Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00604-1998-AA.html
Timestamp: 2017-12-12 08:09:25+00:00

Document:
0604-1998-AA
EXP. N.º 604-98-AA/TC
EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO SANTA ELENA S.R.Ltda.
Recurso Extraordinario interpuesto por don Salomón Ñavincopa Chuquiyauri en representación de la Empresa de Transportes de Servicio Urbano e Interurbano Santa Elena S.R.Ltda., contra la Resolución de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas ciento treinta y cuatro, su fecha once de junio de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo.
El día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, la Empresa de Transportes de Servicios Urbano e Interurbano Santa Elena S.R.Ltda., representada por don Salomón Ñavincopa Chuquiyauri, interpone demanda de Acción de Amparo contra el Concejo Provincial de Huamanga y contra la Asociación de Transportes de Servicio Urbano Santa Elena, para que se deje sin efecto la Resolución Municipal N.º 204-98-MPH/A, del ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el extremo que los priva de poder continuar laborando en la concesión de la Ruta N.º 03 del servicio urbano, otorgándose la concesión a una asociación y no a una empresa, trasgrediendo el Decreto Supremo N­.º 012-95-MTC y violando su derecho constitucional a la libertad de trabajo.
La Municipalidad Provincial de Huamanga, representada por don Richard Jhon Jáuregui Zúñiga, contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, señalando que es atribución de la autoridad administrativa edil: regular el transporte urbano otorgando concesiones, normar y controlar el servicio de transporte de pasajeros dentro de su jurisdicción; que su representada otorgó la concesión provisional de ruta a la empresa accionante dentro de ese marco normativo municipal, y la resolución materia de la presente acción de garantía se ha emitido en el ejercicio pleno de la función edil.
La Asociación de Transportes de Servicio Urbano Santa Elena, representada por don Saúl Morote Zagastizábal, contesta la demanda solicitando que ésta sea declarada improcedente o infundada, por cuanto la resolución municipal materia de la presente acción de garantía no hace más que restituirle el derecho de concesión a la Ruta N.º 3, que le fuera conculcado al haberse estimado que su representada fue disuelta judicialmente, siendo que en realidad el órgano jurisdiccional declaró improcedente la demanda de disolución de asociación interpuesta por el representante de la empresa demandante.
El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga-Ayacucho, a fojas ciento once, con fecha once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, declaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso sumarísimo de amparo no es la vía idónea para impugnar las resoluciones administrativas como la cuestionada, que causan estado, pues tal reclamo debe efectuarse mediante el ejercicio del proceso contencioso-administrativo.
La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a fojas ciento treinta y cuatro, con fecha once de junio de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada que declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha acreditado en autos que se haya producido lesión en algún derecho fundamental que, en el caso de autos, sería la libertad de trabajo. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.
1. Que, por Decreto Legislativo N.º 651, ratificado por el Decreto Ley N.º 25457, se declara el libre acceso a las rutas del Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros, autorizado por los concejos provinciales, eliminándose, para tales efectos, todas las restricciones administrativas y legales, habiéndose reglamentado el dispositivo legal mencionado en primer orden por el Decreto Supremo N.º 12-95-MTC.
2. Que, si bien el artículo 8º del Decreto Supremo N.º 12-95-MTC establece que las concesiones serán otorgadas a empresas que cumplan los requisitos que éste exige, este mismo dispositivo legal, al referirse a ‘empresa’ como ‘titulares de la concesión’, no hace distinción entre una persona jurídica lucrativa y no lucrativa, más bien, en el literal b) de su artículo 1º, define ‘empresa’, como ‘la persona jurídica constituida conforme a ley, cuyo objeto es prestar servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros’.
3. Que, en este orden de ideas, y habiendo cuestionado la demandante que la concesión de la Ruta N.º 3 se debió otorgar a una empresa y no a una asociación, como lo es la codemandada, debe quedar claramente establecido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76º del Código Civil, la asociación es persona jurídica y, por tanto, con derecho a ser sujeto de otorgamiento de concesión de ruta de transporte.
4. Que la Resolución Municipal N.º 204-98-MPH/A, materia de la presente acción de garantía, que declaró fundado el Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación de Transporte de Servicio Urbano Santa Elena y, en consecuencia, nula y sin efecto la Resolución Municipal N.º 538-97-MPH/A que otorga en forma provisional a la Empresa de Transportes de Servicio Urbano e Interurbano Santa Elena S.R.L., la concesión de la Ruta N.º 03, para la explotación del servicio de transporte público de pasajeros, y vigente en todos sus extremos la Resolución Municipal N.º 438-95-MPH-CTM/A, que otorga a la Asociación de Transporte de Servicio Urbano, Ruta N.º 3, la concesión de servicio urbano de pasajeros, por el período de seis años, ha sido expedida de conformidad con lo establecido en el artículo 36º, inciso 8) de la Ley N.º 23853 Orgánica de Municipalidades, y, en el artículo 43º, inciso b) del Decreto Supremo N.º 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Abundan a favor de los considerandos de la Resolución Municipal mencionada en primer término, la fotocopia de la Resolución N.º 13 de fojas noventa a noventa y tres, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que revocando la sentencia expedida en el proceso que siguió don Salomón Ñavincopa Chuquiyauri contra la asociación codemandada sobre disolución de asociación, la declaró improcedente y, en segundo término, la fotocopia de la Resolución del ocho de setiembre de mil novecientos noventisiete, de fojas ochenta y nueve a noventa, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la persona antes mencionada, –en el proceso también citado–, las mismas que no han sido cuestionadas por la demandante.
5. Que, en consecuencia, al expedirse la Resolución Municipal materia de la presente acción de garantía, la Municipalidad Provincial de Huamanga la ha expedido dentro del marco normativo municipal correspondiente, no habiéndose acreditado que tal actuación de la autoridad municipal haya violado el derecho constitucional a la libertad de trabajo de la demandante.
REVOCANDO la Resolución de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas ciento treinta y cuatro, su fecha once de junio de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda, reformándola, declara INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 76
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 43
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