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Timestamp: 2017-08-23 02:28:47+00:00

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Economía y políticas públicas: 2008
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La crisis de las pirámides. ¿Se hubiera podido evitar?
La Superintendencia Financiera cambió de manera importante la manera de enfrentarse con los captadores ilegales de dinero. Ello pudo haber incidido en el tamaño de la crisis de las pirámides.
El tema del momento es necesariamente la crisis de las pirámides. Ello me obliga a dejar de lado el desarrollo del tema de las huelgas en el sector público, que les había prometido a los lectores de este blog.
Lo primero que se han preguntado muchos comentaristas es si las autoridades económicas hubieran podido hacer algo por evitar la proliferación de las pirámides y por frenar a tiempo su desarrollo. Otra pregunta: ¿por qué surgieron precisamente en estos momentos?
Para responder a lo anterior me he dedicado a examinar las resoluciones de años anteriores de la extinta Superintendencia Bancaria y a compararlas con las expedidas recientemente. Tarea difícil, puesto que la página web de la Superintendencia Financiera no tiene un motor de búsqueda, ni un índice que señale el contenido de las diferentes disposiciones emitidas por esta entidad.
De todas maneras esta labor arqueológica me ha permitido encontrar algunas resoluciones de interés, que traigo solo a título de ejemplo.
La Resolución 550 de 1997, después de establecer en los considerandos que las “actividades desarrolladas por la sociedad Diproco S.A., se enmarca dentro de los presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad competente.”, ordena en la parte resolutiva la disolución de la empresa mencionada, y la liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente” (art 1) , la inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables, el inventario preliminar y detallado del activo de la sociedad (art 2) y además de ello, el nombramiento de un funcionario encargado de ejecutar las medidas adoptadas en la resolución.
La resolución 005 de 1999, establece en los considerados que las actividades desarrolladas por la señora Flor Alba Gonzáles Casallas se enmarcan dentro de los “presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad pertinente”. Esto se logra como resultado de un informe de una visita adelantada quince días antes. En su parte resolutiva la Superintendencia ordena la “liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva y habitual realizadas ilegalmente”, ordena la “inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables” , y el “inventario preliminar y detallado de todos los bienes de la señora”.
La Resolución 736 de 1999 , logra establecer que las “actividades desarrolladas por el Instituto de Salud Royal Center S.A. se enmarcan dentro de los presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad competente”. En su parte resolutiva “ordena la disolución de la Sociedad” , “la liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva” , la “inmediata guarda de los bienes y la colocación de los sellos y demás seguridades indispensables”.
La Resolución 023 de 2000, establece que, a pesar de que la Compañía de Inversiones Emmaús Ltda no tiene la contabilidad al día, “se configuraría la condición prevista en el literal a) del artículo 1 del Decreto 1981 de 1988, para tipificar la posible actividad desarrollada por la sociedad como captación de dineros del público en forma masiva y habitual”. En la parte resolutiva la Superintendencia ordena la disolución de la sociedad mencionada y ordena la liquidación rápida y progresiva de las operaciones de captación masiva y habitual y la inmediata guarda de los bienes y la “colocación de sellos y demás seguridades indispensables”. Valga la pena señalar que en este caso la Superintendencia procedió con particular celeridad. A partir de una queja recibida el 1 de Diciembre de 1999, se ordenó una visita que se realizó entre el 15 y el 18 de Diciembre. La resolución tiene fecha 6 de Enero de 2000.
Contrastan las anteriores medidas con las tomadas en el período reciente. La resolución 1634 de 2007 , se refirió a la más grande empresa captadora informal de depósitos existente en la actualidad: DMG. Frente a preguntas que le llegan a la Superintendencia Financiera en los meses de Abril y Mayo de 2006, la SF organiza una visita. Como la empresa no le entrega información, “no fue posible conocer cuál era la verdadera actividad a la que se dedicaba esa compañía”. La segunda visita se realiza durante los meses de Julio y Octubre de 2006. La resolución solo se expide un año después: el 12 de Septiembre de 2007. Al final de la parte considerativa, la Superintendencia considera que a través del mecanismo de venta de las tarjetas prepago DMG dicha compañía se encuentra realizando un “ejercicio ilegal de la actividad financiera, manifestado en una captación masiva y habitual de dineros del público, sin contar con la debida autorización, conforme a los presupuestos contemplados en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988”.
A diferencia de las resoluciones mencionadas anteriormente, en las cuales se ordenaba la disolución de las sociedades investigadas y la toma de posesión de los bienes de ellas, en esta ocasión la parte resolutiva se limita a ordenar a la sociedad Grupo DMG la suspensión inmediata de las operaciones consistentes en la recepción de dineros del público mediante el mecanismo de las tarjetas prepago, ordenar la devolución de los dineros recibidos y la presentación de un plan de desmonte y devolución de los dineros captados ilegalmente.
Como todos sabemos y lo reconoce el Superintendente Financiero en entrevista concedida al diario El Tiempo ayer domingo , los propietarios de DMG crearon otra sociedad con nombre parecido y todo siguió igual.
Es indudable que ha habido un cambio importante en la manera en que la Superintendencia Financiera se ha enfrentado a los captadores ilegales de depósitos. ¿Qué motivó dicho cambio? ¿Hubo alguna norma en el entretanto que limitó los poderes de la entidad de control? O más bien ¿optaron los superintendentes y sus asesores jurídicos por darle una interpretación más restringida a las facultades legales de esta Superintendencia? en este caso, ¿consideraban que la Superbancaria había abusado de su poder en el pasado? ¿Fueron víctimas estos funcionarios del síndrome del empleado público, que, ante el temor de verse involucrado en problemas posteriores, decide no actuar, o hacerlo tímidamente?
Invito a los lectores a formular sus hipótesis.
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En un artículo publicado en 2004, los profesores Andrew Bernard y Meghan Busse , de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de California-Berkeley respectivamente, desarrollaron un modelo para explicar el total de medallas de un país en los juegos olímpicos de verano (1) El profesor Bernard aplicó dicho modelo para tratar de predecir el número de medallas ganadas por los principales países competidores en las olimpíadas de 2008. ( Ver aquí)
a) Tamaño de su población. Entre más grande sea un país, es más probable encontrar en él atletas de talla mundial.
b) PIB per capita. La riqueza incide en los resultados deportivos. En primer lugar, un país más rico dispone de mayores recursos, tanto en el sector privado como en el Gobierno, para destinarlos a los deportes. La población tiene más tiempo libre para dedicárselos a los deportes. En fin, dicho país tiene mejores niveles de nutrición y de salud, que inciden en el desempeño de sus atletas.
c) Existe un efecto rezago en el modelo. La idea es que el esfuerzo que un país ha hecho en una olimpíada se refleja en los juegos siguientes. El número de medallas obtenida en la olimpiada anterior es entonces una variable que entra en la función.
d) En fin, existe un efecto “país sede”. El jugar de local, lo sabemos los aficionados, incide en el ánimo de los jugadores y en la disposición de los jueces.
El profesor Bernard aplicó su modelo para predecir la repartición de medallas en las olimpiadas de 2008 La tabla adjunta muestra el número de medallas proyectadas y el número de medallas efectivamente obtenidas.
Como se aprecia, en los casos de Estados Unidos, Italia y Francia el modelo proyectó razonablemente bien el número de medallas. Los resultados obtenidos se alejaron bastante para China ( número obtenido superior) , Grecia ( número obtenido inferior), Rusia y Japón. Posiblemente los autores van a tener que ajustar su modelo para aumentar el coeficiente de la variable “país sede” (Como se recuerda Grecia fue sede de las olimpiadas del 2004, y China del 2008). Dada la hostilidad histórica entre Japón y China, no es de descartar que el primer país hubiera sufrido en mayor proporción el efecto país visitante.
En fin, por simple curiosidad hice el cálculo de cuántas medallas debería haber ganado Colombia en las olimpíadas del 2008, aplicando los coeficientes calculados por los profesores Bernard y Busse en su artículo del 2004, utilizando los datos de población estimada para el 2008 (fuente DANE), PIB per capita estimado en dólares y número de medallas alcanzadas en el 2004. Me dio el resultado absurdo de que nuestro país ha debido ganar 4 medallas, frente a 2 obtenidas realmente. No es aplicable el modelo para países pequeños desde el punto de su peso en la economía mundial, y con poco número de medallas en los anteriores juegos. .
Sin embargo, se pueden hacer las cuentas de otra manera. Tanto el PIB per cápita como la población se pueden asimilar a una sola variable: PIB total. Nuestra participación en el PIB mundial total (medido en dólares a tasas de cambio de mercado, según datos del Banco Mundial) es el 3.1 por mil. Nuestra participación en el total de medallas otorgadas es del 2.1 por mil. No nos faltó sino una medalla para estar al nivel que nos merecemos según la importancia económica de nuestro país.
(1) Who wins the olympics games: economic ressources and medal totals. The Review of Economics and Statistics, February 2004 . 85(1), 413-417.
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En su sesión del pasado 18 de Julio el CONPES autorizó la renegociación de 21 contratos de concesiones viales, por un valor total de más de dos billones de pesos.
En todos los casos estas renegociaciones suponen erogaciones adicionales de los colombianos a los contratistas responsables de las obras, sea mediante peajes o mediante erogaciones directas del presupuesto nacional. La decisión tomada es sorprendente, tanto por su monto, como por el procedimiento adoptado. Veamos porqué
Cuando se estaba discutiendo la ley que iría a reformar la Ley 80 de 2003, sobre contratación pública, se incluyó, y no tenemos claro por iniciativa de quién, un artículo que decía: “Las concesiones sometidas a la ley 80 de 1993, actuales y futuras no podrán adicionarse en inversiones acumuladas superiores al 60% del valor actualizado del contrato, entendido éste como la sumatoria de los recursos previstos para el pago de un contrato de concesión”. Bajo el ambiguo lenguaje prohibicionista, lo que en realidad estába haciendo este artículo era autorizando renegociaciones hasta del 60% del valor de los contratos. El debate que sugirió esta proposición se zanjó con el requisito de que “toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social –Conpes”. Así quedó el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007.
Quienes tenemos alguna experiencia de lo que ha sido un documento CONPES nos imaginamos que este requisito permitiría que las renegociaciones fueran un procedimiento absolutamente excepcional, y que las razones y términos de estas renegociaciones quedarían plenamente justificados ante quienes deban tomar estas decisiones: los ministros miembros del CONPES y la opinión pública.
Sin embargo, el documento 3535 sorprende por su concisión y su simpleza. No aparece la justificación ni las condiciones en que se van a presentar las renegociaciones. Simplemente se le ordena al Ministerio de Hacienda que antes del 31 de Julio ( 12 días calendario después del CONPES) defina los lineamientos en materia de tasas y riesgos para los 21 contratos renegociados. Pobre Ministro y demás funcionarios del Ministerio. ¿Cómo pudieron asumir semejante responsabilidad?
Para que el sistema de concesiones genere los incentivos adecuados en el comportamiento de los entes públicos y de los concesionarios, es necesario que se eviten en lo posible las renegociaciones. En la medida en que ellas se presenten de una manera frecuente, inducen comportamientos oportunistas, tanto por parte de los concesionarios como del propio gobierno, y le quitan seriedad y efectividad al mecanismo.
Si las renegociaciones, lejos de ser una situación excepcional, se generalizan, como en la práctica se está haciendo,no habrá mayor incentivo por parte de la entidad oficial concesionante por diseñar adecuadamente las condiciones de la concesión. “Contratemos ya, que por el camino arreglaremos las cargas”, se convertirá en el leit- motif de un ministro o de un secretario de obras ansioso por mostrar resultados, aún si ello significa asumir sobrecostos o imperfecciones técnicas.
Frente a la certidumbre sobre la posibilidad de la renegociación, no existe incentivo por parte del contratista para someterse a los términos del contrato firmado. Y si se sabe que la promesa se puede incumplir, ello incidirá en la calidad de las promesas, es decir en las ofertas que se presenten en el momento de la licitación. El planteamiento al interior de la firma concesionaria sería más o menos el siguiente: “ganémonos la licitación prometiendo lo que sea en términos de calidades de obra o remuneración esperada, ya que una vez adjudicada la concesión, podremos renegociar los términos del contrato. Con la gran diferencia que en esta negociación uno a uno frente al Estado, no habrá un competidor dispuesto a ofrecer la realización de las obras adicionales por un valor menor al solicitado por nosotros”. El concesionario se habrá convertido en un proveedor monopolista del bien o servicio ofrecido, y sabrá aprovechar dicha ventaja negociadora frente a un funcionario público ansioso por inaugurar y por mostrar resultados tangibles. La corrupción encontrará allí una oportunidad de oro.
Es hora de que el propio Congreso y los organismos de control taponen la inconveniente ventana que se ha abierto para el desperdicio de los recursos públicos.
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References: Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
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 resolución 
 artículo 1
 artículo 28