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Timestamp: 2018-06-20 21:17:19+00:00

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﻿HRF: Desazón ante la resolución a favor del gobierno cubano
NUEVA YORK (5 de junio de 2009)-- La Human Rights Foundation (HRF) expresó su desazón por el pésimo precedente en relación a la defensa de la democracia y los derechos humanos que deja la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, que dejó sin efecto la resolución de 1962 con respecto al actual gobierno cubano, y le abrió la posibilidad de participar en todos los órganos de la OEA.
“La injusticia histórica cometida por la OEA no fue haber aprobado la resolución de 1962 contra la dictadura cubana, sino haber dejado de aprobar resoluciones similares durante los años 60, 70 y 80 contra otras dictaduras, que sí tenían la venia de EE.UU.”, dijo Thor Halvorssen, Presidente de la HRF. “Las dictaduras son despreciables porque destruyen la libertad y la dignidad del ser humano, porque le quitan todo sentido a la vida. El hecho que se autodenominen marxistas-leninistas, fascistas, nacional-socialistas, izquierdistas o derechistas, es irrelevante desde la perspectiva de quien es dejado sin libertad, sin dignidad, sin humanidad”, continuó Halvorssen.
La HRF envió el 21 de abril de este año una carta al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que critica la posición del Secretario General sobre Cuba y expone detalladamente el carácter antidemocrático y violador de derechos humanos de su gobierno. (Ver carta aquí). De acuerdo a siete informes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citados por la HRF, el actual gobierno cubano ha perpetrado un sinnúmero de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra hombres y mujeres, perseguidos y encarcelados por motivos políticos. En un nuevo informe del 25 de febrero de este año, la CIDH confirmó cómo se persigue, golpea y apresa a las personas que disienten del régimen, y cómo los presos políticos en Cuba continúan sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo al mismo informe, el gobierno cubano justifica oficialmente este cercenamiento de libertades, bajo el argumento de que se produce contra “mercenarios” de la política estadounidense, y en “respuesta a la creciente agresividad anticubana del Imperio”.
“Son dos las paradojas. En vez de suspender a los gobiernos crecientemente antidemocráticos, la OEA promueve la reincorporación del gobierno más antidemocrático. Y en vez de dejar de lado el lenguaje arcaico de la guerra fría, la nueva resolución de la OEA parece sustentarse en ese mismo lenguaje. Nadie habla con convicción de respetar los estándares vigentes sobre la democracia y los derechos humanos”, señaló la HRF, criticando los discursos de los ministros de relaciones exteriores, que se reflejaron en la mera mención de estos términos en el preámbulo de la resolución. “Los gobiernos de América están cerrando los ojos ante el hecho de que la posible participación de este gobierno cubano en una organización que se precia de promover la democracia y los derechos humanos, constituye la legitimación de la destrucción de la democracia y de la violación impune de los derechos humanos en el continente”, concluyó la HRF.
“El presidente de Honduras está equivocado. Así como no absolvió a la dictadura de Pinochet, la historia no absolverá a la dictadura de Castro”, dijo Halvorssen criticando lo que habría dicho el primer mandatario, según el periódico oficial del gobierno cubano Granma.
La HRF anunció también que la Carta No. 6 de su proyecto “La Carta Democrática y el Sr. Insulza,” estará referida a esta resolución sobre Cuba y su influencia en el creciente carácter antidemocrático de varios gobiernos en el continente. A través de este proyecto, que está basado en la creencia de que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos (Art. 7), la HRF ha criticado fuertemente la inacción del Secretario General de la OEA en el cumplimiento de su obligación de iniciar el procedimiento de aplicación de la cláusula democrática contra los gobiernos americanos que actualmente violan los elementos esenciales de la democracia.

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