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Timestamp: 2019-11-20 19:23:21+00:00

Document:
N- tribunal primero civil, seccion primera - página 8
*030037470166LA*
Expediente:03-003747-0166.La.
Proceso:Ordinario Laboral.
Actor:Patricia Bohorquez Zapata.
Demandado:Antonio Alvarez Carvajal.
N° 190. TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil siete.-
Ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José por Patricia Francisca Bohorquez Zapata, mayor, soltera, vecina de Río Azul de Desamparados contra Antonio Alvarez Carvajal, de calidades que no constan en autos.-
Solicita la parte actora se condene al demandado a cancelarle lo correspondiente a: preaviso, cesantía, vacaciones, diferencias salariales y horas extras de toda la relación laboral, aguinaldo proporcional, salario en especie, salarios caídos a título de daños y perjuicios, intereses legales y ambas costas de esta acción.-
La parte contraria no contestó la demanda, a pesar de haber sido debidamente notificada a folio 8 y 9.-
El A-quo en sentencia de las trece horas tres minutos del veinticinco de octubre de dos mil cuatro, resolvió el asunto así: "Razones expuestas, enunciados legales invocados, fallo: Se declara parcialmente con lugar la presente demanda interpuesta por Patricia Francisca Bohorquez Zapata contra Antonio Alvarez Carvajal. Se condena al demandado a cancelarle a la reclamante por concepto de vacaciones proporcionales (trece días): la suma de ciento sesenta mil seiscientos treinta y siete colones con ochenta y ocho céntimos (¢160.637.88), por aguinaldo proporcional (nueve punto treinta y seis doceavos): la cantidad de doscientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho colones con treinta y tres céntimos (¢289.148.33), por diferencias salariales del veintiuno de agosto al treinta y uno de diciembre del año dos mil la cantidad de ciento setenta y siete mil ochocientos cuarenta colones (¢177.840.00), en el primer semestre del año dos mil uno la cantidad de doscientos setenta y siete mil trescientos ochenta colones (¢277.380.00), en el segundo semestre del año citado la suma de trescientos veintiséis mil quinientos veinte colones (¢326.520.00), en el primer semestre del año dos mil dos la cantidad de trescientos cuarenta y nueve mil veinte colones (¢349.020.00), en el segundo semestre del año citado la suma de trescientos ochenta mil ciento sesenta colones (¢380.160.00), en el primer semestre del año dos mil tres la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta colones (¢454.140.00), del primer de julio al veinte de setiembre del año mencionado la suma de doscientos un mil ochocientos cuarenta colones (¢201.840.00), para un total a pagar por este rubro de dos millones ciento sesenta y seis mil novecientos colones (¢2.166.900.00) y por concepto de horas extras (siete mil seiscientos noventa punto cero ocho): la cantidad de siete millones seiscientos treinta y un mil trescientos quince colones con treinta céntimos (¢7.631.315.30), suma que debe rebajarse a la cantidad de cinco millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y siete colones con cuarenta y cuatro céntimos (¢5.399.847.44), por motivo de que según se desprende de la ampliación de la demanda visible a folio 6 frente, la parte actora limito dicho extremo a esa cantidad. Por lo expuesto, la suma total a pagar por los estipendios antes dichos es ocho millones dieciséis mil quinientos treinta y tres con sesenta y cinco céntimos (¢8.016.533.65). Sobre el monto total de la condenatoria debe el accionado pagar a la actora, intereses legales a la tasa pasiva que tenga los certificados a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, desde la fecha del despido hasta el efectivo pago de las sumas concedidas mediante esta resolución de fondo. En lo demás se rechaza la demanda. Son ambas costas a cargo del accionado, fijándose las personales en un quince por ciento (15%) del total de la condenatoria. Se advierte a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d); Votos de la Sala Constitucional Números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda Número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999). Hágase Saber. "
Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación que contra la sentencia de primera instancia interpone la parte demandada.-
Redacta el Juez RODRÍGUEZ JIMÉNEZ; y,
Se aprueba la relación de hechos demostrados, que contiene la sentencia bajo estudio, por ser fiel reflejo del elenco probatorio incorporado a los autos.
La sentencia que conoce el Tribunal en alzada fue recurrida por el Apoderado de la demanda, quien formula expresión de agravios en el escrito de folio 20, los cuales podemos resumir como sigue: Dice el impugnante que, en este asunto, las mismas partes conciliaron en la vía de la Resolución Alterna de Conflictos; conciliación que se realizó ante autoridad competente, en la oficina del Centro de Resolución Alterna de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tal audiencia se celebró a las 8:50 hrs, del 20 de enero de 2004, y se adjunta el original de dicha acta, donde consta que se hizo el efectivo pago. Como bien lo expresa el acta, el arreglo tiene autoridad de cosa juzgada material, por lo que solicita se tenga definitivamente resuelto este asunto y se declare la existencia de la defensa de cosa juzgada.
Estudiados los agravios expuestos, en conciencia, conforme lo ordena el artículo 493 del Código de Trabajo, estima el Tribunal, que lleva parcialmente razón el apelante en los agravios invocados. No se discute la existencia de la relación laboral que unió a las partes. Tampoco existe controversia sobre lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley del RAC, que le otorga el rango de eficacia de cosa juzgada material a los acuerdos a que lleguen las partes sobre determinados extremos, y en caso de incumplimiento, tal acuerdo puede ser ejecutado en la vía de ejecución del fallo. El punto medular de este asunto se centra en determinar, si lo pedido en vía judicial, guarda coherencia con el convenio al que arribaron las partes en el Ministerio de Trabajo. Por resolución RAC 2291-11-2003, de las 8:50 hrs, de 20 de enero de 2004, las partes llevaron a cabo la audiencia conciliatoria a fin de dirimir las diferencias sobre las pretensiones de vacaciones, aguinaldo, diferencia de salarios, y subsidio por incapacidad. Por la suma de ciento cincuenta mil colones, la actora aceptó se diera por concluido ese asunto, pero por los extremos consignados en dicha acta, así se indica en el punto segundo, el cual transcribimos. "La señora Patricia Francisca Bohórquez Zapata, acepta los términos del presente acuerdo conciliatorio y por ende da por terminada en forma definitiva cualquier acción de cobro sobre los extremos objeto de la presente acción conciliatoria (...)". Queda claro entonces que la demandante concilió sobre los extremos de vacaciones, aguinaldo, diferencia salarial y subsidio por incapacidad. En el escrito inicial de demanda, además de los anteriores extremos petitorios, la actora solicitó el pago de horas extras, extremo del que nunca otorgó consentimiento para conciliar. Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre el Instituto de la Cosa Juzgada y aunque en este asunto se trata de un acuerdo conciliatorio, este tiene la eficacia de la cosa juzgada material, que no podría modificarse por ulterior sentencia. La cosa juzgada, tiene rango constitucional. Lo encontramos en el artículo 42 de la Constitución Política. Reza dicho numeral: "Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por un mismo hecho punible. Se prohibe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión. (sic) De acuerdo a Couture, podemos definir la cosa juzgada, como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. (Couture, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, 1.990, p.401). En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: "En lo que atañe a la cosa juzgada, comporta la irrevocabilidad del mandato que contiene toda sentencia. Este mandato es inmutable por razones de utilidad política y social, y se da cuando el proceso ha llegado a su conclusión con una preclusión de las impugnaciones contra la sentencia pronunciada, evitándose la posibilidad de que el caso decidido sea nuevamente examinado y juzgado. La cosa juzgada tiene como fundamento constitucional y político el valor de la seguridad jurídica, permitiendo que en determinado momento se dé por solucionado un conflicto, prohibiendo su reproducción en el futuro para que no implique una perturbación a la paz social… (sic. Voto 6829-93, Sala Constitucional)". De acuerdo a las citas transcritas una sentencia firme no es posible modificarla, ni someterla nuevamente a debate, por cobijarla la loza sepulcral de la cosa juzgada. Que dicho sea de paso, la cosa juzgada es un elemento integrante del debido proceso, por ser una garantía de seguridad jurídica que impide que por un proceso posterior se altere el contenido de lo resuelto por pronunciamiento definitivo sobre el fondo de una causa, porque la firmeza de la sentencia, trae como consecuencia la inmutabilidad de lo resuelto, que se produce fundamentalmente por la no interposición en tiempo de los recursos autorizados por la ley o porque se resolvieron los recursos planteados agotándose en alzada. Al respecto, resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 162 y siguientes del Código Procesal Civil, por mandato del artículo 452 del Código de Trabajo. Establece en lo que interesa, el artículo 162 citado: Los efectos de la cosa juzgada material, se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus fundamentos, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la no existencia de la relación jurídica, que ella declara. Por su parte, señala el artículo 163 ibídem, que para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en relación con otro proceso, será necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la causa. Corolario de lo expuesto, podemos afirmar, que los efectos de la cosa juzgada se aplican en todas las materias, incluida la laboral. Sobre ese particular, se ha pronunciado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia N° 89, de 10:00 hrs, de 23 de abril de 1993, y en lo que interesa dijo: "En lo que no le asiste la razón, a la parte recurrente, es en cuanto ataca la sentencia porque le da efectos de cosa juzgada material, lo que no puede darse en el ámbito laboral. El argumento carece de sustento jurídico, porque cosa juzgada, es lo decidido, lo que ha sido materia de decisión judicial. Si un fallo judicial ha adquirido firmeza tiene carácter definitivo, tiene autoridad de cosa juzgada y, lo resuelto, no puede ser sometido de nuevo a debate, porque se trata de una sentencia firme y eficaz y, como tal, inimpugnable e inmutable, con atributos de coercibilidad. Lo de inmutable, consiste en que en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad, podrá alterar los términos de la sentencia, basada en autoridad de cosa juzgada. Debe quedar claro que son aplicables los efectos de la cosa juzgada a todas las materias, porque significa el fin del proceso, de todo proceso judicial donde se dicten sentencias, con carácter de cosa juzgada material."
De acuerdo a las guías doctrinales y jurisprudenciales transcritas, el Tribunal no podría modificar el acuerdo conciliatorio, respecto de lo resuelto por vacaciones, aguinaldo, diferencia de salarios, por existir identidad de partes, objeto (mismas pretensiones) y causa. Sobre ellos, la excepción opuesta de cosa juzgada debe acogerse. Pero debe quedar claro, que en sede administrativa no se discutió, no se concilió sobre las horas extras reclamadas, por lo que no existe en este asunto identidad de objeto. Tampoco en el recurso de apelación la parte demandada presentó objeción sobre ellas, es decir, no expresó agravios, no brindó razones de hecho o de derecho para denegar esa pretensión. En ese sentido, el Tribunal no podría pronunciarse sobre las horas extras, pues tal y como lo ha resuelto ésta Cámara en reiteradas oportunidades, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso C del artículo 501 del Código de Trabajo, las partes que hayan apelado la sentencia, están obligadas a expresar en forma clara y precisa, los motivos de hecho o de derecho en los cuales apoyan su inconformidad. Ello significa, que no solo el libelo de apelación debe contener los agravios del recurrente, sino que son los únicos reproches, que sirven de fundamento al Tribunal, para conocer en alzada de la sentencia dictada. Sobre el particular, se ha dicho, que los motivos de agravio contra la sentencia de primera instancia, deben ser expresados conjuntamente con el recurso de apelación interpuesto, pues esta norma establece claramente, que el expediente no se enviará al Superior, aunque los interesados hubieran apelado, sino un día después de transcurrido el término de tres días para apelar, con el objeto de que los recurrentes tengan tiempo de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia, los motivos de hecho o de derecho en que apoyan su inconformidad, para poder lograr el conocimiento del Superior y una posible enmienda total o parcial del fallo. Lo anterior significa incluso, que existe la posibilidad de declarar mal admitido el recurso de apelación interpuesto, sino reúne las exigencias apuntadas. En apoyo de lo anterior puede consultarse la jurisprudencia emanada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en voto Nº 55, de 10:45 hrs, de 12 de enero de 2000, en donde se indicó: "era obligación ineludible de la accionada motivar su recurso, ante el Juzgado, en el momento de apelar o dentro del plazo conferido para tal efecto (tres días a partir de la notificación del fallo de primera instancia), lo cual no hizo, por lo que ni siquiera debió resolver favorablemente la admisión del recurso de apelación, pues no le queda otro momento procesal para suplir esa omisión." En igual sentido y de la misma Sala pueden consultarse los votos 99, de 16:10 hrs, de 7 de octubre de 1999, la 942, de 10:40 hrs, de 10 de noviembre de 2000. También la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en esa dirección. Al respecto puede consultarse el voto 1306, de 16:27 hrs, de 23 de febrero de 1999, el cual resulta vinculante por disposición del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A lo anterior, debe agregarse, que el recurso fija la competencia del Tribunal. Es decir, no podríamos entrar a valorar otros aspectos que no sean los expuestos en el escrito de apelación. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto supracitado anuló parcialmente el párrafo cuarto del artículo 502 del Código Laboral, debiendo leerse en lo sucesivo como sigue: Dicho tribunal podrá confirmar, enmendar, o revocar, parcial o totalmente lo resuelto por el juez siempre que forme parte de lo apelado y en el sentido que haya apelado la parte. En consecuencia, debe revocarse parcialmente la resolución recurrida sobre los extremos de vacaciones, aguinaldo, diferencia de salarios, acogiéndose respecto de ellos la excepción de cosa juzgada. Con relación al subsidio por incapacidad, tal extremo no fue solicitado en la demanda, por ello se omite cualquier referencia sobre éste. En todo lo demás, se debe impartir confirmatoria al fallo recurrido, por no haber sido objeto de impugnación.
En la tramitación de este asunto, no se observan defectos u omisiones capaces de causar nulidades e indefensión a las partes. Se revoca parcialmente la resolución recurrida. Se rechaza los extremos de vacaciones, aguinaldo y diferencia de salarios de toda la relación laboral. Respecto de ellos, se acoge la excepción de cosa juzgada. En todo lo demás, se confirma el fallo recurrido.
OSCAR UGALDE MIRANDA
ALVARO MOYA ARIAS NELSON RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 26/3/2013 2:01:08 PM

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 493
 artículo 9
 resolución 
 artículo 42
 artículo 452
 artículo 162
 artículo 163
 artículo 501
 artículo 13
 artículo 502
 resolución 
 resolución