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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL - PDF
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Pilar Pinto Herrera
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Bogotá, Octubre diez de mil novecientos ochenta. Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de Junio de 1979 dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de la referencia. EL LITIGIO 1. En demanda que correspondió al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, María Elena Meléndez de Pontón trajo a juicio por vía ordinaria a la sociedad Pan American Life Insurance Company, cuya sucursal está establecida en Colombia, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: a) Que la Panamerican debe pagar a la demandante, una vez "se ejecutorie la sentencia que así lo ordene", la suma de $ oo valor del seguro contenido en la póliza ; b) Que también le debe pagar la suma adicional de $ ,oo "por no haber muerto la asegurada en forma accidental, por causas externas y violentas": y c) Que así mismo debe pagarle los "intereses corrientes, más el 5% anual, desde la fecha de este demanda y hasta que se verifique el pago", además de las costas procesales. 2. La demandante estructuró su causa para pedir en que Guillermo Rodríguez Casas y su señora Beatriz Mejía de Rodríguez tomaron de la Panamerican una póliza de seguro de vida en cuantía de $ oo con doble indemnización por muerte accidental, el 1º. de Agosto de 1.969, póliza que lleva el No ; que 12 el 29 de julio de la Compañía aseguradora emitió un anexo para dejar constancia de que los beneficiarios del seguro serían el sobreviviente y sus hijos Javier y Liliana Rodríguez Mejía, que los asegurados pagaron normalmente las primas del seguro y aún cuando incurrieron en atraso en algunas ocasiones, la aseguradora pagó por ellos las respectivas primas en virtud de la cláusula "préstamos automáticos para evitar caducidad", habiendo efectuado el último pago el 1º. de Agosto de por un período de 3 meses, que la cláusula 3ª de la póliza en su inciso 1º. concede un período de gracia de 31 días durante el cual la póliza permanecerá en vigor mientras se efectúa el pago de cualquier prima que no sea la inicial, y que la póliza tenía suficiente reserva matemática al producirse el siniestro; que el 3 de Noviembre de fallecieron Beatriz Mejía de Rodríguez a las 4 a.m. Guillermo Rodríguez Casas y Liliana Javier Rodríguez Mejía a las 6 a.m., todos por lesiones cráneo-encefálicas ocasionadas con proyectil, pues Guillermo Rodríguez Casas "dió muerte violenta mediante arma de fuego" a su señora Beatriz Mejía de Rodríguez y a sus hijos Javier y Liliana Rodríguez Mejía el día 3 de Noviembre de 1972, que el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá reconoció el 2 de Abril de 1974 a María Elena Meléndez de Pontón como interesada en el proceso de sucesión de Beatriz Mejía de Rodríguez, por ser su tía legítima, y hasta la fecha y pese a haber reclamado debidamente a la aseguradora, dicha heredera no ha recibido el pago del seguro correspondiente a la mencionada póliza, la que estipula en la condición 6ª, 2º., párrafo, que cuando se tengan que efectuar pagos se efectuarán a los beneficiarios si vivieren, o si no, a los herederos legales del asegurado, pago que debe hacerse cuando "se presente la reclamación debidamente acompañada por documentos que demuestren el siniestro", para lo cual debe tenerse en cuenta que al efectuar la reclamación no había beneficiarios vivos por cuanto todos murieron el 3 de Noviembre de 1972; que en virtud de la condición 6ª de la referida póliza, MARIA ELENA MELENDEZ DE PONTON es quien tiene el derecho de demandar el pago del seguro, por ser heredera de la asegurada y por no vivir ningún beneficiario; que la póliza trae un anexo denominado "convenio mancomunado por muerte y 23 desmembración por causa accidental", según el cual cuando la muerte del asegurado se debe a medios externos, violentos y accidentales, la aseguradora pagará adicionalmente una suma igual al valor asegurado; que la póliza se expidió bajo la vigencia de la Ley 105 de y que el artículo 701 del C. de Comercio vigente para esa época estipula que las condiciones de la póliza pueden fijarse al arbitrio de las partes, en cuya virtud ellas acordaron que cuando "no hubiere beneficiarios vivos al momento del pago, esta se hará a los herederos del asegurado": y que al morir primero la señora Beatriz Mejía de Rodríguez ella "terminó siendo la asegurada" y el señor Guillermo Rodríguez Casas "terminó siendo beneficiario". 2.- Con oposición de la parte demandada, que propuso las excepciones de "rescisión o nulidad del contrato" y de caducidad de la póliza, se entabló el debate y se impulsó cabalmente en su primera instancia, con aducción de pruebas y alegaciones de las partes, hasta culminar con sentencia del 14 de Septiembre de 1976, complementada el 17 de Diciembre del mismo año, que dispuso condenar a la aseguradora a pagar a la demandante la suma de $ oo, por concepto del valor del seguro contenido en la póliza de la referencia, en el término de 6 días a partir de la ejecutoria del fallo, con los correspondientes intereses desde cuando sean exigibles, lo mismo que a pagar las costas del proceso, y negó las demás súplicas de la demanda.- Como ambas partes apelaron de lo resuelto por el Juez, se abrió la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, en donde después de rituada debidamente, se cerró con fallo del 8 de Junio de 1979 que dispuso confirmar el de primer grado con la única modificación de condenar a la parte demandada a pagar a la demandante los intereses de la suma adeudada, a la tasa del 18% anual y computados a partir del momento en que según la sentencia debe pagarse el valor del seguro, hasta cuando el pago se verifique. Y además dispuso complementar la sentencia del Juzgado en el sentido de declarar no probadas las 34 excepciones perentorias propuestas por la parte demandada, condenándola en las costas de la segunda instancia. Contra este fallo interpuso recurso de casación la parte demandante. LAS MOTIVACIONES DEL FALLO IMPUGNADO 1.- En orden de reseñar estas motivaciones y para el propósito del recurso extraordinario que se está decidiendo, debe tenerse en cuenta que únicamente la parte demandante interpuso casación y que por tanto aquello que se refiere a motivaciones relativas a las condenas ya pronunciadas, y hoy día en firme contra la parte demandada, no merecen mayor comentario por razones de lógica y economía procesales. 2.- El Tribunal, después de recontar el litigio y encontrar reunidos los presupuestos procesales, acomete el estudio de la petición principal de la demanda y de las excepciones propuestas por la parte demandada sobre el particular, para concluir que la pretensión es aceptable tal como la acogió el Juzgado de instancia y que las excepciones no son de recibo, y por tanto consigna su conformidad con lo que el Juzgado dispuso al respecto. Y como esta decisión no es materia del recurso de casación que se estudia, pues la parte demandada no lo interpuso contra la sentencia en comentario, simplemente ahora se hace mención a la conclusión a que llegó el sentenciador y que adquirió definitiva firmeza. 3.- En cuanto a la segunda súplica o sea la relativa al pago de la doble indemnización en virtud de que la muerte se produjo en forma violenta y por causas externas, el sentenciador observa que la aseguradora se opuso a esa doble indemnización por considerar que la muerte se había causado intencionalmente por otra persona, o sea por uno de los asegurados, con lo cual 45 se configuraba una de las excepciones contempladas en la póliza sobre el particular. Agrega que aún cuando para los testigos Jairo Gómez y Gladys Mejía de Gómez el asegurado Guillermo Rodríguez se encontraba mentalmente mal la víspera del hecho que ocasionó su propia muerte, la de su esposa y sus hijos, ello ni es suficiente para desvirtuar su propia presunción de capacidad plena, y que no es de recibo el argumento de que la aseguradora debe demostrar tal capacidad, pues ella se presume y quien alegue lo contrario debe demostrarlo, pues quien pide la doble indemnización "debe probar que la muerte o perturbación se produjo dentro de una de las circunstancias previstas en la póliza. No al contrario, puesto que el hecho de que el artículo 1077 del Código de Comercio consagra a cargo del asegurador la prueba del eximente de responsabilidad, en forma alguna conduce a desconocer las presunción consagrada en el artículo 1503 del C.C. La capacidad se presume legalmente y no probada la incapacidad, ella no requiere prueba alguna". Concluye de lo anterior que debe confirmarse lo resuelto por el Juzgado en cuanto al rechazo de esta petición. 4.- Respecto de la pretensión subsidiaria para que se condene a la demandada a pagar a la demandante los intereses corrientes más el 5% anual causados desde la fecha de la demanda hasta cuando se realice el pago, observa que según el artículo 1079 del C. de Comercio el asegurador deberá al beneficiario como indemnización los intereses al 18% anual sobre el monto de la obligación a su cargo. Aparece que el heredero presentó su reclamo dentro de los límites de la anterior disposición y antes del 28 de Octubre de 1974, pero no se sabe cuando exactamente. Y en todo caso se pidió tal prestación a partir de la presentación de la demanda. 56 Agrega que debe analizarse a la luz de los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de en armonía con el 2036 del C. de Co., cual norma es la aplicable: si la de 1927 o la del actual Código de Comercio, para lo cual debe tenerse en cuenta que los contratos se rigen por las leyes existentes al tiempo de su celebración pero que cuando se trata en el fondo de imponer una sanción no puede concluirse lo mismo. Y que como los intereses son en el fondo una sanción para el asegurador por la no cancelación oportuna del valor correspondiente, debe dársele aplicación al artículo 1080 del C. de Co., aún cuando se trata de seguros pactados antes de su vigencia, norma que prevé que el asegurador está obligado a pagar el siniestro dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite lo pertinente, de acuerdo con el artículo 1077 de la misma obra. Y para la recta interpretación de dicho artículo, se remite el sentenciador a cuatro hipótesis, de las cuales deben destacarse las que contemplan la situación de que el asegurado o su beneficiario reclaman oportunamente y demuestran el siniestro, pero el asegurador no encuentre que la documentación anexada esté correcta, motivo por el cual no se paga el seguro, quedándole al asegurado la vía judicial para obtener el pago correspondiente, o cuando en las mismas condiciones anteriores el asegurador encuentra que existe alguna circunstancia eximente de responsabilidad de su parte, caso en el cual también le quedará expedita al asegurado o al beneficiario la vía judicial pertinente. Agrega que en las hipótesis propuestas no hay posibilidad de aplicar el artículo 1080 del C. de Comercio "por cuanto en tales circunstancias no habrá seguridad de parte del asegurador ni del asegurado contra la procedencia del pago o rechazo. Si la justicia ordena el primero es desde el mismo momento en que se dispone su cancelación cuando en estricto rigor se puede hablar de mora. Entre tanto solamente existe una situación de latencia, de expectativa que no puede ser sancionada con indemnización moratoria. No fue claro el a quo cuando es el auto complementario de la sentencia se refirió genéricamente al pago de intereses sin 67 precisar en que forma deberían ser liquidados. Por tal razón habrá de modificarse la sentencia en el sentido de que los interesados por mora demandados habrán de ser liquidados, al 18% anual, a partir del momento en que según el núm. 1º de la misma deba pagarse el monto del seguro hasta cuando el pago se efectúe", o sea dispuso que los intereses no correrían sino después de seis días contados a partir de la ejecutoria del fallo. 6.- Y por último consideró conveniente adicionar la resolución apelada en el sentido de rechazar expresamente las excepciones de la parte demandada. Esta es, en síntesis, la sentencia contra la cual interpuso la parte demandante el recurso de casación que ahora ocupa a la Corte.- LA DEMANDA DE CASACION Trae cuatro cargos, todos en el ámbito de la causal primera, que por razones lógicas serán estudiados y decididos en su orden de presentación, con despacho conjunto para los dos últimos. Primer cargo: Denuncia violación de los artículos 636 del antiguo Código de Comercio, vigente para la época en que se celebró el contrato: 1072, 1077, 1080, 822, 823 y 871 del C. de Co., 1622 y 1757 del C.C. y 177 del C. de P.C. todos por falta de aplicación y por vía indirecta, a consecuencia de errores de hecho que le imputa al Tribunal en la apreciación de las pruebas. 1. Los errores probatorios los hace consistir así: El Tribunal apreció en forma errónea la póliza de seguros en lo que respecta a su anexo o convenio por muerte y desmembración por causa accidental, la diligencia del levantamiento del cadáver de Beatriz Mejía de Rodríguez, los testimonios de 78 Jairo Gómez y Gladys Gómez, el acta civil de defunción de la señora Mejía y la confesión de la parte demandada. Si el Tribunal hubiera valorado en conjunto y a la luz de la sana crítica, y "de acuerdo con lo que manda el artículo 1622 del C.C. los medios de convicción mal apreciados" no hubiera incurrido en los siguientes errores evidentes: a) Decir que no se probó el siniestro para efecto de la doble indemnización o sea que no se probó que Beatriz Mejía de Rodríguez hubiera muerto en forma violenta, por causas externas y accidentales: b) Encontrar probada la exclusión al sostener que la muerte fue causada por otra persona de manera intencional, cuestión que dedujo al expresar que se hallaba demostrado plenamente que Guillermo Rodríguez Casas era plenamente capaz y que por ello causó la muerte en forma intencional; decir que quien pide la doble indemnización "debe probar que la muerte y perturbación se produjo dentro de las circunstancias de la póliza" y a pesar de que esto se cumplió, no entenderlo así por creer que la póliza exigía igualmente, dentro de ese supuesto, la prueba de que la muerte se causó en forma no intencional; y c) Decir que la póliza, cuando habla de muerte causada intencionalmente, se refiere al hecho de que la persona sea capaz, con capacidad civil. 2. Desarrolla el censor el cargo manifestando que Gladys de Gómez declaró que la víspera de la tragedia Guillermo Rodríguez Casas mostraba un comportamiento muy raro y su señora le dijo a la declarante que estaba muy preocupada por el estado de ánimo de su esposo y que temía que cometiera alguna locura puesto que él portaba un arma. Y Jairo Gómez refiere que Guillermo Rodríguez dio muerte violenta a su esposa y a sus dos pequeños hijos, de lo cual está plenamente enterado y también de sus antecedentes, por haber sido abogado de 89 Rodríguez, quien últimamente le había comentado estar agobiado por deudas y que los acreedores querían declararlo en quiebra, todo con una situación de desespero y de extremo "nerviosismo" sin que ninguna de las soluciones que le hubiera dado el declarante le hubieran parecido viables y que la víspera de la tragedia Rodríguez estuvo en la casa del testigo y de allí salió muy desesperado, y el día anterior un médico amigo le había inyectado un calmante e insinuado que se hiciera un tratamiento con un especialista en psiquiatría. Agrega el censor que a pesar de que los testigos dieron la razón de su dicho y formularon su relato en forma exacta y precisa, el Tribunal, con evidente error de hecho, descartó la muerte violenta de Beatriz de Rodríguez, causada por actos externos y accidentales, y no vio el estado de ánimo de su esposo Guillermo Rodríguez para calificarlo como capaz y decir que causó la muerte en forma intencional. "Es que puede actuar intencionalmente, con pleno uso de sus capacidades, un individuo que 'se encontraba muy raro en su comportamiento' 'desesperado' y que dos días antes había sido inyectado para lograr tranquilidad?". A pesar de estos testimonios el Tribunal dice que no hubo siniestro porque no se desvirtuó la presunción de capacidad, art del C.C., de Guillermo Rodríguez Casas. En otros términos, el Tribunal dio por probado que la muerte se causó intencionalmente, cuando por el contrario los testigos hablan de una persona que se encontraba en estado de terrible angustia. En las actas de levantamiento de los cadáveres, así como en las civiles de defunción, aparece irrefragablemente que Beatriz Mejía de Rodríguez murió por medios violentos, externos y accidentales, tal como lo define la póliza en su anexo de doble indemnización. 910 Además la parte demandada al contestar la demanda confiesa que Beatriz de Rodríguez murió por medios externos videntes y accidentales cuando dijo "como las lesiones fueron causadas intencionalmente por Don Guillermo y en su alegato de conclusión manifestó "como se desprende de las declaraciones que obran en el proceso, la muerte de Doña Beatriz Mejía de Rodríguez se produjo por disparos que en forma intencional le hizo su esposo". Pero el mayor error de hecho del Tribunal fue la manera como entendió el convenio por muerte y desmembración por causa accidental pues creyó que según su texto, quien reclama la indemnización debe probar que el autor del hecho externo, violento y accidental, en el momento de cometerlo se hallaba en estado de incapacidad, ya que la capacidad se presume según el artículo 1503 del C.C., error evidente pues el texto de dicho convenio indica que lo amparado es la muerte o lesión causada por medios externos, violentos y accidentales y que uno de los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad para el asegurador es el de que dicha muerte o lesión sea causada intencionalmente por otra persona. 3. Es evidente entonces el error del Tribunal al pretender que el convenio de doble indemnización contiene como amparo tanto la muerte o lesión causada por medios violentos, externos y accidentales y que no sea causada por otra persona en forma intencional, pues semejante interpretación riñe con el texto claro del convenio pues obliga al beneficiario a probar la muerte violenta y que esta la causó otra persona en forma no intencional, según el artículo 1077 del C. de Comercio. Si el Tribunal hubiera apreciado debidamente el anexo de doble indemnización, hubiera aceptado que el amparo se reducía a la muerte o lesión causada por medios violentos, externos y accidentales, cuestión que debe probar el beneficiario; y que una de las exclusiones es la de que esa muerte sea causada 1011 intencionalmente por otra persona, cuestión esta que debe probar el asegurador para eximirse de su obligación de pagar el siniestro. 4.- Y remata el cargo dictando que por no haber aplicado las normas sustanciales relacionadas con el encabezamiento de la censura, el sentenciador negó la indemnización adicional por muerte accidental y violenta, a favor de la demandante. CONSIDERA LA CORTE 1. Como la censura viene encarrillada por la vía indirecta y parte de errores de hecho que se le endilgan al sentenciador en la apreciación de las pruebas, no es indispensable emprender el examen de la interpretación jurídica que hizo el Tribunal en cuanto al alcance tanto del convenio sobre indemnización adicional por muerte accidental, como a la excepción resultante de que dicha muerte haya sido causada intencionalmente por otra persona. Lo cierto es que el Tribunal llegó a la conclusión de que la carga de la prueba de esta excepción, o sea la demostración de la intencionalidad o no intencionalidad que originó la muerte asegurada, se radica en cabeza del beneficiario del seguro, quien para no verse sometido a que se le aplique tal excepción, deberá comprobar, según el Tribunal, que la muerte no fue causada en forma intencional. Esta interpretación del sentenciador no ha sido atacada en el contexto del cargo, interpretación que desde luego solo sería acusable por vía directa ya que con ella no se está desconociendo el texto mismo del contrato de seguro y de sus anexos, y aún cuando será objeto de rectificación doctrinaria más adelante, el despacho del cargo debe partir del entendimiento, así sea jurídicamente equivocado, que el sentenciador dio al mecanismo interpretativo del anexo de doble indemnización y sus excepciones, pues como se dijo tal interpretación, que no reviste caracteres 1112 fácticos, fue puramente de derecho y toca estrictamente con la determinación de la carga de la prueba en el contrato discutido. 2. En esta condiciones, se observa que no es exacto, como lo dice el censor, que el Tribunal haya desconocido o ignorado que la muerte de Beatriz de Rodríguez se debió a causas externas y violentas. En este tema están de acuerdo las partes y los falladores. Lo que el Tribunal no aceptó es que las lesiones que produjeron el fatal resultado hubieran sido causadas sin intención, pues las consideró intencionalmente causadas por el coasegurado Guillermo Rodríguez, quien después de producir el óbito de su esposa y de sus hijos se suicidó. Por tanto, en torno de este factor de intencionalidad o no intencionalidad gira el debate y sobre el cual debe centrarse la acusación. 3. El sentenciador no desconoció los testimonios de Jairo Gómez y Gladys Mejía de Gómez respecto de que Guillermo Rodríguez "se encontraba mentalmente mal la víspera del hecho que ocasionó su propia muerte, la de su esposa y sus hijos y menos aún que el consenso general halla demencial la conducta de personas que así actúa". Pero agregó que tal apreciación no era suficiente para desvirtuar la presunción de capacidad plena que consagra el artículo 1603 del C.C. Y sin discutir por ahora la impropiedad jurídica en que incurrió el Tribunal al querer trasladar del campo netamente civil las nociones de capacidad e incapacidad para enfrentarlas no a actos o declaraciones de voluntad sino a hechos mas bien propios del campo doloso o penal, en la posición asumida por el sentenciador se 1213 está cotejando una presunción, la del 1603 del C.C. con dos declaraciones testimoniales. 4.- El error de hecho susceptible de dar pie válido a un ataque dentro de la causal primera tiene que ser además evidente y trascendente. La evidencia implica que brilla al ojo, o sea que dentro del mismo expediente y sin acudir a razonamientos más propios de instancia que de casación, aparezca irrefutable y nítido. La sola circunstancia de que el análisis probatorio permita una interpretación bien sea en el sentido en que la acogió el Tribunal o en el que la pretende el censor, no es de por si suficiente para considerar que el error de hecho se cometió, pues dicho error debe estar singularizado y relievado por la contraevidencia que del mismo aparezca en los autos. De ahí que no encuentre la Corte tal contraevidencia, ni menos tal error fáctico, cuando el Tribunal le dió a las declaraciones de los testigos Jairo Gómez y Gladys Mejía de Gómez el alcance de que Guillermo Rodríguez, autor de las cuatro muertes que relata el expediente se encontraba "mentalmente mal la víspera del hecho que ocasionó su propia muerte, la de su esposa y sus hijos" y que según "el consenso general es demencial la conducta de persona que así actúa". Pero de ahí a que mediante tales declaraciones o mediante las demás pruebas citadas por el recurrente, tales como las actas de levantamiento de los cadáveres en función con la póliza de seguro, se encuentra demostrada que las lesiones externamente originadas y que produjeron la muerte de toda la familia no fueron intencionales hay un trecho insalvable, pues fácil es apreciar por la forma en que se ocasionaron tales muertes, que en primer lugar Guillermo Rodríguez dirigió el arma contra su esposa y sus dos hijos y luego de consumado lo anterior, la dirigió contra sí mismo, circunstancia que unida a las angustias económicas que para esa época afligían al victimario e inclusive a la de que para ese día podía terminar la 1314 vigencia de la póliza de seguro en discusión, muestran una clara intencionalidad en la actitud del uxoricida, filicida y suicida. En consecuencia, no es desatinado concluír, como lo hizo el Tribunal, que no fue por accidente sino en forma intencional como se produjeron los cuatro disparos que cegaron esas cuatro existencias, concepto accidental que es definitivo para producir y justificar el reclamo y pago de la doble indemnización. 5. Pero si debe la Corte por vía de rectificación doctrinaria observar al sentenciador que no es atinado su juzgamiento, cuando se trata de hechos y no de actos jurídicos como fuente de la obligación cuya declaratoria se persigue, traer a cuento el tema y la preceptiva de la capacidad civil que regula, entre otros, el artículo 1503 del Código de la materia, citado e invocado expresamente por el Tribunal, no solo porque dicho artículo está incorporado dentro del título II del Libro IV del Código en cuestión, que trata "De los actos y declaraciones de voluntad", sin que por el hecho de disparar un arma, bien sea intencional o no intencionalmente, no puede considerarse o catalogarse como un "acto o declaración de voluntad". El factor que pone en juego la excepción de la póliza de seguro en comentario, no es el de la capacidad o incapacidad civil y legal del autor de esas muertes sino el de la intencionalidad del simple hecho dañino, intencionalidad que si bien podría deslindarse de la simple culpabilidad o de la imputabilidad para efectos de la pena correspondiente, en nada atañe al "status" o capacidad civil de las personas. Véase, si no, que el sordomudo que no puede darse a entender por escrito, persona absolutamente incapaz civilmente en relación con actos o declaraciones de voluntad, bien podría causar intencionalmente graves lesiones a un tercero. E igual el disipador interdicto. 1415 Con la anterior rectificación de doctrina, lo dicho es suficiente para concluir que el cargo no prospera. Segundo cargo: Denunció violación, por vía indirecta, de los artículos 636, [sic] 636 y 663 del anterior Código de Comercio, vigente para cuando se efectuó el contrato; 1054, 1072, 1077, 1080 y 1162, 822, 823 y 871 del C. de Co., 1624 y 1757 del C. C.; 6 y 177 del C. de P.C.; y 12 y 29 del C. Penal, por falta de aplicación indebida, todo como consecuencia del error de derecho evidente en que incurrió el sentenciador de segunda instancia al apreciar las pruebas, con resultado definitivo en su fallo". 1. A intento de justificar la censura, pasa el recurrente a relatar así los "evidentes errores de derecho" que le imputa al Tribunal: 1º.) "dijo que a la demandante incumbía demostrar que el señor Guillermo Rodríguez Casas actuó en forma no intencional cuando dió muerte a su esposa"; y 2º.) "Dijo que por presumirse capaz, según el artículo 1503 del C.C., el señor Guillermo Rodríguez Casas causó intencionalmente la muerte de su esposa Beatriz Mejía de Rodríguez". "Estos errores evidentes llevaron al Tribunal a proferir sentencia absolutoria, en cuanto a la doble indemnización", pues si el sentenciador consideró que el convenio de doble indemnización imponía a la demandante la carga de la prueba de que la muerte fue causada por otra persona en forma no intencional, se trataría de una cláusula ambigua, pues si fuere clara no admitiría interpretación distinta de que la muerte causada intencionalmente es una exclusión, razón por la cual debería interpretarse en contra de la compañía que la imprimió, interpretación en contra que no se hizo, con lo cual violó el Tribunal el artículo 1624 del C.C. 1516 Agrega que la justicia penal es la única que puede decidir si el autor de los hechos actuó intencional o culposamente, o en estado de enajenación mental, pronunciamiento que no se sabe si se ha producido, ni en que sentido. Por tanto existe absoluta imposibilidad física para demostrar que el siniestro fue causado voluntariamente por la otra persona, imposibilidad que se predica tanto de la compañía aseguradora como del beneficiario. Y que analizando cuidadosamente los artículos 1077 y 1080 del C. de Co, en relación con los 1054 y 1162 del mismo y el 663 del C. de Co. derogado pero vigente para cuando se celebró el contrato, se concluye que el convenio no obliga a la beneficiaria a demostrar la no intencionalidad de parte de quien causa la muerte, o sea la pretendida inversión de la carga de la prueba que el Tribunal reconoce como válida no tiene asidero legal. Y si las normas procesales son de orden público, las disposiciones que contravengan lo dispuesto en ese particular se tendrán por no escritas, o sea que el régimen probatorio se sujetará a lo dispuesto en los arts. 177 del C. de P.C., 1757 del C.C. y 1077 del C. de Comercio. Pero al invertir la carta de la prueba u obligar a que se prueba lo imposible, el Tribunal violó las normas procesales en referencia, lo que influyó definitivamente en su fallo. 2. También, en otro "protuberante error de derecho", el Tribunal dió por demostrado que Guillermo Rodríguez causó la muerte de Beatriz Mejía de Rodríguez en forma intencional, pues para llegar a esa conclusión se apoyó en el artículo 1503 del C.C. y dijo que, según este, la capacidad se presume que mientras no se demuestre la incapacidad, aquella no necesita prueba, con lo cual implícitamente está concluyendo que por no haberse desvirtuado la capacidad, la muerte se causó intencionalmente, "craso error de derecho" ya que en primer lugar el artículo 1503 del C.C. no es aplicable cuando de acciones penales se trata, sino únicamente a los actos y declaraciones de voluntad en materia civil, y 1617 en segundo lugar porque al razonar así el Tribunal, olvidó los artículos 12 y 29 del C. Penal según los cuales las infracciones a la ley penal son intencionales o culposas y pueden ser cometidas por persona en estado de enajenación mental, evento en el cual se les aplican las medidas de seguridad, con lo cual se puede concluír que una persona capaz en la terminología del artículo 1503 del C.C. puede actuar, sin embargo, no intencionalmente como en el caso de los delitos culposos, elemental conclusión que olvidó el Tribunal cuando concluyó implícitamente que, por no haberse demostrado la incapacidad, se presumía la intencionalidad. 6. Y remata el cargo diciendo que a consecuencia de todo lo anterior el Tribunal violó las normas sustanciales indicadas en el encabezamiento de la censura y por el concepto que allí aparece expuesto. CONSIDERA LA CORTE 1.- La sola lectura y enunciación del cargo pregonan su fracaso, pues encarrilado la vía indirecta, que necesariamente debe derivar de errores en la apreciación probatoria, bien sea en su modalidad del error fáctico evidente o en la del error de derecho, menciona que está cimentado en esta última especie de error, pero al desenvolver la acusación se aparta de lo que debe considerarse como error de derecho probatorio y se traslada al campo que podría llamarse de error de derecho de juzgamiento, conceptos bien distintos por cierto. Con notable insistencia se ha dicho que el error de derecho probatorio, uno de los extremos que permiten apoyar por vía indirecta un ataque dentro de la causal primera, ocurre entre otros casos, cuando a determinada prueba se le da el valor probatorio que legalmente no tiene, o a la misma se le resta el valor que legalmente si tiene.- 1718 Y por último al Tribunal, dado el criterio estricto y extraordinario del recurso de casación que mira más a la salvaguardia de la ley en su cotejo con las sentencias que el interés propio de las partes litigantes. Pero además debe alegarse y demostrarse que el error imputado es trascendente, pues si no lo fuere obviamente la acusación se torna en vacua e inane. 4. Y en censor especifica las pruebas que considera fueron indebidamente apreciadas, por su aspecto normativo - probatorio, por el sentenciador. Lo cual inexorablemente implica el fracaso de la censura. Tercero y cuarto cargos: Se acusa la sentencia en el tercero como violatoria de los artículos 822, 1070 y 1080 del C. de Co y 27, 1608, 1615, 1617, 1626 y 1627 del C.C. por falta de aplicación y por vía directa. 1. Expresa el censor que en la demanda se solicitó se condenara a la aseguradora al pago de intereses de mora desde la presentación de la demanda y hasta cuando el pago se efectúe, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 105 de 1.927, o sea intereses corrientes más el 5% anual, pero el Tribunal dijo que dentro del sistema actual el asegurador deberá al beneficiario como indemnización los intereses al 18% anual sobre el monto de la obligación a su cargo, con apoyo en el artículo 1080 del C. de Co. y por tratarse de una sanción que cabe dentro de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de Advierte el censor que no encuentra reparo alguno a tal apreciación y que dirige su acusación contra la decisión del Tribunal "en cuanto niega la condena a pagar intereses moratorios desde la presentación de la demanda, o desde el día sesenta 1819 (60) contado a partir de la presentación de la correspondiente reclamación sin que se hubiera efectuado el pago, y ordena el pago únicamente desde que, en conformidad con el fallo de primera instancia, es exigible el pago del seguro". Transcribe a continuación los apartes pertinentes de la sentencia acusada, que atrás se sintetizaron, en cuanto al momento desde el cual deben comenzar a contarse tales intereses y de los cuales concluye que mientras no exista discusión judicial, en el entretanto solamente hay "una situación de latencia, de expectativa que no puede ser sancionada con indemnización moratoria". 2.- Agrega que con lo anterior el Tribunal violó flagrantemente el artículo 1080 del C. de Co., por falta de aplicación, violación cometida por la vía directa ya que el mismo Tribunal encuentra que desde la presentación de la demanda es el punto de partida atendible para la condena al pago de intereses moratorios, pues si el Tribunal hubiera aplicado el artículo en referencia necesariamente había condenado a la demandada a pagar intereses moratorios al 18% anual, a partir de la presentación de la demanda, o sea desde el 30 de Octubre de 1974, y no como se dijo en la sentencia acusada, o sea 6 días después de que se produzca la ejecutoria del fallo. 3.- Nota el recurrente que el Tribunal al citar el artículo en cuestión, auncuando omitió "aún extrajudicialmente" (sic) cuales son las eventualidades que idea el Tribunal para decir a cuales de ellas se aplica el art y cuales no, "nada dicen en contra del sentido diáfano del mencionado texto legal". Por tanto no puede el Tribunal acudir a un contexto que ni siguiera especificó, para desatender abierta y desafiantemente la redacción del artículo, con violación expresa del 27 de C.C., según el cual cuando el texto de la ley es claro, este no se desatenderá por tratar de consultar su espíritu. 1920 La sentencia que condena al pago de un contrato de seguro se limita a declarar que el derecho lo tenía el asegurado o el beneficiario desde cuando ocurrió el siniestro y se probó su cuantía, pero no puede entenderse, como lo hizo el fallador, en el sentido de que la sentencia en sí constituye el derecho del asegurado o del beneficiario, pues si el fallo se limita a declarar y en consecuencia a condenar, lógico es concluir que el asegurador está en mora desde la fecha que indica el artículo 1080 del C. de Co., y no desde la ejecutoria del fallo. En el caso debatido, desde cuando se formuló la reclamación a nombre de la demandante se estableció: 1) Que Beatriz Mejía de Rodríguez falleció: 2) que su muerte fue causada por medios violentos, externos y accidentales; 3) Que el valor del seguro principal era de $ y adicionalmente $ si la muerte ocurría en las descritas circunstancias. Y la compañía aseguradora, al responder la objeción en carta del 24 de octubre de 1.974, no niega que la señora Mejía de Rodríguez hubiera muerto ni que la muerta hubiera sido causada violentamente, ni objeta el valor de la reclamación; sus disculpas o pretextos para no pagar son otros, como caducidad, reticencia, no legitimación en la demanda. Como ninguna de esas razones fuera acogida por el Tribunal, es forzoso concluir que desde la fecha de la reclamación se acreditó extrajudicialmente el siniestro y su cuantía, como lo ordena el art del C. de Co., el cual se violó por falta de aplicación, y que por no haber pagado dentro de los 60 días siguientes, el asegurador se constituyó en mora, la cual según el Tribunal se debe contar desde la presentación de la demanda. 4.- Y remata la acusación diciendo que, en esas condiciones, muy fácil sería para las compañías de seguros objetar reclamaciones, sea con motivos fundados o sin ellos, si saben que por mal que les vaya en un proceso, que por lo general dura 20 Mostrar más
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 artículo 206
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