Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/ulloa-gonzalez-mario-eduardo-682441293
Timestamp: 2020-08-08 00:06:13+00:00

Document:
Causa nº 4739/2017 (Casación). Resolución nº 283809 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 8 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 682441293
Rol de Ingreso: 4739/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 1577-2016 - C.A. de San Miguel
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-61469-2014 - 2º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL
Que en estos autos sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios entablado en contra del Fisco de Chile por la responsabilidad que le cabe por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, se ha ordenado dar cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la de primera instancia, que rechazó la demanda.
Que en el recurso de casación en el fondo acusa la errónea aplicación del artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece que el Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público.
En síntesis esgrime el recurrente que la responsabilidad del demandado se configura puesto que el ente persecutor incurrió en una conducta injustificadamente errónea o arbitraria al formalizar y pedir la prisión preventiva de sus dos representados, quienes estuvieran privados de libertad por cinco meses, bajo una imputación falsa que no fue investigada por el demandado. Agrega que incluso el Ministerio Público al darse cuenta de su error al dirigir la acción penal, igualmente pretendió lograr un tipo de sanción, recalificando la conducta. Es más, con el fin de evitar reconocer sus falencias, comunicó la decisión de no perseverar, cuestión que no fue aceptada, declarando finalmente la justicia que los demandantes eran inocentes, sobreseyendo por la causal establecida en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal.
Sostiene que el Ministerio Público en la investigación soslayó todos los antecedentes que daban cuenta que la versión sostenida por los actores al momento de la detención, esto es, que sólo trataron de frustrar un robo, era verídica, cuestión que demuestra la falta de acuciosidad y objetividad que debe regir la etapa investigativa. Agrega que ninguno de los profesionales a cargo de la investigación tuvo la intención de resolver por vía administrativa el asunto, por el contrario, en la medida que aparecían antecedentes que daban cuenta de la inocencia de los imputados, se insistió recalificando la conducta de robo a riña.
Destaca, entre los errores observados en la investigación, la circunstancia que para solicitar la prisión preventiva solamente se atendió a la cautela en relación a la pena del delito, dando a entender al Tribunal de Garantía que automáticamente operaría la agravante del artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, atendiendo exclusivamente a los antecedentes que constaban en el parte de Carabineros, la declaración de las supuestas víctimas y la incautación de un arma.
Agrega que poco a poco se fue demostrando la verdad en la investigación, a partir de las declaraciones prestadas por los propios imputados, cuya versión no fue investigada, a pesar que fue refrendada por la declaración de un testigo que presenció los hechos, quien declaró que los dos menores de edad sustrajeron un celular en el interior del bus del transantiago, que sus representados frustraron tal hecho, que todos descendieron en el mismo lugar y que los actores fueron agredidos por los menores de edad, por lo que sólo intentaron defenderse, siendo posteriormente aprehendidos sin oponer resistencia, todas circunstancias que no fueron consignadas en el parte policial.
Añade que sólo una vez que transcurren cinco meses, encentrándose acreditado que la versión entregada por las víctimas no eran efectivas y que sus representados eran inocentes, se solicitó el cambio de medida cautelar y se reformalizó por riña, intentando llevar a cabo un procedimiento monitorio, cuestión que fue reclamada ante el Tribunal de Garantía que fija audiencia para procedimiento simplificado en la que se determina discutir el sobreseimiento definitivo; sin embargo, adelantándose el ente persecutor comunica la decisión de no perseverar, cuestión que no podía ejercerse en tal oportunidad, toda vez que su representados tenían el derecho a ser sobreseídos por inocencia, cuestión que fue conseguida meses después, sólo a instancias de la Corte de Apelaciones, que aplicó la causal de sobreseimiento que establece en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal.
A continuación expone que todos estos antecedentes confirman la responsabilidad en que se incurrió por parte del Ministerio Público quien se empecinó en formalizar, obtener prisión preventiva y sancionar a personas que eran inocentes.
Agrega, a las circunstancias relatadas, como muestra del actuar desprolijo de Ministerio Público que genera su responsabilidad, el que la carpeta investigativa no estaba íntegra, toda vez que no contaba con todas las peticiones que fueron realizadas por su defensa.
Que son hechos asentados en la causa, tanto por no estar controvertidos, como por haberlos establecidos los sentenciadores, los siguientes: 1) El día 08 de mayo de 2012, a las 23:00 horas, los demandantes fueron detenidos en la vía pública, en razón de la denuncia efectuada por los menores de edad B.A.O.B. y P.A.M.B..2) Los hechos que se relataron en la denuncia fueron que el mismo día a las 22:40 horas, en circunstancias que el cabo 1º de Carabineros Juan Collao Mendoza y personal a su cargo, mientras efectuaban un patrullaje preventivo, recepcionaron un comunicado radial para que se trasladaran a calle P.A.C. con intersección de Avda. O. de la comuna de San Ramón, en atención a que dos individuos se encontraban ocasionando desórdenes.
Una vez en el lugar se les acercaron dos menores, los que se identificaron como P.A.M.B., de 13 años y el menor B.A.O.B., 14 años, como víctimas, quienes manifestaron que momentos antes, mientras se encontraban en...

References: Resolución 
 artículo 782
 artículo 5
 artículo 250
 artículo 456
 artículo 250