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Timestamp: 2020-05-29 19:33:38+00:00

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Síntesis de la intervención notarial en el acuerdo extrajudicial de pagos - Hay Derecho
8 mayo, 2020 /14 Comentarios/en Blog /por Ignacio Fernández Larrea
Dentro del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) aprobado por el RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, el artículo 637 TRLC, indica que en el supuesto de deudor persona natural o empresario o de persona jurídica no inscribible en el Registro mercantil, la designación de mediador concursal para el acuerdo extrajudicial de pagos ha de dirigirse al notario del domicilio del deudor
Recibida esta solicitud, el notario ha de comprobar si el deudor reúne los requisitos legales exigidos, y la corrección y suficiencia de los datos obrantes en la solicitud y documentación por él aportadas, dándole, en su caso, plazo de acreditación o subsanación de cinco días, e inadmitiendo la solicitud si así correspondiera.
Seguidamente, procederá al nombramiento del mediador concursal secuencialmente de entre los que figuren en la lista oficial. Aquí nos encontramos ya con un primer problema de plazos, pues el nombramiento ha de efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, pero como -amén del plazo empleado por el notario para su comprobación inicial- el deudor cuenta con el citado plazo de cinco días para la subsanación, es evidente que el cumplimiento del plazo para el nombramiento solamente podrá darse en el supuesto en que el deudor cumpla los requisitos y presente una perfecta documentación ab initio, y el notario así lo constate dentro de los cinco días siguientes a la presentación. Esto es: bastará con que la documentación presentada por el deudor presente algún tipo de defecto o insuficiencia subsanable, para que el plazo previsto en la norma para el nombramiento no pueda verificarse.
Surge, además, el problema asociado a que distintos mediadores concursales se nieguen a aceptar el nombramiento. Básicamente, el problema estriba en determinar si la imposibilidad de continuidad del expediente debido a esa falta de aceptación, faculta, o no, para la solicitud del concurso consecutivo que, a su vez, opera como requisito habilitante para la posterior obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en las condiciones más ventajosas (art. 178, bis.3.4º).
La opción mayoritaria se inclina por considerar que la falta de aceptación de los mediadores concursales no debe cerrar la vía a la solicitud del concurso consecutivo. En pro de esta interpretación ya se posicionaron los jueces de lo mercantil de Barcelona en su seminario celebrado el 15 de junio de 2016, y a la misma conclusión se llegó en el congreso anual nacional de jueces de lo mercantil celebrado en noviembre de 2016 en Santander. Sobre esta base, numerosas resoluciones judiciales han optado por considerar válida en tales casos la solicitud de concurso consecutivo derivada de la imposibilidad de designación de mediador concursal (SAP Barcelona 27/12/18; SAP Tarragona 8/11/18; AAP Lérida 11/2/19; AAP Valencia 25/7/18). La entonces todavía DGRN, en su respuesta a consulta del Colegio Notarial de Madrid de 14 de mayo de 2019, también se posicionó en favor de esa argumentación. Sin embargo, y aun siendo minoritarias, también ha sido posible encontrar resoluciones judiciales de Audiencias Provinciales, como el AAP Cádiz 11/2/19, que abogaron por la imposibilidad de solicitar concurso consecutivo en estas circunstancias.
Consecuentemente, el deudor no estaba libre de encontrarse con una resolución judicial que, literalmente, laminara su intento de acuerdo extrajudicial de pagos y le condenara a interponer un recurso que, en no pocas ocasiones, le supondría no menos de un año de “travesía del desierto”.
A esta situación es a la que se trató de poner remedio con el RDLey 16/2020, que en su borrador inicial abogaba por un sistema de sanción al mediador que se negara a la aceptación del cargo, y que posteriormente ha optado por un régimen ‑en vigor hasta el 14 de marzo de 2021- de equiparación del supuesto de hecho con la imposibilidad habilitante para la solicitud de concurso consecutivo. En este mismo blog, la profesora Cuena ha analizado esta cuestión con la brillantez critica que le caracteriza, y por tanto no incido en ella.
Siguiendo con la labor del notario, la designación del mediador concursal le podía colocar en un papel émulo de Sísifo, pues las sucesivas negativas de mediadores concursales a la aceptación le abocaban a una especie de intento “in aeternum” de designación, si nos atenemos incluso al criterio de la Instrucción de la DGRN de 5 de febrero de 2018. Posiblemente para acotar temporalmente el tormento del notario-Sísifo, la ya citada Respuesta de la DRGN de 14 de mayo de 2019, orientó en el sentido de que con el transcurso de dos meses, pudiera ya aquél dejar a la piedra en reposo y cesar en los intentos de designación.
Para el supuesto de aceptación, el notario habrá de hacer constar el nombramiento en acta autorizada por él mismo y comprobar que se le facilita por parte del mediador una dirección electrónica que deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones.
Seguidamente, el notario deberá afrontar toda una serie de comunicaciones de inicio del expediente: al juzgado competente para la declaración de concurso del solicitante; a los Registros públicos de personas en que éste figure inscrito y a los de bienes o derechos en que tuviera inscripciones sobre los mismos de su propiedad; a la AEAT y la TGSS aun cuando no figuraran como acreedoras; y a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en las actuaciones.
Desde el punto de vista retributivo ha de tenerse en cuenta que, si el deudor fuera persona natural no empresario, todas estas actuaciones notariales comprendidas en el capítulo II no devengarán retribución arancelaria alguna.
Tras la formalización del acuerdo extrajudicial de pagos, el notario protocolizará la escritura de elevación a público del acuerdo, en la que mediante diligencia se procederá al cierre del expediente, cierre que el notario habrá de comunicar al juzgado competente y a los registros públicos antes reseñados, y publicar en el registro público concursal indicando que el expediente está disposición en la notaría para acreedores interesados en su conocimiento
Ha de entenderse que este tipo de actuaciones, al no estar encuadradas en el capítulo II, no están sometidas a la ya citada restricción retributiva y, por tanto, sí devengarán retribución arancelaria, pudiendo ello ser discutible -no en mi opinión- cuando el notario haya decidido asumir la condición de mediador concursal, como seguidamente veremos.
Finalmente, si habiendo transcurrido dos meses a contar desde la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores, el notario considera imposible alcanzar un acuerdo y persiste la situación de insolvencia del deudor, deberá aquél solicitar la declaración de concurso dentro de los diez días siguientes, acompañando un informe explicativo de esa imposibilidad de acuerdo.
Hay que plantearse, sin embargo, qué sucede cuando el notario va más allá y ‑a diferencia de lo que ocurría en la regulación anterior, en la que meramente impulsaba las negociaciones‑ ahora asume la condición (sic) de mediador concursal.
Asumir esta condición presupone que ‑hasta la posterior entrada, en su caso, en sede concursal‑ el notario asume todas (insisto, todas) las funciones atribuibles al mediador concursal, contando eso sí con una serie de especificidades en relación con algunos plazos. Así, respecto al plazo para la comprobación de los créditos y la convocatoria a los acreedores, el “notario-mediador” cuenta con un plazo de quince días desde la presentación de la solicitud lo que, en mi opinión, le obligará a adoptar de manera rápida su decisión de asumir la condición de mediador pues, de otra forma, puede encontrarse con un problema de incumplimiento de dicho plazo.
Por lo que respecta a las citadas comunicaciones “notariales” de cierre del expediente y de puesta a disposición del mismo a los acreedores, entiendo que incluso aun cuando en este caso el notario ha asumido la condición de mediador, se trata de actuaciones ajenas a dicho cargo, y respecto a las cuales el notario podrá igualmente devengar retribución arancelaria, como ocurre cuando no ha asumido la condición de mediador. En todo el resto de actuaciones ínsitas al cargo de mediador concursal, se le aplicará el régimen retributivo correspondiente al mismo.
Finalmente, la asunción de esa condición de mediador, no implica obligación adicional alguna para el notario en el caso de entrada en concurso consecutivo ya que, a diferencia del texto normativo anterior, el ahora vigente determina clara y expresamente que el nombramiento del mediador concursal como administrador del concurso ‑ al que el juez ha de proceder salvo justa causa– sólo se aplicará a aquel mediador que reúna las condiciones necesarias para tal nombramiento como administrador concursal.
Y, finalmente, y por lo que respecta al régimen de responsabilidad aplicable a este notario-mediador, el mismo se pospone a ulterior regulación reglamentaria.
Etiquetas: Administración concursal, concursal, notarial
https://i1.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2017/05/euro-1144835__340.jpg?fit=510%2C340&ssl=1 340 510 Ignacio Fernández Larrea https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Ignacio Fernández Larrea2020-05-08 19:30:222020-05-08 19:46:54Síntesis de la intervención notarial en el acuerdo extrajudicial de pagos
La administración concursal en tiempo de coronavirus
9 mayo, 2020 en 16:19
Como he sostenido en la entrada anterior, el (escaso) éxito del AEP se explica fundamentalmente por el mal diseño institucional del estatuto del mediador.
Obsérvese que para el adecuado tratamiento de ese problema es irrelevante a quién se encomiende la designación: notario, registrador o juez. De hecho, no puede atribuirse el mal funcionamiento del AEP al escaso compromiso de las autoridades que ahora lo llevan ni a su ineficiente tramitación porque los mismos, o mayores problemas, se plantearían con la designación encomendada a otra autoridad o funcionario. En cualquier modo, el papel de filtro de quien comprueba la suficiencia de la documentación es tanto más relevante cuanto potentes son los efectos de la comunicación al juzgado de la pendencia de negociaciones. Este aspecto no es trivial como sí puede parecerlo la mecánica del sorteo.
Faltan incentivos positivos sobre el mediador que le animen a la inclusión de su nombre en la lista y, luego, a la aceptación y faltan incentivos negativos al rechazo por causas no-justificadas de la designación realizada.
A mi juicio es necesario una reforma urgente en el sentido siguiente:
a) Un rediseño del arancel para que el profesional tenga asegurado unos mínimos razonables y ese arancel debe incluir una prima en caso de arreglo. Nadie está dispuesto a trabajar seriamente sin una retribución digna.
b) Una garantía de la percepción con cargo a la cuenta arancelaria o estableciendo una suerte de turno de oficio para evitar el efecto indeseable de la apertura del concurso por falta de mediadores disponibles.
c) Correlativamente a lo anterior, una sanción robusta del rechazo sin justa causa que conlleve la pérdida temporal de la posibilidad de actuar como administrador o mediador en otros concursos o AEP
9 mayo, 2020 en 19:34
Luis, ha habido casos en que ningún “intermediario” ha aceptado la gestión de nombrar mediador y el deudor ha tenido problemas para gestionar el AEP. Ahí lo dejo. Tienes razón en que el mal diseño del estatuto del mediador es el aspecto más relevante, pero no el único. Las propuestas que señalas coinciden con las que he dicho en el post, así que en eso también estamos de acuerdo!
9 mayo, 2020 en 19:58
He participado en unos 50 AEP por lo que creo tener alguna información y título para hablar del tema del que tengo conocimiento por experiencia directa.
En ningún caso se ha producido lo que dices en cuanto a los RRMM. Los registradores mercantiles -tus “intermediarios”- nunca han dejado de designar. No puedo hablar por los notarios, como es lógico aunque creo que la cosa tampoco es muy diferente.
El problema es la falta de aceptación de los nombrados y en algún caso errático que la lista de alguna provincia no contaba con candidatos.
La DG estableció el criterio de que tras dos intentos frustrados se abría el concurso consecutivo y ese el criterio -a todas luces un parche- que ahora se ha consagrado legalmente.
Vuelve a repetirse lo dicho antes: el problema no está en la mala gestión (me temo que andas mal informada, Matilde) sino el estatuto del mediador, Por lo demás la entrada en concurso es una locura en costes directos e indirectos.
PS Remito a los interesados a la excelente estadística concursal que se publica y divulga en http://www.registradores.org Ahí estan los datos relevantes de los larguísimos tiempos de tramitación concursal y de los AEP.
Ignacio Fernández Larrea Dice:
10 mayo, 2020 en 13:54
Gracias por tus comentarios, Luis, a una síntesis que espero poder desarrollar de modo más adecuado en breve plazo, pues me hallo ya trabajando en ello.
Tan solo una precisión,que entiendo trascendente: la DGRN no “estableció el criterio de que tras dos intentos frustrados se abría el concurso consecutivo”. Muy al contrario: rechazó que cualquier sistema de número determinado de intento de designaciones (2, 3 ó 24) tuviera cobertura legal o analógica alguna. Lo que dijo la DGRN en su respuesta de 14 de mayo de 2019 fue que, si transcurridos DOS MESES desde el primer intento de designación, la designa permanecía imposible, el notario podía cerrar el expediente facilitándose copia al deudor requirente a fin de que este pudiera instar, en su caso,el concurso consecutivo.Obviamente, no es en absoluto lo mismo.
No resulta, por tanto, correcto en mi opinión decir que a ello se acomoda el reciente régimen legal instaurado “excepcional y temporalmente” por el RDLey 16/2020 (efectivamente, y por tanto, un parche) que -este sí- asocia un número determinado de intento de nombramientos (2) la imposibilidad habilitante para la solicitud de concurso consecutivo, sin que sea necesario el transcurso de los dos meses al que lo condicionaba la DGRN.
Como digo, en breve plazo, tendré oportunidad de desarrollar más ampliamente esta materia.
Gracias, de nuevo, por tus comentarios
10 mayo, 2020 en 14:17
Hay una Instrucción o Resolución especial para el procedimiento AEP impulsado por registradores. A ver si la busco.
11 mayo, 2020 en 07:47
En todo caso, mi post se refiere a la intervención del notario en el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos que, como conoces, presente sensibles diferencias a la intervención del Registrador Mercantil.
10 mayo, 2020 en 14:24
El criterio de un número máximo de nombramientos sin aceptación -sin tomar referencia al plazo- era el establecido por algunas audiencias.
Vid auto AP Lérida 11 febrero 2019 en recurso 882/2018
11 mayo, 2020 en 07:16
Efectivamente, Luis. Es el Auto que aparece citado en mi propio post, junto con otras resoluciones que también aparecen igualmente citadas en el mismo:SAP Barcelona 27/12/18; SAP Tarragona 8/11/18; AAP Valencia 25/7/18
10 mayo, 2020 en 16:01
Efectivamente, existe doctrina en procedimientos impulsados por registrador y habida cuenta que el nombramiento por este se rige por lo dispuesto en el RRM sobre nombramiento de expertos y auditores.
Me refiero al Expediente 15/2019 sobre nombramiento de auditor y a la Resolución de 10 de mayo 2019
Solicitado auditor de conformidad con el art. 265.2 de la LSC, el registrador resuelve que procede el nombramiento.
La sociedad no se opone, pero manifiesta que su precaria situación económica le impide el pago del auditor y que considera de “aplicación el 40 del Código de Comercio por lo que solicita que se le informe si por parte de la solicitante se ha hecho a oportuna provisión de fondos y, en caso contrario, para que se le requiera al efecto”.
La registradora desestima la oposición considerando inaplicable el art. 40 del Ccom.
A continuación, realiza 11 nombramientos sucesivos de auditor, ninguno de los cuales acepta, algunos expresando la causa de la no aceptación y otros sin ella.
La registradora ante ello cierra el expediente.
El interesado recurre y pide se solicite a los renunciantes que no expresan causa de la renuncia que la expongan pues se encuentra en indefensión.
Resolución: Se desestima el recurso.
Doctrina: La DG dice que no existe indefensión alguna, pues la registradora ha expuesto los motivos del cierre del expediente y el solicitante ha podido exponer sus argumentos.
En cuanto al fondo de la cuestión planteada, dice que la registradora ha seguido el procedimiento marcado por los artículos 350 y siguientes del RRM y si resulta imposible “cumplir el objeto del procedimiento carece de sentido prolongarlo indefinidamente y de ahí que la registradora haya actuado correctamente al cerrarlo”.
Supuesto lo anterior dice que no procede hacer más nombramientos y recuerda que la Resolución de consulta de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 10 de enero de 2019 vino a decir que ante la falta de normas reguladoras debe tenerse en cuenta que “el artículo 19 i.f. del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y en relación con la remisión a la Agencia «Boletín Oficial del Estado» de los datos correspondientes a los mediadores concursales, dispone que «si el mediador designado no aceptase el cargo, volverá el Registrador Mercantil o Notario a realizar una nueva petición expresando esta circunstancia. El mediador designado que no aceptase el cargo se situará al final de la secuencia, sin que pueda volver a ser designado hasta que finalice ésta». Por su parte, los artículos 341 y 344 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, establecen, en lo que a este expediente interesa, que «2. Cuando el experto nombrado fuese incompatible, deberá excusarse inmediatamente ante el Registrador, quien, previa notificación a los interesados, procederá a la designación de otro nuevo”, y que “transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber comparecido el designado, cualquiera que fuese la causa que lo haya impedido, caducará su nombramiento, procediendo el Registrador a efectuar un nuevo nombramiento».
Y termina: «Única: en atención a la naturaleza del procedimiento en cuestión y a la seguridad jurídica que del mismo debe resultar, y con la finalidad de que los expedientes en que el auditor sea designado a instancia de la minoría por el registrador mercantil no queden abiertos indefinidamente, serán necesarios sólo dos nombramientos sucesivos y, en caso de no ser aceptados por los designados, salvo causa debidamente justificada por el propio designado, se procederá al cierre del expediente en cuestión, con las consecuencias legales que procedan.»
Finalmente, la DG señala que el cierre del expediente se hace sin perjuicio de las consecuencias que se derivan de la imposibilidad de realizar el depósito de cuentas de la sociedad, siendo una de dichas consecuencias, la del cierre de la hoja de la sociedad afectada.
11 mayo, 2020 en 07:41
No he podido acceder a esa Resolución de 10 de mayo de 2019, y si fueras tan amable te rogaría que me la hicieras llegar a mi correo (i.fernandez@despachofl.es) pues estoy precisamente ahora desarrollando este tema, y me sería de utilidad. Gracias anticipadas.
Lo que sí tengo a mi alcance es el criterio expreso reflejado de este modo literal en la Resolución de consulta de 14 de mayo de 2019 en la que la DG, ante la consulta del Colegio Notarial de Madrid, viene a señalar -insisto, literalmente- lo siguiente: “En este sentido, no parece tener ningún apoyo legal, ni siquiera por via de analogía, el incluir en el requerimiento inicial de apertura del expediente un numero determinado de intentos de nombramiento de mediador concursal, de forma que, si tras Ios mismos ninguno de Ios mediadores designados acepta el cargo, se cierre el expediente, por cuanto dicha limitación de nombramientos no esta recogida ni expresa y ni tácitamente en la ley.”
Es por ello, por esa carencia de apoyo “legal o análogico” alguno en que asentar la consecuencia de un número determinado de intentos fallidos, por lo que la DG opta por el criterio temporal de los dos meses que sí podía encontrar algún apoyo en el art. 242,bi.1-9ª LC
10 mayo, 2020 en 17:36
Por si no fuere poco, también hay una Consulta del RM Almería de enero de este mismo año en que la DGRN resuelve que en materia de AEP deben cancelarse los expedientes impulsados por el RM tras el segundo nombramiento sin aceptación
Como puede comprobarse, y ya anticipé, el RDL sobre medidas urgentes judiciales, eleva a rango de Ley esta solución que digo es un parche porque no se ataca el problema de fondo y porque condena al concurso, con juzgados previsiblemente saturados, asuntos que deberían solucionarse fuera
Posiblemente en el caso de los registradores mercantiles, la DG se inclina por este criterio (que, paradójicamente, ella misma ha calificado como carente de apoyo legal o analógico alguno) al no contar con ningún elemento que le permita aplicarles el criterio del transcurso de los dos meses sin obtención de aceptación de ningún mediador, como sí hace en el caso de los notarios.
Por otra parte, coincido contigo: el “parche” no hará sino desincentivar el AEP, abocar a concurso consecutivo en juzgados colapsados y, lo que es peor, hará al deudor persona natural no empresario que afronta la imposibilidad de designación de mediador, un deudor de peor condición que su homologo empresario.
11 mayo, 2020 en 11:27
La DG ha seguido hasta ahora criterio distinto en AEP de notarios y registradores. Vid, por ejemplo, la última de 19 de febrero de 2020 que ya es de la nueva DGSJFP o como se abrevie.
El RDL lo único que hace es elevar a rango de Ley la “solución registral” y extenderla a los dos procedimientos.
Y seguimos con lo mismo: lo del mediador es estupendo. Se le pide más requisitos para acceder a la lista que al propio administrador concursal .. y luego no se le garantiza la remuneración. Y nos extrañamos de lo mal que prestan el servicio¡
11 mayo, 2020 en 11:31
ITEM más y acabo.
Mientras no nos demos cuenta que es un error no poner remedio a la judicialización del concurso consecutivo -en definitiva: a toda entrada en concurso- mediante fuertes medidas correctivas estamos condenados a repetir en sede judicial el colapso de las Ucis en lo sanitario.
Y ya que la Directiva lo permite, ¿a qué esperar a reformar el TR?
Estado de alarma y “desescalada” El Tribunal Constitucional alemán: ¿el sepulturero de la Unión Europea?

References: artículo 637
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución