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Timestamp: 2018-04-25 15:28:44+00:00

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Este articulo explica cómo y por qué el sistema de tribunales de Puerto Rico discrimina activa e inconstitucionalmente contra los hombres a la hora de determinar la custodia de los hijos de una pareja luego de una ruptura, analiza la nueva ley de custodia compartida y ofrece varias recomendaciones.
LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO POLÍTICA PÚBLICA EN PUERTO RICO: ¿EL PRINCIPIO DEL FIN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS PADRES EN LAS SALAS DE FAMILIA? ARTÍCULO
HIRAM M. ANGUEIRA* Introducción ............................................................................................................ 61 8 I. Derecho aplicable ............................................................................................... 863 . A. Contexto histórico ...................................................................................... 863 B. Contexto legislativo ................................................................................... 864 B. Contexto jurisprudencial ............................................................................ 868 D. Consideraciones constitucionales ............................................................. 871 E. El proceso de adjudicación de custodia en Puerto Rico al presente ....... 874 F. La Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia (Ley de Custodia Compartida) ................. 878 III. Discusión ........................................................................................................... 81 8 A. El discrimen y los criterios de determinación de la custodia compartida ................................................................................................. 882 B. Los intereses económicos detrás de la custodia ...................................... 886 . IV. Recomendaciones ............................................................................................ 890 Conclusión .............................................................................................................. 893
José y María Sofía se emparejaron. Innegablemente, se amaban y quer‐ ían pasar el resto de sus vidas cuidándose mutuamente y criando a sus futuros hijos. Así, en medio de sus clases de estudios sociales, mientras la maes‐ tra hablaba de la Constitución de Puerto Rico y sus cláusulas que prohíben el discrimen por razón de sexo, María Sofía le pedía a Carlos que se matriculara en la Universidad de Puerto Rico para nunca estar muy lejos el uno del otro. Carlos José, siempre pensando en el futuro, accedió y ambos empezaron a estudiar en Río Piedras en el otoño próximo.
* El autor es estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ostenta un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale y es padre de Alejandro.
AN TEMPRANO COMO EN EL CUARTO AÑO DE ESCUELA SUPERIOR, CARLOS
Los cuatro años de bachillerato pasaron y ambos se graduaron con honores. Luego de marchar a recibir el diploma, caminaron juntos a la iglesia para casarse y formalizar su compromiso. Las familias de ambos se sentían orgullosas de los logros de sus hijos y acordaron ayudarles a comprar un hogar. La vida les regaló suerte y, para el segundo aniversario de bodas, ya María Sofía tenía en sus brazos a Jorge Andrés y un año más tarde a Andrea María. Carlos y María se sentían felices, trabajando de igual a igual, cuidando de sus hijos y manejando todas sus responsabilidades en conjunto. Así, pasaron diez años hasta que poco a poco, más por desidia que por deseo, Carlos y María se alejaron uno del otro. Se enfocaban más en sus respectivos trabajos y amistades que en su relación. Aunque fueron a buscar ayuda a varios psicólogos, la realidad fue que Carlos decidió que no podía seguir casado con María. Para él, sus sentimientos hacia María habían cambiado y, aunque le daba mucha pena la situación, pensaba que era mejor no continuar viviendo una ilu‐ sión. Por lo menos, pensó él, en su vida siempre estarían Jorge, Andrea y el re‐ cuerdo de los buenos tiempos que pasó junto a María. Carlos, pensando en el mejor bienestar de sus hijos, creía que lo lógico y natural sería que María y él se pusieran de acuerdo para continuar criándolos en conjunto, dividiendo el tiempo y la responsabilidad entre ambos. Aunque Carlos siempre fue un excelente papá, muy involucrado en la vida diaria de sus hijos y feliz de compartir todas las responsabilidades, el ordena‐ miento jurídico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se encargó de destruir completamente a su familia. Primero, la jueza que atendió el caso de divorcio redujo su estatus de papá co‐criador a papá de visita, al solamente permitirle pasar dos fines de semana al mes con Jorge y Andrea. Segundo, le impuso una pensión alimentaria que cubría todos los gastos de vida de sus hijos y sobraban más de dos mil dólares mensuales para María, aunque ella era una empresaria exitosa que ganaba más de ochenta mil dólares al año. Tercero, ante su solicitud de custodia compartida, la Jueza dijo no ha lugar, porque criar es cosa de mujer y, además, según alegó María, había mala comunicación entre ellos. Cuarto, la jueza insinuó que lo que él realmente quería era reducir el monto de la pensión. Por último, la jueza le retiró la 2q1patria potestad a Carlos, a solicitud de María para que así no pudiese tener injerencia en los asuntos importantes de la crianza. Ante este panorama, Carlos llegó a considerar saltar al vacío desde el séptimo piso del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.1 La sustancia de este relato, aunque pudiera parecer inverosímil para quienes no han experimentado la normativa que rige el sistema de tribunales de familia del Estado Libre Asociado, es vivida día a día por miles de hombres y sus hijos en
1 Para una referencia de incidencias similares véase Violencia de género feminista: 12.765 españo‐ les se suicidaron en 2010, el 70% estaban en periodo de separación, SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (12 de octubre de 2011), http://sindromealienacion.blogspot.com/2011/10/violencia‐de‐genero‐ feminista‐12765.html.
Puerto Rico. Mientras los líderes de la sociedad hablan de la importancia de la familia y de eliminar todo tipo de discrimen en la Isla, la normativa vigente en los Tribunales separa las familias por la fuerza y discrimina activamente contra los hombres por el mero accidente de haber nacido con un cromosoma Y. Este artículo aspira a explicar las razones históricas, legislativas y jurispru‐ denciales que han llevado al presente ordenamiento jurídico de Puerto Rico a discriminar severamente contra los hombres en materia de familia. Adicional‐ mente, y tomando como punto de partida la recién aprobada “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia (en ade‐ lante, Ley de Custodia Compartida),2 se ofrecerán varias recomendaciones que, de implementarse, redundarían en beneficio del bienestar de la familia, inde‐ pendientemente de su metamorfosis tras la ruptura de una relación. Para lograr estos propósitos, este artículo se ha dividido en tres secciones. En la primera sección, se trazará el desarrollo histórico de la normativa legislativa y jurisprudencial que rige las decisiones de los tribunales de familia, se expondrá la metodología de análisis aplicable a los casos en que se violan derechos constitu‐ cionales fundamentales—como es el derecho a la crianza y el derecho a no ser discriminado por razón de género—y se expondrá la nueva Ley de Custodia Compartida. En la segunda sección, se analizará la nueva Ley de Custodia Com‐ partida para determinar si tiene el potencial de detener la violación de los dere‐ chos constitucionales de los hombres en los tribunales de familia. La tercera sección, finalmente, presentará una serie de recomendaciones cuya implementa‐ ción redundaría en un sistema de tribunales de familia enfocado en proteger el bienestar de la familia puertorriqueña, independientemente de su forma presen‐ te o futura.
I. D E R E C H O A P L I C A B L E
A. Contexto histórico El discrimen en asuntos de familia siempre ha estado presente en la norma‐ tiva de familia en Puerto Rico. Tan temprano como en las Leyes de Partidas, cuya autoridad legal se remonta al 1348 en España y cuya aplicación a Puerto Rico perduró desde 1492 hasta los años 1880’s, la patria potestad se declaraba ser un derecho estrictamente perteneciente al padre y que incluía el tener autoridad sobre los hijos y la custodia o tenencia física de éstos.3 La madre, por tanto, no
2 Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, 2011 LPR ___, disponible en http://www.oslpr.org/2009‐ 2012/leyes/pdf/ley‐233‐11‐Dic‐2010.pdf. 3 Sucesión Suro v. Sucesión Prado, 21 DPR 241, 249 (1943). Véase también II REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, LAS SIETE PARTIDAS DEL REY DON ALFONSO X EL SABIO (1807). TÍTULO 17
tenía ningún derecho sobre la prole.4 Más adelante, la ley española de matrimo‐ nio civil de 1870, precursora de las secciones relacionadas a la patria potestad y custodia del Código Civil Español de 1889, estableció que “el padre, y en su de‐ fecto, la madre, tiene potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados”.5 Esta normativa estuvo vigente desde que se hizo extensivo a Puerto Rico el Código Civil español en 1890 hasta que fue enmendado en el 1976. En 1976, se enmendó el código para dividirla equitativamente entre ambos padres. 6 B. Contexto legislativo La revolución industrial de Puerto Rico y el auge del movimiento feminista fueron cambiando de manera sustancial las prácticas sociales y, eventualmente, el derecho positivo. La revolución industrial de la posguerra permitió la entrada de las mujeres al campo del empleo remunerado.7 La incorporación de la mujer a las relaciones de trabajo, además, cambió la naturaleza de la relación entre los
Del poder que tienen los padre sobre los hijos, de cualquier naturaleza que sean. Ley 1: Patria potestas en latín tanto quiere decir en romance como el poder que tienen los padres sobre los hijos; y este poder en un derecho tal que tienen señaladamente los que viven y se juzgan según las leyes antiguas derechas que hicieron los filósofos y los sabios por mandado y por otorgamiento de los emperadores; y tienen sobre sus hijos y sobre sus nietos y sobre todos los otros de su linaje que descienden de ellos por la línea derecha, y que son nacidos del casamiento derecho. . . . . Ley 3: Tómase esta palabra, que es llamada en latín potestas, que quiere tanto decir en romance como poderío, en muchas maneras, a veces se toma esta por señorío, así como aviene en el poderío que tiene señor sobre su siervo, a veces se toma por jurisdicción, así como acaece en el poder que tienen los reyes y los otros que tienen sus lugares sobre aque‐ llos a los que tienen el poder de juzgar; a veces, se toma por el poder que tienen los obis‐ pos sobre sus clérigos; y los abades sobre sus monjes, que tienen que obedecerles; y a veces se toma esta palabra potestas por ligamiento de reverencia, y de sujeción y de castigamien‐ to que debe tener el padre sobre su hijo y de esta postrimera manera hablan las leyes de es‐ te título. Id. 4 Id. 5 José María Castán Vázquez, De las relaciones paterno‐filiales, en 2‐III COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL (Manuel Albaladejo & Silvia Diez Alabart eds., 2da ed. 1982), disponible en http://vlex.com/vid/articulo‐156‐230479. 6 El artículo 152, el cual estuvo vigente desde 1907 hasta 1976, leía: La patria potestad sobre los hijos legítimos no emancipados corresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre. Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del pa‐ dre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo. COD. CIV. PR art. 152, 31 LPRA § 591 (1993 & Supl. 2010). 7 Ex parte Torres, 118 DPR 469, 497‐99 (1987).
sexos8 y propició importantes cambios en la sociedad que desembocaron en nue‐ vas leyes cuyo objetivo era igualar, por lo menos formalmente, los derechos entre los hombres y las mujeres. Las reformas más significativas al Código Civil ocurrieron entre los años 1976 y 1980.9 En 1976, se enmendaron los artículos 152, 154, 162, 165, 233 y 23710 para declarar que, tanto al padre como a la madre, le corresponden la patria potestad sobre los hijos durante el matrimonio y para establecer que ambos, o quien os‐ tente la patria potestad, administrarán los bienes de sus hijos menores de edad.11
8 Id. en las págs. 497‐99.
9 JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y RELACIONES CONSTITUCIONALES CON LOS ESTADOS UNIDOS 869 (2009). 10 Antes de la reforma de 1976 el texto sobre patria potestad de los hijos leía: La patria potestad sobre los hijos legítimos no emancipados corresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre. Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del padre o de la ma‐ dre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo. COD. CIV. PR art. 152, 31 LPRA § 591 (1962). El artículo 154 establecía que “[l]a administración de los bienes de los hijos que estén bajo la patria potestad pertenece, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre”. Id. § 611. El artículo 162, sobre usufructo en caso de divorcio, establecía que “[e]n el caso de divorcio el usufructo de los bienes de los hijos no emancipados corresponderá, conforme a lo establecido en las secciones anteriores, al padre o madre a cuyo favor se hubiese dictado la sentencia de divorcio”. Id. § 619. Con respecto a la patria potestad el artículo 165 decía que “[l]a patria potestad se suspende por incapacidad o ausencia del padre, o en su caso, de la madre, declaradas judicialmente, y también por la interdicción civil”. Id. § 633. El artículo 233 leía como sigue: El menor puede ser mancipado para regir su persona y administrar sus bienes, o para el solo efecto de la administración de los últimos por su padre, o en defecto de éste, por su madre, cuando dicho menor hubiese cumplido la edad de dieciocho años. Esta emancipación tendrá lugar por la declaración del padre o de la madre, hecha an‐ te notario público en presencia de dos testigos y con el consentimiento del menor. Id. § 911. Por último, el artículo 237 establecía que: La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera ma‐ yor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas. Id. § 915. 11 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 9, en la pág. 869.
Ese mismo año, también se enmendó el artículo 10712 para establecer que puede concederse a cualquiera de los padres la custodia y patria potestad de sus hijos no emancipados tras el divorcio, independientemente de quien fue declarado inocente o culpable en el proceso.13 Es importante considerar que, hasta ese mo‐ mento histórico, en la vasta mayoría de los divorcios, había una parte victoriosa, concebida como inocente, y otra culposa. Los hijos se le adjudicaban a la parte que no fue responsable por la ruptura matrimonial, independientemente de su relación con cada uno de los padres. Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Tribunal Supremo) declaró en Mallen v. Vidal en 1917:
La naturaleza de la custodia que se le concede a la parte inocente en un divorcio es la de disolver la relación legal que existe entre el padre culpable y el hijo. Esto está demostrado además por el artículo 175 [convertido al 107 en el 1930] del Código Civil, que dispon[ía] que: ‘En todos los casos de divorcio, los hijos meno‐ res serán puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte que lo hubiese ob‐ tenido; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos’.14
La relación de la parte perdidosa con sus hijos, por ende, pasaba a ser una de carácter secundario. En 1977 se enmendaron los artículos 156, 157, 159 y 16015 para establecer que la patria potestad se ejercería de manera conjunta por el padre y la madre sobre los
12 El texto antes de la reforma de 1976 leía: En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y pa‐ tria potestad de la parte a favor de la cual se hubiera dictado sentencia; pero el cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y exten‐ sión que acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos. . . . 31 LPRA § 383 (1962). 13 14 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 9, en la pág. 869. Mallen v. Vidal, 25 DPR 669 (1917).
15 El texto del artículo 156 del Código Civil, antes de la reforma de 1976, establecía que “[p]ertenece al padre o a la madre en propiedad y usufructo lo que el hijo adquiera con caudal de cada uno de ellos. Pero si el padre o la madre le cediesen todo o parte de las ganancias, no se le impu‐ tarán en su herencia”. 31 LPRA § 613 (1962). El artículo 157, sobre bienes donados o legados para la educación de los hijos, leía: Corresponderán en propiedad y en usufructo al hijo no emancipado los bienes o ren‐ tas donados o legados para los gastos de su educación e instrucción; pero tendrán en su administración el padre o la madre, si en la donación o en el legado no se hubiere dispues‐ to otra cosa, en cuyo caso se cumplirá estrictamente la voluntad de los donantes. Id. § 614. EL artículo 159, sobre enajenación o gravamen de los bienes, disponía que: El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor excede de quinientos dóla‐ res, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de aquéllos sin previa autori‐ zación de la sala del Tribunal Superior del lugar en que los bienes radiquen. . . .
bienes de los hijos menores de edad.16 En 1980 se enmendó el artículo 152 nue‐ vamente para permitir que cualquiera de los padres con patria potestad pudiera consentir a intervenciones médicas de emergencia.17 Finalmente, en la década de los noventa se enmendó el artículo 9818 para “eliminar la preferencia a favor de la mujer para fines de la custodia provisional de los hijos en casos de divorcio”.19 No es hasta el 2011, sin embargo, que la Legislatura cambia el Código Civil para esta‐ blecer que la custodia puede ser compartida por ambos padres. La nueva en‐ mienda que surge a raíz de la Ley de Custodia Compartida, modifica nuevamente el artículo 98,20 para que el Tribunal considere la custodia compartida como primera opción al adjudicar la custodia provisional durante el proceso de divor‐ cio.21
Id. § 616. El artículo 160, sobre nombramiento de un defensor, establecía que: Siempre que en algún asunto el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, el Tribunal Superior nombrará a éstos un defensor que los represen‐ te en juicio y fuera de él. El Tribunal Superior, a petición del padre o de la madre, del mismo menor, del fiscal, o de cualquier persona capaz para comparecer en juicio, conferirá el nombramiento de de‐ fensor al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta de este, a otro pariente o extraño. Id. § 615. 16 17 18 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 9, en la pág. 869. COD. CIV. PR art. 152, 31 LPRA § 591 (2009). El texto antes de la reforma del 1980 leía: Si hubiese hijos del matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, serán [sic] puestos bajo el cuidado de la mujer, mientras el juicio se sustancia y decida, a menos que concurran razones poderosas a juicio del Tribunal Superior para privar a la mu‐ jer del cuidado de sus hijos en todo o en parte. 31 LPRA §341 (1962). 19 20 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en la pág. 869. El nuevo artículo 98 lee: Si hubiese hijos del matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, en juicio de divorcio, el tribunal citará a las partes, bajo apercibimiento de desacato, para una vista urgente y recibirá la prueba testifical y documental que tengan a bien presentar. Al evaluar el caso, considerará la custodia compartida provisional siempre que ello se ajus‐ te al mejor bienestar del menor. De no ser ese el caso, tomará la decisión que entienda procedente a base de la prueba presentada y sujeto siempre al estándar mencionado, mien‐ tras el juicio del divorcio se sustancie y se decida. En adición a lo anterior el tribunal podrá tomar cualquier medida que sea necesaria para adjudicar la custodia en bienestar de los menores. Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, art. 98, 2011 LPR ___, disponible en http://www.oslpr.org/2009‐ 2012/leyes/pdf/ley‐233‐11‐Dic‐2010.pdf. 21 Id. art. 11.
B. Contexto jurisprudencial En contraposición a los cambios legislativos, cuyo fin era eliminar el discri‐ men por razón de sexo presente en el Código Civil, el Tribunal Supremo, durante los pasados casi sesenta años, ha cursado una ruta diametralmente opuesta a la legislatura. Un análisis de la casuística desde el 1953 hasta el presente muestra a un Tribunal que sin otro respaldo que la tradición, se ha mantenido firme en la idea estereotipada de que la custodia debe darse a la madre. Esto ha sido el caso pese al desarrollo de la jurisprudencia de Estados Unidos y la psicología hacia la igualdad entre los padres y las madres. El efecto de estas decisiones fue el insti‐ tucionalizar el discrimen contra los hombres al adjudicar la custodia y la patria potestad luego de la ruptura de una relación. En 1953, en el caso de Muñoz v. Torres, por ejemplo, el Tribunal concluyó que:
[L]os tribunales deben, generalmente, preferir el conceder la custodia de un niño a la madre, ya que, de ordinario, nadie cuida con mayor celo y cariño a un menor que su propia madre, a menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen el privar a la madre de la custodia.22
Dicho dictamen se convirtió en la norma a aplicarse en todos los casos de fami‐ lia.23 Nominalmente, sin embargo, el Tribunal se acogió a la doctrina del mejor bienestar del menor.24 Veinticinco años más tarde, en el caso Nudelman v. Ferrer,25 el Tribunal Su‐ premo tuvo la oportunidad de revisar su dictamen sobre el peso que el género de un padre debe tener a la hora de adjudicar la custodia. El Tribunal, interesante‐ mente, reconoció que, desde su decisión en Muñoz, varios estados de los Estados Unidos habían declarado inconstitucional el considerar a la madre, sólo por ser mujer, como la persona más capacitada para tener la custodia.26 En su opinión, además, el Tribunal citó varios estudios de psicología que criticaban “la generali‐ dad de que la madre sea la persona más capacitada para cuidar de sus hijos. . .”.27 De manera contradictoria, sin embargo, el Tribunal decidió reiterar que la mujer, meramente por ser mujer, debe retener la custodia.28 Como fundamento el Tri‐ bunal hizo referencia a sus precedentes y a su visión del pueblo de Puerto Rico:
Advertimos, sin embargo, que si luego de analizados todos los factores envuel‐ tos, la madre se encuentra esencialmente en la misma posición que los demás,
22 23 24 25 26 27 28 Muñoz v. Torres, 75 DPR 507, 513 (1953) (citas omitidas). Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 508 (1978). Muñoz, 75 DPR en las págs. 512‐13. Id. Nudelman, 107 DPR en las págs. 509‐10 n.15 (1978). Id. Id. en la pág. 512.
incluyendo al padre – en ausencia de otras circunstancias excepcionales que jus‐ tifican lo contrario – la custodia debe serle adjudicada. Influye en nuestro espíri‐ tu el que generalmente la madre, por ley natural no escrita dimanante de impe‐ rativos biológicos, y arraigada profundamente en nuestras conciencias – con re‐ conocimiento casi universal – es la persona que con más dedicación, celo y cari‐ ño cuida de sus hijos. No podemos pasar por alto de que en Puerto Rico, nuestra visión de pueblo fundada en la realidad de una cultura de origen hispánico, en su jerarquía de valores comunitarios, todavía percibe a la mujer como el alma en que se desenvuelve la vida familiar. Ello no devalúa la importancia de la figura paterna. Los padres, aunque en apariencia y de ordinario sean menos expresivos, 29 también comparten un ideario y una esperanza hacia el bienestar de los hijos.
De esta manera, el Tribunal estableció la norma judicial de preferir a la madre sobre el padre aun “cuando los progenitores se encuentran en igualdad de condi‐ ciones”.30 No es hasta nueve años más tarde que el Tribunal comienza una leve ruptura con el pasado. El Tribunal comienza a reconocer que, de ordinario, la patria po‐ testad y custodia compartida promueven el mejor bienestar del menor.31 Así, en Ex parte Torres, la mayoría del Tribunal entendió que, luego de la reforma de la ley 100 de 1976, “los tribunales pueden adjudicar y distribuir la patria potestad y custodia entre los ex cónyuges independientemente del concepto de culpa en el divorcio”.32 Para otorgar la custodia compartida, dictaminó el Tribunal Supremo, el Tribunal de Primera Instancia deberá considerar una larga lista de elementos:
Es menester un acuerdo previo de que la patria potestad y custodia de sus hijos será compartida. Esta decisión inicial debe judicialmente ser mirada con simpat‐ ía y favorecida. De ordinario promueve el mejor bienestar del menor. Sin em‐ bargo, debido a la ‘alta responsabilidad del Estado velar por la estabilidad de la familia, la guarda y cuidado de los hijos, . . . [y] la adecuada protección de las partes que disuelven su vínculo matrimonial’, el tribunal deberá verificar que la misma no sea producto de la irreflexión o coacción, y por ende, cause mayor per‐ juicio al menor del que se trata de evitar. A tales efectos, el tribunal investigará si los padres poseen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. Ello implica superar desave‐ nencias personales, y por imperativo, sostener adecuada comunicación para adoptar aquellas decisiones conjuntas que redunden en beneficio y los mejores intereses del menor. En esta misión, el tribunal examinará si entre las partes existe un grado manifiesto de hostilidad y tensiones ‐‐que lejos de ser pasajeras‐‐ sean sustanciales y si existe una probabilidad real de conflictos futuros que hagan inoperable el acuerdo. También podrá auscultar el parecer de los menores cuando la edad de éstos lo permita. El foro de instancia podrá inquirir sobre las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los verdaderos motivos y objetivos por los
Id. (citas omitidas) (énfasis suplido). Id. en la pág. 509. Ex parte Torres, 118 DPR 469, 497‐99 (1987). Id. en las págs. 497‐99.
cuales la pareja ha solicitado la patria potestad y custodia compartida? La profe‐ sión, ocupación u oficio que realizan, ¿impedirá que efectivamente funcione el acuerdo? ¿Admite el ingreso económico de ambos cualquier costo adicional que origine la custodia compartida? ¿Afecta perjudicialmente la ubicación y distan‐ cia de ambos hogares la educación de los niños? . . . La ponderación de todos los factores enumerados y aquellos otros perti‐ nentes, proveerá la solución.33
Pero, quizás más revolucionaria que la opinión de la mayoría, es la opinión concurrente del entonces juez asociado Hernández Denton. En la misma, el Juez reconoce que la preferencia por la madre a la hora de otorgar la custodia respon‐ de a una visión estereotipada de la mujer. Según Hernández Denton:
La experiencia y análisis de la práctica judicial revela que el sistema de adjudica‐ ción de custodia en nuestro país ha resultado en una otorgación casi exclusiva de la custodia a las madres. Según un estudio reciente, en 1979 la custodia de los menores se otorgó a las madres en el 96% de los casos estudiados. La preferencia por la madre, según un estudio de la Prof. Marcia Rivera Quintero, responde a la visión estereotipada de la mujer según la cual se concibe que su única función social es la crianza de los hijos.34
La opinión concurrente, además, resaltó las consecuencias de las decisiones de custodia para el padre no custodio:
Las investigaciones sociales recientes en torno al problema de la custodia de menores demuestran que el sistema de adjudicación de custodia única con fre‐ cuencia produce dificultades para el padre no custodio y la relación con sus hijos. Al quitarle automáticamente la autoridad que antes compartía con el otro progenitor, el padre no custodio experimenta la pérdida de un vínculo con sus hijos e hijas y, por lo general, minimiza el contacto con ellos. Por su parte, los hijos de padres divorciados no tienen acceso libre al padre no custodio y carecen 35 de contactos más frecuentes con él.
Esta opinión, sin embargo, no cambió el panorama para los hombres en las salas de familia. Un estudio realizado en el año 2000 encontró que todavía se otorgaba la custodia a la madre en el noventa y nueve punto tres por ciento de los casos.36 Esto es así porque, aun en pleno 2012, todavía rige la concepción ge‐ neral de que una mujer, solo por ser mujer, es la persona más apta para criar, salvo en contadas ocasiones.
33 34 35 Id. en las págs. 481‐82. Id. en la pág. 498 (Hernández Denton, opinión concurrente) (citas omitidas). Id.
36 Ivette Ramos Buonomo, Discrimen por género en las determinaciones judiciales de custodia, patria potestad y pensión alimentaria, 69. REV. JUR. UPR 1055, 1063 (2000).
D. Consideraciones constitucionales Inspirada principalmente en la experiencia norteamericana, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Dere‐ chos y Deberes del Hombre de 1948,37 la Constitución de Puerto Rico establece formalmente en su artículo dos que “[n]o podrá establecerse discrimen alguno por motivo de . . . sexo” y que “las leyes . . . encarnarán est[e] principio . . . de igualdad humana”.38 Además, la sección siete del mismo artículo añade que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las le‐ yes”.39 La Constitución de los Estados Unidos (Constitución federal) garantiza estos derechos. Los mismos se hacen extensivos a Puerto Rico mediante la decimo cuarta enmienda que establece que “no State . . . shall deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”40 o bajo la quinta enmieda que dicta “[n]o person shall be . . . deprived of life, liberty, or property, without due process of law”.41 Como casi toda disposición constitucional, sin embargo, las palabras antes citadas no gozan de un significado concreto directamente aplicable a la ciuda‐ danía. Recae en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en el Tribunal Su‐ premo de Puerto Rico el ir estableciendo cuál es el significado y la aplicación específica de cada una de estas disposiciones. Por lo tanto, resulta fundamental para este trabajo entender cuál ha sido la tendencia generalizada de ambos tri‐ bunales sobre cómo interpretar el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, especialmente en materia de familia. El concepto jurídico del debido proceso de ley establece que “los derechos fundamentales se pueden proteger y conservar solamente si hay alguna limita‐ ción a las actuaciones arbitrarias y caprichosas del Estado.”42 El concepto tiene dos vertientes, una procesal y una sustantiva. En su vertiente procesal, el debido proceso “establece los límites constitucionales a las actuaciones gubernamenta‐ les y requiere que el ciudadano sea oído antes de que el Estado lo prive de su propiedad o libertad.”43 Por otro lado, en su vertiente sustantiva, el debido pro‐ ceso “consiste en una restricción impuesta al gobierno democrático en cuanto a
37 Luis R. Dávila Colón, El Tribunal Supremo de Puerto Rico y el concepto de la igual protección de las leyes 1952‐1976, 47 REV. JUR. UPR 639, 652‐53 (1978). Véase además JOSÉ TRÍAS MONGE, 3 HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO 174 (1982). 38 39 40 41 42 43 CONST. PR art 2, § 1. Id. §7. U.S. CONST. amend. XIV, § 1. U.S. CONST. amend. V, § 3. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 270 (1987). Id.
actuaciones confiscatorias que puedan afectar la vida, la libertad o la propiedad del ciudadano”.44 Es en su segunda vertiente el debido proceso ofrece una pro‐ tección importante de los derechos considerados fundamentales en la democra‐ cia americana. Para que una acción gubernamental que atenta contra un derecho funda‐ mental se sostenga, el Estado tiene que “demostrar la existencia de un interés público apremiante o de superior jerarquía [] que justifique la clasificación y que la misma promueva necesariamente la consecución de ese interés”.45 Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, son escasas las acciones del Estado que sobre‐ viven tal nivel de escrutinio cuando se trata de clasificaciones que no guardan relación con la “habilidad o aptitud de las personas afectadas”.46 Estas clasifica‐ ciones se denominan clasificaciones sospechosas. Dentro de la categoría de derechos fundamentales protegidos por el esque‐ ma del escrutinio estricto, se encuentra el derecho de los padres a la crianza. Según el Tribunal Supremo federal, el derecho de cada padre al cuidado, custo‐ dia y control de sus hijos es un interés libertario fundamental.47 Es, quizás, el derecho fundamental de más antiguo reconocimiento, habiendo sido reconocido hace más de ochenta y cinco años por el Tribunal Supremo federal.48 En Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha avalado la posición del Tribunal Supremo federal al establecer que “indudablemente en Puerto Rico los padres y madres tienen un derecho fundamental a criar, cuidar y custodiar a sus hijos . . .”.49 Por ende, una clasificación sospechosa del Estado en materia de crianza tiene que sobrevivir un escrutinio estricto de parte del Tribunal y no ser producto de un razonamiento prejuiciado, caprichoso o arbitrario. El concepto de la igual protección de las leyes, por otro lado, involucra el principio de la igualdad ante la Ley. Formalmente todos los ciudadanos son iguales y, por ende, el estado no debe discriminar. Hay excepciones, natural‐ mente, y para poder implementar una, los Tribunales Supremos de Estados Uni‐ dos y de Puerto Rico han determinado que las razones para justificar cualquier discrimen de clasificación sospechosa tienen que sobrevivir un escrutinio judicial estricto.50 Para ilustrar este punto, resulta útil citar las palabras del Tribunal Su‐ premo de Puerto Rico al declarar el discrimen por razón de sexo una clasifica‐ ción sospechosa51 bajo la Constitución local:
44 45 46 47 48 49 50 Santiago v. Jones, 74 DPR 617, 621 (1953). Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 278 (1975). Id. en la pág. 277 n. 9. Troxel v. Granville, 530 U.S. 57, 65 (2000). Id. Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 147 (2004). Zachry International, 104 DPR en la pág. 278.
51 Se denominan clasificaciones sospechosas porque frecuentemente la característica en que se basa la clasificación no guarda relación con la habilidad o aptitud de las personas afectadas por la
Es evidente que el sexo, al igual que la raza, constituyen rasgos que surgen en el ser humano por un simple hecho fortuito: el nacimiento; éste nada tiene que ver con la habilidad de una persona de oportunamente aportar y contribuir a los es‐ fuerzos legítimos de una sociedad. Es por ello que nos reafirmamos en que ante este foro judicial, una diferencia basada en el sexo resulta una clasificación sos‐ pechosa, en particular cuando la misma tiende a relegar a un estado legal de in‐ ferioridad a una clase con abstracción de las potencialidades y características in‐ dividuales de sus miembros.52
Estas palabras contrastan marcadamente con las expresiones emitidas por el mismo Tribunal en el caso de Nudelman expuesto en la sección anterior. Sobre‐ todo cuando se toma en consideración que el Tribunal justifica el relegar a los padres a un estado de inferioridad legal vis‐a‐vis las madres utilizando justifica‐ ciones como la ley natural no escrita, los imperativos biológicos y la tradición en vez de su capacidad para criar a un hijo o hija. Aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha considerado direc‐ tamente si las determinaciones de custodia basadas en género violan la cláusula de igual protección de las leyes, dicho foro ha emitido varias expresiones que apuntan claramente en esa dirección. En Cabán v. Mohammed, el Tribunal de‐ claró inconstitucional una ley del estado de Nueva York que permitía que una madre soltera impidiese la adopción de su hijo negando su consentimiento pero no le reconocía el mismo derecho al padre. En la opinión, el Tribunal hizo hin‐ capié en la intercambiabilidad de los roles de las progenitores. También, rebatió directamente el argumento de la madre quien alegaba que la relación de una madre con un hijo es de naturaleza diferente a la de un padre con su hijo de la siguiente manera:
The question before us, therefore, is whether the distinction in § 111 between unmarried mothers and unmarried fathers bears a substantial relation to some important state interest. Appellees assert that the distinction is justified by a fundamental difference between maternal and paternal relations ‐ that “a natu‐ ral mother, absent special circumstances, bears a closer relationship with her child . . . than a father does.” . . . Contrary to appellees’ argument and to the apparent presumption un‐ derlying § 111, maternal and paternal roles are not invariably different in im‐ 53 portance.
clasificación. Véase Sailer Inn, Inc. v. Kirby, 485 P.2d 529, 540‐541 (1971), donde el Tribunal Supremo de California declara sospechosas las clasificaciones a base de sexo, siendo el primer Tribunal Supre‐ mo estatal en así hacerlo. Consúltese además, John D. Johnston, Jr. & Charles L. Knapp, Sex Discrimi‐ nation by Law: A Study in Judicial Perspective, 46 N.Y.U. L. REV. 675, 738‐739 (1971) y Joseph Tussman & Jacobus tenBroek, The Equal Protection of the Laws, 37 CAL. L. REV. 341 (1949). 52 53 Zachry International, 104 DPR en las págs. 281‐82. Cabán v. Mohammed, 441 U.S. 380, 388‐89 (1979) (citas omitidas).
Por ende, la postura del Tribunal Supremo de Puerto Rico es en esencia con‐ traria a las expresiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una ma‐ dre, por el mero hecho de ser una mujer, no es necesariamente “la persona que con más dedicación, celo y cariño cuida de sus hijos”.54 Por otro lado, las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico son con‐ trarias a las expresiones de otros tribunales supremos estatales. El Tribunal Su‐ premo de Alabama, por ejemplo, basándose en la decisión de Cabán, declaró que la doctrina de los años tiernos, que establecía la presunción de que la madre debe tener la custodia sobre los hijos menores de edad, es una clasificación in‐ constitucional por basarse en género.55 El Tribunal concluyó que los mejores intereses de los menores no son bien servidos por una determinación solamente fundamentada en el género de sus progenitores.56 Según el Tribunal de Alabama, este tipo de decisiones deben basarse en consideraciones de otra naturaleza, como las habilidades relativas de los padres y las necesidades psicológicas y físi‐ cas de los menores.57 E. El proceso de adjudicación de custodia en Puerto Rico al presente En el proceso de adjudicación de custodia en Puerto Rico, el Tribunal divide una serie de derechos entre los padres. Específicamente, el Tribunal adjudica (i) la patria potestad, (ii) la custodia, (iii) las relaciones paterno‐filiales y, (iv) esta‐ blece una pensión alimentaria a favor del menor. En su sentido más amplio, la patria potestad recoge las facultades y deberes que los padres y las madres tienen conjuntamente sobre sus hijos menores de edad no emancipados.58 El artículo 153 del Código Civil describe la patria potes‐ tad como: (1) “[e]l deber [del padre y la madre] de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho”;59 y (2) “[l]a facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razona‐ ble”.60 El concepto de custodia, a su vez, se desprende como corolario del “deber de tenerlos en su compañía” que forma parte de la definición de patria potes‐ tad.61 El mismo se refiere específicamente a la tenencia física del hijo o hija.62
54 55 56 57 58 59 60 61 Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 512 (1978). Ex parte Devine, 398 So. 2nd 686, 695 (Ala. 1981). Id. Id. en la pág. 696. Ex parte Torres, 118 DPR 469, 474‐75 (1987). COD. CIV. PR art. 153, 31 LPRA § 601 (1993). Id. Ex parte Rivera Ríos, 173 DPR 678, 681 (2008).
62 Vázquez de Jesús v. Monroig Tirado, KLCE2004‐01061, 2005 WL 807969 en la pág. *5 (TA PR 28 de febrero de 2005).
Ambos derechos, según establecidos en el artículo 107 del Código Civil desde 1976, se adjudican solamente al padre o a la madre63 de acuerdo a lo que formal‐ mente se denomina “el mejor bienestar del menor”.64 En específico, el artículo 107 dispone:
En todos los casos de divorcio los hijos menores no emancipados serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a con‐ tinuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio según los casos. . . . . . . Será discrecional del tribunal escuchar el testimonio del menor para la determinación de custodia y patria potestad.65
Al obligar al Tribunal a decidir a favor de un padre sobre el otro, este artículo refuerza el régimen de custodia monoparental que impera al presente en Puerto Rico. Dicho régimen es fortalecido, además por las prácticas institucionales de las unidades de trabajo social de cada tribunal de primera instancia. Estas uni‐ dades son responsables de llevar a cabo un estudio social para cada caso de adju‐ dicación de custodia. Su práctica, derivada de la costumbre y de varias teorías provenientes del campo de la psicología, es recomendar, en la vasta mayoría de los casos, un régimen en el que los hombres ven a sus hijos en fines de semanas alternos y un tiempo adicional en verano.66
63 En la práctica, la patria potestad se adjudica conjuntamente en la mayoría de los casos. Esto es así desde que en Ex Parte Torres el Tribunal estableció que “[l]os tribunales pueden adjudicar y dis‐ tribuir la patria potestad y custodia entre ex cónyuges independientemente del concepto de culpa en el divorcio”. Ex parte Torres, 118 DPR en la pág. 480. 64 65 CÓD. CIV. PR art. 107, 31 LPRA § 383 (1993 & Supl. 2010). Id.
66 Interesantemente, el origen exacto de esta norma aplicada rutinariamente a casi todos los casos de custodia es desconocido. Una extensa búsqueda del origen de la misma lleva a la conclusión de que al presente se utiliza por los tribunales ya que es el camino de menor resistencia para los que controlan el proceso. Véase WILLIAM F. HODGES, INTERVENTIONS FOR CHILDREN OF DIVORCE: CUSTODY, ACCESS AND PSYCHOTHERAPY JOHN WILEY & SONS 147 (1986): [A]ttempts on the part of parents to alter patterns of visitations based on the quality of bonding or needs of the child were met by strong resistance . . . . Attorneys (and judges) have been excessively influenced by case law where the past determines the future. Thus, every‐other‐weekend is the best pattern because there is precedence, that is, “that is the way it has always been done.” Id. En Puerto Rico, varias trabajadoras sociales que pidieron no ser identificadas, indicaron que la norma en sus oficinas es que, salvo casos excepcionales, cada reporte sigue las mismas recomenda‐ ciones. De esta manera, se aseguran que los jueces y las juezas, y la representación legal de las ma‐ dres, acepten la recomendación sin mayores objeciones. Al preguntarle sobre las teorías que justifi‐ can sus determinaciones, ninguna pudo elaborar sobre éstas. Por lo general, sus contestaciones giraban alrededor de los conceptos de estabilidad elaborados por Joseph Goldstein, Albert Solnit, y Anna Freud en su libro Beyond The Best Interests of the Child. JOSEPH GOLDSTEIN ET AL., THE BEST INTERESTS OF THE CHILD (1996).
El fundamento de esta división de tiempo tan desequilibrado que en la práctica resulta en las madres teniendo a sus hijos el ochenta y dos por ciento del tiempo y los padres el dieciocho, se encuentra parcialmente en la aplicación de las teorías psicoanalíticas de Joseph Goldstein, un profesor de derecho, Albert Solnit, un psiquiatra de niños, y Anna Freud, una analista de la niñez y la hija de Sigmund Freud. Ellos tres publicaron, en 1973, un libro que titularon Beyond the Best Interests of the Child e inesperadamente se convirtió en una de las guías principales de los tribunales de familia.67 En el proceso, algunas de sus teorías más radicales se implementaron con algunas modificaciones. Su hipótesis de mayor trascendencia en materia de custodia, justificada en la necesidad de esta‐ bilidad de los menores de edad, establece que, una vez se disuelve una familia, es imperativo determinar cuál de los progenitores es el “padre psicológico68 de los menores y limitar severamente los derechos del padre no custodio, especialmen‐ te si la relación entre los ex esposos no es positiva”.69 Estos psicólogos incluso recomiendan que se eliminen totalmente los derechos de visitas a los padres no
Según surge de entrevistas con varios padres divorciados, abogados y trabajadoras sociales, en muchas ocasiones el tiempo extra en verano es condicionado a que el hombre tome vacaciones. Esto claramente es un requisito discriminatorio pues a la mujer no se le pide que tome vacaciones para estar con sus hijos. De igual manera, si el hombre deja a los niños con los abuelos paternos, parte del tiempo es visto como un negativo pero no si la mujer hace lo mismo. 67 GOLDSTEIN, supra nota 66. El American Bar Association considera el libro Beyond the Best Interest of the Child como uno de los diez libros que todo practicante de Derecho de Familia debe leer. Véase American Bar Association, Required Reading: Top Ten “Must Have” Books for your Library, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/child/PublicDocuments/resources. authcheckdam.pdf. 68 Véase Joseph Goldstein et al., Beyond the Best Interest of the Child (1973), http://www.faqs.org/childhood/Ar‐Bo/Beyond‐the‐Best‐Interests‐of‐the‐Child.html. The term psychological parenthood was first introduced in 1973 through an influen‐ tial book entitled Beyond the Best Interests of the Child. A psychological parent refers to a person who has a parental relationship with a child, whether or not the two are biological‐ ly related. The term is used mainly in legal discourse, in the context of custody disputes. . . . . The most controversial aspect of Goldstein, Freud, and Solnit’s book was the recom‐ mendation that in a typical divorce, the court should determine whether the mother or the father is the psychological parent and give that person sole custody of the child. In addi‐ tion, they recommended that the chosen parent should be able to regulate or even put an end to visits between the child and the other parent. More recent research has shown, by contrast, that a young child is capable of becom‐ ing emotionally attached to more than one person. Although one parent may be the pri‐ mary attachment figure, children typically become emotionally attached to both, as well as to others who provide loving, attentive care. Despite these and other criticisms, the con‐ cept of psychological parenthood has been influential in drawing attention to the child’s needs and perspectives in determining custody. Id. 69 Mark D. Matthews, Curing the “Every‐Other‐Weekend Syndrome”: Why Visitation Should Be Considered Separate and Apart from Custody, 5 WM. & MARY J. WOMEN & L. 411, 435‐36 (1999).
custodios, si así lo decide la persona custodia.70 Según esta teoría, la salud y el desarrollo de un menor dependen de las relaciones positivas con figuras paterna‐ les que estén disponibles ininterrumpidamente. Por lo tanto, un padre visitante, desde un punto de vista teórico, no está disponible para servir de verdadero ob‐ jeto para amor, confianza e identificación y por lo tanto contribuye muy poco al desarrollo del niño.71 Usando esta teoría como base, las unidades de familia de los tribunales re‐ comiendan rutinariamente el que se limiten dramáticamente los derechos de los hombres con sus hijos y que sea la mujer, quien es casi automáticamente defini‐ da como el padre psicológico, la que ostente todo el control. Esto es otra razón por la cual el noventa y nueve punto tres por ciento de los hombres no tienen la custodia de sus hijos, a pesar de que, como establece formalmente el artículo 107 de nuestro Código Civil, el estándar que el juez o la jueza debe considerar es el de “los mejores intereses y bienestar del menor”.72 Sin embargo, aunque el pen‐ samiento de estos autores ha sido desacreditado y criticado,73 la conveniencia del precedente y la rutina lleva a que la mayoría de los casos sean decididos de ma‐ nera idéntica. Por último, el Tribunal determina una cantidad para el sustento del menor que, como especifica el artículo 146, “será proporcionada a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirá[] o aumentará[] en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo”.74 El mon‐ to de la pensión, según define el reglamento de la Administración para el Susten‐ to de los Menores (ASUME), se puede reducir si el menor pasa más del veinte por ciento de su tiempo viviendo con el padre no custodio.75
70 GOLDSTEIN, supra nota 66, en la pág. 23.
71 Nadine Taub, Assessing the Impact of Goldstein, Freud, and Solnit’s Proposals: An Introductory Overview, REV. L & SOC. CHANGE, 485, 491 (1984), http://ecmappdlv03.law.nyu.edu/ecm_dlv3/groups/ public/@nyu_law_website__journals__review_of_law_and_social_change/documents/documents/ec m_pro_070489.pdf. 72 73 74 CÓD. CIV. PR art. 107, 31 LPRA § 383 (1993 & Supl. 2010). Véase Mark D. Matthews, supra nota 69; Nadine Taub, supra nota 71. CÓD. CIV. PR art. 146, 31 LPRA § 565 (1993).
75 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 7 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para %20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf.
F. La Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudi‐ cación de Custodia (Ley de Custodia Compartida)76 El 21 de noviembre de 2011, entró en efecto Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia.77 Dicha ley fue aprobada luego de más de doce años de haberse presentado el primer proyecto de ley para implementar la custodia compartida.78 El camino hasta su aprobación no fue fácil ya que el estatuto sufrió importantes modificaciones. La más importante fue la eliminación de las disposiciones que creaban una presunción a favor de la custodia compartida.79 La presunción, en esencia, establecía que todo juez o jue‐ za debe implementar un plan de custodia compartida a menos que quien se oponga rebata la presunción con evidencia material y pruebe al tribunal por qué el mejor bienestar de los hijos no se conseguiría mediante la custodia comparti‐ da. La eliminación de la presunción deja a la ley sin las herramientas necesarias para efectuar una corrección rápida y efectiva del discrimen contra los hombres. Sin embargo, aún con esta limitación, la ley representa el primer pronunciamien‐ to legislativo que pudiera ayudar a reducir significativamente la desigual protec‐ ción de las leyes y la violación al debido proceso de ley en las salas de familia de Puerto Rico. En esencia, la ley modifica el espíritu del artículo 107 del Código Civil, exhortando al juez o jueza a considerar la custodia compartida como pri‐ mera opción a la hora de decidir la custodia de un niño. La ley está organizada en once artículos que, a manera de guía, sirven para ayudar a los jueces a entender la naturaleza de la actual problemática y cómo resolverla. En su artículo dos, se resume la exposición de motivos y establece que:
[C]onstituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en los casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la participación activa de ambos progenitores en las acti‐ 80 vidades de los hijos, en el mayor grado posible.
En el artículo tres se define la custodia compartida como “la obligación de ambos progenitores, padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose con éstos
76 Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, 2011 LPR ___, [en adelante, Ley Protectora] disponible en http://www.oslpr.org/2009‐2012/leyes/pdf/ley‐233‐11‐Dic‐2010.pdf. 77 78 Id. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 9, en la pág. 870.
79 Véase Nydia Bauzá, Enmiendas al proyecto de custodia compartida, PRIMERA HORA, 8 de no‐ viembre de 2011, http://www.primerahora.com/enmiendasalproyectodecustodiacompartida‐ 576933.html 80 Ley Protectora, art. 2, en la pág. 4.
el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se espera de un progenitor responsable”.81 Muy importantemente, el artículo cuatro establece que la custodia compartida se podrá imponer “aun contra la voluntad de alguno de los progenitores que interesa se le otorgue la custodia monoparental”, si es de beneficio para los hijos.82 El artículo cinco le impone a los jueces el deber de ase‐ gurarse que los abogados de las partes hayan orientado a sus respectivos clientes sobre los “diferentes derechos, deberes y responsabilidades que conllevan las diferentes formas de custodia que por ley existen”.83 El artículo seis establece las partes pueden llegar a un acuerdo de custodia compartida por su cuenta y que el juez o jueza debe pasar juicio sobre el mismo para determinar si es en el mejor interés del menor.84 El artículo siete lista los criterios que el juez o jueza deberá considerar en la adjudicación de la custodia. Los criterios son los siguientes:
1. La salud mental de ambos progenitores, así como la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 2. El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de los progenitores y si ha habido un historial de violencia doméstica entre los integrantes del núcleo familiar. 3. La capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades afectivas, económicas y morales del menor, tanto presentes como futuras. 4. El historial de cada progenitor en relación con sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución de la relación consensual, como después del mismo. 5. Las necesidades especificas de cada uno de los menores cuya custodia está en controversia. 6. Le interrelación de cada menor con sus progenitores, sus hermanos y demás miembros de la familia. 7. Que la decisión no sea producto de la irreflexión o coacción. 8. Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 9. Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los progenitores han so‐ licitado la patria potestad y la custodia compartida. 10. Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los progenitores impe‐ dirá que funcione el acuerdo efectivamente. 11. Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica la educación del menor. 12. La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismo al‐ ternos.
81 82 83 84 Id. art. 3, en las págs. 4‐5. Id. art. 4, en la pág. 5. Id. art. 5, en la pág. 5. Id. art. 6, en las págs. 5‐6.
13. Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar del menor.85
El octavo artículo establece que las unidades de familia de cada tribunal de‐ berán realizar un análisis que considere a la custodia compartida como primera opción.86 Dicho reporte será un factor adicional, aunque no determinante, que la jueza sopesará al tomar su determinación. El artículo nueve establece los casos en que se presumirá que la custodia compartida no será beneficiosa. Estos crite‐ rios son los siguientes:
1. Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa tener la custodia de los menores, a base de un plan de custodia compartida. Se entenderá que la renuncia es a favor del otro progenitor. 2. Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia mental, según determinada por un profesional de la salud, y la misma es de natu‐ raleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender adecuadamen‐ te a los hijos/as y garantizar la seguridad e integridad física, mental, emo‐ cional y/o sexual de éstos. 3. Cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores resulte perjudi‐ cial a los hijos o constituya un patrón de ejemplos corruptores. 4. Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera consensual haya sido convicto por actos constitutivos de maltrato de me‐ nores. 5. Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado en una institu‐ ción carcelaria. 6. Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos de violencia domestica, según lo dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. 7. Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual, o cualquiera de los delitos sexuales, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, hacia algún menor. 8. Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera consensual, si hubiera, sea adicto a drogas ilegales o alcohol.87
El artículo diez reitera la norma del derecho de familia a los efectos que las determinaciones de custodia de menores nunca se consideran cosa juzgada.88 Finalmente, el artículo once, como adelantado anteriormente, enmienda el artí‐ culo 98 del Código Civil para que se considere la custodia compartida como pri‐
85 86 87 88 Id. art. 7, en la pág. 6. Id. art. 8, en la pág. 7. Id. art. 9, en la pág. 7. Id. art. 10, en la pág. 8.
mera opción en la determinación provisional de custodia al inicio de un proceso de divorcio.89
III. D I S C U S I Ó N
La historia ha demostrado que los asuntos de custodia y patria potestad tie‐ nen una dinámica pendular. En la tradición hispánica, desde el tiempo de los romanos y la figura del pater familia90 hasta el siglo XIX, existía un discrimen absoluto en contra de las madres. Se utilizaba el “derecho natural no escrito” para negarle a una madre su derecho a tener una relación con un hijo luego de la ruptura de una relación. En aquel entonces las autoridades no dudaban que era el padre el mejor proveedor de afecto y recursos. Esto, claramente, era un extre‐ mo absolutamente injusto a la luz del entendimiento actual de los derechos de las madres y de los niños. La realidad jurídica del Puerto Rico del presente es, sin embargo, casi tan in‐ justa y discriminatoria como en tiempos romanos. Esta vez, no hacia las mujeres, sino hacia los hombres. El inicio de este cambio comenzó en España a finales de la década de los 1880 cuando primero se reconoció el derecho subsidiario a la patria potestad de las madres. Más adelante, con los cambios traídos por la revo‐ lución industrial, especialmente la partida de los hombres a los centros de traba‐ jo, las prácticas sociales y más tarde las prácticas institucionales de los tribunales y la legislaturas fueron cambiando sus prácticas de tal manera que llegaron a desproveer a los hombres de casi todos sus derechos sobre los hijos después de una separación. Según las estadísticas presentadas anteriormente, más del no‐ venta y nueve por ciento de los padres en Puerto Rico no tienen la custodia de sus hijos y menos del sesenta por ciento comparten la patria potestad.91 Como implícitamente reconoce la Ley de Custodia Compartida92 y el reglamento de la ASUME, la vasta mayoría no pueden ver a sus hijos más de dos días consecutivos cada dos semanas.93 La Ley de Custodia Compartida es el primer pronunciamiento legislativo cu‐ ya intención es traer el péndulo a descansar. Como expresado en el título de la
89 Id. art. 11, en la pág. 8.
90 El concepto del pater familia de los romanos le daba el poder absoluto al hombre. Los hijos eran propiedad del padre. Véase Nancy E. Yaffe, A Fathers’ Rights Perspective on Custody Law in California: Would You Believe It if I Told You that the Law is Fair to Fathers?, 4 S. CAL. INTERDISC. L.J. 135 (1995). 91 92 Ramos Buonomo, supra nota 36, en la pág. 1063. Ley Protectora, art. 2, en la pág. 4.
93 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para %20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf.
Ley, su propósito principal es “establecer como política pública la consideración de la custodia compartida y de la corresponsabilidad en los casos de disolución de un matrimonio o de separación de una pareja consensual”.94 Aunque lo que busca la ley es proteger los derechos de los niños durante un proceso de adjudi‐ cación de custodia, indirectamente, la ley sirve para reducir la desigual protec‐ ción de las leyes y la violación al debido proceso de ley para con los hombres. Dada la normativa constitucional expuesta anteriormente, resultaría ilógico que el Tribunal Supremo de Puerto Rico continúe argumentando que, por derecho natural no escrito o alguna otra expresión poética, el razonamiento del estado pudiera cumplir con un escrutinio estricto. Sin embargo, la Ley de Custodia Compartida, aunque es un paso en la direc‐ ción correcta, probablemente no sea suficiente para erradicar las violaciones a los derechos constitucionales de los hombres en los tribunales de familia por dos razones. Primero, los trece criterios que los jueces deben sopesar al considerar la custodia compartida son tan amplios y flexibles que fácilmente permitirían la introducción de prejuicios en su análisis. Particularmente si se considera la vi‐ sión de pueblo todavía presente en la jurisprudencia y el contexto adversarial inherente a la evaluación de los criterios, algo que la ley reconoce como un serio problema. Segundo, la Ley no resuelve el conflicto inherente creado por los in‐ tereses económicos existentes detrás de la adjudicación de la custodia. Este in‐ terés económico, titulado pensión alimentaria, está fundamentado en la idea machista que dicta que las mujeres deben quedarse en la casa criando mientras el hombre trabaja para mantener a la familia. Las fórmulas para su determina‐ ción, como se mostrará más adelante, tienen visos de arbitrariedad que una y otra vez llevan a la conclusión que fueron creadas basadas en un prejuicio y en una visión que simplifica el mejor interés del menor a estar la gran mayoría del tiempo con su madre. A. El discrimen y los criterios de determinación de la custodia compartida La Ley de Custodia Compartida establece que, para garantizar el mejor bien‐ estar de los niños a la hora de adjudicar la custodia, es fundamental considerar la totalidad de las circunstancias de cada caso. A estos fines, la Ley provee una guía de trece criterios que el juez o jueza debe considerar antes de tomar adjudicar la custodia. Sin embargo, la Ley es silente en cuanto a la manera en que se interre‐ lacionan estos factores y cuánto peso debe tener cada uno. Aunque algunos de los criterios pudiesen parecer un tanto más fácil de sopesar, como por ejemplo, la profesión de las partes y la distancia de ambos hogares en relación a la escuela, otros criterios son altamente subjetivos. El más obvio de ellos es el número trece, que le da al Tribunal completa libertad para incluir un criterio de su preferencia sea éste o no realmente pertinente. Así, por ejemplo, un juez o jueza que crea que la crianza es cuestión de mujeres, pudiese exigir a un hombre que demuestre
94 Ley Protectora, Exposición de motivos, en las págs. 1‐4.
que cuenta con un círculo de apoyo femenino. Claro está, este requisito sería fraseado de manera objetiva. Sólo se exigiría la existencia de apoyo familiar. El asunto medular es que, dado el historial de patente prejuicio en contra de los hombres existente en la jurisprudencia, no es muy difícil ver cómo un tribunal pudiera usar estos criterios para mantener el status quo. Otro de los criterios fácilmente maleables es el que exige la evaluación de la capacidad de un padre para satisfacer las necesidades de sus hijos. En el pasado, los tribunales han dudado de la capacidad de un hombre para efectuar la rutina diaria de una familia típica. Por ejemplo, en Nudelman, el juez de primera ins‐ tancia explicó que una rutina que consistía en levantar a los niños, prepararles desayuno, entregarlos a la escuela, buscarlos, llevarlos a casa de su madrastra para que los cuidara hasta las seis de la tarde, buscarlos nuevamente, prepararles comida y acostarlos era “una situación un tanto ilógica y artificial que no podrá mantener permanentemente” el padre.95 Aunque Nudelman fue decidido en el 1978, tan recientemente como el 2005, el Tribunal de Apelaciones, citando este mismo caso, reiteró que:
[S]i tanto la madre como el padre se consideran igualmente aptos para atender los mejores intereses de los menores, el Tribunal Supremo ha avalado la solución de que se concederá la custodia a la madre, sin que ello represente un discrimen por razón de género.96
Un análisis detenido de Nudelman, sin embargo, revela que nunca se discutió en sus méritos una controversia relacionada al discrimen por razón de género. El Tribunal de Apelaciones, por ende, brinca a una conclusión no apoyada por el caso. Dicha inferencia es evidencia de cómo el prejuicio contra los hombres en materia de custodia continúa presente aún en pleno siglo XXI. El modelo de custodia compartida presentada por la nueva Ley de custodia compartida, representa un adelanto en comparación al modelo de custodia com‐ partida presentada inicialmente en Ex parte Torres. Esto es así ya que permite que la misma sea impuesta en contra de la preferencia de una de las partes. Sin embargo, y como en el pasado, el nuevo modelo todavía le da un poder sustan‐ cial a las madres para impedir la adjudicación de la custodia compartida. La Ley, por ejemplo, permite a la madre sabotear la custodia compartida argumentando que no existe buena comunicación entre las partes.97 Esta práctica, recomendada frecuentemente por la representación legal de la mujer, lleva a algunas mujeres a fabrican la falta de comunicación para intentar derrotar el proceso. Aunque es innegable que la comunicación es un criterio importante a tomar en considera‐ ción antes de adjudicar una custodia compartida, debe haber una definición pre‐
95 Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 502 n.5 (1978).
96 Vázquez de Jesús v. Monroig Tirado, KLCE2004‐01061, 2005 WL 807969, en la pág. *6 (TA PR 28 de febrero de 2005). 97 Ley Protectora, art. 7, en la pág. 6.
cisa de lo que constituye dicho concepto. Además, se debe especificar cuál es el tipo de evidencia necesaria para probar mala comunicación. En el mundo de las salas de familia, se escucha frecuentemente del abuso de órdenes de protección y de las alegaciones infundadas de mala comunicación para sugestionar a los jue‐ ces en contra de mayores visitas por parte de los padres.98 Quizás el criterio más sugestivo de los prejuicios contra un hombre buscan‐ do ejercer la custodia compartida es la evaluación de los verdaderos motivos y objetivos para solicitarla. En el discurso jurídico puertorriqueño está firmemente establecida la idea de que “a la gran mayoría de los padres divorciados realmente no les interesa obtener la custodia de los hijos e hijas”.99 La ahora retirada profe‐ sora de derecho de familia Ivette Ramos Buonomo llegó a esta conclusión en su artículo Discrimen por Género en las Determinaciones Judiciales de Custodia, Patria Potestad y Pensión Alimentaria.100 Para respaldar su conclusión, la profeso‐ ra explica que “la vasta mayoría de las mujeres” sí solicitan la custodia mientras que los hombres no la solicitan.101 Sin embargo, muy elocuentemente reconoce que:
[E]l caso parece sugerir que la única forma de un padre lograr la custodia de sus hijos e hijas es si, por alguna razón contraria a la ley natural, la madre es inepta para las funciones de la custodia o, lo que sería lo mismo, si la mujer cede la cus‐ todia. Ello implica que el padre, a los fines de lograr la custodia, más que pre‐ sentar los atributos que le adornan a él para el cuido de los niños y las niñas, se verá obligado a destruir la imagen de la madre, pues es el único medio a su al‐ 102 cance para rebatir la presunción de superior idoneidad de ésta como custodio.
Este razonamiento, sin embargo, tiene otra interpretación. Los hombres no solicitan la custodia porque el sistema judicial establece una clara preferencia a favor de la madre. Bajo estas circunstancias sería fútil que un hombre solicitara la custodia, salvo en los casos en que la madre sea una inepta y este hecho sea fácil de probar. Como explica Ramos Buonomo, salvo circunstancias excepciona‐ les, un hombre no podrá obtener la custodia, y de obtenerla, en el proceso habrá tenido que montar una campaña para destruir la imagen de la madre de sus hijos.103 Por lo tanto, no fluye lógicamente la contención de que los hombres no solicitan la custodia porque realmente no les interesan sus hijos.
98 Como parte del proceso para realizar este escrito, se llevaron a cabo entrevistas con una doce‐ na de abogados y abogadas de familia. Un tema recurrente entre estos representantes legales lo fue las estrategias para efectivamente rebatir un pedido de custodia monoparental de parte de un hom‐ bre. Las estrategias más citadas fueron el lograr la expedición de órdenes de protección como arma para destruir el carácter de la ex pareja y la creación de un estado de mala comunicación. 99 01 1 102 103 Ramos Buonomo, supra nota 36, en la pág. 1066 (énfasis suplido). Id. Id. en la pág. 1063. Id. 100 Id.
Interesantemente, Ramos Buonomo también abunda sobre las razones por las cuales las mujeres se ven compelidas a solicitar la custodia:
Las instituciones sociales ejercen una presión inmensa para lograr que los indi‐ viduos, sobre todo las mujeres, conformen su comportamiento con los roles es‐ tereotipados que se les ha asignado por razón de género. La creencia general, sustentada por nuestro Tribunal Supremo, de que por ley natural e imperativo biológico la mujer está más capacitada para dar cariño y cuidar de sus hijos e hijas con más dedicación y celo, hace poco menos que imposible para una mujer renunciar a la custodia de sus hijos e hijas. De hacerlo, se le consideraría una mala mujer, una madre desnaturalizada que abandona a sus hijas e hijos . . . . . . . Cuando la custodia está en controversia, las mujeres se ven compelidas a luchar por obtenerla a como dé lugar, pues si pierden esta batalla se les conside‐ rará en más baja estima que si meramente entregan los niños y niñas al padre. El hecho de que el Tribunal le niegue la custodia a la madre indica que, a la luz de los factores a considerar, está descualificada como madre, e implícitamente, como mujer.104
Este razonamiento, junto con la presunción del Tribunal Supremo sobre la mejor aptitud de la madre para criar, explica parte de la razón por la cual las mujeres solicitan la custodia. Por lo tanto, la falta de solicitud de los padres no debe in‐ terpretarse como evidencia persuasiva de “las preferencias de los litigantes”,105 como lo hace Ramos Buonomo. Por el contrario, ilustra la realidad de un sistema judicial que se basa en roles estereotipados y que ciegamente favorece a las mu‐ jeres como custodios. Si el sistema no tuviera una preferencia basada en género y aún así existiera una disparidad significativa a la hora de solicitar la custodia, entonces sería razonable concluir que a la mayoría de los hombres no les inter‐ esa la custodia de sus hijos. Dado este trasfondo, especificar que un tribunal debe considerar los verda‐ deros motivos y objetivos de los progenitores a la hora de evaluar la custodia compartida abre la puerta a que ideas prejuiciadas se expresen en el discurso jurídico en materia de familia. Aunque es importante que ambos padres tengan el firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente, suponiendo que los padres tienen dicho propósito, es sospechosa la necesidad de considerar posibles intenciones ocultas. En conclusión, la ley de custodia compartida es un primer paso en la direc‐ ción correcta. Sin embargo, la misma provee una gran cantidad de herramientas para que la judicatura pueda justificar mantener el status quo, especialmente cuando le facilita a cada juez o jueza la creación de criterios de su preferencia para denegar la misma. De igual manera permite el que se cuestione las verda‐ deras motivaciones detrás de las razones expresadas por las partes para solicitar la custodia compartida. Esto se presta perfectamente para perpetuar el estereo‐
104 Id. en la pág. 1066. 105 Id. en las págs. 1066‐67.
tipo de que la verdadera intención de los hombres al pedir la custodia comparti‐ da es reducir el monto de la pensión a expensas del mejor interés de sus hijos. B. Los intereses económicos detrás de la custodia Quizás la acusación que más fácil se esgrime contra los hombres que recla‐ man mayor tiempo con sus hijos es que su verdadera intención es buscar una reducción en la pensión alimentaria. Detrás de esta alegación, sin embargo, exis‐ te una verdad innegable: el régimen de pensiones establecido en Puerto Rico fomenta que las mujeres luchen por obtener y mantener la custodia de sus hijos. Esto es así, ya que el componente más importante de la pensión, la pensión bási‐ ca, es calculado a base de un porcentaje del ingreso del hombre, independiente‐ mente del nivel de ingresos de éste.106 Así, entre más ingresos genere un hombre, mayor es el la pensión a pagarse. En el caso que la pensión sea suficiente para cubrir los gastos del menor, a más ingreso, mayor sobrante disponible para la madre.107 La ley de la ASUME, además, dispone que entre más tiempo un hombre pasa con su hijo más se reduce el pago de la pensión básica.108 Esta cruel realidad
106 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 6 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%AD as%20para%20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puert o%20Rico.pdf. Para determinar la pensión alimentaria básica a la que tiene derecho el/la alimentista, se utiliza la siguiente tabla. Los número son factores que se multiplican por el ingreso neto del pa‐ dre. Así, un padre que tiene un ingreso neto de $60,000, pagaría el 28.13% de su ingreso como pen‐ sión básica. No hay límite de ingreso neto. Tabla 1. Determinación de la pensión alimentaria básica Número de menores 1 2 3 4 5 107 Este sobrante el hombre no puede fiscalizarlo de manera alguna. Véase Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, (1983) (“El alimentante no puede escoger a su propio arbitrio la manera como se ha de distribuir entre sus hijos la pensión impuesta por un tribunal, ni puede a su discreción decidir la manera de satisfacerla”.); (“La pensión alimenticia ha de satisfacerse en la cantidad dispuesta por el tribunal, sin descuentos hechos a voluntad del alimentante. Sólo cuando haya mediado acuerdo previo y la autorización del tribunal podrá el alimentante descontar del monto de pensión aquellas cantidades de dinero que gaste para beneficio de los menores”.). 108 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 7 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para Edad del/la alimentista 0‐4 años .2011 .1292 .1007 .0863 .0801 5‐12 años .2218 .1472 .1172 .1020 .0953 13 años o más .2813 .1987 .1643 .1470 .1391
económica, es en gran medida responsable de que las determinaciones de custo‐ dia y las modificaciones de pensión sean tan cruentas. Al forzar a la madre a tener que reducir su ingreso mensual si permite que sus hijos pasen más tiempo con su padre, la madre promedio escogería el no reducir su ingreso. Igual ocu‐ rriría con el padre promedio si la situación fuese lo opuesta. Al fin y al cabo, los padres y las madres son seres motivados en gran medida por un interés econó‐ mico. Es necesario incorporar esta realidad a la hora de cambiar la dinámica del sistema de custodia. Es por esto que la pensión alimentaria es una consideración importante a la hora de eliminar la violación de derechos constitucionales de los hombres en Puerto Rico. La pensión es un asunto de tal importancia que la nueva ley maneja lo directamente en el artículo tres, el cual establece que:
De ninguna manera se entenderá que la adjudicación de la custodia compartida significará la no imposición de una pensión alimentaria a favor de los menores. Tampoco significará, necesariamente, la disminución o aumento en la misma. La determinación correspondiente se hará caso a caso, dependiendo del arreglo de custodia compartida que se decrete y siempre a la luz de lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocido como ‘Ley para 109 el Sustento de Menores’.
El mero hecho de que la Ley maneja este asunto de manera tan enfática y que en los medios lo más que se enfatizó es que las pensiones no cambiarían es eviden‐ cia de la importancia medular que tiene este asunto.110 Sin embargo, es innegable el que la implementación de custodia compartida tendrá un efecto en el cálculo de la pensión. Las guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico establecen una serie de fórmulas que toman en consideración el tiempo que un padre pasa con su hijo. Por ejemplo, el artículo siete provee que, “en aquellos casos excepcionales en los que el/la alimentista pase el veinte por ciento (20%) o más de tiempo con la persona no custodia [el padre en el 99% de los casos], esta última podrá solicitar y el/la juzgador/a podrá ordenar que se ajuste la pensión alimentaria básica”111 cuando existe un plan de relaciones paterno‐materno filia‐ les. El porcentaje del descuento es igual al porcentaje de tiempo que el menor pasa con el padre. Por ejemplo, si el menor pasa el treinta y cinco por ciento del
%20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf. 109 Ley Protectora, art. 3, en las págs. 4‐5. 110 Véase Entrevista al Senador Carmelo Ríos en Univisión Puerto Rico, YOU TUBE (26 de noviembre de 2011) http://www.youtube.com/watch?v=g_RW4nN9JhY. 111 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 7 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para %20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf.
tiempo con el padre, la pensión básica se reduce por ese mismo factor. Por ende, entre más tiempo pase un papá con su hijo, menos pensión pagará. Para ilustrar la relación de cómo el tiempo que el menor pasa con el padre afecta el monto de la pensión, se usará como ejemplo una situación hipotética en la que hay un niño de siete años. En el primer ejemplo, su padre tiene un ingreso de $4,000 netos mensuales y la madre custodia $2,000 netos mensuales. Los gas‐ tos a tomar en consideración para determinar la pensión suplementaria, como por ejemplo, educación, cuido y salud, suman $666 mensuales. A este número hay que añadirle $400 mensuales en concepto de vivienda, suponiendo que el menor vive con la madre custodia en un lugar donde la renta o hipoteca asciende a $800112. Bajo estas circunstancias, un padre que se relacione con su hijo el diez y ocho por ciento del tiempo tendría una pensión básica de $887 mensuales y una pensión suplementaria de $703 mensuales, para un total de $1590 mensuales. Suponiendo que el menor pasa treinta por ciento del tiempo con su papá, la pen‐ sión básica se reduciría a $621 mensuales, para una pensión total de $1,324. Esto representa una reducción de $266 mensuales. En el segundo ejemplo, se usa el mismo concepto de gastos, pero se invier‐ ten los ingresos de los padres; es decir, la madre custodia gana $4000 mensuales y el padre gana $2000 mensuales. La pensión total para un menor que pase el diez y ocho por ciento del tiempo con su papá, sería de $795 mensuales. Supo‐ niendo que el menor pasa el treinta por ciento del tiempo con su papá, la pen‐ sión se reduce a $662 mensuales. Esto representa una reducción de $133 mensua‐ les. El último ejemplo de pensión bajo el régimen de custodia monoparental su‐ pone que ambos padres tienen el mismo ingreso neto mensual, en este caso $3,000. El ejercicio revela que el total de la pensión, si el menor pasa el diez y ocho por ciento del tiempo con el padre, sería de $1,198 mensual. Al pasar el treinta por ciento del tiempo con su papá, la pensión baja a $998 mensual. Las guías utilizan una fórmula diferente para determinar la pensión en casos de custodia compartida. En la definición de custodia compartida, suponen que el menor pasa la mitad de su tiempo con cada uno de sus progenitores y que tiene un espacio físico en la casa de cada uno de estos. Por ende, no toma en conside‐ ración el pago mensual de vivienda de ninguno de los padres. Para calcular la pensión en estos casos, se utiliza la misma fórmula aplicada a los padres con la diferencia de que la pensión alimentaria básica de cada uno es dividida por la mitad. La pensión final se calcula restando la pensión menor de la mayor y el balance se convierte en la pensión a pagarse al progenitor que tiene la pensión menor. Aplicando el régimen de custodia compartida al caso hipotético ante‐ rior—en el cual un padre gana $4,000 mensuales y el otro $2,000 mensuales—el padre que gana $4,000 tendría que pagarle $435 mensuales al otro progenitor,
112 La ley de la ASUME establece que el padre subsidiará la el gasto de vivienda de la madre del menor en la proporción que represente el menor del total de ocupantes. Así, si hay dos ocupantes en la residencia, el menor siendo uno de ellos, se adjudicará el gasto anual de hipoteca.
irrespectivo del género. En el caso que ambos padres tengan el mismo ingreso, no habría pensión. Este ejercicio ilustra varios asuntos importantes. Primero, las guías han creado un incentivo económico que fomenta el sistema de custodia monoparen‐ tal. Según las guías, la pensión alimentaria básica se define como la:
Participación del ingreso neto de la persona no custodia que se dedica al pago de gastos mínimos en los que es necesario incurrir para la crianza del/la alimentis‐ ta. Los gastos mínimos incluyen aquellos gastos por concepto de alimentación, utilidades, transportación, entretenimiento, vestimenta, excepto gastos de uni‐ forme.113
Sin embargo, la pensión básica no se calcula tomando en consideración los gas‐ tos reales del hijo sino que aplica un porcentaje al ingreso del padre no custodio. Este porcentaje varía, en los casos de un solo hijo, desde un veinte por ciento punto once hasta un veinte y ocho por ciento punto trece.114 Por lo que, a mayor ingreso, mayor pensión básica, independientemente de los gastos reales de un menor. Así, por ejemplo, si un padre no custodio tuviese un ingreso neto de $1,000 mensuales, su pensión básica sería de $222 mensuales, pero si su ingreso fuera de $10,000 mensuales, su pensión básica sería de $2,218 mensuales. A estas cantidades todavía resta añadirle el monto de la pensión suplementaria. Resulta claro que, en muchas ocasiones, la pensión básica cubre mucho más allá de los gastos mínimos contemplado en la guía. Por lo tanto, la madre custodia termina recibiendo más dinero del que hace falta para las necesidades del menor. Las guías crean un incentivo económico adicional al permitir una mayor pensión a aquellas madres custodias cuyos hijos no pasan más del veinte por ciento de su tiempo con el padre. En estos casos, no aplica un ajuste en la pen‐ sión básica. Además, la forma en que están redactadas las guías pone en relieve que la norma apunta a que los padres no pasen más del veinte por ciento del tiempo con sus hijos, ya que la guía clasifica esto como un caso excepcional.115 Inclusive, las guías establecen que el Tribunal no está obligado a conceder este ajuste.116 Esta norma debe ser cambiada ya que dicha discreción permite la entra‐ da de discrimen por parte del adjudicador.
113 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 4 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para %20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf. 114 Véase supra nota 106. 115 Administración para el Sustento de Menores, Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, art. 7 (2007), disponible en http://www2.pr.gov/agencias/asume/Documents/Leyes%20y%20Reglametos/Gu%C3%ADas%20para %20Determinar%20y%20Modificar%20las%20Pensiones%20Alimentarias%20en%20Puerto%20Rico. pdf. 116 Id.
En contraste, el cálculo para determinar la pensión suplementaria sólo toma en consideración el ingreso neto total de ambas partes y la proporción que repre‐ senta el ingreso de cada progenitor en relación al ingreso total. De esta manera, cada progenitor aporta a los gastos reales del niño de acuerdo a su capacidad financiera, independientemente del tiempo que cada uno pasa con él. Por ejem‐ plo, un padre cuyo hijo tiene un gasto real total de $8,000 anuales y cuyo ingreso representa el sesenta por ciento del ingreso total de los progenitores, pagaría una pensión de $400 mensuales, en vez de $1,287 al incluir la pensión básica. Otro asunto importante es que, según las guías de pensiones, se supone que las tablas se revisen “por lo menos cada cuatro (4) años para asegurar que las pensiones alimentarias resultantes de su aplicación sean justas y adecuadas”.117 Las mismas guías describen un comité especial que se creó para este propósito. Sin embargo, esto no ha ocurrido aunque han pasado más de cuatro años. Du‐ rante el 2010, el economista Carlos Rivera Galindo preparó un estudio para revi‐ sar tales guías. Su metodología consistió en tomar como punto de partida los costos reales de la crianza de un hijo en el 2009, según el Departamento de Agri‐ cultura federal, incluir un ajuste por la inflación experimentada en el 2010 y ajus‐ tar este número a la realidad de los ingresos promedios de los puertorriqueños.118 La recomendación de Rivera Galindo reduciría las pensiones significativamente. Esto creó un revuelo entre las madres custodias que vieron amenazado el so‐ brante de la pensión y, en consecuencia, llevó a la clase política del País a poner‐ le un freno a la implementación de las guías revisadas hasta nuevo aviso.119 Al considerar que el noventa y nueve por ciento de los padres no custodios son hombres, la forma en que las guías están redactadas perpetúa el sistema de custodia monoparental. En su aplicación, las guías fomentan los mismos roles estereotipados encontrados en el discurso jurídico puertorriqueño, donde la madre cría y el padre es primordialmente un proveedor de financiamiento. No será hasta que se elimine el incentivo económico creado por las guías de pensio‐ nes que las pensiones dejarán de ser una barrera a la implementación de un sis‐ tema de custodia compartida que realmente tenga como su norte los mejores intereses de los hijos e hijas.
IV. R E C O M E N D A C I O N E S
Frecuentemente, la tradición y la cultura de un pueblo son los mayores obstáculos para su progreso. Vale la pena preguntarse, ¿por cuántos siglos las personas de raza negra fueron formalmente limitadas por el mero color de su piel? ¿Por cuántos años las mujeres fueron encajonadas en las tareas domésticas y la crianza de los hijos por el mero accidente de haber nacido mujer? Al presen‐
117 118 119 Id. en el art. 8. Gloria Ruiz Kuilan, Fuera de ley las nuevas guías alimentarias, EL NUEVO DÍA, 5 de julio de 2011. Id.
te cabe preguntarse, ¿cuánto más tiempo se tolerará el que los hombres y las mujeres no puedan tener relaciones equivalentes con sus hijos? Es por la tenden‐ cia del ser humano a aferrarse ciegamente a nociones costumbristas de escasa profundidad intelectual, que cambiar el régimen de custodia en Puerto Rico re‐ querirá de mucho más que una política pública limitada a fomentar la custodia compartida. Es nuestra opinión que para conseguir una aproximación sustancial a la igualad real entre los sexos en materia de familia, se requieren por lo menos seis cambios sustanciales que deberán ser implementados a corto y a largo plazo. A corto plazo, es esencial que se limite sustancialmente la discreción de los jueces y las juezas de familia y de las unidades de familia. La manera más directa de lograr dicho cometido es enmendando la Ley de Custodia Compartida y el artí‐ culo 107 del Código Civil para establecer dos cosas. Primero, una presunción controvertible de que la custodia compartida será el acuerdo que regirá entre los padres. De esta manera, se le haría difícil a los jueces de familia tomar decisiones basadas en sus costumbres o experiencias personales. Por otro lado, al igualar a la madre y al padre en términos de control sobre los hijos, se evita el desbalance en el poder que rutinariamente lleva a una parte a poder discriminar contra la otra.120 Segundo, se debe establecer, como estándar probatorio para rebatir la presunción controvertible, el estándar de evidencia clara, robusta y convincente. Esto resulta necesario dada la importancia que tienen las relaciones de los hijos con sus padres. No se debe permitir que un funcionario del estado, por una cre‐ encia sin fundamento o una mera alegación de mala comunicación, destruya las relaciones familiares luego de una separación. Por lo tanto, es esencial recortar el poder del estado para modificar las relaciones familiares, particularmente cuan‐ do los cambios se fundamentan en la costumbre o tradición. Como segundo cambio a corto plazo, es esencial que se enmiende la ley de la ASUME para eliminar el potencial de altos niveles de sobrante que hacen de la
120 Véase Edward J. Winter & Brian R. Hersh, Child Custody Litigation, 22 AM. JUR. TRIALS 347 (2012). The law has been progressing and has progressed in a number of jurisdictions to the point where it is recognized that the purpose and spirit of the best interest theory cannot be given full force and effect unless both parents stand on an equal footing, with neither mother nor father receiving preference in custody matters. Both state legislatures— including those of California, Colorado, Florida, New York, and Wisconsin—and the courts have been implementing this theory and certainly paying it more than lip service. Though there are some states that have yet to adopt this view, it can be expected to attain ac‐ ceptance in the vast majority of jurisdictions in the foreseeable future. The equality of the parents theory is in line with contemporary thought in psycholo‐ gy, sociology and economics. As one court has put it: What a mother’s care means to her children has been so much romanti‐ cized and poeticized that its reality and its substance have sometimes been lost in the flowers of rhetoric. Not all mothers can lay claim to such eulogy. . . . Id. (citas omitidas).
adjudicación de custodia un negocio para muchas madres. La ley debe buscar dividir los gastos necesarios para la crianza del niño entre ambos padres de ma‐ nera proporcional a los ingresos de cada uno. De esta manera, se le da una opor‐ tunidad real a que florezca el interés de cada padre y cada madre a criar a su hijo, independientemente del interés económico. Es de esperarse, claro está, que nu‐ merosas madres custodias se opongan a la custodia compartida por no perder una parte sustancial de sus ingreso de libre disposición. Al fin y al cabo, los pa‐ dres y las madres son seres humanos que no son inmunes a los intereses econó‐ micos. Como tercer cambio a corto plazo, resulta importante crear transparencia en el sistema de familia. La Rama Judicial debe publicar mensualmente un agregado de las decisiones de custodia, patria potestad y visitas tomadas por los jueces en cada tribunal de primera instancia. Solo así, se podrá medir el progreso en mate‐ ria de derechos constitucionales. A largo plazo, sin embargo, urge una reforma conceptual de la normativa de familia. Dicha reforma debe estar dirigida a reenfocar el sistema a uno que mi‐ nimice las fricciones por las que pasa una familia durante y luego de un divorcio o separación. Primero, se deben eliminar las causales de divorcio contenciosas. Si hubo infidelidad, trato cruel, alcoholismo u otros asuntos, no es pertinente para la disolución de un lazo matrimonial el que un funcionario del estado tenga que escuchar todas las intimidades de la pareja. El obligar a dilucidar estos asuntos en un tribunal es una violación al derecho a la intimidad de los ciudadanos, máxime cuando los expedientes de divorcios están disponibles para cualquier persona interesada. El enfoque del sistema debe permitir que la pareja promedio pase por el proceso de divorcio o separación de manera expedita para que cada individuo se pueda reponer emocional y económicamente lo antes posible. Al fin y al cabo, lo que éstos buscan es salir de una relación que no funcionó e iniciar un nuevo comienzo, sin perder las relaciones con sus hijos. Segundo, en los casos donde haya evidencia clara, robusta y convincente de que es necesaria la intervención del Estado, el mismo deberá intervenir para salvaguardar los intereses de los menores. Sólo con un estándar evidenciario más alto, se puede empezar a reducir la injerencia desbocada del Estado en materia de familia. Como implica el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el poder de parens patriae tiene que ceder ante el derecho fundamental a la crianza de los padres.121 Naturalmente, ante situaciones evidenciadas de violencia o negligencia contra los niños, el Estado debe poder tomar cartas en el asunto. Por último, cabe preguntar por qué no remover del sistema adversativo la mayoría de los asuntos de custodia y patria potestad. Conceptualmente, y visto de una manera en extremo generosa, el sistema adversativo busca el florecimien‐
121 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997) (“In a long line of cases, we have held that, in addition to the specific freedoms protected by the Bill of Rights, the ‘liberty’ specially protected by the Due Process Clause includes the righ[t] . . . to direct the education and upbringing of one’s chil‐ dren.”).
to de la verdad en medio del conflicto entre dos partes. ¿Es un ambiente adversa‐ tivo el adecuado para resolver asuntos de custodia? Dado el fracaso del presente sistema, la contestación es claramente no. Un sistema adversativo en materia de familia fomenta el uso del derecho como arma y no como herramienta para for‐ talecer a la familia. Este sistema, sumado a la gran carga de trabajo de la Rama Judicial en Puerto Rico, fomenta la aplicación rutinaria del precedente sin que las características de los individuos sobresalgan ante los jueces y juezas o la uni‐ dad de familia. Por último, un sistema adversativde familia garantiza que lo que pudiera quedar de sentimiento familiar termine siendo destrozado en el nombre de los estereotipos y el discrimen.
La nueva Ley de Custodia Compartida es un paso importante en el camino hacia la igualdad de género en los tribunales de familia de Puerto Rico. Es, quizás, la primera pieza necesaria para traer el péndulo del discrimen a descan‐ sar permanentemente. Sin embargo, acercar a la sociedad puertorriqueña hacia este ideal requerirá mayores esfuerzos. Aún imaginando que los tribunales se desprendieran súbitamente de su visión de pueblo y comenzaran a ver que el mejor bienestar del menor no se sirve al irreflexivamente adjudicar la custodia a las madres, quedan toda una serie de incentivos para mantener el status quo. Los próximos pasos a tomar están en las manos de la Legislatura. Como mínimo, se debe enmendar la Ley de Custodia Compartida para reducir la dis‐ creción de los jueces y así corregir el abuso a los derechos constitucionales fun‐ damentales de los hombres en Puerto Rico. La Legislatura debe crear una pre‐ sunción a favor de la custodia compartida y codificarla en el Código Civil. Por otro lado, es imperativo reformar el sistema de pensiones para que el apoyo económico a la crianza no fomente la custodia monoparental y la desigual apli‐ cación de las leyes. El cambio también debe efectuarse en la Rama Judicial. Al presente, las uni‐ dades de familia y los jueces le imponen a la familia puertorriqueña una visión arcaica y sin fundamento. El poder de parens patriae es quizás, el poder más im‐ portante que tiene el gobierno en sus manos en materia de familia ya que su uso o abuso cambia la forma de las relaciones de los integrantes de una familia de por vida. Al darle prácticamente todo el poder a la madre y despojar al padre de su relación con sus hijos, la Rama Judicial envía un mensaje claro a los futuros puertorriqueños: los hombres sirven primordialmente para financiar y sólo las mujeres deben criar. Peor aún, las presentes decisiones en materia de custodia crean una profecía auto ejecutable: al penalizar al hombre emocional y financie‐ ramente, crean un incentivo para que algunos padres, ya sea por evitar mayor dolor o por presión social, abandonen a sus hijos. Por último, el cambio necesario para salir del discrimen contra los hombres en las salas de familia necesita de la acción ciudadana. Es esencial que los hom‐ bres y las mujeres se movilicen para exigirle a su Legislatura que cambie las le‐ yes. Al fin y al cabo, lo que se busca no es beneficiar el hombre a expensas de la
mujer. Lo que se busca es igualdad de género, algo por lo cual las mujeres puer‐ torriqueñas lucharon por décadas para obtener y que al día de hoy todavía no se ha materializado del todo. Finalmente, lo que se busca es que, tras cientos de años de discrimen contra la mujer o contra el hombre, se declare en los tribuna‐ les de familia la igualdad formal de los padres y las madres y comience el camino hacia la igualdad real. Ya es hora de dar un paso concreto hacia la realización de los ideales de igualdad y debido proceso de ley plasmados en la Constitución. Los hijos e hijas de Puerto Rico no merecen nada menos.
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