Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2016/03/registro-oficial-no-718---miercoles-23-de--marzo-de-2016-tercer-suplemento
Timestamp: 2020-07-14 02:26:10+00:00

Document:
Registro Oficial No 718 - Miércoles 23 de Marzo de 2016 Tercer Suplemento
Última modificación: Martes, 10 de mayo de 2016 | 18:43
Miercoles 23 de Marzo de 2016 - R. O. No. 718
946 Nómbrese al señor CRNL. EMT. AVC. Jaime Ernesto Gudiño Fierro, Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú
950 Expídese el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
952 Transfiérese a título gratuito a BANECUADOR B.P., los activos y pasivos de los que sea titular y las cuentas patrimoniales del Banco Nacional de Fomento
953 Asciéndese al grado de General Superior a General Inspector Diego Alejandro Mejía Valencia
954 Dese de baja de las filas de la institución policial por solicitud voluntaria al Coronel de Policía de E.M. Luis Patricio Ramírez González
955 Dese de baja de las filas de la institución policial por solicitud voluntaria al Coronel de Policía de E.M. Enrique Fernando Suárez Salazar
0001-CNC-2016 Regúlense las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas
0002-CNC-2016 Incorpórense a la ?Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región Norte?, por adhesión, a varios gobiernos autónomos descentralizados municipales pertenecientes al modelo de gestión A
- Cantón Las Naves: Que expide la Primera reforma a la Ordenanza que regula la estructura tarifaria y el cobro de tasas por la prestación de los servicios de agua potable
- Cantón Palora: Que expide la Tercera reforma a la Ordenanza sustitutiva general normativa para la determinación, gestión, recuadación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas
Que el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en sesión efectuada los días 1 y 9 de julio de 2015, resolvió seleccionar al señor CRNL. EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa, de conformidad con lo que estipula el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que establece como una de las atribuciones del Consejo de Generales o Almirantes de Fuerza, letra d) ?Seleccionar y calificar a los oficiales para el desempeño de las funciones de agregados militares, adjuntos y representantes ante organismos internacionales, de conformidad con el reglamento.?;
Que con oficio N° FA-EI-3h-D-2016-0296-o de 04 de febrero de 2016, el señor Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, remite al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el trámite mediante el cual solicita se nombre al señor CRNL. EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú, con sede en la ciudad de Lima;
Que con oficio N° 16-G-1-a1-48 de 11 de febrero de 2016, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, remite al señor Ministro de Defensa Nacional, el expediente del nombramiento del señor CRNL. EMT. AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú, con sede en la ciudad de Lima, del 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018. Reemplaza al señor CRNL-EMC. AVC. GABRIEL MARCELO GARCIA URBINA, cuyo período de gestión concluye el 28 de febrero de 2016; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;
Art. 1. Nombrar al señor CRNL. EMT AVC. JAIME ERNESTO GUDIÑO FIERRO, como Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en la República del Perú, con sede en la ciudad de Lima, del 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, en reemplazo del señor CRNL-EMC AVC. GABRIEL MARCELO GARCIA URBINA, cuyo período de gestión concluye el 28 de febrero de 2016.
Art. 2. El mencionado señor oficial percibirá las asignaciones económicas determinadas en el Reglamento pertinente, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, sección Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de marzo de 2016.
Quito 17 de Marzo del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que el numeral segundo del artículo 18 de la Constitución de la República establece que es derecho de todas las personas el acceso a la información generada en instituciones públicas, o privadas que manejen fondos públicos o realicen funciones públicas además del derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;
Que el numeral 19 del artículo 66 de la Carta Fundamental garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva y a la protección de datos de carácter personal, el cual incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección;
Que el artículo 265 ibídem dispone que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades;
Que en el Registro Oficial Suplemento número 162, del 31 de marzo del 2010, consta publicada la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la misma que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como la eficiencia y eficacia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías;
Que para lograr el fin antes indicado, y la plena operatividad del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, es necesario expedir las regulaciones necesarias para la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; y,
En uso de la atribución que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República,
REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS
DEL OBJETO, ÁMBITO, SISTEMA NACIONAL
DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS Y DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE
Art. 1.- Objeto y Ámbito.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar y aplicar las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que crea y establece las normas de funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y es de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas que actualmente o en el futuro administren registros o bases de datos públicos sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y los usuarios de los registros o bases de datos públicos del país y los que consten en los consulados del Ecuador en el extranjero.
Además, tiene por objeto emitir las disposiciones para regular y controlar el correcto funcionamiento de los Registros Mercantiles y Registro de Datos Crediticios; y, reglamentar, auditar y vigilar, de manera concurrente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la actividad registral de los Registros de la Propiedad y de los Registros de la Propiedad con facultades y funciones mercantiles.
DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE
Art. 2.- El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.- Está conformado por las instituciones públicas y privadas determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y las que en el futuro determine, mediante resolución, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, en ejercicio de sus competencias.
Art. 3.- Garantía de resguardo de la información.- El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos velará porque los datos públicos contenidos en los entes registrales estén debidamente protegidos, a cuyo efecto, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, en cualquier momento, podrá adoptar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema, así como para resguardar los archivos, registros, bases de datos, equipos e instalaciones.
Art. 4.- De la incorporación de los entes registrales al Sistema.- El Director Nacional de Registro de Datos Públicos, previa resolución motivada, podrá disponer que se incorporen al Sistema, aquellos registros públicos no previstos expresamente en la Ley.
La resolución de incorporación podrá expedirse una vez que se verifique lo siguiente:
Que se trate de base de datos que contengan un registro relativo a las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, o la celebración de actos y contratos sobre los mismos, o al cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado o sus instituciones; y,
Que se trate de registros administrados por instituciones del sector público o privado que brinden servicios a la ciudadanía.
En su resolución, el Director indicará si los datos que constan en los registros que se incorporan al Sistema son accesibles o confidenciales y les dará la protección que corresponda según dicha clasificación. Este estatus podrá ser modificado, previa resolución motivada, en cualquier tiempo, de acuerdo a las circunstancias del momento, pero siempre dentro del marco jurídico vigente.
Art. 5.- Responsables de las bases de datos.- El responsable de la información correspondiente a los entes registrales es la máxima autoridad de cada una de las instituciones. Los entes del Sistema deberán comunicar a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos el nombre del funcionario que gestione la base de datos. En ningún caso el ente registral podrá estar sin un delegado institucional, que será el responsable de la administración de las bases de datos públicos y su correcto funcionamiento.
Para tal efecto, los entes del sistema deberán remitir dicha información en los términos que emita la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos mediante resolución; y, su incumplimiento acarreará las sanciones determinadas en la Ley y el presente Reglamento.
Art. 6.- Obligaciones de los entes registrales.- Los entes del sistema, además de las atribuciones y funciones previstas en sus propias leyes, tienen las siguientes:
Acatar y observar las resoluciones y disposiciones que expida la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para la interconexión e interoperabilidad de las bases de datos, sistemas, aplicaciones o componentes tecnológicos, para el correcto funcionamiento de la plataforma del Sistema;
Almacenar, conservar, custodiar, usar, velar por la seguridad e integridad de la información que se mantiene en sus registros; y,
Proporcionar información veraz y actualizada mediante la interoperabilidad de los datos o registros que se generen en su actividad, debiendo cumplir las resoluciones que para el efecto dicte la Dirección Nacional.
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE
Art. 7.- Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.- Es la entidad que preside el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, responsable de la gestión, administración y cumplimiento de sus objetivos.
Para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera. Para el ejercicio de la administración desconcentrada, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos podrá establecer las oficinas que fueren necesarias a nivel nacional, a cargo de directores con atribuciones expresamente delegadas por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 8.- Órganos técnicos y administrativos.- El Director Nacional de Registro de Datos Públicos aprobará el Estatuto Orgánico Funcional, que contendrá la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la misma que estará integrada por las unidades administrativas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus fines.
En la estructura orgánica de la entidad se incluirán los mecanismos de desconcentración de funciones necesarios para el adecuado cumplimento de sus competencias a nivel nacional.
Art. 9.- Regulación y control.- Sin perjuicio de las competencias que ejercen los entes de control, definidos en la Constitución de la República, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es el órgano de regulación, control, auditoría y vigilancia de todos los integrantes del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en torno a la interoperabilidad de datos.
La regulación, control, auditoría y vigilancia comprenden todas las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad del servicio. Las decisiones administrativas internas de cada ente registral corresponden exclusivamente a sus autoridades, pero la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos arbitrará las medidas que sean del caso cuando perjudiquen la disponibilidad de los servicios.
Art. 10.- Funciones del Director Nacional de Registro de Datos Públicos.- Son funciones del Director Nacional de Registro de Datos Públicos, a más de las señaladas en la Ley y este Reglamento, las siguientes:
Conocer y resolver las peticiones, reclamos y recursos que se propongan, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley;
Preparar estudios y propuestas sobre reformas legales y reglamentarias que requiera el Sistema para su correcto funcionamiento, y ponerlos en consideración de los órganos encargados de aprobarlas;
Aprobar y expedir normas internas, reglamentos y manuales que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección, así como las normas de aplicación general y particular para el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos;
Emitir las resoluciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema;
Aprobar la proforma del presupuesto de los Registros Mercantiles y del Registro de Datos Crediticios;
Determinar los servicios de referencias crediticias, análisis de historial crediticio, servicios auxiliares y complementarios relacionados con el análisis, recopilación de información crediticia y de obligaciones de los titulares;
Fijar los aranceles que se cobrarán por los servicios que brinde el Registro de Datos Crediticios y los Registros Mercantiles;
Ordenar la publicación de la lista de registros públicos de datos para conocimiento de los usuarios;
Impulsar, promover, proteger y difundir el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente en lo referente al acceso a la información y a la protección de datos públicos de carácter personal;
Sancionar a los infractores de la normativa registral según su competencia; y,
Determinar mediante resolución las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de la interoperabilidad.
DE LA PROTECCIÓN Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y DE LA FICHA DE REGISTRO
ÚNICO DEL CIUDADANO
PROTECCIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Art. 11.- Principios para el tratamiento de datos personales.- Todo tratamiento de datos públicos que se haga por parte de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y en general, por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que mantuvieren o administren por disposición legal información registral de carácter público, deberá observar los siguientes principios:
Principio de veracidad o calidad de los datos personales.- La información contenida en los registros o bases de datos públicos o privados debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Principio de finalidad.- El tratamiento de datos personales debe responder a una finalidad legítima, de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley.
Principio de utilidad.- El acopio, procesamiento y divulgación de los datos personales deben cumplir una función determinada que sirva a la finalidad que persiga el registro del dato.
Principio de incorporación.- Cuando de la inclusión de datos personales en determinadas bases se deriven situaciones ventajosas para el titular, la entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exige para tales efectos, de tal forma que queda prohibida negar la incorporación injustificada a la base de datos.
Principio de rectificabilidad.- Los datos públicos registrados son susceptibles de rectificación o supresión en los casos y con los requisitos previstos por la Ley y el presente Reglamento.
Principio de responsabilidad.- La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrales, es responsabilidad del declarante, cuando éste provea la información; sin perjuicio de los mecanismos de verificación que implemente la Institución ante quien se efectúe la declaración
Art. 12.- Rectificación, actualización, eliminación y anulación de datos.- Sin perjuicio de las demás acciones previstas en el ordenamiento jurídico, toda rectificación, actualización o eliminación de los datos que consten en los registros públicos únicamente podrá ser solicitada por el titular de los mismos, quien deberá presentar los documentos que justifiquen la modificación exigida. La solicitud deberá presentarse directamente a la entidad de la que provenga el dato cuyo cambio se exige.
La entidad a la que se solicite la rectificación, actualización o eliminación, sea ésta pública o privada, deberá atender la solicitud en un plazo máximo de 15 días. La negativa deberá estar debidamente fundamentada con los argumentos de hecho y de derecho que corresponda.
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos no podrá, por sí misma, rectificar, actualizar, eliminar o anular ningún dato; únicamente lo hará cuando el registro público correspondiente lo haya hecho previamente y luego de las verificaciones que correspondan.
No obstante lo antes mencionado, las actualizaciones de los datos podrán realizarse de manera directa por parte de los registros públicos, cuando éstos actúen en uso de sus atribuciones legales, y siempre que puedan demostrar, con documentos oficiales o declaraciones de los titulares de los datos, la actualización realizada.
Mientras esté en curso una petición de rectificación, actualización o eliminación, la entidad responsable del tratamiento de los datos públicos deberá hacer constar dicho particular en los documentos que emita en relación con la información sujeta a rectificación.
Art. 13.- De la seguridad de la información.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, de conformidad con la ley, expedirá las normas técnicas que contengan los estándares, mecanismos y herramientas para precautelar la seguridad, custodia y conservación de la información accesible y confidencial.
La integridad y protección de los registros de datos públicos es responsabilidad de las instituciones del sector público y privado, a través de sus representantes legales y las personas naturales que directamente los administren.
Art. 14.- Interoperabilidad.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos realizará las acciones necesarias para que todas las bases de datos de los registros públicos que integran el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, interoperen entre sí, con las respectivas seguridades tecnológicas, con la que brindará los servicios tanto a la ciudadanía como a las instituciones.
Art. 15.- De la administración de la información de las fuentes propias y externas.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos estandarizará y administrará la información de las fuentes propias y externas, para lo cual todos los integrantes del sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea para proyectos y servicios de información.
FICHA DE REGISTRO ÚNICO
Art. 16.- Ficha de Registro Único del Ciudadano.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, usando la información determinada como accesible, recibida de los entes registrales que forman parte del Sistema, gestionará la Ficha de Registro Único del Ciudadano, en la que constarán compilados los datos accesibles que consten en los distintos entes registrales.
La Ficha estará disponible para todos los usuarios a través del portal informático creado para el efecto, que deberá contar con altos niveles de seguridad para la protección de la información, o por medios físicos.
Art. 17.- Del acceso y uso de la Ficha Única de Registro Público del ciudadano.- La Ficha de Registro Único del Ciudadano será administrada exclusivamente por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que será la encargada de la información que en ella se recabe y de su seguridad.
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos concederá a las embajadas y consulados ecuatorianos en el exterior, accesos para el uso de la Ficha de Registro Único del Ciudadano, a fin de que los migrantes puedan acceder a sus datos personales.
Así mismo, podrán concederse accesos de uso de la Ficha de Registro Único del Ciudadano a instituciones públicas, ya sea para uso interno de la institución, para la prestación de los servicios que brinda a la ciudadanía o para que a su vez puedan entregar los certificados físicos de la Ficha de Registro Único del Ciudadano a quienes lo solicitaren, previa autorización de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
De igual manera, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos podrá conceder accesos de uso de la Ficha de Registro Único del Ciudadano a instituciones privadas, siempre que cumplan con los requisitos que se determinen reglamentariamente y cancelen los valores por el acceso a dicha información.
En ambos casos, únicamente se otorgarán accesos a los datos que tengan relación con las funciones propias de la entidad pública o privada que solicita el acceso.
En ningún caso, los accesos de uso facultarán a los usuarios para rectificar, actualizar, eliminar o anular datos, ni para cederlos, venderlos o publicarlos, y únicamente se los podrá divulgar a terceros, cuando se trate de datos cuya publicación no esté prohibida por la Ley.
DE LOS ENTES REGISTRALES
Art. 18.- Registros de la Propiedad.- Las ofi cinas del Registro de la Propiedad son dependencias públicas desconcentradas, con autonomía registral y administrativa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución de la República, se administran de manera concurrente entre el Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y las municipalidades
Art. 19.- Administración concurrente.- Las municipalidades dentro de la administración concurrente de los Registros de la Propiedad, serán las encargadas de su organización administrativa, mientras que será competencia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la producción de normas y directrices respecto a su funcionamiento a nivel nacional, en áreas tales como la fijación de estándares generales para la implementación de sistemas informáticos en los registros, la determinación de procedimientos informáticos para los trámites registrales, la cooperación de los registros con instituciones del Estado que requieran información por mandato judicial o de Ley y el uso de herramientas informáticas públicas para la simplificación de trámites ciudadanos y de los procesos administrativos.
Art. 20.- De los concursos de mérito y oposición.- El concurso de mérito y oposición para la designación de los Registradores de la Propiedad a nivel nacional, será llevado a cabo por la municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana, en base a la reglamentación que sobre dicho concurso expida la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 21.- Registros Mercantiles.- Las ofi cinas del Registro Mercantil que funcionen separados de los Registros de la Propiedad son dependencias públicas, desconcentradas, con autonomía registral, creadas mediante resolución del Director Nacional de Registro de Datos Públicos, considerando el volumen de la actividad mercantil, las necesidades propias de la prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía y la disponibilidad del fondo de compensación.
Art. 22.- De la eliminación, supresión y/o unificación de Registros Mercantiles.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, considerando los respectivos estudios técnicos, financieros y jurídicos de las coordinaciones o direcciones correspondientes de esta institución, podrá crear, unificar o suprimir Registros Mercantiles. La creación o unificación de Registros Mercantiles se la hará en función de las jurisdicciones cantonales que sean contiguas.
Art. 23.- De la destitución.- Serán destituidos los Registradores Mercantiles cuando luego del debido proceso, se constate fehacientemente, sin perjuicio de otras causales de destitución que determine la ley que regula el servicio público, que como resultado de su acción u omisión se impida o dificulte la conformación, integración, funcionamiento, desarrollo u organización del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, de acuerdo a los requerimientos determinados en la Ley.
El procedimiento para la destitución de los Registradores Mercantiles será el que regula la Ley Orgánica de Servicio Público para el sumario administrativo, en todo lo que no se oponga al presente Reglamento.
La resolución que tome el Director Nacional de Registro de Datos Públicos deberá ser motivada, conteniendo una mención concreta de las acciones u omisiones en que hubiere incurrido el Registrador, así como las afectaciones sufridas en la conformación, integración, funcionamiento, desarrollo u organización del SINARDAP, según sea el caso.
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS REGISTROS
DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE LA
PROPIEDAD CON FACULTADES Y FUNCIONES MERCANTILES
Art. 24.- De la reelección de registradores.- Las Registradoras o Registradores que quisieran ser reelegidos por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, deberán participar en el concurso de méritos y oposición, y lograr las calificaciones necesarias para su reelección.
Art. 25.- Actos de los registros que integran el Sistema.- Los actos emanados por los registros e instituciones que integran el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos se rigen por sus leyes respectivas. En ningún caso, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos actuará como ente de revisión de tales actos ni podrá resolver impugnaciones en relación con los mismos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 26.- Transferencia de registros.- Al término de sus funciones, la persona a cargo del Registro de la Propiedad, Mercantil o de la Propiedad con funciones y facultades mercantiles, entregará al Registrador nombrado las bases de datos, el archivo documental, los sistemas informáticos y demás información necesaria para el correcto funcionamiento de los precitados Registros, en los términos que determine el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.
La devolución de las cauciones que se hayan rendido se producirá en cuanto se suscriba la respectiva acta de entrega recepción del Registro, de conformidad con la Ley, o cuando hayan transcurrido 90 días desde la fecha de la transferencia sin que medie reclamos en relación con la información entregada.
Art. 27.- Representación legal.- La representación de las ofi cinas del Registro Mercantil, de la Propiedad y de la Propiedad con funciones y facultades mercantiles, en los términos y límites previstos en la Ley, será ejercida por las personas designadas como sus titulares.
Art. 28.- De los requisitos para ser Registrador de la Propiedad, Mercantil o de la Propiedad con funciones y facultades mercantiles.- Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, deben cumplir los requisitos previstos en la normativa legal vigente y demás disposiciones que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dicte para el efecto.
No podrán ser Registradores quienes se encuentren inmersos en las prohibiciones e inhabilidades para este cargo previstos en la Ley.
Art. 29.- Del encargo de los Registros.- En caso de ausencia temporal del titular de un Registro de la Propiedad o Mercantil, por un tiempo máximo de sesenta días, será reemplazado por la persona que decida la autoridad nominadora, quien deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.
Cuando la ausencia del Registrador fuere definitiva o se extendiere por más de sesenta días calendario, la respectiva autoridad nominadora dará inicio inmediato al proceso para la designación del titular, debiendo encargar la dependencia registral hasta tal designación.
Los Registradores de la Propiedad, de la Propiedad con funciones y facultades Mercantiles y Registradores Mercantiles encargados, continuarán en el ejercicio de sus encargos hasta ser legalmente reemplazados.
Art. 30.- De las cauciones.- El titular de cada Registro Mercantil, para responder por el fiel cumplimiento de los deberes de la institución a su cargo, deberá presentar una caución que consistirá en una póliza de seguro de fidelidad tipo blanket o abierta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Cauciones emitido por la Contraloría General del Estado, que deberá cubrir a todo el personal que preste sus servicios en el registro bajo cualquier modalidad contractual.
Art. 31.- De los aranceles.- El valor de los aranceles por concepto de actividades mercantiles que se realicen en los Registros Mercantiles serán los que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos determine mediante resolución.
Para el caso de las actividades que se realicen en el Registro de la Propiedad, será el Municipio de cada cantón, en base al respectivo estudio financiero, el que establezca anualmente la tabla de aranceles por los servicios que preste.
Los registros se autofinanciarán con los aranceles que cobren por sus servicios.
Art. 32.- Informe y transferencia de remanentes.- Los valores por concepto de remanentes de la actividad registral mercantil, efectuada por los Registros Mercantiles del país, deberán remitirse de forma cuatrimensual, en la forma que determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que verificará que las respectivas transferencias guarden relación con la contabilidad y el Informe de Remanente.
De estimarlo necesario, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos podrá requerir mediante oficio, se le remita copia certificada de los respectivos sustentos contables y más detalles complementarios que hayan servido de insumo para la elaboración del Informe de Remanentes. De producirse, el requerimiento deberá ser atendido en un plazo no mayor a quince días.
Art. 33.- Sanciones por incumplimiento.- Sin perjuicio de las medidas que puedan ser tomadas por la Contraloría General del Estado, ante las irregularidades que pudieren presentarse en los Informes de Remanentes y/o en las transferencias de dichos remanentes, el incumplimiento de lo dispuesto en esta norma será considerado como un hecho que dificulta el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, por lo cual la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos aplicará las medidas y/o sanciones que estén en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y de este Reglamento.
Art. 34.- Potestad sancionadora.- El Director Nacional de Registro de Datos Públicos tiene la facultad de sancionar a los titulares de los Registros Mercantiles y Registro de Datos Crediticios por el incumplimientos o violación de las prescripciones legales y reglamentarias que regulan el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 35.- Sanciones por los Gobiernos Locales.- En el evento en que existan indicios suficientes de incumplimientos a la Ley, este Reglamento y las normas emitidas por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos respecto a la actividad de las oficinas registrales, cometidos por los titulares de los Registros de la Propiedad, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, de oficio o a petición de parte, luego de llevado a cabo el procedimiento de verificación correspondiente, deberá emitir un informe que determine el tipo de incumplimiento cometido, que será puesto en conocimiento del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en cuya jurisdicción se encuentre la ofi cina registral, junto con el expediente administrativo, a fin de que éste, como autoridad nominadora de los registradores de la propiedad, inicien las acciones que correspondan.
DEL REGISTRO DE DATOS CREDITICIOS
DEL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DEL
Art. 36.- Registro de Datos Crediticios.- El Registro de Datos Crediticios tiene la finalidad de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis de historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y de la información que mantenga la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en su sistema.
Gozará de autonomía registral y administrativa, y, por ende, podrá realizar actos, celebrar contratos y ejercer derechos, requeridos para el cumplimiento de su finalidad.
Art. 37.- Atribuciones del Registro de Datos Crediticios.- A más de las establecidas en la Ley, serán atribuciones del Registro de Datos Crediticios:
Regular la transferencia de la información crediticia de las personas naturales y jurídicas;
Prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis del historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas naturales y jurídicas;
Prestar servicios de análisis de riesgo, en base a las necesidades específicas de cada usuario;
Recopilar y mantener la información proveniente de las fuentes de información de acuerdo a las políticas y formas que establezca para cada sector;
Identificar el comportamiento crediticio y determinar niveles de endeudamiento de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para lo cual podrá utilizar información demográfica y demás datos que mantenga la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;
Poner a disposición de los titulares de la información y a quien éste autorice, junto con su reporte de información crediticia, un resumen de sus derechos y de los procedimientos para acceder, actualizar, rectificar o eliminar, cuando fuera del caso, la información contenida en dicho documento; y,
Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le permitan cumplir con los objetivos institucionales inherentes a su gestión.
Art. 38.- Registrador de Datos Crediticios.- El Registrador de Datos Crediticios es su máxima autoridad, y será designado por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos. Sus atribuciones son las siguientes:
Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Registro de Datos Crediticios;
Representar al Registro de Datos Crediticios como integrante del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, presidido por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;
Elaborar y presentar la proforma del presupuesto del Registro de Datos Crediticios a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;
Supervisar el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Registro de Datos Crediticios, así como los métodos y procedimientos que garanticen la seguridad, reserva y accesibilidad a la información;
Elaborar la tabla de aranceles del servicio de referencias crediticias y ponerlo a consideración de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos;
Nombrar, contratar y remover al personal directivo, técnico y administrativo del Registro de Datos Crediticios, con sujeción a lo previsto en las leyes pertinentes;
Informar a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos sobre la gestión realizada por el Registro de Datos Crediticios;
Coordinar con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la información que desde el Registro de Datos Crediticios se genere hacia la opinión pública sobre su gestión; y,
Las demás establecidas por leyes, reglamentos, convenios y acuerdos ministeriales.
Art. 39.- Referencia crediticia.- Entiéndase por referencia crediticia al reporte de información crediticia que se genere por petición del titular o por terceros debidamente autorizados.
Dicho reporte contendrá el historial crediticio y de cumplimiento de obligaciones financieras, comerciales, contractuales y seguridad social.
Art. 40.- Prestación del Servicio de Referencias Crediticias.- El Registro de Datos Crediticios únicamente prestará el Servicio de Referencia Crediticia, previa autorización expresa del titular de la información crediticia.
El servicio de Referencia Crediticia podrá incluir entre otras cosas el análisis y proyección de comportamiento, herramientas y modelos de recopilación de información que faciliten la evaluación crediticia.
El Registro de Datos Crediticios, podrá convenir con sus clientes la prestación de servicio de referencias crediticias, mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología así como de sistemas automatizados de procesamiento de datos, siempre que estos cumplan con los estándares de seguridad que se determinen para el manejo de la información, lo que permitirá la entrega del servicio al usuario por diferentes canales que le permitan consultas individuales o masivas, personales o institucionales.
Art. 41.- Modelo de riesgo crediticio.- El modelo de Riesgo Crediticio es la metodología que permite establecer la probabilidad de pago del titular de la información.
El Registro de Datos Crediticios propondrá el modelo de riesgo a las Superintendencias para su respectiva autorización; y, se basará en metodologías de análisis de riesgo crediticio, considerando parámetros, variables y ponderaciones de la información del Sistema. El modelo y la metodología que se apliquen para el cálculo, serán puestos en conocimiento de la ciudadanía de conformidad con las resoluciones que emita la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 42.- Modelo de autorización.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos propondrá ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el modelo y uso de la autorización que se utilizará para el Servicio de Referencia Crediticia.
Los usuarios del Servicio de Referencias Crediticias, serán los responsables de obtener y archivar la Autorización del Titular de la Información Crediticia, para la prestación de este servicio.
El Registro de Datos Crediticios podrá realizar inspecciones sobre la existencia y uso de las autorizaciones, para verificar el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Autoridad competente.
La inobservancia de esta disposición por parte de los usuarios del Servicio de Referencias Crediticias conllevará las sanc

References: artículo 38
 artículo 41
 artículo 18
 artículo 66
 artículo 265
 artículo 147
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 265
 resolución 
 resolución 
 artículo 19