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﻿ Sentencia 2005-04067 de marzo 13 de 2014
SENTENCIA 2005-04067 DE 13 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:SUPRESIÓN DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. LOS ALCALDES MUNICIPALES ENTRE SUS ATRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA GESTIÓN DE SUS INTERESES, TIENE COMO FACULTADES SUPRIMIR O FUSIONAR ENTIDADES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONCEJO MUNICIPAL, ENTIDAD DESCENTRALIZADA, NORMAS APLICABLES A LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, ALCALDE MUNICIPAL, ENTIDAD TERRITORIAL, SUPRESIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2005-04067 de marzo 13 de 2014
Ref.: Expediente 68001233100020050406701
Actor: Sintraemsdes
Entra la Sala a examinar las argumentaciones expuestas en el recurso de apelación, por la entidad demandada.
Se transcribe los apartes del acto demandado que conciernen a la problemática planteada por la parte demandante.
“Decreto 198
(Septiembre 30 de 2005)
Por el cual se suprime liquida(sic) la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja Edasaba ESP, empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, y se dictan otras disposiciones.
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja,
en uso de las facultades legales y especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994, los acuerdos municipales 65 de 1996, 9 de 2004, 29 de 2004 y 20 de 2004 y,
a) Que el artículo 135 de la Constitución Nacional en su numeral 4º, consagra como funciones del alcalde municipal las de “... Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales de conformidad con los acuerdos respectivos”.
b) Que el artículo 365 de la Constitución Nacional estipula: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
c) Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios...”.
d) Que el artículo 5º numeral 5.1 de la Ley 142 de 1994 contempla que: “Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos... 5.1. Asegurar que se presenten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio...”.
e) Que el artículo 2º del Acuerdo 65 de 1996, prevé la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, mediante decreto del alcalde, previa autorización del H. concejo municipal, o lo que establezca la ley.
f) Que el Acuerdo 9 de mayo 31 de 2004, por medio del cual se implementó el “Plan de Desarrollo 2004-2007”, en su artículo 21 establece darle una solución integral a la problemática en la prestación de los servicios públicos ajustándola al ordenamiento jurídico vigente mediante la creación de una nueva empresa municipal de servicios públicos.
g) Que con la aprobación del Acuerdo 29 de 2004, se encuentra incorporado el análisis del impacto fiscal que exige la Ley 819 de 2003 y se facultó al señor alcalde municipal para gestionar y contratar un crédito público ante las entidades financieras, nacionales y extranjeras, para la liquidación y ajuste fiscal de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, Empresa Municipal de Servicios Varios de Barrancabermeja, Valorización Municipal y Eduba.
h) Que mediante el Acuerdo 20 de 2005 emanado del H. concejo municipal le fueron concedidas al señor alcalde municipal unas facultades precisas y pro tempore para desarrollar y ejecutar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba EPS, autorizando al señor alcalde municipal para adoptar las medidas y proferir los actos administrativos tendientes a hacer efectiva la medida antes señalada, así como para que se reorganicen y reestructuren los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico mediante la creación de una nueva empresa pública de servicios públicos domiciliarios por acciones oficiales S.A. ESP, de carácter oficial.
i) Que de igual manera, en el mencionado acto administrativo se concedieron poderes para implementar los mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en el municipio, hasta cuando se logre la plena implementación del nuevo esquema de operación,
“ART. 1º—Supresión y liquidación. Suprimir la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, creada por el Decreto Municipal 284 de 1990, como una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, reestructurada por el Acuerdo Municipal 65 de 1996 en donde se le dio la denominación de empresa de servicios públicos ESP, expedido por el H. Concejo Municipal de Barrancabermeja.
En consecuencia, declarar en estado de liquidación a la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, según lo establecido en el Acuerdo Municipal 9 de 2004 y lo ordenado por el Acuerdo Municipal 20 de 2005. Por consiguiente, a partir de la promulgación del presente decreto, al nombre de Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, debe adicionarse la expresión en “En liquidación”, la cual utilizará para todos los efectos que el proceso liquidatorio supone.
“ART. 5º—Normas aplicables. El proceso de liquidación se regirá en primera instancia por las disposiciones contenidas en este decreto y en los aspectos no contemplados en él, lo será por lo que determine la Ley 489 de 1998, el Decreto-Ley 254 de 2000, además por de(sic) las circulares y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, de la Contaduría General de la Nación y las disposiciones sobre liquidación contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
PAR.—Los actos que debe realizar el liquidador para la administración y desarrollo del proceso de liquidación, se regirán por las normas del derecho privado.
“ART. 21.—Supresión de empleos y terminación de la vinculación. Como consecuencia de la disolución y liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP en Liquidación, este hecho dará lugar a la terminación de los contratos suscritos con los trabajadores oficiales de conformidad con lo establecido en la Ley 6ª de 1945, en el Decreto 2127 de 1945, en el Código Sustantivo de Trabajo, así como en lo previsto por la convención colectiva suscrita con Sintraemsdes; en cuanto a los empleados públicos se dará terminación a la vinculación legal y reglamentaria de forma establecida en la ley propia que regula la misma”.
“ART. 71.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
“Dado en Barrancabermeja, a septiembre 30 de 2005.
“Publíquese y cúmplase (...)””.
El problema jurídico consiste en establecer si el acto administrativo demandado está viciado de falsa motivación afectando su legalidad, como lo alega el recurrente.
6.3. Facultades de los concejos y alcaldes en relación con la supresión de entidades descentralizadas del orden municipal.
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1º que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, y desarrolla este aserto en su artículo 287 indicando que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. El artículo 311 define el —marco de las funciones municipales—, señalando que le corresponde a los municipios prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes; igualmente define las competencias de los concejos seccionales.
Entre las atribuciones de los alcaldes municipales, determinadas por el artículo 315 superior, como desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, se encuentran la del numeral 1º que dice: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo” y “4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos”.
De conformidad con las anteriores normas constitucionales, el Alcalde de Barrancabermeja era competente para suprimir la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, empresa industrial y comercial de Estado del orden municipal, de conformidad con el Acuerdo 20 de 2004, emitido por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, por el cual se lo faculta para desarrollar y ejecutar la liquidación de la mencionada empresa de servicio público.
6.4. Caso concreto.
De acuerdo con el recurso de apelación, observa la Sala que son tres aspectos sobre los cuales basa el recurrente la falsa motivación, y que son, en últimas, los mismos argumentos aducidos en la demanda:
1. Señala que el acto acusado adolece de falsa motivación por cuanto su artículo 5º indica que “el proceso de liquidación se regirá en primera instancia por las disposiciones contenidas en este decreto y en los aspectos no contemplados en él, lo será por lo que determine la Ley 489 de 1998, el Decreto-Ley 254 de 2000”, normas del orden nacional lo que conlleva una falsa motivación del acto demandado que entraña, a su vez, una desviación de poder, puesto que la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, es una empresa del orden municipal y no nacional, existiendo, entre lo nacional y lo municipal, diferencias enormes con respecto a lo organizativo, operativo, financiero y jurídico ya que obedecen a situaciones distintas en medios distintos y circunstancias también distintas.
Considera la Sala acertado el criterio del tribunal al establecer que la mención en el acto acusado de la posible aplicación de leyes concernientes a la materia de liquidación de entidades y empresas del orden nacional, no afecta la validez del acto que liquida una empresa del orden municipal; en efecto, la competencia para suprimir o disolver y liquidar las entidades del orden municipal reside en el alcalde según lo preceptuado por la Constitución Política. A falta de una reglamentación específica sobre el tema para las entidades territoriales, en este caso, le es dado al alcalde, aplicar las leyes mencionadas, adaptándolas a las precisas condiciones que se presenten en el proceso de liquidación de Edasaba ESP, todo dentro del ámbito de sus competencias y respetando las disposiciones constitucionales y legales que gobiernan el ámbito municipal.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este punto en Sentencia C-735 de 2007(1) con las siguientes consideraciones:
“Expresa el demandante que la expresión “en el acto que ordene la liquidación” contenida en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1105 de 2006 vulnera el principio de autonomía territorial (C.P., arts. 287, 305, num. 8º, y 315, num. 4º).
El parágrafo 1º indicado establece que las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel se regirán por las disposiciones de la misma ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene la liquidación.
Acerca de este cargo debe señalarse en primer lugar que, conforme al texto del citado parágrafo, la competencia para adaptar el procedimiento de liquidación de entidades públicas contenido en la Ley 1105 de 2006 a la organización y condiciones de cada una de las entidades territoriales se asigna a estas, y no a los gobernadores de los departamentos y a los alcaldes de los municipios, como lo plantea la demanda.
Por consiguiente, es visible que en relación con este punto la expresión demandada respeta la autonomía de las entidades territoriales, en cuanto expresamente les reconoce la competencia para suprimir o disolver y liquidar sus organismos y, al mismo tiempo, les atribuye la competencia para establecer el procedimiento de liquidación, mediante una adaptación del contenido en la misma ley a la organización y las condiciones particulares de aquellas.
Ello guarda completa armonía con la disposición general según la cual las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley (C.P., art. 287), como lo ha indicado muchas veces la jurisprudencia de esta corporación.
Cabe resaltar que respecto de la distribución de competencias entre los órganos de las entidades territoriales en la materia de que trata el cargo es necesario partir de la base de lo dispuesto en los artículos 305, numeral 8º, de la Constitución, en virtud del cual es atribución del gobernador del departamento “suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas”, y 315, numeral 4º, ibídem, según el cual es atribución del alcalde del municipio “suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos”.
Así, la competencia de los gobernadores y de los alcaldes en esta materia está claramente supeditada a la de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, respectivamente, lo cual es una consecuencia lógica de la existencia de una jerarquía en el ordenamiento jurídico del Estado colombiano, que la Constitución misma señala en el ámbito que se estudia, al disponer que es atribución del gobernador cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno Nacional y las ordenanzas de las asambleas departamentales (C.P., art. 305, num. 1º), y que es atribución del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional, las ordenanzas y los acuerdos del concejo municipal (C.P., art. 315, num. 1º).
En esta materia de la organización de la administración pública y el ejercicio de la función de suprimir o fusionar organismos de la misma, es oportuno destacar la existencia de una simetría en la asignación constitucional de competencias en los órdenes nacional y territorial, por un lado, al Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales, para “determinar la estructura” (C.P., arts. 150, num. 7º, 300, num. 7º, 313, num. 6º) y, por otro lado, al Presidente de la República, el gobernador del departamento y el alcalde municipal, para suprimir o fusionar entidades u organismos, de conformidad, en su orden, con la ley, las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales (C.P., arts. 189, num. 15, 305, num. 8º, y 315, num. 4º).
Por esta razón, en el orden territorial son lógicamente aplicables el criterio expuesto por esta corporación sobre el ejercicio de dichas competencias en el orden nacional, conforme al cual el Congreso de la República tiene una competencia plena, mientras que el Presidente de la República está sometido a las leyes dictadas por aquel. Por consiguiente, el Congreso de la República tiene atribuciones para: i) suprimir o fusionar entidades u organismos directamente, en forma particular o específica; ii) otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para establecer las reglas generales sobre la supresión o fusión o para suprimir o fusionar en forma particular o específica una o más entidades u organismos, o iii) expedir mediante ley las normas generales con base en las cuales y por vía de reglamentación el Presidente de la República puede ordenar la supresión y liquidación de las entidades u organismos, lógicamente con sujeción a aquellas.
De lo anterior se deduce que, en el orden territorial, la competencia para adaptar a la organización y condiciones de las entidades territoriales el procedimiento de liquidación de las entidades u organismos públicos que aquellas decidan suprimir o disolver y liquidar, contenido en el Decreto-Ley 254 de 2000 y en la Ley 1105 de 2006, de ser necesario, puede ser ejercida por la asamblea departamental o el gobernador y por el concejo municipal o el alcalde, respectivamente, según el mecanismo que escoja la asamblea o el concejo municipal, entre los equivalentes a los del orden nacional que ha señalado esta corporación (subrayado y resaltado fuera de texto).
En este caso el Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones y por medio del acto acusado, cumplió e hizo cumplir lo ordenado por el Acuerdo 20 de 2004, expedido por el concejo municipal y, de acuerdo con el principio de autonomía territorial, adaptó el procedimiento de conformidad con la constitución y la ley para “desarrollar y ejecutar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP”.
Por todo lo anterior el cargo no prospera.
2. En cuanto a la falsa motivación, supuestamente contenida en el decreto de liquidación acusado al aducir carencia de cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público, siendo que el servicio técnico de ingenieros de la misma entidad certificó la prestación óptima del servicio de agua potable al municipio de Barrancabermeja, no observa la Sala de la lectura de las motivaciones del acto acusado que se haya expresado con exactitud lo dicho por el demandante, pero sí puede establecerse de las pruebas allegadas al expediente que la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, se produjo por varios motivos, y no solo por el que se analiza en este punto; en efecto, entre otros documentos, en acto administrativo en el que se faculta al alcalde a proceder con la liquidación de la empresa de acueducto, expedido por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, contenido en el Acuerdo 20 de 2004(2), se pueden deducir las causas por las que se tomó la decisión de liquidar la empresa.
Por ser relevante para la solución del presente caso se transcriben los apartes pertinentes del Acuerdo Municipal 20 de 2004, emitido por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, por el cual se faculta al alcalde municipal para “desarrollar y ejecutar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP”.
ACUERDO 20 DEL 2004
Por medio del cual se otorgan unas facultades precisas y pro tempore al señor Alcalde del municipio de Barrancabermeja para la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP y se reorganicen y reestructuren los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico mediante la creación de una nueva Empresa Pública de Servicios Domiciliarios por Acciones Oficiales S.A. ESP de carácter municipal.
El Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial la Ley 136 de 1994,
• Que el marco teórico de los servicios públicos domiciliarios asigna al ente territorial local la responsabilidad de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, otorgar subsidios y apoyar las inversiones del sector.
• Que en los últimos años se han suscrito diferentes actas de acuerdo, compromiso y de gestión entre el municipio de Barrancabermeja, concejo municipal, la empresa, el sindicato y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales reiteradamente se han incumplido.
• Que según Resolución CRA 227 de 2002, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, resuelve emitir el concepto previo requerido por el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, acorde con la solicitud del Superintendente de los Servicios Públicos Domiciliarios, para la toma de posesión con el fin de administrar o liquidar la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja ESP, Edasaba de conformidad con los artículos 59 ss. 121 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes.
• Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contrató una auditoría externa de gestión y resultados para Edasaba ESP debido a la crisis por la que atraviesa, la cual fue desarrollada por la firma Leal Ingenieros Asociados Ltda. Durante la presente vigencia, concluyó como recomendación general que considerando los antecedentes de la empresa, la crítica situación financiera de los servicios y los resultados negativos de las proyecciones debe considerarse la liquidación de Edasaba ESP, como una seria alternativa para lograr un esquema viable de prestación de los servicios.
• Que el Acuerdo 9 de 2004, Plan de Desarrollo Económico y Social 2004-2007 con honestidad haremos más por Barrancabermeja en su artículo 21 establece darle una solución integral a la problemática en la prestación de los servicios públicos ajustándola al ordenamiento jurídico vigente mediante la creación de una nueva empresa municipal de servicios públicos para lo cual el gobierno municipal tendrá tres (3) meses para la presentación del proyecto de acuerdo al concejo municipal.
• Que el artículo 2º del Acuerdo 65 de 1996, prevé la liquidación de la Empresa del Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, mediante decreto del alcalde, previa autorización del concejo municipal, o lo que establezca la ley.
ART. 1º—Facúltese al alcalde municipal para desarrollar y ejecutar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP...”.
“Dado en Barrancabermeja a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil cuatro (2004).
Respecto al vicio de legalidad de falsa motivación, esta Sección en reiterada jurisprudencia, ha expresado(3):
“Los motivos de un acto administrativo, son los antecedentes de hecho y de derecho que conducen a la expedición del acto, son las circunstancias que llevan a la administración a expresar su voluntad y por lo tanto su existencia real fundamenta la legalidad de la misma.
Entonces, cuando no existe correspondencia entre la decisión que se adopta y los motivos que en el acto se aducen como fundamento de la misma, o cuando los motivos que se expresan en el acto como fuente de la misma no son reales o no existen, o están maquillados, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, el de la falsa motivación”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que la motivación del acto acusado deviene a su vez de las motivaciones del acuerdo que le dio facultades al alcalde para la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, es decir, del Acuerdo 20 de 2004, expedido por el concejo de esa municipalidad, en el que se puede observar que la problemática venía de muchos años antes de la expedición del acto acusado y que, en la revisión de dicha problemática intervinieron autoridades como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y esta última contrató una auditoría externa, en cuyos resultados se recomendó la liquidación de Edasaba EPS; además, del informe de ponencia del proyecto por medio del cual se otorgan facultades al señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja se infiere el mal estado financiero en el que se encontraba la empresa de acueducto, sugiriendo la aplicación de la Ley 617 de 2000, en la que se establece que cuando una empresa industrial y comercial del Estado genere pérdidas durante 3 años seguidos se presume no viable y debe liquidarse.
Por todo lo anterior, no le asiste razón al recurrente al señalar la existencia de falsa motivación del acto acusado, ya que encuentra la Sala que no solo en las motivaciones del mismo se señalan con exactitud la carencia de “cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público”, al que se refiere la actora, sino que en ellas se encuentran de manera breve pero fehaciente indicados los antecedentes que llevaron al concejo municipal a tomar la decisión de otorgarle facultades al Alcalde Municipal de Barrancabermeja para la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP, puntos que no fueron desvirtuados en este proceso.
3. Finalmente argumenta el recurrente que existe falsa motivación en el acto acusado por haberse amparado en el Acuerdo 20 del 2004, expedido por el concejo municipal, sin que este hubiese sido promulgado.
En el escrito de demanda, presentado el 29 de noviembre de 2005, el ahora recurrente manifiesta en el acápite de pruebas:
“13. Certificación expedida por el secretario del Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja Sr. José Agustín Quecho, en que se señala que a la fecha no se ha expedido el Acuerdo 20 de 2005”.
Al respecto, la Sala observa en el acervo probatorio a folio 169, el documento en el que sustenta el presente cargo el recurrente, suscrito por el secretario general del Concejo Municipal de Barrancabermeja en el que expresa:
“Barrancabermeja, noviembre 23 de 2005/CM244/05
Oscar Angulo Navarro
Miembro junta directiva Sintraemsdes
En atención a su solicitud mediante oficio de fecha 21 de noviembre de 2005, le comunico que a la fecha solamente vamos por el Acuerdo 19, por lo que considero que hay un error en el número o año del acuerdo solicitado por usted.
José Agustín Quecho Angarita
(Subrayado y resaltado fuera de texto).
De lo anterior se tiene que cuando el secretario del Concejo Municipal de Barrancabermeja estaba señalando que hasta la fecha, es decir 23 de noviembre de 2005, fecha en que estaba dando contestación a alguna solicitud de un miembro de la junta directiva de Sintraemsdes, solo llevaban expedidos 19 acuerdos, lógicamente se entiende que el secretario se refería a los acuerdos expedidos por el Concejo de Barrancabermeja en el año 2005, y no a los del 2004. Esto por cuanto el Acuerdo 20 de octubre de 2005 no podía ser fundamento del acto acusado, emitido en septiembre del año 2005; por lo que no se encuentra probado que el Acuerdo 20 de 15 de octubre de 2004 no hubiera sido promulgado o publicado.
Sobre este cargo la Sala no se pronunciará y simplemente hace la consideración final en el sentido de que si bien el acto acusado indica como fundamento el Acuerdo 20 de 2005, este error mecanográfico no afecta la legalidad del acto, ya que en el mismo acto se explica que se trata del acto que faculta al alcalde municipal para la liquidación de la empresa de acueducto, es decir el Acuerdo 20 de 2004.
Siendo así las cosas, no encuentra la Sala que el decreto demandado esté viciado de falsa motivación, pues su fundamento constitucional y legal está acorde con las circunstancias y los hechos que llevaron a la liquidación de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico del municipio de Barrancabermeja, por lo que se impone confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de conformidad con las consideraciones aquí expuestas.
1. CONFÍRMASE la sentencia de 21 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
(2) Folio 27 del cuaderno principal.
(3) Sentencia de diciembre de 2004, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero (Exp. 2004-0240).

References: artículo 135
 artículo 365
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 287
 artículo 311
 artículo 315
 artículo 5
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 121
 artículo 21
 artículo 2