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Timestamp: 2020-05-30 16:32:11+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 555, de 30/04/2014
cve: DSCD-10-CO-555
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 555
- Relativa a la necesidad de mantener las actuaciones de los ayuntamientos en materia de violencia de género, afectadas por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002413) ... (Página2)
- Sobre medidas para promover una mayor visibilidad y sensibilización hacia todas las formas de violencia de género ejercida contra las mujeres inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001745) ... (Página8)
- Para que se adopte una ley integral que aborde la trata de seres humanos en toda su extensión y complejidad. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001310) ... (Página11)
- Sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso, como forma de violencia de género entre la juventud. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002475) ... (Página16)
- Sobre cumplimiento por el Gobierno de los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000956) ... (Página20)
- Relativa a las previsibles consecuencias pandémicas del aborto inseguro. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002451) ... (Página24)
- Sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002500) ... (Página27)
- Relativa a la sensibilización de la juventud para implantar el principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los aspectos de la vida. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001811) ... (Página32)
Se abre la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Va a dar comienzo la sesión de la Comisión de Igualdad que se celebra esta tarde 30 de abril después de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.
Quiero comunicarles que nos acompaña una delegación del Parlamento de Andorra, a la que en nombre de los portavoces y de todos los miembros de la Comisión quiero dar la bienvenida. Está con nosotros la excelentísima señora doña Mónica Bonell Tuset, vicepresidenta del Consell; la excelentísima señora doña Sílvia Eloïsa Bonet Perot, diputada del Grupo Mixto y miembro de la Mesa de Género y de la Comisión legislativa de Asuntos Sociales; la excelentísima señora doña Patricia Riberaygua, diputada del Grupo Demócrata y miembro de la Mesa de Género y de la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales; también la señora doña Anna Brillas Escales, adjunta a la embajada de Andorra, y la señora doña Meritxell Carbó, secretaria de comisiones legislativas del Parlamento andorrano. Bienvenidas a esta Comisión de Igualdad y sobre todo espero que su objetivo, que es instaurar en el Parlamento de Andorra la Comisión de Igualdad, sea una realidad. No podemos olvidar que es en los años setenta cuando las mujeres andorranas consiguen el derecho al voto, un derecho menoscabado porque se establecía a la edad de los veinticinco años para después conseguir que fuera a la edad de los veintiún años; tampoco podemos olvidar que han hecho ustedes un gran esfuerzo por avanzar en los derechos de las mujeres del Principado de Andorra y, desde luego, como país amigo, no nos queda más remedio que decirles que es un honor que nos acompañen esta tarde. Ojalá que el objetivo de conocer cómo se debate en esta Comisión legislativa, cómo se trabaja en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, pueda llevarles a que en un momento determinado ustedes nos inviten a su Comisión de Igualdad para poder conocer sus trabajos parlamentarios, cuando esa Comisión de Igualdad sea una realidad en el Parlamento andorrano. Esa será la ilusión compartida de todas nosotras y de todos nosotros, y somos cómplices en ese gran objetivo de que el Parlamento andorrano tenga una comisión de igualdad que vele por los derechos de las mujeres y por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres andorranos y andorranas. Por tanto, sin más, bienvenidas, y damos comienzo a la Comisión de Igualdad. (Aplausos).
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MANTENER LAS ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, AFECTADAS POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002413).
La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir la sesión procediendo en primer lugar a comunicarles que la proposición no de ley número 2, sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España, presentada por Unión Progreso y Democracia, va pasar a ser debatida como punto número 7. La proposición no de ley número 7, sobre medidas para promover una mayor visibilidad y sensibilización hacia todas las formas de violencia de género ejercida contra las mujeres inmigrantes, del Grupo Parlamentario Popular, pasará a debatirse en segundo lugar, y la proposición no de ley número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso como forma de violencia de género entre la juventud, pasará a debatirse en último lugar. ¿Están de acuerdo los portavoces de los grupos parlamentarios? (Asentimiento).
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Pediría un poco de flexibilidad.
La señora PRESIDENTA: No se preocupe, señora Montón, que la tendremos.
Saben ustedes que el grupo proponente tendrá siete minutos para presentar su proposición no de ley, el grupo enmendante tendrá cinco minutos para presentar su enmienda y para fijar posiciones tendrán ustedes dos minutos. Dado el día en que estamos y que cada uno de nosotros tenemos aviones o trenes que coger para partir a nuestras provincias, les pediría que no agotaran todos sus tiempos y que hicieran lo posible para que esta presidenta no les llamen la atención cuando se excedan.
La primera proposición no de ley, relativa a la necesidad de mantener las actuaciones de los ayuntamientos en materia de violencia de género, afectadas por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, es del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su portavoz.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Paso a defender nuestro proposición no de ley, que siendo del Grupo Mixto es del Bloque Nacionalista Galego, y lo haré con los siguientes argumentos. Saben ustedes que en estos momentos son muchos los ayuntamientos en los que, además de aquellos servicios de atención a las personas en situación o víctimas de violencia de género, además de los servicios acordados o conveniados a través de la Fegamp con el Gobierno central o comunidades autónomas -pongo como ejemplo el servicio telefónico de atención a estas personas, Atenpro-, hay otros servicios que no son en colaboración con el Gobierno central ni con las comunidades autónomas. Son iniciativas propias de esas entidades locales, financiadas por el ente local, y varían en su nivel de atención. Pueden ser servicios de información o de atención a estas personas, conjuntamente con servicios de atención a políticas de igualdad, en muchos casos son casas de acogida en algunos ayuntamientos conveniados con otros pequeños ayuntamientos de la misma zona o comarca, etcétera. Es decir, servicios que en la mayoría de los casos fueron pioneros en la atención a las personas víctimas o en situación de violencia. A mí me gusta decir situación de violencia para evitar el victimismo de las personas y centrarnos en la disposición a avanzar en la lucha. Yo conozco algunos de estos ayuntamientos que ya hace aproximadamente veinticinco o treinta años empezaron a tener estos servicios puramente municipales, y después vinieron otras políticas de otras administraciones superiores que evidentemente mejoraron la atención a esta problemática.
El caso, señorías, es que con la implantación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y de acuerdo con lo que establece su disposición transitoria segunda, estos servicios, que forman parte de los servicios sociales de la entidad local, pasarían a ser obligatoriamente titularidad de las competencias de las comunidades autónomas. En ese sentido, la ley dice que las comunidades autónomas podrán delegar en los ayuntamientos competencias en materia de servicios sociales, pero que los ayuntamientos solo podrán tener como políticas de servicios sociales aquellas que están explícitamente delegadas. No vamos a repetir aquí el debate que tuvimos cuando elaboramos la ley, pero es una auténtica barbaridad, porque no se le puede negar a una entidad local, a un ayuntamiento, dar un servicio a los vecinos y vecinas cuando sus posibilidades se lo permiten. La ley no se lo permite, por lo que la proposición no de ley que presentamos va en esa dirección. La razón de la proposición no de ley no es que el Gobierno mantenga los acuerdos que en este momento tiene firmados con la Fegamp, como es el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia de género, Atenpro, sino que el Gobierno garantice que los ayuntamientos puedan seguir manteniendo aquellos servicios de atención a las personas en situación de violencia de género que son propios de la entidad local.
Hemos visto las enmiendas que nos han presentado y no vamos a aceptar ninguna. En primer lugar, la del Grupo Popular sigue la dinámica del Gobierno, la idea de que el Gobierno continuará, cuando no se trata de continuar con unas políticas que no son las que provocan nuestra propuesta, que, como digo, son aquellas políticas de los ayuntamientos propias de los mismos. Por tanto, no nos sirve la propuesta que nos hace el Grupo Popular, en la medida en que es completamente distinta a la que nosotros planteamos. Y en segundo lugar, la del Grupo Socialista en general participa de la misma idea que nosotros exponemos, pero plantea la derogación o la no implantación de la ley en cuestión. Estamos de acuerdo con esto. Precisamente hemos presentado iniciativas e incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional para que esta ley no se pueda desarrollar, pero, al margen de que esta ley se implante o no, hay una cuestión y es que si se implanta como el Gobierno pretende nos vamos a encontrar con este problema y nosotros con la proposición no de ley lo que queremos es evitarlo. Es decir, el Gobierno tiene que reflexionar en materia de servicios sociales y en concreto sobre aquellas cuestiones que están relacionadas con la violencia de género. No puede limitar la voluntad política que pueda tener un ayuntamiento en relación con la sensibilidad o con el compromiso, mejor dicho, que se pueda tener ante una problemática tan grave como
es la violencia de género y tiene que hacer un esfuerzo presupuestario para mantener estos servicios. El Gobierno no puede impedir esto y lo que nosotros queremos con esta proposición no de ley es que esta Comisión acuerde por unanimidad esta propuesta para hacérsela llegar y que mediante el real decreto que corresponda, incluso con la modificación de ley correspondiente, tome medidas para garantizar que los ayuntamientos puedan seguir cumpliendo con estos servicios y no solamente con los que están en estos momentos instalados, sino también con los que se puedan instalar. No puede ser, señorías, que el Gobierno, en aras de la aplicación del artículo 135 de la Constitución, modificado para reducir el gasto social de las administraciones públicas, se empeñe en deteriorar los servicios, que por otro lado ya son escasos, en materia de atención a las personas en situación de violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender su enmienda la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Tomo la palabra para defender la enmienda de mi grupo parlamentario en relación con la propuesta planteada por el Bloque Nacionalista Galego, por el Grupo Mixto. Señorías, no cabe duda de que estamos ante una situación alarmante, de emergencia social. En menos de cuatro meses este año han sido asesinadas veinticuatro mujeres; la última de ellas, por cierto, en la provincia de A Coruña. Evidentemente en una materia tan prioritaria y tan sensible como la erradicación de la violencia los recortes no ayudan. Los retrocesos que hemos sufrido en este ámbito presentan un profundo calado porque afectan a la educación, con la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía; a la prevención, con la reducción de un 30% del presupuesto; a la formación y al apoyo al empleo, con la desaparición de programas; a la sensibilización, con la casi total eliminación de campañas; a la atención social de mujeres y sus hijas e hijos, con la merma en la financiación a las comunidades autónomas y a las organizaciones especializadas; a la protección, con el cierre de casas y pisos de acogida; y a la defensa legal, con un anteproyecto de Código Penal que desprotege a las mujeres y con un tasazo judicial que impide la reclamación de derechos civiles. Es un retroceso, señorías, que pretende borrar de un plumazo los avances de estos últimos años. Los Gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo considerable para situar en el centro de la agenda política la igualdad entre mujeres y hombres y, específicamente, para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese esfuerzo se concretó en la Ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; ley que constituye el elemento vertebrador de la acción contra la violencia en la que destaca además su vertiente de pedagogía social. También se concretó con la implantación de todos los elementos relacionados con el desarrollo de la ley, que han servido para situar la lucha contra violencia de género como uno de los aspectos prioritarios para las distintas administraciones. Entre ellas, la Administración local, por su cercanía con la ciudadanía, se desvela como el lugar idóneo para desarrollar programas relacionados con la información, la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Así, los ayuntamientos en nuestro país han ido implantando paulatinamente diferentes recursos destinados a erradicar o, cuando menos, a paliar las consecuencias de la violencia de género en sus territorios.
En este ámbito, señorías, un hachazo más a la lucha contra la violencia es la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que entró en vigor el 1 de enero de 2014 y que supone la privatización de servicios públicos municipales y el desmantelamiento y desaparición de servicios sociales en los municipios. Esta ley fue recurrida el 22 de marzo por más de 22.000 ayuntamientos en defensa de su autonomía local. Tras estos recortes sustanciales en materia de lucha contra la violencia de género, la ley local viene a dar el golpe final al desarrollo de actuaciones en esta materia; una ley que aleja a las mujeres víctimas de violencia de la búsqueda de soluciones. Señorías, ¿se figuran ustedes lo que significa para una mujer que vive en una aldea o en una localidad pequeña tener que desplazarse a la ciudad más cercana o a la capital de provincia para recibir información, atención y protección en relación con una situación de violencia? ¿Creen que las mujeres víctimas de violencia tienen en general disponibilidad de tiempo para los desplazamientos, en ocasiones tremendamente difíciles? ¿Creen que cuentan con los suficientes recursos económicos para desplazarse o conocen las estrategias utilizadas por los maltratadores? No me cabe ninguna duda de que todas y todos ustedes conocen estas situaciones, que han hablado con mujeres víctimas de violencia y que saben ustedes que dar el primer paso, tomar conciencia de su situación y tratar de modificarla, es en múltiples ocasiones un acto de heroicidad.
Señorías, veinticuatro mujeres han sido asesinadas en menos de cuatro meses, un 22% de las españolas ha sufrido violencia de género alguna vez según la primera estadística europea, más de 15.000 mujeres tienen algún tipo de seguimiento y vigilancia, hay un descenso de denuncias desde 2010 y un
mayor número de denuncias retiradas. Estas son las consecuencias de los recortes que, además de mermar los medios de asistencia, están creando una sensación de desamparo y de desconfianza en las mujeres. Son datos que deben ser suficientes para calibrar la gravedad del problema. No se puede dar más protección con menos casas de acogida, no se puede dar más información con menos centros, no se puede dar más apoyo con menos ayuntamientos implicados. En materia de violencia de género no se puede hacer más con menos; con menos solo se puede hacer menos o peor. Estamos en el momento de hacer más y mejor, de redoblar esfuerzos en información, en apoyo, en atención y en protección. Disminuir los recursos es mantener el camino plagado de obstáculos, es alejar exponencialmente a las mujeres víctimas de violencia de sus posibilidades de salir de ese círculo brutal.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta propuesta, porque todo lo que se haga para erradicar la violencia de género es necesario, pero hasta ahora no ha sido suficiente. Por ello estamos reclamando una Comisión parlamentaria, por ello queremos una gran pacto social, por ello nos hemos reunido con representantes de todas las instancias (de atención, de información y de protección a las mujeres). Si en esta Comisión no se apoyan este tipo de actuaciones por todo el arco parlamentario, si no existe la firme decisión de ampliar o cuando menos mantener los recursos y los servicios existentes para luchar contra el más grave problema, contra la más profunda desigualdad, convertiremos esta Comisión en superflua. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para presentar la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Martín Pozo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MARTÍN POZO: Señora presidenta, intentaré acceder a su ruego y no agotar el tiempo. Siendo esta la primera intervención del Grupo Parlamentario Popular en esta tarde, no quiero comenzarla sin tener un recuerdo para las víctimas mortales que llevamos este año y para el resto de mujeres y menores que vienen padeciendo esta lacra de la violencia de género. Quiero transmitirles nuestra solidaridad y garantizarles que seguiremos trabajando como hasta ahora, hombro con hombro, para conseguir erradicarla. (Aplausos).
Dicho esto, para defender la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado a esta proposición no de ley del Grupo Mixto, voy a comenzar mi exposición manifestando, como no podía ser de otra manera, que el Grupo Popular está comprometido con la lucha contra la violencia de género y con la atención de las víctimas. En esta lucha lo importante no es dar la batalla solos, sino hacerlo todos juntos; por eso hemos presentado una enmienda -que esperamos asuma el resto de grupos parlamentarios- que enriquece la iniciativa del Grupo Mixto, respetando su espíritu, en cuanto se pone de manifiesto la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de que las corporaciones locales continúen la importante tarea que llevan a cabo para la prevención, sensibilización, asistencia y protección frente a la violencia ejercida contra las mujeres.
Señora Davila, me cuesta trabajo creer que la única conclusión que usted saque de la lectura de la Ley de racionalización y sostenibilidad de las Administración local sea que hay una limitación en las competencias de las corporaciones locales en materia de violencia de género y que va a conllevar graves consecuencias en perjuicio de las mujeres. Nada más lejos de la realidad, por ello le recomiendo una nueva lectura de la mencionada ley para que pueda reconocer su error. Lejos de llevar aparejada la supresión de servicios a los ciudadanos, con esta reforma lo que se hace es garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos con independencia del lugar de residencia. Eso sí, con la finalidad de evitar duplicidades administrativas, se establece en la ley un régimen de atribución competencial que obliga a aclarar cuál es la Administración responsable del servicio, pero con una garantía añadida, pues debe ir acompañada de la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales; es decir, se reorganizan para hacerlos económicamente sostenibles y dotarlos de una financiación estable en el tiempo. Señoría, la reforma local no impide a las corporaciones locales llevar a cabo esas actuaciones a las que se refiere en su iniciativa, y lo novedoso de esta ley es que garantiza que la financiación para ello sea adecuada y suficiente desde el punto de vista económico y, tal y como he dicho, estable en el tiempo. En relación con el ámbito material de los servicios sociales, la ley prevé dos competencias: por un lado, la propia para la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación de riesgo, entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo vulnerable, y que se ejerce en todo caso por los municipios; y, por otro, la competencia delegada relativa a la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. La ley prevé además la posibilidad
de que las entidades locales puedan ejercer competencias distintas a las propias y a las atribuidas por delegación, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en dicha norma.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera imprescindible el papel de las corporaciones locales en la lucha contra la violencia de género y en la atención a sus víctimas, porque son la Administración más cercana al ciudadano, y ese es el espíritu que persigue la ley. Por tanto, señoría, la preocupación que usted muestra en su iniciativa no tiene razón de ser, y prefiero entender que su texto se debe a una interpretación errónea, derivada de su exceso de celo por la preocupación por el tema, y no a un ejercicio de demagogia, porque en la lucha contra esta lacra no es admisible el todo vale y no cabe hacer políticas partidistas ni electoralistas. La lucha contra la violencia de género no es patrimonio de ninguna ideología ni de un determinado color político. La lucha contra la violencia doméstica nos debe unir a todos, por ello hemos presentado el texto alternativo que figura en nuestra enmienda, que recoge el espíritu de su iniciativa y para el que solicitamos el voto afirmativo del resto de grupos políticos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muy brevemente, señora presidenta, voy a fijar posición. Estamos de acuerdo con lo que propone el Grupo Mixto porque consideramos que los ayuntamientos han hecho una gran labor en esta materia, la siguen haciendo y es la Administración más cercana al ciudadano en este sentido. Es una pena que la nueva ley que se aprobó lo omitiera o impidiera a partir de ahora que lo haga. También le tengo que decir a la señora Fernández que gracias a una enmienda que el Grupo Vasco introdujo en esa ley, que aceptó el Grupo Popular, se hace una reserva dentro de la Comunidad Autónoma Vasca a las competencias forales que tienen las diputaciones, lo cual hace que en Euskadi eso pueda seguir siendo posible gracias a esa reserva foral que se adjudica en la ley. Evidentemente me gustaría que todos los demás también lo pudieran hacer; aquello que quiero para mí, lo quiero para los demás también. Por lo tanto no estoy de acuerdo en que la ley no lo permita, pero la ley incluye, por ejemplo, que en Euskadi las administraciones locales tengan un régimen basado en su reserva foral y que el Parlamento vasco, en el momento en que habilite una nueva ley municipal, pueda incluirlo. Es una situación un poco compleja en el sentido de que mi grupo apoya lo que dice, porque yo quiero que los ayuntamientos de otros territorios también sigan haciéndolo, y tengo que entender que la ley incluye esa capacidad para los territorios vascos. Sigo insistiendo: hoy es la tercera vez que hablamos de violencia de género. Creo que ya estamos hablando demasiado, y es hora quizás de que dejemos las palabras y verdaderamente nos pongamos a hacer cosas. Sé que todos los que estamos aquí estamos por ello.
La señora PRESIDENTA: Tendría la palabra a continuación el señor Cantó, pero en estos momentos se encuentra ausente de la Comisión.
Tiene la palabra la señora De las Heras, portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señorías, al eliminar el artículo 28 de la Ley de bases de régimen local con la malísimamente mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se suprimen -por mucho que diga la portavoz del Grupo Popular- las primeras redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así como los servicios sociales, los de sanidad y los de educación, que afectan a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres de manera gravísima. El Gobierno lo sabía y no ha tenido ningún problema ideológico o político en hacerlo sin medir las consecuencias y sin ningún informe de impacto de género que le pudiera hacer ver -visibilizar- las consecuencias que el tsunami de sus políticas neoliberales iban a traer. La tarea que realizan los ayuntamientos en materia de prevención, de asistencia y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia machista desaparece. Solo podrán llevarla a cabo aquellos que garanticen su estabilidad presupuestaria, en un momento de asfixia económica en el que los muchos ayuntamientos están con planes de ajuste que se lo impide. Ciudadanas de primera y ciudadanas de tercera y de segunda, esto es lo que está creando la reforma de la Administración local y estas son las consecuencias que ya estamos empezando a ver. Desde los servicios sociales se detectan muchas veces los malos tratos: se escucha por primera vez a las mujeres víctimas de violencia machista, se valora la situación de los hijos y las hijas y se derivan e informa de las ayudas y los recursos existentes. Todo esto está en peligro de desaparecer y en algunos casos desapareciendo.
El Plan nacional contra la violencia contra las mujeres 2013-2016, que ha aprobado el Gobierno y que ahora no es el momento de valorar, contiene doscientas ochenta y cuatro medidas pero para su
implementación en ningún caso cuenta con los ayuntamientos, con los entes locales. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo pueden explicarnos los portavoces del Grupo Popular que representan al Gobierno que se va a poder llevar a cabo? ¿Con qué mínima credibilidad? Es imposible. No se puede llevar a cabo con las mínimas garantías este Plan estratégico contra la violencia contra las mujeres porque la eficacia de la labor de prevención e incluso de sensibilización que en el propio plan se propone no es posible si no es desde los servicios de proximidad. No ha hecho falta llegar a aprobar la reforma de la Administración local para ver, por los recortes que se han hecho en los planes generales del Estado y, como decía antes, por los planes de ajustes a los que se está sometiendo a los ayuntamientos, cómo se está viendo afectada la lucha contra la violencia de género, a pesar de los buenismos y las buenas intenciones que se plantean. También están afectando a las políticas de igualdad. Se han cerrado centros de mujer, pisos de acogida y puntos de encuentro en muchas localidades -ya termino, presidenta- en el conjunto del Estado y se ha recortado en recursos en los juzgados de violencia contra la mujer.
Hoy -ya se ha dicho aquí- hemos debatido ampliamente en el Pleno de la Cámara Baja sobre el asunto de la violencia contra las mujeres. El Grupo Popular ha votado a favor de un punto de la moción presentada por La Izquierda Plural en el que precisamente se comprometía a mantener estos servicios de proximidad que prestan los ayuntamientos, pero hemos visto con mucha decepción -papel mojado nada más aprobarlo, señorías del Grupo Popular- que han presentado una enmienda al texto del Grupo Mixto, del BNG, en la que dicen que siempre que se ajuste al cumplimiento estricto de la ley; o sea, es decir una cosa y toda la contraria. Si no se deroga la ley o por lo menos no se reforma en el artículo 28, es imposible que puedan cumplir con sus compromisos.
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley del BNG porque creemos que es fundamental, es lo urgente -no lo más importante, lo urgente-: mantener los servicios de proximidad de las entidades locales.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Desde Convergència i Unió presentamos ya en julio de 2013 una proposición no de ley en esta Comisión durante la tramitación de la Ley de racionalización de la Administración a los efectos de que como mínimo esta reforma legal no se cargase las competencias municipales en materia de igualdad, es decir, que no suprimiese el artículo 28. Defendíamos esto por varios motivos, y voy a apuntar tres básicamente. El primero era para respetar y para mantenernos fieles al principio europeo de subsidiariedad, es decir, que la Administración más cercana al ciudadano sea la que preste el servicio. Un segundo aspecto era porque desde Convergència i Unió siempre hemos defendido que las políticas de igualdad no tenían que ser una cuestión competencial, sino de Estado, de forma de funcionar, y todas las políticas debían tener -las de los ayuntamientos también- una pata en la igualdad; por tanto, que todas estas administraciones adoptasen decisiones con la perspectiva de género para así conjuntamente ir avanzando, más que en una cuestión competencial, en una de política estratégica. Finalmente desatendemos lo que sugiere la Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006, que invita a las entidades locales a hacer las políticas de igualdad en tanto que Administración más cercana al ciudadano.
Votaremos a favor de la iniciativa del BNG en el bien entendido de que refuerza la que en su día presentó Convergència i Unió y que, por desgracia, se vio rechazada en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró, sobre todo por su brevedad en su intervención, cara al resto de los grupos parlamentarios y de sus señorías.
No sé si hay algún grupo más que quiera fijar posición. (Pausa). ¿No hay ningún grupo más que quiera fijar posición? (La señora Martín Pozo pide la palabra). Señora Martín Pozo, dígame.
La señora MARTÍN POZO: Simplemente deseaba manifestar que aunque la señora Davila había dicho que no iba a aceptar ninguna enmienda, nosotros seguimos mantenido la nuestra.
Quiero aprovechar para manifestar nuestro rechazo a los comentarios sexistas vertidos en Twitter por un diputado del Partido Socialista relacionados con la mujer, con la vicepresidenta del Gobierno. (Aplausos.-Rumores).
- SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER UNA MAYOR VISIBILIDAD Y SENSIBILIZACIÓN HACIA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001745).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda iniciativa, la segunda proposición no de ley, que es la 7.ª, sobre medidas para promover una mayor visibilidad y sensibilización hacia todas las formas de violencia de género ejercidas contra las mujeres inmigrantes. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Como figura en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley, las mujeres inmigrantes están sometidas a fuertes presiones psicológicas y emocionales. Las formas de vida, sus relaciones sociales, familiares, de pareja están en una situación bastante sensible; viven en un constante aprendizaje y están expuestas a las confrontaciones existentes entre... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, si tienen que negociar una enmienda, si tienen que hablar con los portavoces, les pido, por favor, que salgan fuera porque las funcionarias de la casa, las taquígrafas, no escuchan absolutamente nada. Por lo tanto, por favor, ruego silencio.
La señora NAVARRO CRUZ: Decía que viven en un constante aprendizaje y que están expuestas a esas confrontaciones existentes entre su propia realidad y la del nuevo entorno que les rodea. Generalmente aparece -de manera inconsciente- una fuerte resistencia a admitir que son víctimas de violencia de género, en muchas ocasiones porque esas conductas constitutivas de esa alarmante realidad no están consideradas como una forma de maltrato en sus países de origen. Ante esa realidad, dentro de la Conferencia Sectorial de Igualdad se aprobó la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, que comprendía los años 2013 a 2016 y que surge como un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Integra propuestas de instituciones y de sociedad civil implicadas en esta área y constituye el eje político de la actuación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias coordinadas a través de la Delegación del Gobierno para la violencia de género. Quiero especificar en este punto que se han considerado precisamente todas las cuestiones que han planteado instituciones y sociedad civil puesto que es una de las partes que consta dentro de la enmienda que ha planteado a esta proposición el Grupo Socialista.
Esa estrategia incorpora medidas y objetivos específicamente dirigidos a mujeres inmigrantes víctimas de violencia. Entre otros está proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente susceptibles de sufrir violencia, entre los que se encuentran las mujeres inmigrantes, aparte de muchos otros; visibilizar otra forma de violencia contra la mujer como la mutilación genital, los matrimonios forzados o la violencia sexual y el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; impulsar acciones específicas hacia este grupo, aumentando el reproche social en sus comunidades, así como la implicación activa, posibilitando una atención adecuada a sus demandas y requerimientos; y se incorporan, junto a otras nuevas, las acciones aún no implementadas del Plan de atención y prevención de violencia de género de población extranjera inmigrante, que venía de antes, de 2009-2012. También se elaboran estudios para mejorar los datos estadísticos sobre la violencia de género entre los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres inmigrantes.
Garantizar el bienestar a todos los ciudadanos es una prioridad para este Gobierno, por ello presentó el Plan social de apoyo impulsado por el Ejecutivo, con un volumen financiero de más de 3.000 millones de euros. Existe además un compromiso presupuestario con la igualdad. Las cuentas de apoyo al emprendimiento femenino han aumentado en 2014 gracias, entre otras causas, a los fondos provenientes del Espacio Económico Europeo: 10 millones de euros que se destinarán íntegramente a ayudar a mujeres a poner en marcha sus ideas de empresa y a favorecer la inserción de mujeres de colectivos más vulnerables, entre los cuales, como tales -vuelvo a decir-, se encuentran las mujeres inmigrantes. Existen también las subvenciones a programas de apoyo a las mujeres inmigrantes. El pasado 5 de diciembre de 2013 un acuerdo del Consejo de Ministros dio lugar a que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinara una subvención por valor de 67 millones de euros a Cáritas y Cruz Roja. Cruz Roja Española recibió una subvención para más de cincuenta programas que atenderán a 562.000 usuarios; a programas para personas inmigrantes se destinan exactamente 5.100.000 euros, lo que supone un 12,12% de ese presupuesto.
El Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2013-2016, que se aprobó el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros está dotado con 3.127 millones de euros. En materia de educación se elaboran programas educativos específicos de apoyo y refuerzo a alumnas especialmente vulnerables -entre las que se encuentran las inmigrantes, como he dicho antes- y también de lucha contra la trata de seres humanos. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado su plantilla en las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y han proseguido con los cursos de formación a los que también se han acogido fiscales, personal de centros de estancia temporal, de inmigrantes, contingentes militares en misiones de paz, personal sanitario, diplomático o profesionales de todos los servicios sanitarios. Desde el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad se ha revisado el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género con el objetivo de incluir los casos de trata.
Quiero simplemente subrayar que queda mucho trabajo por hacer y mucho por avanzar en el ámbito de la sensibilización e insistir en la necesidad de seguir el camino del esfuerzo común para visibilizar la violencia de género y sensibilizar a las víctimas y allegados sobre la importancia de la prevención. Deseo agradecer la labor de prevención que se está realizando, como nunca antes se había hecho, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por todas estas razones el Partido Popular pretende precisamente promover una mayor visibilización y sensibilización hacia todas las formas de violencia de género ejercida contra las mujeres inmigrantes.
Quiero agradecer las enmiendas que se han presentado por CiU y por el Grupo Socialista. Trataré al menos de llegar a una transacción de tales enmiendas, si lo tienen a bien los grupos proponentes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, para el buen funcionamiento de esta Comisión cuando tenga usted la enmienda transaccional nos la hace llegar a la Mesa.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, la señora Sayós para defender su enmienda.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Nuestro grupo está de acuerdo a grandes rasgos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, aunque hemos presentado una enmienda con el fin de no olvidar las políticas que en este sentido ya se están llevando a cabo por las comunidades autónomas, tanto por las administraciones autonómicas como por los ayuntamientos. Atendiendo a la coyuntura actual, en cuanto se están incrementado año tras año las víctimas por violencia de género, todas las medidas que se pueden proponer y adoptar para combatir esta lacra social serán bien acogidas por nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió. A nuestro entender quizá sea más conveniente impulsar medidas sociales que medidas legislativas, pues ya existe un marco jurídico de protección de las víctimas de violencia contra las mujeres. Por ello, debemos incidir más en adoptar medidas sociales porque han demostrado ser más eficaces y necesarias.
Voy a citar dos ejemplos que para Convergència i Unió son importantes. Es fundamental apoyar el trabajo de los ayuntamientos porque son los que más cerca están de la población, los que el ciudadano tiene como primer punto de referencia. Al margen de las medidas que se tomen desde la Administración central es imprescindible que se garanticen los recursos a las comunidades autónomas para llevar a cabo su acción. Así, por ejemplo, al Institut Català de les Dones en Cataluña realiza una gran labor informativa, de fomento y de apoyo en la lucha contra la violencia de género y en su plan integral contra la violencia machista incluye la violencia contra mujeres inmigrantes en uno de sus puntos. El Institut Català de les Dones prevé fomentar la participación y el soporte a los grupos y asociaciones de mujeres que trabajan contra la violencia machista, especialmente a aquellos que se dedican a las situaciones específicas que prevé el capítulo V de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por unanimidad del Parlament de Catalunya y elaborada con un gran consenso. Para Cataluña esto es importante porque ha dado muy buenos resultados. Sin duda, las mujeres inmigrantes en España están sobreexpuestas al riesgo de sufrir violencia de género y a morir asesinadas a manos de su pareja o expareja; de hecho, la tasa de víctimas mortales por millón de mujeres ha sido para las extranjeras mucho mayor que para las españolas.
Principalmente nos encontramos con tres grupos de obstáculos que afectan al derecho de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de genero a la hora de acceder a medios adecuados para superar el ciclo de las agresiones y que se exponen a continuación. En primer lugar, obstáculos en el acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos especializados, tales como centros de acogida o de atención integral,
derivados de los requisitos de acceso que se les exigen y de la falta de preparación de los centros para atender sus necesidades específicas. En segundo lugar, obstáculos para el acceso a la autonomía económica, que afectan a dos grupos de mujeres especialmente vulnerables: las mujeres reagrupadas por sus agresores y las mujeres en situación irregular. Y, en tercer lugar, una serie de obstáculos derivados de decisiones de instancias de extranjería tomadas sin considerar la condición de víctima de violencia de género de estas mujeres. De ahí que la segunda parte de nuestra enmienda vaya en esta dirección: visibilización y sensibilización contra la violencia de género ejercida sobre las mujeres inmigrantes, por supuesto, pero también los medios necesarios para que estas mujeres tengan acceso a la justicia y a los recursos especializados sin ningún tipo de dificultad adicional.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Esta proposición no de ley, como nos tiene acostumbrados el partido que sostiene al Gobierno de la derecha, es una proposición no de ley más que insta al Gobierno a seguir haciendo lo que hace. Las proposiciones no de ley no estaban contempladas en su génesis ni en el Reglamento de esta Cámara solamente para instar al Gobierno a seguir haciendo lo que tiene que hacer o lo que debería estar haciendo y a veces no hace. Y además, si me permite y con todo respeto y afecto a la portavoz del Grupo Popular, prefiero el texto de la proposición no de ley que el propio texto que ha venido a decirnos la portavoz, señora Navarro, por una razón, porque en el texto de la proposición al menos se expone -de forma paternalista, bastante paternalista- la situación de las mujeres migrantes víctimas de la violencia de género, pero las palabras de la portavoz del Grupo Popular, además de autocomplacencia -cosa que es tremenda porque en este tema no deberíamos tenerla ningún grupo, ninguna persona, pero sobre todo ninguna de las mujeres que formamos parte de esta Cámara-, remiten a una autocomplacencia aún mayor, la de estar gobernando, la de su Gobierno. Y, como dirían los antiguos, hincada de hinojos ante el Gobierno pide que siga haciendo lo que está haciendo, es decir, nada.
Ha mezclado tres cosas que no es posible mezclar. La dotación de 3.000 millones del Plan estratégico 2013-2016, donde no se contempla ninguna medida específica para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Dos, además de mezclar esto, no está contemplada la vulnerabilidad específica de las mujeres inmigrantes por dos razones que ha dicho muy bien la portavoz del Grupo de Convergència i Unió: aquellas mujeres reagrupadas con su maltratador, con el que las está maltratando y que, por tanto, su tarjeta de residencia o nacionalidad depende del que las está maltratando, y/o aquellas mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular y que, por tanto, no van a ir nunca a presentar una denuncia porque a resultas de esa denuncia podrían ser a su vez retenidas como inmigrantes irregulares. En el primer caso de reagrupamiento, el de compañeras o mujeres del maltratador, la mujer quedaría a la discrecionalidad del juez que tocara en el juicio que se llevara a cabo por violencia de género. Esa es la verdadera vulnerabilidad; tienen más riesgos, menos protección, más miedo y menos capacidad de acceder a los recursos por razones objetivas, en absoluto porque sean débiles o haya que hablar específicamente de las mujeres inmigrantes como todas aquellas, o muchas de ellas, que se someten a la ablación, etcétera, que no tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo aquí.
La señora PRESIDENTA: Señora Blanco, le pido, por favor, que vaya terminando.
La señora BLANCO TERÁN: Sí, voy resumiendo.
Por tanto, la enmienda del Grupo Socialista va en una dirección: si queremos luchar contra la violencia de género en el colectivo de mujeres migrantes tenemos que hacerlo a través de sus asociaciones, ni de Cruz Roja ni de Cáritas, de sus asociaciones; las tienen, están bien coordinadas, tienen buenas estrategias y saben perfectamente cómo ayudar a las mujeres que están siendo agredidas dentro de sus propias comunidades. Por tanto, esos 3.000 millones no tienen nada que ver ni hay ningún supuesto en que se vea el tema de las mujeres inmigrantes, y nada de paternalismo, ir directamente a trabajar con las asociaciones de mujeres, que las tienen por países y continentes. Espero, de verdad, que la portavoz del Grupo Popular, en lugar de buenas intenciones, se ponga a trabajar en una transaccional. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, intervendré brevemente para decir que nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley a no ser que se llegue a un acuerdo de transacción
con los grupos enmendantes, sobre todo para incorporar a la proposición no de ley aspectos que tengan que ver con la atención a las mujeres víctimas de esta discriminación y de violencia de género. Señorías, nosotros creemos que el problema de la violencia de género en las mujeres emigrantes no es una cuestión de mayor visibilización, sino de atención, de protección de estas personas, que viven, en muchos casos como consecuencia de una cultura diferente a la nuestra, y ya vemos el nivel de violencia de género que tiene el Estado español...
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Fernández Davila. Por favor, pido a las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular que negocien fuera de la sala para así no importunar el trabajo de las funcionarias del Parlamento. Muchísimas gracias.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Decía que en otras culturas tienen una situación mucho más atrasada que la nuestra en cuanto a los derechos de igualdad de las mujeres, con lo cual evidentemente el problema es mayor. Por eso digo que no se trata tanto de visibilizar y sensibilizar a la sociedad -aunque entendemos que debemos ser sensibles respecto de la situación que padecen estas mujeres- como de que los poderes públicos proporcionen ayudas, protección a estar mujeres para que puedan no solamente comprender que están padeciendo violencia, pues a veces ni siquiera son conscientes de la misma, sino acudir a las administraciones para ser protegidas y de alguna manera liberadas de esa situación. El hecho de que se promueva una mayor visibilización y sensibilización, desde mi punto de vista, tampoco supone un gran avance.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Voy a manifestar brevemente nuestra posición. Efectivamente las mujeres migrantes son un colectivo más vulnerable por las circunstancias en las que se encuentran, pero creemos que la proposición no de ley que trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Popular es absolutamente insuficiente. Son medidas para hacer que se hace, pero en realidad no hay ninguna intención por parte del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. El Poder Ejecutivo es quien tiene que tomar efectivamente medidas que solucionen el problema. Hablamos de promover una mayor visibilización y sensibilización en un momento en el que acabamos de acordar que va a haber un grupo de trabajo para hacer una evaluación de la Ley contra la violencia de género de 2004; ahí mismo no se contemplan medidas específicas para tratar a estos colectivos y sería un buen momento para profundizar y hablar con rigor de las verdaderas necesidades para paliar la violencia de género en este colectivo específico, con sus necesidades, pero también de otras mujeres que se ven seriamente afectadas, como es la etnia gitana, por los lugares donde residen y la situación de arrastre cultural que traen consigo. Por lo tanto, hablar solo de visibilización y concienciación nos parece, si nos permite el término, un poco frívolo cuando estamos hablando de una cosa de tantísimo calado. Aquí no se habla de protección específica y de lo que debemos hablar es de la protección específica en este colectivo; aquí no se habla de los recursos necesarios. Ahora mismo no hay ni intérpretes, que son necesarios cuando no se habla el mismo idioma para poder llegar a romper las barreras de acceso a los recursos. Estamos hablando de casos concretos, puntuales, en los que se cursan expedientes para la deportación de las mujeres que no tienen los papeles en regla y han denunciado. El hecho de llegar hasta el recurso para llevar a cabo una denuncia es muy complicado, pero cuando se llega ahí incluso los propios poderes públicos, las administraciones, les ponen la traba grandísima de poder deportarlas otra vez a su país. No existen planes específicos y se necesita una propuesta muchísimo más rigurosa, y además por parte del Ejecutivo, del Gobierno.
Desde luego, nuestra posición no puede ser a favor de esto, pero tampoco votaremos en contra. Por lo tanto, creo que por eliminación nuestro voto queda definido.
- PARA QUE SE ADOPTE UNA LEY INTEGRAL QUE ABORDE LA TRATA DE SERES HUMANOS EN TODA SU EXTENSIÓN Y COMPLEJIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001310).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a la siguiente proposición no de ley: para que se adopte una ley integral que aborde la trata de seres humanos en toda su extensión y complejidad. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y tiene la palabra la señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señorías, el artículo 22 de la Directiva 2011/36 de la Unión Europea dicta la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas y establece que todos los Estados miembros tienen la obligación de trasponer la directiva antes del 16 abril de 2013. El Plan integral contra la trata con fines de explotación sexual 2008-2012 está desde el año 2011, año en el que ustedes, señorías del Partido Popular, entraron en el Gobierno, totalmente paralizado. A día de hoy, una vez formalizada la subcomisión de estudio, llevamos más de un año de retraso y desde Izquierda Unida creemos que aunque se llegue tarde hay que llegar bien, abordando este asunto de manera integral, con el rigor necesario para conseguir una herramienta legislativa verdaderamente útil como para poder abordar este grave atentado a los derechos humanos. Por eso, con nuestra proposición no de ley queremos garantizar que el trabajo que se lleve a cabo en la subcomisión tenga como resultado la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos en toda su extensión y complejidad, incluyendo todas las formas de trata y no solo las que se llevan a cabo con fines de explotación sexual, una ley que garantice la obligación del Estado español de prevenir el delito, proteger a las víctimas, y compensarlas de forma que puedan recuperarse del daño que han sufrido.
Ahora en España las medidas impulsadas por las diferentes administraciones públicas se han centrado en la trata con fines de explotación sexual, pero la explotación de otros seres humanos con fines de explotación laboral, esclavitud, matrimonios forzados o extracción de órganos no son tratados más que de forma muy insuficiente por organizaciones no gubernamentales que no cuentan con los instrumentos legales ni con los recursos necesarios para paliar estas situaciones. De todos modos, no podemos obviar los esfuerzos que se han producido en estos últimos años para proteger a las personas víctimas de trata, generando múltiples cambios normativos tanto por las comunidades autónomas como por el conjunto del Estado, incluso en Europa. Lo consideramos válido y necesario, pero supone, en contraposición, una dispersión normativa tan amplia y heterogénea en los conceptos y en las intervenciones que en muchas ocasiones impide dar el tratamiento adecuado a las víctimas, que se ven diferentemente atendidas dependiendo del territorio donde se encuentren. Por tanto, seguimos reivindicando una ley integral contra la trata de seres humanos de carácter estatal, que pueda garantizar unos estándares mínimos que permitan los mismos recursos y la misma asistencia especializada, permitiendo la coordinación en todos los niveles de las administraciones públicas y en el conjunto del Estado. En estos términos, el 27 de febrero de 2013 se aprobó en el seno de esta propia Comisión una proposición no de ley con la misma reivindicación, para que se lleve a cabo una ley integral contra la trata de seres humanos en toda su extensión, presentada tanto por el Partido Socialista como por UPyD, y, mediante una transacción, el Partido Popular también votó a favor. Fue aprobada, por tanto, en esta Comisión por unanimidad. Hoy nos encontramos con la sorpresa de que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho una enmienda a nuestra proposición no de ley para dar un paso atrás, diciendo que va a trasponer la directiva. Desde La Izquierda Plural hemos creído que era el momento oportuno de traer esta proposición no de ley porque vamos a empezar con las comparecencias de la subcomisión, con el debate, el trabajo, el estudio y el informe que traerán como consecuencia, o no, esa ley integral, que además es reivindicada ampliamente por las asociaciones no gubernamentales y por todos los colectivos que trabajan directamente con las personas víctimas de trata. Nos ha sorprendido esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y escucharemos con atención cuáles con sus explicaciones para dar este paso atrás, y desde luego no podemos aceptarla.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (Don José): La trata de seres humanos se ha definido o se viene definiendo últimamente como la esclavitud del siglo XXI, y lo es así en las sociedades avanzadas. Desgraciadamente, en otras sociedades de este mundo la esclavitud no solo está institucionalizada sino que está consentida. En nuestra sociedad, pese a no reconocerla y a luchar contra ella, nos encontramos con que bandas organizadas criminales, redes organizadas, establecen a través de esa actividad ilícita esta nueva forma de esclavitud.
Antes de entrar en el fondo de la enmienda, quisiera que estableciéramos una mínima reflexión respecto a lo que estamos hablando. Estamos hablando de privación de libertad, tanto de ser obligado a hacer lo que uno no quiere hacer como a no poder hacer lo que uno quiere. Estamos hablando de explotación, tanto sexual como laboral. Estamos hablando de violencia física y psicológica; hablamos de lesiones, de mutilaciones, de amenazas de muerte, de asesinatos. Rogaría a sus señorías que por un
instante se pusieran en la piel de quienes son víctimas de estas redes criminales, de esta forma de delito. Piensen en la humillación, en la vejación diaria, en el dolor físico, en el temor, en el terror no solo a lo que le pueda pasar a uno sino a lo que les pueda dar pasar a sus seres queridos, puesto que estos criminales utilizan la amenaza respecto a los familiares -hijos, hermanos, padres- como mecanismo de coacción para someter a sus víctimas. Pensemos en las secuelas psicológicas, que van a durar toda la vida. Por más que nos hayamos esforzado en colocarnos en la piel de estas víctimas, estaremos alejadísimos siempre; jamás podremos experimentar el sufrimiento que ellos o ellas padecen cada minuto de su vida. Este fenómeno a todos nos produce asco, repugnancia y la profunda y fuerte voluntad de luchar contra estas redes criminales, de luchar contra este fenómeno y de asistir a las víctimas del mismo. Eso nos une a todos, esa repugnancia, esa voluntad de lucha contra estas redes delincuenciales nos une a todos. Pero no solo esa repugnancia y esa voluntad firme es lo que nos une. Si analizamos la historia de estos últimos veinte años ha sido mucho -y la señora De las Heras, aunque pasando levemente sobre ello, ha sido capaz de reconocerlo- lo que nuestra sociedad, nuestro país ha avanzado a través de la acción de los distintos Gobiernos en materia de lucha contra estos crímenes y también en materia de apoyo a las víctimas.
Señorías, la mayor parte de las previsiones que establece la directiva a la que hace referencia la proposición no de ley se encuentran ya traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico, incluso con anterioridad a la propia directiva. Desde el año 1995, en que España aprueba la Ley de asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, empieza a producirse este fenómeno, esta actuación legislativa para atender a las víctimas y para luchar contra estas redes. Se han producido modificaciones de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, porque no podemos olvidar que en buena medida son las personas extranjeras las víctimas de esta explotación; se han producido protocolos marco de protección de las víctimas de trata; se ha incorporado por primera vez en nuestro Código Penal el artículo 167 bis, incorporando el delito de trata de seres humanos. Y ya con este Gobierno se han venido adoptando medidas que tienen que ver tanto con la asistencia jurídica gratuita como con la asistencia sanitaria a las víctimas de este delito, de la trata. El actual proyecto de reforma del Código Penal modifica artículos como el 167 bis, el 132.1, 127, 311 bis, 187, 188 y 318 bis, que tienen relación con el endurecimiento de las penas, con la protección de los menores, con la asistencia jurídica gratuita, que viene también contemplada en la Ley de asistencia jurídica gratuita que está en trámite parlamentario. Todo esto está de alguna manera traspuesto a nuestro ordenamiento. De la misma manera, el anteproyecto de ley orgánica del estatuto de las víctimas de delito, que está en estos momentos en trámite de Consejo de Estado, se aprobó el 25 de octubre de 2013 con la finalidad de dar una respuesta lo más amplia posible no solo jurídicamente, no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito asistencial, para garantizar la reparación de los efectos traumáticos, psicológicos y morales a las víctimas.
Señorías, es una amplísima gama de actuaciones, por no citar otras de menor impacto, como la Orden ministerial de 18 de enero de 2013 por la que se crea la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos; la circular emitida desde el Ministerio de Justicia a los secretarios judiciales en materia de trata de seres humanos y violencia sobre la mujer; los protocolos de asistencia a víctimas de trata en los institutos de medicina legal o el protocolo médico forense de asistencia a víctimas de trata y reglamento regulador de las oficinas de asistencia a víctimas de trata. De manera, señorías, que no nos hemos quedado parados ni este Gobierno, al que da apoyo el Grupo Parlamentario Popular, ni los anteriores Gobiernos que han sido apoyados por otros grupos parlamentarios.
Señorías, esto no es autocomplacencia, como en la otra intervención alguien hacía referencia. Nosotros creemos que nuestro rechazo hacia estos crímenes y nuestra voluntad de apoyo a las víctimas y de combatir esta forma de esclavitud es común -como decía al principio- a todos los grupos parlamentarios, independientemente de que se materialice a través de una ley integral o a través de la trasposición con modificaciones legislativas que se trasladan a través de distintas iniciativas legislativas y en distintos ámbitos, tanto en materia sanitaria como en materia penal, en materia de procedimiento, de Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera. Yo creo -y acabo con esto- que sería injusto que la legítima aspiración que el grupo proponente puede tener de aspirar a lo mejor, a lo mejor que podamos sacar de nosotros mismos y a lo mejor que podamos hacer desde su particular punto de vista, nos llevara a minusvalorar todo lo bueno que se ha podido hacer y que se sigue haciendo, incluso en esta legislatura. Espero que esa particular visión de lo que la proponente considera lo mejor no la lleve a rechazar nuestra enmienda, que consideramos que es buena, que es práctica, que es objetiva, que además reconoce el
trabajo realizado por unos y por otros y que incide en la mejor forma de luchar, insisto, no solo contra el hecho delictivo de la trata de seres humanos, sino muy especialmente sobre la protección de las víctimas de ese hecho delictivo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Ahora, para fijar posiciones, tendrán la palabra de menor a mayor los distintos grupos parlamentarios que faltan por intervenir. Por tanto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero manifestar nuestra posición favorable a la proposición no de ley de la señora De las Heras. Y también quiero decir que estamos perplejos ante la enmienda del Grupo Popular por una razón, señorías. El grupo que apoya al Gobierno presenta una enmienda en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para consolidar la trasposición de la directiva y a nosotros nos parece que no sería necesario que esta Comisión instara al Gobierno a eso, entre otras cosas porque ya ha anunciado la intención de consolidar la trasposición de la directiva. Pero además la perplejidad viene a cuento porque si esta Comisión crea una subcomisión para tratar este tema y tenemos en proyecto la comparecencia de diferentes organizaciones y personas para que vengan a hablar del gravísimo drama que representa la trata de seres humanos en estos momentos, entiendo que este esfuerzo y este trabajo están en relación con la elaboración por esta casa, por el Congreso de los Diputados, de un proyecto de ley integral. ¿Y por qué digo integral? Porque en el momento en que se debatió la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, en la que se incorporaron diferentes medidas, entre ellas modificaciones del Código Penal, quedaba claro que era necesario afrontar este problema de una manera más amplia, de forma que permitiera actuar integralmente sobre el problema no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de la atención a las víctimas. Por eso, aún entendiendo que probablemente después de que finalizara la subcomisión, que está pendiente de comenzar sus trabajos, sería el momento para hacer este proyecto de ley, lo que no podemos entender es que el Grupo Popular no vote favorablemente la propuesta de la señora De las Heras porque se insta al Gobierno a consolidar un tratado, que se entiende que tiene que consolidarlo, ¿no?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: A la espera de lo que esperamos sea un trabajo productivo en esa subcomisión que comienza ya a reunirse, y sobre todo a la espera de que ese trabajo tenga un reflejo legislativo y -si eso es posible, muchísimo mejor- un reflejo presupuestario, vamos a apoyar esta iniciativa que ha presentado hoy La Izquierda Plural, que además tiene mucho que ver con una iniciativa que nosotros presentamos en su día. Fue el 28 de agosto de 2012. En esa iniciativa pedíamos -ahora citaré los tres puntos- en el segundo punto una ley que a su vez desarrollara un plan nacional contra la trata. Creemos que esa ley es indispensable para poder implementar, trasponer la directiva europea sobre el asunto. La Comisión Europea ya señala que se ha sobrepasado ese plazo para la trasposición y nos arriesgamos a sanciones. Solo se han acometido modificaciones aisladas que culminarán en la reforma del Código Penal, pero la misma Comisión dice que eso no es suficiente. Nosotros pedíamos en esa proposición no de ley, urgíamos al Gobierno a que presentara un documento de evaluación del Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pedíamos en el segundo punto, como he dicho, la promulgación de una ley estatal para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos que englobase todos los casos de trata y que dotase de un estatuto jurídico a las víctimas de forma que fuera un derecho el acceso a determinados recursos. Y como punto final pedíamos que a instancia del Gobierno se llevasen a cabo las modificaciones normativas necesarias para garantizar el acceso integral al Sistema Nacional de Salud a las víctimas de trata, con independencia de su situación administrativa, con el fin de dar así cumplimiento a la responsabilidad del Estado de dar primacía a sus derechos humanos y cumplir con la obligación establecida por el derecho internacional. Nos parece que hay muchos puntos de coincidencia con lo que nos trae hoy aquí La Izquierda Plural y votaremos afirmativamente esta propuesta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Nuestro grupo parlamentario se va a abstener en este punto. ¿Y por qué? Porque tenemos una subcomisión en ciernes. Francamente, no me siento capacitada para adoptar ningún
tipo de posicionamiento por respeto a los trabajos de la subcomisión que se van a iniciar en breve, donde comparecerán personas expertas que nos vendrán a informar y a explicar, así como ONG. Pienso que nos precipitamos ahora al prejuzgar o predeterminar el contenido de las conclusiones de la subcomisión que va a empezar a andar en breve. Por tanto, por respeto a sus futuros trabajos, sin discrepar en nada de lo que se ha dicho en la sala, preferimos abstenernos y ver cuál es el resultado de los trabajos. Si ya tenemos un resultado preconcebido, a lo mejor nos podríamos ahorrar la subcomisión, pero, en cualquier caso, vamos a escuchar lo que nos tienen que decir al respecto los expertos, aunque -como digo- no discrepamos de la mayoría de las cosas que se han dicho hoy aquí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró, por su intervención y, sobre todo, por su rapidez en manifestar su posición.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señorías, he de confesar también que cuando leí por primera vez esta proposición me quedé perplejo, aunque no por la enorme trascendencia e importancia de esta iniciativa. Como decía la portavoz de mi grupo, la señora Montón, estamos hablando de la última esclavitud de nuestro tiempo. Pero estas palabras las dijo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el debate para la creación de la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; una subcomisión que fue creada con el voto unánime de todos los grupos y que está a punto de iniciar sus trabajos que van a comenzar, efectivamente, con las comparecencias de expertos y organizaciones que darán la visión de la sociedad ante este drama. Además, si echamos la vista un poco más atrás, como bien recordaba la señora De las Heras, comprobamos que en la sesión del 27 de febrero del año 2013 -es decir, hace más de un año- esta Comisión ya aprobó una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que, entre otras cuestiones, instaba al Gobierno a que elaborara un instrumento legal integral para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección de víctimas que incorporara y traspusiera la directiva europea y que contuviera medidas de prevención y protección de las víctimas de trata desde un enfoque integral de derechos humanos. Evidentemente, este texto nos suena de algo, es prácticamente el mismo texto que más de un año después nos trae aquí el grupo proponente para su debate y aprobación. Desde luego, la explicación tiene que ver con que esta iniciativa de La Izquierda Plural fue registrada también hace muchísimos meses -más de un año-, y eso hace que el texto literal pida que esta ley integral se hiciera antes de incumplir el plazo de trasposición de la directiva; plazo que, como ha recordado también su portavoz, expiró en abril de 2013 y que lamentablemente nuestro país ha incumplido.
Ahora bien, si debatir una iniciativa prácticamente igual a otra ya aprobada podría no tener excesivo sentido, teniendo en cuenta además que está desarrollando su trabajo una subcomisión con un objeto parcialmente coincidente, he de decir que mi grupo la va a apoyar de forma decidida por la gravedad que consideramos que tiene la trata de seres humanos y que requiere un compromiso firme de este Parlamento. También la apoyaremos porque no tengo muy claro que no estemos ante maniobras dilatorias por parte del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, provocando debates útiles pero interminables que acaban en la más absoluta inacción; y, desde luego, porque esta iniciativa ha servido, desde mi punto de vista, para desenmascarar la verdadera intención del Grupo Parlamentario Popular, que apoyó hace más de un año la creación de un instrumento legal integral contra la trata de seres humanos y que hoy, como decía mi compañera la diputada doña Delia Blanco, se postra de hinojos ante el Gobierno pidiendo que se consolide lo que ya se está haciendo para la trasposición de la directiva y olvida la creación de este instrumento legal integral.
Como estamos hablando de esclavitud, como decía la portavoz de mi grupo, me gustaría recordar a un parlamentario británico que tuvo una lucha durísima en el Parlamento británico hace más de un siglo, el señor Wilberforce, que tardó dieciocho años en que el Parlamento británico aprobara un instrumento que aboliera la esclavitud. Espero que no tardemos tanto en convencer al Partido Popular de que esta ley es necesaria e imprescindible. Además, leyendo la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y escuchando la intervención de su portavoz, he visto que le han pasado el mismo argumentario que expuso el secretario de Estado de Justicia hace apenas una semana en la Comisión Mixta para la Unión Europea ante las preguntas de mi compañera en el Senado, la señora Marra Domínguez, que preguntaba sobre el incumplimiento de la directiva europea y sobre los expedientes abiertos por la Comisión Europea por el incumplimiento de esta normativa. ¿Qué es lo que me preocupó escuchándolo? Ya sabíamos que habíamos incumplido el plazo, pero si uno escucha al secretario de Estado y hoy al portavoz del Grupo
Popular, llega a la conclusión de que no es así, de que nuestro país cumple con la directiva, de que no queda nada más por hacer y de que, tras hacer un catálogo de la inmensa cantidad de cosas que ha hecho nuestro país y este Gobierno contra la trata de seres humanos -por cierto, muchas de ellas anteriores a la aprobación de la directiva-, España -dicho literalmente por el secretario de Estado- ya cumple con sus principales exigencias, a falta de alguna precisión jurídica. Claro que en nuestro país ha habido muchos avances, muchísimos, pero ¿ni una sola palabra sobre la ley integral que ha pedido por unanimidad esta Comisión? ¿Ni un compromiso del Gobierno sobre los instrumentos que piden todos los grupos parlamentarios, que recomienda la Defensora del Pueblo, que reivindican todas las organizaciones sociales? Sinceramente, no lo entiendo. No se pueden generar dudas en un asunto de esta gravedad; no se puede ser tibio en un asunto de Estado; no se puede incumplir con la voluntad unánime...
La señora PRESIDENTA: Señor Tudanca, por favor, le pido que termine, porque se ha pasado dos minutos.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Voy terminando, presidenta.
No se puede incumplir con la voluntad unánime del Congreso de los Diputados, expresada hace más de un año por esta Comisión.
Para terminar, con brevedad, hablando de vulneración de derechos humanos y de esclavitud, me gustaría hacerlo con una cita de Sartre, que decía que el hombre nace libre, responsable y sin excusas, y yo creo que es la libertad lo que todos los grupos queremos para las víctimas de trata, es responsabilidad lo que se requiere de los diputados y diputadas de esta Comisión a la hora de dotar a nuestra sociedad de los instrumentos necesarios para lograrlo...
La señora PRESIDENTA: Señor Tudanca, le pido, por favor, que termine en un segundo.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Termino ya, presidenta.
Y desde luego, no queremos más excusas para demorar la aprobación de una ley integral para la lucha contra la trata de seres humanos. (Aplausos).
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS CONDUCTAS SEXISTAS Y EL CIBERACOSO, COMO FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LA JUVENTUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002475).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la cuarta proposición no de ley sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso, como forma de violencia de género entre la juventud, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Tiene la palabra su portavoz, la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Hemos presentado esta proposición no de ley como reacción a una realidad, que es el incremento de casos de violencia machista entre adolescentes. Los expertos lo atribuyen también a la facilidad de acceso que tienen estos adolescentes a las nuevas tecnologías. De hecho, la mayoría de ellos son nativos digitales y el manejo de estas tecnologías es constante por parte de los adolescentes. Aparte de ser un activo y de tener muchísimas oportunidades de comunicación, esto tiene también su parte negativa, que es el incremento del control sobre su propia vida, de lo que tienen que ser conscientes estos adolescentes. El hecho de que alguien les pregunte con quién hablan, pedir fotos de la localización de dónde uno se puede encontrar en un determinado momento o revisar qué tipo de amistades acepta uno en su red social, pueden ser conductas que deriven después en otras actuaciones. De hecho, estas son ya conductas de control, de supervisión, que pueden entrañar conductas machistas y que son susceptibles de ir perjudicando el libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Por ello, vale la pena que se pueda poner el foco en esta realidad que tenemos hoy en día. La mayor parte del control que se realiza entre los jóvenes hoy en día es vía móvil y queríamos poner el acento en esta iniciativa. Es cierto que los jóvenes cada vez son más conscientes de qué es o qué supone la violencia machista, por eso también quizás las estadísticas denotan un incremento en la violencia machista entre los jóvenes, porque se es más consciente de que una determinada conducta entraña una conducta de violencia sexista.
La proposición no de ley que hemos presentado contiene tres aspectos. Por supuesto, no aceptaríamos lo que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular e intentaré explicar el porqué. El primer punto que nosotros solicitábamos es incluir la situación de las adolescentes como víctimas directas en todas las regulaciones de los textos legales sobre violencia machista, de acuerdo con el párrafo f) del artículo 3 del Convenio de Estambul, según el cual el término mujer incluiría también a las niñas menores de dieciocho años. Esto de rebote implica una eventual modificación de la Ley orgánica de medidas contra la violencia de género, porque no recogíamos esta realidad. Además, la propia ley tampoco tiene ninguna relación -o no hace ninguna referencia- a lo que podría suponer o entrañar violencia machista entre los jóvenes como consecuencia de la utilización de las redes sociales.
El segundo punto que pedíamos al Gobierno -basándonos en la racionalización y el principio de una Administración, una competencia- es que dotase a las comunidades autónomas de los fondos necesarios para que realizasen las campañas de concienciación. El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una propuesta de enmienda que dice que es la Administración central quien va a realizar las campañas y las va a poner a disposición de las comunidades autónomas. No es lo que nosotros entendemos como principio de racionalización de los servicios de la Administración. Debe realizar la actividad aquel que tiene la competencia, y en este sentido está transferida a las comunidades autónomas, y aquellas que ya tienen la competencia transferida y que de hecho la están ejerciendo, como es el caso de Cataluña entre otras, pueden tener su propio diseño de campañas y para eso contar con la colaboración del Estado, porque en aquellas comunidades en las que no haya esa competencia transferida es el Estado quien la debe ejercitar. Por eso, en este punto no estamos de acuerdo con la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, creemos que sería importante o interesante promover cursos de formación entre los profesores, entre el colectivo que tiene acceso o con el que están en contacto los jóvenes a diario, donde se incluirían estos profesores, para que estos tengan la formación necesaria para saber qué tipo de conductas suponen violencia machista, violencia de género entre los jóvenes. Aceptaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque de hecho nosotros retiramos este último punto, que era incorporar como tipo penal en al modificación del Código Penal el ciberacoso. Estaríamos de acuerdo, pero este grupo parlamentario lo retiró porque estábamos en la tramitación de la reforma del Código Penal y pensábamos incluirlo en el trámite de enmiendas, digamos, por higiene entre las comisiones. Pero si es una propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Socialista, la recogeremos encantados.
La señora PRESIDENTA: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: En primer lugar, nos gustaría decir que esta iniciativa y todas aquellas que se presenten para defender a menores de los peligros crecientes de Internet, y si además están relacionados con la prevención de la violencia de género, van a ser apoyadas por este grupo con una actitud constructiva para mejorarlas en su caso si es posible. Asimismo, agradecemos al grupo proponente que haya aceptado nuestra enmienda.
A pesar del avance innegable en la concienciación y rechazo de la sociedad y del granito que por la lucha de la igualdad supuso la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, en el año 2004, esta sigue estando dramáticamente presente en nuestra sociedad. En este año son ya veintisiete las mujeres que han muerto y, por tanto, este sigue siendo un problema de enorme magnitud ante el cual no se puede bajar la guardia. Por eso, no nos cansamos de repetir que no se puede retroceder, que no son admisibles los recortes en los presupuestos ni los recortes en las medidas para combatirla. La violencia ejercida por un hombre sobre una mujer solo por el hecho de serlo, violencia que, insistimos, no es doméstica sino violencia machista, hay que aclararlo muy bien, no solo no desaparece sino que además se manifiesta en nuevas formas, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, en este caso se trata de nuevas fórmulas de acoso y persecución a través de las redes sociales. El gran desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto sin duda un gran avance para la sociedad, pero también tiene peligros, sobre todo cuando no se hace un uso responsable o vigilado de ellas. La rápida entrada de los niños y adolescentes en el mundo de las tecnologías los convierte en un colectivo especialmente vulnerable a las situaciones de riesgos asociados a la red. La edad de inicio en el uso de las redes sociales, según los últimos estudios, está en los diez años; la edad de incorporación al uso del teléfono móvil está entre los once y los trece años, y el incremento de este aparato ha sido de un 35% en Europa en los últimos años. Según los últimos estudios, más del 80% de los jóvenes tienen al menos un perfil en las redes sociales,
por lo tanto hay que hacer ese seguimiento exhaustivo de cómo está funcionando para evitar cualquier tipo de problema de acoso. Abordar el problema de la violencia de género supone comprender todas las causas y los factores que lo definen y las múltiples formas en que se ejercen, siendo una de ellas a través de las redes sociales, siendo conscientes de que la única respuesta preventiva eficaz tiene que ser de carácter integral. Igualmente, es necesaria la aplicación efectiva y el desarrollo de todas las medidas previstas en materia de violencia de género. Debemos poner especial atención en el centro formativo, ya que es allí donde los adolescentes desarrollan sus pautas de socialización, y es importante por tanto convertir a la escuela en un espacio igualitario como prioridad e implicar en la formación en igualdad a todo el profesorado.
En relación con el ciberacoso, las diferentes guías editadas, así como los estudios publicados, alertan de la importancia de la implicación de padres, educadores y profesores en el uso que hacen los jóvenes de las redes, promoviendo una conducta responsable y fomentando las relaciones positivas para detectar y actuar de forma precoz en los casos de ciberacoso, ciberbullying o sexting. Nuestro grupo ha presentado bastantes iniciativas -la última la presentó nuestra compañera María José Rodríguez- sobre la violencia de género en la juventud. En su iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, también contemplaba este tipo de prevención sobre el acoso a través de las nuevas tecnologías. Pedimos que esas medidas que se consensuaron se pongan en marcha cuanto antes. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, se ha creado un grupo de trabajo, pero creemos que el Gobierno ha perdido la oportunidad de publicar en el Plan de infancia y adolescencia medidas concretas que tengan que ver con este punto, así como presupuestos específicos para las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de actuar en estos casos. Por tanto, planteamos apoyo a esta iniciativa y esperamos que el Gobierno empiece a actuar en esta materia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora Serrano.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Es evidente que, como se ya expuesto aquí y como todos conocemos perfectamente, el rapidísimo desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y el conocimiento, como son las redes sociales o Internet, y además no solamente la aparición de estas nuevas tecnologías y de estas redes sociales, sino su uso generalizado, están provocando grandes cambios y avances en nuestra sociedad, la inmensa mayoría dentro de la información y el conocimiento, todos ellos muy positivos y que además han revolucionado claramente nuestra forma de relacionarnos socialmente. Pero esto no deja de tener, como no puede ser de otra forma, la otra cara de la moneda, que son sus riesgos, puesto que normalmente actuamos a través de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas redes, con un cierto anonimato que nos trae unas situaciones de riesgo o delictivas que hacen que parezca que no se produce dentro de la vida real. Este vertiginoso cambio al que estamos asistiendo, y al que se hace además referencia explícita dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que nos trae aquí Convergència i Unió, nos hace a todos conocedores de la gran preocupación que sentimos yo creo que toda la humanidad en este momento, pero especialmente vamos a centrarlo en todos los españoles, así como -cómo no, y así lo ha puesto de manifiesto- el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, cómo no, porque así también lo ha puesto de manifiesto como cabeza visible, su ministra, doña Ana Mato.
Es evidente que distribuir hoy en día -todos lo conocemos- por Internet imágenes o datos comprometidos que tengan un cierto contenido sexual, o crear perfiles falsos, o alimentar rumores en las redes sociales, o acceder al ordenador de una víctima para controlar sus comunicaciones con terceros, son conductas que revelan claramente lo que podemos definir como el ciberacoso. Ante esto se han realizado ya serios estudios a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Concretamente se ha realizado uno en 2012 y otro muy recientemente en 2013, y es alarmante porque dentro de esas conclusiones se pone de manifiesto que precisamente las nuevas tecnologías se han convertido en una forma cada vez más común de ejercer este tipo de violencia, ante la cual, si diagnosticamos esta situación, lógicamente tendremos que actuar. Es más, casi el 30% -es alarmante la cifra, uno de cada tres- no considera una conducta de riesgo contestar a un mensaje en el que le están insultando, e incluso uno de cada cuatro colgaría una fotografía -me estoy refiriendo a los menores- que sus padres no autorizarían. Por tanto, insisto, ante estos diagnósticos que ponen de manifiesto los estudios que ha llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno del Partido Popular y de todos los españoles, lógicamente hay que actuar. Es por eso que se han puesto en marcha no solamente
medidas que ya estaban incluidas en el Código Penal, sino incluso medidas educativas que se suman a las medidas penales que existen en este momento.
Tenemos claros ejemplos que ponen de manifiesto la actuación ante esta preocupación como es, por ejemplo, la del secretario de Estado en la clausura de las jornadas sobre menores y redes sociales hace relativamente poco, cuando defiende los hábitos saludables en el consumo de Internet. Otro claro ejemplo es el del director del Injuve hace relativamente poco, cuando dice que no bajemos la guardia ante la intolerancia que hay en Internet. Otro claro ejemplo es el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, donde se refuerza clarísimamente la protección de los menores ante las situaciones de maltrato, y el cuarto y último ejemplo que les puedo poner es el propio Ministerio de Sanidad y a la cabeza su ministra, que quiere mejorar sistemáticamente los niveles de seguridad para reforzar la lucha contra los ciberdelitos y la pornografía infantil, caso que también nos escandaliza a todos.
Es por eso que el Grupo Popular -así justificó la presentación de esta enmienda y es por lo que he puesto de manifiesto esos cuatro ejemplos, aunque podríamos hacerlo muy largo y muy prolijo, pero no quiero cansarles, además no tenemos tiempo- presenta esta enmienda diciéndoles que, como no puede ser de otro modo, incluimos los cuatro puntos a los que hace referencia la proponente pero le voy a decir algo más: usted pertenece, como otros muchos miembros de esta Comisión y, cómo no, de esta Cámara, a una subcomisión que se está llevando a cabo dentro de la propia Cámara, del propio Congreso de los Diputados, donde el objeto es reforzar la prevención del acoso en Internet, que es el alma precisamente de esta iniciativa parlamentaria, y además otro de los objetivos claros -porque no solo hay que fijar el objeto, sino que hay que poner los instrumentos y los medios para alcanzar ese objetivo- es reforzar las unidades policiales competentes y de protección del menor. Es decir, hace menos de un año se ha constituido en esta casa una subcomisión de estudio como una herramienta clave para que, de forma consensuada entre todos los grupos políticos, como no puede ser de otra forma, se haga una estrategia nacional de carácter integral no solamente con estas medidas que la proponente plantea aquí, sino con muchísimas más, insisto, una estrategia nacional de carácter integral para afrontar no solamente la protección, sino también la educación, absolutamente clave, de los menores ante la red y la prevención de delitos, porque es verdad que hay que abordar los delitos, pero también es verdad que es mucho mejor empezar por prevenirlos. Por lo tanto -y la proponente misma ha hablado del tema de competencias cuando hacía referencia al punto 2 en el caso de las comunidades autónomas-, precisamente por ese buen hacer, por esa economía procedimental y por esa competencia, si en este mismo Congreso de los Diputados hay una subcomisión donde ya ha comparecido gente tan importante como el representante de Google España, como el director de todas las redes sociales, o como gente que conoce y está haciendo propuestas, si esa subcomisión está en estudio y está a punto de concluir sus propuestas, esperemos a ese momento, que será lo racional, e incluyamos además de estas tres todo lo demás para hacer una estrategia no solamente nacional, sino además integral de todas estas cuestiones. Eso es lo que nos parece prudente y esta enmienda transaccional es la que presenta el Grupo Popular in voce en este momento.
La señora PRESIDENTA: Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Cantó, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORA: Apoyaremos esta propuesta que nos trae Convergència i Unió porque realmente en la exposición de motivos estamos de acuerdo en casi todo, solo quisiera hacer un par de precisiones. Primero, que el grupo proponente gobierna en una comunidad autónoma que tiene asumida esa competencia, por lo tanto también tiene asumido el presupuesto. Yo entiendo que allí hay dificultades presupuestarias, pero creo que Convergència i Unió debe asumir que esas dificultades presupuestarias vienen dadas también por su forma de gobernar, incluso por la forma de gobernar que han tenido los partidos que gobernaban en la legislatura anterior. También hay que recordar que no todo es una cuestión de fondo, sino en este caso, gobernando, de priorizar el gasto y también de mejorar la eficiencia del gasto.
Nos gustaría decir que se podrían reforzar desde aquí, desde el Gobierno, con fondos nacionales, las campañas de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que podrían hacer un trabajo muy interesante en colaboración con los centros escolares. Me parece muy buena idea del grupo proponente la de incluir la situación de las adolescentes como víctimas directas en todas las regulaciones de los textos legales, y citaba todo lo que tiene que ver con el Convenio de Estambul, es una buena idea. Pero a mí me gustaría simplemente, y lo digo porque me ha saltado la alarma escuchando al
Grupo Socialista, pedir que no nos olvidemos de los niños. Hemos escuchado hablar mucho de violencia de género acerca de las niñas, pero me parece importante recordar que también los chicos, los niños sufren ciberacoso y que hay una pluralidad desgraciadamente muy amplia de formas en las que este ciberacoso se pone de manifiesto. La violencia de género es un fenómeno que se solapa con el anterior -no deben confundirse- pero, repito, veamos y estudiemos la pluralidad de todas esas desgraciadas manifestaciones en las que el ciberacoso puede surgir y puede poner en grave peligro a nuestros hijos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero queremos resaltar la importancia de fomentar e impulsar una educación adecuada de las tecnologías de la información y el conocimiento. No solo del uso adecuado de las tecnologías sino además, y de manera prioritaria, educando para ofrecer instrumentos que permitan desarrollar a los y las jóvenes las habilidades sociales, emocionales y el respeto mutuo ante los riesgos que implica la exposición emocional y de la imagen íntima en las redes sociales. Creemos que es muy importante resaltar la necesidad de que en las aulas se pueda debatir de manera preventiva y también informar a los y las jóvenes sobre la violencia de género en todos los ámbitos, en toda la extensión, también la violencia de género de baja intensidad y por supuesto la que se desarrolla en la redes, denunciándola e identificándola. Por eso es tan importante que se trabaje sobre ello, porque los estudios que hemos podido ver desde La Izquierda Plural indican algo muy alarmante, y es que los y las jóvenes ven el hecho como algo absolutamente normalizado, que ocurre y no son conscientes siquiera de que ocurre. Por tanto, votaremos a favor. También queremos resaltar que el Plan estratégico de infancia y juventud podía haberlo incorporado perfectamente, como aquí también se ha dicho, y esto abunda más en la necesidad de que se tenga en cuenta esta proposición no de ley.
- SOBRE CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000956).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto quinto del orden del día. Proposición no de ley sobre cumplimiento por el Gobierno de los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra su portavoz, la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Aunque la historia debería transcurrir siempre hacia delante, en los derechos de las mujeres no siempre es así, especialmente en los derechos sexuales, y hay momentos en los que las mujeres corremos el riesgo de retroceder. En España esa amenaza tiene su punta de iceberg en la retirada de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 y la aprobación de una reforma regresiva que penaliza el aborto. Ese debería ser un debate ampliamente superado por un país democrático como el nuestro, pues está aceptado a nivel internacional que el concepto de salud sexual y reproductiva conlleva la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear; la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo; cuándo y con qué frecuencia.
Podemos recordar innumerables ocasiones o hitos donde se hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional, como que la definición de salud sexual y reproductiva tiene su origen en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de Naciones Unidas que tuvo lugar en El Cairo en 1994. También que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas es donde se reconoció el derecho al acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. O que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas se aprobó la declaración y plataforma de acción donde se afirma rotundamente que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluidas su salud sexual y reproductiva libres de coerción, discriminación y violencia, reconociendo que la capacidad de las mujeres para controlar la fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. Y, por último, que en 1996 la Unión Europea y todos sus Estados miembros adoptaron formalmente el Plan de acción sobre población y desarrollo de El Cairo y que a partir de ese momento la política de la Unión Europea en salud sexual y reproductiva sigue o debería seguir esas directrices.
Señorías, el Gobierno de España es signatario de todo esto. Sin embargo, las políticas y actuaciones del Gobierno de Rajoy no solo no cumplen con estos compromisos, sino que en ocasiones actúan en contra de estas directrices. Por parte del Gobierno de Rajoy estamos presenciando un discurso esquizofrénico, tramposo y de contradicción, porque con la reforma de ley de Gallardón de penalización del aborto estamos yendo en contra de los principios que hace décadas España ya asumió. Estamos en un momento difícil para la salud sexual y reproductiva, donde el Gobierno de España está haciendo todo lo posible para retroceder, comenzando por el interior de nuestras fronteras, desoyendo también el informe de 2011, presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas por Anand Grover, relator especial sobre derechos relacionados con salud física y mental, que pone en evidencia la interacción entre las leyes penales y el resto de restricciones jurídicas que afectan a la salud sexual y reproductiva, así como la obligación de eliminar estas barreras por vulnerar el derecho a la salud. Al examinar sus efectos en el aborto, la conducta durante el embarazo, los métodos anticonceptivos, la planificación familiar o el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva, el relator incide en calificar dichas barreras penalizadoras como discriminatorias y que atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades dimanantes del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física de las mujeres y las adolescentes. Por consiguiente, las barreras erigidas con arreglo a leyes penales y otras leyes y políticas que afectan a la salud sexual y reproductiva de forma restrictiva deben eliminarse inmediatamente, a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la salud. Por ello recalcamos que la reforma planteada por el Gobierno de penalización del aborto y eliminación de la estrategia de prevención en materia de salud sexual y reproductiva vulnera los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por España, lo que viene a reforzar nuestra denuncia acerca de que no se puede firmar con una mano a nivel internacional todas estas conferencias y declaraciones y con otra mantener y promulgar leyes que aboquen a las mujeres a un aborto clandestino e inseguro, además de eliminar toda la estrategia de prevención en materia de salud sexual y reproductiva, una amenaza que, de materializarse, supondrá el mayor retroceso democrático de nuestra historia.
Señorías, sobre la base de que todos los Estados están obligados a aplicar los compromisos contenidos en el Programa de Acción de El Cairo sobre población y desarrollo, tanto en su correspondiente nivel nacional como en el global, exigimos al Gobierno de Rajoy que garantice los derechos de las mujeres y cumpla los compromisos internacionales, manteniendo la prioridad en equidad de género y derechos de las mujeres. Pedimos que en apoyo del pleno cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo hacia la Agenda de desarrollo más allá del 2014 se integre la centralidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres, incluidas las niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y desarrollo. Y que el Gobierno establezca acciones específicas para que en proceso de aplicación del Programa de Acción de El Cairo más allá del 2014 se impulse una acción concertada entre Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios colectivos de mujeres, que conlleve el acceso universal y sin barreras a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad integrales e integrados, incluyendo el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad de género entre hombres y mujeres. También que, con el fin de respetar los derechos humanos de las mujeres, se asegure que en desarrollo de la legislación actualmente vigente en nuestro país se preserve el acceso a la información adecuada, a los anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo segura y legal, en el marco de la prestación de los servicios correspondientes. Y, por último, informar a la Comisión de Igualdad sobre las actuaciones y medidas previstas en relación con el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo y su desarrollo en el ámbito de cooperación internacional y de nuestro país, con el fin de asegurar su adecuado seguimiento y evaluación en sede parlamentaria.
Termino, señora presidenta, diciendo que no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular porque, entre otras cosas, eliminar el segundo punto que planteamos, que habla de respetar la legislación vigente, no es evidentemente una mejora técnica y no se puede aceptar porque es dejar de defender el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La proposición no de ley que debatimos hoy en Comisión, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, exige de la Comisión de Igualdad que inste al Gobierno a tres cosas diferentes. En primer lugar, establecer acciones específicas para que en el proceso de aplicación del Programa de Acción de El Cairo más allá del año 2014 se impulse una acción concertada
entre Gobiernos -y recalco Gobiernos- y sociedad civil, que conlleve servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Quisiera hacer una observación en relación con este primer punto, puesto que el plural de la denominación Gobiernos hace algo ambigua esta demanda toda vez que no se determina con exactitud si se refiere a la actuación del Gobierno estatal y los Gobiernos autonómicos en el ámbito del Estado español o se refiere a la actuación del Gobierno de España en su posición ante los organismos internacionales vinculados a la evaluación y cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo o a ambos. El segundo punto es asegurar que se preserve el acceso a la información adecuada, a los anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo segura y legal. Y el tercero, informar a la Comisión de Igualdad de las actuaciones y medidas previstas en relación al cumplimiento de Programa de Acción de El Cairo en el ámbito de la cooperación internacional y de nuestro país para su seguimiento en sede parlamentaria.
La exposición de motivos, muy detallada y ampliamente documentada, siguiendo el excelente resumen que sobre el tema proporcionan Lucía Mazarrasa, del Instituto de Salud Carlos III, y Sara Gil Tarragato para el Ministerio de Sanidad, revisa la aparición del concepto de salud sexual y reproductiva procedente del interés específico que se tuvo, en primer lugar, en la salud materna e infantil, derivando posteriormente hacia este nuevo concepto fundamental, el de salud sexual y reproductiva, en el que no se trata la cuestión de la maternidad y la planificación familiar como un mero problema demográfico, sino como un factor esencial del bienestar y la calidad de vida de las personas, siempre en el marco de los derechos humanos, tal y como muy bien se establece en esa misma exposición de motivos.
La posición de España como miembro de la Unión Europea ha sido siempre la de alineación con el concepto de derechos sexuales y reproductivos. Ha ratificado siempre los objetivos propuestos en las resoluciones para la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Nuestro país cuenta con un marco jurídico en relación con los derechos de salud sexual y reproductiva definido en leyes que apoyan además la declaración de los objetivos de desarrollo del milenio. Así se ha establecido en su legislación y así se recoge también en el acuerdo del Plan director de la cooperación española 2013-2016, donde se dice explícitamente: Las líneas para la igualdad formal buscarán la adecuación de los marcos normativos de los países a la normativa internacional sobre género, especialmente relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos sexuales.
Asímismo, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incluye la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y en el caso de las mujeres extranjeras embarazadas no registradas ni autorizadas como residentes en España, tienen derecho a que el Sistema Nacional de Salud les proporcione asistencia en el embarazo, parto y posparto con la misma extensión reconocida a las personas que ostentan la condición de aseguradas. España cumple, por lo tanto, con los compromisos derivados del Programa de Acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en El Cairo en 1994, tanto en el plano de la cooperación internacional como internamente. La definición de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, aun no estando completamente clara, puesto que ha sido tratada y modificada en varias conferencias diferentes con textos distintos, incluye sin lugar a dudas el derecho a la asistencia sanitaria en el parto, la planificación familiar y sus correspondientes servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de anticoncepción, cuidados para los recién nacidos o incluso el derecho a decidir cuándo y cómo mantener relaciones sexuales con el objetivo de que las personas, pero muy especialmente las mujeres, se configuren como sujetos de derecho en el ámbito de la sexualidad y la reproducción con una mayor autonomía, pero en ningún caso incluye el aborto. (La señora Montón Gímenez: ¡Aborto seguro!). Las referencias que se hacen al aborto en este informe -como su señoría, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y la secretaria segunda, que firma la iniciativa, saben muy bien- tienen relación con -y cito textualmente- servicios de aborto sin riesgo, siempre que esos servicios estén permitidos por la legislación nacional -lógico, por otra parte-, de manera que en los países en los que el aborto es legal, queda a decisión evidentemente de cada Estado determinar los requisitos y condiciones en los que se puede practicar dentro del marco constitucional del Estado concreto. En esas condiciones, por supuesto, debe garantizarse que se presten servicios sanitarios de aborto sin riesgo, obligación que el Estado español ha cumplido desde la Ley de 1985 y que evidentemente el anteproyecto de ley que ha comenzado su tramitación estas Navidades pasadas no tiene ninguna intención de menoscabar.
Teniendo en cuenta que consideramos -termino ya- que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista debe enmendarse mejorando su redacción porque no aporta novedades sobre lo que está realizando ya el Gobierno de España, sí hay un punto que nos parece interesante, el tercero, aquel que propone que el Gobierno informe a la Comisión de Igualdad de las actuaciones y medidas
previstas con relación al cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo en el ámbito de la cooperación internacional para su seguimiento en sede parlamentaria. Creemos que se trata de una cuestión que permitiría analizar más pormenorizadamente en materia de género ese cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo en lo que se refiere a nuestra acción exterior, puesto que su cumplimiento interno ya viene siendo objeto de seguimiento por parte de esta Comisión y de otras comisiones de manera regular. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Votaremos a favor de la propuesta que nos trae aquí el PSOE porque en realidad lo que pide es el cumplimiento de acuerdos internacionales que están amparados por instituciones internacionales con las que estamos vinculados. No puede ser de otra forma.
Me gustaría hacer dos o tres puntualizaciones. En cuanto al acuerdo uno, que dice que conlleve el acceso universal y sin barreras a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, nosotros compartimos la necesidad de un acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, y añadimos que se garantice la prestación de estos servicios sin diferencias entre las comunidades autónomas. En ese sentido, hay que recordar que la estrategia nacional de salud sexual y reproductiva elaborada a partir de la de la aprobación de la Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, llegaba ya a la conclusión de la existencia de variabilidad territorial en la atención a la salud sexual en España.
El acuerdo dos dice que se preserve el acceso a la información adecuada, a los anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo segura y legal, en el marco de la prestación de los servicios públicos correspondientes. Ciertamente, el espacio que el anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada da a la educación sexual y a la prestación de servicios de salud sexual es mínimo, y eso, según nosotros, denota la poca importancia que merece para el Gobierno la educación y la salud sexual como forma de prevención de embarazos no deseados. Es esa contradicción de un Partido Popular que parece no querer tener embarazos no deseados pero que tampoco dota a nuestros jóvenes de la educación y de la salud sexual suficiente como para poder y saber cómo impedir esa situación. Es difícil no apoyar el acceso a la información y formación en salud sexual con una visión holística -o eso quisiéramos nosotros- de la salud como bienestar integral en todos los ámbitos. Sin embargo, también me gustaría añadir que, viendo la redacción del acuerdo, se pone en plano de igualdad anticonceptivos e interrupción de embarazo. Desde Unión Progreso y Democracia nosotros consideramos que el recurso al aborto es demasiado a menudo consecuencia de un fracaso en la educación sexual e insistimos en poner de nuevo el acento, en poner más el acento en una formación sexual eficaz incluida en el currículum educativo obligatorio, que proporcione toda la información sobre los métodos anticonceptivos y formas de acceso a los mismos desde los servicios de la sanidad pública. Esto no puede implicar considerar el aborto con frivolidad, como un método anticonceptivo más. Las interrupciones del embarazo son un dilema moral al que se enfrenta la mujer gestante, que requiere máxima comprensión y apoyo de los poderes políticos, obligados a dar soluciones a los destinatarios de la ley. El aborto no debe ser un problema legal pero tampoco debe ser tratado con la banalidad propia del que lo considera un método más, junto a otros, de control de natalidad. Es coherente, aparte de todo lo que he dicho, realizar un seguimiento y una evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia sexual y reproductiva.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra la portavoz de La Izquierda Plural, la señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural vamos a apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pero queremos resaltar que ha sido gracias a las luchas de las asociaciones y las organizaciones feministas a nivel internacional que se han sucedido esta serie de importantísimos hitos que relatan de manera minuciosa en su proposición no de ley sobre legislación y que tienen que ver con los compromisos internacionales de la historia reciente sobre la salud sexual y reproductiva y el derecho de las mujeres de ser o no madre. Desde que por primera vez se acuñó el término de salud sexual y reproductiva en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de
Naciones Unidas, celebrada en El Cairo en 1994, hasta que un año después se reconoció por la Conferencia de Naciones Unidas en Beijing que los derechos sexuales de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad era un derecho humano porque tenía como consecuencia la obtención de otros derechos también humanos, se ha hecho un avance en la legislación internacional, que los países han garantizado en mayor o menor medida, pero cumpliendo con estos mínimos de garantía -vuelvo a repetir- de salud y tomando en cuenta las decisiones de las mujeres de manera táctica. Quisiera resaltar que el aumento de las leyes restrictivas, las leyes que no cuentan con la información ni con la educación necesaria, aumentan la mortalidad de las mujeres -son datos constatados a nivel internacional- al someterse a abortos inseguros. El Gobierno, por tanto, tiene la obligación legal de cumplir con estos tratados internacionales, porque ahora los está incumpliendo, desmarcándose también del marco legislativo que garantiza los derechos a decidir de las mujeres sobre su maternidad en la propia Unión Europea. Se está desmarcando, por tanto, de sus obligaciones legales a nivel internacional en esta materia al presentar el anteproyecto de ley del aborto. Está en la información y tendremos que ver cuáles son los resultados, pero de momento La Izquierda Plural apoyará esta proposición no de ley, porque es muy simple lo que pide: que el Gobierno cumpla con los tratados y los compromisos internacionales respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán. La Señora Ciuró.
La señora CIURÓ Y BULDÓ: Como todas sus señorías saben, somos la rara avis de este Parlamento y Convergència i Unió tiene libertad de voto en estos asuntos. Y no solo es que Convergència i Unió tenga libertad de voto en estos asuntos que afectan al tema del aborto, sino que además la propia Convergència, partido al que yo pertenezco, también tiene, a su vez, libertad de voto. Me permitirán entonces que hoy no surfee en conceptos ambiguos para no decir nada, aunque sí quiero decir que a título personal apoyaría, si pudiese, esta proposición no de ley. Por tanto, el voto de Convergència i Unió será de abstención sobre la base de esta libertad de voto que tiene el grupo parlamentario.
- RELATIVA A LAS PREVISIBLES CONSECUENCIAS PANDÉMICAS DEL ABORTO INSEGURO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002451).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la sexta proposición no de ley, relativa a las previsibles consecuencias pandémicas del aborto inseguro. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Antes de pasar al debate de esta proposición no de ley, señora portavoz, quiero comentarles que quedan dos proposiciones no de ley. Si seguimos cumpliendo los tiempos que cada uno de los portavoces tienen acreditados según Mesa y portavoces, podremos terminar la Comisión alrededor de las siete, cuando estaba previsto que finalizara. Tiene la palabra la señora Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su proposición no de ley.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Permítame que inicie la intervención utilizando el hecho de que usted misma, señora Quintanilla, y la diputada Delia Blanco son personas que visitan el Consejo de Europa con frecuencia y que, por tanto, posiblemente pueden ayudar a la señora González a salir de su error, recordándoles que la Resolución 1608 del Consejo de Europa aboga por leyes nacionales que respeten el derecho a decidir sobre la maternidad con plazos y supuestos. Por tanto, sí hay documentos internacionales y, por supuesto, muchos otros de Naciones Unidas que no les citaré para no entretenerme, que hablan del derecho a decidir y al aborto. (La señora vicepresidenta, Rodríguez Maniega, ocupa la Presidencia).
Voy con mi proposición. La vigente Ley de salud sexual y reproductiva pretende poner en manos de las mujeres la decisión sobre el número de hijos y el espaciamiento en que desean tenerlos. Para ello, se articuló un sistema de control de los embarazos que consiste en la combinación de tres elementos: La implementación de la educación sexual como materia curricular; el acceso real a la anticoncepción con la liberalización de la píldora poscoital y la inclusión de anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la Seguridad Social; y, finalmente, el reconocimiento del libre acceso al aborto en un plazo limitado a las catorce semanas.
El Partido Popular pretende eliminar estos tres elementos, que han sido clave para que las mujeres acabasen con la imposición del determinismo biológico de determinados números de embarazos imprevistos o no planificados. Ha iniciado una cruzada limitando la educación sexual, dificultando el
acceso a los anticonceptivos de última generación -les recuerdo que ya han dejado ustedes de financiar ocho píldoras- y amenazando con reproche penal a quienes ofrezcan atención sanitaria segura para la interrupción voluntaria del embarazo. Su anteproyecto supone abocar a las mujeres a la práctica de abortos autoinducidos, y eso, señorías, supone riesgos sanitarios que la ciudadanía debe conocer y de los que el Gobierno tiene la obligación de informar.
El análisis de los datos oficiales puede ayudar a dibujar el mapa de las que se verán abocadas a realizar interrupciones en otros países y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas. La Sociedad Española de Anticoncepción, la de Obstetricia y Ginecología, las clínicas acreditadas y los más prestigiosos ginecólogos -incluido, por ejemplo, el señor Dexeus, que saben perfectamente ustedes a quién atiende-, les están avisando de este cálculo fatídico. Todos han hecho proyecciones del riesgo: 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad; unas 50.000 mujeres viajarán al extranjero; unas 50.000 recurrirán a prácticas clandestinas, y hasta un 40% de esos abortos clandestinos conllevarán complicaciones que ponen en riesgo la salud física de la mujer. Esto, señorías, supone que 20.000 mujeres recurrirán a la realización de abortos por personas que carecen de las habilidades y conocimientos necesarios o recurrirán a la práctica de abortos autoinducidos, generalmente -tengo que decir- en malas condiciones higiénicas y sanitarias, y practicados con instrumentos punzantes o con sustancias peligrosas para su salud. Si aplicamos las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre muertes como consecuencia de aborto inseguro, en España podrían producirse más de doscientas muertes de mujeres y miles sufrirán incapacidad permanente o transitoria o infertilidad por prácticas relacionadas con aborto inseguro.
Señorías, es competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conocer los efectos derivados de la clandestinidad en materia de aborto, máxime cuando somos conscientes de que una mujer que desee interrumpir su embarazo lo hará en cualquier circunstancia, la ampare o no la legalidad vigente. Es en ese marco, y en el marco de esa competencia, que el Grupo Socialista propone al Ministerio de Sanidad que informe sobre el número previsible de intervenciones quirúrgicas de urgencia para atender lesiones derivadas de abortos practicados con instrumentos punzantes o por perfusiones vaginales. Señorías, el catálogo de métodos para interrumpir el embarazo es conocido y sus escuelas también. Para los abortos practicados con instrumentos punzantes como las agujas de punto, lo más común es: Perforación uterina, perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales o desgarros del cuello del útero. Las consecuencias de estas lesiones son: Peritonitis, abdomen agudo, hemorragias, infecciones agudas, resecciones intestinales, extirpaciones uterinas y esterilidad, fístulas recto-vesicales con incontinencia urinaria y fecal, y muerte por shock hipovolémico o por shock séptico. Es verdad, señorías, que las habrá que les provoque pavor estas prácticas y busquen la interrupción del embarazo a través de lavados vaginales con sustancias variadas o por vía oral con distintas medicaciones. Para esas, las complicaciones más frecuentes serán: Quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad; hipertensión; edema pulmonar y parada cardíaca; embolismos que, según el vaso donde impacten, generarán infartos pulmonares cardíacos o cerebrales provocando graves secuelas y, en algunos casos, la muerte.
Quizá, señorías, ni ustedes, ni yo, ni nuestras hijas, ni nuestras nietas se verán obligadas a estos estragos. Quizá puedan pagarse la seguridad sanitaria y viajar a países europeos con legislaciones más permisivas. Estas perniciosas consecuencias afectarán fundamentalmente a las mujeres con menos recursos económicos, pero, señorías, las mujeres con menos recursos económicos también tienen derecho a acceder a un aborto en condiciones de seguridad. ¿Hay aquí alguien con autoridad moral para privar a las mujeres sin recursos de un derecho que otras sí podrán garantizarse con dinero? El Ministerio de Sanidad debe prever esas situaciones, conocer estadísticamente el impacto sanitario y económico en el Sistema Nacional de Salud de una medida legislativa que privará de apoyo sanitario seguro a miles de mujeres. Es obligación, por tanto, del ministerio conocer el impacto de tales medidas en la salud de las mujeres. Les pedimos que apoyen esta iniciativa, que persigue que antes de legislar se conozca el impacto de morbilidad y mortalidad que esta norma puede provocar.
Una cuestión de orden. En la cita que he hecho al inicio he dado el número de una resolución del Consejo de Europa y el número que he dado es equivocado. Quería corregirlo. Es exactamente la 1607.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Quiero aprovechar para despedir a las parlamentarias y agradecerles la amabilidad de que hayan asistido a la sesión de esta Comisión. Quiero decirles que esta casa, que este Parlamento sigue con las puertas abiertas para ellas siempre que quieran visitarnos. Esperamos que hoy se haya iniciado un proceso de cooperación mutua. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE ANDORRA (Bonell Tuset): Muchas gracias igualmente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Constará en el "Diario de Sesiones" que nos devuelve las gracias la vicepresidenta del Consejo.
Continuamos la sesión de la Comisión. Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente.
Apoyamos esta iniciativa que pide estudios técnicos dentro de un impacto normativo. Entendemos que se pide informar sobre consecuencias sanitarias y jurídicas, con lo que estamos completamente de acuerdo. Nos parecen menos objetivables las consecuencias psicológicas. No dice tampoco ni quién recomienda que las realicen ni si son adicionales a las preceptivas. Nombra al anteproyecto como de penalización de la interrupción voluntaria del embarazo cuando no se nombra así y pide además una prospección estadística -creemos- de muy difícil elaboración de una casuística con relación muy detallada de posibles lesiones que nadie se atrevería a firmar si no tiene ya unas conclusiones preelaboradas. Por esas razones vamos a votar afirmativamente, pero creía importante elaborar esas dudas que nos producía el texto que ha presentado el Grupo Socialista. Simplemente eso.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Quiero anunciar que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a votar a favor de esta proposición no de ley que ha traído el Grupo Socialista. Hace ya algún tiempo, siendo yo diputada en la Asamblea de Madrid y defendiendo el derecho de las mujeres a su maternidad, la que entonces era presidenta de la Asamblea cuando yo dije la palabra derecho me preguntó desde su escaño cómo podía decir que era un derecho de las mujeres interrumpir su embarazo. Pues vuelvo a reiterarlo aquí: derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en el momento en que consideren que no pueden continuar adelante con él. Es penoso para algunas especialmente, también para esta diputada que les habla, tener que retroceder en el tiempo a situaciones que creíamos ya superadas. Pensábamos que ya estaba superado tener que planificar, promover o subvencionar viajes fuera del Estado español a mujeres que deseaban interrumpir su embarazo y que no podían pagarlo como otras que se iban una semanita a Londres o a cualquier otro lugar donde la interrupción del embarazo sí estaba permitido. Y es verdad todo lo que se dice aquí en cuanto a enfermedades posibles o a situaciones patológicas posibles si se interrumpe el embarazo de forma no sanitariamente controlada. Es verdad y eso lo sabemos aquellas que en su momento tuvimos que tratar con mujeres que sufrían las consecuencias de interrupciones de embarazo dentro de la ilegalidad, teniendo que hacerlo a escondidas porque aquí no se podía hacer de otra manera. Algunas asociaciones de mujeres no teníamos tampoco los recursos suficientes para ayudarlas a marcharse a otros países donde, como he dicho antes, sí estaba permitido. Espero y deseo que esto no se tenga que producir en nuestro país. Por eso, espero y deseo que la ley del Partido Popular continúe guardada en el cajón, no hasta que pasen las elecciones europeas, sino para siempre. Aunque se refieren ustedes en muchísimas ocasiones a la Ley de 1985 -con la que muchas mujeres no estuvimos totalmente de acuerdo-, la han endurecido todavía más y expulsan de la ley a muchas mujeres que en un momento determinado quisieron interrumpir su embarazo.
Solo me queda reiterar que vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Tiene la palabra la señora Ciuró por el Grupo Parlamentario Catalán.
La señora CIURÓ I BULDÓ: En esta ocasión el voto de Convergència i Unió va a ser afirmativo, puesto que no nos vamos a oponer ni a abstener a la realización de un estudio que pueda aportar datos, luz, y ayude a tomar posición a muchos grupos que a lo mejor tienen alguna duda al respecto. Estamos a favor de la propuesta y bienvenida sea.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Tiene la palabra doña Felicidad Rodríguez por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señorías, debe haber una confusión, porque no existe ningún anteproyecto de ley que responda al título al que hace referencia el punto 1 del petitum de esta proposición no de ley ni al expresado aquí por los proponentes. Sí existe, por el contrario, un anteproyecto para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada; un anteproyecto que, retomando el enfoque supuesto, trata de proteger los derechos de ambos de manera que solo en caso de conflicto puedan prevalecer los unos sobre los otros. Tal como establece el Tribunal Constitucional -cito textualmente-, si la Constitución protege la vida, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.
Lo que esta proposición no de ley persigue es crear una alarma social injustificada, haciendo proyecciones apriorísticas sobre un texto que ni siquiera ha llegado al Congreso, sino que se encuentra en fase de consulta previa y, por consiguiente, susceptible de aportaciones y mejoras. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Lo hacen además mediante la inadecuada utilización de conceptos epidemiológicos y de salud, porque los términos de epidemia y pandemia requieren para su establecimiento datos específicos referidos tanto al número de casos como de tiempos y lugares concretos, lo que invalida las extrapolaciones que plantean ustedes sin ningún rigor y sus deducciones apriorísticas. Es más, cuando el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero rompió con el consenso de la anterior Ley de Supuestos, en ningún momento para justificar la ley actual hablaron ustedes de pandemias con la anterior ley socialista. Sorprende también que no se pregunten ni se preocupen de los efectos de la ley actual sobre la salud, en su concepto más amplio, de las niñas a las que se les deja la exclusiva responsabilidad del aborto. Sorprenden también esos alarmismos cuando saben que los sistemas de vigilancia de salud funcionan muy bien. Lo hacen, por ejemplo, en lo que se refiere al ámbito reproductivo para el seguimiento y evaluación en menores de posibles efectos secundarios de determinados progestágenos sintéticos que desde 2009, en virtud de su política reproductiva, son de acceso libre; habida cuenta de que los estudios a esas edades eran muy limitados y lo siguen siendo en lo que se refiere al consumo continuado y abusivo.
En definitiva, con esta proposición no de ley lo único que ustedes quieren es enturbiar el futuro debate sobre una iniciativa legislativa en la que, de hecho, la seguridad de la mujer ocupa un lugar primordial, que vuelve a plantear un enfoque de supuestos frente al aborto libre, abordando aquellas situaciones en las que pueden darse conflictos entre bienes reconocidos por la Constitución: la vida del concebido no nacido y la salud y la dignidad de la mujer embarazada. Por eso, no vamos a apoyar su proposición. Solo quiero añadir que sobre lo que plantean en relación con las consecuencias jurídicas para las mujeres, no hay que esperar a tener datos para hacer un estudio. La ley actual socialista contempla el castigo y la pena para la mujer. El anteproyecto del Gobierno las elimina. (Aplausos).
- SOBRE MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES FRENTE A LA VIOLENCIA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002500).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la séptima proposición no de ley, que es la que figuraba como segunda en el orden del día, porque lo hemos cambiado, y es la que versa sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España; presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el reconocimiento de la condición de titulares de derechos a los niños y niñas en los términos establecidos en la Convención sobre derechos del niño plantea una serie de retos fundamentales a los Estados en varios niveles: la garantía de la protección efectiva de los menores, especialmente cuando sus familias de origen no pueden asumir esta, así como la elaboración de los mecanismos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que la convención consagra en determinados ámbitos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido, por favor, silencio para escuchar al portavoz del grupo proponente.
La Convención sobre los derechos del niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en 1989 se han producido numerosos avances en el cumplimiento de los derechos de la infancia, la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales, así como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector para los menores. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en diferentes ámbitos, siendo uno de los más significativos y graves la violencia ejercida contra la infancia. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en Europa podría haber 18 millones de menores víctimas de abuso sexual, 44 millones de víctimas de violencia física y 55 millones de violencia psicológica. La misma organización añade que casi un millar de niños muere al año en nuestro continente como resultado del maltrato infantil.
En nuestro país se han llevado a cabo medidas para luchar contra la violencia ejercida sobre los menores, por ejemplo, la elaboración y aprobación del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia en abril de este año, el aumento de la vigilancia sobre la protección de los niños frente a abusos sexuales, explotación sexual de menores y pornografía infantil, así como la ratificación del III Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, todavía quedan retos a los que hacer frente para garantizar la protección efectiva de los menores. Organizaciones que fundamentan su actuación sobre el bienestar y protección de la infancia han señalado la necesidad de aprobar, de manera urgente, una ley de medidas integrales para la protección de todos los niños y las niñas frente a la violencia, que sirva, entre otras cosas, para abordar realidades como el acoso escolar, el ciberacoso, situaciones que requieren una atención integral y coordinada hacia menores que han padecido sucesos de violencia, etcétera. Organizaciones como Save the Children apuntan que es necesario establecer definiciones claras de lo que se considera violencia contra los menores, y todas las formas posibles en las que se ejerce, además de reforzar los mecanismos de coordinación de recogida de datos, profundizar en las medidas de prevención, detección e intervención temprana en casos de violencia sobre menores, así como establecer mejores mecanismos de denuncia accesibles para los menores.
Señorías, también se pueden llevar a cabo otras medidas coadyuvantes a las ya iniciadas, por ejemplo, la aprobación de la solicitud conjunta de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados pendiente de debatir, para la creación de una subcomisión para el estudio de la violencia ejercida contra niños y niñas; mejora de los servicios de recogida de información y datos que permitan visibilizar correctamente este problema y abordarlo de manera más eficaz; dotar de los recursos adecuados a las normas y medidas adoptadas para la protección de los menores, y elaborar medidas para que las desigualdades territoriales en materia de protección de la infancia converjan; así como prestar especial atención a los grupos especialmente vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata. El Reglamento de Extranjería, reformado en 2012, encomendaba a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración la adopción de un protocolo marco de menores extranjeros no acompañados, con el fin de coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas. Dos años después todavía no se ha elaborado dicho protocolo.
El texto que nosotros hemos presentado ha sido enmendado y hemos llegado a una transacción con el Grupo Popular que, aunque he repartido, para terminar con esta pequeña intervención me gustaría leer. Quedaría así: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno: a) A actualizar la normativa de protección a los menores actualmente en curso, contemplando nuevas situaciones de riesgo que afectan a los menores y que los proteja de manera efectiva contra la violencia, estableciendo una definición clara de violencia y de las formas en que las padecen los menores. b) Tras evaluar el III Plan estratégico contra la explotación sexual infantil 2010-2013 y a la vista de los resultados, aprobar un IV plan estratégico contra la explotación sexual infantil dotado de los recursos suficientes para alcanzar sus objetivos. c) En el marco del Observatorio de la infancia, estudiar la elaboración de un protocolo nacional para la detección y atención de los menores víctimas de trata de personas, como la trata con fines de mendicidad o de comisión de delitos menores, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo en el seguimiento del informe, La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles. d) Mejorar el sistema de recolección de información y datos para visibilizar y analizar con mayor precisión la dimensión en que se ejerce la violencia contra los menores en nuestro país. e) La firma por los ministros competentes y el fiscal general del Estado del Protocolo marco de menores extranjeros no acompañados, destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio
público de protección de menores y documentación, al haberse finalizado ya los trabajos del grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social e integrado por representantes de los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores y Cooperación, de Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y habiéndose también analizado el texto resultante con las comunidades autónomas y considerado estas favorablemente por la Conferencia Sectorial de Inmigración en su reunión del 20 de marzo de 2014.
La señora PRESIDENTA: Para defender las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Señora presidenta, voy a tener que dar la enmienda por defendida porque la portavoz encargada no está ahora mismo y tampoco tengo la documentación para defenderla, por tanto doy por defendida.
La señora PRESIDENTA: Por deferencia al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por cortesía parlamentaria, vamos a esperar un minuto; mientras tanto, la portavoz del Grupo Popular, señora Ares, puede defender la enmienda del Grupo Popular si le parece bien. Y después que lo haga el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias por el detalle.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ARES MARTÍNEZ-FORTÚN: Sí, señora presidenta, muchas gracias.
Señorías, la violencia no es solo una acción tangible como la violencia física, sino que por desgracia hay múltiples formas de violencia contra los menores: abuso sexual, abuso psicológico, intimidación, amenaza, acoso, sometimiento y un largo etcétera. Cualquier abuso o violencia contra un menor afecta a su integridad física y mental, y es nuestro deber, desde todas las administraciones y desde la sociedad, poner todas las medidas que estén a nuestro alcance para proteger al colectivo más vulnerable e indefenso de nuestra sociedad.
Tal y como decía el portavoz de UPyD, nuestro país ha llevado a cabo muchas medidas para luchar contra la violencia ejercida sobre los menores. Se elaboró y aprobó el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, en abril de este año, y ha sido un avance más en materia de protección de la infancia frente a estos abusos. También proponen en su PNL la creación de una subcomisión para el estudio de la violencia ejercida contra niños y niñas; y me han comentado que el martes próximo se va a aprobar en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales la subcomisión para abordar el problema de la violencia contra niños y niñas. En su iniciativa proponen, en el primer punto, elaborar una ley de medidas integrales para protección de los menores que contemple nuevas situaciones de riesgo que afectan a los menores. En efecto, los cambios sociales que han tenido lugar estos últimos años demandan una mejora de los instrumentos legales que tenemos en la actualidad para luchar contra estas nuevas situaciones de riesgo. Se considera que los anteproyectos de ley de protección a la infancia, que serán elevados para informe del Consejo de Ministros próximamente, darán respuesta a las nuevas situaciones de riesgo y desprotección que afectan a los menores y les amparará de manera efectiva. Por tanto, estamos a favor de actualizar la normativa de protección de menores. El segundo punto se refiere a aprobar un IV plan nacional contra la explotación sexual en la infancia. Finalizado el periodo de vigencia del III Plan estratégico contra la explotación sexual infantil del 2010 al 2013, se está procediendo a la evaluación correspondiente. En función de los resultados de dicha evaluación se va a valorar la elaboración de un IV plan estratégico en el mismo marco del Observatorio de la infancia. También proponen elaborar un protocolo para la identificación y atención de los menores utilizados en diversos tipos de trata, por ejemplo, con fines de mendicidad o comisión de delitos menores.
En el marco del Observatorio de la infancia se planteará la constitución de un grupo de trabajo específico con la finalidad de elaborar un protocolo nacional para la detección y atención a los menores víctimas de trata de personas, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo realizada en el seguimiento del informe, La trata de seres humanos en España. A través del Protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos ya se contemplan, entre otras cuestiones y con independencia de la finalidad de la trata, aspectos relativos a la identificación, asistencia y protección de posibles víctimas cuando son menores de edad. Otro punto es la mejora del sistema de recolección de información y datos
para visibilizar y analizar, con mayor precisión, la dimensión en que se ejerce la violencia contra los menores de nuestro país. En la actualidad existe un registro unificado de maltrato infantil para el registro de casos, detección y notificación del maltrato infantil, sirviendo de herramienta de seguimiento e información periódica.
Por otro lado, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la fundación ANAR han suscrito un convenio que contempla la colaboración entre los servicios telefónicos de la citada fundación, en concreto línea de ayudas a niños y adolescentes, a través de la derivación mutua de llamadas en casos de violencia de género. La fundación ANAR remite a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con carácter anual, información procedente de estas dos líneas telefónicas y de los casos atendidos. Estamos de acuerdo en que cualquier mejora en el sistema de recolección de datos contribuirá favorablemente a analizar este problema.
El punto e) solicita elaborar un protocolo marco de menores extranjeros no acompañados, destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas. En base al reglamento de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se ha coordinado un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones con competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados. El protocolo aborda desde la localización del menor...
La señora PRESIDENTA: Señoría, perdone que la interrumpa, pero tiene que ir terminando, por favor.
La señora ARES MARTÍNEZ-FORTÚN: Sí, señora presidenta.
Decía que este protocolo se creó por un grupo de trabajo y está pendiente de la firma por los ministros competentes. Tal y como ha comentado el portavoz de UPyD, solicita la firma de dicho protocolo.
Dicho esto, ningún plan ni actuación contra la violencia infantil será suficiente hasta conseguir que ningún menor sufra daños físicos ni psicológicos. En consecuencia, no tengo duda de que se pondrá toda la voluntad y medios posibles desde el Gobierno, las administraciones y los distintos grupos aquí presentes, para que estas medidas se apliquen y se hagan efectivas.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa, por el Grupo Parlamentario Catalán, de su enmienda. Tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, señorías, por su flexibilidad.
El Grupo Parlamentario Catalán está de acuerdo con la exposición de motivos que contiene la proposición no de ley y con la parte expositiva que consta en ella, aunque echamos en falta algunos aspectos que no son menos importantes y que conferirían más rigor a esta proposición. En este sentido, hemos presentado una enmienda de adición de un nuevo punto que en su momento comentaré.
Desde la aprobación de la Convención sobre los derechos del niño, todos los Estados han ido promoviendo mecanismos para proteger los derechos de la infancia. En nuestra Constitución, el artículo 39 establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. En primer lugar, corresponde a las familias respectivas y subsidiariamente a los poderes públicos. En cuanto a la competencia, también debemos tener en cuenta el artículo 149.3 de la Constitución española cuando dice: las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos. Pues bien, no podemos olvidar que en cuanto a las adopciones el modelo catalán, pionero en la materia, fue incluso un referente para otras comunidades autónomas de España. Para poner un ejemplo en consecuencia, en Catalunya, en su Estatut de Autonomía, que lo configura como competencia exclusiva, se recoge esta materia y la regula, complementándose con el Código Civil catalán. Si bien estamos de acuerdo con la parte del petitum tal y como está, en cuanto que esta proposición no de ley insta al Gobierno, no se puede obviar la experiencia y los trabajos que ya se llevan a cabo en esta materia por parte de comunidades autónomas, como es la catalana, muchísimas veces -demasiadas a mi entender-, sin recurso alguno por parte del Estado. Todo este trabajo que se realiza de forma rigurosa en defensa de la infancia no sirve de nada si no va acompañado por los recursos suficientes, tal como establecen los artículos 156 y 157 de la Constitución española, en cuanto a la autonomía financiera y los recursos de las comunidades autónomas y que el Gobierno debe atender. Por eso presentamos nuestra enmienda que consiste en la inclusión del apartado f), que no ha sido aprobado, y que en caso de la transaccional no podemos votar a favor porque no solo no tienen en cuenta nuestra enmienda, sino porque no tiene en cuenta tampoco lo
que se está haciendo en Catalunya, y esta enmienda, tal y como se presenta con esta transacción, vulnera las competencias de esta comunidad autónoma. Por tanto, no votaremos a favor de esta transacción.
La señora PRESIDENTA: Turno para fijar posiciones: señor Agirretxea, ¿va a fijar posición? (Denegación). ¿Señora De las Heras? (Denegación). Señora García tiene la palabra por La Izquierda Plural.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Cuando vimos en nuestro grupo la proposición que se presentaba por parte del Grupo UPyD, nos pareció que nos habían tomado la delantera y agradecimos que alguien nos hubiera tomado la delantera, tal y como se planteaba en esta proposición no de ley. Es más, esta mañana, hablando con el portavoz del grupo proponente, le dije que íbamos a votar favorablemente esta proposición no de ley porque nos parecía adecuada además a las conversaciones que habíamos mantenido -supongo que todos los grupos- con Save the Children e incluso con Unicef.
Cuando hemos visto la enmienda que presentaba el Partido Popular, hemos preguntado al grupo proponente si iba a aceptar la enmienda o qué se iba a hacer al respecto, y de esto ha salido esta transaccional. Es una transaccional en la que desaparece el punto a) tal y como estaba en la proposición que se traía. La desaparición de ese punto a) era básico para la aprobación de esta iniciativa que se nos trae, porque es lo que se nos ha demandado por parte de las organizaciones sociales: elaborar una ley de medidas integrales para la protección de los menores que contemple nuevas situaciones de riesgo, etcétera. Todos aquí hacemos el mismo diagnóstico: hay una situación grave, seria, con respecto a los menores, todos y todas coincidimos en el análisis de esa situación, sin embargo, elaborar una ley de medidas integrales parece un escollo insalvable y no lo entendemos, no lo podemos entender. Pero es que hay más: la redacción del punto b) se modifica. Aquí todas las modificaciones tienen un sentido y el de esta no lo entendemos muy bien, porque en la iniciativa del grupo proponente, de Unión Progreso y Democracia, se dice: aprobar un IV plan nacional contra la explotación sexual de la infancia que parta de la evaluación del anterior, dotado de recursos económicos suficientes para alcanzar sus objetivos; y se modifica por lo siguiente: tras evaluar el III Plan estratégico contra la explotación sexual 2010-2013 y a la vista de los resultados, aprobar un IV plan estratégico exactamente igual. -No voy a seguir con lo que decía el grupo proponente en su punto b)-. No lo entendemos muy bien, porque esta modificación nos lleva a interpretar -desde luego es interpretable- que lo que en el apartado b) del grupo proponente es algo concreto y específico aquí se diluye de alguna manera, y tampoco nos gusta.
Por otra parte, en el punto c), se dice exactamente: elaborar un protocolo para la identificación y atención de los menores utilizados en diversos tipos de trata, etcétera; y aquí se dice: en el marco del Observatorio de la infancia estudiar -estudiar- la elaboración de un protocolo nacional, etcétera. Esto todavía diluye más. ¿Qué es eso de estudiar la elaboración? No; si es que es necesaria esa elaboración. Si todos estamos de acuerdo en el análisis, es necesaria la elaboración. ¿A qué viene diluirlo pudiendo ser concreto? No lo entendemos. El punto d) queda exactamente igual, y cuando hemos leído el apartado e) teníamos dudas de qué quería significar, porque habíamos leído la exposición de motivos que hacía el grupo proponente y nos parecía adecuado.
Ahora mismo termino con esto, presidenta. Se trataba de cumplir con algo que deberíamos haber cumplido desde hace dos años, y ahora se dice que está pendiente de firma en 2014, que finalmente es lo que quiere decir, porque así nos lo ha explicado la portavoz del Grupo Popular. Sinceramente, estamos ya un poco cansados, cansadas en mi grupo de aprobar o dar nuestro voto a enmiendas edulcoradas por mor de que salgan adelante. Por eso, y con todo el respeto al grupo proponente, en esta ocasión vamos a abstenernos porque consideramos que ha perdido la esencia de lo que se proponía en su iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Echávarri.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar la iniciativa de Unión Progreso y Democracia aun con el texto del Partido Popular, porque al Grupo Socialista se le puede acusar de muchas cosas pero de inmovilismo no; por mínimo que sea el avance lo vamos a apoyar y, sobre todo, en una materia tan sensible como la protección de los menores.
Los niños y las niñas no son solo el futuro, son el presente y, por desgracia, son los que más duramente lo están viviendo. Este presente está sumido en una grave crisis económica mundial que parece, por lo
menos en España, no tener fin porque diga lo que diga el Gobierno estamos muy lejos de una recuperación económica que devuelva la totalidad de derechos y libertades que con excusa de la crisis se nos han recortado. Y digo que lo están viviendo más duramente que nadie porque ven cómo una crisis, de la que nada saben ni conocen, está perjudicando, aun cuando ellos y ellas no sean conscientes, sus vidas y su futuro desarrollo. Los niños y las niñas son el grupo de población más afectada actualmente en España por la pobreza y la exclusión; algo inadmisible, ya que ningún niño ni ninguna niña debería crecer sintiéndose limitado para disfrutar de sus derechos debido a la situación económica de su familia. Pero es que, además, los niños y las niñas que viven en hogares más pobres, zonas rurales o en familias con riesgo de exclusión tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil en economía sumergida y en trabajo doméstico, cuando no directamente explotados en explotación sexual, pornografía infantil, mendicidad o en la comisión de delitos menores. Además, quiero destacar que en el trabajo doméstico la mayor parte son niñas.
Por ello, toda medida de control, supervisión, evitación de estas situaciones e inversión para evitarlas es bienvenida. Es ahora cuando hace falta un compromiso firme y decidido de los poderes públicos con la infancia de este país. No podemos abandonar a varias generaciones de niños y niñas con la excusa de la crisis. La brecha de la desigualdad en nuestro país se ha agrandado exponencialmente en estos dos últimos años, y los niños y las niñas son los más perjudicados con diferencia. Hay que paliar estas desigualdades sobre todo en la infancia; las desigualdades en la cuna no pueden ser la cuna de todas las desigualdades. Los niños y las niñas son sujetos de derechos que deben ser efectivos. Sus derechos son nuestras obligaciones y debemos velar por que se ejecuten en las condiciones necesarias para asegurarles un desarrollo que les permita alcanzar el máximo de sus capacidades. Solo así se garantiza el futuro de una sociedad cohesionada y fortalecida. Los socialistas tenemos claro que generaciones futuras evaluarán nuestra dignidad y decencia como sociedad, por el baremo de la inversión y apuesta que realicemos por la igualdad y seguridad de todos los niños y todas las niñas en un momento tan difícil como el actual.
Quiero manifestar, por último, que entendemos que la mejor apuesta es la apuesta por la educación. Con mayor educación, por ejemplo, podríamos evitar algunos tipos de acosos. Todo euro que se invierta en educación hoy no solamente es PIB de futuro, sino que ayuda a una mejor formación que redundará en una menor desigualdad y seguramente en una menor violencia contra los menores. Por último, quiero decir que una tiza vale menos que una bala, y que un profesor hoy son diez policías menos dentro de veinte años.
- RELATIVA A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA JUVENTUD PARA IMPLANTAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001811).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley de esta tarde, relativa a la sensibilización de la juventud para implantar el principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los aspectos de la vida. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora Bolarín.
La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: También quiero unir mi recuerdo y apoyo a las víctimas y a su familia. Por todo ello quiero manifestar que en la etapa de la adolescencia es cuando se da en los seres humanos un auténtico comienzo de la exploración de las relaciones sociales, saliendo progresivamente del entorno familiar. De este modo se van estableciendo las pautas de conducta con el mundo que nos rodea, sentando así los cimientos de un proyecto de vida propio. El futuro de una sociedad depende de que ese proyecto esté fundamentado en el absoluto respeto a los derechos humanos y, concretamente, a los principios de igualdad de trato y no discriminación e igualdad de oportunidades. Pese a que en los últimos años se han producido importantes avances en el ámbito social y legislativo que están propiciando cambios favorables para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, estudios recientes ponen de manifiesto que la discriminación por razón de sexo y la tolerancia hacia la violencia machista se ha incrementado en los últimos años entre la población adolescente. Las políticas dirigidas a los jóvenes han tenido un creciente peso específico, creando infraestructuras adecuadas y necesarias para ellos, como los centros de formación juvenil; asimismo desde Injuve se están llevando a cabo distintas acciones con la finalidad de que la población más joven interiorice una actitud de tolerancia cero ante el maltrato, como son los premios de periodismo joven sobre la violencia de género y la campaña en Internet contra
la intolerancia. La Fundación AMA registró en el año 2012 un aumento de un 15% en llamadas relativas a la discriminación por razón de sexo en relación con la atención a niños y adolescentes. Por otra parte, la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha publicado un informe en el que demuestra que uno de cada cinco jóvenes tolera la discriminación por razón de sexo.
Desde las instituciones se deben poner los medios para procurar que los jóvenes no basen la construcción de su identidad en estereotipos y modelos tradicionalmente sexistas ni en prácticas de carácter discriminatorio por razón de sexo. Se trata de un problema y responsabilidad pública y social que hay que erradicar, promoviendo la educación empática, educando en el cultivo de la inteligencia emocional. El situarse en la piel del otro es el método más efectivo para erradicar la violencia. Para ello hay que educar en la gestión de las propias emociones. Eso que en los años ochenta estaba todavía en mantillas de la educación de la inteligencia emocional, hoy lo ratifican los más avanzados y eminentes neurocientíficos. Gracias a que entendemos este problema como una responsabilidad de carácter público hemos puesto en marcha el proyecto Plurales, una experiencia piloto que este curso ha comenzado a funcionar en nueve centros educativos de toda España y que gira sobre un eje, la igualdad y la promoción de la violencia machista. Del mismo modo seguimos manteniendo los programas Irene y Relaciona, que desde los ayuntamientos -el primero- y en colaboración con las comunidades -el segundo- tienen como finalidad trabajar la igualdad y el respeto con los más jóvenes. Los tres juntos permitirán trasladar a unos 11.000 alumnos y alumnas de toda España la importancia del respeto hombre-mujer, sentando las bases de prevención contra actitudes machistas y conductas que puedan derivar en violencia de género.
En las relaciones de pareja las emociones en ocasiones perturban la percepción de la igualdad, incrementan los sentimientos de inseguridad y propician una mayor complicidad con el machismo transmitido. El sentimiento de posesión, de dominio y la falta de autoestima junto con las distorsiones cognitivas de culpa son el mayor peligro entre las parejas. Es muy frecuente entre relaciones inseguras y violentas esa frase de: es que se lo merece -como excusa del agresor- y el consabido sentimiento de culpa que inculca en la otra persona hasta hacerle llegar a pensar: es que me lo merezco. El miedo hacia el agresor es otro factor muy importante ante este fenómeno de violencia de género, por eso que no se denuncia o se consiente. Solo educando en el respeto y en la valoración del ser humano, sin discriminarlo por razones sexistas, se puede trabajar para conseguir una auténtica relación afectiva y de pareja entre iguales. En las parejas adolescentes existe una fuerte tendencia a la reproducción de los patrones adquiridos en el núcleo familiar, de ahí la importancia de los valores transmitidos en este. La adolescencia es un momento de especial relevancia en el desarrollo del ser humano; por eso, en esta etapa tan decisiva de nuestros menores se hace imprescindible un aprendizaje de la gestión de las emociones -insisto- sano y empático, que derrumbe los nefastos patrones ancestrales y lleve hacia a una sociedad auténticamente igualitaria. Por ello, uno de los principios fundamentales que inspira el sistema educativo español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
En el contexto del cambio metodológico que la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa propugna se aborda la necesidad de incorporar de forma transversal la educación cívica y constitucional en todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluyan en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje, potenciando de esa forma, con un planteamiento conjunto, su posibilidad de transparencia y su carácter orientador. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover medidas que permitan sensibilizar a la ciudadanía desde edades tempranas, incidiendo especialmente en la adolescencia, en la importancia del respeto a los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la interiorización de los principios de igualdad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa parlamentaria se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán. Para su defensa tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Este grupo parlamentario agradece que el Grupo Popular acepte nuestra enmienda, por tanto, votaremos a favor de la proposición. En cuanto al contenido de la exposición de motivos, estamos de acuerdo totalmente con lo que se plantea aunque pueda matizarse. Los jóvenes son vulnerables a la hora de recibir inputs de cualquier tipo, sean positivos o negativos, lo que influirá en
su desarrollo como personas. También están reproduciendo comportamientos machistas y estereotipados que creíamos que habían sido desterrados de una sociedad moderna; sin embargo, es fundamental cómo transmitimos a los jóvenes nuevas pautas de comportamiento basadas en el respeto, la igualdad y la no discriminación. No basta con prohibir o negar, pues estas palabras generan una reacción contraria a la que se está buscando.
Los políticos debemos empeñarnos muchísimo más, no solo creando normas y prohibiciones; solo eso no es suficiente. Aquí las medidas deben ser de pedagogía, por ello es fundamental reforzar y dotar de recursos a las comunidades autónomas y a los entes sociales; la pedagogía surte mucho más efecto cuando proviene de las instituciones que más cercanas resultan al ciudadano que cuando llegan desde algún ministerio en forma de campaña publicitaria o de estudio. El trabajo con los jóvenes debe ser con pedagogía y desde la cercanía, de tú a tú. Tal y como establece el artículo 10 de la Constitución española, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social. Este artículo constitucional es básico no solo para el desarrollo del joven adolescente, sino también como un valor a implantar entre los jóvenes con los demás, para que sean más tolerantes y más maduros en su etapa de crecimiento personal. Esto enriquecerá la democracia y favorecerá la convivencia. Como dice Miquel Roca i Junyent, no hay democracia si no hay convivencia. Por tanto, se deben promover medidas en positivo, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes, pues ellos son el futuro de nuestra sociedad, y somos responsables de ello. El pilar o valor fundamental es el respeto total y absoluto de los derechos humanos, y hemos de conseguir transmitirlo a los jóvenes. Desde Convergència i Unió creemos, como he dicho anteriormente, que la labor de comunidades autónomas y administraciones locales es fundamental en esta tarea. De ahí el contenido de nuestra enmienda. El Gobierno debe apoyar con los recursos necesarios aquellas medidas que en esta materia estén siendo llevadas a cabo por las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular para solicitar al Gobierno promover medidas de sensibilización en la juventud para la igualdad de trato y no discriminación podríamos definirla con la expresión más vale tarde que nunca; más vale tarde que nunca porque el 27 diciembre 2011 el Grupo Socialista registró una proposición de ley relativa a la igualdad de trato y la no discriminación y el 11 septiembre de 2012 tuvo lugar su debate para la toma en consideración de esta proposición de ley y su posible tramitación, pero el Gobierno, el Grupo Popular, la rechazó. Por ello, si ahora se han dado cuenta de su error, y una vez más los datos y hechos corroboran, como dice su exposición de motivos, que estudios recientes ponen de manifiesto que la discriminación por razón de sexo y la tolerancia hacia la violencia machista se ha incrementado en los últimos años entre la población adolescente, es evidente la necesidad y la urgencia de actuar como pedía el Grupo Socialista.
Señorías, una sociedad que no educa en igualdad, respeto y tolerancia es una sociedad que no cree en la libertad y en la democracia. Agredir, insultar y atacar a alguien por su orientación sexual, origen étnico e identidad de género debe ser rechazado por toda la sociedad. Me viene a la memoria una frase que dice: el respeto es algo importante que te enseñan cuando eres pequeño. Uno de los mejores ámbitos para trabajar la prevención es el educativo, desde infantil hasta el final, incluso incorporando la formación en valores de igualdad en todas las etapas educativas. La educación sin discriminación empieza por políticas educativas con un enfoque de perspectiva de derechos humanos y de respeto a la diversidad en la adolescencia, pero también en la infancia, desde las edades más tempranas. Por ello es necesario comenzar una educación no sexista en los primeros años de vida analizando cómo se adquieren los roles y estereotipos de género y los factores que influyen en su aprendizaje; la mejor educación es la que se hace en igualdad. La asignatura de Educación para la Ciudadanía que eliminó el Grupo Popular contemplaba ya entre otros asuntos referencias a los afectos y emociones, a las relaciones entre hombres y mujeres, a los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la pobreza en el mundo y a su feminización. Ahora los estudios nos advierten, nos alertan de que la eliminación de estos contenidos educativos en igualdad está provocando una menor sensibilidad entre los jóvenes hacia la igualdad y la violencia, y que eso refuerza el sexismo, que es la antesala de la violencia de género. Por ello, si verdaderamente al Grupo Popular le preocupa lo que recogen los estudios recientes, como citan en su proposición no de ley, todos ellos precisamente les están advirtiendo de que la eliminación de estos contenidos educativos en igualdad es lo que está provocando una menor sensibilidad entre los jóvenes
hacia la igualdad y la violencia y que eso refuerza el sexismo. El machismo no es cosa del pasado, está repuntando; los roles que deberían estar superados y erradicados persisten y se reproducen aún entre los más jóvenes. De lo dicho hay que pasar a los hechos; acción, reacción. Los últimos estudios alertan del aumento que en los últimos años está experimentando la violencia machista entre la juventud de nuestro país, mostrando el repunte en violencia de género a edades más tempranas.
Quiero recordar a sus señorías del Grupo Popular que tienen deberes, y muchos, porque el pasado 26 de noviembre de 2013 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos una proposición no de ley que presentaba el Grupo Socialista demandando un plan integral para abordar la violencia de género en la juventud; buen inicio, pero desde luego ningún avance. Hay que redoblar esfuerzos, no escatimar recursos, mostrar atención constante, no bajar la guardia ni la sensibilidad. Estamos de acuerdo con lo que solicitan en esta proposición no de ley, pero sobre todo -como les he dicho- con compromisos reales, rigor y determinación. Por ello Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley con el objetivo de sumar, para que la reeducación de estos comportamientos discriminatorios sea una realidad legal. Nuestra enmienda pide al Gobierno la elaboración de una ley integral de igualdad de trato y la no discriminación adaptada a la nueva realidad de la sociedad española. Esta iniciativa tiene por objeto, por un lado, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación presente y futura y, por otro, proteger y reparar a las víctimas de una forma muy amplia, definiendo qué conductas constituyen una discriminación y sancionándolas. También esta ley persigue tener un carácter fuertemente pedagógico, un cambio de actitudes más que el castigo. Finalizo diciendo que una sociedad es equitativa si logra que todos sus miembros alcancen un umbral mínimo de bienestar, asegurando a cada persona un nivel de dignidad esencial. Las y los socialistas seguiremos trabajando por ello, por nosotras y nosotros no quedará. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Llega el turno de fijación de posiciones. ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar posición? (Pausa). El señor Cantó, del Grupo Parlamentario de UPyD.
Esta PNL es necesaria. Es poco concreta, todo hay que decirlo, pero al fin y al cabo promueve medidas que permiten sensibilizar a la ciudadanía desde edades tempranas en la importancia del respeto a los derechos humanos. Especialmente, además, lo hace en lo relativo a la interiorización de los principios de igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación en todos los aspectos de la vida, lo que está muy bien; todo lo que sea educación, como hemos dicho muchas veces, con lo que tiene que ver con la violencia de género y con la prevención es muy necesario. También indican en la argumentación de la PNL recientes estudios -aunque no dicen cuáles- que manifiestan que la discriminación por razón de sexo y tolerancia hacia la violencia machista se ha incrementado en los últimos años entre la población adolescente. Por cierto, pedimos ampliar el objeto de esos estudios, pedimos revisar las preguntas. Además de esta violencia, hay que prevenir toda -la machista por supuesto- la que se ejerza contra el distinto, contra el más débil, ya sea por orientación sexual, raza, diversidad funcional, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cantó, por su brevedad.
Ahora tiene la palabra la señora García, de La Izquierda Plural.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Con lo que se tiene que someter a votación, que es el contenido de la iniciativa, es muy difícil estar en desacuerdo, diría que casi imposible; ahora, con la exposición que se ha hecho por la portavoz del Grupo Popular para dar pie a esta iniciativa lo difícil es estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en un extremo, en la educación en igualdad, sin lugar a dudas, pero ustedes segregan por sexos. Quitan Educación para la Ciudadanía y proponen una nueva asignatura, que compite con Religión, que es evaluable; todos sabemos la actitud de determinados próceres de la Iglesia precisamente respecto, por ejemplo, a algo que es de derechos humanos, el respeto a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Por eso decía que abarca mucho y no abarca nada. También está el silencio ante el acoso y el abuso dentro de centros escolares regidos no voy a decir por la Iglesia sino por comunidades religiosas. Ustedes nos hablan de los programas del Injuve, pero mientras hablan de ellos se han cargado literalmente al Consejo de la Juventud de España, en el que estaban las asociaciones juveniles que precisamente pueden trabajar en esa dirección, en esa línea. Usted dice una cosa pero la realidad es que hacen la contraria. Ustedes hablan de las relaciones entre los jóvenes, jóvenes mujeres y jóvenes hombres; no hablan de relaciones entre iguales, pero vamos a ello. ¿Ustedes saben o han
estudiado alguna vez lo que significa la violencia machista, el terrorismo machista, que está muy relacionado con el ejercicio del poder? De eso hablan menos. Ustedes hablan de respeto a los derechos humanos, en lo que estamos totalmente de acuerdo, pero hay que tener respeto hacia las mujeres, hacia los inmigrantes y hacia los homosexuales, aquellos que tienen una orientación diferente; ustedes ahí, señorías, no se pronuncian en absoluto. Ustedes están mudos y ciegos ante cuestiones que tienen mucho que ver con los derechos humanos. Por eso, no podemos decir que no a la generalidad, pero les hacemos esas observaciones que van más allá de la generalidad y que ustedes no contemplan. Nos vamos a abstener.
La señora PRESIDENTA: Con la intervención del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural en la última proposición no de ley hemos terminado de debatir las proposiciones no de ley, señorías. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación. (Rumores). Un momento. Todas las enmiendas transaccionales las tienen en su poder los portavoces de los grupos parlamentarios, por lo que esta Mesa no va a leer ninguna transaccional.
Por otra parte, quiero comunicarles que el próximo día 7 mayo a las 5:30 la Comisión de Igualdad rendirá homenaje a las mujeres de la Guardia Civil que este año salieron de la academia. Se celebra el 25.º aniversario de la incorporación de las mujeres al benemérito cuerpo, por lo tanto les pido, por favor, que vengan ustedes después de la invitación que van a recibir.
También saben ustedes que, de acuerdo con Mesa y portavoces, el próximo 6 mayo a las 10:30 de la mañana comparecerá la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el seno de la Comisión de Igualdad.
Sin más, pasamos a la votación de las distintas proposiciones no de ley. La primera proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto se vota en sus términos. (Rumores). Señorías, para enterarnos y para que no haya ningún problema en las votaciones, les pediría silencio, por favor. Vuelvo a repetir: la proposición no de ley número 1 del orden del día presentada por el Grupo Parlamentario Mixto se vota en sus términos.
La segunda proposición no de ley presentada por Unión Progreso y Democracia se vota en los términos de la transaccional acordada por el grupo proponente, Unión Progreso y Democracia, y el Grupo Popular.
La tercera proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural se vota en sus términos.
La cuarta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán se vota incluyendo la enmienda socialista.
La quinta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se vota en sus términos.
La sexta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se vota a sus términos.
La séptima proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular se vota en los términos de la transaccional presentada a la Mesa, acordada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, Unión Progreso y Democracia y el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.
Por último, la octava proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular se vota en los términos de la enmienda transaccional, acordada por el grupo proponente y el Grupo de Convergència i Unió.

References: real decreto 
 artículo 135
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 22
 artículo 167
 artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 39
 artículo 149
 artículo 10