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Timestamp: 2019-03-22 14:33:26+00:00

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Derecho Mexicano Vi - Betzaida Garcia Bedolla
Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS
Una sociedad importadora-exportadora solicitó la repetición de lo pagado por derechos de imp
ortación yla devolución de lo abonado en concepto de gravamen con destino al Fondo Nacional
de Promoción deExportaciones según Ley 23.101, por la introducción de café crudo en grano o
riginario de Brasil. LaCámara revocó parcialmente lo resuelto por el Tribunal Fiscal e hizo lugar
a lo peticionado ordenando ladevolución de lo abonado en concepto de derechos para la merc
adería mencionada con fundamento enun Acuerdo suscripto por los representantes de la Repú
blica Argentina y del Brasil. En cambio, confirmóla decisión del anterior en lo atinente al grava
men pagado con destino al Fondo aludido por cuanto eltributo había sido ceado por una ley for
mal de igual jerarquía que el Tratado. Contra lo así resueltoambas partes se agraviaron deduci
endo apelación federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, pormayoría, ordenó la dev
olución a la actora de lo abonado también en concepto de gravamen con destinoal Fondo Ley
1. – La aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede
un tratado, además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional, vulnera el
principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas.
2. – La obligación de respetar los convenios internacionales vigentes es una directiva
implícitamente contenida en toda delegación legal, en atención a la obligación que pesa sobre
los órganos del Estado argentino de evitar la transgresión de un tratado internacional.
3. – Si bien la facultad de imponer gravámenes y contribuciones corresponde al Congreso de la
Nación, y que, en virtud de tal principio de legalidad fiscal, el poder administrador no puede
recaudar ninguna contribución que no haya sido creada por acto legislativo formal, puede
aceptarse que el legislador confiera cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo
administrativo para reglar pormenores de la obligación tributaria, siempre que la política
legislativa haya sido claramente establecida.
4. – La resolución del Ministerio de Economía 174/86 (Adla, XLVI-A, 92), en cuanto impuso a
las importaciones de mercaderías amparadas por instrumentos de negociación acordados en la
ALADI que prevean gravámenes residuales, un derecho de importación adicional del 10 %,
constituye un acto ilegítimo de ejercicio de atribuciones fuera del marco jurídico de la
delegación, pues ésta debe ser ejercida respetando los convenios internacionales vigentes.
5. – Toda vez que la ley 23.101 (Adla, XLIV-D, 3738) no consideró explícitamente la mercadería
amparada por tratados internacionales, no es posible tomarla en cuenta como “disposición de
la respectiva materia” a los efectos del art. 9, inc. g “in fine” del Tratado de Montevideo de 1980,
pues tal silencio no puede ser interpretado como una voluntad de gravar incluso las
importaciones sobre mercaderías amparadas por acuerdos internacionales en violación de
6. – El Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las Concesiones recaídas en el
período 1962/1980 celebrado entre Argentina y Brasil en el marco de la ALADI, es un tratado
internacional en los términos del art. 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, pues fue celebrado por escrito entre estados y se halla regido por el derecho
internacional. Ello así, aun cuando el consentimiento del Estado argentino se haya manifestado
en forma simplificada, sin intervención previa del Congreso, pues ésta tuvo lugar con
anterioridad mediante la aprobación legislativa del Tratado de Montevideo de 1980 que permite
en su art. 7 la concertación de este tipo de convenios. (Del voto del doctor Boggiano).
7. – El art. 47 del Tratado de Montevideo de 1980 no se refiere a los derechos de importación
cuando alude a los tributos u otras medidas internas. Abarca, sí, restricciones no arancelarias
por medio de las cuales, indirectamente, se pudieran afectar los acuerdos internacionales. (Del
voto del doctor Boggiano).
8. – La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso o por cualquier otro
acto interno de menor jerarquía normativa, violenta la distribución de competencias impuesta
por la Constitución Nacional, porque constituiría un avance inconstitucional del Poder
Legislativo sobre atribuciones del Poder Ejecutivo, que es quien conduce las relaciones
exteriores de la Nación. (Del voto del doctor Boggiano).
9. – El reconocimiento de un derecho en cabeza de los importadores amparados, aunque no se
los mencione, por el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las Concesiones
recaídas en el período 1962/1980, es coherente con la finalidad de constituir un mercado
común latinoamericano, pues aun cuando el juicio haya sido iniciado por una empresa
argentina y no haya participado en el mismo la República del Brasil, no cabe duda de que este
país se vería indirectamente afectado dada la repercusión que la aplicación de las normas
cuestionadas tendría en el intercambio comercial. Por ello, los particulares pueden invocar
normas comunitarias ante los tribunales nacionales. (Del voto del doctor Boggiano).
10. – El Tratado de Montevideo de 1980 importa la derogación del de 1960, pues se trata de
leyes sucesivas que legislan sobre la misma materia. Así, la redacción del art. 47 del Tratado
de 1980 permite concluir que el mantenimiento del nivel de tributos a las importaciones
acordado no es una obligación imperativa, por lo cual es facultativo para los Estados
signatarios dejarlo de lado. (Del voto en disidencia del doctor Moliné O’Connor).
11. – El legislador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien podría
dictar una ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su
inc. hizo lugar al reclamo de la actora en cuanto a su derecho a repetir de la Administración Nacional de Aduanas la suma abonada en concepto de “derecho de importación adicional” (res. Estimó que en la base de la delegación legislativa se hallaba 3 . arts. y la actora a fs. Esta directiva pesa no sólo para el órgano legislativo sino sobre todo órgano del Estado argentino. – Ni la ley 23. por una parte. en el sentido que no alcanza a los tributos de afectación especial. la cámara confirmó la decisión del Tribunal Fiscal que tuvo por bien cobrado el tributo. la res. cuyo art. Es un acto ilegítimo.Ninguna relevancia tiene el argumento del art. Considerando: 1. 2.cumplimiento. Ministerio de Economía 174/86. doctrina del fallo F. Aduanero. E.433 XXIII “Fibraca Constructora S. 174/86. ese acto del órgano legislativo comportaría una transgresión al principio de jerarquía de las normas (art. 13.vulnera el principio de supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. TEXTO COMPLETO: Buenos Aires. N. 179/85 abarcan en su ámbito de aplicación material al producto negociado en el acuerdo de alcance parcial Nº 1. Ambos fueron concedidos por el a quo mediante el auto de fs. 207/221 vta. 174/86 (M. Con esta doctrina se modifica la de Fallos: 257:99 y 271:7). por el art.101).251/86. ley 23. 665 del Cód. Contra esa sentencia del 14 de agosto de 1990. – La aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede un tratado -además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional.101 ni el dec. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” del 7/7/93. 31 C. al revocar parcialmente lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación. 14. 2°) por la introducción al país de café crudo (verde) en grano originario de Brasil. c. 27 de la Convención de Viena (cfr. En cuanto al reclamo de devolución de los importes abonados en concepto de gravamen con destinación al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones (arts. Que la sentencia de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.) y sería un acto constitucionalmente inválido. A. pues en toda delegación legal pesa la directiva de respetar los convenios internacionales vigentes. art. por lo afirmado anteriormente. N. las partes agraviadas interpusieron sendos recursos extraordinarios. 22 de la C. 31 y 75. – En atención a la imperatividad de los compromisos asumidos por nuestro país. las atribuciones ejercidas por el ministro de Economía mediante el dictado de la res. al amparo del despacho N° 92. 2° fijó el impuesto adicional que se discute. Que la cámara –por remisión a los fundamentos expuestos en la causa N° 22. por lo que el Fisco nacional debe ser condenado a restituir los importes percibidos. 171/177 vta. C. octubre 13 de 1994. 22 y 23. el Fisco nacional a fs. dado por la Cámara. resuelta por la sala II el 12 de julio de 1990– ponderó. 12.304 “Cafés La Virginia”. 260.) entra en abierta colisión con la norma material que surge del Tratado binacional.
665 del Cód. que sólo comprendía los derechos de importación regulados en el Capítulo primero del Título I de la Sección IX de la ley 22. Aduanero. 174/86.la ley 22. con el previsto en el Tratado de Montevideo de 1980 4 . El representante del Fisco compara el sistema de integración previsto en el Tratado de Montevideo de 1960 (ratificado por ley 15. que el ministro de Economía se hallaba plenamente facultado a dictar la res. 476/85 por la que dispuso un incremento en los niveles de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación (NADI) y la res. En virtud de estas atribuciones delegadas –sostuvo el a quo– el ministro de Economía dictó la res. 174/86 en los términos en que lo hizo. Por otra parte. las facultades ejercidas por el ministro de Economía no pudieron tener una extensión mayor que las del órgano que las había delegado. Ello es así – sostiene– por cuanto a su juicio no se ha transgredido la limitación contenida en el art. 665: “Las facultades… deberán ejercerse respetando los convenios internacionales vigentes”. Aduanero. el mismo argumento reseñado en el párrafo precedente sirvió a la cámara para rechazar el reclamo de la actora y confirmar al respecto lo resuelto por el Tribunal Fiscal. por el que se instauró la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 665 del Cód. en cumplimiento de las finalidades enunciadas en el párr.378). del ministro de Economía) y ello determinaba la condena al Fisco nacional a devolver las sumas percibidas en demasía. 665 del Cód. 2° fijó el derecho de importación adicional cuestionado en autos. ponderó que el gravamen en cuestión había sido creado por ley formal de igual jerarquía normativa que el Tratado internacional. llega a la conclusión opuesta. el Fisco Nacional reclama la apertura del remedio federal por cuestión federal típica consistente en la interpretación y aplicación de las normas federales comprometidas en el “sub lite”. cuyo art. y en lo concerniente a la repetición del gravamen autorizado por ley 23. La cámara concluyó que en atención a la limitación establecida en el art. En otro orden de ideas añadió como fundamento coadyuvante que con respecto a los tributos con afectación especial –como el que aquí se controvierte– no regía la limitación establecida en el art. 171/177 vta. lo cual determinaba la regularidad en el ejercicio de las facultades delegadas. A su vez la ley 22.101 (facultad que fue ejercida por el Poder Ejecutivo mediante el dictado del dec.415 (Cód. pues la resolución ministerial no vulneró las disposiciones del Tratado bilateral conocido como acuerdo N° 1. cuyo art. que instituía un nuevo mecanismo flexible en donde los países podían modificar unilateralmente los beneficios negociados. Aduanero) respecto de otra inferior (la res. Aduanero). 664 otorga al Poder Ejecutivo la facultad de “modificar el derecho de importación establecido”. Si bien acepta los fundamentos de la cámara respecto de la delegación.415. Aduanero. esto es.. El tribunal a quo estimó que correspondía establecer la preeminencia de una norma de rango superior (el Cód. 179/85). 3. con fundamento en un ilegítimo acto ministerial. En efecto. 2° y con la limitación prevista en el art. Que en su memorial de fs. Sólo a través de una ley formal –que comportará una nueva delegación– se habría podido dejar sin efecto la norma bilateral contenida en el acuerdo N° 1 suscripto entre Argentina y Brasil el 30 de abril de 1983.792 autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el ministerio competente las facultades que tenía conferidas por el Código Aduanero.
6. 117/119 (remisión a la causa 6028-A)– no surge ni de la letra del art. 751/74 y res. Que la primera cuestión consiste en dilucidar si se ha producido una auténtica colisión entre las disposiciones de un Tratado internacional y la norma que emana de una resolución ministerial. aprobada por ley 19. Que la interpretación que propone el recurrente del Tratado que establece la ALADI y del acuerdo de alcance parcial N° 1 –y que coincide con la argumentación que sustenta la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 174/86–. Por su parte. ni de su espíritu.865. Que el recurso extraordinario deducido por el Fisco nacional (Administración Nacional de Aduanas) es formalmente procedente toda vez que se halla en tela de juicio el alcance otorgado por el a quo a normas federales en juego –Tratado de Montevideo de 1980. 174 dictada por el ministro de Economía el 26 de febrero de 1986 aclara en su inc. En efecto. 5. originario de Brasil– se encuentra comprendida en los productos cuyo tratamiento arancelario fue negociado en el acuerdo de renegociación de las concesiones otorgadas en el período 1962/1980 (acuerdo de alcance parcial N° 1) suscripto entre la Argentina y el Brasil el 30 de abril de 1983 (en vigencia al tiempo de producirse el despacho a plaza que interesa en este litigio). Código Aduanero. 14. dentro del marco de acuerdos internacionales contemplados en la Sección III del Tratado de Montevideo de 1980 (arts. del 0 %). Para tal producto el acuerdo N° 1 prevé un “gravamen residual” del 0 %. estarán sujetas al pago de un derecho de importación adicional del 10 % hasta el 31 de marzo de 1986”. 1° el incremento de preferencias porcentuales dispuesto por la anterior res. 2° –que es el que interesa en esta causa– establece que “las importaciones de mercaderías amparadas por instrumentos de negociación… que prevean gravámenes residuales. Al respecto.354) que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). ministeriales 476/85 y 174/86– y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 1. 4. del mismo Ministerio 258/86. la res. inc. 7° y sigtes. la Argentina no ha transgredido en absoluto el Tratado internacional mediante el ejercicio. por delegación en el ministerio competente –que dictó la res. 476/85 y en su inc. 47 del Tratado de Montevideo de 1980 ponderada en su contexto. en cuyo marco se negociaron las ventajas del acuerdo de alcance parcial N° 1. dec. que significa el compromiso de no establecer impuestos – cualquiera que fuese su denominación– por encima del nivel previsto (en el caso. mediante la res. inc. por tanto. Corresponde señalar que no se halla controvertido que la mercadería corrrespondiente al despacho N° 92.(aprobado por ley 22. los tratados deben ser interpretados de buena fe –art. 3.251 –una partida importada para consumo de café crudo verde en grano. de la facultad de modificar los derechos de importación.). ratificada el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980– y desde esta pauta hermenéutica esencial 5 . Posteriormente. de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 31. ley 48). la medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1986. argumenta que las limitaciones convenidas eran de carácter ético y no imperativo y que.
A. 63 (disposiciones finales) del Tratado de Montevideo de 1980 permite descartar sin mayores argumentos la inteligencia que el recurrente otorga a la “flexibilidad” como principio rector del sistema.354. ministerial 174/86 entra en abierta colisión con la norma material que surge del Tratado binacional. del 7 de julio de 1993–. 31 y 75. favores. En efecto.XXIII “Fibraca Constructora S. 8. el Tratado habla de los “derechos y obligaciones” que se establecen en los acuerdos de alcance parcial. etc. 22. franquicias. Constitución Nacional). 31 de la Carta Magna. El art. lo cual desvirtúa la tesis de la compatibilidad entre el marco vinculante del Tratado y la modificación unilateral de los beneficios negociados (arts. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados impone a los órganos del Estado argentino –una vez resguardados los principios de derecho público constitucionales– asegurar primacía a los tratados ante un conflicto con una norma interna contraria pues esa prioridad de rango integra el orden jurídico argentino y es invocable con sustento en el art. 7 y 9. 7. 113-458. la norma material contenida en el art. 9. C. de la Sección III del Capítulo II). c. de procedimientos de negociación y de revisión periódica –que no tendrían sentido si los compromisos asumidos fuesen sólo éticos– y de cláusulas de salvaguarda y de denuncia. la citada norma regula el mecanismo para “desligarse” del Tratado. inc. resulta equivocado relacionar la obligatoriedad de las ventajas negociadas con la expresión contenida en el párr. La aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede un tratado –además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional– vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas (causa F. 2° de la res. Por el contrario. Que frente a la coherencia del sistema que surge de la interpretación efectuada en el párrafo precedente. Que en atención a la imperatividad de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del acuerdo de alcance parcial N° 1.433. 6 . se refiere precisamente a medidas no negociadas distintas de un derecho de importación. bastaría para rechazar el agravio del Fisco nacional. una expresión de buena voluntad de los países signatarios para “tratar de aplicar” ventajas. El propósito de cada país miembro de “tratar de evitar” que los tributos u otras medidas internas conduzcan a la anulación o reducción –en los efectos prácticos– de cualquier concesión o ventaja obtenida como resultado de la negociación. 131-773)– en el sentido de que el art. Que lo afirmado por esta Corte en la causa citada en el considerando precedente –y que modifica la doctrina de Fallos: 257:99 y 271:7 (La Ley. 1° del art.no es coherente sostener que el Tratado sólo consagra un compromiso ético pero no jurídico. para formalizar la denuncia y para suprimir la vigencia de los derechos y obligaciones emergentes de un acuerdo de alcance parcial respecto de un país miembro denunciante. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”. arts. con lo cual la expresión carece de relevancia como pauta interpretativa del carácter obligatorio de los compromisos asumidos en el Tratado. 47 de la ley 22.
en ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de facultades impositivas delegadas por el art. se acepta que el legislador confiera cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar pormenores de la obligación tributaria. Argumenta que no es posible suponer que el legislador haya cometido la inconsecuencia de obviar el acuerdo de alcance parcial N° 1 celebrado con el 7 . A. Habida cuenta de que el legislador no puede delegar una facultad que no tiene. 304:1898. Que en su memorial de fs. inc. Esta delegación impropia se concreta en el art. 665 del Cód. Cafés La Virginia S. ministerial 174/86 constituye en este orden de ideas un acto ilegítimo de ejercicio de atribuciones fuera del marco jurídico de la delegación y ello es definitivo para fundar el rechazo del recurso del Fisco nacional. 23 de la ley 23. el legislador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien podría dictar una ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su cumplimiento. cuya interpretación también se ha controvertido en autos. Ley Fundamental). 99. 11. 22. ese acto del órgano legislativo comportaría una transgresión al principio de la jerarquía de las normas (art. 17 y 52. 1° del dec. inc.. art. desde el punto de vista de la legitimidad de una delegación siempre está presente –lo diga la norma delegante en forma expresa o no– esa directiva de que ni una ley ni otra norma de rango inferior puede violar un tratado internacional. la participación del Congreso en el acto complejo federal que culmina con la aprobación y ratificación de un tratado (art. Visto desde otra óptica. Que lo anterior significa que es irrelevante discutir el alcance de la limitación contenida en el art.Pero es pertinente precisar las consecuencias que tal posición comporta desde el punto de vista de la validez constitucional de la delegación de funciones que consagran los arts. 129-768). Aduanero. Sin embargo. 31. comporta siempre la existencia de una directiva política que queda incorporada en todo acto de delegación y en el ejercicio de la facultad delegada. 11. 12. según lo expresado. 207/221 vta.415 que autoriza al Poder Ejecutivo al ejercicio de facultades delegadas dentro de la orientación prefijada por la ley. En conclusión. siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (doctrina de Fallos: 270:42 (La Ley. Ahora bien. 306:788 entre otros). 75.101. 664 y 665 del Cód. Que es indudable que la facultad de imponer gravámenes y contribuciones corresponde al Congreso de la Nación (arts. Constitución Nacional) y que este principio de legalidad fiscal determina que el poder administrador no pueda recaudar ninguna contribución que no haya sido creada por acto legislativo formal. se agravia de la resolución dictada en cámara respecto de la legitimidad del cobro del gravamen establecido en el art. Constitución Nacional) y sería un acto constitucionalmente inválido. 179/85. 10. 664 de la ley 22. Aduanero pues es un principio implícito que todas las facultades que delega el legislador deberán ejercerse “respetando los convenios internacionales vigentes”. la res.
la ley 23. Constitución Nacional). 761 de la ley 22. que ha incurrido en una transgresión a un tratado internacional y que la aplicación de esa norma que colisiona con otra de rango superior debe ser desechada por incompatible con el principio de supremacía de los tratados sobre las leyes internas (arts. dicho en otros términos. Que el recurso extraordinario deducido por la actora es formalmente procedente pues se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el tribunal a quo a normas federales y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en ellas (art.101 crea el gravamen sobre las “importaciones realizadas bajo el régimen de destinación definitiva de importación para el consumo” (art.101– a las previsiones del art. del Tratado de Montevideo de 1980. entre otros muchos). que habría podido ser objeto de una previsión específica en el acuerdo de alcance parcial celebrado con Brasil en el marco de la ALADI (art. Ese silencio no puede. sin forzar la letra ni el espíritu de la norma. la única interpretación posible de aquella norma es la que deja a salvo lo atinente a mercaderías importadas para el consumo pero al amparo de negociaciones bilaterales. inc. citado). 15. 23). con alcance general” (inc. mejor favorece su compatibilidad constitucional. a los efectos del art. ley 23. Que la ley 23. 14. a fin de evitar su invalidez (doctrina de Fallos: 307:146 y 993 –La Ley. 500–. Que de conformidad con el principio esencial en materia de hermenéutica legal que consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador. En sus efectos –de ser aplicado a las mercaderías que están involucradas en el “sub lite”– constituiría una “restricción no arancelaria”. 14. ley 48). inc. “in fine”. 13.101”.101 no consideró explícitamente la mercadería amparada por tratados internacionales. 31 y 75. que constituye una norma bilateral especial. Tratado de Montevideo de 1980). g. corresponde admitir el agravio de la actora pues la interpretación valiosa es la que. 23 de la ley 23. como el convenio con el Brasil bajo el régimen del arancel residual del 0 %. interpretarse como una voluntad de gravar incluso las 8 . Que el gravamen destinado a la formación del Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones fue sometido por el legislador –art. 3. 16. En efecto. asimilado a un tributo con afectación especial. g.415. 9°. por tanto. 1985-D. tendiendo a armonizar la ley de que se trate con el orden jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.101– las mercaderías comprendidas en el marco de los beneficios de la ALADI “excediendo toda interpretación razonable de la delegación contenida en el art.Brasil y que. 22. g. 23. inc. Sin embargo. inc. tal norma no fue adoptada y la directiva del Tratado es que “se tendrán en cuenta las disposiciones que establezcan los países miembros en las respectivas materias. es decir. Por ello no es posible tomarla en cuenta como “disposición de la respectiva materia”. Una primera interpretación permitiría considerar comprendido en el ámbito material de aplicación del artículo al ingreso al país de café crudo (verde) en grano originario de Brasil. 9°. Ello comportaría sostener que el legislador argentino ha dictado una norma que contradice el régimen de beneficios negociados en un acuerdo internacional. Aduce que la ilicitud reside en el decreto que ha omitido exceptuar de la regla general –la ley 23. pues.
— Ricardo Levene (h. se ordena la devolución a la actora de la suma pagada en concepto de gravamen Fondo ley 23.101 (art. — Guillermo A. 1845). la “obligación de respetar los convenios internacionales vigentes” es una directiva implícitamente contenida en toda delegación legal en atención a la obligación que pesa sobre el órgano legislativo –y sobre todo órgano del Estado argentino– de evitar la transgresión de un tratado internacional. Con costas. 16. López.72. agregó el a quo. — Julio S. en grano originario de Brasil. se negoció entre ambos países un porcentaje residual del 0 % en concepto de derecho para la mercadería de que se trata en autos. abonados en conceptos de derechos de importación y AA 695.importaciones sobre mercaderías amparadas por acuerdos internacionales en violación de éstos. p. Que cabe concluir que ni la ley 23.101 ni el dec. 2. Belluscio. 9 . Por ello. que debe ser condenado a restituir los importes percibidos. Dicho fallo fue apelado por la representante de la actora.181. no justifican el cobro de derechos pretendido por ese concepto por el Fisco nacional. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución de la Administración Nacional de Aduanas que no hizo lugar a la devolución solicitada por “Cafés La Virginia S. 179/85 abarcan en su ámbito de aplicación material al producto negociado en el acuerdo de alcance parcial N° 1 y que. para la citada mercadería. Señaló el a quo que.09. 476/85 y su aclaratoria res. Bossert.” de AA 11. el Ministerio de Economía fijó un derecho de importación adicional del 10 % entre otras. suscripto entre los plenipotenciarios de Argentina y Brasil el 30 de abril de 1983. por la introducción a plaza de café crudo (verde). parte 2°. A.). 17. — Augusto C. por medio del Acuerdo N° 1. — Eduardo Moliné O’Connor (en disidencia). A.101. Nazareno. — Gustavo A. Por medio de la res. — Antonio Boggiano (su voto). 174/86. Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala II) revocó parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal. tal como se ha afirmado en el consid. F. 11. Ninguna relevancia tiene el argumento dado por el a quo relativo a que el artículo 665 del Código Aduanero no alcanza a los tributos de afectación especial pues. En consecuencia. en consecuencia. Voto del doctor Boggiano Considerando: 1. abonados en concepto de Fondo ley 23. propósito que estaría en pugna con los objetivos expresados en los debates parlamentarios que precedieron al dictado de la norma (Diario de Sesiones Cámara de Diputados del 28 y 29 de junio de 1984. se confirma el fallo apelado en lo atinente al agravio del Fisco nacional y se lo revoca respecto del agravio de Cafés La Virginia S. ley 48).
El representante del Fisco concluyó así que no existió la extralimitación imputada al Ministerio de Economía al dictar las resoluciones 476/85 y 174/86. Ello no significaba. por el que se creó la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI–. en consecuencia. según el a quo. título I. de acuerdo al sistema que emana del Tratado de Montevideo de 1980. ya que dicho órgano sólo había dispuesto. O. las partes contratantes podían válidamente imponer de manera unilateral tributos que convirtieran en más gravosa la importación de mercaderías que lo acordado en las negociaciones internacionales. la cámara revocó lo decidido en ese punto por el Tribunal Fiscal de la Nación y. Contra ese pronunciamiento. 664 del Cód. En cambio. Por lo expuesto. con respecto a los tributos con afectación especial –como el del caso–. 2° del Cód. apart. Para llegar a esa conclusión. Aduanero. previstos en el art.354 (B. 665. 665 del mismo ordenamiento también establecía que el Poder Ejecutivo debía ejercer las citadas facultades “respetando los convenios internacionales vigentes”.101. el tribunal de segunda instancia.792. establecidas en el capítulo 1° del título I de la sección IX del citado Código. 664. 664 del Cód. el cual otorgaba a aquél la facultad “de modificar el derecho de importación establecido”. rechazó las pretensiones de la actora. 665.La Cámara indicó que estas normas habían sido dictadas en virtud de lo establecido por la ley 22. en el marco del Tratado de Montevideo y en el del art. sino que dicha modificación sólo podía ser llevada a cabo mediante la sanción de una ley formal que dejara sin efecto la norma bilateral suscripta entre Argentina y Brasil. aprobado por la ley 22. seccción IX) no regía la limitación impuesta por el art. en lo que se refiere a las sumas abonadas en concepto de gravamen Fondo Ley 23. Por lo demás la cámara agregó que en este punto las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo habían sido ejercidas conforme a derecho toda vez que. Que el representante de la Administración Nacional de Aduanas sostiene que. el art. habida cuenta de que dicha norma estaba referida a los derechos de importación. que fueron concedidos. el representante del Fisco nacional y la representante de la actora interpusieron sendos recursos extraordinarios. vigente al momento de la importación motivo de autos y conforme al cual se realizó el citado Acuerdo N° 1 entre Argentina y Brasil. Ello significaba. la variación de los 10 . Sin embargo. 761 del Cód. ordenó la devolución a la actora de las sumas pagadas por ella en concepto de derechos de importación. Aduanero. Aduanero. La cámara basó esta conclusión en el hecho de que las facultades ejercidas por el Minsiterio de Economía no podían tener una extensión mayor que las del órgano que las delegó –el Poder Ejecutivo Nacional– quien las ejercía en virtud de lo dispuesto por el art. mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el ministerio competente las facultades que tenía conferidas por el art. tuvo en cuenta que el citado tributo había sido creado por una ley formal de igual jerarquía normativa que la del Tratado internacional. 3. del 23 de diciembre de 1980). señaló el tribunal. Aduanero (capítulo 7°. con la limitación establecida en el art. por lo cual aquélla bien podía derogar lo dispuesto en el Tratado. que estuviera vedada la elevación de los derechos de importación. al confirmar lo resuelto al respecto por el Tribunal Fiscal. que el Ministerio de Economía había excedido las atribuciones que le otorgaba el Código Aduanero. a juicio del a quo.
4. en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).101. como lo es la 23. conviene aclarar que. el tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo. en caso afirmativo. no obstante. no resulta aceptable afirmar. 6. conviene recordar nuevamente que cuando se encuentra en discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal. 1987-A. como lo hace la cámara. creado por la misma ley. Por último. del 2 de noviembre de 1984) que. que. ley 48). determinar cuál sea el alcance con relación a ella de la res. creada por 11 . una disposición de carácter especial. al ser la ley 22. Dado que al dictarse esta sentencia se halla en vigencia la reforma constitucional sancionada el pasado 22 de agosto. 14. en consecuencia.101 (B. los tribunales argentinos pueden prevenir las consecuencias de un ilícito internacional y aplicar prioritariamente la norma internacional. 5. pues se ha cuestionado la inteligencia otorgada por la cámara a normas federales y la decisión ha sido contraria a los derechos fundados en ellas (art. no habría pretendido subvertir el orden jurídico creado por la citada convención. 23. O. Que son múltiples las cuestiones que deben resolverse. sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (Fallos: 308:647 –La Ley.101. En tales condiciones. el caso está regido por el texto anterior a dicha reforma en razón del momento de los hechos relevantes de la litis.101. 7. si ante el incumplimiento de un acuerdo internacional por los órganos ejecutivos o legislativos. con remisión a jurisprudencia del tribunal. 16. En opinión de la apelante.50 % sobre las importaciones con destino al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones. ley 48). en su art.354. Que el 30 de abril de 1983 Argentina y Brasil celebraron el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las Concesiones recaídas en el período 1962/1980 (Acuerdo de Alcance Parcial N° 1). 3. Que los agravios formulados por ambas partes son idóneos para habilitar la instancia extraordinaria.niveles tributarios y. Que el representante de la actora se agravia de lo decidido por el tribunal de segunda instancia en tanto considera válida la imposición a la recurrente del tributo previsto por la ley 23. ya que esta última no contiene una derogación expresa de la anterior ni tampoco existe una repugnancia manifiesta entre ambas. que la intención de la ley 23. La recurrente sostiene. 174/86 y de la ley 23. En segundo término. faculta al Poder Ejecutivo a imponer un gravamen de hasta el 0. si el país puede apartarse unilateralmente de un compromiso internacional por medio de una norma interna. en razón de que dichas normas legales legislan sobre materias diferentes. En primer lugar. que aprobó el Tratado. si el llamado Acuerdo N° 1 constituye para la Argentina una obligación internacional y. 160– y art. fue dejar sin efecto lo prescripto por el Tratado de Montevideo. y en inmediata vinculación con ello. no cabe entender que haya sido dejada sin efecto por una ley general. inc.
cada país miembro tratará de evitar que los tributos u otras medidas internas que se apliquen deriven en la anulación o reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier país miembro como resultado de las negociaciones respectivas”. Este establece. El Poder Ejecutivo ejercitó la facultad otorgada mediante el dictado del dec.354 y ratificado por nuestro país. ley 22.101. por tanto. que no sean producidos o no se produzcan en cantidades sustanciales en su territorio.el Tratado de Montevideo de 1980. el Ministerio de Economía dictó la res. Que la elucidación de la cuestión relativa a si los compromisos asumidos en el marco de la ALADI tienen un alcance pleno o atenuado. El acuerdo fue prorrogado en su vigencia por diversos protocolos adicionales. 2°. sino meramente indicativo. 47 del Tratado de Montevideo. el art. 664 y 665.101 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a imponer un gravamen sobre las importaciones para consumo con destino al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones. el art. 174/86 y de la ley 23. de los niveles arancelarios concertados en sede internacional y que por eso se dice: “cada país miembro tratará de evitar”. aprobado por ley 22. que: “En el caso de productos incluidos en la preferencia arancelaria regional o en acuerdos de alcance regional o parcial. un derecho de importación adicional del 10 %. por tanto. 179/85. sin intervención previa del Congreso. adhiriendo a la argumentación desarrollada por el Tribunal Fiscal de la Nación. inc. Cód. en lo pertinente. que el sentido de la norma consiste en permitir a las partes de un acuerdo de alcance parcial la modificación unilateral. En dicho acuerdo se dispuso un porcentaje residual del 0 % en concepto de derecho de importación para la mercadería de que se trata en autos. Es un tratado internacional en los términos del art. Concluye. 8. ya que fue celebrado por escrito entre estados y se halla regido por el derecho internacional. Deduce de ello. en sede interna. 1. 2°. es de capital importancia. en el art. Acuerdo N° 1). que el Poder Ejecutivo ha ejercido conforme a derecho la competencia que en materia arancelaria le otorga el Código Aduanero (arts. que el mantenimiento del nivel de tributos a la importación resultante de la ALADI no reviste carácter imperativo. Los países signatarios se obligaron a mantener vigentes para su comercio recíproco las concesiones registradas en los anexos respectivos conforme a las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980 (confr. 9. 7° la concentración de este tipo de convenios.354) que permite en su art. tendiente a demostrar la aplicabilidad al caso y la validez de la res.101. ésta tuvo lugar con anterioridad mediante la aprobación legislativa del Tratado de Montevideo de 1980 (confr. Aunque el consentimiento del Estado argentino se haya manifestado en forma simplificada. Que el representante del Fisco finca su argumentación. a. por la extrema gravedad que revestiría que el máximo Tribunal de Justicia de la 12 . 23 de la ley 23. Que durante la vigencia del Acuerdo. 10. Por su parte. hasta el 31 de diciembre de 1986. que prevean gravámenes residuales. si son obligaciones o sugerencias. El recurrente afirma. Aduanero) y que es válida la aplicación al caso de la ley 23. de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. apart. 174/86 que impuso a las importaciones de mercaderías amparadas por instrumentos de negociación acordados en la ALADI.
con ser complejo y de metas cimeras. que cuentan con similares nacionales. Tratado de Montevideo de 1980 y art. Como dijera Alberdi. se establece una regla de igual trato impositivo. parece claro que la tesis propugnada por el representante del Fisco también resultaría aplicable a las “obligaciones” contraídas en el marco del Mercosur. no podrían. En el caso de los productos aludidos por esta norma. mayores derechos asegurados tendréis en vuestro país” (Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. relativo a los acuerdos de alcance parcial. En efecto. los productos originarios del territorio de un país miembro gozarán en el territorio de los demás países miembros de un tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos similares nacionales”. p. de exigir el cumplimiento obligatorio de compromisos depende directamente de que se les reconozca imperatividad.). art. supone un anuncio con consecuencias que van mucho más allá de la composición de la presente litis. que encuadra al Mercosur en los objetivos de la ALADI. rechazar esta demanda sobre la base de que el Estado argentino pudo apartarse de un acuerdo de alcance parcial por no ser más que indicativo. por ejemplo. ser invocados por la República Argentina para reclamar cumplimientos de los demás países firmantes. Eudeba. según esta tesis. en efecto. En el mismo orden de ideas. imposible. 11 y 12 del Anexo I que establecen reglas para las relaciones con otros acuerdos de alcance parcial celebrados dentro del marco del Tratado de Montevideo. está abierto a la adhesión de los demás miembros de la ALADI (confr. por definición. Buenos Aires. 4°. inc. cabe tener en cuenta el consid. la capacidad de nuestro país y de sus ciudadanos. así como los arts. En cambio. art. para evitar la afectación referida. tal como lo destaca la actora en la contestación del recurso extraordinario. tasas y otros gravámenes internos. a. y prevé expresamente reglas para el cumplimiento de las cargas que a dichos acuerdos son impuestas. Tratado de Asunción de 1991 que sienta las bases de organización del Mercado Común del Sur –Mercosur–). 5°. 20. para las mercaderías que no sean producidas o no se produzcan en cantidades sustanciales en el territorio del país (confr. 1966).Nación establezca como doctrina la inexistencia de imperatividad de los compromisos de nuestro país con potencias extranjeras que. Que. El Mercosur. debilitemos los cimientos. 12. por no tener mayor rigor para una parte que para las otras. 11. se adecua a las previsiones del art. dado que la comparación con un producto nacional es. la norma no se refiere a los derechos de importación cuando alude a “los tributos u otras medidas internas”. la República Argentina no ha denunciado el Tratado de Montevideo de 1980. 47 cit. 7° de dicho Tratado. al referirse a los tratados: “Cuantas más garantías deis al extranjero. 69. al tiempo de disponernos a construir la cúpula. restricciones precisamente no arancelarias por medio de las cuales indirectamente se pudieran afectar los acuerdos internacionales. Que la inteligencia del art. No vaya a ocurrir que. Se dispone que las partes tratarán de evitar que los tributos u otras medidas internas 13 . En tales condiciones. 9°. Abarca. 46 del Tratado cuando establece que: “En materia de impuestos. A ellas se refiere también el art. y que no se detienen en la época a la que ella se refiere. 47 del Tratado de Montevideo ensayada por el Fisco es incorrecta pues. de modo que. 4° del Tratado de Asunción. en cambio. Ed. se establece una solución diferente.
ya que sobre esta última. 1 y 26. Si. 46) y a “los tributos u otras medidas internas” (art. que dichos acuerdos contendrán procedimientos de negociación para su revisión periódica a solicitud de cualquier país miembro que se considera perjudicado y en su inciso g. aprobada por ley 19. Para la determinación de la real incidencia económica de una medida interna de esa naturaleza sobre dichas ventajas. que el cumplimiento del contenido del Acuerdo N° 1 constituye para la Argentina una obligación internacional. establece en su inc. como principio. 174/86 y de la ley 23. Antes bien. entonces. Estas disposiciones perderían toda virtualidad y sentido si las partes pudieran unilateralmente desligarse de su vínculo mediante normas de derecho interno.865. al explicitar el contenido de los acuerdos de alcance parcial –categoría a la que pertenece el Acuerdo N° 1 entre Argentina y Brasil– se refiere a derechos y obligaciones. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. el art. d. como se percibe. En este orden de ideas cabe atender a que. el primero de ellos vendría a impedir toda negociación sobre derechos de importación superiores al 0 %. cualquier arancel mayor al 0 % que se aplicase a la primera violaría el Tratado. 15. 46 no ha podido aludir a los derechos de importación con su referencia a los gravámenes “internos”.101 en 14 . es de la naturaleza de un tratado concretar compromisos y no enunciar buenos propósitos. es porque también lo es la interpretación de la que deriva. determinar el alcance de la res. 7°. Que prueba de que los artículos examinados no se refieren a los derechos de importación cuando hacen similar alusión a “impuestos tasas y otros gravámenes internos” (art. párr. de lo contrario. además. sólo negociando en ese nivel sería factible acordar igual tratamiento tributario a una mercadería importada que a otra análoga nacional. A su vez. respecto de la primera cuestión. no es difícil advertir que. a continuación. el art. Y si la conclusión resulta clara en el sentido de que el art. 47. 2°). el art. En efecto. 9°. 31 inc. es legítima igual comprensión en relación a lo que establece. en la inteligencia que se rechaza. ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980 de conformidad con lo que establece su art. entonces. con pareja terminología. 47 puede servir de subterfugio para desvirtuar las ventajas acordadas en sede internacional. Que cabe concluir. 13. 47) es que. Corresponde. un impuesto que grave exclusivamente mercaderías mencionadas en el art. como es obvio. 84). Por ejemplo. 14. 47. podrá recurrir al Comité con el fin de que se examine la situación planteada y se formulen las recomendaciones que correspondan” (art. que podrán incluir normas específicas sobre retiro y renegociación de concesiones y denuncia.que se apliquen deriven en la anulación o reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier país miembro como resultado de las negociaciones respectivas. Que. esta inteligencia es la que mejor se adecua con la regla asumida por nuestro país según la cual los tratados deben ser interpretados y cumplidos de buena fe (confr. Nada hay en el lenguaje del Tratado de Montevideo de 1980 que haga pensar que éste escapa a esta caracterización. el Tratado prevé el siguiente mecanismo: “Si un país miembro se considera perjudicado por las medidas mencionadas en el párrafo anterior. art. la consecuencia es inadmisible. no recaen derechos de importación y.
de promoción de las exportaciones. a pesar de que el art. Por tanto. en virtud del acuerdo N° 1.50 % sobre las importaciones realizadas bajo el régimen de destinación definitiva de importación para consumo. A igual conclusión llegó el tribunal a quo. en tales condiciones. Cabe señalar que. que crea el artículo anterior de la misma norma legal. 15 . art. La dilucidación de este delicado asunto debe realizarse con suma cautela pues puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino. También resulta claro e inevitable que. Que el art. entonces. g.101. 9° inc. aplicar restricciones no arancelarias –carácter que cabe asignarle a la que entraña el impuesto examinado–. con las consecuencias que ello entraña. faculta al Poder Ejecutivo Nacional a imponer un gravamen de hasta el 0. reserva alguna respecto de la aplicación por parte de la Argentina del tributo creado por la ley 23. El informe de la Secretaría de la ALADI obrante en autos confirma esta tesitura. al referirse con carácter general a las importaciones realizadas “bajo el régimen de destinación definitiva de importación para el consumo”. sólo si la colisión con el tratado fuera inevitable y palmaria debe estarse a la hipótesis de su incumplimiento. 17. Que el art.101 a la importación de la mercadería en cuestión. ni en los protocolos que lo modificaron y prorrogaron. que fue objeto del Acuerdo N° 1 tantas veces mencionado. además. no se efectuó en el Acuerdo N° 1. incumplimiento del compromiso internacional que la Argentina asumió al celebrar el acuerdo. 49 del Tratado de Montevideo permite a los países miembros regular los regímenes de fomento a las exportaciones y. con destino al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones. El Poder Ejecutivo ejerció la facultad otorgada mediante el dictado del dec. entre Argentina y Brasil. debe elegirse aquella que deje a salvo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas. de que la mercadería de que se trata en autos se halla comprendida por los términos de la resolución. Y ello. 16. por lo que debe guiarse por una pauta interpretativa “favor tractatus”: si existen varias interpretaciones posibles de una norma interna relacionada con un tratado internacional. comprende al café crudo verde originario del Brasil. 3°. si bien el art. dado que dicha mercadería gozaba de un gravamen residual del 0 %. 179/85 y no incluyó a la mercadería de que se trata en autos entre las excepciones al gravamen (confr. la inevitable aplicación en el caso del gravamen aludido conllevaría igual consecuencia que la referida en el considerando anterior. sin intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto– constituye una violación de aquél y un incumplimiento de la obligación internacional contraída por nuestro país. Parece claro. 2° de la resolución del Ministerio de Economía 174/86 establece que las importaciones de mercaderías amparadas por instrumentos de negociación previstos en la ALADI que prevean gravámenes residuales estarán sujetas al pago de un derecho de importación adicional del 10 %. decreto citado).relación a ella. por lo demás. No cabe duda. que el impuesto creado por el Congreso. la resolución ministerial –dictada. 23 de la ley 23. del Tratado de Montevideo establece que los acuerdos de alcance parcial podrán contener normas específicas sobre restricciones no arancelarias.
31 de la Constitución Nacional– que los tratados poseen igual jerarquía normativa que las leyes nacionales y que. Sostiene y hacen profesión de creer que los tratados. pero tanto pueden surgir nuevas verdades como nuevos errores. a igualdad de rango. ha sido también admitido como consecuencia necesaria de la igualdad jerárquica señalada. Que si bien es cierto que la solución del problema de la relación entre el derecho interno argentino y los tratados internacionales remite a la organización constitucional del país (confr. como el Acuerdo N° 1. analizar la cuestión en el ámbito de los convenios sobre materia arancelaria. 6°. art. en cambio. y sus citas). no lo es que del enunciado del art. 8°. Fallos cit. Estos señores harían bien en reflexionar que el tratado es sólo otro nombre que se aplica a un contrato. Que habiéndose determinado que el propio Tratado de Montevideo (art. pues los tratados no son “leges”. Resolvió. mediante una ley del Congreso. la Cámara de Apelaciones sostuvo –sobre la base del art. por lo tanto. la validez de la ley 23. VI de la Constitución de los Estados Unidos. el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores. y no existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango a ninguno”. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a los tratados respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la Nación. en cuanto integrantes del ordenamiento jurídico interno de la República. se agregó. en el sentido del adagio latino. como los demás actos de una Asamblea Legislativa. “Se sigue de lo dicho”. entre Argentina y Brasil. En efecto. cabe examinar si la alegada posibilidad de apartarse de un compromiso internacional surge de alguna otra regla o principio de nuestro ordenamiento y. 9°. 665. Que la tesitura adoptada por la cámara fue sostenida por esta Corte en Fallos: 257:99 (1963) y 271:7 (1968). 20. Y declaró. 47) no exhibe basamento jurídico alguno para sustentar la tesis invocada por el Fisco en esta causa. deberían poder revocarse cuando parezca conveniente. prevalece la norma posterior. 31 de la Constitución Nacional se siga que un tratado puede ser derogado por una ley posterior. 19. con referencia al art. el país puede modificar unilateralmente los tratados internacionales de los que sea parte. Se afirmó allí que: “ni el art. 31: “Otros. no lo están con que se les considere como la Ley Suprema de la Nación. consid. Que al respecto. en particular. en consecuencia. Ambos –leyes y tratados– son igualmente calificados como Ley Suprema de la Nación. 174/86 fue dictada por el Ministerio de Economía sin las facultades requeridas (arg. y que sería imposible encontrar una Nación dispuesta a celebrar cualquier contrato con nosotros.18. consid. “que rige respecto de ambas clases de normas. aunque conformes con que los tratados se celebren de la manera propuesta. el consid. por la doctrina y la jurisprudencia norteamericana” (conf.101. en relación al caso. 21. Código Aduanero). Esta idea parece ser nueva y original en nuestro país. que la res. que constituye el antecedente directo de nuestro art. Fallos citados). aplicando implícitamente el principio según el cual. que los comprometiera a ellos de modo absoluto y a nosotros sólo tanto tiempo y 16 . En su expresión clásica: ‘Leges posteriores priores contrarias abrogant’. como afirmó John Jay. Fallos: 257:99). (confr.
en el art. debe ser fiel por nuestra parte para quitar pretextos de ser infiel al fuerte” (op. las siguientes palabras de Alberdi. enmendarlas o derogarlas. 31. En cuanto a su observancia. Sin embargo. tanto las razones aducidas por los primeros para la incorporación de la reserva final –que exceptuó del cumplimiento de los tratados a “las provincias que no hubieran tenido su representación en el Congreso al tiempo de su aprobación. p. recordado en la frase de Jay. de libertad civil. que junto con la Constitución y las leyes de la Nación. Son significativas. 31. la causa por la cual propusieron la salvedad analizada está expresada en las palabras de quien la impulsó. de adquisición y tránsito. 31 por los constituyentes provinciales y nacionales de 1860. Los que hacen las leyes pueden. mencionado en los arts.. que se ha consumado en el tratado celebrado con la corona española…”. llamados a recibir su acrecentamiento de fuera” (op. y tampoco se discute que quienes hacen los tratados pueden alterarlos o cancelarlos. en orden a desentrañar el significado atribuido al art. 19. en los siguientes términos– “En las reformas propuestas por vuestra Comisión algo hay relativo a la ciudadanía. p. 1974. 17 . la Argentina no ha resuelto explícitamente lo atinente al emplazamiento de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico. sin duda alguna. México. limitándose a declarar. 69). que excluye –en principio– la posibilidad de que una de las partes lo derogue o revoque unilateralmente sin que ello constituya un incumplimiento del mismo. pero no olvidemos que los tratados están hechos no sólo por una de las partes contratantes. tanto el lenguaje empleado por el constituyente como el mecanismo diseñado para la celebración de los tratados. les serán respetados. 14 y 100. p. inc. Deben destacarse asimismo. así también lo es [para] siempre para alterarlos o cancelarlos” (“El federalista”. Esos tratados serán la parte más bella de la Constitución. Fondo de Cultura Económica. Que a diferencia de lo que ocurre en otras constituciones más modernas. la preposición puesta entre corchetes figura en la obra citada). de seguridad. sino por las dos y. Así. inc. permiten sostener las afirmaciones transcriptas “ut supra”. En lo que respecta a los constituyentes provinciales. consiguientemente. el diputado Mármol. 22.. constituyen la Ley Suprema de la Nación. cit. cit. 275. 190). es razonable atribuir al término “tratado”. “…Cada tratado será un ancla de estabilidad puesta a la Constitución… (…). a quien se ha considerado uno de los pensadores que más influyeron en nuestros constituyentes: “Firmad tratados con el extranjero en que deis garantías de que sus derechos naturales de propiedad. en este contexto. 27. 86. que así como el consentimiento de ambas fue indispensable para su conclusión original. 67. pero todas las disposiciones a ese respecto sólo podrían desgraciadamente evitar un mal que se ha consumado ya –me refiero al sacrificio de la ciudadanía natural en los hijos de los extranjeros–. ante la ausencia de una indicación expresa en contrario. y que no se la otorguen posteriormente por medio de su legislatura”– cuanto los motivos por los cuales los últimos aceptaron parcialmente tal propuesta.hasta el grado que se nos antojara. su significado habitual y profundo. que es la llave del progreso de estos países. N° 64. la parte exterior.
derogada esa ley queda sin efecto la estipulación del tratado. porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de 18 . Esta acertada visión de las relaciones existentes entre el derecho interno y los tratados internacionales fue lo que determinó a los constituyentes provinciales a condicionar su aprobación de la Constitución de 1853 a la mentada condición. de modo que no se vieran frustrados por los porvenires de la política interna de la Nación. los convencionales fueron más lejos de las expresiones vertidas por el diputado Mármol. 14. es orgánicamente federal. admitieron tal reserva pero con la limitación que surge del texto actual de la Constitución Nacional. La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso: –o por cualquier otro acto interno de menor jerarquía normativa– violenta la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional. un tratado internacional constitucionalmente celebrado. 67. Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley. lo cierto es que demuestra claramente el rango superior atribuido a los tratados sobre las leyes del Congreso.… Y cuando se ha dicho que estando el compromiso con la España basado en una ley del Congreso. Si bien tales razones no se expresan en las actas. por su parte. 86. el Congreso legislativo será impotente para salvarla de ellos. inc. ya no está en el Congreso ni en el derecho de la Nación el poder emanciparse de sus obligaciones. El tratado ha levantado una ley ulterior a la categoría de ley pública. o por el cañón…”. que ha sido elevada a la categoría de compromiso internacional. el Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales (art. cada provincia reconoce como ley fundamental la Constitución. y esta clase de leyes ya no es derogable sino por el acuerdo mutuo de las dos soberanías contratantes”. Constitución Nacional). Es interesante indagar sobre los motivos que pudieron haber guiado a estos últimos en la introducción del aludido cambio. 23. En efecto. las leyes del Congreso y los tratados: … en cuanto a los tratados. una vez comprometidos en su responsabilidad. pues los tratados públicos no se modifican o extinguen sino por el consentimiento de las partes contratantes. En este sentido. y como tal fuera ya de las disposiciones ulteriores de un cuerpo legislativo. Los convencionales de Santa Fe. puesto que parecería que entendieron necesario preservar la suerte de los compromisos internacionales incluso de un eventual cambio en la Ley Suprema de la Nación. inc. incluyendo su ratificación internacional. emitiendo un acto federal de autoridad nacional. Más allá del acierto de este último criterio. se ha dicho una necedad o una mentira. es indudable que los impulsó la voluntad de mantener en pie los compromisos asumidos con potencias extranjeras. 19. aun cuando pretendiese derogar con una ley la relativa a la ciudadanía. Que desde esta perspectiva cobra pleno sentido el mecanismo diseñado por el constituyente para la celebración de acuerdos internacionales. pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (art.“Comprometida la Confederación actual en los efectos de ese tratado. pues la complejidad de su articulación contribuye al mantenimiento de los vínculos asumidos. “Por la Constitución federal.
86.XXIII. 14. ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7.XXV. Sin perjuicio. H. por medio de este precepto. 53 de la Convención tutela de un modo mediato dichos principios al establecer la nulidad de todo tratado que se oponga a una norma imperativa de derecho internacional general (“ius cogens”). p. que es quien conduce las relaciones exteriores de la Nación (art. el consid. sentencia del 22 de diciembre de 1993). Gerardo y otros”. inc. con referencia al derecho constitucional a la jurisdicción.la celebración de un tratado. Esta convención. una tradicional norma de Derecho internacional consuetudinario que había sido reconocida en numerosas oportunidades por la jurisprudencia de los tribunales internacionales. aclarando que se entiende por tal aquella que es aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. según ya se expresó. 25. 6° de Fallos 257:99). 19. “Hagelin. Verdross-Simma. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”. XVII-XVIII. 192 y sigtes. 27 de la Constitución Nacional que dispone que: “El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”. en el plano internacional.. A. Que además. C. Poder Ejecutivo Nacional s/ juicio de conocimiento”. Que la necesaria aplicación del art. Prudentia Iuris. vigente en el derecho argentino. en cuanto establece en su art. Un ejemplo de ello. “Derecho Internacional Público”. E. 46 la nulidad de un tratado celebrado por un país en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental de su derecho interno (confr. puede verse en Fallos 305:2150. por su tipología rígida (art. ps. 30. También el art. c. confiere expresamente primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. de la supremacía constitucional. la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Se recogió. Ragnar c. 64. Miguel A. 433. 19 . Constitución Nacional) y respecto de los tratados por el art. Ello es así. que reglamenta válidamente las disposiciones constitucionales y completa su mencionada parquedad. Julio. caso “Cabrera. Constitución Nacional). 27 de la Convención de Viena que establece que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. pues ya no es exacta la proposición jurídica según la cual no existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango al tratado sobre la ley (confr. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. en razón de la sustancial coincidencia entre los valores y derechos protegidos por las normas de “ius cogens” y por nuestra Carta Magna. Principios cuyo resguardo también se hallaría asegurado por la propia Convención de Viena. “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Constitución Argentina”. Sofovich. 24. en general. sentencia del 7 de julio de 1993. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino dar prioridad a un tratado internacional ante un eventual conflicto con una norma interna contraria que equivalga a su incumplimiento (F. “Fibraca Constructora S. 543–. Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo nacional sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. 1992-C. Barberis. “Ekmekdjian. diciembre 1985-abril 1986. Tal fundamento normativo radica en el art. ibídem. 856). claro está.XXIII. asegurada. sentencia del 7 de julio de 1992 –La Ley.
c. 206–). 1994-A. Pero no cabe duda de que este país –y sus empresas– se verían indirectamente afectados si se aplicaran al caso de autos las normas cuestionadas. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande s/ despido”. además. 61 y 62. León y otro s/ contrabando”. p. de cuya efectiva vigencia depende en buena medida la subsistencia de las relaciones internacionales: los pactos se hacen para ser cumplidos. Que lo expuesto en los considerandos precedentes resulta acorde con las exigencias de cooperación. este aspecto. como es lógico. de la Convención. de los supuestos en los que el propio derecho internacional autoriza a dar por terminado un tratado. apart. imposibilidad subsiguientes de cumplimiento. hacen cuestión federal trascendente. “Nadel. en este contexto. inc. 60. la posibilidad de su revocación unilateral. 70. ni que existiera una práctica común a los países signatarios del Acuerdo N° 1 que avalara la postura que asumió en esta causa. el tribunal debe velar porque las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho argentino que. por la repercusión que ello seguramente tendría en el intercambio comercial con la Argentina. 27. Al ser un tratado un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional. 26. o cambio fundamental de las circunstancias (arts. lo cual hubiera podido ser relevante –en ciertas condiciones (confr. 286). 188–) a la luz del art. cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla. 3° que precede a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. En este sentido. que el Acuerdo N° 1 procura 20 . N. 1° de este último –La Ley. que establece que deberá tenerse en cuenta. Esta entraña incumplimiento del acuerdo. sent. E. Cabe consignar. 1984-B. verbigracia como consecuencia de su violación por una de las partes. voto concurrente de los doctores Gabrielli y Guastavino. el art. 31. el párr. y previene la eventual responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos internos. como regla de interpretación: “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”. 3°. “El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena”. en los términos del conocido aforismo latino (confr. del 6 de abril de 1993 –La Ley. compartido. que dice: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. como principio general. Que no escapa a la consideración de esta Corte el hecho de que la actora en este juicio es una empresa argentina. XXIII. de producir aquel efecto. que en ningún momento el Estado argentino pretendió ampararse en alguna de estas causales para justificar su conducta. el consid. Este principio tuvo recepción normativa expresa en el art. armonización e integración internacionales que la República Argentina reconoce. carece de sentido postular. con la consiguiente responsabilidad por los daños. del 5 de diciembre de 1983. 28. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados). Con excepción. 27 de la Convención de Viena constituye la necesaria consecuencia de un principio crucial del derecho de gentes –que rige también en el ámbito contractual interno–.Washington J. b. por el voto mayoritario (confr. ni que la República Federativa del Brasil ha sido ajena al desarrollo de esta causa. 26 de la Convención. “pacta sunt servanda”. ni tampoco alegó falta de reciprocidad por parte del Brasil. De La Guardia-Delpech. Que.
1984). Los gobiernos que presentaron observaciones. La compañía protestó ante las autoridades nacionales sobre la base de que el Tratado de Roma. ps. del 5 de febrero de 1963. cuyo funcionamiento concierne directamente a las partes interesadas de la Comunidad. el reconocimiento de un derecho en cabeza de los importadores amparados –aunque no se los mencione– por el Acuerdo. ps. Que a igual conclusión arribó.. 11 y sigtes. que quedaban sujetos al derecho nacional. como consecuencia de un acuerdo entre los países del Benelux. 1° del Tratado de Montevideo de 1980. Tecnos. ed. que el Tratado otorgaba derechos e imponía obligaciones sólo a los estados miembros y no a individuos o entidades privadas. Madrid. seguida por el tribunal y por los tribunales nacionales en los países de la Comunidad (confr. es coherente con la finalidad de constituir un mercado común latinoamericano. Sostuvieron. derechos de carácter individual que el juez debe salvaguardar”. “La aplicación y la primacía del derecho que emana de las organizaciones internacionales en el fuero interno”.. caso 26/62. 623 y sigtes. el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto de un tema que guarda cierta analogía con el presente: el de la invocación directa de las normas comunitarias por los particulares ante los tribunales nacionales (confr. basándose en dicho artículo. en la obra colectiva “Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Se trataba de una compañía holandesa que había importado un producto de Alemania. Y concluyó que ese objetivo implica que el Tratado confiere derechos a los individuos y no sólo a los estados. “Van Gend en Loos”. Madrid. el tribunal lo dedujo del concepto de mercado común. 29. cuya vigencia y operatividad no fueron cuestionadas en ninguna instancia. sent. Si bien el principio de invocación directa de las normas comunitarias no está específicamente establecido en el Tratado de Roma. en su artículo 12. 23 y sigtes. Afirmó que el objetivo del Tratado es establecer un mercado común. 1993). en el derecho comparado. José María. La aduana local reclamó el pago de derechos de importación a una tasa más alta que la existente para esa mercadería al tiempo de entrada en vigor del Tratado de Roma. Alemania. en otros términos. 12 del Tratado CEE tiene un efecto interno. y el Abogado General sostuvieron que sólo los estados podían alegar infracciones al Tratado. además. Esta famosa sentencia ha sido la base de toda una jurisprudencia constante. si las partes pueden alegar. ps. Ruda. Las autoridades rechazaron la petición y la compañía apeló ante un tribunal administrativo. Bélgica y Holanda. 1963.resguardar y fomentar. versión española en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. La tasa había subido del 3 % al 8 %. Recueil. expresada en el art. que interrumpió el procedimiento y preguntó al Tribunal de las Comunidades “si el art. Si bien es evidente que median diferencias entre el caso reseñado y esta causa – fundamentalmente la actual inexistencia de un tribunal supranacional en el ámbito de la ALADI destinado a resolver este tipo de controversias y la eventual distinción entre tratados 21 . prohibía a las partes aumentar los aranceles aduaneros vigentes entre ellos a la época de la adopción de aquel instrumento. Centro de estudios constitucionales-Secretaría de Estado para las relaciones con las comunidades europeas. Estudios en homenaje al profesor don Manuel Diez de Velasco”. Por ello. Ed.
En efecto. de comercio. 21 de esta sentencia). la res.101. aparts. 22 y 23 de esta sentencia) y con el art. 86 de la Constitución en cuanto establece que: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 14. que sienta las bases de organización del MERCOSUR. Administración Nacional de Aduanas s/ demanda contenciosoadministrativa” entendió que: “con dicha norma legal el Poder Legislativo ha sido explícito en reservar para sí la decisión política en la coyuntura de resultar imprescindible el apartamiento de los compromisos internacionales asumidos por la República. 32. pues dicha interpretación lo enfrentaría frontalmente con la Constitución (confr. en la causa “Sao Paulo Establecimiento Industrial y Comercial S. c. 665 transcripto no resuelve lo relativo al incumplimiento que entrañaría la aplicación a este caso del gravamen creado por la ley 23. La cámara a quo. 31. 10). por lo que debe descartarse de conformidad con la añeja jurisprudencia según la cual entre las diversas interpretaciones posibles de una norma debe preferirse aquella que guarde mayor armonía con el resto del ordenamiento vigente (Fallos: 256:24. Que en virtud de lo dispuesto por el art. en lo que al caso respecta. los consid. 664 deberán ejercerse respetando los convenios internacionales vigentes”. Argentina y Brasil. después de otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de establecer o modificar derechos de importación con el objeto de cumplir determinadas metas políticas que se enumeran (art. Que en el ámbito de los acuerdos internacionales sobre derechos de importación. Que. concordemente y con mayor precisión en relación al caso de autos. de navegación. 27 de la Convención de Viena. 261:36. Mas no puede ser éste el sentido del art. por el art. L. 974). Más aún si se toma en cuenta la reciente firma del Tratado de Asunción de 1991. en cambio. el legislador ordenó que: “Las facultades otorgadas en el apart. el Código Aduanero contiene una regla que se adecua armoniosamente con el art. la apreciación de la Cámara no tiene en consideración que el órgano constitucionalmente habilitado para tomar la iniciativa política de desvincular al país de un tratado internacional no es el Congreso sino el Poder Ejecutivo (confr. 27 de la Convención de Viena y con los principios que lo sustentan. Concluye y firma tratados de paz. 262:236. Aduanero. 1 y 2). 312:296. y. 7° del Tratado de Montevideo de 1980 respecto de los países que los suscriben. que mantiene a la integración regional como un objetivo claro de la política internacional argentina. 174/86 del Ministerio de Economía no puede aplicare al “sub lite” en la medida en que supone una patente contradicción con el acuerdo N° 1 entre Argentina y Brasil. de alianza. 664. impidiendo que tan grave resolución sea adoptada por otros órganos que no sean el constitucionalmente habilitado para ello” (del consid. R. 1 del art. Por otra parte. 30. sala IV. En efecto. en razón del grado de integración que entrañan los acuerdos previstos en el art. el consid. el art. es razonable deducir esta competencia de la otorgada por el art. concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con 22 . 21.internacionales y derecho comunitario– ellas no impiden otorgarle un tratamiento semejante a reclamos como el incoado por la actora en esta causa. de límites y de neutralidad. 665 del Cód. es decir. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 665 del Código Aduanero.
Mas no entraña una reserva de dicha posibilidad a favor del Congreso. y su aclaratoria. por la que se denegó la devolución de las sumas abonadas en concepto de derecho de importación adicional del 10 %. Cabe concluir. en su ausencia. debe entenderse que la norma tiende a evitar que el apartamiento de convenciones internacionales pudiera originarse en medidas internas de fuentes administrativas. 54 y siguientes). la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó el decisorio en lo atinente al mentado derecho adicional. Que a raíz del recurso interpuesto por la actora. ley 48). 4. 16. 665 del Cód. el Ministerio de Economía fijó un derecho de importación adicional del 10 %. este órgano debe ser el que origine. Que observó asimismo.las potencias extranjeras…”. Por ello. Que para así resolver. Aduanero en relación al caso. con fecha 30 de abril de 1983. que las mentadas resoluciones fueron dictadas en virtud de lo establecido en la ley 22. Con costas. que tampoco puede aplicare en el “sub examine” el gravamen creado por la ley 23. se ordena que se le devuelva la suma pagada en concepto de gravamen Fondo Ley 23.101. por la res. se negoció entre ambas naciones un porcentaje residual del 0 %. por la que se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a delegar. 33. 174/86 (Ministerio de Economía) y del impuesto establecido por la ley 23. se declaran procedentes los recursos extraordinarios interpuestos. 2. Por las razones expuestas. que fueran ingresadas con motivo de la importación de café crudo (verde originario del Brasil).101. en el ministerio competente. parte 2ª. y lo mantuvo respecto del gravamen instituido por la aludida ley 23. 3.101 ya que ello conllevaría la violación del Acuerdo N° 1 entre Argentina y Brasil. En consecuencia. 2° de la res. establecido por el art. ya que a los efectos del art.792. las facultades que. suscripto entre los plenipotenciarios de Argentina y Brasil. la denuncia del tratado internacional por las vías pertinentes previstas en el tratado mismo o. Disidencia del doctor Moliné O’Connor. en su caso. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución de la Administración Nacional de Aduanas. de conformidad con lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (arts. Considerando: 1. y en lo que atañe a la cuestión señalada en primer término. Cuadra entonces precisar el alcance del art. — Antonio Boggiano.101. En tales condiciones. para modificar los derechos de importación 23 . en concepto de derecho para la mercadería involucrada y que. por tanto. subrayó que a través del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociacion N° 1. se confirma el fallo apelado en lo que respecta a los agravios de la Administración Nacional de Aduanas y se lo revoca respecto de los agravios de la actora (art. 476/85. 174/86. 27 de la Convención de Viena no existe una diferencia sustancial entre un acto del Poder Ejecutivo y una ley del Congreso.
el dictado de una norma interna que pusiera en vigencia. 665 de dicho ordenamiento establecía que el Poder Ejecutivo debía ejercer las citadas atribuciones. 665 del Cód. que la violación del Tratado tornaría inválida a la resolución por exceder la competencia delegada. Apuntó. “respetando los convenios internacionales vigentes”. para abonar esta aserción. no rige la limitación impuesta por el art. que estuviera vedada la elevación de los derechos de importación. 665. en consecuencia.establecidos. para establecer impuestos aduaneros. Que la mercadería bajo tratamiento ha sido negociada en el marco del “Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las Preferencias Otorgadas en el Período 1962/1980”. Ello no significaba. sino que dicha modificación sólo podía llevarse a cabo mediante la sanción de una ley formal que dejara sin efecto la norma bilateral suscripta entre Argentina y Brasil. toda vez que con respecto a los tributos con afectación especial. 664 del Cód. Aduanero. 14. habida cuenta que dicha norma está referida a los derechos de importación establecidos en otra categoría normativa de dicho texto legal. según se desprende de la sentencia de cámara. (Ministerio de Economía) 174/86. como el establecido en la citada ley. Concluye. Añadió que las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo han sido ejercidas conforme a derecho. fueron materia de los agravios desarrollados en los recursos extraordinarios interpuestos por la actora y el Fisco nacional. los que resultan formalmente procedentes.101. que no obstante ello. Aduanero. sostiene. razón bastante para desechar el agravio”. se encuentran previstas en el art. Señaló que en este punto “otra es la solución a la que cabe arribar habida cuenta que el gravamen en cuestión ha sido creado por ley formal de igual jerarquía normativa a la del tratado internacional. con un derecho aduanero de “cero por ciento”. toda vez que se cuestiona la interpretación y alcance de normas federales y se ha resuelto en contra del derecho fundado en ellas por los recurrentes (art. 7. Aduanero. se lo debe considerar como formando parte del marco legal que limita el ejercicio de la competencia delegada en dicha cartera de Estado. 2° de la res. que las facultades ejercidas por el Ministerio de Economía no podían tener una extensión mayor que las del órgano delegante –el Poder Ejecutivo de la Nación–. el art. 3. suscripto entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. ley 48). Que las decisiones adoptadas en la sentencia de cámara. en el 24 . respectivamente. Este acuerdo fue objeto de sucesivas prórrogas que motivaron. en cada caso. 5. Que distinto temperamento adoptó frente al debate suscitado respecto del gravamen creado por la ley 23. inc. a la vez que afirma que un tratado internacional tiene –dentro del orden normativo– un nivel equivalente al de la ley. Que con respecto a la cuestión atinente a determinar si el Ministerio de Economía se encontraba facultado para fijar un derecho de importación adicional respecto de mercadería amparada por el mentado acuerdo de alcance parcial. con la limitación establecida en el art. quien las ejercía en virtud de lo dispuesto en el art. 6. 664 del Cód. la actora califica como improcedente la aplicación del gravamen establecido por el art. con fecha 30 de abril de 1983. Señaló. por lo que. 8.
ámbito de la República Argentina. Para ello. un derecho de importación adicional del 10 %. ratificado por res. por la resolución conjunta de los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto N° 662 y 667 bis/85. conjunta 1316/85 y 116/85. conjunta 340 y 285 bis de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores y Culto. respectivamente. 47). 10. fue puesto en vigencia. podrá recurrir al Comité con el fin de que se examine la situación planteada y se formulen las recomendaciones que correspondan” (art. que no sean producidos o no se produzcan en cantidades sustanciales en su territorio. se impuso a las importaciones de mercaderías amparadas por instrumentos de negociación acordadas en la ALADI y que prevean gravámenes residuales. en el ámbito interno. Que la dilucidación de la controversia requiere precisar. si los estados signatarios del referido acuerdo bilateral se encontraban facultados para establecer unilateralmente tributos que alteren el tratamiento aduanero acordado en dicho instrumento. En este Tratado del año 1960. no existe una disposición como la contenida en el art. 2° de la res. Que mediante el art. para incorporarlas a nuestro derecho interno. prorrogada hasta el 31 de diciembre de ese mismo año por la resolución (Ministerio de Economía) 258/86. del 9 de diciembre de 1985. es menester puntualizar que en Tratado de Montevideo de 1980 –ratificado por ley 22.354– por el que se convino la creación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) –a cuyo amparo se suscribió el mentado acuerdo parcial–. Así. Si un país miembro se considera perjudicado por las medidas mencionadas en el párrafo anterior. El Tercer y Cuarto Protocolos Modificatorios que prorrogaron la vigencia del Acuerdo hasta el 31 de julio de 1985 y 31 de diciembre de 1985. se estableció que en el caso de productos incluidos en la preferencia arancelaria regional “o en acuerdos de alcance regional o parcial (como acaece en el ‘sub lite’). lo cierto es que en el Tratado de 1980 –que sirvió de marco al acuerdo parcial a cuyo amparo se negociaron las mercaderías involucradas en autos–. del 26 de febrero de 1986. lo allí acordado. 9. 48 de aquel Tratado que sirvió de precedente. que prorrogó la vigencia del Acuerdo hasta el 30 de junio de 1985. de 1960 –ratificado por ley 15. el Segundo Protocolo Modificatorio. motivaron el dictado de la res. inscripto en los registros de la Asociación Latinoamericana de Integración el 19 de febrero de 1986. 11. en el Quinto Protocolo Modificatorio. por un lado. para cada uno de los productos que fueren objeto de concesiones a las demás Partes Contratantes”. se convino prorrogar las preferencias pactadas entre ambos países hasta el 31 de diciembre de 1986. se convino que: “Ninguna modificación introducida por una Parte Contratante en el régimen de imposición de gravámenes a la importación podrá significar un nivel de gravámenes menos favorable que el vigente antes de la modificación. 22 del Tratado de Montevideo sobre Zona de Libre Comercio. 25 .378– y que constituye su antecedente inmediato. Por último. Que aun cuando esta norma reproduce lo dispuesto en el art. cada país miembro ‘tratará de evitar’ que los tributos u otras medidas internas que se apliquen deriven en la anulación o reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier país miembro como resultado de las negociaciones respectivas. 174/86.
constituir óbice para que el Ministerio de Economía dictara la res. Que el Tratado de Montevideo de 1980 importa la derogación de su antecedente.792 se autorizó al Poder Ejecutivo a delegar en el ministerio competente en razón de la materia involucrada y en las condiciones que en su caso estimare conveniente establecer. Aduanero no pudieron. eventualmente. resulta facultativo para los estados signatarios dejarlo de lado. 2° de la ley 22. confr. asimismo art. Que en tales condiciones las previsiones del art. formula éste las recomendaciones que correspondan. punto 1° de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 714/86 en ejercicio de las facultades emergentes del art. suscripto en esa misma ciudad en 1960 (arts. a). I del artículo que lo precede “deberán ejercerse respetando los convenios internacionales vigentes”. por el que se autorizó al Ministerio de Economía a efectuar modificaciones en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación. ratificado por ley 19. 26 . permite advertir sin lugar a dudas que el mantenimiento de nivel de tributos a la importación acordado en las respectivas negociaciones internacionales no se exhibe como una obligación imperativa. 751/74 –en la medida en que resultara compatible con ella y con el Código Aduanero–. la importación para consumo de mercadería que no estuviera alcanzada por dicho tributo (inc. no lo es menos que el tratado internacional pertinente –al que cabe asignarle el marco legal correspondiente como consecuencia de su ratificación por ley del Congreso de la Nación–. 665 del Cód. 664 del Cód. la aplicación de esta regla hermenéutica. sumado a los claros términos en que está redactado el aludido art.792.865). Asimismo. 409.792 se dispuso mantener la aplicación del dec.12. A su turno. 5°). en su caso. 306:721 –La Ley. pues se trata del caso de leyes sucesivas que legislan sobre la misma materia. antes bien. como consigna el pronunciamiento del a quo. 1985-B. en la Conferencia de Evaluación y Convergencia (arts. de disposiciones de la primera. Que el art. importa dejarlas sin efecto cuando en la nueva ley la cuestión que se trata es clara (Fallos: 304:794. mediante la aludida ley 22. implica desatender la armonía que las leyes deben guardar con el orden jurídico restante y significa no haber preferido la interpretación que favorece aquella armonía y los fines perseguidos por el legislador (Fallos: 306:940. 59. Ello así. citado y 35. sin otra consecuencia que el ejercicio de la facultad inherente al país miembro afectado. mediante la ley 22. Consecuentemente. de acudir al Comité de representantes con el fin de que se examine la situación planteada y. 13. Pretender que tales prerrogativas sólo pueden ser ejercitadas a través de una ley formal. no contiene obligaciones imperativas que inhiban el ejercicio de facultades en materia de fijación de tributos vinculados con la importación. 1982-C. para ser tratadas en el Consejos de Ministros de Relaciones Exteriores y. 47 del Tratado de Montevideo de 1980. y la omisión en la última. c). Tratado de 1980). entre muchos otros). así como para modificar un derecho de importación establecido (inc. las facultades que tiene conferidas por dicha norma del texto aduanero (art. en la emergencia. a poco que se advierta que si bien es cierto que mediante aquella norma del Código Aduanero se estableció que las facultades otorgadas en el apart. 664 de dicho ordenamiento legal y del art. 47 “in fine”. 291–). Aduanero faculta al Poder Ejecutivo para gravar con derechos. 65 y 66. 14. por lo que.
Aduanero que. la adopción de cláusulas de salvaguardia. Que en lo que concierne a la procedencia de la repetición del tributo creado por la ley 23. esta última no contiene una derogación expresa de la anterior ni tampoco existe una repugnancia manifiesta entre ambas. Aduanero. por definición.101. en cuanto establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado…” (art. no cabe entender que haya sido dejada sin efecto por una ley general. resulta del citado art.50 %. desde que procura privilegiar las obligaciones contraídas mediante los tratados internacionales. conforme lo normado en el art. 17. con remisión a jurisprudencia del tribunal.101. los regímenes de fomento a las exportaciones y el tráfico fronterizo”. 174/86 (Ministerio de Economía). por sobre las decisiones del Poder Administrador. cabe consignarlo.101 tuvo como objetivo 27 . lo cierto es que las argumentaciones esgrimidas por la actora se desvanecen frente a las previsiones del Tratado respecto de la cuestión “sub examine”. como lo es la 23. afectado a ese Fondo. Y ése ha sido el sentido del mentado art. por principio. cabe consignar que en el art. se correlaciona con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – ratificado por ley 19. Que sin perjuicio de hacer aplicable respecto del punto ahora en debate las conclusiones allegadas “ut supra” respecto del gravamen adicional creado por la res. el legislador ha pretendido preservar el esquema de jerarquía normativa consagrado en el art. con las limitaciones del también referido art. los países miembros están facultados para establecer normas complementarias de política comercial que regulen entre otras materias “la aplicación de restricciones no arancelarias.865–. Que en orden a lo precedentemente expuesto resulta menester compatibilizar el ejercicio de las atribuciones que. ello supone que dichos convenios hayan establecido obligaciones de cumplimiento forzoso para el Estado miembro. Frente a tales previsiones cuadra señalar que la ley 23. el régimen de origen.354 – por la que se aprobó el Tratado de Montevideo– una disposición de carácter especial. 16. ya que. 49 de dicho texto –ratificado como se tiene visto por la ley 22.50 % sobre las importaciones realizadas bajo el régimen de destinación definitiva de importación para consumo. 179/85. 27).354–. 665 del Cód. en tanto que en el art. 18. 47 del Tratado de Montevideo. 665 del Cód. y dejando a salvo que ello basta para desestimar la repetición pretendida. la preexistencia de obligaciones de cumplimiento no facultativo. estableciendo un gravamen del 0.15. Pero. El término “incumplimiento” presupone. diferentes de las que prevalecen en el ámbito de los preceptos emanados de las normas involucradas en la cuestión “sub examine”. 31 de la Constitución Nacional. Mediante esta norma. 22 de dicho texto se dispuso la creación del Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones. 23 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a imponer un gravamen de hasta el 0. sostiene. El Poder Ejecutivo en uso de tales atribuciones dictó el dec. para modificar tributos de importación. que al ser la ley 22. Que la actora sostiene. cabe puntualizarlo. En efecto.
se revoca parcialmente la sentencia de cámara y. se rechaza la repetición deducida en autos.esencial la promoción de exportaciones. en atención a que las dificultades interpretativas de las cuestiones sometidas a decisión pudieron generar expectativas razonables a la vencida acerca del éxito de su pretensión. el Tratado de Montevideo de 1980 estipula que “podrán contener. para lo cual previó la creación de un Fondo de afectación especial. Consecuentemente. 28 . renegociación de concesiones. 9° inc. Asimismo cabe señalar que. restricciones no arancelarias. cláusulas de salvaguardia. respecto de los acuerdos de alcance parcial. denuncia. coordinación y armonización de políticas. — Eduardo Moliné O’ Connor. Por tanto. se tendrán en cuenta las disposiciones que establezcan los países miembros en las respectivas materias. entre otras. g). En el caso de que tales normas específicas no se hubieran adoptado. esta habilitación que hace el Tratado respecto de la formulación de normas de alcance general –la 23. como el tratado en el “sub lite”.101 lo es–. con alcance general” (art. en consecuencia. retiro de concesiones. a mérito de los fundamentos expuestos en los acápites precedentes. normas específicas en materia de origen. deja sin sustento el único argumento en que se apoya la recurrente. Costas por su orden.
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