo baremo de tráfico supone un reto para todos los operadores jurídicos.
1.- Por la complejidad per se de la norma,
2.- Por la complejidad de su aplicación práctica,
3.- incremento de las cuantías indemnizatorias Por la oportunidad que supone para que las victimas graves puedan acceder a indemnizaciones mayores que las que venian obteniendo previamente, generando una adecuada reparación por parte de este nuevo baremo
4. El principal escollo viene, como hasta ahora, de la necesidad de conocer el baremo y sus reglas de aplicación y especialmente las particulares circunstancias personales de cada víctima, y que a su vez se les requiera para que aporten la información necesaria. Mucha de esta información vendrá ya recogida en los informes forenses si en todos los casos se ajustan al modelo que están preparando para los accidentes de tráfico, lo que aún no queda claro.
Este baremo implica un nuevo reto en cuanto exige una importante dedicación durante la instrucción, en fase de calificación(resultando esencial la labor del visador) y de juicio, para lograr la reparación íntegra, o al menos lo más completa posible, de las víctimas
2. Ambito de aplicación del baremo de accidentes de tráfico
El artículo 1 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre(en adelante LRCSCVM) en su vigente redacción dispone que se circunscribe la aplicación de la norma a siniestros acaecidos “con motivo de la circulación”; pero esperemos que ello no sea obstáculo para que de una manera o de otra se extienda su aplicación, si quiera como referente, al resto de los procesos penales con fallecidos o lesionados.
Queda por despejar la incognita sobre qué ocurrirá con las indemnizaciones en delitos ajenos a la seguridad vial en los que por analogía se venía aplicando el baremo de tráfico, bien en sus estrictos términos, bien como base o referencia incrementada
No podemos dejar de resaltar que el baremo en los delitos dolosos con frecuencia se venía aplicando el baremo incrementado en un tanto por ciento para cubrir ese plus de antijuridicidad que supone la causación intencionada del daño.
La disposición transitoria, “aplicación temporal del sistema”, nos indica que este nuevo sistema se aplicará a los accidentes de circulación que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 1 de enero de 2016. Para los accidentes ocurridos con anterioridad se seguirá aplicando el sistema hasta ahora vigente.
3. Baremo de accidentes de tráfico. Introducción
El pasado día 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que reforma la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, (LRSCVM).
El nuevo texto aunque parte del “baremo” hasta ahora conocido y vigente durante 20 años, ha aumentado su complejidad de forma exponencial, con nuevos conceptos que trataremos de exponer simplificadamente a la manera de una guía práctica de aplicación.
La Ley consta de Preámbulo, un artículo único con nueve apartados, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Resulta de capital importancia el contenido en el Título IV que lleva por rúbrica "Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", que consta de 112 artículos, agrupados en dos capítulos.
El Capítulo I lleva por rúbrica: "Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal" (Sección 1.ª Disposiciones Generales y Sección 2.ª Definiciones).
El Capítulo II incluye las reglas para la valoración del daño corporal, y en sus tres secciones se ocupa, respectivamente, de las indemnizaciones por causa de muerte, por secuelas y por lesiones temporales, que se plasman, respectivamente, en las tablas 1, 2 y 3.
A su vez en cada una de las causas de indemnización la ley distingue entre el perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial, que los subdivide entre el daño emergente y el lucro cesante y que es en definitiva, lo que va a ser objeto de estudio en esta mesa.
Responde esta ley al principio de reparación íntegra del daño causado y así lo establece en su exposición de motivos 1 y en el artículo 33 de la citada ley 1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.
No puede olvidarse que la ley 35/2015 no es sino una modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (en lo sucesivo LRCSCVM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en la que se introduce un nuevo Título Cuarto que es el que contiene el baremo.
[Ancla principios] 3.1 Indemnizacion por accidente de trafico. Principios fundamentales del sistema.
Resulta imprescindible hacer unas consideraciones generales para que puedan entenderse plenamente los parámetros indemnizatorios que se fijan por la nueva ley. La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, publicada en el BOE de 23 de septiembre supone un avance en cuanto a lograr la reparación íntegra de las víctimas, como veremos, pero estamos aún muy lejos de lograrla.
La reforma parece justificarse sobre la base de dos pilares, que se definen como esenciales, y sobre los que se construye el nuevo sistema.
3.1.1 Seguridad juridica en la indemnización por accidentes de trafico
Uno sería la necesidad de dotar de seguridad jurídica tanto al perjudicado como a las compañías aseguradoras, estableciendo una regulación detallada “que dote de certidumbre al perjudicado y a las entidades aseguradoras respecto a la viabilidad de sus respectivas pretensiones, garantizando una respuesta igualitaria ante situaciones idénticas y que contribuya decisivamente a la rápida solución extrajudicial de conflictos y, en suma, al equilibrio de recursos y a la dinamización de la actividad económica”.
3.1.2. Reparación integra del daño corporal sufrido en accidente de trafico
El segundo pilar sobre el que nos dicen se asienta la reforma es el de tratar de lograr la reparación íntegra del daño corporal. Nos indica su exposición de motivos que 3 Artículo único que lleva como denominación precisamente “Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre”. e recoge expresamente también la posibilidad de acudir a la mediación como vía para la resolución de conflictos pero serán los tribunales los que vayan redefiniendo el alcance de la ley.“su finalidad es la de lograr una total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente”.
El septimo de los referidos apartados introduce el Título IV de la LRCSCVM fijando una nueva regulación del sistema de valoración mediante la redefinición de su artículado (artículos 32 a 143 del referido Título IV) bajo el epígrafe “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”.
El capítulo primero se ocupa de los “criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal” en dos secciones,
Seccion primera dedicada a las disposiciones generales y
Seccion Segunda la segunda se encarga de recoger las principales definiciones de los conceptos utilizados en esta nueva regulación.
Se defienen así cuestiones tales como lo que debe entenderse por pérdida de autonomía personal o por actividades esenciales de la vida ordinaria.
Definiciones que tratan de reducir al mínimo las últeriores interpretaciones jurisprudenciales que de la norma se hagan.
A este respecto conviene resaltar que el avance realizado por la jurisprudencia en los veinte años de vigencia del anterior sistema dotaban al mismo de la necesaria seguridad jurídica y en general de una interpretación bastante unitaria, siendo preciso destacar el avance en la protección de las víctimas llevado a cabo por la Sala 1ª del Tribunal Supremo a lo largo de estos años.
el artículo 33 bajo el título principios fundamentales del sistema de valoración.
En el punto primero de ese artículo se indica que la reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.
El punto segundo reitera que la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos, señalando en su punto tercero que este principio de reparación íntegra rige tanto para los daños patrimoniales como para los morales o extra patrimoniales.
Y viene a definirlo indicando que con el nuevo sistema se lograra compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad. Lo cierto, por una parte, es que esa idea de reparación íntegra ya la encontramos en el sistema anterior. Y por otra parte se establecen en el nuevo sistema importantes limitaciones, tanto cuantitativas como relativas a las personas designadas como perjudicados, que ponen en cuestión que lo realmente buscado sea la “reparación íntegra” de todos los perjudicados.
La propia explicación que de lo que se entiende por reparación íntegra nos da el punto tercero del artículo(en adelante art.) 33 nos lleva a afirmar que lo que se ha buscado es mejorar el importe de las indemnizaciones y el catálogo de perjudicados fijando cantidades razonables y aceptables, es decir aceptadas por las aseguradoras.
3.1.3 Principio de vertebracion en el Baremo de indemnización por accidentes de tráfico
Se indica también en el referido artículo 33 que otro de los principios fundamentales del sistema, si bien éste ya no se expone como excusa de la reforma,es el de vertebración, que no significa otra cosa que la separación por conceptos de las distintas partidas y subpartidas indemnizatorias, fijando de forma clara a qué corresponde cada parte del importe total que se recibe y cómo se cuantifica cada una de esas partes.
3.1.4 Indemnización de los Daños Patrimoniales y Daños Extrapatrimoniales en un accidente de trafico
De esta forma se regulan y establecen por una parte los daños patrimoniales y por otra los extrapatrimoniales, y dentro de cada una de estas categorías a su vez se hace una nueva división.
En los daños patrimoniales se diferencia el lucro cesante del daño emergente y en los daños personales se diferencia entre el perjuicio personal básico y el perjuicio personal particular.
No cesa aquí la división de las partidas indemnizatorias. Se fija para los casos de muerte y secuelas, dentro del perjuicio particular y entre otros supuestos, un perjuicio excepcional.
3.1.5 Objetivizacion y limites a la indemnización por daños sufridos en accidentes de trafico
Así junto al principio de vertebración se establece un último principio rector en el apartado 5 del artículo 33 que es el de objetivación y que no supone otra cosa que limitar las partidas y cuantías indemnizatorias a lo expresamente previsto, estableciéndose, como única quiebra de esta regla general, los llamados perjuicios excepcionales. Estos aparecen definidos en el propio texto de la ley como “los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema”. Perjuicios excepcionales que igualmente se limitan cuantitativamente como veremos en su momento.
El nuevo sistema ya no establece categorías excluyentes de perjudicados, en particular en los casos de fallecimiento, sino que todos los tenidos por tales tendrán derecho a su indemnización conforme al daño propio sufrido por cada uno, mediante la aplicación de las reglas fijadas.
El art. 33.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor aprobado por RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre, tras su modificación por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, establece como principios fundamentales del nuevo sistema de valoración del daño en aras a conseguir su plena objetivación y resarcimiento los de reparación íntegra y reparación vertebrada (art. 33).
Conforme al primero, se persigue la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Por eso las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias. El principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad.
Conforma al principio de vertebración se valoran por separado los daños patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos perjudiciales. La objetivación del daño para su adecuada valoración que persigue la Ley se cierra con dos declaraciones expresas contenidas en el párrafo 5º del art. 33: de un lado, que el daño se indemniza “conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en él”, y de otro lado, que “no obstante, los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112”.
Los daños indemnizables conforme al art. 34 de la Ley son la muerte, las lesiones temporales y las secuelas permanentes y en las cuantías que se establecen en las tablas, respectivamente, 1, 2 y 3.
Y dentro de cada uno de estos conceptos indemnizables, se distingue entre el perjuicio personal básico (tablas 1A, 2A y 3A), el perjuicio personal particular (1B, 2B y 3B) y el perjuicio patrimonial (1C, 2C y 3C).
Los dos primeros integrarían los perjuicios extramatrimoniales, morales o personales (dentro de los que el sistema distingue entre los básicos y los particulares), y el tercero, los de carácter patrimonial, económico o material, distinguiéndose dentro de éste, entre el daño emergente y el lucro cesante.
3.1.6 El nuevo sistema detras del barómetro de indemnizacion por accidentes de trafico Beneficia a la victima o a las aseguradoras?
Gran parte de los conflictos que se venían suscitando, lejos de arrancar de la parquedad del sistema anterior o de su deficiencia, partía, en no pocas ocasiones, del intento por parte de las aseguradoras de diferir en el tiempo su obligación de indemnizar.
Trataban de minimizar hasta el último momento el quantum de la partida a abonar, apartándose de forma clamorosa no sólo del texto de la ley sino además y, especialmente, de la abundante jurisprudencia existente. Por ello entiendo que la reforma lo que hace es abandonar la si se quiere “relativa” pero avanzada seguridad jurídica existente para adentrarnos en un campo desconocido que no estará exento de conflictos que habrán de resolverse por los Tribunales y de dudas interpretativas que deberán irse despejando.
Se indica que se ha incrementado, de forma global, las indemnizaciones en un 15,6% respecto al sistema anterior. No obstante lo cual el sistema queda muy lejos de asegurar la reparación íntegra del daño sufrido, tanto patrimonial como personal.
En el daño patrimonial vemos como se establecen límites expresos como el de fijar el importe máximo de las prótesis en la cantidad de 50.000 euros.
En cuanto a los perjuicios personales, morales o extrapatrimoniales resulta evidente la dificultad de valorarlos económicamente. Cuantificar monetariamente el dolor de una víctima o la pérdida de calidad de vida no pasará nunca, por mucho que se eleven las cuantías, de ser un loable intento de reparar lo irreparable.
El ser humano y sus circunstancias va mucho más allá de lo que pueda pagarse por uno u otro concepto. Señalar que el excesivo encorsetamiento de la norma, que pretende regular de modo exhaustivo y cerrado todas las posibles cuantías indemnizatorias, sin duda ha contribuido a la complejidad de la misma. Por una parte se ha pretendido evitar dejar resquicios expuestos a la interpretación jurisprudencial y por otra se ha pretendido una discuble simplificación, mediante la directa aplicación de las tablas que fijan las cuantías a indemnizar.
Inicialmente la propuesta contemplaba un incremento de un 25,6% si bien las aseguradoras entendieron que resultaba insostenible, esto motivó que se realizaran importantes ajustes y reducciones para lograr el consenso de todos los integrantes de la Comisión encargada de elaborar la propuesta.
Al tratar de prever todas y cada una de las circunstancias personales no sólo se ha complicado enormemente la aplicación de una norma, que junto con su anexo cuenta con cerca de 500 folios, sino que además dista mucho de lograr esa pretendida reparación íntegra. Difícilmente pueden preverse y regularse expresamente, de forma justa y ponderada, la infinidad de circunstancias personales que pueden darse en la vida real.
3.1.7 El deber de colaboracion con la aseguradora en el nuevo barometro de indemnizacion por accidentes de trafico
Una novedad importante del nuevo sistema, y que entiendo conveniente recoger entre los principios fundamentales, es el deber mútuo de colaboración que se recoge en el artículo 37 de la ley.
Precepto que lleva como encabezado “necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración”. Parece que va a imponer por igual deberes a ambas partes, perjudicado y aseguradora, y que además serán deberes que impliquen la colaboración del uno con el otro, pero no es así. Junto a la obligación genérica que recoge, de que la determinación y medición de secuelas y las lesiones temporales deben realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas del sistema, introduce el deber de colaboración del perjudicado.
Indica que desde la producción del daño el perjudicado tiene el deber de prestar la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. Deber que no es un mero desideratum ni una simple invitación a colaborar pues lo enlaza con una sanción para el caso de que no se atienda. Se señala en el último inciso del apartado 2 del referido precepto que el incumplimiento de este deber de colaboración constituye causa no imputable a la aseguradora a los efectos de la regla 8ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios.
Es decir que si el perjudicado no accede puede la compañía no pagar sin que la cantidad debida genere intereses de demora, su retraso en el pago se verá justificado por esa falta de colaboración y por lo tanto sería imputable al perjudicado.
Finalmente el artículo se cierra con la obligación de los servicios médicos de proporcionar los informes que emitan tanto a la entidad aseguradora como al lesionado. Señala además que carecerá de validez la oferta motivada que no se acompañe de informe médico, salvo que se hubiese entregado con anterioridad.
Vemos así que se impone el deber de colaborar a los médicos y entidades médicas y el deber de colaborar del perjudicado, pero no se recogen por ningún lado los denominados “deberes recíprocos de colaboración”. El perjudicado debe someterse a los informes de los médicos nombrados y pagados por las compañías aseguradoras.
La ley no impone esta obligación respecto a médicos imparciales o designados de común acuerdo entre ambos sino respecto a los que la compañía designe, obligándole a exponer su intimidad con un coste personal indudable.
El elevado gravamen, que para el perjudicado supone someterse a los reconocimientos médicos y tratamientos necesarios por parte de los médicos de la Seguridad Social o de su médicos privados, se ve ya de por sí incrementado de forma notable con la obligación, cuando existe procedimiento penal abierto, de someterse al dictamen del médico forense. Sin embargo la ley no contenta con esto obliga al perjudicado, so pena de entender que el retraso en el pago es imputable a él mismo, a someterse a reconocimiento por parte de los médicos de las Compañías.
Vemos que el precepto no restringe la intervención de estos ni cuando el perjudicado está siendo tratado por el sistema sanitario público ni tampoco, cuando existiendo procedimento judicial abierto, va a ser visto y seguido en la evolución de sus lesiones por el médico forense. Se impone por lo tanto una pesada obligación al perjudicado, cuya salud se ha visto truncada con un accidente de tráfico, bajo la amenaza de no tener derecho a percibir intereses moratorios imputándole la responsabilidad del retraso en el pago.
El único deber que se impone a la aseguradora en este artículo es el de acompañar a la oferta motivada el correspondiente informe médico en el que se base. Deber que ya existía y que rara vez se cumplía, si bien ahora la ley anuda a la existencia de este informe la válidez de la propuesta. No parece que sean compensables los deberes que impone a una y otra parte, dejando claro quien ocupa el lado fuerte de la balanza.
4. Barometro de indemnizacion por accidentes de trafico 2016. Conceptos relevantes
El sistema hasta ahora aplicado ha sido duramente criticado, con razón, no sólo porque nos alejaba de los estándares aplicados en el resto de los países europeos más avanzados en esta materia, también, y es lo más importante, porque no satisfacía adecuadamente las necesidades de las víctimas de los accidentes de tráfico.
El principio de reparación íntegra de los daños y perjuicios causados no era efectivo creando situaciones injustas en aquellos que, además de haber sufrido un daño físico, psíquico y moral, también soportaban una pérdida añadida de calidad de vida. Junto a estos perjuicios materiales o económicos se encontraban los generados por el sistema de reclamación, que ponía a las víctimas en numerosas ocasiones ante la tesitura de aceptar una oferta de la compañía aseguradora que no cubría todas sus expectativas, pero le evitaba un largo proceso judicial, o por el contrario acudir ante los tribunales con un resultado incierto y dilatado en el tiempo.
Dice la exposición de motivos de la Ley 35/2015. que El nuevo Baremo se inspira y respeta el principio básico de la indemnización del daño corporal; su finalidad es la de lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente.
Uno de los retos que debía resolver la nueva Ley era ampliar y definir el catálogo de perjudicados, como consecuencia del accidente.
Otro era establecer cuantías indemnizatorias más justas en los casos de fallecimiento y en casos de grandes lesionados, que garantizaran, en este último caso, una seguridad económica y por tanto calidad de vida, en su existencia.
4.1 Victimas y perjudicados en la indemnización por accidentes de trafico. Baremo de accidentes 2016
Producido el accidente de tráfico y en consecuencia la obligación de indemnizar los daños causados en el, hemos de determinar quiénes es la víctima y quien son los perjudicados por dicho accidente.
Como hemos visto anteriormente, el baremo establece tres conceptos que dan lugar a indemnización en el artículo 34 de la ley que lo regula, la muerte, las secuelas y las lesiones temporales. Pues bien, la víctima va a ser siempre quien, sin ser responsable del accidente, sufre como consecuencia del mismo, la muerte o la merma de su integridad física a través de las secuelas o de las lesiones temporales.
Sin embargo el perjudicado no va a ser el mismo en las distintas categorías por razones obvias, pues el fallecido desgraciadamente ya no va a poder ser indemnizado, por lo que lo serán aquellos perjudicados morales que sufren la pérdida del mismo
En la categoría de perjudicados debemos distinguir dos grandes grupos:
Por un lado la persona que sufre físicamente el accidente (la víctima) ya sea mortal o lesiva, y por otro las personas relacionadas con aquéllos y que sufren un perjuicio por la situación de los primeros.
Indemnizacion para familiares perjudicados en caso de accidente de tráfico con resultado fallecimiento de la víctima
* En caso de fallecimiento existen cinco categorías autónomas de perjudicados:
1. el cónyuge viudo,
2. los ascendientes,
4 los hermanos y los
5. allegados.
En relación al que podríamos llamar perjudicado de hecho, son necesarios dos requisitos, que quien tiene la obligación familiar de haber atendido a la víctima en vida no lo haya hecho o bien ya no exista y que haya sido sustituida en sus funciones por esta persona, lo que implica que en ningún caso puede darse la concurrencia de ambos perjudicados a la misma indemnización y por el mismo concepto, sin perjuicio de que si se dan los requisitos el perjudicado de hecho se encuentre dentro de la categoría de los allegados.
* En el caso de lesiones con secuelas: el perjudicado es la víctima y los otros cinco grupos en determinadas situaciones.
* En el caso de lesiones temporales el perjudicado es sólo la víctima.
Frente al sistema del Baremo derogado que reconocía el derecho de los perjudicados de forma sucesiva o preferente dependiendo lo abonado a los anteriores, en nuevo baremo otorga a todos los perjudicados el mismo rango, puesto que se les reconoce, en cualquier caso, el resarcimiento de su perjuicio básico y el importe de éste no depende de la cantidad reconocida a los otros perjudicados. Art. 68
De esta manera se introduce un nuevo Título IV en el Texto Refundido, dividido en dos capítulos.
El primero se refiere a disposiciones generales y el segundo incluye las reglas para la valoración del daño corporal en tres tablas, la primera de las indemnizaciones por causa de muerte, la segunda por lesiones con secuelas y la tercera por lesiones temporales.
A su vez se distinguen dos grandes bloques: los “perjuicios personales” que se subdividen en “básicos” y “particulares”, y los “perjuicios patrimoniales” que se subdividen en “daño emergente” y lucro cesante”. Las tablas contienen a su vez otras divisiones en atención a los sujetos perjudicados, así cónyuges, progenitores, hijos, allegados, terceros, etc.
4.2 Valoracion del daño corporal en un accidente de trafico. La fijación de la indemnización y su posible conversión en renta vitalicia. Actualización de cuantías. Conceptos generales
Antes de entrar en la actualización de las cuantías conviene dejar claras cuales son las reglas para la valoración del daño.
El artículo 38 nos dice que se tendrá en cuenta para determinar la edad de la víctima y de los perjudicados, así como sus circunstancias personales, familiares y laborales la fecha del accidente, salvo que se indique otra cosa.
Los conceptos perjudiciales indemnizables, los criterios para su determinación y los demás elementos relevantes para la aplicación del sistema, en defecto de regla específica, también serán los de la fecha del accidente.
4.2.1 Respecto a la edad de la victima y perjudicados en el accidente
Para el cómputo de las edades,el artículo 39 nos indica que se realiza de fecha a fecha, aclarando que la edad se alcanza a las cero horas del día del nacimiento. Las horquillas comprenden desde que se alcanza la edad inicial hasta las cero horas del día que se cumple la edad final. La referencia de que alguien tenga más de un cierto número de años se entiende hecho al momento en que se alcanza esa edad.
4.2.2 Fecha del accidente
La indemnización se fija teniendo en cuenta los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización que corresponda al año que se determine por acuerdo judicial o extrajudicial. Esta regla relativa a la actualización se aplica igualmente a las partidas de gastos realizados. Si bien dispone la ley que no tendrá lugar está actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de intereses moratorios. En caso de realizarse pagos a cuenta las cantidades que se abonen anticipadamente también se actualizarán y se deducirán así del importe global de la indemnización debida(art. 40).
4.2.3 El daño y perjuicio personal como concepto indemnizable.
Para empezar conviene definir qué debemos entender por perjuicio personal. Pues bien, en línea con lo que exponíamos en el apartado anterior, podríamos definirlo en sentido negativo, o por exclusión, como todo perjuicio derivado del daño corporal sufrido como consecuencia de un accidente de tráfico que no se refiere a la perdida patrimonial sufrida.
Pérdida patrimonial que engloba tanto la pérdida de ingresos como la pérdida de ganancias futuras.
El resto debe considerarse conforme al sistema establecido por la ley 35/2015 como perjuicio personal. El artículo 33 nos indica que las indemnizaciones del sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares y sociales de la víctima, junto con las económicas
Se indica así que el perjuicio personal viene a ser las consecuencias morales o extrapatrimoniales del daño corporal sufrido en el accidente.
Se incluye en este concepto de perjuicio personal la pérdida del desarrollo personal que, según nos dicen los artículos 53 (que nos define que debe entenderse por pérdida de desarrollo personal) y 54 (que nos indica que actividades son las específicas del desarrollo personal) consiste en el menoscabo físico, intelectual , sensorial u orgánico que impide o limita la realización de actividades específicas de la vida personal, entre las que se encuentra, o puede encontrarse, el desempeño de una profesión o trabajo.
Si bien aquí lo que se indemniza no es la pérdida de ingresos ni la pérdida de la posible ganancia futura, que son objeto de tratamiento en los perjuicios patrimoniales, lo que aquí se indemniza es el perjuicio moral que sufre el perjudicado al no poder desempeñar, o al verse limitado para ello, una profesión o trabajo o cualesquiera otra actividad de desarrollo personal(actividades de ocio, culturales, deportivas, actividad sexual, etc.)
Esta diferenciación, como veníamos en el apartado anterior, arranca del principio de vertebración del sistema que pretende dejar claros todos y cada uno de los conceptos que son objeto de indemnización.
Con ello, y en la idea de restaurar el daño, se pretende la reparación de cada una de las facetas que se han visto alteradas como consecuencia del siniestro acaecido.
Igualmente este principio de vertebración nos exige que dentro del perjuicio personal realicemos una segunda distinción entre los distintos conceptos indemnizables.
Por una parte estará el perjuicio personal básico y por otra el perjuicio personal particular y a su vez dentro de éste, en los supuestos de muerte y de secuelas, encontraremos el perjuicio personal excepcional sobre cuya naturaleza y alcance entraremos más adelante.
La sección segunda del capítulo I del Título IV recoge las definiciones aplicables a este nuevo sistema, y en el Capítulo II encontramos las normas para la valoración del daño corporal en todas sus facetas.
Como anexo a la Ley se recogen a su vez tres tablas numeradas como 1,2 y 3 referidas cada una de ellas a un supuesto de menoscabo diferente derivado de un accidente de tráfico(muerte, secuelas y lesiones temporales).
La primera corresponde a las indemnizaciones por causa de muerte, la segunda a las indemnizaciones por secuelas y la tercera a las indemnizaciones por lesiones temporales.
A su vez en cada tabla encontramos tres apartados diferenciados:
A) relativo a el perjuicio personal básico,
B) relativo al perjuicio personal particular
C) relativo al perjuicio patrimonial,
4.2.4 Indemnización por perjuicio excepcional derivado de accidente de tráfico
El cierre o encorsetamiento del sistema, principio de objetivación según el texto normativo del que hemos hablado, quiebra en cierta medida al prever la posibilidad de que se dé en el caso concreto, ante el fallecimiento de una persona en accidente de tráfico, algún perjuicio excepcional que afecte a uno o varios perjudicados y que no aparezca expresamente contemplado en el texto de la ley.
Este perjuicio excepcional, que como veíamos sólo se reconoce en los casos de fallecimiento y lesiones permanentes, en principio por su ubicación sistemática debe tratarse de un perjuicio personal particular no expresamente contemplado.
El artículo 77 que cierra esta 21 subsección segunda nos remite al artículo 33 para la concreción de qué debe entenderse por perjuicio excepcional y lo cifra en los casos de fallecimiento en un incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico.
El artículo 33 nos dice que como perjuicio excepcional podrá indemnizarse aquellos perjuicios relevantes, por lo que no puede ser de cualquier entidad ese perjuicio sino tener cierta importancia, ocasionado por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema. Es decir que debe tratarse de un perjuicio de cierta entidad que no aparece específicamente contemplado en sentido ni positivo ni negativo, ni como derecho reconocido ni como exclusión expresa, y que se da de forma no habitual por especiales circunstancias que concurran en el caso concreto de que se trate. Sin duda será la jurisprudencia la que vaya reconociendo supuesto que puedan tener cabida en estos preceptos. Hemos de tener en cuenta que la norma cierra la puerta en su artículo 68.3 a que los allegados puedan ser beneficiarios de este plus de indemnización por concurrir perjuicios excepcionales, como ocurre con los restantes perjuicios particulares salvo el de discapacidad. Como ejemplo de este perjuicio excepcional podría ser que el familiar fallecido fuese el único posible donante conocido de médula ósea para un perjudicado que padece leucemia, haciendo inviable el estado del cuerpo la donación. En cualquier caso será la jurisprudencia y la práctica diaria la que vaya marcando el camino sobre qué debemos entender por perjuicio excepcional a estos efectos. La posible duda, desde nuestro punto de vista como Fiscales y por lo tanto defensores de los derechos de las víctimas, debe resolverse siempre a favtas. or de és
4.2.5 Concepto de lucro cesante
El artículo 1106 del Código Civil habla del lucro cesante como la ganancia dejada de obtener por el acreedor.
Conviene recordar que el lucro cesante hace referencia siempre a: 
.- Un daño de carácter patrimonial (no cuantifica daños morales) 
.- Debidamente probado
 .- Que ha tenido una duración determinada en el tiempo
 .- Que ha sido ocasionado a consecuencia de la actuación de un tercero
4.2.6 Actualizacion de los importes indemnizatorios.
Esta actualización no se llevará a cabo conforme al Indice de Precios al Consumo sino conforme al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado(art.49). Con esto se zanja la diferencia de criterios, que en cuanto a baremo aplicable, encontrábamos que eran utilizados por la Sala 1ª del Tribunal Supremo y por la Sala 2ª del alto Tribunal, posición, esta última, la de la Sala 2ª, igualmente defendida en la Circular 10/11 de la Fiscalía General del Estado.7
4,2,7 Sustitucion de indemnización por accidente de trafico por una renta vitalicia en el nuevo baremo
Conviene destacar que el nuevo baremo permite sustituir la indemnización que corresponda por una renta vitalicia. Establece además que tal sustitución no sólo puede resultar del acuerdo entre las partes sino que también puede venir impuesta por decisión judicial.
Establece que podrá decidir el Juez dicha sustitución cuando el perjudicado sea un menor o una persona con la capacidad modificada judicialmente y sea necesario para proteger más eficazmente sus intereses(art.41).
En estos casos la sustitución de la indemnización por una renta vitalicia puede ser total o parcial. Resulta evidente que el Fiscal, para proteger debidamente el interés del menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada, también podrá pedir esta sustitución.
Para el cálculo de la renta vitalicia establece el artículo 42: “1. Si la indemnización se establece en forma de renta vitalicia, su importe se calcula de modo que sea equivalente al capital de la indemnización que resulta de este sistema de acuerdo con la tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre rentas y capitales (TT1) incluida en las bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48. Dicha renta se actualizará cada año de acuerdo con el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La conclusión vigesimo primera de la Circular 10/11 de la FGE establece que las indemnizaciones deben fijarse conforme al baremo vigente a la fecha del accidente o a la fecha de estabilización lesional y luego actualizar las cantidades resultantes, para el supuesto de que la indemnización no se haya pagado en su integridad, conforme al baremo vigente a la fecha de la calificación y en su caso al de la fecha del juicio oral.
Parte la Circular de la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que consideraba, hasta ahora al aplicar el sistema anterior, que estábamos ante una deuda de valor y que el paso del tiempo no debía correr en contra del perjudicado, de acuerdo con su consideración como parte más necesitada de protección.
Este criterio suponía variar el seguido por la Sala Primera del referido Tribunal y ello por la diferencia entre el procedimiento civil y penal. La Sala Primera, para evitar la existencia de víctimas codiciosas que pudieran jugar con los tiempo en el proceso civil, fijó como criterio la aplicación del baremo vigente a la fecha del accidente o de la estabilización lesional. Sin embargo el proceso penal no depende de la voluntad de la víctima, impulsado de oficio por el Juez los plazos y tiempos no quedan a merced de las partes sino que escapan a su control y en ocasiones, más de las que serían deseables, prolongándose más allá de lo que sería razonable.
De esta forma indica la referida Circular “para garantizar la total reparación de los perjudicados, la doctrina dominante de la Sala 2.º del Tribunal Supremo ha concebido la indemnización por el daño como una deuda de valor que nace en el momento de producirse el perjuicio (fecha del siniestro) pero cuyos límites cuantitativos deben determinarse en el momento en el que se declara judicialmente (entre otras, SSTS Sala 2.º 14 abril y 20 de diciembre de 2000, 15 de febrero y 16 de junio de 2001, 15 de noviembre de 2002)” lo que enlaza con la idea del baremo de alcanzar la “total indemnidad” y que por lo tanto la reparación del daño debe ser íntegra o total.”
Vemos como el nuevo sistema establece una regla expresa sobre este particular, baremo de fecha del accidente actualizadas conforme al índice de revalorización de las pensiones. 9
3. La renta anual puede fraccionarse en períodos inferiores, dividiéndose en tal caso por meses o por el período temporal que corresponda.” La tabla técnica de coeficientes actuariales de la que se habla(TT1) la encontramos en el anexo junto con las demás tablas, justo a continuación de la Tabla 3 dedicada a las lesiones temporales. Por lo tanto para la conversión de una indemnización en renta vitalicia dividiremos el importe de la misma por el coeficiente, que en función de la edad del perjudicado, aparezca en la referida tabla TT18 . Señalar que la tabla fija coeficientes diferentes según estemos ante una indemnización por fallecimiento, por secuelas en general o por secuelas que dan lugar a una pérdida de calidad de vida grave o muy grave. El precepto nos indica los factores que se han tenido en cuenta para el cálculo del coeficiente. También puede la renta vitalicia fraccionarse por meses o por el período de tiempo que se elija, dividiendo la cantidad anual resultante por el período de tiempo que corresponda.
Se actualiza anualmente conforme al índice de revalorización de las pensiones. La indemnización que corresponda al perjudicado, una vez fijada, sólo puede revisarse por la alteración sustancial de las circunstancias que determinaron su fijación o por la aparición de daños sobrevenidos(art.43). Evidentemente tanto uno como otro supuesto debe ser convenientemente probado. Antes de terminar este apartado resulta obligado hacer referencia a los artículos 48 y 49. En el 48 se nos dice que las tablas técnicas actuariales son las que contienen las hipótesis económicas-financieras y biométricas del cálculo de los coeficientes actuariales y se establecerán por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Hasta ahora las únicas existentes, a partir de las cuales se elaboraron las tablas que acompañan al nuevo baremo, son unas bases técnicas actuariales realizadas en junio de 20149 y que no constan publicadas. El Ministerio de Economía y Competitividad no ha dictado nuevas tablas que actualicen las mencionadas. En segundo lugar el artículo 49 nos indica que a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley, las cuantías y límites indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas quedan automáticamente actualizadas con efecto 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la ley de 8 Al pie de la tabla TT1 se nos indica esto, es decir que para pasar de un capital a una renta vitalicia deberemos dividir por el coeficiente que corresponda. A la inversa, para pasar de renta vitalicia a capital, se hará la operación contraria, por lo tanto se multiplicará la renta por el coeficiente que corresponda.
La respuesta a la pregunta sobre qué es un actuario la encontramos en el artículo 5 de su Estatuto Profesional aprobado por Decreto del Ministerio de Hacienda 1216/1960, de 23 de junio, B.O.E. de 5 de julio de 1960:"Corresponde al Actuario de Seguros la actuación, en exclusiva, en todas las cuestiones de técnica matemática y económica de las Instituciones de Seguros, Ahorro y Capitalización, y, como título de rango facultativo, autoriza a quienes lo poseen para ejercer los cargos de alta de dirección de las Empresas de Seguros, Ahorro y Capitalización; el asesoramiento, la peritación y el desempeño de cargos en los que se requiere el uso de sus conocimientos específicos en las materias de estadística matemática, teoría económica de las Empresas de Seguros, dirección y técnica contable y estimación cuantitativa de operaciones financieras".
Las bases técnicas actuariales son las que realizan estos actuarios. Una vez creada la Comisión de expertos para la elaboración del nuevo sistema se nombró al Presidente del Instituto de Actuarios Españoles miembro de la referida comisión para que se aportaran conocimientos técnicos, tanto actuariales como jurídicos, para el desarrollo de los trabajos de la Comisión de expetos. En base a todo ello el 15 de septiembre de 2012 se creó un Grupo de trabajo Actuarial responsable de la elaboración de las bases técnicas actuariales que mencionamos.
10 Presupuestos Generales del Estado10. Si bien las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona por su naturaleza se actualizarán conforme a las bases técnicas actuariales. La tabla de gasto de asistencia sanitaria futura se actualiza de acuerdo con lo que establezcan los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud conforme a lo dispuesto en el artículo 114 y teniendo en cuenta la variación de los costes soportados por los servicios sanitarios. El artículo anuncia finalmente que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hará públicas por resolución las cuantías indemnizatorias actualizadas para facilitar su conocimiento y aplicación.

References: artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 37
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 33
 artículo 77
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 68
 artículo 1106
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 5
 artículo 114
 resolución