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Timestamp: 2019-11-16 01:04:13+00:00

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Planificación Hidrológica - Página de voz - Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine
Quizás uno de los conceptos que ha aportado el hombre al mundo contemporáneo, y sin el cual no se lleva a cabo ninguna gran empresa o actividad, sea el de la planificación. Es sin duda el concepto de planificación un rasgo identificador de nuestro tiempo, convirtiéndose en una función principal del Estado moderno, y cuando se trata de administrar recursos escasos, como el agua, deviene en un mecanismo imprescindible. La planificación de las aguas es un concepto que evoca la idea de racionalización en la gestión de las aguas. La preocupación por la ordenación previa —planificación— de los usos del agua, y la expresión literal «plan de aprovechamientos de las aguas», aparece reiteradamente en la legislación de aguas de los años veinte. Como antecedentes inmediatos deben citarse la Carta Europea del Agua, suscrita en Estrasburgo (Francia) el 6 de mayo de 1986, en cuyo punto octavo indica que «para una adecuada administración del agua es preciso que las autoridades competentes establezcan el correspondiente plan», y el Real Decreto de 7-XII-1979, por el que se regula la realización de estudios previos para la planificación hidrológica, del que puede deducirse que la cuenca hidrográfica es el marco de la planificación hidrológica y que la planificación hidrológica pretende el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos en todo el territorio nacional. A partir de este Real Decreto la planificación hidrológica será una constante en los planteamientos jurídicos hasta llegar a su consagración definitiva en la Ley de Aguas de 1985.
De la Ley de Aguas se deduce que la planificación hidrológica no es una técnica más dentro de la Ley, sino la segunda gran decisión adoptada por la nueva legislación, puesto que la primera es la consideración como dominio público de prácticamente todas las aguas continentales. A partir de ese momento toda la actividad sobre el dominio público está sometida a la planificación hidrológica; la primera de las funciones que en la Ley se establecen para el Estado es la de la planificación hidrológica; el nuevo organismo creado por la Ley, el Consejo del Agua, tiene encomendadas como competencias informar el proyecto de Plan Hidrológico Nacional antes de su remisión a las Cortes, y la de informar los Planes Hidrológicos de cuenca antes de su aprobación por el Gobierno; y la primera de las funciones que se predica de los Organismos de cuenca es la de elaborar el Plan Hidrológico de cuenca y proceder a su seguimiento.
La planificación hidrológica adquiere así una trascendencia determinante de toda la actividad relacionada con el medio hídrico, y si el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto de 29-VII-1988, dedica todo su título segundo a la planificación hidrológica y a desarrollar los objetivos generales —el ámbito territorial de los Planes, el contenido de los mismos, y la elaboración, aprobación y revisión de los Planes Hidrológicos—, no es menos cierto que también se encuentran muchos artículos referidos a la planificación hidrológica en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto de 11-IV-1986, siendo ambos Reglamentos dictados para desarrollar la Ley de Aguas.
Pero la planificación hidrológica en España se plantea en dos niveles: de una parte la planificación en las cuencas hidrográficas, mediante los Planes Hidrológicos de cuenca, y de otra, a través del Plan Hidrológico Nacional, para la totalidad del territorio del Estado.
La elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias —cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma— se realiza en dos fases: una primera en que se establecen las directrices y otra en la que se redacta el Plan propiamente dicho. Las directrices son aprobadas por la Comisión de Planificación Hidrológica —órgano dependiente del Consejo del Agua de la cuenca y en el que participan representantes de las Comunidades Autónomas, de los Departamentos Ministeriales, de los usuarios, de las organizaciones ecologistas y del Organismo de cuenca correspondiente—, y el Plan Hidrológico de cuenca, que se redacta de conformidad con las directrices aprobadas por la Comisión de Planificación Hidrológica, y una vez que cuenta con la conformidad del Consejo del Agua de la cuenca correspondiente, se somete a la aprobación del Consejo de Ministros.
El proyecto de directrices del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro fue aprobado por la Comisión de Planificación Hidrológica del Consejo del Agua de la cuenca del Ebro el 30 de noviembre de 1993. Finalmente, el día 15 de febrero de 1996, el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro, integrado por representantes de diferentes Departamentos Ministeriales, de las Comunidades Autónomas, de los usuarios, de las organizaciones ecologistas y de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, presta su conformidad al Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, en que se incluye el denominado Pacto del Agua, aprobado por una resolución de las Cortes de Aragón de 1992.
Una vez elaborados los Planes Hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas y prestadas sendas conformidades por los respectivos Consejos del Agua, el Gobierno de la nación, mediante un Real Decreto, aprobó los Planes Hidrológicos de cuenca el 24-VII-1998; estipulando el citado Real Decreto que, para facilitar la consulta de los Planes Hidrológicos de carácter intercomunitario, se elaborase un texto único de cada Plan Hidrológico en que se recogiese de forma sistemática y homogénea las determinaciones de contenido normativo de los diferentes Planes. En el Boletín Oficial del Estado del día 16 de septiembre de 1999 se publica el texto único del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado por una Orden ministerial de 13-VIII-1999.
El Plan Hidrológico Nacional, que se aprueba por Ley —es decir, son las Cortes Generales quienes lo aprueban—, es elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente —antes Obras Públicas y Urbanismo—, y el mismo debe contener, necesariamente, las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes Planes hidrológicos de cuenca; la solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan; la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, y las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimientos de poblaciones o regadíos.
Hasta el momento no se ha aprobado el Plan Hidrológico Nacional, aunque sí han sido presentados por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua dos Anteproyectos: uno en abril de 1993, y otro el 5 de septiembre de 2000.
• Bibliog.: Embid Irujo, A.: La planificación hidrológica: régimen jurídico; Tecnos, S.A., Madrid, 1991. Gallego Anabitarte, A.; Menéndez Rexach, A. y Díez Lerma, J.M.: El Derecho de las Aguas en España; 2 vols., M.O.P.U., Madrid, 1986. Barrera Trallero: Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro; octubre de 2000.
• Pacto del Agua : Se conoce con el nombre de «Pacto del Agua» al compromiso adquirido por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre los criterios de política hidráulica que regirán en los próximos años en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a fin de garantizar una defensa sólida de los intereses comunitarios frente a los coyunturales cambios políticos que se pudieran producir en la misma. El pleno de las Cortes aragonesas, en su sesión de 30 de junio de 1992, aprobó por unanimidad una resolución conjunta presentada por los distintos Grupos Parlamentarios.
En el «Pacto del Agua » se evalúan las necesidades actuales —año 1992— de la Comunidad Autónoma de Aragón en 3.600 hm.3, la realización de las obras contenidas en la resolución implica una demanda suplementaria de 2.100 hm.3, y para asegurar las necesidades futuras de abastecimiento a poblaciones, regadíos, usos industriales, etc., se establece una reserva estratégica de 850 hm.3. La Comunidad Autónoma se reserva, además, al final del plazo de vigencia del Plan Hidrológico Nacional, el derecho a reivindicar el volumen de agua que su desarrollo económico requiera, incluso por encima de las reservas estratégicas contempladas en el «Pacto del Agua».
Las Cortes de Aragón, conscientes de que la política hidráulica va más allá de la realización de un conjunto de obras, incorporan en la resolución una serie de medidas que se agrupan en cinco capítulos.
En el capítulo primero del «Pacto del Agua» se detallan las demandas actuales y futuras, hasta el horizonte del año 2012, de abastecimiento a población; la demanda actual —año 1992— es de 150 hm.3/año, y para el 2012 se prevé una demanda de 205,9 hm.3/año; en ella se contemplan aspectos como el incremento de población en las grandes ciudades como Zaragoza; la importancia de la población estacional en núcleos turísticos; los efectos de las demandas no domésticas asociadas a los núcleos urbanos y la necesidad de fuentes alternativas de recursos por aspectos cualitativos en determinadas zonas del bajo Gállego, del eje del Ebro y del bajo Cinca. En cuanto a las demandas de regadío, se considera que la satisfacción de las demandas de regadío debe unirse desde una triple faceta: la adecuación de los consumos a las demandas de los regadíos existentes; la satisfacción de las demandas de los regadíos en desarrollo y la satisfacción de las demandas de los futuros nuevos regadíos. Entre las más importantes actuaciones de regulación previstas destacan: los embalses del Val, Santa Liestra, Montearagón, Jánovas, Biscarrués, La Loteta, Mularroya, La Pimienta, el Batán y Torre del Compte; el recrecimiento de los embalses de Yesa, La Tranquera y Las Torcas; la regulación interna del canal de Aragón y Cataluña y la realización de otros embalses de menor capacidad para regular la cuenca del Jalón, del Martín, del Guadalope, del Matarraña, del Vero y del Arba. Las reservas de recursos para afrontar las demandas futuras se evalúan en 850 hm.3, adicionales a los 5.700 hm.3 que se estima se obtendrán con las regulaciones actuales y las actuaciones propuestas. Las perspectivas de explotación de las aguas subterráneas se fijan en los aluviales del Ebro, del Gállego, en el Queiles-Jalón, en el Jalón-Aguasvivas, en Muel-Belchite, en la cubeta de Oliete, en Portalrubio-Calanda y en el valle del Jiloca.
En el capítulo segundo del «Pacto del Agua» se contempla que, junto a la disponibilidad del recurso regulado, y con el objeto de mejorar la eficacia en la gestión del recurso, se considera necesario realizar un conjunto de actuaciones en las conducciones de los canales de Caspe, Lodosa, Imperial de Aragón, Tauste, principal de la presa de Pina, Aragón y Cataluña, Cinca, Flumen, Monegros, Bardenas y los regadíos del bajo Gállego; realizar nuevas obras de conducciones, como la construcción del canal derivado del embalse de Montearagón y La Litera Alta, y continuar con la construcción del canal Calanda-Alcañiz (primera parte), la elevación de Mequinenza, la acequia de Civán, Monegros I (tramo V) y Monegros II. Se considera necesaria la mejora de los regadíos infradotados y la adecuación de los regadíos de baja eficiencia, y para ello se revestirán las acequias, se promoverá el cambio a regadíos de mayor eficiencia —pasando a regadíos por aspersión o goteo—, a la automatización en canales, al establecimiento de regulaciones internas, a la reestructuración de las explotaciones y a la adecuación concesional. También se consideran prioritarias determinadas actuaciones para mejorar el déficit del abastecimiento ocasionado por causas infraestructurales, entre las que se encuentran el abastecimiento alternativo a Zaragoza y núcleos ribereños del Ebro, con recursos procedentes del embalse de Yesa recrecido; el abastecimiento complementario de Huesca, desde el embalse de Montearagón; debido a problemas de calidad, el abastecimiento con fuentes alternativas de los núcleos que toman el agua del bajo Gállego; el abastecimiento de Alcañiz y Castelserás desde el canal Calanda-Alcañiz; el abastecimiento mancomunado de los núcleos de la cuenca del Guatizalema; el nuevo abastecimiento de Tauste desde el canal de Bardenas, y, también por problemas de calidad, se considera prioritaria la búsqueda de alternativas en el abastecimiento de los núcleos que se abastecen del bajo Alcanadre y del bajo Cinca.
En el capítulo tercero se prevén los objetivos de calidad de las aguas de los distintos cauces y las instalaciones de depuración, entre las que destacan las de Barbastro, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Huesca, Teruel y su polígono industrial, Utebo, Tarazona, La Almunia de Doña Godina, Andorra, Calanda, Alcañiz, Sabiñánigo, Zuera, Fraga, Monzón y Jaca, así como de los núcleos de gran importancia turística.
En el capítulo cuarto se contemplan los aspectos medioambientales, estudiándose el problema de la erosión y las actuaciones propuestas contra la misma; se asumen los espacios protegidos declarados por la Comunidad Autónoma o por el Estado y se enumeran las zonas sometidas a algún tipo de protección; se reconoce la creciente demanda del uso recreativo de los embalses, y su significativa influencia en la restitución territorial, destacando que los que cuentan con un mayor atractivo son los de Yesa, Sotonera, Mediano, El Grado, Búbal, Barasona, Mequinenza, Ribarroja, La Tranquera y Pena. Finalmente se atiende a la determinación de los caudales mínimos, y a falta de estudios específicos, y hasta tanto se lleven a cabo, se adopta provisionalmente como caudal mínimo el 10 % de la aportación media interanual en régimen natural.
El capítulo quinto se refiere a los instrumentos de que se dota el «Pacto del Agua» para llevar a cabo el conjunto de actuaciones propuestas, se determinan ámbitos de competencia y se constituye la Comisión mixta de seguimiento del Pacto del Agua.
El «Pacto del Agua» fue asumido e incorporado al Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro en febrero de 1996 y, posteriormente, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro fue aprobado por Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 1664/1998.
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