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Timestamp: 2019-12-08 10:04:03+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 413, de 24/03/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 413
celebrada el martes, 24 de marzo de 1998
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de Ley de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia (Número de expediente 127/000004) (Página 12052)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre la proposición de Ley de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia (Número de expediente 127/000004) (Página 12052) * * * *
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RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LA REGION DE MURCIA (Número de expediente 127/000004).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados.
Vamos a adentrarnos en la sesión número quince de esta Comisión Constitucional, en cuyo orden del día figura como primer punto la ratificación de la ponencia de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
¿Ratifica la Comisión la composición de dicha ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada la ponencia.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LA REGION DE MURCIA (Número de expediente 127/000004).
El señor PRESIDENTE: Entramos inmediatamente en el dictamen de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía murciano.
Si no tienen inconveniente SS. SS., dispondríamos el trabajo de este dictamen en una sola intervención por cada uno de los grupos presentes en la Comisión, que las señoras diputadas y señores diputados intervinientes podrían aprovechar para la defensa de aquellas enmiendas que queden vivas por no haber sido incorporadas al informe de la ponencia y para fijar posición sobre las restantes y sobre el conjunto de la reforma de dicha norma autonómica. (La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Solamente quiero comunicar a la Mesa que don Ramón Ortiz sustituye a don Juan Alberto Belloch y actuará de ponente con todos los derechos que le corresponden.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, y en los términos que han quedado fijados en orden al contenido de las intervenciones, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: En principio, quisiera pedir excusas, pero estaba en una reunión de otro órgano de la Cámara y me ha sido imposible llegar antes.
Hoy, en este trámite, estamos respaldando una decisión que viene como proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia. La propuesta es dar mayores competencias, acercar el nivel competencial a lo que pudiéramos llamar comunidades del 151 y dotar de plena capacidad de autogobierno al propio Parlamento; por tanto, creo que es un momento de satisfacción.
En el trámite de ponencia, nosotros hemos apoyado algunas enmiendas que mejoran lo que era la propuesta originaria de la propia Asamblea. En concreto, la enmienda que incorpora como competencia exclusiva el régimen de zonas de montaña y la competencia que traslada a desarrollo y ejecución lo que estaba funcionando en la propuesta originaria de la Asamblea Regional de Murcia como gestión, la gestión del medio ambiente y el desarrollo de su gestión.
Hay otra serie de enmiendas que en el informe de la ponencia se han recogido como mejora técnica y que indudablemente pueden significar una mejora de la propuesta. Hasta ahí, nosotros estaríamos de acuerdo, con la satisfacción que nos puede dar encontrar reflejado un consenso que se ha producido en una Cámara, a nivel de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, el trámite en el Congreso ha encontrado una modificación de esa voluntad, que el autogobierno supuso la decisión de la propia Asamblea Regional, y nosotros no compartimos las modificaciones introducidas en la ponencia. Las enmiendas que han presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista han resituado tres competencias que no están ahora mismo como competencias exclusivas en régimen local, en colegios profesionales, en el ejercicio de cámaras agrarias, cámaras de comercio, cofradías de pescadores, etcétera; en la propuesta originaria venían como competencias exclusivas y ahora, fruto de las enmiendas del PSOE y del Grupo Popular, se trasladan a desarrollo legislativo y ejecución. Nosotros creemos que estas propuestas hacia lo que pudiéramos llamar una menor capacidad no obedecen al interés de la propia región, sino a una cierta armonización de los estatutos de autonomía, que no compartimos, puesto que alguna de estas competencias están hoy residiendo en algunos estatutos de autonomía; en concreto, hay denominaciones en Aragón, en Baleares, en Cantabria e incluso en La Rioja, que vienen a ser similares a las que ahora mismo venían propuestas por la propia asamblea. Es verdad que queda viva una enmienda del Grupo Popular y una del Grupo Socialista para intentar un acercamiento en cuanto a régimen local y que tendrán que defenderse en la Comisión, pero yo lamento que hasta el momento presente no se haya alcanzado un consenso mayor y que no vaya a tener esto una solución parecida a la que nosotros hubiéramos deseado.
En la ponencia, además, se ha limitado la competencia de transporte, que está recogida en la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de la Asamblea Regional de Murcia, en el punto 10.1, apartado 4, cuando se daba como competencia de la comunidad autónoma el transporte marítimo entre puertos o puntos de la comunidad autónoma. También se restringe.
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Se hace una limitación de la propuesta de consultas populares que se recoge en el artículo 11.8, el sistema de consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de la propia comunidad, ajustándolo a una definición similar a lo que puede ser la evolución de esta competencia en otras comunidades autónomas. Y hay una modificación de la competencia de la policía, que nosotros no entendemos por qué se hace. El estatuto viene a decir que para el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma se puede convenir con el propio Estado la adscripción de la unidad del cuerpo de Policía Nacional y hay una enmienda que limita o restringe esa decisión a lo que pudiéramos llamar la custodia de los propios edificios.
Nosotros no entendíamos esa posición, que significa, por así decirlo, trasladar un nivel de encuentro que se ha producido en otras comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha o Madrid, a todas las comunidades autónomas. Por eso frente a esa propuesta de limitación de la propuesta originaria --es verdad que reducida a competencias menores, puesto que las mayores, que son las de sanidad y las de educación, están recogidas en la propuesta estatutaria--, nosotros mantenemos seis bloques de enmiendas, señor presidente, para incrementar la capacidad de competencia exclusiva a un nivel similar al que tienen otras comunidades, tanto en sanidad, higiene y ordenación farmacéutica, como en montes y aprovechamientos forestales, vías pecuarias y régimen de zonas de montaña. Definitivamente se ha incluido en la propia ponencia, por entender que estas competencias para la realidad de la región de Murcia tendrían un beneficio similar al que ya tiene en otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, competencias similares están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, artículo 35.1.40, recientemente reformado por el Congreso y por el Senado, a través de una ley orgánica; por tanto, es una competencia que a nivel exclusivo significaría una mejora de la capacidad competencial de esta comunidad.
Por otro lado, nosotros proponemos situar como competencias de desarrollo legislativo y ejecución tanto la prestación y servicios sociales del Inserso como la asistencia sanitaria de Seguridad Social, competencias que, fruto de la ponencia, vendrían situadas en ejecución, la comunidad autónoma se limitaría a gestionar estas competencias, en lugar de poder tener el desarrollo que las ajustase a la realidad que tienen ahora mismo, por su propia composición territorial o por su propia composición social.
En las enmiendas 51 y 56 proponemos la creación de una figura, un órgano institucional, que sería el Defensor del Pueblo. En la 51, creamos la figura, quedando como órganos institucionales de la comunidad autónoma la Asamblea Regional, el presidente, el Consejo de Gobierno y el Defensor del Pueblo; y en la 56, hacemos ese desarrollo posterior.
En la enmienda 52, señor presidente, pretendíamos fortalecer el papel, que en esta reforma reconocemos que sale potenciado, del Parlamento autónomo, haciendo recaer en su seno las decisiones de la aprobación de planes económicos o programas de desarrollo regional, de la ordenación básica de los órganos de la propia comunidad, del control de los medios de comunicación que puedan existir y de la aprobación de todas las resoluciones, en un informe anual, del propio Consejo Económico y Social.
Pretendemos fortalecer al Parlamento competencialmente frente al Ejecutivo, puesto que en este momento estamos en una estructura de autogobierno que se cimenta más en el papel y el protagonismo de los ejecutivos que en la capacidad de cada uno de los pueblos en tener su propia realidad parlamentaria de control.
Tenemos asimismo dos enmiendas que irían dirigidas a la modificación del criterio de capacidad de disolución. Ahora mismo, el criterio de disolución está restringido e incluso ha sido fijada la fecha del último domingo del mes de mayo para las elecciones, fecha que ha sido modificada porque la realidad ha tenido que ajustarse en esta ocasión; y cada veinte años, cada cuatro legislaturas, sucederá con las europeas, y cada cinco con las autonómicas. Nosotros creemos que esa realidad de disolución, teniendo una precisión tan clara en esta vertiente, debería limitarse a la decisión o a la posibilidad que en cada caso se pudiera producir. No entendemos por qué se limita esa capacidad, que no está restringida para otras comunidades autónomas. Tengo que reconocer que la capacidad de disolución, en algunas comunidades, ni siquiera está en sus estatutos.
Por ejemplo, en Cataluña se disuelve por la ley de la Presidencia y no está recogido en el estatuto como una actuación específica. No es sino modificar esta filosofía de comunidades que funcionan con los municipios y comunidades que tienen un protagonismo y un peso, como si hubiese una diferencia en cuanto a órganos o posibilidad de articulación.
Reconociendo que es un desarrollo que debe obedecer a la legislación regional, nos pronunciamos por una circunscripción única en el proceso electoral y en el artículo correspondiente, en el artículo 24.2, pondríamos: circunscripción electoral única para la región.
Es verdad que esto es fruto de una ley. Saben ustedes que la Constitución española dice que la circunscripción será la provincia y, por tanto, no pasaría nada si el estatuto de autonomía dijese también lo mismo. No estoy creando una complicación de derivación legal en una especie de ley orgánica, reduciendo ese protagonismo y llevando a una legislación básica. Pero es una realidad, la proporcionalidad es corregida y tenemos circunscripciones que pueden funcionar más bien como sistema mayoritario.
Resumiendo, señor presidente, estas enmiendas están defendidas en la Cámara con un objetivo, que es sacar el mejor estatuto de autonomía en función de la realidad que pudiéramos tener allá.
Como no voy a tener la oportunidad de intervenir nuevamente, porque el presidente ha dicho que habría una sola intervención, quisiera explicar un poco lo relativo a la competencia de régimen local. La región de Murcia y sus municipios tienen una realidad municipal de estructuras de población, que se denominan pedanías, que están alrededor de las grandes ciudades. En Murcia, tenemos cincuenta y dos pedanías; en Cartagena, hay un sinfín de ellas, en Lorca, en Moratalla, etcétera. Hay una estructuración
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en la que hay núcleos urbanos que no tienen capacidad de elección de sus propios órganos y de su propia gestión, como puede ser el caso de El Palmar, de veinte mil habitantes, reconociendo que esta competencia no la tienen en Castilla-La Mancha; un núcleo, en Castilla-La Mancha, con trescientos habitantes tiene un municipio. Esa realidad es diferente. Por ello entendíamos que esa competencia de régimen local en manos de la propia comunidad facilitaría allá --y lo hemos vivido ya en etapas anteriores-- el desarrollo legislativo. No estamos, por tanto, al ubicar como competencia exclusiva, pretendiendo que en la comunidad se regule lo que está regulado como básico para todo el Estado; hablamos de la especificidad que allí tenemos.
Hay una dificultad, si la ley básica no recoge esa estructuración, el desarrollo legislativo que haya en la comunidad autónoma no facilitará que se pueda producir esa creación de juntas vecinales o de una estructura descentralizada que posibilite a los ciudadanos de estos núcleos de población elegir a sus gestores. Ahora mismo no se hace; ahora se hace como delegados del propio alcalde. Incluso creando las entidades locales menores, que son figuras totalmente distintas, que son para núcleos rurales más alejados, tampoco se solventaría esta cuestión. Por ello creemos que es mejor ubicar esta competencia en el estatuto de autonomía, dentro de las competencias exclusivas. Es verdad que esta competencia está recogida en el Estatuto de Aragón y que también otras comunidades autónomas lo recogen; por ejemplo, La Rioja, que, a través del artículo 9.1 de su estatuto, tiene como competencia exclusiva la creación de entidades infra y supramunicipales en general. Sin embargo, esta definición no existe para la alteración de términos municipales en las competencias exclusivas de la Asamblea Regional de Murcia. En suma, nos parece que facilitaría nuestra propia realidad incorporar esta competencia en exclusiva.
En todo caso, nuestra valoración es positiva por el grado de consenso y ello nos llevará, señor presidente, a pedir votación separada de las enmiendas que han sido incorporadas, siendo nuestra posición favorable al resultado final.
El señor PRESIDENTE: En el contexto de su intervención ha aludido S. S. a seis bloques de enmiendas. No sé si deducir, entiendo que sí, en razón de los términos concretos de su intervención, que conciernen a la totalidad de las diez enmiendas vivas que Izquierda Unida tiene en este momento. De todos modos, antes de la votación, le pediré, señor Ríos, por favor, que concrete cuáles de aquéllas sometemos a la consideración de la Comisión.
El señor RIOS MARTINEZ: Tiene razón el señor presidente. Por no enumerar las diez, las he agrupado por filosofía.
El señor PRESIDENTE: También querría aludir, señor Ríos, a una referencia que ha hecho. Como sabe S. S., lo que el Pleno de la Cámara ha hecho ha sido tomar en consideración la proposición de ley de reforma del régimen electoral general, al objeto de habilitar esa coincidencia de elecciones, pero nada más que tomarlo en consideración; no se ha formalizado la tramitación de esa iniciativa y, en consecuencia, si queremos, como parece razonable, evitar, por razones de economía legislativa, encontrarnos con una sucesiva reforma del Estatuto de la Región de Murcia en razón de esa innovación legislativa, yo entiendo y creo, por el acuerdo de tramitación de dicha iniciativa en lectura única y por el procedimiento de urgencia, que probablemente el Senado estará en condiciones de incorporar ya esa previsión, ahorrando a los legisladores murcianos esa enojosa redundancia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz Molina. Sabe S. S., si las notas de esta Presidencia son correctas, que la única enmienda viva de su grupo sería la número 30, lo que no quita que pueda explayarse sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, en general, sobre todo el contenido de la reforma proyectada.
El señor ORTIZ MOLINA: Señoras y señores diputados, la reforma en trámite del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia es un paso más de un proceso que tiene su origen en enero de 1978, cuando la Asamblea de parlamentarios regionales inicia los estudios de lo que después fue el decreto-ley de preautonomías. Con posterioridad, fue aprobado el Estatuto para la Región de Murcia por Ley 4/1982, de 9 de junio, siendo objeto de una primera reforma por Ley 1/1991, de 13 de marzo, por afectación de la Ley Electoral General al unificar los calendarios de las elecciones autonómicas. El 24 de marzo de 1994 se reforma de nuevo el estatuto como consecuencia de un proceso de transferencias a las comunidades autónomas del artículo 143, fruto de lo que fueron los pactos autonómicos de 1992 entre las fuerzas políticas mayoritarias representadas en esta Cámara.
La reforma actual viene a ser un paso más, como decía, de un proceso inacabado que en cualquiera de los casos permite avanzar por el camino que la Constitución posibilita de fortalecer el Estado desde la mayor capacidad de autogobierno de los territorios que lo integran y por medio de lo que debería ser una equilibrada asignación de la capacidad política, en cuanto a toma de decisiones se refiere, así como por una equitativa asignación de competencias y recursos.
Es imprescindible, en la fase en que nos encontramos, contemplar en toda su extensión el singular proceso que supone el origen de la propuesta de reforma y éste no es otro que la propia Asamblea legislativa de la Región de Murcia. En aquel Parlamento se ha producido un amplio consenso que podemos y, en consecuencia, debemos respetar, sin que esto menoscabe en absoluto nuestra propia capacidad legislativa. Las principales modificaciones que contiene la propuesta de reforma se pueden clasificar en dos grandes grupos: modificaciones institucionales y modificaciones competenciales. Cabe destacar en las institucionales: la adecuación del mandato de los senadores de designación autonómica a la legislatura de la Asamblea regional, la ampliación del número de parlamentarios regionales,
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hasta un máximo de cincuenta y cinco; se suprime el límite de cuatro meses al año para las reuniones de la Asamblea y se incluye la posibilidad de disolución anticipada de dicho Parlamento por el presidente de la comunidad autónoma. Con la nueva redacción en estas materias se superan claramente ciertas rigideces que limitaban el correcto funcionamiento de aquel legislativo. En materia competencial se producen muchas variaciones, aunque bien es cierto que las mismas no varían sustancialmente los contenidos del estatuto, limitándose más bien a una explicitación o precisión de títulos competenciales que ya figuran en el mismo; esto, sin perjuicio de otras modificaciones competenciales que sí amplían la capacidad de autogobierno que pretendemos, sin exceder ninguno de ellos lo previsto en el marco constitucional. Entre ellas, cabe destacar la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección.
Es cierto que a la propuesta de reforma estatutaria formulada por el Parlamento murciano el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 18 enmiendas, que han sido asumidas en ponencia; sin embargo, entendemos que éstas no van más allá de la mera mejora técnica y sin lugar a dudas respetan los acuerdos a que hemos hecho referencia y que provienen de la Asamblea Regional de Murcia.
De las enmiendas que permanecen vivas, hay una del Grupo Parlamentario Socialista, que doy por defendida en sus propios términos. En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, desde el Grupo Socialista entendemos que la gran mayoría no aporta nada sustancial a la redacción primitiva; más bien entendemos que la redacción inicial es mucho más correcta en términos y en ubicación, y en consecuencia, nuestra posición va a ser negativa a la casi totalidad. Hay una específica a la cual nos vamos a oponer y sobre la que quisiera llamar especialmente la atención, porque tiene un ánimo de cambio sustancial de la redacción inicial, con una gran trascendencia en su caso para la región de Murcia. Me refiero a la enmienda número 53, donde se propone la circunscripción única. Desde luego, los socialistas, allí y aquí, hemos defendido para esta región la configuración en cinco circunscripciones electorales. Creemos que, por su propia configuración --territorial, social, económica, e incluso me atrevería a decir que cultural--, estas circunscripciones reflejan mucho más lo que es la estructura interna de dicha región y que de esa manera se facilita también una representatividad mayor y más directa en el Parlamento murciano de lo que es el conjunto regional. En consecuencia, insisto, al suponer esta enmienda un cambio sustancial, los socialistas nos vamos a oponer a ella, siendo coherentes con la posición que siempre hemos mantenido allí y aquí.
Las enmiendas 51 y 56, también de Izquierda Unida, se refieren a la figura del Defensor del Pueblo y, por coherencia con nuestra posición política, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista va a votarlas favorablemente. Ya en la Asamblea Regional de Murcia el Grupo Parlamentario Socialista defendió, de acuerdo con posiciones anteriores, la creación de esta institución, e insisto en que, por convencimiento y por coherencia, vamos a mantener una posición favorable a estas dos enmiendas.
Para terminar, simplemente quiero ratificar nuestra posición en los términos de los acuerdos de la ponencia y en relación con las enmiendas de Izquierda Unida, y, al no contar con una nueva oportunidad de intervención, manifiesto la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por lo que está suponiendo la tramitación de esta proposición de ley, fundamentalmente en lo que es la consecución de un máximo acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamir Casares.
El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, señorías, quisiera empezar por felicitar a la Asamblea de Murcia por el magnífico trabajo que realizó en la proposición de reforma de este estatuto de autonomía. Esta reforma se ha hecho con un grado de iniciativa mayor de la Asamblea murciana que en reformas precedentes y también con un importante grado de consenso.
Quisiera destacar este rasgo por la importancia de que en las normas que regulan la vida de la ciudadanía, sea una Constitución, sea un estatuto de autonomía, etcétera, se busque en lo posible un alto grado de consenso. Existe otro tipo de normativa en la que, sin duda, jugará el diálogo y el intento de acuerdo o, si no, el juego normal de mayorías y minorías, pero es importante el esfuerzo en las normas cuadro, por decirlo de alguna manera, por buscar un grado de consenso importante, que yo espero que se mantenga en el Parlamento, aun teniendo en cuenta las enmiendas de unos y otros al respecto. En todo caso, esta reforma profundiza de manera importante en el grado de autonomía de la Comunidad murciana y lo hace tanto en los asuntos institucionales como en los competenciales.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, coincidentes con las del Grupo Parlamentario Socialista, buscan sobre todo ajustes a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en ese sentido, en muchos casos, lo que se ha hecho ha sido profundizar aún más en determinadas competencias respecto a lo que provenía de la Asamblea de Murcia, precisamente por respeto a la doctrina constitucional. Por ejemplo, en lo referente al régimen de las zonas de montaña, se ha ido más allá de lo que pedía la Asamblea murciana en la aclaración de competencias relativas al medio ambiente, lo que implica, desde el respeto a la doctrina jurisdiccional del Tribunal Constitucional, un paso importante. Es esta misma filosofía de respeto a la doctrina constitucional, en una aplicación adecuada del artículo 149.1.18, lo que ha llevado precisamente a plantear otro tipo de enmiendas que consideramos que engloban mejor la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Ley de Bases de Régimen Local.
A continuación me referiré a las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Con brevedad, en la enmienda 48, en lo no relativo a las zonas de montaña, hay que recordar el artículo 149.1, reglas 16 y 23, de nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional ha
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dejado claro que la salvaguarda de introducir una declaración de respeto a la Constitución no impide la inconstitucionalidad de un precepto, como nos podíamos encontrar en este caso. La misma doctrina del Tribunal Constitucional es aplicable a otras enmiendas. Entre ellas, por ejemplo, en el tema sanitario, me gustaría destacar que, en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, hay una profundización en las competencias autonómicas, desde el momento en que las competencias estatales se refieren a la alta inspección, con lo que se da un nuevo e importante paso a favor de las competencias de la autonomía murciana.
Respecto al Defensor del Pueblo, destacaría, en primer lugar, que en Murcia existe la figura de la Comisión de Petición y Defensa del Ciudadano, figura que quedaría vaciada si se la superpone a la figura del Defensor del Pueblo; en segundo lugar, que existen otras comunidades autónomas que no van a tener Defensor del Pueblo. Por ejemplo, en la proposición que vamos a debatir en un futuro de la Comunidad de Madrid, hasta el momento, no se recoge la figura del Defensor del Pueblo sobre todo, no parece lógico que se imponga a la comunidad autónoma murciana una institución que la misma no desea establecer. Hablo de la comunidad autónoma murciana, por encima de los partidos políticos, porque la aprobación institucional de la Asamblea, en democracia, ha sido la de no establecer esta figura y mantener la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Yo creo que es totalmente distinto presentar otro tipo de enmiendas respetuosas con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre determinadas competencias que imponer a una comunidad autónoma una institución que dicha comunidad autónoma ha decidido expresamente no crear por el sistema democrático de su Asamblea.
La enmienda 52 busca básicamente trasladar a la Asamblea funciones que son típicas del Ejecutivo, lo que implica un enfoque, si se me permite decirlo, un poco más asambleario, que no compartimos, en una adecuada distribución de lo que deben ser las funciones del Ejecutivo y del órgano legislativo.
Otras enmiendas se refieren a la circunscripción electoral. También parece lógico que sea la Asamblea de Murcia, si se quiere profundizar en la autonomía, la que decida sobre este punto, si es que esa asamblea ha decidido que quiere decidir ella y que no quiere que sea una ley orgánica, en definitiva aprobada por este Parlamento, la que decida sobre esta materia; en otras autonomías, se ha decidido de manera distinta, pero si la propia Asamblea murciana ha decidido autodefinirse, parece lógico respetar ese criterio. Finalmente, tampoco parece lógico ir contra el criterio de la Asamblea de Murcia en lo referente a crear un sistema electoral, que, ampliado a nivel nacional, nos llevaría a una situación electoral continua en nuestro país.
Por todo ello, pido a SS. SS. el voto favorable a la enmienda conjunta, que aún queda viva, de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, y el voto en contra a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Concluso el turno de intervención de enmendantes, para fijación de posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SANCHEZ: Voy a intervenir con brevedad, como corresponde a las intervenciones que me han precedido. La posición de mi grupo se fundamenta en este caso en dos principios básicos. En primer lugar, partiendo de la base de que uno de los elementos fundamentales del estatuto de autonomía es la organización institucional básica de la comunidad autónoma, las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista respecto a la introducción de la figura del Defensor del Pueblo u otra institución análoga tratan de ajustarse respetuosamente al planteamiento que ha hecho la Asamblea Regional de Murcia, como no podía ser menos si tenemos en cuenta que, siguiendo la estructura de la ley orgánica, el Defensor del Pueblo y las figuras análogas no son sino comisionados del Poder Legislativo para ejercer esa magistratura que se ha venido a denominar a veces de persuasión respecto del Poder Ejecutivo.
En este caso, nuestra posición no puede ser otra que la de asumir respetuosamente el planteamiento de la Asamblea Regional de Murcia.
Por lo que hace referencia a la distribución de competencias, a los aspectos no orgánicos sino competenciales, lo único que querríamos recordar a SS. SS. es que el Tribunal Constitucional, en la sentencia de la LOAPA de 5 de agosto de 1983, entendió que el imperativo constitucional de igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia del territorio no determinaba en modo alguno un principio de igualdad entre comunidades autónomas ni en sus aspectos organizativos ni competenciales. El hecho de que haya unas comunidades autónomas con determinadas competencias exclusivas puede legitimar su solicitud por parte de otras comunidades autónomas, lo que en modo alguno puede convertirse en un principio absoluto. El Tribunal Constitucional entendió que las comunidades autónomas eran diferentes por la vías que tenían para constituir su propia organización, como dije anteriormente, y por su complejo competencial.
Desde esta perspectiva, anuncio que la única enmienda que votaremos a favor es la que aparece asumida conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Socialista en materia de régimen local, en la medida en que estos dos partidos representan una mayoría tremendamente larga de representación de los ciudadanos de la región de Murcia.
El señor RIOS MARTINEZ: Quería pedir votación separada en un bloque, cuando se vote el dictamen, de los epígrafes 10.4, 10.32, 10.34 y 19.4 y, después, del resto del dictamen. Señor presidente, ahora se incorpora la enmienda de los grupos Popular y Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, se entienden siempre estos epígrafes al artículo único. (Asentimiento.) Señor Ortiz Molina.
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El señor ORTIZ MOLINA: Entiende mi grupo que se votan separadamente las enmiendas 51 y 56 fuera de los bloques de Izquierda Unida, con la propuesta última que hace.
El señor PRESIDENTE: Se deducía claramente del tenor de su intervención, señor Ortiz Molina.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, nosotros solicitamos la votación conjunta de las enmiendas números 2 y 30.
El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor López-Medel, son enmiendas que obviamente tendrán que ser objeto de votación separada.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, las enmiendas vivas del Grupo Socialista son las números 30 y 38 y las números 2 y 5 son iguales. Según he entendido, todas las enmiendas que quedan pendientes se votan en un bloque.
El señor PRESIDENTE: Entiende esta Presidencia que, en rigor, se trata de la enmienda 2, del Grupo Popular, y de la número 30, del Grupo Socialista. Las enmiendas 5 y 38, de ambos grupos, tienen una clara significación instrumental o meramente sistemática respecto a los contenidos de las números 2 y 30, que en razón de su identidad pueden ser objeto de votación conjunta.
En consecuencia, señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones.
El señor SILVA SANCHEZ: Quiero anunciar la sustitución del señor López de Lerma.
El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor Silva. Esta Presidencia tiene interesado de todos los portavoces la remisión a la Mesa de las sustituciones por escrito, como es práctica habitual. Si no lo ha reiterado ha sido por su condición de cláusula de estilo procesal de la Comisión.
Enunciaba que vamos a proceder a las votaciones, en primer término, de las enmiendas números 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 y 55, suscritas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. ¿Pueden ser objeto de votación conjunta, salvo que algún portavoz reclame votación separada en este momento? (Asentimiento.) En consecuencia, se someten a votación.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 51 y 56, conjuntamente, igualmente suscritas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometemos seguidamente a votación las enmiendas números 2, del Grupo Parlamentario Popular, y 30, del Grupo Parlamentario Socialista, y, en la medida que están incluidas en ellas, las números 5 y 38 de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, respectivamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan incorporadas ambas enmiendas.
Despejada la votación de las enmiendas, pasamos a la votación del informe de la ponencia, que quedará elevado a la condición de dictamen de la Comisión una vez votado. Votamos, en primer lugar, su artículo único, con excepción de los epígrafes 10.4, 10.32, 10.34 y 19.4, en los términos interesados por el señor Ríos.
Pasamos a votar los epígrafes 10.4, 10.32, 10.34 y 19.4. ¿Separadamente?
El señor RIOS MARTINEZ: No, señor presidente.
Pido disculpas, pero entendía que la votación que acabamos de hacer era separada de esos cuatro epígrafes y que el resto del dictamen se votaría ahora. Yo antes he votado en conciencia. Al margen de que me haya podido equivocar, creía que se habían votado separadamente los epígrafes mencionados por el señor presidente y por eso he votado en contra, pero quiero votar a favor el resto del dictamen.
El señor PRESIDENTE: No sé si se ha confundido el señor Ríos o esta Presidencia. En todo caso, esta Presidencia entiende que en el conflicto debe prevalecer el que pueda manifestar escrupulosamente su voluntad el señor Ríos.
En consecuencia, sometemos a votación los epígrafes 10.4, 10.32, 10.34 y 19.4 del artículo único. Y después someteremos a votación el resto del artículo único.
Ponemos a votación el resto del artículo único que, al parecer, va a contar con el ilustre concurso del voto del señor Ríos.
A continuación, ponemos a votación la disposición final de esta propuesta de reforma.
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Por último, sometemos a votación la exposición de motivos que introduce esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En consecuencia, queda dictaminado el proyecto.

References: artículo 11
 artículo 35
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 143
 artículo 149
 artículo 149