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Timestamp: 2017-12-16 12:12:35+00:00

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La nulidad del plan general de ordenacion urbana de Madrid: alcance y efectos tras pronunciamiento del tribunal supremo - Lexology
La nulidad del plan general de ordenacion urbana de Madrid: alcance y efectos tras pronunciamiento del tribunal supremo
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (el "PGOU´97") por no justificar con el detalle suficiente la desclasificación de suelos que el anterior PGOU de 1985 (el "PGOU´85") contemplaba como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Es decir, se pone un límite a la aplicación del "ius variandi" de la Administración en cuanto a la modificación de la ordenación preexistente, exigiendo que se aporte una justificación a la desaparición de la necesidad de protección que permita el cambio de clasificación.
La declaración de nulidad afecta a parte de los terrenos de 22 ámbitos que pasaron a ser clasificados como Suelo Urbanizable en 1997, y que se exponen a continuación:
(i) UNP 4-04 Ensanche de Coslada, (ii) UZP 2-03 Los Ahijones, (iii) UNP 4-05 Ensanche de San Fernando, (iv) UZP 2-02 Los Cerros, (v) UZP 2-04 Los Berrocales, (vi) UZP 3-01 Valdecarros, (vii) UZP 1.04 Vallecas-La Atalayuela, (viii) APR 17-01 El Salobral-Nacional IV, (ix) APE 09/03 Portillo de El Pardo, (x) APE 09/20 Manzanares Norte, (xi) APE 08/06 Colonia Mingorrubio, (xii) UNP 4-08 Aravaca-La Escorzonera-Montes del Pilar, (xiii) Equipamiento General de Valdegrulla, (xiv) APR 19/04 La Dehesa, (xv) UZI 00-06 Arroyo del Fresno, (xvi) UNP 4-07 Remate Suroeste Campamento, (xvii) APE 10-08 Colonia Militar de Cuatro Vientos, (xviii) APR 10-02 Instalaciones Militares Campamento, (xix) UNP 4-01 Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, (xx) UNP 4-10 Solana de Valdebebas, (xxi) AOE 00-22 Sistema Aeroportuario de Barajas y (xxii) UNP 4-11 Fuente Fría Norte.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid están llevando a cabo sus mejores esfuerzos para adoptar las fórmulas jurídico-urbanísticas que permitan garantizar la vuelta a la legalidad de dichos ámbitos. El objetivo es que las viviendas realizadas o en curso de ejecución al amparo del PGOU´97, vuelvan a tener amparo legal, de tal forma que los ciudadanos tengan una seguridad jurídica sobre sus propiedades (viviendas/edificios finalizadas a falta del cumplimiento de determinados trámites administrativos para su ocupación, o proyectos completos de cooperativas en curso) en los ámbitos afectados.
El pasado 28 de septiembre de 2012 el Tribunal Supremo dictó dos sentencias (las "Sentencias") en las que ha declarado la nulidad de la ordenación urbanística y la clasificación de algunos de los Sectores en curso de urbanización más conocidos de la ciudad de Madrid.
Las Sentencias (con contenido idéntico), se pronuncian expresamente sobre la reclasificación de dos Sectores: Instalaciones Militares de Campamento y Arroyo del Fresno.
No obstante, el pronunciamiento judicial afecta a 22 de los nuevos barrios de la ciudad (creados y planificados mediante el PGOU´97), algunos con desarrollos tan importantes como los situados en el ámbito de la llamada "Estrategia del Este" de expansión de Madrid.
Desde el punto de vista procesal, dichas Sentencias han sido el último paso de un largo proceso iniciado en 1997 con la Aprobación Definitiva de la Revisión del PGOU, que se resume en el siguiente íter cronológico:
1997: La Comunidad de Madrid aprueba definitivamente la Revisión del PGOU´85, transformando algunos ámbitos de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en Suelo Urbanizable.
En ese mismo año, Ecologistas en Acción presentó un Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnando la Aprobación Definitiva del PGOU´97, alegando la falta de justificación en la desaparición de la Especial Protección y el cambio de clasificación del suelo afectado.
2003:El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia, de 27 de febrero, por la que se declaran nulas:
"aquellas determinaciones que suponían la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección".
La nulidad radica en la falta de justificación de los motivos que daban lugar a la eliminación de la protección de Suelo No Urbanizable y su reclasificación en Suelo Urbanizable.
En este sentido, el Tribunal señala que los Suelos No Urbanizables de Especial Protección no pueden ser alterados mediante la determinación de nuevos espacios sin una justificación expresa y motivada de la desaparición de aquellos elementos que en su día sirvieron para fomentar dicha protección. Precisamente, dichos elementos aparecían recogidos en el PGOU´85, por lo que en 1997 había que justificar la desaparición de los mismos.
Dicha declaración de nulidad afectó a un total de 28 ámbitos, incluyendo actuaciones ya en construcción en el año 2.003, de gran importancia por su amplitud y su ubicación estratégica para el crecimiento de Madrid, como las de los PAUs de Montecarmelo, Las Tablas o Sanchinarro.
2007: El Tribunal Supremo dictó Sentencia con fecha 3 de julio, en la que confirmó la Sentencia de 27 de febrero de 2003 del TSJ de Madrid.
Esta nueva Sentencia excluyó de la declaración de nulidad a varios Sectores, como el Camino de los Caleros, Montecarmelo, Sanchinarro, Las Tablas y Cerros de los Gamos, dado que su clasificación como urbanizable procedía de modificaciones del PGOU´85 que se habían efectuado con anterioridad al PGOU´97 que era el objeto del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto.
2008: Se procede por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid (como Administraciones competentes), a preparar una Memoria justificativa de los motivos que sustentaban la desclasificación realizada por el PGOU´97, a los efectos de regularizar la situación y dar de nuevo cobertura a la ordenación afectada por dichas Sentencias.
A este respecto, hay que recordar que los Tribunales no habían declarado ilegal la desclasificación, per se, en cuanto al fondo de la misma, sino que entendieron que era nula por no contar con el detalle justificativo suficiente, esto es, por no cumplir estrictamente los requisitos formales para su aprobación.
En ese año, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó definitivamente con fecha 24 de enero de 2.008, la Memoria realizada por el Ayuntamiento de Madrid para la subsanación de la Sentencia de 2007.
2011: Ecologistas en Acción impugnó1 la Aprobación Definitiva de la Memoria justificativa sobre la conveniencia de la reclasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a Suelo Urbanizable.
2012: El Tribunal Supremo dicta dos Sentencias con fecha 28 de septiembre, en las que declara la nulidad del PGOU´97 al entender que no cabe la subsanación de Instrumentos Urbanísticos declarados nulos y, por lo tanto no puede admitir la Memoria justificativa de 2008, en la que se detallaban los motivos que dieron lugar a la desclasificación prevista en el PGOU´97.
En resumen, el fundamento que mantiene el Tribunal Supremo en ambas Sentencias radica en la imposibilidad legal de llevar a cabo la convalidación a posteriori de Instrumentos de Planeamiento una vez son declarados nulos.
La publicación de las Sentencias ha generado gran incertidumbre entre ciudadanos e inversores, que se ha traducido en un importante número de consultas sobre el alcance y efectos que las mismas pueden tener sobre los desarrollos urbanísticos proyectados, en marcha o ejecutados.
En muchos de estos casos, se trata de ámbitos en los que todos sus Instrumentos Urbanísticos tramitados en desarrollo del PGOU´97 han sido aprobados (Planes Parciales y Proyectos de Urbanización y Reparcelación) y que, en gran parte de ellos tienen Juntas de Compensación constituidas y en funcionamiento, habiéndose ejecutado obras de urbanización, y se han otorgado determinadas licencias que amparan la construcción de edificios sobre algunos de los terrenos que ahora pasan a ser regulados por el PGOU´85 y, consecuentemente, a ser considerados Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
No obstante, en la mayoría de ámbitos afectados, todavía no se han otorgado las Licencias de Primera Ocupación y/o de Funcionamiento de los inmuebles proyectados, por lo que los mismos no pueden ser aún ocupados por los ciudadanos.
Debido a lo anterior, y con el fin de garantizar el interés social de los miles ciudadanos afectados, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid están valorando las fórmulas jurídicas más idóneas para garantizar los derechos de todos los propietarios de esos Sectores.
III. Alcance y efectos de la nulidad decretada por el Tribunal Supremo
El contenido de las Sentencias, pese a responder a dos ámbitos distintos, es prácticamente idéntico, por lo que se analizan conjuntamente a continuación.
1. El objeto de la Sentencia: La imposibilidad de subsanar Instrumentos Urbanísticos nulos
El objeto de las Sentencias, según el Fundamento de Derecho Quinto:
"Se resume en determinar si puede subsanarse una falta de justificación por el planificador general en el cambio de clasificación del suelo, concretamente al desclasificar Suelo No Urbanizable de Especial Protección, después de haberse declarado judicialmente la nulidad de parte del plan por dicha causa".
Como se ha señalado, según la Sentencia de 27 de febrero de 2003, el PGOU´97 desclasificó Suelo No Urbanizable de Especial Protección sin contener, a juicio del Tribunal, la motivación y justificación necesaria para admitir dicha desclasificación.
Una vez declarada judicialmente esa falta de motivación, las Administraciones Públicas competentes, buscando la solución que de forma más rápida aportara respaldo jurídico a las actuaciones desarrolladas en los ámbitos afectados, redactaron y aprobaron una Memoria justificativa de la desclasificación.
Sin embargo, los Tribunales han entendido que no resulta posible la convalidación de un Instrumento de Planeamiento una vez declarado nulo (aunque haya sido por defectos formales en la tramitación). Es decir, que no es posible la convalidación del PGOUM de 1997, mediante la aprobación de una Memoria justificativa posterior a la Sentencia de 2003.
El Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Sexto, recoge los efectos de la nulidad de pleno derecho y la imposibilidad de subsanar la misma:
"Así es, no se puede subsanar, enmendar, o convalidar el plan nulo. Tampoco pueden conservarse los acuerdos de Aprobación Definitiva y otros que se mantienen como si las determinaciones del plan no hubieran sido declaradas nulas de pleno derecho. Y, en fin, no podemos considerar que ese posterior complemento de la justificación para la reclasificación de los terrenos pueda tener un alcance retroactivo para intercalarse en el lugar, dentro del procedimiento administrativo, en el que debió haberse proporcionado. (…)
De modo que se ha declarado la nulidad de una disposición de carácter general, de una norma de rango reglamentario, pues tal es la naturaleza de los planes de urbanismo, según venimos declarando desde antiguo, pues " el Plan, que tiene una clara naturaleza normativa - sentencias de 7 de febrero de 1987, 17 de octubre de 1988, 9 de mayo de 1989, 6 de noviembre de 1990, 22 de mayo de 1991, etc .", por todas, STS de 9 de julio de 1991 (recurso de apelación nº 478 / 1989). (…)
Es cierto que la sentencia no declara la nulidad de todo el plan general, sino sólo de algunas determinaciones urbanísticas, de algunas de sus normas, pero esta circunstancia, a que se refiere el auto recurrido, no altera ni priva del carácter de nulidad plena de aquellas que han resultado afectadas por dicho pronunciamiento judicial. La nulidad es de una parte del plan, pero esa parte es nula de pleno derecho, con los efectos propios de esta categoría de invalidez. De modo que no puede sostenerse con éxito que cuando se declara nula una parte de un texto normativo, y no en su integridad, se diluyan o mermen los efectos de esa nulidad plena.
Además, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la conservación de los actos de trámite en el Fundamento de Derecho Séptimo, que establece que:
"Igualmente, sobre la conservación y convalidación, hemos señalado que «no hay conservación ni convalidación de trámites necesarios en la aprobación de un instrumento de ordenación urbanística, dado que se trata de disposiciones de carácter general y la ausencia de requisitos formales, a diferencia de lo que sucede con los actos, acarrea su nulidad radical, según dispone categóricamente el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LA LEY 3279/1992) y del Procedimiento Administrativo Común, de manera que no es aplicable lo establecido en los artículos 62.1, 63.2, 64 y 66 de la misma Ley. (...)"
Por lo tanto y en conclusión, el Tribunal Supremo no ha admitido la posible subsanación, enmienda o convalidación del PGOU´97 al haber sido declarado nulo.
2. No se acepta la posibilidad de reconocer efectos retroactivos para salvar los trámites de la Aprobación Definitiva.
El artículo 67.2 de la Ley 30/1992 establece que el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha de emisión, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo niega la aplicación del artículo citado en el Fundamento de Derecho Octavo de las Sentencias, estableciendo que:
"La retroactividad de los actos invocada por la Administración para salvar los trámites del procedimiento de elaboración de la disposición general, incluida la Aprobación Definitiva, no encuentra amparo en la retroactividad que cita el artículo 67.2 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), pues la elaboración de un complemento de la memoria para justificar ahora lo que se debió de justificar al elaborar el plan y cuya ausencia acarreó su nulidad, no puede alterar los efectos de la nulidad plena declarada judicialmente. No puede, en definitiva, servir de cobertura para conservar el procedimiento de elaboración de una norma reglamentaria, incluida su Aprobación Definitiva, tras la nulidad declarada por sentencia firme de sus normas, la aplicación de la retroactividad de los actos administrativos."
Por lo tanto, el Tribunal Supremo concluye que no es posible conservar el procedimiento que se siguió para aprobar el PGOU´97, negando al mismo tiempo la posibilidad de justificar con posterioridad la conveniencia de la desclasificación en ese expediente.
3. La falta de justificación de la clasificación urbanística: carácter esencial.
El Tribunal Supremo recuerda que la nulidad del PGOU´97 no deriva de la existencia de elementos que favorezcan la Especial Protección del suelo afectado sino que la verdadera causa de la nulidad se debió a la ausencia de justificación necesaria para llevar a cabo la desclasificación.
A estos efectos, el Tribunal Supremo señala en su Fundamento de Derecho Noveno que:
"Quizás se parte, en las resoluciones impugnadas en la instancia, de una premisa inexacta como es considerar que la falta de justificación en ese cambio de clasificación urbanística es un mero defecto formal que puede subsanarse "a posteriori" tras la nulidad declarada judicialmente.
Conviene reparar a estos efectos que esa carencia reviste un carácter esencial y sustantivo pues afecta a la comprensión e impugnación del propio cambio normativo. Y sabido es que los trámites tienen un carácter medial o instrumental al servicio de una finalidad que en este caso, insistimos, se conecta con las garantías del ciudadano y la relevancia del medio ambiente, atendida la naturaleza del cambio de clasificación realizado."
4. La extensión de la nulidad a los Instrumentos Urbanísticos de desarrollo del PGOU´97.
Por último, el Tribunal Supremo mantiene que la nulidad del PGOUM no afecta úncamente al Plan en cuestión, si no que se extiende automáticamente al resto del ordenamiento surgido como desarrollo del mismo.
Así, el Fundamento de Derecho Décimo dispone que:
"Los efectos propios de la nulidad plena impiden igualmente que el ordenamiento derivado, planes parciales y de sectorización, puedan tener cobertura en las concretas normas declaradas nulas, como venimos señalando de modo profuso y uniforme en el ámbito urbanístico. En efecto, la nulidad de pleno derecho de la norma de cobertura, es decir, de la norma que es presupuesto necesario de las normas sucesivas derivadas de la misma, acarrea la invalidez de estas, al tratarse de una nulidad «ad initio»."
Por tanto, la declaración de nulidad nos sitúa en lo establecido en el PGOU´85, con importantes planes urbanísticos y desarrollos proyectados sobre terrenos que por asunción de la ordenación anterior a 1997, son de nuevo Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Por todo ello, la situación tras la publicación de las Sentencias es preocupante y requiere de todos los medios posibles que permitan la regularización de la misma, para que los desarrollos proyectados en los Sectores afectados puedan quedar legalizados lo antes posible.
IV. Posibles actuaciones del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma de Madrid, para hacer imperar la seguridad jurídica, garantizar el interés social y las inversiones realizadas
Según hemos sido informados, los responsables del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han mostrado su firme voluntad de conseguir una solución que garantice, con plena seguridad jurídica, el total respeto a las inversiones en marcha y a los derechos de los ciudadanos que han adquirido terrenos o inmuebles en los ámbitos afectados.
En este sentido, para garantizar y consolidar los legítimos derechos de los terceros adquirentes de buena fe se podrían acometer las siguientes actuaciones:
Aprobación de una Ley Urbanística ad hoc por vía de urgencia que regulara las urbanizaciones y edificaciones construidas al amparo del PGOU´97, dando cobertura legal y regularizando la situación creada por las Sentencias.
Esta solución se ha adoptado en otros casos en los que determinados proyectos o inmuebles se encuentran en situación de "fuera de ordenación", que se produce cuando lo ejecutado no se corresponde con lo previsto en el Planeamiento. Esto es, cuando hay obras de urbanización o inmuebles ejecutados sobre terrenos donde según el Planeamiento vigente no caben esas actuaciones, al ser Suelo No Urbanizable.
Así ha sucedido, por ejemplo, con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el Régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se procede a regularizar multitud de urbanizaciones irregulares o ilegales.
Aplicación / Modificación de la Ley 9/2001, de 17 de junio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La segunda opción supondría la aplicación directa, o previa modificación, del artículo 70.1 de la Ley del Suelo, que contempla la posible suspensión cautelar de los Planes de Ordenación Urbanística, en los siguientes términos:
"1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso de Planes Generales de municipios de más de 50.000 habitantes y el Consejero competente en materia de ordenación urbanística en los restantes supuestos podrán suspender cualquier Plan de Ordenación Urbanística en todo o parte de su contenido y ámbito territorial, previa audiencia del Municipio o municipios afectados, a fin de proceder a su revisión o modificación cuando la ejecución del mismo afecte negativamente al interés regional."
A la vista de dicho artículo, cabrían tres escenarios:
A. Aplicación directa del artículo 70.1: Suspender el PGOU´85 en los ámbitos afectados y dictar unas normas transitorias que diesen cobertura a los mismos hasta que se apruebe un nuevo Planeamiento (que ya está en marcha, con la denominación de Revisión del PGOU´97).
B. Aplicación, previa modificación, del artículo 70.1: Sería un procedimiento igual que el anterior, pero sustituyendo la referencia al interés regional por "interés público", que es mucho más amplia y que tendría un mayor encaje en el presente caso.
A este respecto, también podría realizarse una modificación en este sentido:
"Si como consecuencia de una resolución administrativa o contencioso-administrativa se produjera la nulidad de un Instrumento de Planeamiento, la revisión de sus determinaciones sustanciales o estructurantes se sujetará a la normativa urbanística y sectorial aplicable en la fecha de su aprobación."
En cualquiera de estas opciones, se conseguiría dar una cobertura temporal a las actuaciones urbanísticas en marcha (ya no estarían proyectadas sobre Suelo No Urbanizable), que finalmente se verían definitivamente garantizadas mediante la Aprobación de la Revisión del PGOU´97 actualmente en marcha y que deberá tener en cuenta "la realidad fáctica y material" de la ciudad en el momento de aprobar sus Instrumentos Urbanísticos.
Este sentido, cabe destacar la doctrina de la "fuerza normativa de lo fáctico" y en concreto lo dispuesto en la Sentencia, de 6 de junio de 1989 [LA LEY 907-JF/0000], del Tribunal Supremo, según la cual:
"«La clasificación de un terreno como suelo urbano constituye un imperativo legal que no queda al arbitrio del planificador, sino que debe ser definido en función de la realidad de los hechos», a cuya realidad alude también la de 1 Oct. 1986 para advertir que a ella ha de estarse tanto en la delimitación del suelo urbano como en su planificación urbanística, pues aquél se califica con respeto a la realidad de sus servicios, con arreglo a los arts. 78 a) y 81.2 TR LS, de tal manera que cuestiones como la que en esta ocasión se suscita, han de resolverse atendiendo exclusivamente a si los terrenos objeto de debate cuentan o no con «acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica», o bien se encuentran «comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie», en la forma que el Plan determine, bien entendiendo que no es necesario que ambas circunstancias concurran, ya que se trata de exigencias puramente alternativas y no conjuntivas, como demuestra la disyuntiva «o por estar comprendidos...» (…)
«Hay que conferir especial relevancia a la fuerza normativa de lo fáctico para considerar como urbanos los terrenos atendiendo a la realidad», lo que hace, a la inversa, que la inclusión o no en un Plan de tales terrenos como urbanos quede fuera de la esfera voluntarista de la Administración."
Por lo tanto, sea cual sea la fórmula jurídica que se adopte2 para dar cobertura a los desarrollos urbanísticos en marcha, garantizando igualmente el respeto a las Sentencias comentadas, la garantía plena y formal del interés social se verá consolidada cuando se produzca la Aprobación de la Revisión del PGOU´97, que tendrá en cuenta los Suelos que de facto han adquirido la condición de Urbanos por la ejecución de las obras de urbanización, y los inmuebles construidos al amparo de las licencias otorgadas.
Nos encontramos ante una situación en la que por motivos principalmente formales de falta de justificación de la aplicabilidad del "ius variandi" de la Administración para cambiar el PGOU´85, y transformar Suelo No Urbanizable de Especial Protección en Suelo Urbanizable, se ha declarado la nulidad de la reclasificación aprobada en 1.997 y que afecta en la actualidad a 22 ámbitos de Suelo Urbanizable del municipio de Madrid.
Gran parte de dichos ámbitos han sido a su vez ordenados y urbanizados, habiéndose otorgado un gran número de licencias autorizando la construcción a miles de ciudadanos organizados en Juntas de Compensación, promotoras y cooperativas, que han realizado inversiones de buena fe en los ámbitos afectados.
Desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se están poniendo en marcha los mecanismos pertinentes para regularizar la situación, lo que pasará en cualquier caso por una Revisión del PGOU que ampare la reclasificación aportando las fundamentaciones oportunas, y el otorgamiento de las licencias necesarias para consolidar los legítimos derechos de los propietarios afectados.3
A los efectos de agilizar en lo posible la regularización, junto al proceso de adaptación del planeamiento a la realidad material, las Administraciones competentes están barajando la posibilidad de realizar modificaciones legislativas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
De esta forma, se pretende la vuelta a la legalidad jurídico-urbanística de la manera que resulte más inocua para los terceros adquirentes de buena fe, en los 22 ámbitos afectados por las Sentencias comentadas.
Sirve esta cuestión como recordatorio a todas las Administraciones Públicas con competencias urbanísticas, a los efectos de que fundamenten y justifiquen convenientemente (en los expedientes administrativos al efecto), los motivos para aplicar el "ius variandi" que les permite modificar las condiciones de ordenación del Planeamiento vigente.
Aportando las convenientes justificaciones, el Planeamiento debe adaptarse a las necesidades de crecimiento de las ciudades, para que se puedan aplicar las mismas de la manera más eficiente y pacífica posible evitando la generación de perjuicios a los ciudadanos, y haciendo imperar la seguridad jurídica.
Pérez-Llorca - Vicente Estebaranz Parra

References: artículo 62
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 resolución