Source: http://salvemoslascostasdepanama.blogspot.com/2006/01/
Timestamp: 2019-01-17 08:36:50+00:00

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Salvemos las Islas y Costas de Panamá: enero 2006
Panamá es un istmo en forma de una letra S acostada. Tiene más de 1000 km de costas en cada vertiente.
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Isla Viveros es destruida pedazo a pedazo por inescrupulosos
Vista de construcción de aeropuerto en medio de la isla.
Vista de construcción de carreteras y accesos en la isla
Este es el sueño del Grupo Viveros quien ha conceptualizado, entre muchas aberraciones anti-ecológicas, una CANCHA DE GOLF DE 18 HOYOS.
Qué les importa a ellos la belleza y vulnerabilidad ecológica de la isla. Es ignorancia y avaricia contra la naturaleza.
Esto es lo que quiere Martín Torrijos y los libertarios en nuestro país. Que cada isla y costa paradisiaca tenga dueño o concesionario para que vivan como reyes con el patrimonio de todos los demás panameños.
A L M A N A Q U E A Z U L --también muestra la belleza e importancia de nuestras playas
En solidaridad con los que defienden las playas e islas de Panamá de la arrebatiña privatizadora, ALMANAQUE AZUL ha publicado en su portada el siguiente artículo:
Playas de cemento: Ley 2 de 2006 firmada
La ley ha sido sancionada por el presidente en un acto en Bocas, y ahora se llama Ley 2. “Hay quienes promueven el desasosiego, pretendiendo mantener el país en el atraso”, dijo el presidente, refiriéndose a los que han objetado la nueva ley.
El Proyecto de ley 132, hoy Ley 2, fue aprobada en tercer debate el 13 de diciembre. En el proceso de su discusión se amplió el ámbito de la ley a las áreas costeras de tierra firme, permitiendo ahora concesiones de hasta 90 años sobre terrenos estatales. Grupos ambientalistas han anunciado que demandarán la ley por anticonstitucional.
La ley tiene partes que dan risa, como la siguiente:
“Artículo 33: Quedan prohibidos la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar, de sus productos, partes y derivados; se exceptúan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental y cumplimiento de la legislación vigente.”
(énfasis por el editor)
Se rumora que el proyecto de ley 132 fue escrito por Juan Pardini y JJ Espino, nada menos que los abogados de la monstruosidad inmobiliaria conocida como “Red Frog Beach”, en isla Bastimentos, Bocas del Toro. Durante su discusión varios grupos interesados trataron de meter la cuchara y se hicieron algunos cambios a la ley, incluyendo algunas salvaguardas ambientales.
El asalto sobre terrenos costeros por parte de empresas de bienes raíces e inversionistas a gran escala se extiende ahora a las áreas públicas en las islas del país. Desde el IPAT de Rubén Blades hasta la ANAM, al gobierno de Martín Torrijos le parece que esto es algo bueno.
En la exposición de motivos de la ley se habla de “la gran cantidad de tierras sin aprovechamiento para beneficio del Estado”, dejando clara la idea del gobierno de lo que significaría “aprovechar” esas tierras: venderlas a promotores de proyectos de desarrollo. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley 132, que regula las concesiones y ventas de terrenos públicos en islas. La idea, dicen, es tener “un trámite más simple y atractivo para las inversiones extranjeras”. Se haría más fácil a empresas conseguir terrenos y especular con éstos en el mercado, así como construir urbanizaciones, hoteles y pistas de aterrizaje, según la ley hasta en un 50% del terreno de una isla (siempre y cuando no sea área protegida), con casi nada de regulación.
Si el rumor sobre el origen de la ley es cierto, e igual, leyendo el proyecto de ley, no puede venir nada bueno de ahí. En la sección de justificación de la ley, queda claro que está hecha a la medida de las empresas que se dedican a vender terrenos para gringos jubilados y promotoras de proyectos de “desarrollo”.
Universidad de Panamá--critica la venta de islas y costas
El Consejo Académico de la Universidad de Panamá ha publicado este 19 de enero de 2006 una reflexión titulada "El peligroso empobrecimiento de las capas medias y el colapso de las clases populares", cuyo mensaje medular es la crítica al sistema económico neoliberal (capitalismo salvaje como bien lo definió el Papa Juan Pablo II) que están imponiendo en los cuatro últimos quinquenios las administraciones del Gobierno Nacional, para favorecer empresarios y allegados de turno y peor aún, cuando venden valiosos activos de la nación a transnacionales, que lo únio que le interesa de nuestros países es nuestro dinero y nuestros recursos. Obviamente hay complicidad local de los empresarios para lograr embolsillarse nuestros activos nacionales.
Cabe mencionar que el consejo académico critica fuertemente las ventas o "concesiones del patrimonio nacional, esto es, poner en subasta bosques, montañas, playas e islas a inversionistas extranjeros con criterios sustractivos y egoístas similares a los que prevalecieron en la antigua Zona del Canal, como si fueran soberanos y a perpetuidad."
Igual critica en duros términos las pretensiones de Martín Torrijos, de arriesgar la vida, salud humana, y la calidad fito y zoosanitaria con tal de imponer un TLC con EU, donde él no ha podido decirnos dónde, cómo y cuando y a cambio debemos firmar este nefasto tratado.
BiodiversidadPanamá felicita esta posición asumida por máximo órgano académico de la Universidad de Panamá.
Panameño, si tú no defiendes tu patrimonio, nadie lo hará por tí.
Primera demanda legal contra Ley 2 del 7 de enero de 2006 -- Demanda de Inconstitucionalidad
Por este medio le informo que este viernes 13 de enero de 2006, el abogado ambientalista, José Santos, interpuso la primera demanda contra la nefasta recién aprobada Ley 2 del 7 de enero de 2006, que vende y concesiona islas y costas de Panamá.
A pesar de haber varios puntos lesivos a los intereses nacionales en esta ley, se procedió principalmente a demandar la la inconstitucionalidad de la ley, por darle derecho a los propios concesionarios o compradores de tierras estatales o "desarrolladores" para que sean ellos los que definan el plan urbanístico de sus proyectos, obviando el artículo 233 de la Constitución Nacional (Capítulo VIII -Régimen Municipal y Provincial) y la propia ley de urbanismo (Proyecto de Ley No. 164) recientemente creada con amplio consenso ciudadano, que le da potestad y autonomía a los municipios para ser entes claves en los planes urbanísticos dentro de los municipios, independientemente que se trate de islas o costas de tierra firme. Estos planes tienen gran implicancia ambiental, dado que, si no son debidamente elaborados, se convierten de depredores, contaminadores y destructores de ecosistemas y paisajes naturales. Tal y como dijo la activista ambiental y experta en turismo, Rina Barba, en un artículo publicado en La Prensa: Se estaría matando la gallina de los huevos de oro.
Uno de los puntos demandados corresponde a este párrafo transitorio:
La ausencia del plan de ordenamiento territorial para fines de desarrollo urbano, no será impedimento para que los proyectos puedan presentarse con su propio plan de ordenamiento territorial, el cual podrá ser aprobado por las autoridades correspondientes a través de la Ventanila Única, establecida en el artículo 10 de la presente Ley, para adoptarlos transitoriamente como planes normativos y reguladores del área.
Nótese que esta ley no fue consultada a nivel de los municipios y muchos municipios costeros desaprobaron las pretensiones de esta ley. El MEF hasta falsificó la firma de la Alcaldesa de Santa Isabel, para hacer ver que estaban de acuerdo son su magnífica ley, luego que estos habían emitido un comunicado como Consejo Provincial de Colón, repudiando, la mencionada ley.
Los ambientalistas tenemos fé que la Corte Suprema defenderá el interés nacional y de todos sus ciudadanos, declarando inconstitucional la Ley 2 del 7 de enero de 2006.
A CONTINUACIÓN EXTRACTO DE LA EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE HA INTERPUESTO EL ABOGADO Y AMBIENTALISTA JOSÉ H. SANTOS AGUILERA PARA QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY NO. 2 DE 7 DE ENERO DE 2006:
La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, a través del parágrafo transitorio del artículo 23, establece que los proyectos podrán presentarse con su propio plan de ordenamiento territorial ante la ausencia del plan de ordenamiento territorial para fines de desarrollo urbano, situación contraria a lo estipulado en el artículo 233 de la Constitución, por cuanto se le otorga a las inmobiliarias y a las empresas turísticas una competencia municipal consagrada constitucionalmente, la de ordenar el desarrollo del territorio- que obviamente incluye costas e islas.
En esa dirección, resulta a todas luces contradictoria la función legislativa que está desarrollando la Asamblea Nacional, toda vez que en diciembre pasado discutió y aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 164, "que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y adopta otras medidas", el nuevo marco jurídico para el ordenamiento de viviendas y establecimientos comerciales, mismo que en atención al artículo 233 de la Constitución atribuye competencia a los municipios para que lleven a cabo los planes locales de ordenamiento en calidad de autoridades urbanísticas. Surge así una gran interrogante: si los Municipios son competentes en materia de ordenamiento de viviendas y establecimientos comerciales, ¿por qué no lo son en materia de ordenamiento de edificaciones y unidades habitacionales con carácter turístico en costas e islas?
La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola de manera directa el artículo 232 y 233 de la Constitución Política Nacional. Al plantearse, en una frase del artículo 30, "que ninguna autoridad municipal tendrá facultad para impedir o dilatar el inicio de obras que hayan sido autorizadas sobre terrenos conferidos conforme a los términos de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006", considero que se refuerza todavía más la idea de que con la Ley acusada de inconstitucional se le pretende otorgar a las inmobiliarias y empresas turísticas la competencia que la Constitución Política Nacional le atribuye a los Municipios de ordenar el desarrollo de su territorio.
Lo que es más grave, considero que la frase acusada de inconstitucional atenta contra la Constitución de la autonomía municipal, consagrada y garantizada a través de los artículos 232 y 233 de la Constitución. La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 convierte al Municipio en un ente sin autonomía y, como bien nos advierte Carlos Mouchet, "un Municipio, sin autonomía, conduce a una vida débil". Por lo tanto, compete a este Honorable Tribunal no sólo proteger a la institución de la autonomía municipal de los excesos que se cometen en el desarrollo de la función legislativa, sino también contribuir a precisar y desarrollar el concepto de autonomía municipal.
Por último, considero que el último párrafo del artículo 5 de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola de manera directa, por omisión, el artículo 120 de la Constitución Política Nacional, toda vez que en su texto se omitió una medida derivada de los principios y lineamientos de la política nacional de ambiente y que el Estado panameño ha incorporado en la legislación ambiental para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de los recursos naturales se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia: la suspensión definitiva de todas las obras que lleva a cabo el promotor de un proyecto por infracción o incumplimiento de las obligaciones, compromisos o condiciones bajo las cuales se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Pienso que con esta omisión se pretende favorecer a los proyectos inmobiliarios y turísticos amparados por la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, ya que de haberse planteado la medida de la suspensión definitiva de las obras por incumplimiento de la resolución que autoriza el Estudio de Impacto Ambiental en el artículo 5 de la Ley acusada de inconstitucional, existiría un mecanismo de disuasión para que el promotor del proyecto cumpliera al pie de la letra la normativa ambiental.
Pero ante la ausencia de la misma, los promotores de proyectos turísticos e inmobiliarios en costas e islas no se sentirán constreñidos a ceñirse estrictamente a la normativa ambiental, porque sabrán de antemano que la única sanción que enfrentarán por el incumplimiento de la resolución que autoriza el Estudio de Impacto Ambiental será la suspensión provisional de la obra, situación que a todas luces riñe con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, y el numeral 3 del artículo 68 del Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, que regula el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, disposiciones que contemplan la medida de la suspensión definitiva de todas las obras del promotor del proyecto ante el incumplimiento de la normativa ambiental.
En resumen, la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola la Constitución Política Nacional porque atenta contra la institución de la autonomía municipal y porque le resta capacidad al Estado para salvaguardar de manera oportuna el medio ambiente y los recursos naturales, al tiempo que le quita capacidad para orientar, condicionar y determinar el comportamiento del sector privado en materia ambiental.
Tras los sucesos acaecidos en el sector de Prados del Este en septiembre de 2004, no puedo más que calificar de peligroso el hecho de que mediante esta Ley se deje al arbitrio de la empresa privada, nacional y extranjera, el ordenamiento del territorio insular y costero.
En vista de que el desarrollo de edificaciones y unidades habitacionales con carácter turístico es el objetivo de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, solicito al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la misma.
Nuestras zonas costeras e islas son una herencia común--defendámoslo
Las zonas costeras constituyen una herencia común, frágil y vital y es fundamental salvaguardar su diversidad biológica, el valor de sus paisajes, su calidad ecológica y su capacidad de mantener la vida, la salud, la actividad económica y el bienestar social.
Lo que hoy está ocurriendo con la anuencia del Sr. Martín Torrijos, se dió en España en la década del 40. Parece que no queremos aprender de los errores ajenos. Qué poco líder y vendepatria es Martín Torrijos. Su nombre quedará registrado en la historia como un títere de los intereses económicos de aquí y acullá.
Una de las principales causas de la delicada situación costera es la mala
planificación turística realizada durante 40 años. El desarrollo socioeconómico del litoral basado en este modelo resulta insostenible y debe ser reducido de forma urgente hacia patrones más sostenible que tengan en cuenta el factor ambiental y no sólo se preocupen de la rentabilidad económica a corto plazo.
Estimados/as ciudadanos/as panameños/as:
Para nosotros los "megas" son prefijos muy peligrosos y este parece serlo sin lugar a dudas, dado que ya nos hemos percatado que se le aprobó un EIA cat. 2 en vez de cat. 3 y lo realizó la misma consultora que hizo el EIA del Camino Ecológico, que era una aberración científica. No podemos esperar nada bueno de lo que allí está ocurriendo y de los verdaderos impactos que este megaproyecto genera.
Raúl A. Bernal - La Prensa, 12 de enero de 2006
El francés André Beladina llegó hace cinco años atraído por la particular belleza y encanto de Panamá. Su objetivo era establecer su residencia permanente en el país, pero poco tiempo después se encontró con un grupo de amigos e inversionistas que lo motivaron a ingresar en un "sueño" que hoy se ha constituido en uno de los proyectos más ambiciosos del sector turístico.
El ambientalista Ariel Rodríguez lo considera un proyecto "antiecológico", porque se miden las ganancias económicas y no las pérdidas ambientales.
Título de propiedad en Islas sólo para hoteleros y afines
Qué rapidez con este ley 2 del 7 de enero de 2006 y sus reglamentaciones. No sabía que el gobierno de Martín Torrijos era tan eficiente y rápido con sus patrones. Ojalá esta eficiencia la tuviera para la defensa de los intereses nacionales y el bienestar común.
Nótese además, que los isleños ingenuos que pensaron que tendrían títulos de propiedad en sus parcelitas, si apoyaban la ley que vendía costa e islas, ahora pueden ver las condiciones, estos sólo se le dará a los magnates que presenten planes o proyectos hoteleros y afines en islas.
Para los fines ambientales es nefasto la concesión de títulos a cualquiera, dado que ambas condiciones provocan construcciones, ventas, reventas y aumento en la densidad de actividades en territorios que además de ser patrimonio de todos los panameños, también se pierde ambientalmente en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la isla o costa.
Catastro presentará anteproyecto
EL Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentará la próxima semana, ante el Consejo de Gabinete, el anteproyecto de Ley No.2 que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico.
Benjamín Colamarco, director de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF, aseguró que ya tiene en sus manos el primer borrador de la reglamentación que fue trabajada por todas las instituciones relacionadas al tema.
En el caso de las islas, no se pueden titular tierras individualmente, porque la constitución establece un límite. La misma dice que sólo se puede enajenar territorio insular para efecto de un desarrollo nacional.
La Ley 2 establece una reglamentación para la promoción de la inversión turística, teniendo en cuenta la inversión hotelera.
Fuente:Panamá América, 12 enero de 2005, Pág. c1
Todos los bienes del país, públicos o privados, están disponibles para que los adquiera, plata en mano, el mejor postor.
LA HISTORIA DE la humanidad discurre en términos contradictorios: conquista y reconquista, ilustración y desilustración, rebeldes y malinches, héroes y villanos, estadistas y vendepatrias, avances y retrocesos, justicias e injusticias y de clase y desclase. El hombre es, por así decirlo, el único animal que se considera exitoso cuando abate a su misma especie o cuando revive para infortunio de su clase humillaciones o injusticias que florecían, como moneda de curso forzoso, en épocas barbarizas y remotas. La afirmación de que el hombre es un animal político constituye una ofensa a los animales: el hombre es el único ser que llama política a sus propios crímenes, incluso cuando perpetra dichos crímenes en perjuicio de su país o del legado material/espiritual de sus antepasados.
Los entes pensantes nunca han dejado de asquearse enseñando historia porque la historia es armadura inmutable de toda clase de mentiras e injusticias (historiadore, ¡traidore!). Y las fronteras que caminan o que aparecen o desaparecen son un buen ejemplo de ello. Omar Torrijos, en una época de moralidad incipiente, nos arrastró a una lucha nacionalista que alcanzó su cenit en la demolición de la "quinta frontera" y la expulsión de los ocupantes sajones de la ex Zona del Canal. "Yo no quiero entrar en la historia; yo quiero entrar a la Zona del Canal". Y se estableció allí su última morada. Pero no hay maneras de saber si para el general Torrijos constituye un reconocimiento o una ofensa que sus restos descansen en el mismo lugar donde alguna vez advirtiera que nada ganábamos los panameños cambiando a un amo blanco por otro chocolate o donde actualmente sus herederos políticos se dedican a levantar los símbolos de la opresión o a vender/destruir aquellos emblemas (como el cerro Ancón) de nuestras luchas nacionalistas para involucionar la historia patria hacia una nueva reventa o colonización del país.
Se sabe que toda colonización o conquista se apoya en pretextos. Pero los pretextos nada tienen que ver con la realidad. Para entender un pretexto, a nivel nacional o internacional, inviértase el contenido de dicho pretexto. Cuando se hable de transparencia, entiéndase corrupción; Consejo de Indias cuando se diga justicia; seguridad jurídica como protección de actos ilícitos. Pero, sobre todo, cuando este gobierno hable -hace rato que lo está haciendo- de desarrollo económico, inversiones turísticas o de generar fuentes de trabajo esto no puede significar otra cosa que las fronteras han desparecido, que el país ha sido reconquistado y que está siendo revendido a sus viejos dueños para que en menos de lo que se persigne un ñato los panameños volvamos a convertirnos en parias en nuestra propia tierra porque todos los bienes del país, públicos o privados, están disponibles para que los adquiera, plata en mano, el mejor postor.
En nombre del progreso, los habitantes nativos de la isla de Manhattan vendieron esta posesión a los holandeses por el equivalente a veinte dólares en chucherías; hoy sus descendientes escarban en los vertederos de las grandes metrópolis buscando, sin éxito, los tesoros prometidos. Y como la conquista de una nación por otra nación o el sometimiento de unos hombres por otros hombres es un fenómeno ininterrumpido, imposible sin la complicidad doméstica, hoy día observamos angustiados que Panamá se halla asediada por aquellas circunstancias vergonzosas e ilusorias que hicieron posible que los indígenas americanos, en nombre del progreso, terminaran convertidos en parias en sus propios territorios.
El problema es que nadie dice vengo a matarte o vengo a robarte. Todos dicen: vengo a ayudarte o vengo a salvarte (del terrorismo, la pobreza o de lo que sea). Con el pretexto del libre comercio, promocionar el turismo o de generar fuentes de empleo, el actual gobierno ha derribado las fronteras nacionales y ha convertido al país en un tarta apetecida para los turistas extranjeros, los capitales del narcotráfico y básicamente para los megaproyectos (como la ampliación del Canal) que impulsan nacionales y extranjeros para seguir lucrando egoístamente la posición geográfica del país. En síntesis: una vulgar reventa del Istmo.
El arzobispo sudafricano Desmond Tutu describió con la siguiente parábola este mismo fenómeno: "Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: 'Cierren los ojos y recen'. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia". Parafraseando a Tutu, nuestros hijos podrían resumir así los efectos del actual desarrollo malinchista promovido por patria nueva: "Vinieron. Ellos tenían la plata y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: 'Cierren los ojos y vendan'. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros no teníamos ni plata ni tierra ni esperanza ni nada".
samudio@cwpanama.net
Fuente: Opinión --El Panamá América, 12 de enero de 2005
Esta es la foto protocolar de la firma de la sanción de la Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, que vende nuestras islas y costas a magnates nacionales y extranjeros, contraviniendo la constitución que indica que las islas y costas son patrimonio inalienable de la nación panameña y por ende de todos sus ciudadanos.
Por tanto, claramente se les puede decir a estos señores:
AQUI ESTÁN, ESOS SON, LOS QUE VENDEN LA NACIÓN!
Los diablitos siempre son malos consejeros
El presidente Martín Torrijos Espino sancionó el sábado la Ley 2 del 7 de enero de 2006, que busca promover la inversión turística en Bocas del Toro y presenció el inicio de la construcción del puente sobre el río Changuinola, que une esta comunidad con Almirante. Ésta es otra ley a la que un grupo de ecologistas ha manifestado su desacuerdo, como el biólogo y ambientalista Ariel Rodríguez, quien en varias oportunidades ha señalado que la misma sólo beneficiará a pocos y pone en peligro las costas panameñas. Durante un acto que se desarrolló en Isla Colón, el Mandatario señaló que de esta forma el gobierno cumple con las necesidades del país y con las peticiones de los moradores de esta provincia. El Presidente recalcó que la ley sancionada promueve la inversión en el sector turístico y que repercutirá en empleos para la población.
Fuente: La Estrella de Panamá, 9 de enero de 2006.
Comentario: En las discusiones de la ley se solicitó cuáles serían esas ventajas de la ley y no pudieron sustentar nada. De hecho la exposición de motivos de la ley carece totalmente de argumentos.
Editorial Hoy por Hoy de La Prensa - 8 de enero de 2006
Venta y concesiones en islas y costas de Panamá
Tal vez la recién sancionada ley que pretende regular el territorio insular no llega a solventar toda la gama de situaciones que prevemos se desprenderá de la aplicación de este instrumento, pero lo cierto es que el tema, tal cual ha sido manejado hasta ahora, daba cabida a la incertidumbre con un peligroso incentivo a la especulación.
Esto no es dable en un Estado de Derecho y de allí que la ley debe verse como un intento de ordenar las cosas. El resto, nos toca a todos como sociedad civil. Nos corresponde monitorear rigurosamente y proponer las modificaciones pertinentes para impedir abusos, malos usos y despojos.
Por ahora, auguramos que el juega vivo en materia de bienes y raíces en esas valiosas áreas de interés, no solo turístico sino también social, podrá ser eficazmente desterrado para dar cabida al beneficio colectivo.
Es optimista La Prensa, pero la forma como se gestó y aprobó esta ley de islas y costas nació hija de la corrupción y es muy dificil o casi imposible que se enmiende, a la buena, esta decisión tomada por el gobierno de Patria Nueva (nombre contradictorio por cierto).
LAPRENSA/Jihan Rodríguez
CONCESIÓN. Los centros turísticos de Bocas mantienen elevados niveles de ocupación. Isleños temen perder sus tierras
Concesiones de islas por 90 años.
CONTADORA. Ahora a los inversionistas les será más fácil desarrollar proyectos turísticos en islas y costas de Panamá. LA PRENSA/ Jihan Rodríguez
La Ley 2 de enero de 2006 (Ley 132 aprobada en diciembre en la Asamblea Nacional en 2005) establece que las concesiones serán por un término de 60 años con la opción de prórroga por 30 años más. Este trámite requiere de convocatoria pública conforme a la reglamentación que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas.
Director ejecutivo de Ancon
VENTA DE ISLAS Y COSTAS: PIRATERÍA Y CORRUPCIÓN EN PANAMÁ
Hoy sábado 7 de enero de 2005, hemos leído la noticia abajo desplegada en la página electrónica de la Presidencia de la República. Todo indica que la la Ley 132 se ha convertido en la Ley No. 2 de 2006. La noticia no aclara que se trata el proyecto 132 aprobado a final del año 2005 en la Asamblea Nacional, pero es evidente que se trata de esta ley que sólo le faltaba la sanción presidencial que hoy se ha dado.
Efectivamente, creemos que esta ley muestra el lado corrupto de Martín Torrijos y su falta de compromiso generacional. Es evidente que esta ley está confeccionada a la carta, de algunos interesados que pretenden adueñarse, a su manera, de nuestras islas y costas más hermosas de este país. No era necesario vender nuestro patrimonio para lograr objetivos económicos que supuestamente esta ley desea.
No nos queda más que demandar esta ley por lesiva al interés y la seguridad nacional. Nos arrebata al resto de los panameños del patrimonio colectivo que representan nuestras islas y costas.
Sabemos que para muchos esto no es un problema, pero nosotros que conocemos un poquito de derechos de tercera generación sabemos que se ha cedido nuestro patrimonio a apetitos insaciables de avaricia de cierta burguesía panameña y extranjera. Pero el problema no es este, es el efecto ambiental combinado que resultará de las acciones que realicen los lugareños, más los nuevos "inversionistas" en los territorios costeros e insulares, incluyendo manglares y arrecifes. Se imaginan la demanda de energía, movimiento de personas, producción de desechos, etc en estos sistemas tan pequeños y frágiles?
Hemos decidido independientemente de los resultados de la demandas legales, publicar un libro con el compendio de la información y discusiones que se dió en torno a este tema, con tal que las generaciones que no han nacido sean informados de quienes le vendieron su patrimonio. El libro se denominará: VENTA DE ISLAS Y COSTAS: PIRATERÍA Y CORRUPCIÓN EN PANAMÁ
Con esta sanción de la ley que vende islas y costas de Panamá, Martín Torrijos y su ministro socio Ubaldino Real, junto al diputado Pedro Gonzales y al señor Benjamín Colamarco se hacen acreedores a la medalla Phillipe Buneau Varilla y la afrenta que ella representa.
Ya pasará el tiempo y veremos los beneficiarios de esta ley. Ojalá nuestra Corte Suprema ampare el derecho de todos los panameños en mantener soberanía ciudadana sobre sus islas y costas.
Futuro promisorio para Bocas del Toro, augura presidente Torrijos
El presidente Martín Torrijos Espino, sancionó este sábado la Ley 2 del 7 de enero de 2006, que busca promover la inversión turística en Bocas del Toro y presenció el inicio de la construcción del puente sobre el río Changuinola, que une esta comunidad con Almirante.
Durante un acto que se desarrolló Isla Colón, el mandatario señaló que de esta forma el gobierno cumple con las necesidades del país y con las peticiones de los moradores de esta provincia.
El Presidente recalcó que a pesar de sancionarse una ley que promueve la inversión en el sector turístico y la construcción de un puente, que otras administraciones pasaron por alto, hay quienes promueven el desasosiego, pretendiendo mantener el país en el atraso. ¿Hay quienes creen que nosotros no tenemos la capacidad, la valentía y la honestidad de enfrentar los problemas para lograr mejores días para los panameños, afirmó el mandatario.
Continúan destruyendo islas de Panamá por el boom urbanístico
Los siguientes tres párrafos en letras rojas son un extracto de la nota periodística PANAMÁ CRECE VERTICAL, publicado el 7 de enero de 2005 en el diario La Prensa. Nosotros como ambientalistas creemos en el desarrollo ordenado de la ciudad de Panamá, pero nos preocupa que los proyectos vuelvan más caótica y fea la ciudad de Panamá, tal y como hoy es el adefesio urbanístico denominado Punta Paitilla. El tema principal de nuestras preocupaciones son las islas y costas que con el extracto siguiente demuestra que Isla Viveros en el archipiélago de Las Perlas, será una pesadilla ambiental para nosotros, dado que lo que allí se propone es contranatura y parece que aquí cada promotor hace lo que le da la gana y no existe autoridad que impida este exabrupto ambiental en estas islas que teóricamente son del pueblo panameño.
Hasta cuándo este abuso!!
Entre los proyectos que se están publicitando en los mercados internacionales también figuran el Sky Blue Tower, las torres 400 y 300 del grupo Costa Pacífica, los condominios Bayside, Cabomarzo , City Land, Destiny y Acqua, el parque residencial Pacific Wind y el complejo Viveros Island.
Este último se comenzó a construir en agosto, en una isla ubicada al sur de Contadora, y sus promotores –una sociedad de capitales europeos, mexicanos y panameños– tienen previsto invertir allí 500 millones de dólares en los próximos cinco años.
"Es un proyecto dirigido a la clase media alta. Ya construimos la pista de aterrizaje y este año iniciaremos el hotel y el urbanismo. Las 500 villas se harán después, al igual que los 500 apartamentos de los condominios", dijo André Beladina, vocero del grupo Viveros.
Nota: Isla viveros era una isla con integridad boscosa total. El proyecto total allí propuesto rebasa toda capacidad de carga de dicha isla. Nótese que ya se construyó el aeropuerto!!

References: artículo 233
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 232
 artículo 30
 artículo 5
 artículo 120
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 112
 artículo 68