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Timestamp: 2020-08-06 15:54:36+00:00

Document:
Registro Oficial. 27 de NOVIEMBRE del 2002
Miércoles, 27 de noviembre del 2002 - R. O. No. 713
23-923	Proyecto de Ley que suspende\n las pensiones vitalicias de los ciudadanos involucrados en actos\n de corrupción.
23-924	Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n de Hidrocarburos
23-926	Proyecto de Ley de reforma a la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo
3320 Declarase en Estado de Emergencia\n Sanitaria a la ciudad de Ibarra.
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL
252-2002\n José\n Elías Quishpe y otra en contra de Maria Bertila Quishpe\n Quishpe
255-2002	Teodosia Toapanta Défaz\n en contra de Luis Alberto Chancusig Défaz
256-2002	Verónica Alexandra Vélez\n Winingther en contra del doctor Humberto Rodríguez Martínez\n y otros
257-2002	Bolívar Moreno Sarmiento\n en contra del Banco de Loja.
259-2002	Inmobiliaria ALDIJO S.A. en\n contra de Enrique Rojas Piedra
264-2002	Compañía Agregados\n Huarcay AGREHUSA S.A. en contra de Inmobiliaria GORCHIBI S.A.
266-2002	Compañía PETROLIDER\n S.A. en contra de Juan Andrés López Caicedo
268-2002	Doctor Jaime Brito García\n en contra de Lucila Evangelina Estrella Naranjo
271-2002	Diners Club del Ecuador S.A.\n en contra de Fulton Franco Correa y otra.
272-2002	Maria Calvache en contra de\n Enrique Vélez
273-2002	Doctor Vicente Vanegas López\n en contra de Luis Pavón Ramírez
277-2002\n Hogar Santa\n Marianita de Jesús en contra de Joffre Cuenca Carrión
280-2002	Segundo Quisaguano Hualpa en\n contra de Luzmila Benedicta Barahona
034-2002-HC Hacer conocer a las partes\n el contenido de ata resolución y dispónese el archivo\n definitivo del proceso.
037-2002-HC Confírmase la resolución\n emitida por el Alcalde de la I. Municipalidad de Manta y niégase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por Elías\n Anesimo Majojo Lascano y otro
042-2002-HC Confirmase la resolución\n expedida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito\n encargada y niégase el recurso de hábeas corpus\n propuesto por la señora Daysi Soraya Cortéz Quiñónez\n y otras
048-2002-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde de la I. Municipalidad de Guayaquil que\n niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por Fausto\n Aguiar Pino
321-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo solicitada\n por el doctor Mario Augusto Andino Zabala
351-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el Capitán de Navío en servicio\n pasivo Víctor Sanmartín Chiriboga.
378-2002-RA Confirmase la resolución\n expedida por el Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil y niégase\n el amparo constitucional propuesto por la psicóloga industrial\n Ligia Cecilia Vidal Salmón.
381-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil y concédese\n el amparo constitucional propuesto por la señora Gladys\n Mariana Cabrera Espinoza
407-2002-RA Revócase la resolución venida\n en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el señor Kléber Aguilar Ochoa y otro
410-2002-RA\n Confirmase la\n resolución del Juez de instancia y niégase el amparo\n solicitado por la señora Eudocia del Rocío Pantoja\n Cadena
413-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado\n por el señor Tsun Hsiung Tsai Chang
417-2002-RA\n Confirmase la\n resolución subida en grado y concédese el amparo\n constitucional interpuesto por Jorge Fernando Calero Mejía
432-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el Teniente Coronel en servicie pasivo Eduardo\n Antonio Montoya Uquillas
434-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional propuesto por el señor Eustorgio\n Manrique Soria Araujo y otros
437-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el señor Carlos\n Rosales Pino y otro
500-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n planteado por el señor Demetrio Ramírez Silvestre\n y otros
518-2002-RA No admitir por Improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el ingeniero Luis Felipe\n Borja Salgado y otros
552-2002-RA No admitir la acción\n de amparo constitucional interpuesta por Manuel Calazacón\n Aranzona.
Gobierno\n Municipal de Mocache: De\n elevación de la tarifa por consumo de agua potable y cobro\n de una tasa por derecho de abastecimiento del servicio.
Provincia\n de Sucumbíos:\n Sustitutiva del Comité Permanente de Fiestas de Provincialización
A\n la publicación del Decreto Ejecutivo N0 3276 de la Orquesta Sinfónica\n Juvenil del Ecuador, publicado en el Registro Oficial N0 704\n de 14 de noviembre del 2002\n \n
NOMBRE:	"QUE SUSPENDE LAS PENSIONES\n VITALICIAS DE LOS CIUDADANOS INVOLU-CRADOS EN ACTOS DE CORRUPCION."
CODIGO:	23-923.
AUSPICIO:	H. CECILIA CALDERON DE CASTRO.
INGRESO:	12-1 1-2002.
\n A COMISION:	15-11-2002.
Existen algunos ciudadanos ecuatorianos a quienes les corresponde\n recibir pensiones vitalicias por parte del Estado, considerando\n sus valores cívicos y su servicio a la Patria y, por tanto\n deberían ser ejemplo de virtudes. Sin embargo, varios\n de ellos han traicionado la confianza ciudadana y han sido identificados\n como autores do actos de corrupción, soportando procesos\n penales por presunción de responsabilidad penal.
No es justo que estas personas que han defraudado al pueblo\n sigan percibiendo pensiones del Estado y por ello, la sociedad\n ecuatoriana reclama con razón, acciones inmediatas. Corresponde\n al Congreso Nacional ordenar esta situación y disponer\n mediante ley que se suspenda el pago aquellas personas que gozan\n de pensión vitalicia y que estén incursos en actos\n de corrupción.
La corrupción ha generado gran desconfianza hacia la\n posibilidad de encontrar solución a los innumerables problemas\n que afrontamos; nadie cree en la honestidad del Estado y muchos\n dudan de los empresarios, financistas y banqueros.
NOMBRE:\n "REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS.".
CODIGO:\n 23-924.
AUSPICIO:	H. VALERIO GREFA UQUIÑA.
INGRESO:	13-11-2002.
\n COMISION:	18-11-2002.
Las operaciones hidrocarburíficas originadas en la\n región amazónica han contribuido con ingentes recursos\n económicos al financiamiento del presupuesto general del\n Estado y dinamizar la actividad productiva de todo el país;\n pese a ello, la retribución ha sido mínima. Del\n total de los ingresos petroleros que se estima recaudar en el\n presente ejercicio fiscal y considerado en el presupuesto, sólo\n el 1.85% han sido destinados a las provincias amazónicas.
Es deber fundamental del Estado crear las condiciones básicas\n para que en todas las regiones del país se haga realidad\n el desarrollo equilibrado y equitativo, con igualdad de oportunidades\n y beneficios colectivos para todos sus pobladores. Contribuir\n a la satisfacción de las necesidades básicas, al\n bienestar de la colectividad y al crecimiento del espíritu\n de nacionalidad.
Las comunidades estiman que los costos sociales y ambientales\n han sido elevados, en tanto que los beneficios esperados no se\n concretaron o no se distribuyeron equitativamente. Las razones\n y argumentos expuestos, están determinando un proceso\n de reclamo social para que se dé atención y solución\n a sus persistentes problemas.
NOMBRE:	"REFORMA\n A LA LEY ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.".
CODIGO:	23-926.
INGRESO:	14-11-2002.
\n A COMISION:	18-11-2002.
La Defensoría del Pueblo mediante Resolución\n No. 14 publicada en el Registro Oficial 164 del 15 de septiembre\n del 2000, creó el Consejo Tutelar de Derechos Humanos\n para estructurar de mejor forma esta institución con el\n fin de cumplir los objetivos constitucionales respecto a los\n derechos humanos y el Plan de Derechos Humanos.
Durante dos años de establecida esta estructura se\n ha comprobado su eficiencia y por tanto es necesario consagrar\n esta institución en la ley.
Es deber fundamental del Estado asegurar la vigencia de los\n derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y\n hombres. Además, el Estado garantizará a todos\n sus habitantes sin discrimen alguno, el libre y eficaz goce de\n los derechos humanos establecidos en la Constitución.
N0 3320
\n VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL
\n DE LA REPUBLICA, EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
Que, la ciudad de Ibarra, soporta una grave crisis sanitaria\n por contaminación en el sistema y red de distribución\n de agua potable;
Que, la contaminación ha causado masivas afecciones\n de tipo gastroinstestinal a la población, problema que\n podría ser de imprevisibles consecuencias, sino se atiende\n con la debida celeridad,
Que, es deber del Estado, garantizar el derecho a la salud\n de los ciudadanos y la entrega eficiente de servicios como son\n el agua potable y saneamiento básico, que permita un adecuado\n ambiente, en lo familiar, laboral y comunitario; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 180 de\n la Constitución Política de la República,
Art. 1.- Declárase en Estado de Emergencia Sanitaria\n a la ciudad de Ibarra, para lo cual los ministros de Estado y\n autoridades seccionales en las áreas de su competencia\n y jurisdicción, de conformidad con la ley, asumirán\n inmediatamente las tareas de prevención, mantenimiento,\n rehabilitación y las demás que fueren necesarias,\n en la red y sistema de agua potable, adoptando los mecanismos\n más adecuados encaminados sobre todo a prevenir el deterioro\n y a solucionar los daños ya existentes, como producto\n de la contaminación del agua potable.
Art. 2.- Dispónese que el Ministerio de Economía\n y Finanzas, de acuerdo con las prioridades que se establezcan\n y la disponibilidad presupuestaria, provea de los recursos económicos\n indispensables para el cumplimiento de los fines de este decreto.
Art. 3.- De la ejecución de este decreto que entrará\n en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Gobierno\n y Policía, Economía y Finanzas, Desarrollo Urbano\n y Vivienda y Salud Pública.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de noviembre del\n 2002.
f.) Ing. Jorge Barros Sempértegui, Secretario General\n de la Administración Pública, (E).
No. 252-2002
ACTORES:	José Elías Quishpe\n y Delia Taipe.
DEMANDADA:\n María Bertila Quishpe Quishpe.
Quito, 30 de julio del 2002; las 09h00.
VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, la demandada María Bertila\n Quishpe Quishpe, por sus propios derechos y los que representa\n de su hija menor de edad Alondra Dantiza Frutos Quishpe, ha interpuesto\n recurso de casación el 13 de mayo del 2002, fs. 176 a\n 177 del cuaderno segundo nivel, objetando la sentencia dictada\n por la Corte Superior de Justicia de Napo -Tena, el 6 de mayo\n del 2002, notificada en esa misma fecha fs. 165 a 170 del cuaderno\n del mismo nivel, en que confirma el fallo dictado por el señor\n Juez Primero de lo Civil del Napo, que acepta la demanda, dentro\n del juicio ordinario por prescripción extraordinaria de\n dominio, que sigue en su contra José Elías Quishpe\n y Delia Taipe. El recurso ha sido concedido el 3 de junio del\n 2002, y se radicó la competencia por sorteo de 1 de julio\n del 2002. Con estos antecedentes en aplicación al mandato\n del Art. 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n publicada en el R.O. No. 39 de 8 de abril de 1997, corresponde\n pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y examinado el\n escrito de María Quishpe en que interpone recurso de casación,\n se establece: que reúne los requisitos de procedencia,\n oportunidad y legitimación previstos en los Arts. 2, 4\n y 5 reformados de la Ley de Casación, mas no cumple con\n las exigencias de formalidades prescritas en el Art. 6 numeral\n 3 de la Ley de Casación: pues, la recurrente cita ".\n . . Recurso que solicito amparado en lo que disponen las causales\n 1, 2, 3 y 5 del Art. 3 de la Ley de Casación.". La\n recurrente en su escrito de impugnación, no concreta explícitamente,\n en cuál de los tres vicios que traen dichas causales funda\n su petición, puesto que no se puede invocar todos los\n vicios a la vez, pues éstos son independientes, autónomos\n y excluyentes entre sí, sin que pueda la recurrente invocar\n como lo ha hecho, a totalidad de los mismos, lo cual resultaría\n ilógico y contradictorio. En consecuencia, se rechaza\n el recurso de casación interpuesto, por falta de requisitos.\n Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.\n
Quito, 20 de agosto del 2002; las 10h00.
VISTOS: En el auto resolutivo dictado por esta Sala, el 30\n de julio del 2002, en la tercera línea se hace constar\n por error mecanográfico el nombre de la menor de edad\n Alondra Dantiza Frutos Quishpe, cuando el nombre correcto es\n Alondra Danitza Frutos Quishpe. Por tanto de oficio, se corrige\n el indicado error. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, B olivar Vergara Acosta, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Es fiel copia de su original.- Certifico.
RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original N0 146-O2BS que sigue\n José Elías Quishpe y Delia Taipe contra María\n Bertila Quishpe Quishpe. Resolución N0 252-2002.
Quito, 3 de octubre del 2002.
No. 255-2002
ACTORA:	Teodosia Toapanta Défaz.
DEMANDADO:\n Registrador de la Propiedad del cantón Latacunga.
Quito, 30 de julio del 2002; las 09h30.
VISTOS: Ha venido a conocimiento, este juicio de trámite\n sumario que ha propuesto Teodosia Toapanta Défaz, demandando\n la inscripción de la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Latacunga, dentro del\n juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio,\n que ha seguido en contra de Luis Alberto Chancusig Défaz,\n a fin de que el Registrador de la Propiedad del cantón\n Latacunga, proceda a inscribir dentro del libro correspondiente,\n a fin de que sirva de título de dominio, en vista de que\n el referido funcionario sienta oposición (fs. 5 vta. y6\n de primer grado). La Segunda Sala de la Corte Superior de Latacunga\n mediante auto de 25 de enero de 1999, ha confirmado la resolución\n dictada por el Juez Primero de lo Civil de Latacunga confirmando\n la negativa de la inscripción, en base a que el bien no\n es objeto de transferencia de domino por existir objeto ilícito\n al tenor del Art. 1507 del Código Civil. La actora interpone\n recurso de casación, imputa infringidos los Arts. 721,\n 724, 725 y 1057 del Código Civil, sosteniendo que ha existido\n falta de aplicación de los tres primeros y aplicación\n indebida del último, fundando el recurso en la causal\n 1ra. del Art. 3 de la Ley de Casación. Procede resolver,\n al hacerlo, se considera: PRIMERO.- La presente acción\n se ha presentado el 18 de agosto de 1998, cerca de dos años\n después de haberse emitido por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Latacunga el fallo de mayoría, que acepta\n la demanda y declara que la actora ha adquirido por prescripción\n un inmueble ubicado en la calle Juan Abel Echeverría s/n,\n en el barrio San Sebastián, de la parroquia Juan Montalvo\n del cantón Latacunga. En dicho proceso, la parte demandada\n ha interpuesto recurso de casación, el mismo que fuera\n conocido y resuelto por esta Sala mediante sentencia de mayoría\n de 15 de julio de 1999, a las 10h10, en que se casa la sentencia\n rechazando la demanda, (Juicio No. 90-97, Resolución No.\n 606-99). En tal sentido, al haberse desestimado la acción\n ordinaria de prescripción, no tiene fundamento ni jurídico,\n ni fáctico la presente demanda. Por lo expuesto se rechaza\n el recurso interpuesto. Con costas. Notifíquese. Publíquese.\n Cúmplase con el Art. 19 de la Ley de Casación.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: La una copia que antecede es auténtica, ya que\n fue tomada del juicio original No. 92-99 F.I., que sigue Teodosia\n Toapanta Défaz contra Registrador de la Propiedad del\n cantón Latacunga. Resolución No. 255-2002. Quito,\n a 3 de octubre del 2002.
ACTORA:	Verónica Alexandra Vélez\n Winingther.
DEMANDADOS:\n Humberto Rodríguez Martínez y otros.
Quito, 30 de julio del 2002; las 10h00.
VISTOS: Ha llegado a conocimiento de esta Sala el recuso de\n casación interpuesto por Verónica Alexandra Vélez\n Winingther, impugnando la sentencia dictada por los ministros\n de la Corte Superior de Esmeraldas; en el juicio ordinario de\n nulidad de sentencia que sigue en contra del Dr. Humberto Rodríguez\n Martínez y otros. Encontrándose la causa en estado\n de resolver, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente\n para conocer y resolver la presente causa en virtud del mandato\n constitucional constante en el Art. 200 en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación y el sorteo de ley. -\n SEGUNDO.- La recurrente considera existir infracción de\n los Arts. 856 y 1661 numeral 11 del Código Civil; Art.\n 451 del Código de Procedimiento Civil; Art. 24 inciso\n 2do. de la Constitución Política de la República;\n Art. 303 numerales 2 y 3 y, Art. 355 numeral 3 del Código\n de Procedimiento Civil; y Art. 48 de la Ley del Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda. Con sustento en las causales 2 y 3 del Art. 3\n de la Ley de Casación.- TERCERO.- Corresponde examinar\n la sentencia atacada por vía de casación, a fin\n de establecer la existencia de las violaciones señaladas\n en el recurso. El fallo de instancia analiza el fundamento legal\n de procedencia de la acción de nulidad, que se encuentra\n limitada a tres causas legales según consta en el Art.\n 303 del Código de Procedimiento Civil: 1.-Por falta de\n jurisdicción o por incompetencia del Juez que la dictó;\n 2.- Ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes\n que intervinieron en el juicio; y, 3.- Por no haberse citado\n la demanda al demandado, si el juicio se ha seguido en rebeldía.\n En la especie, consta en la sentencia impugnada como de autos\n la comparecencia de los demandados en el juicio ejecutivo cuya\n sentencia se solícita se anule, a fs. 14 convalidándose\n por tanto su comparecencia de conformidad a lo dispuesto en el\n Art. 88 del Código de Procedimiento Civil, por lo que\n no existe justificación para la procedencia de la acción\n de nulidad respecto del numeral 3 del Art. 303 del mismo cuerpo\n legal.- CUARTO.- Alega también existir causa para la acción\n de nulidad de sentencia por ilegitimidad de personería\n de los actores en el juicio ejecutivo antecedente de éste;\n anotando que la hipoteca abierta otorgada a favor del Banco del\n Pichincha C.A., no ha sido transferida a favor del Dr. Humberto\n Rodríguez Martínez, sino solamente el pagaré\n a la orden; precisa la Sala señalar que el endosatario\n valor al cobro del pagaré aludido, sucede en todos los\n derechos contenidos en dicho pagaré entre los cuales consta\n la garantía del cumplimiento de la obligación esto\n es, la hipoteca abierta. Cabe anotar que la ilegitimidad de personeria\n se traduce en dos, legitimatio ad caussam y legitimatio ad processum,\n la primera respecto de la calidad de titular del derecho para\n reclamar en juicio y la segunda respecto de la capacidad para\n comparecer en él. En la especie, el Dr. Humberto Rodríguez\n Martínez, reúne en si las dos, pues es el titular\n de la acreencia en virtud del endoso valor al cobro; y, tiene\n la capacidad para hacerlo por si mismo. Por lo cual, la causa\n sostenida por la recurrente no tiene asidero jurídico.-\n QUINTO.- Consta también en la sentencia impugnada la determinación\n en conformidad con los autos de encontrarse el fallo cuya nulidad\n se pide plenamente ejecutado, razón por la cual de acuerdo\n a lo estipulado en el Art. 305 numeral 1 resulta improcedente\n la acción deducida. Así mismo, del proceso y de\n la sentencia se desprende que el patrimonio familiar alegado,\n ha sido resuelto tanto en el juicio antecedente, como en el presente,\n en razón de que constan en el proceso agregados varios\n certificados de gravámenes emitidos por el Registrador\n de la Propiedad del cantón Esmeraldas, en los que declaran\n no existir el gravamen de patrimonio familiar alegado en esta\n acción, tanto para el otorgamiento del préstamo,\n como a lo largo del proceso ejecutivo; y, por tanto el juicio\n y la sentencia cuya nulidad se pide se tramitó en absoluto\n apego a la ley. Resulta por decir lo menos completamente extraño\n que el mismo Registrador de la Propiedad del cantón Esmeraldas,\n Ab. Rigoberto Guzmán Vera emita dos certificados de gravámenes\n el uno constante a fs. 47 del primer cuaderno y el otro a fs.\n 168 del segundo cuerpo de la primera instancia conteniendo dos\n informaciones diversas. Sin necesidad de otras consideraciones,\n la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Verónica Vélez Winingther por falta\n de fundamento legal. Remítase oficio al Consejo Nacional\n de la Judicatura a fin de que observe la conducta irregular en\n el ejercicio de sus funciones del Registrador de la Propiedad\n del cantón Esmeraldas, Ab. Rigoberto Guzmán Vera.\n Notifíquese. Publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, Bolívar Vergara Acosta (voto salvado), (Ministros\n Jueces) y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.
Es igual a su original.
Quito, a 3 de octubre del 2002.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR BOLIVAR VERGARA ACOSTA.\n
VISTOS: La Sala mediante auto de mayoría, ha procedido\n a calificar la admisibilidad a trámite del recurso de\n casación propuesto por Verónica Alexandra Vélez\n Winingther (fs. 3 y vta, de este cuaderno), habiendo este Ministerio\n disentido de la decisión expuesta en dicho auto, debido\n a que se observó que el recurso de casación no\n cumplía con los requisitos de formalidad, que se consignó\n en el voto salvado (fs. 4 y vta, de este cuaderno). Por lo expuesto,\n y al no haber cambiado los fundamentos sobre los cuales se basó\n la inadmisión y concordante con lo manifestado anteriormente,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto. Notifíquese.\n
RAZON: Las tres copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 7-2000 FI., que sigue Verónica\n Alexandra Vélez Winingther contra Humberto Rodríguez\n Martínez y otros. Resolución No. 256-2002.
N0 257-2002
ACTOR:	Bolívar Moreno Sarmiento.
DEMANDADO:\n Banco de Loja.
Quito, 30 de julio del 2002; las 10h15.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, el recurso\n de casación interpuesto por Bolívar Moreno Sarmiento,\n impugnando la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte\n Superior de Loja, en el juicio ordinario que sigue en contra\n del Banco de Loja. Al efecto, se considera: PRIMERO.- Esta Sala\n es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud\n del mandato constitucional constante en el Art. 200, en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación y del sorteo de la\n ley.- SEGUNDO.- A fs. 2 del cuaderno de casación consta\n el auto de calificación de fecha 16 de diciembre de 1998,\n las 17h15, con el cual se admite a trámite el recurso\n de casación interpuesto por Bolívar Moreno Sarmiento,\n por reunir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación\n y formalidades, previstos en el Art. 6 de la Ley de Casación,\n es decir, de procedencia, por cuanto es juicio de conocimiento\n en conformidad con el Art. 2 de la ley de la materia; de oportunidad\n pues se ha presentado dentro del plazo previsto en el Art. 3\n de la misma ley; de legitimación, por cuanto ha sido propuesto\n por quien al recibir sentencia contraria a sus intereses considera\n haber recibido agravio; y, de formalidades, en tanto y en cuanto\n en su escrito de casación ha señalado; la sentencia\n de la cual recurre, las normas de derecho que considera infringidas,\n la determinación de las causales y los fundamentos del\n recurso; mas, al examinar el recurso a fin de dictar sentencia\n se encuentra que si bien el recurrente fundamenta su acción\n en las causales 1ra., 2da. y 5ta. del Art. 3 de Ley de Casación,\n no cumple con determinar en forma exacta y completa por cuál\n de los vicios existentes en cada una de las causales por él\n invocadas impugna el fallo subido en grado, pues éstas\n son disímiles entre sí y responden a situaciones\n jurídicas diferentes, aún más, cada una\n de ellas contiene vicios independientes y autónomos de\n manera que no se puede alegar simultáneamente falta de\n aplicación, indebida aplicación o errónea\n interpretación de la misma norma legal por ser ilógico\n y contradictorio. Precisamente incurre en esta falta de técnica\n jurídica, cuando en la única referencia a los vicios\n del Tribunal superior, se limita a decir: "el H. Tribunal\n está dando una aplicación indebida con la falta\n y/o errónea interpretación de las normas de derecho\n incluyendo precedentes jurisprudenciales y la valoración\n de la prueba puntualizadas en las causales 1ra. y 3ra. del Art.\n 3 de la Ley de Casación en vigencia lo cual conlleva a\n la determinación que la sentencia impugnada no aplica\n la norma legal" (sic fs. 40 vta.). En definitiva, no es\n suficiente enunciar las causales y las normas tentativamente\n violadas sino que hay la necesidad de especificar los vicios\n por los cuales es recurrible la sentencia, determinando cuál\n de las normas alegadas ha sido indebidamente aplicada, erróneamente\n interpretada o faltado su aplicación y si el error judicial\n imputable a ese vicio específico es de derecho procesal,\n de apreciación o valoración de la prueba en conformidad\n con las causales invocadas, además de indicar de qué\n modo han influido directamente en la decisión de la causa.\n La fundamentación genérica que realiza el recurrente\n impide el control legal que exige el recurso de casación,\n pues la falta de elementos de juicio necesarios que está\n obligado a proporcionar el recurrente no permite como el recurso,\n ya que es él quien establece el ámbito de acción\n de la Sala de Casación, pues le está prohibida\n la casación de oficio, no es por tanto facultad de la\n Sala imputar a su arbitrio determinado vicio a las normas legales\n invocadas por transgresión, pretendido adivinar la intención\n del recurrente, o corregir su error; las normas de casación\n son de derecho público y de estricto y obligado cumplimiento,\n por lo cual el escrito contentivo del recurso debe reunir los\n requisitos de formalidades obligatorias que permitan su conocimiento\n por el Tribunal de Casación. Por lo expuesto, la Segunda\n Sala lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación interpuesto por falta de\n base legal. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, Bolívar Vergara Acosta Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 260-98B.S., que\n sigue Bolívar Moreno Sarmiento contra Banco de Loja. Resolución\n No. 257-2002. Quito, a 3 de octubre del 2002.
No. 259-2002
ACTOR:	Mario Borges De Prati, por los\n derechos que representa de INMOBILIARIA ALDIJO SA.
DEMANDADO:\n Enrique Rojas Piedra.
Quito, 20 de agosto del 2002; las 09h10.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, por sorteo\n de 8 de julio del 2002, el recurso de casación deducido\n por Enrique Rojas Piedra, en que impugna la resolución\n dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Guayaquil\n el 2 de junio del 2002 (fojas 4 y vuelta de los autos de segundo\n nivel), que confirma el del inferior y acepta la demanda, dentro\n del juicio verbal sumario que por restitución de local\n arrendado sigue en su contra Mario Borges De Prati, por los derechos\n que representa de INMOBILIARIA ALDIJO SA. Corresponde decidir\n acerca de la admisibilidad del recurso planteado, que fuera concedido\n por el Tribunal inferior el 22 de abril del 2002, al efecto,\n se considera: PRIMERO.- El artículo 6 de la Ley de Casación\n manifiesta: "Art. 6.-Requisitos Formales.- En el escrito\n de interposición del recurso de casación deberá\n constar en forma obligatoria lo siguiente: 1. Indicación\n de la sentencia o auto recurridos con individualización\n del proceso en que se dictó y las partes procesales; 2.\n Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades\n del procedimiento que se hayan omitido; 3. La determinación\n de las causales en que se funda; y, 4. Los fundamentos en que\n se apoya el recurso.".-SEGUNDO.- La revisión, del\n escrito de interposición del recurso de casación\n por parte del demandado, permite observar: que el recurrente\n no ha cumplido con lo exigido en el numeral 3 del artículo\n 6 de la ley de la materia, que hace referencia a la determinación\n de las causales en que se funda, haciendo imposible el control\n de legalidad que debe realizar esta Sala de Casación.\n Se ha expresado en múltiples resoluciones de esta Sala,\n que el recurso de casación es un recurso extraordinario,\n de excepción y admisibilidad restringida y al que se acoge\n quien se considera agraviado con un fallo que adolece de error\n sustancial o de procedimiento, cuyo propósito es el de\n anular o corregir la sentencia dictada por el Tribunal de alzada\n con estricta observancia de normas sustantivas y adjetivas. Se\n ha dicho también, que es un recurso de alta técnica\n jurídica, por tanto no se trata de una rutinaria revisión\n procesal, ni un recuento de hechos, datos o frases repetitivas\n del contexto procesal, queriendo asimilar este recurso con el\n de tercera instancia, ya derogado. Esto obliga al recurrente\n a realizar una impugnación clara y precisa de las normas\n de derecho relacionadas con los posibles vicios que hubieren\n en la sentencia impugnada. Por lo expuesto, al tenor del artículo\n 7 de la Ley Reformatoria mencionada, se rechaza el recurso de\n casación por falta de requisitos, ordenando devolver el\n proceso al inferior. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces. Certifico.-\n El Secretario.
CERTIFICO: Que la una copia que antecede, es tomada de su\n original constante en el juicio verbal sumario No. 153-2002 B.T.R.\n (Resolución No. 259-2002), que por restitución\n de local sigue Mario Borges De Prati, por los derechos que representa\n de INMOBILIARIA ALDIJO S.A. contra ENRIQUE ROJAS PIEDRA-Quito,\n octubre 3 del 2002.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil.
No. 264-2002
ACTOR:	Galo Betancourt Sánchez,\n Gerente General y representante legal de la Compañía\n Agregados	Huarcay AGREHUSA S.A.
DEMANDADO:	Ing.\n José Leonardo Carvajal Huerta, Gerente y representante\n legal de Inmobiliaria GORCHIBI S.A.
Quito, 26 de agosto del 2002; las 10h00.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala el recurso de\n casación interpuesto por el Ing. José Leonardo\n Carvajal Huerta, en calidad de Gerente y representante legal\n de Inmobiliaria GORCHIBI S.A., en el juicio verbal sumario de\n amparo posesorio, que sigue en su contra Galo Betancourt Sánchez,\n en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía\n Agregados Huarcay AGREHUSA S.A., quien ha sido sucedida por fusión,\n por la Compañía Geo Aplica C.A., representada por\n el Ing. Renzo Angelett Giambartolomei. Encontrándose la\n causa en estado de resolución, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa,\n en virtud del mandato constitucional constante en el Art. 200,\n en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación\n y el sorteo de ley.- SEGUNDO. - El recurrente sustenta su recurso\n en las causales primera, segunda, tercera y cuarta del Art. 3\n de la Ley de Casación, sosteniendo la falta de aplicación\n de los Arts. 704, 738 núm. 3, 760, 765, 973, 974, 980,\n 982, 984, 987, 989, 990, 1507 núm. 3 y 1781 del Código\n Civil; violación por aplicación indebida de lo\n dispuesto en los Arts. 353, 354, 355 núm. 2 y 3, 361,\n 364, 365, 366 y 1067 del Código de Procedimiento Civil,\n que han viciado de nulidad insanable el proceso; falta de aplicación\n de los Arts. 119,169, 211, 219, 220 núm. 6 y 7, y 222\n del Código de Procedimiento Civil; y, omisión de\n resolver todos los puntos controvertidos violando de esta forma\n los Arts. 277, 278 y 700 del Código de Procedimiento Civil.-\n TERCERO.- Por haberse alegado la causal segunda que comprende\n la nulidad procesal, es necesario examinarla en primer orden,\n pues de proceder ésta, se hace inútil el análisis\n de otra u otras causales de casación; al respecto es preciso\n manifestar, que una vez revisado el escrito contentivo del recurso\n de casación, éste se limita a consignar la violación\n del Art. 1067 del Código de Procedimiento Civil, que se\n refiere a la violación del trámite correspondiente\n a la naturaleza del asunto o al de la causa que se esté\n juzgando, siempre que influya o pudiera influir en la decisión\n de la causa; concretándose a la posibilidad de alegar\n verbalmente en estrados, que ha sido solicitada mediante escritos\n que constan a fojas 938 y 943 de primera instancia, más\n aparece que la segunda petición ha sido presentada minutos\n después de haberse expedido la sentencia que fuera notificada\n el 6 de junio del 2000, unido a que consta agregado al proceso\n el escrito que contiene el informe en derecho presentado por\n el demandado Ing. José Leonardo Carvajal Huerta (fs. 901\n a 909 vta.), no apareciendo que tal situación hubiese\n influido en la decisión de la causa. De otro lado, la\n alegada violación del Art. 355 numerales 2 y 3 del Código\n de Procedimiento Civil, que se refieren a la competencia del\n Juez y legitimidad de personería, constituyen una cuestión\n de reciente introducción, que ha sido alegada en este\n recurso extraordinario, siendo cosa nueva que no puede ahora\n ser impugnada vía casación, si no se lo efectuó\n en su momento oportuno, ya que según nos enseña\n Humberto Murcia BaIlén, en su obra "Recurso de Casación\n Civil","lo que no se alegado en la instancia, no existe\n en casación" por lo cual la Sala no puede pronunciarse\n sobre la causal segunda alegada; unido, a que en la contienda\n posesoria recuperatoria, las partes que intervienen, son por\n un lado el poseedor despojado contra el poseedor despojante y\n que configuran tanto a la Compañía Agregados Huarcay\n S.A., AGREHUSA y a la Compañía Inmobiliaria GORCHIBI\n S.A., respectivamente; adicionalmente de las certificaciones\n agregadas a los autos, entregadas por la Superintendencia\n de Compañías, se establece la calidad y \n representación con que comparece el actor, Galo\n Betancourt Sánchez, en calidad de Gerente General y representante\n legal de la compañía demandante.- CUARTO.-El examen\n de las violaciones referentes a la valoración de\n la prueba, que se asegura haber configurado en la sentencia\n impugnada, tiene lugar ya que las declaraciones testimoniales\n de Segundo Nicanor Delgado Castro, Ramón Santana Flores,\n Wilmer Ramón Macías Rodríguez y César\n Alberto Mendoza Rodríguez, que han sido impugnadas\n y hecha la tacha de tales testigos por falta de imparcialidad,\n por estar incursos en los numerales 6 y 7 del Art. \n 220 del Código Civil, según asegura el recurrente.\n Demuestra la revisión del proceso y de los testimonios\n rendidos que no se ha justificado por la parte\n demandada sus aseveraciones sobre falta de imparcialidad y por\n tal de idoneidad de los testigos, ya que no se encuentra acreditada\n la condición de ser criado, dependiente o paniaguado,\n por el amo o la persona de quien dependa o le alimente, o, el\n ser enemigo capital o amigo Intimo de una de las partes; cuanto\n que, al momento de contestar las preguntas formuladas por el\n actor, el demandado también ejercitó su derecho\n de interrogar a los testigos, los mismos que han contestado las\n repreguntas que ha formulado para todos ellos (fs. 266 a 267),\n no siendo procedente la causal invocada. Adicionalmente, la Primera\n Sala de la Corte Superior de Portoviejo, ha valorado en conjunto\n toda la prueba que 'ha sido presentada dentro del proceso, respetando\n lo prescrito en el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil, sin que se pueda concluir, que solamente con la prueba\n testimonial ha basado el Juez a quo su resolución, ya\n que además se ha valorado la inspección judicial\n realizada el 21 de febrero del 2000, así como el informe\n pericial y demás documentos que obran del proceso, dado\n que corresponde al Tribunal de Casación cuidar que en\n dicha valoración se hayan respetado las normas procesales\n que las rigen, sin poder realizar una nueva y distinta valoración\n de las actuaciones probatorias.-QUINTO.- Las acciones posesorias\n tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de\n bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos,\n según la definición que trae el Art. 980 del Código\n Civil, debiendo probarse por parte de quien propone la acción,\n los hechos positivos que configuren molestias, perturbaciones\n o embarazos sobre la posesión que según la demanda,\n busca recuperarla, en atención de haberla perdido, debiendo\n deducir la acción dentro de un año completo, contado\n desde que el acto de molestia o embarazo produjo la pérdida\n de la posesión, según lo dispone el Art. 984 del\n Código Civil, y, siendo los fundamentos de hecho de la\n acción, el impedir que se ejecuten actos de embarazo tales\n como demolición de construcciones, que asegura no han\n sido ordenadas judicialmente, y que pretende se ejecuten por\n parte del Depositario Judicial, Abg. Francisco Chancay Bermúdez,\n a quien solamente le correspondía cumplir con la cancelación\n de un embargo judicial, haciendo la entrega de bienes tanto muebles\n como inmuebles, mediante orden judicial, consignada en sentencia\n dictada por la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, dentro del juicio verbal sumario de tercería\n excluyente de dominio, que siguiera el Ing. José Leonardo\n Carvajal Huerta como Gerente de Inmobiliaria Gorchibi S.A. en\n contra de Eduardo Salcedo Gonzaga y la Compañía\n Canteras Manabitas, que obra agregada a los autos de folios 211\n a 217; empero, con los instrumentos que presenta en dicho proceso,\n pretende probar su derecho de dominio sobre los bienes inmuebles,\n los mismos que no son títulos traslaticios de dominio,\n ya que no demuestra propiedad, por ser elaborados en instrumentos\n privados, careciendo del requisito de ser efectuados por escritura\n pública y por tales circunstancias resultan inválidos,\n resultando correcta la argumentación del Tribunal de instancia,\n en el sentido: de que la orden de "la cancelación\n del embargo y la entrega de los bienes embargados a sus dueños,\n debieron ser aplicadas únicamente con relación\n a los bienes muebles que fueron materia del embargo y no a los\n inmuebles..."; tanto más, que en las acciones posesorias,\n no interesa a quién corresponda la titularidad del derecho\n de propiedad sobre los bienes materia de amparo; sin embargo,\n como dispone el Art. 987 del Código Civil y al constituir\n efectivamente las construcciones edificadas dentro de los lotes\n de terreno, inmuebles que no eran de propiedad ni de Canteras\n Manabitas S.A., contra quien pesaba la medida de embargo decretada\n por el Juez Quinto de lo Civil de Manta, dentro del juicio verbal\n sumario de cumplimiento de contrato No. 265- 89, ni era de propiedad\n de Inmobiliaria Gorchibi S.A., la posesión podía\n ser probada sumariamente con la exhibición de títulos\n de dominio, que obran de autos.- SEXTO.- La causal 4ta. alegada,\n de haberse producido la omisión de resolver todos los\n puntos materia de la Iitis, no tiene sustento, ya que ésta\n se ha trabado con la contestación a la demanda realizada\

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 artículo 6