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﻿ Sentencia 2007-00115 de febrero 2 de 2012
SENTENCIA 2007-00115 DE 02 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:IMPUESTO PREDIAL. SI BIEN CUANDO SE PRESENTAN MUTACIONES CATASTRALES, PUEDEN SER ACREDITADAS ANTE EL FISCO DENTRO DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, LA CARGA PROBATORIA LE CORRESPONDE A QUIEN ESTÉ INTERESADO EN DEMOSTRAR QUE LA INFORMACIÓN CATASTRAL NO ESTÁ ACTUALIZADA O ES INCORRECTA, TODA VEZ QUE EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 187 DEL DECRETO 1333 DE 1986, LOS PROPIETARIOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS TERRENOS, EDIFICACIONES Y MEJORAS QUE NO ESTÉN INCORPORADAS EN EL CATASTRO Y, A SU VEZ, LA AUTORIDADES DEBEN FORMAR Y ACTUALIZAR LOS RESPECTIVOS CATASTROS. ASÍ, EL PROCESO CATASTRAL NO ES UNA ACTIVIDAD UNILATERAL, SINO DE MUTUO APORTE ENTRE EL PROPIETARIO O EL POSEEDOR Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO PREDIAL, ELEMENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL, CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
Sentencia 2007-00115 de febrero 2 de 2012
Ref.: 250002327000200700115 01
Radicado: 17883
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda.
En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si la sociedad Almacenes Éxito S.A., tenía la obligación de pagar el impuesto predial unificado por el año gravable 2002, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-1495626.
El actor indicó que no discute la facultad de que goza la administración para proferir la liquidación del impuesto, sino que los actos acusados son nulos por cuanto el pago que se reclama con ellos se efectuó respecto de otro predio porque la entidad lo indujo a error.
En los actos demandados, la administración determinó el impuesto predial del año gravable 2002 respecto del inmueble ubicado en la cl 78 58ª 70 e identificado con la matrícula inmobiliaria 50C -1495626 y chip AAA 0157RFPA.
Mediante escritura pública 2826 de 1987, la sociedad urbanización Cádiz Ltda realizó una venta parcial a Almacenes Éxito S.A. del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-142675, ubicado en el Distrito Capital(1).
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, con base en la matrícula inmobiliaria 50C-142675, abrió el folio de matrícula inmobiliaria 50C- 1076309, en cuya anotación 3 se registró:
“Doc: Escritura 266 del 01-03-1999 Notaría 14 de Medellín
Especificación: 914 desenglobe parte restante área: 26.443.25 m2 se cierra el folio en esta anotación.
01-03-99 Not. 14 de Medellín- se asigna matrícula 1495626”(2).
El folio de matrícula inmobiliaria 50C- 1495626 se encuentra activo y su fecha de apertura fue el 16 de marzo de 1999, según se registró en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria expedido el 8 de junio de 2007 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro(3).
En cuanto a la normativa aplicable se debe citar el Decreto Distrital 352 de 2002 que compiló y actualizó la preceptiva sustantiva tributaria vigente que se debe aplicar a los tributos del Distrito Capital. En su artículo 14 determinó el hecho generador del impuesto predial unificado así: “Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Bogotá y se genera por la existencia del predio”.
El Distrito Capital de Bogotá es el sujeto activo del impuesto predial unificado que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro(4), y el sujeto pasivo del tributo es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de los predios ubicados en la aludida jurisdicción(5).
En este orden de ideas, está probado que para el año 2002 el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C - 1495626 existía jurídicamente como un predio independiente de su predio matriz, por lo que es evidente que para dicha vigencia gravable, respecto de este, recaía la obligación de tributar, lo que implicaba que la sociedad como propietaria del mismo —asunto que no se discutió—, debía presentar la declaración con el correspondiente pago del impuesto.
Lo anterior se ratifica con lo previsto en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos —D. 1250/70—, cuyos artículos 49 y 50 son del siguiente tenor:
ART. 49.—Cada folio de matrícula inmobiliaria corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar. En consecuencia, cuando se divida materialmente un inmueble o se segregue de él una porción, o se realice en él una parcelación o urbanización, o se constituya en propiedad por pisos o departamentos, el registrador dará aviso a la respectiva oficina catastral para que esta proceda a la formación de la ficha o cédula correspondiente a cada unidad.
Además, solo hasta el 21 de mayo de 2004, el contribuyente presentó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá, Zona Centro, la “solicitud de cierre de matrícula inmobiliaria 50 C-142675(6)”.
A la anterior solicitud, el registrador delegado con oficio del 7 de enero de 2005 dio respuesta en los siguientes términos: “…me permito indicarle que analizado el folio 50 C-142675 y las escrituras en él registradas se establece: el predio tiene 249,758 mts2 descontadas la áreas de las ventas efectuadas en las anotaciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 hay en total vendidos 225.38 mts2 queda un área de 24.377.88 mts2, aritméticamente existe área disponible, razón por la que jurídicamente es improcedente el cierre de la matrícula matriza 50C-142675 y de propiedad de la Urbanización Cádiz Ltda. Es de anotar que el registro de deslinde y amojonamiento turno 1988-31922 anotación 15 del citado folio solo se efectúa deslinde y amojonamiento, mas NO actualización de área y linderos. Por tanto, no procede su petición.” (sic).
Según obra en los antecedentes administrativos del proceso, el departamento administrativo de catastro distrital sistema integrado de información catastral expidió el 16 de marzo de 2005 la Resolución 2005-18388 en cuya parte resolutiva dispuso: “Efectuar la cancelación del predio con la dirección calle 78 57-70 (...), matrícula inmobiliaria 050-142675 (...)”.
Entonces, solo para el año 2004 el contribuyente se dirigió a las autoridades distritales para solicitar que se cerrara el folio de matrícula inmobiliaria 050C-142675. En consecuencia, se reitera, para la vigencia gravable 2002 tanto el predio con matrícula inmobiliaria 50C-1495626 como el correspondiente al 142675, eran predios independientes.
Respecto a que el pago que se reclama sea tenido en cuenta para la vigencia gravable 2002, la Sala precisa que éste correspondió al predio ubicado en la Cl 78 57 70, matrícula inmobiliaria 050 00142675 y chip AAA 0059DLBR, según se registró en el formulario único de impuesto predial unificado 101010004278170(7).
En este orden de ideas, es claro que el pago se hizo sobre otro inmueble y si bien el mismo, según lo menciona la parte demandante, corresponde a un predio de mayor extensión, dicha circunstancia no es óbice para que persistiera la obligación de tributar sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-1495626, máxime cuando para determinar la forma correcta de tributar, se debe tener en cuenta la realidad física, jurídica y económica del predio a la fecha de causación, en forma individual.
Tampoco es de recibo la afirmación sobre que de haber existido una presunta omisión al no declarar el impuesto predial, esta fue culpa de la administración “ya que es su obligación actualizar la información, que para el caso concreto se tenga de los predios, y la que suministra a los obligados a declarar”, por las siguientes razones:
Si bien cuando se presentan mutaciones catastrales, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial, la carga probatoria le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta, toda vez que en virtud del artículo 187 del Decreto 1333 de 1986, los propietarios tienen la obligación de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incorporadas en el catastro y, a su vez, la autoridades deben formar y actualizar los respectivos catastros. Así, el proceso catastral no es una actividad unilateral, sino de mutuo aporte entre el propietario o el poseedor y la administración pública.
En el caso concreto, el actor no argumentó a qué actualización catastral se refiere para afirmar que se configuró la supuesta omisión de la administración, por el contrario, lo que se observa es que se le está requiriendo por el predio con matrícula inmobiliaria 50C- 1495626, cuyo folio está abierto desde el año 1999 y que según el concepto de violación expuesto por el contribuyente, cuando se refirió a dicha matrícula, “es la que actualmente determina los linderos y la existencia real oponible a terceros del predio en cita(8)”.
En cuanto al inmueble con matrícula inmobiliaria 50C 142675, como quedó antes expuesto, el contribuyente, sólo hasta el año 2004, requirió a las autoridades distritales para que cancelara la correspondiente matrícula.
Igualmente, no probó que la administración le hubiera suministrado una información errada sobre el predio que debía hacerse el pago.
Además, una empresa de esa talla está obligada, como ninguna, a tener el máximo cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, si no lo hace, debe soportar las consecuencias de su negligencia o descuido, que están previstas en la ley.
En cuanto al principio de confianza legítima, la Corte Constitucional ha dicho que se trata de un principio en virtud del cual, la administración debe actuar conforme al respeto por el acto propio.
Así, las autoridades deben actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y, en consecuencia, no pueden modificar sus actuaciones de manera inconsulta y abrupta cuando ese cambio afecta de manera directa a un particular(9).
Bajo este concepto, es claro que la administración no vulneró el principio de confianza legítima con su actuación, por cuanto la determinación del impuesto predial unificado se realizó de acuerdo con la información reportada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Además, su posición jurídica respecto de la existencia del predio siempre se mantuvo, sin que pueda decirse que, en este caso se hubieren creado expectativas favorables al administrado y de forma abrupta las hubiera eliminado.
La parte demandante argumentó que la administración vulneró el principio de progresividad al desconocer que Almacenes Éxito es propietaria del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-1495626 y, a pesar de esto, efectuó el cobro del tributo con base en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-142675 que ostenta una mayor área que aquel, por lo que, en consecuencia, se está adjudicando una mayor carga contributiva.
Para la Sala tampoco existe vulneración al principio de progresividad, baste decir que la liquidación oficial del impuesto se hizo según las características físicas, jurídicas y económicas del predio de matricula inmobiliaria 1495626, por lo que no existe asidero alguno para decir que se está cobrando un tributo con fundamento en el predio con matrícula inmobiliaria 50C-142675.
En cuanto al cargo de enriquecimiento sin justa causa, se debe precisar que el tribunal manifestó los motivos por los cuales consideró que no debía prosperar dicho cargo. Al respecto puntualizó: “no se cumplen la totalidad de los elementos que lo constituyen (que haya un enriquecimiento o aumento patrimonial; que haya un empobrecimiento correlativo y que el enriquecimiento se realice sin causa, o lo que es lo mismo, sin fundamento legal), lo anterior, por cuanto el valor pagado por la sociedad en la declaración del impuesto predial del año gravable 2002 por el predio con matrícula 50C 00142675 tiene su fundamento normativo en el Decreto Distrital 352 de 2002”.
Agrega la Sala, frente a esta figura, que el actor la fundamenta en que no puede ejercer ninguna mecanismo de defensa (solicitud de compensación de deudas y solicitud de devolución) frente a la actuación de la administración tributaria.
Respecto a ese argumento se observa que la actuación administrativa demandada tiene por objeto la determinación del impuesto predial unificado del predio con matrícula inmobiliaria 50C 1495626, y no la solicitud de devolución o compensación de deudas con la declaración tributaria presentada por el predio con matrícula inmobiliaria 50C- 142675. Por lo tanto, cualquier manifestación sobre dichos aspectos escapa del examen que debe efectuarse en esta sede judicial y, en consecuencia, no puede examinarse a partir de ese fundamento un eventual enriquecimiento sin justa causa.
Por las razones expuestas, la actuación de la administración tributaria se ajustó a las normas legales.
CONFÍRMASE la sentencia del 28 de mayo de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B.
RECONÓCESE personería para actuar en representación de la parte demandada al abogado Diego Alejandro Pérez Parra identificado con la c.c 80.207.148 de Bogotá, de acuerdo con poder que obra en folio 465 del expediente.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión
de la fecha».
(1) Folio de matrícula inmobiliaria 50C-142675. Anotación 14. Fl 32 a 33 c.p.
(2) Folio de matrícula inmobiliaria 50C- 1076309. Anotación 1. Fl. 34 a 35 c.p.
(3) Fl. 53 c.p.
(4) Artículo 17 del Decreto 352 de 2002.
(5) Artículo 18 del Decreto 352 de 2002.
(6) Fl. 66.
(7) Fl. 54 c.p.
(8) Fl. 9.
(9) T 210 de 2010.

References: ARTÍCULO 187
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 187
 Artículo 17
 Artículo 18