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Timestamp: 2020-01-24 08:55:49+00:00

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Participación - Congreso del Estado de Coahuila
Participación: El derecho de las madres, padres o tutores para intervenir en la dirección de las Estancias Infantiles, de manera de que velen por la debida tutela los derechos de las niñas y niños, especialmente en materia de seguridad e higiene.
Integralidad: Las Estancias deben otorgar, salvo casos de excepción socialmente justificados, un servicio integral a las niñas y niños.
Calidad: Que los servicios de las Estancias infantiles cubran los requerimientos mínimos en materia de instalaciones, alimentación, salud, educación y demás aspectos previstos en esta ley.
Interés superior del niño: En todo momento las decisiones en torno a las instancias infantiles deben velar por el respeto a este principio, por encima de intereses mercantiles o de cualquier otro tipo.
Perspectiva de género: Las Estancias Infantiles deberán garantizar que las mujeres trabajadoras gocen de horarios que les permitan conciliar sus actividades laborales con los derechos y obligaciones de la maternidad y el cuidado hacia sus hijas e hijos.
Para hacer realidad estos planteamientos, se da una participación central en la vida de las Estancias Infantiles a los padres de familia o tutores, y a la sociedad en general, para lo cual se propone:
La creación de la Asamblea Estatal de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en Estancias Infantiles. Se constituirá con delegados de las Asambleas Estatales, y éstas a su vez con delegados de las Asambleas Municipales.
En cada municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza se deberá crear un Consejo para la legalidad en las Estancias Infantiles, que se integrará por el Presidente Municipal, los directores de Protección Civil y de Bomberos de los municipios, dos directoras de las Estancias Infantiles del municipio respectivo, un representante de los propietarios o responsables de las Estancias Infantiles y cinco representantes de la Asamblea Municipal de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles.
Además, en cada Estancia Infantil se constituirá un Comité para la Seguridad e Higiene, en el que participará la directora de la misma, un representante de los profesores y, dos representantes de la asociación de padres de familia.
También, se otorga la acción popular en materia de las Estancias Infantiles; es decir, que cualquier persona podrá ejercer las acciones que legalmente procedan por violaciones a los derechos de las niñas y niños en las Estancias Infantiles, en general, de las disposiciones aplicables a las mismas, o por la existencia de riesgos inminentes que pongan en peligro la vida o salud de los menores.
Como instrumento central para hacer realidad a las Estancias seguras, de calidad y humanas, se propone la creación de un Instituto Estatal de Estancias Infantiles, que coordine los esfuerzos en materia de Estancias a nivel estatal, esto en íntima vinculación con las autoridades estatales y locales.
El Instituto Estatal de Estancias Infantiles tendrá el carácter de organismo descentralizado, no adscrito a ninguna dependencia, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
Siguiendo con la esencia democrática que debe privar en materia de Estancias Infantiles, se señala que este Instituto, contará con una junta de gobierno, que estará integrada, en los siguientes términos:
Diez vocales designados, por la Asamblea de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles.
El Titular de la Secretaría de Salud.
El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
El Titular de la Secretaría de Educación Pública.
El Titular de la Secretario del Trabajo.
El Delegado Estatal de Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
También se regulan en detalle los requisitos para obtener la licencia para una Estancia Infantil. Esta será expedida con carácter provisional por el
Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles y ratificada con carácter definitivo por el Instituto por conducto del DIF Estatal, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en esta la ley y su reglamento. Con esto se logra la corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales. Por otro lado, se evita que pueda comenzar a operar como Estancia un espacio que no cubra todos los requisitos.
Los requisitos, que se establecen para tramitar las licencias son, básicamente:
Llenar la solicitud por escrito conforme al formato que les entregue el Instituto por conducto del Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles;
Realizar exámenes médicos y psicológicos al personal que laborará en la Estancia, estos serán aplicados por el DIF Estatal;
Anexar copia certificada de los siguientes documentos:
Certificación de capacitación otorgada por el DIF Estatal, que confirme que el gerente, encargado o administrador y todo el personal de la Estancia Infantil, cuente con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes para cumplir con su labor o en su caso proporcionar la capacitación para abrir una Estancia Infantil;
Dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo para desarrollar el servicio de Estancia Infantil;
Autorizaciones o permisos expedidos por la Secretaria de Salud, en la cual se expresen que las instalaciones de la Estancia, cuentan con las condiciones necesarias de salubridad e higiene, para prestar el servicio, materia de la presente ley;
Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes;
Acta de nacimiento de las personas físicas y, tratándose de personas morales, su acta constitutiva cuyo objeto exclusivo sea la prestación del servicio de guarderías, así como los documentos que acrediten la representación legal del promovente; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
Carta de no antecedentes penales de los propietarios o responsables y de todo el personal que labore en la Estancia;
Autorizaciones o permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el solicitante sea de nacionalidad extranjera;
Cumplir el acta inicial de inspección general por parte del DIF Estatal, para verificar si cuenta con los requisitos mínimos del establecimiento y la calidad del servicio ofrecido;
Cumplir con el permiso o autorización en materia de Protección Civil emitido por los ayuntamientos, en cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Entregar un programa y plan de trabajo para operar la Estancia, de acuerdo a las edades de niñas y niños que atenderá, así como la organización administrativa básica que tendrá la Estancia;
Contar con una póliza de seguros, para responder por alguna eventualidad durante la permanencia de niñas y niños en la Estancia, el monto será fijado por el reglamento de esta ley;
Presentar para su autorización, en su caso, proyecto de colegiaturas a cobrar en la Estancia;
Exhibir el proyecto de reglamento interno de la Estancia;
Las demás que determinen las leyes respectivas y aplicables.
Con relación al personal de la Estancia, se establece que todo el personal que labore; deberá acreditar documentalmente su capacitación para la actividad a desempeñar. Éstas deberán establecer programas permanentes de capacitación teórica y práctica para su personal; o bien apoyar a éste, para que participe en aquellos que organice e implemente el DIF Estatal o el Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles, los que siempre tendrán valor curricular. Este personal deberá ser suficiente para atender a las niñas y niños en los términos que marque el reglamento respectivo.
Las personas que pretendan desempeñarse como directoras de una Estancia Infantil, deberán contar con título de Licenciatura en Educación, Enfermería o carrera afín.
El personal de la Estancia deberá estar debidamente capacitado en primeros auxilios.
La directora de la Estancia en coordinación con el Comité para la Seguridad e Higiene de la Estancia, deberán aplicar un programa de Protección Civil.
La alimentación que reciban los menores deberá ser sana, nutritiva, suficiente, variada y balanceada. Deberá de contar con el aporte calórico y los nutrientes necesarios de acuerdo al estado de salud del usuario y ser controlado a través de un examen nutricional cada seis meses como mínimo.
Se promoverá la lactancia materna y que los niños y los usuarios adquieran hábitos alimentarios que hagan posible su óptimo desarrollo y crecimiento.
En materia educativa se debe fomentar el desarrollo armónico en los ámbitos físico, intelectual, afectivo, social y moral.
Todas las Estancias Infantiles admitirán a menores con discapacidad no dependientes. Esto sin menoscabo de que se fomente el establecimiento de Estancias Infantiles especializadas en la atención de menores con discapacidad.
El ingreso de los menores con discapacidad a las Estancias Infantiles quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con que cuenta cada institución respecto de la admisión general.
Para la atención de menores con discapacidad se implementarán programas de sensibilización y capacitación continua para el personal encargado de cada área, sin que se requiera de alguna especialización; salvo cuando esto resulte indispensable.
Bimestralmente se deberá llevar a cabo en la Estancia Infantil una encuesta entre las madres, padres de familia o tutores sobre la calidad del servicio que se presta y las condiciones de seguridad e higiene. El resultado de ésta se deberá integrar en el informe estadístico mensual que la Estancia deberá remitir al DIF Estatal.
Se precisan las obligaciones del Instituto en materia de verificación de las Estancias Infantiles; así como las sanciones aplicables, incluidas las privativas de libertad.
Esto coadyuvará a la tutela de la vida y salud de los menores y, a su pleno desarrollo; igualmente a suprimir la impunidad, que es el sustrato de las conductas que provocaron las muertes de las niñas y los niños en la Guardería ABC.
Entre 1990 y 2008, la participación laboral femenina aumentó de 32 a 53 por ciento en América Latina y el Caribe. En la actualidad, hay más de 100 millones de mujeres insertas en el mercado laboral de la región, lo que constituye un nivel inédito. El masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo ha tenido efectos importantes en la generación de riqueza de los países, el bienestar de los hogares y la disminución de la pobreza.
Los hogares mono parentales liderados por mujeres enfrentan enormes dificultades para combinar el trabajo doméstico y de cuidado con las actividades remuneradas.
De ello dan cuenta dos datos aparentemente contradictorios. El primero es que la mayoría de las mujeres jefas de hogar (entre 52 y 77 por ciento) están en el mercado laboral. Sin embargo, estos hogares tienden a ser más pobres: en 11 de 18 países de la región la incidencia de la extrema pobreza es superior aquí que en el resto de las familias (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2008) ¿Por qué? La principal causa está asociada a los menores ingresos que perciben estas mujeres debido a la discriminación salarial, por la mayor dificultad que enfrentan para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares sin contar con la ayuda de otros adultos. Frente a una oferta y cobertura de servicios preescolares insuficientes, estas mujeres deben buscar alternativas que generalmente van en detrimento del cuidado de sus hijos o hijas; o del trabajo en que se insertan.
Los horarios escolares y de los servicios públicos, de hecho no son compatibles con los de una familia en que todas las personas adultas trabajan irremuneradamente. Y no se ha generado un aumento suficiente en la provisión de infraestructura y servicios de apoyo para cubrir las necesidades de niños, niñas y otras personas dependientes.
Este fenómeno ha significado para muchas madres trabajadoras la dificultad de conciliar sus actividades laborales con las responsabilidades familiares, y ha debilitado los lazos entre los miembros de los núcleos familiares debido a la falta de convivencia.
Mucho menor es la provisión de regulaciones para proteger a "trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares" y permitir la conciliación de la vida familiar y laboral.
Así las cosas, se tiene que La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 5 lo siguiente:
Estas mujeres no sólo trabajan y aportan a la economía familiar, sino que deben cuidar de sus hijos sin descuidar su trabajo, lo que generalmente es difícil y se ven en la necesidad de buscar alternativas para el cuidado de los hijos, sobre todo en la infancia y la adolescencia. El gobierno federal ha implantado el programa de Estancias Infantiles con el objetivo de apoyar a las madres trabajadoras y padres solos para que puedan contar con servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos, sin embargo, dichas Estancias sólo se ocupan del cuidado de menores entre uno y casi cuatro años de edad.
Pero existe otra población de menores de edad que van desde los 4 años y hasta los 15, a quienes también se les debe prestar atención constante, de orientación y apoyo por parte de sus familiares directos. Las madres trabajadoras con hijos de estas edades se ven en la necesidad de buscar cuidado informal para sus hijos o pedir el apoyo de amigos o familiares, como pueden ser incluso los hermanos mayores. En muchos de los casos no hay de por medio una persona adulta al cuidado de estos menores o se corre el riesgo de contratar a personas poco profesionales, por lo que es latente el peligro de que éstos cometan un abuso de cualquier índole contra los menores.
Compañeras y Compañeros Diputados, nuestro Estado, requiere una Ley de Estancias Infantiles; es una necesidad latente, tanto para las madres y padres de familia como para las niñas y niños de edad temprana. No podemos negar la importancia de las Estancias Infantiles dentro de nuestra sociedad y lo más importante, debemos garantizarles certeza jurídica a sus operaciones, regulando así sus actividades, imponiendo reglas sobre seguridad, manejo de los niños, cuidado de las instalaciones, entre otros.
Tenemos que recordar que hace unos años, nuestro país fue testigo de una de las más infames desgracias, cuando el 5 de junio del año 2009 sufrimos la pérdida de 49 niñas y niños y 80 heridos de gravedad, como producto del incendio en la Guardería, ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En nuestro país ya son varios los Congresos Locales que han formulado leyes para regular las Estancias Infantiles, los Estados de; San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz, Durango y Michoacán han adaptado un marco legal que protegerá a los usuarios de este servicio, para así salvaguardar a sus futuras generaciones.
No me resta más que pedirles que razonen lo que les he expuesto Compañeras y Compañeros, está en nosotros que estas calamidades no vuelvan a suceder, es nuestro deber el otorgar seguridad y un sano desarrollo a las generaciones que apenas se están formando para que sean ellas las que contribuyan a un mejor futuro para Coahuila.
Con base en todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la:
LEY DE ESTANCIAS INFANTILES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Estancias Infantiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los siguientes términos:
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y regula en materia de los derechos de las niñas y niños en las Estancias Infantiles públicas, y la obligación de los prestadores de servicio sean de naturaleza privadas, sociales o mixtas.
Las Estancias Infantiles prestaran sus servicios garantizando que éstos sean proporcionales a las necesidades específicas de las madres, los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad de las y los niños.
Artículo 2. El objeto de la presente ley es regular que las Estancias Infantiles garanticen los derechos de las niñas y niños a la vida, a la integridad personal, a su dignidad, alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y a su pleno desarrollo.
Artículo 3. Se entiende por Estancia Infantil: las Estancias Infantiles, guarderías infantiles, jardines de niños, centros de desarrollo infantil o cual sea la denominación o naturaleza jurídica de los establecimientos destinados al cuidado y atención física, psíquica, social, sanitaria y educativa de las niñas y niños menores de seis años de edad, mismos que serán regulados por la presente ley.
Artículo 4. Las Estancias Infantiles seguras y de calidad son un derecho humano del que son titulares las niñas y niños.
Artículo 5. Los principios que guiarán la prestación de los servicios de las Estancias Infantiles son los siguientes:
La seguridad: Entendida como el derecho de las niñas y los niños a ser reintegrados a su entorno familiar en el goce de su derecho a la vida y sin lesiones físicas o psíquicas.
Participación: El derecho de las madres, padres o tutores para intervenir en la dirección de las Estancias Infantiles, de manera de que velen por la debida tutela de los derechos de las niñas y niños, especialmente en materia de seguridad e higiene.
Integralidad: Las Estancias deben otorgar, salvo casos socialmente justificados, un servicio integral a las niñas y niños.
No discriminación: Las Estancias deberán admitir y otorgar los servicios sin discriminación alguna entre las niñas y niños.
Interés superior del niño: Las decisiones en torno a las Estancias Infantiles deben velar en todo momento por el respeto a este principio, por encima de intereses mercantiles o de cualquier otro tipo.
Artículo 6. Las Estancias Infantiles deberán armonizar sus horarios con las jornadas de trabajo de las madres, padres o tutores. Por lo tanto se impulsará la creación de Estancias con horarios diurno, vespertino, nocturno y mixto. Esto especialmente en las Estancias a cargo de las instituciones de seguridad social en el país.
Del Instituto Estatal de Estancias Infantiles
Artículo 7. Se crea el Instituto Estatal de Estancias Infantiles, como organismo descentralizado, no adscrito a ninguna dependencia, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
Artículo 8. Este instituto contará con una junta de gobierno, que estará integrada en los siguientes términos:
Los vocales de la Asamblea de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles, no percibirán honorarios y deberán ser reemplazados cada dos años a convocatoria de la propia asamblea, que no podrán ser reelegidos.
Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
Coordinar todos los niveles de gobierno en materia de Estancias Infantiles;
Otorgar y revocar las licencias para operar como Estancias infantiles, en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia Estatal y los Consejos para la Legalidad en las Estancias Infantiles;
Llevar debidamente actualizado el Registro Público Estatal de las Estancias Infantiles;
Emitir las disposiciones necesarias de carácter general en materia de Estancias Infantiles;
Autorizar las colegiaturas que cobren las Estancias Infantiles procurando que sean proporcionales a los servicios que brindan y a las posibilidades económicas de las y los usuarios. Esta autorización se otorgará como parte de la Licencia para ejercer el servicio de Estancia Infantil y, posteriormente, de manera anual, precisamente, durante el mes de agosto de cada año;
Aplicar un programa nacional en materia de seguridad e higiene para las Estancias Infantiles;
Llevar una estadística sobre la calidad en los servicios, la población que atiende y las necesidades específicas de la población escolar detallada sobre las Estancias Infantiles del país;
Aplicar, las sanciones previstas en esta ley;
Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas en aplicación de este ordenamiento;
Verificar, en coordinación con las autoridades federales y locales a las Estancias Infantiles; y
Las demás que le otorguen esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 10. El Instituto Estatal de Estancias Infantiles, contará con un vocal ejecutivo, que será designado por la Junta de Gobierno. El vocal ejecutivo deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con título de licenciado en derecho, con cinco años en el ejercicio de su profesión, debiendo haberse distinguido en materia de derecho laboral o de la seguridad social. Deberá carecer de antecedentes penales.
El vocal ejecutivo del Instituto tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, para informar de los asuntos del Instituto;
Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto;
Convocar a las sesiones de la Junta Directiva;
Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;
Presentar a la Junta Directiva a más tardar el último día de septiembre de cada año, la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamiento para el año siguiente;
Proponer a la Junta Directiva los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo del Instituto; y
VII. Las demás que le señalen esta ley y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 11. El Consejo de Vigilancia se encargará de supervisar que el Instituto cumpla sus funciones con estricto apego a derecho. Se integrará por tres especialistas en las áreas de seguridad e higiene y protección civil, y derecho de la seguridad social y derechos de la infancia y de actuaría y, cinco representantes de la Asamblea de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles. Los primeros serán sujetos a un examen de oposición a convocatoria de la Junta de Gobierno del Instituto; los segundos serán designados a convocatoria de la asamblea referida.
Artículo 12. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos seis veces por año, y las extraordinarias que convoque el vocal ejecutivo, o cuando menos, una tercera parte de sus integrantes. La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos siete días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo casos de urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.
De la Participación Social en materia de Estancias Infantiles
Artículo 13. Se crea la Asamblea de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles. Se constituirá con delegados de las Asambleas Estatales, y éstas a su vez con delegados de las Asambleas Municipales. Cada una de estas, deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias.
Artículo 14. En cada municipio se deberá crear un Consejo para la Legalidad en las Estancias Infantiles, que se integrará con el Presidente Municipal, los directores de protección civil y de bomberos del municipio, o equivalentes, dos directoras de las Estancias Infantiles del municipio respectivo, un representante de los propietarios o responsables de las Estancias Infantiles y cinco representantes de la Asamblea Municipal de Madres y Padres de Familia y Tutores con Hijos en las Estancias Infantiles. Se encargará de vigilar que las Estancias actúen en estricto apego a las disposiciones legales aplicables a efecto de que mejoren la prestación del servicio. Deberá reunirse de manera mensual.
Este Consejo será quien otorgue las Licencias Provisionales para ejercer el servicio de Estancia Infantil.
Artículo 15. En cada Estancia Infantil se constituirá un Comité para la Seguridad e Higiene, en el que participará la directora de la Estancia Infantil, un representante de los profesores y, dos representantes de la asociación de padres de familia de tal Estancia.
Artículo 16. Cualquier persona tendrá derecho a interponer queja administrativa ante el Instituto, ya sea directamente o por conducto del Consejo para la Legalidad en las Estancias Infantiles; asimismo tendrá derecho para ejercer las acciones que legalmente procedan por violaciones a los derechos de las niñas y niños en las Estancias Infantiles, o, en general, de las disposiciones aplicables a ellas. Asimismo, por la existencia de riesgo inminente que pongan en peligro la vida o salud de los menores o de su personal.
Artículo 17. Los dueños o responsables, directoras y demás personal de las Estancias Infantiles, tienen la obligación de impulsar y respetar la participación de los padres de familia o tutores en la vida de la Estancia; de lo contrario serán sujetos de las sanciones establecidas en la presente ley.
De las Licencias para ejercer el Servicio de Estancia Infantil
Artículo 18. La licencia para ejercer el servicio de Estancia Infantil será expedida con carácter provisional por el Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles y ratificada con carácter definitivo por el Instituto por conducto del DIF Estatal, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en esta la ley y su reglamento.
Artículo 19. Las licencias para ejercer el servicio de Estancias Infantiles no podrán ser transferidas, salvo pena de nulidad.
Artículo 20. Para tramitar una licencia se deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
Llenar solicitud por escrito conforme al formato que les entregue el Instituto por conducto del Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles.
Acreditar el carácter de propietario del inmueble o del respectivo contrato de arrendamiento.
Realizar exámenes médico y psicológico al personal que laborará en la Estancia, estos serán aplicados por el DIF estatal correspondiente.
Certificación de capacitación otorgada por el DIF Estatal correspondiente, que confirme que el gerente, encargado o administrador y todo el personal de la Estancia Infantil, cuente con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes para cumplir con su labor o en su caso proporcionar la capacitación para abrir una Estancia Infantil;
Autorizaciones o permisos expedidos por la Secretaria de Salud, en la cual se expresen que las instalaciones de la Estancia cuentan con las condiciones necesarias de salubridad e higiene, para prestar el servicio, materia de la presente ley;
Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, en su caso;
Acta de nacimiento de las personas físicas y, tratándose de personas morales, su acta constitutiva cuyo objeto exclusivo sea la prestación del servicio de Estancias Infantiles, así como los documentos que acrediten la representación legal del promovente;
Carta de no antecedentes penales de los propietarios o responsables y de todo el personal;
Cumplir el acta inicial de inspección general por parte del DIF Estatal, para verificar si cuenta con los requisitos mínimos del establecimiento y la calidad del servicio ofrecido.
Cumplir el permiso o autorización en materia de protección civil emitida por los Ayuntamientos.
Entregar un programa y plan de trabajo para operar la Estancia, de acuerdo a las edades de niñas y niños que atenderá, así como la organización administrativa básica que tendrá la Estancia.
Contar con una póliza de seguros, para responder por alguna eventualidad durante la permanencia de niñas y niños en la Estancia, el monto será fijado por el reglamento de esta ley.
Presentar para su autorización, en su caso, proyecto de colegiaturas a cobrar en la Estancia.
Exhibir el proyecto de reglamento interno de la Estancia.
Los demás que determinen las leyes aplicables.
Artículo 21. Recibida la solicitud ante el respectivo Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles, en un plazo máximo de veinte días hábiles, esta instancia le comunicará al interesado de la resolución de ésta y en el caso de que se autorice la Estancia, se expedirá la Licencia Provisional respectiva, misma que deberá ser turnada por este Consejo en un término máximo de tres días hábiles al Instituto para que este otorgue en su caso, en un plazo máximo de 10 días hábiles la Licencia Definitiva. Sólo hasta obtener la Licencia Definitiva podrá comenzar a operar una Estancia.
Anualmente se refrendaran las licencias, previa comprobación de que se continúan cumpliendo los requisitos legales referidos en el artículo anterior. De lo contrario la Estancia quedará sujeta a las sanciones prevista en esta ley.
Artículo 22. Para la terminación voluntaria de la licencia, el titular deberá avisar con treinta días de anticipación al Instituto y al Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles, a fin de que se realicen los verificativos correspondientes. La falta de este aviso dará lugar a las sanciones administrativas señaladas en esta ley.
Artículo 23. Las Estancias Infantiles que acepten niños mayores a cuatro años, deberán garantizar el derecho que tienen niñas y niños de recibir educación preescolar, conforme a los programas y planes de estudio oficiales y las disposiciones legales aplicables.
Artículo 24. Todas las actividades que realicen las niñas y niños se llevarán a cabo dentro de los establecimientos de la Estancia Infantil, con excepción de aquéllas que conforme al programa y plan de trabajo aprobado por el Instituto consideren necesarios realizar fuera de sus instalaciones. En tal supuesto deberá avisarse previamente a las Madres, Padres de Familia y/o Tutores para autorizar por escrito la salida de la niña o niño.
Requisitos para que la Estancia Infantil inicie Actividades
Artículo 25. Para iniciar actividades, las Estancias Infantiles deberán contar como mínimo con:
Salas de atención para lactantes, maternales, preescolares y de usos múltiples.
Área de recepción con escritorio, sillas, archiveros, cuna/observación, básculas con estadímetro para niños y bebés, botiquín de primeros auxilios y lavabo.
Salas de atención con cunas, colchonetas, mesas y sillas infantiles, muebles de guarda y baño de artesa.
Área común de usos múltiples para el desarrollo de actividades de entrenamiento, recreación y físicas en tiempo libre a efecto de enriquecer las esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotora.
Área de nutrición: Cocina con anaqueles, refrigerador, estufa, fregadero preferentemente de doble tarja, trampa de grasas, triturador, disposición adecuada de basura, mesa para preparación de alimentos, laboratorio de leches con esterilizador y almacén de víveres.
Áreas exteriores con patio cívico, de servicio y recreativo.
Sanitarios con excusados, área de bacinicas y lavabos de colocación y altura proporcionales a las características de los menores.
Artículo 26. Se considerarán como actividades inherentes a los servicios en las Estancias Infantiles:
Atención al menor sustentada en principios científicos, éticos y sociales.
Actividades educativas y recreativas que promuevan el desarrollo de las esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotora.
Atención de quejas y sugerencias de las madres, padres y tutores con garantía de que sean tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y seguimiento de las medidas adoptadas.
Deberá haber una o varias áreas dedicadas a dormitorio, para siesta y en su caso para el descanso nocturno.
Promoción y participación obligatoria de los padres o tutores en el proceso de atención a los menores.
El número de menores que se atiendan en las Estancias Infantiles estará sujeto a su capacidad instalada, las que deberán contar con el personal suficiente para evitar problemas de atención a los menores.
Todas las Estancias Infantiles deberán contar con organización física y funcional que contemple la distribución de áreas de acuerdo a la edad de los menores.
Del Personal de la Estancia
Artículo 27. Todo el personal de las Estancias Infantiles, deberá acreditar documentalmente su capacitación para la actividad. Éstas deberán establecer programas permanentes de capacitación teórica y práctica para su personal; o bien apoyar a éste, para que participe en aquellos que organicen e implementen el DIF Estatal o el Consejo Municipal para la Legalidad en las Estancias Infantiles, los que en todo caso tendrán valor curricular. Este personal deberá ser suficiente para atender a las niñas y niños en los términos que marque el reglamento respectivo.
Artículo 28. Las personas que pretendan desempeñarse como directoras de una Estancia Infantil, deberá contar con título de Licenciatura en educación, enfermería o carrera afín.
Artículo 29. El personal de la Estancia deberá estar debidamente capacitado en primeros auxilios.
Artículo 30. El personal de la Estancia que se encargue de la atención directa a los menores deberá ser preferentemente del sexo femenino.
De la Prevención de Accidentes y Enfermedades
Artículo 31. La política que se aplique en materia de seguridad e higiene en las Estancias Infantiles, debe tener ante todo un enfoque preventivo.
Artículo 32. Durante su permanencia en la Estancia los niños deberán ser constantemente vigilados y atendidos por el personal. El cual además deberá vigilar que no haya al alcance de los niños factores de riesgo que afecten su integridad física o psíquica.
Artículo 33. Se vigilará permanentemente el saneamiento ambiental de las diferentes áreas de la Estancia, tomándose las medidas correctivas que correspondan.
Artículo 34. Se vigilará de manera permanente que los niños tengan el esquema de inmunización actualizado. En general, se vigilará permanentemente su estado de salud.
Artículo 35. Se deberá contar con un expediente por cada menor inscrito, para contar con información completa y actualizada.
Artículo 36. El inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario de la Estancia, deberán recibir el mantenimiento preventivo o correctivo para su conservación.
Artículo 37. Para efectos de esta ley se entenderá por:
Evacuación: Es el conjunto de maniobras y acciones que ejecuta un individuo o una comunidad, para desplazarse a un lugar de menor riesgo o de máxima seguridad a través de una ruta de evacuación conocida cuando se ve amenazado súbitamente por un fenómeno natural que ponga en peligro su vida e integridad física.
Programa de protección civil: El instrumento para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la población, bienes y entorno. A través de éste se determinan los participantes, responsabilidades, facultades y se establecerán los objetivos, estrategias, líneas de acción y recursos para llevarlo a cabo.
Protección civil: La acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, junto y bajo la dirección de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, en donde éstos son destinatarios y actores principales de acción, ante la ocurrencia de un desastre.
Saneamiento ambiental: La serie de medidas organizadas, encaminadas a eliminar del ambiente todos los factores que pueden ser nocivos para la salud de la población.
Artículo 38. Las Estancias Infantiles se ubicarán preferentemente en edificios independientes y de una sola planta, y deberán estar dotados de jardín o patio de recreo; o bien en el primer piso.
Sus instalaciones deberán ser suficientemente amplias para atender a cinco o más niñas y niños, incluyendo espacios para actividades recreativas, lúdicas, deportivas, de expresión y culturales.
Las Estancias Infantiles no deberán ubicarse en vías de circulación rápida o intensa, en o junto a bodegas, gasolineras, expendios con bebidas alcohólicas y otros análogos que pongan en riesgo la vida y salud de los menores.
La ventilación de las áreas cerradas deberá ser suficiente.
Artículo 39. Las Estancias Infantiles deberán contar con un responsable sanitario.
Artículo 40. En materia de seguridad, las Estancias deben considerar los siguientes factores:
Diseño arquitectónico para el desalojo del inmueble en caso de siniestro.
Se debe contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para su uso en caso de siniestros, atendiendo a lo que establezca el reglamento de bomberos.
Disponer de un sistema de iluminación de emergencia en las áreas de tránsito del personal y los usuarios.
En los muros no se utilizarán materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos.
Se debe proveer al personal de la Estancia Infantil, de políticas y actividades estructuradas que permitan salvaguardar la integridad física del niño, del usuario y del personal, así como mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la unidad.
Artículo 41. Será responsabilidad de la directora de la Estancia en coordinación con el Comité para Seguridad e Higiene de la Estancia Infantil:
Verificar que las instalaciones de la Estancia se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, para cubrir las necesidades de operación;
Verificar y participar en la aplicación del programa de Protección Civil de la localidad, así como observar las acciones determinadas para evacuar la Estancia Infantil o coordinar medidas de seguridad emergentes, en caso necesario;
Acatar y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, emitidas por la Secretaría de Salud;
Que las acciones higiénicas que realice el personal operativo se cumplan con estricto arreglo a lo emitida por la Secretaría de Salud;
Que la puerta de acceso a la Estancia invariablemente permanezca cerrada con llave y pasador, y éste encontrarse fuera del alcance de los niños;
Instruir al personal de vigilancia acerca de las funciones que debe realizar y verificar que toda persona ajena a la Estancia registre su entrada en el control correspondiente y presente identificación oficial;
Verificar que se efectúe la detección y control del saneamiento ambiental de acuerdo con lo emitido por la Secretaría de Salud;
Verificar que los residuos sólidos se clasifiquen conforme a las disposiciones que regulan el manejo en cada localidad;
Que los botes colectores de basura y el área destinada para este fin, se encuentren en óptimas condiciones de higiene, a fin de evitar focos de contaminación que pongan en riesgo la salud de los niños y del personal;
Verificar que el personal auxiliar de limpieza cumpla con el programa de limpieza rutinaria y exhaustiva de todas las áreas que integran la Estancia Infantil sin poner en riesgo la integridad de los niños;
Supervisar que el funcionamiento de los baños, los lavabos y los desagües de los sanitarios, se encuentren permanentemente en óptimas condiciones;
Durante el horario de la prestación del servicio de la Estancia Infantil, las áreas que conforman la unidad operativa, se utilizarán exclusivamente para el desarrollo de las funciones y actividades propias de la Estancia;
Supervisar que se realicen los exámenes microbiológicos al personal operativo, los alimentos, el mobiliario y los utensilios de la Estancia Infantil, a fin de proporcionar a los niños usuarios atención médica, acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica; y
Llevar una bitácora, en donde se registran diariamente las situaciones relevantes ocurridas durante la jornada de trabajo del vigilante.
Artículo 42. Será igualmente responsabilidad de la directora de la Estancia en coordinación con el Comité para la Seguridad e Higiene de la Estancia Infantil, cumplir con el siguiente Proceso de Seguridad e Higiene:
La directora de la Estancia Infantil debe mantener en un lugar visible del área administrativa la lista actualizada de los teléfonos de emergencia;
Debe corroborar que la "Autorización Sanitaria", emitida por la Secretaría de Salud de la localidad, se encuentre colocada en un lugar visible de la dirección;
Se debe realizar al inicio de la jornada de trabajo y en cada turno, recorrido por todas las áreas que integran la Estancia, con el fin de identificar factores de riesgo o áreas insalubres que pongan en peligro la salud e integridad física de los niños y del personal;
Corroborar que los juegos infantiles de las áreas exteriores, tengan una altura y acabados que no propicien accidentes a los niños;
Vigilar que las áreas destinadas para la atención de los niños, no se utilicen como lugares de almacenamiento;
Detectar las situaciones de riesgo y deficiencias de limpieza detectadas en las áreas de atención de los niños, para darles solución;
Supervisa que no existan factores de riesgo en las áreas destinadas para la atención de los niños, de acuerdo con lo siguiente:
Impedir el uso de extensiones eléctricas.
Restringir el acceso de la población infantil a las bodegas en caso de existir.
Que los pisos se mantengan limpios y secos.
Que la herramienta de jardinería se mantenga fuera del alcance de los niños.
Inspeccionar periódicamente que la estructura del inmueble no tenga fisuras o grietas.
Que las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas y aire acondicionado (de existir), estén en óptimas condiciones.
Que las coladeras se encuentren con tapa.
h) Que las ropas de los niños no tengan elementos desprendibles, como etiquetas y otros, que se los puedan llevar a la boca, con riesgo de asfixia.
Que las áreas verdes no tengan desniveles, huecos, zanjas, entre otros, que puedan propiciar caídas.
Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un sólo contacto.
Limpiar por lo menos una vez al año las tuberías de drenaje y mantenerlas permanentemente libres de obstrucciones.
Instalar un baño exclusivo para el personal de la Estancia, separado de las sala y de los servicios de las niñas y niños.
Mantener siempre los sanitarios con agua limpia.
Que los mosquiteros de las ventanas y puertas del área de alimentación, se encuentren limpios y en buen estado.
Que los pisos de las áreas de juego y baño tengan cubiertas antiderrapantes.
Que tengan cubiertas adecuadas las partes de hierro o material o giratorias que representen un riesgo para los niños.
Que el área de sanitarios y bacinicas se mantengan permanentemente limpias, ventiladas y libres de olores.
Verificar que el personal auxiliar de limpieza de la Estancia, cumpla con las medidas determinadas para la solución de las situaciones reportadas de seguridad e higiene para mantener las instalaciones en condiciones de funcionamiento.
Supervisar que las instalaciones de la Estancia se encuentren permanentemente en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene e informar al propietario responsable con oportunidad cualquier situación que requiera de su intervención para realizar las acciones preventivas o correctivas necesarias.
El servicio de fumigación, deberá ser mensual o antes, en el caso de ser necesario.
Vigilar que en la Estancia no existan fertilizantes, sustancias o plantas tóxicas o con espinas, que pongan en peligro la integridad física de los niños y del personal.
Corroborar la vigencia de los extintores mediante la verificación de la fecha de recarga, así mismo que se encuentren en buen estado.
Que los portabebés, sillas y mesas infantiles no sean apilados para evitar accidentes con los niños.
Atender los casos de contingencia o accidentes que impidan la operación del servicio y notificar en forma inmediata al propietario o responsable y autoridades competentes.
Que sólo estén instalados los tanques de gas necesarios para lo servicios que proporciona la Estancia.
Programa de Protección Civil y Personal de Vigilancia
Artículo 43. En las Estancias Infantiles se deberá cumplir puntualmente con la Legislación aplicable en materia de protección civil. La directora de la Estancia en coordinación con los restantes miembros del Comité para la Seguridad e Higiene de la Estancia, deberá:
Solicitar asesoría a los responsables del Programa de Protección Civil de la localidad para elaborar el programa detallado de protección civil de Estancia Infantil, considerando lo siguiente:
La integración del comité con personal de la Estancia para los casos de contingencia.
La identificación de las áreas de seguridad en la Estancia con su respectivo señalamiento.
La organización de actividades y establecimiento de fechas para efectuar los simulacros.
El programa se regirá con base en las disposiciones establecidas en la localidad y por el Instituto.
Coordinar y cumplir con la realización semestral de simulacros, de acciones preventivas con los niños y personal de la Estancia y elaborar el informe de simulacros correspondiente.
Enviar el informe de simulacros al Consejo para la Legalidad en las Estancias Infantiles.
Artículo 44. Las Estancias Infantiles deberán contar de manera permanente con personal de vigilancia, el cual se encargará de:
Resguardar las llaves de acceso a la Estancia.
Mantener cerradas las puertas de la Estancia en forma permanente.
Controlar el acceso de personas que acudan a solicitar el servicio, a proporcionar algún servicio o tratar asuntos relacionados con la Estancia Infantil, previo registro en el "Control de acceso a la Estancia".
Impedir la entrada a la persona que se presente en estado inconveniente, vendedores, propagandistas, entre otros.
Controlar la salida del mobiliario, equipo y materiales diversos de acuerdo con las instrucciones de la dirección.
Identificar al personal operativo de la Estancia mediante la presentación de su gafete.
Artículo 45. Los dueños o responsables, al recibir información de las problemáticas identificadas en la Estancia infantil, deberán de inmediato realizar los trabajos de corrección, mantenimiento y conservación.
Artículo 46. La alimentación que reciban los menores deberá ser sana, nutritiva, suficiente, variada y balanceada. Deberá contar con el aporte calórico y los nutrientes necesarios de acuerdo al estado de salud de los niños y ser controlado a través de un examen nutricional cada seis meses como mínimo.
Se promoverá la lactancia materna y, que los niños y los usuarios adquieran hábitos alimentarios que hagan posible su óptimo desarrollo y crecimiento.
Artículo 47. En cuanto a la educación que se imparta en las Estancias, deberá ser laica y, fomentar el desarrollo armónico en los ámbitos físico, intelectual, afectivo, social y moral, debiendo estimular sus diferentes áreas y capacidades como lenguaje verbal y no verbal, memoria, percepción-motricidad e inteligencia emocional a través del juego, buscando el equilibrio y teniendo en cuenta el nivel madurativo individual de cada niña o niño; estimulándolos y motivándolos para el posterior aprendizaje escolar, al propio descubrimiento y superación de nuevos retos.
Una educación de las niñas y niños se debe caracterizar por ser de calidad, impulsar su desarrollo integral y dar las bases para su formación como personas, fomentando en ellos valores, autonomía, creatividad; estimulando también su desarrollo en las áreas social, afectiva, intelectual, psicomotriz y cognitiva. Para fortalecer la confianza en sí mismos y la predisposición al aprendizaje.
La educación, desde las Estancias, debe proyectarse hacia la unidad entre todos los niveles educativos.
Artículo 48. Se brindarán los servicios médico y psicológico. Cuando no se brinde en la propia Estancia, se deberán buscar los mecanismos para brindar estos servicios a las niñas y niños con un enfoque preventivo, de calidad y con calidez. Al efecto se celebrarán convenios con instituciones públicas, privadas o sociales.
Artículo 49. Todas las Estancias Infantiles admitirán a menores con discapacidad no dependientes. Esto sin menoscabo de que se fomente el establecimiento de Estancias Infantiles especializadas en la atención de menores con discapacidad dependientes.
Los menores con discapacidad deberán presentar además de los requisitos estipulados en los reglamentos internos de cada institución, constancia de evaluación por médico especialista de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad.
El menor con discapacidad deberá contar, mientras sea necesario, con constancia semestral de continuidad en su programa de rehabilitación de la institución que lo atienda.
Para la atención de menores con discapacidad se implantarán programas de sensibilización y capacitación continua para el personal encargado de cada área, sin que se requiera de alguna especialización; salvo que tal especialidad sea indispensable.
Artículo 50. La prestación de los servicios de las Estancias Infantiles quedará sujeta a que el usuario, es decir, madres, padres o tutores, cumplan con las disposiciones de la presente ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 51. Para la prestación de los servicios, los usuarios deberán inscribir personalmente a las niñas y niños conforme a la normatividad administrativa aplicable y presentarán como mínimo los siguientes documentos del menor:
Copia Certificada y fotostática del Acta de Nacimiento.
Comprobante del examen médico de admisión.
Cartilla Nacional de Vacunación actualizada de acuerdo con la edad, con los registros correspondientes de las vacunas aplicadas.
Artículo 52. Previo al ingreso del niño, se deberá proporcionar al usuario una plática de orientación sobre el servicio, y sobre sus derechos y obligaciones. En general, el personal dará orientación y mantendrá una comunicación constante, abierta y respetuosa con los usuarios sobre los asuntos relacionados con las niñas y los niños.
Artículo 53. El usuario está obligado a observar las indicaciones de tipo médico-preventivo que se le hagan por parte del personal autorizado de la Estancia, a fin de que los menores sean sometidos a los exámenes médicos necesarios.
Artículo 54. El usuario o persona autorizada presentará al menor con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las características que en la Estancia se le indique. Los menores no llevarán ningún objeto que les pueda causar daño a su persona o a la de los otros menores, de igual manera no podrán llevar alimentos, alhajas o juguetes, permitiendo sólo el acceso de estos últimos, el día en que por el programa educativo se requieran.
Artículo 55. El usuario o la persona autorizada informarán diariamente al personal de la Estancia sobre el estado de salud que observó el menor durante las últimas doce horas.
En caso de que se informe que el menor durante este lapso sufrió algún accidente o presentó alteraciones en su estado de salud, el usuario o la persona autorizada deberá esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su aceptación o rechazo, en este último caso, el usuario o las personas autorizadas se encargarán de trasladar al menor para su atención médica.
La omisión de proporcionar la información mencionada, en los párrafos precedentes, relevará en su caso, de responsabilidades al personal de la Estancia o a quien proporcione el servicio.
Artículo 56. El usuario deberá informar al personal de la Estancia Infantil de las causas que hayan originado las lesiones físicas que presente el menor y que hubieren sido detectadas por el personal de la misma en su recepción o durante su Estancia. Dependiendo de la gravedad de las lesiones y en caso de que éstas se apreciaran reiteradamente en el cuerpo del menor, la dirección de la Estancia tomará las medidas médicas, administrativas o legales que correspondan.
Artículo 57. En el caso en que se deba administrar algún medicamento o alimento especial al menor durante su permanencia en la Estancia Infantil, el usuario entregará la receta médica correspondiente al momento de presentar al menor en la Estancia, misma que deberá tener fecha de expedición no mayor a siete días anteriores a su presentación, con el nombre, matrícula o número de cédula profesional y firma del médico responsable. La administración del medicamento o alimento especial será siempre a solicitud del usuario en la forma que señale la receta respectiva y de acuerdo a los horarios establecidos en la Estancia.
La falta de presentación de la receta médica para la administración de medicamentos o alimentos especiales al menor, será causa de su no admisión por ese día y así también cuando la receta prescriba la aplicación de inyecciones, gotas oftálmicas, las cuales tengan que administrarse al menor durante su Estancia en la Estancia.
Artículo 58. El usuario estará obligado a acudir a la Estancia cuando sea requerida su presencia por motivos de salud del menor.
Tratándose de trámites administrativos, el usuario o las personas autorizadas deberán acudir a la Estancia cuando se les requiera.
Asimismo el usuario deberá participar activamente en los programas educativos y de integración familiar del menor.
Artículo 59. El usuario deberá avisar con anticipación al personal de la Estancia la inasistencia del menor a la misma, así como las causas que la motiven.
Artículo 60. Cuando el usuario informe a la Estancia la inasistencia del menor por padecer una enfermedad infectocontagiosa, para ser readmitido, el usuario deberá presentar la hoja de valoración médica.
En caso de inasistencia del menor no justificada por más de ocho días, se presumirá la enfermedad del mismo, y para su readmisión se deberá seguir por parte del usuario el trámite indicado en el párrafo anterior.
Artículo 61. Cuando el menor durante su permanencia en la Estancia requiera de atención médica de urgencia, será trasladado al servicio médico correspondiente, por el personal de la Estancia.
En este caso se informará al usuario o personas autorizadas dicha situación, quienes tendrán la obligación de presentarse en los servicios médicos para conocer el estado de salud del menor y permanecer con él.
El personal de la Estancia que acompañe al menor a la unidad médica permanecerá con el menor hasta en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales se deberán identificar plenamente.
Artículo 62. Los menores sólo serán entregados al usuario o a las personas autorizadas para recogerlos, previa exhibición de la credencial que en su oportunidad les fue expedida por la Estancia.
Artículo 63. La pérdida de la credencial de identificación del usuario o de las personas autorizadas para recoger al menor deberá ser comunicada por escrito en forma inmediata a la Estancia, para su reposición.
Artículo 64. El usuario o personas autorizadas se abstendrán de presentarse a recoger al menor a la Estancia Infantil, bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica que altere su estado de conciencia.
Si se incumple el supuesto anterior, la dirección de la Estancia se reserva la facultad de retener al menor hasta antes del cierre de la misma, lapso durante el cual el personal de la Estancia agotará las instancias para localizar a otra persona autorizada para recoger al menor y llegado el caso, procederá de acuerdo a lo establecido para el manejo del niño abandonado.
Independientemente de lo anterior, se aplicará en su caso, al usuario las sanciones que sobre el particular se establecen en este cuerpo normativo.
Artículo 65. El usuario procurará cumplir en su hogar las indicaciones que, en materia de alimentación, cuidado de la salud y educación del menor, le haga el personal técnico responsable de los servicios de la Estancia.
Artículo 66. El usuario y personas autorizadas, así como el personal de la Estancia, se conducirán en todo momento con respeto y cortesía a fin de mantener y estrechar la mutua relación en beneficio del menor. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que en caso de proceder se pudieran aplicar.
Artículo 67. La niña o el niño que no sea recogido dentro de los sesenta minutos posteriores al cierre de la Estancia se considerará que ha sido abandonado, por lo que una vez agotadas las instancias de localización del usuario o personas autorizadas, se procederá previa notificación a los encargados de la Estancia Infantil, para presentar al niño o niña ante el Ministerio Público para iniciar el proceso correspondiente.
Artículo 68. El Instituto en coordinación con el DIF Estatal, deberá ordenar la suspensión temporal o definitiva de los servicios que presta una Estancia, cuando se presenten las siguientes causas:
I. Cuando exista un peligro inminente contra la vida e integridad personal de las niñas y niños y el personal.
II. Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento epidémico entre los menores, de tal manera que se haga indispensable aislar el área que ocupa la Estancia por el tiempo que la Secretaría de Salud federal o local consideren necesario.
III. Cuando a juicio del Instituto sea necesario ejecutar obras de reparación, ampliación, remodelación o reacondicionamiento del inmueble que ocupa la Estancia, durante las cuales sea imposible la prestación del servicio en condiciones normales para los menores o se ponga en riesgo su seguridad.
IV. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa que impida la prestación del servicio.
Suspensión del Servicio en Perjuicio del Usuario
Artículo 69. En caso de incumplimiento a las disposiciones de esta ley y su Reglamento por parte del usuario o de las personas autorizadas se aplicarán las sanciones siguientes:
II. Amonestación escrita con apercibimiento.
III. Suspensión temporal o indefinida del servicio.
Artículo 70. Podrá suspenderse temporalmente el servicio por lo siguiente:
I. Enfermedad transmisible, ya sea infecciosa o parasitaria.
II. Presentar el menor algún trastorno físico o mental que ponga en peligro su integridad o la de los menores con los que conviva.
III. Cuando el usuario no cumpla con el programa de aplicación de vacunas del menor.
Artículo 71. La suspensión del servicio podrá ser indefinida por las causas siguientes:
I. Cuando el menor presente algún padecimiento de tipo irreversible e incapacitante que requiera manejo y técnicas especializadas.
II. Reincidencia en algunas de las causas que originaron una suspensión. La suspensión indefinida será valorada y razonada por el DIF Estatal.
Artículo 72. En caso de suspensión del servicio se notificará personalmente y por escrito al usuario especificando si la suspensión es temporal o indefinida y las causas que la originaron.
Artículo 73. En caso de no encontrarse de acuerdo el usuario ante una sanción, el DIF Estatal citará para que en un lapso no mayor a quince días contados a partir de la notificación a que se refiere el artículo precedente, el usuario aporte los elementos de prueba que estime oportunos y se dicte la resolución administrativa que corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, en casos de interés general o en aquéllos en que se pueda causar un perjuicio a los miembros integrantes de la Estancia o a los menores que acuden a la misma, se aplicará de manera inmediata la sanción.
Contra el acuerdo que se emita con motivo de la aclaración, el usuario podrá interponer el recurso de revocación que será resuelto por el Instituto.
Artículo 74. Bimestralmente se deberá llevar a cabo en la Estancia Infantil una encuesta entre los usuarios sobre la calidad del servicio que se presta y las condiciones de seguridad e higiene.
El resultado de esta encuesta se deberá integrar en el informe estadístico mensual que la Estancia debe remitir al DIF Estatal.
De las Inspecciones y Visitas
Artículo 75. La supervisión de las Estancias estará a cargo del Instituto Estatal de Estancias Infantiles, de manera que se cuente como mínimo con un inspector por cada cincuenta Estancias Infantiles. Todas las Estancias deberán ser inspeccionadas de manera ordinaria por lo menos cada seis meses; y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias.
Artículo 76. En caso de riesgo inminente para la vida y salud de las niñas y niños, el inspector deberá ordenar la inmediata suspensión de las labores en las Estancias Infantiles, sujeta a su ratificación por el Instituto por conducto del DIF estatal en un término máximo de tres días hábiles. Si la Estancia no acata las medidas decretadas para corregir las fallas encontradas, se procederá a la clausura definitiva de la Estancia Infantil respectiva.
Artículo 77. Las facultades del Instituto en materia de supervisión, son sin perjuicio de las facultades que se confieran a otras dependencias, y demás ordenamientos tanto federales o locales aplicables en la materia de que se trate.
Artículo 78. Las inspecciones, se realizarán sin previo aviso. Los inspectores deberán estar provistos del documento oficial que los acredite como tales, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
Artículo 79. En toda visita de inspección ya sea general o sanitaria se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.
El inspector podrá ordenar medidas correctivas, de acuerdo con las irregularidades encontradas durante la visita, mismas que quedarán anotadas en dicha acta.
El Instituto deberá denunciar ante el Ministerio Público que corresponda todas las conductas que puedan tipificar delitos.
De las Sanciones y Delitos Especiales
Artículo 80. Por la infracción de las disposiciones de esta ley, se aplicarán las siguientes sanciones:
I. Multa de veinte a cinco mil salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los casos de reiteración de faltas administrativas; y en faltas que generen un riego para la salud o integridad física de los niños o el personal.
II. Multa de treinta a diez mil salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los casos de hostigamiento a los padres de familia o tutores y a sus hijos bajo su custodia, por el sólo hecho de haber denunciado alguna violación a los derechos de las niñas y niños o a la legislación aplicable.
III. Suspensión provisional: En los casos de reiteración de faltas que generen un riesgo para la salud o integridad física de los niños o el personal; y tratándose de faltas que representen un riesgo inminente para la salud o integridad física de los niños o el personal.
IV. Clausura definida de la Estancia y cancelación de la Licencia: Tratándose de faltas reiteras que representen un riesgo inminente para la salud o integridad física, psicológica o moral de los niños o el personal. También cuando de manera reiterada se cuarte el derecho de los padres o tutores a denunciar ante la dirección de la Estancia o autoridades competentes las violaciones a esta ley.
La reiteración se configura, cuando la falta u otra similar, se repite en un lapso de seis meses, computados a partir de la inspección.
Las multas se aplicarán entre el mínimo y máximo según la gravedad de la falta y demás circunstancias del caso.
Artículo 81. Las Estancias que operen sin licencia deberán ser clausuradas de inmediato por el Instituto.
Artículo 82. Al dueño o responsable de una Estancia Infantil que realice actos u omisiones culposas, calificadas como graves en materia de obligaciones de seguridad e higiene y protección civil, a virtud de lo cual se causen lesiones u homicidio en perjuicio de las niñas y niños o del personal a su servicio o de los usuarios, se le impondrá prisión de 3 a 50 años de prisión y de mil a cien mil días de multa.
Al dueño o responsable de una Estancia Infantil que incumpla de manera grave sus obligaciones en materia de seguridad e higiene y de protección civil se le aplicará pena de prisión de ocho meses a cuatro años y de mil a diez mil días de multa.
Al dueño o responsable de una Estancia Infantil que lleve a cabo o consienta, la comisión de delitos sexuales, pornografía infantil o tráfico de personas sobre los niños de la Estancia, recibirán el doble de la sanción privativa de libertad aplicable conforme al Código Penal del Estado.
Para los servidores públicos implicados en los delitos establecidos en este artículo la pena aplicable también se les incrementará al doble, además serán inhabilitados para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública por el mismo lapso de privación de la libertad.
Las penas de prisión señaladas en este artículo no se podrán sustituir o conmutar por otra pena.
Artículo 83. Las previsiones anteriores, será con independencia de las responsabilidades administrativas y de otro índole, en que incurran los servidores públicos.
Artículo 84. Las multas a que hace referencia el presente capítulo se cuantificarán tomando como base de cálculo la cuota diaria del salario mínimo general vigente en el Distrito Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento en que se cometa infracción o delito.
Artículo 85. Contra las resoluciones que se dicten en aplicación de la presente ley, procederá el recurso de revocación ante el Instituto, ya sea directamente o por conducto del DIF Estatal, precisamente dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se notifique la resolución respectiva. El recurso se deberá acompañar de los documentos y demás elementos de prueba. El recurso deberá ser resuelto y, notificada tal resolución de manera personal al recurrente dentro de los 20 días hábiles siguientes a su admisión.
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Reglamento de esta Ley, deberá ser expedido, en un término que no exceda los ciento ochenta días naturales, a partir de la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial.
Diputado Simón Hiram Vargas Hernández
“APOLONIO M. AVILÉS, BENEMÉRITO DE LA EDUCACIÓN
SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, A 30 DE ABRIL DE 2013
Iniciativa que presenta el diputado Edmundo Gómez Garza conjuntamente con el diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo” del Partido Acción Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 80 Y LA FRACCIÓN III DEL 269, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Como todos saben en esta Tribuna, el modelo de Fiscalía de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza fue reemplazado por el antiguo modelo de Procuraduría General de Justicia. El decreto correspondiente es de fecha 12 de abril de 2012, por ende, ha transcurrido más de un año desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En este orden de ideas, es deber de todo poder legislativo el adecuar los ordenamientos cuando se lleva a cabo una reforma que modifica conceptos, plazos, definiciones y en general cualquier tipo de contenido que por su naturaleza incide en otras leyes. Si bien el legislador acostumbra introducir artículos transitorios en las reforma cuando se trata de advertir que un concepto o denominación ha sido cambiado, en realidad, lo correcto y legislativamente pulcro, es realizar todas las adecuaciones necesarias para que las leyes que guardan una relación parcial o mínima entre sí, queden debidamente correlacionadas y en su caso, armonizadas.
En este tenor, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, aún conserva la denominación de “Fiscal” en los artículos que a continuación se enlistan:
ARTÍCULO 80....
VI. No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo, o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado......
ARTÍCULO 269.....
III. La denuncia de contradicción se presentará ante la Secretaría del Pleno. La Presidencia mediante oficio mandará dar vista al Fiscal General de la denuncia.....
ARTÍCULO ÚNICO: SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 80 Y LA FRACCIÓN III DEL 269, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
I a la V.....
VI. No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo, o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia del Estado, Diputado Local, o alguno de los cargos mencionados en la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de su nombramiento......
I a la II....
III. La denuncia de contradicción se presentará ante la Secretaría del Pleno. La Presidencia mediante oficio mandará dar vista al Procurador General de Justicia del Estado de la denuncia, para que dentro de los quince días siguientes manifieste su opinión. Transcurrido dicho plazo, con o sin opinión, la Presidencia acordará la ponencia en estricto turno a uno de los magistrados adscritos a la Sala de la materia sobre la que verse prevalentemente la contradicción, poniendo a su disposición el expediente respectivo. La ponencia se deberá formular dentro de los sesenta días siguientes, con inclusión de los que sean inhábiles o festivos. De la misma se dará cuenta al Pleno por conducto de la Presidencia para su discusión y aprobación.......
DIP FERNANDO SIMÓN GUTIÉRREZ PÉREZ
Iniciativa que presenta Fernando Simón Gutiérrez Pérez conjuntamente con el diputado Edmundo Gómez Garza del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo” del Partido Acción Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LOS NUMERALES 2, 5 Y 7 DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Es deber de todo poder legislativo el perfeccionar la legislación vigente cuando en esta se detectan fallas, antinomias, vacíos, errores de redacción, ambigüe-dades y en sí cualquier tipo de anomalía que resulte en un problema a la hora de aplicar la ley.
En ocasiones, uno de los problemas más comunes en los cuerpos normativos, es justamente la falta de precisión en alguna disposición concreta o grupo de disposiciones. Las razones pueden ser variadas: reformas constitucionales que luego no se plasmaron en el ordenamiento secundario correspondiente; modificación de una ley determinada sin que se hayan adecuado los cuerpos normativos que regulan de modo parcial o indirecto la misma materia; aplicar en un caso específico criterios o interpretaciones de la ley, sin que nadie se oponga a estos, estableciéndose una “costumbre” o creencia de que así debe ser entendido un artículo o grupo de artículos en un ordenamiento determinado.
Para no sobreabundar, nos referimos en este caso, al acto de votar las cuentas públicas y los informes trimestrales en los municipios de la nuestra entidad.
Desde siempre, y con independencia de las diversas reformas que se han hecho a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y al abrogado ordenamiento conocido como Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, los cabildos siempre han sometido a votación la aprobación de sus cuentas públicas y de los informes respectivos, tal y como se hace en los municipios-hasta donde investigamos- de todos los estados del país.
Sin embargo, el actual Código Municipal de Coahuila, no señala de modo expreso esta atribución en el apartado correspondiente a las atribuciones de los ayuntamientos; y tal aspecto solo se establece de la siguiente forma:
ARTÍCULO 102.....
En todo caso, los ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:
V. En materia de hacienda pública municipal:
7. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública de la hacienda municipal, integrada por los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos, mismos que deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes al término del trimestre que corresponda; asimismo verificar la presentación de la cuenta pública del sector paramunicipal......
Procedimos a revisar una parte de los similares ordenamientos de otros estados, encontrando que algunos presentan la misma omisión; pero, algunos sí atienden este rubro, y el legislador cuidó la redacción correspondiente, entre otros, nos referimos a las siguientes leyes:
Ley Municipal para el Estado de Oaxaca:
ARTÍCULO 46.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
IX.- Aprobar e integrar, dentro de la primera quincena del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso Local, la cuenta pública anual del ejercicio anterior y remitirla en el mismo plazo a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción II de la Constitución Local....
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:
Son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos:
C). EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL:
I. Aprobar su iniciativa de Ley de ingresos para el ejercicio fiscal que corresponda y remitirla al
Congreso del Estado a más tardar el día último del mes de octubre del año respectivo;
II. Aprobar libremente su proyecto de presupuesto anual de egresos en los términos de la presente ley y remitirlo al Congreso del Estado conjuntamente con la iniciativa de ley de ingresos respectiva;
III. Discutir y aprobar, en su caso, la cuenta pública de gasto anual que deberá presentar al Congreso del Estado para su revisión........
Nuestro Código Municipal, solo contiene una disposición similar, en el artículo 104, inciso E), fracción II, sin embargo, este apartado se refiere a las atribuciones del presidente municipal. Y, si bien menciona lo referente a las cuentas públicas, no habla de la Ley de Ingresos ni de los créditos que puede solicitar el ayuntamiento.
Consideramos que, así como lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, la atribución de los ayuntamientos en el sentido de analizar, discutir y votar la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal, el Presupuesto de Egresos, las Cuentas Públicas y lo referente a contratación de créditos de acuerdo a lo que dispone la Ley de Deuda Pública de la entidad en sus artículos 15 y 16. Debe quedar plasmado en el artículo 102 fracción V del Código Municipal de Coahuila, para armonizar las atribuciones del presidente municipal con las del ayuntamiento, y a la vez, para señalar de modo expreso el deber de votar la Ley de Ingresos correspondiente.
ARTÍCULO ÚNICO: SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS NUMERALES 2, 5 Y 7 DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 102......
2. Discutir, analizar, votar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal.
5. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Deuda Pública vigente en la entidad, enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración municipal.
7. Discutir, analizar, aprobar y presentar al Congreso del Estado la cuenta pública de la hacienda municipal, integrada por los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos, mismos que deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes al término del trimestre que corresponda; asimismo verificar la presentación de la cuenta pública del sector paramunicipal.
Iniciativa que presenta el diputado Edmundo Gómez Garza conjuntamente con el diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo” del Partido Acción Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1o DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE COAHUILA.
La ley, distingue perfectamente lo que es un organismo autónomo de uno con carácter descentralizado, centralizado o paraestatal; las disposiciones que hablan de lo antes mencionado son variadas, y para efectos de simple ilustración citamos las siguientes:
Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación...
Ley Federal de Entidades Paraestatales:
ARTICULO 3o.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas.....
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal....
Igualmente es de atenderse el siguiente criterio, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008:
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.....
Ahora bien, el tema que nos ocupa es la autonomía de las universidades que por ley gozan de este carácter.
A tal efecto, la Constitución General dispone lo siguiente:
Artículo 3.......
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere....
Es menester aclarar que hasta años recientes, se mantenía un debate entre juristas y entre legisladores, sobre la delgada y a veces no tan delgada frontera que existía entre un organismo descentralizado y uno autónomo, en especial, cuando las leyes de los años ochentas y noventas establecieron el carácter de “organismos descentralizados” a no pocas universidades que, para todo efecto legal, en realidad son autónomas. Esto lo podemos ver en casos como la Universidad Nacional Autónoma de México y no pocas universidades estatales que en sus cuerpos normativos plasmaron la frase “organismo descentralizado”.
Lo anterior, sin que debamos confundir el hecho de que en verdad existen institutos y escuelas que son genuinamente organismos descentralizados.
En contraparte, organismos de reciente creación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IFAI y el IFE gozan de un concepto de autonomía plenamente claro y debidamente establecido en la Constitución Federal y las leyes secundarias.
Explicable resulta entonces que en el pasado, la Corte, en no pocas ocasiones, haya tenido que emitir criterios para establecer las características y diferencias de los organismos descentralizados, centralizados, paraestatales y autónomos.
Las universidades autónomas de las entidades federativas, tal y como lo hemos mencionado, presentan el problema que ya señalamos relativo a sus leyes creadoras de las décadas ya mencionadas; para efectos de justificar la presente iniciativa, citamos lo que disponen los siguientes ordenamientos:
Ley Orgánica de la Universidad Juárez el Estado de Durango:
ARTÍCULO 1. La Universidad Juárez del Estado de Durango, es una institución pública, autónoma en su régimen interno para autogobernarse, administrar su patrimonio, determinar sus programas académicos en general, así como los planes y programas de estudio correspondientes a sus programas educativos, definir los procedimientos de admisión, promoción y permanencia del personal académico y sus alumnos, y dotada de plena capacidad para celebrar todo tipo de actos jurídicos y cuanto fuere necesario para el logro de sus fines.
La autonomía de la Universidad deberá ser protegida y mantenida por todas las Leyes y Autoridades del Estado....
Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas:
ARTICULO PRIMERO.- Se constituye la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como una corporación pública, con personalidad jurídica, gobierno autónomo y patrimonio libremente administrado, para los fines que le fija esta Ley y con los caracteres y competencia que la misma determina. Funcionará con las solas limitaciones que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y la Constitución General de la República.
Actualmente, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila establece en su artículo primero:
A la luz de los argumentos y fundamentos expuestos, consideramos que la palabra “descentralizado” ya no tiene cabida en un organismo que en verdad es autónomo para todos los efectos legales.
Por ello proponemos la modificación del artículo 1º.
ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGÁNICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTICULO 1o.- La Universidad Autónoma de Coahuila es un Organismo Público dotado de plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos económico, técnico y administrativo.....
Saltillo, Coahuila a 30 de abril de 2013
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” GRUPO PARLAMENTARIO “Licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo”
DIP. EDMUNDO GÓMEZ GARZA DIP. FERNANDO S. GUTIERREZ PEREZ
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,
PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 del mes de diciembre del dos mil doce, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,
PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Que la Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sentó las bases para la instauración de un sistema de justicia penal acusatorio y oral, en el que los medios alternos de solución de controversias representan uno de los pilares fundamentales para la viabilidad del sistema.
Se considera medio alterno de solución de controversias, a todo proceso en el que la víctima u ofendido y el imputado, participan conjuntamente, de forma activa, en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado alternativo, en el que se privilegiará la reparación del daño.
La importancia de los medios alternos, estriba en que al tiempo en que se fomenta una cultura por la paz en la que la ciudadanía pueda resolver mediante medios alternativos sus controversias, contribuye a despresurizar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, que hoy día sufre una crisis en su administración debido al extenso número de asuntos radicados, muchos de ellos por asuntos de menor cuantía o no graves.
Los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder, emanados de la resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostiene que las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, haciendo efectivos el derecho al acceso a la administración de justicia y la pronta reparación del daño.
De igual manera el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional dispone que “... Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial...”
Lo anterior pone en evidencia el importante papel que los medios alternativos de solución de controversias juegan dentro de la reforma penal, a efecto de dar salida a los delitos contribuir a dar viabilidad al sistema acusatorio.
Es importante destacar que en Coahuila de Zaragoza, los medios alternos han demostrado su efectividad desde hace más de 6 años en que fue puesto en marcha un sistema estatal de justicia alternativa, lo que convirtió al estado en pionero en la materia, a la que más tarde se sumarían entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.
En materia internacional, esta iniciativa, que busca la reforma de 9 artículos y la adición de 31 preceptos, recoge las experiencia de países como Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes han sido pioneros en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en Latinoamérica, entre las que se encuentran la mediación y la conciliación, medios alternos que incentivan la resolución del conflicto de manera breve, económica y efectiva.
En tal virtud, esta iniciativa busca fomentar la convivencia orgánica e inducir a una cultura de paz social para que los conflictos que surjan durante el procedimiento penal se solucionen a través del dialogo con ayuda de especialistas; fomentar, como se ha señalado la cultura de paz y restauración de las relaciones interpersonales y sociales a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias entre la sociedad de la entidad federativa; establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para la regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias derivadas del delito así como su procedimiento; hacer factible el acceso de los justiciables a los mecanismos alternativos establecidos en la ley para la solución de conflictos y fortalecer a los órganos especializados en la conducción y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regular su funcionamiento.
Es importante destacar que esta reforma se suma a otra presentada por el suscrito, aprobada y publicada el 26 de junio de este año. Las principales características de la citada reforma son:
1.- Da carácter de cosa juzgada a los acuerdos a los que lleguen las partes, previa certificación del Centro Estatal de Medios Alternos del Poder Judicial, por lo que en caso de incumplimiento, bastará con presentar ante un juez el acuerdo, para que este tenga que hacerlo cumplir.
2.- Abre la posibilidad de que otras instituciones, dependencias e incluso los ayuntamientos u otros profesionales, puedan tener a mediadores que conduzcan la solución a las controversias entre los ciudadanos, que hoy día atienden.
3.- Otorga al Consejo de la Judicatura la facultad de establecer los procesos bajo los cuales otorgará las certificaciones correspondientes, con la finalidad de profesionalizar a los mediadores y dar eficacia a los acuerdos.
En tal virtud, esta reforma fue desarrollada conforme a los siguientes principios:
Voluntariedad. La participación de las partes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación.
Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes en el proceso.
Flexibilidad. El procedimiento deberá carecer de toda forma rígida para responder a las necesidades de los usuarios y podrá agotarse en uno o varios mecanismos alternativos.
Neutralidad. El especialista deberá tratar el asunto con absoluta objetividad, estar exento de juicios, opiniones y prejuicios ajenos a los usuarios que puedan influir en la toma de sus decisiones.
Imparcialidad. El especialista deberá estar libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias, no concederán ventajas a alguno de los usuarios.
Equidad. Los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los usuarios, que conduzcan a la obtención de acuerdos recíprocamente satisfactorios y duraderos.
Legalidad. Sólo serán objeto de mecanismos alternativos los conflictos derivados de los derechos disponibles de las partes.
Honestidad. El especialista debe contar con los conocimientos indispensables para llevar a cabo eficazmente la función que tiene encomendada.
Inmediatez. El conciliador tendrá conocimiento directo del conflicto y de las partes.
Con esta reforma se propone que sean susceptibles de solución a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, aquellos hechos que la ley señale como delitos en los que proceda el perdón de la víctima u ofendido, los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, en los que se admita la sustitución de la sanción impuesta o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como aquellos cuya pena media aritmética no exceda de cinco años de prisión y carezcan de interés social.
Se exceptúan de lo anterior: los homicidios culposos producidos en accidentes de tránsito bajo el influjo de sustancias que alteren la capacidad de conducir vehículos, los delitos en contra de la libertad y seguridad sexuales y de violencia familiar, y los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
En materia de justicia para adolescentes sólo procederá en aquellos hechos que la ley señale como delito que no ameriten medidas de internamiento de conformidad con la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado, se exceptúan de lo anterior: los delitos de carácter sexual, los cometidos en perjuicio de menores y los casos de violencia familiar.
Para que proceda la aplicación de mecanismos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, será necesario que se cubra la totalidad del daño causado y que el juez apruebe el convenio o acuerdo respectivo.
En suma, con esta reforma se fortalecerá el uso de la mediación, la conciliación y los medios alternos en el Estado, mismos que constituyen una herramienta eficaz para desjudicializar los procesos, aligerar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y lo más importante, acercar una solución efectiva a la ciudadanía para resolver sus controversias sin invertir más dinero y tiempo que el que toma trasladarse ante los facilitadores, para procurar llegar a un acurdo, previa reparación del daño.
TERCERO.- Como bien se señala en la presente iniciativa los Medios Alternos de Solución de Controversias es todo proceso en el que tanto la víctima como el ofendido participan conjuntamente de forma activa en resolver todas aquellas cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado alternativo en el que se privilegiara la reparación del daño.
Por ello quienes aquí dictaminamos consideramos que es necesaria la implementación en esta Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, la implementación de los instrumentos que permitan a través del dialogo el encontrar la solución a los conflictos que deriven de un procedimiento penal, es conveniente que en la Ley se fijen las bases y requisitos así como las condiciones que regulen los medios alternativos de solución de controversias, haciendo de esta manera más accesible la justicia y fortaleciendo a los órganos que se especializaran en su conducción y aplicación de estos medios alternativos de solución de controversias.
Con lo anterior se avanza una vez más en la construcción del sistema que habrá de implementar en nuevo proceso de justicia penal acusatorio y oral en el Estado de conformidad a la reforma Constitucional Federal de junio del año 2008.
Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 2, las fracciones I a IV del artículo 3, el artículo 7, las fracciones I y III del artículo 8, el artículo 10, el segundo párrafo del artículo 12, las fracciones I y II del artículo 16, el primer párrafo del artículo 17, el primer párrafo del artículo 18, los artículos 28 y 30, el primer párrafo del artículo 32, el primer párrafo del artículo 33, el primer párrafo del artículo 37, las fracciones I y V del artículo 41, las fracciones I a IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 48, los artículos 51, 52, 53 y 55; y se adicionan la fracción VI del artículo 3, las fracciones VII a X del artículo 8, los artículos 9 Bis, 9 Bis 1 y 9 Bis 2, el artículo 10 Bis, el Capítulo Primero BIS “Los medios alternos en materia penal y de justicia para adolescentes” con sus artículos 11 Bis, 11 Bis 1, 11 Bis 2 y 11 Bis 3, el artículo 13 Bis, las fracciones IV a XIII y el segundo párrafo del artículo 16, el segundo párrafo del artículo 17, el segundo párrafo del artículo 21, la Sección Novena “Atribuciones” con sus artículos 21 Bis y 21 Bis 1 en el Capítulo Segundo, el artículo 23 Bis, los párrafos segundo y tercero del artículo 32, los párrafos segundo y tercero del artículo 33, los artículos 33 Bis y 35 Bis, las fracciones VII a X y el último párrafo del artículo 41, el artículo 41 Bis, las fracciones V a IX y los párrafos penúltimo y último del artículo 42, el artículo 42 Bis, los párrafos segundo y tercero del artículo 43, el segundo párrafo del artículo 44, el segundo párrafo del artículo 48, el Capítulo Sexto “Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias” con sus artículos 111 a 116, todas de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 2. El objeto. Esta ley tiene por objeto regular y fomentar el empleo de los medios alternos de solución de controversias entre particulares, cuando éstos recaigan sobre derechos de los cuales pueden disponer libremente, bajo el principio de autonomía de la voluntad y libertad contractual, así como para pactar la reparación de los daños producidos por el delito, o restaurar las relaciones sociales afectadas por la comisión de los hechos delictivos o por conductas antisociales, así como la prestación, pública o privada, de estos servicios, con el fin de que los coahuilenses cuenten con vías no adversariales, pacíficas y voluntarias para dirimir sus conflictos.
I. Ley. La Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
II. Centro. El Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
III. Medios alternos. Los procedimientos de mediación, conciliación, evaluación neutral y arbitraje, que permiten a las personas solucionar controversias o conflictos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la eficacia del acuerdo o convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo.
IV. Facilitador. La persona que funja como mediador, conciliador, evaluador neutral o árbitro, en los supuestos y con las funciones previstas por esta Ley.
Acuerdo. Acto voluntario que pone fin a una controversia en forma total o parcial, y que tiene respecto a las partes la misma eficacia que una cosa juzgada cuando sea autorizada por la autoridad competente.
Artículo 7. El derecho de las partes para optar por los medios alternos. Es facultad de toda persona física o moral que enfrente un conflicto suseptible de solución por medio de transacción o convenio, de recurrir, en forma conjunta o separada, a los medios alternos de solución de controversias, para resolver sus diferencias sobre derechos de naturaleza disponible, de forma opcional a la vía jurisdiccional.
Autodeterminación de las partes en la elección de cualquiera de los medios previstos en esta ley, cuya participación deberá ser libre de toda coacción y no por obligación.
Confidencialidad de la información y los temas tratados, los que no deberán ser divulgados ni serán objeto de actividad probatoria ante los tribunales, excepto la información relativa a la comisión de un delito la cual no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes en el proceso.
Equidad y condiciones de equilibrio entre los usuarios, que conduzcan a la obtención de acuerdos recíprocamente satisfactorios y duraderos.
Procedencia de los conflictos que sean objeto de los medios alternos y legalidad de los derechos disponibles de las partes.
Honestidad y profesionalismo del facilitador, quien deberá contar con los conocimientos indispensables para llevar a cabo eficazmente la función que tiene encomendada.
Inmediatez en el proceso, a partir del conocimiento directo del conflicto y de las partes por el facilitador.
Artículo 9 Bis. Procedencia de los medios alternos. Los medios alternos deberán ser previos al proceso jurisdiccional a cargo de los tribunales del fuero común; sin embargo, en caso de que persista el conflicto y aún habiéndose iniciado el proceso jurisdiccional, las personas pueden recurrir en cualquier momento a los procedimientos previstos en esta Ley, salvo que se trate de conflictos en materia penal, en cuyo caso resultarán procedentes hasta antes de que se emita la vista de ejercicio de la acción penal o bien, de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, tratándose de delitos cometidos durante la vigencia del sistema penal acusatorio, según corresponda.
Cuando se recurra a los medios alternos durante el desahogo de un procedimiento judicial formalmente instaurado, en tanto no se concluya la tramitación del medio alterno, no se continuará el proceso jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley.
Para que proceda la aplicación de medios alternos en materia penal y de justicia para adolescentes será necesario que se cubra la totalidad del daño causado y que el ministerio público apruebe el convenio o acuerdo respectivo o una vez iniciado el proceso, por el juez competente.
Cuando las partes comparezcan ante el Centro u otras instancias competentes en la materia para someter el conflicto a los medios alternos, estando en trámite un procedimiento judicial sin hacerlo del conocimiento del Juez, el facilitador deberá comunicarlo de inmediato al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de salvaguardar sus derechos procesales.
En materia penal el facilitador deberá también hacer del conocimiento del ministerio público del inicio del proceso del medio alterno, en caso de que se haya iniciado una averiguación previa o se cuente con una investigación.
Artículo 9 Bis 1. Exhorto a las partes. La autoridad jurisdiccional que tenga conocimiento de un asunto susceptible de solucionarse a través de los medios alternos, deberá orientar a las partes para que sometan al proceso que mejor les convenga, en la primera actuación de la investigación o del proceso judicial, dejando constancia de ello.
En caso de que las partes manifiesten su negativa de dirimir su controversia a través de los medios alternos, deberá hacer de su conocimiento la posibilidad de someterse al procedimiento no jurisdiccional en cualquier etapa del juicio, de conformidad con lo previsto en esta Ley, y se continuará el proceso jurisdiccional. Ante ello y tratándose de matrería penal, el ministerio público o el juez en su caso, continuaran con la investigación o el proceso, y se hará saber a las partes hasta que etapa pueden participar en un procedimiento alterno de solución de controversias.
Artículo 9 Bis 2. Examen de idoneidad. Recibida la solicitud para acceder a los medios alternos, el Centro o institución respectiva, examinará la controversia y se determinará si es susceptible de resolverse a través de éstos. En su caso, se hará constar que la persona solicitante acepta sujetarse al medio alterno y se invitará a la otra parte a la sesión inicial, de conformidad con los procedimientos previstos en esta Ley.
Cuando se estime que el asunto no es susceptible de ser resuelto por un medio alterno, el facilitador se lo comunicará al solicitante y, en su caso, a la autoridad que haya hecho la derivación para los efectos legales a que haya lugar.
Se podrá solicitar al superior del facilitador que reconsidere el examen de idoneidad. En caso de que el superior jerárquico del facilitador estime que es procedente el medio alterno, asignará el asunto a un facilitador diferente al que de inicio lo rechazó.
Artículo 10. El órgano facultado para operar los medios alternos. El órgano facultado para operar los medios alternos será el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial, el cual deberá procurar la solución extrajudicial de conflictos y prevenir el incremento de los mismos. Las funciones de dichos órganos no son jurisdiccionales y se caracterizan por la especialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático del derecho.
El Centro atenderá gratuitamente los casos que los particulares soliciten y los que les remitan los Magistrados, Jueces, Agentes del Ministerio Público y organismos públicos o privados, en los términos de esta Ley.
Los servidores públicos, estatales o municipales, y las personas físicas que deseen prestar estos servicios, podrán hacerlo siempre que cuenten con la certificación del Centro y se encuentren registrados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, así como en el procedimiento que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Artículo 10 Bis. Los órganos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolecentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado establecera centros o instancias que brinden servicios gratuitos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, a través de los medios alternos previstos en esta Ley, en cuyo caso, los facilitadores encargados de la conducción de los medios alternos, deberán estar certificados e inscritos en el Centro.
La aplicación de los medios alternativos en materia penal y de justicia para adolecentes corresponderá en forma exclusiva a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en lo conducente se ajustara al procedimiento regulado en esta ley y a lo que establezcan las demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO PRIMERO BIS
LOS MEDIOS ALTERNOS EN MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
Artículo 11 Bis. Los medios alternos en materia penal. En materia penal, las personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos, imputados o terceros obligados podrán recurrir a los medios alternos que esta Ley contempla, cuando se trate de conductas en los supuestos y bajo las condiciones que señale el Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.
También puede ser objeto de los medios alternos en materia penal, lo relativo a la reparación del daño en cualquier delito, cuyo acuerdo se tendrá en cuenta por el juez al momento de imponer la sanción.
Tratándose de victimas u ofendidos menores de edad o incapaces serán representados por la persona o personas que ejerzan la patria potestad o tutela
Artículo 11 Bis 1. Obligación del Ministerio Público de procurar los medios alternos. En los conflictos del orden penal o de justicia para adolescentes que puedan resolverse a través de algún medio alterno, el agente del Ministerio Público o la autoridad judicial, en su caso, desde el momento en que tenga conocimiento de los hechos, hará saber a las partes su derecho a recurrir a los medios alternos para solucionar su conflicto, así como los beneficios y bondades que les brindan éstos, exhortándoles a avenirse.
En caso de que las partes manifiesten su conformidad en someterse a algún medio alterno, se procederá al trámite del mismo; en caso contrario, continuará el proceso penal correspondiente.
Artículo 11 Bis 2. Derivación y solicitud para la aplicación de medios alternativos. El Ministerio Público podrá derivar al Centro o a la instancia de la Procuraduría encargada de las soluciones alternas, aquellos asuntos que considere sean susceptibles de resolverse por la vía de medios alternativos, siempre y cuando alguno de los intervinientes manifieste su disposición de sujetarse a los mismos.
Los medios alternativos se iniciarán a petición verbal o escrita del interviniente solicitante.
Cuando se trate de personas físicas, la solicitud se hará personalmente, y en el caso de personas morales, por conducto de su representante legal.
Artículo 11 Bis 3. Los medios alternos en materia de justicia para adolescentes. En materia de justicia para adolescentes, sólo procederán los medios alternos en aquellos hechos que la Ley señale como delito que no ameriten medidas de internamiento de conformidad con la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se exceptúan de lo anterior los delitos de carácter sexual, los cometidos en perjuicio de menores y los casos de violencia familiar.
Tratándose de arbitraje técnico, se requiere además ser especialista en la materia. En el caso de la evaluación neutral deberá ser un especialista en Derecho, con una experiencia en el desempeño de su profesión de cuando menos diez años.
Artículo 13 Bis. Registro de facilitadores. El Centro integrará el registro de facilitadores, inscribiendo a los que cuenten con la certificación expedida por el mismo.
Tengan interés directo o indirecto en el negocio, o tenerlo su cónyuge o parientes en los grados establecidos en la fracción I Vdel presente artículo;
Hubiesen sido declarados responsables penalmente por delitos de prevaricación o fraude en cualquiera de sus modalidades y equiparados;
Ser cónyuge, concubina o concubinario, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad y adopción, de alguno de los que intervengan;
Haber presentado querella o denuncia el facilitador o su cónyuge o parientes en los grados que expresa la fracción I del presente artículo, en contra de alguno de los interesados o viceversa;
Tener pendiente un juicio contra alguno de los interesados o su cónyuge o sus parientes en los grados a que se refiere la fracción IV del presente artículo, o viceversa;
Ser deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o patrón de alguno de los interesados;
Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes, por cualquier título;
Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el facilitador ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;
Ser los interesados hijos o cónyuges de cualquier deudor, fiador o acreedor del especialista;
Ser el cónyuge o los hijos del facilitador, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados;
Mantener o haber mantenido durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, una relación laboral con alguna de las partes, o prestarle o haberle prestado servicios profesionales durante el mismo período, siempre que éstos impliquen subordinación;
Si una vez iniciado el procedimiento de cualquiera de los medios alternos se presenta un impedimento superviniente, el facilitador deberá hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico para que éste designe un sustituto.
Artículo 17. Las excusas. El facilitador deberá excusarse bajo pena de inhabilitación como tal, en todos los casos previstos en el artículo anterior, así como en los Códigos Procesales del Estado, para excusas de jueces, según la materia en la que verse el conflicto a solucionar.
El facilitador que tenga impedimento para conducir los medios alternos, deberá solicitar al superior jerárquico la designación de un sustituto, a quien entregará la información y documentos relacionados con el conflicto.
Artículo 18. Las recusaciones. Las partes, desde que tengan conocimiento de la existencia de un impedimento, podrán recusar al facilitador por las mismas causas que los jueces del Poder Judicial del Estado, y solicitar al superior jerárquico de éste, que lo sustituya en la conducción del procedimiento de que se trate.
Artículo 18 Bis. De los trámites de impedimentos, excusas y recusaciones. Los impedimentos, excusas y recusaciones de los facilitadores serán calificados de plano por su superior jerárquico. La de los Directores de los Centros Regionales, en su caso, serán calificados de igual forma por el Director General y los de éste último se calificarán de manera semejante por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
De igual forma, los facilitadores que conduzcan un medio alterno estarán impedidos para actuar en caso de que hayan fungido como magistrados, jueces, ministerio público, secretarios de acuerdos o proyectistas, testigos, peritos, apoderados legales, abogados defensores o asesores en procedimientos jurisdiccionales relacionados con dichos asuntos, quedando también legítimamente impedidos para declarar cualquier dato o circunstancia que perjudique a las partes y que haya conocido por su intervención en dicho mecanismo alternativo.
Artículo 21 Bis. Atribuciones de los facilitadores. En el ejercicio de sus funciones, los facilitadores tendrán las atribuciones siguientes:
Guardar en el desempeño de la función encomendada los principios que rigen los medios alternos de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
Evitar la dilación en los asuntos que le sean encomendados;
Elaborar el acuerdo en los términos y condiciones que convengan las partes, salvaguardando que éstos no transgredan o vulneren los principios generales del derecho, se hagan en términos claros y precisos de manera tal que no quede duda en su interpretación, y no afecten el interés público o perjudiquen los derechos de terceros;
Actualizarse permanentemente en la teoría y las técnicas de los medios alternos;
Cerciorarse de que las partes comprendan las propuestas de solución, precisándoles los derechos y obligaciones que de ellas se deriven;
Conservar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, conversaciones, acuerdos o posturas de las partes a los cuales tengan acceso con motivo de su función. Por consecuencia deberán conservar en concepto de secreto profesional, todo aquello que hayan conocido al intervenir en un proceso de medios alternos;
Solicitar a las partes la información, instrumentos y demás documentos necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento de la función encomendada, solo en los casos de evaluación neutral y arbitraje.
Mantener el buen desarrollo de los procesos de medios alternos, así como exigir respeto y consideración debida a las partes y demás personas que comparezcan dentro de dichos procedimientos, y
Las demás inherentes al desarrollo de sus funciones.
Artículo 21 Bis 1. Clasificación. Los facilitadores podrán ser públicos o privados. Serán públicos aquellos que se encuentren adscritos al Centro o a instancias de justicia alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y los Municipios, teniendo el carácter de servidores públicos; serán privados las personas físicas que realicen esa función en forma individual o como integrantes de cualquier otra institución que preste servicios de medios alternativos, de conformidad con lo previsto en la ley.
Artículo 23 Bis. Derechos de las partes. Las partes en los medios alternos tendrán los derechos siguientes:
Solicitar la participación de los facilitadores, en los términos de esta Ley;
Recibir toda la información necesaria en relación con los medios alternos y sus alcances, de modo que estén en aptitud de optar por las soluciones que más convengan a sus intereses;
Solicitar al Director General del Centro, al Director del Centro Regional o al superior jerárquico del facilitador, la sustitución de éste último cuando exista causa justificada para ello;
Recibir un servicio de calidad acorde con los principios que rigen a los medios alternos;
No ser objeto de presiones, intimidación o coacción para someterse a un medio alterno;
Ser tratados con respeto en el desarrollo de los medios alternos;
Expresar libremente sus necesidades y deseos en el desarrollo de los medios alternos sin más límite que el derecho de terceros;
Dar por concluida su participación en el medio alterno elegido cuando consideren que así conviene a sus intereses, y
Intervenir personalmente en todas las sesiones de los procedimientos de los medios alternos.
Artículo 28. La eficacia jurídica. Los acuerdos de mediación, conciliación, y evaluación neutral celebrados ante facilitadores del Centro, deberán ser validados por el Director del Centro, con su firma, para contar con la calidad de cosa juzgada y, en caso de incumplimiento, podrán ser ejecutados por esta autoridad mediante una petición por escrito al juez competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Se exceptúa de lo anterior los acuerdos que sean celebrados en asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes, los cuales requerirán de su ratificación ante el juez de control penal para que tengan la calidad de cosa juzgada.
Los acuerdos celebrados ante instituciones públicas o privadas estatales o municipales, ante organizaciones sociales o personas físicas, deberán ser remitidos al Centro para ser validados por su director y contar así con la eficacia jurídica a que se refiere este artículo, a excepción de aquellos que sean celebrados ante la instancia o centro de justicia alternativa correspondiente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya validación estará a cargo de su titular, con fundamento en lo que determinen las disposiciones normativas aplicables, sin perjuicio de que los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes deban ser validados por el juez competente.
En todo caso, el cumplimiento de lo acordado en sede ministerial extinguirá el ejercicio de la acción penal, en tanto que aquellos celebrados en el procedimiento penal producirán el sobreseimiento de éste.
Artículo 30. El facilitador en mediación. El facilitador en mediación será neutral en su actuación y deberá propiciar la comunicación entre las partes con el propósito que éstas puedan llegar voluntariamente a una solución que le ponga fin a la controversia.
Artículo 32. El inicio de la mediación. Para iniciar el procedimiento de mediación, se requiere la petición verbal o escrita de una o de ambas partes al Centro o ante un mediador particular o institucional, en su caso, para el trámite del procedimiento, en la que deberá expresar sus datos personales, el asunto a resolver, su voluntad de vincularse a un mecanismo alternativo de solución de controversia, el nombre y domicilio de la persona con la que tenga el conflicto a fin de que sea invitada a asistir a una sesión de mediación o conciliación, según el caso.
Previo al trámite de su solicitud, el facilitador le deberá hacer saber al solicitante en qué consiste el procedimiento de mediación o conciliación, la diferencia entre ambos medios alternos, sus alcances, así como las reglas a observar, y que éste sólo se llevará a cabo con el consentimiento de ambas partes.
Una vez que la parte solicitante acepte vincularse a un medio alterno, de inmediato se registrará su solicitud con el número que corresponda, se le asignará en su caso un facilitador y se fijará la fecha y hora para que tenga lugar la sesión inicial dentro de un término de diez días siguientes.
Artículo 33. La invitación a la contraparte. El mediador designado dentro de los cinco días hábiles siguientes a que el solicitante aceptó vincularse a la mediación, deberá comunicar de inmediato a la contraparte, preferentemente en forma personal o bien por vía telefónica, electrónica o por cualquier otro medio que asegure la transmisión de la información, a través de un formulario de invitación, a fin de que dentro del término de diez días manifieste su intención de vincularse a la mediación.
En caso de no recibir respuesta, el facilitador o personal del Centro debidamente acreditado, se constituirá en el domicilio de la contraparte con el único fin de invitarla a asistir a la sesión de mediación. De no volverla a encontrar, podrá dejar la invitación con la persona que en ese momento atienda dicha visita, de no encontrarse persona alguna procederá a fijar la cédula en la entrada del domicilio.
Cuando la contraparte se niegue a recibir la invitación, se hará la constancia respectiva y para que el facilitador determine lo procedente.
Artículo 33 Bis. El formato de invitación. El formato de invitación que deberá contener los siguientes requisitos:
Nombre y domicilio de la parte complementaria;
Día, hora y lugar de celebración de la sesión;
Nombre de la persona que solicitó el servicio:
Nombre de la persona o autoridad con la que deberá tener contacto para confirmar su asistencia, o bien, señalar nueva fecha;
Objeto de la invitación, y
Nombre y firma del facilitador.

References: artículo 5

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ARTÍCULO 269
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 artículo 104
 artículo 102
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 ARTÍCULO 1

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Artículo 3
 artículo 123

ARTÍCULO 1
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Artículo 9

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Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

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