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Timestamp: 2019-08-24 03:05:22+00:00

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Consulta LEXA | Contrato Con Mutua
Contrato Con Mutua
08/04/2014 usuario170
09/04/2014 despacho1
Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la recurrente la vulneración por indebida inaplicación del artículo 28.1 de la Constitución Española con relación al artículo 10.3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 68 del Estatuto de los Trabajadores , y 63 del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad , para sostener, en síntesis que tales normas amparan el derecho de información del delegado sindical, pues la Sección Sindical de CC.OO. en la empresa ostenta el mismo, sin que se pueda compartir la interpretación de instancia según la cual al facilitar la información al Comité de Empresa se da cumplimiento a los preceptos expuestos que se consideran infringidos, ostentando el derecho a la entrega personal de la misma documentación que la empresa debe poner a disposición del Comité de Empresa, sin que se pueda considerar satisfecho tal derecho con la simple "vista" o el "acceso", ya que ha de satisfacerse en iguales términos que se concede a la representación unitaria.
Sentado por tanto el derecho del demandante a recibir la información pertinente, resulta del contenido fáctico de la resolución recurrida que la empresa comunicó al actor la puesta a su disposición de los documentos solicitados, por lo que da así cumplimento al deber de información a que viene obligada y que se considera satisfecho con el acceso otorgado al trabajador. Por tanto, no se evidencia la conducta infractora denunciada, y al haberlo considerado así la sentencia de instancia procede su confirmación con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto.”
Como veis, se trata de un supuesto en el cual un delegado sindical solicita a la empresa la copia del contrato con la Mutua. El Tribunal considera que el delegado tiene derecho a ello. Y, en cualquier caso, en este caso concreto, la empresa ya había puesto a disposición del trabajador dicha copia básica.
Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 1 de junio de 2005, dispone:
“(…) el acceso a la información ha de entenderse en el sentido más amplio, es decir, de la manera que se facilite o haga más cómoda la función y atribuciones de los delegados. Carece de sentido pensar que, dada la variedad de información que se puede recibir y amplio alcance de la documentación elaborada (evaluación de riesgos, medidas de prevención y protección, resultado de los controles periódicos, práctica de los controles del estado de salud y relación de accidentes de trabajo) la obtención y transmisión de tales singulares y trascendentes datos deba confiarse a la mera consulta y, si acaso, memorización. En concreto, la negativa empresarial a proporcionar copia reconoce el derecho a acceder, que interpreta de manera rigurosa y literalista: «acción de llegar» pero restringe la consecuencia lógica de tal derecho, interpretable de forma amplia porque lo que está en juego es el mismo papel de los delegados de prevención en la empresa. Nos referimos a la necesidad de transmitir esa información cuando el artículo 18 de la Ley, cuya documentación cita el precepto que se dice infringido, establece el derecho de los trabajadores a percibir, a través de sus representantes, determinada informaciones necesarias y relativas a los riesgos generales y particulares descritos y a las medidas de prevención, protección y emergencia, por lo que difícilmente puede transmitir dicha información si no puede proporcionarse copia de los documentos que contienen tal información, muchas veces técnicos y prolijos (por ejemplo instalaciones, equipos, productos, agentes físicos, químicos y biológicos).
Pensemos en los que relaciona el artículo 23, referidos a las materias que cita el artículo 18 (planes de evaluación, análisis de condiciones de trabajo, controles de salud, relación de accidentes de trabajo) y en la dificultad de retener y comunicar las circunstancias que abordan y desarrollan cuando no se puede hacer copia en determinadas materias en las que el detalle puede ser especialmente trascendente. Con independencia del tiempo que se dedique al examen de la documental, cuestión en la que el recurso pone tanto empeño, el cabal conocimiento sólo es el que permite transmitirlo y la carencia de entrega de copia hace ineficaz o ficticia, o al menos restringe, dicha posibilidad de transmisión de datos transcendentes.
Al margen, claro está, de las restricciones para acceder a resultados de los reconocimientos médicos y la información médica de carácter general. La interpretación contextual que la Sala reconoce es entonces la que deriva de tales preceptos y no la que proponle recurso.”
Y, en igual sentido que la anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 20 diciembre de 2005, señala lo siguiente:
“Las facultades de los delegados de prevención están asimiladas en la Ley de Prevención de Riesgos a las de la representación ordinaria, pues se les confiere la misión de colaborar con el empresario y vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Ciertamente, no se llega con ello a otorgar los representantes una facultad de codecisión, dado que el poder de dirección y organización sigue siendo una facultad plena del empresario, pero ello no le exime de colaborar, a su vez, con los delegados de prevención facilitándoles la información.
La información que la empresa ha de facilitar está establecida, con carácter general, en el art. 18 de la Ley y se concreta en otros preceptos, como en el art. 20, sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación; el art. 21.1. a), sobre situaciones de riesgo grave e inminente; el art. 22.1 sobre reconocimientos médicos; el art. 24, sobre coordinación de actividades; el art. 26, sobre riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores jóvenes; o el art. 28 sobre trabajadores temporales y empresas de trabajo temporal. Precisamente, el Real Decreto 216/1999 ( RCL 1999, 508) contiene también normas específicas en materia de información cuando se acuda la utilización de trabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal.
La obligación de informar impuesta a la empresa atiende a los trabajadores afectados y se extiende a los representantes de los trabajadores y es respecto de éstos donde hemos de analizar el alcance de la calidad y cantidad de información trasmitidas, en tanto que, para los representantes de los trabajadores, no sólo se establece el derecho a obtener información, sino que, además, es competencia de los delegados de prevención «ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales», según resulta del art. 36.1 d) de la Ley. Por tanto, no estamos ante un mero derecho a ser informados, sino ante la instrumentalización de la información como herramienta para el ejercicio de la función esencial, descrita a través de las competencias atribuidas a los delegados de prevención.
Por ello, no podemos compartir el argumento del recurso de que la Ley no impone el deber de entregar documentación alguna. En efecto, no se constata en el texto legal el modo en que la información haya de transmitirse, mas lo que sí es patente es la función que ha de poder desempeñar esa información. Los derechos de los delegados de prevención están vinculados entre sí de modo indisoluble de forma que garanticen que puedan conocer la situación real sobre la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores en el centro de trabajo. Recuérdese que, además de ejercer la vigilancia y control, han de ser consultados ante la adopción de las medidas del art. 33, emitir informe en cuestiones de planificación (art. 36.1 c) y 36.3) y deben promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos, todo lo cual sólo es posible con un cabal conocimiento de la evaluación de riesgos."
Por todo lo anterior, a pesar de que, en los preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que regulan el derecho de información de los delegados de prevención, no se recoja expresamente la obligación por parte de la empresa de facilitar la copia del contrato de asociación formalizado con la Mutua, entendemos que debéis acceder a su petición. Y ello debido a que, tal y como señala la anterior jurisprudencia, el derecho a la información no es un mero derecho inmaterial, sino que debe ser instrumentalizado mediante la entrega de los documentos y copias pertinentes.

References: artículo 193
 artículo 28
 artículo 10
 resolución 
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 18
 Real Decreto