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En 25 de Mayo quieren apartar al intendente condenado por abuso de autoridad - Argentina Municipal
En 25 de Mayo quieren apartar al intendente condenado por abuso de autoridad
14/02/2014	POLÍTICA
David Edgardo Bravo, Intendente de 25 de Mayo, durante el juicio que lo condenó
El cuerpo, dominado por la oposición, duda de la vigencia de una medida cautelar dictada a favor de Bravo en 2010. El año pasado fue condenado por abuso de autoridad. Allegados a él aseguran que seguirá en el cargo.
En el Concejo Deliberante de 25 de Mayo iniciaron una movida para intentar apartar al intendente David Edgardo Bravo de su cargo. ¿Por qué?
Porque el cuerpo aprobó la primera resolución del año, por la cual se autorizó al presidente y viceintendente, Luis Nicanor Romero, a preguntarle a la justicia ordinaria si aún rige la medida cautelar que presentó el jefe comunal, para no ser destituido, cuando fue procesado y luego condenado por abuso de autoridad en la causa del cabaré El Rancho.
Sin embargo, allegados a Bravo dejaron trascender que las chances de que la iniciativa prospere son nulas porque todavía no existe una sentencia firme en su contra, ya que el recurso de impugnación al fallo condenatorio está siendo evaluado por los jueces del Tribunal de Impugnación Penal, Verónica Fantini y Pablo Balaguer.
La situación política de Bravo es delicada porque tiene el Concejo en contra. En noviembre, tres concejales de su partido, Movimiento Popular Veinticinqueño, Roberto Molina, José Pineda y José Zapata, renunciaron al bloque oficialista para conformar la bancada Pueblo Nuevo, por lo que la única edil que responde actualmente al intendente es Liliana Retamale.
Romero, si bien sigue siendo del MPV, hace tiempo que está distanciado del jefe comunal y habitualmente vota con la oposición, y el resto de los concejales -los justicialistas Ricardo Poyo, Mercedes Pineda y Alejandro Bustos- también están en la vereda de enfrente por lo que en ese ámbito Bravo está 7 a 1 en contra.
Bravo, que tiene siete causas penales en su contra, fue condenado por el juez Nestor Daniel Ralli, el 12 de marzo del año pasado, a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 14 meses para ocupar cargos públicos, al ser hallado del delito de abuso de autoridad ya que habilitó comercialmente el cabaré El Rancho a pesar de que no se habían cumplido los requisitos exigidos por una ordenanza. El magistrado sostuvo que el funcionario incurrió en esa figura delictiva cuando el 10 de junio de 2008 firmó la resolución 340 permitiendo la apertura del lugar.
«No hay posibilidades».
Con la mira en ese fallo, el 23 de enero, durante una sesión extraordinaria, el Concejo autorizó por mayoría a Romero a dirigirle una nota a la jueza civil de Santa Rosa, María Gloria Albores, que es la que tramita una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar genérica, planteadas por Bravo para evitar ser suspendido del cargo.
Concretamente, los ediles quieren saber «el estado en que se encuentra el proceso cautelar; si la medida cautelar se encuentra vigente; si el tribunal fue informado fehacientemente del dictado de una sentencia condenatoria contra Bravo; y si ello modifica las circunstancias tenidas en cuenta en oportunidad de dictarse la medida cautelar».
El artículo 118 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice textualmente que «cuando se impute al intendente la comisión de delito doloso, la suspensión en sus funciones procederá automáticamente cuando el juez competente dicte el procesamiento y éste se encuentre firme», agregando que «cuando se produzca sentencia firme condenatoria procederá la destitución y reemplazo definitivo del intendente».
Cuando a mediados de 2010 el TIP dejó firme el procesamiento a Bravo en el expediente del cabaré, luego que el juez de General Acha, Alvaro Reyes, dijera que no había pruebas para hacerlo, el intendente presentó planteó ante Albores, titular del Juzgado en lo Civil 6, la inconstitucionalidad de ese artículo -otros funcionarios hicieron lo mismo frente a hechos similares, con igual resultado- y requirió, como medida cautelar, no ser suspendido en sus funciones. La jueza le dio curso a la solicitud.
Uno de los abogados de Bravo recordó ayer, que después de esa resolución de Albores, el intendente solicitó otra medida cautelar días antes de reasumir el cargo el 10 de diciembre de 2011 y que ese recurso ingresó en el Juzgado en lo Civil 4, a cargo de la jueza Fabiana Berardi. «Esa cautelar es por la misma causa (de El Rancho), para el segundo mandato y está vigente mientras la condene no quede firme. Por eso no hay posibilidades de que el Concejo pueda apartarlo. ¿Qué los concejales van a consultar a Albores? Pero esa cautelar fue por el primer mandato…», expresó el profesional.
Además apuntó que la resolución de Berardi fue notificada al viceintendente Romero en febrero de 2012. «Desconozco si él la ingresó al Concejo, pero Romero sabe que la medida cautelar rige actualmente», acotó.
El fallo de Ralli está siendo hoy revisado por el TIP, y ante una eventual confirmación, a la defensa de Bravo todavía le queda el camino del Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema.
«No estoy preocupado».
El intendente de 25 de Mayo, David, Bravo afirmó que «no estoy preocupado» por la resolución del Concejo Deliberante pidiéndole un informe a la justicia sobre su situación procesal, y relativizó el estar en minoría en ese cuerpo porque «hay que respetar los mandatos. Por ejemplo, (Luis) Larrañaga, en Santa Rosa, perdió la presidencia del Concejo y sigue gobernando. Yo también sigo siendo el intendente de 25 de Mayo».
«¿Qué tengo el Concejo 7 a 1 en contra? ¡Qué importa! -añadió-. Yo envío las ordenanzas y los concejales las aprueban o no, y si existe alguna duda se dirime en la justicia. Los concejales tienen que preocuparse por ver cómo la gente les cree y los vota, algo que no pasa».
Bravo remarcó que la medida cautelar para mantenerse en el cargo permanece vigente ya que «estoy condenado, pero el fallo no está firme. Cuando los jueces empiecen a ver las realidades de los pueblos, y dejen de llevarse por versiones interesadas, se verá cuál es la verdad».
«A los que hacemos política nos debe interesar el voto popular. La gente vota y elige, y lo que elige la gente debe aceptarse. Y yo gané en las urnas», concluyó.
La Pampa: Victoria ajustada de UC

References: resolución 
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 artículo 118
 resolución 
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