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Timestamp: 2018-12-17 01:09:22+00:00

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﻿ SENTENCIA C-334 DE MAYO 17 DE 2017
SENTENCIA C-334 DE 17 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:SITUACIONES EN LAS QUE LA POLICÍA PUEDE INGRESAR A UN INMUEBLE CON Y SIN ORDEN ESCRITA Y EL TRASLADO POR PROTECCIÓN. SE PRECISA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD PARA QUE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PUEDA EMITIR ORDENES DE INGRESO A INMUEBLES Y, ESPECÍFICAMENTE, EL HECHO DE QUE SE TRATARA DE UNA FACULTAD GENERAL, PERMANENTE, SIN LÍMITES DEFINIDOS NI CONTROL JUDICIAL, QUE SE HABILITABA EN NUMEROSAS OPORTUNIDADES, LLEVA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN DEL INGRESO A INMUEBLE CON ORDEN ESCRITA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 1801 DE 2012. LAS MISMAS RAZONES IMPLICAN QUE, TAMBIÉN LA MERA ENUNCIACIÓN DE LA MEDIDA, QUE SOLO SE COMPRENDÍA EN SU INTEGRIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO DECLARADO INEXEQUIBLE, SEA ENTONCES INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN. SI LO ES LA REGULACIÓN COMPLETA, DETALLADA Y ESPECÍFICA DEL INGRESO A INMUEBLE CON ORDEN ESCRITA, LO ES TAMBIÉN SU CONSAGRACIÓN COMO UN MEDIO MATERIAL DE POLICÍA QUE, AHORA, SERÁ EXCLUIDA DEL SISTEMA JURÍDICO. POR LO ANTERIOR, SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “8. INGRESO A INMUEBLE CON ORDEN ESCRITA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 1801 DE 2016.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, ALLANAMIENTO DE BIEN CON ORDEN JUDICIAL, ALLANAMIENTO DE BIEN SIN ORDEN JUDICIAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA, FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia C-334 de mayo 17 de 2017
Ref.: Expedientes acumulados D-11717 y 11760.
Dr. José Antonio Cepeda Amarís.
“ART. 149.—Medios de policía. Los medios de Policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas en este Código.
“ART. 155.—Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos:
PAR. 1º—Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3º del presente artículo se presente en contra de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este medio.
PAR. 2º—Antes del traslado y como primera medida, la autoridad de Policía entregará la persona a un allegado o pariente que asuma la protección; en la ausencia de estos, se trasladara la persona a un centro asistencial o de protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para tal fin por la administración municipal, según sea necesario, o, en cuanto fuera posible, se intentará llevarla a su domicilio.
PAR. 3º—La autoridad de Policía que ordena y ejecuta el traslado, deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde consten los nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio; de quien da la orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ser ello posible. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de dicho informe.
PAR. 4º—La autoridad de Policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio Público.
PAR. 5º—Cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia, porque la persona se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos fundados y el agente de Policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas previstas en este Código.
“ART. 162.—Ingreso a inmueble con orden escrita. Los alcaldes podrán dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público, en los siguientes casos:
PAR. 1º—La orden de ingreso a inmueble deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la que conste el procedimiento de Policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de inmediato la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público. Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación del procedimiento.
PAR. 2º—El ingreso a un inmueble deberá realizarse de manera respetuosa, tanto con las personas como con sus bienes. En caso de oposición a la orden de ingreso, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional a los actos opuestos.
PAR. 3º—Para la práctica de pruebas los gobernadores y alcaldes podrán disponer comisión para el ingreso al inmueble determinado.
PAR. 4º—Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elementos que justifiquen la iniciación de una acción penal, la autoridad de Policía informará al personal uniformado de la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal.
PAR.1º—El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá informar a las autoridades competentes. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las personas podrán exigir la plena identificación de laautoridad a fin de evitar la suplantación, verificación a realizar mediante mecanismos provistos o aceptados por la autoridad policial.
2. Por su parte, Jonathan Alfonso Parra Forero afirma que el conjunto de disposiciones demandadas, que regulan (i) el traslado por protección (arts. 149 y 155 de la Ley 1801 de 2016), (ii) el ingreso a inmueble sin orden escrita (arts. 149 y 163 ídem) y (iii) el ingreso a inmueble con orden escrita (arts. 149 y 162 ídem) infringen los derechos a la libertad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la restricción de estos únicamente en virtud de orden de autoridad judicial, a la intimidad familiar y personal y al buen nombre de las personas, establecidos en el artículo 28 de la Carta Política. El demandante, sin embargo, desarrolla el cargo solo por infracción de los tres primeros mandatos constitucionales.
1. El Ministerio del Interior intervino dentro del presente proceso para respaldar la solicitud de inexequibilidad de las normas impugandas (sic).
1. (sic) Indica que las causales que justifican la aplicación del traslado por protección, el ingreso a inmuebles sin orden judicial y el ingreso a inmueble precedido de mandamiento escrito se encuentran “en los límites” de las conductas punibles y, en ese sentido, dejan al arbitrario de la Policía la definición de aquellas situaciones que exigen intervención de las autoridades judiciales, como ocurre con los preceptos contenidos en los parágrafos 1º y 5º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016.
3. Luego de exponer ampliamente algunos conceptos de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de policía y la teleología y características del traslado por protección, indica que el legislador buscó dar respuesta en el diseño de esta figura a los reparos que la Corte Constitucional realizó a la institución similar, del Decreto-Ley 1355 de 1070, denominada retención transitoria, en la Sentencia C-720 de 2007. Así, presenta un cuadro comparativo entre, por un lado, las condiciones que fijó la Corte, en la citada sentencia, para la aplicación provisional de la retención transitoria y, por otro lado, las previsiones contenidas en el traslado por protección de la Ley 1801 de 2016, y concluye que el legislador observó las primeras a cabalidad en la construcción de la nueva medida.
6. Por último, el Ministerio señala que, en relación con el argumento de que el parágrafo 1º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 establece, además de las seis situaciones específicas en las cuales la Policía puede ingresar a los domicilios sin orden judicial, la posibilidad de que también se lleve a cabo “por cualquier otra situación que crea pertinente”, considera que el demandante se equivoca. Afirma que la norma es clara, al señalar que el servidor de policía debe informar las razones de la realización del procedimiento, lo cual no puede interpretarse en el sentido de que ellas puedan ser diferentes a las indicadas en los citados seis numerales. Por el contrario, a su juicio, el propósito de la norma es que se deje consignado en un documento escrito cuál de ellas justificó el uso de la medida.
2. En lo relativo al ingreso a inmueble sin orden judicial, la interviniente señala que el contenido material de las causales para su procedencia estaba ya contenido en las homólogas causales previstas en el artículo 83 del Decreto-Ley 1335 de 1979, cuya constitucional fue analizada en la Sentencia C-176 de 2008, por los mismos cargos que se proponen en esta oportunidad, de manera que, en su opinión, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En cambio, considera que la autorización prevista en el parágrafo 2º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, para que la Policía, “por razón de sus funciones”, pueda ingresar sin orden escrita a un inmueble abierto al público, desconoce la inviolabilidad del domicilio consagrada en el artículo 28 C. P.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo señala que la norma tampoco precisa que los sujetos de especial protección constitucional solo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda su situación, por lo cual desconoce el derecho a la igualdad material. Finalmente, estima que el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 emplea unas expresiones constitucionalmente problemáticas. Ejemplifica que uno de los eventos que da origen al traslado por protección consiste en que la persona “deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental”. Esta expresión, en su criterio, podría interpretarse en el entendido que las personas con discapacidad intelectual representan un riesgo para la vida e integridad de ellas mismas o de terceros y, por esta razón, deben ser objeto del traslado, comprensión contraria a sus derechos fundamentales amparados por la Constitución.
2.1. Afirma que, según el actor, el parágrafo 1º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 establece, además de las seis situaciones específicas en las cuales la Policía puede ingresar a los domicilios sin orden judicial, la posibilidad de que también se lleve a cabo “por cualquier otra situación que crea pertinente”. Sin embargo, a su juicio, este argumento carece de certeza, en la medida en que de la citada norma no se puede interpretar que se otorguen facultades a la Policía Nacional para ingresar a un inmueble sin autorización “cuando a bien tenga”. Para la interviniente, la norma solo prevé el procedimiento que debe adelantar la Policía Nacional luego de ingresar a un inmueble sin orden escrita, en todo caso, a partir de las causales previstas en el referido artículo.
2. Sostiene que los cargos contenidos en las dos demandas carecen del requisito de certeza, por cuanto no plantean una verdadera confrontación entre la norma legal acusada y los mandatos constitucionales que se estiman infringidos. De la misma manera, considera que los argumentos que los sostienen que no cumplen las exigencias de especificidad y pertinencia, en la medida en que solamente se basan en hipótesis, reproches, reproches y afirmaciones subjetivas, tales como “resulta vergonzoso es que crea otras causales además de las descritas y abiertas”, o “las facultades que se establecen en cabeza de la Policía Nacional, impiden y menoscaban el ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución y la ley, entre los que se encuentran principalmente (...)”.
3.2. En cuanto a las reglas que deben seguir los servidores de policía luego de ingresar a un domicilio sin orden escrita, previstas en el parágrafo 1º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, la interviniente señala que el legislador solamente incorporó las advertencias que la Corte Constitucional realizó en la Sentencia C-176 de 2007, al analizar la constitucionalidad de la misma institución, prevista en el artículo 83 del Decreto-Ley 1355 de 1970. Considera, adicionalmente, que la medida contenida en la norma acusada es de carácter excepcional y su finalidad constitucionalmente razonable y necesaria, por cuanto permite la reacción oportuna, rápida y efectiva de la Policía Nacional, ante situaciones excepcionales de riesgo para la vida e integridad de las personas, definidas por el legislador y avaladas por la jurisprudencia constitucional.
4. Con fundamento en las anteriores razones, el Ministerio de Justicia solicita a la Corte inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda y, subsidiariamente, declarar la existencia de cosa juzgada material sobre el contenido normativo del inciso y los cinco primeros numerales del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, así como la exequibilidad del numeral 6º y del parágrafo 1º del mismo artículo 163 y de los artículos 149, 155 y 162 ídem.
4.8. Intervención del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —CCAJAR—
Como conclusión, el interviniente sostiene que el traslado por protección es más una sanción encubierta que una verdadera medida de protección, en tanto viola de manera injustificada los derechos s la libertad personal, al principio de estricta legalidad y las garantías mínimas del debido proceso constitucional. Con fundamento en las anteriores razones, solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos por inviolabilidad de domicilio, dirigidos contra los parágrafos 1º y 2º artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, “y contra las expresiones: “ingreso a inmueble con orden escrita” e “ingreso a inmueble sin orden escrita, numerales 8º y 9º del inciso 6º, del artículo 149, de la referida ley”.
Solicita, adicionalmente, declarar inexequible la expresión “traslado por protección” contenida en el numeral 1º, inciso 6º, del artículo 149 y los artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada hace parte de una Ley de la República, en este caso, de la Ley 1801 de 2016.
4. De conformidad con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de presunta ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia implica que la demostración de los cargos contenga un mínimo desarrollo, en orden a mostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador(1).
6. El artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 regula el medio material de policía denominado “ingreso a inmueble sin orden escrita”. El artículo confiere a la Policía Nacional la potestad de penetrar en los domicilios, sin orden escrita, cuando existiere imperiosa necesidad, y establece seis situaciones en las cuales esta se configura(2).
De manera más general, la Fiscalía General de la Nación considera también que el cargo carece de especificidad, por cuanto los argumentos presentados para demostrar la inconstitucionalidad de las disposiciones atacadas son vagos y abstractos, se sustentan en deducciones del demandante y, en consecuencia, no explican la presunta violación a la Constitución. Igualmente, considera que resultan impertinentes, pues se fundan en puntos de vista del actor respecto de la interpretación de los parágrafos cuestionados. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por su parte, estima que la acusación no cumple las exigencias de especificidad y pertinencia, por cuanto se basa en hipótesis, reproches, reproches y afirmaciones subjetivas, tales como “resulta vergonzoso es que crea otras causales además de las descritas y abiertas”, o “las facultades que se establecen en cabeza de la Policía Nacional, impiden y menoscaban el ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución y la ley (…)”.
9. La Sala comparte sustancialmente el criterio de los citados intervinientes, en el sentido de que el cargo bajo análisis exhibe una evidente carencia de certeza. El parágrafo 1º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 establece el procedimiento a seguir por los servidores de policía una vez han llevado a cabo el ingreso a un inmueble sin orden escrita. La norma les fija la obligación de rendir un informe a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste “la razón” por la cual se realizó el ingreso al inmueble. El demandante parte de la base de que el deber en cabeza de los servidores de policía, de expresar “la razón” que los condujo a realizar la diligencia implica, correlativamente, que la autoridad detenta la autoridad de emplear este medio de policía bajo cualquier justificación. Sin embargo, la interpretación del enunciado normativo que realiza el actor de ninguna manera se deriva de su texto.
13. De manera general, en virtud de la cosa juzgada constitucional, las decisiones adoptadas por la Corte, en cumplimiento de su función de garantizar la integridad y la supremacía de la Carta, adquieren valor jurídico o fuerza vinculante y se tornan definitivas, intangibles, incontrovertibles e inmutables y con efectos erga omnes(3).
La cosa juzgada, adicionalmente, asegura el principio de supremacía constitucional, en tanto las decisiones que definen la constitucionalidad de una norma y que, por ende, tienen el propósito de asegurar la integridad de la Carta, no pueden ser, como regla general, discutidas o enervadas con posterioridad. Por último, la cosa juzgada garantiza el derecho a la igualdad, pues el sentido y alcance de las leyes adquieren estabilidad luego de una decisión de la Corte, en especial cuando emite sentencias interpretativas, de exequibilidad condicionada(4).
16. La cosa juzgada formal recae sobre enunciados normativos cuya constitucionalidad ya ha sido juzgada por la Corte con anterioridad. Se impugna una disposición, es decir, un texto emanado del legislador que ha sido objeto de control constitucional en el pasado. Por el contrario, se predica la existencia de cosa juzgada material en los eventos en los cuales la demanda dirige el ataque, si bien no contra el mismo texto normativo examinado en una sentencia anterior, sí contra un contenido prescriptivo cuya constitucionalidad ya ha sido juzgado antes por la Corte, a partir de una disposición distinta(5).
La cosa juzgada formal recae sobre un artículo, un inciso, un numeral o un segmento de estos, constitucionalmente controlado en una ocasión precedente. En cambio, en la cosa juzgada material, el texto sometido a control mediante una demanda no ha sido examinado antes y, sin embargo, se considera que hay cosa juzgada porque expresa el mismo supuesto de hecho y la misma consecuencia jurídica, tiene los mismos destinatarios y los mismos ingredientes normativos de una regulación juzgada en una sentencia anterior. La cosa juzgada material supone que la constitucionalidad de un contenido normativo, que se desprende del texto ahora acusado, ha sido decidida en una decisión anterior(6).
17. Por otra parte, la cosa juzgada absoluta implica que una sentencia de la Corte resolvió definitivamente la constitucionalidad de una disposición y, por lo tanto, agotó cualquier otro debate ulterior al respecto. En contraste, se predica la cosa jugada relativa cuando la norma acusada ya ha fue analizada antes por la Corte, solo por uno o unos específicos cargos, en relación con los cuales su incompatibilidad con la Constitución no puede volver a discutirse. Mientras que en la cosa juzgada absoluta, como regla general, la resolución adoptada por la Corte implica la imposibilidad de que esta vuelva a ocuparse de examinar cualquier cargo contra la norma, en la cosa juzgada relativa la Corte debe volver a conocer las impugnaciones contra aquella, salvo que se funden en los mismos cargos ya resueltos con anterioridad(7).
18. A la luz de la anterior conceptualización, puede hacerse referencia a dos conjuntos de efectos de la cosa juzgada constitucional, dependiendo de si la decisión de la Corte fue de (i) inexequibilidad o de (ii) exequibilidad(8).
(i) Si la Corte declara inexequible un texto normativo y, por lo tanto, este es retirado del sistema jurídico, hay (i.i) cosa juzgada formal, pues la constitucionalidad de ese enunciado ya fue decidida y no puede ser controvertida y (i.ii) cosa juzgada absoluta, en la medida en que el debate sobre su constitucionalidad no puede ser reabierto, ni siquiera a partir de unos cargos distintos. La decisión de la Corte deberá ser, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia anterior(9).
Si se demanda, no un mismo texto ya declarado inexequible, pero sí otro del cual se desprende un contenido normativo idéntico al declarado inexequible en una sentencia anterior, existe (i.iii) cosa juzgada material, por tratarse de una regulación cuya inconstitucionalidad ya fue constatada y declarada(10). La Corte deberá, por lo tanto, estarse a lo resuelto en la sentencia anterior y declarar la inexequibilidad de la disposición acusada.
(ii) Si la Corte declara exequible un enunciado normativo, en caso de que sea demandado una vez más, por los mismos cargos analizados con anterioridad, habrá (ii.i) cosa juzgada formal, pues se impugna el texto legislativo ya declarado exequible antes, y (ii.ii) cosa juzgada relativa, pues no procede el nuevo pronunciamiento en razón de que el juicio de constitucional se formula con arreglo a los mismos cargos ya analizados(11). En todos estos casos, la Corte deberá estarse a lo resuelto en la sentencia anterior y declarar su exequibilidad.
Si se demanda de nuevo, no el mismo enunciado declarado exequible en una sentencia dictada antes, pero sí un contenido normativo idéntico al estudiado en esa ocasión y por los mismos cargos analizados en dicha oportunidad, habrá, como regla general, (ii.iii) cosa juzgada material, por tratarse de una regulación que la Corte ya encontró conforme con la Carta Política en una decisión anterior, y (ii.iv) cosa juzgada relativa, pues un nuevo pronunciamiento no procede en razón de que la acusación de inconstitucionalidad contra la norma es idéntica a la ya examinada. La Corte deberá, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia anterior y declarar su exequibilidad(12).
La jurisprudencia constitucional ha considerado, sin embargo, que en estos últimos casos la ratio decidendi de la sentencia anterior podría no constituir una cosa juzgada sino meramente un precedente, del cual la Corte se podría apartar, mediante el ofrecimiento de argumentos con capacidad para demostrar que existen elementos normativos y de hecho que obligan a distinguir entre la regulación material juzgada en el pasado y la regulación material que ahora se propone juzgar. De esta manera, en los supuestos en los cuales un contenido prescriptivo ha sido declarado exequible en precedencia, existe la posibilidad de una sentencia de inexequibilidad con posterioridad(13).
A continuación, el artículo define los medios inmateriales como manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía y establece cinco (5) medios de esta naturaleza(14). Luego, el mismo artículo define los medios materiales de policía, como los instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad de Policía, y contempla quince (15) medios materiales de policía, entre ellos, “1. Traslado por protección (…)”(15).
23. Pues bien, en la Sentencia C-281 de 2017, M. P. (E) Aquiles Arrieta Gómez, la Corte estudió una demanda, entre otras disposiciones, contra las mismas dos impugnadas en esta oportunidad. Se acusaba la expresión “1. Traslado por protección” del artículo 149 de la Ley 1801 de 2016 y de otro lado, el artículo 155 de la misma ley, que regula de forma detallada y específica esa medida y las condiciones, límites, prohibiciones y reglas para los servidores de policía, durante del procedimiento y luego de su realización. De la misma manera, como en el presente caso, en aquel los demandantes sostenían que el traslado por protección desconocía, entre otras normas constitucionales, el derecho a la libertad personal y la reserva de orden judicial para su restricción.
28. En este orden de ideas, partiendo de los tres anteriores problemas detectados, relativos a (i) la indeterminación de una de las causales que habilitaban la aplicación del traslado por protección, (ii) la no superación del test de proporcionalidad cuando la persona es llevada a “un lugar especialmente destinado para tal fin”, y (iii) la carencia de algunas garantías en desarrollo del procedimiento, la Corte resolvió “Décimo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “traslado por protección” del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que (i) el traslado por protección “a un lugar destinado para tal fin” solo se podrá aplicar en los municipios que cuenten con los lugares adecuados de atención y protección de personas trasladadas; (ii) en el informe escrito exigido por el parágrafo 3º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 se deberá incluir, además de la causal invocada, los hechos que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se considera que esos hechos caben dentro de la causal; y (iii) la persona sujeta al traslado podrá solicitar la cesación del mismo al superior jerárquico que haya recibido el informe. Así mismo, se declara INEXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, y EXEQUIBLE el parágrafo 3º del mismo artículo, por los cargos examinados y en los términos de esta sentencia”.
6.2.2.5. Existencia de cosa juzgada constitucional en relación con el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016.
Por otro lado, en tanto el parágrafo 1º del artículo 163 demandado, establece que la autoridad que realice la diligencia debe elaborar un informe escrito donde consten las razones del ingreso dirigido a su superior, la sentencia estimó que esto no excluía la intervención de una autoridad judicial competente para proteger la inviolabilidad del domicilio, dado que se trata de una garantía que hace parte del núcleo esencial de este derecho fundamental. Por consiguiente, concluyó que el procedimiento de control administrativo previsto en la norma era compatible con la Carta, en el entendido de que no excluía el control judicial posterior de la diligencia. No obstante, como no existe norma que establezca la jurisdicción competente y el procedimiento para realizar este control judicial a solicitud del interesado, decidió exhortar al Congreso de la República para su creación.
35. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Corte resolvió: “Primero. Declarar EXEQUIBLES el enunciado y los numerales 1º al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados. Segundo. Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del parágrafo 1º del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, EN EL ENTENDIDO de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Tercero. EXHORTAR al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, en un término no superior al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que defina: (i) la jurisdicción y el juez competente para realizar el control posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por parte de autoridades administrativas, (ii) los términos y condiciones para solicitarlo y para su realización, (iii) los aspectos procesales del control y (iv) los poderes del juez en la materia. Cuarto. En el caso en el que al vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior, dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de garantías”.
Por lo anterior, podría considerarse que la expresión “ingreso a inmueble con orden escrita”, prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, no tiene un alcance normativo autónomo o separable del artículo excluido del sistema jurídico, mediante la Sentencia C-223 de 2017. Esto, así mismo, podría conducir a pensar que la inconstitucionalidad de la referida expresión hizo tránsito a cosa juzgada material, a partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, en la Sentencia C-223 de 2017. Con todo, como se indicó, la Corte ha sido particularmente estricta al determinar que ha tenido lugar una cosa juzgada material y ha exigido que el contenido normativo juzgado con anterioridad sea idéntico al que luego se analiza, para concluir que en el caso posterior la materia ya ha sido objeto de control precedentemente(16).
42. En el presente asunto, como se ha señalado, el artículo 149 del Ley 1801 de 2016 se ocupa de los medios de policía en general, los define, los clasifica en materiales e inmateriales, enuncia cinco (5) de la primera clase y quince (15) de la segunda clase. Dentro del segundo grupo prevé, en el numeral 8º, “ingreso a inmueble con orden escrita”. A su vez, el artículo 162 de la misma ley, declarado inexequible, regulaba específicamente el procedimiento de ingreso a inmueble con orden escrita, establecía las situaciones en que podía llevarse a cabo, las exigencias y los requisitos para la ejecución del procedimiento.
1. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “8. Ingreso a inmueble con orden escrita”, contenida en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
2. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, dentro del Expediente D-11717, en relación con el cargo formulado contra los parágrafos 1º y 2º, artículo 163, de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
3. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, dentro del Expediente D-11760, en relación con la acusación por inconstitucionalidad de la expresión “9. Ingreso a inmueble sin orden escrita”, prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, y contra el parágrafo 2º, artículo 163, de la misma ley.
4. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-212 de 2017, respecto al cargo contra el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
5. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281 de 2017, en relación con el cargo contra la expresión “1. Traslado por protección”, prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, y contra el artículo 155 de la misma ley.
6. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-223 de 2017, en lo relativo al cargo contra el artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
1 Una explicación amplia de las exigencias que deben cumplir los cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
2 “1. Para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. 2. Para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro. 3. Para dar caza a animal rabioso o feroz. 4. Para proteger los bienes de personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas. 5. Cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos. 6. Para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando o usando fuegos pirotécnicos, juegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.
3 “No obstante que la cosa juzgada constitucional tiene su fuente en la teoría general, la particular naturaleza del juicio de constitucionalidad impone unas diferencias significativas, como, por ejemplo, la relacionada con el efecto ínter partes, que tiene la cosa juzgada en el proceso ordinario frente al efecto erga omnes, que reviste en el proceso constitucional”, Sentencia C-774 de 2001. En este mismo sentido, la Corte ha considerado que si bien la cosa juzgada constitucional comparte algunas características propias de la cosa juzgada de los fallos ordinarios, como su fuerza vinculante que impide un nuevo pronunciamiento respecto del mismo asunto, “la cosa juzgada constitucional tiene además particularidades derivadas de su naturaleza objetiva y abstracta, así como de su efecto erga omnes, pues su obligatoriedad no solo se predica de la norma formalmente analizada sino también de su contenido material y su efecto irradia tanto el contenido actual de la ley estudiada como de la ley posterior”. sentencias C-659 de 2016, C-820 de 2006, y C-489 de 2009. La Corte ha indicado, por otro lado, que la cosa juzgada “caracteriza un determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio por parte de un tribunal con competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes”, sentencias C-462 de 2013. Ver, así mismo, las sentencias C-193 de 2016, C-838 de 2013, C-468 de 2011, C-979 de 2010, C-241 de 2012, C-978 de 2010, C-774 de 2001.
4 La Corte ha explicado que, en aras de respetar y proteger la labor del legislador y del principio democrático, a través de las sentencias interpretativas busca asegurar al máximo la vigencia de leyes y disposiciones con fuerza material de ley dentro del ordenamiento jurídico, mediante la armonización de normas con la Constitución. “En efecto, con las sentencias de constitucionalidad condicionada, si una disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente”. Sentencia C-496 de 1994, citada en la Sentencia C-259 de 2015. En el mismo sentido, ver las Sentencias C-1299 de 2005, C-923 de 2005, C-928 de 2005, C-128 de 2002, C-333 de 2001, C-477 de 2001 y C-505 de 2001. C-259 de 2015. Sobre los anteriores fines de la cosa juzgada constitucional, entre muchas otras decisiones, ver las Sentencias C-600 de 2010, C-241 de 2012, C-462 de 2013, C-007 de 2016, C-798 de 2003, C-1034 de 2003, C-244 de 2006, C-716 de 2008, C-073 de 2014, C-073 de 2014, C-337 de 2007, C-287 de 2014, C-259 de 2015, C-798 de 2003, C-1034 de 2003, C-244 de 2006 y C-716 de 2008, C-310 de 2002, C-393 de 2011, C-241 de 2012, C-257 de 2013, C-332 de 2013, C-090 de 2015, C-259 de 2015, C-007 de 2016 y C-659 de 2016.
5 Con frecuencia, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material se identifica con otra distinción, originada en la filosofía analítica del derecho y recepcionada luego en la teoría constitucional, entre disposición y norma, distinción también aceptada en la doctrina de esta Corte (a este respecto, ver las sentencias C-1046 de 2001, C-038 de 2006, C-857 de 2008 y C-073 de 2014). La disposición se entiende como el enunciado normativo o el texto creado por las autoridades normativas (ya sea el legislador o el constituyente), y la segunda como el significado de ese texto, atribuido por los intérpretes, particularmente por los jueces. Bajo el empleo de esta distinción, no se interpretan normas, sino que estas son el resultado de interpretar las disposiciones. Las normas, en suma, no anteceden la interpretación sino que la suceden. Sobre la aplicación de esta aproximación analítica a la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ha afirmado la Corte: “[d]e acuerdo con ideas de la teoría del derecho aceptadas en la jurisprudencia de esta Corporación, es posible distinguir entre las normas y los textos en que son formuladas. Los últimos se denominan disposiciones o enunciados jurídicos y, en principio, coinciden con los artículos, numerales o incisos en que se encuentran formuladas las reglas o principios constitucionales y legales, aunque estas formulaciones pueden encontrarse también en fragmentos más pequeños de un texto normativo, como oraciones o palabras individuales, siempre que incidan en el sentido que se puede atribuir razonablemente a cada disposición… Las normas, siguiendo con esta construcción, no son los textos legales sino su significado. Ese significado, a su vez, solo puede hallarse por vía interpretativa y, en consecuencia, a un solo texto legal pueden atribuírsele (potencialmente) diversos contenidos normativos, según la forma en que cada intérprete les atribuye significado. Las normas de competencia del orden jurídico determinan el órgano autorizado para establecer con autoridad la interpretación jurídica de cada disposición, según criterios de especialidad y jerarquía, en el sistema de administración de justicia (…). En ese plano, la cosa juzgada formal recae sobre disposiciones o enunciados normativos, mientras que la cosa juzgada material se estructura en relación con las normas, o los contenidos normativos de cada disposición. En consecuencia, la cosa juzgada formal se configura cuando se presenta una demanda contra una disposición sobre cuya constitucionalidad la Corte se había pronunciado previamente, mientras que la cosa juzgada material se produce cuando, a pesar de demandarse una disposición distinta, el Tribunal constitucional constata que su contenido normativo coincide con el que ya había analizado. Por ejemplo, cuando un artículo de una ley formula de manera distinta un contenido normativo previamente estudiado por la Corte Constitucional (Sentencia C-279 de 2014). En el mismo sentido, ver las sentencias C-259 de 2015 y C-007 de 2016.
6 La Corte ha sido rigurosa en la exigencia de que, para la configuración de la cosa juzgada material, es imprescindible que el contenido regulativo juzgado con anterioridad sea idéntico al que luego se demanda. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-241 de 2012, en la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley 599 de 2000 (actual Código Penal) que tipifica el delito de incesto, la Corte llegó a la conclusión de que, no obstante a través de la Sentencia C-404 de 1998 se había decidido que el artículo 259 del Decreto 100 de 1980 (anterior Código Penal), que consagraba la misma conducta punible, era ajustado a la Constitución, no existía cosa juzgada material, por cuanto no solo el contexto jurídico e histórico de expedición de las dos normas era distinto, sino que los marcos punitivos eran diferentes para cada una de las prohibiciones. En otra decisión, la Corte señaló: “el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo ha reiterado la Corte, no solo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico. En el mismo sentido, ha dicho la Corte que existe cosa juzgada material cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación. Se requiere entonces que la primera decisión recaiga sobre una disposición distinta —a la demandada— pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico” (Sentencia C-394 de 2002). Ver, así mismo, las sentencias C-489 de 2000, C-310 de 2002 y C-040 de 2003.
7 Ver al respecto, las sentencias C-600 de 2010, C-279 de 2014, C-659 de 2016, C-287 de 2014, C-774 de 2001, C-310 de 2002, C-004 de 2003, C-039 de 2003, C-1122 de 2004, C-469 de 2008 y C-621 de 2015.
8 En la Sentencia C-007 de 2016, también se plantean dos grupos de efectos de la cosa juzgada, tomando como ejes las decisiones de exequibilidad e inexequibilidad que puede adoptar la Corte.
9 En la Sentencia C-245 de 2009, la Corte estableció: “en relación con las sentencias de constitucionalidad, el principio general es la cosa juzgada constitucional absoluta, el cual impide que el juez se pronuncie de nuevo sobre lo que ya ha sido juzgado por esta Corporación en providencias constitucionales anteriores o inicie un nuevo debate constitucional respecto de normas sometidas a decisiones constitucionales definitivas (…) debe la Sala resaltar que el principio de cosa juzgada constitucional absoluta cobra mayor relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Política son expulsadas del ordenamiento jurídico, no pudiendo sobre ellas volver a presentarse demanda de inconstitucionalidad o ser objeto de nueva discusión o debate. Lo anterior, máxime si se trata de una declaración de inexequibilidad de la totalidad del precepto demandado o de la totalidad de los preceptos contenidos en una ley. En tales casos, independientemente de los cargos, razones y motivos que hayan llevado a su declaración de inconstitucionalidad, no es posible emprender un nuevo análisis por cuanto tales normas han dejado de existir en el mundo jurídico”.
10 La Corte ha denominado a la cosa juzgada material, derivada de una sentencia de inexequibilidad, “cosa juzgada material en sentido estricto” y ha establecido que su verificación implica varias condiciones “1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible, 2. que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción, y, por el contrario, si la redacción es igual pero del contexto se deduce un significado normativo distinto, se entiende que no se realizó una reproducción, 3. que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la “reproducción” haya sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma, y 4. que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad”. Sentencia C-1173 de 2005, reiterada en las sentencias C-241 de 2012, C-259 de 2015 y C-007 de 2016.
11 Puede, no obstante, predicarse también cosa juzgada formal, de carácter absoluto, en aquellos casos en los cuales se impugna una disposición perteneciente a una regulación más amplia, cuya constitucionalidad integral ya ha sido decidida, a partir de una confrontación con toda la Constitución, como ocurre con el control previo de las leyes estatutarias. La Corte también clarificó en la Sentencia C-774 de 2001, que cuando la Corte no fija expresamente el alcance de sus decisiones de exequibilidad, en principio, se entiende que las mismas hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, pues “está Corporación está obligada a confrontar las disposiciones demandadas con la totalidad de la Constitución”.
12 La Corte ha denominado a la cosa juzgada material, derivada de una sentencia de exequibilidad, “cosa juzgada material en en sentido lato o amplio”.
13 Más exactamente, la Corte ha considerado que cuando un contenido regulatorio ha sido declarado exequible con anterioridad y es demandado un texto normativo del cual se puede inferir el mismo contenido, se tienen básicamente dos opciones: (i) reiterar el precedente, como cosa juzgada material, de modo que se garantice la consistencia judicial, la estabilidad del derecho, la seguridad jurídica y el principio de la confianza legítima. Se aplica, entonces, la misma ratio decidendi anterior, se mantiene la conclusión que de ella se deriva y se decide estarse a lo resuelto, además de declarar exequible la norma demandada, o (ii) apartarse del precedente, con la asunción de la carga argumentativa que la obliga a justificar por medio de “razones poderosas”, que el cambio se hace para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores. En estos supuestos, se ha considerado que los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y se enmarcan dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales que garantiza la interpretación de la Constitución como un texto viviente. Ver la sentencias C-447 de 1997, C-311 de 2002, C-774 de 2001, C-096 de 2003 C-774 de 2001. De la misma manera, ver las sentencias C-241 de 2012 y C-007 de 2016.
14 1. Orden de Policía, 2. Permiso excepcional. 3. Reglamentos, 4. Autorización, y 5. Mediación policial.
15 Los demás medios materiales de policías previstos son: “2. Retiro del sitio. 3. Traslado para procedimiento policivo. 4. Registro. 5. Registro a persona. 6. Registro a medios de transporte. 7. Suspensión inmediata de actividad. 8. Ingreso a inmueble con orden escrita. 9. Ingreso a inmueble sin orden escrita. 10. Incautación. 11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos. 12. Uso de la fuerza. 13. Aprehensión con fin judicial. 14. Apoyo urgente de los particulares, y 15. Asistencia militar.
16 De la misma manera, ha señalado que cuando existe una pronunciamiento sobre una norma estrechamente relacionada con la norma objeto del segundo juicio, el juez constitucional debe tener seriamente en cuenta el precedente constitucional de forma tal que se respeten los principios de coherencia y consistencia de la jurisprudencia, pero no es posible, pese a sus similitudes, confundir el respeto al precedente con el cumplimiento del efecto de cosa juzgada de una determinada decisión. Ver, a este respecto, la Sentencia C-720 de 2007.

References: ARTÍCULO 162
 ARTÍCULO 149
 artículo 28
 artículo 155
 artículo 163
 artículo 83
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 artículo 155
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 artículo 237
 artículo 259