Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24721
Timestamp: 2020-04-01 11:46:52+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 260/2015
SENTENCIA 260/2015, de 3 de diciembre
ECLI:ES:TC:2015:260
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de julio de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears, por vulneración de los arts. 149.1.13 CE sobre “bases y coordinación general de la actividad económica” y 149.1.25 CE sobre “régimen minero”; así como por infracción de la legislación básica estatal en materia de recursos mineros recogida en la Ley de minas de 21 de julio de 1973. Igualmente, se señala la infracción de los artículos 128, 130 y 132 CE.
Por su parte, la Ley 10/2014, aquí impugnada, ha modificado la anterior normativa, cambiando la redacción en dos aspectos: De una parte, sustituyendo los términos “por razón de interés público se declara todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable” por los de “de forma excepcional podrá declararse la registrabilidad para los recursos mineros de la Sección C”. Y de otro lado, se añade en el art. 23 que, para la expresada registrabilidad, será necesaria la solicitud del interesado y la acreditación por el mismo de la disponibilidad de los terrenos y del resto de condiciones recogidas en los siguientes apartados del artículo.
3. Por providencia de 21 de julio de 2015, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la impugnación promovida por el Presidente del Gobierno, en relación con el art. 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno y al Parlamento de las Illes Balears, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Tener por invocado por el Gobierno el art. 161.2 CE lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produjo la suspensión de los preceptos impugnados y la de cualquier actuación que trajera causa de los mismos desde el día 7 de julio de 2015, fecha de interposición del recurso, lo que fue comunicado a los Presidentes del Gobierno de Canarias y Parlamento de las Illes Balears. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Butlletí Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”
Así, se señala que la situación de la “registrabilidad” de los recursos mineros de la sección C) en el territorio de las Illes Balears —que era de absoluta “no registrabilidad” de dichos recursos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en base a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre y que no mereció reproche alguno de inconstitucionalidad por parte del Estado— pasa a convertirse, por razón de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, en una situación en la que, la “registrabilidad” de recursos mineros de la sección C) resulta posible siempre que “se acredite la disponibilidad de los terrenos” (artículo 23.1 y 3) y que se cumpla el resto de las condiciones exigidas en los puntos 2. 3 y 4 del propio artículo 23.
De acuerdo con el escrito del Abogado de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, si se examina con el detenimiento suficiente el contenido del artículo 23.1 (único precepto recurrido de adverso) se constata que el texto del referido precepto —en el contexto de lo que la propia ley denomina o califica como “condiciones especiales” de la solicitud de derechos mineros de recursos de la sección C)— permite extraer las siguientes conclusiones:
a) Si bien se califica como “excepcional” la posibilidad de declaración de “registrabilidad” de los recursos mineros de la sección C) en el ámbito de las Illes Balears, dicha excepcionalidad no resulta ser tal en cuanto que no es obstativa ni limitativa para la declaración de “registrabilidad” y ulterior acceso al aprovechamiento minero cuando el solicitante acredite la disponibilidad de los terrenos y el cumplimiento del resto de condiciones exigidas en los siguientes apartados del mismo artículo.
b) El examen de las condiciones/requisitos establecidos en los siguientes apartados (no recurridos ni cuestionados de adverso) del artículo 23 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, nos permite determinar que —además de la acreditación de la disponibilidad de los terrenos— la consecución de la declaración de “registrabilidad” para la obtención de derechos sobre recursos mineros de la sección C) en las Illes Balears precisaría de lo siguiente: La aportación de los documentos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la propia Ley 10/2014, de 1 de octubre (documentación común para la solicitud de cualquier derecho minero); la presentación de los documentos a que se refiere el punto 3 del mismo artículo 23: memoria descriptiva, planos, relación inversiones, etc. ... e informe favorable del Consejo de la Minería de la Comunidad Autónoma (artículo 23.2 ) en el caso de nuevas concesiones, ampliaciones o prórrogas de las existentes.
Señala, a continuación, el escrito del Abogado de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que, por su parte, los artículos 37 y 39 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas disponen que el otorgamiento de derechos mineros sobre los recursos de la sección C) precisa, como regla general, que se trate de recursos ubicados en terrenos “francos” y “registrables”, y que el Gobierno/Gobiernos, podrán declarar no registrables zonas determinadas de su territorio por razones de interés público.
Entiende el Abogado de las Illes Balears que no existe la supuesta “irregistrabilidad” encubierta y denunciada de adverso de todo el territorio de las Illes Balears ni —por otro lado— la registrabilidad constituye algo “excepcional”, sino que resulta que —la posibilidad de “registrabilidad” de todos los recursos mineros de la sección C)— es un derecho innegable para el solicitante siempre que se acredite la disponibilidad de los terrenos —en el sentido de que sean “francos” por no pertenecer a ninguna “reserva” o estar ya otorgados a terceros y de acreditar su disponibilidad por parte del solicitante— y se pruebe el cumplimiento de los requisitos no discutidos ni impugnados que exigen los siguientes apartados del mismo artículo 23. En consecuencia, la regulación que se contiene en el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears, no supone que la “registrabilidad” de los terrenos para la obtención de derechos mineros sobre recursos de la sección C) sea “excepcional” sino que, pese al desafortunado “calificativo” empleado en el precepto, la “registrabilidad” resulta que no es excepcional, sino que está sometida meramente al cumplimiento de determinados requisitos que no han sido cuestionados ni recurridos de adverso.
“Artículo 23. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la sección C.
4. Una vez realizada la tramitación, si los informes vinculantes son favorables, la consejería competente en materia de minería remitirá el expediente al Consejo de Gobierno para su declaración de zona registrable, si lo considera pertinente.”
A juicio del Abogado del Estado recurrente el apartado 1 del art. 23 vulnera los arts. 149.1.13 CE sobre “bases y coordinación general de la actividad económica” y 149.1.25 CE sobre “régimen minero”; así como la legislación básica estatal en materia de recursos mineros recogida en la Ley de minas de 21 de julio de 1973, así como los arts. 128, 130 y 132 CE.
Así, en aquella ocasión consideramos que “no obstante la incidencia que los recursos mineros y su explotación tienen sobre otras materias, en especial la protección del medio ambiente, hemos de entender, dado el contenido del precepto cuestionado, relativo a la irregistrabilidad de todo el territorio de las Illes Balears a afectos de la explotación de los recursos mineros de la sección C), que la cuestión controvertida se encuadra en el ámbito material del régimen minero. La registrabilidad es un concepto propio de este específico sector cuya regulación, en sí misma, no tiene por objeto atajar las repercusiones negativas sobre el entorno y la biodiversidad de la actividad minera (en el mismo sentido, STC 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3). Se trata de una exigencia para el otorgamiento de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de recursos de la sección C, que no tiene que ver con requerimientos medioambientales, sino con la demarcación de un perímetro concreto de terreno en el que se realicen estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la sección C), de manera que una vez definidos, se pueda proceder a su explotación, previo el otorgamiento de la correspondiente concesión” [STC 235/2015, de 5 de noviembre, FJ 3].
En esta materia el Estado ostenta competencia exclusiva para dictar las “bases de régimen minero” (art. 149.1.25 CE). A su vez, todas las Comunidades Autónomas tienen atribuidas por sus respectivos Estatutos de Autonomía competencias de desarrollo legislativo y ejecución en esta materia. Así sucede en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, cuyo Estatuto le atribuye “el desarrollo legislativo y la ejecución” en materia de “régimen minero y energético”, “en el marco de la legislación básica del Estado” [art. 31.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB)].
La normativa básica estatal se encuentra recogida en los arts. 37 a 39 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, que, dentro de la regulación de los aprovechamientos de recursos de la sección C), establecen el régimen aplicable a los terrenos francos y a los terrenos registrables. A los efectos que aquí interesan, cabe destacar que el artículo 37.2 exige, para el otorgamiento de los permisos de investigación y de las concesiones directas de explotación de recursos de la sección C), “que los terrenos sobre los que recaigan reúnan las condiciones de francos y registrables”. De conformidad con el artículo 38.1, “se considerará que un terreno es franco si no estuviera comprendido dentro del perímetro de una zona de reserva del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la sección C, o de los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, un permiso de investigación o una concesión de explotación”. El artículo 39, por su parte, declara que “se considerará que un terreno es registrable si, además de ser franco, tiene la extensión mínima exigible”, extensión concretada en el mínimo de una cuadrícula minera, definida en los términos del art. 98 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería. Además, el apartado 3 del art. 39 de la Ley precisa que, “sin perjuicio de todo lo anterior, el Gobierno podrá declarar no registrables zonas determinadas por razones de interés público, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos ministeriales interesados y del de Industria, previo informe de la Organización Sindical”.
Pues bien, este Tribunal, en la referida STC 235/2015, de 5 de noviembre, FJ 4, ha determinado que el régimen jurídico de la registrabilidad de los terrenos a efectos mineros contemplado en la Ley 22/1973, de minas, es materialmente básico y, en lo que respecta a su carácter formal, hay que tener en cuenta que se trata de una norma preconstitucional por lo que, en el momento de su dictado, no podía atender a esta exigencia. Sin embargo, en la precitada STC 235/2015 (FJ 4) también hemos dicho que “el carácter preconstitucional de los preceptos legales que se han expuesto no excluye a radice su relevancia en este proceso constitucional, ya que ‘es doctrina consolidada que la dimensión material de las normas básicas permite que puedan extraerse de las normas preconstitucionales (que, obviamente, no pueden atender a la exigencia de explicitación formal como normas básicas) los principios o criterios que pudieran tener tal carácter sirviendo, así, de parámetro de contraste con la norma objeto de la presente cuestión’ (STC 251/2006, de 25 de julio, FJ 9)”.
4. Señalado el carácter básico de las normas estatales, es patente que el art. 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears incurre en una contradicción insalvable por vía interpretativa con la norma básica, pues el criterio de la Ley 22/1973 es, precisamente, que cualquier terreno pueda ser, en principio, considerado como registrable, admitiéndose como excepción a esta regla general, que dicha condición se altere cuando concurran razones de interés general debidamente apreciadas por el Consejo de Gobierno. Puesto que la Comunidad Autónoma de las IIles Balears tiene reconocida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen minero y energético, es claro que puede ejercer la facultad de declaración de determinados terrenos como no registrables consagrada en el artículo 39.3 de la norma estatal, pero esa competencia ha de ejercerse “en el marco de la legislación básica del Estado”, y queda, por tanto, condicionada por lo que en ella se establezca. Y sucede que el principio del que parte la norma básica es justo el contrario de lo que dispone la norma autonómica, que incluye como regla general la no registrabilidad de los terrenos, con la posibilidad de excepcionar tal regla general, pues como afirmamos en la STC 235/2015, de 5 de noviembre, FJ 5, el art. 39.3 de la norma estatal, configura una excepción a una regla general implícita de “registrabilidad” de todos los terrenos.
En consecuencia, dado que la regla general establecida en la normativa básica es la registrabilidad de los terrenos, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del apartado 1 del artículo 23 por su contradicción con las bases estatales, debe llevar aparejada, también, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad por conexión o consecuencia, conforme a lo previsto en el art. 39.1 LOTC, del inciso “además de la previa declaración de zona registrable” contenido en el apartado 2 del artículo 23; del inciso “y de la solicitud de registrabilidad” contenido en el segundo párrafo del apartado 3 del mismo artículo; así como del apartado 4 del artículo 23, en tanto prevé la remisión del expediente al Consejo de Gobierno “para su declaración de zona registrable”.
b) el inciso “además de la previa declaración de zona registrable” contenido en el apartado 2 del artículo 23
c) el inciso “y de la solicitud de registrabilidad” contenido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 23
Dada en Madrid, a tres de diciembre de dos mil quince.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 4051-2015
Fecha de resolución 03/12/2015
Recurso de inconstitucionalidad 4051-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears.
Se enjuicia la constitucionalidad de un precepto de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. Dicho precepto concretaba el régimen de registrabilidad de los recursos mineros de la sección c de la Ley de minas en el territorio de esa Comunidad Autónoma, estipulándose un criterio de excepcionalidad que necesitaba la previa declaración del terreno como zona registrable.
Se estima el recurso y se declara la inconstitucionalidad y nulidad de esa norma. La Sentencia considera que el legislador autonómico se había extralimitado en las competencias que estatutariamente tenía asumidas, pues la prohibición genérica de explotar los recursos mineros en todo su territorio entraba en contradicción insalvable con la normativa estatal básica en esta materia. Esto es, mientras que el marco general consagra como principio la registrabilidad de todos los terrenos, el precepto impugnado establecía justo lo contrario. En ese sentido, se reitera la doctrina contenida en la STC 235/2015, de 5 de noviembre.
Reitera la doctrina de la STC 235/2015 sobre el principio de registrabilidad de terrenos para la explotación minera estipulado en la legislación estatal básica [FFJJ 2 a 5].
El principio del que parte la norma estatal, que configura una regla general implícita de registrabilidad de todos los terrenos, se diferencia de lo que dispone la norma autonómica, que incluye como regla general la no registrabilidad de los terrenos, aunque con la posibilidad de excepcionarla [FJ 4]
Artículo 23.2 expresión "además de la previa declaración de zona registrable" (anula)
Artículo 23.3 expresión "y de la solicitud de registrabilidad" (anula)
Artículo 23.4 (anula)
Artículos 37 a 39, f. 3
Artículo 130, ff. 1, 2
Artículo 149.1.25, ff. 1 a 3
Artículo 47 (redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 10/2015, de 1 de octubre), f. 2
Artículo 31.15, f. 2
Artículo 23.1, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 23.2 expresión "además de la previa declaración de zona registrable"
Artículo 23.3 expresión "y de la solicitud de registrabilidad"
Competencias en materia de régimen mineroCompetencias en materia de régimen minero, ff. 3 a 5
Régimen mineroRégimen minero, ff. 3 a 5

References: artículo 47
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 39
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 130

Artículo 149

Artículo 47

Artículo 31

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 23