Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93798
Timestamp: 2019-09-22 00:14:36+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-120/93798
La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo parlamentario de morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Articulo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente:
El derecho de amparo se basa en la idea de limitación de poder dentro del marco constitucional de las autoridades gubernamentales y de particulares cuando sus actos se equiparen a los de la autoridad, protegiendo los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos garantizando sus libertades frente al actuar arbitrario. En términos técnicos y jurídicos el derecho de amparo suele ser un tema complejo, por lo cual ha sido cuestionado por diversos juristas y académicos del derecho, ya que si su principal función es el salvaguardar los derechos humanos debe ser un instrumento de fácil acceso, sencillo y amplio para poder garantizar el Estado de Derecho.
En la historia jurídica de nuestro país el derecho de amparo apareció por primera ocasión en la península de Yucatán en 1841, una vez facultada por la República Mexicana para tener su propia Constitución Política, en su Constitución, Yucatán por medio del jurista Manuel Crescencio Rajón, conocido hoy como el padre del amparo mexicano tuvo a bien incluir en su artículo 53 este derecho. Así se habló por primera vez en el derecho legislado, del amparo decretado por órganos jurisdiccionales para combatir agravios contra las garantías individuales, en el proyecto de Rejón y en la Constitución yucateca de 1841.
Con la nueva ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 se recogieron una serie de cuestiones que anteriormente se habían fijado en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación e implemento novedosas disposiciones y figuras jurídicas añadiendo cuestiones innovadoras dentro del sistema de amparo mexicano, como el
amparo a derechos colectivos, así como ampliar la esfera de la protección a derechos humanos, con esto se busca eficientizar la justicia mexicana. Lo anterior fue respondiendo a un cambio profundo de la reforma constitucional de 2011.
En diversas ocasiones, muchas leyes que han afectado a la ciudadanía y esta ha utilizado su legítimo derecho de amparo se ha encontrado una serie de dificultades burocráticas, lo cual contraviene totalmente el espíritu por el cual este recurso nació;
además de que como esta estipulado hasta el momento en el artículo 17 de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo permite hacer legítimo uso de este derecho cuando se trata de una ley expedida por el Ejecutivo o el Legislativo Federal o local solo cuando se ha publicado la ley que afecta los derechos de los ciudadanos; dejando así un vacío legal donde el legislador puede encontrar alguna argucia legal para en ocasiones subsecuentes afectar de nueva cuenta a la ciudadanía.
Para explicar un poco mejor el párrafo anterior, pongo como ejemplo lo que el Ejecutivo del Estado de Zacatecas, ha utilizado en contra de los derechos de los ciudadanos zacatecanos; en el año 2017 el Ejecutivo por medio de la Ley de Ingresos y de Hacienda del Estado de ese año creo un nuevo impuesto que denomino “impuesto a la infraestructura”, con el cual cobra arbitrariamente a los zacatecanos el derecho a usar las vías de comunicación estatales; cerca de 800 zacatecanos en uso de su legítimo derecho decidieron acudir al amparo, logrando así que los tribunales del Poder Judicial de la Federación reconocieran que el cobro de este impuesto era ilegal y el recurso cobrado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas fuera devuelto a los ciudadanos que lograron ampararse, al declararse inconstitucional, el Poder Judicial de la Federación ordeno también al Gobierno del Estado de Zacatecas no volver a recurrir al cobro de este denominado “impuesto a la infraestructura” a las personas que ganaron el amparo; mas lo que el Poder Judicial de la Federación no logro fue que el Gobierno del Estado de Zacatecas dejara de cobrar este impuesto declarado inconstitucional por su desproporcionalidad. Logrando así que el Ejecutivo no modificara la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el año 2019
para que en el presente año mas personas no lograran recurrir al derecho de amparo en contra de este impuesto, violando así los derechos de los zacatecanos, es por eso que presento esta iniciativa con proyecto de decreto para añadir un quinto párrafo al artículo 17 de la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional.
En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:
Único.- Se añade un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Articulo 17: El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
V. Cuando se reclame una norma de efecto reiterado, será de 15 días contados a partir de que ocurrió la afectación o afectaciones reclamadas.
Único.- La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Ciudad de México., a 04 de abril de 2019

References: artículo 17
 artículo 53
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 103
 artículo 17