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Timestamp: 2019-04-25 01:51:16+00:00

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STC 193/2001, 1 de Octubre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 131043
STC 193/2001, 1 de Octubre de 2001
Número de Recurso: 4273/1999
RA 4273/99. Promovido por don Mikel A. P. respecto a los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que desestimaron su queja contra el Centro Penitenciario Madrid II sobre comunicación íntima. Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: denegación de una visita íntima entre internos de diferentes centros penitenciarios que se aparta sin justificación de la jurisprudencia propia.
Sentencia citada en: 214 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4273/99, promovido por don Mikel A. P., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Gema Pinto Campos y asistido por el Letrado don Luis García-Bravo Toribio, contra Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de septiembre de 1999, por el que se desestimaba recurso de apelación interpuesto contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Madrid, de 28 de septiembre y 22 de diciembre de 1998, que desestimaron la queja del actor contra el Acuerdo del Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá de Henares) denegando la autorización para la celebración de una comunicación íntima. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 19 de octubre de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de don Mikel A. P., interno en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá de Henares), en el que solicitó la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones administrativa y judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre de 1999, se acordó remitir comunicación al Colegio de Abogados de Madrid al objeto de poner en su conocimiento, a los efectos oportunos, el número del recurso de amparo al que correspondía la solicitud de asistencia jurídica gratuita formulada por el recurrente, remitiéndole copia de los escritos presentados.
La demanda de amparo fue formalizada mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 1 de marzo de 2000, registrada en este Tribunal el día 3 siguiente, en el que se recoge la relación de hechos y la fundamentación jurídica que a continuación sucintamente se extracta:
Don Mikel A. P., interno en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá de Henares), solicitó una comunicación vis a vis con su compañera doña Maite P. B., interna en ese momento en el Centro Penitenciario de Mujeres de Carabanchel (Madrid), solicitud que fue desestimada por la Administración penitenciaria.
El demandante de amparo formuló queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Madrid contra la denegación de su solicitud, la cual fue desestimada por Auto de 28 de septiembre de 1998, confirmado en reforma por Auto de 22 de diciembre de 1998.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, argumentando que el interno pudo haber pedido el traslado "a centro que esté ubicado en la misma localidad donde sí se pueden llevar a cabo tales comunicaciones, sin que en el presente caso se haya hecho uso de tal posibilidad por el recurrente".
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, en primer lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que "las resoluciones administrativas [sic]" que denegaron la solicitud del recurrente, pese a ser evidentemente limitadoras de derechos subjetivos, carecen de motivación, no conteniendo la sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho exigida por el art. 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por lo que su laconismo impide conocer los argumentos o motivaciones de la Administración al objeto de combatirlos. En apoyo de este motivo de amparo se citan en la demanda las SSTC 27/1989, 86/1995, 128/1995, 37/1996 y 62/1996.
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional por providencia de 29 de mayo de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo (art. 50.1.c LOTC).
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 13 de octubre de 2000 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, al objeto de que pudieran formular las alegaciones que estimasen pertinentes.
La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 15 de noviembre de 2000, registrado en este Tribunal el día 18 siguiente, en el que da íntegramente por reproducidos los razonamientos expuestos en el escrito inicial de la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 16 de noviembre de 2000, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
El Ministerio Fiscal deja al margen la inicial invocación contenida en la demanda de amparo referida a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de motivación de la resolución de la Administración penitenciaria, por la que se denegó la comunicación especial solicitada por el interno, pues tal alegación habría de canalizarse a través de la vía del art. 43 LOTC, pero no de la del art. 44. A lo que añade que el concreto reproche que se dirige contra las resoluciones judiciales se centra en dos motivos, que no son otros que sendas manifestaciones del derecho a la igualdad (art. 14 CE), en sus vertientes de derecho a la igualdad ante la Ley y de derecho a la igualdad en aplicación de la Ley.
Con respecto a la primera de las indicadas vertientes, el demandante considera vulnerado su derecho por el desigual trato que a su situación dispensa la norma, en cuanto, si bien las comunicaciones especiales intercarcelarias no se hallan específicamente previstas en el Ordenamiento jurídico, estándolo las comunicaciones especiales en general (arts. 53 LOGP y 94 y 95 RP), rigen respecto a ellas la Instrucción núm. 24/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que sólo permite dichas comunicaciones entre personas privadas de libertad, si los centros en los que éstas se hallan internas se encuentran en la misma localidad. De manera que el trato diferente que se denuncia resultaría de comparar las comunicaciones entre un interno y cualquier persona no privada de libertad, o bien entre dos internos del mismo centro penitenciario, con las que pudieran mantener dos personas internas en centros penitenciarios de localidades diferentes.
En relación, sin embargo, con la vertiente del principio de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), sostiene el Ministerio Fiscal, tras reproducir al respecto la doctrina constitucional sobre el mencionado derecho, que el Auto de la Audiencia Provincial tiene una motivación explícita sustancialmente diferente de las de los dos Autos aportados como término de comparación, limitándose la resolución impugnada a una parca argumentación que se agota en la cita del contenido de la Instrucción núm. 24/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Decisión, en definitiva, absolutamente contraria a la de los Autos de la misma Sección de la Audiencia Provincial, de 22 de enero y 5 de mayo de 1999, en los que el Tribunal desautoriza expresamente cualquier limitación legal o reglamentaria del derecho a las comunicaciones de convivencia entre cónyuges o personas ligadas afectivamente.
El objeto del presente recurso de amparo, tal y como resulta de la demanda, es la impugnación del Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de septiembre de 1999, por el que se desestimaba recurso de apelación interpuesto contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Madrid, de 28 de septiembre y 22 de diciembre de 1998, que desestimaron la queja del actor contra el Acuerdo del Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá de Henares) denegatorio de la autorización para la celebración de una comunicación íntima con su compañera, interna en el Centro Penitenciario de Mujeres de Carabanchel (Madrid), en aplicación de la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre comunicaciones de los internos 24/1996, de 16 de diciembre, por radicar en distinta localidad ambos centros penitenciarios.
Las violaciones constitucionales que la demanda imputa al Auto recurrido, según se ha expuesto en los antecedentes, son las del derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por falta de motivación de "las resoluciones administrativas [sic]", y la del derecho de igualdad (art. 14 CE), ésta en una doble vertiente, referida la una al agravio comparativo que padecen las parejas en que ambos cónyuges o compañeros están en libertad (lo que tiene que ver con una hipotética igualdad en la Ley o ante la Ley), y otra al diferente trato recibido por el actor en el Auto recurrido, respecto de otros casos resueltos por el mismo órgano jurisdiccional en sentido favorable a idéntica petición (lo que tiene que ver con una posible desigualdad en la aplicación de la Ley).
Siguiendo una orden inverso al que se expone en la demanda de amparo, nuestro examen ha de comenzar por la denunciada vulneración del principio de igualdad, en su vertiente de derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, pues, de apreciarse su lesión, la consecuencia directa sería la devolución de los autos al momento en que debió de ser dictada una resolución judicial respetuosa con el citado derecho (SSTC 100/1993, de 22 de marzo; 114/1993, de 29 de marzo, FJ 4; 177/1993, de 31 de mayo, FJ 1; 285/1994, de 27 de octubre; 192/1994, de 23 de junio; 73/1995, de 12 de mayo, FJ 1; 71/1998, de 30 de marzo, FJ 1; 240/1998, de 15 de diciembre; 25/1999, de 8 de marzo, FJ 5). Por otra parte, aunque en la demanda de amparo se imputa la lesión del principio de igualdad en aplicación de la Ley tanto a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria como al dictado en apelación, confirmando las resoluciones impugnadas, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, es obvio que desde la perspectiva del derecho fundamental alegado a esta última resolución judicial ha de circunscribirse nuestro enjuiciamiento, dado que es ésta el objeto del recurso de amparo según la demanda, y en todo caso que son las instancias superiores las que realizan y garantizan el principio de igualdad a través de la uniformidad en la aplicación del Derecho (SSTC 39/1984, de 20 de marzo, FJ 6; 120/1987, de 10 de julio, FJ 5; AATC 613/1984, de 31 de octubre; 862/1986, de 29 de octubre), y lo que excluye el art. 14 CE es que la resolución judicial finalmente dictada en el proceso aparezca como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso (STC 55/1988,de 24 de marzo, FJ 1).
La primera de las cuestiones a resolver es, pues, la de si ha resultado vulnerado el art. 14 CE, en su vertiente de derecho a la igualdad en aplicación de la Ley, por haberse apartado arbitrariamente y sin justificación alguna la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid en el Auto recurrido del criterio mantenido en las resoluciones que se ofrecen como término de comparación.
A la luz de la doctrina constitucional expuesta hemos de examinar, pues, la primera de las quejas del recurrente en amparo.
En cuanto a la identidad del órgano jurisdiccional, la resolución judicial impugnada y las ofrecidas como término de comparación han sido dictadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, siendo éstas anteriores a aquélla y próximas en su fecha. Por lo que se refiere a la igualdad sustancial de los supuestos de hecho abordados en las resoluciones judiciales aportadas como término de contraste y en la recurrida en amparo, extremo en el que coinciden tanto el demandante como el Ministerio Fiscal, el examen de las actuaciones permite comprobar que existe entre ellos efectivamente una identidad fáctica y causal, así como una igualdad de la normativa aplicada, que permite afirmar la identidad de los supuestos planteados. En efecto, en todos los casos la cuestión litigiosa versó sobre la solicitud de autorización para la celebración de una comunicación íntima entre internos recluidos en diferentes centros penitenciarios radicados en distintas localidades y, más concretamente, radicados en distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, las cuales habían sido denegadas por los centros penitenciarios en los que se encontraban los internos, que habían formulado la solicitud en aplicación de la Instrucción 24/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre comunicaciones de los internos, en cuyo apartado 5.2 se prevé que "en ningún caso se autorizarán [las comunicaciones íntimas, familiares, de convivencia y orales entre internos de diferentes centros penitenciarios] si los Centros están en distinta localidad".
Pues bien, sobre la cuestión controvertida existe una orientación jurisprudencial en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, recogida en los Autos aportados por el demandante de amparo como término de comparación, y de la que es exponente también, aunque no se cite en la demanda de amparo, el Auto de 24 de junio de 1999, de la que se aparta el mismo órgano judicial en el Auto impugnado en amparo. En efecto, en las resoluciones ofrecidas como término de contraste la Sección ha estimado la queja de los recurrentes al considerar que la condición de presos de ambos cónyuges o personas ligadas afectivamente no es obstáculo legal ni reglamentario para las comunicaciones de convivencia que prevé el art. 45 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero), y, si bien reconoce que caben obstáculos derivados de la separación física de los cónyuges o parejas, entiende que en tal caso es deber de la Administración no acentuarlos con separaciones de larga distancia. En este sentido, se argumenta en aquellos Autos, que si la Ley no distingue no cabe distinguir, y hacer una excepción para el supuesto de doble prisión de ambos convivientes, no pudiendo condicionarse tales comunicaciones por el hecho de que los presos estén en distintas localidades, pues entonces el cumplimiento de la ley quedaría al arbitrio, incluso al capricho o a la decisión política de la Administración, sobre todo si la distancia entre las localidades es pequeña, y más cuando, dependiendo de la ciudad, de su tamaño y de la política de distribución de los centros penitenciarios, puede ocurrir que en una ciudad haya una sola prisión, o que en los alrededores de la misma -como en Madrid- haya hasta cinco en pequeñas poblaciones cercanas al gran núcleo urbano. El derecho a comunicarse, concluyen las resoluciones exponentes de la línea jurisprudencial examinada, no puede depender de la Administración ni de la suerte, y si la ejecución de la visita conlleva un traslado dentro de la misma comunidad, ha de procederse a éste, llevando al peticionario junto a su pareja, o bien al revés, correspondiendo a la Administración penitenciaria establecer la fórmula menos costosa, más segura o más recomendable. La argumentación precedente condujo en uno y otro supuesto a estimar el recurso de apelación promovido por los peticionarios de la solicitud, imponiendo a la Administración penitenciaria el deber de realizar lo conducente para que la visita tuviera lugar.
Reconocer que se ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de septiembre de 1999, recaído en el rollo de apelación núm. 327/97, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el mencionado Auto para que por el órgano judicial se dicte otro respetuoso con el derecho fundamental del recurrente a la igualdad en la aplicación de la Ley.
STSJ Comunidad de Madrid 16/2005, 14 de Enero de 2005
STSJ Comunidad Valenciana 125/2010, 19 de Enero de 2010
SAN 169/2014, 15 de Octubre de 2014

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