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Timestamp: 2019-10-13 20:50:24+00:00

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﻿ Sentencia C-238 de marzo 22 de 2012
SENTENCIA C-238 DE 22 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:VOCACIÓN HEREDITARIA AL COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE DEL MISMO SEXO Y LA PORCIÓN CONYUGAL EN DETERMINADAS CONDICIONES. RECONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA PAREJA HOMOSEXUAL QUE CONVIVEN EN FORMA PERMANENTE, FORMAN UNA FAMILIA, YA QUE EL ELEMENTO QUE CONFIERE IDENTIDAD A LA FAMILIA NO ES LA HETEROSEXUALIDAD O LA CONSANGUINIDAD, SINO EL AFECTO QUE DA LUGAR A SU EXISTENCIA, FUNDADA EN “EL AMOR, EL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD” Y EN LA CONFORMACIÓN DE UNA “UNIDAD DE VIDA O DE DESTINO QUE LIGA ÍNTEGRAMENTE A SUS MIEMBROS E INTEGRANTES MÁS PRÓXIMOS”. SE DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN “CÓNYUGE”, CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 1040, 1046, 1047 Y 1233 DEL CÓDIGO CIVIL
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN MARITAL DE HECHO, COMPAÑERO PERMANENTE, CÓNYUGE, PORCIÓN CONYUGAL, DERECHO SUCESORAL, VOCACIÓN SUCESORAL, DERECHOS DE LA PAREJA HOMOSEXUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:487 DE JULIO DE 2012, PÁG.1337
Sentencia C-238 de marzo 22 de 2012
Ref.: Expediente D-8662
Actor: Juan Carlos Marín Quiceno
“ART. 1040.—Personas en la sucesión intestada. Artículo subrogado por el artículo 2º de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:
“ART. 1046.—Segundo orden hereditario - Los ascendientes de grado más próximo. Artículo modificado por el artículo 5º de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:
“ART. 1047.—Tercer orden hereditario - Hermanos y cónyuge. Artículo subrogado por el artículo 6º de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:
“ART. 1233.—Carencia de bienes posterior al fallecimiento del cónyuge. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza.
El demandante estima que la expresión “cónyuge”, contenida en las disposiciones acusadas contraviene lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 5º, 13, 42 y 85 de la Constitución Política.
Estima que la privación de los derechos herenciales al compañero o compañera permanente impide asegurar la vigencia de un orden justo y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares e indica que el deber de amparar a la familia como institución básica de la sociedad, previsto en el artículo 5º superior, impone permitir que las personas que conforman una familia por unión marital de hecho, incluidas las parejas del mismo sexo gocen de derechos herenciales.
Vencido el término de fijación en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en auto de veintinueve (29) de agosto de 2011, la secretaria general de esta corporación informó que, de acuerdo a las comunicaciones libradas, se recibieron los siguientes escritos de intervención:
Adicionalmente, manifiesta que el alto tribunal constitucional en la referida sentencia señaló: “lo ideal es que el legislador en el marco del Estado social de derecho, enmarcado en la separación de poderes y en ejercicio de su libertad de configuración, hubiese regulado todos los efectos civiles derivados de las uniones de hecho y de los derechos para las parejas del mismo sexo, teniendo como fundamento el principio democrático y teniendo cuidado de no crear discriminaciones odiosas basadas en la naturaleza del vínculo legal, complementando en algunos casos o modificando en otros las distintas disposiciones del ordenamiento civil. Sin embargo, esa ausencia de regulación ha generado tratamientos discriminatorios entre los cónyuges y los compañeros permanentes, así como entre las parejas del mismo sexo que la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía y prevalencia de la Constitución no puede dejar de estudiar y declarar, máxime cuando la legislación que se acusa es anterior a la Constitución de 1991”.
Dichos ciudadanos consideran que, si bien la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil en la Sentencia C-174 de 1996, esto no constituye cosa juzgada material y formal, sino cosa juzgada relativa implícita, la cual se configura, según el alto tribunal, cuando: “la Corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad”(1).
Puntualizan que en la sucesión intestada los cónyuges sobrevivientes se encuentran dentro del segundo orden hereditario como consecuencia de la existencia de un vínculo de permanencia entre el difunto y el cónyuge supérstite y destacan que la unión marital de hecho, según el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, tiene como objetivo la formación de una comunidad de vida permanente que implica cargas y derechos.
3. Intervención de la Universidad del Norte.
Advierte que en el caso sub examine no se presenta el fenómeno de cosa juzgada respecto de la Sentencia C-174 de 1996, por cuanto en dicha providencia no se analizó la naturaleza jurídica del derecho a heredar, así como tampoco se advirtió sobre las equivalencias existentes entre las uniones maritales de hecho y los matrimonios.
El señor Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y en él solicita a la Corte Constitucional que declare la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la disposición acusada y que, en consecuencia, se esté a lo resuelto en las sentencias C-105 de 1994 y C-174 de 1996.
3.1. La Sentencia C-105 de 1994 y la demanda en contra del artículo 1047 del Código Civil.
Sin embargo, dado que la cosa juzgada puede ser aparente si la declaración de exequibilidad no se encuentra fundada en un análisis efectivo de la disposición a la luz de la Carta(2) o relativa de forma implícita cuando su referencia a algunas acusaciones no se hace explícita en la sentencia(3), resulta claro que la sola revisión de la parte resolutiva es insuficiente para establecer, a cabalidad, si el asunto puesto a consideración de la Corte ha entrado o no en autoridad de cosa juzgada constitucional, siendo indispensable, por consiguiente, examinar lo efectivamente considerado en la sentencia previa y confrontarlo con la nueva demanda para determinar si hay cosa juzgada y, en caso afirmativo, cuál es su alcance.
3.2. La Sentencia C-174 de 1996 y la demanda en contra de los artículos 1040, 1046 y 1233 del Código Civil.
Según lo pusieron de manifiesto los magistrados que en aquel momento aclararon el voto, la sentencia “se limitó a considerar las diferencias relevantes entre el matrimonio y la unión marital de hecho, sin atender a las equivalencias sustanciales entre estas dos instituciones, elemento necesario para estudiar el cargo de inexequibilidad planteado por el actor”, como que, pese a las diferencias anotadas, “las dos instituciones dan origen a una familia”, por lo que los preceptos que establecen un trato diferenciado deben respetar “la identidad sustancial existente entre las dos instituciones que dan origen a cada una de dichas condiciones”(4).
Por lo anterior, no resultaba suficiente un análisis “en bloque de la normatividad demandada”(5), criterio que fue retomado en la Sentencia C-283 de 2011 y que en la presente causa debe ser reiterado, ya que, en la medida en que no se adelantó un examen específico de la porción conyugal o de la vocación hereditaria del cónyuge a la luz de los elementos comunes al matrimonio y a la unión marital de hecho, no cabe predicar que la aproximación general realizada en la Sentencia C-174 de 1996 implique la existencia de cosa juzgada constitucional sobre estos aspectos que ahora son objeto del debate constitucional propuesto por el actor.
En segundo lugar, en la Sentencia C-283 de 2011 se estimó que no podía entenderse que hubiese operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional, en razón del evidente cambio de contexto que, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser apreciado, pues la identidad que exige la cosa juzgada no solo ha de responder al aspecto formal, sino también a las circunstancias en que fueron analizadas las disposiciones, habida cuenta de que en la sociedad tienen lugar transformaciones capaces de generar la necesidad de un nuevo análisis respecto de preceptos cuya exequibilidad se declaró en el pretérito con fundamento en una realidad distinta de la que constituye el contexto actual(6).
En el fundamento de la vulneración aducida tiene especial importancia la invocación del derecho a la igualdad y fácilmente se advierte que alrededor de él se estructuran las posibles violaciones de los artículos 1º, 2º, 5º, 42 y 85 de la Constitución, pues la solicitud que se formula consiste en que, en relación con los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil el derecho a heredar, respectivamente establecido para el orden hereditario en cada uno de ellos previsto, también sea aplicable al “compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja” y, tratándose del artículo 1233, se pide que “la condición establecida frente al cónyuge sobreviviente para que tenga derecho a la porción conyugal al momento de fallecer el otro cónyuge, sea aplicable también al compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja”.
5. La vocación hereditaria del compañero o compañera supérstite en uniones de hecho integradas por heterosexuales.
Que el vocablo contenido en los artículos objeto de la demanda ha sido entendido como exclusivamente referido al viudo o a la viuda con quien el causante tuvo vínculo matrimonial surge del alcance de las modificaciones que en los tres preceptos introdujo el legislador mediante los artículos 2º, 5º y 6º de la Ley 29 de 1982, pues las variaciones entonces incorporadas estuvieron presididas por esta comprensión, como que, según lo informa Valencia Zea, el Congreso no tuvo en cuenta la posibilidad de establecer la herencia para aquellos que, conforme al lenguaje de la época, eran denominados la concubina y el concubinario(7).
En estas condiciones la relación entre los compañeros permanentes no es igual a la que se establece entre los cónyuges y tampoco procede que lo sea, pues no puede celebrarse un matrimonio “a espaldas del Estado” o pretenderse la imposición de reglamentaciones contrarias al rasgo esencial de la unión marital de hecho, “que no es otro que el de ser una unión libre”(8).
Así ha obrado la Corte Constitucional que, por ejemplo, estimó aplicables a los compañeros permanentes que quieran adoptar el hijo de su pareja las disposiciones atinentes a la adopción del hijo del cónyuge, dada la finalidad de la adopción y la inexistencia de motivos para mantener una distinción que resultaba injustificada a la luz de los postulados de la Constitución de 1991 y, en particular, del derecho de los niños a tener una familia y a obtener una protección especial en situaciones de debilidad manifiesta como el abandono(9).
Con posterioridad, la Corte extendió a los compañeros permanentes la obligación alimentaria inicialmente prevista en el artículo 411 del Código Civil a favor del cónyuge, habida cuenta de que tanto el matrimonio como la unión de hecho comportan la ayuda y el socorro mutuo entre los miembros de la pareja y en atención a que esta obligación encuentra fundamento en el principio de solidaridad del cual no procede excluir a los compañeros, basándose en el distinto origen del vínculo que los une(10).
En el caso de la afiliación al régimen de salud, el requisito de mantener la convivencia durante dos años que se exigía a los compañeros permanentes fue declarado inconstitucional, porque la Corte juzgó contrario al derecho a la igualdad que la afiliación del cónyuge no pendiera de esta condición injustificadamente impuesta solo a los compañeros(11) y, tratándose de la pensión de sobrevivientes, se consideró que el régimen anterior a la Carta de 1991 que hacía referencia exclusiva al cónyuge supérstite implicaba una inadmisible diferencia de trato que afectaba a los compañeros permanentes(12).
Así, en el ámbito patrimonial, la Corte estimó que los derechos de esta índole deben ser reconocidos a los compañeros permanentes, quienes requieren una protección similar a la que, en el caso de los cónyuges, brinda la sociedad conyugal(13) y, a propósito de la porción conyugal, la corporación consideró que, si se entiende como una forma de compensar y equilibrar las cargas propias de compartir una vida en común, no hay motivo válido para estimar que solo se predica de los cónyuges, mas no de los compañeros permanentes, pues estos, al igual que aquellos, actúan con la convicción y en la libertad de compartir un proyecto de vida, prodigándose solidaridad, cuidado y apoyo mutuo(14).
Es importante destacar que la vocación hereditaria es un aspecto concreto que permite la comparación puntual propuesta en la demanda y que sus fundamentos son el parentesco y el lazo conyugal, criterios que remiten a la institución familiar, pues, conforme lo ha señalado la doctrina, “nuestro derecho aún considera, con buen acierto, a la familia como la institución merecedora de recoger los bienes de sus miembros”, en perfecta adecuación con “la tradición social y la mentalidad colombiana derivadas de circunstancias sentimentales (afecto), religiosas (creencias), sociales y jurídicas, etc.”(15).
De este modo la evolución del concepto tradicional de familia y el surgimiento de una amplia variedad de tipos familiares que superan, con creces, el reconocimiento exclusivo de la modalidad caracterizada por la heterosexualidad y el vínculo acordado según el contrato de matrimonio, son factores que conducen a reconsiderar, a partir de supuestos específicos, los alcances de la protección que la Carta dispone a favor de la familia en cuanto núcleo básico de la sociedad, al tenor de lo establecido en los artículos 5º y 42 superiores.
6. La vocación hereditaria del compañero o compañera permanente en uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo.
Acerca de este particular, la Corte ha destacado que en su jurisprudencia se advierte una consideración referente a la persona del homosexual, pero también una aproximación a partir de la perspectiva del grupo situado en condición minoritaria y sometido a prejuicios, así como un acercamiento que tiene en cuenta a la pareja integrada por personas del mismo sexo(16), en la medida en que, su unión de hecho corresponde a una opción válida que comporta “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia”(17).
En ejercicio de sus competencias, la corporación le ha brindado protección a las parejas del mismo sexo y primordialmente lo ha hecho con base en los derechos, garantías u obligaciones que previamente ha reconocido a las parejas de heterosexuales que conviven en unión de hecho. Así por ejemplo, la Corte declaró exequible la Ley 54 de 1990, relativa a las uniones maritales de hecho y al régimen patrimonial de los compañeros permanentes, con las modificaciones hechas por la Ley 979 de 2005 “en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”(18).
En idéntico sentido, la corporación declaró la exequibilidad del artículo 163 de la Ley 100 de 1993 sobre vinculación al régimen contributivo en materia de salud, bajo la condición de que se entendiera que el régimen de protección allí previsto es también aplicable a las parejas del mismo sexo, cuya exclusión del sistema de seguridad social juzgó más grave que la exclusión del régimen patrimonial(19).
Así mismo, estimó que las parejas permanentes conformadas por personas del mismo sexo también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes(20), siempre y cuando acrediten su condición en la misma forma en que lo hacen las parejas heterosexuales, esto es, mediante la expresión, ante un notario, de la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, tal como fue indicado en la Sentencia C-521 de 2007.
De igual manera, al examinar la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1181 de 2007 que, tratándose del delito de inasistencia alimentaria, ordenaba tener por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, la corporación estimó que, salvo la expresión “únicamente”, el resto del artículo era exequible, siempre y cuando se entendieran comprendidos los integrantes de las parejas del mismo sexo(21), decisión que también adoptó respecto de la constitucionalidad de un amplio conjunto de preceptos contentivos de diversas medidas de protección para familiares cercanos, al señalar que las alusiones al cónyuge y al compañero o compañera permanente incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo(22).
En los casos que se dejan reseñados la extensión de los respectivos derechos, garantías u obligaciones se hizo bajo la consideración de que las parejas del mismo sexo soportan un notable déficit de protección jurídica que la Corte ha juzgado indispensable corregir, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto, por lo cual, siempre que se pretenda la equiparación es menester verificar que las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo son asimilables en la situación específica de que se trate(23).
Se acaba de ver que del derecho a la igualdad, contemplado en el artículo 13 superior, así como del mandato de protección a la familia y a cada uno de sus miembros, previsto en los artículos 5º y 42 de la Carta, deriva la exigencia constitucional de extender el derecho a recibir la herencia para que, además del cónyuge, cobije al compañero o compañera permanente que conformó con el causante una unión marital de hecho entre heterosexuales, dado que el derecho a recoger los bienes del fallecido se funda en la relación familiar y en la protección de los lazos familiares, mas no en el matrimonio.
7. El artículo 1233 del Código Civil y el compañero o compañera supérstite en uniones de hecho conformadas por personas de distinto sexo o por personas del mismo sexo.
1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “cónyuge”, contenida en el artículo 1233 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con aclaración de voto—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo, ausente con excusa—Juan Carlos Henao Pérez—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Pinilla Pinilla, con salvamento de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con aclaración de voto—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) Sentencia C-783 de 2005.
(3) Sentencia C-430 de 2009.
(4) Véase la aclaración de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
(7) Arturo Valencia Zea, Derecho Civil. Tomo VI. Sucesiones, Bogotá, Temis, 1988. Pág. 146.
(8) Sentencia C-239 de 1994.
(9) Sentencia C-477 de 1999.
(10) Sentencia C-1033 de 2002.
(11) Sentencia C-521 de 2007.
(12) Sentencia T-932 de 2008.
(13) Sentencia C-096 de 1998.
(14) Sentencia C-283 de 2011.
(15) Pedro Lafont Pianetta, Derecho de Sucesiones. Tomo I. Parte general y sucesión intestada, Bogotá, Librería ediciones del Profesional, 2006. Págs. 577 y 578.
(16) Sentencia C-577 de 2011.
(17) Sentencia T-911 de 2009.
(18) Sentencia C-075 de 2007.
(19) Sentencia C-811 de 2007.
(20) Sentencia C-336 de 2008.
(21) Sentencia C-798 de 2008.
(22) Sentencia C-029 de 2009.

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 artículo 6
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1047
 artículo 1233
 artículo 411
 artículo 163
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 artículo 13
 artículo 1233
 artículo 1233