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Timestamp: 2017-04-28 20:00:15+00:00

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Entrevista A GLORIA ÁLVAREZ realizada por Blanca Abella para Cermi Semanal
Gloria Alvarez es autora de "Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos. Un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión"
LA JUSTICIA SE HA MOSTRADO POCO PERMEABLE HACIA EL TEMA DE LA DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad tienen grandes dificultades para ejercer sus derechos, que se ejercitan a través de la justicia, poco permeable a la discapacidad, según esta experta. Este sector se siente en desventaja desde el principio aunque entiende que es necesario adquirir habilidades que fortalezcan su autestima para poder sortear los conflictos. Además, la mediación, como método de gestión y solución de conflictos, resulta más económica, ágil y flexible.
¿Cuáles son los principales conflictos que afrontan las personas con discapacidad en nuestro país hoy en día?
Las personas con discapacidad, como las demás, deben enfrentarse a diversos conflictos, de los cuales, algunos están directamente asociados con la discapacidad en términos de derechos que afecten a sus niveles de vida y bienestar en diferentes ámbitos (salud, educación, trabajo, ocio…) y otros, que sin tener necesariamente un vínculo directo con las condiciones materiales de vida de la persona, se ven directamente afectados por la sombra que aún parece desprender la discapacidad.
Tanto en unos como en otros, existen especiales circunstancias emocionales ligadas a la discapacidad: sentimiento de desgracia, ninguneo, debilidad, vergüenza, aislamiento, pérdida, desesperación, frustración, falta de apoyo, desesperanza, rabia, etc. Es decir, además de las manifestaciones inherentes a cualquier conflicto, en el ámbito de la discapacidad se revelan circunstancias que le son propias, necesidades concretas que deben ser satisfechas. En la obra "Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos. Un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión" se incluye el análisis de un cuestionario sobre Discapacidad y Mediación que fue diseñado con la finalidad de conocer la opinión sobre determinados aspectos de la mediación y su aplicación en el ámbito de la discapacidad. El cuestionario reveló que para las personas con discapacidad no sólo el hecho de afrontar obstáculos en las diferentes esferas de su vida, sino, fundamentalmente, hacer frente a las representaciones sociales, generalmente erróneas, sobre la discapacidad, es el verdadero y más doloroso inconveniente para llevar a buen término sus proyectos vitales.
Y, ¿cómo se gestionan y solucionan los conflictos?, ¿funciona la mediación?
Actualmente, se habla de un nuevo paradigma de justicia eficaz que se enmarca en una concepción amplia de acceso a la justicia que pasa por el ofrecimiento a los ciudadanos de mecanismos inclinados a diversificar y enriquecer la oferta de justicia, asegurándoles un acceso mediante diferentes métodos, además de los tribunales, que podrán escoger conforme lo consideren más adecuado. Uno de estos métodos es la mediación, que frente a la opción judicial resulta mucho más económica, ágil y flexible. Estas características hacen de la mediación un medio especialmente interesante para la gestión y resolución de conflictos en el contexto de la discapacidad. Autonomía de la voluntad e igualdad son conceptos que comparten tanto la discapacidad como la mediación, de ahí que este sistema se antoje apropiado para las personas con discapacidad y sus familias, pues promueve un diálogo participativo de las partes en un espacio respetuoso y en igualdad de condiciones.
Si bien la mediación es un sistema que se encuentra en auge, de momento, tiene escasa legitimación social y cultural. La tarea de implantar y fortalecer su práctica es un proceso complejo e integral que requiere la participación de todos los actores sociales. Asimismo, debe entenderse que para que la mediación alcance a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, será necesario contar con las medidas necesarias para hacerla posible. En otras palabras, la accesibilidad es una condición indispensable para la materialización del derecho a la justicia en sentido amplio, lo que incluye dar apoyos o servicios, adaptar los procedimientos, los espacios, el mobiliario, facilitar la información en formatos adecuados, y en general, llevar a cabo toda actuación tendiente a la eliminación de los obstáculos a la participación plena e informada en el procedimiento de mediación. Si no se acometen actuaciones para promoverla, consolidarla, y realizarla debidamente, la mediación puede quedar relegada a un segundo plano, y perderse la oportunidad de hacer uso de un cauce genuino para la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Cómo surge la necesidad de escribir esta obra?
Mi ejercicio profesional está estrechamente ligado a la discapacidad. Estuve como letrada adscrita al Servicio de Orientación Jurídica para personas con discapacidad del Colegio de Abogados de Madrid durante los seis años de funcionamiento de este servicio, colaboro con entidades del sector y, actualmente, me desempeño como coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad. Por ello, cuando me adentré en el tema de la mediación que, ha sido posterior a mi relación académica y profesional con la discapacidad, comencé a preguntarme sobre el alcance de la mediación en las situaciones conflictivas donde interviniese una persona con discapacidad, y la posibilidad de que de alguna manera sirviese para la inclusión social de esta población. ¿Quiénes son los más beneficiados o bien los que mayor utilidad le darán a la publicación?
El estudio pretende difundir entre las personas con discapacidad y sus familias, la utilidad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos como cauces adicionales y válidos para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde la resolución de conflictos se pueden realizar muchas acciones encaminadas a la inclusión, la capacitación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Por otra parte, se busca apoyar y orientar a cualquier operador de gestión y resolución de conflictos para que pueda implementar intervenciones efectivas e inclusivas de las personas con discapacidad.
Su obra ofrece reflexiones sobre la importancia de la capacitación y la especialización en discapacidad, ¿está nuestro país preparado para ello? ¿Existe ya esa especialización o capacitación?
La discapacidad es un asunto que ha alcanzado una relevancia social y jurídica. Tímidamente se va incorporando a diversos planes de estudio, pero se hace, salvo pocas excepciones, de modo residual y fragmentado, y no atendiendo a una ordenación y sistematización propia ni a su transversalidad. En el campo de la gestión y resolución de conflictos no es común que se ofrezcan nociones sobre el abordaje de los conflictos relacionados con la discapacidad o en los que participe alguna persona con discapacidad. Por consiguiente, no suele tenerse en cuenta las singularidades de esta población, ni se repara en la deficiente terminología, tratamiento y enfoque que se da a la discapacidad produciendo intervenciones incorrectas e insatisfactorias. Considero que conocer la realidad de la discapacidad, los fundamentos de su normativa, y las obligaciones legales y éticas para hacer que cualquier sistema de gestión y resolución de conflictos sea accesible, es una buena práctica para desarrollar los conocimientos y habilidades indispensables para que los operadores de conflictos puedan responder a las necesidades de cualquier participante. Asegura usted en la introducción de la publicación que persisten determinadas barreras físicas, sensoriales, en la comunicación y, especialmente, en la percepción, resultantes de la interacción entre la persona con discapacidad y un entorno social hostil que dificultan el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, ¿cuál es la barrera que más entorpece esa relación?
La Administración de justicia, al igual que el resto de componentes de la acción pública, ha participado de una visión paternalista de la discapacidad, que ha impedido que se considere y trate a las personas con discapacidad como auténticos sujetos de derechos que pueden, entre otras cosas, decidir por sí mismos. Si bien se ha progresado al respecto, este enfoque aún se encuentra muy enraizado e impide que se avance con la eficacia necesaria para adoptar del todo los planteamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El sistema de justicia, del que cabría esperarse una actitud más consecuente con los mandatos de igualdad de trato y de oportunidades de la Convención, mantiene una serie de barreras como la falta de accesibilidad a determinados espacios o servicios; existe escasa formación y capacitación de los operadores jurídicos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, lo que genera a su vez, barreras de comunicación y lenguaje que impiden que puedan materializarse el derecho de acceso a la justicia por parte de esta parte de la población. Dependerá de la discapacidad lo que determine la experiencia de la persona en su dificultad para acceder a la justicia. No obstante, lo que más preocupa son las actitudes negativas en relación a la capacidad y habilidades de las personas con discapacidad y la falta de sensibilización y solidaridad de la sociedad en general sobre lo que es e implica la discapacidad.
¿Cuál es el papel de las entidades de la discapacidad ante el acceso a la justicia de las personas con discapacidad?
La hoja de ruta del tejido asociativo de la discapacidad en España se sitúa bajo el prisma de la extensión y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su participación activa en el proceso de inclusión social. Conforme a ello, una máxima de las organizaciones representativas del sector de la discapacidad deber ser la de impulsar todos los sistemas de protección y ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, incluidos, los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Las entidades del sector deben poner en la agenda de los operadores jurídicos el tema de la discapacidad para que se haga cada vez más visible.
Y ¿qué papel corresponde a las personas con discapacidad?
Las personas con discapacidad tienen grandes dificultades para ejercer sus derechos, los cuales se ejercitan a través de la justicia que se ha mostrado poco permeable hacia el tema de la discapacidad. Es indudable que parten de una situación de desventaja y, muchas veces siendo inconscientes de sus derechos y, sobre todo, ignorando los diversos instrumentos de que disponen para su defensa. En términos generales, no existe una cultura de defensa propia de sus derechos, sino que ello parece cosa de otros. Pero es el momento de que las personas con discapacidad superen el déficit de capacidad de poder tomar las propias riendas de su vida que les corresponde por derecho. En esta labor es fundamental el acompañamiento del movimiento asociativo, de modo que brinde a la persona los apoyos y oportunidades necesarias para que sea ella misma la que asuma la responsabilidad de su proyecto vital. De ahí que sea importante promover y desplegar actividades de formación dirigidas a las personas con discapacidad para que asimilen las destrezas y habilidades propias de un modelo de empoderamiento.
¿Qué percepción y conocimiento tienen las personas con discapacidad y sus familias sobre el conflicto y los recursos para abordarlos?
El cuestionario sobre Discapacidad y Mediación incorporado al estudio, que si bien no puede entenderse como una estadística representativa de la población con discapacidad, pero sí como una muestra de valor por los datos relevantes que ofrece, permitió un acercamiento tanto a la percepción como al conocimiento que las personas con discapacidad y sus familias tienen sobre los conflictos y los recursos de que disponen, o no, para hacerles frente. Lógicamente, fueron numerosas las definiciones dadas al conflicto, algunas de las cuales lo relacionan directamente con la discapacidad. Sin embargo, lo más llamativo es que la mayoría de los participantes coinciden en señalar que aun disponiendo de recursos para afrontar cualquier situación conflictiva, se sienten desde el principio en desventaja, puesto que, los estereotipos que se mantienen de la discapacidad, por una parte, afectan el modo de gestionar y resolver los conflictos y, por otra parte, contribuyen a mantener una imagen que impide relaciones en un plano de igualdad. Por ello, los encuestados consideran fundamental adquirir habilidades que le permitan fortalecer su autoestima para sortear los conflictos.
Afirma usted que esta porción de realidad llamada discapacidad se ha convertido en el eje central de su vida profesional, ¿por qué?
Generalmente, casi siempre nos percatamos de ciertas realidades únicamente hasta cuando nos corresponden. Siendo muy joven, la discapacidad hizo su aparición en mi más cercano entorno familiar en diversas tipologías. Por lo tanto, de alguna manera he compartido la experiencia práctica de vivir con la discapacidad. Ello suscitó en mí un gran interés por este tema, y desencadenó una auténtica vocación profesional que me ha enriquecido enormemente al haberme desvelado el enorme valor de la diversidad.

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