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El TC estudiará a partir de este martes la recusación de su presidente planteada por Cataluña
Otegi y Usabiaga también han recusado a Pérez de los Cobos al dudar de su imparcialidad para resolver el recurso contra su condena por Bateragune
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Constitucional (TC) estudiará esta semana la recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que fue planteada por la Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán por haber militado en el Partido Popular, según informaron a Europa Press fuentes de este órgano.
El Alto Tribunal tratará, entre otros asuntos, la recusación de Pérez de los Cobos en la sesión plenaria que ha sido convocada para tres días y que comenzará a partir de mañana, martes.
El presidente del tribunal de garantías abandonará el Pleno cuando los otros once magistrados se dispongan a dirimir sobre la recusación que pretende apartarle en más de una veintena de recursos, impugnaciones y conflictos de incompetencias de los que son parte las instituciones catalanas.
El TC tiene pendiente de resolver varios litigios abiertos entre Cataluña y el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular. Entre ellos, se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlamento catalán, pero también los recursos interpuestos por los parlamentarios ‘populares’ contra la ley catalana de educación, la norma por la que se prohibieron los toros o la ley del cine catalán.
La militancia política de Pérez de los Cobos ha servido de base para que el Parlamento y el Gobierno catalán sospechen de su imparcialidad a la hora de intervenir en reclamaciones planteadas por el PP. “No deja de ser chocante que un recurso interpuesto por el PP lo deba dirimir un militante del PP”, defendió el portavoz del Gobierno catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs.
RECUSACIONES PENDIENTES
El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el ex secretario general del LAB, Rafael Díez, también han recusado a Pérez de los Cobos al entender que su afiliación en la formación conservadora puede contaminar la sentencia pendiente sobre el ‘caso Bateragune’. Sin embargo, el Constitucional no resolverá sobre esta recusación esta semana, según las fuentes consultadas.
Ambos presentaron un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenaba a seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista cometido al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto denominado ‘Bateragune’.
Otras instituciones como el Gobierno andaluz o el Principado de Asturias, en manos de los socialistas, también anunciaron su intención de recusar al actual presidente del tribunal de garantías, aunque todavía no han llegado al órgano judicial. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, cuestionó además que Pérez de los Cobos sea coautor de un artículo con propuestas incluidas después en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.
Pérez de los Cobos aseguró el pasado viernes que no tiene “duda” de que seguirá en el cargo y añadió que la institución que él dirige resolverá los recursos presentados contra la reforma laboral basándose en criterios “estrictamente jurídico-constitucionales”, desde “la premisa” de que la Constitución Española es “es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo” y desde “el imperativo categórico” de “respecto esencial” al contenido de los derechos fundamentales.
España fue el país que más información sobre terrorismo envió a Europa en 2012
La Memoria de Eurojust constata más absoluciones en organizaciones “satélites” de ETA y referidas al enaltecimiento del terrorismo
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – España fue el país que facilitó más documentación en materia de terrorismo a Eurojust, la unidad de cooperación judicial penal de los Veintisiete. En 2012 informó de 65 sentencias, entre las que se encontraban 59 referentes a ETA, tres sobre los GRAPO y dos relativas al yihadismo.
La Memoria Anual del miembro Nacional de Eurojust, que ha sido remitida a las Cortes Generales y recogida por Europa Press, pone de manifiesto la “activa” participación de la delegación española con la remisión periódica y puntual de datos que atestiguan la actividad ininterrumpida de los tribunales en un año marcado por la “afortunada ausencia de atentados”.
“Gracias al acierto de la estrategia antiterrorista, nuestro país no baja la guardia y continúa con la persecución y condena de los delitos de terrorismo, con aplicación estricta de los parámetros legales y jurisprudenciales”, destaca el informe.
Entre las 62 sentencias dictadas respecto al terrorismo nacional, se produjo un fallo absolutorio en seis, mientras que el resto fueron condenatorias con la total o parcial conformidad con la Fiscalía. Los jueces condenaron a 109 personas vinculadas al terrorismo de ETA y a cinco relacionadas con los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO).
Según la Memoria, el mayor porcentaje de sentencias total o parcialmente absolutorias se refieren a supuestos de integración en organizaciones “satélites de la organización militar armada” ETA y a las pronunciadas por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Alude aquí a la doctrina jurisprudencial que marca la militancia activa y la disposición a seguir las instrucciones de la banda como requisitos para ser considerado miembro de estas organizaciones “satélites”.
“Debe ser destacado que España es, con muchísima diferencia, el Estado miembro que más información facilita respecto de las contribuciones obligatorias en materia de terrorismo”, remarca. En 2012, nuestro país hizo 71 traslados de información de un total de 137, mientras que llevó a cabo hasta 235 traslados de información de los 346 hechos en 2011.
ESPAÑA PIDE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Eurojust asistió a las autoridades nacionales en 1.533 expedientes a lo largo de 2012, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto al ejercicio anterior. Los delitos de tráfico de drogas o blanqueo de capitales se encuentran a la cabeza de las investigaciones en las que España reclama la cooperación de terceros países.
Los Estados que han estado más presentes en las solicitudes de España fueron los Países Bajos, Rumania, Italia y Reino Unido durante 2011 y 2012. Los casos creados por la oficina española representan el 3% del total de los registrados en Eurojust desde 2004, situándose en 439.
En términos generales, los fraudes y las estafas son las modalidades delictivas más comunes en los casos abiertos en el Colegio de Eurojust. La Memoria concluye que la mayoría de casos de drogas se refirieron al tráfico de cocaína, si bien en España el de hachís era “muy relevante” debido a su situación geoestratégica.
El PP afirma que ningún beneficiario de préstamos subsidiados perderá su ayuda
MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Teodoro García, ha afirmado que ningún beneficiario de los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas protegidas va a perder la ayuda que recibe, y ha acusado al PSOE de “crear incertidumbre” con su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la Ley de Fomento del Alquiler.
En declaraciones a Europa Press, García ha subrayado que este año ya están presupuestados 330 millones para pagar estas ayudas, y ha insistido en que “ninguna persona que tenga reconocido este subsidio va a perder la ayuda”.
El diputado del PP ha criticado al PSOE, que ha recurrido hoy ante el TC la Ley de Fomento del Alquiler, al considerar que la decisión del Gobierno de suprimir los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas protegidas ya concedidos en anteriores planes de vivienda es contraria a la Carta Magna.
En concreto, el PSOE pide al Alto Tribunal que anule la disposición adicional segunda, que determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad de Fomento al préstamo, “siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley”.
Sin embargo, se suprimen el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda, y también se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
Esto supone, según el PSOE, que incluso quienes tienen concedidas estas ayudas y siguen cumpliendo los requisitos económicos y sociales para renovarlas no podrán hacerlo, por lo que dejarán de percibir las cuantías que hasta ahora se les descontaban de la mensualidad.
El diputado del PP también ha rechazado la acusación socialista de que el Gobierno quiere enfrentar a inquilinos con propietarios en la Ley de Fomento del Alquiler, y ha subrayado que, al contrario, la intención es “mejorar la ley” permitiendo “el pacto libre” entre ambas partes que anime a propietarios a poner viviendas en alquiler y a los demandantes de vivienda a animarse a alquilar.
“Nosotros no queremos imponer el alquiler sobre la compra, sino que alquiler y compra tengan las mismas opciones”, resaltó.
El PSOE recurrirá al TC la Ley de Fomento del Alquiler por eliminar los préstamos subsidiados
MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -El PSOE recurrirá este mismo jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Fomento del Alquiler al considerar que la decisión del Gobierno de suprimir los préstamos subsidiados ya concedidos en anteriores planes de vivienda es contraria a la Carta Magna.
Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press la decisión, que se materializará coincidiendo con el último día de plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, que fue aprobada de forma definitiva el pasado mes de mayo.
En concreto, el PSOE rechaza la disposición adicional segunda, que determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad de Fomento al préstamo, “siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley”.
CUATRO ARTÍCULOS EN DISCUSIÓN
Las fuentes consultadas han precisado que el recurso de inconstitucionalidad hará alusión a cuatro artículos de la normativa. Así, se apelará en primer lugar al derecho a la vivienda, que a su entender queda conculcado con la eliminación de estas ayudas.
También se argumentará contra el carácter retroactivo de la medida, que afecta a la seguridad jurídica, tal y como ha argumentado en diversas sentencias el Tribunal de Justicia de la UE; y se apelará al derecho de bienes.
Finalmente, los socialistas recurrirán en relación con el procedimiento de tramitación seguido para incluir este cambio en la Ley de Fomento del Alquiler, ya que se hizo a través de una enmienda en el Senado y “hurtando” el debate parlamentario sobre la medida.
MÁS DE 300.000 AFECTADOS
Según las asociaciones de afectados, las 300.000 personas aproximadamente que verán eliminados sus préstamos subsidiados deberán pagar entre 200 y 400 euros más cada mes. A ellos se suman todos los que ni siquiera podrán optar a esta ayuda, que fue suprimida a mediados de 2012.
Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de vivienda de protección oficial en alquiler o compra.
Tres semanas después de llevar al Tribunal Constitucional la Ley Antidesahucios, los socialistas volverán al alto tribunal y con este texto acumulan ya más de una docena de recursos contra leyes nacionales y autonómicas en esta legislatura.
Los procuradores alertan que la futura Ley de Servicios Profesionales puede causar un “daño irremediable” a la Justicia
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El Consejo General de los Procuradores de España (CGPE) ha alertado de que el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales promovido por el Ministerio de Economía puede causar un “daño importante, si no irremediable”, para los usuarios de la Justicia. Por ello, ha urgido al Gobierno a abrir un diálogo con los sectores afectados para evitar “situaciones conflictivas”.
Los procuradores han advertido en un comunicado de que la futura norma empeorará “considerablemente” el funcionamiento de la Administración de Justicia “retrocediendo hasta situaciones de hace más de 30 años”. Para el presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, el anteproyecto se atiene “únicamente” a criterios económicos que no valorado los “verdaderos” problemas de los profesionales y del sector.
“El CGPE entiende, igualmente, que las supuestas exigencias demandadas por la Unión Europea para la promulgación de este texto, no han sido ni justificadas, ni debatidas por el Ministerio de Economía con los profesionales del sector en ningún momento, a pesar las reiteradas demandas para ello y dada la complejidad e impacto social del anteproyecto”, ha señalado.
Los procuradores han destacado los “continuos” esfuerzos del Ministerio de Justicia por intentar aclarar esta situación y han hecho un llamamiento al Ejecutivo para que comience “de verdad” un diálogo con todos los colectivos afectados que permita evitar situaciones conflictivas de futuro.
UPyD plantea la revisión de la Ley Concursal para evitar la “arbitrariedad” en la elección de administradores
MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, plantea la posible necesidad de revisar la Ley Concursal para evitar la “arbitrariedad” en la elección por parte de los jueces de los administradores de empresas que han entrado en concurso de acreedores.
En una pregunta escrita al Gobierno, que recoge Europa Press, la líder de la formación magenta se hace eco de una información de Eldiario.es en la que se aseguraba que prácticamente todos los jueces que habían sido invitados por despachos de abogados a dar conferencias habían asignado en alguna ocasión como administradores de empresas en quiebra a esos mismos bufetes o a economistas de empresas patrocinadoras.
Para ello, se acogen a la discreacionalidad en la elección que les garantiza la Ley Concursal, vigente desde 2009, que sólo estipula como requisito para ser elegido administrador que se trata de un abogado o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, con una experiencia superior a cinco años, así como que se esté inscrito en las listas existentes en los decanatos para el desempeño de tal función.
¿SE GARANTIZA LA IMPARCIALIDAD?
“Los magistrados de los juzgados de lo mercantil gozan de libertad absoluta para designar a quien crean oportuno como administrador de empresas”, insiste Díez, que pregunta al Ejecutivo si cree que esta regulación “garantiza la independencia e imparcialidad del proceso de selección de abogado o economista como administrador”.
“¿Piensa el Gobierno que se están respetado los requisitos para ser nombrado administrador, tal y como se regula en la Ley Concursal? ¿Considera necesaria una reforma de la ley para que el procedimiento de selección no dependa exclusivamente y de forma potestativa del magistrado?”, pregunta a renglón seguido, interesándose por último por saber si se tomará alguna medida para “reducir la arbitrariedad” en esta materia.
Un juez anula una resolución de la Junta de Andalucía que negaba la admisión de un alumno en un colegio privado
GRANADA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Granada ha anulado una resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que negaba la admisión de un alumno en el centro privado ‘Santo Domingo’ de Granada para el curso 2012-2013, por supuestamente no estar empadronado en la capital granadina, por lo que el menor podrá continuar en ese colegio el próximo curso.
El 10 de mayo de 2012, el menor fue admitido con una puntuación de 14 puntos, puesto que su domicilio habitual constaba en la Plaza de los Campos de la ciudad. Sin embargo, el padre de una niña excluida por la dirección del colegio interpuso recurso de alzada contra el listado de admitidos, señalando que el domicilio del niño se encuentra realmente en Monachil en lugar de Plaza de los Campos, y solicitó que se librara oficio a la Policía para la averiguación del domicilio, así como a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
La Consejería de Educación pidió al Ayuntamiento de Granada que informase sobre la posible inscripción indebida en el padrón municipal del menor y también pedía información al municipio de Monachil. Ya el 5 julio de 2012, la Policía Local de Monachil emitió un informe con el que señaló la verificación del domicilio del niño en una casa de Monachil, pero sin aportar ninguna prueba más. Por parte de la Consejería de Gobernación y Justicia se informó de que realizada visita al domicilio sito en Plaza de los Campos, donde el abuelo materno del niño manifestó que en su vivienda vivían su hija y su nieto.
Con fecha 10 de octubre de 2012, se emitió resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por la que se resolvía la reclamación formulada por el padre de la niña excluida a tenor de la cual el menor perdió los derechos de prioridad que pudieran corresponderle en el centro docente privado Santo Domingo de Granada, resolución que fue objeto de recurso contencioso-administrativo que ahora acaba de ser resuelto.
No obstante, previamente su representación legal pidió la suspensión cautelar de esa resolución y la admisión provisional del menor en el centro para el curso escolar 2012-2013, para no causar un perjuicio irreparable al menor en el supuesto de que prosperase, como al final ha ocurrido, el recurso presentado por el padre.
En este caso, defendido por los letrados Vanessa Fernández Ferré y Javier López García de la Serrana, del despacho de abogados granadino HispaColex Servicios Jurídicos, se argumentó que no se había acreditado suficientemente por la administración que el menor tuviera un domicilio diferente al que consta en el certificado de empadronamiento, destruyendo así la presunción ‘iuris tamtum’ derivada del mismo, pues el informe de la Policía Local de Monachil se limitaba a señalar que el menor residía en determinada casa de dicho municipio, “pero sin establecer los medios de prueba utilizados para llegar a dicha conclusión”.
Por otro lado, el juzgador entiende que el hecho de que los recibos de agua y luz de la vivienda sita en la Plaza de los Campos de Granada estén a nombre del abuelo materno del menor, no implica en modo alguno que éste no tenga en ese domicilio su residencia habitual. Asimismo los consumos de agua y luz de la vivienda de Monachil tampoco prueban que ésta constituya la residencia habitual del menor, pues los mismos son compatibles con la estancia en ella del padre durante los días laborables, pues constituye su centro de trabajo como delegado de ventas en Granada y de la familia algunos fines de semana y en periodos vacacionales.
Por todo, el juez concluye que la resolución recurrida de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía yerra en la valoración de la prueba practicada, debiendo en consecuencia proceder a su anulación, estimando por tanto el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la misma, dejándola sin efecto en cuanto a la declaración que se hace en ella de ordenar la pérdida de todos los derechos de prioridad que pudieran corresponderle en el ‘Santo Domingo’ de Granada para el curso 2012/13 en Educación Infantil al alumno e imponiendo las costas a la administración demandada.

References: resolución 
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