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Timestamp: 2017-04-26 12:18:02+00:00

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Ley de victimas dof
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(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013PODER EJECUTIVOSECRETARIA DE GOBERNACIONDECRETO por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y sereforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de laRepública.ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguienteDECRETO"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; YSE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182-R DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOSPENALES.ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos del 1 al 180 y se derogan los artículos del 181 al 189 dela Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:LEY GENERAL DE VÍCTIMASTÍTULO PRIMERODISPOSICIONES GENERALESCAPÍTULO IAPLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓNArtículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo elterritorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el EstadoMexicano, y otras leyes en materia de víctimas....La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos degobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionarayuda, asistencia o reparación integral.La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción ygarantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una deestas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hechovictimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias ycaracterísticas del hecho victimizante.Artículo 2. El objeto de esta Ley es:I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos,en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debidadiligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los TratadosInternacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos dederechos humanos;II. a V. ...Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionalesfavoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.CAPÍTULO IICONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONESArtículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño omenoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a susbienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechoshumanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano seaParte. 2.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenganuna relación inmediata con ella.Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestarasistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en lostérminos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene alresponsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en susderechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación dederechos.Artículo 5. ...Dignidad.- ......En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretadosde conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales delos que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos queintervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarlapor su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde elmomento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, enespecial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas,deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias yno excluyentes....Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiemporazonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho ala verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular dederecho....Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población concaracterísticas particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferenciau orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertosdaños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidadde las víctimas.Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias,garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de susderechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad,migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas ypersonas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior delmenor....Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito desus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda,protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a laeliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechosvictimizantes.Gratuidad.- ...Igualdad y no discriminación.- ...Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ......Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más ampliade medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y deviolaciones a los derechos humanos.Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestarfísico y psicológico e intimidad de las víctimas. 3.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto delEstado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiarun lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure susubsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de suexistencia.No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningúncaso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie....Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán sermotivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven sucondición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan asufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementarmedidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil yel sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar sucondición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimentoa sus derechos.Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán laobligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma yno podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.Publicidad.- ...El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientacióna las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos yprocedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de formaclara y accesible.Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, asícomo de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición decuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas ycolectivos de víctimas.Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado enejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen elacceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de laspolíticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.Trato preferente.- ...Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidadesfederativas;II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en lasentidades federativas;III. y IV. ...V. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;VI. ...VII. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;IX. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienesjurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito oconstituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los TratadosInternacionales de los que México forme parte;X. Ley: Ley General de Víctimas;XI. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas; 4.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013XII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;XIII. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;XIV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de lasentidades federativas;XV. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;XVI. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;XVII. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de susderechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;XVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestarasistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;XIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanosreconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en elejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se consideraviolación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado oautorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboraciónde un servidor público.TÍTULO SEGUNDODE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMASCAPÍTULO IDE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMASArtículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberánser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables enmateria de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de losresponsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectivapor el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechoshumanos y por los daños que esas violaciones les causaron;III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechoshumanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstosen el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de losservidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimientode esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a lasvíctimas;VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita yefectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, conindependencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no délugar, en ningún caso, a una nueva afectación;VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles,apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno conrespeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro unprocedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidadcontra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida ointegridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición devíctima y/o del ejercicio de sus derechos;IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a losprocedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; 5.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr elpleno ejercicio de cada uno de sus derechos;XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio desus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés comointerviniente;XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en laaudiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas deayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normasinternacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se hayadividido;XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger ygarantizar sus derechos;XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención,ayuda, atención, asistencia y reparación integral;XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoquetransversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y poblaciónindígena;XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con lafinalidad de lograr su reintegración a la sociedad;XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en lacomisión del delito o de la violación de los derechos humanos;XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanciónde manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparacióndel daño;XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos deacceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de lamateria;XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instanciascorrespondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y elejercicio de sus derechos;XXX. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que nocomprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida sureincorporación a la sociedad;XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que lepermita relacionarse con otras víctimas, yXXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otradisposición aplicable en la materia o legislación especial. 6.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013CAPÍTULO IIDE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓNArtículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidadesinmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción desus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológicade emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partirdel momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que lasautoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisionalse brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo quesea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayudamédica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y susfamiliares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno,rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuartoy Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, delas entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten,salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.Artículo 9. ......Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico ypsicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a lareparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos....CAPÍTULO IIIDEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIAArtículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridadesindependientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad,a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de lasviolaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones dederechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparaciónintegral por los daños sufridos....CAPÍTULO IVDE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENALArtículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimastendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales yfederales aplicables y en los Tratados Internacionales.Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o laprimera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. ElMinisterio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en lacarpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsablede los hechos;II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere elartículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte unasentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su AsesorJurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba conlos que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligenciascorrespondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos loscuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se lesotorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; 7.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. Enlos casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, deacuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegirlibremente a su representante legal;V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de losdelitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión delprocedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizarlas molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contratodo acto de amenaza, intimidación o represalia;VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo laobligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos ytestigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para elaseguramiento de bienes para la reparación del daño;XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre susderechos y a estar presentes en las mismas;XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, yXIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención deexpertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de loshechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podránsolicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a lajusticia y a la verdad para las víctimas.Artículo 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante laautoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efectou omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o seausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará,sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejandoconstancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se hayaefectuado la reparación integral del daño correspondiente.En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competenteremitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sindilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata lareparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que lasleyes fiscales señalen.Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas comosujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales dederechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o ensu caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones quepongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de lasmodificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para suseguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de losexámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptarsu realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.Artículo 16. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otraautoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laboralesy escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal delTrabajo. 8.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de lajusticia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparacióndel daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los mediosidóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuraduríasde las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optadopor alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de proteccióna la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión.Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstasestén conscientes de las consecuencias que conlleva.CAPÍTULO VDEL DERECHO A LA VERDADArtículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivosdel delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, lascircunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones deigualdad.Artículo 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir informaciónespecífica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas lascircunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, nolocalizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridadescompetentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, suoportuno rescate.Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en losdiferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar susopiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente suparticipación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediatoy tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paraderode las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridadesdesplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, suvida y su integridad física y psicológica.Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y losTratados Internacionales de los que México sea Parte.Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otrossitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos uosamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia yconforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correctaubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicosreconocidos internacionalmente.Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a travésde sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y adesignar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a losderechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado elEstado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de loscuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad ysus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generaránlos mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con loque establezca el Reglamento de esta Ley.En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiaresla obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridadesministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremaciónde cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada. 9.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica delas víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judicialesde declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, afin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares delausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.Artículo 22. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y lasociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente,que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de lasvíctimas y la recuperación de la memoria histórica;II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas yescuchadas;IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticasde investigación, yV. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias parasuperar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y laopinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose supresencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigoscuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidasnecesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas poruna acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebasofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones,conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con lasdebidas formalidades de ley.Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales,organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridadcompetente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el finde contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantíasnecesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.Artículo 24. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violacionesde los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción,destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interésde las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades deautorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otraspersonas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechoshumanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente losarchivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo losrequisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidadproporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacionalexcepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, laautoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger uninterés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente,a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.Artículo 25. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivosestatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de lasinformaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridadgarantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a lasinformaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando sesolicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiaresconsiderando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil Federal. 10.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013CAPÍTULO VIDEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRALArtículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada,transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hechovictimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendomedidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violaciónde sus derechos humanos;II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hechopunible o de las violaciones de derechos humanos;III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad delhecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta lascircunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidaseconómicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por lavíctima no vuelva a ocurrir;VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que sontitulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de losderechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. Larestitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivoque reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promociónde los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de lossujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; larecuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la culturade la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.TÍTULO TERCEROCAPÍTULO IMEDIDAS DE AYUDA INMEDIATAArtículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en suasistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las institucionesencargadas de brindarles atención y tratamiento.Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo encondiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose demujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del DistritoFederal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a lasvíctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigircondición previa para su admisión.Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:I. Hospitalización;II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para sumovilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;III. Medicamentos;IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente conlos servicios que ella requiere de manera inmediata;V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;VI. Transporte y ambulancia;VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de laviolación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente; 11.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o laviolación a los derechos humanos;IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respetode la voluntad de la víctima, yX. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado enlas fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, laFederación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de maneracompleta e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se hayacometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que debancubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastosincluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar deorigen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a lasvíctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas debendesplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, sedeberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionaráconforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.Artículo 32. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral enSalud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismosde articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia públicaque conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Estemodelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema deprestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan serbrindados por el sistema al cual pertenece.Artículo 33. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos,dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura yla capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas aotorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia yatención urgentes para efectos reparadores.El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimasde daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dichocarnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, lavíctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Serviciosde Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquierade los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a sucompetencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o dela violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente,cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que seestablecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta elfinal del tratamiento;II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias yentidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad deprestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo nomayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia ensalud, en cuyo caso la atención será inmediata;III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y lacorrespondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cualesla víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si asíhubiese lugar;IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos querequiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como losservicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicosreconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación asus derechos humanos; 12.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia delhecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, yVI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.Artículo 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física opsicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupciónvoluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima;asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiemponecesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; enparticular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios deenfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, sedispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal degénero.Artículo 36. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos,dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura yla capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita losservicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a quehubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias ypermanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa conlas conductas.Artículo 37. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con loseñalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competentedel orden de gobierno que corresponda, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichasautoridades, el derecho de repetir contra los responsables. Las normas reglamentarias aplicablesestablecerán el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.CAPÍTULO IIMEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓNArtículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar ocorrelativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas derefugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal omunicipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones deseguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que seencuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas ode la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo quesea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornarlibremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.CAPÍTULO IIIMEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTEArtículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y deseeregresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastoscorrespondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para suregreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.CAPÍTULO IVMEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓNArtículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existanrazones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación dederechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales deacuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que seannecesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y laseguridad de las personas;II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel deriesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto seannecesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; 13.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionadacon el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o delproceso respectivo, yIV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas yeficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento ydurante el tiempo que garanticen su objetivo.Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, losservidores públicos federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que contribuyan a poner en riesgola seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia ocuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por lacolusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado queamenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar ydeberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todoslos casos, su dignidad.CAPÍTULO VMEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICAArtículo 42. Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán deinmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientosjudiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de susintereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titularesen su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través dela Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.Artículo 43. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionalesconocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de sudignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.TÍTULO CUARTOMEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓNCAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESArtículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional deVíctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas alRegistro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas deasistencia y atención establecidos en la presente Ley.El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimasasistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda oreparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter públicoy en ningún caso incluirá datos personales.Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías,dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud,educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con lainfraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentoslegales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hechovictimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular elenfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultosmayores y población indígena.Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por lasinstituciones públicas federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios a las víctimas porcualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el accesode las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia deldelito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidaspara superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoquetransversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizarla exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educaciónpreescolar, primaria, secundaria y media superior. 14.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013Artículo 48. Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permitaa la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.Artículo 49. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyosespeciales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrentenmayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar losproblemas educativos derivados de dicha condición.Artículo 50. El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorizacióno con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para quegratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de accesoy permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar,la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrenciaprevistos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de lafunción social educativa establecida en la Ley de Educación aplicable.Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio eninstituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lorequieran.Artículo 52. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías,dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con lainfraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregara los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar lascondiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.Artículo 53. La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos ydemás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione.Artículo 54. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías,dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco desu autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección,admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones,para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.CAPÍTULO IIMEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLOArtículo 55. Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá laobligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a susnecesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuenciadel hecho victimizante.Artículo 56. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, eldisfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en lostérminos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales dederechos humanos.Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en susrespectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidadesde desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestalesnecesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.Artículo 58. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas aproporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos ycobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.Artículo 59. Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.CAPÍTULO IIIMEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIAArtículo 60. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justiciaserán permanentes y comprenden, como mínimo:I. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condiciónde víctima;II. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;III. La asistencia a la víctima durante el juicio;IV. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé ala víctima el Asesor Jurídico. 15.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)TÍTULO QUINTOMEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRALCAPÍTULO IMEDIDAS DE RESTITUCIÓNArtículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en susbienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;III. Restablecimiento de la identidad;IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;VII. Reintegración en el empleo, yVIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperadospor las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado.Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia dedelito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminaránlos registros de los respectivos antecedentes penales.CAPÍTULO IIMEDIDAS DE REHABILITACIÓNArtículo 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y agarantizar su disfrute pleno y tranquilo;III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en sucondición de persona y ciudadana;IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin degarantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedady la realización de su proyecto de vida, yVI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, ocomunidad.Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñasvíctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.CAPÍTULO IIIMEDIDAS DE COMPENSACIÓNArtículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidaseconómicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere elartículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, deconformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidasincluirán, entre otros y como mínimo:I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral,entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico opatrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientosy las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muysignificativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; 16.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios opercepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte oprofesión;IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de laviolación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de lavíctima, yVIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionetrasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegacióndistintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobablemínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley,consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montosseñalados en el artículo 67 de este ordenamiento.Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en lostérminos y montos que determine la resolución que emita en su caso:a) Un órgano jurisdiccional nacional;b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados porMéxico;c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los TratadosInternacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a laconsideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentrecontemplado el organismo en cuestión.Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechospudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo67.Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima acargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en sudefecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados alsentenciado.Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 67de esta Ley.Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de unacompensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o lalegislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, hayamuerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial;La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventadías contados a partir de emitida la resolución correspondiente.El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal olocal, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcionala la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causadoa la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos enque la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufridoun deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito. 17.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando lavíctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren ypresente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que lascircunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridadjurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, yla reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad dereparar;III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechoshumanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamenteresponsable de satisfacer dicha reparación.Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondoen términos de esta Ley y su Reglamento.Artículo 71. La Federación tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursoserogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.Artículo 72. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigirreparación de cualquier otra naturaleza.CAPÍTULO IVMEDIDAS DE SATISFACCIÓNArtículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esarevelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, delos testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcannuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personasasesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícitoo presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de lavíctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hechopunible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación deresponsabilidades;V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones dederechos humanos, yVI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tantovivas como muertas.CAPÍTULO VMEDIDAS DE NO REPETICIÓNArtículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que lasvíctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repeticiónde actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normasnacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridadesjudiciales y a las garantías del debido proceso;III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticosque hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentesde inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometergraves violaciones de los derechos humanos; 18.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de losderechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,así como de las fuerzas armadas y de seguridad;IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular losdefinidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por losfuncionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientospenitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, ademásdel personal de empresas comerciales;X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos losconflictos sociales, yXI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violacionesmanifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.Artículo 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de lasviolaciones a derechos humanos, las siguientes:I. Supervisión de la autoridad;II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligroinminente para la víctima;III. Caución de no ofender;IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, yV. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso deque la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación delos sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de lavíctima y la comunidad.Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducidala pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.Artículo 77. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el acusadoviolase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a lavíctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera delas formas autorizadas por las leyes.Artículo 78. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos humanoscometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos osimilares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos ytratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.TÍTULO SEXTOSISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMASCAPÍTULO ICREACIÓN Y OBJETOArtículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación yformulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices,servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticaspúblicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad ya la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidadespúblicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, ydemás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensade los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que serefiere el Capítulo II del presente Título. 19.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre lasinstituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de lasvíctimas.Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una ComisiónEjecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y delDistrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con lasdisposiciones aplicables.Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación deatender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidorespúblicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión EjecutivaFederal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturalessiguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en elámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse paraestablecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia deprotección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas,previstos en esta Ley.Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales,del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda,asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparaciónintegral de las víctimas;II. Formular propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demásinstrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de losderechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutivade Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas y el Distrito Federal;IV. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;V. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;VI. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de lasinstituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposicionesaplicables;VII. Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y laespecialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;VIII. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para laimposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, porincumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientoscorrespondientes;IX. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;X. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimasdel delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;XI. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;XII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;XIV. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;XV. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, yXVII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 20.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013CAPÍTULO IIINTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMASArtículo 82. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades,organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas enlos ámbitos estatal y municipal:I. Poder Ejecutivo:a) El Presidente de la República, quien lo presidirá;b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, yc) El Secretario de Gobernación.II. Poder Legislativo:a) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados;b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, yc) Un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.III. Poder Judicial:a) El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.IV. Organismos Públicos:a) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yb) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y delDistrito Federal.V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales.Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberáncrear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quienintegrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lorequiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Losacuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación yfuncionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitanel mejor funcionamiento del Sistema.El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Losintegrantes del Sistema deberán asistir personalmente.Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, lasinstituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demásinstituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar enla sesión que corresponda.El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a lasreuniones con derecho a voz pero sin voto.CAPÍTULO IIIDE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMASArtículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional deAtención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y degestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá lasatribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la ComisiónEjecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedadcivil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores devigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizarun ejercicio transparente de sus atribuciones. 21.
Viernes 3 de mayo de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional deVíctimas.A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos,procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoríajurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para laatención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimasen los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviaráal Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá porel voto de las dos terceras partes de los presentes.Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas yexpertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de laspropuestas presentadas al Ejecutivo Federal:I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología oespecialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidadespúblicas;II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones nogubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada enatención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por lospresidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable deencabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regionesgeográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:I. Ser ciudadano mexicano;II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedadcivil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, yIV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algúnpartido político, dentro de los dos años previos a su designación.En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a estaLey, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonadacada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrántener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dosaños, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará alas víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto de crear,reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención avíctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos yviolaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a laverdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema; 22.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2013VI. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en estaLey;VII. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimascuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;VIII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, deacuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia ysubsidiariedad;IX. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimientode las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas encontra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento derecomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;X. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionariospúblicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, queincluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;XII. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La ComisiónEjecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte delSistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendoque pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;XIII. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligacionesprevistas en esta Ley;XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin degarantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia yrendición de cuentas;XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;XVI. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y suReglamento;XVII. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;XVIII. Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;XIX. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;XX. Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos,atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas deacuerdo con los principios establecidos en esta Ley;XXI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas,integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación yrestablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integranel Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debidarepresentación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas uorganizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con losprincipios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad ydelegación;XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de lasvíctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de susderechos humanos;XXIV. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas ala verdad y a la justicia;XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos,administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos yprogramas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en losámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal; Recommended
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References: artículo 182
 ARTÍCULO 182
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 artículo67
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