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Timestamp: 2020-08-15 16:56:29+00:00

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#Procedimiento Penal #Responsabilidad Penal #Persona jurídica #Compliance program
Proceso penal frente a la
En este trabajo, se realiza en primer lugar un repaso de la regulación en el ordenamiento jurídico español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para, posteriormente, analizar las particularidades del proceso penal cuando participa en el mismo una persona jurídica como sujeto pasivo. La naturaleza propia de estos entes se refleja de manera directa en su forma de participación en el proceso penal, en las garantías procesales o en la propia prueba, donde tienen especial importancia los conocidos como
compliance programs. Asimismo se estudian cada una de las medidas cautelares susceptibles de aplicarse a la persona jurídica, atendiendo también a los presupuestos necesarios que han de existir y procedimiento para su aplicación. Posteriormente se analiza la conformidad en este tipo de procesos, subrayando las particularidades más relevantes. A continuación, se detallan las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas. Por último, se dedica un capítulo a los partidos políticos como personas jurídicas penalmente responsables, ya que de su función constitucional derivan una serie de particularidades. Para concluir, se concretan los aspectos donde sería aconsejable un mayor desarrollo legislativo.
Firstly, a review of the regulation in the Spanish legal system of the criminal liability of legal persons is carried out to later analyze the particularities of criminal proceedings in those cases in which a legal person participates. The special nature of these entities can be directly appreciated in their means of participation in the criminal procedure, in the procedural guarantees or in the burden of proof, particularly regarding the so-called compliance programs. Furthermore, precautionary measures applicable to legal entities are studied, taking into account the requirements needed and procedure for its application. Plea agreements are analyzed, highlighting the most relevant particularities. Moreover the penalties that may be imposed on legal persons are detailed. Finally, political parties as criminally responsible legal entities are analyzed, since their constitutional role involves several particularities. To conclude, the aspects in which deeper legislative development would be desirable are specified.
LISTADO DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS
Art(s).: artículo(s)
LECrim: Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
LOTJ: Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 5/1995 del Tribunal del Jurado
LMAP: Ley de Medidas de Agilización Procesal.
Pág.(s): página(s)
Parr.: párrafo
JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL ... 9
2.1. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ... 9
2.2. TÍTULOS DE IMPUTACIÓN ... 10
2.3. DELITOS ATRIBUIBLES ... 11
2.4. LA CLÁUSULA DEL BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE LA PERSONA JURÍDICA ... 13
2.5. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PENAL APLICABLE ... 14
LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS .. 17
3.1. PERSONAS JURÍDICAS IMPUTABLES ... 17
3.2. PERSONAS JURÍDICAS EXENTAS DE RESPONSABILIDAD ... 18
3.3. CITACIÓN, REPRESENTACION Y COMPARECENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL ... 19
GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL FRENTE A
PERSONAS JURÍDICAS ... 23
4.1. REGULACIÓN ACTUAL Y EXIGENCIAS DEL ÁMBITO EUROPEO ……….23
4.2. DERECHO DE ACCESO AL PROCESO ... 24
4.3. DERECHO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN ... 26
4.4. DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN ... 28
4.5. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ... 30
LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL FRENTE A
PERSONAS JURÍDICAS ... 32
5.2. LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE COMO OBJETO DE PRUEBA
5.2.1. El caso especial de las PYMES ... 36
5.3. CARGA DE LA PRUEBA ... 36
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LA PERSONA
JURÍDICA ... 38
6.1. CARACTERES Y PRESUPUESTOS NECESARIOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES A PERSONAS JURÍDICAS ... 38
6.2. TIPOS DE MEDIDAS APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA . 39 6.2.1. Medidas cautelares personales ... 39
6.2.2. Medidas cautelares reales ... 41
6.3. PROCEDIMIENTO ... 42
6.4. REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES ... 43
LA CONFORMIDAD EN EL PROCESO PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS ... 44
7.1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES ... 44
7.2. MOMENTOS PROCESALES PARA EXPRESAR LA CONFORMIDAD ... 46
7.3. REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA DECLARAR LA CONFORMIDAD ... 47
LA SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL CON
PERSONAS JURÍDICAS PENALMENTE RESPONSABLES ... 49
PARTIDOS POLÍTICOS COMO PERSONAS JURÍDICAS
PENALMENTE RESPONSABLES ... 53
11.1. BIBLIOGRAFÍA ... 59
11.3. LEGISLACIÓN ... 63
Mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se incluyó en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, con el fin de hacer frente a una realidad en la que éstas tienen un rol esencial en la comisión de delitos tales como la corrupción en el sector privado, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, ataques informáticos, etc. Además, en nuestros días, muchas de estas entidades trabajan internacionalmente, por lo que resulta necesario que esta lucha se realice a nivel global. En este sentido, resultaba necesario que España cumpliera con sus obligaciones derivadas de su pertenencia a la Unión Europea y de la necesidad de armonización jurídica.
Esta modificación tiene implicaciones en un plano penal sustantivo y también procesal, siendo estas últimas el objeto de este trabajo. Cabe señalar, sin embargo que la reforma en materia penal no fue acompañada de una reforma procesal, debiendo esperar hasta la LO 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, para tener una respuesta a los problemas que presenta este nuevo régimen.
Con el objeto de estudiar las particularidades que afectan a este tipo de casos, es necesario comenzar analizando los aspectos fundamentales de la regulación contenida en el art. 31 bis del Código Penal y los fundamentos de la misma, para lo que resulta imprescindible tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este análisis se desarrolla en el capítulo segundo del presente trabajo.
Una vez analizado lo anterior ha de especificarse qué tipo de personas jurídicas pueden formar parte del proceso penal, ya que existen casos de inimputabilidad y casos en los que estas pueden estar exentas de responsabilidad. Bien determinados estos casos, no puede dejar de estudiarse de qué manera asistirán las personas jurídicas al proceso penal, con el examen de la figura del representante especialmente designado. Todo ello se detalla en el capítulo tercero.
La posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas requiere el reconocimiento de derechos fundamentales y garantías procesales a las mismas, tal y como ha aclarado el propio Tribunal Supremo. Al estudio de los mismos en el ordenamiento jurídico español y europeo se dedica el capítulo cuarto de este trabajo.
El capítulo quinto se dedica a la prueba, con especial referencia a los programas de
estudia la carga de la prueba debido a que la prueba de la eximente presenta características esencialmente distintas a aquellas del proceso contra una persona física, lo que ha sido objeto de un acusado debate doctrinal y jurisprudencial.
Ante la presunta comisión de un delito por parte de una persona jurídica, puede resultar conveniente el establecimiento de ciertas medidas cautelares. Por ello, el capítulo sexto se ocupa del estudio de los presupuestos necesarios que han de existir para que puedan aplicarse las mismas, y también estudia las particularidades que presentan, fundamentalmente en relación a su naturaleza, dadas las características de las personas jurídicas.
Otro aspecto que merece especial atención son los modos de poner fin al proceso. Por ello, se trata en el capítulo séptimo la conformidad, que se reconoce sin problemas a las personas jurídicas, insistiendo en la manera en que éstas prestan la misma. Sin embargo, no será esta la forma habitual de terminación del procedimiento, sino que será la sentencia de condena o absolución. Por las características de las personas jurídicas, solo son susceptibles de imponerse ciertas penas y al estudio de las mismas se dedica el capítulo octavo del trabajo.
En penúltimo lugar, se ha considerado necesario dedicar un capítulo al estudio particular de los partidos políticos como personas jurídicas penalmente responsables, ya que debido a la función constitucional que desempeñan los mismos, presentan ciertas especificidades. Además, se trata de un tema de plena actualidad en nuestro entorno.
JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Tradicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico reflejaba el conocido principio
Societas delinquere non potest. No obstante, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas como respuesta a la lucha contra la delincuencia económica en el ámbito empresarial. En este capítulo, se tratará de analizar el régimen general que recoge el ordenamiento jurídico español a partir del año 2010 y, particularmente, después de las reformas del año 2015, de gran importancia al respecto. Por ello, se comenzará estudiando el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con importantes consecuencias de índole práctica, continuándose con el contenido del tipo recogido en el art. 31 bis y acabando con un breve repaso a las particularidades en cuanto a la competencia y procedimiento penal aplicable en los procesos penales con personas jurídicas.
2.1.FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Una vez asumido que nuestro ordenamiento recoge la responsabilidad penal de las personas jurídicas es conveniente analizar cuál es el fundamento de la misma, asunto al que se dedicará este epígrafe.
Por lo general se manejan dos modelos diferenciados: el modelo vicarial o responsabilidad por transferencia y el modelo de autorresponsabilidad. El primero de ellos sostiene que la responsabilidad penal de la persona jurídica deriva de la actuación de una persona física siempre que exista un hecho de conexión. El segundo de ellos entiende que es la propia persona jurídica quien comete el delito siempre que no hubiera adoptado las medidas organizativas necesarias para garantizar que no se cometieran hechos delictivos en su seno1.
El debate respecto a cuál de estos dos modelos responde la legislación española ha sido doctrinalmente muy intenso. Sin embargo, ha sido precisamente este segundo modelo el asumido por el Tribunal Supremo, y así se refleja en el Fundamento Jurídico Octavo de la STS 154/2016 de 29 de febrero, afirmándose que la norma pretende atribuir a la entidad la responsabilidad por el hecho propio, en los que puede declararse su responsabilidad con independencia de que
la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella (art. 31 ter 1 CP). Siguiendo este modelo, la STS 455/2017, de 21 de junio, ha negado la existencia de un litis consorcio pasivo necesario, derivado de la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica respecto de quien comete el delito de referencia.
Esto mismo puede inferirse del hecho de que la legislación contemple como una forma de exención de responsabilidad si la entidad ha llevado a cabo sus deberes de vigilancia, supervisión y control de manera correcta como establece el art.31 bis 4 CP. Junto a estos argumentos, pueden encontrarse otros como la referencia a la pena de multa para este tipo de entidades delincuentes, repercutiendo sobre su propio patrimonio. Además los defensores de la teoría de la autorresponsabilidad entienden que si se aceptara el modelo de transferencia o heterorresponsabilidad, se rompería el principio de responsabilidad de la pena. Además, únicamente este modelo permite garantizar una correcta aplicación de los principios que informan el proceso penal, gozando las personas jurídicas de derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al Juez legalmente predeterminado por la ley, etc.2, como se analizará en el capítulo cuarto de este
2.2. TÍTULOS DE IMPUTACIÓN
El actual artículo 31 bis CP recoge un sistema dual al contemplar una doble vía para la imputación de la persona jurídica, que no hace desaparecer, de modo alguno, la responsabilidad de la persona física. Así, el artículo 31 bis.1 del Código Penal detalla:
En cuanto al primer apartado, cabe señalar que esta nueva redacción del precepto, actualizado mediante la Ley Orgánica 1/2015, permite incluir a un mayor número de personas como sujetos capacitados para transferir responsabilidad a la personas jurídicas. De esta manera, se incluyen a aquellos que tienen una capacidad de control de la propia organización y por otra parte a quien tiene capacidad para la toma de decisiones.
Por su parte, el apartado 1.b) del artículo 31 bis recoge la posibilidad de que se genere responsabilidad penal de la persona jurídica por una acción de un subordinado, si se constata que ha habido un incumplimiento doloso o imprudente grave de los deberes de “supervisión, vigilancia y control” por parte de las personas físicas mencionadas en el apartado a). El concepto de “subordinados” ha de entenderse de manera amplia, no siendo necesario que exista una relación laboral. Además, en los casos en los que el incumplimiento no pudiera ser calificado como grave, podrán aplicarse sanciones administrativas o mercantiles, asegurando así el cumplimiento de las Directivas de la Unión Europea (art. 66 bis CP).
2.3. DELITOS ATRIBUIBLES
El primer requisito necesario para atribuir responsabilidad a la persona jurídica es la comisión de un hecho punible por una persona física para el que se contemple, bien en el propio Código Penal o en leyes especiales, la extensión de la responsabilidad a este tipo de entes. Es decir, se trata de un verdadero sistema de numerus clausus.
Los delitos por los que una persona jurídica es susceptible de ser penalmente responsable son:
a) Tráfico ilegal de órganos (art.156 bis.3);
b) Trata de seres humanos (art.177 bis.7)
c) Relativos a la prostitución, explotación sexual y la corrupción de menores (art.189 bis)
d) Descubrimiento y revelación de secretos (art.197 quinquies);
e) Estafa (art. 251 bis)
f) Frustración de la ejecución (art. 258 ter).
g) Insolvencias punibles (art.261 bis).
i) Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (art.288).
j) Blanqueo de capitales (art. 303.2)
k) Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis.5)
l) Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
m) Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art.318 bis.5)
n) Contra la ordenación del territorio (art. 319.4)
o) Contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328)
p) Exposición a radiaciones ionizantes (art, 343.3).
q) De riesgo provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3)
r) Contra la salud pública (art. 366).
s) Relativos a las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 369).
t) Falsificación de moneda (art. 386.5)
u) Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)
v) Cohecho (art. 427)
w) Tráfico de influencias (art. 430)
x) Delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 bis)
y) Financiación del terrorismo (art. 576).
Este listado de delitos lleva a realizarse algunas cuestiones como por ejemplo cúal ha sido el criterio seguido por el legislador para la elaboración de la misma, ya que existen otras figuras no contempladas que también frecuentemente son realizadas por personas jurídicas, como apropiación indebida (art. 252 CP), coacciones (art. 169 CP) o delitos contra la seguridad en el trabajo (316-317 CP)3. En este mismo sentido se pronuncia la
Fiscalía General del Estado (FGE en adelante) al considerar que podrían haberse previsto delitos tales como lesiones o incluso el homicidio4, como se recoge en el ordenamiento
VELASCO NUÑEZ, E. (2012): “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales”. Diario La Ley nº. 7883. Ed. Wolters Kluwer.
jurídico de Reino Unido mediante la innovadora figura del corporate killing u homicidio empresarial5.
Esta comisión por parte de una persona física de uno de estos delitos se denominará hecho de referencia 6 y es suficiente con que este hecho sea típico y antijurídico
ya que como indica el artículo 31 ter del Código Penal, no es preciso que se individualice a la persona física que ha cometido el delito añadiendo en su apartado segundo que la concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.
Pero junto a este hecho de referencia, es necesario que exista un defecto organizativo que permita atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. De esta manera, el Tribunal Supremo, señala en su STS 154/2016 que es necesario que haya una “ausencia de medidas de control”, como refleja en el Fundamento Jurídico décimo al afirmar que la tipicidad estriba en “esa existencia de la infracción cometida por la persona física unida a la ausencia del debido control que le es propia a la jurídica, en los términos que describe el art. 31 bis”7.
2.4. LA CLÁUSULA DEL BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE LA PERSONA JURÍDICA
En los dos títulos de imputación contemplados en el artículo 31 bis, se hace referencia a que la acción se lleve a cabo “en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica”. Esta expresión vino a sustituir la de “en provecho” que aparecía en la redacción original del precepto y que entrañaba algunas dificultades en cuanto si había de interpretarse como elemento objetivo o subjetivo o si había que reducir su significado a lo puramente económico. Esta nueva expresión, conforme a la interpretación coincidente de la FGE8 y del TS9, hace referencia a cualquier tipo de ventaja sin que sea necesario que se
5 GIMENO BEVIÁ, J. (2016): Compliance y Proceso Penal. El proceso penal de las personas jurídicas.
Thomson Reuters, Madrid, pág. 120 y ss.
6 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2012): Proceso penal y persona jurídica. Marcial Pons. Madrid, pág.22 7 STS 154/2016 de 29 de Febrero, pág. 91 y ss., Fundamento de Derecho décimo.
8 Circular 1/2016 de la Fiscalía General op. cit., pág. 16 y ss.
consiga de forma efectiva. Asimismo el TS señala que los Tribunales están obligados “en cada supuesto concreto, a matizar sus decisiones en esta materia, buscando la existencia de una verdadera relación entre el delito cometido y la obtención de la ventaja, provecho o beneficio, directo o indirecto”10.
Esto se debe a que, incluso aunque la persona natural actuare para conseguir en su beneficio individual, podría revertir esta actuación en la persona jurídica, por lo que en cada caso será necesario estudiar la idoneidad de la conducta para la posible obtención ex ante de un beneficio para las entidades jurídicas11.
2.5. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PENAL APLICABLE
Por supuesto, dentro del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas es de vital importancia el análisis de la competencia y el procedimiento penal aplicable.
En primer lugar, la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal (en adelante LMAP) introdujo el art. 14 bis de la LECrim en los siguientes términos: cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica. Es decir, esta regla afecta a la competencia objetiva y funcional según el delito imputable a la persona física, aunque esta no fuera parte de ningún proceso.
Por tanto, en general tendrán competencia los Juzgados de lo Penal, si la pena de privación de libertad prevista para las personas físicas no es superior a cinco años, o se trata de una multa u otra pena de distinta naturaleza siempre y cuando no exceda de los 10 años. En otro caso, será competente la Audiencia Provincial. Por supuesto, lo anterior se llevará a cabo siempre y cuando no sea uno de los delitos de los que debe conocer la Audiencia Nacional o el Tribunal del Jurado. En caso de que fuera un menor quien cometiese un delito en beneficio de una persona jurídica, el Juzgado de Menores (o el Juzgado Central de Menores) no podrá enjuiciar a la persona jurídica por carecer de competencia objetiva para ello12.
10 STS 154/2016 de 29 de febrero, pág. 75. Fundamento de Derecho decimotercero
11 NEIRA PENA, A.M (2017): “La prueba en el proceso penal frente a las personas jurídicas” en
Proceso penal y responsabilidad de personas jurídicas. Pérez-cruz Martín, A. y Neira Pena (Directores). Aranzadi, Cizur Menor, Pamplona, pág. 270 y 271.
12 RODRÍGUEZ TIRADO A.M (2017): “La determinación de la persona jurídica investigada ¿Y lo
La competencia funcional no es distinta de la establecida para las personas físicas. Por tanto, la investigación corresponde al Juzgado de Instrucción para delitos ordinarios y a los Juzgados Centrales de Instrucción si se trata de delitos que deban ser juzgados por la Audiencia Nacional. Por supuesto, el derecho a la segunda instancia también está generalizado para las personas jurídicas (Ley 42/2015 para la agilización de la justicia penal y refuerzo de garantías procesales).
Tampoco existe ninguna norma especial en lo referente a la competencia territorial para los casos en los que se imputara un delito a una persona jurídica, por lo que, de acuerdo al art. 14 LECrim, el fuero preferente será aquel del lugar de comisión del delito. Bien es cierto que en derecho comparado existen referencias al lugar donde se encuentre la sede o domicilio social de la persona jurídica, de modo que en Francia se admite la posibilidad de optar por el lugar de la comisión del hecho o la sede de la persona jurídica. Como bien apunta GIMENO BEVIÁ, dado que lo que se reprocha en el art. 31 bis CP es el defecto organizativo, éste tendrá lugar en la sede o lugar donde la entidad lleve a cabo sus actividades. Subraya sin embargo este autor, que sería deseable que el legislador hubiera previsto algo al respecto13.
En cuanto al procedimiento que habrá de aplicarse, deberá ser el abreviado si el delito está castigado con una pena privativa de libertad no superior a 9 años; mientras que si está castigado por una pena superior deberá seguirse el procedimiento ordinario. El procedimiento de juicios rápidos no será por lo general aplicable ya que pese a que mediante este procedimiento pueden juzgarse delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, no será su instrucción sencilla, de forma contraria a lo establecido por el art. 795.3 LECrim. Al no existir ninguna referencia expresa, habrá que entender que si el delito cometido entra dentro de la competencia de Tribunal del Jurado, será este quien juzgue a la persona jurídica, si bien hay cierta controversia por entenderse que el Jurado no está suficientemente preparado para juzgar a personas jurídicas, actividad de importante complejidad14.
responsabilidad penal de personas jurídicas. Pérez-Cruz Martín A.J. y Neira Pena A.M (Directores). Aranzadi, Cizur Menor, Pamplona, pág. 150 y ss.
13 GIMENO BEVIÁ, J. (2016): Compliance y Proceso Penal. El proceso penal de las personas jurídicas.
Thomson Reuters, Madrid. Págs. 68.
En último lugar conviene señalar, como ya se apuntó en el epígrafe referido al fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que el modelo autónomo de responsabilidad permite que pueda enjuiciarse a la persona jurídica sin que sea preciso que se enjuicie a la persona física autora de lo que se ha denominado hecho de referencia. Sin embargo, al tratarse de delitos relacionados cabe aplicar la conexidad subjetiva, aunque no de manera automática (art. 17 LECrim), que podría alterar el régimen general de la competencia objetiva y territorial. Por tanto, pese a la autonomía del delito cometido por la persona jurídica respecto de delito cometido por la persona física, se favorecerá el enjuiciamiento conjunto siempre que exista conexidad por razones de economía procesal15.
LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Una vez analizada la regulación más básica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conviene señalar que no en todos los casos éstas podrán ser parte en el proceso penal. A continuación se hará referencia a las personas jurídicas inimputables y a las personas jurídicas exentas de responsabilidad.
3.1.PERSONAS JURÍDICAS IMPUTABLES
Es conveniente, comenzar este apartando insistiendo en que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no sustituye en modo alguno a la responsabilidad de las personas físicas lo que se debe al hecho organizativo16. Es decir, la existencia de un sustrato material suficiente17 supone que el castigo de los individuos no repara el riesgo al que se han
visto sometidos los bienes jurídicos protegidos. Efectivamente, así ha quedado plasmado en la STS de 29 de febrero de 2016, que distingue tres tipos diferentes de sociedades, de manera coincidente con la Circular 1/2016 de la FGE:
a) Sociedades que operan con normalidad dentro de los diferentes sectores y que cuentan con una capacidad real de dominio18, y a las que precisamente va dirigido el
art.31 bis en sus apartados 2 a 5,siendo por tanto, imputables.
b) Sociedades que realizan dos tipos de actividad, lícita e ilícita, siendo esta última mayor que la primera, a las que hace referencia el art.66 bis en su regla 2º. Serán también personas jurídicas imputables en tanto a que cuentan con un sustento organizativo.
c) Las denominadas “sociedades pantalla”, sin embargo, son precisamente aquellas que sirven de mero instrumento para realizar actos delictivos y serán inimputables, como ya estableciera el Auto de 19 de mayo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pudiéndose aplicar la doctrina del levantamiento del velo. La Circular 1/2016 de la FGE afirma que “El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no
16 GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A.E (2017): “La imputabilidad de las personas jurídicas
y su capacidad para ser parte en el proceso penal”. Revista Jurídica de Castilla y León nº 43. Págs. 118 y ss.
17 VELA MOURIZ, ANA (2016): “Las claves de la primera condena penal del TS a Personas
Jurídicas”. Diario La Ley nº 8713. Ed. Wolters Kluwer.
está diseñado para ellas […] de tal modo que la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de la conducta19.
Una vez hecha esta distinción cabe destacar las características que se derivan del especial régimen de imputación de las personas jurídicas, que puede compararse con aquel de las personas físicas. Y es que, si en este último caso la imputabilidad se presume y si ha de aplicarse una eximente, habrá de ser objeto de prueba; no ocurre lo mismo con las personas jurídicas para las que se habrá de probar, como se analizará más adelante, que tienen el sustrato organizativo necesario y son por tanto imputables. Si esto no quedase acreditado debidamente, deberá aplicarse el régimen de las consecuencias accesorias del delito20 (art.127 y ss. CP) y la aplicación del art. 570 quáter, que permitirá la imposición de
las medidas de los arts. 33.7 y 129 del CP. Por tanto, queda claro que este aspecto desencadena importantes consecuencias jurídicas, ya que la calificación de una persona jurídica como imputable permitirá la aplicación de los arts. 118 y 119 LECrim, y por tanto la persona jurídica será parte del proceso con todos los derechos y garantías.
3.2. PERSONAS JURÍDICAS EXENTAS DE RESPONSABILIDAD
Existen ciertas personas jurídicas que pese a ostentar la capacidad para ser parte en el proceso y contar con un sustrato material suficiente, no son susceptibles de ser declaradas penalmente responsables, y así se recoge en la redacción del nuevo art. 31 quinquies, que exceptúa el régimen de responsabilidad penal para el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, Agencias y Entidades públicas Empresariales, organizaciones internacionales de derecho público y, a otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. La Fiscalía General del Estado, en la ya mencionada Circular 1/2016 entiende que el listado propuesto en este artículo no sería necesario por incluir el concepto “Estado” todas las Administraciones. Por otra parte considera que hubiera sido adecuada la inclusión en este listado de las fundaciones, al quedar sin duda las mismas, incluidas dentro de las personas jurídicas exentas. Con la nueva redacción del precepto, además, parece quedar claro que los
19 Circular 1/2016 de la Fiscalía General op.cit., págs.27 y ss.
20 GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A.E (2017): “La imputabilidad de las personas
Colegios profesionales sí son susceptibles de tener responsabilidad penal, así como partidos políticos y sindicatos21.
3.3. CITACIÓN, REPRESENTACION Y COMPARECENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL
De acuerdo al art. 119 LECrim., las personas jurídicas tienen derecho a comparecer, por lo que habrán de ser citadas. La citación de las mismas no presenta grandes dificultades ya que, con base en lo establecido en el artículo anterior junto con los arts. 149 y ss. de la LEC., a los que remite la propia LECrim., la citación se llevará a cabo en el domicilio social de la entidad, que podrá ser consultado en el correspondiente registro. Es decir, la citación se hará directamente a la persona jurídica y no a su representante legal22.
Continuando con el contenido establecido en el art. 119 LECrim., se requerirá que se nombre un representante de la persona jurídica. Este representante se subrogará para el ejercicio de todos los derechos que asisten a la persona jurídica. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico impone un sistema potestativo de designación de representante, al contemplar que la falta de la misma no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado. Si estos dos últimos no hubieran sido designados, serán nombrados de oficio por el órgano judicial.
En cuanto a quién debe ostentar la representación, la legislación española no pone límites al respecto más allá del art. 786 bis que se estudiará más adelante, si bien parece que la solución más sencilla sería designar una persona que forme parte de la propia entidad pero no aparezca como investigada, evitando así un eventual conflicto de intereses23. Lo
cierto es que, dado que el objeto de la fase de instrucción es la averiguación de aspectos relacionados con el hecho punible, no parece apropiado que ostente la representación un tercero ajeno a la empresa, tal y como señala LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA24. Sin
embargo, la regulación de otros países sí que recoge una referencia expresa acerca de quién
21 Circular 1/2016 de la Fiscalía General op.cit., págs. 30 y ss.
22 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2012): Proceso penal y persona jurídica, op. cit., págs. 94 y 95.
23 LLORENTE SANCHEZ-ARJONA, M. (2016): “Algunas consideraciones en torno al
tratamiento procesal de la responsabilidad penal de la persona jurídica”. Observatorio DIMAS. Disponible en
http://observatoriodimas.com/algunas-consideraciones-en-torno-al-tratamiento-procesal-de-la-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica/
24 LLORENTE SANCHEZ-ARJONA, M.: (2013) “La persona jurídica en el proceso penal. Un
ha de asumir el cargo de representante. Las soluciones son diversas, pasando desde un miembro del Consejo de administración (Austria), al administrador de la misma (Países Bajos) o el especial caso de Chile en el que la designación de dicho representante corresponderá al propio Ministerio Fiscal25.
Es importante analizar el posible conflicto de intereses mencionado anteriormente ya que incide directamente en el derecho de defensa de la persona jurídica. Este conflicto puede darse en dos casos: cuando el representante es también investigado y en los casos en los que el representante es llamado como testigo.
En el primero de los casos únicamente nos encontraríamos con un conflicto de intereses si la estrategia de defensa de la persona jurídica fuera contradictoria con la seguida por la persona física investigada, es decir, si la primera alegara una vulneración de los programas de compliance por los administradores y el investigado mantuviera que ha habido un cumplimiento exhaustivo26. En estos casos, las propuestas para solucionarlo han sido
muy variadas por parte de la doctrina, como también lo son las respuestas que se encuentra en Derecho comparado, coincidiendo muchos en la opción de que sea el Tribunal quien acabe por nombrar al representante (algunos de manera subsidiaria, como contempla el código suizo, otros de manera opcional, como el código italiano, o de manera obligatoria, como el código belga).27 En el caso español, tal y como señala NEIRA PENA28, solo
podría ocurrir que el juez nombrara un interventor judicial como medida cautelar en casos muy extremos. De hecho la interferencia de órganos judiciales para nombrar a un administrador como si la persona jurídica fuera incapaz, supone una vulneración del principio acusatorio que afecta también a los propios investigados29.
En el análisis de este asunto se ha detenido también el TS en la STS 154/2016 de 29 de febrero, defendiendo que “en un caso en el cual efectivamente se apreciase en concreto la posible
25 MORENO MADINA, A. (2017): “La designación del representante, en especial los conflictos de
intereses”. Diario La Ley, nº 9091, Sección Tribuna. Ed. Wolters Kluwer.
26 NEIRA PENA, A.M.(2015): La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal. Tesis Doctoral
Universidad de la Coruña, Departamento de Derecho Público. Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/16496. Pág. 224.
27 MORENO MADINA, A. (2017): “La designación del representante…”, op. cit. págs.18 y ss. 28 NEIRA PENA, A.M. (2015): La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, op. cit. págs. 225 y
29 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A.E. (2017): “La imputabilidad de las personas
conculcación efectiva del derecho de defensa de la persona jurídica al haber sido representada en juicio, y a lo largo de todo el procedimiento, por una persona física objeto ella misma de acusación y con intereses distintos y contrapuestos a los de aquella, se pudiera proceder a la estimación de un motivo en la línea del presente, disponiendo la repetición, cuando menos, del Juicio oral, en lo que al enjuiciamiento de la persona jurídica se refiere[…] Y todo ello incluso siempre que, a esas alturas, resultase ya ineficaz la decisión óptima de retrotraer las actuaciones no al acto del Juicio oral sino a su momento inicial.30
Distinto es el caso del conflicto de intereses en los casos en los que el representante sea también citado como testigo, asunto al que sí que se hace referencia expresa en el art. 786 bis LECrim., que en el marco del juicio oral, prohíbe la designación como representante de quien vaya a declarar en juicio como testigo. No obstante, habrá que considerar este artículo extensible a la instrucción, como señala RENEDO ARENAL31.
Asimismo, esta autora indica que el artículo podría ser interpretado de dos maneras diferentes: bien que quien pudiera ser llamado a declarar como testigo no pudiera ser representante de la entidad; o bien que no pudiera declarar como testigo quien hubiera sido designado representante. El primero de los casos podría suponer una vulneración del derecho de defensa de la entidad, mientras que la segunda interpretación podría ser utilizada de manera fraudulenta por parte de la persona jurídica32. Todo ello, podría acabar
por llevar a que fuera un trabajador quien fuera citado como testigo, lo que tampoco está exento de problemas, ya que se podrían tomar medidas disciplinarias internas. Por ello, NEIRA PENA, propone que si se realizara un despido por esta causa, este fuera considerado nulo33.
Otro asunto que ha de estudiarse es la designación como representante del denominado compliance officer. De acuerdo con la definición de la FGE, éste es el órgano encargado de supervisar el modelo de prevención de delitos y tendrá poderes autónomos de iniciativa y control de modo que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 31 bis 5. para los compliance programs34. El jefe de este organismo suele ser una persona
30 STS 154/2016 de 29 de febrero, Fundamento de Derecho Octavo.
31 RENEDO ARENAL, M.A. (2017): “La imputación de la persona jurídica” en Proceso Penal y
responsabilidad penal de personas jurídicas. Pérez-Cruz Martín A.J. y Neira Pena A.M (Directores) Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 103 y ss.
32 MORENO MADINA, A. (2017): “La designación del representante…”, op. cit. pág. 19.
33 NEIRA PENA, A.M (2014): “La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en
los ordenamientos chileno y español”. Revista de Derecho RDUCN vol.21 nº1.
altamente capacitada que cuenta con conocimientos jurídicos y económicos y que además será la persona que más información tendrá acerca del cumplimiento y efectividad de estos programas dentro de la empresa. Todo ello, unido a sus altas responsabilidades y su contacto directo tanto con miembros de la junta directiva y como con los empleados, le hacen ser una persona idónea para ostentar la representación de la empresa. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que puede transferir a través de su actuación la responsabilidad a la persona jurídica por ostentar facultades de organización y control (art. 31 bis a]) y puede ser que un empleado cometa un delito debido a su falta de control (art. 31 bis b]). Por tanto, puede llegar en algunos casos a estar imputado individualmente, o ser llamado como testigo por la información que posee, encontrándonos en estos casos con el problema de los conflictos de intereses anteriormente tratados. Pese a ello, la propuesta de CP del 2013 considera que debe ser este chief compliance officer quien ostente la representación de la persona jurídica en el proceso penal por la valiosa información que posee35.
Por su parte, el art. 119.1. b), señala que la comparecencia se practicará con el representante designado acompañado del Abogado de la persona jurídica, pero en el caso de inasistencia del primero, la comparecencia será practicada con el Abogado. Es precisamente en este momento, en el que el órgano jurisdiccional informará de los hechos que se le imputan a la persona jurídica, pasando a continuación a la toma de declaración. En caso de incomparecencia del representante, el art. 409 bis LECrim establece que se tendrá por celebrado el acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar. Solución distinta recoge el art. 786 bis, ya que establece que la incomparecencia en el juicio permitirá continuar con el procedimiento si estuvieran presentes Abogado y Procurador de la persona jurídica acusada, lo que difiere sustancialmente del régimen establecido para las personas físicas.
Tratándose de personas jurídicas, solamente se expedirá requisitoria en aquellos casos en los que no hubiera sido posible la citación por desconocimiento del domicilio social. La misma se publicará en el Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial de Registro Mercantil u otro periódico o diario oficial, haciéndose constar los datos de la entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer con Abogado y Procurador en el plazo que se fije. Si la persona jurídica no compareciese, será declarada rebelde y se proseguirá con los trámites procesales hasta su conclusión (art. 839 bis LECrim.).
35 GIMENO BEVIÁ, J. (2016): Compliance y Proceso Penal. El proceso penal de las personas jurídicas, op. cit. págs.
GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL FRENTE A PERSONAS
4.1.REGULACIÓN ACTUAL Y EXIGENCIAS DEL ÁMBITO EUROPEO
La inclusión de las personas jurídicas como sujetos a los que se les puede atribuir responsabilidad penal plantea una revolución político-criminal que a la vez acarrea importantes consecuencias prácticas que resultan especialmente sensibles en cuanto a la titularidad de derechos fundamentales y las garantías del propio proceso penal.
La Constitución española no reconoce expresamente derechos fundamentales a estos entes, como si lo hace, por ejemplo, la constitución alemana36, y es la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional la que se ha ocupado de reconocer la titularidad directa de estos derechos a las personas jurídicas ya que en muchos casos resultan imprescindibles para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. No obstante el Tribunal Constitucional reconoce esta titularidad siempre que sea compatible con la naturaleza de la propia persona jurídica. Por ejemplo, se excluirán los derechos a la vida o a la integridad física, mientras que se reconocerán otros como el derecho al honor (SSTC 139/1995 y 183/1995), el derecho a la libertad de expresión (SSTC 141/1985 de 22 de octubre y 79/2014 de 28 de mayo), u otros con ciertas modulaciones como la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas (SSTC 137/1985 y 54/2015 de 16 de marzo).
Por su parte, el Tribunal Supremo asume que existe igualdad jurídica entre personas físicas y jurídicas respecto a los derechos procesales. De esta manera, en su STS 514/2015 de 2 de septiembre afirman que “parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”. Y en su STS 154/2016 de 29 de febrero, citando la anterior sentencia añaden que “De manera que derechos y garantías constitucionales a los que se refieren los motivos examinados en el presente Recurso, como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, al Juez legalmente predeterminado, a un proceso con garantías, etc., sin perjuicio de su concreta titularidad y de la desestimación de tales alegaciones en el caso presente, ampararían también a la persona jurídica de igual forma que lo hacen en el caso de las personas físicas cuyas conductas son objeto del procedimiento penal y, en su consecuencia, podrían ser alegados por aquella como tales y denunciadas sus posibles vulneraciones en lo que a ella respecta”.37
36 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2010): “Problemas alrededor del estatuto procesal de las personas
jurídicas penalmente responsables”. Diario La Ley nº7427. Ed. Wolters Kluwer, pág. 8.
A nivel comunitario no existe ninguna solución plausible dado que la regulación es imprecisa o inexistente y las Directivas que hacen referencia a las garantías procesales, bien no se refieren expresamente a las personas jurídicas o bien las excluyen como ocurre con la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Como indica DE HOYOS SANCHO sería preciso armonizar las garantías procesales de las personas jurídicas dado que la cooperación judicial en el “espacio de libertad, seguridad y justicia” será en muchos casos clave debido a que las corporaciones tendrán una naturaleza trasnacional. Por ello propone, bien hacer expresamente mención a las personas jurídicas en las normas de la UE ya aprobadas en cuanto a personas físicas, o bien elaborar una Directiva específica al respecto38. No
obstante en los siguientes epígrafes se hará referencia a las Directivas que tienen impacto en los derechos y garantías analizados.
4.2. DERECHO DE ACCESO AL PROCESO
La primera cuestión que se nos plantea es si las personas jurídicas tienen legitimación para actuar como imputadas en un proceso penal y por tanto tienen los mismos derechos y cargas procesales que las personas físicas.
Pese a que la imputación de la persona jurídica ha de estar necesariamente en relación con la comisión de un delito por parte de una persona física, es necesario que se impute a la primera de manera formal un hecho propio, de modo que no se vulneren los principios de inmediatez en el traslado de la imputación, que deberá realizarse de acuerdo a los arts. 118, 119 y 767 LECrim, incluyendo los hechos y razones jurídicas en las que se base la misma. No cabe ninguna duda de que esto deba de ser así, dado que el legislador en el art 33.7 CP califica las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas como graves39. Por tanto el derecho de acceso al proceso requiere que se remuevan los obstáculos
que pudieran impedir el acceso al mismo por parte de las personas jurídicas, así como que sea un proceso con todas las garantías.
38 DE HOYOS SANCHO, M. (2017): “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en
los enjuiciamientos de personas jurídicas en el ámbito de la Unión Europea. Valoración de la situación actual y algunas propuestas”. Revista General de derecho Procesal nº 43. Ed. Iustel, págs. 58 y ss.
39 RODRÍGUEZ BAHAMONDE, R. (2017): “Estatuto jurídico procesal de la persona jurídica
En relación al derecho de acceso al proceso y por supuesto, con el derecho de defensa, encontramos el derecho a la información. Precisamente, el art. 118 LECrim fue modificado mediante LO 5/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de traducción, interpretación y derecho a la información en procesos penales
encargada de trasponer la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Esta Directiva no se refiere de forma concreta a las personas jurídicas, ni para incluirlas ni para excluirlas. Dado que la Directiva 2016/343/UE sobre presunción de inocencia y derecho a estar presente, excluye expresamente a las personas jurídicas, habrá que concluir que la Directiva 2013/13/UE ha de aplicarse tanto a las personas físicas como jurídicas40. Cabe destacar que
la misma reconoce el derecho de información desde el inicio de las investigaciones hasta el momento de la resolución firme.
Bien es cierto, que en ocasiones, pudiera resultar difícil cumplir lo anteriormente expuesto, con ocasión de situaciones transformación, fusión, absorción o escisión. Para ello, el art. 130.2 CP prevé que en estos casos la responsabilidad penal se trasladará a las entidades en que se transforme, fusione, quede absorbida o resulte de la escisión. Además establece una presunción iure et de iure, al afirmar que se considerará que la disolución es encubierta cuando se continúe con la actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, no extinguiéndose la responsabilidad penal. En el caso particular del traslado de domicilio internacional de sociedades mercantiles, propone el Magistrado HERNÁNDEZ GARCÍA que se prohíba el traslado como medida cautelar41.
Además, en este ámbito, habrá de tenerse en cuenta lo anteriormente expuesto en torno al representante de la persona jurídica y al eventual conflicto de intereses entre estrategias defensivas, ya que no hay que olvidar que el representante será la persona física encargada de hacer valer todos estos derechos que se reconocen a la persona jurídica.
40 DE HOYOS SANCHO, M. (2017): “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales…”
op.cit., págs.. 17 y ss.
41 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2010): “Problemas alrededor del estatuto procesal…” op. cit.,
4.3. DERECHO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN
En este apartado han de tratarse fundamentalmente el derecho a la asistencia letrada, con particular mención a la posibilidad de que las personas jurídicas accedan a la asistencia jurídica gratuita; y en segundo lugar habremos de referirnos al derecho a la interpretación.
En el ámbito comunitario, nos encontramos con la Directiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. En el art. 1 de la misma, se hace referencia a su aplicación a “sospechosos y acusados”. Del mismo modo que ocurría en el caso anterior, no se menciona de forma expresa a las personas jurídicas, pudiéndose afirmar que las mismas deberán gozar del derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y en la fase jurisdiccional de recursos contra sanciones administrativas pero no en los procedimientos previos a las mismas42.
En cuanto a la legislación nacional, tal y como venimos comentando en apartados anteriores y en virtud del art. 767 LECrim., la asistencia letrada será preceptiva y operará con la misma fuerza con la que opera para las personas físicas, pudiendo designársele un Abogado de oficio si la entidad no designase a uno de confianza.
Otro asunto de mayor complejidad es el acceso a la asistencia jurídica gratuita. A este respecto, la mencionada Directiva no ofrece una solución clara al remitirse a la regulación interna de cada Estado Miembro. Lo mismo ocurre con la Directiva 2016/1919, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención. En España, la Ley 1/1996 de asistencia jurídica excluye a las personas jurídicas con excepción de Fundaciones y Asociaciones de utilidad pública. Esta exclusión resulta entendible dado que si se trata de entidades mercantiles con ánimo de lucro, es difícil defender que sea el Estado quien se
42 DE HOYOS SANCHO, M. (2017): “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales…”
haga cargo de su defensa43. Propone en todo caso el Magistrado HERNÁNDEZ GARCÍA,
que se deberían de regular de manera expresa los casos en los que una persona jurídica carente de medios económicos suficientes pudiera tener acceso a la asistencia jurídica gratuita. Bien es cierto, que esta regulación debiera ser precisa y exigente a modo de evitar situaciones fraudulentas44.
Al derecho al intérprete hace referencia el art. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y no plantea excesivas complicaciones a la hora de extender el contenido del mismo a las personas jurídicas, si bien la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación a traducción en los procesos penales, no hace referencia expresa a las personas jurídicas. De la misma manera lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional, al entender que forma parte del derecho de defensa. Este derecho, deberá extenderse a lo largo de todo el proceso, tal y como se deduce de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Luedicke, Belkacem y Koç contra la República Federal de Alemania45. La LECrim hace
referencia en su Capítulo II del Título V del Libro Primero al derecho de interpretación refiriéndose a “imputados o acusados” – hoy en día denominados investigados o encausados- pudiéndose entender que se refiere tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Además, la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP, dispone que si se trata de una persona jurídica extranjera quien lo solicita, se le deberían realizar las comunicaciones en la lengua que designe como propia, aunque en opinión de la Profesora RODRÍGUEZ BAHAMONDE, la facilitación de un intérprete debe corresponder al desconocimiento del idioma y no a la nacionalidad46.
43 RODRÍGUEZ BAHAMONDE, R. (2017): “Estatuto jurídico procesal de la persona jurídica
como parte pasiva del proceso penal” en Proceso penal y responsabilidad de personas jurídicas. Pérez-Cruz Martín, A. y Neira Pena, A (Directores) Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. Págs.122 y ss.
HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2010): “Problemas alrededor del estatuto procesal…” op. cit., págs. 18 y ss.
45 BOTICARIO GALAVÍS, M.L. (2014): “El derecho a ser asistido por intérprete. Legislación de la
Unión Europea y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” Revista General de Derecho Procesal nº 32. Iustel. Págs. 12 y ss.
4.4. DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN
El derecho a la no autoincriminación incluye el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Estos derechos se encuentran reconocidos en la CE (art. 24.2) y también en el CEDH en su art.6.1, interpretando el TEDH que están incluidos dentro de las garantías a un proceso equitativo que reconoce este artículo47.
El reconocimiento de este derecho a las personas físicas se basa en la protección de bienes jurídicos que revisten gran importancia, tales como la integridad, la intimidad, la libertad o la propia salud, ya que surge como reacción ante el uso de la tortura como medio para conseguir la confesión. Parece claro que las personas jurídicas no son titulares de estos bienes jurídicos, pero sí lo son del derecho al honor, derecho a la propiedad o capacidad competitiva, de modo que una sanción penal podría llegar incluso a afectar, tal y como establece el Fiscal SERRANO ZARAGOZA a la imposibilidad de realizar los fines que motivaron su creación, dañando la dignidad humana en su dimensión social o colectiva48. Por tanto,
parece que puede afirmarse el derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica siguiendo la doctrina mencionada del TC y del TS, al ser este derecho compatible con la naturaleza y fin de las mismas, tal y como se ha venido desarrollando.
En Derecho comparado, no se encuentra una opinión unánime, como tampoco se encuentra dentro de la doctrina, donde hay quien defiende que el derecho a la no autoincriminación no corresponde a la persona jurídica por estar vinculado el mismo a la dignidad humana49. Sin embargo, los arts. 409 bis y 786 bis 1 LECrim, no dejan lugar a
dudas sobre el reconocimiento de este derecho en nuestro ordenamiento. Por tanto, una vez despejada esta incógnita, ha de analizarse su alcance objetivo y subjetivo.
Como se apuntaba anteriormente el derecho a la no autoincriminación incluye el derecho a no declarar, no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable,
47 GARABAU ALBERTÍ, C. (2017): “Derecho a no autoincriminarse de la persona jurídica”. Diario
La Ley nº 9032. Ed Wolters Kluwer, pág. 2.
48 SERRANO ZARAGOZA, O. (2014): “Contenidos y límites del derecho a la no
autoincriminación de las personas jurídicas en tanto sujetos pasivos del proceso penal”. Diario La Ley nº 8415. Ed. Wolters Kluwer.
49 DEL MORAL GARCÍA, A.: “Algunas cuestiones en materia de delitos contra la hacienda pública
interpretándose en estos casos el silencio de forma neutral. Además en cuanto la aportación de prueba, el TC ha entendido que el derecho a la no autoincriminación no comprende la aportación al proceso penal de las fuentes de prueba que están dentro del alcance inmediato de las autoridades (soportar prueba, usando la terminología del propio TC), ni tampoco la aportación de prueba si la coacción del poder público es anterior al ilícito penal y viene determinada normativamente. Esto último está también relacionado con el deber de colaborar, lo que resulta particularmente relevante en los delitos contra la Hacienda Pública. Las sentencias STC 18/2005 y STC 68/2006 desestiman sendos amparos por vulneración de los derechos a la no autoincriminación de los recurrentes, debido a que quien había aportado la documentación administrativa y tributaria que había servido de objeto de prueba había sido la sociedad mercantil y no la persona física recurrente. Cabría preguntarse entonces, si la solución hubiera sido diferente en caso de haber estado vigente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que teóricamente, sí que podría alegarse el derecho a la no colaboración, sin que además, nuestro CP contemple la posibilidad de la comisión de un delito de desobediencia por parte de las personas jurídicas, por lo que las únicas sanciones posibles serían de tipo administrativo50.
En cuanto a la extensión subjetiva de este derecho, dado que la persona jurídica ha de actuar en el proceso mediante un representante, parece claro que este deberá poder ejercitar este derecho que asiste a la persona jurídica. No obstante, hay quien defiende que este derecho habría de asistir a todos los trabajadores ya que en muchos casos las personas físicas que sean llamadas como testigos, serán integrantes de la persona jurídica. También existen posiciones doctrinales intermedias. Por ejemplo, el código suizo y chileno abogan por extender este derecho a los administradores-representantes; mientras que el Magistrado DEL MORAL GARCÍA opina que este derecho habría de extenderse a los miembros de los órganos de dirección de la persona jurídica51.
Tal y como indican diversos sectores doctrinales, sería deseable que la jurisprudencia diera respuesta clara a estos interrogantes, a modo de perfeccionar un sistema cuyos contornos resultan aún difusos.
50 SERRANO ZARAGOZA, O. (2014): “Contenidos y límites del derecho a la no
autoincriminación...” op. cit., pág. 7.
51 GARAU ALBERTÍ C. (2017): “Derecho a no autoincriminarse de la persona jurídica” op. cit.,
4.5. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El derecho a la presunción de inocencia, recogido en el art. 24 de la CE, constituye sin duda alguna una piedra angular de un sistema procesal de garantías. Esto, unido al expreso reconocimiento jurisprudencial de este derecho a las personas jurídicas, explica la inexistencia de controversias al respecto.
Efectivamente, la STS 221/2016 de 16 de marzo dispone lo siguiente: Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado.
Sin embargo, en el ámbito europeo no existe armonización a este respecto, dado que la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal de determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, excluye de manera expresa a las personas jurídicas investigadas o encausadas en un proceso penal. Para DE HOYOS SANCHO, la aprobación de esta directiva es decepcionante, dado que la no armonización en esta materia dentro de la UE, conlleva importantes consecuencias de cooperación judicial en el espacio de libertad, seguridad y justicia. De este modo, expone la mencionada autora que, dado que el ordenamiento español reconoce el derecho a la presunción de inocencia a las personas jurídicas, es posible exigir ad extra nuestro estándar de garantías en los requerimientos que se reciban de cooperación con otros Estados miembro, lo que afectará a la eficacia del reconocimiento mutuo de resoluciones52.
Pasando ya al contenido propio del reconocimiento de este derecho, el mismo implicará, de igual manera que ocurre con las personas jurídicas, que únicamente puedan limitarse derechos fundamentales como el del honor, la propia imagen, la intimidad, etc. si existen razones muy relevantes. De esta manera, en caso de aplicarse medidas cautelares,
52 DE HOYOS SANCHO, M. (2017): “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en
como las que se estudiarán en apartados posteriores, por intereses que convenga preservar, estas deberán estar debidamente justificadas.
Por otra parte, también el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia implica que la convicción de culpabilidad se alcance mediante prueba. Es decir, no solo habrá de acreditarse el hecho punible, sino también, en el caso de las personas jurídicas, habrá que individualizar el interés de la persona física que cometió el delito, y la existencia de un beneficio directo o indirecto, sin que de ninguna manera, pudiera transferirse de forma automática la responsabilidad penal a la persona jurídica por los hechos cometidos por un representante, directivo o dependiente. Además, no se admitirán presunciones iure et de iure, pero sí presunciones iuris tantum que admitan prueba en contrario, de acuerdo a la jurisprudencia del TEDH53.
53 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2010): Problemas alrededor del estatuto procesal de las personas jurídicas…”
El más reciente desarrollo legislativo respecto a la lucha contra la corrupción es el llamado estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011, y ya presa de múltiples reformas, si bien esta
El Estatuto del investigado: transposición de las Directivas comunitarias en las reformas del 2015
y Etxeberría Guridi, J.F., Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017 Arangüena Fanego, Coral, La Armonización de las Garantías Procesales de sospechosos
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References: Real decreto 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 artículo47
 resolución 
 ARTÍCULO 32