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Timestamp: 2020-01-24 13:39:00+00:00

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PARA IMPUGNAR ADJUDICACIÓN DE MILLONARIA OBRA EN POMALCA: CONSORCIO APELANTE HABRÍA PRESENTADO DOCUMENTOS IRREGULARES ANTE EL TCE
Edición N° 1123
Nuevos cuestionamientos se ciernen sobre el procedimiento de selección realizado por la Municipalidad Distrital de Pomalca, convocado para la ejecución de la millonaria obra del mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal en diferentes sectores de la jurisdicción.
Aunado a la serie de presuntos hechos irregulares que se habrían suscitado en el proceso selectivo realizado para la ejecución de dicho proyecto, de lo que en su oportunidad dio cuenta Expresión, ahora aparecen nuevas evidencias que permiten presumir que el apelante del proceso, en este caso el Consorcio Ejecutor Perú, conformado por las empresas Copabanti Contratistas Generales EIRL y Constructora San Juan SRL, usó documentos con anomalías para acreditar uno de los requisitos exigidos por las bases.
El Consorcio Ejecutor Perú declaró contar con el ISO 14001: 2015 y el OHSAS 18001:2007 respecto al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, requeridos para la asignación de tres (3) puntos en la calificación, los cuales obran a folios 1, 2, 3 y 4 de su oferta, los mismos que habrían sido otorgados a favor de la empresa Constructora San Juan SRL mediante los Certificados N° QAIS-E-PE-CS-04.19.010 y N° QAIS-O-PE-CS-04.19.010, emitidos el 20 de junio del 2019.
Asimismo, la empresa Copabanti Contratistas Generales EIRL presentó los mismos ISO, en este caso los signados con el N° QAIS-E-PE-CC-07.18.029 y el QAIS-E-PE-CS-04.19.010, emitidos ambos el 29 de setiembre del 2018.
Las cuatro certificaciones fueron otorgadas por la empresa QACS International.
Como se puede apreciar en las imágenes que ilustran la presente nota periodística, las dos certificaciones otorgadas a favor de cada uno de los consorciados, muestran ciertas evidencias que permiten presumir que no serían reales, ya que las firmas que se registran en la parte inferior derecha de cada uno de los certificados, referentes supuestamente a su autorización plasmada en el idioma inglés (Authorised Signatory), reflejan una clara identidad entre sí, ya que los trazos, las interrupciones y la ubicación de las firmas respecto a los elementos literales de la terminología de su autorización (Authorised Signatory) se desplazan en una misma dirección y se aproximan hacia una misma letra manteniendo una idéntica ubicación, dimensión, distribución y tamaño de su estructura global.
Siendo probablemente las firmas auténticas en los cuatro certificados, estas se muestran en dichos documentos otorgados a favor de cada uno de los consorciados (dos por cada uno de ellos) iguales entre sí. A la luz de las evidencias resulta materialmente imposible la existencia de un nivel de identidad entre dos o más firmas, lo que en buena cuenta revelaría, un presunto fraude documental operado mediante el traslado o transferencia de un signo o imagen hacia los referidos documentos, respondiendo todo ello a un supuesto traslado e implante por medios tecnológicos de la imagen de una firma (escaneada).
FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN
El 9 de julio, el Consorcio Ejecutor Perú interpuso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, el recurso de apelación contra la ineficiente evaluación y calificación de su oferta por parte del comité de selección, que “en forma arbitraria” – reza entre otros fundamentos del recurso interpuesto – “no convalidó las certificaciones presentadas por Constructora San Juan”, debido a que estas fueron emitidas el mismo día del acto de presentación de ofertas (20 de marzo del 2019).
Para el comité resultaba materialmente imposible que las certificaciones se hayan emitido ese día, considerando que el acto de evaluación y calificación de ofertas se realizó a las 8:00 de la mañana. Al rechazar la convalidación, el consorcio fue impedido de alcanzar el máximo puntaje, en este caso 100 puntos y tentar por sorteo la obtención de la buena pro.
DUDOSA CORROBACIÓN
Cuestionada la ilógica obtención de las certificaciones otorgadas al Constructora San Juan SRL, el impugnante Consorcio Ejecutor Perú, fundamenta en su recurso impugnativo su contrariedad por la no admisión de dichos certificados, incluyendo en el expediente de apelación la carta s/n supuestamente suscrita por el Gerente General de la empresa QA Certification Services Latam SAC, Víctor Edgar Villegas Prado, mediante la cual, entre otras referencias, manifiesta que con su escrito cumple con confirmar la autenticidad del documento Certificado de Registro de la empresa Constructora San Juan.
Según la misiva, la certificación se extendió bajo las normas explicitadas en la misma, confirmando a la vez que las mismas fueron emitidas el 20 de junio “fecha Hindú” haciendo mención entre paréntesis que, los certificados son emitidos desde la casa matriz ubicada en Nueva Delhi, India, dejando constancia también que QA Certificación – Perú (Aréa de Certificaciones) mantiene una política de horario flexible a disponibilidad de sus clientes para la entrega de los certificados.
Se añade que las certificaciones entregadas a la Constructora San Juan, fueron emitidas al promediar las 6.15 de la mañana, hora peruana.
FIRMAS NO COINCIDENTES
Nuestro equipo de investigación ha logrado extraer del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, la carta antes mencionada, la cual contiene aparentemente la firma Víctor Villegas Prado. Sin embargo, al ser contrastada con la obrante en el Certificado de Inscripción del RENIEC, obtenida por cierto por los medios formales, se advierte una sustancial diferencia con la que se muestra en el documento. Los trazos, diseño y direccionalidad permiten establecer ciertas dudas sobre la carta de confirmación supuestamente emitida por el representante de la empresa certificadora.
ASEGURA RECONOCIDO PSIQUIATRA: DELITOS AFECTIVOS TIENEN UNA BASE BIOLÓGICA
El psiquiatra del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, Jaime La Cruz Toledo, señala que es muy difícil controlar una emoción violenta.
Explica que cuando la violencia es genéticamente determinada, sumado a la sanción debe dársele un tratamiento al recluso.
Ante la ola de delitos afectivos, el psiquiatra del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, Jaime La Cruz Toledo, explica desde su profesión las razones que impulsan un crimen afectivo, muchas de las cuales tienen una base biológica, genética y química que no siempre es entendida desde el ámbito del Derecho.
Según el artículo 109 del Código Procesal Penal, “el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable será reprimido con una pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años”.
Para La Cruz Toledo, es imprescindible que quienes imparten justicia reconozcan qué es una emoción violenta para que puedan hacer una correcta administración de la misma. En ese sentido, afirma que estas son la cólera, ira, pasión, rabia, venganza, odio, entre otras, también conocidas como emociones primarias.
Explica que estas emociones tienen como característica el no dar tiempo de planificar una reacción, a diferencia de alguien que sí es violento por una predisposición genética. Señala que quienes tienen una emoción violenta no pueden planificar un delito, a no ser que esta vaya asociada a otra patología que implique un daño cerebral que imposibilite el control de sus emociones.
Sobre este punto, refiere que uno de los fundamentos de atenuación descritos en el artículo 109 del Código Penal para determinar el estado de emoción violenta es el intervalo de tiempo entre la provocación y el hecho, pues “no puede transcurrir un largo espacio temporal entre el hecho provocante y su reacción”.
BIOLOGÍA DE UNA EMOCIÓN VIOLENTA
Añade que la neuropsicología funcional explica que las emociones primarias antes descritas se encuentran en la amígdala cerebral, la cual se conecta al lóbulo frontal donde se ubica el discernimiento, el juicio crítico y la personalidad.
Señala que las emociones llegan allí a través de los sentidos, pues las reacciones se darán de acuerdo a lo que se vea, escuche, toque, o cualquier estímulo que brinde información.
“La inteligencia emocional consiste justamente en conectar la amígdala cerebral con el lóbulo frontal, lo cual es casi imposible. ¿Cuánta culpa puede tener alguien que no controla su emoción? Por eso la Psiquiatría y el Derecho están hermanados, pues el segundo castiga la conducta humana impropia y la primera investiga su porqué”, afirma.
Asimismo, revela que uno de los principales desencadenantes de los llamados delitos afectivos es la infidelidad, conducta que también puede explicarse desde el campo de la psiquiatría.
Al respecto, manifiesta que las personas se enamoran del fenotipo (características externas), antes que del genotipo (características internas), dentro del cual se encuentra el psicotipo que viene a ser los detalles de la personalidad. Es decir, cómo es realmente esa persona, cuyos rasgos recién son apreciables en su totalidad después de tres o cuatro años de relación, motivo por el cual muchos matrimonios fracasan.
Señala que la ausencia de reglas morales hace justamente que se desarrolle una conducta muy frecuente en las relaciones de pareja como es el engaño.
Apunta que sobre la infidelidad giran varios mitos como el que esta ocurre porque el infiel ha dejado de querer a su pareja, cuando en realidad muchas veces no es así, sino que al sujeto le hace falta valentía para afrontar las situaciones que le incomodan de su relación; o el que las parejas son infieles porque buscan el divorcio, lo cual está alejado de la realidad, porque por lo general el infiel lo que pretende es seguir de forma camuflada con ambas relaciones a la vez.
Añade que otro mito es que la infidelidad genera que la otra persona pueda “morirse” de amor, lo cual no debería ocurrir en una persona sana, a no ser que tenga un trastorno de personalidad dependiente.
“Hoy sabemos que incluso desde la etapa embrionaria, a partir de los tres meses de gestación, ya se desarrolla la estructura de la personalidad. Por eso la clasificación actual de enfermedades emocionales establece que desde los 15 años el joven tiene una personalidad formada”, asevera.
Anota que quien tiene una conducta infiel por lo general mantiene una doble vida y es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, al punto que termina culpando a la otra persona de haberle sido infiel.
“A las aventuras las alimenta el secretismo y las amenazas de revelación, pues solo se oculta aquello que es malo, y esto puede ocurrir en cualquier relación. Eso solo demuestra lo humanos que somos”, expone.
VIOLENCIA DETERMINADA POR LA GENÉTICA
Por otro lado, La Cruz Toledo señala que el cerebro es una caja electrobioquímica, cuyo modo de actuación dependerá de las sustancias químicas llamadas neurotransmisores, tales como las enzimas Gen MAOA y el Gen CDH13.
Afirma que un estudio realizado por el Instituto Karolinska de Estocolmo a 895 personas condenadas por distintos crímenes en Finlandia reveló que en los reclusos cuyos delitos incluían violencia, no se notaba la misma presencia de las enzimas Gen MAOA y Gen CDH13 que en aquellos cuyos crímenes no fueron violentos.
De allí se desprende que el comportamiento violento está relacionado a unas variantes genéticas.
Explica que el Gen MAOA sirve para degradar neurotransmisores como la serotonina, epinefrina y dopamina, por lo que si su nivel es bajo el cerebro queda saturado de neuroquímicos de tal manera que se induce a la agresión o impulsividad.
En tanto, el Gen CDH13 predispone al déficit de atención, la hiperactividad y el abuso de sustancias adictivas.
Indica que cuando la serotonina se encuentra en bajas cantidades, la persona entrará en un estado depresivo, mientras que cuando está en altas dosis, será posible que tenga una onducta violenta. Por eso en ambos casos es necesario regularla a través de estas encimas.
“Nosotros todo el tiempo tomamos medicamentos para regular neurotransmisores y no nos damos cuenta. ¿Quién no se ha tomado una Clonazepan o una Alprazolam, cuyo mecanismo de acción es regular la serotonina en el cerebro? Los pacientes depresivos también necesitan regular esta sustancia, mientras que los esquizofrénicos regulan otra llamada dopamina”, explica.
Manifiesta que es un error pedirle a un paciente con una enfermedad emocional que “ponga de su parte” para superar, por ejemplo, la depresión, porque es tan igual como si a un diabético se le dijera que se esfuerce para regular el azúcar en su sangre.
“¿Se imaginan si a un diabético le dijéramos pon de tu parte en vez de darle insulina? Lo mismo ocurre con los pacientes depresivos, les decimos que pongan de su parte cuando en realidad no depende de ellos, sino de que se les dé el tratamiento adecuado que regule los neurotransmisores de su cerebro”, cuestiona.
Ahora bien, explica que a la hora de impartir justicia debe tenerse en cuenta si el sujeto tiene estas tres enzimas reguladas en su sistema nervioso central, pues se castiga al violento, pero no se le da tratamiento.
“Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori el Instituto Nacional Penitenciario se profesionalizó e ingresaron abogados, médicos y psicólogos, se formó todo un equipo de tratamiento, pero hoy cuando uno visita el penal se da cuenta que los internos no reciben el tratamiento de acuerdo a su delito. Si fuesen atendidos, las cosas irían mejor”, advierte.
Señala que el artículo 20 del Código Penal indica que están exentos de responsabilidad penal aquellos que “por anomalía síquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posean la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto”.
Manifiesta que esta normatividad debería revisarse, pues el no tener regulados los neurotransmisores puede calificarse como una anomalía psíquica, ya que la definición de esta son las alteraciones bioquímicas en el sistema nervioso central.
Añade que en “grave alteración de la conciencia” califican los pacientes epilépticos, mientras que en “grave alteración de la percepción” están los esquizofrénicos, pero que en ambos hoy la ciencia ha avanzado tanto que con la medicación adecuada pueden hacerse responsables de sus actos.
Por último, revela que la violencia está asociada al cromosoma X y la testosterona, por lo que al ser el varón XX, tiene una doble predisposición a ser violento, lo cual explica porqué ellos cometen más crímenes con violencia que las mujeres.
AÑO Y MEDIO DESPUÉS DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA: NO SE INICIAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS INVOLUCRADOS EN ALQUILERES PARA LA CORTE DE LAMBAYEQUE
También hubo irregularidades en la compra de uniformes y la contratación del servicio de limpieza.
A fines de diciembre del 2017, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría N° 769-2017-CGI/JUST-AC sobre el “Proceso de contratación de bienes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el período enero 2014 – diciembre 2016”, el mismo que fue remitido por el contralor Nelson Shack Talta al entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo. Pese a la contundencia del documento y las recomendaciones, hasta el momento no se ha iniciado el proceso sancionado correspondiente contra los involucrados en las irregularidades detectadas.
El informe de control reveló que en la Corte de Justicia de Lambayeque se alquiló vía contratación directa por proveedor único, unidades inmobiliarias sin que estas cumplan el total de área requerida, sin definir las áreas necesarias con precisión para cada oficina, con deficiencias en los términos de referencia e indagación de mercado, contratándose posteriormente el alquiler de un área adicional para cubrir necesidad prevista en el requerimiento inicial.
Todo ello se hizo inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en lo referido a términos de referencia, valor estimado, contrataciones directas, modificaciones al contrato, conformidad y pago.
También se trasgredió la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en lo referido a fondos y gastos públicos; así como bases de dicha contratación. Además, de lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley General de la Persona con Discapacidad, respecto a servicios comunales y accesibilidad para personas con discapacidad.
Esto generó que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que tiene carácter de unidad ejecutora, pague la totalidad del monto contractual a pesar que el local no reunía las condiciones requeridas. El monto en exceso fue valorizado por la Contraloría General de la República en 73 mil 185.07 soles, que sumado al monto de 16 mil 500 soles correspondientes a la prestación adicional y/o adenda al contrato, sumaron 89 mil 526.90 soles, importe que constituye perjuicio económico para la entidad. Adicionalmente, que las labores se hayan desarrollado en ambientes sin comodidad para su accesibilidad y estadía, así como sin garantías mínimas de seguridad.
“Lo antes expuesto fue originado por la falta de diligencia del funcionario a cargo de las contrataciones en las etapas de actuaciones preparatorias, contratación directa y ejecución contractual; así como por el actuar no acorde a la normativa aplicable de los servidores y funcionarios que participaron durante el proceso de contratación del servicio de alquiler de inmueble, al no cautelar y/o advertir que la prestación del servicio reúna las condiciones requeridas por la entidad y que sea concordante con la normativa aplicable”, afirma el informe.
El local alquilado, que aún es ocupado por parte de las dependencias judiciales, se ubica en la cuadra 9 de la Avenida Luis González.
Precisamente por las condiciones en los que los trabajadores fueron obligados a realizar sus labores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, multó en septiembre del año pasado con 661 mil soles a la Corte, decisión que fue notificada por el ente rector en marzo de este año. Ante ello, la entidad se vio en la obligación de reubicar a parte de los trabajadores en un edificio de la cuadra 13 de Alfonso Ugarte.
LOS UNIFORMES
En la adquisición de uniformes para el personal de la entidad se aplicó una sanción pecuniaria no establecida en la Ley, bases ni contrato, ejecutando la garantía del fiel cumplimiento, no obstante haberse otorgado la conformidad y realizado el pago al contratista, inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, relacionados con la ejecución contractual de las contrataciones, así como las bases del proceso de selección, además, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, relacionado con el principio de legalidad.
“Esta situación generó el inicio de un proceso arbitral cuyo laudo resolvió en contra de la entidad, ordenándose la restitución del monto ejecutado, así como el pago de intereses legales, indemnización por daños y perjuicios y costos del arbitraje, en perjuicio de la entidad, la cual fue originada por el actuar negligente de disponer aplicar sanción pecuniaria a un proveedor sin contar con marco normativo aplicable a dicha decisión.
Respecto a la contratación del servicio de limpieza, Contraloría determinó que en el proceso se sustituyó la obligación de acreditar documentalmente la disponibilidad de equipamiento estratégico por una declaración jurada, yendo en contra de lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en lo referido a los procedimientos de selección, requisitos de calificación y consultas a las bases.
También se dejó fuera de consideración la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, referida a bases estándar de adjudicación simplificada, dispositivos concordantes con Pronunciamiento N° 405-2016/OSCE-DGR.
Con ello se originó que el postor no entregue el equipamiento requerido para el servicio, ocasionando la resolución del contratado, afectando la adecuada prestación del servicio por el actuar negligente al modificar el requisito de calificación de la capacidad técnica y profesional referido al equipamiento estratégico, cuya acreditación consignaron que se efectúe con tan solo declaración jurada.
Entre las recomendaciones del informe se dispuso remitir el mismo, con los recaudos y evidencias documentales correspondientes al órgano instructor competente para fines del inicio del procedimiento sancionador, comunicar al presidente del Poder Judicial que estaba impedido de disponer el deslinde de responsabilidad y poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales.
También se dispuso el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Poder Judicial comprometidos en las observaciones contenidas en el informe.
Empero, hasta el momento no se ha han efectivizado los procedimientos administrativos que los hechos antes descritos ameritan, considerando que la inconducta funcional no está sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
PREMIO A LA CORRUPCIÓN: LAS POLÉMICAS 23 SENTENCIAS DEL CASO “LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN”
Con la complacencia de la FECOR, autoridades, exfuncionarios y empresarios se libraron de la cárcel aun cuando aceptaron que son corruptos.
Corruptos premiados. En dos días, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo emitió 23 sentencias benignas para igual número de imputados por el caso “Los temerarios del crimen”, quienes pese a reconocer sus delitos se libraron de la cárcel por acogerse a la terminación anticipada. La desproporcional medida fue avalada por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, cuyo coordinador, Juan Carrasco Millones, ya adelantó que habrá una cuarta lista de capturados. ¿A estos también los dejará libres?
Maratónica fue la jornada que el lunes 22 inició la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, al aceptar diez acuerdos de terminación anticipada, dejando en libertad al primer grupo de imputados en el caso “Los temerarios del crimen”, organización que lideró el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.
A la mayoría los condenó a penas de tres años y cuatro meses de prisión suspendida en su ejecución, luego que aceptaran la imputación realizada por la FECOR, fiscalía que junto a la División de Investigaciones de Alta Complejidad – DIVIAC, de la Policía Nacional del Perú, realizó un operativo de captura el 12 de julio, deteniendo de manera preliminar a 25 investigados.
Según la fiscalía, con las 23 condenas conseguidas se recaudará 463 mil soles de reparación civil a favor del Estado, de los cuales 370 mil han sido depositados por los sentenciados. De no cumplir con las condiciones impuestas por el juzgado se revoca la suspensión de la pena.
LA SENTENCIA AL REGIDOR
El primer sentenciado fue el regidor de Podemos Por el Progreso del Perú, Marino Olivera Cruzado, por el delito de cohecho activo genérico, al aceptar el proceso de terminación anticipada.
El concejal de Chiclayo, que fue capturado como integrante de la organización criminal "Los temerarios del crimen", recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión suspendida, 130 días multa y al pago de una reparación civil a favor del Estado de cinco mil soles.
Olivera Cruzado aceptó haber pagado una coima al exregidor Juan Carlos Pérez Bautista para que se le autorice, a través de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna, la ruta Racarrumi-Chongoyape-Chiclayo y viceversa.
El sentenciado, que postuló en la lista del alcalde Marcos Gasco Arrobas, deberá ser vacado, debido a que el fallo es inapelable. En su reemplazo será convocada al concejo provincial Jackelin Alva Carranza, de 28 años de edad.
Lo que llama la atención de esta sentencia es que la reparación civil es inferior a la coima que Olivera Cruzado pagó por la autorización de la ruta de transporte, monto que de acuerdo a los testimonios del exregidor Juan Carlos Pérez y del exgerente de Desarrollo Vial y Transportes del municipio, Isaías Merino Chavesta, ascendió a siete mil soles.
OTROS SENTENCIADOS
La juez condenó el lunes a Walter Ríos Flores por el delito de cohecho activo genérico a tres años y cuatro meses de prisión, también suspendida, y por el mismo delito período, a Edilberto Chaupe Gutiérrez; Walter Ríos Villacorta; Carlos Yafac Vallejos; Manuela Tenorio Zavala y Luis Cabanillas Flores.
Por cohecho activo genérico, pero a cuatro años de prisión suspendida, fue condenado Amílcar Rodríguez Briceño; a tres años y cuatro meses, por colusión, Cosme Vásquez León y a dos años y cuatro meses, por cohecho activo genérico, Jimmy Imaña Tamay. Este último pagó una coima de 150 mil soles al exfuncionarios del Centro de Gestión Tributaria – CGT, Nilton Monje Sampén, y al excandidato a la alcaldía de Chiclayo por el Partido Peruanos por el Kambio, Michael Llontop Ruiz.
Ríos Flores y Ríos Villacorta reconocieron que pagaron una coima de 30 mil soles a Monje Sampén y Juan Carlos Pérez a cambio de ser beneficiados con la contratación de seguridad para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPSEL. Yafac Vallejo pagó una coima de 25 mil soles y Chaupe Gutiérrez una de 30 mil soles.
CONSEJERO CORRUPTO
El martes, Grandez Rojas sentenció a tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución al consejero regional, también del partido Podemos Por el Progreso del Perú, Esar Aguilar Valdera. Este, además, deberá estar sujeto a normas de conducta, acudir a firmar al juzgado y pagar 10 mil soles de reparación civil a favor del Estado. El delito que aceptó es colusión.
Aguilar Valdera fue capturado el 12 de julio sindicado como integrante de la organización "Los temerarios del crimen".
La fiscalía logró establecer que el consejero regional pagó coimas y fue intermediario de sobornos a funcionarios de EPSEL para beneficiarse con contratos para el alquiler de camionetas y motobombas entre el 2016 y el 2017. Este también se acogió a la terminación anticipada.
Debido a su inhabilitación para continuar como autoridad regional, será reemplazado por su accesitario, el ingeniero industrial Luis Barturén Pizarro, de 29 años de edad.
OTROS 12
Además de Esar Aguilar fue condenado su hermano, Tomás Aguilar Valdera, también por el delito de colusión. La pena suspendida para este es de tres años y cuatro meses. Tomás Aguilar fue inscrito como accesitario en la lista de Podemos Perú al consejo regional en las elecciones pasadas.
Por colusión y por el mismo período fue sentenciado Néstor Salinas Vásquez, ex gerente general de EPSEL; en tanto por cohecho pasivo se condenó a José Vásquez Mendoza, mientras que por cohecho activo genérico recibieron sentencia José Guarniz Vásquez; Juan Torres Mora; Yuri Campos Silva; Wilmer Bernales Ycanaqué; José Gonzales Guerrero; Gonzalo Chamba Núñez; Antonio Delgado Puelles; Wilson Mendoza Carbajal y Lenin Becerra Dávila.
VERSIÓN DE LA JUEZA
Como advirtiendo que su decisión generaría reacciones de todo tipo, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, informó que los condenados por terminación anticipada del caso “Los temerarios del crimen” cumplen reglas de conducta y que si no acatan lo ordenado se les podría revocar la misma previo requerimiento fiscal y posterior audiencia, tal como lo establece el marco jurídico.
Aclaró que dicho mecanismo procesal se procedió a pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada tras llegar a un acuerdo con la defensa legal de los imputados y la Procuraduría Anticorrupción, ya que los investigados se sometieron a la confesión sincera y tienen voluntad de resarcir el daño causado.
“El marco legal respalda a que no se les puede dar cárcel efectiva porque son agentes primarios del delito y no cuentan con antecedentes penales, han colaborado con la investigación e, incluso, han dado información al Ministerio Público para que investiguen a otras personas”, precisó.
La magistrada aclaró que la terminación anticipada está prevista en el Código Procesal Penal porque ahorra todo tipo de gastos al Estado y más aún, agregó, en procesos por investigaciones complejas como los de crimen organizado.
“Se logran condenas rápidas y en un marco punitivo sin necesidad de llegar al juzgamiento que puede darse en tres o cuatro años. También permitirá al fiscal tener a los ahora condenados como testigos impropios en los juicios contra los que niegan los cargos”, enfatizó.
En ese sentido, la jueza Cecilia Grandez exhortó a las personas que son procesadas por distintos delitos de acogerse a los beneficios procesales de reducción de las penas por cuestión de ahorro de tiempo y dinero para ellos mismos y para el propio Estado.
“Esta cantidad de condenas en una organización criminal por corrupción es algo histórico, no solo por el gran número de personas, sino por el dinero recuperado con los pagos de las reparaciones civiles. Bien se dice, que la justicia que tarda, no es justicia. De eso trata la terminación anticipada, de ser céleres pero bajo un marco jurídico establecido”, añadió.
Por último, la titular del mencionado órgano jurisdiccional pidió cambiar de mentalidad respecto a que dar dinero, coimas o los famosos ‘diezmos’ a funcionarios o autoridades públicas es algo normal. “Se ha convertido en algo normal cometer ese delito, eso no está bien, se tiene que denunciar”, concluyó.
EN CENTRO MÉDICO DE ESSALUD CAYALTÍ: PACIENTES CON TBC NO RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y SE VULNERA SU PRIVACIDAD
“El Consultorio del Programa de Prevención y Control de Tuberculosis no cuenta con ambientes distribuidos y diferenciados, los que además de afectar la calidad del servicio que brinda la institución genera riesgo de contagio a otros pacientes y de vulnerar su privacidad”, es una de las conclusiones del Informe N° 134-2019-OCI/0251-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI de EsSalud.
El informe fue remitido en su totalidad el 18 de julio a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, a cargo de Fiorella Molinelli Aristondo, con la Carta N° 875-OCI/GCIII-ESSALUD-2019, suscrita por Janes Rodríguez López, jefe del órgano de control del Seguro Social de Salud.
La fiscalización se aplicó a inicios del mes en el Centro Medico Cayaltí, a fin de identificar situaciones adversas que ponen en riesgo la atención oportuna y de calidad a los pacientes.
Uno de los primeros hallazgos de la comisión encargada de las labores de control que visitó el Centro Médico Cayaltí fue que el consultorio para la atención de pacientes del Programa de Prevención y Control de Tuberculosis no presenta una distribución y/o división de áreas diferenciadas con biombos o mamparas, por cuanto en el mismo ambiente se realiza también el control de enfermería del paciente y el consumo de sus alimentos, así como se expone la privacidad del paciente en cada consulta médica.
“La pared y piso no son de superficie lisa, limando la limpieza y favoreciéndose la acumulación de agentes bacterianos y polvo; los muros no están tarrajeados ni pintados con material no tóxico y lavable; no cuenta con puertas y separadores de ambientes que garanticen la privacidad del paciente en el acto médico, y no cuenta con sistema de ventilación cruzada para disipar los posibles focos de infección acumulados”, señala el informe.
También se identificó que el consultorio colinda con el área de emergencia, donde acuden pacientes con inmunodeficiencias; es decir, personas afectadas con una gran susceptibilidad a padecer infecciones.
TRASGRESIÓN DE LA NORMA
De acuerdo a la Norma Técnica NTS N° 113-MINSA/DIGEM V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención”, aprobada con Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, del 27 de enero del 2015, “los consultorios externos son ambientes destinados a la realización de las prestaciones de consulta ambulatoria por médico, así como las prestaciones de atención ambulatoria por otros profesionales de salud, que incluye a los ambientes diferenciados para la prevención y control de tuberculosis”.
“Los consultorios externos dispondrán de un área para entrevista y otros para examen clínico. La intimidad del paciente (en el área de examen clínico) deberá quedar protegida por medio de un elemento divisorio. Asimismo, podrá tener un área para vestidor cuando corresponda dentro del servicio higiénico, el cual estará compuesto de perchero y banca para desviste”, indica la norma.
Asimismo, se precisa que “el consultorio externo o módulo para la prevención y control de tuberculosis tendrá de preferencia un acceso diferenciado, tomando en cuenta la dirección de los vientos dominantes y una ventilación natural, junto con ambientes complementarios que permitan brindar una atención integral del paciente. Este consultorio o módulo deberá estar ubicado distante a los ambientes donde se atienden pacientes con inmunodeficiencia”.
Por la situación detectada, también se ha establecido que se viola lo señalado por la Ley N° 30287, Ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú, publicada el 14 de diciembre del 2014, cuyo artículo 6 indica que la persona afectada por tuberculosis tiene derecho a la privacidad y respeto de su dignidad, creencia religiosa y cultural.
PROBLEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO
También se estableció que en el servicio de consulta externa y emergencia del Centro Médico Cayaltí hay dos equipos biomédicos: el electrocardiógrafo portátil (Etiqueta Patrimonial N° 701168) y uno de los monitores de funciones vitales (Etiqueta Patrimonial N° 364306), que se encuentran inoperativos por falta de repuestos.
“El director del CM Cayaltí, mediante correo institucional del 2 de julio del 2019, indicó que el electrocardiógrafo se encuentra inoperativo desde el año 2017, por lo que gestionó con directores de otros centros médicos cercanos (Oyotún y Úcupe), el préstamo de un equipo similar para la atención de pacientes y en el caso del monitor de funciones vitales, por su antigüedad, indicó que ya se encuentra de baja y para su reposición”, cita el informe.
Al respecto, se sabe que el jefe de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Lambayeque, mediante Carta N° 441-OIHS-OADM-RAL-ESSALUD-2019, del 8 de marzo del 2019, solicitó al jefe de la Oficina de Administración de la red la compra del repuesto para el electrocardiógrafo, documento que a la fecha obra en despacho de la Unidad de Programación.
Asimismo, con Carta N° 221-OIHS-OADM-RAL-ESSALUD-2018, del 9 de febrero del 2018, remitió a la dirección del Centro Médico Cayaltí los informes técnicos para el trámite de baja o reposición del monitor de funciones vitales. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Lambayeque y la dirección del centro médico no han reiterado el trámite administrativo para tener operativos dichos equipos biomédicos.
TCE INICIA PROCESO SANCIONADOR: A CONSORCIO QUE OBTUVO BUENA PRO DE PROCESO CONVOCADO POR LA GERENCIA DE AGRICULTURA
De acuerdo al Expediente N° 2080/2019.TCE, del 14 de junio pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, decidió abrir proceso sancionador contra las empresas Corporación Nebusi SAC, Servicios Generales Viviana EIRL y Vacons Ingenieros SRL, integrantes del Consorcio El Padre Fema, pues habrían presentado información falsa y/o inexacta en el proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque para la prestación del servicio de ejecución de la obra: “Mejoramiento del Canal de Riego El Padre Fema del Distrito de Mochumi”.
Expresión dio cuenta en diferentes ediciones y en forma detallada de la probable falsedad documentaria presentada por el Consorcio El Padre Fema.
En ese sentido, habiendo tenido acceso a la documentación presentada por dicho consorcio, nuestro equipo de investigación pudo advertir una relevante incongruencia respecto al Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio Huancaní a favor del ingeniero Víctor Guillermo Muro Rosado, quien a efectos de cumplir con los años de experiencia requeridos para realizar las labores de residente en dicha obra, otorgó al Consorcio El Padre Fema – entre otros documentos sustentatorios – el certificado en cuestión, el cual entre otros considerandos refiere que el mencionado profesional habría laborado como Residente de la Obra “Creación de Bocatoma y Mejoramiento del Canal de Riego del Paraje Carhuamaran San Antonio Legua, Distrito de Leonor Ordoñez -Jauja-Junín”, durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 21 de diciembre del 2018.
LA INCONGRUENCIA DE LA CERTIFICACIÓN
Advertido el contenido de la certificación otorgada, preponderantemente en lo que respecta al inicio del período laborado por el ingeniero Muro Rosado en la obra materia de la certificación, se evidencia una total incongruencia con la realidad.
Como se ha dicho, el certificado presentado por el profesional indica que este inició sus labores en la obra el “16 de febrero del 2018“, fecha que no se ajustaría a la verdad, en cuanto el contrato de obra publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, fue formalizado entre el Consorcio Huancani y la Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez el 8 de marzo del 2018, es decir, 22 días después de la fecha de inicio de las labores que refiere la certificación otorgada.
Esto implicaría de acuerdo a los fundamentos de la decisión tomada por el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, una posible infracción en la que habría incurrido el Consorcio El Padre Fema, materia del inicio del proceso sancionador.
LA SUSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO
Respecto al supuesto suscriptor del Certificado de Trabajo otorgado al ingeniero Muro Rosado, este muestra que habría sido firmado por el representante del Consorcio Huancani, Pedro Avilés García, lo que tampoco se ajustaría a la realidad, ya que la firma de dicho representante obrante en el certificado contiene diferencias sustanciales con la que se muestra en el contrato celebrado con la municipalidad contratante, condición que ha sido corroborada con la firma que aparece en el Certificado de Inscripción del RENIEC, obtenido formalmente por nuestro equipo de investigación.
LA ACTUACIÓN DEL GERENTE REGIONAL
Identificada la incongruencia y las diferencias encontradas respecto a la firma Avilés García, previo a las publicaciones realizadas, nuestro consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, pudo cursar al gerente regional y al Órgano de Control Interno de la entidad una serie de comunicaciones, advirtiendo las incongruencias y los vicios contenidos en la oferta del Consorcio El Padre Fema, todo ello antes de que la buena pro fuese consentida, con la finalidad imperativa de que el certificado de trabajo cuestionado sea sometido a los controles posteriores que para este caso las leyes inherentes exigen.
Sin embargo, dicho procedimiento al parecer no fue considerado por el titular de la Entidad en los plazos previstos, pues suscribió el contrato con el consorcio, a pesar de tener conocimiento del presunto fraude documentario.
LO QUE PASÓ EL 28 DE JULIO DE 1821: LA JURA DE LA INDEPENDENCIA POR EL CABILDO DE LIMA
Escribe: Marcos Garfias Dávila.
El 14 de Julio de 1821 el general San Martín envió un oficio a los miembros del cabildo limeño (convertida luego en la municipalidad) instándoles a jurar la independencia.
Recibido el oficio por Isidro de Abarca, conde de San Isidro, este convocó a un cabildo abierto para el día siguiente, 15 de Julio. La reunión que en un principio fue exclusiva para los vecinos notables de la capital, entre ellos, los regidores perpetuos, los títulos de Castilla, los miembros de las órdenes militares, el Cabildo Eclesiástico y los titulares de las familias consideradas más distinguidas, terminó abriéndose también para el pueblo en general, el cual se agolpó en las afueras del edificio, gritando su adhesión a la causa libertaria, y en su ímpetu derribaron el busto del monarca hispano y destruyeron el escudo de armas de la casa de Madrid.
En medio de esa algarabía popular, los notables limeños procedieron a redactar el acta de Independencia y a reconocerla luego con sus rúbricas, la lista de los firmantes fue de miles, desde el Conde de San Isidro, la principal autoridad del Cabildo, hasta un sin número de mulatos de la condición más sencilla.
Se procedió luego a decidir el día de la juramentación pública de la Independencia por los vecinos de Lima, escogiéndose el sábado 28 de Julio. Enterado de esto, el general San Martín envió un modelo de la bandera estandarte que debía mostrarse en el día de la ceremonia de la proclama como símbolo de la nación peruana independiente. Pidió además al cabildo que eligiera entre sus miembros a aquel que debería portar la enseña en el acto público. En sesión del 19 de Julio de 1821, el Ayuntamiento eligió al señor Regidor Conde la Vega del Ren por considerarle adornado de las recomendables circunstancias insinuadas.
INDICACIONES SOBRE LA BANDERA NACIONAL
“Excelentísimo señor: Debiendo ser el juramento de la Independencia de un modo correspondiente a este acto augusto, y siendo uno de los medios de solemnizarlo el presentarle al público el estandarte de la libertad con el que ha de asegurar sus más caros intereses y derramar por sostenerlo la última gota de sangre; remito a V. E. el diseño de la bandera que provisionalmente he señalado a este Estado, mientras que el gobierno que se establezca determine el que sea conveniente, para que se saque públicamente por la carrera acostumbrada con el respectivo acompañamiento, debiendo V.E. para mayor estima del pueblo, ponerlo en mano de aquel individuo que a juicio de V.E sea el más benemérito de la patria y más digno por sus servicios a ella”.
Según Virgilio Roel no cuenta que el acto de proclama de la Independencia tuvo el carácter de una típica celebración colonial. El acto comenzó cuando en la mañana del 28 de Julio de 1821 salió del palacio de los virreyes una brillante cabalgata encabezada por las autoridades de la Universidad de San Marcos con sus sobresalientes bonetes doctorales, a los que seguían los altos prelados de la Iglesia y los priores de los Conventos; enseguida venían en riguroso orden, los altos jefes del ejército expedicionario, seguidos por los titulados de Castilla y los poseedores de algún hábito de las órdenes militares españolas, cerraban este grupo delantero los oidores de la real Audiencia de Lima y los regidores perpetuos del Cabildo.
El grupo siguiente y principal estaba encabezado por San Martín, en el mismo lugar que en las ceremonias coloniales le correspondía al Virrey, flanqueado a la izquierda por el conde de San Isidro y a la derecha por el marqués de Montemira. Detrás de ellos marchaba encabezando el estado mayor y los altos comandos del ejército, el conde de la Vega del Ren, portando la bandera-estandarte del Perú. Cerrando el cortejo iba un pelotón de húsares, vestidos de gala. Rodeaban el imponente cortejo los alabarderos del Rey, con todas las insignias reales de España.
Las calles aledañas estaban ocupadas por la tropa independentista en formación. En los sitios libres y en las aceras se agolpó la población de la ciudad. Se estima que el público asistente a la ceremonia bordeó las 16 mil almas.
La comitiva llegó a un tabladillo que había sido construido en la plaza mayor o de armas, desde el cual San Martín pronunció la siguiente oración:
“Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”.
Se lanzaron, para culminar, algunas multitudinarias vivas a la patria, a la libertad y a la independencia.
El cortejo se trasladó luego a la plazoleta de la Merced, posteriormente a la Plaza de Santa Ana en Barrios Altos (la actual Plaza Italia), y llegó finalmente a la antigua plaza de la Inquisición, donde la Universidad de San Marcos tenía su sede principal y donde ahora se ubica el Congreso de la República, en todas ellas se repitió la ceremonia de proclamación, luego retorno la comitiva al palacio de gobierno.
CELEBRACIONES DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA
Concluida casi al anochecer los actos públicos de proclama de la Independencia, se encendieron todos los faroles y teas de la ciudad, mientras que en los amplios salones del cabildo de desarrollaba una recepción al puro estilo francés, con la concurrencia de lo más selecto de la sociedad capitalina, en tanto que San Martín, así como sus altos oficiales, lucían sus mejores galas.
El baile cortesano se prolongó hasta muy entrada la noche.
El 29 de julio la fiesta continuó. Por la mañana el arzobispo Bartolomé María de Las Heras ofició un Tedeum, así como también una misa de acción de gracias. Para estos actos religiosos el mismo séquito del día anterior siguió, de ida y vuelta, la ruta del palacio de los virreyes a la catedral metropolitana. Después, los miembros del cabildo se reunieron para prestar juramento a la Independencia. Por la noche, con una manera de retribuir las atenciones de la aristocracia criolla de Lima, San Martín organizó otro baile de gala en los salones del palacio virreinal.
LA BRECHA ESTÁ EN LAS ZONAS RURALES: EL ÍNDICE DE ELECTRIFICACIÓN EN LAMBAYEQUE ALCANZA EL 88 %
Casi la totalidad de pueblos jóvenes cuentan con el suministro de luz.
A través de la oficina virtual los usuarios podrán hacer sus pagos y gestiones por Internet.
Según el gerente regional de Electronorte S.A - ENSA, Luis Piscoya Salazar, el índice de electrificación en Lambayeque asciende al 88 %, cifra que grafica el abasteciendo de la totalidad de los polígonos de concesión de la empresa, pero manteniendo aún una brecha en las zonas rurales del departamento.
Piscoya Salazar señala que la falta de electrificación en estas zonas se debe a que no pertenecen al área concesionada y sobre la cual es competente el Grupo Distriluz, conglomerado que agrupa a las hubs Electronorte - ENSA, Electronoroeste – ENOSA, Electrocentro e Hidrandina, motivo por el cual ellos no pueden hacer una inversión directa allí.
Explica que para dotar del suministro a estas poblaciones es necesario que se canalice una inversión del Ministerio de Energía y Minas con el Gobierno Regional de Lambayeque. Respecto a los pueblos jóvenes, afirma que la mayoría tiene el servicio e incluso los más precarios cuentan con el mismo a través de suministros provisionales colectivos.
“Nosotros atendemos la totalidad de nuestra concesión, pues es una obligación. Incluso si hoy nos pidieran un suministro dentro de esa área, tenemos por ley un año para atender el pedido”, sostiene.
Señala que en lo que va del año han realizado algunas obras de mejoramiento de alumbrado público como la hecha en Puerto Eten, donde han dotado con iluminación LED el parque principal, la vía de acceso y el malecón.
Asimismo, manifiesta que esta semana debe culminarse otra obra de mejoramiento en Pimentel, también del parque principal y el malecón, y en los próximos meses dotarán del servicio a otras zonas del distrito por iniciativa de su alcalde.
Precisa que el Grupo Distriluz abastece de energía eléctrica a 12 de los 24 departamentos del Perú, acogiendo Electronorte a 386 mil usuarios, de los cuales 300 mil pertenecen a Lambayeque y los restantes a la parte central de Cajamarca, específicamente los distritos de Chota, Cutervo y Bambamarca.
Por otro lado, explica que, según el balance scorecard de la empresa, el reto de este año es procurar la mejora de la calidad, la cual según el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida por el Cliente - ISCAL, elaborado por la empresa ASIER, la misma que agrupa a todas las compañías del negocio eléctrico (emisoras, distribuidoras y generadoras), muestra un crecimiento pequeño, pero significativo, del 46 % al 49 %.
Comenta que otro indicador para medir la calidad de servicio es mediante las interrupciones y la duración de las mismas. Es decir, cada año la cantidad de cortes debe disminuir y, por ende, también las horas sin el suministro.
Para lograr un flujo eléctrico eficiente refiere que también es necesario mantener un índice de morosidad no tan elevado, aunque expresa que esto es complicado, pues todas las empresas de servicios públicos tienen moras. Actualmente, este índice alcanza el 9 %.
En ese sentido, anuncia el lanzamiento de la oficina virtual de Electronorte, la cual permitirá tener mayor cercanía con la población a fin de consolidar un servicio público moderno, eficiente, rápido, acorde a las exigencias de ahora.
“Un sábado o domingo desde la comodidad de su casa el cliente podrá pagar su recibo de luz ingresando a la oficina virtual mediante su computadora o celular. Solo necesitará contar con conexión a internet, así nuestros clientes ahorran tiempo y dinero”, sostiene.
El jefe corporativo de Comunicaciones y Responsabilidad Social del Grupo Distriluz, David Falcón García, señala que esta propuesta surge a raíz de algunas estadísticas como, por ejemplo, que el comercio electrónico en el Perú crece 10 % cada año y que el 40 % de la población en el país tiene menos de 25 años.
“Si bien aún estamos lejos de países como Estados Unidos o Japón, la estadísticas que respaldan esta iniciativa nos indican que en algún momento la cultura digital va a ser parte de nuestras vidas. Además, el que casi la mitad de la población sea menor de 25 años es un indicador de que pronto esos jóvenes crecerán, formarán sus familias y empezarán a asumir responsabilidades, dentro de las cuales estará el pago de sus servicios de luz”, asevera.
Respecto al pago del servicio, expone que los usuarios con dos recibos acumulados tendrán la posibilidad de elegir si pagan ambos o uno solo, a fin de evitar el corte del suministro.
Añade que los usuarios también podrán informarse anticipadamente de las interrupciones. Habrá detalles respecto a cortes programados por trabajos de mantenimiento donde se detallará la zona afectada y el tiempo que tardará en hacerse la reanudación, además de recibir alertas y notificaciones.
“Las encuestas que hacemos a los clientes revelan que una de las cosas que más solicitan para mejorar el servicio es que se les informe anticipadamente de las interrupciones del mismo. Nos piden que se mejoren los canales de comunicación y eso es lo que estamos haciendo para que el usuario ya no tenga que necesariamente comprar el periódico o escuchar todo el día la radio para enterarse de cuándo ocurrirá un corte”, refiere.
Asimismo, explica que podrán realizar consultas y reclamos con la misma validez y plazo legal regulado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, tal como si lo hiciesen yendo a una ventanilla, pues la queja ingresa con un código al sistema.
INFORMACIÓN A LA MANO
Expresa que los usuarios podrán encontrar la información completa respecto a su suministro. Accederán a detalles sobre su índice de consumo, historial de facturación, registro de la última interrupción del servicio por deuda, gestionar un nuevo suministro o trasladar el que ya tienen, solicitar una nueva conexión, un aumento de potencia, descargar el último recibo de luz, entre otros.
Del mismo modo, también podrán reportar problemas con la instalación del suministro, facturación excesiva, faltar de energía, calidad del servicio y más.
Incluso, para quienes prefieren hacer el pago de forma tradicional, Falcón García señala que podrán acceder al mapa de lo oficina virtual para conocer dónde están ubicados todos los centros de servicio y puntos de pago más cercanos a su domicilio.
El funcionario indica que se puede acceder a la oficina virtual a través la dirección web del grupo (www.distriluz.com.pe) o mediante la descarga en el celular del aplicativo ‘Distriluz Móvil’, disponible tanto para los sistemas operativos IOS y Android.
Expone que, tras ingresar a la plataforma virtual, se deberá acceder a la pestaña ‘Ensa’ para luego ir al enlace ‘Mi suministro’, el cual dirigirá a una ventana en la que el usuario deberá crear por única vez una cuenta colocando el número de su documento de identidad y una contraseña de cuatro caracteres.
“Las estadísticas indican que los aplicativos móviles han incrementado en un 50 % la satisfacción de los clientes en los distintos rubros de servicio, así como el 13 % en las ventas de las empresas que lo implementan. Electronorte no podía quedarse atrás, por eso estamos dando un paso sustancial en el desarrollo de la organización mejorando la relación y comunicación con los clientes”, afirma.
Asegura que la plataforma que respalda las operaciones económicas que se hagan a través de la oficina virtual es Visanet, la misma que utilizan la gran cantidad de entidades bancarias y tienen rigurosos sistemas de seguridad por lo que los usuarios pueden tener la tranquilidad de que el pago se efectuará tal como si se hiciera desde ventanilla.
“Una de las cosas que nos enorgullece es que para desarrollar la oficina virtual no hemos necesitado de ningún consultor externo, sino que ha sido hecha por los propios profesionales de las tecnologías de la información del Grupo Distriluz”, indica.
LAMBAYEQUE Y CHICLAYO: EN LA “GEOGRAFÍA DEL PERÚ” DE MATEO PAZ SOLDÁN
Escribe: Freddy Centurión González (*)
Entre los intelectuales más notables del siglo XIX peruano figuran los hermanos arequipeños Paz Soldán y Ureta: el jurista Mariano Domingo (1806-1859), el diplomático José Gregorio (1808-1875), el magistrado Pedro Silvero (1809-1876), el matemático Mateo Mauricio (1812-1857) y el historiador Mariano Felipe (1821-1886). Nuestra atención, dado el tema del presente artículo, se centrará en la obra de los dos últimos.
Mateo, auténtico “monstruo del saber”, dominaba diez idiomas: griego, latín, inglés, italiano, alemán, francés, portugués, quechua, aymara y castellano. Agrimensor, abogado, poeta, matemático y astrónomo, fue autor de amplias investigaciones sobre astronomía (1848) y trigonometría plana y esférica (1848), evidenciando un afán por la claridad y abundancia de ejemplos con el fin que los lectores no pudiesen “encontrar jamás dificultad de ningún género que pueda desalentarlo”. Las responsabilidades burocráticas que asumió le restaban tiempo para su labor científica, y las numerosas corruptelas de la Consolidación, bajo el gobierno del general Echenique, le llenaron de tal indignación que solo pudo desahogarse a través de la pluma: desde El Comercio, publicó una serie de versos satíricos bajo su anagrama Tomás de la Ponza: “Y cuando algunos / con ligereza / su gran riqueza / luciendo están, / de sus trajeos malditos / mirando la indignidad / el Perú lanza dos gritos: / ¡No nos roben! ¡Libertad!”. Sujeto a juicio de imprenta y preso durante un tiempo, se buscó alejarlo de la capital. Todo ello terminó por convertirlo en un misántropo, en penuria económica, y padeciendo un mal cardíaco del que rehusó tratarse, lo que lo llevó a una muerte temprana.
Mariano Felipe, el menor de los hermanos, ganó prestigio como autor de un Índice alfabético del Código Civil y de Enjuiciamientos y de Reglamento de Tribunales (1853), y como promotor de la construcción de la cárcel modelo de Lima, conocido luego como la Penitenciaría. Ministro de Justicia, Instrucción y Culto, en dos ocasiones, se preocupó por un aumento del presupuesto para las escuelas y sueldos docentes. Desde 1868, publicó la “Historia del Perú independiente”, donde cubrió, en tres volúmenes, la historia entre 1819 y 1827. La guerra con Chile fue objeto de una de sus últimas obras, la “Narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia” (1883), donde buscó rebatir las afirmaciones de los historiadores chilenos; se afirma que sus últimas palabras fueron “Dios, patria y escuela para la felicidad de mi país”.
Mateo buscó preparar una geografía política y astronómica del Perú, con los últimos datos científicos de su tiempo. Pero lejos de recibir apoyo del Gobierno, su pedido fue enviado a la burocracia parlamentaria. Al morir, había concluido la parte matemática de la obra; el rápido quebranto de su salud frustró sus intenciones, aunque no le impidió acopiar datos. Mariano Felipe se hizo cargo de concluir la obra de su hermano, buscando dar unidad al texto, tema complicado por la inexactitud de los datos oficiales. Tras casi tres años de trabajo, en 1860, se presentó el texto de la “Geografía del Perú”, siendo editado a expensas del Gobierno en 1862; al texto original de Mateo, Mariano Felipe hizo adiciones, además de incorporar un extenso apéndice bibliográfico. Mariano Felipe también decidió aumentar la obra de su hermano con una obra que contuviese los mapas de la República y planos de sus principales ciudades; esa obra, publicada en 1865, fue el célebre “Atlas geográfico del Perú”, primer atlas del Perú republicano, de donde extraemos el mapa de las provincias de Lambayeque y Chiclayo.
LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y CHICLAYO
En 1862, aún no existía el departamento de Lambayeque; este sería recién creado en diciembre de 1874. Sin embargo, sobre la base del territorio del antiguo partido de Saña, se conformaron en tiempos republicanos, dos provincias: Lambayeque y Chiclayo, provincias que formaban parte del departamento de La Libertad. En su “Geografía del Perú”, Mateo Paz Soldán dejó importantes datos sobre dichas provincias.
La provincia de Lambayeque, apuntó Paz Soldán, constaba de diez distritos (Lambayeque, San José, Ferreñafe, Mochumí, Pacora, Mórrope, Jayanca, Motupe, Olmos y Salas). A lo largo de su territorio, existían una ciudad (Lambayeque) y quince pueblos, con ocho curatos (Lambayeque, Jayanca, Ferreñafe, Incahuasi y Cañaris, Mochumí, Olmos, Salas y Penache, y Motupe). Lambayeque era una ciudad pequeña, que había padecido los efectos de las inundaciones (“avenidas” las llamó Paz Soldán) de 1791 y 1828, lo que redujo a su población.
La provincia de Chiclayo tenía catorce distritos (Chiclayo, Monsefú, Eten, Lagunas, Jequetepeque, San Pedro de Lloc, San José de Moro, Chepén, Guadalupe, Pueblo Nuevo, Reque, Saña, Picsi y Chongoyape). A lo largo de su territorio, existían una ciudad (Chiclayo), una villa (Eten), quince pueblos (añadiendo a los distritos, el pueblo de Pacasmayo) y once curatos (Chiclayo, Reque, Eten, Monsefú, Saña, Pueblo Nuevo, Guadalupe, Jequetepeque, San Pedro de Lloc, Lagunas y Chongoyape). Paz Soldán únicamente apuntó que Chiclayo era “ciudad muy aseada”. Pocos años después, en 1864, Pacasmayo, Jequetepeque, San Pedro de Lloc, San José de Moro, Chepén, Guadalupe, Pueblo Nuevo, formarían la nueva provincia de Pacasmayo.
LA ECONOMÍA LOCAL
La mayor parte de las páginas que Paz Soldán consagró a Lambayeque y Chiclayo, se dedican al aspecto económico, alabando la gran variedad y calidad de productos agrícolas de la zona: trigo, arroz, azúcar, maíz, granos de varias clases, frutas, legumbres, cocos, dátiles, tamarindos, tumbos, uvas, piñas, mameyes, melocotones, mangos. La riqueza de la zona se basaba en el tabaco, el arroz, las chancacas, cordobanes, sebos, pieles, azúcar y ganado: “Es tal la feracidad de este país que un grano de arroz produce cincuenta espigas, cada una con doscientos cincuenta granos”. Sin embargo, Paz Soldán no dejó de notar el drama del agua, tema sensible y que podría repararse con una política de irrigación.
El movimiento comercial era importante entre Piura y Lambayeque: una proveía de algodón, cabras y mulas; la otra de productos agrícolas como arroz, maíz y azúcar. De Jaén se traía ganado vacuno; si había buena temporada de aguas, Lambayeque producía ganado porcino para exportar a Guayaquil. Se llevaba alfalfa seca a Lima y se producían exquisitos zapallos, “llamados loche”; además, en Olmos, Paz Soldán apuntó la existencia de una especie de yuca, llamada de monte, de caballo o de cochino, ya que, por la carencia de agua, dichos animales las desenterraban y la usaban por instinto como alimento y bebida. El trigo se cultivaba en Chiclayo, aunque no en cantidades capaces de abastecer a toda la zona, por lo que había que importar harinas de Chile. En Eten, Lagunas y Monsefú, se tejían sombreros, cigarreras y colchas de junco, productos que incluso se exportaban a Chile, al igual que el tabaco, sujeto a un estanco en dicho país.
Cada provincia tenía su propio puerto: Lambayeque tenía a San José y Chiclayo a Pacasmayo. Con los datos que tenía, Paz Soldán hizo un reporte del aumento de exportaciones por San José entre 1840 y 1844, con un promedio de 377 mil pesos de la época; las importaciones entre 1846 y 1847, ascendieron a 201 mil pesos.
Buen observador de las costumbres locales, Paz Soldán no dejó de notar la rivalidad entre Chiclayo y Lambayeque, pero tal animosidad no era “aquella rivalidad de honor y de progreso que tanto interesa para el adelanto de los pueblos y de los hombres; sino desgraciadamente una rivalidad hija de pasiones mezquinas”. Tampoco dejó de notar el polígrafo arequipeño la destreza hípica de los varones de Lambayeque y Chiclayo, ya que era “de donde se abastece el ejército peruano de soldados de caballería”.
Otro detalle, que Paz Soldán consideró “singularidad”, fue el idioma que se hablaba en el “industrioso pueblo” de Eten, donde “no se conocen ociosos”. Sabemos que se trataba del muchic, pero para el polígrafo arequipeño, era “un idioma que nadie en el Perú lo comprende”, explicando la conservación de dicha lengua por la pureza racial, ya que los etenanos “tienen mucho cuidado de no mezclarse”, apuntando luego, que se decía que en Lima, un chino y un vecino de Eten se entendieron perfectamente.
(*) Abogado y docente universitario.
JORGE IZQUIERDO CASTAÑEDA: “EL APORTE DE LAMBAYEQUE A LA INDEPENDENCIA FUE IMPORTANTE E INMEDIATO”
En diciembre del 2020, Lambayeque cumplirá 200 años desde la proclamación de su independencia. La fecha, que debe concitar el júbilo e interés general de la población, servirá también para poner sobre la mesa cuestiones históricas, como la revaloración de los precursores y próceres olvidados, a cuyo ejemplo urge mirar por sus expresiones de civismo y e identidad patriótica.
Expresión conversó con el historiador Jorge Izquierdo Castañeda, permanente estudioso de la gesta independentista de Lambayeque sucedida el 27 de diciembre de 1820, pero además de los pasajes previos y posteriores a dicho acto, que convirtieron a la “Ciudad Evocadora” en la primera en liberarse del yugo español en el norte del país sin presencia del ejército liderado por José de San Martín.
El próximo año se cumplirá el bicentenario de la independencia de Lambayeque, ¿hay tiempo aún para organizar una celebración acorde con tan importante acontecimiento?
Es demasiado tarde, pero algo vamos a hacer y en eso tenemos mucho que ver con Trujillo. Trujillo está celebrando el bicentenario de su independencia (que se cumplirá el 29 de diciembre del 2020) desde hace más o menos siete años, participando sus universidades y sus instituciones civiles. Nosotros, absolutamente nada.
Lo que podemos hacer es entregarle al Concejo Provincial de Lambayeque tres expedientes: uno, de más o menos 120 páginas, del aporte lambayecano al triunfo de la independencia nacional, mucho de ello inédito; la biografía de Juan del Carmen Casós Barrionuevo, un prócer poco conocido e investigado, y otro sobre la presencia de lo Húsares de Junín en Lambayeque.
El aporte de Lambayeque a la causa libertadora, cuando el general San Martín se establece en Huaura, fue notable…
Y fue inmediato.
Se enviaron caballos, milicias, dinero, vituallas, paño…
Todo. La Intendencia de Trujillo era rica, por eso San Martín pasa a Huaura para estar más cerca al norte. Lambayeque era un partido de la Intendencia de Trujillo y fue el primero en declararse independiente. A esa declaración se sumaron Trujillo ciudad, Chiclayo, Ferreñafe, Tumbes y Piura.
Lambayeque aportó mucho: hombres, caballos, vituallas de toda especie, cordobán, jabón para el aseso de las tropas libertadoras. Recordemos que apenas desembarca San Martín en Pisco una epidemia diezmó a las tropas chileno – argentinas que habían llegado con él.
A ello se suma que parte del Ejército Libertador parte con Álvarez de Arenales al sur…
Y fue así como proclamaron su independencia Ica, Nasca, Moquegua, Cerro de Pasco y Huánuco. Esos pueblos se liberaron antes, eso está bien, no hay discusión, pero el primer pueblo en el norte fue Lambayeque y sin presencia del ejército de San Martín.
¿Y entonces por qué la discusión siempre con Trujillo, si la independencia de Lambayeque fue dos días antes que la suya?
Cada vez que ha brotado ese debate Trujillo ha retrocedido. Ya en 1921, para el centenario de la independencia, una comisión de notables lambayecanos llegó a Lima para demostrar de manera inobjetable que Lambayeque proclamó su independencia antes y el tema quedó zanjado.
Hace décadas también hubo discusión respecto a la voluntad de los peruanos por la independencia. ¿Fue una decisión natural o impuesta por los ejércitos de San Martín y Bolívar, como se ha dicho en algún momento?
A fines del siglo XIX muchos historiadores colombianos y venezolanos decían que la independencia se hizo en el Perú sobre un pueblo que no la quería y eso es falso. A lo largo del siglo XVII se produjeron cerca de 23 rebeliones con ciertas características. En el siglo XVIII ni hablar.
Hubo una del coronel José Gómez que intentó tomar el Real Felipe y en ese intento hubo varios participantes. Después de develada la insurrección huyeron tres. De dos se sabe que llegaron a Chile y retornaron con la expedición de San Martín. Todos los historiadores, entre ellos Germán Leguía y Jorge Basadre, han estudiado al respecto. Pero del tercero, llamado Mariano Casas, ¿qué se sabe?
Hace siete años encontré un expedientillo. Mariano Casas llegó a Lambayeque huido de Lima. Se pleiteó con una autoridad aquí, fue a Chiclayo y estuvo apoyando a la causa libertadora por órdenes del entonces gobernador político y militar de Lambayeque, Juan del Carmen Casós Barrionuevo.
Vamos a rescatar esa información, porque incluso hay documentos firmados por él. Ese es uno de los aportes que hace Lambayeque a la historia del Perú.
Otro es el caso de Francisco Santos, que en 1750, tras una rebelión en Lima y Huarochirí, llega al corregimiento de Saña y fue delatado y ahorcado en donde se encuentra hoy la estatua de la libertad en la Plaza 27 de Diciembre de Lambayeque.
JUAN DEL CARMEN CASÓS
Prócer olvidado de la independencia de Lambayeque
Escribe: Jorge Izquierdo Castañeda
Don Juan del Carmen Casós Barrionuevo, fue Sargento Mayor por su Majestad del Regimiento de Infantería de Milicias Disciplinadas de Lambayeque y Chiclayo, grado que ostentaba al momento de la insurrección (27 de diciembre de 1820), además del cargo de regidor perpetuo del ilustre cabildo de Saña en el partido de Lambayeque.
A su mando y órdenes se encontraban los reconocidos próceres lambayecanos don Juan Manuel Aniceto Iturregui Aguilarte, capitán de milicias de caballería de Ferreñafe, y el capitán don Juan Pascual Saco Oliveros, capitán de milicias de infantería del pueblo de Lambayeque, ambos de notable actuación la noche en que Lambayeque juró de facto ser libre de toda opresión, rompiendo con este sublime acto las ligaduras que la ataban al régimen peninsular.
Juan del Carmen Casós Barrionuevo, nació en la ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú. Fue miembro activo del “Club Patriótico” o “Sociedad Secreta” fundada por Juan Manuel Aniceto Iturregui Aguilarte, además de eficaz colaborador de la independencia de Lambayeque.
Producido el revolucionario pronunciamiento contra el régimen español, la memorable noche del 27 de diciembre de 1820, Casós, en su calidad de comandante militar de la plaza, se mantuvo al frente dirigiendo con firmeza el accionar de los patriotas lambayecanos. Fue él, quien comisionó al valiente y entonces capitán de milicias disciplinadas de Lambayeque don Juan Pascual Saco y Oliveros, intimara la rendición de los oficiales realistas del Escuadrón de Dragones acantonado en la casa de la “Aduana”, hoy sede de la Institución Educativa “27 de Diciembre”.
Juan del Carmen Casós, recibió el despacho de general de brigada el 30 de noviembre de 1821, y estaba incluido, en calidad de asociado, a la Orden del Sol desde el 12 de diciembre del citado año, conjuntamente con el prócer lambayecano don José Rivadeneira y Tejada. El 10 de octubre de 1825, Casós, fue condecorado por el Congreso con la “Medalla de Honor del Libertador”, por sus caros servicios prestados a la campaña final de la independencia del Perú.
Fue hijo legítimo de don Juan Carlos Casós, natural de Francia, y de doña María Ángela Barrionuevo, oriunda de la ciudad de Lima. Su padre ostentaba el pomposo título de Médico y Cirujano por su Majestad en todos sus dominios y Teniente de Protomédico por el Real Protomedicato del Supremo Gobierno de este Reino. Radicaba en Lambayeque desde aproximadamente mediados del siglo XVIII, hasta que acaeció su muerte en 1787.
Después de una ardua investigación, hemos comprobado que en todo ese tiempo el médico francés vivió con su familia en la mansión virreinal ubicada en la vereda izquierda de la primera cuadra, saliendo de la plaza principal, de la antigua cuadra del “Cabildo” después calle de “San Roque”, hoy calle “2 de Mayo”, colindante con la vieja esquina denominada, en el siglo XVIII, “del Mascarón”.
Casona virreinal en la que desde, aproximadamente, las cuatro últimas décadas del siglo XIX, viviera también el cónsul de Inglaterra en esta ciudad, don Guillermo Valentín Fry. De ahí que la casa fuera, en su momento, sede del consulado de ese país en Lambayeque.
O sea, y para más detalles, en la casa que adquiriera, a principios del siglo XX, don Augusto Castillo Muro, casado con la poetisa doña Juana Rosa Sime Manuel de Villena, padres del historiador lambayecano Augusto Castillo Muro Sime.
El prócer Juan del Carmen Casós Barrionuevo, dejó de existir en la ciudad de Cajamarca, el 20 de agosto de 1826, a la edad de 72 años. No cabe duda que el tiempo fue el motivo principal para que sus restos no fueron conducidos a Lambayeque, dado lo dificultoso y largo del trayecto. Con esto no se cumplió uno de sus más caros deseos, el de ser sepultado a los pies del retablo de Nuestra Señora de las Mercedes en la iglesia parroquial de Lambayeque. Sus honras fúnebres, se efectuaron el 22 de agosto de 1826, en la iglesia catedral de Cajamarca, conocida también como la iglesia matriz de Santa Catalina o de El Sagrario, situada en el centro de la ciudad, al noroeste de la Plaza de Armas.
RETO DE CARA A SU CENTENARIO: MUSEO BRÜNING COMPROMETIDO CON EL RESCATE DE APURLEC
El complejo arqueológico es amenazado por invasores.
Este año el museo no tuvo presupuesto para investigación.
Tras las investigaciones realizadas en el Complejo Arqueológico Chotuna – Chornacap, el director del Museo Brüning, Carlos Wester La Torre, revela que su compromiso de cara al centenario del recinto es salvar Apurlec, monumento de la cultura Lambayeque ubicado a 10 kilómetros al sur de Motupe y que hoy atraviesa por serias amenazas, debido a la invasión de las comunidades aledañas y el arrojo de basura.
Wester La Torre comenta que trabajan de la mano con el Ministerio de Cultura para poner en valor el complejo monumental de más de 10 mil hectáreas, pues todos los días miles de personas pasan por ese sitio sin tener idea de lo que verdaderamente significa.
Apurlec se encuentra conformado por un conjunto de pirámides, canales troncales y recintos ceremoniales que lo constituyen como uno de los más antiguos centros urbanos de élite.
“En los próximos días vamos a hablar con el alcalde y las diferentes instituciones para desarrollar un plan, pues tenemos que salvar este patrimonio, no por lo que significó en el pasado, sino por lo que constituye para el presente y futuro, ya que puede convertirse en un importante punto de convergencia, aprovechando la movilización de feligreses que genera la fiesta de la Santísima Cruz de Motupe”, sostiene.
La recuperación de Apurlec deberá sumarse al trabajo realizado en Chotuna – Chornacap desde el 2006, complejo arqueológico donde se encontró la tumba de una sacerdotisa, lo cual constituyó un elemento inesperado respecto al rol de las mujeres en el antiguo Lambayeque.
REMODELACIÓN DEL MUSEO
El director del museo señala que con miras a los 100 años de fundación del museo también está contemplada su remodelación mediante una obra que costará 23 millones de soles, según la cifra estimada en la etapa de preinversión por la Unidad Ejecutora 005 - Naylamp.
Afirma que de este monto el Ministerio de Cultura ya ha anticipado para el próximo año 17 millones para las obras de remodelación y mejoramiento, por lo que ahora están próximos a la elaboración del expediente técnico, el cual costará aproximadamente un millón de soles.
Señala que este proyecto tiene dos partes importantes. La primera será la recuperación del edificio, donde se mostrará toda una visión general a partir del contexto arqueológico de cómo se forjó Lambayeque, mientras que la segunda será la construcción de una nueva edificación para mostrar el rol de la mujer, precisamente por los descubrimientos de Chotuna – Chornacap.
“Alguien en algún momento sugirió que deberíamos destruir la infraestructura que tenemos para volverla a hacer, pero eso sería desaparecer la historia y nosotros que estamos formados más bien para preservarla, no podíamos permitir que eso pase. Por eso se trabajará en darle un tratamiento al edificio actual para su recuperación”, asevera.
Explica que el edificio existente se conectará con el nuevo a través de un corredor donde se descubrirá la historia desde Naylamp hasta la sacerdotisa de Chornacap, incluyendo los personajes encontrados en su tumba, para terminar mostrando el poder, género y religiosidad en el pasado.
Añade que también se tiene pensado construir un corredor interno, subterráneo e iluminado que conecte al museo con el parque infantil de Lambayeque.
“Ya que no tenemos más espacio para crecer del que disponemos hoy, creemos importante crecer hacia la ciudad y que mejor que en un espacio público como el parque infantil donde puede promoverse la presencia de artesanos, hacer actividades artísticas y recreativas que complementen al museo”, expresa.
TESOROS DEL MUSEO
Wester La Torre cuenta que el Museo Brüning alberga una colección de casi 20 mil objetos entre cerámica, metales, madera, hueso y tejidos, que en su conjunto concentran una historia de por lo menos cinco mil años, pues empiezan desde el período Temprano, Lítico, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas, teniendo como escenario los valles de Lambayeque.,
Revela además que el museo cuenta con una de las más importantes colecciones de oro en el Perú, la cual precisamente es el legado que Enrique Brüning dejó tras los 50 años que permaneció en Lambayeque.
“Enrique Brüning pudo tranquilamente llevarse su colección a Alemania y hacerse rico allá, pero el presidente Augusto B. Leguía le propuso comprársela para exponerla en el centenario de la independencia, y así se hizo. Hubo una gran muestra en Lima y Brüning donó su casa con el propósito de que al terminar la actividad su colección regrese a Lambayeque”, asegura.
Expone que fue gracias al interés que tuvo Brüning por desarrollar una investigación etnográfica, lingüística y fotográfica (hizo cuatro mil fotos) sobre la historia y costumbres de Lambayeque que el museo ha alcanzado los 98 años, constituyéndose como el más antiguo del departamento.
Da mérito también a los directores que lo precedieron como Óscar Fernández de Córdova, quien en 1964 hizo las gestiones para que la colección de Enrique Brüning pase al local donde se ubican actualmente, el cual fue inaugurado en 1966.
“La casa de Brüning ya estaba vetusta y abandonada, por lo que se construyó un museo con un diseño arquitectónico que obedecía a las exigencias de ese tiempo para albergar su colección. Ya quienes hemos venido después le hemos agregado el componente de la investigación científica al museo”, opina.
Por otro lado, el arqueólogo indica que el año pasado el museo tuvo 40 mil visitantes, cifra que se espera superar en 10 mil al cierre del 2019.
Apunta que solo el 10 de julio, fecha de su nonagésimo octavo aniversario, llegaron dos mil personas, lo cual considera que fue gracias a la difusión que hicieron, pues realizaron activaciones en las que la sacerdotisa de Chornacap aparecía en distintos puntos de la ciudad, así como supermercados, a fin de que la gente se interese en llegar al museo.
Señala que en promedio hay tres mil 500 asistentes por mes al museo, número que debe seguir aumentando con la remodelación del museo y la gratuidad de la entrada el primer domingo de cada mes.
“No podemos seguir pensando que nuestra relación con el museo se limita al valor de un boleto. Tenemos la oportunidad de disfrutar de este patrimonio que desde siempre nos han dicho que es nuestro, pero a veces por falta de recursos económicos no hemos podido apreciar, por eso creo que es acertado que el primer domingo de cada mes sea gratis el acceso”.
En esa misma línea, Wester La Torre señala que el presupuesto que reciben de 500 mil soles al año es insuficiente, pues este monto solo alcanza para mantener los servicios básicos del museo y el personal que trabaja allí (19 personas, entre ellas cuatro arqueólogos). Todo lo demás debe conseguirse a través de gestiones.
“Un museo no es un negocio en el cual cada año se van a repartir utilidades, es una empresa cultural donde la rentabilidad se mide por el nivel de satisfacción y educación que reciben los visitantes, así como el desarrollo que generan en el área de periferia”, comenta.
Indica que existe un presupuesto de investigación que se canaliza a través de la inversión pública que este año no ha sido asignado para el museo, lo cual no ha sido impedimento para continuar con las investigaciones que han realizado, pues para eso está el ingenio de los directores de las instituciones: para conseguir recursos de entes privados.
Reconoce que, si bien el presupuesto es insuficiente, en los 13 años que tiene la Unidad Ejecutora el Estado ha invertido más de cien millones de soles en cultura, algo nunca antes visto en la vida republicana.
“Probablemente hoy digamos que el presupuesto no alcanza, pero destaco la voluntad que existe para asignar recursos. Este año no hemos recibido ni un centavo para investigación, pero no importa, aquí seguimos haciendo la lucha porque la inversión en cultura es retornable en muchos otros aspectos”, señala.
Cuenta que hoy el museo también ha diversificado sus actividades, contando con un taller de danzas, un elenco propio, capacitación para que alumnos de cuarto y quinto de secundaria se conviertan en orientadores turísticos, charlas a profesores, entre otras.
“También estamos trabajando con los alcaldes de Jayanca, Íllimo y Motupe para actividades que tienen que ver con la investigación y promoción del patrimonio. Ya hoy el museo no es las cuatro paredes y los objetos maravillosos que guarda. Fuera del museo hay todo un conjunto de actividades que debemos promover”, sentencia.

References: artículo 109
 artículo 109
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6