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Timestamp: 2018-12-10 13:12:15+00:00

Document:
ESTRUCTURAS PARTICIPATIVAS Y DESCENTRALIZACION:
EL CASO DE LOS CONSEJOS REGIONALES EN CHILE
Luis Lira C.*
Fernando Marinovic G **.
*/ Luis Lira C., especialista en desarrollo regional de la Dirección de Desarrollo Local y Regional del ILPES.
**/Fernando Marinovic G., consultor del ILPES, y Jefe de Estudios de la empresa de estudios de opinión pública Vox
Las opiniones expresadas en este documento, el cual no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva
responsabilidad de los autores y puede no coincidir con las de la organización.
Este documento fue publicado en el libro “ Instituciones y actores del desarrollo territorial en el marco de la globalización” ILPES
(LC/IP/L.176) / Universidad del Bio-Bio ( Registro de Propiedad Intelectual N°111.182 I.S.B.N. 965-7813-05-1)
La presente versión presenta una ampliación en la Introducción y se publica por el interés que suscita el tema referente a la elección
directa de los Consejeros Regionales.
1. Introducción --------------------------------------------------------------------------------------------------2. A manera de conclusiones ---------------------------------------------------------------------------------3. Antecedentes sobre el proceso de descentralización chileno ------------------------------------------4. El itinerario de la descentralización en los primeros años de la administración
Presidente Patricio Aylwin -------------------------------------------------------------------------------------5. La reforma constitucional y la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración
regional-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Estructura y funcionamiento de los Consejos Regionales -------------------------------------------- -6.1 Sobre la estructura de los Consejos Regionales --------------------------------------------------------6.2 Sobre el funcionamiento de los Consejos Regionales -------------------------------------------------Bibliografía -------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El proceso de descentralización chileno ha sido catalogado como una de las reformas más
trascendentales del período actual. No obstante ello, entre los actores más relevantes del proceso
(alcaldes, concejales, consejeros regionales e incluso altos funcionarios de las entidades
territoriales descentralizadas) existe una marcada disconformidad con los avances que son
¿Cómo se explica esta paradoja?. El documento que aquí se presenta busca responder a
esta pregunta analizando el proceso de participación en la escala regional en lo que se refiere a la
estructura y funcionamiento de los Consejos Regionales (CORES).
Durante el Gobierno Militar, los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES)
buscaron reemplazar a los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad civil y el
Estado en tanto que durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia se
buscaba legitimar a estos últimos al representar mas genuinamente las demandas territorialmente
diferenciadas de la sociedad.
El Gobierno Militar concebía el proceso de descentralización enmarcado en un profundo
proceso de reforma político-institucional que buscaba modificar radicalmente la estructura y el
funcionamiento de la sociedad chilena, en su opinión, excesivamente estatista y controlada por
los partidos políticos. A este último respecto, la contradicción insalvable entre un régimen
autoritario en lo político y liberal en lo económico reduce el ámbito de la participación no
obstante los logros en el proceso de Regionalización.1 A partir de 1990 en adelante, el proceso
de descentralización busca, recomponer la relación entre la sociedad civil y el Estado,
fortaleciendo a la propia sociedad civil, acercando el Estado a sus demandas y revitalizando a los
partidos políticos como ente mediador entre ambos.
En este contexto, el objetivo del presente documento explora si la actuación de los
consejeros regionales, actores pertenecientes a los partidos políticos, está permeada y, más
exactamente, “socializada” por los problemas del desarrollo regional o, si por el contrario, han
trasladado al cumplimiento de las funciones y atribuciones de los órganos descentralizados los
temas recurrentes de la política nacional.
Veáse al respecto, Boisier Sergio. Chile: la experiencia regionalista del Gobierno Militar EN: Estudios Sociales
N° 104, Trimestre 2, 2000 pp: 43-76. Corporación de Promoción Universitaria (CPU) Santiago de Chile
Para la elaboración del presente documento se hizo una revisión de la literatura disponible
y luego se generó una base de datos con información solicitada a los trece Gobiernos Regionales
referente a la nómina de Consejeros regionales de los períodos 1993-1997 y 1997-2001 y a
algunas de sus características, antecedentes con los cuales se pudo, posteriormente, entrevistar
informalmente a consejeros regionales, secretarios ejecutivos de Consejos Regionales y
funcionarios de la administración nacional y regional sobre la gestión de los Gobiernos
Regionales. De muy valiosa ayuda fue un documento preparado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior sobre el
funcionamiento de los Consejos Regionales en el año 1996.
La primera parte del documento da a conocer algunos antecedentes del proceso del
proceso de descentralización, que buscan concluir que el proceso de Regionalización del
Gobierno Militar se inscribe en un cambio más profundo de la matriz política del país, telón de
fondo del proceso de redemocratización y descentralización iniciado en 1990. Seguidamente, se
revisa el itinerario del proceso de descentralización en los primeros años del primer Gobierno de
la Concertación de Partidos por la Democracia con el fin de develar la actuación de los partidos
políticos en su gestación y en el diseño institucional. La tercera parte se dedica a presentar los
rasgos fundamentales de la nueva institucionalidad, en función de una revisión selectiva de la
Constitución Política del Estado y de las leyes regionales y municipales. En cuarto lugar se
caracteriza la estructura y funcionamiento de los Consejos Regionales en los períodos 1993-1997
y 1997-2001 para, posteriormente, presentar un capítulo final denominado “En lugar de
conclusiones”4 que reflexiona sobre las características del proceso y sobre sus desafíos más
Esta relación se ha analizado desde dos perspectivas simultáneas: 1) lo referente a su rol
de hacer efectiva la participación de la comunidad y 2) la situación actual en la que se encuentran
los Gobiernos Regionales en cuanto a su inserción en el proceso de toma de decisiones.
Los resultados obtenidos a partir del análisis de la estructura y funcionamiento de los
gobiernos regionales y, en particular de los Consejos Regionales, permiten demostrar que la
inclusión del tema en la agenda política del país, proviene más de los Consejeros Regionales que
de las estructuras partidarias y que éstos son más el resultado del juego político en el escenario
de la transición hacia la democracia que modelos finalistas vinculados con la planificación
regional o con la búsqueda inicial de una democracia participativa.
Este capítulo complementa antiguas reflexiones sobre la democratización de la planificación regional presentadas
en Lira C. Luis. “The situation of regional planners in present-day in Chile”. Thesis presented to the Institute of
Social Studies for obtaining the Degree of Master of Development Studies. 1984
Una de las acepciones de la sociedad civil la define como el conjunto de las organizaciones
vulgarmente llamadas privadas que se caracterizan por la búsqueda del consenso como su motor
fundamental. En esta conceptualizacion, la sociedad civil es el conjunto desinstitucionalizado de
relaciones de carácter, primordialmente, económico y de grupos o individuos que las llevan a cabo.
En este mismo ámbito, se define a la sociedad política o Estado como la ejercitación del dominio
directo sobre la sociedad, ya sea a través del gobierno jurídico o a través de los aparatos coercitivos
que aseguran la disciplina de los diversos grupos de la sociedad civil. Por último, en este esquema
corresponde a los partidos políticos ser los mecanismos de representación de la sociedad civil ante
el aparato del Estado, habiéndose producido en la actualidad una crisis de representación.
Uno de los elementos centrales de la crisis que se vive reside en el copamiento del aparato
estatal, de todos los ciudadanos, por la estructura partidaria y el ejercicio del poder a través de
delegados no confirmados por la sociedad. De este modo, se ha abandonado el ejercicio político,
limitándose el desarrollo de la conciencia social y reduciéndose a un nivel formal el papel político
del pueblo. En consecuencia se ha renunciado a construir una verdadera organización política de la
sociedad, con toda la dialéctica que conlleva. No se ha entendido que es precisamente la democracia
el mejor camino para la participación de la sociedad civil y que esta no se agota en las estructuras
El discurso ideológico de los partidos políticos tiene cada día mayores dificultades para
incorporar los temas de candente preocupación tales como el medio ambiente, la juventud, el
desarrollo regional y local, la descentralización y otros no sólo por la complejidad técnica de ellos
sino que, principalmente, por su desvinculación de la sociedad civil.
Esta situación se agrava dado que en la actualidad los gobiernos ya no persiguen formular e
implementar un plan nacional de desarrollo y cada día a se les hace más difícil convocar a la
sociedad tras un proyecto político. La opción realmente en juego, se expresa mas bien en una
agenda gubernamental sometida a consideración de la ciudadanía con ocasión de elecciones
presidenciales, la que luego se modifica - muchas veces substancialmente - en función de los
acuerdos y consensos que aseguran la gobernabilidad del país.
El problema se centra, por lo tanto, en la búsqueda de mecanismos que permitan la
participación de la ciudadanía en los ámbitos de control de la formulación y ejecución de las
políticas públicas, cuestión que, erróneamente, los partidos pretenden resolver copando el aparato
estatal con sus militantes. Lo antes expuesto produce una crisis tanto en el ámbito de la sociedad
civil como de los partidos políticos y del aparato de la administración del Estado.
Expresiones de esta crisis en el ámbito de la sociedad civil son la renuencia generalizada a la
financiación pública de la actividad partidaria y al surgimiento de los independientes o notables
como sustitutos del líder político clásico. Como consecuencia de lo anterior, la renuncia de la
sociedad civil a su capacidad de control sobre el aparato del Estado y al probable advenimiento de
gobiernos de notables. 2
Estas ideas se desarrollan en Leal Antonio. Gramsci: la ciudad futura. pp:13-52 Ediciones Documentas Santiago
de Chile 1991.
Expresión de esta crisis, en la administración del Estado son el ensimismamiento del
funcionariado en los procedimientos administrativos, las políticas de personal y el control de gestión
que se emplean como mecanismos de protección ante la presencia de los militantes de partidos en
un aparato cada día con mayores exigencias de profesionalización. Los intentos de acercar la
administración al usuario como centro de su accionar son reemplazados en este contexto por un
conjunto de tecnologías organizacionales tales como la calidad total, la planificación estratégica, la
reingeniería y otros. En realidad, cuando se invoca la participación por parte del sector público se
pretende institucionalizarla a través de los canales burocráticos, establecidos como mecanismos de
cooptación. Expresión también de esta crisis es el exagerado presidencialismo presente en buena
parte de los países de la región que limitan la acción del poder legislativo, especialmente en
materias de gasto.
Expresión, por último de esta crisis en los partidos políticos son la pérdida de representación
de la ciudadanía, un desprestigio generalizado de la actividad, la centralización de los aparatos
burocráticos y su renuencia a la comunicación social como mecanismo de difusión de sus posturas
ante los temas relevantes para la sociedad.
En esta situación se requiere mayor presencia de la sociedad civil como solución al
entrabamiento de su relación con el Estado sólo mediada por los partidos políticos. Desde un
punto de vista económico, esto se refuerza, porque sus principales recursos la información, el
conocimiento y la solidaridad son sinérgicos y aumentan con el uso al contrario del capital.
También en la sociedad moderna se requiere una mayor presencia de un Estado reinventado que
ya no puede ser el viejo Estado centralizado ni tampoco el Estado del Bienestar. Se requiere un
Estado descentralizado, sinérgico e inteligente. Por último, se requiere más política para permitir
una adecuada intermediación entre la sociedad civil y el Estado ya que el rol de los partidos
políticos en las democracias es insustituible como generador y canalizador de opinión en los
grandes temas nacionales. Modernizar el Estado exige, por lo tanto, una modernización también
La participación implica, en última instancia, el acceso colectivo al poder. Sin duda
alguna que el proceso de descentralización chileno apunta, por una parte, a un reforzamiento de
las instancias que acogen a los representantes de la comunidad organizada y, por otra, a que el
referente político-institucional - es decir el régimen y los partidos como referentes fundamentales
de la sociedad - no se agoten en instancias cupulares y no se adscriban a un juego que margine a
la sociedad. Por último, busca crear circunstancias favorables para que la sociedad civil participe
y se integre eficientemente en los procesos de desarrollo.
En este sentido, una de las ideas clave en la elaboración del presente documento es
determinar la importancia de los Gobiernos Regionales, y más específicamente de los Consejos
Regionales, en una nueva perspectiva relacional entre el Estado y la sociedad civil.
A este respecto, el Mensaje N 330-323 del Presidente Patricio Aylwin del 6 de enero de
1992, mediante el cual se inicia el proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional,
señala entre sus fundamentos que “Con ello se procura avanzar en el logro de una mayor
participación ciudadana como elemento consustancial una descentralización de raíz democrática,
si bien en tal sentido las negociaciones que precedieron el acuerdo político en la materia no
permitieron arribar, al menos por ahora, a la fórmula de generación directa del órgano colegiado
del gobierno regional, como era el propósito de este Ejecutivo”.
Llama la atención, por lo tanto, la falta de evaluaciones de las instancias de participación
surgidas en el proceso de descentralización en el marco del proceso de transición a la democracia
en Chile.1
Una evaluación del proceso de Regionalización del Gobierno Militar concluye que éste “es
un instrumento de reafirmación del poder autocrático, antes que uno que permita verdaderamente
la participación ciudadana” y que “en todo caso, hay aspectos positivos del sistema actual de
Gobierno y administración interiores, que pueden aprovecharse en un Régimen Político
democrático y otros modificarse substancialmente”.2
La permanente contradicción entre la lógica de un modelo liberal en lo económico y
autoritario en lo político, impidió un verdadero proceso de participación ciudadana,
tempranamente definido como objetivo de la Regionalización, en los decretos leyes 573 y 575
del 12 y 13 de julio de 1974 respectivamente, posteriormente consagrado en la Constitución de
1980 y por último reglamentado en la Ley 18.605 Orgánica Constitucional de los Consejos
Regionales de Desarrollo del 6 de abril de 1987. Todos éstos, cuerpos legales surgidos al amparo
de las peculiares Comisiones Legislativas que reemplazaron al Congreso Nacional después de
El temor a la participación y a la Democracia, en último término, explica la sutil pero vital
distinción, entre poder social y poder político que el proceso de Regionalización del Gobierno
Militar intentaba crear. Da cuenta, además, de la tardanza en implementar las instancias de
participación creadas, especialmente en el nivel regional, y son el trasfondo de su permanente
discurso contra la excesiva politización en la toma decisiones.
Este temor se materializa en la conformación de entidades participativas estamentarias y
designadas, antecedentes que permiten afirmar que lo que se buscaba con la Regionalización –
mucho más allá de la incorporación de los aspectos espaciales al proceso de desarrollo con el fin
de integrar física, económica y socialmente al país – era la transformación de la matriz política
del Estado chileno en la cual la sociedad se vincula con éste, principalmente, a través de los
Una oportunidad para evaluar el proceso de descentralización chileno desde 1990 en adelante se dio en una serie
de tres encuentros organizados conjuntamente por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior (SUBDERE) con el apoyo del
PNUD entre 1997 y 1998, cuyos resultados se encuentran recientemente publicados. No obstante la variedad y la
calidad con que el proceso se analiza, las instancias de participación en los Gobiernos Regionales es un tema casi
ausente en el debate.
Cumplido, Francisco. “La estructura institucional del modelo de descentralización”. Centro de Estudios del
Desarrollo, Documento de Trabajo N 3, 1983.
A partir del año 1990 en adelante, surge un vigoroso proceso de descentralización, gatillado
en sus orígenes como un complemento de la redemocratización que busca nuevos cauces para la
participación ciudadana, limitada en su ejercicio durante un largo período.
En este proceso, los actores fundamentales son los partidos políticos y “las minorías
regionales actuantes” - ausentes de la vida nacional durante 17 años - que intentan recuperar su
nexo entre la sociedad y el Estado. Los primeros, al cumplir sus roles tanto de socializadores
políticos de la ciudadanía, como de reclutadores de sus elites, en tanto que los segundos,
intentando difundir la preocupación por el desarrollo regional.
La tradición centralista del Estado chileno, de sus partidos políticos e incluso de la propia
sociedad civil es bien conocida. En este contexto, el proceso descentralizador chileno surge
impulsado simultáneamente por el Estado y por la clase política, ambos centralistas, si bien al
interior de los partidos (y también del Estado) existía una fracción cultural disidente proclive a la
descentralización, como bien lo señala Palma (1989). La actuación de los partidos políticos
desde 1990 en adelante, está, por lo tanto, orientada por su rol de reclutadores de las elites de la
ciudadanía, por sobre su eventual papel de socializadores políticos dada la situación recién
El Estado impulsa el proceso motivado por la oportunidad de avanzar en la consecución de
una democracia participativa, en tanto que la clase política lo hace visualizando una oportunidad
legítima para copar parte del aparato administrativo de los entes territoriales y/o crear nuevos
espacios políticos, dependiendo si se trata de adherentes u opositores a los Gobiernos de la
Concertación de Partidos por la Democracia (1990-1994 y 1994-2000).3
Es así como en la actualidad los nichos de participación creados al amparo del proceso de
descentralización, están ocupados con actores pertenecientes a los partidos políticos electos por
voto popular en el nivel local y de manera indirecta en el ámbito regional (concejales
municipales y consejeros regionales respectivamente), los que han asumido las tareas que en los
sesenta y setenta formulaban y ejecutaban funcionarios del Gobierno central dada la baja
resonancia que estos temas concitaban en la clase política en ese período y que reemplazan a los
delegados estamentarios designados por el aparato de la administración del Gobierno Militar en
El diseño institucional del proceso de descentralización generado en estas condiciones
permite plantear, entonces, que “es la clase política la que ha impulsado este proceso creando los
espacios y las condiciones de participación”. En ese sentido “…habría una especie de
encasillamiento de la participación…Faltaría entonces que la comunidad tuviera una parte del
libreto”. Tobar (1998).
1) Los consejeros regionales, conscientes de sus limitaciones en cuanto a hacer efectiva la
participación de la comunidad organizada, han optado por involucrarse en la gestión del
Véase al respecto Boisier Sergio. Descentralización en Chile: Antecedentes, Situación Actual y Desafíos Futuros.
Documento 93/17, Serie Ensayos Dirección de Políticas y Planificación Regionales ILPES. Santiago de Chile 1992
desarrollo regional. En esta misión varios de ellos han logrado altos niveles de profesionalismo y
dedican mucho más tiempo a estas actividades que las que contempla la legislación. En varias
regiones del país y en diversas áreas temáticas, existen algunos consejeros regionales que
manejan un marco conceptual y que exhiben una experiencia en gestión del desarrollo regional
que no se encuentra en funcionarios de las plantas administrativas de los gobiernos regionales ni
en funcionarios de la administración desconcentrada. Se da, incluso, el caso en que consejeros
regionales han asumido el rol de Intendentes Regionales habida cuenta de este conocimiento.
2) La dificultad para hacer efectiva la participación de la comunidad organizada se extiende
también a los Consejos Económicos y Sociales Provinciales (CESPROS) que funcionan sólo en
algunas regiones del país. Consecuentemente con lo anterior, al interior de cada Consejo ha
prevalecido un proceso de toma de decisiones que, respetando las funciones y atribuciones de los
Gobiernos Regionales, ha tecnificado la política, por cuanto la ha subsumido en un proceso de
gestión y resolución de problemas regionales dejando de lado otras dimensiones. No obstante
ello, la conformación de alianzas provinciales es un síntoma que revela la poca legitimidad de las
propuestas de los Intendentes y un sesgo marcadamente local de la inversión.
3) La discusión política de las dimensiones técnicas del desarrollo regional se da en el ámbito de
la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, entidad que dedica todo su tiempo a crear o a
fortalecer referentes nacionales que amplían los grados de libertad de estas instancias de
participación con el fin de contribuir en forma más decisiva al desarrollo regional. Ello porque
existe el convencimiento de que - si bien la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno
y Administración Regional ofrece muchos grados de libertad para contribuir al desarrollo
regional - la modalidad de elección indirecta los deslegitima ante la comunidad regional y ante
los funcionarios regionales.
4) Han sido recurrentes las dificultades en el relacionamiento entre los Consejos Regionales y los
funcionarios de la administración regional desconcentrada. En el período 1993-1997 existió una
tendencia a actuar como consejeros individuales o en bloques agrupados por distintos intereses,
entre los cuales los gremiales fueron importantes, contraviniendo las disposiciones legales
referentes a las atribuciones del Consejo. En el período actual los Consejos Regionales actúan
corporativamente y dado que tienen a su haber mayor conocimiento y experiencia en un marco
con funciones amplias pero con atribuciones limitadas se reproducen los roces con los
funcionarios antes mencionados. En un intento por controlar el proceso decisivo, muchos
funcionarios exageran la cuestión reglamentaria y encasillan a los Consejos Regionales
Adhiriéndose al análisis de Garretón, se está en presencia de un cambio fundamental en la matriz
de relación entre el Estado, los actores políticos o el sistema de partidos y la sociedad civil. Un
cambio en definitiva de la cultura política, de las imágenes y sentidos sobre la acción colectiva
que hay en una sociedad y a las imágenes, estilos y lenguaje de la acción política.3
5) En este marco analítico, y sin lugar a dudas, la elección directa de los consejeros regionales
conllevará una clara reconfiguración de las estructuras de poder y del mismo sistema
presidencialista, al mismo tiempo que se posibilita una nueva estructura orgánica de los
Gobiernos Regionales. Su concreción no será nada fácil ya que el cambio en la matriz política,
el tema se inscribirá en una discusión sobre el presidencialismo, el sistema binominal, el
Garretón, Manuel Antonio. “La faz sumergida del iceberg”. Ediciones CESOC-LOM. Santiago de Chile 1994.
financiamiento de los partidos políticos y las campañas de los independientes y otros temas
6) La creación y entrada en funcionamiento del nuevo cargo de Presidente del Consejo Regional,
junto con la eventual elección popular de los Intendentes son dos alternativas que actualmente se
están barajando en las reuniones entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. La primera aparece como la más factible y
entre las atribuciones que debería tener el Presidente del Consejo Regional se contemplan las
siguientes: tener derecho a voz y voto, firmar las resoluciones que emanen de los Consejos,
promulgar los planes reguladores comunales e intercomunales, representar judicial y
extrajudicialmente al Consejo, nombrar y remover los trabajadores adscritos al Consejo
Regional, coordinar el trabajo de las comisiones técnicas del Consejo, convocar al Intendente
como a otros miembros del ejecutivo para informar al Consejo sobre el desarrollo de sus
competencias, fijar con el ejecutivo una agenda de trabajo conjunto con el Consejo Regional,
determinar las urgencias de las diferentes proposiciones del ejecutivo regional, así como dirigir
la Secretaría del Consejo Regional4.
7) La justificación del cargo de Presidente del Consejo Regional es en palabras del pasado
Intendente Regional de Atacama necesaria porque “El artículo 102 de la Constitución Política de
la República encarga al Consejo la facultad de hacer efectiva la participación de la ciudadanía en
la administración superior de la región, pero la enorme gravitación del Intendente en el ejercicio
de las facultades propias del órgano colegiado limita el pleno ejercicio de esa función
representativa. Así, por ejemplo, la Contraloría General de la República ha debido dictaminar
que “no es posible que el mencionado órgano sesione sin la asistencia de la autoridad”
declarando sin efecto los acuerdos adoptados en ausencia del Intendente, aunque estos versen
materias que la ley ha sometido a la competencia del órgano representativo.”5
8) No obstante las actuales dificultades que se presentan con la figura del Intendente Regional
como presidente del Consejo Regional, no existe pleno respaldo de la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales a la propuesta recién mencionada. Ello por cuanto, en la cultura política
centralista del país, se desperfilaría la figura del órgano colegiado, el que se ha logrado
cohesionar durante estos años y no contribuiría en nada a recuperar la confianza de la gente en el
sistema político y en los partidos tan negativamente afectada en los últimos años.
9) Se encuentra también sobre el tapete el tema de la elección directa de los Intendentes. A este
respecto, se plantea que “El hecho de que el Intendente no sea elegido directamente, al igual que
los Consejos, pudiese ser un síntoma más de la insuficiente base política con la que cuenta la
realidad regional. Esta situación deriva además en cuotas equivalentes de insuficiencia de
legitimidad y autonomía política”6. ¿Es ésta una asimetría necesaria en las actuales
circunstancias?. El presidencialismo chileno -calificado como antes se mencionara como
“Propuesta de la Directiva...” Op. cit. p. 12.
Morales Eduardo. Intendente III Región de Atacama. Aspectos político-institucionales de la descentralización. EN:
Reflexión y Análisis sobre el proceso de descentralización en Chile. Ob. cit
Gutiérrez Bermedo Hernán y Claudio Rojas Miño. La institucionalidad pública y su
contribución al desarrollo regional en el marco de la globalización. Documento preliminar s/f
neopresidencialismo- debe ser atemperado, pero ello requiere, primero que nada, una discusión
sobre el régimen de gobierno y las atribuciones del Congreso, cuestiones que necesariamente
deben ser precedidas por una reforma a la Constitución que permita avanzar hacia la
consolidación de una democracia plena. En tal sentido, la gradualidad y selectividad del proceso
de descentralización aconsejan resguardar, por ahora, el sistema presidencial y el régimen de
Estado unitario, para que la autoridad del Presidente de la República, como gobernante y
administrador del Estado, ejerza su autoridad en todo el país, sin perjuicio de precisar los
ámbitos y materias de competencia de los gobiernos Regionales, tal como afirman Aylwin
(1994) y Lira (1994).
10) El nuevo escenario debiera tender a fortalecer dentro de esta matriz antes mencionada, no
sólo a cada elemento en particular, sino además al vínculo que pueda establecerse entre ellos.
Esto significa a lo menos lo siguiente. Un Estado fuerte, inteligente e innovativo, que tienda a
reformarse paulatinamente en el marco un proceso de modernización y de descentralización. Un
sistema de partidos caracterizado por su inclusividad, democratización interna, capacidad de
negociación y concertación. Una densificación de la sociedad civil, es decir de los actores
sociales autónomos tanto del Estado como del sistema partidario, en términos de aumentar los
niveles de participación a través de procesos reales de redistribución del poder y de reasignación
de responsabilidades en la toma de decisiones.
11) Esta nueva matriz reforzada daría paso o posibilitaría una relación equilibrada entre las
administraciones y las instancias de participación de nivel regional y local. Respecto al tema
específico de la descentralización en el ámbito regional, el argumento más poderoso a su favor
apunta a que es la Región el espacio sociocultural idóneo para que confluyan en él tanto los
intereses y perspectivas de "lo nacional", como los intereses de tipo “local”. La Región, que en el
proceso chileno ha sido vista separadamente del proceso más visible de respaldo a los
Municipios, se tornaría clave para el manejo adecuado de la descentralización. La Región es el
único espacio territorial en que se pueden promover las decisiones básicas del desarrollo integral
(económico, político y social) teniendo presente los grandes objetivos nacionales, al tiempo que
se reconocen y valoran los intereses y realidades locales.
12) Por su parte, la descentralización a nivel local supone el reconocimiento de la existencia de
un sujeto (sociedad local) que es capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y que está
dotado de personalidad sociocultural y político-administrativa; supone, además, la transferencia a
este sujeto de un conjunto de competencias y recursos que no posee y que podrá gestionar
13) Pero lo más fundamental, y que avala el discurso descentralista a escala local, está dado
porque es en el ámbito local (una comunidad específica o una comuna directamente) en donde se
aprecia con mayor claridad la importancia de la vida cotidiana, lo que las personas ven y
perciben todos los días. En esta escala se posibilita considerar no sólo al individuo aislado, sino
también a las interacciones sociales que se conforman día a día y que dan cuenta de la trama
social y de la acción colectiva. Es en este ámbito además donde actúan y se desarrollan la
mayoría de las organizaciones sociales y en el cual se gestan un sinnúmero de movimientos
sociales que buscan la superación de sus problemas específicos. La postura localista argumenta
que se debe reconocer clara y explícitamente que en el ámbito local es donde se deben expresar
las transferencias del poder institucional que le dan sentido a la profundización democrática
(Galilea, 1987). La descentralización y la participación pueden configurarse así como conceptos
eje para entender la dinámica y las ambigüedades del proceso reciente.
14) En el ámbito regional la descentralización se da hoy en términos de desconcentración. Ésta
apunta a traspasar funciones a organismos subordinados ya existentes en la estructura
administrativa. De esta forma, la desconcentración se conformaría como una manera de crear
“brazos operativos” de políticas y programas decididos y orientados nacionalmente, sin significar
dicha transferencia una verdadera independencia del nuevo órgano, o de aquel que ha sido
designado. Se trata entonces de una descentralización administrativa referida a asignar funciones
específicas a las unidades subnacionales, manteniendo gran parte de las responsabilidades en
manos centrales. La desconcentración es entonces “...sólo una técnica física y geográfica para
alcanzar más eficazmente a la población susceptible de ser beneficiaria de alguna política
pública, sin requerir necesariamente la participación activa de esa población. Por el contrario, las
compensaciones por canales descentralizados pueden fortalecer el desarrollo de instituciones o
movimientos locales.” (Guerra) 1998.
15) La escala “meso” de las regiones las hace configurarse como una instancia intermediaria
entre el Estado, concebido como aparato de gestión, y la sociedad civil. Este último concepto,
ambiguo per se, es particularmente complejo en el plano regional. Analíticamente se lo tiende a
homologar con el concepto de sociedad civil que se maneja a nivel local y a homologar
consiguientemente el vínculo entre dicho sector y los representantes del poder estatal. La
administración local instaura una relación cara a cara con las personas y las organizaciones, es
una relación directa. En este sentido se puede hablar de una participación directa en los procesos
16) En el nivel regional la sociedad civil no se configura como un interlocutor claro y definitivo
del aparato gubernamental y de gestión. La sociedad civil se organiza mediatizada por intereses
que la sobrepasan, sean éstos económicos o políticos. El Gobierno Regional debe pactar con
estos intereses que van más allá de demandas específicas y peticiones locales. Por esta razón los
Gobiernos Regionales deben relacionarse con distintas agrupaciones, empresas u organizaciones
que cuentan con poderosos equipos técnicos y con un gran peso socio-político. El caso del
ordenamiento territorial en la RM es sintomático. La participación entonces se debe vislumbrar
como una manera de integrar a las distintas organizaciones con intereses regionales a un proceso
de gestión conducente a la elaboración de proyectos colectivos de desarrollo.
17) La elección directa de los Consejeros involucra además la consideración de algunos puntos
específicos. Primero, esta elección supone una reforma constitucional, comenzando por el
artículo 15 de la Constitución Política del Estado, ya que esa disposición establece que “sólo
podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en
esta Constitución”7. Aparentemente existe un acuerdo entre los consejeros regionales y otras
autoridades de los Gobiernos Regionales en respaldar la propuesta del Gobierno respecto a la
elección directa de los Consejeros, dado que se estima conveniente por otorgar a los Consejeros
mayor representatividad y respaldo ciudadano. Sin embargo existen ciertas dudas; entre ellas el
Ver “ Propuesta de la Directiva y el Consejo Nacional de la Asociación sobre la reforma a la ley orgánica
constitucional n° 19.175” en Congreso extraordinario de Consejeros regionales, 1998. p. 12.
tema del financiamiento de las campañas, en términos de que en algunos casos los candidatos
deberán abarcar zonas más amplias que los distritos de diputados, y el monto de las dietas 8. En
este sentido existe amplio consenso que se debe apoyar esta moción siempre y cuando
efectivamente el nuevo texto legal les otorgue a los consejeros mayores facultades y atribuciones
y cree las condiciones necesarias para ejercerlas. Entre ellas: la inviolabilidad de las opiniones de
los consejeros, y el derecho a asociarse y tener personalidad jurídica. Segundo, y como antes se
señaló, ello implica transformaciones en la matriz socio-política del país. En este sentido implica
renovar las instancias de interacción entre el Estado y la sociedad civil. La comunidad, pasiva en
términos de elegir a sus autoridades regionales, ahora sería parte y voz en el proceso. Ante esta
situación específica habría que conjugar analíticamente tres conceptos fundamentales:
legitimidad, prestigio y autonomía.
18) La legitimidad, está vinculada a la elección popular y a procesos socio-políticos que van más
allá de la emisión de un voto o de la implantación de un decreto. La legitimidad de los consejeros
regionales sólo será posible en el marco de un modelo de gestión que conjugue tanto elementos
tecnocráticos como democráticos, superando la simple priorización de proyectos de inversión y
enriqueciendo la elaboración de estrategias de desarrollo regional al transformarlas en proyectos
políticos regionales.9
19) La participación es un objeto en sí, en tanto es una necesidad básica en el ámbito de la
calidad de vida no satisfecha para importantes mayorías sociales; pero también es un medio, un
estadio requerido por la propia planificación tecnocrática (dominante en nuestros días, guiada
por una racionalidad de la obtención de una maximización y optimización de los beneficios),
donde la participación se considera una característica técnicamente necesaria y generadora de
mayor eficiencia. En la actualidad, el tecnócrata aprovecha la cultura democrática para reforzar
la dominante: incluso la acción política se subordina a este modelo, el poder político se encuentra
directamente determinado por el económico.
20) El concepto de legitimidad como idea que refuerza una situación dada de “apoyo político”10
se complementa con otras dos nociones, a saber: eficacia y confianza. La legitimidad existe en el
momento que los ciudadanos estiman que los principios que rigen a las autoridades y al régimen
político están de acuerdo con los que ellos consideran correctos y apropiados. En última
instancia, es una convicción moral acerca de la validez de aquellos, que lleva a los ciudadanos a
considerar obligatorias las decisiones que emanan de las autoridades. La eficacia atribuida a las
autoridades y al régimen está determinada por la satisfacción que los ciudadanos perciben que
los mismos brindan a sus demandas. La confianza en las autoridades y en el régimen político se
presenta cuando los ciudadanos sienten que no necesitan vigilar las actividades de las
autoridades de las instituciones políticas ya que sus derechos e intereses serán bien cuidados por
ellas: la confianza no se refiere al resultado sino a la forma en que funcionan las instituciones.
Ver Diario El Mercurio, Lunes 17 de Noviembre de 1997.
Tal como lo plantea Sergio Boisier en diversos documentos de la Dirección de Políticas y Planificación
Regionales (DPPR) del ILPES
Este idea es citada por el ILPES en su libro “Reflexiones sobre el Desarrollo y la Responsabilidad del Estado”,
pp. 66, 1998, haciendo referencia a D. Easton, “A re-assessment of the concept of political support”, British
Journal of Political Science, vol 5, 1975, y H.D. Klingemann y D. Fuchs (comps.), “Citizens and the State”, Oxford,
21) ¿Pero el apoyo político y consiguientemente la legitimidad, dependen sólo de la elección
popular?. Podría plantearse que si se da un proceso de politización a priori se estaría ante una
eventual deslegitimación del sistema de elección popular de los Consejeros. El rol que los
partidos juegan en el nuevo escenario reconfigurado va a ser fundamental para frenar o
incentivar un posible proceso de politización y partidización. Esto es así considerando que “Los
partidos políticos tienen un pie en la sociedad civil y el otro en las instituciones, tanto así que ha
sido propuesto enriquecer el esquema conceptual dicotómico y de intercalar entre los dos
conceptos de sociedad civil y de Estado el de sociedad política orientado a abarcar precisamente
el fenómeno de los partidos que de hecho no pertenecen ni a la sociedad civil ni al Estado”11
Respecto a este punto es pertinente acotar que aunque los Consejos son elegidos indirectamente
por los concejales, los Consejos presentan una distribución partidista acorde con el peso político
que los partidos tienen en la realidad política nacional. (Ver ANEXO N 2)
22) El mayor prestigio derivado de una actuación legitimada por una elección popular se vincula
a la situación profesional e intelectual de los Consejeros, es otra cuestión digna de destacar dado
que la calificación de los Consejeros ha aumentado en los períodos 1993-1997 y 1997-2001.
Ahora bien, dada una elección directa de los Consejos, éstos se convierten en entidades cuyos
miembros se encuentran inmersos en el mundo “público” y dejarían de ser agentes casi anónimos
para la mayoría de la población. Esto eventualmente haría aumentar los niveles de
profesionalización de los Consejeros, en suma su carta de presentación ante la ciudadanía
votante12.
23) Respecto a una mayor independencia decisoria frente a los niveles local y nacional (central),
ello sólo será posible si los Consejos Regionales cuentan con más poder, una cuestión que
dependerá si el proceso descentralizador va a la par del proceso de desconcentración que hoy
prevalece. Ello lleva a reconocer que “...lo que existe es una gran necesidad de ampliar
sustantivamente el conocimiento y el manejo de metodologías a nivel central y regional sobre
cómo arbitrar la relación Estado-sociedad para estimular el desarrollo e inserción internacional
endógena de las sociedades regionales”13.
24) Poder también significa mayor número y mejor calidad de las atribuciones con las que
cuentan o contarían los consejeros. Sobre este punto específico se debatió en el último Congreso
Extraordinario de los Consejeros Regionales de Chile14 y existió consenso entre los precandidatos presidenciales que en esa ocasión expusieron en el sentido que se trata de apostar a
una capacidad de gestión de los distintos Consejos Regionales, lo que no depende tanto de su
elección directa sino más bien de las atribuciones y los recursos necesarios para enfrentar los
nuevos desafíos que imponga el proceso de descentralización.
Bobbio Norberto. “Estado, Gobierno y Sociedad.” Fondo de Cultura Económica. 1996.
El estudio de Putnam revela que en el caso italiano los Consejeros regionales fueron desde
sus inicios políticos en ascenso, altamente profesionalizados y con vasta experiencia partidista.
13 Gutiérrez Bermedo Hernán y Claudio Rojas Miño. Ob.cit.
Congreso realizado en el mes de diciembre en Santiago, que apuntó específicamente al
análisis detallado de la Reforma Regional que el gobierno tiene como prioridad legislativa para
el resto de su mandato..
25) Sobre este aspecto particular existe una cierta disconformidad de la Asociación Nacional de
los Consejeros de Gobiernos Regionales a la proposición del gobierno por cuanto “Analizando
los contenidos de la reforma se genera de inmediato la pregunta hacia donde se va con el
proceso. ¿Fundamentalmente, si en el marco de un Estado Unitario se mantiene sólo una
descentralización administrativa o si se avanza hacia una descentralización caracterizada por
mayores grados de autonomía con una efectiva representación de la comunidad regional? Para
ello tiene que formularse, con urgencia, un horizonte que de la pauta para configurar una agenda
de la descentralización. Para la SUBDERE es mejor ir avanzando en la medida que las
instituciones vayan teniendo éxito en la gestión de sus competencias y se consolide la
descentralización. Pero eso no le da orden al proceso. El proceso debe tener una orientación
global….”15.
26) Este disenso respecto a un avance del proceso en concordancia con el grado de éxito de los
Gobiernos Regionales – una cuestión a todas luces recomendable dada la cultura centralista
existente en el país – parece develar el convencimiento de que poco se avanzará por esta vía.
27) La complejidad de la gestión regional en escenarios globalizados y descentralizados requiere
un nuevo cuerpo cognitivo en el que las regiones se conciban como cuasi-Estados y como cuasiempresas y se manejen adecuadamente los factores exógenos y endógenos que hacen a un
desarrollo regional acorde con los tiempos.16 En este nuevo marco cognitivo se puede avanzar
simultáneamente tanto sobre el alcance del proceso, como sobre cuestiones netamente
28) Esta inquietud ya ha sido señalada por el Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros
de los Gobiernos Regionales: “en suma hay dos grandes desafíos del proceso: a) avanzar en los
conceptos teóricos que sustentan el proceso, de esta manera ponernos de acuerdo en el tipo de
descentralización que se desea y b) mejorar o establecer metodologías de evaluación que ayuden
al seguimiento de los avances de la institucionalidad.”17.
29) Podría al respecto, afirmarse que se requiere con urgencia actos sustantivos productores de
confianza entre la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y el gobierno, comenzando por
la discusión y la adopción de una actitud constante de autoevaluación y de capacitación
sistemática, con lo cual podrán sostenerse conversaciones estructuradas sobre cómo alcanzar
mayores niveles de desarrollo regional.
30) Esta insatisfacción se extiende también a la propuesta del gobierno sobre reformulación de la
estructura orgánica de los Gobiernos Regionales. A este respecto, el Presidente de la Asociación
Intervención de Manuel Tobar, Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de
Gobiernos Regionales de Chile, en el Congreso Extraordinario de Consejeros regionales de
Chile, Diciembre 1998. (Aún no publicada).
Una síntesis de esta proposición se encuentra en Boisier Sergio. “El vuelo de la cometa. Una metáfora para una
teoría del desarrollo territorial.” Documento 97/37 Dirección de Políticas y Planificación Regionales ILPES.
Intervención de Manuel Tobar , Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de
Chile Op. Cit.
Nacional de Consejeros Regionales ya citado señala lo siguiente: “Es contradictorio, se señala,
plantear la elección directa de los Consejeros y al mismo tiempo quitarles atribuciones
fundamentales al cuerpo colegiado, tales como el decidir los proyectos específicos de inversión,
aprobar los planes seccionales y reguladores comunales y aprobar la estructura de organización
de los servicios administrativos del Gobierno Regional. Dicha propuesta, dicho sea de paso, no
incorpora ninguna atribución nueva para los consejeros, salvo la de elegir el nuevo cargo de
Presidente del Consejo. De otra parte se le aumentan las atribuciones al Intendente y se le tipifica
como el agente fundamental del desarrollo regional, rol que sin duda sería más apropiado
atribuirlo al Gobierno Regional.”
31) En este sentido no es conveniente dotar a los órganos de representatividad sin antes
otorgarles poder real, puesto que tienen una alta probabilidad de desacreditarse ante la
comunidad. Con estas medidas en que se fortalece exclusivamente a los representantes del
gobierno nacional por sobre la comunidad regional, no habrá interlocución válida ni un ambiente
propicio para un real fortalecimiento de las regiones, como actores sociales. Tampoco se ayuda,
como antes se mencionara, a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema político.
3. ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION CHILENO
El largo período 1973-1990 es complejo de evaluar dadas las circunstancias por las que el país
atravesó y por las múltiples motivaciones del Gobierno Militar hacia el proceso de
descentralización. 5
No obstante lo anterior, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que a medida que se consolida
el modelo económico neoliberal, la Regionalización concebida en sus orígenes como un proceso
de readecuación institucional que buscaba modificar los patrones territoriales del país,
caracterizados por desintegración y concentración, se transforma cada vez más en un proceso
socio-político tendiente a modificar la matriz política tradicional del país en la que el Estado se
relacionaba con la sociedad civil, principalmente a través de los partidos políticos y de las
minorías regionales actuantes.
Esta afirmación se puede comprobar al tenor de la posición del Gobierno Militar frente al
sentido de la Regionalización, como así también respecto a las estructuras de participación
contempladas en los Gobiernos y administraciones regionales y comunales: los COREDES
(Consejos Regionales de Desarrollo) y los CODECOS (Consejos de Desarrollo Comunal).
El carácter socio-político del proceso de descentralización durante el Gobierno Militar
queda manifiesto en la siguiente afirmación de uno de los primeros directores de la CONARA:
"La regionalización chilena no es, ni puede ser, sólo una división político-administrativa
diferente, ni una nueva redefinición de los ámbitos geográficos de competencia de los servicios
públicos, ni el componente territorial de la planificación del desarrollo. La regionalización es,
también, un proceso político del Gobierno que se ha materializado en la creación de los
Gobiernos y administraciones regionales, en las cuales se han delegado - en el grado que el
Supremo Gobierno ha considerado adecuado - poder y potestades administrativas"6. En este
mismo sentido, un estudio de los primeros años del Gobierno Militar plantea que la
Regionalización es “… un proceso de reforma de la Estructura de Gobierno y Administraciones
Interiores del Estado, que persigue la descentralización funcional y territorial del poder político y
social con la finalidad de avanzar hacia una sociedad tecnificada y de verdadera participación
social, que permita la obtención del desarrollo socioeconómico en forma armónica y, en
consecuencia, una efectiva integración nacional.”7
Según los autores del estudio recién citado, el logro de una sociedad tecnificada y de
verdadera participación social es la consecuencia lógica de la consolidación e
institucionalización de un poder social (entendido como la facultad de los cuerpos medios de la
sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos,
transformándose en vehículo de límite, a la vez que de enriquecimiento del poder político,
entendido éste a su vez como la facultad de decidir en los asuntos de interés general para la
Es así como el Decreto Ley 573 menciona como objetivos de la Regionalización la integración nacional, la
participación de la población, la igualdad de oportunidades y una mejor utilización del territorio y sus recursos.
Barrientos Juan. “La situación actual y las perspectivas de la Regionalización” En: Diario El Mercurio del 23 de
diciembre de 1975, p. 2.
Borel Edmundo y Claudio Mergudich. “Algunos aspectos administrativos del Gobierno regional y perspectivas
del nuevo municipio chileno”. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Departamento de Administración, 1976, p. 18
nación) con órganos despolitizados capaces de entregar un aporte técnico y de valorar el
conocimiento en su justa medida, dentro del contexto de descentralización.
La contradicción entre un Gobierno autoritario y la participación social explica la postura
ambivalente frente al tema y la tardanza con la que se implementan las estructuras de
participación sobre todo a nivel regional.
Recuérdese al respecto, que el accionar del Gobierno Militar refleja un plan ambicioso de
largo alcance, que buscaba la transformación de las estructuras más profundas de la sociedad
chilena en los planos económico, social y político-institucional. Así el influyente diario El
Mercurio editorializaba el día 21 de mayo de 1984 que “Es comprensible que la comunidad
quiera darse un sistema de Gobierno y administración regional y comunal distinto al imperante
anteriormente, atendiendo a las lamentables distorsiones que aquél sufrió como consecuencia de
una excesiva politización. De ahí que sea prudente no posponer el ensayo de las nuevas
instituciones8, pues la evolución política podrá determinar que a la postre, no llegasen a enraizar
en la conciencia cívica y el consiguiente vacío produjese, en el mejor de los casos, una recaída en
los mecanismos vigentes hasta 1973, pese a sus deficiencias.” Un planteamiento similar se hace
el 25 de agosto del mismo año llegándose a plantear la permanencia de estas estructuras en una
administración diferente: “… resulta necesario insistir, una vez más, en la urgente conveniencia
de que los mecanismos diseñados por la Carta sean puestos en marcha lo más pronto posible
durante el período de transición, sistema que podría ser demolido integralmente por una futura
Administración. O, todavía peor, esa estructura podría ser desnaturalizada e instrumentalizada
con fines totalitarios.”9
Finalmente, en este breve recuento y justificando la no puesta en funcionamiento de las
estructuras de participación el mismo editorial del diario recién citado señala que: “Sin embargo,
no puede olvidarse que el marxismo es hábil en la infiltración de los cuerpos intermedios. Siendo
así, será tanto mayor la dificultad que encuentre en su labor de penetración cuanto mayor sea la
congruencia entre la estructura de administración regional y comunal y las normas generales de
defensa que la Carta establece, cuyo valor real resalta cuando se piensa que, en la práctica, una
defectuosa estructuración de los COREDES y CODECOS podría favorecer esa infiltración.”
El triunfo del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 moviliza rápidamente al régimen
militar en el desmantelamiento a través de diversos mecanismos del sistema neopresidencial
instaurado con la Constitución de 1980, situación que la Coalición de Partidos por la Democracia
intenta controlar a través de los acuerdos constitucionales de 1989, consensuados con el saliente
régimen militar. En esta ocasión se acordó, además, que posteriores reformas a la Constitución
de 1980 seguirían el camino acordado en esa ocasión.
Este es el contexto en el que el Primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la
Democracia, encabezado por el ex-Presidente Patricio Aylwin asume el Gobierno en el período
1990-1994. Las reglas del juego establecidas en la Constitución Política de 1980, modificada en
1989, definen los márgenes de acción para la gestión de su Gobierno. Tal como lo señala un
experto: "estas reformas consensuales fueron el primer paso básico en el proceso de construcción
En especial referencia a los Consejos Regionales de Desarrollo.
Diario El Mercurio 25 de agosto de 1984.
de consensos políticos en el país, puesto que permitieron a la oposición democrática reconocer,
aunque modificada, la Constitución de 1980, que ella había previamente rechazado como
ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido. De este modo, la primera gran reforma
del Estado permitió disponer de reglas del juego políticas aceptadas por todos los sectores.
Asimismo, se convino que reformas posteriores a la Constitución se ajustarían al procedimiento
entonces acordado, lo que ha sido plenamente respetado. De ese modo se eliminó la
incertidumbre política que habría puesto en grave riesgo la estabilidad y el desarrollo del país.”10
Este es, también, el contexto en el que deben evaluarse las reformas legales vinculadas con
el proceso de descentralización, que buscaron también reformar políticamente el Estado desde
una perspectiva valórica diferente del régimen anterior.
Las nuevas reformas son parte de un proceso de transición a la Democracia en el que se
busca reemplazar la antigua institucionalidad autoritaria por una nueva democrática, en una
opción que deja condicionada la transición a la Democracia a mecanismos de acuerdo y
negociación que incluyen un sistema binominal mayoritario y a la presencia de Senadores
institucionales para sólo nombrar algunas de sus características. En este contexto, surge desde
1990 en adelante un vigoroso proceso de descentralización que tiene como objetivo fundamental
profundizar la Democracia, pasando de esquemas caracterizados por la elección de
representantes de la ciudadanía, cada cierto período de tiempo, a esquemas que buscan la
participación permanente en el diseño, la toma y el seguimiento de las políticas públicas,
superando de esta forma la dicotomía entre Estado y sociedad civil. Persigue, desde esta
perspectiva modernizar la administración del Estado haciendo más eficiente y cercana a la
población su gestión y posibilitar la transformación de la población de objeto en sujeto del
Este proceso por lo menos en el período 1990-1994 es, más, el resultado por una parte del
juego político entre la oposición y los partidos de la Concertación por la Democracia11 en el
contexto antes definido, que el resultado de estudios y concepciones finalistas y por la otra el
resultado del liderazgo de la SUBDERE en estrecha colaboración con el Ministerio Secretaría
General de Gobierno, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Planificación y Cooperación,
MIDEPLAN (entidad en la cual se transformó la Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN,
asesora directa de la Presidencia de la República en el Gobierno Militar) no jugó un rol muy
destacado en el proceso, entre otras razones, porque en la reorganización institucional la
Subdirección Nacional de ODEPLAN se transformó en una División de Desarrollo Regional con
lo cual el tema perdió status internamente.
Esta combinación de intereses determina que al tenor de los discursos oficiales el proceso
persiguiera objetivos múltiples relacionados con la redemocratización como ya se señaló, la
Boeninger, Edgardo. “Reforma y Modernización del Estado en América Latina”, en “Reforma y Modernización
del Estado”, ILPES-CEPAL. 1994.
Ver Abalos José A. “La descentralización en Chile: Antecedentes históricos y reformas actuales” EN: La cuestión
regional en la transición a la democracia en el caso de Chile. Informe de investigación preparado por Carlos de
Mattos (coordinador) José A. Abalos, Antonio Daher y Margarita Guerra. .Instituto de Estudios Urbanos,
modernización y reforma del Estado, la búsqueda de una mayor competitividad internacional en
los procesos de globalización y apertura externa y un nuevo intento por modificar la
configuración territorial del país pero, sin lugar a dudas, el primero de los nombrados comanda el
proceso y subsume a los otros objetivos.
El Acuerdo Político suscrito por todos los partidos con representación parlamentaria en
1991 permitió una nueva e importante modificación a la Constitución Política en el Capítulo XIII
sobre Gobierno y Administración Interior además de importantes modificaciones a los artículos
3 del Capítulo I Bases de la Institucionalidad y al artículo 19 número 20 del Capítulo III sobre
Deberes y Derechos Constitucionales referente al destino de los tributos. Es importante señalar
que el Acuerdo Político se suscribió con el compromiso del Gobierno de modificar - además de
la generación de una ley sobre Gobiernos Regionales y modificaciones a la Ley de
Municipalidades - la Ley de Rentas Municipales y la Ley sobre el Impuesto Territorial.
4. EL ITINERARIO DE LA DESCENTRALIZACION EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE PATRICIO AYLWIN.
Objetivo fundamental del Gobierno del ex-Presidente Aylwin fue la transición de un Gobierno
autoritario a un Gobierno democrático. Ante la imposibilidad e inconveniencia de introducir
reformas que permitiesen remover los mecanismos que caracterizaban (y aún caracterizan) el
marco institucional del país - denominado como "democracia protegida" - se optó, primeramente,
por el perfeccionamiento de la Ley de Juntas de Vecinos y, luego, por la democratización de las
Respecto a las Juntas de Vecinos, debe recordarse que en 1974 se dictó el Decreto Ley 349
que facultó a las autoridades comunales a designar a sus dirigentes, terminando con su
autonomía. Esta situación se prolongó hasta el 30 de diciembre de 1989 en que se publicó la ley
18.893 sobre Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales, que permitió las primeras
elecciones democráticas de directivas de las organizaciones comunitarias desde 1973.
El Gobierno de Patricio Aylwin, para democratizar estas instancias de participación, envió
un proyecto de ley que, inicialmente, recibió el acuerdo favorable de la Cámara de Diputados
respecto a la idea de legislar, el que luego fue objeto de una presentación durante su trámite ante
el Tribunal Constitucional en relación con la propuesta del Mensaje de elegir sólo una Junta de
Vecinos por cada Unidad Vecinal y de una Unión Comunal por cada comuna. El Tribunal
Constitucional acogió esta presentación, fallando el 22 de abril de 1991 sobre la
inconstitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo.
Tras 5 años de un trámite legislativo que fue perdiendo paulatinamente interés por parte de
todas las fuerzas con representación parlamentaria se publicó en 1996 la Ley 19.418 que al haber
sido objeto de reparos sustantivos, por parte del Tribunal Constitucional, referentes al número de
personas requeridas para conformar una Junta de Vecinos, fue reemplazada por un texto
refundido - la Ley 19.483 - que en lo formal subsana esos reparos. Puesto que este texto
refundido, subsana estos reparos en virtud de disposiciones administrativas que contemplaba la
ley original, los Parlamentarios no consideran que este cuerpo legal, en la forma que se
promulgó, incentive una real y verdadera participación. A lo anterior se suma un desplazamiento
de ésta hacia los Concejos Municipales y en mucho menor medida a los Consejos Económicos y
Sociales Comunales (CESCOS). En sus disposiciones, la Ley 19.483 contempla financiamiento
para las acciones que pueden realizar las Juntas de Vecinos provenientes de aportes municipales,
aporte fiscal y aportes de los propios vecinos. En la práctica nunca se ha aportado financiamiento
fiscal, razón por la que estas funcionan sólo en algunas comunas.
Con respecto a las municipalidades, porque la mayoría de los alcaldes en funciones en 1990
habían sido nombrados en sus cargos por el Consejo Regional de Desarrollo (COREDE)
respectivo, a propuesta en terna del Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO), ambos de
absoluta carencia de representación democrática y creados como instancias de participación
corporativa en sustitución de la participación vía partidos políticos. 12 Con un presidente y un
Congreso Nacional recientemente electos por voto popular - bajo un sistema binominal que aún
está vigente – la permanencia de estas autoridades municipales y de estas instancias de
participación resultaba a todas luces contraproducentes con la forma y fondo de un Gobierno
democrático. No ocurría lo mismo en el plano regional toda vez que los Intendentes al ser de
confianza del Presidente de la República habían sido recientemente designados en sus cargos y
los COREDES prácticamente no estaban en funciones en ninguna Región del país.
La opción por la democratización en el plano regional estuvo ausente en el primer proyecto
de reforma del Gobierno. De esta forma, en una evaluación reciente de la gestión regional en
nuestro país se señala que "Si bien el Programa de Gobierno de la Concertación planteaba la
propuesta más ambiciosa en materia de descentralización, una vez instalado el Gobierno de
Aylwin, la cuestión regional, pareció perder prioridad en favor de la mas sentida necesidad de
democratizar el ámbito municipal mediante la correspondiente Reforma Constitucional. Así en
mayo de 1990 el Ejecutivo presentó a la Cámara un proyecto de reforma constitucional que
incidía principalmente en la modalidad de elección de alcaldes, proyecto rechazado en el Senado,
fundamentalmente porque los Senadores de oposición consideraron inaceptable la falta de un
tratamiento integral de la descentralización, es decir, la falta de una propuesta regional.”13
Por ello, un año después, el Ejecutivo envía un nuevo proyecto, esta vez de alcance tanto
regional como comunal, proyecto transformado en las leyes orgánicas respectivas (Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 19.175 y Ley Orgánica de
Municipalidades 18.695. “Políticamente, la oposición actuó con una lógica impecable. Por un
lado, tomó en sus manos una emergente demanda nacional (por restringida que estuviese a
ciertos sectores ilustrados, pero con fuerte capacidad de presión) arrebatando la iniciativa al
Gobierno y obligándolo a modificar su posición. Por otro, tal como había sucedido en países
europeos (Italia, por ejemplo), la oposición hizo cálculos políticos y electorales muy sencillos
que permitían prever dificultades de largo plazo para ganar una elección presidencial y
dificultades de corto plazo al enfrentar la posibilidad cierta de perder gran parte del control de los
El artículo 48 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades promulgada el 29 de marzo de 1988
establecía que "El alcalde respectivo será designado por el consejo regional de desarrollo respectivo, a propuesta en
terna del consejo de desarrollo comunal. No obstante, corresponderá al Presidente de la República la designación del
alcalde, quien será de su exclusiva confianza en las comunas de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago,
Conchalí, La Florida, Las Condes, Ñuñoa, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.
El alcalde durará cuatro años en el ejercicio de su cargo y podrá ser designado por nuevos períodos"
Véase al respecto Boisier Sergio. “Modernización y Gestión Regional: El caso chileno”. Documento 94/25 Serie
Ensayos Dirección de Políticas y Planificación Regionales del ILPES. Santiago, Chile.
municipios (cuestión que la práctica probó muy pronto). De ahí la conveniencia de crear nuevos
espacios políticos (las regiones) en donde potenciar su presencia en el aparato del Estado".18
La insistencia de la oposición por legislar conjuntamente sobre lo regional y lo municipal
determina que el ejecutivo envíe un nuevo proyecto de reforma constitucional, esta vez referido a
modificaciones regionales, provinciales y comunales al Capítulo XIII de la Constitución Política
sobre Gobierno y Administración Interior del Estado. Digno de mención es el hecho de que altos
funcionarios del gobierno, expresaron su disconformidad por legislar conjuntamente sobre el
El Mensaje del Ejecutivo del 17 de mayo de 1991, entre sus ideas matrices reafirma el
carácter unitario de la estructura del Estado; exceptúa del principio de la no-afectación de
tributos a un fin específico, a aquellos que graven actividades o bienes que tengan una clara
identificación regional y local y no solamente comunal; suprime la existencia de alcaldes
designados; establece en el ámbito de la administración comunal, los órganos superiores de las
municipalidades, el Alcalde que es su máxima autoridad y el Concejo Municipal dotado de
facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, consagrando además, la generación
democrática de ambos, por sufragio universal; establece para el gobierno y la administración
regional, Gobiernos Regionales concebidos como personas jurídicas de derecho público con
patrimonio y presupuesto propio y adecua las disposiciones sobre Gobierno y administración
interior del Estado, entre otras.
5. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE
En el contexto anterior, los temas que suscitaron mayor debate durante la reforma constitucional en
el nivel regional, guardan relación con el Gobierno y la administración regional, el Consejo
Regional, el financiamiento y las gobernaciones.
Con respecto a lo primero, el Mensaje propuso entregarle al Gobierno regional la
administración superior de cada Región. Acogiéndose una indicación de Senadores de la oposición,
se optó por la redacción actual que señala que el Gobierno de cada Región reside en un intendente
que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República y que su administración radicará
en un Gobierno regional constituido por el Intendente y por el Consejo Regional. Ello porque la
función de Gobierno implica la potestad de tomar decisiones y, es por tanto, una facultad que se
extiende a todo cuanto tienda a la preservación del orden público y la conservación de la seguridad
interna y externa. A su vez, la función de administración supone un conjunto de atribuciones que se
orientan a la aplicación de las normas legales para la consecución del poder público en materias de
desarrollo y funcionamiento de los servicios públicos. Otro aspecto del debate, referente a este tema,
giró en torno a otorgarle a la Región personalidad jurídica de derecho público con patrimonio
propio, cuestión que, se señaló, es inconveniente porque personifica a la Región en función de un
Boisier Sergio. “Modernización y Gestión Regional: El caso chileno”. Op.cit.
territorio, atenta contra la naturaleza del Estado unitario y complica la determinación del patrimonio
regional.19 Por tanto, se estableció la personalidad jurídica del Gobierno Regional.
En este contexto, modificar la actual división político administrativa del país requiere leyes de
quórum calificado en los casos de las comunas y provincias y modificación constitucional en el caso
de las regiones. Esta rigidez se explica - adicionalmente -porque en Chile los Senadores se eligen en
función de circunscripciones en relación a las trece regiones del país. A este respecto, el artículo 45
señala que "El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones
senatoriales, en consideración a las trece regiones del país. Cada Región constituirá una
circunscripción, excepto seis de ellas que serán divididas, cada una, en dos circunscripciones por la
ley orgánica constitucional respectiva. A cada circunscripción corresponde elegir dos Senadores..."
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 99 Constitucional permite sólo modificar los
límites regionales pero no crear nuevas regiones al señalar que: "Para el Gobierno y la
administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en
provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias de dividirán en comunas. La
modificación de los límites de las regiones y la creación, modificación y supresión de las provincias
y comunas serán materia de ley de quórum calificado, como asimismo, la fijación de las capitales de
las regiones y provincias, todo ello a proposición del presidente de la República".
En lo referente al Consejo Regional, el Mensaje lo concebía como un órgano normativo,
resolutivo y fiscalizador dejando sus atribuciones y su constitución a la ley. Los Senadores de la
Concertación de partidos por la Democracia plantearon que el Consejo Regional debía ser un
órgano de participación de la comunidad elegido por sufragio universal. A su vez, los Senadores de
la oposición propiciaron conservar la naturaleza estamentaria del Consejo al incluir entre sus
miembros a un representante de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de las principales organismos
privados con actividades relevantes en la Región.
En relación con el financiamiento de los Gobiernos Regionales, el Mensaje contenía un
mandato para que la Ley de Presupuestos asignara a los Gobiernos Regionales una proporción del
total de los gastos de inversión pública con la denominación de Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), creaba la inversiones sectoriales de asignación regional (ISARES) y facultaba a
los Gobiernos Regionales para la celebración de Convenios de Programación. Mediante una
indicación de los Senadores de la oposición se propuso que el FNDR debía ser una proporción no
inferior al 50% de los gastos de inversión públicas anuales. Sobre este aspecto, el Ejecutivo impuso
su criterio respecto a la inconveniencia e imposibilidad de elevar inmediatamente el FNDR al 50%
de la inversión pública, concordándose que, sumados los recursos del FNDR, de las ISARES y de
los convenios de Programación se llegaría en el futuro cercano a cifras similares.
Con respecto a las gobernaciones el Mensaje consideraba para cada provincia, con excepción
de la correspondiente a la cabecera regional, la Gobernación como un organismo territorialmente
desconcentrado del Intendente, a cargo de un gobernador de la confianza exclusiva del Presidente de
Lo que sigue es una síntesis de los antecedentes contenidos en Constitución Política de la República de Chile
(actualizada). Leyes anotadas y concordadas. Edición especial. Diciembre de 1991. Diario Oficial de la República de
Chile. pp: 9-14 y 90-112
la República. Mediante una indicación de Senadores de la oposición y de la Concertación se eliminó
del texto del Ejecutivo la supresión de la no existencia de gobernaciones en las cabeceras regionales.
Así, en la actualidad sólo falta implementar la gobernación de Santiago, cuestión que requiere
aumentar la planta del servicio de Gobierno interior en un cargo de gobernador y destinar algunos
de sus funcionarios del nivel central a esta dependencia. Si ello aún no ocurre se debe en buena
medida a la falta de claridad para enfrentar el tema de la gestión urbana, especialmente, en la ciudad
En lo referente a las disposiciones sobre Gobierno interior, y en particular en lo referente a las
fórmulas de coordinación establecidas en el artículo 112 constitucional, se debatió la posibilidad de
crear Gobiernos Metropolitanos. En definitiva, sobre este tema prevaleció la idea de que nuevas
estructuras podrían agregarse a la lista burocrática de la administración del Estado y se dejó abierta
la posibilidad de asociaciones municipales para la solución de problemas comunes.
En síntesis, la Ley 19.175 reproducen sin grandes variaciones y en muchos casos literalmente
el texto constitucional, el que a su vez reproduce los contenidos del acuerdo político.
La Ley 19.175 avanza con respecto a la reforma constitucional al incorporar al capítulo IV
"sobre la Estructura Administrativa del Gobierno Regional y de otros Órganos de la
Administración Pública en las Regiones", la figura del Gabinete Regional, al permitir la existencia
en el presupuesto de inversión de recursos distintos al FNDR, incluyendo un Fondo de Inversión
Metropolitano para la atención de los problemas de las áreas metropolitanas.
Los retrocesos están dados por la eliminación del Mensaje del capítulo V sobre "Asociaciones
Regionales"20 y por la reglamentación en la ley del artículo 103 Constitucional sobre transferencia
La constitución de Asociaciones Regionales permitiría a los Gobiernos Regionales enfrentar
conjuntamente con el sector empresarial los desafíos de la globalización y la competitividad
internacional cumpliendo de mejor forma con su función de fomento productivo. No obstante, las
salvaguardas introducidas en la redacción del capítulo, éste fue eliminado del proyecto del Ejecutivo
en el complejo proceso de negociación con un Senado con mayoría opositora al gobierno por la
presencia de senadores institucionales y otros electos en función del sistema binominal presente.
A su vez, la transferencia de competencias según lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley
19.175 plantea que los estudios que demuestren la aptitud de los Gobiernos Regionales para
En el capítulo V del Título Segundo del Mensaje se disponía que los Gobiernos Regionales podrán asociarse con
personas naturales o jurídicas, así como constituir con ellas entidades destinadas a promover actividades o iniciativas
sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Estas asociaciones o entidades podrán efectuar estudios,
estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos
productores, promover la innovación tecnológica y llevar a cabo actividades de capacitación". Dichas asociaciones o
entidades, postulaba el Mensaje, se regirían por la legislación común aplicables a los particulares y no podrían
contratar en caso alguno empréstitos. Adicionalmente, el Mensaje señalaba que los convenios que celebraran los
Gobiernos Regionales deberían especificar las obligaciones de los respectivos asociados y los aportes financieros y
demás recursos materiales que los Gobiernos Regionales proporcionarían para el cumplimiento de las acciones
asumirlas "serán entregados al Presidente de la República para su consideración sobre la materia",
sin precisar plazos ni procedimientos generales de apelación, restringiendo el alcance del articulo
103 Constitucional antes señalado.
La prevalencia del nivel regional por sobre el nivel comunal queda claramente establecida al
tenor del artículo Nº 3 de la Constitución Política de la República de Chile señala que : "El Estado
de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y
territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley".
La Constitución Política consagra así el carácter unitario del estado y la descentralización
administrativa de algunos órganos y la desconcentración de otros.
Esto significa que en el caso chileno, es necesario distinguir entre el gobierno y la
administración interior del Estado. El gobierno de Chile es presidencial, tiene un carácter nacional,
y se proyecta territorialmente a todo el país a través de los Intendentes y Gobernadores. De esta
manera todo lo vinculado a la conducción general del Estado, al mantenimiento del orden público, a
las relaciones políticas es propio de esas autoridades unipersonales que actúan en representación del
Según este espíritu no se desconcentran territorialmente los ministerios de Relaciones
Exteriores, del Interior, Defensa y Secretaría General de la Presidencia por estar sus funciones más
vinculadas a las de Gobierno del país.
La descentralización, en el ámbito del sector público chileno significa reconocer funciones y
atribuciones a organismos que son independientes jurídicamente del Estado por cuanto tienen
personalidad jurídica propia, patrimonio, presupuesto y normas de funcionamiento autónomas,
como es el caso de los Gobiernos Regionales.
La desconcentración es el acto mediante el cual se traspasan capacidades para tomar
decisiones desde un nivel más alto a un nivel más bajo en un mismo organismo que realiza sus
actividades propias con la personalidad jurídica del organismo del Estado, con su patrimonio,
presupuesto y las normas administrativas que regulan esta transferencia de poderes, como es el caso
de las Secretarías Regionales Ministeriales y las Direcciones Regionales de Servicios Públicos.
En este esquema, los Gobiernos Regionales pueden ejercer sus funciones y administrar sus
recursos sin dependencia de otro órgano, pero siempre dentro de los términos y para los fines que
determine la ley, pudiendo, incluso, dictar normas reglamentarias aplicables a la Región en caso que
fuera necesario para la práctica de su funcionamiento, sin otra limitante que no sea la de no
contradecir las normas reglamentarias y legales de nivel nacional.
El Gobierno Regional en Chile es considerado como un servicio público descentralizado
territorialmente, aún cuando está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República en
los términos consignados en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado. Ley 18.575)
La opción por la descentralización en el caso chileno apunta en esta etapa del proceso,
esencialmente a la búsqueda de mayor equidad en la distribución del poder en el plano de la toma de
decisiones, y la desconcentración procura alcanzar niveles de mayor eficiencia del aparato público.
Ambos procesos articulados buscan la consolidación y profundización de la Democracia, al
compartir las distintas instancias de acción en el terreno de las decisiones y de la operacionalidad
Otro propósito principal de la descentralización es crear condiciones para incrementar la
estabilidad política y la unidad nacional al otorgar a los distintos niveles territoriales subnacionales
la capacidad de participar más directamente en las decisiones, sobre todo en materias de desarrollo
de las comunas, las provincias, las regiones, en el sentido de articular los diversos intereses que
orientan el desarrollo del conjunto del país como unidad nacional.
La Reforma Constitucional de noviembre de 1991 refuerza la idea de Estado Unitario
fundamentada en la tradición jurídica y en el sentimiento nacional. En ningún momento se esboza la
modalidad de Estado Federal que implica la asociación de estados dentro de un Estado. Por lo
tanto, el proceso de descentralización se refiere exclusivamente al ámbito administrativo y existe en
el país un único cuerpo normativo y legal que lo rige, independientemente de su división políticoadministrativa.
En este contexto, la Ley establece las funciones y atribuciones de los Gobiernos Regionales y,
separadamente, la de los dos órganos que lo componen: el Intendente y el Consejo Regional.
La gradualidad del proceso permite utilizar las normativas generales - que delimitan en forma
amplia el quehacer regional - sobre las cuales los nuevos entes regionales podrán avanzar de
acuerdo a su propia capacidad. Para tal objetivo los Gobiernos Regionales disponen, entre otros, de
un instrumento jurídico denominado Reglamento, que permite regular el ejercicio de ciertas
El papel dual del Intendente como autoridad regional es una característica del proceso actual
de descentralización. En efecto, en el Intendente están radicadas las funciones de Gobierno Interior,
como órgano desconcentrado del Presidente de la República. Además, simultáneamente, es el
órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y por lo tanto, es el responsable del cumplimiento de las
tareas vinculadas a la administración del desarrollo de la Región.
Las funciones de Administración de la Región, como se ha señalado, radican en el Gobierno
Regional como tal, es decir, en el Intendente y en el Consejo Regional.
Los Gobiernos Regionales, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones de administración
superior de la Región, se vinculan directamente con las administraciones locales, las que a su vez, se
relacionan con la Región en cumplimiento de sus propias funciones privativas y compartidas. Un
ejemplo de esto último, lo contempla el artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades señalando que "las municipalidades deberán actuar, en todo caso, dentro del marco
de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad, inmediato del Presidente
de la República en el territorio de su jurisdicción y, por lo tanto, un funcionario de su confianza
exclusiva. Ello implica que el Intendente es nombrado por el Presidente de la República y se
mantiene en el cargo mientras cuente con su confianza. Respecto a su carácter de ejecutivo del
Gobierno Regional y de presidir el Consejo Regional, el Intendente ejercerá sus funciones con
arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los
El Consejo Regional tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad
regional para lo cual está investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Está
integrado, además del Intendente, por Consejeros que duran cuatro años en sus cargos pudiendo ser
reelegidos. El número de Consejeros que conforman el Consejo Regional es variable y se determina
de acuerdo a la siguiente distribución: Dos Consejeros por cada provincia, independientemente de
su número de habitantes; Diez Consejeros adicionales en las regiones de hasta un millón de
habitantes; Catorce Consejeros adicionales en aquellas regiones que superen el millón de habitantes.
La elección de los consejeros regionales se efectúa por parte de los concejales de las comunas
de la Región, constituidos para estos efectos en colegios electorales provinciales, para lo cual cada
candidatura a Consejero Regional debió ser presentada por a lo menos dos concejales de la
respectiva provincia, no pudiendo un mismo concejal patrocinar, más de una candidatura. Para la
primera y segunda elección se eligieron 244 consejeros regionales.
Adicionalmente a lo anterior, en cada provincia existe un Gobernador - órgano
desconcentrado del Intendente, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República y un Consejo Económico y Social Provincial de carácter consultivo y mixto. Este órgano esta
integrado por el Gobernador, por miembros elegidos y otros que lo son por derecho propio,
estamentarios, en similitud con los antiguos COREDES.
Otros órganos de la administración pública colaboradores del Gobierno regional son las
Secretarías Regionales Ministeriales, el Gabinete Regional y las Direcciones Regionales.
Una mención especial merece el caso de la administración de las áreas metropolitana en el
caso chileno. En el ordenamiento jurídico actual, las áreas metropolitanas se conciben como la
extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios
construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios
urbanos, en cuyo territorio se concentra las actividades económicas, sociales, políticas y culturales,
y en que se asienta un elevado porcentaje de la población a nivel nacional. De acuerdo a la Ley
19.175 en el presupuesto del Gobierno Regional puede existir un Fondo de Inversión Metropolitano
tal como antes se mencionara.
6 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES
6.1 SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS CONSEJOS REGIONALES
Desde el retorno al sistema democrático, se han efectuado dos elecciones de consejeros
regionales: la primera en 1993 y la segunda en 1997, terminando su período los actuales
consejeros en el año 2001.
Como ya se ha planteado anteriormente, en la actualidad los consejeros regionales son
elegidos por los concejales municipales, constituidos para estos efectos en colegios electorales
por cada una de las provincias de la misma.21
A ese respecto, merece mencionarse que - dada la modalidad de conformación de los
Consejos Regionales - pesa más, en el número de Consejeros a elegir, el número de provincias
que la población regional, enfatizando la territorialidad que caracteriza a la preocupación por el
desarrollo regional. Ello es particularmente cierto en las regiones de Valparaíso (la que con
1.373.967 habitantes, elige 28 consejeros regionales, dos más que la Región Metropolitana con
5.170.293 habitantes) y de La Araucanía que a pesar de tener 774.959 habitantes, sólo elige 14
consejeros regionales contra 16 de la Región de Aysén con 82.071 habitantes.22
Las elecciones de alcaldes y concejales municipales definen así tempranamente en 1992, la
contienda electoral de los consejeros regionales, dedicándose posteriormente las cúpulas de los
partidos sólo a elaborar la nómina de candidatos a Consejeros con sus suplentes, actividad que
casi sin excepción es realizada centralizadamente con consultas a las estructuras partidarias
En efecto, en la primera elección de alcaldes y concejales realizada en 1992, la elaboración
de un Protocolo de Acuerdo entre todos los partidos con representación parlamentaria - tendiente
a reglamentar la elección del alcalde y del concejo que conformaban una sola lista - eliminó la
posibilidad de que candidatos independientes tuvieran alguna posibilidad de éxito en ser electos
alcaldes o concejales. Esto permitió que los partidos políticos actuaran con el alto grado de
centralismo ya mencionado en la conformación de las listas de candidatos a consejeros
regionales lo que redundó en un muy bajo perfil de su elección.
Los primeros Consejos Regionales (CORES) asumen sus funciones así en 1993. Entre
marzo de 1990 y esa fecha en las regiones del país funcionaron los COREDES conformados
según la Ley 18.605 Orgánica Constitucional de los Consejos Regionales de Desarrollo del 6 de
abril de 1987, los que por carecer de toda legitimidad aprobaron sin discusión - luego de un
período inicial de confrontación - las propuestas de los Intendentes Regionales, que en su gran
mayoría se referían a la incorporación caso a caso de proyectos de inversión tendientes a copar la
cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se les asignó durante la discusión
presupuestaria de 1989.
Debe recordarse a este respecto, que el futuro Director de Presupuestos del Primer
Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia se incorporó a fines de 1989 a esta
entidad con el fin de asegurar una correcta ejecución presupuestaria durante el año siguiente,
cuestión que en el caso del FNDR no fue nada de fácil dada la situación antes descrita, la falta de
experiencia de los nuevos encargados de inversión regional, una explosión de demanda en
infraestructura social y un nuevo Reglamento Operativo que regía al contrato de préstamo BID
578/OC-CH que financió el 90% del FNDR entre 1990 y 1994 y el Gobierno Militar suscribió
En el Anexo N 1 se presenta la nómina de Consejeros regionales a elegir en la primera elección y los cuerpos
electorales provinciales conformados por los Concejales municipales.
Fuente: Anexo N 1
con el BID el 2 de marzo de 1990, pese a las peticiones formales de las futuras autoridades a
retrasar tal operación.23
Una prueba de lo anterior es que en el mes de junio de 1990, el Ministro de Hacienda
conjuntamente con el Ministro de Planificación hicieron saber al Presidente de la República que
a esa fecha sólo se habían comprometido el 26% del FNDR a nivel nacional, teniendo como
rangos entre 50% y 10% en las regiones del país. Este último antecedente, desconocido para
muchos de los expertos que analizan el proceso, motivó que el nivel nacional, comandado por la
SUBDERE y por el Ministerio de Hacienda con la ayuda de MIDEPLAN desplegaran un enorme
esfuerzo de capacitación tendiente a resolver tal situación que, sin lugar a dudas, se convertiría
en uno de los argumentos contra el proceso de descentralización por parte de políticos y
funcionarios moldeados en la cultura centralista.
La actuación de los primeros Consejos Regionales estuvo así marcada en lo sustantivo por
el cumplimiento de su función general de resolver la inversión de los recursos que a la Región le
correspondieron en la distribución del FNDR (y en mucho menor medida, con la de destinar a
proyectos específicos los programas de inversión sectorial de asignación regional que la ley de
presupuestos contemplaba) y por el estudio e interpretación de la Ley 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y otras leyes atingentes al
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. El cumplimiento de esta función no estuvo exenta
de dificultades entre el Consejo Regional y el Intendente dada la conformación por parte de este
último de equipos técnicos muy afiatados pero poco proclives al diálogo y la concertación que la
democratización requiere y dada la prevalencia de un estilo de planificación que privilegia la
visión individual y atomizada del proyecto de inversión por sobre la interrelación entre planes,
estrategias y proyectos. En una primera etapa, se tuvo una visión marcadamente provincial por
parte de los consejeros regionales en la asignación de recursos de inversión, lo que motivó que
incluso el Presidente Aylwin insistiera públicamente en el carácter regional y no provincial de su
mandato. En lo formal, su actuación se remitió a resolver cuestiones vinculadas con la
conformación institucional de los Consejos Regionales (Secretaría del Consejo, Reglamento de
Sala, Comisiones de Trabajo, salas, equipamiento etc.) y por una lucha permanente con el
Ministerio de Relaciones Exteriores para ser incorporados al decreto de ceremonial público y
protocolo de este ministerio.
No obstante lo anterior, el proceso de aprendizaje de los primeros Consejos Regionales fue
rápido. Es así como en junio de 1994 se realizan en Valparaíso el Primer Congreso Nacional de
Consejeros Regionales, convocado por la recién creada Asociación Nacional de Consejeros
Regionales24, con una agenda que incluía comisiones de trabajo con documentos de base
preparados en consulta a todos los Consejos Regionales sobre: 1) planes de desarrollo y
presupuestos regionales, 2) ordenamiento y desarrollo territorial y urbano, 3) inversión pública
regional 4) facultades normativas y fiscalizadoras del Consejo Regional, 5) evaluación de los
La transición de la administración regional del Gobierno Militar al Gobierno democrático estuvo signada por
hechos tales como la firma de este contrato de préstamo, la caducación irrevocable el día 30 de marzo del contrato
de arrendamiento de las dependencias en las que funcionaba la SUBDERE, una carencia de proyectos de inversión
con recomendación favorable según el Sistema Nacional de Estadísticas Básicas de Inversión y otros.
Debe señalarse a este respecto, que esta Asociación a pesar de no contar con una institucionalidad de derecho no
ha tenido problemas serios de funcionamiento, que tiene una alta convocatoria y que es reconocida como tal en
todas las instancias públicas y privadas.
Gobiernos Regionales y 6) aspectos gremiales de los consejeros regionales. Dada la dificultad de
extraer conclusiones generales sobre la evaluación de los Gobiernos Regionales, la Comisión
Organizadora del Congreso Nacional presentó una guía para la discusión relativa a su
funcionamiento interno, a la relación y coordinación del Consejo Regional con otros órganos y
autoridades y con la comunidad regional y a su consolidación institucional.
Una lectura de esta guía, a la luz del conocimiento de la discusión sostenida durante este
congreso, permite afirmar que la preocupación fundamental de los organizadores se relacionaba
con el nivel de inserción del Gobierno Regional (y, principalmente, del Consejo Regional) ante
la comunidad regional, los Parlamentarios, los órganos desconcentrados y descentralizados de la
administración y con el Gobierno y la administración nacional.
En este contexto, el carácter de las deliberaciones de este Primer Congreso Nacional
movilizó rápidamente a las directivas nacionales de los partidos políticos a hacerse presentes en
Valparaíso para inducir a los consejeros regionales a reafirmar el carácter político de los
Consejos Regionales, toda vez que las decisiones que ellos realizan se inscriben en una cierta
visión de la sociedad por sobre los particularismos regionales y/o locales.
Así, la incidencia de las decisiones partidistas que era uno de los temas a analizar en la
comisión correspondiente a la evaluación de los Gobiernos Regionales, se legitimó a partir de
esta fecha, dándose la conformación de bancadas partidarias - además de las comisiones de
trabajo y de las alianzas provinciales - al interior de los Consejos Regionales.
La validación de la política al interior de los Consejos Regionales rompe así con la artificial
separación entre poder social y poder político que el Gobierno Militar delineó y que algunos de
los Consejeros de la oposición al Primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la
Democracia intentaron validar en el Gobierno democrático.
Aunque sólo se han llevado a cabo dos elecciones de Consejeros ya está en trámite
legislativo la modificación de las instancias en que éstos deben ser elegidos, pasando de una
elección indirecta a través de los concejales municipales reunidos en cuerpo electoral provincial,
a una elección directa en manos de la ciudadanía. Esto ha generado una intensa discusión sobre
sus implicancias al interior del Gobierno, entre el Gobierno y la oposición, entre los partidos
políticos y entre los propios Consejeros que ven en esta elección la posibilidad de alterar la
matriz política del Estado sin despolitizar las decisiones, sino que por el contrario obligando a los
partidos políticos, al aparato estatal y la propia ciudadanía a asumir roles más activos en pro del
desarrollo regional. Se está en presencia entonces de la gestación de un nuevo “acuerdo político”,
al estilo del suscrito en 1991.
Se ha zanjado así la discusión sobre la composición mixta de los Consejos Regionales (una
fracción electa y otra fracción estamentaria delegada) que había incluso permeado a la
Asociación Nacional de Municipalidades, toda vez que estos deciden sobre importantes recursos
de inversión para las comunas canalizados a través del FNDR, los ISARES, los IRALES y los
Convenios de Programación. En este sentido, la Asociación Nacional de Municipalidades
manifestaba que: “Está la preocupación de los Alcaldes de una interrelación fluida y directa con
los Gobiernos Regionales y en esa perspectiva se había propuesto que Alcaldes y concejales
integraran los Consejos Regionales. Propuesta que la Asociación (de Consejeros) ha rechazado
de plano por cuanto significaría desarticular y fragmentar el nivel regional”25.
Putnam fue visionario en su estudio sobre los Consejos Regionales italianos26 en el sentido
de que existe una fuerte interacción entre el cambio institucional y la elite política. Esto quiere
decir que es posible hablar de un proceso de “socialización institucional” dado que los propios
Gobiernos Regionales hayan llevado a sus protagonistas a transformar sus perspectivas de
acción, y específicamente en el caso italiano, a modificar su postura dogmática-ideológica en una
pragmática consensual. En definitiva el Gobierno Regional transformó la cultura política de la
La gestión de los Consejos Regionales en el caso chileno tiene una evolución similar a la
italiana. La preocupación de los consejeros regionales por imbricar la técnica y la política queda
claramente demostrada en el segundo Congreso Nacional de Consejeros Regionales celebrado en
Puyehue en el cual se propició un acuerdo con los partidos políticos con representación
parlamentaria y se suscribió un acuerdo con los presidentes de estos partidos para impulsar una
agenda de la regionalización que incluye, entre otros puntos, la formación de un comité entre los
partidos y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. En este breve recuento, no puede
dejar de mencionarse el impulso al proyecto “Chile Armónico” del Consejo Nacional para la
Regionalización y Descentralización, entidad conformada en Chile a partir de una propuesta
inicial de la Corporación para la Regionalización de Chile, la Agrupación de Universidades
Regionales y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, entidad que hoy conforman,
además de los nombrados, la Bancada de Diputados Regionalistas, la Bancada de Senadores
Regionalistas, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Confederación de la producción y el
Comercio, y la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile.
En términos de las estructuras operacionales de los Consejos, éstas son variables de Región
en Región, aunque las que predominan y están siempre presentes son las de Inversión, Desarrollo
Social e Infraestructura (que se hacen cargo de las respectivas funciones y atribuciones de
inversión, desarrollo social y cultural y ordenamiento del territorio), además una Comisión de
Régimen Interno. Informalmente, pero con una gran legitimidad los consejeros regionales
conforman bancadas por partido político en las que discuten y concuerdan posiciones que luego
se expresan en las resoluciones de las comisiones de trabajo antes citadas. También
informalmente se da la existencia de alianzas provinciales que en algunas regiones son muy
fuertes dado el sesgo centralista intra-regional de las propuestas de los Intendentes Regionales.
Con base en los datos solicitados a cada uno de los Gobiernos Regionales 27 (Anexo N 2)
se puede señalar que comparando los dos períodos se aprecia que no hay mayores cambios en la
Ver “Propuesta de la Directiva y del Consejo Nacional sobre la reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional N°19.175” En “Congreso Extraordinario de Consejeros regionales”.
Documento preliminar, s/f.
Putnam, Robert. “Making Democracy work: civic traditions in modern Italy”, Princeton U. Press, 1993.
Con el fin de describir la composición de los Consejos se optó por diseñar una tabla de doble entrada (una para
cada período), la cual se envió a cada Consejo Regional, con la idea de que se llenase con datos relevantes para
entender mejor quiénes son los Consejeros regionales. Las variables que se pedían eran: Región, Provincia,
Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Comisión (es) en las que participa, Cargo en la (s) comisión (es),
Profesión, Actividad, Partido político, Género y Edad., antecedentes que no son de gran complejidad. Sin embargo
distribución de los consejeros con respecto a sus profesiones y actividades. En ambos períodos
hay más profesionales vinculados a las Ciencias Sociales y en segundo lugar, muy de cerca en
términos de porcentajes, profesionales vinculados a las Ciencias Físicas o a la Ingeniería. Entre
1993 y el 2001 se aprecia, eso sí, un leve aumento en el porcentaje de Consejeros con
profesiones vinculadas a alguna de las áreas consideradas en la categorización (60,3% en el
período 93-97 y un 64,7% en el período 97-2001). En este breve recuento debe mencionarse
además que en el segundo período se renovó el 67% de los consejeros regionales, lo que revela
que un tercio de ellos permaneció en su cargo.
En los dos períodos las tres actividades a las que se dedican cotidianamente los consejeros
son en orden decreciente Servicios, Área Comercial y Agricultura. En el segundo período los
Consejeros que se desenvuelven en actividades vinculadas al área Servicios aumentan, en
desmedro de aquellos que se relacionan con el Comercio. El sector agrícola mantiene su
porcentaje relativo en el segundo período.
La edad promedio de los consejeros disminuye en cuatro años en el segundo período, de 51
a 47 años respectivamente. Asimismo disminuye el número de mujeres presentes en los
Consejos: del 6% que representaban en el período 93-97, bajan a un 4% en el período actual.
En términos de adscripción partidaria, los partidos de la Concertación tienen actualmente
una representación en los Consejos de un 61,5% en el nivel nacional; RN más la UDI suman un
34,5% de representación; los Independientes un 2,8%, la UCCP un 0,8% y el Partido Comunista
un 0,4%. En el período anterior la Concertación tenía un 56,2% de representación, RN más la
UDI un 32,8%, los Independientes un 7,3%, la UCCP un 0,4% y el Partido Humanista un 0,4%.
En este sentido, el sistema de partidos se reproduce casi idénticamente en el nivel nacional y
regional, lo que supone una dependencia y una instancia de centralización con respecto a su
designación por parte de las cúpulas de los mismos.*
6.2 SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES
El estudio titulado “Funcionamiento de los Consejos Regionales año 1996”28, intenta evaluar el
funcionamiento de los Consejos Regionales a través del seguimiento de los acuerdos adoptados
por éstos, de manera de analizar la forma en que se están desarrollando las funciones y
atribuciones que les ha asignado la normativa vigente y su grado de cumplimiento29.
El citado estudio comprende un conteo de los acuerdos adoptados en relación con las
atribuciones que la ley asigna a los CORES y con los objetivos establecidos en las Estrategia de
Desarrollo Regional elaboradas por cada Región. (Ver Anexo 3). Para ello, analiza las actas de
la recopilación de ellos no estuvo exenta de problemas relacionados con el largo tiempo que demoraron los
distintos Gobiernos Regionales en entregar la información solicitada (alrededor de 3 meses y medio) y una cierta
desconfianza de los secretarios de los Consejos Regionales hacia este tipo de consultas.
*RN: Partido Renovación Nacional. UDI: Partido Demócrata Independiente. UCC: Partido Unión Centro Centro
Olivas, Ester. “Funcionamiento de los Consejos Regionales año 1996”. División de Modernización
Administrativa, Departamento de Gestión, SUBDERE, 1997.
Si bien el grado de cumplimiento se incorpora en primera instancia como objetivo del estudio, luego es
desechado para asumirlo como una “recomendación”.
las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias que realizaron los Consejos Regionales,
tomando como período de análisis el año 1996. Los aspectos centrales analizados en estas actas
fueron: 1) temas tratados, 2) acuerdos adoptados y 3) cumplimiento de esos acuerdos.
Con el fin de analizar el funcionamiento de los Consejos se consideraron los siguientes
1. Número de acuerdos adoptados clasificados por áreas temáticas: a) Fomento
Productivo; b) Desarrollo Social y Cultural y c) Ordenamiento Territorial
2. Número de acuerdos adoptados clasificados por tipo de facultades
asignadas a los Consejos: a) Normativas; b) Resolutivas; c) Fiscalizadoras
3. Número de acuerdos adoptados clasificados por tipo de objetivo
Respecto a las funciones:
Existe una tendencia en el nivel nacional, a preocuparse por los temas vinculados al
Desarrollo Social (60% de todos los acuerdos adoptados en el nivel nacional). El Fomento
Productivo se observa con un bajo porcentaje de presencia en los acuerdos (7,1%). Según el
estudio de la SUBDERE esto podría deberse a “...que ésta es una responsabilidad de reciente
competencia de los Gobiernos Regionales, por lo que no habría mayor experiencia sobre el
particular.” La función de ordenamiento territorial estuvo presente en los acuerdos en un 31,8%.
En términos regionales, se aprecia un porcentaje extremadamente alto de decisiones
relacionadas con la función Desarrollo Social y Cultural (82.8%) en Coquimbo y en la Región
del Bío-Bío (71.1%).
Con relación a las facultades:
Si bien existe una distribución relativamente equitativa en el tipo de facultades ejercidas
por los Consejos Regionales, las facultades resolutivas son las que predominan, configurando
una actuación más de ejecutores que de fiscalizadores o formuladores de política. A juicio de
SUBDERE esta última situación se justifica dada “...la asignación de recursos que debe realizar
el Consejo Regional y que tiene una gran incidencia en el desarrollo de las áreas funcionales de
competencia del Gobierno Regional.”. Uno de los casos más llamativos es el de la Región XI, en
la cual el 84% de los acuerdos fue de carácter resolutivo. El Consejo Regional de la Región de
Atacama tomó un 56% de acuerdos de carácter normativo.
6. 3. RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
En términos generales, los Consejos Regionales tuvieron la tendencia de aprobar más
acuerdos desvinculados de los objetivos contenidos en las Estrategias de Desarrollo Regional
(53.8%). Ello se debe en buena medida a que la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Regional fue responsabilidad de las SERPLAC’s (Secretarías Regionales Ministeriales de
Planificación y Coordinación) bajo la égida del MIDEPLAN (Ministerio de Planificación y
Cooperación) y en ellas el rol de los Consejos Regionales no fue el que la ley les asigna. En el
primer período (1993-1997) las estrategias fueron elaboradas antes de que los Consejos
Regionales y en el segundo – forzando la argumentación al extremo -a una interpretación del
proceso de descentralización que–más allá de lo que plantea la Ley 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional que asigna la responsabilidad de la
elaboración y la aprobación de planes y programas al Gobierno regional – que hace recaer está
función en la ley orgánica del MIDEPLAN, que intenta recuperar un rol mas activo en el proceso
descentralizador por esta vía.
El caso extremo, a este respecto, es el de la Región de Copiapó, en la que se observa un
85% de acuerdos que están desvinculados a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Regional.
En sentido contrario, se presenta la Región XI, en la que el 78% de los acuerdos están vinculados
con los objetivos estratégicos. En esta Región, se observa una tendencia a preocuparse de todas
aquellas materias que están relacionadas de manera directa con el desarrollo social y cultural, lo
cual es concordante con el interés otorgado a los objetivos estratégicos que se refieren a este
El tema descentralización y modernización del aparato público, aunque está presente en
varias regiones en términos de objetivo estratégico, no recibió gran cantidad de acuerdos.
Un aspecto interesante de mencionar sobre el funcionamiento de los Consejos se refiere a
que, especialmente en el período de 1997 en adelante, se comenzaron a tomar posiciones
corporativas sobre temas importantes, algunos de ellos ni siquiera considerados en las Estrategias
de Desarrollo Regional, tales como la integración fronteriza en el norte y sur del país y la gestión
de áreas metropolitanas, especialmente en Santiago y Valparaíso. Sobre este último punto
actualmente existe un germen de conflicto entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Consejo Regional, dado que la realización del estudio “Descentralización y Gestión de Áreas
Metropolitanas” omite la participación del Gobierno Regional.
Abalos, José A. “La descentralización en Chile: antecedentes históricos y reformas actuales” EN:
La cuestión regional en la transición a la democracia en el caso de Chile. Informe de
investigación preparado por Carlos de Mattos (coordinador) José A. Abalos, Antonio
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del Consejo Nacional sobre la reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno
y Administración Regional N°19.175” EN: Congreso Extraordinario de Consejeros
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Putnam, Robert. “Making Democracy work: civic traditions in modern Italy”, Princeton U.
Tobar, Manuel. Intervención en el Congreso Extraordinario de Consejeros Regionales de Chile,
Diciembre, 1998. (Aún no publicada).
ANEXO N 1
CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES MUNICIPALES
El número de Consejeros Regionales, se obtiene a partir de lo estipulado en la Disposición Sexta Transitoria de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su
REGION/ PROVINCIA
(Diario Oficial 20.03.92)
Concejales Mun.
REGION AISEN
798.979
834.063
4.233.060
472.331
2.957.973
2.489.849
67.6111
7.510.518
ANEXO N 2
DATOS RELEVANTES DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LOS CONSEJOS REGIONALES 30
Respecto a las Profesiones: 31
· El 27.9% de los Consejeros tienen
alguna profesión vinculada a las
· El 27% se vincula a las Ciencias
Físicas y a la Ingeniería.
· A la categoría “Otros” (responden con
actividad, Empresarios por ejemplo) se
vincula el 18.9%.
· Sólo un 5,3% se relaciona a Ciencias
· Los casos sin respuesta son 51, con el
· El 31.1% de los profesionales lo son
· Con un 26.6% se representa a las
· Los “Otros” 27,3 (en donde se
ubicaron a los que respondieron con
· Sólo con un 7% se presentan las
· Los casos sin respuesta son 21, con un
Los datos fueron ordenados y categorizados a través del programa estadístico SPSS.
Las Profesiones de los Consejeros regionales fueron clasificadas según pertenezcan al área de las Ciencias
Sociales, Ciencias Físicas e Ingeniería y Ciencias de la Salud. En “otros” se categorizaron a todos los datos que no
entran en estas áreas o que simplemente no corresponden a información respecto a la Profesión (por ejemplo
· El 24,6% de los Consejeros participa · El 19,7% de los Consejeros participa
en alguna de las Comisiones vinculadas
en alguna Comisión de Infraestructura.
· El 19,3% en alguna vinculada al
· El 19,3% participa en alguna de
· El 17,2% se vincula a alguna
· El 10,2% lo hace en alguna vinculada
Comisión de Presupuesto y Proyectos
al Fomento Productivo.
Respecto a las Actividades32:
· El 26,2% de los Consejeros está
vinculado al sector Servicios.
· El 18% al área Comercial.
· La Agricultura es la tercera con un
· El sector Financiero está representado
con un 7,8%.
· Cabe mencionar el alto porcentaje de
casos sin respuesta: 33,6%.
· La Democracia Cristiana es el partido
con mayor representación a nivel
nacional con un 33,6%.
· Renovación Nacional tiene un 25,8%.
· El PRSD y el Partido Socialista tienen
un 7,8% de presencia cada uno.
· Los Independientes suman un 7,3%.
· La UDI y el PPD tienen un 7% cada
· La UCCP y el Partido Humanista están
representados en un 0,4%.
· Los casos sin información suman un
· El 32% está vinculado al área de
· Le sigue con un 13,5% el área
· En tercer lugar se encuentra la
Agricultura con un 7,4%.
· El sector Financiero está en cuarto
lugar con un 6,6%.
· Porcentaje casos sin información:
· La DC tiene un 28,3% de
· Renovación Nacional le sigue con un
· El Partido Socialista tiene un 13,9% de
presencia en los Consejos.
· El PPD un 12,3%.
· La UDI aparece con un 11,1%.
· El PRSD tiene un 7% de
· Los Independientes suman un 2,8%.
· La UCCP se presenta con un 0,8%.
· El Partido Comunista tiene un 0,4%.
Las Actividades fueron clasificadas según los criterios de Naciones Unidas, específicamente de la “Clasificación
Código Actividad Económica” (cuatro dígitos).
· 6,1% de mujeres.
· 1,2% de casos sin información.
·Promedio de edad: 51 años (sobre
120 casos con respuesta).
· 3,7% de mujeres.
· Promedio de edad: 47 años (sobre 170
casos con respuesta).
Cruce Región-Profesión:
· La mitad de los Consejeros de la · La mitad de los Consejeros de la
Región de Atacama y el 44,4% de los
Región de los Lagos y el 44% de los
de la Región de Magallanes, es
de la I Región de Tarapacá tienen
profesional dentro del Área de las
profesiones relacionadas a las Ciencias
· El 55,6% del Consejo de la VI Región · El 67% de los Consejeros de la VI
de Tarapacá está conformado por
Región de Tarapacá se vincula a las
profesionales vinculados a la Ciencias
Ciencias Sociales en cuanto a su
Cruce Región-Actividad:
· En los Consejos de las Regiones: I, II, · Los Consejeros cuyas actividades se
III, XI, XII y Metropolitana, dentro de
dan en el ámbito de los Servicios son
los Consejeros cuyas actividades se
mayoría en la Regiones: I, II, III, IV,
conocen, priman aquellos cuyas
VI, IX, XI, XII y Metropolitana.
actividades se vinculan al área
· En la Región de Coquimbo el 50% de · En la Región de Valparaíso el 25% de
los Consejeros se relaciona al área
los Consejeros se desenvuelve en el
· Casi el 45% de los Consejeros de la · Casi tres cuartas partes de los
Consejeros de la Región de Aysén del
Ibáñez del Campo realiza alguna
General Carlos Ibáñez del Campo y
actividad dentro del ámbito de los
más del 60% de los de la Duodécima,
realizan actividades dentro del área
· Así mismo el 81,3% del Consejo de la · La Agricultura y el sector Financiero
II Región de Tarapacá está compuesto
ocupan el segundo lugar como áreas de
por Consejeros vinculados a los
actividades más frecuentes en la
Región de la Araucanía (21,4% para
· Casos especiales los constituyen la
Región de O’Higgins en donde las
actividades vinculadas a la Agricultura,
el Comercio, el sector Financiero y los
Servicios se distribuyen de manera casi
idéntica; la Región del Maule en donde
casi un 40% de los Consejeros se
relaciona al área Financiera, siendo la
actividad más importante de la Región;
y la Región de la Araucanía en donde
las actividades del área Agrícola
comparten la primera mayoría junto al
sector Servicios (35,7% cada una).
Cruce Región-Comisión:
· El 50% de los Consejeros de la Región · El 72,7% de los Consejeros de la
de Tarapacá participa en la Comisión
Región del Bío-Bío participa en la
· El 50% de los Consejeros de la Región · El 50% de los Consejeros de la Región
de Valparaíso participa en las
de Valparaíso participa en la Comisión
Comisiones "Internacional" y de
de Presupuesto y Proyectos de
· En la Región Metropolitana es posible
diferenciar veinte Comisiones y
Subcomisiones en las cuales participan
los Consejeros. El 34,6% de los
Consejeros de esta Región participa en
la Comisión de Coordinación y en la
Comisión de Economía y Medio
· La
· Democracia
en losenConsejos
de lasII,
· Renovación Nacional tiene mayoría en las Regiones: III, IV y XI.
· DC
y RN tienen
mayoría en las
el ConsejoI,de
III,laVI
· Un
· caso
y RNlo
· Un caso relevante es que en la Región del Maule tanto la DC c
· El
· 100%
deRegiones
I, III, de
IV,las
VI,Regiones
VIII, X yI, XI
y XConsejos
· 15,4%
el 21,4%
son mujere
Cruce Región-Edad:
· Región
edad más
bajo es ladede41Magallanes,
años siendocoe
O’Higginsa con
· A·nivel
El 30,8
losprofesionales
del área de lasdel
área deFísicas
las Cienc
· 38,5%
El 35,3%
de losdeprofesionales
· En
· laEn
el 30,3%
el 41,3%
Consejed
ANEXO N 3
Cuadro resumen de los acuerdos adoptados con relación a las FUNCIONES ( valores absolutos).
GENERALES/REGIONES
B. DESARROLLO SOCIAL
C. ORDENAMIENTO
Porcentajes por Región.
Cuadro resumen de los acuerdos adoptados en relación con las FACULTADES ( valores absolutos).
FACULTADES/ REGIONES
C. FISCALIZADORAS
Porcentajes por Región y Total Nacional.
Acuerdos adoptados en relación a los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ( valores absolutos).
Tipo de acuerdo/ Región
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de
O.M. de 9 de enero de 1989 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social
estudio de eficiencia • Análisis de empresas • Investigación • Características • Habilidades conceptuales
Modelo Sugerido de Acta de Asamblea
Escenarios de (in)certidumbre electoral El Universal Más de César
Remuneracioines de consejeros en entidades financieras

References: resolución 
 artículo 102

artículo 15
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 45
 artículo 99
 artículo 112
 artículo 103
 artículo 67
in fine
 artículo 7