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Timestamp: 2020-03-30 13:57:49+00:00

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La Sociedad de Crédito Castellano (I) - Panorama Numismático
La Sociedad de Crédito Castellano (I) https://panoramanumismatico.com/wp-content/uploads/2019/02/1524img0.jpg 272 400 admin admin https://secure.gravatar.com/avatar/3435515d2e4e726523ab878b569e7e10?s=96&d=mm&r=g mayo 31, 2018 febrero 21, 2019
JAVIER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. La Sociedad de Crédito Castellano nació al amparo de la legislación de 1856 sobre la libre emisión, pero se estableció en una época que fue la antesala de una profunda crisis en el país, que afectó a la sociedad en todos los órdenes. Por otro lado, invirtió grandes sumas en obra civil contratada con el Estado, lo que la privó de la liquidez necesaria para hacer frente a sus responsabilidades financieras. Unidos los efectos de las circunstancias adversas, tanto externas como internas, la quiebra fue inevitable.
La Sociedad de Crédito Castellano (SCC) fue la primera en establecerse tras el Banco de Valladolid. Y lo fue, muy posiblemente debido al desencanto que había producido la actividad de este, por causa del incremento de la actividad especulativa del colectivo financiero-mercantil, llegándose a comentar que “el Banco no había satisfecho las esperanzas que el comercio concibió cuando se instaló, pues en lugar de abaratar la mercancía llamada dinero…, el interés del mismo está a un precio mucho más alto que antes de funcionar el banco”. (Imagen: escudo de Valladolid. Detalle de la orla de una obligación de 4024 RsV)
Concretamente, la autorización para su establecimiento le fue concedida por la reina Isabel II, a propuesta del Ministro de Hacienda D. Pedro Salaverría mediante Real Decreto de fecha 17/01/1862. La autorización se elevará a definitiva en fecha 24/02/1862, mediante Real Orden de la reina, a propuesta del Ministro de Hacienda mencionado y dirigida al Sr. Gobernador de la provincia de Valladolid, tras cumplimentar los requisitos que le fueron impuestos en el Real Decreto de constitución. De este Real Decreto merece resaltar los siguientes puntos:
a. Los accionistas fundadores fueron D. Juan Fernández Rico, D. Miguel Polanco, D. Pedro Pombo, D. José Semprún, D. Vidal de Arroyo, D. Hilario González, D. Tomás Alfaro, D. Matías Pérez, D. Eloy Lecanda, D. Saturnino de la Mora, D Saturnino Guerra y D. Remigio Cordero (art. 1 del RD).
b. La duración de la sociedad se estableció en 40 años (art.2 del RD).
c. El capital social se fijó en 72.000.000 rs, a suscribirse mediante 36.000 acciones de 2.000 rs cada una (art. 4).
d. El domicilio social fue ubicado en la ciudad de Valladolid (art.3). (Que quedaría fijado en la calle de la Victoria, núm. 12.).
Balance de la SCC publicado en la Gaceta de Madrid (nº 107 de 17/4/1862), poco después de su establecimiento.
Respecto del ámbito de actividades y operativa de la SCC hemos de referirnos a sus Estatutos y Reglamentos que fueron aprobados mediante el correspondiente Real Decreto de fecha 17/01/1862, al mismo tiempo que lo fue su establecimiento. Así pues, en el Título I, artículo 4, podemos leer que “las operaciones de la Sociedad podrán extenderse a los objetos siguientes:
Suscribir o contratar empréstitos con el Gobierno, corporaciones provinciales o municipales y adquirir fondos públicos y acciones u obligaciones de toda clase de empresas industriales o de crédito. No podrá comprar ni vender efectos públicos a plazo, ni dedicar a su adquisición al contado más de la mitad de su capital efectivo.
Crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales de riego y de navegación, fábricas, puertos, dársenas, alumbrado, desmontes, desagües, roturaciones y cualesquiera otras empresas industriales o de utilidad pública con arreglo a la legislación vigente a cada una de ellas en la época de su establecimiento. No podrá hacer especulación alguna sobre minas, de cualquiera clase y condición que ellas sean. Podrá, sin embargo, celebrar convenios con empresas mineras, siempre que reciba en garantía objetos o valores a satisfacción.
Tomar a su cargo la fusión y trasformación de toda clase de sociedades mercantiles y la emisión de acciones u obligaciones de las mismas.
Administrar, recaudar o arrendar toda clase de contribuciones y empresas de obras públicas, y ceder o ejecutar los contratos suscritos al efecto con la aprobación del Gobierno.
Emitir obligaciones de la Sociedad por una cantidad igual a la que se halle empleada y exista representada por valores en cartera a consecuencia de las operaciones de que traían los párrafos anteriores.
Vender o dar en garantía todos los valores, acciones u obligaciones adquiridos por la Sociedad, y cambiarlos cuando lo juzguen conveniente.
Prestar sobre efectos públicos, acciones u obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de igual clase. Los préstamos que la Sociedad haga sobre sus propias acciones no podrán exceder del 10 por 100 del capital efectivo de la Sociedad, del 60 por 100 del valor que estas tengan en la plaza, y del término de dos meses.
Efectuar por cuenta de otras sociedades o personas toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra operación por cuenta ajena.
Recibir en depósito toda clase de valores en papel o metálico, y llevar cuentas corrientes con cualesquiera corporaciones, sociedades o personas.
Por lo que nuestro estudio se refiere, y a fin de ir enfocando su objeto, nos fijamos en los apartados 2 y 5. Del primero resaltamos la cuestión relativa a “Crear toda clase de empresas de caminos de hierro…” y del segundo sobre la que dice: “Emitir obligaciones de la Sociedad por una cantidad igual a la que se halle empleada y exista representada por valores en cartera a consecuencia de las operaciones de que traían los párrafos anteriores”. Las normas sobre las emisiones de obligaciones se dan en el artículo 18, Título II de los Estatutos que resumimos:
a. Serán al portador.
b. A plazo fijo.
c. El plazo de amortización no podrá ser inferior a 60 días.
d. Con la amortización e intereses que se determinen, es decir, se fijarán dependiendo de las circunstancias en cada momento.
e. Mientras no se realice la totalidad del capital social, solo se podía emitir el triple de la parte realizada a vencimientos de más de un año y cinco veces su importe, cuando el capital se haya realizado por completo.
f. La suma de las obligaciones a plazos menores de un año, unida a la de las cantidades recibidas en cuenta corriente, no podrá en ningún caso exceder del doble del capital efectivo de la Sociedad.
Respecto de la cuestión relativa al establecimiento de líneas de ferrocarril, su actividad fue bien conocida, pues fue ampliamente difundida por los medios de comunicación locales (diario Norte de Castilla) y las noticias al respecto tuvieron su eco hasta los medios públicos nacionales, pues hemos tenido acceso a varios anuncios difundidos por la Gaceta de Madrid de los que aportamos sus referencias, para que el lector pueda tener acceso a ellos si ese es su deseo. Tales referencias son las siguientes (Gráfico 1):
El contenido del último de ellos es como sigue:
“Interior.- Valladolid 2 de Setiembre [de 1864].- La Sociedad del Crédito Castellano está llevando los trabajos del ferro-carril en la sección de Reinosa a Bárcena con la mayor actividad.
“VALLADOLID 2 de Setiembre. –Según leemos en los periódicos de Santander, la Sociedad del Crédito Castellano está llevando los trabajos del ferrocarril en la sección de Reinosa a Bárcena con una actividad mayor, si así puede decirse, de la desplegada hasta ahora. El día 27 último trabajaban en las obras 9.630 operarios de todas clases, 100 caballerías, 129 carros y 572 vagones, números que hablan más alto que cuanto pudiera decirse en favor de la Sociedad constructora.”
Otras obras en las que la SCC estaba involucrada fueron la carretera de Sahagún a Rivadesella, en sus tramos once y doce y la mejora de la Ría de Bilbao, según anuncios insertados en la Gaceta de Madrid de fecha 18/02/1865 y 22/05/1865 respectivamente.
LA CUESTIÓN DE LAS ACCIONES Y EL CAPITAL SOCIAL
Por el Real decreto de 17/01/1862 que permitió el establecimiento de la SCC, en su punto 4, sabemos que: “El capital de la Sociedad será de 72 millones de reales representados por 36.000 acciones de a 2.000 rs cada una, divididas en series. La primera serie será de 18.000 acciones y se emitirán inmediatamente, satisfaciéndose por los accionistas el 25 por 100 de su valor nominal, con arreglo al art. 6 de la indicada ley de 28 de Enero de 1856.” Que:
1. Por un lado, deja abierta la puerta a que la empresa reclame el 75% restante en el momento en que lo estime oportuno y que
2. por otro, fija la cuantía total del capital social en 36.000 acciones.
Sin embargo, al estudiar los balances, vemos que (gráfico 2):
Lo cual nos induce a sumar todas las emisiones, obteniendo la cifra de 67.500 acciones (dado que los balances de fecha 30/09 y 31/12/1863, están muy próximos, suponemos que las cantidades en ellos reflejadas son repetición del segundo respecto de la del primero, por lo que sólo sumamos una de ellas.), que supera enormemente la cantidad establecida en la Real Orden, y no existiendo una autorización para la ampliación del capital social, hemos de suponer que dichas cantidades sólo reflejan el total de acciones en circulación en cada una de esas fechas. Lo cual, a su vez, nos lleva a concluir que nunca se alcanzó el capital social establecido en la citada Orden.
Además, la cuestión de que en el momento inicial sólo se exigiera el 25% del monto total de las acciones comprometidas por cada accionista, llevó a la sociedad a solicitar dividendos pasivos de estos, tal y como se refleja en los anuncios de fechas 14/12/1863 y 16/11/1864 aparecidos en la Gaceta de Madrid, según los cuales, la Junta de Gobierno se vio obligada a establecer calendarios para reclamarlos. Sin embargo, poco después, el día 23/08/1865 la SCC fue declarada en quiebra, por lo que aquellas acciones cuyos titulares no hubieran satisfecho el noveno dividendo serían finalmente enajenadas (según anuncio de la Gaceta de Madrid de fecha 14/04/1866) (lo cual, a nuestro juicio, viene a poner de manifiesto que los accionistas ya no tenían muy claro el futuro de la SCC, por lo que no tendrían interés alguno en completar el abono referido, toda vez, que la quiebra se declaró nueve meses más tarde de la fecha del anuncio, coincidiendo con la fecha de abono de dicho dividendo), por la Representación Social de los acreedores, con el claro propósito de obtener fondos a los efectos de resarcir las deudas contraídas por la SCC y no satisfechas.
LA QUIEBRA DE LA SCC
Finalmente, nos queda por comentar que la SCC fue declarada en situación de quiebra el día 23/08/1865, como así lo atestigua el punto 1 de la de Real Orden de 03/04/1866 que fija las condiciones legales que habían de cumplirse para hacerla efectiva.
Sin embargo, resulta sorprendente que a primeros del año 1889, la liquidación no se hubiera finalizado, debiendo los miembros que formaban la Representación Social, acordar la decisión de “…ratificar la caducidad en que por virtud de aquéllos [se refiere a los acreedores que no hicieron valer sus derechos de cobro de las deudas que le reclamaban a la SCC] incurrieron los créditos no presentados al cobro de dichos dividendos y distribuir el pequeño residuo existente por tal concepto entre los demás acreedores…”, para poder proceder a la liquidación, tras lo cual, dicha representación social acordó que quedara “…disuelta la Sociedad desde el día 30 del actual y terminada la personalidad de dichas representaciones…”.
Imagen: anverso de una obligación de 4024 RsV.
Es decir, la SCC, fue declarada oficialmente en quiebra con fecha 23/08/1865 y no fue hasta veintitrés años después que se finalizó su liquidación, siendo oficialmente el día 30/04/1889 el día en que ello tuvo lugar. Las causas de este retraso anormal son varias, pero una de las fundamentales es la apuntada en el párrafo anterior relativa a que los acreedores no se personaban para hacerles efectiva la deuda reclamada y reconocida por el Tribunal de la Quiebra o como se la llamaba en aquellos tiempos, la ya mencionada Representación Social. Por tanto, a dicha Representación, no le quedó más remedio que hacer el reparto indicado para proceder a ultimar la liquidación de la empresa (Gráfico 3).
En cuanto a las razones para que una empresa como la SCC incurriera en esta grave situación, podemos clasificarlas en dos grupos:
a. Cuestiones inherentes a la propiedad: el capital social, nunca se llegó a desembolsar en su totalidad, ello unido a que el fondo de reserva era realmente escaso frente a la actividad constructora que desarrollaba, la colocaba en una situación extremadamente delicada, en el caso de que los acreedores requiriesen sus derechos de forma súbita y coordinada.
Respecto de las obras civiles cuya construcción había asumido, hay que tener en cuenta el procedimiento de actuación del Estado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones dimanadas de los contratos de obra civil por él suscritos, ya que los derechos de la empresa contratista, sólo los puede ejercer ésta mediante la presentación del oportuno certificado de obra emitido tras la finalización de la misma, o tras la finalización de la fase que corresponda según se indique en el contrato. Por tanto, hasta ese momento, la empresa constructora ha de hacer frente a todos los gastos que le sobrevengan bien con sus propios fondos, bien mediante la suscripción de préstamos con terceros, bien mediante la emisión de obligaciones financieras, que fue lo que hizo.
Por otra parte, con el tiempo se demostraría que la explotación de un ferrocarril en nuestro país y en el entorno económico de la región castellana, era ruinosa, no respondiendo a las expectativas que se habían depositado en ese medio de trasporte.
Los contratos sobre las otras dos obras, finalmente los terminó subastando, (tal y como lo atestiguan los anuncios al respecto que la Junta de Gobierno Insertó en la Gaceta de Madrid y que ya hemos mencionado más arriba), sin que conste el resultado de esa subasta.
b. Cuestiones inherentes a las circunstancias socioeconómicas externas a la Sociedad: las cuestiones a tener en cuenta son diversas:
En primer lugar, la feroz competencia existente entre el Banco de Valladolid, la SCC, la Sociedad Unión Castellana y la Sociedad de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil que, como ya sabemos se establecieron en Valladolid, casi en la misma época, dentro de un periodo que abarcaba poco más de un año.
a. El ambiente económico de la época estaba fuertemente influenciado por la obtención de rápidos beneficios provenientes de la especulación bursátil, lo que no facilitaba que inversores fuera de la provincia de Valladolid estuvieran atraídos por realizar inversiones en la SCC.
b. Otro factor a tener en cuenta, poniendo como ejemplo el Banco de España, es la dificultad que tenía éste para colocar sus billetes canjeándolos a metálico. Si el principal banco del país tenía problemas a este respecto, cómo no los iban a tener pequeñas empresas recién creadas y de dudosa suerte, para colocar sus acciones y/o sus obligaciones.
c. De los dos párrafos previos, se deduce que la SCC tuvo gran dificultad (y de hecho no lo consiguió), que las 36.000 acciones fueran adquiridas por inversores interesados.
d. Algunas sociedades de crédito de Madrid y Barcelona suspendieron pagos o simplemente decidieron disolverse cuando los resultados económicos del ferrocarril (con el cual estaban ligadas a través de sus carteras de inversiones) parecieron no responder a las primitivas expectativas, una vez abiertas las líneas al tráfico en 1864. Una de ellas fue la Sociedad Española Mercantil e Industrial (perteneciente a la casa Rothschild) que dio por finalizadas sus actividades en 1864. La SCC pudo tomar una decisión similar en vista de cómo se estaban desarrollando las circunstancias.
3. Los problemas de la Hacienda Pública, causados por el incremento de los gastos del Estado que tendían a crecer más aprisa que los ingresos ordinarios. Esto se puso de manifiesto, sobre todo, a partir del momento en que éste asumió nuevas inversiones (como el fomento de las obras públicas o cuando se implicó en acciones militares como la guerra de Marruecos de 1859-1860). El aumento del déficit trajo consigo un endeudamiento cada vez mayor, con lo cual resultaba inevitable un nuevo arreglo o convenio con los acreedores.
4. Finalmente, la estabilidad política brillaba por su ausencia (el gobierno de O’Donnell cayó en el mes de marzo de 1863 y el gobierno siguiente, liderado por Narváez, sólo duró diez meses), por lo que las condiciones para que la economía prosperase, no se daban (diversas fuentes han sido consultas y todas coinciden en los términos expuestos a modo de resumen, de la situación política existente en el país).
En definitiva, las causas de toda índole que motivaron la crisis externa a la SCC son múltiples y variadas. Algunos expertos apuntan alguna más, pero para este trabajo que no reviste el carácter de un estudio experto, creemos suficientes las cuestiones apuntadas como las más influyentes.
Portada: acción de la Sociedad de Crédito Castellano de 2000 RsV emitida en 1862. Impresa en la imprenta de D. Antonio Roca y Sallent, de Barcelona.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 18
 Real decreto