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Timestamp: 2020-08-04 14:28:38+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 457/04 de Corte Constitucional, 11 de Mayo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43621489
Ley 789 de 2002. Arts. 30 (p.), 31 parag. Unico y 35 parag. Unico. Apoyo al empleo. Proteccion social. Modifica arts. Codigo sustantivo del trabajo. Actualizacion relacion laboral y de aprendizaje. Naturaleza y caracteristicas. Modalidades especiales de formacion tecnica, tecnologica, profesional y teorico practica empresarial. Apoyo de sostenimiento mensual. Convenio, contrato colectivo o fallo arbitral. Negociacion colectiva. Selección de aprendices. Practica con estudiantes universitarios. Restriccion vinculacion laboral. Derechos adquiridos. Primacia de la realidad sobre las formas. Cosa juzgada constitucional material. estese c-038/04y exequibles.
Actor: J.W.G.E.
Bogotá, D.C., once (11) de mayo dos mil cuatro (2004).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.W.G.E., actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7 de la Constitución Política, demandó los artículos 30, parcial, 31, parágrafo único, y 35, parágrafo único, de la Ley 789 de 2002, por estimar que resultan contrario a los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 26, 27, 39, 53, 54, 55 y 93 de la Constitución Política.
Artículo 30: ''Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.
La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo;
La formación se recibe a título estrictamente personal;
Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, V., C. y G., el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nació n que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.
Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación;
La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado;
El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 2838 de 1960;
El aprendiz de capacitación de nivel semicalificado. Se entiende como nivel de capacitación semicalificado, la capacitación teórica y práctica que se oriente a formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas (por ejem. Auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista, plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen de, o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia.
Artículo 35. Selección de aprendices. La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semi-calificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del S..
El actor acusa el artículo 30 en el aparte que señala '' ... y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario'', ya que, a su juicio, tal disposición contiene una discriminación con respecto a la remuneración recibida por las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, lo cual conlleva un detrimento injustificado en las garantías laborales.
Con respecto al artículo 31, parágrafo, que indica que ''en ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva'', considera el actor que vulnera la Constitución, toda vez que el aprendiz al ser sujeto de la relación laboral debe tener garantizado su derecho de asociación, como lo señala el artículo 39 constitucional. Tal detrimento en el derecho de asociación sindical se da simultáneamente con el del derecho a la igualdad, puesto que el aprendiz en virtud de la participación en el proceso productivo tiene derecho a beneficiarse en igualdad de condiciones, con los demás sujetos del proceso productivo, de los logros sindicales. Paralelamente, el artículo 31 acusado contraría el 55 constitucional al impedir el ejercicio del derecho a la negociación colectiva que tiene todo trabajador. Esta vulneración se agrava en la medida en que tal derecho también está protegido por convenios de la OIT (78 de 1946 y 98 de 1949) que priman en el orden interno. Al desarrollo, más no a la mengua, de estas normas internacionales está obligado el legislador.
En lo atinente al artículo 35 en el parágrafo único que señala que ''las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma'' el accionante indica que es una limitante a la garantía estatal a la libertad de aprendizaje. Esta libertad no puede restringirse por el legislador por la configuración de una relación laboral. Indica el demandante que puede suceder que el trabajador se haya vinculado a través de contrato de trabajo sin tener la oportunidad de acceder a la formación profesional integral que imparten las instituciones creadas por el Estado con tal propósito.
En representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, intervino en el proceso el ciudadano G.L.G. para oponerse a las pretensiones de la demanda.
Afirma el interviniente que en conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, se hace mención a que el contrato de aprendizaje ''es una modalidad especial del contrato de trabajo'', con lo cual se demuestra que el contrato de aprendizaje ha sido considerado desde su implantación en la ley laboral colombiana como un contrato de trabajo de características especiales, con subordinación compartida por el SENA o por el particular y con remuneración considerada como salario. Acto seguido indica que si bien en Colombia el contrato de aprendizaje se ha considerado siempre como un contrato de trabajo especial, en otras legislaciones, como la argentina y la peruana, no se le ha atribuido la naturaleza de relación laboral.
Señala que otra equivocación de la demanda es comparar el ''apoyo de sostenimiento'' con el salario, ya que en el aprendizaje no hay pago por la prestación de un servicio, por no haber prestación del servicio, sino voluntad de adquirir conocimientos. De esta manera, el aprendiz realiza la práctica de un oficio, recibe un auxilio y no un salario; no es un dependiente sino un estudiante.
Intervención de la Federación Nacional de Comerciantes
La ciudadana X.P. de Cuadros intervino en representación de la Federación Nacional de Comerciantes, en defensa de las normas impugnadas, solicitando que sean declaradas exequibles por ajustarse integralmente a los mandatos de la Constitución Política.
Intervención del Sindicato Nacional de Empleados Públicos del SENA
En representación del Sindicato Nacional de Empleados Públicos del SENA intervino el ciudadano C.E.C.B., para solicitar la inexequibilidad de los artículos demandados.
En apoyo de su posición, cita la convención colectiva de trabajo del SENA del año 2002 - 2003, artículo 2, inciso 2º, según la cual los aprendices tenían para efecto de la convención el carácter de trabajadores oficiales y gozaban de la misma protección que éstos. Aclara que el artículo 30 demandado perjudica al trabajador aprendiz, quien queda sin las posibilidades de ser favorecido con los beneficios de las convenciones colectivas que se realicen, lo cual desmejora las conquistas laborales.
Intervención de la Asociación Nacional de Industriales ANDI
En representación de la Asociación Nacional de Industriales ANDI intervino el ciudadano H.P.F. para defender la constitucionalidad de las normas demandadas.
La ciudadana A.L.G.G. intervino en representación del Ministerio del Interior y de Justicia en su calidad del Directora del Ordenamiento Jurídico, con el fin de justificar la constitucionalidad de las normas acusadas.
La ciudadana M.S.C. intervino en nombre del Ministerio de Protección Social, para justificar la constitucionalidad de la norma demandada.
Intervención del Instituto Nacional de Aprendizaje SENA
En representación del SENA intervino la ciudadana M.P.A.A., en su calidad de Directora de la Regional Bogotá, quien expuso las razones que justifican la constitucionalidad de las normas acusadas en la demanda en referencia.
Intervención del ciudadano F.J.D.A.
El señor P. General de la Nación, E.J.M.V., solicitó a la Corte la declaración de inexequibilidad del artículo 30, parcial, del parágrafo del artículo 31 y del parágrafo del artículo 35 de la Ley 789 de 2002, y, subsidiariamente, la declaración de exequibilidad condicionada del trato diferencial en favor de los aprendices universitarios señalado en el artículo 30 de dicha ley.
El señor P. explica que el legislador no está facultado para desconocer, en el desarrollo de las relaciones laborales, valores y principios como los que están implicados en la facultad de negociación colectiva y que están amparados no sólo en nuestra Carta de Derechos, elaborada con el auspicio de la filosofía del Estado social y democrático de derecho, sino también por el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos económicos y sociales. Si bien el legislador puede llegar a establecer excepciones al derecho a la negociación colectiva -cuyo reflejo es la convención colectiva -, éstas deben ser restringidas, proporcionales y razonables.
Indica que la regulación del contrato de aprendizaje contenida en el artículo acusado le da un carácter no laboral a la prestación del servicio, pues al no existir uno de los elementos básicos de la relación laboral como lo es la remuneración del servicio, sino un apoyo de sostenimiento mensual, permite que las condiciones de la relación laboral no se sujeten a los mínimos fundamentales que rigen en materia laboral. Sin embargo, aclara que ''no por el hecho de denominar de una manera distinta al salario éste pierde su naturaleza, la cual en este caso es la remuneración de la fuerza de trabajo del aprendiz''.
Por otro lado, encuentra el P. que frente a la protección otorgada por la Ley 188 de 1950 los artículos cuestionados constituyen un retroceso en las garantías laborales al darle una caracterización diferente al contrato de aprendizaje. Esto desconoce los artículos 1 y 6, numeral 2, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos sociales, económicos y culturales, en virtud de que en este instrumento internacional los estados partes se comprometen a adoptar medidas progresivas para desarrollar la orientación vocacional y los proyectos de capacitación profesional.
Señala la Vista Fiscal que es necesario dejar en claro que la calificación de la fuerza de trabajo no es una concesión del empleador, en virtud de la cual el aprendiz adquiere una formación teórica o profesional que le permite desempeñarse en la actividad laboral que a bien tenga, pues tal formación tiene una finalidad específica y determinada que es desempeñarse con idoneidad y destreza en el arte u oficio para el cual ha sido contratado. Es más, en la etapa teórico práctica empresarial -segunda en el contrato de aprendizaje- se despliega la fuerza de trabajo según lo aprendido.
Frente al trato conferido a los aprendices universitarios en relación con el resto de aprendices, señala el P. que la condición de universitario no justifica per se un trato diferencial. En esa medida, a todos los aprendices en la última fase de la etapa práctica se les debería reconocer el salario mínimo. Ahora bien, estima el P. que puede llegar a haber diferencias en el desarrollo de la labor. Por ejemplo, en la fase práctica del contrato puede presentarse la situación en la cual los conocimientos del aprendiz universitario tengan aplicación en el desarrollo de su actividad, lo cual hace que su labor tenga una cualificación mayor a la del resto de aprendices. Sin embargo, precisa la Vista Fiscal que en la última etapa de la fase práctica cuando todos los aprendices están produciendo como si fueran un trabajador más, no hay razón para que no se reconozca por igual el salario mínimo. Por último, indica que en la fase lectiva sí se justifica una remuneración menor al salario mínimo, puesto que en esta etapa la única actividad del aprendiz es la recepción de conocimientos. No obstante, no hay motivo por el cual para unos aprendices la remuneración sea el 50% del salario mínimo y para los universitarios sea del 100%.
Cosa juzgada constitucional sobre algunos apartes del artículo 30 y el artículo 31 de la Ley 789 de 2002
La Sala encuentra que frente a los apartes cuestionados del artículo 30 ya existe cosa juzgada formal. En efecto, la Sentencia C-038/04, M.P.E.M.L., dispuso declarar exequible el mencionado artículo por los cargos estudiados en la demanda. Los cargos estudiados en tal Sentencia fueron los mismos que el actual demandante expone.
Parágrafo. En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.''
''(...) el hecho de que las regulaciones acusadas sean menos favorables al trabajador que aquellas que fueron subrogadas no implica automáticamente su inconstitucionalidad, pues la Carta autoriza que el legislador realice esos cambios normativos, siempre y cuando respete derechos adquiridos. Ahora bien, ninguna de las disposiciones acusadas desconoce derechos adquiridos, pues ninguna de ellas se aplica a situaciones jurídicas consolidadas. (...)''
''(...) el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. (...)''
Ahora bien, la Corte precisó que la prohibición de retroceso era una prohibición prima facie. En esa medida, debía presumirse inconstitucional, pero esa presunción podía ser desvirtuada después de haber sido sometida a un control constitucional severo. En este control ''(...) las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social.(...)''
Con respecto a la necesidad de los cambios introducidos en el contrato de aprendizaje, la Corte se remitió a las consideraciones presentadas en la ponencia de la Ley, que señalaba que ''(...) el elemento diferenciador de éste tipo de contrato, que es el que verdaderamente justifica la asunción de la capacitación por parte de la empresas, debe consistir en estímulos e incentivos para su celebración, en lugar de erigirse en una camisa de fuerza (...)''. Posteriormente, realizando el análisis de proporcionalidad, la Corte encontró que la adecuación y la necesidad de la medida, en abstracto, parecía suficiente.
''aunque eso no implica que la vigencia de las reformas de la Ley 789 de 2002 sea temporal, sí significa que en ese momento esas reformas están sujetas a una evaluación y debate, por mandato de la ley, y que esa evaluación deberá conducir incluso a la derogación de aquellas medidas que no hayan sido eficaces en la promoción del empleo.''
''el contrato de aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario, puesto que su finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros elementos que le son característicos: así, estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro sustento constitucional, pues no sólo es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran sino que además el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (CP art. 54). Por consiguiente, debido a esas finalidades, el contrato de aprendizaje no solo tiene sustento constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que carece de esos propósitos.''
''la Corte tampoco considera que vulnere el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los contratos de aprendizaje, ''en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.'' Y la razón es la siguiente. Como esta Corte lo ha señalado, el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser limitado Ver Sentencia C-081 de 1996. Fundamento Jurídico No 8., siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. Ahora bien, el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la capacitación de la fuerza de trabajo, especialmente aquella integrada por jóvenes, así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. Esas políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de fuerza de trabajo, con una muy importante participación de entidades como el SENA. (...)
Esto significa que el contrato de aprendizaje tiene objetivos y espicificidades que lo distinguen de la relación de trabajo ordinaria, por lo que es razonable que ciertos aspectos del mismo queden excluidos de la negociación colectiva, a fin de asegurar la viabilidad del conjunto del sistema de capacitación de la mano de obra en el país. Y en ese contexto, la Corte considera que la exclusión de dicha negociación del apoyo de sostenimiento mensual de los aprendices es una restricción proporcionada al derecho de negociación colectiva de los trabajadores, puesto que los aprendices no son en sentido estricto trabajadores y resulta razonable que si la ley obliga a las empresas a vincular un determinado número de aprendices, al menos establezca salvaguardas para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar la negociación colectiva en ese preciso aspecto.''
En cuanto al efecto de las normas laborales demandadas sobre los contratos en curso, la Corporación no encontró objeción constitucional, puesto que consideró que ''[l]a modificación del contrato de aprendizaje no suscita, en este aspecto, ninguna inquietud constitucional, pues en este caso la propia Ley 789 de 2003 exceptuó esa reforma de la regla de aplicación inmediata. Así, el parágrafo transitorio del artículo 30 de ese cuerpo normativo precisa inequívocamente que los ''contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato.''
Problemas jurídicos por analizar
Constitucionalidad del trato diferencial cuando a pesar de las semejanzas existentes prevalecen las diferencias
Por su parte, el P. General solicita que se declare la exequibilidad condicionada del aparte demandado. Según la Vista Fiscal, la condición de universitario no justifica per se un trato diferencial. Señala el P. que en la última fase de la etapa práctica, donde tanto el aprendiz universitario como el que no lo es está produciendo el rendimiento normal de un trabajador, no existe razón suficiente para que no se reconozca por igual el salario mínimo. Por tanto, la exequibilidad debe condicionarse a que en la etapa práctica del contrato, independientemente de su grado de formación, todos los aprendices perciban el salario mínimo. Pasa ahora la Corporación a estudiar la constitucionalidad del cargo demandado.
4.2. Dentro de los mandatos correlativos derivados del derecho a la igualdad se ubica la obligación del legislador de tratar de manera idéntica a quienes se encuentren en situaciones idénticas y de manera diferente a quienes se encuentren en situaciones plenamente diferentes. Ahora bien, existen situaciones en las cuales los sujetos cuyas circunstancias se comparan en procura de la determinación de una eventual vulneración al derecho a la igualdad presentan semejanzas y diferencias. Corresponde al juez constitucional determinar, en el caso concreto, si son más relevantes las diferencias existentes entre los sujetos que están recibiendo un trato diferencial, lo cual justificaría el trato diferente, o son más relevantes las semejanzas existentes, lo cual haría discriminatorio dicho trato.''
4.3. Entre los aprendices universitarios y los aprendices sin tal capacitación académica existe una diferencia desde el momento de la celebración del contrato de aprendizaje. En efecto, mientras los primeros han cursado varios semestres de una carrera profesional, o todos los semestres lectivos de la misma, con la alta carga económica que esto implica en la mayoría de las universidades del país y el debido esfuerzo intelectual para la aprobación de las materias semestre por semestre, los segundos no han tenido que asumir tales cargas. Ahora bien, como señala el P. en su concepto esta diferencia no es lo suficientemente relevante para justificar per se el trato más favorable a los aprendices universitarios. Por tanto, debe la Corte entrar a analizar si el desarrollo de las actividades en el contrato de aprendizaje por uno y otro tipo de aprendices tiene alguna diferencia, según el desarrollo normativo existente acerca del contrato de aprendizaje. Esto en la medida en que, en principio, a trabajo igual se le debe pagar salario igual.
4.4. El artículo 30 de la Ley 789 de 2000 señala en su parágrafo 10 que ''(...) El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica. (...)''(subrayas ajenas al texto)
Para entender plenamente los alcances de este artículo es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 31, literal a) ''Artículo 31. Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes:
Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación; (...)''
, de la Ley en mención, que señala que una de las modalidades de contrato de aprendizaje es la práctica con estudiantes universitarios, caso en el cual no se brindará formación académica, sino que el contrato se limitará al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial.
''Artículo 6º. Modalidades del Contrato de Aprendizaje. Para el cumplimiento y vinculación de los aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de mano de obra que necesite, podrá optar por las siguientes, modalidades:
La formación que verse sobre ocupaciones semi-calificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
La formación del aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2838 de 1960.
La formación en instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado y frente a las cuales tienen prelación los alumnos matriculados en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. La formación directa del aprendiz por la empresa autorizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. La formación en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado.
Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado de acuerdo con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan que establezcan dentro de su programa curricular éste tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, siempre que se trate de personas adicionales respecto del número de trabajadores registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación Familiar. (...)''(subrayas ajenas al texto)
''Artículo 2°. Duración del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá una duración máxima de dos (2) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se circunscribirá al otorgamiento de formación práctica empresarial:
Práctica de estudiantes universitarios: En este caso la duración máxima de la relación de aprendizaje será del mismo tiempo que señale el respectivo programa curricular para las prácticas, sin que la duración llegue a superar el término máximo de dos (2) años.
Prácticas de estudiantes técnicos y tecnólogos: La duración máxima de la relación de aprendizaje será de un (1) año, siempre y cuando las prácticas estén contempladas en el pénsum académico debidamente aprobado por la autoridad competente.
Parágrafo. Los alumnos de educación secundaria podrán ser sujetos del contrato de aprendizaje, siempre y cuando el pensúm académico contemple la formación profesional integral metódica y completa en oficios u ocupaciones que requieran certificación ocupacional o actitud profesional. En la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica.'' (subrayas ajenas al texto)
Del Decreto 933 vale la pena resaltar la existencia de varios tipos de contrato de aprendizaje que se establecen en virtud de las necesidades de mano de obra de cada empresa, lo que implica que la labor desarrollada en virtud de cada uno de éstos es diferente. Además, que dentro de los tipos de contrato de aprendizaje señalados para la satisfacción de diversas necesidades de mano de obra se establecen dos formas de práctica universitaria que, si se analizan de manera sistemática con el artículo 2 literal a) del Decreto 2585, se encuentran limitadas a la práctica empresarial. Es decir, corresponden a la puesta en marcha de los conocimientos cualificados en virtud de los cuales fueron vinculados, según las necesidades de mano de obra. Tal vinculación con los conocimientos cualificados se hace evidente con el apartado del parágrafo que señala que ''en la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica'', aparte que se identifica con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 789, arriba analizado.
''Modificación del ámbito de aplicación del contrato de aprendizaje
Teniendo en cuenta que urge una expectativa laboral real al inmenso número de jóvenes que cuentan con posibilidades restringidas de formación, o que teniendo niveles de educación superior no encuentran oportunidades de enganche laboral, lo que en últimas termina desestimulando los esfuerzos por acceder a la educación como pilar de crecimiento social.'' Ponencia para primer debate ante Senado y Cámara, presentada por los Senadores O.I.Z. y J.P. y los Represenantes a la Cámara C.I.C., A.G., C.C.G., M.D. y M.A.. Gaceta del Congreso Año XI, No 444, 25 de octubre de 2002, pp. 35-36
Constitucionalidad de la restricción de vinculación a través de contrato de aprendizaje de personas que ya hayan estado o estén vinculadas laboralmente a una empresa
El artículo 35 de la Ley 789 de 2002 se refiere a la forma de seleccionar los aprendices a cuya vinculación está obligada la empresa Artículo 35. Selección de aprendices. La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semi-calificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del S..
Parágrafo. Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.. En el contrato de aprendizaje existe una cierta carga para el empleador al tener que vincular personas a las cuales deberá capacitar Artículo 33. Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz. (...) y de las que no podrá recibir el mismo grado de satisfacción de las necesidades de la empresa que el percibido de un trabajador ya capacitado. De no existir la prohibición cuestionada, se abriría la posibilidad de que, para cumplir la obligación de vincular a un determinado número de aprendices, el empleador desmejorara en su situación laboral a unos de sus trabajadores, lo cual liberaría a aquél de la carga de capacitación y le dejaría intactos los beneficios percibidos durante el proceso productivo, puesto que quien fuera trabajador ya tenía un rendimiento superior al de un aprendiz. Es decir, la Corporación evidencia que de no existir esta norma se abriría el camino para hacer fraude a la ley.
5.4. El otro fin legítimo desarrollado por la norma demandada es el de la promoción del empleo. Éste está señalado en el artículo 54 constitucional que afirma: ''(...) [e]l Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.(...)''. Si se contrata a un trabajador o a un extrabajador de la empresa se estará cerrando la puerta a otras personas que no han tenido siquiera la oportunidad de ingresar al mundo laboral y que requieren de una oportunidad para adquirir al menos una destreza o para practicar la que ya han adquirido en procesos de aprendizaje previos.
5.5. Por último, observa la Corte que a pesar de que, como señala el P., el artículo 54 constitucional - en el aparte que señala la obligación de brindar formación- no prevé ninguna excepción para tal carga, los derechos derivados de las obligaciones del Estado y particulares son susceptibles de limitaciones En la exposición de cómo la jurisprudencia constitucional ha considerado que los derechos constitucionales son susceptibles de ser limitados, en virtud de que ningún derecho es absoluto, la Sentencia C-916/02, M.M.J.C., la cual encontró que la indemnización de daños dentro del proceso penal no era un derecho absoluto, afirmó que la ''Sentencia C-150 de 1993, MP: F.M.D., al examinar la constitucionalidad de varias disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991 que regulaban el debido proceso en el proceso penal, la Corte reiteró que no existen derechos absolutos; C-355 de 1994, MP: A.B.C., al examinar la constitucionalidad de las limitaciones para el ejercicio profesional de la odontología, la Corte reiteró que no existían derechos absolutos; C-189 de 1994, MP: C.G.D., donde la Corte al examinar la libertad de fundar medios masivos de comunicación, reiteró que en un Estado Social de Derecho no existen derechos absolutos, pues ''el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad''; C-454 de 1993, MP: H.H.V., en donde la Corte señaló que el derecho a participar en política no era un derecho absoluto, pues la Constitución no autoriza a nadie alegar en su favor la existencia de un derecho para sacrificar el bien de todos; C-448 de 1998, MP: H.H.V., donde la Corte examina la constitucionalidad de una disposición que según el demandante afectaba el derecho político a elegir y a ser elegido, y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de los aspirantes a concejal del Distrito Capital y reitera la inexistencia de derechos absolutos; C-531 de 2000, MP: Á.T.G., donde la Corte examina los derechos de personas discapacitadas y señala: ''Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, que la legislación que favorezca a los discapacitados ''no consagra derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros'' (Sentencia T-427 de 1992, MP: E.C.M.); C-1172 de 2001, MP: A.B.S., donde la Corte examinó la constitucionalidad de una disposición que permitía la utilización por parte del Presidente de la República del servicio de televisión ''en cualquier momento y sin ninguna limitación'', y luego de reiterar que la Constitución no reconocía derechos absolutos, declaró que la expresión ''y sin ninguna limitación'' era contraria a la Carta Política, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.'' que estén acordes a los principios y valores del Estado social de derecho.
En ese sentido, por último, se hace importante recalcar que el artículo analizado no puede ser un instrumento para desvincular al trabajador y, posteriormente, vincularlo como aprendiz implicando esto un detrimento de condiciones laborales. Esto se desprende del tenor mismo de la disposición acusada, cuando dice que no se podrán contratar bajo la modalidad de aprendices quienes ''hayan estado... vinculados laboralmente [a la empresa]''
Por cuanto salve el voto en la sentencia C-038 de 2004 y en adición a lo anterior, los cargos presentados ahora no son idénticos a los que fueron objeto de decisión en la sentencia C-038 de 2004, por lo que no podía estarse a lo resuelto en esa sentencia. Por ejemplo, el argumento de que se puede percibir una remuneración inferior al salario mínimo no fue abordado en la sentencia C-038 de 2004.
De conformidad con los artículos 53 y 54 de la Constitución Política, los trabajadores tienen derecho a la capacitación y al adiestramiento necesario y porque es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer la formación, habilitación profesional y técnicas, a quienes lo requieran. En consecuencia, no es sólo un derecho de los trabajadores sino también un deber constitucional del Estado y de los patronos capacitarlos.
El juicio de igualdad, que hizo el demandante y el que finalmente hace a Corte es erróneo, por cuanto es necesario hacerlo no sólo en relación con la norma actual sino también en relación con la situación jurídica anterior, de haberse hecho así hubiera parecido claro que estas normas no son igualitarias; sino que acentúan las desigualdades, lo que hace a la norma regresiva en relación con el contexto anterior y esto la hace inconstitucional.
Debemos examinar brevemente la estructura de las reglas de distribución, antes de determinar lo que las convierte en igualitarias o desigualitarias. Tales reglas especifican, explícita o implícitamente, lo siguiente: 1) un beneficio (por ejemplo, un voto) o una carga (por ejemplo, un año de servicio militar) que se debe distribuir; 2) un grupo de referencia -es decir, una clase de personas a quienes se pretende aplicar la regla, definidas a menudo por una característica común (por ejemplo, todos los ciudadanos); 3) un grupo seleccionado; es decir, una subcategoría del grupo de referencia a quien se distribuye el beneficio o la carga (por ejemplo, todos los ciudadanos de determinada edad). O., F.E., Conceptos Políticos una reconstrucción, Edt. Tecnos, 1987, Pág. 78.
¿Admitir 400, de los 600 que hicieron la solicitud para entrar a la Universidad, es una política igualitaria o desigualitaria?; Depende: Si el año anterior fueron admitidos 300 de los 600 que hicieron la solicitud, admitir 400 incrementa la proporción del grupo seleccionado; en consecuencia, esta nueva política constituye una regla de distribución más igualitaria. Pero esta misma política es desigualitaria si anteriormente se admitió a 500 de los 600 que hicieron la solicitud. La Constitución francesa de 1791 era igualitaria no porque sustituyera nobleza, por propiedad, como criterio para conferir el derecho de voto, sino porque amplió el sufragio a un número mucho mayor de ciudadanos (o sea, a más de la mitad de todos los varones adultos que pagaban cierto número de impuestos). Respecto a esta situación histórica, la posterior introducción del sufragio universal constituyó de nuevo una redistribución igualitaria del derecho de voto. I., pág. 83 y 84.
SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS A.B.S., J.C.T.Y.C.I.V.H. EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-457 DE 11 DE MAYO DE 2004 (Expediente D-4896).
CONTRATO DE APRENDIZAJE-Exclusión de modalidad de contrato de trabajo/CONTRATO DE APRENDIZAJE-Privación de la naturaleza jurídica de ''salario'' la remuneración al aprendiz es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)
Es absolutamente claro que la exclusión del contrato de aprendizaje como una modalidad del contrato de trabajo para privar de la naturaleza jurídica de ''salario'' la remuneración al aprendiz que siéndolo no deja de ser por ello un trabajador, es manifiestamente contraria a la Constitución, pues desconoce de manera frontal el artículo 25 de la Constitución Política, así como las normas internacionales protectoras del trabajo en la modalidad de aprendizaje, aceptadas por la Organización Internacional del Trabajo, e incorporadas al ordenamiento jurídico interno por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política.
En la demanda con la cual se inició este proceso el actor impetró que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 30 (parcial), 31 (parágrafo) y 35 (parágrafo) de la Ley 789 de 2002.
En la Sentencia de la cual discrepamos se decidió estar a lo resuelto en la sentencia C-038 de 2004 en relación con la exequibilidad del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, por los cargos analizados en ella y, con respecto al parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, por la existencia de una cosa juzgada material.
Nuestra discrepancia en esta oportunidad radica, esencialmente, en la declaración de exequibilidad del artículo 30 de la ley 789 de 2002, por cuanto encontramos que mediante esa norma legal desaparece el contrato de aprendizaje como una modalidad específica del contrato de trabajo, pues simplemente se señala que el aprendiz recibirá formación teórico-práctica en una entidad autorizada, con el patrocinio de una empresa y que por ello recibirá ''un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario''; adicionalmente, se expresa que tal apoyo de sostenimiento ''en la fase lectiva'' será el ''equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente'' y que en la ''fase práctica será equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente'', a menos que la tasa de desempleo nacional sea inferior al 10% , ''caso en el cual será equivalente al 100% de un salario mínimo legal vigente''. Y como si lo anterior ya no fuera bastante, se dispone que ''en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva''.
Es absolutamente claro para los suscritos magistrados que la exclusión del contrato de aprendizaje como una modalidad del contrato de trabajo para privar de la naturaleza jurídica de ''salario'' la remuneración al aprendiz que siéndolo no deja de ser por ello un trabajador, es manifiestamente contraria a la Constitución, pues desconoce de manera frontal el artículo 25 de la Constitución Política, así como las normas internacionales protectoras del trabajo en la modalidad de aprendizaje, aceptadas por la Organización Internacional del Trabajo, e incorporadas al ordenamiento jurídico interno por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política.
Pero la inconstitucionalidad de la norma sube de punto en cuanto ella dispone que se excluye de la negociación colectiva y, en consecuencia no puede ser regulado por ella a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales ''el apoyo de sostenimiento mensual'' (que es salario) a los trabajadores que ejecutan su labor en desarrollo de un contrato de aprendizaje. Semejante disposición, además de violatoria de los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución, lo es también del artículo 55 de la Carta que de manera expresa garantiza el derecho de negociación colectiva para la regulación de las relaciones laborales.
En tales circunstancias, y por las mismas razones es también inexequible el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, no sólo porque reitera la denominación de ''apoyos de sostenimiento mensual'' para la remuneración que reciban los trabajadores vinculados mediante contrato de aprendizaje, sino también por cuanto desvirtuada de esa manera la relación jurídico laboral, se le hace producir efectos en el derecho colectivo cuando se ordena que ''en ningún caso'' los contratos de aprendizaje puedan ''ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva'', lo que significa que abierto el camino para privar de la categoría de contrato de trabajo a una modalidad del mismo, se sigue luego por el mismo sendero para impedir que sobre ese tipo de contrato se pueda ejercer el derecho de negociación colectiva que para la regulación de las relaciones laborales se garantiza por el artículo 55 de la Carta Política, decisión que no tiene justificación constitucional para formularse como excepción, pues la única que acompaña a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, es la supuesta inexistencia de relación laboral pese a que, ya se dijo, en ese aspecto es clara la inexequibilidad del artículo 30 de la misma ley, por las razones expresadas.
A.B.S. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Actor: J.W.G.E..
El accionante presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 parcial, 31 parágrafo único, y 35 parágrafo único, de la Ley 789 de 2002. A su juicio, el citado parágrafo único del artículo 35 es inconstitucional Se transcribe el texto objeto de acusación: ''Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a las mismas''. porque desconoce el derecho que le asiste a los trabajadores de tener la oportunidad de acceder a la formación profesional integral que imparten las instituciones autorizadas por el Estado para vincularse mediante la modalidad del contrato de aprendizaje.
En opinión de la Corte, el precepto normativo acusado es constitucional, no sólo porque a través del mismo se pueden evitar contrataciones en las que se contraríe el principio de primacía de la realidad sobre las formas, sino también porque se hace efectiva la finalidad del contrato de aprendizaje, ''la cual no consiste solamente en brindar formación académica, sino en dar oportunidades laborales a los sectores jóvenes que aún no se han podido ubicar en el mercado de trabajo''.
Contrario a lo resuelto por esta Corporación, considero que la norma acusada debió declararse exequible, bajo el entendido que aun cuando se persigue como fin constitucional válido evitar un fraude a la ley, puede el empleador acudir a los beneficios del contrato de aprendizaje con el propósito de capacitar a sus trabajadores, siempre y cuando las obligaciones salariales y prestacionales que surgen del contrato de trabajo se mantengan sin solución de continuidad.
A partir de la Sentencia C-038 de 2004, esta Corporación ha considerado que el contrato de aprendizaje no constituye una modalidad de contrato laboral. Por esta razón, se estima que los aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento que perciben no constituye salario. Adicionalmente, la subordinación se predica exclusivamente de las actividades propias del aprendizaje y no de una actividad material o inmaterial concreta y determinada.
Sin embargo, a pesar de compartir el razonamiento jurídico previamente expuesto y reiterado en el fallo del cual me aparto, considero que la norma acusada carece de un determinado ingrediente normativo o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, y que, precisamente, en razón de su omisión relativa, hace viable condicionar la exequibilidad de la norma Sobre ''omisiones constitucionales relativas'' se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: C-543 de 1996 (M.C.G.D., C-427 de 2000 (M.V.N.M., C-1549 de 2000 (M.S.M., C-185 de 2002 (M.R.E.G., etc. .
En efecto, el artículo 53 de la Constitución Política garantiza el derecho que le asiste a los trabajadores de obtener la debida capacitación y adiestramiento, en aras de adquirir los conocimientos suficientes que les permitan desarrollar sus labores en términos de idoneidad, calidad y profesionalidad. Para acreditar el cumplimiento de dicha obligación, el artículo 54 Superior le impone al Estado y, principalmente, a los empleadores el deber de ofrecer programas de formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.
La norma acusada, en los precisos términos en que fue declarada exequible, conduce a la imposibilidad de los empleadores de auxiliarse de los beneficios del contrato de aprendizaje, cuando se aspira a involucrar a los trabajadores activos de la empresa en procesos de formación profesional o técnica, cuyo fin sea mejorar la ejecución de las labores.
En este orden de ideas, si el ordenamiento jurídico ha creado el contrato de aprendizaje, como herramienta idónea para patrocinar el acceso de los trabajadores a la formación profesional productiva y útil para el mejor desempeño en el giro ordinario de las actividades de la empresa; es indiscutible que, la interpretación válida y armónica de la norma acusada, sin sacrificar los fines constitucionales relacionados en la Sentencia de la cual me aparto y el alcance de los artículos 53 y 54 del Texto Superior, conducía a reconocer la posibilidad de los empleadores acudir a los beneficios del contrato de aprendizaje con el propósito de capacitar a sus trabajadores, sujetando dicha modalidad de vinculación del derecho laboral Artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 1° del Decreto 933 de 2003. a la preservación de las condiciones propias del contrato laboral vigente.
Esto significa que un trabajador activo que por razones del servicio requiera formación profesional o técnica, puede beneficiarse de las condiciones propias del contrato de aprendizaje, tales como, acudir a cursos teóricos, adelantar prácticas empresariales y obtener un apoyo mensual de sostenimiento, por un término máximo de dos años, sin alterar las condiciones de su contrato de trabajo vigente.
Sentencia nº 25000-23-41-000-2013-00416-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 19 de Marzo de 2015
Providencia nº 54001110200020040050701 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 19 de Agosto de 2010

References: Artículo 30
 artículo 5

Artículo 35
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 39
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 35
 Artículo 35
 Artículo 33
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 25
 artículo 93
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 25
 artículo 93
 artículo 55
 artículo 31
 artículo 55
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 53
 artículo 54