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Timestamp: 2020-07-16 00:51:28+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Humberto Ángel Sanhueza Leiva; Luis Fernando González Reyes con MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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Humberto Ángel Sanhueza Leiva; Luis Fernando González Reyes con MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Rol: C75-10
Consejo para la Transparencia, 25/06/2010
Se dedujo amparo contra la Municipalidad de Los Andes, ante la denegación de acceso a diversa información relacionada con el pago de un determinado bono (Bono SAE) a profesores municipales, durante los años 2007 y 2008. El Consejo acogió el amparo, desestimando la causal de secreto o reserva invocada, artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, ordenando la entrega pertinente. Así, si bien en el caso la información requerida se relaciona con lo discutido en el litigio que al momento de interponer el amparo se encontraba pendiente entre ambas partes, los documentos solicitados sólo constituyen medios de prueba para acreditar el pago realizado por el municipio a ciertos docentes y la extensión de su jornada, fundamentalmente. Del mismo modo, el municipio sólo invoca la causal, pero no fundamenta en qué modo se vería afectado el debido cumplimiento de sus funciones con la publicidad.
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Consejo para la Transparencia, 07/08/2009, A63-09
Consejo para la Transparencia, 02/10/2009, A151-09
Consejo para la Transparencia, 24/11/2009, A293-09
Consejo para la Transparencia, 27/11/2009, C380-09
Consejo para la Transparencia, 11/12/2009, A56-09; A151-09
Decreto Supremo 13 2009 Reglamento ART-1 N°1 LETRA A
Ley de Transparencia ART-21 N°1 LETRA A
Decreto Supremo 13 2009 Reglamento ART-7° N°1 LETRA A
DECISIÓN AMPARO Nº C75-10
Entidad pública: I. Municipalidad de Los Andes
Requirente: Humberto Ángel Sanhueza Leiva y Luis Fernando González Reyes
Ingreso Consejo: 05.02.2010
En sesión ordinaria N° 160 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de junio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C160-10.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Humberto Sanhueza Leiva y don Luis Fernando González Reyes, Presidente y Secretario Provincial del Colegio de Profesores de Chile, respectivamente, el 23 de diciembre de 2009, solicitaron a la I. Municipalidad de Los Andes lo siguiente:
a) Monto total percibido en los años 2007 y 2008, por concepto de las Leyes N°s 19.410 y 19.933.
b) Monto total pagado a los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos educacionales de la comuna, excluidos los del nivel central, por concepto de bonificación proporcional y planilla complementaria, los años 2007 y 2008.
c) Cantidad de profesionales de la educación, excluidos los del nivel central, que tiene derecho a percibir las siguientes asignaciones:
i. Asignación de experiencia.
ii. Asignación de perfeccionamiento.
iii. Asignación de desempeño en condiciones difíciles.
iv. Asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.
d) Monto total pagado los años 2007 y 2008, por concepto de asignaciones señaladas en el numeral anterior, con especificación de las sumas pagadas por cada una de ellas.
e) Número total de horas semanales contratadas, con el total de docentes que prestan servicios en los establecimientos educacionales de la comuna, excluidos los del nivel central, al mes de diciembre de los años 2007 y 2008, con especificación de cuántas corresponden a Enseñanza Básica y cuántas a Educación Media.
f) Número total de docentes con contrato vigente al mes de diciembre de los años 2007 y 2008, excluidos los del nivel central, con especificación de cuántos corresponden a Enseñanza Básica y cuántos a Educación Media.
2) SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD: Mediante Decreto Alcaldicio N° 4667, 30 de diciembre de 2009, se ordenó a los solicitantes subsanar su requerimiento, en el sentido de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la letra a) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en cuanto a aportar los datos necesarios para el envío de la respuesta a su solicitud. Mediante escrito ingresado a dicho Municipio el 4 de enero de 2010, el reclamante consigna domicilio para efectos de recibir las notificaciones pertinentes y agrega a su requerimiento las siguientes solicitudes:
a) El número de horas servidas por cada uno de los docentes de la Municipalidad, ya sea de planta, contratado o reemplazante, en los meses de diciembre de 2007 y/o 2008.
b) Señalamiento de los docentes que hayan recibido sumas de dinero en abono o anticipo del Bono Extraordinario o Bono SAE, correspondiente al año 2007, con indicación de la cantidad exacta y concreta percibida por cada uno de ellos.
3) RESPUESTA: La I. Municipalidad de Los Andes respondió a dicho requerimiento mediante Decreto Alcaldicio N° 127, de 14 de enero de 2010, señalando que toda vez que la I. Municipalidad de Los Andes, con fecha 9 de enero de 2010, fue notificada legalmente de una demanda deducida en sede laboral, caratulada “Sanhueza y otros con I. Municipalidad de Los Andes”, RIT N° O-88-2009, en que se demandan prestaciones asociadas al pago de la bonificación extraordinaria o bono de subvención adicional especial de los años 2007 y 2008, lo que ha significado que el Departamento Jurídico de dicha Corporación se encuentre en la preparación de la defensa jurídica y, en aplicación del principio de divisibilidad y de los plazos establecidos en el artículo 14, se decreta:
a) Entregar, por parte del Departamento de Educación Municipal la información relativa al monto total percibido los años 2007 y 2008, por concepto de las Leyes N°s 19.410 y 19.933, a más tardar el día lunes 15 de febrero, atendido lo dispuesto en el artículo 14 inciso final.
b) Se deniega la restante información requerida el 23 de diciembre y complementada el 4 de enero de 2010, por tratarse de antecedentes necesarios para la defensa jurídica y judicial en la causa antes individualizada.
4) AMPARO: Don Humberto Sanhueza Leiva y don Luis Fernando González Reyes dedujerom amparo a su derecho de acceso a la información el 3 de febrero de 2010 en contra de la I. Municipalidad de Los Andes, ingresado al Consejo el 5 de febrero de 2010, señalando principalmente lo siguiente:
a) A pesar de que el Decreto Alcaldicio N° 127, de 14 de enero de 2010 dispone en la parte resolutiva que debe notificarse a los solicitantes a los domicilios indicados por carta certificada, hasta la fecha no han recibido dicha notificación y fortuitamente tomaron conocimiento del contenido de dicho Decreto.
b) Señalan que tuvieron conocimiento de dicho decreto toda vez que un profesor, el 22.01.10, fue a hacer entrega de una documentación a la oficina de partes del Municipio, encomendándole el encargado de dicha oficina que hiciera entrega en la sede del Colegio de Profesores de copias de dicho decreto. Así, recibieron copia del decreto el día 26.01.10, por lo cual se notificaron tácitamente de su contenido ese día.
c) En cuanto a la prórroga del plazo para hacer entrega de la información señalan que en este caso no existen las circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, acompañando la siguiente información para acreditar dicha afirmación:
i. Copia simple de los originales confeccionados y existentes en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Los Andes, en l que bajo el epígrafe “Planilla para determinación Bono SAE extraordinario sector municipal”, correspondientes a los años 2007 y 2008, en cada uno de cuales se consignan en forma completa y total las informaciones solicitadas en los numerales 1° a 5°, inclusive, de su primera presentación, y, aún más, señalan el valor proporcional de la hora docente correspondiente a los años 2007 y 2008.
ii. Copia simple del original, también confeccionado y existente en el referido departamento municipal, en el que bajo el epígrafe de “I. Municipalidad de Los Andes – Depto. Educación. Anticipo Bono SAE”, en el que se da pleno y cabal cumplimiento a la petición formulada en el numeral 8° de la segunda presentación.
d) Así, señalan, se acredita suficientemente que más del 80% de la información requerida se encuentra plasmada en los señalados documentos originales confeccionados y existentes, motivo por el cual resulta forzoso concluir que habría bastado dedicar menos de 30 minutos para entregar adecuada respuesta a prácticamente la totalidad de la información relevante solicitada, constituyendo entonces una insinceridad el sostener como fundamento de la negativa que su otorgamiento habría afectado el debido cumplimiento de las funciones que las leyes encomiendan al municipio y que hubiera querido distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, y mucho menos, la prórroga de plazo que concedió el Alcalde.
e) Agregan que la razón para prorrogar el plazo de entrega consta del documento expedido por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes, acompañado, por el cual se resuelve tener por interpuesta la demanda y cita a las partes a audiencia preparatoria oral el día 15 de febrero de 2010 a las 10.00 horas, la que tendrá lugar con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ellas, sin necesidad de ulterior notificación.
f) Estiman que la negativa de la información requerida fundada en la causal señalada de la letra a) del numeral 1 del artículo 21 infringe y violenta los principios de relevancia, de libertad de información, de apertura o transparencia, de la no discriminación, de la oportunidad y de la responsabilidad, como asimismo las normas contenidas en los artículos 16, 17 y 19 de dicho cuerpo legal.
g) Aclaran que la causa judicial señalada por la I. Municipalidad de Los Andes está radicada en el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes y no se trata de una causa seguida solamente por los reclamantes, sino que por 258 profesionales de la educación que prestan o han prestado servicios educacionales al sector municipal de Los Andes.
h) Agregan que el decreto denegatorio no puede pretender fundamentarse ni sustentarse en la disposición contenida en la letra a) del numeral primero del artículo 21, ya que este exige como requisito sine qua non, que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones propias de la corporación edilicia, resultando francamente absurdo el sostener que la entrega de la información fidedigna solicitada podría producir el señalado efecto, ya que tal proceder implica el ocultamiento de antecedentes que también podrá hacer valer en su oportunidad el municipio en su defensa judicial y sin restricción alguna, toda vez que no se ha solicitado la entrega de algún ejemplar de un medio probatorio único, sino solamente información fidedigna de hecho que jamás ha tenido el carácter de secreto o reservado, ya que en su oportunidad fueron entregadas profusamente copia de todas y cada una de las materias solicitadas.
i) Por último, señalan que el decreto pone de manifiesto el carácter incoherente de la pretendida asimilación, al acceder al otorgamiento de la información solicitada en el primer punto –ingresos percibidos por el municipio por concepto de las Leyes N° 19.410 y 19.933- y estimar que produciría un efecto negativo la entrega de los siete restantes numerales –información sobre el destino o inversión de tales recursos- en circunstancias que unos y otros son de idéntica naturaleza jurídica y están referidas a un mismo hecho material.
j) Acompañan, entre otros, los siguientes documentos:
i. Copia del protocolo de Acuerdo suscrito del 05.06.09, por el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de Chile A.G.
ii. Copia del Instructivo General suscrito por los mismos representantes señalados precedentemente, del 24.06.09.
iii. Copia de las planillas para determinación Bono SAE Extraordinario sector municipal, confeccionados y existentes en original en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Los Andes, correspondientes a los años 2007 y 2008.
iv. Copia autorizada de la resolución judicial del 05.01.10, pronunciada por el Juez del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes.
v. Fotocopia de la página 8 del Diario El Andino, de la ciudad de Los Andes, correspondiente a la edición del 12.01.10, en el cual el Sr. Alcalde manifiesta textualmente: “A nosotros nos parece que es absolutamente razonable que los profesores hayan interpuesto esta demanda (en tribunales) porque en definitiva lo que persiguen es que es sede jurisdiccional se deje sin efecto aquello que ha sido dictaminado por la Contraloría General de la República”, agregando que “Los profesores dirigieron una demanda en contra del municipio, porque ellos entienden que el municipio en su calidad de empleador es a quien debe reclamar el pago de los excedentes y por esa razón no la dirigen contra el Estado”.
vi. Copia del listado confeccionado por la I. Municipalidad de Los Andes-Depto. de Educación- Anticipo Bono SAE, que contiene la relación íntegra y total del señalamiento de los docentes municipales que recibieron abonos o anticipos del Bono SAE, señalando la cantidad de dinero entregada a cada uno de ellos, por el indicado concepto.
5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 443, de 5 de marzo de 2010, al Alcalde de la I. Municipalidad de Los Andes, solicitándole en especial que, conjuntamente con formular sus descargos, remita a este Consejo copia de la información que le fuera solicitada por el reclamante, a fin de resolver acertadamente el presente amparo, como, asimismo, que se sirva informar el estado procesal de la causa RIT N° 0-88-2009 caratulada “Sanhueza y otros con I. Municipalidad de Los Andes” radicada en el Primer Juzgado de Letras de Los Andes en sede laboral, que ha servido de fundamento a la negativa efectuada a la entrega de la información requerida, adjuntando además copia del expediente a que se refieren dichos autos. Éste respondió mediante Ordinario N° 207.2010, de 29 de marzo de 2010, solicitando que se rechace el amparo interpuesto, principalmente por lo siguiente:
a) El 31 de diciembre de 2009, los mismos peticionarios, conjuntamente con 230 profesionales de la educación, solicitaron al Sr. Juez del 1° Juzgado de Letras de Los Andes que declare su derecho a percibir saldos insolutos del “Bono Extraordinario de Excedentes” también llamado “Bonificación Extraordinaria” (en adelante también BEE o Bono SAE), correspondientes a los años 2007 y 2008, supuestamente adeudado por dicha Corporación Municipal. Adjunta copias íntegras y autorizadas de dicho expediente.
b) Con fecha 14 de enero de 2010, mediante Decreto Alcaldicio N° 127, se ordenó la entrega parcial de la información solicitada y se denegó la relativa a ciertos puntos de las presentaciones de los reclamantes, por tratarse de antecedentes necesarios para la defensa jurídica y judicial seguida en la causa interpuesta por los mismos solicitantes ante el 1° Juzgado de Letras de Los Andes, causal contemplada en la letra a) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.
c) En directa relación con la información requerida, el 9 de enero de 2010, la I. Municipalidad de Los Andes fue notificada legalmente de una demanda deducida en sede laboral, en que demandan prestaciones asociadas al pago de la bonificación extraordinaria o bono de subvención adicional especial de los años 2007 y 2008, lo que ha significado que el Departamento Jurídico se encuentre en la preparación de la defensa jurídica. Actualmente la causa se encuentra en la etapa de juicio, para lo cual se ha citado a audiencia de juicio oral para el día 7 de abril de 2010 a las 10 horas.
d) En cuanto al derecho, señala que el propio artículo 16 de la Ley de Transparencia establece la obligación de proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley. Asimismo, el artículo 21 N° 1 letra a) establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
e) Respecto de los plazos de entrega de dicha información, reitera lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
f) Acompaña, entre otros, los siguientes documentos:
i. Copia autorizada de causa RIT O-88-2009 caratulada “Sanhueza y otros con I. Municipalidad de Los Andes”, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes.
ii. Copia de la información solicitada por los reclamantes.
iii. Copia autorizada del Decreto Alcaldicio N° 127, de 14 de enero de 2010.
1) Que en el presente caso, lo solicitado es diversa información relacionada con el pago de un determinado bono (Bono SAE) a profesores municipales, durante los años 2007 y 2008. Dicha información es pública, de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. La mayor parte de la información requerida fue denegada invocando la causal establecida en el literal a del número 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, por haber un litigio laboral pendiente entre ambas partes.
2) Que a este respecto, cabe tener presente que el Consejo ha establecido (decisiones recaídas en amparos A56-09, A63-09, A68-09, A96-09, A151-09, A293-09 y C380-09, por ejemplo) que para entender que nos encontramos frente al supuesto de reserva o secreto de información pública invocado, se debe acreditar que:
a) Existe un litigio pendiente entre el reclamante y el reclamado: en el caso que nos ocupa, hay constancia que, al momento de interponerse el amparo, existía un litigio entre los reclamantes (en total son 228 los profesores demandantes) y el Municipio reclamado. Actualmente existe sentencia de 1° instancia, de 22 de abril de 2010, rechazando la demanda por estimar que es la Contraloría General de la República quien debe determinar la existencia de excedentes o saldos insolutos de pago respecto del bono SAE. Estableciendo las “planillas generales” relativas al Municipio demandado relativas a 2007 y 2008 que emitió por dicho ente contralor, así como el informe que efectuó sobre el programa de fiscalización relativo a la determinación y pago del bono extraordinario, que no existen excedentes o saldos respecto este último, se rechazó la acción impetrada.
b) Existe una relación directa entre los documentos o la información requerida y el litigio:
i. La demanda laboral fue interpuesta por el pago de las Bonificaciones Extraordinarias o Bono de Subvención Adicional Especial adeudados a cada uno de los demandantes. Dicho Bono es el estipendio pagadero en el mes de diciembre, no imponible ni tributable, cuyo objetivo es distribuir el excedente de la subvención que percibe el empleador para el pago a sus docentes de la bonificación proporcional y la planilla complementaria. Para calcularlo debe compararse lo pagado por bonificación proporcional y planilla complementaria y los recursos recibidos por la subvención adicional especial del artículo 13 de la Ley N° 19.410, siendo obligados a su pago los sostenedores de los establecimientos educacionales dependientes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal. Son acreedores del pago de dicho bono los docentes profesionales que reúnan ciertos requisitos .
ii. En audiencia preparatoria de dicho litigio, realizada el 08.03.2010 se fijaron los siguientes como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1° Efectividad que los demandantes tienen derecho y cumplen los requisitos para el pago a ellos del bono extraordinario o de subvención adicional especial establecido por la Ley N° 19.933 y sus modificaciones, y 2° Efectividad que existen respecto de la Municipalidad demandada los excedentes a repartir por los bonos antes dichos los años 2007 y 2008.
iii. Por todo esto, se puede concluir que la información requerida dice relación con lo discutido en el litigio que hubo entre ambas partes.
c) La publicidad de lo requerido afecta el debido funcionamiento del órgano reclamado. Cabe señalar que el artículo el artículo N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia establece que son antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, “…entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”. En este caso, el Municipio sólo invoca la causal, pero no fundamenta en qué modo se vería afectado el debido cumplimiento de sus funciones con la publicidad de lo requerido.
3) Que si bien en el caso que nos ocupa la información requerida se relaciona con lo discutido en el litigio que al momento de interponer el amparo se encontraba pendiente entre ambas partes –que los demandantes cumplen con los requisitos para el pago del bono demandado y que existen excedentes en el Municipio reclamado para repartir dichos bonos- cabe determinar si esta información es de aquella destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico.
4) Que en este caso puede estimarse que ocurre algo similar con lo decidido respecto del amparo C380-09, de 27.11.2009, contra el SAG, pues en este caso se estimó que los documentos requeridos, si bien tenían vinculación con lo discutido en sede judicial, decían relación con cuestiones de hecho y no con la estrategia jurídica del órgano reclamado. Lo mismo ocurre en este caso, pues los documentos solicitados sólo constituyen medios de prueba para acreditar el pago realizado por el Municipio a ciertos docentes y la extensión de su jornada, fundamentalmente. En el amparo C380-09 el Consejo estimó que no podía considerarse que los documentos requeridos estuviesen destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico, sino que constituían documentos de carácter público cuya denegación perseguía impedir que la contraparte probase un hecho en un litigio pendiente, agregándose que: “Siendo así, de estimarse acreditada la causal invocada se estaría permitiendo obstaculizar el acceso a pruebas que pudiesen debilitar la posición del órgano, siendo esto último motivo suficiente para retener aquéllas”. Por ello el Consejo resolvió que debía distinguirse “…entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba por cualquiera de las partes en un litigio pendiente”.
5) Que para estimar que concurre la causal invocada el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afectaría su debido funcionamiento, lo que en el caso que nos ocupa no ocurriría. En efecto, si no corresponde pagar los bonos requeridos —situación que debe establecer el tribunal u órgano competente— en ningún caso la entrega de la documentación solicitada afectará las funciones del Municipio. En cambio, si el órgano competente declara que el Municipio adeuda el pago de dichos bonos la entrega de lo solicitado permitirá que el órgano cumpla sus funciones de acuerdo a la legislación, no pudiendo estimarse como debido funcionamiento de un órgano de la Administración del Estado el no pago de bonos establecidos en la Ley.
6) Que conviene declarar que la decisión de este Consejo no implica pronunciamiento alguno sobre el tema de fondo debatido en sede judicial —la procedencia del pago de los bonos SAE—,radicado en los tribunales ordinarios, por lo que no se vulnera en caso alguno el art. 76 de la Carta Fundamental.
7) Que, por último, en cuanto a la prórroga para entregar parte de la información requerida, establecida en el Decreto Alcaldicio N° 127, de 14.01.10, cabe señalar que tanto la Ley de Transparencia como su Reglamento establecen que el plazo de 20 días hábiles para pronunciarse sobre una solicitud de información puede ser prorrogado, de manera excepcional, por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en el que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. A este respecto, dicho Decreto se limita a comunicar a los requirentes –antes del vencimiento del plazo- de la prorroga de dicho plazo, citando lo prescrito por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, mas sin señalar los fundamentos para decretar dicha prórroga. Asimismo el plazo establecido de prorroga excede en un día hábil lo prescrito por la norma legal. Por esto se debe representar debidamente dichas situaciones al Jefe Superior de la I. Municipalidad de Los Andes.
8) Que por todo lo señalado precedentemente, se deberá acoger el amparo interpuesto y requerir al Alcalde de la I. Municipalidad de Los Andes que haga entrega de lo requerido a los reclamantes.
I) Acoger el reclamo de don Humberto Ángel Sanhueza Leiva y don Luis Fernando González Reyes en contra de la I. Municipalidad de Los Andes, por los fundamentos señalados precedentemente.
II) Requerir al Alcalde de la I. Municipalidad de Los Andes:
III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Humberto Ángel Sanhueza Leiva y don Luis Fernando González Reyes y al Alcalde de la I. Municipalidad de Los Andes.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Guerrero V. por encontrarse fuera del país al momento de la firma. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.

References: artículo 21
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 14