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Timestamp: 2020-07-11 23:07:06+00:00

Document:
Derecho a Resistencia en el Marco Constitucional Ecuatoriano, aplicación del Principio Democrático y Seguridad Jurídica | Rodas-Cordero | IUSTITIA SOCIALIS
Daniela Carolina Rodas-Cordero
https://orcid.org/0000-0001-8758-5459
Inicio > Vol. 5, Núm. 1 (5) >	Rodas-Cordero
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.603
Derecho a Resistencia en el Marco Constitucional Ecuatoriano, aplicación del Principio Democrático y Seguridad Jurídica
Right to Resistance in the Ecuadorian Constitutional Framework, application of the Democratic Principle and Legal Security
drodasc@ucacue.edu.ec
Ecuador incorpora el derecho a la resistencia en el artículo 98 de la Carta Suprema, mediante un reconocimiento como actividad legítima que cuenta con mecanismos de aplicación como una garantía básica de justicia y plena vigencia de la Constitución. En esta investigación se proporciona un análisis sobre el alcance y contenido que se atribuye a este derecho con la finalidad de integrar el principio democrático y la seguridad jurídica. Razón por la que es necesario generar ajustes normativos desde un análisis jurisprudencial y casuístico, con la finalidad de cristalizar criterios y parámetros de actuación claros y vinculados al efectivo goce de los derechos fundamentales. Para el desarrollo del trabajo, se aplicó una investigación cualitativa, fundamentada en los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo e histórico-lógico; que permitan comprender su alcance y límites en su ejercicio. Como resultado de la investigación, se determina la deficiente regulación procesal de este derecho en la legislación ecuatoriana.
Descriptores: Derecho a la resistencia; Democracia; Seguridad jurídica; Alcance; Aplicación.
Ecuador incorporates the right to resistance in article 98 of the Supreme Charter, through recognition as a legitimate activity that has enforcement mechanisms as a basic guarantee of justice and full validity of the Constitution. This research provides an analysis of the scope and content attributed to this right in order to integrate the democratic principle and legal certainty. Reason why it is necessary to generate regulatory adjustments from a jurisprudential and casuistic analysis, in order to crystallize clear criteria and parameters of action linked to the effective enjoyment of fundamental rights. For the development of the work, qualitative research was applied, based on the analytical-synthetic, inductive-deductive and historical-logical methods; that allow to understand its scope and limits in its exercise. As a result of the investigation, the poor procedural regulation of this right in Ecuadorian legislation is determined.
Descriptors: Right to resistance; Democracy; Legal certainty;
Scope; Legal nature; Application.
En un estado garantista, como es Ecuador, es necesario contar con mecanismos idóneos para efectivizar el goce de los derechos garantizados a través de la Constitución de la República de Ecuador. En la era del Neoconstitucionalismo, Ecuador se enmarca en una innovadora propuesta de Estado, ideal que nos permite comprender de manera novedosa un eslabón importante en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, pues a partir de la Constitución de Montecristi diversos derechos vinculados con la democracia participativa se han reconocido y reivindicado.
En el contexto ecuatoriano se puede contemplar que la Carta Magna del año 2008, a diferencia de la de 1998, tiene un aspecto peculiar y se trata de una regulación que profundiza los mecanismos participativos de un sistema político determinado, lo cual permite una intervención ciudadana máximamente renovada, amplia y mejor articulada con la Administración Pública. Estos derechos tienen una particular esencia, y es que se vinculan de manera directa con los anhelos inherentes a la naturaleza humana, tales como el reconocimiento de su identidad y de fiscalización de cada una de las decisiones adoptadas en las que sus derechos se puedan ver comprometidos, conformando un derecho esencial en una sociedad donde el pilar primordial de su actividad social y política es la democracia.
Solamente una interacción permanente entre gobernantes y gobernados, permitirá solventar de manera amigable oposiciones o desacuerdos con respecto a temas políticos, sociales, culturales, económicos, entre otros, con la finalidad de definir su futuro como ciudadanos y sentirse respaldados por una verdadera garantía de sus derechos dentro del Marco Constitucional. A su vez la Seguridad Jurídica, implica el derecho de los ciudadanos de contar con normas claras y previamente establecidas para el ejercicio de los demás derechos congénitos a la especie humana, por lo cual junto con el principio democrático constituyen las dos aristas esenciales para la aplicación del derecho a resistir (Galarza, 2018).
Sobre las bases de las ideas expuestas, el artículo 98 de la Constitución de la República reconoce al derecho a la resistencia, como aquel en el que los ciudadanos como parte del conglomerado social, pueden ejercerlo de manera individual o colectiva, frente a ciertas acciones u omisiones ya sea que provengan del poder público, personas naturales o jurídicas no estatales, siempre que sus derechos se vean en entredicho (Asamblea Constituyente, 2008).
Sin lugar a dudas el derecho a la resistencia es un derecho fundamental para garantizar el acceso al pueblo, titular de la soberanía nacional, de forma individual o colectiva a la defensa de sus derechos e intereses, frente a cualquier desmedida arbitrariedad o abuso de los poderes públicos, privados o a su vez para ejercerlo vinculándolos al ejercicio de los derechos participativos de manera indirecta (Farfán Pinoargote & Díaz Rodríguez 2019). Respecto de los derechos fundamentales, se puede determinar que, un derecho cuando va revestido del carácter de fundamental, tiene la característica inherente de subjetividad, y es atribuido universalmente a quien se le asigna el status de persona (Ferrajoli, 2001).
Sin embargo y en desmedro de lo dicho, la realidad no siempre refleja un efectivo y real goce de derechos, quedando en el mejor de los casos en meros enunciados normativos, que pese a tener carácter constitucional, abren la puerta a la violencia, discriminación, inequidad, pobreza y acumulación del poder. Este inconforme social, ha generado una reacción por parte de los perjudicados en un determinado momento, frente a decisiones u actos que puedan vulnerar o vulneren sus derechos, sin embargo, la ley no prevé un procedimiento específico que limite el campo de ejercicio de este derecho y establezca los límites del mismo para garantizar por un lado su efectiva vigencia y por otro protegiendo posibles limitaciones a otros derechos de igual naturaleza.
Ahora bien, en un sistema político en el que la idea central es defender la legitimidad y autoría del pueblo en la toma de decisiones como lo es su derecho a elegir y controlar las actividades ejercidas por sus gobernantes en el desarrollo de sus funciones, es necesario fijar los lineamientos básicos y mecanismos del ejercicio que permitan efectivizar el principio democrático, para proteger derechos de las minorías en actos de participación, toma de decisiones, particularmente en aquellos actos que por su trascendencia requieren un control previo y aprobación del pueblo.
Es necesario plantear un análisis actual y concreto sobre el alcance y el contenido que debe atribuirse a este derecho, que yo como ya se concibió en líneas anteriores, carece de un procedimiento preestablecido, siendo menester buscar una solución definitiva y no de momento como ocurre en la resolución de casos concretos por parte de los operadores de justicia.
Por consiguiente, en el proceso de aplicación de este derecho nos encontramos frente a una suerte de limitante, pues carece de un procedimiento legalmente establecido, pautas básicas que lo direccionen y límites que protejan posibles vulneraciones o abusos, impidiendo en ocasiones el accionar de la ciudadanía y en otros que se lo haga de una manera desmedida, vulnerando totalmente el derecho a la seguridad jurídica, privando al individuo de certeza que debería preexistir frente a derechos propios con la garantía de manejarse bajo la regularidad de procesos y conductos jurídicos y legales establecidos previamente y emitidos por autoridades competentes para aquello.
Entendiéndose que el problema central de la presente investigación es ¿Cómo establecer los límites y alcance en la aplicación del derecho a la resistencia en el Marco Constitucional Ecuatoriano?, en relación a la problemática expuesta el objetivo es: Integrar el principio democrático y la seguridad jurídica como límites en la aplicación del derecho a la resistencia en el Contexto Constitucional Ecuatoriano.
Origen y naturaleza jurídica sobre la paradoja del derecho a la resistencia como mecanismo de defensa y origen de la rebelión.
Si se imagina un Estado donde las personas deban ser sometidas de manera desmedida frente a cualquier decisión o acto de poder público. Definitivamente se estaría frente a un Estado Autoritario, donde se vulneren constantemente derechos fundamentales y no se prevean mecanismos para ejercer su defensa. ¿Cómo serían entonces garantizados dichos derechos? Se debería pensar en otro escenario; un Estado, en el que se reconozca el derecho a resistir frente a sus ciudadanos frente a cualquier acto u omisión del poder público, de manera desenfrenada y con una aplicación abstracta y absoluta de los derechos. ¿No se hablaría entonces de una anarquía?
En cualquiera de estos dos contextos, se observa un desequilibrio de poderes que se sobreponen, sin tener una regulación óptima e integral, siendo indispensable que cada estado cuente con una regulación que permita evadir dichas situaciones de desventaja tanto para el Estado, como para los ciudadanos y en su defecto crear un anhelado equilibrio que garantice y regule derechos fundamentales, pero a la vez establezca límites, parámetros y condiciones a desarrollarse.
Resulta interesante la idea de que la regulación de un derecho no es exactamente lo mismo que reconocerlo, al regular un derecho se permite acceder a mecanismos para ejercerlo, cumpliendo solo de esta manera la finalidad de haberlo concebido como tal en el ordenamiento jurídico. Puntualmente en Ecuador, los diferentes pueblos, comunidades, agrupaciones de obreros y colectivos o pueblos a lo largo de la historia, han ejercido resistencia por años frente a las diferentes decisiones o actos ejecutados por los entes de gobierno, lo que lo convierte en un instrumento para percatarnos de aquellas acciones u omisiones por parte de los gobernantes, como una forma particular de alertar ante vulneraciones a sus derechos, reclamar derechos de otros o alcanzar reivindicaciones (Lozano, 2015).
Dentro de esta perspectiva en Ecuador un caso emblemático es el suscitado en el Pueblo Indígena de Saraguro, para quienes una de las actividades más importantes que sustentan su economía, es la elaboración de derivados lácteos (quesillo), factor que dinamiza la economía del sector ya que más de la mitad de la población ejecuta dicha actividad, sin embargo, las normas exigidas son difíciles e incluso muchas de ellas imposibles de cumplirse. Estas normas han sido establecidas por la Organización Mundial del Comercio y diseñadas para la producción industrial de alimentos (Los 29 de Saraguro - Paralización de servicios públicos, 2015).
Sin embargo, a inicios del año 2015, se inicia por parte del estado ecuatoriano un control estricto a quienes ejercían esta actividad, por no contar con registro sanitario, generando descontento e indignación, situación que trajo como consecuencia movilizaciones en defensa de sus derechos por parte de los grupos afectados durante el mes de agosto del mismo año, además de la suspensión de servicios públicos, como mecanismo de rechazo a las medidas impuestas. Estas manifestaciones de resistencia, se realizaron en amparo de los artículos 13, 75 y fundamentalmente del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador que establece:
Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Asamblea Constituyente, 2008, p. 68).
Los movimientos efectuados por el pueblo de Saraguro en agosto del 2015, trajeron como consecuencia una fuerte represión, pues como resultado de aquello 29 personas fueron judicializadas por el Tribunal de Garantías Penales de Loja, lo que ha originado sin lugar a dudas rechazo e indignación por varios sectores estratégicos de Ecuador. Tal es el caso de Luisa María Lozano y Amable Angamarca, ciudadanos originarios del Pueblo Saraguro, contra quienes se emitió sentencia de cuatro años de prisión, lo cual no aconteció con casos incluso más graves socialmente en los que se han obtenido sentencias de un año, incluso menos, por delitos penales y de gravedad notoriamente suprema.
En efecto, como resultado de estos actos de resistencia, las acusaciones a los 29 ciudadanos fueron por obstaculizar la prestación de servicios públicos, a raíz de su detención el 17 de agosto del año 2015, al haberse suscitado varios enfrentamientos entre un gran número de policías y militares quienes portaban su equipo antimotines ante los posibles ataques del pueblo de Saraguro, los mismos que invadieron la vía Panamericana y algunas de las calles principales de la ciudad, horas antes de ser perseguidos y apresados por parte de las autoridades competentes.
El juez José Luis Pallares, como parte del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja, confirmó en horas de la tarde del día jueves 27 de julio de 2017, la inocencia de 10 de los procesados en el caso conocido localmente como los 29 de Saraguro, decisión adoptada por falta de elementos probatorios durante la fase investigativa para condenarlos (Los 29 de Saraguro - Paralización de servicios públicos, 2015).
Este es solo uno de los muchos ejemplos en los cuales el derecho a la resistencia en Ecuador, trae consigo un disconforme social al momento de su aplicación, tanto por la falta de regulación, como por la exigua proporcionalidad, generando sin lugar a dudas un extremo desequilibrio e incertidumbre de sus límites, pues claro es que la visión de quien alega el derecho, frente a la posición de quien se contrapone y lo enfrenta, es totalmente distinta y en un inicio ambas serían válidas pues, de la sola lectura del artículo 98 de la Constitución, nos sugiere que la aplicación de este derecho es ilimitada y de variados orígenes, sin embargo de ser el caso se estarían transgrediendo otros derechos fundamentales, siendo necesario desarrollar procesalmente su contenido.
En este caso como en muchos otros de igual categoría se contraponen dos derechos fundamentales que son: como parte de los derechos de participación el principio democrático que daría lugar a su inevitable origen, y del otro extremo la seguridad jurídica de la cual deben estar revestidas todas las disposiciones jurídicas, creando un desbalance, siendo necesario establecer una propuesta intermedia que determine pasos precisos y procedimientos de ejecución.
Este reconocimiento expreso del derecho a la resistencia no es más que un acumulado histórico de lucha por el reconocimiento de derechos de participación por parte del colectivo social y que como todo derecho, goza de principios básicos reconocidos como son entre otros: la aplicación directa de los mismos, ejecutabilidad, su carácter de irrenunciables, justiciables, intangibles, etcétera; y que por tratarse de derechos constitucionales la ley admite una interpretación extensiva.
Se sabe, por la sola redacción del artículo 98 de la Constitución de la República de Ecuador, que se puede resistir a todo, acciones, omisiones de autoridades o personas de naturaleza pública o privada, situación que es cuestionada por Elizalde (2010) para quien implica un problema de gran magnitud, pues se cuestiona si como parte de este derecho podría considerarse legítimo reclamar en las calles, hacer huelgas y otros por el simple hecho de encontrarse garantizado bajo los principios de libertad de reunión y asociación. Entonces, lo que implica por parte del estado el respeto a resistirse, en desmedro de lo dicho no sería posible concebir una definición exclusivamente jurídica del derecho a la resistencia, pues en su formulación concurren argumentos provenientes de varias disciplinas, sin embargo doctrinariamente es conocido como desobediencia civil o, más ampliamente, como el derecho a resistir al Derecho, siendo varios los autores y doctrinarios que han pretendido de manera conceptual y teórica delimitar el contenido y alcance.
Así, para el profesor Gargarella (2007) el derecho a la resistencia tiene presupuestos esenciales que básicamente son: lesión manifiesta de un derecho fundamental, lo cual debe ocasionar un grave perjuicio social y por otro lado que las decisiones o normas legales que generan lesión se generen al margen de un proceso en el que participen activamente los involucrados. Requisitos ambos que para el autor constituyen una condición procedimental.
En ese mismo contexto la expresión derecho de resistencia está dotado de un alto grado de ambigüedad, por lo que sintetizando esta problemática de encontrar una definición exacta y luego de un breve análisis doctrinario podemos concluir en palabras coloquiales que el derecho a la resistencia en el mundo propiamente jurídico, viene a ser aquel derecho fundamental, inherente al ser humano y que supone un rechazo de una persona, grupo de personas, colectividad o agrupación a prácticas o decisiones que son contrarios a sus intereses.
Ha sido producto del devenir histórico conseguir el reconocimiento de este derecho en varios países del mundo, sin embargo, por la realidad social, política y económica de cada estado, su desarrollo normativo es distinto. Para citar un ejemplo, Alemania, un país reconocido a nivel mundial por su histórico proceso de consolidación, ya contaba con una norma positivizada que regule el derecho a la resistencia desde el año de 1968, bajo preceptos mucho más dominantes que en otros países, fundamentalmente por la influencia del racionalismo que supera las concepciones de la ley natural. La incorporación de este derecho en la Ley Fundamental de Alemania, se dio a través de una reforma constitucional, a manera de compensación con respecto a las disposiciones que regulaban los estados de excepción, considerando que la época atravesaba la guerra de Corea, pudiendo comprometer a Alemania en un conflicto bélico; lo cual refleja el retraso de Ecuador con respecto al reconocimiento de nuevos derechos (Sánchez, 1993).
Inicialmente, en la época antigua, el derecho de resistencia no fue abordado de manera explícita, limitándose a breves apologías dadas por autores como Mencio y Sófocles, de manera bastante superficial. Varios países del mundo coinciden en que el origen del derecho a la resistencia fue a raíz de la Revolución Francesa en Inglaterra y Francia, lo cual guarda relación con la Constitución de 1793, que establecen a la resistencia como uno de los principales derechos naturales junto a la libertad y seguridad. Los alemanes, en 1968 generan una reforma a la Constitución de Bonn, autorizando al pueblo el ejercicio de este derecho tras la lesión de valores constitucionales (Correa, 1981).
Otros países como Portugal y Grecia, han instaurado este derecho a los regímenes autoritarios; en países como Italia, se excluye de la Constitución por considerar que no a manera de reacción se puede ganar la razón, y en España se reconoce la objeción de conciencia y la soberanía popular, lo cual implica que estos derechos no son simples enunciados sino permiten el cabal desarrollo de la personalidad con fundamento en un adecuado orden político y la paz social (Hernández, 2012).
Resulta claro que la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 va más allá reconociendo el derecho a la rebelión cuando son irrespetados los derechos humanos, siendo finalmente el Derecho Internacional Humanitario con respecto a los conflictos armados internacionales de 1977, que reconoce un estado legítimo que puede elevarse frente a un estado opresor (Cordero, 2013). En este orden de ideas, considerando los hitos históricos del derecho a la resistencia podemos deducir el pensamiento racionalista de los estoicos, para quienes se identifican 3 elementos: Dios, naturaleza y razón y el nomos atraviesa un importante proceso de transformación adoptando un tinte universal, dando lugar a la posibilidad de discernimiento y contraste entre la ley humana positiva con la natural.
En esta perspectiva, toda vez que se ha llegado a convertir el cristianismo a manera de religión oficial del imperio, queda el emperador subordinado, como todo cristiano al poder de la Iglesia en el ámbito disciplinario, incluyendo el plano de las consecuencias políticas y legales (Ugartemendia, 1999).
En la Edad Media de manera correlativa, aparece una contienda por motivos de religión, con la aparente necesidad de instituir una religión oficial, reprimiendo y ejerciendo persecución sobre todo aquel que se oponga o no la comparta. A este respecto, es a mitad del siglo XVI, que un grupo de defensores de los derechos del pueblo se oponen al poder religioso, siendo con el acaecimiento del Estado Moderno, y más en concreto con el proceso de afianzamiento del absolutismo que desaparece aquel dualismo radical (Ugartemendia, 1999). Con este antecedente histórico y social, el derecho de resistencia entrará a formar parte como derecho subjetivo de la mayoría de las diferentes Cartas o Declaraciones de derechos que proliferarán en la época revolucionaria.
El Derecho a la Resistencia, pertenece al gran abanico de Derechos Humanos, como aquellas connotaciones intrínsecas al hombre como parte de su especie. Criterio que se asemeja al emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que no considera distinción alguna de raza, sexo u otro parámetro que genere discriminación en el goce de derechos fundamentales, sino por el contrario los concibe como independientes, interrelacionados e indivisibles. A su vez deben ser garantizados por la ley y en base a los principios básicos del derecho, para lo cual se deben fijar medidas que en determinadas situaciones deberá adoptar el Estado, con la finalidad de promover y proteger integralmente los derechos y libertades del conglomerado social.
El derecho a la resistencia como parte del conglomerado de derechos humanos, es inherente y debe ser garantizado por los distintos países del mundo; su naturaleza jurídica surge como consecuencia de una disconformidad de la población en el concepto de ciudadanía, frente a las decisiones políticas de las autoridades públicas, y se convierte en una verdadera arma de defensa y de protección frente a irregularidades y acciones u omisiones del poder público de las personas naturales y jurídicas, que por su posición política, jurídica o de status dentro de un estado, les ha sido encargado llevar una estabilidad normativa y social, para un buen vivir, sin embargo, en un determinado proceso, sea este de carácter judicial o particular se pueden generar atentados.
Sobre la base de las ideas expuestas, es importante recordar que en un estado democrático la designación de nuestros gobernantes, faculta implícitamente la toma de decisiones y actuar en nombre del pueblo sobre el cual reposa la soberanía, suponiendo que en la práctica debería generar un beneficio a sus mandatarios, lo cual no ha ocurrido en todos los casos, siendo precisamente en estas circunstancias donde se origina la resistencia o rebelión.
En sí, el derecho a la resistencia, pretende, ser un medio objetivo de protección ante la vulneración de derechos que en ocasiones son mal interpretados por representantes de las entidades del Estado, viene a ser como una garantía social, de participación, donde se llama a la paz bajo los argumentos políticos y no a una rebelión con piedras y palos (Ugartemendia, 1999). En Ecuador, la Constitución del año 2008, implementó varios cambios paradigmáticos en el sentido de aspiración a una Constitución Garantista de Derechos, incluso ampliando el catálogo de derechos y la protección que se aplica a los mismos a través de los distintos mecanismos para materializar y gozar de la aplicación de derechos.
Varias de sus disposiciones pueden llegar a tener un tinte un tanto polémico y como parte de estas llamadas polémicas constitucionales tenemos el denominado derecho a la resistencia, uno de derechos más trascendentales en el pasaje constitucional del año 2008, con el avance de los derechos de participación, texto que plantea numerosas cuestiones entre las que cabe señalar algunas de ellas como por ejemplo que se trata de un derecho constitucional que goza de principios básicos lo cual tiene su fundamento en los artículos 3 y 11 del mismo texto normativo, que se puede ejercer contra acciones y omisiones dependiendo los casos de naturaleza pública o privada y además que puede tratarse de una actual violación o de una violación hipotética o potencial, quedando a conciencia y consideración de quien lo ejerce o incluso para demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
En el año 2008, se permite además una suerte de acción directa que puede efectuarse contra el sistema y/o el ordenamiento jurídico y desde fuera de los referidos. Este método de oposición es claramente identificado y distinguido del principio general de impugnabilidad de los actos administrativos frente a autoridades administrativas o en su defecto judicial, pues su naturaleza jurídica y alcance son distintos, al igual que su regulación normativa, encontrándose en los artículos 98 y 173 respectivamente (Corral, 2013).
La finalidad de la resistencia a manera de derecho es que permita reponer la legitimidad en el pueblo, oponerse a la opresión y poder enfrentarse y combatir el autoritarismo y la arbitrariedad, pero, como no es menos cierto también sirve para fundamentar actos de rebelión (Corral, 2013). Cuando nos referimos a democracia, asumimos que todos, incluso los máximos operadores de justicia pueden incurrir en errores, entonces es cuestionable la gravedad de confiar la última palabra al titular de la soberanía que es el pueblo (Gargarella, 2005).
Las ideas del autor mencionado, coinciden con la de otros autores, quienes en un inicio no desconocen la existencia de un órgano constitucionalmente encargado de interpretar la Carta Magna, cuyos efectos son erga omnes es decir generales, pero a la vez reconocen también que en un Estado Constitucional y Garantista como es el nuestro, se reconoce que la soberanía radica en el pueblo y se reivindica el rol de la ciudadanía en los procesos judiciales y devolverle la Constitución a quienes legítimamente le corresponde (Cordero, 2013).
Efectivamente todo derecho humano tiene un alto grado de complejidad, de manera que su acción pueda ser expandida por todos los aspectos de la vida social, pues existen situaciones que incluso se tornan desconocidas al momento de su incorporación en las distintas legislaciones del mundo, lo cual no implica una ausencia de técnica normativa, sino por el contrario un potencial deseo que lo permite, pero básicamente es solo con una legislación secundaria y una correcta interpretación constitucional que permite adaptar los derechos a las necesidades de una sociedad en constante desarrollo.
El Principio democrático como mecanismo de participación social y los derechos de libertad como fundamento del Derecho a la Resistencia.
La inclusión de la democracia en el texto constitucional obliga a dotar a dicho término, de significado jurídico, aun en el caso de que no apareciese formalizado en la norma constitucional. De igual forma que sucede en el federalismo, o parlamento, por citar algunos ejemplos, son predicables de una Constitución a medida que se adopte determinados contenidos o acoja ciertas estructuras, no obstante, la ausencia de ciertos términos en sentido literal no los dejaría vacíos de significado jurídico. La democracia es el principio más fundamental de los principios generales, y el más general de todos. De ahí se su carácter sumamente abstracto, necesitado, para inferir en la interpretación y aplicación del ordenamiento.
En palabras de Platón “La democracia es la forma de gobierno en la que el pueblo asume la dirección de los asuntos públicos”. (2015, p. 1-2). Siendo el pueblo, el soberano, sería este quien debería asumir de manera responsable y acorde a sus necesidades, el control absoluto de las decisiones que adopten los gobernantes, por lo tanto, deben dotarse de mecanismos idóneos y legítimos de participación en la toma de decisiones políticas que como ciudadanía permitan ejercer sus derechos. Para los cuales es indispensable crear un fundamento legal que permita ejercer este derecho, incorpore el derecho de resistencia, lo que, paradójicamente, supone el cumplimiento de ciertos requisitos esenciales.
Zimmerman (1992), al referirse a los derechos de participación, considera que son tres los principales beneficios que de él se desprenden, siendo principalmente que muchas veces las diversas instituciones del estado no representan el ideal y el sentimiento ciudadano, por lo que la realidad no refleja una solución a los problemas reales que se enfrentan; y en este sentido además es la misma sociedad, formada por el pueblo los que conciben de cerca la problemática social pudiendo realizar valiosas aportaciones al planteamiento y ejecución de los diferentes proyectos, políticas y otros para fortalecer la solución de conflictos y dar lugar a una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.
Como fundamento de los derechos de participación tenemos el principio democrático, entendido como lo han conceptualizado varios teóricos como el límite al ejercicio del poder, que permite reconocer fines sociales, garantizar las condiciones humanas y derechos de las personas, como parte de actos racionales que tengan como fin marcar el pulso de la vida estatal. La intervención de los ciudadanos se ha dado siempre bajo el principio de necesidad, con dos visiones distintas: la una dirigida desde quienes ostentan de poder y una contractualista en la que son los individuos son los que perciben ventajas tras la toma de decisiones en favor de sus intereses (Chalco, 2014).
La Seguridad Jurídica como límite taxativo en la aplicación del Derecho a la Resistencia.
De este contenido se desprende la imposibilidad de un respeto claro al principio de seguridad jurídica, al momento de aplicación del derecho a la resistencia, pues la falta de normas claras, previas y emitidas por una autoridad competente, impide un ejercicio responsable y simultáneo de estos dos derechos, pues al intentar ejercer o delimitar uno de ellos, se compromete la esfera y alcance del otro.
Cuando se habla de derechos y garantías fundamentales, es importante considerar que debe existir una regulación previa, basada en un régimen normativo previamente establecido, esto es lo que llamamos “Seguridad Jurídica”, este principio básico ha adoptado una importancia que recae en el ámbito constitucional y que en virtud del principio de Supremacía Constitucional debe respetarse y prevalecer por encima de cualquier norma infra constitucional, cuya regulación la encontramos en términos del artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
Teóricamente se puede concebir a la seguridad jurídica como aquel principio sobre el cual recae la certeza, certidumbre y confianza de que los demás principios y derechos constitucionales se encuentran garantizados y reposan sobre una suerte de efectividad, de que serán cumplidos, respetados y sobre todo que cuentan con una regulación capaz y suficiente para establecer límites y determinar su alcance.
La seguridad jurídica concebida por varios tratadistas se entiende como un derecho fundamental, que permite en palabras coloquiales la confianza social dentro de un sistema político, que constituye uno de los pilares de toda democracia liberal, dotando a este derecho de un doble matiz, pues a más de un derecho constitucional, constituye en sí mismo un principio que orienta e inspira el ordenamiento jurídico, cuyo carácter es objetivo. Este derecho constituye entonces el límite del ejercicio a la resistencia, pues si bien nace del principio democrático, no se puede trascender la regulación de otros derechos.
A continuación, se presenta la figura 1 que pretende sistematizar la regulación y alcance del derecho a la resistencia que permita evidenciar el deficiente desarrollo normativo.
Figura 1. El derecho a la resistencia en el Marco Constitucional Ecuatoriano. Fuente: Ugartemendia (1999)
La metodología se basó en el enfoque cualitativo utilizando la recolección y análisis en una tipología documental – bibliográfica. Los métodos aplicados fueron: Inductivo-deductivo, Histórico – Lógico y Analítico – sintético. La aplicación de todos estos métodos permitió analizar teorías, leyes, procedimientos judiciales, jurisprudencias, bibliografías, como parte de la población de estudio, generándose mediante el análisis documental jurídico, la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Herrera, Narváez y Erazo, 2019).
Como se desprende del desarrollo del presente trabajo, Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia y para poder alcanzar sus objetivos como tal, requiere contar con mecanismos idóneos, adecuados y eficientes, lo cual en la práctica no sucede; pues si bien existe un reconocimiento sustantivo, la falta de desarrollo procesal genera vulneración a derechos fundamentales.
A partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi, surgieron valiosas aportaciones al sistema político, económico y jurídico que determina la organización y estructura del Estado, dotando de un carácter constitucional a varios de derechos que a lo largo de la historia han sido rezagados, sin embargo, su reconocimiento es bastante limitado, lo cual desnaturaliza la esencia de su incorporación como parte del ordenamiento jurídico causando descontento social.
Como parte de este gran eslabón en la historia del país, una categoría especial de derechos retoma importancia, teniendo como fundamento en la dignidad humana, estos son los derechos de participación social, a pesar de aquello no se cumplen los objetivos previstos pues en un inicio, la soberanía radica en el pueblo y este es quien debe controlar a través de mecanismos efectivos la actividad pública y política encabezada por el gobierno, siendo en la práctica que la mayoría de decisiones y políticas son adoptadas por la Administración Pública de manera unilateral y arbitraria.
Si bien, en la actualidad el derecho a la resistencia está inmerso como parte del amplio catálogo de derechos al tenor del artículo 98 del texto constitucional, permitiendo el acceso al pueblo, titular de la soberanía nacional, de forma individual o colectiva a la defensa de sus intereses, frente a cualquier desmedida arbitrariedad o abuso de los poderes públicos, privados o a su vez para ejercerlo vinculándolos al ejercicio de los derechos de participación política de manera indirecta, no encontramos artículos conexos en normas infra constitucionales ni de carácter procesal con respecto al procedimiento adjetivo para ejercerlo.
Siendo por lo tanto que el problema central suscita el momento de pretender efectivizar la aplicación del derecho a la resistencia, debido a que carece de un procedimiento que viabilice sus pasos y la carencia de límites que faciliten comprender su alcance, trayendo como consecuencia inevitable graves vulneraciones a derechos legales y constitucionalmente reconocidos como el derecho a la seguridad jurídica.
En el caso en estudio, “Los 29 de Saraguro”, se observa como una deficiente regulación normativa generó vulneraciones a múltiples derechos, fundamentalmente a la seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la CRE, al principio democrático, mismo que se desprende el artículo 1 del mismo texto normativo y propiamente al núcleo central del derecho a la resistencia de conformidad al ya citado artículo 98 ibídem. Esta situación dio lugar al desconforme social, bajo la apariencia de un notable vacío legal, pues posiblemente la comunidad de Saraguro podía reclamar el cumplimiento y respeto a ciertos derechos vulnerados y reclamar su reivindicación, tras las consecuencias de las medidas impuestas; sin embargo, tras las vulneraciones expuestas, quizá el daño fue mayor al inicial con la paralización de servicios públicos y posterior enjuiciamiento a los implicados, pues con estas consecuencias se atrae incluso la idea de una posible vulneración del derecho a la libertad de expresión, y por el contrario a la vez, el derecho a la continuidad en la prestación de servicios públicos.
Consecuentemente del presente aporte se desprende un desarrollo bastante limitado y en desventaja frente a otros sistemas jurídicos, sin embargo, y a pesar de aquello el reconocimiento de este derecho marca el inicio de un proceso transformativo y evolucionario de justicia, que quizá invirtiendo mayores esfuerzos se podrían condensar un procedimiento que logre una correcta articulación de derechos. Ecuador pese a la intención positiva de progreso normativo, carece de estabilidad, siendo necesario un tiempo considerable para ser óptimamente consolidado.
Finalmente y en esencia, como en todo sistema jurídico, una figura constitucional recientemente incorporada, no da lugar a una vasta experiencia normativa y procedimental, por lo que como ya se manifestó anteriormente es nula la regulación procesal al respecto, siendo esencial y necesario que las distintas autoridades competentes generen a través de la Función Legislativa, una propuesta normativa de carácter procesal – adjetivo que, permita desarrollar lineamientos, establecer límites y determinar el alcance de aplicación del derecho a la resistencia como parte de los derechos esenciales del estado ecuatoriano.
1. Alcívar, O. (2015). Derecho a la Resistencia. EL UNIVERSO, pág. 9.
2. Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República de Ecuador. Alfaro: Registro Oficial No. 449.
3. Chalco Salgado, J. (2014). Principio Democrático y Facultad Reglamentaria del Ejecutivo. Quito: Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar.
4. Constituyente, 2. (2008). Constitución de la República dEcuador. Montecristi: Ediciones Legales.
5. Constituyente, A. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito : Ediciones Legales.
6. Cordero, D. (2013). El derecho a la resistencia y la criminalizacipon de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. En D. Cordero, El derecho a la resistencia y la criminalizacipon de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza (pág. 35). Quito: Universidad Andina Simón Bolivar.
7. Cordero, H. D. (2013). El derecho a la resistencia y la criminalización de la defensa de los derechos. Quito: Universidad Andina Simón Bolivar.
8. Corral, F. (2013). Derecho a la Resistencia. EL COMERCIO, Quito , págs. 5-6.
9. Corral, F. (2015). El Derecho a la Resistencia. EL COMERCIO, 1.
10. Correa, N. R. (1981). Análisis histórico, jurídoco y político del derecho a la resistencia. 1-10.
11. Elizalde, M. (2010). El derecho a la resistencia. El Universo.
12. Farfán Pinoargote, D., & Díaz Rodríguez, B. (2019). El derecho a la rebelión, el derecho a la resistencia ¿Son derechos humanos?. IUSTITIA SOCIALIS, 4(1), 124-137. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i1.543
14. Ferrajoli, L. (2001). Los fundamentos de los derechos Fundamentales. Italia: Trotta.
15. Galarza, C. M. (2018). Seguridad Jurídica. El Telégrafo, 1-3.
16. Gargarella, R. (2005). El derecho a la resistencia en situaciones de carencia extrema. En R. Gargarella, El derecho a la resistencia en situaciones de carencia extrema (pág. 57). Buenos Aires: Miño y Dávila Editorial.
17. Gargarella, R. (2007). El derecho a la resistencia en situaciones de carencia extrema. Astrolabio. Revista internacional de filosofía , 25.
18. General, A. (1937). Convención para la Prevención y Represión del Terrorismo. Ginebra: Ediar.
19. General, A. (1969). Convención Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica: EUDEBA.
20. Hernández, M. (2012). El Derecho Constitucional a la Resistencia. ¿Realidad o Utopía? México: Grupo Ibañez.
21. Herrera Lemus, K. C., Narváez Zurita, I., & Erazo, J. C. (2019). ¿ Desarrollan competencias los programas orientados a la economía informal? Apuntes contables, 45.
22. Jalil, M. E. (2010). El derecho a la resistencia. EL UNIVERSO, GUAYAQUIL, pág. 6.
23. Los 29 de Saraguro - Paralización de servicios públicos, 11313-2015-00435 (Tribunal de Garantías Penales de Loja 17 de agosto de 2015).
24. Lozano, A. G. (2015). El sentimiento de lo jurídico como fuente del derecho a la resistencia. Revista Jurìdica de Palermo .
25. Nacional, A. (1971). Código Penal Ecuatoriano. Quito: Ediciones Legales.
26. Nacional, A. (2009). Código de la Democracia. Quito: Ediciones Legales.
27. Nacional, A. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito : Ediciones Legales.
28. Osuna, F. A. (2015). Derechos Humanos. Argentina: Emaus.
29. Perez Luño, A. (2004). Los derechos fundamentales. UNAM, 233.
30. Piedrahita, B. M. (2010). El derecho a la resistencia. Derecho Ecuador, 11.
31. Pipoll, M. R. (2015). Teoría del Estado Justo y del Filósofo Goboernante. CLUB ENSAYOS.
32. Rabascall, R. (2016). La Seguridad Jurídica como principio justiciable en Ecuador. Guayaquil: Repositorio Universidad de Guayaquil.
33. Sánchez, M. S. (1993). Positivización del derecho a la resistencia en el derecho constitucional aleman. Valparaíso: Universidad de Chile .
34. Santiago Estrella, A. G. (2015). El derecho a la resistencia es otra figura incómoda. EL COMERCIO, págs. 2-3.
35. Seguridad, C. d. (2004). Resolución 1566 .
36. Tobeñas Castan, J. (2014). Concepto, Fundamentos y Evolución de los Derechos Fundamentales. Madrid: EIKASIA.
37. Ugartemendia, J. I. (1999). El Derecho a la Resistencia y su Constitucionalización. En J. I. Ugartemendia, El Derecho a la Resistencia y su Constitucionalización (págs. 216-220). España: Revista de Estudios Jurídicos.
38. Unidas, A. G. (1976). Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Guatemala: Alianza, Editorial .
39. Villa, A. P. (2015). Derecho a la Resistencia y la lucha de la ECURUNARI de este derecho, en un Estado Constitucional de Derechos, en la. En A. P. Villa, Derecho a la Resistencia y la lucha de la ECURUNARI de este derecho, en un Estado Constitucional de Derechos, en la (pág. 7). Quito: Reposiotio de la Universidad Central dEcuador.
40. Zimmerman, J. (1992). El resurgimiento del populismo. Limusa Grupo Noriega Editores.
Copyright (c) 2020 Daniela Carolina Rodas-Cordero, Juan Carlos Erazo-Álvarez, Camilo Emanuel Pinos-Jaén, Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

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