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Timestamp: 2019-08-18 23:17:26+00:00

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STC 154/2006, 22 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 317875
STC 154/2006, 22 de Mayo de 2006
Número de Recurso: 5399-2002
Recurso de amparo 5399-2002. Promovido por doña Á.H. y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, que en grado de suplicación estimó la demanda de Fremap sobre reintegro de auxilio por orfandad derivado de accidente de trabajo. Vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento: indemnización de orfandad para el hijo extramatrimonial de un fallecido en accidente de trabajo y cuya madre carece de derecho a ella.
Sentencia citada en: 344 sentencias, 23 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 5399-2002, promovido por doña Á.H., don José Antonio P. C. y doña Hortensia Armina F. C., representados por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez y asistidos por la Letrada doña Susana Ruiz Santos, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, en recurso de suplicación núm. 940-2001, de fecha 3 de junio de 2002. Han intervenido el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el Procurador de los Tribunales don Adolfo Morales Hernández-Sanjuán, en nombre y representación de Fremap, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social núm. 61, asistida por el Letrado don Florentino Gómez Campoy, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 24 de septiembre de 2002, el Procurador de los Tribunales, don Antonio García Martínez, en nombre y representación de doña Á.H., don José Antonio P. C. y doña Hortensia Armina F. C., interpuso recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en recurso de suplicación núm. 940-2001.
Don Gabriel Pineda Ferrer falleció como consecuencia de accidente de trabajo el día 31 de julio de 1998, fecha en la que convivía con doña Á.H. sin haber contraído matrimonio y sin existir causa legal que lo impidiera. De esa relación había nacido en julio de 1997 un hijo, inscrito en el Registro Civil el día 10 de julio de 1997.
Al fallecimiento del causante, doña Á.H. solicitó prestaciones de auxilio por defunción, viudedad, orfandad e indemnización a tanto alzado derivada de accidente de trabajo. La mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Fremap ?aseguradora de la empresa en la que venía prestando sus servicios el trabajador? abonó a la solicitante la suma de 819.000 pesetas en concepto de indemnización a tanto alzado.
Posteriormente, la citada mutua presentó demanda en reclamación de devolución de la cantidad indemnizatoria que había entregado a doña Á.H., alegando la inexistencia de vínculo matrimonial entre ella y el causante y que el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), en sus arts. 174 y 177 sólo reconoce aquel derecho al cónyuge superviviente, habiendo incurrido la mutua en un error al reconocerle la prestación sin existir matrimonio.
La demanda fue desestimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 25 de septiembre de 2001. Según la resolución judicial, a la cuestión le es de aplicación el capítulo VIII LGSS, en cuyo art. 171 se contempla la concesión de una serie de prestaciones por muerte o supervivencia, entre las que se encuentra la indemnización a tanto alzado en los casos de muerte causada por accidente de trabajo, que a su vez regula el art. 177 del propio texto legal en los siguientes términos: "En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado cuya cuantía uniforme se determinará en los Reglamentos generales de esta Ley". Dice el juzgador que de la redacción de dicho precepto, puesto en conexión con la disposición adicional décima de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, se desprende claramente que para tener derecho a dicha prestación es requisito necesario la existencia de vínculo matrimonial entre el solicitante y el causante o, de no existir aquél, que quede acreditada la imposibilidad legal de contraer matrimonio en la fecha del hecho generador. Y que, en consecuencia, la Sra. Hernández Bacallado, que convivía con el causante sin impedimento legal para haber contraído matrimonio, no había devengado derecho alguno a la prestación que erróneamente le concedió la mutua, dada la inexistencia de vínculo matrimonial.
Sin embargo, prosigue después, no puede decirse lo mismo del hijo de ambos, puesto que la condición de huérfano a que se refiere el artículo 177.1 antes transcrito se ostenta con independencia de la naturaleza legal de la filiación, como se desprende de la dicción del art. 175.1 de la Ley que reconoce el derecho a pensión de orfandad. De forma que reconocido el hijo, en virtud de la inscripción a estos efectos practicada en el Registro Civil, es indiferente la situación legal o de hecho que ostentaran sus padres al tiempo del hecho causante, razón por la que, a tenor de lo dispuesto en los preceptos citados, en conexión con el art. 28 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del régimen general de la Seguridad Social, y el art. 4.2 de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la madre estaba legitimada, como representante legal del huérfano menor de edad, para percibir la prestación abonada por la mutua, aunque por diferente concepto, esto es, como indemnización a tanto alzado a favor de su hijo con motivo del fallecimiento del padre ocasionado por accidente de trabajo, y en la cuantía que le fue abonada, conforme a lo dispuesto por el art. 29.2 b) de la Orden de 13 de febrero de 1967, que contempla el incremento de la indemnización de los huérfanos [una mensualidad de la base reguladora: apartado a)] en la cuantía que hubiera correspondido al cónyuge supérstite (seis mensualidades) de no existir "viudo o viuda con derecho a esta indemnización especial".
Frente a la anterior Sentencia, Fremap presentó recurso de suplicación. Sostenía que aunque es cierto que el huérfano tiene derecho a la indemnización a tanto alzado, la cuantía que le correspondía era de una única mensualidad de la base reguladora del padre fallecido [art. 29.2 a) de la Orden de 13 de febrero de 1967]. Dado que se había abonado una cantidad superior [810.000 pesetas, cantidad equivalente al importe de siete mensualidades de la base reguladora del fallecido, esto es, como si el menor hubiera sido huérfano absoluto y tuviera derecho a incrementar su prestación con la inicialmente prevista para el cónyuge del causante: art. 29.2 b) de la citada Orden] procedía el reintegro del exceso recibido.
El recurso de suplicación fue estimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, de 3 de junio de 2002, que revocó la Sentencia de instancia declarando el derecho de la mutua a que se le reintegrase la cantidad de 702.000 pesetas (6 mensualidades de la base reguladora) que fue abonada en exceso. Señala la Sala que el apartado b) del núm. 2 del art. 29 de la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967 dispone que la indemnización especial a tanto alzado por orfandad tendrá como cuantía una mensualidad de la base reguladora para cada uno de los huérfanos, más la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos beneficiarios el importe de seis mensualidades de la referida base reguladora, cuando no exista cónyuge supérstite con derecho a indemnización. Ciertamente, en el caso de autos, dice el Tribunal Superior de Justicia, nos encontramos con que efectivamente no existe cónyuge con derecho a indemnización, al no darse un vínculo matrimonial entre la madre y el causante, por lo que en un primer momento se podría interpretar que el huérfano tiene derecho al percibo de las seis mensualidades que corresponderían en otro caso al cónyuge del fallecido. Sin embargo, añadía después la resolución judicial, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de noviembre de 1998, ha resuelto un supuesto idéntico sobre la procedencia del incremento en seis meses de las indemnizaciones a tanto alzado previstas en los artículos 28 y 29 de la Orden de 13 de febrero de 1967, esto es, en la misma cuantía prevista para el cónyuge sobreviviente, estableciendo que "el derecho a la indemnización aquí discutida, sólo procede en la cuantía máxima de seis meses para el hijo matrimonial, prevista cuando a la muerte del causante no exista cónyuge sobreviviente o éste fallezca, careciendo del derecho, en dicha cuantía, el hijo extramatrimonial por las mismas razones ya expuestas".
A la vista del criterio jurisprudencial citado ?razona la Sentencia recurrida en amparo?, tratándose de un hijo extramatrimonial y viviendo su madre no cabe el incremento de la indemnización especial a tanto alzado por orfandad en la cuantía máxima de seis meses. Como la mutua abonó 819.000 pesetas, y lo que le correspondería haber pagado sería sólo una mensualidad [art. 29.2 a) de la Orden de 1967], es decir 117.000 pesetas, el resto (702.000 pesetas) fue abonado en exceso. Estima, por ello, el recurso de suplicación, revocando la Sentencia de instancia y declarando el derecho de la mutua a que se le reintegre la cantidad reclamada.
La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 3 de junio de 2002. Entienden los recurrentes que la Sentencia impugnada ha efectuado una interpretación de la legalidad contraria al derecho fundamental a la igualdad ante la ley de los hijos con independencia de su filiación matrimonial o extramatrimonial, así como a normas internacionales ratificadas por España (concretamente, la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre derechos del niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular sus artículos 2, 5 y 29). Igualmente ha desatendido el art. 3.1 del Código civil, que impone interpretar las normas en relación con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas; realidad social que hoy día lleva a reflexionar sobre el evidente aumento de las relaciones more uxorio y correlativamente el incremento de los nacimientos de hijos fuera del matrimonio, exigiendo una interpretación a favor de los huérfanos, sean o no hijos matrimoniales. Por todo lo cual se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 en relación con art. 39.2 CE) al discriminarse al hijo del fallecido por razón de su filiación extramatrimonial, lo mismo que se vulnera el art. 41 CE, al no tener en cuenta la situación de necesidad del huérfano, quien depende económicamente de su madre, no garantizándole las prestaciones sociales suficientes.
En providencia de 22 de octubre de 2004 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo. A tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, requirió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (con sede en Santa Cruz de Tenerife) y al Juzgado de lo Social núm. 2 de dicha capital, para que en el plazo de diez días remitieran respectivamente testimonio del recurso de suplicación núm. 940-2001 y de los autos núm. 257-2001, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de los recurrentes en amparo, ya personados, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado de copia de la demanda presentada.
Evacuando el citado trámite, la representación procesal de los recurrentes presentó su escrito el día 19 de mayo de 2005, ratificándose en todos y cada uno de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados en la demanda de amparo, y añadiendo que la interpretación de las normas jurídicas debe realizarse conforme a la Constitución, lo que supone elegir entre sus posibles sentidos el más favorable.
En escrito registrado en este Tribunal el 19 de mayo de 2005, la representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social cumplimentó el trámite de alegaciones, subrayando que la resolución del presente recurso de amparo redundará en una mayor o menor cuantía de la indemnización especial a tanto alzado prevista para los supuestos de muerte en accidente de trabajo, como prestación por muerte y supervivencia, pago que es, en todo caso, de responsabilidad de la mutua Fremap, por lo que no puede derivarse responsabilidad alguna para la Administración de la Seguridad Social.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el día 19 de mayo de 2005, presentó sus alegaciones, interesando la desestimación del recurso. A su criterio, plantea la actora la vulneración del derecho fundamental a la igualdad del hijo habido de su relación con el trabajador causante de la pensión de orfandad, invocando para ello no sólo el artículo 14 CE sino también, y de forma autónoma, otros como los arts. 39 y 41 CE, sobre los que, como es obvio, no cabe hacer consideración alguna, al tratarse de preceptos no susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC).
Dicho lo anterior, formula las distintas hipótesis que pudieren acontecer en estos casos: a) supervivencia del cónyuge (unido mediante vínculo matrimonial) con respecto al causante de la pensión; b) premoriencia del cónyuge (unido mediante vínculo matrimonial) con respecto al causante de la pensión; c) supervivencia del progenitor unido por relación de afectividad con el otro progenitor causante de la pensión; y d) premoriencia del progenitor unido por relación de afectividad con el otro progenitor causante de la pensión. En su opinión, en el primer caso se causarían sendas pensiones de viudedad y orfandad, complementándose la de viudedad con la indemnización a tanto alzado de seis mensualidades al tratarse del fallecimiento del causante en accidente laboral. En la segunda hipótesis se causaría exclusivamente pensión de orfandad, complementada con indemnización a tanto alzado de siete mensualidades, de las que seis se justificarían por la falta de cónyuge viudo. En el tercer supuesto ?que considera el caso objeto de este recurso?, en principio, a tenor de la interpretación que se ha hecho en la Sentencia impugnada se causaría exclusivamente una pensión de orfandad más la indemnización a tanto alzado de una mensualidad. Finalmente, en el cuarto supuesto, según la misma interpretación, correspondería idéntica solución, esto es, reconocimiento exclusivo de pensión de orfandad más la indemnización a tanto alzado de una mensualidad.
El día 20 de mayo de 2005 formuló sus alegaciones la mutua Fremap. Aduce que el recurso de amparo debió ser inadmitido al no cumplir los requisitos del art. 44 LOTC. En primer lugar, no se agotaron todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, pues no se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina alegando para el contraste la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1998 que recoge la resolución impugnada en amparo en su fundamentación jurídica. Por otro lado, tampoco se cumple el art. 44.1 b) LOTC, dado que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia no violó derecho fundamental alguno, pues se limitó a aplicar la legislación vigente, nunca antes declarada inconstitucional, en la interpretación jurisprudencial que de la misma ha hecho el Tribunal Supremo en situaciones iguales. También cita el apartado c) del referido art. 44 LOTC, considerando que la parte recurrente no invocó formalmente en el proceso el derecho fundamental que ahora denuncia vulnerado, pese a que en ambas instancias se mantuvo por la Mutua que ni la madre del menor tenía derecho a la indemnización especial a tanto alzado de seis mensualidades, por no haber contraído matrimonio con el causante, ni el hijo de ambos tenía derecho a acrecer su indemnización, pues no era huérfano absoluto.
Por acuerdo de la Presidenta del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2006, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 80 LOTC, en relación con el art. 206 LOPJ, se designó nuevo Ponente del presente recurso de amparo al Magistrado Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio.
Por providencia de 17 de noviembre de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año, plazo que ha finalizado en el día de la fecha.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 3 de junio de 2002, estimatoria del recurso de suplicación formalizado por la Mutua Fremap contra la resolución de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 25 de septiembre de 2001, que había absuelto a los ahora recurrentes en amparo frente a la reclamación de reintegro de cantidades formulada por la Mutua.
Con carácter preliminar, debemos detenernos en las objeciones procesales que aduce la Mutua Fremap.
Se ha cumplido igualmente el requisito del art. 44.1 b) LOTC. Determinar si se ha producido o no una vulneración del derecho fundamental invocado constituye la cuestión de fondo sobre la que deberemos pronunciarnos pero, en caso de concurrir, como aducen los demandantes, sería directa e inmediatamente imputable al órgano judicial que dictó la resolución, pues al estimar el recurso presentado por la Mutua Fremap con el razonamiento que se combate en esta sede constitucional habría dejado sin tutelar ?y, por lo tanto, habría vulnerado? el derecho fundamental que se alega (en ese sentido, STC 238/2005, de 26 de septiembre, FJ 2).
La lectura de las actuaciones acredita que en el escrito de impugnación al recurso de suplicación de la mutua, quienes ahora recurren en amparo llevaron al debate procesal, siquiera implícitamente, el derecho del hijo extramatrimonial del causante a la igualdad de trato con los hijos matrimoniales, cosa que se verificó cuando reclamaron para aquél el derecho a incrementar la indemnización contenido en el art. 29.2 b) de la Orden de 13 de febrero de 1967, visto que la madre, al no estar casada con el fallecido, no podía percibir la prestación según la interpretación dada en instancia a la normativa aplicable al caso. En ese sentido, el escrito de impugnación afirmaba el derecho del huérfano a percibir la prestación "con independencia de la situación legal o de hecho que ostentaran sus padres al tiempo del hecho causante", así como el derecho de la madre a que se le abonara la prestación incrementada como representante legal del hijo.
Todavía con carácter previo al análisis de la cuestión sustantiva, deberemos realizar algunas precisiones sobre el objeto del recurso. Apunta en un momento dado la demanda de amparo que la Sentencia recurrida no dio respuesta a la petición subsidiaria contenida en el escrito de impugnación al recurso de suplicación, formulada con base en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), para postular un derecho subsidiario de los padres del causante a percibir la indemnización. Debe hacerse notar, sin embargo, que el recurso no plantea una pretensión autónoma respecto de ese supuesto derecho de los ascendientes del fallecido, sino que, muy al contrario, insiste en el derecho del huérfano a acrecer su indemnización, y que, por otra parte, tampoco enuncia una queja con relación a la falta de respuesta judicial sobre aquella petición subsidiaria. Por lo demás, desde este prisma de la congruencia de la resolución judicial, los recurrentes no habrían agotado debidamente la vía previa [art. 44.1 a) LOTC], toda vez que, como quiera que no hubo respuesta judicial en ese punto, tendrían que haber denunciado la existencia de incongruencia omisiva a través de los cauces previstos para ello en el ordenamiento procesal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.1 a) LOTC sobre el agotamiento de los recursos (en idéntico sentido, STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 2).
Para analizar la cuestión de fondo será preciso encuadrarla en la regulación constitucional. Es sabido que el art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de modo que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. Esto es, como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 del Convenio europeo (CEDH), el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una justificación objetiva y razonable para ello pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (por ejemplo, SSTC 27/2004, de 4 de marzo, FJ 3, y 104/2004, de 28 de junio, FJ 4).
Más concretamente, como destaca la STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, dentro de la prohibición de discriminación del art. 14 CE y, específicamente, dentro de la no discriminación por razón del nacimiento, este Tribunal ha encuadrado la igualdad entre las distintas clases o modalidades de filiación (SSTC 7/1994, de 17 de enero, FJ 3.b; 74/1997, de 21 de abril, FJ 4; 67/1998, de 18 de marzo, FJ 5), de modo que éstas deben entenderse absolutamente equiparadas. Y recordando ahora "la importancia de la interpretación sistemática, consecuencia del ?principio de unidad de la Constitución? ?STC 179/1994, de 16 de junio, FJ 5?, pues ésta es un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás, es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática (STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3)" (SSTC 113/1994, de 14 de abril, FJ 5, y 16/2003, de 30 de enero, FJ 5), hemos de subrayar que el art. 14 CE opera aquí con el trasfondo del art. 39.2 y 3 CE, que obliga a los poderes públicos a asegurar "la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación" (STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 3.b), y a los padres a "prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio", de manera que toda opción legislativa de protección de los hijos que quebrante por sus contenidos esa unidad incurre en una discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE, ya que la filiación no admite categorías jurídicas intermedias (SSTC 67/1998, de 18 de marzo, FJ 5, y 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4).
Sentada la doctrina constitucional, para abordar la cuestión planteada convendrá describir ahora algunos perfiles de la regulación de Seguridad Social que resulta de aplicación en el presente caso.
La regulación básica aplicable a las prestaciones por muerte y supervivencia está recogida en los artículos 171 a 179 de la Ley general de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo. En concreto, el art. 177 , que regula la indemnización especial a tanto alzado que nos ocupa, dispone que "1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en los Reglamentos generales de esta Ley". Por su parte, el art. 28 de la Orden de 13 de febrero de 1967, a la que se refieren las resoluciones judiciales dictadas en autos, consagra el derecho a una indemnización especial por una sola vez a favor de la viuda o el viudo que reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de las prestaciones por viudedad, así como el mismo derecho de los huérfanos que reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la pensión de orfandad. El art. 29 de la misma Orden, relativo a la cuantía de esa indemnización, dispone que:
"1. La indemnización especial, en favor de la viuda, o del viudo, en su caso, prevista en el número 1 del artículo anterior será igual al importe de seis mensualidades de la base reguladora calculada en la forma que, para la viudedad, se señala en el art. 9.
La indemnización especial en favor de los huérfanos, a que se refiere el número 2 del artículo anterior, tendrá la siguiente cuantía:
Esto es, la indemnización a tanto alzado está prevista únicamente para el caso de que el fallecimiento haya sido por accidente de trabajo o enfermedad profesional, siendo beneficiarios de ella, como se ha dicho, el cónyuge sobreviviente del fallecido con derecho a la pensión de viudedad y los huérfanos con derecho a pensión de orfandad. La cuantía de la indemnización, en el caso de que el beneficiario sea el cónyuge superviviente, será de seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad; mientras que si son beneficiarios los huérfanos con derecho a pensión de orfandad la indemnización será, para cada uno de ellos, de una mensualidad de la base reguladora de la citada pensión, incrementándola, en su caso, repartiendo entre ellos las mensualidades que le hubieran correspondido al cónyuge cuando "no exista viuda o viudo con derecho a esta indemnización especial".
Para la resolución del caso, en aplicación de la normativa citada, la Sentencia recurrida en amparo se basa y reproduce un pronunciamiento del Tribunal Supremo. En esa Sentencia de referencia, de 18 de noviembre de 1998, se unificó doctrina en torno a la cuantía de la indemnización especial a tanto alzado a favor de los huérfanos. Comenzaba la Sala de lo Social del Alto Tribunal recordando su jurisprudencia en materia de incremento de la pensión de orfandad, conforme a la cual se niega a los hijos extramatrimoniales, cuando el otro progenitor pervive al fallecimiento del causante, la posibilidad de incrementar su pensión de orfandad en la cuantía correspondiente a la pensión de viudedad (que el supérstite no puede percibir por no haber contraído matrimonio) pues, según el Tribunal Supremo, el incremento sólo se produce cuando a la muerte del causante no exista cónyuge sobreviviente o cuando el cónyuge sobreviviente con derecho a pensión de viudedad fallezca estando disfrutando la pensión, es decir, cuando el beneficiario sea "huérfano absoluto" y el cónyuge lo sea en sentido estricto (no por simple convivencia more uxorio), con derecho a pensión de viudedad si sobrevive, condiciones que no concurren en la unión extramatrimonial, pues en ella no se deriva derecho alguno o pensión de viudedad, salvo el caso excepcional previsto en la disposición adicional 10.2 de la Ley 30/1981, de 3 de julio, ya que de lo contrario, y por esta vía, el sobreviviente de la unión de hecho obtendría el reconocimiento de una pensión a la que no tenía derecho, por vía indirecta, en virtud de las facultades inherentes a la patria potestad de representar y administrar los bienes de los hijos (art. 154.2 del Código civil). A juicio del Tribunal Supremo, con ello no se produce discriminación para el hijo extramatrimonial en relación con el matrimonial huérfano absoluto, por pérdida de los ingresos con los que el causahabiente hacía frente a las obligaciones familiares, ya que la situaciones en uno y otro caso no son equiparables, al pervivir un progenitor soltero, a quien por imperativo del art. 154.1 del Código civil le incumbe, entre otras obligaciones, velar por sus hijos, tenerlo en su compañía, educarlo y procurarle una educación integral.
A partir de ese recordatorio jurisprudencial, el Tribunal Supremo extendía la doctrina a casos como el de autos: "tanto la presente prestación, como la de orfandad y las demás previstas en el art. 1 de la Orden de 13 de febrero de 1967 (normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia), parten de la relación de parentesco con el causante, siendo el hecho causante de cada una de las prestaciones la muerte de éste; en consecuencia, de la misma manera que es la unión matrimonial, con la excepción ya dicha, la que determina el nacimiento de parentesco, a efectos de la pensión de viudedad y del incremento de la pensión de orfandad para el huérfano absoluto careciendo de este derecho el hijo nacido de unión extramatrimonial, también, el derecho a la indemnización aquí discutida, sólo procede en la cuantía máxima de seis meses para el hijo matrimonial, prevista cuando a la muerte del causante no exista cónyuge sobreviviente o éste fallezca, careciendo del derecho, en dicha cuantía, el hijo extramatrimonial por las mismas razones ya expuestas".
Descrito el régimen normativo y la posición de la jurisprudencia que acoge la Sentencia impugnada, corresponde finalmente resolver la cuestión que se nos plantea.
Lo primero que debe concretarse es el inciso del art. 14 CE que se encuentra en esta ocasión concernido, dato este relevante dado que, a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato (STC 27/2004, de 4 de marzo, FJ 3, por todas las citadas), las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecido ex Constitutione, imponiéndose como fin y generalmente como medio la parificación (por todas, SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, y 17/2003, de 30 de enero, FJ 3).
Pues bien, debe destacarse que los recurrentes formulan sus razonamientos, en esencia, siguiendo una pauta de carácter relacional; esto es, comparan dentro de la filiación por naturaleza ?a los efectos de la indemnización a tanto alzado por muerte del causante? el derecho de los hijos nacidos dentro del matrimonio y el de los nacidos sin la concurrencia de ese tipo de vínculo. La comparación que se efectúa, sin embargo, no nos conduce esta vez a la cláusula general de igualdad ?en la que esa lógica de contraste entre dos situaciones es un presupuesto ineludible?, sino al terreno de la prohibición de discriminación. En efecto, es cierto que la prohibición de discriminación es más que un precepto de igualdad y no requiere necesariamente un término de comparación, pero también es evidente que en ocasiones la discriminación puede concretarse en desigualdades de trato que pueden ser objeto de contraste o necesitar de éste para ser apreciadas. Bajo esas circunstancias, habiéndose hecho constar más atrás que las desigualdades por razón del origen de la filiación se encuadran en la prohibición de discriminación del art. 14 CE, en la que resulta de aplicación un canon más riguroso ?de exigencia de parificación, como regla?, es a éste al que deberá atenderse en la solución del caso, bien entendido que, tratándose de una supuesta discriminación denunciada en términos exclusivamente comparativos, la queja decaería si fuera incorrecto el presupuesto en el que descansa (la desigualdad de trato entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales), esto es, de no existir, efectivamente, tal diferenciación.
Para resolver la cuestión de conformidad con el canon propio de la prohibición de discriminación y ajustándonos a la pauta de carácter relacional en la que se justifica la queja de los demandantes de amparo ?comparando dentro de la filiación por naturaleza, por tanto, los derechos que en un caso como el de autos tienen los hijos matrimoniales y extramatrimoniales?, es ineludible realizar aún una precisión doctrinal previa. Como se sabe, la prohibición consagrada en el art. 14 CE comprende no sólo la discriminación directa, es decir, el tratamiento jurídico diferenciado y desfavorable de una persona basado en un factor discriminatorio prohibido, sino también la indirecta, esto es, aquellos tratamientos formalmente neutros y directamente no discriminatorios de los que se derive, sin embargo, un impacto o resultado adverso sobre los miembros de un colectivo protegido, esto es, los casos en los que dicho grupo (aquí, los hijos extramatrimoniales) sufre consecuencias desiguales perjudiciales, motivadas por el impacto diferenciado y desfavorable de tratamientos formalmente iguales o incluso de tratamientos que ?descontextualizados del impacto adverso que ocasionan? podrían considerarse razonablemente desiguales.
Esta vertiente indirecta de la discriminación ha sido definida, en esencia, con ocasión de discriminaciones por razón de sexo, aunque ya en nuestra STC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2, la extendíamos a otras discriminaciones "por características personales", resultando entonces posible apreciar su concurrencia en relación con otros factores de discriminación constitucionalmente prohibidos, como el de la filiación que nos ocupa.
Por su importancia en la solución del caso, es también relevante resaltar que la discriminación indirecta puede darse no sólo cuando exista "una norma" formalmente neutra y directamente no discriminatoria que produzca, en cambio, efectos desfavorables en el grupo caracterizado por el factor protegido, sino, asimismo, cuando se haya dado "una interpretación o aplicación de la misma" que ocasione aquel impacto o resultado adverso (STC 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 6).
Así las cosas, en el examen del asunto se constata, en primer lugar, que no existe una formal desigualdad de trato en la norma. Los preceptos de la Ley general de la Seguridad Social y de la Orden de 1967 a los que se refieren los órganos judiciales no diferencian entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Regulan, por el contrario, el derecho de los huérfanos ?de todos ellos, sin distinción expresa? a una indemnización, diferenciándose la cuantía de la misma en la dos letras del art. 29.2 de la Orden sólo en atención a que exista o no "viuda o viudo con derecho a esta indemnización especial".
Ahora bien, como anunciamos anteriormente, la aproximación al contraste de situaciones que fundamenta la queja desde la perspectiva de la discriminación directa no colma, sin embargo, el mandato constitucional de prohibición de discriminación por razón de filiación. Por el contrario, la vulneración del derecho fundamental también deberá declararse si la norma, o una interpretación judicial de la misma formalmente neutra en el trato a unos y otros hijos, ocasiona en los hijos extramatrimoniales un impacto o resultado adverso. Esto así, el órgano judicial debería haber ponderado si la interpretación que realizaba suponía una discriminación indirecta por razón de filiación.
Todo ello abunda en la necesidad de procurar una equiparación de derechos que satisfaga las necesidades de los hijos extramatrimoniales en idéntica medida que para los matrimoniales, pues aquéllos no deben sufrir una peor situación económica familiar por el hecho de que sus padres no contrajeran matrimonio. Ya hemos dicho que directamente conectado con el principio constitucional de no discriminación por razón de filiación, se encuentra el mandato constitucional recogido en el art. 39, apartados 2 y 3 CE, que obliga a los poderes públicos a asegurar "la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación" (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4), y a los padres a "prestar asistencia en todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio", de forma que toda opción legislativa de protección de los hijos que quebrante por sus contenidos esa unidad ?lo mismo que aquellas interpretaciones de la regulación legal que la determinen? ocasionan una discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE.
En contra de esa exigencia constitucional, la interpretación que realiza la resolución impugnada, formalmente neutra, discrimina de modo indirecto a los hijos extramatrimoniales (art. 14 en relación con los arts. 39 y 41 CE): el art. 39.3 CE, cuyo texto refleja una directa conexión con el art. 14 CE, impone a los padres el deber de "prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio" y, sin embargo, con aquella interpretación, las realidades familiares extramatrimoniales estarían en peores condiciones para prestar tal asistencia a unos "hijos habidos ... fuera del matrimonio", es decir, éstos, en el terreno de dicha asistencia, serían de peor condición que los hijos matrimoniales.
Esa situación, sin embargo, podría ser corregida con una interpretación distinta, que resulta posible a la vista del tenor literal de la norma. En efecto, dijimos anteriormente que la regulación aplicable no contiene una diferenciación expresa entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Adicionalmente a ello, permite además una interpretación no diferenciadora, que evite la desigualdad sustancial, y sea acorde así con la prohibición constitucional de discriminación por razón de filiación, que se produce en otro caso indirectamente, al perjudicarse de modo reflejo la situación económica familiar de los hijos extramatrimoniales. Para evitar esa interpretación discriminatoria, atendiendo al tenor del precepto aplicado, que contempla el incremento de la prestación del huérfano "cuando no exista viuda o viudo con derecho a esta indemnización especial", debe considerarse que al progenitor vivo de un hijo extramatrimonial se le niega la percepción de la indemnización por no estar casado. Bajo esas circunstancias, como la regulación sitúa el hecho causante del incremento a favor de los huérfanos en la inexistencia de cónyuge sobreviviente "con derecho a esta indemnización especial", es claro que esa situación se da, precisamente, en los casos de padres extramatrimoniales, que resultan sin derecho a esa indemnización por no existir vínculo matrimonial, lo que en la literalidad del precepto daría lugar al reconocimiento consiguiente a los huérfanos del incremento, evitándose así el impacto negativo que otra interpretación tiene en la realidad familiar y en la cobertura de las necesidades de los hijos extramatrimoniales.
Así pues, y dado que el art. 14 CE opera con el trasfondo del art. 39.2 y 3 CE, la parificación de los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales, en el terreno de la protección que este precepto establece, en conexión con el art. 41 CE, han de conducirnos a la estimación de la demanda, recordando que "los órganos judiciales no pueden, por tanto, ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar, para excluir la violación del art. 14 CE, si la diferencia de trato en relación con el disfrute del derecho ... tiene en abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar su análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes, y sobre todo, a la trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el mismo responde" (STC 203/2000, de 24 de julio, FJ 4).
Otorgar el amparo solicitado por doña Á.H., don José Antonio P. C. y doña Hortensia Armina F. C., y en su virtud:
Declarar que se ha vulnerado el derecho de don Y. J. P. H., hijo de la primera de los mencionados demandantes, a no sufrir discriminación por razón de nacimiento (art. 14 CE).
Anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en Santa Cruz de Tenerife de 3 de junio de 2002.
Y, para el restablecimiento en la integridad de aquel derecho, declarar la firmeza de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 25 de septiembre de 2001.
STSJ Cataluña 6645/2009, 22 de Septiembre de 2009 (Pensión de viudedad)
STSJ Aragón 780/2007, 25 de Julio de 2007
AAP Madrid 712/2003, 21 de Julio de 2003
SAP Albacete 227/2004, 25 de Octubre de 2004

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 177
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución