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Timestamp: 2018-04-24 16:01:39+00:00

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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 25408 1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 16 de enero de 2015 09:00 h
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo; fracción VII, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, y el sustentado por el Pleno del Trigésimo Circuito, al pronunciarse en la contradicción de tesis **********.
Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis aquí denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan:
I. Del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Amparo directo administrativo AD. **********.
• ********** promovió juicio contencioso administrativo mediante el cual impugnó la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
• El Magistrado instructor de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió a trámite la demanda y la radicó bajo el expediente **********.
Las demandadas contestaron la demanda. La accionante formuló ampliación y a la postre aquéllas dieron respuesta.
• Ambas partes ofrecieron pruebas.
La actora ofreció:
Documental. Consistente en las resoluciones administrativas contenidas en la cédula de liquidación por diferencias de determinación y pago de cuotas que contienen los créditos impugnados. Asimismo, el expediente administrativo que dio origen a dichas resoluciones administrativas, respecto del cual señaló que se encontraba en poder de la demandada emitente, por lo que el órgano de lo contencioso requirió a dicha autoridad para que lo exhibiera en el juicio bajo apercibimiento, el cual se hizo efectivo por haber sido omisa, ello en el sentido de presumir ciertos los hechos que la actora pretendía probar con el mismo, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resultaran desvirtuados.
La parte demandada ofreció:
Documental, consistente en el original de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales en comento.
• El doce de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.
• Inconforme con lo anterior, ********** promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
• En sesión de veinticuatro de abril de dos mil catorce, dicho órgano dictó sentencia en la que resolvió negar la protección de la Justicia Federal a la quejosa. Al efecto, en cuanto aquí interesa, consideró lo siguiente:
"El artículo 38 del Código Fiscal de la Federación señala que los actos administrativos que se deban notificar deberán ostentar la firma del funcionario competente; también señala que en el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la cual tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.
"Ese precepto, relativo a las formalidades de los actos administrativos que deban ser notificados a los contribuyentes, establece dos supuestos relativos a la firma del funcionario que lo expide: que ostente su firma, y cuando se trate de un documento digital deberá contener su firma electrónica avanzada, caso en el cual tendrá idéntico valor que la firma autógrafa. Cabe precisar que esta última forma de suscripción no amerita reflexión pues no aparece involucrada en el planteamiento origen de esta ejecutoria.
"Sobre la firma autógrafa en particular, la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dilucidar la contradicción de tesis ********** sostuvo que conforme a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo expida, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe contener la firma autógrafa, por ser el signo gráfico que da validez a los actos de autoridad.
"El criterio expuesto se entiende y justifica en razón de que, para que un acto o resolución administrativa cumpla con las exigencias establecidas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en lo concerniente al tema de la contradicción de tesis antes citada- debe contener firma autógrafa del funcionario emisor, por ser este signo gráfico el que otorga certeza y eficacia a los actos de autoridad, y al mismo tiempo constituye la forma en que el particular tiene la certeza de su emisión y contenido.
"En esos términos, sostuvo el máximo tribunal, la falta de firma autógrafa en una resolución administrativa constituye un vicio de forma y, por tanto, una violación que podría conducir a su nulidad dependiendo de las circunstancias del caso concreto.
"De la misma manera, en esta ejecutoria de amparo conviene tener presente lo decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de solicitud de sustitución de jurisprudencia **********, de veinticinco de noviembre de dos mil doce, que en lo conducente establece: (se transcribe)
"Por tanto, en la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, que derivó de la contradicción de tesis **********, se señaló que si la autoridad que emitió la resolución impugnada, en su contestación a la demanda, manifiesta que el acto cumple con el requisito de legalidad por calzar firma autógrafa, ésta constituye una afirmación sobre hechos propios que la obliga a demostrar, a través de la prueba pericial grafoscópica, la legalidad del acto administrativo en aquellos casos en que no sea posible apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa; de ahí que pareciera que para determinar la cuestión debatida, consistente en determinar si la firma contenida en el acto administrativo cuya nulidad se demanda es autógrafa o no, el juzgador está en posibilidad de decidir si él a simple vista puede determinar tal circunstancia, o bien, si la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica.
"Asimismo, la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció que el criterio contenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. **********, no refleja el verdadero sentido de lo resuelto en la contradicción de tesis **********, por lo que en aras de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, estimó procedente y fundada la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, decidiendo que debe prevalecer el criterio siguiente:
"‘FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE.’ (se transcribe)
"Como puede observarse, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sustituyó el criterio jurisprudencial que inicialmente vertió respecto de la carga de la prueba relacionada con la firma autógrafa de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, para el solo efecto de enfatizar (como lo había establecido en su ejecutoria inicial, pero no se había reflejado en el texto del criterio jurisprudencial relativo) que el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa o no, toda vez que no posee los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que ofrezca la demandada.
"Lo anterior implica que en los asuntos generadores de la contradicción **********, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo problema consistió en determinar la calidad en sí de una firma; esto es, si era autógrafa o no, razón por la cual resultó necesario que se decidiera si esto podía dilucidarse ‘a simple vista’ o solamente mediante la prueba pericial.
"Empero, en el presente juicio de amparo la dimensión del problema es otra, puesto que ya no se trata de determinar si la firma que calza la resolución impugnada, que ha aportado la demandante, es o no autógrafa, sino si la constancia de su notificación en donde el notificador asentó haberla entregado en original y con firma autógrafa, es apta o no para acreditarlo, de ahí que nada tenga que ver la prueba pericial.
"Se dice lo anterior porque ninguno de los criterios en comento emitidos por el Máximo Tribunal del País reduce la posibilidad de que se pueda analizar la constancia de notificación de las cédulas de liquidación para resolver si contiene firma autógrafa la resolución que se entregó a la actora, dado que no limitó las facultades de la autoridad para ofrecer pruebas diversas, sino señalan que se debe ofrecer y desahogar la prueba pericial si la autoridad demandada sostiene que es firma autógrafa la contenida en el documento exhibido por la parte demandante, esto es, cuando se debe analizar la firma plasmada en la resolución entregada a la parte actora en su momento por la autoridad administrativa -misma que anexó al juicio- y concluir si la firma es autógrafa o no.
"En otra parte, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece:
"Del precepto invocado se desprende que los actos administrativos se presumen legales, por lo que corresponde a la demandante acreditar que no fueron emitidos conforme a derecho. Asimismo, establece que las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de algún otro.
"De lo anterior se colige que la obligación a cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo de probar los hechos que motivaron una resolución deriva de su negativa por parte de la actora, es decir, se encuentra vinculada directamente con los argumentos que se hagan valer como conceptos de impugnación.
"Sobre la base anterior, es patente que el concepto de violación propuesto por la parte quejosa debe desestimarse porque tal como lo determinó la autoridad responsable, la aseveración del notificador de la cédula de liquidación, quien es un funcionario investido de fe pública, aunada a la falta de alguna salvedad por parte de la persona a quién se entregó la constancia con la leyenda que se encuentra arriba de su firma ‘RECIBÍ: Original de la cédula de liquidación al rubro indicada con firma autógrafa’, es idónea para demostrar que la orden de visita domiciliaria contiene firma autógrafa; máxime que la sociedad gobernada no menciona por qué la falta de objeción por el receptor del documento es insuficiente para crear convicción.
"En efecto, en términos de los artículos 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la negativa lisa y llana de la parte actora de que la orden de visita domiciliaria se entregara en original con firma autógrafa, la carga de la prueba se trasladó a la autoridad quien ofreció como pruebas, a su vez, las cédulas de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas 1) **********; y, 2) **********, y sus respectivas notificaciones, de las que consta que un empleado de la patronal ahora quejosa recibió el original de dichas órdenes, las cuales son prueba en común.
"Por tanto, tomando en cuenta la fe pública de la que gozan las actuaciones del fedatario adscrito al Servicio de Administración Tributaria, se crea una presunción que da convicción en el sentido de que la empresa sí recibió cada una de las órdenes de visita domiciliaria con firma autógrafa del funcionario emisor residente tanto en Cancún como en Playa del Carmen, Quintana Roo.
"Y, por el contrario, los esfuerzos argumentativos de la quejosa se construyen sobre la premisa de que por tratarse de una afirmación sobre hechos propios, entonces la autoridad demandada estaba obligada a demostrar que la orden de visita domiciliaria fue entregada con firma autógrafa y, además, que debió ofrecerse una prueba pericial en materia grafoscópica para demostrar tal circunstancia.
"En consecuencia, si la autoridad demandada demostró en el juicio de origen con prueba plena y común entre las partes, que entregó a la parte actora el original con firma autógrafa de la orden de visita domiciliaria, sin sustentar su excepción si es o no firma autógrafa la plasmada en las cédulas de liquidación, le correspondía a la accionante demostrar que no fue así.
"Sin que esta nueva negativa se tuviera que corroborar con la prueba pericial en materia grafoscópica, como indebidamente sostiene la demandante, por ser irrelevante para comprobar sus afirmaciones ya que precisamente la autoridad demandada no centró su excepción en el sentido de que la firma que contiene la documental que fue anexada a juicio por la demandante se trata de una firma autógrafa sino de que existe constancia que acredita que así le fue entregada, incluso, esta última circunstancia puede ser demostrada con diverso elemento de prueba, y la aquí quejosa no demostró que la persona con quien se entendió la diligencia no es su empleado.
"Así las cosas, al caso no son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 13/2012 y 2a./J. 195/2007, anteriormente señaladas, porque el acreditamiento de que la resolución que contienen la cédula de liquidación fue entregada con firma autógrafa, si bien puede demostrarse con la prueba pericial referida, eso no significa que en todos los casos la autoridad demandada deba hacerlo mediante tal prueba, ya que puede que no controvierta la resolución anexada por la parte quejosa sino que su excepción tienda a robustecer diversa actuación con valor probatorio suficiente, dado que estimar lo contrario equivaldría a restringir su derecho de demostrar la veracidad de sus afirmaciones a través de los diversos medios de convicción reconocidos por la ley a su alcance.
"No pasa desapercibida la circunstancia de que según los criterios jurisprudenciales referidos el juzgador no puede apreciar a simple vista si la resolución administrativa contiene firma autógrafa o no, y en el caso se está dando valor probatorio a lo asentado por el notificador en la diligencia de notificación de la cédula de liquidación correspondiente, ya que dicho funcionario cuenta con fe pública y se le obliga a entregar el documento original para que el acto administrativo tenga validez de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, de ahí que si en su formato utilizó la leyenda ‘RECIBÍ: Original de la cédula de liquidación al rubro indicada con firma autógrafa’, e inmediatamente se encuentra la firma de la persona quien atendió la diligencia sin hacer manifestación alguna en el acta como sería que la resolución que recibió no contiene firma autógrafa, el acta de notificación merece la presunción de legalidad correspondiente dado que no fue desvirtuada con prueba idónea.
"Máxime que de considerar que una documental de tal naturaleza no es apta para demostrar que la resolución notificada se entregó con firma autógrafa porque el notificador no tiene los conocimientos técnicos necesarios para apreciar si la firma puesta en el documento tiene o no ese carácter, se estaría de algún modo, exigiendo que para efectos de demostración de que el acto (que posteriormente se impugnará en el juicio de nulidad) contiene firma autógrafa, el notificador tendría que ser acompañado por un perito que, en el acto de la notificación formule un dictamen en el sentido de que la resolución que se entrega contiene firma autógrafa y avale lo asentado en la diligencia respectiva, o bien, que a la propia resolución se anexe un peritaje que así lo patentice, lo cual es inaceptable, por ilógico en la práctica, pues a fin de cuentas lo que se pretende (círculo vicioso) es que únicamente con la pericial grafoscópica será posible demostrar si una firma es o no autógrafa, pero con ello se pierde de vista que la litis, cuando se ofrece como prueba la constancia de notificación del acto, ya no consiste en determinar pericialmente en el juicio aquella circunstancia, sino en resolver, jurídicamente, si la prueba aportada es o no apta para acreditar que, en el momento de su notificación, se entregó a la parte inconforme con firma autógrafa, como es el caso.
"A mayor abundamiento, resulta inexacto que al resolver la contradicción de tesis **********, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación se pronunció también respecto de que la presunción de legalidad que tiene la constancia de notificación de la resolución impugnada, no es idónea para determinar si la firma es o no autógrafa, pues lo cierto es que el Alto Tribunal no podía estar en posibilidad jurídica y material de pronunciarse sobre una constancia de tal naturaleza, y menos aún si era o no idónea, porque ese tema no formó parte de la contradicción -independientemente de que la autoridad demandada en uno de los asuntos hubiera alegado que el mandamiento de embargo se le notificó al actor con firma autógrafa- pues ninguno de los Tribunales Colegiados que dio origen a la contradicción de tesis en análisis abordó ese problema.
"En realidad, lo referente a la presunción de legalidad lo examinó la Segunda Sala en el contexto siguiente:
"‘Precisado lo anterior, debe señalarse que los Tribunales Colegiados invocaron en su resolución al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo a la presunción de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades fiscales y la carga de la prueba de los hechos; sin embargo, tal precepto no es aplicable para dilucidar, en el caso concreto, a quién corresponde la carga de la prueba, por las razones que enseguida se exponen:
"‘El citado artículo 68 dispone que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, pero las autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.
"‘En el caso no cobra aplicación esa disposición, porque se refiere al contenido de los actos o resoluciones de la autoridad fiscal, en específico a los hechos por ella plasmados y en los que sustenta su determinación.
"‘Además, dicho precepto no regula la carga de la prueba respecto del cumplimiento de los requisitos formales como es la firma que calza el documento, el objeto del acto o resolución o la competencia de la autoridad, por citar alguno de los requisitos de forma señalados por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, puesto que su observancia no se presume, de modo tal que el objeto de la presunción legal, en términos de ese precepto, son los hechos contenidos en el acto o resolución.’
"Según lo transcrito, lo que el Máximo Tribunal de la Nación señaló es que la presunción de legalidad de la resolución impugnada, en términos del dispositivo invocado, no operaba para, con base en él, considerar que aquélla sí contiene firma autógrafa, dado que se refiere al contenido en sí de los actos y resoluciones, en específico a los hechos en ellos plasmados y en los que se sustenta su determinación.
"Por estas consideraciones, de no mediar un problema como el que informó la contradicción de tesis ********** en la que se trataba de determinar -como segundo punto de contradicción- si una firma podía ser definida como autógrafa o facsimilar a simple vista o se requería la pericial, es prueba idónea para acreditar que la resolución impugnada se entregó con firma autógrafa, el acta de su notificación en donde así se asiente -que es prueba en común en el presente caso-, pues una vez entregada puede el interesado manipularla y exhibir en el juicio una diversa aprovechando las nuevas tecnologías.
"Esto es, pensar lo contrario se llegaría al absurdo extremo de que los particulares saquen copias a las resoluciones notificadas y las exhiban en juicio de nulidad manifestando que no recibieron las originales, y siempre arrojarían la carga de la prueba a la demandada quien nunca podría demostrar que el documento anexado a la demanda contiene firma autógrafa pues aun cuando ofrecieran la pericial en la materia correspondiente, el perito no podría arribar a diversa conclusión.
"No sobra decir que, si bien el Más Alto Tribunal del País en la contradicción de tesis **********, analizó un caso donde la parte demandada negó que el mandamiento de embargo impugnado se notificó a la actora sin firma autógrafa, también es que no coartó el derecho de la autoridad administrativa de poder demostrar con diversas pruebas que la resolución administrativa que entregó al particular contenía firma autógrafa, de tal manera que es intrascendente ese dato."
El propio Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito conoció del juicio de amparo AD. **********, que resolvió en similares términos, con sus matices.
II. El Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Trigésimo Circuito, analizó las consideraciones expuestas por los órganos contendientes, según lo que se expone a continuación:
• Que el segundo de los citados órganos resolvió lo siguiente:
- En el amparo directo **********.
Desestimó el concepto de violación relativo a que la resolución determinante carecía de firma autógrafa; pues aun cuando se impugnó el acta de notificación, arrojando la carga de la prueba a la autoridad, ésta, al contestar la demanda, manifestó haber entregado al contribuyente el original de dicha resolución con firma autógrafa, ofreciendo como prueba la copia certificada del acta respectiva, cumpliendo así con la carga probatoria.
Que la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE.", no es aplicable al caso, porque ese criterio establece que será idónea la prueba pericial cuando a simple vista no es posible apreciar si se trata o no de una firma autógrafa, lo cual no aconteció en la especie, en que la prueba ofrecida por la autoridad demandada, consistente en el acta de notificación, contiene la aseveración del notificador de que fue entregada la resolución impugnada con firma autógrafa y que correspondía al quejoso desvirtuar tal afirmación.
- En el juicio de amparo **********.
Se desestimó la inconsistencia expuesta por el quejoso de que no se le hubieran entregado las resoluciones impugnadas con firma autógrafa, lo anterior, en virtud de que no desvirtuó las actas de notificación en que se asentó que las controvertidas fueron entregadas con firma autógrafa, que tales actuaciones gozan de presunción de legalidad, acreditando que se entregaron al gobernado las resoluciones originales con firma autógrafa.
- Amparo directo **********.
Se resolvió que, si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó jurisprudencialmente que, en principio, corresponde la carga de la prueba a la demandada cuando la actora desconoce que la resolución impugnada contenga firma autógrafa de su emisor y la autoridad administrativa afirme que sí la contiene, dicho criterio atiende a la hipótesis genérica en que el hecho controvertido puede demostrarse con la prueba pericial, pero ello no significa que en todos los casos la afirmación de que se trata, hecha en la contestación de la demanda, deba acreditarse de tal modo, es decir, que únicamente con la prueba pericial pudiera probarse esa circunstancia, ya que ello sería restringir el derecho a acreditar, a través de los diversos medios probatorios establecidos por la ley, como en el caso, mediante la exhibición del acta de notificación en que se hizo constar la entrega y recepción del acto administrativo controvertido constante de firma autógrafa; diligencia que tiene presunción de validez, según el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el 68 del Código Fiscal de la Federación.
Dicho tribunal precisó, que la citada jurisprudencia 2a./J. ********** y la derivada de la solicitud sustitución 5/2011, no prevén todos los supuestos que pudieran darse en la práctica en relación con la problemática jurídica de la firma autógrafa.
- Amparos directos ********** y **********.
Similares consideraciones sostuvo ese órgano jurisdiccional en estos juicios.
El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos administrativos **********, **********, **********, ********** y **********, consideró lo siguiente:
En el primero de tales juicios se consideró que, en la demanda de nulidad, se hizo valer la firma que aparece como de la emitente en la orden de inspección no es autógrafa, y al respecto en la contestación de demanda se afirmó que dicho documento sí calza firma autógrafa.
Precisó el colegiado que, lo anterior implica afirmación de la autoridad sobre un hecho propio, lo cual debió acreditar con prueba pericial conforme a la jurisprudencia 2a./J. ********** (10a.), por sustitución, sin que fuera obstáculo a ello que en el acta de inspección se hubiera asentado que la orden respectiva contenía firma autógrafa de su emisor, pues, en términos de la citada jurisprudencia, la prueba idónea para acreditar tal circunstancia es la pericial grafoscópica.
- Los restantes juicios de amparo fueron resueltos en similares términos, habiendo precisado en el **********, lo siguiente:
Que en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que motivó la jurisprudencia 2a. **********, sustituida por la diversa 2a./J. ********** (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la presunción de legalidad de la constancia de notificación, en el sentido de que dicho principio de presunción de legalidad no era aplicable para dilucidar, EN ESE CASO, a quién correspondía la carga de la prueba para acreditar si la firma era autógrafa.
El Pleno del Trigésimo Circuito resolvió que existió la contradicción de tesis denunciada señalando, al efecto, lo siguiente:
"... En efecto, al resolver los amparos directos administrativos **********, **********, **********, ********** y **********, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, medularmente, sostuvo que cuando en un juicio contencioso administrativo, la parte actora aduce que la resolución impugnada carece de firma autógrafa y la autoridad demandada refuta ese argumento sosteniendo que ese acto sí la calza, ello implica una aseveración sobre hechos propios que esta última debe demostrar al corresponderle la carga de la prueba, según el criterio jurisprudencial 2a./J. 13/2012 (10a.), por sustitución, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no es obstáculo a esto lo considerado en la sentencia reclamada, en el sentido de que en el acta de notificación se hizo constar que se entregó el original de la resolución impugnada con firma autógrafa, y que lo asentado por el notificador tiene presunción de legalidad, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, pues ese Alto Tribunal también se pronunció respecto de la presunción de legalidad, en la contradicción de tesis 192/2007-SS (que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 195/2007), donde coligió que ese principio no era aplicable para dilucidar, en ese caso, a quién correspondía la carga de la prueba para acreditar si la firma era autógrafa.
"73. A su vez, en la resolución de los amparos directos administrativos **********, **********, **********, ********** y **********, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito expresó diversos argumentos para evidenciar por qué las jurisprudencias en cuestión no resultaban aplicables, es decir, se dio una interpretación distinta a la literal a las jurisprudencias y las consideraciones respectivas expresadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

References: artículo 38
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 42
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 artículo 38
 resolución 
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 resolución 
 artículo 68
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 artículo 38
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