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Timestamp: 2019-05-19 16:46:35+00:00

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Resolución de TEAF Navarra, 980390-980534, 15-10-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980390-980534 de 15 de Octubre de 1999
Se pretende exención de la totalidad de cantidades abonadas por finalización de relación laboral consecuencia de expediente de regulación de empleo, ya que fueron fijadas en Convenio Colectivo, y si no se reconociera la exención, se consideren renta irregular. El Órgano concluye que, únicamente está exenta la parte de indemnización obligatoria según el ET, ya que, el acuerdo que dio origen al cobro de complementos, se produjo en el marco de un expediente de regulación de empleo que no puede equipararse a un Convenio Colectivo con fuerza normativa, no siendo aplicable la exención establecida para cuantías pactadas en Convenio Colectivo, además de que no puede acordarse por éstos, cuándo una indemnización está exenta o no. Así, el Órgano estima procedente el gravamen de los complementos abonados, que se devengan cada año y, que deberán considerarse renta regular.
Gravamen de complementos acordados en expediente de regulación de empleo y su consideración como renta regular.
Examinado recurso interpuesto por Don (?), con D.N.I. nº (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1996.
PRIMERO.- El interesado presentó su reglamentaria autoliquidación (número (?)/96) por el Impuesto y año de referencia en (?) de mayo de 1997.
SEGUNDO.- Practicada liquidación provisional modificativa de aquella autoliquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, viene ahora el interesado a interponer el presente recurso ante este Organo mediante escritos presentados con fechas (?) de febrero de 1998 y (?) de junio de 1998, con la pretensión de que sean declaradas exentas de gravamen en su totalidad las cantidades que le fueron abonadas durante el año 1996 por la empresa (AAA) en concepto de finalización de su relación laboral, puesto que las tales fueron fijadas en Convenio Colectivo y, solicitando, de modo subsidiario para el caso de que tal exención no sea reconocida, su consideración como renta irregular.
SEGUNDO.- A la vista de los documentos obrantes en el expediente se deduce que las cantidades cuya tributación es objeto de la presente controversia le fueron satisfechas al interesado por la empresa (AAA) con motivo de la finalización de su relación laboral con la misma como consecuencia de expediente de regulación de empleo.
El expediente de regulación de empleo tiene, en cambio, un muy distinto origen y finalidad, lo que lo diferencia claramente del convenio colectivo. Dicho expediente de regulación de empleo tiene su origen en la existencia de una situación económica o tecnológica de extrema gravedad que provoca la extinción de relaciones de trabajo. Por tanto, nos encontramos ya con que el origen del expediente de regulación de empleo se halla en un elemento o factor externo ajeno a la simple voluntad de negociar condiciones de trabajo, cual es la extrema gravedad de la situación económica o tecnológica de la empresa. Tampoco se negocian en el expediente de regulación de empleo las condiciones generales de trabajo, sino que el Estatuto de los Trabajadores establece simplemente (artículo 51.3) la obligación del empresario de abrir un período de discusión y consultas con los representantes de los trabajadores, exclusivamente relacionado con la materia propia del expediente de regulación de empleo, es decir, con la extinción de las relaciones laborales de que se trate, de tal modo que si tal período consultivo finaliza con acuerdo de las partes (artículo 51.5), éste se elevará a la autoridad laboral a fin de que ésta otorgue su aprobación. Este es precisamente el único punto de conexión que puede hallarse entre el convenio colectivo y el expediente de regulación de empleo: la existencia de una negociación entre el empleador y la representación de los trabajadores. Sin embargo, ello no legitima para concluir que existe identidad de naturaleza entre ambas figuras, puesto que como hemos visto su contenido y su origen son esencialmente diferentes. Es decir, no puede identificarse todo proceso de negociación colectiva entre empleador y representantes de los trabajadores con convenio colectivo, sino que existen figuras que respondiendo a los esquemas de la negociación colectiva no dan lugar a convenios colectivos. Uno de los elementos reveladores de la imposibilidad de identificar, en concreto, el convenio colectivo con el expediente de regulación de empleo a efectos de su naturaleza jurídica, se halla precisamente en la propia sistemática del Estatuto de los Trabajadores, ya que al convenio colectivo se le dedica el título III de dicho cuerpo legal (artículos 82 a 92), bajo la rúbrica "de la negociación y de los convenios colectivos", mientras que el expediente de regulación de empleo tiene su acomodo en la sección 4ª ("Extinción del contrato") del capítulo tercero ("Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo") del título I ("De la relación individual de trabajo").
Pues bien: la redacción del artículo 10.c) de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, antes transcrita no nos autoriza a ir más allá en el entendimiento de la expresión "convenio colectivo", por lo que la indemnización pactada en expediente de regulación de empleo no puede entenderse exenta más allá del estricto límite que marca el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores.
En definitiva, que el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores y que dio origen al cobro por el recurrente de determinados complementos satisfechos por aquélla y cuya exención o no es aquí discutida, se produjo en el marco de un expediente de regulación de empleo (nº (?)/92), de forma que no puede ser equiparado a un Convenio colectivo con fuerza normativa, no siéndole aplicable, en consecuencia, el artículo 10 de la Ley Foral del Impuesto.
SEXTO.- En nada afecta a lo dicho hasta ahora que el Convenio Colectivo de (BBB) (antigua (CCC)), publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha (?) de mayo de 1998, disponga expresamente en su artículo 63 que "al personal que cause baja en la empresa como consecuencia de expediente de regulación de empleo número (?)/92, y que tengan domicilio fiscal en la Comunidad Foral de Navarra, le será de aplicación lo establecido en la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, en su artículo 10, apartado c). En el anexo XIII se recogen las condiciones del Acuerdo sobre cobertura socio laboral para los trabajadores excedentes del Plan de Competitividad de la Corporación de la Siderurgia Integral."
Dicha mención carece por sí sola de toda virtualidad a los efectos de lograr la pretendida exención de las indemnizaciones derivadas del mencionado expediente de regulación de empleo ya que se trata de un pacto que está fuera del contenido negocial posible, puesto que se trata de materia indisponible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor "la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos o convenios no surtirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas". Es decir, el convenio colectivo no puede establecer cuándo una indemnización por despido o cese está o no exenta, hasta el punto de que han de tenerse por no puestas en el convenio colectivo cláusulas del tenor de la que es objeto de nuestro examen. Lo que sí puede hacer el convenio es establecer el derecho de los trabajadores a percibir unas determinadas indemnizaciones en estos supuestos de despido, en cuyo caso ya vendrán las normas tributarias a determinar conforme a su propia metodología calificatoria (artículo 25 de la Ley General Tributaria) si las tales indemnizaciones se hallan exentas o no según lo dispuesto en el tantas veces citado artículo 10.c) de la Ley Foral 6/1992. En definitiva, no se puede pretender "a posteriori" (es decir, a través del precepto del convenio a que más arriba hemos aludido) mudar la naturaleza de las cosas, sino que los hechos y actos jurídicos deben calificarse con fundamento en las circunstancias que los rodearon al tiempo de su surgimiento. Ello nos impide, por tanto, atender esta pretensión del interesado.
SEPTIMO.- Una vez vista la procedencia de que sean sometidas a gravamen las cantidades percibidas de la empresa por el interesado como consecuencia de finalización de su relación laboral con la misma con motivo de expediente de regulación de empleo, y ello en la medida en que tales cantidades excedan de la indemnización establecida con carácter obligatorio en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores para tales casos ("veinte días por año de servicio... con un máximo de doce mensualidades"), la siguiente cuestión a analizar es si tales percepciones sujetas y no exentas deben ser calificadas a efectos de su integración en la base imponible como rentas regulares o irregulares.
La Sección gestora consideró que dicho rendimiento de trabajo era de carácter regular ya que el interesado lo percibía regular o fraccionadamente desde la fecha de cese hasta alcanzar la edad de jubilación. Por su parte, el recurrente entiende que se trata de una renta irregular generada durante los años en que permaneció en la plantilla de la empresa sometida al proceso de reconversión.
Pues bien, para determinar el carácter regular o irregular de las cantidades percibidas por el interesado como consecuencia de su cese en la empresa es preciso tener en cuenta que se trata de "complementos" abonados por la empresa a cada trabajador desde el momento en que cesan en la empresa con rescisión del contrato de trabajo y durante su permanencia, sucesivamente, en las situaciones de desempleo y jubilación anticipada hasta acceder finalmente a la jubilación reglamentaria. Es decir, la empresa complementa al trabajador las prestaciones reglamentarias por desempleo de nivel contributivo, los subsidios por desempleo de nivel asistencial (cuando se agotan las prestaciones por desempleo y hasta alcanzar la edad de 60 años) y las ayudas equivalentes a la jubilación anticipada (desde el fin de las prestaciones y subsidios anteriores y hasta alcanzar la jubilación reglamentaria). Finalmente, al acceder a la jubilación reglamentaria el trabajador pasa a percibir la pensión que le corresponda recibiendo, además, de la empresa la indemnización por tanto alzado pactada que proceda en función de su retribución, edad y año de salida. Por lo tanto la percepción de tales complementos tiene la finalidad de garantizar al trabajador el mantenimiento de un determinado nivel adquisitivo, de forma que su percepción se vincula al mantenimiento del trabajador en alguna de las situaciones a las que aquellos complementan. Por ello ha de entenderse que dichos complementos son percepciones que se devengan cada año, al estilo de lo que sucede con los salarios, prestaciones por desempleo o pensiones de jubilación, lo que conlleva su consideración como rendimientos regulares.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso interpuesto por Don (?)contra liquidación (número (?)/96) practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1996, quedando dicha liquidación confirmada en sus propios términos, de forma que los complementos percibidos durante tal ejercicio por el interesado de la empresa (AAA) por la extinción de su relación laboral como consecuencia de expediente de regulación de empleo deben quedar plenamente sometidos a gravamen como rendimientos regulares de trabajo no exentos al exceder del límite exento previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Sentencia Social Nº 227/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 5, Rec 5296/2009, 25-03-2010
Orden: Social Fecha: 25/03/2010 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Hernani Fernandez, Maria Begoña Num. Sentencia: 227/2010 Num. Recurso: 5296/2009
Sentencia Social Nº 884/2007, TSJ Madrid, Rec 2954/2007, 30-10-2007
Orden: Social Fecha: 30/10/2007 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ruiz Pontones, Manuel Num. Sentencia: 884/2007 Num. Recurso: 2954/2007
Sentencia Social Nº 2089/2004, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1249/2004, 22-10-2004
Orden: Social Fecha: 22/10/2004 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Hernandez Vitoria, Maria Jose Num. Sentencia: 2089/2004 Num. Recurso: 1249/2004

References: Resolución 
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 63
 artículo 10
 artículo 36
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 51