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Timestamp: 2019-10-20 14:53:58+00:00

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Auto Interlocutorio 233
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
Córdoba, trece de octubre de dos mil dieciséis.
I. Los demandados por derecho propio deducen recurso directo en autos “HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ VALENTINUZZI, CARLOS ALBERTO O. y OTRO – EJECUCIÓN HIPOTECARIA – RECURSO DIRECTO (Expte. 2733262/36)” en razón que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación de esta Ciudad le denegó el recurso de casación motivado en el inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C. (Auto número ciento setenta y dos, fechado el 19 de mayo de 2.015), oportunamente articulado en contra del Auto número ciento quince de fecha 30 de abril de 2.014.
Según constancias adjuntadas a la presente queja, la impugnación casatoria tramitó mediante traslado a la contraria, cuya contestación obra glosada en copia a fs. 22 a 29. El Sr. Fiscal General Adjunto tomó intervención en los términos del art. 52 de la Ley 24.240 y dictaminó a fs. 63/65 vta.
Dictado y firme el decreto de autos (fs. 54) queda el recurso en condiciones de ser resuelto.
LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:
I. El contenido de la presentación directa puede resumirse así:
Luego de relacionar los antecedentes de la causa y de resumir el contenido del memorial casatorio y de la resolución denegatoria, los quejosos esgrimen que la desestimación del recurso planteado resulta dogmática e infundada.
Aseveran que decir que el escrito de interposición del recurso trasunta mera disconformidad con las conclusiones no constituye un análisis del recurso ni refuta los vicios formales invocados en casación. De ello deducen que la denegatoria constituye una negativa consciente a dictar una resolución jurisdiccional válida. Añaden que el planteo recursivo está lejos de constituir una mera discrepancia dogmática, y que contrariamente a lo señalado, es la denegatoria la que no trata ninguno de los argumentos planteados como fundamento de los vicios denunciados.
Transcriben el fragmento de la impugnación casatoria que contiene la denuncia de motivación contradictoria en torno a la necesidad de notificar el decreto del 13 de agosto de 2012, tras lo cual afirman que si el vicio invocado era formal, el recurso debió ser concedido. Advierten que la Cámara a quo ni siquiera entró a analizar el reproche, etiquetándolo con una adjetivación dogmática que importa no haberse hecho cargo de los fundamentos formales invocados.
Consideran que tampoco se ha respondido a la crítica erigida en torno a la violación al principio dispositivo por haber resuelto de oficio la desafectación del inmueble del régimen de bien de familia. Reproducen los términos del memorial y aducen que se invocó y demostró con argumentación suficiente la concurrencia de un motivo formal de casación, en cuya virtud tildan de dogmática la desestimación del reproche.
Agregan que lo mismo ocurre con la omisión de valorar el reproche relacionado con la aplicación del principio rector a favor del consumidor que se desprende de la legislación especial; materia que dicen ha sido excluida de toda consideración al rechazarse el recurso. Puntualizan que especialmente la falta de citación del Fiscal y el hecho de que se haya resuelto sin haber contado con su opinión cuando está en juego la aplicación o no del régimen normativo consumeril importa la nulidad del procedimiento llevado a cabo en la resolución del recurso de casación; razón por la cual juzgan errada la denegatoria. Citan jurisprudencia emanada de este Alto Cuerpo que consideran favorable a su pretensión.
Por otra parte, en oportunidad de solicitar la suspensión de la ejecución promovida por la institución actora ante el Juez de la causa (fs. 69/70), el Sr. Valentinuzzi aduce que en el presente litigio se encuentra en juego el derecho a la vivienda única que manifiesta fue reforzado en su legitimidad y verosimilitud a partir del nuevo Código Civil y Comercial. Explica que la novel normativa ha derogado la Ley de Bien de Familia nº 14.394, tornando inaplicable la Ley nº 17.801 en la contradicción que existía con el artículo 58 de la Constitución Provincial y con la Ley Provincial nº 8067; ello aclara en cuanto confieren el efecto de considerar automáticamente inscripto al bien de familia. De ello deducen que retoma validez el criterio sostenido por este Alto Cuerpo en el caso “Romero c/ Lema”, pues a su juicio el nuevo código remite la regulación del instituto a las leyes locales.
II. Relacionadas así las críticas que integran la presentación directa, corresponde ingresar a su análisis. Avocada a esa tarea, anticipo que el planteo recursivo no merece recibo. Doy razones:
III. Comienzo por la problemática planteada por la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal, cuya presencia alegan necesaria los casacionistas por tratarse de la ejecución de un contrato de mutuo bancario otorgado a un particular al que juzgan aplicable la legislación consumeril. Estiman que antes de pasar a resolver la apelación, el tribunal debió correr traslado al Fiscal de Cámaras. En aval de su reclamo citan la doctrina emanada de esta Sala en el precedente “Jimenez”.
La pretensión invalidante no puede admitirse. Doy razones:
III. a) Estimo impostergable prevenir que mi temperamento en torno a los efectos atribuibles a la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal en procesos de consumo en los cuales la ley le impone obligatoriamente actuar como “fiscal de la ley” (art. 52, Ley 24.240), ha sido expuesto con anterioridad al presente, aunque actuando como Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia, conforme lo testimonian los dictámenes que, en desempeño de tales funciones, emitiera por ante esta Sede (conf: entre otros, Nº C1158 y Nº C1159).
En dichas oportunidades, señalé que “…la función del Ministerio Público se desarrolla necesariamente y de forma natural dentro del proceso, reclamando de los órganos jurisdiccionales la tutela judicial efectiva. En el sub lite estamos en presencia de un proceso civil en donde se ventilan cuestiones de consumo; aquí la actividad del Ministerio Fiscal está sujeta a concretas autorizaciones legales, de modo que la norma debe prever expresamente su legitimación (art. 52 L. 24.240) …Desde esta perspectiva, el legislador ha legitimado muy especialmente al Ministerio Público, el que, como abogado de la sociedad, tiene como función propia la efectiva tutela del plexo consumeril y del orden público vigente en dicha materia. En autos, el Ministerio Fiscal actúa obligatoriamente como fiscal de la ley, gozando de auténtica legitimación para participar en cada una de las instancias y dictaminar sobre el asunto particular sometido a su consideración a fin de controlar ‘la adecuada consideración del interés del consumidor o usuario afectado a la luz del plexo consumeril, pronunciándose sobre las circunstancias de tiempo, lugar y modo que tornan viable la tutela judicial’”.
En ese entendimiento y tras destacar el carácter de orden público de las normas que integran el Derecho de Consumo, perfilado como “…un nuevo derecho constitucional protectorio que deroga parcialmente el derecho común en función de garantías ius fundamentales que están contenidas en la Constitución Nacional”, sostuve que “…cualquier argumento que tienda a desbaratar la obligada intervención del Fiscal en los conflictos relativos a relaciones de consumo, no debe ser admitido aún bajo el pretexto de tratarse de un proceso contencioso individual de consumidores y precisamente porque su participación lo es por un interés distinto al particular, en defensa del orden público y social, en definitiva del bienestar general”.
Asimismo, puse de manifiesto que la postura adoptada en la materia encontraba sustento en lo resuelto por este Alto Cuerpo, a través de su Sala Civil y Comercial, in re “Jiménez, Tomás c/ Citibank S.A. y otra Ordinario Recurso Directo (Sentencia Nº 172 de fecha 21/07/2003), cuya inteligencia aboné en aquel momento y ratifico plenamente en la actualidad.
III. b) Sentado cuanto antecede, corresponde que me expida en torno a las nuevas reflexiones que, en relación a esa temática y sobre la base del citado fallo “Jiménez”, efectuara recientemente la Sala con integración diferente en la causa “Fernández, Ruperto c/ Libertad S.A. Ordinario Cobro de Pesos Recurso de Apelación Recurso de Casación” (Sentencia Nº 62 del 03 de junio de 2015); de cuya deliberación no participé por haber intervenido en esa causa como Fiscal Adjunta.
En esa tarea, tal como indiqué en la causa “Lucero Paez, Agustín Ezequiel c/ Jumbo Retail Argentina S.A., Supermercado Vea – Ordinario – Daños y Perj. . Otras Formas de Respons. Extracontrac. – Rec. Directo” (Sentencia Nº 71 del 18 de junio de 2016), adhiero en lo esencial a las precisiones interpretativas que se formularan respecto de los efectos que derivan del incumplimiento del art. 52, L.D.C., en especial, las vinculadas a la calificación de la nulidad como ‘relativa’, el reconocimiento de legitimación exclusiva para hacerla valer al M.P.F. y la admisión de la alternativa de convalidación. También coincido en que el carácter de ‘orden público’ que inviste aquella disposición no la despoja de su naturaleza esencialmente ‘adjetiva’, por lo que la nulidad derivada de su incumplimiento no se sustrae al imperio de los principios procesales que campean en la materia, entre ellos, los de trascendencia, convalidación e instrumentalidad de las formas.
En relación a tales aspectos y con la única reserva que habré de formular infra hago mías las consideraciones de orden teórico vertidas por mis colegas in re “Fernández” (y reproducidas en el voto que antecede), en la convicción de que las mismas contribuyen a apuntalar, clarificar y enriquecer la doctrina judicial sentada en “Jiménez”, sin alterar su espíritu, mediante una interpretación razonable, sistemática e integradora del art. 52, Ley 24.240, a la luz de las demás normas que integran el estatuto consumeril y los principios que regulan el régimen de las nulidades en el proceso civil.
III. c) Ahora bien, pese a comulgar en términos generales con la interpretación jurídica que informa el fallo “Fernández”, me apresuro a expresar lo siguiente:
Es menester recordar, en primer término que, con referencia al principio de trascendencia que rige en materia de nulidades procesales, se dijo en el precedente “Fernández” y se ha reiterado ahora en términos que suscribo, que la formulación del juicio de valor acerca de la existencia o inexistencia de interés social comprometido en la causa constituye una actividad privativa del M.P.F., afirmación que, en el contexto de la argumentación a la que accediera, abonara la idea de reconocer a dicho órgano la condición de único legitimado para instar ante los tribunales la anulación del procedimiento judicial sustanciado sin su intervención, en su carácter de único ‘afectado directo’ por la irregularidad de que se trata.
Asimismo, de otros pasajes del discurso se extrae que la nulidad provocada por falta de intervención del M.P.F. admite ser subsanada mediante la convocatoria tardía de dicho órgano, dispuesta en cualquier instancia del proceso, alternativa que vale resaltar viene a colocar a éste en la premura de tomar conocimiento integral de la causa, calibrar el impacto que su falta de participación haya podido ostentar en eventual perjuicio del interés social cuya defensa le encomienda la ley y obrar en consecuencia, sea instando la rescisión total o parcial del juicio tramitado en su ausencia o, en su caso, concurriendo a convalidar las actuaciones cumplidas en tales condiciones.
Todo ello, por cierto, dentro del exiguo plazo de una simple ‘vista’, susceptible de ser ordenada encontrándose por hipótesis la causa en un avanzado estado de tramitación e, incluso, en tránsito de las instancias recursivas contra la sentencia de fondo, tal como aconteciera en la especie.
No menos relevante resulta reparar en que, conforme el temperamento que preside el fallo “Fernández”, la convocatoria tardía del M.P.F. no es una alternativa de convalidación en sí misma, sino que ha sido concebida como un especial mecanismo para habilitar (en implícita aplicación del principio de conservación de los actos procesales) una oportunidad in extremis y por cierto, de suyo excepcional para que éste, en su condición de único legitimado a requerir la nulidad en cuestión, concurra a la eficaz subsanación del vicio, de considerar que su falta de intervención inicial en la causa no ha redundado en perjuicio al interés general cuya tutela le ha sido encomendada por la ley.
A partir de esas prevenciones, bien podría afirmarse que un planteo de nulidad fundado en la inobservancia del art. 52, 1º párrafo, L.D.C., exhibe algunas particularidades que lo diferencian del mero incidente de nulidad típico regulado en los arts. 76, 77 y 78, C.P.C., y justificarían en su mérito adoptar un criterio de razonable flexibilidad a la hora de fiscalizar la verificación de los tradicionales requisitos de postulación a los que se supedita la procedencia formal de toda pretensión dirigida a obtener la invalidación de actuaciones judiciales (esto es: demostración de un agravio real y concreto, e individualización de las defensas que se habría visto privado de oponer a consecuencia de la irregularidad).
En efecto, en la inteligencia que aquí auspicio, cabe conceder que por imperio del principio de trascendencia, la mera evocación del art. 52, L.D.C., no bastaría para sustentar, en su exclusiva virtud, la procedencia formal del planteo nulificante deducible por el M.P.F. con fundamento en la inobservancia de la directiva impuesta en dicha norma.
Pero, no es menos cierto que, mediando directiva legal explícita y de orden público, ordenando convocar al M.P.F. para que intervenga en los procesos de consumo como fiscal de la ley, el agravio derivable de su inobservancia se presume, ante el riesgo cierto de que el interés general defendible por él pudiese resultar comprometido.
De ahí que la propia articulación del planteo nulificante por parte del funcionario fiscal, trasuntando ínsita la alegación de un menoscabo defensivo concreto en perjuicio de los intereses tutelables por su ministerio, deba reputarse prima facie suficiente para viabilizar aquella pretensión, sin que por lo demás el eventual déficit en la indicación de las “defensas que se habría visto privado de oponer” constituya un reparo dotado de aptitud motivacional bastante para justificar al menos, desde una perspectiva axiológica la desestimación formal de aquel requerimiento anulatorio.
A mérito de todo lo expuesto y en especial consideración a la naturaleza supraindividual de los intereses que la ley impone al M.P.F. tutelar en los procesos de consumo en los que no interviene como parte (los cuales, como se dijo, trascienden el mero interés patrimonial del consumidor), no cabe más que concluir que la postrer alternativa de convalidación reviste carácter excepcional y, como tal, debe ser interpretada con criterio restrictivo, correspondiendo descartarla cuando el representante del M.P.F., lejos de concurrir al saneamiento de las actuaciones cumplidas en su ausencia, haya promovido su nulidad. Y esas mismas razones determinan que, formulada la petición anulatoria por parte del funcionario fiscal, su procedencia formal deba ser juzgada como se dijo con un criterio de razonable flexibilidad, correspondiendo en caso de duda estar por la habilitación de la instancia nulificante, evitando así que la consagración de pruritos de índole estrictamente formal vengan a tornar ilusoria la plena y adecuada defensa de aquellos intereses superiores.
III. d) Proyectando tales conceptos al caso de marras, se advierte que en el sublite el Ministerio Público Fiscal, lejos de proponer la invalidez de las actuaciones habidas sin su intervención, solicitó a través del Sr. Fiscal Adjunto el rechazo de la pretensión recursiva bajo el argumento de haber quedado convalidadas las actuaciones en las diferentes etapas cumplidas, inclusive antes y después del dictado de la sentencia (fs. 64 y vta. de la presente queja).
A partir de tal manifestación corresponde inferir que la actuación del Ministerio Público debe reputarse subsanatoria del proceso tramitado en ausencia del Sr. Fiscal de Cámaras, lo que constituye razón suficiente para desechar la queja por no existir, de acuerdo a los términos relacionados supra, motivo alguno que justifique retrotraer el proceso a un estadio ya superado.
IV. Continuando con el análisis de la presentación directa, se advierte que los recurrentes traen ante esta Sede una serie de cuestionamientos con el objetivo de revertir la decisión del Juez Inferior mediante la cual se decidiera desafectar del régimen de bien de familia al solo efecto de la subasta a realizarse en autos el inmueble objeto de ejecución hipotecaria.
Para ello, se valieron de diferentes herramientas durante las distintas instancias transitadas en la causa. Así, ante el Juez de Primer Grado promovieron incidente de nulidad, aduciendo que el vicio en el que se incurre consiste en no haberse notificado el llamamiento de autos dispuesto a los fines de resolver la desafectación; el cual, alegan, de haber sido anoticiado habría sido impugnado. Por otra parte, apelaron el Interlocutorio que decidiera la medida, objetando que la misma haya sido dispuesta de oficio por parte del Órgano Jurisdiccional y que no se haya aplicado al sublite el art. 58 de la Constitución Provincial y la Ley nº 8067 que instituyen la inembargabilidad de la vivienda única. En casación añadieron otro argumento; tal que a la hora de tomar la decisión, el Juez habría omitido ponderar el principio de interpretación de las leyes en el sentido más favorable al consumidor. Y finalmente, en la presentación directa ensayada ante esta Sede agregaron la novel normativa protectoria de la vivienda instituida en el recientemente puesto en vigencia Código Civil y Comercial de la Nación relacionada supra.
Aunque la naturaleza procesal de la cuestión pudo autorizar la formal apertura de la vía extraordinaria intentada, la decisión propuesta por la Cámara a quo es correcta, razón por la cual la casación se encontraba ab initio condenada al fracaso, tal como se decide en la repulsa.
V. Para justificar esta conclusión debemos comenzar destacando que la confirmación del rechazo del planteo nulificante se fundó (entre otros motivos) en que la omisión de notificar la providencia no causaba, per se, agravio a los recurrentes; temperamento que a su vez se asentó en que no era siquiera factible plantear a esa altura una recusación sin causa, y que en definitiva idéntica impugnación había sido canalizada mediante la apelación del resolutorio dictado; remedio donde los eventuales agravios podían hallar adecuado resguardo (vide fs. 3 y 4).
También el repudio de la apelación articulada en contra de la desafectación se fundó, esencialmente, en la falta de agravio de los recurrentes. Nótese que a partir del meticuloso estudio de las constancias registrales del caso, la Cámara a quo consideró evidente que el crédito ejecutado en autos resultaba anterior a la constitución del bien de familia, razón por la cual tal afectación le resultaba inoponible al acreedor ejecutante y nada impedía que sea desafectada de oficio, debido a que según explica el Mérito no se advierte de qué modo la intervención de las partes habría influido para modificar la solución a la que se arribó.
En pocas palabras, la piedra basal del abatimiento de los ejecutados durante las instancias ordinarias consiste en que respecto de ambos planteos, los interesados no han esgrimido un agravio concreto y personal que autorice a admitir sendas impugnaciones.
Y ello es intrínsecamente acertado, por las razones que siguen.
VI. Es sabido que quien impugna de nulidad un acto procesal tiene la carga de expresar y acreditar la existencia de un perjuicio del que derive el interés en obtener la declaración de invalidez, o mencionar cuáles son las defensas si las hubiere que se ha visto privado de oponer. Así lo impone la aplicación de los principios de instrumentalidad de las formas y trascendencia que imperan en el ámbito de las nulidades procesales (arg. arts. 76 y 77 del C.P.C.C.).
También en la vía recursiva los impugnantes tienen el deber de expresar los agravios que les causa la resolución que atacan. Se trata, pues, de la regla contenida en el art. 354 del C. de P.C. que establece, como requisito condicionante para la viabilidad de todo planteo recursivo, la invocación de un “interés directo” sin el cual no resulta posible admitir ninguna impugnación. El interés para recurrir está determinado por el gravamen o perjuicio que la resolución cause al impugnante y la posibilidad de remover dicho perjuicio a través del recurso; de donde para poder recurrir no basta ostentar la calidad de parte, siendo imprescindible también que la resolución afecte o perjudique los derechos del impugnante. Si el dispositivo sentencial no irroga ningún perjuicio concreto al justiciable, este no puede combatirlo, pues así como no hay acción sin interés, tampoco hay recurso sin agravio. Ciertamente, el perjuicio o agravio debe ser puesto de manifiesto por el interesado de manera explícita y tener incidencia en el resultado final asignado a la causa.
Trasladados estos conceptos al caso subexamen, respecto del incidente de nulidad, resulta evidente que los presentantes no han cumplido satisfactoriamente la carga de expresar los concretos perjuicios que les causa su rechazo. Ello así pues no explicaron puntualmente cuáles hubiesen sido las defensas que habrían articulado para oponerse al dictado del decreto de autos.
Resulta insuficiente, a estos fines, la mera afirmación de haber sido ulteriormente decidida la desafectación del bien sin pedimento de parte. Ello así, porque no podemos perder de vista que la entidad ejecutante solicitó de manera expresa que se decretara la subasta del bien; pedido que huelga aclarar fue instado en el marco de la ejecución hipotecaria que tramita en autos. Teniendo en cuenta esta circunstancia, bien cabría razonar que la desafectación del inmueble venía implícita en dicho pedimento, en tanto resulta innegable que la medida debía necesariamente practicarse antes del remate. Y si así no se entendiera, no puede perderse de vista que, a su respecto, la actuación oficiosa del juez quedó luego convalidada merced al pedido de que se suscriba el oficio dirigido al Registro de la Propiedad Inmueble para que tome razón de la medida dispuesta. Es claro, entonces, que a la entidad actora no causa gravamen alguno la providencia atacada.
Respecto de los ejecutados, aún admitiendo que la decisión pudo resultar sorpresiva, lo cierto es que tampoco esgrimieron de qué manera su oportuna citación hubiese derivado en una solución diferente. Concretamente, no rebatieron con explicaciones atendibles el puntilloso análisis que realiza el Juez Inferior y que luego reitera el Tribunal de Alzada, especialmente en torno a la fecha anterior que presenta el crédito en ejecución y la mora del deudor, respecto de la data posterior en que se materializó la afectación del bien al régimen de bien de familia de la Ley nº 14.394.
De ello deriva que la falta de notificación del decreto de autos no provocó una real limitación al derecho de defensa en juicio de los nulidiscentes, y en consecuencia tal como se indica en la sentencia atacada no existe interés legítimo en la declaración de invalidez de los actos procesales previos al dictado de la sentencia.
Por idéntica razón resulta acertado el rechazo de la apelación articulada en contra del Auto que decide la desafectación. Es que al no haberse cuestionado en ningún momento el juzgamiento que postula el Juez Inferior acerca de los antecedentes fácticos que derivaron en la adjetivación del crédito como anterior a la inscripción del inmueble como bien de familia y la consecuente inoponibilidad frente al acreedor hipotecario, el desarrollo argumental que se vierte en torno a las facultades de los jueces para decidir de oficio la medida, en un supuesto no expresamente contemplado en la ley, carece de eficacia para revertir el temperamento.
Repárese que si se invalidara la decisión bajo este argumento meramente ritual, bastaría con que el acreedor introduzca formalmente el planteo para que el Juez disponga la medida; lo cual significaría una inaceptable renovación de actos procesales en exclusivo beneficio de la ley. Las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos.
Asimismo no se advierte, ni se ocupan de explicarlo los interesados, qué incidencia podría tener la aplicación del principio favor consommatoris a la singular problemática suscitada en autos. La ausencia de todo desarrollo argumental al respecto, sumado a que no existe norma alguna en dicho régimen legal que se vincule con el bien de familia ni con la subasta de la vivienda del deudor, determinan que la mera evocación del cuerpo normativo devenga absolutamente ineficaz para revertir el sentido de lo resuelto.
VII. Agregamos que tampoco los fundamentos dados por la Cámara a quo para desechar la aplicación al sublite de la Ley nº 8067 y del art. 58 de la Constitución Provincial fueron atacados en el memorial casatorio.
El Mérito señaló que tal cuestión ya había sido definitivamente resuelta, en sentido adverso al recurrente, mediante una providencia firme emanada de ese Alto Tribunal; sin que los casacionistas hayan fustigado el temperamento. Es por ello que las críticas que ensaya el quejoso en su presentación directa no resultan atendibles.
Para mayor satisfacción de los presentantes, añadimos que de acuerdo a los registros obrantes en los Protocolos de esta Sala, es correcto el argumento desestimatorio utilizado por la Cámara a quo. Ello así, desde que mediante Auto número 219 de fecha 27 de agosto de 2013, este Alto Cuerpo desestimó un recurso directo planteado en estos mismos obrados, donde las razones por las que se desechó la aplicación al caso de la Ley nº 8067 (esto es, por tratarse de una ejecución hipotecaria, excluida de tal régimen por expresa disposición legal) quedaron firmes ante la ausencia de impugnación idónea por parte de los interesados.
VIII. Finalmente, para responder a los argumentos invocados en oportunidad de pedir la suspensión de la ejecutoria, señalo que prescindiendo de cualquier análisis que pudiere corresponder en torno a la aplicabilidad o no de los nuevos mecanismos legales que consagra el Código Civil y Comercial de la Nación en protección de la vivienda, su eventual atendimiento en el presente caso resultaría ab initio inviable.
Repárese que el artículo 249 del C.C.C.N. consagra la inoponibilidad de la inscripción a los acreedores de causa anterior a la afectación. Va de suyo, entonces, que en la hipótesis que pudiere ser aplicado el novel sistema protectorio, arrojaría idéntico resultado al que propone la Cámara a quo en el resolutorio atacado al amparo de la hoy derogada Ley nº 14.394.
Asimismo, la inejecutabilidad de la vivienda familiar que contempla el art. 456 del C.C.C.N. excluye expresamente del sistema protectorio el supuesto en que la deuda haya sido contraída por ambos cónyuges; tal como acontece en el sublite de acuerdo a las constancias de los autos principales que han sido requeridos ad efectum videndi.
IX. Con lo hasta aquí expuesto queda suficientemente fundado el rechazo del recurso directo articulado. Corresponde declarar perdido el depósito de ley efectuado como condición de admisibilidad de la presente queja.
LOS SEÑORES VOCALES, DOCTORES CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO Y DOMINGO JUAN SESÍN, DIJERON:
I. La relación de causa reseñada por la Señora Vocal preopinante satisface ampliamente las exigencias del art. 329 del C.P.C.C., razón por la cual remitimos a ella en homenaje a la brevedad.
II. Coincidimos también con la solución final que se asigna al caso.
III. Sin embargo, encontramos alguna diferencia sutil con el criterio plasmado por nuestra distinguida Colega en torno a las consecuencias de la falta de intervención del Ministerio Fiscal en los procesos reglados por la Ley de Defensa del Consumidor; y por ende juzgamos necesario formular las siguientes precisiones.
En efecto, en fecha reciente, mediante el dictado de la Sentencia nº 62 del 3 de junio de 2015 (autos “FERNANDEZ, RUPERTO C/ LIBERTAD S.A. – ORDINARIO – RECURSO DE CASACIÓN”) este Alto Cuerpo se ocupó de delinear el alcance del precedente “Jiménez.” (Sent. nº 72 de fecha 21 de julio de 2003) en torno a la legitimación del Ministerio Público Fiscal para intervenir en juicio, y del rol que a dicho órgano le cabe en particular en los procesos de consumo.
En esa oportunidad se advirtió, primeramente, que no es dable inferir del fallo dictado en “Jiménez” una suerte de doctrina judicial mediante la cual la Sala haya propugnado que la concreta verificación del vicio de actividad de que se trata provoque, necesariamente y en todos los casos, la insanable nulidad del proceso tramitado sin la intervención que a dicho Ministerio le confiere el art. 52 de la Ley 24.240 como “fiscal de la ley”. Se explicó que la circunstancia de que dicho artículo ostente carácter de “orden público” no excluye la operatividad a su respecto, de las reglas y principios generales que rigen en el ámbito del proceso civil, ni de los que, con especificidad, campean en materia de nulidades procesales, entre los cuales se menciona los de trascendencia, convalidación y finalismo o instrumentalidad de las formas procesales.
Con fundamento en dichos principios, se puntualizó en lo que interesa al presente acto sentencial que la eventual procedencia del requerimiento nulificante que se intente con sustento en la inobservancia del referido precepto aparece ab initio condicionada a que el titular de la prerrogativa desconocida (es decir, el Ministerio Público Fiscal) haga explícitos los planteos y defensas que habría esgrimido en el juicio, los que, de haber sido oportunamente considerados por los tribunales intervinientes, habrían podido provocar una virtual alteración del desenlace arribado con su prescindencia; y además que el mismo Órgano señale la instancia hasta la cual propicia retrotraer la declaración de nulidad.
En ese sentido, se aclaró que quien tiene legitimación para hacer valer el déficit y reclamar la subsanación es, exclusivamente, el propio Ministerio Público Fiscal, en tanto resulta ser el único afectado directo por la irregularidad de que se trata; y a ello se añadió que aún concediendo que su intervención pueda en los hechos llegar a reportar algún beneficio potencial a los intereses individuales esgrimidos por el consumidor litigante que ha participado activamente en la sustanciación del proceso ejerciendo su derecho de defensa en juicio, lo real y cierto es que esa mera expectativa de mejorar su condición por vía elíptica no constituye técnicamente un “interés directo” que lo legitime a deducir impugnación con sustento en la existencia de aquél vicio.
Por otra parte, se consideró que en atención a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que rigen la estructura y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, la concreta intervención de uno de sus integrantes garantiza retroactivamente y con la autoridad del cargo que ostente, la efectiva tutela del orden público consumeril en el proceso, con total abstracción de la instancia en la que esa intervención haya sido concretada. Y en ese orden de ideas se remarcó que el Fiscal de Cámaras y, con mayor autoridad aún, el General o sus Adjuntos, se hallan asistidos de amplias facultadas para convalidar en forma expresa o tácita las actuaciones cumplidas con anterioridad o, si lo estiman necesario, instar la nulidad del trámite sustanciado en apartamiento de la directiva impuesta en el art. 52, siempre claro está que individualice el perjuicio irrogado a su parte pues de lo contrario la pretensión nulificante se presentaría ab origine despojada de toda utilidad práctica que la legitime.
IV. Pues bien, en el caso subexamen, la pretensión nulificante fundada en este motivo se encuentra ab initio condenada a la marginación.
Ello así, pues en los presentes obrados fue la parte demandada quien propugnara la invalidez de la Instancia extraordinaria bajo el argumento de la falta de intervención del Sr. Fiscal de Cámaras en el trance abierto por el recurso de casación; reclamo que, habiendo sido planteado por quien carece de interés directo, no podría prosperar. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención en la presentación directa subexamen convocado por este Alto Cuerpo y en esa oportunidad emitió dictamen a través del Sr. Fiscal General Adjunto, propiciando el rechazo de la pretensión invalidante esgrimida por el recurrente.
Las circunstancias apuntadas determinan, sin más, la inviabilidad de este segmento de la impugnación, pues quien tenía legitimación para ejercer la defensa del orden público consumeril ha convalidado lo actuado en la Instancia extraordinaria, y por ende no se vislumbra razón práctica ni jurídica que justifique retrotraer el proceso a un estadio ya superado.
V. Como se indicó supra, en los demás aspectos puestos a consideración por medio de la presente queja, coincidimos plenamente con las sólidas y fundadas razones que vierte la Señora Vocal Preopinante en los diferentes capítulos de su Voto, adhiriendo por idénticos motivos al rechazo del recurso directo que propicia como solución del conflicto.
Por todo ello, y oído el Sr. Fiscal General Adjunto;
I. Rechazar el recurso directo articulado.
II. Declarar perdido el depósito de ley.
Fdo: Cáceres de Bollati - García Allocco - Sesín
Registros 11 a 11 de 24

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
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 resolución 
 resolución 
 artículo 249