Source: https://tc.vlex.es/vid/1-4-5-stc-sstc-f-2-15355971
Timestamp: 2019-09-16 15:05:43+00:00

Document:
STC 355/1993, 29 de Noviembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15355971
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 612/1991
1. Hemos declarado incompatibles con los mandatos constitucionales la doble vía administrativa prevista en el art. 4 de la Orden Ministerial de 5 de julio de 1971 (STC 60/1989) y considerado rigoristas y desproporcionadas las decisiones judiciales que apreciaron la falta de agotamiento de la reclamación previa en los supuestos en que, aun formulada la demanda antes de vencer el plazo para entenderla desestimada, en el día del juicio ya había transcurrido y en este acto la Administración adoptó una postura procesal de oposición a la pretensión actora (SSTC 144/1993 y 191/1993, entre otras [F.J. 2].
Sentencia citada en: 276 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico, un formulario, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 612/91 promovido por don Jesús G. F. representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Larre y asistido de la Letrada doña Elvira Landín Aguirre, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Vigo, de 14 de febrero de 1991, dictada en autos sobre reintegro de gastos médicos. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 15 de marzo de 1991 -registrado en este Tribunal el 18 siguiente-, el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Larre, en nombre y representación de don Jesús G. F. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Vigo, de 14 de febrero de 1991.
a) Por escrito de 2 de octubre de 1990 el ahora recurrente solicitó al Instituto Nacional de la Salud el reintegro de los gastos satisfechos como consecuencia del internamiento de su hija en un centro psiquiátrico; «en caso contrario -expresaba su último párrafo- tómese el presente escrito como el de reclamación previa a la vía jurisdiccional...». Por Resolución de 14 de diciembre de 1990 la Dirección Provincial de Pontevedra en Vigo del Instituto Nacional de la Salud desestimó la pretensión, advirtiendo que contra el Acuerdo podía formularse reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo previsto en el art. 71 de la L.P.L.
«El art. 71.1 de la L.P.L. -razonaba el Magistrado- exige para formular demanda en materia de Seguridad Social que los interesados interpongan reclamación previa, y el núm. 3 de dicho precepto solamente sustituye o asimila a dicha reclamación previa el escrito de solicitud a la Entidad gestora para que se dicte resolución, en el caso de que no exista acuerdo o resolución inicial, por ello, no puede el actor pretender sustituir la reclamación previa por un único escrito de solicitud y reclamación previa subsidiaria, pues la finalidad de dicha reclamación consiste en que la parte frente a la resolución inicial pueda efectuar alegaciones que, una vez examinadas por la Entidad gestora, llevarán a la estimación o desestimación de dicha reclamación, pero en ningún caso tal reclamación puede tener el carácter formulario e intrascendente que quiere darle el demandante, por ello se ha de acoger la excepción de inadecuado agotamiento de la vía previa y desestimar la demanda sin entrar en el fondo de la cuestión debatida.»
En primer lugar, interpreta contrariamente a su auténtico sentido el art. 71.3 de la L.P.L. Este precepto contempla dos supuestos fácticos diferenciados: De una parte, que la entidad haya dictado Acuerdo contra el que el interesado se proponga demandar, en cuyo caso formulará reclamación previa (art. 71.2 de la L.P.L.) y, de otra, que no exista Resolución inicial, hipótesis en la que el interesado podrá solicitar que se dicte teniendo esta solicitud valor de reclamación previa (art. 71.3 de la L.P.L.). Este último supuesto introduce una novedad que zanja sin ambigüedades la polémica existente en torno al art. 61 de la L.P.L. de 1980, y recoge la doctrina constitucional sobre los objetivos de la reclamación previa (STC 60/1989). Por tanto, el actor obró correctamente al interponer una solicitud equivalente a reclamación previa porque no existía Acuerdo o Resolución inicial. La Entidad gestora tuvo así oportunidad suficiente de conocer el contenido del litigio, que resolvió en sentido negativo, y contra esta expresa denegación formuló, dentro de plazo, la correspondiente demanda. En definitiva, el Juzgado interpretó con un rigor excesivo y obstaculizador del acceso a la jurisdicción el requisito de la reclamación previa, exigiendo una duplicidad innecesaria y excesiva, carente de razonabilidad y proporcionalidad.
Con carácter subsidiario y aunque tal interpretación fuera correcta, ha omitido el cauce de subsanación de defectos previsto en el art. 138 de la L.P.L., pues debió requerir al demandante para que en el plazo de cuatro días subsanara la omisión de la reclamación previa. Esgrimida la excepción en el acto del juicio, el Magistrado debió enmendar la inadvertencia sufrida en el trámite de admisión y anular de oficio todo lo actuado, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 138 de la L.P.L.
Interesa, por ello, la nulidad de la Sentencia impugnada y la reposición de las actuaciones al momento de dictar Sentencia para que se emita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto o, subsidiariamente, al momento de la presentación de la demanda, a fin de observar lo establecido en el art. 138 de la L.P.L.
4. La Sección Cuarta, por providencia de 15 de julio de 1991, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación del art. 51 de la LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 4 de Vigo para que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y practicara los correspondientes emplazamientos.
La Sección Tercera, por providencia de 23 de septiembre de 1991, acordó acusar recibo al Juzgado de lo Social de las actuaciones remitidas y dar vista de las mismas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la LOTC.
No se trata de que el Juez haya procedido con un formalismo excesivo a la hora de interpretar el art. 71 de la L.P.L., sino que de todas las inteligencias posibles del texto ha optado por la más desfavorable a la efectividad del derecho fundamental. El cierre del acceso al proceso supone una sanción totalmente desproporcionada que, además, pudiera haberse evitado con una interpretación armónica de los arts. 138 de la L.P.L. y 11.3 de la L.O.P.J., y al no hacerlo así, dio lugar a la lesión constitucional denunciada en la demanda.
Según se ha reflejado con anterioridad, el demandante de amparo solicitó a la Entidad gestora un reintegro de gastos médicos, precisando que su petición tenía el valor de reclamación previa por no mediar al respecto Resolución de la Administración. Rechazada la pretensión, interpuso demanda que el Juzgado de lo Social desestimó por falta de agotamiento de la vía previa.
Ahora bien, la reclamación previa se justifica en tanto que permite cumplir tales objetivos, pero, cuando sus finalidades han quedado materialmente satisfechas, fundar en la inobservancia del trámite preprocesal la negativa a dictar un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión ejercitada, pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, hemos declarado incompatibles con los mandatos constitucionales la doble vía administrativa prevista en el art. 4 de la Orden ministerial de 5 de julio de 1971 (STC 60/1989), y considerado rigoristas y desproporcionadas las decisiones judiciales que apreciaron la falta de agotamiento de la reclamación previa en los supuestos en que, aun formulada la demanda antes de vencer el plazo para entenderla desestimada, en el día del juicio ya había transcurrido, y en este acto la Administración adoptó una postura procesal de oposición a la pretensión actora (SSTC 120/1993, 122/1993, 144/1993 y 191/1993).
3. El art. 71 de la L.P.L. regula la reclamación previa en materia de Seguridad Social distinguiendo dos supuestos: Si la entidad correspondiente ya ha dictado Resolución o Acuerdo, que el interesado pretende impugnar en vía judicial, antes debe interponer la reclamación previa ante el órgano que lo dictó (apartado 2); en caso de no existir Resolución o Acuerdo inicial, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa (apartado 3). Frente a la ambigua dicción del art. 61 de la L.P.L. de 1980, que propició que los Tribunales laborales estimaran imprescindible formular una atípica denuncia de mora tras la primera petición, ahora el vigente texto articulado -teniendo en cuenta quizá la doctrina sentada en la STC 60/1989- elimina la exigencia de agotar un doble trámite antes de formalizar la demanda, otorga a la solicitud inicial el valor de reclamación previa, que deja expedito el acceso a la jurisdicción una vez denegada expresamente o por silencio administrativo (apartados 4 y 5 del art. 71).
El órgano judicial, sin embargo, olvidando que la ratio legis de la reclamación previa queda plenamente cumplida con una sola petición, exigió una duplicidad de trámites que, además de no desprenderse de la normativa aplicable, era innecesaria porque la Administración ya había conocido y desestimado expresamente la pretensión del interesado, dirigida a obtener un reintegro de gastos médicos. Se abstuvo, pues, irrazonablemente de dictar un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión controvertida, lesionando así el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
Estimar el recurso de amparo promovido por don Jesús G. F. y, en consecuencia:
2. Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Vigo, de 14 de febrero de 1991, recaída en el procedimiento núm. 54/1991.
3. Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictar Sentencia, a fin de que se pronuncie otra en la que no se acoja la excepción de falta de agotamiento de la reclamación administrativa previa.
STSJ Canarias 5456, 25 de Mayo de 2005
STSJ Navarra 194/2007, 29 de Junio de 2007
STSJ Islas Baleares , 24 de Octubre de 2005
ATS 601/2016, 7 de Abril de 2016

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