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Timestamp: 2020-01-20 08:19:08+00:00

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Registro Oficial. 3 de MAYO del 2002
Viernes 3 de Mayo del 2002
2589 Dispónese que las municipalidades\n de Quito y de Guayaquil y aquellas que fueren autorizadas mediante\n Decreto Ejecutivo a construir, administrar y mantener aeropuertos\n en sus respectivas jurisdicciones, crearán, regularán,\n reformarán, fijarán, recaudarán y suprimirán\n las tasas y derechos por facilidades aeronáuticas y utilización\n de la infraestructura aeronáutica.
2590 Refórmase el Reglamento\n para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
2591 Derógase los decretos\n 1091-D del 29 de diciembre del 2000 publicado en el Tercer Suplemento\n del Registro Oficial No 234 del 29 de diciembre del 2000; y,\n 1402 del 4 de abril del 2001 publicado en el Registro Oficial\n 305 del 12 de abril del 2001.
2597 Ratificase la Convención\n Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
02\n 140 Desígnase\n al Subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa, Micro Empresa\n y Artesanía del MICIP, para que en calidad de delegado\n permanente asista a las sesiones del Consejo Nacional de Microempresa\n (CONMICRO)
Ofiacilizanse con el\n carácter de obligatoria la Norma Técnica Ecuatoriana\n de varios productos:
02\n 141 NTE INEN 1983\n (Productos derivados del petróleo Fuel Oil Requisitos).
02\n 142 NTE INEN 2114\n (Transformadores nuevos monofásicos, Valores de corriente\n sin carga, pérdidas y voltaje de cortocircuito).
NTE\n INEN-ISO 17 025\n (Requisitos generales para la competencia de laboratorios de\n calibración y ensayo)
NTE\n INEN 2 115 (Transformadores\n nuevos trifásicos Valores de corriente sin carga, pérdidas\n y voltaje de cortocircuito).
889-2001-RA Refórmase Ia resolución\n venida en grado, concédese el amparo constitucional propuesto\n por el señor Andreas Eule y suspéndese como medida\n cautelar el acto ilegítimo impugnado por el recurrente.
962-001-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase por improcedente el amparo\n constitucional presentado por el señor Gustavo Grijalva\n Ortiz
966-2001-RA Inadmítese por improcedente\n la acción de amparo constitucional interpuesta por la\n licenciada Esthela Bazár Cabeza.
003-2002-HD\n Confirmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase\n el hábeas data propuesto por el licenciado Héctor\n Rodrigo Guerrero Ortiz y otro.
006-2002-HD\n Confírmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n hábeas data solicitado por Luis Eduardo Puertas Rosales.
008-2002-HC\n Confirmase\n la resolución dictada por el Alcalde del cantón\n Morona y niégase el hábeas corpus solicitado por\n Abraham Ankuash Yankuan Wampankit.
023-2002-RA\n Niégase\n el amparo constitucional propuesto por la señora Zoila\n Hortensia Paredes Araujo.
026-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Janneth Cristina Tarupi Montenegro
039-2002-RA Confinase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por la señora Verónica Marcela Insuaste\n Paredes.
077-2002-RA Confirmase la resolución\n expedida por la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha y concédese\n el recurso de amparo constitucional propuesto por la señora\n Mercy Lucia Magallanes Ruiz.
082-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Luis Rolando León Durazno
084-2002-RA Confirmase Ia resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por la señora Irlanda Alisva García Izurieta
087-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado\n por el señor Leonardo Happacher Egüez.
103-2002-RA\n Confirmase\n la resolución expedida por la Jueza Vigésima Tercera\n de lo Civil de Pichincha y niégase el recurso de amparo\n constitucional propuesto por el señor Alexander John Mc\n Conville.
115-2002-RA Confirmase la resolución\n emitida por el Juez Primero de lo Penal de Esmeraldas y niégase\n el recurso de amparo constitucional propuesto por el Ab. Andrés\n Meléndez Cuadrado.
141-2002-RA Inadmitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el doctor Luis Antonio\n Demera Zambrano.
152-2002-RA Inadmitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por la señora Juana\n Florida López López
154-2002-RA Inadmitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el abogado Alberto Palacios\n Palma.
159-2002-RA Inadmitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el señor Francisco\n Miguel Barona Rosales.
177-2002-RA\n No admitir\n por improcedente el amparo constitucional interpuesto por el\n arquitecto Rómulo Rodríguez Castro.
-Cantón\n Balzar: Sustitutiva\n que reglamenta el cobro del impuesto de patentes municipales.
Cantón\n Palenque: Reformatoria\n que reglamenta la determinación, administración,\n control y recaudación del impuesto sobre los activos totales
-Cantón\n Palenque: Que\n reglamenta las tasas por servicios administrativos
-Cantón\n Bolívar: De\n cobro de patentes anuales y mensuales municipales.
N0\n 2589
Que el H. Congreso Nacional mediante Ley N° 2002-58, promulgada\n en el Registro Oficial N0 503 de 28 de enero del 2002, reformó\n el literal j) del Art. 5 de la Ley de Aviación Civil,\n referente a las atribuciones del Consejo Nacional de Aviación\n Civil
Que es necesario reglamentar las normas relacionadas con la\n mencionada reforma, para la debida aplicación de la ley;\n y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 5 del\n artículo 171 de la Constitución Política\n de la Republica,
Art. 1.- Las municipalidades de Quito y de Guayaquil y aquellas\n que fueren autorizadas mediante Decreto Ejecutivo a construir,\n administrar y mantener aeropuertos en sus respectivas jurisdicciones;\n crearán, regularán, reformarán, fijarán,\n recaudarán y suprimirán las tasas y derechos por\n servicios aeroportuarios, tasas y derechos por facilidades aeronáuticas\n y utilización de la infraestructura aeronáutica;\n mediante ordenanzas dictadas de conformidad con la Ley de Régimen\n Municipal, sin que para ello se requiera de la autorización\n previa de la Dirección General de Aviación Civil.
Dado en el Palacio Nacional, a los 24 días del mes\n de abril del 2002.
Que mediante Decreto Ejecutivo 593 de 11 de febrero de 1999,\n promulgado en el Registro Oficial No. 134 de 23 de febrero del\n mismo año, se dictó el Reglamento para el Funcionamiento\n del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
Que mediante Decreto Ejecutivo 2233 de 8 de enero del 2002,\n promulgado en el Registro Oficial No. 495 de 16 de enero del\n mismo año, se incorporan varias reformas al Reglamento\n para el Funcionamiento del MEM, entre ellas una Disposición\n Transitoria por la que se establece una referencia para la sanción\n de los precios en el MEM;
Que las premisas utilizadas para establecer una referencia\n para la sanción de precios en el MEM, fueron fundamentalmente\n los precios de los combustibles para generación eléctrica,\n la evolución de las tarifas al usuario final y los montos\n de energía comprada en el mercado ocasional por las empresas\n distribuidoras;
Que las condiciones de funcionamiento del mercado han variado,\n ya que actualmente los precios de los combustibles han disminuido\n respecto al año anterior; el incremento gradual de las\n tarifas ha permitido que éstas estén próximas\n sus valores económicos reales y los montos de energía\n comprada por las empresas distribuidoras en el mercado ocasional\n se han reducido notablemente; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 5 del\n articulo 171 de la Constitución Política de la\n República,
Expedir la siguiente reforma al Reglamento para el Funcionamiento\n del Mercado Eléctrico Mayorista.
Art. 1.- Derógase la Disposición Transitoria\n Cuarta del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, incorporada\n mediante Decreto Ejecutivo 2333, publicado en el Registro Oficial\n No. 495 de 16 de enero del 2002.
Art. Final.- De la ejecución del presente decreto que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial. Encárguese el Ministerio de Energía\n y Minas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 24 de abril del 2002.
f)	Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.
Que el Art. 46 de la Ley Especial de Desarrollo Turístico,\n promulgada en el Registro Oficial 118 del 28 de enero de 1997,\n dispone que para el ejercicio de las actividades turísticas\n es necesario contar con la Licencia Unica Anual de Funcionamiento\n vigente y la afiliación a la Cámara Provincial\n de Turismo de su jurisdicción.
Que mediante Decreto Ejecutivo 1091-D, publicado en el Tercer\n Suplemento del Registro Oficial 234 del 29 de diciembre del 2000,\n se establecieron los valores que deben cancelar los establecimientos\n turísticos para obtener la Licencia Unica Anual de Funcionamiento;
Que mediante Decreto Ejecutivo 1402 de 4 de abril del 2001,\n publicado en el Registro Oficial 305 del 12 de abril del 2001,\n se reformó el Decreto Ejecutivo 1091 -D estableciendo\n nuevos valores a cancelar por los establecimientos turísticos\n para obtener su Licencia Unica Anual de Funcionamiento; y ampliando\n el plazo para su cancelación y trámite;
Que de conformidad can las disposiciones contempladas en los\n artículos 225 y 226 de la Constitución Política\n de la República, el Ministerio de Turismo mediante convenio\n ha transferido varias competencias a favor de 36 municipios del\n país;
Que el Art. 2 del Código Tributario recoge el principio\n de supremacía de la Ley Tributaria y establece que una\n norma tributaria solo podrá ser derogada o modificada\n por disposición expresa de otra norma tributaria;
Que los municipios que recibieron mediante convenio las competencias\n del Ministerio de Turismo, han dictado sendas ordenanzas que\n establecen tasas relativas al ejercicio de las potestades transferidas\n en materia turística, por lo que es necesario, para evitar\n la duplicidad de pago, derogar aquellas establecidas mediante\n decreto ejecutivo:
Que el Art. 51 del Reglamento General para la Aplicación\n de la Ley de Turismo dispone que las licencias únicas\n anuales de funcionamiento tienen vigencia durante el año\n de su emisión y hasta 60 días en el año\n siguiente; y,
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos\n 225 y 226 de la Constitución Política de la República,
Art. 1.- Derógase los decretos 1091-D del 29 de diciembre\n del 2000, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial\n 234 del 29 de diciembre del 2000: y, Decreto 1402 del 4 de abril\n del 2001, publicado en el Registro Oficial 305 del 12 de abril\n del 2001.
Art. 2.- Los municipios que participen en procesos de descentralización\n y suscriban convenios de transferencia de competencias, tienen\n plena facultad legal de conformidad con la Ley de Régimen\n Municipal, la Ley Especial de Desarrollo Turístico y sus\n reglamentos, para establecer mediante ordenanzas las correspondientes\n tasas por concepto de habilitación y control de establecimientos\n o empresas turísticas.
DISPOSICION TRANSITORIA.- Ampliase hasta el 30 de diciembre\n del 2002 inclusive el plazo establecido en el Art. 51 del Reglamento\n General de Aplicación de la Ley de Turismo, para que los\n establecimientos turísticos localizados en los cantones\n a los que el Ministerio de Turismo ha transferido competencias,\n obtengan la Licencia Unica Anual de Funcionamiento correspondiente\n al año 2002.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 24 de abril del 2002.
f) Rocío Vázquez Alcázar. Ministra de\n Turismo.
N0 2597
Que el 11 de junio de 1998, la República del Ecuador,\n suscribió la "Convención Interamericana sobre\n Tráfico Internacional de Menores", que fuera adoptada\n en México, el 18 de marzo de 1994, durante la Quinta Conferencia\n Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado;
Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n N0 261-2001-TP de 18 de diciembre del 2001, dictaminó,\n por pedido del Primer Mandatario, formulado según lo dispone\n el articulo 277 de la Ley Suprema, la conformidad constitucional\n de dicho instrumento internacional cumpliéndose así\n con las normas constitucionales prescritas por los artículos\n 162 y 176, numeral 5 de la Carta Política de la República\n del Ecuador,
Que el Honorable Congreso Nacional, mediante Resolución\n número R-23-147 de 6 de marzo del 2002, en aplicación\n de los artículos 161 y 130, numeral 7 de la Ley Suprema\n de la República aprobó la Convención antes\n citada;
Que dicho instrumento internacional es conveniente para los\n intereses del país; y.
ARTICULO PRIMERO.- Ratifica la "Convención Interamericana\n sobre Tráfico Internacional de Menores", cuyo texto\n lo declara Ley de la República y compromete para su observación\n al Honor Nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a depositar el instrumento\n de ratificación ante el Secretario General de la Organización\n de los Estados Americanos, para dar cumplimiento a lo dispuesto\n en el articulo 29 de la Convención.
ARTICULO TERCERO.- Procédase a publicar la citada convención\n en el Registro Oficial cuando dicho instrumento internacional\n entre en vigencia.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 24 días\n del mes de abril del 2002.
No. 02 140
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION,\n PESCA Y COMPETIVIDAD
Que según el Art. 6 del Decreto Ejecutivo No. 2461\n de 13 de marzo del 2002, publicado en el Registro Oficial No.\n 538 de 20 de marzo del 2002, el Consejo Nacional de la Microempresa\n (CONMICRO) está integrado, entre otros, por el titular\n de esta Secretaría de Estado o su delegado:
Que es necesario designar un delegado permanente ante el mencionado\n Consejo, para que asista a las sesiones que se convoquen; y.
ARTICULO 1.- Desígnase al Subsecretario de Pequeña\n y Mediana Empresa. Micro Empresa y Artesanía del MICIP,\n para que en calidad de delegado permanente y en representación\n de esta Secretaria de Estado, asista a las sesiones del Consejo\n Nacional de Microempresa (CONMICRO).
ARTICULO 2.- El delegado ejercerá la representación\n de la entidad, en lo concerniente a todos los actos que realice\n o daba realizar en el Consejo. En consecuencia, actuará\n siempre en coordinación con las políticas e instrucciones\n impartidas por la máxima autoridad en forma directa, sin\n perjuicio que por escrito se le imparte instrucciones en este\n sentido, debiendo comunicar al Ministro el pronunciamiento adoptado\n respecto a todo acto o resolución conocido en el Consejo.\n Si en ejercicio de su delegación violare la ley o los\n reglamentos o se apartare de las instrucciones que recibiere,\n será civil, administrativa y penalmente responsable por\n sus actuaciones.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito
Metropolitano, 18 de abril del 2002.
MICIP.- Dirección de Desarrollo del Talento Humano,\n Administración de Servicios e Imagen Institucional.- Es\n copia, lo certifico.- f) ilegible.
No. 02\n 141
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 036 de 1994-01-28, publicado\n e el Registro Oficial No. 378 de 1994-02-10, se oficializó\n con el carácter de obligatoria la Norma Técnica\n Ecuatoriana NTE INEN 1 983. PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.\n FUEL OIL REQUISITOS;
Que la Primera Revisión de la indicada norma ha seguido\n el trámite reglamentario y ha sido aprobada por el Consejo\n Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización,\n INEN;
Que es conveniente que esta Norma Técnica Ecuatoriana\n sea oficializada con el carácter de OBLIGATORIA, a fin\n de racionalizar la producción de productos derivados del\n petróleo y su comercialización, de manera que exista\n un justo equilibrio de intereses entre productores, consumidores\n y público en general; y,
Art. lo. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIA\n la Primera Revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana\n NTE INEN 1 983. (Productos derivados del petróleo. Fuel\n Oil. Requisitos), que establece los requisitos que debe cumplir\n el Fuel Oil que se produce y comercializa en el país y\n cuyo texto se publica como anexo a este acuerdo.
Art. 3o. Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1\n 983 (Primera Revisión) entrará en vigencia desde\n su publicación en el Registro Oficial.
Art. 4o. Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 036 de\n 1994-01-28,	publicado en el Registro Oficial No. 378 de 1994-02-10.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 18 de abril del 2002.
f) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior. Industrialización,\n Pesca y Competitividad.
No. 02\n 142
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0188 de 199843-18 publicado\n en el Registro Oficial No. 286 de 1998-03-30, se oficializó\n con el carácter de obligatoria la Norma Técnica\n Ecuatoriana NTE INEN 2 114. TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS.\n VALORES DE CORRIENTE SIN CARGA, PERDIDAS - Y VOLTAJE DE CORTOCIRCUITO;
Que la Primera Revisión de la indicada norma ha seguido\n e trámite reglamentario y ha sido aprobada por el Consejo\n Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización,\n INEN:
Que es conveniente que esta Norma Técnica Ecuatoriana\n sea oficializada con el carácter de OBLIGATORIA, a fin\n de racionalizar la producción de transformadores monofásicos\n y su comercialización, de manera que exista un justo equilibrio\n de intereses entre productores, consumidores y público\n en general; y,
Art. 1o. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIA\n la Primera Revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana\n NTE INEN 2 114. (Transformadores nuevos monofásicos.
\n Valores de corriente sin carga, pérdidas y voltaje de\n cortocircuito), que establece los valores máximos permisibles\n de corriente sin carga (I°), pérdidas sin carga (P°),\n pérdidas con carga a 85°C (Pc), pérdidas totales\n (Pt) y voltaje de cortocircuito a 85°C (Uzn), para transformadores\n nuevos monofásicos autorrefrigerados y sumergidos en liquido\n refrigerante, sin contenido de PCB y cuyo texto se publica como\n anexo a este acuerdo.
Art. 3o. Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2\n 114 (Primera Revisión) entrará en vigencia desde\n su publicación en el Registro Oficial.
Art. 4o Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 0188 de\n 1998-03-18, publicado en el Registro Oficial No. 286 de 1998-03-30,
f) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad
MICIP.- Dirección de Desarrollo del Talento Humano.\n Administración de Servicios e Imagen Institucional.- Es\n copia, lo certifico.- f.) ilegible.
No. 02\n 143
Que, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,\n entidad adscrita a esta Secretaría de Estado ha adoptado\n la Norma Internacional ISO 17025:1999 como Norma Técnica\n Ecuatoriana NTE INEN-ISO 17 025. REQUISITOS GENERALES PARA LA\n COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE CALIBRACION Y ENSAYO.
Art. lo. Oficializar con el carácter de VOLUNTARIA\n la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 17 025 (Requisitos\n generales para la competencia de laboratorios de calibración\n y ensayo), que especifica los requisitos generales para la competencia\n para realizar ensayos y/o calibraciones, incluyendo el muestreo.\n Esta cubre calibraciones y ensayos realizados utilizando métodos\n normalizados, métodos no-normalizado y métodos\n desarrollados por el laboratorio y cuyo texto se publica como\n anexo a este acuerdo.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 18 de abril del 2002.
f.) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad
No. 02\n 144
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0187 de 1998-03-18, publicado\n en el Registro Oficial No. 286 de 199843-30, se oficializó\n con el carácter de obligatoria la Norma Técnica\n Ecuatoriana NTE INEN 2 115. TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS.\n VALORES DE CORRIENTE SIN CARGA, PERDIDAS Y VOLTAJE DE CORTOCIRCUITO;
Que es conveniente que esta Norma Técnica Ecuatoriana\n sea oficializada con el carácter de OBLIGATORIA, a fin\n de racionalizar la producción de transformadores trifásicos\n y su comercialización, de manera que exista un justo equilibrio\n de intereses entre productores, consumidores y público\n en general; y,
Art. 1o. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIA\n la Primera Revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana\n NTE INEN 2 115. (Transformadores nuevos trifásicos. Valores\n de corriente sin carga, pérdidas y voltaje de cortocircuito),\n que establecen los valores máximos permisibles de corriente\n sin carga (D pérdidas sin carga (P.), pérdidas\n con carga a 85°C (Pc), pérdidas totales (Pt) y voltaje\n de cortocircuito a 85°C (Uzn), para transformadores de distribución\n trifásicos autorrefrigerados y sumergidos en liquido refrigerante,\n sin contenido de PCB y cuyo texto se publica como anexo a este\n acuerdo.
Art. 3o. Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2\n 115 (Primera Revisión) entrará en vigencia desde\n su publicación en el Registro Oficial.
Art. 4o.	Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 0187\n de 1998-03-18,	publicado en el Registro Oficial No. 286 de 1998-03-30.
No. 889-2001-RA
Quito, 4 de abril del 2002.
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional,\n en virtud del recurso de apelación interpuesto por el\n Gerente General (E) de la Agencia de Garantía de Depósitos\n y Apoderado Especial, en la demanda propuesta en su contra por\n los señores Andreas Bule, por sus propios derechos y como\n representante legal de la Compañía ENKADOR y Fausto\n Torres Noyano, por sus propios derechos, en la cual manifiestan:\n Que la compañía ENKADOR SA. obtuvo diversos préstamos\n del Banco Popular, que llegaron a la suma de USD 1'204.000,oo.\n Que el Banco les sugirió que se hiciera un depósito\n en uno de los "productos de inversión" del banco\n de su propiedad y control, el Fideicomiso Solidez. Que realizaron\n el depósito y se lo vinculó como colateral con\n los préstamos a ENKADOR. Al ser intervenido el Banco Popular\n se lo destinó a la situación jurídica de\n saneamiento cerrado. ENKADOR requirió al Banco se compensaran\n los dos valores y como el Banco Popular habla hecho una destinación\n de esos valores a un producto de inversión del mismo,\n la empresa planteó al Banco la entrega en pago de sus\n obligaciones de la acreencia respecto a dicho Fideicomiso. El\n caso fue consultado a la Superintendencia de Bancos, entidad\n que se pronunció con oficio No. INBGF-2000-0092 de 11\n de enero del 2000, en el sentido de que era legítimo aceptar\n esa dación en pago al valor nominal. El 19 de enero del\n 2000, el personero del Banco que llevaba su cuenta, les comunica\n que se aceptaba su dación en pago al valor nominal; sin\n embargo a partir de ese momento, el Banco no les entregó\n un finiquito de las cuentas ni los pagarés suscritos por\n ENKADOR, a pesar de haberlo requerido en varias ocasiones. Que\n en un caso semejante al de ENKADOR, el entonces Gerente General\n del Banco Popular Internacional y el actual Administrador Temporal\n del Banco Popular del Ecuador S.A. mediante oficio de 16 de marzo\n del 2000, dirigido a uno de los depositantes del denominado Fideicomiso\n Solidez IV señala que en vista a haber recibido la autorización\n de la Superintendencia de Bancos para proceder con la compensación\n el Fideicomiso Solidez IV, el Banco no procedió a renovar\n la operación en la fecha referida; por lo tanto, el Banco\n no cobrará los intereses convencionales y de mora a partir\n de la fecha referida, de las obligaciones que mantiene el cliente.\n Que uno de los perjudicados por los denominados Fideicomisos\n Solidez del Banco Popular del Ecuador SA., presentó una\n acción de amparo constitucional solicitando se declare\n ilegal la inclusión de los pagarés representativos\n de sus obligaciones para con el Banco Popular del Ecuador SA.;\n la cual, fue aceptada por el Juez y ratificada por la Segunda\n Sala del Tribunal Constitucional.-La ilicitud de vender títulos\n que corresponden a obligaciones canceladas por el Ministerio\n de la Ley o por aceptación expresa del Banco Popular,\n constituye un acto delictivo. Que el daño que esto ha\n producido a ENKADOR no queda ilimitado al objeto ilícito\n del intento de cobro de USD 1'204.0000 de capital, sino que alcanza\n también al daño del crédito de ENKADOR,\n producido a través de la Central de Riesgos por denuncia\n del Banco del Pichincha, afectando su crédito con otros\n Bancos. Que al no haberse cumplido con la compensación\n a la que obliga la ley y ofrecida por el Administrador Temporal\n del Banco Popular SA., produce daño grave e inminente\n al derecho a la propiedad de los recurrentes, así como\n a la seguridad jurídica consagrada en el numeral 26 del\n Art. 23 de la Constitución Política del Estado\n y al derecho a la igualdad ante la Ley. Por lo expuesto, fundamentados\n en el Art. 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley del\n Control Constitucional, interponen acción de amparo constitucional\n y solicitan que se declare sin efecto el acto administrativo\n de haber incluido los pagarés de ENKADOR en la compra\n venta que la AGD y/o el Banco Popular hicieron en favor del Banco\n del Pichincha, títulos que representan obligaciones ya\n extinguidas y todos sus efectos, entre los que se cuenta la inclusión\n de la compañía ENKADOR SA. en la Central de Riesgos,\n administrada por la Superintendencia de Bancos, a la que deberá\n oficiarse a efecto de que se corrija el error respecto de la\n calificación de riesgo de ENKADOR.- El 8 de octubre del\n 2001, a las 08h09, se realiza la audiencia pública en\n el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha, a la que comparecen\n los abogados defensores de los actores, ofreciendo poder o ratificación,\n quienes se reafirman en los fundamentos de hecho y de derecho\n de su demanda. - El abogado defensor del Gerente General de la\n AGD, ofreciendo poder o ratificación, expresa la negativa\n pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la\n demanda; falta de legítimo contradictor, en razón\n a que el señor Fausto Torres Noyano, carece de titulo\n que lo vincule con el presente recuso, por lo que el posible\n acto ilegitimo que se pretende invocar no causa ni puede causar\n gravamen o daño inminente al señor Torres ya que\n el referido señor funge coima empleado de ENKADOR: alega\n ausencia de litis consorcio activa, en virtud de lo dispuesto\n en el inciso 1 del Art. 76 del Código de Procedimiento\n Civil; alega la nulidad de la acción planteada en vista\n de que el actual acreedor de ENKADOR S. A; esto es, el Banco\n del Pichincha C.A., no ha sido demandado en el presente recurso.\n Es también nula por no haberse contado con la Superintendencia\n de Bancos y además porque el propio actor acepte haber\n planteado el 26 de octubre del 2000 un recuso de revisión,\n que se ha resuelto el mismo día y que sin duda tiene que\n ver con una acción similar a la planteada; para lo cual,\n se debe taimar en cuenta el Art. 2, literal e) de la Resolución\n de la Corte Suprema de Justicia No. 1, publicada en el R. O.\n No. 378 de 27 de julio del 2001. Que debe tomarse en cuenta la\n Resolución No. 165-2001-IP de 22 de agosto del 2001, expedida\n por el Pleno del Tribunal Constitucional. Que la acción\n planteada no reúne los requisitos especificados en el\n Art. 95 de la Constitución. Que la obligación contraída\n por ENKADOR fue inicialmente con el Banco Popular y en la actualidad\n lo es con el Banco del Pichincha. Que el fideicomiso constituye\n un patrimonio autónomo dotado de personería jurídica,\n por lo que hablar de una compensación es irrelevante.\n Que aceptar el presente recurso infringiría disposiciones\n legales e interpretativas emanadas por el Pleno del Tribunal\n y por el Pleno de la Corte Suprema.- El 11 de octubre del 2001,\n a las 09h10, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, resuelve\n conceder el recurso de amparo constitucional.- Radicada la competencia\n en esta Sala por el sorteo correspondiente, y siendo el estado\n de la causa el de resolver, se considera:
PRIMERO. - La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto\n por el artículo 276 numeral 3, de la Constitución\n Política del Estado, en concordancia con la norma constante\n en el articulo 95 de la misma Carta Política.
TERCERO.- De acuerdo con el Art. 95 de la Carta Política\n para que proceda la acción de amparo constitucional, es\n necesario que en forma simultánea concurran los siguientes\n elementos: a) La existencia de un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública: b) Que ese acto u omisión\n viole cualquier derecho consagrado en la Constitución,\n Convenio o Tratado Internacional vigente: y, c) Que de modo inminente\n amenace con causar daño grave.
CUARTO.- Un acto administrativo conlleva la peculiaridad de\n daño inminente cuando la autoridad de la administración\n pública, en su declaración de voluntad, produzca\n efectos gravosos en contra del recurrente o administrado. En\n el caso sub-júdice, es necesario recordar lo que el Profesor\n Borja y Borja Ramiro en su obra: "Teoría General\n del Derecho Administrativo" expresa que no todos los actos\n administrativos son puramente ejecutores de Derecho.
QUINTO.- Es importante destacar que en el caso No. 1175 2000-RA\n que siguió el Dr. Silvio Salomón Heller Albín\n contra la Agencia de Garantía de Depósitos AGD,\n esta Sala resolvió conceder el recurso de amparo constitucional\n conforme consta de la Resolución que obra de fs. 143 a\n 148 del cuaderno de primera instancia.
SEXTO.- Del análisis del expediente, se establece que\n el accionante ha cancelado casi en su totalidad, mediante dación\n en pago, la deuda que mantuvo con el Banco Popular del Ecuador\n y que posteriormente esta Entidad no cumplió con el compromiso\n de realizar la compensación de créditos, aspecto\n que revela sin lugar a dudas la existencia de un acto ilegítimo,\n pues así aparece del documento de fs. 85 del que se desprende\n que el señor Andrés Herrera, funcionario del Banco\n Popular del Ecuador, al dirigirse a ENKADOR S. A. le manifiesta:\n "Que de acuerdo a las políticas establecidas por\n el Banco Popular del Ecuador. ENKADOR S. A. podrá utilizar\n las participaciones que mantiene en el Fideicomiso Solidez IV\n para cancelar obligaciones en dólares contratados a través\n del Banco Popular del Ecuador. Adicionalmente quiero manifestarle\n que dichas participaciones serán recibidas como dación\n en pago al 100% de su valor nominal". Es de destacar que\n para la actuación del citado funcionario bancario, existió\n la autorización del Intendente Nacional de Bancos y Grupos\n Financieros (fs. 84) para efectos de la compensación de\n la cartera de créditos con los derechos fiduciarios de\n los fideicomisos Solidez con la excepción de aplicar este\n mecanismo en el caso de personas naturales o jurídicas\n vinculadas al Grupo Financiero Popular, esta autoridad actuó\n de acuerdo al Titulo III, Capitulo IV. Art. 38 del Estatuto Orgánico\n Funcional de la Superintendencia de Bancos referente a las funciones\n de tal Intendencia, en concordancia con el Art. 173 de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero atinente a la\n naturaleza y competencia de la Superintendencia de Bancos. La\n dación en pago que se ha efectuado en el presente caso,\n sin duda es un mecanismo de orden financiero que consiste en\n dar algo para pagar una deuda conforme así lo expresa\n el Tratadista Dr. Guillermo Cabanellas. Cabe destacar que tal\n acto transgrede deberes primordiales del Estado como el de preservar\n el crecimiento sustentable de la economía, el desarrollo\n equilibrado y equitativo en beneficio colectivo como también\n el de promover el progreso económico conforme señala\n el Art. 3, numerales 4 y 5 de la Constitución. Es de anotar\n que ENKADOR S. A. es una empresa privada reconocida y garantizada\n por la Norma Suprema, atento a lo preceptuado al Art. 245 ibídem\n y su accionar dentro del ámbito financiero es totalmente\n legal. Además, el acto impugnado conculca derechos constitucionales\n como el de la igualdad ante la ley: a la propiedad: a la seguridad\n jurídica: al debido proceso y a una justicia sin dilaciones\n conforme determina el Art. 23, numerales 3, 23, 26 y 27 de la\n Carta Política. Por consiguiente, existe acto ilegitimo\n de parte de la Agencia de Garantía de Depósitos\n AGD al haber expedido el acto mencionado en la parte inicial\n de este considerando: el cual, causa daño grave al accionante.\n Por las consideraciones que anteceden, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL, en ejercicio de sus atribuciones,
1 . -	Reformar la Resolución venida en grado y conceder\n el amparo constitucional propuesto por el señor Andreas\n Eule en representación de la Compañía ENKADOR\n S. A. y, en consecuencia suspender como medida cautelar el acto\n ilegitimo impugnado por el recurrente: y,
2.-	Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n previstos en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.\n - Notifíquese,
f) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente Segunda Sala.
f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal Segunda Sala.
f) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n el cuatro de abril del dos mil dos.- Lo certifico.
f) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n de Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 23 de abril del 2002.- f.) Secretaria de\n la Sala.
No. 962-001-RA
Quito, ocho de abril del dos mil dos.
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional,\n en virtud del recurso de apelación interpuesto por los\n señores Alcalde y Procurador Metropolitano, en la demanda\n de amparo constitucional propuesta en su contra por el señor\n Gustavo Grijalva Ortiz, en la cual manifiesta: Que el Alcalde\n Metropolitano de Quito, ha expedido un acto administrativo ilegítimo\n que le ha causado grave e inminente daño y ha violado\n derechos garantizados en la Constitución de la República,\n el que consta en la Resolución No. 054-2001 de 30 de marzo\n del 2001, notificada el 5 de abril del 2001. Que en un proceso\n administrativo irregular el Comisario Metropolitano de la Zona\n Norte de Quito, mediante Resolución No. 008.CMZN-NSC de\n 18 de enero del 2001, le impone una sanción de cinco dólares\n americanos de multa y dispone la clausura definitiva de la "Fábrica\n de Plásticos Grijalva". Interpone recurso de apelación\n para ante el Alcalde, el que es concedido por el Comisario procediendo\n a levantar la clausura del local. El Alcalde Metropolitano en\n su Resolución declara la nulidad parcial de lo actuado\n por el Comisario y ordena el inmediato cumplimiento de la clausura\n que ya fue levantada, para lo cual aduce que la "Fábrica\n Plásticos Grijalva", se encuentra ubicada en una\n zona residencial y de peligrosidad para la actividad a la que\n se dedica la llamada fábrica de plásticos, procediendo\n a sancionar al Comisario. Que la actividad económica que\n viene desempeñando por varios años es la venta\n de maquinarias de plásticos, la cual está ubicada\n en su vivienda, obteniendo todos los permisos y autorizaciones\n que exigían las disposiciones legales y reglamentarias,\n sin que haya sido observado por autoridad alguna. Que el acto\n administrativo ilegítimo viola disposiciones legales contenidas\n en los Arts. 23, numerales 13, 16, 26 y 27; 30 y 35 de la Constitución\n Política; 618 del Código Civil y 3 del Código\n Laboral. Que el Alcalde ha violado su derecho a la libertad de\n trabajo y a la propiedad, impidiéndole el uso natural\n del inmueble de su propiedad en el que funciona su negocio, atentando\n contra su derecho al trabajo. Que la Resolución carece\n de motivación, elemento fundamental para que el acto administrativo\n sea válido de conformidad con lo que dispone el numeral\n 13 del Art. 24 de la Carta Magna y Art. 31 de la Ley de Modernización\n del Estado. Por todo lo expuesto y en aplicación de lo\n que disponen los Arts. 95 de la Constitución de la República\n y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, interpone\n acción de amparo constitucional solicite se adopten las\n medidas urgentes destinadas a evitar las consecuencias dañosas\n del acto administrativo ilegitimo de la autoridad pública\n que le ha causado grave, inminente y real daño, declarándolo\n ilegal.- El 27 de agosto del 2001. a las 10h00, se realiza la\n audiencia pública, a la que comparecen los abogados defensores\n del Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito\n Y del recurrente, ofreciendo poder o ratificación.- El\n 12 de septiembre del 2001, el Tribunal Distrital No. 1 de lo\n Contencioso Administrativo. Segunda Sala, resuelve conceder la\n acción de amparo constitucional peticionada y dejar sin\n efecto la Resolución No. 054-2001 dictada por el Alcalde\n Metropolitano de Quito el 30 de marzo del 2001.-Radicada la competencia\n en esta Sala por el sorteo correspondiente, y siendo el estado\n de la causa el de resolver, se considera.
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto\n por el articulo 276, numeral 3 de la Constitución Política\n del Estado, en concordancia con el artículo 95 de la misma\n Carta Política.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la tramitación de la causa por lo que\n se declara su validez.
TERCERO.- Se aprecia que en la tramitación del proceso\n el Comisario Metropolitano de la Zona Norte incurrió en\n varias irregularidades, pues se alejó de lo que las normas\n legales determinan para estos casos y prueba de esto es que levantó\n la clausura del local, concedió una apelación y\n convocó a audiencia de conciliación a las partes,\n cuando ya había perdido la competencia. Si se observan\n los hechos desde esta óptica, la resolución de\n 18 de enero del 2001. estaría ejecutoriada y la industria\n clausurada. El Alcalde de Quito, al avocar conocimiento del trámite,\n evidentemente tenía que enmendar las fallas en la tramitación:\n es decir, dejar vigente la gestión del Comisario Municipal\n hasta cuando le correspondía, resolviendo el asunto principal\n de la controversia y enmendando los errores de hecho y de derecho\n cometidos por el inferior; enderezando lo indebidamente actuado.\n Esto ha dado por resultado el cumplimiento de la clausura mediante\n resolución No. 054-2001. sin que esto implique que se\n empeore la situación del accionante pues solamente se\n confirmó la resolución de 18 de enero del 2001,
CUARTO.- Está probado documentadamente en el proceso\n que la industria del señor Gustavo Grijalva tiene zonificación\n no compatible con el uso de suelo residencial; que Metalmecánica\n DIMEN y Plásticos Grijalva, constituyen industrias de\n mediano impacto, particular que se hizo conocer a los propietarios.\n Que la Comisaría Metropolitana Ambiental citó al\n propietario de "Plásticos Grijalva" el 7 de\n agosto del 2000. Que la misma señora Comisaría\n Metropolitana Ambiental. el 24 de noviembre del 2000, concedió\n el plazo de treinta días para que el propietario de "Plásticos\n Grijalva" ejecute las medidas necesarias para el control\n de la difusión de las emisiones de proceso (olores) originados\n en las actividades de aglutinado, extrusión, termo formado.\n Que el 15 de enero del 2001, la doctore Ximena Garbay M. dictó\n la providencia No. 008.CMA-2001, en la que le dice al representante\n legal de "Plásticos Grijalva" que, al comprobarse\n problemas ambientales, le conmina a que cumpla con lo dispuesto\n en providencia de 24 de noviembre del 2001; en fin, informes\n y documentos que demuestran fehacientemente la contaminación\n ambiental producida por la fábrica de plásticos\n "Grijalva&q

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 171
 resolución 
 Resolución 
 artículo 276
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 95
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