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Timestamp: 2018-01-21 04:53:52+00:00

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La Ley de Seguridad Interior es la guerra que nos ha impuesto EUA: Bartlett “voto particular” – Dominio Ciudadano
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La Ley de Seguridad Interior es la guerra que nos ha impuesto EUA: Bartlett “voto particular”
Palabras del senador Manuel Bartlett para presentar voto particular en contra la LSI
A principios de 2017 –marzo- nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar.
En esa iniciativa que es nuestro voto particular, en más de doscientas páginas hacemos un estudio pormenorizado del tema. Abordamos lo siguiente:
Las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una ley de seguridad interior. Éstas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan Estados policíaco-militares.
Exponemos de acuerdo a documentos académicos y políticos de los Estados Unidos lo que es un Estado Policíaco Militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las fuerzas armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas trasnacionales, además de garantizar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos el control militar del continente.
Definimos y distinguimos de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos, las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional.
Precisamos lo qué es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación a los derechos humanos. El juicio histórico para el militarismo es negativo. Contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos.
Abundamos ampliamente en la evolución de la doctrina de la seguridad nacional en Estados Unidos y sus impactos en los países de América Latina.
Hacemos un estudio comparado de la influencia de la doctrina de la seguridad nacional en la Unión Europea.
Realizamos un análisis de derecho comparado sobre los estados de sitio y sus diferencias con los estados de emergencia.
Explicamos cómo se ha ido construyendo el Estado policíaco militar en México después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, nuestra integración de facto al Comando Norte, los acuerdos inconstitucionales que dieron lugar al ASPAN y a la Iniciativa Mérida, así como los cambios jurídicos nacionales para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional en 2004 y 2005.
Exponemos la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos una crítica a sus principales resoluciones en la materia.
Analizamos y criticamos todas las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas para aprobar la Ley de Seguridad Interior.
Exponemos que esas iniciativas violentan los artículos 1, 21, 73, 119 y 129 de la Constitución, e infringen principios de tratados y resoluciones de organismos supranacionales de derechos humanos.
Abordamos los costos de la militarización en México, en términos de afectación a los derechos humanos, los costos sociales que han implicado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. También con datos oficiales exhibimos el aumento en el gasto militar en los últimos años en detrimento del gasto en educación, salud y protección de otros derechos humanos.
Demostramos que es una mentira oficial que no tengamos policías. Existen en este momento 55 mil policías federales, 213 mil policías estatales, y 134 mil policías municipales.
Finalmente realizamos las siguientes propuestas que aquí nuevamente presentamos como voto particular y dictamen alternativo al que presentan las Comisiones Unidas:
Derogar las facultades del Congreso de la Unión previstas en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional para aprobar leyes en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional, como es entendida por la ONU y no por la vieja y nueva doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, es una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias. En una democracia constitucional el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo y el órgano de control constitucional, y no las fuerzas armadas.
Se debe rechazar la guerra ofensiva. La Constitución de la República sólo permite la guerra exterior en legítima defensa.
En periodos de paz, las fuerzas armadas en el ámbito interno podrían tener mediante una reforma constitucional las siguientes facultades: a) intervenir en situación de suspensión de garantías, y siempre subordinadas a las autoridades civiles y al sistema normativo; b) participar en la intervención federal prevista en el artículo 119 de la Constitución con supervisión de las autoridades civiles por siete días en los términos del primer párrafo de esa norma; cumplidos los siete días sin que exista solución en la entidad federativa o región de que se trate, se debe iniciar el procedimiento de suspensión de garantías; y c) en caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas. En este último supuesto la autoridad militar actuará sin armas y estará subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad, al ejecutivo, al Congreso de la Unión, al poder judicial federal, y al resto de los niveles de gobierno, y órganos constitucionales establecidos en la norma fundamental.
En el plazo de tres meses los integrantes de las fuerzas armadas de la República deberían regresar, en los términos del artículo 129 de la Constitución, a sus cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos constitucionales.
Las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, deben reasumir sus facultades en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda reasumir sus competencias integralmente, lo debe comunicar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar respecto al Gobernador los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan.
Se deben declarar nulos, por inconstitucionales, por no haber sido conocidos, discutidos ni aprobados por el Senado, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública, suscritos con los Estados Unidos de América.
En México se debe constituir una Comisión de la Verdad que debe estar integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en este y el anterior sexenio, respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los Presidentes de la República, que hayan ocurrido con motivo de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Se deben aprobar de inmediato las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización y de carrera policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno.
LSI es el último eslabón de la construcción de un Estado policiaco-militar subordinado a EUA
Posicionamiento del Grupo Parlamentario PT-Morena en contra de la Ley de Seguridad Interior
Palabras del senador Bartlett en SEGURIDAD NACIONAL SUBORDINADA
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policíaco-militar subordinada a Estados Unidos.
La construcción del Estado Policíaco-Militar, es la elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado.
El Estado policíaco militar se caracteriza por: 1) Mantener un estricto control social por medio de las fuerzas armadas; 2) Las amenazas ya no son externas, el enemigo es interno: terrorismo, guerra contra las drogas, crimen organizado; y, 3) Las empresas trasnacionales exigen la garantía de la represión policíaca y militar.
El Estado policíaco militar se edifica paso por paso. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 7 de noviembre de 1996 y las reformas al Código Penal Federal de ese año, establecen el tipo penal de delincuencia organizada: “unión de 3 o más personas para cometer entre otros delitos el de terrorismo”. Permiten las operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas.
En 2002, México se integró al Comando Norte tras los atentados en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, y de la expedición de la Patriot Act.
El término de seguridad interior no se desprende de la historia constitucional mexicana, se deriva del concepto Homeland Security de 2001. Los riesgos y amenazas ya no se refieren a las que provienen del exterior, sino a los riesgos y amenazas al interior del propio Estado, en donde los enemigos son: los terroristas, los narcotraficantes, etcétera.
El 28 de octubre de 2003, se celebró en México la Plenaria de la “Conferencia Especial sobre Seguridad” de la OEA, que aprobó la “DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LA AMÉRICAS”. El documento introdujo las “nuevas amenazas” a la Seguridad Nacional de Estados Unidos –terrorismo, crimen organizado, inmigración ilegal- y éstas se asumieron como propias por los países del continente.
El 5 abril de 2004 se publicó la reforma constitucional a los artículos 73 fracción XXIX-M y 89 fracción VI para introducir importado de Estados Unidos el concepto de seguridad nacional.
La Ley de Seguridad Nacional se publicó en el Diario Oficial el 31 de enero de 2005. Su artículo 3 define la seguridad nacional para proteger a la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. Las amenazas y riesgos son entre otros: la rebelión, el terrorismo, y el sabotaje. Faculta la intervención de comunicaciones y las operaciones encubiertas.
La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) acuerdo suscrito por Vicente Fox – 23 de marzo 2005-. Involucra a Canadá, Estados Unidos y México. Su fin es lograr a través de la ciencia, la tecnología y políticas de seguridad para la integración de América del Norte. En 2009 y 2013 el ASPAN se modifica para garantizar más seguridad en América del Norte, y denominarlo “Diálogo Económico de Alto Nivel” (DEAN).
Calderón para impedir el trasiego de narcóticos a Estados Unidos inicia en diciembre de 2006 la guerra contra las drogas incentivado por el gobierno de los Estados Unidos. Costó en ese periodo más de 100 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. Violentó el Estado de Derecho al permitir que las fuerzas armadas realizaran funciones en contra de la Constitución.
La Iniciativa Mérida –acuerdo de Calderón- fue puesta en marcha con George W. Bush el 30 de junio de 2008, y es un acuerdo no ratificado por el Senado mexicano –inconstitucional-, implica formalmente a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos diseña libremente las políticas militares y de seguridad y las implementa en la región. Las fuerzas armadas nacionales quedan subordinadas al Departamento de Estado, a la Homeland Security, a la CIA, y a otras agencias del gobierno de Estados Unidos.
La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2 de enero de 2009, que es iniciativa de Calderón, permite el uso de agentes encubiertos, la información satelital de la telefonía y el internet, incluye el concepto de inteligencia preventiva, la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, y el sistema de escuchas.
El Pacto por México de 2 de diciembre de 2012 comprometió promover y consolidar el nuevo sistema penal acusatorio –introducido en la Constitución en 2008- pero tiene por fines homologar el sistema penal mexicano al norteamericano, y sustituir a la cultura jurídica nacional. Desde la época de Carlos Pascual, en 2011, como embajador de Estados Unidos en México, ésta ya había sugerido la presencia de agentes norteamericanos en territorio nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado con los enfoques del sistema jurídico de los Estados Unidos dado que en México no contábamos un Estado de Derecho. También aludió a la presencia del ejército en tareas de seguridad y en la necesidad de que México tuviese un Estado fuerte que garantizara la seguridad de América del Norte.
El transitorio octavo de la reforma constitucional energética de 20 de diciembre de 2013, permite a las trasnacionales, mediante el empleo de la fuerza, la ocupación temporal y la expropiación para poner a su disposición el territorio nacional a fin explotar los recursos energéticos.
El 6 de octubre de 2015 la Secretaria de Relaciones Exteriores reconoce el envío de efectivos de las fuerzas armadas al exterior –operaciones de Paz de la ONU- sin autorización del Senado y en franca violación a la Constitución.
Reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 12 de noviembre de 2015-, permiten la presencia de agentes armados de migración y aduanas de los Estados Unidos en territorio nacional.
Las reformas a Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 12 de enero de 2016, en el contexto de la reforma energética. Esos cambios jurídicos establecieron en México un régimen especial de carácter penal en materia de hidrocarburos para favorecer a las trasnacionales. Criminaliza la protesta social con las categorías penales de terrorismo y sabotaje.
El 13 de mayo de 2016, se reúnen los mandos de la Defensa de los Estados Unidos con los Secretarios de Defensa y Marina de México. El jefe del ejército de los Estados Unidos agradeció el apoyo de México para consolidar las políticas de seguridad en el continente.
Las reformas al Código de Justicia Militar y la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, publicadas en el Diario Oficial 16 de mayo de 2016, que confirieron un poder desmedido al Secretario de la Defensa, quien nombra magistrados, jueces, procuradores, defensores y peritos en la justicia militar, y que permite a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles (cateos, intervención de telecomunicaciones, y presentación de testigos).
El 17 de junio de 2016, el Senado aprueba el dictamen de reforma constitucional en materia de mando mixto para centralizar la seguridad pública en detrimento del federalismo.
En junio de 2017, se militarizan los puertos del país.
El 19 de mayo de 2017, los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación tuvieron reuniones con el Secretario del Departamento de Estado Tillerson, y con John Kelly. Acuerdos opacos y sin participación del Senado –inconstitucionales- fortalecen y subordinan a México a los intereses de los Estados Unidos.
Entre el 14 y 16 de junio de 2017 se celebró en Miami, Florida, la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica. Se mutó nuevamente la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte para darle un enfoque primordialmente militarista.
Videgaray y Osorio se reunieron hoy con el Secretario del Departamento de Estado y el de la Homeland Security para incrementar la cooperación en materia de seguridad.
Osorio Chong hoy anunció en los Estados Unidos, frente a las autoridades militares de ese país y parte del gabinete norteamericano, la aprobación de la ley de seguridad interior, cuando aún la estamos discutiendo en el Senado, y sin tomar en cuenta la oposición de la sociedad civil, la ONU, los rectores de universidades, y el rechazo de las Comisiones de Derechos Humanos del país.
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DEL DICTAMEN
Viola al artículo 73 constitucional. El artículo 73 de la Constitución no establece la competencia del Congreso de la Unión para expedir una Ley de Seguridad Interior.
Se Violan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una república, representativa, democrática, federal y laica. No puede, por tanto, establecerse un régimen militar de excepción e indefinido en la ley secundaria. El militarismo es coincidente con el autoritarismo pero no con la democracia ni con la república.
Se viola el artículo 29 de la Constitución. Las condiciones jurídicas y políticas de excepción en el país o en alguna parte de su territorio, constitucionalmente sólo pueden darse a través del procedimiento de suspensión de garantías. No puede establecerse un régimen de excepción, transitorio o permanente, para emplear las fuerzas armadas y preservar el orden, o enfrentar riesgos y amenazas internos, bajo procedimientos legales que no se fundamentan en el artículo 29 constitucional como es el propósito del dictamen.
Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer párrafo. La intervención federal que contempla ese precepto es a petición de las legislaturas o por el Ejecutivo de cada entidad, si aquéllas no estuviesen reunidas. Jamás la intervención federal del artículo 119 constitucional le da facultades al titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé esa norma.
Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para expedir leyes en materia de seguridad interior, por lo que atendiendo a las competencias de los Estados, éstos podrían en ejercicio de la competencia residual ocuparse de su seguridad interior, en los términos y condiciones que establezcan. Desde luego sin militarizar a las entidades federativas.
Se viola el artículo 129 de la Constitución. La norma indica que tiempo de paz el lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles. Por lo que, las fuerzas armadas no pueden ocuparse de la seguridad interior. Su espacio es el de los cuarteles y fortalezas militares y su función la disciplina estrictamente militar.
Se viola el artículo 21 de la Constitución. Aunque el dictamen señala que las acciones de seguridad interior no tendrán la condición de seguridad pública, lo cierto es que la actuación de las fuerzas armadas no tendrá otro propósito. El artículo 21 constitucional con claridad meridiana estatuye que la seguridad pública es una competencia de carácter civil.
Se violan los artículos 1, 10, 11, 14, 16 Y 17 de la Constitución. El dictamen propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de seguridad interior, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posesiones o papeles si no es a través de mandamientos de las autoridades competentes.
Se viola el artículo 89 fracción VI de la Constitución. Una correcta interpretación del artículo 89 fracción VI, que dota al Ejecutivo de competencias para emplear las fuerzas armadas para la seguridad interior, sólo es compatible con lo dispuesto en los artículos 29 y 119 primer párrafo de la Constitución. No se puede interpretar de otra forma el artículo 89 fracción VI porque ello equivaldría a vulnerar el principio de división de poderes, la soberanía de los Estados y el principio de municipio libre –unas fuerzas armadas en el territorio nacional que obvian y menosprecian los controles constitucionales de los poderes legislativo y judicial, y la soberanía estatal y municipal-. Solamente en el marco de los artículos 29 y 119 sería permisible el empleo de las fuerzas armadas para la seguridad interior.
Se Violan los artículos 49, 115, 116 y 124 de la Constitución. El empleo amplio de las fuerzas armadas por todo el territorio nacional, de manera permanente e impuesta por las autoridades federales del poder ejecutivo, constituye una transgresión del principio de división de poderes, por la ausencia de mecanismos de control legislativos y jurisdiccionales no previstos en el dictamen, y un enorme menoscabo a la soberanía de los Estados y a la libertad de los municipios.
Se viola el principio de certeza jurídica. Las definiciones de Seguridad Interior son vagas y abiertas y cualquier problema de la vida nacional puede ser caracterizado como de seguridad interior y sujeto a la aplicación de la ley.
Se reprimirán las manifestaciones en violación a los artículos 6 y 9 de la Constitución. El artículo 8 del dictamen establece que las manifestaciones no se considerarán amenazas a la seguridad interior si se realizan conforme a la Constitución. El problema jurídico consistirá en que la autoridad competente –El Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación- definirán qué es lo que se entiende por manifestaciones conforme a la Constitución.
Se viola el artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad. Lo anterior porque el artículo 9 del dictamen considera que la información de seguridad interior al ser de seguridad nacional será considerada confidencial. Es decir, no existen garantías de transparencia ni de acceso a la información.
Se violan los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución porque según el dictamen –artículo 31- el derecho fundamental a la protección de los datos personales queda desvanecido. Lo anterior significa que con motivo de la seguridad interior se podría infringir la confidencialidad del padrón electoral, el secreto fiscal, bancario o ministerial.
Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos que han señalado los riesgos de la militarización para los derechos humanos.
El dictamen sirve para perpetuar un modelo que en doce años de aplicación de facto ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia del país, y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, los desplazados internos, etcétera.
En síntesis, un dictamen como el que discutimos sólo puede concebirse desde una concepción dictatorial del poder. Constituye un golpe de Estado porque rompe los principios de división de poderes y del federalismo
Senador Marco Antonio Blásquez Presidente de la Comisión Especial para Proteger Periodistas
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References: artículo 73
 artículo 119
 artículo 129
 artículo 3
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 124
 artículo 129
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 9