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Timestamp: 2019-04-21 08:55:31+00:00

Document:
Control de constitucionalidad de los actos
de los órganos de las Naciones Unidas:
una aproximación desde la perspectiva
Judicial Review of Constitutionality of the Acts of the
UN Organs: an Approach from the ICJ´S Perspective
Luciano Pezzano*
Sumario: I. Introducción. II. La cuestión del control de constitucionalidad de los actos de los órganos de las Naciones Unidas. III. Poderes de la
Corte Internacional de Justicia en la Carta y el Estatuto. IV. El control de
constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte. V. Formas que puede
asumir el control de constitucionalidad por la Corte. VI. Consideraciones
finales. VII. Bibliografía.
* Abogado (UCES San Francisco, Córdoba, Argentina, 2007); maestrando en Relaciones
Internacionales (CEA, UNC, Córdoba, Argentina); doctorando en Derecho y Ciencias Sociales (UNC, Córdoba, Argentina); jefe de trabajos prácticos de derecho internacional público y
de la integración (UCES San Francisco); becario CONICET (posgrado tipo I). El autor agradece a la profesora Romina Morello por sus invalorables aportes en las etapas preliminares de
redacción de este artículo.
Artículo recibido el 7 de julio de 2014
Aprobado para publicación el 24 de septiembre de 2014
D. R. © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XV, 2015, pp. 47-91
México, D. F., ISSN 1870-4654
Resumen: El propósito de este artículo es analizar si la Corte Internacional de Justicia puede,
en ejercicio de su competencia, examinar la conformidad de los actos de los órganos de la
Organización con la Carta de las Naciones Unidas —que aquí se denomina la constitucionalidad de tales actos— y pronunciarse al respecto. Con tal fin, se analiza la posibilidad del
control de constitucionalidad en el sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los
límites a la competencia de los órganos de la Organización, el alcance y los efectos de tal control, y la conveniencia de su denominación como “control de constitucionalidad”; se revisan
los poderes de la Corte en el marco de la Carta y de su Estatuto, así como su jurisprudencia,
para verificar si de los mismos surge explícita o implícitamente la posibilidad del control de
constitucionalidad; y se aborda la cuestión de las formas que puede tomar el control de constitucionalidad por la Corte.
Palabras clave: Corte Internacional de Justicia, control judicial de constitucionalidad, resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas, opiniones consultivas.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze whether the International Court of Justice
can, in exercise of its jurisdiction, examine the conformity with the Charter of the acts of UN
organs —i. e., its constitutionality— and to rule on the matter. To this end, it explores the
possibility of judicial review of constitutionality in the UN system, taking into account the limits of UN organs competence, the scope and effects of such review, and the convenience of its
denomination as “judicial review of constitutionality”; the powers of the Court in the Charter
and its Statute are reviewed, and also its case-law, to verify if they are an explicit or implicit
source of judicial review; and, finally, it addresses the question of forms that the judicial review can take.
Key words: International Court of Justice, judicial review, resolutions of UN organs, advisory opinions.
Résumé: Le but de cet article est d’analyser si la Cour Internationale de Justice peut, dans
l’exercice de sa compétence, examiner la conformité des actes des organes de l’Organisation
avec la Charte des Nations Unies —la constitutionnalité de ces actes— et à se prononcer sur
la question. À cette fin, il explore la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité dans le
système des Nations Unies, en tenant compte des limites de la compétence des organes de
l’organisation, la portée et l’impact d’un tel contrôle et la commodité de son nom comme
«contrôle de constitutionnalité»; les pouvoirs de la Cour dans le cadre de la Charte et son Statut, ainsi que sa jurisprudence, sont passés en revue pour vérifier si ce qui est explicitement
ou implicitement la possibilité d›un contrôle de constitutionnalité; et aborde la question des
formes que peut prendre le contrôle de constitutionnalité par la Cour.
Mots-clés: Cour Internationale de Justice, contrôle judiciaire de constitutionnalité, résolutions des organes de l’ONU, avis consultatifs.
vol. XV, 2015, pp. 47-91
La cuestión del control de legalidad de los actos de los órganos de las Naciones Unidas por la Corte Internacional de Justicia (Corte) se encuentra
entre los aspectos más controvertidos de la competencia del órgano judicial principal de las Naciones Unidas (NU). El caso Lockerbie1 dio lugar,
en la década de los noventa, a un interesante debate al respecto,2 pero la
solución política del asunto impidió que la Corte se pronunciara sobre el
fondo, dejando la cuestión del control judicial sin resolver. El tema recobró
actualidad recientemente,3 y hasta fue objeto de uno de los paneles de la
Cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal
de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo de Lockerbie (la Jamahiriya Árabe Libia
contra el Reino Unido y la Jamahiriya Árabe Libia contra los Estados Unidos de América).
2 Véase i. a., Kennedy, Robert F., “Libya v. United States: The International Court of Justice and the Power of Judicial Review”, Virginia Journal of International Law, vol. 33, 1993, pp.
899-925; Graefrath, Bernhard, “Leave to the Court What Belongs to the Court. The Libyan
Case”, European Journal of International Law, vol. 4, 1993, pp. 184-205; Gowlland-Debbas,
Vera, “The Relationship between the International Court of Justice and the Security Council
in the Light of the Lockerbie Case”, The American Journal of International Law, vol. 88, 1994, pp.
643-677; Evans, Scott S., “The Lockerbie Incident Cases: Libyan-Sponsored Terrorism, Judicial Review and the Political Question Doctrine”, Maryland Journal of International Law, vol.
18, núm. 1, 1994, pp. 21-76; Martenczuk, Bernd, “The Security Council, the International
Court and Judicial Review: What Lessons from Lockerbie?”, European Journal of International
Law, vol. 10, 1999, pp. 517-547; Franck, Thomas M., “The ‘Powers of Appreciation’: Who is
the Ultimate Guardian of UN Legality?”, The American Journal of International Law, vol. 86, 1992,
pp. 519-523; Reisman,W. Michael, “The Constitutional Crisis in the United Nations”, The American Journal of International Law, vol. 87, 1993, pp. 83-100; Zubel, Eric, “The Lockerbie Controversy:Tension Between The International Court of Justice and the Security Council”, Annual
Survey of International & Comparative Law, vol. 5, núm. 1, 1999, pp. 259-285; Frank, Jonathan
A., “A Return to Lockerbie and the Montreal Convention in the Wake of the September 11th
Terrorist Attacks: Ramifications of Past Security Council and International Court of Justice
Action”, Denver Journal of International Law & Policy, vol. 30, núm. 4, pp. 532-548.
3 El aspecto de la cuestión que cobró relevancia estuvo relacionado con el planteamiento
de la legalidad de ciertas resoluciones del CS ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal aspecto es ajeno al objeto principal de este
artículo, que se limita a la Corte Internacional de Justicia, pero puede verse, i. a., De Burca,
Grainne, “The European Court of Justice and the International Legal Order after KadiE, Harvard International Law Journal, vol. 51, 2010, p. 1; Eckes, Christina, “Judicial Review of European Anti‐Terrorism Measures—The Yusuf and Kadi Judgments of the Court of First Instan1 Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
conferencia que la propia Corte organizó para conmemorar el Centenario
del Palacio de la Paz, en septiembre de 2013.4
Es interesante apreciar que la mayoría de los autores que han estudiado
esta cuestión la plantean desde la óptica de los actos que serían susceptibles
de revisión por la Corte, en particular, los del Consejo de Seguridad (CS).
En este artículo, la cuestión se plantea desde otra perspectiva: la existencia
de una facultad de la Corte para examinar la legalidad de los actos de los
órganos de las NU y pronunciarse al respecto. De este modo, se pretende
modificar los términos del debate: no se trata de determinar si los actos
de los órganos de las NU pueden o no ser revocados por la Corte, sino de
si ésta puede, en ejercicio de su competencia, declarar la incompatibilidad
de los mismos con la Carta de las Naciones Unidas (Carta) o, en otras palabras, declarar su inconstitucionalidad. Ello no implica que eludamos la
primera de estas cuestiones; la misma se tratará y discutirá en el presente
artículo, pero sin perder de vista la perspectiva propuesta.
El propósito de este artículo es, entonces, analizar si la Corte Internacional de Justicia puede, en ejercicio de su competencia, examinar la
conformidad de los actos de los órganos de la Organización con la Carta
de las Naciones Unidas —es decir, la constitucionalidad de tales actos— y
Con tal fin, comenzaremos estudiando la posibilidad de un control de
constitucionalidad en el sistema de las NU, teniendo en cuenta los límites
a la competencia de los órganos de la Organización, el alcance y los efectos de tal control, y la conveniencia de su denominación como “control
de constitucionalidad”. Continuaremos con la revisión de los poderes de
la Corte en el marco de la Carta y de su Estatuto, para verificar si de los
mismos surge explícita o implícitamente la posibilidad del control de constitucionalidad, haciendo lo propio con la jurisprudencia del tribunal. Fice”, European Law Journal, vol. 14, núm. 1, 2008, pp. 74-92; Bulterman, Mielle, “Fundamental
Rights and the United Nations Financial Sanction Regime: The Kadi and Yusuf Judgments of
the Court of First Instance of the European Communities”, Leiden Journal of International Law,
vol. 19, núm. 3, 2006, pp. 753-772; Kokott, Juliane y Sobotta, Christoph, “The Kadi case
—Constitutional core values and International Law— Finding the balance?”, European Journal
of International Law, vol. 23, núm. 4, 2012, pp. 1015-1024.
4 La Conferencia “The ICJ in the Service of Peace and Justice” tuvo lugar el 23 de septiembre de 2013. El tema se discutió bajo el tópico “The International Court of Justice and the
United Nations: Relationship of the ICJ with other UN Organs”. Al respecto, véase http://
www.icj-cij.org/presscom/gallery.php?p1=6&event=20130923_conference.
nalmente, abordaremos la cuestión de las formas que, en nuestra opinión,
puede tomar el control de constitucionalidad por la Corte.
¿Pueden ser los actos de los órganos de las NU objeto de un control de
constitucionalidad? Para responder este interrogante, debemos primero
analizar cuáles son los límites al accionar de los órganos de las NU, qué
entendemos por “control de constitucionalidad” y cuáles son el alcance y
1. Los límites de los poderes de los órganos de la Organización
En cuanto instrumento constitutivo de una organización internacional, la
Carta establece los propósitos y principios de la misma, crea sus órganos
principales, y atribuye a éstos determinadas competencias, que la propia
Carta denomina “funciones y poderes”.5
Al definir las competencias de los órganos, la Carta también establece
las limitaciones de las mismas. Pozo Serrano afirma: “Es lógico que así sea
pues es el acto constitutivo el que establece el órgano, define sus competencias, señala su procedimiento y señala los fines a alcanzar así como los
principios de la Organización, a los que debe ajustarse”.6
Con referencia a la Asamblea General (AG), el artículo 10 de la Carta dispone: “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones
dentro de los límites de esta Carta...”, funcionando así la misma Carta como
limitación a las competencias de la AG. Significativamente, la doctrina no ha
reparado en esta disposición como fuente de los límites al accionar de la AG.
II. La cuestión del control de constitucionalidad de los actos
de los órganos de las Naciones Unidas
5 La Carta utiliza tales términos en cuatro oportunidades, con relación a la AG (antes del
artículo 10), al CS (antes del artículo 24), al Consejo Económico y Social (CES, antes del artículo 62) y al Consejo de Administración Fiduciaria (CAF, antes del artículo 87).
6 Pozo Serrano, Pilar, “La Corte Internacional de Justicia y las competencias del Consejo
de Seguridad en el ámbito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, Anuario
Español de Derecho Internacional, vol. XIV, 1998, p. 431.
En lo que respecta al CS, el artículo 24.2 establece: “En el desempeño
de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas”, siendo esta vez los Propósitos y
Principios de las NU los que operarían como límite a los poderes del CS.7
Ello ha sido confirmado por la Corte en su jurisprudencia: “Los Miembros
de las Naciones Unidas han conferido al Consejo de Seguridad poderes con
relación a su responsabilidad para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Las únicas limitaciones son los propósitos y principios fundamentales
que se encuentran en el Capítulo I de la Carta”.8
El magistrado Weeramantry, en su opinión disidente en la providencia de
medidas cautelares en el asunto Lockerbie, expresó:
¿El Consejo de Seguridad ejerce sus variadas funciones libre de toda limitación, o
existe un marco delimitador de normas y principios dentro del cual debe ejercer
sus responsabilidades? El mismo Artículo 24 nos ofrece una señal de tal marco,
cuando dispone en el párrafo 2 que el Consejo de Seguridad, en el desempeño
de sus deberes en virtud del párrafo 1, “procederá de acuerdo con los Propósitos
y Principios de las Naciones Unidas”. El deber es imperativo y los límites están
categóricamente marcados.9
La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en un caso en que se cuestionaba la constitucionalidad de su creación
por el CS, sostuvo:
... el Consejo de Seguridad cumple un rol esencial y ejerce una muy amplia discreción en virtud de este Artículo [artículo 39 de la Carta]. Pero esto no significa que
sus poderes sean ilimitados. El Consejo de Seguridad es un órgano de una organizaLas competencias del CES y del CAF son aún más limitadas, puesto que ambos actúan
“bajo la autoridad de la Asamblea General” (artículos 60 y 85, respectivamente), lo que ha
llevado a la doctrina a dudar de la autonomía de estos órganos (véase al respecto, Diez de
Velasco Vallejo, Manuel, Las organizaciones internacionales, 13a. ed., Madrid, Tecnos, 2003, p.
202 y Delpech, Marcelo, Carta de las Naciones Unidas anotada, Buenos Aires, Zavalía, 2005,
pp. 86 y 91).
8 CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1971, p. 16, párr. 110.
9 CIJ, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from
the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional Measures, Order of 14 April1992, I.C.J. Reports 1992, pp. 114 y171.
7 52
La doctrina reconoce los límites que impone al CS el artículo 24, párrafo 2, pero con diverso alcance. Para algunos autores, se trata de límites
“vagos”,11 para otros, han sido interpretados restrictivamente,12 y un sector
opta por un criterio más amplio, no limitado necesariamente a los propósitos y principios de la Carta.13 A este último respecto cabe recordar que la
Corte ha sostenido:
Se ha pretendido basar en las responsabilidades políticas asumidas por el Consejo
de Seguridad en virtud del Artículo 24 de la Carta, un argumento que justifica la
necesidad de conceder al Consejo de Seguridad así como a la Asamblea General,
completa libertad de apreciación en conexión con la admisión de nuevos Miembros. Pero el Artículo 24, debido a la naturaleza muy general de sus términos, no
puede, en ausencia de cualquier disposición, afectar las reglas especiales para la
admisión que emergen del Artículo 4.14
10 TPIY, Prosecutor v. Dusko Tadic a.k.a. “Dule”. Decision on the Defence Motion for Interlocutory
Appeal on Jurisdiction, 2 de octubre de 1995. Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/tadic/
acdec/en/51002.htm, párr. 28.
11 Gowlland-Debbas, Vera, op. cit., p. 663.
12 Degni-Segui, René, “Article 24”, en Cot, Jean Pierre y Pellet, Alain (dirs.), La Charte des
Nations Unies. Commentaire article par article, 3a. ed., t. I, París, Económica, 2005, p. 898. Véase
también Delbrück, J., “Article 24”, en Simma, Bruno (ed.), The Charter of the United Nations.
A commentary, 2a. ed., Munich, Verlag C. H. Beck, 2002, p. 445; Peters, Anne, “Article 24”,
en Simma, Bruno y otros (ed.), The United Nations Charter: A Commentary, 3a. ed., Oxford,
Oxford University Press, 2012, pp. 780 y 781.
13 Martenczuk, Bernd, op. cit., p. 537. Véase también Akande, Dapo, “The International
Court of Justice and the Security Council: Is There Room for Judicial Control of Decisions of
the Political Organs of the United Nations?”, The International and Comparative Law Quarterly,
vol. 46, núm. 2, abril de 1997, pp. 309-343, pp. 315-325.
14 CIJ: Admission d’un État aux Nations Unies (Charte, art. 4), avis consultative. C. I. J . Recueil
1948, pp. 57, 64.
ción internacional, establecido por un tratado que sirve como marco constitucional
para esa organización. El Consejo de Seguridad está así sujeto a ciertas limitaciones
constitucionales, no obstante lo amplios que sus poderes sean en virtud de la constitución. Estos poderes no pueden, en ningún caso, ir más allá de los límites de la
jurisdicción de la Organización en su conjunto, sin mencionar otras limitaciones
específicas o aquellas que pueden derivar de la división interna de poderes dentro
de la Organización. En cualquier caso, ni el texto ni el espíritu de la Carta concibe
al Consejo de Seguridad como legibus solutus (no vinculado por el derecho).10
En nuestra opinión, la Corte incluso va más allá al reconocer expresamente, de modo general, que la Carta contiene limitaciones para el accionar de los órganos de la Organización:
El carácter político de un órgano no puede relevarlo de la observancia de las disposiciones convencionales establecidas por la Carta cuando las mismas constituyen
limitaciones a sus poderes o criterios para su juicio. Para determinar si un órgano
tiene libertad de opción para sus decisiones, debe hacerse referencia a los términos de su constitución.15
La existencia de estas expresas limitaciones a las facultades de los órganos
de la Organización conduce a dos interrogantes más. El primero es si es
posible determinar cuándo un acto de un órgano ha excedido las limitaciones impuestas por la Carta, y el segundo es si hay, dentro del sistema de la
Carta, algún órgano revestido de competencia para controlar el respeto a
tales limitaciones. Nos inclinamos por la respuesta afirmativa a ambas interrogantes. En principio, parece claro que cada órgano es juez de sus propias
decisiones y puede determinar por sí mismo si actúa o no dentro de los
límites de su competencia. Así lo afirmó la Corte en una opinión consultiva a la que nos referiremos in extenso más adelante: “Como fue previsto en
1945, cada órgano debe por tanto, al menos en primer lugar, determinar su
propia competencia”.16 Pero, ¿cabe un “segundo lugar” de análisis? ¿Es posible que un órgano diferente al que emitió el acto controle su conformidad
con la Carta? Volveremos sobre ello.
2. Control de legalidad/control de constitucionalidad
Al referirnos al “control de constitucionalidad” en el sistema de las NU,
entendemos el poder o facultad de revisión de la legalidad de ciertos actos,
en este contexto, la posibilidad de que un órgano de la Organización determine si una decisión, resolución o cualquier otro acto de los órganos de las
NU ha sido dictado conforme a la letra y al espíritu de la Carta. En otras
palabras, es la facultad de controlar la conformidad con la Carta —es decir,
CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif
du 20 juillet 1962. C. I. J. Recueil 1962, pp. 151 y 169.
15 16 54
su constitucionalidad— de los actos de los órganos de las NU y, eventualmente, declararlos inconstitucionales.
Comprendemos que la utilización del término “constitucionalidad” puede despertar ciertas dudas por su relación con la siempre polémica cuestión de la naturaleza de la Carta en cuanto pretendida “Constitución de la
comunidad internacional”. No es el objeto de este artículo ingresar en tan
interesante debate, no obstante tener nuestra postura al respecto en el sentido de que si bien la Carta no puede ser equiparable a las Constituciones
de los Estados, su ubicación en el ámbito del derecho convencional internacional —a la luz de su artículo 103— le otorga una posición jerárquica
que parece reconocerle ciertos rasgos constitucionales.17
No obstante ello, el término “constitucional” se utiliza en este artículo
en referencia a la naturaleza de la Carta como instrumento constitutivo y
fundante de la Organización, fuente de las competencias y poderes de los
órganos de la misma y al cual éstos deben ajustarse. Es decir, al utilizar
el término “constitucionalidad”, entendemos a la Carta como una “Constitución” en relación con los órganos y miembros de la Organización, y
no necesariamente en relación con todos los miembros de la comunidad
En ese sentido, la “constitucionalidad” de un acto de un órgano de la Organización es la conformidad del mismo con la Carta, mientras que utilizar
el término “legalidad” podría interpretarse, a nuestro entender, su conformidad con relación a otras fuentes del derecho internacional, lo cual, como
se verá, escapa al alcance y efectos del control que aquí se propone.
3. Alcances y efectos del control de constitucionalidad
Se ha afirmado aquí que, dado que la Carta establece limitaciones a la competencia de los órganos de la Organización, el respeto de tales limitaciones
17 A favor de la naturaleza constitucional de la Carta, v. i. a. Jiménez de Aréchaga, Eduardo,
Derecho constitucional de las Naciones Unidas, Madrid, Escuela de Funcionarios Internacionales,
1958, p. 621; Sloan, Blaine, “The United Nations Charter as a Constitution”, Pace International
Law Review, vol. 1, núm. 1, pp. 61-126. Con una perspectiva más moderada, véase Dupuy,
Pierre M., “The Constitutional Dimension of the Charter Revisited”, Max Planck Yearbook of
United Nations Law, vol. 1, 1997, pp. 1-33. Para un análisis de la cuestión, v. Szurek, Sandra,
“La Charte des Nations Unies. Constitution mondiale?”, en Cot, Jean Pierre y Pellet, Alain
(dirs.), op. cit., pp. 29-68.
debe ser asegurado mediante algún tipo de control de constitucionalidad.
¿Qué alcances y efectos tiene o debería tener tal control?
Ante todo, consideramos que el hecho de utilizar la expresión “control
de constitucionalidad” no debe inducir a pensar que se trata del mismo
tipo de control que es ejercido —generalmente por un órgano judicial,
sea de competencia exclusiva en la materia o no— en los ordenamientos
jurídicos estatales, en el sentido de que implica el poder de revisión y eventual revocación del acto reputado inconstitucional. Creemos que tal tipo de
control no existe, como se verá, en la estructura institucional de las NU.
Por el contrario, el control de constitucionalidad que aquí se propone es notablemente más limitado, ajustado a las características propias del
sistema internacional. Sí comparte con numerosos sistemas de control de
constitucionalidad internos el hecho de ser ejercido por un órgano judicial,
dado que sostenemos que dicho control puede y debe ser ejercido por la
Corte, pero sus efectos deben limitarse al control de la conformidad con
la Carta de uno o más actos de un órgano de la Organización, en la medida
que ello sea necesario para el correcto ejercicio de la función judicial en
un caso que haya sido debidamente llevado a su conocimiento por las vías
establecidas por la Carta y el Estatuto de la Corte. En particular, consideramos que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es declarativo,
correspondiendo la revocación o anulación del acto al órgano que lo dictó,
y no a la propia Corte.18
En definitiva, consideramos posible en el sistema de la Carta la posibilidad de un control de constitucionalidad de los actos de sus órganos,
entendiendo como tal, el control de la conformidad de tales actos con la
Carta, y que tal control puede, con el alcance y los efectos apuntados, ser
ejercido por la Corte.
III. Poderes de la Corte Internacional de Justicia
en la Carta y el Estatuto
Al aceptar, como se ha hecho aquí, que existe la posibilidad del control
de la constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU, y que ese
18 Véase, a favor de un control limitado, Pozo Serrano, Pilar, op. cit., p. 431; Watson, Geoffrey R., op. cit., p. 21. Otros lo aceptan si la cuestión surge en el marco de un procedimiento
control puede ser ejercido por la Corte, es necesario analizar las normas
que establecen la competencia de ésta a los fines de determinar si es posible
encontrar en las mismas alguna habilitación expresa o implícita de la Corte
para ejercer tal control.
Como es conocido, el capítulo XIV de la Carta se refiere específicamente a los poderes conferidos a la Corte. En ninguno de sus cinco artículos se
atribuyen expresamente facultades a la Corte para controlar la constitucionalidad de los actos de los demás órganos de la Organización. Son significativas, no obstante, las disposiciones de los artículos 92 y 96. El primero de
ellos dispone que la Corte “será el órgano judicial principal de las Naciones
Unidas”. Por su parte, el segundo establece:
Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión
2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados
que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General,
podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.
Cabe aquí señalar, que en la Conferencia de San Francisco la delegación
belga intentó incluir en la Carta una competencia expresa de control por
parte de la Corte. Así, sostuvo que:
Cualquier Estado, parte en una disputa ante el Consejo de Seguridad, tendrá el
derecho de consultar a la Corte Permanente de Justicia Internacional si una recomendación o una decisión hecha por el Consejo o propuesta en él infringe sus
derechos esenciales. Si la Corte considera que tales derechos han sido violados
o están amenazados, corresponde al Consejo, o bien reconsiderar la cuestión, o
referir la controversia a la Asamblea para que decida al respecto.19
llevado ante la Corte; en ese sentido, véase Martenczuk, Bernd, op. cit., p. 526; Kennedy,
Robert F., op. cit., p. 913.
19 Documento G/7 (k)(1), UNCIO, vol. 3, p. 336, cit. por Aznar Gómez, Mariano J.,
“El control de legalidad de la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el
ámbito del Capítulo VII de la Carta”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, vol. VIII, 1998,
pp. 31-72, p. 50, nota 82. Para la discusión sobre la enmienda belga, v. Watson, Geoffrey R.,
Ello derivó en un fuerte debate en el seno de la Conferencia que culminó con el retiro de la propuesta belga.20 Sin embargo, el Informe del Subcomité especial del Comité IV/2 sobre cuestiones jurídicas consideró que:
En el transcurso de las operaciones cotidianas de los órganos de la Organización,
es inevitable que cada órgano interprete las partes de la Carta que sean aplicables
a sus funciones particulares. Este proceso es inherente al funcionamiento de cualquier órgano que opera en virtud de un instrumento que define sus funciones y
poderes. Esto se manifestará en el funcionamiento de tal órgano como la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, o la Corte Internacional de Justicia. En virtud
de ello, no es necesario incluir en la Carta una disposición que autorice o apruebe
el normal funcionamiento de este principio.21
Se pretende ver en la falta de aprobación de la enmienda belga un rechazo
a la posibilidad del control de constitucionalidad por parte de la Corte.22
Sin embargo, el alcance de la enmienda propuesta difiere notablemente
del alcance del control de constitucionalidad como aquí se plantea: no se
pretende que un Estado recurra a la Corte para impugnar la validez de una
resolución de un órgano de la Organización, lo cual —por otra parte—
sería imposible en el sistema actual, atento a que los Estados no pueden
acceder por vía contenciosa más que contra otros Estados, y no contra la
Organización, y por otro lado les está vedado instar la vía consultiva. Asimismo, el informe del Subcomité fue claro en que no era necesario incluir
una disposición sobre la interpretación de las competencias de los órganos,
puesto que cada uno podría hacerlo, pero en ningún momento expresa
que la Corte no pueda interpretar las competencias de otro órgano. Por
lo tanto, creemos que no es posible derivar de la no aprobación de esta
“Constitutionalism, Judicial Review, and the World Court”, Harvard International Law Journal
vol. 34, 1993, pp. 8-14.
20 Roberts, Ken, “Second-Guessing the Security Council: The International Court of Justice and Its Powers of Judicial Review”, Pace International Law Review, vol. 7, núm. 2, 1995,
21 Documento 750, IV/2/B (1), UNCIO, vol. 13, p. 831, cit. por Aznar Gómez, Mariano
J., op. cit., p. 50, nota 82.
22 D’Angelo, Deborah, “The «check» on international peace and security maintenance:
the International Court of Justice and judicial review of Security Council resolutions”, Suffolk
Transnational Law Review, vol. 23, núm. 2, 2000, pp. 561-593.
enmienda, un obstáculo al ejercicio del control de constitucionalidad por
parte de la Corte.23
Por otra parte, y de conformidad con el artículo 92, la Corte “funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la
Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante
de esta Carta”. No obstante, al igual que la Carta el Estatuto no contiene
norma alguna por la que explícitamente se le conceda la competencia de
controlar la constitucionalidad de los actos de los otros órganos de la Organización. El artículo 1o. reitera lo dispuesto en el artículo 92 de la Carta
en el sentido de caracterizar a la Corte como “órgano judicial principal de
las Naciones Unidas”. Su función es, en virtud del artículo 38, “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas”. Su
competencia contenciosa queda establecida en el artículo 36, el que, entre
otras cosas, dispone:
sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas
o en los tratados y convenciones vigentes.
2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier
momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la
Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
b. cualquier cuestión de derecho internacional...
Por su parte, el artículo 65.1 parafrasea los términos del artículo 96 de la
Carta al establecer: “La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto
de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado
para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma”.
Aunque, como se aprecia, no surgen de la Carta ni del Estatuto facultades explícitas al respecto, algunos autores sugieren que la posibilidad del
control de constitucionalidad está implícita en el hecho de que la Corte se
presenta como el “órgano judicial principal” de la Organización, y que la
facultad de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros órganos
23 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Watson, Geoffrey R., op. cit., p. 14.
puede formar parte del ejercicio de su función judicial.24 Adviértase aquí
que el carácter de “órgano judicial principal” que la Corte reviste no se
vincula solo al ejercicio de su competencia contenciosa. Por el contrario, la
misma Corte ha invocado tal carácter en un gran número de sus opiniones
consultivas: “La opinión no la da la Corte a los Estados, sino al órgano que
tiene capacidad para pedirla; la respuesta constituye una participación de
la Corte, que es un «órgano de las Naciones Unidas», en la actuación de las
Naciones Unidas, y, en principio, no ha de ser denegada”.25
Basado en el argumento de que para ello debería lograrse cierto consenso internacional, y que es difícil sostener que tal consenso exista, Roberts
considera que es poco probable que el artículo 92 pueda ser usado como
base legal para el control de constitucionalidad.26 No compartimos tal argumento. Consideramos necesario destacar que desde el primer momento
en que se puso en funcionamiento su competencia consultiva, la Corte
asumió su condición de intérprete de la Carta, derivándola precisamente
de su carácter de órgano judicial. Así, expresó:
Se afirma que la Corte no puede responder a la cuestión porque ello constituiría
una interpretación de la Carta. No existe disposición alguna que prohíba que la
Corte, “el principal órgano judicial de las Naciones Unidas”, ejerza una función
interpretativa respecto del Artículo 4 de la Carta, que es un tratado multilateral,
ya que ello entra dentro del ejercicio normal de sus atribuciones judiciales.27
La Corte reiteró ese razonamiento en sucesivas opiniones consultivas.28 Si
la Corte ha derivado de su carácter de órgano judicial la posibilidad de
Véase, i. a., Watson, Geoffrey R., op. cit., p. 5; Graefrath, Bernhard, op. cit., p. 200.
CIJ, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 65, p. 71. V. también: Certaines dépenses des Nations Unies (article
17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962. C. I. J . Recueil 1962, p. 151, p.
155; Difference Relating to Immunity form Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission of
Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 62, párr. 29; Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p.
136, párr. 44.
26 Roberts, Ken, op. cit., p. 287.
27 CIJ, Admission d’un État aux Nations Unies (Charte, art. 4), avis consultative. C. I. J . Recueil
1948, p. 57, p. 61.
28 CIJ, Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory Opinion: I. C. J.
24 25 60
interpretar la Carta, que no obstante sus rasgos constitucionales no pierde
su forma de tratado internacional —cuya interpretación puede realizar la
Corte en virtud de los ya citados artículos 36 y 38 del Estatuto—, nada
obsta a que del mismo también se pueda derivar la posibilidad de ejercer
un control de constitucionalidad sobre los actos de los órganos de las NU
si ello es necesario para ejercer su función judicial, toda vez que ello pueda
constituir una “controversia de orden jurídico” (arg. artículo 36.2 del Estatuto) sobre un “asunto especialmente regido por la Carta” (arg. artículo
36.1 del Estatuto) sobre la cual la Corte esté llamada a decidir, o una “cuestión jurídica” (arg. artículo 96 de la Carta y artículo 65.1 del Estatuto) que
la Corte deba responder al emitir una opinión consultiva.
En definitiva, y como afirma Hossain:
La falta de un poder de control expreso en la Carta no es determinante. Lo que es
más importante es la falta de una prohibición expresa de habilitar el control judicial. Dado que la Carta no niega específicamente el control judicial por la Corte,
un mecanismo de control judicial podría desarrollarse a través de la práctica.29
Será necesario, entonces, analizar la práctica de la Corte para verificar si tal
mecanismo se ha desarrollado.
en la jurisprudencia de la Corte
Se ha aceptado aquí que la Corte puede ejercer un control de constitucionalidad de los actos de los demás órganos de las NU. Si bien no está expresamente contemplado en la Carta ni en el Estatuto, dicho control se deriva
del carácter de “órgano judicial principal” que la Corte reviste.
El análisis de la jurisprudencia de la Corte, al que se procederá a continuación, parece confirmar nuestra afirmación, en el sentido de que de
Reports 1950, p. 4, p. 6; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte),
Avis consultatif du 20 juillet 1962. C. I. J . Recueil 1962, p. 151, p. 156.
29 Hossain, Kamrul, “Legality of the Security Council Action: Does the International
Court Of Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial Review?”, Uluslararasi Hukuk ve
Politika, vol. 5, núm. 17, 2009, p.149.
la misma se desprende un incipiente —aunque, como veremos, bastante
limitado— control de constitucionalidad.
1. Ciertos gastos de las Naciones Unidas
Pese a la ya mencionada posición de intérprete de la Carta que la Corte
asumiera, en un principio encontramos en su jurisprudencia cierta reticencia a examinar los actos de los otros órganos, como vemos en la opinión
consultiva sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas.30
En su opinión, la Corte dijo:
Si se ha admitido que la acción en cuestión cae dentro de las funciones de la Organización, pero se alegó que ha sido iniciada o llevada a cabo de una manera no conforme al reparto de funciones entre los diversos órganos que la Carta ha prescrito,
se aborda el plano interno, la economía interna de la organización. Si la acción ha
sido tomada por un órgano que no estaba habilitado, se trata de una irregularidad
relativa a esta economía interna, pero no significa necesariamente que el gasto
decidido no sea un gasto de la organización. El derecho nacional, como el derecho
internacional, tiene en cuenta los casos donde una persona moral, o un cuerpo
político, pueda ser obligado hacia terceros por el acto ultra vires de un agente. En
los sistemas jurídicos de los Estados, se encuentra a menudo un procedimiento
para determinar la validez de un acto legislativo o gubernamental, pero no se
encuentra en la estructura de las Naciones Unidas ningún procedimiento análogo.
Ciertas propuestas presentadas durante la redacción de la Carta y que se dirigían
a conferir a la Corte Internacional de Justicia la autoridad suprema de interpretar
la Carta, no fueron adoptadas; la opinión que la Corte se apresta a emitir aquí es
30 A comienzos de la década de los sesenta, la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz en Medio Oriente y en el Congo (FENU y ONUC) suscitó una discusión
entre los miembros de las Naciones Unidas acerca de si constituían o no “gastos de la Organización”, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 17 de la Carta, lo cual motivó que la AG solicitara una opinión consultiva a la Corte, por resolución 1731 (XVI) en los siguientes términos:
“¿Constituyen “gastos de la Organización”, en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17 de la
Carta las Naciones Unidas, los gastos autorizados en virtud de las resoluciones de la Asamblea
General... relativas a las operaciones de las Naciones Unidas en el Congo... así como los gastos
autorizados en virtud de las resoluciones de la Asamblea General... relativas a las operaciones
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas...?”. El 20 de julio de 1962, la Corte se
expidió y, por nueve votos contra cinco, dio una respuesta afirmativa a la consulta efectuada.
La Corte también hizo referencia al rechazo de una enmienda, que había
sido propuesta por Francia, a la resolución por la que se solicitó la opinión,
y en virtud de la cual, la Corte habría sido consultada acerca de si los gastos
de las operaciones de Medio Oriente y del Congo “habían sido decididos en
conformidad con la Carta”. La Corte expresó:
El rechazo de la enmienda francesa no constituye una directiva a la Corte de
excluir de su consideración la cuestión de si ciertos gastos fueron “decididos en
conformidad con la Carta”, si la Corte encuentra dicha consideración apropiada.
No debe suponerse que la Asamblea General intentaría así limitar o dificultar a
la Corte en el desempeño de sus funciones judiciales; la Corte debe tener plena
libertad para considerar toda la información disponible al formar una opinión sobre una cuestión planteada para emitir una opinión consultiva. La Corte tampoco
puede aceptar que el rechazo de la enmienda francesa tenga alguna relación con la
cuestión de si la Asamblea General trató de impedir que la Corte interpretara el
Artículo 17 a la luz de otros artículos de la Carta, es decir, en el contexto entero
del tratado. Si debiera hacerse alguna deducción de los debates sobre este punto,
la conclusión opuesta se derivaría de las claras declaraciones de las delegaciones
patrocinantes que dieron por sentado que la Corte consideraría a la Carta como
un todo.32
Roberts considera que, al hacer esto, la Corte afirmó un poder de control judicial en una situación en que la AG había claramente optado contra
ofrecer tal poder a la Corte, y señala: “Esta aparente contradicción entre
una opinión consultiva. Como fue previsto en 1945, cada órgano debe por tanto, al
menos en primer lugar, determinar su propia competencia. Si el Consejo de Seguridad, por ejemplo, adopta una resolución con el objeto de mantener la paz y la
seguridad internacionales y si, conforme a un mandato o a una autorización inscrita en esta resolución, el Secretario General contrae obligaciones financieras, es de
presumir que los importes en cuestión constituyen “gastos de la organización”.31
31 CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif
du 20 juillet 1962. C. I. J. Recueil 1962, p. 151, p.169.
32 CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962. C. I. J. Recueil 1962, p. 151, p. 157.
dichos y acciones de la mayoría de la Corte ha dejado cierto lugar para el
debate”.33
No creemos que corresponda denominarla “contradicción”, pero sí que
puede notarse cierta ambigüedad en la opinión de la Corte. Por un lado,
niega que exista en la estructura de las NU un mecanismo de supervisión
similar al que existe en los ordenamientos constitucionales, pero por otro,
se reserva la “plena libertad de considerar toda la información disponible”
al momento de formar su opinión, lo cual en el caso implicó la interpretación de las resoluciones de la AG relativas a las operaciones de mantenimiento de la paz, a la luz del artículo 17 de la Carta. Asimismo, y como
lo señala Graefrath,34 la Corte, si bien reconoce que es cada órgano quien
debe en primer lugar determinar su competencia, no descarta que pueda
efectuarse una determinación en segundo lugar, lo cual puede ser ejercido
En las opiniones separadas de algunos magistrados, la cuestión aparece
con mayor claridad. Así, el magistrado Spender opinó que cada órgano de
las NU tiene el derecho de interpretar la Carta con relación a su competencia y funciones, pero que ese derecho no le da el poder de alterarla, y
La cuestión de la constitucionalidad de una acción tomada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad raramente se planteará fuera de las propias Naciones
Unidas, donde la regla de la mayoría prevalece. En la práctica, ello permitiría que
se tomen acciones que serían ultra vires. Sin embargo, cuando la Corte es llamada
a pronunciarse sobre una cuestión de si cierta autoridad ejercida por un órgano
de la Organización se encuentra dentro de los poderes de ese órgano, solamente
pueden invocarse consideraciones jurídicas, y las extensiones de facto de la Carta
deben ser descartadas.35
La Corte, por tanto, según este magistrado, debe descartar toda extensión
que por vía de una interpretación ultra vires hubiese efectuado un órgano
Roberts, Ken, op. cit., p. 295.
Graefrath, Bernhard, op. cit., p. 201. Watson también comparte la apreciación de que
la Corte parece aceptar la idea de un limitado control (Watson, Geoffrey R., op. cit., p. 16).
35 CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif
du 20 juillet 1962. C.I.J. Recueil 1962, p. 151, opinión separada del magistrado Spender, p. 197.
33 34 64
... la Corte es libre de considerar o no considerar la cuestión de la conformidad de
las resoluciones con la Carta (o la otra cuestión, que no necesariamente coincide
con la anterior, de la validez de las resoluciones). Sin embargo, esta libertad puede
ser entendida solamente subordinada a las reglas de derecho y de la lógica, por las
cuales la Corte está limitada, y también al objetivo que la Corte debe perseguir, el
cual es la solución de la cuestión que le ha sido sometida. En el presente caso, dicha
cuestión se relaciona solamente con la caracterización jurídica de ciertos gastos. La
Corte estaría, por lo tanto, obligada a considerar, sea la cuestión de la conformidad
de las resoluciones con la Carta, sea la cuestión de la validez de las resoluciones,
si reconociera que es necesaria la solución de uno de estos problemas en orden a
responder la cuestión de la caracterización de los gastos. Si la Corte, por el contrario, no reconociera tal necesidad, debería abstenerse de considerar las cuestiones
referidas.36
Admite así este magistrado la posibilidad del control de constitucionalidad
por parte de la Corte, pero limitado a los casos en que la Corte deba necesariamente ejercer tal control con el objeto de responder a la consulta que
le sea efectuada.
Finalmente, el magistrado Bustamante comienza su opinión separada reconociendo formar parte del grupo de miembros de la Corte que eran de la
opinión de examinar la cuestión de la conformidad o no con la Carta de las
resoluciones pertinentes de los órganos de las NU como medio indispensable de apreciación para responder a la consulta de la AG, y sostiene que,
dado que la Carta es la norma jurídica a la cual los actos de las NU deben
someterse, un estudio de la conformidad con la Carta de las resoluciones
citadas en la solicitud constituye un factor indispensable en la decisión de
si los gastos referidos son o no, “gastos de la Organización”. Luego, agregó:
No puede sostenerse que las resoluciones de cualquier órgano de las Naciones
Unidas no están sujetas a revisión: ello equivaldría a declarar la inutilidad de la
Carta o su absoluta subordinación al juicio —siempre falible— de los órganos.
Pero el caso de las Naciones Unidas es claramente uno especial. Teniendo en consideración de que es la más alta institución internacional como asociación de Esta36 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Por su parte, el magistrado Morelli escribió en su opinión separada:
Ibidem, opinión separada del magistrado Morelli, pp. 217 y 218.
dos soberanos, su plenitud de autonomía no reconoce una instancia superior capaz
de revisar sus actos. Es la institución misma la que tiene el poder de rectificarlos o
confirmarlos. Es por ello probablemente que no se incluyó ninguna disposición en
la Carta para algún órgano supervisor que determinara la legalidad o conformidad
con la Carta, tal como un tribunal al que se pudiera referir —a la manera de un
procedimiento judicial— la objeción de un Estado Miembro a una decisión de la
Organización. Pero ello no excluye de ningún modo la función de la Organización
de tratar con los reclamos de sus Miembros.Y yo creo encontrar evidencia de que
esa fue la intención de la Carta en el texto de su Artículo 96, en el que se prevé
el consejo de la Corte Internacional de Justicia sobre cuestiones jurídicas. Una
opinión consultiva, que toma el lugar de un proceso judicial, es un método de recurso voluntario que, si bien solamente a título ilustrativo, precede la decisión por
la cual la Organización está llamada a dar con relación a las objeciones jurídicas
planteadas por los Estados Miembros.37
La opinión de este magistrado nos parece importante, no solo por reconocer explícitamente la facultad de control de constitucionalidad de la Corte,
sino por fundarla en el artículo 96 de la Carta y así en la función consultiva
del tribunal, sosteniendo la idea de un control con el alcance que aquí proponemos.
2. Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Sudáfrica
en Namibia, no obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad
En esta opinión consultiva38 aparece nuevamente la ambigua actitud de la
Corte con relación al control de constitucionalidad. Dijo al respecto:
Sudáfrica había recibido de la Sociedad de las Naciones la administración del Territorio
del Sudoeste Africano (Namibia). El incumplimiento de sus deberes como mandatario, en
particular la anexión del territorio y la implantación de la práctica del apartheid al mismo,
motivó la reiterada actuación y condena de los órganos de las Naciones Unidas, en particular
de la AG, que por resolución 2145 (XXI), entre otras, dio por terminado el mandato, y del
CS, que por resolución 276 (1970), en la que declaró que la continuación de la presencia
de las autoridades sudafricanas en Namibia era ilegal y que todas las medidas adoptadas en
nombre de o en relación con Namibia eran ilegales y carentes de validez. La persistencia de
la situación llevó al CS a solicitar, por resolución 284 (1970), una opinión consultiva a la
Corte sobre la siguiente cuestión: “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene para los Estados
37 38 66
La Corte, entonces, procede al análisis e interpretación de las resoluciones
de la AG y del CS, confirmando la validez y los efectos de las mismas, de
forma implícita con relación a la resolución 2145 (XXI) de la AG, y de forma más explícita con relación a las resoluciones del CS:
La Corte ha llegado, por lo tanto, a la conclusión de que las decisiones tomadas
por el Consejo de Seguridad en los párrafos 2 y 5 de la resolución 276 (1970), en
cuanto se relaciona con el párrafo 3 de la resolución 264 (1969) y el párrafo 5 de
la resolución 269 (1969), fueron adoptadas en conformidad con los propósitos y
principios de la Carta y de acuerdo con sus Artículos 25 y 25. Las decisiones son
en consecuencia vinculantes para todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, los que se encuentran así, obligados a aceptarlas y llevarlas a cabo.40
Comentando estos pasajes, Graefrath sostiene que la Corte, al afirmar que
la validez de las resoluciones no forma parte del objeto de la solicitud de
la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en la resolución 276
(1970) del Consejo de Seguridad?”. El 21 de junio de 1971, la Corte emitió su opinión, en la
que expresó 1) que, por ser ilegal la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia,
Sudáfrica tiene la obligación de retirar inmediatamente de Namibia su administración y de
poner así fin a su ocupación del Territorio; 2) que los Estados Miembros de las NU tienen la
obligación de reconocer la ilegalidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia y la invalidez de
los actos realizados por ella en nombre o respecto de Namibia, y de abstenerse de todo acto
y en especial de todo trato con el Gobierno de Sudáfrica que implique un reconocimiento de
la legalidad de esa presencia y administración o que les preste apoyo o asistencia; 3) que los
Estados que no son miembros de las NU están en el deber de prestar asistencia, dentro del
alcance señalado, a la acción emprendida por las NU respecto de Namibia.
39 CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
1971, p. 16, párr. 89.
40 Ibidem, párr. 115.
Es evidente que la Corte no tiene poder de control judicial ni de apelación en lo
que concierne a las decisiones tomadas por los órganos de las Naciones Unidas
involucrados. La cuestión de la validez de la resolución 2145 (XXI) de la Asamblea
General o de las resoluciones conexas del Consejo de Seguridad o de su conformidad con la Carta no forma parte de la solicitud de opinión consultiva. Sin
embargo, en el ejercicio de su función judicial y dadas las objeciones formuladas,
la Corte examinará en el curso de su razonamiento esas objeciones, antes de pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas resultantes de esas resoluciones.39
opinión consultiva, sugiere que, si le hubiese sido solicitado, habría tratado esa cuestión crucial. De hecho, la Corte revisó si las resoluciones
del CS eran conforme a la Carta, porque ello surgió en el curso de su
procedimiento judicial habitual. La Corte, sostiene este autor, examinó la
“legalidad formal”, así como la “legalidad sustantiva o intrínseca” de las resoluciones del CS: “Parece que la Corte tiene la autoridad y la competencia
de decidir si una decisión del Consejo de Seguridad está en conformidad
con la Carta cuando esta cuestión aparece en el curso normal de su función
judicial”.41
Roberts vuelve a considerar que la Corte se contradijo.42 Por nuestra
parte, insistimos en que más apropiado que referirse a una posible “contradicción” de la Corte, es mencionar una ambigüedad en su accionar.43 Quizás
acierte Petculescu al considerar que se trató de una estrategia de la Corte
para evitar cualquier controversia o acusación de exceder sus poderes.44
En su opinión separada, el magistrado Petrén señaló:
... se da por sentado que la Corte es capaz de pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad sin primero examinar la validez de las resoluciones en las que tal resolución está basada,
máxime dado que la validez de tales resoluciones ha sido objetada por Sudáfrica
y cuestionada por otros Estados. En tanto la validez de las resoluciones en las que
se basa la resolución 276 (1970) no ha sido establecida, es claramente imposible
para la Corte pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la resolución 276
(1970), por cuanto no pueden existir tales consecuencias jurídicas si las resoluciones básicas son ilegales, y pronunciarse sobre las mismas como si lo fueran sería
incompatible con el rol de un tribunal. Me parece que la mayoría debería haberse
expresado sobre este punto con mayor precisión y firmeza, pero constato que la
Graefrath, Bernhard, op. cit., p. 201.
43 Sloan se refiere a esta ambigüedad no sin cierta ironía: “... ¿debemos tomar este caso
por lo que la Corte dijo o por lo que la Corte hizo? Al menos, dejó abierta la puerta para el
control judicial” (Sloan, Blaine, op. cit., p. 65).
44 Petculescu, Ioana, “The Review of the United Nations Security Council Decisions by
the International Court of Justice”, Netherlands International Law Review, 2005, pp. 167-195,
41 42 68
La opinión nos permite efectuar dos importantes consideraciones: la primera es que se subraya que la Corte debe efectuar un control de la validez de las resoluciones sobre cuyas consecuencias jurídicas está llamada
a pronunciarse,46 lo que subraya la idea del control de constitucionalidad
necesario; la segunda, es que el magistrado critica a la mayoría no por no
pronunciarse sobre el punto, sino por no hacerlo con precisión y fuerza,
indicando así que puede desprenderse de la opinión de la Corte cierto
ejercicio de control judicial.
En su opinión separada, el magistrado Onyeama afirma:
Los poderes de la Corte están claramente definidos por el Estatuto y no incluyen
poderes de revisar las decisiones de otros órganos de las Naciones Unidas; pero
cuando, como en el presente procedimiento, tales decisiones se relacionan con un
caso debidamente sometido ante la Corte, y un juicio u opinión correctos no podría emitirse sin determinar la validez de tales decisiones, posiblemente la Corte
no podría evitar tal determinación sin abdicar de su rol como órgano judicial.47
Esta postura, asumida en similares términos por el magistrado Dillard,48
constituye, en nuestra opinión, un apoyo más a la idea del control de constitucionalidad necesario para el correcto desempeño de la función judicial
Roberts concluye que la opinión de la Corte en Namibia refleja la idea
de que una vez que la Corte es consultada sobre el efecto de una resolución de un órgano de la ONU, no puede evitar considerar si la misma es
válida: “Sin embargo, pese al claro apoyo al control judicial expresado por
varios de los jueces, la mayoría de este apoyo vino en forma de declara-
misma ha considerado también que la opinión debía comprender un examen de la
validez de las resoluciones en cuestión.45
CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
1971, p. 16, opinión separada del magistrado Petren, p. 131.
46 Watson, Geoffrey R., op. cit., p. 21.
47 CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
1971, p. 16, opinión separada del magistrado Onyeama, pp. 143 y 144.
48 Ibidem, opinión separada del magistrado Dillard, pp. 151 y 152.
45 Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
ciones generales. Con ninguna base legal estricta establecida para tal poder, permanece poco claro si tal poder existe”.49 No podemos compartir la
conclusión del autor. Creemos que la opinión de la Corte ratificó, aunque
con la ambigüedad que parece caracterizar esta cuestión, que el control de
constitucionalidad es posible cuando la Corte debe ejercerlo para cumplir
adecuadamente su función judicial. Dicho poder, aunque limitado, existe,
y tiene adecuada base jurídica en el carácter de órgano judicial principal de
las NU que la Corte reviste.
3. Efectos de los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
en los que se fijan indemnizaciones
Es oportuno recordar aquí que en 1954, y sin pronunciarse expresamente
sobre la cuestión del control de constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU, la Corte ya había admitido la posibilidad de un examen
de los mismos con relación a la Carta. Dado que no abordó directamente
el tema del control, preferimos tratarla en tercer lugar, no obstante ser la
primera en orden cronológico.
Se trata de la opinión consultiva sobre Efectos de los fallos del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas en los que se fijan indemnizaciones.50
En el curso de su razonamiento, la Corte no menciona ni asume una postura con relación al control de constitucionalidad, pero afirma: “Se ha puesto
en duda la facultad legal de la Asamblea General para crear un Tribunal
competente, cuyos fallos sean obligatorios para las Naciones Unidas. Hay
que examinar, pues, si la Asamblea General tiene tal facultad en virtud de la
Roberts, Ken, op. cit., p. 299.
En el caso, la AG, mediante resolución 785 A (VIII), solicitó una opinión de la Corte
sobre las siguientes cuestiones: “1) Teniendo en cuenta el Estatuto del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas, así como cualesquier otros instrumentos y documentos pertinentes,
¿tiene la Asamblea General el derecho, por un motivo cualquiera, de negarse a la ejecución
de un fallo de dicho Tribunal que fije una indemnización en favor de un miembro del personal de las Naciones Unidas cuyo nombramiento haya sido rescindido sin su asentimiento?
2) En caso de que la Corte conteste afirmativamente a la pregunta 1), ¿cuáles son los principales motivos en que la Asamblea General puede fundarse para ejercer legítimamente dicho
derecho?”. En su opinión consultiva de 13 de julio de 1954, la Corte respondió de forma
negativa a la primera cuestión, no siendo necesario responder la segunda.
49 50 70
Carta”.51 Examinar si la AG tenía competencia para crear un tribunal implica el control de la constitucionalidad de la creación del mismo, y la Corte
efectuó tal control —no obstante convalidar el acto—, aun cuando no
haya reconocido expresamente que estaba ejerciendo dicha competencia.
En definitiva, consideramos que surge de la jurisprudencia de la Corte
que, en principio, los actos de los órganos de las NU no serían revisables
judicialmente (en el sentido de la posibilidad de su revocación), pero su
constitucionalidad sí puede ser examinada en la medida en que la Corte la
necesite para pronunciar su decisión en el ejercicio de su función judicial.52
Este tipo de control no solo es posible, sino que la Corte misma lo ha ejercido en varias oportunidades.
V. Formas que puede asumir el control de constitucionalidad
Aceptamos aquí que la Corte tiene poderes para controlar la constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU, consideramos que surge de
su misma jurisprudencia que tal control es posible y, de hecho, ya lo ha
ejercido. Cabe que nos preguntemos, entonces, qué formas puede adoptar
tal control.
La primer interrogante que surge a ese respecto es si el control de constitucionalidad es posible en las dos formas que reviste la competencia de la
Corte: contenciosa y consultiva.
Con respecto a la competencia contenciosa, nos enfrentamos a varias e
importantes dificultades. En primer lugar, la inexistencia de precedentes
en la jurisprudencia de la Corte, dado que, como se señaló, el asunto Lockerbie habría sido el primero de haberse llegado al fallo sobre el fondo. En
segundo lugar, la complejidad de la cuestión, atento a que la Carta no con-
51 CIJ: Effect of Awards of Compensation Made by the U. N. Administrative Tribunal, Advisory Opinion of July 13th, 1954: I.C. J. Reports 1954, pp. 47 y 56.
52 Akande, Dapo, op. cit., p. 331; Remiro Brotóns, Antonio, Terrorismo, mantenimiento de la
paz y nuevo orden, en: http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/aremiro//publicaciones/Terroris
mo.pdf, pp. 7 y 8; Bottini, Gabriel, “Control de constitucionalidad en las Naciones Unidas: el
Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia”, Revista Jurídica Argentina La Ley,
T. 2002-F-1323, p. 1328; Gowlland-Debbas, Vera, op. cit., pp. 664 y 665.
tiene disposiciones relativas a la eventual colisión entre actos de diferentes
órganos, en particular, aquellos con poder de emitir decisiones obligatorias —el CS y la Corte— y, en especial, a los efectos que traería para los
Estados que no son parte en el caso ante el tribunal —no obligados por su
fallo, artículo 59 del Estatuto—, que podrían seguir vinculados por una
resolución cuya constitucionalidad ha sido disputada. Consideramos que
estas dificultades exceden los límites de este análisis y nos impiden un pronunciamiento claro sobre la cuestión, sin que ello implique una respuesta
negativa de nuestra parte.53
No creemos que éste sea el caso de la competencia consultiva, donde la
cuestión aparece más clara. En la misma, el propio órgano interesado puede
consultar a la Corte sobre la constitucionalidad de sus propias resoluciones, obteniendo así un pronunciamiento jurídico de una fuente de indiscutible autoridad, pronunciamiento que, al no ser obligatorio, permite que,
en el caso de ser negativo, sea el propio órgano interesado quien revoque
—o no— su propio acto al tomar conciencia de su inconstitucionalidad.54
Gowlland-Debbas tiene otra postura sobre la falta de obligatoriedad del
pronunciamiento de la Corte, al entenderla como una limitación.55 Para
nosotros, esta aparente limitación es una virtud: al no ser obligatorio y
permitirle al propio órgano reevaluar su accionar a la luz del derecho de
la Carta, incluso, mediante la revocación del acto inconstitucional, se evita
una posible crisis institucional dentro del sistema onusiano. Es ello lo que
la autora se ve finalmente forzada a reconocer: “Un pronunciamiento de la
Corte sobre la invalidez de una resolución de las Naciones Unidas serviría
para socavar la legitimidad de los actos en cuestión, y llevaría a una seria
Véase, a favor del control en los casos contenciosos, Condorelli, Luigi, “La Corte Internazionale di Giustizia e gli organi politici delle Nazioni Unite”, en Salerno, Francesco (dir.),
Il ruolo del giudice internazionale nell’evoluzione del Diritto internazionale e comunitario, Atti del
Convegno di Studi in memoria di Gaetano Morelli, CEDAM, 1995, pp. 93-114, p. 106; Bottini,
Gabriel, op. cit., p. 1329; Casado Raigón, Rafael, “Consideraciones sobre el control de las
decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. X, 1994, pp. 335-341, p. 338; Akande, Dapo, op. cit., p. 342.
54 V. Angehr, Mark, “The International Court of Justice’s Advisory Jurisdiction and the
review of Security Council and General Assembly Resolutions”, Northwestern University Law
Review, vol. 103, núm. 2, 2009, pp. 1007-1036, p. 1026; por su parte, Petculescu considera
que la competencia consultiva es la vía maestra para el ejercicio del control de constitucionalidad (Petculescu, Ioana, op. cit., p. 182).
55 Gowlland-Debbas, Vera, op. cit., pp. 664-671.
53 72
La vía consultiva de la Corte ha tenido el potencial para el “control judicial” de
cuestiones de este tipo. Algunas de las cuestiones presentadas a la Corte en este
modo consultivo fueron provocadas por el reclamo de que un órgano político
había actuado ultra vires la Carta. Tales reclamos necesariamente involucraban una
determinación en virtud de la Carta de la legalidad de la acción en cuestión y si la
misma fue ultra vires... En ninguna opinión hasta la fecha la Corte ha sostenido que
una acción de un órgano político principal haya sido ultra vires. Pero se puede encontrar en la competencia consultiva de la Corte Internacional analogías a Marbury
v. Madison. Como su contraparte estadounidense, la Corte fue capaz de afirmar
su derecho a dictaminar sobre la legalidad de la toma de decisiones legislativas
sin ponerse, en el caso particular, en conflicto directo con las ramas políticas.
Como Marbury, tales decisiones internacionales pueden servir como precedente
fundamental para establecer la legitimidad del control judicial general de la Corte
Internacional.57
El caso Marbury vs. Madison es reiteradamente mencionado por los autores que han abordado esta cuestión.58 Haciendo referencia al mismo, se
ha señalado que hay importantes diferencias en la relación constitucional
entre las ramas de un gobierno y la relación entre los órganos de las NU
en virtud de la Carta, y que si la Corte Suprema de los Estados Unidos
posee un significativo poder que surge directamente de la Constitución y
Ibidem, p. 673; véase también, Aznar Gómez, Mariano J., op. cit., pp. 65-66; Pozo Serrano, Pilar, op. cit., p. 511; Petculescu, Ioana, op. cit., p. 183.
57 Reisman, W. Michael, op. cit. p. 92.
58 V. gr., Franck compara Marbury vs. Madison con el asunto Lockerbie (Franck, Thomas M., op.
cit., passim), y Sloan lo compara con la opinión consultiva en Namibia (Sloan, Blaine, op. cit., p.
64). En contra de las analogías con Marbury, v. Madison, véase Álvarez, José, “Judging the Security Council”. The American Journal of International Law, vol. 90, 1996, pp. 1-39. Como es sabido,
se trata de uno de los casos más importantes de la jurisprudencia de la Suprema Corte de los
Estados Unidos, por el cual ésta reservó a los tribunales la facultad de controlar la conformidad
con la Constitución de las leyes dictadas por el Congreso, declarando su eventual inconstitucionalidad y, así, no aplicándolas en un caso concreto. Fue la primera afirmación de lo que hoy
entendemos por “control de constitucionalidad” en un ordenamiento jurídico interno.
56 Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
reconsideración de su decisión por el órgano interesado. También serviría
para impedir actos futuros de similar naturaleza”.56
Reisman también admite el control judicial en ejercicio de la función
consultiva de la Corte, aunque desde otra perspectiva:
que apoya el ejercicio del control judicial mientras que la Carta no otorga
autoridad específica a la Corte para controlar la legalidad de los actos del
CS ni de la AG, y que como tal, no le otorga autoridad “constitucional” para
actuar.59 Es conveniente efectuar algunas consideraciones al respecto. Por
un lado, no nos parece exacto afirmar que el control de constitucionalidad
que pueda ejercer la Corte sea equiparable al que efectúan los tribunales
internos, por el caso, la Suprema Corte de los Estados Unidos, y en ese
sentido, apuntan con razón los críticos que la distribución del poder en la
Carta no es análoga a la que puede existir entre los órganos de gobierno de
un Estado. Asimismo, los efectos que una declaración de inconstitucionalidad pueden tener en un ordenamiento interno como el estadounidense incluyen hasta la revocación del acto reputado inconstitucional, lo cual, según
señalamos aquí, no sucedería en el ámbito de las NU. Pero por otro lado, no
compartimos con los críticos que la Suprema Corte de los Estados Unidos
cuente con autorización constitucional para el control judicial mientras la
Corte no gozaría de la misma en virtud de la Carta. Ninguna norma de
la Constitución de los Estados Unidos autoriza expresamente el control
de constitucionalidad por el órgano judicial, y sin embargo, ello no ha impedido su desarrollo por la Suprema Corte, precisamente a partir de Marbury
vs. Madison. De igual modo, sostenemos aquí, y pese a la falta de autorización expresa, ninguna de las normas de la Carta ni de su Estatuto impiden
a la Corte ejercer, como órgano judicial principal de las NU y en su competencia consultiva, un control de constitucionalidad de los actos de los
órganos de la Organización, con los alcances y efectos que aquí se señalan.
Cabe recordar aquí, en apoyo de nuestra propuesta, que en su ya citada
opinión separada en Ciertos gastos, el magistrado Bustamante había fundado
la posibilidad del control de constitucionalidad precisamente en la función
consultiva de la Corte, mencionando el artículo 96 de la Carta.
Habiendo aceptado, entonces, que el control de constitucionalidad puede ser efectuado por la Corte en el ejercicio de su competencia consultiva, corresponde que analicemos de qué manera puede tener lugar dicho
control. Al respecto, la doctrina entiende que otra de las limitaciones al
rol que la Corte puede jugar en materia de interpretación y revisión de la
validez de las resoluciones de los órganos de las NU es la falta de un procedimiento establecido para el control judicial, que hace el proceso incidental
59 74
Zubel, Eric, op. cit., pp. 278 y 279.
o fortuito.60 No podemos compartir estos argumentos. Si bien admitimos
que es posible el control de constitucionalidad incidental, y es el que más
ejemplos posee, no es el único. Un control directo, en el que el mismo
sea la materia objeto de la solicitud de opinión consultiva, aunque sea poco
probable, es perfectamente posible dentro de la Carta, y Gowlland-Debbas
cita61 un caso en que un órgano del sistema de NU efectuó una consulta de
este tipo, la Constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, en que se pidió a la Corte
que se pronunciara sobre la validez de un acto de la Asamblea de la por entonces OCMI y al que nos referiremos luego. Nada impide que los órganos
de la ONU soliciten una opinión similar. Asimismo, los autores parecen
no tener en cuenta una tercera forma en que la Corte ejerce un control
de constitucionalidad, al verificar su competencia para emitir una opinión
consultiva —puesto que, indirectamente, analiza la competencia del órgano solicitante para formularla—.
Por lo tanto, entendemos que el control de constitucionalidad que la
Corte puede efectuar en ejercicio de su competencia consultiva, puede
darse en al menos tres casos:
–– Incidentalmente, cuando verifica su competencia para emitir una opinión consultiva.
–– Incidentalmente, cuando tal control es necesario para emitir una opinión consultiva.
–– Directamente, cuando constituye el objeto principal de la solicitud de
Encontramos precedentes de las tres formas de control en la jurisprudencia de la Corte, según veremos a continuación.
1. Control de constitucionalidad incidental al verificar su competencia
La Corte ha declarado repetidamente que:
Es... requisito esencial para que la Corte tenga competencia que la opinión consultiva sea solicitada por un órgano debidamente autorizado para ello de confor60 61 Gowlland-Debbas, Vera, op. cit., pp. 670 y 671; Martenczuk, Bernd, op. cit., p. 528.
Gowlland-Debbas, Vera, op. cit., p. 61.
midad con la Carta; que se refiera a una cuestión jurídica y que, salvo en el caso de
la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, dicha cuestión surja dentro de la
esfera de actividades del órgano que solicita la opinión.62
Asimismo, y aunque el artículo 96, párrafo 1, de la Carta establece que la
AG puede solicitar una opinión consultiva “sobre cualquier cuestión jurídica”, la Corte ha dado ciertas indicaciones sobre la relación entre la cuestión
objeto de solicitud de opinión consultiva y las actividades de la AG.63
Esto significa que, cuando la Corte verifica su propia competencia para
emitir una opinión consultiva, debe examinar si el órgano que solicitó tal
opinión es competente para efectuar la solicitud, tanto formal (si cuenta
con autorización directa de la Carta o bien, de la AG) como materialmente
(si la cuestión objeto de la solicitud surge dentro de la esfera de actividades del órgano) o, en otras palabras, si el acto por el cual la opinión fue
solicitada fue emitido en virtud de las disposiciones de la Carta. Ello no es
sino una forma de control de constitucionalidad. Así, sostenemos que al
declarar que tiene competencia para emitir una opinión consultiva porque
el órgano que la solicitó es competente para solicitarla, la Corte está confirmando la constitucionalidad del acto emitido, mientras que al declinarla,
está implícitamente declarando la inconstitucionalidad de tal acto.
En dos opiniones consultivas, podemos encontrar un ejercicio de este
tipo de control de parte de la Corte. Las analizaremos a continuación.
A. Licitud de la utilización de armas nucleares por un Estado
Comenzamos por el único caso en que, hasta la fecha, la Corte se ha declarado incompetente para emitir una opinión consultiva, en el asunto Licitud
de la utilización de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado.64
CIJ, Application for Review of Judgement No. 273 of the United Nations Administrative Tribunal,
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1982, pp. 333-334, párr. 21; Legal Consequences of the Construction
of aWall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, párr. 14.
63 CIJ, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I. C. J. Reports 1950,
p. 70; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 226, párr. 11 and
12; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, párr. 16
64 En el caso, la Asamblea Mundial de la Salud, órgano de la OMS, había solicitado a
62 76
... se ha hecho valer que la Resolución WHA 46.40 de la Asamblea Mundial de
la Salud ha sido adoptada por la mayoría requerida, por lo que “debe presumirse
válidamente adoptada”... A ese respecto, la Corte observa que la cuestión de saber
si una resolución ha sido adoptada regularmente desde un punto de vista procedimental y la cuestión de saber si dicha resolución ha sido adoptada intra vires, son
dos cuestiones diferentes. El simple hecho que una mayoría de Estados haya votado
una resolución respetando todas las reglas de forma pertinentes, no sería de suyo
suficiente para subsanar los eventuales vicios de fondo, como actuar ultra vires, que
la afectaran.65
La Corte parece indicar, así, como lo había adelantado el magistrado Spender tres décadas antes, que no está vinculada por decisiones ultra vires de
un órgano, no obstante haber sido aprobadas con las mayorías estatutarias.
Comentando este pasaje, Peralta afirma que la cuestión plantea la necesidad de distinguir entre legitimidad formal y legitimidad sustancial de decisiones adoptadas por los órganos de una Organización dada:
La regla de la mayoría no puede prevalecer sobre el tratado fundacional, ya que
una decisión adoptada por mayoría, por más que sea numéricamente muy importante, no puede interpretar en forma auténtica y obligatoria el tratado fundacional
En su opinión, la Corte procedió a realizar el análisis de los tres criterios
mencionados supra para verificar su competencia: 1) que la opinión sea solicitada por un órgano autorizado para ello; 2) que verse sobre una cuestión
jurídica; 3) que surja dentro de la esfera de las actividades del órgano. Si
bien los dos primeros se cumplían en la especie, la Corte entendió que la
solicitud no caía dentro de la esfera de actividades del órgano.
Es muy significativo para nuestro análisis el siguiente pasaje de la opinión
la Corte, mediante resolución WHA 46.40, que emitiera una opinión consultiva sobre la
siguiente cuestión: “Teniendo en cuenta los efectos de las armas nucleares sobre la salud y
el medio ambiente, su utilización por un Estado en el curso de una guerra o de un conflicto
armado ¿se consideraría una violación de sus obligaciones con respecto al derecho internacional, comprendida la Constitución de la OMS?”.
65 CIJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion,
I. C. J. Reports 1996, p. 66, párr. 29.
de una Organización Internacional, lo que sólo es posible cuando la interpretación
en cuestión es generalmente aceptada y expresa un consenso general.66
Sigue diciendo la Corte:
Como la Corte ha declarado, “cada órgano debe, en primer lugar, determinar su
propia competencia”... Ciertamente pertenece a la Asamblea Mundial de la Salud
—y en consecuencia a la OMS— decidir sobre su competencia para someter a la
Corte una solicitud de opinión consultiva sobre la cuestión considerada, teniendo
en cuenta los términos de la Constitución de la Organización y del acuerdo del 10
de julio de 1948 que la vincula a las Naciones Unidas. Pero de la misma manera,
le incumbe a la Corte asegurarse que las condiciones a las que está subordinada su
propia competencia para emitir la opinión solicitada se han cumplido, por efecto
de la remisión hecha, respectivamente, por el párrafo 2 del artículo 96 de la Carta,
a “la esfera de actividades” de la Organización y por el párrafo 2 del artículo X del
acuerdo de 10 de julio de 1948 a “su competencia”, la Corte se encuentra igualmente en la obligación de interpretar la Constitución de la OMS... y la Corte ha
arribado a conclusiones diferentes de aquellas alcanzadas por la Asamblea Mundial
de la Salud en ocasión de la adopción de su resolución WHA 46.40.67
En este pasaje, la Corte pareciera indicar que la cuestión de la verificación
de su competencia es diferente al control de constitucionalidad. No obstante, entendemos que tal distinción resulta artificial. Aunque el órgano
que efectúa la consulta pudiera entenderse competente en virtud de las
normas aplicables, la Corte igualmente puede —y, de hecho, lo hace—, al
verificar su propia competencia, confrontar el acto por el que se solicita la
opinión consultiva —en la especie, la resolución WHA 46.40 de la Asamblea Mundial de la Salud— con las normas de la Carta y así, ejercer un
control de constitucionalidad. Es probable que el aparente esfuerzo de la
Corte por distinguir estas cuestiones halle su explicación en su ya señalada
ambigua actitud con relación a esta cuestión.
66 Peralta, Fanny, “Licitud de la utilización de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado. Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996. Corte Internacional de Justicia”, en
varios autores, Jurisprudencia Internacional Comentada, Córdoba, Lerner Editora, 2004.
67 CIJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion,
La Corte no puede aceptar el argumento según el cual la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en tanto que fuente del poder de la OMS para solicitar opiniones
consultivas, por su resolución 49/75 K habría confirmado la competencia de dicha
Organización para solicitar una opinión sobre la cuestión sometida a la Corte. En el
último párrafo del preámbulo de la resolución citada, la Asamblea General: [acogió
con beneplácito] “la resolución 46/40, de 14 de mayo de 1993, de la Asamblea de
la Organización Mundial de la Salud, en que la organización pedía a la Corte Internacional de Justicia que diera una opinión consultiva sobre si el empleo de armas
nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado constituiría una violación de las obligaciones que le impone el derecho internacional, incluida la Constitución de la Organización Mundial de la Salud”. Al expresar esta opinión, la Asamblea General ha traducido manifiestamente la voluntad de una vasta mayoría de
Estados de dar sustento político a la acción tomada por la OMS, la que acoge
con beneplácito. Sin embargo, la Corte no considera que la Asamblea General,
al proceder así, haya entendido pronunciarse sobre la competencia de la OMS
para solicitar una opinión sobre la cuestión de que se trata. Además, la Asamblea
General, evidentemente no ha tenido la intención de desconocer los límites en los
que el párrafo 2 del artículo 96 de la Carta le permite autorizar a los organismos
especializados solicitar opiniones consultivas, límites que han sido reafirmados en
el Artículo X del acuerdo de relación de 10 de julio de 1948.68
Entendemos muy interesante, y vinculado con nuestro objeto de estudio
la última parte del pasaje. La Corte se esfuerza por realizar una interpretación de la resolución 49/75 K de la AG que no resulte en contravención
del artículo 96, párrafo 2, de la Carta. De esa forma, reconoce la existencia
de límites a la competencia de la AG, límites que ésta no puede desconocer.
Cabe el interrogante siguiente: si la AG hubiese desconocido tales límites,
¿habría la Corte declarado inconstitucional a la resolución? El caso también
puede verse como un interesante ejercicio de la Corte de sus facultades
interpretativas para no verse en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de un acto, lo que subraya su carácter excepcional en el sistema.
68 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
También entendemos significativo con relación a nuestro análisis el siguiente pasaje de la opinión consultiva:
Ibidem, párr. 30.
B. Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado
Observamos una forma de control de constitucionalidad por la Corte al
momento de verificar su competencia para emitir una opinión consultiva
en el caso de las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en
el territorio palestino ocupado.69 En oportunidad de verificar su competencia, la Corte ejerció un control de constitucionalidad, dado que Israel alegó
que la AG había excedido los límites de la competencia que le confiere la
Carta cuando solicitó la opinión consultiva. Al responder a la objeción de
Israel, la Corte señaló en primer lugar que el tema objeto de la solicitud
de opinión consultiva está comprendido en el ámbito de competencia de
la AG que surge de las disposiciones de la Carta. No obstante, reconoció
que el párrafo 1 del artículo 12 de la Carta contiene una limitación al
accionar de la AG, en el sentido de que no puede hacer recomendaciones
sobre una controversia o situación respecto a la cual el CS esté desempeñando las funciones que la Carta le asigna, salvo solicitud de éste.70 Ante
ello, la Corte afirmó:
69 En el mismo, la AG, por resolución ES-10/14, había solicitado a la Corte que emitiera
una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión: “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas
que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores... teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949
y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?”. En su opinión
consultiva de 9 de julio de 2004, la Corte emitió su opinión, en la que respondió de la
siguiente manera: que la construcción del muro y su régimen conexo son contrarios al derecho internacional; que Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho
internacional, de detener de inmediato las obras de construcción del muro, desmantelar de
inmediato la estructura y derogar o dejar sin efecto de inmediato todos los actos legislativos y
reglamentarios con ella relacionados; que Israel tiene la obligación de reparar todos los daños
y perjuicios causados por la construcción del muro; que todos los Estados tienen la obligación
de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar
ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción; que
todos los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra tienen además la obligación de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio;
y que las NU, y en especial la AG y el CS, deberían considerar qué medidas adicionales son
necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro, teniendo
debidamente en cuenta la opinión consultiva.
70 El párrafo 1 del artículo 12 dispone textualmente: “Mientras el Consejo de Seguridad
esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o
Así, y luego del examen de la práctica de la Organización, interpretó los
términos del artículo 12 y concluyó: “La Corte entiende que la Asamblea
General, al aprobar la resolución ES-10/14, en la que solicitó una opinión
consultiva de la Corte, no infringió las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta. La Corte concluye que, al formular esa solicitud, la
Asamblea General no excedió los límites de su competencia”.72 El pasaje es
de fundamental importancia para nuestra cuestión. Aunque no se detiene
en la cuestión de si tiene o no poder de ejercer un control de constitucionalidad, la Corte claramente lo está ejerciendo, al confirmar la validez
de la resolución de la AG. Asimismo, también confirma —en nuestra opinión— que aun siendo los términos del párrafo 1 del artículo 96 mucho
más amplios que los del párrafo 2 del mismo, la Corte igualmente puede
verificar la competencia de la AG y el CS para solicitar una opinión consultiva, al menos si esta competencia es objetada por un interviniente en el
procedimiento consultivo.
En suma, y aunque de la jurisprudencia de la Corte parezca surgir cierta
ambigüedad —siempre presente de un modo u otro en lo que respecta a
esta cuestión—, consideramos que, al verificar su competencia para emitir
una opinión consultiva, la Corte puede ejercer un control de constitucionalidad sobre el acto en virtud del cual la opinión le es solicitada. Ello puede aparecer con claridad en el caso de las opiniones solicitadas en virtud
del párrafo 2 del artículo 96 de la Carta —en las cuales, debe verificar,
además de la competencia formal del órgano (esto es, si está autorizado
por la AG), la competencia material del mismo para solicitar la opinión
La solicitud de una opinión consultiva no es en sí misma una “recomendación” de
la Asamblea General “con respecto a [una] controversia o situación”. Sin embargo,
en este caso se ha aducido que la aprobación por la Asamblea General de la resolución ES-10/14 había excedido los límites de la competencia de la Asamblea en
virtud de que no se ajustaba a lo dispuesto en el Artículo 12. Por consiguiente, la
Corte estima que corresponde examinar el alcance de dicho Artículo, a la luz de
los textos pertinentes y de la práctica de las Naciones Unidas.71
situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad”.
71 CIJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, párr. 25.
72 Ibidem, párr. 28.
consultiva (es decir, si la cuestión surge dentro de la esfera de actividades
del órgano)—, pero, dadas las indicaciones reiteradas en la jurisprudencia
de la Corte sobre la relación del objeto de la consulta con las actividades de
la AG, entendemos que también es posible en las opiniones solicitadas en
virtud del párrafo 1 del mencionado artículo, en particular, cuando la competencia del órgano solicitante es objetada por alguno de los intervinientes
2. Control de constitucionalidad incidental necesario para emitir una opinión
En este caso es donde se encuentran la mayoría de los casos ya mencionados
en los que ha surgido la cuestión del control de constitucionalidad.
Como dijimos, la Corte revisó la competencia de la AG para crear el Tribunal Administrativo en su opinión consultiva sobre Efectos de los Fallos;
la conformidad de las resoluciones relativas a la FENU I y a la ONUC con
el artículo 17.2 de la Carta, en Ciertos Gastos, y el análisis de las resoluciones 2145 (XXI) y 276 (1970) en Namibia. En todos estos casos, la Corte,
para emitir la opinión solicitada, analizó la constitucionalidad de la acción
que habían tomado los órganos de la Organización. En nuestra perspectiva,
y como ya se dijo, esto implica, que la Corte puede controlar la constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU en ejercicio de su función
judicial, y en la medida en que sea necesario para responder la solicitud que
le haya sido efectuada.73
Esta forma de ejercicio del control de constitucionalidad incidental, en
la medida en que sea necesario para el correcto desempeño de la función
judicial, cae dentro de lo que la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha denominado como ejercicio de la competencia “incidental” o “subsidiaria”, es decir, la competencia del tribunal
para determinar el ejercicio de su jurisdicción “primaria”, sobre el asunto
que le es sometido, en virtud del principio de la “competencia de la competencia” (compétence de la compétence). La Sala cita la opinión consultiva de
la Corte en Namibia para señalar que la negativa inicial de la Corte a revisar
los actos de los órganos de las NU obedece a que la misma se refiere allí al
73 82
En el mismo sentido, véase Hossain, Kamrul, op. cit., p. 150.
Obviamente, los poderes discrecionales del Consejo de Seguridad en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas son muy amplios, y el poder del Tribunal Internacional de revisar sus acciones, incluso como una materia de jurisdicción incidental, es
reducido. No obstante, esto no significa que tal poder desaparezca completamente, en particular en los casos donde podría haber una contradicción manifiesta con
los Propósitos y Principios de la Carta.74
3. Control de constitucionalidad directo como asunto principal
de la solicitud de opinión consultiva
Consideramos que esta posibilidad es perfectamente posible en el marco
de la Carta. Nada impide a la AG o al CS solicitar de la Corte una opinión
consultiva sobre la conformidad de una o más de sus resoluciones con la
Carta, desde que, claramente, ello sería una “cuestión jurídica” dentro de
la competencia de la Corte (artículo 96.1 de la Carta).75
Si admitimos que la Corte misma puede, aunque no constituya el objeto
de la solicitud de opinión consultiva, revisar incidentalmente la constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU si es necesaria para dar la
respuesta solicitada, con mayor razón podrá hacerlo cuando el control de
constitucionalidad le sea solicitado expresamente por el órgano requirente
en su consulta. Pozo Serrano sigue el mismo razonamiento:
La Corte se ha reconocido competente para examinar la validez de las resoluciones aun no habiendo sido expresamente invitado a ello, a fortiori será competente
para efectuar dicho examen cuando la formulación de la demanda lo habilita explí-
ejercicio del control judicial como asunto de jurisdicción “primaria”, pero
que finalmente procede a ejercitarlo como asunto de jurisdicción “incidental”, lo que también, sostiene la Sala, realizó la Corte en Efectos de los
Fallos. Esas consideraciones le permiten concluir, en orden a determinar la
constitucionalidad de su propia creación por el CS:
74 TPIY, Sala de Apelaciones: Le Procureur c/ Dusko Tadic, alias “Dule” – Arrêt relatif à l’appel de
la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 de octubre de 1995, en: http://
www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm.
75 Comparten esta opinión Pozo Serrano, P., op. cit., p. 504; Akande, Dapo, op. cit., p. 328.
citamente. Esta última hipótesis, de plantearse en la realidad, no ofrecería problemas particulares ya que no se puede acusar a la Corte de arrogarse competencias
de control sobre las actividades de otro órgano cuando es el propio órgano el que
acude ante la Corte para obtener su parecer sobre la legalidad de una concreta
decisión.76
No obstante sus críticas sobre el control de constitucionalidad por parte de
la Corte, Álvarez también admite la posibilidad de utilizar para el mismo la
competencia consultiva, con un fin preventivo y legitimador del accionar
de los órganos de la Organización, en particular del CS.77
Por nuestra parte, creemos que también es posible que la AG solicite
una opinión consultiva de la Corte sobre la conformidad con la Carta
de una resolución del CS, toda vez que, en virtud del artículo 10 de la
misma, la Asamblea General “podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones... que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los
órganos creados por esta Carta”. Aunque parte de la doctrina78 comparte
esta idea, Pozo Serrano asume una postura más restrictiva al señalar que el
artículo 12 “permite interpretar que la Asamblea General no podría valerse
de esta facultad para plantear ante la Corte cuestiones directamente referidas a la actuación del Consejo de Seguridad”.79 No podemos compartir esta
última apreciación. Como se dijo, nada impide a la AG solicitar de la Corte
una opinión consultiva sobre la constitucionalidad de una resolución del CS,
por los siguientes argumentos: el artículo 10 le otorga la facultad de discutir cualquier asunto o cuestión que se refiera “a los poderes y funciones de
cualquiera de los órganos” creados por la Carta, lo que no excluye al CS; el
mismo artículo 10 agrega a continuación “y salvo lo dispuesto en el artículo
12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones...”, lo
que indica que la salvedad del artículo 12 se aplica a las recomendaciones,
Pozo Serrano, Pilar, op. cit., p. 535.
“Usado sabiamente, tal recurso a la Corte podría asistir al Consejo a implementar acciones que de otro modo serían vistas como controversiales... Los Miembros que podrían
inclinarse a cuestionar la legalidad de la acción del Consejo podrían convencerse con una
determinación judicial de la legalidad y estarían más dispuestos a cumplir con la acción del
Consejo en vista de tal opinión” (Álvarez, José, op. cit., p. 27).
78 Casado Raigón, Rafael, op. cit., p. 338; véase también Aznar Gómez, Mariano J., op. cit.,
p. 64; Petculescu, Ioana, op. cit., p. 182.
79 Pozo Serrano, Pilar, op. cit., pp. 508 y 509.
76 77 84
pero no a la discusión en la AG, y, como lo dijo la propia Corte en la opinión consultiva de 2004 arriba citada, una solicitud de opinión consultiva
no es una “recomendación” en el sentido del artículo 12.80 En definitiva, el
artículo 12 no constituye impedimento alguno a la AG para solicitar de la
Corte una opinión consultiva sobre la constitucionalidad de una resolución
del CS.81
En ese sentido, nos parece importante mencionar un caso en el que el
objeto principal y directo de la solicitud de opinión consultiva fue la determinación de si un acto de una organización internacional había sido dictado
conforme a su instrumento constitutivo. Se trata de la opinión consultiva
del 8 de junio de 1960 sobre Constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Consultiva Marítima Internacional. En tal procedimiento, la Asamblea de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) había solicitado a la Corte que emitiera una opinión
consultiva acerca de la cuestión “¿Está el Comité de Seguridad Marítima
de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, elegido el
15 de enero de 1959, constituido en conformidad con la Convención por
la que se creó la Organización?”. La cuestión había surgido en el seno de la
OCMI debido a que la Asamblea no había elegido para integrar dicho Comité a Liberia y Panamá, cuyas flotas mercantes —de acuerdo al tonelaje
registrado— ocupaban el tercer y octavo lugar de importancia en el mundo —producto de la conocida práctica de la “bandera de conveniencia”—,
cuando el artículo 28 de la Convención que creó la OCMI establecía que
entre los catorce miembros del Comité, ocho debían ser “aquellos países
que posean las flotas mercantes más importantes”. La Corte interpretó los
términos del artículo, sus trabajos preparatorios y otras disposiciones aplicables, y llegó —por nueve votos contra cinco— a la conclusión de que la
exclusión de Panamá y Liberia había contravenido la Convención, dando así
una respuesta negativa a la consulta efectuada.82
En el mismo sentido, Petculescu, Ioana, op. cit., p. 183.
Cabe destacar aquí que la propia AG comprendió la importancia de la función de la Corte en materia de interpretación de la Carta desde los primeros tiempos de la Organización
(resolución 171 (II), sobre “Necesidad para las Naciones Unidas y para sus órganos de recurrir
con mayor frecuencia a los servicios de la Corte Internacional de Justicia”.
82 Véase CIJ, Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization, Advisory Opinion of 8 June 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 150.
80 81 Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
El caso es importante por varias razones: en primer lugar, la solicitud de
opinión consultiva versó directamente sobre la conformidad de un acto
de un órgano de una organización internacional con su tratado constitutivo,
lo que aquí llamamos su constitucionalidad. En segundo lugar, no surge
de la opinión de la Corte ni de las opiniones disidentes, objeción alguna
según la cual la Corte debiera abstenerse de responder a la consulta efectuada por tratarse del ejercicio de un control de constitucionalidad del acto
de una organización internacional; por el contrario, las objeciones apuntan
a que la Corte debió —realizando otra interpretación— confirmar la validez del acto. Finalmente, si bien es cierto que no se trató de una solicitud
efectuada por uno de los órganos principales de las NU, sino por un órgano
de un organismo especializado del sistema, no es menos cierto que estos
están facultados por el artículo 96.2 de la Carta para solicitar opiniones
consultivas, si la AG así los autoriza, sobre cuestiones jurídicas “que surjan
dentro de la esfera de sus actividades”, facultad restringida con relación a la
más amplia de la que gozan la AG y el CS en virtud del párrafo 1 del mismo
artículo, dado que estos últimos pueden solicitar una opinión consultiva
sobre “cualquier cuestión jurídica”; en virtud de ello, si un organismo especializado puede solicitar a la Corte que por vía de una opinión consultiva
controle la constitucionalidad de sus actos, a fortiori la AG y el CS pueden
solicitar lo mismo. No obstante la importancia del caso, no es mencionado
por la mayoría de la doctrina que ha estudiado este tema, con la notable
excepción, ya mencionada, de Gowlland-Debbas.83
En definitiva, el control de constitucionalidad directo por parte de la
Corte es posible, existe un precedente con respecto a un organismo especializado del sistema, y ninguna norma impide que un órgano principal de
las NU solicite a la Corte una opinión consultiva cuyo objeto principal sea
la constitucionalidad de sus actos.
De lo expuesto en estas páginas se desprende que es posible, en el sistema
de las NU, el ejercicio de un control de constitucionalidad, entendiendo
como tal el examen de la conformidad de los actos de la Organización con
83 86
la Carta. Tal control puede ser ejercido por la Corte en el desempeño de
su función como “órgano judicial principal” de las NU y así lo ha efectuado,
según surge de su propia jurisprudencia.
No escapa a esta conclusión la ambigüedad de la Corte en la materia.
Pero si bien es verdad que ha negado tener facultades de control judicial,
no es menos cierto que ha ejercido dicho control, incluso en casos en los
que dicha facultad no fue discutida.
El repaso por la jurisprudencia de la Corte, así como por la opinión de
los autores en la materia, permite afirmar que el control de constitucionalidad resultaría más efectivo en ejercicio de la competencia consultiva
del tribunal, sin que ello implique descartar por completo la posibilidad
de su planteamiento en la competencia contenciosa —cuestión que, como
se dijo, excede los límites de este trabajo—. Las limitaciones al alcance y
efectos de un control de constitucionalidad ejercido por vía consultiva, si
bien son importantes, lo hacen más compatible con las respectivas competencias de los órganos de la Organización, a la vez que preservan la función
judicial de la Corte.
El análisis aquí efectuado permite reconocer al menos tres formas de
control de constitucionalidad por parte de la Corte, dos incidentales —al
momento de verificar su competencia para emitir una opinión consultiva,
y en la medida en que sea necesario para, en el correcto desempeño de su
función judicial, responder a la consulta efectuada—, y una directa —si
la constitucionalidad de un acto de un órgano es el objeto mismo de la
solicitud de opinión consultiva—. Las tres formas se encuentran —con
distintos modos y alcances— en la jurisprudencia de la Corte y están, en
nuestra opinión, debidamente fundadas en las disposiciones de la Carta y el
Estatuto que rigen la competencia consultiva del tribunal, así como en su
carácter de “órgano judicial principal” del sistema.
En resumen, en este artículo se sostiene que el control de constitucionalidad de los actos de los órganos de las NU por parte de la Corte es de
hecho posible, está implícitamente fundado en las normas de la Carta y del
Estatuto, surge de la jurisprudencia de la Corte, y puede revelarse como
una útil herramienta para garantizar la supremacía de la Carta y el imperio
CIJ, Admission d’un État aux Nations Unies (Charte, art. 4), avis consultative. C.
I. J . Recueil 1948.
CIJ, Application for Review of Judgement No. 273 of the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1982.
CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte),
Avis consultatif du 20 juillet 1962. C. I. J . Recueil 1962.
CIJ, Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory
Opinion : I. C. J. Reports 1950.
CIJ, Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization, Advisory Opinion of 8 June 1960: I.C.J.
Reports 1960.
CIJ, Difference Relating to Immunity form Legal Process of a Special Rapporteur
of the Commission of Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999 (I).
CIJ, Effect of awards of compensation made by the U. N. Administrative Tribunal,
Advisory Opinion of July 13th, 1954: I.C. J. Reports 1954.
CIJ, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I. C. J.
Reports 1950.
CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276
(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971.
CIJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004.
CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, I.C.J. Reports 1996 (I).
CIJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory
Opinion, I. C. J. Reports 1996.
CIJ, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention
arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United
States of America), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports
TPIY, Prosecutor v. Dusko Tadic a.k.a. “Dule”. Decision on the Defence Motion for
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 de octubre de 1995, en: http://www.
icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm.
Akande, Dapo, “The International Court of Justice and the Security
Council: Is There Room for Judicial Control of Decisions of the Political
Organs of the United Nations?”, The International and Comparative Law
Quarterly, vol. 46, núm. 2, abril de 1997.
Alvarez, José E., “Judging the Security Council”, The American Journal of
International Law, vol. 90, 1996.
———, “Nuremberg Revisited: The Tadic Case”, European Journal of International Law, vol. 7, 1996.
Angehr, Mark, “The International Court of Justice’s Advisory Jurisdiction
and the review of Security Council and General Assembly Resolutions”,
Northwestern University Law Review, vol. 103 núm. 2, 2009.
Aznar Gómez, Mariano J., “El control de legalidad de la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el ámbito del Capítulo VII
de la Carta”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, vol. VIII, 1998.
Bottini, Gabriel, “Control de constitucionalidad en las Naciones Unidas:
el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia”, Revista
Jurídica Argentina La Ley, t. 2002-F-1323.
Casado Raigón, Rafael, “Consideraciones sobre el control de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, Anuario Español de
Derecho Internacional, vol. X, 1994.
Cot, Jean Pierre y Pellet, Alain, La Charte des Nations Unies. Commentaire
article par article, 3a. ed., París, Económica, 2005.
D’angelo, Deborah, “The ‘Check’ on International Peace and Security
Maintenance: the International Court of Justice and Judicial Review of
Security Council Resolutions”, Suffolk Transnational Law Review, vol. 23,
núm. 2, 2000.
Delpech, Marcelo, Carta de las Naciones Unidas anotada, Buenos Aires, Zavalía, 2005.
Diez de Velasco Vallejo, Manuel, Las organizaciones Internacionales, 13a.
ed., Madrid, Tecnos, 2003.
Dupuy, Pierre M., “The Constitutional Dimension of the Charter Revisited”, Max PlanckYearbook of United Nations Law, vol. 1, 1997.
Evans, Scott S., “The Lockerbie Incident Cases: Libyan-Sponsored Terrorism, Judicial Review and the Political Question Doctrine”, Maryland
Journal of International Law, vol. 18 núm. 1, 1994.
Franck, Thomas M., “The ‘Powers of Appreciation’: Who is the ultimate
guardian of UN legality?”, The American Journal of International Law, vol.
86, 1992.
Frank, Jonathan A., “A return to Lockerbie and the Montreal Convention
in the wake of the September 11th terrorist attacks: ramifications of
past Security Council and International Court of Justice action”, Denver
Journal of International Law & Policy, vol. 30, núm. 4.
Gowlland-Debbas, Vera, “The Relationship Between the International
Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie
Case”. The American Journal of International Law, vol. 88, 1994.
Graefrath, Bernhard, “Leave to the Court What Belongs to the Court.
The Libyan Case”, European Journal of International Law, vol. 4, 1993.
Hossain, Kamrul, “Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial
Review?”, Uluslararasi Hukuk ve Politika, vol. 5, núm. 17, 2009.
Jiménez de Aréchaga, Eduardo, Derecho constitucional de las Naciones Unidas, Madrid, Escuela de Funcionarios Internacionales, 1958.
Kennedy, Robert F., “Libya v. United States: The International Court of
Justice and the Power of Judicial Review”, Virginia Journal of International
Law, vol. 33, 1993.
Martenczuk, Bernd, “The Security Council, the International Court and
Judicial Review: What Lessons from Lockerbie?”, European Journal of International Law, vol. 10, 1999.
Peralta, Fanny, “Licitud de la utilización de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado. Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996.
Corte Internacional de Justicia”, en varios autores, Jurisprudencia Internacional Comentada, Córdoba, Lerner Editora, 2004.
Petculescu, Ioana, “The Review of the United Nations Security Council
Decisions by the International Court of Justice”, Netherlands International
Law Review, 2005.
Pozo Serrano, Pilar, “La Corte Internacional de Justicia y las competencias del Consejo de Seguridad en el ámbito del mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales”, Anuario Español de Derecho Internacional,
vol. XIV, 1998.
Reisman, W. Michael, “The Constitutional Crisis in the United Nations”,
The American Journal of International Law, vol. 87, 1993.
Remiro Brotóns, Antonio, Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden,
en: http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/aremiro//publicaciones/Terr
orismo.pdf.
Roberts, Ken, “Second-Guessing the Security Council: the International
Court of Justice and Its Powers of Judicial Review”, Pace International
Law Review, vol. 7, núm. 2, 1995.
Salerno, Francesco (dir.), Il ruolo del giudice internazionale nell’evoluzione
del Diritto internazionale e comunitario, Atti del Convegno di Studi in memoria
di Gaetano Morelli, CEDAM, 1995.
Simma, Bruno (ed.), The Charter of the United Nations. A commentary, 2a. ed.,
Munich, Verlag C. H. Beck, 2002.
——— et al. (eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 3a. ed.,
Oxford, Oxford University Press, 2012.
Sloan, Blaine, “The United Nations Charter as a Constitution”, Pace International Law Review, vol. 1, núm. 1.
Watson, Geoffrey R., “Constitutionalism, Judicial Review, and the World
Court”, Harvard International Law Journal, vol. 34, 1993.
Zubel, Eric, “The Lockerbie Controversy: Tension Between The International Court of Justice and the Security Council”, Annual Survey of International & Comparative Law, vol. 5, núm. 1, 1999.
Manuel Palavicini Piñeiro • Obtuvo el título de Abogado en la
allá del lema: las raíces del sufragio efectivo y la no reeleccion
PRESENTACIÓN Durante los cincuenta y cinco años de

References: artículo 10

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 artículo 62
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