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Timestamp: 2019-03-24 09:05:29+00:00

Document:
as20151L537
AUTO SUPREMO Nº 537/2015-RRC-L
Sucre, 26 de agosto de 2015
Expediente : Potosí 49/2010
Parte Imputada : Manuel Mamani Soto
Delitos : Lesiones Graves y otros
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2010, cursante de fs. 131 a 134, Manuel Mamani Soto, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 34/2010 de 27 de agosto, de fs. 123 a 125, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Normando César Mejía Ventura, Marcos Leoncio Mejía Ventura y Froilán Mejía Mamani contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Gravísimas con Agravante, Lesiones Graves y Asesinato en Grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 270 inc. 3) con relación al 272, 271 y 252 incs. 2), 3) y 7) con relación al art. 8, del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 3/2010 de 4 de mayo (fs. 222 a 234 vta.), el Tribunal de Sentencia de Tupiza, Provincia Nor y Sud Chicas del Distrito Judicial de Potosí declaró a Manuel Mamani Soto, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 3) con Agravante del art. 272 en relación al art. 252 incs. 2) y 3) del CP, condenándole a la pena de seis años de reclusión, más costas a favor del Estado y la acusación particular; asimismo, absolvió por los delitos de Lesiones Graves y Asesinato en Grado de Tentativa, tipificados en los arts. 271 inc. 1) y 252 en relación al art. 8 del CP.
b) Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 242 a 244), resuelto por Auto de Vista 34/2010 de 27 de agosto (fs. 123 a 125), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que admitió y declaró improcedente el citado recurso y confirmó parcialmente la Sentencia, modificando la misma solamente en la determinación de la pena, a diez años y seis meses de privación de libertad, manteniéndose en lo demás el fallo del inferior.
I.1.1. Motivo de recurso
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 271/2015-RA-L de 3 de junio, se extrae el motivo admitido por este Tribunal por flexibilización, a ser analizado en la presente Resolución; sobre el cuál, se circunscribirá el siguiente análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el cual, el recurrente denuncia lo siguiente:
El Auto de Vista impugnado agravó su situación jurídica, bajo un cómputo erróneo e infundado de la pena, apartándose de lo prescrito por el art. 400 del CPP y del principio de favorabilidad; omisión que provoca defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP.
El recurrente solicita que una vez constatados los preceptos contradictorios, anule el Auto de Vista 34/2010 pronunciado por la Sala Penal Segunda, ordenando la celebración de un nuevo juicio por otro Tribunal de Sentencia.
Mediante Auto Supremo 271/2015-RA-L, de fs. 142 a 144 vta., este Tribunal admitió uno de los motivos denunciados en el recurso de casación presentado por Manuel Mamani Soto, para su análisis de fondo.
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo que sigue:
El Tribunal de Sentencia de Tupiza, provincia Nor y Sud Chicas del Distrito Judicial de Potosí, dictó la Sentencia 3/2010 de 4 de mayo, por la que declaró al imputado Manuel Mamani Soto, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 3) con Agravante del art. 272 en relación al art. 252 incs. 2) y 3) del CP, condenándole a la pena de seis años de reclusión, más costas a favor del Estado y la acusación particular; asimismo, absolvió por los delitos de Lesiones Graves y Asesinato en Grado de Tentativa, tipificados en los arts. 271 inc. 1) y 252 en relación al art. 8 del CP; de acuerdo a los siguientes fundamentos:
a) Se demostró que el lesionado recibió un impedimento de ciento ochenta y seis días en total, convirtiendo las Lesiones en Gravísimas, como tipifica el art. 270 inc. 3) del CP, y que en los hechos concurrió el ensañamiento establecido en el art. 252 inc. 3) del citado cuerpo legal, porque al tener a su víctima en el suelo, privada de defensa, el imputado Manuel Mamani Soto siguió emprendiendo patadas en su cabeza, con total ensañamiento, para causar un daño mayor y hacer sufrir más a la víctima. Por lo que existe agravación del art. 272 con relación al 252 inc. 3), ambos del CP.
b) Establecida la culpabilidad del imputado, se impone la pena para el delito de Lesiones Gravísimas, comprendida entre dos y ocho años de privación de libertad (art. 270 del CP), más la agravación contenida en el art. 272 del citado sustantivo penal, que determina que se puede aumentar en la tercera parte al mínimo o al máximo. Por las circunstancias de los hechos, los motivos que concurrieron, el Tribunal de Sentencia toma la determinación de aumentar al mínimo, por lo que, la pena queda comprendida entre dos y siete meses como mínimo y ocho años al máximo, entonces, el término medio sería seis años y seis meses.
Como atenuante considera la inexistencia de antecedentes anteriores del imputado, conforme se evidencia de los certificados de buen comportamiento, otorgados por el Regimiento Chichas “7 de Caballería” en su permanencia en el cuartel y la inexistencia de antecedentes policiales, así como su edad, porque su juventud le impulsó a obrar sin reparar adecuadamente en sus consecuencias.
Como agravantes, la forma de la comisión del hecho, falta de apego al respeto de la integridad de las personas, pues para dar rienda suelta a su violencia, golpeó y empujó a tres personas e increpó a su conviviente, con quien ya no tenía relación de pareja, y no prestó ningún auxilio a su víctima y menos demostró arrepentimiento por sus actos, en ningún momento, conociendo que estaba lesionada y que realizó muchos gastos en su curación, no canceló monto alguno para reparar su falta.
Por ello, analizando a su favor, mayores elementos de atenuación, el Tribunal en común acuerdo, fijó en seis años, el tiempo de condena que deberá cumplir en la carceleta de la ciudad de Tupiza, por tener en ese lugar, cercana a su familia.
II.2. Del recurso de apelación restringida de la acusadora.
El imputado Manuel Mamani Soto planteó recurso de apelación restringida (fs. 242 a 244) contra la Sentencia 3/2010 de 4 de mayo, bajo los siguientes argumentos relativos al motivo admitido por este Tribunal:
1) El elemento que según el Tribunal de juicio, constituye agravante de la pena, sería el supuesto ensañamiento y la alevosía, sobre los cuáles, no se analizan ni fundamentan en la Sentencia impugnada, más aún si la alevosía, como una figura agravante contiene presupuestos legales como el acechamiento y la sorpresa del autor a la víctima, y en el caso concreto, ninguno de sus acusadores probó esos aspectos.
2) Las agravantes de la pena impuesta por los delitos acusados, nunca fueron probadas por las acusaciones, por lo que considera haber participado en el juicio en desigualdad de condiciones.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el imputado Manuel Mamani Soto, emitiendo el Auto de Vista 34/2010 de 27 de agosto, declarándole improcedente y en consecuencia confirmó la Sentencia impugnada, modificando la misma, solamente en la determinación de la pena, sancionando al acusado a cumplir la pena de privación de libertad de diez años y seis meses. Con costas, de acuerdo a los siguientes argumentos:
Se llegó a demostrar el ensañamiento y la alevosía en la conducta desplegada por el imputado; sin embargo, en la determinación de la pena, el Tribunal recurrido lo sanciona con una pena inferior a la máxima, prevista para el delito de Lesiones Gravísimas, a seis años, cuando correspondía sobre la base del máximo de la pena prevista en el art. 270 del CP (ocho años), incrementar en un tercio del máximo o del mínimo; en el presente caso, por la gravedad del hecho, corresponde, según el criterio del Tribunal de apelación, agravar la misma con un tercio del máximo establecido; es decir, a ocho años, tal como prevé el art. 270 del CP, con dos años y seis meses; en consecuencia, al amparo de lo previsto por los arts. 413 última parte y 414 del CPP, y no siendo necesaria la realización de un nuevo juicio para corregir un error deslizado en la dosificación de la pena, corresponde reparar ese aspecto directamente.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación, se analizará el agravio admitido en el Auto Supremo 271/2015-RA-L de 3 de junio; en el cual el recurrente denunció que el Auto de Vista le agravó su situación jurídica, bajo un cómputo erróneo e infundado de la pena, apartándose de lo previsto por el art. 400 del CPP y del principio de favorabilidad. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si el extremo denunciado es evidente y si constituye vulneración de derechos fundamentales, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.
III.1. Principio de la prohibición de reforma en perjuicio (Non reformatio in peius).
El principio procesal de “non reforma in peius”, constituye una verdadera garantía procesal que limita o prohíbe al Tribunal de alzada, modificar o reformar la Resolución recurrida en perjuicio del propio imputado, agravando su situación, cuando resulta ser, que éste fue el único que interpuso el recurso de apelación; por ejemplo, en cuanto a la especie o cantidad de la pena ni a los beneficios concedidos como la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial; también, podrá decirse con relación a la calificación del delito que su inmodificabilidad estaría comprendida siempre que a la nueva calificación le corresponda necesariamente una pena superior a la impuesta inicialmente (por el Juez o Tribunal de Sentencia en los juicios orales y públicos; o, por el Juez de Instrucción al sentenciar conforme el procedimiento abreviado), o prive al imputado de los beneficios otorgados como consecuencia de la anterior calificación.
Este principio se encuentra consagrado en el art. 400 del CPP, cuyo mandato dispone que: “Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio”. Estableciendo a continuación una excepción en el siguiente sentido: “Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aun en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas”.
De modo tal, que la apelación de un fallo o Resolución realizada sólo por el imputado o su defensor, conlleva la idea de aceptación o conformidad de las demás partes del proceso, es decir, del fiscal, la víctima y del acusador particular, quienes no ejercieron de manera oportuna el derecho de recurrir, operando en su contra la caducidad y preclusión.
En contrario a lo señalado, si es que algún otro sujeto procesal (víctima, querellante o Ministerio Público), impugna la Resolución de mérito, incluso en forma simultánea con el imputado o su defensor, entonces sin duda, será posible la modificación del fallo primigenio, aún en perjuicio del imputado, en cuyo caso, no podrá sostenerse la existencia de vulneración al principio de la prohibición de la non reformatio in peius.
En cuanto a la finalidad de este principio, consiste en que no se debe impedir el derecho del imputado de recurrir un fallo ante otra instancia judicial, por la preocupación de que se empeore su situación legal a raíz del uso de un recurso; o dicho de otro modo, el ejercicio del derecho a recurrir debe excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, como consecuencia de dicho ejercicio, un perjuicio en su situación.
Sobre el desarrollo del mismo, el Auto Supremo 197/2013-RRC de 25 de julio, estableció lo siguiente: “Un aspecto a destacar inicialmente es que el principio de la prohibición de la reformatio in peius, se constituye en una expresión del debido proceso, consagrado este último como derecho, garantía y principio, por los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado, en el entendido de que el debido proceso es utilizado para amparar derechos no expresamente reconocidos en otros apartados en la Ley fundamental, pues conforme sostiene San Martín Castro en su obra Derecho Procesal Penal Volumen I, esta garantía constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria -orgánica y procesal- en cuanto ellas sean concordes con el fin de justicia a que está destinado la tramitación de un caso judicial penal. En cuanto a la finalidad de este principio, consiste en que no se debe impedir el derecho del imputado de recurrir un fallo ante otra instancia judicial, por la preocupación de que se empeore su situación legal a raíz del uso de un recurso o dicho de otro modo el ejercicio del derecho a recurrir debe excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, como consecuencia de dicho ejercicio, un perjuicio en su situación.
Este principio, que significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona, autorizada por la ley en su favor (como la situación prevista por el art. 109 del CPP), se halla regulado en el art. 400 del CPP, que al referirse a la ‘reforma en perjuicio’, señala que cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio; añadiendo que los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas.
Considerando todo lo expuesto precedentemente, se tiene en consecuencia que en el supuesto de que en el proceso penal, una determinada resolución judicial haya sido impugnada únicamente por el imputado o su defensor, la resolución no puede ser modificada en su perjuicio; por ejemplo, en cuanto a la especie o cantidad de la pena ni a los beneficios concedidos como la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial; también podrá decirse con relación a la calificación del delito que su inmodificabilidad estaría comprendida siempre que a la nueva calificación le corresponda necesariamente una pena superior a la impuesta inicialmente (por el Juez o Tribunal de Sentencia en los juicios orales y públicos; o, por el Juez de Instrucción al sentenciar conforme el procedimiento abreviado), o prive al imputado de los beneficios otorgados como consecuencia de la anterior calificación.
En cambio, si algún otro sujeto procesal (víctima, querellante o Ministerio Público), impugna la resolución incluso en forma simultánea con el imputado o su defensor, es posible la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, en cuyo caso no podrá sostenerse la existencia de vulneración al principio de la prohibición de la reformatio in peius”.
En la especie, el recurrente alega que el Tribunal de alzada agravó su situación jurídica, bajo un cómputo erróneo e infundado de la pena, apartándose de lo prescrito por el art. 400 del CPP y del principio de favorabilidad, omisión que a criterio del recurrente provoca defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP.
A efectos evidenciar lo denunciado por el recurrente, conviene revisar los actuados procesales cursantes en el cuaderno procesal; de donde se constata que la Sentencia dictada contra el imputado, resolvió declararlo autor y culpable del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 3), con la agravante contenida en el art. 272 en relación al art. 252 incs. 2) y 3) del CP, condenándolo a cumplir la pena privativa de libertad seis años de reclusión a cumplirse en la cárcel de la localidad de Tupiza.
El establecimiento de la pena fue fundamentada en el fallo de mérito, de manera independiente, en sentido que por el delito de Lesiones, la misma se encuentra establecida entre dos y ocho años de privación de libertad (art. 270 del CP); y la agravación contenida en el art. 272 del mismo cuerpo legal dispone que se puede aumentar en la tercera parte al mínimo o al máximo, alegando que por las circunstancias de los hechos, los motivos que concurrieron, el Tribunal de Sentencia tomó la determinación de aumentar al mínimo, por lo que, la pena quedó comprendida entre dos años y siete meses como mínimo y ocho años el máximo. Estableciendo el término medio, en seis años y seis meses.
A continuación realizó un detalle sobre las atenuantes y agravantes, considerando con relación a las primeras, la inexistencia de antecedentes anteriores, tampoco de antecedentes policiales y su edad de joven impulsivo; y respecto a las segundas, que para dar rienda suelta a su violencia, golpeó y empujó a tres personas más e increpó a su ex conviviente, y no haber prestado ningún auxilio a su víctima y menos aún demostrado arrepentimiento por su actos en ningún momento; puesto que conociendo que estaba lesionado, realizó muchos gastos en su curación, no canceló monto alguno para reparar su falta; para finalmente concluir que analizando en su favor, mayores elementos de atenuación, el Tribunal de común acuerdo, fijó la pena en seis años de reclusión.
Ahora bien, contra la citada Resolución, se tiene que el imputado Manuel Mamani Soto interpuso recurso de apelación restringida, reclamando entre otros aspectos, que las agravantes de la pena impuesta por el delito acusado, nunca fueron probadas por las acusaciones.
A estas alturas del análisis corresponde señalar que el único sujeto procesal que hizo uso del medio impugnaticio, como es el recurso de apelación restringida, resulta ser, como se demostró, el imputado Manuel Mamani Soto; no existiendo ninguna otra impugnación que hubiera sido activada por parte del acusador particular y menos por el Ministerio Público; lo que demuestra su conformidad con la Sentencia y las determinaciones insertas en la misma, entre ellas, lógicamente, la imposición de la pena.
En respuesta a dicha impugnación, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 34/2010 de 27 de agosto; por el cual, entre otras determinaciones, estableció que el establecimiento de la pena fue determinado por el Tribunal de Sentencia, con un quantum inferior al máximo previsto para el delito de Lesiones Gravísimas, por cuanto, a su criterio, se sancionó al acusado con seis años de reclusión, cuando correspondía computar sobre la base del máximo de la pena prevista por el art. 270 del CP (ocho años), e incrementar en un tercio del máximo o del mínimo; en el caso específicamente, por la gravedad del hecho, correspondía agravar la pena con un tercio del máximo establecido, es decir, agravarla a su máximo de ocho años previsto por el art. 270 del CP, con dos años y seis meses, corrigiendo el supuesto error deslizado en la Sentencia, quedando la misma finalmente, establecida en diez años y seis meses; denotando sin duda alguna, que agravó la situación jurídica del acusado, al haberle incrementado el tiempo de la pena, de seis años a diez años y seis meses.
En consecuencia, el hecho de haber incrementado el Tribunal de alzada, el quantum de la pena, demuestra que actuó en contra de la prohibición de la reforma en perjuicio, prevista por el art. 400 del CPP, puesto que no tomó en consideración que el recurso de apelación restringida fue interpuesto única y exclusivamente por el imputado, y no así por los otros sujetos procesales, vulnerando las normas previstas en las disposiciones contenidas en los arts. 115.II, 117.I y 180.II de la CPE, que garantizan el efectivo ejercicio de derecho de impugnación, a cuyo fin el legislador, en concordancia con las referidas disposiciones, prevé en el art. 400.I del CPP, que “Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio”.
Por lo señalado, al ser el ahora recurrente el único apelante, los medios impugnaticios tienen carácter de medio de defensa; por lo tanto, el Tribunal de alzada, al agravar la situación del impugnante, mutando la pena de seis años de reclusión a diez años y seis meses, denota que no actuó dentro del límite establecido por los arts. 400 parágrafo primero y 413 parágrafo tercero de la norma adjetiva penal, y vulneró derechos fundamentales tales como el debido proceso y la seguridad jurídica, por violación del principio “Non Reformatio In Peius”; siendo insostenibles los argumentos del Auto de Vista, en sentido que el Tribunal juzgador incurrió en un simple error, deslizado en la Sentencia y pretendiendo modificar conforme al nuevo cómputo que desarrolla, sin tener presente que la prohibición de reforma en perjuicio, sería viable únicamente, en caso de que los demás sujetos procesales, hubieran planteado recurso de apelación restringida y sea a la par del recurso del imputado o solamente por su parte. Por lo que corresponde declarar el motivo fundado, al evidenciarse la vulneración del principio de favorabilidad denunciado por el recurrente.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 34 de 27 de agosto de 2010, de fs. 123 a 125 y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin espera de turno y previa notificación a las partes, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal explicada en los fundamentos precedentes. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y jueces en materia penal de su jurisdicción.

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