Source: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/Espan/Scolomina9-8-03.html
Timestamp: 2014-10-21 07:11:52+00:00

Document:
Caso de Marta Colomina y Liliana Velasquiez, Resolución de la Corte de 8 de septiembre de 2003, Corte I.D.H. (Ser. E) (2003). VISTOS:
1. La comunicación de 21 de julio de 2003 y sus anexos, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), una solicitud de medidas provisionales a fin de que la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) “proteja la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de las periodistas Marta Colomina y Liliana Velásquez, quienes sufrieron un atentado contra su vida en la madrugada del 27 de junio de 2003, en circunstancias que se dirigían al canal de televisión TELEVEN para presentar su programa diario “La Entrevista”. 2. La fundamentación por parte de la Comisión Interamericana de su solicitud de medidas provisionales es la siguiente:
e. luego de 20 días de ocurrido el atentado contra Marta Colomina, el Ministerio Público no ha abierto ninguna investigación tal como lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal. Las periodistas Colomina y Velásquez ni los funcionarios de seguridad de TELEVEN que llegaron al lugar han sido citados a declarar ante el Ministerio Público. Sólo ha sido llamado el chofer-escolta Héctor José Herrera por un Fiscal del Ministerio Público para “conversar”. Tampoco se tiene conocimiento de que haya una investigación en curso o se haya solicitado algún tipo de información o presentación de pruebas; f. “la única protección que [Marta Colomina] h[a] recibido, como consecuencia de las medidas cautelares, vino del Alcalde del Municipio Chacao, que puso dos policías motorizados, turnándose cada uno de ellos cada cuarenta y ocho horas, en su tarea de seguimiento en su moto, cuando [s]e desplaz[a] en [su] carro, salvo en las mañanas cuando v[a] al canal de [televisión] de 5 a 7 a.m., cuando el escolta de turno conduce [su] carro. La obligación de vigilancia cesa cuando lleg[a] a [su] casa y la realizan sólo cuando cumpl[e] obligaciones laborales, el resto del tiempo, cuando est[á] en [su] hogar o se diri[ge] a cualquier otro lugar no t[iene] protección de ningún tipo”; y g. el 28 de junio de 2003, el Ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, en relación al atentado sufrido por las periodistas el 27 de junio, manifestó lo siguiente al diario “El Universal”: [l]o que pasa es que hay gente que está perdiendo audiencia, no la ve ni escucha nadie, que por el frasco de veneno que se mete en la mañana dice cada cosa, y necesita llamar la atención de alguna manera. Eso es lo que está ocurriendo. Que me diga esta dama, o cualquier otro, que sufrió un atentado, de una vez advierto que no lo creo […] a todas esas cosas les pongo el supuesto subrayado, en negrita, entre comillas o en colores resaltantes, porque precisamente yo hace tiempo que no creo en nada, en esas denuncias de que me asaltaron, me dispararon el carro, siempre culpando al gobierno.
5. La Resolución del Presidente de la Corte de 30 de julio de 2003, mediante la cual resolvió:
4. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución a más tardar el 14 de agosto de 2003.
6. La nota de 29 de agosto de 2003 de la Secretaría de la Corte mediante la cual se reiteró al Estado la presentación del informe requerido en el punto resolutivo cuatro de la Resolución del Presidente de 30 de julio de 2003. A la fecha de la presente Resolución el Estado no ha presentado el referido informe.
7. La comunicación de 29 de agosto de 2003 de la Comisión Interamericana mediante la cual adjuntó un escrito de los peticionarios con información adicional sobre el estado de ejecución de las medidas urgentes otorgadas a favor de las periodistas Colomina y Velásquez. En dicha nota los peticionarios señalaron que el Estado no [ha] tomado ninguna medida necesaria para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de Marta Colomina y Liliana Velásquez. Tampoco han sido llamadas por ningún órgano del Estado para darles participación a las beneficiarias en la planificación e implementación de las medidas de protección. Tampoco tienen conocimiento que el Estado esté investigando los hechos denunciados con la finalidad de identificar a los responsables y sancionarlos, o que si lo está haciendo que haya algún avance. Asimismo, los peticionarios informaron que “las amenazas contra la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de las periodistas Marta Colomina y Liliana Velásquez se han acentuado progresivamente a partir del atentado que fueran objeto”. Finalmente, los peticionarios solicitaron que se celebre una audiencia pública en la sede de la Corte “a fin de evaluar el incumplimiento por parte del Estado de Venezuela” de las medidas de protección otorgadas.
5. Que los antecedentes presentados por la Comisión en su solicitud (supra Vistos 2, 3 4 y 7) demuestran prima facie la configuración de una situación de extrema gravedad y urgencia para la vida, la integridad física y la libertad de expresión de las periodistas Marta Colomina y Liliana Velásquez.
6. Que el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que la sentencia de fondo no sea obstaculizada por las acciones de ellas pendente lite. 7. Que el propósito de las medidas urgentes y provisionales, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, va más allá, por cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.
8. Que es responsabilidad del Estado adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción y que este deber se torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de protección de la Convención Americana. 9. Que la Corte ha examinado los hechos y circunstancias que fundamentaron la Resolución del Presidente de 30 de julio de 2003 (supra Visto 5) la cual ratifica por encontrarla ajustada a derecho y al mérito de los autos.
10. Que el Estado ha omitido presentar, hasta la fecha, el informe urgente que le fuere requerido por la Resolución del Presidente de 30 de julio de 2003 sobre las medidas adoptadas para asegurar eficazmente la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de las periodistas Marta Colomina y Liliana Velásquez.
11. Que el incumplimiento por parte del Estado es especialmente grave dada la naturaleza jurídica de las medidas urgentes y medidas provisionales, que buscan la prevención de daños irreparables a las personas en situación de extrema gravedad y urgencia.
12. Que la disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene este Tribunal, ya que el principio básico del derecho de la responsabilidad del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, ha señalado que los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda).
13. Que, asimismo, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que dieron origen a esta solicitud de medidas provisionales a fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones pertinentes.
2. Requerir al Estado que adopte y mantenga cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de las periodistas Marta Colomina y Liliana Velásquez. 3. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarias en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, las mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas.
6. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, dentro de una semana a partir de la notificación del informe del Estado, presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones que estime pertinentes. 7. Requerir al Estado que, con posterioridad a su primera comunicación (supra punto resolutivo quinto), continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas contado a partir de su recepción.
Oliver Jackman Alirio Abreu Burelli Manuel E. Ventura Robles

References: Resolución 
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 artículo 63