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Recomendación dirigida al Concello de Cangas para la exención del IVTM a una persona con discapacidad ANTECEDENTES - PDF
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Eva Tebar Pereyra
1 Recomendación dirigida al Concello de Cangas para la exención del IVTM a una persona con discapacidad Expediente: G.6.Q/12222/15 Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2015 Sr. alcalde: En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de debido al no reconocimiento de la exención del IVTM por el Ayuntamiento de Cangas. ANTECEDENTES 1. En su escrito nos indica que tiene una incapacidad permanente para la profesión habitual. Según le dijeron, dicha incapacidad lleva el reconocimiento de un 33% de discapacidad (como mínimo). Está solicitando al Ayuntamiento de Cangas la exención del impuesto de circulación de su vehículo alegando dicha circunstancia, pero no se la quieren conceder porque exigen el "certificado de minusvalía de la Xunta". El problema es que la unidad de valoración de discapacidades de la Xunta solamente concedió un 20%. No entiende porqué le dieron ese porcentaje si por ley le correspondía un mínimo de un 33% y así se lo hice saber. Pero le contestaron que no tendría ningún problema, que solamente tendría que presentar la resolución del INSS junto con la ley del BOE y cualquier organismo le reconocería ese 33%. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cangas no la quiere reconocer y se agarra al certificado de la Xunta. Ya no sabe qué hacer para solicitar la exención de este impuesto. 2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar y al Ayuntamiento de Cangas do Morrazo, que ya nos remitieron sus informes. El ayuntamiento señaló que el artículo 93.1.y) del RDLeg. 2/2004 de 5 Mar. (TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales) regula la exención solicitada e indica expresamente que se considerarán personas con minusvalía quien tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
2 por ciento. El artículo 2 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica (BOP 27/12/2012) requiere el certificado del grado de minusvalía expedido por la Consellería competente de la Xunta de Galicia, en la que conste además del grado, si este tiene carácter temporal o definitivo. En la instancia del interesado de fecha 12/11/2014 reconoce que no dispone del certificado de la Xunta. Por lo tanto, el interesado no cumple los requisitos exigidos por la normativa aplicable y en vigor para estimar la solicitud de exención del IVTM. Como prueba, se aporta copia compulsada de la Resolución de la Alcaldía de fecha 24/11/2014 así como de la instancia de fecha 12/11/ Por su parte la Consellería de Traballo e Benestar señaló que el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, establece en su artículo 4 bajo el epígrafe "Titulares de los derechos": 1 Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 2 Además de lo establecido en el apartado anterior, y "a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quien se le reconoció un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se consideran que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad". 3 El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente. La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. Por otra parte, el RD 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE nº 300, del 16/12/2006), en su artículo 2.1 establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, ahora el 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, el grado de discapacidad igual al 33% se acreditará mediante los siguientes documentos: la) Resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. c) Resolución del organismo competente reconociendo una pensión de jubilación o jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Al mismo tiempo, dicho artículo establece: "A estos efectos, en ningún caso será exigible resolución o certificado del IMSERSO o del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente para acreditar el grado de
3 discapacidad igual al 33 % de los pensionistas a que hace referencia en los párrafos a) y b) del artículo 1.2 de este Real Decreto ". ANÁLISIS 1. De lo anterior se deduce que el ayuntamiento confirma lo expresado en la queja, esto es, que denegó la exención a pesar de las alegaciones del afectado y de la regulación legal, lo que pretende justificar aludiendo al tenor literal de su ordenanza. 2. Como consta en el informe dirigido al Parlamento de Galicia de 2014, tramitamos diferentes quejas por casos similares y posteriormente iniciamos una actuación de oficio con el fin de que no se cobre IVTM a las personas con incapacidad permanente. 3. La anterior Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, preveía que a los efectos de la ley tendrán la consideración de personas con discapacidad también los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. Muchas administraciones rechazaban la aplicación automática de esa extensión por entender que no era aplicable al ámbito fiscal salvo cuando expresamente se había trasladado a la normativa sectorial correspondiente, lo que no había sucedido en términos generales (podría hacerse en términos particulares, por medio de ordenanzas). Con todo, resultaba evidente la confusión creada por esa disposición, puesto que, aunque advertía de que su aplicación sólo se daría en los ámbitos previstos por la propia ley, esta tenía un carácter amplísimo, como corresponde a su finalidad declarada, garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitar la discriminación y fomentar las medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. Por tanto, resultaba lógico que los potenciales beneficiarios pensaran que la norma operaba de forma general, también en lo relativo a las medidas fiscales orientadas a compensar las desventajas de las personas con discapacidad. Además, la extensión del beneficio se aceptó en diferentes ámbitos fiscales, como en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades, y en el reglamento del IVA. A sus efectos son discapacitados los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida su pensión por incapacidad permanente, total o absoluta, o por gran invalidez. Otro factor a la hora de valorar la conveniencia de la extensión de la definición legal de la discapacidad para este impuesto era que se producen importantes retrasos en las valoraciones de discapacidad, como desarrollamos más adelante.
4 Nuestro criterio era que la extensión resultaba necesaria; era conveniente que el panorama cambiara en el mismo sentido en que ya cambió para las principales figuras tributarias. 3. Posteriormente se publicó el Real Decreto Legislativo 1/2013, con el texto refundido de la ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en él se produce una importante modificación; el art. 4 (titulares de los derechos) señala ahora que tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quien se les reconoció un grado de discapacidad igual el superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual el superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Por tanto, ya no existe la mención expresa que antes se contenía en la Ley 51/2003 ( a los efectos de esta ley... ). Sin duda tiene que ver con las circunstancias expuestas, fundamentalmente la confusión creada por las disposiciones anteriores; aunque era cierto que la ley advertía del carácter limitado de la extensión, ella misma tenía un carácter amplísimo, como correspondía a su objeto y finalidad. 4. Por tanto, la extensión del concepto de discapacidad ahora debe darse con carácter general, lo que es congruente con la interpretación extensiva de los derechos de las personas con discapacidad y de cualquier norma que les afecte favorablemente, de acuerdo con lo previsto en la convención y en la normativa nacional que la desarrolla. 5. Esta misma interpretación es la de la Consellería de Traballo e Benestar, que señala que se trata de situaciones distintas que se materializan en dos procedimientos referidos a la capacidad para desarrollar el puesto de trabajo o las actividades de la vida diaria, respectivamente, pero que tienen equiparación legal en el porcentaje que fija el Real Decreto Legislativo 1/ Por lo tanto, teniendo en cuenta el régimen de competencias y jerarquía normativa, resulta evidente que el ayuntamiento se encuentra obligado a la aplicación del texto legal citado. 7. Por otra parte, tanto en sus informes como en los documentos oficiales que utiliza el Ayuntamiento de Cangas do Morrazo utiliza indistintamente las expresiones minusvalía y discapacidad para referirse a la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad, lo que no permite la ley. La Disposición adicional 8ª de la Ley 39/2006, señala (terminología) que las referencias que nos textos normativos se efectúan a «minusválidos» y la «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas. Por tanto, sería conveniente que se
5 corrigiera de forma definitiva la terminología utilizada hasta hacer desaparecer expresiones desafortunadas e incluso no permitidas. 8. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poder públicos a realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, a las que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán especialmente para que disfruten de los derechos que este título (I) otorga a todos los ciudadanos (art. 49). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre ellos la administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. CONCLUSIONES Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Traballo e Benestar la siguiente recomendación: Que se revise la resolución municipal por la que se deniega la exención del IVTM a la persona que la reclama, que se encuentra en situación reconocida por la Seguridad Social de incapacidad permanente, a la que por tanto le es de aplicación la extensión del concepto de discapacidad previsto en el art. 4 en la ley general de derechos de las personas con discapacidad. Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución do Valedor do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. Lo saluda atentamente. José Julio Fernández Rodríguez Valedor do Pobo (en funciones)

References: resolución 
 artículo 93
 artículo 2
 Resolución 
 Real decreto 
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 32
 resolución 
 resolución