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Timestamp: 2018-11-16 02:05:54+00:00

Document:
Ana Belén María Mercedes Luna Martínez
1 SENTENCIA TC/0185/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente núm. TC , relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional en materia de amparo incoados por los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez, así como por el señor Milcíades Espinosa Benítez, contra la Ordenanza núm , de fecha quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), dictada a favor de la compañía Reparto Don Domingo, S.A. por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan de la Maguana. En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los once (11) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los Magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Página 1 de 33
2 Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo de la Constitución, así como en los artículos 9 y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida La ordenanza de amparo núm , objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan de la Maguana, en fecha quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), en ocasión de una acción de amparo incoada por la compañía Reparto Don Domingo, S. A., contra los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado, Patricia Mercado Rodríguez, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). La referida ordenanza declaró inadmisible la acción en cuanto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), pero la acogió en cuanto a los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado y Patricia Mercado Rodríguez, disponiendo lo siguiente: a) El otorgamiento de un plazo de un mes para retirar y eliminar de manera definitiva el canal, regola o ramificación construida dentro de los terrenos propiedad de Reparto Don Domingo, S. A. Página 2 de 33
3 b) La prestación de la máxima colaboración del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para la eliminación y retiro del canal. c) La condenación de los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado y Patricia Mercado Rodríguez al pago de un astreinte de treinta mil pesos (RD$30,000.00) diarios a favor del impetrante, por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia. En el expediente no consta la notificación de la referida ordenanza núm Fundamentos de la sentencia recurrida La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del distrito judicial de San Juan, en atribuciones de juez de amparo, fundamentó su decisión, esencialmente, en los motivos siguientes: CONSIDERANDO: Que en descenso al lugar de los hechos se escucho las declaraciones del señor Dr. Leonardo Conde, vicepresidente de Reparto Don Domingo, en síntesis lo siguiente: ciertamente había una regola, hicimos un contrato con el señor Milcíades Espinosa en la cual que todas las aguas iban a pasar por la regola, principal, luego le dije que se pare porque salió de los propuesto, luego el se presento y le dijo al encargado que habíamos autorizado volver hacer las regolas de manera falsa. (sic) CONSIDERANDO: Que en el descenso al lugar de los hechos se escucho las declaraciones del señor Marco Antonio Mercado, declara en síntesis: Soy agrónomo desde el 1965, estoy trabajando, esta finca Página 3 de 33
4 nunca habido problema entre nosotros, el Ing. Rodríguez construyo desde la calle 12 de julio para acá una urbanización, nosotros éramos agricultores no vendedores de solares, ellos con su plan de Lotificación quieren eliminar la regola de esta parcela de 60 tareas de tierras la sembraba Leo Rodríguez, ellos inventaron una urbanización aquí para que no le toque tierra a estos muchachos los Rodríguez. (sic) ( ) CONSIDERANDO: Que la parte demandada concluyó solicitando que se declare inadmisible la presente acción, en virtud de que existen otras vías ordinarias para declarar su acción y que se encuentra la vía ordinaria apoderada de una demanda de daños y perjuicios; que este tribunal luego de ponderar dicho incidente a la luz del artículo 70.1 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, entendemos que debe ser rechazado dicho incidente en virtud de que a criterio de este juzgado no existe una vía o procedimiento ordinario preestablecido para que la parte accione, además de que una demanda en daños y perjuicios tiene un objeto distinto al objeto de la presente acción de amparo, toda vez que esta constituye una acción autónoma, por lo que se rechaza en todas sus partes. (sic) CONSIDERANDO: Que la parte accionada concluyo solicitando que se declare inadmisible la demanda en amparo interpuesta por la compañía Reparto Don Domingo, por haber sido cosa juzgada en virtud de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de San Juan de la Maguana; que este tribunal luego de ponderar la presente solicitud, y de verificar la Sentencia núm , de fecha veintiuno (21) de Página 4 de 33
5 diciembre del dos mil once (2011), dictada por el Juzgado de Paz de San Juan de la Maguana, este tribunal ha podido constatar que si bien es cierto se trata de las mismas partes, también es cierto que se trata de acciones con un fin distinto, toda vez que en la sentencia descrita se pretendía que sea abierto un canal de riego, y en la presente acción se alega la conculcación del derecho de propiedad, por lo que se rechaza en todas sus partes. (sic) CONSIDERANDO: Que las partes accionadas solicitaron que sea declarada inadmisible la presente acción de amparo, en virtud de los artículos 70 y 75 de la Ley núm , sobre Procedimientos Constitucionales, por no haber violentado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 51 de la constitución de la República, ni los derechos fundamentales de la partes, con las comunicaciones de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diez (2010), y treinta y uno (31) de marzo del año dos mil once (2011), de carácter inminente administrativo técnico legal; que este tribunal luego de ponderar dicho incidente a la luz de las normativas previamente citadas y de las comunicaciones emitidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, somos de criterio de que dadas las características particulares del presente caso, resulta notoriamente improcedente el accionar en contra del Instituto de Recursos Hidráulicos, en virtud de que los puntos controvertidos recaen sobre intereses eminentemente privados, que al formar parte de este conflicto el agua, esta institución reguladora ha actuado dentro de los parámetros legales, a los fines de conservar el medio ambiente, en tal sentido, con relación al Instituto Nacional de Recursos Hidráulico declara inadmisible la presente acción. (sic) Página 5 de 33
6 ( ) CONSIDERANDO: Que, según alega la parte impetrante. el derecho fundamental conculcado es el derecho de propiedad; que luego de este tribunal ponderar los alegatos de las partes, descenso al lugar, así como todas y cada unas de las piezas que figuran en el presente expediente, hemos podido establecer lo siguiente: que no es un hecho controvertido, que la razón social Reparto Don Domingo, S.A., representada por el señor Dimas Rodríguez C., posee un derecho de propiedad real sobre la parcela 78 Ref. Del D. C., núm. 2 del municipio de San Juan de la Maguana, ubicada en la Urbanización Reparto Don Domingo de esta ciudad de San Juan de la Maguana, según se comprueba en el Certificado de Título núm. 931, de fecha treinta (30) del mes de diciembre del año mil novecientos ochenta y seis (1986), expedido por el Registrado de Título del departamento de San Juan de la Maguana; que en la zona el único canal construido por el INDRHI fue el llamado Canal de Martin Colon, el cual sale de una toma del Rio San Juan, construido a principio del año 1990, construido por el Estado dominicano y va en dirección del norte a sur, el cual es utilizado para irrigar dos propiedades, según se comprueba a partir de la Comunicación, de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), emitida por el INDRHI, así como de los planos y de la verificación del juzgado al momento de efectuarse el descenso; y que en la parte en que finaliza el Canal Martín Colon, que es de construcción del Estado, fue construida con aporte privado una ramificación o regola que va de Este a Oeste, dentro de los terrenos propiedad de la razón social Reparto Domingo, S. A., la cual sirve para regar los terrenos de propiedad de los señores MILCIADES Página 6 de 33
7 ESPINOSA, ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE MERCADO, MARCOS MERCADO y PATRICIA MERCADO RODRIGUEZ. (sic) CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha podido comprobar que ciertamente existe una conculcación del derecho fundamental alegado, como lo es el derecho de propiedad contenido en el artículo 51 de la Constitución, en el sentido de que el canal o regola construido por los impetrados se encuentra dentro de una propiedad privada, pudiendo estos extraer del Canal Martín Colon, sin limitación o impedimento alguno, un canal, ramificación o regola que cruce dentro de su propiedad, no así dentro de la propiedad de los impetrantes; en tal sentido a criterio de este tribunal, los señores MILCIADES ESPINOSA, ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE MERCADO, MARCOS MERCADO y PATRICIA MERCADO RODRIGUEZ han incurrido en la conculcación del derecho de propiedad contenido en el artículo 51 de la Constitución Dominicana. (sic) 3. Presentación de los recursos de revisión constitucional en materia de amparo Este tribunal hace constar que fue apoderado de dos (2) recursos de revisión constitucional en materia de amparo distintos, incoados por quienes originalmente figuraban como accionados en amparo en el presente conflicto, a saber: el primer recurso, por los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez; el segundo, por el señor Milcíades Espinosa Benítez. Los dos recursos de revisión constitucional en materia de amparo fueron interpuestos el veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) a los fines de Página 7 de 33
8 que se revoque la Ordenanza núm Igualmente, tanto en uno como en el otro figura la compañía Reparto Don Domingo, S. A. como entidad recurrida (inicialmente accionante de amparo). En ambos recursos se alega: a) falta de motivación y errónea interpretación del derecho, y b) violación a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al derecho de defensa, así como a la jurisprudencia constitucional comparada. Cabe destacar que el recurso de revisión constitucional en materia de amparo fue notificado a la compañía Reparto Don Domingo, S. A., según Acto núm. 0115/2012, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012), a requerimiento del señor Milcíades Espinosa Benítez; y, asimismo, según Acto núm. 0114/2012, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012), a requerimiento de los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado, y Patricia Mercado Rodríguez. Ambos actos fueron instrumentados por el ministerial José Jordán Mateo (alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana). 4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión Los recurrentes en revisión pretenden la anulación de la Ordenanza núm A tales fines, arguyen lo siguiente: A) Argumentos de los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez: a) Que la recurrente Altagracia Rodríguez posee, en virtud del Certificado de Título núm. 933, referente a la parcela núm. 102 Ref., del D.C. núm. 2, San Página 8 de 33
9 Juan de la Maguana, un derecho real de desmembración de la propiedad denominada servidumbre de agua, que conlleva el derecho de paso, al estar dicha servidumbre inscrita en el certificado de título ( ). b) Que no se tomaron en cuenta los motivos anteriormente señalados, supuestamente porque la parte demandante, REPARTO DON DOMINGO, no pretendía la supresión del canal o regola, pero resulta que luego en la sentencia de fondo se destapa dicho magistrado ordenando la supresión de los canales que irrigan la propiedad de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE MERCADO. c) Que en la parcela 78-Ref del D.C.2 de San Juan de la Maguana, propiedad de la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, le atraviesan unos canales que mojan los predios de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ, cuya parcela es la 102-Ref. del D.C.2 de San Juan de la Maguana. d) Que dichos canales fueron suprimidos por la compañía Reparto Don Domingo de manera ilegal y arbitraria, menoscabando las siembras de dichos predios. e) Que fruto de la acción ilegal emprendida por la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, consistente en asfixiar a los terrenos de la señora RODRIGUEZ DE MERCADO, con la consecuente supresión de los canales que mojan dicha propiedad, dejándola sin posibilidad de que le entre agua por ninguna de las partes, dicha señora tuvo a bien recurrir en amparo por ante el Juez de Paz del municipio de San Juan de la Maguana, la cual falló mediante la Sentencia núm. 389/2011. Página 9 de 33
10 f) Que en la Ordenanza núm , el magistrado sostiene erradamente que no existe cosa juzgada porque la acción emprendida por ante el juez de paz fue tendente a la restitución del canal sepultado por la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, y que la acción que ellos están intentando por esta Cámara Civil es tendente a la conculcación del derecho de propiedad por supuestamente haber construido una regola en su terreno sin autorización. g) Que el mismo canal que se perseguía para que fuese eliminado por la acción intentada ante la Cámara Civil fue restablecido por sentencia del juzgado de paz. h) Que la decisión hoy recurrida debe considerarse descabellada al sostener que la acción de amparo seguida ante el juzgado de paz fue únicamente en restitución del canal que la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, había suprimido ( ), porque solo basta con establecer que ante la jurisdicción de amparo solo se puede acudir en caso de violación a derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución no así simplemente a una acción en restitución que no es de su competencia. i) Que al haberse descartado el medio de inadmisión planteado el magistrado parece que se le olvido de darle una chequeadita al Código de Procedimiento Civil dominicano que establece en sus artículos 649 y siguientes todo lo relativo a la servidumbres prediales, y más aun cuando ambas partes están discutiendo la propiedad de un derecho real, donde se tiene que establecer demanda formal si existe o no un predio sirviendo y otro dominante. Página 10 de 33
11 j) Que según comunicación del INDRHI los predios de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE MERCADO, se mojan a través del Canal Martín Colón, de la cual se puede extraer que habla del canal denominado los Rodríguez que es lo que atraviesa los predios de la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, y que por su inclinación, cuando trata de llegar a la propiedad de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ, no mojan dicho terreno. B) Argumentos del señor Milcíades Espinosa Benítez: a) Que dichos canales que mojan la propiedad de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ, fueron suprimidos por la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, de manera ilegal y arbitraria, menoscabando las siembras de dichos predios y causándoles perdidas enormes a su arrendatario, el señor MILCIADES ESPINOSA BENITEZ. b) Que, al igual que los demás recurrentes, Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez, el señor Milcíades Espinosa Benítez alega que el magistrado sostuvo erradamente su decisión, catalogando la misma como descabellada. c) Que asimismo alega, como lo hacen los demás recurrentes, que según comunicación del INDRHI los predios de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE MERCADO se mojan a través del Canal Martín Colon, de la cual se puede extraer que habla del canal denominado los Rodríguez que es lo que atraviesa los predios de la COMPAÑÍA REPARTO DON DOMINGO, y que por su inclinación, cuando trata de llegar a la propiedad de la señora ALTAGRACIA RODRIGUEZ, no mojan dicho terreno. Página 11 de 33
12 5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión La parte recurrida, compañía Reparto Don Domingo, S. A., pretende el rechazo del recurso que nos ocupa, alegando lo siguiente: a) Que, respecto al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado, este no es más que un sin número de enunciaciones e interpretaciones que los recurrentes han plasmado muy acomodadas al capricho de estos que no se conectan con la realidad jurídica en la que en estos momentos se encuentra la ordenanza impugnada, y de igual forma no cumple con los requerimientos mínimos desde el ámbito procesal constitucional en nuestro Estado de Derecho; ya que, en el mismo no se indica la trascendencia o relevancia que pudiera tener ( ). b) Que la Ordenanza de Amparo núm no es objeto de revisión porque ha protegido y ha garantizado, mediante un procedimiento correcto, el derecho de propiedad privada que tiene la recurrida, pero además ese recurso de revisión carece de toda trascendencia y relevancia, en virtud de que a REPARTO DON DOMINGO, S.A. en principio le fue conculcado un derecho que resulta ineludible y respetado por encima de todo ( ), pero además los recurrentes no han establecido la notabilidad de las presuntas violaciones que promueven en su recurso ( ). c) Que resulta absurdo incoar un recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra una decisión que no solo pone fin a un amparo, sino que además inician una censura contra una sentencia incidental en la que el tribunal declaró su competencia. Página 12 de 33
13 d) Que los recurrentes alegan una supuesta violación al derecho constitucional y a la tutela judicial efectiva sin destacar en que parte de la decisión impugnada existe este supuesto vicio. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 6. Fusión de los recursos Previo a valorar y decidir las cuestiones que se plantean en el presente caso, conviene indicar lo siguiente: A) Este tribunal constitucional fue apoderado de dos recursos de revisión constitucional en materia de amparo, uno incoado por los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez, y otro por el señor Milcíades Espinosa Benítez. Dichos recursos fueron interpuestos simultáneamente el veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) contra la Ordenanza núm La compañía Reparto Don Domingo, S. A. figura en ambos recursos como entidad recurrida. B) En tal sentido, conforme lo expresado en la Sentencia TC/0089/13, y en vista de que en la especie existe identidad en la persona contra quien se interponen los recursos, así como identidad en el objeto y las causas, el Tribunal decidirá sobre los dos recursos de revisión constitucional en materia de amparo en una misma decisión. C) La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero constituye una práctica de los tribunales de derecho común ordenarla cuando entre dos demandas o dos recursos existe un estrecho vínculo de Página 13 de 33
14 conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal. D) Sobre el particular, conviene destacar que mediante la Sentencia TC/0094/12, de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal ordenó la fusión de dos expedientes relativos a acciones en inconstitucionalidad, en el entendido de que se trata de: ( ) una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia. E) La fusión de expedientes, como en el caso que nos ocupa, es procedente en la justicia constitucional en razón de que es coherente con el principio de celeridad, previsto en el artículo 7.2 de la Ley núm , así como con el principio de efectividad, previsto en el artículo 7.4 de la referida ley, cuyos textos disponen lo siguiente: Art. 7.2: Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucionales y legalmente previstos y sin demora innecesaria; Art. 7.4: Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, Página 14 de 33
15 pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades. 7. Síntesis del conflicto En el caso que nos ocupa, la compañía Reparto Don Domingo, S. A. (hoy recurrida en revisión) interpuso una acción de amparo al considerar que los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez, Patricia Mercado Rodríguez y Milcíades Espinosa Benítez (actuales recurrentes) le ocasionan graves daños dentro de su propiedad, en curso de urbanización, puesto que han construido de manera ilegal un caño o regola para irrigar exclusivamente sus predios agrícolas, el cual se desborda e inunda tierras urbanizadas. De su parte, los recurrentes en revisión alegan un pretendido derecho real de servidumbre sobre los terrenos de Reparto Don Domingo, S. A., que les permite extraer agua de unos canales que atraviesan dicha propiedad. 8. Competencia Este tribunal es competente para conocer de los presentes recursos de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que dispone el artículo de la Constitución, así como los artículos 9 y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011). 9. Pruebas documentales depositadas En el trámite del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, fueron depositados, entre otros, los siguientes documentos: Página 15 de 33
16 a) Acto núm. 0115/2012, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial José Jordán Mateo (alguacil ordinario del Tribunal Colegiado por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia), notificado a requerimiento del señor Milcíades Espinosa Benítez, que contiene la notificación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo. b) Acto núm. 0114/2012, del veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial José Jordán Mateo (alguacil ordinario del Tribunal Colegiado por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia), notificado a requerimiento de los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado, y Patricia Mercado Rodríguez, que contiene la notificación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo. c) Ordenanza de amparo núm , de fecha quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan. d) Acto núm. 487/2012, de fecha uno (1) de mayo de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez (alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana), notificado a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene el escrito de defensa contra el recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Página 16 de 33
17 e) Certificado de Título núm. 931, referente a la parcela núm. 78-Ref., d. c. núm. 2 de San Juan de la Maguana, expedido a favor de la compañía Reparto Don Domingo, S. A. f) Certificación del estado jurídico de inmueble, de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012), emitido por el Registro de Títulos de San Juan. g) Acto núm. 416/10, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010), instrumentado por el ministerial Juan Carlos Moreno de los Santos (alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito G-2 de San Juan de la Maguana), a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene la puesta en mora a la eliminación de canales o servidumbres de paso en propiedad privada. h) Acto núm. 310/10, de fecha siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), instrumentado por el ministerial Juan Carlos Moreno de los Santos (alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito G-2 de San Juan de la Maguana), a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene la puesta en mora de abstención a construir servidumbre de paso en propiedad privada. i) Acto núm. 476/2011, de fecha seis (6) de junio de dos mil once (2011), instrumentado por el ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez (alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana), a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene la puesta en mora a presentación de título o documentación que avale el derecho a la ocupación de inmueble privado o en su defecto a entregar el inmueble voluntariamente. Página 17 de 33
18 j) Comunicación de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., de fecha dos (2) de marzo de dos mil once (2011), dirigida al director ejecutivo del Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Francisco T. Rodríguez. k) Comunicación núm. 400, de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), a los señores Altagracia Rodríguez Mercado, Dimas Rodríguez y Leonardo Conde Rodríguez, expedida por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Francisco T. Rodríguez. l) Comunicación suscrita por la señora Altagracia Rodríguez de Mercado, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010), dirigida al señor José Adames. m) Acto de comprobación con traslado de notario, expedido por el señor Nelson Reyes Boyer, suscrito el once (11) de enero de dos mil trece (2013). n) Fotografías extraídas del sistema google, con relación a los terrenos de la compañía Reparto Don Domingo, S. A. o) Estatutos de la compañía Reparto Don Domingo, S. A. p) Sentencia núm. 161/2012, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Paz del municipio San Juan de la Maguana. Página 18 de 33
19 q) Sentencia núm. 0019/12, de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal Constitucional. r) Certificación expedida por el INDRHI en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil once (2011). s) Comunicación suscrita por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos (INDRHI), dirigida a la señora Altagracia Rodríguez Mercado, de fecha dos (2) de marzo de dos mil once (2011). t) Recibos de ingreso emitidos por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), a favor de Tirso Rodríguez, en distintas fechas. u) Certificación expedida por el Banco Agrícola, Regional San Juan de la Maguana, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil once (2011). v) Plano general referente a la parcelas núm. 93-A, 93-B y 102 Ref., del d. c. núm. 2 de San Juan de la Maguana. w) Certificado de Título núm. 933, referente a la parcela núm. 102 del d. c. núm. 2 del municipio San Juan de la Maguana, expedido a favor del señor Tirso Bernardino Rodríguez Piña, en fecha diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), por el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana. x) Certificado de Título núm. 931, referente a la parcela núm. 78-Ref., del d. c. núm. 2 del municipio San Juan de la Maguana, expedido a favor de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., por el Registro de Títulos de San Página 19 de 33
20 Juan de la Maguana, en fecha treinta (30) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986). y) Certificado de Título núm. 932, referente a la parcela núm. 93-B. d. c. núm. 2 del municipio San Juan de la Maguana, expedido por el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana, a favor del señor Tirso Bernardino Rodríguez Piña, en fecha diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956). z) Certificado de Título núm. 933, expedido referente a la parcela núm. 93- B del d. c. núm. 2 del municipio San Juan de la Maguana, expedido por el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana, a favor de la señora Altagracia Antonia Rodríguez de Mercado, en fecha tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997). aa) Contrato de arrendamiento suscrito por los señores Marcos Mercado Rodríguez y Milcíades Espinosa Benítez, en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil nueve (2009). bb) Fotografías varias. cc) Acta de nacimiento de la señora Altagracia Rodríguez. dd) Auto administrativo núm. 1959, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), expedido por el Juez Presidente Interno de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan de la Maguana. Página 20 de 33
21 ee) Acto núm. 1017/12, de fecha fecha catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Nicolás Reyes Estévez (alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana), a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene la denuncia de embargo retentivo u oposición y demanda en validez. ff) Acto núm. 997/12, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Nicolás Reyes Estévez (alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana), a requerimiento de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., que contiene el embargo retentivo u oposición. 10. Medidas de instrucción A) El artículo 7.11 de la Ley núm prescribe lo siguiente: Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. B) En virtud de dicha disposición, el Tribunal Constitucional procedió a celebrar una audiencia pública con relación al caso que nos ocupa, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), en la ciudad de San Juan de la Maguana, amparado en el artículo 7.11 de la Ley núm (cuyo resultado se indicará más adelante), que prescribe lo siguiente: Página 21 de 33
22 Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. C) En dicha audiencia fue celebrada la comparecencia personal de las partes en litis, y participaron los señores Marcos Mercado, Milcíades Espinosa, Patricia Mercado Rodríguez y Leonardo Conde. D) Este tribunal dispuso en audiencia una visita a los lugares para percatarse in situ de la situación aludida, para lo que sub-comisionó a los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Gómez Bergés, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez, Hermógenes Acosta de los Santos, y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Dicha medida fue realizada a las tres de la tarde (3:00 PM) del mismo día, el dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013). E) Posteriormente, en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013), la comisión designada procedió a escuchar la opinión del abogado experto del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Dr. Juan Chalas. 11. Admisibilidad de los presentes recursos de revisión El Tribunal Constitucional estima que los recursos de revisión constitucional en materia de amparo resultan admisibles a trámite, en atención a las siguientes razones jurídicas: A) El artículo 100 de la Ley núm establece que: Página 22 de 33
23 La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. B) El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional ha sido precisado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12, dictada en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en la cual expresó: Tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. C) Luego de haber ponderado los documentos, hechos y argumentos del caso que nos ocupa, este tribunal decide admitirlos a trámite, al estimar que la especie reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que en ella se aprecia un conflicto que involucra el derecho fundamental a la Página 23 de 33
24 propiedad, lo cual propicia que este tribunal establezca criterios que permitan esclarecer su alcance. 12. Solicitud de exclusión En ocasión de la audiencia pública celebrada en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), en la ciudad de San Juan de la Maguana, la señora Patricia Mercado Rodríguez (recurrente en revisión) solicitó su exclusión del presente proceso, alegando no tener conflicto alguno con la compañía Reparto Don Domingo, S. A., y no beneficiarse de los canales que atraviesan los terrenos de la parcela núm. 102, ni tener derecho sobre dicha parcela. Sin embargo, la recurrida en revisión solicitó el rechazo de dicho pedimento, al estimarlo improcedente, infundado, carente de base legal y porque no se trata de un tribunal de conocimiento de fondo. Sobre el particular, este tribunal constitucional estima que procede acoger el requerimiento formulado por la señora Patricia Mercado Rodríguez de ser excluida del expediente, al haberse comprobado que carece de interés en el mismo. 13. El fondo del recurso Antes de referirse al fondo del recurso (B), este tribunal formula algunas precisiones con relación al apoderamiento de la jurisdicción de amparo (A). A) Apoderamiento de la jurisdicción de amparo a) La compañía Reparto Don Domingo, S. A. (originalmente accionante en amparo y actual recurrida en revisión), apoderó de la acción de amparo a la Página 24 de 33
25 Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan de la Maguana para obtener la protección de su derecho a la propiedad, respecto a la parcela núm. 78-Ref. del distrito catastral núm. 2, municipio San Juan de la Maguana, amparada en el Certificado de Título núm. 931, expedido en su favor en fecha treinta (30) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986). Dicho tribunal se declaró competente y acogió la referida acción de amparo. b) Respecto a dicha competencia, este colegiado entiende que, en principio, corresponde a la jurisdicción inmobiliaria la competencia exclusiva para conocer todo lo relativo a derechos inmobiliarios en nuestro país, dado que el juez natural del amparo debe ser aquel cuya materia guarde mayor relación o afinidad con el derecho fundamental cuya tutela se procura, tal como indican el artículo 74 de la Ley núm y el artículo 3 de la Ley núm de Registro Inmobiliario, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil cinco (2005) 2. c) En consecuencia, este tribunal estima que la accionante en amparo (actualmente recurrida en revisión) fundamentó erróneamente su acción, toda vez que incumbía al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana la competencia ratione materiae para conocer de la misma al encontrarse en la capacidad de realizar un examen ponderado de los hechos y el derecho aplicable. 1 Los tribunales o jurisdicciones especializadas existentes o los que pudieran ser posteriormente establecidos, deberán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento previsto por esta ley. 2 Competencia. La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente ley. Página 25 de 33
26 d) De lo anterior se colige que correspondería al Tribunal Constitucional anular en todas sus partes la ordenanza de amparo recurrida y remitir el conocimiento de la acción a la referida jurisdicción competente. Sin embargo, esta medida, que necesariamente pospondría la solución del conflicto, atentaría contra la oportuna y efectiva protección del derecho fundamental invocado. e) Con motivo de este último razonamiento, el Tribunal Constitucional decide, al tiempo de anular la ordenanza de amparo recurrida en revisión, conocer el fondo de la acción de amparo de que se trata; decisión fundada en que, respecto a las acciones de amparo, este colegiado ha establecido el precedente de no solo acoger los recursos de revisión cuando estime sus condiciones satisfechas, sino también de conocer el fondo de las acciones de amparo cuando a su juicio la salvaguarda de los derechos fundamentales así lo requiera (véase Sentencia TC/0071/2013). f) Esta medida radica en que la justicia constitucional, cuyo objetivo principal radica en garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, debe guiarse por los principios rectores contenidos en el artículo 7 de la Ley núm ; y, respecto a la especie, particularmente por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, cuyos textos rezan como sigue: 2) Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria. Página 26 de 33
27 4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades. 11) Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. B) Razonamientos en cuanto al fondo del recurso a) Mediante las medidas de instrucción ejecutadas, así como de la documentación que reposa en el expediente, este tribunal pudo comprobar: 1) que para extraer agua del Canal Martín Colón e irrigar los predios de su propiedad, los recurrentes en revisión, señores Marcos Mercado y compartes, construyeron un canal o regola dentro de la parcela núm. 78-Ref., perteneciente a, la hoy recurrida, Reparto Don Domingo, S. A., contando inicialmente con la aquiescencia de esta última; y 2) que si bien dicha aprobación fue posteriormente retirada, los señores Marcos Mercado y compartes continuaron la construcción hasta terminarlo. b) Conforme a su recurso, los recurrentes en revisión alegan ser titulares de un derecho real de servidumbre sobre una porción de la mencionada parcela Página 27 de 33
28 núm. 78-Ref. de la recurrida Reparto Don Domingo, S. A., que le permitiría mantener la existencia del canal o regola que abrieron anteriormente para irrigar sus terrenos. g) Sin embargo, este argumento no ha sido probado ante este colegiado, toda vez que la indicada parcela núm. 78-Ref. se encuentra amparada en el Certificado de Título núm. 931, referente a la parcela núm. 78-Ref., distrito catastral núm. 2 de San Juan de la Maguana, registrada a favor de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., sobre la cual no existen gravámenes o anotaciones, de conformidad con la certificación del estado jurídico emitido por el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana, en fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012). h) De igual manera, este tribunal ha podido comprobar que no existe impedimento alguno para que los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado, recurrentes en revisión, construyan dentro de su propiedad una regola que les permita extraer agua del Canal Martín Colón, sin limitación o impedimento alguno, reubicando así en terrenos de su propiedad la ramificación ya construida dentro de los dominios de la compañía Reparto Don Domingo, S. A. i) Cabe destacar que el derecho a la propiedad inmobiliaria puede ser definido, de manera general, como el derecho exclusivo de una persona (salvo el supuesto de copropiedad) al uso y disposición de un bien inmueble, e implica la exclusión de terceros del disfrute o aprovechamiento de dicho inmueble, a menos que su propietario lo haya consentido. Este derecho se encuentra amparado constitucionalmente en el artículo 51 de nuestra Ley Sustantiva, que establece lo siguiente: Página 28 de 33
29 Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa. 2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada. 3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica. 4) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas. 5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos Página 29 de 33
30 cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. 6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. j) Si bien el derecho de propiedad tiene una función social, de acuerdo con el párrafo capital del artículo antes transcrito (lo cual ha sido reafirmado por este tribunal en sus sentencias TC/0036/12 y TC/0088/12), esta vocación no debe propiciar la producción de perjuicios legalmente injustificados en contra del titular de dicho derecho. k) En atención a lo anterior, este tribunal estima que los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado han impedido el libre goce y disfrute del derecho de propiedad que corresponde a la compañía Reparto Don Domingo, S. A., respecto a la aludida parcela núm. 78- Ref., ocasionándole graves perjuicios al obstaculizarle la continuación del proceso de urbanización que lleva a cabo dentro de la indicada parcela, toda vez que la regola en cuestión inunda solares que han sido vendidos y otros pendientes de venta en la aludida urbanización. l) En ese orden de ideas, también es criterio de este colegiado lo siguiente: que corresponde ordenar la eliminación total de la regola en cuestión de los terrenos de la parte recurrida (parcela núm. 78-Ref.), a cargo de los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado, para lo cual este tribunal estima suficiente el otorgamiento de un plazo no Página 30 de 33
31 mayor de cuatro (4) meses; que en estos últimos también tomen a su cargo la reubicación de dicha regola en sus propios terrenos, si así lo estiman de lugar; y que, asimismo, conviene imponer un astreinte de CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión (a partir del vencimiento de los cuatro meses indicados previamente), contra de los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado, en favor del Cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los Magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Rafael Díaz Filpo, y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la Magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLES, en cuanto a la forma, los recursos de revisión constitucional en materia de amparo incoados por los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez y Patricia Mercado Rodríguez, y el señor Milcíades Espinosa Benítez, contra la compañía Reparto Don Domingo, S. A., respecto la ordenanza de amparo núm , dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan, en fecha quince (15) de marzo de dos mil doce (2012). Página 31 de 33
32 SEGUNDO: ACOGER los dos recursos de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, ANULAR en todas sus partes la ordenanza recurrida. TERCERO: EXCLUIR del presente proceso a la señora Patricia Mercado Rodríguez por la motivación que figura en la sentencia. CUARTO: ACOGER la acción de amparo incoada por la compañía Reparto Don Domingo, S. A., y en consecuencia, ORDENAR, a cargo de los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado, la eliminación completa de la regola construida por ellos dentro de la parcela núm. 78-Ref., propiedad de la compañía Reparto Don Domingo, S. A., para lo cual disponen de una plazo no mayor de cuatro (4) meses a partir de la notificación de la presente sentencia. QUINTO: IMPONER un astreinte de CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a partir del vencimiento de los cuatro (4) meses indicados previamente, contra los señores Milcíades Espinosa, Marcos Mercado y Altagracia Rodríguez de Mercado, y en favor del Cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana (RNC núm ). SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la partes recurrentes, señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez, Patricia Mercado Rodríguez, y Milcíades Espinosa Benítez; a la parte recurrida, Reparto Don Domingo, S. A.; así como al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana. SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y Página 32 de 33
33 los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO La Magistrada Leyda Margarita Piña Medrano tiene un voto salvado con relación al destinatario del astreinte en los mismos términos y por iguales razones que las expresadas en la Sentencia TC/0017/13, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013). Firmado: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 33 de 33

References: artículo 70
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 100
 artículo 74
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 51
 artículo 72
in fine