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Luz Paz Miguélez
1 DOCUMENTOS EN LOS QUE SE INTERVIENE POR REPRESENTANTE Y SU ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL Fernando DE LA PUENTE ALFARO SUMARIO: I. Introducción. II. Las condiciones de protección del Registro y los documentos otorgados por representante. III. La calificación registral de los documentos otorgados por representante. IV. La calificación de la representación y los diferentes títulos formales que acceden al registro de la propiedad y al mercantil. V. Conclusiones. I. INTRODUCCIÓN D E nada sirve hablar del tema de la representación y del acceso de los documentos al Registro de la Propiedad y al Mercantil sino centramos la cuestión en el ámbito de la naturaleza y eficacia de dichos Registros. El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles dice el actual artículo 1.º de la Ley Hipotecaria. El Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de los empresarios individuales y sociales y de las demás personas y sujetos jurídicos y de los actos establecidos por la Ley viene a decir el vigente artículo 16 del Código de Comercio. Lo importante en ambos casos es que se trata de Registros de plenos efectos jurídicos, es decir, de Registros que no se limitan a publicar lo que les es propio, sino que con dicha publicación conforman, alteran o proveen de efectos jurídicos que antes no disfrutaban, a los derechos, personas o situaciones que a los mismos acceden. Tanto el Registro de la Propiedad como el Registro Mercantil españoles se distinguen así de los llamados Registros de documentos o Registros de mera publicidad caracterizados los primeros porque, aunque añaden eficacia jurídica a las situaciones que publican la misma, se limitan a hacer inoponible lo no inscrito AFDUAM 8 (2004), pp
2 F. DE LA PUENTE ALFARO frente a lo inscrito. Los últimos se caracterizan porque no añaden eficacia jurídica alguna a las situaciones, actos o contratos que publican, son meros archivos más o menos organizados que no tienen otra función que prestar ayuda a quien tiene que investigar los títulos relativos a un bien inmueble o un sujeto de Derecho Mercantil. El modelo de Registro de la Propiedad de plenos efectos jurídicos está en plena expansión como consecuencia de la transición de los países que formaban parte de la extinta Unión Soviética y su deseo de incorporarse a los países que disfrutan de economía de mercado. Son Registros de plenos efectos los de Inglaterra y Gales y el de Escocia, el de Islandia, el de Irlanda, el Registro de Dinamarca, el de Noruega, Suecia y Finlandia, el Registro de Lituania, el de Estonia y el de Letonia, los Registros de Alemania, Portugal, Suiza, Austria y los de Hungría, Albania, Rumanía, Rusia y Polonia, así como el Registro de Grecia, el de la República Checa, el de Eslovaquia y el de Eslovenia sólo por lo que a Europa se refiere. Quedan como Registros de mera oponibilidad o de documentos el Registro de la Propiedad de Francia y el de Holanda. No hay en Europa ejemplos de Registros de mero archivo o sin efectos jurídicos. Fuera de Europa, el Registro jurídico existe en la América de ascendencia hispana y en Brasil; en Asia es el sistema de toda Australia, Nueva Zelanda, Japón, la ciudad autónoma de Hong Kong, Singapur En África existe Registro Jurídico en Sudáfrica, en Marruecos y en otros países como Zimbabwe. En cuanto al Registro Mercantil es impensable una economía moderna de mercado sin que los agentes que en él operan puedan consultar y confiar en los datos publicados relativos a personas físicas o jurídicas. Los países de la Unión Europea están dotados de Registros Mercantiles con efectos jurídicos y los países que están en trance de incorporación los están desarrollando a marchas forzadas si es que no disponían ya de los mismos. Podemos concluir por tanto que el modelo de Registro jurídico tiene vocación de universalidad y está en plena expansión. No en vano tanto el Banco Mundial como Naciones Unidas lo consideran el modelo que mejor sirve al tráfico jurídico. Ahora bien por qué es así?, para qué sirve el Registro?, qué aporta a las situaciones que publica?, en qué mejora su existencia al tráfico jurídico? En definitiva por qué es mejor tener un Registro jurídico que no tenerlo? La razón es similar pero no idéntica para el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil. A) La razón de ser del Registro de la Propiedad Es preciso que hagamos un poco de memoria histórica y que tengamos en cuenta que lo que se da por supuesto (que el vendedor de un inmueble es su propietario y que aquél no tiene más cargas que las que podemos percibir) no lo es en absoluto. En el siglo xix el sistema tradicional de publicidad de la existencia de Derechos reales entró en crisis porque era incapaz de proporcionar seguridad jurídica a un incipiente mercado en el que, por primera vez en la historia, los bienes inmuebles comenzaban a ser objeto de un tráfico significativo, en el que por vez primera las transmisiones intervivos apuntan una importancia mayor que las mortis causa. La escasa transmisión de los derechos reales y la publicidad derivada de la pose- 214
3 AFDUAM 8 (2004) sión habían servido hasta entonces con relativa eficacia a la necesidad de poner de manifiesto los derechos reales que, oponibles frente a cualquiera, tenían plena eficacia incluso frente a los adquirentes que ignorasen su existencia. Los conflictos que se ponían de manifiesto por la existencia de situaciones clandestinas oponibles frente a un adquirente de buena fe se resolvían en el ámbito del Derecho Civil. Tratándose del conflicto existente por la existencia de derechos oponibles pero desconocidos por el adquirente acudiendo al saneamiento por defectos ocultos (art del CC). Tratándose de la inexistencia del título del transmitente el Derecho Civil no proveía (ni provee) otra solución que la alegación de usucapión (art. 609 del CC) o, si ésta no procede, de saneamiento por evicción contra el transmitente aparente (art del CC). En ambos casos la solución no es satisfactoria porque el adquirente de buena fe descubre que existe un derecho que le es oponible y que le perjudica o bien descubre que creyendo ser titular no lo es en absoluto al decaer su título frente a otro de mejor derecho. No es de extrañar que el germen del actual Registro de la Propiedad llevase por nombre el de Contaduría de Censos e Hipotecas, derechos que no llevan aparejada la posesión e indetectables por un adquirente incluso con la máxima diligencia. Los Registros de la Propiedad de títulos o derechos dan una solución integral a estos conflictos y con ello, coadyudan a la existencia de un tráfico jurídico que sería de otro modo imposible. La solución consiste, por un lado, en hacer inoponible cualquier derecho no inscrito que se trate de oponer a un adquirente de buena fe (principio de inoponibilidad de lo no inscrito) y, por otro, en mantener en su adquisición a quien adquiere de buena fe confiado en lo que publica el Registro aunque resulte inexistente el derecho de quien le transmitió (principio de fe pública registral). Los derechos publicados se imponen así frente a los no publicados y dotan a aquéllos de una eficacia de la que no disponían hasta entonces bien porque tenían que soportar la existencia de otros derechos preferentes bien porque podían decaer ante otros de mejor derecho. El acceso al Registro de la Propiedad hace a los derechos de mejor Derecho. B) La razón de ser del Registro Mercantil La motivación de su existencia es distinta aunque, lógicamente, la causa última es la misma. El Registro Mercantil surgió como consecuencia de la necesidad de obtener seguridad, sin precisar de complicadas y diletantes investigaciones, que permitiera a los agentes del tráfico mercantil conocer el ámbito de responsabilidad de las personas con las que contrataban o de sus agentes. En un principio las matrículas de comerciantes se limitaban a recoger quién ostentaba esta cualidad y quién no y sus efectos eran de mera publicidad. Es decir la matrícula se limita a facilitar el conocimiento con el fin de permitir un tráfico ágil pero sin alterar la realidad. En un momento posterior el Registro se perfecciona por la exigencia del tráfico y la inscripción cambia de sentido alterando, en beneficio del ejercicio con buena fe de los derechos, la realidad extrarregistral. A juicio de Joaquín Garrigues (1), si en un (1) Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Madrid, 1976, tomo I, p
4 F. DE LA PUENTE ALFARO principio el motivo de la aparición del Registro Mercantil fue proporcionar protección a los comerciantes que por medio de la inscripción dejaban de responder de las deudas de las sociedades personalistas o de las acciones de sus agentes y representantes, en un momento posterior se invirtió el principio y fue la protección de los terceros la que fundamentó el desarrollo jurídico de las antiguas matrículas de mercaderes. Los terceros confiando en el contenido del Registro se ahorraban la necesidad de complicadas y lentas investigaciones sobre la responsabilidad de las personas con quien pretendían contratar o sobre las facultades de sus agentes, pero con una ventaja añadida: lo no publicado en el Registro no les podía perjudicar (por ejemplo, una revocación de un cargo de factor o representante o la baja de un socio en una sociedad personalista). El principio de legitimación registral de que lo no inscrito no perjudica a tercero de buena fe (art. 21 del CCom.) evoluciona a una protección plena a favor de quien actúa confiado en lo publicado por el Registro (art. 20 del CCom.) (2). Posteriormente, al hablar de la calificación en el ámbito de los títulos representativos profundizaremos en el aspecto protector del contenido del Registro Mercantil. No cabe duda de que el Registro Mercantil es una institución en plena expansión, pues no sólo su contenido se ha ido ensanchando desde su creación (obligando al depósito de cuentas, por ejemplo, pero también en otros ámbitos como la legalización de libros de comerciantes, controlando el nombre social mediante la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, con el nombramiento de auditores ), sino que es una necesidad inherente a un Estado moderno. Sin una adecuada información mercantil y sin una adecuada protección a los que confían en dicha información no puede existir una economía de mercado tal y como hoy la entendemos. II. LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL REGISTRO Y LOS DOCUMENTOS OTORGADOS POR REPRESENTANTE Los efectos que produce el Registro sobre la situación o derecho publicado y que hasta ese momento no disfrutaba no se producen en cualquier caso sino que el ordenamiento procura que el contenido del Registro refleje a la realidad y sólo tengan acceso a los libros aquellas situaciones o derechos que son veraces y con apariencia de absoluta legalidad. Es decir, el Registro tiene que publicar que existen derechos porque efectivamente existen aunque a veces no sea así y la realidad registral civilmente inexacta se convierta en realidad cierta e inatacable. El principio de legalidad del Registro exige un doble requisito para que los derechos o las situaciones accedan a sus libros, por un lado, exige una documentación pública y, por otro, el juicio favorable a la inscripción por parte del (2) Antonio Esturillo López, Estudio de la Legislación sobre el Registro Mercantil. Práctica de legislación mercantil societaria, edición del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, 1993, pp. 48 y ss. 216
5 AFDUAM 8 (2004) Registrador de la Propiedad o Mercantil, funcionario encargado de la llevanza del Registro. Esta doble exigencia existe desde el primer momento de la promulgación de la Ley Hipotecaria en 1861 (3) y obedece a la doble necesidad de que sólo accedan al Registro de la Propiedad derechos cuya existencia sea incontrovertible y que sean derechos que tengan la mayor apariencia de legalidad posible (4). Veamos cómo y por qué en relación al tema que nos ocupa. Nuestro sistema de constitución y transmisión de Derechos Reales está basado en dos principios que, a los efectos que ahora nos importan son trascendentales: por un lado, el principio de libertad de forma o principio espiritualista en virtud del cual los contratos son válidos, cualquiera que sea la forma en que se celebren desde que concurra el consentimiento y demás requisitos para su validez (art del CC); por otro, que el dominio y los demás derechos reales se adquieren por la concurrencia del título y el modo (además de por el resto de modos previstos en el art. 609 del CC). Para acreditar que ambas circunstancias concurren el legislador ha establecido que sólo los documentos públicos accedan al Registro de la Propiedad, pues hacen fe de su fecha y del hecho que motiva su otorgamiento (art del CC) por lo que, acreditado que las partes afirman vender y comprar y que se afirma transmitir y adquirir el dominio u otro derecho real, se considera prueba suficiente de que así ha sido. Evidentemente esto no es suficiente, pues para vender y comprar (o para transmitir o constituir otro derecho real distinto del dominio), no es suficiente con decir que se vende y se compra, es preciso además que se reúnan el resto de requisitos que el ordenamiento: señaladamente que la persona que presta el consentimiento puede hacerlo (art del CC). Cuando es el propio titular el que comparece y manifiesta vender o comprar, el que manifiesta recibir el precio de la expropiación, el que manifiesta adquirir una concesión administrativa la voluntad de transmitir o adquirir es clara y terminante y no suele plantear problemas fuera de los casos de simulación. La situación es más complicada cuando la declaración de voluntad no la lleva a cabo el principal sino que es emitida por un representante. La representación es una situación jurídica de extraordinaria complejidad que tiene unos efectos jurídi- (3) «Como son tan extensos los deberes que el proyecto impone a los Registradores y tan grave la responsabilidad que hace pesar sobre ellos, natural es que exija que los que han de serlo, reúnan circunstancias que prometan el buen desempeño de su cargo, precaviendo así los males que no siempre se remedian fácilmente por completo cuando suceden, por más que la Ley, en su previsión, con medidas preventivas y reparadoras procure la completa indemnización de los perjudicados Todos los que lean la Ley con detención, se convencerán de que necesita tener muchos conocimientos jurídicos el Registrador, puesto que está llamado a resolver graves y complicadas cuestiones de Derecho» Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861, edición del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1974, tomo I, pp. 314 y 315. (4) En realidad dicha frase encierra una evidente contradicción: si los títulos que acceden al Registro son incontrovertibles la protección del Registro es superflua. Precisamente porque la realidad registral se impone a la extrarregistral se pretende, mediante la depuración de los títulos (principio de legalidad), que el efecto protector del Registro sea la excepción evitando que la realidad registral llegue a desplazar a la registral como norma. 217
6 F. DE LA PUENTE ALFARO cos importantísimos que afectan, al menos, a tres personas distintas: al representado, porque se van a producir en su patrimonio efectos jurídicos sin que sea el quien los lleve a cabo, a veces sin su conocimiento e incluso sin su consentimiento o contra su consentimiento (arts. 154 y 1727 del CC); al representante, porque su actuación va a producir efectos jurídicos en el patrimonio de su principal de los que va a tener que responder (arts. 168 y 1720 del CC); el tercero que contrata con el representante, porque se vincula con una persona distinta de la que ha prestado el consentimiento (art del CC). Para que en este caso se produzca la transmisión o constitución de un derecho real es preciso que concurran una serie de requisitos sin los cuales no se produce aquélla ni entre las partes ni frente a terceros: estos requisitos son comunes a todos los fenómenos representativos y son los siguientes: Es preciso que quien actúa como representante sea efectivamente tal, es decir, es preciso que tenga título representativo ya sea legal, judicial o voluntario y que su título esté vigente al tiempo de la actuación. Es preciso que actúe dentro del ámbito de su poder de representación sea este legal, judicial o voluntario. Si falta alguno de los requisitos no hay actuación representativa y, en consecuencia, no hay válida prestación de consentimiento ni, en consecuencia, efectos derivados del contrato o del acto jurídico de que se trate. Si nos encontramos en el ámbito de los Derechos reales, la actuación por representante sin título representativo o fuera del ámbito de su representación no vincula al patrimonio del principal ni produce efectos frente al mismo ni frente a terceros. El artículo del Código Civil expresa estas ideas con total claridad al decir: «Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante». (Tribunal Supremo. Sala I de lo Civil. Sentencia 1072/2001, de 13 de noviembre) (5). En el ámbito de los derechos reales esto quiere decir sencillamente que quien constituye, transmite, modifica, adquiere o extingue en nombre de otro sin título (5) En el desarrollo de este motivo se mantiene que aquel contrato de compraventa se celebró sin poder de representación de uno de los copropietarios, pero medió una posterior ratificación tácita, por lo que es plenamente válido y eficaz. Este argumento se rechaza y el motivo se desestima. En primer lugar, la declaración tácita es aquella que se deduce de una declaración o de un comportamiento, que no admiten duda como hechos concluyentes de su significado; así las sentencias de 28 de septiembre de 1987 que, con abundante cita de jurisprudencia anterior, destaca la facta concludentia y de 19 de diciembre de 1990 que destaca la necesidad de actos inequívocos; en el mismo sentido, la de 28 de junio de En segundo lugar, la ratificación a que se refiere el motivo, no existe, no aparece, no la mencionan las sentencias de instancia, ni esta Sala la acepta, deduciéndola de actos que de ningún modo demuestran la voluntad unívoca de ratificar. En consecuencia, el negocio jurídico contrato de compraventa es nulo, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial o más bien inexistente, ya que la pseudorepresentante no emitió declaración en nombre de D. D. A. porque carecía de poder de representación y éste, pseudorepresentado, tampoco la emitió ni nunca quiso emitirla; a falta de declaración, el negocio jurídico carece de este elemento esencial y no llegó a existir. 218
7 AFDUAM 8 (2004) para ello o fuera del ámbito de su poder de representación ni constituye, ni transmite, ni modifica, ni adquiere, ni extingue. Tan radicales efectos o mejor, falta de efectos, impide desde luego que accedan al Registro aquellos contratos o actos jurídicos de los que no resulta, indubitadamente, que hay título representativo y que se ha ejercitado dentro de sus límites. Teniendo por objeto el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil la publicidad de derechos o de actos jurídicos es evidente que no se puede publicar como existente lo que no lo es o lo que no presenta una apariencia suficiente de ser. Si no fuera así, el Registro provocaría lo contrario de lo que pretende publicando como real lo que de antemano se sabe que no lo es o se sospecha que no lo es. Si el Registro de la Propiedad tiene por objeto la publicidad de los actos relativos al dominio y demás derechos sobre bienes inmuebles es claro que nada hay que publicar cuando no se ha producido acto alguno relativo al dominio o a otro derecho real. Del mismo modo el Registro Mercantil no podría extender su protección a actos que de antemano se sabe que no responden a la realidad o que se sospecha que no lo son. Si el Registro Mercantil tiene por objeto la publicidad de los actos de los comerciantes nada procede publicar si no hay acto mercantil. III. LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS DOCUMENTOS OTORGADOS POR REPRESENTANTE Acreditado que cuando no hay efecto real no hay nada que publicar, es claro que el funcionario encargado del Registro debe rechazar todo documento del que no resulte que efectivamente se dispone de título representativo y que lo actuado cae dentro del mismo. Este juicio de idoneidad, a los solos efectos de practicar o no la inscripción en el Registro, se denomina calificación registral y se limita a permitir o no la entrada en los Libros del Registro de los títulos que al mismo se presentan. Esta actividad es propia de los Registros jurídicos y, por tanto, no sólo del Registro de la Propiedad o del Registro Mercantil (art. 1.8 de la Ley Hipotecaria y del CCom.), sino también del Registro de Cooperativas (art. 109 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), o del de Patentes (arts. 31 y 79 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad) o del de Marcas (art. 50 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) o del Registro Civil (art. 27 de la Ley de 8 de junio de 1957). En todos estos casos se reconoce la facultad de examen del funcionario encargado del Registro y se la denomina precisamente «calificación». El artículo 18 de la Ley Hipotecaria recoge la esencia de esta actividad al decir: «los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». En términos casi idénticos se pronuncia el artículo 18 del Código de Comercio. Más sucintamente el artículo 79 de la Ley de Patentes: «El Registro de la Propiedad Industrial calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan 219
8 F. DE LA PUENTE ALFARO de inscribirse en el Registro de Patentes, los cuales deberán aparecer en documento público. Este Registro será público». Y la Ley de Marcas en su artículo 50: «Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción». Y el artículo 27 de la Ley del Registro Civil: «El encargado del Registro competente calificará los hechos cuya inscripción se solicite por lo que resulte de las declaraciones y documentos presentados o del mismo Registro. En cuanto a las declaraciones, la calificación comprenderá la capacidad e identidad del declarante. La de las sentencias y resoluciones se limitará a la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades extrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio Registro». El artículo 19 del Reglamento del Registro de Cooperativas, a su vez: «Admitida a trámite la solicitud conforme al artículo anterior, el Registro de Sociedades Cooperativas procederá a la calificación del acto objeto de la inscripción registral, mediante el estudio de su adecuación jurídica y del cumplimiento de las formalidades exigibles en los documentos en que se formaliza, en los términos de la Ley de Cooperativas, en este Reglamento y demás normativa de carácter imperativo». No es posible confundir dicha actividad de todo encargado de un Registro Jurídico con la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, pues, como queda dicho, la decisión del encargado es a los solos efectos de inscribir o no, pero sin prejuzgar sobre la validez o no del título presentado a inscripción, cuestión esta reservada a aquéllos con carácter exclusivo (6). Cuando de representación se trata, para que el juicio de idoneidad pueda ser llevado a cabo, es preciso verificar, de acuerdo con lo dicho hasta ahora, los siguientes aspectos: A) Que el representante tiene título representativo Si se trata de un representante legal, es decir, de persona cuyo título representativo emana directamente de la Ley, basta con acreditar la existencia del supuesto previsto por el ordenamiento para que se considere acreditada la representación. Así, los padres son los representantes legales de los hijos. La relación paterno filial se acredita por exhibición de la inscripción del Registro Civil o por la del Libro de Familia (arts. 2, 7 y 8 de la Ley del Registro Civil). Determinada la relación paterno filial, queda determinado el título representativo por aplicación directa de la Ley (art. 162 del CC). Ahora bien, la representación legal de los hijos menores corres- (6) Cualquiera que sea el Registro que rechace un título lo puede hacer porque el mismo no es válido (alegando, por ejemplo, el art del CC), pero esto no quiere decir que haya una declaración de nulidad del título, que sólo compete a los Tribunales. La declaración supone exclusivamente que el título no puede inscribirse porque se aprecia un vicio de nulidad, pero dicha declaración del Encargado se agota en el procedimiento de inscripción y no trasciende sus límites. 220
9 AFDUAM 8 (2004) ponde a los dos padres y no a uno solo, salvo los casos previstos en el artículo 156 del Código Civil en los que es ejercitada por uno solo de los progenitores. En este caso es preciso acreditar la concurrencia de cualquiera de estas causas para justificar que el título representativo recae en el que aparece como único representante. Dichas causas son variadas por lo que variado ha de ser el medio de justificarlas: la ausencia, muerte o incapacidad mediante certificación del Registro Civil (art. 2 de su Ley reguladora) o por traslado de la resolución judicial que la declara; la falta de progenitor con filiación determinada se acredita mediante certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil de la que resulte que aquélla sólo está establecida en cuanto a uno de ellos. La atribución judicial del ejercicio de la representación a uno solo de los padres como consecuencia de un procedimiento de separación o divorcio mediante la aportación de la sentencia judicial firme que así lo declare (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de enero de 1989). Puede tratarse de un representante designado por la autoridad judicial. En todos estos casos el título representativo surge de la confluencia de dos circunstancias: la declaración de que determinada persona carece de capacidad jurídica suficiente para todos o determinados actos de su vida y el nombramiento que para suplir dicha falta efectúa el Juez en la persona del representante. En el caso del sujeto a tutela el estado del representado y la existencia de la tutela y, en consecuencia, del título representativo se acreditan por certificación del Registro Civil (art. 214 en relación al 218 del CC). Ahora bien, dado el carácter constitutivo de la resolución judicial por la que se declara el estado de incapacitación y de aquella por la que se designa al tutor, es suficiente para acreditar una y otra el testimonio de la resolución judicial de la que resulten, aunque no se justifique la inscripción en el Registro Civil (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de noviembre de 2002). En cuanto al defensor judicial debe acreditarse la incapacitación de la persona en nombre de la que actúa y su nombramiento por traslado de la resolución judicial de que así resulte. El defensor del ausente acredita su nombramiento y su título representativo mediante certificación del Registro Civil (arts. 1 y 89 de la Ley del Registro Civil), aunque nuevamente bastará, para justificar la existencia del estado de ausencia legal y el nombramiento de representante, el traslado de las resoluciones judiciales de las que así resulte. Puede tratarse de un representante voluntario y en este caso puede ser que una persona física designe a alguien para que le represente en todos o en parte de los actos jurídicos que puede realizar. La forma de acreditar el título representativo es mediante el documento formal que lo recoge, la escritura pública de poder. El principio de legalidad impone que todo documento por el que se pretende oponer una representación voluntaria resulte de forma documental pública (art del CC) y, por tanto, es su exhibición la que justifica la existencia de título representativo (ver la curiosa Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de mayo de 2001) (7). (7) Se pretendía inscribir una alteración del Registro de la Propiedad basándose en un título representativo no justificado mediante forma documental pública alegando la falta de reclamación del principal en el plazo establecido para la prescripción de los derechos. 221
10 F. DE LA PUENTE ALFARO Puede tratarse también de un representante de una persona jurídica, en cuyo caso, aunque se habla de representación voluntaria en la medida en que es libremente designado por dicha persona, su existencia es obligatoria, pues las personas jurídicas no actúan por sí, sino por medio de personas físicas. En este caso debe acreditarse el título representativo mediante el documento que recoja el poder de representación, mediante el nombramiento como administrador de la persona jurídica o societaria o como representante de la asociación, cooperativa, fundación, comunidad en régimen de Propiedad Horizontal a la que se represente. Ahora bien, dada que la formación de la voluntad de la persona jurídica no es igual que la de la persona física, es imprescindible que del título del que se desprenda la representación se derive la concurrencia de los requisitos necesarios para la validez de aquélla de conformidad con sus propias normas reguladoras. La cuestión puede alcanzar una gran complejidad y para muestra un botón: pensemos en un apoderado que actúa en representación de una Sociedad en virtud de un poder conferido a su favor por el Consejero Delegado, quien, a su vez, fue nombrado como tal por el Consejo de Administración de la Sociedad, el cual, por su parte, fue nombrado por acuerdo de la Junta General de socios. Para que el poder de representación sea válido debe haber sido otorgado por quien tiene facultades para ello, el Consejero Delegado las tiene siempre que, a su vez, haya sido designado válidamente por un Consejo de Administración válidamente constituido y con la mayoría legal o estatutaria precisa, el cual, a su vez, sólo es válido si ha sido escogido por la Junta de Socios válidamente constituida y por el quórum de votación legal o estatutariamente exigible. Siempre, claro está, que la Sociedad haya sido válidamente constituida por riguroso cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigibles. Es decir, para poder apreciar la existencia de título de representación válido en el apoderado y que, por tanto, su actuación vincule al principal la Sociedad es preciso, mediante un proceso de investigación de los sucesivos títulos, determinar que toda la cadena de acontecimientos de los que se deriva el título representativo carece de tacha de nulidad. Evidentemente esto va en contra del tráfico jurídico y es incompatible con las exigencias de una economía moderna y es uno de los motivos que justifica la existencia de los Registros Jurídicos de personas, ya sea el Registro Mercantil o el de Cooperativas. En virtud del principio de legitimación registral propio de los Registros jurídicos se presume que lo inscrito existe y es válido, por lo que basta acreditar la inscripción en el Registro correspondiente para que se considere acreditada la existencia del título representativo (art. 21 del CCom., art. 111 de la Ley de Cooperativas). Dicha circunstancia puede acreditarse mediante la aportación de la escritura pública en la que conste la nota de inscripción del registro que corresponda o bien por certificación del propio Registro. Cuando la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, pero susceptible de representación, no se inscribe en Registro Jurídico, no hay más remedio que acreditar todas las circunstancias de las que se deriva la existencia del título representativo (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de noviembre de 1998). Se puede objetar a todo lo anterior que la mera acreditación de que ha existido un título representativo no garantiza la persistencia del mismo, no garantiza que el representante disfrute de dicho título en el momento de contratar con tercero. La respuesta es que efectivamente es así. La objeción es cierta y lícita: el título repre- 222
11 AFDUAM 8 (2004) sentativo revocado o caducado equivale a la inexistencia de título y nos reconduce nuevamente a la situación del falsus procurator y a los efectos o ausencia de efectos previstos en el artículo del Código Civil (8). La cuestión es ahora ligeramente más complicada, pues ya no se trata de acreditar la existencia de un título, sino su persistencia, lo cual es extraordinariamente difícil, pues las vicisitudes del título representativo no tienen por qué depender de la actividad del principal y su subsistencia, en consecuencia, no depende necesariamente ni de su acción ni de la actividad del representante. Pero en el ámbito de la representación voluntaria, que, por su naturaleza, depende esencialmente de la actividad del principal, es ésta la que con mayor frecuencia determina la subsistencia o no del título representativo. Es perfectamente posible que el título haya decaído, y sea inexistente, porque así lo ha dispuesto el principal sin conocimiento del representante o porque se haya producido alguna de las circunstancias que provocan la extinción del título representativo, aun sin la voluntad del principal. Es evidente que en este ámbito lo actuado por el representante ignorando aquella circunstancia no puede caer bajo el ámbito del artículo del Código Civil. Ejemplos de esta situación son los previstos en el artículo del Código Civil conforme al cual vincula al principal todo lo actuado por el representante cuando contrata de buena fe, pese a la extinción del título representativo por fallecimiento, revocación u otra causa de desaparición del título (la STS de 16 de junio de 1990 confirma plenamente la interpretación clásica del precepto). En el mismo sentido el artículo prevé la vinculación del principal cuando el poder se ha dado para contratar con determinadas personas y se ha revocado sin que aquéllas hayan sido notificadas de la circunstancia. En sentido muy similar para los poderes mercantiles el artículo 291 del Código de Comercio. Cómo entonces se puede acreditar la vigencia del título representativo? La respuesta es que no se puede o que no se puede siempre y que la pretensión de alcanzar seguridad completa y absoluta es ilusoria, siendo suficiente para el tráfico jurídico una razonable seguridad acorde con los usos y con el ejercicio de los derechos conforme al principio de la buena fe (arts. 6 y del CC). Desde este punto de vista basta acreditar que se está en posesión del título representativo y que del mismo no resulta circunstancia alguna de la que se deduzca su extinción (como la existencia de un plazo de ejercicio, por ejemplo) para que se alcance una razonable seguridad jurídica suficiente para que el documento por el que se realiza la mutación jurídico real pueda ingresar en el Registro. Ciertamente con ello no alcanzamos la plena seguridad, pues nada impide al representante desleal, conocedor de la extinción del título representativo, actuar como si estuviese vigente. La respuesta del ordenamiento es la propia de situaciones similares: el tercero de buena fe está protegido (art del CC) y la responsabilidad por lo actuado se traslada al ámbito de las relaciones entre el falso procurador y su principal (art del CC). En sede de representación orgánica de personas jurídicas nos encontramos ante el mismo problema: puede que el cargo del que emana el título representativo haya sido revocado por el principal o sencillamente haya caducado por transcurso del plazo legal o estatutario. Si se trata de persona jurídica inscrita en un Registro jurí- (8) Díez Picazo, La representación en el Derecho Privado, Civitas, 1979, p
12 F. DE LA PUENTE ALFARO dico, la revocación no inscrita no perjudica a tercero, a quien ha contratado confiado en lo que aquél publica; la caducidad del cargo, al producirse ope legis, desarrolla todos sus efectos desde que el momento llega, pues el Registro publica dicha circunstancia y el tercero no puede alegar protección (véase empero el art. 145 del Reglamento del Registro Mercantil). Cuando de representación legal se trata, la cuestión es básicamente la misma aunque ahora es mucho mas difícil, por no decir imposible, que el representante legal ignore la existencia de causa de extinción del título representativo. La representación de un padre sobre el patrimonio de sus hijos no dura siempre, pues se extingue naturalmente por la mayoría de edad de éstos y artificialmente cuando la patria potestad se extingue por decisión judicial (art. 170 del CC). Nuevamente la solución, en caso de actuación desleal, se traslada a la relación paterno filial en beneficio de los terceros de buena fe (véase la regulación del art. 156 en relación al 168 del CC). Para los representantes cuyo título representativo emana de una decisión judicial, la respuesta es similar aunque con un matiz importante: si el representante es de aquellos que tienen que inscribir su cargo en el Registro Civil y se ha justificado debidamente esta circunstancia y no resulta del contenido del Registro circunstancia alguna que desvirtúe la persistencia del título representativo, los terceros están plenamente protegidos por así resultar de lo establecido en el artículo 2 de la Ley reguladora del Registro Civil. B) Suficiencia del título representativo Es ésta la cuestión más importante de las que tienen que ver con la intervención por medio de representante y es que si bien en ocasiones el título es claro y no ofrece dudas sobre la corrección de la actuación del representante, no siempre es así y es precisa una labor de interpretación del título representativo a fin de determinar si lo actuado o no por el representante despliega sus efectos en el patrimonio del representado. Algunos ejemplos nos pueden orientar sobre la trascendencia de lo que estamos afirmando El apoderado con facultades para vender inmuebles puede segregar de una finca y después vender?, el apoderado para vender un inmueble puede vender una cuota del mismo? También en el ámbito de la representación legal puede plantearse la cuestión, pueden los padres declarar un edificio de un hijo en régimen de propiedad horizontal?, pueden fijar las normas estatutarias?, pueden, en ese ámbito, establecer un derecho de vuelo en beneficio de un condueño del edificio? Tengamos en cuenta nuevamente que la respuesta negativa a estas preguntas implica que lo actuado no produce efecto alguno en el patrimonio del representado. La labor interpretadora corresponde, en primer lugar, al propio representante que actúa en nombre del principal, pues lo hace por considerar que está legitimado para ello. En segundo lugar, la interpretación corresponde al tercero que contrata, pues recae en él la carga de apreciar si la actuación del representante le vincula o no con el principal. Finalmente, si interviene un funcionario público obligado por Ley a apreciar la existencia y suficiencia del título representativo, debe igualmente 224
13 AFDUAM 8 (2004) realizar su propia interpretación con el fin de prestar o excusar su intervención. Como se verá es ésta una cuestión de gran trascendencia. Diez Picazo entiende que dos son las notas que han de presidir, como idea general, la interpretación del contenido de las facultades representativas: la restrictividad y la objetividad (9). El primer criterio implica que el título representativo, en cuanto supone una enajenación o autolimitación del representado, no puede interpretarse extensivamente; cuando la Ley, el Juez o la voluntad particular crean un título representativo y le dotan de determinado contenido, hay que atenerse al mismo y no pretender hacerlo extensivo a supuestos no contemplados. Por el segundo criterio, especialmente si hay terceros de buena fe, es preciso considerar que el título representativo tiene el ámbito que normalmente se deduce de su contenido sin tener en cuenta lo que el representante, representado o tercero puedan entender al respecto. Esto implica que la aceptación por el tercero de que el contenido del título tiene una determinada extensión no permite oponer al principal dicha manifestación de voluntad si va en contra de lo que normalmente se acepta como propio del contenido del título representativo (aunque lo cierto es que si el título representativo es un poder voluntario la interpretación necesariamente abarcará la voluntad del poderdante). Esto es especialmente relevante en el ámbito del ejercicio de facultades dispositivas en el patrimonio del representado (enajenación, renuncia, gravamen), pues la gravedad de dichos actos y la rigurosidad de sus consecuencias jurídicas y económicas exigen las máximas precauciones a la hora de interpretar el título constitutivo. Una sólida y consolidada doctrina entiende lo siguiente: El título de representación para realizar actos de riguroso dominio no se presume. Sólo si el título de representación atribuye inequívocamente facultades para realizar actos de riguroso dominio puede la realización de los mismos tener eficacia en el patrimonio del principal. Las facultades de llevar a cabo actos de riguroso dominio deben estar especificadas: la concesión de facultades para llevar a cabo un tipo de actos no implica que se puedan considerar comprendidos otro tipo de actos (10). El problema de la suficiencia del poder no se presenta con la misma claridad en todos los tipos de título representativo: Cuando el título es de procedencia legal, es la propia Ley la que determina el ámbito del contenido del poder, por lo que sólo la actuación del representante dentro de ese concreto ámbito vincula al principal. Evidentemente pueden darse problemas de interpretación, pero con una importante salvedad, y es que no existe voluntad del principal que pueda ser indagada para averiguar su verdadero contenido; la interpretación es siempre objetiva y restrictiva. Cuando el título representativo procede de un acto de autoridad del Juez, pueden darse dos situaciones: que el contenido del poder de representación venga predeterminado por la Ley, como ocurre en los supuestos de rehabilitación o pró- (9) Díez Picazo, La representación en el Derecho Privado, Civitas, 1979, p (10) Íbidem, p
14 F. DE LA PUENTE ALFARO rroga de la patria potestad cuando nada dice la resolución al efecto (art. 171 del CC), o en el supuesto de nombramiento de tutor (art. 267), en cuyo caso o bien estamos ante el mismo supuesto anterior o bien la resolución judicial determina el contenido del título representativo y habrá que estar al contenido de la misma y a su interpretación. Cuando el título representativo procede de la voluntad del principal, hay que estar al contenido concreto del poder para determinar si la actuación del apoderado es suficiente o no. A diferencia de los supuestos anteriores el título representativo es enteramente privado, emana exclusivamente de la voluntad del principal, por lo que no es de extrañar que sea aquí donde se hace más arduo y necesario llevar a cabo una adecuada interpretación del contenido del poder. Lo mismo sucede en los supuestos de representación de personas jurídicas. Los representantes orgánicos de la misma tendrán un ámbito de representación que vendrá determinado por su norma reguladora (por ejemplo, en las sociedades civiles ningún socio puede llevar a cabo alteraciones en los inmuebles sin consentimiento de los demás, art del CC). En determinadas personas jurídicas no puede el representante realizar determinados actos previstos en los Estatutos o en la Ley sin consentimiento de un órgano específico (arts. 12 de la Ley Orgáni ca 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y 21 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones). En consecuencia es preciso completar el título de representación con ulteriores requisitos sin los cuales aquél es insuficiente. En las personas jurídicas mercantiles, sin embargo, el contenido del poder de representación de los administradores es típico, pues comprende cualquier acto que pueda quedar comprendido en el giro y tráfico de la empresa (arts. 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Esta declaración legal es de extraordinaria importancia, pues, como manifestación de la procura germánica, implica que los terceros de buena fe que contraten con dichos administradores no tienen por qué indagar cual sea el contenido de su poder de representación y la sociedad queda obligada en cualquier caso con el tercero trasladándose al ámbito interno las consecuencias de una errónea o injusta actuación del representante cuyas consecuencias, por tanto, no se traducen en una aplicación del artículo del Código Civil, sino en una eventual acción de responsabilidad de la sociedad o sus socios frente al representante desleal. No quiere esto decir que la sociedad queda obligada siempre y en cualquier caso, pues puede darse el caso de que el representante orgánico actúe de forma tal que la sociedad no quede vinculada ni aun con tercero de buena fe. Para ello es necesario que su actuación sea claramente contraria al objeto social; lo que ocurre es que dicha apreciación es sumamente difícil de realizar, pues aún determinados actos aparentemente no conectados con el objeto social pueden ser perfectamente lógicos como desarrollo del mismo (por ejemplo, la compra de un local donde realizar la actividad social). Por esta circunstancia es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado que en el estrecho ámbito del procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Mercantil no puede determinarse si una determinada actuación es o no conforme al objeto social correspondiendo a los socios que entiendan lo contrario las acciones oportunas de impugnación o, en su caso, de responsabilidad frente a la actuación de los administradores (así las Resoluciones de 11 de noviembre de 1991, la de 12 de mayo 226
15 AFDUAM 8 (2004) de 1994 o la de 17 de noviembre de 1998; véase empero el muy especial caso de la resolución de 25 de abril de 1997). Ahora bien, puede darse la circunstancia de que, aun siendo el título representativo perfectamente claro y estar la facultad ejercida o que se pretende ejercer perfectamente delimitada en su contenido, no exista poder de representación. Así ocurre cuando se produce la circunstancia de que los intereses del representante entran en conflicto con los del representado. Cuando se produce una situación de conflicto de intereses, el título representativo no surte efectos y el representante no puede actuar. No existe una declaración legal que genéricamente haga una afirmación semejante, pero hay numerosos preceptos en los que así se establece y existe una consolidada jurisprudencia y doctrina que avalan dicha apreciación. El conflicto surge cuando una persona actúa como representante de otra y, simultáneamente, en interés propio sobre el mismo objeto jurídico: es evidente que el representante tiene un conflicto para actuar en su propio beneficio y simultáneamente en beneficio de su principal. Este supuesto es conocido como autocontratación o supuesto más radical de conflicto de intereses en el que una sola persona vincula directamente dos patrimonios sobre los que ostenta poder directo bilateral o unilateralmente (compraventa por el representante de vendedor y comprador o compraventa de cosa propia del representante a favor del representado). Ejemplos de autocontratación son cuando el apoderado para vender quiere comprar los bienes del principal (art del CC) o cuando el padre, representante legal del hijo, desea hacer lo propio con los de éste (art del CC). Igual previsión cabe ver en otros preceptos legales (el 267 del CCom.). Cuando el conflicto de intereses es más complejo porque el representante actúa simultáneamente en el ámbito de dos esferas patrimoniales ajenas, se habla exclusivamente de conflicto de intereses, pero la consecuencia es la misma: inexistencia de título representativo para vincular ambos patrimonios, nulidad de lo actuado e ineficacia en el patrimonio de los respectivos principales. Así ocurre cuando el representante de dos personas distintas compra y vende en nombre de cada una de ellas o cuando el padre, representante de una compañía, compra, en nombre de la misma, bienes de su hijo menor al que representa. A diferencia de la cuestión de la suficiencia del título representativo, cuando surge el problema del conflicto de intereses no se cuestiona el contenido del poder de representación sino su existencia. No estamos ante una cuestión interpretativa, sino ante una cuestión de equidad de la que se deriva la inexistencia de título representativo para la realización de determinados actos a pesar de que los mismos, como tales, están comprendidos dentro del ámbito del título. Precisamente por ello el conflicto desaparece y el acto es válido si quien puede hacerlo presta expresamente su consentimiento al acto concreto del que surgiría el conflicto de no mediar dicha salvedad (11). Pero la cuestión dista todavía de ser sencilla porque en ocasiones no se aprecia claramente la situación de conflicto o porque, aun existiendo salvedad para autocontratar, ésta, debe, a su vez, ser objeto de interpretación. (11) Por ejemplo, doctrina emanada de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 21 de mayo de 1993 y 17 de noviembre de 2000: «Adviértase que el 227
16 F. DE LA PUENTE ALFARO Ejemplo de lo primero es el supuesto de que el administrador de una sociedad constituya hipoteca en garantía de una deuda propia del administrador. A pesar de que, como representante orgánico de la compañía, el ámbito de su poder permite la realización de un negocio semejante, el conflicto de intereses que implica que sea el beneficiario de tal actuación implica un conflicto y una privación (para ese acto concreto) del poder de representación (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de junio de 1999). Ejemplo de lo segundo es el supuesto de cláusula genérica en un poder para autocontratar el apoderado sin limitación alguna. Aunque la cuestión es dudosa, entiendo que una cláusula semejante no puede amparar una actuación auto representativa precisamente porque el conflicto de intereses surge en casos concretos y sólo se puede salvar en casos concretos y determinados de los que se derive la inequívoca voluntad del principal de autorizar un ejercicio del poder que puede serle perjudicial. Lo cual nos lleva al problema de determinar cuándo se puede entender salvado el conflicto para un caso concreto y si es posible hacerlo con antelación. Véase la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de abril de C) Forma del título representativo La representación debe acreditarse, como hemos visto bien, por determinación de las circunstancias de la que aquélla deriva (caso de la patria potestad), bien por acreditación de la decisión judicial o del negocio jurídico del que derive el título. La representación, como cualquier otro hecho jurídico, puede ser acreditada por cualquier medio de prueba y, por tanto, no está sujeta a requisitos especiales de forma para su validez. Ahora bien, cualquier título representativo que se pretenda hacer efectivo frente a tercero debe ser acreditado, bien mediante el documento del que se derive, bien mediante su prueba en el procedimiento correspondiente. Cuando la acreditación de la representación es extrajudicial, el documento formal del que se derive debe recoger todos los requisitos que hasta ahora hemos ido desgranando para su validez (a excepción de los que deriven directamente de la Ley). Sólo así el tercero que contrata tendrá una razonable seguridad de la existencia, subsistencia y suficiencia del título y de su oponibilidad al principal. En todos los casos el Registrador debe apreciar la forma de la forma, es decir, que la forma que recoge el título representativo reúne los requisitos formales exigi- tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación no se debe a obstáculos conceptuales (si el contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones de justicia (la defensa de los intereses del representado que sufren peligro en los actos en que el representante tiene que defender intereses contrapuestos)». Doctrina emanada de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 2 de diciembre de 1998: «Sin prejuzgar ahora sobre la naturaleza jurídica específica del denominado autocontrato, es lo cierto que la utilidad que para el tráfico jurídico puede comportar en determinadas ocasiones la ausencia de una genérica prohibición legal y el reconocimiento expreso de alguna de sus manifestaciones (cfr. art. 267 del CCom.) ha determinado una doctrina jurisprudencial favorable a la validez de la figura si media la pertinente licencia del principal o por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio quede manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato (sentencias de 5 de noviembre de 1956, 2 de febrero de 1968 y 27 de octubre de 1966)». 228
17 AFDUAM 8 (2004) dos por el ordenamiento jurídico. Así, los artículos 98, 99 y 100 del Reglamento Hipotecario. IV. LA CALIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y LOS DIFERENTES TÍTULOS FORMALES QUE ACCEDEN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y AL MERCANTIL El principio de legalidad que ilumina nuestro ordenamiento jurídico impone que cualquier alteración que se pretenda realizar del contenido del Registro esté debidamente acreditada, para lo que se exigen dos requisitos: que se pruebe la realidad de la alteración mediante la aportación de un documento público que haga fe de su fecha y del hecho que motiva su contenido (art del CC) y, por otro, que se emita un juicio de idoneidad o de calificación por el Registrador a los solos efectos de practicar o no la inscripción o asiento que corresponda. Este principio se recoge en los artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria y 18 del Código de Comercio. De acuerdo con lo anterior sólo los documentos públicos por los que se constituya, modifique, transmita o extinga el dominio u otro derecho real tienen acceso al Registro de la Propiedad. Sólo los documentos públicos por los que se acredite cualquiera de los negocios o actos que tienen acceso al Registro Mercantil pueden acceder al mismo. No obstante lo anterior, existen excepciones a este principio, algunas muy cualificadas, por lo que es preciso también tenerlas en cuenta. Distingamos así entre documentos privados y documentos públicos de origen administrativo, judicial o notarial. A) Documentos privados Los documentos privados pueden otorgarse directamente por los interesados en los actos que recogen o bien por representantes en su nombre. No están sujetos a formalidades determinadas, pero deben acomodarse a las exigencias de la legislación reguladora del Registro de la Propiedad o del Registro Mercantil (art. 21 de la Ley Hipotecaria). Este tipo de documentos, como queda dicho, aunque sean una excepción pueden afectar a grandes intereses como ocurre en los siguientes supuestos: Instancia por la que se solicita la cancelación de derechos inscritos cuya inexistencia pueda deducirse del contenido del propio Registro de la Propiedad (art. 82 de la Ley Hipotecaria). Instancia por la que se solicita anotación preventiva de crédito refaccionario con los mismos efectos que la hipoteca (arts. 59 de la Ley Hipotecaria y 155 de su Reglamento). Instancia por la que solicita la cancelación de hipoteca constituida en garantía de títulos endosables (art. 156 de la Ley Hipotecaria). Instancia privada por la que se solicita la inscripción a nombre del sucesor universal de todos o parte de los bienes de que es titular el causante (arts. 16 de la Ley Hipotecaria y 79 de su Reglamento). 229
18 F. DE LA PUENTE ALFARO Instancia privada por la que las personas interesadas en la inscripción suplen la falta en un documento público de alguna circunstancia que la impida (art. 110 del Reglamento Hipotecario). Instancia privada por la que se lleva a cabo la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre diversas fincas hipotecadas (art. 216 del Reglamento Hipote cario). Instancia por la que se solicita la constancia por nota marginal de la existencia de un derecho de retorno arrendaticio (art. 15 del Reglamento Hipotecario). En todos estos supuestos se permite el acceso al Registro de la Propiedad de dichos documentos, bien porque la circunstancia por la que se crea, modifica o extingue un derecho resulta del propio Registro, bien porque se puede acreditar con documentación complementaria principal o accesoria. Si el documento privado no está firmado por quien tiene la legitimación para alterar el contenido del Registro, el titular registral, sino que lo hace un representante en su nombre, debe acreditarse dicha representación en toda su plenitud en todos los aspectos que hemos ido analizando: Existencia y forma del título representativo. El principio de legalidad nuevamente exige que dicha acreditación sólo pueda ser llevada a cabo mediante forma documental pública y, en consecuencia, deberá aportarse al Registro para su examen el documento del que derive la representación, ya se trate de un Libro de Familia o certificado de nacimiento para acreditar la representación derivada de la patria potestad, la resolución judicial o certificación del Registro Civil, en su caso, de la que derive la representación de un tutor o la escritura de poder de la que derive la representación voluntaria. Tratándose de personas jurídicas habrá que acreditar el carácter de administrador, gestor, presidente o cualquier otro que le legitime de quien haya firmado la solicitud de rectificación del Registro. Si la suficiencia de la representación no resulta de la aplicación directa de la Ley o de la documentación aportada por precisarse ulteriores requisitos, será preciso la acreditación de los mismos en forma documental pública, ya se trate de una autorización judicial, de la autorización de una Junta de socios o de unos estatutos de una sociedad civil. En todos los casos la interpretación de si existe título representativo y si el mismo es suficiente es realizado exclusivamente por el firmante del documento y por el Registrador. En resumen, sólo cuando todas las circunstancias de las que se deriva la eficacia de lo actuado en el patrimonio del representado se han puesto de manifiesto mediante forma documental pública puede procederse a la rectificación del contenido del Registro de la Propiedad. En cuanto al Registro Mercantil pueden acceder al mismo algunos documentos privados como son: La instancia por la que se solicita la apertura de folio a empresario individual (siempre que no sea naviero, art. 93 del Reglamento del Registro Mercantil). La instancia por la que se solicita la inscripción del nombramiento y cese o dimisión de los administradores o liquidadores de las sociedades o la aceptación de la delegación de facultades de órganos colegiados (arts. 95,142, 147, 151 y 245 del Reglamento del Registro Mercantil). 230
19 231 AFDUAM 8 (2004) En estos últimos casos suele ser innecesaria la acreditación de la representación por resultar del propio Registro Mercantil; si no es así debe acreditarse en la forma explicada anteriormente. B) Documentos judiciales Los documentos judiciales son una fuente importantísima de producción de asientos en el Registro de la Propiedad y en el Registro Mercantil. Dichas modificaciones son de muy distinta clase y van desde la práctica de anotaciones preventivas de embargo o demanda en virtud de mandamientos judiciales a la inscripción de transferencias de dominio o de constitución, modificación o extinción de derechos reales, ya sean derivadas de sentencias o autos recaídos en procedimientos ejecutivos u otros no plenarios o declarativos según los casos. Dejando de lado los documentos que provocan anotaciones preventivas, asientos puramente provisionales y que sólo advierten de la existencia de un proceso contra el titular registral, pero que, de momento, no producen alteración del contenido del Registro, vamos a centrarnos en los documentos que producen una alteración del contenido del Registro por contener una constitución, una modificación o una extinción de un derecho real en el caso del Registro de la Propiedad o de una situación jurídica en el caso del Mercantil. Igualmente debemos dejar de lado el hecho de que las partes o sus representantes deben actuar en juicio a su vez representados por un procurador (art. 24 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ya que esta circunstancia obedece a otras motivaciones (y sin perjuicio de que la falta de representación por procurador tiene importantes consecuencias en el proceso). Como pone de relieve el artículo 40 de la Ley Hipotecaria, toda alteración del contenido del Registro que no derive del consentimiento del titular registral debe practicarse en virtud de sentencia firme (arts. 257 de la Ley Hipotecaria y 521 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Al igual que cualquier otro documento que accede al Registro, la sentencia es objeto de calificación por parte del Registrador, es decir, es objeto de un juicio de idoneidad a los solos efectos de practicar o no la inscripción. Ahora bien, dicha calificación está limitada a los aspectos que recoge el artículo 100 del Reglamento Hipotecario que comprende la competencia del Juzgado o Tribunal, la congruencia del mandato con el procedimiento, las formalidades extrínsecas del documento presentado y los obstáculos que surjan del Registro. Como vemos el precepto no hace alusión alguna a la capacidad de las partes ni, en consecuencia, a la intervención por representante. No quiere decir esto que no haya supuestos en los que la alteración del contenido del Registro no sea consecuencia de actuación representativa, pues ésta existe en los procesos y, como vamos a ver, es de gran importancia. Pensemos que hay supuestos en los que la representación en el ejercicio de las acciones es obligatoria por falta de capacidad del titular del interés (como en los casos de los menores que actúan representados por sus padres o tutores o el de los incapacitados que actúan representados por estos últimos) o porque la parte es una persona jurídica que necesariamente ha de ejercitar la acción por medio de su representante orgánico o voluntario (art. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Así, por ejemplo, ocurre si una sociedad ejerce la actio communi dividendo sobre el inmueble de que es propietario con un menor de edad. Tanto el actor como
20 F. DE LA PUENTE ALFARO el demandado sólo pueden ejercitar sus facultades como parte por medio de su representante. También ocurrirá si el representante de un incapacitado ejercita una acción declarativa contra una sociedad pretendiendo la declaración de nulidad de un acuerdo de ampliación de capital. Por qué cuando el documento judicial, la sentencia, es aportada al Registro para su inscripción no se califica si la sociedad actora estaba bien representada o si la representación del menor estaba o no en conflicto de intereses, si el tutor estaba en ejercicio de su cargo o si el apoderado que ha ejercitado el derecho a contestar la demanda tenía facultades suficientes? La respuesta es doble: por un lado, porque de la existencia o no de la debida representación depende la validez del procedimiento y la apreciación de tal circunstancia está reservada a los Jueces y Tribunales y, por otro lado, íntimamente ligado con el anterior, porque la apreciación de la representación es cuestión que ha de dilucidarse dentro del proceso. Efectivamente corresponde al Juez juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 de la Constitución) y dentro de su ámbito de decisión está la relativa a si las personas que ejercitan las acciones de las partes en el proceso están debidamente legitimadas para ello. Por ello no debemos confundirnos con la dicción del artículo 100 del Reglamento Hipotecario que, al referirse a la calificación de las formalidades extrínsecas, no se refiere a la existencia o no de representación, sino a la forma de la forma, a si el documento reúne los requisitos de forma precisos que la Ley establece para las sentencias. La exclusiva de la apreciación de si existe título representativo o no y si el mismo es o no suficiente (en consecuencia de su interpretación) está reservada al Juez (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de mayo de 2003). Cuando una de las partes comparece en el proceso y no lo hace personalmente (art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sino mediante un representante, ya sea legal, orgánico o voluntario, debe justificarse dicha representación mediante la aportación de los documentos de los que derive. Dicha documentación es objeto de un riguroso control de legalidad (art. 7 en relación al de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pues es la otra parte la que puede alegar defectos de representación y así paralizar el proceso. Efectivamente, en la audiencia previa al juicio ordinario se puede alegar defecto de representación de la parte contraria (art en relación al 418 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluso cuestionando su autenticidad, vide art En cuanto al Juicio ejecutivo, véase la oposición del demandado basada en defectos de representación y su posible consecuencia: dejar sin efecto la ejecución, art. 559). Si el Juez considera el defecto alegado de representación subsanable y no se subsana en el acto, concederá un plazo de diez días para ello y en caso contrario o en caso de considerarlo insubsanable sobreseerá el procedimiento dictando auto al efecto (art ). Pero es que aun después de iniciado el proceso si surgen cuestiones posteriores relativas a la capacidad o a la representación de las partes todavía puede, cualquiera de éstas, interponer una cuestión incidental que suspende el curso del procedimiento (arts. 390 y 391 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y que, tras los oportunos trámites y alegaciones de las partes, se resuelve por el Juez mediante auto que puede poner fin al proceso seguido hasta entonces. 232

References: artículo 1
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 79
 artículo 50
 artículo 27
 artículo 19
 artículo 156
 resolución 
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 Resolución 
 artículo 291
 artículo 2
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 Resolución 
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 artículo 40
 artículo 100
 artículo 100