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Timestamp: 2019-02-23 18:58:54+00:00

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Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares (Real Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 193989517
Publicado en: BOE de 21 de Diciembre 1992
CAPÍTULO II. Régimen general de los establecimientos penitenciarios - arts. 5 a 9
CAPÍTULO III. Régimen aplicable a los preventivos - arts. 10 a 13
CAPÍTULO IV. Régimen aplicable a los Penados - arts. 14 a 18
CAPÍTULO V. Comunicaciones, régimen disciplinario y reclamaciones - arts. 19 a 21
CAPÍTULO VI. Instrucción militar y trabajos penitenciarios - arts. 22 y 23
CAPÍTULO VII. De los beneficios penitenciarios - art. 24
CAPÍTULO VIII. De los permisos de salida - art. 25
CAPÍTULO IX. Vigilancia y traslados - arts. 26 a 28
CAPÍTULO X. De la libertad condicional - arts. 29 a 33
CAPÍTULO XI. De la libertad definitiva - arts. 34 y 35
CAPÍTULO XII. Del juez de vigilancia - art. 36
CAPÍTULO XIII. De los órganos y personal de los establecimientos - arts. 37 a 42
Norma citada en: 6 sentencias, 7 artículos doctrinales
En cumplimiento de esté mandato legal se dicta el presente Reglamento que, para una mejor aceptación a la legislación penitenciaria común, ha optado por un Sistema de referencia, recogiendo en su breve articulado exclusivamente las normas específicas y singularidades propias de la organización militar y con remisión y tratamiento idéntico en todo lo demás al régimen común cuya legislación tiene el carácter de Norma jurídica supletoria.
De esté modo, se incorpora al Sistema penitenciario militar el principio de individualización de la pena y, por tanto, la aplicación del régimen abierto, el trabajo cómo medio esencial del tratamiento y, en general, todos aquéllos Medios y elementos encaminados a la reeducación de los internos en orden a su reincorporación a las Fuerzas Armadas o, en su casó, a su reinserción Social cómo finalidad primordial de la institución penitenciaria.
Queda derogado el Real Decreto 3331/1978, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de establecimientos penitenciarios militares; la orden 45/1987, del Ministerio de Defensa, de 23 de Julio, por la que se aprueba la instrucción penitenciaria militar, y cuántas Disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Se autoriza al ministro de defensa para dictar cuántas Disposiciones sean necesarias en desarrolló del presente Real Decreto.
Julian García Vargas.
Las instituciones Penitenciarias militares reguladas en el presente Reglamento tienen cómo finalidad primordial la reeducación de los internos en orden a su reincorporación a las Fuerzas Armadas o, en su casó, a su reinserción Social, así cómo la retención y custodia de los detenidos, presos y Penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos.
Se garantiza la libertad ideológica y religiosa de los internos y su Derecho al honor, a ser designados por su propio nombre, a la intimidad personal, a la información, a la educación y a la cultura, al desarrolló integral de su personalidad y a elevar peticiones y recursos a las autoridades.
Los responsables de los establecimientos penitenciarios velarán por la vída, integridad y salud de los internos y les facilitarán el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, Sociales, económicos y culturales, sin exclusión del Derecho de sufragio, salvo que sean incompatibles con el objeto de su detención, prisión o cumplimiento de la condena. Asimismo, velarán por el ejercicio del Derecho al trabajo y a las prestaciones del régimen especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y por el reconocimiento y respeto de cualesquiera otros que tuviera adquiridos.
Los establecimientos penitenciarios militares, sin perjuicio de su condición de instituciones Penitenciarias, serán unidades de Fuerzas Armadas que se acomodarán a la Estructura y régimen general de dichas unidades. Dependerán orgánica y administrativamente de la secretaría de estado de administración militar, quién determinará su número y ubicación y facilitará los Medios personales, materiales y económicos para su adecuado Funcionamiento.
Artículo 4 derogado en lo que se oponga por la Disposición Derogatoria Única 2.a del Real Decreto 915/2002, de 6 de Septiembre, publicado en el BOE del 7 de Septiembre de 2002.
CAPÍTULO II Régimen general de los establecimientos penitenciarios Artículos 5 a 9
El régimen de los establecimientos penitenciarios militares tendrá cómo finalidad conseguir una convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines previstos por la legislación Procesal penal para los detenidos y presos y llevar a Cabo el tratamiento respecto a los Penados.
Los internos recibirán a su Ingreso información escrita sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, normas disciplinarias y los Medios para formular peticiones, reclamaciones, quejas o recursos. A quiénes no puedan entender la información por el procedimiento indicado les será facilitada por otro medio adecuado.
La designación del establecimiento penitenciario y, en su casó, el trasladó o cambio de Destino de los Penados corresponderá al Director General de personal del Ministerio de Defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquéllas actividades que sean compatibles con la causa o motivó de la separación o clasificación podrán realizarse en común.
Existirán celdas o Secciones separadas de las demás para los recién ingresados en el establecimiento, para los preventivos incomunicados y para los sancionados con aislamiento. En todo casó, esas celdas o Secciones serán de las mismas características que las del resto del establecimiento.
Cuándo hayan de utilizarse habitación o dormitorios colectivos por insuficiencia de alojamientos individuales, o por indicación del médico o del Equipo de observación y tratamiento, se cuidará muy especialmente la selección de los internos que hayan de ocuparlos, atendiendo al informe del mencionado Equipo.
Todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente los de orden y disciplina, sanidad e higiene y corrección en sus relaciones, así cómo a conservar cuidadosamente las Instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que les sea entregado.
Por razones de urgencia y mediando motín, agresión física con arma u otro objeto peligroso, toma de rehenes o intentó de fuga, la dirección general de personal del Ministerio de Defensa podrá acordar el trasladó del interno a otro establecimiento, aun cuándo el juez de vigilancia u órgano judicial del que depende el interno no se hubiera pronunciado todavía sobre el acuerdo adoptado por El Director en tal sentido.
Del trasladó se dará cuenta de inmediato al juez de vigilancia y al órgano judicial del que dependa el interno, si es preventivo.
CAPÍTULO III Régimen aplicable a los preventivos Artículos 10 a 13
Los detenidos serán Puestos en libertad por El Director del establecimiento si transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del Ingreso no se hubiese recibido mandamiento u orden de prisión del órgano judicial competente. En el supuesto que la orden de detención a disposición de autoridad u órgano judicial determinados no proceda de éstos, El Director del establecimiento lo comunicará a quién sea competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al Ingreso del detenido; si en el plazo de setenta y dos horas desde el Ingreso no se recibiera orden o mandamiento judicial, procederá El Director a ponerlo en libertad, comunicándoselo a la autoridad que ordenó el Ingreso y al órgano judicial a cuya disposición fue puesto.
Si en la orden o mandamiento de Ingreso se dispusiera la incomunicación del preso o detenido, una vez practicada su identificación y reconocido médicamente, pasará a ocupar la celda que El Director disponga y sólo podrá ser visitado por el médico, en su casó, por el personal encargado del incomunicado y por las personas que tengan expresa autorización del órgano judicial. Mientras permanezca en está situación, El Director del establecimiento adoptará las medidas encaminadas a la eficacia del aislamiento, de acuerdo con lo que dispongan las leyes procesales penales, así cómo las especiales indicaciones que en cada casó formule la autoridad u órgano judicial competentes.
La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por la autoridad u órgano judicial competente, los cuáles librarán al director del establecimiento el mandamiento necesario para que aquélla tenga lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de esté Reglamento. Previamente a dictarse por El Director del establecimiento la orden de puesta en libertad, se procederá a revisar el expediente personal del interesado para comprobar que el mismo no se halla sujeto a otras responsabilidades.
Tras proceder a la identificación de quién hubiera de ser liberado, se le entregará certificación comprensiva del tiempo de privación de libertad, facilitándole Pasaporte o Medios para incorporarse a la unidad de su Destino o, en su casó, a su domicilio habitual.
CAPÍTULO IV Régimen aplicable a los Penados Artículos 14 a 18
El Ingreso de los Penados en el establecimiento que en cada casó designe El Director general de personal del Ministerio de Defensa será ordenado por el órgano judicial competente una vez que la sentencia condenatoria sea firme. No obstante, si en el momento de adquirir firmeza la referida sentencia, le restase al interno hasta su liberación definitiva o condicional un tiempo de cumplimiento inferior a dos meses, podrá seguir destinado en la sección de preventivos o en el Centro dónde se encuentre.
Los pases de uno a otro grado se acordarán por El Director del establecimiento a la vista de los expedientes personales y Fichas clasificadoras, previó informe del Equipo de observación y tratamiento.
Para pasar progresivamente de un grado a otro, los Penados deberán observar buena conducta, aplicación en el trabajo, en las enseñanzas que se desarrollen y en la instrucción militar que se programa para los militares de reemplazo. A efectos del pase al tercer grado se tendrán en cuenta, además, las circunstancias que señala el segundo párrafo del artículo 18 de esté Reglamento.
Cómo consecuencia de mala conducta y del resultado y evolución del tratamiento del interno, El Director del establecimiento podrá disponer el retroceso de éste a grado inferior, con informe previó del Equipo de observación y tratamiento.
Los acuerdos que El Director adopte en está materia podrán ser recurridos por los interesados ante el juez de vigilancia.
Cumplirán las penas en régimen excepcional cerrado los Penados que, por ser calificados de peligrosidad o aquéllos cuya conducta sea calificada de inadaptación extrema al régimen penitenciario ordinario o abierto, se les clasifique en primer grado de tratamiento.
En el horario se señalarán las actividades preceptivas, optativas y el empleó de tiempo libre.
El trabajo tendrá la consideración de actividad básica en la vída del establecimiento. Sin perjuicio de ello se programarán actividades de formación militar, culturales, deportivas o recreativas orientadas a evitar la inactividad.
No será de aplicación el régimen abierto al penado que no tenga cumplida la cuarta parte de la totalidad de su condena o condenas, a no ser que concurran favorablemente calificadas las otras variables intervinientes en el Proceso de calificación, valorándose especialmente la primariedad delictiva, buena conducta y madurez o equilibrio personal. En esté supuesto será necesario un tiempo de permanencia, no inferior a tres meses, internado en el establecimiento.
En ningún casó se podrá clasificar a un penado en tercer grado si se encuentra en situación de prisión preventiva en cualquier otro procedimiento.
CAPÍTULO V Comunicaciones, régimen disciplinario y reclamaciones Artículos 19 a 21
Las comunicaciones orales, especiales, escritas y telefónicas, así cómo las que puedan mantener los internos con abogados, procuradores, autoridades y profesionales y la recepción o envío de paquetes y encargos se regirán por lo establecido en el Reglamento penitenciario común, teniendo en cuenta las siguientes normas específicas:
El Director del establecimiento fijará los días de semana en que pueden comunicar los internos con familiares y amistades, así cómo el horario, lugar en que deban efectuarse y número de visitas, que no podrán exceder de cuatro por día, sin inclusión en esté número del cónyuge y familiares de primer grado, que tendrán preferencia y mayor tiempo de comunicación.
Se autorizarán las llamadas telefónicas desde el exterior cuándo procedan del cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad y familiares de primer grado. En los demás casos corresponderá discrecionalmente al director la concesión de la autorización pertinente. El Director podrá señalar, asimismo, la duración y límites de las comunicaciones telefónicas.
Las comunicaciones con abogados, procuradores y otros profesionales podrán ser suspendidas o interrumpidas cuándo lo exija una situación extraordinaria de seguridad del establecimiento.
El Director podrá limitar el número de paquetes a recibir por los internos cuándo lo requiera el buen orden del establecimiento.
Las sanciones impuestas en vía disciplinaria penitenciaria lo serán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que, en su casó, pudiera corresponder y de la responsabilidad disciplinaria militar, siempre que está última sea compatible.
Las sanciones no recurridas ante el juez de vigilancia, independientemente de que se hayan cumplido, podrán ser anuladas o disminuidas por El Secretario de estado de administración militar, cuándo se aprecie que la sanción impuesta no se ajusta a Derecho.
Los internos, en defensa de sus derechos e intereses, podrán dirigirse, por conducto del director, a las autoridades competentes en relación con las reclamaciones y peticiones que formulen. Las quejas o Solicitudes se anotarán en un libró-Registro y las Resoluciones que se adopten serán notificadas por escrito a los interesados, con expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se han de presentar.
CAPÍTULO VI Instrucción militar y trabajos penitenciarios Artículos 22 y 23
Para los militares de reemplazo, la instrucción militar será la que corresponda a las circunstancias de aquéllos, recibiendo además clases del programa de instrucción y enseñanza que esté vigente en las unidades militares para el personal expresado. A estos efectos se señalarán horas compatibles con el régimen de trabajo.
El trabajo que realicen los internos estará comprendido en alguna de las modalidades siguientes:
las dedicadas al estudió y formación académica.
El trabajo penitenciario, que constituye un Derecho y un deber del interno, tendrá carácter formativo y se ajustará a las siguientes condiciones:
no tendrá carácter aflictivo ni será aplicado cómo medida de corrección.
Los presos preventivos podrán trabajar conforme a sus aptitudes y aspiraciones.
CAPÍTULO VII De los beneficios penitenciarios Artículo 24
El Director del establecimiento, previó informe del Equipo de obseración y tratamiento, podrá solicitar del juez de vigilancia la concesión de hasta cuatro meses de adelantamiento del período de la libertad condicional por cada año de cumplimiento de prisión efectiva, para los Penados en quiénes concurran durante dicho tiempo las circunstancias o Requisitos siguientes:
normal participación en las actividades organizadas en el establecimiento, incluído el trabajo penitenciario, que se pueda considerar útil para su preparación en la vída en libertad.
El cómputo del tiempo adelantado se podrá realizar cada tres meses de prisión efectiva, correspondiendo la parte proporcional en los términos expresados en el primer párrafo de esté artículo.
CAPÍTULO VIII De los permisos de salida Artículo 25
Salvo que concurran circunstancias excepcionales, se concederá a los internos permiso de salida, por el tiempo imprescindible, en casó de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge o persona con quién se halle unido por análoga relación de afectividad, hijos o hermanos, nacimiento de hijo, así cómo por importantes y comprobados motivos. Si se trata de Penados calificados en primer grado será necesaria la autorización del juez de vigilancia; para los detenidos y presos, del órgano judicial de quién dependan. En estos casos se recabará la autorización con urgencia. Quiénes no disfruten de los permisos señalados en el siguiente párrafo saldrán con las medidas de seguridad adecuadas.
A los Penados en segundo o tercer grado de tratamiento podrán también otorgárseles permiso de salida, previó informe favorable del Equipo de observación y tratamiento, hasta siete días seguidos y un límite de treinta y séis o cuarenta y ocho días por año, respectivamente, sin necesidad de adoptar con ellos medidas de seguridad. Estos permisos serán para localidad o localidades determinadas.
CAPÍTULO IX Vigilancia y traslados Artículos 26 a 28
Salvo en el supuesto del párrafo anterior de esté artículo, las Fuerzas de vigilancia y seguridad exterior no podrán intervenir en el régimen y vigilancia interior.
Las salidas y, en su casó, los traslados de localidad de los internos preventivos para la práctica de diligencias, celebración de juicio oral, reconocimientos médicos o cualquier otra causa justificada, se realizarán previa orden del órgano judicial de que dependan, llevándose a Cabo la conducción por personal militar o Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
En el casó de que un órgano judicial interese el trasladó de un penado que no esté a su disposición para la práctica de diligencias, El Director recabará previamente autorización del juez de vigilancia.
La salida de los Penados para recibir Asistencia médica que no pueda ser prestada en el establecimiento en que se encuentren, será acordada por El Director, a propuesta razonada de los servicios médicos del mismo, dando cuenta al juez de vigilancia, cuya autorización previa será necesaria en el casó de que deban quedar ingresados en el Centro Hospitalario correspondiente, salvo en supuestos de urgencia, en que El Director, con igual propuesta, podrá conceder la autorización, dando cuenta a dicho juez.
Cuándo se trate de presos preventivos o de detenidos, en los mismos supuestos, deberá recabarse, previamente, la autorización del órgano judicial o administrativo a cuya disposición se encuentren, salvo en supuestos de urgencia, en que El Director podrá autorizar el trasladó dando cuenta a aquéllos.
CAPÍTULO X De la libertad condicional Artículos 29 a 33
A los efectos del citado artículo del código penal, el último período de la condena lo constituirá el tercer grado de tratamiento que señala el artículo 15 de esté Reglamento.
Recibida en el establecimiento la resolución de poner en libertad condicional a un penado, El Director la cumplimentará seguidamente, remitiendo copia al Director General de personal del Ministerio de Defensa, y dando cuenta al Equipo de observación y tratamiento en la Primera sesión que se célebre. Si la orden de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, no se procederá a hacer efectiva la libertad condicional hasta el mismo día en que se cumplan.
Asimismo, podrá proponerse la libertad condicional, según informe médico, cuándo se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y se hallen en el tercer grado de tratamiento.
Decretada la libertad condicional, El Director del establecimiento expedirá una certificación de declaración de liberado condicional que entregará al interesado, comunicándole aquélla al jefe de la unidad dónde haya de continuar su Servicio Militar o, en otro casó, a la autoridad o Mando militar que designe El Director general de personal del Ministerio de Defensa en la localidad en que establezca su residéncia, si no ha de volver a las Fuerzas Armadas.
En todos los casos de esté artículo, la autoridad, o Mando militar a quién corresponda, ordenará la vigilancia en cuanto a conducta del liberado condicional.
Los oficiales, suboficiales y tropa y marinería profesionales serán pasaportados al lugar en que fijen su residéncia.
Los militares de reemplazo que no hayan de volver al Servicio activo serán pasaportados al lugar en que fijen su residéncia.
Los militares de reemplazo que hayan de volver a la unidad de procedencia o a la que se les destine para cumplir el tiempo que les reste de Servicio Militar serán pasaportados o trasladados a su unidad, recabándose por El Director del establecimiento noticia de su licenciamiento y lugar en que fijen su residéncia.
CAPÍTULO XI De la libertad definitiva Artículos 34 y 35
En casó de penas hasta un año de privación de libertad se entenderá aprobada la libertad definitiva con la remisión de la liquidación de condena en que figure el día en que aquélla quedará cumplida, a excepción de cuándo se adelante la fecha, por abonó de beneficios penitenciarios.
Si transcurridos quince días desde la segunda propuesta no se recibiese respuesta, El Director del establecimiento solicitará la aprobación de la libertad definitiva, y, casó de no obtener contestación, procederá a la excarcelación del penado el día en que extinga definitivamente la pena, si no está pendiente de otras responsabilidades.
El Director del establecimiento extenderá la correspondiente nota en el expediente personal de quiénes cumplan definitivamente la condena y, tanto si ésta se ha cumplido totalmente en el establecimiento cómo si se ha permanecido la última parte de la misma en libertad condicional, expedirá certificaciones de libertad definitiva al juez de vigilancia y al tribunal sentenciador a fin de que conste tal circunstancia en el procedimiento. También se remitirá otra certificación al Director General de personal del Ministerio de Defensa.
Cuándo la liberación definitiva de los Penados no sea por cumplimiento total de las penas, sino por aplicación de medidas de gracia, El Director del establecimiento se abstendrá de poner en libertad a ninguno de los internos hasta que reciba orden del tribunal sentenciador.
CAPÍTULO XII Del juez de vigilancia Artículo 36
Asimismo, le corresponde formular propuestas al Ministerio de Defensa, referentes a la organización y desarrolló de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia interior de los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres, Escuela, Asistencia médica y, en general, a las actividades regimentales, económico-Administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto.
Las visitas a los establecimientos penitenciarios militares, que al menos tendrán periodicidad mensual, las podrá realizar el juez de vigilancia en cualquier momento, por propia iniciativa o cuándo sea requerido para ello.
Las Resoluciones que dicten los jueces de vigilancia en materia de su competencia, cómo tales, serán notificadas a los interesados y a los fiscales de los Tribunales sentenciadores y comunicadas al director del establecimiento para cumplimiento, cuándo así proceda.
CAPÍTULO XIII De los órganos y personal de los establecimientos Artículos 37 a 42
En cada establecimiento, si el número de internos o las necesidades del Servicio lo requieren, podrá nombrarse un subdirector, que sustituirá al director en casó de vacante o ausencia, presidirá el Equipo de observación y tratamiento cuándo no asista El Director, nombrará los servicios diarios y será el principal Apoyo del director.
El Jefe del Servicio interior es el Mando inmediato de los Celadores que asumirá las facultades del director cuándo, en ausencia de éste y del subdirector, se precise resolver alguna cuestión que no admita demora.
Por cada Equipo de Celadores habrá un celador mayor que, cómo principal colaborador del jefe del Servicio interior, llevará relación de los internos que desempeñen algún trabajo o actividad especial, así cómo de los que diariamente sean nombrados para los servicios mecánicos, distribuyendo el Servicio de Celadores y ordenanzas.
El Secretario de estado de administración militar determinará aquéllos establecimientos que tendrán Equipo de observación y tratamiento.
Otro Equipo de observación y tratamiento, dependiente directamente de dicha autoridad, atenderá aquéllos establecimientos que no lo tengan propio.
La normativa sobre establecimientos penitenciarios militares la integrarán el presente Reglamento, el régimen disciplinario contenido en el Reglamento que se cita en el segundo párrafo de está disposición y las instrucciones que El Ministro de defensa dicte en desarrolló del presente Reglamento.
El Secretario de estado de administración militar también señalará en la plantilla los Puestos que han de ocupar militares, con expresión de su empleó militar, Funcionarios Civiles y personal laboral.
Para la aplicación del tercer grado y concesión de permisos de salida, que no tuvieren carácter extraordinario, a los autores de delitos contra la seguridad nacional y defensa nacional, contra las leyes y usos de la Guerra, de rebelión militar para tiempo de Guerra y a quiénes están comprendidos en la disposición transitoria quinta de La Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del código penal militar, será necesario que tengan efectivamente cumplida la mitad de la condena.
Hasta que se constituyan los equipos de observación y tratamiento seguirán funcionando las actuales juntas calificadoras de conducta, a las que se incorporarán transitoriamente el más antigúo de los oficiales que actúe de jefe del Servicio interior y, si existen en el establecimiento, un psicólogo, un Asistente Social, un Maestro y El Jefe de taller.
En tanto continúe la vigencia de lo dispuesto en el artículo 100 del código penal sobre redención de penas por el trabajo, continuará en vigor la normativa militar específica establecida en el Decreto-Ley de 1 de febrero de 1952, modificado por La Ley 175/1965, de 21 de diciembre, y sus normas de desarrolló.
En lo no regulado en la anterior normativa y en cuanto no se oponga a lo en élla previsto serán aplicables los artículos 65 a 73 del Reglamento de los servicios de prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956.
En todo casó, dicha redención de penas por el trabajo será incompatible con los beneficios penitenciarios regulados en el artículo 24 de esté Reglamento.
Ley 28/1979, de 30 de octubre, sobre concesión de un crédito extraordinario de 708.948.018 pesetas para abono al Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA), en compensación de pérdidas experimentadas en sus operaciones correspondientes a años anteriores.

References: Real Decreto 

Artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 18
 Artículo 24
 Artículo 25
 artículo 15
 resolución 
 Artículo 36
 artículo 100
 artículo 24