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Timestamp: 2018-02-25 17:49:50+00:00

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Sentencia A.P. La Rioja 210/2010 de 14 de mayo
Suspensión de pagos: Titularidad de unas Bodegas sobre el crédito que ostenta un club deportivo, sociedad anónima, frente a una aseguradora. Convenio de acreedores: Incumplimiento.
N.I.G.: 26089 37 1 2010 0100025
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.7 de LOGROÑO
Procedimiento de origen: SUSPENSION DE PAGOS 0000466 /2003
SENTENCIA N.º 210 DE 2010
D. JOSE LUIS DÍAZ ROLDÁN
En la ciudad de Logroño a catorce de mayo de dos mil diez
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de SUSPENSION DE PAGOS 466/2003, procedentes del JDO.1.ª INST.E INSTRUCCION N.º 7 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo 25/2010, en los que aparece como parte apelante CLUB DEPORTIVO LOGROÑES, S.A.D., representada por el procurador D. HECTOR SALAZAR OTERO, y asistida por el letrado D. JOSEBA FERNANDEZ ARRIBAS, y como apelada BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS representada por el procurador D. FRANCISCO JAVIER GARCIA APARICIO, y asistida por el letrado D. DAVID DEL POZO IBAÑEZ, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
Primero.-Que, con fecha 30 de junio de 2009, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía:
"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Bodegas Franco Españolas S.A. contra Club Deportivo Logroñés S.A.D. debo declarar y declaro la titularidad de Bodegas Franco Españolas sobre el crédito que ostenta el Club Deportivo Logroñes S.A.D. frente a la aseguradora. actualmente llamada Liberty, por la incapacidad de D. Miguel en base al contrato de 29 de Enero de 1992 entre el Club Deportivo Logroñes S.A.D. y la aseguradora, actualmente llamada Liberty; absolviendo a la demandada del resto de pedimentos en su contra; y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales."
Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandada, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
Tercero.-Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 13 de mayo de 2010.
Primero.-Se ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2009 dictada por el Juzgado de Instrucción núm. Dos de Logroño (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 7). En esta sentencia se estima parcialmente de demanda interpuesta por la representación procesal de "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA", contra el "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD" y se declara la titularidad de "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA" sobre el crédito que ostenta el "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD" frente a la aseguradora LIBERTY por la incapacidad de don Miguel en base al contrato de 29 de enero de 1992 celebrado entre la demandada y la aseguradora; todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. En el recurso de apelación interpuesto se pone de manifiesto que el crédito al que se refiere el fallo deriva de la sentencia dictada con fecha 16 de septiembre de 1999 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Bilbao, en autos de juicio de menor cuantía núm. 612/98, confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya en sentencia de 2 de noviembre de 2000. En esta resolución se estima la demanda interpuesta por la representación procesal de el "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD" contra la entidad "ROYAL &amp; SUN ALLIANCE SA" y se condena a la demandada al pago a la actora de la cantidad de veinte millones de pesetas, más los intereses moratorios del tipo anual de 20%, computados desde la fecha del siniestro (21-5-1995) hasta el completo pago. A partir de lo así resuelto entiende la recurrente que concurren en este caso los requisitos necesarios para apreciar la excepción de cosa juzgada y que no cabe alterar la declaración de una titularidad que ha devenido firme, a favor del "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD", y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por otra parte se insisten en que el Juzgado de Instrucción núm. Dos de Logroño (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 7) es incompetente para el conocimiento de la demanda formulada, a partir del hecho de que el procedimiento de Suspensión de Pagos seguido contra la recurrente concluyó con la aprobación del correspondiente Convenio de Acreedores, sin que la declaración de incumplimiento de tal convenio haya devenido firme y por ello, ante la falta de apertura de un procedimiento concursal, se entiende que el Juzgado no es competente, puesto que a partir de la aprobación del Convenio de Acreedores, considera la recurrente que deben de regir las normas comunes de competencia y que, a partir de las reglas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia debe de ser asumida por los Juzgados de Primera Instancia.
Sobre el fondo del asunto, la recurrente se refiere a la afirmación contenida en la sentencia de instancia de que la titularidad del crédito que es objeto del procedimiento debe de ser atribuida a la demandante "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA" a partir del contrato de acciones realizado mediante escritura pública de compraventa de 22 de junio de 1996, precisando que en la cláusula adicional sexta del referido contrato se establece que "el resultado, sea a favor o en contra, de los procedimientos o reclamaciones que se han relacionado en la presente estipulación, se atribuirán íntegramente a la vendedora"; y dentro de esta relación se sitúan una serie de operaciones entre las que no aparece la que es objeto del procedimiento. Pero la recurrente postula una interpretación extensiva de la misma, al entender que los activos que son objeto del contrato han de ser conocidos por el vendedor y, en este caso, el accidente generador de la incapacidad de don Miguel ya se había producido, por lo que era conocido.
Por último, se refiere la recurrente al procedimiento seguido en su día ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Bilbao, en autos de juicio de menor cuantía núm. 612/98, confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya en sentencia de 2 de noviembre de 2000, entendiendo que si a partir de lo resuelto la demandante entendía que podía ostentar algún derecho, debería de haber comunicado la existencia de tal crédito en el procedimiento de Suspensión de Pagos que se inició en el año 2003, considerando que a partir de la falta de tal comunicación sus derechos han decaído.
Segundo.-Frente a las alegaciones de la recurrente y en lo que al primero de los motivos se refiere, la aplicación de la excepción de cosa juzgada, se constata que no hubo una alegación en tal sentido realizada en la instancia, por lo que no fue objeto de examen esta cuestión en la resolución recurrida. Ante ello, se infringe lo establecido en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual prohíbe que lo que sea objeto del proceso en la demanda, la contestación y, en su caso, en la reconvención, sea alterado posteriormente por las partes, al tiempo que, con ello, se contravienen los principios "pendente apellatione nihil innovetur" y "tantum devolutum quantum apellatur", según los cuales el órgano competente para conocer del proceso en segunda instancia debe circunscribir su análisis a los temas que fueron objeto de controversia en el primer grado jurisdiccional, ya que sobrepasar dicho límite conllevaría indefensión para la parte apelada, que eventualmente podría verse afectada por un pronunciamiento relativo a una cuestión sobre la que no pudo fijar su postura en la fase de alegaciones ni articular los medios de prueba que estimara oportunos en período probatorio. En suma, esa alteración es inaceptable por mor del principio de preclusión (artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), del ámbito legalmente establecido para el recurso de apelación (artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y de la proscripción de la indefensión en todo proceso (artículo 24 de la Constitución Española).
No podría en cualquier caso ser apreciada la excepción puesto que precisamente lo que se discute es la disponibilidad y titularidad del derecho de crédito que surge a partir de la sentencia dictada Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Bilbao, en autos de juicio de menor cuantía núm. 612/98, con lo que no se da coincidencia alguna en los requisitos que pudieran dar lugar a la excepción.
Tercero.-En lo que se refiere a la falta de competencia del Juzgado, tal y como consta en el procedimiento, con fecha 22 de enero de 2009 se dictó Auto por el Juzgado a quo, en el que se seguía el procedimiento de suspensión de pagos contra el "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD" en el que se declaraba incumplido el convenio en su día suscrito y abría el periodo de liquidación de la entidad concurrente, conforme a la legislación concursal, lo que se hizo a petición de la propia recurrente, liquidación de la que el presente procedimiento es un incidente de entre los otros surgidos en la misma.
Tal y como se indica por la impugnante del recurso, con ello la recurrente contraviene la doctrina de los actos propios, se ha de decir y que tal criterio ha sido establecido tanto por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 21 de abril de 1988, conforme al que la doctrina de los actos propios "encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita, por ello, el ejercicio de los derechos subjetivos", como el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de abril de 1988, según la cual "Cabe, en efecto, distinguir entre los "facta concludentia" y los "factum proprium" concibiendo aquéllos como sede o expresión del consentimiento negocial y observando éstos, como propone un autorizado sector de la doctrina científica, fuera del tema de las declaraciones de voluntad, expresas o tácitas, situándolos, sin carácter negocial alguno, en la perspectiva de los principios de la buena fe y de la confianza instituyendo el deber de producirse coherentemente y admitiendo que si una conducta suscita la confianza debe recusarse el ejercicio de los derechos opuestos a la confianza creada". En esta misma línea, destacando, como ya lo hiciera algún sector de la doctrina científica, el carácter irrelevante de la verdadera voluntad del autor de los actos, señala el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de febrero de 2003 que "La regla según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe o, dicho de otra manera, en la protección a la confianza que el acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra u otras. El módulo regulador es la objetividad, o sea, el entendimiento o significado que de acuerdo con los criterios generales de lograr en el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o conducta. Como expresa doctrina autorizada el centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en tercero, ni se trata en tal regla de ver una manifestación del valor de una declaración de voluntad manifestada por hechos o actos concluyentes. No es la regla una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe."; buena fe que ha de ser entendida, como se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000, "como conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena".
Cuarto.-En lo que se refiere al fondo del asunto, las alegaciones del recurrente se concentran en el acierto o error sobre la apreciación judicial de las pruebas practicadas, debiendo en este punto recordarse que, como se ha reiterado constantemente por este Tribunal (entre otras, SSAP La Rioja de 5 de julio de 2007, de 2 de septiembre de 2008 y 22 de octubre de 2009), es a los jueces y no a las partes a los que les incumbe el proceso valorativo de las pruebas y, dentro de las facultades concedidas al efecto a Jueces y Tribunales, éstos pueden conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición e incluso optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos. Es un principio consolidado en nuestra doctrina jurisprudencial el de inmediación con que cuenta el juzgador de instancia respecto de la prueba practicada, que determina la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los órganos judiciales, por ser más objetiva que la de las partes en defensa de sus particulares intereses (STS de 1 de marzo de 1994 y de 3 de julio de 1995, entre otras). En este sentido la STS de 1 de septiembre de 2006 señala: es posible que "dentro de las facultades que se conceden a jueces y tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance, e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes testimonios prestados por los testigos que depusieron a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla máxima de la sana crítica, recogida en el artículo 376 de la Ley Procesal Civil, apuntando insistentemente la doctrina jurisprudencial que la apreciación del referido medio probatorio es puramente discrecional del órgano judicial, dado que la norma citada no contiene reglas de valoración tasada que se puedan violar, al ser dicho precepto admonitivo, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se constate que la apreciación de los testimonios ofrecidos es ilógica o disparatada, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo, bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesario, con criterios objetivos y sin riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada". Debe advertirse de que con la valoración que hace la parte apelante de la diversa prueba practicada está tratando de sustituir el criterio valorativo objetivo del Juez a quo, que es quien, como se ha indicado, está llamado en el proceso a hacer esa valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y bajo los principios de oralidad, publicidad y contradicción, no pudiendo revocarse tal valoración salvo que se aprecie la concurrencia de error o arbitrariedad en el proceso valorativo llevado a cabo por el Juzgador de instancia.
Se obvia en este caso que la valoración de la prueba debe de ser realizado respecto a esta en su conjunto, sin resaltarse exclusivamente unas u otras declaraciones testificales y solo en cuanto pudieran ser favorables a las tesis de la recurrente. Y en este sentido la prueba documental y los testigos que depusieron en el acto del juicio oral corroboraron lo expresado por la demandante "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA" acerca del contenido del contrato de junio de 1996 (a cuya fecha no se había formulado reclamación), sin que sea posible como pretende la recurrente acudir a la literalidad de sus clausulas porque, en lo que se refiere al caso, sencillamente guarda silencio sobre las reclamaciones posteriores a la fecha de su suscripción que pudieran deberse a hechos anteriores a la misma, al referirse únicamente a las reclamaciones pendientes al tiempo de su suscripción. La interpretación de la totalidad de sus cláusulas, como se afirma en la resolución recurrida, permite concluir que la titularidad del crédito es de "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA", a partir de lo expresado en las cláusulas sexta y séptima del mismo. De nuevo los actos propios de la recurrente avalan esta interpretación, a partir del contenido de las comunicaciones internas habidas entre el "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD" y "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA".
También resulta por completo intranscendente la alegación de que "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA" no fue parte en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Bilbao, en autos de juicio de menor cuantía núm. 612/98, simplemente porque lo que se pretende en este caso es una declaración en torno al crédito surgido a partir de lo resuelto en el procedimiento de referencia, a partir de lo acordado en el contrato de compraventa de acciones de la recurrente suscrito en su día por "BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA".
Es por todo ello por lo que ha de ser desestimado el recurso de apelación y confirmada la resolución recurrida, cuyos argumentos se asumen y se completan con los aquí expresados.
Quinto.-Por disposición del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas de este recurso deberán ser impuestas a la parte apelante.
Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Héctor Salazar Otero, en nombre y representación del "CLUB DEPORTIVO LOGROÑES SAD", contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Juez de Instrucción núm. 2 de Logroño (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 7) con fecha 30 de junio de 2009 en autos de incidente concursal núm. 466/2003, de la que el presente Rollo núm. 25/2010 dimana, debemos confirmarla y la confirmamos, con imposición de las costas causadas en este recurso a la parte apelante.
Contra la presente resolución puede caber recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si se cumplieran los requisitos legales, que serían examinados en cada caso por la Sala.
Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 222
 resolución 
 artículo 412
 artículo 376
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 398
 resolución 
 resolución 
 artículo 248