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Timestamp: 2016-09-30 05:47:08+00:00

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revision de los derechos economicos sociales y culturales NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasrevision de los derechos economicos sociales y culturales Uploaded by Donaldo Villegas Tamara8,2K visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentELEMENTOS BÁSICOS PARA LA COMLOS DERECHOS ECONÓMICOS, P R E N S I Ó N DE LOS DERECHOS CULTURALES HUMANOS ECONÓSOCIALESC Y O M I S , SOCIALES Y CULTURALESUna revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado
DECA Equipo Pueblo, A.C. es una organización civil fundada en 1977 que promueve el desarrollo social a través de sus Programas: Iniciativa Pública, Fortalecimiento Municipal y Diplomacia Ciudadana. ASAMBLEA DE SOCIOS: Elio Villaseñor Gómez, Carlos Heredia Zubieta, Humberto Ángel Torres, Laura Becerra Pozos, Clara Brugada Molina, Eugenia Mata García, Eucario de los Santos Cruz, Víctor Quintana Silveyra CONSEJO DIRECTIVO: Elio Villaseñor Gómez, Presidente; Carlos Heredia Zubieta, Tesorero; Humberto Ángel Torres, Secretario DIRECCIÓN EJECUTIVA: Laura Becerra Pozos COORDINADORES DE PROGRAMA: Iniciativa Pública, Elio Villaseñor Gómez; Diplomacia Ciudadana, Leticia Susana Cruickshank Soria; Fortalecimiento Municipal, Luis Pineda ÁREA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN: Federico Luis Pöhls Fuentevilla ÁREA DE GERENCIA: Ariadna Alcántara Santiago
Primera edición, 2001 © DECA Equipo Pueblo, A.C. Francisco Field Jurado 51 Colonia Independencia Benito Juárez C.P. 03630 Mexico, D.F. Tel. 55 39 00 15 • Fax 56 72 74 53
internacional de los valores universales. La humanidad sobrevive por ello, porque las diversas sociedades y culturas asumieron una ética que guiara su paso por el mundo. La igualdad, la libertad, la solidaridad y la democracia son algunos de estos valores por los que secularmente han luchado hombres y mujeres en distintas geografías y épocas, han inspirado revoluciones y cambiado el rumbo de la historia. Como dice el ya fallecido y sabio luchador brasileño, Betinho, son las personas, la ciudadanía, quien tiene el mérito de esos cambios, ni el Estado, ni el mercado han conseguido la defensa y prevalencia de esos principios. En efecto, en prácticamente todas las culturas y naciones han surgido las voces y las conciencias que han promovido y defendido la dignidad, los derechos humanos en su más amplio y profundo sentido. Hoy los enmarcamos en los “derechos económicos, sociales y culturales” (DESC), en ese anhelo de que nada quede fuera. Pero la historia humana por desgracia también está llena de eventos contrarios, de injusticia, desigualdad, autoritarismo y aun represión, por lo que defender los derechos y convertirlos en valores universales es una tarea ética y de compromiso social, que muchas personas han asumido, han emergido movimientos y organizaciones cuya misión se centra en esa promoción y defensa. Con esta reflexión presentamos este esfuerzo que aunque modesto, es producto de una convicción social y política de contribuir a la comprensión, la difusión y con ello a la defensa que cada persona eventualmente pueda hacer de los DESC. Saber es poder, por ello en Equipo Pueblo nos hemos puesto siempre
como un reto participar con la sociedad y sus organizaciones en su fortalecimiento, dando instrumentos y elementos para alcanzar una vida digna. El libro Los derechos económicos, sociales y culturales. Una revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado, elaborado por Areli Sandoval Terán, se enmarca en un esfuerzo colectivo con otras instancias nacionales e internacionales interesadas en el tema y con las que hemos impulsado distintas iniciativas con el objetivo común de promover los DESC. Hace cuatro años el programa de Diplomacia Ciudadana de Equipo Pueblo profundizó el enfoque de los derechos humanos en su trabajo de investigación, análisis, propuestas y estrategias sobre desarrollo social, política económica y social, desarrollando una línea de trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales. En 1998 nos propusimos la articulación con organizaciones civiles de promoción del desarrollo y de los derechos humanos en torno a la iniciativa de Control Ciudadano / Social Watch para el monitoreo e impulso del cumplimiento de los compromisos internacionales sobre desarrollo social por parte del gobierno mexicano. El encuentro latinoamericano sobre DESC en Quito, en julio de ese mismo año, enriqueció y consolidó los objetivos de la propuesta de articulación con otras organizaciones. Desde entonces Equipo Pueblo impulsa un espacio de coordinación con cerca de quince organizaciones de desarrollo y de derechos humanos que promovemos los DESC. Uno de los principales resultados del trabajo colectivo fue el Informe Alternativo sobre la Situación de los DESC en México. El impacto de este esfuerzo se constata en el documento de observaciones finales y recomendaciones al Estado mexicano por parte del Comité de DESC de las Naciones Unidas en noviembre de 1999. Otras contribuciones de Equipo Pueblo, ha sido su aporte en la incorporación de la perspectiva DESC en el trabajo de la Misión Civil por la Paz. En marzo de 2001 fuimos propuestos para coordinar el eje
de DESC dentro del campo de la política social de la convergencia de los organismos civiles por la democracia. En el ámbito regional, Pueblo fue elegido para coordinar el Grupo de Trabajo DESC de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) durante el periodo 2000-2002. Y finalmente destaca que desde abril del 2000 fuimos invitados a promover la conformación del capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), esfuerzo que está en proceso. En esta riqueza y pluralidad de esfuerzos Equipo Pueblo viene cumpliendo con una de sus líneas estratégicas de trabajo, haciendo aportes puntuales en el tema de los DESC, expresados en documentos de análisis, materiales de capacitación, diseño y facilitación de talleres, así como en el impulso de acciones de articulación e incidencia. El material que presentamos, cuidadosa y entusiastamente elaborado por Areli Sandoval, coordinadora de los DESC en nuestra institución, recoge los resultados de un largo proceso de investigación y reflexión realizado en el marco de algunas de las iniciativas mencionadas y tiene la virtud de que parte de su contenido se ha probado como herramienta útil para la formación en DESC en cursos, talleres y diplomados en los que Equipo Pueblo ha participado en este año. Concebido como producto de un esfuerzo largo y colectivo, ofrecemos con satisfacción este material, pero también con la expectativa y esperanza de que cumpla con su cometido de servir a otras organizaciones civiles y sociales, que contribuya a la promoción de los DESC y acorte el camino hacia la globalización de los valores universales. L AURA BECERRA POZOS, Directora Ejecutiva DECA, EQUIPO PUEBLO A.C.
ste libro surge de la necesidad de difundir un conjunto de derechos humanos sobre los cuáles hace falta sensibilizar a muchas personas. Su objetivo es ofrecer una revisión y profundización de la base conceptual de los derechos humanos económicos, sociales y culturales (DESC) a los y las promotores y defensores de estos derechos como un material de consulta y una de las herramientas para su importante labor; a las autoridades responsables de las políticas públicas y a los y las legisladores para que orienten su acción pública hacia el pleno respeto de los DESC; a la comunidad académica y estudiantil interesada el desarrollo, la política económica y la política social para que incorporen la perspectiva de derechos humanos; y finalmente, pero no menos importante, a la población en general para contribuir al reconocimiento de sus derechos fundamentales inherentes a su dignidad como personas y motivarla a aspirar y luchar por un pleno disfrute de los mismos en todos los aspectos de la vida cotidiana. En todos los apartados en que se ha dividido este libro se ofrecen de manera clara y accesible elementos básicos para la comprensión de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, una revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado que se derivan. Determinar el contenido central de los DESC es un proceso que aun no concluye. El presente texto no
pretende ser exhaustivo sino una aproximación a la definición y caracterización de los DESC y la determinación de las obligaciones del Estado basada, entre otras cosas, en la doctrina generada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que ofrece una interpretación autorizada de este instrumento jurídico. En la medida en que se clarifique y formule el contenido central de cada derecho, el Comité de DESC tendrá un marco de referencia más preciso para atender las comunicaciones individuales sobre violaciones a estos derechos que pudiera recibir en cuanto se aprobara un Protocolo Facultativo del PIDESC. De la misma manera, los exámenes que el Comité realiza de los Informes de los Estados Parte –así como las eventuales conclusiones que emitiera al conocer de casos de violación a los DESC por medio del Protocolo mencionado– aportan a la determinación del significado y alcance de cada derecho y a la precisión de su contenido esencial. En el primer apartado se propone una definición de los DESC y una breve revisión histórica de su reconocimiento. En el segundo se hace referencia al marco teórico sobre el contenido mínimo esencial y el umbral mínimo de los DESC. El tercer apartado analiza los tipos de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y su alcance en materia de DESC, los principios de no discriminación, progresividad y no regresividad en materia de derechos, y se introducen los términos de exigibilidad y justiciabilidad. Del cuarto al decimoquinto apartado se “desmenuza”, en el sentido de examinar atentamente, cada una de los derechos económicos, sociales y culturales y se ubican las obligaciones estatales respecto a cada uno de ellos. No todos los derechos se tratan con la misma profundidad pero en cada caso se remite al lector a otras fuentes que podrían serle de gran utilidad. Los derechos que se abordan son: el derecho a la libre determinación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación
adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la salud, el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la educación, los derechos culturales, el derecho al trabajo, el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, a la libertad sindical y a la huelga, el derecho a la seguridad social. Finalmente, en el decimosexto apartado se revisa el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres desde la perspectiva de los DESC. Manejar el contenido esencial de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales así como de las obligaciones del Estado es la base de toda iniciativa de exigibilidad y justiciabilidad. Esta revisión y reflexiones pretenden, finalmente, contribuir a fundamentar las acciones políticas y jurídicas de promoción y defensa cuyo horizonte es la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos.
No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.1 Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son derechos humanos, y, como tales, tienen su origen en la dignidad inherente a todas las personas, por lo que son: a) universales (pertenecen a todo ser humano); b) indivisibles (no pueden fraccionarse ni reducirse); c) inalienables (no se pueden perder), y d) interdependientes (la realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce de los demás derechos).
Reconocimiento histórico de los derechos humanos
Históricamente, son las luchas sociales reivindicatorias las que han posibilitado el reconocimiento mundial
de los derechos humanos, así como su consagración en instrumentos jurídicos nacionales, regionales e internacionales y la construcción de mecanismos de protección de los mismos. El derecho internacional relativo a los derechos humanos se ha elaborado ”para amparar toda la gama de derechos humanos que es preciso hacer efectivos para que las personas puedan vivir una vida plena, libre, segura y sana”.2 La clasificación de los derechos humanos en “tres generaciones” se basa en el contexto histórico en el que fue surgiendo el reconocimiento social y formal de los diversos derechos. Esta clasificación es común en el estudio del tema, pero no refleja la integralidad de los derechos humanos ni su igual importancia y urgencia. La “primera generación” son los derechos civiles y políticos, pues su reconocimiento se da en la segunda mitad del siglo XVIII con las ideas de la independencia de los Estados Unidos (1776) y de la Revolución Francesa (1789), por ejemplo: los derechos a la igualdad ante la ley; a la libertad personal; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La “segunda generación” de derechos son los DESC; su reconocimiento comienza con las demandas obreras y las ideas socialistas del siglo XIX, después las luchas sociales de la primera mitad del siglo XX como la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Ejemplos representativos de esta fase son: el derecho a la educación, a la tenencia de la tierra y los derechos laborales consagrados en la Constitución Mexicana de 1917, y el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Convenios sobre las horas de trabajo y el desempleo en 1919.
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16, en Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Rev. 1), p. 3.
Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos humanos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. El término “adecuado” implica el respeto a los aspectos de diversidad cultural, geográfica, medio ambiental, etc. Podemos identificar nuestros derechos humanos económicos, sociales y culturales en la vida cotidiana a partir de la ubicación de aquellas condiciones fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Tales condiciones fundamentales “son un bien común, un bien público”3 y contribuyen a la plena realización del ser humano conforme a su dignidad inherente, entonces tienen la dimensión de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos,4 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (PIDESC),5 la Convención Americana sobre Derechos Humanos6 y el Protocolo de San
Fortman, Bas de Gaay y Berma Klein Goldewijk, Where Needs Meet Rights. Economic, Social and Cultural Rights in a New Perspective, WCC Publications, Genova, 1999, p. 50. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Adoptada el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
Salvador7 enuncian y definen en términos generales a los DESC, señalando principios, criterios y estándares de carácter universal de forma tal que puedan resignificarse social y culturalmente en cada país. Pero para “desmenuzar” el contenido de cada DESC y de las obligaciones que tiene el Estado como su garante, conviene recurrir a las interpretaciones que van haciendo del PIDESC los expertos del Comité de Naciones Unidas para los DESC,8 tanto en sus observaciones generales como en las observaciones finales y recomendaciones que hacen a los Estados Parte cuando los examinan en su cumplimiento del Pacto.
Desde los años ochenta se desarrollaron dos enfoques distintos pero complementarios que ayudan a la mejor comprensión de los DESC: el enfoque del contenido mínimo central o esencial (minimum core content)9 y el enfoque del umbral mínimo (minimum threshold).10 Ambos enfoques apuntan hacia la determinación del significado y nivel mínimo de cada derecho humano consagrado en el PIDESC; el primero lo hace desde una perspectiva teórica, mientras que el segundo parte de una perspectiva práctica y un método cuantitativo. Esto es, el enfoque del contenido mínimo busca demostrar que cada derecho tiene un núcleo, una sustancia central que no debe ser violada; este enfoque trata de identificar la razón de ser del derecho en
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de los DESC, suscrito por la Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 1988. Creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en 1985. Sesionó por primera vez en 1987. Esta sección está basada en: Arambulo, Kitty, Strengthening the Supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. Theoretical and Procedural Aspects, School of Human Rights Research Series Vol. 3. Utrecht University (dissertation defended on May
1999), INTERSENTIA Antwerpen-Groningen-Oxford, 1999, pp. 130 –136.
Op. cit., pp. 137-145.
cuestión de una manera cualitativa. El contenido mínimo central es, en última instancia, una noción abstracta de lo que constituye la esencia del derecho y no se cuantifica. Por su parte, el enfoque del umbral mínimo tiene un propósito más concreto y práctico: el de ayudar a formular directrices de política para las medidas que el Estado debe tomar en cumplimiento del PIDESC, y para esto establece puntos de referencia, metas o estándares cuantitativos que permitan determinar el piso mínimo de bienestar o de satisfacción de necesidades que es prerrequisito del logro progresivo de los DESC. El contenido mínimo esencial de cada derecho aspira a tener un reconocimiento y aplicación universal, para salvaguardar al derecho de cualquier tipo de limitación en todo tiempo. Mientras tanto, el umbral mínimo se puede establecer, aplicar más fácilmente y tener mayor utilidad en el ámbito nacional conforme a las condiciones y circunstancias de cada Estado. Al establecer umbrales específicos a nivel nacional, cada país debería establecer estándares cuantitativos que pudiera lograr realistamente en diferentes plazos. Los estándares se pueden basar en datos obtenidos del monitoreo de las condiciones socioeconómicas. Es posible aplicar un umbral mínimo para la realización de los DESC mediante umbrales específicos por país que se pueden medir a través de indicadores de nutrición-desnutrición, mortalidad infantil, esperanza de vida, ingreso, empleo-desempleo-subempleo, etcétera. Sin embargo, estos estándares fijados nacionalmente deben someterse al escrutinio del Comité de DESC que ofrece orientación al Estado Parte para elevarlos en caso necesario. También sería factible que el Comité de Naciones Unidas para los DESC registrara las diferentes metas o estándares fijados por país y comparándolos estableciera un umbral internacional. Sin embargo, se corre el riesgo de que se convirtiera en el mínimo común denominador que hiciera a los países no esforzarse por encima de este. El tema de los indicadores para medir el progreso de los DESC no es materia del presente trabajo, pero conviene hacer la siguiente precisión al respecto. Los indicadores, consistentes en su mayoría en
datos estadísticos, fue materia de un Seminario de Naciones Unidas en 1993 como posible método para medir logros en la progresiva realización de los DESC. La principal conclusión del seminario fue que “la primera prioridad [es] identificar y clarificar el contenido de los varios derechos y obligaciones. Sólo entonces sería posible identificar la manera más apropiada de evaluar el logro progresivo, lo cual podría involucrar o no el uso de indicadores estadísticos.”11 Es decir, que antes de que los indicadores puedan ser útiles en materia de DESC, es necesario establecer el contenido mínimo esencial de los derechos. En conclusión, los dos enfoques expuestos son complementarios pues el desarrollo de uno permite la evolución del otro. Es importante subrayar que al establecer los umbrales mínimos de DESC de acuerdo a su particular situación geográfica, política, socioeconómica, cada Estado debe tener en cuenta los contenidos mínimos centrales de estos derechos. En los apartados que siguen se abordará cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el PIDESC tratando de revisar tanto elementos de su contenido mínimo esencial como del umbral mínimo que ayuda a determinar las obligaciones del Estado en cada uno. El Comité de DESC ha señalado sobre la base de su extensa experiencia que “corresponde a cada Estado Parte [del PIDESC] una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos.”12 A través de sus comentarios generales por derecho, el Comité ayuda a interpretar el contenido mínimo esencial de los DESC, clarifica las obligaciones de los Estados conforme al Pacto y ofrece pautas para la acción en cumplimiento de esas obligaciones, es por esto que la revisión de cada derecho se basó principalmente en la doctrina de este Comité, y en donde había vacíos se recurrió a instrumentos internacionales de organismos del sistema de Naciones Unidas como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El seminario tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 25 al 29 de enero de 1993. El informe del mismo se encuentra en el documento A/CONF.157/PC/73.
Observación General núm. 3 (E/1991/23).
La Carta de las Naciones Unidas13 impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y en ella los Estados se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. Los derechos económicos, sociales y culturales están plenamente reconocidos en la legislación internacional de derechos humanos. El Pacto Internacional de los DESC proporciona el marco jurídico internacional más importante para la protección de estos derechos humanos básicos. El PIDESC entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, y desde entonces, por el artículo 133 constitucional, es ley suprema de la Unión.
Documento constituyente de la ONU, es un tratado internacional que codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, establece los órganos y procedimientos de la organización y determina los derechos y las obligaciones de los Estados miembros; firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945.
a) Respetar: Exige que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de los derechos humanos. b) Proteger: Demanda del Estado medidas para velar por el respeto de los derechos humanos por parte de terceros (por ejemplo: las empresas, los individuos particulares) por lo que proteger también implica proveer de mecanismos para la defensa (justiciabilidad) de los derechos. c) Realizar: Entraña las obligaciones de promover y hacer efectivo cada derecho humano; es decir, el Estado debe adoptar medidas que faciliten el goce de los derechos humanos por toda la población (medidas legislativas, de política pública, de asignación de recursos, etc.) para lograr la plena realización de los derechos humanos. Como norma general, los Estados Parte están obligados a hacer efectivo directamente un derecho concreto del Pacto cada vez que un individuo o un grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto del PIDESC.
Cada una de estas obligaciones generales puede comportar obligaciones más específicas de acción o inacción por parte del Estado y se comprenderán mejor en el análisis de cada derecho económico, social y cultural.
Naturaleza y alcance de las obligaciones en DESC y principios interpretativos
Teniendo en cuenta que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes se debe prestar la misma atención y consideración urgente a los derechos económicos, sociales y culturales que a los derechos civiles y políticos. Los Estados deben actuar, en todo momento, bajo esta perspectiva de integralidad reconocida desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmada por la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. Los Estados Parte del PIDESC son responsables ante la comunidad internacional y ante sus propios pueblos por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Pacto. El artículo 2 del PIDESC señala la naturaleza de las obligaciones jurídicas generales de los Estados Parte e incluyen tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado.14
ARTÍCULO 2 medidas, Párrafo 1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los disponga, progresivamente,
Esta sección está basada en la Observación General núm. 1 del Comité de DESC (E/1989/22); la Observación General núm. 3 del Comité de DESC (E/1991/23); la Observación General núm. 9 del Comité de DESC (E/1999/22) y (E/C.12/1998/24); el Folleto Informativo núm. 16, Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Rev. 1) de Naciones Unidas; Los Principios de Siracusa (E/CN.4/1984/4) y Los Principios de
Limburgo relativos a la aplicación del PIDESC (E/CN.4/1987/17). Todos los documentos con clasificación de Naciones Unidas que se citen pueden
consultarse en la página de internet de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: www.unhchr.ch
apropiados, medios apropiados inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
En cuanto a obligaciones de comportamiento, este párrafo exige que todos los Estados Parte comiencen inmediatamente a “adoptar medidas” encaminadas a conseguir el pleno goce de los DESC consagrados en el Pacto, por ejemplo: medidas administrativas, judiciales, políticas, económicas, sociales, educativas y de muchos otros tipos, incluidas las medidas legislativas para adaptar la legislación nacional conforme al PIDESC, en particular cuando las leyes existentes sean claramente incompatibles con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto. La frase “hasta el máximo de los recursos de que disponga” se refiere tanto a los recursos existentes dentro de un Estado, sea cual fuere su nivel de desarrollo económico, como a los que pone a su disposición la cooperación y la asistencia internacionales para el desarrollo. Así, cuando un Estado alegue ante el Comité la insuficiencia de recursos presupuestales para cumplir con sus obligaciones mínimas en materia de los DESC (satisfacer requisitos mínimos de subsistencia para todos así como proporcionar los servicios esenciales) deberá demostrar que ha realizado todo esfuerzo para satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas, como haber recurrido incluso a la ayuda internacional. La limitación de recursos no libera al Estado de su obligación de empeñarse por asegurar el disfrute más amplio de estos derechos. La principal obligación en lo que atañe a resultados es la de adoptar medidas “para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos” reconocidos en el PIDESC. Esto quiere decir que el Estado está obligado a demostrar el progreso, los avances cuantitativos y cualitativos logrados en sus esfuerzos por alcanzar la plena realización de los DESC, y también entraña una limitación al Estado en cuanto a la adopción de medidas regresivas (por el principio de no-regresión aplicable a los derechos humanos).
Esta cláusula de realización o efectividad progresiva de los DESC reconoce que su plena efectividad no se logra en un breve periodo de tiempo, pero no significa que el Estado pueda aplazar indefinidamente o hasta que haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo económico sus esfuerzos en la materia; por el contrario, exige que el Estado actúe tan rápido como sea posible en la dirección de la plena realización de estos derechos. La cláusula de efectividad progresiva de los DESC, bajo ninguna circunstancia, justifica la falta de acción expedita, constante y eficaz del Estado. Se requiere de un esfuerzo nacional concertado con la participación de todos los sectores de la sociedad para el logro progresivo de los DESC. La participación popular será necesaria en cada etapa, por ejemplo, en la formulación, aplicación y examen de las políticas generales en cada país, es decir, en todo el ciclo de las políticas públicas (diseño, implementación y evaluación). Al exigir que los Estados logren la plena efectividad de los DESC “por todos los medios apropiados” el Pacto adopta un planteamiento amplio y flexible pero que coexiste con la obligación de utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los DESC. Implica también ofrecer recursos judiciales y otros recursos efectivos para hacer justiciables a los DESC, por ejemplo, para que puedan ser disfrutados por todos, sin discriminación, como señala el párrafo 2 de este artículo 2 del Pacto. Aunque sea necesario tener en cuenta el planteamiento general de cada uno de los sistemas jurídicos, no hay ningún derecho reconocido en el Pacto que no se pueda considerar que posee en la gran mayoría de los sistemas jurídicos algunas dimensiones significativas, por lo menos, de justiciabilidad. La adopción de una clasificación rígida de los DESC que los sitúe fuera del ámbito de los tribunales sería arbitraria e incompatible con el principio de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Al contrario, en la formación judicial se debe tener en cuenta la justiciabilidad del PIDESC. Inspirándose en la competencia jurídica y la experiencia práctica de sus miembros, el Comité de DESC puede formular recomendaciones
y sugerencias específicas a los Estados en materia de legislación, política pública o de otra índole para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto. Existen en el PIDESC otras disposiciones que cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y de otra índole en los sistemas legales nacionales, entre ellas las de: artículo 3 (de igualdad de derechos para el hombre y la mujer), artículo 7 a) i ) (salario equitativo e igual por trabajo de igual valor), artículo 8 (derechos de sindicación, libertad sindical y huelga), artículo 10 párrafo 3 (protección y asistencia a la infancia y la adolescencia y prohibición del trabajo infantil), artículo 13 párrafo 2 a) (enseñanza primaria obligatoria y gratuita) y párrafos 3 y 4 (libertad de los padres para elegir escuelas no públicas y de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza), y artículo 15 párrafo 3 (libertad para la investigación científica y la actividad creadora).
ARTÍCULO 2 Párrafo 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
La tipificación de actos discriminatorios mencionados en este artículo 2.2 del PIDESC no es exhaustiva y al adoptar el Pacto, el Estado debe someter este artículo a estudio judicial y a otros tipos de métodos de recurso, así como abolir inmediatamente los actos legislativos discriminatorios, la reglamentación y la practica que afecten la posesión y el disfrute de los DESC. Asimismo, la discriminación de facto que resulte del goce desigual de los DESC motivado por la falta de recursos legales debe atenderse lo antes posible.
ARTÍCULO 2 Párrafo 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
Este párrafo hace una excepción que debe ser interpretada conforme al objetivo con que se escribió tal artículo, que fue el de terminar con la dominación por parte de ciertos grupos económicos no nacionales durante el periodo colonial. Como regla general, el Pacto se aplica tanto a los nacionales como a los no nacionales en un Estado Parte, lo que implica la extensión de estos derechos fundamentales a los inmigrantes. Por su parte, los artículos 4 y 5 del PIDESC tratan sobre las posibles limitaciones a los DESC por parte del Estado. El artículo 4 debe interpretarse en el sentido de que las leyes que impongan limitaciones a los DESC no deberán ser arbitrarias, ni insensatas, ni discriminatorias, sino dentro de las previstas por ley y consistentes con los principios del Pacto, y que se deberá de proporcionar todo tipo de salvaguardas adecuadas y recursos eficaces contra imposición ilegal y abusiva de limitaciones a estos derechos. El artículo 5 enfatiza que nada de lo dispuesto en el Pacto puede interpretarse como posibilidad de destruir cualquiera de los derechos reconocidos en él o de limitarlos en mayor medida que la prevista en el artículo 4. Además, garantiza que el Pacto no sea interpretado en perjuicio a disposiciones más favorables del derecho interno, la costumbre o acuerdos internacionales en vigor o que vayan a entrar en vigor en un Estado Parte.
Y. . . ¿ c ó m o h a c e r c u m p l i r a l E s t a d o e s t a s o b l i g a c i o n e s ?
EXIGIBILIDAD proceso social, político y legal
POLÍTICA ü incidencia en políticas y programas públicos ü impulso a leyes ü movilizaciones, etc.
“La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su
ciudadanía.”15 La exigibilidad como proceso legal o exigibilidad jurídica es la llamada justiciabilidad e implica defensa de derechos violados ante tribunales o instancias administrativas adecuadas. La exigibilidad política se da a través de incidencia en políticas públicas y programas gubernamentales, impulso a leyes o reforma de leyes, movilizaciones, etcétera. Además, existen algunos mecanismos regionales e internacionales de protección a los DESC que contribuyen a hacer cumplir las obligaciones en el ámbito nacional y que contemplan la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, el PIDESC cuenta con el ya mencionado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que fue “el primer órgano creado mediante un tratado que proporcionó a las organizaciones no gubernamentales [ONG] la oportunidad de presentar declaraciones por escrito y oralmente sobre cuestiones relativas al disfrute o no disfrute de los derechos enunciados en el Pacto en un país concreto”.16 La elaboración de un “Informe Alternativo” por parte de las ONG es una herramienta de exigibilidad social y política muy importante, ya que al presentarlos y cabildearlos ante el Comité pueden influir en las observaciones finales que este órgano dirige a cada Estado Parte del Pacto, en particular sus motivos de preocupación y recomendaciones específicas.17 Las visitas in situ y reportes de Relatores Especiales temáticos de la ONU también impulsan el cumplimiento de las obligaciones del
Declaración de Quito. Declaración de principios sobre la exigibilidad y realización de los DESC en América Latina, párrafo 19. Proclamada el 24 de
julio de 1998 por las redes, ONG de derechos humanos, de promoción del desarrollo, organizaciones sindicales, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos de la mujer, reunidos en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el Primer Encuentro Latinoamericano sobre la Exigibilidad de los DESC (22 al 24 de julio, 1998) en el que participaron también organizaciones mexicanas.
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1), pp. 34 y 35. Véase más adelante nota al pie número 19 del apartado sobre derecho a la libre determinación que trata sobre el Informe Alternativo de ONG mexicanas en 1999.
Estado y están en estudio proyectos de Protocolo Opcional del PIDESC para la denuncia de violaciones, pero muchos Estados aún se resisten a aprobar este tipo de mecanismos. El sistema interamericano18 sí contempla un procedimiento por el que la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos pueden conocer de violaciones a los DESC, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José19 y en el Protocolo Adicional a esta Convención en materia de DESC o Protocolo de San Salvador20 –ambos ratificados por México–. La documentación y litigación de casos de violaciones a los DESC puede y debe ser mejor aprovechada por las ONG para la defensa y promoción de estos derechos.
O sea, de la Organización de Estados Americanos (OEA), fundada en 1948. Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Suscrito por la Asamblea General de la OEA en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia...
PIDESC, artículo 1, párrafos 1 y 2
l derecho a la libre determinación es una pieza fundamental del sistema jurídico internacional y una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional desde que se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945, especialmente en relación con cuestiones como la independencia, la no-intervención y la democracia. El Comité de DESC reconoce que el derecho a la libre determinación tiene tanto dimensiones externas como internas, que han suscitado algunas controversias debido a que cada vez son más grupos constituidos dentro de los países los que lo reivindican, en lugar de ex colonias o países ocupados.21 El derecho a la libre determinación también está reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Contar con un artículo común a ambos Pactos significa que este derecho humano puede ser invocado como económico, social, cultural, político y civil, pues todos estos aspectos están asociados a él. Para que los pueblos puedan “establecer libremente su condición política” y “proveer a su desarrollo económico, social y cultural” necesitan tener garantizada la libertad para llevar a cabo actividades políticas económicas, sociales y culturales. La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos se expresa bien en este derecho pues su realización es prerrequisito para el pleno goce de otros derechos, tanto individuales como colectivos, por ejemplo: el derecho a la propiedad individual o colectiva, el derecho a la libertad personal, los derechos de propiedad intelectual, el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente sano y protegido, el derecho a la vivienda adecuada y el derecho al desarrollo. Por su parte, los derechos a la educación y a participar de la vida cultural son fundamentales para defender el goce del derecho a la libre determinación. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo fundamenta el derecho al desarrollo en el derecho de los pueblos a la libre determinación, que implica el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía plena y comple21
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1) pp. 8 y 9.
ta sobre todos sus recursos y riquezas naturales y señala que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él... El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación.”22 Una parte del articulado del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales23 aborda también varios aspectos del derecho a libre determinación que nos permiten ubicar mejor su contenido esencial así como las obligaciones de los gobiernos al respecto. Destacan algunos párrafos de los siguientes artículos:
ARTÍCULO 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986, artículo 1, párrafos 1 y 2. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue adoptado el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y
ARTÍCULO 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. ARTÍCULO 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán prote-
gerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
ARTÍCULO 16 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
En los informes periódicos de los Estados Parte del PIDESC ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es común encontrar que en lo que respecta al cumplimiento del artículo 1 del PIDESC sobre el derecho a la libre determinación, los Estados evaden reportar sobre la situación de este derecho en tanto sus dimensiones internas desde la perspectiva de los DESC, y se limitan a remitir al Comité a los informes correspondientes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que el Estado en cuestión haya presentado con anterioridad a los órganos de vigilancia pertinentes. Pareciera que los Estados no reconocieran las implicaciones de sus políticas económicas, sociales y ambientales para el derecho a la libre determinación. Por ejemplo, los Estados podrían reportar acerca, del derecho a la libre determinación particularmente de las mujeres, en cuanto a la propiedad, acceso y control de recursos naturales, como la tierra, pues es conocido que muchos marcos jurídicos favorecen a los varones y privan a la mujer de este derecho humano fundamental a través de la discriminación por razón de sexo. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dedicado su Resolución 2001/34 a este respecto, vinculándola además, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a la propiedad y a una vivienda adecuada.
La reflexión sobre el derecho a la libre determinación reconocido en el PIDESC es entonces una tarea pendiente y urgente en el contexto de la globalización económica neoliberal. Las presiones que ejerce este proceso de globalización hacia el interior de los países se traducen, entre otras cuestiones, en la adopción, por parte de los gobiernos, de políticas de apertura indiscriminada de las economías tantos en términos de comercio como de inversiones. En este sentido, en muchos países incluyendo México, se han dado reformas estructurales que, por ejemplo, modifican el marco jurídico interno para generar condiciones más atractivas y favorables a la inversión privada nacional y extranjera, sobre todo en áreas estratégicas que en algún momento fueron protegidas por la legislación interna como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado y/o a los nacionales de un país. ¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas de apertura económica en términos de derechos económicos, sociales y culturales, a la luz del artículo 1 del PIDESC? Un ejercicio de reflexión al respecto se hizo en el Informe Alternativo de organizaciones civiles, sociales y redes mexicanas al Tercer Informe Periódico del gobierno mexicano ante el Comité de DESC sobre la situación de los DESC en México durante el periodo 1992-1999.24 Se abordaron, por ejemplo, los problemas derivados de la construcción
En adelante, Informe Alternativo DESC. Este Informe fue presentado ante el Comité de DESC en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza en su sesión del 15 de noviembre de 1999 y junto con el cabildeo a los expertos del Comité tuvo un impacto importante en las recomendaciones hacia el Estado mexicano por parte del Comité. Los Informes Alternativos son una herramienta muy importante para la incidencia en materia de los DESC. Participaron en la elaboración directa de dicho informe las siguientes organizaciones y redes: DECA Equipo Pueblo, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos ELIGE, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Casa y Ciudad de Coalición Internacional de Hábitat, el Frente por el Derecho a Alimentarse y FIAN-Sección México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Defensoría del Derecho a la Salud, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
de obras por inversión extranjera directa en zonas ricas en recursos naturales; la apertura comercial para la cual se reformó el artículo 27 constitucional dejando el camino libre al capital agroindustrial transnacional, entre otras cuestiones. Tanto en México como en otros países se han verificado impactos negativos en términos económicos, sociales y ambientales en zonas de biodiversidad a consecuencia del desarrollo de proyectos impulsados por la inversión extranjera. Algunos de los costos sociales vinculados a estos proyectos son: contaminación y desequilibrio ecológico, que afecta a los habitantes de la zona, generalmente tratándose de comunidades que son vulnerables por su alta dependencia del medio ambiente, como las comunidades indígenas; o bien, el desplazamiento de poblaciones, lo que implica, en muchas ocasiones, planes de reasentamiento en los que las poblaciones afectadas no fueron debidamente consultadas. Un caso paraehuantepec, digmático de esta situación es el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec ya que en los ocho municiTehuantepec pios que comprende el proyecto vive una población de alrededor de dos millones 200 mil personas, de las que “por lo menos la cuarta parte... pertenece a 12 grupos étnicos... repartidos en 539 comunidades, de los cuáles 61% está en Oaxaca y el 39% en Veracruz. Estos grupos sobreviven con altos grados de analfabetismo, desnutrición y carencia de servicios básicos.”25 En este mismo sentido, el llamado Plan Puebla Panamá, concebido por el gobierno mexicano como detonador del desarrollo económico y social, podría estar desafiando el goce de los DESC en la vasta región para la cual está contemplado. Es indispensable un monitoreo minucioso de los diversos componentes de este megaproyecto para poder prevenir posibles violaciones a los DESC de las poblaciones involucradas.
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C ., “El Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec: globalización y deterioro socioambiental”, en La Otra Cara de
México núm. 62, DECA Equipo Pueblo, A.C., México, enero-febrero de 1999, p. 4. Artículo citado en el Informe Alternativo DESC...
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,26 la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
El concepto de familia debe entenderse en un sentido amplio, sin exclusión a familias con mujeres jefas de hogar o de otro tipo.
Este derecho tiene multiplicidad de implicaciones de derechos humanos. Ya en la propuesta de definición de los DESC nos referimos a aquellas condiciones que garantizan un nivel de vida adecuado, y podemos considerar que este derecho proporciona el marco para la definición de todos los DESC. El artículo 11 del PIDESC vincula este derecho al de la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a un nivel de vida adecuado y los DESC también están íntimamente relacionados con el derecho al desarrollo.27 Asimismo, “la pobreza extrema y la exclusión social constituyen una violación a la dignidad humana”,28 y por tanto una violación a los derechos humanos, en particular a los DESC. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, 117 estados, incluido México, aprobaron la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social que afirma la profunda convicción de que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes de desarrollo sostenible interdependientes y lo cual constituye el marco para los esfuerzos nacionales encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Su Programa de Acción incluye estrategias para la erradicación de la pobreza, como un imperativo ético, social, político y económico de la humanidad; que están íntimamente relacionadas con la adopción de medidas para el goce efectivo de los DESC, como: exámenes periódicos a las políticas económicas y los presupuestos nacionales para orientarlos a la reducción de desigualdades; prestar atención apropiada en los planes de desarrollo nacionales a la salud, la educación, el acceso a la protección social y a los servicios sociales básicos, el acceso a las oportunidades económicas, y en particular el fomento a la plena aplicación de los instrumentos pertinentes de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.29
Se recomienda consultar la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986. E/CN.4/RES/2000/31 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, párrafo 1 a). Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, párrafos 25 y 26-incisos b y f.
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, de forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos... [Este derecho] tendrá que alcanzarse progresivamente; no obstante, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11 [del PIDESC] incluso en caso de desastre natural o de otra índole.30
Toda la sección sobre el derecho a la alimentación está basada en el artículo 11 del PIDESC; y la Observación General núm. 12 del Comité de DESC (E/C.12/1999/5) elaborada en atención a la solicitud formulada por los Estados durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma, 1996.
El derecho a la alimentación, inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana e
indispensable para el disfrute de los demás derechos, es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.
El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. El concepto de adecuación es particularmente importante con respecto a este derecho pues sirve para poner de relieve una serie de factores que deben tenerse en cuenta para el pleno goce de este derecho humano. El significado preciso de “adecuación” está determinado por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento. Para comprender mejor esto, expliquemos ahora ¿qué se entiende por... por...
...disponibilidad? Son las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse, ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda. En este sentido, la organización no gubernamental FIAN Internacional denomina también a este derecho como el derecho humano a alimentarse.
...necesidades alimentarias? Se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física, que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente se requieren medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna. ...sin sustancias nocivas? Establece el requisito de inocuidad de los alimentos (que no hagan daño) y una gama de medidas de protección tanto por medios públicos como privados para evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración y/o mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria; debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que se producen naturalmente. ...aceptables para una cultura determinada? Significa que también hay que tener en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y su consumo, así como las preocupaciones fundamentales de los consumidores acerca de los alimentos disponibles. ...accesibilidad? Comprende la accesibilidad económica y física. La primera implica que los costos financieros personales o familiares asociados a la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar en un nivel tal que no se vean amenazadas o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales. La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los individuos
físicamente vulnerables como los lactantes, los niños, los adultos implenitud, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes tales como los enfermos mentales. Se
El derecho a la vivienda también forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado reconocido en el
artículo 11 del PIDESC, párrafo 1 y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para gozar del derecho a una vivienda adecuada, se hace necesario, por ejemplo, también gozar del derecho al trabajo y del derecho al salario suficiente, al tiempo que las prestaciones sociales que pueden estar relacionadas con el derecho de sindicación (artículo 8 del PIDESC) son también importantes. El concepto de “adecuación” en cuanto a este derecho es también muy significativo y sirve para subrayar una serie de factores generales que hay que tener en cuenta para que una vivienda pueda considerarse adecuada en cualquier contexto determinado:
a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, pero sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de algún grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal contra el desahucio o desalojo, el hostigamiento y las amenazas. b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios de este derecho deberían tener acceso permanente a recursos naturales, a agua potable, energía para la cocina, la calefacción o ventilación y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña este derecho deberían ser de un nivel adecuado que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados deben adoptar medidas para que el porcentaje de gastos de vivienda sea conmensurado con los niveles de ingreso y crear subsidios de vivienda para los
que no pueden costearse una, así como garantizar los materiales naturales cuando constituyan la principal fuente de material de construcción de viviendas. Habitabilidad. Ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes, protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y de otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad, pues viviendas inadecuadas se asocian invariablemente a tasas de mortalidad más elevadas. Asequibilidad. Debe poder conseguirse por todos, y conceder acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda y atender las necesidades especiales de los grupos en situación de desventaja como las personas de edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales y otros grupos de personas desfavorecidos. Los Estados deben apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho. Lugar. Debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención a la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe encontrarse en lugares contaminados ni en proximidad tal que amenace el derecho a la salud de los habitantes. Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales utilizados, las políticas en que se apoyan, deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la misma y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.
Las obligaciones del Estado sobre el derecho a la vivienda adecuada
Los Estados Parte deben otorgar debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial. Si bien los medios más apropiados para lograr la plena realización de este derecho variarán inevitablemente de un Estado a otro, el Pacto exige se tomen todas las medidas que sean necesarias con ese fin, lo que requerirá casi invariablemente que el Estado adopte una estrategia nacional de vivienda que, como lo define la Estrategia Mundial de Vivienda en su párrafo 32, “define los objetivos para el desarrollo de condiciones de vivienda, determina los recursos disponibles para lograr dichos objetivos y busca la forma más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del costo, además de lo cual establece las responsabilidades y el calendario para la ejecución de las medidas necesarias”. Por razones de pertinencia y eficacia, la estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes. Además, deben adoptarse medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y locales con objeto de conciliar las políticas conexas (economía, agricultura, medio ambiente, energía, etc.) con las obligaciones derivadas del artículo 11 del PIDESC. Muchos elementos componentes del derecho a la vivienda adecuada son por lo menos conformes con la disposición de recursos jurídicos internos, por ejemplo: apelaciones jurídicas para evitar desalojos planeados o demoliciones mediante emisión de mandatos por los tribunales; procedimientos jurídicos para indemnizaciones después de un desahucio o desalojo ilegal; reclamaciones contra acciones ilegales reali-
zadas o apoyadas por propietarios públicos o privados en relación con los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación racial y otras formas de discriminación; reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones de vivienda insalubres o inadecuadas. En algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Párrafo 1 de la Observación General 14 del Comité de DESC La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedade.
Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948)
l derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la vida, a la no-discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.32 Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al “más alto nivel posible de salud física y mental” no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del Artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.
El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la salud, y el párrafo 2 del artículo 12 da algunos ejemplos de las obligaciones contraídas por los Estados Parte. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho
Toda la sección sobre el derecho a la salud está basada en la Observación General núm. 14 del Comité de DESC (E/C.12/2000/4).
a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho de la persona a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales; en cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. El concepto del “más alto nivel posible de salud ”, a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12 del PIDESC, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. El Comité de DESC interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional.
a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los
adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades. iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos. iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Parte: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Parte diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Parte tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud.
Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos u otro medios de mantener la salud sexual y genésica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud. Los Estados deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra, por ejemplo mediante los desechos industriales de las instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud del ser humano, o limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario. De aquí la íntima relación entre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano y protegido. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represen-
te una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Parte reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud.
Por otra parte, la lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 2 del artículo 12 sirve de orientación para definir las medidas que deben adoptar los Estados a partir de la definición amplia del derecho a la salud que figura en el párrafo 1 del artículo 12:
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12: El derecho a la salud materna, infantil y reproductiva: La disposición sobre “la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños” se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información. Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente: Esta disposición entraña, en particular, la adopción de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes
laborales y enfermedades profesionales; la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. Además, la higiene industrial aspira a reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente laboral.
Además, este apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del PIDESC, abarca la cuestión relativa a la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo higiénicas y seguras, el suministro adecuado de alimentos y una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas. Este apartado es el que vincula el derecho a la salud con el derecho al medio ambiente sano y protegido.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades, y la lucha contra ellas: “La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas” exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad
ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a establecimientos, bienes y servicios de salud. “La
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”, tanto física como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Otro aspecto importante es la mejora y el fomento de la participación de la población en la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como la organización del sector de la salud, el sistema de seguros y, en particular, la participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional.
El Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/
SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. El Comité señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas con la mayoría de las estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación relacionada con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced a la promulgación, modificación o revocación de leyes o a la difusión de información. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes. También merece atención especial la promoción del derecho a la salud de la mujer durante toda su vida, el derecho a la salud de las personas mayores, el derecho a la salud de las personas con discapacidad, el derecho a la salud de los pueblos indígenas (que suelen asociar la salud del individuo con la de la sociedad en su conjunto, presentando una dimensión colectiva de la salud), y el derecho a la salud de los niños y los adolescentes. En este último sentido, los Estados Parte del Pacto deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población.
Limitaciones al derecho a la salud por los Estados Parte
Los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con la salud pública para justificar la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales. El Comité desea hacer hincapié en el hecho de que la cláusula limitativa –el artículo 4 del PIDESC, señalado en la sección de obligaciones generales de los Estados Parte al principio de este manual– tiene más bien por objeto proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por consiguiente, un Estado Parte que, por ejemplo, restringe la circulación de personas –o encarcela a personas–, con enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, no permite que los médicos traten a presuntos opositores de un gobierno, o se niega a vacunar a los integrantes de una comunidad contra graves enfermedades infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar esas medidas graves en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. Esas restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo... Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto... Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social...33
Artículo 10 del PIDESC.
El derecho a la protección y asistencia a la familia está reconocido en el artículo 10 del PIDESC y los
artículos 16 párrafo 2 y 25 párrafo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se debe aclarar que el término “familia” debe entenderse en sentido amplio, es decir, considerando las diversas expresiones de familia que existen, incluida aquellas en donde las madres son jefas de hogar. El artículo 10 del PIDESC contempla los derechos relacionados con la protección y asistencia a la familia y las obligaciones del Estado en la materia. El párrafo 1 del artículo 10, además de los derechos y obligaciones citados al principio de esta sección, incluye el derecho a contraer matrimonio libremente (también reconocido en el párrafo 2 del artículo 16 de la Declaración Universal) El párrafo 2 del artículo 10 contempla además el derecho de las madres que trabajan a contar con una licencia remunerada o con prestaciones adecuadas antes y después del parto. El Comité de DESC presta una atención cada vez mayor a los derechos del niño y los adolescentes contemplados en el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto, haciendo especial hincapié en la prohibición del trabajo infantil, y en las condiciones de vida de los niños, relacionando el derecho de asistencia y protección a la infancia con los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a la vivienda adecuada, entre otros. El Comité de DESC colabora estrechamente con el Comité de los Derechos del Niño dentro del Sistema de Naciones Unidas. En el caso de las personas con discapacidad, el requisito del Pacto de que se preste “asistencia y protección a la familia” significa que hay que hacer todo lo que se pueda a fin de conseguir que dichas personas vivan con sus familias si así lo desean. El artículo 10 del PIDESC implica también, con arreglo a los principios generales de derecho internacional en materia de derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse ya fundar su propia familia. Las personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios de asesoramiento necesarios, a fin de poder realizar sus derechos y
cumplir sus obligaciones dentro de la familia. Los Estados deben velar porque las leyes, las políticas y las prácticas no impidan la realización de estos derechos. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a una protección especial de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto (reforzando las disposiciones correspondientes de la Convención sobre los Derechos del Niño).34 Asimismo, “Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos”.35 En cuanto a las personas de edad, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del PIDESC y las Recomendaciones núm. 25 y 29 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento, los Estados Parte deberán desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyar, proteger y fortalecer a las familias y ayudarlas, de acuerdo con los valores culturales de cada sociedad, a atender a sus familiares mayores dependientes o a su cargo. La Recomendación 29 alienta a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que establezcan servicios sociales de apoyo a las familias cuando existan personas mayores dependientes en el hogar. La ayuda también debe otorgarse a las personas que vivan solas y las parejas de personas mayores que deseen permanecer en sus hogares.36
Observación General núm. 5 del Comité de DESC (E/1995/22) sobre las personas con discapacidad, apartado D.
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, anexo de la resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993 (artículo 10, párrafos 1 y 2), citado en la Observación General núm. 5 del Comité de DESC (E/1995/22) sobre las personas con discapacidad, apartado D.
Observación General núm. 6 del Comité de DESC (E/1996/22) sobre los DESC de las personas mayores, párrafo 31.
...La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales... la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.37
PIDESC, artículo 13, párrafo 1.
El derecho a la educación, reconocido en los artículos 13 y 14 del PIDESC así como en otros tratados
internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es de vital importancia. Se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. También, de muchas formas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. En este sentido, el derecho a la educación es el resumen de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos.38 La importancia de la educación no es solamente práctica, si bien dispone de una mente instruida, activa, con libertad y amplitud de pensamiento, también es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.
Conforme al artículo 13 párrafo 2 del PIDESC, la educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Para que estas instituciones y programas funcionen, se necesitan edificios u otra protección contra los elementos naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.
Tomado del párrafo 2 de la Observación General núm. 11 (E/C.12.1999/4) del Comité de DESC, en la que se basa toda la sección sobre el derecho a la educación.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones:
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación y con igualdad de trato. Las agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan como resultado que la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares pueden constituir una discriminación con arreglo al Pacto. ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia). iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita, el PIDESC pide a los Estados Parte que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes, y cuando proceda, los padres. d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos define las “necesidades básicas de aprendizaje” como herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) y los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y aptitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y seguir aprendiendo. El apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 hace referencia a la “enseñanza secundaria en sus diferentes formas”, y aunque el contenido de ésta varía entre los Estados Parte, implica la conclusión de la educación básica y la consolidación de los fundamentos del desarrollo humano y del aprendizaje a lo largo de la vida. La enseñanza secundaria, “incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional” debe ser generalizada y accesible a todos en particular a través de la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La expresión “generalizada” significa que no depende de la aptitud o idoneidad aparentes del alumno y que se impartirá en todo el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones. El apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 se refiere al derecho a la enseñanza superior, que comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos sus niveles, y aunque no lo explicite este apartado, debe estar disponible, al igual que la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas. Para la enseñanza superior también se debe implantar progresivamente la enseñanza gratuita, y como en el caso de todos los derechos humanos, el Estado no debe adoptar medidas regresivas que atentan el goce de los derechos humanos. En el apartado d) del párrafo 2 del artículo 13 se hace referencia a la “educación fundamental” para aquellos que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de la instrucción primaria; el goce del derecho a la educación fundamental no está limitado por la edad, ya que se aplica a niños, jóvenes y
adultos, incluidas las personas mayores, y es un componente fundamental de la educación de adultos. Como se trata de un derecho para todos los grupos de edad, deben formularse planes de estudio adecuados para cada uno. El apartado e) del párrafo 2 del artículo 13 establece la exigencia al Estado de “proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza” lo que significa que el Estado Parte debe formular una estrategia global para su desarrollo que ha de ser objeto de prioridad gubernamental. También establece la exigencia de “implantar un sistema adecuado de becas”, lo que implica que el Estado debe fomentar la igualdad de acceso a la educación de las personas procedentes de grupos desfavorecidos. Un tercer elemento que exige este apartado al Estado es el de “mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, aspecto generalmente descuidado y que ha llevado a niveles inaceptablemente bajos de las condiciones generales de los docentes en muchos Estados Parte. Este aspecto del derecho a la educación está vinculado con los artículos 6 a 8 del PIDESC sobre derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, incluido el salario suficiente, y a organizarse y negociar colectivamente (derecho de sindicación libertad sindical y huelga). Este apartado implica un llamado a la atención de los Estados Parte hacia la Recomendación relativa a la Situación del personal Docente (1966) hecha conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, de la UNESCO (1997). El párrafo 3 del artículo 13 reconoce la libertad de los padres o tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos, instituciones de enseñanza diferentes a las públicas, siempre que aquéllas (las instituciones de enseñanza privadas, reguladas por el párrafo 4 del artículo 13) satisfagan las normas mínimas que prescriba el Estado.
Obligaciones jurídicas generales y violaciones de los Estados Parte
El Estado, además de respetar este derecho y promoverlo a través de medidas positivas, está obligado a protegerlo, es decir, a adoptar medidas que impidan que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. El Estado está obligado a respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las características fundamentales del derecho a la educación Como ya se ha observado, las obligaciones de los Estados Parte del PIDESC respecto de la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental no son idénticas. Los Estados están obligados a dar prioridad a la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita –que se refuerza en el artículo 14 del Pacto–, lo que no significa que no tengan la obligación inmediata de adoptar medidas para implantar la enseñanza secundaria, superior y fundamental para todos en su jurisdicción. El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir, “gradualmente”, no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las obligaciones del Estado Parte. Realización gradual del derecho a la educación quiere decir que el Estado tiene la obligación concreta y permanente de proceder lo más expedita y eficazmente posible para la plena aplicación del artículo 13 del PIDESC. Si deliberadamente el Estado adoptara medidas regresivas en relación con el derecho a la educación, tiene la obligación de demostrar que hizo una consideración cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que disponga el Estado Parte. Entre las obligaciones de agentes distintos a los Estados Parte respecto del derecho a la educación destacan las obligaciones de los organismos especializados de Naciones Unidas. La UNESCO, la OIT, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Banco Mundial (BM), los bancos regionales de desarrollo (como el BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos pertinentes del sistema de Naciones Unidas han de aumentar su cooperación respecto del derecho a la educación, respetando sus mandatos específicos y aprovechando las competencias de cada uno. En particular, las instituciones financieras BM y FMI, deberían prestar más atención a la protección del derecho a la educación e sus políticas de préstamos, de acuerdos de crédito, programas de ajuste estructural y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de la deuda. Finalmente, algunos ejemplos de violaciones del artículo 13 del PIDESC relativo al derecho a la educación son: la adopción de leyes, o la omisión de revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera de los motivos prohibidos, en la esfera de la educación; no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la esfera de la educación; la aplicación de planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13; el no adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la implantación gradual de la enseñanza secundaria, superior y fundamental de conformidad con los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13; la prohibición de instituciones de enseñanza privadas pero también el no velar porque éstas cumplan con las normas mínimas de educación dispuestas en párrafos 3 y 4 del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos; el cierre de instituciones de enseñanza en épocas de tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4 del PIDESC (ya explicado, sobre limitaciones a derechos por parte del Estado).
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27
El artículo 15 del PIDESC reconoce en su párrafo 1 el derecho a la cultura y a gozar de los beneficios del progreso
científico, en forma muy parecida a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ambos instrumentos este derecho está vinculado a los derechos humanos de propiedad intelectual. El Comité de DESC ha analizado este tema en el contexto del comercio mundial.39 Por su parte, los párrafos 2 a 4 del mismo artículo establecen algunas obligaciones generales del Estado respecto de este derecho de la siguiente manera:
Párrafo 2. Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el . pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Párrafo 3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para . la investigación científica y para la actividad creadora. Párrafo 4. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y . desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
Los derechos a gozar de la cultura, a participar en la vida cultural y a beneficiarse de los adelantos científicos constituyen la base del artículo 15 del PIDESC. Aunque estas cuestiones podrían parecer ajenas a los derechos humanos, tienen una importancia fundamental para los principios de la igualdad de trato, la libertad de expresión, el derecho a recibir e impartir información y el derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana. A menudo los Estados atacan o ridiculizan determinados atributos culturales para intentar favorecer a un determinado grupo nacional, racial o étnico en detrimento de otro, por citar sólo un ejemplo
Se recomienda leer el documento E/C.12/2000/18, en la página web: www.unhchr.ch
de la importancia de los derechos en cuestión. Además, entre estos derechos se incluye el derecho a participar en la vida de la sociedad, interpretándose de esta forma el término “cultura” en sentido amplio.40 El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones tiene por objeto asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan disfrutar de los adelantos científicos, en especial los grupos desfavorecidos; que incluye el derecho a dar y recibir información sobre adelantos resultantes de los nuevos conocimientos científicos y tener acceso a cualquier novedad que pueda acrecentar el disfrute de los derechos contenidos en el Pacto.41 Como la sociedad está en constante movimiento y transformación, es muy importante considerar este derecho para la actualización constante de las posibilidades de disfrute de otros DESC como el derecho a la salud, el derecho a la educación y en general el derecho a un nivel de vida adecuado. De los principios de no-discriminación y de equidad que atraviesan a todos los derechos humanos se desprenden las obligaciones de los Estados respecto de la adopción de medidas para favorecer el disfrute de los derechos de personas y grupos que se encuentren en condiciones desfavorables. Aplicando estos principios al derecho a la cultura y a gozar del progreso científico de personas discapacitadas y de adultos mayores, resultan las siguientes obligaciones de los Estados: “Los Estados velarán por que las personas con discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como rurales... Los Estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, p. 24.
culturales...”.42 Lo mismo se aplica a los lugares de recreo, deporte y turismo. Este derecho también requiere que se supriman en todo lo posible las barreras que se oponen a la comunicación, y que los gobiernos informen y eduquen al público en general acerca de la discapacidad para superar los prejuicios o las creencias supersticiosas contra las personas que la viven y facilitar que el público en general acepte que estas personas tienen tanto derecho como los demás a hacer uso de restaurantes, hoteles, centros recreativos y centros culturales.43 En cuanto al derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico y sus aplicaciones por parte de las personas mayores, el Comité de DESC encomienda a los Estados Parte del PIDESC que tomen en cuenta las recomendaciones contempladas en los Principios de las Naciones Unidas en Favor de la Personas de edad, en particular el principio 7: “Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes”; y el principio 16: “Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad”.44
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, anexo de la resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993 (artículo 10, párrafos 1 y 2), citado en la Observación General núm. 5 del Comité de DESC (E/1995/22) sobre las personas con discapacidad, apartado H.
Observación General núm. 5 del Comité de DESC (E/1995/22) sobre las personas con discapacidad, apartado H. Observación General núm. 6 del Comité de DESC (E/1996/22) sobre los DESC de las personas mayores.
A pesar de que las luchas obreras y campesinas han sido de las más significativas para la conquista de derecho humanos fundamentales, no sólo relacionados al trabajo, los derechos laborales comúnmente son estudiados y promovidos separadamente de los derechos humanos. Muchos defensores de los derechos laborales aún deben incorporar la perspectiva y el lenguaje de los derechos humanos laborales. Entre los instrumentos internacionales que consagran estos derechos esta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que los reconoce en su artículo 23, párrafos 1 a 4:
D ECLARACIÓN U NIVERSAL DE D ERECHOS H UMANOS Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
or su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) consagra estos derechos más detalladamente y enuncia algunas de las obligaciones del Estado respecto de ellos, en sus artículos 6 a 9; el Comité de DESC de las Naciones Unidas no ha emitido todavía comentarios generales respecto a estos derechos. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador (1988) también aborda los derechos laborales y algunas de las obligaciones de los Estados Parte en sus artículos 6 a 9, ayudando a caracterizar mejor estos derechos.
Existen también numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 45 que a Organización Trabajo lo largo de los años –desde su fundación en 1919– han ido consagrando los derechos humanos laborales, abordando sus diversos aspectos, de manera que estos convenios deben considerarse una fuente fundamental para la caracterización de estos derechos, tanto en términos amplios como de su contenido mínimo esencial.46 Es la Conferencia Internacional de Trabajo, órgano tripartita de la OIT que reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, la que ha establecido normas internacionales mediante la serie de convenios que se someten a ratificación por los Estados y las recomendaciones que sirven de orientación para políticas públicas y leyes. Otro instrumento que consagra derechos laborales es la Convención Internacional sobre la Trabajadores Todos Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) entre cuyas disposiciones se encuentra el derecho de los trabajadores migratorios a recibir la misma remuneración, beneficios sociales y atención médica que los nacionales, afiliarse a sindicatos o participar en reuniones sindicales y, al concluir su empleo, transferir sus ganancias, ahorros y posesiones personales.47
En 1946 la OIT pasó a ser el primer organismo especializado asociado con las Naciones Unidas. Los diversos convenios pueden obtenerse de la pagina en internet de la OIT: www.ilo.org, también se recomienda consultar el cuadro de fundamentación jurídica de los derechos humanos laborales y los artículos de diversos instrumentos internacionales y de la Constitución Mexicana al respecto en: Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Cómo defendernos. Carpeta para la promoción de los derechos
humanos laborales, México, 1999, pp. 35 a 59.
Naciones Unidas, ABC de las Naciones Unidas , Nueva York, 1998, p. 268.
1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar [el Estado] para lograr la plena efectividad de este derecho deberán figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminados a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
El trabajo libremente escogido sigue siendo un elemento esencial de la vida del ser humano. El derecho
a trabajar es fundamental para disfrutar de ciertos derechos relacionados con la subsistencia y el sustento como son los derechos a la alimentación, el vestido, la vivienda, etc. Asimismo, la situación laboral puede afectar fácilmente al disfrute de otros derechos relacionados con la salud y la educación. El derecho a trabajar es fundamental para garantizar la dignidad y autoestima de los beneficiarios de los derechos que figuran en el PIDESC.48 El Comité de DESC ha examinado el artículo 6 del Pacto desde el punto de vista de la aplicación de políticas y medidas que garanticen el trabajo todos aquellos que están en condiciones de trabajar. Por lo tanto, este derecho comprende tanto el derecho a un empleo como a no ser privado injustamente del mismo. Este artículo también obliga a los Estados a abstenerse de fomentar o permitir el trabajo forzoso.49 Por su parte, el Artículo 6 párrafo 2 del Protocolo de San Salvador hace referencia al compromiso de los Estados Parte a adoptar las medidas que garanticen el logro del pleno empleo, la orientación vocacional, y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente destinados a minusválidos; asimismo se comprometen a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer su derecho al trabajo. Para algunos expertos en derechos humanos laborales, el derecho al trabajo puede también definirse como derecho al empleo estable; “este derecho implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo,
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1), pp. 14 y 15.
obtener empleo sin discriminación alguna, ser capacitados para realizarlo; garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, protección contra el desempleo e indemnización por despido injustificado y ascenso con base en la antigüedad.”50 La oportunidad de ascenso está enmarcada en el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias reconocido en el artículo 7 del Pacto.
Herrera, Carmen; Centro de Reflexión y Acción Laboral, Derechos Humanos laborales. Fundamentación teórico-jurídica y propuestas de acción, México, 1996, p. 23.
Los Estados Parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor [...] ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [...] b) La seguridad e higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
El artículo 7 del PIDESC está estrechamente relacionado con un gran número de convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo: el Convenio núm. 131 relativo a la fijación de salarios mínimo (1970) y el Convenio núm. 100, relativo a la igualdad de remuneración (1951) Las normas establecidas en el artículo 7 también están relacionadas con el deber de los Estados de reducir progresivamente la duración de la semana de trabajo. Los Estados Parte del pacto deben establecer, para todos los aspectos de este artículo, un nivel de referencia mínimo y no permitir que las condiciones de trabajo de persona alguna sean inferiores a las establecidas para ese nivel. Los Estados Parte también deben establecer medidas coercitivas que garanticen la aplicación de estos derechos.51 Cuando el Comité de DESC examina a los Estados Parte del Pacto en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo se interesan por conocer, por ejemplo: los niveles actuales de salarios mínimos, si estos están ajustados conforme el aumento del costo de la vida y la depreciación de la moneda, y si estos son suficientes para mantener un nivel de vida adecuado (relación directa, por ejemplo, con la canasta básica para satisfacer, entre otros, el derecho a la alimentación); las medidas que haya adoptado el Estado para combatir la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres; si hay reglamentación sobre la higiene y la seguridad en el trabajo conforme al Pacto; la edad mínima para trabajar y las razones por las que no se hubiera ratificado el convenio de la OIT respectivo; las medidas adoptadas para garantizar el derecho al trabajo y sus condiciones dignas para las personas empleadas en el sector informal; las medidas para proporcionar condiciones adecuadas de trabajo a las personas con discapacidad.
Por su parte, el artículo 7 del Protocolo de San Salvador amplía otros aspectos como: el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo; la prohibición del trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y jornadas de menor duración para mayores de 18 años en trabajos de esa condición.
1. Los Estados en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley [...] en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y las libertades ajenos. b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a éstas. c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos [...]. d ) El derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
n primer lugar, cabe señalar que cuando México se adhirió al PIDESC formuló una reserva respecto del artículo 8, por lo que éste se aplica en el país conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias. Esto significa que el artículo 8 en realidad no está vigente para México ya que será la legislación nacional existente (es decir, la Ley Federal del Trabajo) con sus virtudes pero también con sus deficiencias, vacíos y contradicciones la que se aplique respecto de estos derechos. El Comité de DESC ya ha recomendado al Estado mexicano retire su reserva al artículo 8 (párrafo 39 del documento de observaciones finales E/C.12 /1/Add.41). En segundo lugar, es importante mencionar que el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos está estrechamente vinculado al derecho a la libertad de asociación, ampliamente reconocido en todas las disposiciones del derecho internacional sobre derechos humanos. Estos derechos, junto con el derecho de huelga, son fundamentales para la plena realización de los derechos de los trabajadores y demás ciudadanos proclamados en el Pacto. El artículo 8 también protege el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la protección contra la disolución de sindicatos. Los Estados Parte tienen cierto margen de maniobra a la hora de aplicar este artículo del Pacto, como se manifiesta en las cuestiones de seguridad nacional y otras mencionadas en los apartados a) y c) del párrafo 1 del artículo 8. No obstante, los Estados Parte deben interpretar en sentido estricto estos motivos de exención cuando pretendan invocarlos. Los Principios de Limburgo relativos a la Aplicación del PIDESC subrayan que la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales es la que socava la verdadera seguridad nacional, y también puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales (Principio 65).52
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1), p. 17.
El Protocolo de San Salvador en su artículo 8 sobre derechos sindicales es muy similar al PIDESC, pero lo más importante de este Protocolo es que tanto estas disposiciones como las del derecho a la educación (artículo 13), cuando sean violadas por un Estado Parte pueden ser denunciadas ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos –la Comisión y la Corte Interamericanas– a través de la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. ***** En la legislación nacional de numerosos Estados no están previstos una seguridad social o un seguro social adecuados que protejan a las personas de edad, a las personas que tienen alguna discapacidad, padecen de una enfermedad o se encuentran en cualquier situación que no les permita obtener los ingresos necesarios para vivir dignamente. Al mismo tiempo, muchos países que ofrecen esta protección están comenzando a transferir la responsabilidad de estas prestaciones del Estado al sector privado.53
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1), p. 18.
Diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos consagran el principio
de la igualdad de derechos en cláusulas específicas, como el artículo tercero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
ARTÍCULO 3: Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Este artículo garantiza que los hombres y las mujeres tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar de todos los DESC y que “en caso necesario, los Estados Parte deberán emplear medidas especiales para asegurar que se alcanza esta posición de igualdad. El Pacto brinda un marco para fomentar medidas progresivas e inmediatas que permitan a las mujeres gozar, de igual manera que los hombres de derechos que ha menudo les han sido negados”,57 por ejemplo, en materia del derecho a la vivienda (artículo 11 del PIDESC) algunas disposiciones de derecho interno de los Estados niegan la posibilidad de las mujeres para heredarla. O en materia del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (artículo 7 del PIDESC) es frecuente que las mujeres perciban un salario menor al de los hombres por un trabajo de igual valor. El artículo 3 y el artículo 2 párrafo 2, brindan una protección jurídica importante frente a todas las formas de discriminación en la realización de los DESC.58 Las mujeres y los hombres tienen los mismos
Naciones Unidas, Folleto Informativo núm. 16 (Rev. 1), p. 12.
derechos por la dignidad inherente a todos los seres humanos, así que la discriminación en función del sexo –entre otras– es una violación de derechos humanos. Cabe señalar que en el marco del reconocimiento de la igualdad en la diferencia, no puede considerarse discriminatoria, por ejemplo, la protección y asistencia que el Estado debe garantizar a las mujeres en función de necesidades que les son propias, como las relacionadas a la maternidad (artículo 10, párrafo 2 del PIDESC). Sin embargo, la atención o protección que el Estado brinde a los derechos de las mujeres o de cualquier otro grupo en particular no debe ir nunca en detrimento de la atención y protección general que debe a los derechos del resto de las personas bajo su jurisdicción. Pero aún falta mucho para lograr una atención equilibrada hacia hombres y mujeres tanto por parte del Estado como de la sociedad misma. El preámbulo de la CEDAW reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. También señala que la discriminación contra la mujer, además de violar los principios de la igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural de su país y considera que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing consagran el compromiso de la comunidad internacional de velar porque la perspectiva de género se refleje en todas las políticas y programas a escala nacional, regional e internacional.59 La perspectiva de género debe introducirse en función de
Aprobadas el 15 de septiembre de 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, Las conferencias mundiales. Formulación de prioridades para el siglo XXI, Naciones Unidas, 1997, p. 59.
contribuir al goce de los derechos humanos de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. En este tenor, la incorporación de la perspectiva de género en los programas gubernamentales de combate a la pobreza, por citar un ejemplo, serviría para atender las desigualdades por motivo de género que son fuente de pobreza,60 y que están íntimamente relacionadas con limitaciones en el goce de los DESC de mujeres y hombres. Esto significa, por ejemplo, que en términos del derecho a la educación los Estados deberían contar, primero, en con estadísticas desagregadas por sexo (como tasas de alfabetización masculina y femenina) y segundo, adoptar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga, para corregir con criterios de equidad las diferencias que éstas reflejen, es decir, para asegurar que los hombres y las mujeres puedan disfrutar igualmente del derecho a la educación.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Superar la Pobreza Humana, Informe del PNUD sobre la Pobreza 2000, p. 96.
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Observación General núm. 11 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1999/4). Observación General núm. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1999/5). Observación General núm. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2000/4). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Principios de Limburgo (E/CN.4/1987/17). Principios de Siracusa (E/CN.4/1984/4). Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Superar la Pobreza Humana. Informe del PNUD sobre la Pobreza 2000. Protocolo de San Salvador, Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC (1988). Resolución de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/RES/2000/31. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/RES/2001/34. www.ilo.org (página en internet de la Organización Internacional del Trabajo). www.unhchr.ch (página de internet de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
Los derechos economicos, sociales y culturales, se terminó de imprimir en diciembre del 2001, en los talleres de Formación Gráfica, Matamoros 112, Col. Raúl Romero, Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México, C.P. 57630. El diseño y formación estuvo a cargo de Alógrafo/Ángela Trujano López, Agua 155, Col. Jardines de Pedregal, tel. 5595 4175. El tiraje consta de 1,000 ejemplares.
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ARTÍCULO 3
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