Source: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-N/carlos_alberto_nieto_duarte.htm
Timestamp: 2017-12-16 09:18:39+00:00

Document:
Rut : 6.565.500-4
F.Nacim. : 27-11-53, 19 años de edad a la fecha de su detención.
Carlos Alberto Nieto Duarte, 19 años al momento de los hechos, soltero, obrero agrícola, sin militancia política, domiciliado junto a sus padres en el Asentamiento 24 de Abril, de Paine, fue detenido alas 03:20 horas del día 16 de octubre de 1973, por Militares vestidos con trajes de campaña color verde oliva, con sus rostros tiznados y que portaban armas de fuego.
Al presentarse los uniformados en el hogar, preguntaron por Nieto Duarte luego ingresaron al domicilio y le exigieron su carnet de identidad. Su nombre fue chequeado en una nómina que portaban los aprehensores. Inmediatamente lo hicieron vestirse en forma abrigada y acto seguido fue llevado con rumbo desconocido para sus familiares. Pese a las innumerables gestiones de búsqueda realizadas por su familia Carlos Alberto Nieto Duarte permanece detenido desaparecido. Esa noche y la madrugada en un vasto operativo efectuado por Militares bajo las órdenes del Teniente de Ejército Andrés Magaña, se detuvo a 22 personas en sus domicilios, en ninguno de los casos se contó con la autorización correspondiente para allanar y detener.
Estos militares vestidos con trajes de campaña o bien uniformes de color gris y sobre éstos una capa del mismo color, llevaban brazaletes y usaban boinas negras o bien casco. Sus rostros en algunos casos estaban tiznados, en otros estaban cubiertos con pasamontañas. Se movilizaban en al menos un camión rojo con barandas y un jeep. Los aprehensores andaban fuertemente armados, alumbraban las habitaciones con linterna impidiendo a los moradores encender la luz. El operativo se inició a primera hora del día 16 de octubre de 1973 y se prolongó hasta las 04:00 de la madrugada. Las personas que resultaron detenidas, en su mayoría asentados que habían participado en el proceso de reforma agraria, figuraban anotados en una lista que portaban los militares. Sus domicilios fueron allanados y los detenidos llevados desde sus casas, advirtiéndoles a las familias que volverían durante el día después de prestar declaración en San Bernardo. Todos fueron subidos a un camión que esperaba en el camino principal. El operativo fue realizado silenciosamente y a los familiares de las víctimas se les prohibió asomarse de sus casas. El operativo se inició con la detención de Andrés Pereira Salsberg, industrial, dueño de una maestranza; luego se detuvo a René del Rosario Maureira Gajardo, comerciante; enseguida los militares se dirigieron hacia el sector correspondiente al Asentamiento 24 de abril, donde se detuvo a Patricio Loreto Duque Orellana, los hermanos Raúl Antonio, Silvestre René y Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, su cuñado Basilio Antonio Valenzuela Alvarez, Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Rosalindo Delfín Hernán Muñoz y Ramón Luis Silva Carreño. A continuación se dirigieron al Asentamiento El Tránsito, donde se detuvo a Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Servando Galaz. Finalmente se dirigieron al Asentamiento Nuevo Sendero, donde se detuvo a Enrique Lazo Quintero, su hermano Samuel Altamiro Lazo Quinteros y sus hijos Luis Rodolfo y Samuel Lazo Maldonado, José Domingo Adasme Núñez, Luis Alberto Gaete Balmaceda y José Ignacio Gaete Maldonado.
El 10 de octubre, Carabineros de la Subcomisaría de Paine habían detenido desde su domicilio en el Asentamiento El Tránsito, a Samuel Altamiro Lazo Quinteros el que había quedado en libertad transcurridas las 24 horas de reclusión en dicha Subcomisaría. Este campesino fue detenido nuevamente la madrugada del 16 de octubre de 1973. Con posterioridad a su primera detención, dio a conocer a sus compañeros de Asentamiento que había sido advertido por los carabineros que en días posteriores vendrían Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y procederían a detener a los asentados. Idéntica información habían recibido los campesinos de dicho asentamiento que se habían acercado a la subcomisaría, donde entablaron una conversación con el Sargento Reyes acerca de la situación en que ellos se encontraban.
La detención y posterior desaparecimiento de Carlos Alberto Duarte Nieto se enmarca en lo que fue la represión en Paine en 1973. (Mayores antecedentes en relato de José Domingo Adasme Núñez).
El 24 de marzo de 1974, se interpuso un recurso de amparo masivo por 131 personas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°289-74. Carlos Alberto Nieto Duarte fue incluido en él.
Se consultó a las autoridades sin que se lograra establecer la situación particular de cada uno de los amparados. El 28 de noviembre de 1974, el recurso de amparo fue rechazado. Se apeló de la resolución. El Pleno de la Corte Suprema confirmó el fallo el 31 de enero de 1975, acordando nombrar un Ministro en Visita Extraordinaria que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero de ese año instruyó el proceso rol N°106657 en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago. Los padres de Nieto Duarte fueron citados a declarar por el Ministro Zurita, quedando constancia de las circunstancias de su detención.
El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro dictó fallo, en el caso de Nieto Duarte así como en otros 27 casos de detenidos de Paine, sobreseyó temporalmente la causa por cuanto no quedaba plenamente justificada la existencia de algún hecho delictuoso. El 10 de mayo de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución del Ministro Zurita Camps.
El 21 de marzo de 1975 se interpuso ante el Juzgado de Letras Maipo-Buin una denuncia por presunta desgracia a raíz de la detención y posterior desaparecimiento de 23 lugareños de Paine, en su gran mayoría campesinos detenidos el 16 de octubre de 1973. El caso de Carlos Alberto Nieto Duarte fue incluido en esta presentación. La causa por el conjunto de afectados quedó ingresada con el rol N°24005-1 a cargo del Juez Javier Torres. Las primeras diligencias fueron ordenadas tres meses más tarde, una vez que María Inés López Ahumada y Teresa Celinda López Moya -denunciantes en la causa- concurrieron a ratificar ante el Tribunal. A partir del mes de julio, se decretaron las primeras diligencias; se ofició a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) y a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Ambas instituciones en sus Oficios respuesta manifestaron no tener antecedentes acerca de las personas consultadas. El Instituto Médico Legal por su parte, respondió que los nombres de esas 23 personas no figuraban en el libro de índice de ingreso de cadáveres a ese establecimiento. El Tribunal a su vez, impartió orden amplia de investigar a Carabineros e Investigaciones. Carabineros se limitó a tomar declaraciones a las 2 personas denunciantes, en tanto que Investigaciones, además de realizar diligencias similares a las efectuadas por Carabineros, informó al Tribunal haber realizado averiguaciones a fin de "ubicar e individualizar a las personas, que al parecer, vestían de militares el día de los hechos, sin resultados favorables". Sin haber decretado otras diligencias, el 26 de noviembre de 1975 el Tribunal resolvió cerrar el sumario y sobreseer definitivamente la causa. "No apareciendo del sumario presunciones de que se hayan verificado los hechos denunciados".
El 20 de enero de 1976 la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el sobreseimiento, estableciéndolo con carácter de temporal y no definitivo. La causa quedó archivada.
El 14 de diciembre de 1976, quedó interpuesta una denuncia por el arresto ilegal de Carlos Alberto Nieto Duarte ante el Juzgado de Letras Maipo Buin. La causa bajo el rol 24765 quedó a cargo del Juez Fernando Montenegro Araya. Con fecha 2 de agosto de 1977 fue cerrado el sumario y sobreseída la causa "no resultando completamente justificado en autos que Carlos Alberto Nieto Duarte haya sido víctima de algún delito o cuasidelito". El Juez tuvo presente para tal resolución los Oficios respuesta hechos llegar por la Escuela de Infantería de San Bernardo y el Ministerio del Interior, en los cuales se afirmaba no tener antecedentes acerca de la persona en cuestión. El Fiscal estuvo por revocar la resolución del Juez a fin de continuar con la investigación. El 1° de septiembre de 1973, la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el informe del Fiscal e impartió instrucciones precisas tendientes a lograr avances en el caso. El 13 de marzo de 1978, y tras haber recibido Oficios del Instituto Médico Legal y Cementerios, tanto de Santiago como de San Bernardo y Buin que daban cuenta de la no constancia del afectado en sus registros de ingresos, el Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la II Fiscalía Militar. El Tribunal militar rechazó la competencia por no existir en la causa antecedentes suficientes que la fundamentaran. El expediente fue devuelto a su Tribunal de origen.
El 14 de marzo de 1978 quedó interpuesta una Querella Criminal en contra del Coronel de Ejército Jorge Dawling Santa María, como encubridor del delito de arresto ilegal de Nieto Duarte. Tanto la querella como la denuncia rol 24765 fueron acumuladas al proceso rol 24005-1 que se encontraba reabierto.
Respecto a la reapertura de la causa rol 24005-1 es del caso señalar que ésta se produjo el 23 de marzo de 1977, al ser acogida una petición en tal sentido presentada por la parte denunciante. La solicitud de reapertura se fundamentó en el hecho que 10 casos incluidos en la causa rol 24005-1, figuraban formando parte de una nómina de 63 personas de las cuales el gobierno chileno en el trigésimo Período de Sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, planteó que no eran "detenidos-desaparecidos" -como lo denunciaban sus familiares- sino que eran personas muertas, cuyos cadáveres estaban consignados en el libro de índice de ingreso del Instituto Médico Legal. Esta lista de 63 nombres estaba incluida en el documento titulado "Situación actual de los Derechos Humanos en Chile" (volumen II pág. 381-382-383).
Los antecedentes contenidos en el informe -agregaban los denunciantes- eran contradictorios con los que ese Tribunal había recibido del propio Instituto Médico Legal al haber sido consultado por Oficio. Durante los años 1977 y 1978 a la causa rol 24005-1 fueron acumuladas 11 denuncias por arrestos ilegales de campesinos de Paine y 5 querellas criminales contra el Coronel Jorge Dawling Santa María, como encubridor del delito de detención seguido de desaparecimiento. Esta última se fundamentó en el hecho de que en el transcurso de la investigación el mencionado Coronel en su calidad de Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, había respondido al Tribunal que no estaba en situacion de proporcionar los nombres de los Oficiales que participaron en los operativos de octubre de 1973 en Paine y sus alrededores. El 3 de abril de 1979, fue designado para seguir conociendo de la causa el Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Sr. Juan Rivas Larraín, en respuesta a una solicitud que en tal sentido presentara la Iglesia Católica a la Corte Suprema, a fin de que Ministros en Visita se abocaran al conocimiento de los casos de detenidos desaparecidos en todo el territorio nacional. Es así como transcurridos dos años de la reapertura de la causa, al asumir el Ministro Rivas, se ordenaron las primeras diligencias orientadas a esclarecer la información acerca de 10 detenidos desaparecidos -materia del proceso- que figuraban con información contradictoria según lo ya señalado.
El Ministro Rivas ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a fin de que se informara respecto a los antecedentes y procedimientos que le permitieron confeccionar la nómina de "Personas presumiblemente desaparecidas" que habían sido ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago. La respuesta fue recibida el 30 de octubre de 1979 por el recientemente designado Ministro en Visita, don Humberto Espejo Zúñiga, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda a la que, por motivos de jurisdicción, le correspondió continuar con la investigación, y cuyo nuevo rol fue el N°1-79. El Oficio respuesta firmado por el Viceministro de Relaciones Exteriores, decía textualmente en una de sus partes "Tal información US la solicité en atención a que el Instituto Médico Legal, requerido sobre la misma materia, no ha encontrado Oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Médico Legal sobre dicha nómina. A este respecto, informo a US que la nómina que se contiene en las págs. 381, 382, 383, del referido volumen 2, aparece con una firma ilegible y un timbre que este Ministerio entiende que corresponde a autoridades del Instituto Médico Legal, en caso contrario tal documento no se habría hecho circular ante organismos internacionales. Respecto de la forma como haya llegado la nómina a poder de esta Secretaría de Estado, cabe hacer presente que tampoco existe documentación oficial cursada al antedicho Instituto, por lo que debe concluirse que ello ha sido solicitado verbalmente y entregada por mano a funcionarios de este Ministerio". El Ministro Rivas Larraín en momento que dejaba su visita en la causa rol 24005-1, dejó establecido que dicha nómina era falsa y que los protocolos de autopsia asignados a los detenidos desaparecidos correspondían a muertos NN, cuya identificación había sido imposible por carecer de epidermis en sus manos.
A diciembre de 1979 se encontraban acumulados a la causa rol 1-79, nueve querellas criminales en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por los delitos de secuestro en las personas de Pedro Hernán Pinto Caroca, Ramón Luis Silva Carreño, Laureano Quiroz Pezoa, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, José Germán Fredes García, y Carlos Gaete López. Cinco querellas en contra del Coronel de Ejército Jorge Dawling Santa María, por el encubrimiento del delito de arresto ilegal en las personas de Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Carlos Alberto Nieto Duarte, José Domingo Adasme Núñez, Samuel Altamiro Lazo Quinteros, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado y Luis Rodolfo Lazo Maldonado. Querella por el secuestro y homicidio calificado de Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, perpetrado por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Respecto al inculpado, Coronel de Ejército Jorge Dawling Santa María, quien en el año 1979 se desempeñaba como Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, con fecha 26 de septiembre de 1978 se le envió Oficio solicitándosele toda la información que poseyera, relativa al personal de esa unidad militar que cumplió funciones en los meses de septiembre y octubre de 1973. No se obtuvo respuesta a ello. De tal situación el Tribunal dio cuenta a la Corte de Apelaciones, la que con fecha 14 de noviembre de 1978 resolvió en Pleno que el mencionado Coronel se atuviera a lo prescrito en el art.191 del Código de Procedimiento Penal (es decir, según fuera su rango comparezca o no, debía informar). El Oficio respuesta finalmente llegó firmado por el nuevo Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Carlos Meirelles Müller, en el cual se limitaba a expresar que no había ánimo de ocultar información, que existían documentos con la información solicitada y agregaba que el Coronel Dawling Santa María había entregado el mando y dejado de pertenecer a la Institución. Con fecha 7 de febrero de 1979, en un nuevo Oficio se solicitó al Coronel Meirelles la nómina del personal de la Institución a octubre de 1973, respondiendo que él no tiene atribuciones para entregar esa información y que debe solicitarse al Ministro de Defensa Nacional. A partir de abril de 1979 y estando a cargo de la investigación el Ministro Humberto Espejo, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda a la que correspondía territorialmente continuar con la causa, se diversificaron los Oficios a fin de establecer la identificación de quienes participaron en los operativos efectuados en Paine y sus alrededores. Se ofició al Ministro de Defensa Nacional, no sólo para consultar por el personal ya señalado sino que también a fin de solicitar la comparecencia del Coronel Dawling Santa María, del Teniente Andrés Magaña Bau -identificado por familiares de las víctimas como la persona a cargo del operativo del 16 de octubre de 1973- y del Coronel Pedro Montalva Calvo, Subdirector de la Escuela de Infantería al mes octubre de 1973.
En abril de 1979, el Teniente Andrés Magaña Bau compareció ante el Tribunal, oportunidad en la cual negó su participación en el operativo del 16 de octubre de 1973, como en cualquier otro que se hubiera realizado en Paine. Al ser careado con familiares de uno de estos detenidos desaparecidos, René Maureira Gajardo, negó conocerlos pese a que éstos afirmaron haber estado en más de una oportunidad junto al uniformado, en eventos sociales previos al 11 de septiembre de 1973, en la localidad de Paine.
Respecto del Coronel Jorge Dawling Santa María, el Tribunal en Oficio respuesta fue informado que desde agosto de 1978 se encontraba nombrado como Agregado Militar en la Embajada de Chile en Uruguay, cargo que se prolongaría por más de un año. Por su parte, el Coronel de Ejército Pedro Montalva Calvo, al concurrir al Tribunal el 10 de diciembre de 1979, declaró afirmando la existencia de un Campo de Detenidos en el Cerro Chena dependiente de la Escuela de Infantería, que según señaló dejó de funcionar en el mes de diciembre de 1973, en momentos que él asumía la Dirección de la Escuela. Previo a ello su Director había sido el Coronel Leonel Köening Altterman, quien daba las órdenes por escrito acerca de quienes ingresaban en calidad de detenidos. Al ser citado a declarar el entonces Director de la Escuela de Infantería, Coronel Köening, el Tribunal fue notificado que éste se había suicidado el 21 de junio de 1979.
Con fecha 12 de diciembre de 1979 el Ministro Espejo se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar, en atención a que todas las denuncias y querellas contenidas en esta causa (rol 1-79), adjudicaban su autoría a personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, tanto de la Escuela de Infantería de San Bernardo como de la Subcomisaría de Paine respectivamente. El 6 de marzo de 1980, la Corte revocó la incompetencia y ordenó algunas diligencias a fin de avanzar en la investigación. A consecuencia de ello, fue citado nuevamente a declarar el Coronel Jorge Dawling Santa María. El 2 de abril de 1980 el Ministro de Defensa Nacional, teniente General Raúl Benavides Escobar, informó al Tribunal que el Sr. Dawling Santa María tiene calidad de General de Brigada y, en conformidad al art. 191 y 192 del Código de Procedimiento Penal, debe declarar por escrito. El Ministro envió pauta de preguntas erróneamente formuladas, lo que dio pie para que el General de Brigada respondiera "en relación a las preguntas 2 a la 13 no tengo antecedente alguno que poder señalar".
El 5 de junio de 1980 el Ministro Espejo se declaró por segunda vez incompetente, fundamentando su resolución en los mismos términos que la vez anterior. Se apeló de ello y el 25 de julio de 1980 la Corte de Apelaciones revocó la resolución ordenando al Ministro Visitador elaborar un nuevo cuestionario, para ser respondido por el General de Brigada, en base alas acusaciones formuladas en las querellas interpuestas en su contra y que son parte del proceso.
En julio de 1980, el Tribunal recibió un Oficio respuesta del General de Brigada Dawling Santa María, cuyo contenido no aportó antecedentes, argumentando que en el año 1977 ya no había relaciones escritas en la Escuela de Infantería sobre maniobras militares y operativas. Su Oficio concluía manifestando que los antecedentes de la causa rol 1-79, los había puesto en conocimiento de la Comandancia en Jefe del Ejército, toda vez que se le imputaba en las querellas transcritas, una participación como encubridor en "supuestos delitos" que habría cometido en acto de servicio".
El 17 de octubre de 1980 los antecedentes fueron definitivamente remitidos a la II Fiscalía Militar de Santiago, en la oportunidad operó la inhibitoria de jurisdicción.
Tal resolución fue apelada y revocada en marzo de 1984 por la Corte Marcial, ordenando diligencias orientada a completar la investigación. Durante el año 1985 declararon a lo menos 26 Oficiales y Suboficiales que cumplían funciones, en los meses de septiembre a octubre de 1973 en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Todos ellos negaron su participación en operativos en Paine y sus alrededores, negaron saber de la presencia de personas en el Campamento de Detenidos de Chena, e incluso desconocieron la existencia de tal recinto.
El 22 de noviembre de 1989 el Fiscal de la II Fiscalía Militar, Enrique Ibarra Chamorro, se hizo parteen representación del Ministerio Público Militar y solicitó la aplicación de la Amnistía, Decreto Ley 2191-78. El Juez Militar sobreseyó la causa total y definitivamente, por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991 en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General. La causa a diciembre de 1992 continuaba en tramitación.
Cabe hacer presente que en esta causa también se realizaron investigaciones en torno al Patio 29 del Cementerio General de Santiago, a partir de noviembre de 1979, oportunidad en la cual Monseñor Ignacio Ortúzar R.-en su calidad de Vicario General y Vicario Subrogante de la Vicaría de la Solidaridad- denunció al Tribunal la existencia de inhumaciones masivas e irregulares de cadáveres en el Patio 29 del mencionado cementerio y que afectaría a cerca de 200 tumbas. De la investigación, el Tribunal pudo concluir que al menos 6 tumbas podían arrojar antecedentes relativos a detenidos desaparecidos incluidos en el proceso. Entre los años 1981 y 1987 en cinco oportunidades se solicitó al Tribunal la exhumación de esas seis tumbas, siendo denegada la petición aduciendo ser inconducente atendido el tiempo transcurrido.
En agosto de 1990, se inició ante el Juzgado de Letras de Buin- Maipo la causa rol 2-90-E con la designación del Ministro en Visita don Germán Hermosilla, por la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda. Dicha designación obedeció a una solicitud en tal sentido de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, dada la existencia de inhumaciones ilegales de cadáveres en la localidad de Paine y que afectaba a detenidos desaparecidos. Los antecedentes de Carlos Alberto Nieto Duarte fueron entregados al Tribunal.
Con fecha 15 de marzo de 1991, doña María del Tránsito Venegas Cortés declaró ante el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, en su calidad de madre de Jorge Reyes Cortés, a quien en el año 1973 le correspondió hacer el servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente quedaron consignadas sus palabras que dan cuenta de la suerte corrida por los 22 detenidos del día 16 de octubre de 1973. Textualmente en una de sus partes dijo "pocos días después que tomaron detenido al marido de mi prima Luisa, Roberto Serrano, yo fui de visita a la casa de mi tía Rosa y vi que ella estaba muy desesperada y lloraba por la suerte de su marido. Entonces yo le dije 'no llorís más Lucha, que a tu marido se lo llevaron los militares, el Jorge andaba con ellos'. Yo me refería a que a mi hijo le tocó practicar esta detención. Mi hijo Jorge me había contado de esto unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo; yo lo supe unos días después como dije anteriormente. A ellos los tuvieron meses sin salir después del Golpe así que cuando fue a la casa me lo contó. El no estaba tranquilo, estaba como asustado, desesperado y no sólo él, sino que también sus compañeros. Mi hijo no conocía a Roberto Serrano, cuando fueron a la casa de ellos Jorge conoció a la Luisa. El me contó que estas detenciones las hacían de noche. Si, es verdad que mi hijo me contó que a él le tocaba disparar en contra de Serrano, pero que él le pidió a un compañero que le cambiara de lugar. Me contó también que si él decía que no disparaba, lo mataban a él. Esto es efectivo que se lo conté a la Luisa, ya que ella le estaba llevando ropa a su marido al Cerro Chena y allá se la recibían, cuando Serrano estaba muerto". Jorge Reyes Cortés, actualmente se desempeña en el Regimiento de Los Andes desconociéndose su actual grado militar. Pese a que la Sra. María Venegas Cortez, declaró no recordar haber indicado como lugar de ejecución los cerros cercanos a Codegua y Melipilla, sí lo recordaba la esposa de Serrano Galaz, según quedó consignado en sus declaraciones ante el Ministro en Visita Humberto Espejo. El 22 de abril de 1980 Jorge Reyes Cortes compareció ante el Tribunal en la causa rol 1-79. En su declaración negó toda participación en los hechos, textualmente en una de sus partes dijo: "nunca participé en algún operativo de Paine, nunca supe que hubiera detenidos en el Cerro Chena, tampoco reconocí a ninguno de los detenidos en las pocas veces que me tocó estar en guardia cuando llegaban". El Ministro en Visita ha realizado diversas inspecciones oculares en sectores rurales en los alrededores de Paine, sin resultados positivos respecto de los detenidos desaparecidos del día 16 de octubre de 1973.
El 22 de agosto de 1991 se inició la causa rol 4449-AF, en el 22° Juzgado del Crimen de Santiago, al darse curso a la investigación judicial del delito de inhumación ilegal de cadáveres que actualmente permanecen sepultados en calidad de NN en el Patio 29 del Cementerio General, antecedentes contenidos en querella criminal que presentara la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Información antropomórfica de Carlos Alberto Nieto Duarte fue entregada en dicha causa. En el mes de septiembre 1991 se procedió a la exhumación de 108 tumbas del Patio 29, a diciembre de 1992 las osamentas extraídas se encuentran en el Instituto Médico Legal sometidas al proceso de identificación correspondiente.

References: resolución 
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