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Timestamp: 2017-06-25 03:55:56+00:00

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Estructura de La LOPNACargado por DikzaBriRelated InterestsAdoptionFamilyState (Polity)Criminal LawConstitutional RightRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEstructura de la LOPNA: • Exposición de motivos • Título I: Disposiciones directivas • Título II: Derechos garantías y deberes Capítulo I: Disposiciones generales CapítuloII: Derechos, garantías y deberes Capítulo III: Derecho a la protección en materia de trabajo • Título III: Sistema de protección del niño y del adolescente Capítulo I: Disposiciones generales Capítulo II: Políticas y programas de protección del niño y del adolescente Capítulo III: Medidas de protección Capítulo IV: Órganos administrativos de protección Capítulo V: Órganos administrativos de protección Capítulo VI: Órganos judiciales de protección Capítulo VII: Entidades de atención Capítulo VIII: Defensorías del niño y del adolescente Capítulo IX: Infracciones a la protección debida. Sanciones Capítulo X: Acción de protección Capítulo XI: Procedimientos administrativos Capítulo XII: Procedimiento judicial de retención Capítulo XIII: Revisión y aprovisionamiento de recursos económicos • Título IV: Instituciones familiares Capítulo I: Disposiciones generales Capítulo II: Patria potestad Capítulo III: Familia sustituta Capítulo IV: Procedimiento contenciosos en asuntos de familia y patrimoniales Capítulo V: Procedimiento de adopción Capítulo VI: Procedimiento especial de alimentos y de guarda • Título V: Sistema penal de responsabilidad del adolescente Capítulo I: Disposiciones generales Capítulo II: Procedimiento Capítulo III: Sanciones Capítulo IV: Justicia penal del adolescente • Título VI: Disposiciones transitorias y finales
no solamente los menores. en el universo de la infancia. convirtiéndolas en instrumentos eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos específicos de todos los niños y adolescentes. adolescentes. las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad. etc. diferencias entre los sectores incluidos y excluidos en la cobertura de las políticas básicas: a los incluidos se les llama niños. y se condensa en seis instrumentos básicos. abandonado. es la formulación de la doctrina de la Situación Irregular. La doctrina de la Protección Integral rompe con la doctrina de la Situación Irregular y obliga a repensar profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia. menores.insertos en el sistema escuela-familia. resumidamente. a la consideración de los niños y adolescentes como sujeto de plenos derechos. Se establece entonces. el Convenio n°138 y la recomendación nº146 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de la UNESCO sobre la educación para todos. delincuente. las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riyadh). niñas y adolescentes. es la formulación de la doctrina de la Protección Integral. Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico-jurídico menor es la persona que no ha llegado a la mayoría de edad. así como la previsión de los canales idóneos para exigirlos. propiciar un cambio en las instituciones sociales a fin de activar ese derecho y pasar del reproche individual de la situación del niño a una consideración estructural del problema. jóvenes y a los excluidos. de la siguiente manera: “ningún derecho para muchos niños”. El punto central de la Convención y por ende de la doctrina de la Protección Integral es el reconocimiento de todos los niños. cuyo respeto se debe garantizar. De la consideración del menor como objeto de compasión-represión y de tutela por parte del Estado. a saber: la Convención Internacional de los Derechos del Niño. egresado de un orfanatorio o correccional. es lo que caracteriza el tránsito de una doctrina a otra. en la práctica el término está cargado de contenido estigmatizante y significa simplemente. Estos instrumentos contienen disposiciones idóneas y suficientes que permiten construir un nuevo derecho para niños y adolescentes. según las convenciones legales de cada país. Tiene su antecedente directo en la “Declaración Universal de los Derechos del Niño”. “todos los derechos para todos los niños”. III.
. La oposición entre el nuevo y el viejo paradigma podría enunciarse. La doctrina de la protección integral y el nuevo derecho para niños y Adolescentes Con el término “doctrina de la Protección Integral” se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que constituyen su marco referencial. sin discriminación alguna como sujeto de plenos derechos. de los derechos fundamentales que las Constituciones reconocen”. las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing).
33). el derecho a la vida (art. a la seguridad social (art. económicos. contra la venta o trata de niños (art. 24). fundamentado en la doctrina de la Protección Integral debe respetar una serie de principios rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de derechos. asociación. 7). a un nivel de vida adecuado (art. una justicia que respete los mismos derechos procesales consagrados para los adultos. 23). a la salud (art. derecho a la libre asociación y libertad de celebrar reuniones pacíficas (art. 19). 31). contra el uso ilícito de estupefacientes (art. 6). entre otros. a la participación. a que los padres tengan la asistencia debida para que puedan asumir su crianza (art. 17). a la protección en casos de conflictos armados (art. d) Derecho a la Participación: Los derechos a la participación incluyen la libertad de expresión (art. políticos y sociales. contra abusos en el sistema de justicia penal (arts. 13). 12). 35). Asimismo se amplían para ellos una serie de nuevos derechos que antes sólo se reconocían a los mayores de edad. 26). 22). La especificidad implica reforzar los derechos otorgados a los seres humanos de cualquier edad.El nuevo derecho. 16). la participación y el rol fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. a expresar su opinión y ser escuchado en asuntos que le conciernen (art. culturales.El niño como sujeto de derechos La nueva doctrina convierte las necesidades de niños y adolescentes en derechos civiles. conciencia y religión (art. 27). correspondencia (art. derecho a la educación (arts. adecuándolos a los niños y adolescentes como sujetos en formación. a no ser objeto de injerencias en su vida privada. protección especial al niño refugiado (art. a la libertad de pensamiento. la prioridad absoluta. 1. 9). c) Derecho a la Protección: La protección abarca todas las formas de explotación y crueldad (art. acceso a la información (art. a preservar su identidad (art. 28 y 29). a la recreación y la cultura (art. Los derechos fundamentales de la infancia reconocidos por la Convención se agrupan en cuatro categorías: a) Derecho de Supervivencia: Los derechos de supervivencia incluyen principalmente. el interés superior del niño. 14). protección al niño mental o físicamente impedido (art. contra el abuso sexual (art. En el marco de esta nueva concepción jurídica y social se atribuyen derechos específicos a los niños y adolescentes pero no derechos especiales excluyentes. 8). 34).. b) Derecho al Desarrollo: Incluye entre otros.
. a no ser separado de sus padres (art. 38). así como garantiza para los adolescentes en conflicto con la ley penal. 37 y 40). por ejemplo: el derecho a la libertad de opinión. 15). a la seguridad social. además del derecho a desempeñar un papel activo en la sociedad en general. familia. al nombre y nacionalidad (art. 18).
..2. Este principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y los adolescentes. debe crecer en el seno de la familia.. prioridad en el destino de recursos públicos. los actores.Prioridad absoluta Muy conectado a lo anterior se encuentra este principio que implica atender prioritariamente antes que nada. una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. el preámbulo dice expresamente que “el niño.. Los padres son los principales responsables de cuidarlos y educarlos. quienes estarán en situación irregular. A tal efecto. de las familias. amor y comprensión”. en América Latina. se han aplicado medidas de internamiento en instituciones como si fuesen medidas de protección. 5. las autoridades administrativas o los órganos legislativos.El rol fundamental de la familia La Convención desde su preámbulo y en varios de sus artículos se refiere al papel fundamental que debe desempeñar la familia en la garantía de los derechos del niño. en un ambiente de felicidad. de su pueblo y de la especie humana. lo cual hace de él un ser humano completo en cada fase de su crecimiento y a su valor prospectivo. Este principio genera cambios fundamentales en las políticas sociales dirigidas a niños y adolescentes. porque cada niño es la continuidad de su familia. los tribunales. consagrado en el artículo 3 de la Convención. que dice expresamente: “En todas las medidas concernientes a los niños. En efecto. no sólo impone la adopción de una nueva ética social y de significativos cambios en la estructura institucional del Estado sino que. para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. preferencia en la formulación de las políticas públicas. Con la adopción del nuevo paradigma se privilegia la familia como el medio natural y primario donde se garantiza el desarrollo y la protección del niño y del adolescente. que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social. puesto que es una persona humana en condiciones peculiares de desarrollo. precedencia en la atención en los servicios públicos.El interés superior del niño Premisa fundamental de la doctrina de la Protección Integral es el principio del interés superior del niño. 3. la Familia y la Comunidad.Participación La Convención distribuye la responsabilidad de proteger al niño entre tres actores: el Estado. de esa participación depende el éxito del nuevo paradigma. el niño está primero. establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límite a la discrecionalidad de sus actuaciones. En el marco del nuevo derecho el niño emerge como prioridad absoluta debido a su valor intrínseco. Simplemente. Tradicionalmente. 4. el Estado debe
. Así. Sólo la observancia de este principio hace posible la creación de los mecanismos efectivos de exigibilidad que garanticen el cumplimiento de los derechos. ellos tendrán primacía en recibir atención y socorro en cualquier circunstancia. etc. de las sociedades organizadas y del propio niño y adolescente. La participación de la sociedad como corresponsable de la protección de la infancia. Cuando éstos no asumen la cuota de responsabilidad que les corresponde para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos del niño son ellos. Para hacer efectivos los derechos que la Convención consagra es necesaria la plena participación y control de las personas. las necesidades y derechos básicos de los niños.
desde el momento de su concepción. estableciendo una triada responsable de todos los niños venezolanos. aquellas que prevén los principios y regulaciones fundamentales que son aplicables a toda la ley y que determinan las bases del desarrollo de su contenido. su colocación en entidades de atención. Apoyando a la familia se estará apoyando al niño. sintetiza todos sus principios y finalidades. por medio de la protección integral que el Estado. éstos en Capítulos y la gran mayoría de los últimos en secciones. es decir. que la responsabilidad de lograr este propósito corresponde. en cuanto están referidas a niños y adolescentes. Es preciso subrayar dos ideas del contenido de esta norma: en primer lugar. por último. Separarlas implicaría el desmembramiento de todo el sistema propuesto como nuevo paradigma. • Título V construye el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente y. el • Título I contiene las disposiciones directivas aplicables a toda la ley.
. • Título IV contiene las disposiciones relativas a las instituciones familiares. Se contempla inequívocamente que la ley persigue asegurar a todos los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. al Estado. entendida en su sentido más amplio. garantizándoles adicionalmente el ejercicio personal de los mismos en forma progresiva. son interdependientes entre sí. en segundo lugar. En cuanto a la estructura. se complementan necesariamente. luego los parientes más cercanos y sólo en casos excepcionales se aplicarán medidas como colocación en hogares sustitutos o adopción y. aunque cada una de las partes que integran el proyecto estén cabalmente desarrolladas. que la ley consagra y reconoce expresamente a todos los niños y adolescentes la titularidad de un conjunto de derechos fundamentales. la familia y la sociedad. Así. Disposiciones Directivas Título I Establece las disposiciones directivas. y. de forma concurrente pero diferenciada. garantías y deberes de los niños y adolescentes. Este principio obliga al Estado a evitar medidas que separen al niño de su familia. El contenido de cada título se desprende claramente de su denominación. la familia y la sociedad deben brindarles. La primera disposición de este Título se refiere al objeto de la ley. en último caso. En conclusión. • Título II define los derechos. la LOPNA está dividida en seis Títulos. • Título VI contiene las disposiciones adicionales. • Título III define y norma la actuación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente. finales y transitorias de la ley. se debe tomar en cuenta primero la familia. Ante cualquier circunstancia.brindar a la familia la ayuda necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades.
de diferente naturaleza. El principio de igualdad y no discriminación. Recuérdese que en estas materias la Convención obliga a establecer un régimen que armonice el contenido de las mismas con el desarrollo del niño.La Convención no hace distinción entre las personas con menos de 18 años. Esta disposición desarrolla el artículo 57 de la Constitución de la República. de cualquier naturaleza. como consecuencia necesaria de la aplicación de los principios
. inmediata e irrenunciable en la materia. Como se ha planteado a lo largo de esta exposición de motivos. Esta decisión obedece a criterios pacíficos de la sicología evolutiva. Las obligaciones y responsabilidades de estos actores encuentran su fundamento inicial en las Disposiciones Directivas. La finalidad perseguida con esta opción es regular con mayor sencillez las materias relativas al ejercicio de derechos y garantías. para que la familia pueda asumir y cumplir apropiadamente las obligaciones y responsabilidades que se les reconoce. la Convención obliga a crear un sistema de protección en donde exista una participación del Estado. reconociéndoles de forma progresiva más potestades. tiene una función prioritaria en su protección y desarrollo. es el principio más importante para asegurar a los niños y adolescentes el pleno y efectivo ejercicio y goce de sus derechos y garantías. representantes. que por tanto. El artículo 5. al referirse al papel de la familia prevé que ésta tiene una responsabilidad prioritaria. contemplado en el artículo 3. independientemente de los motivos que puedan originarlas e inclusive si la misma es producto a su vez de la discriminación en contra de sus padres. Este principio se ratifica en muchas de las disposiciones de la ley cuando se emplea la palabra “todos” al referirse a los niños y adolescentes. la familia y la sociedad. se reconoce que la sociedad tiene el derecho a participar directamente en esta materia. Los principios orientadores del papel de la sociedad se encuentran regulados en el artículo 6 de la ley. los deberes y las responsabilidades. Así pues. al consagrar el deber de la sociedad de participar en el logro de la vigencia plena de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. al utilizar la frase “todos los niños y adolescentes” se persigue subrayar que la ley no admite en forma alguna la posibilidad de excluir de su ámbito de aplicación y protección a ningún niño o adolescente. se reconoce que es ella la que está vinculada directamente al niño y al adolescente y. En este sentido. En efecto. Esta disposición desarrolla el mandato constitucional de considerar a la familia como la célula fundamental de la sociedad y persigue reforzar sus obligaciones y responsabilidades con el niño y el adolescente. Todo esto obliga al Estado a tomar medidas. a pesar de ello. A tal efecto. Esta disposición ordena la aplicación de esta ley a todos los niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo. se consideró imprescindible crear dos categorías dentro de este grupo erario: los niños y los adolescentes. deberes y responsabilidades hasta llegar a los 18 años de edad. responsables o familiares. que contempla lo que parte de la doctrina nacional ha llamado el “Deber de Solidaridad Social”. Asimismo. se ha establecido el límite entre estos dos grupos etarios en los 12 años de edad. los cuales han sido adoptados de forma casi unánime en la legislación comparada. el artículo 4 establece expresamente que el Estado tiene la obligación indeclinable o irrenunciable de adoptar todas las medidas. que sean conducentes e idóneas para lograr el goce efectivo y pleno de los derechos consagrados y reconocidos en la ley.
mencionada varias veces en esta exposición de motivos.democráticos. de forma imperativa y en todo momento. En consecuencia. manteniendo la tradición normativa sobre este particular. Se ha logrado una definición que obedece a su naturaleza. de una manera amplia. sin llegar al extremo de impedir la posibilidad de adecuar la toma de decisiones a las circunstancias específicas de los niños y adolescentes en los casos concretos. El último artículo de este Título consagra el principio de gratuidad de las actuaciones. Se optó por regular ampliamente los derechos.
. con el objeto de garantizar el acceso universal de todos los niños y adolescentes al Sistema de Protección previsto en esta ley. La Prioridad Absoluta. la familia y la sociedad en la toma de todas las decisiones relacionadas con niños y adolescentes. El Interés Superior del Niño también ha sido regulado expresamente por el artículo 8. Una lectura rápida o superficial de este Título podría llevar a pensar que repite innecesariamente muchas disposiciones que ya se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico. garantías y deberes de los niños y adolescentes por muchas razones. Por este motivo. así como un conjunto de elementos y reglas que deben apreciarse obligatoriamente para determinar en casos concretos cuál es el Interés Superior del Niño. relativas a los asuntos de niños y adolescentes. aun cuando reconozcamos ser cierto que algunas disposiciones consagran derechos contemplados en la legislación sin diferencia alguna. entre ellas: a) la obligación de consagrar expresamente los derechos específicos previstos en la Convención y otros tratados e instrumentos jurídicos internacionales. está protegida a través de los órganos competentes y su incumplimiento conlleva responsabilidad. El incumplimiento. se prevé un deber . de imperativo cumplimiento para el Estado. De esta forma se cumple cabalmente con el contenido del artículo 3 de la Convención. infracción o no apreciación de ellos conlleva responsabilidad y está protegido en los mismos términos que en el caso de la Prioridad Absoluta. en cumplimiento absoluto de las obligaciones derivadas de la Convención. Sin embargo. Al incorporarse expresamente en la ley esta premisa de la doctrina de la Protección Integral se transforma en una norma que debe ser acatada. Como se observa. Derechos. esta percepción es equivocada. garantías y deberes El Título II Regula lo relativo a los derechos. encuentra su desarrollo en el artículo 7. la familia y la sociedad en sus actuaciones que estén relacionadas con niños y adolescentes. garantías y deberes de todos los niños y adolescentes. se establece claramente cual es la finalidad que debe perseguirse. Es importante advertir que uno de los objetivos de esta disposición es limitar la amplísima discrecionalidad que existe en la Ley Tutelar de Menores en materia de toma de decisiones concernientes a los niños y adolescentes. indicando que es un principio de interpretación y aplicación de la ley. por el Estado.derecho de la sociedad en materia de protección de niños y adolescentes.
realizada en 1993. se consagra
. Es imprescindible eliminar definitivamente la idea del niño como “objeto” de tutela estatal. este régimen progresivo no implica que el niño o el adolescente pueda ejercer de forma inmediata. y. c) el imperativo de dotar de contenido y limites a los derechos y garantías de los niños y adolescentes para asegurar su vigencia plena y efectiva. y que sea de muy sencilla interpretación y aplicación. En este Capítulo se reconoce a niños y adolescentes el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías. amplia y abarcante. El artículo 12 da contenido a la naturaleza jurídica de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. no consagrarlo expresamente implicaría una clara contravención a la Convención. De todos ellos parece conveniente destacar dos: la interdependencia entre sí y la indivisibilidad. la violación de uno de ellos implica seguramente la vulneración de otros.b) la necesidad de adecuar los derechos consagrados en la Convención a la realidad nacional y el ordenamiento jurídico. se busca que los niños. que es el axioma que subyace en la doctrina de la Situación Irregular. sin remisiones a otras leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender. interpretar y analizar por sus beneficiarios y usuarios (los niños. d) la necesidad de establecer una gama de garantías de los derechos de los niños y adolescentes. tanto en la ley como en la realidad. es la consecuencia del primero. los adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley de fácil lectura. Este régimen progresivo de derechos. luego es imposible dividirlos y respetar o reconocer algunos de ellos y otros no. Adicionalmente. garantías y deberes sea simple. que no se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico. especialmente de algunos derechos ya contemplados en la legislación nacional. En efecto. adolescentes. indicando expresamente sus caracteres. reconocidos como tales en la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora bien. requieren precisiones específicas. implica que estos derechos dependen unos de otros y están vinculados estrechamente entre sí. Estos dos caracteres son complementarios: el primero. por tanto. Por el contrario. ya que si estos derechos son interdependientes. Desde esta perspectiva es que cobra mayor importancia que la redacción de los derechos. El segundo. Se establece expresamente que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. Si se logra este objetivo. La esencia de estos dos caracteres puede resumirse en una oración: para lograr el disfrute efectivo y pleno de todos los derechos inherentes a la persona humana es imprescindible el respeto y la garantía a su vez de absolutamente todos esos derechos. se estaría dando un paso importante en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. después de la vigencia de la ley. sus familias y el ciudadano común). Esta es la primera vez que se reconoce en la legislación Venezolana estos dos caracteres propios de los derechos inherentes a la persona humana. todos sus derechos y garantías. A pesar de que ello es así más allá de la disposición que contiene esta afirmación. garantías y deberes es uno de los principios fundamentales de la doctrina de la Protección Integral. pareció necesario incorporarla debido a que en la historia reciente del país se ha negado a niños y adolescentes esta condición. es imprescindible recordar que en la redacción de toda la ley se ha prestado especial atención a su finalidad pedagógica y a la necesidad de que la misma sea fácil de entender. así como en el cumplimiento de sus deberes.
En definitiva. sin embargo se decidió regularlos porque era imprescindible establecer precisiones que los adaptaran a la condición específica de los niños y adolescentes. Este derecho garantiza a todos los niños y adolescentes la facultad de opinar en todos los asuntos que les conciernan y. de manifestar. usualmente en aquellos vinculados a la defensa de otros derechos. de defender sus derechos. por ello. el cual va acompañado de un incremento progresivo de sus deberes y su responsabilidad. Este derecho se considera un medio idóneo para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. se ha considerado pertinente establecer expresamente que a partir de determinada edad los niños o adolescentes pueden ejercerlos por sí mismos. son los derechos vinculados a la participación de los niños y adolescentes en la sociedad. Resultaba inconveniente que niños y adolescentes continuasen ejerciéndolos bajo las mismas regulaciones que los adultos. En todo caso. el resto ya se encuentran previstos en la legislación a favor de todas las personas.
. Asimismo.un régimen en el cual el niño y el adolescente se le va reconociendo el ejercicio de sus derechos y garantías conforme a su desarrollo o evolución de sus facultades. dentro de los cuales se incluyeron aquellos derivados de las facultades legales que le corresponden a los padres. de justicia. si no más bien de reconocer el ejercicio personal de sus derechos y garantías con la debida orientación. aunque en su totalidad no lo sean. se consagró los derechos y garantías en un orden cronológico que corresponde a la forma en que éstos cobran importancia en la vida y desarrollo del niño y del adolescente. Otro conjunto de derechos que luce novedoso. se indica expresamente que los padres. nunca desechadas de antemano. de libre asociación. no se trata de otorgar capacidad plena a los niños y adolescentes. representantes y responsables tienen el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos y garantías de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación en la ciudadanía activa. si no más bien asegurar que los niños y adolescentes sean respetados como sujetos en desarrollo y que como tales tienen algo que decir y un lugar en nuestra sociedad. tienen derecho a expresar su forma de ver las cosas en todos los ámbitos de la vida y. se establecieron límites y restricciones adicionales. Se optó más bien por un orden que parece mucho más acorde con la materia que regula la ley. de petición. conviene recordar que no consagrar expresamente los derechos vinculados a la participación de los niños y adolescentes implicaría una abierta contradicción con la doctrina de la Protección Integral y con los compromisos internacionales de la República. Adicionalmente. de reunión. representantes y responsables. inclusive en materia penal. Así. A excepción de los derechos a participar y a defender sus derechos. Tal vez el derecho más novedoso de todo el Capítulo es el Derecho a opinar. a que las opiniones que han expresado sean consideradas por las demás personas. ya que ello implica una garantía adicional de protección. dentro de los cuales encontramos los derechos de participar. obliga a todas las personas a tomar en cuenta sus opiniones. es necesario señalar que en ciertos derechos. Este derecho no intenta en modo alguno establecer que sus opiniones sean de obligatorio acatamiento o imperativas para las demás personas. de acuerdo a su desarrollo. Por tanto. Este Capítulo no organiza los derechos por categorías o tipos. adicionalmente.
Un tema como la salud sexual y reproductiva. Para lograr estas finalidades era imprescindible modifica y derogar algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo referidas al trabajo de menores. No obstante. debido a que por imperativo de la Convención se debe consagrar expresamente y proteger los derechos de la libertad de expresión y de la información. inclusive el VIH y el SIDA. También este titulo se refiere al Derecho de la Protección en Materia del Trabajo. de nada sirve esta labor de prevención si los adolescentes no tienen acceso efectivo a servicios de salud y consulta en esta materia. por vía excepcional y previa autorización. Para complementar estas limitaciones se estableció algunas disposiciones para impulsar una política pública de producción de informaciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes. Con este Capítulo se da cumplimiento a las obligaciones fundamentales que ha asumido la República en materia de trabajo de niños y adolescentes. Con sus disposiciones se busca la protección de niños y adolescentes contra todo trabajo que sea peligroso. se desarrolló una serie de restricciones al acceso a determinadas informaciones y medios. buscar y utilizar todo tipo de información. en apego a las excepciones previstas en este tratado internacional.Mención especial merecen los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. debe ser abordado decididamente ante las alarmantes estadísticas que evidencian el alto índice de embarazos precoces y el aumento de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes. o que afecte negativamente su proceso educativo. los cuales deben abordarse urgentemente. se estableció en el artículo 68 que todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir. para lo cual se trató en la medida de lo posible de reformar el menor número artículos. debido a la realidad nacional en esa materia. sana. A pesar de que el Convenio N° 138 establece como regla general que la edad mínima debería fijarse a los 15 años de edad. Se mantiene la edad mínima para trabajar en 14 años conservando. porque todos ellos responden a imperativos y necesidades que existen actualmente en nuestro país. Existe consenso entre la sociedad y las autoridades estatales sobre la gravedad del problema de los niños y adolescentes y la información a la que tienen acceso. se consideró oportuno establecer algunas limitaciones en torno a al tema. voluntaria y sin riesgo. A pesar que esta ley no es la llamada a solventarlo en su globalidad. pero siempre que esta sea acorde con su desarrollo y bajo los limites que les corresponde establecer a los padres. La protección de los niños y adolescentes trabajadores es un tema de actualidad en nuestro país. Ahora bien. Fundados en estas importantes limitaciones a este derecho. de que adolescentes de 12 a 14 años de edad puedan trabajar. que permiten hacerlo cuando así lo
. se reconoció el derecho a ser informado y educados en esta materia. que derivan de la Convención y el Convenio N° 138 sobre edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo. resulte nocivo para su salud o desarrollo integral. se optó por establecer una edad mínima inferior. representantes y responsables. el trabajo de niños y adolescentes ha aumentado en la medida en que se ha incrementado la pobreza. el cual no ha sido abordado adecuadamente por la legislación ni por las autoridades estatales. esto hizo necesario establecer mecanismos y garantías que les aseguraran este acceso. la posibilidad. pero estableciendo claramente que ello debe realizarse de acuerdo al desarrollo de los niños y adolescentes y para inculcar valores sobre una conducta sexual. y una paternidad y maternidad responsable. a la libertad de expresión y a la información. Ante esta realidad. En este sentido. tradicionalmente solapado por prejuicios sociales.
La innovación más importante de este Capítulo es reconocer a los dolescentes trabajadores los derechos a la sindicalización y de huelga. con el objeto de disminuir el tiempo del adolescente dedicado al trabajo de 8 a 7 horas y facilitar el disfrute de otros derechos como el descanso. Sistema de protección del niño y del adolescente. la educación. Un órgano local tiene mejores y mayores posibilidades para determinar la conveniencia o no de otorgar una autorización para trabajar. se otorga a los adolescentes trabajadores medios idóneos para la defensa de sus derechos e intereses en el trabajo. Al hacerlo se da cumplimiento a varias obligaciones derivadas de diversos tratados internacionales ratificados por la República. el cual se refiere única y exclusivamente a trabajos industriales. por lo que se ha respetado la importancia que tienen las facultades legales que corresponden a los padres. representantes y responsables en la materia. 7 días más que los trabajadores mayores de 18 años. Para ello el proyecto. se ha establecido límites al ejercicio de los mismos. llevado por el Consejo de Protección. y. Todos los adolescentes para trabajar deben inscribirse en un Registro de Adolescentes Trabajadores. pesqueros y de servicios. lo cual ya está previsto en la Ley Tutelar de Menores y es una obligación derivada del Convenio Nº 138. mediante el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente. aumentando su ámbito de aplicación en relación al artículo 247 de la Ley Orgánica del Trabajo. segundo. con el objeto de facilitar al Ministerio del ramo la inspección y supervisión del trabajo. que se derivan de la condición específica de los adolescentes. pero se ha introducido dos modificaciones importantes: primero. y sobre todo. desarrollado en el Título III. comerciales y mineros. la recreación y. Ahora bien. por ello estos derechos aparecen como garantías adicionales al resto de los derechos. así como adecuar la legislación al contenido del Convenio Nº 138 que obliga a otorgar un período mínimo de 4 semanas de vacaciones. cree vías efectivas a fin de garantizarlos. se prohibe expresamente el trabajo en horas extraordinarias. Es importante subrayar que se optó por atribuir estas competencias a un órgano municipal porque se consideró que tiene las condiciones necesarias para conocer en forma directa y cercana las circunstancias específicas de los casos sometidos a su consideración. estableció claramente:
. sobre todo. El Titulo III El hecho de que los niños y adolescentes sean sujetos de derechos exige que la nueva legislación. además de reconocer y dar contenido a los derechos. En materia de jornada de trabajo de los adolescentes se mantiene el número máximo de horas diarias y semanales establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. se redujo el período de descanso dentro de la jornada de 2 a 1 hora. Esto tiene como finalidad asegurarles el disfrute de los derechos al descanso y a la recreación. Debe subrayarse que se fijó esta edad mínima para cualquier clase de trabajo. Se ha aumentado a 22 días hábiles el período de vacaciones remuneradas de los adolescentes trabajadores. y deja fuera otros trabajos como los agrícolas. Para el caso de los adolescentes de 12 a 14 años se prevé que sólo pueden trabajar después de haber obtenido una autorización del Consejo de Protección.impongan las circunstancias específicas del Estado Parte.
Se trata de las políticas. • El Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente (Título V). no garanticen. Estrategias El proyecto concibe varias estrategias de protección. En el primer caso interviene la autoridad administrativa. De acuerdo a este paradigma. En tal sentido. Las estrategias. estando obligados a ello. coordinadoras. la judicial. Asimismo. salvo las de colocación familiar o en entidad y la adopción. deliberativas. 1. reduce los márgenes de discrecionalidad y desjudicializa el proceso de imposición de las medidas de protección. A los primeros se les aplica las medidas de protección y a los segundos. que por su alcance y consecuencias serán aplicadas por el juez. Los mecanismos que garanticen los fondos necesarios para brindar protección integral a los niños y adolescentes. programas y medidas de protección. observada la descentralización político-administrativa. a los Consejos de Protección. Los programas son estrategias de protección por excelencia puesto que incluyen todas las acciones realizadas por individuos o entidades para desarrollar las políticas y ejecutar las medidas de protección previstas en la ley. actores.
. El artículo 124 enuncia un conjunto de programas de la más variada índole. En la práctica esto significa que una única autoridad (el juez). sanciones con finalidad socioeducativa.1. Atendiendo al principio de la Participación. de peligro o sea infractor. se explican por sí solas. órganos administrativos que ejercen función pública y estarán ubicados en cada municipio del país. como en aquellos otros en los que son los niños y adolescentes quienes vulneran los derechos de los demás. el juez de menores tiene competencia para resolver problemas sociales y jurídicos. porque su concepción y desarrollo suponen la superación de una de las características más importantes de la doctrina de la Situación Irregular: la judicialización de todos los problemas de la infancia. Sea víctima o victimario. encontramos en este proyecto dos sistemas claramente diferenciados: • El Sistema de Protección para los Niños y Adolescentes que son víctimas y otro. defensa y garantía de los derechos del niño y del adolescente. previstas en el artículo 120. atribuye competencia para la imposición de las medidas. siguiendo el mismo procedimiento. se encuentre éste en situación de abandono. el proyecto diseña una estructura coherente. Un conjunto de medidas sancionatorias para quienes. integrada por entes del sector público y del sector privado. amenacen o violen dichos derechos. 2. con atribuciones planificadoras. acogiendo plenamente los mandatos de la Convención. para los victimarios. Las primeras. siempre y cuando dichos programas se adecuen a las exigencias de la propia ley. órganos. 3. pero las posibilidades de crear otros son infinitas. controladoras y ejecutoras de modo de crear una red eficiente de atención. da soluciones similares tanto en los casos de niños y jóvenes a quienes se les ha vulnerado sus derechos. instancias y procedimientos idóneos para lograr ese objetivo esencial. para todo lo relacionado con el niño. La moderna concepción de la protección integral obliga a conceder un tratamiento diferente a las dos situaciones antes mencionadas y en consecuencia. El proyecto. en el segundo. según el cual la sociedad en su conjunto es responsable de hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. Mención más detenida merecen las medidas de protección previstas en el artículo 125.
o a un grupo de ellos. se ocuparán de imponer medidas de protección cuando los derechos de un niño. genéricamente considerados. son órganos deliberativos y controladores. son administrativos.Tanto los Consejos de Protección como los Consejos de Derechos prestarán. como mínimo. Los órganos a través de los cuales opera el Sistema de Protección. Los Consejos de Derechos a nivel nacional. que dejaba a la libre voluntad del funcionario público la vida y libertad de un niño o adolescente. Esta figura tiene características similares. Los Consejeros son funcionarios especialísimos. de un adolescente o varios de ellos hayan sido violados de forma individual. porque estando vinculados a la alcaldía. estadal y municipal. judiciales y el Ministerio Público. tanto a los Consejos de Protección como a la autoridad judicial. por lo que la existencia de los tres niveles obedece a la necesidad de coherencia en materia de protección al niño y al adolescente. los Consejos de Derechos tendrían a su disposición dos instrumentos: la posibilidad de recomendar y efectuar sugerencias a otros órganos del sector público encargados de prestar distintos servicios a niños y adolescentes y la posibilidad de intentar la acción de protección. un recurso judicial al cual se hará referencia más adelante. En esta última vía. estadal y municipal deben funcionar en forma coordinada. a través de la interpretación jurisprudencial se encargue de ello.se indica claramente. Los Consejos de Derechos han sido creados con la finalidad de proteger los derechos difusos y colectivos. en cuanto a su naturaleza. Luego serán investidos de función pública para que sus decisiones tengan fuerza conminatoria. en cada municipio. Podríamos decir que son colectivos y difusos aquellos derechos y garantías consagrados en la ley cuando se refieren a los niños y adolescentes. servicios
. Aun cuando se haya optado por no definir tales derechos difusos y colectivos dejando que la propia dinámica de la norma. dentro de su ámbito de competencia. constituyéndose con representación y responsabilidad paritaria y compartida entre el sector público y la sociedad en ejercicio de la democracia participativa. a) Órganos Administrativos Consejos de Derechos y los Consejos de Protección. Se prevé que cada Consejo de Protección esté integrado por tres consejeros. Los Consejos de Derechos. presentes en tres ámbitos: nacional. Los órganos administrativos son los Consejos de Derechos y los Consejos de Protección del Niño y el Adolescente y los judiciales son el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Con la creación de estos dos tipos de Consejos el proyecto se dispone a proteger tanto los derechos difusos y colectivos como los derechos individualmente considerados. según corresponda. no son subordinados al alcalde en sus decisiones. escogidos por la propia sociedad. Los Consejos de Derechos tienen dos vías para garantizar los derechos de los niños y adolescentes: la formulación de políticas de protección y atención y la actuación cuando se viola o amenaza sus derechos difusos y colectivos. a la del edil. y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Los Consejos de Protección que funcionarán. eliminándose con ello la absoluta discrecionalidad consagrada en la Ley Tutelar de Menores. debe tomarse en cuenta que no estamos creando una categoría nueva de derechos a favor de niños y adolescentes sino poniendo énfasis en el destinatario de la protección y por consiguiente en la violación o amenaza. con miras a la preservación o restitución del derecho violado o amenazado. cuáles medidas de protección pueden aplicar.
son servicios que ya están operando. respectivamente. permite el máximo aprovechamiento de los recursos. La LOPNA hace especiales referencias a las Defensorías del Niño y del Adolescente. Llevaran el registro y control de las entidades de atención. Esto evidencia la magnitud de la importancia del tribunal. La integración del mismo en una Sala de Juicio y en una Corte Superior. máxima expresión de la potestad jurisdiccional en materia de resguardo a los derechos colectivos y difusos del niño y del adolescente. Se prevé que cuente con fiscales especializados y. se distribuyan. trabajadores sociales y cualquier otro
. Obsérvese que las Defensorías. psicólogos. que asegure la garantía del Juez legal y previo. puesto que se ha eliminado la figura de la consulta. Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. lo que conlleva a un conocimiento puntual del asunto impugnado. Órganos Judiciales y Ministerio Público Se concibe al Ministerio Público como órgano fundamental dentro del sistema de protección. Se prevé también Salas de Apelaciones que deben funcionar dinámicamente e integrarse con los jueces. las cuales son en definitiva las unidades primarias que estarán encargadas de la instrumentación de los programas de atención que se ejecuten en el respectivo municipio. así como para la obtención de datos fundamentales para la promoción y defensa de los interese legítimos de niños y adolescentes. finalmente. pero formando parte del mismo tribunal. integral y cabal protección. 2ª y 3ª del Capítulo VIII. la inscripción y funcionamiento de tales programas. todo ello de acuerdo a lo dispuesto en las Secciones 1ª. para la decisión sobre la acción de protección. Las directrices básicas de esta nueva forma de protección. así como el manejo de los recursos de los Fondos de Protección del Niño y del Adolescente. equitativamente.actualmente inexistentes en el país. con éxito. en materia de familia. 2ª y 3ª del Capítulo VII y en el Capítulo XIII. el proyecto las legitima y confiere rango a los Defensores que las integran. para ejercer el control judicial sobre la actuación de los Consejos de Protección y de los Consejos Municipales de Derechos. que deben orientar la creación y funcionamiento de estos novedosos órganos. quienes conocerán unipersonalmente los asuntos que se les encomiende. las causas según su naturaleza y de acuerdo a un programa preestablecido. sociólogos. concebidas como un servicio que debe prestarse en el ámbito municipal. conforme a la organización interna. cuya regulación se encuentra en las secciones 1ª. Cada tribunal. patrimoniales y laborales. para conocer exclusivamente de los recursos de apelación. se encuentran en este proyecto. debe contar con servicios propios o en su defecto presupuesto para servirse de médicos. se les otorga amplias facultades de inspección y vigilancia. por lo cual al incluirlas en el Sistema de Protección. en algunas alcaldías y organizaciones no gubernamentales del país. diseñado para una especial. órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes. El hecho de que la Sala de Juicio esté integrada por cuantos jueces sean necesarios. para la imposición de las sanciones civiles por infracciones a la protección debida y. a los fines de garantizar un análisis integral de los asuntos. debidamente formalizados. permite que especialistas en las distintas materias. para el cabal ejercicio de las funciones que les son propias.
que asimila a la comisión. mediante la imposición al requerido de obligaciones de hacer o de no hacer. c) la consagración legal de la figura de comisión por omisión. de modo que el Ministerio Público. de amplio arraigo en la doctrina penal. tortura. estando en posesión de garante. está obligado a investigarlos. El proyecto contempla un conjunto de sanciones. los estados o los municipios. Por ello. los estados o los municipios. con la inclusión de este nuevo tipo. Además. sancionar severamente a quienes. para eximirse de su propia responsabilidad. la omisión de quien. se ha dispuesto una sala encargada de efectuar oportunamente las citaciones y notificaciones necesarias para el eficaz desarrollo de los procesos. no evita. en abstracto. aprovechando la
. Acciones y procedimientos El Sistema de Protección estaría incompleto y sería del todo inoperante. siempre que sea de posible cumplimiento. órganos e instituciones públicas y privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos del niño y del adolescente. Entre las acciones se destaca. Se contará asimismo con funcionarios ejecutores de medidas cautelares o definitivas. para preservar la actuación de los jueces solo a los asuntos propiamente jurisdiccionales. protectora de la cualidad del funcionario público y que han derivado en un obstáculo para la averiguación y sanción de los hechos punibles cometidos por abuso de autoridad y por ende fuente de impunidad. La idea es evitar judicialmente que los derechos y garantías consagrados en favor del niño y del adolescente. puedan no concretarse por conducta activa u omisiva de quien tenga el deber de asegurárselos. lesiones e incluso muerte de niños y adolescentes. de modo que éstos deben presentarle al Ministerio Público su pretensión y éste la hará valer. Infracciones a la Protección Debida. d) la tipificación como delitos autónomos del uso de niños o adolescentes para delinquir y la inclusión de éstos en grupos criminales. ha previsto un conjunto de acciones y procedimientos. Su finalidad es un mandato judicial de protección. la Nación. tanto administrativos como judiciales. en virtud del principio de la oficialidad. tanto civiles como penales. Se pretende así evitar que. como uno de los institutos más novedosos de este proyecto la Acción de Protección contra hechos. Se pretende. b) la abolición de las instituciones del nudo hecho y el antejuicio de mérito. en caso de malos tratos. En este sentido son medulares los siguientes aspectos incluidos en la LOPNA: a) el carácter de acción pública de todos los hechos punibles cuyas víctimas sean niños y adolescentes. pudiendo hacerlo un resultado lesivo para el orden jurídico. independientemente del requerido. para exigir. ante las instancias anteriormente mencionadas el cumplimiento de los derechos consagrados en esta ley. entablen querellas unos contra los otros. Se otorga al Ministerio Público el ejercicio de la acción de protección cuando el solicitante sea la Nación. aplicables en caso de infracciones contra los bienes jurídicos más relevantes consagrados en favor de niños y adolescentes. si el proyecto no contemplase los mecanismos procesales. actos u omisiones de particulares. sólo si encontrara fundamento en el pedido. Sanciones.experto. pero soslayando pronunciamientos idealmente correctos pero fácticamente incumplibles.
siendo que el monto de tales remuneraciones será fijado de forma autónoma en cada municipio. y dentro de él como sector prioritario el de la niñez y la juventud. concebida como familia nuclear. se ha previsto la creación de la Dirección Ejecutiva. al erigir su protección y atención en empresa básica de prioridad absoluta. tales como. la función de Consejero de los Consejos de Derechos tiene carácter no remunerado. Instituciones familiares Título IV De las instituciones familiares. cuya instrumentación tampoco tendrá mayores repercusiones a nivel presupuestario. con enfoques muy precisos sobre aquellos aspectos cuya regulación era imprescindible adecuar a los requerimientos de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño.
. cosa que no se logra tomando como base para el cálculo. lejos de producirse un incremento en el gasto público motivado por la creación de nuevos órganos. obligación alimentaria. Así. por su parte. suspensiones.inimputabilidad de los niños y adolescentes. En el caso del Consejo Nacional de Derechos. Así esta ley consagra lo que constituye un punto clave en la nueva concepción del recurso humano. Al contrario. visitas y autorizaciones para viajar. En relación a posibles problemas presupuestarios para la implantación de esta nueva organización administrativa es importante recalcar que se ha tenido especial cuidado en minimizar los gastos administrativos de los órganos a ser creados. se componen tan sólo de tres funcionarios cuyas remuneraciones afectarán los respectivos presupuestos municipales. incautaciones y restituciones. lo cual pretende que la afectación del nivel de vida sea lo más igualitaria posible. Por ello. se define los Fondos de Protección como el conjunto de recursos vinculados a la ejecución de programas. Se consideró importante establecer el concepto de familia de origen. previstos en el Capítulo XIII del Título III. especialmente en las modalidades de colocación familiar y adopción. Recursos En relación con los recursos que serán necesarios para lograr la protección y atención integral a niños y adolescentes. se aborda lo concerniente a la patria potestad y dentro de ella la guarda. g) la disposición de que las multas impuestas reviertan en beneficio de los niños y adolescentes al destinarlas a los Fondos de Protección. se sirven de ellos en eventos criminales. así mismo. acciones o servicios de protección y atención al niño y al adolescente. f) la previsión de otras formas accesorias de sanción tales como: cierres. la ley ha creado un sistema de Fondos de Protección del Niño y del Adolescente a nivel nacional. pues la misma es el centro de gravedad de una serie de disposiciones de la mayor importancia. retiro de circulación. Los Consejos de Protección. se aborda la regulación de la familia sustituta. se producirá una reducción y una reasignación de recursos. las cuales van desde el derecho reconocido al niño y al adolescente de ser criado y educado dentro de tal familia. e) la fijación de multas por meses de ingreso. hasta el hecho de considerar excepcional la separación del seno familiar. sumas determinadas o días salario. estadal y municipal. Se trata de fondos que funcionan como servicios autónomos sin personalidad jurídica.
en los casos de incumplimiento de la obligación alimentaria. separación de cuerpos y nulidad de matrimonio se las considera extensivas a los casos en que los padres tengan residencias separadas. La guarda. el haber consentido en la adopción del hijo. entre las causales de la misma. lo cual posibilita decidir el lugar de residencia de los mismos. en caso de desacuerdo entre los padres. dentro de las cuales se estimó importante que el juez tuviese en cuenta las previsiones de los cónyuges en materia de guarda. se hizo extensiva la titularidad y el ejercicio conjunto de la patria potestad a aquellos casos en que el progenitor que no hubiese podido concurrir con el otro a presentar o reconocer el hijo. a los cuales deberá incluirse en un programa que ayude a resolver la problemática familiar. evitando en lo posible el uso de adjetivos. a la persona que ejerza la guarda y al Consejo de Protección. cuyo contenido se amplia y se hace énfasis en el requisito del contacto directo con los hijos. se incorporó la previsión contenida en el artículo 192 del Código Civil en cuanto se refiere a las medidas en caso de divorcio. En tal sentido. En lo relativo a la afectación de la patria potestad. atenuar la rigurosidad del artículo 261 del Código Civil. haga dicho reconocimiento dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del respectivo niño. el cual supedita la atribución de la titularidad conjunta de la patria potestad al establecimiento simultáneo de la filiación. y haya pronunciamiento judicial en la materia. Dentro de estas medidas se incorporó la posibilidad de que los hijos de siete años o menos no permanezcan con la madre a solicitud expresa de ella. se faculta al Ministerio Público para interponer la acción de privación de patria potestad. Como respuesta a la tendencia general y a la conveniencia de impedir la separación del niño o adolescente de la familia de origen solo por razones económicas. no solo de oficio sino también a petición del hijo cuando tenga doce años o más. en el artículo 354 se afirma la improcedencia de la privación de la patria potestad por la falta o carencia de recursos materiales. separación de cuerpos o nulidad de matrimonio.En el articulado referido a la titularidad de la patria potestad se ha incorporado algunas orientaciones que hagan posible. Se incorporó una norma que sanciona. cuando el divorcio se solicita con base a la causal contenida en el artículo 185-A. dejándose la intervención judicial como última posibilidad. Debido a la conveniencia de agrupar en el proyecto todas las disposiciones que se refieren a la patria potestad. reiteración. Las medidas sobre guarda en caso de divorcio. se da contenido al enunciado de extinción de la patria potestad al cual alude el Código Civil. cuando
. En el caso de los hijos habidos fuera del matrimonio (artículo 350) se estimó beneficioso. lo cual responde a la necesidad de algunas madres de confiar la guarda de los hijos al padre. a fin de que el juez decida en cada caso con base en la gravedad. colocándose. se considera que la solución es mantener al niño o adolescente con sus padres. se consagra la privación de la misma reformulándose algunas de las causales previstas en el Código Civil y añadiéndose otras. Además. pues las situaciones que plantean con respecto a los hijos son similares. con la imposibilidad de conceder la guarda. En tal caso. cuando tal negativa resulte injustificada. que éstos arriben a una solución conjunta en todo lo que concierne a los hijos. para ellos. arbitrariedad y habitualidad de los hechos. visitas y obligación alimentaria. Acorde con el compromiso de brindar una mayor protección a los niños y adolescentes.
en el cual se propicia el convenimiento como primera solución (artículo 516). sino de concederle la importancia que tiene. la fijación de la obligación alimentaria en salarios mínimos con miras a disponer de una referencia por todos conocida y de divulgación nacional. se permite la solución del caso entre las partes sin intervenciones de terceros o a través de las Defensorías y Defensores del Niño y del Adolescente. el ajuste en forma automática y proporcional del monto.sean razones estrictamente personales y no de salud o de seguridad las que les impidan el ejercicio de la guarda. que tengan la administración. Resultó también novedoso concederle fuerza ejecutiva al convenimiento homologado por el juez para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento. bancos o instituciones financieras. algunas de las cuales han venido siendo aplicadas por la jurisprudencia. ejemplo de estos
. o penales que ocasione su conducta. con inclusión de personas ajenas al círculo familiar. Se ha considerado conveniente penalizar el retardo en el cumplimiento de dicha obligación. por dejar de retener las cantidades que los tribunales les indican de los sueldos. para ello. Se ha previsto la posibilidad de que la obligación alimentaria pueda ser cumplida a través de otros medios distintos al pago de una mensualidad. el depósito o la custodia de bienes pertenecientes al obligado. Todo eso refuerza el procedimiento especial de alimentos. la declaratoria de subsistencia de la misma con independencia de la titularidad de la patria potestad o del ejercicio de la guarda. podemos encontrar: la referencia al contenido de la obligación alimentaria. salarios y otras remuneraciones del obligado. todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles. El término para que prescriba la obligación de pagar lo adeudado por concepto de obligación alimentaria se elevó a diez años. mediante el pago de intereses que serán calculados a la rata del doce por ciento anual. como por ejemplo. sin tener que acudir al procedimiento judicial. se introdujo importantes modificaciones con miras a hacer más efectivo su cumplimiento y dar respuesta más adecuada a los intereses en juego. En cuanto a la obligación alimentaria. Asimismo se establece el deber para el juez de cuidar los intereses del niño o del adolescente. En cuanto a la responsabilidad solidaria que tradicionalmente se ha hecho recaer sobre el empleador o quien haga sus veces. Entre estas modificaciones. El convenimiento para fijar el monto de la obligación tiene especial importancia. la tasa de inflación que se determine por los índices del Banco Central. pero siempre dentro de los parámetros que constituyen la necesidad e interés de quien requiere el cumplimiento de la obligación y la capacidad económica del obligado. con la finalidad de desestimular el incumplimiento de la misma. A la fijación por convenimiento de las partes se incorporó lo relativo al incremento automático del monto para evitar que las partes tengan que modificar el convenio solo con ese fin. No se trata con ello de equiparar la naturaleza de la obligación alimentaria con la patrimonial. la ampliación del número de personas obligadas. la misma se hace extensiva a los administradores o directivos de personas jurídicas. tal y como sería el caso en aquellas colocaciones familiares donde se prevea tal obligación. teniendo en cuenta. los cuales pueden resultar afectados si el obligado se aprovecha de la inexperiencia de quien suscribe el convenio. siempre que ello suponga la entrega periódica de una cantidad de dinero que satisfaga las necesidades del solicitante.
En lo referido a las autorizaciones para viajar. aún a terceras personas. afecto y educación. en caso que las conceda. La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas. legitimándose al hijo. La intervención judicial está prevista para aquellos casos en que exista desacuerdo entre las personas llamadas por ley a otorgar la respectiva autorización o se nieguen a darla. como la facultad de llevarlo a un lugar diferente al de su residencia habitual. se tuvo presente la importancia de conservar y favorecer los nexos del niño y del adolescente con su familia de origen. Dentro de las normas sobre visitas se incorporó a la previsión referida a la retención o sustracción del hijo por parte de un progenitor. el cual es tratado como un objeto cuya propiedad pareciera estar en discusión. cuyo contacto con el niño o adolescente se repute conveniente al mismo. a sabiendas que la guarda del mismo ha sido conferida a otra persona. para solicitar tal intervención. pueden sus padres resultar privados de la patria potestad o de la guarda. lo cual justifica las precauciones que se establecen en el proyecto. de común acuerdo. Se consideró conveniente incluir esta definición del contenido de las visitas a fin de ocasionar menos discusiones al respecto y. Como modalidades jurídicas substitutivas del medio familiar se menciona la colocación familiar o en entidades de atención. Debido a que. pese a habérsele impuesto judicialmente y a disponer de recursos económicos para ello. a fin de brindar una mayor protección a los niños y adolescentes se establecen más controles para los viajes al exterior que para los realizados al interior del país. se previó un régimen de visitas. en interés de los hijos.medios son la constitución de un usufructo a favor del niño o adolescente. El Capítulo III de este Título trata de la familia sustituta. previstas en la Sección 4ª. si es un adolescente o al padre que autorice el viaje. sino también. En cuanto a las visitas. las cuales constituyen una materia muy delicada por su cercanía con el tráfico de niños. lo acoge para que forme parte de la misma. La familia substituta debe ser entendida como aquella que. se niega el derecho de visita al progenitor que incumple injustificadamente la obligación alimentaria. por un período limitado de tiempo que se fijará entre las partes. con la finalidad de suministrarle protección. la tutela y la adopción. el cual puede hacerse extensivo a otros familiares y. ya sea porque hay ausencia total de padres.
. acerca de la extensión que les puede fijar. Estas visitas se las puede entender no solo como el derecho o la oportunidad de acceder a la residencia del hijo. la cual surge cuando los niños y adolescentes son privados temporal o permanentemente de su medio familiar. o por el juez competente. consecuencias económicas dirigidas a desestimular la cada vez más frecuente e indeseable práctica de desconocer las decisiones judiciales en materia de guarda y la afectación a los intereses del hijo. o su designación como beneficiario de determinados intereses económicos. en especial. Al igual que en el caso de la guarda. para alertar al juzgador. no siendo la familia natural del niño o el adolescente. o porque estos son afectados en la titularidad o ejercicio de la patria potestad o de la guarda sobre sus hijos.
la modalidad más apropiada de familia sustituta. Otra modificación se produjo en lo que se refiere a la duración del período de prueba. el cual se elevó a seis meses como mínimo. en el artículo 395 aparecen señalados los principios que deberá tener presentes el juez para decidir. resultaría insuficiente. Para su regulación se mantuvo muchas de las normas de la Ley de Adopción. Sin embargo. A los fines de propiciar los mejores resultados a través de la intervención de una familia sustituta. Entre las nuevas previsiones que se incorporaron en materia de adopción están referidas a supeditar la validez del consentimiento de la madre a que el niño haya nacido. Para que pueda dar resultado la colocación. en tal caso. La adopción. considerada como parte de la patria potestad.En cuanto a la eliminación de la declaratoria del estado de abandono. ésta puede ser otorgada para todos los actos que conciernan al niño o adolescente. lo cual se produce cuando la adopción plena no es posible. desarrollada en la Sección 3ª del Capítulo III. además. Se previó. En estos casos la guarda y representación de estos niños y adolescentes estaría confiada a los responsables de tales entidades u otras personas que trabajan en las mismas. por cuanto la misma había quedado reducida en la Ley de Adopción a permitir una adopción sin ruptura de nexos entre el adoptado y su familia de origen y sin constitución de vínculos entre adoptantes y adoptado. por cuanto este requisito ha estado vinculado en nuestra legislación sobre adopción a dar oportunidad de tener una descendencia propia. Estas evaluaciones pueden ser realizadas por la respectiva oficina de adopciones o por el equipo multidisciplinario del tribunal. se propone sustituirla por la privación y la extensión de la patria potestad para posibilitar así la decisión del juez acerca de la medida de protección que más convenga en el caso particular. en cada caso. pues. En cuanto a la representación. o solo para ciertos actos. los mismos son similares a los de la guarda. se propone como última alternativa. pues tres meses resultaba muy poco tiempo para determinar con relativa certeza si la convivencia de adoptantes y adoptado resulta exitosa. Por cuanto la colocación familiar podría también presentar algunas dificultades para la pronta y efectiva atención de algunos niños y adolescentes. tal requisito ya no se justifica y tampoco se justificaría si se pretende que el mismo sea un indicativo de la estabilidad de la respectiva unión matrimonial. una vez que se eliminó la prohibición de adoptar para quienes tenían descendientes. la colocación de los mismos en entidades de atención. Así mismo se eliminó el requisito de los tres años de casados que se exige a los cónyuges que desean adoptar. la obligación de que se produzcan durante ese lapso no menos de dos evaluaciones acerca de los resultados de dicha convivencia. En cuanto al concepto y contenido de la guarda que constituye el objeto fundamental de la colocación familiar o en entidades de atención. se modificaron algunas y se crearon otras. constituye otra de las instituciones familiares que prevé el proyecto. Entre las principales modificaciones podemos mencionar la eliminación de la adopción simple. Es importante destacar que solo el funcionamiento de toda la estructura prevista en el proyecto hará posible la sustitución exitosa de la tutela del Estado y de la declaratoria del estado de abandono. exigir asesoramiento a todas aquellas personas cuyo
. estas personas solo podrán tener bajo su responsabilidad un número razonable de niños o adolescentes. siempre que satisfagan los requerimientos que se exijan para tal designación y se les controle adecuadamente.
En tal sentido. un procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales. se utilizaría el recurso de la adopción internacional. respectivamente. La razón de tal exigencia está en la necesidad de proteger adecuadamente a los niños o adolescentes que son dados en adopción a personas que residen en otros países. lo cual significa que se debe agotar primero las posibilidades de una adopción interna y solo si ello no es posible o no es lo más conveniente para quien va a ser adoptado. a la presentación de las solicitudes de adopción y a los responsables por los informes de seguimiento durante el período de prueba. salvaguardar la confidencialidad del contenido de toda la información que conforme un expediente de adopción y hacer posible que el adoptado o su representante accedan a esta información. Una previsión muy importante constituye la exigencia de tratados o convenios internacionales para que se pueda realizarse una adopción internacional. como de los solicitantes de la adopción. un procedimiento para la adopción y un procedimiento para alimentos y guarda. a la autorización que debe obtenerse del Estado al cual va a ser trasladado el candidato a adopción para que el mismo pueda entrar y permanecer allí. comprendiéndose. Como rasgos más relevantes de este procedimiento se pueden mencionar la oralidad. se incorporan algunas exigencias referentes a la habilitación de los solicitantes. obligaciones alimentarias y guarda. para los cuales se prevén procedimientos especiales. debiendo estas estar en países distintos con independencia de su nacionalidad. igualdad de las partes y ampliación de los poderes del juez
. brevedad de los lapsos. así como elaborar el informe necesario que permita determinar la aptitud para adoptar de los solicitantes de la adopción. Los tres últimos Capítulos del Título IV están dedicados a los aspectos procesales y comprenden. asimismo. sin garantía alguna acerca de la información que suministran dichas personas para solicitar la adopción. con miras a determinar su adoptabilidad. Dicho procedimiento se enmarca dentro de una serie de principios rectores destinados a lograr una eficaz y pronta justicia en los casos en que se aplique. El procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales resulta aplicable en asuntos de familia. excepto la adopción. en dicho informe a la familia y evolución personal y médica del posible adoptado. gratuidad. ni tampoco del seguimiento que debe realizarse durante el período de prueba o de lo que pueda pasar con el candidato a adopción. si los solicitantes desisten de la adopción después que el niño o el adolescente ya se encuentran en otro país. Asimismo. se estimó necesario dar una definición de lo que debe entenderse por adopción internacional para lo cual se utilizó el concepto de residencia habitual de las partes. así como suministrar a estas personas información acerca de los efectos que tendrá dicha adopción. dentro de los que se incluyen los conflictos laborales. Otro aspecto novedoso de la regulación en esta materia está constituido por las normas sobre adopción internacional previstas en la Sección 4ª. prohibir la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase para consentir en la adopción. se aplica en asuntos patrimoniales. Otro aspecto importante de la adopción internacional es el referido a la subsidiariedad de la misma. si su interés lo hace aconsejable. Se tuvo en cuenta que Venezuela puede ser tanto país de residencia habitual de los niños o adolescentes a ser adoptados. amplitud de los medios probatorios. exigir elaboración del correspondiente informe sobre el candidato a adopción.consentimiento es necesario en una adopción.
b) la aplicación de cualquier medida de seguridad. rectificación de los actos del estado civil. las consecuencias de los hechos que siendo típicos. se incorpora al mismo algunas previsiones dirigidas a responder a la adopción internacional y a las nuevas disposiciones consagradas para la adopción en general. visto que se caracteriza por: a) la indefinición de lo que es hecho antisocial. antijurídicos y culpables. Dentro de este procedimiento se previó la procedencia de los recursos de revocación. tales como. de una vez por todas. con las particularidades propias de cada uno de ellos. según la pertenencia del “menor” a una determinada clase social. b) la consideración de los menores de dieciocho y mayores de doce años como inimputables penalmente pero responsables. imponiéndoles una sanción que constituye una medida con finalidad educativa. motivo por el cual se limitó a hacer la remisión correspondiente. El antiguo paradigma de la Situación Irregular hace eco de la postura “compasiónrepresión”. pues aun cuando no esté plenamente presente en él la capacidad de entender y de obrar conforme a esa comprensión. sin embargo. Los requisitos mínimos para la construcción del nuevo sistema penal de responsabilidad son: a) la consideración del adolescente infractor como una precisa categoría jurídica. independientemente de la infracción cometida.para conducir el proceso. signifiquen la realización de una conducta definida como delito o falta. Sistema penal de responsabilidad del adolescente TITULO V La Convención y los demás instrumentos jurídicos que integran la Doctrina de la Protección Integral poseen todos los elementos para revertir el antiguo paradigma y construir un Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes que sustituya el binomio “compasión-represión” por el binomio “severidad-justicia”. La más moderna doctrina aconseja incluso dejar a un lado los eufemismos y asumir. Sólo es infractor quien ha cometido actos previamente definidos como delito o falta según la Ley Penal. oposición o suspensión del matrimonio. los cuales se encuentran debidamente regulados en el Código de Procedimiento Civil. autorizaciones para los padres y otros representantes. c) competencia ilimitada del juez para decidir ambas cosas (qué constituye hecho antisocial y qué medida aplicar) lo cual conduce a la impunidad o al exceso de rigor. apelación y casación. Los menores de doce años como inimputables e irresponsables. La responsabilidad implica que a los adolescentes se les atribuya. en forma diferenciada respecto de los adultos. que los adolescentes infractores tienen responsabilidad
. hay ya un proceso de maduración que permite reprocharles el daño social que causen. Se estimó innecesario recargar la LOPNA con una serie de procedimientos especiales aplicables a diversos asuntos. El procedimiento de adopción conserva los rasgos generales del procedimiento actualmente regulado en la Ley de Adopción.
Seguidamente. inocencia. jurisdiccionalidad. c) Garantía del debido proceso. Capítulo I. según se haya establecido su participación durante la investigación o el juicio. Los estudios más reputados advierten sobre la gran importancia pedagógica de establecer un principio de responsabilidad para el adolescente y de no quedarse apegados a una visión asistencial de la justicia para la niñez y adolescencia. como mínimo. del procedimiento. además de los principios de igualdad. debido proceso y única persecución. lo que
. impuesta sólo en caso de infracciones graves. se precisa el ámbito de aplicación personal. señalar sus integrantes y consagrar los principios básicos de Derecho Penal sustantivo: responsabilidad en la medida de la culpabilidad. La ejecución de la medida privativa de libertad es de competencia exclusiva e indelegable del Estado. si bien atenuada. Punto de sumo interés es la determinación de que un niño que incurra en un hecho punible no puede ser objeto de sanción penal sino de una medida de protección a cuyo efecto el fiscal del Ministerio Público o el juez. el Título V. g) Control judicial de las medidas impuestas al adolescente para garantizar sus derechos. impugnación y legalidad del procedimiento. Así. espacial y temporal de la ley. e) Concepción de la privación de libertad como una medida de naturaleza estrictamente judicial (salvo el caso de flagrancia) y excepcional (último recurso). mediante la consagración de los principios de legalidad del acto. se ha incluido los principios de información clara y precisa de los motivos de la investigación. dignidad. inviolabilidad de la defensa. La responsabilidad sólo puede ser declarada en juicio y la sanción sólo puede ser la prevista en la ley según el caso. en la Sección 2ª. en su Sección 1ª. por conducta típica y antijurídica y que lesione o ponga en peligro el bien tutelado. adoptando todos los principios de la Convención: humanidad. que sólo le quita al joven la conciencia de la responsabilidad de sus actos. La Sección 3ª consagra una serie de garantías fundamentales de orden sustantivo y procesal. con las particularidades de la especialidad en razón de la edad. así como los objetivos que se atribuyen a la sanción. f) Previsión de una amplia gama de medidas educativas que permitan dar respuestas diferenciadas según el tipo de infracción y a la edad del infractor. que se hace más marcado a los catorce y que adquiere plenitud a los dieciocho años. contradictorio. finalmente. sobre el significado de las actuaciones procesales y las decisiones que se produzca. se da pautas de interpretación. d) Reducción de los márgenes de discrecionalidad del juez. con la finalidad de que el proceso sea absolutamente conocido y entendido por el adolescente. Se dispone así un régimen progresivo de exigencia de responsabilidad conforme a las enseñanzas de la sicología evolutiva sólo a partir de los doce años de edad. como la reserva de su identidad y la confidencialidad de las actas del proceso. legalidad. ser tan garantista como el de adultos. más aquellos inherentes a su especial condición. de la sanción y su ejecución. notificará lo conducente al Consejo de Protección. de la misma naturaleza que la del adulto. defensa. En otras palabras si el adolescente comete una infracción de la Ley Penal debe tener los mismos derechos y garantías previstas para los adultos.penal. proporcionalidad. derecho de ser oído. comienza por definir el sistema. cuya ejecución debe cumplirse en la forma que ésta regula. acatando el mandato de la Convención en el sentido de que el sistema penal de responsabilidad de adolescentes debe. En este sentido. así como los casos de concurrencia de adultos y adolescentes en un hecho punible y.
Si durante el lapso determinado para el cumplimiento de las condiciones del acuerdo. concluido el debate. si es homologado por el Juez de Control. La Sección 2ª prevé fórmulas de solución anticipada que. procede el sobreseimiento. Se dispone que. conlleva a la suspensión del proceso a prueba. que se solucionan favorablemente a las partes sin que se renuncie a la responsabilidad del adolescente por su acto. La Sección 4ª regula el juicio oral. contiene un sentido altamente pedagógico. el juez que conozca el mismo la hará cesar. y cuando no fuere posible su redacción total se leerá su dispositiva. sin que ello signifique menoscabo del derecho de defensa. por lo novedosas en nuestra realidad procesal penal. caso típico del crimen organizado y de las pandillas. dirigido a la concientización de la responsabilidad. Así tenemos que por el principio de oficialidad. Por aplicación del principio de oportunidad puede darse al asunto soluciones distintas a la acusación. la excepcionalidad de la privación de libertad. fijándose un plazo breve para su redacción y publicación. Se dispone que la sentencia se pronuncie verbalmente. la consideración de los usos y costumbres de adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Dichas soluciones son: a) la conciliación: fórmula mediante la cual el fiscal del Ministerio Público promueve un acuerdo que. el juicio no ha concluido con sentencia condenatoria. que se ha concebido según el modelo del Código Orgánico Procesal Penal. el fiscal del Ministerio Público tiene la obligación de investigar cuando tenga sospecha fundada de la existencia de un hecho punible. si transcurridos tres meses con el adolescente en prisión preventiva. excluyéndose únicamente aquellos hechos punibles que por su gravedad y repercusión social se estima deben ser enjuiciados. merecen especial consideración. Se consagra la confidencialidad de los datos del proceso. b) la remisión: esta fórmula permite prescindir total o parcialmente del juicio en atención a lo insignificante del hecho (criminalidad de bagatela) o a la mínima participación del adolescente. la separación de adultos cuando se esté detenido y. pero la confirmación de la sospecha por la investigación no necesariamente debe conducirlo a acusar al adolescente que lo cometió o participó. éste es cabalmente satisfecho. para la perpetración de crímenes de toda especie. dándose una explicación sintética de sus fundamentos con lo cual queda notificada. sustituyéndola por otra medida cautelar. También como recompensa a una contribución decisiva en la investigación que permita evitar la comisión de otros hechos punibles. que utilizan adolescentes entre sus miembros. cuando se trate de establecer su responsabilidad penal. La explicación ratifica una vez más el sentido educativo del juicio y la necesidad de que el adolescente comprenda el
. algo de gran importancia. Finalmente se evita llevar a juicio oral una significativa cantidad de asuntos.además del desarrollo del derecho de defensa que trae consigo. con reducción de algunos plazos de modo de hacerlo lo más breve posible. Esto tiene la gran ventaja de permitir la reparación individual o social del daño y al mismo tiempo pretende la concientización del adolescente a cuyo efecto se ordena su orientación y supervisión por el ente más idóneo. esclarecerlos o determinar la participación de otras personas.
con lo cual se integra a la sociedad civil a esta tarea fundamental de rescate del adolescente infractor. entendida como medio para lograr por una parte la concientización y reinserción en la sociedad del adolescente infractor de la ley penal y por la otra. por la violencia que les es intrínseca o por la generalización del fenómeno y su vinculación con el crimen organizado. se prevea en la legislación ordinaria pena privativa de libertad. corresponde a un enfoque determinista sociológico propio del área de prevención. para si mismo. que en su límite máximo sea igual o mayor a cinco años. libertad asistida y semi libertad. es amplio y va desde la amonestación hasta la privación de libertad. sumado a que el lapso máximo por el que puede privarse de su libertad a un adolescente mayor de catorce años es de cinco años. sobre la base del reconocimiento de que la legislación penal versa sobre conductas y la posible aplicación de sanciones proporcionales a quien culpablemente las ejecutó y no cuestiones relativas a la personalidad o forma de vida del autor. los distintos supuestos de procedencia de esta sanción y se agrega que en ningún caso podrá imponerse al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente. cuestión que si bien puede ser importante. o cuando fuere reincidente y el hecho punible objeto de la nueva sanción. y de dos en caso de que tengan menos edad. o cuando incumpliere injustificadamente otra sanción que le haya sido impuesta. servicios a la comunidad. dar la pauta para la aplicación de una auténtica sanción. los de mayor significación social. Se pretende ahora. La Sección 2ª define clara y precisamente cada una de las sanciones previstas y su forma de cumplimiento. por sus resultados. por regla general. bajo parámetros fundamentalmente objetivos. caso en el cual se considera su internamiento como un presupuesto necesario para un programa socio-educativo eficaz. contención del fenómeno criminal. para ello. La privación de libertad se admite como sanción únicamente cuando el adolescente haya resultado culpable de uno o varios de los hechos punibles taxativamente dispuestos que son. que debe separarse de lo que corresponde en esencia a una ley penal y ser tratado de un modo distinto. dar respuesta a la sociedad que exige seguridad y. incluso de iniciativa no gubernamental. sólo es procedente en casos muy graves y como
. su familia y su comunidad. da cuenta del absoluto respeto a la concepción de que se trata de una responsabilidad penal especialmente atenuada y que la privación de libertad como medida sancionatoria excepcional. De fundamental importancia son las pautas para la determinación de la sanción aplicable. El Capítulo III está referido a las sanciones. Se regula además con la mayor precisión el lapso mínimo y máximo que puede durar la privación de libertad según la edad del adolescente. Esto.significado de las razones legales y éticosociales de las decisiones que se produzca. dando preeminencia a nuevas formas alternativas a la privación de libertad y cabida a programas socio educativos. pasando por formas graduales de restricción de derechos que comprende la imposición de reglas de conducta. siendo el denominador común a todas las finalidades primordialmente educativas.
En este contexto. además de la prohibición de condiciones penitenciarias crueles o degradantes. que destruyen la personalidad. públicos o privados. se ha dispuesto la intervención judicial especializada que. La Sección 2ª regula al sujeto procesal imputado. entre otras atribuciones. donde cobra un rol significativo la personalidad del infractor. disponiéndose sus derechos y en especial la participación de su defensor desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso. debe revisar las sanciones impuestas por lo menos cada seis meses para verificar si están cumpliendo los objetivos que las fundamentaron. Se dispone la obligatoriedad de la escolarización. Para el primer aspecto rige el principio de la oficialidad y para el segundo los criterios de oportunidad reglados a los cuales ya se ha hecho amplia referencia. La Sección 3ª regula lo concerniente a la ejecución de las sanciones. para garantizar su adecuado cumplimiento y el logro de su finalidad educativa. lo que garantiza un régimen progresivo en los programas socio-educativos. Asunto trascendental es el plan individual de ejecución de la sanción de privación de libertad. debidamente registrados. La Policía de Investigación es el órgano encargado de auxiliar en la investigación de los hechos punibles y sus responsables y debe contar con personal especialmente capacitado para trabajar con adolescentes. El Capítulo IV. aspecto medular que explica cuestiones de tanta importancia como la exigencia de entidades y programas. Al Ministerio Público corresponde la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. en cuya elaboración debe participar el adolescente y el cual atiende al estudio de los factores y carencias que incidieron en su conducta y al establecimiento de metas concretas y estrategias idóneas para fortalecer sus potencialidades y suplir o manejar sus deficiencias. último del Título.sustrato para la aplicación de un programa acorde con el objetivo pedagógico de la sanción. formación para el trabajo y recreación en los institutos de internamiento. diseña y estructura la justicia penal del adolescente. El Capítulo culmina con la Sección 4ª que prevé el control judicial de la ejecución de las sanciones impuestas al adolescente. Se dispone que los padres. Puede practicar aprehensiones pero en ningún caso disponer la incomunicación. se resalta la necesidad de seleccionar cuidadosamente el personal según su capacitación. Es aquí y no en la determinación de la sanción. Otros cuerpos policiales también están facultados para aprehender adolescentes en cuyo caso deben ponerlos de inmediato a la orden de la policía de investigación. que deben ser establecimientos públicos y pertenecer al sistema previsto en esta Ley. tal cual está concebida para los adultos. este puede ser particular pero se prevé la defensa pública especializada. La Sección 1ª regula la actividad del Ministerio Público en este campo y de la Policía de Investigación. El Derecho Penal ha comprendido que resulta incompatible la concepción de un sistema sustantivo y procesal garantista con la práctica de echar al olvido al condenado. para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
. Esta debe siempre comunicarlo de inmediato al fiscal del Ministerio Público. lo que pretende hacer efectiva una auténtica especialidad. de modo que atendiendo a sus especiales necesidades se atiende también a la prevención.
Hasta tanto. además. Esto permite la utilización del nuevo concepto funcional de la administración de justicia que prevé el Código Orgánico Procesal Penal y caracteriza el proceso de adolescentes dentro del marco que le es propio. la que de conformidad con la ley tiene amplia participación en el proceso. Culmina el Capítulo con la Sección 4ª dedicada a los órganos jurisdiccionales. Las disposiciones transitorias obligan a la profundización del proceso de descentralización del Instituto. seguirá funcionando como instituto autónomo. previstas en las leyes ahora vigentes. previendo un lapso no mayor de un año para que concluya. pudiendo incluso recurrir en apelación contra el sobreseimiento o la absolución. aun cuando determinados órganos no estén debidamente instalados en toda la República. Disposiciones Transitorias y Finales TITULO VI Bajo este Título genérico encontramos tres tipos de normas: disposiciones que tienen carácter preparatorio. equipo y personal. sobrepasa al directamente ofendido por el hecho punible. siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. aun no constituyéndose en querellante. Las disposiciones transitorias están concebidas especialmente para garantizar la protección. pero eso sí. Esta derogatoria puede
. Para el enjuiciamiento de hechos punibles que requieren instancia privada.representantes o responsables puedan intervenir en el proceso como coadyuvantes en la defensa sin perjuicio de su participación como testigos del hecho investigado. las disposiciones transitorias establecen que el primer Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos será quien desempeñe el cargo de Presidente del INAM para la época. dotado de instalaciones. Los órganos y la normativa complementaria estén dispuestos para hacer efectiva la protección a los niños y adolescentes. Las disposiciones finales se circunscriben a las derogatorias expresas y tácitas. el INAM. especialidad y posterioridad de esta ley. se ha concebido la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal. la víctima deberá ejercer la acción mediante querella. para evitar traumas y favorecer la continuidad administrativa. quedan derogadas todas las disposiciones que le son contrarias. previstas en la ley. extendiéndose a otros afectados e incluso a asociaciones. La Sección 3ª está referida a la víctima. conforme dispone el artículo 556 y en los delitos de acción pública podrá adherirse a la acusación fiscal en el plazo establecido en el artículo 572. otras con carácter verdaderamente transitorio y por último. Sobre este particular se impone comentar que por virtud de la organicidad. en caso de delitos que afectan intereses difusos o colectivos. las finales. En busca de una economía de acciones que brinde la mayor eficiencia con el máximo aprovechamiento de los recursos. fundaciones y otros entes legalmente constituidos. Vencido el plazo o finalizado el proceso de transferencia. como órgano especializado tanto a nivel de la investigación como del proceso mismo y posteriormente en la etapa de ejecución de la sanción. un tribunal penal. Este tribunal se concibe asistido de un servicio auxiliar de equipos multidisciplinarios y de una sala de citaciones y notificaciones. necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. La definición de víctima.
cuando la disposición es enteramente sustituida. Aun cuando existe un sistema rector nacional para la protección integral de los niños y adolescentes. 2. LOPNA • Concejo Nacional de http://www.998 • El Nacional. porque la trilogía familia. no han formulado aún políticas de protección y atención a la familia. informática. 2.fundana. sociedad y Estado no ha funcionado adecuadamente. Lamentablemente. el interés superior del niño y la prioridad absoluta son las dos grandes deudas que en general. Lamentablemente. que permitan la integración o reintegración de muchos niños y adolescentes a sus medios familiares. o parcial. Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 1. Universidad Católica Andrés Bello. Araya. cuando sólo se sustituye en cuanto afecte a niños o adolescentes.org • O C E I. no solo en Venezuela. obliga a los miembros del nuevo sistema de protección.003 • FUNDANA. que no han sido sustituidos por otros porque simplemente contenían una discriminación negativa inaceptable contra niños y adolescentes. en el cual el niño y el adolescente es un objeto de derecho y no sujeto. las previsiones legales no se han visto materializadas del todo. http:// www. Ello puede apreciarse en la carencia de directrices para el desarrollo de programas de fortalecimiento de vínculos familiares. 2003) • Infancia Venezolana (CECODAP) • Proyecto Pobreza. quedando vigente en lo relativo a adultos. Además hay derogatorias expresas como los artículos 413 y 439 del Código Penal. Abril.ser total. después de cinco años de vigencia de la mencionada Ley Orgánica.003
. Por otra parte el cambio de paradigma que supone esta ley. a abandonar la política hasta el momento llevada a cabo. Sin padres ni hogar.cndna.ve/ Derechos del Niño y del Adolescente
• Los derechos de los niños privados de su medio familiar (Ponencia P. los sistemas judiciales tienen con la infancia. REFERENCIAS • Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
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