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Timestamp: 2017-12-15 19:54:01+00:00

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Nuevas obligaciones de información para las grandes empresas y las sociedades cotizadas - Lexology
Spain November 29 2017
Mediante Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, publicado en el BOE el pasado sábado 25 de noviembre («Real Decreto-ley»), se traspone en nuestro ordenamiento la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos e información sobre diversidad por parte de las sociedades anónimas cotizadas.
En virtud de la trasposición de la citada Directiva, cuya finalidad es aumentar las obligaciones de información para identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general, el Real Decreto-ley modifica determinados preceptos del Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas para regular nuevas obligaciones de divulgación de información no financiera que deben incluir las grandes empresas en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas anuales (individuales o consolidadas) o en un informe aparte correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y la información sobre políticas de diversidad que tienen que incluir las sociedades anónimas cotizadas en sus informes anuales de gobierno corporativo, así como la actuación de los auditores de cuentas en dichas materias.
1. Ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 1.1. Las nuevas obligaciones de divulgación de información no financiera contenidas en el Real Decreto-ley se aplican a las sociedades (o grupo de sociedades), incluidas las sociedades de capital, consideradas «entidades de interés público» por la legislación de auditoría de cuentas1 , cuyo número medio de trabajadores (de la sociedad, o, en su caso, del conjunto de sociedades que integran el grupo) sea superior a 500 y, que a su vez sean consideradas «grandes empresas». El artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital («LSC») y el artículo 49.5 del Código de Comercio («CCo»), en su nueva redacción dada por el Real Decreto-ley, establecen los requisitos, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, que deben reunir las entidades de interés público para ser consideradas «grandes empresas»: son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 1º) Que el total de las partidas del activo (o, en su caso, del activo consolidado) sea superior a 20.000.000 de euros. 2º) Que el importe neto de la cifra anual de negocios (o, en su caso, la cifra anual de negocios consolidada) supere los 40.000.000 de euros. 3º) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.2 1 Se consideran entidades de interés público efectos de la normativa sobre auditoría de cuentas: a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones. c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos. d) Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. f ) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores. Las entidades mencionadas en el apartado b), c) y e) perderán la consideración de entidades de interés público si dejan de reunir durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, los requisitos establecidos en dichos apartados. 2 No obstante, no estarán sometidas a los requisitos del Real Decreto-ley las entidades que dejen de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de los requisitos descritos en este apartado o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500. Análisis | Noviembre 2017 3 No obstante, una empresa perteneciente a un grupo estará exenta de esta obligación si dicha empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa en el que se cumple con dicha obligación. 1.2. Las nuevas obligaciones de información sobre políticas de diversidad del informe anual de gobierno corporativo corresponden a las sociedades anónimas cotizadas. 2. Nuevo estado de información no financiera 2.1. El Real Decreto-ley añade los nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 49 Cco y da nueva redacción al apartado 5 del artículo 262 LSC, añadiendo además un nuevo apartado 6, regulando el contenido del estado de información no financiera que debe incluirse, respectivamente, en el informe de gestión de las cuentas anuales consolidadas e individuales, o bien en un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, con el mismo contenido y sometido a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. 2.2. El estado de información no financiera debe incluir una breve descripción del modelo de negocio de la entidad (o del grupo), las políticas, procedimientos y medidas aplicadas respecto a cuestiones medioambientales y sociales, así como información sobre el personal, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno, para la identificación y evaluación de riesgos y de verificación y control, los resultados de esas políticas y los principales riesgos vinculados a esas cuestiones, junto con indicadores clave de resultados no financieros3 que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta. Respecto a cuestiones medioambientales, la Directiva señala que las empresas deberán facilitar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica. Respecto a cuestiones sociales y relativas al personal, A su vez, entraran en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley en los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de la sociedad (o desde la constitución de un grupo de sociedades), cuando al cierre del primer ejercicio, la sociedad (o la sociedad dominante) cumplan al menos dos de las tres circunstancias mencionadas en este apartado y el número medio de trabajadores empleados por la sociedad (o por el grupo) sea superior a 500. 3 En España se han llevado a cabo iniciativas sobre indicadores fundamentales financieros y no financieros como los propuestos por la Guía para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el modelo sobre información integrada de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, recogido en el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL, referenciado, a su vez, por la citada Guía de la CNMV. Análisis | Noviembre 2017 4 la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales. En relación con los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas para mitigar y reparar los posibles abusos cometidos, e información sobre instrumentos para luchar contra la corrupción. 2.3. Si la sociedad (o el grupo de sociedades) no aplica política alguna en las cuestiones antes mencionadas, el estado de información no financiera deberá ofrecer una explicación clara y motivada al respecto. 2.4. La información deberá basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales reconocidos, debiendo especificarse en qué marcos se ha basado. En España podrá utilizarse el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que está adaptado a nuestro ordenamiento jurídico. 2.5. La información contenida en el informe de gestión en ningún caso justificará su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas. 3. Nueva información a incluir en el informe anual de gobierno corporativo: política de diversidad. El Real Decreto-Ley modifica la redacción del subapartado 6º del artículo 540.4 c) LSC, incluyendo la obligación de las sociedades cotizadas de incluir en el informe anual de gobierno corporativo una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración (incluyendo objetivos, medidas aplicadas, formas en que se han aplicado y resultados, así como medidas acordadas, en su caso, por la comisión de nombramientos), que comprenda cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género (que se referirá a las medidas que se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo un número de mujeres que alcanzar una presencia equilibrada de hombres y mujeres). En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación de establecerla, pero deberá explicarse claramente el motivo por el que no se aplica. Las entidades pequeñas y medianas solo están obligadas a proporcionar información sobre las medidas que hubiesen adoptado en materia de género. 4. Actuaciones de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría El Real Decreto-Ley modifica el artículo 35 de la Ley de Auditoría de Cuentas, indicando que, respecto al estado de información no financiera, el auditor deberá comprobar únicamente Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Noviembre 2017 5 que dicho estado se encuentre incluido en el informe de gestión o, en su caso, se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado, y, con relación al informe anual de gobierno corporativo, el auditor deberá comprobar que la información contemplada en el artículo 540.4 LSC ha sido incluida. En caso de que no fuera así, se indicará en el informe de auditoría. 5. Entrada en vigor y aplicación Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley (que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE), serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios computables, a efectos de verificar si la entidad cumple los requisitos para ser considerada «gran empresa» serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.

References: artículo 262
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 262
 artículo 540
 artículo 35
 artículo 540