Source: http://www.tirantonline.com/tol/publicNovedades/show/6331107
Timestamp: 2018-03-17 20:32:08+00:00

Document:
Atención al usuario de 08 a 20 horas 902 12 12 55
Bienvenido | Benvingut
Cabecera: Delitos contra el honor. Delito de calumnias. Absolución. Costas de la Acusación Particular. Inexistencia de petición. Recurso de Apelación: cuestión nueva. Diferencias en cuanto a la petición en costas entre el procedimiento penal y el procedimiento civil. Costas en sentencia absolutoria por delito de calumnias. Temeridad y mala fe.
Jurisdicción: Penal
Ponente: José Luis Antón Blanco
Origen: Audiencia Provincial de Castellón
Fecha: 12/07/2017
Tipo resolución: Sentencia Sección: Segunda
Número Sentencia: 193/2017 Número Recurso: 142/2017
Voces sustantivas: Delito de calumnias, Delitos contra el honor, Iudex, Ius puniendi, Lege data, Lege ferenda, Prescripción, Responsabilidad civil, Buena fe, Fides, Mala fe, Embargo, Fuentes normativas, Interpretación restrictiva, Legitimación, Marcas, Sobreseimiento
Voces procesales: Actuaciones procesales, Costas procesales, Ministerio fiscal, Prueba, Prescripción, Recurso de apelación, Acusación particular, Buena fe procesal, Condena en costas, Competencia para resolver, Derecho a ser parte, Derecho de defensa, Fase intermedia, Juicio oral, Mala fe o temeridad, Motivos del recurso, Principio acusatorio, Pronunciamiento sobre costas, Querella, Sentencias condenatorias, Sentencia absolutoria
[anterior] La sentencia únicamente se refiere a las costas solicitadas ex novo en la apelación por los absueltos de un delito de calumnias. En primer lugar se plantea la posibilidad, no habiendo sido solicitadas de la imposición de costas de oficio y, para ello la sala diferencia entre el proceso civil y penal: "La práctica en el proceso civil, aunque tampoco exista uniformidad absoluta, es que procede siempre el pronunciamiento sobre costas pudiendo condenarse a una parte conforme a las disposiciones legales, aunque la otra no haya realizado esa petición expresa ( SSTS Sala 1ª de 2 de diciembre de 2003 , 15 de diciembre de 1988 , 2 de julio de 1991 , o 21 de diciembre de 1992 )". En cambio señala la Sala que si bien "el art. 142.4ª cuarto Lecrim establece como contenido necesario de la sentencia los pronunciamientos correspondientes sobre costas. Ese pronunciamiento podría ser justamente declararlas de oficio por no haber formulado nadie una petición para que se impusiesen a la acusación".
También se plantea si resulta preceptiva la imposición de costas en base al art. 239 de la LECrim que dice: "en los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes, deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales". Pues el razonar así, precisa la STS. 25.11.2003, supone confundir la obligación de pronunciarse con la obligación de solicitarlas en las causas en que conforme al principio de rogación o dispositivo sea necesario hacer una expresa petición. El Tribunal, en su obligación de pronunciarse, que no es tanto como acceder a la pretensión sobre la que se pronuncia, puede perfectamente proclamar que no se imponen las costas a las acusaciones particulares por no haberla solicitado el acusado absuelto en tiempo procesal oportuno. De este modo ya ha cumplido con la preceptiva obligación de pronunciamiento, que deberá serlo sobre la base de los términos de la Ley y de las pretensiones de parte, cuando sean necesarias.
Concluye la Sala en este aspecto: "No sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio) porque las impone la Ley (art. 123 CP.), ni tampoco las de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte, por igual razón (art. 124 CP)". En el presente caso si bien es un delito privado perseguible pues solo a instancia de parte la Sala aclara: "no se está discutiendo sobre la inclusión o comprensión de la partida de costas de la acusación particular en una condena ya hecha, sino en que se haga ex novo una condena expresa en costas, lo cual es diferente. Y segundo, que el precepto especial se refiere al caso de sentencia condenatoria, y esta es absolutoria".
Finalmente se desestima el recurso también por no considerar la temeridad o mala fe en el ejercicio de la pretensión condenatoria, y ello por cuanto: "...no puede juzgarse la temeridad de una acusación cuando las razones absolutorias han sido de índole procesal, no se habían denunciado antes y el procedimiento había superado los consabidos controles de viabilidad formal y sostenibilidad de la acusación que hubieran permitido un sobreseimiento de la causa sin tan evidentes eran los defectos".
[anterior] AUDIENCIA PROVINCIAL -SECCIÓN SEGUNDA- PENAL
Rollo de Apelación núm.142/2017.
[anterior] Juzgado de lo Penal núm.3 de Castellón.
[anterior] Juicio Oral núm.430/2014.
[anterior] SENTENCIA NÚM.193/2017
PRESIDENTE:Dª. ELOISA GOMEZ SANTANA.
[anterior] MAGISTRADO: D. JOSE LUIS ANTON BLANCO.
[anterior] MAGISTRADO:D. HORACIO BADENES PUENTES.
[anterior] En la ciudad de Castellón de la Plana, a doce de julio de dos mil diecisiete.
[anterior] La SECCIÓN SEGUNDA de la Ilma. Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Ilmos. Sres. anotados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal núm.142/2017, dimanante del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha25/11/2016,dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm.3 de Castellón, en su Juicio Oral núm. 430/2014, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 173/2013 del Juzgado de Instrucción núm.2 de esta capital.
[anterior] Han sido partes como APELANTES, D. ANTONIO y D. ENRIQUE representados por el Procurador Sr. Leopoldo Segarra Peñarroja y defendidos por el Letrado Sr. ANTONIO y como APELADO, D. PEDRO representado por el Procurador Sr. Óscar Colón Gimeno y defendido por el Letrado Sr. Pedro Joaquín Bastida Vidal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Antón Blanco.
[anterior] PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: "UNICO.-En el seno del procedimiento Diligencias Previas 2820/2010, cuya instrucción correspondía al Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón y, en el que PEDRO ejercía de letrado del querellado SAMUEL, siendo querellante en aquel el acusado ENRIQUE, con D.N.I. nº 00000000X, mayor de edad, nacido el 00/00/0000 en Valencia, hijo de MANUEL y AMPARO, y sin antecedentes penales y, letrado de éste último, el acusado ANTONIO, con D.N.I. nº 00000000X, mayor de edad nacido el 00/00/0000 en Valencia, hijo de FRANCISCO y ROSARIO y sin antecedentes penales, se presentó por el acusado ANTONIO, escrito en fecha 26 de abril de 2011 en cuyo Hecho segundo, párrafo 3º, se hacía constar: "...La finalidad del presente escrito es demostrar que el presunto hecho delictivo que se conoce en esta causa, es un acto realizado de manera completamente deliberada por la parte querellada y en cuya planificación y ejecución han participado activamente los abogados que lo defienden en esta causa y le asesoran profesionalmente...".
Dicho escrito, proveído por Providencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón de fecha 27 de abril de 2011, dio lugar a la interposición de querella por parte de PEDRO en fecha 27 de abril de 2012 quien, no solicitó del Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón, licencia del juez o tribunal que conocía del procedimiento en que, según el querellante, fueron vertidas las calumniasy, sin que, del mismo modo, aportara justificación de haberse celebrado acto de conciliación entre querellante y querellados o, de haberse intentado sin efecto.
Por Providencia de fecha 2 de mayo de 2012, el Juzgado instructor requirió a la representación del querellante para que aportada certificación de haber celebrado acto de conciliación con los querellados o haberlo intentado sin efecto, siendo ello subsanado por escritos presentados en fechas 16 de mayo de 2012 respecto de ANTONIO acompañando certificación tras el acto celebrado en fecha 15 de mayo de 2012 y, en fecha 18 de junio de 2012 respecto de ENRIQUE, teniendo lugar el acto en fecha 15 de junio de 2012."
SEGUNDO.- El Fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: "ABSUELVO a ENRIQUE del DELITO DE CALUMNIAS por falta de previa licencia del Juez que conociese del pleito y, por declarar extinguida por prescripción su responsabilidad penal.
ABSUELVO a ANTONIO del DELITO DE CALUMNIAS por falta de previa licencia del Juez que conociese del pleito y, por declarar extinguida por prescripción su responsabilidad penal.
Lo anterior, declarando de oficio las costas procesales causadas, con expresa reserva de las acciones civiles que pudieran corresponder al perjudicado por estos hechos a ejercitar ante la jurisdicción civil competente.
Notifíquese la presente resolución a las partes y personalmente a ENRIQUE y a ANTONIO, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de los 10 días siguientes al de la última notificación.
Notifíquese la presente resolución en virtud del artículo 789.4 LECRIM a los ofendidos y perjudicados por el delito; expídanse, en su caso, los testimonios para su remisión a los órganos correspondientes y efectúense las oportunas anotaciones telemáticas en los Registros, con cese de cuantas medidas cautelares se hubieren acordado en la presente causa.
Líbrese testimonio de la presente resolución, el cual se unirá a los autos, remitiéndose el original al Libro de Sentencias."
TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de D. ANTONIO y de D. ENRIQUE interpuso contra la misma recurso de apelación, que por serlo en tiempo y forma se admitió, y evacuado el trámite de impugnación, se remitieron las actuaciones a esta Audiencia, donde se repartió a esta Sección, formándose el correspondiente Rollo y señalándose para deliberación y votación el pasado día cuatro de julio de 2017.
[anterior] CUARTO.- En la tramitación del presente Rollo se han observado en ambas instancias las prescripciones legales.
[anterior] HECHOS PROBADOS
Se aceptan los de la sentencia recurrida.
[anterior] Se aceptan los de la sentencia apelada.
[anterior] PRIMERO.- Habiendo sido absueltos los acusados Srs. ANTONIO y ENRIQUE de la acusación de un delito de calumnia ex art. 205 y 206 del CP de que eran objeto por parte de PEDRO como acusación particular, se alzan aquellos interesando la condena en costas a éste último por haber ejercitado la acusación con temeridad y mala fe al acusarles de haber cometido como abogados una calumnia en el seno de unas D. Previas seguidas en otro Jugado, por el hecho de haber expresado que el delito que allí se investigaba se habría perpetrado de forma deliberada por los abogados que defendían al allí denunciado, lo cual no era sostenible ni en el fondo ni en la forma afirmación que no era en modo alguno calumniosa en el ejercicio del derecho de defensa y que sin embargo ha permitido al querrellante ejercer una acción por calumnias de todo punto insostenible, mereciendo la condena en costas de acuerdo con el art.240.3 L.E.Crim, de tal modo que se merece ex art. 240.3 LECr la condena en las costas por acusar con temeridad y mala fe.
[anterior] Se ha opuesto al recurso la representación de PEDRO, indicando que la absolución de los acusados fue por razones procesales combinadas de ausencia de licencia del juez que había antes conocido el litigio donde las expresiones se vertieron y de prescripción, y que la actuación en esta causa del querellante ha sido activa, y ha pasado los filtros de la fase intermedia, por lo que no será posible apreciar temeridad alguna.
[anterior] SEGUNDO.- En primer término y aunque no haya sido planteado, es preciso indicar, con efecto fatal para la suerte del recurso, que la cuestión de la imposición de costas al querellante Sr. PEDRO no fue solicitado en momento alguno. Ni en la calificación provisional de los acusados, y tampoco la vista oral, limitada la intervención defensora a interesar y desarrollar las razones para la absolución.
[anterior] Por ello la sentencia no expuso pronunciamiento al respecto, de modo que no puede tacharse de incongruente. Por ello no hubiera cabido un escrito de complementación de sentencia al albur del art.161 de la LECr. En definitiva la cuestión, por no haber sido deducida, es nueva. Lo que supone (nihil innovetur) que no puede ser objeto de apelación una cuestión antes no deducida.
[anterior] Nos remitimos a la ilustrativa STS de 16 de julio de 2016 (Pte Sr. Del Moral) que hace un profundo estudio de la cuestión.
[anterior] "¿Son imponibles a la acusación ex officio las costas procesales? Esa pregunta se hace la STS 863/2014, de 11 de diciembre y es el interrogante que suscita el primer motivo del recurso, no siendo uniformes los precedentes jurisprudenciales (vid STS 821/2002, de 9 de mayo ), predomina la tesis que exige petición previa de alguna de las partes ( STS 863/2014, de 11 de diciembre citada en el recurso así como la más reciente STS 410/2016, de 12 de mayo ). No es ello secuela del principio acusatorio: no estamos ante una sanción. Es ya diáfano en doctrina y jurisprudencia, que es un tema de resarcimiento. Es el principio de rogación el que hemos de manejar. Eso aproxima la cuestión a criterios civilistas. Sin petición de parte legitimada no hay resarcimiento. Nullum iudex sine actore.
La jurisprudencia civil, sin embargo, señala que en materia de costas no rige el principio dispositivo. No es necesaria la solicitud de una parte para que se impongan a la contraria que pierde el pleito. El pronunciamiento sobre costas es obligado en las sentencias: art. 209.4 LEC . La locución así como de esa norma desvincula las costas de la pretensión de la parte que sí exige rogación para respetar la congruencia. El vencimiento objetivo conlleva la imposición de costas a la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones salvo que se motive que se apreciaban serias dudas de hecho o de derecho (art. 394 LEC).
Pero no es trasplantable automáticamente esa previsión, así como la jurisprudencia civil que la interpreta, al proceso penal. En ese escenario los términos se invierten.
En el proceso civil la regla general es la condena al pago de las costas; lo excepcional es lo contrario. En el proceso penal es otro el régimen: la regla general en caso de absolución es la declaración de oficio de las costas. La excepción viene marcada por la apreciación de temeridad o mala fe.
La práctica en el proceso civil, aunque tampoco exista uniformidad absoluta, es que procede siempre el pronunciamiento sobre costas pudiendo condenarse a una parte conforme a las disposiciones legales, aunque la otra no haya realizado esa petición expresa ( SSTS Sala 1ª de 2 de diciembre de 2003 , 15 de diciembre de 1988 , 2 de julio de 1991 , o 21 de diciembre de 1992 ).
Ese criterio civilista, pese a la similitud de naturaleza de fondo de las costas en uno y otro tipo de proceso, no es importable al proceso penal. No lo consiente el art. 4 LEC por existir una regulación específica en la LECrim y el CP que no es simétrica a la del proceso civil, donde, con algún matiz, está entronizado el principio del vencimiento. La regla que inspira la regulación del proceso penal no es el vencimiento en caso de absolución. No es éste lugar apto para elucubrar sobre la bondad de ese sistema cuya modificación se propugnaba en algún texto prelegislativo (Borrador de Código Procesal Penal de 2013). Algunos de los argumentos de oposición de los recurridos y de la sentencia (no es justo que el absuelto tenga que acarrear con los gastos que ha supuesto su defensa) se adentran en esa esfera más de lege ferenda que de lege data . El ATS de 20 de mayo de 2010 ciertamente vierte algún argumento de esa naturaleza, pero sin renunciar -no podía ser de otra forma-, a fundar su respuesta en la ordenación legal concreta con la que contamos en la actualidad que viene representada por el art.240.3 LECrim .
El art. 142.4ª cuarto LECrim establece como contenido necesario de la sentencia los pronunciamientos correspondientes sobre costas. Ese pronunciamiento podría ser justamente declararlas de oficio por no haber formulado nadie una petición para que se impusiesen a la acusación. Así como la petición de condena penal encierra siempre y por definición (art. 123 CP ) la solicitud de condena en costas; la petición de una sentencia absolutoria no implica necesariamente que se reclamen las costas para la acusación no pública. Eso requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigible a quien sienta en el banquillo a un ciudadano para quien reclama la imposición de una pena. Sin un elemental fundamento el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.
Aquí solo tres defensas solicitaron que se impusiesen a la acusación las costas (las causadas por ellas lógicamente; carecían de legitimación para reclamar las de otras partes). Las otras se limitaron a pedir la absolución.
La sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo y que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (art. 742 LECrim). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal. Esta es una de ellas.
(..) Esta solución -solo puede condenarse en costas a la acusación particular cuando exista una petición expresa en tal sentido- es, como se ha dicho, la que predomina en la doctrina de esta Sala. Un breve recorrido jurisprudencial lo demuestra.
Las SSTS 160/2006, de 25 de enero, 1571/2003 de 25 de noviembre y 410/2016, de 12 de mayo y el ATS de 30 de junio de 2011 (7469/2011, recurso 482/2011) constituyen una buena representación de esa línea.
Leemos en el Auto 968/2011 de 30 de junio:"En reiteradas ocasiones, esta Sala ha subrayado la necesidad de que la condena en costas a imponer a la acusación particular, sea debidamente solicitada en el proceso de forma que esa parte tenga la ocasión de replicar y defenderse."
Así, señala la sentencia 1.571/2003, de 25 de noviembre que "no sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio), porque las impone la ley (art. 123 CP.), ni tampoco los de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte, por igual razón (art. 124 CP). Sin embargo, sí debería imperativamente mediar previa petición cuando se trate de incluir dentro de las costas del acusado o acusados las de la acusación particular en los demás delitos y también las que pudieran imponerse a los querellantes por haber sostenido pretensiones temerarias frente al acusado, pues de lo contrario el Tribunal incurría en un exceso sobre lo solicitado o extra petita (véanse SS.T.S. nº 1784 de 20 de diciembre 2000, nº 1845 de 5 de diciembre de 2000 y 560 de 28 de marzo de 2002, entre otras). Téngase presente que las costas se hallan reguladas dentro del título que reza: "De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales", poniendo al mismo nivel normativo conceptos que justifica la similar naturaleza resarcitoria o compensatoria. Las costas ya no tienen el carácter de sanción o penalización, sino de compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar una parte, a quien el derecho ampara".
En el presente caso, consta que tanto la defensa de los acusados como el Ministerio Fiscal solicitaron la condena en costas de la acusación particular en el trámite de informe y no en el de conclusiones provisionales. Así, correctamente, lo apreció la Sala de instancia que, consecuentemente, estimó que no procedía pronunciarse sobre la condena en costas de la acusación particular en cuanto, efectivamente, entrañaría una indefensión para esta parte. La respuesta resulta adecuada conforme a lo señalado más arriba y, en consideración, a que, como se ha señalado, un pronunciamiento en tal sentido hubiese supuesto una consecuencia desfavorable para la parte a la que se le ha impuesto sin darle posibilidad de réplica, lo que vulneraría el principio básico y fundamental de proscripción de la indefensión.
A mayor abundamiento, como ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones esta Sala, el tema de las costas procesales goza de una naturaleza estrictamente civil, - por su carácter compensatorio o resarcitorio -, y, por ello, en su regulación rige el principio de rogación. En Juez se ha de ceñir, en este ámbito, a las peticiones de las partes instrumentalizadas adecuadamente en tiempo y forma".
Como se ve, no solo se recalca la necesidad de previa petición expresa, sino que además se entiende que el informe oral es ya un momento tardío para volcar esa reclamación.
La STS 37/2006 de 25 de enero contiene consideraciones similares:"Plantea el motivo que la condena en costas se ha producido "inaudita parte" ya que la misma fue solicitada por la defensa del Sr. Alejandro en un informe final y tras ello se dió paso directamente al turno y derecho de última palabra de los acusados. De este modo Grupo Torras ante esta solicitud de condena en costas nada pudo alegar, por lo que se quebró el derecho de defensa y de igualdad de armas.
Podemos, en primer lugar, considerar si resulta preceptiva la imposición de costas en base al art. 239 LECrim . que dice: "en los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes, deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales". Pues el razonar así, precisa la STS. 25.11.2003, supone confundir la obligación de pronunciarse con la obligación de solicitarlas en las causas en que conforme al principio de rogación o dispositivo sea necesario hacer una expresa petición. El Tribunal, en su obligación de pronunciarse, que no es tanto como acceder a la pretensión sobre la que se pronuncia, puede perfectamente proclamar que no se imponen las costas a las acusaciones particulares por no haberla solicitado el acusado absuelto en tiempo procesal oportuno. De este modo ya ha cumplido con la preceptiva obligación de pronunciamiento, que deberá serlo sobre la base de los términos de la Ley y de las pretensiones de parte, cuando sean necesarias.
No sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio) porque las impone la Ley (art. 123 CP.), ni tampoco las de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte, por igual razón (art. 124 CP). Sin embargo, si debería imperativamente mediar previa petición cuando se trate de incluir dentro de las costas del acusado o acusados las de la acusación particular en los demás delitos y también las que pudieran imponerse a los querellados por haber sostenido pretensiones temerarias frente al acusado, pues de lo contrario el Tribunal incurriría en un exceso sobre lo solicitado o extra petita (SSTS. 1784/2000 de 20.10, 1845/2000 de 5.12, 560/2002 de 28.3, entre otras). Téngase presente que las costas se hallan reguladas dentro del titulo que reza: "De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales", poniendo al mismo nivel normativo conceptos que justifica la similar naturaleza resarcitoria o compensatoria. Las costas ya no tienen el carácter de sanción o penalización, sino de compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte, a quien el derecho ampara ...".
Por fin, en la STS 1571/2003, de 25 de noviembre encontramos estas reflexiones: "Tal como consta en las actuaciones a las que se accede vía art. 899 L.E.Cr , la representación del acusado Eulogio formuló escrito de conclusiones provisionales en fecha 20 de julio de 1998. En tal escrito, solicitaba la libre absolución de su representado, pero en ningún caso interesaba la condena en costas a las acusaciones particulares por haber concurrido temeridad o mala fe en su actuación procesal.
Tampoco el Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de conclusiones provisionales -como tampoco lo hizo en su calificación definitiva- la imposición de las costas causadas a los querellantes o demás perjudicados personados en las actuaciones como acusación particular."
Una vez practicada la totalidad de la prueba y con el resultado de la misma, todas las acusaciones particulares decidieron retirar la acusación respecto del acusado (...), manteniendo la formulada contra el otro acusado.
A partir de tal momento ninguna solicitud (...) existe, diferente a la calificación provisional en la que silenciaba cualquier pretensión sobre la imposición de las costas a los querellantes.
Sin embargo, con ocasión de los informes finales, el letrado defensor solicita la palabra, que el Tribunal concede, e "in voce" interesa la imposición de costas a los querellantes, por su temeridad y mala fe, pretensión que mereció la acogida del Tribunal. En tal momento procesal ya no existía posibilidad de réplica a la pretensión argüida por parte de los que tenían que soportar la condena en costas. Es indudable que se produce una indefensión, que ha querido ser corregida, a medio de los argumentos aducidos en sede casacional sobre la no concurrencia de temeridad y mala fe".
[anterior] Quepa por nuestra parte aclarar dos cosas en torno al sentido del precepto especial art. 124 CP. ya que estamos ante un delito perseguible solo a instancia de parte. Primero, que no se está discutiendo sobre la inclusión o comprensión de la partida de costas de la acusación particular en una condena ya hecha, sino en que se haga ex novo una condena expresa en costas, lo cual es diferente. Y segundo, que el precepto especial se refiere al caso de sentencia condenatoria, y esta es absolutoria.
[anterior] Por lo tanto, los casos de sentencia absolutoria tienen el régimen ordinario, si bien restrictivo, del art. 240.3 LECr.
[anterior] TERCERO.- En el otro orden en que las partes se han centrado, la temeridad o mala fe en el ejercicio de la pretensión condenatoria, tampoco hubiera sido posible conceder la razón a los apelantes, siendo acertadas las razones expuestas por la parte apelada.
[anterior] Es de ver que las razones de absolución fueron de carácter procesal y provenientes de faltar inicialmente el requisito de persiguibilidad ex art. 215.2 del CP, a lo que se anudó el efecto de la prescripción del hecho. Nada sobre este particular había sido planteado antes. Lo cual da idea de que no sería tan clamoroso. Se planteó otro óbice formal, pero fue desestimado por la Sec. 1ª de esta Audiencia Provincial en favor de la prosecución de la causa.
[anterior] Por apreciarse eses defectos, no se abordó en la sentencia la cuestión de fondo, la existencia y/o entidad de la supuesta calumnia, por ello resulta del todo imposible hacer un pronunciamiento al respecto de la sostenibilidad de la pretensión en los terminos de "mala fe" o "temeridad". Obligaría al Tribunal a analizar los hechos, valorar la prueba y la relevancia penal de los mismos. O sea, al margen de no ser cuestión controvertida por el desfavorecido por la sentencia quien no ha recurrido, comprendería un verdadero y pleno enjuiciamiento, para saltar sobre la falta de pronunciamiento de la sentencia apelada, y directamente resolver si la expresión no era calumniosa, pero con la eventual posibilidad -es un decir- de que se pudiere concluir el Tribunal que, lejos de la temeridad en esa acusación, pudo condenarse por calumnia de haberse podido entrar en el fondo.
[anterior] Como principio general resulta que la prescripción apreciada impide absolutamente vertir juicios de fondo sobre la realidad del hecho, su entidad penal y la participación de un imputado o acusado. Por ejemplo no se podrá absolver argumentando que los hechos era tal delito y que se hubiera impuesto al acusado tal pena, pero que finalmente se le absuelve por estar prescrito el hecho. Sería una condena moral, improcedente.
[anterior] En definitiva no puede juzgarse la temeridad de una acusación cuando las razones absolutorias han sido de índole procesal, no se habían denunciado antes y el procedimiento había superado los consabidos controles de viabilidad formal y sostenibilidad de la acusación que hubieran permitido un sobreseimiento de la causa sin tan evidentes eran los defectos.
[anterior] La STS de 24 de abril de 2017 (Pte Sr Llarena) recoge ampliamente los criterios en la materia, con referencia a otros precedentes del Alto Tribunal: "el criterio fijado legalmente para evaluar si procede imponer al querellante -o al actor civil-, la obligación de abonar las costas generadas con ocasión de la tramitación de cualquier procedimiento, nuestra STS nº 169/2016 de 2 de marzo, resume las premisas afectadas, en los siguientes términos:
«1.- Para resolver la cuestión planteada es necesario partir de dos premisas generales. La primera, que nuestro sistema procesal, partiendo de una concepción de la promoción de la persecución penal como poder también de titularidad ciudadana (artículo 125 de la Constitución), se aparta de aquellos sistemas que reservan al Estado, a través del Ministerio Púbico, la promoción del ius puniendi, ese sí de monopolio estatal. La segunda, y por ello, en la actuación de aquel poder reconocido a los ciudadanos, ha de ponderarse la concurrencia del ínsito derecho a la tutela judicial, bajo la manifestación de acceso a la jurisdicción, con el contrapunto de no someter a los denunciados a la carga de un proceso como investigados o, después, imputados sin la apreciación de causas más o menos (según el momento del procedimiento) probables.Por otra parte, tal fundamento y contexto del reconocido derecho a ser parte acusadora, deriva en el reconocimiento de una total autonomía en cuanto al estatuto que como parte se reconoce al acusador no oficial.
2.- De lo anterior deriva el sistema de regulación de la eventual imposición a cargo del acusador no oficial de las costas ocasionadas al acusado absuelto. La fuente normativa viene constituida por el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero la misma exige una interpretación que jurisprudencialmente se ha ido configurando en las siguientes pautas que extraemos de las múltiples sentencias dictadas por esta Sala.
Dos son las características genéricas que cabe extraer: a) que el fundamento es precisamente la evitación de infundadas querellas o a la imputación injustificada de hechos delictivos, y b) que, dada las consecuencias que cabe ocasionar al derecho constitucionalmente reconocido antes indicado, la línea general de viabilidad de la imposición ha de ser restrictiva.
El punto crucial viene a ser la precisión del criterio de temeridad y mala fe a los que remite el artículo antes citado ».
La transcendencia de la significación que se atribuya a los términos de temeridad y mala fe, obliga a definir primero, si ambos conceptos tienen un contenido equivalente o, por el contrario, el artículo 239 de la LECRIM viene a referirse a dos comportamientos diferenciados, en cuyo caso resulta obligado delimitar el alcance de ambas actitudes. En satisfacción de esa exigencia, debe proclamarse que pese a la proximidad de ambos vocablos, recogen claramente dos actuaciones procesales heterogéneas. Mientras la temeridad hace referencia al modo objetivo de ejercer las acciones legales, adjetivando un desempeño que resulta claramente infundado respecto del que es su marco legal regulatorio, la mala fe tiene un contenido subjetivo e intencional, cuya significación se alcanza desde la individualización -también subjetiva- de su opuesto. Sólo la identificación del difuso alcance que tiene la buena fe procesal, permite proclamar dónde arranca la transgresión del deber y cuando concurre el elemento del que el legislador ha hecho depender la aplicación de las costas. La buena fe (del latín, bona fides ) es un estado de convicción de que el pensamiento se ajusta a la verdad o exactitud de las cosas; por lo que, a efectos del derecho procesal, Eduardo Couture lo definía como la " calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón ". La buena fe hace así referencia a un elemento ético cuyo contenido negativo, esto es, la ausencia de buena fe, comporta una actitud personal, consciente y maliciosa, de actuar de manera procesalmente desviada, bien en el sentido de obrar ilícitamente o, incluso, en el de engañar. No es pues extraño que nuestra jurisprudencia haya destacado que la mala fe, por su carácter subjetivo, es fácil de definir, pero difícil de acreditar; lo que podemos decir que no acontece con la temeridad, que únicamente precisa de una evaluación de contraste respecto de los postulados de la ciencia jurídica.
En todo caso, ambas actitudes entrañan que la acusación particular -por desconocimiento, descuido o intención-, perturba con su pretensión el normal desarrollo del proceso penal, reflejando el deseo de ponerlo al servicio de fines distintos de aquellos que justifican su existencia; razón por la que la jurisprudencia proclama que la temeridad y la mala fe, han de ser notorias y evidentes ( SSTS nº 682/2006, de 25 de junio o 419/2014 de 16 abril ), afirmando la procedencia de mantener una interpretación restrictiva de estos términos legales (STS n.º 842/2009 de 7 de julio), de modo que la regla general será su no imposición (STS 19 de septiembre de 2001, 8 de mayo de 2003 y 18 de febrero, 17 de mayo y 5 de julio, todas de 2004, entre otras muchas).
En nuestra sentencia 169/2016, de 2 de marzo , destacábamos también una serie de presupuestos procesales que afectan a la decisión de imponer las costas al querellante o al actor civil. Además del sometimiento al principio de rogación, hemos proclamado que:
«1) La prueba de la temeridad o mala fe, corresponde a quien solicita la imposición de las costas (Sentencia Tribunal Supremo núm. 419/2014 de 16 abril).
2) No es determinante al efecto que la acusación no oficial haya mantenido posiciones en el proceso diversas, incluso contrapuestas, a la de la acusación oficial (STS 91/2006 de 30 de enero) y
3) El Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas (STS nº 508/2014 de 9 junio y núm. 720/2015 de 16 noviembre)».
En relación con la justificación de la eventual decisión de condena, resulta también controvertida la trascendencia que pueden tener las decisiones jurisdiccionales que, a lo largo del procedimiento, controlan la admisibilidad de la pretensión, pues la decisión de admitir a trámite la querella, la de posibilitar a las acusaciones que formalicen la imputación o la decisión de apertura del juicio oral, no son el mero resultado de una opción procesal de la acusación particular ( STS 91/2006, 30 de enero ), sino que presuponen una consideración judicial de que la pretensión de la parte puede no estar enfrentada a su viabilidad jurídica. Al respecto, de un lado, hemos proclamado que si tales decisiones interlocutorias fueran necesariamente excluyentes del parámetro de la temeridad o mala fe, el artículo 240.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo resultaría de aplicación en los casos de desviación respecto de la acusación pública, pues la sentencia presupone el juicio oral y éste la admisión de la acusación. De otro, que si el órgano jurisdiccional con competencia para resolver la fase intermedia y decidir sobre la fundabilidad de la acusación, ha decidido que ésta reúne los presupuestos precisos para abrir el juicio oral, la sentencia absolutoria tampoco puede convertirse en la prueba ex post para respaldar una temeridad que, sin embargo, ha pasado todos los filtros jurisdiccionales ( STS n.º 508/2014 de 9 junio ). Por ello, la evaluación de la temeridad y mala fe, para la imposición de las costas, no sólo debe de hacerse desde la consideración de la pretensión y actuación de la parte, sino contemplando la perspectiva que proporciona su conjunción con las razones recogidas en las decisiones interlocutorias que la han dado curso procesal (STS 384/2008, de 19 junio).
[anterior] En definitiva el recurso debe ser desestimado.
[anterior] CUARTO.- Las costas de la alzada han de imponerse a los apelantes, por el imperativo legal cuando un recurso se desestima.
[anterior] Vistos los arts. citados y demás de general aplicación:
[anterior] DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de Srs. ANTONIO y ENRIQUE contra la sentencia de 25 de nov. de 2016 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Castellón dada en el J. O. núm. 430/14 (P. Abreviado núm. 173/2013 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de CS) condenando a los apelantes al pago de las costas de la alzada.
[anterior] Notifíquese a las partes la presente resolución y con testimonio de la misma devuélvanse las actuaciones al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.
[anterior] Así por esta nuestra sentencia, cuya certificación se unirá al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos a excepción de la Ilma. Sra. Dª Eloisa Gómez Santana que votó en Sala pero no pudo firmar haciendolo en su lugar el Ilmo. Sr. D. José luis Antón Blanco.
© Desarrollado por Tirant Lo Blanch (v_7.11.3) RSC
Síguenos en Facebook! Síguenos en Twitter!

References: resolución 
 resolución 
 artículo 789
de lege ferenda
 artículo 240
 artículo 239
 artículo 240
 resolución