Source: https://tc.vlex.es/vid/1-atc-2-3-24-c-ba-4-stc-5-6-d-15034128
Timestamp: 2019-05-26 21:03:04+00:00

Document:
STC 66/1989, 17 de Abril de 1989 - Jurisprudencia - VLEX 15034128
Fecha de Resolución: 17 de Abril de 1989
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 921/1985, 58/1988 y 865/1988 (acumulados)
1. De acuerdo con la doctrina expuesta en el ATC 496/1986, con independencia de la configuración doctrinal que se dé a la situación de los personados no solicitantes originarios del amparo, es lo cierto que no pueden transformarse en recurrentes, ni, por tanto, deducir pretensiones propias, aunque pueden formular alegaciones, y que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el proceso de amparo que tiene por objeto exclusivamente las pretensiones deducidas por quienes lo interpusieron en tiempo y forma. 2. El procesamiento no implica, evidentemente, la imposición de una pena. Constituye sólo una resolución judicial de imputación formal y provisional que ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación del propio instructor, que puede revocar el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su adopción. Consecuentemente, este Tribunal ha señalado que el procesamiento no puede, por su naturaleza, vulnerar por sí mismo la presunción de inocencia. 3. Si bien corresponde a los órganos judiciales, en el ejercicio de las facultades ponderativas inherentes a su propia jurisdicción, apreciar, si existiesen, los indicios necesarios para dictar el Auto, es propio de este Tribunal revisar la adecuación de la resolución a las exigencias que derivan del art. 24.1 C.E., esto es, que el Auto incorpore explícita motivación y aprecie la presencia de unos hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta que resulte calificada como criminal o delictiva, todo ello en el bien entendido de que el Tribunal ha de limitarse a verificar o constatar la presencia de tales elementos en la resolución, sin entrar a valorar el mayor o menos acierto del órgano judicial al estimar el peso de los indicios presentes o su relevancia como señal o muestra de una posible actividad delictiva. 4. La inconstitucionalidad declarada en nuestra STC 160/1986, respecto de la previsión de sanciones penales privativas de libertad en la Ley 40/1979, no impide ni el mantenimiento del procesamiento ni que los órganos judiciales puedan adoptar las medidas cautelares legalmente previstas en orden a asegurar la comparecencia a juicio de los procesados, y su eventual sometimiento a otras responsabilidades penales previstas en esa Ley. 5. La presunción de inocencia es compatible con la aplicación de medidas cautelares, siempre que se adopten por resolución fundada en Derecho, que cuando es reglada ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino tendría carácter punitivo en cuanto al exceso. 6. La exigencia de igualdad entre las partes procesales (que puede admitir modulaciones y excepciones en la fase sumarial, por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla) cobra, sin duda, en el proceso penal singular relevancia en el juicio oral y en la actividad probatoria, incluidos los supuestos de prueba anticipada [art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos], pero ha de respetarse también en la mencionada fase intermedia del procedimiento por delito.
Sentencia citada en: 801 sentencias, 38 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, una resolución administrativa
En los recursos de amparo núms. 921/85, 58 y 865/88, acumulados, promovidos por don Eduardo G. E. y M. C. y doña Amparo L. V. P., representados por el Procurador don Argimiro V. G. y bajo la dirección de los Letrados don José M. S. B. y don Gonzalo R. M., contra las siguientes resoluciones dictadas en el sumario 9/85 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3; Autos del Juzgado de 4 y 19 de junio de 1985, por los que se acuerda el procesamiento y se desestima el recurso de reforma frente al mismo, y Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 28 de septiembre de 1985, desestimatorio del recurso de apelación; Autos del Juzgado de 8 y 26 de junio de 1987, denegatorios de determinadas diligencias, y de la Sección de 15 de diciembre de 1987, desestimatorio del recurso de apelación; y Autos de la Sección de 11 de abril de 1988, que confirma la conclusión del sumario y acuerda la apertura del juicio oral, y de 23 de abril de 1988, desestimatorio del recurso de súplica. Han sido partes: El Ministerio Fiscal; don Gregorio L. G., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Angustias B. L., asistido del Letrado don Manuel M. C.; don Agustín M. G., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel C. V., asistido por el Letrado don José L. Núñez Casal; don Carlos V. D., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María J. G. D., asistido del Letrado don Miguel B. F.; don Juan A. G. A. y doña Soledad F. F. L., representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ana M. R. V. V., asistidos del Letrado don Carlos G. C.; don Tristán . R. V. L. y doña Angela P. S. y F. V., representados por el Procurador de los Tribunales don Carlos I. . C.. asistidos del Letrado don José M. S. B.; doña María T. B. M., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan C. y L. V., asistida del Letrado don José M. S. B., y don Joaquín C. M., don Domingo S. M. G., don Carlos M. M. y don José M. D., representados por el Procurador de los Tribunales don Ignacio C. P., asistidos del Letrado don Santiago A. R.. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis L. G., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 23 de octubre de 1985, el Procurador de los Tribunales don Argimiro V. G., en nombre y representación de don Eduardo G. E. M. C. y de doña Amparo L. V. P., interpone recurso de amparo contra: 1) el Auto del Magistrado-Juez Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, de 4 de junio de 1985, que acuerda el procesamiento de los demandantes de amparo y decreta su prisión provisional bajo fianza; 2) el Auto del mismo Magistrado-Juez Central, de 19 de junio de 1985, por el que declaró no haber lugar a reforma del Auto anteriormente citado, y 3) el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 1985, que desestima el recurso de apelación interpuesto frente al Auto de desestimación de la reforma. El recurso de amparo formulado parte de los hechos que a continuación, y sucintamente, se exponen:
a) El 4 de junio de 1985, el Magistrado-Juez Central de Instrucción núm. 3 dictó Auto de procesamiento y prisión con fianza contra los hoy recurrentes. En este Auto, y en su resultando único, se aseveraba que el también procesado Francisco había retirado de los recurrentes determinadas cantidades de dinero entre 1978 y 1984, cuyo contravalor había ingresado en sendas cuentas corrientes en dos bancos suizos, destinando también parte de esos fondos a otras inversiones, sin que se haya concretado hasta el momento a cuánto ascendieron las sumas correspondientes de cada concepto. En los estadillos, libros y otros documentos intervenidos en el despacho del señor P. y de un empleado suyo, figuraban las cantidades que se le habían confiado por los hoy recurrentes. Tras reflejar las cuantías correspondientes, el Auto precisaba que no se había determinado hasta el momento actual en qué valores específicos, ni si éstos radicaban en España o en el extranjero, se habían invertido los equivalentes monetarios de las sumas anteriormente indicadas. Por otra parte, y en su considerando primero, el Auto que ahora se impugna afirmaba que los hechos atribuidos a los Sres G. E. podían ser constitutivos de los delitos del art. 1, núms 12 y 19, de la Ley de 24 de noviembre de 1938 y del art. 6 A), 1.º, en relación al 7, 1, 1.º, de las Leyes 40/1979 y 10/1983. Así pues, el delito que finalmente se imputaba a los señores G. E. era el de exportación no autorizada de moneda o billetes de banco por cuantía superior a 50.000.000 de pesetas.
b) El 7 de junio de 1985, los solicitantes de amparo recurrieron en reforma y subsidiariamente en apelación contra el Auto de procesamiento. En la alegación primera del escrito del recurso se señalaba que el Auto recurrido se apoyaba en la primera declaración de Palazón sin haber atendido a sus ulteriores rectificaciones o precisiones. Se acusaba en la alegación segunda del recurso de imprecisión al Auto que se impugnaba en cuanto a la participación de los cónyuges en los hechos. Se impugnaba también el uso improcedente de la expresión «responsabilidades civiles» y se argüía que la fianza requerida representaba una gravosa pena anticipada por su carácter desproporcionado. Finalmente, en el escrito se recordaba la inconstitucionalidad formal de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, y se invocaba el art. 17.1 de la Constitución.
Los recurrentes desarrollan cuatro motivos de amparo. El primero de ellos consiste en estimar que el procesamiento es objetivamente arbitrario. A este respecto señalan que el Tribunal Constitucional ha declarado repetidas veces que en sí mismo considerado el procesamiento es compatible con que la presunción de inocencia se mantenga viva, pero ello no significa que el procesamiento carezca de toda conexión con el art. 24 de la Constitución. En efecto, señalan que las cargas y perjuicios que para el procesado dimanan del Auto de procesamiento son tan relevantes que un procesamiento arbitrario o caprichoso podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, como ocurre en el presente caso por carecer de la base fáctica mínima al no precisar en absoluto la cifra que supone ilegalmente exportada. Se deduce del Auto que los procesados hicieron entregas al señor P. no inferiores a 259.000.000 de pesetas, pero el Auto de procesamiento no puede determinar, ni siquiera en principio, qué cantidades se exportaron y cuáles se invirtieron en España, quedando, por tanto, imprecisas las cantidades que hubieran podido exportarse ilícitamente. Y, por otra parte, no existen verdaderos indicios racionales fundamentadores del procesamiento, y no puede haberlos porque se admiten como igualmente posibles una conducta lícita, esto es, la inversión en España, y otra delictiva, esto es, la exportación no autorizada.
3. Por providencia de 13 de diciembre de 1985, la Sección acordó tener por personados y partes a los Procuradores de los Tribunales siguientes: Señora B. L., en nombre y representación de don Gregorio L. G.; señora C. V., en nombre y representación de don Agustín M. G.; señora G. D., en nombre y representación de don Carlos V. D.; señora R. V. V., en nombre y representación de don Juan A. G. A. y doña María S. F. F. L., y señor I. . C., en nombre y representación de don Tristán . R. V. L. y doña Angela P. S. y F. V..
4. Por providencia de 8 de enero de 1986 la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Asimismo acordó, sin retrotraer el estado del presente recurso, tener por personados y parte a los Procuradores de los Tribunales señor C. L. V., en nombre y representación de doña María T. B. M., y señor C. P., en nombre y representación de don Joaquín C. M., don Domingo S. M. G., don Carlos M. M. y don José M. D.. Y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores V. G., B. L., C. V., I. . C., G. D., R. V., C. P. y C. L. V., en la representación que ostentan, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren.
En el presente caso, los solicitantes de amparo tachan de arbitrarios a los Autos recurridos porque carecen de base fáctica mínima y, si así fuera, se habría efectivamente vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución, si el procesamiento no se basara sobre algún mínimo fundamento indiciario de racional culpabilidad y seria, en consecuencia, arbitrario. Pero no parece, sin embargo, que sea así. El relato fáctico del Auto de procesamiento contiene datos bastantes concretos sobre los fondos invertidos en Suiza, tanto en oro como en cuentas corrientes, y precisa fechas, Bancos, monedas y cantidades con base en los documentos intervenidos. El Auto desestimatorio de la reforma hace un juicio de razonabilidad sobre los indicios que califica de serios; el de la Audiencia Nacional que desestima la apelación, aunque se refiera a una impresión de conjunto o perspectiva general, también lo hace a pruebas concretas como las propias declaraciones de los recurrentes y la del señor P., a la prueba documental y su valoración pericial, y, en todo caso, acepta y hace suya expresamente lo sustancial de la argumentación del instructor con base más que suficiente para la existencia de los indicios. El examen del voluminoso sumario permite comprobar que la línea argumental del Juzgado instructor asumida por la Audiencia se basa en un raciocinio arrancado de los elementos que proporciona hasta ese momento la investigación y no en vanas indicaciones o livianas sospechas y que su decisión de procesar no ha sido absolutamente caprichosa o arbitraria.
Por lo que se refiere al motivo segundo del amparo, el Fiscal señala que podría resumirse así: Los papeles de Palazón y sus declaraciones al respecto fueron decisivos para el procesamiento de los recurrentes y como ellos no pudieron contrainterrogar, a pesar de su derecho fundamental a hacerlo, dichas pruebas fueron recibidas indebidamente en el proceso, lo que, tal como señala la STC 114/1984, enlaza con la ilicitud en la obtención de la prueba, derecho amparable en vía constitucional. Pero tal planteamiento requiere algunas matizaciones según el Ministerio Fiscal. Primeramente el principio general del secreto sumarial sigue vigente después de la reforma del enjuiciamiento criminal por Ley 53/1978 (art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), lo que no vulnera la Constitución siempre que el juicio y la Sentencia sean públicos. Cuestión distinta es el principio de intervención procesal de todas las partes personadas, a las cuales incluso puede extenderse el secreto siempre que sea temporal (art. 302, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que fue lo acordado por el Juzgado por Auto de 6 de febrero de 1985, en el ejercicio de su competencia, lo que procesal y aun constitucionalmente parece inobjetable. Dicha resolución fue notificada al Procurador de los ahora recurrentes en amparo y ni se impugnó ni se pidió el levantamiento del secreto. Lo que si recurrieron en reforma fue el Auto de prisión en el que aluden al secreto acordado expresando su creencia de que los hechos se aclararían cuando, levantado aquél, se le diera vista de lo actuado, que es lo que el Juzgado acordó catorce días después por Auto de 20 de febrero de 1985, lo que se le notificó ese mismo día, pudiendo intervenir desde entonces en las sucesivas diligencias practicadas. Hay que recordar que en la STC 44/1985 (fundamento jurídico 3.º) se precisó que el derecho de defensa del imputado en todas las fases del proceso «podrá restringirse en los supuestos especiales y extraordinarios que exija la investigación según las leyes procesales, uno de los cuales es, a no dudarlo, cuando se declara secreta la investigación en los términos como se ha visto que permite el art. 302, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y como acordó el Juzgado. Por otra parte, también era competencia y aun obligación del instructor intervenir los papeles del señor P., conforme a los arts. 546 y 550 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que no se constata la ilicitud, ni siquiera procesal, cuando el Juzgado acordó, por Auto de 25 de enero de 1985, la entrada y registro en los locales en que el señor P. y su empleado podrían tener documentación esclarecedora sobre los hechos, cuando se ignoraba por completo las personas que podían estar implicadas en los mismos y con la finalidad, precisamente, de averiguarlo.
En el supuesto de que se trata, un procesamiento por hipótesis, viola el art. 24.1 de la Constitución, por constituir un procesamiento objetivamente arbitrario y carente de base y que, por consecuencia, viola asimismo el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución; tal tesis supone precisamente una nueva ampliación de la técnica del mínimo o del límite constitucional de ciertos poderes de apreciación del Juez instructor. Y no cabe desconocer la trascendencia del procesamiento en su potencialidad para producir perjuicios de toda índole, sin que haya necesidad de precisar que esos perjuicios son particularmente graves e intensos en el caso de los recurrentes. Como ejemplo, se cita el art. 24 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, que prevé que la autoridad administrativa puede suspender provisionalmente a los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del mismo, suspensión que podrá prolongarse durante todo el procesamiento. Ello afecta sin duda al Profesor García , en cuanto funcionario del Estado como Catedrático de Universidad.
7. El 20 de febrero de 1986, la Procuradora de los Tribunales doña Ana M. R. V. y del Valle, en representación de don Juan A. G. A., presenta escrito de alegaciones en el que procede primeramente a una exposición de hechos en la que se refiere al Auto de procesamiento de 4 de junio de 1985 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que venía a atribuir determinadas actividades relacionadas con operaciones de ilícito tráfico monetario a don Francisco J. P. E., actividades imputables a otros residentes en España en el que se encontraba incluido don Juan A. G. A., Auto en el que se relataban diversos hechos que eran estimados por el instructor como constitutivos de un presunto delito monetario previsto en el art. 6 A), 1.º, y sancionado en el art. 7.1, 3.º, de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre. Hace referencia, posteriormente, la representación del señor G. A. al recurso de reforma interpuesto frente a tal Auto y subsidiario de apelación y a la resolución de ambos recursos en sentido denegatorio de las pretensiones deducidas. Expuestos estos antecedentes, manifiesta el escrito los fundamentos de la adhesión por parte del señor G. A., al recurso interpuesto por los señores G. E. y L. V.. Se exponen así, primeramente, que la representación del señor G. se adhiere al primer motivo de amparo referente a la existencia de un procesamiento objetivamente arbitrario, razones que se ven además abonadas por la existencia con respecto al señor G. A. de una absoluta inconcreción de los hechos imputados, así como por la violación de la presunción constitucional de inocencia del art. 24.2, puesto que la actividad probatoria desarrollada en el proceso no supera los mínimos necesarios como para confirmar y reconocer al Juzgado Central de Instrucción núm. 3, como hace la Audiencia Nacional, su acierto al realizar la valoración de unos elementos fácticos que justifican el procesamiento. Por lo que se refiere al segundo motivo de amparo aducido por la representación de los señores G. E. y L. V., la representación del señor G. A. se adhiere integramente al escrito de demanda en cuanto no se refiera de manera exclusiva y particular a los recurrentes que lo interpusieron. Por lo que se refiere al tercer motivo de amparo, se señala que, en el acto de la vista del recurso de apelación, la defensa del señor G. A. hizo hincapié en la inconstitucionalidad de los preceptos que tipifican y sancionan los hechos que se imputan. Habida cuenta de que la defensa del señor G. A., aunque patrocinando otros intereses, dirigió técnicamente el recurso de amparo cuyo conocimiento ha recabado para sí, a propuesta de la Sala Segunda, el Pleno del Tribunal Constitucional, referente a la inconstitucionalidad de la mencionada Ley, recurso núm. 338/1985, se procede a hacer extracción de diversos apartados de las alegaciones allí efectuadas que estiman de aplicación al caso vigente. A continuación, procede, efectivamente, a exponer un conjunto de alegaciones referentes a la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de control de cambios a que se ha hecho referencia y, tras esta exposición, indica que también se suscribe integramente el motivo cuarto de la demanda de amparo de los señores E. y L. V. en cuanto hace referencia a supuestos de tipo general en los que podría encontrarse igualmente al señor G. A.; por todo lo cual suplica a la Sala dicte Sentencia por la que se declaren nulas las resoluciones impugnadas del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y de la Audiencia Nacional por lo que se procesa a otros y al señor G. A., con reconocimiento y restablecimiento simultáneamente del derecho a éste a no ser procesado por falta de la mínima actividad probatoria que así pudiera permitirlo.
8. Con fecha 7 de abril de 1986, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel C. V., en nombre de don Agustín M. G., presenta escrito de alegaciones en el que, tras manifestar que entiende que las consideraciones realizadas por los recurrentes, en los apartados referidos a los hechos, no son procedentes dada la naturaleza del amparo, expone, respecto al primer motivo formulado por los recurrentes, que no puede considerarse que el procesamiento se haya transformado en durísima pena de infamia, y que nos encontramos en un momento procesal en el que es preciso distinguir entre base indiciaria y base probatoria. Al respecto, plantean los recurrentes que el procesamiento carece de base mínima fáctica, pero ello supone olvidar toda la minuciosa descripción realizada en el Auto de procesamiento y el copioso y abundante conjunto de investigaciones llevado a cabo, donde se encuentra base numérica suficiente para que, aun sin concretar la cifra, si resulta que ésta rebasa en todo caso ampliamente los límites señalados por la normativa vigente. Además, a los numerosos indicios desprendidos de interrogatorios de otros encartados o de los documentos que obran en autos, es preciso unir la propia declaración de los recurrentes, que reconocen en forma indubitada la actividad que ha dado origen al procesamiento. El error fundamental de la demanda consiste en pretender que toda la base fáctica se reduce a las declaraciones del señor P. y la atribución de determinadas claves. Pero a estas declaraciones es preciso sumar el examen de múltiples testigos y múltiples documentos y, sobre todo, las propias declaraciones de los recurrentes, con gran valor indiciario sobre la cuantía y sobre la naturaleza de la actividad. Consecuencia 16gica de todo ello es que si no existe procesamiento arbitrario si no hay vulneración del art. 24.1 de la Constitución Española, tampoco puede articularse en conexión derivativa infracción del núm. 2 del art. 24.
Por lo que se refiere al segundo motivo, debe resaltarse que los recurrentes tuvieron la oportunidad de solicitar interrogatorio o diligencia de careo con don Francisco J. P. antes de su huida, petición que no se formuló en los momentos en que pudiera haberse convertido en realidad. Por otro lado, y según la doctrina del Tribunal Constitucional, hay que ponderar en cada caso los intereses en cuestión para dar acogida preferente, bien al interés público en la obtención de la verdad procesal, bien a los intereses de los afectados. No existe un derecho constitucional a la desestimación de la prueba ilícita.
9. Con fecha de 20 de abril de 1986, la Procuradora de los Tribunales doña Ana M. R. V. y del Valle, en nombre de doña María S. F. F. L., presenta escrito de alegaciones en el que primeramente procede a exponer un conjunto de antecedentes relativos al Auto de procesamiento de 4 de junio de 1985 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 por el que a don Francisco J. P. E. se le atribuían determinadas actividades relacionadas con operaciones de ilícito tráfico monetario supuestamente imputables a residentes en España, entre los que se encontraba incluida doña María S. F. y F. L.. Los hechos relatados en ese Auto eran estimados por el instructor como constitutivos de un presunto delito monetario previsto en el art. 6.º A), 1.º, y sancionado en el art. 7.1, 3.º, ambos de la Ley 10/1983, de 16 de agosto. Este Auto fue objeto de recurso de reforma y subsidiario de apelación, que fueron desestimados por sendos Autos del Juzgado Central de Instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Partiendo de estas bases fácticas y como fundamentos de la adhesión al recurso de amparo interpuesto por los señores G. E. y L. V., manifiesta la representación de la señora F. F. L. que se suma y adhiere al primer motivo del amparo referente a la existencia de un procesamiento objetivamente arbitrario, añadiendo a las razones expuestas en el recurso la absoluta inconcreción de los hechos imputados a la señora F. F. L., así como la existencia de principio de prueba alguno que sustente la imputación que se realiza. Por lo que concierne al segundo motivo de amparo, esto es, la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en cuanto a la propia defensa, se señala que en la declaración prestada por la señora F. F. L. ante la Brigada de Policía adscrita al Banco de España para la persecución de delitos monetarios, dicha declaración se prestó el 4 de febrero de 1985 incluyendo como primera manifestación la de que se renunciaba a que la presente declaración sea prestada en presencia de Abogado. En función de ello resultó infringido el art. 17.3 de la Constitución que garantiza la asistencia del Abogado al detenido en las diligencias policiales, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, que establece la irrenunciabilidad de dicha asistencia para casos como el presente. Igualmente se infringió el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también el art. 24.2 de la Constitución en cuanto que se priva a la parte de las garantías que corresponden a todo ciudadano al que se siga un proceso. Por aplicación de lo preceptuado en el art. 6.3 en relación con el 4.3 del Código Civil, la declaración prestada en las condiciones citadas habría devenido en un acto nulo de pleno derecho que, como tal, debiera haber sido rechazado de oficio por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. El fundamentar el procesamiento de la señora F. F. L. en las declaraciones así efectuadas supone, además de ignorar las garantías procesales del art. 24.2 de la Constitución Española, el desconocimiento de la condición de inviolabilidad de los derechos fundamentales y la inaceptable confirmación de la desigualdad de las partes en el procedimiento, lo que contraría lo preceptuado en los arts. 10 y 14 de la Constitución Española.
El tercer motivo de la demanda de amparo, referente a la inconstitucionalidad de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, no tendría aplicación en cuanto a la señora F. F. L. se refiere, toda vez que las imputaciones que se le formulan en el auto de procesamiento aluden a la Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto. Pero ello no es obstáculo para que en este punto, y por lo que afecta a la indicada Ley, se ponga de manifiesto que la misma no se ajusta, dados los términos de su redacción en orden a su vigencia y aplicación, a los parámetros en que constitucionalmente debiera desarrollar su eficacia, dando lugar por ello, a que se pueda afirmar que los tipos penales del art. 6 A) de la Ley 10/1983 violan el art. 17.1 de la Constitución por dejar la tipicidad al arbitrio de la Administración. Tal artículo establece como elemento común del tipo, el enunciado en las palabras que siguen: «Los que sin haber obtenido la preceptiva autorización previa o habiéndola obtenido mediante la comisión de un delito...». La preceptiva autorización previa puede ser bien general [art. 2 c) del Real Decreto 2.402/1980, de 10 de octubre], o singular y mediante estas autorizaciones generales, se liberalizan clases de operaciones. Pues bien, ello supone que los tipos penales del art. 6 A) de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, son tipos dejados al libre arbitrio de la autoridad administrativa, que no sólo es la del Ministro de Economía y Hacienda, sino la de un mero Director general, el de Transacciones Exteriores, o incluso el del Banco de España. No se trata de tipos en blanco mediante los que el legislador penal delegue en la Administración para que ésta, en el ejercicio de la potestad reglamentaria o en el de una potestad administrativa reglada de intervención, integre algún elemento del tipo, reservando siempre a la decisión del legislador la configuración del núcleo del injusto, puesto que el art. 6 A) de la Ley de Control de Cambios va mucho más allá de los tipos o normas en blanco conciliables con la legislación penal del estado de Derecho. El modo de proceder, del legislador de control de cambios de 1979 y 1983, esto es, el dejar los tipos del art. 6 A) de la Ley Control de Cambios al arbitrio de la autoridad administrativa, según lo expuesto, resulta sencillamente violatorio del art. 17.1 de la Constitución. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, es al legislador al que la Constitución, en su art. 17.1, impone el efectuar la previsión de los supuestos y de la forma de la privación de libertad. Si el legislador claudica y deja los tipos penales al libre arbitrio de la Administración, viola el deber de previsión de casos y forma de las privaciones de libertad que le impone el art. 17.1 de la Ley fundamental. Y, correlativamente, viola el derecho fundamental del ciudadano a que los casos y forma de las privaciones de su libertad personal sean previstos y determinados por el legislador y por nadie mas. Por lo que respecta al cuarto motivo de amparo que se contiene en la demanda, la señora F. F. L. se adhiere al mismo en cuanto pueda afectarla, sin tener nada más que agregar. Finalmente se adhiere, igualmente, a lo interesado por los recurrentes en relación con los posibles pronunciamientos de la Sentencia de amparo, en tanto en cuanto pueda resultar de aplicación a la mayor protección de su derecho. Por todo lo cual, suplica a la Sala acuerde declarar la nulidad del Auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción el 4 de junio de 1985 en el sumario núm. 9/85 y resoluciones posteriores del propio Juzgado y de la Audiencia Nacional que lo mantienen y confirman, reconociendo y restableciendo los derechos constitucionales de la señora F. F. L..
10. Don Argimiro V. G., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Eduardo G. E. M. C. y doña Amparo L. V. P., por medio de escrito presentado el 12 de enero de 1988, interpone recurso de amparo contra Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 15 de diciembre de 1987, dictado en el rollo de apelación 19/87, y contra los Autos del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, de 8 y 26 de junio de 1987 (sumario 9/85), confirmados por aquél, en virtud de cuyas resoluciones fue denegada la practica de determinadas diligencias solicitadas por los recurrentes.
a) Apenas iniciadas las actuaciones del sumario 9/1985, presentaron los recurrentes, con fecha 13 de marzo de 1985, escrito alegando su «status» diplomático, derivado de la condición del señor G. E. J. T. E. D. H., elegido por la Asamblea Consultiva Europea en abril de 1978; asimismo se hacía constar que les eran aplicables los privilegios previstos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, cuya ratificación por el Estado español se había publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto de 1979, y que el propio Estado español había ya reconocido su condición extendiendo a los recurrentes pasaporte diplomático.
b) El 2 de agosto de 1985 el mismo Juzgado que había procesado a los actores, dictó en la misma causa un Auto declarando no haber lugar al procesamiento de determinadas personas por no ser residentes. Así fue con respecto a don Santiago M. G. B., don Tristán . R. y don Carlos M. M.. En concreto, el Juzgado hace la misma valoración para no procesar a don José L. P. P., don Raimundo P. H. M. y don Antonio P. y G. C., señalando a propósito de este último que siendo residente, como diplomático, fuera del territorio nacional, la posibilidad de constituir tales depósitos le estaba reconocida legalmente.
12. Personada en el recurso de amparo la Procuradora de los Tribunales doña Isabel C. V., en nombre y representación de don Agustín M. G., y acordada la acumulación al recurso 921/85, por Auto de 9 de mayo de 1988, se deniega la suspensión solicitada de las resoluciones impugnadas.
13. Por providencia de 16 de mayo de 1988, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, se dispone dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores V. G. y C. V., a fin de que dentro del plazo de veinte días formulen las alegaciones que estimen pertinentes, poniéndose la misma resolución en conocimiento de las partes personadas en el recurso de amparo 921/85.
En relación con la vulneración del derecho de igualdad señala que, aunque en alguno de los casos contemplados en el Auto a que hacen referencia los actores se alude a la situación de no residentes, en ninguno de ellos se da la identidad necesaria para que constituya término comparativo adecuado. Como deriva de la misma argumentación judicial, los distintos supuestos pueden agruparse en dos grupos: Uno en el que las pruebas practicadas no habían aportado noticia alguna de la evasión de divisas -como en los casos de los señores M. y de La Rosa , específicamente citados por los demandantes- y otro en el que aquéllas carecían de la suficiente entidad para merecer la calificación de indicios racionales. Asimismo, el Auto de 16 de agosto de 1985, mencionado en la demanda como referencia comparativa, se limita a desestimar el recurso de reforma interpuesto al contraerse la impugnación a una mera discrepancia sobre la valoración de los indicios. En cualquier caso, el hecho de que otras personas no sean procesadas, o condenadas, aunque estuvieran teóricamente en las mismas circunstancias que los actores y hubieran realizado los mismos hechos, tampoco puede servir de base comparativa por razón de su ilegalidad, ya que como ha declarado este Tribunal en reiteradas ocasiones, el derecho consagrado en el art. 14 de la Constitución es a la igualdad ante la ley y no contra la ley (ATC 762/1987).
En orden a la denegación de las pruebas solicitadas, productora de indefensión, según los recurrentes, y la falta de motivación para su rechazo, pone de relieve que la decisión encuentra su fundamento: Por lo que se refiere al Juzgado, en que el tema del status diplomático ya se había aducido en 1985 y denegado entonces de manera razonada, era irrelevante desde el punto de vista de la valoración jurídico-penal del tipo objeto de procesamiento [art. 6 A), 1.º, de las Leyes 40/1979 y 10/1983], y que lo que se pretendía acreditar documentalmente estaba al alcance de la parte; y en cuanto a la Audiencia, que hace suya la misma argumentación del Juzgado, en que los propios recurrentes dan la razón al Instructor aportando en la alzada amplia documentación por la vía del art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (contestaciones de la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda, a consultas efectuadas por parlamentarios españoles en el Consejo de Europa y por el Juez del TEDH, señor C. S., certificación del tiempo que el señor G. E. fue Juez de dicho Tribunal y el nuevo de Reglamento de este órgano), los propios recurrentes pueden aportar otras pruebas que estimen convenientes, como el Estatuto de los Jueces del TEDH y el Cuarto Protocolo Adicional de 16 de diciembre de 1961, sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa, y el Juzgado ya expuso fundadas razones para no efectuar consultas a los Ministerios sobre algo que corresponde decidir a los Tribunales al interpretar las leyes.
Finalmente, señala que si bien comparte in genere el criterio de los recurrentes de que, conforme al art. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a los postulados constitucionales, no debe deferirse a la parte sino acordarse de oficio o por iniciativa del Ministerio Fiscal, a quien incumbe probar [art. 124.1 C.E. y arts. 1 y 3 (3, 4 y 5) del EOMF, de 3 de diciembre de 1981], cuanto fuera relevante para el enjuiciamiento, en el presente caso, sin embargo, existió una denegación justificada de la prueba solicitada por las siguientes razones: La personalidad pública del recurrente, señor G. E., hacía notoria su condición de Juez del TEDH y no necesitaba, en puridad de prueba, el objeto de ésta son los hechos y no las normas jurídicas, y, por último, la discrepancia de los actores sobre que su cualidad de no residentes sea irrelevante se basa en que, aunque el Auto de procesamiento se refiera al art. 6 A), 1.º, de la Ley de Cambios, la conducta incriminada tiene su adecuado encaje en el art. 6 A), 3.º, de la misma Ley, debate éste que no tiene cabida en un recurso constitucional de amparo.
15. La Procuradora de los Tribunales, doña Isabel C. V., en la representación que tiene acreditada, formula sus alegaciones por escrito presentado el 9 de junio de 1988, oponiéndose a los argumentos en que los actores sustentan su pretensión de amparo. En primer lugar, entiende que la alegada infracción del art. 14 C.E., no tiene en cuenta la realidad de las actuaciones sumariales y del propio contenido de las resoluciones judiciales que basan el auto de procesamiento en el art. 6 A), 1.º, de la Ley de Control de Cambios, no siendo posible pretender que el Tribunal Constitucional decida sobre cual era la tipificación correcta. Y siendo ello así no cabe hablar de desigualdad o de discriminación que viole el mandato constitucional porque no existe identidad en la tipificación de los supuestos ofrecidos como término de comparación.
16. El 13 de junio de 1988, los actores presentan su escrito de alegaciones insistiendo en la trascendencia de su condición de «no residentes» a efectos de control de cambios, cuyo concepto es de carácter legal específico no identificado con el del domicilio o residencia efectiva sino puramente formal, según se deduce del art. 4 de la Ley de 10 de diciembre de 1979, no modificado por la Ley Orgánica de 16 de agosto de 1983, y del art. 9.1 del Real Decreto 2.402/1980, de 10 de octubre, y se acredita mediante dictamen incorporado como documento núm. 1 del Catedrático don Julio D. G. C.. La consecuencia derivada de tal carácter es la de no constituir infracción y ser lícitas las conductas que para los residentes se tipifican como delito en varios de los apartados del art. 6 de la Ley de Control de Cambios. A pesar de ello las resoluciones judiciales impugnadas, impiden que se acredite y valore la expresada condición en la fase sumarial, afirmando que debe alegarse, probarse y valorarse en el juicio oral, produciendo las infracciones constitucionales alegadas en la demanda.
17. Don Argimiro V. G., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Eduardo G. E. y M. C. y de doña Amparo L. V. P., por medio de escrito presentado el 13 de mayo de 1988, interpone recurso de amparo contra Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 1988, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el Auto anterior de la misma Sala de 11 de abril de 1988 que confirmó el Auto de conclusión del sumario 9 de 1985 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y abre el juicio oral, y asimismo contra dicho Auto de 11 de abril de 1988 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
21. Con fecha 4 de julio de 1988, la Procuradora de los Tribunales y de don Agustín M. G. presenta escrito manifestando que se produce a su representado indefensión al no habérsele dado traslado de la demanda de amparo por lo que no podía formular alegaciones respecto a la posible acumulación, y solicitando, en consecuencia, que se le dé traslado de dicho escrito, señalándose nuevo término para la formulación de alegaciones. Concedido éste la mencionada Procuradora presenta escrito el 16 de julio de 1988 señalando que no existe ninguna razón para la acumulación e interesando, por tanto, que se deniegue la solicitud efectuada en tal sentido.
22. Acordada la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas por Auto de 20 de julio de 1988, en virtud de providencia de 12 de septiembre de 1988, la Sección acuerda tener por personada a la Procuradora de los Tribunales doña Isabel C. V. en la representación acreditada, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, dar vista de todas las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que alegasen lo que a su derecho conviniera. Asimismo, se acuerda que, una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado, se acordaría lo procedente sobre la acumulación del presente recurso a los seguidos con los núms. 921/85 y 58/88, toda vez que se habría alcanzado en todos ellos el mismo trámite procesal.
23. Con fecha 13 de octubre de 1988, la representación de don Agustín M. G. expone que en cuanto al primer motivo de amparo, frente a la aludida falta de motivación y de respuesta razonada, se produjo un aquietamiento procesal de los recurrentes y que la providencia no se puede negar que desestimaba su solicitud al remitirse al texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, a través del recurso de súplica, recibieron una respuesta judicial suficientemente motivada.
En cuanto a su condición de residentes o no residentes y su trascendencia no cabe ignorar que el Auto de procesamiento hace referencia a la exportación física de moneda y que las declaraciones de don Francisco J. P. no constituyen las únicas pruebas de cargo.
24. La representación actora presenta escrito el 17 de octubre de 1988 en el que, después de recapitular el contenido de los dos recursos de amparo anteriormente presentados y registrados con los núms. 921/85 y 58/88, señalando también la trascendencia jurídica de la no residencia a los efectos del control de cambios, reitera las alegaciones contenidas en su demanda. Y en este sentido pone de manifiesto que el Auto de la Audiencia confirmatorio de la conclusión del sumario supone la consumación definitiva, sin posibilidad de reparación procesal, de las infracciones de los derechos fundamentales denunciadas en el anterior recurso de amparo 58/88. Igualmente dicha resolución añade una nueva infracción constitucional específica derivada de que toda la fase intermedia del proceso penal se ha tramitado sin la intervención de los demandantes de amparo. En particular el trámite del art. 627 de la L.E.Crim. en el que se puede solicitar la práctica de nuevas diligencias de prueba y el sobreseimiento se ha otorgado exclusivamente al Ministerio Fiscal y a las demás partes acusadoras. Consecuentemente, el recurso tiene la doble vertiente de evitar la definitiva consumación de las infracciones denunciadas en el recurso núm. 58/88 y, además lograr la subsanación de nuevas infracciones constitucionales, producidas por vulneración de los derechos fundamentales a la efectividad y a la tutela judicial, al proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa consagrados por los arts. 24.1 y 2 C.E. y a la igualdad reconocida en el art. 14 C.E., tanto porque es práctica habitual de las Secciones Segunda y Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conceder el trámite que la Sección Primera ha denegado en este caso, como porque se remite a los recurrentes definitivamente al juicio oral mientras que otras personas en las mismas actuaciones fueron dejadas al margen del procedimiento por la sola razón de tener la condición de no residentes a los efectos de control de cambios y finalmente porque la Sección no ha tenido en cuenta que otras personas tienen reconocida por la autoridad competente dicha condición por encontrarse en la misma situación que ostentaba el señor G. E.. Por todo ello concluye suplicando se dicte Sentencia en los términos interesados en la demanda.
1. Por lo que respecta al primero de los recursos acumulados, es necesario precisar que la resolución de este Tribunal ha de versar únicamente sobre las pretensiones deducidas por los recurrentes en amparo, sin que pueda extender su pronunciamiento a las contenidas en los escritos de alegaciones de los posteriormente personados en el procedimiento. Pues, como señalamos en nuestro ATC 496/1986, de 11 de junio, una vez interpuesto un recurso de amparo frente a actos u omisiones de un órgano judicial, admitir que aquellos que hubieran comparecido posteriormente en el procedimiento constitucional (en virtud del emplazamiento efectuado conforme al art. 51.2 LOTC y sin que hubieran interpuesto recurso de amparo alguno dentro del plazo correspondiente frente a aquellos actos u omisiones) se conviertan en codemandantes sería tanto como admitir que puede interponerse un recurso de amparo fuera del plazo legal, lo que equivaldría a vulnerar el taxativo precepto contenido en el art. 44.2 LOTC. Con independencia de la configuración doctrinal que se dé a la situación de los personados no solicitantes originarios del amparo, es lo cierto que no pueden transformarse en recurrentes, ni por tanto, deducir pretensiones propias, aunque pueden formular alegaciones, y que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el proceso de amparo que tiene por objeto, exclusivamente, las pretensiones deducidas por quienes lo interpusieron en tiempo y forma; en este caso don Eduardo G. E. y doña Amparo L. V..
Consecuentemente, este Tribunal ha señalado que el procesamiento no puede por su naturaleza vulnerar por si mismo la presunción de inocencia, que es, en principio el derecho a no ser condenado sin pruebas de culpabilidad o sin una actividad probatoria realizada con las debidas garantías que, en alguna forma, pueda entenderse de cargo (AATC 340/1985, de 22 de mayo; 387/1985, de 12 de junio, y 1.303/1987, de 23 de noviembre, entre otros muchos).
4. El segundo motivo del recurso se funda esencialmente en que los recurrentes no pudieron contrainterrogar al testigo señor P., a pesar de que los papeles y declaraciones de éste fueran decisivos para el procesamiento, lo que les habría causado indefensión, habiéndose basado el procedimiento en una prueba ilícitamente obtenida.
Cabe observar, a este respecto, que los Autos que se impugnan no consideran las declaraciones del señor P. como la única fuente de convicción en que fundamentan su decisión, lo que ya viene a excluir una relación indubitada y única de causalidad entre esas declaraciones (y un hipotético resultado del contrainterrogatorio) y la decisión de procesamiento, pero, además, no se puede estimar que se haya producido la indefensión alegada. El art. 118 de la L.E.Crim. establece que toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento; y el art. 302 del mismo texto legal prevé que las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. Se establece así un principio de intervención procesal que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, resulta del derecho de defensa del imputado en todas las fases del procedimiento, según recogió la STC 44/1985, que citan los recurrentes y el Ministerio Fiscal. Pero ha de recordarse también como hace este último, que en la fase de investigación (es decir, antes y fuera de la fase de vista oral) el Tribunal ha precisado en la citada Sentencia que ese derecho «podrá restringirse en los supuestos especiales y extraordinarios que exija la investigación según las leyes procesales»; y en relación con esos supuestos, el mismo art. 302 de la L.E.Crim. prevé que el Juez de instrucción podrá, mediante Auto, declarar el procedimiento «total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes, debiendo alzarse necesariamente el secreto con diez días de antelación a la conclusión del sumario». Pues bien, en el presente caso, resulta que el día 25 de enero de 1985 el Juez Central de Instrucción dictó Auto disponiendo la entrada y registro en diversos locales, sin que en ese momento se conocieran las personas implicadas en los hechos que se investigaban; y por Auto de 6 de febrero siguiente se declararon secretas las actuaciones, sin que los hoy recurrentes formulasen protesta o impugnación alguna. Levantando el secreto por Auto de 20 de febrero, los recurrentes tuvieron oportunidad de intervenir en las sucesivas diligencias, y de solicitar la práctica de las que estimaran convenientes. La desaparición o huída del señor P., a partir de los primeros días de mayo de 1985, hizo, como es obvio, imposible cualquier confrontación o contrainterrogatorio. De todo ello se desprende que ni en el momento de entrada y registro de locales y ocupación de documentos se produjo indefensión (no estando aún encartados en forma alguna los recurrentes), ni en la fase declarada secreta (pues tal declaración aparece prevista por la Ley, y los recurrentes no la impugnaron), ni en la fase posterior, en que no se denegó en ningún momento a los recurrentes la posibilidad de una confrontación. Ello con independencia de que no quepa estimar como actividades probatorias -sino de indagación o investigación- las efectuadas en esta fase del proceso que nos ocupa.
5. Se hace radicar el tercer motivo del recurso en la inconstitucionalidad de los arts. 6 y 7 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, de Control de Cambios, que se destaca, cumple un papel central en el procedimiento de que se trata, por haber transcurrido durante su vigencia los hechos de que deriva el Auto de procesamiento, ya que el último estadillo ocupado al señor P. en relación con los recurrentes es de 18 de enero de 1983. Pues bien, a este respecto, y de lo que resulta de la literalidad de los Autos recurridos, efectivamente (y aunque se haga referencia a un documento bajo la rúbrica «composición de inversiones» de octubre de 1983), la fecha más tardía a que se refieren los movimientos monetarios contrarios a la normativa de control de cambios es, como señalan los recurrentes, el 18 de enero de 1983, lo que abona la necesidad de tener en cuenta la constitucionalidad, o falta de ella, de esa normativa, anteriormente a la L.O. 10/1983, de 16 de agosto.
En el caso que nos ocupa, la fianza que se exige se hace derivar de la - posible- cuantía de los fondos ilegalmente transferidos al extranjero: cuantía que, como se dijo más arriba, si bien no aparece determinada con toda precisión en los Autos que se impugnan, sí aparece, a la luz de los diversos indicios apreciados por el órgano jurisdiccional (que no se limitan, como parecen estimar los recurrentes al estadillo ocupado entre los papeles del señor P., con fecha de 18 de enero de 1983) dentro de los supuestos del art. 7.1 de la Ley 40/1979, es decir, más de cincuenta millones de pesetas.
En el primer aspecto señala que la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda dictó sendas Resoluciones, incorporadas al rollo de apelación, en las que se reconoce que un Diputado español del Parlamento Europeo y el actual Magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sucedió al señor G. E. sin solución de continuidad, son «no residentes a efectos de control de cambios», y en el segundo se pone de relieve que otras personas implicadas en el sumario 9/85 del Juzgado de Instrucción núm. 3 han visto reconocida dicha condición, mientras que a los demandantes de amparo se les ha negado toda posibilidad de que el tema de la «no residencia» fuera apreciada en la fase instructora al remitirles para su examen el Juzgado y la Audiencia al juicio oral, con la consecuencia, extraordinariamente grave de tener que soportar un juicio criminal.
Partiendo de tales criterios no es posible negar que los Autos del Juzgado y de la Audiencia impugnados en amparo incorporan formalmente los motivos de la denegación de las diligencias solicitadas, adoptada conforme al art. 311 L.E.Crim., que radican esencialmente, tanto en la posibilidad de obtener los propios recurrentes las certificaciones en que aquellas consistían (como lo prueba el hecho mismo de la aportación por la vía del art. 231 L.E.Cr. de las contestaciones de la Dirección General de Transacciones Exteriores a las consultas efectuadas por dos parlamentarios españoles en el Consejo de Europa sobre su condición de «no residentes», la relativa al sucesor del señor G. E. en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la certificación del tiempo de desempeño por éste del cargo de Juez en dicho Tribunal y el nuevo Reglamento del órgano), como en la irrelevancia de dicha acreditación en la fase sumarial.
Sin embargo, el desconocimiento de dicho cauce, que afectaría más al derecho a un proceso con todas las garantías legales, que al específico de valerse de los medios de prueba pertinentes para la defensa, cuya ubicación propia es la del juicio oral (ATC 1.124/1988), y para cuya eventual utilización en dicho acto no resulta necesariamente impeditivo la denegación de diligencias de investigación sumarial, tampoco se ha producido en el presente supuesto como consecuencia de las resoluciones objeto de la demanda. En efecto, no puede ponerse en duda que los órganos judiciales ciertamente ponderaron la posibilidad de la «no residencia a efectos del control de cambios», de los recurrentes y se pronunciaron en sentido negativo sobre su trascendencia, teniendo en cuenta la conducta a ellos imputada. Así, el Auto del Juzgado de 8 de junio de 1987, señala que la condición de residente o no residente es irrelevante en la valoración de la condición de exportador ilegal de capitales del territorio español que se contempla en el citado art. 6, A), 1.º, las Leyes 40/1979, y 10/1983, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios y, especialmente, en el art. 10.1 del Real Decreto de 10 de octubre de 1980, y esta misma valoración, en uso de las facultades exclusivas de subsunción indiciaria en el tipo que corresponde a los órganos judiciales y que no puede ser revisada en sede constitucional, se reitera al resolverse sucesivamente los recursos de reforma y apelación interpuestos.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Eduardo G. E. y M. C. y doña Amparo L. V. P., y en su virtud:
SAP Valencia 285/2011, 4 de Mayo de 2011
STSJ Comunidad de Madrid , 14 de Diciembre de 2004
STS 476/2004, 14 de Abril de 2004
STSJ Andalucía 972/2014, 6 de Noviembre de 2014

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