Source: https://rufovasquez.jimdo.com/2011/12/10/la-jurisdicci%C3%B3n-agroambiental-en-bolivia/
Timestamp: 2018-10-15 13:52:49+00:00

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La Jurisdicción Agroambiental en Bolivia - Página Jimdo de rufovasquez
Siguiendo la tendencia de algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, que poseen dentro de su ordenamiento jurídico, la jurisdicción agraria y ambiental; Bolivia a través de la Nueva Constitución Política del Estado[1], crea la jurisdicción agroambiental sustituyendo a la Judicatura Agraria creada por la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, que a la vez instituyó por primera vez en la historia del país, la existencia de tribunales agrarios y un pro­cedimiento de naturaleza judicial para dirimir las controversias agra­rias, en sustitución a la anterior jurisdicción administrativa creada por el Decreto Ley No. 3464 de 2 de agosto de 1953. Sin duda, la implementación de la Jurisdicción Agroambiental ha sido uno de los grandes avances del proceso constituyente que ha vivido el país; pues ahora, esta nueva jurisdicción compuesta por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales, se constituyen en una jurisdicción especializada, independiente del Tribunal Supremo de Justicia y con competencias ampliadas más allá de la simple actividad agraria; competencias que permitirán reducir sin duda alguna, las actividades humanas altamente depredadoras como ser la tala clandestina e indiscriminada, quema de bosques y selvas y manejo de agua, así como la producción de bienes contaminantes y contaminados; vale decir, que la jurisdicción agroambiental se constituirá en un mecanismo que permitirá que los Magistrados, Magistradas, jueces y juezas agroambientales, no velen únicamente por el carácter productivo de la propiedad, sino también faciliten el disfrute de los bienes ambientales al mayor número de personas, armonizando los intereses particulares y el interés público ambiental, de manera que la producción se oriente a la vez hacia el desarrollo sostenible, conforme establecen los artículos 33 y 342 de la Constitución Política del Estado, puesto que estos servidores judiciales no se limitarán únicamente a resolver disputas sobre la tierra, sino también a resolver acciones y recursos relacionados con los daños al medio ambiente y los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, aspectos sobre los cuales la judicatura agraria no tenía competencia en la ley 1715, aunque corresponde subrayar que a través de la Ley 3545, ya se incorporaron competencias respecto a la actividad forestal y aprovechamiento de aguas; empero no eran suficientes para que la judicatura agraria pueda conocer y resolver casos relacionados con acciones que ponían en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies y animales, así como las reservas forestales y territorios de pueblos indígena originario campesinos; conflictos que ahora si forman parte de las competencias de los órganos que conforman lo que es la jurisdicción agroambiental; competencias que sin duda, les han sido asignadas o establecidas reconociendo, por una parte, el nacimiento de la nueva agricultura en función del ambiente, que tiene como finalidad que los propietarios o poseedores agrarios no sobreexploten o degraden el recurso tierra y, por otra, comprendiendo que la agricultura ya pasó a ser una de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente, pues la imagen idealizada del agricultor y la concepción de la agricultura como una actividad preservadora del medio natural, ya había sufrido un rápido deterioro y, consiguientemente, exigía de los legisladores la adopción de medidas que vayan en defensa del derecho al medio ambiente, toda vez que, hasta entonces los conflictos sobre el medio ambiente se sustanciaban únicamente en la vía administrativa, con resultados para nada positivos.
La nueva Jurisdicción Agroambiental, conforme se desprende de la Segunda Parte, Título III de la Constitución Política del Estado, es parte del Órgano Judicial y, ejerce su función conjuntamente la jurisdicción ordinaria, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción indígena originaria campesina y, se relaciona con ellas sobre la base de la coordinación y cooperación. Además de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos establecidos por el artículo 178 – I de la Constitución Política del Estado para el Órgano Judicial, así como los establecidos por el Art. 3 de la Ley del Poder Judicial, se rige por los principios determinados en el Art. 132 como son: Función Social, Integralidad, inmediación, sustentabilidad, interculturalidad, precautorio, responsabilidad ambiental, equidad y justicia social, imprescriptibilidad y defensa de los derechos de la madre tierra.
2. Juzgados Agroambientales
El Estado Plurinacional de Bolivia, desde la última década del siglo pasado, ha venido propiciando la tutela del ambiente como un fin primordial y, es así que conviene destacar el gran desarrollo de la legislación ambiental, pues mediante la Ley No. 1333 de 27 de abril de 1992 se promulgó la Ley del Medio Ambiente, por ley No. 1700 de 12 de junio de 1996 la Ley Forestal, por la Ley No. 1715 de 18 de octubre de 1996 la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y, el año 2006 la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y sus respectivos reglamentos; además, de un avance relevante en materia de derechos humanos en el tema. Sin embargo, uno de los logros más importantes ha sido el reconocimiento del derecho humano a un ambiente saludable, protegido y equilibrado, como derecho fundamental, tal cual se halla establecido en el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de febrero de 2009, que fue aprobado en el referendo de 25 de enero del referido año. Este derecho implica que el espacio en que vive el hombre debe ser satisfactorio y atractivo para permitir el desarrollo de la vida, debe asegurar que la misma no sea nociva e irritante para el desarrollo de la vida a causa de la contaminación, la polución o la degradación; por el contrario, que ofrece a la vida humana buenas condiciones de trabajo, recreación, educación, salud, seguridad, en fin, buenas condiciones de bienestar humana y para su desarrollo. Este derecho fundamental, reconocido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano de 1972 de Estocolmo, reafirmado por la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, y por la Carta de la Tierra de 1997, al igual que en la Constitución Política del Estado del país, ha sido también incorporado en otras constituciones.
Este reconocimiento formal del derecho humano en el nuevo ordenamiento jurídico, otorga una legitimación amplia para la tutela del derecho a un ambiente sano, que garantiza a toda persona, sin distinción de edad, nacionalidad, credo, raza, religión, etc., su exigir a los tribunales jurisdiccionales del país, tutelen en sus resoluciones dicho derecho fundamental, que hasta entonces solo se la protegía en el ámbito administrativo, claro está sin resultados positivos, aunque es justo reconocer que los términos establecidos por dicha normativa, estableció límites al derecho de propiedad, la posesión y a la actividad agraria en sus diferentes modalidades; es decir, la agrícola, la forestal, la pecuaria, la apícola, la avícola; sin embargo, pese a la abundancia de leyes en materia ambiental, la realidad ha demostrado una vez más, que no es suficiente la existencia de la normativa, por el contrario, se requiere una verdadera voluntad política para la aplicación de la misma; pues en el caso de la Ley del Medio Ambiente y la Ley Forestal, la protección al medio ambiente ha sido más en la instancia administrativa y, en el caso de la Ley 1715 y la Judicatura Agraria, sin competencias suficientes para intervenir ante una denuncia sobre daños al medioambiente, pues como hemos sostenido reiteradamente, a los propietarios y poseedores agrarios, sólo se les exigía cumplir la Función Económica Social, que en criterio del autor incentiva el modelo productivo agrícola intensivo, erosiona el recurso suelo o bien que utiliza agroquímicos en forma excesiva e incontrolada sin privilegiar a la naturaleza, cuando el objetivo debió ser cambiar dicho modelo a modelos productivos sostenibles o ecológicos, acorde a las tendencias actuales. La constitucionalización del derecho a gozar de un ambiente saludable, protegido y equilibrado, no solo se limita a señalar que es un atributo subjetivo del ser humano el vivir en un medio ambiente (lo que desde luego no significaría gran cosa, pues todos vivimos en uno), sino que también implica que ese “ambiente” debe ser “equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. De modo que, el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana está determinado por dos elementos: el derecho a gozar de ese medio ambiente y, el derecho a que ese medio ambiente, se preserve.
La implementación de la jurisdicción agroambiental en nuestro ordenamiento jurídico, era un tema pendiente de la postergada agenda ecológica del país, pues en relación a otros países latinoamericanos, Bolivia se encontraba rezagada en lo relativo a la implementación de los Tribunales Ambientales, cuya ausencia incrementó el intolerable clima de impunidad existente en materia socio ambiental, a pesar de la abundante normativa ambiental.
Ahora bien, entre las causas que han permitido la creación de los tribunales agroambientales en el país, considero que se pueden señalar entre otras, las acciones ilícitas de las compañías constructoras, industriales, mineras y otras, que destruyen bosques, vierten desechos con metales pesados en ríos, contaminan con químicos tóxicos. El inadecuado manejo y disposición final de desechos sólidos, contaminación del aire por el transporte y hasta la falta de planificación de los municipios, que han permitido el establecimiento de fraccionamientos ilegales afectando áreas agrícolas y forestales y, destruyendo el hábitat de millares de especies y afectando importantes áreas de filtración de aguas de lluvias, que causan estragos en algunos sectores del país, ya sea por las inundaciones o las sequías.
Ahora que los Juzgados Agrarios serán sustituidos por Juzgados Agroambientales y, que estos cuentan con competencias suficientes para intervenir ante cualquier denuncia o demanda sobre daños al medioambiente, esperemos que la explotación de recursos naturales y la violación de áreas protegidas se reduzca y, por el contrario, la protección del derecho humano a un ambiente sano y equilibrado se extienda y, sea protegido por esta nueva justicia agroambiental, que ahora cuenta con competencias para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, aire, suelo y daños causados al medioambiente, la biodiversidad, la salud pública, conocer las acciones sobre el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica, entre otras. En suma, que la implementación de los juzgados agroambientales no sean permisibles con el mal uso de la tierra, mas por el contrario, logren que sobre toda actividad de uso o aprovechamiento de la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad, y cualquier actividad que ocasione impacto al medioambiente, prevalezca el interés de la sociedad, de la Madre Tierra y del respeto a los derechos humanos, tal cual establece el principio de la Función Social.
3. Competencias de las juezas y jueces agroambientales
Las competencias asignadas a las juezas y los jueces agroambientales, permiten establecer que estos servidores judiciales, cuentan con competencias amplias y suficientes para intervenir ante cualquier denuncia o demanda sobre daños al medioambiente, como consecuencia del ejercicio de actividades diversas desarrolladas por el hombre y, entre ellas, ahora le permiten precautelar y prevenir la contaminación de aguas, aire, suelo y daños causados al medioambiente, la biodiversidad, la salud pública, conocer las acciones sobre el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica entre otras. La mención de estas competencias, permite inferir que las mismas van más allá de la simple actividad agraria y, por el contrario, las mismas permitirán reducir las actividades humanas altamente depredadoras como ser la tala clandestina e indiscriminada, quema de bosques y selvas y manejo de agua, así como la producción de bienes contaminantes y contaminados; vale decir, que en adelante los jueces y juezas agroambientales, no velarán únicamente por el carácter productivo de la propiedad, sino también facilitarán el disfrute de los bienes ambientales al mayor número de personas, armonizando los intereses particulares y el interés público ambiental, de manera que la producción se oriente a la vez hacia el desarrollo sostenible, conforme establecen los artículos 33 y 342 de la Constitución Política del Estado. Dicho de otro modo, estos servidores judiciales no se limitarán únicamente a resolver disputas sobre la tierra, sino también aquellas acciones relacionadas con los daños al medio ambiente y los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, brindando de este modo, tutela efectiva frente a las acciones u omisiones de instancias públicas, particulares o individuales que afecten la facultad de gozar de un ambiente sano y equilibrado; es decir, un ámbito en el que la persona pueda desarrollar una “calidad de vida” acorde con sus requerimientos, que le permita vivir, pero sobre todo, vivir bien, tal como determinan los valores establecidos en el Art. 8 – II de la Constitución Política del Estado; vale decir, vivir en igualdad y justicia, en solidaridad y reciprocidad, en comunidad y colectividad, que son la base para la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. En suma, esperemos que a partir de las asignación de estas nuevas competencias, los juzgados agroambientales ponga fin o cuando menos reduzcan el mal uso de la tierra y, por el contrario, exijan a los justiciables que sobre toda actividad de uso o aprovechamiento de la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad, y cualquier actividad que ocasione impacto al medioambiente, prevalezca el interés de la sociedad, de la Madre Tierra y del respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, el Artículo 152 de la Ley del Órgano Judicial[2], establece que las juezas y los jueces agroambientales tienen las siguientes competencias:
Conforme se desprende del contenido de esta competencia asignada a las juezas y los jueces agroambientales, hace referencia a las controversias que pudieran surgir entre particulares respecto al ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; consiguientemente, corresponde analizar que debemos entender por recursos naturales y, claro está, de manera específica, los recursos naturales renovables.
La Nueva Constitución Política del Estado no brinda una definición de los recursos naturales, simplemente determina en el Art. 348 – I que: “Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aque­llos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”[3]. Al respecto, cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado que los recursos naturales son todos aquellos recursos que el hombre encuentra en su ambiente y que puede utilizar en su beneficio; por lo que, se consideran como tales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como: las aguas: superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico; los minerales; los demás considerados como tales. Asimismo, el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico.
De lo anotado, inferimos que los recursos naturales son el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general, y representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar.
Ahora bien, entendido como tal, los recursos naturales que se constituyen en uno de los componentes del medio ambiente, se clasifican en recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Los Recursos renovables, son aquellos que a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse o, lo que es lo mismo, su existencia no se agota por su utilización; por consiguiente, no perecen para su posterior aprovechamiento; tal el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales. Empero, un recurso natural será renovable en la medida que su utilización o aprovechamiento no se realice de manera desmesurada e irracional, puesto que sólo así, se podrá alcanzar el aprovechamiento sostenible del bien ambiental; de lo contrario, cuando el ser humano excede la capacidad de carga en su aprovechamiento, no se presenta el proceso de autoregeneración o autodepuración de los recursos naturales. Los Recursos Naturales no renovables, son aquellos que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente, porque existen cantidades fijas. Es el caso de los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. Su utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad de alcanzar autoregeneración o autodepuración; por ello, el Artículo 356 de la Constitución, establece que las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.
En todo caso, tal cual establece el Artículo 349 – I, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo; lo que implica que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales; sin embargo, el Parágrafo II del mencionado artículo establece que el Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos pro­pietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales y, en lo que respecta a este último, dichos derechos se otorgan en algunos países mediante las modalidades previamente establecidas; como podrían ser: la concesión, autorización, permiso, usufructo, servidumbre, locación, comodato; todos conforme a lo dispuesto mediante leyes especiales establecidas para cada recurso natural, como vendría a ser en el caso del país, la Ley INRA, la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, el Código de Minería, etc., aún vigentes y, en todo caso, en el futuro, regulados por la nueva normativa a sancionarse por el por órgano legislativo.
En todo caso, el otorgamiento o concesión de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales a particulares, además de realizarse de acuerdo a las leyes especiales de cada recurso, también supone el cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales establecidas por la Constitución y las leyes; es decir, previo cumplimiento por parte del Estado de todas las condiciones y presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico del país, que por lo general, están relacionados a los derechos de aprovechamiento sostenible, la utilización del recurso de acuerdo al título otorgado, el cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales respecto del recurso otorgado, el cumplimiento de los planes de manejo o similares, de las evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental u otra establecida para cada recurso natural y, claro está, cumplir con la retribución económica, pago de derecho de vigencia y toda otra obligación económica establecida; en todo caso, conviene recordar que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y, tan solo, los frutos y productos de los recursos naturales, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
Ahora bien, conforme a los alcances de esta competencia, las juezas y jueces agroambientales tendrán precisamente competencia para resolver los conflictos o las controversias que surjan de los derechos de uso y aprovechamientos de los recursos naturales renovables, otorgados por el Estado a los particulares, sean estos, personas naturales o jurídicas; conflictos que pueden traducirse sobre el dominio (no el ejercicio del derecho de propiedad, pues los recursos naturales en ningún caso quedan excluidos del dominio soberano del Estado), la posesión, de los derechos de uso y aprovechamientos de los recursos naturales renovables y, que sin duda, podrá ser de variada índole.
3.2. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia.
La contaminación ambiental, la disminución de la biodiversidad, la tala de grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de recursos marinos e ictícolas, demuestra que el sistema capitalista actual representa una amenaza al stock de muchos recursos naturales no renovables; por ello, es imperioso que los diferentes gobiernos tomen medidas, que la legislación sancionada por los parlamentos, este acorde a la crítica situación actual y que las personas tomen conciencia de la importancia y la urgencia del tema y, cambien ciertas actitudes o estilos de vida, que sin duda, tienen consecuencias ambientales negativas para el medio ambiente, que ya de por sí es un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel importante múltiples factores y de distinta naturaleza.
La contaminación, junto con el consumo de recursos, son una de las principales causas de los problemas ambientales que actualmente se cier­nen sobre el planeta y, esta competencia asignada a las juezas y los jueces agroambientales, precisamente va dirigida y orientada a la prevención de los daños de los recursos naturales, que podrían modificar las condicio­nes de vida del planeta y poner en pe­ligro la vida en la Tierra; por ello, hace referencia de manera puntual, a las acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano; acciones que sin duda constituyen ACCIONES DE PROTECCIÓN para la prevención de contaminación y daños graves e inminentes a los recursos arriba mencionados, o en su caso, para la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse en el tiempo.
La contaminación es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida[4]. Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede estar compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas de contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los olores.
Entrando al análisis de la contaminación de los distintos recursos naturales descritos dentro la competencia en estudio, se evidencia claramente que por ejemplo, la contaminación de las aguas tiene orígenes o fuentes variadas, pero entre los principales se tienen los siguientes:
Vertidos urbanos, procedentes de la actividad humana y, generalmente consisten en los sistemas de vertido de aguas residuales, tales como pozos negros, fosas sépticas, redes de saneamiento; asimismo, las actividades domésticas, vertederos de residuos sóli­dos urbanos, etc.
Vertidos industriales, que constituyen la principal fuente de contaminación de las aguas y, que se producen por las aguas y líquidos residuales industriales, desechos sólidos de la industria, vertidos o almacenados, humos, almacena­miento de materias primas así como de su transporte, accidentes y fugas.
Vertidos agrícolas y ganaderos, provenientes del uso masi­vo de fertilizantes o abonos químicos y pesticidas en la agricultura, desechos de animales, los cuales son arrastrados por las aguas y que impiden que estas puedan ser utilizadas para un propósito determinado, como es el consumo humano o animal, etc.
Debido a estas fuentes de contaminación del recurso agua, actualmente, es muy difícil encontrar los ríos libres de contaminantes, lagos o estanques con agua limpia y, todo ello, debido al egoísmo y negligencia del hombre que no ha sabido dar un tratamiento adecuado al agua y, por el contrario, ha degradado su calidad de manera lamentable, pues tanto el agua superficial como las aguas subterráneas se encuentran contaminadas en un gran porcentaje y, lo que se debe procurar es evitar que ese proceso continúe.
La contaminación del aire, asimismo, tiene efectos serios en la salud de las personas y el medio ambiente y, ello se debe principalmente a la gran cantidad de gases contaminantes que a diario son emitidos a la atmósfera por la industria en su diferentes modalidades, así como los chaqueos, sobre todo, en el oriente del país. En mayor grado, el recurso aire es contaminado por el uso de energéticos fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, utilizados en la industria, el transporte así como en el hogar, pues sabemos que la combustión de la gasolina ocasiona una gran contaminación del aire, ya que, los productos eliminados en este proceso son hidrocarburos, monóxido de nitrógeno y de carbono y compuestos de plomo, que dañan seriamente a los seres vivos y que generalmente, se constituyen en las causas de problemas respiratorios, intoxicaciones, dolor de cabeza, irritación de los ojos, muertes de plantas, cambios en la temperatura ambiental, destrucción de la capa de ozono y que ya se traducen en inundaciones, ciclones, pérdida de la zona costera litoral, sequías, que ya experimentan algunas zonas de países vecinos y, el país no se encuentra al margen de estos cambios.
A través del ejercicio de esta competencia, las juezas y los jueces agroambientales tienen la oportunidad de obligar a realizar acciones correctoras que reduzcan en lo posible las causas que los originan y, de antemano, la población lo podrá hacer mediante el ahorro y uso racional en el consumo de combustibles, reducción de las emisiones a la atmós­fera mediante filtros, utilización de transportes alternativos, así como la ampliación de espacios boscosos y áreas verdes y, evitando los chaqueos, para que este modo, se preserve su pureza como garantía del normal desarrollo de los seres vivos sobre la Tierra.
La contaminación del suelo, también se debe a variadas causas, tales como la actividad agraria, ganadera, minera, etc. En la agricultura, una de las principales causas de con­taminación de suelos son los insecticidas, bactericidas, herbicidas, plaguicidas, así como los abonos nitrogenados que hacen que el suelo pierda sus capacidades para la agricultura o cualquier otra labor productiva y, generen el envenenamiento por contacto directo o a través de la cadena alimentaria, sumándose a ello la contaminación de aguas subterrá­neas, superficiales y del aire, que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres, molestas o peligrosas para algún fin.
Como se ha señalado, las actividades de ganadería también empobrecen los suelos y además pueden contaminarlos junto con las aguas. Un factor que favorece esta forma de contaminación, es el excremento de los animales, ya que, afectan de tal manera el suelo, que cuando los alimentos producidos entran en contacto con el cuerpo humano pueden ocasionar un sin número de enfermedades; pese a ello, para nadie es desconocida la importancia de estas actividades, debido a que genera parte de la alimentación que se consume y, a la vez generan fuentes de trabajo.
Pero sin duda, la minería es considerada como una de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente, pues, contribuye a la contaminación del aire mediante los gases tóxicos generados por las máquinas excavadoras y otros gases nocivos que surgen por las explosiones que rompen las rocas, generando así enfermedades respiratorias en los trabajadores y pobladores cercanos a la zona de excavación, perjudicando y destruyendo el hábitat de muchas especies, sean animales o vegetales. Bolivia ha sido y es un país tradicionalmente minero, donde el Estado ha tomado muy pocas precauciones para evitar la contaminación de suelos y agua, por ello aún hoy en día, la mayor parte de las aguas que consume esta actividad, son devueltas a sus cauces naturales sin tratamiento y, por consiguiente, afectan considerablemente a la salud de las poblaciones mineras y, a la de las zonas campesinas aledañas, a cuya consecuencia se ha visto el nacimiento de humanos y animales con distintas malformaciones congénitas. A la actividad minera, hay que sumar a la actividad petrolera, industrial, las fábricas, como factores que contribuyen a la contaminación de los diferentes recursos naturales.
Otras acciones previstas dentro esta competencia, son aquellas para precautelar y prevenir daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública y al patrimonio natural y cultural, que como consecuencia de la explotación de los recursos y las afecciones al medio, comportan en muchas ocasiones no sólo su deterioro sino también su pérdida, sin posibilidad de restauración o reposición. Esto es parti­cularmente grave en lo que concierne al patrimonio, tanto natural como cultural, que debemos legar a las generaciones venideras, pues es la base para el des­arrollo futuro y representa la historia del planeta, de la vida y de la humani­dad (obras, tradiciones, paisajes cultu­rales, etc.). Igualmente, la situación es especialmente crítica en el caso concreto de la biodiversidad, que incluye a todas las especies, a la variabilidad genética presente en ellas y a los ecosistemas de los que forman parte. Una gran parte de la biodiversi­dad actual reside en los bosques tropi­cales de los países en vías de desarro­llo, donde el crecimiento de la población amenaza con extinguir el 70% de las especies vivas para el final del siglo XXI. La destrucción de estos bosques, ade­más de lo que supone de forma inme­diata por su valor y su papel actual, sig­nifica perder para el mañana un banco de información genética hoy desconoci­da y una posible fuente de nuevos pro­ductos farmacéuticos, químicos, etc.
La gravedad del problema requiere una respuesta rápida. Los países están tomando medidas como la elaboración de legislaciones proteccionistas. A esca­la internacional destaca el Convenio para la Diversidad Biológica, cuyo objetivo es la conservación máxima de la biodiversi­dad en beneficio de las generaciones presentes y futuras, velando por el uso racional de los recursos (principio bási­co del desarrollo sostenible). De todos modos, corresponde señalar que conservar un recurso no significa evitar su uso. Se conserva un recurso renovable para aprovechamiento en forma sostenida. La antítesis de este concepto es la exploración irracional y la depredación de un recurso renovable con consecuencias trágicas para todos aquellos pueblos que no supieron apreciar el valor de la naturaleza, que no comprendieron su fragilidad.
El principio de prevención, a diferencia del de precaución, trabaja para evitar riesgos conocidos, inmediatos o a mediano plazo, pero dotados de certeza científica o al menos de un grado de ocurrencia posible. A diferencia del de precaución, en él la peligrosidad de la actividad es conocida y lo que aconseja es la toma de medidas destinadas a la evitación de producción de daños que de otro modo tendrán lugar inevitablemente, en un futuro cercano. El riesgo de la actividad, para ameritar la aplicación de este principio debe ser cierto y mensurable; a diferencia del que amerite la puesta en marcha del de precaución, al que le basta con la sola existencia del riesgo. Siempre la finalidad de su aplicación radica en la evitación del daño y, las acciones a interponerse, precisamente, deben ir orientadas a evitar la contaminación o el daño de los recursos naturales y, por consiguiente, al medio ambiente, como consecuencia de cualquier actividad productiva, como podría ser la actividad agraria en sus diferentes modalidades; extractiva, como la actividad minera o petrolera en sus diversas facetas, la actividad industrial y, cualquier otra actividad de origen humano, como el transporte, el comercio, el turismo, etc.
3.3. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia.
Esta competencia fijada a las juezas y los jueces agroambientales, refiere al conjunto de acciones de reparación, resarcimiento, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado a los recursos naturales y, consiguientemente, al medio ambiente; de modo que, en el ámbito jurídico podríamos decir en términos muy generales que, todo aquel que cause un daño a otro debe repararlo. Esa obligación de reparación se traduce en la responsabilidad de la persona causante del daño, de ahí que, la responsabilidad por daños al medio ambiente no puede ser ajena. A este respecto, la Constitución Política del Estado a través del Artículo 347 establece:
I. El Estado y la sociedad promoverán la miti­gación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los de­litos ambientales.
II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad ne­cesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.
Se infiere de la norma constitucional citada, que en el caso de los daños ambientales, la Nueva Constitución Política del Estado, contiene un claro mandato dirigido a los poderes públicos y a la población en su conjunto de defender y restaurar el medio ambiente, y de establecer un sistema que permita hacer efectiva la obligación de reparación del daño causado para todo el que atente contra la utilización racional de los recursos naturales, mandato constitucional que tiene un valor normativo, y por tanto vinculante para todos los órganos constitucionales.
Ahora bien, es necesario dejar claramente establecido que la responsabilidad ambiental referida en la competencia en estudio, pueden dar lugar a consecuencias jurídicas diversas; es decir, generar varios tipos de responsabilidad; tal es así que da lugar a una responsabilidad de tipo penal, el mismo que se presenta cuando el hecho causante del daño consiste en una conducta que el Estado ha tipificado como delito y, se traduce en una responsabilidad frente al Estado, quien, en consecuencia, impone una pena al responsable para reparar el daño social causado por su conducta ilícita. El código Penal vigente tipifica estos ilícitos y, además, la norma constitucional determina que los mismos son imprescriptibles; imprescriptibilidad que es uno de los principios que rige la jurisdicción agroambiental, tal cual se infiere del Artículo 132 de la Ley del Órgano Electoral.
Asimismo, podría generar responsabilidad civil, que se presentaría en el caso que sea posible que el daño ambiental sea efectivo evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o un grupo de personas. La responsabilidad ambiental puede ser civil, exigible de acuerdo con normas jurídico-privadas y ante la Jurisdicción correspondiente y, puede ser de dos clases: contractual y extracontractual.
La responsabilidad civil contractual, hace referencia a los daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento de un contrato. Por su parte, la responsabilidad civil extracontractual, responde a los daños ocasionados por cualquier actividad humana, al margen de cualquier relación jurídica previa, fuera de toda relación contractual y es en este tipo de responsabilidad, donde se encuadra la responsabilidad civil por daños al medio ambiente.
De igual modo, los daños ambientales pueden ser constitutivos de una infracción administrativa, así se infiere del contenido de la competencia en análisis, toda vez que, determina que las responsabilidades a establecerse en el ámbito de la jurisdicción agroambiental, se establecen sin perjuicio de las competencias administrativas reguladas por leyes especiales. La responsabilidad administrativa ambiental, es aquella que se deriva de la infracción de la norma ambiental administrativa, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las distintas normas administrativas, ya sean estas estatales, departamentales, regionales y locales y, persigue una finalidad sancionadora y/o punitiva, es decir, se penaliza al autor de una infracción con una sanción económica.
Como se evidencia, en la medida en que determinadas actividades, sea estas productivas o extractivas, dañen al ambiente, destruyendo o deteriorando recursos naturales, degradando los componentes biológicos de determinados ecosistemas o alterando las condiciones de la vida social, es lógico, dentro de los principios generales del derecho, que ello traiga como consecuencia la aplicación de postulados de la responsabilidad jurídica, sea civil, administrativa o penal para el autor o autores del daño.
De manera sucinta y prescindiendo de formalismos jurídicos, podemos definir el concepto de responsabilidad ambiental, como la obligación de resarcir, indemnizar, reparar el daño o el perjuicio causado o generado, como consecuencia de un acto u omisión que ha ocasionado un menoscabo o deterioro del medio ambiente[5].
Para concluir, respecto a los titulares que pueden ejercitar las acciones de reparación, resarcimiento, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado a los recursos naturales y, de consiguientemente, al medio ambiente; el Artículo 34 de la constitución Política del Estado determina que “Cualquier persona, a título individual o en re­presentación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”. De donde se infiere que la legitimación activa para el ejercicio de estas acciones es amplia, toda vez que cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, que hayan sufrido el daño, pueden perseguir la reparación del medio ambiente dañado y, sin duda, entre las instituciones públicas se encuentran incluidas las gobernaciones y las municipalidades, así como el propio Estado, en el afán de lograr la aplicación del principio general de quien contamina paga, aunque se debe señalar que la recomposición ambiental nunca es completa, debido a que existen daños desconocidos en la actualidad, pero que seguramente se operarán como consecuencia del daño ambiental presente, razón por el cual no siempre pueden ser estimados.
[1] La actual Constitución Política del Estado, fue aprobada en grande por la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre el 24 de noviembre de 2007, aprobada en detalle y revisión en la ciudad de Oruro el 9 de diciembre del mismo año, consensuada el 21 de octubre del 2008 en el Congreso Nacional, aprobada por el pueblo boliviano en el referéndum de 25 de enero de 2009 y, promulgada el 7 de febrero del 2009.
[2] Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia: Ley 025 “Ley del Órgano Judicial”. En http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/124671. Fecha de emisión: 24/06/2010.
[3] ASAMBLEA CONSTITUYENTE. HONORABLE CONGRESO NACIONAL. Nueva Constitución Política del Estado. Texto final Compatibilizado. Octubre 2008. Pág. 47.
[4] Recursos Naturales. La Contaminación. En http://www.jmarcano.com/recursos/conta.html. Acceso en 28 de julio de 2010.
[5]RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL DERECHO ESPAÑOL Y COMUNITARIO.Mariola de las Heras y Ojeda. Curso de Experto en Derecho Ambiental. Instituto García Oviedo - Universidad de Sevilla. En http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/17/05_respon_ambiental.html. Acceso en 25 de julio de 2007.
Arthur (domingo, 22 julio 2012 04:04)
Juicers Reviews (domingo, 21 abril 2013 14:28)

References: artículo 178
 Artículo 33
 Artículo 152
 Artículo 356
 Artículo 349
 Artículo 347
 Artículo 132
 Artículo 34