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Timestamp: 2018-08-20 00:46:55+00:00

Document:
EXP. JGE/QCIG/JD03/TLAX/244/2006
CG279/2007
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIP. CARLOS IXTLAPALE GÓMEZ EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Distrito Federal, a 28 de noviembre de dos mil siete.
VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con el número JGE/QAPM/JD03/TLAX/244/2006, al tenor de los siguientes:
I. Con fecha quince de mayo de dos mil seis, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio número P.C. CD03-TLX-015/2006, fechado el día nueve del mismo mes y año, suscrito por el Lic. Alberto Jaume Torres, entonces Consejero Presidente del 03 Consejo Distrital de este Instituto en el estado de Tlaxcala, mediante el cual remitió el original del escrito de la misma fecha, signado por el Dip. Carlos Ixtlapale Gómez, en el que denunció hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hizo consistir primordialmente en lo siguiente:
“El que suscribe Lic. Carlos Ixtlapale Gómez, Diputado Local del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, comparezco ante usted para denunciar algunos hechos que consideramos graves en razón de su propia naturaleza y que violentan el marco jurídico electoral y las reglas de neutralidad para servidores públicos de todos los niveles de gobierno en el proceso electoral y que establecen que éstos deberán abstenerse de:
Emitir, a través de cualquier discurso, medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda, a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargo de elección popular en el proceso electoral federal del 2006, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político coalición o candidato.
El pasado 8 de marzo del 2006 en el periódico el Sol de Tlaxcala, página 5 de la Sección Local aparece, una publicación en la que los firmantes felicitan a la C. MSP. MARIA ELENA PERLA LÓPEZ LOYO, Oficial Mayor de Gobierno a esa fecha y virtual candidata a Diputada Federal por el III Distrito del Partido Acción Nacional P.A.N., firmando dicha publicación Funcionarios Públicos tal es el caso del Lic. Roberto Núñez Baleón Director General del Instituto de Protección Civil del Estado, Lic. Vicente Hernández Roldán, Lic. Jaime Xochicale Baéz Notario Público entre otros (anexo original de la publicación).
Por otra parte anexo también un original de una publicación en el periódico ABC de Tlaxcala, y en la página 13 ostentando el puesto 7 Presidentes de Comunidad del Municipio de Huamantla, tácitamente señalan su respaldo a la candidatura de Rosalía Peredo Aguilar al Senado de la República.
El pasado 19 de febrero se emitieron las reglas de neutralidad, para que titulares de todos los niveles de gobierno y los servidores públicos en general se sujetaran a los 8 puntos establecidos y de no hacerlo así serían sancionados los partidos y en su caso aquellos servidores públicos que realizan conductas en contra de estos lineamientos, manifestado esto por el Consejero Presidente del IFE Luis Carlos Ugalde.
Por lo antes expuesto y para garantizar las condiciones de equidad y que los ciudadanos ejerzan su voto con libertad, solicito a usted respetuosamente se investigue y se sancione en su caso a quien o quienes resulten responsables de los delitos electorales denunciados. Señalo como domicilio para recibir notificaciones la calle Allende no. 31 de esta ciudad de Tlaxcala, en la oficina que ocupa el que firma.
Seguro de que usted es garante de que las leyes se cumplan y se apliquen, le reitero mi confianza y mis respetos.
Ofreciendo como pruebas:
1.- Copia simple de un desplegado presuntamente publicado en el diario “El Sol de Tlaxcala”, de fecha ocho de marzo de dos mil seis.
2.- Copia simple de un desplegado presuntamente publicado en el diario “ABC de Tlaxcala”, de fecha ocho de marzo de dos mil seis.
II. Por acuerdo de fecha siete de junio de dos mil seis, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tuvo por recibido el escrito de queja señalado en el resultando anterior, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 38, párrafo 1, incisos a) y t); 48, párrafo 1; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 131, 269, 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,11, 13 párrafo 1, incisos b) y c); 16 párrafo 2; 21, 22, 23, 30, 37, 38 y 40, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ordenó lo siguiente: 1) Integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QCIG/JD03/TLAX/244/2006; 2) Emplazar al Partido Acción Nacional para que dentro del término de cinco días hábiles, contestara por escrito lo que a su derecho conviniese y aportara las pruebas que considerara pertinentes.
III. Mediante oficio número SJGE/981/2006, de fecha veintiséis de julio de dos mil seis, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, se notificó al Partido Acción Nacional el emplazamiento al presente procedimiento ordenado en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior.
IV. Mediante escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil seis, el Lic. Germán Martínez Cázares, entonces representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad en los siguientes términos:
“Que por medio del presente escrito, vengo a dar contestación en atención al expediente JGE/QCIG/JD03/TLAX/244/2006, referente a la infundada e inoperante, QUEJA, presentada por el Diputado Carlos Ixtlapale Gómez, por lo que a efecto de fundar y motivar la presente contestación me permito exponer:
I.- Personalidad, Domicilio y Documentos.
Al pretender imputársele actos, hechos y conductas al Partido Acción Nacional, comparezco al presente asunto con el carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personalidad que así tengo reconocida y que además justifico con los documentos que adjunto y señalo como domicilio el siguiente:
Previo a contestar los hechos en que se funda el escrito de Queja, en primer término por ser una cuestión de Orden público, estudio preferente y de carácter oficioso, me permito enunciar las causales de improcedencia de la Queja promovida, mismas que cito a continuación:
Carencia de Interés Jurídico. En razón de que los quejosos pretende imputar actos, hechos y conductas a mi representado y que presuntamente contravienen la normatividad electoral bajo el argumento que se presento una publicación en la sección local del periódico el sol de Tlaxcala respecto de la ex candidata Perla López Loyo, y en el periódico abc respecto de la senadora electa Rosalía Peredo Aguilar.
Oscuridad e impresión de los Hechos (falta de Técnica jurídica para redactar). Consistente en que conforme al artículo 10 fracción V del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro del COFIPE, una formalidad lo constituye la narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y de ser posible, los preceptos presuntamente violados; sin en cambio, el escrito que se contesta es vago, impreciso y confuso, pues de los hechos narrados no se citan las circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo que al no dar cumplimiento con los requisitos formales de la ley de la materia, debe de declararse la improcedencia de la misma.
1. En razón de que la queja versa en el sentido de que existe inconformidad por el Diputado Carlos Ixtlapale Gómez, claro es y se desprende de la nota publicada en el diario ‘El Sol’ de Tlaxcala, que a la ex candidata Perla López Loyo, no tuvo nada que ver con la publicación, así mismo que en dicha publicación, no existe en ningún momento un apoyo a Perla López Loyo como candidata a diputada por el tercer distrito a través del Partido Acción Nacional, ni mucho menos una invitación al voto, si no solo una simple felicitación como persona por ser el día internacional de la mujer, a que no se postulan ni plataforma política, ni se menciona al partido, ni la candidatura, menos aún se invita al voto, por lo que en ningún momento hay una violación al Acuerdo de Neutralidad.
2. En cuanto al supuesto respaldo que otorgan los siete presidentes de comunidad a la hoy Senadora electa Rosalía Peredo Aguilar, en la publicación periodística establece que los que la publican lo hacen en su carácter de ciudadanos, y en ningún momento mencionan ni plasman de manera alguna al Partido Acción Nacional, ni tampoco invitan al voto, sólo hacen externo su apoyo a la hoy Senadora electa, como se establece en su carácter de ciudadanos, así mismo es de todos conocidos que estos Presidentes de Comunidad que pagan la Publicación, no pertenecen ni fueron postulados a dicho cargo por el Partido Acción Nacional, por lo que se puede suponer una treta con toda la intención de dañar la imagen de la Senadora Electa; así mismo no se viola el Acuerdo de Neutralidad ya que los presidentes auxiliares o de comunidad no entran en dicho supuesto, y menos cuando externan que actúan en su carácter de ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 21 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del COFIPE, respetuosamente pido:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, dando contestación a la queja promovida en contra de mi representado, por autorizados a los profesionistas citados y por señalado el domicilio para los efectos legales conducentes.
SEGUNDO.- Por hechas las manifestaciones que se desprende de este ocurso, por anunciados los medios de prueba que se citan y en su oportunidad admitirlos conforme en derecho proceda.
TERCERO.- En su oportunidad declarar la improcedencia de esta causa y por ende el sobreseimiento de la misma.”
VII. Por acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil seis, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tuvo por recibida la contestación en tiempo y forma al emplazamiento formulado por esta autoridad, ordenando requerir al Presidente y/o Director General del diario “ABC Noticias de Tlaxcala”, a efecto de que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente, proporcionara diversa información relacionada con los hechos materia del actual procedimiento.
VIII. Mediante oficio número SJGE/1966/2006, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil seis, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, se requirió al Presidente y/o Director General del diario “ABC Noticias de Tlaxcala”, a efecto de que desahogara el pedimento formulado por esta autoridad reseñando en el resultando precedente.
IX. Mediante oficio número VEJLTLE/14/2007, de fecha ocho de enero de dos mil siete, el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tlaxcala, remitió el escrito de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, signado por el Lic. Víctor Ángel García Limón, Director General del diario “ABC Noticias de Tlaxcala”, a través del cual dio respuesta al requerimiento formulado antes referido, en el que medularmente dijo:
“1. El nombre de la persona que contrató y pagó el desplegado que aparece en la página 13, sección publicidad del diario ABC Tlaxcala, del miércoles 08 de marzo de 2006, es la persona moral denominada: Partido del Trabajo, con domicilio en calle no. 17, No. 218, Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax.
La formalización de la publicación se hizo con la petición que se hiciera por parte del interesado y posterior pago de la factura No. 2133.
La fecha de celebración del acto jurídico fue el 7 de marzo del 2006.
El monto de la factura fue de $3,000.00 + IVA.
OBSERVACIÓN: la factura se hizo por dos cuartos de plana y el desplegado es uno de ellos, el otro cuarto de plana está abajo, en la misma página 13 de la edición del día 08 de marzo de 2006 del diario ABC Tlaxcala.
El tiraje de la edición de fecha 08 de marzo fue de 5 mil ejemplares.
Los lugares donde se distribuyó el diario ABC Tlaxcala, son los 60 municipios del estado de Tlaxcala.
Anexo copia de la factura número 2133 y un diario ABC Tlaxcala, de fecha 08 de marzo del 2006.”
X. Mediante acuerdo de fecha tres de septiembre del presente año se tuvo por recibido el oficio y anexos detallados en el párrafo anterior, ordenándose requerir al Partido del Trabajo a efecto de que informara a esta autoridad las razones y circunstancias en que intervino en los hechos materia del actual procedimiento.
XI. A través del oficio número SJGE/876/2007, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, se requirió al Partido del Trabajo, a efecto de que desahogara el pedimento formulado por esta autoridad reseñado en el resultando precedente.
XII. Por acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones del expediente administrativo en que se actúa, para que dentro del término de cinco días manifestaran lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
XIII. A través de los oficios números SJGE/965/2007 y SJGE/966/2007, respectivamente, se comunicó al Dip. Carlos Ixtlapale Gómez, así como al Partido Acción Nacional, el acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete, para que dentro del plazo de cinco días manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniese.
XIV. Mediante proveído de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete, el Secretario de la Junta General Ejecutiva, tuvo por recibido el escrito de la representante del Partido Acción Nacional, por el que desahogo la vista ordenada por acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del presente año, declarando fenecido el término del Dip. Carlos Ixtlapale Gómez para tales efectos, declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
XV. Desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos 1, 2, 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal; 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva aprobó el dictamen correspondiente en sesión extraordinaria de fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete.
XVI. Por oficio número SE/2191/2007 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, se remitió el Dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución.
XVII. Recibido el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva, la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución en sesión ordinaria celebrada el día doce de noviembre de dos mil siete, instruyó al Secretario Técnico de la misma sobre el sentido del anteproyecto de resolución, en términos de lo señalado por el artículo 45, párrafo 1, inciso a) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
XVIII. En sesión ordinaria de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete, se aprobó el proyecto de resolución correspondiente, por lo que procede resolver al tenor de los siguientes:
1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.
2.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Reglamento, se somete el Dictamen y el proyecto de resolución a la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.
3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
5.- Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
6.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia, consigna como atribución del Consejo General vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.
7.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
8.- Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 19 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causales de improcedencia de la queja deberán ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En esta tesitura, el Partido Acción Nacional hace valer como causales de improcedencia, las que se sintetizan a continuación:
a) La carencia de interés jurídico en el quejoso para la interposición de la presente queja, en virtud de que los hechos que se atribuyen al partido denunciado derivaron de la publicación de dos desplegados en periódicos de circulación en el estado de Tlaxcala.
b) La de oscuridad en la demanda, en virtud de que el impetrante adolece de técnica jurídica en la redacción, toda vez que omite precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente acaecieron los hechos denunciados.
En primer término, se procede a realizar el análisis de la causal de improcedencia sintetizada en el inciso a) precedente, relativa a la carencia de interés jurídico en el quejoso para la interposición de la presente queja.
Al respecto, resulta atinente tener presente que la instauración de un procedimiento administrativo sancionador como el que nos ocupa, puede iniciarse a petición de parte cuando el quejoso o denunciante hace del conocimiento de la autoridad electoral la presunta comisión de alguna irregularidad o infracción administrativa cometida por algún partido o agrupación política que amerite una sanción, o bien, puede ser incoado de manera oficiosa.
Asimismo, es importante precisar que el Reglamento de la materia exige que cuando las quejas o denuncias versen sobre violaciones a la normatividad interna de un partido, el denunciado tendrá la obligación procesal de acreditar su pertenencia a dicho partido o su interés jurídico.
Sobre este particular, conviene recordar el contenido del artículo 8 del Reglamento de la materia, en relación con lo que establece el artículo 15, párrafo 2, inciso b) del mismo ordenamiento, los cuales se reproducen a continuación:
1. Toda persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales del Instituto; las personas jurídicas lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.
2.- La queja o denuncia será improcedente cuando:
b) Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político o agrupación política, el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia a éstos o su interés jurídico.”
De los preceptos reglamentarios que anteceden, se desprende que toda persona se encuentra legitimada para interponer una denuncia cuando a su juicio considere que se ha transgredido alguna norma electoral, limitando dicha facultad cuando se trate de violaciones a la normatividad interna de un partido, en cuyo caso deberá acreditar que pertenece a dicho instituto político, o bien su interés jurídico en el asunto en cuestión.
En el caso que nos ocupa, si bien el quejoso no ofrece documento idóneo con el que se pueda acreditar la personalidad con la que se ostenta, o bien, su militancia en algún instituto político, lo cierto es que dicha circunstancia deviene irrelevante, toda vez que los hechos de la denuncia versan sobre una posible conculcación a la normatividad electoral y no sobre violaciones a las normas que regulan la vida interna de un partido; por tanto, pueden ser puestos en conocimiento por cualquier persona como refieren los dispositivos legales antes invocados.
Así las cosas, podemos concluir que, aun cuando el quejoso no pertenezca a una entidad política, dicha circunstancia no constituye una causal de desechamiento de la misma, en virtud de que no afecta el trámite y resolución de la presente queja, ya que resulta inconcuso que cualquier persona puede hacer del conocimiento de esta autoridad, una violación a la normatividad electoral.
A mayor abundamiento, cabe decir que el Partido Acción Nacional no precisa cuáles son las razones por las que estima que el quejoso carece de interés jurídico para la instauración de la presente queja, toda vez que se limita a enunciar en forma dogmática que los hechos que se atribuyen al partido denunciado se originaron por la publicación de dos desplegados en periódicos de circulación en el estado de Tlaxcala, lo que en la especie no guarda relación con la posible falta de interés jurídico en el impetrante.
Al respecto, conviene citar la parte conducente del escrito de queja en la que el quejoso aduce la presunta causal de improcedencia:
“II. Causales de Improcedencia.
Carencia de Interés Jurídico. En razón de que los quejosos pretende imputar actos, hechos y conductas a mi representado y que presuntamente contravienen la normatividad electoral bajo el argumento que se presento una publicación en la sección local del periódico el sol de Tlaxcala respecto de la ex candidata Perla López Loyo, y en el periódico abc respecto de la senadora electa Rosalía Peredo Aguilar.”
De lo anterior, es dable sostener que no es posible desprender algún vínculo entre la causal de improcedencia aducida por el Partido Acción Nacional y el argumento con el que se pretende motivar la misma; por tanto esta autoridad no advierte algún elemento que haga procedente la causal invocada por el instituto político denunciado.
Bajo esta tesitura, la causal de desechamiento que se contesta resulta improcedente.
En segundo término, corresponde a esta autoridad arribar al estudio de la causal de desechamiento sintetizada en el inciso b) de este apartado, relativa a la presunta obscuridad en la demanda, en virtud de que el quejoso omite precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los hechos denunciados.
Bajo esta premisa, debe decirse que la queja presentada por el Dip. Carlos Ixtlapale Gómez no puede estimarse obscura, en virtud de que el motivo de inconformidad planteado, relativo a la supuesta publicación emitida por servidores públicos, es una hipótesis normativa prevista en la normatividad electoral, cuya posible actualización faculta a esta autoridad electoral para que despliegue su facultad investigadora, y en su caso imponga una sanción.
En este tenor, toda vez que de la narración de los hechos planteados por el quejoso se desprende el nombre de los medios impresos en que se realizaron las publicaciones materia del actual procedimiento, así como los lugares y época en que se llevó a cabo dicha publicación, esta autoridad estima que la presente queja no puede ser considerada obscura o carente de técnica jurídica.
En efecto, la clara expresión que realiza el quejoso de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente acontecieron los hechos motivo de inconformidad, posibilitan a esta autoridad desprender indicios sobre una violación a la normatividad electoral.
En virtud de lo anterior, toda vez que la queja cumple con los requisitos establecidos por la legislación electoral, resulta inatendible la causal de improcedencia hecha valer por el Partido Acción Nacional.
8.- Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento que resolver y al no operar las causales de desechamiento invocadas por el partido denunciado, corresponde a esta autoridad realizar el análisis de fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el Dip. Carlos Ixtlapale Gómez, los Presidentes de Comunidades del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, así como diversos servidores públicos del gobierno de la citada entidad federativa, violaron el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal dos mil seis, así como lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso a) y 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la presunta publicación de dos desplegados en favor de las CC. María Elena Perla López Loyo y Rosalía Peredo Aguilar, publicados en los periódicos el “Sol de Tlaxcala” y “ABC Tlaxcala”, respectivamente, ambos de fecha ocho de marzo de dos mil seis.
Así las cosas, previo al estudio de fondo del presente asunto, resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, por cuanto al tema toral de la queja que nos ocupa.
En este marco, es necesario fijar de manera previa tres aspectos fundamentales del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad: a) naturaleza del acuerdo; b) el ámbito de validez del Acuerdo, específicamente por lo que respecta a los servidores públicos a los que está dirigido; c) Las reglas de neutralidad.
Naturaleza del acuerdo. En primer lugar los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen principios fundamentales como: el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.
En este marco, el artículo 39 prevé:
El artículo 41 dispone en su parte medular:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; […]
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma.
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en diversos criterios que estos principios deben observarse en los comicios, para considerar que las elecciones son libres, auténticas, periódicas y en un marco de equidad, tal y como se consagra en el artículo 41 de dicha Constitución, propias de un régimen democrático.
En este marco, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el Acuerdo de referencia, con el propósito de complementar la tutela de los valores y principios antes citados, los cuales dan sustento al sistema democrático de nuestro país, tomando como base la Tesis S3EL 120/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se sostiene que “frente al surgimiento de situaciones extraordinarias no previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados…”, y advierte que es procedente cubrir una laguna legal con base en las atribuciones de la autoridad competente, respetando los principios antes enunciados.
De esta forma, y acorde con lo previsto en el artículo 4, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe cualquier acto que generen presión o coacción a los electores, el considerando 1, del instrumento jurídico en análisis, precisa fundamentalmente lo siguiente:
“1. La democracia se sustenta, entre otros valores, en los de la celebración de elecciones libres, pacíficas y periódicas; la autenticidad y efectividad del sufragio; y por ende, la protección del propio ejercicio del voto contra prácticas que constituyan por su naturaleza inducción, presión, compra o coacción del mismo. Dichos valores se encuentran plasmados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Junto con dichos valores, la Constitución señala los principios rectores del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, a cargo del Instituto Federal Electoral.”
Es por ello que, tomando en consideración la facultad de toda autoridad competente de suplir aquellas deficiencias de la ley, y con el propósito salvaguardar los principios democráticos antes citados y en particular el derecho fundamental al sufragio libre, universal, secreto y directo, se emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad, con el objeto de establecer una serie de límites a aquellos servidores públicos, que por su función y liderazgo, puedan influir en el sentido del voto de los ciudadanos.
Ámbito personal de validez. En cuanto al segundo de los elementos a determinar de manera previa, podemos señalar que es clara la responsabilidad y el papel que juega todo servidor público en el desarrollo de un proceso electoral, sobre todo cuando por las características del cargo y el nivel del mismo, puede llevar a cabo acciones que tiendan a influir en la decisión de los votantes, violando así el principio de sufragio universal, libre, secreto y directo. Al respecto el punto primero del Acuerdo en estudio, establece con claridad el listado de servidores públicos que se ubican bajo el supuesto antes señalado, refiriendo que las reglas de neutralidad deberán ser atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. En este mismo sentido, el punto segundo del Acuerdo en análisis señala que:
“SEGUNDO.- Todos los servidores públicos del país enunciados en los artículos que integran el Título Cuarto de la Constitución y en el artículo 212 del Código Penal Federal se sujetarán al marco jurídico vigente en materia electoral respecto de las limitaciones en el uso de recursos públicos, así como a las disposiciones conducentes del Código Penal Federal, a las normas federales y locales sobre responsabilidades de los servidores públicos y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.”
Es así, que todo servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones, siempre en estricto apego al principio de legalidad, respetando en todo momento las disposiciones que emanan de nuestro sistema jurídico, siempre en busca del bien común y sin perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
En este sentido, el acuerdo en análisis también afecta a los partidos políticos que se vean beneficiados por las acciones que lleven a cabo los servidores públicos antes enunciados.
Reglas de neutralidad. El Instrumento legal en análisis está integrado por 10 considerandos y cuatro puntos de acuerdo. Estos últimos contienen las reglas de neutralidad y remiten al procedimiento sancionatorio vigente en materia electoral, para el caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones del acuerdo. En este sentido, el punto primero establece lo siguiente:
“PRIMERO.- Las reglas de neutralidad que el Instituto Federal Electoral establece para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal consisten en abstenerse de:
I. Efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por los artículos 183 y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
II. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular federal.
IV. Realizar dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves, así como asuntos de cobro y pagos diversos.
V. Efectuar dentro de los cuarenta días naturales previos a la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.
VI. Realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto.
VII. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral federal de 2006, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato.
SEGUNDO.- Todos los servidores públicos del país enunciados en los artículos que integran el Título Cuarto de la Constitución y en el artículo 212 del Código Penal Federal se sujetarán al marco jurídico vigente en materia electoral respecto de las limitaciones en el uso de recursos públicos, así como a las disposiciones conducentes del Código Penal Federal, a las normas federales y locales sobre responsabilidades de los servidores públicos y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.
TERCERO.- En el incumplimiento de las fracciones I y II del Acuerdo Primero por parte de partidos políticos, coaliciones o candidatos, o cuando alguna de estas entidades o sujetos induzcan a los servidores públicos a violentar el resto de las fracciones, serán aplicables los procedimientos sancionatorios vigentes en materia electoral, independientemente de otros procedimientos que diversos poderes o autoridades competentes decidan seguir para los servidores públicos en materia de responsabilidades de distinta naturaleza.
CUARTO.- El Instituto Federal Electoral establecerá, en su caso, comunicación con los servidores públicos enunciados en el Acuerdo Primero, a fin de que durante el proceso electoral mantengan su cooperación y disposición para cumplir con lo dispuesto en los presentes Acuerdos, así como para que la imagen y el contenido de la publicidad de sus gobiernos evite realizar actos de proselitismo electoral, se lleve a cabo conforme a las normas vigentes vinculadas al ámbito político-electoral y se apegue a condiciones que permitan el ejercicio libre, efectivo y pacífico del voto en condiciones de igualdad”.
En este contexto y tomando en consideración el estudio hasta aquí realizado, es importante precisar que aun cuando no estuviera vigente el acuerdo de neutralidad, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene disposiciones que tienen como fin la salvaguarda del sufragio libre, efectivo y secreto, prohibiendo cualquier tipo de presión o coacción sobre el ciudadano, tal y como lo establece el artículo 4, párrafo 3, que señala “…3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores”. Es por ello, que la valoración de las pruebas ofrecidas y el estudio de los hechos que motivaron la denuncia en cuestión, se llevará a cabo tomando como base ambos ordenamientos.
De las anteriores consideraciones se desprende que, para que exista una violación al artículo 4 del Código Federal Comicial o al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad, por parte de un servidor público, que pueda ser investigada y sancionada vía procedimiento administrativo sancionatorio electoral, se deben cumplir los siguientes supuestos:
Que el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, lleven a cabo cualesquiera de las acciones señaladas en las fracciones I a VII del punto PRIMERO del “Acuerdo de Neutralidad”.
Que cualquier servidor público lleve a cabo cualquiera de las acciones tendientes hacer un uso indebido de los recursos públicos, previstas en el punto SEGUNDO del acuerdo; y
Que dicha acción haya sido inducida, o bien, consentida por algún partido político.
9.- Que una vez sentadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta autoridad analizar el motivo de inconformidad que aduce el Dip. Carlos Ixtlapale Gómez, consistente en que los Presidentes de Comunidades del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, así como diversos servidores públicos del gobierno de la citada entidad federativa publicaron dos desplegados en favor de las CC. María Elena Perla López Loyo y Rosalía Peredo Aguilar en los periódicos el “Sol de Tlaxcala” y “ABC Tlaxcala”, respectivamente, ambos de fecha ocho de marzo de dos mil seis, por lo cual, considera el impetrante, dichos funcionarios públicos violaron lo dispuesto por el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006 para dicho proceso”, al que se hizo referencia con anterioridad.
En esta tesitura, esta autoridad considera procedente analizar en primer término el desplegado alusivo a la C. María Elena Perla López Loyo, entonces Oficial Mayor de Gobierno del estado de Tlaxcala, publicado en el periódico “El Sol de Tlaxcala” el día ocho de marzo de dos mil seis, mismo que a continuación se reproduce:
“La potencialidad del papel de la mujer y su participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, son fundamentales para el desarrollo y la paz’
Los que suscribimos al calce de la presente nos unimos para expresar nuestra más sincera felicitación a todas las mujeres de Tlaxcala, y en especial a la:
M.S.P. MARIA ELENA PERLA LÓPEZ LOYO
Por su dedicación y esmero que la han caracterizado en todas las funciones que le han sido encomendadas, y por el liderazgo que le reconocemos al frente de cada uno de los retos que se ha trazado a lo largo de su vida, en el marco de la celebración del
Sabedores de que como mujer en sus diferentes roles y papeles, siempre se ha distinguido por su temple, carácter, entereza, sabiduría y sensibilidad que le hacen realzar y defender la equidad de género, y que estamos seguros de que los nuevos tiempos, los nuevos retos y las acciones futuras tendrán el sello que le distingue: el Triunfo y el Éxito.
Zacatelco, Tlax., 8 de marzo de 2006.
C. Antonio Murias Bañuelos
Prof. Hermenegildo Pimentel Cahuantzi
Lic. Alejandro Pilar Molina Badillo
Ing. Eleuterio Ixtlapale Zanjuampa
Ing. José Gregorio Alonso Guerrero
Lic. Vicente Morales Hernández
C. Georgina Hernández Cervantes
Not. Jaime Xochicale Báez
Profa. Pilar Nava Tepato
C. Rubén Darío Domínguez Guzmán
Lic. María de los Ángeles Vargas Torres
C. Juan Fulgencio Torres Tizatl
C. Arcadio Pasten Monroy
C. Efrén Cortez Tecante
Enfer. Estela Zárate Pérez
Dr. Jonathan Díaz Zagoya
C. Arturo Mácuitl Portillo
Ing. José Ibarra Zarco
C. Nicolás Sánchez Matlalcuatzi
Lic. Roberto Núñez Baleón
C. Rafael Vázquez Cuellar
Prof. Irineo Ramírez Zempoalteca
C. Jaime popócatl Vázquez
Lic. José Antonio Argueta Amador
C. Cristina Castro Solís
Lic. José silvano Enríque Báez
Prof. Francisco Flores Nazario
Profa. María ester Pérez Rodríguez
Lic. Felipe Hernández Hernández
Responsable de la publicación: Lic. Erick Pulido Apanco.”
Como podemos observar, el desplegado en cuestión tuvo por finalidad exaltar la función del género femenino en nuestra sociedad, así como congratular a las mujeres del estado de Tlaxcala, y en específico, a la C. María Elena Perla López Loyo, entonces Oficial Mayor del estado de Tlaxcala, con motivo del “Día Internacional de la Mujer”.
En tales circunstancias, con independencia de que los hechos señalados por el quejoso resulten ciertos o no, del análisis a la naturaleza de la publicación esta autoridad advierte que no existe algún elemento a través del cual se promocione la imagen de alguna candidatura o partido, máxime que al hacer referencia a la C. María Elena Perla López, se le menciona como servidora pública (Oficial Mayor) y no como candidata a un cargo de elección popular.
Así las cosas, podemos arribar a la conclusión que toda vez que la publicación de mérito se dirige a felicitar a las mujeres tlaxcaltecas, así como a la C. María Elena Perla López, en su carácter de servidora pública y no de candidata, no existe violación al Acuerdo de “neutralidad” al no expresar algún pronunciamiento que favorezca algún partido político.
A mayor abundamiento, cabe decir que aun cuando en el desplegado en cita aparece como responsable de su publicación, el Lic. Erick Pulido Apanco, Director de Segumiento y Evaluación de la Coordinación de Desarrollo Social del estado de Tlaxcala, dicho servidor público no ejercía alguno de los cargos públicos señalados en el punto PRIMERO del acuerdo CG39/2006, (Presidente de la República, Gobernador de alguna entidad federativa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presidente Municipal o Jefe Delegacional en el Distrito Federal), como obligados a observar las reglas de “neutralidad” que dicho instrumento consignaba.
De la misma forma, es menester precisar que si bien el funcionario en cuestión, se encuentra contemplado por el punto SEGUNDO del Acuerdo en comento, el cual se refiere a un universo mayor de funcionarios -dentro del que efectivamente, se encuentra el cargo de servidor público del gobierno local- que el punto PRIMERO, tales restricciones para esos funcionarios se constriñen únicamente al despliegue de conductas relacionadas con el uso de recursos públicos con el fin de favorecer a algún partido político o candidato, situación que en el presente caso no constituye la materia del procedimiento.
Ahora bien, corresponde a esta autoridad analizar en segundo término el desplegado alusivo a la C. Rosalía Peredo Aguilar, otrora Coordinadora General de la Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo en Tlaxcala, publicado en el periódico “ABC de Tlaxcala” el día ocho de marzo de dos mil seis, mismo que a continuación se reproduce:
“PRESIDENTES DE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA EN
NUESTRO CARÁCTER DE CIUDADANOS MANIFESTAMOS NUESTRO
POR SER UNA INCANSABLE LUCHADORA SOCIAL
PORQUE SEREMOS QUIENES IMPULSEMOS UNA
CANDIDATURA CON BASES SÓLIDAS Y CON UNA
EXPERIENCIA QUE SE HA LOGRADO A TRAVÉS
PORQUE SABEMOS QUE ES UNA GRAN MUJER
QUE EN ELLUGAR DONDE SE ENCUENTRE
SIEMPRE LUCHARÁ EN BENEFICIO DE LOS QUE
ES POR ELLO QUE EN ESTE PROCESO ELECTORAL 2006 LO DECIDIRÁ
ISIDORO RAMIREZ TREJO
PDTE DE COMUNIDAD DE NCP. MORELOS
BONIFACIO RODRIGUEZ BURGOS
PDTE DE COMUNIDAD DE MATAMOROS
ALFONSO RODRIGUEZ ZAMORA
PDTE DE COMUNIDAD DE SAN FCO. NOTARIO
JORGE SESMA BAEZ
PDTE DE COMUNIDAD DEL PUEBLO DE JESUS
FAUSTO CUEVAS SANCHEZ
PDTE DE COMUNIDAD DE EL CARMEN XALPATLAHUAYA
BERNARDINO POLVO ESCOBAR
PDTE DE COMUNIDAD DE MAURO ANGULO
IGNACIO LUCIO GARCÍA SALDAÑA
PDTE DE COMUNIDAD RANCHERÍA DE TORRES
HUAMANTLA TLAX. A 08 DE MARZO DE 2006”
Como se observa, el desplegado en cita tuvo por finalidad mostrar el apoyo de los Presidentes de las Comunidades de Matamoros, Morelos, San Francisco, del Pueblo de Jesús, el Carmen Xalpatlahuaya, Mauro Angulo y Ranchería de Torres del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a la posible candidatura de la C. Rosalía Peredo Aguilar al Senado de la República.
En este tenor, la autoridad de conocimiento colige que los Presidentes de las Comunidades del Municipio de Huamantla, a quienes se atribuye la expresión de apoyo a favor de la C. Rosalía Peredo Aguilar, quien a la postre sería candidata al Senado de la República del Partido Acción Nacional no ejercían alguno de los cargos públicos señalados en el punto PRIMERO del acuerdo CG39/2006, como obligados a observar las reglas de “neutralidad” que dicho instrumento consignaba, ya que como reconoce el propio denunciante en su escrito inicial, los suscriptores de la publicación ostentaban el cargo de Presidentes de las Comunidades del Municipio de Huamantla y no de Presidente de la República, Gobernador de alguna entidad federativa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presidente Municipal o Jefe Delegacional en el Distrito Federal.
Por otra parte, tampoco se actualiza la hipótesis del punto SEGUNDO del Acuerdo de Neutralidad, ya que de las constancias que obran en autos, no se advierten elementos que se nos indiquen, siquiera en modo indiciario que los Presidentes de las Comunidades del Municipio de Tlaxcala hayan hecho uso de recurso público alguno, como lo establece el punto del acuerdo bajo análisis.
La anterior afirmación se robustece con las diligencias de investigación practicadas por esta autoridad, en específico, el requerimiento formulado al periódico “ABC Tlaxcala”, del cual se obtuvo que la publicación alusiva a la C. Rosalía Peredo Aguilar fue contratada por el Partido del Trabajo y no por el partido denunciado, ni por los Presidentes de las Comunidades del Municipio de Tlaxcala.
Al respecto, cabe citar la respuesta formulada por el Lic. Víctor Ángel García Limón, Director General del periódico “ABC Tlaxcala”, mismo que en la parte que interesa señaló lo siguiente:
El nombre de la persona que contrató y pagó el desplegado que aparece en la página 13, sección publicidad del diario ABC Tlaxcala, del miércoles 08 de marzo de 2006, es la persona moral denominada:

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 10
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 270
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 45
 Resolución 
 resolución 
 artículo 270
 artículo 45
 resolución 
 artículo 38
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 15
 resolución 
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 212
 artículo 212
 artículo 4
 artículo 4