Source: http://parcan.es/pub/ds.py/2018/121/31/
Timestamp: 2019-02-20 06:02:03+00:00

Document:
Diario de Sesiones 121/2018, de fecha 12/6/2018 - Punto 31 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 121/2018, de fecha 12/6/2018 - Punto 31
9L/PL-0014 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CANARIAS.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos al debate de primera lectura del proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.
En nombre del Gobierno, para la presentación de este proyecto de ley, tiene la palabra el señor consejero, don Pedro Ortega.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Señora presidenta, buenas tardes. Señorías, buenas tardes.
Comparezco hoy... bueno, perdonen, quisiera saludar, veo a algunos representantes, presidentes de alguna cámara, aprovecho para saludarlos.
Comparezco hoy para presentar el proyecto de ley de cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.
El Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, dictó, en abril del 2014, la Ley 4/2014, Básica de las cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Puesto que la regulación actual de nuestra comunidad autónoma data del año 2003 es por lo que hemos ajustado este proyecto de ley que hoy presentamos, la normativa autonómica a la normativa básica estatal.
En cuanto al impacto económico de este proyecto de ley, tiene indudables beneficios. Las cámaras tienen funciones de carácter consultivo y colaboración con las administraciones públicas, lo que incide en un mejor funcionamiento de los sectores afectados al defender sus intereses.
Por lo que respecta al impacto en materia presupuestaria, la aprobación de esta norma no comporta gastos ni efectos o repercusiones en los ingresos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, el proyecto de ley no afecta a la competencia, a la unidad de mercado y la competitividad, ya que trata de regular la ley de cámaras a la normativa nacional básica con las peculiaridades de la comunidad autónoma canaria en sus competencias de ejecución.
A continuación describiré brevemente algunas de las características que tiene este proyecto de ley.
El proyecto de ley consta de 37 artículos, que se estructuran en 8 capítulos, 3 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 5 finales, así como un anexo.
El capítulo I regula el objeto, la naturaleza y régimen jurídico y las funciones de la ley. Dispone que la ley tiene por objeto la regulación de las cámaras y del Consejo General de Cámaras. Asimismo, indica su naturaleza y régimen jurídico, la finalidad y las funciones. Permanece la consideración de las cámaras como corporaciones de derecho público bajo la tutela de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se les añaden nuevas funciones conforme a las competencias que les son atribuidas en la ley básica estatal.
De este capítulo cabe destacar el artículo 4, que está destinado a regular las funciones de las cámaras y que se distribuye en dos apartados. El primero, el que está dedicado a las funciones de carácter público-administrativo, que, a su vez, se subdivide en tres párrafos dedicados a las de competencia estatal que les confiere el Estado y aquellas otras funciones público-administrativas que podrán asumir en la forma y con la extensión que se determine por la Comunidad Autónoma de Canarias; el apartado segundo se dedica a las otras actividades que las cámaras podrán llevar a cabo, que tendrán carácter privado y que se prestarán en régimen de libre competencia.
El capítulo II del proyecto de ley recoge el ámbito de actuación territorial, estableciendo la posibilidad y la existencia de una cámara por cada una de las siete islas, y se recogen, además, las particularidades de la creación, fusión y extinción de las mismas, adaptadas a las necesidades de nuestro archipiélago. En todo caso, en cada provincia existirá al menos una cámara y en aquellas islas donde no exista una cámara habrá una delegación de la cámara cuyo ámbito territorial a la entrada en vigor de la presente ley las incluya. La cámara de la que dependa la delegación asegurará la viabilidad financiera de esta oficina o de esta delegación.
El capítulo III, bajo la denominación de "Organización de las cámaras", encuadra los órganos de gobierno de las mismas, abordando la regulación del Pleno, el Comité Ejecutivo, la Presidencia, la Secretaría General, los cargos de alta dirección y el personal. El capítulo se completa, a su vez, con la regulación del reglamento de régimen interior de las mismas.
El Pleno estará compuesto por un número de vocalías no superior a sesenta ni inferior a diez y cuyo mandato durará cuatro años. Y van a ser elegidas mediante sufragio libre, igual, directo y secreto y serán distribuidas en tres grupos: un grupo, el de los representantes de todas las empresas de la cámara; otro grupo, el de los representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de la Cámara; y un tercer grupo, de representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en cada demarcación.
El capítulo IV, bajo la rúbrica de "Régimen electoral", aborda su regulación, comprendiendo los derechos y deberes de los electores, el censo electoral, la apertura y convocatoria del proceso electoral y, por último, el funcionamiento de los órganos de gobierno durante el periodo electoral.
El capítulo V, denominado de "Régimen económico-presupuestario", comprende ámbitos de tanta importancia como la financiación de las cámaras y del Consejo General de Cámaras.
El proyecto de ley en materia de ingresos remite a la ley básica, que no prevé ninguna aportación específica por la Administración tutelante, salvo lo establecido en la letra f) del artículo 19.1 y que dispone lo siguiente: "Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico".
En esta misma línea se regulan las leyes de la mayor parte de otras comunidades autónomas, que tampoco establecen ingresos específicos por parte de la Administración. Además, en la ley básica de cámaras de comercio se establece un sistema de ingresos basado, fundamentalmente, en los servicios que presten las cámaras y en aportaciones voluntarias de empresas o de entidades.
El capítulo VII se dedica a regular el Consejo General de Cámaras, encuadrando dentro del mismo su naturaleza y régimen jurídico, las funciones y la regulación de sus órganos de gobierno.
El Pleno estará compuesto por quienes ostenten la presidencia de cada una de las cámaras y, además, por un representante designado por el órgano tutelante. De entre sus miembros, y a excepción del representante del órgano tutelante, se elegirá a quienes ejerzan la presidencia y la vicepresidencia de modo rotatorio, con un plazo de rotación de su mandato y que será el equivalente a cada uno de los órganos de gobierno de las respectivas cámaras.
El capítulo VIII regula la tutela que ejerce la Administración pública de la comunidad autónoma canaria sobre las cámaras y el Consejo General de Cámaras, recogiendo dentro de él la tutela propiamente dicha, las autorizaciones, la suspensión y resolución de sus órganos de gobierno y los recursos que proceden contra las resoluciones de estos ante el órgano tutelante, así como el régimen presupuestario, el plan de viabilidad y la previsión de disolución de los órganos de gobierno.
Se establecen como supuestos de suspensión de la actividad de sus órganos de gobierno, en primer lugar, las transgresiones graves o reiteradas del ordenamiento jurídico vigente y, por otra parte, también los supuestos de imposibilidad manifiesta del funcionamiento normal.
La suspensión tendrá una duración máxima de tres meses y, de subsistir sus causas, se procederá a la disolución de los órganos de gobierno y a la convocatoria de unas nuevas elecciones. De incurrir en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos, la Cámara afectada lo comunicará al órgano tutelante, acompañando esta presentación de un plan de viabilidad. La imposibilidad de solucionar la situación de inviabilidad económica podrá dar lugar a que el órgano tutelante acuerde la suspensión y la disolución de los órganos de gobierno o la extinción y la liquidación de la Cámara.
Se completa la ley con una disposición adicional que faculta al Gobierno de Canarias para que, a la entrada en vigor, establezca la cantidad que se precisa para fijar la viabilidad de una Cámara a nivel insular.
Y prosigue con una disposición transitoria que determina el régimen electoral que se aplicará hasta que se apruebe el reglamento que desarrolle el presente proyecto de ley. Y así, el proyecto de ley prevé una situación de transitoriedad en el proceso electoral, ya que determina que hasta la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la ley se aplicará al régimen electoral, además de lo dispuesto en la misma, la ley básica de cámaras de España y su normativa de desarrollo, con las especificidades que están establecidas en el anexo de este proyecto de ley.
Para la elección de los miembros del Pleno en representación de las empresas de mayor aportación voluntaria a la Cámara, contemplado en el artículo 11.2 c) del proyecto de ley, el Comité Ejecutivo los designará en atención a la cuantía de la aportación voluntaria y satisfecha.
Se completa la nueva normativa con tres disposiciones transitorias, que determinan la continuidad de los órganos de gobierno, la adaptación de los reglamentos de régimen interior y el régimen electoral que se aplicará hasta que se apruebe el reglamento que desarrolle la ley; una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. La primera comprende la modificación de la Ley del Consejo Económico y Social, regulando la representación de las cámaras canarias en dicha institución; la segunda se refiere al desarrollo reglamentario del régimen electoral; la tercera, al desarrollo normativo; y la cuarta faculta al Gobierno de Canarias para que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, establezca la cantidad que precise... -terminar nada más el párrafo- (se dirige a la Presidencia al ver que el tiempo asignado a su intervención finaliza), la cantidad que precise para fijar la viabilidad de una cámara a nivel insular; y la quinta, y última, su entrada en vigor.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos políticos.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea.
El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a los representantes de las cámaras de comercio.
Coincidirán conmigo en que estamos ante el debate de primera lectura de una ley que hasta el momento se estaba haciendo de rogar para su entrada en este Parlamento. Y digo que se estaba haciendo de rogar porque, si tenemos en cuenta la ley actual, data del año 2003, y a eso le tenemos que añadir también que la ley estatal fue actualizada en el año 2014, por lo que se hace urgente adecuar la que tenemos en Canarias a esta estatal. Y si además añadimos también que la normativa del 2010 quitaba la principal fuente de ingresos que tenían las cámaras, que las ha afectado profundamente en estos años a peor, pues, es indudable que se hace necesario tramitar esta ley cuanto antes.
Esta norma de que les hablaba del 2010 acaba con el sistema de financiación que tenían anteriormente, obligando hasta ahora a las cámaras de comercio a que acudieran a rogar todos los años, año tras año, cada vez que se acercaban los presupuestos generales, para obtener una financiación para poder subsistir. Unos fondos que no han sido suficientes y que han provocado disminuciones de plantilla considerables, con una amenaza real de cierre de la actividad de las cámaras que subsisten en Canarias con un gran esfuerzo, en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Desde aquí el agradecimiento desde nuestro grupo a estas cuatro cámaras y esperamos también que con esta ley se les dé un marco que les dé las soluciones que necesitan, porque los problemas operativos que sufren día a día son realmente preocupantes y alarmantes.
También es cierto que desde el primer momento en que cambió la ley básica del Estado en 2014 las cuatro cámaras por responsabilidad presentaron un texto consensuado para que el Gobierno tuviera en cuenta y se presentara un proyecto de ley lo antes posible, pero hasta ahora, hace bien poco, el Gobierno no sacó su propio proyecto, que es el que debatimos hoy aquí.
Por eso, como les decía antes, nosotros esperamos que los fondos destinados a las cámaras dejen de depender de los ruegos y de la mera voluntad política y que se aseguren por un marco legal como el que debatimos hoy y que después del trámite de enmiendas esperamos mejorar y aprobar. Durante este tiempo han tenido que sufrir un auténtico calvario, a pesar de la evidente utilidad pública de las cámaras de comercio y de la gran labor que están haciendo en el asesoramiento y apoyo a las empresas canarias y a los emprendedores, que ponen en marcha nuevos negocios, nuevas empresas, que, no olvidemos, crean puestos de trabajo y ayudan al desarrollo económico de nuestro archipiélago. Por eso estamos completamente de acuerdo en que comience el trámite parlamentario y votaremos a favor de la continuación de la tramitación de esta ley, porque es absolutamente necesaria.
¿Cuál es el objetivo último? Pues que haya una financiación que asegure la viabilidad de las cámaras y que potencie su utilidad social, dotándolas de funciones que reactiven las políticas de diversificación y potencien nuestra economía, tanto a nivel interno como hacia al exterior.
Hago un inciso aquí porque creo que pueden jugar un papel importantísimo en la internacionalización de las empresas. Creo que, por parte de la Consejería de Industria, ese papel va a quedar reflejado y esa importancia que van a tener las cámaras de comercio, por lo cual nos alegramos.
Y, por supuesto, que complemente la acción del Gobierno en estas materias, desde una óptica independiente, y que se faciliten y aclaren los mecanismos de democracia interna de estas corporaciones de derecho público.
Desde la crisis es cierto que las corporaciones llevan sin renovarse por completo, algunas incluso desde el año 2010, por lo que toca poner los mecanismos necesarios para ello. Aunque, como todos saben, la temporalidad está contra nosotros. Algunos de estos procesos de renovación serán en septiembre y los plazos evidencian que llegaremos tarde a esa fecha, porque antes será imposible aprobar la normativa definitivamente y además, una vez aprobada la ley, tienen que conformar su reglamento interno.
Es cierto que el texto que se nos presenta tiene evidentes ventajas para permitir la creación de nuevas cámaras en todas las islas o que se abran delegaciones en donde actualmente no existen, pero tienen algunos otros preceptos en los que nuestro grupo espera que se consensuen algunos cambios, porque ya hay declaraciones de los responsables de estas corporaciones anunciando que algunos apartados causarán problemas operativos que hay que resolver. Por eso continuaremos con el diálogo que hemos tenido estos años con las cámaras de comercio y esperamos que en el trámite de enmiendas se les dé solución.
El proyecto de ley tiene pocos preceptos pero bastante importantes. No solo se determina la naturaleza, la finalidad y funciones de las cámaras, también se establece su ámbito territorial, los supuestos de fusión entre ellas o de posible extinción, por no decirles todos los apartados de organización interna que establecen los órganos, sus funciones y el proceso electoral democrático de la constitución de los referidos órganos; o las relaciones intercamerales del Consejo General de Cámaras, la financiación y las funciones de tutela del Gobierno de Canarias a la acción de las cámaras para tener un control en su actuación.
En definitiva, es un antes y un después tener una ley y lo que toca ahora es aprobar que se continúe su tramitación y ver si debemos plantear cambios para mejorar este texto, por lo que, como les dije, toca trabajo, diálogo y tratar de llegar al máximo consenso posible.
Desde nuestro grupo, nos prestamos a ello, igual que a la colaboración con los distintos grupos. También quedamos abiertos a cualquier reunión que quieran tener las cámaras de comercio con la Agrupación Socialista Gomera. Y, en este sentido, seguiremos trabajando para que la ley salga cuanto antes y puedan tener un marco legal que les ampare y realmente puedan tener la financiación necesaria para asegurar su permanencia en el tiempo.
Yo lo primero que se me ocurre decirle con respecto a esta ley es que ha llegado a este Parlamento tarde, y entiendo que tarde y mal. Tarde, en primer lugar, porque sabe usted, sabemos todos, que la disposición transitoria primera de la ley básica determina, a las comunidades autónomas para adaptar su legislación, un plazo máximo de hasta el 15 de diciembre de 2015, y estamos en la fecha en que estamos. Y, además, usted, en diciembre del 2016 -recuerde que ya en esa época llevaba algún tiempo en el Gobierno-, hace un año y medio, manifestó, en este Parlamento, en este estrado, que ya había, el Gobierno ya había elaborado un anteproyecto de ley de cámaras oficiales y, en cuanto al calendario, dijo, estimaba que en el primer trimestre del 2017 habrían evacuado todos los informes y se habrían cumplimentado todos los trámites preceptivos y necesarios y que durante el segundo trimestre del 2017 entraría, aprobaría el Gobierno el proyecto de ley y entraría en esta Cámara. Después usted, diez meses después, en octubre, se desdice de esas afirmaciones de diciembre del 2016 y justifica el retraso de la tramitación en la necesidad de diálogo con las cámaras, de siempre mucho diálogo y que sin diálogo no podía llegar a tener un anteproyecto de ley. Y créame que en eso estamos de acuerdo; lo que yo no acabo de entender es que usted, en el 2016 -insisto, no acababa de entrar en el Gobierno-, dijo que el proyecto de ley estaría en el Parlamento en el segundo trimestre del 2017 y, bueno, parece que es que en aquel momento no era consciente de que tenía que tener ese diálogo que después planteó en el 2017. Pero, bueno, la realidad, con todo, es que el proyecto de ley entró en esta Cámara en el segundo trimestre del año 2017...; no, perdón, no en el segundo trimestre del 2017, como usted había manifestado, sino en el primer trimestre del 2018. Eso significa que fue un año más tarde de a lo que usted se comprometió y dos años y medio, casi, de lo que pone la ley básica.
Pero, bueno, como más vale tarde que nunca, yo le digo: bienvenido sea; pero es que también le digo: no solo fue tarde sino también fue mal. Porque este proyecto de ley es básicamente un corta y pega de la ley básica, y a mí de verdad que me cuesta entender tanto tiempo, tanto retraso, para algo que es un básico corta y pega.
Y yo quería decirle, señor consejero y señorías, que las cámaras son corporaciones de derecho público, que se configuran como órganos de colaboración de las administraciones públicas o con las administraciones públicas en la defensa de los intereses generales del comercio, de la industria, de la navegación y de los servicios. Pero no solo eso, además tienen carácter consultivo con respecto a todas esas materias y funciones que realizan, pero que, por desgracia, bueno, o más bien por gracia y obra del Gobierno de España, pues, estos instrumentos públicos que entendemos, desde mi grupo entendemos muy útiles, pues, no están correctamente financiados, porque a lo único que se limitó la ley del 2014 fue a pasarles la pelota a las comunidades autónomas.
Estas cámaras de comercio, que están extendidas por todo el mundo y una institución tan extendida, a lo largo además de la historia en tanto territorio, en el espacio y en el tiempo, con un largo recorrido, no pueden ser un producto de la casualidad ni un capricho de unos cuantos que quieren utilizarlas, sino que realizan una gran aportación, realizan en este momento y han realizado a lo largo de la historia una gran aportación a la economía de España y, en este caso, ya el que nos corresponde, de Canarias.
Y además, en un Gobierno como el canario cuyo mantra en materia económica es la diversificación y la internacionalización de la economía y el cambio de modelo productivo, las cámaras son un instrumento fundamental, tanto por su capacidad para desarrollar una intensa actividad a la hora de modernizar como también para diversificar e internacionalizar nuestro tejido productivo. Pero está meridianamente claro que no van a poder hacer nada de eso, ninguno de esos papeles, en el presente y en el futuro, si no garantizamos su viabilidad financiera y si no salen del limbo jurídico en el que se encuentran desde hace cuatro años.
Y, en definitiva, consejero, tres son los problemas con los que se encuentran en la actualidad las cámaras canarias: el de financiación, el de las funciones que tienen que realizar y el del régimen electoral.
Respecto al tema de la financiación, la supresión de la cuota cameral en el 2010 evidentemente modificó sustancialmente la estructura financiera de las cámaras, ya que esa supresión eliminó la mayor vía de ingresos de las cámaras, y eso ha tenido como consecuencia una significativa reducción de su presupuesto anual y, por ende, de sus recursos humanos. Pues, en eso, en lo que a financiación se refiere, este proyecto de ley, al final, como en otros tantos apartados, lo que ha hecho es irse a la legislación básica; en definitiva, las cámaras de comercio pueden financiarse o de forma privada, ofreciendo servicios a las empresas, que es lo que están intentando hacer actualmente, y ya luego el otro mediante convenios o encomiendas con el Gobierno de Canarias para la realización de trabajos que este les contrate. Y lo que le voy a decir ahora no son palabras mías, palabras de la directora general de Comercio, dice que el Gobierno de Canarias iba a mantener partidas, que eran de alrededor de un millón de euros al año -yo esa cantidad anual no la veo, pero, bueno-, que se destinaban a financiar programas de tutorización y apoyo a las empresas y acciones de empleo; y dice, además, que esta financiación se iba a mantener pero que no iba a ser un dinero a fondo perdido, sino que las cámaras presentarían proyectos y, en función de los proyectos que presentaran, pues, el Gobierno decidiría. Y a mí en ese aspecto me gustaría saber entonces para qué van a ser los 700 000 euros que usted tiene en los presupuestos del año 2018, porque están consignados en un capítulo IV y denominado el programa "Gastos de funcionamiento de las cámaras", y los gastos de funcionamiento son lo que son, no son cantidades destinadas a subvencionar un proyecto.
En referencia al segundo problema, al de las funciones a realizar por las cámaras, el texto del proyecto de ley, pues, lo que dice es que debería, o sea, el espíritu es que debería consignar claramente cuáles son las funciones que debe realizar cada una de las cámaras, y de verdad que yo en este texto... nada más lejos de la realidad. Y, como dice el informe del Consejo Consultivo, el proyecto de ley se decanta por una configuración limitativa de las funciones público-administrativas que pueden desempeñar las cámaras e insiste en que es determinante que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza, con la máxima amplitud, su potestad legislativa para desarrollar y completar las normas básicas del Estado y no limitarse a decir imprecisiones -por lo menos es lo que nos parece a nuestro grupo- como las contenidas en el apartado c) del artículo 4, que dice: "Asimismo, las cámaras tendrán, en la forma y con la extensión que se determine por la Comunidad Autónoma de Canarias, las siguientes funciones público-administrativas", sin determinar cuáles son sino las que ya el Gobierno determine. Yo le pregunto si cree usted que este texto tiene algo que ver con ese objeto de consignar claramente cuáles son las funciones que debe realizar cada una de las cámaras, porque, desde luego, a mí, consejero, personalmente, y a mi grupo, no nos los parece.
Y, por último, está la cuestión del régimen electoral. Y yo, también, la sensación que tengo en el régimen electoral es que, en lugar de facilitar la presencia en los órganos de representantes de las pequeñas y medianas empresas, que es la base fundamental de nuestro tejido productivo, el canario -es el noventa y tantos por ciento-, pues, lo que hace es ponerle palos en las ruedas, porque, si, por ejemplo, nos vamos a ese tercer tercio, que en la ley se divide en dos partes, y le asigna un 50 % en la cuota, a los que paguen, en la cuota cameral, y el otro 50 %, básicamente, y de la manera que está establecido, pues, se les está destinando a las confederaciones el lugar, y a las pequeñas empresas, a las asociaciones, a pequeñas asociaciones, de la manera que está se les está dejando fuera.
De todas maneras, a partir de ahora, cuando la Mesa lo decida, empezará el trámite de enmiendas y ahí, en ese trámite de enmiendas, nosotros intentaremos aportar lo que entendamos que pueda mejorar este texto.
Nos encontramos en el trámite de primera lectura de este proyecto de ley de las cámaras de comercio, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y nos remitimos un poco a la historia, a la historia reciente. Esta nueva ley de Canarias nace, además, por un mandato, porque hay que adaptarse a la ley básica estatal. Es una norma que, como aquí se ha dicho, sustituye a la ley del año 2003, esta que permitió la constitución de las cámaras de Lanzarote y Fuerteventura, y antes de esta norma estaban reguladas por un real decreto por parte del Estado.
Como hablábamos, esta normativa tiene que adaptarse a la norma básica, que es la Ley 4/2014, de 1 de abril, la básica de las cámaras oficiales. Y la primera pregunta que le queremos plantear, aparte de que efectivamente es una nueva ley, al adaptarse tendrá que tener todos los capítulos, artículos, de la ley básica, que obligan a la ley de la comunidad autónoma canaria, nos gustaría que nos hablara de la participación de esta ley. Antes, me han antecedido y se ha comentado la tardanza del mandato que ustedes tenían en esta ley estatal para que en diciembre del 2015 ya estuviera adaptada, cosa que no se realizó. Se habla aquí de esa participación; pues, nos gustaría que, en su segunda intervención, nos pudiera explicar la participación que ha habido en la confección de este reglamento, porque, además, vemos que en todos los informes que se han establecido y en las alegaciones que se han hecho a este informe, vienen a ser unos cuatrocientos folios de alegaciones. Con lo cual no entendemos muy bien la participación que ha habido o si, en esa participación de las alegaciones que se han hecho previamente, no se han admitido muchas de estas alegaciones que se hacen en los informes.
Por otro lado, la ley básica ya establece unos objetivos claros dentro de la ley de las cámaras agrarias. Impulsarlas como entidades de prestación de servicios, abogando por un modelo de cámaras dirigido a resultados. De eso es de lo que habla la ley estatal. Todo ello con el fin de reforzar su eficiencia en el desarrollo de las funciones que se les atribuyen.
Como aquí también se ha comentado, hay un momento clave dentro de las cámaras agrarias, y doy la bienvenida a todos los miembros de las cámaras agrarias que están presentes, que antes no... De las cámaras agrarias, las cámaras de comercio, perdón. Un momento clave dentro de las cámaras de comercio que fue cuando la normativa cambia y a estas cámaras de comercio, que antes tenían, se dotaban, digamos, de una cuantía dentro de todos sus asociados, la norma cambia y ya no hay obligatoriedad para esas cuotas o cánones. Esto, además, era un tema que estaba, por parte de la CEOE, de las patronales, además se había llevado también a los tribunales insistentemente sin mucho éxito, pero era una demanda de las patronales, con lo cual aquí ha habido siempre un conflicto entre las asociaciones de empresarios, pues, no sabemos muy bien con qué objetivos. En cualquier caso, desde que sucede esto, esto hace que peligre la parte de la financiación de las cámaras de comercio y, por tanto, la viabilidad de las mismas. Desde este año, y según nos han comentado muchas veces los responsables de las cámaras de comercio, a partir del 2011 ha habido muchos problemas de financiación. De hecho, en muchas de ellas se establece casi un millón de euros de déficit durante todos estos años en su funcionamiento. Por tanto, de las cuatro cámaras de comercio que existen actualmente ahora mismo uno de los principales problemas que tienen es el de la financiación. Entendemos que esta ley debería solucionar o debería limitar o dirigir, digamos, cuáles serían esas formas de financiación dentro de las cámaras de comercio. En muchos casos estas cámaras de comercio han tenido que reducir su personal, ha tenido que bajarse los sueldos el propio personal que presta los servicios para poder subsistir a este momento.
Y, si todo esto lo enmarcamos en las funciones que entendemos que deben tener las cámaras de comercio, aquí yo creo que está la clave del debate, que qué entendemos que deben ser las cámaras de comercio: si una simple asociación de empresas o si entendemos que, efectivamente, las funciones de carácter público-administrativo que tienen requieren, digamos que en esta normativa todas sus funciones, como la ventanilla única empresarial, la formación, etcétera, etcétera, pues, realmente hagan la labor que necesita toda una estructura de nuestro sector empresarial.
Hay cosas en esta norma que nos llaman la atención. Hablamos de que, bueno, en el caso de las cámaras de comercio hablamos de las pequeñas y medianas empresas. Más del setenta y cinco por ciento de nuestra estructura empresarial en Canarias son empresas familiares, empresas pequeñas y medianas. Por tanto, la importancia de que las cámaras de comercio precisamente marquen esa labor en ese tipo de empresas, que no tienen a lo mejor unos capitales, unos presupuestos excesivamente elevados, requieren precisamente de asesoramiento en formación, aunque esté liberalizada esa formación, que también fue una de las causas que han hecho daño. Pues, precisamente, ese asesoramiento, esa formación especializada, esa práctica atada a la realidad de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas.
Pero, además, creemos que tiene que ir mucho más allá, porque ahora mismo los retos que se plantean las pequeñas empresas no solamente están en la internacionalización o en la digitalización de las empresas, sino también en la regionalización de las empresas. Vivimos en islas; por tanto, también es un problema para muchas empresas.
Y también otros retos que no solamente las directivas europeas o las normativas exigen a la hora de otros sistemas de producción mucho más sostenibles, sino también lo que demanda la ciudadanía, en tipos de empresas, negocios y servicios que sean más sostenibles. Todo esto requiere de un cambio en la forma de producir de nuestras empresas y en la forma de prestar los servicios, y creemos que las cámaras de comercio ahí tienen un papel importantísimo.
Nos preocupan algunas cosas, que en esta ley no se recojan algunas funciones que sí están en la ley básica pero que no se... Se han recogido algunas pero otras no. También, en la ley estatal, el acceso a los órganos de responsabilidad de las cámaras de comercio, no se permite que puedan llegar aquellos que estén inhabilitados para empleo o cargo público y se obvie, sin embargo, en este texto. No sabemos exactamente por qué.
Y después creemos también que, dentro de la representación de los órganos, es importante que esté representado cada uno de los sectores de nuestra estructura empresarial, desde los autónomos a los pequeños empresarios, y no solamente aquellos que son grandes empresarios. No creemos que, dentro de esa estructura de los órganos, al final sean los mismos que están representando, esas grandes empresas, los que tienen mayor, las cuotas voluntarias, son aquellos que pagan mayores cuotas voluntarias, pues, que copen, además, esos órganos de dirección.
Que estén despolitizadas las cámaras de comercio. Yo quiero nombrar aquí, en noviembre del 2015, la Cámara de Comercio de Tenerife pide el voto para el Partido Popular y además dice: ¡Dios nos libre de Podemos! Estos comentarios que los hacen los órganos responsables me parece que están totalmente fuera de lugar.
Otra cuestión importante es que en esa financiación creemos que debe haber mucha más transparencia. No se puede financiar con fondos públicos tampoco que ciertas personas sean altavoces de temas políticos. No es la cuestión, yo creo que las funciones son muy importantes, las que hay que establecer, para estas empresas. Y, por tanto, tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios en servicios que se presten tienen que ser totalmente transparentes. Sobre todo nos referimos a las aportaciones voluntarias de las empresas. Creemos que debe haber total transparencia en cuáles son esas empresas y qué aportaciones establecen. Mecanismos de control, por tanto, para estos ingresos.
Es verdad que hablamos también de la viabilidad cuando hablamos de la creación de nuevas cámaras. Es evidente que tiene que haber un plan de viabilidad para saber cómo funcionan, pero sí nos resulta llamativo, en el artículo 6, cuando se habla de la creación de nuevas cámaras, que se hable de una fuente de financiación que supere anualmente los 150 000 euros. No sabemos ese dato, esa cantidad en concreto, por qué es esa cantidad. Además habla de ingresos no públicos, no habla de que una cámara de comercio pueda tener una viabilidad en función de la capacidad de obtener financiación en todos los ámbitos, sino excluye la financiación pública. No sabemos por qué esto es así. Y, en cualquier caso, entendemos que sí debe ser o debe contemplarse que las cámaras de comercio al final... como sean suficientes. Es verdad que después la misma ley matiza, porque esta cantidad puede variar en función de qué cámara de comercio estemos hablando y de las funciones que realiza, pero sí querríamos que nos aclarara en este punto por qué esa cantidad en concreto.
Es verdad que, además, las cámaras de comercio pueden especializarse, tener funciones distintas dependiendo, en la isla, de las necesidades y la demanda que tengan, de la estructura empresarial que tengamos.
Y, por otro lado, tanto el Pleno como el Comité Ejecutivo, se dejan para un desarrollo reglamentario, digamos, su organización y su funcionamiento y la adopción, de cómo se van a adoptar los acuerdos. No sabemos por qué se deja solo a un reglamento y mínimamente no se ponen en esta ley algunas cuestiones que creemos que sí se podrían desarrollar.
En definitiva, señor consejero, esta ley creemos que es bastante mejorable. Por tanto, nuestro voto en este momento, no vamos a apoyar esta ley. Vamos a trabajar para enmendarla, para mejorar esta ley, esta herramienta que tiene que ser para que las cámaras de comercio tengan la función que creemos que en este momento, en esta coyuntura, este texto legislativo debe cumplir, no solamente cumplir con la normativa estatal y con otras normas, sino también, dentro de las competencias de la comunidad autónoma, abordar aquellas cuestiones que, entendemos, favorezcan un mayor servicio a toda nuestra estructura empresarial, principalmente a los más débiles, aquellas empresas con menor capacidad y que, por tanto, necesitan un mayor apoyo.
Por tanto, como les digo, no la vamos a apoyar y trabajaremos intensamente en mejorarla.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor diputado don José Estalella Limiñana.
Gracias, señor consejero. Muchas gracias por estar aquí defendiendo esta ley. Y también quiero dar la bienvenida a los representantes de las cámaras de Lanzarote y Tenerife, que se encuentran en la tribuna de invitados.
Este proyecto de ley canaria de cámaras de comercio, industria, servicios y navegación, que hoy tenemos el debate de primera lectura, es un texto que viene de la ley básica de cámaras del 2014. Ya algunas autonomías han desarrollado las suyas y aún Canarias tenía pendiente de elaborar el texto que hoy tenemos delante, y, una vez cumplido el plazo de la enmienda a la totalidad, ya superado, se nos abrirá el de las enmiendas parciales.
Desde luego creo que es innegable que este proyecto de ley llega con retraso y esperamos que no haga buena la frase tan común de "tarde y mal", señor consejero. El Partido Popular no está conforme con algunos de los aspectos que tienen su reflejo en la ley y menos aún con los que se han omitido. Me parece que es casi más importante esto segundo y por ello ya les anticipo que presentaremos algunas enmiendas al texto.
Señorías, el Consejo Consultivo deja bien claro en el informe su incomprensión sobre algunos aspectos de esta ley. Realmente del contenido del informe se desprende una muy severa llamada de atención, incluso desliza una opinión sobre la calidad democrática de los trámites de la misma, por una innegable ausencia de transparencia, que desde luego no puede ser achacada en absoluto a la necesidad de urgencia de la aprobación de la norma. Cosa no menor esta de la transparencia, que debe tenerse en cuenta, ya insubsanable su falta para esta norma, pero desde luego sí para el futuro.
El Consejo Consultivo, en su informe, también valora negativamente algunos aspectos del contenido de la ley y su calidad como texto normativo, y ahí también muestra su disconformidad con el redactor, pues a su juicio abusa innecesariamente de la remisión a otros textos normativos, incluso hace una cierta dejación de funciones al remitir constantemente a la ley básica estatal. Ley básica que precisamente lo que pretende es conceder a las autonomías la capacidad de adaptar la norma a las peculiaridades y singularidades de cada región. Aquí el redactor, lejos de asumir el reto, se acoge a la muy cómoda tarea de quedar bajo el manto legislativo difuso e indefinido que trae la ley básica. Vamos, que ha estado muy poco valiente a la hora de tomar posiciones para desarrollar la ley y establecer las bases de las cosas que importan a los sujetos a los que esta ley afectará de manera extraordinaria y definitiva.
En mi opinión, el Consejo Consultivo no deja en buen lugar al redactor; es más, podría concluirse que le da un aprobado a secas y siendo muy generosos. Y, señorías, miren que lo tenía fácil. Como digo, solo un reducido número de personas jurídicas se ven afectadas de manera directa y, aunque entiende que se recabó información y parecer en reuniones y conversaciones sobre aspectos que se regulan, también deja traslucir cierta melancolía por la falta del contenido transado. Como si tras la lectura y el estudio del texto dijera: a mí esto me parece que no es lo que pretendían los afectados, por conocimiento sobre sus posiciones o incluso podría ser que, aun desconociendo estas, las pretensiones, que concluyera que el texto es tan pobre que no contiene mucho de lo que debería contener, a juicio propio.
Tras múltiples conversaciones de nuestro grupo con las cámaras de comercio, nos hemos ido formando una imagen de lo que a nuestro juicio debe regular y, por tanto, debe estar incluido en el cuerpo normativo. Desde el principio -y así lo hemos manifestado en varias intervenciones-, pensamos que la ley debe atender las necesidades y sensibilidades de los sujetos a los que va a dirigida y cuya vida estará afectada por la ley que le es de aplicación directa.
En primer lugar, hay que hacer algunas consideraciones para quienes no están familiarizados con el asunto.
Las cámaras de comercio antes se financiaban con un porcentaje sobre el impuesto de sociedades, la llamada cuota cameral, que pagaban todas las empresas y autónomos a la cámara provincial de su NIF. Durante una de las legislaturas de Rodríguez Zapatero, esto fue suprimido, dejando las cámaras sin su principal fuente de financiación. La ley básica de cámaras establece que es obligación del Gobierno autonómico que haya al menos una cámara por provincia y le hace garante de su supervivencia, además de indicar que en el desarrollo normativo autonómico deben consignarse sus funciones, tema no menor que ahora trataremos.
Una vez establecida la principal obligación del Gobierno de Canarias en este caso, solo le queda una posibilidad razonable, y es hacer de las cámaras instrumentos válidos y socios colaboradores, instituciones de apoyo para aplicar y desarrollar las políticas que en materia económica apruebe el Gobierno de Canarias, porque, en caso contrario, dejar de considerarlas como activos válidos e insistir en el texto propuesto nos parece que sería un grave error. Por un lado, se dejaría de aprovechar el conocimiento que estas instituciones centenarias han tenido durante tanto tiempo y han llevado a cabo, por ejemplo, misiones comerciales en países de África o labores de apoyo a inversores que quisieron instalarse en Canarias. Hay que recordar que solo tres países en el mundo no tienen cámaras de comercio, que son instituciones de prestigio, y que ir de la mano de ellas a cualquier país del mundo es garantía de seguridad y seriedad. En lenguaje llano, abre puertas.
Pero vayamos al texto y a los aspectos que, a nuestro juicio, generan cierta controversia e inquietud.
En primer lugar, la consignación de funciones. El texto del proyecto de ley hace una transposición literal de la ley básica y, evidentemente, esta es de manera genérica, no permite a las cámaras tener la seguridad de cuál es su misión y cuáles son sus cometidos. Asunto de mayúscula importancia, como comprenderán sus señorías.
Creemos que debemos precisar desde lo conceptual a lo concreto, que aunque parezcan conceptos antagónicos no lo son en absoluto.
A las cámaras de comercio hay que especificarles cuáles son las funciones que pueden y deben desarrollar como competencias propias. Evidentemente presentaremos enmiendas para proponer un texto alternativo al actual. Con la consignación o la especificación no queremos ser exclusivos, no pretendemos que las funciones sean competencia exclusiva de las cámaras. Por ejemplo, si considerásemos proponer gestionar parques tecnológicos, no quiere decir que lo hagan con exclusividad; lo que pretendemos establecer es simplemente sus competencias y funciones.
En segundo lugar, sobre el Pleno. Aquí tenemos un trabajo de encaje de bolillos y los porcentajes de participación de los representantes de las organizaciones empresariales, y también un asunto delicado, como la delegación de voto. Debemos trabajar para incluir unas normas que permitan la elección de sufragio universal y directo de los representantes de los distintos sectores, así como tener en cuenta la capacidad de representación en el momento de las votaciones.
Y, en tercer lugar, la financiación de las cámaras. Desde que las cámaras quedaron afectadas por la supresión del recurso cameral -provenía, como decía, de un porcentaje sobre el impuesto de sociedades- por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, estas han venido ajustando sus plantillas y estructuras. Desde el 2017, el Partido Popular tramitó en este Parlamento enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para obtener financiación de estructura para las cámaras de comercio y no es menos cierto que siempre encontramos cierta resistencia en la administración Clavijo, a través del consejero Ortega, que podría aprovechar la ocasión para justificar esta posición, que creo que es equivocada. Ahora es el momento de fijar los recursos públicos que pueden destinarse a la financiación de estructura de las cámaras e incluso una parte para representación en las instituciones de las que forma parte... (ininteligible) máximos órganos. Evidentemente, estas cantidades, que tendrán que tener unos límites, y dado que provienen de los recursos públicos, deben ser fiscalizadas por el órgano competente, que no es otro que la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aras de la transparencia y al uso adecuado de los mismos. Y, por supuesto, que sean compatibles con otras fuentes de financiación no públicas. Es más, también creo que se debe incentivar esta capacidad de las cámaras de comercio.
Les he expuesto tres problemáticas que encontramos en el texto y que son de vital importancia a nuestro juicio. Lógicamente, en el trámite de enmiendas, añadiremos algunas otras. Esperamos participar en este trámite bajo estas ideas y esperamos poder sacar adelante, con diálogo y consenso con el Gobierno y con el resto de grupos.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención, en nombre del Grupo Socialista Canario tiene la palabra su portavoz adjunto don Gustavo Matos Expósito.
Quiero empezar también, como no puede ser de otra manera, por saludar a los diferentes representantes de las cámaras de comercio de Canarias, viejos conocidos. Así que esta vez, desde la tribuna del Parlamento de Canarias, les doy la bienvenida.
Mire, señor consejero, lo primero, quizás empezaré por la parte positiva; la parte positiva es que ya tenemos al menos un texto en el Parlamento que nos va a permitir trabajar y tener una ley de cámaras lo antes posible. Le ha abierto usted las puertas del Parlamento a la ley trayéndola, así que, bueno, de momento eso, digamos, pone en marcha la maquinaria legislativa. Así que creo que la primera noticia es buena.
A partir de aquí creo que es una pequeña oportunidad perdida el texto. Si uno observa con cierta objetividad, digamos, el expediente que está hoy aquí, en el Parlamento, y, por ejemplo, hace una lectura del informe del Consejo Consultivo, la conclusión a la que uno llega es doble. Por una parte, la mayor parte de esta ley es una, digamos, una transposición casi literal de la Ley básica, 4/2014. No ha aprovechado, digamos, las puertas abiertas que le deja la ley básica a que se regulen las especificidades propias de las leyes de Canarias. Si es que las hay, pero habría que haber buscado, aprovechado, esa ventana que deja abierta la ley básica. No se han aprovechado, se ha hecho básicamente un copia y pega de la ley estatal. Y luego, como también dice el informe del Consultivo, hay una excesiva remisión al reglamento. Hay demasiadas cuestiones en la ley que terminan remitiéndose al reglamento. Así que entre el copia y pega y las remisiones al reglamento creemos que se ha quedado una ley, en fin, que no resuelve los grandes problemas de las cámaras. Creo que es una especie de patada a seguir, porque... Yo conozco la dificultad -lo sé, consejero- que supone, digamos, hacer de autoridad que tiene que tutelar las cámaras. Sé cuál es esa dificultad, la he vivido, y, por lo tanto, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero desde luego creo que la ley pierde, ha perdido... El texto, tal como está, tiene uno la sensación de cierta pérdida de oportunidad y que vamos a tener que hacer un trabajo, digamos, en la actividad parlamentaria para poderla mejorar.
Bien. Lo primero que tenemos que plantearnos los diputados y las diputadas del Parlamento, se lo tenía que haber planteado el Gobierno también, yo creo que es una pregunta básica, elemental, y es si creemos de verdad o no en las cámaras; si creemos en ellas o no y, si no creemos, lo mejor es cerrarlas y no mantener una especie de farsa, mantener unos órganos en los que no se cree. Esa es la primera pregunta que se debe uno hacer, porque la verdad es que en el sector empresarial no deja de haber una batalla entre la representatividad del mundo empresarial entre las cámaras y, por ejemplo, la confederación. Y esto es una realidad, señor consejero, que usted además conoce perfectamente, no se la tengo que explicar.
Entonces esa es la primera pregunta. Y si la respuesta es "sí, creemos en las cámaras", pues, entonces habrá que aprovechar el trámite de la regulación para hacerlo de tal manera que se note que creemos en las cámaras y que fundamentalmente resolvamos algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro de las cámaras.
Es verdad que, cuando se eliminó el recurso cameral obligatorio, todo cambió. Se hizo en un contexto de crisis económica, pero esa crisis económica teóricamente ha pasado, teóricamente ha pasado. Estamos, como dice el Gobierno, con el presupuesto más potente de Canarias de su historia. No lo digo yo, son palabras del presidente del Gobierno, son palabras del consejero de Industria, son palabras de la consejera de Hacienda. Por tanto, se tomó una decisión dura, la hizo un Gobierno socialista; ha habido varios gobiernos después, no restituyeron la obligatoriedad de la cuota cameral. Pero estamos en otro momento y tenemos la oportunidad, obviamente, no de restituir la cuota cameral, pero sí de fijar en nuestra ley un sistema de financiación para las cámaras que les asegure el día a día, los gastos fijos, los gastos de personal, que no tengan que estar sometidas a la tortura permanente de que su financiación esté condicionada a la gestión estrictamente de proyectos o de servicios que realicen para las administraciones públicas.
Por tanto, lo que proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista -lo haremos en la fase de enmiendas- es que esta ley recoja un sistema de financiación estable que garantice el futuro de las cámaras. Un sistema mixto, obviamente, unas partidas presupuestarias, insisto, que garanticen que pueden hacer frente a sus gastos fijos -de personal, gastos de, en fin, de arrendamiento de material, etcétera-, los gastos fijos de las cámaras y luego habrá una financiación que tiene que ver, efectivamente, con la gestión de proyectos y con los servicios que prestan a empresas y también al Gobierno.
Esa es la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista va a realizar a través del proceso de enmiendas. Habrá que sentarse con las cámaras y hacer números, y saber exactamente de qué cantidad estamos hablando. Yo creo que en un presupuesto como el que tenemos, que es el presupuesto histórico, el más potente de la historia de Canarias, creo que hay cabida, consejero, margen, para separar unas partidas presupuestarias que garanticen esos gastos fijos, esa vida de las cámaras de comercio.
Por tanto, si creemos, si la respuesta es "sí, creemos en las cámaras", hagámoslo visible en el texto. Yo sé que el consejero cree en las cámaras. No hago la pregunta porque crea que el consejero no lo hace, es una pregunta que lanzo al conjunto de la Cámara y de los diputados y las diputadas, no me malentienda el consejero. Pero entonces habrá que plasmar esa creencia, como digo, en el texto.
Luego hay que resolver dos cuestiones que me parecen básicas. Al margen, digamos, de lo que dije al principio, del copia y pega, de las remisiones reglamentarias, hay dos cuestiones que señalo para terminar.
La primera es el tema de la internacionalización. Las cámaras hacen la internacionalización mucho mejor que el Gobierno, señor consejero. Yo he estado en el Gobierno, he tenido responsabilidades, y hay que reconocer que, cuando uno sale fuera de España o fuera de Canarias, lo que se conoce son las cámaras. A Proexca se la conoce, hace un buen trabajo, pero obviamente se va con la tarjeta de presentación de las cámaras de comercio. Ahí hay que trabajar coordinados con ellos, tienen que tener un papel muy importante en el diseño de la internacionalización del Gobierno y de la actividad, más del que fija, en nuestra opinión, mejor o más detallado del que fija el borrador de la ley o la ley que estamos tramitando en este momento. El protagonismo de la internacionalización lo deben tener las cámaras de comercio de Canarias y Proexca ser una ayuda, pero dejemos el protagonismo de la internacionalización a las cámaras.
Y luego creo que debemos aprovechar la ley, y termino, o al menos habrá que pensarlo en el trámite de enmiendas, señor consejero... Aquí pienso en voz alta, en nombre de mi grupo, en aprovechar la ley para resolver algunos problemas de representatividad de las cámaras en algunos órganos. En la legislatura anterior estuvimos prácticamente toda la legislatura para resolver la representatividad de las cámaras de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en algunos órganos y no fuimos capaces, fue muy difícil, conciliar los intereses legítimos y las formas de ver las cosas de las tres cámaras. Aprovechemos la ley para dejar resueltas algunas cuestiones, usted lo sabe, en la Autoridad Portuaria, en el Consejo Económico y Social se resolvió... Pero, en fin, creo que tenemos que aprovechar también la ley para resolver junto con ellos. Habrá que escucharles, habrá que, en fin, han hecho sus alegaciones, pero habrá que escucharles en algunas materias al respecto.
Por tanto, señorías, señor consejero, estoy convencido de que no hay ningún diputado o diputada de los que estamos sentados en esta Cámara, independientemente de los partidos a los que representemos, que no creamos en el papel de las cámaras. Son las representantes de las pequeñas y medianas empresas, hacen una labor encomiable. Las grandes empresas no necesitan a las cámaras, las necesitan los pequeños y medianos empresarios de Canarias. Apoyémoslas, aprovechemos la ley, resolvamos cuestiones que están sobre la mesa y que, insisto, esta ley es una gran oportunidad.
Yo invito a todos los grupos parlamentarios a hacer un buen trabajo en la fase de enmiendas. Señor consejero, la mano más que tendida en este asunto, en trabajar conjuntamente con el Gobierno, con el resto de grupos parlamentarios y también con los representantes de las cámaras de comercio.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.
Señorías, me lo recuerda mi compañero de Mesa, el señor Cabrera, el ruido de esta sala se vuelve insoportable. Les pido, por favor, que intentemos guardar silencio.
Señora Beato, tiene la palabra.
Señores presidentes de las cámaras de Fuerteventura y de Lanzarote, representantes también de Lanzarote y de las cámaras de Tenerife, buenas tardes en este salón de plenos, en esta tarde, para hablar de una ley, que, como han dicho ya, corresponde la adaptación a la legislación básica estatal del año 2014, en una ley que teníamos, la canaria, desde el año 2003.
La ley 2014 define las cámaras como corporaciones de derecho público con funciones de carácter consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios y son también agrupaciones ue comparten intereses profesionales o empresariales comunes. De los dos grandes sistemas camerales europeos, el sistema continental y el anglosajón, el real decreto que crea las cámaras en España importa el modelo francés como asociaciones de carácter permanente, y es con la primera ley de bases cuando se configuran, además, como organismos oficiales.
Yo me detengo en destacar esta doble naturaleza, esta doble vertiente de las cámaras, porque va a servir para fundamentar algunas cuestiones que luego desarrollaremos en relación con sus funciones, con sus competencias y con su financiación, que son los dos grandes aspectos que coincidimos en que hay que acometer.
Las cámaras son organizaciones empresariales que agrupan a empresas de distintos sectores y de diferentes tamaños, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Pero no solo representan los intereses particulares de sus socios sino que velan por los intereses generales de la economía y del empresariado y son, por otra parte, órganos consultivos de la Administración, sin ser órganos de la Administración en sentido estricto. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido esta doble dimensión de estas corporaciones de derecho público, sin que ello equivalga a considerarlas administraciones en sentido estricto, aun cuando están tuteladas, sus cuentas supervisadas y sometidas al control de legalidad.
De esta naturaleza bifronte derivan las competencias reconocidas en la legislación básica para contribuir al desarrollo, el crecimiento y el impulso de la economía, competencias que permiten convertir a las cámaras en un instrumento eficaz de apoyo a nuestras empresas, tanto en su actividad en el archipiélago como en la salida al exterior.
Pero, afortunadamente, no es un sistema competencial cerrado. El marco estatal ofrece margen para que Canarias pueda descender en su desarrollo normativo, determinando la extensión en el ejercicio de las competencias de la legislación básica, pero, además, poder añadir otras competencias adecuadas a la realidad y a las singularidades de nuestra comunidad autónoma. Esta habilitación viene del artículo 5 de la legislación básica, que señala que las cámaras tendrán funciones público-administrativas, que recoge el artículo 5.1, también las enumeradas en el 5.2, en la forma y con la extensión que se determine por las comunidades autónomas, y cualesquiera otras que las comunidades autónomas puedan atribuirles en el ejercicio de sus competencias.
Nuestro grupo parlamentario trabajará en el trámite de enmiendas con el objetivo de sacar el máximo partido a ese esquema competencial, que permita que Canarias amplíe y desarrolle para nuestras cámaras cuestiones que, además, están alineadas con los objetivos del Gobierno, como pueden ser la posibilidad de realizar e implantar planes camerales de internacionalización y de competitividad, la gestión de los programas cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que son, por tanto, una importante fuente de atracción de financiación europea, profundizar en una atribución importantísima de las cámaras en el ámbito de la Formación Profesional Dual, reforzar la contribución de las cámaras en la internacionalización de la economía, afianzar su capacidad para ayudar al desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas, consolidar el fomento de la emprendeduría, la creación y la gestión de viveros de empresas y parques tecnológicos, colaborar en la gestión de las infraestructuras y los registros públicos, fomentar también las posibilidades en materia de arbitraje y mediación y tantas competencias que ya, de facto, de facto, las cámaras están llevando a cabo. Buscaremos que esta ley permita ese amplio margen para que una ley, que nace con vocación de consolidarse en muchos años, incluso décadas, permita esa amplitud.
Y el otro asunto es la financiación. El Real Decreto del 2010, ya se ha dicho, incluyó dos modificaciones significativas. Por una parte, la supresión del recurso cameral permanente, para el sostenimiento y la financiación de las cámaras, y, por otra parte, la eliminación de la pertenencia obligatoria a las mismas. Esto fue una estocada para las cámaras que dejaron de disponer de unos ingresos fijos para su financiación. Entonces se sometieron a severos planes de ajuste, tomaron decisiones difíciles, de reducciones de plantilla, de reducciones salariales, de recortes en los gastos, afrontaron planes de viabilidad y de saneamiento, para permitir su saneamiento.
Posteriormente, la ley 2014 mantuvo la supresión del recurso cameral, pero hizo obligatoria la adscripción universal a las cámaras de las empresas que operen en su ámbito territorial, reconociendo dos fuentes principales de financiación: las aportaciones voluntarias de las empresas y los ingresos obtenidos por los servicios que presten en el ejercicio de sus actividades. Sin duda hay que mejorar el peso de la autofinanciación. Debemos estudiar cómo contemplar en esta ley, en qué medida incentivar las aportaciones de las empresas; por ejemplo, dando mayor representatividad en sus órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado esas aportaciones. Pero, por otra parte, la encomienda de funciones públicas en buena lógica debe tener su correspondiente financiación. Hasta ahora, la financiación de las cámaras ha estado supeditada a la suscripción de convenios, a la obtención de subvenciones o a las enmiendas en las leyes de presupuestos. Con esta ley tenemos la oportunidad de consolidar el compromiso real del Gobierno de Canarias con las cámaras, estableciendo mecanismos para dar seguridad jurídica y estabilidad en la financiación que les permita planificar y atender a sus gastos de funcionamiento. Fórmulas hay, ejemplos hay, por ejemplo en la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, que establece partidas destinadas a compensar la participación institucional de estos agentes.
Desde el Grupo Nacionalista, estamos dispuestos a trabajar para diseñar un marco estable de financiación, porque, señorías, no solo es una cuestión de recursos; es también una cuestión de modelo, de modelo de financiación. Nosotros en el plano teórico pensamos que este modelo puede aproximarse a un modelo de contrato-programa plurianual, que garantice una financiación estable ligada a la eficiencia y vinculada a un sistema de evaluación por objetivos. Es bueno para el Gobierno, es bueno para las cámaras y, por ende, es bueno para la economía y para las empresas canarias que haya una financiación estable. Ya veremos en qué condiciones y estamos dispuestos y creemos que vamos a consensuar una definición para que esa financiación sea en función de objetivos y basada en la evaluación de los resultados.
Las cámaras han demostrado su utilidad, son fundamentales, las cámaras son una marca reconocida a nivel mundial. Por eso se reconocen en todo el mundo. Y desde el Grupo Nacionalista estamos abiertos al diálogo, al diálogo con las cámaras, al diálogo con los grupos parlamentarios, para enriquecer esta ley que permita fortalecer el papel fundamental e imprescindible de las cámaras de comercio canarias como instituciones fundamentales en el desarrollo económico de las islas, en el fortalecimiento del tejido empresarial y en la internacionalización de la economía canaria.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a una intervención del Gobierno. (El señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes indica que no va a intervenir).
Pasamos al siguiente asunto en el orden del día... Agradecemos a los representantes de las cámaras de comercio, también al representante de la Cámara de Fuerteventura, ya hicieron mención al representante de Tenerife y representante de Lanzarote. Gracias por su asistencia.
9L/PL-0014 Sobre De Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.

References: artículo 4
 artículo 19
 resolución 
 artículo 11
 artículo 4
 real decreto 
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 5
 artículo 5
 Real Decreto