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Timestamp: 2018-12-17 15:09:45+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-333 DE ABRIL 4 DE 2005
SENTENCIA C-333 DE 04 DE ABRIL DE 2005
CONTENIDO:TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA LEY 898 DE 2004. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA LEY 898 DEL 21 DE JULIO DE 2004, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA "CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO", SUSCRITA EN LA CIUDAD DE BRIDGETOWN, BARBADOS, EL TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL DOS (2002), EN EL TRIGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS".
TEMAS ESPECÍFICOS:EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
Sentencia C-333 de abril 4 de 2005
Sentencia C-333 de 2005
Ref.: Expediente LAT-271
Revisión de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”.
A continuación se transcribe el texto del instrumento internacional y de la Ley 898 de 2004, conforme aparece publicada en el Diario Oficial 45.618 del 23 de julio 2004:
Proyecto de Ley Número 206 de 2003 Senado
“Convención Interamericana Contra el Terrorismo
ART. 1º—Objeto y fines. La presente convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta convención.
ART. 2º—Instrumentos internacionales aplicables.
ART. 3º—Medidas internas. Cada Estado parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.
ART. 4º—Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.
2. Para la aplicación del párrafo 1º del presente artículo, los Estados parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
ART. 5º—Embargo y decomiso de fondos u otros bienes.
ART. 6º—Delitos determinantes del lavado de dinero.
ART. 7º—Cooperación en el ámbito fronterizo.
ART. 8º—Cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley. Los Estados parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.
ART. 9º—Asistencia jurídica mutua. Los Estados parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º y los procesos relacionados con estos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de conformidad con su legislación interna.
ART. 10.—Traslado de personas bajo custodia.
ART. 11.—Inaplicabilidad de la excepción por delito político. Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.
ART. 12.—Denegación de la condición de refugiado. Cada Estado parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.
ART. 13.—Denegación de asilo. Cada Estado parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta convención.
ART. 14.—No discriminación. Ninguna de las disposiciones de la presente convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado parte requerido tiene razones fundadas, para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.
ART. 15.—Derechos humanos.
ART. 16.—Capacitación.
ART. 17.—Cooperación a través de la Organización de los Estados Americanos. Los Estados parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta convención.
ART. 18.—Consulta entre las partes.
ART. 19.—Ejercicio de jurisdicción. Nada de lo dispuesto en la presente convención facultará a un Estado parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado parte por su derecho interno.
ART. 20.—Depositario. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 21.—Firma y ratificación.
ART. 22.—Entrada en vigor.
ART. 23.—Denuncia.
My Commission Expires 01/31/2004”.
ART. 1º—Apruébase la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos, (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, dando un significativo avance en la adopción de medidas concretas para combatir el terrorismo en el hemisferio americano.
Los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001 y la Resolución 1373 (2001) —aprobada con nuestra contribución como país miembro del consejo de seguridad—, han obligado al Gobierno Nacional a efectuar un detallado análisis de los medios disponibles para hacer frente al terrorismo, encontrando que la presente convención es un esfuerzo adicional para mejorar y avanzar ante las nuevas y perversas modalidades de esta delincuencia.
La adopción de esta convención enriquece de manera decidida el documento de política titulado “El Camino hacia la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo”, presentado por el Gobierno Nacional el 27 de noviembre de 2001, dentro de las estrategias fundamentales que hacen parte de nuestra política integral de seguridad.
La Resolución RC. 23/RES.1/01 rev. 1 corr. 1 “Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo” de la XXIII Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada el 21 de septiembre de 2001, encomendó al Consejo Permanente de la OEA la elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo, en la cual se recordó una vez más la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales.
De gran importancia resulta el acervo jurídico internacional existente en la lucha contra el terrorismo, tanto en los diez instrumentos internacionales que se enumeran en el artículo 2º de la Convención interamericana contra el terrorismo, como en la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo. Configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional, adoptada por la propia Asamblea General de la OEA el 2 de febrero de 1971; el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, adoptado en Tokio el 14 de septiembre de 1963 y, el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, adoptado en Montreal el 1º de marzo de 1991.
• Disposiciones generales y aplicabilidad (arts. 1º a 3º).
• Medidas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo (arts. 4º a 6º).
• Medidas de cooperación, asistencia y capacitación (arts. 7º a 11 y 16 a 17).
• Disposiciones especiales (arts. 12 al 15).
• Disposiciones finales (arts. 18 a 23).
En su artículo 2º, la convención cataloga como delitos aquellos contenidos en 10 de los convenios de la ONU sobre terrorismo. También ordena a los Estados a tipificar y penalizar en sus legislaciones los delitos cubiertos por el artículo 2º, de conformidad con su ordenamiento interno.
El artículo 3º dispone que los Estados se esforzarán por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º, compromiso que Colombia cumple con creces, toda vez que el Gobierno Nacional ha presentado a la consideración del honorable Congreso de la República aquellos tratados de los que aún no somos Estados parte.
El artículo 4º prevé la inclusión de normas específicas para prevenir, combatir y erradicar el financiamiento del terrorismo y procurar una cooperación eficaz en la materia. Las normas piden adoptar medidas de identificación del cliente, conservación de registros, comunicación de transacciones sospechosas, detección y vigilancia de movimientos transfronterizos relevantes, creación o mantenimiento de unidades de inteligencia financiera, entre otras, teniendo como lineamientos las disposiciones emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
En el artículo 5º se consagran, de manera específica, las medidas relativas al embargo y decomiso de bienes que sirvan de medio o sean producto de los actos cubiertos por el artículo 2º, de conformidad con los procedimientos establecidos en las legislaciones internas.
El artículo 6º establece que, aquellos delitos contenidos en el artículo 2º ya mencionado, sean incluidos en la legislación interna como delitos determinantes al delito de lavado de dinero.
Los artículos 7º, 8º y 9º, hacen referencia a la cooperación en el ámbito fronterizo, a la cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley y a la asistencia jurídica mutua, respectivamente, invitando a los Estados parte a promover la cooperación y el intercambio de información con el fin de mejorar los controles fronterizos y aduaneros, los controles de emisión de los documentos de viaje e identidad, los canales de comunicación entre las respectivas autoridades con el fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información y la amplia y expedita asistencia jurídica con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos enumerados en el artículo 2º, de conformidad con su legislación interna.
Es importante resaltar lo establecido en el artículo 11, por cuanto excluye la posibilidad de invocar como delito político o conexo a ninguno de los delitos del artículo 2º de la convención, para fines de extradición o de asistencia jurídica mutua.
Finalmente, en los artículos 20 a 23 se consagran las denominadas “cláusulas finales” propias de los convenios internacionales multilaterales. Siguiendo la redacción usual en este tipo de disposiciones, se regula en ellas aspectos como el del depositario (art. 20); la firma y ratificación (art. 21), entrada en vigor (art. 22) y la denuncia (art. 23).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la Sentencia C-468 de 1997 (2) , dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva (3) , pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, este se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas sobre la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
De esta manera y con fundamento en la norma constitucional citada la Corte Constitucional es competente para ejercer un control de constitucionalidad tanto de la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos y como de la Ley 898 de 2004 mediante la cual esta fue aprobada.
2. Trámite surtido para la aprobación de la Ley 898 de 2004.
El Presidente de la República remitió a esta corporación el 26 de julio de 2004, copia de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos” para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el presente caso, la convención fue suscrita por el embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con los plenos poderes (4) otorgados para el efecto por el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.
El 30 de julio de 2002, el Presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter al Congreso de la República, la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos” (5) .
2.4. Trámite legislativo que concluyó con la aprobación de la Ley 898 de 2004.
Salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual estas han de seguir el previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta, así como lo dispuesto por el reglamento del Congreso (L. 5ª/92).
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, y 138 de 2003 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
— El Proyecto de Ley 206 de 2003, fue presentado al Senado de la República por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores (E), el día 7 de mayo de 2003. El texto original, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 196 del 12 de mayo de 2003 (6) , cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del mismo en la comisión respectiva, establecido en el artículo 154 constitucional.
— La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por los senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, según consta en la Gaceta del Congreso 270 del 11 de junio de 2003 (7) .
— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 18 de junio de 2003, con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa, según consta en la Gaceta del Congreso 474 del 15 de septiembre de 2003 (8) .
— La ponencia del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado para segundo debate en plenaria fue presentada por los senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso 477 de 18 de septiembre de 2003 (9) .
— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, fue incluido para debate y votación en el orden del día del 30 de septiembre de 2003, según consta en la Gaceta del Congreso 552 de 27 de octubre de 2003 (10) , y fue aprobado en esa misma sesión por mayoría de 96 de los 102 senadores que componen esa cámara.
— En la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, fue radicado con el número 138 de 2003. La ponencia para primer debate fue presentada por el representante Guillermo Antonio Santos Marín y publicada en la Gaceta del Congreso 666 de 9 de diciembre de 2003 (11) .
— Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes, el debate y la votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue anunciado en la sesión del día 17 de marzo de 2004 (12) .
— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue aprobado por unanimidad, en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara el 24 de marzo de 2004, con la asistencia de 17 representantes, según consta en la certificación expedida por el secretario general de dicha comisión el 24 de agosto de 2004 (13) .
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Guillermo Antonio Santos Marín, publicada en la Gaceta del Congreso 221 de 25 de mayo de 2004 (14) .
— El anuncio del debate y la votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, se realizó en la sesión del 8 de junio de 2004, según consta en el acta 109 de 2004, publicada en la Gaceta 365 de 21 de julio de 2004 (15) , que a la letra dice:
— El Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue debatido y aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el día 9 de junio de 2004, por mayoría de votos, con un quórum de 160 representantes, según consta en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes del 6 de septiembre de 2004 (16) .
— El texto definitivo del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 424 de 2004 (17) .
— El día 21 de julio de 2004 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria de la convención objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 898 de 2004.
A partir del 3 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2003, deviene imperativo el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 8º de dicho acto legislativo, que adicionó con un último inciso el artículo 160 superior y según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
La finalidad de dicho precepto constitucional es, tal como lo ha reconocido esta corporación, “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas (18) ” (19) .
La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión inicial se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada o por lo menos, determinable (20) .
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte (21) , ante la entrada en vigor del requisito señalado en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, los proyectos de ley o de acto legislativo cuyo trámite se haya iniciado antes de la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, pero haya continuado bajo su vigencia, es exigible en aquellas etapas del proceso legislativo iniciadas con posterioridad al 3 de julio de 2003. Así, en la Sentencia C-780 de 2004, dijo la Corte:
“En relación con el requisito exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, (...) la Corte considera que el mismo solo le puede ser requerido a la Cámara de Representantes, en donde la ponencia para primer debate fue publicada el 22 de agosto de 2003, toda vez que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el 19 de junio de 2003, fecha en la cuál aún no había sido expedido el referido acto legislativo —lo cual tuvo lugar el 3 de julio de 2003—” (22) .
En el presente caso, el proyecto de ley inició su trámite en la comisión segunda del Senado antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2003, y fue debatido y aprobado por dicha comisión el 18 de junio de 2003. Los tres debates subsiguientes se llevaron a cabo bajo la vigencia de dicho acto legislativo. En la plenaria del Senado, —con el propósito de cumplir lo ordenado por el último inciso del artículo 160 de la Carta Política adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, pero haciendo una interpretación equivocada de esta regla constitucional, se anunció el debate y votación del Proyecto de Ley 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado (23) .
En efecto, en la Gaceta del Congreso 552 de 2003, página 3 en el orden del día de la sesión plenaria del Senado de la República del 30 de septiembre de 2003 se lee lo siguiente:
“En cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003, a continuación se relacionan los proyectos que se discutirán y aprobarán en la presente sesión (...) Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención interamericana contra el terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos.
Publicaciones Senado: proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 196 de 2003.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso 270 de 2003.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso 477 de 2003.
Autores: Ministro del Interior, doctor Fernando Londoño Hoyos y Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson” (negrilla fuera de texto).
En la Cámara de Representantes tanto en la comisión segunda como en la plenaria sí se cumplió con el requisito impuesto por el último inciso del artículo 160 superior. En la comisión segunda de la Cámara, el proyecto fue anunciado en la sesión del día 17 de marzo de 2004 (24) y fue debatido y aprobado el 24 de marzo de 2004. En la plenaria de la Cámara, el proyecto fue anunciado en la sesión del 8 de junio de 2004 (25) y debatido y aprobado en la sesión del 9 de junio de 2004 (26) .
De conformidad con lo descrito en los párrafos anteriores, la Ley 898 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba “la Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos”, no cumplió la totalidad de los requisitos formales de orden constitucional para su aprobación.
Para la Corte es claro que la aplicación del parágrafo del artículo 241 de la Constitución no opera per se o de manera automática en todos los casos sino en aquellos en que la naturaleza del yerro permite realmente su subsanación, esto es, cuando se enfrentan vicios de procedimiento que no tienen una significación constitucional evidente (27) .
“La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello “fuente de fuentes”, norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4º citado: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (28) .
De otra parte, si bien es cierto que el artículo 5º de la Ley 5ª de 1992, al establecer la jerarquía del reglamento del Congreso enuncia vicios de procedimiento insubsanables de la Constitución, esto en manera alguna implica que se trate de una norma cerrada, que restringa a esas hipótesis exclusivas las irregularidades de esa naturaleza, sino que, por el contrario, es numerus apertus, es decir, de carácter simplemente enunciativo.
La Constitución, por lo demás cuando señala los requisitos exigidos para la aprobación de las leyes tampoco los reduce a las fases estructurales o básicas del proceso legislativo (C.P., art.157), sino que los extiende de manera inexcusable a otros de igual jerarquía y significación como ocurre con los previstos en los artículos 158, 159, 160, 161 y 162 entre los cuales obviamente se incluye la exigencia prevista en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
Desde esta perspectiva, al constatarse que el debate y votación del Proyecto de Ley 206 de 2003 Senado no solo fue incluido en el orden del día del 30 de septiembre de 2003 sino aprobado, en esa misma sesión, por la mayoría de senadores que componen esa célula legislativa, es evidente la transgresión del requisito establecido en el último inciso del artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra el terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos”.
2. COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la secretaría general de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(4) Ver expediente, folio 40.
(5) Ver expediente, folio 23.
(6) Cfr. folios 97-103.
(7) Cfr. folios 127-130.
(8) Gaceta del Congreso 474 de septiembre 15 de 2003, páginas 2, 5-6.
(9) Cfr. folios 68-69.
(10) Cfr. folios 156-157.
(11) Cfr. folios 73-75.
(12) Cfr. folio161, certificación del 30 de agosto de 2004.
(13) Cfr. folio 48.
(14) Cfr. folios 265-266.
(15) Cfr. folios 249, 253, 255.
(16) Cfr. folio 161.
(17) Gaceta del Congreso 424 de 2004, páginas 20-25.
(18) Véase: auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(21) Ver, entre otras, las sentencias C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y los autos 136 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; 038 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este caso el Proyecto de Ley 29 de 2002 Senado, 293 de 2003 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio a la ‘Convención de extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, fue tramitado ante la comisión segunda del Senado y ante la plenaria del Senado antes de que entrara en vigor el Acto Legislativo 01 de 2003. Algo similar ocurrió en las sentencias C-718 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(23) Gaceta del Congreso 552 de 2003, página 11.
(24) Cfr. folio 48.
(25) Gaceta 365 de 21 de julio de 2004.
(26) Cfr. folios 249, 253 y 255.
(27) Corte Constitucional. Autos 005 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, 006, 029 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y 170 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otros.
(28) Sentencia T-06 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

References: artículo 2
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 artículo 1
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 Resolución 
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 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 5
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 artículo 6
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 artículo 11
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 artículo 1
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 artículo 241
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 artículo 154
 artículo 8
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 artículo 160
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 artículo 4
 artículo 5
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