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Timestamp: 2019-01-18 12:10:45+00:00

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SENTENCIA SL6229-2016 DE 11 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS EN CASACIÓN. LA REFORMA INTRODUCIDA AL ORDINAL 2° DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 794 DEL 2003, PARA LA APRECIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS YA NO SE REQUIERE LA RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO MEDIANTE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LA PRUEBA DE TESTIGOS, NI SU APRECIACIÓN SE DEBE HACER EN LA MISMA FORMA QUE LOS TESTIMONIOS COMO LO EXIGÍA LA ANTERIOR NORMA, DICHOS CAMBIOS LEGISLATIVOS NO ALCANZAN A VARIAR LA VIEJA TESIS DE LA CORTE DE QUE LOS DOCUMENTOS DE ESTA NATURALEZA NO SON PRUEBA CALIFICADA EN CASACIÓN. EL ALTO TRIBUNAL ACEPTÓ QUE ACTUALMENTE SE APRECIAN POR EL JUEZ SIN NECESIDAD DE RATIFICAR SU CONTENIDO, SALVO QUE LA PARTE CONTRARIA ASÍ LO SOLICITE, PERO TAMBIÉN REITERÓ QUE SE HA VENIDO CONSIDERANDO QUE, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTOS EN EL PROCESO TIENEN UNA NATURALEZA INTRÍNSECA TESTIMONIAL. LA ELIMINACIÓN LEGISLATIVA DE ESA PREVISIÓN NO HA EXTINGUIDO SU CONDICIÓN ESENCIAL DE TESTIMONIO, ASÍ SEA EXTRAPROCESAL, Y TAMPOCO HA SUPRIMIDO EL QUE PARA SU VALORACIÓN NO SE DEBAN SEGUIR LAS MISMAS REGLAS DE APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE ESTE TIPO DE PRUEBAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRUEBA EN CASACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, DOCUMENTO OTORGADO POR TERCERO, RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO OTORGADO POR TERCERO
Sentencia SL6229-2016/49587 de mayo 11 de 2016
Rad.: 49587
Bogotá D.C., once de mayo de dos mil dieciséis.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, en cuanto confirmó las condenas que le fueron impuestas, para que en sede de instancia, se revoque en su integridad el fallo de primer grado, para en su lugar absolverla de todas las pretensiones formuladas en su contra, proveyendo lo que corresponda por costas.
En subsidió, pretende que la Corte case la sentencia recurrida y, en sede de instancia revoque lo resuelto por el a quo, para en su lugar condenar solamente al pago de la indemnización originada en el despido del actor.
Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral y formuló un cargo que mereció réplica, el cual se estudiará a continuación.
Atacó la sentencia recurrida en casación, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, respecto de los artículos “66 A del CPT y S.S. como violación medio; 25, 27 del Decreto 2351 de 1965, 36 del Decreto 1469 de 1978; 432, 433, 434, 467 del C.S.T.; 60 de la Ley 50 de 1990”.
Adujo que la anterior transgresión de la ley se produjo por haber cometido el tribunal cinco errores evidentes de hecho, que en resumen consisten en no dar por demostrado, estándolo, que la parte demandada incluyó suficientemente como objeto de su apelación, la condena atinente al reintegro del demandante, quien fue señalado como el autor de la instalación de un nuevo medidor en el inmueble de la señora Norma Constanza Cifuentes Rodríguez, y por el contrario dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato Sintraenergía presentó un pliego de peticiones a la Electrificadora del Caribe S.A., y por ello para la fecha de terminación del contrato de trabajo, estaba en desarrollo un conflicto colectivo en la demandada, lo que condujo a tener por aceptado, sin respaldo alguno, que se suscribió una convención colectiva de trabajo en el año 2002 por parte de Sintraenergía o de Sintraelecol con la accionada.
Dijo que los anteriores yerros tuvieron ocurrencia por la errónea apreciación de la carta de terminación del contrato del 20 de septiembre de 2002 (fls. 9-10 y 203-204), el escrito de apelación de la parte demandada como pieza procesal (fls. 465 a 469), y las actas de revisión de instalación eléctrica (fls. 204 a 207). Así mismo, denunció como pruebas no valoradas, el acta de descargos del demandante (fls. 11 a 13 y 414 a 416), la carta del 10 de enero de 2002 de Sintraenergía (fl. 79), el pliego de peticiones elaborado por esa organización sindical (fs. 80 a 84), el informe presentado por el sr. Álvaro Araujo del 2 de septiembre de 2002 (fl. 212), y la denuncia por anomalía presentada por el sr. Nivaldo Rosales (fls. 213 a 215).
En la sustentación la censura comenzó por decir, que el tribunal le dio a la apelación de la parte demandada una lectura desafortunada y que tal falencia es la fuente de los desaciertos fácticos endilgados. Lo anterior por cuanto el apelante en dos ocasiones expresó en su escrito, al inició y al finalizar, que el objeto de su recurso es la revocatoria total de la decisión de primera instancia, con lo cual está significando que atacó todos los apartes de la misma, lo que incluye como es natural lo atinente a la existencia de la justa causa de despido, como lo tocante a la ausencia de prueba de un conflicto colectivo en curso para la fecha de terminación del contrato de trabajo del actor.
Manifestó que el CPT y SS artículo 66A no exige que se refuten todos los argumentos del a quo, como lo dice el tribunal, sino que se indiquen los puntos que constituyen la inconformidad del recurrente y eso fue lo que hizo el apelante, al exponer que su argumentación se dirigía tanto a la demostración de la justa causa alegada por la empresa como al fuero circunstancial, puntos que se debieron haber analizado.
Dijo que la colegiatura se limitó a criticar el contenido de la apelación, porque le pareció afectada por una “deficiente sustentación”, considerando que el haber incluido como argumentación solamente una transcripción de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en lo tocante al llamado “fuero circunstancial”, lo llevaba a decir que se “abstendrá de entrar al estudio de dicha figura”. Que ese proceder del fallador de alzada, llevó a que en la decisión hubiera ausencia de análisis de las pruebas que acreditan, por una parte la justa causa de despido, y de otra la no existencia del conflicto colectivo vigente para el momento de la ruptura del contrato. Que si bien el Juzgador omitió toda consideración sobre el fuero circunstancial, se debe tener en cuenta que al confirmar lo dicho y resuelto por el a quo, hay que colegir que hizo propias las consideraciones de la primera instancia sobre la protección prevista en el Decreto 2351/1965 artículo 25.
A continuación la recurrente criticó lo concerniente al despido injustificado, para decir que en el plenario se encuentra probada la conexión irregular que se produjo en el inmueble de la usuaria Norma Constanza Cifuentes, por lo que la demandada adelantó las gestiones para esclarecer tal situación, así mismo que quedó acreditada la responsabilidad del demandante como el “autor de esa situación” conforme lo muestra la documental de folios 212 y 213 a 215, que corresponden a los reportes de los señores Alvaro Araújo y Nivaldo Rosales, que vinculan al actor a lo sucedido, al informar éstos que “los trámites de instalación del nuevo medidor fueron hechos a través del sr. Jairo Villanueva”, lo cual es suficiente para tener por configurada la justa causa de despido en los términos señalados en la comunicación del 20 de septiembre de 2002.
Aseguró que igualmente el accionante aceptó en la diligencia de descargos, su participación en los hechos, como quiera que admitió que había portado unos documentos de la propietaria del inmueble en la que se hizo la instalación, sin que las explicaciones dadas al respecto por el trabajador se encuentren soportadas probatoriamente.
A reglón seguido, volvió al tema del fuero circunstancial y se remitió al valor probatorio que realizó el Juez de primer grado, que en su decir prohijó el tribunal, y al efecto indicó que resulta equivocada tal apreciación, porque en el proceso “no hay ninguna prueba que acredite que para la fecha del despido estaba en curso una negociación colectiva entre Sintraenergía y la demandada”, ya que el a quo si bien se apoyó en el folio 79, el mismo no acredita el inicio del conflicto, pues se trata de una carta dirigida por el secretario general del sindicato a sus compañeros de junta directiva, y no hay evidencia de que ese pliego de peticiones se le hubiere presentado a la hoy accionada, llevando a concluir que no hay conflicto colectivo, es más no se aportó la convención alguna que se hubiere suscrito como consecuencia del mismo en el 2002. Que de otro lado, la afirmación de la parte actora de que aún se encuentra en curso el supuesto conflicto, no tiene ningún respaldo probatorio.
Añadió que con lo anterior quedaron demostrados los desatinos fácticos denunciados, encontrándose fundado el cargo y, que luego de quebrarse la sentencia impugnada, en sede de instancia, se deberá revocar el fallo del Juez de conocimiento y absolver a la demandada.
Por su parte, la opositora solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto como lo determinó el Tribunal, la demandada en su apelación se limitó a insistir en que el despido del demandante tuvo justa causa, sin hacer ninguna objeción al reintegro dispuesto por el a quo, ni al fuero circunstancial declarado, simplemente transcribió una parte de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL, rad. 19758 de 2003, que no tiene relación con el fallo apelado, máxime cuando en el presente proceso la accionada desde la respuesta al libelo inicial admitió la calidad de afiliado del actor a Sintraenergía, que fue quien presentó el pliego de peticiones que dio lugar al conflicto colectivo que existía al momento del despido injustificado.
Dijo que en lo que atañe al motivo de terminación del contrato de trabajo, la demandada no allegó prueba de que el actor hubiera sido el autor de la instalación del medidor de la usuaria Constanza Cifuentes o que hubiera tenido algo que ver con el fraude que se dice se presentó con el nuevo medidor, además que las pruebas en que se basa la censura de folios 212, 213 a 215 no son calificadas en casación, el actor en sus descargos no admitió ninguna responsabilidad y además no se atacó la declaración de la usuaria en la que se basó el tribunal, quien no tenía competencia para pronunciarse de lo manifestado por el juez de primer grado sobre el fuero circunstancial, por no ser materia de reparo por parte del apelante.
Agregó que de llegarse a analizar las pruebas del proceso, demuestran es que para la fecha de la ruptura del vínculo existía un conflicto colectivo, en especial los folios 391 a 396 que dan cuenta que el Ministerio de Trabajo conminó a la demandada a negociar con Sintraenergía el pliego de peticiones que había presentado.
Se comienza por recordar que de acuerdo con lo normado en la Ley 16/1969 artículo 7º, que modificó la Ley 16/1968 artículo 23, para que se configure el error de hecho es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de apreciación o de la errada valoración de una o más pruebas calificadas.
La censura en este cargo encauzado por la vía indirecta, formuló cinco (5) errores de hecho, orientados a demostrar que el tribunal se equivocó: (i) al no tener como objeto de la apelación de la parte demandada lo atinente al reintegro del demandante (primer yerro); (ii) al no dar por demostrado, estándolo, que el actor fue señalado como el autor de la instalación de un nuevo medidor en el inmueble de la señora Norma Constanza Cifuentes Rodríguez (segundo yerro); y (iii) dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato Sintraenergía presentó un pliego de peticiones a la accionada y que por lo tanto se estaba desarrollando un conflicto colectivo, así mismo que se suscribió una convención colectiva de trabajo en el año 2002 entre dicha organización sindical, Sintraelecol y la empresa, cuando no hay respaldo probatorio alguno (tercero, cuarto y quinto yerros).
Vista la motivación de la sentencia impugnada, el juez colegiado estimó que la sustentación del recurso de alzada si bien resultaba algo deficiente, era dable entender que la inconformidad de la demandada giraba en torno a la justificación del despido del demandante, que no encontró probada el a quo, cuyo estudio abordó a continuación infiriendo que las pruebas por si mismas “no demuestran que el actor hubiese sido el ejecutor de las instalaciones irregulares en el inmueble de la señora Norma Cifuentes, como tampoco el que hubiese elaborado las actas de instalación y revisión eléctrica, ni que este hubiese suplantado la identidad del contratista que finalmente ejecutó esas labores, o que de alguna forma el demandante en alguna forma estuviese relacionado en el hurto de los medidores que en sí podría ser objeto de reproche inobjetable. Ya que su participación en los hechos cuestionados se limitó a entregar una documentación, no estando obligado a hacerlo, lo que si bien constituye un mero indicio, no resulta suficiente para dar por demostrado hechos tan graves como los que se desprenden de la carta de despido”. De otro lado, se abstuvo de analizar lo referente al fuero circunstancial, bajo la consideración de que el apelante no refutó ninguno de los argumentos que llevaron al Juzgador de primera instancia a establecer que el actor sí se encontraba amparado por ese fuero, pues la impugnante se limitó a transcribir un precedente jurisprudencial pero “sin indicar la relevancia del mismo frente al caso controvertido”.
Las conclusiones del juez colegiado puestas de presente, no son desvirtuadas con las piezas procesales y pruebas denunciadas y, por consiguiente, del estudio objetivo de las mismas, no se logra acreditar ninguno de los yerros fácticos endilgados con la connotación de manifiestos, como pasa a explicarse:
1. Primer error de hecho: Sustentación recurso de apelación.
Escrito de apelación de la demandada (fls. 465 a 469 del cuaderno del juzgado).
Al respecto debe decirse, que dicha pieza procesal no fue mal apreciada, por cuanto el tribunal no distorsionó su contenido y por el contrario se ciñó al mismo.
En efecto, como bien se advirtió en la decisión impugnada, de acuerdo con el texto del escrito de apelación, la inconformidad de la entidad recurrente en esencia consistió en la justedad del despido, que es el aspecto al cual el recurrente encaminó principalmente su ataque para controvertir la orden de reintegro impartida por el a quo, exponiendo su crítica sobre la apreciación de las pruebas obrantes en el expediente, ello bajo el título de “demostración de la justa causa alegada por la empresa”; que corresponde al tema que precisamente fue objeto de análisis en la alzada.
Del mismo modo, cabe señalar, que el tribunal no desconoció que en el recurso interpuesto la apelante se refirió también a la figura del “fuero circunstancial”, ya que así lo puso de presente. Situación diferente es que hubiera estimado que en este punto la sustentación resultaba deficiente, en la medida que no se cuestionaron las bases o inferencias del juez de primer grado en relación a esta precisa temática, puesto que el memorialista se limitó a copiar un precedente jurisprudencial sin señalar la relevancia del mismo frente al caso controvertido; lo cual en criterio de la colegiatura impedía a la segunda instancia adentrarse en el estudio de esa protección foral a favor del accionante.
Al remitirse la Sala al escrito de apelación, se observa que efectivamente la sustentación del recurso en cuanto al fuero circunstancial, se contrajo únicamente a la transcripción de algunos pasajes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL, 11 marzo 2003, radicado 19758, sin efectuarse ninguna consideración o comentario adicional, que es exactamente lo que apreció el tribunal.
Lo anterior significa, que desde el punto de vista fáctico, no se presenta ninguna deficiencia en la valoración probatoria de la mencionada pieza procesal.
Adicionalmente debe la Sala aclarar, que frente a las razones que tuvo el ad quem para no ocuparse del fuero circunstancial, le era imperioso al censor para su cuestionamiento en sede de casación, que demostrara que el antecedente jurisprudencial que trajo a colación el apelante, a contrario sensu sí tenía relación o relevancia en el asunto a juzgar y que sus enseñanzas eran plenamente aplicables a esta contienda que obligara al fallador de alzada a pronunciarse de fondo en este punto, para con ello entender que con la mera reproducción del citado precedente se estaba controvirtiendo los fundamentos del fallo condenatorio de primera instancia, pues, de otro modo, al quedar ese razonamiento del tribunal sin ataque, no es posible que la Corte entre oficiosamente a rebatirlo haciendo el parangón entre lo adoctrinado en el antecedente memorado y lo argumentado por el a quo alrededor del fuero circunstancial, toda vez que, como se ha sostenido en innumerables ocasiones, la sentencia de instancia goza de presunción de legalidad y acierto, que solo es factible reexaminar en la esfera casacional en los puntos que proponga la censura.
Por lo expuesto, no queda acreditado el primer yerro fáctico.
2. Segundo error de hecho: Justa causa de despido del demandante.
a. Carta de terminación del contrato de trabajo fechada 20 de septiembre de 2002 (fls. 9-10 y 203-204 cuaderno principal).
Esta prueba documental fue correctamente apreciada por el ad quem, pues de su contenido extrajo lo que exactamente aquella muestra, esto es, que la demandada dio por finalizado el contrato de trabajo del actor aduciendo justas causas de despido, con lo cual se dio por demostrado el “hecho del despido”.
b. Informe presentado por el sr. Álvaro Araujo del 2 de septiembre de 2002 (fl. 212 del cuaderno del Juzgado) y denuncia por anomalía presentada por el sr. Nivaldo Rosales (fls. 213 a 215 ibídem).
Según el recurrente tales documentos demuestran la responsabilidad del demandante como autor de la conexión irregular que se produjo en el inmueble de propiedad de la señora Norma Constanza Cifuentes.
Sin embargo, se tiene que las mencionadas declaraciones o informes rendidos por el técnico de redes encargado de la parte comercial del proyecto de redes – Dipe (fl. 212) y el Cordinador Redes DIPE Zona Atlántico (fls. 213 a 215), no pueden configurar un error de hecho en casación, por tratarse de documentos declarativos emanados de terceros, los cuales para efectos del recurso de casación se asimilan a testimonios, que no son prueba calificada conforme a la restricción legal contenida en la Ley 16/1969 artículo 7º.
Sobre tales documentos que contienen declaraciones rendidas por testigos, en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL, 17 mar. 2009, rad. 31484, reiterada en casación del 17 agosto 2011, radicado 43094, se puntualizó:
“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘(…)mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos (…)’, ni su apreciación se debe hacer ‘(…) en la misma forma que los testimonios (…)’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘(…) se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘(…) en la misma forma que los testimonios’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.
En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.
c. Acta de descargos rendida por el demandante (fls. 11 a 13 y 414 a 416 del cuaderno del juzgado)
El censor sostiene que esta prueba no fue apreciada por el tribunal, la cual en su decir muestra que el accionante en dicha diligencia de descargos aceptó su participación en los hechos imputados, cuando al relatar lo sucedido admitió que portó unos documentos de la propietaria del inmueble donde se hizo la instalación indebida y que aunque da unas explicaciones sobre el particular, ellas no cuentan con soporte probatorio.
En cuanto a lo que pretende demostrar el recurrente con este medio de convicción, ha de señalarse que el tribunal en ningún momento desconoció lo concerniente a la entrega de los documentos relacionados con la instalación del nuevo medidor, es así que alude a este hecho en sus consideraciones al concluir que la participación del actor ”se limitó a entregar una documentación, no estando obligado a hacerlo”, lo que si bien constituye un mero indicio, no resulta suficiente para dar por demostrados los hechos invocados en la carta despido, además que “el simple indicio a que se hace relación se mengua considerablemente con la aclaración que hace dicha usuaria a la empresa, donde exonera al demandante de cualquier responsabilidad en los hechos ocurridos”.
De ahí que la supuesta omisión probatoria del juez de apelaciones en la apreciación del acta de descargos, no tiene la identidad suficiente para quebrar la sentencia impugnada, pues como se dijo en la decisión recurrida si consideró lo atinente a la entrega de tales documentos. Además, que del estudio conjunto de las pruebas la alzada encontró que no quedó acreditado que el demandante hubiera elaborado las actas de instalación y revisión eléctrica, ni que haya suplantado la identidad del contratista que ejecutó las labores en el inmueble de la usuaria, como tampoco que hubiese estado implicado en el hurto de medidores.
Ahora bien, de tenerse el porte y entrega de unos documentos para la instalación del medidor en cuestión como un mero “indicio” tal como lo estableció el fallador de alzada, dicha prueba no es apta en casación para estructurar un yerro fáctico (L.16/1969 art. 7º), y en tales condiciones no es dable abordar su estudio.
d. Actas de revisión de instalación eléctrica (fls. 204 a 207 del cuaderno principal).
En el ataque no se precisó en qué consistió la mala apreciación de esta documental, que el tribunal apreció para inferir que dichas actas por si solas no demostraban que el actor las hubiese elaborado.
Sin embargo, de llegarse a analizar el contenido de tales documentales, en efecto ninguna de ellas da cuenta que el demandante hubiera participado en su elaboración, y entonces desde esta perspectiva, el tribunal no cometió ningún error en su apreciación.
Por lo expresado, no se acredita el segundo yerro fáctico.
3. Tercero, cuarto y quinto errores de hecho: Fuero Circunstancial.
Carta del 10 de enero de 2002 de Sintraenergía (fl. 79 del cuaderno del juzgado) y Pliego de peticiones elaborado por Sintraenergía (fls. 80 a 84 ibídem).
Por lo atrás expresado en el primer error de hecho, esto es, que el censor dejó libre de ataque lo inferido por el tribunal en cuanto a que no era dable adentrarse en el estudio de la figura del fuero circunstancial y la protección que encontró acredita el a quo, en la medida que la sociedad apelante en su escrito no indicó la relación o relevancia del precedente jurisprudencial que transcribió con lo aquí debatido, lo cual lleva a que se mantenga incólume la conclusión de la alzada relativa a que la sustentación en este punto fue insuficiente; se debe decir, que la segunda instancia al considerar que este punto no debía ser objeto de análisis en la alzada, no tenía por qué valorar las dos documentales que ahora la censura denuncia como inapreciadas, situación que conduce a que no se cometieron los tres yerros enunciados.
Finalmente, no es de recibo la argumentación de la sociedad recurrente en casación, en el sentido de que el tribunal hizo suyas las consideraciones del Juzgado de conocimiento sobre el fuero circunstancial, por el simple hecho de haber confirmado el fallo apelado. Lo anterior por cuanto ninguna de las motivaciones de la sentencia de segunda instancia, dan cuenta de esta situación, y por el contrario dejan claro que se confirmó la decisión del a quo fue por virtud de que la demandada con su apelación no logró desvirtuar que el despido del demandante era injusto, aspecto que constituye el punto central de inconformidad del recurso de alzada, además que el ad quem expresamente señaló que no haría ningún pronunciamiento de fondo en el tema del fuero circunstancial.
Y sí el tribunal no hizo ningún pronunciamiento sobre dicha protección foral del demandante, no analizó lo referente a la presentación del pliego de peticiones por parte del Sindicato Sintraenergía, al desarrollo de un conflicto colectivo para la fecha de terminación del contrato de trabajo del actor, o a la suscripción de una convención colectiva de trabajo para la época y, en consecuencia, no pudo haber cometido ningún error de hecho.
En lo que atañe a que no es posible que se produzca un yerro fáctico, en relación con un punto que no fue objeto de pronunciamiento o resolución en la alzada, se puede consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL, 17 sep. 2008 rad. 33450, reiterada en casaciones del 7 julio 2010 radicado 38700 y 8 febrero 2011, radicado 35493.
Así las cosas, no se configuran los tres últimos yerros fácticos.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la sociedad demandada recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 6.500.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2010, en el proceso que Jairo Villanueva Villanueva le promovió a la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. ESP. Electricaribe S.A. ESP.

References: ARTÍCULO 277
 ARTÍCULO 23
 artículo 66
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 277
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 277
 resolución 
 artículo 366