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Revista IUS - El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense
El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense*
The Writ of Amparo in the Nicaraguan Legal System
Omar A. García Palacios**
** Profesor de Derecho constitucional UnanLeón (omar.garcia@juridicosysociales.com).
* Recibido: 8 de marzo de 2011.
El presente artículo tiene como objeto de estudio el recurso de amparo en Nicaragua. Se parte de los rasgos generales de la justicia constitucional nicaragüense a través de los distintos mecanismos de control de constitucionalidad y los órganos de control de ésta y se profundiza en la naturaleza jurídica del recurso de amparo en Nicaragua, así como su función y objeto. De igual forma, se estudia el procedimiento del recurso de amparo que abarca los sujetos legitimados, las etapas del recurso y concluye con la sentencia y sus efectos. En el ordenamiento jurídicoconstitucional nicaragüense el recurso de amparo tiene una doble naturaleza jurídica: es un mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales y eventualmente, permite el control de normas en casos concretos.
Palabras Clave: Derecho procesal constitucional nicaragüense, justicia constitucional nicaragüense, protección de derechos, mecanismos de control, garantías constitucionales en Nicaragua, amparo en Nicaragua.
The article under consideration is a study of the writ of amparo as a remedy in the Nicaraguan legal system. It starts with the general characteristics of the constitutional justice in Nicaragua through the different constitutional controls, mechanisms and the supervisory bodies, explores into the legal nature of the remedy in Nicaragua and its role and purpose. Similarly, studies the procedure of the remedy of persons authorized covering the stages of action and concludes with the sentence and its effects. In the Nicaraguan constitutionallegal system. The remedy has a dual legal nature: a mechanism for protection of constitutional rights and guarantees and, eventually, allows control of rules in specific cases.
Key words: Nicaraguan constitutional procedures, Nicaraguan constitutional justice, protection of rights, control mechanisms, constitutional rights in Nicaragua, writ of amparo in Nicaragua.
2. Rasgos generales de la justicia constitucional nicaragüense
3. Naturaleza jurídica del recurso de amparo en Nicaragua
4. Función y objeto
A) Sujetos legitimados
B) Etapas del recurso
6. Sentencia y sus efectos
El presente artículo estudia la regulación jurídicoconstitucional del recurso de amparo en Nicaragua.1 El recurso de amparo en Nicaragua encuentra su punto de partida normativa en la Constitución de 1987 y sus reformas, así como en la Ley de Amparo de 1988 y sus reformas, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1998 y sus reformas.
Para logar dicho objetivo el presente escrito aborda los rasgos generales de la justicia constitucional nicaragüense, la naturaleza jurídica del recurso de amparo en Nicaragua así como su función y objeto. En igual sentido, se estudia el procedimiento dentro del cual se examinan los sujetos legitimados, las etapas del recurso así como la sentencia y sus efectos. Todo ello permite tener una visión general de la importancia del recurso de amparo como mecanismo de protección de derechos y garantías en el ordenamiento nicaragüense.
La justicia constitucional nicaragüense se caracteriza por estar compuesta de una serie de instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución, dispersos en diversas normas (Constitución, Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de la Regulación de la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo) y en la que intervienen distintos órganos del Poder Judicial tanto de forma individual como colegiada (por ejemplo, jueces, magistrados de los Tribunales de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia). Dicha situación permite reflexionar en relación a la necesidad de agrupar todos los instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución en un solo cuerpo normativo y en un único órgano especializado de control de constitucionalidad.2
Por otro lado, GARCÍA PALACIOS3 ha señalado que los mecanismos de protección jurisdiccional de la Constitución nicaragüense son los siguientes:
a) Recurso por inconstitucionalidad (artículos 163; 164, inciso 4; 187 de la Constitución; artículo 1o., 2o., 6o., 8o.21 de la Ley de Amparo; artículos 27, inciso 1, y 34, inciso 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
b) Inconstitucionalidad en casos concretos (artículos 2224 de la Ley de Amparo; artículo 5o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
c) Recurso de amparo (artículos 45; 164, inciso 3; 188 de la Constitución; artículos 1o., 3o., 6o., 7o., 2553, de la Ley de Amparo; artículo 34, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
d) Recurso de exhibición personal o habeas corpus (artículos 45 y 189, Constitución; artículos 1o., 4o., 6o., 5479 de la Ley de Amparo; artículo 34, inciso 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
e) Conflicto de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado (artículos 163 y 164, inciso 12, de la Constitución; artículos 1o., 5o., 6o., 8084, de la Ley Amparo; artículo 27, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
f) Conflicto entre el gobierno central y las municipalidades (artículos 164, inciso 11, de la Constitución; artículo 35, inciso 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
g) Conflicto entre el gobierno central y las regiones autónomas y los municipios (artículo 164, inciso 13, de la Constitución; artículo 35, incisos 3 y 4, 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
h) Hábeas data (artículo 26, inciso 4, de la Constitución).
En síntesis, se puede afirmar que la justicia constitucional nicaragüense se configura como un modelo de control mixto de constitucionalidad en el que pueden observarse mecanismos de control concentrado (por ejemplo, el recurso por inconstitucionalidad) y mecanismos de control difuso (por ejemplo, la inconstitucionalidad en casos concretos).4
El ordenamiento jurídicoconstitucional nicaragüense configura un mecanismo de protección constitucional que denomina "recurso de amparo" (artículos 45 y 188 de la Constitución). RIZO OYANGUREN (1992) citado por SÁNCHEZ CORRALES5 ha destacado que el amparo en Nicaragua es un "juicio autónomo de carácter contencioso", es decir, el amparo implica la existencia de un litigio que se da dentro de un proceso y ante una instancia jurisdiccional y que concluye mediante una sentencia de carácter definitiva. Ello, lógicamente, ubicaría al amparo como un auténtico juicio similar al tratamiento generalizado que existe sobre esta figura en el ámbito latinoamericano y que es conocida por diversos nombres acción de tutela en Colombia, mandato de segurança en Brasil, juicio de amparo en México, entre otros.6
En el caso nicaragüense, el mecanismo de protección de constitucionalidad denominado por el constituyente y el legislador ordinario como "recurso de amparo" no es un medio de "impugnación de decisiones" emanadas de "autoridad" que afectan o vulneran derechos constitucionales, sino todo lo contrario, un auténtico mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales de forma autónoma y eventualmente, como se podrá observar más adelante, como un medio de control de normas en casos concretos.
En ese sentido, el mecanismo de protección en el sistema nicaragüense tiene una doble naturaleza o naturaleza dual que puede ser fácilmente identificada a través de la redacción constitucional y legal sobre el tratamiento del mismo. El artículo 45 de la Constitución establece lo siguiente: "Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo a la Ley de Amparo".
El artículo 188 del texto constitucional reafirma la idea de mecanismo de protección de "derechos" y agrega la expresión "garantías", ambos consagrados en la Constitución Política.
Por su parte, la Ley de Amparo introduce otro elemento que va a configurar en su totalidad la doble naturaleza o naturaleza dual del recurso de amparo en Nicaragua. El recurso de amparo podrá también servir como cauce o instrumento jurídico para controlar la constitucionalidad de ciertas normas en casos concretos. En ese sentido, el artículo 22 de la Ley de Amparo hace referencia a la utilización del mecanismo para activar la denominada "inconstitucionalidad en casos concretos" que opera como un mecanismo de control de normas aplicadas al caso particular que está siendo objeto del amparo.7 El artículo 29, inciso 3, de la misma Ley de Amparo destaca que uno de los requisitos del escrito de amparo es señalar si una "ley, decreto o reglamento" aplicada a ese caso es, a juicio del recurrente, considerada inconstitucional.
En ese sentido, el recurso de amparo en el sistema constitucional nicaragüense tendrá como naturaleza jurídica la protección de "derechos y garantías constitucionales" (artículos 45 y 188, Constitución) y el control de normas en casos concretos (ley, decreto o reglamentos) que se estén aplicando al caso y que según valoración del recurrente del amparo (sujeto con legitimación activa) las considere inconstitucionales, o bien, tal como destaca el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a juicio de la "autoridad judicial" se consideran inconstitucionales.
El recurso de amparo se configura como un mecanismo de "protección de derechos y garantías constitucionales" que han sido vulnerados o que puedan llegar a serlo por parte de "actos de autoridad". En ese sentido, el recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense se presenta como un mecanismo de protección amplio en cuanto al objeto. La Constitución destaca el hecho de que los derechos y garantías "hayan sido violados o estén en peligro de serlo", "que viole o trate de violar" (artículos 45 y 188, Constitución). La trascendencia de la configuración constitucional del recurso de amparo en Nicaragua en relación a la función implica la posibilidad no sólo de proteger derechos constitucionales sino también "garantías" constitucionales (por ejemplo, el principio de legalidad) y que dicha protección aplique tanto a derechos y garantías violados como aquellos que estén en peligro de ser violados, que puedan ser violados o estén en "inminente peligro" de serlo (artículo 25, Ley de Amparo).
Por otro lado, tal como ha destacado ESCOBAR FORNOS8 otro elemento a tener presente sobre el objeto en el caso nicaragüense es la imposibilidad de utilizar el recurso contra actos de particulares. No cabe el recurso de amparo contra actos de particulares sino sólo contra actos de autoridad (artículo 188, Constitución, artículo 25, Ley de Amparo).9
Los actos de autoridad pueden ser diversos y amplios, la Constitución y la Ley de Amparo señalan los siguientes: "disposición, acto, resolución y general cualquier acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos" (artículos 188, Constitución, y 25, Ley de Amparo).
De igual forma, GARCÍA VÍLCHEZ10 ha sostenido similar planteamiento destacando la diversidad de los actos emanados de autoridad tales como actos consumados, declarativos, consentidos, derivados de actos consentidos, continuados o de tracto sucesivo, positivos, negativos, prohibitivos y actos de futuro.
Puede fácilmente observarse que el recurso de amparo en el ordenamiento Nicaragüense es un instrumento de protección constitucional que tiene una concepción amplia en cuanto a su función y objeto. Esto está también vinculado a lo anteriormente expresado sobre la naturaleza jurídica. El recurso de amparo en Nicaragua sirve como mecanismo de protección de la Constitución vinculado al ámbito de derechos y garantías constitucionales frente a actos de autoridad y puede eventualmente ser utilizado como instrumento de control de normas (ley, decreto o reglamento) en casos concretos (artículos 45 y 188, Constitución; artículos 22 y 29, inciso 3, Ley de Amparo; artículo 5o., Ley Orgánica del Poder Judicial). El recurso de amparo es aplicable a la protección de todos los derechos y garantías constitucionales. Las regulaciones jurídicas no hacen distinción de derechos como ocurre en otras legislaciones, por ejemplo el caso español.11
Por último, sobre la función y objeto del recurso de amparo en Nicaragua resulta necesario tener presente la siguiente situación. La Constitución permite la protección de derechos y garantías constitucionales contra actos emanados de autoridad que violen o traten de violarlas (derechos y garantías). Tiene un concepto amplio de objeto (tanto en los actos como en las acciones y omisiones de la autoridad) que puede ser susceptible de protección mediante el recurso de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo introduce restricciones a ciertos actos que no pueden ser objeto de la materia de amparo. En ese sentido destacan:
a) Los actos del proceso de formación de la ley (presentación de iniciativas hasta publicación del texto como ley) (artículo 8o., Ley de Amparo).
b) Resoluciones de funcionarios judiciales en asuntos de su competencia (la Corte Suprema de Justicia a través de su jurisprudencia ha entendido que cuando el funcionario judicial no tiene competencia sí cabe el recurso de amparo contra esas resoluciones) (artículo 53, inciso1).12
c) Cuando ha cesado los efectos del acto reclamado o éste se haya consumado de modo irreparable (artículo 53, inciso 2).
d) Actos consentidos por el agraviado de modo expreso o tácito. En tal sentido, se entiende aquellos actos no recurridos de amparo dentro del término legal. Sin perjuicio de la suspensión del término de conformidad al derecho común (artículo 53, inciso 3).
e) Resoluciones dictadas en materia electoral (artículo 53, inciso 4). Sobre este punto también puede verse la misma redacción introducida mediante reforma constitucional de 1995 en el artículo 173, parte final, de la Constitución. La regulación legal se hizo mediante reforma a la Ley de Amparo en el año 1995 posterior a la reforma constitucional de 1995. Este elemento ha repercutido negativamente en la configuración del sistema electoral nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se ha negado a conocer sobre recursos de amparos en esta materia (sentencia Corte Plena, No. 56 del 3 de julio de 2000; sentencias Sala de lo Constitucional, Nos. 205 del 25 de octubre de 2000; 196 del 10 de diciembre de 2001; 197 del 14 de diciembre de 2001; 59 del 2 de julio de 2002; 69 del 31 de julio de 2002; 156 del 20 de noviembre de 2002; 42 del 12 de marzo de 2004; 208 del 29 de junio de 2005; 154 del 18 de mayo de 2005; sentencias Corte Plena, Nos. 103 y 104 del 8 de noviembre de 2002)13 y existe una sentencia en el ámbito internacional como es la sentencia del 23 de junio de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Yátama vs. Estado de Nicaragua).14
f) Actos relativos a la organización de Poderes del Estado, nombramientos y destitución de funcionarios con inmunidad (artículo 53, inciso 5).
La imposibilidad de proteger derechos y garantías constitucionales mediante el recurso de amparo contra las decisiones de autoridad judicial (excepcionalmente sí es permitido el recurso de amparo frente a resoluciones judiciales ante la falta de competencia de las autoridades),15 y las decisiones del órgano electoral (Consejo Supremo Electoral) sobre materia electoral representan posiblemente los actos que requieren ser revisados en futuras reformas a la Ley de Amparo en el sentido de ser notoriamente violatorios al tratamiento de los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección que señala la Constitución nicaragüense (artículos 34, inciso 9; 159 y 160).16
El procedimiento del recurso de amparo es desarrollado por la Ley de Amparo de 1988 y reformas. A continuación se estudian los elementos presentes dentro del procedimiento de tramitación del recurso de amparo.
La Constitución señala como sujeto con legitimación activa del recurso de amparo a la "persona" (artículo 45). La Ley de Amparo pone el énfasis en la persona "agraviada", es decir, "parte agraviada" (artículo 25). La Constitución no distingue en relación al tipo o naturaleza de persona. En igual sentido lo ha entendido el órgano correspondiente de resolver los recursos de amparo. Así pues, se entiende por parte agraviada toda persona tanto natural como jurídica.
En el caso nicaragüense el sujeto pasivo será "cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos" (artículos 188, Constitución, y 25, Ley de Amparo). Recuérdese que el amparo en Nicaragua sólo cabe contra actos de autoridad razones por las cuales la autoridad que dicta los actos que violan o tratan de violar derechos y garantías constitucionales son los sujetos pasivos del recurso de amparo, es decir, son los sujetos contra los cuales se dirige el recurso de amparo (en el lenguaje de la Ley de Amparo son los sujetos contra los que se interpone el amparo). La autoridad se entiende como aquella que dicta los actos y la que ejecuta los mismos. El recurso se dirige contra ambos (artículo 26, Ley de Amparo).
Por otro lado, la legislación permite intervenir en el proceso a otros sujetos. La Ley de Amparo señala que tanto los sujetos con legitimación activa y pasiva así como la Procuraduría General de la República y "todos" a los que pueda afectar la resolución final si se hubieren presentado deben intervenir en el proceso (artículo 43). Dicha regulación permite entender que en el caso nicaragüense el recurso de amparo protege únicamente a los sujetos que han intervenido en el proceso (los que activaron el proceso o los que entraron posteriormente como sujetos con interés en el objeto del recurso). El amparo en Nicaragua no tiene efectos generales o colectivos (intereses difusos) únicamente particulares. Sólo se protege a las partes perjudicadas que así lo han manifestado dentro del proceso. La sentencia de amparo tiene efectos inter partes.
El recurso de amparo según la Ley de Amparo (artículo 27) y la jurisprudencia del órgano competente para conocer de éste han clasificado el procedimiento de un recurso de amparo en dos etapas.
a. Etapa de revisión formal
Esta etapa comprende la competencia que tienen los Tribunales de Apelaciones de todo el país para recepcionar los escritos de amparo, revisarlos con el objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos formales y proceder a establecer la suspensión del acto reclamado así como remitir los autos a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional). Todo ello se agrupa dentro de lo que la Ley de Amparo señala como "primeras actuaciones", incluyendo la suspensión del acto (artículo 27).
La parte agraviada frente actos de autoridad que lesionan o traten de lesionar derechos y garantías fundamentales pueden presentar un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones "respectivo" o ante la Sala de lo Civil del mismo cuando éste estuviese dividido en Salas (artículo 27, Ley de Amparo). La redacción del artículo 27 no deja claro cuál será ese Tribunal de Apelaciones "respectivo". La práctica del órgano competente a través de su jurisprudencia ha establecido como criterio que el agraviado puede escoger su domicilio para fijar la competencia del Tribunal de Apelaciones o el domicilio de la autoridad contra la que se recurre. En algunos casos la autoridad puede tener competencia nacional (en todo el territorio nicaragüense) que permita a la parte agraviada escoger cualquiera de los Tribunales de Apelaciones existentes en Nicaragua.
Por otro lado, los requisitos formales de un recurso de amparo se establecen en los artículos 28 y 29 de la Ley de Amparo. Pueden resumirse de la siguiente forma:
a) Plazo de 30 días para presentar el recurso a partir de la notificación o comunicación legal del acto que lesiona derechos y garantías constitucionales o que se tenga conocimiento de la acción u omisión que causa la lesión (artículo 28).
b) Presentación del escrito en papel común indicando nombres, apellidos y generales de recurrente parte agraviada así como de quien lo promueva en su nombre. Dicha situación permite entender que el recurso de amparo se puede presentar de forma personal o través de un apoderado especialmente facultado para tal acto. De igual forma se incluyen los nombres, apellidos y las generales de ley del sujeto recurrido (funcionario, autoridad o agente de los mismos).
c) Disposición, acto, resolución, acción u omisión, contra los cuales se reclama, incluyendo si las normas (ley, decreto o reglamento) que a juicio de recurrente son inconstitucionales. Asimismo, se deben señalar los artículos de la Constitución que se consideran violados.
d) Agotamiento de la vía administrativa. Cumplimiento del principio de definitividad.17
e) Señalamiento de lugar para notificaciones en la sede del Tribunal de Apelaciones.
Una vez presentado el escrito ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente, el Tribunal tiene la facultad de revisar que el escrito reúna todos los requisitos formales. En esta etapa pueden suceder tres supuestos. En primer lugar, el Tribunal puede admitir a trámite el recurso. En segundo lugar, el Tribunal puede señalar que el escrito no reúne los requisitos formalmente exigidos y ordenar la subsanación de los mismos, es decir, en términos de la Ley, el Tribunal puede ordenar "llenar omisiones". En este caso, el plazo es de cinco días (artículo 30, Ley de Amparo). Si las omisiones no se llenan dentro del plazo, la Ley permite declarar el recurso como no interpuesto. Por último, puede suceder que el Tribunal considere no tramitar el recurso y por tanto denegarlo. Si éste es el caso, la Ley permite al solicitante poder acudir de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) mediante la denominada "vía de hecho", también conocida como "recurso de hecho" (artículo 27, Ley de Amparo).
Ahora bien, el último punto que corresponde al Tribunal conocer en esta primera etapa de revisión formal del recurso es lo relacionado con la suspensión del acto que produce perjuicio. En ese sentido la Ley señala que una vez presentado el escrito (entiéndase que ha sido admitido a trámite) el Tribunal debe poner en conocimiento del mismo a la Procuraduría General de la República y tiene un plazo de tres días para pronunciarse sobre la decisión de suspender o no el acto que es objeto de la materia de amparo.
La suspensión del acto procede a petición de parte o de oficio. El artículo 34 de la Ley de Amparo regula los supuestos que el Tribunal tiene como parámetros para decidir la suspensión de oficio:
a) Actos que de llegar a consumarse hacen físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce del derecho reclamado.
b) Notoriedad en la falta de competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpone el recurso.
c) Actos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente.
Por otro lado, el artículo 35 de la Ley de Amparo señala los supuestos en los que puede operar la suspensión del acto a petición del recurrente o quejoso:
a) Cuando la suspensión no causa perjuicio al interés general ni contraviene disposiciones de orden público.
b) Cuando los daños y perjuicios que puedan causarse al agraviado son de difícil reparación según valoración del Tribunal.
c) La capacidad de otorgar garantía suficiente para reparar daños o indemnizar perjuicios que se puedan causar a terceros si el amparo es declarado sin lugar.
Una vez que se ha ordenado la suspensión del acto la Ley exige al Tribunal determinar la situación en que han de quedar las cosas y todas las medidas a tomar para garantizar o conservar la materia objeto de amparo hasta la decisión final emitida por la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) (artículo 36). Por último, la Ley permite al Tribunal fijar el monto de la garantía cuando se ha solicitado la suspensión por parte del recurrente o quejoso (artículo 38).
b. Etapa de revisión de fondo
El Tribunal está en la obligación de remitir a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) el expediente correspondiente que recoge todas las actuaciones realizadas en la primera etapa ya señalada. Antes de remitir las diligencias, el Tribunal solicita la presentación de un informe a los sujetos pasivos (autoridad recurrida). La Ley establece el término de 10 días para la presentación del correspondiente informe. Éste debe ser enviado a la Corte Suprema de Justicia o al propio Tribunal si se presenta antes de que éste envíe el expediente correspondiente a la Corte Suprema de Justicia. La falta de presentación del informe por parte de la autoridad obligada a rendirlo presume ser ciertas las pretensiones del sujeto activo, es decir, se presume la veracidad del acto objeto de amparo (artículo 41, Ley de Amparo).
La remisión del expediente se realiza una vez que el Tribunal se ha pronunciado sobre la suspensión o no del acto objeto del amparo. El Tribunal señala a las partes que tienen la obligación de personarse ante la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) dentro del plazo de tres días hábiles más el término de la distancia. El cumplimiento de esta obligación dentro del plazo señalado se torna un elemento fundamental dentro del proceso en la medida en que su no observancia se señala por la Ley como una causal para declarar desierto el recurso (artículo 40).
Ahora bien, la Ley otorga competencias amplias a la Corte Suprema de Justicia para actuar y decidir sobre el fondo del recurso planteado (artículos 4145). Por ejemplo, puede solicitar al recurrente ampliación sobre los hechos reclamados, puede decidir todo sobre la suspensión del acto (lo cual debe interpretarse como la posibilidad de ordenar la suspensión si el Tribunal no lo hizo o de revocar la suspensión decretada por el Tribunal), puede aplicar el Código de Procedimiento Civil como norma supletoria al proceso en todo aquello aplicable, puede dar intervención a cualquier persona que así lo solicite (entiéndase diferente del sujeto recurrente o quejoso) siempre que la decisión final afecte sus derechos y dicha solicitud se realice antes de dictada la sentencia, puede abrir a pruebas si lo considera necesario para resolver el proceso planteado. Por último, la Ley deja claramente establecido que el proceso de amparo no hay caducidad ni alegatos orales (artículo 43).
La Ley de Amparo destaca varios elementos en relación a la sentencia y sus efectos. En primer lugar, el recurso de amparo en el caso nicaragüense únicamente protege a las personas naturales o jurídicas que activaron el mecanismo (artículo 46). Cabe también entender que serán protegidos aquellos sujetos que intervinieron en el proceso a través de la regulación que contiene el artículo 43 de la Ley de Amparo. La sentencia debe amparar y proteger a esos sujetos en el caso especial controvertido. En ese sentido se ha manifestado GUEVARA SOLÍS18 al señalar que en el "ordenamiento nicaragüense la sentencia de amparo tiene un carácter declarativo que tiene por objeto la preservación y el restablecimiento de un derecho contenido en la Constitución".
El artículo 47 de la Ley Amparo destaca como elementos que debe contener la sentencia los siguientes: a) razonamiento jurídico; b) identificación clara del acto o actos reclamados; c) argumentación jurídica que sustenta la declaratoria de legalidad o ilegalidad del acto reclamado, de los puntos en discusión y la determinación de porqué se ampara (concede) o deniega el recurso.
Las sentencias dictadas en amparo puede ser que acojan la pretensión o la denieguen. Si la pretensión es acogida satisfactoriamente, la resolución produce dos efectos (artículo 48, Ley de Amparo) "si el acto es de carácter positivo tiene por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de derechos transgredidos, anulando el acto impugnado y retrotrayendo los efectos de la sentencia al momento en que se produce la violación, y cuando el acto o actos sean de carácter negativo se deberá obligar a las autoridades a que actúen conforme a la ley o garantía de que se trate".19 La última parte indica que la sentencia tendrá un carácter preventivopedagógico para evitar que en el futuro la autoridad vuelva a cometer en situaciones similares la misma violación de derechos y garantías.
Por otro lado, en caso de denegar la pretensión el órgano competente lo puede hacer tomando ciertos supuestos que la ley introduce en su articulado. El recurso puede ser rechazado al considerar la Sala de lo Constitucional que no existe violación de derechos y garantías, por considerar que el acto objeto del recurso se encuentra dentro de los actos imposibles de recurrir de amparo establecidos en los artículos 8o. y 53, Ley de Amparo, por considerarlo extemporáneo (presentado fuera del plazo de los 30 días que señala la Ley de Amparo). GUEVARA SOLÍS20 ha elaborado una tipología de esas sentencias que se estudiarán más adelante.
Ahora bien, según la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe ser dictada dentro de los 45 días posteriores de agotado el procedimiento que establece la propia Ley. En la práctica del órgano ésta es una disposición que no se cumple. La retardación de justicia en materia de amparo es una realidad.
La sentencia de amparo debe ser cumplida por parte de los actores con legitimación activa y todo el que tenga interés y haya intervenido en el proceso así como a los funcionarios contra los que se dirigió el recurso de amparo (artículos 5052, Ley de Amparo). Los efectos jurídicos que produce únicamente son "inter partes" (artículo 46, Ley de Amparo).
Por último, en relación a la sentencias de amparo se puede señalar que la práctica del órgano ha ido introduciendo otros tipos de sentencias destacados por GUEVARA SOLÍS.21 Estos tipos de sentencias encuentran sustento en la propia Ley de Amparo y en la práctica del órgano y además pueden ser dictadas al momento de presentar el recurso (interposición) y al finalizar el proceso (supuestos de los artículos 4652). Las sentencias son aquellas que declaran improcedente el recurso, lo declaran como no interpuesto, resoluciones que acogen el desistimiento y resoluciones que declaran desierto el recurso.22 Las sentencias que declaran improcedente el recurso son únicamente aquellas que el objeto del amparo se encuentra dentro de los actos contemplados en los artículos 8o. y 53. Las sentencias que declaran el recurso como no interpuesto son aquellos supuestos regulados en el artículo 30 de la Ley y cuando se considera a la parte como no agraviada. En relación a las sentencias que acogen el desistimiento la Ley no dice nada sobre el tema. La práctica del órgano se ha orientado en la utilización de la supletoriedad del procedimiento civil contemplado en el artículo 43 de la Ley de Amparo. Por último, las sentencias que declaran desierto el recurso son aquellas referidas al supuesto contemplado en el artículo 40 de la Ley de Amparo.
La justicia constitucional nicaragüense se compone de una serie de mecanismos de control que permiten mantener la supremacía constitucional. Los órganos con competencia para conocer y resolver dichos mecanismos de control son diversos y se integran dentro del Poder Judicial. Las regulaciones jurídicas sobre la materia se encuentran dispersas en varias normas. Estos elementos impulsan el debate para plantear la necesidad de diseñar un sistema de justicia constitucional concentrada en un solo órgano y en un único instrumento normativo. La creación de un Tribunal Constitucional y de una Ley de la Jurisdiccional Constitucional nicaragüense se plantea como posibles elementos de debate a futuro sobre el tema de la justicia constitucional nicaragüense.
Por otro lado, el recurso de amparo en Nicaragua se presenta como el instrumento o cauce jurídico que permite la protección de derechos y garantías constitucionales así como el control de normas en casos concretos. La regulación constitucional permite señalar que el amparo tiene un objeto amplio en Nicaragua, es decir, la posibilidad de recurrir cualquier acto de autoridad a través del recurso de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo introduce elementos distintos a la idea constitucional en relación a la existencia de actos no susceptibles de ser recurridos de amparo. Los casos de las resoluciones judiciales y las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral son posiblemente los actos más notorios de contradicciones con la Constitución.
La práctica del órgano de control de constitucionalidad ha introducido una serie de elementos que no están contemplados en la Ley de Amparo. Ello ha impulsado un incipiente debate sobre la necesidad de reformas a la Ley de Amparo que permitan corregir las situaciones ocurridas durante estos 23 años de vigencia de la Ley de Amparo. De esa forma podría cesar en alguna medida la práctica del juez constitucional como legislador positivo.
El recurso de amparo en Nicaragua sigue siendo el instrumento jurídico de protección de derechos y de garantías constitucionales mientras la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo no funcione de forma completa. El control de garantías constitucionales como el principio de legalidad (artículos 130 y 183, Constitución) seguirá siendo objeto del recurso de amparo.
1 Sobre el recurso de amparo en Nicaragua puede consultarse además de la bibliografía aquí citada, entre otros: CUAREZMA TERÁN, SERGIO y MORENO CASTILLO, MARÍA ASUNCIÓN. "La justicia constitucional en Nicaragua", en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 265268; [ Links ] ESCOBAR FORNOS, IVÁN. Introducción al derecho procesal constitucional, Porrúa, México, 2005, pp. 247292; [ Links ] PÉREZ TREMPS, PABLO. "La jurisdicción constitucional en Nicaragua", La justicia constitucional como elemento de consolidación de la democracia en Centroamérica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 222228; [ Links ] RAMOS MENDOZA, JOSEFINA. "Sistemas de control de constitucionalidad en Nicaragua I y II", en Revista Justicia, No. 2021, febreroabril de 2000, pp. 913 y 1921, [ Links ] respectivamente; ROSALES ARGÜELLO, FRANCISCO. "El constitucionalismo y el amparo de los derechos fundamentales", en CASTRO RIVERA, EDWIN y CUAREZMA TERÁN, SERGIO J. (dirs.), A 21 años de la Constitución Política: vigencia y desafíos, INEJ, Managua, 2008, pp. 7588; [ Links ] VALLE PASTORA, ALFONSO. Garantías constitucionales y organización del Poder Judicial, Managua, 2000; [ Links ] del mismo autor: Desarrollo histórico de los derechos humanos, Managua, 1998.
2 CASTRO RIVERA, EDWIN y CALDERÓN MARENCO, MARGINE. "La necesidad de una Ley de Justicia Constitucional en Nicaragua", en ESCOBAR FORNOS, IVÁN y CUAREZMA TERÁN, SERGIO J. (dirs.), Libro homenaje al profesor Héctor FixZamudio INEJIIDCNicaragua, Managua, 2010, pp. 483 y 484. [ Links ]
3 GARCÍA PALACIOS, OMAR ALBERTO. "El sistema mixto de control de constitucionalidad en Nicaragua", en Libro homenaje al profesor Héctor FixZamudio, cit., pp. 554 y 555.
4 Ibidem, p. 553.
5 SÁNCHEZ CORRALES, RÓGER IVÁN. El recurso de amparo en Nicaragua como protección de derecho y libertades constitucionales y algunas realidades comparativas con otros países, Pueblos Fraternos, Valencia, 1997, pp. 32 y 33. [ Links ]
6 ROZO ACUÑA, EDUARDO. Las garantías constitucionales en el derecho público de América Latina, Universidad del Externado, Bogotá, Colombia, 2006. [ Links ]
7 GARCÍA PALACIOS, OMAR ALBERTO. "El sistema mixto de control de constitucionalidad en Nicaragua", en Libro homenaje al profesor Héctor FixZamudio, cit., pp. 576585.
8 ESCOBAR FORNOS, IVÁN. Derecho procesal constitucional: el amparo, Hispamer, Managua, 2004, p. 16. [ Links ]
9 ESCOBAR FORNOS se ha pronunciado sobre la necesidad de una reforma a la Ley de Amparo que permita el amparo contra particulares. Véase ESCOBAR FORNOS, IVÁN. Estudios Jurídicos, Hispamer, Managua, t. I, p. 562. [ Links ]
10 GARCÍA VÍLCHEZ, JULIO RAMÓN. Manual de amparo. Teoría, práctica y jurisprudencia, LEAGrupo Editorial, Managua, 2004, pp. 4047. [ Links ]
11 CASCAJO CASTRO, JOSÉ LUÍS y GIMENO SENDRA, VICENTE. El recurso de amparo, Tecnos, Madrid, 1992. [ Links ]
12 Sobre el tema puede consultarse lo plateado por ROSALES ARGÜELLO, FRANCISCO en el documento que recoge una serie de propuestas de reformas a la Ley de Amparo. Véase Seminario Taller Propuestas de Reforma a la Ley 49, Ley de Amparo, Managua, 2007. Asimismo, véanse las propuestas de reformas de reformas a la Ley de Amparo planteadas por: ESCOBAR FORNOS, IVÁN. Estudios..., cit., pp. 556567.
13 Las sentencias anteriormente citadas pueden ser consultadas en las publicaciones de los Boletines Judiciales de los años 20002004 y 2005 que realiza la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
14 Consultar: Sentencia Yátama vs. Nicaragua del 23 de junio de 2005 Corte Interamericana de Derechos Humanos [En Línea]. [Citado: 6 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf.
15 Véanse las sentencias No. 1 del 24 de enero de 2002; No. 193 del 15 de octubre de 2003 y No. 12 del 31 de enero de 2006, todas de la Sala de lo Constitucional, publicadas por la Corte Suprema de Justicia en los Boletines Judiciales de los años 2002, 2003 y 2006.
16 Sobre el tema véase GARCÍA PALACIOS, OMAR ALBERTO. Estado de derecho y gobernabilidad en Nicaragua. El problema de la configuración jurídica del sistema electoral. [En Línea]. [Citado: 6 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.juridicosysociales.com/images/stories/publicaciones020.pdf.
17 En relación al principio de definitividad la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional ha señalado que existen excepciones al mismo. En tal sentido, destaca: a) situaciones de hecho; b) cuando la parte afectada no ha sido parte en el proceso administrativo; c) cuando existe una manifiesta violación de la Constitución o de la Ley; d) cuando hay invasión de funciones; o e) cuando un persona ha sido expulsada del territorio (véase sentencia No. 165 del 4 de agosto de 2010 y sentencia No. 358 del 29 de septiembre de 2010, ambas de la Sala de lo Constitucional). Sentencias de la Corte Suprema de Justicia publicadas en el Boletín Judicial correspondiente al año 2010.
18 GUEVARA SOLÍS, SELENE. "Algunos aspectos del amparo en Nicaragua", en Libro homenaje al profesor Héctor Fix Zamudio, cit., p. 513.
19 Ibidem, pp. 515 y 516.
21 Ibidem, p. 516.
22 Ibidem, p. 515.
Doctor en derecho por la Universidad de Barcelona, España; profesor de Derecho constitucional, Derechos humanos y Derecho procesal constitucional en diversas universidades y centros de estudios jurídicos de Nicaragua.
Av. 3 Oriente 1611, Azcárate
C.P. 72501

References: artículo 1
 artículo 5
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 45
 artículo 188
 artículo 22
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 25
 resolución 
 artículo 5
 artículo 173
 resolución 
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 43
 artículo 47
 resolución 
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 40