Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321139L.html
Timestamp: 2019-03-24 09:31:48+00:00

Document:
as201321139L
Auto Supremo: Nº 139
Sucre: 24 de abril de 2013
Expediente: SC - 22 - 08 - A
Proceso: Reivindicación, Desocupación y Entrega de Inmueble.
Partes: Maritza Wendy Bueno Mendoza y otro c/ Juana Rodríguez Mamani y otro
VISTOS: El recurso de casación de casación en el fondo y en la forma de fojas 108 a 110 vuelta, interpuesto por Juana Rodríguez Mamani y Jorge García Iriarte, contra el auto de vista de 22 de noviembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del incidente sobre extinción de la acción y el derecho dictado en ejecución de sentencia del proceso sobre Reivindicación, Desocupación y Entrega de Inmueble, seguido por Vicente Chuquimia Coarita en representación de Maritza Wendy Bueno Mendoza y José Alberto Bueno Mendoza contra los recurrentes, la respuesta de fojas 112 a 113 vuelta, el auto concesorio a fojas 114, los antecedentes del proceso, y:
En ejecución de sentencia del proceso señalado supra, el Juez de Partido de Puerto Suarez de la Provincia Germán Busch del Departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de 29 de junio de 2007, cursante a fojas 90 y vuelta, declarando probada la excepción de extinción por prescripción, en consecuencia deja sin efecto la conminatoria de desocupación.
En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 526 de 22 de noviembre de 2007, cursante de fojas 105 a 106, anula el auto apelado, disponiendo que se continúe con la ejecución de la sentencia ejecutoriada. Con responsabilidad al inferior y multa de Bs. 50.
Contra la resolución de segunda instancia, los incidentistas Juana Rodríguez Mamani y Jorge García Iriarte, mediante memorial cursante de fojas 108 a 110 vuelta, interponen recurso de casación en el fondo y en la forma.
Denuncian violación, aplicación falsa y errónea de los artículos 517 y 196 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse considerado que el presente litigio está relacionado a la perención de instancia por abandono del proceso por más de seis meses por parte de los actores, al haber intentado otro proceso por las mismas causas y los mismos sujetos después del año señalado por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil; indican que el tribunal de apelación de manera oficiosa corrige la fecha y cita las fojas del auto apelado sin que dichos datos se encuentren en el recurso de apelación violando lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado y el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; manifiestan que, las pruebas presentadas por sus personas resultan contundentes para declarar legalmente la extinción de la acción por haber los actores presentado la nueva demanda fuera del plazo establecido en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, denuncian que, al haber el tribunal de apelación dictado el auto de vista recurrido de forma contraria ha incurrido en errores de hecho y de derecho; indican que por disposición del artículo 1497 la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia si está probada.
Finalizan el recurso, solicitando se anule el auto de vista recurrido o se lo case declarando la ejecutoria del auto de 29 de junio de 2007.
Que, así planteado el recurso de casación, corresponde su análisis y consideración partiendo de los siguientes criterios:
El artículo 213-II del Código de Procedimiento Civil, permite negar el examen de un recurso cuando la ley declara irrecurrible una resolución; disposición legal que guarda estricta concordancia con lo dispuesto por el artículo 262-3) del mismo cuerpo adjetivo de la materia. En otros términos esta regulación normativa concede al juez o tribunal ad quem la potestad de rechazar la concesión del recurso de casación cuando el auto recurrido no esté comprendido en las previsiones señaladas por el artículo 255 del citado Código de Procedimiento Civil.
Bajo el contexto legal establecido, en la especie, el auto de vista recurrido, se pronunció como emergencia del recurso de apelación interpuesto contra una resolución pronunciada en ejecución de sentencia del proceso de Reivindicación, Desocupación y Entrega de Inmueble, seguido por Vicente Chuquimia Coarita en representación de Maritza Wendy Bueno Mendoza y José Alberto Bueno Mendoza contra los recurrentes a consecuencia del incidente planteado por los mismos sobre extinción de la acción y derecho, antecedentes que nos ubica en el ámbito de aplicación de la norma contenida en el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, que determina: "Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior", concluyéndose en definitiva, que es nuestro propio ordenamiento jurídico el que pone límites al uso de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales en la tramitación de las causas, por lo que, partiendo de este presupuesto, la resolución emitida por el tribunal de segundo grado es irrecurrible de casación, toda vez que las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia sólo son apelables en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, por lo que correspondía al tribunal de apelación en observancia y cumplimiento de la normativa señalada precedentemente negar la concesión del recurso de casación a fin de evitar dilaciones innecesarias que perjudican a las partes y a la propia administración de justicia
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, articulo 42 – I – 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y la forma interpuesto por Juana Rodríguez Mamani y Jorge García Iriarte, cursante de fojas 108 a 110 vuelta, con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500 que mandara hacer efectivo el Juez a quo.
Se apercibe y se llama la atención al Tribunal ad quem, por no observar lo previsto por el artículo 262 – 3) del Código de Procedimiento Civil, al conceder el recurso de casación.
Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.
Libro Tomas de Razón 139/2013

References: resolución 
 artículo 311
 artículo 31
 artículo 258
 artículo 311
 artículo 1497
 artículo 213
 artículo 262
 artículo 255
 resolución 
 artículo 518
 resolución 
 artículo 8
 artículo 262