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Timestamp: 2019-03-21 01:56:17+00:00

Document:
as201312283
Auto Supremo Nº 283/2013-RA Sucre, 31 de octubre de 2013
Expediente: Tarija 11/2013
Partes: Ministerio Público y otros c/ Gualberto Cardozo Garzón y otros
Delitos: Incumplimiento de Deberes y otros
Por memoriales presentados el 17, 19 y 23 de septiembre de 2013, cursantes de fs. 923 a 925 vta., 926 a 931 y de fs. 934 a 938, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), representado por Daniel Lozano; la Fiscal de Materia Carla Patricia Oller Molina y el Alcalde Municipal de El Puente de la Segunda Sección de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, Roberto Carlos Ramos Mercado; interpusieron recursos de casación impugnando el Auto de Vista 06/2013 de 2 de septiembre, de fs. 893 a 901 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Gualberto Cardozo Garzón, Wilfredo Vilca Bejarano y Ritter Orlando Ramírez Llanque, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contrato y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 154, 222 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 31/2012 de 3 de septiembre (fs. 603 a 612), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: Gualberto Cardozo Garzón, autor del delito de Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado en el art. 222 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años de reclusión; Wilfredo Vilca Bejarano, autor de los delitos de Incumplimiento de Contrato y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 222 y 224 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de seis años de reclusión; Ritter Orlando Ramírez Llanque, autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 154 y 224 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cinco años, y costas a favor del Estado, regulables en ejecución de Sentencia y responsabilidad civil emergente. Asimismo impuso a todos los imputados como pena accesoria, la inhabilitación especial o prohibición para el ejercicio de funciones públicas o realizar contratos con el Estado Boliviano por el tiempo de cinco años.
La referida Sentencia fue objeto de apelación por parte de los tres imputados (fs. 689 a 698, fs. 713 a 719 vta. y fs. 774 a 794 vta.), que motivó el pronunciamiento del Auto de Vista 06/2013 de 2 de septiembre (fs. 893 a 901 vta.), que declaró “con lugar de manera parcial” (sic) los recursos de apelación restringida interpuestos por los imputados y anuló parcialmente la Sentencia impugnada, y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, únicamente para los acusados Wilfredo Vilca Bejarano y Ritter Orlando Ramírez Llanque; así como la concesión por el Tribunal de Sentencia, de la suspensión condicional de la pena al imputado Gualberto Cardozo Garzón.
Contra el mencionado Auto de Vista, la representante Fiscal, el FPS y el Alcalde Municipal de El Puente, interpusieron los recursos de casación, que ahora son objeto de análisis de admisibilidad.
De la atenta revisión de los recursos de casación formulados, se extraen los siguientes motivos:
II.1. Recurso del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.
Su representante denuncia que el Auto de Vista impugnado contradice la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero, porque considera que el Tribunal de apelación ingresó al “fondo del caso” al ordenar al Tribunal que conceda la suspensión condicional al acusado Gualberto Cardozo Garzón, contradiciendo su propia determinación de reposición del juicio, porque la reposición implica la realización de un nuevo juicio oral, no pudiendo adelantarse un criterio favorable para uno de los acusados “más aún fuera de su competencia aplicar criterios privativos del Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional de primera instancia” (sic).
Agrega que, el Auto de Vista también contradice el precedente contenido en el Auto Supremo 43/2013 de 21 de febrero, que señala que el Tribunal de apelación que decida ordenar la reposición del juicio, debe exponer las razones de hecho y derecho que justifican la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; argumentando que en el caso de autos, el Tribunal de alzada de manera genérica infirió en sus disquisiciones supuestas vulneraciones y agravios en diferentes partes de la Sentencia; sin fundamentar las razones de hecho y de derecho que justifican la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por lo que no existe fundamento para la reposición del juicio oral.
Finalmente, denuncia que el Auto de Vista impugnado, contradice la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, que aborda el principio de verdad material, en virtud al cual el Tribunal de apelación debe ponderar si la prueba observada o cuestionada, tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia, a objeto de evitar nulidades innecesarias; al respecto, el recurrente señala que el Tribunal de apelación contradijo tal precedente, conforme se evidencia en los acápites III.4 fs. 896 al 897; III.5 fs. 897 al 898 vta.; III.7 fs. 899 vta. al 900; y, III.9 fs. 900 a 901, “pues si bien se encuentran facultados para valorar la prueba sustanciada en el juicio no han medido el efecto de la supuesta mala valoración; asimismo, fuera de su competencia han realizado la disquisición errónea sobre el valor de la Escritura Pública Nº 179/2006 de contratación de servicios del supervisor analizando criterios técnicos de forma errada sobre la administración de las garantías en la ejecución del proyecto sin tomar en cuenta la integridad del ordenamiento jurídico administrativo” (sic).
II.2. Recurso del Ministerio Público.
La representante fiscal argumenta que los fundamentos en que se basó el Auto de Vista impugnado constituyen revalorización de prueba, que no está permitida al Tribual de alzada en el sistema acusatorio oral, invocando al respecto los precedentes contenidos en los Autos Supremos 317/03 de 13 de junio de 2003 y 111 de 31 de enero de 2007; doctrina que fue inobservada por el Tribunal de alzada, que revalorizó prueba cuestionando hechos debatidos y probados en juicio de manera documental y testifical, ello se evidencia cuando señaló: “que ninguna de las atestaciones ni prueba documental que el Tribunal considera de utilidad probatoria le inculpan de haber advertido la ejecución de garantía y de aducir que su accionar fue extemporáneo”, fundamentos que se basaron en el análisis de la prueba de manera subjetiva, contrariamente al accionar y la responsabilidad de los imputados demostrada por el Ministerio Público; sin embargo, el Tribunal de alzada revalorizó prueba documental y dio otro matiz a los hechos.
Agrega que cuando el Tribunal de Sentencia impuso sanción al imputado Gualberto Cardozo, éste solicitó la suspensión condicional de la pena, que fue denegada por el Tribunal de Sentencia en aplicación del art. 366 del CPP, que se aplica a todos los procesos en trámite como el presente; sin embargo, desacertadamente y con un fundamento fuera de lógica y análisis jurídico, el Tribunal de apelación “conde” -se entiende “concede”- tal beneficio, extremo que causó agravio al Ministerio Público y vulneró la parte in fine del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Bajo el acápite denominado “violación de garantías procesales y derechos fundamentales” (sic), la representante del Ministerio Público, reitera que el Tribunal de apelación no podía emitir resolución ordenando la reposición del juicio oral, con franco desconocimiento de la valoración realizada a la prueba por el Tribunal de Sentencia, y menos realizar actos intelectivos subjetivos para fundamentar la reposición del juicio, razones por las que considera vulnerados los derechos y garantías como la seguridad jurídica, los principios de legalidad, taxatividad y tipicidad y por ende el debido proceso; al respecto, invoca los Autos Supremos 80 de 24 de mayo de 2005, 290/2005 y 226/2005, para continuar reiterando los hechos objeto de juicio y la participación de los imputados, ratificando que todo se encuentra acreditado con prueba idónea legalmente incorporada al juicio que fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica en la Sentencia indebidamente anulada.
Por otra parte, con la cita previa de Sentencias Constitucionales, denuncia manifiesta falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, que se resume en razonamientos y meras apreciaciones subjetivas, y que no existe en la Sentencia defectuosa valoración de la prueba, ni imprecisión del hecho juzgado, mucho menos defectos de procedimiento, y que en todo caso, se demostró la autoría en la comisión de los delitos por los acusados, para finalizar invocando el Auto Supremo 436/2005.
II.3. Recurso del Alcalde Municipal de El Puente.
Luego de realizar una relación de los antecedentes del proceso, de la Sentencia emitida y de los agravios expresados por el imputado Gualberto Cardozo Garzón, en relación a la Sentencia; señala que el Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero, al haber ordenado al Tribunal de Sentencia que conceda la suspensión condicional al acusado Gualberto Cardozo Garzón, en contradicción con la determinación de reposición del juicio.
También denuncia que el Auto de Vista contradice la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 43/2013 de 21 de febrero y 067/2013-RRC de 11 marzo, con similar argumentación a la realizada por el acusador Daniel Lozano.
En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que los recursos de casación fueron presentados dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; al advertirse de antecedentes que el 11, 12 y 16 de septiembre de 2013 conforme se advierte de las diligencias de fs. 902, el representante del FPS, el Ministerio Público y el Gobierno Municipal de El Puente fueron notificados con el Auto de Vista recurrido, siendo interpuestos los recursos de casación sujetos al presente examen de admisibilidad, el 17, 19 y 23 del mismo mes y año, respectivamente.
Ahora bien, luego del análisis correspondiente, en el acápite II de la presente Resolución, se consignaron todos los argumentos expuestos por los recurrentes, respecto a los cuales corresponde verificar el cumplimiento del requisito de fondo; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas:
Así, de la revisión de los motivos extractados de los recursos, se tiene lo siguiente:
IV.1. Recurso del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.
Este Tribunal considera que en los tres motivos de su recurso, el representante del FPS, cumplió con su obligación de invocar los precedentes contradictorios, consistentes en los Autos Supremos 034/2013, 43/2013 y 067/2013-RRC; además, efectuó la explicación de la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, razón por la que corresponde declarar la admisibilidad de su recurso, para su análisis y resolución de fondo.
IV.2. Recurso del Ministerio Público.
En lo que respecta al recurso interpuesto por Carla Patricia Oller Molina, Fiscal de Materia, este Tribunal considera que en cuanto al primer agravio, referido a la presunta revalorización de la prueba en que incurrió el Tribunal de apelación, la recurrente invoca los Autos Supremos 317/03 de 13 de junio de 2003 y 111 de 31 de enero de 2007; sin embargo, no especifica de manera precisa, cuál la o las pruebas que hubieran sido revalorizadas por el Tribunal de apelación y cómo entiende que fueron revalorizadas, pues se limitó a transcribir una frase del Auto de Vista, que no es suficiente a objeto de que este Tribunal, de oficio ingrese al análisis de la presunta revalorización de todas las pruebas, sean estas testificales o documentales.
En lo que respecta al segundo agravio, que se resume en la posible vulneración de la parte in fine del art. 366 del CPP, generada por la determinación del Tribunal de alzada, de ordenar al Tribunal de Sentencia la concesión ilegal del beneficio de suspensión condicional de la pena a favor del imputado Gualberto Cardozo, cabe señalar que la recurrente no identifica precedente contradictorio alguno, sin tener en cuenta que esta formalidad resulta inexcusable en la formulación del recurso de casación, que además debe ir aparejada a la debida precisión de la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP; lo que implica, que el recurso respecto a este motivo adolece de una omisión que no puede ser suplida de oficio.
En relación al tercer agravio extractado del recurso, referido a la denuncia en sentido de que el Tribunal de apelación no podía ordenar la reposición del juicio en desconocimiento de la valoración realizada de la prueba por el Tribunal de Sentencia, razón por la que se hubiese vulnerado los derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica, los principios de legalidad, taxatividad y tipicidad; y, que el Tribunal de apelación, no podría realizar actos intelectivos subjetivos para fundamentar la reposición del juicio; se evidencia que la representante del Ministerio Público, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 80 de 24 de mayo de 2005, 290/2005 y 226/2005; empero, nuevamente incurre en la falencia de falta de precisión respecto a cuáles serían los actos intelectivos subjetivos que hubiera realizado el Tribunal de apelación en base a los cuales hubiera ordenado la reposición del juicio, lo propio en cuanto a la explicación de la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, teniendo en cuenta que estos requisitos resultan ineludibles para disponer la admisibilidad del recurso, al constituirse en una obligación que tiene trascendental importancia, pues de su observancia, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo; más cuando las características y naturaleza del recurso de casación definidas en el ordenamiento jurídico vigente, exigen a las partes, más que la simple cita de Autos Supremos o Autos de Vista o que la transcripción parcial de su contenido, una explicación clara y fundamentada de la posible contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes que se invocan. Similar omisión concurre en el acápite intitulado “Doctrina legal aplicable”, en el que la recurrente cita y transcribe el Auto Supremo 436/2005.
Finalmente, cabe señalar que la recurrente cita varias Sentencias Constitucionales, sin considerar que este Tribunal de manera reiterada señaló que las mismas no constituyen precedentes contradictorios en los términos del art. 416 del CPP, hecho que sin embargo, no implica que este Tribunal deje de lado la jurisprudencia constitucional nacional como internacional, al momento de emitir sus resoluciones.
IV.3. Recurso del Alcalde Municipal de El Puente.
En cuanto al recurso de casación interpuesto por Roberto Carlos Ramos Mercado, en su primer motivo, en que denuncia que el Auto de Vista, al haber ordenado se conceda el beneficio de suspensión condicional de la pena al imputado Gualberto Cardozo Garzón, contradijo al Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero; si bien, la explicación efectuada resulta escueta, este Tribunal considera pertinente declarar su admisibilidad, más aún cuando existe coincidencia de este motivo con el similar planteado por la representante del Ministerio Público, que también fue declarado admisible.
Finalmente, en lo que respecta al segundo agravio extractado de su recurso, si bien el recurrente invocó los Autos Supremos 43/2013 de 21 de febrero y 067/2013-RRC de 11 de marzo; omitió brindar una explicación respecto a cuál la situación de hecho similar y principalmente en qué consistiría la contradicción de los precedentes que invoca en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, resultando aplicable los criterios expresados por este Tribunal respecto al tercer motivo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por el representante del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, en sus tres motivos; y, por el Alcalde Municipal de El Puente únicamente en su primer motivo; e INADMISIBLE el formulado por la representante del Ministerio Público; asimismo, en cumplimento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala, se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

References: in fine
 resolución 
 Resolución 
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