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Timestamp: 2017-12-18 05:23:02+00:00

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El Blog de Fred L. Alvarez: 09 agosto 2009
Revista Proceso # 1710, 9 de agosto de 2009;
Relacionado como el santo de los narcos, Malverde es en la actualidad una figura venerada “mucho antes de que existiera la prohibición de drogas en el país”, dice el investigador Luis Astorga Almazán, cuya línea de trabajo es la sociohistoria del narcotráfico en México.
“Se está estigmatizando a una gran cantidad de gente que cree en Malverde y que nada tiene qué ver con el tráfico de drogas. La historia precede a la prohibición de las drogas, era un bandido social en la época del porfiriato cuando no estaban prohibidas algunas plantas que ahora lo están y cuyo comercio era legal”, según explica y se puede apreciar mejor en su estudio El siglo de las drogas: El narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio (2005).
“Lo que hizo más visible la creencia de Malverde fue el poder económico y la ostentación de los traficantes que creen en él, de ahí que medios de comunicación lo hayan calificado de ‘narco-santo’, pero no toman en cuenta las creencias de gente que nada tiene que ver con el tráfico de drogas, sino con la creencia que se desarrolla de figuras fuera de la Iglesia católica que son veneradas por gente, generalmente de estrato humilde, que le atribuye una serie de milagros.”
“En términos sociológicos, relacionar a Malverde sólo con el narcotráfico es privilegiar una parte del fenómeno, la más visible o la más espectacular, la que llama más la atención.”
Jesús Juárez Mazzo, un bandido generoso –como Chucho El Roto–, que robaba a los ricos y cuyo botín repartía a los pobres en la época del porfiriato, según se cuenta, y cuya fecha de muerte se acepta como el 3 de mayo de 1909, día de su fiesta, es descrito así por la investigadora y crítica de arte Ida Rodríguez Prampolini, El culto a Jesús Malverde, editado por Contrapunto en Veracruz:
“La leyenda dice que después de muerto su cuerpo permaneció colgado en un mezquite por órdenes del gobernador, y para escarmiento de sus seguidores no debería dársele sepultura. Nadie se atrevía a bajarlo, hasta que un arriero que pasó por el lugar lo hizo, cubriendo los restos con piedras, no sin antes pedir a su espíritu que le ayudara a encontrar una mula cargada de oro que tenía perdida, la encontró y comenzó a difundir el culto de Malverde milagroso.”
Ahí mismo se explica que el nombre de “Malverde” no está bien fundamentado, algunos dicen que era porque robaba envuelto en hojas de plátano para perderse entre la naturaleza tropical de la zona; otros más hacen referencia a las supersticiones del lugar, pues al diablo le llaman el “verde”, es decir, un mal diablo. O quizá la más acertada en referencia a la hoja de mariguana como “el mal verde”.
“La gente que lo asocia únicamente con eso (tráfico de drogas) está perdiendo de vista la característica antropológica y la dimensión histórica, que es importante para entender el porqué de la persistencia de la creencia.”
En referencia a la comercialización de imágenes o figuras alusivas al mundo del narco, Astorga dice que “vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de consumo en la que todo es comerciable, no habría por qué ser distinto a otros países, a menos que existieran alguna serie de impedimentos, pero aquí no es posible”.
“No hay mucha imaginación al respecto, con el prefijo de ‘narco’ se hace referencia a la visión de lo que los medios piensan es el mundo del narcotraficante, pero no hay nada más.”
Comenta que la creencia en Malverde, en la Santa Muerte, y en otros santos también asociados al mundo de la delincuencia, dependen del “origen y trayectoria social, del capital cultural y, por supuesto, de la jerarquía que tienen al respecto; en el mundo de los traficantes, mientras más alta es la jerarquía más se acercan a la de los santos oficiales. Los santos o figuras religiosas en las que creen, mientras más alto nivel tienen en el negocio, se van acercando más a la sociedad legal”.
Astorga Almazán también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones destacan: Drogas sin fronteras (2003) y Seguridad, traficantes y militares (2007), además de diversos artículos en revistas científicas. En abril de 2008, se realizó en Sinaloa el Foro Internacional sobre Drogas Ilícitas, donde participó con una conferencia magistral en referencia a este último libro.
“Yo creo que aquí se van a plantear varias tendencias sobre drogas y democracia, una posición que pretende tomar medidas adoptadas por países europeos en equilibrar la política con una visión preventiva; por ejemplo, al descriminalizar el consumo de drogas, como la mariguana, hasta cierto tipo de consumo.”
En referencia a si se pronuncia a favor o en contra de la legalización de esta planta, dice:
“Ese tipo de planteamientos son los que están en debate, no tiene sentido decir si estoy a favor o en contra, lo interesante es ver el estado de la discusión y lo que se plantea en los foros internacionales. Eso tiene que ver con la política de salud y un cambio en la percepción de los consumidores de drogas y los grandes traficantes que utilizan la violencia y se confrontan con el Estado.”
Publicado por Fred Alvarez en 8/09/2009 No hay comentarios.:
De proceder la queja, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá explicar a la visitaduría por qué decidió incluir cuatro ediciones de la revista como parte de los recursos asegurados a una célula del mencionado grupo armado, que de acuerdo con la depen­dencia los utilizaba para cometer actos de delincuencia organizada.
Advertencias/MARIANO ALBOR
El mensaje es un agravio a las voces y signos de la libertad.
El hecho de exhibir algunos ejemplares de la revista Proceso ordenados cuidadosamente e incluidos en un conjunto abigarrado de objetos que le fue decomisado a varias personas privadas de su libertad y señaladas como probables responsables de hechos previstos como delitos por las leyes que castigan el crimen organizado, es un comportamiento rudimentario y bravucón de la autoridad policiaca federal.
Los interrogatorios indicativos, articulados dolosamente para poner la publicación en las manos de los detenidos, han sido consecuencia de una decisión procaz que ataca la libertad de palabra; la que es y debe ser libre para decir y escribir lo que se piensa.
La imputación discriminatoria, vertida sobre el medio periodístico en las circunstancias que se llevó a cabo, se escapa fácilmente de las mazmorras y del anonimato legal de las capuchas de la gendarmería. Y es en realidad, con su tufo de amenaza, un ultraje inferido por el poder político a las libertades de pensamiento, expresión e información que histórica, política y jurídicamente son propias de la sociedad mexicana como categorías esenciales de su vida democrática. Por ello, el hecho debe situarse en el ámbito de las responsabilidades públicas para ponderarlo e intentar un deslinde de lo que corresponde al quehacer político ante las libertades ciudadanas.
Si el señalamiento se hizo para identificar a un enemigo, los funcionarios policiacos se han equivocado. Por antipático o irritante que les resulte el medio, deben entender que el poder no tiene contrincantes en la prensa, sino críticos. Si los atienden o no, es su derecho, pero no deben estigmatizarlos ni descalificarlos porque, si lo hacen, el poder político pierde los argumentos de la razón y puede extraviarse en las rutas –siempre posibles– de la arbitrariedad y el despotismo. Si, de otro modo, se trató de una incitación a la mansedumbre, también yerran. En la democracia, la docilidad es un vicio que el periodismo no se puede permitir; la prensa sumisa beneficia a unos cuantos y sirve a pocos.
Las acciones y manifestaciones políticas no son atribuciones propias de los mandos de las fuerzas públicas. Si los órganos políticos de un régimen gubernamental inducen, permiten o encubren sus comportamientos decididamente politizados, el sistema legítimo de poder pierde el equilibrio y propicia, incluso para sí, riesgos innecesarios y evitables.
En su reciente libro sobre el golpe español del 23F, Javier Cercas recuerda con insistencia una máxima de práctica política: si se saca al Ejército de sus cuarteles es muy difícil regresarlo. Los policías son, en cierto sentido, más amenazantes porque tienen generalmente un umbral más corto de reflexión y pueden llegar a la convicción de que son realmente ideólogos y practicantes de políticas contrarias a las libertades públicas y a la estabilidad para gobernar.
El gobierno de la República militarizó la persecución del crimen organizado. Considera ésta una de sus medidas más relevantes y, justo es reconocerlo, se ha responsabilizado de las consecuencias que provoque. Pero en el camino de la toma de decisiones se hicieron de lado varios problemas. Por ejemplo, el orden legal considera el narcotráfico como un delito contra la salud pública; sin embargo, se enfrenta como si se tratara de hechos que afectan la seguridad del Estado. Sin una correcta consideración de los bienes jurídicos y una adaptación moderna del ordenamiento jurídico, las acciones persecutorias se distorsionan y desmesuran.
El discurso oficial también se ha militarizado. De esta suerte se emplea un lenguaje castrense, y de manera cotidiana los acontecimientos que tienen lugar en muchas regiones del territorio nacional se definen y describen como situaciones que caracterizan el estado o situación de guerra.
Si todo se ha entendido como un conflicto bélico, entonces las decisiones estaban precedidas de una discusión pública –tan relevante, tal vez, como la de los recursos petroleros– sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en esa conflagración que afecta a la seguridad del Estado. Los precedentes son importantes y están a la mano. Por ejemplo, es citable el discurso sobre Las cuatro libertades que Franklin D. Roosevelt pronunció ante el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 1941:
“La humanidad esperaba conseguir algún día un mundo basado en cuatro libertades esenciales: libertad de expresión, libertad de culto, libertad económica y libertad social.”
En la Conferencia de Ginebra de 1948, la comunidad internacional optó por definir las responsabilidades de la prensa y el derecho a la libertad de expresión cuando la información se origina en un conflicto interior que ponga en peligro la seguridad del Estado. Y se decidió por la libertad. Recientemente la sociedad y el gobierno español han reconocido que la apertura periodística ha sido propicia para combatir al crimen organizado. Nada de límites ni cortapisas; mucho menos estigmas y advertencias obscenas.
Robert Fisk y Amira Hass han planteado críticamente uno de los dilemas centrales de la prensa contemporánea, y lo han resuelto. El reportero y escritor inglés tiene la convicción de que “los periodistas intentamos –o deberíamos intentar– ser los primeros testigos imparciales de la historia”. De esta manera, se entiende, no habrá silencios cómplices, cínicos o culpables. Por su parte, la reconocida periodista israelí piensa que la tarea histórica de la prensa es “la de controlar los centros de poder”. El pensamiento de Amira Hass ha guiado a Robert Fisk para encontrar la mejor definición de periodismo:
“Desafiar la autoridad –toda autoridad– sobre todo cuando los gobiernos y los políticos nos llevan a la guerra, cuando han decidido que ellos matarán y otros morirán” (La gran guerra por la civilización. La conquista del Oriente próximo, 2005).
No se trata de escandalizar ni de atemorizarse. Son hechos ante los cuales el poder político y la prensa deben responsabilizarse. Si la retórica oficial ha empleado metafóricamente la imagen de la guerra, y no jurídicamente, no existe ninguna condición objetiva para limitar la libertad de expresión.
Por otra parte, la destinataria de las funciones responsables de los medios de comunicación es la sociedad. En virtud de ello, la libertad de prensa consiste en la realización legítima de sus fines.
Sin importar la caracterización jurídica o formal de las acciones del Estado, lo cierto es que en medio de los bandos está la población civil como víctima de la contienda. Este solo hecho justifica la advertencia: no son los mandos de las fuerzas públicas quienes pueden dictar cánones de facto contra las libertades de pensamiento, conciencia e información. El riesgo político es muy alto. l
“Dinámicas dictatoriales”
Reciba un cordial saludo y toda nuestra solidaridad ante la arremetida de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de Proceso. Al parecer no basta criminalizar a los movimientos sociales, sino que –en la lógica y quehacer del gobierno federal– hay que criminalizar también a la prensa independiente.
Este tipo de exhibición, de montajes y persecución en contra de la prensa, era habitual en las dictaduras de Argentina y Chile. Las pocas veces que presentaban a un presunto delincuente “izquierdista” lo fotografiaban con ejemplares de Clarín de Chile, Punto Final (semanario que publicó el Diario de Ernesto Che Guevara en 1968) o El Siglo (periódico del Partido Comunista), como pruebas contundentes para aplicar la Ley Antiterrorista. De ahí que la población chilena se vio obligada a incendiar o enterrar en sus traspatios las colecciones de Clarín, El Siglo y Punto Final, los libros publicados por la Unidad Popular (mediante la editorial Quimantú) y otra literatura “subversiva”.
En la actual democracia todavía quedan resquicios y vicios de la persecución a la prensa escrita. Por ejemplo, el periódico Azkintuwe, que edita mensualmente la comunidad indígena mapuche, tiene prohibido circular físicamente en Argentina porque, según el Instituto Geográfico Militar de ese país, comete una infracción administrativa al reivindicar en el mapa de su portada el territorio original de la comunidad, que comprende el sur argentino y chileno.
Esta vez no se trata de acosar ideologías políticas ni al indigenismo; Proceso es víctima de la nueva guerra sucia del gobierno federal.
Resulta inaceptable la reedición de dinámicas dictatoriales; es una falta de respeto a ustedes y a nosotros, los lectores de Proceso. La Secretaría de Seguridad Pública actúa igual que los servicios secretos de la Operación Cóndor, ya que la sesión de fotografías con presuntos miembros de La Familia no es una ocurrencia, sino una estrategia muy bien aprendida del legado de Pinochet.
¿Tendremos que incendiar o enterrar nuestras colecciones de Proceso? ¿O conservarlas y debatir sus reportajes so pena de ser prejuzgados como presuntos narcos?
Periodista de Clarín de Chile y corresponsal
en México de Azkintuwe
(Agencia Mapuche de Prensa)
Carta abierta de Article 19
Ing. Genaro García Luna,
secretario de Seguridad Pública:
El derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Política Mexicana y en la Convención Americana de Derechos Humanos, es un elemento fundamental para conseguir un régimen democrático y apegado al estado de derecho, sustentado en la transparencia, en la rendición de cuentas y, sobre todo, en el intercambio libre e independiente de ideas y opiniones.
Por lo anterior, me dirijo atentamente a usted, con el fin de externarle la preocupación de Article 19 por el tratamiento público que la secretaría a su cargo le está dando a la revista Proceso. Consideramos que mezclar ejemplares de una revista pública junto con elementos decomisados como armas, dinero y demás (como se publicó en Proceso 1709, del 2 de agosto) es un mensaje contrario al libre ejercicio de la libertad de prensa y que afecta de manera grave la credibilidad de una publicación independiente y de gran valor para la sociedad mexicana.
La revista Proceso se ha caracterizado, a lo largo de 32 años, por hacer un periodismo de investigación crítico, objetivo e independiente. Su trabajo es un claro ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión. La sociedad mexicana se fortalece en la medida en que los medios de comunicación aportan puntos de vista plurales e independientes.
Director para México y Centroamérica de
Article 19, organización internacional defensora de las libertades de expresión y de información
Información, garantía democrática
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) expresa públicamente su apoyo a todas y todos los integrantes del semanario que usted dirige y condena la pretensión de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) de vincular al semanario de investigación periodística con actividades del crimen organizado, al exhibir ejemplares del semanario junto a supuestas evidencias con las que presentaron a presuntos integrantes de una célula del cártel La Familia ante los medios de comunicación.
Durante julio, Proceso se dio a la tarea de informar sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública federal en Michoacán, en el contexto del combate a la organización criminal conocida como La Familia, en sus números 1705, 1707, 1708 y en la edición especial número 25 (El México narco, segunda parte), tal como lo hace con los diversos temas de la agenda pública nacional desde la línea del periodismo de investigación que desarrollan, labor que reconocemos como una contribución al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información, derechos de la ciudadanía.
Como es de conocimiento público, dichos ejemplares fueron exhibidos, fotografiados y grabados en video durante la detención de presuntos integrantes de dicha organización delictiva, junto con armamento, billetes, teléfonos celulares y otros instrumentos, lo cual deja a la imaginación la idea de que el semanario Proceso tiene relación con las actividades de dicha organización.
Ante ello, Cencos externa su profunda preo­cupación y condena lo que constituye una agresión a la libertad de expresión y un acto de intimidación o presión al sugerir que el semanario forma parte de la logística de la organización delictiva La Familia, toda vez que:
–La sugerencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal cae gravemente en el terreno de la especulación, pues no se muestran pruebas contundentes y sí se pone en riesgo a todos y todas quienes participan en la elaboración del semanario, al colocarlos en medio del fuego cruzado.
–El semanario Proceso no es una revista exclusiva de un sector, sino que contribuye a una gama plural en sus contenidos, posturas y análisis, llegando a un extenso número de lectores y lectoras, bajo la garantía del derecho a la libertad de expresión.
–Es claro que el análisis e investigación de la célula del cártel La Familia no ha sido el tema principal del semanario durante estos 33 años.
Proceso ha analizado, investigado e informado sobre diversos grupos del crimen organizado a lo largo su historia. De manera contundente, una de las tareas que ha desarrollado es el análisis e investigación de la problemática estructural de los llamados poderes fácticos, lo cual, en el contexto que estamos viviendo, es necesario para informar a la sociedad.
Por lo anterior, el Cencos se solidariza con el semanario Proceso y manifiesta su preocupación al Estado mexicano, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo el derecho de ese individuo o medio de comunicación es violentado, sino también se afecta el derecho de la sociedad de recibir información e ideas.
Además, dado el contexto de la alta vulnerabilidad que padece el ejercicio de la libertad de expresión y en especial el ejercicio periodístico, señalamos que en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión, las cuales subrayan que el Estado tiene la responsabilidad de “poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación... en particular los que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y corrupción”.
Dichas recomendaciones han sido aceptadas por el Estado mexicano, por lo que criminalizar la labor periodística y de investigación significa omitir y no cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mtra. Rita Balderas Zavala,
Coordinadora de Educación e Investigación
del Centro Nacional de Comunicación Social
Por este conducto hago patente mi completa solidaridad con la revista Proceso, sus reporteros, editorialistas y equipo de producción, frente a la embestida del gobierno federal, que pretende vincularla veladamente con el crimen organizado. Estoy plenamente convencido de que, en una sociedad democrática como la que pretendemos construir, la libertad de expresión, y específicamente la libertad de prensa, resultan factor imprescindible en la construcción de una ciudadanía crítica, pluralista, tolerante, participativa, libre, solidaria y protagónica.
Por ese motivo rechazo contundentemente cualquier actitud que pretenda coartar a la prensa abierta y valiente, como la que ustedes dignamente representan.
Dialogan el Presidente Calderón y su homólogo estadounidense sobre temas económicos, migratorios y de seguridad bilateral
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo esta tarde en esta ciudad la tercera reunión bilateral en lo que va del año con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a fin de dar continuidad al intenso diálogo que han mantenido ambos Gobiernos.
Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista sobre las acciones emprendidas por cada país para hacer frente a la crisis económica internacional. En ese tenor, conversaron también sobre aspectos destacados de la agenda económica bilateral. En particular, abordaron los temas de competitividad, comercio y políticas públicas fronterizas.
Ambos Mandatarios expresaron su certeza de que el desarrollo de la infraestructura fronteriza coadyuva al objetivo compartido de mantener una frontera segura y ordenada, que facilite el intercambio legal de bienes y servicios, contribuyendo al bienestar de las comunidades mexicanas y estadounidenses.
Coincidieron en la necesidad de mantener los esfuerzos institucionales para lograr una modernización integral de la frontera. A partir de la inversión en infraestructura fronteriza, se impulsa un esquema de mejoramiento que va más allá de la esfera comercial, orientado a atender positivamente temas relacionados con la salud, el medio ambiente, la atención a desastres naturales, así como el intercambio académico, social y cultural.
Se congratularon por los avances observados en la construcción de dos nuevos puentes fronterizos en Anzaldúas y San Luis Río Colorado, el inicio de uno más en Río Bravo-Donna, así como el arranque de las obras del primer cruce ferroviario en más de 100 años ubicado en la Alternativa Poniente de Matamoros.
El Presidente Calderón planteó a su homólogo estadounidense la necesidad de llegar a una solución que dirima de manera definitiva el conflicto del autotransporte en la frontera, dado el impacto que éste tiene en el desarrollo comercial, los costos a consumidores, la competitividad regional y la generación de empleo en ambas naciones.
Dialogaron sobre las acciones desarrolladas en materia de seguridad. Coincidieron en la necesidad de seguir fomentando la cooperación bilateral en contra de la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera, con base en los principios de corresponsabilidad y respeto al marco jurídico de cada país.
Reconocieron la importancia del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y de sus grupos de trabajo, que encabezan tanto la Cancillería mexicana como el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acordaron que esta instancia sesionará en el segundo semestre del presente año.
En lo que respecta al tema migratorio, el Presidente Calderón reconoció la voluntad política mostrada por el Mandatario estadounidense para motivar al Congreso de su país a aprobar una reforma en este rubro. El Jefe del Estado mexicano subrayó además que, en tanto se avanza en la discusión, debe prestarse atención al respeto de los derechos humanos y laborales de los migrantes y sus familias, así como al reconocimiento de la sociedad norteamericana a la importante contribución económica y cultural de los migrantes mexicanos a los Estados Unidos.
Revisaron además la agenda relacionada con temas energéticos, de medio ambiente y cambio climático. Reiteraron su interés en aprovechar el potencial de la frontera compartida para avanzar en el desarrollo y transferencia de energías limpias y complementar los posibles mercados de carbono entre ambas naciones.
En este marco, ambos Gobiernos han mantenido conversaciones sobre la elaboración de un posible marco de cooperación, que podría comenzar con un Programa de Compensación de Carbono en el sector energético mexicano, así como otras acciones para mitigar la deforestación, que eventualmente conducirían a ambos países a un sistema plenamente integrado en América del Norte, acerca del límite máximo y comercio de emisiones (Cap and trade).
Coincidieron en la importancia de instrumentar la propuesta del Fondo Verde, que coadyuve a los esfuerzos de la Comunidad Internacional encaminados a legar un mejor entorno a las próximas generaciones, fortaleciendo las posibilidades reales de las naciones para contar con tecnología de punta que apoye programas de transformación productiva para mitigar la emisión de gases con efecto invernadero.
Ambos Mandatarios conversaron también sobre la situación que enfrentará la región el próximo otoño e invierno, respecto de un posible nuevo brote del virus de influenza A/H1N1. Revisaron las medidas que se adoptaron en semanas pasadas y que fueron efectivas para evitar la propagación de este virus, así como de otras posibles medidas que debieran instrumentarse para hacerle frente de nueva cuenta.
Finalmente, ambos Mandatarios acordaron profundizar el diálogo bilateral en la amplia gama de temas que conforman la relación entre México y los Estados Unidos, en el ánimo de seguir abonando la Asociación Estratégica establecida entre las dos Administraciones, a partir de su primer encuentro de trabajo, en enero de 2009.
Entre olor a tamales de elote e iguana y una amplia muestra de la gastronomía del istmo de Tehuantepec, el expresidente Carlos Salinas de Gortari cocinó algunos de los acuerdos políticos más importantes con su anfitrión, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, durante su “visita turística” a esa entidad el 1 y 2 de agosto pasados.
En esa reunión también participaron el senador Adolfo Toledo Infanzón, aspirante a la gubernatura para 2010, así como los diputados Eviel Pérez Magaña y José Antonio Iglesias Arreola, operadores en la bancada priista de los legisladores federales de la entidad electos el pasado 5 de julio.
Algunos de los asistentes a ese convivio aseguran que la discusión se centró en dos temas: la coordinación de los diputados federales del PRI, que podría recaer en Francisco Rojas, quien actualmente preside la Fundación Colosio y cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores de su partido, y evitar que se recorte el presupuesto a Oaxaca en el 2010.
Salinas, dicen, aprovechó el encuentro para cabildear discretamente a favor del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, para la Presidencia en 2012. Así mismo, se ofreció como “gestor” para cumplir las demandas presupuestales de Oaxaca y se pidió a sus contertulios buscar acuerdos en este período de “construcción de consensos”.
“El gobernador Ulises Ruiz sólo sonreía, pero el apetito no se había ahuyentado”, escribió Samuel Gómez en su columna de El Imparcial el lunes 3.
El activismo del expresidente es imparable. Amarra acuerdos, “construye consensos”, como le gusta decir, y no pierde ningún evento social, boda, festejo para hacer sentir su presencia como el verdadero gestor de los diferentes grupos priistas.
En los últimos cuatro meses, por ejemplo, el 23 de mayo se reunió con Fidel Herrera en una fiesta celebrada en Córdoba, Veracruz; el 12 de julio asistió al parque Fundidora de Monterrey a la boda del exdiputado federal del PRI y jefe de la oficina ejecutiva de la gubernatura de Natividad González Parás, Héctor Gutiérrez de la Garza; también fue, junto con Peña Nieto, padrino de boda de Carolina Chuayfett, hija del exgobernador y futuro diputado federal, quien contrajo nupcias a mediados de ese mismo mes.
Cada aparición pública de Salinas ha generado reacciones políticas. La foto en la que el expresidente abrazó a Fidel Herrera en plena campaña electoral causó indignación en Veracruz y motivó la manifestación de 300 jóvenes con máscaras del exmandatario en el puerto y en Morelos. Se dijo entonces que los inconformes fueron apoyados por el PAN.
Tras la boda de su hija, Emilio Chuayffet declaró que no aspira la coordinación de los 237 legisladores del PRI. De hecho ya desempeñó esa función en la LIX Legislatura, tras un fuerte enfrentamiento con la entonces secretaria general del PRI y coordinadora en San Lázaro, Elba Esther Gordillo.
La visita de Salinas a Oaxaca coincidió con la gira de Andrés Manuel López Obrador por la región mixe. El excandidato presidencial del PRD acusó al expresidente de “andar operando a sus anchas” en el país y de apoyar la candidatura de Peña Nieto para 2012.
Salinas respondió de manera indirecta a las acusaciones de López Obrador. Al salir del restaurante Casa Oaxaca, el exmandatario respondió así a la pregunta de si le gustaría vivir en la capital oaxaqueña: “Sí, sí me gustaría vivir unos días en la ciudad porque es hermosa, a pesar de que el innombrable de Andrés Manuel esté aquí”.
En paralelo con su activismo social y político, Salinas de Gortari redacta la última parte de su tercer libro de una serie dedicada al análisis de la realidad mexicana. El tema: lo que México debe hacer en materia económica para salir adelante.
Aún sin título, el nuevo volumen editado por Random House Mondadori, la misma que publicó La década perdida, 1995-2006, neoliberalismo y populismo en México, saldrá a la venta en noviembre. En él, su autor abunda sobre las recetas que debe adoptar el gobierno federal frente a la crisis económica.
Su interés en convertirse en el eje de las políticas anticrisis coincide con sus promesas ante el gobernador Ulises Ruiz para evitar recortes presupuestales en 2010.
Salinas de Gortari cuenta con un personaje clave en la Secretaría de Hacienda: el coordinador de asesores del titular Agustín Carstens, José Antonio González Anaya, quien es el coordinador de Entidades Federativas, oficina responsable de la distribución de los recursos federales a los estados.
González Ayala es cuñado de Ana Paula Gerard, la actual esposa de Salinas de Gortari, y trabajó bajo las órdenes de José Córdoba Montoya cuando fue el jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio salinista.
El tema de la disminución de los recortes presupuestales fue el eje del encuentro que sostuvieron 14 de los 19 mandatarios priistas el jueves 6 en un hotel de la Ciudad de México. El pretexto fue “festejar” el cumpleaños de los gobernadores: Peña Nieto; Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán; Miguel Osorio Chong, de Hidalgo; Félix González Canto, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila, y el electo de Querétaro, Jesús Calzada. Los cuatro primeros forman parte de una alianza para apoyar la candidatura presidencial de Peña Nieto.
Al evento no asistió ni la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ni los actuales coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones, del Senado, ni Emilio Gamboa Patrón, de la Cámara de Diputados.
“No hay bloque de gobernadores, es una reunión de gobernadores”, afirmó Peña Nieto. Y el hidalguense Osorio Chong negó que Salinas tenga una injerencia en la elección del próximo coordinador de los diputados del PRI. “No hay reunión con él para la definición; es con el partido, con la dirigente y en los próximos días habrá de resolverse”.
Ortega Pacheco adelantó que el nombre del próximo coordinador de los diputados federales se dará a conocer después del domingo 23, fecha límite para que el Instituto Federal Electoral concluya con la configuración de la LXI Legislatura.
El activismo de Salinas crece en la medida que Paredes guarda silencio sobre el papel que jugará en la próxima legislatura. Y esa situación revoca los ánimos al interior de los grupos políticos del PRI.
En la reunión del 14 de julio con los gobernadores del su partido y con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Paredes se negó a hablar sobre el trabajo que realizará en la Cámara de Diputados a partir de septiembre.
Los mandatarios consultados por Proceso tras ese encuentro coincidieron en que están inmersos en un período de “construcción de consensos”. Unos fueron más explícitos: si Beatriz Paredes deja la dirigencia nacional del PRI, el secretario general, Jesús Murillo Karam, asumiría temporalmente la presidencia del CEN y tendrían que convocarse a elecciones internas.
Tres días después, el 17 de julio, después de sostener un encuentro con 230 de los 237 diputados federales electos, Paredes afirmó que todavía no decide si dejará la presidencia del partido o asumiría la coordinación. “Tienen unos ocho meses preguntándome lo mismo. Tomaré la decisión cuando sea oportuno”, atajó a la prensa.
Sin embargo, el 21 de julio corrió el rumor en las redacciones periodísticas y en medios electrónicos de que Paredes había sufrido un paro cardiaco y fue internada de emergencia en el Centro Médico ABC. Proceso pudo corroborar que la dirigente priista ingresó al área de cardiología del nosocomio para un chequeo general, pues presentó síntomas de hipertensión arterial, de hiperglicemia, así como molestias retroesternales.
Las fuentes consultadas por este semanario aseguran que Paredes permanecerá al frente del PRI y jugará un papel determinante en las 10 elecciones para renovar gobernadores en Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla y Oaxaca.
Los recursos públicos de los que dispondrá el PRI para el próximo año serán sustancialmente mayores. De los 2 mil 910 millones de pesos que el IFE repartirá en 2010, al PRI le corresponderán 930 millones.
El expresidente Carlos Salinas ha dejado sentir su influencia en la elección del próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Dos nombres se mencionan al interior de los legisladores electos: Francisco Rojas y César Augusto Santiago, diputado federal en cinco ocasiones, exsecretario de Acción Electoral del PRI e integrante del equipo de campaña del Roberto Madrazo durante su campaña por la presidencia en 2006.
Ambos están vinculados con Salinas, aunque el primero se deslinda: “Yo tengo una trayectoria propia y cuento con el apoyo mayoritario de mis compañeros”, asegura a Proceso.
Rojas jugó un papel fundamental en la discusión al interior del PRI sobre la reforma energética del año pasado y manifestó su oposición a la propuesta de privatización en la refinería, ductos y perforación enviada por el Ejecutivo federal al Senado.
Otras versiones señalan que si no es electo para coordinar la bancada del PRI. Rojas puede presidir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, clave para la determinación de la entrega de recursos federales a los estados.
Quien coordine a la próxima bancada del PRI, la más grande desde que perdió la mayoría en San Lázaro en 1997, se colocará también dentro de la carrera por la candidatura presidencial del tricolor. Su nombre se sumará a los de Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Fidel Herrera, que son los más mencionados en las quinielas internas del PRI.
El único punto de coincidencia entre estas cuatro figuras es que todos, en sus distintas trayectorias, han tenido vínculos con Salinas. El exmandatario mantiene comunicación directa con ellos, dice uno de los priistas consultados por este reportero, él los reúne con empresarios, cabildea los acuerdos. “Es el gran gestor”.
Después de presionar para que el expresidente Miguel de la Madrid se desdijera de sus expresiones en contra de su sucesor en la entrevista difundida por la periodista Carmen Aristegui el 14 de mayo pasado, Salinas ya no tiene enfrente a ningún exmandatario que le frene su activismo.
Según algunos priistas, él es el jefe máximo; otros lo consideran el gran padrino. Pero Salinas dice que prefiere ser un “constructor de consensos”.
Si bien significó la captura de uno de los presuntos cabecillas de La Familia, la irrupción de 200 policías federales el sábado 1 en la iglesia del Perpetuo Socorro en Apatzingán, Michoacán, dejó una estela de abusos, atropellos y hasta “robos” contra personas que dicen no deberla ni temerla. Testimonios recabados por Proceso dan cuenta de las vejaciones cometidas contra quienes se dicen víctimas del parroquiazo.
APATZINGÁN, MICH.- Con su torre en forma de cruz, la pequeña parroquia del Perpetuo Socorro de esta ciudad daba su tercera llamada para la misa de las siete de la noche. Era el sábado 1. Gente ataviada con ropa de gala sólo esperaba la llegada de la quinceañera Elizabeth Beraza Aguirre para iniciar una misa en su honor.
Enfundado en una casulla verde, el sacerdote Vicente Soto, de 80 años, recibió a Liz a la entrada del recinto. Ella vestía un traje lila y oro. Llevaba un ramo de flores en las manos. Su chambelán, Julio, llegó vestido de marinero en color negro, sin faltar la clásica gorrita.
Junto con la quinceañera y el chambelán –ambos con síndrome de Down– llegaron tres chambelanes más, ataviados con traje negro.
Los padres de la quinceañera, Miguel Ángel Beraza Villa, alias La Troca, supuesto operador de La Familia en Apat­zingán, y María de Jesús Aguirre de Beraza, también entraron al templo, pletórico de arreglos florales.
Liz y Julio, así como los padres de la festejada, se sentaron en los reclinatorios. En una banca de atrás estaban los otros tres chambelanes. Todos esperaban a los padrinos. Nunca llegaron.
El párroco inició la misa con puntualidad. Su primera lectura fue el libro del Éxodo, 16 2-4.12-15; la segunda fue la del apóstol San Pablo a los Efesios, y concluyó con el Evangelio de San Juan, 6, 24-35.
El religioso pronunciaba la homilía sobre las lecturas y el Evangelio cuando más de 200 elementos de la Policía Federal (PF) irrumpieron en el recinto. Su rostro se descompuso. Los intrusos, provenientes de la Ciudad de México, iban encapuchados y portaban armas de alto poder. Su objetivo era detener a Servando Gómez Martínez, La Tuta, miembro del cártel de La Familia, quien supuestamente tenía programado asistir a la ceremonia.
Según los asistentes entrevistados, que por temor se reservaron sus nombres, al sacer­dote le pusieron una bota en la cabeza y le apuntaron con un fusil de asalto. En la iglesia había unos 15 niños discapacitados, compañeros de Liz en la escuela de educación especial de la ciudad. Iban acompañados de sus padres y de algunos invitados y amigos de La Troca, padre de la festejada.
Una de las víctimas, quien pidió no revelar su nombre por temor a posibles represalias, relata: “Las mujeres y niños entraron en crisis nerviosa. Los hombres fueron sacados al atrio y tumbados bocabajo, luego de que les tomaron fotos y les preguntaron sus datos generales.
“El padre Soto, que es diabético, se puso muy mal de la presión cuando los policías lo encañonaron. Tuvieron que dejarlo ir. Una mujer también se descompuso; le bajó la presión, pero los policías no le creyeron. ‘Se está haciendo pendeja, que se vaya a la verga’ –dijeron. Algunas mujeres nos ocultamos tras las imágenes y nos decían: ‘¡No volteen, pinches viejas!’.”
–¿Por qué fueron a misa ese día? –le pregunta el reportero.
–Se festejaba a la Divina Providencia. Además fuimos por los 15 años de esa niña con discapacidad. Todos los niños iban felices, pues casi no salen de sus casas. La fiesta era una alegría para ellos. La quinceañera y su chambelán nos preguntaban a cada rato: ‘¿A qué horas nos vamos a ir a la fiesta, para bailar?’
“Escuchamos claramente cuando uno de los jefes de los policías habló a la Ciudad de México por radio. Y le dijeron: ‘¡Ya vénganse, ya tienen al que querían!’ Y éste respondía: ‘Pero tenemos 30 más, nos los vamos a chingar’…
“Y así los tuvieron hasta las 2:20 de la mañana del domingo 2. Y a patadas, empujones y puñetazos los subieron a unos camiones blindados, conocidos como rinocerontes. De ahí se los llevaron a Uruapan y después a la Ciudad de México. Nunca tuvimos contacto con ellos, hasta la madrugada del lunes 3.
“Los policías cuidaban a las mujeres dentro del templo. Cuatro elementos por banca. Algunos les preguntaban a los niños: ‘¿Vino tu papá a misa? ¿Dónde va a ser la fiesta?’ Otros rompían las alcancías, les quitaban las joyas a las mujeres, teléfonos celulares, cámaras fotográficas. A los hombres, los policías les quitaban las carteras y se las echaban a la bolsa.
“Cerca de las 2:30 de la mañana del domingo 2, un sujeto gritó: ‘¡Ahí están las llaves de sus automóviles! ¡Pero no salgan hasta dentro de cinco minutos o les partimos su puta madre!’.”
La gente por fin salió del templo y, junto con sus pequeños hijos, acudió con el doctor en derecho Eric Alejandro González Cárdenas, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Apatzingán para levantar una queja en contra de los agentes federales por violación de derechos humanos, robo y abuso de autoridad.
Lo ocurrido quedó asentado en las actas circunstanciales 222/09 a la 231/09 y la 233/09 por ejecución de uso indebido del servicio público, lesiones y robo a los familiares de los 31 detenidos el domingo 2 de agosto.
Los uniformados también se llevaron a tres fotógrafos que tomaban gráficas de la ceremonia y les robaron sus dos cámaras fotográficas y una de video. No quedó ni una foto de recuerdo para la quinceañera.
El mismo domingo 2, según el visitador González Cárdenas, se turnaron las quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y fue Vinicio Cortés Álvarez, encargado del diseño gráfico del periódico parroquial, quien denunció que los policías saquearon las alcancías del templo.
El martes 4, en las oficinas de la propia visitaduría, unos 25 familiares y detenidos, ya recobrada su libertad, narraron su odisea aún con el temor expresado en sus rostros.
“Mire, nosotros fuimos a misa porque vivimos en ese barrio y acostumbramos hacerlo. Así como esos 15 años, nos han tocado otros, además de bodas y otros eventos. Algunos acompañaron a sus hijos porque éstos son amiguitos de la quinceañera. Lo que no se vale es la forma en que la Policía Federal entró al templo. Nos trató como delincuentes. Se supone que está para servir a la sociedad, no para maltratarla­.”
Otro de los liberados, quien dijo ser compadre de La Troca –aunque aclaró que desconocía su actividad–, narra las vejaciones a las que fue sometido:
“Primero me dieron una patada en las costillas y después un puñetazo. Luego un manazo en el oído que me dejó pendejo y descontrolado. Me gritaban: ‘¡Dinos todo lo que sabes o te vamos a dar 40 años de bote, hijo de la chingada!’
“Me preguntaban por una persona. ‘No sé quién es’, les dije. Y me respondían: ‘No te hagas pendejo’. Y me ponían la bota en la panza. Luego nos llevaron a todos en un avión. Íbamos esposados, con las manos sobre la cabeza y agachados. El viaje duró varias horas, nos dolía la espalda. Luego llegamos a una casa blanca en la Ciudad de México. Y de ahí nos llevaron a las oficinas de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).
“Nos soltaron la madrugada del martes 4. Pero antes nos advirtieron: ‘Miren, hijos de su puta madre, aquí los tenemos fichados y por cualquier cosa que hagan iremos por ustedes’. Nos mostraron unas tarjetas con nuestras fotos de frente, perfil, nombres, teléfonos y direcciones. No nos regresaron los celulares que nos quitaron.
“Estamos de acuerdo con los operativos, porque ya queremos paz; pero a los peces gordos no los detienen, saben bien quiénes son. Todo mundo sabe, pues en el pueblo se pavonean con camionetas del año y su banda de música atrás, risa y risa y felices.
“¿Por qué a puros fregados nos roban lo poco que tenemos, pues fuimos testigos de cómo los federales nos registraban las carteras. Y si veían dinero, nos lo quitaban y se lo echaban a sus bolsas; también las joyas, relojes, alhajas.”
Ramón Pequeño, jefe de la Tercera División de la Policía Federal, explicó que para la captura de La Troca fueron desplegados en las inmediaciones de la iglesia del Perpetuo Socorro, en Apatzingán, alrededor de 200 elementos de las áreas de investigación, inteligencia y operaciones especiales de la PF; dos helicópteros Black Hawk, un avión y dos vehículos acorazados.
“En el lugar se aseguraron 11 vehículos de lujo, dos armas largas, 12 granadas de fragmentación, 13 mil dólares y 30 teléfonos celulares”, dijo Pequeño.
Los familiares de los agredidos aseguran que las armas fueron “plantadas”, pues no había una sola en las unidades que se llevaron a la Ciudad de México los de la PF. Con respecto a los celulares, una de las entrevistadas dice: “son los que nos quitaron a nosotros”.
El lunes 3, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió una “enérgica protesta” por la irrupción policiaca en el templo de Apatzingán. Según el documento, fue una “falta de respeto y (un acto de) violencia ejercida por las fuerzas responsables de garantizar el orden”.
“La Secretaría de Seguridad Pública federal ratifica el respeto irrestricto a toda manifestación de culto o celebración religiosa, y ofrece una disculpa a monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, a la feligresía y a las autoridades eclesiásticas representadas en la CEM, por las circunstancias en las que tuvo que realizarse el operativo.”
“Como obispo de la diócesis de Apatzingán, y en unión con mi presbiterio, me dirijo a todos los fieles de esta diócesis para expresar mi más enérgica protesta por los abusos cometidos por la Policía Federal el sábado 1 en el templo del Perpetuo Socorro de esta ciudad, cuando sin ninguna orden de cateo irrumpieron en el recinto sagrado en el momento preciso de la celebración de la Santa Misa.
“Entendemos que en la persecución de los delincuentes suele comprometerse también la tranquilidad de las personas de bien, por lo que, con todo respeto pero con firmeza, exigimos a las fuerzas de seguridad pública que sus operativos se realicen de tal modo que eviten a la ciudadanía sufrimientos innecesarios e injustos. Deseamos una policía eficiente, pero la capacidad de ésta para cumplir bien su función implica la necesidad de respetar y salvaguardar el trato justo y los derechos de todos.
“En su lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno necesita contar con el respaldo del pueblo al que pretende y debe servir. Tiene ya la fuerza de la ley y de las armas, pero si no tiene la autoridad moral que la aprobación del pueblo le otorga, sus acciones parecerán arbitrarias y prepotentes. No debemos llegar a sentir que es peor el remedio que la enfermedad.”
Por su parte, el visitador de la CEDH señaló que en lo que va del año se han recibido 99 quejas por abuso y violación a los derechos humanos atribuidos a fuerzas federales, 24 a la policía federal (entre julio y agosto) y 75 contra el Ejército.
PRI-PVEM: coalición en veremos/JESúS CANTú
La Corte y el derecho a saber/MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Ese tribunal, sin embargo, es remiso a aprovechar ese objetivo esta vez señalado con entusiasmo por algunos de sus miembros. Con su escepticismo seco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia fue rechazada por ocho de sus colegas y sólo apoyada por dos, dijo entre los fundamentos de su propuesta de rehusar la indagación que “para bien de los mexicanos, de los 13 expedientes que tenemos registrados” abiertos con la pretensión de aplicar el artículo 97, “seis solicitudes han sido desechadas por falta de legitimación; otras tres han sido declaradas improcedentes, y en una más, relativa a cierta autora, después de haberse practicado la investigación ordenada por el tribunal pleno, se concluyó mayoritariamente que no se encontró prueba idónea para demostrar la grave violación de garantías individuales”.
Dejemos de lado la necesaria exploración psicológica que condujo a Aguirre Anguiano a convertir en innombrable a Lydia Cacho y a aludir a ella sólo como “cierta autora”. No podemos imaginar que lo hizo por rubor, porque la contundente seguridad en sí mismo que ostenta el ministro tapatío impide pensar que es capaz de esa demostración del ánimo, pariente del arrepentimiento o la vergüenza por un error cometido. Lo que importa es su balance sobre el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte. No es alentador. Y el recuento de las ocasiones en que ese tribunal se ha negado a indagar hechos cuya verdad podría establecerse mediante ese mecanismo sería aún menos estimulante si agregamos la negativa de los ministros, en su función jurisdiccional, a atraer procesos en que puede establecerse el sentido último y el contorno de hechos sangrientos como la matanza del 10 de junio de 1971 o escándalos de defraudación electoral: desechó la posibilidad de manifestarse ante el debate sobre la revisión de los paquetes de la elección presidencial de 2006, litigio que por esa omisión del supremo tribunal se libra ahora en uno internacional.
Creamos, sin embargo, que de ahora en adelante el compromiso de la Corte con la verdad discurrirá por otras vías. En congruencia con formulaciones previas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que vive sus últimos meses en ese tribunal –concluye en noviembre el período de 15 años para el que fue designado–, evocó el derecho a la verdad. Antes formuló su hipótesis sobre el acontecimiento del 5 de junio: “Las consecuencias del accidente (…) probablemente se agravaron a partir de la negligencia continuada de diversos actores, que no solamente corresponden a los particulares encargados de la guardería subrogada, sino también son responsables directos autoridades encargadas de vigilar el correcto funcionamiento de este programa de seguridad social en beneficio de las niñas y niños hijos de derechohabientes”. Sostuvo después, al fundar su voto a favor de que la Corte investigara el caso y su entorno institucional, que, al hacerlo, el tribunal debe favorecer “el cumplimiento del derecho a la verdad, que se proyecta hacia las personas afectadas y hacia la comunidad en su conjunto, que debe tener ese derecho de saber qué pasó, el derecho a la verdad”.
Ese derecho a saber había sido invocado por el ministro Juan Silva Meza en enero de 2006, cuando quedó en la minoría de quienes buscaron que el pleno atrajera una pesquisa sobre el crimen de Tlatelolco. Ahora lo equiparó al derecho a la información, a la “búsqueda de la verdad, de la verdad que quiere saber y conocer la sociedad respecto de actuaciones que han producido consecuencias tales como: violaciones graves, graves violaciones de derechos fundamentales…”. Y después insistió: “A través de esta investigación –y por eso estoy convencido que debe hacerse– es necesario exponer a la sociedad civil, en el caso concreto todas las personas que estuvieron en torno de estos lamentabilísimos hechos, la verdad, la verdad de estos hechos; si fueron propiciados directa o indirectamente por acción u omisión”.
Infonavit: Usura social/Reportaje
de JESUSA CERVANTES,
El 29 de junio de 2005, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se percató de que un conjunto de créditos por 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de ser cobrados. Para “maximizar” su recuperación, vendió a empresas privadas poco menos de la mitad de esa deuda, equivalente a 12 mil millones de pesos, en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, 13.24% de su valor.
El hecho no sólo sembró incertidumbre entre miles de familias de trabajadores colocados en riesgo de perder sus viviendas; también se tradujo en cientos de procesos judiciales que han suscitado criterios contradictorios en varios tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este miércoles definirá si el organismo puede o no vender créditos de naturaleza social a empresas privadas.
Todo el problema se inició el 27 de abril de 2005 cuando el PAN y el PRI aprobaron en la Cámara de Diputados una serie de modificaciones a la Ley del Infonavit propuestas por el entonces presidente Vicente Fox.
La nueva ley facultó al Instituto a sujetarse a discreción a la Ley de Transparencia; a quedar fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a que el Consejo de Administración propusiera a la Asamblea General las políticas de crédito “y cualesquiera otra que sea necesaria” para el cumplimiento de sus objetivos.
El 29 de junio de ese año, Borrás Setién pidió un informe de la cartera vencida. Las cifras fueron desalentadoras: miles de trabajadores que recibieron créditos del Infonavit para vivienda no habían pagado 41 mil 38 millones de pesos y, peor aún, había otros 110 mil 781 créditos por 26 mil 488 millones 74 mil 464 pesos con bajísima probabilidad de recuperación, llamados “cartera vencida reservada”.
En septiembre de ese 2005, la Comisión de Seguimiento de Metas del Infonavit presentó una “Estrategia de depuración de la cartera vencida”. La solución propuesta fue vender la totalidad de la “cartera vencida reservada”, considerada para ese momento como incobrable. En cuanto a la cartera vencida de 41 mil millones de pesos, que sí es recuperable, propuso que no rebasara 5% del total de todos los créditos que otorga la institución.
El 26 de octubre siguiente, el Consejo de Administración que encabeza Borrás Setién autorizó esa operación, pero con una modificación: dispuso poner en subasta pública solamente 56 mil 490 créditos de la “cartera vencida reservada”, equivalente a unos 12 mil millones de pesos. Por ser créditos casi imposibles de recuperar, el organismo determinó rematarlos, literalmente, en mil 588 millones 802 mil pesos, es decir, a tan sólo 13.24% de su valor.
Infonavit nunca explicó por qué no subastó el 100% de la cartera, como le recomendó la Comisión de Seguimiento de Metas. Sin embargo, en el propio documento “Estrategia de depuración de la cartera vencida” que se le presentó a Borrás Setién está la respuesta: 42 mil 893 expedientes de los créditos estaban incompletos, por lo cual no se pudieron subastar.
Una de las empresas ganadoras de la subasta pública fue Recuperadora de Deuda Hipotecaria, una empresa filial de la estadunidense Lend Lease, que en sólo seis días –entre el 6 y el 12 de enero de 2006– se constituyó legalmente, se adjudicó la subasta y firmó con el Infonavit el contrato de “cesión de derechos” de los créditos.
Lend Lease ya había ganado algunas subastas públicas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que le permitieron adquirir bienes del gobierno federal por 80 mil créditos hipotecarios e industriales del extinto Banco de Oriente. Pero a diferencia de aquellas subastas, en que los bienes provenían de bancos privados que fueron intervenidos por el gobierno, en esta ocasión su filial adquirió créditos de viviendas de trabajadores en ejercicio de un derecho que la legislación mexicana les otorga y que además involucra a sus patrones, pues la retención de 5% del salario de los trabajadores forma parte de las obligaciones fiscales que tiene toda empresas en México.
Recuperadora de Deuda Hipotecaria obtuvo 19 mil créditos por el módico pago de 415 millones 700 mil pesos.
Otra empresa que se adjudicó la subasta pública convocada por el Infonavit fue SCRAP II, que pagó mil 173 millones 102 mil pesos por 34 mil créditos. Esta filial de la estadunidense Pendelum Associates es presidida por Roberto Enrique Colliard López, excoordinador general de Recursos Corporativos de Fobaproa, antecedente del IPAB.
René Sánchez Galindo, integrante del Consejo de Defensa de la Vivienda, informa que se han promovido unos 3 mil 200 amparos en contra de la venta de cartera vencida del Infonavit, hasta ahora, a través de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Barzón Auténtico de Ciudad Obregón, Sonora, y el Frente en Defensa de la Vivienda de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Él solo inició 120 juicios de amparo.
Las empresas privadas que adquirieron los créditos incobrables del Infonavit ahora exigen a sus representados pagos inmediatos de entre 20 mil y 60 mil pesos, y mensualidades por arriba de 5 mil pesos. Si no cubren la deuda en las nuevas condiciones que les imponen, se les notifica su próximo desalojo. “Eso ha ocurrido principalmente en el norte del país, sobre todo en Sonora”, comenta Sánchez Galindo.
Lo malo es que estos trabajadores cayeron en cartera vencida cuando debían cubrir al Infonavit mensualidades de apenas entre 400 y 800 pesos, debido a la pérdida de empleo y a la crisis económica que vive el país.
Sánchez Galindo comenta que nueve de los 120 créditos que está defendiendo ya se han resuelto en tribunales Colegiados de Circuito. Seis casos los ha ganado y perdió los otros tres.
Uno de los amparos, el de la acreditada Sylvia Díaz Gutiérrez, fue ganado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Premier Circuito Judicial el 16 de diciembre de 2008, que ordenó al Infonavit reasumir la administración del crédito, lo que se cumplió al día siguiente.
En la sentencia, el Tribunal argumentó que “la operación de venta de los créditos vencidos del instituto constituye una acción trascendente e importante, por lo que era ilegal la autorización otorgada por el Consejo, debiendo haber sido autorizada por la Asamblea” del Infonavit.
En otras palabras, los funcionarios del instituto aprobaron la venta de cartera, pero la decisión del Consejo de Administración no fue ratificada por la Asamblea General, como lo obliga el artículo 16 de la Ley del Infonavit en su párrafo IX.
Para prevenir controversias futuras, el secretario general del Infonavit, Carlos Acevedo Valenzuela, propuso que la Asamblea General ratificara la decisión de vender la cartera incobrable, tomada por el Consejo de Administración el 26 de octubre de 2005. También sugirió que se ratificara la determinación del mismo consejo de firmar los dos contratos de cesión de derechos de venta que el Infonavit contrajo con Recuperadora de Deuda Hipotecaria y SCRAP II, según consta en la relatoría del acta de sesión de la Asamblea del 18 de diciembre de 2008.
Ambas propuestas fueron aprobadas, entre otros, por el representante de la Confederación de Trabajadores de México, Leobardo Soto Martínez, actual diputado federal electo y quien pretende encabezar la Comisión de Vivienda de la próxima legislatura.
Pero no todos los problemas para el Infonavit van a poder arreglarse en una mera asamblea interna. De hecho, la autorización de vender la cartera vencida “afecta inconstitucionalmente el patrimonio de los trabajadores, porque se corre el riesgo de transgredir el artículo 43 bis de la Ley del Infonavit, toda vez que las empresas privadas que se quedaron con los créditos no tienen facultades fiscales ni para recaudar el 5% del salario (que el empleador retiene al trabajador) ni para transferirlo de la subcuenta de vivienda al pago del crédito, como ordena la ley”, advierte el abogado Sánchez Galindo.
En los contratos que Infonavit firmó con SCRAP II y con Recuperadora de Deuda Hipotecaria se indica claramente (punto 2 de la cláusula quinta) que “las partes reconocen y aceptan que lo señalado en el segundo párrafo del artículo 43 bis de la Ley del Infonavit no es aplicable respecto de los créditos hipotecarios objeto de este contrato, por tratarse de créditos vencidos”.
La venta de créditos de Infonavit contradice incluso a la propia ley que rige al Instituto, que en su artículo 3 dice que “el crédito sea barato”. Sin embargo, explica Sánchez Galindo, “al trasladarse a las empresas privadas, se transforma en un crédito caro por la forma de pago que exigen”.
Curiosamente, el Infonavit asegura que los contratos de crédito firmados por los acreditados con el organismo de vivienda para los trabajadores establecen que “el instituto, en su calidad de acreedor hipotecario, tiene el derecho de llevar a cabo la transmisión de los derechos que le asisten a través de una sesión de crédito (o sea, una venta), esto en razón de que legalmente, y hasta que no se dé una liberación de hipoteca, es el propietario y titular de los créditos”.
Infonavit respondió así a la solicitud de información que le hizo el ciudadano Juan José Garza el pasado 8 de noviembre de 2006, en la que le requirió “el sustento legal” para vender su crédito. Sin embargo, en ninguna parte de los contratos entre el trabajador y el Infonavit dice que se pueden vender.
Más aún, el Infonavit ha reconocido que “la posibilidad de vender la cartera no se encuentra prevista en la ley”, como lo aceptó la Subdirección General Jurídica del organismo durante la séptima reunión nacional de comisiones consultivas regionales del instituto.
En cuanto a los amparos que se han perdido en tribunales, el abogado Sánchez Galindo explicó que los fallos se basaron en que la Ley del Infonavit le faculta aprobar cualquier política pública necesaria para cumplir con sus objetivos; según el juzgador, esto significa que tiene la facultad discrecional de autorizar la venta de créditos.
Además, justifican que el Infonavit puede vender los créditos porque necesita recuperar la cartera otorgada y ya vencida.
Y, por último, los tribunales que negaron el amparo sostuvieron que no hay una prohibición expresa en la Ley del Infonavit ni en el Código Civil que prohíba la venta.
Ante las diversas interpretaciones de la Ley del Infonavit (sobre todo el artículo 16, fracción IX) en los tribunales, que en seis casos llevaron al otorgamiento de amparos y en otros tres a negarlos, existe lo que se conoce como “contradicción de tesis”, la cual ha llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos solicitudes.
La determinación que tome la SCJN este miércoles 12 podría resolver en definitiva si el Infonavit está o no facultado para vender cartera vencida.
Entre los abogados que defienden a los trabajadores trascendió que uno de los proyectos –a cargo del magistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano– está a favor de la venta; del otro, elaborado por la magistrada Margarita Luna Ramos, hasta el momento se desconoce el sentido que tiene.
También cobró fuerza el rumor de que el director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién (quien fue ratificado en el cargo por Felipe Calderón), se entrevistó en mayo pasado con Aguirre Anguiano. Tras la supuesta reunión, el proyecto que ya había elaborado el secretario del magistrado fue regresado “para su estudio”.
Uno de los abogados defensores de los trabajadores presentó al ministro Aguirre los llamados “alegatos de oídas” el 10 de julio pasado. Luego de escucharlos, el ministro le respondió: “Los créditos son para circular”. Además, expuso que “los argumentos sociales no sirven en la Corte, se necesita que afecte al acreditado en su bolsillo”.
Los abogados le reviraron: “Sí afecta en la ley, no sólo en los bolsillos”.
En otro de los alegatos de oídas, pero con el ministro Genaro Góngora Pimentel, éste habría parafraseado la expresión favorita del ministro Vicente Aguinaco: “Lo que no suena bien, suena metálico”.
El pasado viernes 7, durante un segundo alegato de oídas que sostuvieron algunos abogados, se enteraron que el proyecto de Salvador Aguirre será a favor de la venta, pero también escucharon que Genaro Góngora presentará un contraproyecto que impida vender los créditos sociales.
Preguntas sin respuestas/Jorge Lofredo
PAN necesitaba un líder con más experiencia: Fox
Nota de XOCHITL ALVAREZ / Corresponsal El Universal on line, SAN CRISTOBAL, Gto. Domingo 09 de agosto de 2009
Señala el ex mandatario, tras la elección de César Nava como presidente de Acción Nacional, que el partido requería a alguien con mayor madurez para los retos electorales de 2010 y 2012
El ex presidente manifestó que fue legítima la postura de panistas que estuvieron en contra de la candidatura de Nava, pero el momento quedó claro y probado que el Consejo del PAN decidió respaldarlo y hoy hay que aterrizar las ideas de los liderazgos y avanzar en el mismo camino. vsg

References: e contrario
 artículo 97
 artículo 16
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 16