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⭐I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES II. LA PROMESA DE MATRIMONIO Y EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE MATRIMONIO
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES II. LA PROMESA DE MATRIMONIO Y EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE MATRIMONIO
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Isabel Soler Blázquez
1 LA PROMESA DE MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL: REVISIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS ESPONSALES Encarnación ABAD ARENAS Becaria de Investigación del Departamento de Derecho Civil UNED 1 Sumario: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES II. LA PROMESA DE MATRIMONIO Y EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE MATRIMONIO 1. El valor jurídico de la promesa de matrimonio 1.1. Negación del valor jurídico de la promesa de matrimonio tras la Reforma practicada por Ley 30/1981, de 7 de julio 1.2. Valoración de la promesa de matrimonio como negocio nulo 1.3. El principio de libertad de matrimonio 2. Estipulaciones en el supuesto de no celebración de nupcias 3. La preceptiva inadmisión de la demanda y sus consecuencias según la redacción del artículo 42 del Código civil III. LA PROMESA DE MATRIMONIO: CALIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA 1. Naturaleza de la promesa de matrimonio 2. Fundamento de la obligación resarcitoria 3. Carácter Recíproco o unilateral de la promesa de matrimonio IV. EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS: PRESUPUESTOS Y REEMBOLSO DE LA OBLIGACIÓN 1. Presupuestos del artículo 43 del Código civil 1.1. Capacidad 1.2. Certeza de la promesa 1.3. Ausencia de causa 1.4. Libertad de forma 2. Alcance de la obligación de reembolso conforme al artículo 43 del Código civil 2.1. Concreción del quantum reembolsable Gastos y obligaciones susceptibles de reembolso Especial alusión a las donaciones por razón de matrimonio 2.2. Los daños patrimoniales indirectos y los daños morales derivados de la ruptura sin causa de la promesa de matrimonio 3. Las causas de extinción de la promesa de matrimonio V. CUESTIONES PROCESALES A LA LUZ DEL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO CIVIL 1. Legitimación de la acción 2. Plazo de la acción y la concreción del dies a quo 3. La carga de la prueba VI. REFLEXIONES CONCLUSIVAS VII. BIBLIOGRAFÍA I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES De conformidad a la ordenación sistemática del Código civil español de 1889, las previsiones dedicadas a la promesa futura de matrimonio, se integraban en el Libro I, Título Del matrimonio, sección segunda, Disposiciones comunes a las dos formas de matrimonio. En esta segunda sección se incluían los artículos 43 y 44, dedicados como decimos, a los 1 Este trabajo es uno de los resultados de la estancia de investigación realizada en la Universidad de Salerno, dirigida dicha estancia por la Profesora Dra. Dª Virginia Zambrano, Catedrática de Derecho, a quien rindo testimonio de mi agradecimiento por su generosidad personal y académica; la estancia se realizó financiada por la UNED dentro del Programa de promoción de la investigación como Becaria de Investigación del Departamento de Derecho civil de la UNED dirigido por el Catedrático Prof. Carlos Lasarte Álvarez, siendo la Directora de dicha Beca la Profesora Mª Fernanda Moretón Sanz, a quien también agradezco su constante apoyo y disponibilidad. 12 «Esponsales de futuro» y no, en puridad, al matrimonio en sí 2. Esta ordenación sistemática y la redacción de la figura, pervive pese a la reforma del año 1958 dedicada, fundamentalmente al régimen del matrimonio. Con todo, las rúbricas de las secciones se retocan y los artículos 43 y 44 pasan a encabezar la sección denominada Disposiciones comunes a las dos clases de matrimonios 3. La Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, pondría fin a esta equívoca ubicación y los esponsales o promesa de matrimonio se aíslan de las Disposiciones generales, con la adición de un nuevo primer capítulo intitulado «De la promesa de matrimonio». De modo que, en la actualidad, la promesa de matrimonio se encuentra recogida en los artículos 42 4 y 43 5, de conformidad a la redacción dada por la Ley 30/1981. Como se ha dicho, estos preceptos se encuentran ubicados en un capítulo propio «De la promesa de matrimonio», incluido en el Título IV del Libro I. En definitiva, con esta nueva ordenación, se evita la confusión normativa con el matrimonio y se configura como una institución distinta aunque, evidentemente, relacionada con él. Sin embargo, y pese a la distinta redacción de estos preceptos, las soluciones jurídicas son básicamente coincidentes con las que hasta ahora estaban en vigor. Por otra parte, las modificaciones no suponer un cambio sustancial, si bien hay que subrayar que 2 Literalmente era: Título IV Del matrimonio, Capítulo Primero Disposiciones generales, Sección primera. De las formas del matrimonio: Art. 42. La Ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determina este Código; Sección segunda. Disposiciones comunes a las dos formas de matrimonio Art. 43. Los esponsales de futuro no producen obligación de contraer matrimonio. Ningún Tribunal admitirá demanda en que se pretenda su cumplimiento. Art. 44. Si la promesa se hubiere hecho en documento público o privado por un mayor de edad, o por un menor asistido de la persona cuyo consentimiento sea necesario para la celebración del matrimonio, o si se hubieren publicado las proclamas, el que rehusare casarse, sin justa causa, estará obligado a resarcir a la otra parte los gastos que hubiese hecho por razón del matrimonio prometido. La acción para pedir el resarcimiento de gestión, a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. 3 Ley de 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados artículos del Código civil (BOE 99, de 25 de abril de 1958). 4 «La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración.- No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento». 5 «El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido.- Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio». 23 introducen ciertas novedades de detalle, tanto en relación con la irrelevancia de la promesa de matrimonio, como en la trascendencia de su incumplimiento en el plano patrimonial. Por tanto, la nueva redacción no implica tanto una profunda transformación del régimen precedente, como una sistemática más idónea de los preceptos, el abandono de la terminología esponsales de futuro por el término promesa de matrimonio y la aclaración de algunos extremos en la forma ya admitidos por la doctrina. En síntesis, los cambios y modificaciones mencionadas no afectan al fondo de la institución y se conserva la opción básica de nuestro Derecho sobre la negación de toda fuerza vinculante a la promesa de matrimonio y la previsión de una limitada indemnización en ciertos supuestos. II. LA PROMESA DE MATRIMONIO Y EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE MATRIMONIO 1. VALOR JURÍDICO DE LA PROMESA DE MATRIMONIO 1.1. Negación del valor jurídico de la promesa de matrimonio tras la reforma practicada por Ley 30/1981, de 7 de julio Con la ya mencionada reforma de la Ley 30/1981, de 7 de julio, persiste la negación a la promesa del carácter de fuente de obligación para contraer matrimonio. La promesa comporta el compromiso de contraer matrimonio con una persona, en el entendido que, jurídicamente, no hay obligación de contraer nupcias, sino tan solo de indemnizar, caso de que se dé un incumplimiento sin causa. En concordancia a la ausencia de obligación no se reconoce acción judicial mediante la que se pueda pretender la exigencia de su cumplimiento 6. Por tanto, con el artículo 42 del Código civil (en adelante Cc) se niega toda trascendencia jurídica a un fenómeno de la vida social, reforzada la negativa al prohibir en su párrafo segundo la admisión a trámite 7 de la demanda que se persiga su cumplimiento. Este precepto que recoge la vieja tradición codificada consistente en que la promesa de matrimonio no es un negocio jurídico, se encuentra afirmada tanto en el ámbito civil, al negarle efectos jurídicos, como en el ámbito procesal, al prohibir la admisión a trámite de la demanda, lo que cierra el paso a su ejercicio en juicio 8. De modo que la promesa de 6 Vid., GARCÍA VARELA: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código civil», en Comentario del Código Civil. Ignacio GIL DE LA CUESTA (Coord), Bosch, Barcelona, 2000, p. 609; O CALLAGHAN MUÑOZ: Código Civil: Comentado y con Jurisprudencia, La Ley, Madrid, 2001, 2.ª ed., p Vid., las aportaciones de DELGADO ECHEVERRÍA: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código civil», en la obra Matrimonio y divorcio. Comentario al nuevo Título IV del Libro Primero del Código civil. José Luis LACRUZ BERDEJO (Coord), Civitas, Madrid, 1994, 2.ª ed., p. 40). 8 Vid., BADOSA COLL: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código Civil», en Comentarios del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p4 matrimonio aunque queda fuera del ámbito del Derecho -sin que suponga la prohibición de su celebración-, se mantiene como acto humano de la vida social 9. Esta absoluta ineficacia, con independencia del régimen jurídico según el cual se haya celebrado la forma, no implica ninguna valoración de carácter negativo por parte del Derecho respecto de quien promete contraer nupcias. A la promesa no se le atribuye un juicio negativo, puesto que no se rechaza ni su contenido ni su finalidad. Antes bien, el ordenamiento jurídico asume su existencia social, pero ajeno a lo jurídico, por lo que se trata de una figura cuya esencia es extrajurídica 10. Esencia extrajurídica, empero, que requiere del análisis de los determinados presupuestos configuradores de una obligación de indemnizar. Por su parte, la mejor doctrina 11 entiende que con esta negación de efectos jurídicos, se hace referencia a cualquier tipo de promesa -unilateral o, recíproca-, cualesquiera que sea su forma, lo que permite diferenciar entre la promesa a que hace referencia el artículo 42, de aquélla a la que alude el artículo 43 del Cc. Es decir, el artículo 42 menciona cualquier tipo de promesa de matrimonio, mientras que la promesa inserta del artículo 43 alude a la que se da en presencia de determinadas circunstancias que acarrean la obligación de indemnizar ciertos gastos. Se trata de una promesa al margen del Derecho, reducida a un acto de la vida social, sin efecto jurídico alguno, ya que de ésta no nace ninguna obligación. En definitiva, a la promesa de matrimonio no le será de aplicación la calificación de contrato o negocio jurídico, debido tanto a repetida irrelevancia jurídica que presenta la figura, como al hecho de no generar obligación alguna respecto de la celebración del matrimonio. Se trata de un acto jurídico: hecho humano producido por una voluntad consciente y generalizada en la vida social, pero ajeno al campo de los negocios jurídicos, si bien podrá originar obligación de indemnizar, de conformidad a lo previsto en el artículo 43 del Cc Vid., en este sentido, LLEDO YAGÜE: «La Promesa de Matrimonio», en Compendio de Derecho Civil. IV. Derecho de Familia. Corregida y adaptada a las Leyes 13/2005, de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio. Oscar MONJE BALMASEDA (Coord.), Dykinson, Madrid, 2005, 2.ª ed., p Vid., en este sentido, ASÚA GONZÁLEZ: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código civil», en Comentarios al Código Civil. Joaquín RAMS ALBESA, y Rosa M.ª MORENO FLÓREZ (Coord.), Bosch, Barcelona, 2000, p. 468; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., pp. 41 y ss. 11 Vid., ASÚA GONZÁLEZ, op. cit., p. 469; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p Vid., en este sentido, LASARTE ÁLVAREZ: «en caso de que la voluntad humana sea la causa genética de una determinada forma de proceder por parte de cualquiera, se deja de hablar de hecho, para pasarse a hablar de acto». Por otra parte, afirma que cuando dichos actos tengan consecuencias jurídicas, se deberá recurrir a la expresión de acto jurídico. Por lo que en dicha línea tendrían la consideración de actos jurídicos las conductas o actuaciones humanas, que sean realizadas de forma consciente y voluntaria. Conductas a las que el Ordenamiento jurídico atribuye cualquier tipo de efectos o consecuencias (Principios de Derecho Civil. I. Parte General y Derecho de la persona, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011, 17.ª ed., p. 382) y, vid., LUNA SERRANO: «Matrimonio y Divorcio» en El nuevo régimen de la familia. José Luis LACRUZ BERDEJO, Francisco SANCHO 45 1.2. Valoración de la promesa de matrimonio como negocio nulo Otra cuestión de interés, se concreta en establecer si la promesa de matrimonio es o no constitutiva de negocio nulo. Cuestión que se debe responder posiblemente- de forma negativa, debido a la imposibilidad de partir de un juicio negativo por parte del Derecho respecto de la promesa, ya que ni su contenido ni su finalidad son rechazados por éste 13. Asimismo, de dichos preceptos se desprende que el Ordenamiento asume la existencia social de la promesa, pero la considera en todo momento ajena a lo jurídico, lo que no impide que, en determinadas circunstancias, su incumplimiento se contemple como configurador de un supuesto de hecho determinante de la obligación de indemnizar una serie de gastos 14. En este sentido, mientras que el artículo 42 del Cc sigue considerando la promesa como un acto ineficaz jurídicamente, por su parte, el 43 establece su reconocimiento por el Derecho como una institución socialmente vigente y a la que no se pretende excluir de la práctica, por lo que el 42 se encarga de valorar la promesa, excluyéndola del ámbito de los negocios jurídicos, pero sin oponerse a su existencia 15. De modo que si se establece su reconocimiento por el Derecho, esto comporta que no le sea de aplicación lo previsto en el artículo del Cc y, por tanto, su régimen no será la nulidad ni su consideración legal la contradicción de la norma 17. En particular, llama la atención que el Derecho no prohíba la celebración del matrimonio por las partes, sino que únicamente se limite a negar fuerza vinculante al acuerdo establecido para llevar a efectos el matrimonio 18. En este sentido, y al tratarse de un ámbito como es el del Derecho de familia en el que la posibilidad de vinculación entre las partes se concreta a los negocios predispuestos por el legislador, lógico es pensar que los no acogidos, como sería el caso de la promesa de matrimonio, son simplemente irrelevantes para el Derecho 19. Por lo que esta irrelevancia basada en la inexigibilidad de su cumplimiento no comporta la expulsión o eliminación de la figura, debido a la valía social que ésta presenta en cuanto fenómeno social. REBULLIDA, Antonio LUNA SERRANO, Jesús DELGADO ECHEVERRÍA y Francisco RIVERO HERNÁNDEZ (Coord.), Cuadernos Civitas de Jurisprudencia civil, Madrid, 1982, p Punto en el que ASÚA GONZÁLEZ, sostiene que no podría ser de otra forma respecto de una actuación no sólo generalizada, sino que además se encuentra requerida por la lógica de las cosas en cualquiera de sus variantes (vid., op. cit., p. 468). 14 Vid., IBÍDEM. 15 Vid., BADOSA COLL: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código Civil», en Comentarios a las reformas del Derecho de Familia, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 110 a «-Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». 17 En el mismo sentido, vid., BADOSA COLL, «Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p Vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p Vid., en los mismos términos, LUNA SERRANO, op. cit., p6 En resumen, la promesa de matrimonio no se debe enfocar como un acto vulnerador de una prohibición legal, cuya ineficacia se deba reconducir al ámbito de la nulidad 20, por lo que no deberá tener la calificación de negocio nulo, sino de negocio indiferente o irrelevante para el Derecho -pero lícito, por no prohibido-, salvo las consecuencias previstas en el artículo 43 del Cc El principio de libertad de matrimonio La negación -por parte del legislador español- de la obligación de contraer matrimonio por razón de haberlo prometido, responde al principio de libertad de matrimonio 21. Principio reconocido en España, en el artículo del Cc y que enlaza con el artículo CE. Esta disposición concretada en que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo, es coherente con el concepto de matrimonio y con el principio de libertad de matrimonio -el matrimonio ha de ser fruto de la libre decisión de los contrayentes-, por lo que se trata de una norma fundada en el derecho absoluto de las partes a contraer matrimonio y, en el carácter incoercible del consentimiento matrimonial. Asimismo, con este principio el legislador español rechaza la posibilidad de utilizar mecanismos coactivos para emitir consentimiento matrimonial dirigido a forzar el cumplimiento de la promesa dada, debido a que el incumplimiento de dicha promesa de matrimonio no admite su cumplimiento forzoso 24, al excluir la libertad. 20 Vid., en este sentido, entre otros, BERCOVITZ y RODRÍGUEZ CANO: Comentarios al Código civil, Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 144; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., pp. 42 a Este principio que ha sido reconocido por los tratados internacionales como un verdadero y propio Derecho de la persona, en la actualidad, se encuentra consagrado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948; en el artículo 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y ratificado por España, por Instrumento de 26 de septiembre de 1979 y publicado en el Boletín Oficial del Estado, n. 243, de 10 de octubre de 1979; en el artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Nueva York, 19 de diciembre de 1966-, cuyo instrumento de ratificación por España se firmó en Madrid el 13 de abril de 1977 y, en el artículo 16 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, ratificada por España, por Instrumento de 16 de diciembre de 1983 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, n. 69, el 21 de marzo de También este principio se lee en las fuentes romanas: Libera matrimonia esse placet [C ]; [D. 45, 1, 134 pr. (PAULUS, libro XV, Responsorum)]. 22 «-No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. -La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta». 23 «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica». 24 Vid., SERRANO ALONSO: El nuevo Matrimonio Civil. Estudio de las leyes 13/2005, de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio, de Reforma del Código Civil. Con formularios, con la colaboración de Carolina SERRANO GÓMEZ y Eduardo SERRANO GÓMEZ, Edisofer, Madrid, 2005, p. 46; ASÚA GONZÁLEZ, op. cit., p7 Por otra parte, la libertad de matrimonio se protege con sólo la ineficacia del negocio de esponsales -sin llegar a la nulidad de la que no habla el artículo 42 del Cc-. Esto se justifica en el reconocimiento que hace el artículo 43 de su vigencia social 25. Reconocimiento que indudablemente impide su calificación de negocio prohibido 26. En síntesis, la redacción del artículo 42 del Cc concretada en que no hay obligación de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de la no celebración del matrimonio proyectado, se justifica en que el consentimiento al matrimonio es incoercible y se debe producir con entera libertad y espontaneidad. De modo que responde al principio de libertad matrimonial. Principio con el que se atiende a una exigencia ética que el matrimonio comporta, así como al principio que impide vincularse contractualmente a la adquisición o pérdida del Estado civil 27. En definitiva, este principio de libertad de celebración del matrimonio es un principio de orden público interno e internacional -no consagrado constitucionalmente- que limita la autonomía de los particulares, los cuales no podrán establecer ninguna forma de coacción - directa o, indirecta al matrimonio-, lo que explica la nulidad de toda pena convencional ESTIPULACIONES EN EL SUPUESTO DE NO CELEBRACIÓN DE NUPCIAS Dice el artículo 42.1 del Cc: «[ ] no produce obligación [ ] ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su no celebración». Innovación con la que el legislador español ha pretendido aclarar, expresamente, que tampoco hay obligación de cumplir lo estipulado para el supuesto de que no se lleve a cabo la celebración del matrimonio 29. Por tanto, la reforma de la Ley 30/1981, de 7 de julio, se aproxima a lo ya establecido por el artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil de Vid., BADOSA COLL, «Comentarios a los artículos, 1991, op. cit., p Cfr., Artículo 6.3 del Código civil. 27 Vid., en este sentido, DE VERDA Y BEAMONTE: «Consecuencias económicas derivadas del incumplimiento de la promesa cierta de matrimonio», en Curso sobre daños en el Derecho de familia, Retro-Exprés, Valencia, 2006, p En la misma línea, entre otros, vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p. 42; GARCÍA CANTERO: «Comentarios a los artículos 42 y 43 del Código civil» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo II. Manuel ALBALADEJO GARCÍA (Dir.), edición de acuerdo con la Ley 7 de julio de 1981, Revista de Derecho Privado, Edersa, Madrid, 1982, 2.ª ed., p Esta cláusula, no contenida en el Proyecto, fue introducida por el informe de la Ponencia, en el Congreso, al aceptarse una enmienda del Grupo Socialista (vid., Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, Proyectos de Ley de 6 de diciembre de 1980, n. 123, I, 1). 30 Sobre esta materia, vid., ESPÍN CÁNOVAS por cuanto mantiene que con el nuevo texto se añade la falta de efectos de la estipulación prevista para el caso de no celebración, así incorpora de modo expreso una antigua norma que impedía la eficacia de la cláusula penal. Por otra parte, sostiene que sus mismos efectos negativos se alcanzaban a través de otras normas más generales, como es la ineficacia de cualquier estipulación contraria 78 Aproximación que aunque no tenía lugar, debido a que el derogado artículo 43 del Cc de 1889 no hacía alusión alguna a tal extremo, la doctrina ya tendía a estimar ineficaz toda estipulación accesoria cuyo objeto primordial consistiera en reforzar la promesa de matrimonio, ya fuese mediante penas convencionales o arras arrendaticias 31. Esta consecuencia exigida por el tono enérgico que presentaba la fórmula legal del derogado precepto, obedecía a la imposición establecida por el principio de libertad matrimonial y al hecho de que se trataba de obligaciones accesorias que debían seguir la suerte de la principal 32. En buena lógica, ausente la obligación principal es decir, la de contraer matrimonio-, tampoco podrían pervivir sus accesorias. En síntesis, esta disposición se configura como novedad concretada en la ineficacia de los medios indirectos, con la intención de extender la ineficacia de la promesa a todo pacto que tuviese como finalidad sancionar su falta cumplimiento 33. En principio, si el tratamiento de tales estipulaciones parece que es la sancionada ineficacia de la promesa de matrimonio, su auténtico régimen jurídico es el de nulidad absoluta establecida por el artículo 6.3 del Cc 34. Apréciese que se pretende dar eficacia coactiva indirecta a los esponsales, frente a la norma imperativa del artículo 42 del Cc que establece su ineficacia directa. De modo que la ineficacia de las estipulaciones prevista por el precepto, se debe situar en un plano distinto al de la promesa de matrimonio, ya que la ineficacia de la promesa es consecuencia del mantenimiento de ésta en un plano extrajurídico y no de un juicio negativo por parte del Derecho, mientras que la ineficacia de las estipulaciones sí es el resultado del rechazo a su finalidad o efectos, por lo que es reconducible al ámbito de la nulidad LA PRECEPTIVA INADMISIÓN DE LA DEMANDA Y SUS CONSECUENCIAS SEGÚN LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO CIVIL Por lo que a la inadmisión de la demanda se refiere, conviene precisar que se trata de una norma exclusiva del Derecho español cuyos precedentes mediatos residen en la a la moral [Manual de Derecho civil español. IV. Familia, Premio Jerónimo GONZÁLEZ 1957, edición según la Constitución y leyes de reforma del Código civil (13 de mayo y 7 de julio de 1981 y 13 de julio de 1982), Revista de Derecho Privado, Madrid, 1982, 7.ª ed., p. 13]. 31 Vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p Vid., sobre esta materia, LACRUZ BERDEJO; SANCHO REBULLIDA; LUNA SERRANO; RIVERO HERNÁNDEZ y RAMS ALBESA: Elementos de Derecho Civil. IV. Derecho de Familia, vol. 1.º, José M.ª Bosch ed., Barcelona, 1990, 3.ª ed. (reimpresión actualizada), p. 99; GARCÍA CANTERO, «Comentarios a los artículos, op. cit., p. 33; GARCÍA VARELA, op. cit., p En jurisprudencia, vid., la SAP de Cantabria, de 19 de abril de 2005 [AC, 2005/2833]. 34 Vid., BADOSA COLL, «Comentarios a los artículos, 1991, op. cit., p Vid., en este sentido, ASÚA GONZÁLEZ, op. cit., p. 469; BADOSA COLL, «Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p9 Pragmática de 28, dictada por Carlos IV en Aranjuez por Real Decreto de 10 de abril de Por otra parte, durante la vigencia del derogado artículo 43 del Cc de 1889, todo apuntaba a que no se hubiera pretendido ante ningún Tribunal español el cumplimiento estricto de los esponsales, ya que el precepto decía que: «Ningún Tribunal admitirá demanda que pretenda su cumplimiento» 36. Precepto que tras la reforma practicada por Ley 30/1981, de 7 de julio, ha sido reiterado en el artículo 42.2 del Cc, y que se presenta con una fórmula parecida a la establecida por aquél, pero cuya particularidad radica en que la nueva redacción suprime la referencia a ningún Tribunal contenida en la redacción anterior. Con esta supresión, el legislador español elimina cualquier duda que pudiese surgir sobre la vinculación de los órganos judiciales competentes y, salva la posibilidad de que se puedan suscitar problemas de pronunciamientos sobre competencias de los tribunales de otros órdenes judiciales. Dudas suscitadas en el régimen anterior, debido a que esta referencia que vinculaba a los órganos jurisdiccionales civiles, planteaba si también era extensible a los eclesiásticos, conforme a la recepción de las normas canónicas en la versión originaria del Código civil 37. Por otra parte, de la nueva redacción -a diferencia de la establecida en el derogado precepto limitado a la mera inadmisibilidad- se desprende que, el vigente artículo 42 la resalta, debido a que establece de forma expresa que no se admitirá a trámite. De lo dicho, dos son las peculiaridades que presenta el nuevo texto, de una parte, se trata de una norma de carácter procesal, cuyo objeto es inadmitir la demanda en que se pretenda que el demandado contraiga matrimonio en cumplimiento de su promesa de matrimonio y, de otra, prevé una regla similar a la establecida con carácter general en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 38. En ella se rechaza la demanda que entrañe fraude de Ley o procesal, sin necesidad de tramitación del procedimiento correspondiente. En definitiva, se sitúa en el mismo origen del procedimiento la ineficacia procesal 39. Otra cuestión, se concreta en determinar si la inadmisión a trámite de la demanda se refiere a los dos supuestos que prevé el artículo 42.1 del Cc, es decir, el cumplimiento de la promesa de matrimonio y las estipulaciones para el supuesto de no celebración. Cuestión 36 Vid., las explicaciones de GARCÍA CANTERO por cuanto sostiene que con la prohibición Ningún Tribunal, singularmente enérgica, dada su generalidad se refería a toda clase de órganos jurisdiccionales del Estado. Por lo que esta prohibición es más fuerte que decir que los esponsales no producen acción, debido a que se rechaza ab origine la demanda presentada con ese objeto (El vínculo de matrimonio civil en el Derecho español, Cuadernos del Instituto Jurídico Español, n. XI. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Delegación de Roma. Con una presentación de Amadeo DE FUENMAYOR CHAMPÍN, Roma-Madrid, 1959, p. 42). 37 Vid., ESPÍN CÁNOVAS, Manual de Derecho, 1982, op. cit., p. 13. En el mismo sentido, GARCÍA CANTERO, El vínculo del matrimonio, op. cit., p «-2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal». 39 Vid., GARCÍA VARELA, op. cit., p. 611; O CALLAGHAN MUÑOZ, op. cit., p10 salvada de forma positiva por la mejor doctrina 40, al sostener que la inadmisión a trámite de la demanda deberá proceder en ambos casos, debido a que ninguna estipulación de carácter accesorio puede ser admitida a trámite, puesto que ésta debe correr la misma suerte que la principal, es decir, su inadmisibilidad. En suma, la no obligatoriedad de cumplimiento de la promesa de matrimonio lo que comporta es que no se admita a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento, pero como consecuencia de lo establecido en el artículo 43.1 en relación con el artículo 42.2 del Cc, se desprende, de una parte, el rechazo absoluto de las demandas en las que se pretenda única y exclusivamente exigir el cumplimiento del pacto o de la promesa de matrimonio y, de otra, la admisión de aquellas demandas que se encuentren dirigidas a obtener el resarcimiento de los gastos y obligaciones contraídas a que se refiere el artículo 43.1 del Cc. Por tanto, la única consecuencia que plantea incumplimiento de la promesa de matrimonio se concreta en el ejercicio de la acción de resarcimiento de los daños originados o sufridos en virtud de la futura celebración del matrimonio proyectado acción regulada por el artículo 43 del Cc-. II. LA PROMESA DE MATRIMONIO: CALIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA 1. Naturaleza de la promesa de matrimonio En la actualidad, la adaptación pretendida de integrar la promesa de matrimonio en alguna de las categorías tradicionales existentes, ha dado origen a numerosas controversias doctrinales en torno a la naturaleza jurídica que debe presentar la figura. Esto ha permitido considerarla aunque con grandes salvedades- como una mera relación de puro hecho 41, 40 Vid., MARTÍN GRANIZO y ALBACAR LÓPEZ: Código civil. Doctrina y Jurisprudencia, Madrid, 1991, p. 500; VÁZQUEZ IRUZUBIETA: Doctrina y Jurisprudencia del Código Civil, Bosch, Barcelona, 1999, 5.ª ed., p. 97 y, vid., BADOSA COLL, por cuanto dice que «la inadmisibilidad procesal es una consecuencia de la ineficacia civil, por lo que la inadmisión deberá extenderse a los dos supuestos» («Comentarios a los artículos, 1991, op. cit., pp. 259). Por el contrario, BERCOVITZ y RODRÍGUEZ CANO, sostiene que tal inadmisión sólo procede cuando se solicita el cumplimiento de la promesa, pero no cuando se pretende el cumplimiento de los pactos establecidos para el caso de no celebración del matrimonio (vid., op. cit., p. 144). 41 Vid., referencias en ENNECCERUS; KIPP y WOLF: Derecho de familia en Ludwig ENNECCERUS; Theodor KIPP y Martín WOLF: Tratado de Derecho Civil, El Matrimonio, tomo IV, vol. I. Traducido de la 20.ª ed. alemana (sexta revisión) por Blas PÉREZ GONZÁLEZ y José ALGUER. Estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por Blas PÉREZ GONZÁLEZ y José CASTÁN TOBEÑAS, Bosch, Barcelona, 1953, 2.ª ed., p. 30 y, vid., BENITO GOLMAYO: Instituciones de Derecho Canónico, tomo II, Librería Sánchez Imprenta Peñuelas, Madrid, 1874, 4.ª ed., p. 39. Por el contrario, vid., GARCÍA CANTERO, El vínculo de matrimonio, op. cit., p11 como un contrato de Derecho familiar, e incluso como una institución de naturaleza mixta 42 [ ]. En este sentido, la doctrina 43 mayoritaria, desde antaño, ha sido partidaria de la teoría del contrato, al sostener que la promesa de matrimonio encerraba un propio vínculo de naturaleza contractual. Esta teoría sumamente criticada al igual que en el caso italianoes difícilmente sostenible, dada la imposibilidad de calificar como negocio un acto que no produce el efecto de obligar a las partes a contraer matrimonio, puesto que el artículo 42 del Cc establece de forma expresa que la promesa no obliga a los prometidos a contraer el matrimonio prometido. Esto demuestra la imposibilidad de configurar en términos contractuales la naturaleza de la figura, ya que para que así fuese no sería suficiente con la manifestación de voluntad de las partes, sino que necesariamente debería obligar, debido a la relación jurídica establecida. Obligación última que, de forma expresa, está excluida por el precepto. Por otra parte, no han faltado autores 44 que, partiendo de la premisa de que las diferencias son mínimas, se han inclinado por calificar la naturaleza de la promesa de matrimonio como negocio jurídico preparatorio del Derecho de familia, por el que dos personas, con capacidad matrimonial, se comprometen a celebrarlo en el futuro. Esta interpretación era compartida por la doctrina italiana de principios de siglo 45, debido a que 42 En esta línea, PUIG PEÑA, dice que los esponsales tienen en realidad una naturaleza mixta, pues, de una parte, son ciertamente un contrato de Derecho de obligaciones, pero, por otra, aparecen con discutible influencia en el Derecho de Familia (vid., Compendio de Derecho Civil español. V. Familia y Sucesiones, Ed. Pirámide, Madrid, 1976, 3.ª ed., revisada y puesta al día, p. 51). 43 Un resumen de argumentos en pro y en contra de la tesis contractualista puede verse en ESPÍN CÁNOVAS: Manual de Derecho Civil español. IV. Familia, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, 8.ª ed., pp. 15 a 16 y, vid., las aportaciones en esta materia de CASTÁN TOBEÑAS, quien influido por la obra de KIPP y WOLFF, reproduce la teoría contractualista de los esponsales (Derecho Civil Español, Común y Foral. V. Derecho de Familia, vol. 1.º, Relaciones Conyugales, undécima edición revisada y puesta al día por Gabriel GARCÍA CANTERO y José M.ª CASTÁN VÁZQUEZ, Reus, Madrid, 1987, p. 163). En la jurisprudencia, este carácter contractual se declara, entre otras, por las SSTS de 13 de enero de 1879 y de 6 de abril de 1929, conforme a las cuales se debían tener en cuenta los principios generales que presiden la formación y los efectos de estos negocios jurídicos. Por el contrario, excluyen su naturaleza contractual, entre otros, DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., pp. 47 a Vid., en este sentido, MARTÍN GRANIZO y ALBACAR LÓPEZ, op. cit., p. 499 y, vid., GARCÍA CANTERO, por cuanto entendía con anterioridad a la reforma practicada por Ley 30/1981, de 7 de julio y, también, en la actualidad, que «los esponsales civiles son un negocio jurídico familiar, de carácter preparatorio, mediante el cual los prometidos se obligan a celebrar matrimonio civil», por lo que la obligación de indemnizar se funda en la violación de este negocio jurídico, «si bien a éste no se le reconoce eficacia jurídica en cuanto a su fin principal» (El vínculo del matrimonio, op. cit., p. 63 y, «Comentarios a los artículos, op. cit., p. 43). En idéntico sentido, con anterioridad a la reforma DÍEZ-PICAZO: El negocio jurídico del Derecho de Familia, Estudios de Derecho Privado, Civitas, Madrid, 1980, p Vid., en la doctrina italiana, según el Código civil italiano de 1865, esta teoría era sostenida, entre otros, por RAVÀ: Lezioni di Diritto civile sul matrimonio, Padova, 1935, p Entre los autores posteriores al Código civil italiano de 1942, la defienden, entre otros: CANDIAN: «Gli sponsali come fonte negoziale di aspettativa. Le lettere dei fidanzati», in Temi, 1951, p12 consideraba la promesa como negocio jurídico familiar con consecuencias patrimoniales, pero del que no surgía la obligación de contraer matrimonio. Encuadramiento en el que se mueve tanto la legislación portuguesa 46, como últimamente la doctrina francesa. DE VERDA Y BEAMONTE con acierto- sostiene que en el caso español esta sistemática presenta un problema de coordinación entre la norma contenida en el artículo 43 y la del 42 del Cc, que sanciona la incoercibilidad de la promesa de matrimonio. Debido a que el precepto dispone que los esponsales no son vinculantes en el plano jurídico, ni obligan a contraer el matrimonio prometido, ni a cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración, produce que no pueda tener tal consideración, toda vez que la negativa de cumplir la promesa de matrimonio del promitente impide la perfección del negocio jurídico 47. Otro sector doctrinal, entiende que se trata de un negocio de vida privada o negocio social no jurídico que genera una obligación ex lege 48. Adicionalmente a las anteriores corrientes doctrinales, también está presente la que es partidaria de su naturaleza precontractual. Esta teoría sostiene que, en la medida en que el matrimonio tuviese la consideración de contrato, los esponsales se configurarían como un contrato cuya finalidad sería la celebración de un futuro contrato de carácter obligatorio. Sin embargo, se encuentra con un obstáculo difícilmente superable, toda vez que en la promesa el resarcimiento no es sustitutorio del cumplimiento específico incoercible, sino independiente de él. En suma, calificar la figura en esta categoría no es completamente acertado, ya que de ésta no surge la obligación de celebrar el contrato. De lo dicho se sigue que aunque ninguno de los intentos de calificación mencionados en líneas precedentes han sido abandonados por doctrina y jurisprudencia de forma definitiva 49, dado que la calificación de la promesa de matrimonio como negocio jurídico sigue aunque de forma minoritaria- presente en la jurisprudencia 50 española, lo 46 Vid., Artigo del Código civil portugués de «Consecuencias económicas, op. cit., p En este sentido, LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA, LUNA SERRANO, RIVERO HERNÁNDEZ, y RAMS ALBESA, sostienen que los esponsales no son un negocio jurídico, sino un negocio social o privado, por lo que la obligación nacida de la ruptura inmotivada del acuerdo de esponsales o de la promesa unilateral de matrimonio deberá ser calificada de obligación ex lege (vid., op. cit., pp. 98 a 99). Por el contrario, PUIG BRUTAU: Fundamentos de Derecho Civil, tomo V, vol. 1.º, Barcelona, 1990, 3.ª ed., p Vid., CARRIÓN OLMOS: «Promesa de matrimonio y resarcimiento de daños», en Daños en el Derecho de Familia. José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Coord.), Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 122 a En jurisprudencia, entre otras, vid., las SAP de Almería de 24 de octubre de 1994 [AC, 1994/2380]; de Teruel de 21 de diciembre de 2000 [JUR, 2001/66878] y, de Ciudad Real, Sección 2.ª, de 3 de mayo de 2005 [LA LEY, 2005/97741]. 1213 cierto es que resultan más numerosas aquellas Sentencias que abordan de forma directa la problemática de la promesa sin reparar en su naturaleza 51. En síntesis, dos han sido fundamentalmente las causas que han originado el abandono por gran parte de la doctrina de la teoría contractual o negocial. Son, de una parte, la creencia con acierto- de que la obligatoriedad del contrato de esponsales es meramente hipotética 52 y, de otra, que la disciplina positiva de esta institución no es conciliable con una autorregulación de intereses obligatoria entre las partes que permita de forma real calificar la declaración de voluntad matrimonial como un verdadero negocio jurídico, debido a que con el artículo 42 del Cc la obligatoriedad de contraer matrimonio, ha sido eliminada. La imposibilidad de encuadrar la figura en alguna de las teorías enunciadas, ha planteado el interrogante de la auténtica naturaleza de la promesa de matrimonio. Aunque lógico es pensar que se trata de una simple obligación natural 53 susceptible de cumplimiento voluntario, pero no de coacción por los medios legales, lo cierto es que tras analizar el concepto de obligación natural 54, ésta no puede ser de aplicación a la promesa de matrimonio. Esto se justifica en que se trata de una obligación jurídica - obligación que no produce la figura- que se encuentra desprovista de responsabilidad. Responsabilidad que sí tendrá lugar cuando se produzcan las situaciones contempladas por el artículo 43 del Cc 55. Por tanto, se rechaza la teoría del contrato, porque éste es fuente de obligaciones y la promesa de matrimonio no; la del precontrato, porque el matrimonio no es un contrato y no existe obligación de contraer matrimonio y, finalmente, la de la obligación natural, porque ésta es causa de obligaciones jurídicas -aunque sin responsabilidad- y la promesa no produce obligación jurídica, pero sí es susceptible de responsabilidad, debido a que produce una obligación de resarcimiento para el supuesto de ruptura sin causa. 51 Vid., en este sentido, las SAP de Toledo, Sección 2.ª, de 3 de abril de 2000 [AC, 2000/4476]; de Granada, Sección 3.ª, de 11 de diciembre de 2003 [LA LEY, 2003/207274]; de Barcelona de 8 de octubre de 2004 [JUR, 2004/303882] y, de Madrid de 24 de marzo de 2004 [JUR, 2004/248652]. 52 Vid., SANCHO REBULLIDA: «Comentario a los artículos 43 y 44 del Código civil», en Comentarios al Código civil y compilaciones forales, II, Manuel ALBALADEJO GARCÍA (Dir.), Edersa, Madrid, 1978, pp. 31 a Esta es la posición de GUBERN SALISACHS: La ruptura de la promesa matrimonial y la reducción de la mujer ante el Derecho y la Ley, Bosch, Barcelona, 1947, p. 15; también SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Derecho civil, Tomo IV, Madrid, 1889, 2ª ed, p La obligación natural se define como un débito sin responsabilidad, como una obligación moral de carácter patrimonial o, como una obligación civil desprovista de cobertura (vid., REALES ESPINA, La obligación natural, en el Código civil, Ed. Comares, Granada, 2000). 55 Vid., MARTÍN GRANIZO y ALBACAR LÓPEZ, op. cit., p. 499; PUIG BRUTAU, op. cit., pp. 99 y ss. 1314 Las razones que justifican las consideraciones precedente, han originado, por parte de la doctrina 56 que, para explicar la naturaleza de la promesa de matrimonio, se recurrido a su calificación como acto jurídico y, dentro de este él, como acto jurídico en sentido estricto, en el que los efectos de la promesa se originarían ex lege y no ex voluntate. Esta calificación se ha encontrado con un obstáculo difícil de superar, debido a la dificultad que plantea determinar cuáles serían los efectos ex lege a que se hace referencia. Indeterminación que ha comportado que éste nomen iuris no sea del todo satisfactorio 57. Adicionalmente a las anteriores consideraciones doctrinales, surge otra partidaria de calificar la promesa de matrimonio como elemento de un hecho jurídico complejo 58. Teoría que también quiebra, debido a que se agota más en la descripción de la figura que en la cuestión de qué es aquélla. En la actualidad, los numerosos intentos explicativos de la naturaleza de la promesa de matrimonio y las dificultades suscitadas para ubicar la figura en alguna de las categorías tradicionales, ha originado que la doctrina esté imponiendo -de forma paulatina- la teoría que sostiene que su naturaleza debe ser incardinada en el ámbito de la confianza 59. Calificación que aunque todavía no totalmente satisfactoria, ofrece una explicación lógica de la figura. Esta teoría es partidaria de que la promesa de matrimonio se encuentra generalizada como acto de la vida social, teniendo su naturaleza la consideración de acto jurídico que no negocio jurídico-, por lo que se trata de un acto humano producido por una voluntad consciente y exteriorizada que genera una confianza en su ejecución, que puede originar la realización de gastos, que de no ser por aquélla no se habrían ocasionado Vid., en este sentido, MARÍN GARCÍA DE LEONARDO: Responsabilidad por daños en el ámbito de las relaciones familiares. Apud cit., CARRIÓN OLMOS, op. cit., p Vid., las aportaciones de CARRIÓN OLMOS, op. cit., pp. 124 a 125. Por cuanto atañe a los actos jurídicos en sentido estricto, vid., ALBALADEJO GARCÍA: El negocio jurídico, Librería Bosch, Barcelona, 1958, p Esta teoría ha sido defendida por PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, por cuanto sostiene que se trata simplemente del elemento de un hecho jurídico complejo cuyo efecto jurídico se concreta en la imputación del detrimento causado por ciertos gastos y obligaciones (vid., Derecho de Familia, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1989, pp. 28 a 29). Desde el punto de vista jurisprudencial, la SAP de Burgos, Sección 3.ª, de 21 de julio de 2000 [LA LEY, 2000/150535]. 59 Vid., DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ y HERNÁNDEZ GIL: Lecciones de Derecho de familia, Ed. Ceura, Madrid, 2007, 2.ª ed., p. 92; CARRIÓN OLMOS, op. cit., pp. 125 a 126; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p En este sentido, CARRIÓN OLMOS sostiene que en el campo de las obligaciones humanas resulta innegable que quien promete algo genera una confianza en el destinatario de la promesa, por lo que afirmar lo contrario sería negar la evidencia. Además, de que éste es el principio del que parte el legislador en tema de promesa de matrimonio (vid., op. cit., pp. 125 a 126) y, vid., DÍEZ PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS: Sistema de Derecho civil. IV. Derecho de Familia. Derecho de Sucesiones, vol. 4.º, Luis DÍEZ PICAZO y Antonio GULLÓN BALLESTEROS (Coord.), Tecnos, Madrid, 2006, 10.ª ed., pp. 65 a 66; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p15 2. Fundamento de la obligación resarcitoria La ubicación de la naturaleza de la promesa de matrimonio en el ámbito de la confianza, plantea en doctrina y jurisprudencia la cuestión sobre la apreciación técnica de la potencial defraudación ulterior de la confianza. En este sentido, algunos autores 61 han tratado de explicar las consecuencias patrimoniales subsiguientes al incumplimiento sin causa de la promesa de matrimonio mediante el recurso a la culpa in contrahendo. DE VERDA Y BEAMONTE entiende que a través de la negativa a cumplir la promesa, el promitente impide la perfección del negocio matrimonial, por lo que provoca un daño in contrahendo del que debe responder ante el promisario 62. De modo que la obligación resarcitoria del artículo 43 se debe explicar mediante el recurso a la culpa in contrahendo, es decir, desde la consideración de que quien sin justa causa incumple una promesa cierta de matrimonio defrauda la confianza que su declaración había suscitado en el destinatario 63 y, en consecuencia, el promitente responde por la legítima confianza que la promesa ha creado sobre la inminente celebración del matrimonio y no por haberla incumplido 64. Sin embargo, situar estas consecuencias en el ámbito de la defraudación de la confianza no debería llevar de modo necesario a calificar el supuesto de culpa in contrahendo, debido a que no lo es en puridad 65. Por su parte, DELGADO ECHEVERRÍA apoyándose en la relación fáctica que se produce entre prometidos, entiende que, precisamente, dicha proximidad e intimidad originada entre las partes, da lugar a una relación de confianza y a unos intereses que son más fácilmente lesionables por su conducta 66. Por tanto, si uno de los promitentes incurriera en gastos que no habría realizado de no haber confiado en que el matrimonio se llevaría a cabo, y esta es defraudada de forma desconsiderada por el otro, el Derecho sí imputa a quien defraudó la confianza la indemnización de los gastos, por lo que existe un elemento de ilicitud. Elemento que no reside en la negativa de celebrar el matrimonio, sino en hacer inútiles y dañosas unas 61 Vid., DE CUPIS, por cuanto entiende que nos encontramos ante un concreto supuesto de culpa in contrahendo (El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Traducido de la segunda edición italiana por Ángel MARTÍNEZ SARRIÓN, Bosch, Barcelona, 1975, p. 436). 62 «Consecuencias económicas, op. cit., p El error en el matrimonio. Prólogo de Francesco GALGANO, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1977, p «Principio de libre desarrollo de la personalidad y ius connubii, (a propósito del Auto del Tribunal Constitucional 222/1994)», RDP, Edersa, Madrid, 1998, p. 700 y, vid., ALONSO PÉREZ: «La responsabilidad precontractual», RCDI, 1971, p Vid., CARRIÓN OLMOS, op. cit., p Op. cit., p16 expensas que el promitente únicamente realizó porque confiaba en que la promesa no sería rota de forma arbitraria. En este sentido, CANARIS sostiene que, sin ser éste propiamente un caso de culpa in contrahendo, debido a que no son idénticos sus presupuestos, uno y otro responden a idéntico principio de responsabilidad por la confianza defraudada 67. Por su parte, también, BADOSA COLL, sin hacer en ningún momento referencia alguna a la culpa in contrahendo, entiende que el reconocimiento de su valor social se centra en la cuestión de la confianza generable, la cual se eleva a la categoría jurídica de expectativa jurídicamente protegida 68. Para BADOSA COLL la ineficacia negocial de la promesa de matrimonio impide que tal protección se pueda realizar por la vía de la exigibilidad del cumplimiento de la promesa o, por la de la obligación de la indemnización de daños, debido a que ésta es una obligación secundaria que nace de la infracción de una obligación principal, inexistente por definición. Por tanto, no duda de que: «Privada de la primera de las dos protecciones enumeradas, la protección de la expectativa matrimonial, sólo puede ser operativa en el supuesto de frustración de la confianza» 69. De modo que la «protección de la expectativa, centrada en la frustración de la confianza, de una parte, y excluida de la otra toda vía indemnizatoria, sólo se puede lograr por la del derecho al reembolso de gastos», por lo que no se trata de una indemnización en sentido técnico, ya que «no hay ilicitud, puesto que ni hay culpa ni daños, debido a que se habla de gastos», pero lo que sí hay es un «pasivo generado a una persona por una finalidad que interesa a otra que le debe ser compensado por ésta -en cuanto- causante con su negativa a contraer matrimonio de la inutilidad de los gastos para quien los ha realizado» 70. En este sentido, la doctrina reciente sostiene que éste es el criterio para desplazar el gasto al legitimado pasivo de la acción, por lo que las consecuencias del incumplimiento sin causa de la promesa de matrimonio parecen venir determinadas por la del negocio que se promete, de modo que será la tutela de la libertad de matrimonio la que eliminará de toda sospecha la ilicitud del incumplimiento de la promesa y, por tanto, si no hay ilicitud en el incumplimiento, el encaje de sus consecuencias será aquellas otras que subsiguen a actos o comportamientos respecto de los que no cabe aplicarles reproche alguno y no las patrimoniales subsiguientes a un comportamiento ilícito Op. cit., p En idéntico sentido, vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p «Comentarios a los artículos, op. cit., p «Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p Para este autor, mientras que la indemnización se apoya en la ilicitud del acto, el reembolso se funda en un empobrecimiento que se justifica en que se ha sufrido por interés de aquélla o por su causa («Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p. 112). 71 Vid., CARRIÓN OLMOS, op. cit., p17 En síntesis, el fundamento de la obligación resarcitoria del artículo 43 del Cc se debe situar en el empobrecimiento injusto, definido como el que es repercutible en persona diferente de quien lo sufre. Injusticia que se fundamenta en que ha sido asumido por el promitente destinatario de la promesa en consideración del matrimonio proyectado. Constatación última sobre la que también se ha pronunciado la jurisprudencia menor Carácter recíproco o unilateral de la promesa de matrimonio En la actualidad, la discusión sobre el carácter unilateral o recíproco de la promesa de matrimonio, aunque presenta escaso sentido debido a que el artículo 42 del Cc subraya su unilateralidad, sigue suscitando cierto grado de inseguridad, ya que pese a no estar tratada frecuentemente por la doctrina se encuentran posiciones contrapuestas. En este sentido la doctrina se ha planteado, de una parte, si la promesa de matrimonio debe ser necesariamente bilateral y recíproca y, de otra, si es factible su existencia en el supuesto de que fuera unilateral -siempre y cuando sea aceptada por el otro promitente-. Frente a dichas cuestiones BADOSA COLL, tras analizar la incidencia que tuvo la Ley 30/1981, de 7 de julio, sobre la figura, entiende que, en la actualidad, se sigue tratando de una promesa de carácter recíproco, aunque esta reciprocidad no esté reflejada ni en la terminología ni en el régimen jurídico 73. Por el contrario, DELGADO ECHEVERRÍA apoyándose en que lo decisivo es la valoración que haga el Derecho de tal aceptación, excluye de forma expresa y a diferencia del común de la doctrina española anterior que la promesa deba ser recíproca, ya que obedece al principio contractualista de la tradición de los antiguos esponsales y no a la disciplina legal 74. Planteamiento que aunque resulta lógico, debido a que de considerarse la promesa de matrimonio necesariamente recíproca, no sería necesario que ambos promitentes cumpliesen el requisito de capacidad establecido para resultar el promitente incumplidor obligado a resarcir al otro, lo cierto es que aunque quien haya realizado los gastos no reúna el requisito de capacidad, si lo reúne el incumplidor se estará dentro del supuesto previsto del artículo 43 del Cc, por lo que será necesario que ese menor se encuentre en una situación 75 en la que resulte razonable haber confiado en la celebración del matrimonio Vid., en jurisprudencia menor, entre otras, las SAP de Zaragoza, Sección 4.ª, de 10 de marzo de 1999 [LA LEY, 199/8490]; de Ciudad Real, Sección 2.ª, de 3 de mayo de 2005 [LA LEY, 2005/97741]. 73 «Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p Op. cit., pp Proximidad a la mayoría de edad, posible emancipación o dispensa. 76 Vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p18 Por otra parte, en la jurisprudencia menor española, dicho extremo dista de ser enfocado desde un único criterio. Por una parte, un sector jurisprudencial 77, en la descripción que realiza de la figura, se refiere de forma expresa al carácter unilateral o bilateral de ésta. Por el contrario, otra dirección jurisprudencial 78, la describe como una doble declaración de voluntad, constituyendo una recíproca y mutua promesa. En suma, intentar establecer diferencias entre promesa unilateral aceptada por uno de los promitentes y promesa recíproca o mutua, no tiene demasiado sentido, máxime si se entiende que solo cuando la promesa sea recíproca cabrá que, en su caso, se produzcan los efectos previstos por el legislador en los artículos 42 y 43 del Cc, debido a que se trata de la misma figura -promesa de matrimonio-. A mayor abundamiento, la mera aceptación de la promesa supone la manifestación de la propia disposición a casarse, por lo que quien la acepta evidencia a su vez su propósito de contraer matrimonio, ya que de otra forma no se podría confiar de forma razonable en que quien se promete mantuviese la palabra dada 79. III. EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS: PRESUPUESTOS Y REEMBOLSO DE LA OBLIGACIÓN 1. PRESUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO CIVIL 1.1. Capacidad Del texto contenido en el artículo del Cc se desprende que solo podrán celebrar la promesa de matrimonio aquellas personas que tengan capacidad para contraer nupcias 81, debido a que se hace referencia a la promesa realizada por persona mayor de edad o menor emancipado. Esta exigencia, de una parte, salva las dudas -originadas durante la vigencia del régimen anterior- referidas a los supuestos de menores emancipados, ya que ahora se alude de forma expresa y, de otra, conforme al paralelismo que presenta esta exigencia con lo establecido en el artículo 46.1 del Cc, la pretensión del legislador ha sido la de que únicamente los sujetos que tengan capacidad para contraer matrimonio sin dispensa y, no otros, sean los que queden obligados al resarcimiento de los gastos Vid., en jurisprudencia, la SAP de Barcelona de 8 de octubre de 2004 [JUR, 2004/303882]. 78 Vid., la SAP de Ciudad Real, Sección 2.ª, de 3 de mayo de 2005 [LA LEY, 2005/97741]. 79 Vid., las aportaciones de REINA Y MARTINELL: Curso de Derecho Matrimonial, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1995, p Cfr., Artículo 43.1 del Código civil. 81 «Artículo 46: No pueden contraer matrimonio: 1. Los menores de edad no emancipados. 2. Los que estén ligados con vínculo matrimonial». 82 Vid., GARCÍA CANTERO, «Comentarios a los artículos, op. cit., p. 36; DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p. 51; ESPÍN CÁNOVAS, Manual de Derecho, 1984, op. cit., p19 Las anteriores afirmaciones podrían parecer en sintonía con la exigencia de seriedad o certeza que debe presentar la promesa para que sea cierta, debido a que solo cabría confiar razonablemente y, considerar seria la promesa dada por quien tuviese capacidad para contraer nupcias sin recabar dispensa 83. Sin embargo, lógico habría sido poder valorar, en cada caso concreto, cuándo se considera la confianza razonable y fundada, por lo que si ello de ordinario debería pasar por la mayoría de edad o la emancipación, en el caso del promitente obligado a resarcir el daño no debería ser así 84. No obstante, parte de la doctrina 85 -con acierto- sostiene que la conexión de la exigencia prevista por el artículo 43.1 sobre el requisito de edad para contraer matrimonio contenido en el artículo 46.1 del Cc no parece ponerse en duda, sin que baste para cambiar la circunstancia de que también pueden contraer matrimonio los mayores de catorce años con dispensa judicial, conforme a lo previsto en el artículo del Cc -aunque queden fuera de la literalidad, que presenta el artículo 43-. Lo que no significa que los menores no emancipados tengan cerrada de forma absoluta el paso a la celebración de la promesa 87, debido a que si los menores no emancipados mayores de catorce años con dispensa judicial, pueden contraer matrimonio, lógico es que también puedan celebrar la promesa 88. Dispensa que tendrá la eficacia convalidante que contempla el artículo del Cc. Por tanto, las promesas de matrimonio realizadas por menores no emancipados serán ineficaces, debido a que el deber de resarcimiento únicamente- surge en los supuestos en que éstas hayan sido realizadas por los sujetos a los que alude de forma expresa el precepto. Esta ineficacia se justifica en que dicha condición no concurre en el supuesto de un dispensado de edad, ya que éste no ha contraído matrimonio 90. Condición que sí concurrirá en aquellos supuestos en los que el éste haya contraído matrimonio con dispensa, debido a que se encontrará emancipado por matrimonio y, por tanto, su promesa tendrá la consideración de eficaz, quedando sujeto al deber de resarcimiento. En particular, llama la atención que el artículo 43 del Cc no haga alusión alguna a los incapacitados, pese a que, en principio, las personas declaradas incapaces pueden contraer matrimonio, cuando en el momento de la prestación del consentimiento tengan la capacidad 83 Vid., ASÚA GONZÁLEZ, op. cit., pp Este sería el caso, por ejemplo, del menor emancipado que ha contraído nupcias con dispensa y, en consecuencia, ya se encuentra emancipado por matrimonio. 85 Vid., CARRIÓN OLMOS, op. cit., p. 131; GARCÍA CANTERO, «Comentarios a los artículos, op. cit., p «-2. El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores». 87 Vid., GARCÍA CANTERO, Comentarios a los artículos, op. cit., p Por el contrario, entre otros, vid., BADOSA COLL, «Comentarios a los artículos, 1991, op. cit., p. 260 y, «Comentarios a los artículos, 1984, op. cit., p «-3. La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes». 90 Vid., DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ y HERNÁNDEZ GIL, op. cit., pp. 100 a20 necesaria para otorgar éste. Consentimiento que no podrá ser prestado por las incapacitadas por sentencia judicial conforme a lo previsto en el artículo 200 del Cc. En este sentido, en los supuestos de promesa de matrimonio dada o recibida por incapacitado por anomalía o deficiencia psíquica, la otorgación y, posterior ruptura sin causa de la promesa por la parte capaz a quien padezca anomalía o deficiencia psíquica, no le exime de su responsabilidad en los términos previstos por el artículo 43 del Cc, cuando su promesa sea seria -es decir, cuando atendidas las circunstancias, se pueda confiar razonablemente en aquélla-. No obstante, el desconocimiento y descubrimiento con posterioridad de dichas anomalías o deficiencias psíquicas cuando éstas se puedan considerar de suficiente entidadtendrán la consideración de causa suficiente de ruptura y, a diferencia del supuesto anterior, en este caso no será imputable a la parte capaz la no celebración del matrimonio, cuando la otra parte resulte no tener la aptitud necesaria para prestar el consentimiento matrimonial 91. Mientras que si la promesa fue otorgada por incapacitado por deficiencia o anomalía psíquica y, si aún a pesar de sus deficiencias es capaz para el matrimonio, si ésta fue tenida por seria por la otra parte, su ruptura sin causa podrá dar origen a su responsabilidad Certeza de la promesa El vigente artículo 43 del Cc, exige que la promesa de matrimonio sea cierta. Esta certeza aunque ha sustituido los requisitos de forma o publicación de las proclamas establecidas en el régimen anterior, lo cierto es que ha suscitado controversias doctrinales y jurisprudenciales, respecto de la certeza que, en la actualidad, debe presentar la promesa. En este sentido, parte de la doctrina, sostiene que el requisito de la certeza apunta a la posibilidad de prueba en la promesa de matrimonio, por lo que sería cierta toda promesa respecto de la que fuera posible probar su existencia 92 quedando su apreciación sujeta a las reglas generales, conforme a la inexigibilidad de prueba singular 93. Por otra parte, al operar el principio de libertad de prueba, la promesa se podrá realizar de cualquier forma -expresa o, tácita-. En este sentido, se han admitido como medios de prueba, entre otros, el certificado del cura párroco, las declaraciones de amigos 91 Vid., DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit., p Vid., las aportaciones de GARCÍA CANTERO, por cuanto aludiendo a la sustitución en trámite del Senado de seria por cierta, dice que esta exigencia se concreta en que sea debidamente probada, constando su existencia por cualquiera de los medios admitidos en Derecho («Comentarios a los artículos, op. cit., p. 40); DE VERDA Y BEAMONTE, «Consecuencias económicas, op. cit., p Vid., en esta materia, DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN BALLESTEROS, op. cit., p. 64 y, vid., ESPÍN CÁNOVAS, por cuanto dice que «la certeza alude al tema probatorio y al no exigirse ninguna prueba singular quedará sujeta en su apreciación a las reglas generales» (Manual de Derecho, 1984, op. cit., p. 14). 20 Mostrar más
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 Resolución 
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REAL DECRETO 
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 Real Decreto 
 Artículo 1

Resolución 
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