Source: http://info7dias.com.ar/Noticia_C.aspx?id=23757
Timestamp: 2017-11-22 05:45:34+00:00

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Freno al tarifazo de la luz: el texto completo del fallo judicial
Info7días accedió a la resolución que volvió a suspender el incremento en la luz en la Provincia.
40486 - "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.YSERV.PUB. S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS"
La Plata, 16 de Juniode 2017.-
AUTOS Y VISTOS: Para resolver la medida cautelar solicitada,y -
1. Queen autos se hizo lugar a la medida pre-cautelar solicitada por el Sr. Defensordel Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, suspendiendo los efectos de laResolución 419/17 del MIySP, en cuanto aprobara los nuevos valores del cuadrotarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A., y los valores delcuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur; sin que elloimplique afectación alguna a los usuarios beneficiarios de la denominada“Tarifa Social”, “Electro Dependientes”, y entidades de Bien Público (Ley27.218), debiendo la demandada comunicar la medida a las Distribuidoras yCooperativas Eléctricas prestatarias del servicio a fin de que realicen unanueva facturación del servicio. Asimismo, se ordenó librar oficio a lademandada para que en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente: a)remita el Expediente Administrativo N° 2429-727/2016, o su copia certificada,en donde obra el informe final elaborado por el CERTI, respecto de laspropuestas y observaciones de los usuarios en la audiencia pública; y b)elabore un informe sintetizado respecto del cronograma de aumento de lastarifas, sus porcentajes según distintas categorías de usuarios y áreas deconcesión.-
2. Afs. 142/146, obra la contestación del informe requerido, con adjunción de lascopias certificadas del Expediente Adm. 2429-727/16 y sus alcances, mediantelos cuales tramitara el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral objeto deautos. –
Endicha contestación, la Dirección de Energía detalla el cronograma de aumento delas tarifas y sus porcentajes, según las distintas categorías de usuarios yáreas de concesión, y señala que tales incrementos porcentuales resultanconsecuencia de las nuevas evaluaciones de costos asociados a los diferentesmercados. En tal sentido, destaca que los valores descriptos para la categoríade pequeñas demandas pueden verse reducidos en función del porcentaje de ahorrorealizado en el consumo respecto del correspondiente al mismo período del añoanterior. –
Porotra parte, indica que el incremento de los costos propios de distribuciónresultantes de proceso de Revisión Tarifaria Integral responde al concepto derazonabilidad, razón por la cual se encuentran esquematizados en dos períodos,condicionado el segundo de ellos, al cumplimiento por parte de lasdistribuidoras de las inversiones comprometidas. –
Finalmente,concluye que el incremento del costo propio de distribución o valor agregado dedistribución (VAD) fue subdividido en dos partes similares, resultando en elprimer período, un incremento medio del 58%. –
3. Quea fs. 192/194, 212/213 y 216 se presentan la Asociación de Defensa de Usuariosy Consumidores (DEUCO), Usuarios y Consumidores en Defensa de sus derechos,MODECUMA, ACCUC, Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores(ADDUC) y el Defensor del Pueblo de laMunicipalidad de General Pueyrredón, quienes adhieren a la demanda instaurada.–
4. Queel día 1-VI-2017 se celebró la audiencia informativa convocada para analizarlas condiciones de razonabilidad de la tarifa.–
5. Quea fs. 231 el Defensor del Pueblo solicitó tomar vista del informe acompañadopor la autoridad demandada y de las actuaciones administrativas vinculadas a lacausa, peticionando el diferimiento del tratamiento de la medida cautelarrequerida oportunamente. La vista fue contestada mediante presentación obrantea fs. 240/279, por lo que en atención al estado de autos, corresponde analizarla concurrencia de los presupuestos que hacen a la procedencia de la pretensióncautelar. –
6.1.Verosimilitud en el derecho:-
6.1.1.Es criterio del infrascripto, seguido en anteriores pronunciamientos, que la presunción de legalidad del actoadministrativo, en tanto encuentra fundamento en razones de eficacia (evitar ladesobediencia civil), desde donde cierta doctrina postula la presunción devalidez de todos los actos estatales (Cassagne, Juan C, "DerechoAdministrativo", Ed. Abeledo-Perrot, 1996, Tomo II, pág. 228), esinoponible a la actividad jurisdiccional de los magistrados. Afirmar locontrario, esto es, extender el principio más allá de los contornos que definenla relación jurídico administrativa, imponiéndola como un límite al contralorjudicial, implica afirmar el sometimiento de los jueces a los actos de la Administración,violando así, el principio de división de poderes. –
Sin perjuicio de lo expresado y aun cuando se considere a lapresunción de legalidad como un postulado vinculado a la validez del acto y noa su eficacia, dicha presunción no es absoluta sino que cede cuando se loimpugna sobre bases "prima facie" verosímiles (CSJN, Fallos: 250:154y 307:1702, entre otros). Asimismo, se ha considerado que el conocimiento delderecho invocado no exige un examen de certeza, pues el juicio de verdad enesta materia se encuentra en oposición con la finalidad del instituto cautelar,que no es otra que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético,dentro del cual agota su virtualidad (Fallos: 306:2060 y 316: 2855, entreotros). –
6.1.2. Sentado ello, y dentro del limitado marcocognoscitivo del proceso cautelar, se advierte que la petición se sustentasobre bases prima facie verosímiles, toda vez que los cuestionamientos que elDefensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires esgrime en contra del nuevocuadro tarifario revisten una entidad suficiente como para configurar elrecaudo analizado. –
En ese sentido, al momento de valorar la procedencia de lamedida pre-cautelar sostuve que, en principio, el incremento tarifario noexhibía una proporción adecuada al aumento del poder adquisitivo de lapoblación, vinculando la razonabilidad de la tarifa a la capacidad de pago delos usuarios, y no a la sola rentabilidad empresaria. –
El Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia deBuenos Aires establece que “Los servicios públicos de electricidadsuministrados por los concesionarios serán ofrecidos a tarifas justas yrazonables, teniendo en cuenta el derecho de acceso a la energía de todohabitante de la Provincia de Buenos Aires” (art. 39 de la Ley11.769). De este modo, si bien la determinación de la tarifa puede contemplarla sustentabilidad del sistema eléctrico, el rendimiento de las empresasconcesionarias del servicio, el plan de inversión para el mantenimiento yampliación de la red de distribución, entre otras cuestiones, ninguno de ellospuede estar desvinculado del acceso a la energía de todos los habitantes de laProvincia, por ser el principio al que en definitiva debe remitirse todadeterminación tarifaria. –
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha brindadoalgunas pautas para dicha labor en la causa “C.E.P.I.S.”: “una especialprudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de sutransparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad yrazonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre losmedios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones imponganrestricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, yde resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos” […] “y que el Estadodebe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los serviciospúblicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados porla decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, yevitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión denumerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de unatarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ‘confiscatoria’, entanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresosdel grupo familiar a considerar” (Fallos 339:1077, consid. 32 y 33). –
En el supuesto de autos, basta con observar el informeproducido por la demandada (Dirección Provincial de Energía) donde se reflejande manera sintética los incrementos tarifarios aplicados por la Res. 419/17. Enel citado documento se discriminan losaumentos según el área de concesión y cada una de las categorías en las que sehallan los usuarios (vgr. pequeñas demandas uso residencial, pequeñas demandasuso general, medianas demandas, pequeñas demandas rurales, etc.). Así, cabecitar la categoría testigo de “pequeñas demandas de uso residencial” (por ser la que comprende a la mayor cantidadde usuarios), en la que se dispuso un aumento tarifario del 125% para el áreade la Distribuidora EDELAP SA; de 55% para el área de EDEA SA; de 75% para EDENSA; y de 85% para EDES SA. Similares valores de incremento se observan en lacategoría de pequeñas demandas de uso general (conf. informe de fs. 142/145). –
Dichas proporciones contrastan ostensiblemente con losniveles inflacionarios reportados por el INDEC y los incrementos salariales ode haberes jubilatorios de la población en general, que se hallan alrededor del18% al 20% y que son de público y notorio conocimiento. El Defensor del Pueblofunda el planteo de irrazonabilidad y de violación a los intereses económicosde los usuarios, en ese desfasaje que se evidencia entre el incremento de latarifa y los aumentos salariales pautados por el gobierno provincial, como asítambién por la pauta inflacionaria prevista en el presupuesto nacional. De allíque entiende que la afectación se produce a todos los usuarios del serviciopúblico, y no sólo a algunas categorías, por lo que su representación y elpedido cautelar ha de contemplar a todos ellos. –
De los considerandos de la Res. 419/17, no se advierte –almenos en esta etapa liminar del proceso- una explicación concreta respecto delos distintos aspectos que componen las tarifas propuestas, de modo de poderevaluar si los incrementos son justos y razonables. Si bien la citadaresolución se remite a las consideraciones efectuadas en el Informe Final porel Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), nosurge claramente de éste último más que contestaciones genéricas a diversoscuestionamientos efectuados en la audiencia pública. –
Asimismo, corresponde destacar que aparece comprometido elprincipio de proporcionalidad y progresividad en la determinación de lastarifas, toda vez que el aumento de los cargos fijos establecidos en un modouniforme para todas las categorías, sin distinción de los consumos según losusuarios y en igual proporción, lo cual representa un incremento mayor para losusuarios de menor consumo, dada la importancia de la incidencia del citadocargo en la facturación final, tal como se desprende de los Anexos de la Res.419/17 (EDELAP SA, Anexo 1, fs. 163; EDEA SA, Anexo 10, fs. 194; EDEN SA, Anexo19, fs.237; y EDES SA, Anexo 28, fs. 265, del Expediente Administrativo N°2429-727/16, Alc. 5, Cuerpo 1, acompañado en copia -por cuerda- sin acumular).–
Por consiguiente, en esta etapa inicial del proceso devienehábil el cuestionamiento de la razonabilidad de la tarifa, que supeditara laprotección de los intereses económicos del usuario al retorno o gananciaesperada por las empresas concesionarias, en aparente oposición al ordenamientojurídico (art. 28, y 42 de la CN; 38 de la CPBA; art. 39 de la Ley 11.769;conf. doctr. CSJN, Causa “CEPIS”, ya citada). –
6.1.3. Por otra parte, y sin perjuicio del test derazonabilidad que se efectuará en la sentencia definitiva, una vez efectuado eltraslado de las actuaciones administrativas acompañas en la causa, el Defensordel Pueblo amplia la demanda al advertir que los cuadros tarifarios previstosen la Res. N° 419/17 son muy superiores a los propuestos por las empresasdistribuidoras en el marco de las audiencias públicas; y que, por el contrario,las inversiones que se impone a dichas empresas en la Res. N° 419/17, son muchomenores a las comprometidas por estas en las audiencias públicas. Frente aello, concluye que no se garantizó a los usuarios del servicio la informaciónadecuada y veraz que brinde datos ciertos respecto de las tarifas resultantes porcada una de las empresas, que era precisamente la razón de la convocatoria. –
Al respecto, se advierte que las graves irregularidadessostenidas por el Defensor del Pueblo en este aspecto resultan prima facieacreditadas con las constancias de los informes y documentación acompañados enautos. En efecto, del Informe presentado por el CERTI surge que, en el seno dela audiencia pública, la propuesta de aumento para la tarifa final de losusuarios residenciales fue: EDELAP SA del 38%; EDEA SA del 33%; EDEN SA del65%; y EDES SA del 75% (fs. 402, 403,403 vta., 404, respectivamente, del Exp. Adm 2429-727/16, Alc. 0 Cuerpo 3);mientras que las tarifas de usuarios residenciales que finalmente fueronaprobadas por la Resolución impugnada ascienden a: EDELAP SA del 125%; EDEA SAdel 55%; EDEN SA del 75%; y EDES SA del 85%, ello de según el informepresentado por el Director de Energía de la Provincia de Buenos Aires (fs.143,de autos). –
Por su parte, también surge liminarmente una marcadadiscrepancia entre las propuestas de inversión efectuadas por las empresasdistribuidoras en las audiencias públicas –como plan quinquenal de inversión2017/2021- y lo finalmente exigido por el Estado concedente en la Resolución N°419/17 impugnada en autos. Así, del informe del CERTI, utilizado para abastecerla motivación del acto administrativo, se desprenden las siguientes propuestasde inversión: EDELAP SA, $3.382 millones; EDEA SA, $2.252 millones; EDEN SA, $7.775 millones; EDES SA, $1.557 millones (fs. 401 vta., 402 vta., 403 vta. y404, respectivamente, del Exp. Adm 2429-727/16, Alc. 0 Cuerpo 3); al tiempo quelas inversiones efectivamente impuestas por la demandada a las empresasmediante el acto impugnado, se redujeron a las siguientes sumas: EDELAP SA$1.307 millones; EDEA SA $601 millones; EDEN SA $2.931 millones; y EDES SA $983millones (conf. arts. 15, 16, 17 y 18 de la Res. 419/17). –
Resta aclarar que ni la diferencia por los mayoresincrementos tarifarios, ni la reducción de las inversiones comprometidas sehallan explicitadas en los considerandos del acto impugnado, como elementoindispensable para su suficiente motivación (arts. 103 y 108 del Decreto-ley7647/70). –
Pero más allá de esa cuestión formal vinculada a lamotivación del acto administrativo, advierto que la mera constataciónpreliminar de estas irregularidades obliga a este magistrado a ordenar lainmediata suspensión del cuadro tarifario respectivo, por encontrase en juegola finalidad y razón de ser de las audiencias públicas en el marco de los serviciospúblicos esenciales prestados en forma monopólica. –
6.1.4. A tenor de lo expuesto, juzgo que el incrementotarifario implementado por la resolución en crisis aparece prima faciecontrario a los derechos constitucionales de "protección de los intereseseconómicos de los usuarios", "información adecuada y veraz", ycondiciones de "trato equitativo y digno" (art. 42 ConstituciónNacional y art. 38 de la Constitución Provincial). –
Que ello no debe valorarse como una indebida injerencia delpoder judicial en las atribuciones propias de la Administración, puesto que sufinalidad no es otra que dar preponderancia a las normas constitucionales quetutelan los derechos de los usuarios. –
Cabe recordar, conforme lo ha establecido la Corte Federal,que: “la esfera de discrecionalidad de los entes administrativos no implica enabsoluto que éstos tengan un ámbito de actuación desvinculado del ordenjurídico o que aquélla no resulte fiscalizable” (Fallos 315:1361 y 323:1321,entre muchos otros), “ni constituye una libertad de apreciación extralegal queobste a la revisión judicial” (Fallos: 315:1361 y 321:3103). –
Actuar la tutela judicial efectiva en tiempo oportuno, sindemoras, es la clave en la protección de esta categoría especial de derechoscolectivos. Las decisiones judiciales tardías se han mostrado ciertamenteineficaces para garantizar el amparo de los usuarios, sobre todo a la hora deintentar la devolución de las sumas indebidamente percibidas por lasprestatarias del servicio, que en el caso del aumento de la tarifa de aguaordenado mediante Decreto N° 245/12, aun no fue reintegrado y su cuantificaciónse le ha conferido a la decisión de “amigables componedores”, sin admitirrecurso alguno contra ella (conf. fallo de la CCALP, en causa N° 17.722“Negrelli”, Res. del 6-X-2015). –
Desde esta perspectiva, no es posible soslayar que elincremento bajo análisis ha sido formulado sobre la base del cuadro tarifarioaprobado mediante Resolución N° 22/16, cuya manifiesta ilegalidad fueradeclarada mediante sentencia dictada por este Juzgado en la causa N° 35.767caratulada “Colectivo de Acción en la Subalternidad”, por haberse prescindidode la celebración de una audiencia pública previa al dictado del acto. A pesarde existir criterios jurisprudenciales en el mismo sentido por parte de laSuprema Corte local (causa N° 24.994 "Negrelli”) y de la Corte Suprema dela Nación (causa “CEPIS”, ya citada), la Cámara de Apelación en lo ContenciosoAdministrativo de La Plata dejó sin efecto la sentencia por cuestiones de índoleprocesal, al entender que se encontraba pendiente la recusación planteada porEDEA S.A., la cual tramita por Expte N° 35.767 oct, sin pronunciarse aun sobrela cuestión de fondo.–
Con motivo de tan gravosa decisión para los intereses de losusuarios, las actuaciones vinculadas al incremento tarifario de 2016 (Expte N°35.767 y sus relacionados 35.767 bis, ter, quat, quin; sext y sept) seencuentran radicadas en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de LaPlata, suspendidas hasta tanto la Cámara de Apelación se expida sobre laprocedencia de la recusación planteada por EDEA SA. No obstante habertranscurrido casi un año desde que la Cámara tomara intervención el día29-VIII-2016, a la fecha no ha recaído pronunciamiento alguno al respecto, demoraque ha habilitado a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a cobrarel servicio con aquellos aumentos que juzgué ilegítimos y que configuran labase sobre la cual se estructura el actual incremento. –
Que para el dictado de esta clase de medidas resultasuficiente un temor fundado en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente,pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelantojurisdiccional. El requisito sub-exámine se vincula con el daño, pero atento alcarácter preventivo de las medidas cautelares, el Código ContenciosoAdministrativo no requiere su producción, sino su eventualidad, es decir, laposibilidad de su existencia. –
En el caso de autos, el peligro en la demora se configurafrente a la posibilidad de que las demandadas apliquen efectivamente unincremento tarifario que se encuentra verosímilmente cuestionado (art. 22 inc.1.b del C.C.A.). –
No se advierte “prima facie” que la medida cautelar quehabré de ordenar pueda producir una grave afectación al interés público. –
En las causas vinculadas a la protección de los derechos delos consumidores y usuarios –especialmente las referidas a los serviciospúblicos monopólicos- y en general a todos los procesos colectivos, el interéspúblico se encuentra determinado por la fuerte presencia de las normasconstitucionales que los tutelan. –
Es evidente que la mirada respecto de este instituto nopuede efectuarse sólo desde la posición de la Administración concedente, niexclusivamente referida a la situación de las prestatarias del servicio, talcomo pareciera asumir la postura adoptada por la Cámara en reiteradosprecedentes (“Negrelli”, CCALP N° 17.310, Res. del 4-VI-2015, y “Colectivo de Acciónen la Subalternidad”, Causa N° 18788, Res. del 5-V-2016). –
Parece -pero no es- ocioso recordar, que “interés público”no es sinónimo de “interés de la administración pública” o, peor aún, de lagestión gubernamental de turno, sino de aquellos principios y reglas quedimanan de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de los cualesla Nación es parte, y de las leyes que los reglamentan que, en el supuesto deautos, se traduce en la posibilidad real de acceder a un mecanismo departicipación ciudadana que permita atemperar la asimetría de poder que existeen la relación de consumo de un servicio público esencial y monopólico, con elpropósito de arribar a una determinación tarifaria basada en la racionalidadpropia de los objetivos colectivos, y no de las empresas prestatarias delservicio, las que -vale aclarar- se encuentran concentradas en un único grupoeconómico (Grupo DESA) circunstancia que resulta de público y notorioconocimiento (vgr. https://www.cronista.com/negocios/La-mayor-distribuidora-de-energia-bonaerense-cambia-de-dueno-20170317-084.html;http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/concentracin-y-cartelizacin-mindlin-caputo-pagano-en-el-sector-elctrico-qu-haran-los-finlandeses;entre muchos otros). –
Siendo ello así, la medida ordenada no hace otra cosa quesatisfacer el interés público comprometido en el caso, abasteciendo elrequisito bajo análisis (art. 22 inc. 1 “c” del CCA). –
Atento la naturaleza de los derechos involucrados y que lamedida tiende a proteger intereses colectivos que exceden el mero interésindividual, corresponde eximir al peticionante de prestar caución alguna (art.200 del CPCC). –
7.1. En función de la importancia de los derechos que seintentan proteger con la presente acción y con el propósito de evitargravámenes innecesarios a los titulares de tales derechos, entiendo que resultaprocedente el dictado de la medida cautelar solicitada, suspendiendo losefectos de la Resolución 419/17 del MIySP, en cuanto aprobara los nuevosvalores del cuadro tarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A., ylos valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur;sin que ello implique afectación alguna a los usuarios beneficiarios de ladenominada “Tarifa Social”, ni de los “Electro Dependientes”, ni de lasentidades de Bien Público (Ley 27.218). –
7.2. Con respecto a la representación invocada por elDefensor del Pueblo –y por quienes adhirieran a la demanda-, entiendo que se halogrado delimitar con precisión el colectivo que pretenden representar (todoslos usuarios del servicio de energía eléctrica de las áreas de concesión delEstado provincial y/o municipal, sin distinción de categorías de usuarios, porrevestir la afectación características homogéneas), y la legitimación previstaen el art. 55 de la Constitución Local confiere esa especial amplitud, teniendoen consideración que la acción ha sido entablada poniendo énfasis en losaspectos colectivos del reclamo, sin perjuicio de que cada usuario conserva laposibilidad de invocar perjuicios individuales como consecuencia de laafectación producida por la Resolución N° 419/17.–
Sin embargo, cuanto a los efectos del pronunciamiento,corresponde efectuar una aclaración. El art. 28 de la Ley 13.133 dispone que sila demanda es rechazada, los consumidores y usuarios titulares de un interésindividual, podrán accionar cuando no hayan intervenido en el proceso. Elloimpone distinguir el supuesto del fallo con efectos “erga omnes”, de aquellosotros en los que sólo existe el “aprovechamiento de los efectos favorables” delmismo, siendo este último el receptado por nuestra legislación (art. 33 de laLey General del Ambiente N° 25.675, art. 54 de la Ley 24.240; y en el ámbitoprovincial, el 28 de la Ley 13.133, y art 15 de la Ley de amparo de laProvincia de Buenos Aires). De allí que cada interesado pueda relitigar lacuestión debatida en el proceso, máxime cuando se trate –como en autos- decuestiones patrimoniales, que sólo por una conveniencia económica y procesal setramitan en un solo proceso. –
Por consiguiente, tal como lo ha expresado la actora, sehabrá de conferir la posibilidad a todo usuario de excluirse de la claserepresentada, ante la respectiva prestataria (distribuidora o cooperativa),mediante la firma de una declaración jurada que acredite la intención de nohallarse comprendido en las resultas de este juicio (conf. doctr. CSJN, fallos332:111, “Halabi”, sent. del 24-II-2009, consid. 20; y 336:1236, “PADEC”, sent.del 21-VIII-2013, consid. 16). –
A esos efectos, se habrá de ordenar a la autoridadcompetente a que –por intermedio de las distribuidoras del servicio- se brindeinformación adecuada vinculada a la presente causa, con el objeto de darsuficiente publicidad de este proceso (conf. doctr. CSJN, citada). La parteactora ha solicitado diversos medios de publicidad, entre los que se hallan lossitios web de las distribuidoras del servicio eléctrico y del MIySP, lapublicación en el Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulaciónprovincial, tal como se ha resuelto en otros procesos colectivos. Sin perjuiciode tales medios, considero que en el caso de los servicios públicos lainscripción de una leyenda en la factura de cobro de la tarifa, resulta un mododirecto y eficaz de publicidad y comunicación de los diversos aspectos delservicio prestado, por lo que así se habrá de ordenar. La parte actora,asimismo, peticiona que la leyenda a transmitir a los usuarios sea consensuadaentre las partes, dada la importancia que la claridad del mensaje asume a finde evitar confusiones en los afectados sobre el alcance del proceso. –
Considerando razonable la propuesta, se habrá de conferir unplazo de cinco (5) días a la demandada para que proponga el mensaje a difundiren los aludidos medios de publicidad, a su exclusivo cargo (art. 25 de la Ley13.133), cuyo traslado se ordenará a la parte actora, y que deberá contener,como mínimo: La caratula del proceso, el Juzgado interviniente, las partes, elobjeto de la pretensión, su carácter colectivo, la determinación de la clase ogrupo de afectados y la posibilidad y el plazo dentro del cual podrán ejercerel derecho de exclusión. –
A su vez, el mensaje así conformado será publicado por unlapso de treinta (30) días, dentro del cual los usuarios tendrán la posibilidadde excluirse de la clase ante las empresas prestatarias del servicio eléctrico,no resultándole aplicables las decisiones recaídas en el presente proceso. –
Por ello, citas legales y jurisprudenciales, y lo normadopor el art. 22 del CCA,-
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr.Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y las demás asociaciones yentidades adherentes, suspendiendo los efectos de la Resolución 419/17, delMIySP, en cuanto aprobara los nuevos valores del cuadro tarifario de EDELAPS.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A., y los valores del cuadro tarifario dereferencia del Área Atlántica, Norte y Sur; sin que ello implique afectaciónalguna a los usuarios beneficiarios de la denominada “Tarifa Social”, ni de los“Electro Dependientes”, ni de las entidades de Bien Público (Ley 27.218),debiendo la demandada comunicar la medida a las Distribuidoras y CooperativasEléctricas prestatarias del servicio para confeccionar nuevas facturaciones, en caso de que las mismas sehayan emitido. Ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de laConstitución Provincial, y sin perjuicio de la eventual aplicación deastreintes, a cuyo fin líbrese oficio al Poder Ejecutivo de la Provincia deBuenos Aires y al OCEBA, con copia de la presente medida y habilitación de díasy horas inhábiles (art. 153 del CPCC).-
2. Intimar a la demandada a que en el plazo de cinco (5)días de notificada, presente la propuesta de difusión de la causa, en lostérminos expuestos en el Considerando 7.2. de la presente, bajo apercibimientode ordenar su confección por la parte actora (art. 34 inc. 5 “c” y 36 inc. 2del CPCC). –
REGISTRESE. NOTIFIQUESE con habilitación dedías y horas inhábiles y carácter de urgente (art. 153 del CPCC). –

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