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Timestamp: 2020-08-15 19:51:31+00:00

Document:
Registro Oficial. 18 de AGOSTO del 2000 Suplemento
Viernes 18 de Agosto del 2000
\n 2000-23 Ley de reducción de\n penas a favor de los encarcelados, por motivo del año\n jubilar 2000
\n 2000-24 Ley de Extradición\n
\n DECRETO LEY:
\n 690 Promúlguese\n la Ley para la Promoción de la Inversión y de la\n Partición Ciudadana
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
\n 140-2000-TP Declárase que la Comandancia\n General de la Policía Civil Nacional ha dejado de cumplir\n hasta la presente fecha las resoluciones del Tribunal Constitucional\n antes mencionadas y solicítase a las actuales autoridades\n de la Institución Policial para que procedan a dar cumplimiento\n a lo ordenado por el Organismo de Control Constitucional, en\n forma inmediata
\n 145-2000-TP Confirmase la\n resolución del Juez de instancia; y, en consecuencia,\n niégase el amparo solicitado por el señor Fernando\n Alcibíades Villavicencio Valencia
No. 2000\n - 23
Que su Santidad Papa Juan Pablo II, ha convocado al mundo\n entero a la celebración del GRAN JUBILEO DEL AÑO\n 2000, que invita, entre otros nobles propósitos a promover\n una cultura de la solidaridad, con oportunas iniciativas de ayuda\n a favor de los pobres y marginados, entre los cuales se cuentan,\n de modo particular los reclusos y las reclusas de las cárceles;
Que el nueve de julio los encarcelados de todo el mundo celebraron\n su propio Día Jubilar, el cual revistió características\n de júbilo y solidaridad reales y tangibles;
Que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, recogiendo los llamamientos\n de su Santidad Juan Pablo II, y los clamores de los prisioneros\n de nuestras cárceles, ha presentado al H. Congreso Nacional\n una solicitud para la rebaja de penas a favor de algunos sectores\n especiales de reclusos;
Que es deber de las instituciones públicas, muy especialmente\n del H. Congreso Nacional, ser sensible a situaciones que invitan\n a la solidaridad, a la paz y a la comprensión entre los\n seres humanos; y,
En ejercicio de sus facultades constituciones y legales, expide\n la siguiente:
LEY DE REDUCCION DE PENAS A FAVOR DE LOS ENCARCELADOS, POR\n MOTIVO DEL AÑO JUBILAR 2000
Art. 1. - A las personas que están cumpliendo sentencia\n ejecutoriada, o que se encuentren en el caso previsto en el artículo\n 328 del Código de Procedimiento Penal, se les perdona\n un año en el cumplimiento de la pena, independientemente\n de las rebajas de ley.
Art. 2. - El beneficio señalado en el artículo\n anterior será de dos años, a favor de las personas\n mayores de 65 años, embarazadas, discapacitados, enfermos\n en etapa terminal, y madres con hijos a su cargo.
Art. 3. - Las mujeres embarazadas, cumplirán las penas\n bajo el régimen de arresto domiciliario, hasta noventa\n (90) días luego de concluido el embarazo.
Art. 4. - Esta Ley será aplicada en forma automática\n e inmediata por los jueces que dictaron los respectivos fallos,\n quienes una vez cumplidos los requisitos establecidos en la misma,\n comunicarán su resolución a los respectivos directores\n de los Centros de Rehabilitación Social, para su inmediato\n cumplimiento.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los veintisiete días del mes de julio del año\n dos mil.
f.) lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente.
f) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General.\n Palacio Nacional, en Quito, a once de agosto del dos mil.
\n PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficio No.\n SGAP. 0001921
Quito, agosto 17 del 2000.
De conformidad con lo que dispone la Constitución Política\n de la República, le remito para su publicación\n en el Registro Oficial, la LEY DE EXTRADICION, que ha sido sancionada\n por el Ministerio de la Ley.
Así mismo, le remito el auténtico de la ley,\n en mención, para que sea devuelto al Congreso Nacional,\n una vez que se publique en el Registro Oficial.
No. 2000 - 24
Que en el ordenamiento jurídico del Ecuador, el régimen\n legal de la extradición, activa y pasiva, consta en el\n Reglamento a la Ley de Extranjería de 30 de junio de 1986\n publicado en el Registro Oficial No. 473 de 7 de julio de 1986;
Que dicho reglamento, en lo relativo al régimen de\n la extradición activa, pretendió reformar ilegalmente\n el contenido del artículo 164 del Código de Procedimiento\n Penal, expedido el 26 de mayo de 1983, publicado en el Registro\n Oficial No. 54 de 10 de junio de 1983;
Que la extradición a pesar de la evolución de\n fondo y forma que ha experimentado en el ámbito internacional,\n se encuentra regulada en nuestro País, en un contexto\n legal inapropiado como el de la extranjería y en un nivel\n reglamentario, en contra de la corriente legislativa imperante\n en el mundo;
Que la referida situación jurídica no está\n en armonía con el ordenamiento constitucional vigente,\n lo que hace imperiosamente necesario una Ley de Extradición\n que sirva eficientemente a sus propósitos; y,
\n LEY DE EXTRADICION
DE LA EXTRADICION PASIVA
DE LAS CONDICIONES DE LA EXTRADICION
Art. 1. - La extradición se concederá preferentemente\n atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá\n exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente.
Art. 2. - Se podrá conceder la extradición,\n con los límites señalados en la Constitución\n Política de la República, por aquellos delitos\n para los que las leyes ecuatorianas y las del Estado requirente\n señalen una pena o medida de seguridad cuya duración\n no sea inferior a un año de privación de libertad\n en su grado máximo o a una pena más grave; c cuando\n la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena\n a una pena o medida de seguridad no inferior a un año\n de privación de libertad por delitos también tipificados\n en la legislación ecuatoriana; sin embargo, la concesión\n de extradición podrá incluir otros delitos referidos\n en la solicitud aun cuando tengan una penalidad inferior.
Art. 3: - Si la solicitud de extradición se basa en\n sentencia dictada en rebeldía del reclamado, en la que\n éste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la\n legislación ecuatoriana, no puede ser impuesta a quien\n no haya estado presente en la etapa del juicio o su equivalente,\n se concederá la extradición condicionándola\n a que la representación diplomática en el Ecuador\n del país requirente, en el plazo que se le señale,\n ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será\n sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente\n con el cumplimiento de las demás garantías del\n debido proceso.
Art. 4. - En ningún caso se concederá la extradición\n de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes\n del Ecuador. La calidad de ecuatoriano será apreciada\n por el Juez o Tribunal competente para conocer de la extradición\n en el momento de la decisión sobre la misma, con arreglo\n a los preceptos correspondientes del ordenamiento jurídico\n ecuatoriano, y siempre que no hubiera sido adquirida con el propósito\n de hacer imposible la extradición, en cuyo caso, el Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Penal competente,\n según corresponda, solicitará al Presidente de\n la República la cancelación de la Carta de Naturalización\n en la misma sentencia del juicio de extradición.
Art. 5. - No se concederá la extradición en\n los casos siguientes:
1) La de extranjeros por delitos cuyo juzgamiento corresponda\n conocer a los jueces y tribunales ecuatorianos, según\n la ley interna.
Cuando proceda denegar la extradición por el motivo\n del inciso anterior, si el Estado en el que se hayan ejecutado\n los hechos así lo pidiere, el Gobierno ecuatoriano, dará\n cuenta del hecho que motivó la demanda al Ministerio Fiscal\n General a fin de que proceda judicialmente contra el reclamado.\n Si así se procediere, se solicitará al Estado requirente\n para que remita las actuaciones practicadas con el objeto de\n continuar el juzgamiento en el Ecuador.
En el caso de que el delito se hubiere cometido fuera del\n territorio del país requirente, la extradición\n podrá ser denegada si la legislación ecuatoriana\n no autoriza la persecución de un delito del mismo género,\n cometido fuera del Ecuador.
2) Cuando se trate de delitos de carácter político.\n No serán considerados como delitos políticos los\n actos de terrorismo; los crímenes contra la humanidad\n previstos por el Convenio para la prevención y penalización\n del crimen de genocidio adoptado por la Asamblea General de las\n Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de\n Estado o de algún miembro de su familia. Tampoco serán\n considerados como delitos políticos los delitos comunes\n aun cuando hayan sido cometidos con móviles políticos.
3) Cuando se trate de delitos militares tipificados por la\n ley penal militar ecuatoriana y sin perjuicio de lo establecido\n al respecto en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados\n por el Ecuador; de los cometidos a través de los medios\n de comunicación social en el ejercicio del derecho a la\n libertad de expresión; y de los delitos de acción\n privada.
4) Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal\n de excepción.
5) Cuando se hubiere verificado la prescripción de\n la acción o de la pena, según la Ley ecuatoriana\n o la del Estado requirente.
6) Cuando la persona reclamada estuviere bajo proceso o haya\n sido juzgada, condenada o absuelta en el Ecuador por los mismos\n hechos en que se fundamente la solicitud de extradición.\n Podrá, no obstante, acceder a la extradición cuando\n se hubiere dictado auto inhibitorio que ponga fin al proceso\n penal por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento\n firme o cualquier otra resolución que deba producir el\n efecto de cosa juzgada.
7) Cuando el estado requirente no diera la garantía\n de que fa persona reclamada de extradición no será\n ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a\n su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
8) Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías\n exigidas en el artículo 3 de esta ley.
9) Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida\n la condición de asilado, siempre y cuando no sea perseguida\n por otro delito que amerite la extradición. El no reconocimiento\n de la condición de asilado, cualquiera que sea su causa,\n no impedirá la denegación de la extradición\n por cualquiera de las causas previstas en esta ley.
Art. 6. - Podrá denegarse la extradición:
1) Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud\n de extradición, motivada por un delito de naturaleza común,\n se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona\n por consideraciones de raza, religión, nacionalidad, opinión\n política u orientación sexual, o que la situación\n de dicha persona corra el riesgo de verse agravada por tales\n consideraciones.
2) Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años\n en el momento de la demanda de extradición y teniendo\n residencia habitual en el Ecuador, se considere que la extradición\n puede impedir su reinserción social, sin perjuicio de\n adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requirente,\n las medias más apropiadas.
Art. 7. - La solicitud de extradición se formulará\n por vía diplomática, o en caso de falta de representante\n diplomático del Estado requirente en el Ecuador, de Gobierno\n a Gobierno, debiendo acompañarse:
a) Copia certificada de la sentencia condenatoria o del auto\n de prisión preventiva o resolución análoga\n según la legislación del país requirente,\n con expresión sumaría de los hechos, lugar, fecha,\n naturaleza y circunstancias en que fueron realizados.
b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad\n y residencia del sujeto reclamado y, de ser posible, su fotografía\n y huellas dactilares.
c) Copia de los textos legales con expresión del delito,\n la pena y la prescripción aplicables al caso.
d) Si el delito estuviere castigado con alguna de las penas\n a que se refiere el numeral 7 del artículo 5 de esta ley,\n el Estado requirente dará seguridades suficientes, a juicio\n del Gobierno ecuatoriano, de que tales penas no serán\n ejecutadas.
Los referidos documentos, originales o en copia certificada,\n se acompañarán de una traducción oficial\n al español cuando sus textos estuvieren en otro idioma.\n Cuando el trámite se realice por vía diplomática\n no será necesaria la autenticación de los documentos\n presentados.
Art. 8. - En caso de urgencia, el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia podrá ordenar la detención del sujeto\n reclamado en extradición, como medida preventiva, de oficio\n o a solicitud expresa del Juez o Tribunal competente, funcionario\n diplomático o consular del Estado requirente, en la que\n deberá hacerse constar expresamente que ésta responde\n a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención\n con expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo\n y lugar de la comisión, datos y filiación de la\n persona cuya detención le interesa, con ofrecimiento de\n presentar seguidamente demanda de extradición.
\n La solicitud de detención preventiva se remitirá\n por vía postal, telegráfica o cualquier otro medio\n que deje constancia escrita, bien por vía diplomática,\n bien directamente al Ministerio de Gobierno, bien por conducto\n de la correspondiente organización internacional de policía\n criminal, y si en ella constaren todas las circunstancias necesarias,\n la Policía procederá a la localización y\n arresto del reclamado, poniéndolo a disposición\n del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo no\n superior a veinticuatro horas para que, silo estima procedente,\n decrete la prisión preventiva, que quedará sin\n efecto si transcurridos cuarenta días desde aquel en que\n se produjo la detención, el Estado requirente no hubiere\n presentado en forma la solicitud de extradición.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá,\n en cualquier momento y en atención a las circunstancias\n del caso, ordenar la libertad del detenido, adoptando alguna\n o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga; vigilancia\n a domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin\n la autorización del Presidente de la Corte Suprema de\n Justicia, orden de presentarse periódicamente ante la\n autoridad designada por el Presidente de la Corte Suprema de\n Justicia, retiro de pasaporte y prestación de una fianza.\n El incumplimiento de estas medidas dará lugar a la prisión\n preventiva dentro del plazo establecido en el inciso anterior.
La libertad del detenido, con o sin medias alternativas de\n la prisión preventiva, no será obstáculo\n para una nueva detención ni para la extradición,\n si la solicitud de ésta llegará después\n de la expiración del plazo mencionado en el inciso segundo\n de este artículo.
En todo caso, se informará al Estado reclamante de\n las resoluciones adoptadas, especialmente y con la urgencia posible,\n de la detención y del plazo dentro del cual deberá\n presentarse la demanda de extradición.
Art. 9. - Cuando la solicitud se hubiera formulado por vía\n diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores examinará\n sí se han acompañado a la misma, los documentos\n que establezcan el respectivo tratado o, en su falta, los del\n artículo 7 de esta ley. Sí el Ministro estimare\n que falta alguno de los requisitos de forma, devolverá\n la solicitud para que sean presentados, sin perjuicio de que\n el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda considerar dicha\n solicitud incompleta como simple pedido de detención preventiva\n a cuyo efecto comunicará y enviará los antecedentes\n al Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno, atendidas\n las circunstancias de la solicitud y cuando el reclamado no estuviera\n ya detenido, previamente, podrá disponer que la Policía\n proceda a la detención de la persona reclamada y, en el\n plazo dispuesto en el artículo anterior, la ponga a disposición\n del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, remitiendo a\n esta autoridad los antecedentes y la demanda de extradición.\n Puesto a disposición judicial el reclamado y a la vista\n de la información recibida, el antes indicando Juez podrá\n ordenar la prisión preventiva del detenido.
Art. 10. - La autoridad gubernamental, remitirá el\n expediente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y si\n el reclamado no estuviere en prisión, el Ministro de Gobierno\n ordenará a la Policía para que se practique el\n arresto, y en el plazo de las veinticuatro horas siguientes pondrá\n al detenido, con los documentos, efectos o dinero que le hubieren\n sido aprehendidos, a disposición de la misma autoridad\n judicial.
Art. 11. - El Presidente de la Corte Suprema de Justicia,\n siempre que el reclamado estuviere a su disposición, ordenará\n la inmediata comparecencia de éste, quien deberá\n hacerlo asistido de abogado y, sí fuere del caso, de intérprete.\n Al efecto y si el reclamado no los hubiere designado, el Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia designará a un defensor\n de oficio, y a un intérprete si fuere necesario. Se citará\n siempre al Ministro Fiscal General.
Identificado el detenido el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia le invitará a que manifieste, con expresión\n de sus razones, si consiente en la extradición o intenta\n oponerse a ella; si consintiera y no se suscitarán obstáculos\n legales que a ello se opongan, el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia podrá acceder a la demanda de extradición.\n En caso contrario, dicho Juez adoptará la resolución\n que proceda, bien sea ordenando la libertad del detenido o bien\n dictando el auto de prisión preventiva, si antes no la\n hubiera dictado, con o sin fianza u otras medidas previstas en\n el artículo 8 de esta ley para continuar con el procedimiento.\n La resolución antes indicada se adoptará en la\n forma de auto, que se dictará dentro de las veinticuatro\n horas siguientes a la comparecencia y del que se dará\n trasladado inmediato al Ministro de Gobierno. Contra este auto\n sólo procederá el recurso de apelación para\n ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la\n que corresponda por sorteo, la que resolverá en el término\n improrrogable de siete días.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de oficio o\n a instancia del Ministro Fiscal General o del reclamado, podrá\n disponer que se complete la información aportada con los\n datos necesarios referentes a la identidad del reclamado y a\n los presupuestos de hecho y de derecho justificativos de la solicitud\n de extradición, pudiendo señalar un plazo que en\n ningún caso excederá de treinta días. Las\n resoluciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,\n en esta materia, serán recurribles conforme a lo establecido\n en el inciso anterior.
Art. 12. - Dentro de los quince días siguientes al\n de la ejecutoría del auto de procesamiento, el Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia señalará día\n y hora para la audiencia oral que tendrá lugar con intervención\n del Ministro Fiscal General, del reclamado de extradición\n asistido del abogado defensor y, si fuera necesario, del intérprete.\n En la audiencia podrá intervenir, y a tal efecto será\n notificado, el representante del Estado requirente cuando así\n lo hubiere solicitado. Silo quisiere, el reclamado presentará\n declaración sin juramento durante la audiencia, pero solamente\n se admitirá y practicará la prueba pertinente con\n las condiciones exigidas por el Tratado aplicable o por esta\n ley.
Art. 13. - En el plazo improrrogable de tres días siguientes\n al de la audiencia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia\n pronunciará sentencia, concediendo o negando la extradición\n y, al propio tiempo, sobre si ha lugar a la entrega al Estado\n requirente, de los valores, objetos o dinero que hubiesen sido\n ocupados al reclamado. En caso de sentencia que acepte la pretensión\n de extradición, se hará constar el tiempo que la\n persona reclamada ha permanecido privada de libertad por razones\n de la extradición, y que la entrega quedará condicionada\n al compromiso de que tal tiempo sea computado al de la condena.
Contra esta sentencia sólo cabe el recurso de apelación,\n que deberá ser resuelto por la Sala de lo Penal de la\n Corte Suprema de Justicia, a la que corresponda por sorteo el\n conocimiento de la causa, si antes no se hubiere radicado ya\n la competencia, en el plazo improrrogable de treinta días\n desde que se le remitió el proceso.
Art. 14. - La resolución firme del Presidente de la\n Corte Suprema de Justicia o de la Sala competente de lo Penal\n de la Corte Suprema de Justicia declarando improcedente la extradición,\n será definitiva y vinculante para el Gobierno quien no\n podrá concederla.
La resolución del Juez o Tribunal declarando procedente\n la extradición no será vinculante para el Jefe\n de Estado ecuatoriano, quien directamente o a través del\n Ministre de Gobierno, por delegación de aquel, podrá\n denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo\n al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden\n público u otros intereses esenciales para el Ecuador.
Negada la extradición de una persona no se admitirá\n nueva solicitud por el mismo delito que fue materia de la primera\n solicitud.
Contra la decisión del Jefe de Estado no hay recurso\n alguno.
Art. 15. - Cuando más de un Estado solicite la extradición\n de una misma persona, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes,\n el Presidente de la República o el Ministro de Gobierno\n por delegación de aquel, decidirá la entrega del\n reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes\n y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad\n relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de\n las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada\n y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.\n Si hubiera duda, la preferencia queda a discreción del\n Gobierno del Ecuador.
Art. 16. - Ejecutoriada la sentencia que deniegue la extradición,\n el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación,\n ordenará que se notifique con la misma al Ministro de\n Gobierno y al Ministro de Relaciones Exteriores para su notificación\n a la representación diplomática del país\n que formuló la demanda de extradición. Asimismo,\n El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenará\n la inmediata libertad de la persona requerida de extradición.
Art. 17. - Si la sentencia declare procedente la extradición,\n el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación,\n ordenará que se notifique con la misma al Ministro de\n Gobierno.
El Ministro de Gobierno por delegación del Presidente\n de la República, decidirá la entrega de la persona\n reclamada o denegará la extradición de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Resuelta\n la entrega de la persona requerida de extradición, el\n Ministro de Gobierno. comunicará de tal particular al\n de Relaciones Exteriores para su notificación a la representación\n diplomática del país que formuló la demanda\n de extradición. Dicha resolución será comunicada\n asimismo a la persona requerida de extradición.
Si el Ministro de Gobierno por delegación del Presidente\n de la República denegare la extradición de conformidad\n con el articulo 14 de esta ley. Dicho funcionario lo comunicará\n al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que disponga\n la libertad de la persona reclamada, sin perjuicio de su deportación\n del Ecuador, de conformidad con la legislación de extranjería.\n Igualmente lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores\n para su notificación a la representación diplomática\n que formuló la solicitud de extradición.
Art. 18. - La entrega de la persona cuya extradición\n haya sido resuelta se realizará por agentes de la Policía\n ecuatoriana, previa notificación del lugar y fecha fijados.\n Con aquella, se entregarán a las autoridades o agentes\n del Estado requirente acreditados a tal fin, los documentos efectos\n y dinero que deban ser igualmente puestos a su disposición.\n Si la entrega del individuo reclamado no puede efectuarse se\n procederá a la de dichos documentos efectos y dinero,\n quedando a salvo en todo caso los derechos que pudieren corresponder\n sobre los mismos a otros interesados. El lugar y fecha fijados\n para la entrega serán comunicados asimismo al Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia.
Si la persona reclamada se encontrara sometida a procedimiento\n o a cumplimiento de una condena por los jueces o tribunales ecuatorianos\n o sancionada por cualquier otra clase de organismos o autoridades\n nacionales, la entrega podrá aplazarse hasta que dejo\n extinguidas sus responsabilidades en el Ecuador o efectuarse\n temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de\n acuerdo con el Estado requirente.
Sí la persona reclamada no hubiera sido recibida en\n la fecha y lugar fijados podrá ser puesta en libertad\n transcurridos quince días a contar de dicha fecha y necesariamente\n a los treinta, y se podrá denegar su extradición\n por el mismo hecho si de nuevo se solicitara.
Art. 19. - El Gobierno del Ecuador, previa solicitud del Estado\n requirente, podrá autorizar el tránsito por su\n territorio de personas cuya extradición se trámite\n entre otros estados. Tránsito que se realizará\n a cargo del Estado interesado y bajo la custodia de sus agentes\n oficiales.
Art. 20. - Para que la persona que haya sido entregada pueda\n ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier medida que afecte\n a su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los\n que hubieran motivado su extradición, será necesario\n autorización ampliatoria de la extradición concedida,\n a cuyo fin se presentará otra solicitud acompañada\n de los documentos previstos en el artículo 7 de esta ley\n y la declaración judicial de la persona entregada, que\n se tramitará como nueva demanda de extradición.\n Iguales requisitos serán necesarios cumplir para conceder\n la reextradición de la persona entregada a un tercer Estado.
No será necesaria esta autorización cuando la\n persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar\n el territorio del Estado al que se entregó, permanezca\n en él más de cuarenta y cinco días o regrese\n al mismo después de abandonarlo.
Art. 21 - Los gastos ocasionados por la extradición\n en territorio nacional serán, en régimen de reciprocidad,\n por cuenta del Gobierno ecuatoriano. Los causados por extradición\n en tránsito serán por cuenta del Estado requirente.
DE LA EXTRADICION ACTIVA
Art. 22. - El procedimiento de la extradición activa\n en el Ecuador se regirá por la presente Ley, excepto en\n lo que fuere aplicable y estuviere expresamente previsto en los\n tratados que el Ecuador sea Parte.
Art. 23. - Para que el Juez de la causa eleve los antecedentes\n al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o para que éste,\n en los casos de fuero de Corte Suprema de Justicia, inicie el\n procedimiento de extradición, será necesario que\n se haya dictado previamente auto de prisión preventiva\n o recaído sentencia ejecutoriada contra el procesado cuya\n extradición se pretende.
Sólo para efectos indicativos deberá mencionarse\n el país y el lugar en que el prófugo se encuentre,\n pero no se afectará el pedido de extradición si\n el prófugo cambia su estadía a otro país\n o ciudad, lo cual deberá ser establecido dentro del procedimiento\n que debe cumplirse, de conformidad con los artículos siguientes.
Art. 24. - El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dictaminará,\n si es o no procedente la extradición, de conformidad a\n los Tratados celebrados entre el Ecuador y el Estado en el que\n el prófugo se encuentre o, en defecto de Tratado, con\n arreglo a los principios del Derecho Internacional.
Art. 25. - En caso afirmativo, el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia se dirigirá al Ministro de Relaciones Exteriores\n acompañando una copia del auto de prisión preventiva\n o sentencia ejecutoriada y pidiendo que se practiquen las gestiones\n diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición\n del prófugo.
Acompañará, además, una copia autorizada\n de los antecedentes que hayan dado mérito para dictar\n el auto de prisión preventiva en contra del indicado o,\n de la sentencia firme que haya recaído en el proceso,\n si se trata de un reo condenado, los demás documentos\n señalados en el artículo 7 de esta ley o los que\n señalen los Tratados aplicables o las leyes del Estado\n requerido.
Art. 26. - El Ministro de Relaciones Exteriores, después\n de legalizar los documentos acompañados, hará practicar\n las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución\n del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Si se obtiene la extradición del prófugo, solicitará\n al Ministerio de Gobierno que lo haga conducir del país\n en que se encuentre hasta ponerlo a disposición del Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 27. - En el caso a que se refiere el artículo\n precedente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenará\n que el extraditado sea puesto a disposición del Juez de\n la causa a quien devolverá el proceso respectivo, o procederá\n directamente, según sea el caso, a fin de que el juicio\n siga su tramitación o de que el reo cumpla su condena\n si hubiere sentencia ejecutoriada.
Art. 28. - Si el Presidente de la Corte Suprema de Justicia\n declara no ser procedente la extradición o si ésta\n no es concedida por las autoridades del Estado en que el prófugo\n se encuentre, se devolverá el proceso al Juez de la causa\n para que proceda como lo determina la ley respecto de los ausentes.
Art. 29. - Si el proceso comprende a un individuo que se encuentre\n en el extranjero y a otros individuos presentes, se observarán\n las disposiciones anteriores en cuanto al primero y sin perjuicio\n de su cumplimiento seguirá la causa sin interrupción\n en contra de los presentes. El proceso, en tal caso, será\n elevado en copia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 30. - Los jueces y tribunales se hallan obligados a solicitar\n la extradición del prófugo que se encuentre en\n territorio de Otro Estado, contra quien hayan dictado o dicten\n auto de prisión preventiva en cualquier etapa del juicio\n penal, o sentencia penal condenatoria que imponga pena privativa\n de libertad. Por la supremacía de la ley sobre el reglamento,\n se declara que, en el primer caso, para proceder a la extradición,\n basta el auto de prisión preventiva, sin que se requiera\n auto de apertura del plenario o de llamamiento a juicio.
Art. 31. - Para los casos de extradición sustentada\n en un auto de prisión preventiva dictado con anterioridad\n al 13 de enero del 2000, fecha de la vigencia del artículo\n 7, entre otros, el nuevo Código de Procedimiento Penal,\n se entenderá en el sentido de que el único requisito\n es el auto de prisión preventiva dictado por el Juez o\n Tribunal competente en cualquier etapa del juicio penal.
Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición\n se regirán por la presente Ley, excepto en lo que fuere\n aplicable y estuviere expresamente previsto en los tratados o\n convenios internacionales en los que el Ecuador sea Parte.
PRIMERA. - Sustituyese el artículo 7 del Código\n Penal, por el siguiente: "El ecuatoriano que, fuera de los\n casos contemplados en el artículo anterior, cometiere\n en país extranjero un delito para el que la ley ecuatoriana\n tenga establecida pena privativa de libertad mayor de un año,\n será reprimido según la ley penal del Ecuador,\n siempre que se encuentre en territorio ecuatoriano.".
SEGUNDA. - La presente Ley entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.\n En caso de conflicto, sus disposiciones prevalecerán sobre\n las demás de carácter ordinario o especial.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los veintiséis días del mes de julio del año\n dos mil.
f) lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente.
Certifico que la presente Ley fue sancionada por el Ministerio\n de la Ley.
Palacio Nacional, en Quito, a diecisiete de agosto del dos\n mil.
Oficio N° 00 - 1084 - DAJ.T.441
Quito a, 17 de agosto de 2000
Con el fin de que se sirva publicar en el Registro Oficial,\n adjunto al presente le remito copia certificada de la Ley para\n la Promoción de la Inversión y la Participación\n Ciudadana, fundamentado en lo que dispone el artículo\n 156 de la Constitución Política de la República.
Como consta en la copia certificada del oficio N0 00 - 781\n - DAJ. T. 441 del 13 de julio del 2000, el proyecto de ley calificado\n de urgencia económica fue presentado en el Congreso Nacional\n el 13 de julio del presente año y el Congreso no lo ha\n aprobado, negado o modificado en el plazo previsto en el artículo\n 155 de la Constitución Política de la República.
Por lo expuesto y como lo ordena el artículo citado\n dispongo su promulgación como decreto - ley en el Registro\n Oficial.
f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de\n la República.
Anexos: copia del oficio N0 00 - 781 - DAJ.T.441 del 13 de\n julio del 2000.
Texto de la ley y el Decreto 690.
Oficio N0 00 - 781 - DAJ.T.441
\n Juan José Pons
\n PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo\n 155 de la Constitución Política de la República\n me permito poner a consideración del U. Congreso Nacional\n el Proyecto de "Ley para la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana", que he calificado como\n urgente.
Delego a los señores Presidente del Consejo Nacional\n de Modernización del Estado CONAM, Dr. Ricardo Noboa Bejarano,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos Ab. Martín Insua\n Chang, Ministro de Energía y Minas lng. Pablo Terán\n Rivadeneira y Ministro de Agricultura y Ganadería Eco.\n Mauricio Dávalos Guevara, para la intervención\n en los debates.
Es copia del original que reposa en el archivo de la Asesoría\n Jurídica de la Presidencia de la República.
f) Marcelo Santos, Secretario General de la Administración\n Pública.
N0 690
Con fundamento en el artículo 155 de la Constitución\n Política de la República, se remitió el\n 13 de julio del 2000 al Congreso Nacional el proyecto de Ley\n para la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana, calificado 'de urgente en materia económica;
Que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo\n 156 ibídem sin que el Congreso Nacional lo haya aprobado,\n negado o modificado;
Que de conformidad con la norma constitucional indicada el\n Presidente de la República está facultado para\n promulgarlo como decreto - ley; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 156 y 171 numeral 22 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1. - Promúlgase la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana\n y publíquese en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 17 días\n del mes de agosto del 2000.
\n f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.
DECRETO LEY 2000 - 1
LEY PARA LA PROMOCIÓN\n DE LA INVERSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
\n OBJETIVO:
Las reformas que se plantean en este proyecto de ley tienen\n como propósito, promover aceleradamente los cambios indispensables\n y básicos en el ordenamiento jurídico de la República\n para, a través de la inversión en la producción\n y los servicios, lograr la reactivación de la economía\n nacional, la satisfacción de apremiantes necesidades de\n los ecuatorianos, y una más activa y directa participación\n ciudadana en los proyectos y planes delineados por el Gobierno\n Nacional, cuya prioridad es elevar el nivel de bienestar en la\n vida de los habitantes del país.
El presente proyecto de ley reconoce que para alcanzar el\n único objetivo de la reactivación y desarrollo\n económico se requiere modificar simultánea y armónicamente\n el ordenamiento jurídico, en reconocimiento de la complejidad\n de la realidad económica y social. En consecuencia, el\n proyecto de ley versa sobre una sola materia, que tiene efectos\n sobre varios cuerpos legales, y su ámbito recae por su\n naturaleza en el área económica.
De otra parte, no es extraño que este proyecto pretenda\n precisar y complementar adecuadamente el marco legal en el que\n se inscribe la ley No. 2000-4 para la Transformación Económica\n del Ecuador, aprobada por el H. Congreso Nacional, y que consta\n promulgada en el suplemento del Registro Oficial N° 34 de\n 13 de marzo del 2000, cuyos fundamentos fueron decisivos para\n establecer el régimen monetario que rige a la República,\n y sobre los cuales se impulsa el nuevo esquema de la economía\n nacional para beneficio de todos los ecuatorianos.
REFORMAS SE SUSTENTAN EN CUATRO EJES:
La materia de la inversión y participación ciudadana\n dirigidas hacia el desarrollo económico y social, se construye\n sobre la base de cuatro ejes transversales:
El primer eje es la modernización del Estado, y el\n rediseño de su papel dentro del convivir social y su actualización\n con las nuevas realidades constitucionales, a cuyo fortalecimiento\n contribuyen tanto las reformas relativas al uso de los recursos\n naturales de la nación, así como las reformas al\n sector productivo, y las reformas a varias normas de contenido\n social. Estos cambios simultáneos, interrelacionados y\n absolutamente complementarios tienen la finalidad de generar\n transformaciones profundas e inmediatas en favor de la sociedad\n ecuatoriana en su conjunto.
PRINCIPALES EFECTOS DE LAS REFORMAS:
a) Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por Parte de\n la Iniciativa Privada:
La modernización constituye una verdadera política\n permanente y compromiso nacional, definida y ordenada mediante\n la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y\n Prestación de Servicios Públicos por Parte de la\n Iniciativa Privada que data de 1993. Esta decisión nacional\n fue consolidada y extendida en el texto de la nueva carta constitucional\n dictada en 1998.
En consecuencia, las reformas buscan en primer lugar actualizar\n el texto de la ley a las nuevas exigencias constitucionales.\n Este mandato ineludible para dar cabal cumplimiento a la voluntad\n de la nación expresada en la Constitución implica\n la participación del sector privado para beneficio de\n la sociedad. Se preservan y profundizan al mismo tiempo principios\n básicos que deben animar estos procesos, como la transparencia\n en la delegación para la prestación de servicios\n públicos, a fin de que respondan a principios de eficiencia,\n responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y\n calidad.
b) Ley de Creación del Fondo de Solidaridad
El objetivo central de la propuesta es permitir la participación\n ciudadana en los beneficios que genere la participación\n del sector privado en las empresas estatales. De esta manera,\n se entregarán beneficios efectivos y directos, como contribución\n a la salud y educación de grupos vulnerables y, entre\n ellos, los niños y ancianos.
c) Ley de Régimen del Sector Eléctrico:
Estas reformas apuntan a complementar el marco legal actualmente\n vigente que dispone de manera imperativa el proceso de participación\n privada en la modernización del sector eléctrico.\n A fin de dar cumplimiento a tal mandamiento legal, así\n como a los dictados constitucionales en los que se apoya, se\n formulan las reformas que darán seguridad jurídica\n y viabilidad técnica y económica al proceso.
Se agregan normas relacionadas con una adecuada estructura\n de los organismos estatales encargados de definir la política\n del sector y su regulación, así como correcciones\n al régimen de electrificación rural vigente, para\n que pueda alcanzar sus objetivos.
d) Ley de Hidrocarburos
Las principales reformas propuestas se dirigen a diseñar\n de mejor manera el contrato de gestión compartida (conocido\n como "joint ventures") para permitir la inversión\n privada en los campos actualmente bajo explotación de\n Petroecuador, con el propósito de incrementar la producción,\n que actualmente se encuentra en deterioro por falta de inversión,\n y maximizar la recuperación de las reservas, todo lo cual\n tendrá un impacto enorme en la economía del país.\n Para dar mayor transparencia al proceso, que se deberá\n llevar a cabo mediante licitación pública internacional,\n se considera la mayor participación del Estado como parámetro\n único de evaluación de las propuestas.
Otras reformas buscan promover la libre competencia en el\n sector, así como fortalecer el funcionamiento de la Dirección\n Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Energía y\n Minas y sus actividades de control y regulación, acorde\n con las nuevas exigencias de la realidad económica.
e) Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del\n Ecuador (Petroecuador) y sus Empresas Filiales
El proyecto de ley permitirá la transformación\n de las empresas filiales de Petroecuador en sociedades anónimas,\n con el propósito de transparentar sus operaciones en un\n esquema de eficiencia y libre competencia, a fin de maximizar\n sus rendimientos a favor del Estado.
Petroecuador no sería transformada y mantendría\n la propiedad de las acciones de sus filiales, las que no podrán\n ser transferidas.
f) Ley de Minería
Las reformas propuestas han sido producto de la iniciativa\n del sector sobre la base de consulta con los actores tanto del\n sector público como representantes empresariales de la\n industria.
En consecuencia, con la experiencia de la aplicación\n de la ley actual, buscan reflejar la realidad técnica\n y económica. Uno de los aspectos principales consiste\n en la unificación del título minero, para suprimir\n la inseguridad jurídica que rodeaba a las inversiones\n en prospección y exploración. Mediante otra norma\n se desestimulará de manera efectiva la especulación\n con áreas mineras, en beneficio de la verdadera inversión.\n El impulso de estas inversiones generará importantes recursos\n para beneficio de la población y de las instituciones\n del Estado y, de manera particular, para los gobiernos seccionales.
g) Código del Trabajo
Uno de los problemas mas cruciales por los que atraviesa el\n país es la carencia de fuentes de trabajo que permitan\n ingresos dignos a la población, constituyendo esta circunstancia\n una de las mayores preocupaciones del Gobierno Nacional. Sin\n duda alguna, la reactivación económica y promoción\n de inversiones es la acción más importante y directa\n que se puede realizar en este sentido. Para conseguir nuevas\n fuentes de empleo es necesario flexibilizar y actualizar ciertas\n normas que pudieran impedir la apertura de nuevas oportunidades\n a los ecuatorianos. Este es el principio que alienta las reformas\n que se proponen en el marco del Código de Trabajo.
h) Código de Salud
Las reformas buscan agilitar el otorgamiento de registros\n sanitarios para alimentos, para beneficio del consumidor, precautelando\n en todo caso el bien jurídico de la defensa de la salud.
Se busca permitir que los registros sanitarios se otorguen\n sobre la base de informes técnicos, o fundamentado en\n la homologación de registros otorgados por ciertas autoridades\n competentes extranjeras, de manera similar a la homologación\n prevista en la recientemente aprobada ley de medicamentos genéricos.\n De manera similar a lo previsto en esa ley, se permite también\n que análisis e informes puedan ser realizados por el Instituto\n Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez\n así como por universidades, politécnicas y laboratorios\n privados acreditados.
El otorgamiento de los registros sanitarios estará\n a cargo de manera descentralizada del Ministerio de Salud, garantizando\n las rentas que actualmente recibe el Instituto Nacional de Higiene\n y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez a través\n del pago de la tasa correspondiente.
i) Ley de Aviación Civil
La participación del sector privado se extenderá\n al manejo de áreas vitales para el desarrollo de las actividades\n económicas y en especial del comercio, del turismo y de\n los servicios, en los campos aeroportuario y de la aviación.
j) Ley de creación de CEDEGE
Con el propósito de que se mantenga en beneficio de\n los sectores agrícolas de la Costa y aún se profundicen\n las labores del CEDEGE a favor de este sector productivo, las\n reformas establecen una contribución especial destinada\n a estos propósitos.
k) Ley de Radiodifusión y Televisión
Se suprime la limitación que existe a la inversión\n extranjera en el sector. Si bien este límite del 25 %\n del capital se podría considerar modificado ya en virtud\n de las normas generales sobre inversión extranjera, es\n conveniente de manera expresa actualizar la ley con las normas\n constitucionales respecto a la igualdad de tratamiento a la inversión\n nacional y extranjera, y promover mayores inversiones y fuentes\n de trabajo.
l) Ley de Seguridad Nacional
Se elimina la prohibición a extranjeros de ser propietarios\n de inmuebles, arrendarlos, establecer industrias, etc. a 50 km.\n de la playa (lo que incluye las ciudades de Machala, Salinas,\n Manta, Esmeraldas) o frontera sin autorización del Presidente\n y previo dictamen del Comando Conjunto. De esta manera se actualiza\n la ley con las normas constitucionales que establecen la igualdad\n de derechos de nacionales y extranjeros, lo que no disminuye\n la facultad del Estado de establecer zonas de seguridad nacional.
m) Ley de Extranjería
Se actualiza la Ley de Extranjería que fue expedida\n hace treinta años. Se recogen principios universales de\n unificación familiar como fundamento para la obtención\n de una visa. Se crean nuevas categorías migratorias más\n flexibles o se reforman las existentes, incluyendo una visa de\n negocios fundamental para la promoción de inversiones,\n recogiendo la experiencia generada en la aplicación de\n la ley actual y sus limitaciones a través de los años.
LEY PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
Que la Carta Política del Estado entre los objetivos\n permanentes que asigna a la economía nacional destaca:\n el desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado,\n ambientalmente sustentable y democráticamente participativo;
Que tal cometido sólo puede alcanzarse promoviendo\n la inversión e incentivando la participación ciudadana\n en las grandes decisiones y proyectos que en el campo económico\n alienta el Estado;

References: resolución 
 resolución 
 artículo 164
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 155