Source: https://fr.scribd.com/document/276829840/El-Debido-Proceso-en-La-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2019-04-24 16:40:51+00:00

Document:
Transféré par Raul Gordillo
El debido proceso como derecho exigible ante cualquier órgano o autoridad estatal
Gargarella, De La Alquimia
El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec...
as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo
Sumario: I. El debido proceso como derecho exigible ante cualquier órgano o autoridad estatal II.
Derecho a la igualdad en el proceso III. El acceso a la jurisdicción IV. Derecho a un tribunal
competente, independiente e imparcial V. El derecho al plazo razonable de duración de un proceso
VI. La presunción de inocencia VII. El derecho de defensa VIII. Derecho a recurrir el fallo ante juez
o tribunal superior IX. Prohibición de doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos o non bis in
idem X. La publicidad del proceso o proceso público XI. Referencias bibliográficas.
El presente trabajo tiene como objeto presentar un panorama general sobre el desarrollo del Debido
Proceso en la jurisprudencia constitucional de Colombia, Perú y Bolivia, en tanto sus respectivos
tribunales o cortes constitucionales han realizado una importante tarea en cuanto al desarrollo de los
alcances y contenido de este derecho fundamental. El orden de los temas que a continuación se
desarrollan ha sido establecido tomando como referencia la estructura del artículo 8º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre garantías judiciales y debido proceso).
En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de "condiciones que
deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están
bajo consideración judicial".
De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo son exigibles a nivel de las diferentes
instancias que integran el Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza
funciones de carácter materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado:
"De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de
Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que
cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal
competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier
autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte
considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana".
file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El...0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos.htm (1 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a.m.]
la plenaria de ambas cámaras..0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. sexo. supone en toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el Artículo 139° de la Constitución del Estado (vervigracia. cosa juzgada.)". la Corte file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. II.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. nacimiento o cualquier otra condición social". la Convención Americana reconoce en su artículo 24º el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley. (subrayado nuestro) Junto al reconocimiento del principio de no discriminación.htm (2 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. En cuanto al Tribunal Constitucional de Bolivia. opiniones políticas o de cualquier otra índole. En este sentido. religión. Derecho a la igualdad en el proceso El artículo 1. la Corte Constitucional ha establecido que en dichos eventos las actividades que llevan a cabo la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. sin discriminación alguna por motivos de raza. la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el Congreso de la República es titular de la función jurisdiccional cuando a través de sus diferentes órganos ventila las acusaciones contra altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 174º de la Constitución. en consecuencia. en el caso de determinadas corporaciones de la Administración Pública. color.m.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados Parte de respetar los derechos reconocidos en ella y "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. pluralidad de instancia. una marcada tendencia a proteger las garantías del debido proceso no solamente en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial sino ante cualquier instancia que tenga competencias para determinar derechos u obligaciones de cualquier índole. origen nacional o social. la comisión de instrucción del Senado. Por su parte. Así lo manifestó el Tribunal a propósito de una sanción aplicada a una persona en un procedimiento disciplinario llevado a cabo en una asociación deportiva. Sobre esta disposición.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo Este criterio ha sido reafirmado en diferentes decisiones a nivel de la región andina. incluidos los administrativos" (subrayado nuestro).. A nivel de la jurisprudencia constitucional comparada existe.. Así por ejemplo.. posición económica.)". Resulta interesante mencionar asimismo que el Tribunal Constitucional peruano ha determinado claramente que en las instancias o corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso. análoga a las etapas de investigación y calificación que realizan los fiscales y jueces comunes. jurisdicción predeterminada por la ley. el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que el debido proceso "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos.. etc. derecho de defensa. esta corporación ha señalado también que las garantías del debido proceso son aplicables a toda instancia a la que la ley atribuye capacidad de juzgar. Desde esta perspectiva el Tribunal ha precisado que "el Debido Proceso Administrativo. como ocurre por ejemplo. etc. idioma. incluso instituciones de carácter privado.] . constituyen una manifestación de la función jurisdiccional. En esta decisión el Tribunal señaló que el respeto a las garantías del debido proceso también deben ser observadas "en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado (..
con base en esas disposiciones (artículos 1. tanto el principio de no discriminación como el derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto de estricta observancia..htm (3 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. debido al mandato general de los artículos 1. aunque no se señale expresamente. de tal manera que es posible concluir que. Afortunadamente. en una oportunidad el Tribunal Constitucional del Perú. Así por ejemplo. este criterio también debe ser aplicado respecto a las otras garantías previstas en el artículo 8º de la Convención. daría lugar a que no exista una seguridad jurídica ya que en vano sería accionar contra el Estado. correspondiendo al juez la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir" (subrayado nuestro). que de ser vencido no se le podría ejecutar la sentencia por existir esta protección a su favor. En el ámbito del derecho al debido proceso. respecto de una ley que impedía el embargo de los bienes de dominio público del Estado. se extiende al derecho interno de los Estados Partes.2 de la Convención precisa que las garantías mínimas contenidas en esta disposición son derechos que deben ser ejercidos "en plena igualdad". a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley".1 y 24). con fundamento.1 (no discriminación) y 24 (igualdad ante la ley) contenidas en el mismo tratado.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec.] . llama la atención que en ninguno de los textos constitucionales de la región andina exista una referencia específica a la relación entre el derecho a la igualdad y las garantías procesales.m..0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. Aspecto de especial importancia en relación a este tema lo constituye el hecho que las autoridades judiciales resuelvan controversias similares de manera distinta. se puede concluir que el respeto al derecho a la igualdad ante la ley implica un mandato a toda autoridad estatal con potestad normativa para que se abstenga de establecer disposiciones que contengan preceptos discriminatorios..). Por eso. el artículo 8. Sin embargo. Además. Se ha dicho al respecto que la file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. éstos se han comprometido. Entre los fundamentos de esta decisión el Tribunal agregó: "Un debido proceso es aquel en el que se aplican las leyes sustantivas y adjetivas debidamente. y se presentaría una credibilidad dudosa para el cumplimiento de las sentencias" (subrayado nuestro).. En base a estas consideraciones de la Corte. en virtud de la Convención. señaló lo siguiente: "De continuar vigente la ley cuestionada. que la persona que entable demanda al Estado no tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva..1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención. es decir en forma igual para los litigantes: demandante y demandado. (. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1. y no habría una igualdad de condiciones.. Esto daría lugar para pensar o creer.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo Interamericana ha señalado: "En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. esto no ha sido obstáculo para que a nivel de la jurisprudencia constitucional existan decisiones en las cuales se han defendido las garantías del debido proceso ante circunstancias en las que se presentaba una situación de discriminación o de desconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley.
. Impedir este acceso es la forma más extrema de denegar justicia. previamente determinados por la ley.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. adopten la decisión que consideren más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. cuando se hace referencia al derecho de toda persona a ser oída para la resolución de sus controversias. A nivel regional. todas las personas tienen el derecho de acceder al sistema judicial. De esta manera se asegura la tranquilidad social. la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que si el juez en su sentencia "justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos. la Corte Interamericana ha señalado que file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. además.. las normas internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales. independiente e imparcial. algunos de los cuales impiden ejercer estos recursos judiciales contra determinados actos del Estado. para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión. rápido y efectivo al que hace referencia el Artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. por medio del cual pueden resolver sus controversias. Este derecho de acceso a la justicia merece un especial interés a propósito de la normativa vigente en los países de la región respecto a los mecanismos previstos para la protección judicial de los derechos fundamentales.. En relación a este tema. El acceso a la jurisdicción Toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado. III.m. quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial" (subrayado nuestro). Para tal efecto. establecen la obligación por parte de los Estados de asegurar la existencia de los recursos adecuados y efectivos que permitan dicha protección. Este derecho se encuentra previsto en el artículo 8.] . En otras palabras. la Corte Interamericana ha señalado que no basta con que estos recursos se encuentren previstos de modo expreso en la Constitución o la ley. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha equiparado los procesos de amparo y hábeas corpus con el recurso sencillo. Respecto a lo que debe entenderse por un recurso adecuado. para que los órganos llamados a resolver su pretensión la estudien y emitan una resolución motivada conforme a derecho. en tanto las personas no realizan justicia por su propias manos ya que cuentan con una instancia y un proceso.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo independencia judicial implica dejar en libertad a los jueces para que. de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas.. con las garantías debidas y por un tribunal competente. Como es sabido. sino que se requiere. o con que sean formalmente admisibles.htm (4 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a.1 de la Convención Americana.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. que sean realmente adecuados y eficaces para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y para adoptar las medidas necesarias que permitan restablecer el derecho vulnerado. Al respecto.
file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. en consecuencia. además.. lo cual puede ocurrir. en tanto lo calificó como atentatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. únicos supuestos previstos constitucionalmente para autorizar una detención. dentro del derecho interno. por ejemplo.. debe ser "idónea para proteger la situación jurídica infringida". puesto que impidieron inconstitucionalmente el acceso legítimo a la protección constitucional de la libertad personal a través del hábeas corpus. por cualquier causa. o. al establecer que una persona acusada de dicho delito no podía presentar un hábeas corpus si su privación de libertad era realizada en presencia de un representante del Ministerio Público a pesar de efectuarse sin orden judicial ni en flagrante delito.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. en relación a casos en donde se impedía legalmente la posibilidad de acudir al proceso de hábdas corpus para proteger la libertad personal. independiente e imparcial El artículo 8. En su decisión.m. deben estar presentes en todos los órganos del Estado que ejercen función jurisdiccional. Derecho a un tribunal competente. En esta decisión. relativo al derecho a la tutela jurisdiccional.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo la función de esos recursos. El cumplimiento de estos tres requisitos permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas. el Tribunal Constitucional resolvió un caso en donde dicha norma fue aplicada a pesar de no encontrarse vigente.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída. "cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica. Así por ejemplo. el Tribunal consideró que las instancias previas que resolvieron el hábeas corpus infringieron el artículo 139º inciso 3º de la Constitución. IV.htm (5 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que resulten ineficaces por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado.. independiente e imparcial". En el marco de otro proceso de hábeas corpus. el Tribunal dejó establecido como principio a observar en lo sucesivo que "ninguna autoridad puede impedir el ejercicio de las acciones de garantía por los particulares cuando se produzcan hechos que amenacen o violenten sus derechos constitucionales" . por un "tribunal competente. el Tribunal Constitucional del Perú consideró inconstitucional el artículo 17º del Decreto Legislativo 824 -Ley de lucha contra el narcotráfico(1996).. En este sentido se puede hacer mención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. la misma Corte ha considerado que éste debe ser "capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido" . por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia. en cualquier proceso.. Tales características. como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión. según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien esta norma fue derogada por el artículo 2º de la Ley 26248 (1993). no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial" (subrayado nuestro) . Para la Corte. el artículo 6º del Decreto Ley 25659 (1992) impedía la presentación del hábeas corpus a favor de las personas acusadas de la comisión del delito de terrorismo.] . En relación a la eficacia del recurso. porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos.
esta garantía presenta dos alcances: por un lado. la imparcialidad de los tribunales implica que las instancias que conozcan cualquier clase de proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que los conducirán. presiones. que la competencia de los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por la ley.. Así. estima necesario tomar en cuenta determinados criterios para su regulación a nivel interno. Asimismo. únicamente con arreglo a derecho. ni por influencias.. Asimismo. .El tribunal independiente: La independencia de los tribunales alude al grado de relación que existe entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. debiendo en consecuencia mantener también su independencia respecto a todos los demás órganos judiciales.. los jueces se encuentran obligados a dar respuesta a las pretensiones que se les presentan. especialmente en lo que se refiere a necesidad de dejar fuera de su competencia el juzgamiento de civiles. (subrayados nuestros) file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.El tribunal imparcial: La garantía del tribunal imparcial permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene ningún interés o relación personal con el problema. etc). respecto a los demás órganos del Estado.. En consecuencia.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo Una síntesis sobre estas características que deben estar presentes en todos los tribunales puede ser presentada de la siguiente forma: . la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver una determinada controversia. y por otro. También conocido como el derecho a un juez natural. como lo son el Ejecutivo o el Legislativo. ningún juez o tribunal se encuentra sometido a la voluntad de las instancias superiores. debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar".El tribunal competente: Se considera tribunal competente a aquel que de acuerdo a determinadas reglas previamente establecidas (territorio. por información diferente a la que aparece en el proceso. la Corte Interamericana ha señalado que "(. el resultado de los mismos. compromisos con alguna de las partes. sin que existan otros condicionamientos para tal efecto. En este sentido. En este sentido. esta garantía obliga al magistrado a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones del público sobre sus actuaciones. alicientes. amenazas o intromisiones indebidas de cualquier sector. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no considera contraria a la Convención Americana la existencia de estos tribunales.) en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales.. y que mantendrá una posición objetiva al momento de resolverlo. independiente e imparcial han sido objeto de un importante análisis en la región andina a propósito de la actividad desarrollada por la denominada "justicia militar"..0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos.] . es el llamado para conocer y resolver una controversia.m. . etc.htm (6 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. materia. Los derechos relacionados con el tribunal competente. vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. en especial los de carácter político.
ya que la sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la función militar o policial.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. Un tema polémico lo constituye la relación de la justicia militar con los delitos que implican una violación de los derechos humanos. serle aplicable el régimen jurídico que a los civiles les asiste. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En tales casos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio. el caso corresponde a la justicia ordinaria. En la región andina.. un delito de lesa humanidad es extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública y jamás puede tener relación con actos propios del servicio. Por el contrario. la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre el delito y la actividad del servicio. Para la Corte.. hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia. y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible.1 de la Convención Americana de San José de Costa Rica". Otro tema que también se relaciona con la justicia militar es el de su competencia en relación a personas que ya no se encuentran en el servicio militar activo.. por lo cual su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria. posibilidad ante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una respuesta negativa. (. Sobre este tema la Corte Constitucional de Colombia también ha tenido oportunidad de pronunciarse y ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona. se ha transgredido su derecho constitucional a la jurisdicción predeterminada por la ley enunciado en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado y en el artículo 8. Pero además. y por tanto.] . Al respecto. En sus fundamentos el Tribunal mencionó que "al encontrarse (el accionante) sometido a un proceso judicial ante la jurisdicción castrense.m. En este sentido se puede mencionar un caso en el cual el Tribunal Constitucional del Perú consideró vulnerado el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley en tanto un militar en situación de retiro fue sometido a la jurisdicción militar. si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales. y no puramente hipotético y abstracto.htm (7 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo. puesto que sus comportamientos fueron desde el inicio criminales. ya que en ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio. situaciones de este tipo se han presentado en el Perú y han merecido una respuesta similar a la de la Corte por parte de las instancias judiciales encargadas de proteger derechos fundamentales.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo La justicia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la competencia de la justicia militar en diferentes oportunidades. la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. En un caso similar. es decir.)...0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. y tener éste la condición de militar en situación de retiro. el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado.. por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la Fuerza Pública..
en consecuencia.. el Tribunal ha precisado que la medida cautelar de detención no debe durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los fines de la investigación. aunque orientado a exigir el debido cumplimiento de los plazos máximos establecidos legalmente para mantener privada de libertad a una persona durante el desarrollo de un proceso penal. consideró que se encontraba demostrada su condición de militar en situación de retiro y que en consecuencia "dicho ciudadano no puede ser sometido con mandato de detención a un proceso privativo dentro del fuero militar.m. Con estos argumentos. previsto en el artículo 137º del Código Procesal Penal. el Tribunal Constitucional ha señalado que una forma de detención arbitraria por parte de una autoridad o funcionario lo constituye el hecho de omitir el cumplimiento obligatorio de normas procesales que disponen la libertad inmediata de un detenido. estando a que no reúne los requisitos constitucionales establecidos por el Artículo número ciento sententitrés de la Carta Magna para ser considerado como sujeto activo militar al no haber estado desempeñando labores o funciones como militar en cuanto a los hechos que se le atribuyen". el Tribunal ha decretado la excarcelación de varias personas que se encontraban con orden de detención debido a las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales en el marco de procesos penales seguidos contra ellas por tráfico ilícito de drogas. V.] . Este tema ha sido abordado en reiteradas oportunidades por el Tribunal Constitucional del Perú. compartiendo el criterio establecido por la Corte Europea de Derechos humanos. La Corte..as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo Lima. según las características de cada caso. la Corte ha señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. como el caso del beneficio procesal de excarcelación por exceso de detención.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías "dentro de un plazo razonable". no opta por precisar un plazo determinado en días calendarios o naturales como el máximo de duración aplicable a un proceso sino que brinda unos criterios a ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta o no el derecho a la duración de un proceso en un plazo razonable. que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto.. al pronunciarse sobre el hábeas corpus presentado a favor del ciudadano Gustavo Cesti Hurtado. derecho exigible en todo tipo de proceso.. Asimismo. En este sentido. file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.htm (8 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. El derecho al plazo razonable de duración de un proceso El artículo 8. Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un proceso. b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. En este sentido ha manifestado. En sus decisiones.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro criterio desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso: el análisis global del procedimiento.
En este sentido ha señalado que se trata de uno de los derechos más importantes con los que cuenta todo individuo y que para desvirtuarla "es necesario demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo de pruebas fehacientes debidamente controvertidas. Si la prueba se produce sin que pueda ser conocida o controvertida por parte del acusado.] . sino absolverla" . la práctica. lo cual implica comunicar oportunamente a una persona los motivos por los cuales se le inicia un proceso penal. además de lesionar el derecho a la libertad personal. la cual mal puede diferirse a un momento lejano luego de que el Estado sin conocimiento del imputado y por largo tiempo haya acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa (... En cuanto a su contenido. En este sentido ha señalado: "El derecho a la presunción de inocencia.). la Corte Constitucional de Colombia ha considerado especialmente importante respetar el derecho de defensa. se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos. discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones". (subrayado nuestro) Similar interpretación ha realizado la Corte Constitucional de Colombia sobre el contenido de la presunción de inocencia. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente.. Una de las situaciones que afecta con mayor frecuencia la presunción de inocencia es la prolongación excesiva de la detención preventiva. no es procedente condenarla. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta situación. la Corte Constitucional Colombia ha señalado que la simple actuación probatoria a cargo del fiscal o del juez no basta para desvituar la presunción de inocencia.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo VI.m. exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. En este sentido.2 de la Convención Americana establece que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".. La inocencia como valor individual comprende su defensa permanente.htm (9 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a.2 de la Convención. tal y como se desprende del artículo 8. conociendo y presentando las pruebas respectivas.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. de modo que ésta pueda ejercer su derecho de defensa.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. ella no puede servir como fundamento de ningún pronunciamiento judicial condenatorio.)".. ya que tal situación sólo es posible si las acciones que lleva a cabo el Estado garantizan el pleno ejercicio del derecho de defensa del acusado. Al respecto.. que acompaña a toda persona hasta el momento en que se le condene en virtud de una sentencia en firme (. transgrede también el derecho a la presunción de inocencia. file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que "el principio de la presunción de inocencia. dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos. Para el cumplimiento de tales objetivos. del cual goza toda persona que se encuentre involucrada en un proceso de investigación penal.. La presunción de inocencia El artículo 8.
En sus decisiones relacionadas con el vencimiento del plazo legal de la detención judicial. VII. si la detención pudiera mantenerse todo el tiempo que dura el proceso. adjetivos que asimismo ha extendido a la privación de libertad efectuada al amparo de tales resoluciones. Este derecho se ve satisfecho si se indica con claridad y exactitud las normas y los supuestos de hecho en que se basa la acusación. 3. no obstante que adolece de dilación indebida.m. 2. 1. tal como lo reconoce el artículo 2º inciso 24º literal eº de la Constitución y a que su proceso se desarrolle en un plazo que pueda considerarse razonable.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. a fin de poder tomar oportunamente todas las medidas que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa".as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo Este tema ha sido abordado en reiteradas oportunidades por el Tribunal Constitucional del Perú. "dicha situación contravendría el adecuado ejercicio de la potestad judicial coercitiva que tiene como fundamentos y límites el derecho a la presunción de inocencia que le asiste al procesado. el Tribunal Constitucional ha señalado que la medida cautelar de detención no debe durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los fines de la investigación.htm (10 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. Por su parte.2 de la Convención establece un conjunto de garantías mínimas que permiten asegurar el derecho de defensa en el marco de los proceso penales... A continuación presentamos algunos alcances sobre el desarrollo de estas garantías en la jurisprudencia constitucional andina. la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que "el derecho al debido proceso contiene en su núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible la imputación o la existencia de una investigación penal en curso -previa o formal-. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa... Entre estas garantías se encuentran: 1. file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. En esta dirección. El derecho de defensa El artículo 8. El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra Este derecho es esencial para el ejercicio del derecho de defensa pues el conocimiento de las razones por las cuales se le imputa a alguien la presunta comisión de un delito. El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un defensor de su elección o nombrado por el Estado. Para el Tribunal. el Tribunal Constitucional del Perú ha considerado ilegales. inconstitucionales y arbitrarios los mandatos de detención que carecen de motivación.] .0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra. permite a los abogados preparar adecuadamente los argumentos de descargo. como lo ha previsto el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (subrayado nuestro).
htm (11 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. civil. los cuales presentamos a continuación. 3. file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. acceder a documentos y pruebas con una antelación suficiente para preparar la defensa. Para la Corte Constitucional. mientras que en materia laboral. en materia penal la garantía de la defensa técnica mínima es indispensable. ser informado con anticipación de las actuaciones judiciales y poder participar en ellas. el legislador está autorizado para establecer los casos en que tal condición no se requiere. etc. Con base a estos argumentos.] . la Corte Constitucional de Colombia ha considerado que el derecho a la defensa técnica debe estar garantizada desde el mismo momento en que se ordena investigar a una persona y que no basta con que se garantice la presencia física del abogado sino que se le debe permitir el acceso al expediente.m. el respeto a este derecho tiene una importante incidencia en los ordenamientos jurídicos de cada país.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. a contar con el tiempo adecuado para preparar la defensa. el defensor contribuye al esclarecimiento de los hechos mediante la contradicción y examen de las pruebas. Desde esta perspectiva. y por el otro. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa Nos encontramos aquí ante dos derechos. en especial sobre las normas que regulan los procesos penales.. para garantizar una adecuada defensa. la defensa de oficio podía ser confiada a cualquier ciudadano honorable.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo 2. se autoriza que en defecto de abogados titulados la defensa se encomiende a egresados o estudiantes de derecho perteneciente a consultorios jurídicos. Sobre este tema. pues allí es requisito indispensable que quien actúe como tal sea "abogado". la Corte considera que la regulación normativa del defensor en materia penal puede diferir notablemente de la que se adopte para procesos de otra índole. y sólo lo es quien ha obtenido el título.. igualmente adecuados.. por ejemplo. por existir un grado aceptable de idoneidad y responsabilidad profesional. salvo casos excepcionales. el defensor de una persona acusada de la comisión de un delito debe ser un profesional del Derecho. a contar con los medios.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. y sólo en situaciones excepcionales. lo que no se puede realizar si se impide u obstaculiza su acceso al expediente. para tal efecto. En este sentido.. administrativa. en cuanto a tiempo y medios. etc. siempre que no fuera empleado público. Esto implica diversos aspectos. puesto que su contenido debe respetar los estándares que a nivel internacional se consideren como los apropiados. Para la Corte. Por un lado. Para la Corte. la Corte Constitucional de Colombia ha establecido en su jurisprudencia interesantes lineamientos. El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un defensor de su elección o nombrado por el Estado Tema de especial importancia en el ámbito del derecho de defensa es determinar quiénes pueden llevar a cabo la defensa de una persona en un proceso. como por ejemplo. la Corte Constitucional declaró inconstitucional una norma que disponía que a falta de abogado registrado. salvo casos excepcionales en los que por no contarse en el lugar con abogados titulados se acuda a los egresados o estudiantes de Derecho pertenecientes a un consultorio jurídico. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema lo constituye la garantía de poder acceder al expediente judicial. En este sentido.
estimulando la elaboración de resoluciones suficientemente fundamentadas. en un plazo razonable y por escrito. Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior El artículo 8. para actuar como defensores en los procesos penales seguidos ante los tribunales militares. no se estaría concediendo la debida revisión de la sentencia.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". implica que toda persona tiene derecho a disponer. quienes se encuentran en una permanente relación de jerarquía con sus superiores. de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad. en una oportunidad la Corte Constitucional se pronunció en desacuerdo con una norma del Código Procesal Penal que facultaba a los oficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo. incluyendo a los abogados que al mismo tiempo integran los cuerpos armados. ni acceso file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. puede contener errores o generar distintas interpretaciones.htm (12 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción significa reforzar la protección de los justiciables. Para la Corte Constitucional. Esto obedece a que toda resolución es fruto del acto humano. El ejercicio del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho. como es lógico suponer.. la carencia de defensa técnica de una persona durante un proceso penal implica que su actuación dentro del mismo se vea mermada al no poder solicitar y controvertir las pruebas en forma debida.. Asimismo. a fin de que no sean susceptibles de ser revocadas. además. VIII. a efectos de su posible apelación.2.] . en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor.. Esta garantía implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. La revisión judicial permite. lo que no se podía esperar de los integrantes de la fuerza pública en servicio activo. En su decisión. En este sentido. y que por lo tanto.. En caso contrario.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. tales como la exigencia de demasiados requisitos formales o plazos muy breves para su interposición. so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales. Además. un control de los tribunales superiores sobre los de inferior jerarquía. etc.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos." (subrayado nuestro). si el procesado no cuenta con la asistencia de un profesional del derecho es imposible que el juez pueda llegar a valorar los elementos que obran en el proceso. la Corte Constitucional consideró que la defensa técnica reclama por parte del defensor una completa autonomía. dicha defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente. o de la inconstitucionalidad de la disposición reglamentaria que lo permita. debidamente motivados. sino que además se deben eliminar todos aquellos obstáculos que impidan ejercerlo. la Corte Constitucional ha señalado que la defensa de una persona en las etapas de investigación y juzgamiento "no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentra científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho.m. Para la vigencia de esta garantía. independencia y capacidad de deliberación. no basta con el reconocimiento formal del derecho de apelación.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo En esta dirección.
Esto implica asimismo que las resoluciones que se emitan en distintas instancias deben contener.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo oportuno a las razones del fallo. IX..htm (13 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a. la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos y normativos en que se basan. que se desprende tanto del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. y. Prohibición de doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos o non bis in idem El principio de non bis in idem se encuentra contemplado en el artículo 8. ● si ambos procesos se fundan en la misma pretensión.] . la Corte Constitucional ha establecido un test para identificar las situaciones en las cuales se alega la afectación del non bis in idem.. La Corte Constitucional de Colombia ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación a este derecho fundamental.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. conductas.m. encaminada a evitar que el superior resuelva sobre una petición de nulidad de un fallo en un proceso penal. Este argumento fue esgrimido por el Tribunal a propósito de un caso en donde un mismo hecho fue objeto de análisis tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar. constituye una situación que afecta el debido proceso.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. dicho test implica analizar: ● si ambos procesos versaban sobre el mismo objeto.. Respecto a este tema existe una reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en virtud de la cual se entiende que la sentencia dictada en contradicción del non bis in idem excede la competencia del juez.. Respecto a este tema es importante mencionar que el Tribunal Constitucional del Perú ha incorporado el non bis in idem dentro de las garantías del debido proceso a pesar de no encontrarse expresamente recogida en el texto constitucional de este país." La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que este principio "busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos". así file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El. o asuntos previamente resueltos en otro proceso judicial. ● si existe identidad jurídica de las partes. al que le está constitucionalmente vedado volver a pronunciarse sobre los mismos hechos. En este sentido. En este caso el Tribunal consideró que se había infringido el principio non bis in idem "que aunque no se encuentre explícitamente enunciado en (el ordenamiento constitucional peruano). impidiéndose ejercer eficazmente el derecho de defensa.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos: "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. no se han alcanzado respuestas favorables a dicha pretensión. con exactitud y claridad. Cabe sin embargo precisar que en la mayoría de causas resueltas por la Corte Constitucional por presunta afectación del non bis in idem. las razones por las cuales se llega a la conclusión que ellas contienen. En este sentido ha señalado que la conducta renuente o dilatoria de una autoridad. Al analizar este tema. constituye una garantía inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso penal.
faculta a la ley -que lo puede ser tanto en sentido formal como en sentido material. los servidores públicos distintos del fiscal que intervenían en la actuación podían ocultar su identidad si existían graves peligros contra su integridad personal. por mandato de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la misma Constitución Política del Estado.htm (14 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a.. ni tampoco entre tales normas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otra decisión.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La publicidad del proceso o proceso público El artículo 8. podían consagrar excepciones sin quebrantar los cánones superiores". según lo dicho. file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "El proceso penal debe ser público. la Corte Constitucional tomó en consideración la excepción prevista en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y señaló lo siguiente: "cuando está de por medio la justicia.. En la región andina. La existencia de los denominados "tribunales sin rostro" en la legislación procesal penal de emergencia de varios países es un tema controvertido en relación a la garantía de la publicidad del proceso. Esta garantía permite..] . Las normas que aquí se consideran constituyen la ley para los indicados efectos y. evitándose los procesos secretos. La Corte señaló. Agregaba el citado dispositivo que las providencias dictadas por diferentes órganos jurisdiccionales y fiscales debían ser suscritas por ellos pero en el expediente se debía agregar una copia autenticada en la que no aparecieran sus firmas. salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".m. X. conviene recordar que la norma constitucional. como en el caso que nos ocupa. que no existía incompatibilidad alguna entre las normas cuestionadas y la Constitución de Colombia. Además.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo como de su articulación. el control social de la actividad jurisdiccional y fomenta la participación de los ciudadanos en materia judicial. en consecuencia.. puede obviarse excepcionalmente el carácter "público" del proceso penal.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. ordenándose guardar el original con las seguridades del caso. entre otros aspectos. evaluó la constitucionalidad de una norma en la que cual se señalaba que en los delitos de competencia de determinados jueces. En una oportunidad. con el artículo 8. el Tribunal Constitucional del Perú reiteró que "la hipótesis de doble medida sancionadora a consecuencia de los mismos hechos constituye una evidente e intolerable agresión del derecho constitucional al debido proceso y particularmente del non bis in idem o derecho a no ser procesado ni sancionado dos veces por la misma causa".para definir las excepciones al principio general de publicidad. en virtud del cual el inculpado absuelto por una resolución judicial firme no puede ser sometido a un nuevo proceso por los mismos hechos".El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. la Corte Constitucional de Colombia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema. En su decisión. por ende.
marzo del 2001. 1999.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec. COMISION ANDINA DE JURISTAS El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Lima. HUERTA GUERRERO.cajpe. El derecho fundamental a la libertad personal (un estudio preliminar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre su alcance. Volumen 3. Referencias bibliográficas Ensayos CIFUENTES MUÑOZ..org. Luis La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional En: Revista Peruana de Derecho Constitucional Nº 1.htm (15 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a.org Red de Información Jurídica www.0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos. agosto del 2001. página 483-564. Sitios web Corte Interamericana de Derechos Humanos www. Luis Alberto..] .pe/rij CD ROM file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo XI. páginas 271-317. 35 páginas. SAENZ DAVALOS. Lima: Tribunal Constitucional del Perú. 1999. Eduardo Acceso a la justicia y debido proceso en Colombia (síntesis de la Doctrina Constitucional) En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional.. contenido y límites) Lima.oas. 26 páginas.m..
as actuales y sus posibilidades de aplicación por la Defensoría del Pueblo file:///C|/Users/RAUL%20GORDILLO/Downloads/El.El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derec..m..] ..htm (16 de 16) [01/02/2013 01:13:02 a..0Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos.
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