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Timestamp: 2019-01-22 13:18:06+00:00

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Alfonso Araya Ortíz
1 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0245/14 Referencia: Expediente núm. TC , relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera contra la Sentencia núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos de la Constitución y los artículos 9 y 54.8 de la Ley núm , Orgánica Página 1 de 30
2 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida en casación objeto de la presente solicitud de suspensión de ejecución La decisión objeto de la presente solicitud de suspensión de ejecución es la Sentencia núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), cuyo dispositivo es el siguiente: PRIMERO: Declara regular y válido el presente recurso de apelación en cuanto a la forma. SEGUNDO: Rechaza la excepción de incompetencia propuesta por la parte recurrente por improcedente y mal fundada. TERCERO: Declara la nulidad del acto No del 9 de octubre del 2003, del Ministerial JIOVANNY UREÑA DURAN, de Estrados de la Segunda Cámara Penal de Duarte, por ser violatorio a los artículos 68, 70 y 456 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Declara el presente recurso libre de costas por tratarse de acción de amparo. La indicada sentencia núm fue notificada el treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004) a los señores Lincoln Cabrera, Freddy Antonio Cabrera y Severiano Rojas a requerimiento de la señora Ana Rufino Recio Reynoso, mediante el Acto núm , instrumentado por el ministerial José Antonio Página 2 de 30
3 Abreu Ortega, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 2. Presentación de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia recurrida en casación Los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera interpusieron la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia el cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004), mediante la cual persiguen la suspensión provisional de la ejecución de la Sentencia Civil núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), fundamentándose en los alegatos que se exponen más adelante. El referido recurso fue notificado mediante el Acto núm , instrumentado por el ministerial Okensy Contreras Martes, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004). 3. Fundamentos de la sentencia objeto de la solicitud de suspensión de ejecución La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, mediante la Sentencia núm , dictada el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), declaró la nulidad del Acto núm. 1145, instrumentado por el ministerial Jiovvanny Ureña Durán, alguacil de estrados de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Duarte, el nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003), esencialmente por los motivos siguientes: Página 3 de 30
4 a. CONSIDERANDO: que, en la audiencia del 24 de noviembre la recurrente concluyó al fondo y además en síntesis solicitando la incompetencia del Juez Presidente de la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, para conocer del recurso de amparo interpuesto por la señora RUFINA RECIO REYNODO, contra el oficio de fecha 31 del 2003, del Magistrado Procurador Fiscal de Duarte que concede la fuerza pública al Ministerial ABRAHAM SALOMÓN LÓPEZ SALBONETTE, Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, para la ejecución del desalojo y en consecuencia declinado el conocimiento del asunto por ante la Segunda Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Duarte, bajo el fundamento de que los hechos que dieron origen a la acción de amparo ocurrieron en el ámbito jurisdiccional de dicha Cámara. b. CONSIDERANDO: que, la parte recurrida solicitó a su vez que se rechacen en todas sus partes dichas conclusiones por improcedentes e infundadas ya que el acto que originó el conflicto, en virtud del cual actuó el alguacil, los fue el oficio del Fiscal que autorizó la fuerza pública, por lo que pudo haber sido ejercida la acción de amparo, en cuanto al territorio, tanto por donde actuó el alguacil en las Guáranas, como por ante el Tribunal de donde se dictó el oficio de la fuerza pública (Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís) por lo que optó por elegir el Tribunal territorialmente correspondiente al Magistrado Procurador Fiscal, es decir la Primera Cámara Civil y Comercial de Duarte. c. CONSIDERANDO: que, ciertamente la instancia en acción de amparo fue interpuesta por la señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO, contra el Magistrado Procurador Fiscal de Duarte y del Ministerial ABRAHAM LOPEZ SALBONETTE, por lo que la Primera Cámara Civil y Comercial de Duarte, podía ser apoderada por estar la Fiscalía de Duarte dentro de su jurisdicción, por lo que procede rechazar la incompetencia territorial Página 4 de 30
5 propuesta por los recurrentes por improcedente y porque además, el Juez de la Primera Cámara Civil y Comercial del Duarte, no tenía que pronunciar dicha incompetencia de oficio como lo alegan los recurrentes porque de acuerdo al artículo 20 de la Ley 834 de 1978, la incompetencia puede ser pronunciada de oficio únicamente en caso de violación a una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público, que no es el caso. d. CONSIDERANDO: que, la parte recurrida propuso sea declarada la nulidad del acto de apelación No de fecha 9 de octubre del año 2003, del Ministerial JIOVANNY UREÑA DURÁN, de Estrados de la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, por haber sido notificado en violación a las disposiciones legales vigentes como son los artículos 68, 69, 70, 456 y 1030 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia es sancionada con la nulidad. e. CONSIDERANDO: que, por su parte la recurrente alega en su favor que el Principio, que también es de orden público; que reza No hay nulidad sin agravio, la parte recurrida en apelación no ha probado a la Corte cual ha sido el agravio que le ha causado el acto 1145 del 9 de octubre del 2003, mediante el cual se notifica el recurso de apelación en su domicilio de elección, ya que la señora ANA RUFINO RECIO REYNOSO, por medio de sus bogados, ha tenido la oportunidad de defenderse y porque además, siguen alegando los recurrentes, los artículos 68, 70 y 73 del Código de Procedimiento Civil, regulan el procedimiento en materia civil ordinaria para los emplazamientos; pero que por tratarse la jurisdicción de amparo una institución especial, traza su propio procedimiento y rompe con el procedimiento de derecho común y es lo que establece la jurisprudencia que hay que darle cumplimiento, bajo el principio y fundamento de que las leyes que crean jurisdicciones especiales como en la especie, modifican las leyes generales como lo es el Código de Procedimiento Civil. Página 5 de 30
6 f. CONSIDERANDO: que, del análisis del acto 1145 de fecha 9 de octubre del año 2003, del Ministerial JIOVANNY UREÑA Duran, de Estrados de la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, la Corte ha verificado que el mismo fue notificado en la Calle 27 de febrero No. 24, 2da. Planta del Edif. Badía Tillán, de esta Ciudad, que es el domicilio de elección de la señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO, en la persona del DR. LUIS FERNANDO ESPINAL, abogado de dicha señora y en el estudio de abogados (en la misma dirección) de los LICDOS. MANUEL RAMÓN ESPINAL RUÍZ, FIDES MARTÍNEZ Y MARIELLY ESPINAL BADÍA para comparecer el 27 de octubre del 2003, por la Cámara Civil de la corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. g. CONSIDERANDO: que, aunque se trata de la acción de amparo, la cual se rige por el procedimiento de referimiento, ello no implica el aniquilamiento de la norma procesal que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil sobre el recurso de apelación, cuyo acto, contendrá emplazamiento en los términos de la ley a la persona intimada, y deberá notificarse a dicha persona en su persona, bajo pena de nulidad, lo que no ocurrió en la especie. h. CONSIDERANDO: que, nuestra jurisprudencia sostuvo el criterio establecido en los artículos 68 y siguientes del Código de Procedimiento Civil durante muchos años, habiendo tenido alguna variación sobre la notificación de instancias nuevas en la persona del abogado constituido y en el lugar de la elección de domicilio, pero desde el 1998, nuestra actual Suprema Corte de Justicia, ha reiterado el contenido del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el cual declara la nulidad de los actos de emplazamiento que no han sido hechos de acuerdo por los prescrito en el artículo 68 del mismo Código; que esta disposición establece: que los emplazamiento deben notificarse en la misma persona o en su domicilio, o en su lugar, en manos de Página 6 de 30
7 sus parientes empleados o sirvientes; que, constituyen igualmente emplazamientos, no solo la notificación del acto introductivo de la demanda en justicia con la cual se inicia una litis, sino también el acto introductivo de los recursos de apelación y casación (Boletín Judicial 1054, de septiembre 1998, Página 381, Boletín Judicial 1052 de julio de 1998, página 85). 4. Hechos y argumentos expuestos por los demandantes en suspensión de ejecución de sentencia Los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera procuran que sea suspendida la ejecución de la decisión objeto de la presente solicitud. Para justificar su pretensión, alegan, entre otros motivos, los siguientes: a. Por cuanto: A que con motivo de la referida sentencia, las sentencias emanadas tanto de primer grado como del segundo adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, razón por la cual nuestros representados procedieron a desalojar la Parcela No del Distrito Catastral No. 6, del Municipio de San Francisco de Macorís, en mérito de lo que establecen los artículos 1351 del Código Civil Dominicano; 545 y 547 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. b. Por cuanto: A que mediante instancia depositada el día 14 de agosto del presente año 2003 en la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, la Señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO interpone formal recurso de amparo contra el Oficio de fecha 31 de Julio del año 2003 del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, que concede el Auxilio de la Fuerza Pública al Ministerial ABRAHAM SALOMÓN LÓPEZ SALBONETTE, Alguacil de la Suprema Corte de Justicia, para dar cumplimiento a la Sentencia no. 305 de la Segunda Cámara Civil y Comercial Página 7 de 30
8 del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; y contra el acto de alguacil No de fecha cinco (05) del mes de agosto del año 2003 contentivo de la EJECUCIÓN DE DESALOJO del referido Ministerial; la cual fue notificada mediante acto de alguacil No. 138/2003 instrumentado en fecha 20 del mes de agosto del año 2003 del ministerial R. César Javier L., alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte y culminó con la Sentencia Civil No relativa al Expediente No , dictada por el Juez Presidente de la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Duarte, en sus atribuciones de amparo, en fecha 23 de septiembre del año 2003, ( ). c. Por cuanto: A que mediante instancia de fecha 8 de octubre del año 2003 depositada en la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial de General de la Suprema Corte de Justicia, nuestros representados interponen formal recurso de apelación contra la referida decisión de amparo, la cual fue notificada a la Señora Ana Rufina Recio Reynoso, en su domicilio de elección y en manos de sus abogados constituidos y apoderados especiales, mediante acto No de fecha 9 de octubre del 2003 del ministerial Jiovanny Ureña Durán, alguacil de Estrado de la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, emplazándola y citándola a comparecer por ante dicho Tribunal el día 27 de octubre del año 2003, a las 9:00 a.m., para conocer del referido recurso de apelación. d. Por Cuanto: A que la decisión que nos ocupa es una sentencia interlocutoria que no juzga sobre el fondo del asunto, sino que versa sobre una excepción de nulidad de un acto procesal. e. Por Cuanto: A que la presente demanda en suspensión la fundamentamos en el hecho de que la Corte a qua, tal y como se puede apreciar en la sentencia que nos ocupa, se limitó a declarar la nulidad del Página 8 de 30
9 acto de notificación del recurso de apelación y emplazamiento SIN JUZGAR EL FONDO del asunto; y la parte demandada pretende ejecutar dicha sentencia, con la cual se le ocasionarían grandes daños y perjuicios a nuestros patrocinados, manifiestamente ilegales. f. Por Cuanto: A que la ejecución de dicha sentencia debe ser suspendida, ya que la misma será casada por los vicios técnicos jurídicos que hemos señalados en el memorial de casación depositado conjuntamente con la presente instancia. g. Por Cuanto: A que nuestros representados han fomentado en dichos terrenos un proyecto millonario ganadero y agrícola, del cual dependen más de cincuenta (50) familias, que se verían grandemente afectadas de llevarse a cabo las malas intenciones de la señora Ana Rufina Recio Reynoso, al pretender practicar desalojo en el mencionado inmueble, toda vez que ha solicitado el auxilio de la fuerza pública por ante el Magistrado Procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. h. Por Cuanto: A que además, dicha sentencia debe ser suspendida porque la Constitución de la República, así como las leyes adjetivas que la complementan, protege el derecho de propiedad que les asiste legalmente a nuestros representados sobre el inmueble que pretende desalojar la hoy demandada en suspensión. i. Por Cuanto: A que es evidente que la sentencia emitida lesiona en forma perturbadora y severa el debido proceso, así como los demás principios fundamentales que deben ser observados en cualquier proceso judicial, aplicable o necesario para obtener una sana y eficiente justicia. Página 9 de 30
10 j. Por cuanto: A que de ejecutarse la sentencia de marras se le ocasionaría un daño inminente a nuestros representados, lo que con llevaría una perturbación en el goce de sus derechos manifiestamente ilícita. k. Por Cuanto: A que procede que este Honorable Tribunal ordene por sentencia la suspensión inmediata y provisional de la Sentencia en cuestión, ya que de lo contrario los daños y perjuicios manifiestamente ilícitos que se le ocasionarían a los demandantes en detrimento de los derechos que le asisten, serían irreparables de impugnarse la misma, en el curso de la casación. l. Por Cuanto: A que el Artículo 12 de la Ley No. 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, reformado por el Artículo 8 de la Ley 845, de 1978, establece que: A solicitud del recurrente en casación, la Suprema Corte de Justicia puede ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada, siempre se que le demuestre evidentemente que la ejecución puede resultar graves perjuicios a dicho recurrente, en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada. 5. Hechos y argumentos jurídicos de la demandada en suspensión de ejecución de sentencia La demandada, Ana Rufina Recio Reynoso, pretende que se rechace la solicitud de suspensión provisional de la sentencia objeto de la presente demanda, alegando entre otros motivos, los siguientes: a. POR CUANTO: A que la demanda en Suspensión de Ejecución de Sentencia, dirigida al Magistrado Juez Presidente y demás Jueces que constituyen el Pleno de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, depositada en la Secretaria de esa Honorable Suprema Corte de Justicia en fecha cinco (5) de febrero del año 2004, agota las primeras siete (7) de sus diez (10) páginas, a un historial que nada tiene que ver con la Página 10 de 30
11 Sentencia recurrida en casación, hace una historieta de un caso donde nuestra representada no ha estado ligada y no ha sido nunca parte. De manera que esos argumentos vacíos e impropios no conducen a nada, absolutamente a nada, que puedan justificar o tener méritos para lograr una suspensión de la ejecución de una sentencia de amparo, rendida en beneficio de nuestra representada, señora ANA RUFINA RECIO REINOSO. b. POR CUANTO: A que en los argumentos para justificar el pedimento de suspensión, dicen los letrados abogados apoderados de LINCOLN CABRERA, SEVERIANO ROJAS Y FREDDY ANTONIO ACABRERA, que la presente demanda en suspensión la fundamentamos en el hecho de que la Corte a qua, tal y como se puede apreciar en la sentencia que nos ocupa, se limitó a declarar la nulidad del acto de notificación del recurso de apelación y emplazamiento SIN JUZGAR EL FONDO del asunto; y la parte demandada pretende ejecutar dicha sentencia, con lo cual se le ocasionarían grandes daños y perjuicios a nuestros patrocinados, manifiestamente ilegales. c. POR CUANTO: A que luego continúan los referidos colegas: que la ejecución de dicha sentencia debe ser suspendida, ya que la misma será casada por los vicios técnicos jurídicos que hemos señalados en el memorial de casación depositado conjuntamente con la presente instancia. d. POR CUANTO: A que nada de lo que ha ocupado y ocupa la atención de la justicia en este caso hubiese ocurrido, si precisamente los señores LINCOLN CABRERA SEVERIANO ROJAS Y FREDDY ANTONIO ACABRERA, con el asesoramiento y concurso profesional de sus abogados, señores DRES. AUGUSTO ROBERT CASTRO, VÍCTOR JUAN HERRERA Y LIC. EBER RAFAEL BLANCO MARTÍNEZ, hubiesen respetado los principios que hoy argumentan y reclaman, y no hubiesen cometido el atropello contra nuestra representada, señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO, violando sus derechos fundamentales con la actuación irreverente de un Ministerio Público Página 11 de 30
12 y de un Alguacil, quienes en complicidad arrasaron con los bienes de la referida señora, irrespetando todo lo que ellos ahora entienden que se le debe respetar. Ha sido una Sentencia de Amparo justa y necesaria para reivindicar a través de la justicia los derechos conculcados, por lo que no se debe de ninguna manera ordenar la suspensión de su ejecución, para que reine el imperio de la ley y la majestad de la justicia. e. POR CUANTO: A que la señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO, es titular del Certificado de Título No , correspondiente a la Parcela No. 1611, del Distrito Catastral No. 6, Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, por lo tanto es la propietaria de la totalidad de la referida parcela, y no ha sido parte en la litis que originó la Sentencia No. 305, de fecha treinta y un (31) del mes de Agosto del año dos mil uno (2001) y que por lo tanto, es ajena o extraña a los intereses de las partes envueltas en la referida litis. f. POR CUANTO: A que sobre la base de ese derecho de propiedad garantizado por el Estado Dominicano, prosperó el recurso de amparo elevado por nuestra representada ANA RUFINA RECIO REYNOSO, quien resulta víctima de un arbitrario e ilegal proceso verbal de desalojo materializado por el Ministerial ABRAHAN SALOMÓN LÓPEZ SALBONNETTE, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, actuando a requerimiento de los señores LINCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y SEVERIANO ROJAS, con la protección de la autoridad del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, quien le concedió la Autorización de la Fuerza Pública, mediante Oficio de fecha 31 de Julio del año 2003, para la ejecución de la sentencia, No. 305, de fecha treinta y un (31) del mes de agosto del año dos mil uno (2001), rendida por la Magistrado Juez Presidente de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Con la ejecución de la referida sentencia la indicada señora resultó Página 12 de 30
13 injustamente desalojada de su propiedad, echándoles fuera todos sus muebles y equipos, así como los muebles semovientes encontrados dentro del inmueble. g. POR CUANTO: A que la Sentencia rendida por el Magistrado Juez Presidente de la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Duarte, en atribuciones de Juez de Amparo, marcada con el No. 1349, de fecha Veintitrés (23) de Septiembre del año Dos Mil Tres (2003), ordena la reintegración y puesta en posesión de la señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO o de sus representantes legales apoderados respecto de la propiedad correspondiente a una porción de terreno de una extensión superficial de 23 hectáreas, 92 áreas, 36 centiáreas y en sus mejoras en la No del Distrito Catastral No. 6 del Municipio de San Francisco de Macorís y los bienes muebles que se encuentran en la parcela No B del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís o cualquier otro bien que haya sido objeto de desalojo. h. POR CUANTO: A que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, apoderada para el conocimiento del referido Recurso de Apelación interpuesto por LINCOLN CABRERA, FREDDY CABRERA Y SEVERIANO ROJAS contra la referida Sentencia Civil Número 1349, de fecha Veintitrés (23) de septiembre del año dos mil tres (2003), dictada por el Magistrado Juez Presidente de la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Duarte, rindió su Sentencia Civil , (No. Único: , EXP ), de fecha veintidós (22) del mes de enero del año dos mil cuatro (2004), declarando la nulidad del acto No del 9 de octubre de 2003, del Ministerial JIOVANNY UREÑA DURÁN, de Estrados de la Segunda Cámara Penal de Duarte, por ser violatorio a los artículos 68, 70 y 456 del Código de Procedimiento Civil, lo cual aniquila el Recurso de Apelación y deja con toda su fuerza ejecutoria la Sentencia de Amparo. Página 13 de 30
14 i. POR CUANTO: A que, conforme lo expresa uno de los CONSIDERANDO de la sentencia recurrida: que, nuestra jurisprudencia sostuvo el criterio establecido en los artículos 68 y siguientes del Código de Procedimiento Civil durante muchos años habiendo tenido alguna variación sobre la notificación de instancias nuevas en la persona del abogado constituido y en el lugar de elección de domicilio, pero, desde el 1998, nuestra actual Suprema Corte de Justicia, ha reiterado el contenido del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el cual declara la nulidad de los actos de emplazamiento que no han sido hechos de acuerdo por lo escrito en el artículo 69 del mismo Código; que esta disposición establece: que los emplazamientos deben notificarse en la misma persona o en su domicilio, o en su lugar, en manos de sus parientes empleados o sirvientes; que, constituye igualmente emplazamiento no solo la notificación del acto introductivo de la demanda en justicia con la cual se inicia una litis, sino también el acto introductivo de los recursos de apelación y casación (Boletín Judicial 1054, de septiembre de 1998, Pagina 381, Boletín Judicial 1052 de julio de 1998, página 85. j. POR CUANTO: A que precisamente los argumentos esgrimidos por los solicitantes de la demanda en suspensión, fueron los que ellos arbitraria e ilegalmente cometieron y violaron con su actuación al despojar y desalojar a nuestra representada de su propiedad, pero afortunadamente mediante la sentencia de amparo se ordena la cesación de la violación a esos derechos fundamentales, lo cual se traduce en la reintegración y puesta en posesión de la señora ANA RUFINA RECIO REYNOSO, en la Parcela de su Propiedad y de todos los bienes muebles que están en la custodia del guardián designado. k. POR CUANTO: A que se trata de una acción de amparo que ha dado como resultado una sentencia justa, cuya ejecución no puede ni dese ser suspendida para no prolongar más el sufrimiento que se le ha causado a Página 14 de 30
15 nuestra representada, y sobre todo, para que se cumpla con el imperio de la ley y la justicia. 6. Pruebas documentales En el trámite de la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente son, entre otras, las siguientes: 1. Copia fotostática de la Sentencia Civil núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero del año dos mil cuatro (2004). 2. Copia fotostática de la Sentencia Civil núm. 1349, dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Duarte el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003). 3. Resolución núm , emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del conflicto Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por los demandantes en la especie, se trata de que la señora Ana Rufina Recio Reynoso interpuso una acción de amparo por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Página 15 de 30
16 provincia Duarte contra el Oficio de Auxilio de Fuerza Pública emitido por el procurador fiscal del Distrito Judicial de la provincia Duarte el treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2003) y contra el Acto núm , de ejecución de desalojo, instrumentado por el ministerial Abrahan Salomón López Salbonnette el cinco (5) de agosto de dos mil tres (2003). Dicho tribunal acogió la acción de amparo, declarando, en consecuencia, que el proceso verbal de desalojo y la concesión de fuerza pública son violatorios de los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Inconforme con la decisión del juez de amparo, los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera interpusieron un recurso de apelación por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Dicho tribunal declaró la nulidad del Acto núm. 1145, instrumentado por el ministerial Jiovanny Ureña Durán, alguacil de estrados de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Duarte, el nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003), por este ser dirigido a los representantes legales de la señora Ana Rufina Recio Reynoso, y no a la señora recurrida en apelación. No conforme con la decisión emitida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera interpusieron un recurso de casación y una solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, contra la Sentencia Civil núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís El caso que nos ocupa es la solicitud de suspensión de ejecución contra la indicada sentencia, la cual fue declinada a este tribunal constitucional mediante la Resolución núm , dictada por la Sala Civil y Página 16 de 30
17 Comercial de la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). 8. Competencia Antes de abordar el conocimiento del fondo del presente caso, y tomando en cuenta las particularidades del mismo, este tribunal tiene a bien realizar las siguientes observaciones en relación con su competencia: a. Los demandantes, Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, sometieron el cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004) un recurso de casación y una solicitud de suspensión de ejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, contra una decisión de amparo dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Mediante la Resolución núm , dictada el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, se declaró incompetente para conocer el supraindicado recurso, remitiendo el expediente a este tribunal constitucional. b. La Corte de Casación, mediante la Resolución núm , se declaró incompetente para conocer el supraindicado recurso, remitiendo el expediente a este tribunal, argumentado que aunque fue interpuesto en el año dos mil cuatro (2004), en la actualidad estaba vigente la Ley núm , que en su artículo 94 establecía que la revisión de las decisiones de amparo debía ser resuelta por el Tribunal Constitucional. c. En tal sentido, la Sala Civil y Comercial o Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia argumenta la aplicación de la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución Dominicana de dos mil diez (2010), que establece que dicho tribunal iba a mantener las funciones de Tribunal Página 17 de 30
18 Constitucional hasta tanto éste último fuese integrado, hecho que ocurrió el veintidós (22) de diciembre de dos mil once (2011). d. Ya este tribunal tuvo la oportunidad de referirse a este tipo de casos en la Sentencia TC/0064/14, en la cual afirmó que la declaratoria de incompetencia por parte de la Suprema Corte de Justicia para conocer de recursos de casación en materia de amparo incoados en ocasión de legislaciones anteriores en ese caso la resolución del veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999) carecía de validez, ya que esta alta corte tenía la obligación de conocerlos en virtud de que existía una situación jurídica consolidada, la cual operaba como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal. e. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estableció en la referida sentencia que: En vista de lo anterior, se comprueba que Francique Maytime y Jeanne Mondesir, al interponer su Recurso de Casación por ante la Suprema Corte de Justicia, actuaron conforme a la legislación vigente, es decir, procedieron de conformidad con el régimen jurídico impetrante al momento de su realización, lo que hizo nacer una situación jurídica consolidada que debió ser resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, no obstante estar vigente la nueva Ley núm , al momento en que finalmente se iba a decidir el asunto en cuestión. En efecto, lo contrario sería penalizar a estas partes, por haber interpuesto su recurso siguiendo el procedimiento vigente en ese momento, penalidad que se expresa en el tiempo que toma el envío del expediente al Tribunal Constitucional, cuando ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia pudo haber resuelto el caso. Página 18 de 30
19 f. En efecto, el hecho de que la parte recurrente en casación haya procedido de conformidad con el régimen jurídico impetrante al momento de su realización esto es, siguiendo el procedimiento y sin cometer alguna falta, hacía nacer una situación jurídica consolidada que obligaba a la Suprema Corte de Justicia a conocer el hecho, no obstante estar vigente la Ley núm Al no hacerlo y enviar el expediente a este tribunal constitucional, este último tiene que realizar una recalificación del recurso de casación a uno de revisión constitucional en materia de amparo, para así poder resolver el caso y evitar mayores dilaciones en el conocimiento del mismo. Esta recalificación se hacía necesaria por el hecho de que, en todo caso conforme lo establecen la Constitución y las leyes, la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer de los recursos de casación, y no el Tribunal Constitucional, por lo que para que este último lo conociese, debía operar este cambio del recurso. g. En tal virtud, en la Sentencia TC/0064/14, tomando en consideración los principios de la oficiosidad, tutela judicial diferenciada y favorabilidad, consagrados en los artículos 7.11, 7.4 y 7.5 de la Ley núm , respectivamente, el Tribunal Constitucional recalificó el recurso de casación en uno de revisión constitucional en materia de amparo y, posteriormente, procedió a conocerlo. h. El Tribunal aclara, no obstante, que la aplicación de los principios previamente explicados se realiza exclusivamente para fundamentar la competencia que tiene este tribunal para conocer del recurso, en pro de garantizar el acceso al recurso de recurrentes que, por asuntos ajenos a sus actuaciones procesales, han quedado sin respuesta a sus peticiones. Sin embargo, esto no implica que el recurso vaya a ser admitido o acogido, asunto sobre el cual este tribunal deberá pronunciarse más adelante cuando evalué la admisibilidad del recurso y, en caso de que corresponda, el fondo. Página 19 de 30
20 i. En la especie se evidencia una situación fáctica idéntica, esto es, un recurso de casación en materia de amparo incoado correctamente, esto es, sin falta alguna por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, en el mes de febrero de dos mil cuatro (2004), mientras estaba vigente la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año mil novecientos noventa y nueve (1999), y que fue declinado en el año dos mil doce (2012) por dicha alta corte para el Tribunal Constitucional, alegando que ya la Ley núm estaba vigente. j. Vistas estas consideraciones, este tribunal constitucional tiene a bien concluir que en el presente caso existe una situación jurídica consolidada en favor de los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, la cual debió ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia, por lo que procede aplicar el criterio del referido precedente, contenido en la Sentencia TC/0064/14, y, en consecuencia, recalificar el recurso de casación incoado por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, en uno de revisión constitucional en materia de amparo a los fines de conocerlo, todo en virtud de los supraindicados principios de oficiosidad, tutela judicial diferenciada y favorabilidad. 9. Sobre la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo Para el Tribunal Constitucional, la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe ser rechazada por los motivos siguientes: a. Los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera persiguen que se suspenda la ejecución de la Sentencia núm , dictada, en atribuciones de tribunal de amparo, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004). Página 20 de 30
21 b. Este tribunal constitucional ha fijado en diversas decisiones los criterios sobre las solicitudes de suspensión de ejecución de las sentencias dictadas en materia de amparo; entre esos criterios señalamos los siguientes: 1. El recurso de revisión contra sentencias que resuelven acciones de amparo no tiene efecto suspensivo y, a diferencia de lo que ocurre en materia de recurso de revisión constitucional contra sentencias no susceptibles de los recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial, el legislador no faculta de manera expresa al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia recurrida. Sentencia TC/0013/13, dictada el once (11) de febrero de dos mil trece (2013). 2. La ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que resuelve acciones de amparo, consagrada en el párrafo del artículo 71 de la antes indicada Ley No , evidencia que la referida ley no faculta o autoriza expresamente al Tribunal Constitucional a suspender la ejecutoriedad de las sentencias dictadas en materia de amparo. Sentencia TC/0073/13, dictada el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). c. Este tribunal constitucional es de criterio que para una correcta aplicación y armonización de los principios de efectividad y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del artículo 7 de la Ley núm , pudieran, en situaciones muy específicas, facultar a que este tribunal aplique una tutela judicial diferenciada a los fines de tomar las medidas específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes, en cada caso en particular. d. Para estos casos, tal y como lo determinó este mismo tribunal en la referida sentencia TC/0013/13: Página 21 de 30
22 La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad de que el juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen elementos que permiten a este Tribunal establecer que en esta materia, como regla general, dicha demanda es procedente sólo en casos muy excepcionales. e. De igual manera, este tribunal constitucional, determinó en la Sentencia TC/0038/13 el criterio de que: Es por ello que las sentencias de amparo son ejecutorias de pleno e inclusive sobre minuta, ya que por su naturaleza el procedimiento previsto para la acción de amparo no está sujeto a formalidades por ser de carácter expedito, preferente, sumario y con la finalidad de garantizar la protección efectiva a los ciudadanos de sus derechos fundamentales; ( ). Criterio este que ha sido reiterado en las sentencias TC/0040/13 y TC/0224/13. f. En la especie, no existe circunstancia excepcional alguna que pudiera justificar la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, por lo que la presente solicitud debe ser rechazada. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional Página 22 de 30
23 DECIDE: PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera contra la Sentencia Civil núm , dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), en atribuciones de tribunal de apelación en materia de amparo, de conformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de mil novecientos noventa y nueve (1999). SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011). TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a los demandantes, Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, así como a la demandada, Ana Rufina Recio Reynoso. CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 4 de la referida ley núm Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO Página 23 de 30
24 HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, reiteramos que no estamos de acuerdo con una parte de la motivación y, acogiéndonos a lo previsto en el artículo 186 de la Constitución, salvamos nuestro voto. 1. Estamos de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia, en el sentido de que se rechace la demanda en suspensión interpuesta por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera contra la Sentencia núm , dictada el veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004) por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; así como con las motivaciones vinculadas al fondo de la demanda, no así con una parte de los argumentos que se articulan para justificar la competencia del Tribunal Constitucional. 2. La cuestión de la competencia reviste una particular importancia en el presente caso, en la medida que el apoderamiento del tribunal se produjo como consecuencia de una declinatoria hecha por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm , dictada el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). La indicada declinatoria se fundamenta en lo siguiente: Considerando, que aunque en la especie esta Suprema Corte de Justicia fue apoderada el día 5 de febrero de 2004 de un recurso de casación, siendo dicho recurso, en su momento, una vía procedente contra decisiones de esta naturaleza, resulta, que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley Núm y de su Párrafo, transcrito precedentemente, las decisiones del juez de amparo, salvo el caso de tercería, únicamente son susceptibles del recurso de revisión, por ante el Tribunal Constitucional; Considerando, Que las reglas de Página 24 de 30
25 procedimiento son de aplicación inmediata para los procesos en curso, a menos que la ley de manera expresa indique lo contrario, lo cual no es la especie planteada. 3. En la sentencia que nos ocupa se sostiene que la declinatoria hecha por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia fue incorrecta y que, en consecuencia, debió conocer del recurso de casación. Estamos de acuerdo con este razonamiento, porque si bien es cierto que para la fecha en que se declara incompetente [catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012)] la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ya estaba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, toda vez que los jueces que lo integran fueron designados el veintitrés (23) de diciembre de dos mil once (2011) y juramentados el veintiocho (28) del mismo mes y año; no menos cierto es que una interpretación correcta del principio de aplicación inmediata de la ley procesal nos permite concluir en el sentido de que la competencia para conocer del recurso correspondía a la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, en razón de que la competencia de un tribunal viene determinada por la normativa vigente en la fecha en que se produce el apoderamiento y no en la vigente en la fecha en que el tribunal va a decidir la acción o el recurso. 4. No obstante el hecho de que en esta sentencia se establece que la competencia para conocer del referido recurso de casación corresponde a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional no devuelve el expediente y mantiene su apoderamiento, en el entendido de que el recurrente interpuso el recurso que correspondía conforme a la legislación y, en consecuencia, no cometió falta y no podía ser penalizado. Estamos de acuerdo con el mantenimiento del apoderamiento, porque, ciertamente, devolver el presente expediente a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia supondría prolongar la conculcación del derecho a obtener una decisión en un plazo razonable. Página 25 de 30
26 5. Luego de que se toma la decisión de no devolver el expediente y se indica la razón, se pasa entonces a justificar jurídicamente la referida tesis. En este orden se desarrolla la argumentación siguiente: i. En la especie se evidencia una situación fáctica idéntica, esto es, un recurso de casación en materia de amparo incoado correctamente, esto es, sin falta alguna por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, en el mes de febrero de dos mil cuatro (2004), mientras estaba vigente la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año mil novecientos noventa y nueve (1999), y que fue declinado en el año dos mil doce (2012) por dicha alta corte para el Tribunal Constitucional, alegando que ya la Ley núm estaba vigente. j. Vistas estas consideraciones, este tribunal constitucional tiene a bien concluir que en el presente caso existe una situación jurídica consolidada en favor de los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, la cual debió ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia, por lo que procede aplicar el criterio del referido precedente, contenido en la Sentencia TC/0064/14, y, en consecuencia, recalificar el recurso de casación incoado por los señores Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera, en uno de revisión constitucional en materia de amparo a los fines de conocerlo, todo en virtud de los supraindicados principios de oficiosidad, tutela judicial diferenciada y favorabilidad. 6. No estamos de acuerdo con la argumentación desarrollada en los párrafos anteriores, particularmente con la recalificación, ya que consideramos que la misma no procede en el presente caso y, además, generaría complicaciones de orden procesal y no es necesaria para justificar el mantenimiento del apoderamiento. A cada uno de estos aspectos me referiré en los párrafos siguientes. Página 26 de 30
27 7. La figura de la recalificación es utilizada en aquellos casos en que el recurrente o accionante califica de manera inadecuada el recurso o la acción. Ciertamente, así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia. En este orden, Gerardo Eto Cruz explica el tema de la siguiente manera: El tema es el siguiente. Cuando alguien plantea un amparo, y se equivoca porque debió plantear un hábeas data, o cuando alguien plantea un hábeas corpus y debió plantear un hábeas data, o cuando alguien plantea un hábeas data y debió plantear un amparo, es decir, cuando el querellante o justiciable quejoso plantea el postulatorio de amparo o de hábeas data y se equivoca y tiene errores procesales, el juez no debe desestimar la demanda. Debe suplir los errores procesales. Eso se llama suplencia en la queja deficiente. No estaba en el Código Procesal Constitucional. Estaba en el artículo 7. de la antigua Ley N , pero el Tribunal Constitucional, a riesgo de hacer una interpretación delegada, ha dicho: Bueno, el Código Procesal Constitucional regula por ahí en un artículo, el IX del Título Preliminar, la figura del iura novit curia. 8. Esta tesis ha sido desarrollada también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. En efecto, dicha sala calificó de amparo en protección de intereses difusos y colectivos, lo que la parte denominó como amparo ordinario 1. El indicado tribunal en otra sentencia calificó de amparo constitucional de acceso a la información lo que el demandante denominó amparo constitucional de hábeas data La misma tendencia ha sido seguida por el Tribunal Constitucional Dominicano en sentencias anteriores. Así, convirtió un recurso de tercería en 1 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, Expediente núm , Sentencia núm. 974 del 11 de mayo de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, Expediente núm , sentencia del 8 de julio de Página 27 de 30
28 un recurso de revisión constitucional de amparo 3 ; una acción de amparo en un habeas corpus 4 ; una acción de amparo en una acción de habeas data En el presente caso no ha habido una errada calificación del recurso, en razón de que la parte interpuso el que realmente correspondía, según la ley vigente en la fecha, es decir, el recurso de casación. 11. Al producirse la recalificación y convertir el recurso de casación en un recurso de revisión constitucional, la aplicación de la Ley núm se impone, en la medida de que es en esta normativa donde se prevé este último recurso. El problema procesal que esto genera es de gran magnitud, particularmente en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad previstos para ambos regímenes. Como sabemos, hasta noviembre del año dos mil seis (2006) el recurso de casación en materia de amparo estaba regido por la Ley núm del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), ley que sería aplicable en la especie, porque el recurso de casación que nos ocupa es del cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004); mientras que el recurso de revisión constitucional contra sentencia de amparo está regulado en los artículos 53 y siguientes de la Ley núm Entre ambos regímenes procesales existen diferencias muy marcadas, particularmente en lo concerniente a los requisitos de admisibilidad. Ciertamente, mientras el plazo para recurrir en el viejo régimen era de dos (2) meses, según el artículo 5 de la mencionada ley núm. 3726, en cambio, el plazo para interponer el recurso de revisión constitucional es de cinco (5) días, según se establece en el artículo 95 de la referida ley núm Por otra parte, en la norma vigente en el momento que la sentencia de amparo fue 3 Sentencia TC/0015/12 del 31 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano. 4 Sentencia TC/0015/14 del 14 de enero de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano. 5 Sentencia TC/0050/14 del 24 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano. Página 28 de 30

References: artículo 20
 artículo 456
 artículo 70
 artículo 68
 Artículo 12
 Artículo 8
 artículo 70
 artículo 69
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 artículo 94
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 artículo 71
 artículo 7
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in fine
 artículo 4
 artículo 186
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 artículo 94
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 artículo 5
 artículo 95