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Timestamp: 2019-09-17 10:47:58+00:00

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El mejor discurso contra la inmersión lingüística catalana cumple 10 años
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Se cumplen 10 años del mejor discurso de la historia contra la inmersión lingüística
La Ley de Educación de Cataluña cumple 10 años, y para recordarlo se están celebrando en Barcelona hoy diversos actos. Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, ha advertido de las consecuencias de una ley que a su juicio «solo ha servido para blindar el monolingüismo y el adoctrinamiento».
Sonia ha aprovechado para denunciar que la Ley de Educación de Cataluña (LEC), no solo veta el castellano, sino también al inglés, motivo por el que año tras año los alumnos catalanes se están quedando rezagados frente a, por ejemplo, los alumnos de la Comunidad de Madrid, en donde el 90% de los colegios públicos ya son bilingües castellano/inglés.
Sierra también ha lamentado que gracias al PSC, ERC y los Comunes, los símbolos separatistas se están perpetuando en las fachadas de los colegios. Los «gobiernos separatistas están más centrados en hacer propaganda de sus amigos fugados que de los problemas reales» recalca.
10 años del discurso de Antonio Robles
Precisamente ahora se cumplen 10 años del histórico discurso de Antonio Robles, ex secretario general de Ciudadanos, sobre la Ley de Educación de Cataluña y la inmersión lingüística obligatoria. Lamentablemente ha terminado siendo profético. Lo mostramos a continuación íntegro:
«Hoy se aprobará una ley para garantizar privilegios a unos catalanes y despojar de derechos a otros. No será una ley de educación ni de Cataluña, solo será una ley de adoctrinamiento para formar en el espíritu nacionalista a las generaciones venideras.
Esta ley es la culminación de una historia infame de exclusión lingüística, es la culminación de treinta años de simulaciones y mentiras para evitar la contestación social de miles de ciudadanos excluidos de sus derechos culturales y lingüísticos en la escuela. Por fin se han quitado la máscara y han dejado por escrito lo que durante tantos años han impuesto con disimulo, negando que lo imponían y acosando políticamente a una sociedad entera con la vulgaridad propia de regímenes sectarios.
¿Por qué esta ley? ¿Por qué en este momento? ¿Mejora en algo a la actual LOE? En su recorrido parlamentario ha habido dos tipos de objetivos: los mediático-publicitarios del Gobierno y los reales. Los mediático-publicitarios fueron tres; relato: hacer una ley de educación, hacer una ley de país y acabar con el fracaso escolar.
Es evidente que no es una ley de educación; lo dejó bien claro la experta sueca en educación en su comparencia parlamentaria a propósito de la LEC en este Parlamento Inger Enkvist. «He leído la propuesta de ley» –dijo– «y su texto no corresponde con las inquietudes de la educación catalana ni con el aumento de la calidad del aprendizaje de los alumnos, sino con el control y la coerción de los adultos, es decir, de los profesores. Me falta entusiasmo por el conocimiento y me sobra intención de controlar a los adultos.» Más claro, el agua.
Vendieron una ley de educación para acabar con el fracaso escolar y una ley de país, es decir, consensuada por todos. Y lo único que queda claro, después del dictamen de la LEC, es que no es de educación, que no es de consenso y que no acabará con el fracaso escolar.
Por el contrario, sí es una ley de ingeniería social para educar en el espíritu nacional a las próximas generaciones venideras. ¿Por qué no es una ley de educación? Porque han obviado todas las enmiendas que iban en esa dirección: objetivos evaluables, contenidos cognitivos –sin los cuales es imposible aprender a aprender–, rechazo de la promoción automática, incentivo para los buenos estudiantes y ayuda profesional para los que tienen dificultades, desdoblamientos, itinerarios y niveles, hábitos de estudio, disciplina, responsabilidad, detección precoz de dificultades de aprendizaje como fuente de posibles fracasos y profesionales especializados para tratarlos, devolución de la autoridad al profesor a través de su consideración como autoridad pública y no solo la del director, agenda de evaluación externa al propio Departamento de Educación de todo el sistema educativo. En dos palabras, esfuerzo e ilustración.
El colegio no ha de ser solo un patio de recreo para retener a los adolescentes ociosos, sino un espacio de trabajo sin demagogias ni falsas expectativas. La inclusión es el horizonte, pero la inclusión como dogma pedagógico es solo ideología. ¿Hemos de preparar o hemos de proteger del mundo a los alumnos? El «progresa adecuadamente» y «la vida ya los suspenderá» es el camino equivocado, y esta ley persiste en él.
¿Por qué no acabará con el fracaso escolar? Porque no tiene la ambición de ser una ley para ilustrar, sino para pasar el expediente. Para poco nos servirá un expediente engañoso, producto de un currículum devaluado, si detrás solo hay ignorancia para enfrentarse al mundo. ¿Por qué no es una ley de país? Porque tres de los seis grupos parlamentarios, total o parcialmente, rechazan el contenido de la LEC. Pero sobretodo hay un título entero, el de régimen lingüístico, que parte en dos a la sociedad catalana. El contraste con Galicia y el País Vasco nos advierte de la insoportable pesadez del talibanismo lingüístico que rezuma.
Tras esos primeros objetivos publicitarios aparecen los objetivos reales, los auténticos, que son bien distintos. Primer objetivo: blindar la inmersión y legislar la exclusión cultural. Nunca antes una ley había mangoneado la autonomía de este Parlamento forzando plazos y sacrificando la excelencia de su contenido como en esta Ley de educación de Cataluña. Nunca antes se ha visto tan descaradamente cómo los intereses del Gobierno se han impuesto a los del poder legislativo de este Parlamento; eso sí, con la aquiescencia, todo hay que decirlo, de la oposición de Convergència i Unió.
¿Por qué? Porque era necesario invalidar las cuatro sentencias judiciales que obligaban al Gobierno del señor Montilla a impartir la tercera hora de castellano –auto de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 4 del VII del 8–; que obligaban al señor Montilla a respetar la lengua materna de los niños en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas –sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 del IX del 8–; que obligaban al señor Montilla a garantizar la enseñanza en castellano al menos hasta la finalización del primer ciclo de primaria –sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 12 del XII del 8–, y que obligaban al señor Montilla a disponer de instancias de preinscripción escolar con casillas donde los padres pudieran escoger la lengua vehicular en que querían que sus hijos realizaran la primera enseñanza –sentencia firme del Tribunal Supremo del 12 del XII del 8.
Para evitar cumplir tales sentencias, que dejan al descubierto la ilegalidad y el abuso de la política lingüística del tripartito, el Gobierno del señor Montilla piensa en un decreto, pero no le sirve. ¿Por qué? Porque no evita las sentencias de los tribunales de justicia ya que las leyes orgánicas del Estado tienen más rango. Conclusión: hacemos una ley de educación que evite las sentencias de los tribunales y las leyes orgánicas del Estado; así al menos lo pretenden asentar sobre el artículo 110 del Estatuto, que señala que las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia de competencias exclusivas. Otra cosa es que esto finalmente pase el Constitucional.
A eso se ha reducido su precipitación en aprobar la LEC, ya que de entrada el próximo curso, sin ella, obligaría al Gobierno de la Generalitat a acatar el mandato de los tribunales inexorablemente. Así, con la ley aprobada, ganan tiempo para pleitear y esquivar las sentencias de los tribunales. Bonito ejemplo para morosos y delincuentes. Si el Gobierno de la Generalitat no cumple las sentencias, ¿por qué habrían de cumplirla ellos?
Curiosamente, el título II, dedicado al régimen lingüístico del sistema educativo catalán, por el que se precipitó la LE representa la institucionalización legal de la exclusión del español en la escuela. Querían una ley catalana en lengua y contenidos, tantas veces repetido, y lo han conseguido. ¿Cómo está reflejado este blindaje de la inmersión y la exclusión en el articulado? La voluntad de la ley es dejar claro desde el principio que la lengua catalana es la única lengua vehicular de la enseñanza.
No ha desaparecido el adverbio «normalmente» para evitar a los tribunales, pero la intención la deja cerrada en el artículo 11, apartados 1, 2 y 3. En el artículo 16.1 extiende la exclusividad a toda la Administración educativa. Y, no contentos con declararla propia y exclusiva, en el artículo 18.1 y 18.2 la quieren única también en todas las manifestaciones culturales y actividades de proyección externa sostenidas con fondos públicos; es decir, el chantaje de la subvención al servicio del nacionalismo lingüístico.
En el artículo 11.1 deja sentado que solo el catalán puede ser lengua vehicular. En el artículo 11.2 extiende esa exclusividad a las actividades orales y escritas, al material didáctico y a los libros de texto. En el artículo 11.3 deja sentado que los alumnos no se podrán separar nunca por lengua, lo cual quiere decir que si solo puede haber una lengua vehicular y solo puede haber un espacio educativo, ergo solo se podrá estudiar en catalán.
Y para evitar el flanco del derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos y en la primera enseñanza, como señala el artículo 12.2 de la Ley de política lingüística, y que en la LEC queda reducido al primer año de enseñanza infantil, el artículo 11.4 consagra la atención individualizada, forma sibilina de negarse a dar clases en castellano sin que se note el cuidado; es decir, las clases que habrían de darse en castellano se siguen dando en catalán y se atiende individualmente al alumno en castellano esporádicamente, como si fuera un alumno con necesidades educativas especiales. Se trata de avergonzar y presionar a los padres para que achanten y se avengan a renunciar a su propia lengua.
Todo ello va en contra de la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, que dejó sentado el concepto de conjunción lingüística. Este modelo de conjunción lingüística implica que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares y ninguna de ellas puede ser excluida; con una excepción: en la enseñanza primera el alumno ha de ser enseñado al calor de la lengua materna y todos los alumnos deben llegar al final del ciclo educativo siendo competentes en las dos lenguas por igual.
A menudo esta sentencia ha sido esgrimida como aval de la inmersión cuando es exactamente lo contrario; esta sentencia constitucional no admite la inmersión a la catalana. La sentencia del Constitucional lo deja muy claro en el apartado 10, donde contempla el aprendizaje y uso vehicular del catalán «siempre» –entrecomillado– «que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente».
La LEC consagra cuatro horas de catalán, tres de inglés pero solo dos de castellano. El artículo 9.2, de acuerdo con el artículo 51 de la LEC, determina que será el Gobierno de la Generalitat quien determine el currículum de la enseñanza de las lenguas, y ese currículum no contempla la tercera hora de castellano. Nuevamente vemos cómo la LEC se ha precipitado para evitar cumplir las sentencias que obligan a dar la tercera hora de castellano. ¿De dónde sacan tanto descaro para quitar a los demás lo que no estarían dispuestos a que le quitaran a ustedes? Es sarcástico que en la misma ley en que se consagra la elección entre la educación diferenciada y mixta, se permite la libertad de elección de centro y la libertad religiosa, se prohíba la elección de lengua. Es sarcástico. Díganme si esto es insultar; es simplemente deducir.
Una inmensa contradicción moral, además de lógica. Extiende la inmersión desde infantil a bachillerato; no deja resquicio alguno a la lengua oficial ni libertad al profesorado para relacionarse con naturalidad en clase; llega a la desfachatez de replantearse los niveles y titulaciones de catalán del profesorado. En su artículo 13.1 dice: «Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i l’han d’acreditar en la forma que es determini per reglament.» ¿Desde cuándo la legitimidad de una titulación otorgada se determinará posteriormente por un reglamento, sin competencias para ello? Uno se imagina ya a los comisarios lingüísticos por los pasillos de las escuelas con la LEC en la mano, como los talibanes con el látigo velando por las buenas costumbres.
No saben ustedes el poder que acaban de otorgar a los Savonarolas lingüísticos, que no somos todos los catalanes pero sí unos cuantos. En el artículo 13.2 añade: «El departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’actualització de les competències lingüístiques del professorat.» O sea, que le van a pasar la ITV de catalán a todos los profesores, no sea que con los años lo hayan olvidado. Increíble el disparate jurídico.
Segundo objetivo de la ley: cambiar la gestión económica y laboral de los centros educativos, cuyas primeras consecuencias serán deteriorar la enseñanza pública y no garantizar la cooperación de la concertada en la integración de la inmigración. La ley es una privatización encubierta del sistema educativo catalán o, si quieren, una voladura del sistema público de enseñanza. Cataluña, que tradicionalmente había arrastrado un déficit de plazas públicas de enseñanza, con esta ley lo acentuará.
Una ley con desigualdades sociales solo tiene un recurso para que en un futuro sus ciudadanos alcancen similares condiciones de vida: disponer de una buena escuela pública donde todos los niños y niñas, no importa de qué condición sean, tengan las mismas oportunidades de desarrollo intelectual. Esa es la única posibilidad de verdad que tienen los que nacen sin recursos económicos para cambiar su suerte. ¿Esto le parece estrafalario, señor Font? –señor socialista, señor Font.
No va por ahí sin embargo la LEC; ni siquiera se refiere a la enseñanza pública, sino al Servicio de Educación de Cataluña. Ahí se queda toda su Cataluña social. Ese Servicio de Educación de Cataluña condena definitivamente a la escuela pública a gestionar el fracaso escolar de las clases más desfavorecidas y a convertirla en centros de normalización de la inmigración.
La gestión de los centros se privatiza, pero sin atenerse a las reglas del mercado; introduce un sistema de contratación del profesorado basado en el gremialismo con la disculpa de hacer equipos homogéneos dentro de un proyecto educativo de centro; deslegitima el sistema de concurso oposición universal e introduce criterios basados en perfiles subjetivos marcados por el director, que, no lo olvidemos, es un funcionario.
De paso, acaba con el bachillerato nocturno. Será el fin de la equidad y el mérito, y el principio de la endogamia, el politiqueo y el amiguismo. Se suma a ese retorno a la arbitrariedad la creación de cuerpos docentes nuevos que son de competencia exclusiva de la LOE.
Tercer objetivo de la LEC, atomizar la responsabilidad del fracaso escolar que corresponde al Departamento de Educación en los proyectos de centro y hacer recaer en el profesorado todo el fracaso del sistema educativo. En buena medida, la LEC es un ajuste de cuentas con el profesorado; ni un solo artículo está pensado para restituir la autoridad del profesor o mejorar sus condiciones laborales, pero hay muchos donde las disminuyen.
Perderán la condición de mutualistas de Muface y la posibilidad de poderse jubilar a los sesenta años. Perderán el derecho a percibir el cien por cien del sueldo a causa de la baja médica; a partir de ahora cobrarán solo el 60 por ciento o el 75 por ciento, según los casos. Dejarán de percibir cada mes cien euros de su retribución neta, que deberán ingresar a la seguridad social como contribución a los gastos. Para simular el atropello, han introducido a última hora el punto 3 de las disposiciones adicionales, donde el Gobierno dice que promoverá modificaciones normativas que dependan del Estado, y yo no me lo creo. Las retribuciones complementarias quedarán al libre albedrío de las direcciones y de los expertos que evalúan los resultados, sin saber a qué resultados se refieren y con qué criterios se llevarán a cabo; lo único que es seguro es que serán criterios subjetivos y, por tanto, arbitrarios. Se alargará el calendario escolar y se ampliará la jornada laboral. Estarán obligados a participar en todas las actividades fuera del centro. Tendrán plaza en una zona y no en el centro, es decir, acabarán dando clases en más de un centro a la vez. Se podrá obligar a impartir cualquier materia, a partir de la consagración de la polivalencia del profesorado, sin respetar su especialidad. La libertad de cátedra estará sometida al ideario del proyecto del centro, o sea, se anulará. En vez de una ley para mejorar el sistema, parece una batería para acabar con los derechos laborales del profesorado.
Por lo demás, la ley es un disparate jurídico que invade en múltiples artículos las competencias del Estado. Esta circunstancia dará lugar a recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, está plagada de atribuciones que le corresponden al Estado, y es que su articulado es político, no educativo.
Como toda ley, debería citar y referir su legitimidad y sus límites a la legislación superior que la ampara, pero lo hace a regañadientes. Un ejemplo servirá para visualizarlo: una de las tres únicas enmiendas que logré transaccionar, de las seiscientas dos presentadas –el grupo que más enmiendas presentó–, me la aceptaron a condición de que eliminara la referencia a la Constitución española. Mientras tanto, el Estatuto se convierte en el marco de referencia normativo, dando la sensación de que lo avala todo, por encima incluso de las competencias exclusivas de leyes orgánicas del Estado y de la propia Constitución. De esta manera, el Estatuto se convierte en una constitución virtual de un proyecto virtual de un gobierno que piensa y actúa como si fuera un estado.
Al final lo que destila la ley es una voluntad segregacionista mal disimulada y peor justificada. Pero este segregacionismo no solo es imputable a Esquerra Republicana de Catalunya, ni a CiU solo, ni al honorable presidente de la Generalitat, nacido en Córdoba: es responsabilidad de la sociedad entera catalana. Me he pasado media vida teorizando sobre la alienación nacionalista, sobre el control de los medios de comunicación por parte del nacionalismo catalanista, pero lo cierto es que ha habido tiempo y ocasión –hay que reconocerlo– para que cada uno de los catalanes se diera cuenta de todo lo que se estaba haciendo con la lengua y con qué intereses. ¿Es que acaso no saben lo que pasa en Cataluña profesores universitarios, intelectuales y escritores, abogados y médicos, maestros, funcionarios de la Generalitat, directores de cine, feministas, sindicatos, curas, sociólogos, encuestadores, etcétera? ¿Acaso los periodistas ignoran lo que se cuece, por qué se cuece y para qué se cuece? Ya no es posible seguir engañándose. Como en la Cataluña franquista de los años cuarenta, aquí hay demasiada gente que es cómplice, y su silencio, culpable. Ha llegado la hora de dejar de darnos coartadas. No somos mejores que los catalanes franquistas que callaron, cooperaron y se beneficiaron en los años cuarenta porque aquí viven, y viven muy bien, en este negocio nacional, demasiados catalanes aseados. Sus sueños, señores nacionalistas, desgraciadamente, como ven por mi discurso, son nuestras pesadillas. Y después llénense la boca de cohesión social.»
El resultado 10 años después ha sido el siguiente:

References: artículo 110
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 13