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Timestamp: 2018-11-14 09:20:38+00:00

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10 EstadoSociedadCivil Leopoldo Artiles_Layout 1
The essay deals with the relationship between civil society, state and party system in the Dominican Republic, emphasizing the role of civil society in political reforms processes.
Informe_INOP-Actitudes Hacia El Trabajo
Texto Disc Seguridad Ciudadana.rd.18
La Historia de La sociedad civiL dominicana deL 1916 aL 2008
Estado, Sociedad Civil y democracia en la República Dominicana
Resumen En el trabajo “Estado, Sociedad Civil y democracia en la República Dominicana” se parte primero del delineamiento de los perfiles conceptuales de la cuestión relativa a la relación entre Sociedad Civil y Democracia, haciendo énfasis en la relación particular entre sociedad civil y Estado y entre Sociedad civil y partidos políticos. A su vez, se rastrea genealógicamente el origen así como los cambios de significado que ha evidenciado el término sociedad civil en su decurso histórico, que reflejan a su vez las transformaciones que las sociedades civiles históricas han experimentado como consecuencia de las oscilaciones características de su relación con el Estado y los partidos políticos. En el texto se intenta describir y argumentar los hitos que marcan el desarrollo de la sociedad civil en su compleja relación con los partidos y el Estado, conformando la particular historia de la democracia dominicana, que se puede esquematizar como el relato de una sociedad civil que, desde su condición de “instancia sometida al poder del Estado”, pasa por procesos de diferenciación y maduración período pre-trujillato, trujillato, guerra civil de 1965, período de formación de la democracia electoral dominicana, período de desafíos para la reforma e institucionalización de la democracia- que la convierten en una esfera con identidad propia con respecto al Estado y los partidos políticos. Se debe advertir que estos argumentos en torno a los hitos de desarrollo de la sociedad civil dominicana son fundamentalmente esfuerzos explicativos estilizados, que por economía de la explicación y la exposición obvian, aunque no ignoran, particularidades que a ratos parecen contravenir lo que se abstrae como tendencias generales en el campo estudiado. Al final se arriba a algunas conclusiones y discernimientos conceptuales pertinentes para futuros trabajos.
El concepto de sociedad civil siempre ha sido controversial y complejo, sobre todo cuando se pone al servicio de la comprensión del tejido conformado por las instituciones ciudadanas y los actores sociales estratégicos, así como de la evaluación del rol que estas instituciones y actores juegan en el desarrollo de la democracia y, en última instancia, en el devenir de las sociedades modernas. El argumento de que sin una sociedad civil fuerte se dificulta la existencia de una democracia sólida, así como su contrario, de que la existencia de una sociedad civil débil sólo puede devenir en correlato de democracias frágiles o de regímenes autoritarios, impregnan las reflexiones sobre el “desarrollo político” de las naciones contemporáneas, justificando o no, ya la esperanza en el logro definitivo de instituciones democráticas por largo tiempo ansiadas, o el sentimiento de frustración por la no consecución de las mismas. En la República Dominicana se han evidenciado recientemente dos tendencias de opinión contrapuestas en lo que respecta al rol y fortaleza de la sociedad civil y que, nos atreveríamos a asegurar, son el reflejo de las dificultades que lógicamente enfrentan tanto el discurso científico-social, como el discurso público, para discernir el nivel de complejidad alcanzado por la formación social dominicana en estos tiempos de contradictoria globalización. Por ejemplo, la socióloga Rosario Espinal se ha referido recientemente a la sociedad civil dominicana en estos términos: “La sociedad civil dominicana nunca ha sido fuerte. No podía desarrollarse en la dictadura de Trujillo. En los años sesenta y setenta, Joaquín Balaguer se encargó de golpearla en sus dos expresiones más organizadas de aquel entonces: el movimiento sindical y estudiantil. El empresariado, por su parte, se plegó a los designio de Joaquín Balaguer para ser beneficiario del Estado clientelar. ….. En los años ochenta terminó de desintegrarse la izquierda dominicana, y en su lugar, surgió una pequeña pero activa sociedad civil de capas media interesada en promover reformas políticas. Su sustento financiero provenía de los nuevos programas de financiamiento internacional para la promoción de la democracia que impulsaron Estados Unidos, la Unión Europea, los organismos internacionales y las agencias de cooperación privadas. ….. En esos años la sociedad civil era pequeña pero adquirió capacidad de hacer opinión pública. Por eso algunas de sus organizaciones han sido tan atacadas por los parti-
dos políticos y por importantes medios de comunicación. El ejemplo más claro es Participación Ciudadana, querida u odiada por la prensa y los partidos, dependiendo de las circunstancias. En la actualidad, esa sociedad civil de capas media agoniza. Los fondos de la cooperación internacional disminuyen y se enfrentan a partidos cada vez más clientelares y omnipotentes. Mientras la sociedad civil languidece, los partidos políticos navegan en recursos. Se nutren del financiamiento público, de los recursos del Estado cuando están en el poder, tienen carta abierta para recaudar en el sector privado, y se especula que también reciben dinero del narcotráfico.”1 Es evidente que Espinal refleja el desencanto que muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas de diversos estratos socioeconómicos, niveles educativos y hasta variada orientación ideológico-política sienten ante una nebulosa percepción de impotencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil para crear condiciones de “buen gobierno”, y poder establecer las bases de una democracia consolidada. Este argumento se expone en un importante medio de prensa en el mismo período en que los acontecimientos en el municipio de Gonzalo, Monte Plata, definen un claro triunfo de las protestas llevadas a cabo por sectores de la sociedad civil para impedir que se instalara una fábrica cementera en el área cuya actividad podría afectar negativamente una importante zona protegida por su valor ecológico: el Parque Los Haitises. Como se sabe, la localidad de Gonzalo, ubicada en la Provincia de Monte Plata, fue el escenario en donde se iniciaron los trabajos de construcción de dicha fábrica de cemento, contando con la aprobación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA).2
1.- Rosario Espinal, “Sociedad Civil en Agonía”, Clave Digital, 18 de noviembre de 2009. http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=16187&Id_ClassArticulista=23, bajado alas 11:18 p.m., 27/11/09. 2.- Juan Bolívar Díaz, que podría estar cercano a la posición de Espinal, da cuenta de este nuevo fenómeno: “Atrás parecen haber quedado las energías creativas y el esfuerzo por denunciar y contener la corrupción del sistema político y la repartición del patrimonio público. La sociedad civil dominicana parece haber caído en un letargo. La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad desapareció y el Foro Ciudadano se debilitó, como lo consignó el informe de su secretaría ejecutiva en la asamblea de marzo del 2008, que dio cuenta del ausentismo de las organizaciones empresariales y sindicales y de la reducción en la participación hasta del sector comunitario. Este último registra una mejoría este año, pero el debilitamiento general persiste, aunque emergen nuevos grupos juveniles provenientes de la clase media que denuncian la corrupción y defienden el medio ambiente.” “Contribución de la Sociedad Civil a la Democracia Dominicana”, conferencia dictada el 3 de septiembre de 2009, Hotel Lina, Seminario de Historia de la Sociedad Civil Dominicana.
El que ha sido uno de los movimientos sociales más interesantes de la primera década del siglo XXI en la República Dominicana, y que ojalá los cientistas sociales puedan narrar y analizar en el futuro inmediato, nació a mediados del año 2009, y desde junio no dejó de aparecer tanto en la prensa impresa como en la digital, en la radial como en la televisiva, en encuentros de redes organizacionales y foros, así como en las redes virtuales como Facebook y Twitter, algún comunicado, reportaje o declaración por parte de los actores del movimiento contra la cementera en Gonzalo, muchos de ellos pertenecientes a nuevas modalidades de movimientos juveniles -como“Toy Jarto”, pero otros tantos vinculados a “viejas” categorías, como campesinos, sindicalistas e iglesias. Lo cierto es que en un momento en que, sin duda, y siguiendo a la socióloga Espinal, hay muchos motivos para el desencanto, también ocurren procesos de movilización a favor de objetivos sociales legítimos que ponen en evidencia una cierta fortaleza de ciertos sectores de la sociedad civil, tanto que en los seis meses en que ha durado esta historia, y que culminó con un diagnóstico hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, que había sido invitado como institución experta neutral por el propio Gobierno para que se pronunciase científicamente sobre los argumentos del caso, y que pudo haber sido eficaz para motivar a la compañía cementera a retirarse del lugar para buscar otro punto de instalación, en virtud de las conclusiones negativas del diagnóstico con respecto a las pretensiones de aquella empresa. Una importante comentarista de uno de los periódicos de gran circulación nacional, Inés Aizpún, delineó certeramente los contornos significativos de este hecho: “La gran lección del informe del PNUD sobre la cementera en Los Haitises (y la decisión de trasladar el proyecto a otro lugar) es que los ciudadanos tienen voz. Y no sólo voz, también vías para influir sobre su propia vida, vías que no pasan necesariamente por los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para organizar nuestra vida en común en democracia. Pero tienen su lugar y sus foros, y los ciudadanos deben empeñarse en preservar espacios de actuación fuera de los malabarismos electorales de los partidos. La reacción ciudadana al proyecto de la cementera se enmarca en este esquema. Fue un ejemplo de oposición extrapartidaria. Porque no hay una oposición política real, los ciudadanos tuvieron que actuar. Fueron organizaciones ecologistas, de jó-
venes, academias científicas, universidades... las que hablaron alto y claro y no desmayaron en defender su posición. Fueron ellos los que obligaron al Ejecutivo a encontrar una tercera vía, una salida al callejón en el que se había metido.”3 ¿Qué se puede concluir a partir de esta aparente contradicción? Podemos concluir con dos juicios, también aparentemente contradictorios: 1) Es incuestionable que existe un sentimiento generalizado de desencanto en la actualidad, y que este es justificado por el hecho de que en muchos aspectos capitales no hay sintonía entre el Estado, los partidos y la sociedad civil en cuanto a la asunción de responsabilidad y toma de decisiones por parte de los poderes públicos para avanzar hacia una modernización del sistema político que destierre la práctica consuetudinaria del clientelismo, el rentismo y la corrupción. Por otro lado, que dicha modernización también supere el cortoplacismo y la improvisación en la ejecución de las políticas públicas, que evidencian la carencia de planes de desarrollo a largo plazo, y un pobre interés de coherenciar las políticas económicas y sociales. Esto a su vez empeora cuando se perciben fuertes reflejos autoritarios en los aparatos del Estado, en la clase política en general y en los partidos en particular, los cuales desconfían y desdeñan a las organizaciones de la sociedad civil, reproduciéndose un “sisma” entre partidos políticos y sociedad civil que, según Ortiz Bosch, tiene sus raíces en el desencanto con la democracia y con los partidos, unido a una toma de partido a favor de la sociedad civil por parte de los organismos internacionales que se remonta a la década de los 90s. Esto ha devenido en una situación en la cual, como bien lo dice el sociólogo César Pérez, se percibe al Estado y los Gobiernos como “atrapados por los partidos”.4 2) Las manifestaciones recientes de movilización de la sociedad civil, la más notoria de las cuales ha sido la exitosa movilización contra la instalación de una fábrica cementera en Gonzalo, Monte Plata, debido a la peligrosidad que ésta representaba para la sostenibilidad ambiental del Parque Los Haitises, como zona protegida por ley, si bien no desmiente el argumento anterior, demanda por lo menos su complementación, pues el éxito de esta protesta puede proyectar interrogantes como las si-
3.Inés Aizpún, “Los Haitises”, Diario Libre, 27 de noviembre de 2009. http://diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=225098, bajado a las 11:24 p.m., 27/11/09 4.- Con esta frase hago referencia al título de su libro, que expresa el contenido general de su reflexión sobre el tema de la relación entre estado, gobierno, partidos y Sociedad Civil. César Pérez, Estado y gobiernos, atrapados por los partidos, Colección Clave 2, mayo 2008.
guientes: a) ¿está el éxito de la movilización social en el país contra la construcción de la cementera en Gonzalo relacionado con un marco contencioso excepcionalmente movilizador, como es el marco de la protección del ambiente?, o, ¿está relacionado el éxito con la falta de consenso al interior de los aparatos del Estado en torno a la medida que un ministerio de éste expidió autorizando la construcción?, o, ¿habrá influido también en el éxito el desacuerdo o escaso consenso entre los sectores empresariales con respecto al proyecto? Pero fuera de estas preguntas más que puntuales, hay otra aún más substancial: cuando registramos el desencanto con el Estado y los partidos por parte de la “sociedad civil”, ¿no se estará asumiendo un concepto constituido de sociedad civil que nos ciega a evidencias que expresan modalidades diferentes de movilización y activación de actores nuevos de la sociedad civil aún no considerados en el análisis? Esta reflexión nos conduce a sostener que el tema de la relación entre sociedad civil, Estado y partidos, no se puede ni siquiera en la actualidad concluir ni con una nota totalmente positiva ni con una completamente negativa en relación a su fortaleza pasada y presente frente a los partidos y el Estado, y que en dicha consideración se debe tomar en cuenta los parámetros no sólo teóricos y empíricos a partir de los cuales los analistas observan y evalúan este problema, sino también la trama valorativa, cultural e ideológica en la cual arraiga su análisis. Como la propia Rosario Espinal y otros autores han reconocido, si se traza el desarrollo de la sociedad civil desde la caída del régimen de Trujillo hasta hoy día, se encuentran ciclos de movilización que representan hitos de éxito y grados madurez relativa alcanzados por la sociedad civil relativamente altos, con respecto al desarrollo experimentado tanto por los partidos políticos como por el Estado, así como momentos bajos, uno de los cuales quizás se esté viviendo al final de la primera década del siglo XXI.5
5.- Ver: Lilian Bobea, “De la protesta a la propuesta: articulaciones entre los movimientos populares y el Estado en República Dominicana”, en Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste, por Margarita López Maya (editora), Nueva Sociedad, Venezuela, 1999, pp.179-208.; Rosario Espinal, “La sociedad civil movilizada y las reformas democráticas en la República Dominicana”, Espiral, mayo-agosto, número 021, Universidad de Guadalajara, 2001; César Pérez y Leopoldo Artiles, Movimientos sociales dominicanos. Identidad y Dilemas. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1992; Wilfredo Lozano, Después de los caudillos. Ensayos sobre política y sociedad en la República Dominicana contemporánea, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ediciones Librería La Trinitaria, Rep. Dominicana, 2002;Laura Faxas, El mito roto: sistema político y movimiento popular en República Dominicana. Siglo XXI Editores-Fundación Global de Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), 2008, César Pérez, Estado y Gobiernos atrapados por los partidos, Colección Clave 2, República Dominicana, mayo 2008.
En este trabajo primero definiremos los perfiles conceptuales de la cuestión relativa a la Sociedad Civil y la Democracia, haciendo énfasis en la relación entre sociedad civil y Estado, y Sociedad civil y partidos políticos. En el apartado siguiente ilustraremos los hitos que marcan el desarrollo de la sociedad civil en su compleja relación con los partidos y el Estado, conformando la particular historia de la democracia dominicana. Finalmente arribaremos a algunas conclusiones y discernimientos conceptuales pertinentes para futuros trabajos.
2.- Sociedad Civil, Estado y democracia: definiciones y tesis sobre su relación en República Dominicana
Si tomamos como punto de referencia inicial el liberalismo, la Sociedad Civil fue, según éste, el principio. El liberalismo, considerado como discurso (o serie de discursos) político, siempre ha estado presente en la inquietante pregunta sobre el rol del Estado y del individuo en el marco del orden social y político. El liberalismo arrastró desde su nacimiento una simpatía aguda por el destino de la sociedad civil, sobre todo si es definida como el espacio privilegiado de los intercambios económicos y pacíficos entre personas libres, como es el caso de la concepción de Adam Ferguson, pensador perteneciente a la Ilustración Escocesa, contemporáneo de Adam Smith, y por lo tanto, afín a la visión de la sociedad civil presente en la Economía Política Clásica (lugar del mercado libre, el crecimiento del comercio y de la manufactura, la división del trabajo y la producción de riqueza), al margen de sus ideas acerca de los elementos decadentes propios de la misma, como es la “pérdida del espíritu público”.6 Para Ferguson el fin último de la sociedad civil es el bien de los individuos, y el gobierno (que desde ya podríamos empezar a llamar Estado) estaría en el deber de cumplir con ciertos fines que hagan posible el bien de los individuos. Dichos fines son:
6.- Adam Ferguson, filósofo escocés y autor del Un Ensayo sobre la Historia de la Sociedad Civil, de 1767,(varias ediciones, ), es probablemente el primer pensador que haya elaborado un argumento sobre dicho concepto en tanto entidad distinta del Estado, inscribiéndose por tanto en la dicotomía Sociedad Civil/Estado. Sobre su pesimismo acerca de la evolución final de la sociedad civil y la pérdida del espíritu pública, consúltese a John Keane (editor), Civil Society and the State, Verso, London, 1988, pp.35-71.
“… la defensa nacional, la administración de justicia, la conservación y prosperidad interna del Estado. Si esos objetivos se descuidan, debemos tener en cuenta que el mismo escenario en el que los partidos luchan por el poder, por el privilegio o la igualdad puede desaparecer y la sociedad misma dejará de existir”7 Como se ve en esta cita, Ferguson está describiendo lo que hoy conocemos como un Estado Mínimo, una noción que la mayoría de los pensadores liberales adoptarían, hasta que el consenso con respecto a estos objetivos se rompe en el siglo XIX. Es decir, el liberalismo clásico constituyó y resaltó ideológicamente una diferencia que hasta el siglo XVIII no existía en Occidente: la diferencia virtualmente dicotómica entre Sociedad Civil y Estado. Antes del siglo XVIII, los términos sociedad civil y Estado eran intercambiables, equivalían al mismo concepto, pues siguiendo una línea de argumentación en el marco del Derecho Natural, la Sociedad Civil constituía, en términos conceptuales, un momento posterior a la Sociedad Natural (o Estado de Naturaleza), que los pensadores de entonces solían identificar a grosso modo con las nuevas sociedades indígenas descubiertas en el continente americano. De ahí derivó el concepto de “Hombre Primitivo o Salvaje”, así como el de “Sociedad Salvaje”, y empezaron a cristalizarse como núcleos de una ideología eurocentrista y colonialista. La “sociedad civil” es pues la sociedad civilizada, compuesta por ciudadanos libres capaces de intercambiar bienes y opiniones, y sujetos a un principio de autoridad; según Norberto Bobbio, la sociedad civil como poder central (societas civilis cum imperio), “…lo que en la gran dicotomía (Sociedad Civil/Estado, L.A.) se designa con el término ‘Estado’, en un contexto en el que, como se verá más adelante, todavía no nacía la contraposición entre la sociedad y el Estado, y bastaba un solo término para designar uno y otro, aunque con una distinción interna de especie. A la noción restrictiva del Estado como órgano del poder coactivo, que permite la formación y asegura la persistencia de la gran dicotomía, concurre el conjunto de las ideas que acompañan el nacimiento del mundo burgués: la afirmación de derechos naturales que pertenecen al individuo y a los grupos sociales independientemente del Estado y que como tales limitan y restringen la esfera del poder político; el descubrimiento de una esfera de relaciones interindividuales, como son las relaciones económicas, para cuya regla-
7.- Citado por Francisco Vega Méndez, “La Sociedad Civil en la Concepción de Adam Ferguson”, en http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/soccivderg.pdf, p.11
mentación no es necesaria la existencia de un poder coactivo porque se autorregulan; la idea general tan eficazmente expresada por Thomas Paine, no por casualidad autor de un célebre escrito referente a los derechos del hombre, de que la sociedad es creada por nuestras necesidades y el Estado por nuestra maldad (…), porque el hombre es naturalmente bueno y toda sociedad necesita, para conservarse y prosperar, limitar el uso de las leyes civiles para imponer, con la coacción, el máximo desarrollo de las leyes naturales que no requieren de la coacción para ser aplicadas; en suma, la dilatación del derecho privado mediante el cual los individuos regulan sus relaciones guiados por sus intereses reales…”8 El grado de complejización experimentado por las sociedades occidentales, consistente en la modernización de las relaciones sociales, económicas y políticas, la aparición de nuevas clases sociales bajo el principio de la igualdad jurídica, y la asimilación de una imagen de la sociedad civil como la sociedad “real o material”, donde se producían los conflictos, los impulsos renovadores y los proyectos de control y hegemonía de la sociedad en su conjunto, produjeron lo que el sociólogo Niklas Luhmann denominó una “distinción dentro de una distinción”, es decir, la dicotomía Sociedad Natural/Sociedad Civil fue reemplazada por una dicotomización del concepto de sociedad civil, que a su vez generó la distinción que Bobbio llama la gran dicotomía, o sea la distinción sociedad civil/Estado.9 En esta distinción le cabe al Estado la definición de órgano o asociación política que centraliza el poder de coacción (en palabras de Max Weber, de monopolio del ejercicio de la fuerza física legítima), paralelo a la enajenación del derecho al ejercicio de la violencia física legítima por parte de particulares, familias y clanes, lo cual constituye la prohibición de la venganza como recurso de reparación de un daño. Ese poder concentrado en el Estado puede, sin embargo, constituirse en una fuente de peligro potencial para la libertad y los intereses de los individuos, o distorsionar el funcionamiento de los mercados; es por ello que para el liberalismo es imperativo argumentar a favor de la limitación del poder estatal, que se expresa, en palabras de Bobbio, en una tendencia a propiciar la primacía del derecho privado sobre el derecho público en las sociedades liberal-democráticas modernas. Esto último no es casual,
8.- Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México, 2006 (duodécima reimpresión, 1989 primera edición en español), pp.39-40. 9.- Niklas Luhmann, “ Lo moderno de la sociedad moderna” , en Complejidad y modernidad : de la unidad a la diferencia, Editorial Trotta, , Madrid, 1998, pp.131-153.
dado que desde el siglo XVII el derecho fundamental en el discurso liberal es el derecho de propiedad, que es presentado como ese derecho que ni el poder soberano puede transgredir.10 De ahí surge la propuesta, en la más reciente corriente liberal denominada neoliberalismo, de que la sociedad se acoja básicamente al funcionamiento del mercado, valorando positivamente la capacidad autorreguladora de éste. El orden sería pues una manifestación de regulación espontánea. Cierto es que inclusive en el liberalismo clásico, sobre todo en su versión escocesa (Ferguson), sin llegar a los extremos de la concepción neoliberal, aparece la noción de sociedad civil vinculada a la idea de ámbito de relaciones privadas comerciales. Pero aún en Alexis de Tocqueville, quien alimentó su concepto de sociedad civil a partir de la observación de la sociedad norteamericana de su tiempo, se manifiesta un concepto de sociedad civil que incluye asociaciones cívicas voluntarias, entre ellas las asociaciones y las fundaciones, muchas de ellas orientadas al fomento del desarrollo económico y del comercio.11 Tanto el liberalismo democrático que deriva de John Stuart Mills como las diversas corrientes del socialismo expusieron un argumento diferente: el Estado bien podría ser el órgano insustituible para garantizar mínimos de existencia a la población ciudadana ante el potencial peligro representado por mercados escasamente regulados. Esto supuso una crítica al individualismo característico del liberalismo clásico, así como al neoliberalismo. Esta tensión entre sociedad civil y Estado se expresó histórica y geográficamente en períodos y en naciones en los cuales el balance entre ambos estuvo sesgado a favor de uno de los términos. Convencionalmente hemos aceptado la idea de que el arranque del capitalismo como formación socio-económica estuvo signado por el predominio de la fuerza del mercado, acompañado por un estado con mínimas atribuciones, lo cual, en términos de la visión liberal clásica implicaría un sesgo favo-
10.- “Uno de los hechos que ilustra mejor la persistencia de la primacía del derecho privado sobre el derecho público es la resistencia que el derecho de propiedad opone a la injerencia del poder soberano, y en consecuencia al derecho del soberano de expropiar (por causa de utilidad pública) los bienes del súbdito. Incluso un teórico del absolutismo como Bodino considera injusto al príncipe que viola sin un motivo justificado y razonable la propiedad de sus súbditos, y considera tal acto como una violación de la ley natural a la que el príncipe está sometido al igual que todos los otros hombres.” Norberto Bobbio, op. Cit., p.26. 11.- Es interesante anotar el hecho de que algunos de los entrevistados que ofrecieron información para este y otros trabajos proyectan un concepto de sociedad civil muy afín a este concepto, en la medida en que su involucramiento con la “sociedad civil” se produce cuando se integran en asociaciones de desarrollo. Esto es evidente en las entrevistas a Frank Rodríguez, a Enríquez Fernández y Osmar Benítez.
rable hacia la sociedad civil, concebida en esta visión fundamentalmente como espacio de relaciones de mercado. El balance entre ambos términos cambió a partir de finales del siglo XIX, en la medida en que la propia sociedad civil se transforma abriendo espacio a nuevas articulaciones de voluntades sociales (sindicatos nacionales e internacionales, movimientos sociales) y el propio capitalismo experimenta un cambio de magnitud, expandiéndose con mayor intensidad en todo el globo, en otras palabras, se trata de la expansión-ampliación de la democracia, no sólo como un régimen de procedimientos, sino como un régimen que garantiza una variedad de derechos que van más allá de los derechos civiles y personales: se trata de derechos políticos y sociales. El cambio de balance aludido anteriormente y que supone una ampliación de derechos que van a definir la democracia moderna, no es más que el de la aparición de instituciones que, como la de la seguridad social, instaurada en Alemania por primera vez a finales del siglo XIX, proyecta una imagen más positiva del rol del Estado como agente capaz de mediar los conflictos y amortiguar los efectos de la desigualdad social. Como se sabe, el llamado “Estado de Bienestar”, como institución orientada a satisfacer demandas radicadas en los derechos sociales de la población, se articula de manera sólida en la primera mitad del siglo XX, sustentando políticas de gasto social dirigidas a prevenir los riesgos que penden sobre la salud y el trabajo, fortaleciendo los servicios públicos de educación y salud, así como la seguridad social (protección contra riesgos a la salud, y retiro en la vejez). Fue en la década de los 70 cuando las condiciones que fundamentaban el Estado del Bienestar y sus secuelas en el orden cultural fueron fuertemente desafiadas desde otros paradigmas económicos, políticos y culturales. Por un lado, desde el enfoque monetarista de la ciencia económica se cuestionaron los principios keynesianos que justificaban el gasto estatal, encontrando mucho eco en una opinión pública alarmada por la espiral inflacionaria y los déficits fiscales. Desde el área de la sociología y la ciencia política, se identificó el alto nivel de expectativas y demandas por parte de diversos sectores sociales como causante del “agotamiento” de las instituciones del Estado de Bienestar, y consecuentemente, de la crisis de la democracia. Este razonamiento es el que da fundamento a la tesis de la “Crisis de Gobernabilidad”, que introduciría en el vocabulario de las ciencias sociales el concepto de gobernabilidad desde ahí en adelante.12 Y desde el ámbito de la cultura, se identificaron los valores
12.- Ver “The crisis of democracy. Report on the gobernability of democracies to the Trilateral Commision”, por Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki. Ne York University Press, 1975.
hedonistas de la cultura popular de entonces, como valores que erosionaban la ética de trabajo asociada al capitalismo temprano, dándole aún más sentido a lo que estos discursos emergentes registraban como “exceso de demandas”.13 La denominada “revolución” neoliberal que se extendió por el globo, al principio motivada por la necesidad de responder al desequilibrio originado por el encarecimiento del petróleo y la caída del valor de la moneda norteamericana, y luego articulada como una ideología, implicó la desregulación de algunos mercados estratégicos, la globalización del capital financiero, la apertura comercial de las economías nacionales con la consabida remoción del proteccionismo, el reajuste estructural de las economías del tercer mundo y el fortalecimiento de ideologías religiosas conservadoras, sobre todo en los Estados Unidos, iniciando en los años 90 las llamadas “guerras culturales” de intensa resonancia en los medios de opinión pública y en el ámbito educativo. En definitiva, las últimas dos décadas del siglo XX fueron las de la más alta demonización del Estado, al mismo tiempo que la sociedad en sí misma, además de ser espacio de las fuerzas del mercado, también lo fue de fuerzas anti-mercado organizadas en movimientos sociales como los que se evidenciaron en el tercer mundo contra las medidas de reajuste estructural, y que dieron lugar a un nuevo concepto de sociedad civil que predomina hoy en muchos ámbitos sociales y académicos: la sociedad civil vista en general como espacio de la vida ciudadana pública que trasciende el mercado y se expresan en movimientos y organizaciones civiles que abordan toda gama de demandas y de derechos ciudadanos. Es cierto que la actividad de estas fuerzas anti-mercado no bastaron para remover ciertos efectos de la política neoliberal que incluso en este momento de crisis de mercado e invocación del Estado mantienen vigencia. Nos referimos a determinados esquemas o marcos de entendimiento de la economía y la política que siguen respondiendo a los esquemas instrumentales proyectados por el neoliberalismo, haciendo muy difícil la distinción entre la naturaleza de lo público y la naturaleza de lo privado. Si fuéramos a evaluar la compleja relación entre la sociedad civil y el Estado dominicano, así como el problemático desarrollo de la democracia dominicana, podemos desde este momento establecer los siguientes argumentos:
13.- Una interpretación interesante de los cambios culturales implicados en este proceso se encuentra en el libro de Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid, 1977.
En el siglo XIX hubo la percepción entre observadores e intelectuales dominicanos de que la sociedad civil estaba insuficientemente organizada, y que era fácil presa de guerras civiles y caudillos, por lo que inclusive Pedro Fco. Bonó afirmó que “.la sociedad dominicana fue organizada para el despotismo… que tendremos, mal que nos pese, rebeliones y más rebeliones; dictaduras y más dictaduras; porque además de ser el remedio universal al que han apelado pueblos y gobiernos en las horas supremas de su existencia, los nuestros no se prestan para otro.”14 Cabe señalar que la tesis de Bonó es hija de las circunstancias en las cuales se emite; sin embargo, hasta mucho tiempo después encuentra eco debido al persistente dato de una sociedad civil débil y fragmentada, que no es capaz de ser algo que trascienda su expresión puramente corporativa, cuando existe evidencia de un incipiente espíritu corporativo concretado en clubes, logias, asociaciones culturales, de desarrollo y prensa. Es así como el primer cuarto del siglo XX puede ser leído como una recurrencia de lo que Bonó identifica en 1881, y que bajo el trujillato no podrá tampoco trascender más allá de su existencia inmediata. Pero la sociedad civil débil, en este período, es también el correlato, en el caso dominicano, de un estado débil. La impresión de que el Estado dominicano, por el hecho de poder ejercer un cierto nivel de coerción física legítima es fuerte, se contradice con la evidencia representada por la inestabilidad y fragilidad de sus estructuras, así como por los frecuentes golpes de Estado. Nosotros hemos dicho, en otro trabajo, y refiriéndonos a las bases fundacionales e históricas del estado dominicano, lo siguiente: “El Estado dominicano en sus orígenes parece responder principalmente al propósito de construir un orden posible que nunca completa con éxito. … lo que trae como consecuencia la inviabilidad de la democracia tal y como se proyectaba en algunas de las constituciones liberales... Desde entonces, emergería un problema que continúa hasta hoy: la dificultad de estructurar un Estado de Derecho con contenido constitucional, marcado por la existencia de constituciones de texto liberal democrático que se encuentran muy alejadas de las prácticas de los sujetos civiles y estatales.”15 En otro trabajo señalé el peso de la dominación neopatrimonialista en la democracia dominicana, contribuyendo así a desvirtuar los principios en los cuales se supone se basa ésta, e imponer cuatro prácticas fundamentales: 1) la indefinición de los conflictos políticos en términos ideológicos y programáticos, frente a su definición por la inclusión o exclusión del botín político ; 2) el presidencialismo como patrón de gobierno; 3) la incoherencia entre la conducta y el discurso de los actores
14.- Bonó, 1980: 228; 1881. 15.- Leopoldo Artiles, “Las características fundacionales del Estado dominicano”, Revista Global, Vol.1, No.2, p.46
políticos cuando están en la oposición y cuando están en el poder; 3) inhibición del efectivo ejercicio de la ley16. Este concepto, aunque implica el clientelismo no lo transparenta suficientemente. En este orden, es pertinente recurrir a la contribución que hace Lozano con respecto a la dinámica clientelar intrínseca al sistema político dominicano, presentándola como una práctica que “…si bien dificulta la institucionalidad democrática, también contribuye a sostener las bases de un sistema político que ha logrado asimilar un ejercicio político-electoral democrático.”17 El reconocimiento explícito de esta práctica nos coloca en el horizonte de problematicidad inaugurado por el concepto de democracia delegativa, de Guillermo O´Donnell18. En el curso del siglo XX, se produjo una situación de sometimiento de la sociedad civil al Estado la misma que se evidenció con virulencia durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, período en el cual la distinción entre las esferas pública y privada se redujo al mínimo, pues la dictadura permeó los espacios privados y hasta de la intimidad de manera abusiva. Después de la muerte de Trujillo se produjeron varios momentos en los cuales la sociedad civil se levantó como actor, junto a otros actores, para afectar de alguna manera la orientación de la sociedad en general y del Estado. Para nosotros destacan de manera especial el conflicto de 1965, para unos Guerra Civil del 65, para otros Revolución de Abril del 65 (pero en todo caso, revolución inconclusa); las pobladas de abril de 1984, que marcan el inicio de una movilización de la sociedad civil extensa e intensa, que tendrá consecuencias hasta principios de los 90s; la reforma constitucional de 1994, que implicó acuerdos que tendrían efectos significativos en lo que restaba de la década y principios del siglo XXI en la institucionalidad del Estado. Es evidente que a partir de los finales de los 70s, -y si especificáramos una fecha un tanto arbitrariamente sería 1978, con el inicio de la primera administración del Partido Revolucionario Dominicano-PRD-, que se revela un grado de maduración de la capacidad de respuesta de ciertas organizaciones de la sociedad civil, como lo son las organizaciones empresariales, las organizaciones académicas (universidades) y las organizaciones no-gubernamentales de variada orientación ideológica, pero principalmente de izquierda, religiosas y no religiosas, que se orientaron a trabajar en los temas de la educación popular, la salud, la organización campesina, la organización comunitaria urbana, los problemas de género y los problemas del ambiente. En los
16.- Aquí sigo a Jonathan Hartlyn, The struggle for democratic politics in the Dominican Republic, The University of North Carolina Press, 1998. 17.- Wilfredo Lozano, Después de los caudillos: ensayos sobre política y sociedad en la República Dominicana contemporánea, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ediciones Librería La Trinitaria, Santo Domingo, República Dominicana, p.270. 18.- Guillermo O’Donnell, “”Ilusiones sobre la consolidación”, Nueva Sociedad 144, julio-agosto 1996.
años 90s hay pues un fortalecimiento de la sociedad civil manifiesto en el crecimiento y variedad de la organizaciones sin fines de lucro que nacen, muchas de ellas con propósitos diferentes, en el orden de su variedad, de lo que solían ser estas organizaciones anteriormente: si antes de este período las instituciones sin fines de lucro – legalmente formalizadas o no- estuvieron marcadas por un interés en la labor filantrópica o asociativo-amical (este es el caso de los clubes tradicionales), y si acaso en el desarrollo, pero también como objetivo asistido, las organizaciones sin fines de lucro de este período en el cual se imponen denominaciones tales como organizaciones no-gubernamentales-ONGs u organizaciones de la sociedad civil-OSC, se proponen con una claridad meridiana el cambio social en sentido amplio y restringido. En sentido amplio, porque muchas de ellas actúan acogiéndose a la idea de que sus esfuerzos contribuyen a posibilitar la transformación de la sociedad y del Estado en su conjunto, y restringido en el sentido de que laboran para contribuir al cambio en el área objeto de su acción –salud, educación, ambiente, género, pobreza. A tono con lo que representó la revitalización del concepto de sociedad civil en las últimas dos décadas del siglo XX, en la República Dominicana también se manifestó la corriente que estableció una relación entre “nuevos movimientos sociales” y sociedad civil, hasta el punto de que por momentos parecían ser conceptos sinónimos, en la medida en que los movimiento sociales que se desarrollaron fueron, naturalmente, fundamentalmente movimientos en el seno de la sociedad civil, al margen de la ambigüedad con que el fenómeno se revistió al establecer las relaciones de los mismos con la política y, especialmente, con los partidos políticos. Contrario a lo que ocurrió anteriormente, cuando la sociedad civil y los partidos políticos parecían ser dos caras de la misma moneda –por ejemplo, durante la guerra civil de 1965- en las dos últimas décadas del siglo XX emergió una lógica de diferenciación y competencia entre movimientos sociales-sociedad civil y partidos, que en el caso de la República Dominicana se manifiesta aún hoy como un conflicto a veces abierto entre sociedad civil y partidos.19 En el fondo, estos conflictos evidencian el problema relativo al des-
19.- Milagros Ortiz Bosch así lo manifestó en la entrevista realizada por Flady Cordero: “…siempre estuvimos alerta a lo que era el proceso de entendimiento con la sociedad y la aceptación con la sociedad, si yo le dijera lo que yo pienso, ha habido momentos estelares, momentos de tensión y momentos muy positivos y momentos de dudas, la ilusión de la sociedad civil es algo muy acogido ante la crisis de los partidos políticos, la falta de respuesta de la democracia a los anhelos de la sociedad, de los grupos comunitarios, se alerta de los organismos internacionales, aparece una tendencia a darle una atención especial a la sociedad civil y un desbalance con el problema de los partidos políticos, una preferencia, eso causó durante un largo tiempo una competencia, un enfrentamiento, nunca discutido, nunca admitido, pero siempre hubo líderes políticos, no en el caso de Peña Gómez, que tenían una gran duda, inclusive cuando digo Peña Gómez, no quiero descartar que dentro del PRD hubiera mucha gente en contra de la sociedad civil porque los partidos creían que el mundo era de ellos y hubo entonces una tensión entre la sociedad civil y partidos
encanto con la “democracia real”, pues a pesar de los evidentes progresos que la democracia dominicana ha experimentado en su dimensión procedimental y electoral, específicamente, no ha sido efectiva como un régimen facilitador de condiciones de mayor justicia social. Pero por otro lado, esto se acompaña de los efectos del modelo neopatrimonialista de dominación en los partidos políticos dominicanos.20
3.- Origen del Estado dominicano moderno
El Estado dominicano en su forma “moderna” emerge momentos después de la primera ocupación militar norteamericana (1916-1924) de la República Dominicana. El general Trujillo asume el poder en 1930 tras liderar un golpe de Estado contra el presidente Horacio Vásquez, el primer hombre que fue elegido después de la ocupación estadounidense en 1924. Vásquez había sido un importante “caudillo” antes de la ocupación. Su nueva administración destacó por su buen historial de respeto de las libertades civiles y obras públicas, a pesar de las limitaciones impuestas por la deuda nacional y el control ejercido por el gobierno estadounidense en los ingresos aduaneros. Sin embargo, alrededor de 1927 comenzó a perder legitimidad por el intento de perpetuarse en el poder y por acusaciones de corrupción. Esto unificó a la oposición y le dio una oportunidad al jefe del Ejército Nacional, general Rafael Trujillo, un hombre ambicioso que ya había comenzado a enriquecerse con medios cuestionables, y que se unió a los enemigos de Vásquez para derrocarlo. El general Trujillo envió a Vásquez al exilio y eliminó a sus seguidores y usó su poder militar para aterrorizar a la población, asumiendo más tarde la presidencia con una elección arreglada (Moya Pons, 1992:503-511). El 16 de agosto de 1930, el general Rafael Leonidas Trujillo inició una dictadura que duraría treinta años. Durante este período, él y sus socios se enriquecieron usando
políticos, hubo momentos en que se creyó que la sociedad civil sustituye los partidos políticos, inclusive sucedió que en el país muchas entidades de la sociedad civil aportaban los grandes manejadores de problemas nacionales como fue el caso por ejemplo de Tony Isa Conde que saltó de la sociedad civil a ocupar puestos importantísimos en el plano político…” 20.- En lo que en nuestra interpretación es un resultado de la vigencia del neopatrimonialismo en el Estado y en los partidos dominicanos, la politóloga Jacqueline Jiménez Polanco afirma lo siguiente: “En el proceso de democratización que vive la República Dominicana desde las elecciones de 1978, la actividad clientelista, personalista y excluyente de los partidos dominantes: Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista o Reformista Social Cristiano (PR/PRSC) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha producido una importante crisis de participación y representación del sistema político, en una sociedad en modernización que cuestiona constantemente el débil papel de intermediarios que juegan los partidos entre gobernantes y gobernados.” Los Partidos Políticos en la República Dominicana. Actividad electoral y desarrollo organizacional. Editora Centenario, Santo Domingo, 1999. P.6.
el poder político como un medio de acumulación de riqueza. Trujillo se convirtió en el dueño de doce de las dieciséis fábricas de azúcar existentes (ingenios), la mayoría de los cuales compró a los propietarios estadounidenses y que representaba el 70% de la actividad de producción de azúcar. Por otra parte, también llegó a poseer empresas manufactureras que, en el momento de su muerte, producían el 30% de la producción industrial nacional, y también era dueño de una gran cantidad de tierra21. Vale la pena señalar que la industrialización por sustitución de importaciones en la República Dominicana se inició con Trujillo. Sus métodos de enriquecerse a sí mismo y a su familia y asociados lo convirtió en el capitalista más poderoso del país, y en ese momento uno de los hombres más ricos del mundo. Durante este período de treinta años de Trujillo desarrolló gran parte de lo que es todavía hoy la estructura institucional del Estado dominicano, y en ese momento sí se puede decir que el Estado, aún en esta forma un tanto “perversa”, empieza a evidenciar mayor fortaleza que la sociedad civil, la cual además estaba sometida al poder dictatorial-tiránico del mismo. En el momento de la ocupación norteamericana, el Estado no tenía una serie de ministerios que le permitiera llevar a cabo políticas de estado. Durante el régimen de Trujillo, fueron creados no menos de 22 ministerios, entre ellos los de salud, educación, trabajo, obras públicas, de industria y comercio. Estos hechos nos llevan a la conclusión de que “... el proceso de la construcción del Estado nacional moderno, e incluso la construcción de la identidad nacional no se puede entender si el papel desempeñado por el régimen dictatorial de Trujillo desde 1930 hasta 1961 no se toma en cuenta. De hecho, él constituye el paradigma de dictador desarrollista y modernizante”. 22Siendo el propio Trujillo, un soldado entrenado por la marina de EE.UU. durante la ocupación, y por supuesto el fundador de las tres ramas de las fuerzas armadas dominicanas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), la estructura institucional del Estado dominicano fue impregnado por un modelo militar-autoritario de gobernar. De hecho, el régimen de Trujillo, organizó la sociedad desde arriba a través de una noción de ciudadanía más centrada en los deberes que en los derechos, por lo tanto los valores de obediencia y lealtad al régimen fueron constantemente invocados, antes que los valores de autonomía y libertad ciudadana.23 Es por ello que se constituye una sociedad civil subyugada, sometida al poder político, aún cuando se deba siempre reconocer los necesarios vínculos de apoyo en algunos sectores claves de
21.- Leopoldo Artiles, “Ideología de la Burguesía Industrial Dominicana (1963-1976). Análisis de su Discurso Político”. Estudios Sociales XIX, No.65, Julio-Septiembre 1986. 22.- Pablo Maríñez, “El proceso democrático en República Dominicana: algunos rasgos fundamentales”. Estudios Sociales XXVI, No. 93, Julio-Septiembre 1993, p.31. 23.- Rosario Espinal, Autoritarismo y democracia en la política dominicana. San José, Costa Rica, CAPEL, 1983
ese colectivo, que responde a la interpelación del régimen y se convierte, aparentemente por vías de construcción de consenso, en instancias de sustentación del mismo. Este parece ser el caso de una buena parte del campesinado, según se evidencia en algunos trabajos historiográficos recientes.24 Los partidos de oposición tanto de ideología democrática como comunista estaban, si bien no formalmente, excluidos; y los derechos fundamentales de expresión y la libre asociación no existían en la práctica. En ese sentido, el régimen de Trujillo fue, como dice Jiménez Polanco, un régimen antipartidista.25 La prensa, la radio y la televisión estaban estrechamente controlados y servían básicamente como un medio de difusión de la ideología del régimen. Estas condiciones constituían indicadores serios de la situación de la sociedad civil durante dicho período. Tanto las escuelas públicas como las privadas fueron instituciones orientadas a la reproducción ideológica del régimen, ensalzando las virtudes del “Jefe” como fue llamado Trujillo, y la presentación de éste no sólo como el Benefactor y Padre de la “Patria Nueva”, sino como el Padre de todos los niños dominicanos. El culto a la personalidad durante la dictadura de Trujillo fue intensamente cultivado a través de la representación de su rostro y cuerpo en innumerables retratos, estatuas y bustos. A la vez, recibió el apoyo del gobierno estadounidense a cambio de su papel como un gobernante anti-comunista. A la hora de caracterizar este régimen con el propósito de encontrar una explicación de su funcionamiento dinámico y así explicarnos por qué fue tan negativo para la sociedad civil en su conjunto, destaca la hipótesis de que el régimen trujillista es una variedad de régimen neopatrimonialista, el cual, según el politólogo norteamericano Jonathan Hartlyn se caracteriza por “...la centralización del poder en manos del gobernante, quien busca reducir la autonomía de sus seguidores generando lazos de lealtad y dependencia, regularmente a través de complejos vínculos de patrón-cliente, y al mismo tiempo confundiendo los intereses públicos y privados en la administración. En el nivel ideal típico, los regímenes neopatrimoniales pueden distinguirse claramente de aquéllos basados en la autoridad racional-legal y en la ley impersonal, así como de los regímenes que se legitiman con medios ideológicos”26.
24.- Ver Richard Lee Turits, Foundations of Despotism. Peasants, the Trujillo Regime, and Modernity in Dominican History. Stanford Universtiy Press, 2003. 25.- “…Trujillo basó su proyecto de dominio en un sistema antipartidista, en el cual el Partido Dominicano y sus organizaciones paralelas (Partido Trujillista, Partido Laborista Nacional y Partido Nacional Democrático) fueron creadas por el dictador para dar apariencia de legalidad a un régimen de hegemonía cerrada, cuya legitimación externa se sustentaba en la celebración de elecciones rituales que negaban a la mayoría de la población el derecho a la participación y la oposición.” (Jiménez Polanco, op. Cit., p.75) 26.- Jonathan Hartlyn, op. cit., pp.14-15.
En dicho tipo de régimen, no cabe esperar un desarrollo significativo de la sociedad civil, pues ésta precisamente florece en aquellos regímenes en los cuales la ley no responde a vínculos personales, donde la distinción entre lo privado y lo público impera con las reglas de juego que norman la relación entre ambos ámbitos, donde los ciudadanos y las ciudadanas poseen autonomía y disfrutan de seguridad jurídica y de reconocimiento de sus derechos personales, civiles y políticos, y no son vulnerables a la injerencia arbitraria del poder público. En último término, la existencia de una sociedad civil madura no tiene garantía alguna allí donde el Estado se convierte en el escenario principal de la confusión entre intereses públicos y privados. En su momento de mayor fortaleza, el régimen trujillista parecía ser una dictadura cerrada e imbatible, sin embargo, comenzó a resentirse en los últimos años de la década del 50, debido a una recesión económica combinada con la resistencia política de los exiliados dominicanos con el apoyo de los gobiernos democráticos de Costa Rica y Venezuela, y el gobierno de Cuba. Es necesario mencionar la expedición armada realizada por los miembros del Movimiento de Liberación Dominicana, una agrupación de exiliados dominicanos que llegan el 14 de Junio de 1959 al país, internándose en Constanza, Maimón y Estero Hondo, con la intención de derrocar el trujillato. Contaron con el apoyo de Fidel Castro. Este movimiento de guerras de guerrillas fue derrotado militarmente por la dictadura, pero sin duda su mensaje sobrevivió a la derrota, pues inspiraron un movimiento que logró extenderse por todo el país que incluso tomó como nombre la fecha del desembarco de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El intento de Trujillo de asesinar a Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela y su enemigo político de la época, fue condenado por los miembros de la Organización de Estados Americanos-OEA, que era en ese entonces la organización regional más importante del hemisferio occidental. La presión externa y la crisis económica y política interna provocaron una secuencia de eventos que culminó con el asesinato de Trujillo por un grupo de ex colaboradores. Es así cómo justo después de la muerte de Trujillo se produce una ebullición a nivel social y político: emergen el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento cívico, sindicatos y asociaciones profesionales. Los exiliados y los partidos fundados por éstos ingresan al país, como es el caso del propio Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Socialista Popular, y otros. Como se sabe, la actividad de estos movimientos, como las manifestaciones y las concentraciones de masas fueron un factor decisivo en la remoción de la “institucionalidad” trujillista, hasta el punto de forzar la salida de la familia Trujillo, y luego del propio Joaquín Balaguer,
quien en esos momentos fungió como el último presidente nombrado por Trujillo. No obstante, si se invoca el concepto de sociedad civil para entender este momento, se sale al encuentro de la compleja contradictoriedad y ambigüedad de los procesos abarcados por este concepto, pues lo que en ese momento llamaríamos sociedad civil se corresponde con una multiplicidad de acciones y organizaciones que se expresan masivamente en las calles y ámbitos institucionales diversos, con orientaciones más centrífugas que centrípetas que sólo cobrarían un sentido hasta que un marco político más restrictivo las organizara. Como lo dice Laura Faxas: “…la muerte de Trujillo dio lugar a un extenso proceso de movilización y organización sociales que afectó los diferentes niveles de la pirámide social. Las masas populares y las capas medias irrumpieron en el escenario social y político del país. Las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, de mujeres, empresariales, etc., surgieron por todas partes, transformando las calles en espacio de expresión de sus aspiraciones más específicas, de su ‘antitrujillismo’ y, sobre todo, de su ardiente deseo de libertad, que había sido reprimida durante la dictadura./ Pero la aparición de las masas en la escena sociopolítica del país no fue un acontecimiento automático, ni se salvó de ambigüedades ni de contradicciones. Las acciones de masas aguardaban el surgimiento de una oposición política, que apenas empezaba a nacer, para que las encuadrara. Sin embargo, progresivamente se constituyó una oposición y nacieron nuevos partidos políticos, periódicos y comités de ciudadanos en nombre de la libertad y del ‘antitrujillismo’. Pero el proceso fue muy contradictorio”27. El escenario descrito por Faxas está marcado por la contradicción y la ambigüedad porque pocas veces se ha visto en el país un estado de movilización tan intenso que se produjeran, paralelamente, significativos pronunciamientos y acciones motivadas por la vivencia de nuevas libertades, y actos de violencia pública, oficial y no-oficial, que parecían a ratos negar –y por ello hacer dudar- la posibilidad de un orden democrático posible. En estos momentos no se habló de sociedad civil como una categoría de actores ciudadanos distintiva, aunque sí se la puede rescatar retrospectivamente, aceptando el hecho de que en esos momentos los movimientos suelen ser tanto sociales como políticos a la vez. Inclusive, fue común el hecho de que movimientos de resistencia contra la dictadura, que iniciaban como movimientos sociales no-partidistas, pero
27.- Laura Faxas, El mito roto: sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 19611990, Siglo XXI Editores, Fundación Global Democracia y Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 2007, pags.95-96
con objetivos políticos, al final terminaran organizándose como partidos políticos, como fueron los casos del Movimiento 14 de Junio, de orientación izquierdista, y el Movimiento Unión Cívica Nacional, de orientación derechista. Por otro lado los movimientos que no sufrieron esta mutación estuvieron muy ligados a partidos diversos, sin que esta relación se cuestionase como ocurriría tres décadas después, ya que la relación entre organizaciones sociales y partidos era fluida, muchos miembros de organizaciones eran a su vez miembros activos de los partidos, o viceversa, fenómeno al cual puede haber contribuido el carácter antipartidario del régimen trujillista, que a fuerza de anular las expresiones partidarias diversas, así como de someter cualquier aliento de diferencia o de libertad en la sociedad, dejó un escenario abierto, no marcado por nociones claras con respecto a la distinción entre organización social y organización partidaria. Se podría ensayar con una hipótesis más estructural: la sociedad dominicana, modelada durante el período de dominio del trujillato, al carecer de una nítida distinción entre lo público y lo privado, y entre lo estatal y lo social, en virtud de la primacía que tuviera lo público-estatal como expresión de la colonización por parte del aparato tiránico-dictatorial de la vida privada, hasta el punto de permear la propia intimidad, impide en el corto plazo el advenimiento de una esfera pública madurada en el ejercicio de estas distinciones y las reglas de juego asociadas a las mismas. Esto podría haber implicado distorsiones en términos del balance entre Derecho Privado y Derecho Público, tanto más predecibles cuanto más fuertemente afirmadas estuvieran las prácticas neopatrimoniales que informaron el régimen trujillista, y que seguiría afectando de manera significativa, hasta el día de hoy, la gestión de lo público-estatal.
4.- Antes y después de la “Revolución Inconclusa de 1965”: consecuencias de la guerra para el desarrollo de la sociedad civil
Lo que muchos llaman “Guerra Civil de 1965” es, en el horizonte de la memoria histórica de la nación dominicana, una Revolución Inconclusa, a cuyos postulados la sociedad civil dominicana, o partes importantes de la misma, tratan de alguna forma de volver. El hecho de que haya sido un movimiento de intenciones políticas definidas, y que una parte del sector militar se unió al movimiento, no le resta valor como una gesta en la cual la sociedad civil, al tiempo que se dividió ocupando los espacios definidos por eje político “derecha-izquierda”, también protagonizó, junto a las organizaciones políticas de entonces,-no podía ser de otro modo, pues en ese momento ni siquiera el concepto de sociedad civil estaba en uso como lo está hoy- una de las gestas constitutivas del imaginario político que, repetimos, resuena aún hoy. Ciertamente, en esos momentos ningún grupo u organización se vio como sociedad civil, sin embargo, el hecho de que la guerra fuese adjetivada como “civil”, ofrece una in-
dicación de que retrospectivamente, en la medida en que identificamos en el pueblo levantado a un actor colectivo lanzado a la aventura de afirmar sus derechos soberanos, que son a la vez derechos ciudadanos, es a la sociedad civil dominicana a la que observamos desde este punto en el devenir histórico, conflictuada consigo misma en el proceso de construir una democracia posible. Desafortunadamente, y tomando en consideración la forma en que se desenvolvieron los hechos, podemos decir que la República Dominicana ha sido, en la práctica, sólo nominalmente una democracia desde 1966, lo cual, a pesar de todo, no deja de tener importancia si esto al menos cumple el rol de ser un punto de partida y no de definitiva llegada. Una elección muy controvertida tuvo lugar ese año, bajo la ocupación militar estadounidense que comenzó en los últimos días de abril de 1965, justo cuando las fuerzas rebeldes, compuestas por civiles y militares descontentos con un gobierno que consideraban ilegítimo, habían asegurado la victoria en contra del sector militar leal al gobierno. Las fuerzas rebeldes se hacían llamar “constitucionalistas”, debido a su objetivo de traer de vuelta al poder a Juan Bosch, quien había sido derrocado por un golpe militar apoyado por la comunidad empresarial dominicana, la embajada norteamericana y la Iglesia Católica en septiembre de 196328. El golpe se produjo nueve meses después de la elección que llevó a Bosch y su partido, el Partido Revolucionario Dominicano-PRD al poder, convirtiéndose así en el primer ciudadano civil elegido democráticamente en la República Dominicana después de treinta años de la dictadura de Rafael Trujillo. La acusación principal contra Bosch, por los sectores participantes en el golpe de Estado era que había infiltración comunista en su gobierno. Ciertamente, la Constitución de 1963, que era una nueva constitución liberal-democrática, toleraba todas las corrientes políticas e ideológicas, incluido el comunismo, pero había otros factores que los enemigos de Bosch temían tanto como el comunismo. Por ejemplo, la Constitución no reconocía el catolicismo como religión del Estado, como solía ser en el régimen de Trujillo. Este hecho convirtió a la Iglesia católica en un enemigo de la Constitución de 1963 y la administración de Bosch. La Constitución de 1963 también tenía un vocabulario diferente de los derechos si se la compara con la Constitución de 1962. El sociólogo José Moreno dice al respecto lo siguiente:
28.- Frank Moya Pons , Manual de Historia Dominicana. 9a. Edición. Caribbean Publishers. Santo Domingo 1992, p.531.
“For thirty years, Trujillo had implemented an elaborate system of political and economic paternalism. He owned the land, industry and commerce, utilities, and communications media. Dominicans had no rights or opportunities but those that Trujillo granted them. After Trujillo’s death, the Council of State succeeded in holding together his political and economic empire under semblance of institutional order. The Constitution of 1962, by which the Council of State was to rule the country until a Constituent Assembly could be elected, reflected the same paternalism that Trujillo had exercised. The Constitution of 1963, on the other hand, emphasized the right of the individual to work, to an education, and to some kind of social security, while stressing the obligation of the state to guarantee conditions for the exercise of these rights. The grammar of the revolution was heavy with terms such as ‘rights of the individual,’ ‘equality under the law,’ ‘opportunity for all.’ The grammar of the loyalists was built on such concepts as ‘free enterprise,’ ‘the right to own property,’ ‘free education,’ ‘freedom of speech and association”. “Durante treinta años, Trujillo había puesto en práctica un elaborado sistema de paternalismo político y económico. Era dueño de las tierras, las industrias y el comercio, los servicios y medios de comunicación. Los dominicanos no tenían otros derechos ni oportunidades, salvo los que Trujillo les otorgó. Después de la muerte de Trujillo, el Consejo de Estado tuvo éxito en mantener unido su imperio político y económico bajo apariencia de orden institucional. La Constitución de 1962, por la que el Consejo de Estado habría de gobernar el país hasta que una Asamblea Constituyente pudiera ser elegida, reflejaba el mismo paternalismo que Trujillo había ejercido. La Constitución de 1963, por otra parte, hizo hincapié en el derecho del individuo al trabajo, a la educación, y para algún tipo de seguridad social, al tiempo que destacaba la obligación del Estado de garantizar condiciones para el ejercicio de estos derechos. La gramática de la revolución estaba henchida de términos como “derechos de la persona”, “igualdad ante la ley”, “oportunidades para todos.” La gramática de los leales fue construida con conceptos tales como la “libre empresa, la propiedad ‘,’ el derecho a la propiedad”, “educación gratuita”, “la libertad de expresión y de asociación.’”29 La Constitución contenía también artículos que prohibían las explotaciones grandes de la tierra (llamada “latifundios”), que reconocían los sindicatos y el derecho de huelga, y daba sólo a los dominicanos la posibilidad de ser propietarios de tierras en el país30. Pero otro de los elementos importantes que atizó la oposición contra la
29.- José Moreno, Barrios in Arms: Revolution in Santo Domingo. University of Pittsburgh Press. 1970, p.108. 30.- Pablo Maríñez, Democracia y Procesos Electorales en República Dominicana. Editorial Alfa y Omega, Santo Domingo, República Dominicana, 1994, p.264, n49.
Constitución de 1963 y la administración de Bosch por parte de los sectores oligárquicos contra este último, fue la creencia de que la Constitución daba demasiado poder al Estado en la cuestión de la expropiación de los bienes de la familia Trujillo. Los conservadores creían que los tribunales eran los lugares donde la expropiación debería legalizarse, mientras que los nuevos sectores democráticos consideraban que la Asamblea Nacional era la institución legítima para hacer cumplir la ley. Cada posición representaba una perspectiva de clase diferente. La oligarquía prefería los tribunales porque podía ejercer más presión para el manejo de las propiedades de Trujillo para sí misma. Los sectores democráticos preferían la Asamblea Nacional, porque de esa forma podían asegurarse de que los activos de Trujillo se convertirían en propiedad pública. Dado el hecho de que el PRD ha adoptado los representantes a la Asamblea de antecedentes diversos en términos de clase social, la oligarquía comenzó a verla como una institución controlada por los comunistas.31 Indudablemente, las oposiciones ideológicas desarrolladas en el clima de la guerra fría de entonces (conflicto de enfrentamiento focal y limitado entre las dos potencias militares mundiales, y abanderadas de opuestos regímenes políticos, Estados Unidos de América y la Unión Soviética) permearon la percepción de las oligarquías y de ls autoridades norteamericanas con respecto al proceso revolucionario de 1965, orientado a restablecer el gobierno y la constitución de 1963. En abril de 1965 el gobierno de Johnson parecía creer esto en medio de una intensa campaña contra Cuba y su líder Fidel Castro: que hubo infiltración comunista entre las fuerzas rebeldes constitucionalistas que probablemente daría lugar a otra Cuba en el Caribe. Alrededor de 28.000 soldados estadounidenses comenzaron a desembarcar en la República Dominicana desde el 28 de abril, cuando los rebeldes se habían asegurado la victoria. El conflicto ha sido denominado de dos maneras: Guerra Civil de 1965” y también la “Revolución del 65”. La primera expresión es usual como denominación entre las personas que, independientemente de su visión política o su punto de vista teórico, no se identificaron con el movimiento constitucionalista, ni creen que el evento tuvo un carácter revolucionario. La segunda expresión es frecuente entre los que han apreciado los ideales del movimiento constitucionalista y entre los que han pensado que el movimiento tenía un potencial real para la modernización y democratización de la sociedad. En este último caso la “Revolución de 1965” se presentaría como una re-
31.- José Moreno, op. cit., p.107-109
volución inconclusa. Este es claramente el caso de dos investigadores estadounidenses que apenas se sospecha de las inclinaciones de izquierda: “The Dominican Republic’s revolution was an unfinished revolution. The U.S. intervention solved none of the underlying problems -poverty, inequality, and the like -that caused the revolution; it merely postponed the reckoning. The simmering cauldron that is the Dominican Republic is almost certain to boil over again./The revolution and intervention had a profound effect on all Dominicans, but it also, we are convinced, had a profound effect on the United States. The United States was caught in a web of lies, its Latin America policy was totally discredited, and the credibility of the government and President Johnson was undermined”. “La revolución de la República Dominicana fue una revolución inconclusa. La intervención de EE.UU. no resolvió ninguno de los problemas subyacentes –la pobreza, la desigualdad, y similares-que causaron la revolución, sino que simplemente se pospuso el ajuste de cuentas. El caldero hirviendo a fuego lento que es la República Dominicana es casi seguro que hervirá de nuevo. / La revolución y la intervención no sólo tuvieron un efecto profundo en todos los dominicanos, sino que también, estamos convencidos, tuvo un efecto profundo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están atrapados en una red de mentiras, su política de América Latina fue totalmente desacreditada, y la credibilidad del gobierno y el presidente Johnson fue socavado.”32 Este hecho tendría un efecto significativo en las formas en que los acontecimientos iniciados en abril de 1965 se elaboraron en el marco de la memoria histórica, y en la forma en que futuros eventos como los disturbios de abril de 1984 serían interpretados en relación con abril de 1965. En el carácter inconcluso de la Revolución de 1965 se sientan las bases de un marco narrativo que le daría sentido a la política de izquierda (incluimos en la izquierda al PRD como representante de la centro-izquierda, y como organizaciones de la izquierda radical al Partido Comunista y el Movimiento Popular Dominicano), después de 1966. La política de izquierda sería impulsada por el deseo de terminar o completar la revolución; de construir el final de una narración que se interrumpió justo en medio de la intervención norteamericana. En este relato la izquierda era el sujeto responsable de la producción de este resultado, en contra de los esfuerzos de sus enemigos, el
32.- Howard J. Wiarda and Michael J. Kryzanek, The Dominican Republic: A Caribbean Crucible. Westview Press, 1992, p.46.
régimen de Balaguer y sus aliados, que eran la oligarquía y el gobierno norteamericano. La narración también implica el entendimiento de que, independientemente de la retirada de las tropas estadounidenses, el país se hallaba aún ocupado, si no por las tropas estadounidenses, por los intereses americanos y sus representantes, el gobierno y las clases dominantes33. El Partido Reformista ganó las elecciones de 1966 y Joaquín Balaguer, que se reeligió a sí mismo dos veces, gobernó el país durante doce años y tres períodos de cuatro años (1966-1970, 1970-1974, 1974-1978) - recurriendo a la represión selectiva destinada a destruir o marginar a los principales partidos de la izquierda: el Partido Comunista Dominicano, PCD, de orientación pro-soviética; Movimiento Popular Dominicano-MPD y el Partido Comunista de la República Dominicana-PACOREDO, ambos de orientación maoísta. Aparato militar y paramilitar del gobierno persiguieron, asesinaron y encarcelaron muchos de los líderes de izquierda que habían participado en la guerra civil de 1965 y cuyos partidos habían sido prohibidos por el gobierno de Balaguer con las leyes anti-comunistas. Muchos de estos dirigentes y miembros de “comandos” de la revolución comenzaron a ser perseguidos y muertos desde el mismo momento en que entregaron sus armas en cumplimiento de la “Ley de reconciliación” que marcó el final del conflicto el 31 de agosto de 1965 y el reconocimiento de un gobierno de transición que organizaría las elecciones de 1966: “Algunos de los muchachos entregaron sus armas, otros las envolvieron en bolsas de plástico y las enterraron en sus patios o las ocultaron en cajas viejas. Para algunos, el viaje de vuelta fue sólo alrededor de la cuadra, para otros fue a otro sector de la ciudad, tal vez al lado de una comisaría de policía o los cuarteles del CEFA (los unionistas) las tropas, y para otros fue lejos, a las provincias. Los de la Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, Romana y otras ciudades importantes alquilan autobuses viejos y regresan a sus casas en grupo, tal vez por temor de ser fusilados si fueran uno por uno, o tal vez porque realmente creían que habían ganado la revolución. Las acciones represivas contra ellos pronto comenzarían. En 1966, unos 250 hombres de los comandos habían sido asesinados sin la ley probar la identidad de un asesino único”34. La derrota electoral del partido que representaba el proyecto constitucionalista, además de la ola de represión que siguió contribuiría a dar a la Revolución de 1965, un sentido traumático que se refleja incluso en algunas de las obras literarias más im33.- Juan Bosch, La República Dominicana: Causas de la Intervención Militar Norteamericana de 1965. Editora Alfa & Omega. Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1985; Mariñez, op. cit., 1994. 34.- José Moreno, op. cit. p.64, traducido por LA.
portantes producidas durante la segunda mitad de los años sesenta. Por lo tanto, el recuerdo traumático de este evento constituiría el horizonte de sentido sobre el que no sólo muchas de las futuras manifestaciones de protesta en los años sesenta y setenta se basarían, sino incluso la literatura producida en este período por autores como René del Risco Bermúdez, Aída Cartagena Portalatín y Marcio Veloz Maggiolo. El título de la colección de René del Risco Bermúdez de poemas, El Viento Frío, publicado en 1967, se convirtió en la metáfora de la derrota sufrida por las fuerzas democráticas en la Guerra Civil de 196535. A veces los grupos militares y paramilitares, asesinaban o maltrataban personas que no estaban políticamente comprometidas con ninguna organización política. Sus métodos no mostraron ningún respeto por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ni por la intimidad y la libre circulación en las calles. Estas acciones comenzaron a acumular un historial muy angustiante de violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales y encarcelamiento, asesinato, una falta de respeto de las decisiones del poder judicial en relación con los pedidos de liberación, y falta de respeto de los derechos de asociación. Junto con eso, el Gobierno mantuvo una política social y cultural orientada a hacer de Abril de 1965 algo carente de sentido. Por esta razón, ninguno de los nuevos nombres que los constitucionalistas les habían dado a algunas de las calles en las zonas que controlaban, la tela y pinturas murales que representaban las luchas ni los carteles se mantuvieron. Por ejemplo, la avenida a lo largo de la costa de Santo Domingo que Trujillo había llamado “George Washington”, fue rebautizada por los constitucionalistas como “Avenida 15 de Junio” para conmemorar las batallas que tuvieron lugar entre las fuerzas rebeldes y los infantes de marina estadounidenses, cuando estos trataron de tomar los barrios controlados por los constitucionalistas y la imposición de una vergonzosa derrota a los rebeldes. Los constitucionalistas resistieron con éxito, de ahí el cambio de nombre de esa avenida céntrica. Por supuesto, una vez que Balaguer asumió el poder la avenida recibió de nuevo el nombre de “George Washington”. Por lo tanto, los sitios de las luchas memorables fueron reconstruidos, y la Constitución de 1963 fue definitivamente dejada
35.- Considero muy relevante el hecho de que las dos novelas dominicanas más importantes en los años sesenta y principios de los setenta (respectivamente, Escalera para Electra, de Aida Cartagena Portalatín, y De Abril en Adelante, por Marcio Veloz Maggiolo, narran literariamente el impacto en los intelectuales de clase media de la guerra civil de 1965. El relato de la guerra civil de abril está también presente en la producción de cuentos, como se muestra claramente en al menos dos de los principales escritores de relatos cortos del periodo: René del Risco Bermúdez, en su colección En este barrio no hay Banderas, y José Alcántara Almánzar, Callejón sin salida. René del Risco Bermúdez se distinguió también por su poesía. En otras palabras, abril de 1965 es el hito de una experiencia traumática que se refleja tanto en la memoria histórica representada en los actos rituales de la resistencia que recuerdan 1965 como un momento de resistencia, y también en la historia literaria de la República Dominicana.
de lado. Las próximas elecciones de 1970, y 1974 fueron fuertemente controladas a fin de desalentar aún a los partidos de la oposición no-comunista, como el PRD, la participación electoral, cuando no fueron socavados con el fraude. El gobierno regularmente no permitía las manifestaciones públicas, que debían ser aprobadas mediante un procedimiento burocrático deliberadamente largo y engorroso, lo que tendría graves consecuencias en el plano de las opciones que la gente tenía para protestar en formas no violentas. Esto reforzó una herencia autoritaria en la cultura política dominicana que no sólo impidió la ampliación de la esfera pública, sino que posibilitó la imposición de un patrón cultural de “mantener la cara” por las autoridades estatales ante los retos y demandas de diálogo por parte de los actores de la sociedad civil. Según Mariñez, en “la cultura política dominicana, al menos desde la perspectiva de la clase dominante, acceder a dialogar es considerado como un símbolo de debilidad del Estado. Por eso el autoritarismo surge en momentos de la activación de los movimientos sociales, cuando la sociedad civil trata de tener una participación -a través de sus organizaciones populares, sindicales, campesinas, profesionales, y de estudiantes en la toma de decisiones asumidas por el ejecutivo o cualquier otra rama del Estado”36. Esto último contribuyó a diezmar ciertas redes y tejidos sociales comunitarios que, durante los dos primeros períodos de gobierno de Balaguer, mostraron mucha vitalidad y resistencia: se trata de los clubes culturales, que constituyeron formas de asociación fundamentales en la vida de los barrios populares. En la medida en que la actividad de los clubes envolvía preocupación por problemas de orden social, su vínculo con la actividad de organizaciones políticas clandestinas y no clandestinas que naturalmente veían a éstos como recursos de simulación así como de reclutamiento ante las fuerzas represivas del gobierno, era la más lógica consecuencia del enfrentamiento entre sociedad civil y Estado, y de la afinidad electiva entre organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas opositoras al Estado. El régimen de Balaguer fue especialmente duro con los sindicatos. Los sindicatos de clase obrera fueron objeto de una política muy represiva por parte del Estado y la clase empresarial durante los doce años de Balaguer de tres administraciones (desde 1966 a 1978). El gobierno y la clase empresarial se unieron en un esfuerzo común para evitar la organización sindical en las empresas privadas. Se podría afirmar que, en el mundo laboral de las empresas privadas, los sindicatos existían sobre el papel, pues cuando hubo alguna forma auténtica de organización sindical independiente y beligerante, éstos generalmente fueron reprimidos y desmembrados hasta tomar la
36.- Pablo Maríñez, op. cit., 1993, p.39
forma de sindicatos cooptados. Esta situación obligó a los tres principales sindicatos en la República Dominicana a operar principalmente en el entorno político en lugar del entorno laboral. Estos sindicatos fueron la Central General de Trabajadores-CGT (Central General de Trabajadores), de tendencia izquierdista; la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas-CASC (Confederación Autónoma de Sindicatos de Clase), de tendencia demócrata-cristiana, y la Unión General de Trabajadores-UGTD, vinculada con el PRD. Además, existían sindicatos que pertenecían a áreas específicas del sector público, como la Unión de Obreros Portuarios en los puertos marítimos), Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad-SITRACODE, y Unión Nacional de Choferes sindicalizados-UNACHOSIN. Este último no era propiamente un sindicato del sector público, pero dado el carácter público del servicio que sus miembros ofrecían, tenía un poder de movilización importante que se demostró en las huelgas organizadas contra el gobierno. Pero cabe también señalar que existen al menos algunos grupos que tenían acceso a la toma de decisiones estatales, los grupos que constituyen la comunidad empresarial, que se había identificado sistemáticamente con las prácticas autoritarias en sus relaciones con los sindicatos37, cosa que habría de cambiar desde finales de los años 80s, cuando la clase empresarial accedió a dialogar con los sectores sindicales obreros para el fin de elaborar un nuevo código laboral, y a partir de ahí empezó a mostrar un interés activo por participar en diversos foros ciudadanos para tratar problemas tales como el de la educación, la salud y la seguridad social.38 Es pertinente decir por ello que el empresariado es uno de los grupos de la sociedad civil que, en efecto, logran un grado de maduración crítico durante el balaguerato. El empresariado, sobre todo el industrial, creció significativamente en virtud de la profundización del proceso sustitutivo de importaciones, en conjunto con el empresariado comercial y financiero y, según algunos autores, como es el caso de Wilfredo Lozano, subordinado a éstos39.
37.- Leopoldo Artiles, “Ideología de la Burguesía Industrial Dominicana (1963-1976). Análisis de su Discurso Político”. Estudios Sociales XIX, No.65, Julio-Septiembre 1986. 38.- El señor Frank Castillo, del CONEP, en la entrevista que concedió a Flady Cordero, señaló estos eventos de la historia del empresariado dominicano como actor de la sociedad civil. 39.- “...tras el reformismo, desde el Estado se estimuló un proceso de relativa modernización de la burguesía tradicional dominicana, que determinó un cambio en sus patrones de comportamiento político y económico. Al estimular la industrialización sobre las premisas referidas, el Estado facilitaba la estructuración de un sector industrial relativamente importante, aunque éste mantuviera su dependencia del capital comercial y del gran capital internacional.” Wilfredo Lozano, El reformismo dependiente: Estado, clases sociales y acumulación de capital en República Dominicana 1966-1978, Ediciones Taller, Santo Domingo, 1985, p.107
Si bien se puede aducir que este desarrollo fue de alguna manera dependiente del Estado, que no sólo contribuyó con el marco legal que le dio viabilidad, sino que también aportó las divisas necesarias por vía del control de casi un 70% de la producción y exportación de azúcar, convirtiéndolo en cliente de muchas de las actividades y ramas desarrolladas por el empresariado, lo cierto es que esta situación está muy lejos del control monopólico sobre la economía ejercido por el trujillato, el cual, así como desarrolló la riqueza nacional para el provecho de Trujillo, su familia y sus pocos asociados, también castró el desarrollo de un empresariado nacional relativamente independiente. Por otra parte, aún con la tensión existente entre las instancias estatal y social, durante el balaguerato se desplegó significativamente el espacio de lo público como lugar de deliberación; en otras palabras, la opinión pública, mediante el creciente ejercicio del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa consagrados constitucionalmente. Repetimos que este desarrollo no estuvo libre de tensiones y de frecuentes intentos de acallar a la prensa e inclusive de asesinatos de connotados periodistas que desdicen de la impresión de que existiese un ejercicio de la libertad de expresión y de prensa libre de peligros.
5.- La transición a la democracia: segunda administración del PRD
En mayo de 1978 el desgaste del balaguerato dio paso, no sin fricciones dolorosas,40 a la segunda administración del Partido Revolucionario Dominicano-PRD, con un liderato diferente al que lo llevó al poder en 1963, pero con muy legítimos temores de repetir la experiencia de 1963, que, como se sabe, dio al traste con el primer ensayo de gobierno democrático después de la caída de la dictadura. Ya Juan Bosch no formaba parte de la dirigencia del partido, y de hecho había competido en las elecciones como candidato presidencial de su nueva organización, el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD llevó a la presidencia al hacendado Antonio Guzmán, un empresario con ascendiente social entre la élite económica, ex ministro de agricultura en el gobierno de Bosch de 1963, pero con evidentes debilidades en el manejo de la comunicación pública, los protocolos y retórica política. A pesar de ello, Guzmán logró proyectar una imagen de honradez, caballerosidad y autenticidad en la esfera polí40.- Ha de recordarse que la emisión de los boletines de la Junta Central Electoral a través de los medios de comunicación fue interrumpida por fuerzas militares la noche del 16 de mayo de 1978, constituyendo el preludio de una lenta agonía pública de dos meses que culminó con el despojo de cuatro senadurías al PRD, que mantuvo el control del senado en manos del Dr. Balaguer, quien por vía del cual también controló el sistema de justicia.
tico-pública. Su elección como candidato a la presidencia pudo haber sido producto, además de su ascendiente político dentro del partido, de la oportunidad que su prestigio entre las élites de poder representaba para el PRD de superar la desconfianza que le inspiraba a las clases económicas dominantes, que veían todavía al PRD como un partido proclive al comunismo. Conocido es lo que la dirigencia de este partido hizo después de la salida de Bosch, para conjurar este obstáculo: un acercamiento cada vez más intenso a los sectores liberales de Washington, lo cual indudablemente rindió sus frutos en la forma del apoyo que la administración del presidente Jimmy Carter brindó al partido en la crisis electoral de 1978. La administración de Guzmán, desde un principio, mostró las debilidades generadas por tanto por las condiciones impuestas en la salida negociada a la crisis electoral de 1978, como por su dinámica interna. Entre estas condiciones estuvieron: a) los compromisos que hizo con las élites económicas tradicionales, que implicaron una separación entre partido y gobierno, y b) sus propias inclinaciones a utilizar los recursos del gobierno para satisfacer las demandas de los miembros del partido que conduciría a un desempeño mediocre como un partido gobernante en una situación de recesión económica y, por consiguiente disminución de los recursos. Esto forzó a la administración a financiar los déficits presupuestarios causados por el aumento del gasto con deuda. “De acuerdo con su propósito de ‘participación y de construcción de una democracia política y económica’, la política económica aplicada por el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) tuvo por objeto el aumento del número de empleados públicos para reducir el índice de desempleo y para ampliar el consumo de las masas. Entre 1978 y 1982 el aparato del Estado creó 72,141 empleos públicos y aumentó los salarios de manera controlada.”41 La administración de Guzmán, entre otras medidas, también aumentó el salario mínimo en 1979, pero esto, sumado a las políticas de expansión del gasto (“demanda inducida”) elevó la inflación, atizada aún más por los aumentos de los precios internacionales de petróleo, que produjeron alzas en los combustibles y en los artículos básicos de consumo. Finalmente, el gobierno tuvo que tomar medidas de reducción del gasto en 1981. De pronto la administración fue retada en varios frentes. Por una parte el frente popular, que específicamente fue activado por la huelga de choferes del transporte urbano de 1979, destacando el sindicato Unión Nacional de Choferes Sindicalizados (Unachosin), que solía ser considerado como de tendencia perredeísta,
41.- Laura Faxas, op. cit., p.186.
y, por otra parte, el frente empresarial, que ya en 1980 manifestaba, en la voz del presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas (CNHE, antecesor del Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP), Dr. Luis Augusto Ginebra Hernández, una seria oposición a las políticas económicas del gobierno con un lenguaje extremadamente conservador. Refiriéndose a un discurso emitido por Ginebra Hernández en una cena de confraternidad organizada por el CNHE en mayo de 1980, la revista El Industrial refirió lo siguiente: “El Dr. Ginebra fue claro y firme al denunciar que el comunismo ‘se ha enquistado en todos los sectores y en todo tipo de instituciones. La empresa privada, la educación pública y en particular, los medios de comunicación social, las universidades, la administración pública, solamente no son ajenos a esta penetración, sino que junto con las organizaciones culturales, el clero, los cuerpos castrenses y los cuerpos legislativos y judiciales, constituyen el blanco favorito y el medio por excelencia de sus actividades”42. Este discurso empresarial parece remitir a 1963, cuando el comunismo era percibido como la mayor amenaza para la libertad y la democracia. Se produjo un debilitamiento tan notorio de la relación entre gobierno y masas, y gobierno-partido, que motivó un discurso del Dr. Peña Gómez denunciando la situación, lo que sirvió de combustible a la huelga de choferes de 1979. Peña Gómez varió su posición durante la huelga, cuando avizoró el peligro que representaba para la estabilidad del gobierno. Al final, la administración de Guzmán quedó deslucida por la imagen que proyectó de tener escasa habilidad administrativa para enfrentar la crisis, y por el incumplimiento de las promesas hechas por el PRD a sus masas de que por fin sus expectativas de mejoría de vida serían satisfechas. Por un lado la administración pretendió acomodar los intereses de la clase empresarial, pero por otro trató de responder a las demandas largamente pospuestas de los sectores populares y trabajadores, pero no dio con el tipo de política que pudiera cumplir con este doble objetivo, si es que existe dicha política. El PRD tendría una segunda oportunidad con la administración de Jorge Blanco, que como veremos, terminaría hundido por el manejo de la crisis del ajuste estructural y por la percepción negativa de que era un gobierno corrupto.
42.- El Industrial, No.136, mayo de 1980.
Pero hay una historia silente en estos procesos, la de la sociedad civil que, por primera vez en este siglo, aparecería como un actor influyente en la vida social y política de la República Dominicana.
6.- Hacia una sociedad civil consolidada: desarrollos y desafíos
No es posible registrar el desarrollo de la sociedad civil dominicana y entender su situación en la actualidad sin ponderar lo que la llamada “Década Perdida” (los 80, la década del reajuste estructural y de las medidas fondomonetaristas) representó para su historia. Son necesarios unos breves apuntes históricos. Como se sabe, los cortes históricos no representan la realidad en blanco y negro, por lo tanto cuando decimos que x tipo de organización emergió en un período y, esto no significa que antes del período y ese tipo de organización no haya estado conformándose de alguna manera, pero el corte histórico nos permite narrar con un cierto grado de coherencia los procesos, siempre más complejos que las hebras de la narración escrita o más densos que los filamentos de la memoria histórica. Es pertinente pues traer a cuento la administración del Dr. Salvador Jorge Blanco, la cual comenzó el 16 de mayo de 1982, después de una campaña electoral en la que su candidatura se basaba en un programa de gobierno que incluía a la mayoría de los sectores organizados de la población, es decir, la sociedad civil de entonces. De ahí el nombre dado a su administración: “Gobierno de Concentración Nacional”. El programa fue diseñado, de acuerdo con uno de los participantes más destacados en el proceso, el Dr. Milton Messina, por más de doscientos técnicos y especialistas. Todas las ramas y sectores de las políticas gubernamentales fueron tocados, y el resultado fue un programa que prometió, más allá de las dificultades que se habían previsto, la aplicación de una “democracia económica”, entendiendo por ésta la participación de las mayorías pobres de la población en un esfuerzo de desarrollo que abordase sus necesidades básicas. No obstante la crisis no permitiría el cumplimiento de la promesa de crecimiento descrito como una democracia económica; por el contrario, la crisis condujo a un período de restricciones económicas. Esto último se evidenció en el tono del discurso presidencial inaugural, en el que el ya presidente en funciones, Salvador Jorge Blanco, probablemente consciente de la imposibilidad de cumplir con las altas expectativas depositadas por el pueblo en él, dijo:
“…el país está en una bancarrota económica y financiera caracterizada por una virtual cesación de pagos, con grandes déficits presupuestarios en el Gobierno Central y en todas las instituciones autónomas del Estado, que impiden acometer los puntos básicos y fundamentales con que dar inicio a la solución de nuestros problemas económicos y sociales...” 43 Continuó diciendo, en tono apocalíptico, que él y sus asesores estaban diseñando un plan para que el país no cayera en la total bancarrota, pero advertía que “los signos de los tiempos indican que la etapa de las medidas simpáticas quedó atrás”.44 A pesar del amargo acento de su discurso, el presidente lanzó una declaración de carácter nacionalista, típicamente enmarcado en el discurso de lo nacional-popular, -tratado por Laura Faxas en su libro-,45 que indicaba el interés de su gobierno para que los ricos pagaran más impuestos de acuerdo con las medidas propuestas: “llegó la hora en que los dominicanos que más tienen paguen más impuestos a la Nación”.46 Entre los nuevos impuestos que se propuso para los sectores acomodados de la población había uno sobre bienes inmuebles urbanos, el impuesto sobre los intereses y las ganancias financieras, la reforma del impuesto sobre la renta, y un aumento del 10% de impuestos a las importaciones. Según otro testigo importante y funcionario clave del gobierno, el economista Bernardo Vega, que era entonces gobernador del Banco Central, estos impuestos que pretendían canalizar una parte importante de las ganancias que los grupos de altos ingresos habrían de obtener con el ajuste, nunca fueron aprobados por el Congreso, que irónicamente estaba controlado en ese momento por el partido de gobierno, liderado por la tendencia del político más influyente en dicho partido, y que encima era oponente al presidente de la República, el Lic. Jacobo Majluta. Así pues, como dice el propio Vega en su libro En la Década Perdida durante el proceso de ajuste se hizo más ricos a los ricos a expensas de los grupos que dependían de los salarios.” 47 Esto evidentemente significó cargar en las capas medias y populares el peso de la crisis. Si introducimos en esta lectura el concepto de sociedad civil, y lo tomamos en
43.- Citado por Milton Messina, Memorias del ajuste de una economía en crisis. Fondo para el avance de las ciencias sociales, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1988, p.27 44.- Ibid. 45.- Laura Faxas, op. cit. 2007, considero de suma relevancia para esta parte la lectura del capítulo 7: ¿Qué es lo popular en la República Dominicana. 46.- Messina, op.cit., p.28 47.- Bernardo Vega, En la década perdida, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1991, p.31.
su acepción amplia, esto significaría que se creó el caldo de cultivo para que esos segmentos de la sociedad civil constituidos por las formas de asociatividad propios de estas capas (asociaciones de profesionales, sindicatos, organizaciones y clubes barriales, organizaciones estudiantiles, comunidades religiosas de base, entre otras) se distanciaran de la administración del PRD en 1984, llevando a la aparición de lo que se vino a denominar “pobladas”, -que en los enfoques de acción colectiva y movimientos sociales se denomina “motín de hambre” (“food riot”, en inglés)-, y a los trágicos resultados de aquellos días de rabia colectiva48. Por otro lado, el presidente hizo una promesa importante en su discurso inaugural, que se vería obligado a romper dos años más tarde: su gobierno no devaluaría la moneda nacional a pesar de todos los problemas que se habían previsto. Para los asesores como Messina (1988) y Vega (1991) parecía ser una promesa innecesaria dadas las circunstancias en que se encontraba la economía nacional, no muy diferentes a las de cualquiera otra en la América Latina de la época. El país fue condenado a negociar con las instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales para obtener recursos financieros externos que le permitieran hacer frente a su crisis financiera interna. El historiador Frank Moya Pons define la consecuencia más espectacular de la promesa del presidente. El señala que el presidente “ha sido prisionero de sus propias palabras, cuando declaró solemnemente ante el Congreso que ‘nuestro gobierno no va a presentar a este Congreso Nacional ningún proyecto de ley destinado a devaluar nuestra moneda, cuya paridad está consagrada en la ley monetaria.”49 En esta situación, se supo que la devaluación era un elemento no negociable para las instituciones financieras internacionales que en el momento seguían el programa económico trazado para ellos por los neo-internacionales, élites conservadoras y neoliberales que estaban tratando de reformar en el mundo capitalista una economía con más desregulación de los mercados y más competencia. En este contexto, los bancos internacionales en los que las naciones del Tercer Mundo estaban en deuda querían su dinero, y una de las condiciones para lograr ese propósito era obligar a los países a adoptar políticas de devaluación. Así que, considerando todas las cosas, no había manera de evitar la devaluación; sin embargo, el presidente dio su palabra en el sentido de que no lo iba a permitir. No es de extrañar que, cuando llegó el mo-
48.- Ver John Walton, David Seddon: Free Markets & Food Riots: The Politics of Global Adjustment. Blackwell Publishers, 1994. Y Laura Faxas, op. cit., pp.159-182 49.- Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana. 9a. Edición. Caribbean Publishers. Santo Domingo 1992, p. 352
mento de la devaluación, este fue uno de los factores que enfureció a la población contra la administración. Este es otro aspecto de la ruptura de la confianza. No nos vamos a detener en la descripción del motín de hambre de abril de 1984 en sí, y sólo vamos a insistir en que esta ruptura de confianza que se produjo entre gobierno y partido y gobierno y sociedad civil gatilló definitivamente los eventos sangrientos de ese día; pero algo ocurrió en el subsuelo de las manifestaciones callejeras, que sería el dato explicativo de lo que sucedió en el resto de la década de los 80 y de los 90: el florecimiento de la sociedad civil como actor en las luchas populares-territoriales de ese período, es decir, de la sociedad civil de cariz popular, organizada en comités, coordinadoras y colectivos de lucha, y que habría de cambiar el discurso político y el marco cognitivo con el que se entendieron las protestas desde entonces. Del discurso montado sobre el concepto de clase social, se pasó a un discurso que enfatizaba más la lucha popular como proceso de transformación y cambio, y a tono con las corrientes de las ciencias sociales en ese momento, que trataban de registrar las consecuencias de la crisis del socialismo real, se introdujeron las nociones de “nuevo movimiento social” y de “sociedad civil” como pivotes conceptuales útiles para conferirle un nuevo sentido a las luchas. Un eje clave de estas luchas estaba constituido por las demandas de democratización de la sociedad dominicana, de demandas de ampliación y profundización de la ciudadanía social y política en el marco de la nación.50 Puede decirse entonces que en este período el fiel de la balanza tendió a equilibrarse en una relación más equilibrada entre sociedad civil y gobierno, y entre sociedad civil y partidos políticos, aunque debiéramos advertir que dicho equilibrio fue y es siempre inestable, y está muy atado a las capacidades de movilización de las organizaciones de la sociedad civil y el grado de articulación, que nunca llega a ser de fusión, entre ellas, para el logro de objetivos comunes. En este sentido, vale la pena mencionar los movimientos de paros nacionales convocados durante el nuevo período de gobierno del Dr. Balaguer (1986-1990), bajo el liderazgo de la entonces
50.- “Tal parece que los movimientos de protestas en la República Dominicana manifiestan más bien una incipiente articulación de sectores sociales que recogen un generalizado sentimiento de integración de la población a la participación en la distribución de los bienes y servicios indispensables para el discurrir de una vida más o menos decente. Buscan crear un nuevo ordenamiento de las cosas, una nueva forma de agregación social, expresan una nueva búsqueda de integración nacional, y por lo tanto, quizás otra nación. ... No obstante, lo más importante, lo que se ha de constatar es que las luchas de los movimientos barriales podría estar expresando la necesidad del establecimiento del derecho a la ciudadanía, y de una radical vocación de integración social con conciencia de sus derechos y de superación de las viejas formas de participación a través de los partidos y sindicatos, que no le permiten el ejercicio democrático de la representación, y esto constituye uno de los aportes más importantes que se pueda hacer en este país para el desarrollo de la democracia.” César Pérez, Leopoldo Artiles, Movimientos sociales dominicanos: identidad y dilemas, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1992, pp.76-77.
emergente líder del movimiento popular, Virtudes Álvarez, y de la nueva líder obrera, dirigente de la Central General de Trabajadores-Mayoritaria, Nélsida Marmolejos. De hecho, después de 1984, vemos un crecimiento de las organizaciones populares en número como en calidad. Fue en y después de 1984 que una forma de organización territorial popular llamada “Comité de Lucha Popular” (Comité de Lucha Popular), cobró existencia. Al parecer los primeros surgen en 1983. Según Pérez y Artiles: “Comité de Lucha Popular (CLP fue la denominación que se dio a la forma de organización surgida a finales de 1983 e inicios de 1984, para impulsar las protestas populares en los barrios de algunas ciudades. Su estructura nunca estuvo definida, su composición tampoco, siendo formados básicamente por activistas de grupos de izquierda, aunque también lo integraban moradores barriales de diferentes orientaciones político-ideológicas./ Tenían una demarcación territorial definida. Sin embargo, las acciones políticas tendían a coordinarse con otras en otros espacios a los fines de generalizarlas”51. Las entrevistas que se aplicaron en la investigación registrada en el texto de Pérez y Artiles arrojaron el dato de que los primeros CLPs se formaron en 1982, cuando, según Víctor Morales, militante de izquierda y uno de los principales dirigentes populares de los años 80s, “un grupo de miembros de organizaciones de izquierda deciden constituir un mecanismo popular de apoyo a los trabajadores de la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) que se encontraban enfrascados en una lucha sindical contra la Compañía.”52 Otro líder de entonces, Pedro Franco, relata que “el primer CLP fue constituido por una asamblea abierta, convocada en el Club Amantes del Progreso, situado en la calle Francisco Xavier del Castillo, en el barrio Vietnam, en Santo Domingo.”53 Ante declaraciones como éstas se podría pensar que los CLP son creaciones de los partidos, o de personas militantes de partidos que trazan una suerte de ruta inversa que parte desde una organización de la “sociedad política” a la creación de una organización de la sociedad civil. Sin embargo, los CLP incluyen a otras personas diferentes a los militantes que dieron cuenta de su origen, y de las propias declaraciones de los entrevistados se infiere que la creación de los primeros CLP constituye la obra de una diversidad de sujetos: “De la declaración de Franco, del enunciado un tanto vago de otros activistas sobre
51.- Ibid., p.94 52.- Ibidem 53.- Ibid. pp.94-95
cómo y quiénes fundaron los CLP, se podría concluir que ellos entienden que fueron moradores y otros sectores sus fundadores.”54 Esto no descarta la existencia de un sentimiento e ideología en estas organizaciones que se pueden considerar de “izquierda”, quizás el reflejo de la dispersión que la izquierda como instancia organizada sufría en ese momento, en virtud de la carencia de una estrategia coherente para hacer oposición a una fuerza como el PRD, que de alguna manera era el partido de referencia de las demandas y sentimientos populares de carácter democrático. En otras palabras, se puede sostener la hipótesis de que la izquierda no supo encontrar un método de lucha distinto al que utilizaba cuando Balaguer, o el balaguerato, era el enemigo a vencer. Un rasgo fundamental de los CLPs era su heterogeneidad, pues reflejaban tanto los intereses de los grupos políticos que contribuían a formarlos, como la diversidad de intereses y objetivos movilizadores de acción de las comunidades que constituían su ambiente. El carácter territorial de estas organizaciones es lo que les da a los movimientos en los que participa su nombre: movimientos de pobladores, otro término que se introdujo en los discursos de los activistas y de los investigadores. La propia Virtudes Álvarez, importante líder popular en los 80s, señala: “Como en el resto de toda América, en República Dominicana el movimiento de pobladores vivía un momento de auge y esto era objeto de múltiples estudios y análisis por parte de sociólogos, politólogos y otros investigadores sociales. Las formas y el contenido de las protestas escenificadas entonces, nos obligaban todavía a un mayor esfuerzo de reflexión y búsqueda de respuestas, a superar debilidades conceptuales, orgánicas de roles y características del movimiento popular en nuestro país.”55 Al final, los CLPs constituyeron una de las bases de redes más amplias de las organizaciones populares (llamadas “coordinadora”, “consejo” “Confederación” de las organizaciones populares”) que se formaron en un momento en que los sindicatos y los partidos de la izquierda tendieron a perder el poder de movilización como resultado de diferentes factores, entre los cuales el más importante fue la realineación de los fuerzas partidarias, principalmente del PRD. Como ya hemos visto, el PRD en los años 80 dejó atrás su compromiso con los sectores de clase trabajadora y populares, a fin de acomodar los intereses de los sectores de poder. Por otra parte, la reestructuración de la economía contribuyó a erosionar la base de poder de los sindicatos, que por cierto, dadas las frágiles condiciones de los derechos de los trabajadores en
54.- Ibid., p.95 55.- Virtudes Álvarez, Tiempo vivido. Editora Taller, Rep. Dominicana. 1996, p.53.
la República Dominicana, nunca tuvo mucho poder tampoco. Los cambios económicos que convirtieron la economía dominicana en una economía de servicios, creó un escenario en el que las demandas no se corresponden adecuadamente a los intereses de los trabajadores, sino a los intereses de las masas que vivían en los barrios y cuyos reclamos tienen sus raíces en los problemas territoriales, así como en las necesidades básicas que pueden ser satisfechas por las políticas estatales que afectan a los precios de los productos y la prestación de servicios básicos. Por eso las luchas que seguirían en los años 80 tuvo como objetivo principal el Estado, en lugar de un enemigo de clase, aunque este último nunca desapareció del discurso de las organizaciones populares. Estas organizaciones fueron claves en las movilizaciones y paros que se realizaron en el primero de la segunda secuencia de tres períodos electorales (en realidad dos y medio si consideramos los dos años que se le recortaron al tercero, o sea, 19861996) del Dr. Balaguer. Es en este período cuando surge una nueva organización popular llamada Coordinadora de Luchas Populares (CLP). Espinal destaca el rechazo al que fue sometida esta organización por parte de los sindicatos organizados, los partidos y el empresariado, a pesar de que, aún careciendo de estatus legal y considerarse que no tenía legitimidad como representante de los sectores populares demostró una capacidad extraordinaria para convocar huelgas56. En este contexto surge el liderazgo de Virtudes Álvarez, dirigente de la CLP, que luego se convirtió en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Esta organización y su lideresa, en sus dos fases, sufrió el desdén de los sindicatos obreros, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para coordinar acciones en conjunto, presentándose así una de las fisuras en la sociedad civil de carácter popular que comprometieron el éxito de las movilizaciones de finales de los 80 y principios de los 90. Puede decirse, sin embargo, que la huelga general del 19 y 20 de junio convocada por el CNOP logró capitalizar el descontento de la población en general causado por la política económica del Dr. Balaguer (sobre todo por los efectos inflacionarios de sus políticas de inversión pública), y el fracaso del Diálogo Tripartito entre centrales obreras, empresarios y gobierno, mediado por
56.- “La CLP fue, en principio, rechazada por el movimiento sindical organizado, los partidos políticos y el gobierno bajo el argumento de que no estaba claro a quién exactamente representaba la CLP. Con su poder social en ascenso, la CLP llamó a una huelga general en marzo de 1988, huelga que fue rechazada por los sindicatos, los partidos y el gobierno. Con apoyo limitado, la CLP no pudo paralizar el país como esperaba hacerlo. Pero, si bien la CLP carecía de estatus legal y legitimidad política como representante de los sectores populares, su capacidad de convocar huelgas y capitalizar el sentimiento de descontento en la población aumentó entre 1988 y 1990.” Rosario Espinal, ob. Cit., 2001, p.115.
la Iglesia Católica, que no logró detener la espiral inflacionaria. La huelga paralizó el país, por lo que se puede decir que, en ese orden, fue un éxito. Pero de la agenda de ocho puntos que la CNOP presentó al gobierno, apenas se logró un pequeño aumento al salario mínimo.57 El Colectivo de Organizaciones Populares (COP), derivado de divisiones en la CNOP organizó tres huelgas en el 1990, al calor de los efectos que había dejado la crisis electoral de mayo de ese año, en la cual el Partido de Liberación Dominicana (PLD) había competido con el Partido Reformista Social Cristiano, de Balaguer, perdiendo por muy estrecho margen, el cual fue atribuido por el PLD al fraude. De las huelgas en cuestión, sólo la de los días 19 y 20 de junio resultó exitosa en términos del logro de la paralización del país, las otras dos no lo fueron tanto mostrando un agotamiento de ese recurso de lucha. Por otra parte, el hecho de que hayamos hecho énfasis en los CLP no significa que no hubiese otras organizaciones que merecen ser tenidas en cuenta, como es el caso de las Comunidades Eclesiales de Base-CEB (a veces CCB, comunidades cristianas de base). Éstas, como parte de lo que se denomina Iglesia Popular, jugaron papeles clave en los procesos de concienciación que elevaba los niveles de criticidad social y política de la feligresía, sobre todo aquella parte de ésta que también participaba en otros espacios organizacionales, como los CLP o los partidos. Debe señalarse que estas nuevas modalidades de movimiento social en la sociedad dominicana se desarrollaron de manera paralela a la emergencia de nuevos liderazgos en lo que podríamos llamar sociedad civil de capas medias y altas, con nuevas propuestas de desarrollo económico e institucional, como fue el caso de los liderazgos empresariales de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que se comprometió a fondo con la reforma del sistema educativo dominicano, con el lanzamiento de Plan Educativo, a mediados de los 80s, apoyado por la Fundación Friedrich Evertz, el cual reunió a una diversidad de organizaciones no-gubernamentales y asociaciones profesionales interesadas en la transformación del sistema educativo, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), EDUCA, Centro Cultural Poveda, Fun-
57.- Los ocho puntos de la agenda eran los siguientes: “1) Cambios en la política económica y moratoria en el pago de la deuda externa; 2) reforma al sistema de seguridad social para incluir en la cobertura médica a los familiares de los trabajadores (ésta había sido una demanda de los obreros en el Diálogo Tripartito); 3) aumento del salario mínimo; 4) cumplimiento de los acuerdos establecidos por el gobierno con las asociaciones profesionales; 5) la no-privatización de las empresas estatales; 6) mejoramiento del trasporte y otros servicios públicos; 7) control de precio de los alimentos y medicinas; y 8) tierra para los campesinos.
dación UNAPEC, Centro de Estudios de Educación-CEDEE, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, etcétera. Este programa fue de alguna manera la iniciativa que activó y articuló las fuerzas sociales que en República Dominicana coincidían en la necesidad de priorizar la mejoría de la educación pública. También es digno de mención el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que se comprometió a fondo con las reformas político-institucionales, la reforma del sistema de justicia, y según palabras de Frank Rodríguez, con la reforma del Código Laboral y con los proyectos de establecimiento de un sistema de seguridad social. Dentro de lo que podríamos denominar como instituciones “híbridas” de la sociedad civil en términos de sus correlatos de capas sociales destaca el de Participación Ciudadana, creada el 31 de octubre de 1993, definido como un movimiento cívico no-partidista de presión, concertación, y vinculación del ámbito social con los poderes públicos, que reúne grupos de capas medias y populares en torno al proyecto de modernizar e institucionalizar la democracia dominicana. Luego están las innumerables organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en temas específicos siempre observando un compromiso con la democracia, entendida a veces como un régimen sin exclusiones, otras veces como un sistema de reglas de juego institucionales transparentes, otras veces como la articulación utópica de las múltiples identidades y proyectos que se confrontan y negocian en el clima de la deliberación pública. Si tomáramos estas manifestaciones como indicadores de un cambio de dirección de la acción colectiva en el país, podríamos decir que los 90s, en su mayor parte, fueron los años de la movilización de las capas medias y medias altas, en pro de la reforma institucional y estatal. Esto se evidenció con meridiana claridad en la crisis electoral de 1994, provocada por las irregularidades denunciadas en las elecciones de dicho año, puso a prueba el sistema político dominicano poniéndolo, según algunos, en el borde de un enfrentamiento civil que movilizó las memorias dolorosas de Abril de 1965. Como sabemos, la salida a la crisis pasó por una reforma constitucional que introdujo la segunda vuelta en las elecciones, la no reelección consecutiva y, lo más importante, la reforma del sistema de justicia, con la creación del Colegio de la Magistratura, que rompió en principio con la dependencia de la Suprema Corte de Justicia del Poder Ejecutivo. Es evidente que si la sociedad civil no hubiera tenido el grado de desarrollo y agregación que en ese momento tuvo, gracias a un consenso mínimo en torno a puntos de agenda de institucionalización de los procesos electorales y de la justicia, la crisis habría dado lugar no al Pacto por la Democracia, sino a otro resultado quizás peligroso. Resulta pertinente mencionar la iniciativa del Grupo Acción por la Democracia-GAD, el cual surge en la coyuntura de crisis electoral de 1994, que de alguna
forma confirma esta afirmación. El GAD “según explica Rafael Toribio, surgió en 1994 a raíz del proceso electoral. A la firma del Pacto por la Democracia se invitó a algunas personas como testigos (seleccionadas por Monseñor Agripino). Estas personas quedaron preocupadas por velar por el cumplimiento de lo firmado y, reunidas, decidieron constituir el Grupo de Acción por la Democracia, que se consolidó no como una representación personal sino de las organizaciones a las que pertenecían.”58 En el fondo constituyó una suerte de red articulada de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas empresariales (de hecho, algunos ex miembros de la misma señalan que el peso de los empresarios fue mayor que el de otras organizaciones, como por ejemplo, los sindicatos), comprometidas primero con presionar para la institucionalización del proceso democrático y procurar una salida a los problemas que planteó la crisis de 1994, dando seguimiento a los acuerdos vertidos en el Pacto por la Democracia. Para lograr el objetivo de celebrar unas elecciones limpias en 1996 (recuérdese que el Pacto por la Democracia implicó el recorte del período de Balaguer en dos años) este grupo logró articular más de 700 organizaciones en 40 municipios, para finalmente formular una Agenda Nacional de Desarrollo, donde se expusieron 10 grandes prioridades nacionales. Esta iniciativa no sobrevivió a la coyuntura en la cual nació: “Según Rafael Toribio, el objetivo principal del GAD fue colaborar para unas elecciones transparentes en 1996.Falta de recursos, vinculación excesiva a la PUCMM, ausencia de unos estatutos, manejo como un proyecto ligado a una financiación, falta de práctica democrática en su interior, ausencia de vínculos entre la coordinación y los grupos municipales, realización de las elecciones en 1996, carencia de una estrategia a mediano y largo plazo, son citadas como posibles explicaciones al progresivo languidecimiento del GAD y con ello de los procesos que llevaba (la Agenda Nacional de Desarrollo, elaborada por el GAD, no fue reclamada por nadie).”59 No sólo el GAD ha representado un esfuerzo de coordinar una diversidad de organizaciones de la sociedad civil para lograr objetivos comunes. En 1999, a raíz de la crisis política que se originó entre la Junta Central Electoral y la Liga Municipal Dominicana, producida por un conflicto entre el Gobierno Central y el Partido Revolucionario Dominicano en torno al control de la segunda, se constituyó el Foro Ciudadano: “La crisis política con que se inició el año 1999 en República Dominicana (Junta Central Electoral y Liga Municipal Dominicana) provocó la preocupación de las OSC dominicanas. La realización de su habitual Análisis de Coyuntura mensual del Centro
58.- Jorge Cela, SJ., Isabel Pedrazuela, Articulación y coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la República Dominicana, Colección Sociedad Civil, Serie Documentos de Trabajo 2,INTECBID-OXFAM, 2002, p.44 59.- Ibid., pp.44-45
de Estudios Sociales P. Juan Montalvo (en el Distrito Nacional), el 6 de febrero, convocó a numerosas organizaciones y personas relevantes de la sociedad civil. Allí se decidió crear una comisión, definir unos principios, y hacer una convocatoria amplia. En el origen del Foro Ciudadano estuvieron las siguientes organizaciones: FINJUS, Participación Ciudadana, COPADEBA, Centro De Estudios Sociales P. Juan Montalvo s.j. Acción Contra La Corrupción, Consejo Evangélico Dominicano y ACOPRO. Dichas organizaciones redactaron un Plan de acción de la sociedad civil (11 de Febrero de 1999) que presentaron a la consideración general para que fuera suscrito. En dicho plan se presentó un decálogo de principios básicos de la sociedad civil y unas propuestas de acción”60. Según reporta este estudio, al Foro Ciudadano se integraron más de 100 organizaciones de origen y naturaleza muy diversa: organizaciones cívicas, religiosas, empresariales, sindicales, comunitarias, académicas y profesionales: “Una clasificación de las organizaciones convocantes muestra: 10 organizaciones comunitarias, 8 ONGs, 2 movimientos cívicos, 4 organizaciones empresariales, 2 centrales sindicales, 2 iglesias evangélicas, 2 universidades, 1 asociación de profesionales.”61 El Foro Ciudadano adoptó una organización operativa con un comité de seguimiento y coordinadoras de mesas de articulación, con una secretaría rotativa que se renueva cada seis meses. Los principios por los cuales lucha son: “la defensa de la institucionalidad democrática, la participación ciudadana, transparencia electoral, independencia de los poderes del Estado, acatamiento de las decisiones del Poder Judicial, rendición de cuentas de los gobernantes, mejora de la calidad de vida, respeto a los derechos ciudadanos, lucha contra la corrupción, defensa del diálogo como vía de resolución de conflictos, reforma constitucional mediante asamblea constituyente con representación de la sociedad civil.”62 Estas condiciones arriba señaladas, le han permitido a esta organización persistir hasta el día de hoy, con altas y con bajas, pero persistente, como un sujeto importante a la hora de deliberar y crear “opinión pública” sobre las políticas públicas.
60.- Ibid., p.46 61.- Ibidem. 62.- Ibidem
Sin duda, este tejido de organizaciones de la sociedad civil posibilitaron las iniciativas de diálogo que se han producido en el país. En otras palabras, la aceptación del hecho de que la sociedad dominicana cuenta con innumerables organizaciones y canales de acción que, en cierto nivel, pueden hasta representar una cuota de reclamos ciudadanos en una forma en que no lo pueden hacer las instituciones políticas, dada la crisis de representatividad motivada por la persistencia de las prácticas neopatrimoniales y clientelares en los partidos y en el estado, motiva las iniciativas de diálogo así como la voluntad de pactar agendas de políticas que propicien el desarrollo y la gobernabilidad.
Conclusiones: de vuelta al principio
Todo pareciera indicar que se ha recorrido un largo camino desde la caída del trujillato hasta la actualidad, que definitivamente es el período más relevante en cuanto a la conformación de una sociedad civil activa. Sin embargo, se percibe en estos momentos un desencanto generalizado por la política, por el agotamiento aparente de las reformas logradas, se tienen elecciones mucho más limpias y transparentes, pero los representantes que resultan elegidos en dicho proceso siguen, en una cantidad significativa de casos, frustrando las expectativas de que la política cotidiana seguirá las reglas de una ética auténticamente democrática. El tema de la corrupción, antes que disminuir como foco de la atención pública, se ha fortalecido en la misma proporción en que el fenómeno se consolida en viejas y nuevas formas, con el agregado de la injerencia de actividades y grupos ilegales, como el caso del narcotráfico, que aparentemente está permeando los aparatos de seguridad pública y a la misma clase política. En la introducción nosotros señalamos el contraste que existe entre la mirada del desencanto sobre el estado de situación de la sociedad civil, y la emergencia de lo que puede ser un nuevo ciclo de movimientos y de creatividad organizacional para enfrentar los males derivados de los patrones neopatrimonialistas y clientelares presentes en el Estado y en los partidos, con consecuencias tales como la corrupción, la falta de institucionalidad y transparencia, así como la persistencia de un modelo semi-autoritario de ejercicio del poder. La exposición histórica que hemos realizado, nos enseña que la maduración de las sociedad civil es un factor asociado al fortalecimiento de la democracia, y que cuando los ciclos de desarrollo de la sociedad civil, -vistos como crecimiento organizacional y articulación de diversidad de intereses civiles en momentos de transformación o presión para el cambio de la sociedad o del Estado- están en el momento ascen-
dente, -ya sea en términos de manifestación de reclamos o demandas, o en términos de contribuciones creativas y productivas para la solución de los problemas sociales y políticos- , la democracia recibe nuevos ímpetus, se redefinen marcos cognitivos con la introducción de nuevas perspectivas que renuevan la acción y los proyectos. Claro está, los ciclos tienen también su momento de descenso, y lo mejor que puede ocurrir es que el descenso esté signado por el cumplimiento de algunos de los objetivos proyectados, y por el mayor nivel de institucionalización de las organizaciones de la sociedad civil así como del Estado. Si esto no ocurre así, y se termina por el contrario en dispersión y fragmentación, la democracia pierde sustancia y sentido, la distancia entre Estado y Sociedad Civil se acrecienta, los partido desconfían de la sociedad civil y viceversa. Como se pudo evidenciar en la exposición, contrario a las afirmaciones esencialistas que se pudieren emitir con respecto a la inevitabilidad del conflicto entre Estado y sociedad civil, y sociedad civil y partidos, los contextos descritos nos muestran una variedad de posibilidades. En principio, inmediatamente después de la caída del trujillato, no se observa conflicto relevantes entre sociedad civil y partidos políticos, la relación entre ambos era generalmente biunívoca, y no fueron pocas las veces en que una organización de la sociedad civil se convertía en una organización política. Durante el balaguerato, no hubo tampoco conflicto relevante entre sociedad civil y partidos políticos, -fuera de la animosidad ideológica entre las organizaciones políticas de izquierda y organizaciones empresariales y religiosas-, el régimen fue represivo contra la parte de la sociedad civil y de los partidos que le adversaban, hasta el momento en que hace crisis, cuando todo parece indicar que la mayor parte de la sociedad civil y la oposición política se coaligan y, todos a una, remueven parcialmente a Balaguer del gobierno e inician un proceso de transición democrática. Es, sin embargo, en este período de “transición” que el conflicto entre sociedad civil y partidos políticos, y por vía de consecuencia, entre sociedad civil y Estado, empieza a delinearse, sin dejar de ser el inicio de un proceso sumamente relevante para entender la situación actual: a) la conformación de una sociedad civil de cariz popular que ocupa irrumpe en el espacio social y político desde mediados de los 80s, logra un éxito relativo en sus movilizaciones de protesta y de huelgas, hasta agotarse a principios de los 90s a causa de sus propias fragilidades, y el cambio en la estructura de oportunidades políticas en un régimen autoritario poco dado a dialogar sobre las políticas públicas y las demandas populares; b) activismo y fortalecimiento de la sociedad civil de capas medias y altas, proceso que en un momento dado se desarrolla en paralelo con el de la sociedad civil popular, a veces coincidiendo en ciertos puntos
de encuentro, como son los foros y espacios de discusión de las políticas sociales, y en los espacios y foros donde se discuten los procesos de reforma e institucionalización del Estado. Este desarrollo de la sociedad civil forma parte del proceso que ha logrado un nivel significativo de modernización del Estado y de las relaciones entre éste y la sociedad civil. Veamos: a finales de la década de los 80s se promulgó el nuevo Código Laboral, como resultado de extensas e intensas negociaciones entre el sector patronal y el laboral, los cuales aprendieron a entenderse mínimamente y a compartir una misma mesa de negociación. El nuevo Código Laboral constituye, junto con la institución del Comité de Salarios sito en la Secretaría de Trabajo, un instrumento muy valioso para garantizar los reajustes del salario mínimo, el pago de las compensaciones laborales, la garantía de los derechos fundamentales del trabajador, etcétera. Con ello, se impuso una institucionalización de derechos laborales que, a pesar de sus limitaciones –y el hecho de que sólo se negocie el mínimo salarial es una de ellas- sin duda ha tenido un efecto saludable en la negociación y resolución de conflictos entre patrones y obreros. Desde mediados de la década del 90 se puede decir que la sociedad dominicana ha vivido un proceso que a muchos se les antoja muy accidentado y largo de reformas del Estado que claramente conllevan robustecimiento del Estado de Derecho, como son las reformas del Poder Judicial y del sistema de justicia a consecuencia de la reforma constitucional en 1994 que dio salida a la crisis electoral de entonces. Estas son instancias garantes de la seguridad jurídica en el país. No se quedan atrás los planes de descentralización municipal por vía del establecimiento de un presupuesto destinado a los ayuntamientos para los fines de institucionalizar el poder local. Asimismo, el desarrollo de mecanismos más transparentes para expedir el documento de identidad personal y asegurar así la confiabilidad de los procesos electorales, el país también ha iniciado en el siglo XXI, aunque tardíamente con respecto a otros países de la región, el proceso de construcción de un sistema de seguridad social, apuntando al fortalecimiento de los derechos sociales. Ya hemos reportado en la exposición el papel que el sector empresarial organizado jugó en este orden, aunque se puedan tener reservas acerca de la pertinencia y estabilidad del modelo propuesto.
Se puede añadir que la sociedad civil logró, como resultado de su movilización y acciones de presión, tener influencia significativa en la reforma de la ley electoral, en la organización de elecciones competitivas limpias, en el avance de proyectos de reforma y modernización de instancias de la justicia, como los establecimientos para el recibimiento de demandas de abuso intrafamiliar, procedimientos de conciliación de disputas, establecimientos de centros de mediación comunitarias, y la promulgación de la Ley No.122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro. El carácter ineludiblemente diverso de la sociedad civil siempre remitirá a preguntas sobre de qué sociedad civil se habla, a qué parte de la sociedad civil beneficia más un cambio o reforma determinada. Pero el caso que si bien hay ciertos grupos a los que les interese fundamentalmente la seguridad jurídica más que a otros en términos de una jerarquía de necesidades, lo cierto es que ese es un logro que tarde o temprano, rinde beneficios a la sociedad entera. Todos estos hechos o eventos que han afectado la institucionalidad del Estado en República Dominicana pueden ser considerados como hitos importantes en la conformación de un “Estado de Derecho” en proceso de construcción, por lo que todavía no se cumple con todos los requisitos para conformar una institucionalización del mismo que se exprese en una relación entre Estado y sociedad civil, -entendida como ciudadanía organizada y debidamente representada, con mecanismos de reclamo de cuentas-, coherente con lo que se prescribe en la formulación de la democracia. Ciertamente hay desafíos que han quedado descritos en esta exposición. Pero si algo más definitivo nos enseña la historia es que nunca hay que dar por “muerto” al sujeto histórico. Si entendemos que la sociedad civil es, ante todo, un sujeto histórico, entonces sin dudas hay que contar con que nos sorprenderá un día –o nos sorprenderemos un día, nosotros mismos como parte de ella- con la impredecible rotura del quieto desencanto.
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