Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm
Timestamp: 2017-10-24 03:59:17+00:00

Document:
T-437-12
Sentencia T-437/12
ACCION DE TUTELA-Procedencia ante la ineficacia de otros medios de defensa judicial
RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO-Reiteración de jurisprudencia/ESPACIO PUBLICO-Concepto/ESPACIO PUBLICO-Medidas para su preservación no deben ser desproporcionadas frente a la afectación de los intereses de terceros
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE BUENA FE-Reiteración de jurisprudencia/PRINCIPIO DE BUENA FE-Concepto/PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Concepto
RAZONABILIDAD DE LOS PLANES DE REUBICACION-Reiteración de jurisprudencia/DESALOJO-Procedimiento policivo
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Aplicación como mecanismo para conciliar conflicto entre intereses público y privado
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Ocupantes del espacio público
VIVIENDA DIGNA-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance y contenido/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Definición
ACCION DE TUTELA-Procedencia para exigir la protección del derecho a la vivienda digna
El amparo por vía de tutela del derecho a la vivienda digna frente a actos de la Administración procede cuando busque evitar injerencias indebidas en el goce del derecho a la vivienda, cuando haya un reclamo sobre un derecho subjetivo adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema, o, cuando se busque proteger a un sujeto que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y la vulneración del derecho a la vivienda ponga en riesgo su dignidad. Ahora bien, no se puede desconocer que la protección por vía de tutela del derecho a la vivienda debe estar condicionada al desarrollo que la Administración haya indicado en virtud del mandato de progresividad.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Derecho fundamental con facetas progresivas/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Circunstancia de debilidad manifiesta
El derecho a la vivienda es un derecho fundamental con facetas progresivas. El cual puede ser protegido por vía de tutela cuando el accionante está en una situación de debilidad manifiesta y carezca de medios para hacer viable la realización de su proyecto de vida, en los siguientes tres supuestos: i) cuando está de por medio la faceta de defensa de la vivienda digna; ii) cuando haya un reclamo relativo al respeto de un derecho adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema; y, iii) cuando debido a la situación de debilidad manifiesta del accionante la posible vulneración al derecho a la vivienda digna ponga en riesgo su dignidad.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, el once (11) de agosto de dos mil diez (2010), y el fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, el treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), en la acción de tutela instaurada por Eliseo Santa Vargas, identificado con cédula de ciudadanía número 2.375.930 de Rovira, contra la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Espacio y Control Urbano de Ibagué.
2.1. Resolución 177 del 25 de abril de 2008, expedida por la Grupo de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué, por medio del cual se “pronuncia de fondo sobre el proceso por infracción al Decreto 640 de 1937 iniciado de oficio contra el señor ELISEO SANTOS (sic) VARGAS, por presunta ocupación permanente e indebida del espacio público.”[1]
2.12. Respuesta de la Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué, del 1° de agosto de 2008, al derecho de petición interpuesto por el accionante, el 18 de julio de 2008, solicitando que se le reconociera el principio de confianza legítima como vendedor ambulante. La Dirección le informó al accionante que su petición era improcedente pues la posibilidad de trabajar en espacio público sólo la tenían las personas que cumplieran los requisitos establecidos en el Decreto Municipal 280 de 2003 o aquellas personas que estuvieran registrados en el Registro Único de Vendedores Informales de Ibagué. Adicionalmente, se le indicó al accionante que la fecha límite para la presentación de solicitudes con miras al reconocimiento de la confianza legítima fue el 30 de junio de 2006.[12]
Mediante escrito, el accionante interpuso acción de tutela por considerar que sus derechos fundamentales al trabajo, a la vivienda digna, a la vida digna, al debido proceso, a la confianza legítima y a los derechos de los menores, fueron vulnerados por la orden de restitución de espacio público. Solicitó como medida provisional, entretanto sea resuelta la acción de tutela, la abstención de ejecutar la Resolución que ordenó la restitución. Adicionalmente, requirió no ser desalojado del predio o en su defecto la reubicación y que no se le impongan las sanciones mencionadas en la Resolución 177 de 2008.[13]
Adicionalmente indicó que, “todas las acciones realizadas por el accionante, tendientes a legalizar una construcción ilegal sobre un bien de uso público y no fiscal, están afectadas de nulidad, ya que a sabiendas de no poder registrar legalmente las escrituras referidas, procedió a inscribirlas en la oficia de catastro, con presuntos engaños para buscar por esa vía una posible legalidad, tendiente (sic) a que le asignaran nomenclatura urbana a un espacio público, con el fin de hacer incurrir en error a las prestadoras de servicios públicos, a catastro y a la oficina predial del municipio, para que le cobraran impuesto predial y servicios como si fuera una construcción o predio legal, preparándose dolosamente para alegar con posterioridad como lo ha hecho en el proceso administrativo y en esta acción, una posible confianza legítima, buscando que el municipio ahora le solucione el problema de vivienda y de trabajo personal. En ese orden de ideas y ante la forma en que nació a la vida jurídica, queda claro que de pleno derecho toda la actuación realizada por el accionante es nula, ya que nace de una ilegalidad procesal.”[14]
1. Mediante sentencia proferida el día treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, tuteló los derechos fundamentales del señor Eliseo Santa Vargas. Indicó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que previo el desalojo de un ocupante de espacio público, la Administración debe concertar y concretar con éste un plan de reubicación u otras opciones[15]. Dijo el a quo que el accionante se encontraba cobijado por el principio de confianza legítima, pues la Administración le permitió ocupar el espacio público por un período de 12 años y le cobró el impuesto predial desde 1999, de manera que fue negligente e ineficiente frente a las actuaciones del actor. Por consiguiente, ordenó a la Secretaría de Gobierno Municipal y Dirección de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué conciliar con el accionante su reubicación.
2. La Administración apeló la decisión e indicó que el principio de confianza legítima tiene como pilar la buena fe y, el actuar del demandante carece de esta. Al respecto dijo que “la escritura le indicaba que no podía registrar las mejoras [por] (…) estar (sic) en espacio público del Municipio de Ibagué, [sin embargo] así procedió a realizarlo el señor ELISEO SANTA VARGAS, ante la oficina de catastro del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, en tal evento el Municipio de Ibagué no tenía manera de impedir que se hiciera el respectiva (sic) registro ya que dependía de un tercero que registro (sic) sin avisarle a la Secretaría de Gobierno Municipal.
De contrera solo (sic) queda expresar que no es dable a la administración judicial la protección de unos derechos que nacieron de actos de mala fe e ilegales, ya que se encuentra plenamente demostrado por medio de la escritura pública que registro (sic) el accionante (…) tenía una prohibición legal por tratarse de terrenos del Municipio de Ibagué. Tutelar estos derechos es lo mismo que aceptar que un acto nacido de la ilegalidad pueda legalizarse, máxime cuando se encuentra revestido de dolo y de mala fe en todo su conjunto.”[16]
3. Mediante sentencia proferida el día once (11) de agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado Tercero Civil del Circuito, declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta por el señor Eliseo Santa Vargas y, por lo tanto, revocó el fallo del a quo. Indicó el Juez que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante puede acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para controvertir la decisión de la Administración.[17]
d. A la Sociedad Colombiana de Oftalmología conceptuar sobre si un paciente con astigmatismo miópico corregido OD, Retinocoroidosos miópica bilateral y secuelas de retinopexia OI, del cual se anexa la Epicrisis Oftalmológica[18], sufre de una discapacidad visual que no puede ser corregida con anteojos o lentes de contacto.
4.1. La Constitución Política, en el artículo 86, establece que la acción de tutela procede como mecanismo de protección preferente y sumario cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa judicial. De manera que, dada su naturaleza subsidiara, la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios ordinarios de defensa judicial.[19]
El segundo supuesto en el cual la acción es procedente, así existan otros mecanismos de protección, se da cuando el juez constitucional, luego de estudiar el mecanismo principal de defensa judicial en el caso concreto, determina que éste no es idóneo o eficaz. En este supuesto el juez tiene dos opciones para otorgar el amparo; i) como mecanismo transitorio, en el caso de que las acciones ordinarias sean adecuadas para dar un remedio integral a la situación, pero no son lo suficientemente eficaces; o ii), como mecanismo definitivo de protección, cuando el juez de tutela determine que “las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”[26], o en otras palabras, cuando el juez de tutela considere que los demás mecanismos establecidos en el sistema no son adecuados para atender el problema.
Sin embargo, existen varios factores que rodean el caso y muestran la falta de idoneidad de dicho mecanismo. En primer lugar, se trata de una persona de 62 años de edad, que cuenta con una vivienda rústica de esterilla y tabla situada al margen del Canal Cauquita Norte, por el cual transitan aguas residuales y, por lo tanto, constituye un factor constante de alto riesgo tanto para su vida como para su salud. En segundo lugar, de interponerse la respectiva acción ante un juez administrativo, el proceso no contaría con la celeridad con la que cuenta la acción de tutela y, por lo tanto, tendría que esperar una solución de la justicia ordinaria y, paralelamente, frente al desalojo no contaría con una vivienda en donde reubicarse mientras se resuelve el asunto.”
5.1. El inciso 1° del artículo 82 de la Constitución Política, establece que el Estado tiene el deber de velar por la protección y la integridad del espacio público, así como asegurar su destinación al uso común[29], asegurando el acceso, goce y utilización de los espacios colectivos.[30] De acuerdo con el artículo 5º de la Ley 9 de 1989 el espacio público es el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.”
6.1. El artículo 83 de la Constitución Política de 1991 prescribe que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estos.”
La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”[36]
6.2. Por su parte, la confianza, entendida como las “expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto”[37], es un principio jurídico que encuentra fundamento en la buena fe, el respeto del acto propio[38] y el principio de seguridad jurídica[39]. La cual ha sido protegida por la jurisprudencia de esta Corte como el principio de la confianza legítima.
Sin embargo, no cualquier expectativa se encuentra jurídicamente protegida, pues la confianza debe ser legítima o justificada para que pueda ser amparada por vías judiciales, pues sólo se protegen aquellas “circunstancias objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican revistiéndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles.”[44] Por tanto, el principio de confianza legítima no salvaguarda aquellos comportamientos dolosos o culposos[45], y sólo opera frente a comportamientos justificados, razonables y genuinos. Así mismo, este principio no cobija aquellas circunstancias en las cuales la Administración ha dejado establecido con anterioridad que puede modificar la situación individual en cualquier tiempo, ni frente a situaciones donde el administrado es titular de derechos adquiridos. De manera que sólo opera en los casos en que se tenga una expectativa justificada de que una situación de hecho o una regulación jurídica no será modificada intempestivamente.[46]
“(…) el desalojo de trabajadores informales con el cual termina el procedimiento policivo tiene que ir acompañado de algunas medidas en favor de aquellos, si están amparados por la confianza legítima. En principio, la medida es la de la reubicación, no en el sentido de que el erario público se encarga de entregar un inmueble para que allí se formalice un trabajo que antes era informal, (por supuesto que si las autoridades públicas lo hicieren por haber destinación presupuestal precisa y adecuada, esta opción también es válida), sino que las autoridades públicas y concretamente el respectivo municipio determine el sitio donde pueden laborar las personas que van a ser desalojadas, dándoseles las debidas garantías para el ejercicio de su oficio, y, además hay que colaborar eficazmente con determinados beneficios (no indemnizaciones) que faciliten la ubicación en el nuevo sitio para trabajar y también se haga mas (sic) llevadero el traslado y la reiniciación del trabajo. Pero puede haber otras opciones distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación, tan es así que propio (sic) Distrito Capital habla de “estrategias”. Luego, el juzgador constitucional apreciará teniendo en cuenta los ofrecimientos y el análisis de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén debidamente señaladas y sean reales y es en esta proyección que debe entenderse por la jurisprudencia las opciones alternativas o colaterales a la principal: la reubicación.
Precisamente los pronunciamientos de organismos internacionales sobre política de empleo hacia los trabajadores informales, concretamente plantean la participación de los Entes locales para el tratamiento de esta problemática, y se habla de que para no deprimir aún mas (sic)el sector no estructurado son viables como propuestas: desarrollar la capacitación, acceso al crédito, trato preferencial en materia de inversiones, exenciones, reducción del número y costo de los trámites administrativos y reglamentarios, entre otros ejemplos. Este comportamiento sano de la administración es acorde con la dignidad humana del trabajador y se ubica dentro de los parámetros de la justicia social.”
De lo anterior se concluye que las pruebas de buena fe que pueden presentar los administrados son numerosas, sin embargo, es necesario que exista algún pronunciamiento por parte de la Administración que demuestre la conducta permisiva de ésta de manera expresa o tácita y la actuación de buena fe del vendedor. En el caso de los carnés, o de las “autorizaciones” escritas –licencias, acuerdos, decretos, etc.- cuando la Administración decide unilateralmente dejarlos sin efecto, no implica que la confianza que depositó el administrado en la Administración cese de existir, por el contrario, lo que esto implica es que el Estado está afectando su acto propio.
7.1. El derecho a la vivienda digna reconocido, en el artículo 51[60] de la Constitución Política, está catalogado como un derecho económico y social de naturaleza prestacional. El mismo ha sido definido[61] como el derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan realizar de manera digna su proyecto de vida.
Sin embargo, la Corte ha reconocido otras situaciones, en las cuales el mecanismo procedía: (i) cuando se evidenciara que había una posible vulneración al derecho al mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta[64]; (ii) cuando el contenido del derecho estuviera determinado, y por tanto hubiera adquirido el carácter de fundamental, de acuerdo a la teoría de la transmutación[65]; o (iii) cuando por medio de otros principios democráticos que hacen parte de nuestra Carta Política, se llega a la convicción de que la tutela es necesaria para proteger el derecho a la vivienda[66]. Dichas hipótesis fueron ampliamente debatidas, hasta que se dio el paso al siguiente momento histórico en el desarrollo jurisprudencial de este derecho.
7.5. De esta manera, se estableció que, “como valor constitucional la dignidad humana en materia de vivienda supone proveer espacios mínimos, calidad de la construcción, acceso a servicios públicos, áreas para recreación, vías de acceso y, en general, ambientes adecuados para la convivencia de las personas; al mismo tiempo, la Administración, según sus posibilidades fiscales y competencias jurídicas, debe generar sistemas económicos que permitan la adquisición de vivienda acorde con el ingreso de la población y propender por una oferta adecuada, con énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad.”[69]
7.6. Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible entonces identificar tres supuestos en los cuales procede el amparo por vía de tutela, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo precedente: (i) cuando esté de por medio la faceta de no perturbación o el derecho de defensa de la vivienda digna, es decir “la obligación estatal de no perturbar el goce del derecho injustificadamente, y de proteger a las personas contra injerencias indebidas de terceros en el goce del derecho a la vivienda, es exigible ante el juez de tutela de forma inmediata”[70]; (ii) cuando haya un reclamo relativo al respeto de un derecho subjetivo adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema y, (iii) por último, cuando debido a la situación de debilidad manifiesta del accionante la posible vulneración al derecho a la vivienda digna ponga en riesgo su dignidad.
Así las cosas, la Sala considera que, como quiera que la entidad demandada no adoptó alguna medida alternativa para la preservación del principio de confianza legítima y la salvaguarda de los derechos fundamentales del actor, le corresponde a la administración local, acompañar al accionante, a fin de verificar su situación personal, familiar, social y económica, con el objetivo de establecer e implementar el tipo de programa estatal resulta [que] aplicable a su caso, ya sea a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, atendiendo a que el acto administrativo de desalojo lesiona desproporcionadamente los intereses de la accionante y constituye una medida regresiva.”
8.1.1. En primer lugar, el accionante de 51 años de edad[72], habita junto con su hijo -menor de edad[73]- desde el año de 1994 en el bien objeto de recuperación. En respuesta a los requerimientos sobre su condición económica, éste manifestó que sólo obtiene ingresos de la actividad comercial[74] que desarrolla en el bien ocupado y no puede desempeñarse en otro oficio, o conseguir otro trabajo, pues padece de una limitación visual del 75%[75]. Como prueba anexa un certificado médico, la copia de su historia clínica y la calificación de discapacidad expedida por la Junta Regional de Discapacidad que indica que éste padece una discapacidad laboral del 50.05%[76]. Con base en lo anterior y de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 47 de la Constitución Política[77], se concluye que el accionante es un sujeto de especial protección.[78]
Respecto de la procedencia de las acciones de tutela iniciadas por ciudadanos de atención constitucional preferente, la Corte ha señalado que el estudio de procedibilidad debe hacerse de manera menos rigurosa, mas no menos estricta, “para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”[79] Lo anterior, aunado a que en el bien objeto de la orden de desalojo habita también un menor de edad[80], debe ser tenido en cuenta al analizar la eficacia e idoneidad de las demás acciones.
“LEIDO este documento al compareciente con la advertencia de que este instrumento no se registra por tratarse de mejoras en terrenos municipales de conformidad con normas vigentes, aprobo (sic) y firma conmigo el Notario, quien así lo autoriza, dejando constancia que este instrumento se elaboro (sic) en las hojas notariales AA 13046404 y 13046405.”[89]
En este caso el accionante ha ocupado el espacio por más de quince años, sin que haya habido algún tipo de censura o interrupción en el goce de la posesión, además de que tiene conexión a los servicios públicos de teléfono[90], energía[91] y acueducto y alcantarillado[92]. Por lo que advierte la Sala que estas son pruebas suficientes de que el accionante creía legítimamente que la Administración conocía y consentía la ocupación del espacio público. Adicionalmente, es menester enunciar que la jurisprudencia de esta Corporación en algunas oportunidades ha reconocido como prueba de la legitimidad de la confianza los largos períodos de ocupación del espacio público. Al respecto la sentencia T-075 de 2012 señaló: “…la jurisprudencia ha encontrado que cuando el espacio ha sido ocupado por un largo periodo de tiempo es porque la administración ha tolerado en forma expresa o tácita tal situación, generando en los ocupantes la sensación de seguridad y a su vez, de confianza legítima de los actos realizados, elemento principal sobre el cual se ha basado la decisión en tales situaciones.” De manera que se entendería que los 15 años de ocupación del espacio público son prueba suficiente de la legitimidad de la confianza.
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por la Sala en auto del 27 de enero de 2011.
SEGUNDO.- REVOCAR, el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, el 11 de agosto de 2010 y en su lugar CONFIRMAR el fallo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, del 30 de junio de 2010, en el sentido de conceder la tutela, pero por las razones y en los términos de esta sentencia, de los derechos fundamentales a la vivienda digna y al trabajo, del señor Eliseo Santa Vargas y su núcleo familiar.
TERCERO.- ORDENAR a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y a la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, verifique la situación personal, social y económica del accionante y su núcleo familiar, con el fin de establecer el tipo de programa de salud, asistencia permanente a la población vulnerable y de comerciantes informales, del Municipio les son aplicables, ya sea a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes. Así mismo, ordenar a las Secretarías que una vez se establezcan los programas Municipales aplicables se les brinde acompañamiento, orientación y seguimiento frente a los trámites que se deban surtir para su inscripción.
CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y a la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, que adelante las diligencias necesarias para la inscripción en los programas de vivienda de interés social desarrollados en ese municipio, previa verificación de los requisitos exigidos y observando, además, el debido proceso en la asignación de los recursos disponibles, trámite que no podrá exceder de veinte (20) días.
QUINTO.- ORDENAR a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y a la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué que, desde que se efectué la restitución del espacio público, hasta que se entregue el plan de reubicación de vivienda definitivamente al accionante, le otorgue al señor Santa y a su familia una medida transitoria de reubicación, ya sea por medio de un subsidio de arriendo o por medio de los planes de reubicación temporal con los que cuente la Alcaldía.
SEXTO.- ORDENAR a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y a la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, concerté y concrete con el actor un plan de reubicación para que pueda laborar con las debidas garantías para el ejercicio de su oficio, de acuerdo con los planes de restitución que ya existen en el Municipio.
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Secretaría de Gobierno de Ibagué y a la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Ibagué que, desde que se efectué la restitución del espacio público y hasta que se reubique laboralmente de forma definitiva al accionante, se le otorgue a éste y a su familia un subsidio de manutención.
OCTAVO.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] Folio 86-92, cuaderno 2.
[4] Folio 13-15, cuaderno 2. En la Escritura, el accionante manifiesta “Que es poseedor quieto y pacífico desde hace aproximadamente siete (7) años, de un lote de terreno de propiedad del Municipio de Ibagué, (…)”. Dice el accionante que hace la declaración de mejoras, “para que se eleve a escritura pública y se registre posteriormente en el Instituto Geográfico Agustín (sic) Codazzi.” Sin embargo, el Notario hace la siguiente salvedad, “LEIDO, este instrumento al compareciente con la advertencia de que este instrumento no se registra por tratarse de mejoras en terrenos municipales de conformidad con normas vigentes, (…)”
[23] Respecto a la característica de gravedad, en la sentencia T- 640 de 1996, la Corte decidió declarar improcedente la acción de tutela porque el peticionario tenía a disposición un medio de defensa judicial y no se configuraba un perjuicio irremediable. Esto último en la medida en que el derecho que se pretendía proteger, no reportaba gran interés para la persona y para el ordenamiento jurídico. Así, en esta oportunidad, la Corte afirmó que: “la restricción al derecho de circulación en determinado medio de transporte y en un horario restringido a unas pocas horas nocturnas dentro de los fines de semana, no puede considerarse, a juicio de esta Sala, una vulneración grave del derecho a la libre circulación que consagra el artículo 24 de nuestra Carta Política”.
[25] Así, por ejemplo, en la sentencia T-479 de 2008, refiriéndose a una solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la Corte afirmó que: “en aquellos casos en los que exista un error evidente en el análisis de los requisitos a satisfacer por el solicitante o en la aplicación de la regulación pertinente, procederá el reconocimiento del derecho pensional en sede de tutela siempre que el juez haya verificado previamente la afectación del mínimo vital”. De esta manera, en ese caso, esta Corporación declaró la procedencia de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pero concedió el amparo definitivo del derecho pensional afectado.
[28] Sentencia de 26 de julio de 2001, Sección Quinta, Consejero Ponente: Mario Alario Méndez. En esta sentencia se estudió el caso de un peticionario que interpuso acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y contra una Resolución expedida por esa Alcaldía mediante las cuales se ordenó el cierre definitivo de un parqueadero. En esa oportunidad el Consejo de Estado dijo: “los juicios de policía dirimen conflictos entre las partes, [los cuales] son distintos de aquellas actuaciones que culminan con la aplicación de medidas de policía (…) puramente administrativas”. En el mismo sentido se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en pronunciamiento del 26 de marzo de 1998, con número de radicado 1089.
[31] Artículo 63 de la Constitución Política
[32] El Artículo 313 de la Constitución Política de 1991 le otorga al Concejo o Junta Municipal la facultad y el deber de reglamentar los usos del suelo.
[33] El artículo 132 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan las normas sobre Policía” dice: “Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución o restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador.”
[35] Sentencia T-729 de 2006. En esta oportunidad la Corte revisó el caso de un señor en Ibagué al cual la Alcaldía le ordenó la restitución del espacio en el cual desarrollaba la actividad de comercio informal estacionario durante veintidós años. La Alcaldía como alternativa luego del desalojo le brindó un “triciclo saltarín” el cual, dice el accionante no es adecuado por su avanzada edad. En esa oportunidad la Corte concedió la acción de tutela y ordenó que la Alcaldía le asignara uno de los sitios dispuestos para la reubicación.
[38] Ver sentencia T-295 de 1999. Este principio comprende “una limitación del ejercicio de las potestades consistente en la fidelidad de las autoridades a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismas, cuando afectan a particulares y sin seguir el debido proceso para ello, más aún cuando el acto posterior este (sic) fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos. (T-475 de 1992)” Sentencia T-878 de 2010.
[39] Ver artículos 1° y 4° de la Constitución Política.
[40] Es claro que en los casos en los que exista una disputa entre el interés particular y el interés general, ésta debe resolverse a favor de éste último, ya que“lo colectivo debe primar sobre lo individual, y lo público sobre lo privado”. Sentencia C-617 de 1995. Afirmación que encuentra como fundamento los artículos 1° y 63 de la Constitución Política de Colombia.
[43] Sentencia T-438 de 1996. Caso en el que se analiza la tutela instaurada por varias personas en Barranquilla, a las cuales la Administración les había permitido establecer “colmenas” o estaciones de venta en la plaza de mercado desde 1977. En 1996 la Administración emitió una resolución ordenando la demolición de las “colmenas”. Los accionantes solicitan la protección al derecho al trabajo, a la propiedad, a la posesión, al debido proceso y a la vivienda. En el presente caso la Corte tuteló el debido proceso de los accionantes, en el sentido que no se puede surtir un desalojo sin los previos trámites legales y los respectivos planes de reubicación.
[47] En la sentencia C-007 de 2002, la Corte se pronunció respecto de la aplicación del principio de confianza legítima en los casos en los cuales hay un cambio de condiciones en la legislación. En esa oportunidad indicó que es necesario que existan unas “razones objetivas” para proteger la confianza legítima frente a los cambios súbitos de legislación, en ese entonces definió las “razones objetivas “cuando, por ejemplo, la norma en cuestión (i) ha estado vigente por un muy largo período; (ii) no ha estado sujeta a modificaciones ni hay propuestas sólidas de reforma; (iii) su existencia es obligatoria, es decir, no es discrecional para las autoridades responsables suprimir el beneficio; y además, (iv) ha generado efectos previsibles significativos, es decir, ha conducido a que los particulares acomoden de buena fe sus comportamientos a lo que ella prescribe.”
“En los primeros años de la Corte, las sentencias T-225 de 1992, T-372 de 1993, T-091 de 1994, T-578 de 1994, T-115 de 1995 y T-438 de 1996, concedieron la protección del derecho al trabajo de vendedores ambulantes que venían desarrollando esa actividad con anterioridad a la orden de desalojo expedida por la autoridad administrativa. Así mismo, la sentencia T-617 de 1995 (desalojo de recicladores) concedió el amparo a unas personas que cobijadas por la confianza legítima habitaban en calles de esta ciudad y otorgó especial protección a los niños, hijos de recicladores que habitaban a orillas de la carrilera. Por el contrario, la sentencia T-398 de 1997 negó la acción de tutela por ausencia de vulneración de derechos y las providencias T-160 de 1996, T-550 de 1998 y T-778 de 1998 negaron la tutela de los solicitantes, como quiera que se probó que no existían permisos o licencias que autorizaran el uso del espacio público.”
[53] Sentencia T-034 de 2004. En dicha providencia se trató el caso de una señora que con su familia habitó un predio por más de 29 años, por el cual pagaba impuesto predial y servicios públicos. A partir de una acción popular que ordenó a la Administración recuperar el humedal “Madre Vieja”, la Administración inició un proceso de restitución del inmueble para que desalojara su casa y se iniciara el proceso de recuperación del humedal. La accionante interpuso acción de tutela, solicitando la protección al derecho a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna y por tanto se ordenó la reubicación de su vivienda.
[58] En la sentencia SU-360 de 1999, se concedió la tutela en el caso de una señora que pagó impuestos al Distrito, en la sentencia se estableció “Por el contrario, si es prueba adecuada el pago de impuestos al Distrito por parte de (…)”
[60] “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[64] Sentencias T-079 de 2008 y C-217 de 1999. En esta última se estudió la constitucionalidad de un Decreto dictado en Estado de Emergencia por el terremoto de Armenia en 1999, en el cual se crearon programas de vivienda para personas afectadas y se estableció que en algunos casos se les daría una suma de dinero para solucionar su estado de precariedad.
[65] Sentencia T-585 de 2006, en el cual se les tuteló el derecho a la vivienda digna de los accionantes quienes habían accedido a un subsidio de vivienda, pero no se había desembolsado.
[77] La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 61/106, ratificada por Colombia, en el Preámbulo de la Convención definió la discapacidad como un concepto “que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras ambientales y actitudes imperantes que impiden su completa participación en la sociedad sobre una base de igualdad con las demás personas”. A su vez, el artículo 1º de ese instrumento internacional, señaló que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
[78] El artículo 13 de la Constitución Política, en su inciso tercero, determina que es deber del Estado proteger a aquellas personas que se encuentren dentro de grupos discriminados o marginados, o en estado de debilidad manifiesta, ya sea por su condición física o mental. Asimismo, el artículo 47 establece que es deber del Estado, adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para aquellas personas que sufran disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas.
[79] Al respecto en la citada providencia se dijo: “La verificación de estos requisitos debe ser efectuada por los jueces en forma estricta, por virtud del referido carácter subsidiario de la tutela; no obstante, en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”
[80] El cual también es un sujeto de especial protección en virtud del artículo 44 de la Constitución Política.
[84] La escritura dice: “ Que es poseedor quieto y pacífico desde hace aproximadamente siete (7) años, de un lote de terreno de propiedad del Municipio de Ibagué (…)” (folio 62, cuaderno 2)
[86] Folios 13 – 15, cuaderno 2.
[87] El accionante aportó copia de los recibos de 2004 – 2010 (folios 25-28, cuaderno 2) y la Directora de Rentas Municipales de Ibagué aportó copia de los recibos de energía y alcantarillado.
“El otorgamiento de la escritura pública de declaración de mejoras sobre un bien de uso público o privado no le es dado al Notario exigir el certificado de libertad y tradición del inmueble, por lo que, si el usuario u otorgante no manifiesta dentro del contenido de la minuta o en las declaraciones presentadas ante al notario que el bien inmueble es de uso público, al Notario al ser desconocedor de dicha circunstancia, le es viable permitir el otorgamiento y posterior autorización, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos por ley. No obstante, al ingresar la escritura pública a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, si en la matrícula inmobiliaria el bien está como de uso público, no es objeto de registro.
Es necesario advertir, que por regla general a los bienes de uso público no se les abre matrícula inmobiliaria.” (Folios 30-31, cuaderno principal.)
Teniendo estos conceptos básicos, el predio con ficha 01-10-0490-0013-000 de la ciudad de Ibagué, corresponde a un predio sobre el cual existe una mejora ajena. Su avalúo catastral lo constituye el área de terreno. (…) Se debe recordar que el catastro no constituye título de dominio, no sanea los vicios que tenga una propiedad o posesión; por consiguiente, si físicamente existe una construcción, esta es ineventariada en el censo catastral, independientemente de la clase de terreno sobre la cual está edificada y por el hecho de la inscripción catastral no se sanea la legalidad de la construcción.” (Folios 438-43, cuaderno principal.)
[93] Sentencia T-075 de 2012.En esa oportunidad la Corte estudió el caso de unas personas en Cali que habitaban en la rivera del canal “Cauquita Norte” las cuales fueron desalojadas por ser invasoras de espacio público. Los accionantes solicitaban la reubicación, mientras la entidad accionada indicaba que ya había iniciado planes de asistencia, como subsidios por unos meses mientras se lograba la reubicación. En esa oportunidad la Corte tuteló el derecho a la vivienda digna, y ordenó la reubicación de las familias que se encontraban en las mismas condiciones que el accionante y ordenó el pago de subsidios de arriendo hasta que la reubicación no se hubiera efectuado.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 82
 artículo 5
 artículo 83
 artículo 51
 artículo 36
 artículo 24
 Resolución 
 Artículo 63
 Artículo 313
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 44