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Timestamp: 2015-01-27 16:50:00+00:00

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Sentencia de tutela T550 de 2005. T-550-05 | SuTutela.com
Sentencia de tutela T550 de 2005. T-550-05
Derecho a la educacion de menores hijos de vendedor ambulante a quien se le exige el pago de unos derechos complementarios para el tramite de la matricula de los menores. El derecho a la educaciÓn: carÁcter fundamental. El derecho a la educaciÓn de los niÑos: carÁcter fundamental y prevalente, atributos principales. La doctrina del hecho superado y el tramite de revisiÓn. Obra certificaciÓn en la que consta que los menores se encuentran matriculados. Negada por carencia actual de objeto
Sentencia T-550/05
Referencia: expediente T-1064177 Acción de tutela instaurada por RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Magistrado Ponente:
Bogotá, D. C., veinticinco ( 25 ) de mayo de dos mil cinco (2005).
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI, en primera instancia, y por el JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, en segunda, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por el Señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Mediante escrito presentado el día nueve (9) de julio de dos mil cuatro (2004), el Señor ULABAREZ, actuando en representación de sus hijos, los menores FELIPE, RICARDO y LUCERO ULABAREZ AGUIRRE, solicita el amparo de su derecho fundamental a la Educación, presuntamente vulnerado por la entidad demandada. La solicitud de amparo se sustenta en los siguientes:
Sus hijos RICARDO, LUCERO y FELIPE cursaron y aprobaron en la Institución educativa “JOSE HOLGUÍN GARCES”, durante el año lectivo 2003-2004, noveno, sexto y quinto grado de educación básica, respectivamente.
i) El cobro de una cuota por valor de diez mil pesos moneda corriente ($10.000 m/cte) por concepto de reparación de pupitres averiados, como requisito para la expedición del paz y salvo de los estudiantes antiguos.
ii) El cobro de una cuota por valor de cuatro mil pesos moneda corriente ($4000 m/cte) por concepto de reposición de un Mouse de computador descompuesto, como requisito para la expedición del paz y salvo de los estudiantes de noveno grado.
- En relación con cada uno de los tres menores:
- En relación únicamente con el menor RICARDO: $ 55.000=, por concepto de servicios académicos del menor. $ 40.000=, por concepto de modalidad técnica. $ 40.000=, por concepto de estampilla Procultura.
Con motivo de estos presuntos abusos, el Señor ULABAREZ acudió ante la Secretaría de Educación Municipal de Cali donde fue atendido por la Señora Luz Dary Sánchez, Secretaria de Desarrollo Pedagógico, quien le entregó una misiva dirigida a la Señora NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, Rectora del Centro Educativo “José Holguín Garcés”, requiriéndola a cumplir con lo resuelto por dicha Dependencia mediante resolución Nº 0958 de abril 23 de 2004 por medio de la cual se estableció “el reglamento para el cobro de derechos académicos, servicios complementarios y otros costos de las Instituciones Estatales de Santiago de Cali”. En este escrito se lee que: “El Señor Ramiro Ulabarestt tiene tres (3) hijos en la Institución a su cargo, por lo tanto debe cancelar los siguientes valores:
________ por concepto de Derechos Académicos.
$90.000= por concepto de Servicios Complementarios
La resolución contempla que no se hará cobro alguno por otro concepto” (subrayados en el original)
Así mismo, la funcionaria municipal mencionada le entregó al accionante una copia de la circular Nº 56 de julio 5 de 2004 en la que se establece de manera expresa que:
“No está permitido cobrar a los padres de familia cuotas extras para despedidas, ceremonias de grado y/o similares en los niveles de Preescolar, básica ciclo de primaria, programas, proyectos, Manual de Convivencia, pago de aseadoras, profesores de Educación Física, danzas, música, reparación de pupitres, fotocopias para evaluaciones, seguros, ni cualquier otro concepto”. (subrayados fuera de texto).
Con estos documentos como respaldo, el Señor ULABAREZ se dirigió nuevamente a la Institución demandada para continuar y legalizar el trámite de matrícula de sus hijos pero la secretaria respectiva se negó a atender sus reclamaciones limitándose a reiterarle que sin el pago de las cuotas por concepto de reparación de pupitres y de reposición del Mouse averiados no se le expediría paz y salvo a estudiante alguno. Con fundamento en los anteriores hechos, hace la siguiente:
El actor dentro del presente proceso de tutela exhorta a la autoridad judicial para que tutele el derecho fundamental a la educación de sus hijos, los menores, RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE. 3. Trámite de instancia.
3.1 Mediante auto de julio doce (12) de dos mil cuatro (2004), el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI admite la acción de tutela formulada por Ramiro Ulabarez Hernández en contra de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” y decreta de oficio lo siguiente
3.2 Surtido el trámite descrito, la Señora NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, en su calidad de Rectora y representante legal de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, solicitó al juez de la causa que declare improcedente la acción de tutela interpuesta en su contra por el Señor Ulabarez por cuanto el derecho a la educación de sus hijos no ha sido vulnerado: “nunca se ha negado su derecho de matrícula y solo basta con que se acerque al plantel a corregir su liquidación y a firmar un convenio de pago”.
Quinto, que la Señora LOZANO viene adelantado al frente de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” una gran gestión administrativa, en lo financiero, obteniendo los recursos requeridos para resolver las necesidades principales de la comunidad educativa y, en lo humano, coadyuvando a satisfacer la demanda de acceso a la educación de la población más vulnerable llegando, en muchos casos, a solventar de su propio pecunio gastos relativos a uniformes, seguro médico y alimentación de sus estudiantes, entre ellos, los tres hijos del Señor Ulabarez. 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente.
- Declaración del Señor Ramiro Ulabarez Hernández (folios 13 y 14) - Declaración de la Señora Nilia Felisa Lozano Figueroa (folios 15-19)
- Circular Nº 56 de julio 5 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folio 5)
- Resolución Nº 0958 de abril 23 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folios 25-29)
- Resolución Nº 0959 de abril 23 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folio 35)
- Resolución Nº 003 de mayo 18 de 2004 del Consejo Directiva de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” (folios 31-34)
- Oficio de julio 7 de 2004 de la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico dirigido a la Señora Nilia Felisa Lozano Figueroa (folio 4)
- Formatos de “confirmación de cupo” para alumnos antiguos, correspondientes al año lectivo 2004-2005, diligenciados por el Señor Ulabarez y su cónyuge en relación con sus tres hijos menores (folios, 20, 22 y 24)
- Copia de los carnets de afiliación de los menores LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE al Régimen Subsidiado de Salud, en el nivel 2 del SISBEN (folios 21 y 23)
- Copia del cuadro de liquidaciones de la matrícula de los menores RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE (folios 36-38)
- Certificación expedida por la Institución Educativa “José Holguín Garcés” en la que consta la condición de estudiantes activos en los grados sexto, séptimo y décimo y ostentan los menores FELIPE, LUCERO y RICARDO ULABAREZ AGUIRRE, respectivamente (folio 52)
“NO CONCEDER la acción de tutela promovida por el señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ en contra de LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES, por no haberse vulnerado el derecho fundamental de la educación en cabeza de los hijos del accionante”. A tal decisión llega el Juzgador previa exposición de los siguientes argumentos:
Que en el caso sub judice, no se presentó desconocimiento alguno por parte de la demandada de los lineamientos fijados por la Secretaría de Educación Municipal de Cali a través de la resolución No. 0958 de abril 23 de 2004 respecto a los costos educativos para las Instituciones de enseñanza oficial, sino sencillamente un error humano en la liquidación de los valores de matrícula de los tres hijos del Señor Ulabarez, el cual puede ser corregido acudiendo directamente ante el personal de atención del plantel.
Que existe plena disposición de la rectora y representante legal de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” para solucionar el impase que dio origen a la acción de tutela que se decide, ofreciendo los recursos humanos e institucionales necesarios para proceder a corregir los valores que se cobraron al Señor Ulabarez para efectos de la matrícula de sus hijos y, así mismo, para lograr un acuerdo de pago que se ajuste a su limitante situación financiera. 2. Impugnación
En fallo de fecha septiembre seis (6) de dos mil cuatro (2004), el JUZGADO ONCE PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, resuelve: “CONFIRMAR el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de ADVERTIR al accionante RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ, para que en lo sucesivo, previamente a hacer uso de la acción de tutela, agote las instancias administrativas ante las cuales puede encontrar remedio a sus clamores e igualmente a la rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES, para que se ajuste y aplique con mesura, las normas preestablecidas por la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, orientando al personal administrativo en relación con la buena comunicación que de sus disposiciones haga, en relación con la comunidad educativa, para evitar futuros desafueros a causa de errores de apreciación o interpretación de esas disposiciones” Ello por considerar que el fallo del a quo se ajustaba a los elementos fácticos probados por las partes, de los cuales se colegía con claridad que “en momento alguno se bloqueó la entrada de los hermanos ULABAREZ AGUIRRE para la continuidad de sus estudios”. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela dictado en la acción iniciada por RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ en contra de la INSTITUCION EDUCATIVA “JOSE HOLGUÍN GARCÉS”, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por lo dispuesto en Auto de la Sala de Selección Número Tres (3) de marzo cuatro (4) de dos mil cinco (2005).
La presente controversia plantea como interrogante a resolver, a la luz de los postulados constitucionales vigentes, si el aumento en los costos de matrícula de los estudiantes RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE, así como el cobro de cuotas extras al que han sido sometidos por parte de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, restringe injustificada y arbitrariamente su derecho a la educación, en sus atributos de acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo. 3. Consideraciones generales
Ha sido una constante, en la jurisprudencia constitucional colombiana, el reconocimiento de la Educación como un derecho de carácter fundamental por cuanto le permite a los individuos el acceso a todos los bienes y haberes de la cultura e, igualmente, su incorporación eficaz y efectiva en el conglomerado social que les rodea, medio necesario para el desarrollo pleno del conjunto de sus potencialidades.
En este sentido, la Educación se constituye en atributo dignificante del Ser Humano lo mismo que en presupuesto básico para la realización y vigencia de los fines, valores, principios y derechos que orientan y justifican el accionar estatal, verbo y gracia, la justicia social, la igualdad material, la libertad personal, la participación ciudadana, el pluralismo, la tolerancia y la paz, entre otros. Por este motivo, el artículo 366 de la Carta Política consagra como objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas en Educación.
Es válido mencionar que, además de los anteriores argumentos del ámbito doméstico, el carácter fundamental del derecho a la Educación ha sido reconocido expresamente por la Comunidad Internacional reunida en Viena, en 1993, durante la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos cuyo resultado fue una declaración conjunta de reconocimiento a la integralidad de los Derechos inalienables de la persona, en su triple condición de universales, indivisibles e interdependientes; asimismo, los instrumentos internacionales de DDHH suscritos por Colombia y los estándares creados por los organismos encargados de su interpretación y aplicación son contundentes en otorgar a este Derecho una clara relevancia como requisito sine qua non para la protección y garantía de sus pares. El derecho a la Educación de los niños: Carácter fundamental y prevalente
El artículo 44 Superior establece expresamente que el derecho a la Educación de los niños tiene carácter fundamental y prevalece sobre los derechos de los demás en atención a su condición jurídica de sujetos especiales de protección por parte del Estado, la familia y la sociedad lo que conlleva a dar relevancia al interés Superior Menor en cada ejercicio de interpretación y aplicación normativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de asegurar, a los menores bajo su jurisdicción, las condiciones y garantías necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, teniendo presente que los niveles de educación básica (diez en total, incluyendo un nivel de preescolar) deben ser obligatorios y asequibles a todos gratuitamente. Paralelamente, existen también una serie de deberes de los padres de familia hacia sus hijos en edad escolar, los cuales se concretan en asistirlos y apoyarlos en su proceso de formación básica, informándose sobre su comportamiento y rendimiento académico lo mismo que sobre la buena marcha de la institución educativa a la que pertenecen al tiempo que participan y coadyuvan en las acciones de mejoramiento a que haya lugar.
Lo anterior, atiende principalmente a los desarrollos que frente a la especial protección de los niños se han venido produciendo en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El derecho fundamental a la Educación: Atributos principales
Esta Corte ha fijado, como estándar aplicable a todo el catálogo de los derechos fundamentales, que sus atributos principales no pueden condicionarse a consideraciones de tipo coyuntural ni a valoraciones subjetivas de orden político o moral. En el caso concreto del derecho a la Educación, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el mismo posee una dimensión dual referida al acceso y la permanencia de todas personas en el sistema educativo. Por su parte, la jurisprudencia internacional ha definido como atributos básicos de este derecho la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que le son comunes en todas sus formas y en todos sus niveles.
En consecuencia, cualquier intento de restringir alguno de los anteriores criterios que involucre las características del derecho a la Educación sin obedecer a una justa causa, debidamente expuesta y probada, deriva en arbitrario y, por ende, procede en su contra la acción de tutela y los demás instrumentos jurídicos y administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular respectivo el cese inmediato de la vulneración. La doctrina del hecho superado y el trámite de revisión
En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce” (Sentencia T-495 de 2001).
En consecuencia, este recurso jurídico deviene en improcedente por carencia de objeto o sustracción de materia, cuando el hecho que inicialmente vulneró o amenazó con lesionar el derecho fundamental respectivo, desaparece; lo anterior, se evidencia en cuanto la decisión del Juzgador, para estas situaciones, no puede traducirse en una orden de obligatoria observancia: “Si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente.” (T-100 de 1995).
También ha dicho esta Corporación que, cuando se verifica la configuración de la hipótesis del hecho superado en sede de revisión, ella mantiene su competencia para pronunciarse sobre las decisiones y los argumentos expuestos por los Jueces de instancia confirmándolos, modificándolos o revocándolos, según corresponda, aún cuando no haya lugar a impartir orden judicial alguna sino solo la declaratoria de la carencia de objeto: “Empero, como ya lo tiene establecido esta Corporación, cuando el supuesto de hecho que motiva la solicitud de amparo se ha agotado o consumado estando en curso el proceso de revisión ante esta Corporación se hace necesario establecer si en el trámite de la tutela ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos fundamentales invocados y, si existiendo mérito así no se hubiere dispuesto, la Sala de Revisión, de conformidad con la jurisprudencia reciente, procederá a revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no proceda impartir orden alguna” (T-724 de 2003)
“No obstante, también ha señalado que cuando en sede de revisión de tutela se constata que los argumentos de los jueces de instancia no se ajustan a la jurisprudencia constitucional, y existe un hecho superado, lo procedente es analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la decisión revisada y declarar la carencia actual de objeto” (T-963 de 2004)
4. El caso concreto Procede la Sala a analizar los cargos formulados por el actor en contra de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” en cuanto al cobro de valores de matrícula excesivos no correspondientes con la condición socio económica de los educandos lo mismo que de cuotas extra para reparación y reposición de bienes muebles. Para tal propósito, es menester remitirse a lo dispuesto por el reglamento municipal frente el cobro de derechos académicos, servicios complementarios y otros costos de las Instituciones Educativas estatales de Santiago de Cali, el cual establece dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para liquidar las matrículas de los educandos, los siguientes:
(…) 4. El pago respectivo de los derechos académicos y servicios complementarios podrá ser diferido, no debe constituirse en un impedimento para que el estudiante acceda a ingresar al Sistema Educativo, por lo cual no será requisito para asignación de cupos, aceptación o renovación de la matrícula.
9. Cuando un padre de familia tiene varios hijos en la misma Institución Educativa se aplicarán los siguientes valores
Derecho Académico Servicios Complementarios
$55.ooo hijo
$40.ooo hijo
$30.ooo hijo
13. Se consideran servicios complementarios: Boletines e Informes Periódicos, Papelería, Sostenimiento de Equipos y Laboratorio, Mantenimiento de Aulas Especializadas, reparación y Adecuación de Muebles e inmuebles de la Institución Educativa, pólizas y adquisición de implementos para el trabajo pedagógico.” (folios 25-29)
(negritas fuera del texto).
De acuerdo con los anteriores lineamientos, así como con la comunicación escrita de fecha julio 7 de 2004 dirigida por la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de Cali – Grupo de Inspección y Vigilancia a la Señora LOZANO (folio 4), el valor que debía pagar el Señor ULABAREZ por concepto de la matrícula de su tres hijos menores en la entidad demandada era, en total, noventa mil pesos moneda corriente ($90.000 m/cte) y no doscientos treinta y un mil pesos moneda corriente ($231.000 m/cte) como equivocadamente se liquidó. En consecuencia, es posible deducir con certeza que la entidad demandada ha incurrido en cobros educativos excesivos que constituyen una clara amenaza para el goce efectivo del derecho a la educación por parte de los hermanos ULABAREZ AGUIRRE en la medida en que condicionan injustificadamente su continuidad dentro del Sistema Educativo. Esta afirmación se traduce en el error que se cometió al liquidar las matrículas de dichos menores por un monto superior al doble del valor que correspondía, al igual que en el cobro de cuotas extras antirreglamentarias, por conceptos ya incluidos en el pago de los servicios complementarios. No obstante, obra en el expediente a folio número 52, certificación expedida en mayo 4 de 2005 por la ciudadana NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, en su condición de Rectora de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, donde se hace constar que los alumnos FELIPE, LUCERO Y RICARDO ULABAREZ AGUIRRE, se encuentran actualmente “MATRICULADOS y CURSANDO los grados Sexto (6º), Séptimo (7º) y Décimo (10º), respectivamente, en el presente año lectivo 2004-2005”, información que ha sido validada por este Despacho en conversación telefónica sostenida en mayo 11 del año en curso con la señora FANNY ULABAREZ HERNANDEZ, hermana del accionante.
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI, en primera instancia, y por el JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, en segunda, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por el Señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Segundo. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto en la presente acción de tutela.

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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 366
 artículo 44