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Timestamp: 2018-01-17 02:52:53+00:00

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El Papa Juan Pablo II señaló que las injusticias del mundo no son nunca una justificación para el terrorismo, y destacó el “derecho a la legítima defensa”:
“Es un derecho que como cualquier otro debe atenerse a reglas morales y jurídicas tanto en la elección de los objetivos como de los medios”.
Pero agregó también, que:
“La identificación de los culpables ha de ser probada debidamente, porque la responsabilidad [454] penal siempre es personal y no puede extenderse a las naciones, las etnias o las religiones a las que pertenecen los terroristas” [455].
Sin embargo, el gobierno norteamericano no toleró que el presidente venezolano Hugo Chávez hiciera un llamado de atención similar, al decir, en un discurso transmitido por radio y televisión, que Venezuela apoya la lucha contra el terrorismo, pero EUA no puede “responder al terror con más terror”; condenando, en su mensaje, las muertes de civiles inocentes en los bombardeos a Afganistán.
El presidente Chávez dijo no estar de acuerdo con considerar “errores” las pérdidas civiles. Durante su discurso mostró fotos de niños afganos reportados como víctimas de los bombardeos en Kabul y otras localidades afganas, al decir que “estos niños no tienen la culpa del terrorismo, ni de Osama Bin Laden, ni de nada de eso”.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, frente a los comentarios del presidente venezolano Chávez, expresó que EUA respondió en defensa propia, de acuerdo con la Carta de la ONU y otros tratados, ante los atentados del 11 de septiembre del 2001 [456].
La comunidad internacional puede regular directamente el comportamiento de los individuos [457]. Las normas internacionales solo se distinguen de las estatales por su mayor jerarquía, pero su estructura es la misma. Por el contrario, las reglas jurídico-internacionales normales (que podemos llamar el D.I. en sentido estricto) difieren del derecho interno por su contenido. Esta peculiaridad del D.I. se expresa en el hecho de que obliga a los Estados (y otras comunidades jurídicas soberanas).
Tabla 4 Responsabilidad
El hombre no es considerado por el D.I. como individuo, sino como miembro y súbdito de una comunidad.
No cabe duda que el hombre, a título propio, ya ha ingresado a la esfera jurídica internacional y que provoca cada vez con mayor intensidad una regulación directa de sus conductas, así como la de los gobernantes, en cuanto éstas impiden el desarrollo de su personalidad. En este último sentido, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio [458], constituye un ejemplo muy significativo.
Individuos en el Estado
El principio de la responsabilidad colectiva, ha puesto de manifiesto que los sujetos más importantes del D.I. no son personas individuales, sino los pueblos organizados en Estados.
El régimen justo debe asegurar a cada individuo un ámbito de libertad para que desarrolle su personalidad [459]. No ocurre tal en el derecho primitivo, por cuanto el hombre queda inmerso en el grupo al cual pertenece.
Según la opinión dominante, solo pueden ser sujetos de acto ilícito internacional los Estados y otras comunidades directamente sometidas al D.I., pero no los individuos. Solo por excepción surge, además, una responsabilidad individual. [460]. De igual manera, solo son objeto del acto ilícito internacional, según el D.I. común, comunidades directamente sometidas al D.I. Por consiguiente, si se causa un daño a un extranjero, no es él, sino el Estado del que es súbdito, quien tiene derecho a una reclamación jurídico-internacional.
Ello no excluye, el que un tratado internacional no pueda conceder a particulares el derecho de acudir ante una instancia internacional contra un Estado que haya infringido determinado deber [461]. En estos casos excepcionales no son, pues, los Estados, sino determinados individuos, objeto del delito internacional, ya que no son aquellos, sino estos, los que tienen facultad para exigir una reparación.
La mediatización de los hombres por los Estados a que pertenecen tiene también como consecuencia el que los individuos no puedan, según el D.I. común, hacer valer por sí mismos un derecho ante un órgano internacional y tengan que reservar este recurso a la apreciación de su Estado, cesando sus posibilidades jurídicas individuales en las instancias supremas de un Estado.
En los casos en que se contemplan situaciones vinculadas a los derechos humanos, el individuo es sujeto de D.I. y puede recurrir por sí mismo a un organismo internacional. De esta manera no queda “atrapado” en el sistema judicial de un Estado autoritario. Un paso en este sentido fue dado por el procedimiento de petición introducido por el convenio europeo de derechos humanos en el que los individuos afectados tienen calidad de partes. Este Convenio concede, mediante el procedimiento de petición a los individuos afectados por situaciones de derechos humanos, el status de sujetos del DI [462].
La evolución jurídica más reciente nos muestra ya algunas grietas en este principio. Relativamente poca importancia tienen en este orden de cosas algunas normas convencionales que conceden a determinados individuos el acceso a un tribunal internacional de arbitraje [463]. De mucha mayor relevancia es ya el principio de la intervención por razón de humanidad, que paulatinamente fue abriéndose paso en el siglo XIX. Lo informa, en efecto, la idea de que la comunidad de los Estados tiene derecho a intervenir contra medidas que, si bien proceden de un Estado, violan los derechos humanos, más elementales de sus propios súbditos. Este principio del respeto de los derechos humanos ha sido erigido en un principio general por la carta de la ONU [464] y desarrollado y explicitado en la Declaración sobre los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.
Hay autores que contestan diciendo que el “Estado” no es más que la suma de sus miembros y que el D.I. solo obliga a individuos, que pueden ser órganos del Estado o particulares [465].
Un análisis más detenido del D.I. pone de manifiesto que sus preceptos y prohibiciones se dirigen al Estado como organización, prescribiendo la acción u omisión de determinados actos orgánicos de legislación, administración o jurisdicción. Decir que el “Estado” tiene un deber internacional significa, ante todo, que la organización estatal está sujeta a un determinado comportamiento. Por ejemplo, la organización estatal deberá promulgar una ley en ejecución de un tratado internacional, o juzgar de cierta manera: v. gr., intervenir en defensa de los extranjeros o abstenerse de actos, de suyo, lícitos (extraterritorialidad).
Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, pueden coexistir. Lo advertía ya Grocio, al escribir “que por lo que debe pagar algo alguna sociedad civil o su cabeza, ya por sí directamente, ya por haberse obligado por deuda ajena, por ello están obligados todos los bienes corporales e incorporales de aquellos que están sometidos a tal sociedad o cabeza” [466]. Resulta, pues, que la responsabilidad colectiva del conjunto no excluye en modo alguno la responsabilidad individual de los órganos culpables. También el artículo 12 del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros, de guerra del 12 de agosto de 1949 establece, en su apartado 1° que el Estado respectivo responderá independientemente de eventuales responsabilidades personales.
Por eso el pueblo sigue con la responsabilidad incluso mucho después que murieron los órganos que incurrieron en ella, cometiendo la infracción. Un “pueblo” podrá cambiar también de organización, o incluso ser dominado transitoriamente por un poder extranjero, sin desaparecer como “pueblo”. Solo es “pueblo” en este sentido aquella comunidad que ha llegado a gobernarse plenamente a sí misma, o sea un pueblo organizado en Estado, aunque surjan obstáculos pasajeros para su organización propia.
Por otra parte, el Preámbulo de la Carta de la ONU se inicia con las palabras: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas..., hemos decidido aunar nuestros esfuerzos...” Esta aplicación consciente de la expresión “pueblo” en lugar del término “Estado”, o también “potencia”, antes usuales, sirve para subrayar que la Carta de la ONU da derechos e impone obligaciones a los pueblos, y no a los gobiernos.
Lo dicho anteriormente se ve confirmado por algunos tratados en los que se establece que la soberanía sobre un territorio corresponde al pueblo. Los aliados, por ejemplo, reconocen en el tratado de paz con Japón “la plena soberanía del pueblo japonés sobre el Japón...” (Art. 1°). El tratado anglo-egipcio de 12 de febrero de 1953 dice en el Art. 2° que hasta la realización del plebiscito en Sudán “la soberanía de Sudán quedará reservada para los sudaneses”. El Art. 1° del Anexo al tratado de fideicomiso para Somalia establece por su parte: “La soberanía del territorio pertenece a la población de este” [467].
El principio de la responsabilidad colectiva, ha puesto de manifiesto que los sujetos más importantes del D.I. no son personas individuales, sino los pueblos organizados en Estados. La consecuencia de este hecho es que, en principio, el hombre no es considerado por el D.I. corno individuo, sino como simple miembro y súbdito de dicha comunidad. Responde en calidad de súbdito de un Estado por el delito de su comunidad. Pero esta, a su vez, puede defenderle frente a otros Estados como súbdito suyo [468]. El TPJI [469] dio a esta idea una formulación clásica en su fallo del 30 de agosto de 1924 (asunto Mavrommatis).En cambio, el apátrida carece, según el D.I. común, de derecho y protección [470].
La mediatización de los hombres por los Estados a que pertenecen tiene también como consecuencia el que los individuos no puedan, según el D.I. común, hacer valer por sí mismos un derecho ante un órgano internacional y tengan que reservar este recurso a la apreciación de su Estado, cesando sus posibilidades jurídicas individuales en las instancias supremas de un, Estado. No obstante ello, en los casos en que se contemplan situaciones vinculadas a los derechos humanos, el individuo es sujeto de D.I. y puede recurrir por sí mismo a un organismo internacional. De esta manera no queda “atrapado” en el sistema judicial de un Estado autoritario. Un paso en este sentido fue dado por el procedimiento de petición introducido por el convenio europeo de derechos humanos en el que los individuos afectados tienen calidad de partes [471]. El Convenio Europeo de Derechos Humanos concede, mediante el procedimiento de petición a los individuos afectados por situaciones de derechos humanos, el status de sujetos del DI [472].
La evolución jurídica más reciente nos muestra ya algunas grietas en este principio. Relativamente poca importancia tienen en este orden de cosas algunas normas convencionales que conceden a determinados individuos el acceso a un tribunal internacional de arbitraje [473]. De mucha mayor relevancia es ya el principio de la intervención por razón de humanidad, que paulatinamente fue abriéndose paso en el siglo XIX. Lo informa, en efecto, la idea de que la comunidad de los Estados tiene derecho a intervenir contra medidas que, si bien proceden de un Estado, violan los derechos humanos, más elementales de sus propios súbditos. Este principio del respeto de los derechos humanos ha sido erigido en un principio general por la carta de la ONU [474] y desarrollado y explicitado en la Declaración sobre los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Esto ha atenuado la mediatización de los individuos por sus Estados. Sin embargo, siendo esta declaración simplemente una recomendación dirigida a los Estados, no concede a los individuos derechos directamente dimanantes del D.I. Pero una elevación de principio de los individuos a la categoría de sujetos del D.I. solo podría alcanzarse si los individuos, cuyos derechos fundamentales hubiesen sido violados disfrutasen de un derecho individual de acceso ante un órgano de la ONU contra el Estado culpable. Ese primer paso, como mencioné más arriba, fue introducido por el convenio europeo de derechos humanos, en el que los individuos afectados tienen calidad de partes.
Sin embargo, determinadas violaciones del derecho de la guerra están prohibidas incluso como represalias. Ante todo, no debe existir una desproporción notoria entre el acto ilícito y la represalia [475]. En segundo lugar, no deben lesionarse las leyes de la humanidad. Una importante limitación se encuentra, además, en el artículo 3° del Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra, que prohíbe expresamente la práctica de medidas de represalia contra los prisioneros de guerra. Esta disposición se ha hecho extensiva también a las personas civiles por el artículo 33 del Convenio de Ginebra del 12 agosto de 1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra.
La responsabilidad es colectiva cuando la represión de la comunidad, sea bajo la forma de reparación del daño causado, sea como sanción, va dirigida contra cualquier miembro del grupo al cual pertenece quien cometió el hecho ilícito. Es lo que ocurre en el derecho primitivo, en el que la víctima o sus parientes no se preocupan por individualizar al victimario, sino que proceden colectivamente contra el grupo al cual éste pertenece o contra cualesquiera de sus integrantes.
Es este tipo de responsabilidad la que prevalece en el D.I., por cuanto la demanda de reparación por el daño ilícito o la sanción va dirigida formalmente contra el “Estado” infractor, pero, desde el punto de vista de la realidad, contra la población del Estado o cualesquiera de sus nacionales. Por ejemplo, si un Estado no cumple un tratado, el gobierno del Estado perjudicado no se molestará en reclamar individualmente al funcionario del Estado infractor que adoptó la decisión, sino que exigirá adecuada reparación al Estado, lo que significa que todos los miembros de la población contribuirán a ella. En su defecto, adoptará sanciones que pueden muy bien afectar a sólo algunos de los nacionales del infractor. Por ejemplo, podría incautarse a título de represalia de la propiedad de éstos, ubicada en su propio territorio.
El régimen justo debe asegurar a cada individuo un ámbito de libertad para que desarrolle su personalidad [476]. No ocurre tal en el derecho primitivo, por cuanto el hombre queda inmerso en el grupo al cual pertenece. La célula básica del orden jurídico primitivo no es el individuo sino el clan, la tribu, la familia. Por eso el pater-familias romano tenía derecho de vida y muerte sobre los integrantes del grupo familiar, incluso los filii-familias.
1) la llamada “intervención de humanidad” y
La intervención de humanidad permite la injerencia de terceros Estados en el territorio de otro, cuando en éste una situación de verdadero caos motiva matanzas generalizadas y pillajes sin control, al solo efecto de poner fin a estas depredaciones [477].
El derecho de extranjería protege al individuo, pero no como tal, sino como extranjero, o sea, en tanto y en cuanto mantiene una vinculación con el Estado de su nacionalidad [478].
Que un régimen tan injusto haya podido mantenerse hasta nuestros días se explica porque la situación de injusticia propia de un Estado nunca fue general, de manera que siempre cabía a los destinatarios de las persecuciones hallar amparo en otros países más acogedores [479].
La responsabilidad jurídico-internacional no implica necesariamente, el que se haya producido un daño económico, puesto que puede producirse perjuicio a un Estado aun en el caso de que no sufra mengua alguna en su patrimonio. Esto vale sobre todo con respecto a las ofensas al honor del Estado. El Gobierno alemán, en su respuesta al cuestionario de la Sociedad de Naciones, entregado a los Estados para preparar la Conferencia codificadora de La Haya (1930), hizo hincapié en que las infracciones del D.I. pueden motivar una responsabilidad jurídico-internacional aun cuando no se haya producido un perjuicio económico. El mismo punto de vista adoptaron las observaciones formuladas por otros Estados. El TIJ [480], por su parte, en' su sentencia de 9 de abril de 1949 en el asunto del Estrecho de Corfú, comprobó la existencia de una violación al D.I. de la que no había resultado daño material alguno [481].
Según la opinión dominante, solo pueden ser sujetos de acto ilícito internacional los Estados y otras comunidades directamente sometidas al D.I., pero no los individuos. Solo por excepción surge, además, una responsabilidad individual [482].
De igual manera, solo son objeto del acto ilícito internacional, según el D.I. común, comunidades directamente sometidas al D.I. Por consiguiente, si se causa un daño a un extranjero, no es él, sino el Estado del que es súbdito, quien tiene derecho a una reclamación jurídico-internacional. El TPJI ha reconocido reiteradamente este principio [483]. Ello no excluye, el que un tratado internacional no pueda conceder a particulares el derecho de acudir ante una instancia internacional contra un Estado que haya infringido determinado deber [484]. En estos casos excepcionales no son, pues, los Estados, sino determinados individuos, objeto del delito internacional, ya que no son aquellos, sino estos, los que tienen facultad para exigir una reparación.
Hay que establecer una distinción entre este principio y la facultad -entonces invocada por EUA, para justificar su proceder y prevista en el artículo 3° del Convenio de La Haya sobre solución pacífica de los conflictos (1907)-, que tiene todo Estado de ofrecer sus buenos servicios o su mediación cuando surja un litigio entre terceros Estados. Porque este “derecho” tiene como única y exclusiva consecuencia el que el Estado de referencia no pueda considerar tal ofrecimiento como acto inamistoso, mientras que frente a auténticos derechos hay el deber de satisfacer la reclamación.
Otra cuestión, en cambio, es la de si por excepción el D.I. común autoriza a un Estado no directamente afectado por una violación del D.I. a actuar, aisladamente o en unión de otros Estados, tampoco afectados directamente, contra el Estado ofensor. Vattel afirma la existencia de tal excepción cuando un Estado no se limita a realizar delitos singulares y se salta de una manera general el D.I.. Por ejemplo, en casos de intento de establecer un dominio universal; violación de los derechos diplomáticos en general; establecimiento de principios antijurídicos contra todos y ejecución de los mismos contra un Estado, perturbación del tráfico común en vías abiertas. Como quiera que en todos estos casos son todos los Estados los que han de temer verse lesionados también en sus derechos por un Estado que no respeta, en general, el D.I. [485].
III. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA U OBJETIVA
3) La teoría más antigua, representada por Grocio, encontró defensores entre las corrientes modernas. Según ella, un Estado no es, en principio, responsable si la infracción objetiva del D.I. tuvo lugar sin que pesara sobre el órgano estatal correspondiente por lo menos una negligencia (falta de previsión o de atención). Pero esta negligencia puede ser una mera culpa leve. El Tribunal de Arbitraje de La Haya, en la sentencia de 22 de mayo de 1909, motivada por el asunto Casablanca, estableció una distinción entre infracciones dolosas, negligentes y sin culpa, reconociendo que en el último supuesto no hay imputación al Estado. También la sentencia arbitral de 3 de septiembre de 1935 sobre el incidente de Ual-Ual arranca del punto de vista jurídico de que solo se da una responsabilidad estatal cuando los órganos actuantes procedieron con culpa. El Consejo de la Sociedad de Naciones, por otra parte, declaró lícita la expulsión de uno de sus miembros por falta de pago de sus cuotas cuando fuere intencionada. Por último, la sentencia del Tribunal Arbitral británico-panameño del 6 de julio de 1933, en el asunto James Pugh, expresamente, no califica de delito internacional la muerte casual y no intencionada de un extranjero por un policía, confirmando con ello el principio de la responsabilidad por culpa. También ha hecho suya esta concepción el TIJ en el asunto del Estrecho de Corfú [486].
Parece contra la opinión aquí presentada, la sentencia arbitral del 7 de junio de 1929 en el asunto Jean-Baptiste Caire, en la que el árbitro se pronunció por la “teoría objetiva de la responsabilidad”. Pero, mirando las cosas de cerca, se advierte que el árbitro no declaró que no fuese necesaria una culpa de los oficiales, sino la del Estado, para fundamentar su responsabilidad. Ahora bien, es de presumir que el árbitro no hubiese admitido tal responsabilidad si los oficiales, por error disculpable, hubiesen dado lugar a un hecho ilícito objetivo, por ejemplo, si hubiesen detenido a un diplomático ebrio al que no podían conocer domo tal.
Estos ejemplos hacen ver suficientemente que tiene que haber culpa de un órgano no solo en las omisiones, sino también en las acciones, para atribuir el acto antijurídico a su Estado. A ello se añade que cuando la situación jurídica, sea dudosa, habrá que acudir como fuente jurídica a los principios generales del derecho reconocidos por los Estados civilizados [487]. No hay duda de que, según los principios generales del derecho, la responsabilidad objetiva solo es admitida excepcionalmente para ciertas clases de daños, mientras que, en principio, solo se admite una responsabilidad cuando el daño causado lo fue premeditadamente o por negligencia.
Como los Estados solo pueden actuar a través de los individuos, la pregunta es qué comportamiento humano se atribuye al Estado [488]. A esta pregunta suele contestarse diciendo que ante el D.I. los Estados solo responden, en principio, por el comportamiento de sus órganos y no de los actos de sus súbditos o miembros. Este principio tiene que ser matizado en dos direcciones:
Por consiguiente, cuando a continuación hablemos de actos del Estado, entenderemos por ellos exclusivamente los de órganos que están al servicio de la supremacía del Estado. Por otra parte, solo entra en consideración aquel comportamiento de los órganos que realizan los hombres encargados de este cometido en calidad de órganos de su Estado. De ahí que si el órgano de un Estado asume además cometidos de otro Estado, el Estado a que pertenece no sea responsable de ellos. Esta distinción tiene especial importancia para el caso de que una embajada o un consulado tenga a su cargo la representación de un tercer Estado [489].
Sin embargo, un Estado puede incurrir en responsabilidad por el comportamiento de un particular, si este actuó en un caso determinado por encargo suyo. Por ejemplo, un Estado es responsable directamente por un buque mercante sometido a su autoridad, incluso cuando no haya sido transformado en barco de guerra a tenor del VIII Convenio de La Haya de 1907. Lo decisivo es que se trate o no de actos que puedan imputarse al Estado mismo [490].
1) Puede ocurrir que el propio D.I. determine las personas que han de considerarse como órganos de un Estado. Así, el artículo 2° del Convenio sobre la Guerra Terrestre establece que la población de un Estado que se levanta contra el enemigo que se acerca se incluye en determinadas circunstancias entre los combatientes legítimos [491]. Es, indiferente que el derecho interno considere a su vez a estas personas como órganos del Estado. Hay que recordar, por otra parte, que, por regla general, el derecho interno solo es decisivo cuando se trata U una ordenación regularmente efectiva, por lo que si excepcionalmente el señorío es ejercido por individuos distintos de los que la constitución escrita tiene en cuenta, el D.I. imputa entonces al Estado la conducta de los titulares efectivos del poder [492]. Siendo, por lo demás, generalmente efectiva la constitución escrita de un Estado, puede tomarse esta situación normal como punto de partida.
2) Un Estado es también responsable de la conducta de sus órganos desplegada en el marco de su competencia, cuando el órgano actuó contra sus directrices o contra la orden de su superior. Algunos autores admiten una excepción a esta regla para el caso de que el acto ilícito haya sido cometido por órganos subordinados. A su entender, el Estado solo debe responder de estos actos, cuando los haya ordenado o haya dejado culpablemente de impedirlos o castigarlos. Esta concepción se encuentra también en la jurisprudencia de los Tribunales de Arbitraje de EUA. Por ejemplo, el establecido en 1849 entre Estados Unidos y Méjico dice, en el asunto Bensley, que el “gobierno” no puede ser considerado responsable de todos los actos ilícitos de sus órganos inferiores. Pero esta concepción descansa en un error, porque según el D.I. no es nunca responsable el gobierno y lo es, siempre, el Estado. Pero, como el Estado solo puede actuar mediante órganos, tienen que atribuirse al Estado todos los actos realizados por sus órganos en el marco de su competencia. Para fundamentar una excepción del principio general en lo concerniente a los actos de los órganos inferiores, tendría que aducirse un principio de D.I. particular que prevea una regulación especial para determinados actos de dichos órganos. Un precepto excepcional de esta índole no ha podido ser comprobado en la práctica internacional. Antes bien, la gran mayoría de sentencias arbitrales confirma el principio general [493].
Del principio general se desprende, además, que un Estado soberano responde por los Estados miembros -en términos de provincias- y todas las demás corporaciones territoriales a él incorporadas, pues también los órganos de estas han de considerarse como órganos del Estado central. Esta responsabilidad no solo se da cuando el Estado miembro haya actuado en el círculo de la actividad transferida (mediata), sino también cuando lo haya hecho en el de su actividad autónoma (inmediata), porque este ámbito se deriva también de la constitución federal. Claro está que en este caso ha de tratarse de la actividad de un Estado miembro que deba ser considerada como ilícita en D.I.
Un Estado será responsable si su legislador no crea las instituciones necesarias al cumplimiento de sus deberes jurídico-internacionales. Tendremos una carencia de este tipo si, por ejemplo, la legislación no ha proveído a que los órganos judiciales y policiales existan en número suficiente y estén en condiciones de actuar oficialmente según es corriente [494].
Si, con ocasión de la represión de una sedición se perjudica a súbditos extranjeros, el Estado no será responsable en principio, puesto que el D.I. reconoce a todo Estado no solo el derecho, sino incluso el deber de adoptar cuantas medidas sean adecuadas para reprimir desórdenes. Solo por excepción sería en tal caso responsable el Estado, si en la persecución de este fin hubiera infringido el principio del standard internacional, rebasando notoriamente los límites reconocidos por los países civilizados con respecto a los extranjeros. No se ha impuesto en la práctica internacional precepto jurídico alguno de excepción que vaya más allá y quebrante el principio general [495].
Ello no excluye el que el D.I. mismo sancione violaciones cualificadas del derecho interno por parte de los tribunales. En ese sentido, ya Vattel subrayó que si bien las sentencias de la instancia interna suprema son, en principio, intangibles en D.I., cabe, sin embargo, por excepción, una intervención jurídico-internacional del Estado perjudicado, siempre que se hayan producido anomalías graves. Incluye entre ellas Vattel la denegación de justicia [496], las sentencias notoriamente ilegales y las violaciones evidentes de las formas prescritas, juntamente con los actos judiciales discriminatorios en orden a los extranjeros en general o a los súbditos de un determinado Estado [497].
En esta dirección tiene especial relevancia la sentencia arbitral del 21 de octubre de 1861 en el asunto Yuille Shortridge & Co., que, siguiendo a Vattel, reconoce una responsabilidad por injusticias “manifiestas”. Pero dicha responsabilidad solo se admite cuando la forma jurídica se limita a encubrir una arbitrariedad. Análogamente, la sentencia arbitral de la General Claims Commission estadounidense-mejicana en el asunto B. C. Chattin contra los Estados Unidos Mejicanos, del 23 de julio de 1927, pretende limitar la responsabilidad del Estado a aquellas sentencias que infringen la ley conscientemente y de mala fe.
Es frecuente agrupar estas faltas graves de los tribunales bajo la rúbrica general de “denegaciones de justicia”. A esta extensión del concepto se opone, sin embargo, la sentencia dada en el asunto Chattin, ya que implica la mezcla de supuestos de hecho distintos. A tenor de dicha sentencia, solo se da una denegación de justicia en sentido técnico cuando, habiéndose producido un acto ilícito por obra de un particular o un órgano subordinado, un tribunal se haya negado a atender como corresponde una demanda de reparación del daño por el perjudicado [498].
IV. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR UN GOBIERNO “DE FACTO”
La responsabilidad jurídico-internacional de un Estado no se ve afectada por el hecho de que el gobierno de facto no haya sido reconocido por el Estado perjudicado. Y ello es así, porque, según el principio general, un Estado es responsable del comportamiento de todos sus órganos, sin que pueda demostrarse la existencia de una norma jurídico-internacional limitativa que excluya los actos de un gobierno de facto no reconocido. También la jurisprudencia confirma esta regla [499].
Además de la responsabilidad de los Estados, por sus propios actos, el D.I. conoce también una responsabilidad de los Estados por actos que no pueden serles imputados a base del ordenamiento jurídico propio. Según el D.I. positivo, el Estado responde por determinados actos de sus órganos fuera de su competencia. La doctrina antigua ignoraba esta responsabilidad. Grocio, estimaba que un rey solo era responsable por una culpa propia, pero no por actos “de sus servidores” realizados sin mandato suyo. No obstante, el propio Grocio vio con claridad que el D.I. positivo podía introducir una responsabilidad de este tipo.
Incluso, cuando se dan los supuestos enunciados, la jurisprudencia de los tribunales de arbitraje tiende a excluir una responsabilidad del Estado cuando fuera notoria la incompetencia del órgano para los actos en cuestión [500].
Por eso el Estado responde de los actos realizados por este grupo desde el comienzo de la sublevación, de igual manera que de los actos de un gobierno legal. Por la misma razón, un Estado surgido por secesión del Estado responde también de los actos del partido de los sublevados, como si hubiese constituido desde un principio el gobierno del nuevo Estado [501].
Si un Estado federal responde en principio internacionalmente por los actos de sus Estados miembros, por ser estos, considerados jurídico-internacionalmente, órganos suyos, cabe una responsabilidad autónoma en aquellos Estados miembros que en un ámbito determinado son directamente sujetos del D.I. [502]. Pero en estos casos se añade a la responsabilidad del Estado miembro la responsabilidad del Estado federal por los actos de este Estado miembro, por cuanto las sanciones dirigidas contra el Estado miembro no pueden imponerse, por regla general, sin alcanzar también al Estado federal.
Si, por el contrario, se trata de un protectorado atenuado [503], que deja al Estado protegido, por lo menos, en parte, la facultad de mantener relaciones con terceros Estados, entonces el Estado protegido será directamente responsable en este ámbito, y la responsabilidad del protector quedará limitada a la esfera de sus facultades de control.
Un Estado es responsable asimismo por actos propios si ha obligado a otro Estado a cometer infracción del D.I. a costa de un tercer Estado, siendo de excluir, según los principios generales del derecho, la responsabilidad del Estado autor de la infracción, si se vio forzado a ceder a la presión [504].
Pero si los daños sufridos por súbditos de terceros Estados fueron solo consecuencia de que el Estado causante interviniera en uso de legítima autotutela [505] contra el Estado en cuyo territorio se produjeron los daños, habrá de responder en principio el Estado que con su comportamiento antijurídico provocara el acto coercitivo en cuestión. Mientras que el Estado que intervino sollo responderá si rebasó los límites de la autotutela legítima.
Finalmente, un Estado solo responde por los daños causados en su territorio por personas extraterritoriales, si sus órganos no se preocuparon de la necesaria protección de terceros Estados o súbditos suyos. Pero se satisface suficientemente a este deber si el Estado emprende las medidas que el propio D.I. autoriza, aun tratándose de personas extraterritoriales. Como quiera que frente a las personas extraterritoriales caben medidas de prevención (admoniciones policíacas, detenciones provisionales, expulsiones), siendo excluidas las medidas de represión, la responsabilidad del Estado por tales actos es menos que en el caso de que no impida actos delictivos de particulares [506].
Si un Estado permite en su territorio la actividad de una organización internacional, responde por los daños que ésta infiera en su ámbito de validez espacial o partiendo de él a los súbditos de otros Estados o a estos directamente, si sus órganos dejaron de adoptar las medidas que la situación imponía y permitía. La cuestión de saber qué medidas son posibles ha de determinarse en cada caso sobre la base de los acuerdos de privilegio y de sede [507]. Pero estos acuerdos no podrán invocarse como disculpa si en el momento de concertarse, había incurrido ya en falta el Estado, acogiéndose en ellos con premeditación o por negligencia, disposiciones que rebasasen el marco de lo que por lo general se concede a tales organizaciones y que hicieron posible la ulterior actuación dañina de la organización internacional.
Queda excluida, sin embargo, toda responsabilidad del Estado de la sede frente a otro Estado por daños que la organización infiera a sus funcionarios que tengan su nacionalidad, en la medida en que la relación de estos con la organización está regulada por disposiciones del derecho interno de la respectiva organización internacional, pues este ordenamiento jurídico-internacional establecido por la propia organización, escapa en cuanto a su contenido y su ejecución a la influencia de todo Estado particular, y por consiguiente, también del Estado donde la organización tiene su sede [508].
El Estado responde tan solo en el supuesto de que un daño cometido por un particular a un Estado o súbdito extranjero se haya producido efectivamente. Por consiguiente, un Estado no es responsable por la mera omisión de sus órganos, siendo preciso que a ella se añada el acto ilícito de un particular. Esta matización de la doctrina dominante es de gran importancia para medir la cuantía de la reparación [509].
Según la práctica constante y la jurisprudencia, solo hay un deber jurídico-internacional de resarcimiento cuando el Estado en cuyo territorio haya sufrido daños un extranjero dejó de tomar las medidas de protección impuestas por el D.I. y de posible realización. Hay que observar, sin embargo, que un Estado queda libre de toda responsabilidad por los actos realizados en los territorios ocupados por rebeldes si ha reconocido a estos como beligerantes o si lo ha hecho el Estado cuyos súbditos sufrieron daños [510]. Si no se llega a dicho reconocimiento, el tenor del principio general, solo es responsable por los actos perpetrados en la zona ocupada por los rebeldes si dejó de actuar a tiempo contra estos. Si adoptó, aunque sin éxito, las medidas impuestas por la situación, entonces no incurrirá en responsabilidad jurídico-internacional. Según el D.I., el Estado no está obligado incondicionalmente a impedir que se causen perjuicios a los extranjeros, y cumple con su deber si adopta las medidas que un Estado civilizado suele adoptar en circunstancias parecidas.
Las medidas de prevención impuestas por el D.I. no son las mismas en cualquier circunstancia, sino que difieren según los casos. En zonas densamente pobladas, por ejemplo, habrán de adoptarse otras medidas que en las poco pobladas o desérticas. Por otra parte, habrá que asegurar una protección especial a los órganos extranjeros que se encuentren en el país con carácter oficial. La pauta será siempre el principio de que un Estado obra con arreglo al D.I. cuando provee a lo que en un caso análogo suele hacer un Estado “civilizado” (principio del standard internacional).
Sin embargo, hay un caso auténtico de responsabilidad de los Estados por faltas de personas privadas. El artículo 3° del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre prescribe, que un Estado es responsable por todos los actos cometidos por miembros de sus fuerzas armadas en guerra, o sea, no únicamente por los actos que están notoriamente fuera de su competencia y no adoptan en modo alguno la forma de actos de Estado (por ejemplo, el pillaje o la violación). Esta regulación no rige en tiempos de paz, puesto que queda excluida una aplicación analógica de preceptos de excepción, y los delitos cometidos por militares en tiempos de paz se rigen por los principios aplicables a todos los órganos del Estado antes expuestos [511].
La responsabilidad de una organización internacional se da frente a otros sujetos de D.I. y con arreglo al derecho interno de la organización, frente a sus funcionarios [512]. Que las organizaciones internacionales responden por sus órganos competentes, es algo que no se discute. En lo que concierne a la responsabilidad por órganos incompetentes, se enfrentan dos pareceres:
Una organización internacional responde también en determinadas circunstancias por hechos ilícitos provocados por personas privadas. Si en efecto se le concede, en un acuerdo con el Estado donde tiene su sede, un determinado ámbito para sede oficial [513], quedando en él limitado, o incluso excluido, el ejercicio de la supremacía territorial de dicha Estado, entonces la organización responde por los hechos ilícitos allí provocados por particulares cuando no se hayan adoptado para impedirlo las medidas que según las circunstancias se imponían y eran posibles [514].
a) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL [515]
Ciertas normas del derecho de la guerra obligan expresamente a los Estados a castigar a aquellas personas bajo su autoridad responsables de acciones ilícitas. Según el artículo 41 del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre, los Estados tiene que castigar a los militares que violen las cláusulas del armisticio. Además, la potencia ocupante está obligada, a tenor del artículo 56, apartado 2.°, del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre, a sancionar en el territorio ocupado toda destrucción o deterioro intencionados de instituciones destinadas al culto, la beneficencia, la enseñanza, el arte y la ciencia, así como de monumentos históricos, obras científicas y de arte. El artículo 28 de la Convención de Ginebra de 1906 y el 21 del X Convenio de La Haya sobre la aplicación de la Convención de Ginebra a la guerra marítima obligan a los Estados contratantes “a reprimir penalmente, en tiempo de guerra, los actos individuales de pillaje y los malos tratos a los heridos o enfermos, de los ejércitos beligerantes”, así como “el uso indebido de la bandera o insignias de la Cruz Roja”. Estas, normas no tienen carácter excepcional no son sino la aplicación del principio general que obliga a los Estados a promulgar y aplicar las normas penales necesarias para asegurar el cumplimiento del D.I. en su ámbito de soberanía [516].
Un Estado puede, además, castigar a los nacionales enemigos que hayan caído en su poder cuando antes de su cautividad hayan cometido una violación del D.I. [517].
Una disposición especial rige para los espías. El artículo 29 del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre define a los espías como “los que secretamente o con pretextos falsos adquieran o traten de adquirir informes en la zona de operaciones con la intención de comunicarlos a la parte contraria”. Sin embargo, no pueden considerarse tales, los militares que vestidos de uniforme que penetran en la zona de operaciones para adquirir noticias, ni tampoco los no militares que cumplen abiertamente con la misión que les hubiere sido encomendada (emisarios). Lo mismo vale para las personas transportadas en avión para llevar despachos, o mantener el contacto entre dos partes separadas de un mismo ejército.
Un espía solo puede ser castigado previo juicio. Pero si se hubiera reincorporado al ejército al que pertenecía y después fuere hecho prisionero por el enemigo, no podrá ser castigado por sus actividades anteriores de espionaje [518].
En el Derecho de la Comunidad Internacional [519] siempre ha existido, como excepción, la responsabilidad individual por crímenes de guerra [520]. En la actualidad, se registra una tendencia cada vez más pronunciada hacia la responsabilidad individual. En el juicio de Nuremberg y de Tokio se enjuició, y sancionó individualmente a los gobernantes de Alemania y de Japón por la comisión de determinados delitos y se aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948, que entró en vigencia el 14 de octubre de 1950, y para la Argentina a partir del 9 de abril de 1956). En el Art. 4 establece la responsabilidad individual por este delito al disponer que corresponderá la sanción, aun cuando se trate de gobernantes o funcionarios.
Desde el punto de vista de la justicia [521], la responsabilidad individual parece más justa que la colectiva. El alma primitiva aspira a la justicia absoluta y hay que confesar que, desde esta perspectiva, la responsabilidad colectiva tiene su fundamento, porque es evidente que si en una comunidad se delinque, en alguna medida, quienes la integran tienen una parte de culpabilidad en lo ocurrido; se supone que si todos fueran buenos, lisa y llanamente no habría delincuentes. Sin embargo, la responsabilidad individual se impone, desde el ángulo visual de la justicia humana, ya que es absolutamente imposible para el hombre medir la parte infinitesimal de responsabilidad que corresponde a cada uno en la comisión de un hecho ilícito; por consiguiente, cabe responsabilizar a quien, de todas maneras, se supone que tiene el grado mayor de culpabilidad: el propio agente [522].
De todas maneras, no cabe duda que el hombre, a título propio, ya ha ingresado a la esfera jurídica internacional y que provoca cada vez con mayor intensidad una regulación directa de sus conductas, así como la de los gobernantes, en cuanto éstas impiden el desarrollo de su personalidad. En este último sentido, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio [523], constituye un ejemplo muy significativo.
Sin embargo, determinadas violaciones del derecho de la guerra están prohibidas, incluso, como represalias. Ante todo, no debe existir una desproporción notoria entre el acto ilícito y la represalia [524]. En segundo lugar, no deben lesionarse las leyes de la humanidad. Una importante limitación se encuentra, además, en el artículo 3° del Convenio de Ginebra de 27 de julio de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra, que prohíbe expresamente la práctica de medidas de represalia contra los prisioneros de guerra. Esta disposición se ha hecho extensiva también a las personas civiles por el artículo 33 del Convenio de Ginebra de 12 agosto de 1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra.
Como medio de seguridad contra posibles ataques al ejército de ocupación, se ha venido autorizando, la toma de rehenes. Estas “represalias profilácticas” se dan, por ejemplo, cuando en un tren de tropas se transportan al mismo tiempo súbditos del país ocupado, para mover así a la población a que se abstenga de atentados. En cambio, la ejecución de rehenes en represalia por delitos cometidos, por otras personas estaba prohibido ya por el D.I. común, puesto que (exceptuada una condena penal formal) en la lucha solo puede darse muerte al enemigo armado.
Más lejos todavía llega el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que en su artículo 3° prohíbe la “toma de rehenes” en general, “en cualquier tiempo y lugar” [525].
El tema de la responsabilidad individual y colectiva es complejo, pero importante de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en las que un pueblo deberá pagar por las culpas de dirigentes o grupos.
Dentro de este esquema entra el caso del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y la decisión del gobierno norteamericano de invadir Afganistán haciéndolo responsable, para poder poner en funcionamiento el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, mediante la Resolución 1373 del CS de la ONU, que no podría haberlo hecho contra un enemigo sin rostro y sin territorio, como es el terrorismo.
[454] Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “El Principio de la Responsabilidad Internacional”, http://luisdallanegra.bravehost.com/Derint/responsa.htm.
[455] Ver En su Primer Mensaje del Año, el Papa Condenó el Terrorismo, en Diario Clarín, Buenos Aires, 2 de Enero del 2002.
[456] Ver, Washington Expresa Malestar por Críticas de Chávez, CNN en español, http://www.cnnenespanol.com, 31 de Octubre del 2001.
[457] Ver, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “El Individuo Ante el Derecho Internacional Público”, en http://luisdallanegra.bravehost.com/Derint/inivdip.htm
[458] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 25-26.
[459] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 4-5.
[460] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[461] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[462] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 78-79. Ver el caso de Gabriela Arias Uriburu, que recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para tratar el caso del secuestro de sus hijos por el padre. Ver “Arias Uriburu reclama por sus hijos ante las Naciones Unidas”, Diario Clarín, Buenos Aires, 9 de Abril del 2001.
[463] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[464] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XXIII, C, in, b, 3.
[465] Por ejemplo George Scelle, Manuel élémentaire de droit internationales public, 1943.
[466] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 76.
[467] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 77.
[468] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XVI, D, iii.
[469] Tribunal Permanente de Justicia Internacional.
[470] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XXIII, C. in, b, 4.
[471] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 79.
[472] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 78-79. Ver el caso de Gabriela Arias Uriburu, que recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para tratar el caso del secuestro de sus hijos por el padre. Ver “Arias Uriburu reclama por sus hijos ante las Naciones Unidas”, Diario Clarín, Buenos Aires, 9 de Abril del 2001.
[473] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[474] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XXIII, C, in, b, 3.
[475] ¿Este es el caso del ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001 y el ataque de EUA a Afganistán?
[476] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 4-5.
[477] Este es el caso esgrimido por EUA para intervenir a través de la OTAN en Kosovo, sin conocimiento de la ONU.
[478] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 267-268.
[479] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 20-26.
[480] Tribunal Internacional de Justicia.
[481] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 297 a 318.
[482] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[483] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 299.
[484] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, x.
[485] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 300.
[486] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 301-302.
[487] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. IX, A, III, b.
[488] El Estado no es un “actor racional”.
[489] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XIII, A, III.
[490] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 303.
[491] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XIX, A, v.
[492] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XIII, A, i.
[493] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 303.
[494] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 305-306. También Vitta, La responsabilitá internazionale dello stato per gli atti legislativi, 1953.
[495] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 306-307.
[496] El extranjero puede en estos casos pedir “protección diplomática” de su Estado.
[497] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 307.
[498] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 307-309.
[499] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 309-310.
[500] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 310-311.
[501] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 311-312.
[502] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, II, b). Habría que diferenciar por Estado miembro a la provincia del Estado vasallo.
[503] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XIV, E, II.
[504] Art. 43 del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre. Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 312-313.
[505] Ver, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Legítima Defensa”, en http://luisdallanegra.bravehost.com/Derint/legidef.htm
[506] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 313-314.
[507] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XXII, L.
[508] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 314-315.
[509] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XVI, D, ii, b.
[510] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, v, b.
[511] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 315-317.
[512] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XIII, B, i y Cap. XXIII, B, iv.
[513] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XXII, L.
[514] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 317-318.
[515] Este tema lo he desarrollado en DALLANEGRA PEDRTAZA, Luis, Reformulación del Orden Mundial: El Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, en Edición, 2002), Caps.V y VIII.
[516] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. VIII, C.
[517] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. X, A, X.
[518] Artículo 31 del Convenio de La Haya sobre la Guerra Terrestre. Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 376-378.
[519] Juan Carlos Puig lo denomina así, ya que considera que el sistema internacional está lejos de constituir una “sociedad” por su estado primitivo, toda vez que predomina los vínculos emocionales y de poder o de fuerza, por sobre loas racionales. Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974).
[520] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 35-36, “Crímenes de Guerra”.
[521] Más allá de toda visión exclusivamente normativa.
[522] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 20-26.
[523] Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Bs. As., Depalma, 1974), págs. 25-26.
[524] ¿Está el caso de la invasión de EUA a Afganistán por la presunción de apoyo al grupo terrorista, que a criterio de EUA estaba comandado por Osama Ben Laden?
[525] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 376-378.

References: artículo 12
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 41
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 3
 Resolución 
 Artículo 31