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Timestamp: 2019-08-24 21:41:41+00:00

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Lagunas legales en la regulación del juicio monitorio y soluciones prácticas - Núm. 702, Julio - Agosto 2007 - Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Libros y Revistas - VLEX 443685
Autor: M.a José Achón Bruñén
Páginas: 1470-1534
Juicio monitorio El presente artículo, lejos de centrarse en la regulación legal del juicio monitorio, analiza y aporta soluciones a todas aquellas cuestiones que la ley silencia y cuya resolución suscita múltiples problemas en la práctica forense, tales como el momento procesal oportuno para interponer declinatoria, domicilio del deudor en el extranjero, acumulación de acciones contra varios deudores que adoptan distintos comportamientos, extensión de la responsabilidad a personas distintas del deudor, problemas que suscita el límite cuantitativo de los 30.000 euros, inconvenientes para solicitar medidas cautelares, mecanismos de defensa del deudor ante un requerimiento de pago irregular, efectos de la rebeldía del deudor en el juicio declarativo posterior y un largo etcétera de cuestiones conflictivas cuya resolución constituye un imperativo insoslayable en aras de amparar los... (ver resumen completo)
I. Cuestiones conflictivas relativas a la competencia
1. Domicilio o residencia del deudor en el extranjero.
2. Diligencia negativa de requerimiento de pago y posible pérdida de competencia del juzgado.
3. Deudor en paradero desconocido.
4. Momento procesal oportuno para plantear declinatoria.
5. Conveniencia de atribuir competencia a los secretarios judiciales.
6. Inexistencia de razones para privar de competencia a los jueces de paz.
7. Exclusión o inclusión de otros fueros competenciales.
II. La problemática relativa a las partes
1. Extensión de la responsabilidad a personas distintas del deudor.
2. Acumulación objetiva de acciones.
3. Acumulación subjetiva de acciones.
4. Deudores solidarios con distintos comportamientos en el juicio monitorio.
5. Representación de una sociedad cuando no comparece su administrador, øpuede apoderar a otra persona que no sea procurador?.
6. Legitimación pasiva en el juicio monitorio especial del artículo 21 de la LPH.
a) Leasing o arrendamiento financiero.
c) Arrendamiento o precario.
d) Adjudicación a un cónyuge del uso de la vivienda familiar perteneciente al otro consorte.
e) Responsabilidad solidaria del propietario anterior.
f) Responsabilidad solidaria del titular registral.
g) Responsabilidad del adquirente del inmueble por deudas del anterior propietario.
III. Deficiencias legales relativas al contenido de la petición
1. Admisión de una fotocopia como documento para iniciar el juicio monitorio.
2. Recurso contra la inadmisión de la petición inicial. Innecesariedad del pago de la tasa judicial para recurrir
3. Problemas que suscita la limitación cuantitativa de 30. 000 euros
IV. Inconvenientes para la adopción de medidas cautelares
V. Problemas referentes al requerimiento de pago
1. Requerimiento de pago irregular y mecanismos de defensa del deudor.
VI. Imprecisiones legales en relación al despacho de la ejecución
1. Despacho de ejecución, øde oficio o a instancia de parte?.
VII. Los efectos del pago en función del momento en que se realice
1. Pago en el plazo del requerimiento de pago.
2. Pago después de presentar la petición inicial del juicio monitorio, pero antes de practicar el requerimiento de pago.
3. Pago en el plazo del requerimiento no acreditado debidamente.
4. Pago después del despacho de ejecución.
VIII. Lagunas legales relativas a la oposición del deudor
1. Vinculación de las partes a sus escritos de petición u oposición.
2. Oposición del deudor y posterior rebeldía en el juicio declarativo.
3. Reconvención del deudor.
4. Juicio declarativo para sustanciar la oposición cuando por la materia corresponda un determinado tipo de juicio.
1Page 1470
En los escasos años de andadura legal de la vigente LEC, la práctica forense ha sido testigo del merecido éxito del juicio monitorio que aunque antaño fue desterrado de nuestro ordenamiento 1, se ha convertido en los Page 1471 albores del siglo XXI en uno de los más utilizados en el panorama procesal español, lo que obedece, sin duda alguna, a las ventajas de la técnica monitoria que permite a los justiciables un rápido acceso a la vía de apremio evitando la sustanciación de dilatados procesos contradictorios.
No obstante, y a pesar de la probada eficacia del juicio monitorio en nuestro entorno europeo, su incorporación al ordenamiento español ha sido tardía y, paradójicamente, precipitada, al ser una víctima más de la celeridad con que se aprobó la vigente LEC, por lo que no es de extrañar que su parco articulado adolezca de lagunas y deficiencias que no son cohonestables con el principio constitucional de seguridad jurídica ni con la voluntas legislatoris de acercar la justicia al ciudadano.
En esta tesitura, el presente artículo, lejos de desarrollar la tramitación legal del juicio monitorio, se centra en analizar aquellas cuestiones que han sido obviadas o descuidadas por el legislador -y en cierto modo por la doctrina- y que, dada la orfandad legal existente al respecto, plantean conflictos en nuestros tribunales.
I Cuestiones conflictivas relativas a la competencia
El artículo 813 de la LEC establece que será competente para conocer del juicio monitorio el Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor y, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiere ser hallado, sin perjuicio de que en los casos en que se reclamen deudas por gastos comunes de los copropietarios de comunidades de inmuebles urbanos, también sea competente el órgano judicial del lugar en que se halle la finca, a elección del peticionario.
La literalidad del precepto plantea numerosos interrogantes a los que la ley no da respuesta, a la vez que suscita algunas críticas en relación a la bondad de su contenido que invitan a plantear ciertas propuestas de lege ferenda. Page 1472
1. Domicilio o residencia del deudor en el extranjero
Una cuestión harto problemática se suscita cuando el deudor tiene su domicilio o residencia habitual fuera de España. De hecho, en el caso de que la parte actora sea una Comunidad de Propietarios en el juicio monitorio especial del artículo 21 de la LPH, también resulta conflictivo que se pueda proceder a la notificación de la liquidación de la deuda al copropietario moroso en el extranjero 2, pues mientras hay quien considera que un acuerdo de la Junta en tal sentido, lejos de restringir los derechos de los comuneros, persigue una mayor protección de quienes tienen su residencia fuera de España; por el contrario, hay quien opina que dicho acuerdo no sería posible al vulnerar la obligación legal establecida en el artículo 9.1.h) de la LPH que impone el deber a los comuneros de señalar un domicilio en España 3.
Por lo demás, y respecto del requerimiento de pago una vez iniciado el juicio monitorio, la doctrina tampoco se muestra unánime acerca de la procedencia de practicarlo en el extranjero, ya que mientras algunos autores la admiten 4 también hay quien restringe dicha posibilidad a que el deudor tenga su domicilio en uno de los países en los que es aplicable el Reglamento 1348/2000, de 29 de mayo relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil 5. Page 1473
A nuestro juicio, el requerimiento de pago al deudor en el extranjero en un juicio monitorio no tendría por qué plantear mayores problemas que su citación o emplazamiento en un juicio ordinario o verbal respectivamente; si bien, sería conveniente que el legislador español, emulando al de otros países europeos 6, se pronunciara expresamente sobre este particular 7.
No obstante, y aun admitida la posibilidad de practicar el requerimiento de pago en el extranjero, todavía quedaría por resolver la cuestión relativa a la competencia territorial, o lo que es lo mismo, ante qué órgano judicial habría que presentar la petición inicial.
Ab initio, ningún problema se plantea si el deudor, aun teniendo su domicilio o residencia habitual en el extranjero, pudiera ser hallado en territorio nacional, ya que el actor podrá presentar su petición ante el Juez de la localidad en que se halle.
Sin embargo, mayores dificultades se plantean si el acreedor al presentar la petición desconoce el posible paradero del deudor en España, pues en dicho caso el artículo 813 obvia cualquier solución al respecto, por lo que podría acudirse a las normas generales de competencia y con base en el artículo 50.2 de la LEC entender que puede presentarse la petición inicial ante el Juzgado de Primera Instancia de la última residencia del deudor y, si tampoco pudiere determinarse éste, en el lugar del domicilio del actor 8, pues si bien es cierto que de una primera apreciación epidérmica dicha interpretación pudiera parecer cuando menos discutible dado que el tenor literal del artículo 813, en tanto norma de ius cogens, establece unos tasados fueros competenciales (´Será exclusivamente competente...ª); no obstante, esta tesis no es contraria a la literalidad de dicho precepto sino tan sólo integradora de su contenido, pues adoleciendo el mismo de una laguna legal para el caso de que el deudor no pueda ser localizado en territorio nacional, resulta oportuno acudir a las normas de competencia que la LEC contempla como disposiciones generales en su Libro I, y que se han de reputar aplicables a todo tipo de procesos civiles en ausencia de previsión normativa en contrario, de lo que puede colegirse su aplicación subsidiaria al procedimiento monitorio. Page 1474
2. Diligencia negativa de requerimiento de pago y posible pérdida de competencia del juzgado
Otro problema que se suscita en la práctica forense es el relativo a la posible incompetencia del Juez de Primera Instancia ante quien el acreedor hubiera presentado la petición en el supuesto de que la diligencia de requerimiento de pago fuere negativa y de las averiguaciones practicadas resultare que el domicilio, residencia o paradero del deudor se hallare en otro partido judicial.
En este caso, la doctrina mayoritaria 9 y la jurisprudencia 10 entienden que el Juez deberá dictar un auto declarándose territorialmente incompetente y acordando el sobreseimiento, pues carece de sentido que el Juzgado de Primera Instancia ante el que se haya presentado la petición se vea compelido a tener que acudir al auxilio jurisdiccional siendo que supondrá una menor dilación la tramitación del monitorio ante el órgano judicial que ulteriormente se haya revelado competente, habida cuenta que este proceso tiene como norte lograr la mayor celeridad en la obtención del título de ejecución y la mayor facilidad al deudor para oponerse.
A nuestro juicio, la anterior aseveración merece ser objeto de las siguientes matizaciones:
En primer lugar, una vez iniciado el proceso, el cambio de domicilio por parte del deudor no puede modificar la competencia determinada en el momento inicial de la litis...
La ley natural en el alto medioevo. El caso de Alcuino.
La detección de los factores de riesgo

References: resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 813
de lege ferenda
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 813
 artículo 50
 artículo 813