Source: http://www.lexjuris.com/lexmate/Etica/lex1985012.htm
Timestamp: 2018-01-21 10:41:06+00:00

Document:
(Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 – contiene las enmiendas incorporadas y son las siguientes)
Para promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un Código de Ética para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, establecer disposiciones referentes a los funcionarios y empleados de las Ramas Judicial y Legislativa y para los ex‑servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; crear la Oficina de Ética Gubernamental y determinar sus funciones; requerir que funcionarios gubernamentales que ocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos sometan informes sobre sus finanzas personales para evitar posibles conflictos de intereses; imponer ciertos deberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecer penalidades, proveer fondos para la ejecución de esta Ley, y para derogar la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y la Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948, según enmendada.
En vista de estas consideraciones, entendemos que la aprobación de un Código de Ética para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y la creación en esta Ley de la Oficina de Ética Gubernamental es una medida cuya aprobación es de trascendental importancia.
CAPITULO I ‑ TITULO Y DEFINICIONES
Artículo 1.1‑ Esta ley se conocerá como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 1.2‑ Definiciones
(b) empleado público ‑ incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no están investidas de parte de la soberanía del Estado y comprende los empleados públicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio.
(c) servidor público ‑ incluye a los funcionarios y a los empleados públicos.
(d) ex‑servidores públicos ‑ incluye a las personas que hayan servido como funcionarios o empleados públicos en las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial.
(e) agencias ejecutivas ‑ incluye los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo las corporaciones públicas, los municipios y las agencias que estén bajo el control de esta Rama.
(f) persona privada ‑ incluye las personas naturales y las jurídicas o grupos de personas.
(g) unidad familiar ‑ incluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público.
(h) acción oficial ‑ incluye, entre otros, las decisiones o acciones ejecutivas o administrativas tales como la concesión de permisos, licencias, órdenes, autorizaciones, exenciones, resoluciones y contratos. No incluye la aprobación de legislación estatal.
(i) contribución ‑ incluye pago, regalo, suscripción, préstamo adelantado y cualquier promesa o acuerdo de concederlo.
(j) ingreso ‑ significa todo ingreso de cualesquiera procedencia incluyendo, pero no limitado, a las siguientes categorías: salarios, remuneración por servicios, ingreso bruto derivado de un negocio, ganancias derivadas de transacciones en propiedad, intereses, rentas, dividendos, regalías, anualidades, ingreso de contratos de seguros de vida y dotales, pensiones, participación proveniente de una sociedad e ingreso correspondiente a un interés en una sucesión o fideicomiso. No se considerará "ingreso" o "regalo" las contribuciones hechas a organizaciones políticas o candidatos conforme a la autorización provista por las leyes electorales vigentes.
(l) interés o participación controlante ‑ la propiedad de más del cincuenta por ciento de una entidad, negocio o bien o la propiedad de una parte suficiente para otorgar el control efectivo de las decisiones.
(p) Oficina ‑ significa la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
(q) Director ‑ significa el Director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
CAPITULO II ‑ CREACION DE LA OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL
Se crea la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en adelante denominada Oficina, la cual tendrá a su cargo velar por que se cumplan estrictamente las disposiciones de ley que establecen determinadas prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos por razón de sus cargos o empleos o que exigen a determinados funcionarios la divulgación de información financiera.
(1) La Oficina estará dirigida por un Director Ejecutivo, en adelante denominado Director. Tan pronto se apruebe esta ley, el Secretario de Justicia deberá convocar a los ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico con la encomienda de que éstos recomienden al Gobernador una lista de por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
En caso de que el número de ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico sea menor de cinco, el Secretario de Justicia nombrará ex‑Jueces del Tribunal Superior para que, conjuntamente con los ex‑Jueces del Tribunal Supremo, constituyan un panel de cinco miembros con la encomienda de recomendar por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
Cuando no haya ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico el Secretario de Justicia nombrará un panel de cinco ex‑Jueces del Tribunal Superior para que recomienden al Gobernador por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
En caso de que los ex‑Jueces no sometan al Gobernador el listado de candidatos recomendados dentro de treinta (30) días luego de ser convocados por el Secretario de Justicia, el Gobernador realizará la designación.
En todos los nombramientos sucesivos se seguirá el mismo proceso de nombramiento establecido en el inciso anterior. Tan pronto ocurra una vacante en este cargo, el Secretario de Justicia convocará los ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y nombrará los ex‑Jueces del Tribunal Superior en los casos previstos en el inciso anterior.
El cargo de Director sólo podrá ser desempeñado por un individuo mayor de edad, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona‑fide de Puerto Rico, que sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y tenga conocimientos de la administración pública y la gestión gubernamental.
(l) Supervisar e investigar el cumplimiento individual o agencia con cualesquiera requisitos de informes financieros o de revisión interna establecidos por ley.
Artículo 2.6- Comités de Ética Gubernamental
A requerimiento del Director toda agencia ejecutiva y gobiernos municipales creará un Comité de Ética Gubernamental, en adelante “el Comité”, compuesto por los servidores públicos que ocupen los siguientes puestos o similares:
Artículo 2.7- Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético
Con el propósito de ampliar e intensificar la política pública de prevención, a través de la educación, delegada a la Oficina, se crea el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético (en adelante el “Centro”).
El Centro tiene como misión alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:
1. Proveer a los servidores públicos adiestramientos en servicios que promueva una adecuada formación académica y operacional sobre la ética gubernamental y la sana administración de los recursos públicos.
2. Ofrecer un programa formativo de cursos que tenga como objetivo estudiar los aspectos sustantivos y procesales específicos y generales de la Ley de Ética Gubernamental.
3. Diseñar adiestramientos en los cuales se analice y discuta la importancia de la ética en los procesos gubernamentales y privados.
5. Fomentar la investigación sobre todos los aspectos relacionados a la ética, entre éstos, la inherencia que el factor ético tiene sobre las gestiones estatales internas y su pertinencia e impacto en las relaciones internacionales contemporáneas.
6. Difundir mediante el mecanismo de publicación los hallazgos de una investigación actualizada sobre el proceso ético público y social.
La Oficina será la entidad responsable de diseñar, ofrecer y coordinar los cursos provistos por el Centro.
A los fines de realizar dicha encomienda, el Director de la Oficina se encuentra facultado para:
1. Coordinar el desarrollo de dichos cursos con la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor.
2. Requerir a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos y a toda otra agencia o dependencia gubernamental ayuda técnica, propiedad, personal, tecnología y otros recursos para hacer posible el ofrecimiento de estos cursos.
3. Contratar la prestación de servicios, adiestramientos y talleres de personas u organizaciones privadas en y fuera de Puerto Rico con el propósito de promover los objetivos del Centro.
4. Contratar personal docente de la Universidad de Puerto Rico a tono con las necesidades del Centro.
5. Revisar el currículo de los cursos a fin de atemperar el mismo a las necesidades que surjan en el servicio público.
6. Aceptar donaciones o asignaciones legislativas del Gobierno de los Estados Unidos de América. Las emisoras de radio y televisión del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, operadas por la Corporación para la Difusión Pública, asignará, libre de costo, espacio de tiempo permanente, de por lo menos dos horas mensuales, para la difusión de los programas, proyectos e iniciativas que promuevan la ética y la política pública de la Oficina.
Todo funcionario o empleado público tendrá que tomar cada dos (2) años un mínimo de diez (10) horas de cursos otorgados por la Oficina para mantener un proceso de Educación Continua.
A petición de una agencia o de un servidor público, el Centro podrá convalidar para efectos de esta legislación las horas cursos ofrecidas por la Oficina tomadas por un servidor público desde el primero (1ro) de mayo de 2000 hasta la fecha en que se implante formalmente lo dispuesto en este Artículo.
Todo Jefe de una agencia ejecutiva concederá tiempo, sin cargo a licencias, a sus servidores públicos para cumplir con la obligación que le impone esta Ley.
CAPITULO III ‑ CODIGO DE ETICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONES DE EX‑SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA
Este Código reglamenta la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones públicas y las agencias que estén bajo el control de dicha Rama, sus municipios, corporaciones y consorcios municipales. También este Código establece algunas restricciones para las actuaciones de ex‑servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Artículo 3.2- Prohibiciones Éticas de Carácter General
(i) Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad en la que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga la facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad. Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para decidir o influenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio público y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover o ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental deberá, dentro del término directivo de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. La Oficina de Etica Gubernamental notificará al solicitante de la aprobación de la dispensa o de su denegación. En caso de denegar la solicitud de dispensa deberá fundamentar dicha decisión presentando un informe escrito. La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el funcionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor calificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad no haya intervenido en el mismo. Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta Ley después de su nombramiento o designación.
(h) En todo caso en que se haya concertado un contrato en violación a lo dispuesto en este Artículo, y que señalada la violación por el Director de la Oficina de Ética Gubernamental no se han realizado gestiones para obtener la dispensa dentro de los diez (10) días siguientes al señalamiento, el contrato será anulable y se autoriza a la Oficina de Ética Gubernamental y al Secretario de Justicia a solicitar a los tribunales de justicia, en representación del Estado Libre Asociado, que tal contrato sea declarado nulo. Cuando se otorgue un contrato sin obtener la dispensa a la que se refieren los Incisos (d) y (e), o cuando la misma sea obtenida luego de otorgado el contrato, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental podrá imponer una multa a los funcionarios responsables por la omisión de obtener la dispensa, conforme a lo dispuesto en la Sección 7.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Las gestiones para obtener la dispensa dentro de los diez días siguientes al señalamiento del Director de una violación a los Incisos (d) y (e) serán consideradas como atenuantes pero no eximirán de responsabilidad a los funcionarios objeto del señalamiento.
Dentro de un año a partir de la vigencia de esta ley, la Rama Legislativa o cada una de las Cámaras y la Rama Judicial deberán aprobar Códigos de Ética o enmiendas a la reglamentación en vigor que incorporen los principios aquí enunciados, hasta donde ello sea posible sin que constituya un menoscabo de la autonomía que les confieren la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado para regir la conducta de sus funcionarios y empleados respectivos. La Oficina del Contralor y la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) aprobarán sus respectivos Códigos de Ética no más tarde del 30 de junio de 1995.
Cualquier funcionario o empleado público de la Rama Ejecutiva que tenga que tomar alguna acción oficial que constituya una violación a las prohibiciones que establecen los artículos 3.2, 3.3 y 3.4 de esta ley deberá informar el hecho a la Oficina de Ética Gubernamental antes de tomar dicha acción. El funcionario o empleado público podrá solicitar ser relevado de tener que intervenir con el asunto o participar en las deliberaciones de la agencia que estén relacionadas con la materia.
El funcionario o empleado gubernamental entregará a su supervisor inmediato una copia de la declaración que radique en la Oficina de Ética Gubernamental.
Las dispensas que se concedan a tenor con los dispuesto en este Artículo o en cualquier otra disposición de esta ley se remitirán a la Oficina de Ética Gubernamental y se mantendrán en un Registro disponible al público.
Artículo 3.7- Restricciones para las actuaciones de ex‑servidores públicos.
(a) Ningún ex‑servidor público podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, ya fuere personalmente o a través de otra persona privada, a cualquier persona de intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en aquellos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones que estuvieron en alguna forma sometidos al conocimiento, estudio, investigación, resolución, decisión, o trámite ante alguna agencia, oficina, dependencia o tribunal del Gobierno de Puerto Rico mientras dichos ex‑servidores prestaban servicios en esa agencia, oficina, dependencia o tribunal y siempre que dichos ex‑servidores hubieran tenido que ver directa o indirectamente con dichos asuntos y acciones.
Ningún ex‑servidor público podrá cooperar en forma alguna, ya fuera personalmente o a través de otra persona privada, en la preparación o tramitación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de dichos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones ni usar ni facilitar el uso contra el Estado Libre Asociado de la información de hecho obtenida mientras fue funcionario o empleado público.
(b) Ningún ex‑servidor público podrá, durante el año siguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno, con persona o entidad alguna con la cual la agencia, oficina, dependencia o tribunal en que trabajó hubiese efectuado contratos de bienes y servicios durante la incumbencia de dicho funcionario o empleado y éste participó directamente en la contratación.
(c) Ningún ex‑servidor público, ningún miembro de su unidad familiar ni el negocio en el cual él o algún miembro de su unidad familiar sea socio, miembro, o empleado podrá, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo, ofrecer información, asesorar o representar en cualquier capacidad a persona alguna ante la agencia, dependencia o sala del tribunal para el cual el ex‑servidor público trabajó, respecto a aquellos casos o asuntos con los cuales el ex‑servidor hubiere tenido que ver directa o indirectamente mientras fue funcionario o empleado público.
(d) Ningún ex-servidor público podrá, durante el año siguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno, con persona o entidad alguna si la agencia, oficina, dependencia o tribunal en que trabajó le hubiese efectuado a dicha persona o entidad alguna investigación, examen de auditoría, en la cual él participara directamente durante el año previo a la terminación de su empleo.
(f) Las agencias, oficinas, dependencias o tribunales, por iniciativa propia o a petición del Director de la Oficina, rehusarán las actuaciones o intervenciones de los ex‑servidores públicos que violen las disposiciones de este Artículo.
CAPITULO IV - RADICACIONES DE INFORMES FINANCIEROS POR
DETERMINADOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS.
(b) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental o el Gobernador de Puerto Rico podrán eximir de la obligación de radicar informes a las personas que rinden sus servicios sin paga o que sólo reciben dietas.
(d) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental podrá conceder un plazo adicional para radicar los informes financieros que requiere esta ley, conforme a la reglamentación que adopte, pero este período adicional no excederá de sesenta (60) días.
El Director de la Oficina de Ética Gubernamental determinará por reglamento, adoptado conforme a lo dispuesto en el inciso (J) del Artículo 2.4, la información que deberán incluir los informes financieros de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, diseñará el formulario oficial y el apéndice explicativo que se utilizará para remitir la información exigida y tendrá disponibles las copias necesarias del formulario y del apéndice explicativo para toda persona que tenga obligación de cumplimentarlos y someterlos. Para cada tipo de información a divulgarse, el Director determinará por reglamento e indicará en el formulario, el método de divulgación, incluyendo si deberá divulgarse la fuente, si se indica la cuantía exacta o se informa el valor mediante categorías o renglones y el grado de identificación de la información sometida.
La reglamentación que adopte el Director de la Oficina de Ética Gubernamental podrá exigir que todo informe financiero incluya la siguiente información para el período cubierto en el informe relativo a la persona que someta el informe y su cónyuge:
(a) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental tendrá facultad para, de su propia iniciativa o a solicitud de persona interesada, eximir del requisito de rendir el informe financiero a una persona desaparecida, fallecida o incapacitada a tal grado que le impida presentar su informe o de eximir a cualquier persona de incluir en el informe determinados datos, o autorizar alguna modificación en su presentación, si concluye que la aplicación estricta del requisito de ley ocasionaría perjuicio irrazonable al solicitante o a un tercero, y que al hacer la excepción no se frustrarán los propósitos de esta ley.
Los informes financieros requeridos por esta ley se someterán a la Oficina de Ética Gubernamental o al funcionario en quien éste delegue, mediante entrega personal o envío por correo certificado.
(c) Se prohíbe el uso de parte o de la totalidad de un informe financiero radicado ante la Oficina bajo esta ley con el fin de obtener algún beneficio comercial, para determinar o establecer la clasificación de crédito de una persona o para tratar de conseguir algún beneficio particular ajeno a los objetivos de esta ley.
1. el nombre, dirección y ocupación del solicitante.
2. el nombre, dirección de la persona, organización o dependencia gubernamental para la cual solicita el informe.
3. que el solicitante conoce las prohibiciones y restricciones en cuanto al uso de estos informes.
4. los datos o información en que el solicitante fundamente su creencia de que existe una posible violación a las disposiciones de esta Ley que justifique la concesión de acceso al informe financiero.
(d) Cuando se trate de informes financieros de los miembros de la Asamblea Legislativa, el Director recibirá y evaluará los informes para constatar que la información este completa. Una vez verifique que la información está completa, determinará que el informe es final para que se considere como un documento público. El acceso público a dicho informe se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en los Códigos de Ética de la Rama Legislativa o de la Cámara correspondiente. Cuando a juicio del Director exista la posibilidad de que un funcionario o empleado de la Rama Legislativa haya violado las disposiciones de este Capítulo, el Director remitirá el informe financiero a la Cámara correspondiente para que se tomen las acciones que correspondan.
Una vez verifique que la información está completa, determinará que el informe es final y lo devolverá al Hon. Juez Presidente del Tribunal Supremo. El acceso público a dicho informe se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en el Código de Ética de la Rama Judicial. Cuando a juicio del Director exista la posibilidad que un juez, director administrativo o funcionario de alta jerarquía haya violado las disposiciones de este subcapítulo, el Director remitirá el informe financiero conjuntamente con una relación de sus hallazgos al Tribunal Supremo para que se tomen las acciones que correspondan según su Código de Ética y Reglamento.
CAPITULO V ‑ PARTE FINAL
Se asigna a la Oficina de Ética Gubernamental la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para iniciar y llevar a cabo las funciones de esta Oficina durante el año l985‑86. En años fiscales subsiguientes, el Gobernador incluirá los cálculos para los gastos corrientes de la Oficina en el Presupuesto sin revisarlos.
Este documento fue preparado por la Oficina de Ética Gubernamental. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley de Ética Gubernamental a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dichas leyes.LexJuris incluye los enlace a las leyes enmiendas y las Exposiciones de Motivos de dichas leyes.
Esta son las leyes con las enmiendas incorporadas a la ley. Presione sobre la ley para la Exposición de motivos o ley completa.
Leyes: Presione para Exposición de Motivos o Ley completa
Ley Núm. 7 de 30 de abril de 1990,
Ley Núm. 3 de 5 de abril de 1991,
Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994,
Ley Núm. 24 de 16 de febrero de 1995,
Ley Núm. 93 de 30 de julio de 1996,
Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997, Ley completa
Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997, Ley completa
Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998, Ley completa
Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999, Ley completa
Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000, Ley completa
Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000, Ley completa
Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de 2000 Ley completa
Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001 Ley completa
Ley Núm. 53 de 6 de julio de 2001 Ley completa

References: Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 4