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Timestamp: 2018-08-22 01:40:16+00:00

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﻿ Sentencia 38609 de octubre 26 de 2010
SENTENCIA 38609 DE 26 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:DESPIDO DE TRABAJADOR OFICIAL COMO CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN DEL CARGO Y SUPRESIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA. CUANDO EL ESTADO SUPRIME ENTIDADES PÚBLICAS, POR ESTE SÓLO HECHO NO ESTÁ OBLIGADO A REPARAR EL PERJUICIO QUE SUFREN SUS SERVIDORES O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE SE VEA AFECTADA, TODA VEZ QUE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN LLEGAR A SUFRIR LOS PARTICULARES NO SIEMPRE SON ANTIJURÍDICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SUPRESIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA, CONVENCIÓN COLECTIVA, PAGO DE PERJUICIOS, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:469 DE ENERO DE 2011, PG.30
Sentencia 38609 de octubre 26 de 2010
Rad.: 38609
Fue interpuesto por el apoderado de la demandada, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta.
Pretende el recurso que la honorable Corte Case la sentencia impugnada “… la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ya mencionada, por relación a los puntos primero y segundo del resuelve, mediante los cuales se confirmó, modificó y revocó parcialmente la sentencia recurrida , y que posteriormente y convertida en sede de instancia revoque los puntos primero, segundo tercero cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el señor juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, el día 17 de agosto de 2007, absuelva al ministerio demandado de todas las pretensiones de la demanda y condene en costas del proceso al demandante”.
Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula cinco cargos, que fueron oportunamente replicados.
Textualmente reza: “Acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea.
“Normas que se estiman violadas: Artículos 90 y 150 numeral 7º de la Constitución Nacional; artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y la Ley 6ª del mismo año, a la cual reglamenta”.
Expresó que el tribunal interpretó erróneamente los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, debido a que estimó que esta normatividad contiene de forma taxativa las razones únicas para dar por terminado unilateralmente un contrato.
Del mismo modo, indicó que el razonamiento del tribunal se encaminó a establecer que no son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo la consagrada en el literal f) del artículo 47 del citado decreto, que se refieren a la liquidación definitiva de la empresa o al cierre total o parcial de actividades. Coligió que la calificación de justa o injusta de una causa de terminación de un contrato no se debe ceñir al sentido literal de la norma, sino que se deben examinar otras fuentes.
Adujo que si una entidad pública se liquida por orden del legislador, los perjuicios que puedan llegar a sufrir los particulares no siempre son antijurídicos al tenor de lo previsto en el artículo 90 Constitucional, por lo tanto, cuando el Estado suprime entidades públicas, por este sólo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquier otra persona que se vea afectada.
Finalmente, concluyó que el tribunal y esta Corte no pueden desconocer el hecho de que por mandamiento legal y constitucional, el cierre de entidades públicas se realiza acorde con los fines del Estado y por esta razón en determinadas situaciones prima el bien general sobre el particular. Además, explicó que preceptos como el Decreto 2127 deben aplicarse en sentido amplio, siendo admisible como justas causas, no solo las que prescribe el ordenamiento jurídico, sino también, las que están en consonancia con la Constitución.
Indicó que en materia laboral, si se requiriera probar que es antijurídica la decisión del Estado empleador que afecte el contrato de un trabajador oficial, tendría que trasladarse dicha decisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque esta es la única competente “… para condenar a una entidad pública a reparar un daño causado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”.
Del mismo modo, advirtió que en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, no hay alusión alguna a que la liquidación de una entidad o la supresión de cargos que estén contemplados como causal justa para dar por terminado el contrato de trabajo, y que por lo tanto, el ad quem no interpretó de forma errónea las normas en comento.
Como es sabido, la escogencia de la senda de puro derecho, implica la conformidad del impugnante con los supuestos fácticos que el tribunal tuvo como demostrados. En ese orden, es incontrovertible que el demandante laboró para el Idema del 23 de septiembre de 1980 al 12 de agosto de 1997; del mismo modo, estableció que la accionada dio por concluido el vínculo existente entre las partes con el pago de la indemnización convencional como se deduce de la carta de terminación y de la liquidación final de las prestaciones.
En estas condiciones, alega la censura que el tribunal interpretó de forma errónea los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, debido a que no es posible entender como únicas formas de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa de los trabajadores oficiales, lo que taxativamente se dispone en los artículos 48 y 49 del decreto citado, y que se debió incluir como justa causa lo estipulado en el literal f) del artículo 47 ibídem. Asimismo, consideró que cuando el Estado suprime entidades públicas, por este sólo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquier otra persona que se vea afectada, toda vez que los perjuicios que puedan llegar a sufrir los particulares no siempre son antijurídicos, al tenor de lo previsto en el artículo 90 Constitucional.
De tiempo atrás esta Sala de la Corte, para efectos de analizar la procedencia de la pensión restringida de jubilación, ha diferenciado los modos legales o generales de terminación del contrato de trabajo, con las justas causas legales para que el empleador de manera unilateral extinga el vínculo jurídico.
Esa distinción la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, en tanto los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos legales que de manera general dan lugar a esa decisión, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador de forma unilateral terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido. De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por la existencia de un modo legal, no significa que esa finalización se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas, se encuentran taxativamente establecidas en la ley.
Así lo ratifica el criterio expuesto por la Sala en la sentencia de la Sección Primera del 27 de octubre de 1995, radicación 7762, que fue reiterado, entre muchas otras, en la sentencia del 1º de abril de 2008, radicado 32106. Refiriéndose en concreto a las normas que en el cargo se citan como interpretadas erróneamente, se dijo en aquella oportunidad lo siguiente:
“… Y son innumerables los casos en los cuales la Corte ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, admitiendo que no siempre el primero obedece uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, para el caso del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.
“Se infiere de lo anterior que, cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que se opera, por decisión unilateral del empleador, con autorización legal distinta a la que establece las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo del Decreto 2127 de 1994 establece los modos de finalización del vínculo laboral, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, los consagrados en los artículos 16, 48 y 49 del mismo decreto, aludidos también en el literal g) del citado artículo 47”.
No desconoce la Corte que fenómenos como el de la extinción jurídica de la empresa autorizan plenamente la terminación del contrato de trabajo y de ahí que la ley, en este caso el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, consagre ese hecho como motivo de finalización del vínculo laboral. Mas ello no significa que esa terminación, con amparo en la ley, impida el surgimiento de algunos derechos para el trabajador, derivados, precisamente, de la culminación de la relación de trabajo por razones que no le son oponibles, como el de la pensión de jubilación.
Se sostiene en el cargo que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, y que si una entidad pública desaparece con arreglo a los preceptos jurídicos, se esté ante una situación de juridicidad, de tal modo que cuando el Estado suprime entidades públicas, por ese solo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquiera otra persona.
En relación con ese argumento, admite la Sala que la supresión de una entidad pública no puede ser considerada como un hecho antijurídico. Pero una cosa es que se estime que ese hecho es ajustado a la ley, y otra, distinta, que constituya una de las justas causas para terminar el contrato de trabajo, pues, como ya se dijo, son solamente aquellos hechos catalogados expresamente como tales por la ley, que justifican el despido del trabajador.
Conforme a lo expresado esta Corte no encuentra razones para variar el criterio jurisprudencial que sirvió de apoyo al tribunal, el cargo no prospera.
Dice: “Con apoyo en la causal de casación consagrada en el numeral 3º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acuso la sentencia impugnada por contener en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias.
“Normas que sustenta la causal invocada.
“Como en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, parcialmente modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no se encuentra erigida como causal de casación la que en este cargo se propone, es preciso dar aplicación al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo que ordena que “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y en su defecto, las del Código Judicial”, es decir las del Código de Procedimiento Civil.
“Pues bien, en este Código, numeral 3º del artículo 368 se erige como causal de casación el contener, la sentencia, en su parte resolutiva, declaraciones o disposiciones contradictorias”.
Refirió que la pensión otorgada al demandante fue acorde con el artículo 98 de la convención colectiva 1996-1998, pese a ello, explicó que siendo el supuesto de hecho de dicho artículo el despido injusto provocado por la administración, era necesario que el reclamante hubiese obtenido declaración judicial de la causa injusta por sentencia ejecutoriada, mediante la correspondiente demanda instaurada dentro del término prescriptivo establecido en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
Así mismo explicó que como la declaración judicial de la causa injusta, no se realizó dentro del término prescriptivo, se entiende que no puede ser invocada, por consiguiente, dijo que desaparece el derecho convencional a la pensión de jubilación así como la indemnización por despido injusto.
Expuso que el recurrente no tiene excusa para acudir a las causales previstas para la casación civil, toda vez que el recurso extraordinario de casación tiene sus causales plenamente definidas en las leyes 712 de 2001 y 1285 de 2009; los decretos 528 de 1964 y 2651 de 1991 y en los artículos 86 a 99 del Código Procesal del Trabajo. Así mismo aclaró que el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, “… hace relación solamente al trámite de excepciones, nulidades, medios probatorios que no tiene par en el procedimiento del trabajo”.
El cargo propuesto presenta irregularidades que lo hacen inestimable, pues está fundado en causales propias del recurso de casación civil, lo que resulta improcedente porque el Código de Procedimiento Laboral tiene previsto el recurso de casación con unas características propias que lo diferencian substancialmente en varios aspectos con el regulado en el ordenamiento procesal civil.
En efecto, se advierte que la acusación se presenta impropiamente, con fundamento en la causal tercera de casación civil, pero incluso con desconocimiento de las reglas que la rigen, que guardan similitud con las previstas en casación laboral tratándose de la denuncia por violación de normas sustanciales de alcance nacional.
Aún más, se observa que el ataque carece por completo de una proposición jurídica, pues no se denuncia la violación de norma de derecho sustancial alguna. Omisión grave, por cuanto las disposiciones que orientan tanto el recurso de casación laboral como el civil exigen el señalamiento de los preceptos de la naturaleza anotada que se estimen violados.
Señala: “… Acuso la sentencia impugnada, por violación de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida”.
“… Normas que se estiman violadas: artículos 2 y 48 de la Constitución Nacional. Las reglas de la Ley 100 de 1993, en particular las siguientes: Artículos 1º, 2º, literal e), 5º, 8º, 11 inciso 2º y 283 inciso 3º, y los artículos 6º, 8º, 11 y 17 de la Ley 38 de 1989, reformada por la 179 de 1994”.
Error de hecho en que incurrió el tribunal:
“… violación de la ley sustantiva se dio como consecuencia de haberle, el tribunal, reconocido efectos jurídicos, sin tenerlos, a la estipulación convencional, estipulación que creó una prestación extralegal para los trabajadores oficiales del Idema, consistente en otorgar un derecho pensional de jubilación que causa el trabajador oficial beneficiario de la convención cuando la entidad pública para la cual labora declara unilateralmente y sin justa causa terminado su contrato de trabajo. Este error le llevó a tener como existente la obligación pensional cuyo reconocimiento se solicitó en la demanda y fue otorgado en ambas instancias.
“… Prueba mal estimada: El texto convencional, artículo 98 que consagra un derecho pensional en caso de terminación por causa no justa del contrato, texto que fue allegado al expediente”.
Expuso que el tribunal no podía darle validez a la estipulación convencional y al hacerlo aplicó indebidamente el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 1848 de 1969. De esta manera, indicó que el ad quem consideró que la norma en mención no se encuentra limitada por el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993.
Arguyó que las normas la Ley 100 no son compatibles con las estipulaciones convencionales, por lo tanto, aseveró que por convención colectiva no es permitido que las autoridades estatales otorguen pensiones en condiciones diferentes a las establecidas en la Ley 100.
Agregó que de acuerdo con el artículo 283 de la Ley 100 de 1993, toda negociación colectiva que se celebre con servidores públicos debe estar precedida por las apropiaciones presupuestales requeridas, de tal manera que la convención colectiva vigente entre los años 1996-1998 debió sujetarse a las reglas antes mencionadas.
Explicó que en el cargo al definir errores de hecho, hace suponer que la vía escogida es la indirecta, sin embargo, dijo, que se presentan argumentos de puro derecho, ajenos a la modalidad de violación seleccionada como son: la validez, naturaleza jurídica y apego a la ley del presupuesto de la convención colectiva.
Manifestó que el recurrente presentó hechos nuevos en casación, como la ilegalidad de la convención colectiva del trabajo. De la misma forma, expuso que fue equivocada la conformación de la proposición jurídica debido a que si se debatió acerca de la convención colectiva era menester invocar el artículo 467 del C.S.T. Finalmente, dijo que faltó demostrar los errores de hecho con las pruebas que los producen y lo que cada una indica con relación a lo dicho en el fallo recurrido.
Como lo destaca la opositora, el cargo presenta insuperables defectos de técnica, que lo hacen inestimable, como pasa a verse.
Observa la Corte que aunque el derecho cuestionado es de naturaleza convencional, y que tanto en la formulación como en el desarrollo del cargo, el censor hace referencia al acuerdo convencional e induce al análisis de la cláusula que consagra la pensión de jubilación, no involucra el artículo 467 dentro del elenco normativo de la proposición jurídica, cuando es la norma sustancial que da piso legal a las garantías convencionales y en la que se apoyó el juzgador.
No obstante la flexibilización introducida por el artículo 51 numeral 1º del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, a la proposición jurídica en el recurso de casación, ha entendido la Corte que ello no exime de la obligación de citar las normas pertinentes 467 y 469 del C.S.T., cuando de derechos convencionales se trate, porque ellas constituyen la ley sustancial en estos eventos.
Además de lo anterior, se ha de anotar que no obstante la parte impugnante encaminar su ataque por la vía de los hechos, en la demostración efectúa disquisiciones de orden jurídico, que más bien corresponden al sendero de puro derecho. Asimismo, la Sala ha dicho de manera reiterada que para demostrar un error de hecho manifiesto no basta enunciar como dejados de estimar o apreciados incorrectamente un conjunto de medios probatorios, sino que es deber inexcusable del impugnante comprobar con cada uno de ellos cuál fue el defecto valorativo de la decisión acusada, qué es lo que la prueba en verdad acredita y que supuestamente llevaron al tribunal a cometer los desatinos fácticos endilgados.
Dice: “… acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida.
“Normas que se estiman violadas: Artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6ª de mismo año; el artículo 3º y el parágrafo final del artículo 62 de del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 177 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, con relación al Decreto 1675 de 27 de junio de 1997”.
Errores de hecho en que incurrió el tribunal:
1. “Dar por probado, sin estarlo, el supuesto de hecho del artículo 98 de la convención colectiva que el actor tomó como fundamento de su pretensión pensional.
Pruebas mal estimadas:
1. “El texto convencional, artículo 98 que consagra un derecho pensional en caso de terminación por causa no justa del contrato, texto que fue allegado al expediente.
2. El comunicado mediante el cual se le avisa al demandante hoy extrabajador (sic) la terminación del contrato, de fecha 6 de agosto de 1997 que obra igualmente en el expediente.
3. El Decreto 1675 de 27 de junio de 1997 mediante el cual se suprimió el Idema”.
Dijo que el tribunal al apreciar de forma errónea la comunicación remitida al demandante adiada el 6 de agosto de 1997, dio por probado que el Idema terminó el contrato de trabajo de manera injusta, debido a que consideró que para que se configurara una justa causa, debía invocarse en la misiva el motivo que inducía a la terminación del contrato.
Adujo que los artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, no contemplan la obligación del empleador de manifestarle al trabajador oficial los motivos por los cuales se termina el contrato de trabajo, de ahí que, aquella comunicación que carezca de esta especial motivación, no es un elemento necesario de la justa causa, cuando se trata de trabajadores oficiales. Añadió que la liquidación del Idema fue un hecho notorio conocido por todas las personas que laboraban en dicha entidad y que como los hechos notorios no requieren de prueba, el demandante debió conocer el motivo por el cual el contrato de trabajo llegaba a su fin.
Reiteró que el recurrente olvidó incluir en su proposición jurídica el artículo 467 del C.S.T., en razón a que es la norma sustancial del fallo acusado. Dijo que a pesar de que se singularizan las pruebas en el cargo, la censura no argumentó que es lo que demuestran los documentos con relación al fallo proferido por el tribunal.
Estimó que el ad quem interpretó el artículo 98 de la convención colectiva de acuerdo con su tenor literal y tuvo en cuenta los requisitos que estipula que son: que se haya realizado un despido injusto y que se tengan cumplidos los 50 años de edad al momento de reclamar la prestación.
De igual manera explicó que con relación a las otras pruebas que refiere la censura como mal apreciadas por el sentenciador, como son: el Decreto 1675 de 1997 y la carta de despido, fueron acertadamente valoradas en el fallo. Indicó que de una parte el decreto es la base legal por medio de la cual se liquido la demandada y de otra, que la carta de despido no explicó la razón de la terminación del contrato, tal como lo determinó el tribunal.
Finalmente, adujo que la censura olvidó que la vía escogida fue la indirecta y acusó al tribunal de haber aplicado indebidamente los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945. A su vez, agregó que la censura no atacó todos los argumentos que sirvieron de fundamento al fallo atacado.
Al igual que en el cargo anterior, el recurrente no incluyó en la proposición jurídica el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, norma base del fallo atacado, toda vez que el origen de la pensión extralegal otorgada tiene su origen en la convención colectiva.
De la misma forma, a pesar de que en el cargo se enlistan las pruebas como mal apreciadas por el tribunal, no se expone de manera clara qué es lo que ellas acreditan en contra de lo inferido por el tribunal y cómo incidieron tales fallas en el yerro evidente denunciado, demostración que ha debido estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la providencia acusada.
Con todo, precisa señalarse que el ad quem no desacertó si consideró que en tratándose de un trabajador oficial, en la carta de terminación del contrato era menester indicarse la causa del despido, y que si se admitía que la desvinculación obedeció a la supresión de cargos y supresión de la empresa, dispuesta por el decretos 1675 y 2348 de 1997, esos motivos no estaban erigidos como justa causa de terminación del contrato en los términos de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, pues tal consideración es la que ha venido asumiendo esta Corte en ese punto.
No es más lo que debe decirse para desestimar este cargo.
Dice textualmente: “… acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, modalidad infracción directa”.
“Normas que se estiman violadas: Artículo 90 de la Constitución Nacional
“Según lo precisa la honorable Suprema de Justicia, en sentencia de mayo 4 de 1973, la falta de aplicación de una norma sustantiva constituye un caso típico de infracción directa de la ley porque esta clase de violación implica necesariamente el desconocimiento de los preceptos que regulan la materia o franca rebeldía contra ellos”.
Estimó que el ad quem estudió el caso a la luz de los artículos 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y omitió aplicar el precepto constitucional del artículo 90, e ignoró que el demandante debía probar el daño concreto que sufrió, con relación a la pensión convencional, para obtener el derecho a la prestación solicitada, toda vez, que reiteró que no es suficiente señalar que una entidad pública tiene el deber de indemnizar a sus trabajadores, por el sólo hecho de su cierre o liquidación.
Dijo que la proposición jurídica del cargo es insuficiente, ya que no se incluye norma de derecho sustancial, sino solo de estirpe constitucional. Citó jurisprudencia de esta Sala para colegir que las normas constitucionales no contienen derechos sustanciales susceptibles de ser acusados en casación. Agregó que la prueba de la antijuridicidad que, según el recurrente, debió tener en cuenta el tribunal, es ajena al ámbito laboral, amén de que no fue materia de análisis en las instancias.
Le asiste toda la razón al opositor en cuanto a los reparos de orden técnico que le hace al cargo.
En efecto, en la formulación jurídica solo se indica como violación de la ley sustancial en la modalidad de infracción directa el artículo 90 constitucional, lo cual se admitiría si hubiera denunciado otras normas de carácter legal y sustancial en las que fundamenta su derecho. Tal como era su deber legal, conforme al artículo 90 del Estatuto Procesal Laboral que requiere acusar “el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado”; deber inexcusable aún después de la entrada en vigor del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que aunque atenuó las exigencias frente a la integración de la proposición jurídica, de todas maneras, reclama el señalamiento de al menos una norma sustancial atinente al derecho controvertido. Este defecto por sí mismo hace desestimable la acusación.
Estos precisos requerimientos de técnica desatendidos en el sub lite, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso, porque, contrariamente daría lugar a una tercera instancia no prevista en la ley.
No obstante, precisa la Corte que el artículo 90 de la Constitución Política, no apunta a desconocer derechos de los trabajadores, como el convencional que se discutió en el proceso, por lo que en su mejor sentido de interpretación, atendidos los principios y fundamentos garantistas que ella consagra, en pro de los asociados, debe armonizarse con los demás preceptos que la integran y con los que de la propia ley. De este modo, no puede acudirse a la Constitución Política, como se pretende en este caso, porque la pensión reclamada tiene sustento en la convención colectiva.
Costas en casación a cargo del recurrente, dado que hubo réplica.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de julio de 2008, dentro del proceso promovido por Manuel de Jesús González contra la Nación - Ministerio de Agricultura.

References: artículo 47
 artículo 90
 artículo 47
 artículo 90
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 90
 artículo 368
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 145
 artículo 368
 artículo 98
 artículo 151
 artículo 145
 artículo 98
 artículo 7
 artículo 283
 artículo 467
 artículo 467
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 3
 artículo 62
 artículo 177
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 467
 artículo 98
 artículo 467
 Artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 90