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Timestamp: 2015-03-27 13:06:51+00:00

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inicio » columnas » el aborto: ¿crimen o derecho?
Es definido como crimen contra la vida por nuestra normativa penal, considerando acertadamente el legislador francés, el cual le sirvió de inspiración al dominicano, que la vida del embrión o feto era un bien jurídico que debía ser protegido por las leyes. El Artículo 317 del Código Penal Dominicano sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas que oscilan entre los cinco y veinte años al personal médico que interviene en su realización. Desde el año 1997, la República Dominicana ha estado debatiendo la posibilidad de reformar su Código Penal. El tema del aborto ha estado en el centro de la controversia desde entonces. En el año 2005, ambas cámaras legislativas aprobaron el Proyecto de Código Penal, manteniendo el actual régimen sancionador contra el aborto. Al llegar al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, observó el Proyecto, devolviéndolo al Congreso Nacional, con la finalidad de que se volviera a discutir.
Durant e el presente año se realizaron dos vistas públicas sobre el tema, auspiciadas por la Comisión Bilateral para el Estudio del Proyecto de Código Penal.
El sector pro-vida, integrado en su mayoría por la iglesia católica y las iglesias protestantes, presentaron su oposición a la despenalización del aborto. El sector proopción, liderado por la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado, compuesta por distintas organizaciones feministas y el Colegio Médico Dominicano, solicitaron del Congreso Nacional aprobar la despenalización del aborto para los casos de embarazos producidos mediante violación sexual, incesto, puesta en peligro de la vida de la madre y malformación del feto.
Un tercer sector, compuesto únicamente por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, presentó la propuesta más extrema, consistiendo la misma en eliminar del Código Penal las sanciones al aborto, convirtiédolo en un acto legal para toda mujer que desee someterse a la práctica del mismo. En la actualidad, la Cámara de Diputados está apoderada del conocimiento de la pieza legislativa. Una decisión sobre la misma se proyecta antes del cierre de la presente legislatura. En el este trabajo, nos dedicaremos a presentar el caso contra el aborto, en el cual se evidenciará que desde cualquier óptica en que se mire, el aborto es y seguirá siendo un atentado contra la vida humana.
EL DERECHO A LA VIDA EN NUESTRAS LEYES
La respuesta que surge ante la interrogante de si a la vida humana se le debe acordar el mismo valor y dignidad en todas las etapas del desarrollo es respondida por la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita y ratificada por la República Dominicana en 1978. El Estado dominicano se comprometió a lo siguiente en el Artículo 4, numeral 1 de dicho texto legal: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Cuando el legislador interamericano redactó el Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, le acordó a la vida humana la condición de derecho fundamental y establece para los Estados Miembros la obligación de proteger ese derecho fundamental desde el momento de la concepción. El único mecanismo que los Estados Miembros como la República Dominicana tienen a su disposición para proteger esa vida humana ya concebida y existente en el vientre de una mujer, es la prohibición y penalización del aborto. En la República Dominicana, las convenciones internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, de conformidad a la Resolución 1920-2003, de fecha 13 de noviembre del año 2003, emanada de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la República Dominicana suscribió en 1969 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados (Convención de Viena), en la cual se comprometió en el Artículo 27 a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes internas, estableciendo dicho texto legal la prohibición para los Estados Miembros de invocar su legislación interna como fin justificativo de su fracaso en cumplir sus obligaciones internacionales.
La Convención Americana de Derechos Humanos es complementada en la República Dominicana por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual consagra en su Artículo 6 el derecho a la vida de todo niño y por la propia Constitución dominicana, la cual establece la protección de la vida humana en su Artículo 8, numeral 1. El Código Civil dominicano, en su Artículo 725, establece como requisi- to para suceder, la existencia del heredero al momento de la apertura de la sucesión, es decir, que un ser humano concebido es miembro de una sucesión y no puede ser excluido de ella, por lo que nuestro ordenamiento civil dominicano le otorga a los embriones y fetos la categoría de personas humanas, con derecho a heredar.
SUPUESTOS PARA DESPENALIZAR EL ABORTO
Los grupos que propugnan por la despenalización del aborto en República Dominicana han planteado la despenalización del mismo en cuatro supuestos:
Pasaremos a comentar cada uno de los cuatro supuestos y por qué nos oponemos a los mismos, bajo el entendido de que el derecho inalienable a la vida no admite excepciones:
En los primeros dos casos, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o de una relación incestuosa, se ha comprobado que las mujeres que han sido víctimas de violación o de incesto sufren traumas tales como depresión, culpa, autoestima baja y tristeza incontrolable. Las mujeres que abortan sufren estos mismos síntomas, agregándose aquellos pertenecientes al síndrome post-aborto como la ira, resentimiento, ansiedad, desorden en el manejo del estrés, depresión, ideas suicidas, abuso de sustancias y problemas de relaciones.
Asimismo, independientemente de las causas que conduzcan a una mujer a abortar, si decide someterse al mismo corre riesgos de contraer complicaciones de salud tales como placenta previa y pérdida de protección contra el cáncer de seno. Si como Estado le otorgamos a una mujer violada o incestuada la opción de someterse a un aborto, le estaríamos adicionando a los traumas que ya arrastra, nuevas complicaciones tanto en su salud física como mental, en un país como la República Dominicana con una política de salud sumamente precaria, por lo que los problemas de salud que agobian al país simplemente se agravarían mediante la aprobación del aborto.
Resulta una ironía cruel que en nuestro ordenamiento jurídico, los violadores e incestuosos no reciban la pena de muerte por sus crímenes, sin embargo, se pretenda condenar a los hijos concebidos mediante dichos actos a la pena capital. Sería interesante que las organizaciones que sustentan estas propuestas presenten estudios serios que prueben que cuando una mujer violada o incestuada aborta, el aborto contribuye a remover la evidencia dolorosa de la violación o el incesto. De ninguna manera, el aborto puede borrar la memoria de la violación o el incesto ni sanar el dolor físico y emocional de dicha agresión. Ante la propuesta de que se despenalice el aborto cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, tenemos a bien establecer que la ginecología del siglo XXI está plenamente de acuerdo en que el llamado aborto terapéutico es extremadamente raro y ha servido más para justificar abortos no terapéuticos que para salvar las vidas de las madres. Los avances de la medicina han logrado permitirle a una madre embarazada dar a luz sin que la vida se vea afectada, en la enorme mayoría de los casos. Al contrario, el aborto aumenta efectivamente las posibilidades de mortalidad materna. En Estados Unidos, país donde el aborto está legalizado, en el año 2004 se produjeron 83.1 muertes maternas por cada 100 mil abortos, mientras que al mismo tiempo se producían 28.2 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. El aborto, clandestino o no, siempre será causa de mortalidad materna por lo riesgoso del procedimiento.
Aprovechando que hemos tocado el tema de la mortalidad materna, debemos apuntar que los sectores que promueven la despenalización del aborto alegan que una forma de disminuir la mortalidad materna sería legalizando el aborto para evitar las muertes maternas producto de abortos ilegales. Interesantemente, un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial en 1999 estableció como recomendaciones las siguientes medidas para reducir la mortalidad de la madre embarazada (la legalización del aborto no está entre esas medidas):
3. Mejorar la alimentación de las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. 4. Mejorar la educación sexual.
En cuanto a la idea de que se le permita abortar a las mujeres cuyos hijos presentan malformaciones durante la etapa del embarazo, sería retrotraernos a una etapa que la historia de la humanidad ya superó. Sería introducir en la República Dominicana una legislación de carácter eugenésico, mediante la cual se discriminaría en contra de seres humanos que presentan durante la etapa de gestación defectos físicos o mentales, violentando de manera flagrante la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos, los cuales consagran el principio de la no discriminación.
Las ideas eugenésicas de Francis Galton y Friedrich Nietzche en el siglo XIX inspiraron a Adolfo Hitler a promulgar en 1933 la Ley de Higiene Racial, que permitió la esterilización de personas consideradas deficientes físicos o mentales y el exterminio de seis millones de judíos en los campos de concentración, con el fin de purificar la sangre alemana de los “genes defectuosos” de las razas inferiores.
El deber primordial del Estado es velar por la vida. El Estado no podrá velar por la vida si autoriza a toda mujer por sí misma o con la autorización de otros a destruir la vida de un niño. En caso de despenalizar el aborto, la República Dominicana estaría legitimando la muerte de un ser humano concebido para que prevalezca el derecho a la salud reproductiva de la madre y a la libre determinación de la fecundidad de la mujer. La República Dominicana, en caso de darle entrada legal al aborto, corre el riesgo de favorecer el incremento de embarazos juveniles en un país donde el 30% de las parturientas son menores de diecisiete años de edad; las enfermedades de transmisión sexual y el aborto, amén del aumento en el consumo de anticonceptivos y estimulantes sexuales en la población adolescente, ya que el fomento de estas políticas en otros países lo que ha arrojado como resultado es un incremento sustancial en el libertinaje, el placer sexual desenfrenado y la promiscuidad. Estados Unidos es el mayor ejemplo, donde el aborto ha aumentado en un 1.500% desde 1973, año de su legalización, produciéndose más de 45 millones de abortos en los últimos treinta y cuatro años.
La negación del derecho a la vida a seres humanos no nacidos segrega a toda una clase de personas que son miembros de la familia humana, convirtiendo al embrión o feto en un ente legalmente separado y en condiciones de desigualdad con respecto a aquellos miembros nacidos de la familia humana, quebrantando el principio constitucional de la no discriminación, el cual prohíbe el establecimiento de leyes que atenten contra la igualdad de todos los miembros de la familia.
La libertad civil no puede ser interpretada como la libertad natural de ejercer la voluntad absoluta, incluso si dicho ejercicio de la voluntad va en detrimento de otros seres humanos y de la sociedad en general. Esta clase de pensamiento corrupto es repugnante para una sociedad justa gobernada por el estado de derecho, donde todos los seres humanos, incluyendo los bebés no nacidos, son bienvenidos como personas.

References: Artículo 317
 Artículo 4
 Artículo 4
 Resolución 
 Artículo 27
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 725