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Timestamp: 2018-10-20 04:18:51+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2874/2004, 16-02-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2874/2004 de 16 de Febrero de 2006
Núm. Resolución: 00/2874/2004
Es correcto el requerimiento de información. Respecto a los intereses y retenciones e ingresos que han sido aportados previamente en el modelo 196 porque el requerimiento tiene su origen en una actuación comprobatoria que realiza la Inspección respecto de unos obligados tributarios, titulares de la cuenta cuya información se requiere, y tiene por objeto que la entidad confirme dicha información. Además el procedimiento de obtención de información por suministro es compatible, por complementario, con el de obtención de información por captación que supone una actuación singularizada de la Administración que exige a una persona determinada que le proporcione unos datos. En el caso concreto el requerimiento no implica el conocimiento de movimientos de una cuenta bancaria porque, aunque para determinar la información solicitada la entidad deba conocer los movimientos que ha habido en las cuentas, la información relativa a dichos movimientos no se tiene que suministrar a la Administración y, por tanto, no se están vulnerando los límites para los que el artículo 111.3 de la Ley exigía autorización con el fin de proteger y garantizar la intimidad del obligado. Finalmente, respecto al saldo medio de un trimestre es un dato del que dispone la entidad, sin que le implique realizar nuevas operaciones que no hiciera antes del requerimiento y que tiene transcendencia tributaria.
En la villa de Madrid, a 16 de febrero de 2006 el Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, ha visto el recurso de alzada que, en segunda instancia pende de resolución, interpuesta por ... y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de 4 de diciembre de 2003 en reclamación con nº ... en relación con requerimiento de información, referencia ... cursado por la Inspección de los Tributos de la Delegación de ...
PRIMERO.- Con fecha 22 de marzo de 2002 se notifica a la Entidad reclamante requerimiento para que aporte información respecto de dos obligados tributarios que se indican y una cuenta concreta. La información solicitada es: intereses/ rendimientos devengados y retenciones/ ingresos a cuenta del IRPF. Y saldo a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre del año. Y se refería a los años 1997, 1998 y 1999, contra dicho requerimiento interpone la Entidad recurso de reposición el día 29 de marzo de 2002 que se desestima y se notifica al interesado el 22 de mayo de 2002.
SEGUNDO.- Contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición interpone la Entidad reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... el día 29 de mayo de 2002 y manifiesta en síntesis las siguientes alegaciones: 1) La Entidad ya ha informado a la Administración Tributaria de los intereses, retenciones e ingresos a cuenta a través de los modelos reglamentariamente aprobados a estos efectos y en concreto a través del modelo 196 2) La información solicitada requiere de la preceptiva autorización prevista en el artículo 38 del RD 939/1986. 3)Añade el reclamante respecto de la solicitud del saldo medio, que la Entidad no dispone de datos suficientes para calcularlo y además no está obligada la Entidad a realizar las operaciones matemáticas que se requieren para conocer el saldo medio. El TEAR en resolución de 4 de diciembre de 2003 notificada el 19 de abril de 2004 acuerda no admitir la reclamación por considerarla extemporánea.
TERCERO.- El 30 de abril de 2004 el interesado presenta escrito interponiendo recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, en el que manifiesta que la resolución del TEAR de ..., que no admite la reclamación interpuesta por ser extemporánea, computa unos plazos erróneos, y que la reclamación se presentó en plazo, solicitando se resuelva ahora las cuestiones en su día planteadas ante el Tribunal en primera instancia.
PRIMERO.- Concurren en el supuesto objeto de estudio los requisitos de competencia legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto de su admisión a trámite, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, siendo la cuestión que procede analizar en primer lugar si la reclamación se presentó en plazo y en su caso si el requerimiento formulado era conforme a Derecho.
SEGUNDO.- La cuestión se centra por tanto en primer lugar en analizar si es o no correcta la declaración de inadmisible que hace el Tribunal en primera instancia de la reclamación presentada por considerarla extemporánea. Vista la documentación incorporada al expediente se comprueba que el TEAR en la resolución recurrida, tuvo en cuenta la fecha de notificación del requerimiento, el 22 de marzo de 2002, y la fecha de interposición de la reclamación económica-administrativa, el 29 de mayo del mismo año, a efectos de computar el plazo de quince días que señalaba el artículo 88 del Reglamento de procedimiento Económico Administrativo, RD 391/1996 "2. El escrito habrá de presentarse en el plazo improrrogable de 15 días, contados desde el siguiente a aquel en que haya sido notificado el acto impugnado, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento en relación con los procedimientos especiales.(...)" pero no tuvo en cuenta que una vez recibido el requerimiento y dentro del plazo previsto en el artículo 4 del RD 2244/1979 que reglamenta el recurso de reposición, la Entidad interesada interpuso un recurso de reposición, que fue desestimado y el acuerdo desestimatorio se notificó a la Entidad el día 22 de mayo de 2002, por tanto la reclamación se interpuso contra dicho acuerdo desestimatorio y la presentación de la misma el día 29 de mayo, entraba dentro del plazo del mencionado artículo 88. Deben por tanto estimarse en este sentido las pretensiones del reclamante y entrar ahora a resolver las cuestiones que en su día se plantearon ante el TEAR de ...
TERCERO.- El artículo 111 de la Ley General Tributaria, atribuye a toda persona, natural o jurídica, pública o privada, la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas; estableciendo el apartado segundo de dicho articulo que, debe cumplirse dicha obligación, "bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración Tributaria"; corresponde a la Inspección de los Tributos, según establece el artículo 140 de la citada Ley realizar por propia iniciativa o a solicitud de otros órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos; Que el desarrollo reglamentario de dichos preceptos ha sido realizado por los artículos 12 y 37 del Reglamento General de Inspección, el primero de ellos califica de actuaciones de obtención de información, aquellas que tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona o Entidad, y que tengan trascendencia tributaria respecto de otras personas o entidades distintas de aquellas; y señala que las actuaciones de obtención de información "podrán desarrollarse cerca de la persona o Entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, o bien mediante requerimiento hecho para que tales datos o antecedentes sean remitidos o aportados a la Inspección"; estableciendo el artículo 37 el procedimiento a seguir en la practica de las repetidas actuaciones de obtención de información.
CUARTO.- La Entidad reclamante manifiesta que el requerimiento impugnado al solicitar información relativa a intereses/ rendimientos y retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, está solicitando información que la Entidad ya ha suministrado a la Administración a través del modelo informativo 196 presentado, y que en virtud del artículo 17 de la Ley 1/98 de Derechos y Garantías del Contribuyente el contribuyente tiene derecho a no aportar documentos que ya han sido aportados. El mencionado artículo 17 establece: "Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión tributaria de que se trate. Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante. Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en dichos documentos". En el caso expuesto la Entidad ya ha aportado dicha información a través del modelo 196 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de cuentas bancarias, y por tanto y en virtud del mencionado artículo tiene derecho a no aportar nuevamente dicha documentación, si bien el propio artículo prevé la posibilidad de que la Administración requiera al interesado la ratificación de datos que ya han sido previamente aportados, contendidos en dichos documentos. El requerimiento impugnado tiene su origen en una actuación comprobatoria que realiza la Inspección respecto de unos obligados tributarios, titulares de la cuenta cuya información se requiere, y según se desprende del informe emitido en relación con el requerimiento impugnado, éste tiene por objeto que la Entidad confirme la misma. Así indica el informe "Aunque esta información está incluida en la Base de Datos Nacional, se solicitó confirmación de la misma con la finalidad de evitar cualquier error que pudiese existir en el tratamiento informático de los datos". El mencionado artículo 17 reconoce el derecho del contribuyente a no aportar documentos a la Administración que ya han sido aportados, dispensando a éste de una obligación que ya ha cumplido previamente, pero permite a la Administración que requiera al interesado para ratificar datos específicos que ya han sido aportados, y esta es precisamente la finalidad del requerimiento impugnado, al requerir que se aporte un dato muy concreto (intereses y retenciones de una única cuenta bancaria) que aunque fue incluido en un resumen anual tiene que ser ratificado por la Entidad. El reclamante entiende que si se trata de una comprobación de datos aportados, el propio requerimiento debe mencionar los datos que obran en su poder para su ratificación o rectificación, pero ni del artículo 17 ni de otra norma se extrae que ése deba ser el procedimiento a seguir por la Administración, cuando ésta quiera por alguna razón comprobar un dato previamente aportado, pero en todo caso si la Entidad requerida hubiera considerado que la Administración debía primero facilitarle el dato que quería contrastar pudo hacérselo saber a la Administración al atender el requerimiento, ya que en éste se indica una persona, un número de teléfono y una dirección para la remisión de la información pudiendo haber contactado con ésta. Por último cabe recordar que es criterio mantenido por este Tribunal Central en diversas resoluciones, manifestar que el procedimiento de obtención de información por suministro es compatible, por complementario, con el de obtención de información por captación que supone una actuación singularizada de la Administración que exige a una persona determinada que le proporcione unos datos. Se desestiman por tanto y en virtud de lo anterior las pretensiones del reclamante en este sentido.
QUINTO: En cuanto a las alegaciones relativas a la improcedencia del requerimiento por requerirse información que implica el conocimiento de los movimientos de una cuenta bancaria, y que precisa de la autorización prevista en el artículo 38 del RD 939/1986. El mencionado artículo 111 de la Ley General Tributaria, recoge el deber general de informar a la Administración Tributaria de datos y antecedentes con trascendencia para la gestión de los tributos y en concreto el artículo 38 del RGIT, aprobado por RD 939/1986, se refiere a las actuaciones de obtención de información acerca de entidades bancarias y crediticias y establece. "1. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades bancarias o crediticias, tales como Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, están obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas o financieras con otras personas. 2. En particular, tales personas o Entidades estarán obligadas, a requerimiento de la Inspección de Tributos, a facilitar los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y a plazo, de cuentas de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con cualquier obligado tributario.(...) 4. Únicamente en el caso de actuaciones de obtención de información de la Inspección de los Tributos que exijan el conocimiento de los movimientos de las cuentas u operaciones a que se refiere el apartado segundo de este artículo será necesaria la previa autorización del Director general correspondiente o del Delegado de Hacienda.
A estos efectos, el órgano actuante de la Inspección de los Tributos acompañará a la solicitud de la preceptiva autorización previa un informe ampliatorio que comprenda los motivos que justifiquen la actuación acerca de la persona o Entidad bancaria o crediticia. El Director general correspondiente o el Delegado de Hacienda, en su caso, resolverá en el plazo de quince días a partir del siguiente a aquel en que recibieran la solicitud".
Por su parte el apartado 3 del mencionado artículo 111 establece: "El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director del Departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, del Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente. (...)". Por tanto, con carácter general, los Bancos y Entidades de Crédito están obligados a proporcionar información con trascendencia tributaria a la Administración, no obstante, existe un procedimiento garantista previsto en el apartado 3 del mencionado artículo 111 y en el artículo 38.4 del Reglamento que no afecta a todos los datos relativos a las operaciones activas y pasivas de los Bancos y las Entidades de Crédito sino exclusivamente a los movimientos de dichas operaciones, y cuya finalidad es garantizar aquellos datos que afecten a la intimidad o la privacidad de las personas, así del conocimiento de los movimientos de las cuentas resulta el conocimiento de gastos, abonos personales etc. El requerimiento impugnado solicita que se aporte certificado en el que conste los intereses o rendimientos abonados en una cuenta determinada y las retenciones o ingresos a cuenta del IRPF de los mismos, y el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre de dicha cuenta, por tanto no solicita movimientos de cuentas bancarias, y aunque para determinar la información solicitada, la Entidad deba conocer los movimientos que ha habido en las cuentas, la información relativa a dichos movimientos no se tiene que suministrar a la Administración. y por tanto no se está vulnerando los límites para los que el artículo 111.3 de la Ley exigía autorización con el fin de proteger y garantizar la intimidad del obligado. Por tanto, el requerimiento impugnado no se regiría, como pretende el reclamante, por el apartado 3 del artículo 111, sino por el primer apartado del mismo artículo 111, no siendo necesaria la autorización del Director del Departamento o del Delegado de la AEAT, debiendo desestimarse las pretensiones del reclamante en este sentido.
SEXTO.- Plantea por último el reclamante que el requerimiento impugnado al solicitar el saldo medio del último trimestre, está pidiendo una información que la Entidad desconoce y que exige de operaciones matemáticas que no está obligada a realizar. Para argumentar su alegación el reclamante se remite a una consulta del programa de Información Tributaria Básica (Informa) de la AEAT, de 29 de mayo de 1995, y al artículo 12 de la Ley 19/91 que indica "El saldo medio del último trimestre del año vendrá dado por la suma de los productos de los saldos computables y sus días de permanencia, dividido por los 92 días que abarca el período. Para calcular dicho saldo no se computarán los fondos que se hayan retirado en el trimestre para adquirir bienes o derechos que figuren en el patrimonio o para cancelar o reducir deudas. Tampoco se tendrán en cuenta los ingresos que se hayan efectuado en el trimestre y que procedan de préstamos o créditos." Según el reclamante la Entidad no dispone de datos suficientes para calcular el saldo medio pues desconoce si los cargos en la cuenta son para adquirir bienes o derechos que figuren en el patrimonio o para calcular y reducir deudas y si los abonos en la cuenta proceden de préstamos o créditos, incidiendo dicha información en el cálculo. El requerimiento impugnado se limita a solicitar al reclamante el saldo medio de una cuenta bancaria en el último trimestre, sin indicar el modo en que la Entidad debe calcularlo. En el informe emitido por la Inspección en relación al requerimiento, se indica "En cuanto al saldo de la cuenta a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre de cada año, se trata de datos necesarios para la comprobación del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta información la suelen facilitar las distintas entidades financieras periódicamente a sus clientes, información de la que la Administración no dispone, porque ni las entidades financieras la suministran a ésta, ni el obligado tributario la ha aportado en el curso de las actuaciones". La propia Entidad reclamante manifiesta en la reclamación presentada que la Entidad facilita a los reclamantes "lo que podríamos llamar saldo medio matemático del último trimestre que es igual a la suma de los productos de todos los saldos y sus días de permanencia dividido por los 92 días del período sin tener en cuenta por desconocerlo la entidad, si los cargos en cuenta son para adquirir bienes y derechos que figuren en el Patrimonio o para cancelar o reducir deudas y si los abonos en cuenta proceden de préstamos o créditos" y añade que la Entidad no está obligada a realizar a petición de la Administración las operaciones matemáticas para obtener el saldo. Por tanto, de lo anterior resulta que la Entidad periódicamente informa a los clientes de los saldos medios en su cuenta, al que ahora denomina "saldo medio matemático" y así lo sabe la Administración y requiere a ésta para que le aporte dicha información por tener trascendencia para la regularización de la situación de un obligado tributario y no haber aportado éste la información, estando la Entidad obligada a aportarla en virtud del mencionado artículo 111 de la Ley "1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas" ya que es un dato del que dispone la Entidad, sin que le implique realizar nuevas operaciones que no hiciera antes del requerimiento y que tiene trascendencia tributaria. Es evidente que este era el dato que se le solicitaba, ya que es el que la entidad conoce por razón de la actividad desempeñada y así se le hizo saber al resolver el recurso de reposición en el que la Administración indicaba al requerido que el saldo solicitado "se facilita automáticamente y sin solicitud previa a sus clientes cuando les remite las certificaciones necesarias para realizar declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" y del Impuesto sobre el Patrimonio". Procede por tanto desestimar las alegaciones del reclamante y concluir que de lo hasta aquí expuesto se desprende que el requerimiento practicado al reclamante es ajustado a Derecho, y ha de cumplirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, y artículos 12, 37 y 38 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos
EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación interpuesta por ... y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de 4 de diciembre de 2003 en reclamación con nº ... en relación con requerimiento de información, referencia ... cursado por la Inspección de los Tributos de la Delegación de ... ACUERDA: 1) Estimar parcialmente el recurso presentado. 2) Anular la resolución del TEAR de ... recurrida y 3) Confirmar el requerimiento impugnado.
Orden: Civil Fecha: 28/01/2016 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Jimenez Garcia, Maria Num. Sentencia: 23/2016 Num. Recurso: 81/2015
Sentencia Civil Nº 384/2015, AP - Burgos, Sec. 3, Rec 104/2015, 29-11-2015
Orden: Civil Fecha: 29/11/2015 Tribunal: Ap - Burgos Ponente: Villimar San Salvador, Maria Esther Num. Sentencia: 384/2015 Num. Recurso: 104/2015

References: Resolución 
 artículo 111
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 111
 artículo 140
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 17
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 artículo 38
 artículo 111
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 artículo 12
 artículo 111
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