Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Argentina.12159.htm
Timestamp: 2017-05-22 17:26:28+00:00

Document:
Argentina 12.159 Admisible
INFORME N° 72/03
I. RESUMEN 1. El 29 de enero de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana”, la “Comisión” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por la “Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social e Institucional de la República Argentina ‘COFAVI’“ (en adelante “los peticionarios”), en contra de la República de Argentina (en adelante “el Estado”, “el Gobierno” o “Argentina”). La petición se relaciona con la muerte de Gabriel Egisto Santillán Reigas, de 15 años de edad, ocurrida el 8 de diciembre de 1991 a causa de un impacto de bala recibido el 3 de diciembre de 1991, en circunstancias en que miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perseguían a individuos no identificados acusados de la sustracción de un vehículo. La denuncia se refiere también a la supuesta denegación de protección y garantías judiciales por falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables por la muerte de Santillán. 2. Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en relación con la obligación general de respeto y garantía, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 1(1), respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo la “Convención” o la “Convención Americana”), en perjuicio de Gabriel Egisto Santillán Reigas (en adelante “la víctima”) y la subsecuente denegación de justicia en perjuicio de sus familiares.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. La Comisión informó a los peticionarios de la iniciación del trámite y envió las partes pertinentes de la denuncia al Estado mediante comunicación del 7 de junio de 1999, concediendo al Gobierno el plazo de 90 días para proporcionar la información que considerase oportuna en relación con los hechos denunciados y el agotamiento de recursos en el ámbito de la jurisdicción interna. El 7 de septiembre de 1999, el Estado solicitó una primera prórroga del plazo para presentar la información correspondiente; en consecuencia la Comisión, por nota del 13 de septiembre de 1999, concedió al Estado un plazo adicional de 60 días, informando también sobre dicha decisión a los peticionarios. Posteriormente, a través de una comunicación fechada 11 de noviembre de 1999, el Estado solicitó una nueva prórroga para atender la solicitud de información, concediéndosele 30 días más mediante nota del 15 de noviembre de 1999, notificada también a la parte peticionante.
10. En el ínterin la Comisión recibió una nueva comunicación del Estado mediante la cual proporcionaba información adicional relacionada con el caso, cuyas partes pertinentes se transmitieron a los peticionarios por nota del 26 de marzo del 2001. 11. Los peticionarios enviaron sus observaciones al nuevo informe del Gobierno por nota del 9 de julio del 2001, cuyo contenido fue puesto en conocimiento del Estado por nota del 20 de agosto del 2001, otorgándole el plazo de un mes para que presente su respuesta.
12. El Estado remitió a la Comisión información adicional y su tercer memorial de observaciones mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2001, el que fue transmitido a los peticionarios el 29 de octubre del 2001, concediéndoles el plazo de un mes para que formulen sus observaciones. Los peticionarios solicitaron, mediante comunicación del 7 de diciembre del 2001, una ampliación del plazo para presentar sus observaciones, la cual les fue concedida por 30 días, mediante comunicación de fecha 17 de enero del 2002. 13. Los peticionarios contestaron la anterior presentación del Estado por nota del 22 de enero del 2002 y presentaron información adicional relacionada con el caso mediante carta fechada 12 de junio del 2002. las partes pertinentes de dichas comunicaciones fueron transmitidas al Gobierno el 8 de agosto del 2003, concediéndole 30 días para presentar cualquier observación.
ratione temporis y ratione loci 44. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes el Estado se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Argentina es un Estado parte en la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
a. Agotamiento de los recursos internos 46. El Articulo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que la admisibilidad de una determinada petición depende directamente de “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos”[3].
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que “(…) según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios[4]. No obstante, la misma Convención prevé la posibilidad de que esta disposición no se aplique cuando los recursos internos no están disponibles por razones de hecho o de derecho. Más concretamente, el artículo 46(2) establece excepciones al principio general de agotamiento de los recursos internos, cuando la legislación interna del Estado no concede las debidas garantías para la protección de los derechos cuya violación se alega; si se ha obstaculizado el acceso del presunto damnificado a los recursos de jurisdicción interna; o si se ha presentado un retardo injustificado en la resolución del asunto. 47. En la especie, el 15 de septiembre de 1993 el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires, dictó sobreseimiento provisional de la causa No. 23.148/91 caratulada "Atentado y resistencia a la autoridad. Homicidio. Abuso de armas. Robo de automotor y hallazgo de automotor. Víctima: Gabriel Egisto Santillán" de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 382(2) del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires vigente para aquella época. Esta decisión fue confirmada en todas sus partes el 8 de febrero de 1994 por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires. El fundamento expuesto para justificar tal sobreseimiento es la falta de prueba respecto a la autoría del disparo que ocasionó la muerte del joven Gabriel Egisto Santillán Reigas. 48. De la documentación proporcionada a la Comisión por las partes es posible apreciar que la familia de la víctima aportó información y pruebas dentro del proceso judicial interno, y solicitó la evacuación de diligencias que en su criterio hubieran permitido la constatación de la autoría del disparo que segó la vida del joven Santillán, no obstante, dichas peticiones fueron negadas por la autoridad judicial, incluidas la recepción del testimonio del agente Jorge Norberto Prado, la pericia balística del arma del cabo 1ro Altamirano y la reconstrucción de los hechos. 49. En esencia lo que el Estado sostiene en un primer momento es que el sobreseimiento provisional no es una decisión firme y por ende permitía la aportación de nuevos elementos de convicción para demostrar la autoría del disparo, reabriéndose la investigación de los hechos, posibilidad que no fue utilizada por los peticionarios, por lo que los recursos disponibles en el ámbito de la jurisdicción interna no han sido agotados y por ende debe declararse la petición inadmisible. Posteriormente, el Estado ha señalado que la decisión que confirma el sobreseimiento provisional dio por concluida la investigación de los hechos, por lo que los recursos de la jurisdicción interna se agotaron en el mes de febrero de 1994, ante lo cual no puede hablarse de un retardo injustificado en la administración de justicia que justifique la aplicación de la excepción invocada por los peticionarios contemplada en el Artículo 46(2)(c) de la Convención. Al respecto la Comisión desea destacar que las posturas señaladas son contradictorias y que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, cuando una parte en un litigio, en el presente caso el Estado, ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de estoppel[5], asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la regla de non concedit venire contra factum proprium.[6] 50. Por su parte, los peticionarios afirman que justamente por la falta de debida diligencia y la excesiva demora con la que se llevó a cabo el proceso de investigación se vieron privados de tener un acceso eficaz a los recursos internos, pese a lo cual, persistían en impulsar el proceso y dar ocasión al Estado de completar su investigación y sancionar a los responsables, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Según explican, el Ministerio Público, de conformidad con la legislación procesal penal vigente, podía deducir una impugnación contra la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, lo que tampoco ocurrió. Por último, de acuerdo con los peticionarios, el Estado pretende ahora dejar en completa impunidad el hecho, lo que se evidencia a partir de la providencia dictada el 29 de mayo de 2001 por el Juzgado de Transición N° 2 del Departamento Judicial de Morón, encargado actualmente del proceso, que autorizó la futura destrucción del expediente judicial en el mes de febrero de 2004, para cuyo efecto declaró la causa paralizada y dispuso su remisión al Archivo Departamental. 51. En primer lugar, la Comisión nota que de acuerdo con la mayoría de legislaciones del continente, el sobreseimiento provisional de un proceso penal no es una decisión final, específicamente porque no tiene el carácter de definitiva o inapelable en sede interna. 52. Esta Comisión ya ha señalado que: "En cuanto a la carga de la prueba de cumplimiento de los requisitos del artículo 46, debe señalarse que para el caso de que un peticionario alegue la imposibilidad de probar el agotamiento de los recursos internos, el artículo 31 del Reglamento de la Comisión establece que se transfiere al Estado la carga de probar que subsisten recursos internos específicos que han de agotarse y que ofrecen una reparación efectiva de los perjuicios aducidos cuando el Estado manifiesta que debió haberse utilizado determinado recurso, vuelve a recaer sobre el peticionario la carga de probar que ese recurso ha sido agotado o que se aplica alguna de las excepciones del artículo 46."[7] 53. En lo relativo a la reapertura de la investigación en la causa penal N° 23.148/91,[8] la Comisión observa que el Estado no ha explicado cual era el procedimiento para que en efecto se reabriera la investigación según lo habían solicitado por los peticionarios y se llevara a cabo en forma eficaz conforme a la legislación aplicable para esa época en la Provincia de Buenos Aires, tomando en consideración que con el paso del tiempo, la evidencia física y testimonial se vuelve más difícil de encontrar y menos confiable. Por otra parte, la Comisión debe insistir en que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias y que, en esos casos, ésta constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario.[9] La información y evidencia relevantes en el presente caso se encontraban en poder del Estado, que es quien tiene facultades para investigar. 54. La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en el presente caso involucran la presunta vulneración de derechos fundamentales no derogables, como la vida y la integridad personal, que se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio y que por lo tanto es este proceso, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo, porque en tales casos, sólo puede exigirse al peticionario que agote los recursos internos en los que el Estado en cuestión ha investigado los hechos con debida diligencia y ha procedido a sancionar a las personas responsables de acuerdo con sus deberes, tanto bajo el derecho interno, como bajo la Convención Americana.[10] 55. Como regla general, una investigación penal debe realizarse con la debida diligencia para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. Según ha señalado la Corte Interamericana, si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad.[11] 56. Además, el estado procesal del expediente en sede interna respaldaría la ineficacia del recurso cuyo agotamiento exige por parte de los peticionarios, al disponer la destrucción del expediente[12], clasificado como paralizado, el próximo 8 de febrero de 2004, es decir, que
las autoridades judiciales han señalado la imposibilidad de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, transcurridos 11 años desde la ocurrencia del incidente, y pese a las múltiples gestiones administrativas ante órganos del poder ejecutivo y pedidos a la autoridad judicial para que reabra la investigación, efectuados por la familia Santillán. En tales circunstancias, el retardo injustificado en la administración de justicia permite invocar la excepción prevista por el Artículo 46(2)(c) de la Convención. 57. Por otra parte, podría estimarse que la falta de resultados en las investigaciones, ha impedido en las circunstancias particulares de este caso, que los peticionarios puedan promover acciones con el propósito de obtener una justa reparación por los daños y el sufrimiento padecidos. Al respecto, la Comisión estima que no se puede subordinar la admisibilidad de la presente petición al agotamiento de recursos que carecían de eficacia porque los peticionarios se encontraban procesalmente impedidos de llevarlos adelante, ya que como bien señala el Estado en su contestación al no haber sido posible determinar la responsabilidad penal de los agentes de policía o de cualquier otra persona, no procedía la fijación de indemnizaciones. 58. En atención a lo expuesto, la Comisión concluye que resultan aplicables en el presente caso las excepciones previstas por el artículo 46(2)(b) y (c) de la Convención Americana. La Comisión desea aclarar, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que la aplicación de las excepciones contempladas por el artículo 46 de la Convención para determinar la admisibilidad de una petición no implica prejuzgar sobre los méritos de la denuncia. El criterio seguido por la Comisión para analizar la petición en la etapa de admisibilidad es de carácter preliminar. En consecuencia, si bien la Comisión concluye que los antecedentes del caso respaldan su admisibilidad, las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados, en lo que sea pertinente, durante el trámite relativo al fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana. b. Plazo de presentación 59. El Art. 46(1)(b) de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado con la decisión final a nivel de la jurisdicción interna. Sin embargo, de acuerdo con el art. 46(2) de la Convención y 32(2) del Reglamento de la Comisión, “Esta regla no se aplica cuando ha sido imposible agotar los recursos internos por falta del debido proceso, denegación de acceso a los recursos o demoras injustificadas en el dictado de una sentencia definitiva […] Esta regla no se aplica tampoco cuando las denuncias se refieren a una situación continua, es decir cuando se aduce que los derechos de la víctima son afectados ininterrumpidamente.”[13] 60. En el presente caso, es opinión de la CIDH que, en aplicación de los artículos 46(2) de la Convención y 32(2) del Reglamento, tampoco resulta exigible el requisito establecido por el artículo 46(1)(b) de la Convención habida cuenta de: 1) la falta de resultados definitivos o eficaces en el proceso de investigación llevado a cabo en el ámbito de la jurisdicción nacional y la consecuente excusa de la obligación de agotar los recursos internos; 2) la persistencia de los familiares del joven Santillán en tratar de obtener el pleno esclarecimiento de los hechos, habiendo solicitado la reapertura de la investigación; y 3) la alegada denegación continua de justicia. En consecuencia, la Comisión concluye que la petición fue presentada dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ocurrieron las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas. c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada 61. Del expediente no se desprende que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que consista en la reproducción de una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. En consecuencia, los requisitos establecidos por los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención, se encuentran reunidos. d. Caracterización de los hechos alegados 62. La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios relativas a la supuesta violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Gabriel Egisto Santillán Reigas, de ser comprobadas, pudieran caracterizar una violación de los derechos garantizados por los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento. Por otra parte, no se evidencia la falta de fundamento o improcedencia en el reclamo presentado. En consecuencia, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana. 63. Adicionalmente, a pesar de que los peticionarios no lo han alegado en forma expresa, la Comisión, en aplicación del principio iura novit curia, que obliga a los organismos internacionales a aplicar todas las disposiciones jurídicas pertinentes, aunque no hayan sido invocadas por las partes,[14]
evaluará los hechos alegados a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, que establece la protección especial que debe otorgar el Estado a la niñez, en la medida que pueda ser pertinente. V. CONCLUSION
4. Continuar el análisis de los méritos del caso. 5. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual de la CIDH a la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de octubre de 2003. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados: Robert K. Goldman y Julio Prado Vallejo.
Véase Corte IDH, Decisión del Asunto Viviana Gallardo y Otras del 13 de Noviembre de 1981, Ser. A N° G 101/81, párrafo 26.
[5] En Derecho Internacional el principio del estoppel es un concepto en evolución. A pesar de la gran variedad de definiciones en la doctrina y en la práctica, las siguientes características son generalmente aceptadas como sus elementos esenciales: 1) Una situación creada por la actitud de una parte, 2) Una conducta seguida por la otra parte basada directamente en aquella actitud, y 3) Una imposibilidad de quien adoptó la primera actitud de alegar contra la misma o de manifestarse en sentido contrario aún si con esto no produce un detrimento o perjuicio para la otra parte. El efecto típico de esta doctrina es que está prohibido a las partes, independientemente de su verdad o precisión, adoptar posturas diferentes, subsecuentes, sobre la misma materia.
Véase, Jörg Paul Müller and Thomas Cottier, ESTOPPEL, in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Volume II (1992), page 116.
CIDH, Informe N°72/01 (Admisibilidad), Caso 11.804, Juan Ángel Greco, Argentina, 10 de octubre del 2001, párrafo 46; Informe N° 5/02 (Admisibilidad), Caso 12.080, Sergio Schiavini y otra, Argentina, 27 de febrero de 2002, párrafo 50. Véase también, por ejemplo, Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Ser. C N° 4, párrafos 60 y 64.
Véase, Informe N° 52/97, Caso 11.218, Argues Sequeira Mangas, Nicaragua, párrafos 96 y 97; Informe No. 57/00, Caso 12.050, La Granja - Ituango, Colombia, 2 de octubre de 2000, párrafo 40.
Véase por ejemplo, CIDH, Informe N° 62/00, caso 11.727, Hernando Osorio Correa, Colombia (admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 24.
Véase CIDH, Informe N° 72/01, Op. Cit., párrafo 54; Informe N° 5/02, Op. Cit., párrafo 55; Informe Nº 31/99 (Admisibilidad), Caso 11.763, Masacre de Plan de Sánchez, Guatemala, 16 de abril de 1999, párrafos 29 y 30.

References: artículo 44
 artículo 46
 resolución 
 Artículo 382
 Artículo 46
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 Artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 19