Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-18393.htm
Timestamp: 2017-12-17 10:03:05+00:00

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B.O.E. Nº 254 de 23/10/2007
REAL DECRETO-LEY 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daÃ±os causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los dÃ­as 11 a 19 del mes de octubre de 2007.
Durante los dÃ­as 11 a 19 del mes de octubre intensas tormentas de lluvia y viento han descargado gran cantidad de agua sobre la Comunitat Valenciana, provocando numerosos destrozos materiales y la muerte de una persona como consecuencia directa de estos hechos. Estos sucesos han afectado con especial gravedad a la provincia de Alicante, donde se han registrado precipitaciones de mÃ¡s de 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Concretamente, en el municipio de El Verger las aguas desbordadas del rÃ­o Girona provocaron graves daÃ±os en infraestructuras municipales y en viviendas particulares, debiendo lamentar incluso la muerte de una persona anciana que se encontraba en el momento de la inundaciÃ³n en su domicilio. En esta localidad numerosos vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas, ante la imposibilidad de habitar las mismas a corto plazo, debido a la importante afectaciÃ³n que han producido las inundaciones en las viviendas, con pÃ©rdida, en muchos casos, de la totalidad de enseres domÃ©sticos. Igualmente, en el municipio de Beniarbeig las lluvias torrenciales han originado que la fuerza de las aguas del rÃ­o Girona derrumbara parcialmente el puente que une ambos lados de la localidad, originÃ¡ndose inundaciones de tal envergadura que obligaron a algunos vecinos a refugiarse en los tejados de sus viviendas, de donde hubieron de ser rescatados mediante helicÃ³pteros. Por Ãºltimo, dentro de la provincia de Alicante, cabe citar tambiÃ©n los daÃ±os sufridos en las localidades de Calpe, Els Poblets y Javea, asÃ­ como destrozos de diversa consideraciÃ³n en municipios de la provincia de Valencia, tales como Almussafes, Enguera, Lloc Nou de Sant Jeroni y SumacÃ¡rcer. Los hechos descritos han originado graves daÃ±os en infraestructuras de titularidad municipal, asÃ­ como en bienes de titularidad privada, tanto inmuebles destinados a vivienda como establecimientos comerciales y explotaciones agrÃ­colas y ganaderas. En el marco del Estado autonÃ³mico en que EspaÃ±a se ha constituido, las distintas Administraciones Territoriales, en uso de las competencias que tienen asumidas, han dado respuesta inmediata a la situaciÃ³n de emergencia presentada, no obstante lo cual ha sido necesario el apoyo de la AdministraciÃ³n General del Estado con el fin de garantizar la vida y seguridad de los damnificados por el temporal, movilizÃ¡ndose para ello medios de la Unidad Militar de Emergencias, que constituyeron un puesto de mando avanzado en la localidad de El Verger, para colaborar en las tareas necesarias para restablecer la normalidad en la zona mÃ¡s afectada por las inundaciones. Asimismo, dentro del mismo marco de cooperaciÃ³n y de colaboraciÃ³n interadministrativa, el Ministerio del Interior dispone de una lÃ­nea de ayudas destinadas a situaciones de naturaleza catastrÃ³fica, de aplicaciÃ³n permanente, dirigidas a abonar ayudas de carÃ¡cter inmediato a personas que han sufrido daÃ±os personales o en sus viviendas y enseres. Estas subvenciones alcanzan tambiÃ©n a Corporaciones Locales que han llevado a cabo actuaciones de emergencia, tales como limpieza de vÃ­as pÃºblicas, desobstrucciÃ³n de alcantarillado, evacuaciÃ³n y alojamiento de damnificados y otras de similar carÃ¡cter que se realicen, con el fin de garantizar servicios pÃºblicos necesarios para salvaguardar la vida y seguridad de las personas. Por Ãºltimo, y en menor medida, las ayudas alcanzan a establecimientos comerciales y comunidades de propietarios en rÃ©gimen de propiedad horizontal. No obstante lo anterior, y debido a la naturaleza de los daÃ±os producidos, se hace necesario emprender reparaciones o reposiciones de infraestructuras de titularidad municipal, para lo cual debe habilitarse una lÃ­nea de ayudas a tal fin, gestionada por el Ministerio de Administraciones PÃºblicas, que, unidas a las anteriormente expuestas, persiguen, en definitiva, favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparaciÃ³n de daÃ±os producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones. En este sentido, tambiÃ©n es destacable la grave afecciÃ³n sobre el dominio pÃºblico hidrÃ¡ulico del Estado, asÃ­ como en las zonas pertenecientes al dominio pÃºblico marÃ­timo-terrestre, a cuyos efectos deberÃ¡n emprenderse por la AdministraciÃ³n Estatal aquellas medidas de protecciÃ³n y restauraciÃ³n necesarias. El objetivo, por tanto, de esta norma, es aprobar, con carÃ¡cter urgente, un catÃ¡logo de medidas que afectan a varios Departamentos Ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes, pues en tanto que unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias, otras, como la concesiÃ³n de crÃ©ditos privilegiados, intentan paliar el impacto en las empresas y particulares afectados. Por otra parte, las pÃ©rdidas de producciÃ³n ocasionadas por las citadas tormentas e inundaciones en los cultivos y territorios afectados configuran, por la magnitud de los daÃ±os ocasionados, una situaciÃ³n de desastre natural, siendo compatibles con el mercado comÃºn este tipo de ayudas, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 87.2.c) del Tratado de la Comunidad Europea. Habida cuenta que estas contingencias no tienen cobertura completa en el marco del seguro agrario combinado, se hace necesario arbitrar medidas paliativas adecuadas, en consonancia con la naturaleza e incidencia de los daÃ±os ocasionados en las producciones de los territorios afectados y en las rentas de los agricultores. En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y de los Ministros del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de Administraciones PÃºblicas, de Medio Ambiente y de Vivienda, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 19 de octubre de 2007,
1. Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarÃ¡n a la reparaciÃ³n de los daÃ±os ocasionados por las tormentas de lluvia y viento, e inundaciones que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los dÃ­as 11 a 19 del mes de octubre de 2007.
Los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados a los que concretamente sean de aplicaciÃ³n las medidas aludidas se determinarÃ¡n por Orden del Ministro del Interior. 2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, se entenderÃ¡n tambiÃ©n incluidos aquellos otros tÃ©rminos municipales o nÃºcleos de poblaciÃ³n en los que, para la correcta ejecuciÃ³n de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes.
ArtÃ­culo 2. Subvenciones por daÃ±os en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales.
1. A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n a los que se hace referencia en el artÃ­culo anterior, relativos a las obras de reparaciÃ³n o restituciÃ³n de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, y a la red viaria de las diputaciones provinciales, se les aplicarÃ¡ el trÃ¡mite de urgencia, pudiendo concedÃ©rseles por el Estado una subvenciÃ³n de hasta el 50 por ciento de su coste.
2. Se faculta al Titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para proponer el pago de las subvenciones contempladas en el apartado anterior, en la parte que financia la AdministraciÃ³n General del Estado, hasta el importe de los daÃ±os producidos en este Ã¡mbito, con cargo al crÃ©dito extraordinario que, con carÃ¡cter incorporable, se habilite en los presupuestos de dicho Departamento, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 50.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3. De igual modo, se faculta al Titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para establecer el procedimiento para la concesiÃ³n de las mencionadas subvenciones, asÃ­ como su seguimiento y control, en el marco de la cooperaciÃ³n econÃ³mica del Estado a las inversiones de las entidades locales.
Se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales competentes por razÃ³n de la materia para declarar zona de actuaciÃ³n especial las Ã¡reas afectadas, al objeto de que dichos departamentos, sus organismos autÃ³nomos y entidades pÃºblicas dependientes de Ã©stos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan. A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras indispensables a ejecutar por tales departamentos para reparar los daÃ±os directamente causados por las inundaciones en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su Ã¡mbito de competencias.
ArtÃ­culo 4. IndemnizaciÃ³n de daÃ±os en producciones agrÃ­colas y ganaderas.
SerÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os causados por los sucesos objeto de este real decreto-ley en las explotaciones agrÃ­colas y ganaderas que, teniendo pÃ³lizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios, hayan sufrido pÃ©rdidas por daÃ±os en sus producciones no cubiertos por las lÃ­neas de seguros agrarios combinados.
No obstante, para el caso de producciones que en las fechas del siniestro no haya finalizado el perÃ­odo de contrataciÃ³n del seguro correspondiente, tambiÃ©n podrÃ¡n percibir las anteriores indemnizaciones siempre y cuando el agricultor hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior. TambiÃ©n podrÃ¡ percibirse indemnizaciÃ³n por los daÃ±os causados sobre producciones no incluidas en el vigente Plan Anual de Seguros, excepto que las producciones afectadas estuviesen garantizadas por un seguro no incluido en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados. Dichas indemnizaciones irÃ¡n destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que, estando ubicadas en el Ã¡mbito seÃ±alado en el artÃ­culo 1, hayan sufrido pÃ©rdidas superiores al 30 % de la producciÃ³n, con arreglo a los criterios establecidos por la UniÃ³n Europea a este respecto.
1. Se concede la exenciÃ³n de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2007 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, locales de trabajo y similares, daÃ±ados como consecuencia directa de los hechos descritos, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, o los daÃ±os en explotaciones agrarias constituyan siniestros no amparables por ninguna fÃ³rmula de aseguramiento pÃºblico o privado.
2. Se concede una reducciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al ejercicio de 2007 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido daÃ±ados como consecuencia directa de las inundaciones y de las tormentas de lluvia y viento, y siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daÃ±os que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducciÃ³n serÃ¡ proporcional al tiempo transcurrido desde el dÃ­a en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daÃ±os producidos dÃ© origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad, que surtirÃ¡ efectos desde el dÃ­a 31 de diciembre de 2006. 3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos seÃ±alados en los apartados anteriores comprenderÃ¡n la de los recargos legalmente autorizados sobre aquellos. 4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas. 5. La aplicaciÃ³n de los beneficios fiscales anteriores se llevarÃ¡ a cabo por los Ayuntamientos, a peticiÃ³n de los afectados, y previa comprobaciÃ³n de que dichas solicitudes cumplen los requisitos establecidos en el artÃ­culo 1 y en los dos primeros apartados de este artÃ­culo. 6. EstarÃ¡ exenta de las tasas de la Jefatura Central de TrÃ¡fico establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitaciÃ³n de las bajas de vehÃ­culos, solicitadas como consecuencia de los daÃ±os producidos, y la expediciÃ³n de duplicados de permisos de circulaciÃ³n o de conducciÃ³n destruidos o extraviados por dichas causas. 7. La disminuciÃ³n de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artÃ­culo produzcan en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales serÃ¡ compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 9 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 8. EstarÃ¡n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas las ayudas excepcionales por daÃ±os personales a que se refiere el artÃ­culo 9.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1.Âº del artÃ­culo 37 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el apartado 3 del artÃ­culo 38 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo, por la que se desarrollan, para el aÃ±o 2007, el mÃ©todo de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
1. Los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa en los daÃ±os producidos tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artÃ­culos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La TesorerÃ­a General de la Seguridad Social podrÃ¡ exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el perÃ­odo de suspensiÃ³n, manteniÃ©ndose la condiciÃ³n de dicho perÃ­odo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinciÃ³n del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrÃ¡n a cargo del Fondo de GarantÃ­a Salarial, con los lÃ­mites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo en base a circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el TÃ­tulo III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en los hechos a los que hace referencia el artÃ­culo 1 de este decreto-ley, no se compute a efectos de consumir los perÃ­odos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a las mismas. 2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de hasta un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007. 3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devoluciÃ³n fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros perÃ­odos, el crÃ©dito por la devoluciÃ³n serÃ¡ aplicado al pago de deudas pendientes con la Seguridad Social en la forma que legalmente proceda. 4. Para llevar a cabo las obras de reparaciÃ³n de los daÃ±os causados, las Administraciones PÃºblicas y las Entidades sin Ã¡nimo de lucro podrÃ¡n solicitar de los Servicios PÃºblicos de Empleo la adscripciÃ³n de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboraciÃ³n social, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 213.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1. A los efectos prevenidos en el artÃ­culo 72 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia los de reparaciÃ³n o mantenimiento del servicio de infraestructuras y equipamientos, asÃ­ como las obras de reposiciÃ³n de bienes perjudicados por la catÃ¡strofe, cualquiera que sea su cuantÃ­a.
2. A esos mismos efectos, se incluyen, en todo caso, entre las infraestructuras las hidrÃ¡ulicas, las carreteras y, en general, cualquiera que haya resultado afectada por los hechos a que hace referencia este real decreto-ley. 3. Se declara urgente la ocupaciÃ³n de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realizaciÃ³n de las obras a que se refiere el presente artÃ­culo, a los efectos establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 4. En la tramitaciÃ³n de los expedientes de contrataciÃ³n no incluidos en el artÃ­culo 129.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, se dispensarÃ¡ del requisito previo de disponibilidad de terrenos, sin perjuicio de que su ocupaciÃ³n efectiva no se haga hasta la formalizaciÃ³n del acta de ocupaciÃ³n.
ArtÃ­culo 9. Ayudas por daÃ±os en viviendas, y a particulares por daÃ±os personales y materiales.
A las ayudas personales por fallecimiento, a particulares por daÃ±os en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, asÃ­ como a las comunidades de propietarios en rÃ©gimen de propiedad horizontal y titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n el procedimiento de concesiÃ³n previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atenciÃ³n a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrÃ³fica, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril.
ArtÃ­culo 10. Ayudas a las Corporaciones Locales por gastos de emergencia.
1. Las subvenciones que se concedan por el Ministerio del Interior a entidades locales por gastos de emergencia, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por este concepto. No tendrÃ¡n por objeto las reparaciones o reposiciones de carÃ¡cter infraestructural contempladas en el artÃ­culo 2 de este real decreto-ley, no obstante lo cual podrÃ¡n subvencionarse aquellas actuaciones inaplazables que, incidiendo en el mismo Ã¡mbito de aplicaciÃ³n a que se refiere dicho artÃ­culo, se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios pÃºblicos esenciales y para garantizar la vida y seguridad de las personas.
2. A estos efectos, se establece un plazo de un mes para la presentaciÃ³n de las solicitudes de las ayudas a que hace referencia el apartado anterior, y de las contempladas en el artÃ­culo 9 de este decreto-ley, el cual empezarÃ¡ a contar a partir del dÃ­a siguiente al de la publicaciÃ³n, en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», de la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto-ley, sin perjuicio de la continuaciÃ³n de la tramitaciÃ³n de los procedimientos de concesiÃ³n de estas ayudas que se hubieran iniciado con posterioridad a la finalizaciÃ³n de los hechos causantes. 3. Las ayudas que se concedan en aplicaciÃ³n de lo previsto en este artÃ­culo y en el anterior se financiarÃ¡n con cargo a los crÃ©ditos 16.01.134M.482 y 16.01.134M.782 Â«Transferencias corrientes y de capital a familias e instituciones sin fines de lucro para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgenciaÂ» y 16.01.134M.461 y 16.01.134M.761 Â«Transferencias corrientes y de capital a corporaciones locales para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgenciaÂ», dotados, con carÃ¡cter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior. 4. La financiaciÃ³n de las ayudas concedidas en aplicaciÃ³n de lo establecido en los capÃ­tulos V y VI del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, se llevarÃ¡ a cabo con cargo a los crÃ©ditos que, a estos efectos, se habiliten en el programa 134 M del Presupuesto del Ministerio del Interior.
Se instruye al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO), en su condiciÃ³n de agencia financiera del Estado, para instrumentar una lÃ­nea de prÃ©stamos de mediaciÃ³n, para lo que recabarÃ¡ la colaboraciÃ³n de las entidades de crÃ©dito con implantaciÃ³n en la Comunitat Valenciana, con las que suscribirÃ¡ los oportunos convenios de colaboraciÃ³n.
El importe global de la lÃ­nea de prÃ©stamos se determinarÃ¡ en las disposiciones que se dicten en desarrollo de este real decreto-ley, una vez completada la evaluaciÃ³n de los daÃ±os. La DelegaciÃ³n del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros remitirÃ¡n al Instituto de CrÃ©dito Oficial relaciÃ³n de las empresas, fÃ­sicas o jurÃ­dicas, potencialmente beneficiarias de esta lÃ­nea de prÃ©stamos, con expresiÃ³n de su identificaciÃ³n y del importe mÃ¡ximo de los daÃ±os evaluados. Estas lÃ­neas de prÃ©stamo, que tendrÃ¡n como finalidad financiar la reparaciÃ³n o reposiciÃ³n de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrÃ­colas, ganaderas y de regadÃ­o, automÃ³viles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehÃ­culos comerciales, maquinaria agrÃ­cola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto daÃ±ados como consecuencia de las inundaciones, y de las tormentas de lluvia y viento, se materializarÃ¡n en operaciones de prÃ©stamo concedidas por dichas entidades financieras, cuyas caracterÃ­sticas serÃ¡n:
a) Importe mÃ¡ximo: El del daÃ±o evaluado por la DelegaciÃ³n del Gobierno en la Comunitat Valenciana, o SubdelegaciÃ³n del Gobierno de la provincia correspondiente o, en su caso, por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, descontado, en su caso, el importe del crÃ©dito que hayan podido suscribir con cargo a lÃ­neas de crÃ©dito preferenciales a establecer por iniciativa de las comunidades autÃ³nomas respectivas.
b) Plazo: 5 aÃ±os, incluido 1 de carencia del principal. c) InterÃ©s: El tipo de cesiÃ³n por el ICO a las entidades financieras serÃ¡ del 1,50 por ciento TAE, con un margen mÃ¡ximo de intermediaciÃ³n para estas del 0,50 por ciento. En consecuencia, el tipo final mÃ¡ximo para el prestatario serÃ¡ del 2 por ciento TAE. d) TramitaciÃ³n: Las solicitudes serÃ¡n presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirÃ¡ sobre la concesiÃ³n del prÃ©stamo, siendo a su cargo el riesgo de la operaciÃ³n. e) Vigencia: 6 meses a contar desde la fecha de publicaciÃ³n de la norma que apruebe la dotaciÃ³n econÃ³mica de la LÃ­nea.
La instrumentaciÃ³n de la lÃ­nea de prÃ©stamos a que se refiere este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo por el Instituto de CrÃ©dito Oficial, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta, dos, 2, pÃ¡rrafo a, del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtenciÃ³n de los recursos y el tipo antes citado del 1,50 por ciento serÃ¡ cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
ArtÃ­culo 12. Ayudas para reposiciÃ³n de vehÃ­culos automÃ³viles.
En el caso de daÃ±os en vehÃ­culos automÃ³viles que hayan ocasionado la declaraciÃ³n de siniestro total de los mismos, se podrÃ¡ conceder una ayuda de 1.000 euros para su reposiciÃ³n, siempre que Ã©sta se produzca en el plazo de 6 meses a partir de la entrar en vigor de este real decreto-ley.
Estas ayudas se atenderÃ¡n con cargo a los crÃ©ditos que a estos efectos se habiliten en el programa 134 M Â«ProtecciÃ³n CivilÂ» del Presupuesto del Ministerio del Interior.
1. Se crea una ComisiÃ³n Interministerial para la aplicaciÃ³n de las medidas establecidas en este real decreto-ley, coordinada por el Director General de ProtecciÃ³n Civil y Emergencias e integrada por representantes de los Ministerios de EconomÃ­a y Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de la Presidencia, de Administraciones PÃºblicas, de Medio Ambiente y de Vivienda, asÃ­ como por el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Participaran igualmente en la ComisiÃ³n un representante del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros y otro del Instituto de CrÃ©dito Oficial. 2. El seguimiento de las medidas previstas en este real decreto-ley se llevarÃ¡ a cabo por la ComisiÃ³n a que se refiere el apartado anterior, en coordinaciÃ³n con las autoridades de la Comunitat Valenciana, a travÃ©s de la DelegaciÃ³n del Gobierno en dicha Comunitat.
1. Las valoraciones de daÃ±os a que se refieren los artÃ­culos 9 y 11 de este real decreto-ley serÃ¡n efectuadas por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, cuando asÃ­ lo solicite previamente el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana o Subdelegado del Gobierno del territorio afectado.
2. El Consorcio tendrÃ¡ derecho al abono por parte de la AdministraciÃ³n General del Estado de los trabajos de peritaciÃ³n conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros. 3. Para facilitar la tramitaciÃ³n de las ayudas y la valoraciÃ³n de los daÃ±os, la AdministraciÃ³n competente y el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros podrÃ¡n transmitirse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que concedan, sus cuantÃ­as respectivas y los bienes afectados.
La financiaciÃ³n del coste de las medidas contenidas en este real decreto-ley se concretarÃ¡ en las disposiciones de desarrollo de esta norma, una vez conocida la valoraciÃ³n de los daÃ±os producidos.
DisposiciÃ³n adicional tercera. DaÃ±os en infraestructuras pÃºblicas titularidad de las comunidades de regantes.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados prÃ©stamos para la mejora y modernizaciÃ³n de estructuras agrarias.
En los tÃ©rminos municipales afectados, con carÃ¡cter preferente, podrÃ¡ efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoraciÃ³n de anualidades de amortizaciÃ³n del principal de los prÃ©stamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernizaciÃ³n de las estructuras de producciÃ³n de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificaciÃ³n final de cumplimiento de compromisos y realizaciÃ³n de inversiones.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Actuaciones del Ministerio de Vivienda.
Para completar las ayudas de urgencia previstas en el artÃ­culo 9 de este real decreto-ley, el Ministerio de Vivienda podrÃ¡ suscribir Acuerdos de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento del Convenio de ColaboraciÃ³n suscrito con la Comunitat Valenciana para la aplicaciÃ³n del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. La financiaciÃ³n de las ayudas para reparaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n y reconstrucciÃ³n de las viviendas que hayan resultado gravemente daÃ±adas por los sucesos descritos, se efectuarÃ¡ en los tÃ©rminos que se contienen para estas ayudas en las disposiciones del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y se financiarÃ¡n con cargo a la reserva no territorializada regulada en los artÃ­culos 78.c).2 y 83.3 del real decreto antes citado.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Fitosanidad de los cultivos afectados.
De conformidad con el artÃ­culo 15 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, se califican de utilidad pÃºblica las medidas de lucha contra plagas que se puedan adoptar en los cultivos afectados para restablecer la normalidad fitosanitaria, cuando dichas medidas sean necesarias a la luz de los seguimientos y controles de plagas efectuados.
DisposiciÃ³n final primera. Titulo competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1. 23.Âª y 29.Âª de la ConstituciÃ³n, sin perjuicio de las medidas adicionales y de mayor protecciÃ³n que haya adoptado o pueda adoptar la Comunitat Valenciana.
La Presidenta del Gobierno en funciones, MARÃA TERESA FERNÃNDEZ DE LA VEGA SANZ

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