Source: https://www.grupo-acap.es/nuestros-servicios/analisis-y-evaluacion-de-politicas-publicas/
Timestamp: 2020-08-06 16:25:31+00:00

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Análisis y evaluación de políticas públicas | Asesores y Consultores en Administraciónes Públicas
El área de Análisis y Evaluación de políticas públicas de ACAP presta ayuda a las Administraciones Públicas en la resolución de los problemas públicos a través de la elaboración de políticas públicas y la evaluación de las mismas.
El enfoque y la metodología empleados tanto para la elaboración de políticas públicas como para su evaluación es el del Análisis de las políticas públicas, el cual sirve para el desarrollo de dos tareas fundamentales:
En primer lugar, para conocer cómo se debe afrontar la resolución de un problema público.
En segundo lugar, para conocer, desde un punto de vista científico, cómo se ha abordado la resolución de un problema público: ver si estaban adecuadamente planteados los objetivos de la intervención, si la hipótesis de partida era sólida, si tanto el plan como los programas se han ejecutado correctamente y por ultimo, si se han conseguido los objetivos en los que se basaba la resolucion del problema publico y si esto se ha debido a la hipotesis de la intervencion. Todo ello, a traves de la evalucion de la politica.
Por lo tanto, la metodología empleada -el Análisis de Políticas Públicas- permite conocer cuáles son las fases normativas de la elaboración de una política pública (resolución de un problema público), partiendo de la base de que no todos los problemas públicos deben ser resueltos por los gobiernos, dado que la sociedad civil ya resuelve muchos de ellos, y cómo la colaboración entre ambos empieza a ser una necesidad en las sociedades actuales para la resolución de problemas sociales complejos (gobernanza), para en una segunda fase pasar a explicar cómo se pueden evaluar los resultados obtenidos en la resolución de un problema público.
Elaboración de políticas públicas sectoriales
Este proceso en global desde la colaboración con los gobiernos en la definición del problema público a resolver; la posterior formulación de la política pública –construcción de la lógica de la intervención- y, finalmente la puesta en marcha de la misma.
De manera más concreta, se ofrece soporte a los Gobiernos y las Administraciones en los siguientes aspectos:
Elaboración de documentos dirigidos a informar el proceso de toma de decisiones sobre el problema público a resolver. Por su importancia en este aspecto, caben destacar los libros blancos o verdes, que son informes y/o guías que sustentan la fórmula más idónea de enfrentarse a la resolución de un determinado problema público.
Elaboración de la política pública, así como la lógica de la intervención de la misma. Este proceso, en líneas generales, se concretará en la elaboración de borradores denormas –por lo general, Leyes-.
Elaboración de los documentos y la normativa de desarrollo que materialice el proceso de ejecución de la política pública.
En líneas generales, el proceso de implementación de toda política pública se materializa a través de Planes Estratégicos [1], que habrán de concretar tanto la planificación de la política, como las diferentes actividades e instrumentos operativos a partir de los que ésta se desarrollará. De manera más concreta, en estos planes estratégicos se habrán de incluir los programas y acciones diseñados para la resolución de los problemas que se pretendan abordar con la política en cuestión, operativizándose en decretos y órdenes, respectivamente.
Más específicamente, el equipo de Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, está especializado en el desarrollo y evaluación de las siguientes políticas públicas sectoriales:
Política de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Politicas de Empleo.
Políticas de financiación universitaria.
Políticas de Gobierno Abierto (reutilización de la información del sector público, opem data, participación ciudadana, cooperación).
Politicas de Seguridad Alimentaria y trazabilidad.
En nuestra sociedad democrática, los gobiernos y el parlamento elaboran una serie políticas públicas para la solución de problemas públicos, las cuales son diseñadas por los gobiernos, aprobadas por estos o por los parlamentos oportunos y ejecutadas por la Administración. Esta relación entre diseño, aprobación y ejecución hace necesario realizar una evaluación que englobe estos aspectos en tanto que, desde nuestro punto de vista, no se trata únicamente de evaluar los resultados, si no todo el proceso.
En este sentido, puede definirse, la evaluación,como la aplicación de métodos sistemáticos de investigación social con el objeto de comprobar y examinar el diseño, la formulación, la implementación, la utilidad y los resultados de las políticas públicas.
En el área de Análisis y Evaluación de políticas públicas de ACAP se entiende que la evaluación de las políticas tiene una finalidad eminentemente práctica que se traduce en la búsqueda de varios objetivos:
Por un lado, contribuir a la mejora de la eficacia de la intervención pública, tanto desde el punto de vista de la forma de gobernar como de la actuación de las Administraciones Publicas en su función de implementar las políticas públicas, a través de evaluar si los resultados de estas se han debido a las hipótesis de la intervención.
En segundo lugar, impulsar la transparencia, y la responsabilidad pública por parte de las entidades que se encargan de la gestión de las políticas, en la medida en que estas evaluaciones y sus resultados sean publicados.
En tercer lugar, no sólo fomentar el aprendizaje organizativo sino también, fomentar la cultura evaluativa de las acciones de gobierno en las que intervengan las administraciones públicas, en la medida que con su publicación se llegue a disponer de un repositorio de evaluaciones que ayude a la mejora sistemática en la elaboración de las Políticas Públicas, así como, de su evaluación.
Los trabajos realizados en el ámbito de la evaluación de políticas públicas pivotan en un doble sentido:
1.- De un lado, en la colaboración con los gobiernos (central, autonómico y local) y las diferentes administraciones públicas en el proceso de institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas, entendido en un doble sentido:
Dando soporte en la creación de órganos u organismos públicos con atribuciones específicas sobre la evaluación de políticas públicas, y más concretamente de aquellas políticas públicas que forman parte de la agenda de los gobiernos.
Incorporando la perspectiva de la evaluación durante el proceso de elaboración de las políticas públicas. En este sentido, desde ACAP se considera que, bastaría con que cualquier política pública, tenga el formato que tenga (Ley, Decreto, Plan, Programa y Orden) requiriera, para su aprobación, el desarrollo de una fase de evaluación de la misma.
2.- De otro lado, en la evaluación de cuántas políticas públicas sectoriales sean encomendadas, así como en el diseño de sistemas de evaluación adaptables a las mismas.
En esta materia, cabe destacar la experiencia que nuestro equipo de trabajo atesora en la evaluación y el diseño de sistemas de evaluación de políticas de investigación, desarrollo e innovación, de políticas de empleo, de políticas de financiación universitaria, de políticas de Gobierno Abierto y de políticas de Seguridad Alimentaria.
Políticas transversales de Modernización de la Administración
Este tipo de políticas han de ser entendidas como instrumentos dirigidos a mejorar la formulación de las políticas públicas –y que como ya se ha comentado, normalmente se materializan en legislación: leyes, reglamentos, órdenes…etc-. Desde esta perspectiva el equipo de trabajo de ACAP se ha especializado en prestar soporte, a los distintos Gobiernos, en la institucionalización de una política de calidad normativa con el objetivo primordial de mejorar el proceso de elaboración de las políticas públicas, para que los objetivos de las normas –nacionales y autonómicas- se logren con mayor facilidad y eficiencia.
Para la consecución de los objetivos de la calidad normativa es necesario desarrollar una serie de herramientas que ayuden a mejorar la calidad técnica y material de las normas. Por ello, desde ACAP, se considera fundamental, la puesta en marcha de los siguientes instrumentos, en los que la compañía presta asistencia:
La simplificación normativa, que se propone aligerar los instrumentos legislativos mediante la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de manera especial la refundición, la codificación y la consolidación de textos legislativos. El fin último es ofrecer a la ciudadanía una legislación más clara, sencilla y fácil de comprender, mejor ordenada y completamente actualizada.
La mejora de la regulación evitando costes administrativos.
La técnica legislativa o normativa, en la que el equipo de Asesores y Consultores en Administraciones Públicas presta ayuda en el diseño de directrices comunes de técnica normativa, con objeto de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, desarrollado en el artículo 9.3 de la Constitución.
La evaluación del impacto normativo, para valorar los costes y consecuencias de la promulgación de cada norma y evaluar los anteproyectos de las nuevas. Esta herramienta, de manera más concreta, consiste en una evaluación sistemática de los efectos de las normas, de modo prospectivo (evaluación ex ante o de un borrador de norma) y retrospectivo (después de haber aplicado la norma o ex post). Asimismo, y en este ámbito también es frecuente la colaboración con gobiernos y administraciones en la elaboración de evaluaciones de impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad de las normas.

References: resolución 
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 artículo 9