Source: http://www.jaeckelmontoya.com/2017/02/28/la-deslealtad-en-la-competencia-desleal/
Timestamp: 2018-08-16 07:52:43+00:00

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Por: Jorge Jaeckel Kovács – Claudia Montoya Naranjo
1 – El bien jurídico tutelado por las normas sobre competencia desleal
Tal como su nombre lo indica, las normas sobre competencia desleal buscan preservar la lealtad en los mecanismos que se utilizan para competir en el mercado, lo cual conduce a que la competencia en el mercado sea libre, gracias a que a través de la represión de los actos de competencia desleal se consigue “la preservación de un mercado transparente”. 1
Lo anterior se refleja en el artículo 1o de la Ley 256 de 1996, que establece que “[s]in perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal (…)”, con lo que el legislador es claro en determinar que, independientemente de que una conducta pueda ser violatoria de una norma distinta a la propia Ley 256 de 1996, si la conducta analizada corresponde a un acto de competencia que es calificable como desleal, la conducta sea catalogada como de competencia desleal.
Ahora bien, para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia y que ese acto sea calificable como desleal. “Si la competencia que se desarrolla no es desleal, no habrá lugar a descalificar la conducta, lo cual tampoco sucederá si la conducta es desleal, pero no corresponde a un acto de competencia.”2
Siendo indispensable que la conducta que se cuestiona sea un acto de competencia, el mismo debe tener una “finalidad concurrencial”3, es decir, debe ser un acto con el que se accede a una clientela. En este sentido, la clientela se puede atraer mediante la oferta de un producto nuevo, proveyendo un producto en un mercado monopólico o, como suele ser lo usual, desviando la clientela de un competidor y atrayéndola hacia la oferta propia.
Así las cosas, “la competencia desleal evalúa los medios empleados para competir y atraer la clientela, más no la finalidad de desviación de la misma, pues como se ha dicho, la intención de desviar la clientela ajena es un fin lícito que informa en buena medida al comercio y a la economía.”4
En consecuencia, no cabe duda que el bien jurídico tutelado por la competencia desleal es precisamente la lealtad que debe revestir a los medios empleados para competir en pro de la libertad de competencia, por lo cual si esa lealtad se infringe, independientemente de que también se infrinjan otras disposiciones, la conducta será constitutiva de competencia desleal.
2 Las presunciones contenidas en las conductas enunciadas en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996
Siendo claro que el bien jurídico que tutela la competencia desleal es la lealtad en el mercado, es forzoso concluir que el elemento común que se debe presentar en todas las conductas que se describen en la ley es la deslealtad, pues si ello no fuera así, dichas conductas no habrían sido previstas dentro de la ley de competencia desleal.
Ahora bien, dado que la competencia desleal es una regulación del comercio y teniendo en cuenta que una de las principales características de los mercados es su dinamismo, para el legislador es imposible anticipar en una ley todas las conductas que en el futuro puedan existir y puedan ser desleales. Como consecuencia de lo anterior, el legislador colombiano, a tono con la tendencia mundial, en forma acertada estableció en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996 una cláusula general que contiene la noción de deslealtad que desarrolla la ley y en los artículos 8 a 19 una serie de ejemplos de conductas que suelen ser desleales.
Así, la ley, “a partir de la observación de lo que comúnmente sucede y que permite prever unas mismas consecuencias de unos mismos hechos o actitudes semejantes de iguales situaciones”5, concluye que cuando quiera que se presentan los supuestos de hecho contenidos en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996, normalmente el actuar de quien incurre en dichos conductas es desleal, creando de esta forma verdaderas presunciones legales de deslealtad.
Es de anotar que el hecho de que en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 no se utilice la expresión “se presume”, no desvirtúa el que dichas normas hayan establecido presunciones legales, pues conforme al artículo 66 del Código Civil, los artículos citados establecen en cada uno de ellos el hecho conocido (por ejemplo, confusión, engaño, descrédito, desorganización) del cual se sigue la consecuencia presumida por la misma norma, es decir la deslealtad.
El que el legislador haya establecido en los artículos 8 a 19 una serie enunciativa de presunciones legales de deslealtad, trae consigo dos consecuencias importantes como son:
1. Hace que la deslealtad sea un elemento que “se irradia y se encuentra incurs[o] en la esencia de todos los casos que contemplan los artículos 8 a 19, siendo apenas obvio, por no decir necesario, que cada vez que se infrinja una de esas disposiciones, se infrinja también el articulo 7, sin que haya una sóla norma que impida que se apliquen simultáneamente las dos disposiciones que se consideran transgredidas, si así lo solicita el accionante”6; y además
2. Invierte la carga de probar la deslealtad de la conducta, de tal forma que estará a cargo del demandante probar los supuestos previstos en el hecho base de la presunción y el demandado tendrá la posibilidad de desvirtuar el hecho presumido, probando que a pesar de que los supuestos que conforman el hecho base se presentan, de todas formas su actuar no fue desleal.
La fijación de presunciones legales en los artículos 9 a 18 de la Ley 256 de 1996 es acorde con la realidad del mercado, pues como lo ha sostenido el Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio7, pueden existir comportamientos que generen los efectos previstos en la norma, pero que a pesar de ello no sean desleales, sino efectos naturales de la competencia en el mercado. Así, por ejemplo, un acto que realiza un participante en el mercado puede generar desorganización en la empresa de un competidor y a pesar de ello no ser desleal; al igual que una persona puede mencionar en su publicidad la compatibilidad de sus productos con los de un tercero, y en sentido estricto aprovechar su reputación, pero si tal mención no es a título de marca, el acto no será desleal.
De igual forma, el hecho de que los artículos 8 a 19 hayan establecido presunciones legales y que por tal razón se invierta la carga probatoria frente al hecho presumido de la deslealtad, es acorde con la justificación constitucional que deben tener las presunciones, pues existe una “razonable correspondencia entre la experiencia – reiterada y aceptada” que prevén la deslealtad que se presume de los hechos base previstos en las disposiciones citadas y que “justifica la creación de la presunción legal y la consecuente redistribución de las cargas procesales.”8
3 – La noción de deslealtad y su relación con el principio de la buena fe comercial
Como se afirmó párrafos arriba, para que una conducta sea constitutiva de competencia desleal, es indispensable que el acto de competencia que se cuestiona sea calificable como desleal, pues como se dijo, la noción de deslealtad está inmersa en todas las conductas descritas en la ley.
Siendo las hipótesis contenidas en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 presunciones de deslealtad, es posible que en un caso dado los supuestos que conforman el hecho base de la presunción se encuentren acreditados y que a pesar de ello el acto cuestionado no sea desleal, por lo cual estará a cargo del demandado demostrar la lealtad de su comportamiento y de esa forma desvirtuar el hecho presumido –deslealtad- de la presunción legal.
Así las cosas, si la deslealtad es el elemento común que se presenta en todos los supuestos de competencia desleal y si una de las posibilidades del demandado es demostrar la lealtad de su comportamiento para desvirtuar el hecho presumido contenido en las normas, determinar el alcance de la noción de deslealtad contenido en la Ley 256 de 1996 resulta ser indispensable para evaluar la conducta del demandado.
En este orden de ideas, el inciso primero del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, establece, en su tenor literal, el siguiente mandato que es a todas luces categórico e ineludible: “PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.”
Como se observa, el inciso primero del artículo 7 de la Ley 256 de 1996 contiene dos elementos fundamentales: por una parte establece una prohibición categórica –incurrir en actos de competencia desleal- y, adicionalmente, establece que el patrón de conducta que deben respetar los participantes en el mercado en todas sus actuaciones es el principio de la buena fe comercial.
En consecuencia, entre el principio de la buena fe comercial y la evaluación de la lealtad de la conducta que se desarrolla en el mercado existe un nexo inescindible, por lo que será leal la conducta que se ajusta al principio de la buena fe comercial y, por el contrario, será desleal el actuar de mercado que resulta contrario a dicho principio.
Frente a este punto, el Tribunal, en sentencia del 8 de abril de 2011 ya citada, se refirió acerca del vínculo existente entre la lealtad y el principio de la buena fe en los siguientes términos que resulta oportuno reiterar:
“[L]a competencia desleal tienen un contenido jurídico, pero eminentemente ético como lo señalara la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del año de 1.958 (9) al decir que actuar lealmente es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.
La buena fe comercial que señala el art. 7 se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.10
La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 23 de junio de 1958 señaló como los conceptos de lealtad y buena fe se interrelacionan en providencia que conviene recordar. Dijo la Corte :
‘… La expresión “buena fe” (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. Trátase de una lealtad (buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente.
… Obrar con lealtad, es decir, con buena fe, indica que la persona se conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas costumbres.
Los usos sociales y buenas costumbres que imperan en la sociedad, son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada caso concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena fe no hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en una colectividad.
Así, pues, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido si lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, con el de la mala fe. En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre. Desde luego, toda persona trata de obtener ventajas en sus transacciones. Pero quien pretende obtener ventajas obrando en sentido contrario a la buena costumbre, actúa de mala fe. El hombre de buena fe trata de obtener ventajas, pero éstas se encuentran autorizadas por la buena costumbre.’11
Por ello como lo sostiene autorizada doctrina “ el elemento deslealtad que debe revestir el acto de competencia para que su actor pueda ser censurado por haber incurrido en competencia desleal, hace referencia a que dicho actuar sea contrario al principio de buena fe, el cual rebasa los contenidos típicos de las normas, para fundar su sustento en la confianza en el respeto por los parámetros éticos y moral que imperan en la sociedad.”12 (Negrillas y subrayado fuera del texto.)
Ahora bien, es de resaltar que el inciso primero del artículo 7 de la Ley 256 de 1996 NO establece que los participantes deban actuar de buena fe, sino que la norma es categórica y tajante en señalar que “[l]os participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial”, afirmación que el legislador reafirma en el inciso segundo del mismo artículo al señalar que “se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a (…) al principio de la buena fe comercial”.
Esta descalificación que hace la Ley cuando quiera que el comportamiento cuestionado sea contrario al principio de la buena fe y no simplemente a que el comportamiento del demandado deba ser de buena fe tiene una singular importancia, pues crea un patrón objetivo de comportamiento.
En efecto, la referencia al principio de la buena fe comercial que trae la Ley 256 de 1996 no hace referencia a la buena fe subjetiva, es decir aquella que “propende por el respeto -o tutela- de una determinada apariencia que ha sido forjada con antelación, o por una creencia o confianza específicas que se han originado en un sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a derecho, sin perjuicio de que se funden, en realidad, en un equívoco, todas con evidentes repercusiones legales, no obstante su claro y característico tinte subjetivo (‘actitud de conciencia’ o ‘estado psicológico’)”13, sino a la buena fe objetiva. Si el patrón de evaluación de la conducta del demandado fuera la buena fe subjetiva, el demandado siempre podría excusar su comportamiento argumentando que en su fuero interior tenía el convencimiento o la creencia de estar actuando conforme a derecho, lo cual haría que la libertad de competencia siempre pudiera ser obstruida, en contra de lo previsto por el artículo 1 de la Ley, norma que establece que el objeto de la ley 256 de 1996 es “garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado.”
Ahora bien, respecto del alcance y contenido de la buena fe objetiva, la doctrina autorizada ha explicado su alcance en los siguientes términos:
“[E]n relación con la buena fe objetiva es importante precisar que ésta, corresponde, por una parte, a un concepto técnico-jurídico referido a la conducta o al comportamiento que se considera como el parámetro que debe ser observado el las relaciones que los particulares establecen, noción ésta que corresponde al concepto que el derecho utiliza en temas diversos como parte del supuesto de hecho de algunas normas jurídicas y, por otra, la buena fe es el contenido de un deber de conducta que se concreta en el deber de comportarse con corrección y lealtad en el tráfico jurídico. Este último es un principio “dogmático” o “sistemático”, el principio de la buena fe, que debe irradiar la interpretación de todo el ordenamiento, y que, al mismo tiempo, es, en algunas legislaciones, fuente de derecho, como principio general (…).”14 (Negrillas y subrayado fuera del texto.)
Así las cosas, la noción de lealtad encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, por lo cual incurren en competencia desleal, quienes en sus actuaciones violan dicho deber, es decir, actúan en forma contraria a la forma corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.
4 – Las cargas probatorias
Una de las razones por las cuales la Ley 256 de 1996 crea en los artículos 8 a 19 una serie de presunciones legales, responde a que la experiencia del legislador le ha indicado que cuando se presentan una serie de conductas (por ejemplo, confusión, descrédito o engaño), el comportamiento de quien las realiza suele ser desleal. En este sentido, la ley invierte las cargas probatorias que normalmente se presentarían, obligando al demandante a probar los hechos base de los cuales parte la presunción y facultando al demandante para desvirtuar la deslealtad de su conducta, lo que consigue probando que su comportamiento fue leal, pues el mismo no resulta contrario a la forma corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, conforme al standard de usos sociales y buenas prácticas mercantiles imperantes en el mercado.
Así las cosas, frente a los supuestos contenidos en los artículo 8 a 19 de la Ley 256 de 1996, el demandante deberá probar que, por ejemplo, el comportamiento demandado genera confusión o engaño en el mercado, o que resulta en un desviación de la clientela ajena en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles, mientras que si el cuestionamiento se enfoca frente al inciso primero del artículo 7, en el expediente deberá estar acreditado el comportamiento del demandado y el análisis se centrará en determinar si ese comportamiento es contrario al principio de la buena fe comercial.
Finalmente, es de reiterar que un comportamiento determinado puede enmarcarse bajo el artículo 7, por ser contrario a la forma corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio y simultáneamente en uno o más de los supuestos contenidos en los artículos 8 a 19, pues como lo expresó el Tribunal Superior de Bogotá, “[es] apenas obvio, por no decir necesario, que cada vez que se infrinja una de esas disposiciones [se refiere a los artículo 8 a 19], se infrinja también el artículo 7, sin que haya una sóla norma que impida que se apliquen simultáneamente las dos disposiciones que se consideran transgredidas, si así lo solicita el accionante.”15
1 – Corte Constitucional, Sentencia C-649-01, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
2 – Jaeckel Jorge, Apuntes sobre competencia desleal. En www.jaeckelmontoya.com.
3 – Ley 256. Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.
4 – Jaeckel Jorge, Op. Cit.
5 – Corte Constitucional. Sentencia C-374-02. Magistrada Ponente Dra. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
6 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C., SALA CIVIL DE DECISIÓN, Bogotá, D.C, 8 de abril de 2011. Radicación No. 110013199001200431702 01.
7 – Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias 3300 de 2012 de la SIC y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA CIVIL, MAGISTRADA PONENTE: RUTH ELENA GALVIS VERGARA, 10 de mayo de 2010. Radicación 110013103027200000907-02.
8 – Corte Constitucional. Sentencia C-388 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958.
10 – MONROY Cabra Marco Gerardo. Op. Cit. Pág. 289. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T- 469 del 17 de julio de 1.992. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-524/95 del 16 de noviembre de 1.995, Magistrado Ponente : Carlos Gaviria Díaz. VALENCIA Zea, citado por ORTEGA Torres Jorge, Código Civil Comentado. Editorial Temis, 16° Edición Bogotá 1.983. Pág. 329.
11 – Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Civil, sentencia de junio 23 de 1958. M.P. Arturo valencia Zea.
12 – Jorge Jaeckel La competencia desleal.
13 – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL, Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO, Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001, Ref: Expediente No. 6146.
14 – Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. Universitas, 2004, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Pps 287-288.
15 – TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C., SALA CIVIL DE DECISIÓN, Bogotá, D.C, 8 de abril de 2011. Radicación No. 110013199001200431702 01.
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References: artículo 1
 artículo 7
 artículo 66
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
e contrario
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 Artículo 2