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Timestamp: 2017-10-20 14:05:36+00:00

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N. 75 Agosto 2014
El pasado día 23 de junio se hicieron públicos los anteproyectos de Ley de modificación del IRPF, del Impuesto Sociedades, Impuesto Renta No Residentes, IVA y Ley General Tributaria. Se prevé que la entrada en vigor de la mayor parte de cambios sea el 1 de enero de 2015.
1) Se propone una nueva tarifa para la «base liquidable general», con 5 tramos, en la que el tipo marginal máximo se sitúa en el 47 % para 2015, y en el 45 % para el 2016, habiendo una reducción general de tributación en todos los tramos.
2) En materia de retenciones, se baja del 42 al 35 % el tipo de retención a los rendimientos de administradores, pudiendo llegar al 19 % en entidades con facturación inferior a 100.000 €. Asimismo, se baja del 21 al 19 % el tipo de retención en los rendimientos del capital mobiliario, y se establecen también ligeros cambios en las retenciones por rendimientos de actividades económicas.
3) Se eleva el importe del mínimo personal y familiar, que pasa de 5.150,00 € a 5.550,00 €.
4) Se crean tres nuevas deducciones en la cuota por importe de 1.200,00 € cada una, a favor de los trabajadores con cargas familiares (ascendientes con discapacidad, descendientes con discapacidad y contribuyentes que formen parte de una familia numerosa).
5) Se aprueba una nueva tarifa en la base liquidable del ahorro, de forma que los tipos pasarán de ser del 19-24-27 %, vigentes en 2014, al 20-22-24 % en 2015, y del 19-21-23 % para el 2016.
6) Se crea un nuevo instrumento dirigido a los pequeños inversores denominado Plan Ahorro a Largo Plazo, que consiste en la exención de las rentas generadas por la cuenta del depósito o seguro de vida a través del cual se canalice la inversión, que no puede ser superior a 5.000,00 € por año.
7) Se suprime la exención de los primeros 1.500,00 € en concepto de dividendos.
8) Se suprime la deducción por alquiler, si bien solo afectará a los nuevos alquileres.
9) Se minora de 60 al 50 % la reducción por rendimientos del capital inmobiliario de que gozaba el propietario cuando se trataba de la vivienda habitual del arrendatario.
10) Se suprime definitivamente el «régimen transitorio de no tributación de los coeficientes de abatimiento por antigüedad», aunque por excepción seguirá siendo de aplicación en caso de transmisiones de inmuebles.
11) Se revisa la exención aplicable a las indemnizaciones por despido, aunque tras la aprobación del anteproyecto el tema ha suscitado diversa controversia política y está en plena discusión.
12) Se minora del 40 al 30 % el porcentaje de reducción por rendimientos con período de generación superior a dos años.
13) Se amplía el ámbito de aplicación del «régimen de transparencia fiscal internacional».
14) Se revisa el método de estimación objetiva («módulos»), reduciendo las actividades que se pueden acoger, limitándolas a aquéllas que por su naturaleza se relacionan fundamentalmente con consumidores finales.
1) Para los rendimientos obtenidos sin establecimiento permanente, se distinguen los gastos deducibles por remisión a las normas del IRPF o del IS, según si el no residente es persona física o persona jurídica.
2) También para contribuyentes sin establecimiento permanente se reduce del 24,75 % al 24 % el tipo de gravamen, mientras que para residentes en otros Estados de la Unión Europea el tipo será del 19 %.
1) Se incorpora el concepto de «actividad económica» aclarándose que, en caso de arrendamiento de bienes inmuebles, se exigirá contar con un empleado con contrato laboral y a jornada completa, pero no se hace mención alguna a la exigencia de disponer de un local exclusivo para la gestión de la actividad.
2) Las sociedades civiles que tienen objeto mercantil pasarán a ser contribuyentes por IS, en vez de por el IRPF.
3) Se establece como novedad la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente a otro tipo de activos, siendo deducibles exclusivamente los deterioros de las existencias y de los créditos y las partidas que se deben cobrar.
4) En cuanto a retribución de administradores, se aclara que no tendrán la consideración de liberalidad las retribuciones a los administradores por desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su cargo (por ejemplo, por ejercer de gerentes).
5) En cuanto a gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, no tendrán la consideración de gasto deducible cuando conforme a la calificación fiscal que les corresponda no generen ingreso, generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen inferior al 10 %.
6) Limitación a la deducibilidad de los gastos financieros. Se mantiene la deducibilidad con el límite del 30 % del beneficio operativo, siendo deducibles en todo caso los que no superen la cuantía de 1 millón de euros.
7) Se restringe el perímetro para calificar una relación socio—sociedad como operación vinculada a los supuestos en que la participación del socio en la sociedad es de por lo menos el 25 % (antes del 5 % ó 1 % si cotizada). Se incorpora el supuesto de entidad vinculada por «vinculación de hecho» cuando una ejerce el poder de decisión sobre la otra.
8) La compensación de bases imponibles negativas no estarán sometidas en el futuro a límite temporal. Se implementan requisitos para evitar el fraude consistente en la adquisición de entidades inactivas o cuasi inactivas con bases imponibles negativas. Finalmente, se establece la no prescripción del derecho de la Administración a realizar comprobaciones o investigaciones en relación con las bases imponibles negativas.
9) Se reduce el tipo general del 30 al 25 % (aunque no para entidades de crédito), y se mantiene en el 15 % para el primer período con beneficios y el siguiente, en el caso de empresas de nueva creación.
10) Se elimina la deducción por reinversión de beneficios.
11) Reserva de capitalización. Con el fin de fomentar la capitalización empresarial, se introduce una reducción en base imponible del 10 % del incremento de fondos propios que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión alguno de esta reserva.
12) Se mantiene la deducción por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.
13) En el Régimen de Consolidación Fiscal se exige simplemente que se posea la mayoría de los derechos de voto.
14) El Régimen de operaciones de estructuración se configura como el régimen general aplicable a las operaciones de reestructuración, desapareciendo la opción para su aplicación y estableciéndose una obligación genérica de comunicación.
IMPLICACIONES LABORALES DEL ANTEPROYECTO DE LA REFORMA FISCAL 2015
Como se plasma en la exposición de motivos de la reforma fiscal, el gobierno, en un escenario económico como el actual, considera prioritario revisar el sistema tributario para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos y la neutralidad, lo que estimulará el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de ahorro, con especial atención a los colectivos que requieren mayor protección como las familias, las personas con discapacidad o los contribuyentes con rentas más bajas a la par que garantizará la suficiencia financiera para el conjunto de las Administraciones públicas.
La implicación más importante en materia laboral es sin duda la modificación del art. 7 e) de la ley 35/2009, de 28 de noviembre. En ella se detallan las rentas exentas de tributación, y queda redactado de la siguiente manera: «Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del ET o los producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 2.000 euros cada año de servicio prestado que se compute a efectos de determinar la cuantía de la indemnización obligatoria a que se refieren los párrafos anteriores.»
Esta novedad de gravar las indemnizaciones es, por tanto, el aspecto más controvertido de la reforma, ya que existirá una cantidad de 2.000 € por año de antigüedad que estará exenta de tributación. Con ello se establece una frontera entre los trabajadores con retribuciones anuales hasta 20.000 €, que no se verán afectados por la reforma, y aquellos que perciban rentas anuales superiores. En el 2014, y con la finalidad de evitar el efecto frontera (adelanto de despidos por parte de las empresas), el gobierno ha establecido que la fecha de efectos para la tributación de las indemnizaciones será el 20 de junio. Todos aquellos trabajadores que se vean despedidos a partir de esa fecha deberán dar cuenta de ello en la declaración de la renta del año que viene, mientras que los trabajadores despedidos a partir del 1 de enero del 2015 verán descontada la tributación de la parte de indemnización sujeta a retención que le practicará directamente la empresa en el documento correspondiente.
Parece que la intención del gobierno no es otra que la de evitar que la exención de estas cantidades se utilice como elemento de negociación entre las empresas y los trabajadores. No obstante, en el Consejo de Ministros, el Ministro de Hacienda ha insistido en que la medida será objeto de negociación con los sindicatos y grupos parlamentarios.
Otra modificación que afecta al ámbito laboral es la modificación del apartado 2 del artículo 42, donde el legislador ha limitado el concepto de rentas que no tienen consideración de rendimientos del trabajo en especie.
Se excluye de renta en especie, únicamente:
a) Las cantidades destinadas a la actualización, capitalización o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
En el nuevo apartado 3 del citado artículo se detallan los rendimientos en especie exentos de tributación. Como novedad, se añaden las cantidades satisfechas a entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 € anuales para cada trabajador.
Se modifica asímismo la valoración de las rentas en especie art.43, en los apartados a), b) y f).
Si bien es cierto que la concursada no es estrictamente deudora del acreedor hipotecario, lo que resulta palmario es que sí responde frente a este con determinados bienes —los hipotecados— de las obligaciones asumidas por el deudor principal. De ahí que, a efectos procedimentales, la liquidación de los bienes gravados y la satisfacción de las obligaciones garantizadas por la concursada siempre deban llevarse a cabo como si de derechos de crédito con privilegio especial se tratasen.
El artículo 82.3 de la Ley Concursal reconoce la validez de las garantías reales constituidas sobre el patrimonio de la concursada para garantizar deudas ajenas —y no incluidas en su masa pasiva—. Dicho precepto establece además que en la valoración del activo de la concursada la administración concursal deberá tener en cuenta todos los gravámenes o cargas que afecten a su valor, incluidos aquellos derechos reales sobre el patrimonio concursal que no se correspondan con una deuda de la concursada, o lo que es lo mismo, que garanticen deudas de terceros.
Al respecto, resulta muy útil traer a colación la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3.ª), de 7 de mayo de 2013, puesto que reconoce que las garantías hipotecarias ofrecidas por la concursada para asegurar la deuda de un tercero, si bien no permiten en rigor reconocer a favor del acreedor hipotecario un derecho de crédito frente a la concursada —por su condición de hipotecante no deudor—, mantienen todos sus efectos y permiten al acreedor dirigirse, con todos los privilegios propios de estas garantías, contra los bienes gravados para satisfacer su deuda.
NUEVO PROCEDIMIENTO ABREVIADO (FAST-TRACK) EN EL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA
A finales del pasado mayo, entraba en vigor el reglamento aprobado por el Tribunal Arbitral de Barcelona en el que se sustituyen los actuales procedimientos «simplificado» y «abreviado» por el denominado, según terminología internacional, procedimiento fast-track. En principio, este procedimiento está pensado como obligatorio para tramitar asuntos de cuantía inferior a treinta mil euros, aunque las partes pueden pactar usarlo en procedimientos de cuantía superior. Una de las principales características es su corta duración ya que el proceso no podrá exceder de sesenta días contados desde la contestación de la instada o de la instante en caso de reconvención. Este plazo solo admite una prórroga motivada por otros treinta días más. Para todo ello y a modo de juicio verbal, se acortan trámites y se elimina el acto de inicio en donde se establecía el calendario de alegaciones. Con esta nueva reglamentación, las alegaciones escritas y la designación de árbitro se tramitan en paralelo (salvo que las partes hubiesen acordado ya un árbitro) y posteriormente se procede a una convocatoria de las dos partes para la práctica de pruebas. La solicitud de arbitraje deberá incluir todos los argumentos, pruebas y documentos necesarios para la misma, al igual que la contestación de la otra parte, que deberá realizarse en un máximo de diez días desde que se efectué el traslado. El procedimiento fast-track intenta conjugar la eficacia con la rapidez y flexibilidad, suprimiendo trámites innecesarios y requiriendo la cooperación y participación activa de las partes como se demuestra, por ejemplo, en el momento de cierre del procedimiento donde, como novedad, el árbitro invita a las partes a que efectúen una propuesta de laudo de conformidad que podrá ser tenida en cuenta. Además, el ahorro de tiempo no es la única virtud de este procedimiento ya que los asuntos que se tramiten mediante esta vía podrán beneficiarse de una bonificación del 30 % en el coste. Es conveniente citar en este punto que el incremento de la cuantía no supondrá la necesaria modificación del proceso, pero en caso de que la cuantía final exceda los treinta mil euros, sí se perderá el derecho a la bonificación indicada. En conclusión, esta nueva normativa parece apostar por la celeridad y reducción de costes del procedimiento de cara a plantear más atractiva la elección de un arbitraje en asuntos que normalmente suelen estar alejados de él. El propio presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona manifestó la voluntad del Tribunal «de adaptarse a esta realidad económica y adecuar sus procedimientos y costes a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles una resolución rápida, especializada y neutral». Teniendo en cuenta que en España más del 98 % de las empresas son PYMES, estamos ante una iniciativa muy interesante que puede no solo descongestionar los juzgados, sino poner al alcance de la pequeña y mediana empresa soluciones mucho más especializadas y adaptadas ya que las ventajas de los procedimientos arbitrales son de sobra conocidas.
El pasado 5 de junio se celebró en la sede de la Liga de Fútbol Profesional una jornada dedicada a un tema de candente actualidad como es el régimen jurídico aplicable a las transferencias internacionales de jugadores menores de edad. La Fundación del Fútbol Profesional estimó conveniente organizar el evento, con el objetivo de analizar la problemática actual en la materia de la mano de prestigiosos juristas y profesionales del sector. De este modo las sesiones comenzaron con una detallada exposición del marco general normativo de FIFA a cargo de Lucas Ferrer, Director del Departamento de Derecho Deportivo de Pintó Ruiz & Del Valle, que explicó la evolución de la norma desde su implantación en el año 2001 hasta la actualidad. Posteriormente Juan de Dios Crespo, Socio Director del despacho Ruiz Huerta & Crespo, se encargó de realizar un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del TAS en la materia que fue complementada por las detalladas explicaciones que Gaudenz Koprio, FIFA Senior Group Leader del Departamento del Jugador, realizó sobre el procedimiento que se debe seguir para la transferencia de menores en FIFA. Finalmente, Kepa Larumbe, director de la asesoría jurídica de la RFEF, expuso de forma brillante el sistema de licencias de la RFEF en relación con los jugadores menores de edad, detallando, además, el procedimiento necesario para llevar a cabo el registro de dichos jugadores en competiciones nacionales.
CORRESPONDE VALOR CATASTRAL DE RUSTICA A LOS SUELOS URBANIZABLES PENDIENTES DE DESARROLLO URBANÍSTICO
Una reciente resolución del Tribunal Supremo (TS) ha resuelto los enormes problemas financieros que se producían a titulares de terrenos a los que el Catastro había asignado un valor catastral elevadísimo. A veces, el valor asignado era superior al valor de mercado, con la grave consecuencia de tener que afrontar una cuota elevada en razón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el único motivo de que —atendidas las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo— el terreno había pasado a tener la calificación urbanística de urbanizable, pero sin que el propietario pudiera en muchas ocasiones hacer uso en la práctica del aprovechamiento correspondiente a la nueva calificación.
Se trata de la sentencia del pasado 30 de mayo, dictada por el TS, fallando en un Recurso de Casación en interés de ley, por la que ha dispuesto, interpretando el art. 7.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por RD Legislativo 1/2004, que el legislador quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata —donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores trámites de ordenación—, de aquel otro suelo que, aunque sectorizado, carece de tal programación, y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro. Por lo tanto, a efectos catastrales solo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenador a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, según la sentencia, el carácter de rústico.
newsletter_agosto_2014.pdf
hoja_aparte_reforma_fiscal.pdf

References: artículo 51
 artículo 52
 artículo 42
 artículo 82
 resolución 
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