Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510191.html
Timestamp: 2019-03-23 00:28:14+00:00

Document:
as201510191
AUTO SUPREMO Nº 191/2015-RRC
Expediente : Oruro 24/2014
Parte imputada : Bernardo Castro Ledezma
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2014, cursante de fs. 145 a 150 vta., Víctor Gerardo Galarza Zurita, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25/2014 de 17 de octubre de fs. 135 a 137 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Bernardo Castro Ledezma, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 21/2014 de 16 de mayo (fs. 100 a 108), el Juzgado Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Bernardo Castro Ledezma, absuelto de la comisión del delito de Lesiones Leves y Graves, tipificado por el art. 271 del CP.
Contra la mencionada Sentencia el acusador particular Víctor Gerardo Galarza Zurita, formuló recurso de apelación restringida (fs. 111 a 114), resuelto por el Auto de Vista 25/2014 de 17 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
El recurrente alega que en su apelación restringida denunció defectuosa valoración de la prueba en sentencia conforme el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque la sentencia determinó por la prueba documental de cargo y la testifical de descargo, que se produjo una pelea donde estaban involucrados el acusador, el imputado y otras personas, con las agresiones hacia su persona; empero, la Jueza de Sentencia sólo valoró la referida prueba y no así la prueba testifical de cargo como constaría en el Considerando V de la Sentencia. Por otro lado, argumenta que en apelación indicó que la citada autoridad restó valor al certificado médico forense, al señalar que ninguna de las lesiones eran compatibles con las causadas por un “winchaco”, manifestación alejada de la sana valoración de este medio probatorio, sin considerar que por las declaraciones de los testigos, dicha “arma” se encontraba en la escena del crimen y en manos del imputado, quien la utilizó para propinarle golpes. Agrega que en el punto tres de la valoración de la prueba, se acreditaron las lesiones causadas, pero contradictoriamente en el punto cuarto, la Jueza de Sentencia señaló que por las placas radiográficas no se observaron las lesiones acusadas y concluyó que la agresión fue cometida por otras tres personas contra las cuales se presentó denuncia siendo separadas del juicio en razón a que el Ministerio Público no presentó imputación en su contra; tampoco dicha autoridad judicial consideró que la otra persona agredida era su concubina que estaba embarazada y que a raíz de la golpiza casi perdió a su hijo, pruebas introducidas a juicio que no fueron debidamente valoradas al igual que el acta de registro del lugar del hecho y los informes médicos.
Sobre el particular, el recurrente aduce que el Tribunal de alzada, para declarar la improcedencia de su recurso de apelación restringida, manifestó que no podía retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos o pruebas fácticas que fueron probadas en juicio oral, sin tener en cuenta que en su apelación denunció defectuosa valoración de la prueba, ofreció el detalle de los medios de prueba defectuosamente valorados; sin embargo, el Tribunal de apelación concluyó que no podía revalorizar las pruebas y que la aseveración que realizó como apelante no contenía una explicación lógica y coherente, al manifestar que la prueba testifical de cargo no mereció su correspondiente valoración. Empero, si esto fuese real, el recurrente se pregunta por qué en el Auto de Vista se recalcaron cada una de las entrevistas lo cual sería revalorizar prueba, cuando el Tribunal de alzada debió referirse a los medios de prueba que no fueron redactados en la sentencia; lo que implica, que no respondió a los agravios de la apelación, se limitó a exponer el mismo argumento que el Tribunal de Sentencia al señalar que existieron tres personas, pero que no se pudo determinar quién fue el agresor.
Por último, manifiesta que resultan aplicables los Autos Supremos 209 de 11 de junio de 2003, 642 de 20 de octubre de 2004.
Con base a los argumentos que expone, el recurrente solicita al Tribunal Supremo de Justicia, emita resolución que deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se pronuncie nueva resolución en el marco de la doctrina legal aplicable.
Mediante Auto de Supremo 729/2014-RA de 12 de diciembre, cursante de fs. 159 a 161, este Tribunal admitió el recurso formulado por Víctor Gerardo Galarza Zurita, para su análisis de fondo.
Mediante Sentencia 21/2014 de 16 de mayo, el Juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, asumió que el 17 de marzo de 2011, aproximadamente a horas 10:30 a 11:00, en el inmueble ubicado en calle Santa Bárbara, Iquique y Arica No. 172, se produjo un incidente de peleas que involucró a las partes, a cuya consecuencia el acusador particular Víctor Gerardo Galarza Zurita, presentó lesiones con un impedimento de cinco días, sin que se haya identificado quien golpeó con el “winchaco” al acusador, cuando en el hecho fueron involucradas tres personas. Que la lesión en la integridad del acusador, no fue compatible con las agresiones descritas con golpes de “winchaco”, ni puñetes, patadas o la perforación de la cabeza como señaló el acusador, sino que como advirtieron los testigos, eran compatibles con una caída de rodillas mientras forcejeaba con el imputado. Que en esta pelea familiar, se generó duda razonable en cuanto a la participación en calidad de autor del imputado, pues nadie pudo identificarlo como la persona que agredió a Víctor Gerardo Galarza Zurita. Que, en consideración al principio de presunción de inocencia establecido en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), la carga de la prueba corresponde a los acusadores y, en virtud al art. 13 del CP, no se puede imponer pena al agente si su actuar no le es reprochable penalmente, la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, de la misma forma tomó en cuenta el in dubio pro reo, componente del principio de inocencia que debe ser aplicado en situaciones excluyentes de certeza que benefician al imputado; es decir, que constituye una regla que obliga a absolver en caso de dudas razonables insuperables, teniendo en cuenta que la condena sólo puede basarse en la certeza de culpabilidad del imputado; en base a estos fundamentos, dispuso Sentencia absolutoria en favor del imputado por la comisión del delito atribuido.
El acusador particular Víctor Gerardo Galarza Zurita, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 289 a 292) con base al art. 370 inc. 6) del CPP, por defectuosa valoración de la prueba, porque en el Considerando V, sólo tomó en cuenta y valoró la prueba documental de cargo y la testifical de descargo, no así la prueba testifical de cargo ofrecida y producida que implica, que la totalidad de sus testigos no fueron tomados en cuenta ni valorados para determinar sentencia absolutoria. No se valoró el Certificado médico forense que acreditó las lesiones que sufrió a causa de las agresiones del imputado, con el fundamento de que ninguna de las lesiones eran compatibles con un “winchaco”, sin tomar en cuenta la manifestación de los testigos que acreditaron su existencia en manos del imputado y lo que él mismo manifestó en sentido de haber sostenido en sus manos esa arma contundente. En el punto cuarto referente a las placas fotográficas y las lesiones en su integridad, fueron interpretadas en forma por demás parcializada y contradictoria; igualmente, señaló que eran tres las personas agresoras, no se identificó cuál de ellas propinó los golpes, tampoco consideró que se denunció el delito contra las tres personas, Bernardo Castro Ledezma, Gerardo Castro Galarza y Xavier Castro Galarza, también fue agredida su concubina que estaba en estado de gestación, extremos que fueron desconocidos que corroboraron sus argumentos. Indicó que no se contaba con prueba suficiente que acredite que Bernardo Castro Ledezma fue el autor de las lesiones, se ha menoscabado las pruebas de descargo, no se consideró que el imputado fue el que provocó lesiones en su cuerpo conjuntamente los otros acusados. Finalmente, señaló que no se tomó en cuenta el Acta de registro del lugar del hecho, solamente fue mencionado sin haber sido valorado igual que las placas radiográficas, evidenciándose una valoración incorrecta y defectuosa de la prueba, con infracción del art. 173 del CPP, concordante los arts. 167, 171 y 172 del CPP, constituyendo un vicio in procedendo contrario al debido proceso; por lo que, pidió anular la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal.
El Auto de Vista 25/2014 de 17 de octubre, fundamentó su decisión arguyendo que el Tribunal de alzada solamente debía remitirse a los puntos cuestionados en el recurso deducido, que no podía de ninguna forma ir más allá de lo solicitado en el recurso. En cuanto al defecto de sentencia acusado, establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referido a la valoración defectuosa de la prueba testifical producida en el juicio oral y de la revisión de la Sentencia, advirtió que la juzgadora, al asignar el valor probatorio a las pruebas testificales, independientemente de la documental que demostraba las lesiones de Víctor Galarza Zurita, determinó que no era suficiente para identificar al sujeto activo que causó la lesión a la víctima, asumiendo que no existió la convicción plena, para el reproche del imputado, por la insuficiencia de la prueba para señalar su responsabilidad penal, aspecto que permitió pronunciar sentencia absolutoria en su favor, por lo que advirtió que la inferior, apreció y valoró las pruebas, conforme las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de la previsión contenida en los arts. 173 y 124 del CPP y que no le correspondía al Tribunal de alzada, revalorizar las pruebas por no encontrarse facultado para el efecto; en cuyo mérito, el recurso de apelación no tuvo sustento legal para probar el defecto de sentencia acusado y declaró su improcedencia.
Este Tribunal admitió el presente recurso de casación y abrió su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado, con los Autos Supremos invocados como precedentes, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada no respondió a los agravios planteados en la apelación, relativos a la valoración defectuosa de la prueba en Sentencia conforme al art. 370 inc. 6) del CPP, con el argumento de que no podía retrotraer su actividad jurisdiccional; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido.
La recurrente para fundar su recurso de casación, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 401 de 18 de agosto de 2003, emergente de un proceso penal seguido por la comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Procesos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, previsto en la sanción del art. 179 bis del CP, en el que se emitió Sentencia condenatoria y en mérito a la formulación de recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista, se dispuso la remisión de obrados al “Fiscal de Distrito para fines de su ministerio”, motivando la formulación del recurso de casación por los acusadores, quienes alegaron la vulneración de los arts. 123 y 124 del CPP, al no circunscribir la resolución a los aspectos cuestionados de la resolución y que por mandato de la previsión contenida en el art. 15 de la LOJ, los tribunales de alzada están obligados a revisar los procesos de oficio a tiempo de conocer una causa a fin de determinar si los jueces y/o funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos; en cuyo mérito, el Tribunal de casación al advertir que la denuncia era evidente, esbozó la siguiente doctrina legal: “La interpretación innovadora de la norma ante hechos y resoluciones singulares, exigen del Supremo Tribunal imprimir voz al silencio de la ley procesal en situaciones como la presente, enalteciendo la primacía constitucional y el resguardo integrador de los derechos fundamentales, carácter mixto o dual que rige en el país en el control de la constitución, perfilando la decisión de anular el auto de vista de la Corte ad quem, por ser manifiestamente atentatorio a los derechos y principios consagrados en los arts. 16, y 116-IV de la Carta Fundamental del Estado, configurando ‘la doctrina legal del perjuicio irreparable de efecto contrario y conjunto que produce en forma ilegal e injusta la resolución judicial impugnada por los querellantes’, interpretación que en su cauce constitucional y legal justifica en este caso ‘peculiar y único’ la aplicación de la regla del ‘per saltum’, reconocida en países como Paraguay, por afectar directamente las garantías del debido proceso, razonamientos superiores que motivan la imperiosa necesidad de revisar de oficio aún sin el presupuesto invocado del precedente contradictorio, si de por medio lo que se trata es de salvar la violación al derecho del debido proceso y evitar que se mantengan inalterables resoluciones firmes e injustas.
En forma conclusiva y atentos los argumentos que configuran la doctrina legal adoptada, corresponde a la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dictar nuevo auto de vista aplicando la doctrina asumida por el Supremo Tribunal, ingresando al análisis valorativo del recurso de apelación restringida, circunscribiendo su resolución a los términos de los arts. 124, 398, 407, 408, 409 y ss. del Cód. Pdto. Pen.; extrañados de sobremanera en la decisión dejada sin efecto y declarada nula de pleno derecho”.
Los demás precedentes citados en los Autos Supremos 554 y 642 de 1 y 20 de octubre de 2004 y, el 209 de 11 de junio de 2003, no serán tomados en cuenta porque los dos primeros no contemplan doctrina legal al haber declarado infundados los recursos que fueron de conocimiento de este Tribunal y el tercero por inexistente en los registros y archivos de este Supremo Tribunal, con los datos proporcionados por el recurrente.
El contenido del recurso de casación, describe la denuncia del recurrente en sentido de que el Auto de Vista impugnado, no dio respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación restringida, con el argumento de que el Tribunal de alzada no podía retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos o pruebas fácticas que ya fueron probados en el juicio oral ni a revalorizar las pruebas y que las aseveraciones efectuadas en el recurso de apelación no contenían una explicación lógica y coherente, constituyendo el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, por defectuosa valoración de la prueba en la que incurrió el inferior, en infracción del art. 173 del CPP.
El recurrente atribuyó que el Tribunal de alzada, omitió el pronunciamiento respecto de los argumentos esbozados en su recurso de apelación restringida de los aspectos que detalló en el recurso de casación, referidos a la defectuosa valoración de las pruebas consistentes en la testifical de cargo en su totalidad, certificación médico forense, placas fotográficas y el acta de registro del lugar del hecho.
En ese sentido y a efectos de determinar el alcance de los aspectos denunciados por el recurrente, corresponde remitir el análisis a los argumentos expresados en el recurso de apelación restringida; en cuyo caso, se tiene que en el mencionado recurso de apelación restringida, al acusar la valoración defectuosa de la prueba realizado en Sentencia describió: i) Que la sentencia, solo tomó en cuenta y valoró la prueba documental de cargo y testifical de descargo, no así la totalidad de la prueba testifical de cargo. ii) Que, se quitó el valor probatorio al certificado médico forense, porque se fundamentó que ninguna de las lesiones que se describen en el mencionado certificado son compatibles con un “winchaco”, cuando de acuerdo a los “testigos de cargo” está acreditada la existencia de dicha arma. iii) Las placas fotográficas que se tomaron, acreditan las lesiones en su integridad corporal. iv) No se consideró el acta de registro del lugar del hecho, solo se la mencionó; en consecuencia, por haberse valorado defectuosamente la prueba se infringió el art. 173 del CPP, porque no se efectuó una valoración objetiva, lógica y razonable de estos medios de prueba que considera esenciales, producidos y judicializados en el juicio oral.
Así planteados los supuestos referidos a la defectuosa valoración de la prueba, el Auto de Vista impugnado, en respuesta a los argumentos denunciados por el recurrente, en el punto II.3.- FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCION, remitió su análisis a la Sentencia apelada expresada en el Considerando IV.IV.3.A.-, resaltando las atestaciones de cargo de Víctor Gerardo Galarza, Mauricio Edson Copa Lozano, José Antonio Choque Gonzales (Investigador asignado al caso), Wilma Gabriel Ramos (Médico Forense), Luis Chávez Cossio (Funcionario Policial), Leonardo Fernández Pradera, Nancy Candelaria Zurita y Guido Rubén Apaza; cuyas declaraciones coincidentes, determinaron la existencia de peleas entre los involucrados, donde no se pudo identificar claramente a la persona que golpeó al acusador con el “winchaco”; además de describir que: “…la señora juez cumple con asignar valor probatorio de las pruebas testificales, independientemente de la valoración de la prueba documental, codificadas como MP-D1 (Certificado Médico Forense), MP-D2 (placas fotográficas), MP-D4 (Certificados médicos particulares), MP-D5 (Informe del investigador), documentales que demostrarían lesiones que sufrió el acusador Víctor Galarza Zurita, mas no suficientes para identificar al sujeto activo…” (sic), avalando de esta forma el hecho de que no existe convicción plena para el reproche del acusado, porque las pruebas aportadas no son suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado permitiendo su absolución, enfatizando que la inferior, ha apreciado y valorado las pruebas conforme las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de la previsión legal contenida en los arts. 173 y 124 del CPP. Asimismo, determinó que el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas por no encontrarse facultado para ese efecto, concluyendo que el apelante incurrió en una aseveración, sin explicación lógica y coherente y que el recurso de apelación, no tiene sustento legal para demostrar el defecto de sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 de CPP.
Al respecto y de acuerdo a la relación supra desarrollada, en primer término, se advierte que el argumento referido a que la prueba de cargo testifical y documental del recurrente, no hubiere sido tomado en cuenta y tampoco objeto de valoración, no es evidente, ya que conforme se ha manifestado, la Sentencia tomó en cuenta y realizó la respectiva valoración de los medios de prueba tanto testifical y documental producidos en el juicio oral, otorgándoles el valor respectivo conforme su facultad reservada con exclusividad en atención a los principios rectores que informan el sistema procesal penal, cual es la inmediación como núcleo central de la producción probatoria, que le permitió en base al acceso directo con las pruebas formular las conclusiones que respaldan su decisión; aplicando asimismo el principio de la libre valoración, por el cual no existe el sistema de prueba legal o tasada, siendo el Juzgador libre para obtener su convencimiento, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica y de la experiencia, que en su conjunto expresan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de la forma como lo hizo.
Por su parte, el Tribunal de apelación al considerar que la sentencia cumplió con la previsión establecida en el art. 124 del CPP y al sostener que se ha apreciado y valorado las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, ha obrado debidamente, pues su labor de control jurídico de la Sentencia y de la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora de Sentencia, ha sido cumplido de acuerdo a los parámetros establecidos por el art. 398 del CPP, al circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, sin advertir que el fallo fue sustentado en base a una defectuosa valoración de la prueba; teniendo presente además, que la facultad de control que debe ejercer respecto de la valoración de la prueba, no implica valorar nuevamente los hechos, pues tal labor excedería los márgenes del recurso y la competencia de dicho tribunal; sino la comprobación si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica, siendo que lo examinado ha gravitado en la decisión que traduce la Sentencia en base a criterios de razonabilidad.
Por otro lado, con relación a la mención realizada en el recurso de casación, en sentido de que los medios de prueba producidos y judicializados en el juicio, no merecieron una valoración lógica y razonable; corresponde señalar, que dicha posición, no se encuentra adecuadamente explicada al no ofrecer en forma suficiente, los fundamentos necesarios que permitan vislumbrar la deficiencia objetiva aludida, no expresa las reglas de la lógica que hubieren sido inobservadas, ni señala la parte del decisorio donde constan los errores, como tampoco proporciona la solución que pretende ni refiere la incidencia que de ello resultaría en la resolución de mérito; por lo que, esta deficiencia en el planteamiento, emergente de las apreciaciones del recurrente, permitió en forma atinada al Tribunal de alzada, arrimar a la conclusión de que el recurrente incurrió en una aseveración sin explicación lógica y coherente, sin sustento para demostrar el defecto denunciado, que confundió además, una supuesta omisión de valoración de la prueba o que la misma no hubiere sido tomada en cuenta -que no es evidente, como se fundamentó-, con la valoración efectuada pero en forma defectuosa, efecto este último para el cual, como se ha explicado, la referencia general no ha proporcionado los fundamentos necesarios para permitir realizar un mayor análisis de la problemática.
Finalmente, del análisis del precedente contradictorio esbozado en el acápite III.1. de la presente Resolución, se advierte que el Auto Supremo 401 de 18 de agosto de 2003, reflejó una situación de falta o ninguna respuesta de parte del Tribunal de alzada a los agravios alegados en recurso de apelación restringida, por lo que en prevalencia de las garantías constitucionales y el debido proceso, consideró que toda decisión que afecte manifiestamente el derecho de las partes, merece del órgano judicial un pronunciamiento fundamentado legal y doctrinalmente; en consecuencia, a tiempo de esbozar la doctrina legal aplicable, obligó al Tribunal de alzada, dictar un nuevo auto de vista que ingrese al análisis valorativo del recurso de apelación restringida, en los términos de los arts. 124, 398, 407, 408, 409 y siguientes del CPP.
En el caso presente, si bien el recurso de casación se encuentra fundamentado en una supuesta omisión de respuesta a los agravios alegados en el recurso de apelación vinculada a una defectuosa valoración de la prueba, aunque el enfoque advertido puede merecer rasgos aparentes, sus características no revisten una situación de hecho similar entre el precedente y el motivo alegado en el recurso de casación; por lo que el Auto de Vista impugnado, no incurrió en contradicción con dicho precedente.
Del análisis efectuado, se concluye que el Tribunal de alzada no incurrió en el defecto denunciado, porque dio respuesta fundada al reclamo alegado en el recurso de apelación restringida, como tampoco se observa la inexistencia de una situación contradictoria entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, por lo que el recurso interpuesto con el motivo alegado, deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Gerardo Galarza Zurita.

References: resolución 
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in dubio
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