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Timestamp: 2018-07-23 14:04:00+00:00

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Se analizará el Derecho de Fundamentación, para el efecto, los temas a tratar se inician con la Fundamentación de las Resoluciones Judiciales como Derecho del Imputado, seguidamente el Derecho de Fundamentación y el Principio de Legalidad, el Derecho de Fundamentación y la Delegación de Funciones Judiciales.
PRISIÓN PREVENTIVA TOMO II
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................ iv CAPÍTULO IV
LA PRIMERA DECLARACION ...............................................................
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................... 2 4.1 LA IMPORTANCIA PROCESAL DE OÍR AL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL Y EL DERECHO DE DEFENSA PENAL 3
4 .2 EL ACTO PROC ESAL DE L A DECL ARACIO N DEL IMP UTADO
4 .2.1 Como Acto Procesal a Presenciar .........................................................4 4 .2.2 Como Acto Judicial de Resolver............................................................5 4.3 LA ACTIVIDAD PROCESAL BÁSICA QUE DEBE DE OBSERVAR EL DEFENSOR, PREVIO A INICAR EL ACTO PROCESAL DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO.........................................................5 4.3.1 La Comunicación Previa con el Sindicado..............................................5 4 .3.2 Libertad de Comunicación con el Imputado..............................................6 4.4 LAS CONDICIONES HUMANAS DEL IMPUTADO OBSERVADAS DURANTE LA COMUNICACIÓN PREVIA................................................................................7 4.5 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME POLICIAL O EN EL EXPEDIENTE DEL PROCESO ........................................ 12 4.5.1 El Ámbito Procesal ................................................................................13 4.5.2 El Ámbito Dogmático Penal...................................................................14 4.6 LAS ACTITUDES DE DEFENSA TÉCNICA QUE DEBE REALIZAR EL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA ..............................................................16 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN............................................................................. 20
Página CAPÍTULO V DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN........................................................................ 21 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................... 23 5.1 FUNDAMENTACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES COMO UN DERECHO DEL IMPUTADO ...................................................... 24 5.2 EL DERECHO DE FUNDAMENTACION Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ..............................................................................................24 5.3 EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES JUDICIALES ......................................................................26 5.4 FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA ACUSATORIO GUATEMALTECO....................................28 5.4.1 Requisitos formales para motivar el Auto de Prisión Preventiva.. 28 5.4.2 Requisitos materiales para motivar el Auto de Prisión Preventiva 30 5.4.2.1 De la existencia de la información de un hecho punible.... 30 5.4.2.2 Motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido un hecho o ha participado en él ........................... 34 5.4.3 Presupuestos materiales básicos para motivar el Auto de Prisión Preventiva .................................................................................. 37 5.4.3.1 Peligro de Fuga ............................................................... 37 5.4.3.2 La obstaculización de verdad.......................................... 38 5.5 EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ............................................................................. 39 5.6 LA MEDIDA SUSTITUTIVA, COMO UNA MEDIDA DE COERCIÓN ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA, DE APLICACIÓN GENERAL........................................................................................................... 41 5.7 CONCLUSIONES ............................................................................................... 43 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ........................................................................ 44
RECURSO DE APELACIÓN DEL AUTO DE PRISION PREVENTIVA Y EXHIBICIÓN PERSONAL ............................................................................................... _ 45 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................47 6.1 FACULTADES DE RECURRIR ...................................................................___ 48 6.1.1 PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN.......................................................48 6.1.1.1 Consideraciones Generales....................................................... 49 6.1.1.2 Apelación del Auto que decreta la Prisión Preventiva ............... 49 6.1.1.3 La Obstaculización de la Averiguación como Fundamento para Decretar la Prisión ............................................................. 53 6.1.1.4 Apelación de Autos que imponen Medidas Sustitutivas Desnaturalizadas o de Imposible Incumplimiento .................... 54 6.1.1.5 Inobservancia de la forma en los actos procesales.................. 55 6.1.1.6 Ausencia de fundamentación en la resolución ......................... 56 6.1.1.7 Ausencia de pronunciamiento del juez que resuelve la petición formulada por la defensa en la primera declaración............................................................................... 58 6.1.2 TIEMPO Y FORMA ............................................................................... 59 6.1.3 TRÁMITE.............................................................................................. 59 6.2 EXHIBICIÓN PERSONAL ............................................................................. 59 6.2.1 NATURALEZA JURÍDICA ................................................................... 59 6.2.2 PROCEDENCIA.................................................................................. 60 6.2.2.1 Quien se encuentre Ilegalmente Preso, Detenido o Cohibido de cualquier otro modo en el Goce de su Libertad................................................................................ 60 6.2.2.2 Quien se Encuentre Amenazado de la Pérdida de su Libertad............................................................................... 62 6.2.2.3 Quien Sufre Vejámenes, aún cuando su Prisión o Detención fuere Fundada en Ley .......................................... 63 6.2.2.4 Violación del Principio de Legalidad ......... .............................. 63 6.2.3 LEGITIMACIÓN .................................................................................64
6.2.4 TRÁMITE .......................................................................................... 64 6.2.5 RESOLUCIÓN FINAL .......................................................................65 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ......................................................................66 BIBLIOGRAFÍA GENERAL.................................................................................67
En el tomo 1 de este módulo usted analizó, estudió y vinculó con la práctica aspectos relacionados con el Marco Teórico del lus Puniendi, y el Derecho a la Libertad Personal, el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia. Asimismo lo relativo a las Medidas de Coerción y Estado de Inocencia, como también los Límites Legales en la Aplicación de Medidas de Coerción Procesal. Como parte del proceso de aprendizaje, en el capítulo II se estudiaron las Nociones Básicas de la detención, los Principios Mínimos Limitadores del lus Puniendi, los Momentos de la Detención y también se hizo referencia a los Actos Equívocos, la Problemática de la Detención por particulares y el Ingreso del Detenido a Centros Carcelaríos. La Violación del Principio de Inmediación Procesal en la Primera Declaración, fue abordado en el capitulo III en una relación teoría - práctica que le permitió recordar aspectos relacionados con Consideraciones Generales sobre los Principios Procesales Vinculados con la Inmediación del Juez. Se abordó el Principio de Inmediación y su relación con la Oralidad, la Primera Declaración y las características de ésta. Dentro del estudio que venimos realizando, la Ausencia del Juez en la Primera declaración del Imputado y las Consecuencias de la Violación del Principio de Inmediación, analizando las Manifestaciones del Imputado, el Derecho de Recusación y Excusa, así como la Realización de Comisiones Judiciales, formaron parte del tema denominado Prácticas Tribunalicias. Finalmente, el tomo 1 permitió al defensor, analizar, comparar y realirnsntar. Estrategias de Defensa ante la No Presencia del Juez en la Primera Declaración. Con el capítulo IV del módulo, denominado La Primera Declaración, da inicio al tomo II del Módulo de Prisión Preventiva, en el que se estudiará, la Importancia Procesal de Oír al Imputado en el Proceso Penal y el Derecho de Defensa Penal, el Acto Procesal de la Declaración del Imputado, la Actividad Procesal Básica que debe Observar el Defensor, previo a iniciar el Acto Procesal de la Declaración del Imputado. En el siguiente capítulo, se analizará el Derecho de Fundamentación, para el efecto, los temas a tratar se inician con la Fundamentación de las Resoluciones Judiciales como Derecho del Imputado, seguidamente el Derecho de Fundamentación y el Principio de Legalidad, el Derecho de Fundamentación y la Delegación de Funciones Judiciales. Se hace énfasis en lo relativo a la Fundamentación del Auto de Prisión Preventiva en el Sistema Acusatorio Guatemalteco, planteando los Requisitos
Formales y Materiales para motivar el Auto de Prisión Preventiva, tanto a nivel legal como fáctico, como también los Presupuestos Materiales Básicos para los Motivar el Auto de Prisión Preventiva. En el desarrollo del capítulo VI, se abordan las Facultades que tiene el Defensor para Recurrir, la Procedencia de la Apelación, el Tiempo y Forma de Plantear el Recurso, así como los Aspectos Relacionados con el Trámíte del mismo. Dentro de esta primera parte del capítulo, se hace énfasis en la Apelación del Auto que Decreta la Prisión Preventiva, la Obstaculización de la Averiguación como Fundamento para Decretar la Prisión, resaltando las posibilidades de que la misma sea racional. También se enfoca lo relativo a la Apelación de Autos que imponen Medidas Sustitutivas Desnaturalizadas o de Imposible Cumplimiento, La segunda parte del capítulo, presenta los Principales Aspectos que giran en torno a la Exhibición Personal, abordando la Naturaleza Jurídica del mismo, su Procedencia, Legitimación, Trámíte y Resolución Final. Con este capitulo se finaliza, tanto el tomo II como el Módulo de Prisión Preventiva, Se espera que después de estudiados y analizados todos y cada uno de los capítulos, realizadas las tareas y actividades índicadas en el desarrollo del mismo y del cuaderno de trabajo, así como haber asistido a las reuniones de trabajo locales y las tutorías regionales, el defensor, continúe presto a la realización de sus actividades profesionales diarias, con nuevas actitudes y herramientas, que contribuirán a una mejor realización de su trabajo, Para el éxito de su aprendizaje, es importante qUe recuerde las instrucciones que al inicio del tomo 1 se le dieron a conocer, las cuales son también de aplicación, para todo este segundo tomo, Con la experiencia que obtuvo en el desarrollo del tomo uno, es importante que usted vaya previendo el tipo de materiales, recursos, etc: que requiere, para el logro tanto de los objetivos terminales, como específicos que se incluyen en cada capítulo, con ello realimentará tanto su trabajo como el de otros d@fenooros, que comparten con usted este módulo, Vuelva a revisar la programación de las reuniones locales, c®rri® las tutorías regionales a las que deberá asistir, a efecto de que tanto la lectura de este material básico, como la documentación que requiera llevar a dichas feunl®ne@, la obtenga con la debida anticipación Esperamos que con el auxilio de su cuaderno de trabajo y las reuniones tanto locales, como las tutorías presenciales, su aprendizaje se esté traduciendo en cambios de actitudes y una mejor eficiencia como defensor.
El equipo de UNIFOCADEP, del Instituto de la Defensa Pública Penal, lo insta a que aporte su mejor esfuerzo para que aunado al institucional, se logren los objetivos propuestos, así como se trascienda del aprender a aprender y del aprender a hacer, a un escenario diferente, el aprender a ser.
¡¡¡ÉXITOS EN ESTE SEGUNDO TOMO DEL MÓDULO!!!
LA PRIMERA DECLARACIO1
4.1 LA IMPORTANCIA PROCESAL DE OIR Al IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL Y El DERECHO DE DEFENSA PENAL
4.2 EL ACTO PROCESAL DE LA DECLARACION DELIMPUTADO 4.2.1 Como Acto Procesal a Presenciar 4.2.2 Como Acto Judicial de Resolver 4.3 LA ACTIVIDAD PROCESAL BÁSICA QUE DEBE DE OBSERVAR EL DEFENSOR, PREVIO A INICIAR EL ACTO PROCESAL DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO
4.3.1 La Comunicación Previa con el Sindicado 4.3.2 Libertad de Comunicación con el Imputado 4.4 LAS CONDICIONES HUMANAS DEL IMPUTADO OBSERVADAS DURANTE LA COMUNICACIÓN PREVIA 4.5 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA INFORMACIÓN POLICIAL O EN EL EXPEDIENTE DEL PROCESO 4.5.1 El Ámbito Procesal 4.5.2 El Ámbito Dogmático Penal 4.6 LAS ACTITUDES DE DEFENSA TÉCNICA QUE DEBE REALIZAR EL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA
Al finalízar el capítulo, el defensor deberá evidenciar su aprendízaje, a través de:
1. Explicar la importancia del acto procesal de oír al imputado 2. Indicar la importancia de relacionar el acto procesal con el acto judicial de resolver, al momento de oír al imputado
3, Explicar las observancias que devíenen de la comunicación previa y libre entre imputado y defensor 4. Analizar el ámbito procesal y dogmático penal como resultado del análisis de la información policíal, para que sirvan de argumento en el momento de plantear la estrategia de defensa 5. Indicar qué tipo de actitudes mínimas de¡ defensor, no se pueden obvíar en el acto procesal de oír al imputado
4.1 LA IMPORTANCIA PROCESAL DE OÍR AL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL Y EL DERECHO DE DEFENSA PENAL
El Estado, en el ejercicio del lus Puniendi, debe respetar los límites legales (derechos y garantías de los ciudadanos frente al poder punitivo), entre ellos, el de hacerle saber al sindicado, el hecho que se le imputa. En efecto, el derecho constitucional de que goza todo sindicado, de ser escuchado por juez competente y preestablecido, atañe al principio de legalidad, ya que el Estado no puede a espaldas de éste, iniciarle proceso penal. La Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza que todo ciudadano sometido al proceso penal debe ser citado, escuchado y vencido en juicio. Este derecho entonces, no sólo exige la presencia física de quien es imputado, sino además la exigencia de hacerle saber, en qué consiste esa imputación y cómo, frente a ese acto, éste se va a pronunciar. Es aquí donde el proceso penal diseña un acto, en donde pueda cumplirse con este requisito. El sindicado tiene derecho a ejercer la defensa material, reconocido éste, como un derecho del sindicado a defenderse por sí mismo; pero eso no indica que este ciudadano se encuentre en plenas condiciones de igualdad procesal. A quienes se les tiene encomendada la tarea de perseguir, investigar y acusar penalmente, tienen conocimientos técnico-jurídicos (para el caso de Guatemala, los Fiscales del Ministerio Publico, deben ser Abogados y Notarios). Estos, frente al imputado poseen mayores conocimientos en materia legal; con mayor razón si el sindicado no tiene instrucción alguna. Es allí en donde la defensa técnica, juega un papel importante, ya que el defensor también es abogado y su función fortalecerá ese derecho de defensa penal. Por esta razón es de suma importancia la intervención del Defensor Público del Instituto de la Defensa Pública Penal.
El Defensor Público debe recordar al imputado, que la Constitución Política de la República de Guatemala, le garantiza el derecho de saber en qué consiste la imputación y cómo fi rente a este acto él va a pronunciarse.
4.2 EL ACTO PROCESAL DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO
(art. 8.1 C.A.D.H./ art. 7, 9, 12 C.P.R.G./ art. 3, 81, 82, 83 y 84 C.P.P.) Se indicó anteriormente que el proceso penal diseña un momento, en donde el Estado le hace saber al sindicado, el hecho, del cual se le sindica. Pero este acto previamente diseñado, necesita de dos momentos básicos, para que revista esa importancia:
Como un acto procesal a presenciar (art. 12 C.P.R.G.; 81-87 C.P.P.) • Como el acto judicial de resolver (art. 1411 L.O.J.; 257, 259 y 320 C.P.P.) 4.2.1 COMO ACTO PRESENCIAR: PROCESAL A
Este acto procesal para su validez, debe de garantizarse con la presencia del Juez de Primera Instancia (principio básico del sistema procesal penal acusatorio), que es el funcionario judicial competente para el efecto, quien deberá indicarle los siguientes derechos al sindicado: Manifestarle la importancia del acto; El hecho o los hechos, dependiendo del caso, que se le imputa; La claridad y comprensión de esos hechos; El derecho que tiene de pronunciarse en su presencia; La decisión que como juez dictará; y Asistirse de un abogado defensor para garantizar el derecho de defensa técnica penal. Este último tema tiene estrecha relación con el principio de inmediación procesal, el cual fue tratado en el capítulo anterior.
4 . 2 . 2 COMO ACTO JUDICIAL DE RESOL VE
La importancia del acto procesal no estaría completa, si éste no tiene como propósito, resolver la situación jurídica del imputado y proporcionar certeza a ese acto de poder punitivo del Estado. Todo lo que en ese acto procesal suceda, deberá quedar plasmado en el acta correspondiente. La importancia del acto judicial de resolver, como una facultad exclusiva del juez, no estriba en una actividad más de sus funciones de escritorio, sino por el contrario, es en ese acto eminentemente oral, donde deberá tomar una decisión al respecto, la cual deberá quedar escrita, para los efectos del proceso mismo y para garantizar el derecho de defensa penal. Por esa razón, ese acto procesal sin la posterior resolución judicial, no tendría sentido alguno.
4.3 LA ACTIVIDAD PROCESAL BÁSICA QUE DEBE DE OBSERVAR EL DEFENSOR, PREVIO A INICIAR EL ACTO PROCESAL DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO. (art. 8.2. b, c, d y e.
C.A.D.H./ art. 8 y 12 C.P.R.G./ art. 92 C.P.P.) El juez debe generar el ambiente propicio para realizar esta función jurisdiccional, en materia penal. Estas condiciones mínimas se entienden, como un derecho del sindicado y un signo de acceso a la justicia penal. Para el Defensor Público entonces, no sólo existen dificultades, de carácter eminentemente procesal en ese acto, sino además, una serie de inconvenientes estructurales, que afectan la función de defensa penal y otros derechos del sindicado. 4.3.1 LA COMUNICACIÓN PREVIA CON EL SINDICADO: Es un derecho del imputado que, antes de realizar el acto procesal en mención, éste se comunique previamente, con quien le va a asistir en la defensa técnica. Este es un derecho garantizado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 8.2), la Constitución Política de la República de Guatemala (Art. 8) y el Código Procesal Penal (Art.92)
Hay problema cuando no existe comunicación previa con el imputado, sea porque éste no ha sido llevado con suficiente tiempo al juzgado, o porque los operadores de justicia no facilitan ese derecho. El Defensor Público, en este caso debe exigir la comunicación previa con el imputado, puesto que la noticia obtenida de la información policial, no es la única, y dependiendo de la información del sindicado, será sometida al análisis y será confrontada para efectos de preparar la estrategia de defensa. La comunicación con el imputado también debe reflejar el nivel de sensibilidad del defensor, considerando que es el único que tiene un contacto personal, ético y profesional con él. El defensor no debe ver a éste como parte de su trabajo diario, todo lo contrario, en la medida de lo posible, ganarse la confianza, para que el usuario se sienta cómodo y asistido en su defensa. 4.3.2 LIBERTAD DE COMUNICACIÓN CON EL IMPUTADO: Esto se refiere, no únicamente a la comunicación entre abogado y cliente como un derecho, sino a las condiciones en que debe darse esa comunicación con el sindicado. Es común que en el espacio físico de los juzgados, el defensor no tenga la privacidad necesaria para hablar con su cliente y con mayor razón, cuando el guardia penitenciario no se retira brevemente, para que exista esa comunicación libre. Esto rompe con el nivel de confianza que se pueda generar hacia el imputado. Por esa razón, la recomendación es solicitarle al juez, poder utilizar algún espacio físico, donde se pueda dar esta comunicación libre y reservada con el sindicado. En conclusión, las actitudes mínimas que deben observarse en ese momento previo serán:
La Convención Americana sobre Derechos humanos garantiza al imputado el derecho de comunicarse libre v privadamente con el Defensor Público antes de realizar el acto procesal
Cite en cuaderno trabajo,
dos casos, en donde
previa y libre con el sindicado, haya tenido u n resultado positivo, al momento de ejercer la defensa técnica.
La comunicación debe ser libre y privada; (art. 8.2. b y c C.A.D.H.; art. 17.g L.S.P.D.P.) Ser sensible al momento de comunicarse con el sindicado (es un acto humano); Escuchar con atención y paciencia, lo que manifiesta el sindicado;
• Utilizar un lenguaje sencillo, para aclarar algunos aspectos de su relato y para comunicarle el hecho por el cual se le sindica.
No permitir que se realice el acto procesal, si previamente no se ha dado la oportunidad de comunicarse con su defendido.
4.4 LAS CONDICIONES HUMANAS DEL IMPUTADO OBSERVADAS DURANTE LA COMUNICACIÓN PREVIA
En la medida que se garantice ese derecho de comunicación previa, libre y reservada con el detenido, se podrán observar otras circunstancias, bajo las cuales el imputado se encuentra sometido previamente a ese acto procesal. En efecto, las condiciones del imputado en ese momento procesal son básicas, para realizar una defensa técnica y material a la que tiene derecho, pero, si sus facultades mentales o físicas están disminuidas, él no está preparado para ese acto y es labor del defensor, no solo detectar las causas de esa disminución en sus facultades, sino además, ponerlas en conocimiento del juez de las garantías. Analicemos algunos casos en la siguiente página.
En el año 1999, un joven es puesto a disposición, del Juez de Menores, por manifestar que había matado a su progenítora, de varias puñaladas. El joven, bastante delgado, presentando algunos signos de mala nutrición, con las ropas manchadas de sangre, parecía estar bajo algún efecto de drogas. Esa era la versión de los policías captores, quienes atribuían a ello, la ausencia mental que manifestaba el joven, ya que no respondía a las preguntas, tenía la mirada perdida y parecía no coordinar bien sus movimientos corporales. Momentos después, llega la fiscal asignada, para atender tan grave caso (parricidio), y al dirigirse al joven menor, detecta las condiciones psicológicas indicadas en el párrafo anterior, y considera que debe ser evaluado antes de ser escuchado al respecto. Al realizarle la evaluación respectiva, se determina que el menor presentaba un trauma cerrado de cráneo en la parte de atrás de la cabeza y es internado de emergencia, pues la lesión era grave. Es de hacer notar que la oportuna intervención del Ministerio Publico, prácticamente le salva la vida al menor, quien al final no había cometido ningún crimen. La verdadera historia, después del proceso de investigación, determinó que su progenitora, quien mantenía relaciones lesbianas, con una joven mujer, empezó a pelear con esta última, quien fue la que provocó las heridas de arma blanca a la madre del menor. Éste, al darse cuenta de la situación, sale en defensa de su madre y en el forcejeo recibe por parte de la amante de ésta, un golpe en la cabeza provocado con un banquillo que lo deja inconsciente. COMENTARIO: Si se realiza una buena comunicación previa con el imputado, el Defensor Público puede detectar, un sin fin de circunstancias, con las que puede construir, su estrategia a seguir, en el ejercicio de la defensa técnica. En este particular caso, fue la fiscalía, la que procuró a favor del menor, pero es una función que el defensor debe realizar en ese momento previo tan importante. Sí se analiza este caso, se concluye que se debe observar en el detenido, tres condiciones básicas, siendo estas las físicas, psicológicas y socia/es.
CONSIDERACIONES GENERALES: Hay que observar en ese momento previo de comunicación con el sindicado, las condiciones físicas en que éste se encuentra, ya que pueden estar disminuidas por diversas razones. Entre muchas otras,
Que el imputado haya sido objeto de maltrato policial que refleje golpes visibles, o en el peor de los casos, golpes internos que no estén a la vista. En este caso el defensor en dicho acercamiento puede detectarlos y solicitar un examen médico para su evaluación; Una segunda razón puede darse, por alguna enfermedad que manifieste el sindicado, al momento de realizarse ese acto y que disminuya sus facultades mentales, ejemplo: que el sindicado sea diabético, presente síntomas de alguna irregularidad o infección intestinal, que presente un cuadro clínico de enfermedad vira¡ o bacteria¡ contagiosa, que requiera en ese momento, más que hacerle saber el hecho imputado, la atención médica necesaria. Asimismo existen casos, en donde los sindicados evidencian impedimentos físicos que deben ser tomados en cuenta, al momento de la comunicación previa. Como tercera razón puede darse cuando, el imputado ha sido objeto de prueba. Esto es, cuando ha sido sometido a ciertas evaluaciones, en las cuales no ha mediado orden de juez competente (el caso de sindicados, a quienes se les provoca la expulsión de cápsulas de droga),en franca violación del artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En estos casos el defensor no debe permitir el acto procesal y debe solicitar al juez, que se atiendan las necesidades del sindicado. Estas inobservancias manifestarán violación de derechos constitucionales y procesales, que viciarán el acto de escuchar al imputado, ya que la declaración deberá ser libre y espontánea.
La comunicación previa con el sindicado, permite al defensor, establecer las tres condiciones básicas a observar en su patrocinado: las fisicas, psicológicas y las sociales.
Frente a ese argumento el juez deberá suspender la audiencia y enviar al sindicado a un examen médico. Si a pesar de ello, el juez no lo observa, constituirá una actividad procesal defectuosa y deberá protestarse el acto , solicitando que se consigne en el acta respectiva dicho extremo. (Art. 281, 282, 283 y 284 C.P.P.) Como ejemplo de las condiciones físicas, que deberá observar el defensor, se cita el siguiente caso:
Una persona, que era sindicada de haber retenido a otra persona, a quien la policía indica, que después de haberlo perseguido varias cuadras es atrapado y detenido. En el juzgado, el defensor se entrevista con el sindicado y éste le da otra versión de los hechos. Pero se determina en esa comunicación previa, que las condiciones físicas del imputado, no pueden dar por válida la versión oficial de la policía, pues el sindicado padece de un impedimento físico congénito, y a simple vista se observa que tiene una pierna más corta que la otra y su caminar dificultoso. Este extremo, frente al juez se hace evidente y determina, apoyado en el argumento del defensor, que el hecho descrito es un absurdo y motiva la falta de mérito.
COMENTARIO: Cuando en el juzgado se entrevistan el defensor y el sindicado, éste último estaba ya sentado en una silla; el oficial estaba ocupado con otros procesos, y el juez aún no estaba presente. Nadie hasta ese momento se había percatado de ese defecto con relación a los hechos, como consecuencia de la desnaturalizada actividad judicial en materia penal. Sin la presencia del juez en la audiencia, éste no hubiera percibido con sus sentidos tal defecto. Esta situación al ser observada por el defensor, le permite diseñar su estrategia de defensa, basada en una condición física del sindicado. La realidad es que el sindicado se llevó a la hija de su compañera (ambos se dedicaban a lavar y cuidar carros al costado de palacio del arzobispado y en los
alrededores de la plaza central) a comprar tortillas, con el único afán de distraer a la pequeña (su compañera le había pedido que le cuidara a la menor un momento mientras limpiaba un vehículo); la madre de ésta, al llegar al lugar no los encuentra, se altera en la creencia de que le han robado a su hija, y en el preciso momento que pasa una patrulla, informa de la situación a los agentes. Cuando los policías están por iniciar un recorrido, encuentran al sindicado, quien ya venía de regreso al lugar donde se encontraban. El sindicado explica el motivo por el cual se hizo acompañar de la menor y se aclara el malentendido, pero los policías bastante molestos por toda la situación deciden llevárselo detenido. Para el Defensor Público la comunicación libre, sencilla y sincera con el imputado, permitirá que éste se informe de todas aquellas circunstancias, en las cuales puede ir preparando una buena defensa, no solo para desvirtuar la información policial, sino para hacer el pronunciamiento sobre otros aspectos del hecho, que el juez aún no conoce. Hay que recordar que, estas observaciones deben ser antes de la audiencia, siendo estas algunas de las tantas actitudes previas, que puede asumir el Defensor Público, y este documento en particular no es limitante, sino más bien, la propuesta es dejar en plena libertad e iniciativa al abogado, para diseñar su mejor estrategia de defensa. Existe una última condición a observar en esa comunicación previa con el sindicado; LAS CONDICIONES SOCIALES: El defensor no puede abstraerse de este elemento en el momento previo al acto procesal, porque siendo esta intervención, en primer plano humana y de mucha sensibilidad, debe motivarlo a observar estas condiciones del sindicado. El nivel o grado académico del asesorado, su grado de instrucción, si sabe leer y escribir, el lugar o región en la que ha nacido o donde reside actualmente, su grupo étnico, su idioma, su situación económica, su ocupación, su condición de género, su núcleo familiar, entre otros, pueden en un momento, servirnos como factores importantes para establecer la estrategia de defensa a seguir,
Para estas condiciones es necesario auxiliarse, en el caso del idioma, de un traductor para que éste, sea la voz del sindicado frente al juez. También hay que respetar la condición de género, cuando en algunos casos una mujer sindicada se siente mas cómoda para ser defendida por una abogada, o en el caso de los hombres que requieran ser defendidos por alguno de su propio sexo. El caso paradigmático, sin lugar a dudas, con relación a las condiciones sociales y especíalmente con relación al idioma y su grupo étnico es el caso Pedro Rax Cucul, a quien el descuido de estos aspectos, desde el acto procesal de escuchar al sindicado, lo llevó a ser sentenciado a la pena de muerte y casi a su ejecución. Esta condición social no permitió que se estableciera, que Pedro Rax Cucul era inimputable, por padecer de trastornos mentales progresivos (sus condiciones psicológicas).
En conclusión, las condiciones psíquicas, físicas y sociales, que puedan observarse en el imputado, pueden motivar que previo a ese acto procesal, sea examinado, o se desvirtúe por completo, el hecho o la participación del sindicado en el hecho. A este respecto, solicitar siempre el apoyo Institucional, para el examen psicológico o psiquiátrico, cuando exista duda de la salud mental del patrocinado
En conclusión, las condiciones psíquicas, físicas y sociales que puedan observarse en el imputado, pueden motivar que previo a ese acto procesal, sea
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME POLICIAL 0 EN EL EXPEDIENTE DEI.. PROCESO
Superado ese primer momento de comunicación con el sindicado, el defensor deberá confrontar la información proporcionada por éste y la información contenida en el parte policial o expediente del proceso Sobre este particular, no se puede uniformar la actitud previa que debe asumir el defensor, pues puede leerse antes la información policial y posteriormente comunicarse con el sindicado, o viceversa. Queda a criterio de quien ejerce la defensa técnica en ese momento, la acción prioritaria a realizar. No sucede lo mismo si el sindicado es
asistido en la escena del crimen o en la sede policial "comisaría".
Existen en este momento, dos ámbitos de observación del hecho del caso concreto, siendo estos el ámbito procesal, o de las formas de cómo esta persona ha sido sometida a sistema de justicia penal, y otra el ámbito referente al análisis dogmático
(la acción humana y los hechos), es decir la acción humana atribuida al sindicado, que motivó esa intervención estatal en ese conflicto social de aparente carácter pena[
EL AMBITO PROCESAL
Antes de analizar el hecho en sí, es necesario establecer cómo se dio ese sometimiento del individuo, al sistema de justicia penal y cuáles fueron las circunstancias de ésta, para ser detenido. Desde esta perspectiva debe observarse, para ser argumentado, ya en el desarrollo del acto procesal de escuchar al imputado, todas aquellas inconsistencias, referentes a los derechos, así como las garantías constitucionales y procesales de los ciudadanos, siendo estas:
Observancia de los plazos procesales:
Plazo constitucional de la 6 y 24 horas para ser presentado ante juez competente. Artos. 6 y 9 C.P.G. Las formas y lugares de la detención:
Auxiliándose de los archivos de la defensoría a su cargo, selecciono un caso, y después de estudiar y analizar, las formas y lugares de la detención con relación al ámbito procesal del caso, así como auxiliándose de su cuaderno de trabajo, indique cuáles fueron aplicados y cuáles no, y las normas que debieron aplicarse. Compártala en la tutoría regional
Formas de la detención
La existencia de flagrancia, (art. 6 C.P.R.G.; 257 C.P.P.) Si fue motivada por orden de juez competente, (art. 6 C.P.R,G.; 257 C.P.P.) si se realizó por particulares, (art. 257
C.P.P,)
Si fue realizada por las fuerzas de seguridad ciudadanano uniformadas, o no identificadas, (art. 6 y 25 C . P . R . G . ) Si existió intervención de causa justa y en qué consiste esa causa justa para detener, (art. 6 y 25 C,P.R.G.) el nivel de fuerza que se utilizó (art. 10 Ley de la P.C.N.) 1
• Lugar de la detención;
• Si fue en la vía publica, • lugar cerrado de acceso público, (art. 193
• vivienda privada o residencia particular, (art. • • • • • •
25 C.P.R.G.; 190 C.P.P.) zona urbana o zona rural, lugar de trabajo, área poblada o área despoblada, dentro de un vehículo público o particular, (art. 25 C.P.R.G.) hora de detención
Lugar donde ha permanecido detenida la persona;
• Comisaría, (Art. 7 C.P.R.G.) • En el preventivo (en el caso del interior de la
república en la cárcel pública), (Art. 10 C.P.R.G.) En un lugar distinto al legalmente establecido • (centro militar, casa o predio particular, en edificio estatal, en el lugar de trabajo) Si se tienen elementos de violación de garantías constitucionales, en el proceso de sometimiento a una persona al sistema de justicia penal, se debe interponer un recurso de exhibición personal. Remitirse al apartado, en donde se trata dicho recurso. El juzgador no debe entrar a conocer el ámbito de los hechos que motivaron la detención, si antes no resuelve la situación del ciudadano, frente a sus derechos y garantías constitucionales.
La Intervención del defensor, será entonces solicitar al juzgador, que se restituya la garantía
o se haga efectiva su libertad
4.5.2 EL ÁMBITO DOGMÁTICO PENAL (acción humana y los hechos):
El defensor al momento en que establece comunicación con su defendido, además, tiene conocimiento del caso concreto y su versión, éste analiza los hechos, pero desde la perspectiva de la información policial o del expediente del proceso. Concluido aquel momento en donde se estableció todo lo referente a la detención y los derechos constitucionales del sindicado, se revisa entonces el hecho a la luz de la dogmática penal, como
instrumento necesario, en este momento previo a la declaración del imputado, para diseñar la estrategia de defensa a seguir. La importancia de esta intervención del Defensor Público, sirve para establecer en sus argumentos dos elementos importantes:
El análisis y los argumentos de la fijación de los hechos El análisis y los argumentos de la adecuación típica de la acción humana.
Para el análisis de la fijación de los hechos, el defensor debe observar muy bien cuál es el hecho contenido en la información policial y cuál es el hecho que el juez le deberá comunicar al sindicado, si se considera que éste, se tiene por cierto. Este hecho o hechos nos llevará a establecer sí: caso haya La existencia de acción u omisión típica, en la relación de hechos (Art. 6 C.P.R.G.; 1 y 10 C. P.) La relación de causalidad frente a los hechos el (Art. 10 C.P.) Determinación de la ausencia de acción en esa relación de hechos La existencia del momento consumativo del en esa relación de hechos (Art. 13, 14, 15, 19 y 20 C.P.) Analizado ese aspecto de la fijación de los hechos, se puede proceder a la revisión de la adecuación típica posible y cuál se considera que el juez podrá dictar, en un posterior auto de procesamiento, si éste se llegara a motivar. Esta adecuación nos llevaría a revisar de esa información: Las eximentes de responsabilidad penal (art. 23, 24, 25 C.P.) 1 1 Causas de inimputabilidad Causas de justificación r Causas de inculpabilidad La intencionalidad (dolo o culpa) (art. 11 y 12 C.P.) 4 El grado de participación en el hecho (art. 35, 36 y 37 C.P.) 4 Las excusas absolutorias (art. 101.23, 280 168 llegado a la etapa intermedia, extraiga de él la información policial y comente ámbito dogmático penal, a efecto de que sirva de insumo para la tutoría delito presencial. Anótelo en su cuaderno de trabajo. Seleccione un que aún no
y 200 C.P.)
Estas observaciones previas, como una actitud del defensor antes y durante la audiencia de declaración del imputado, servirán para cuestionarle al juez (además de los elementos de investigación y su análisis respectivo) el grado de probabilidad o de indicios racionales, de la participación del imputado en el hecho. Esta es la importancia que reviste la función del Defensor Público en tal momento previo, al acto procesal, pues como indica A. Binder, cuando manifiesta: "el defensor penal no es un penalista o un procesalista penal. El debe manejar, con el mejor nivel que esté a su alcance, ambos saberes, y no en forma separada, sino integrados de una manera sumamente precisa. Él es, tal vez, quien tiene que tener más 20 presente que ninguno esta relación" Esto requiere por aparte tiempo suficiente y necesario para prepararla estrategia de defensa. El juez está obligado por norma internacional en materia de derechos humanos (art. 8.2.c. C.A.D.H) a respetar este espacio de tiempo, en donde el defensor no solo deberá comunicarse con el sindicado, sino además, se le dará el tiempo necesario para diseñar su estrategia de defensa. Si estos argumentos no son atendidos por el juez, dentro del acto procesal, cuando así los haga valer el defensor y en su resolución no se motivan o fundamentan los extremos de ese acto procesal, dará base a la posterior apelación del auto de prisión preventiva, la revisión de la medida sustitutiva de coerción o bien la modificación de la calificación jurídica del auto de procesamiento solicitando su reforma.
4.6 LAS ACTITUDES DE DEFENSA TÉCNICA QUE DEBE REALIZAR EL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA
Ese acto procesal no solo tiene la finalidad que declare el sindicado, sino principalmente la comunicación del hecho, así como la imputación del mismo, y sobre esos extremos deba de pronunciarse éste,
Binder, Alberto Justicia Penal y(',stado de Derecho. Editorial Ad hoc, Buenos Aires, 1993 Pag. 141
No se pretende unificar la postura del defensor en ese acto, pero el Instituto de la Defensa Pública Penal considera como básicas: • Esperar al Juez para iniciar el acto procesal. Si el sindicado es maya hablante o extranjero que no hable o domine el idioma español, asistirse y verificar la presencia del intérprete de la confianza del sindicado o del defensor Solicitar, que el sindicado este libre de sus manos en la audiencia. (sin grilletes) • Que sea el juez el que dirija la audiencia, desde el momento en que se identifica al sindicado. Verificar Y establecer este extremo por si se diera el caso de un homónimo. Poner atención al acto de intimación procesal y establecer si este es coherente con la información policial. Si fueran varios los hechos o varios los imputados, deberá comunicarle el hecho del cual, es sindicado como responsable. (sobre todo los requisitos de modo, tiempo y lugar del hecho) Que la sindicación de hechos sea clara y sencilla • Verificar que el juez le indique el derecho que tiene de declarar o no declarar (a este respecto el Defensor Público debió haber orientado el sindicado previamente la conveniencia o no de declarar; o en su caso a declarar parcialmente sobre algunos extremos de la Imputación) SI es una persona que no habla el Idioma español, exigir el doble expediente, español y lengua Indígena que correspondo, Verificar la comunicación entre el juez, el sindicado y el traductor. (La exigencia de la Convención Americana sobre derechos humanos, establece que el traductor debe ser de la confianza del sindicado o dsl defensor y no puede ser empleado del juzgado por el des D de la Imparcialidad que éste puede presentar). El Intérprete de preferencia debe gozar de la confianza dsl sindicado y el defensor. En el caso de¡ Instituto de la Defensa Pública Penal en las regiones en donde existen asistentes o abogados maya hablantes es Indispensable su presencia.
Además de las indicadas cite y comente, anotando en su cuaderno de trabajo tres actitudes que el defensor debe adoptar en ese acto procesal de oír al imputado
• Si existiesen preguntas por parte del juez o excepcionalmente del fiscal, observar con atención que estas no deban de ser capciosas, sugestivas o impertinentes, además deben de ser claras y precisas con relación al hecho, y nunca permitiendo que esta intervención del juez o del fiscal le sindiquen o le den un trato de responsable o condenado, objetando las mismas y dejando asentadas en el acta las protestas del caso (solo la sentencia penal debidamente ejecutoria es la que destruye el estado de inocencia). Se advierte que el sindicado no está obligado a responder preguntas si este se abstuvo de declarar, ya que las preguntas son con relación a su pronunciamiento y no con relación a la información policial. Por otro lado, hay que recordar que aún el sindicado, habiendo declarado, puede negarse a responder preguntas en el libre ejercicio de su defensa material o con ayuda de la defensa técnica, cuando así se considere.
Si como estrategia de defensa se dirigiera preguntas por parte del defensor, estas deben de realizarse única y exclusivamente para resaltar algo que el sindicado en su declaración omitió, o para relatar aquellos extremos del hecho que creemos importante le queden bien claros al juez. Si existiesen elementos de prueba en donde se establece que el sindicado fue objeto de prueba, o donde las evidencias se han obtenido por medios ilícitos o prohibidos, deberán objetarse estas y hacerlas valer por medio las protestas del caso en el acto de declaración del sindicado y verificar que queden consignadas en el acta respectiva. Los argumentos finales deben de ser lógicos y coherentes con la estrategia de defensa, según la importancia de éstos. La petición debe ser congruente con lo argumentado. Estas inconsistencias muchas veces sirven para que el juzgador se percate que no se está realizando una buena defensa, el argumento no convenza y resuelva en contrario, perjudicando a nuestro defendido. Por último, antes de firmar, verificar que en el acta de declaración del imputado, los hechos, la
declaración, las preguntas, los argumentos y las peticiones no sean tergiversadas o contradictorias a la información policial o del expediente del caso. Si el sindicado fuere maya hablante, la declaración debe quedar plasmada en el lenguaje materno de quien se sindica (art. 90 y 142 C.P.P.). Esta observancia garantiza que, la persona sindicada sea intimada en su idioma, y el juez está obligado por ley a transcribir a ese idioma materno, todo lo acontecido en la audiencia de ese acto procesal. Esta inobservancia violaría la imperatividad del proceso penal (art. 3 C.P.P.) pues estaría quebrantando las formas del proceso, además, no intimarle en su idioma sería el equivalente de juzgarlo en ausencia, constituyéndose este vicio, en un defecto absoluto de esa actividad procesal ya defectuosa. La garantía de ese derecho no solo estriba en, auxiliarse de intérpretes para el desarrollo de la justicia, sino que más bien, los operadores de justicia (juez, fiscal y defensor) son los que deberían dominar el idioma (en el estricto caso de los maya hablantes) para garantizar el acceso a esa justicia penal. Art. 87 CPP
Documente un caso en donde haya tenido que auxiliar a un maya hablante, e indique cuál fue su actuación. Servirá para su análisis y discusión en la tutoría presencial.
Después de haber leído, analizado y estudiado este capítulo, responda en el cuaderno de trabajo, las cuestiones siguientes: 1. Explique la importancia del acto procesal de oír al imputado, ejemplificando con casos que le haya tocado enfrentar en su defensoría 2. Indique la importancia de relacionar el acto procesal con el acto judicial de resolver al momento de oír al imputado 3. Explique las observancias que devienen de la comunicación previa y libre entre imputado y defensor. Refiérase a dos casos 4. Indique como ha analizado el ámbito procesal y dogmático penal, como resultado del análisis de la información policial y como le ha servido de argumento en el momento de plantear la estrategia de defensa 5. Indique qué tipo de actitudes mínimas del defensor, no se pueden obviar en el acto procesal de oír al imputado. Ejemplifique
DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN
5.1 FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES COMO UN DERECHO DEL IMPUTADO
5.2 EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 5.3 EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES JUDICIALES 5.4 FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA ACUSATORIO GUATEMALTECO
PARA REQUISITO FORMAL MOTIVAR EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
5.4.2 REQUISITOS MATERIALES PARA MOTIVAR EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA (fundamentación fáctica) 5.4.2.1 De la existencia sobre la información de un hecho punible: (análisis de los hechos) 5.4.2.2 Motivos Racionales suficientes para creer que el Sindicado ha cometido un Hecho o ha participado en él (Elementos de investigación y la intimación procesal) 5.4.3 PRESUPUESTOS MATERIALES BÁSICOS PARA MOTIVAR EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA (fundamentacfón de la aplicación de las medidas de coerción sustitutivas de la prisión preventiva) 5.4.3.1 5.4.3.2 Peligro de fuga La obstaculización de la verdad
5.5 EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, RACIONALIDAD Y NECESIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 5.6 LA MEDIDA SUSTITUTIVA, COMO UNA MEDIDA DE COERCIÓN ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA, DE APLICACIÓN GENERAL
1. Explicar la importancia de la fudamentación de la prisión preventiva y su relación con el principio de legalidad, así como con la delegación de funciones judiciales. 2. Indicar porqué para dictar el auto de prisión preventiva, es un requisito formal indispensable oír al imputado.
3. Explicar la importancia de los requisitos materiales para motivar el auto de prisión preventiva y su relación con el derecho de fundamentación, así como el auto de procesamiento. 4. Enumerar cuáles son los presupuestos materiales básicos para motivar el auto de prisión preventiva e indique su importancia para determinar la imposición de una medida sustitutiva. 5. Presentar un ensayo en donde analice la importancia de los principios de proporcionalidad y racionalidad necesarios, para aplicar una medida de coerción
En este capítulo, se abordará el problema de la fundamentación judicial, como un derecho del imputado, (ligado al derecho de defensa y al debido proceso penal). No se circunscribe solamente al ámbito formal y material de estas resoluciones judiciales, pues trata también de cuestionar, las estructuras judiciales de la justicia penal y la cultura judicial de los operadores de justicia. El tema a desarrollar consistirá entonces, en determinar cómo el Defensor Público, con su intervención en el proceso penal, provoca un cambio frente a los procesos de contrarreforma, en especial el referente a la "fundamentación del auto de prisión preventiva y auto de procesamiento" En Guatemala, la medida de coerción impuesta por regla general, es la prisión preventiva, considerando estas decisiones, como un acto de poder estatal, en el ejercicio del poder punitivo, delegado constitucionalmente al órgano jurisdiccional, en donde el juez no indica en sus resoluciones, el porqué de su decisión de ligar a un imputado al proceso penal, ni el porqué de la imposición de tal medida de coerción.
La fundamentación de las resoluciones judiciales como un derecho del imputado no se circunscribe solamente al ámbito formal y material de las mismas, sino debe de orientarse a cuestionar las estructuras
.judiciales .justicia
5.2 EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Para referirnos a la fundamentación de las resoluciones judiciales, como un derecho del imputado, es necesario abordarlo desde su inicio, bajo la perspectiva del principio de legalidad, no solo constitucional, sino además desde el punto de vista procesal. Un modelo procesal penal de respeto a las garantias y a los principios constitucionales, se basa sobre los límites que la misma constitución le marca al Estado, en el ejercicio del lus Puniendi. Límites que servirán para que la aplicación de justicia (en este particular tema, la justicia penal) sea transparente y segura para el ciudadano, Esa seguridad se traduce en los principios que postula esa misma constitución, entre ellos el debido proceso y el derecho de defensa,
Desde la perspectiva del C.P.P la inobservancia de cualquier regla de garantía establecida a favor del imputado (una de ellas es la fundamentación de las decisiones judiciales en materia procesal penal) no se podrá hacer valer en su perjuicio. Este principio procesal, se relaciona con el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal, cuando indica que constituirán un defecto absoluto de forma, aquellas resoluciones que no contengan una clara y precisa fundamentación de esa decisión judicial.
Entonces: ¿Qué sucede cuando un juez cumple con los requisitos formales del proceso, pero no cumple con los requisitos materiales, como sucede con la falta de fundamentación de sus resoluciones? Los Defensores Públicos se encuentran a diario, con resoluciones judiciales que van desde los autos de prisión preventiva, hasta las resoluciones de casación, proferidas por la Corte Suprema de Justicia y sentencias de amparo, dictadas por la Corte de Constitucionalidad, en donde los jueces no cumplen con informar a las partes, en el proceso penal, cuales fueron las motivaciones que determinaron esa decisión, en el ejercicio del lus Puniendi. Estos actos de poder público, si no indican en un lenguaje sencillo, preciso y claro, porqué, cómo y en qué basaron una decisión, y en especial aquellas resoluciones que se refieran a la restricción de garantías constitucionales, o al sometimiento del sindicado al poder punitivo, reflejan por parte del Estado, la arbitrariedad con que se resuelve un conflicto social de carácter penal y se vulnera el principio de legalidad. Veamos:
Quebranta el debido proceso. Ello, porque no cumple con los requisitos materiales de esas resoluciones contenidas en el Código Procesal Penal. El artículo 11 Bis establece, cómo deben motivarse las resoluciones judiciales, siendo ésta una condición, de cómo debe someterse al sindicado a proceso penal y constituirse así, en un derecho del imputado.
Derecho de defensa. En efecto, frente a una
resolución que dice poco o nada, no podremos fácilmente impugnarla, y nos dificulta elaborar una estrategia de defensa. Dentro de un Estado democrático de Derecho, las resoluciones de los funcionarios judiciales, deben contener los motivos fácticos, probatorios y jurídicos, por los cuales deciden someter a un ciudadano, al proceso penal. Con mayor razón, si ello
implica limitar su libertad ambulatoria, la fundamentación debe ser consistente e informar al sindicado de esa decisión. Por tales motivos, el Defensor Público debe cumplir con las siguientes funciones:
Ser el equilibrio en el proceso penal acusatorio, Ser el que le indica al juez, los límites que la Constitución le marca, en materia de derechos que le asisten a los ciudadanos, sometidos al poder penal. Ser el factor decisivo de cambio, en el cual se procura velar por el debido proceso y derecho de defensa penal.
5.3 EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES JUDICIALES
Las condiciones en las que debe ser juzgado un imputado, están contenidas en el actual Código Procesal Penal guatemalteco, que garantiza desde un inicio, la obligación • fundamentación • las resoluciones judiciales.
Recordemos que los actos del Juez Penal son actos de poder, es un funcionario a quien la constitución le asigna una función específica, en la cual está para cumplir la ley; es una función que además requiere de ciertos requisitos y sin ellos su decisión no es válida, para los fines del proceso penal. Hay funciones que el juez puede delegar, y para ello existe personal administrativo que ayuda al juez en las tareas, como tomar el dictado en su presencia, el orden de la mesa, foliar el expediente, realizar las resoluciones de trámite interno, etcétera. Las funciones jurisdiccionales son indelegables, entre estas, los actos procesales que reclaman la presencia del juez, (Art. 207 C.P.R.G./ Art. 47 81, 82, 259 y 320 C.P.P.), pues de otro modo, se violentaría el principio de inmediación procesal. Como ejemplo se puede mencionar, la declaración del imputado. De este acto procesal, depende que el sindicado sea dejado en libertad, o sea sometido y ligado al proceso penal. Entonces, cómo puede el juez penal darle valor a un acto procesal sin variar las formas del proceso, si éste no está inmediando dicho acto. Ese acto constituye una precondición legal, para que el juez en un ejercicio cognoscitivo, en un posterior e inmediato acto judicial, propio e intransferible, decida sobre el particular caso. Aquí es donde se cuestiona la delegación de funciones y su relación con el derecho de fundamentación. En el cuaderno de trabajo tres conductas indiquen la observadas e declaración del Imputado que a su criterio se constituyeron en una delegación de funciones. Coméntelas e n los talleres de trabajo
• El Juez Penal, para poder motivar esa decisión judicial, tuvo que haber estado presente, durante todo el acto procesal, de oír al sindicado (se da el caso, muy común por cierto, que la resolución emitida por el juez, inmediando el acto procesal, no esté fundamentada fáctica, ni jurídicamente)
Como consecuencia, no podrá dar por válido, fundamentar algo que no percibió con sus sentidos, porque es él y no el auxiliar, quien dicta la resolución.
Si estos requisitos no se cumplen, se configura una detención ilegal, ya que la constitución indica que el imputado debe ser puesto a disposición de juez competente y no a disposición del espacio físico del juzgado, ni del oficial de trámite, porque ese acto de poder público, no puede ser transferible al oficial. Por ello, no es válido que además que el juez no esté presente en la audiencia, el oficial sea quien consigne y redacte la resolución.
Los jueces no pueden delegar los actos procesales en ningún subalterno, fundamentalmente los que garantizan el principio de
El empleado subalterno no puede realizar el ejercicio intelectivo propio del juez, para fundamentar las resoluciones judiciales que no le competen, ni está dentro de sus funciones. ¿Cómo podría el subalterno, razonar en el caso concreto la duda, la probabilidad? ¿Cómo podría valorar los elementos de investigación y prueba primaria, bajo las reglas de la sana critica razonada? ¿Cómo podría fundamentar los indicios y los motivos racionales suficientes, si se entiende que para el juez significan un trabajo intelectivo y cognoscitivo? En la práctica guatemalteca, el Juez de Primera Instancia, en muchas ocasiones, no solo delega el acto, sino además no fundamenta la decisión de imponer una medida de coerción o motivar el auto de procesamiento, y es en ese punto preciso, donde se vulnera el derecho de fundamentación, al que se refiere el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, quebrantando y variando las formas del proceso, de conformidad con el principio de imperatividad procesal (Art. 3 C.P.P.)
El requisito formal básico, para decretar la prisión preventiva es haber oído al imputado, dentro de un acto procesal denominado declaración del imputado (Art. 259 del CPP). Este acto procesal requiere que el mismo sea realizado frente al juez competente, (Juez de Paz frente a los casos de falta / Juez de Primera Instancia frente a los casos de delito) y éste último, es quien posterior al pronunciamiento o no del sindicado, decidirá si impone la medida de coerción o no.
Esto nos lleva a recordar cuales son las funciones de los jueces en la jurisdicción penal y los límites de acuerdo con su competencia. En la práctica, el primer vicio procesal es que el Juez de Primera Instancia, en la creencia de que el sindicado fue escuchado frente al Juez de Paz (en realidad lo único que proporcionó fueron sus datos de identificación personal y, además, sin auxilio de defensa técnica) motiva inmediatamente, el auto de prisión preventiva, haciendo una interpretación extensiva del artículo 44 literal "c" del C.P.P., que indica, el Juez de Paz puede escuchar al sindicado.
El juez natural para dictar prisión preventiva, es el Juez de Primera Instancia y en consecuencia, es el juez competente para escuchar al sindicado. No es válida la figura de la ampliación de la declaración del sindicado, por lo tanto, se constituye en una flagrante violación al derecho de libertad, la cual es una detención ilegal provocada por el órgano Jurisdiccional. (no es lo mismo ser presentado ante juez, que ser escuchado por juez competente para resolverla situación jurídica) De lo anterior se desprende, que el auto de prisión preventiva no se genera como un acto aislado del juzgador, que puede realizar en cualquier momento del proceso, sino que tiene como requisito un acto procesal denominado "declaración del imputado". Acto procesal que debe ser inmediado, y que de la garantía de su presencia se desprenderán las motivaciones materiales (fácticas y jurídicas) que provocarán la necesidad de imponer dicha medida de coerción: además requiere de otros presupuestos básicos que establece la norma procesal penal guatemalteca (comunicación del hecho que se le imputa, circunstancias de modo tiempo y lugar, la calificación jurídica provisional de ese hecho, las pruebas existentes). Éste es el primer acto procesal formalmente válido, dirigido en contra del imputado.
Si en este acto, no se cumplen los requisitos formales (presencia del juez competente, del defensor, del fiscal, de intimarle procesalmente al imputado, hacerle saber sus derechos, entre otros) el Defensor Público, podrá objetar dicho acto, haciendo las protestas debidas (formal protesta de anulación del acto procesal) y pedir que queden consignadas en el acta de declaración del imputado. Con esto, allanará además, el camino para un posible recurso o acción procesal de defensa (exhibición personal, recurso de apelación). La actitud procesal del defensor, debe pretender, velar y garantizar que el sindicado frente a ese acto procesal, esté en las condiciones psíquicas y físicas necesarias, para garantizar su defensa técnica, que al ser violadas, generará un defecto absoluto de esta actividad procesal.
El Defensor Publico debe presentar fórmal protesta de anulación del acto procesal si el mismo no cumple con los requisitos formales: presencia del juez competente, del defensor, del fiscal, de intimarle procesalmente al
5.4.2 R EQU ISITOS M ATER IALES P AR A MOT IV AR E L AU TO D E PR IS IÓN PREVENTIVA (fundamentación fáctica) Superado el requisito formal para justificar el auto de prisión preventiva, es necesario ahondar en los requisitos materiales que revisten dicha decisión judicial, que no solo debe cumplir con las formas que indica el proceso, sino también, todos aquellos elementos de conocimiento, que orientarán al Juez de Primera Instancia, a resolver la situación jurídica del imputado.
De conformidad con el artículo 259 del Código Procesal Penal, dos son los requisitos materiales, que deben observarse por el Defensor Público en su intervención, para imponer dicha medida, que es coherente con los fines del proceso: a) Que exista información sobre la existencia de un hecho punible; b) Motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él.
DE LA EXISTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN DE UN HECHO PUNIBLE (Análisis de los hechos)
Antes de discutir si el sindicado ha participado en un hecho delictivo, que se entiende deberá quedar en un plano secundario, el primer ámbito de discusión es la existencia del hecho, determinando
si ese hecho existente es constitutivo de falta o delito. Este momento, desde la perspectiva de sí el hecho es constitutivo de falta o delitos, nos lleva al tema de LA DOGMÁTICA PENAL Y EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN (Teoría General del Delito) Para la dogmática penal, el derecho de fundamentación de las resoluciones judiciales, se desprende del mismo principio de legalidad, que debe regir las formas del proceso penal. En efecto, éste principio se basa, en materia de derecho penal, en la máxima que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresados en ley, como constitutivos de delitos o faltas (nullum crimen, nulla poena sine lege). Los hechos a los que se refiere este principio, son aquellos que se someterán, al proceso de averiguación de la verdad. De la veracidad de esos hechos, derivará un ejercicio posterior, para encuadrarlos en un tipo penal determinado. Por ese motivo, la importancia de determinar la existencia de un delito, no deviene que exista una norma sustantiva, en donde prohiba una determinada conducta, sino de la averiguación histórica de un hecho, sometido a reglas de comprobación, y la participación del sindicado en tal hecho. Solo después de ese proceso de cognición del Juez Penal, podrá imponerse una pena y fundamentar el porqué de su imposición.
La importancia de la Dogmática Penal y la qecesidad de la utilización de ésta, por parte de los Defensores Públicos en el acto procesal de oír al imputado, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, estriba en la función que cumple ésta. Para Muñoz Conde, la Dogmática Jurídico Penal en este sentido, "cumple una de las más importantes funciones que tiene encomendada a la actividad jurídica en general, en un Estado de Derecho: de garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado"21. La Dogmática Jurídica Penal se presenta así, como una consecuencia del principio de intervención legalizada del poder punitivo estatal, e igualmente como una conquista irreversible del pensamiento democrático. Es importante entonces para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, que el Defensor Público no solo conozca muy bien las normas del proceso penal, sino también la Dogmática Jurídico Penal. Para efectos de la aplicación al caso concreto, implica la utilización de la Teoría General del Delito.
2 1 M uñ o i Conde. Francisco. Derecho Penal. Parle General Editorial 1 irmil lo 131<uich España 1996 PbS, 200
Para las primeras instancias del proceso penal, el Juez Penal lo que tiene en su poder, es la información policial de un hecho, solamente para imponer una medida de coerción y primordialmente un auto de procesamiento. Pero el juez, para determinar ese hecho y encuadrado en el tipo penal, fundamentando en su decisión esa tipificación provisional, tendrá como mínimo, que justificar dentro de su ejercicio intelectivo, la acción, si es que la hay; la relación de causalidad, la imputación objetiva, si es delito de omisión o de comisión y porqué, si es típico y antijurídico desde la perspectiva del imputado, si es doloso o culposo el acto. Pero ese ejercicio intelectivo no es exclusivo del juez, es también un ejercicio que el fiscal y especialmente el defensor, deben de realizar para plantear su argumentación.
Se cita el caso, como ejemplo, en donde una Defensora Pública defiende a unos jóvenes, sindicados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito por thinner. Desde la perspectiva de la imputación objetiva, en las primeras instancias del proceso, no se hubiera podido imponer una medida de coerción, ni motivar un auto de procesamiento por ese delito. El juez no puede imponer una medida de coerción ni motivar un auto de procesamiento, por un riesgo a un bien jurídico, no protegido ni definido en la ley penal, sin prever esa conducta como delictiva (no es lo mismo comerciar cocaína que comerciar thinner, asumiendo desde esta perspectiva, el uso que se le da a cada uno de ellos y en especial porque el thinner no está catalogado como droga) por lo tanto, no entra dentro del ámbito de protección del derecho penal. Otro caso concreto, en donde el defensor demuestra que la negligencia, imprudencia e impericia, no son imputables objetivamente al defendido, al momento en que éste colisiona con otro vehículo y produce como resultado de ese hecho, las lesiones del tripulante del mismo. En este caso si bien hay un resultado, éste no es imputable al sindicado, porque siendo él, sujeto activo prudente en su conducción, puesto que iba con la velocidad permitida, con la debida pericia y el vehículo en perfectas condiciones mecánicas, produce igual el resultado, porque quien se atraviesa es quien no prevé por imprudencia, la colisión, es decir, el aparente sujeto pasivo. Los casos anteriores, solo para citar la importancia de argumentar la relación de causalidad del artículo 10 del Código Penal.
Es importante para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, que el Defensor Público no solo conozca muy bien las normas del proceso penal, sino también la Dogmática Jurídico Penal
En conclusión, el derecho de fundamentación de las resoluciones de prisión preventiva, y especialmente la resolución del auto de procesamiento, no escapan al ejercicio intelectivo que el juez debe consignar en dichas decisiones judiciales. Todos aquellos aspectos propios de la Teoría General del Delito, que de no estar contenidas en ellas, viola el derecho de fundamentación y por tanto el derecho de defensa penal. En la experiencia procesal guatemalteca ha habido casos extremos, cuando en los debates, el Ministerio Público no llega ni siquiera a demostrar la existencia del hecho contenido en la acusación, y el defensor en sus argumentos, no entra a convencer al tribunal, de la no participación de su defendido, pues no se puede sindicar a un ciudadano, de un hecho que no quedó demostrado por medio de la actividad probatoria, realizada por el fiscal dentro del proceso. Lo preocupante de esto, es que estas deficiencias en las construcciones fácticas, se constituyen en eje de todo el proceso penal, en donde el fiscal da por acreditado el hecho contenido en dichas resoluciones y el Juez de Primera Instancia resuelve, dando como válido el hecho íntegramente descrito en la prevención policial (parte policial). Este vicio es el común denominador por medio del cual se somete a las personas a medidas de coerción, con el posterior procesamiento, acusación y posterior condena. En la práctica se detectan constantemente detenciones policiales, justificadas en las llamadas cuotas, en donde el policía para cumplir con su función, somete a registro a cierto número de personas en un día, semana, etcétera, sin ningún motivo; otro de los casos es porque el ciudadano pretendió hacer valer sus derechos frente al agente de policía, que le ha detenido o registrado injustamente; también se da el hecho de ciertas detenciones, donde la persona es conocida por el policía, lo ha detenido ya otras veces y lo hostiga constantemente, o en el último de los casos el policía detiene a un individuo, por un hecho que a su parecer era delito o falta, pero en un proceso legal posterior, se demuestra que tal hecho o acción, no era constitutivo de falta o delito. Estas detenciones entonces, se sostienen con:
Direcciones inexistentes de supuestos agraviados; Supuestas víctimas que no son plenamente identificadas, o que no dejan como información su numero de cédula, por citar un ejemplo; Objetos inexistentes u objetos mal descritos; Sindicaciones de otros hechos, ajenos al acto de intervención policial; y en el peor de los casos Implantación de objetos (joyas, dinero, armas y droga) con los cuales justifican no solo la intervención, sino además la detención.
Para el juez y el defensor, la única información proviene de la prevención policial, y de esta información primaria deducirá si, además de la demostración del hecho, existen elementos suficientes, que a convencimiento del juzgador, el hecho sí existió, generando la suficiente convicción, para estimar que el imputado es, con un grado de probabilidad, autor o cómplice de un hecho delictivo. Este ejercicio de abstracción, se entiende que parte del acto procesal de escuchar al imputado, en donde el juez después de escucharle, hará un análisis de la información suministrada por el imputado, de los argumentos de su defensor, y por supuesto, un análisis de la descripción de los hechos, así como de la flagrancia o participación contenida en el mal llamado parte policial. Es importante entonces, que sea el defensor frente a este proceso de abstracción, el que obligue al Juez Penal a justificar la necesidad de imponer la coerción, en la medida que se argumenta la existencia del hecho. Retome la
5.4.2.2 MOTIVOS RACIONALES SUFICIENTES PARA CREER QUE EL SINDICADO HA COMETIDO UN HECHO O HA PARTICIPADO EN ÉL (Elementos de investigación y la intimación procesal) Este ejercicio consiste en analizar cada uno de los medios de información que se tenga, para resolver la situación jurídica del sindicado, es decir, la prevención policial (parte policial), la declaración o abstención de declarar del sindicado. Es el segundo ámbito de abstracción. En el diario vivir tribunalicio, los jueces comúnmente, no tienen otros elementos de convicción, para determinar la existencia del hecho y la participación del sindicado, que el parte policial.
resolución ya seleccionada y determine si la misma se fundamenta fácticamente en relación a la intimación procesal, en donde el juzgador estima que existen motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido el hech o. Si no lo indica la resolución, elabore la fundamentación y llévela a la tutoría presencial como material de trabajo.
Lo anterior nos recuerda que el Juez Penal debe tener motivos, para considerar que el imputado ha cometido esa acción ilícita. El motivo será entonces la información preliminar que tenga el juez, para determinar si la persona ha cometido probablemente el hecho delictivo, y ese ejercicio debe motivar al . Defensor Público, a hacer una revisión de la información policial, tal y como lo indica el tema de la detención en la parte referente a la acción del presente 2z módulo El juez puede considerar que el hecho existió, pero no necesariamente basar esa existencia en la participación del sindicado en ese hecho. Frente a esa realidad el Defensor Público debe argumentar en ese momento procesal, cuál es esa diferencia (que se desprende del ejercicio de abstracción de la información policial) entre la existencia del hecho punible y la participación o ausencia de participación del imputado en ese hecho. Un ejemplo es: la demostración en un proceso de investigación penal, de la existencia de una persona que falleció, a causa de varios disparos de arma de fuego. El juez tiene como información básica, además de la prevención policial, un informe circunstanciado de investigación preliminar. Posiblemente un informe médico forense, o en él ultimo de los casos, la noticia de prensa en donde consta ese hecho; pero ello no significa que como resultado de la existencia del hecho, el responsable sea el que está frente al juez, como supuesto 23 sindicado
El juez puede considerar que el hecho existió. pero no necesariamente basar esa existencia en la participación del sindicado en ese hecho.
Otro caso es: El juez tiene información de un ilícito penal determinado (por medio de la prevención policial), pero la participación del sindicado frente a ese ilícito, es distinta al hecho por el cual se le detiene (se investiga un secuestro y en una de las etapas de la investigación se detiene a una persona, a quien se presume tiene participación en tal ilícito, pero posterior al ejercicio de abstracción de la información policial, se determina, que no es responsable del delito de secuestro, pero sí existen motivos racionales para creer que su participación es como encubridor) 24
22 Ver Capítulo Il, acerca de La Detención 23 Ver resolución de fecha 30-08-99 causa 39-9`), Oficial 4° . Juzgado 12° De 1'. Instancia Penal Narcoactisidad v Delitos contra el Ambiente 24 Ver resolución de fecha 07-03-02 causa 2.963-2002. Oficial d". Juzgado S'. De l" Instancia Penal NarcoactiNidad _v Delitos contra el Ambiente. Defensor Lic. BN ron de la Cruz
Para la estrategia de defensa, el Defensor Público debe cuestionarle al juez, la duda, o el grado de probabilidad de participación del imputado en ese hecho, como lo indica Javier Llobert Rodríguez, citando a Cafferata Nores, cuando éste se refiere a" importante es que la doctrina distingue entre diversos grados de convencimiento a los que puede arribar el juez durante el proceso. Diferencia así entre certeza (positiva o negativa), duda y probabilidad (positiva y negativa) de la responsabilidad del 2 imputado" ' Estos elementos de duda y probabilidad van muy ligadas con el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo con el artículo 14 del Código Procesal Penal. Si el Juez no arriba a motivos racionales que indiquen que un imputado haya participado en un ilícito penal, no debería motivar un auto de prisión preventiva y con mayor razón, su duda deberá favorecer la libertad de éste. En efecto, la libertad del ciudadano no debe estar ligada solamente a la suerte de demostrar si existe ese hecho delictivo (verdad histórica) sino a que el Abogado Defensor debe agotar todos aquellos planteamientos técnico jurídicos, que son el resultado de aquel análisis de abstracción de la información policial, o de la información de la investigación del fiscal.
Si el juez no arriba a motivos racionales que indiquen que un imputado haya participado en un ilícito penal, no debería motivar un auto de prisión preventiva y con mayor razón, su duda deberá la libertad
Por último, otro elemento a no perder de vista favorecer por parte del defensor, es la observación y de éste. argumentación referente a las causas de justificación, ya que, no todo lo que es típico es necesariamente antijurídico, ni todo lo antijurídico necesariamente culpable. Este es el caso de las causas que eximen de responsabilidad penal, por ejemplo las condiciones de inimputablidad a quien se asiste (Art. 23 C.P.), las causas de justificación que se refieren al elemento de la antijuricidad (Art. 24 C.P.), o las causas de inculpabilidad que se refieren al estadio de la culpabilidad (Art. 25 C.P.). El Defensor Público 'debe allanar el camino para una futura estrategia de defensa, y todos estos argumentos técnico jurídicos, servirán para atacar la información policial, sobre el hecho del acto procesal de escuchar al imputado y provocar, en el mejor de los casos, una falta de mérito. Estos extremos por supuesto, deben ser observados por el Juez Penal al decidir sobre la medida de coerción y especialmente al dictar el auto de procesamiento.
25 Llobert Rodriguei. Ja;ier La prisión Presentna Rellemones sobre el nues o proceso penal (' S J Impresión inundo grállico S n_ Costa
Rica I.')96_ Pag 432
5.4.3 PRESUPUESTOS MATERIALES BÁSICOS PARA MOTIVAR EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA (Fundamentación de la aplicación de las medidas de coerción sustitutivas de la prisión preventiva) Aquí estamos frente a otra etapa, un tercer ámbito de análisis, para imponer esta medida. El primer momento se anotó anteriormente, consistía en el acto procesal mismo, en donde como requisito formal para motivar el auto, era necesario escuchar al imputado: el segundo momento se refería a determinar la existencia del hecho delictivo, y en discusión inmediata y posterior, la participación del sindicado en ese hecho, los cuales son pasos necesarios para motivar esa decisión judicial. Este tercer ámbito al cual se hace referencia de aquí en adelante, se basa en los presupuestos del artículo 262 y 263 del Código Procesal Penal, siendo ellos el: De la resolución seleccionada anteriormente determine si el peligro de fuga y obstaculización de la verdad están fundamentados en la misma. Caso contrario elabore la fundamentación y del resultado de ella elabore el argumento por el cual usted pediría una medida sustitutiva.
PELIGRO DE FUGA y la OBSTACUL/ZACIÓN DE LA VERDAD.
5.4.3.1 EL PELIGRO DE FUGA Se entiende que para llegar a este momento, el juez ya superó aquel análisis referente a la existencia del hecho y la posible participación del imputado, pero además, ha considerado un cierto grado de probabilidad de ese momento cognoscitivo e intelectivo que le indica, debe motivar esa decisión. Para imponer esta medida de coerción tan severa, el juez debe considerar un elemento que no puede sustanciar por si mismo, sino proviene del requerimiento de quien investiga, el Fiscal del Ministerio Público. Este requerimiento se basa en solicitar la restricción de la libertad del imputado, porque éste, frente al proceso, puede ausentarse físicamente con el fin de evadir el proceso en total perjuicio de la justicia penal. Requerimiento que el fiscal debe respaldar, con su presencia en dicho acto procesal y luego con un argumento sólido que convenza al juez, de la necesidad de limitar al imputado, de ese derecho a la libertad ambulatoria. En la práctica diaria de los Defensores Públicos, y especialmente en la capital, la realidad indica que, los fiscales no asisten a las audiencias de declaración del imputado, y en muchos casos, no están enterados que en su mesa de trabajo se encuentra un expediente de investigación, en donde el individuo ya está sometido y ligado a proceso penal.
En consecuencia, el juez no puede invadir la esfera de competencia del fiscal y asumir por sí mismo, la imposición de prisión preventiva al sindicado, argumentando unilateralmente el peligro de fuga. Por esa razón el artículo 262 del Código Procesal Penal, establece una serie de presupuestos mínimos, en los cuales el Estado en el ejercicio del ius puniendi, garantizará la permanencia del imputado al proceso, dando como resultado el arraigo, el domicilio, el lugar estable y permanente de trabajo. Además, el comportamiento del imputado, la importancia del ilícito, así como su responsabilidad civil, son antecedentes que entran dentro del ámbito de su presunción y estado de inocencia, y que el fiscal deberá desvirtuar primariamente, para garantizar su investigación. Las circunstancias arriba mencionadas, se tienen por ciertas, por lo tanto al juez no le compete establecer si son verdaderas o no. Para los fines del proceso, es el fiscal el que deberá demostrar lo contrario, porque de no ser así, el juez podría aplicar cualquiera otra medida de coerción distinta a la prisión preventiva, que se entiende es la excepción a la regla de coerción personal dentro del proceso penal. Para el Defensor Público es importante hacer valer este argumento, en el momento de la audiencia de declaración del imputado, porque ante la ausencia del fiscal, el juez podrá asegurar la permanencia del imputado en el proceso, pero no a costa de su libertad ambulatoria. Se entiende, que es el juez de las garantías y no restringirá aquellas que no se justifiquen, imponiendo para el efecto las medidas coercitivas sustitutivas de la prisión preventiva, contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Existe una restricción intelectual del Juez Penal al otorgar una medida sustitutiva, ya que la reforma 3296 del Congreso de la República de Guatemala, enumera una s4rie de delitos que no gozan de esta regla, en este caso el juez no puede valorar, ni razonar como tampoco interpretar, solo aplicar la ley penal. Aquí se violenta el principio de la división de poderes, porque el Legislador invade la esfera de las funciones del juez. 5.4.3.2 LA OBSTACULIZACIÓN DE LA VERDAD Para analizar este presupuesto básico, con el fin de justificar la imposición de la prisión preventiva, se requiere con mayor razón, la presencia del fiscal en la audiencia de declaración del imputado. La grave sospecha que un sindicado pueda destruir, manipular o
alterar evidencia, corresponde demostrarla al ente investigador, quien tendrá que justificar, porqué considera que al sindicado se le restrinja un derecho fundamental tan justipreciado como lo es la libertad. ¿Cómo podrá el juez fundamentar en su resolución ese extremo, si no está la intervención del fiscal que argumente esa necesidad? Además, él es quien investigará y sabrá cuál es el riesgo que correría el proceso de investigación y que deberá ser íntimamente ligado al caso concreto, asimismo cuál es la relación de lo investigado con su intervención, y la posibilidad que este presupuesto sea consistente, ejemplo: la investigación que depende de un informe médico forense, un documento que ya está en manos del fiscal, un área que ya fue allanada e inspeccionada, o una escena del crimen ya procesada. En la mejor de las estrategias, es válido argumentar que la incomparecencia del fiscal en la audiencia, y en consecuencia de justificaciones para imponer prisión preventiva, el juez deberá imponer una medida sustitutiva, y de esas la que más beneficie al sindicado. Estos aspectos deben quedar razonados por el juzgador en el auto respectivo, de no ser así, se estaría violando el derecho de fundamentación de las resoluciones judiciales.
El Defensor Público debe recordar que en un Estado democrático de derecho, las libertades de los ciudadanos y el respeto a sus derechos en materia penal, se verán reflejados en la medida que el órgano jurisdiccional anteponga la libertad frente a la prisión preventiva, en el caso penal concreto y su respectivo proceso.
5.5 EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, RACIONALIDAD Y NECESIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Por ser la prisión preventiva una restricción al derecho constitucional de libertad, es de suma importancia abordar brevemente tres principios procesales mínimos, que los Abogados Defensores, deben hacer valer frente al órgano jurisdiccional en el caso concreto. El Instituto de la Defensa Pública Penal, dentro del sistema de justicia penal, debe seguir siendo el equilibrio entre seguridad y garantías, entre el poder punitivo y los límites al ejercicio del poder punitivo, en consecuencia, el equilibrio procesal entre la prisión preventiva y la libertad. La proporcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva se sustenta en el artículo 14 del C.P.P., puesto que las medidas de coerción deben de ser excepcionales (extrema ratio) y proporcionales a la pena o medida de seguridad que se esperan sean
impuestas como efecto del proceso penal. En un Estado democrático de derecho, las libertades de los ciudadanos y el respeto a sus derechos en materia penal, se verán reflejados en la medida que el órgano jurisdiccional (Juez Penal) anteponga la libertad frente a la prisión preventiva, en el caso penal concreto y su respectivo proceso. La proporcionalidad se complementa con la excepcionalidad de la prisión preventiva y esta a su vez se sustenta en el principio de inocencia.
Para el Defensor Público, el principio de proporcionalidad va mas allá de una interpretación político criminal, representando también un argumento válido frente al juez penal en el caso concreto. Primero, la imposición de una medida de coerción, debe ir ligada al conflicto social de carácter Penal que se esta sometiendo a la jurisdicción penal. Éste es el claro ejemplo de no imponer prisión preventiva en los casos de delitos que contemplan como pena, la multa, cuando el hecho sometido a conocimiento del juez, se constituye en un tipo penal que apareja una pena minima de prision y se corre el riesgo que la prisión preventiva sea más severa, que la pena misma, si el sindicado fuera condenado.
De la resolución qu e s e viene analizando, argumente cual debería ser la fundamentació n en relación al principio de proporcionalida d, para establecer la necesidad d e
La racionalid La recionalidad va íntimamente ligada a la necesidad que tiene el Estado de resultas del proceso, garantizar las esa necesidad debe de r estar Segundo, la normativa procesal penal fundamentada por el fundamentad a por el juez, no será necesaria la prisión preventiva (art. 14 y 261 C.P.P.), ya que y dentro de los presupuestos que se refieren al significa peligro de fuga, el numeral segundo del artículo 262, dos valores que equiparar resultado del proceso. Entonces, no tendría sentido dos valores someter a un imputado a prisión preventiva, si el hecho que se constituyere en un delito, que pueda resolverse Seguridad y por medio de un criterio de oportunidad, un Justicia procedimiento abreviado.
Con relación al principio de racionalidad nos referimos a que la aplicación de la prisión preventiva debe ser la última medida' de coerción que debe de aplicar el juez penal. Esto implica la aplicación del principio dogmático penal denominado "Ultima ratio". Su aplicación debe de ser dentro de los límites absolutamente indispensables. Para efectos del proceso penal, se entiende entonces, que la racionalidad va íntimamente ligada a la necesidad que tiene el Estado de garantizar las resultas del proceso, pero que esa necesidad debe de estar fundamentada por el juez, porque esto significa equiparar dos valores que garantiza la Constitución, y cuál de ellos, en aras del bien común, deberá ser
privilegiado frente al otro, "seguridad vrs. libertad / justicia vrs. libertad". La racionalidad implica que, frente al análisis del caso concreto, el juez mas allá de considerar que existen motivos racionales suficientes para imponer una medida de coerción, se considera que para los fines del proceso penal, el peligro de fuga y la obstaculización de la verdad, no son impedimentos reales, y que en su defecto podrá asegurar su presencia en el proceso, aplicando una medida sustitutiva a la prisión preventiva.
5.6 LA MEDIDA SUSTITUTIVA, COMO UNA MEDIDA DE COERCIÓN ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA, DE APLICACIÓN GENERAL
Sin lugar a dudas los presupuestos básicos de peligro de fuga u obstaculización de la verdad, son las bases jurídico procesales de las medidas sustitutivas en el proceso penal guatemalteco. Frente a esta medida, no se discuten los motivos racionales suficientes, o la existencia del hecho y la participación del sindicado en el mismo. Esos son estadios ya superados por el juez, en su ejercicio intelectivo, lo cual lo lleva a la discusión referente de como va a asegurar la presencia del imputado en el proceso, para cumplir con los fines del mismo. La racionalidad, entonces, es un principio procesal, que debe regir la aplicación de estas medidas sustitutivas y que debe ser invocada por el Defensor Público en sus argumentos de defensa técnica. La práctica cotidiana de los Juzgados Penales, nos indica que este principio no es observado, al mornento de dictar una medida de coerción dentro de un determinado proceso. Es más, la prisión preventiva sigue siendo la regla general de aplicación y no la excepción como lo establece el Código Procesal Penal. En esta práctica judicial, el Juez Penal casi nunca justifica, porqué ha de imponer la prisión preventiva, y esto por lógica nos indica, que el juez no entra al análisis de la proporcionalidad de la medida: y es que de alguna manera, el juez se deja guiar por el prejuicio que le produce la estigmatización del sindicado
Esta última reflexión se ejemplifica muy bien, cuando el juez le da más importancia, en este momento procesal, al tipo penal, y no al hecho y las circunstancias en que fue cometido. Comúnmente, para imponer la prisión preventiva o una medida sustitutiva, el juez recurre al argumento subjetivo de quién es el imputado, sus antecedentes y su condición social. Por esa razón, cuando impone una medida sustitutiva, prefiere la caución económica desproporcionada, que es una forma encubierta de mantener la prisión preventiva. Si nos referimos a la proporcionalidad y racionalidad de la aplicación de una medida sustitutiva en el caso concreto, la solicitud por parte del defensor debe plantearse en coherencia con los presupuestos básicos, contenidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Como un mero ejemplo, con respecto a la argumentación de disminuir el peligro de fuga, se puede solicitar la imposición de las medidas sustitutivas de: a) Arresto domiciliario; b) Someterse al cuidado o vigilancia de una persona o ins6tución; c) Prohibición para salir fuera de/ país (arraigo); d) Presentarse al juzgado periódicamente.
Si el argumento fuera, determinar que el imputado no va a obstaculizar la investigación del fiscal, y evitar así la destrucción, manipulación u ocultación de evidencia, se podría solicitar al juez penal imponer las medidas sustitutivas de: a) prohibición de concurrir a determinados lugares, reuniones o visitar ciertos lugares; b) la prohibición de comunicarse con personas determinadas.
Todas estas alternativas a la prisión preventiva, deben aplicarse bajo la perspectiva de una interpretación extensiva de los principios de proporcionalidad, y racionalidad, en especial cuando la medida alterna aplicada, sea la de caución económica, que con mayor razón debe ser justificada, de acuerdo a las condiciones económicas del imputado, que se entiende.
El Defensor Público debe velar, porque existan tres razonamientos que el Juez de Primera Instancia. no puede dejar de plasmar en su decisión (auto de prisión preventiva y auto de procesamiento), para que esta, esté debidamente fundamentada:
La fundamentación fáctica; La fundamentación probatoria y; La fundamentación jurídica
Para la existencia de este ejercicio intelectivo del juez, como ya fue anotado más adelante, que deviene del acto procesal mismo de oír la declaración del imputado, después de inmediar el acto, se pronunciará con respecto de la situación jurídica del imputado. El punto a tomar en cuenta es que, el juez, para fundamentar el auto de prisión preventiva y el auto de procesamiento, debe realizar ese ejercicio intelectivo sobre:
• El hecho o los hechos; • Los elementos de investigación; • •
La situación del sindicado y su participación en ese hecho; La adecuación típica de la acción humana.
Después de haber leído, analizado y estudiado este capítulo, responda en el cuaderno de trabajo, las cuestiones siguientes: 1. Explique la importancia de la fudamentación de la prisión preventiva y su relación con el principio de legalidad, así como con la delegación de funciones judiciales. Ejemplifique con situaciones prácticas de la defensoría a su cargo. 2. Indique porqué para dictar el auto de prisión preventiva, es un requisito formal indispensable oír al imputado. 3. Explique la importancia de los requisitos materiales para motivar el auto de prisión preventiva y su relación con el derecho de fundamentación, así como el auto de procesamiento. Ejemplifique 4. Enumere cuáles son los presupuestos materiales básicos, para motivar el auto de prisión preventiva e indique su importancia, para determinar la imposición de una medida sustitutiva 5. Elabore un ensayo en donde analice la importancia de los principios de proporcionalidad y racionalidad necesarios, para aplicar una medida de coerción. Comparta alguna experiencia significativa con otros
6.2.2.2 Quien se encuentre amenazado de la Pérdida de su Libertad. 6.2.2.3 Quien Sufre Vejámenes, aún cuando su Prisión o Detención fuere Fundada en Ley. 6.2.2.4 Violación del Principio de Legalidad. 6.2.3 LEGITIMACIÓN
6.2.4 TRÁMITE
1. Indicar los motivos de procedencia del Recurso de Apelación. 2. Elaborar técnicamente, un escrito de Apelación, incluyendo en su argumentación los aspectos legales y fácticos 3. Señalar la procedencia de la acción exhibición personal, para obtener la
de Al finalizar el libertad módulo, el de sus defendidos. participante estará en capacidad de 4. Elaborar una acción de exhibición personal, fundamentándola legal y fácticamente. 5.
Indicar bajo qué circunstancias o causales se debe interponer una acción de exhibición personal.
6. RECURSO DE APELACIÓN DEL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
6.1 FACULTADES DE RECURRIR Conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal, únicamente puede recurrir a la apelación quien tiene interés en el asunto. El ejercicio de ésta facultad tiene límites, en razón del sujeto que inste la acción. El Ministerio Público y defensor gozan de autonomía en cuanto al contenido del recurso, el actor civil, puede recurrir únicamente en lo que concierne a su interés de resarcimiento. No debe confundirse la facultad de recurrir con el derecho de petición. En efecto, a tenor del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, éste lo tiene todo habitante de la república; en aquel, es necesario tener legitimación que solo la da, el ser parte en un proceso. Esta facultad de recurrir tiene base legal en el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en diversas leyes ordinarias, en virtud de la cual el derecho de impugnación es el derecho mínimo de dos instancias, principio procesal reconocido universalmente traducido en la facultad de interponer los recursos de ley contra las decisiones judiciales 6.1.1 PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN La apelación en sentido general tiene por objeto, que una resolución emitida por Juez de Primera Instancia, sea examinada por juez distinto; y en base a la exposición del agravio que causa, por omisión de la ley, errónea o indebida aplicación, con el objeto de que confirme, reforme o revoque la misma. Por estar dirigido este módulo, especialmente al tema de prisión preventiva, se tratará únicamente lo relativo a los motivos que permiten la apelación del auto de prisión preventiva y en su caso los que imponen medidas substitutivas, regulados en el artículo 404 del CPP.
E1 recurso de apelación puede interponerse contra la resolución emitida por el .Juez de Primera Instancia, a efecto de que confirme, reforme o revoque la misma.
6.1.1.1 Consideraciones Generales El defensor debe tener presente, que la prisión preventiva y las medidas que la sustituyen, tienen carácter cautelar; que tienen como fin, asegurar la presencia de la persona en el proceso y su justificación deviene de su legalidad y proporcionalidad. La legalidad primero, porque la prisión puede decretarse en aquellos casos, en que la persona es procesada por un delito de los que se encuentran comprendidos dentro de los casos de excepción al otorgamiento de una medida, y, segundo; porque no se pueden imponer otras medidas sustitutivas de la prisión, que no sean las expresamente establecidas en el Código Procesal Penal. La Proporcionalidad. Porque la prisión o en su caso, las medidas sustitutivas que se decreten deben atender al delito, al daño causado pero fundamentalmente a las condiciones económicas y sociales del sujeto activo del delito.
6.1.1.2 Apelación del Auto que decreta la Prisión Preventiva. Cuando el juez dicta auto decretando la prisión preventiva, el abogado defensor debe ser acucioso y su búsqueda estará encaminada a determinar si en la decisión del juez, concurren como mínimo, los aspectos siguientes: a) Que sea dictada en un proceso instruido por delitos que se encuentran excluidos de la posibilidad de otorgar medida sustitutiva. El artículo 264 del Código Procesal Penal establece que no se puede otorgar ninguna de las medidas en él establecidas en procesos instruidos por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y los delitos contra la Narcoactividad. En ese orden, si la prisión preventiva es dictada en cualquier otro proceso instruido por delito que no
6.1.1.1 Consideraciones Generales El defensor debe tener presente, que la prisión preventiva y las medidas que la sustituyen, tienen carácter cautelar; que tienen como fin, asegurar la presencia de la persona en el proceso y su justificación deviene de su legalidad y proporcionalidad. La legalidad primero, porque la prisión puede decretarse en aquellos casos, en que la persona es procesada por un delito de los que se encuentran comprendidos dentro de los casos de excepción al otorgamiento de una medida, y, segundo; porque no se pueden imponer otras medidas sustitutivas de la prisión, que no sean las expresamente establecidas en el Código Procesal Penal. La Proporcionalidad. Porque la prisión o en su caso, las medidas sustitutivas que se decreten deben atender al delito, al daño causado pero fundamentalmente a las condiciones económicas y sociales del sujeto activo del delito. 6.1.1.2 Apelación del Auto que decreta la Prisión Preventiva. Cuando el juez dicta auto decretando la prisión preventiva, el abogado defensor debe ser acucioso y su búsqueda estará encaminada a determinar si en la decisión del juez, concurren como mínimo, los aspectos siguientes: a) Que sea dictada en un proceso instruido por delitos que se encuentran excluidos de la posibilidad de otorgar medida sustitutiva. El artículo 264 del Código Procesal Penal establece que no se puede otorgar ninguna de las medidas en él establecidas en procesos instruidos por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y los delitos contra la Narcoactividad. En ese orden, si la prisión preventiva es dictada en cualquier otro proceso instruido por delito que no
sea de los indicados anteriormente, existe un primer motivo para interponer la apelación. Ej. delito de negación de asistencia económica. b) Que concurran los presupuestos que requiere la ley para decretarla. Constitucional y procesalmente,26 para decretar la prisión preventiva, es necesario oír al sindicado y debe existir información sobre la existencia de un delito y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Sobre los presupuestos para decretar la prisión, es conveniente examinar los aspectos siguientes:
b.1 Que exista información sobre la existencia de un delito. Debe haber después de oír al sindicado, elementos de investigación que demuestren efectivamente que se ha cometido un delito. Por ejemplo: En el robo, que se haya probado la preexistencia y propiedad del bien (no necesariamente debe ser en forma documental) y fundamentalmente, el acto de desapoderamiento; con violencia o no, de manos del agraviado. De lo contrario, no se tipifica el delito de robo si la víctima con su voluntad, espontáneamente, da el bien al sindicado o que el bien llegue a poder de éste en otra forma.
Ante la ausencia de esa información, pueden realizarse distintas acciones como plantear una Exhibición personal o bien la apelación.
b.2 El siguiente aspecto, sobre los motivos racionales suficientes es importante y generalmente, constituye el fundamento de una apelación. El artículo 186 del Código Procesal Penal establece que los elementos de prueba se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada. Es decir, el juez después de oír al sindicado, debe hacer un análisis integro e las evidencias que le ha aportado
Ver artículo 13 de la Constitución y 259 del Código Procesal Penal
el órgano acusador, para poder establecer si existen motivos suficientes que indiquen que éste participó o no en el hecho que se le atribuye, de donde es necesario que la información esté robustecida con medios de investigación que lleven a esa conclusión. Es común ver en procesos instruidos por delito de robo agravado, cuando el bien se trata de un vehículo de motor, la aprehensión de personas, que se conducen a bordo del vehículo después de haber sido denunciado el robo. En este caso, no existe flagrancia ya que la aprehensión se logra después del hecho, y muchas veces; han transcurrido años desde la denuncia. No obstante, el juez decreta la prisión preventiva con el único fundamento de que el procesado tenia la posesión del bien y normalmente, la presunta víctima no ha acreditado ante el ente acusador la propiedad del vehículo. No existe una sindicación directa sobre la persona, únicamente la denuncia contenida en una prevención policial contra la negativa del detenido y como ambos, denunciante y detenido; son iguales ante la ley, la circunstancia de la posesión no puede ser fundamento para decretar la prisión. En casos como éste, no concurren motivos racionales y suficientes que requiere la ley para hacer a una persona sujeto de prisión, por lo que existe viabilidad para el recurso de apelación por ese motivo. Con relación a los elementos de investigación, no basta que sean rPr.abados sino que, estos sean obtenidos por un medio permitido,27 e incorporados al proceso, conforme a las disposiciones del Código. En la práctica, por lo general; el juez al momento de emitir auto de prisión, tiene en su poder y en contra del imputado únicamente la prevención policial, la que conforme al artículo 304 del Código Procesal Penal, constituye simplemente la noticia de un hecho punible y que debe ser de los DPfSP9l1idOS de OfiCÍ028 y que no está complementada con ninguna investigación preliminar.
27 Verartículo 183 del Código Procesal Penal
28Ver artículo 24 Bis del Código Procesal Penal
c) Si concurren todos los elementos que se requiere para que la prisión se encuentre fundada en ley, todavía hay que establecer las circunstancias de peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación para que se pueda fundamentar el auto de prisión preventiva.
La legitimización para apelar surge cuando no concurre: 1. La información razonable de que se cometió un delito, 2. Motivos racionales para creer que el sindicado lo cometió; Y 3. Si a p a r e c e la comisión del delito, pero la información y los motivos racionales devienen de medios de investigación obtenidos por un procedimiento no permitido y no son incorporados conforme la ley,.
Nos encontramos frente a un proceso instruido por un delito que conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal admite aplicación de medida substitutiva y sin embargo, el juez no sustituye a aquella, bajo el argumento que existe peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación.
La fuga, como tal, implica que la persona sujeta a proceso una vez recobrada su libertad, se sustrae de la acción de la justicia y no comparece mas.
Cuando el juez, funda su decisión de decretar la prisión en esa posibilidad de fuga, hay que precisar el agravio que se causa de limitar la libertad y fundamentar la apelación en lo siguiente: Primero el defensor debe advertir al juez, cuando se está en presencia de un delito que no está incluido dentro de los que no admiten medida sustitutiva, de conformidad con el artículo 264. En segundo lugar, el Defensor debe convencer al juez que con una medida sustitutiva, se puede garantizar la presencia del imputado en el juicio. En ese orden, el juez dispone de siete medidas para evitar el peligro de fuga entre las cuales se encuentra y es funcional, la de imponer la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Esta medida, permite al juez tener un control adecuado de la presencia del sindicado porque cuando se dispone que se presente ante él periódicamente, es fácil constatar el cumplimiento de la obligación, lo
mismo sucede cuando la obligación que se contrae es de presentarse generalmente, a una estación o comis,aría de policía, ya que en su ausencia, la autoridad informa inmediatamente al juez el incumplimiento.
Es común en la práctica, que algunos jueces previo a sustituir la prisión por otra medida menos grave, requieren de la presentación de constancia de carencia de antecedentes penales del sindicado, de trabajo y de buena conducta; documentación que viene a contribuir a la decisión de si existe o no, peligro de fuga.
El defensor debe de orientar al juez a efecto de que solo
Al parecer ese criterio viola la garantía establecida en el artículo 22 de la Constitución Política, sin embargo, existe concordancia entre lo establecido en el artículo 262 del Código y esta norma por cuanto el segundo establece que el trabajo es una forma de determinar el arraigo, al igual que la conducta anterior del imputado, que es establecida con su constancia de carecer antecedentes penales y la apreciación que de él, tenga la comunidad donde se desenvuelve.
en casos extremos se aplique una medida sustitutiva de
La presunción de fuga, se desvanece al demostrar que el sindicado, tiene un trabajo estable y que con anterioridad ha observado una conducta apegada a la ley y por consiguiente, es una persona socialmente aceptada. 6.1.1.3 L a Obstaculización de la Averiguación como Fundamento para Decretar la Prisión. Este peligro de obstaculización está determinado por dos posibilidades: a) Que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, b) Que pueda influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos.
Con respecto al primer supuesto, solo de manera excepcional puede fundamentarse la sospecha que el imputado pueda realizar esos actos, y esta tarea le corresponde al Ministerio Público.
Afirmamos lo anterior, por cuanto un solo individuo no puede superar toda una estructura organizada como lo es el Estado y el ente acusador, quienes cuentan con todos recursos humanos, económicos y medios legales, para resguardar los diferentes medios de prueba que servirán en la averiguación de la verdad. En efecto, desde el momento mismo de la realización del suceso, se resguarda el lugar evitando la ingerencia de extraños, se localiza y fija la evidencia mediante croquis, fotografías y videos para luego proceder a su embalamiento y traslado a las diferentes secciones que participan en la investigación mediante análisis, estudios, informes o simplemente, en la custodia de los elementos de convicción. En relación al segundo supuesto, mencionamos con anterioridad que el juez dispone de siete medidas que puede imponer a la persona para otorgar su libertad. Entre estas, se encuentra la de decretar la prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de visitar a determinadas personas.
Con base en las consideraciones anteriores, si el delito permite aplicación de medida sustitutiva y el juez decreta la prisión preventiva, la resolución puede y debe ser objeto de apelación, con fundamento en el artículo 264 del Código Procesal. 6.1.1.4 Apelación de Autos que Imponen Medidas Sustitutivas Desnaturalizadas o de Imposible Cumplimiento En el artículo 264 del Código Procesal Penal, el legislador le ordena al juez que cuando imponga una medida, no las utilice desnaturalizando su finalidad y que no imponga medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En las consideraciones generales, apuntamos que el carácter de las medidas de coerción es cautelar; cuyo fin es asegurar la presencia del imputando durante el proceso, de tal manera que la medida que se imponga debe ser la menos grave para el imputado, que no signifique el cumplimiento adelantado de una pena. También dijimos, que debe ser proporcional a la pena que se espera.
El Defensor Público debe controlar el contenido de las medidas sustitutivas de la prisión. Tratándose de medidas caucionadas, debe controlar el monto de la caución, de cara al estado de pobre::a de los usuarios del instituto de la Defensa Pública Penal
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Estas circunstancias son las que el defensor debe analizar al momento que el juez sustituye la prisión preventiva e impone una medida. Porque cuando el juez se aparta de ellas, surge la viabilidad de la apelación. Motivos a esgrimir en la apelación: El primer motivo, es que el delito por el cual se emitió auto de procesamiento, no sea de aquellos que se encuentran comprendidos dentro de los casos de excepción al otorgamiento de una medida sustitutiva, conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal. El segundo motivo, que por la naturaleza de la medida, se aparte de los fines que debe tener. El tercer motivo, que la medida sea imposible de cumplir. Ejemplo, lo constituye el caso de un operario de maquila, a quien se le impone como medida, una caución de cinco mil quetzales, cuando en su lugar de trabajo tiene un salario de seiscientos quetzales quincenales, de lo cual hay que descontar pago de vivienda, alimentos, transporte y otros gastos personales. No existe proporcionalidad entre el monto de la caución y la situación económica del procesado, algo que es recurrente en las resoluciones judiciales. 6.1.1.5 Inobservancia de la Forma en los Actos Procesales. Tratamos con anterioridad, los aspectos de fondo que el defensor debe analizar al momento que el juez emite resolución en que decreta la prisión preventiva o impone alguna de las medidas sustituyendo a aquella. La apelación tiene un sentido amplio, abarca la pretensión de lograr una correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva. Así, exige que previamente a dictar la resolución que limita la libertad, debe escucharse al imputado, para conocer su versión de los hechos pero fundamentalmente para que ejercite su derecho de defensa material y técnica, formulando peticiones al juzgador, las cuales deben ser concedidas o denegadas a través de una resolución que debe ser motivada. resolución que contenga auto de prisión preventiva e identifique cuál de los tres motivos, podría invocar para presentar el recurso d e apelación
El recurso de apelación tiene un sentido amplio, pretende la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva
b) La causa 10197-2001, oficial 3° Del Juzgado Sexto . de Primera Instancia Penal, Narcoactívidad y Delitos Contra el Ambiente. El Defensor Público30 impugnó el auto de prisión preventiva de fecha treinta de agosto del año dos mil uno, por el delito de robo agravado en el grado de tentativa y homicidio. Argumentó que no existe información suficiente sobre el hecho que se le atribuye, únicamente, la prevención policial, que en el auto no se indica cuáles son los motivos racionales suficientes, para que el juzgador deje detenido al imputado, que no existe petición por parte del órgano que tiene a su cargo la acción y la persecución penal, que el juez no puede actuar oficiosamente para privar de libertad al imputado.
Es lntpnrlanle que el defensor fundantetite adecuudcrínente el recurso de
RESOLUCIÓN En ambas resoluciones existía ausencia de fundamentación por lo que se plantearon sendos recursos de apelación que fueron conocidos por la sala décima de la corte de apelaciones; la que por resoluciones de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dos y quince de octubre del año dos mil uno; respectivamente, declaró con lugar los recursos y revocó la resoluciones recurridas ordenando la libertad de los sindicados. Fue criterio de la sala, que el principio de legalidad debe imperar en un sistema de justicia y por ello, reconoció que el recurso estaba legalmente fundado y por consiguiente, había que declararlo con lugar. Consideró también que la prisión es una medida extraordinaria y se justifica únicamente cuando existe información de la comisión de un delito y cuando se aportan elementos de investigación que proporcionan al juez los motivos racionales para justificar dicha resolución por lo que revoca el auto y ordena la inmediata libertad del imputado.
apelacióyi, para lograr la
30 Bvron de la Cruz, Detcnsor Publico
6.1.1.7 Ausencia de Pronunciamiento del Juez, que resuelve la Petición Formulada por la Defensa en la Primera Declaración Al recibir el juez la primera declaración del procesado, normalmente es el momento en que el defensor argumenta y formula una petición. Que otorgue libertad por falta de mérito, o que imponga alguna medida substitutiva cuando corresponde. Pero el juez, emite auto por el cual decreta la prisión preventiva y en el mismo, no existe consideración alguna ni de la petición formulada por la defensa. Ante una petición, existe una obligación: el juez debe resolverla. Y, si no lo hace: ¿existe posibilidad de interponer el recurso alegando ese motivo?. Sí. Independientemente del razonamiento de los motivos por los cuales el juez se inclinó por decretar la prisión, sea que hay peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación, creemos que es procedente la apelación cuando, no entra a conocer los argumentos esgrimidos por la defensa y no expresa si acoge o no la petición y lógicamente, no existe expresión de los motivos por los cuales no entra a conocer de ella, incurriendo en una denegación de justicia. En el ejemplo señalado en el inciso b) del ítem 2.4.2. en que se relaciona la causa 197-2001 puede también encontrarse la actitud del Defensor Público, ante la denegación de justicia. En este caso el abogado defensor en la declaración solicitó se decrete la falta de mérito a favor de su defendido, tomando en consideración que se violó el plazo contenido en el artículo 9 de la Constitución Política de Guatemala y por no existir medios de investigación en contra de su defendido, sin que el juez, al momento de emitir la resolución por la que decretó la prisión preventiva, haya realizado análisis de hecho y de derecho de las consideraciones de la defensa y en la parte declarativa, no emitió pronunciamiento sobre la petición. En virtud de lo anterior, consideramos que pudo impugnarse por ese motivo.
El plazo y la forma para interponer el recurso de apelación, los debe tener presentes el defensor, a efecto de lograr el objetivo que se propone
6.1.2 TIEMPO Y FORMA
La apelación se interpone dentro del término de tres días. Este plazo corre a partir del día siguiente de la última notificación. En cuanto a la forma, debe hacerse por escrito y debe expresar el motivo en que se funda, conforme al artículo 407 del Código Procesal Penal.
Si el recurso es inadmitido por no cumplir con indicar los motivos en que se funda, (esos motivos deben ser claramente expresados por el juez en su resolución) se debe hacer valer lo establecido en el artículo 399 del Código que obliga al juez que conoce del recurso, fijar plazo al recurrente para que subsane los errores que tuviere el mismo.
Si el recurso es inadmilido, el Juez dehe de indicar claramente los motivos en que se ,funda para rechazarlo
6.1.3 TRÁMITE
Los artículos 410 y 411 del Código Procesal Penal regulan el trámite de la apelación. Se indicó, que la apelación procede contra autos y sentencias.
Cuando se trata de autos, el artículo 411 del Código Procesal Penal, establece que recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y, con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente.
Debe entenderse que previamente se cumpla con el régimen de notificaciones.
6.2 EXHIBICIÓN PERSONAL
6.2.1 NATURALEZA JURÍDICA
El artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de recurrir como garantía de la libertad ambulatoria, cuyas raíces remotas se hallan en el derecho romano, adquiriendo una identidad propia en el derecho inglés, de donde se traslada a América. Se le reconoce algunos antecedentes en el antiguo derecho español. Su incorporación como instrumento de garantía es patrimonio de los Estados libres y civilizados.
El habeas corpus es un instrumento cuyo objeto es la verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. De ahí que tiene como función el ser medio de control en favor, de la vida, la libertad e integridad de la persona. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, No define y no contiene ningún concepto y al referirse a ella, lo hace como una petición.31 Dentro de las característica esenciales de la acción o petición de Exhibición Personal podemos señalar las siguientes: 1.1.1. Constituye un medio específico para la protección de la libertad, 1.1.2. Estructurado sobre la base de la celeridad, porque se le da un tratamiento preferencia¡ por parte del juez. 1.1.3. Es antiformalista 1.1.4. En su trámite y resolución se aplican principios procesales fundamentales tales como; Oralidad, continuidad, concentración, contradicción.
Toda detención debe de ser justificada y ninguna persona puede ser detenida por arbitrariedad de cualquier autoridad, simplemente por estar investida del cargo
6.2.2 PROCEDENCIA
El articulo'82 de la Ley respectiva establece los supuestos que habilitan su promoción.
6.2.2.1 Quien se encuentre Ilegalmente Preso, Detenido o Cohibido de Cualquier Otro Modo en el Goce de su Libertad Se trata de privaciones de libertad ilegítimas provenientes de autoridades públicas, administrativas o judiciales o de sujetos particulares. Nace la viabilidad
31Ver artículos 82, 85, 88, 95 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
de la exhibición, cuando la persona es detenida o presa, sin que exista una orden de aprehensión librada con apego a la ley, por autoridad judicial competente, sin que medie flagrancia, en violación de garantía de detención legal establecida en el artículo 6° de la Constitución Política. En estos casos, la detención es ilegal y es posible restituir la libertad, en virtud de la exhibición personal. Existen también privaciones basadas en orden de juez competente, pero son llevadas a cabo en forma y condiciones arbitrarias, que atentan contra la dignidad humana adquiriendo así el carácter de ilegales. Asimismo puede tratarse de una orden emitida por juez competente, pero que no este apegada a la ley. El Código Procesal Penal, no regula expresamente las circunstancias que deben concurrir para que el juez pueda librar una orden de aprehensión,32 únicamente establece que el Ministerio Público lo puede pedir, cuado estime que concurren los requisitos de ley. En ese sentido, la orden será apegada a la ley, cuando sea librada en un proceso donde exista información de que se ha cometido un delito y concurren indicios racionales suficientes para creer que el detenido lo ha cometido o participado en él. Esos motivos racionales necesariamente tienen que estar apoyados en evidencias. De no concurrir estos supuestos, la orden de aprehensión no está basada en ley y por tanto, la detención se vuelve ilegal. Procede también, cuando se realizan limitaciones indebidas a la libertad de locomoción. Generalmente la Policía Nacional Civil detiene a personas por sospechas o por supuesta flagrancia sin que pueda justificar suficientemente la detención. En cuanto a la flagrancia como justificativo de la detención, se entiende que el sindicado es descubierto en el instante mismo que ejecuta la acción delictiva y es detenido, siendo extensiva (Casi Elabore por escrito una petición de exhibición personal (no obstante es una acción antiformalistal) utilizando un informe policial que contenga detención ilegal. Llévela a la tutoría presencial.
Ver artículo 257 del Código Procesal Penal
Flagrancia) cuando es descubierto instantes después de la acción y es perseguido y ,se le encuentra evidencias del delito. Para que opere aquí la flagrancia es necesario que exista continuidad entre la acción delictiva y el momento de la detención. De lo contrario, la detención es ilegal. Otros casos de detención ilegal y que dan origen a una petición de exhibición se da en la detención de personas por faltas o infracciones. En este caso, la Constitución garantiza en el artículo 11, que por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas que pueda establecerse su identidad por documentos, por el testimonio de persona de arraigo o por la propia autoridad. Es común que la policía mantenga detenidas a las personas acusadas de cometer una falta o una infracción al reglamento, no obstante que portan documentos de identificación o que son identificados por la familia, en las sedes policiales. En tal situación, es común ver en muchas prevenciones policiales la consignación de personas que detuvieron, por que al marcarles un alto por parecer sospechosas, los registran encontrándole en la ropa o en alguna parte del cuerpo, hierba denominada marihuana en una pequeña cantidad. En estos casos hay detención ilegal, porque por sospechas no se puede detener a nadie y el registro efectuado también es ilegal, porque conforme al artículo 25 de la Constitución solo puede efectuarse, cuando haya motivo para ello y la sospecha, no es motivo, (Teoría de la Causa Justa) de donde resulta que el procedimiento para incautar la droga, es ilegal y por tanto, no puede ser utilizado lo incautado, para fundar la decisión judicial de decretar la prisión. (Teoría del Fruto del Árbol Prohibido) (Consultar Documento No. 4 de Jurisprudencia de UNIFOCADEP)
6.2.2.2 Quien se Encuentre Amenazado de la Pérdida de Libertad. La privación de libertad es una limitación total , la amenaza es una limitación en forma parcial a la libertad.
a) La amenaza puede surgir cuando una persona se encuentra pendiente de aprehensión por existir una orden en su contra. Y para que sea legítima debe existir una orden que haya sido librada por autoridad judicial competente con apego a la ley. Si en la resolución, el juez se apartó de la ley, la amenaza es ilegítima y la exhibición personal está encaminada a hacer cesar la amenaza. b) La amenaza puede consistir también, en que una persona está siendo objeto de investigación y observa policía vestida de particular o bien uniformada cerca de su domicilio y-o trabajo.
6.2.2.3 Quien Sufriere Vejámenes, aún cuando su Prisión o Detención fuere Fundada en Ley. La Constitución Política establece que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y en su tratamiento deben cumplir las reglas mínimas que regula en el artículo 19. En ese orden de ideas, constituye vejamen, aplicar al detenido cualquier sanción, que no esté explícita en la sentencia y el incumplimiento de cualquier regla, que aunque no esté expresamente reconocida, sea inherente a la persona humana, que no se desprenda del régimen disciplinario legalmente establecido. 6.2.2.4 Cuando se Violente el Principio de Legalidad. Este principio, es una garantía constitucional, que permite que el ciudadano esté seguro que si el Estado actúa en su contra, lo haga respetando la legalidad. Este caso no aparece regulado específicamente, pero abarca todas las etapas procesales. Se incurre en detención ilegal, cuando;
a) Se han violentado los plazos o cuando utilizan procedimiento sin observar las formalidades propias del juicio.
Recuerde lo relativo
b) Cuando el juez dicta un auto de procesamiento sin explicarle al detenido las razones por las cuales lo hace y sin indicar los medios de investigación que existen en su contra. c) Cuando los Tribunales de Sentencia absuelven a personas y no ejecutan la libertad en forma inmediata. Debe entenderse que cuando absuelven desaparecen los indicios racionales para que la persona continúe en prisión. Y, sin embargo no ejecutan los fallos hasta que la sentencia adquiera el carácter de firmeza. En estos tres supuestos, existen ya, valiosos antecedentes que permiten ver con optimismo la resolución de estas peticiones. Consulte Documento de Jurisprudencia No. 1 UNIFOCADEP.
a la detención ilegal, planteado en el Capítulo II de este módulo. REVÍSELO!!
6.2.3 LEGITIMACIÓN
Conforme al artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, puede pedir la exhibición personal, el propio agraviado y cualquier persona. En cuanto a la forma de hacerlo, como quedó apuntado es antiformalista ya que se puede presentar por escrito, teléfono y verbalmente.
El trámite de la exhibición está regulado en los artículos 88 al 100 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es importante mencionar que recibida la solicitud se dicta auto, ordenando la presentación del ofendido, la que no debe hacerse después de veinticuatro horas y se requerirá los antecedentes del caso. Si la autoridad incumple con la presentación, el tribunal tiene la facultad de ordenar la aprehensión del funcionario y constituirse al lugar a buscar al exhibido.
6.2.5 RESOLUCIÓN FINAL
Si del informe y averiguación se establece la ilegalidad de la detención o prisión, se decretará la libertad del afectado. Se condena en costas al interponente de la exhibición, cuando se establece que actuó maliciosamente y obligatoriamente al sujeto contra quien se enderezó, cuando se declara con lugar.
1. Indique los motivos de procedencia del Recurso de Apelación. Ejemplificando con recursos que usted haya interpuesto como defensor
2. Elabore un escrito de Apelación, incluyendo en su argumentación los aspectos legales y fácticos, compártalo a nivel local y preséntelo para su análisis en la tutoría regional 3. Señale la procedencia de la acción de exhibición personal, para obtener la libertad de sus defendidos. 4. Elabore una acción de exhibición personal, fundamentándola legal y fácticamente. Compártala a nivel local y preséntela para su análisis en la tutoría regional 5. Indique bajo qué circunstancias o causales, se debe de interponer una acción de exhibición personal.
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 artículo 259
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 artículo 22
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