Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20171221s00524329943.html
Timestamp: 2019-02-20 19:43:31+00:00

Document:
52ª Sesión Extraordinaria del 21 de diciembre de 2017
N.º 52 - TOMO 577 - 21 DE DICIEMBRE DE 2017
4) y 14) Asuntos entrados
–	La señora senadora Xavier solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con la figura de Eladio Dieste.
7) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Bianchi y Delgado.
–	Quedan convocados los señores senadores Matiaude y Saravia.
8)	Armada nacional
–	Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de los cien años de su fundación.
9)	Prórroga de la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535
–	Proyecto de ley aprobado en nueva forma por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 116.
10)	Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a tres funcionarios
12)	Daniel Fernández Crespo
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta n.º 11, en el trayecto comprendido entre el km 2 y el km 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45.
13)	Elecciones universitarias
–	Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 15739.
15)	Proyectos presentados
–	El señor senador Heber presenta los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se modifica el artículo 26 del Código Penal, relacionado con la legítima defensa.
•	Relacionado con las facultades que se le otorgan al Banco Hipotecario del Uruguay y a la Agencia Nacional de Vivienda para establecer, con carácter general, un régimen especial de descuentos para los deudores buenos pagadores que amorticen anticipadamente, en forma total o parcial, su deuda.
16)	Fondo de solidaridad
–	Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de aportación y funcionamiento.
«Montevideo, 20 de diciembre de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana jueves 21 de diciembre, a las 09:30, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del bicentenario de la fundación de la Armada nacional.
Carp. n.º 983/2017 - rep. n.º 564/17
2.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se prorroga la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2016.
Carp. n.º 976/2017 - rep. n.º 589/17
– a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo constitucional vence el 21 de febrero de 2018);
Carp. n.º 965/2017 - rep. n.º 583/17
– a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 25 de febrero de 2018);
Carp. n.º 966/2017 - rep. n.º 584/17
– a una funcionaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (Plazo constitucional vence el 1.º de marzo de 2018).
Carp. n.º 971/2017 - rep. n.º 585/17
4.º) por el que se designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta n.º 11, en el trayecto comprendido entre el km 2 y el km 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45;
Carp. n.º 962/2017 - rep. n.º 582/17
5.º) por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 15739, de 28 de marzo de 1985, Ley de Emergencia de Enseñanza, relacionadas con la organización de las próximas elecciones universitarias;
Carp. n.º 980/2017 - rep. n.º 590/17 y anexo I
6.º) por el que se modifica el régimen de aportación y funcionamiento al Fondo de Solidaridad.
Carp. n.º 987/2017 - rep. n.º 591/17 y anexo I
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, Ferreira, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Paternain, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier; e ingresa con posterioridad el señor senador Saravia.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, Bianchi, Carámbula, Moreira, Passada y se retira con posterioridad el señor senador Delgado; con aviso, los señores senadores Besozzi y López; y sin aviso, la señora senadora Matiaude.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se actualiza la normativa vigente referida al lavado de activos;
•	por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, y la Ley n.º 15750, de 24 de junio de 1985, para adecuarlas al nuevo Código del Proceso Penal.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2016.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 15739, de 28 de marzo de 1985, Ley de Emergencia de Enseñanza, relacionados con la organización de las próximas elecciones universitarias, a realizarse el día 9 de mayo de 2018.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el régimen de aportación y funcionamiento al Fondo de Solidaridad.
Asimismo, eleva un informe relacionado con un proyecto de ley por el que se establece el marco regulatorio de las actividades de voluntariado en organizaciones sociales.
La señora senadora Mónica Xavier, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con la figura de Eladio Dieste.
El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Daniel Bianchi, relacionado con las medidas adoptadas para la protección de la calidad medioambiental de la cuenca de la Laguna del Sauce.
–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BIANCHI».
Se va a votar si se remite al Ministerio de Educación y Cultura la exposición escrita presentada por el señora senadora Xavier.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión extraordinaria del 20 de diciembre no se registraron inasistencias.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 18 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Aviaga, Cardoso y Coutinho.
A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 19 de diciembre faltó con aviso el señor senador Cardoso.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 19 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Bianchi y Larrañaga.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, miércoles 20 de diciembre de 2017
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 21 de diciembre de 2017.
8) ARMADA NACIONAL
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del bicentenario de la fundación de la Armada nacional. (Carp. n.º 983/2017 - rep. n.º 564/17)».
SEÑOR DELGADO.- Señora presidente: la Comisión de Hacienda votó por unanimidad este proyecto de ley que autoriza la acuñación de monedas conmemorativas del bicentenario de la fundación, nada más ni nada menos, de la Armada nacional, y creo que vale la pena dedicar unos minutos de esta sesión del Senado a hacer una reseña de lo que ello significa.
Hay un episodio que quizás debemos resaltar, que está relacionado con algo que supera el orden constitucional que desde 1830 nuestra república tiene: la Armada nacional y el Ejército nacional provienen de la época artiguista; o sea que son previos a la conformación del Estado, pero acompañan el nacimiento de la nación. Y esta casa, este Senado de la república, también hereda la tradición de aquellos diputados orientales que desde 1811 acompañaban al general Artigas.
Queremos resaltar brevemente la larguísima tradición que nos vincula al mar, que proviene de nuestras más hondas raíces hispánicas, que establecen que el 20 de enero de 1726 Alonso de la Vega ocupa la península de Montevideo en nombre del rey de España, expulsa a los portugueses que habían ocupado estas tierras y promueve rápidamente la instalación de las primeras familias canarias que vendrán a poblar nuestro territorio.
Ahí comienza la larga historia de nuestra nación, que tiene hitos fundamentales, y en muchos de ellos la Armada nacional o la Marina de Guerra tiene un papel más que destacado en la lucha por la independencia de nuestro país.
Así, podemos identificar el 15 de julio de 1811 como la fecha en que el coronel de la Marina, Pablo Zufriategui, al mando de tres lanchones tripulados por unos ochenta efectivos, toma por asalto la Isla de Ratas y se apodera de los abastecimientos de pólvora, de las municiones y de las armas imprescindibles para combatir en el sitio de Montevideo. Esta es considerada la primera operación anfibia de nuestra Marina de Guerra.
Artigas, desde su cuartel general en Purificación, tiene a bien dar un orden a su concepto de república, de federación pero, esencialmente, de respeto a lo que entiende son los basamentos sustantivos de un Estado de derecho y, por ende, toma también medidas de carácter militar. Es así que en enero de 1815 organiza lo que se conocerá como la Escuadrilla del Paraná, la escuadrilla de embarcaciones que desde el río Paraná controlará lo que sería su protectorado y defenderá los intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1816, Artigas informa al Cabildo de la puesta en práctica del corso y de la partida del puerto de Purificación de dos buques: el Saveyro y el Valiente. En ese mismo año también crea otra escuadrilla artiguista, la del Alto Uruguay, a cargo de Justo Yedro, conformada por faluchos y lanchones, que apoyaban a las fuerzas terrestres en la margen oriental del río Uruguay.
En 1817, Artigas da directivas al comodoro Bowles para regularizar e intensificar el comercio entre la Banda Oriental e Inglaterra.
El 15 de noviembre de 1817 –fecha tomada como conmemoración del nacimiento de la Armada nacional–, Artigas suscribe la patente de presa, refrendada por José Monterroso con el sello de armas de la república de aquel entonces, otorgando al corsario La Fortuna la posibilidad de ejecutar tareas de corso contra naves extranjeras.
Aparece allí la figura de Pedro Campbell, el «gaucho almirante», un personaje de origen irlandés, católico, que había llegado a nuestras tierras con las Invasiones Inglesas de 1806, que estuvo en el levantamiento contra las fuerzas realistas de Montevideo, que sirvió con el almirante Brown, que liberó la isla Martín García, que tuvo participación en la victoria naval de Montevideo y que en 1814 se pone al servicio del Jefe de los Orientales con una embarcación y es nombrado inmediatamente jefe de la escuadrilla artiguista del río Paraná. Continúa al frente de esta hasta 1820 cuando, también él derrotado, siguiendo al Jefe de los Orientales, va hacia Paraguay y ahí queda, primero, prisionero, y luego, invitado por Gaspar Rodríguez de Francia. Muere allí en 1832. Pedro Campbell quien, reitero, fue conocido como el «gaucho almirante», es identificado como uno de los primeros almirantes en la historia de la Marina de Guerra de nuestro país.
Nos interesa marcar estos hitos del inicio para luego llegar a 1829, cuando la Asamblea de Representantes ordena la creación de la primera Escuadrilla del Estado Oriental y establece por ley al Poder Ejecutivo provisorio la necesidad de comprar un bergantín y tres goletas de guerra.
En esos momentos, nuestro espacio marítimo y los intereses de nuestra patria van a atravesar situaciones complicadas, agitadas, debido a acechos y a circunstancias como la invasión portuguesa, luego la brasileña y las disputas consiguientes.
Señora presidenta: desde esa época volvemos a los días de hoy en los que, estrictamente –y así está establecido por ley–, el objetivo principal de nuestra Armada nacional es la defensa de las aguas territoriales en la jurisdicción delimitada por la Ley n.º 19142, teniendo, entre otras misiones, la de mantener el orden público, ejercer el control de la seguridad de la navegación como autoridad policial en las áreas marítima, fluvial y lacustre, desarrollar la política de preservación del medio ambiente acuático, especialmente en la lucha contra la contaminación, intervenir en el abanderamiento de buques y cumplir funciones registrales.
Otro de sus compromisos relevantes es asistir en el cumplimiento de las obligaciones que por la Ley n.º 15894, de búsqueda y salvamento marítimo, asume la República Oriental del Uruguay. Esta norma, además, asigna a nuestro país, como área de responsabilidad, un segmento de la Zona 5 – Atlántico Sudoccidental, junto con otras naciones, para misiones de patrullaje, búsqueda y rescate.
Señora presidenta: creo que el Senado hace muy bien en votar este proyecto de ley, que permitirá al Banco Central del Uruguay proceder a la acuñación de monedas que recuerden los doscientos años de la Armada nacional. Este tipo de conmemoraciones –esta es una de las tantas que hubo– simbolizan el reconocimiento a una de las instituciones más antiguas. Antes que el orden constitucional que nos dio forma de Estado en 1830, ya existía una Armada que nos resguardó de invasiones, que preservó el orden institucional y que, además, hoy sigue siendo un orgullo de nuestra nación.
Por las razones expuestas, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: simplemente, quiero agregar a lo informado por el señor senador Delgado que, más allá de que vamos a acompañar este proyecto de ley, como poder del Estado nos debemos un debate sobre el tema. En lo personal, insisto mucho en ello.
Está bien que se reconozca a la Armada nacional en su bicentenario y que se acuñe una moneda conmemorativa, pero hoy la Armada nacional y el país, más que monedas, necesitan barcos. Hoy, más que reconocer a la Armada nacional en sus honores –lo que está muy bien–, se necesita que pueda cumplir su misión.
La señora presidenta sabe –voy a repetirlo hasta el cansancio, porque vale la pena que estas cosas queden documentadas– que, como país, estamos en una situación de indefensión. Creo que no estamos valorando adecuadamente lo que significa, desde el punto de vista estratégico, estar en la situación en la que se encuentra la Armada nacional –aclaro que de la Fuerza Aérea podríamos decir algo similar, pero ahora estamos ante el bicentenario de la Armada nacional y considerando la autorización para la acuñación de monedas conmemorativas–, de no poder garantizar la soberanía del país. Hoy la República Oriental del Uruguay no puede garantizar la soberanía en sus espacios, en este caso en el espacio marítimo. ¡Que no ocurra un evento de un accidente medioambiental, porque no sé cómo lo podríamos resolver!
Esto tiene un profundo significado desde el punto de vista del cuidado, no solo de lo que significa el ejercicio de nuestra soberanía, sino de nuestras riquezas. ¡Estamos regalados! ¡Estamos regalando riquezas propias, trabajo de los uruguayos!
Si en este momento hubiera un barco brasileño robando nuestra pesca en el litoral este, cuando llegue el primer barco que pueda salir del puerto de Montevideo ese pescado estará hecho milanesas en San Pablo. ¡Estamos regalando el trabajo de los uruguayos!
Como dije, pienso que debemos debatir sobre este tema. Aquí no se trata de pasarle factura a gobierno alguno; nos interesa desde el punto de vista estratégico como nación. Si nos dedicáramos a echar culpas, no avanzaríamos. Vamos a tener que invertir, más temprano que tarde, en infraestructura de defensa y, en el caso de la Armada nacional, en barcos. ¿Que es caro? Sí lo es, pero mucho más caro puede ser que tengamos que enfrentar un desastre natural y no dispongamos de los medios para hacerlo. ¡Y mucho más caro podría ser, en términos de vidas humanas, que se dieran otro tipo de circunstancias!
La señora presidenta sabe que yo insisto mucho en esto, pero reitero que no se trata de pasar factura a nadie. En el día de mañana cualquiera puede ser gobierno, y las necesidades van a ser siempre las mismas, para el gobierno actual, para el siguiente o para el que fuere.
De paso, señora presidenta –vale que lo traiga a colación en virtud de que estamos considerando el tema relativo a la Armada–, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar, al Gobierno y a la Armada Argentina una expresión de solidaridad por el accidente que sufrió el submarino ARA San Juan, que hace poco más de un mes que está desaparecido, y la pérdida de cuarenta y cuatro tripulantes.
En síntesis, señora presidenta, me interesaba dejar planteada mi posición sobre el primer punto que referí y, al mismo tiempo, aprovechar esta oportunidad –la primera que se da– para señalar nuestra solidaridad con el Gobierno de la República Argentina, con la Armada Argentina y con el pueblo de ese país.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del Bicentenario de la fundación de la Armada Nacional, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 2°.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 5.000 (cinco mil) unidades con las siguientes características: El valor facial de cada unidad será de $ 1.000 (pesos uruguayos mil). La moneda será de plata con un fino de 900 (novecientas) milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá 12,50 (doce y medio) gramos de peso y 33 (treinta y tres) milímetros de diámetro. Se admitirá una tolerancia de peso del 2% (dos por ciento) por cada millar. Su forma será circular y su canto estriado».
Léase el artículo 3.º del proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 3°.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán a la conmemoración del Bicentenario de la fundación de la Armada Nacional».
Léase el artículo 4.º del proyecto de ley.
9) PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY N.º 19535
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se prorroga la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2016. (Carp. n.º 976/2017 - rep. n.º 589/17)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: en la tarde del martes, una vez culminado el plenario, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social celebró una sesión en la que trató y aceptó, en forma unánime, la modificación propuesta por la Cámara de Representantes al artículo 4.º. Por ella se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo de negociación de los beneficios establecidos en los artículos 2.º y 3.º de la presente ley por el término de 60 días. En la Cámara de Senadores habíamos considerado un plazo de 180 días, pero se estimó pertinente aceptar dicha modificación, a los efectos de minimizar los tiempos y buscar una solución efectiva lo antes posible.
Esto es cuanto teníamos que informar en nombre de la comisión y, al mismo tiempo, proponemos que se acepte el nuevo plazo aprobado en la Cámara de Representantes.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: obviamente, nosotros vamos a acompañar esta modificación que hace la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que aprobó por unanimidad el Senado de la república el martes pasado, que también fue aprobado unánimemente por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que trabajó con la Comisión de Hacienda, recibió a todas las partes y, como todos sabemos, llegó a esta iniciativa en consulta con el propio Poder Ejecutivo.
No sería honesto conmigo mismo si no dejara constancia de que seguimos sosteniendo que la solución que fue aprobada en el Senado era mejor, no solo porque se prorrogaba hasta el 30 de abril la entrada en vigencia del artículo 116 de la Rendición de Cuentas referente a los jornales de los trabajadores portuarios y extraportuarios; se establecía la creación de un ámbito multidisciplinario en el Poder Ejecutivo con base en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que participarían varias instituciones estatales y actores sociales; se disponía que a partir del 1.º de enero se les otorgaran los beneficios del Fonasa, más allá de los jornales que ellos tuvieran, sino que, en el último artículo se facultaba –no se prorrogaba; reitero, se facultaba– al Poder Ejecutivo a que pudiera extender hasta en 180 días más –en el caso de necesitar más tiempo– el plazo para el estudio de los temas, lo que luego será el insumo principal para elaborar una ley y –por supuesto– aprobarla, a efectos de que no haya un período ventana.
En síntesis, se prorrogaba el plazo mencionado de entrada en vigencia del artículo 116 –que hoy estamos prorrogando– y, asociadamente a eso y con mucha justicia, se otorgaba el beneficio del Fonasa a los trabajadores.
Nos parecía que era justo, correcto y posible facultar al Poder Ejecutivo a determinar si es necesario, o no, extender hasta en 180 días la prórroga porque, entre otras cosas, a mediados de año vence el convenio colectivo en el sector portuario. Entendíamos que, de esta manera, se le daba un margen –por las dudas– para que no se tuviera que volver a una discusión de este tipo en medio de una negociación colectiva.
Como es obvio, estamos contra reloj, porque el artículo 116 entraría en vigencia el 1.º de enero y pienso que sesenta días, en el caso de que hoy se apruebe esta modificación, es poco tiempo. En cambio, la solución que había encontrado el Senado de facultar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –no al Parlamento– para extender el plazo hasta 180 días, nos parece que, quizá, les daba más posibilidades en función de una cantidad de variables que hoy no pueden estar arriba de la mesa.
Por estas consideraciones, hubiera preferido que se aprobara la propuesta anterior, pero, aunque sorprendidos por la modificación introducida en relación con los plazos, igualmente vamos a acompañar este proyecto de ley.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: solo quiero señalar que votamos por unanimidad en comisión la modificación introducida por la Cámara de Representantes. Como lo dijimos en la primera oportunidad, nos parece que nos estamos embretando porque, eventualmente, puede darse la situación de que tengamos que volver a analizar un proyecto de ley para otorgar otra prórroga, pero lo peor sería no prorrogar el plazo de la entrada en vigencia del artículo.
Aceptamos la modificación que viene de la Cámara de Representantes, a pesar de que no la entendemos mucho ya que, habiendo tenido el aval del ministro de Trabajo y Seguridad Social, aprobar una prórroga un poco más extensa permitiría trabajar con más tranquilidad. Ojalá no se tenga que hacer uso de la prórroga, pero hubiera sido mejor no tener esa restricción que implica achicar el plazo. De todos modos, vamos a acompañar –por cierto– este proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.
SEÑORA PRSIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día.
(Así se hace. Son las 09:59).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública y a una funcionaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 20 de diciembre de 2017
Doña Lucía Topolansky
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 21 de diciembre del corriente.
Se comunica que el señor Alejandro Draper y la señora Mercedes Antía han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
12) DANIEL FERNÁNDEZ CRESPO
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta n.º 11, en el trayecto comprendido entre el km 2 y el km 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45. (Carp. n.º 962/2017 - rep. n.º 582/17)».
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley, que es de nuestra autoría, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado y sus integrantes me han honrado al designarme miembro informante, hecho que agradezco particularmente.
El artículo único designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta n.º 11, en el trayecto que comprende el kilómetro 2 y el kilómetro 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45, próximo a la ciudad de Libertad. El Camino de la Costa o Carretera de la Costa –como se denomina en el departamento de San José– une la ciudad de San José de Mayo con la ruta n.º 45 en las proximidades de la ciudad de Libertad.
Según el inventario vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ramal ruta n.º 11 está integrado por: el ramal 52, que va desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 11.500 –son 9,5 km bituminizados–, y el ramal 53, que va desde el kilómetro 11.500 al 28.700 –son 17.200 km de tosca–, lo que totalizan 26.700 km y es lo que se denomina la Carretera de la Costa, que es una arteria vial con un tránsito muy importante. Pasa por tres escuelas rurales: la escuela n.º 74 de Cañada Grande, la n.º 44 de Valdez Chico y la n.º 1 de Bañado. Además, hay importantes establecimientos, sobre todo lecheros. En este proyecto de ley se propone denominar Daniel Fernández Crespo ese ramal de la ruta.
Daniel Fernández Crespo nació, precisamente, en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, el 28 de abril de 1901. Fue maestro de profesión y destacado político uruguayo que ejerció la presidencia de la república entre el 1.º de marzo de 1963 y el 1.º de marzo de 1964, como presidente constitucional del Consejo Nacional de Gobierno.
Ejerció la docencia entre los años 1921 y 1932, año en que ingresa al Parlamento nacional. Desde ese momento hasta su fallecimiento ocupó ininterrumpidamente todos los cargos electos establecidos en la Constitución nacional. Fue electo diputado, senador de la república y presidente del Concejo Departamental de Montevideo, siempre llevado por el voto popular. En su labor legislativa se destacó por iniciativas vinculadas a la materia laboral, tales como la Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo, la de jubilación de la mujer, leyes vinculadas a las bolsas de trabajo, subsidio por desempleo para distintas actividades y jornadas especiales para la industria insalubre.
Estuvo vinculado al deporte, ejerciendo la presidencia de la Segunda División Profesional de la AUF; fue muchos años presidente del Liverpool Fútbol Club de la capital del país y, también, por muchos años presidente del Club Atlético Aguada de básquetbol.
Murió ejerciendo el cargo de consejero nacional de gobierno. Precisamente, el proyecto de ley que se considera hoy en el pleno pretende homenajear a esta figura nacional, designando con su nombre esa ruta del departamento de San José –en el que nació–, que vincula a la ciudad de Libertad específicamente, que fue donde nació.
Es cuanto tenemos para informar y, en nombre de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, sugerimos la aprobación del presente proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase “Daniel Fernández Crespo” a la ruta terciaria del departamento de San José, ramal Ruta 11, en el trayecto comprendido entre el km 2 y el km 28.700, intersección con la Ruta Nacional n.º 45».
13) ELECCIONES UNIVERSITARIAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la ley n.º 15739, de 28 de marzo de 1985, Ley de Emergencia de Enseñanza, relacionadas con la organización de las próximas elecciones universitarias. (Carp. n.º 980/2017 - rep. n.º 590/17 y anexo I)».
El proyecto de ley a consideración del Cuerpo tiene como objetivo organizar las tareas a llevar a cabo durante las próximas elecciones universitarias, que se desarrollarán el 9 de mayo de 2018.
Con la experiencia de anteriores elecciones, debido al aumento de las matrículas y a la mayor cantidad de facultades y centros universitarios que van a elegir a sus autoridades, se estima que se van a requerir aproximadamente 750 comisiones receptoras de votos para todo el país, con una composición de 2250 integrantes, sin contar sus suplentes.
Actualmente, la Corte Electoral tiene alrededor de 850 funcionarios, motivo por el cual el presente proyecto de ley propone que las mesas receptoras de votos también se integren con otros empleados públicos que colaboren en dicha tarea.
El artículo 1.º del proyecto de ley a estudio propone que las personas mayores de 75 años estén exceptuadas de votar.
El artículo 2.º establece la participación de funcionarios, quienes por su actuación gozarán de cuatro días de licencia paga acumulable a la anual y, de no concurrir, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo, dado que la condición de miembro de las comisiones receptoras de votos es irrenunciable, salvo causa justificada ante la Corte Electoral. Además, se dispone que para la designación de los funcionarios, cada organismo deberá enviar la nómina a la Corte Electoral, con no menos de sesenta días de antelación al acto eleccionario, y se elimina el voto por correspondencia.
El artículo 3.º elimina la referencia al voto por correspondencia.
La Comisión de Educación y Cultura ha analizado el proyecto de ley y propone al Senado su aprobación por considerar que las disposiciones contenidas en él van a contribuir al mejor desempeño de las comisiones receptoras de votos en las elecciones universitarias y a facilitar las tareas de los funcionarios que presten su apoyo.
Es cuanto tenemos para informar, señora presidenta.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: tengo una duda y quizás el señor miembro informante o alguno de los integrantes de la comisión puedan responderme.
Quisiera saber si se conoce cuánto significa, en porcentaje, el voto por correspondencia en las elecciones universitarias.
SEÑOR CARRERA.- No tenemos ese dato, señor senador.
SEÑOR GARCÍA.- No está.
Creo que aquí tenemos que resolver una contradicción que impone la propia legislación. Es decir, el voto en las elecciones universitarias es obligatorio y el que no cumpla con la obligatoriedad está sujeto a sanciones.
La realidad es que el artículo 30 es muy preciso en el sentido de admitir el voto por correspondencia en situaciones como las que se indican en su segundo inciso, que hoy se propone modificar o anular. La referida disposición expresa: «Podrá admitirse el voto por correspondencia en circunstancias especiales que dificulten gravemente la emisión personal del voto y solamente en los casos y en las formas que, para cada elección, establezca previamente la Corte Electoral». Y en el inciso tercero se dice: «En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país».
Reitero que está muy bien redactado porque resuelve o resolvía –de acuerdo a lo que se vote hoy– una contradicción, y es que obligamos, por ejemplo a egresados universitarios, a profesionales, a votar bajo sanción. Sin embargo, hay casos –los señores senadores que son del interior del país pueden tener cantidad de ejemplos– como el de un médico radicado en una población de campaña. El día de la elección puede votar entre las ocho de la mañana y las seis o siete de la tarde. Todos sabemos que en una policlínica de campaña hay un solo médico; ¡en el pueblo hay un solo médico!, cuando hay. Si ese médico tiene la obligación de ir a votar, debe trasladarse, en el caso de las elecciones universitarias, a la capital departamental porque las mesas receptoras de votos están allí. Eso va a implicar que durante el tiempo que transcurra la elección no haya médico en el pueblo y no podrá atender a sus pacientes. Si decide no votar, va a tener una sanción. Puede ser un médico, un agrónomo, un veterinario. Seguramente en estas tres profesiones –por eso pregunto cuál es el número de votantes por correspondencia en el interior del país– haya un número que pueda significar que esta solución resuelva una situación excepcional, permitiendo que la persona cumpla con la obligatoriedad de la emisión del sufragio y no sea pasible de sanción.
Creo que la medida está bien porque el voto tiene que ser personal, pero la ley debería prever la existencia de mesas receptoras de votos que habilitaran la «personificación» –entre comillas– del voto. Si establecemos la obligación y no le damos el instrumento para que pueda cumplir con la obligatoriedad, y al mismo tiempo se le impone la obligatoriedad de atender a sus pacientes –pongo el ejemplo de mi profesión– para no dejarlos sin asistencia, esa persona con algo no va a cumplir, no por voluntad propia, sino por imperio de la ley.
Entonces, me parece que deberíamos buscar la forma de que la obligatoriedad de cumplir con el voto en forma personal –que comparto– contara con un instrumento que ayudara a que la persona no incumpla con la ley por mandato de su ley. Una de las dos obligaciones las va a incumplir: su contrato profesional o su obligación como integrante del demos universitario.
Por lo tanto, creo que deberíamos razonar esta posibilidad para buscarle una solución. Si bien sé que no es un número que esté habitualmente disponible, quería dejarlo planteado.
SEÑOR DE LEÓN.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de diez minutos.
(Así se hace. Son las 10:25).
(Son las 10:39).
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: aunque mi alocución va a depender de lo que se haya resuelto en el cuarto intermedio, iba a manifestar que comparto los argumentos del señor senador García y que estaría en condiciones de votar la modificación, siempre y cuando la eliminación del voto por correspondencia se acompañara de la constitución de comisiones receptoras de votos, por lo menos en las capitales departamentales. Quizás se haya resuelto alguna modificación al respecto; en todo caso, tal vez vuelva a pronunciarme.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tal vez sería bueno dar lectura a la modificación que se está proponiendo, que fue elaborada en el cuarto intermedio.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- Se ha presentado a la Mesa un aditivo para el artículo 2.º, que vendría a ser el segundo inciso del artículo 30, y que establece: «Podrá admitirse el voto por correspondencia en circunstancias especiales que dificulten gravemente la emisión personal del voto y solamente en los casos y en las formas que, para cada elección, establezca previamente la Corte Electoral».
SEÑOR MICHELINI.- Lo que se hizo, al final, fue mantener el artículo 30 tal cual está y agregar todo lo que mandó la Corte Electoral. Como ya tenemos el proyecto de ley sobre la mesa, lo que hicimos fue presentarlo en forma de aditivo. El texto a que se dio lectura por secretaría es el mismo que hoy figura en la ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- No sé si ha quedado clara la modificación que se está proponiendo.
SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: creo que el texto estaría completo si se agregara también el último párrafo del artículo 30, que dice: «En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país». Esa es la redacción actual de la norma y creo que si votáramos esto con el agregado del mencionado párrafo tal cual estaba en la norma –es decir, los tres incisos del artículo 30 más lo que se añade en la comisión–, tendríamos un artículo abarcativo de todas las eventualidades.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: nosotros no queremos introducir la referencia al voto por correspondencia desde el exterior por los mismos fundamentos que hoy se dieron, para mantener el voto por correspondencia dentro del país en aquellos casos en que existen dificultades. Hoy, más que nunca, tenemos profesionales que van y vienen a diferentes lugares debido a la globalización; en particular, en la región son muchísimos los profesionales que se movilizan, de manera que tener la posibilidad de ejercer el voto y no solo de justificar que la persona no se encuentra en el país, nos parece que es una cuestión de derechos. Por tanto, preferimos que ese aspecto no sea considerado.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en esta forma tan particular de trabajo en que estamos –sin papeles arriba de la mesa y emitiendo aditivos a distancia–, voy a emitir un aditivo a distancia; a lo que presentó la bancada del Frente Amplio le agrego el último párrafo del artículo 30, tal cual está redactado: «En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país». Esa es una disposición muy sabia porque lo que se quiere solucionar es, justamente, que la gente, los profesionales que están dentro del país y que no tengan una mesa receptora de votos, puedan cumplir con la obligación que les impone la ley, que es la de votar y, al mismo tiempo, con la que deriva de sus compromisos profesionales. Estoy hablando de que en ningún caso la ley les imponga circunstancias que se contradigan entre sí.
Por eso solicito que quede incluido ese último párrafo y que se reparta la propuesta completa.
SEÑORA XAVIER.- Eso ya figura en el texto comparativo.
SEÑOR GARCÍA.- Disculpen, no lo vi.
SEÑORA PRESIDENTE.- Estamos en un caos y, como dice la tradición, es malo legislar en sala; así que vamos a tratar de ordenar el trabajo.
¿Qué propone, señor senador García?
SEÑOR GARCÍA.- Personalmente no leí el texto sino que lo escuché, pero como la presidenta y la mesa son serias, puedo suponer que se leyó textualmente.
Entonces, en el aditivo solicito que se incluya el tercer párrafo del actual artículo 30 –el vigente–, que dice: «En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país». Es decir, propongo que quede tal cual está redactado al día de hoy.
SEÑOR MICHELINI.- Sugiero votar en general el proyecto de ley, y a continuación, el artículo 1.º, mientras que al artículo 2.º podríamos votarlo por incisos.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 15.739, 28 de marzo de 1985, por el siguiente:
“Artículo 29.- Para los actos y procedimientos electorales previstos por los artículos 17, 33 y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad 12.549, de 16 de octubre de 1958, el sufragio será obligatorio y secreto. Exceptúase de la obligatoriedad del voto a las personas mayores de setenta y cinco años de edad.
Regirán en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en las Leyes de Elecciones 7.812, de 16 de enero de 1925 y 7.912 de 22 de octubre de 1925 y en la Ley Orgánica de la Universidad, sus leyes concordantes y modificativas. En ningún caso se admitirá la acumulación por sublemas”».
Léase el artículo 2.º tal como vino de comisión.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 15.739, 28 de marzo de 1985, por el siguiente:
“Artículo 30.- El sufragio deberá emitirse personalmente ante las comisiones receptoras de votos”».
Léase el primer aditivo presentado.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Podrá admitirse el voto por correspondencia en circunstancias especiales que dificulten gravemente la emisión personal del voto y solamente en los casos y en las formas que, para cada elección, establezca previamente la Corte Electoral».
Léase el segundo aditivo propuesto para el artículo 2.º.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior de país».
–6 en 26. Negativa.
SEÑOR COUTINHO.- Solicito que se rectifique la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va votar nuevamente el segundo aditivo al artículo 2.º.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los demás incisos del artículo 2.º y se voten en bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los cinco últimos incisos del artículo 2.º.
SEÑOR MICHELINI.- La única modificación que se proponía era la eliminación del párrafo que dice: «Cuando el voto pudiere emitirse por correspondencia, regirá la reglamentación respectiva por el artículo 30», que figura en el artículo 35 de la Ley n.º 15739. Ahora, al admitirse el voto por correspondencia, deberíamos incluirlo. Entonces, habría que votar negativamente el artículo que vino de comisión.
Además, solicito que se suprima la lectura.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º tal como vino de la comisión.
SEÑOR MIERES.- Brevemente –no quiero extenderme mucho en este tema–, quiero dejar constancia de que presentamos un proyecto de ley que elimina la obligatoriedad del voto en este tipo de elecciones. Yo creo que en este país estamos exigiendo obligatoriedad y sanción en el caso de no voto –y nos habríamos ahorrado toda esta discusión– para elecciones que no son de gobierno sino de corporaciones, por ejemplo de la Universidad de la República o del BPS, donde las personas tienen todo el derecho a no intervenir en una elección. En consecuencia, deberíamos discutir algún día este asunto para tratar de resolver que la gente que no quiera participar, no esté obligada a ir a votar.
«La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se aprueba un proyecto de ley interpretativo de los artículos 77 y 81 de la Constitución de la república, referidos a derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía.
Por el que se establece la exoneración de tasas y tributos a determinadas importaciones, artículo 262 y sustitutivo desglosados del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2016.
Por el que se aprueba el artículo 103, desglosado, del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2016, referido a la tasa de financiamiento del servicio postal universal.
Por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, y a la Ley n.º 18910, de 25 de mayo de 2012.
Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana.
Además, comunica que ha aceptado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se modifican varias disposiciones de la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, referida al sistema de subsidios a la demanda habitacional.
15) PROYECTOS PRESENTADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos proyectos presentados.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Alberto Heber presenta, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:
Relacionado con las facultades que se le otorgan al Banco Hipotecario del Uruguay y a la Agencia Nacional de Vivienda para establecer un régimen especial de descuentos, con carácter general, para los deudores buenos pagadores que amorticen anticipadamente, en forma total o parcial, su deuda.
16) FONDO DE SOLIDARIDAD
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el sexto punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de aportación y funcionamiento del Fondo de Solidaridad. (Carp. n.º 987/2017 - rep. n.º 591/17 y anexo I)».
SEÑORA XAVIER.- Varios senadores estamos comprendidos por el artículo 97 del reglamento, o sea que vamos a intervenir en un asunto que nos involucra porque somos aportantes al Fondo de Solidaridad. Habría que resolver si en este tema podemos intervenir y votar. Reitero, somos varios los senadores involucrados y debemos dejar constancia de ello. No somos beneficiarios sino que, en realidad, somos aportantes.
SEÑORA PRESIDENTE.- Me están pidiendo la palabra los senadores Mieres, Bordaberry, Ayala, Amorín, Paternain, Garín, Carrera, Cardoso, Tourné, García y Asiaín.
Se podría votar la nómina de los senadores que deben ser autorizados a participar en la discusión del punto sexto del orden del día.
SEÑOR BORDABERRY.- No nos vamos a votar a nosotros mismos.
SEÑORA PRESIDENTE.- Estamos haciendo referencia a un artículo del Reglamento del Senado, por lo cual el senador tiene que avisar cuándo está involucrado en un tema que se va a considerar. Varios senadores lo han hecho y ahora deberíamos pasar a votar si autorizamos a que participen o no en la consideración del proyecto.
SEÑOR PINTADO.- No recuerdo con qué mínimo de senadores se puede tomar una decisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Con once, señor senador.
SEÑOR PINTADO.- Si los señores senadores involucrados toman la resolución de no votar porque están incluidos, puede ocurrir que no se alcance el número para autorizarlos, a pesar de que el Cuerpo tiene la voluntad de que participen en la discusión. Tenemos dos maneras de proceder: o votamos de a uno y cada senador involucrado se abstiene de votar o, si hay un número determinado, lo votamos directamente. No sé cuántos son, vi a muchos profesionales involucrados y me temo que nosotros seamos una minoría muy escasa, por lo que no sé si llegamos a once.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ordenemos la discusión.
SEÑOR MIERES.- Hay dos fórmulas posibles. Una es que se autorice de a uno, con lo cual los demás podrían votar la autorización de esa persona, y la otra es que nos retiremos los que tenemos ese impedimento, siempre y cuando haya once senadores en sala que puedan votar –que es el quórum mínimo requerido– y, por lo tanto, autorizarnos. Esas serían las dos soluciones que se me ocurren. Ayer tuvimos este mismo problema y lo resolvimos no se sabe cómo. Está claro que en este Cuerpo predominan cincuentones y profesionales.
SEÑORA PRESIDENTE.- Pero no era tan abundante el número.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora Presidenta: realmente, no veo la vinculación del tema de ayer, de los cincuentones, con este. Aquí los señores senadores que son profesionales lo único que hacen es cotizar porque no van a recibir ninguna beca. Este proyecto es sobre el sistema de becas y no recuerdo que en la rendición de cuentas pasada, cuando se trataron los artículos 271, 272 y 273 –que modificaban aspectos que hoy estamos cambiando con esta ley–, se haya planteado este asunto.
Creo que hay una confusión –y lo digo con todo respeto por los señores senadores profesionales–, considero que esto no está vinculado porque trata sobre el sistema de becas. Obviamente, los señores senadores profesionales son cotizantes y acá no se está diciendo que se les va a aumentar la cotización ni que van a dejar de cotizar porque lo seguirán haciendo por mucho tiempo más.
Ese es mi modo de ver este asunto.
SEÑORA PRESIDENTE.- En realidad, hay dos interpretaciones sobre el artículo. Una refiere a lo que hicimos en el momento de votar determinados artículos en la rendición de cuentas, donde esta discusión no fue planteada porque el fondo se refiere a becas. La otra interpretación es que los profesionales implicados van a pagar o no de determinada manera.
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que nos afecta. Claramente, el literal A) está estableciendo un beneficio cuando se deja de abonar y contribuir al fondo de solidaridad. Pero creo que, en este momento, somos minoría los profesionales afectados por esta ley, así que si vota toda la mayoría, nos permitirán seguir en sala.
SEÑORA PRESIDENTE.- La propuesta es votar la autorización que plantea el artículo 97 del reglamento.
En realidad, la Secretaría me dice que el artículo refiere a un interés particular, pero de todos modos vamos a agilizar el trámite votando, porque si no, no salimos más de esta discusión.
Se va a votar la autorización para que los senadores que se expresaron puedan participar en la discusión del proyecto de ley sobre el Fondo de Solidaridad, por el que se modifica el régimen de aportación y funcionamiento.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley persigue establecer algunos criterios para ajustar el financiamiento y lograr un mejor funcionamiento del Fondo de Solidaridad, creado por la Ley n.º 16524, del 25 de julio de 1994, como persona pública no estatal. El cometido de dicho fondo, tal como figura en ese texto, es administrar un sistema de «becas para estudiantes de la Universidad de la República, del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública) y de la Universidad Tecnológica, el que se financiará con la contribución especial regulada en el artículo 3° de la presente ley».
Cabe destacar que en la tarde de ayer –por una necesidad que podríamos llamar de almanaque– la Comisión de Hacienda trató este asunto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Representantes, donde fue votado por la unanimidad de los 77 representantes presentes. La Comisión de Hacienda de la otra cámara discutió el tema en profundidad, lo que no pudimos hacer en nuestra comisión del Senado y debemos decirlo con total honestidad. Ellos contaron con la presencia de representantes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública y de la Agrupación Universitaria del Uruguay, lo que insumió varias sesiones a la mencionada comisión.
Precisamente, anoche estaba mirando las versiones taquigráficas y lo cierto es que en principio parece ser un tema sencillo, pero tiene sus complejidades y una casuística sin fin, lo que ha hecho que la Cámara de Representantes se preocupara por este asunto. Como decía anteriormente, en el paquete de la rendición de cuentas no discutimos este tema, pero tres de los artículos están siendo modificados por el proyecto de ley que tenemos en discusión.
En definitiva, ya hubo un involucramiento de la Cámara de Representantes, y en alguna de las sesiones de su Comisión de Hacienda –en el mes de abril– estuvo presente Roberto Markarian, el rector de la Universidad. Es decir que durante todo este año la Cámara de Representantes ha reflexionado en profundidad sobre este asunto y hay varios diputados de esa Comisión de Hacienda que son referentes para cualquiera de nosotros porque han trabajado mucho en el tema.
En el artículo 1.º se establece como causal para finalizar el aporte al Fondo de Solidaridad el hecho de acceder «a una jubilación servida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (artículo 73 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004), o por la Caja Notarial (artículo 52 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001), o por el Banco de Previsión Social que incluya las actividades profesionales que motivan aportes al Fondo de Solidaridad; siempre que en todos los casos anteriores cese en toda actividad profesional remunerada».
Tanto en la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Representantes, como también ayer en la Comisión de Hacienda del Senado –donde estuvieron presentes los representantes de Audetep–, se estimó que el método anterior, que solamente establecía que se dejaba de aportar cuando el contribuyente accedía a una jubilación –como decía el artículo 3.º de la ley de 1994– era una generalización muy grande y llevaba a cometer una serie de inequidades. Por consiguiente, tanto del debate que hubo en la otra cámara como del propio proyecto de ley, surge que se intenta solucionar algunas de estas inequidades.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes se decía, por ejemplo: «Entonces, cuando se accede a una jubilación de la profesión por la cual se obtuvo ese título, parece correcto que se cese el aporte. Lo que no creo conveniente es que se vuelva a abrir la posibilidad de que si una persona accede a una jubilación, pero tiene otro tipo de actividad remunerada que puede ser cualquier tipo de actividad: tener un quiosco o manejar un taxi, tenga que seguir aportando al Fondo de Solidaridad. Realmente, eso choca contra las normas de la lógica».
Y se agregaba: «la persona va a cesar en el aporte una vez que acceda a una jubilación por la Caja de Profesionales Universitarios o por la Caja Notarial, que, en definitiva, es de alguna manera el hecho generador por el cual se paga el aporte al Fondo: haber hecho una carrera, conseguir un título habilitante y, en definitiva, ejercer la profesión en forma independiente».
Este es un poco el corazón de este artículo 1.º, y por eso decía que me parecía un poco lejano lo que se planteaba previamente. Digo esto para empezar porque en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes –también podríamos intentar formar una comisión bicameral– se ha detectado un sinfín de casos que atienden a problemas particulares de los aportantes.
Obviamente, en el curso de las deliberaciones a las que he hecho referencia nadie ha dicho que deba desaparecer el Fondo de Solidaridad ni nada por el estilo; hay unanimidad en cuanto a esto, pero existen varios aspectos que se deben reconsiderar, como por ejemplo un aporte extraordinario que se hace a partir de la rendición de cuentas del año 2001.
Por el artículo 2.º se sustituye «el inciso segundo del artículo 8º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, en la redacción dada por el artículo 272 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017», es decir, la pasada rendición de cuentas. Recordemos que en aquella ley de 1994 se decía: «Los gastos de administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad no podrán insumir más de un 7 % (siete por ciento) de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizados por el Índice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística».
Todos los actores que han estado en las comisiones polemizan sobre este asunto. Durante la consideración de la última rendición de cuentas, en la Cámara de Representantes se discutió este tema y ahora se intenta bajar el porcentaje a un nivel menor que ese 7 %. Por eso mismo, en el artículo 2.º hay una escala que juega a la baja y establece: «A partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2018 no podrán insumir más de un 6% (seis por ciento) de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizados por el Índice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. A partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2019, el porcentaje destinado a gastos de administración y funcionamiento no superará el 5,5% (cinco y medio por ciento). A partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2020, dicho porcentaje no superará el 5% (cinco por ciento)».
Por su parte, el artículo 3.º dispone: «Lo dispuesto en los artículos anteriores entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2018». Por esa razón tenemos la urgencia de que se apruebe el presente proyecto de ley. Luego vendrían los cambios elementales; hay toda una batería de razonamientos y de materia crítica para ir hacia la profundización de algunas modificaciones en el Fondo de Solidaridad. El artículo 4.º aborda el tema de que la remuneración mensual que por todo concepto perciba el funcionario de mayor jerarquía del Fondo de Solidaridad no podrá ser superior a la remuneración nominal mensual que por todo concepto perciba el cargo de director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.
Aquí se establece un tope salarial y precisamente va en línea con el artículo anterior referido a un manejo más prolijo de los gastos de administración. Se sustituye la figura del prorrector de la Universidad de la República –tal como estaba en el artículo anterior– por el cargo de director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. La razón de esto es que la remuneración nominal mensual del prorrector de la Universidad de la República es de índole administrativa, mientras que el cargo de director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura es de índole legal y ese es un cambio sustancial para que no se dispare por la vía administrativa. No voy a dar cifras, pero la diferencia es muy grande. Esto va en el mismo sentido para toda la Administración que frisa los cincuenta funcionarios.
Por lo tanto, me parece que no es un cambio sustancial, pero va en el sentido de lo que reclaman todas las organizaciones de profesionales, las agrupaciones de universitarios y el propio rector de la Universidad a través de los trabajos que pudimos leer en la noche de ayer.
Simplemente señalo que nadie duda de la vigencia de este fondo ni de los beneficios que le ha brindado al país. Hoy hablábamos con el señor senador Carrera y me dijo que era un fervoroso defensor de este sistema porque precisamente él gozó de sus beneficios durante su época de estudiante.
Además, debo decir que al día de hoy hay más de 100.000 becas otorgadas por este sistema, que en promedio alcanzan los $ 7.200. El monto destinado a becas ha venido creciendo: en 2012 fueron $ 388:000.000; en 2013, $ 392:000.000; en 2014, $ 414:000.000 hasta llegar en 2016 a $ 464:000.000. Quiere decir que está frisando los USD 15:000.000, aproximadamente.
Diecisiete de cada cien egresados han recibido beca del fondo. Me parece que es muy importante señalar que los hogares más humildes han sido favorecidos al lograr que los hijos de padres no universitarios accedan a la educación terciaria. Como legisladores habrán leído lo que presentaron los representantes del Fondo de Solidaridad en la rendición de cuentas, que siempre nos envían información muy interesante.
Por lo expuesto y por otros elementos que voy a dejar a disposición de los señores senadores ante la eventualidad de que deseen hacer alguna consulta, recomendamos la aprobación de este proyecto de ley, con el debe de que el año próximo abordemos, junto con la Cámara de Representantes, un tema tan importante como este en el plano socioeducativo.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: queremos hacer algunas consideraciones sobre este proyecto de ley que hemos acompañado en comisión y que también vamos a acompañar ahora porque establece mejoras en el sentido correcto. Sin embargo, con respecto al artículo 1.º me han señalado –lo poco que he podido consultar– que quizás no queda muy claro si los docentes universitarios, una vez que se jubilan, si siguen enseñando –en realidad, como docentes están generando esa solidaridad– tienen que seguir aportando al Fondo de Solidaridad.
Señora presidenta: sé que este proyecto de ley viene con media sanción de la Cámara de Representantes y no va a haber voluntad política para cambiarlo porque el resto del artículo está bien. Digo esto porque quizás tengamos que volver sobre el literal A) del artículo 1.º porque no queda claro en qué posición quedan los jubilados que siguen dando clase como profesionales en una materia. Quizás se pueda entender que no están ejerciendo la profesión, pero están enseñando en la Universidad.
Me han hecho este planteo y no supe qué contestar. No hago hincapié en el punto y voy a seguir apoyando el artículo, pero quizás tengamos que modificarlo en caso de que no sea claro para quien aporta y llega a cierta edad.
Lo otro que quiero decir es que este proyecto de ley fue presentado por el entonces senador Luis Alberto Lacalle Herrera en el período 1985-1990; en los últimos años de ese período se sancionó y se dio la rara situación de que como presidente tuvo que promulgar su propio proyecto de ley, que entró en vigencia a partir del año 1990.
Este proyecto de ley nació de una forma diferente y se le han ido introduciendo cambios de manera tal que, a nuestro juicio, de alguna manera se ha desnaturalizado mucho. ¿Por qué digo esto? Durante la crisis de 2001-2002 se estableció un adicional –que yo voté y surgió como idea del entonces ministro de Economía y Finanzas, señor Alejandro Atchugarry– porque estábamos en una situación realmente muy grave. El país estaba atravesando una de las peores crisis económicas, se necesitaban recursos y, como en esa rendición de cuentas no había dinero, se fijó un adicional para ayudar a la Universidad. Lo cierto es que en ese momento –insisto en que el adicional que se estableció fue producto de una crisis porque el país no estaba en condiciones de dar dinero a la Universidad– se encontró esta vía para juntar unos cuantos pesos para que la Universidad siguiera creciendo. Pasó la crisis, hubo momentos de expansión y crecimiento económico, pero el adicional quedó. Esto no me parece justo.
Sé que en cada rendición de cuentas, como todos estamos pidiendo más recursos, nadie quiere decir que rentas generales se haga cargo del adicional para no recargar a los profesionales en una doble imposición porque el proyecto de ley original apuntaba a generar un aporte para otorgar becas a quienes se les hace cuesta arriba pagar sus estudios. Si bien la universidad es gratuita, todos sabemos que mucha gente no está en condiciones de trasladarse, comprar libros ni comer. Esta es una gran obra que iguala oportunidades y entiendo que es un proyecto muy bueno, pero hoy está en 8 BPC. Me parece que esto es bajo porque con 8 BPC se afectan salarios a los que realmente no se pretendía alcanzar con el proyecto; este apuntaba justamente a aquellos que tienen éxito y condiciones para aportar. Incluso, presenté un proyecto de ley por el que se pasaba de 8 a 10 BPC como piso. Digo esto porque es parte de algo que debemos seguir discutiendo.
Se estableció que fuera una persona pública no estatal. No sabemos mucho qué es lo que pasa en el Fondo de Solidaridad por el hecho de que sea una figura de estas características. Al contrario de lo que sostienen algunos con respecto a que nosotros creemos en el Estado desertor –aclaro que no es así–, me gustaría que estuviera dentro del Ministerio de Educación y Cultura para poder ejercer un control. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto que en la rendición de cuentas se topeó y ahora en el artículo 2.º se establece que baja gradualmente de 7 % a 5 % del total que son $ 70:000.000, según expresó ayer la delegación del Fondo de Solidaridad que concurrió a la Comisión de Hacienda. Además, tiene cincuenta funcionarios y me parece que son muchos. Creo que esto es una imposición por ley que no requiere tanta burocracia. Es una empresa pública no estatal que gasta anualmente más de USD 2:000.000 de su presupuesto.
Si bien el artículo 4.º de este proyecto de ley topea y adecua el salario del funcionario de mayor jerarquía, todos sabemos –porque hubo una denuncia pública– que había llegado a un nivel salarial tal que ganaba más que el presidente de la república y esto es producto de la falta de control. El hecho de que sea una persona pública no estatal lleva a que no se pueda mirar con atención lo que sucede dentro de ella, cosa que sí se podría hacer si fuera una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.
Simplemente quería hacer este comentario porque presenté un proyecto de ley por el que se saca el adicional y, de esa forma, se hace una adecuación. Sé que esa es una discusión presupuestal que no podemos dar ahora, sino que lo haremos en la próxima instancia de rendición de cuentas. No me parece justo que se afecten niveles salariales de profesionales que apenas pueden subsistir; a mi juicio, debería subirse el piso. Me parece que quienes pueden contribuir son aquellos que tienen un ingreso muy importante; incluso, no solamente pueden aportar a la caja –es su deber–, sino que por el éxito que han tenido, como sucede en grandes estudios que existen en nuestro país, pueden contribuir de forma importante al Fondo de Solidaridad para realmente ser solidarios.
Reitero, señora presidenta, que 8 BPC no me parece una cifra óptima porque hay muchas personas que tienen problemas para pagar esto conjuntamente con la caja.
Por otra parte, se han incluido otras profesiones y, a mi juicio, deberíamos tener mayor control de quiénes son los que deben aportar. Planteo esto porque hay personas que ejercen una profesión que no tiene tanto éxito –podríamos analizarlas– y están obligadas a pagar el fondo como, por ejemplo, los profesionales que egresan de la Escuela de Enfermería, que no me parece que deban contribuir a un Fondo de Solidaridad. Esa es mi opinión personal y no quiero entrar en esa discusión ahora.
Simplemente hago estos comentarios porque me parece que deberíamos tener el Fondo de Solidaridad sin el adicional, buscando que esto no sea un impuesto, sino una contribución de la gente que tiene capacidad de aportar, éxito en la profesión y la obligación de ser solidaria, es decir, de ayudar a aquellos que no están en condiciones de pagar sus estudios.
Por eso vamos a acompañar estos artículos haciendo este fundamento de voto anticipado. Hay que discutir más sobre el Fondo de Solidaridad y seguramente lo haremos en el año 2018 en oportunidad de tratarse la rendición de cuentas.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: por supuesto que estoy de acuerdo con el informe que realizó el miembro informante de la comisión y también con lo que acaba de señalar el señor senador Heber, pero quiero hacer una referencia porque fundamentalmente quienes participamos de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, cuando se analizan el presupuesto y la rendición de cuentas, asistimos muchas veces a debates en los que, condicionados por los tiempos perentorios existentes, no podemos profundizar o llegar a las conclusiones a las que muchas veces nos comprometemos. Me parece que es interesante destacar que esto pasó con el artículo 116 de la rendición de cuentas que acabamos de aprobar en una ley que, incluso, modificamos en estos últimos días de diciembre en ambas Cámaras. En definitiva, hubo una alerta y, en su momento, fuimos protagonistas desde el Partido Nacional; la bancada de gobierno se comprometió a realizar la modificación antes de fin de año y lo logró, más allá de los detalles que llevaron a esta discusión.
Asimismo, quería señalar que en la rendición de cuentas pasada, a iniciativa del Partido Nacional –quiero destacar especialmente el rol del señor diputado Gandini–, se introdujeron una serie de cambios al Fondo de Solidaridad que comprendían específicamente los artículos 271 a 273 de la Ley n.º 19535. Concretamente eran cuatro cambios. Los contribuyentes pasaban a pagar un máximo de 25 años –recordemos que eran 35– o aportaban hasta cumplir los 70 años o hasta que accedieran a una jubilación. Después se estableció que las retenciones por no estar al día no podían pasar del 50 %. Estaba fijado que fuera el 100 %; los profesionales eran los únicos en este país a quienes se les podían afectar a ese nivel las remuneraciones de cualquier tipo con un tope de 40 BPC. Se determina esto coincidiendo con la intangibilidad de los salarios, que fue fijada en el 50 %.
Otro cambio que se realizó fue que los gastos de funcionamiento que hoy superan el 7 % disminuyeran, llegando a un máximo de 5 % en 2020. Esto se mejora cronológicamente en los dos proyectos de ley, tal como señaló el señor senador Martínez Huelmo.
Por último, se establecía que las remuneraciones de los funcionarios del Fondo de Solidaridad no podían superar lo que percibía un prorrector de la UdelaR.
En realidad, me interesa destacar que estas modificaciones que impulsó el Partido Nacional fueron mejoradas y modificadas cuando se analizó el tema en la comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Se presentaron dos proyectos, uno del diputado Asti y otro del diputado Posada, y la comisión logró que quedara una sola propuesta y que se votara por unanimidad, incluso después de que participaran –algo que no pudimos lograr en la Comisión de Hacienda por los tiempos– la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el Consejo de Educación Técnico Profesional, las autoridades de la ANEP, la comisión administradora del Fondo de Solidaridad, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública. Finalmente, se concluye en este proyecto de ley que establece los cambios en cuatro artículos.
Algunos asesores letrados que consulté hace algunas horas por la misma duda que tuvimos muchos senadores en la Comisión de Hacienda y a la que el señor senador Heber hizo mención expresa, señalaron que queda claro que se mantiene que dejarán de aportar quienes hayan cumplido 70 años de edad o tengan 25 años de aportes, más allá de lo que se indica en el agregado como condicionante a las tres cajas que expresamente se establecen en el momento de la jubilación.
Me interesaba, básicamente, establecer que en el artículo 2.º se mejora algo muy importante que es el hecho de que los excedentes que se generen anualmente van a constituir un fondo de reserva para ser aplicado a nuevas becas. Esto es nuevo, es una mejora importante, ya que anteriormente en el Fondo de Solidaridad se había autoaprobado un sistema de remuneración variable por el cual resultaban premiados, en función de determinados objetivos, los funcionarios del fondo, con la particularidad de que casi el 60 % de esos premios lo percibían quienes ocupaban cargos gerenciales. Por lo tanto, me parece que en general se está mejorando, y en eso todos coincidimos.
También es bueno reivindicar que en el marco de las discusiones que se generaron en este ámbito, y mucho más en los 45 días de tratamiento presupuestal –días fratricidas, que suelen ser a veces casi en tono de competencia deportiva, con mayorías o definiciones ya de antemano conocidas, tal vez porque la propuesta a la que aludí del Partido Nacional fue en el marco de una circunstancial mayoría distinta en la Cámara de Representantes, no lo sé, pero pensemos que fue con buen ánimo–, se terminó logrando una mejora. Fue la consecuencia de un proceso que implicó la modificación planteada, primero por un diputado de un partido y, después, por dos proyectos de ley de dos diputados de otros dos partidos, para terminar en una solución asumida por todos y donde logramos –más allá de algunas dudas que persisten y de algunas cosas que otros quizás hubiéramos hecho de otra manera– realizando mejoras concretas. Me parece que en esta etapa del año es bueno reconocernos esta labor, y recordarla cuando nos gane la confrontación y no se logre, por el tono que se asuma, una solución sino una trabazón. Por lo tanto, me parece que correspondía saludar el proceso de las dos cámaras y, fundamentalmente, a la de diputados que consideró con más tiempo que nosotros esta modificación que es una ayuda y una mejora al funcionamiento actual del Fondo de Solidaridad.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: quiero destacar la presentación de este proyecto de ley que, como bien decía el señor senador Camy, es resultado de un proyecto original de los diputados Asti y Posada que llegaron a confluir en una redacción que es la que ahora se está poniendo a consideración del Senado con media sanción de la Cámara de Representantes. Me parece que es muy oportuno y justo por una situación que se venía dando, rotundamente negativa, respecto a la forma de administrar del Fondo de Solidaridad.
En primer lugar, quiero hacer referencia a una duda que planteó el señor senador Heber respecto al carácter de los docentes universitarios. La docencia universitaria no es una carrera, por lo tanto, el ser docente universitario no implica estar sometido al pago del Fondo de Solidaridad, sí en el caso de que el docente universitario a su vez tenga un título de alguna de las carreras que está prevista como aportante al Fondo de Solidaridad. Es decir que puede haber docentes universitarios que no tengan título y que por competencia notoria estén ejerciendo; son excepcionales, pero los hay, sobre todo en carreras nuevas. En esos casos, el hecho de ser docente universitario no implica ser tributario del fondo, porque este está relacionado con personas que completaron estudios terciarios o universitarios de algunas de las carreras incluidas en la ley.
Con respecto al texto, me parece muy importante la señal que damos hoy desde el Parlamento, porque la verdad es que cuando uno escucha el lamento y la dificultad que tienen tantos aportantes al fondo para cumplir con las erogaciones que supone y luego lo contrasta con el manejo administrativo del fondo, se da cuenta de que es algo vergonzoso.
En los últimos años, se manejó mal la propia administración y, lo que es más grave, cuando sobraba plata se repartía para compensar salarios de los administradores del fondo; a mi juicio, eso es algo absolutamente inaceptable. Creo que, más allá de corregir la ley, debería haber algún tipo de investigación al respecto, porque realmente ha habido un abuso de parte de esos funcionarios que, además, se quedan con plata que es para becas y se la embolsan en el sueldo. Por suerte el proyecto de ley que tenemos a consideración corrige esa situación. Primero, reduce el porcentual que debe utilizarse para gastos de administración, en procesos graduales, del 7 % baja al 5 %. Eso me parece muy bien, pero diría que lo más importante de este proyecto de ley es que los excedentes generados anualmente serán destinados a constituir un fondo de reserva que deberá ser aplicado al otorgamiento de becas en futuros ejercicios. El mecanismo anterior era hasta un incentivo a no ejecutar, o sea, si los funcionarios del fondo otorgaban menos becas, al final del año obtenían mejores recursos. Es una situación absolutamente perversa. Lo insólito es que esto haya ocurrido en un ámbito donde justamente la función de estos funcionarios es ayudar a que estudiantes con dificultades tengan acceso a la educación terciaria y que esta cuestión no haya salido del propio funcionamiento, pero ahora lo estamos corrigiendo con este proyecto.
También es importante el tope de la remuneración del funcionario de mayor jerarquía del Fondo de Solidaridad que, como se ha dicho en sala, era realmente una falta de respeto a toda la gente que está poniendo plata todos los años para que esta solidaridad funcione; al final, era una solidaridad que terminaba siendo desviada hacia los funcionarios.
En fin, creo que está muy bien que votemos este proyecto, me parece que es de orden y lamento que en años anteriores se hayan utilizado fondos para un uso absolutamente indebido.
SEÑORA TOURNÉ.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la moción formulada.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- No tengo ánimo de prolongar la sesión; vamos a votar enseguida. Simplemente quiero dilucidar el tema de la docencia que preocupaba a algunos senadores. A tales efectos, recomiendo la lectura de la versión taquigráfica de la sesión que celebrara la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el 6 de diciembre pasado. Allí se aborda abundantemente el punto por parte de varios señores legisladores y creo que queda subsanado ese tema.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero dejar una constancia con respecto al tema del Fondo de Solidaridad. Es un desahogo personal más que algo relevante, por lo que no va a ocupar más de dos o tres minutos.
Yo me recibí como abogado en 1981, trabajé como tal hasta 1989 e hice regularmente los aportes a la Caja de Profesionales. En el año 1989 tuve, a esta altura no sé si la suerte o la desgracia de ser electo intendente por el departamento de Paysandú, y tomé la decisión –de esas que a veces se toman de manera errada– de cerrar el escritorio, porque entendía que no podía hacer dos cosas mal en un pueblo chico, o sea, ser intendente y ejercer como abogado. Como decía, lo cerré, hice declaración negativa de ejercicio profesional y, por tanto, nunca me podré jubilar como abogado porque no tengo los años de ejercicio ni los aportes, y está bien que así sea. Sin embargo, llevo más de veinte años pagando el Fondo de Solidaridad.
Esta es la constancia que quería dejar, simplemente como un desahogo personal, porque estoy implicado, recontraimplicado, en este tema. Reitero que esta mera disquisición no sirve más que para mí mismo, pero quería hacerla y dejarla como constancia.
SEÑORA PRESIDENTE.- Pido disculpas a los taquígrafos porque esta sesión ha sido particularmente entreverada, quizás porque estamos sobre fin de año.
Corresponde votar la moción formulada por la señora senadora Tourné en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1.º al 4.º del proyecto de ley.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero desearle a la señora presidenta, a los colegas y a todos los funcionarios que nos acompañaron todo el año, una feliz Navidad, en paz y en familia, y un feliz 2018.
SEÑORA PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor senador, hacemos extensivo su saludo a todo el mundo.
(Así se hace, a las 11:47, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo,
Coutinho, De León, Ferreira, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Paternain, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier).

References: artículo 116
 artículo 116
 artículo 26
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 ARTÍCULO 116
 artículo 116
 artículo 4
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 262
 artículo 103
 artículo 97
 resolución 
 artículo 97
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 272
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 116
 artículo 2