Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc694_03.html
Timestamp: 2019-10-21 19:56:55+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-694_2003]
CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Inclusión como destinatarios de la ley disciplinaria a los indígenas que administran recursos públicos no contraría la Constitución
NORMA ACUSADA-Estado debe otorgar capacitación a las autoridades indígenas para que tengan pleno conocimiento del contenido de las normas disciplinarias
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Luz Elvira Olivares Rivera y Maximino Rincón García demandaron el Art. 25 (parcial) de la Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”.
Por medio de escrito radicado el 22 de Enero de 2003, la ciudadana Doris Pinzón Amado, actuando en su propio nombre, pide a la Corte que declare exequible la norma impugnada, en el entendido de que la Procuraduría sólo será competente para sancionar a aquellos indígenas que administren recursos del Estado y “que se encuentren integrados a la sociedad occidental”, con base en las siguientes razones:
3. Conforme lo expuso la Procuradora Delegada en su concepto, el aparte acusado ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación, mediante la Sentencia C-127 de 2003. [1]
“Primero: Declárase Exequible el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, únicamente por el cargo formulado por el actor”.
“(...) si la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, al manifestar que “Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código” es violatorio de los artículos 1 y 246 de la Constitución, por cuanto, en concepto del demandante se desconoce la autonomía de los grupos indígenas para juzgar de conformidad con sus propias normas y procedimientos”.
“(...) Así las cosas, resulta claro para la Corte Constitucional que, conforme a la Constitución Política la inclusión como destinatarios de la ley disciplinaria de los indígenas que administren recursos del Estado, no vulnera el artículo 246 de la Carta Política, ni tampoco su artículo 1 como lo sostiene el actor. La norma contenida en el artículo 25 de la Ley 754 de 2002 (sic), por este aspecto, coloca a quienes siendo indígenas administren recursos públicos en la misma situación de cualquier colombiano que se encuentre en esa hipótesis, sin que ser destinatarios de la ley disciplinaria signifique decisión anticipada sobre responsabilidad alguna de carácter disciplinario, pues ella se rige por los principios y las reglas establecidas en el código disciplinario, y muy especialmente en su artículo 28 (...)
“(...) Por consiguiente, resulta razonable la aplicación del régimen disciplinario a los indígenas que manejen recursos del Estado, pues allí en su condición de particulares serán sujetos pasivos de la acción disciplinaria, siendo ello concordante con lo dispuesto en el artículo 53 del Código Disciplinario Único que señala como sujetos disciplinables a los particulares que administren recursos del Estado y establece el régimen aplicable a los mismos ( ...)”.
“(...) el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, no vulnera los derechos constitucionales de los indígenas al incluirlos como destinatarios de la ley disciplinaria, siempre y cuando, tal como lo señalan el Interviniente y el Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autoridades indígenas, para que se produzca una comprensión de cada una de las cláusulas del contrato, a través del cual administrarán recursos públicos y las consecuencias de su infracción”.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-127 de 2003 en relación con la expresión “[l]os indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código”, contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002.
Aclaración de voto a la Sentencia C-694/03
Con el debido respeto por la Corporación y por el magistrado ponente, aclaro mi voto a la sentencia C-694 de 2003. Puesto que la presente demanda coincide con la fallada mediante sentencia C-127 de 2003, considero suficiente remitir a la aclaración especial de voto que presentara respecto de la misma en dicha oportunidad.
[1] M. P. Alfredo Beltrán Sierra

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 246
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 25