Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/05/
Timestamp: 2019-10-16 09:53:14+00:00

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Justicia en Bolivia: May 2014
Surgen diferencias en aplicación de justicia ordinaria y originaria
Surgen diferencias en la aplicación de la justicia ordinaria y la indígena, originario-campesina, cuando los comunarios piensan que sancionando según sus usos y costumbres el problema ya está resuelto, sin embargo, hay denuncias que van más allá y se inicia un proceso en estrados judiciales.
Es el caso de Totora Marka donde se dio una pelea con agresiones físicas, entre el concejal, Julio Lozano García y el oficial mayor administrativo, Leonardo Copaya Godoy.
Ante este pleito, las autoridades originarias de Totora Marka, de la provincia San Pedro de Totora, según su justificativo, amparados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinaron suspender de sus funciones a Lozano y a Copaja, "por haber cometido delitos como autoridades públicas electas, por la población; dicha suspensión es definitiva de sus funciones específicas hasta la culminación de la gestión municipal".
Asimismo prohibieron que el concejal suplente asuma el cargo, pues se trata de su esposa, aseverando que sería nepotismo, y además la sindican como "cómplice material e intelectual en la pelea y actitudes negativas".
De este enfrentamiento el concejal resultó con 35 días de impedimento, como consta en su certificado forense, por lo que éste le inició un proceso penal al oficial mayor, además interpuso un recurso de amparo constitucional, para ser restituido a su cargo, el que resolvió a su favor, por lo que se dispuso su reincorporación al Concejo Municipal, sin embargo, las autoridades no aceptan esta determinación.
Asimismo el proceso en contra de Copaja también prosiguió y se dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro, por lo que las autoridades reclaman que no se respete su justicia originaria, cuando ya sancionaron a esta persona, y la justicia ordinaria también lo sanciona.
El abogado de las autoridades originarias, Marcelo Flores Alanez explicó que con este hecho se estaría avasallando la justicia originario campesina, porque Copaja ya fue sancionado.
Por su parte Lozano explicó que si él acudió a la justicia ordinaria, fue porque considera que no es correcto que por determinación de las autoridades originarias él deba abandonar su cargo, al que accedió por voto y no por designación, como el oficial mayor.
"Yo he tenido un pleito con esta persona, y este problema personal no puede involucrarse con mi trabajo, yo soy concejal por el voto del pueblo, no porque me hayan designado algunas autoridades, además existe una denuncia de corrupción en contra del oficial mayor, que también ya está en la justicia ordinaria, y yo no puedo transar con el dinero del Estado", señaló Lozano.
Ayer esta autoridad fue interceptada en la ciudad por los comunarios de Totora Marka que llegaron a la ciudad precisamente para dar a conocer este problema, quienes quisieron agredir a Lozano quien se encontraba con su hijo a quien recogió de la escuela.
"Mi familia está traumada, pensando que algo me pueden hacer, incluso temo por mi familia", expresó Lozano.
Cárcel para la abogada denunciada por estafa
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) conformado por los vocales Félix Ernesto Mur y Carolina Chamón, ordenaron la detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos para la abogada Amalia Maritza Portillo Llanque, denunciada por haber estafado a más de 250 personas de la organización denominada Juana Azurduy de Padilla.
La orden judicial se dio luego de que el Ministerio Público apelara el fallo emitido por la juez Cuarto de Instrucción Penal, Teresa Villena, quien ordenó en primera instancia detención domiciliaria sin escolta policial para la denunciada.
El vocal Félix Ernesto Mur indicó que la determinación se emitió tras encontrarse probabilidades de posible riesgo de fuga y de obstaculización. Recordando que de por medio existen múltiples víctimas que fueron estafadas.
“Las medidas pueden ser modificadas pero este tribunal determinó dar medidas cautelares para esta persona—indicó el vocal–. Se considera que existen latentes algunos riesgos procesales”.
La abogada Carola Aguirre, defensa de la mujer denunciada, cuestionó la decisión de los vocales y anunció que asumirán otras acciones legales que la ley les franquea. Consideran que no era necesaria la detención preventiva en la cárcel pública donde corre peligro la vida de esta persona.
“Vamos a buscar revocar esa medidas que le fueron interpuestas a nuestra defendida—indicó la abogada–. Consideramos que se obró de muy mala manera sin valorar la real situación del caso”.
Promulgan ley para construir Ciudadela Judicial en Sucre
La ley establece que el Gobierno Departamental de Chuquisaca es la responsable para la adquisición de los terrenos saneados donde se construirá este Complejo Judicial, que debe ser concluido en dos años, informó ayer el presidente en ejercicio Álvaro García.
García promulgó ayer una ley que autoriza a la Gobernación de Chuquisaca la compra de terrenos destinados a la construcción de la Ciudadela Judicial, proyecto que pretende dotar de infraestructura a todos los órganos miembros de la judicatura nacional.
De acuerdo con la ley, se declarará de “prioridad nacional” la construcción de la Ciudadela Judicial y se autoriza a la Gobernación de Chuquisaca la adquisición de terrenos para dicho proyecto.
El mandatario hizo mención a las gestiones que realizó el gobernador Esteban Urquizu, quien –destacó- se encargó de un tema “que es competencia del Gobierno Municipal”.
Recordó que “desde hace dos años” se venían realizando gestiones ante el Municipio de Sucre para la dotación de “50 hectáreas saneadas” de terrenos donde sería emplazada esa infraestructura.
Asimismo, García manifestó que el próximo paso es lograr financiamiento para la compra de terrenos y la emisión de la convocatoria para el diseño del proyecto.
En la oportunidad, el vicepresidente del Estado también hizo un repaso a los sucesos ocurridos en la capital del país durante la realización de la Asamblea Constituyente, en 2007, y responsabilizó a los líderes de las protestas regionales de haber “maltratado a Sucre”.
Uno de los testimonios por demás elocuentes sobre feminicidio es del señor Constancio Quispe, padre de la cabo de la Policía, Jessica Quispe Villalobos, víctima de feminicidio por parte de su pareja de la misma institución, el suboficial, Edgar Choquerive Flores, donde se observó varias de las falencias en el trabajo de los entes estatales y las personas responsables, como son los jueces, fiscales y hasta del Ministerio de Justicia.
Según la narración del padre, aunque se contaba con la confesión, el fiscal asignado imputó al feminicida, por lesiones graves y gravísimas, luego de esto, la jueza determinó la detención domiciliaria, por lo que junto a su esposa, Sabina Villalobos, y con apoyo del vecindario tuvieron que realizar manifestaciones para visibilizar por los medios de comunicación estas injusticas cometidas por diferentes instancias, iniciando por la institución policial que no habría interpuesto su peso institucional para castigar el crimen.
“Familiares, vecinos, salimos en marcha de protesta y bloqueamos en la puerta del juzgado de El Alto, la jueza recién, con esa presión determina enviarlo a San Pedro”, relató el padre afligido ante el foro y pidiendo que se termine con este proceso, pues la reconstrucción del hecho aún no se efectúa debido a la retardación de justicia y para coronar su calvario, a dos días de la fecha en que estaba programada la reconstrucción del hecho, el investigador sale de vacaciones, por lo que la muerte de su hija, el 21 de junio aún sigue sin ser castigado.
La diputada, Ana Sempertegui, luego de oír el informe también reflexionó sobre cuál es la posición que asumen las mismas mujeres, ante las agresiones, tanto físicas como psicológicas.
Al respecto recordó el reciente incidente del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien ya tenía antecedentes de actitudes de acoso sexual aprovechando su cargo y en un último incidente le faltó el respeto, realizando toques groseros a una periodista.
“¿Cómo reaccionamos ante esto las mismas mujeres?” cuestionó y refirió que cuando otra diputada mujer quiso interpelar al alcalde en esa ciudad, en su defensa salieron otras mujeres y además intentaron agredir a la autoridad nacional.
Otro ejemplo deplorable brindado es el de la diputada Emiliana Aiza, quien justificó el actuar del alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda, acusado de violar y asesinar a una enfermera, aseverando que “el hombre es débil en la situación de la cerveza”, por tanto, era culpa de la bebida.
“En ese sentido, sería bueno hacer un seminario para lavar un poco esa mentalidad que tiene el juez, el fiscal y la misma Policía, para que no se pueda seguir cometiendo estos actos, que la justicia cumpla (…) y llamar un poco a la reflexión a las mismas mujeres”, concluyó Sempertegui.
El reto de la transformación del sistema penal en Bolivia
Preocupado por la crisis de la justicia desencadenada desde hace más de una década y, ante los centenares de cuestionamientos al Órgano Judicial sustentados en la corrupción, el fiscal general del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero Peñaranda, reveló haber asumido el reto de transformar el sistema penal boliviano.
Aclaró que el desafío involucra no sólo al Ministerio Público, sino a la participación de todos los actores de la justicia, siendo éstos, Poder Legislativo, el Poder Judicial, además del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, entre otros.
Reconoció que el emprendimiento no será fácil, empero es momento de encaminarlo conjuntamente a la cooperación internacional, a partir de una visión estratégica de transformación de la justicia hasta 2017.
Proceso civil Será posible dictar dos sentencias en un juicio
Dos sentencias, una al ingresar la causa y otra cuando se contestan los incidentes y se realiza una audiencia entre las partes, trae como novedad el Nuevo Código Procesal Civil.
Las dos sentencias se pueden dar por ejemplo en un juicio ejecutivo por deudas en la cual el juez dicta el fallo intimando el pago y ordenando el embargo de los bienes, que se ejecuta si es que la otra
parte, en una audiencia no la objeta. En caso de oposición, entonces viene la audiencia y el dictamen final. Norma que incorpora la oralidad, como características principales. Esos cambios se debatió y explicó en unas jornadas que congregó a magistrados, jueces, vocales y juristas especializados en el área en un encuentro realizado en el Colegio de Abogados de Santa Cruz. Evento coauspiciado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Gabriel René Moreno
Finalmente declara la suspensión de la elaboración del Reglamento a la Ley del Notariado Plurinacional, dispuesta por la disposición transitoria sexta
Más temprano, constitucionalistas consideran que el Tribunal Constitucional cometió un "exceso” al haber determinado la suspensión de la aplicación de la ley tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta y dar curso a medidas cautelares.
"El Tribunal tuvo un exceso al suspender toda la ley”, comentó el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Milton Mendoza.
"Más que un exceso, yo creo que se les fue la mano (a los magistrados”, aseguró el constitucionalista Gabriel Peláez, porque las autoridades no establecieron previsiones en tanto se suspenda la vigencia de la ley, para evitar posibles vacíos jurídicos a la función notarial.
"Plasma una estructura orgánica para la función notarial que depende del Órgano Ejecutivo”, sostiene en la argumentación del recurso.
Gantier indica que el recurso señala que los roles de la función notarial son dar fe pública en relación con actos jurídicos "y administrar justicia en vía voluntaria. Estas dos funciones no pueden ser sustraídas del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo”, funciones que deben depender de un órgano independiente, como es el Judicial, de acuerdo con la Constitución Política.
Por semana, 5 abogados son denunciados
El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Lino Cárdenas, indicó que por semana ingresan entre 4 a 5 denuncias contra juristas, por faltas en el ejercicio profesional.
Indicó que la mayor cantidad de denuncias están relacionadas con cobros indebidos, la inasistencia a actos procesales, entre otras.
“De un tiempo a esta parte ha aumentado el número de denuncias contra abogados por faltas a la ética en el ejercicio profesional, tenemos un promedio por semana de entre 4 a 5 denuncias contra los abogados, algunas con fundamento y otras sin fundamento”, señaló.
Cárdenas señaló que en el marco de la nueva ley de la abogacía, las denuncias son procesadas en el Tribunal de Honor, que tienen plazos cortos para resolver las mismas y emitir las resoluciones que correspondan, según la denuncia.
“Se reciben denuncias de todo tipo, denuncian por ejemplo donde el abogado compromete éxito en una causa judicial cuando sabemos que eso no se puede hacer; denuncias de cobros adelantados y no se ejecutan los trabajos que se comprometen”, señaló.
Señaló que entre las sanciones que se prevén está la suspensión y las multas económicas, siendo la máxima sanción la suspensión del ejercicio de la profesión por hasta seis meses.
Mamani: Suspensión de Ley del Notariado deja vacío legal
La inaplicabilidad de la Ley del Notariado, dispuesta por el Tribunal Constitucional, creará un vacío jurídico desde agosto, cuando rija el Código Procesal Civil, ya que no habrá autoridad judicial que atienda los juicios voluntarios, como los de herencias y divorcios.
Esa advertencia fue hecha ayer por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, quien expresó su preocupación por esa situación que afectará a un número indeterminado de litigantes cuando entre en ejecución la nueva normativa civil.
La Ley del Notariado fue promulgada por el presidente Evo Morales el 4 de febrero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la demanda de inconstitucionalidad de esa norma planteada por el diputado opositor Juan Luis Gantier (CN). Mientras el TCP considere y emita un fallo, la aplicación de la ley queda suspendida.
El asambleísta calificó de inconstitucional a esa norma porque faculta al Ministerio de Justicia a nombrar a notarios de fe pública, lo que se constituye, explicó, en una injerencia de poderes.
Mamani indicó que la decisión del TCP, al margen de evitar que el Ministerio de Justicia designe a notarios, también frena la erogación de recursos económicos para el sistema notariado.
Pero la preocupación de la titular del Consejo de la Magistratura va más allá, debido a que el nuevo Código Procesal Civil resta algunas atribuciones actuales a los jueces de esta materia, las mismas que son transferidas a los notarios de fe pública, como por ejemplo las declaratorias de herederos y los divorcios, entre otros. Este tipo de juicios son denominados voluntarios, ya que los interesados evitan ir a un juicio.
En ese entendido, Mamani se preguntó qué pasará desde el 7 de agosto de este año, cuando entre en vigencia el Código Procesal Civil, porque las personas que quieran cumplir con los trámites de herencia o divorcio no tendrán a quién acudir, pues el juez de materia ya no estará facultado y, por la decisión del TCP, los notarios tampoco tendrán esa atribución.
“El Tribunal Constitucional ha actuado ultra petita, es decir más allá de lo solicitado por el diputado y eso es totalmente inconstitucional, esa es una aberración jurídica por parte de estos magistrados que han dado una sentencia adelantada”, criticó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.
Denuncian que juez liberó a violador a cambio de una casa
La tía de una niña que fue violada en la región paceña de Caranavi denunció ayer que el juez a cargo del caso habría resuelto la liberación del hombre que vejó a su sobrina, a cambio de una casa.
El hecho se registró en enero, cuando el padre de la menor, por ayudar en un hecho de tránsito en esa región, descuidó por algunos minutos a la menor, momento que fue aprovechado por el violador que responde al nombre de René Gabriel Sánchez López.
“Cuando el padre corrió al cuarto, encontró al hombre sobre su propia cama, encima la niña que pedía auxilio y ya estaba bañada en sangre”, contó la mujer en medio de llanto.
Sánchez fue detenido y remitido la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, pero a las pocas semanas salió en libertad.
Proyecto busca transparentar la labor de jueces en Bolivia
Con la finalidad de promover el acceso a la justicia y la garantía de independencia judicial, se desarrolla actualmente en Bolivia y en otros países de Sudamérica el proyecto "Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia”.
El director del proyecto, Luis Enrique Aguilar, y su equipo de trabajo llegaron a La Paz para monitorizar el trabajo que realizan estudiantes universitarios con 61 jueces de tres regiones.
El abogado aseguró que a través del acercamiento con el ciudadano, los jueces tienen la posibilidad de demostrar que su trabajo es transparente.
¿Cómo se inició este proyecto de la Comisión Andina de Juristas y con qué objetivo?
Se inició en 2005, en Perú, como una iniciativa de la Comisión Andina de Juristas para mostrar una innovación estratégica para acercarse a la justicia. Se decidió trabajar con estudiantes universitarios para que realicen un proceso llamado Cuadernos de decisiones jurisdiccionales, que consiste en la sistematización de todas las sentencias que emite un juez como un mecanismo de acercar a la justicia y saber cómo la administran. La idea es que los estudiantes reconstruyan la línea de pensamiento individual de cada juez; queremos que la profesión del juez sea revalorada porque ahora existen muchas ideas que generan rechazo en su labor. Esta experiencia repercutió en Bolivia y a partir del año pasado llegó a Ecuador, Colombia y Chile.
¿Qué se rescata de esta experiencia en Bolivia?
El interés por parte de los estudiantes y las universidades por participar en este proceso. Se firmó un convenio con tres universidades de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba. A pesar de todos los temores iniciales, estamos llegando a la meta de tener 60 jueces en cada país participando en este proceso donde se renueva la idea de que en la justicia no hay miedo de mostrar a la ciudadanía su trabajo.
¿Qué se logró percibir en Bolivia sobre el trabajo judicial? ¿hubo acceso a las sentencias?
A diferencia de otros países en los cuales el contacto ha sido primero con los jueces y luego con las autoridades que los administran, en el caso de Bolivia tuvo que ser al revés. Los jueces consideraban que primero tenía que haber un aval del Consejo de la Magistratura que permitiera su participación en este proceso. Se firmó un convenio permitiendo que los jueces participen y se pudo avanzar en este proceso.
¿Cuál es la referencia que llega de la justicia a través de los medios de comunicación?
Sabemos que la primera cara de la justicia que llega, y es totalmente razonable, es que tiene incoherencias como los casos controvertidos de carácter político, social como violencia de género. Pero así como hay esos jueces, creemos que hay de los otros jueces y de eso es lo que menos se publica, por eso nosotros estamos pensando en trabajar con los medios de comunicación.
¿No cree que es complejo que la gente confíe en la justicia tomando en cuenta que hay jueces que dan libertad a violadores, asesinos, cuyos fallos ponen al ciudadano en una situación vulnerable todo el tiempo?
Es totalmente comprensible la desconfianza. De hecho, una de nuestras principales preocupaciones es ver y concentrar nuestra atención en jueces que trabajan en casos de violencia de género. En la medida que podamos demostrar que un juez está actuando fuera de norma, estamos avanzando.
¿La carga procesal es otro de los factores que influye en que un juez obre a cabalidad, o no?
Es muy fuerte; en Perú, por ejemplo, pudimos demostrar que una jueza resolvía cerca de 1.500 causas al mes; sin embargo, el cuaderno de ella era coherente a pesar de esa dificultad. Y lo mismo se ve en otros países.
¿Qué es lo que se quiere lograr con este proyecto?
El primero de todos es generar una relación constructiva entre los jueces y los estudiantes en representación de la ciudadanía y a partir de eso generar una cultura judicial. Queremos que cambie la percepción de que la gente no puede confiar en la justicia.
Estudios Culminó la carrera de Derecho en 2004, en Perú.
Experiencia Es el director del proyecto del acceso a la justicia, coordina proyectos en DDHH y a la implementación del Plan Trienal de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
Masistas buscan regular al TCP porque frenó Ley del Notariado
Asambleístas del MAS plantearon "regular” las actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) después de que esta institución dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, un acto -según afirman- "ilegal”. Tampoco descartan asumir acciones legales contra los magistrados.
El diputado José Antonio Yucra (MAS) dijo que el TCP no puede "presumir de la inconstitucionalidad o ilegalidad” de una norma, por lo que anunció una "fiscalización” de las actuaciones del órgano de control constitucional. "Vamos a ver el mecanismo de cómo regular el funcionamiento del Tribunal”.
En cambio el diputado Irineo Condori propuso un régimen disciplinario al interior de la institución para evitar los excesos de algunos magistrados.
"Lamentablemente, algunos magistrados se están manejando políticamente, es el caso de Gualberto Cusi, que está con una línea política que perjudica al país”, comentó.
Si bien los asambleístas admitieron que el TCP está en su pleno derecho de admitir y revisar las normas y observar las inconstitucionalidades, dicen que no puede adelantarse a suponer la ilegalidad de una ley.
Bajo el argumento de que la Ley del Notariado tiene varios elementos inconstitucionales, el diputado de Convergencia Nacional Juan Luis Gantier y el Colegio de Abogados plantearon al Tribunal Constitucional el recurso abstracto de inconstitucionalidad, este recurso fue admitido por el TCP.
Después, el TCP emitió el auto constitucional 0106/2014-CA en el que establece la suspensión de la aplicación de la Ley 483 del Notariado hasta la emisión de la sentencia constitucional que resuelva la acción presentada.
El procurador general del Estado, Hector Arce, dijo en declaraciones a la red ATB que "no hay problema de que el TCP admita una demanda, lo grave está en que haya dejado en suspenso la ley. Hay una violación de la Constitución”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, informó que la Asamblea Legislativa se declaró "en emergencia” ante la actuación de la comisión de admisión del TCP, que aplicó "medidas cautelares” que dejan en suspenso la ley.
El miércoles, el vicepresidente Álvaro García Linera criticó la decisión de los magistrados del TCP y ayer la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, consideró una "aberración jurídica” la determinación del "TCP, que actuó más allá de lo solicitado por el diputado y eso es totalmente inconstitucional”.
Página Siete conoció que la comisión de admisión del TCP estaba conformada por los magistrados Gualberto Cusi, Ruddy Flores y Neldy Andrade. Hasta ayer el TCP no se pronunció.
El presidente de esa institución, Efren Choque, colgó el teléfono cuando este diario le formulaba una pregunta. Luego, apagó su celular.
Se presume la constitucionalidad
El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera manifestó que en una acción de inconstitucionalidad abstracta se entiende que una ley no es aplicada a una persona en concreto, por lo que no corresponde ordenar la suspensión de aplicación de la ley.
"De todas formas, de manera general puedo decirle que según las normas previstas por el Código Procesal rige el principio de presunción de constitucionalidad, lo que significa que se presume que una ley es constitucional hasta tanto el Tribunal Constitucional, mediante sentencia ejecutoriada, la declare inconstitucional”, comentó a Página Siete.
Una suspensión de la norma sería de carácter general, hecho que no sería correcto porque "infringiría el principio de presunción de constitucionalidad”.
El artículo 4 de la Ley Procesal Constitucional establece que se "presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles en tanto el TCP no declare su inconstitucionalidad”, explicó Rivera.
Opositores culpan al MAS por la falta de debate
La oposición responsabilizó al gubernamental MAS por aprobar leyes que tienen varios elementos inconstitucionales y por la falta de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El diputado opositor Willman Cardozo manifestó que "el oficialismo carece de un discurso coherente y es el responsable de las leyes observadas”.
"Lamentablemente, la Asamblea aprueba leyes sin el mínimo asesoramiento jurídico. Desde hace tiempo hemos venido reclamando que la Asamblea Legislativa debiera tener los mejores abogados constitucionalistas (...). La Asamblea se ha convertido en una máquina de hacer leyes”, cuestionó Cardozo.
Su colega de Unidad Nacional Elizabeth Reyes cree que una eventual regulación al TCP va a afectar su independencia, pese a que la Constitución garantiza esa cualidad en los órganos del Estado. "Lo que pasa es que el MAS no quiere que se revise nada de sus normas”, dijo.
Cardozo criticó al oficialismo porque evitó la fiscalización al TCP en otros casos, por lo que ahora los magistrados no rinden informes a la Asamblea.
Por otra parte, el diputado José Yucra (MAS) criticó al TCP por el retraso en la revisión de los estatutos y cartas orgánicas.
Abogados ven injerencia del Gobierno en la justicia
Varias abogados coincidieron que las evidencias contradicen la versión del ministro Carlos Romero, quien aseguró que el Gobierno no tiene intromisión sobre jueces y fiscales en el caso Rózsa.
Al final terminan dando órdenes. El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, expresó que uno de los hechos irrefutables, son las órdenes del Ejecutivo a los jueces y fiscales. "Cuando sale un ministro y acusa de delincuente a una persona y que debe ir preso, al final el juzgador termina cumpliendo esas órdenes", resaltó el colegiado.
Visto bueno del Gobierno. En esa línea, el expresidente del ente colegiado cruceño Fernando Cuéllar, comentó que la injerencia se produce desde el momento que las autoridades judiciales deben tener el visto bueno del Gobierno. Cuestionó que se ha visto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se lo vio marchando con la COB y haciendo la venia al mandatario y defendiendo al Gobierno cuando los atacan.
Jurista identifica evidencias. Por su parte, el abogado Gary Prado, identifica evidencias de injerencia en el caso Rózsa. Señaló por ejemplo que la acusación fiscal fue sometida por Soza, al criterio del exministro Sacha Llorentty, antes de formalizarse, "ahí se decidió quiénes serían procesados".
"Además el Tribunal actual recibe pasajes y viáticos del Ministerio de Gobierno e incluso el juez (Sixto Fernández), se aloja en una casa incautada al narcotráfico bajo la adopción de la mencionada cartera gubernamental", relató.
Acusan a 3 fiscales por robo de $us 119 mil y amplían caso
Hace 32 meses “desaparecieron” 119.800 dólares de la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas. Hasta la fecha, nadie sabe a dónde fue a parar este dinero, secuestrado en un caso, y la investigación iniciada hace más de seis meses por una comisión especial, ya cuenta con una acusación formal en contra de tres fiscales, según fuentes cercanas al Ministerio Público.
Tres fiscales, I.M., L.M. y J.A. fueron acusadas formalmente por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Sin embargo, las representantes del Ministerio Público fueron sobreseídas por el delito de peculado. Como víctima, figura la mujer a la que le secuestraron el dinero, pero no el Estado, de cuyas arcas desaparecieron los dólares.
La presentación de esta acusación formal implica que el juez cautelar que supervisa el caso deberá fijar una fecha para enjuiciar a estas funcionarias.
SE AMPLÍA La comisión de fiscales que investigó el caso hasta el 25 de septiembre de 2013 había resuelto rechazar entonces las pesquisas en contra de la excoordinadora de la Fiscalía de Sustancias Controladas, C.M. por falta de elementos en cuanto a la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Sin embargo, según una Resolución de Reapertura emitida por el fiscal de Chuquisaca, Óscar Vera Espinoza, el 13 de mayo de 2014, “a la fecha las investigaciones han aportado nuevos indicios y declaraciones ampliatorias de la fiscal L.M.) acerca de la posible participación de C.M. en el hecho que se investiga, por lo que corresponde reiniciar la investigación para la averiguación histórica de los hechos y determinar sus responsabilidades”.
De igual forma, la pesquisa fue reabierta en contra de la fiscal L.M. y los policías H.V.P y R.G.M., ante la aparición de nuevos indicios.
Entre los nuevos indicios figuran extractos telefónicos que comprueban el flujo de llamadas entre tres personas la noche del 9 de septiembre de 2011, cuando el dinero supuestamente fue guardado en la caja fuerte. También figuran algunas declaraciones ampliatorias sobre la participación de algunos funcionarios y un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente de la ASFI, que detectó movimientos financieros “sospechosos” en cuanto a la fiscal L.M. y los policías H.V.P. y R.G.M.
Estos movimientos sospechosos, podrían ser relacionados con la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, previsto por el artículo 27 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
ANTECEDENTES El 9 de septiembre de 2011, una mujer que abordaba un vuelo hacia Santa Cruz fue interceptada por policías de la FELCN que al requisarla encontraron, pegados a su cuerpo, 119.800 dólares. La mujer fue detenida bajo sospecha de llevar dinero del narcotráfico y al verificar sus antecedentes de contrabando, se la detuvo por un delito aduanero. Once funcionarios, entre fiscales, policías y otros, recontaron, trasladaron y guardaron el dinero en una caja fuerte de la Fiscalía. Veintiún meses después se dieron cuenta que el dinero “desapareció” de la caja fuerte.
El Consejo de la Magistratura anunció, ayer en Sucre, la implementación de una “Central de Diligencias” en el distrito judicial de Beni, el cual está destinado a la atención de los sorteos de causas en materia penal y familiar a través de un sistema informatizado aleatorio que eliminará cualquier posibilidad de hechos de corrupción, según explicó la presidenta de ese órgano, Cristina Mamani.
“La implementación de este sistema informático al interior de la Central de Diligencias es crucial, tanto para optimizar el servicio a la población, como para luchar contra la corrupción porque ahora este sistema se encargará de distribuir de forma aleatoria las notificaciones entre los oficiales de diligencias, de tal manera que los litigantes no tendrán contacto con los notificadores”, afirmó Mamani.
La ejecutiva del Consejo explicó que el proceso de notificación informatizado entró en funcionamiento el pasado 13 de mayo, y que a través de este sistema se pueden ordenar notificaciones de forma más ágil “optimizando la distribución de las mismas entre los ocho oficiales de diligencias existentes en este distrito judicial”.
Mamani añadió que el flujo de un proceso judicial comienza desde su ingreso, a través de ventanilla única, para luego ser derivado a un determinado juzgado, desde donde es enviado a la Central de Diligencias para ser distribuido de forma aleatoria a través del nuevo sistema informático.
El proceso es devuelto al juzgado después de un plazo de 48 horas durante las cuales el oficial de diligencias debe reportar el estado de la notificación. ANF
Piden la destitución del Juez que liberó a exalcalde acusado de feminicidio
El Comité Cívico de Pocoata pidió la destitución del juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Colquechaca, Emilio Fonseca Herrera, quien ordenó la liberación del exalcalde Teodoro Rueda, acusado por el feminicidio de la enfermera Lucía Chucamani
Rueda pagó 9.000 dólares a la familia de la fallecida para que desistiera del proceso que seguía en su contra. Luego Fonseca lo dejó en libertad
“Denunciamos al juez Fonseca por la liberación y permitir la transacción realizada y exigimos la destitución de su cargo”, dice un comunicado emitido por el Comité
Asimismo, los cívicos pidieron al Ministerio Público continuar con el proceso por feminicidio y que se indague el origen de los 9.000 dólares que pagó el exalcalde.
Irregularidades en el cabildo
El Comité Cívico denunció, además, que Rueda, luego de ser liberado, convocó a un cabildo ordinario el 12 de mayo para abordar temas relacionados con tierras, sin embargo, la reunión tenía el objetivo de conseguir apoyo para su restitución.
“Las autoridades originarias ‘chicote en mano’ obligaban la permanencia de las personas bajo sanción de 500 bolivianos en caso de incumplimiento y/o abandono”, relata el comunicado
Al día siguiente, el cabildo obligó a los concejales a restituir a Rueda
Sin embargo, después el Concejo Municipal anuló la resolución, bajo el argumento de que fueron obligados a sesionar.
Labels: Abogados, EJE: Escuela de Jueces del Estado
Temor 'reverencial' en la justicia
La exviceministra de Derechos Fundamentales, Cecilia Rocabado, sostuvo que con la profundización de la crisis en la justicia, cada vez se acentúa más el temor reverencial de los jueces y fiscales hacia el Estado, y esta situación hace inclusive que se cambien los fallos.
Por sobre todo, obrar con justicia. “Escuchar, para muchos juzgadores que está en medio del litigio el Estado, ya es lo único que interesa para obrar en contra de, y ese no tiene que ser el parámetro, sino obrar con justicia dentro de las reglas de la sana crítica. Esta profundización de la crisis en la justicia actualmente se expresa en un mayor temor reverencial, sin necesidad de que alguien los tenga que buscar o llamar, solo escuchar Estado a veces cambia el fallo”, manifestó la abogada.
Rocabado aseveró que la crisis en la justicia se ha ido agravando con los años y cada vez “se profundiza mucho más” y que si continúa así llegará a un “colapso”.
Elección de autoridades. Dijo que se debe partir con la implementación de medidas inmediatas desde el mismo Órgano Judicial con la “priorización de capacidades profesionales y de valores en la formación de estudiantes de derecho de manera integral, con un presupuesto e infraestructura adecuadas”, así como con la elección rigurosa de autoridades “donde no prime el criterio político sino el académico y profesional”.
También Indicó que otro aspecto que no resuelve el problema de la justicia es tener muchas y nuevas leyes que no se entienden o no se pueden aplicar.
TDJ de La Paz pidió aclaración sobre convocatoria para vocales judiciales
Un total de 136 abogados ayer por la tarde dieron examen para ocupar una de las 200 plazas, a nivel nacional, que les permita ser admitidos en el primer curso de formación y especialización judicial en área ordinaria y luego ejercer como jueces.
La actividad se realizó en el salón auditorio "San Felipe de Austria" de la Universidad Privada de Oruro (Unior), organizada por la Escuela de Jueces donde se vio a abogados litigantes y autoridades judiciales, optando por una de las plazas del curso que servirá para el currículum particular, según informó el profesional académico de la unidad de capacitación de la Escuela de Jueces, Sergio Villarroel.
"Hubo una fase de presentación de documentos, de preselección, concurso de méritos y quienes se habilitaron para rendir el examen, lo harán hoy (ayer). Para Oruro existen 136 postulantes, hubo mucho más gente interesada que se presentó, pero por uno u otro motivo quedaron inhabilitados", expresó Villarroel.
Detalló que tras la revisión de los exámenes, que comenzará este lunes en Sucre, se conocerá la mejor puntuación de los postulantes a nivel nacional existiendo la posibilidad de incluso, aprobar los 136 de Oruro, los resultados se conocerán posteriormente en la página web de la Escuela de Jueces.
Luego de acomodar en dos ambientes a los postulantes, se esperó el examen que fue enviado vía internet desde Sucre, dicho documento no fue publicado con anterioridad debido a que se buscó la total transparencia del evento.
"El examen en estos momentos (ayer) se está elaborando en Sucre y minutos antes de las tres de la tarde nos comunicarán para que recibamos una copia que la vamos a imprimir en presencia de notario y se distribuirá a todos los postulantes", agregó.
Añadió que una vez conocidos los resultados, los aprobados serán parte del primer curso de formación y especialización judicial en área ordinaria, que tendrá una duración de un año y ocho meses vía internet.
Denuncian a 44 jueces por retardación de justicia
Un total de 44 jueces fueron denunciados por presunta retardación de justicia además de maltrato a los litigantes. Las sindicaciones se ventilan en el Tribunal Disciplinario, ente que emitirá un fallo en contra de los jueces luego de realizarse la evaluación de los casos, según informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino.
Las 44 denuncias recepcionadas en el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura, darán lugar a un fallo en contra de los jueces denunciados según la gravedad de sus faltas, esto mientras desempeñaban sus funciones.
“Los procesos se van desarrollando con normalidad y en el transcurso de los días se irá conociendo los fallos, la mayoría de las denuncias tiene que ver con demora (retardación de justicia) y maltrato (a los litigantes)”, detalló Tarquino.
Los jueces serán pasibles a fallos que van desde una amonestación verbal a la suspensión de sus funciones por 30 días e incluso, en los casos más graves, la sanción será de hasta dos meses fuera de su puesto de trabajo.
Hace un mes, el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público delegó a una comisión para que realicen similar proceso recabando las denuncias de quienes se sientan afectados, por fiscales que hubieran cometido alguna.
La escuela de jueces espera 200 alumnos
La Escuela de Jueces del Estado formará a los 200 mejores postulantes que rindan la prueba.
Actualmente se realiza la revisión de los expedientes por impugnaciones.
Un total de 1.000 postulantes rendirán mañana el examen de admisión al primer curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria, informó ayer el director de la Escuela de Jueces del Estado (EJE), Franz Ochoa.
“En este momento, alrededor de mil postulantes son los profesionales habilitados al examen de admisión del primer curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria; sin embargo, serán calificados los mejores 200”, señaló.
La autoridad académica precisó que este número de aprobados a escala nacional es más del 50 por ciento de los postulantes, que alcanzó a 1.506, que a su criterio es una excelente cifra de registros de los profesionales en la abogacía interesados en continuar sus estudios para posteriormente desempeñar la labor jurisdiccional.
Actualmente se están revisando los expedientes de los postulantes que impugnaron sus calificaciones para luego elaborar la planilla y habilitarlos para la fase de examen de admisión.
Ochoa sostuvo que en el proceso final de revisión y evaluación de documentos elegirán a los 200 mejores postulantes, por lo que se ha establecido un proceso de selección exhaustivo que comprende básicamente la revisión de documentación mínima habilitante, calificación de méritos, examen de admisión, entrevista personal y evaluación psicológica.
Totora Turba retiene a fiscal y a tres abogados
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Crean 18 juzgados pese a un recorte del 43 por ciento en el presupuesto de 2014
El Tribunal Departamental de Justicia (TDE) contará, desde agosto de este año, con 18 nuevos juzgados, 11 en la ciudad y otros 7 en las provincias.
Así lo informó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Fidel Tordoya, ayer, durante el acto de presentación de la nueva autoridad judicial del departamento, la vocal Nuria Gonzáles.
También lamentó el recorte que sufrió el Tribunal de Cochabamba para este 2014 y que representa el 43 por ciento de su presupuesto. Según dijo, esto se debe a los ajustes realizados por el Ministerio de Economía.
“Pese a que están apretados en sus recursos deben trabajar desde agosto implementando el nuevo código”, instruyó.
Dijo también que para la desconcentración de la justicia se deben superar algunos problemas, por ejemplo, de la infraestructura. Tordoya informó que se logró el compromiso de la Alcaldía de Cochabamba para acompañar este trabajo en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. El alcalde Edwin Castellanos se negó a referirse a este acuerdo anunciado por Tordoya. Si bien no se logrará mejorar la retardación de justicia, porque se requiere el triple de personal, por lo menos se paliará en algo el problema.
“Lo más importante es que la población no va a tener que venir al centro de la ciudad para tener acceso a sus trámites”, acotó.
Por otro lado, explicó que en la nueva lógica de la Constitución Política del Estado se prevé que en las provincias deje de haber especialización y se atiendan todos los casos.
Informe: TSJ llegó a resolver 4.550 casos la gestión 2013
El presupuesto aprobado para 2013 fue de 30.594.351,33 bolivianos.
El informe señala que se llegó a una ejecución presupuestaria de 88,76 por ciento, equivalente a 27.154.574,78 bolivianos
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó ayer la Rendición de Cuentas Pública de la gestión 2013, donde mostró los logros, traducidos en el avance en cuanto a la resolución de causas de la Sala Plena, las salas especializadas y las salas liquidadoras, con un total de 4.550 causas.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha dedicado su atención principal al conocimiento y resolución de causas, tanto en su Sala Plena como en sus salas especializadas y en el tribunal liquidador”, señaló el presidente de ese ente judicial, Jorge von Borries.
El total de causas resueltas tanto por la Sala Plena, las salas especializadas y las salas liquidadoras es de 4.550, aspecto que denota un incremento importante en relación a la gestión 2012, en la que solamente se resolvieron 3.110 causas, sostuvo.
“Esto nos induce a afirmar que no existe mora procesal en el Tribunal Supremo de Justicia, prácticamente las causas elevadas a su conocimiento están al día en términos procesales, los procesos en cuestión aproximadamente de dos meses se encuentran devueltos a su tribunal de origen.
En ese marco, la Unidad de Jurisprudencia destacó el denominado Árbol de Jurisprudencia como uno de sus logros más importantes de la pasada gestión, por su parte, la Unidad de Gestión de Servicios Judiciales resaltó las inspecciones y supervisiones que se realizaron a los servicios de Plataforma, Centrales de Notificaciones y Bibliotecas y Archivos, con la finalidad de identificar requerimientos de esas instancias.
Por su lado, la Escuela de Jueces mostró como uno de sus logros importantes de trabajo la materialización del primer curso de formación de jueces, cuyo examen de selección se cumplirá este jueves en todos los departamentos del país; asimismo, se expusieron todos los eventos de capacitación realizados y los convenios suscritos con diversas instituciones para ejecutar actividades de formación allí donde sea necesario.
La Rendición Pública de Cuentas finalizó con la participación de la Dirección General Administrativa y Financiera, entidad que si bien es desconcentrada del Órgano Judicial tiene una relación directa porque está encargada de la gestión administrativa y financiera de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
4.550 causas fueron resueltas en la Sala Plena, las salas especializadas y las salas liquidadoras del TSJ en 2013.
3.110 causas fueron resueltas en la gestión 2012, lo que hace evidenciar que hubo un incremento.
Presidenta del TDJ compromete trabajo inmediato
La nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Nuria Gonzales Romero, posesionada de manera oficial ayer, comprometió su trabajo “inmediato” en base a un diagnóstico sobre las necesidades “urgentes que apremian a los jueces y vocales”.
Gonzáles informó que desde la semana pasada sostuvo reuniones con jueces y vocales de Cochabamba y otros departamentos, a fin de realizar una agenda común. Los encuentros concluirán el viernes.
Mencionó que las principales actividades que realizará son la gestión e identificación de las necesidades en recursos humanos, materiales y tecnológicos, en especial la capacitación en materia Civil para la implementación del Código Procesal Civil.
Asimismo, trabajará en las estrategias para luchar contra la mora judicial y estructural.
El magistrado por Cochabamba en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fidel Tordoya, aseveró que el órgano judicial tuvo este 2014 un recorte del 43 por ciento de su presupuesto, debido a que en 2013 tuvo una baja ejecución de inversión pública porque sólo contaba con directores interinos.
Tras una reunión del Consejo de la Magistratura y el TSJ en pleno, hace una semana, se determinó crear 11 juzgados en Cercado; además, de un Tribunal de Sentencia y tres juzgados para Quillacollo, un Tribunal de Sentencia para Sacaba y un juzgado para Entre Ríos.
“Está garantizado los ítems y el personal”, dijo Tordoya, a tiempo de pedir infraestructura y mobiliario al Alcalde de Cercado.
Aseguró que estas nuevas instancias funcionarán desde agosto en los distritos de Cochabamba en materia: laboral, civil, penal y familiar.
Los juzgados que se están creando y los juzgados instructores en materia civil serán instancias públicas, “por lo que la apelación es directa al Tribunal Departamental de Justicia”, concluyó.
Labels: Cochabamba, TDJ: Tribunal Departamental de Justicia
Mercedes Guzmán Padilla, periodista de la red UNO “Yo no creo en la justicia boliviana”
La periodista Mercedes Guzmán Padilla, de la red UNO, conversó ayer con Patricia Janiot, de la cadena estadounidense CNN, y dijo que no cree en la justicia boliviana.
Estas declaraciones las realizó a raíz de que la anterior semana el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, le tocara la pierna derecha en plena transmisión directa de su canal cuando ella se acomodaba para entrevistarlo.
La semana anterior, Mario Espíndola Bernal, esposo de la periodista, informó que él mismo redactó la disculpa que después el alcalde Fernández leyó.
Sin embargo, la periodista dijo confiar en las autoridades nacionales que con base en experiencias como la suya tomarán acciones.
¿Puede recordar qué ocurrió ese día?
Cuando demuestren que nuestra justicia sí funciona, entonces personas como yo, simples ciudadanos, vamos a enfrentarnos abiertamente a todos. Cuando llegué en vísperas al 1 de mayo a esta ciudadela, del mismo nombre, en un acto después del desfile cívico, pretendía entrevistar al alcalde Percy Fernández (...). En esta oportunidad sí se propasó. No lo permití, le retiré la mano en ese momento.
Tengo entendido que le preguntaste, ¿cuál era la obra más importante que tenía pendiente e hizo referencia a una parte del cuerpo?
La pregunta fue clara, le pregunte sobre cuál era la obra más grande que tenía prevista para este año y él respondió "ésta”. Cuando volví a preguntar y le dije cuál era el regalo para la ciudadela de la Villa Primero de Mayo él me dice: "Usted me preguntó cuál era la más grande y yo le dije ‘ésta’”.
Tenías en tu mano una de las herramientas más poderosas que tenemos los periodistas. ¿Qué pasó para que no reaccionaras de inmediato aparte de quitarle la mano de tu pierna?
Mi reacción fue primero quitar la mano. Me dicen que por qué no le di una cachetada, por qué no me bajé. Primero, ¿por qué me senté ahí? Porque me invitaron a sentarme. ¿Por qué no le di una cachetada? No creo que sea correcto responder con otra agresión. Segundo, que si hubiera sucedido esto, de pronto otra hubiera sido la figura y la procesada hubiera sido yo.
Lamentablemente, hay situaciones que no se entienden pero que se dan y las vemos a diario en nuestra realidad en Bolivia. Traté de guardar la compostura y continuar con la entrevista porque estamos en un campo de batalla, estamos trabajando. Usted sabe que esto es como el fútbol, necesitamos continuar.
Ese mismo día que ocurrió el incidente nos pronunciamos. Mi esposo, a través de las redes sociales, y yo también lo hice. Al siguiente día hemos recibido llamadas de diferentes partes y también de gente del municipio para poder lograr un encuentro.
Al día siguiente nos reunimos con el alcalde y sus más cercanos. Se dieron las disculpas, después vinieron las disculpas por escrito bajo un tenor que no aceptamos, porque se hablaba de maniobra política, de medios malintencionados, de actos irrelevantes. En fin, no lo aceptamos y nos sentimos ofendidos. Solicitamos que las disculpas se hagan públicas porque la falta fue pública.
¿Es suficiente para ti la disculpa cuando hay una diputada que ha presentado una demanda contra el alcalde?
Hemos decidido con mi esposo apartarnos (...). Yo soy una simple ciudadana que no cree en la justicia boliviana porque si otros con poder no han podido hacer mucho, ¿qué puedo hacer yo ahora?
Estudios Estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz.
Carrera Periodista y presentadora de la red Uno de Bolivia.
Cochabamba El Centro de Conciliación y Arbitraje de Cochabamba atiende hasta 50 casos por año
El Centro de Conciliación y Arbitraje trabaja hasta con 20 casos de conciliaciones y hasta 30 procesos de arbitraje anualmente, servicios que implican métodos alternativos a la justicia ordinaria para la resolución de conflictos, porque no se necesita ir ante un juez o un tribunal de justicia, informó su presidente, Iván Anaya Armijo.
Durante la posesión de la Comisión de Conciliación y Arbitraje realizada ayer por la noche, Anaya explicó que solucionar los conflictos por la conciliación “es lo perfecto”. Las partes llegan a un acuerdo sin necesidad de que alguien diga que ganó o perdió, porque los implicados negocian, conversan, se escuchan y buscan la solución ellos mismos. Sin embargo, cuando la conciliación no funciona, se pasa a un arbitraje, donde un tercero decide quién ganó en el proceso.
Los servicios están abiertos a toda la población y tienen un costo que se paga de acuerdo al monto establecido para la solución.
“No es un monto alto, es razonable”, recalcó Anaya, a tiempo de recordar que la suma más alta con la que llegaron a trabajar fue de 20 millones de dólares. Además, dijo que de un caso de hasta los 30 mil dólares, los honorarios son entre 1.500 y dos mil dólares.
Ambos procesos se realizan por una vía privada, guardando confidencialidad y reduciendo el tiempo, porque en seis meses se tiene la resolución de un conflicto, lo que en la justicia ordinaria podría durar entre seis y ocho años, señaló Anaya.
Asimismo, cada persona que entre al proceso de arbitraje tiene derecho a escoger de la lista de especialistas del centro, quién será su árbitro.
“Es una persona de confianza, que sacará el resultado correcto”, dijo el presidente del centro.
Avalados por la Ley 1770 de la Constitución Política del Estado que establece el arbitraje y reconoce a los centros como instituciones que pueden y deben participar en la solución de los conflictos, lo que dicta el Centro de Conciliación y Arbitraje es de cumplimiento obligatorio.
Anaya, señaló que en la conciliación se firma un acta y en un arbitraje se emite un “laudo arbitral, que es como una sentencia”, en ambos casos, dichos instrumentos legales obligan a las partes al cumplimiento. En el supuesto de que no se acate el resultado, se puede acudir a la justicia ordinaria.
“Todos los casos son de carácter patrimonial”, puntualizó Anaya, es decir que los procesos se realizan donde existen intereses económicos de por medio.
“No podemos entrar al aspecto penal, laboral, ni familiar, sólo de índole civil patrimonial”, aseveró. Asimismo, ante la nueva Ley de Promoción de Inversiones (LPI), Anaya manifestó que no sólo se reconocería el arbitraje, sino se lo potenciaría, en el sentido de “que se podría ampliar su ámbito, la idea es manejar casos de auditorías médicas y el arbitraje de consumo que no existe en el país”.
Vocal Nuria Gonzales es la nueva presidenta del Tribunal de Justicia
﻿La vocal de la Sala Penal Primera, Nuria Gisela Gonzales Romero, fue elegida ayer como la nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
La autoridad informó que fue la única nominada al cargo y que su elección contó con la mayoría de votos en un sesión con el Quórum requerido según normativa.
Gonzales sucede en el cargo a Javier Celiz quien cesó en sus funciones el pasado 17 de abril luego de cumplir dos años en la presidencia del TDJ.
En su primera valoración sobre la administración de justicia en Cochabamba, Gonzales reconoció la excesiva mora procesal que “data de hace ya muchos años”.
“Las capacidades humanas están superadas en los operadores de justicia”, manifestó.
Cuatro aspectos prioritarios fueron considerados por la nueva autoridad. El primero, establecer mejores estrategias para superar la mora procesal; el segundo, fijar mecanismos para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil; el tercero, velar porque la migración de causas -de las antiguas normas a las actuales- para que dejen de ser el cuello de botella que agrava la mora actual; y finalmente el cuarto reto es asegurar una transición óptima y efectiva de las antiguas a las nuevas normativas del Estado Plurinacional.
Una de sus estrategias, precisó, es la efectivización de la coordinación entre las instituciones que coadyuvan en la administración de justicia como son la Policía, Fiscalía y la Procuraduría General.
Auditorías apuntan a jueces por la tragedia en Palmasola
Auditorías realizadas por el Consejo de la Magistratura establecieron indicios de culpabilidad penal y disciplinaria contra 116 funcionarios públicos, tanto de Régimen Penitenciario y de la Fiscalía como del Poder Judicial con respecto a la masacre ocurrida en la cárcel de Palmasola el año pasado, que acabó con 35 reclusos muertos y casi un centenar de heridos.
El grado de responsabilidad fue determinado luego de auditorías realizadas a todos los procesos que llevaron adelante las víctimas del penal más poblado del país.
Según el reporte de la radio Aclo de la red Erbol, el consejero Wílber Choque afirmó que luego de llevarse adelante 62 auditorías a los procesos de los reclusos muertos y heridos, se determinó que los funcionarios implicados son sospechosos de haber ocasionado retardación de justicia y de incumplir sus deberes.
En el caso del Ministerio Público), se determinó indicios de responsabilidad disciplinaria en 18 fiscales e indicios de responsabilidad penal en 10 fiscales, explicó Choque.
Agregó que entre los jueces se detectaron 42 indicios de responsabilidad disciplinaria y 13 de penal. Mientras que 15 funcionarios de Régimen Penitenciario supuestamente incurrieron en responsabilidad penal y 18 en disciplinaria.
El vocal indicó que las denuncias por indicios de responsabilidad penal encontrados en las auditorías realizadas en Palmasola serán remitidas al Ministerio Público para su respectiva investigación. No descarta iniciar querella contra los jueces.
En Santa Cruz, nada oficial
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, aseguró que de forma oficial no se conoce qué jueces incurrieron en irregularidades y que se espera la remisión del documento desde Sucre. Señaló que la investigación la realiza el Consejo de la Magistratura.
El proceso tras la masacre
Hay 23 reclusos cautelados
La Fiscalía lleva adelante una investigación en todo el país. Hasta la fecha hay 23 reclusos imputados por asesinato y lesiones gravísimas. Diez de ellos están en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.
El defensor ve a responsables
En pasados días el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en su informe tras una indagación pidió que se amplíen las pesquisas contra policías al considerar que tienen responsabilidad.
Juicio oral en puertas
La Fiscalía no descarta ampliar las pesquisas sobre policías. Sin embargo, ya tiene prácticamente listas las pruebas para presentar la acusación contra los responsables de la matanza para el juicio oral.
Buscan mejorar la cárcel
El Defensor del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo hacer lo posible para mejorar la infraestructura y la salud en la cárcel de Palmasola con más de 5.000 reclusos.
Fiscalía deriva caso a Santa Cruz y hostigan a diputada
La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo fue asediada ayer por un grupo de seguidores del alcalde Percy Fernández cuando la parlamentaria salía de la Fiscalía de Santa Cruz, adonde acudió para sentar una denuncia formal contra el burgomaestre cruceño por abuso deshonesto, violencia sexual y discriminación, a raíz del incidente ocurrido contra la periodista de la Red Uno Mercedes Guzmán.
Las agresoras, en su mayoría mujeres, hostigaron a la parlamentaria y la acusaron de venir a Santa Cruz para hacer un show político.
Inicialmente Revollo había presentado una denuncia en el Ministerio Público de La Paz; sin embargo, el fiscal de ese distrito, José Ponce, derivó el caso a Santa Cruz, pues el hecho ocurrió en la capital cruceña.
Ponce dijo que las denuncias no deben hacerse solo por hacerlas y recordó que hay delitos que solo se procesan a instancia de parte. “Solo la víctima puede hacer la denuncia y puede instar la persecución penal. Si la víctima no denuncia eso, así lo denuncie todo el mundo, (el caso) no puede prosperar”, explicó a la red Erbol.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, en este caso de delito de abuso deshonesto, quien está legitimado para iniciar una acción penal es la persona que fue afectada. “Si la persona que fuera afectada no sienta denuncia, no se activa la acción penal”, manifestó.
No dará conferencia
Por la mañana, el alcalde Percy Fernández apareció en un acto público junto al presidente Evo Morales y al gobernador Rubén Costas, donde evitó hablar en público.
Un día después de la disculpa pública que tuvo que hacer por el incidente con la periodista, el burgomaestre le dijo “fotógrafo disfrazado” a un reportero gráfico de EL DEBER, durante la inspección de obras para la cumbre del G-77+China.
En una conferencia de prensa junto al presidente Morales le dieron el micrófono para que hable, y el dijo: “Qué quiere que diga” y luego de decir unas cuantas palabras pasó la posta a la secretaria municipal de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social, Angélica Sosa. Por la noche participó de la inauguración del módulo educativo Pampa de la Cruz.
Luego del incidente suscitado con la periodista Guzmán, durante los festejos por el aniversario de la Villa Primero de Mayo, se filtró una supuesta comunicación interna al equipo de prensa de la comuna, en la que se les comunica de que están prohibidas las entrevistas del alcalde con periodistas de todos los medios, sin excepción, y que la información de prensa será canalizada solo a través de dos periodistas de su equipo de prensa.
En el acto de anoche el burgomaestre Fernández se mostró tranquilo, aunque pidió a la gente que esté alerta ante cualquier intento de dividirla, haciéndole recuerdo que son las bases las que proponen a los candidatos para alcalde y para concejales
Labels: Fiscales, Santa Cruz
Suspenderán a fiscal que trabajaba con tufo a alcohol
Por ser considerada como una falta al reglamento interno y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en las recientes horas, el fiscal departamental Orlando Riveros hizo conocer que la fiscal de materia, Beatriz Choque que el domingo por la noche estaba de turno y cuando se requirió su presencia en dependencias policiales, trabajaba con aliento a alcohol, será suspendida.
Riveros informó sobre el tema luego que comprobó en persona este aspecto el fin de semana en horas de la noche cuando constató que la fiscal Choque que fue posesionada dos días antes, presentaba ese olor aunque no confirmó si es que estaba ebria.
"Recibí una llamada de autoridades de la Felcc en sentido de que estaba previsto un operativo en el que se requería la presencia de un o una fiscal a lo que se les comunicó que había una fiscal de turno y en ese momento es que se me hizo conocer que probablemente, así entre comillas, que la fiscal estaría con aliento a alcohol, textualmente, en este sentido lo que se dispuso es que yo mismo me constituí en la Felcc convoqué también a la jefa administrativa que también hace de jefa de personal y lamentablemente debo decir que yo mismo constaté que la fiscal sí presentaba aliento a alcohol, no podemos afirmar que estaba ebria porque no presentaba los signos pero si el aliento a alcohol", expresó Riveros.
La autoridad fiscal destacó que como servidores públicos, el hecho de asistir a la fuente laboral con aliento a alcohol infringe las normas internas y acudir en estado de ebriedad es una falta muy grave, por lo que se pidió un informe a la jefa administrativa para remitirlo a la Dirección Nacional de Régimen Disciplinario en Sucre donde definirán el futuro de la fiscal de materia.
"Como fruto del proceso se evacuará la sanción que corresponda, de hecho también voy a pedir que se la suspenda mientras dure el proceso porque es un poco problemático para el Ministerio Público que exista este tipo de conflicto, yo lamento mucho porque esta fiscal acababa de ser posesionada y nosotros esperábamos un mejor desempeño, no tuvo explicaciones para su conducta, obviamente no había nada que explicar porque era obvio el aliento a alcohol", añadió.
La fiscal de materia Beatriz Choque, fue denunciada el domingo por la noche por acudir en estado de ebriedad, al llamado de funcionarios policiales y una víctima debido a que se requería su presencia en una provincia del departamento.
La autoridad negó este aspecto y sostuvo que simplemente estaba masticando coca acompañada de un cigarrillo.
La Justicia ratificó a Lucio Fuentes como presidente del Tribunal Agroambiental (TA) y rechazó el amparo constitucional planteado por Bernardo Huarachi. Así, se pone fin al conflicto interno que enfrentó a los siete magistrados del TA, durante cuatro meses.
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Lilian Paredes y Natalio Tarifa, durante tres horas escucharon los argumentos de los abogados de Huarachi y de la defensa de los magistrados Fuentes, Deysi Villagómez y Cinthia Armijo.
Ambos vocales denegaron el amparo planteado por el ahora expresidente bajo el argumento de que no se vulneraron sus derechos. Reconocieron que la sesión del TA del 9 de abril, en la que se eligió a Fuentes como presidente en remplazo de Huarachi, fue legal porque había quórum.
Otro de los argumentos fue que Huarachi tenía conocimiento de que en esa sesión de Sala Plena estaba en agenda el tema de la elección en puntos varios, pero Huarachi, junto a dos de sus colegas, abandonó la sesión.
Huarachi calificó al fallo de “una vergüenza” y afirmó que “el Tribunal de Garantías sigue siendo manejado, manipulado por las logias existentes desde las estructuras antiguas. Esto deja las puertas abiertas para que se repita en cualquier tribunal, también en alcaldías y gobernaciones”, agregó.
Huarachi, tras anunciar que continuará su trabajo en la administración de la justicia agraria, afirmó que “en Bolivia no existe justicia”. Agregó que no asumirá ninguna otra medida y comenzará a trabajar desde una de las salas del Tribunal Agroambiental.
En criterio de Fuentes, el Tribunal de Garantías le dio la razón porque su elección estuvo enmarcada en las normas y leyes. Convocó a sus colegas a sumarse al trabajo institucional, dejando de lado problemas personales.
La magistrada Cinthia Armijo expresó su complacencia con el resultado del amparo, debido a que se ratifica que los actos de los cuatro magistrados estuvieron enmarcados en la legalidad y legitimidad y no se violó los derechos de su colega Huarachi.
El conflicto se arrastraba desde enero, cuando las magistradas Villagómez y Armijo pidieron la renuncia de Huarachi porque cuestionaron su labor. En respuesta, Huarachi dijo que no iba a renunciar y se amparó en las organizaciones sociales.
Desde hoy 400 tribunales se denominan Juzgados Públicos
A partir de hoy, más de 400 juzgados de Partido, Mixtos y de Instrucción en lo civil, de todo el país, cambiarán de nombre a Juzgados Públicos en el marco de la aplicación del Nuevo Código Procesal Civil, informó el miembro del Consejo de la Magistratura (CM), Wilber Choque.
Este cambio se realiza a un mes de la aplicación del nuevo Código que, según la Ley 439, debe entrar en vigencia el 6 de agosto de este 2014.
“La implementación del Nuevo Código Procesal Civil responde a que la justicia también se va a descentralizar a partir de agosto, en el entendido de que no todos son jueces de instrucción, sino todo serán jueces de partido excepto en materia penal”, señaló Choque.
La Ley 439 indica que “a partir de la vigencia plena del presente Código, los Juzgados de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial, de acuerdo a lo previsto por la Ley del Órgano Judicial, se denominarán Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial”.
El magistrado explicó que antes de la nueva norma, en el área rural predominaban los juzgados de Instrucción, los cuales no podían conocer cierto tipo de casos, pero con esta ley pueden hacerlo. (Erbol)
Justicia firmó convenio para formar a los nuevos notarios
CAPACITACIÓN La Universidad Andina otorgará los títulos académicos correspondientes a quienes hayan cumplido con todos los requisitos.
Se elaborará un cronograma para la convocatoria y el inicio del curso para todos los que estén interesados.
El convenio garantizará la actividad de los notarios de fe pública.
El Ministerio de Justicia y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de desarrollar y coordinar la puesta en marcha del Curso del Notariado Boliviano en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 483 del Notariado Plurinacional, en la modalidad a distancia.
La autoridad señaló que en la culminación del curso, según su reglamento y estatuto, la Universidad Andina otorgará los títulos académicos correspondientes a quienes hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para la aprobación de éste.
Adelantó que a partir de la firma del convenio se elaborará un cronograma para la convocatoria y el inicio del curso. La nueva Ley del Notario Plurinacional establece un nuevo régimen y reestructura las funciones de la nueva institucionalidad, además que regula el ejercicio de la función notarial.
Gutiérrez afirmó que la ley comprende que la nueva función de los notarios está llamada a contribuir en un efecto “desjudicializador” de la actividad para descongestionar el Órgano Judicial, situación que favorecerá al acceso a la justicia pronta y oportuna para el ciudadano.
Asimismo, la autoridad estatal afirmó que los notarios compatibilizarán los intereses públicos y privados de las personas, teniendo como objetivo principal el respeto a sus derechos, principalmente la libertad, manifestada en el principio de autonomía de la voluntad, de la igualdad y de la justicia, que es el fin principal del orden jurídico.
El convenio permite que se ponga en marcha el Curso del Notariado Boliviano, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 483 del Notariado Plurinacional.
Se capacitará a las y los abogados postulantes y a todos los profesionales que quieran participar.
La nueva función de los notarios será más compleja que antes.
Deberán prestar asesoramiento y coadyuvar a las partes en el ejercicio de sus voluntades.
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References: artículo 4
 Resolución 
 artículo 27
 resolución 
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