Source: https://lamemoriaviva.wordpress.com/2010/02/13/
Timestamp: 2018-08-21 01:55:41+00:00

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13 | febrero | 2010 | La Memoria Viva
Varios apuntes sobre el Juez Garzón, hoy sabado 13 de febrero 2010
Fuente: Público del 13 02 2010 en contra portada
http://www.publico.es/internacional/294151/garzon/cambio/mundo/reed/brody/human/rights/watch
http://www.publico.es/espana/294234/juez/marco/diferencia
JOSÉ SARAMAGO 13/02/2010
http://www.elpais.com/articulo/espana/leyes/justicia/elpepiesp/20100213elpepinac_11/Tes
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Nota de la Redacción: enlazamos con
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Amnistía ve “inédito” que Garzón pueda acabar en el banquillo…
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco.
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Los fiscales progresistas salen también en defensa de Garzón…
Juanes niega que haya una conspiración en su contra
Á.VÁZQUEZ – MADRID – 12/02/2010 00:30
“Criminalizar la discrepancia jurídica” por “querellas palmariamente sospechosas pone en peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial”. Es la opinión de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, al igual que el miércoles hizo Jueces para la Democracia, ayer mostró “su solidaridad y apoyo” a Baltasar Garzón.
Los fiscales progresistas explican en un comunicado que la investigación de los crímenes del franquismo realizada por el juez de la Audiencia Nacional, “y su consideración como crímenes contra la humanidad, resulta completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional”. Ese criterio fue también mantenido por tres magistrados de la Sala de lo Penal dela Audiencia Nacional en un voto particular.
Por eso la actuación de Garzón, al abrir la primera causa penal para investigarlos, “de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria”, única circunstancia en la que puede cometerse el tipo de prevaricación de la que acusan al juez el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad, también de corteultraderechista, y Falange Española de las JONS. Este delito está penado con hasta 20 años de inhabilitación.
“La trayectoria profesional de este magistrado no se hace acreedora de ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema del país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados”, señala la UPF, asociación que presentó la querella por la que Garzón investigó los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, negó ayer poder concebir que los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón sean fruto de una conspiración. “Yo no puedo admitir, lo rechazo absolutamente, que ningún magistrado del Tribunal Supremo esté en una conspiración”, aseveró a Telecinco.
Señaló que la causa abierta por Garzón de los crímenes franquistas es “una cuestión jurídica opinable” que tendrá que resolversejurídicamente.
Saramago, Sábato, Bardem y Rivas encabezan un manifiesto que apoya su actuación con los desaparecidos en la Guerra Civil…
EUROPA PRESS – Madrid – 11/02/2010 20:35
En este manifiesto los firmantes dan cuenta de su conocimiento de 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, “hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados antenosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares”, indica el documento.
“Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben serreconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles ydemócratas, como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX”.
Un trabajo “encomiable”
El manifiesto, “sin entrar en la causa sub judice”, celebra el “trabajo encomiable” del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, “por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia”. Al mismo tiempo los firmantes lamentan “el desproporcionado ataque” a su labor desde diferentes ámbitos “que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes”.
“Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar de la Audiencia Nacional este caso”, concluye el documento. El manifiesto se presentará públicamente el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y allí se hará entrega de estas primeras firmas a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.
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El caso Garzón…
HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE Posiblemente en el futuro con este nombre se va a conocer un supuesto de injerencia en la independencia de un Juez. El orden constitucional español y el derecho internacional de los derechos humanos garantizan el derecho de toda persona a un juez imparcial. Esa imparcialidad se concreta prohibiendo que los tribunales superiores puedan presionar a un juez de una instancia inferior para que resuelva en un determinado sentido. La independencia del Poder Judicial no sólo excluye la intervención de los otros Poderes del Estado, esa es la independencia externa, sino también la de cada juez o magistrado frente a las presiones que internamente pueda sufrir por parte de otros órganos judiciales. Si un juez o magistrado resuelve en una determinada dirección y la parte afectada por esa resolución estima que ésta no está ajustada a derecho, los ordenamientos jurídicos ponen a su disposición los llamados recursos procesales, apelación y casación son los más conocidos. En casos extremos cuando la resolución judicial afecta a un derecho fundamental, los Estados Constitucionales de Derecho, arbitran el Recurso de Amparo y el orden jurídico internacional recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Justicia.
El Magistrado de la Ilma. Audiencia Nacional señor Garzón abrió en el año 2008 unas diligencias de investigación a partir de las querellas presentadas por las diferentes Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, entre otras la de Catalunya. Estas Asociaciones quieren sencillamente encontrar los cementerios clandestinos en los que están los cadáveres de sus familiares asesinados por los vencedores de la Guerra Civil en los territorios ocupados. En el corto período en que mantuvo su competencia, se puede calificar de corto si se tiene en cuenta la duración promedio de un procedimiento, requirió información a diversas autoridades administrativas y finalmente, cuando estimó que no era competente, dejó la causa para que siguiera instruyéndose por los Jueces y Magistrados de los diferentes territorios en que pudieron haber ocurrido los hechos.
Esta modesta intervención del Magistrado señor Garzón, sin embargo no le gustó ni al llamado sindicato Manos Limpias, cuya vocación antidemocrática es conocida, ni a la Falange el partido que en su momento histórico apoyó la sublevación militar que encabezó el General Francisco Franco, que presentaron una querella en su contra por un delito de prevaricación. La prevaricación la comete según nuestro Código Penal, el Juez o Magistrado que dicta una resolución injusta. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite esta querella y designó a uno de sus miembros como Magistrado Instructor. El Magistrado Instructor el 3 de febrero de 2010 dictó una resolución que coloca al Magistrado señor Garzón a las puertas de su procesamiento como autor de un delito de prevaricación y su consiguiente suspensión como Magistrado. Esta resolución tiene más de cincuenta páginas lo que para su defensa no es malo, pues después de una lectura atenta pero no menos dificultosa, queda de manifiesto que no hay ninguna base técnico jurídica para procesarlo y mucho menos para condenarlo.
En efecto, de esa lectura para el Magistrado Instructor y para la Sala Segunda del Tribunal Supremo se desprende que la resolución “injusta” en el sentido del Código Penal es la que admitió a trámite la querella de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. Una resolución de este tipo, es un trámite procesal formal de los que se dictan miles cada día. No suelen tener una motivación demasiado profunda y simplemente indican que se va a iniciar una investigación. En si misma es difícil que se pueda apreciar “injusticia” en una resolución de este tipo y mucho menos en este caso que no llevaba aparejada ninguna medida cautelar de carácter personal, vamos una prisión preventiva, por ejemplo. En suma, con la admisión de esta querella nadie salió perjudicado. Pero esa lectura atenta de esa larga resolución del 3 de febrero de 2010, permite desenmascarar las razones que han llevado esta causa hasta este extremo. Son los fundamentos materiales de la resolución del Ilustrísimo señor Garzón que admitió a trámite la querella de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. El Magistrado señor Garzón adhiriendo a las posturas doctrinales más actuales del Derecho Penal Humanitario y del Derecho Penal Internacional entiende que los delitos denunciados por las Asociaciones son delitos de lesa humanidad y que por este carácter de delitos de lesa humanidad, el principio de legalidad penal, que es el que garantiza que nadie puede ser condenado si no existe una ley formal previa, no tiene la misma dimensión en estos delitos; que estos delitos no son susceptibles de ser amnistiados y que tampoco pueden prescribir. Es una postura doctrinal a la que cada día adhieren más personas. La postura contraria, que es la de la que participa la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sostiene que el principio de legalidad es uno solo y no admite matices, que la prescripción que se dictó al comienzo de la transición es válida y que estos delitos, como todos los demás, también prescriben. Dos posiciones doctrinales diferentes y cada una de ellas tienen fuerte arraigo doctrinal. En suma estamos en el ámbito de lo opinable y en este ámbito una postura no puede ser justa y la otra injusta, no estamos frente a un dogma, sino simplemente es una opinión de la que podemos participar o no. El problema como puede apreciarse incide en los aspectos más esenciales de una sociedad democrática, de un Estado constitucional de Derecho. La manifestación de una opinión doctrinal formalizada en una resolución judicial por ello no puede ser injusta y, por lo mismo, la resolución del Magistrado señor Garzón no puede ser constitutiva de prevaricación.
Llegados a este punto debemos volver al principio cuando hablábamos de la garantía de independencia de cada Juez frente a las injerencias de un tribunal superior y no podemos sino sostener con rotundidad que la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo constituye un atentado contra su independencia. Se le quiere imponer una sanción penal, que le costará su carrera, por no participar de las opiniones de algunos, no de todos, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué más hay? El lector puede hacer las conjeturas que quiera, yo ya he hecho las mías.
* Catedrático de Derecho Penal
El caso GarzónLa Opinión de Tenerife
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