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Timestamp: 2019-12-07 03:33:44+00:00

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﻿ Sentencia 2013-01290 de marzo 2 de 2016
SENTENCIA 2013-01290 DE 02 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD Y LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE. SE EXPLICA QUE MIENTRAS LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD HACE REFERENCIA AL DERECHO QUE TIENEN LAS PARTES DE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL PLEITO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNO O VARIOS QUE GUARDAN ÍNTIMA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LO QUE SE DEBATE EN EL PROCESO QUE SE PRETENDE SUSPENDER, HACIENDO NECESARIO ESPERAR QUE LOS OTROS ASUNTOS SE DECIDAN PARA EVITAR DECISIONES CONTRADICTORIAS, O LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO LE SOLICITEN AL JUEZ LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO, EL PLEITO PENDIENTE HACE ALUSIÓN A UNA EXCEPCIÓN PREVIA RECONOCIDA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR, PERO EN LA CUAL SOLO BASTA QUE EXISTA UN PROCESO EN CURSO CON LAS MISMAS PRETENSIONES, LAS MISMAS PARTES Y LOS MISMOS HECHOS PARA QUE SEA PROCEDENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EXCEPCIÓN PREVIA, SUSPENSIÓN DEL PROCESO, PREJUDICIALIDAD, SENTENCIA CONTRADICTORIA, EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE
Sentencia 2013-01290 de marzo 2 de 2016
Rad.: 05001-23-33-000-2013-01290-01
EXTRACTOS: «6. Las consideraciones.
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandada contra el auto proferido en audiencia inicial del 27 de octubre de 2015 por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, no declaró la excepción de pleito pendiente y “prejudicialidad”.
Así las cosas, la Sala deberá examinar si se configuran los requisitos para reconocer la excepción de pleito pendiente y suspender el proceso por prejudicialidad, teniendo en cuenta que existen 4 procesos en los cuales se demandan acuerdos proferidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que regulan el factor regional para el cálculo de la tasa retributiva por vertimientos puntuales en unos tramos específicos del río Medellín. Para resolver dicho interrogante, se debe determinar (i) cuáles son los requisitos que exige la Ley procesal para el reconocimiento de la excepción de pleito pendiente y sus diferencias con la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, (ii) Qué ha dicho la jurisprudencia de esta corporación en torno a la configuración de los anotados fenómenos, y (iii) con base en los elementos planteados se resolverá el caso concreto.
6.1. Requisitos legales para configurar la excepción de pleito pendiente y solicitar la suspensión del proceso por prejudicialidad.
El Código General del Proceso entre los artículos 161 a 163 se encarga de regular el tema de la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad en los siguientes términos:
“ART. 161.—Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:
ART. 162.—Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.
La suspensión a que se refiere el numeral 1º del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.
ART. 163.—Reanudación del proceso. Corregido por el art. 5º, Decreto Nacional 1736 de 2012. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez, de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
Como se observa, la suspensión del proceso por prejudicialidad no es una excepción como equivocadamente lo aseveró el tribunal, se trata de una solicitud que realizan las partes que opera en dos hipótesis: (i) cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial y (ii) cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten. En cuanto a la primera hipótesis que es la que se presenta en el caso sub examine, dicha figura se da cuando la decisión que debe tomarse en un determinado asunto, dependa de la que deba adoptarse en otro, razón por la cual, la toma de la decisión se suspende hasta que se resuelva ese otro aspecto que tiene incidencia directa y necesaria sobre el fallo que se va a dictar.
Para que sea procedente la suspensión del proceso por prejudicialidad, es menester que este se encuentre en etapa para dictar sentencia y, a su vez, que el proceso que guarda íntima relación con el que se pretende suspender no haya concluido, es decir, que no se haya proferido sentencia, por cuanto depende de lo que se decida en aquél para poder suspender el presente. No tendría ningún sentido suspender el proceso cuando en el otro ya se profirió sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, pues ya no hay que esperar a que se adopte decisión alguna, en esa circunstancia se valoraría la sentencia que se produjo en el otro proceso para efectos de determinar si hay lugar a reconocer la existencia de cosa juzgada.
También es necesario que obre prueba de la existencia del proceso que guarda íntima relación con el que se busca suspender.
A diferencia de lo anterior, el pleito pendiente si se trata de una excepción previa, reconocida expresamente en el artículo 100 del Código General del Proceso que preceptúa:
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”.
6.2. Jurisprudencia de la corporación en torno a la suspensión del proceso por prejudicialidad y sus diferencias con la excepción de pleito pendiente.
La Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas oportunidades sobre la procedencia de la suspensión del proceso por prejudicialidad.
Por ejemplo, en fallo del 12 de abril del 2012, en el proceso radicado con el Nº 2008-00182-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla (E), en un caso en el cual se solicitaba la declaratoria de nulidad del Acto de Liquidación Nº L-0025 del 21 de septiembre de 2007 y de la Resolución Nº 00259 del 10 de marzo de 2008, proferidos ambos por la Superintendencia Nacional de Salud. Respecto de la solicitud de suspender el proceso por prejudicialidad en espera de que se resuelva la demanda de nulidad impetrada contra el Decreto 3168 de 2007 el cual sirvió de base para la expedición de los actos administrativos demandados, la Sala aseguró:
“Con respecto al tema de la prejudicialidad, deberá la Sala señalar que conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto presente por remisión expresa que hace el artículo 167 del Código Contencioso Administrativo, que: “La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia”.
Como bien se puede apreciar, la norma procesal en comento consagra la posibilidad de decretar la suspensión de un proceso cuando la sentencia que deba dictarse en el mismo, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso que verse sobre alguna cuestión o tópico que no pueda resolverse en aquél.
Para los efectos de la mencionada suspensión, el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil dispone de manera perentoria que dicha medida “[...] sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determine y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia”.
Nótese que las normas anteriormente mencionadas establecen que el auto de suspensión del proceso solamente puede proferirse cuando el mismo se encuentre en estado de dictar sentencia, guardando silencio con respecto a la oportunidad establecida para presentar la correspondiente solicitud, debiendo entenderse que la solicitud correspondiente puede ser formulada en cualquier tiempo, antes de que el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia.
Como bien se puede apreciar, en el sub lite, la parte actora formuló dicha solicitud en los alegatos de conclusión obrante a folios 128 a 135 del cuaderno principal, allegando para tales efectos la copia del auto admisorio de la demanda calendado el día 26 de septiembre de 2008, proferido dentro del proceso de nulidad simple radicado bajo el número 11001-03-24-000-2008-00060-00, promovido por el ciudadano GERMÁN GONZÁLEZ PARRA contra el artículo 1° del Decreto 3168 del 24 de agosto de 2007, “Por el cual se establece la tasa y se fija la tarifa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones en el año 2007”, debiendo entenderse que la referida solicitud fue radicada de manera oportuna.
No obstante lo anterior, considera la Sala que la mencionada prejudicialidad resultaba en este caso improcedente, pues el juzgamiento del acto demandado debe hacerse frente a los actos administrativos que sirvieron de fundamento para su expedición, independientemente de que en un futuro éstos puedan ser anulados por esta jurisdicción. En virtud de lo anterior, el hecho de que el juzgador de primera instancia no haya decretado la suspensión del proceso, no puede tildarse como contrario a derecho”.
Por su parte, en sentencia del 2 de abril del 2009, en el proceso radicado con el Nº 2008-00111-01(PI) con ponencia del Magistrado RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, caso en el cual se debatía la supuesta prejudicialidad debido a que en un proceso de pérdida de investidura en contra de un personero municipal también cursaba un proceso de nulidad electoral, respecto de lo cual la Sala afirmó lo siguiente:
“3.6. Finalmente, amén de ser también extemporánea, la ahora alegada prejudicialidad del sub lite en relación con el proceso electoral que según su afirmación cursa contra el acto de elección de la personera en cuestión, no tiene cabida, puesto que, como lo sostiene el Ministerio Público, se trata de acciones autónomas y separadas, que tienen sus propios fines y motivos, de suerte que las resultas de una no está condicionada por las de la otra, y las conductas o hechos que se juzgan en cada una son diferentes: En la primera se juzga la conducta de un concejal, diputado, edil o congresista, de donde se trata de un control deontológico y ético político con base en conductas tipificadas por el legislador, mientras que en la segunda se enjuicia un acto administrativo en ejercicio de un control de legalidad”.
Finalmente, en cuanto a la definición que ha dado la jurisprudencia en torno a los alcances de la suspensión del proceso por prejudicialidad se observa, por ejemplo, que la Sección Quinta de esta corporación, en fallo del 21 de julio del 2015, en el proceso radicado con el Nº 2015-00006-01 con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro definió dicha figura como:
“Suspensión del proceso por prejudicialidad
Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala se cumplen con los requisitos para que el proceso con Radicado Nº 2015-0006 M.P. Alberto Yepes Barreiro (E), sea suspendido por prejudicialidad, toda vez que esta figura jurídica, contemplada en los artículos 161(5) y 163(6) del Código General del Proceso trae consigo la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto hasta tanto se decida otro proceso cuya determinación tenga marcada incidencia en el que se suspende, de tal suerte que mediante tal mecanismo se busca que no haya decisiones antagónicas, o al menos contradictorias.
Cabe manifestar que esta se presenta cuando se trata de una cuestión sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca(7).
Con base en lo anterior se ha afirmado que un proceso debe ser suspendido “cuando exista una cuestión sustancial que no sea procedente resolver en el mismo proceso y cuya resolución sea necesaria para decidir sobre el objeto del litigio”(8).
Finalmente, advierte el despacho que a pesar de que en el proceso con Radicado Nº 2015-0005 se rechazó la demanda por parte de la magistrada conductora de dicho proceso, esta situación no es óbice para que no se adopte la decisión de suspensión por prejudicialidad, toda vez que, la decisión tomada por la Dra. Lucy Jeannette Bermúdez en auto de 25 de junio de 2015 de rechazar la demanda no se encuentra en firme(9), por ende, hasta tanto esa decisión no adquiera ejecutoria, el proceso iniciado por el señor Edgar Humberto Silva González no se entiende por finalizado, como erradamente lo manifestó la apoderada del CNE en escrito de 16 de julio de 2015.
En esa medida, se ordenará la suspensión del proceso de la referencia por prejudicialidad”.
A diferencia de lo anterior, la jurisprudencia ha establecido otros requisitos para la configuración de la excepción previa de pleito pendiente. Por ejemplo, en fallo de 31 de mayo de 2007, en el proceso radicado con el Nº 2004-01224-01(AP) con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Sala entendió como pleito pendiente lo que se expone a continuación:
“El objeto o finalidad de la excepción previa de pleito pendiente es evitar, no solo la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones y entre las mismas partes, sino la ocurrencia de juicios contradictorios frente a iguales aspiraciones.
En consecuencia, los elementos concurrentes y simultáneos para su configuración y declaratoria son: — Que exista otro proceso en curso. — Que las pretensiones sean idénticas. — Que las partes sean las mismas. — Que al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los mismos hechos. Y en la sentencia AP-2004-01092-01 del 21 de septiembre de 2006 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia de la consejera Dra. Martha Sofía Sanz Tobón, Actor: Roberto Ramírez Rojas contra Alcaldía Local de Barrios Unidos, se precisa que los procesos deben tramitarse ante la rama judicial.
En el caso bajo estudio viene demostrada la existencia de un trámite administrativo para la recuperación del espacio público adelantado por el Alcalde Local de Chapinero, autoridad perteneciente a la rama ejecutiva, frente a una acción popular de la cual conoce y decide un juez o en este caso un cuerpo colegiado integrante de la rama judicial.
Además, las partes deben ser las mismas y eso no se cumple en el sub lite porque en la acción popular la demandada es la Alcaldía Local de Chapinero y en el proceso policivo se tienen como presuntos infractores a los que ocupan el espacio público con la construcción descrita en la demanda. Y, por último, el objeto tampoco es el mismo en ambos asuntos pues en la querella se persigue la recuperación del espacio público y en la acción constitucional se pretende el amparo de tres derechos colectivos entre los cuales figura el goce al espacio público”.(10)
En este orden de ideas se concluye que mientras la suspensión del proceso por prejudicialidad hace referencia al derecho que tienen las partes de solicitar la suspensión del pleito debido a la existencia de otro u otros que guardan íntima relación con el objeto de lo que se debate en el proceso que se pretende suspender, haciendo necesario esperar que los otros asuntos se decidan para evitar decisiones contradictorias, o la posibilidad de que las partes de común acuerdo le soliciten al juez la suspensión del proceso, el pleito pendiente hace alusión a una excepción previa reconocida expresamente por el legislador con la cual también se busca que no hayan decisiones contradictorias, pero en la cual solo basta que exista un proceso en curso con las mismas pretensiones, las mismas partes y los mismos hechos.
6.3. Solución del caso concreto.
De conformidad con los parámetros legales y jurisprudenciales expuestos con antelación, la Sala encuentra que no es procedente el recurso de apelación en contra de la decisión adoptada en audiencia inicial por medio de la cual se negó la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, como quiera que de conformidad con lo previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(11) dicha decisión no se encuentra enumerada como susceptible del recurso de apelación.
En cuanto a la excepción de pleito pendiente, la Sala advierte que a pesar de ser una decisión apelable de conformidad con lo previsto en el artículo 180 numeral 6º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12), no se cumple con uno de los requisitos para su configuración, pues en dos de los procesos respecto de los cuales se pretende aplicar dicha figura ya se profirió sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, lo cual desvirtúa “la existencia de otro proceso en curso”.
En efecto, en el proceso Nº 2012-00403-00(13) se profirió fallo inhibitorio que no fue apelado, cuya providencia fue notificada el 28 de noviembre de 2014(14) y en el proceso Nº 2012-00079-01(15) también se profirió sentencia que quedó debidamente ejecutoriada el 1º de mayo de 2015(16).
Así las cosas, la Sala encuentra que las citadas providencias ya hicieron tránsito a cosa juzgada por lo que no hay un pleito pendiente que se encuentre en curso.
Ahora bien, habría lugar a dilucidar si el proceso que todavía se encuentra en trámite cumple con los demás requisitos para el reconocimiento de la excepción de pleito pendiente, estos son, que sean las mismas partes, los mismos hechos y las mismas pretensiones o “causa petendi”.
El revisar el sistema de consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial se observa que el proceso Nº 2013-00469-00 se encuentra en trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia(17), sin embargo en dicho proceso se debaten unas pretensiones diferentes a las planteadas acá.
En efecto, en el citado proceso se persigue la nulidad de las Resoluciones Metropolitanas Nos. 000453 de 6 de marzo de 2012 “por medio de la cual se adoptan unas decisiones en relación con unas reclamaciones y solicitud de anulación parcial por el cobro de tasa retributiva sector conectado”(18); y 000815 de 29 de mayo de 2012 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”. En cambio, en el actual proceso se persigue la nulidad de las resoluciones Nos. 00018 de 3 de enero de 2013; 000480 de 1º de abril de 2013; 00020 de 3 de enero de 2013; 000479 de 1º de abril de 2013; 00023 de 3 de enero de 2013; 000609 de 25 de abril de 2013; 02054 de 1º de noviembre de 2012; 000630 de 2 de mayo de 2013; 002053 de 1 de noviembre de 2012; 000623 de 2 de mayo de 2013.
Ahora bien, si bien es cierto que las resoluciones demandadas en los dos procesos (actos administrativos particulares) se expidieron con base en un Acto Administrativo de carácter general, esto es, la Resolución Metropolitana Nº 0001023 de 2008, en ninguno de los dos procesos se demanda la nulidad dicha resolución, por lo que de ninguna manera hay lugar a configurar la excepción de pleito pendiente.
En este orden de ideas, la Sala confirmará el auto apelado pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1. RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de negar la suspensión del proceso por prejudicialidad.
2. CONFIRMAR en lo demás el auto apelado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez se encuentre en firme ésta decisión.
Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.
5 ART. 161.—Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:
6 ART. 163.—Reanudación del proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
7 Ref.: Exp. T-20.000. Peticionario: Gustavo Adolfo Bell Lemus, Gobernador del Atlántico contra los Juzgados 1º a 7º laborales del Circuito de Barranquilla, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara. 5 de noviembre de 1993.
8 Sentencia T-680 de 2007.
9 Código General del Proceso. Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
10 En este mismo sentido en sentencia de 13 de diciembre de 2008, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, en el proceso radicado con el Nº 1998-01148-01, la Sección Tercera afirmó: “Conoce la Sala que el Código de Procedimiento Civil establece como excepción previa la de pleito pendiente, entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, con el fin de evitar la existencia de dos o más procesos judiciales con identidad de partes, de causa y de pretensiones, así como la eventualidad de fallos contradictorios respecto del mismo asunto. La configuración de la excepción de pleito pendiente supone la presencia de los siguientes requisitos, en forma concurrente: i) Que se esté adelantando otro proceso judicial, ii) identidad en cuanto al petitum, iii) identidad de las partes y iv) identidad en la causa petendi. De lo anterior se concluye que la excepción propuesta no está llamada a prosperar, toda vez que no concurren los requisitos para la configuración del pleito pendiente. En efecto, el demandado fundamenta el mecanismo exceptivo en el hecho de que al momento de formularlo la Contraloría Distrital adelantaba un juicio fiscal, esto es, un procedimiento especial que en absoluto puede confundirse con el proceso judicial en ejercicio de la acción de repetición que ahora se decide y, por tanto, no puede configurarse ninguno de los restantes requisitos necesarios para la existencia de la excepción esgrimida. No puede asimilarse, insiste la Sala, la acción -judicial- de repetición -cuyas características se precisaron anteriormente-, con el procedimiento especial de responsabilidad fiscal. Esta corporación ha sostenido sobre el particular que “[s]i un servidor público, con un acto suyo doloso o gravemente culposo, que perjudica a un particular, ocasiona una condena al Estado, incurre para con éste en responsabilidad civil, que debe ser judicialmente declarada. Pero si dicho servidor, en ejercicio de sus competencias para administrar o custodiar bienes o fondos, causa su pérdida, incurre en responsabilidad fiscal, cuyo pronunciamiento está reservado a la contraloría”.
11 ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-329 de 2015.
12 6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
13 Fls. 1017-403.
14 Fl. 1017.
15 Fls. 828 a 1014.
16 http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
17 http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
18 Fl. 783.

References: artículo 100
 Resolución 
 artículo 171
 artículo 167
 artículo 171
 artículo 1
 resolución 
 artículo 243
 artículo 180
 Resolución 
 Artículo 302