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Timestamp: 2020-07-13 22:04:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 253, de 07/06/2017
cve: DSCD-12-CO-253
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 253
Sesión núm.12
- Del señor Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas, para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 212/000834) ... (Página2)
- Del señor Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 212/000835) ... (Página14)
- De la señora Arizmendi Gutiérrez, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 212/000836) ... (Página22)
- DEL SEÑOR ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 212/000834).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, señorías. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Comisión.
En primer lugar, querría agradecer la asistencia del señor Ramón María Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas, a quien, como es habitual, cederemos la palabra por un espacio aproximado de unos quince o veinte minutos. Luego intervendrán los portavoces parlamentarios y finalmente don Ramón tendrá otros quince o veinte minutos aproximadamente para responder a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Señorías, les agradezco esta solicitud de comparecencia ante esta Comisión con el fin de ofrecer las aportaciones que pueda realizar el Tribunal de Cuentas -que de hecho ya realiza habitualmente en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas- en relación con asuntos tan relevantes como los que constituyen el objeto de esta Comisión.
Asistimos a una época en la que la preocupación ciudadana por el funcionamiento de todo lo público es máxima, con un especial interés en lo relativo a la gestión de los fondos públicos y a lo que, como consecuencia del mal uso de los mismos, constituye una de las principales lacras de la sociedad, que es la corrupción. El Tribunal de Cuentas es plenamente consciente de esta situación y dirige sus esfuerzos al cumplimiento de su función constitucional, incluida la relativa al control de los partidos políticos. En este sentido, el tribunal forma parte del conjunto de órganos de control, con funciones y atribuciones diferenciadas, pero al mismo tiempo complementarias, que constituyen el sistema de contrapesos esencial para el funcionamiento de nuestro régimen democrático. Las propuestas de esta Comisión, si me lo permiten, además de promover las reformas necesarias en el régimen de los partidos políticos, resultarán útiles para mejorar nuestro sistema de control.
Antes de entrar a detallar las aportaciones del Tribunal de Cuentas y las propuestas para la mejora del régimen de fiscalización y de la financiación de los partidos políticos, es preciso efectuar un breve repaso a una serie de principios generales que inspiran el ejercicio de nuestra actuación. En primer lugar, no puedo dejar de citar el criterio de máxima independencia, tanto del tribunal como de sus miembros, además de la profesionalidad del personal al servicio de la institución. Unos y otros ejercen sus funciones y cometidos con el propósito último de la defensa de los intereses públicos, al margen de cualquier otro condicionante que pudiera afectar a nuestra labor. Permítanme resaltar la importancia de contar con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia frente a cualquier injerencia ajena a la citada defensa del interés público. Lo anterior se refuerza mediante los principios de transparencia, modernización y buen gobierno que inspiran la actuación del tribunal, con el fin de cumplir más eficientemente con nuestra misión y responder a las exigencias de la sociedad.
Entrando ya en el contenido propiamente dicho de las materias sobre las que versa esta Comisión, es preciso efectuar un breve recorrido sobre determinadas cuestiones que el tribunal ha venido señalando de manera reiterada y que en ocasiones han dado lugar a reformas legislativas o a cambios en los procedimientos de gestión y control de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas tiene atribuido el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos desde el año 1987. Al margen de las recomendaciones recogidas en sus informes de fiscalización sobre las formaciones políticas, cabe traer a colación la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, que fue aprobada por el pleno de la institución el 30 de octubre de 2001. Algunas de las propuestas contenidas en la moción, así como varias de las recomendaciones que figuran en informes posteriores, fueron abordadas en la vigente Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los
Partidos Políticos, que ha tenido dos reformas significativas, en 2012 y en 2015. Entre las cuestiones abordadas en las sucesivas regulaciones sobre esta materia y sobre las que previamente se había pronunciado el tribunal, se encuentran las relativas a las donaciones anónimas a los partidos, las condonaciones de deuda bancaria, la contabilidad electoral, las obligaciones de presentación de cuentas consolidadas y de transparencia de la información, la colaboración de terceros o la regulación adecuada del régimen sancionador.
Es preciso destacar, en relación con muchas de las medidas anteriores, el significativo avance logrado mediante la aprobación de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos. Dicha reforma, aunque es pronto para evaluar sus resultados, ha recogido una parte muy importante de las recomendaciones de mejora que reiteradamente efectuaba el Tribunal de Cuentas. Entre las medidas que fueron adoptadas, se encuentran las referentes a la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas y las condonaciones de deuda, la creación de la figura del responsable económico-financiero del partido y la mejor regulación del régimen sancionador, por citar solo las más relevantes.
Sobre muchos de estos asuntos, que en ocasiones limitaban o dificultaban significativamente el ejercicio de la labor de control, el tribunal se había manifestado mediante sus recomendaciones. Es cierto que no se han recogido todas las sugerencias que ha formulado en sus informes el Tribunal de Cuentas, pero no sería justo afirmar que el legislador ha hecho oídos sordos a nuestras propuestas de mejora. En la segunda parte de mi intervención intentaré señalar aquellas cuestiones susceptibles de reforma, especialmente en lo relativo a las formaciones políticas y a sus entidades vinculadas, sin perjuicio de que cabría analizar la conveniencia de abordar otras materias de especial interés, como, entre otras, la contratación, las subvenciones y la transparencia de la gestión pública.
Antes de ello, es preciso aclarar que el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción ni cuenta con las atribuciones ni los instrumentos necesarios para actuar como tal. El tribunal, como cualquier institución de control externo, lleva a cabo una labor de verificación de las cuentas y de la gestión económico-financiera, y exclusivamente con dicho alcance tiene atribuido el control de los partidos políticos. Este último campo no es frecuente que corresponda a las entidades fiscalizadoras en el ámbito internacional, pero también lo ejercen los tribunales de cuentas de Estados democráticos avanzados, como los de Finlandia, Israel o Italia, por citar solo alguno de ellos.
El Tribunal de Cuentas puede coadyuvar, y de hecho lo hace regularmente, en la lucha contra el mal uso de los fondos públicos, la vulneración de las leyes de financiación de los partidos políticos y toda clase de irregularidades de la gestión pública. Lo cierto es que el tribunal está poniendo todo su esfuerzo y voluntad al máximo nivel para incrementar el control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su fiscalización. Entre las medidas adoptadas para potenciar la fiscalización de los partidos políticos y sus entidades vinculadas o dependientes, se ha acordado la transformación de la anterior unidad de fiscalización de contabilidad de partidos políticos en un departamento, con el mismo rango y estructura que los demás de fiscalización. Se ha procedido a dotar de un mayor número de recursos efectivos al nuevo departamento de partidos políticos, habiendo pasado de dieciséis a veintinueve funcionarios, más otros seis cedidos temporalmente, y se han adscrito al mismo todos los técnicos de auditoría de nuevo ingreso. Ello supone una evolución del anterior modelo basado en la cesión temporal de funcionarios de otros departamentos. También se ha potenciado la utilización de medios telemáticos para la remisión de documentación contable, tanto la relativa a los dos últimos procesos electorales como a las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como para su tratamiento y explotación posterior. (El señor vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la Presidencia).
Entrando ya en las propuestas de mejora formuladas por el Tribunal de Cuentas en sus diversos documentos de fiscalización y que pueden resultar de interés a efectos de una eventual reforma de la normativa reguladora del régimen y la financiación de los partidos políticos, procederé a enumerar las más significativas. Lógicamente, todas las recomendaciones están disponibles en los informes de fiscalización que se comunican a las Cortes y son de acceso público, por lo que ceñiré mi intervención a aquellas que presenten una mayor relevancia y no hayan sido adoptadas aún. Uno de los aspectos que genera una mayor preocupación en función de los resultados de fiscalización obtenidos es el relativo a la utilización de las fundaciones y otras entidades vinculadas para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas. A este respecto, los requisitos y límites legales de las donaciones a tales fundaciones y entidades son distintos de los que se exigen en el caso de que se recibieran por las formaciones políticas. Asimismo, el tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones y entidades
vinculadas o dependientes de los partidos a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes. Es cierto que no se permite a las fundaciones o entidades vinculadas o dependientes asumir gastos que corresponden a los partidos políticos, sin embargo, en la medida en que aquellas pueden hacer aportaciones a estos últimos, se produce un corte en la secuencia de control, de manera que por vía indirecta los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente. En consecuencia, sería recomendable aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones. También en el ámbito de las fundaciones vinculadas a los partidos se sugiere definir claramente en la ley orgánica la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones, cuya distinción semántica puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Por lo que se refiere a los partidos políticos, el tribunal se ha manifestado reiteradamente a favor de integrar la contabilidad de la actividad de sus grupos institucionales.
Otro aspecto susceptible de mejora que no fue abordado en la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos es el relativo al sistema de control interno del que deben disponer todos los partidos políticos, así como la auditoría sobre el mismo que está prevista en el artículo 15 de la citada ley. Sería conveniente, incluso en beneficio de la seguridad jurídica de las formaciones políticas, que se precisara el alcance y contenido de esta documentación que debe remitirse obligatoriamente al Tribunal de Cuentas y que resulta de gran utilidad para llevar a cabo una fiscalización más precisa sobre su actividad. No debemos dejar al margen la necesidad de una regulación detallada de las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos, cuya fiscalización implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución. Es preciso tener en cuenta que dichas formas novedosas de financiación deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo por su propia naturaleza de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación. El tribunal, en particular, recomienda que todas las donaciones privadas que se realicen en periodo electoral se entiendan efectuadas, en todo caso, para financiar dicho proceso electoral.
Otra de las cuestiones pendientes de resolver es la completa armonización entre la ley orgánica de financiación de partidos políticos y la Ley orgánica del régimen electoral general. Más relevante resulta la necesidad de medidas para paliar la falta de correspondencia entre el límite máximo de gastos electorales y el importe de la subvención a percibir. Así, en determinados procesos electorales, especialmente en las elecciones locales, el límite máximo de gastos para las formaciones de reducida implantación puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación. En muchas ocasiones, dicho límite máximo es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de la campaña electoral. Ello se ve agravado por la comisión de una infracción en caso de superarse los límites máximos de gastos electorales con la correspondiente sanción, cuya cuantía suele ser desproporcionada según la gravedad de aquella al operar en su importe mínimo. Adicionalmente, el tribunal propone considerar la oportunidad de promover el desarrollo normativo de la legislación, con objeto de especificar en mayor medida los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales previstos legalmente. Además, se advierte la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios existentes como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como evaluar la eficiencia del envío de sobres y papeletas o de propaganda electoral.
Todo lo anterior debe ir acompañado de otras medidas de carácter general, como las que ha demandado el Tribunal de Cuentas, relativas a los medios coercitivos para exigir la colaboración para el cumplimiento de sus funciones -fiscalizadora o jurisdiccional- y que también tienen repercusión en este ámbito. En definitiva, se trata de una enumeración de temas susceptibles de mejora que redundarían en una actuación más eficiente de los poderes públicos y los órganos de control, incluido el Tribunal de Cuentas, así como una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el funcionamiento de los partidos políticos. Todas las medidas dirigidas a una mejor regulación y funcionamiento de nuestro sistema político no pueden más que proporcionar beneficios para la convivencia y la confianza de la sociedad, tan necesarios en estos tiempos.
Una última reflexión. El control de los partidos políticos nació precisamente con ese objetivo, controlar la financiación. Un auténtico y verdadero control no puede quedar exclusivamente en analizar los medios financieros sino que tiene, fundamentalmente, que dirigirse a verificar su aplicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias.
Ahora, conforme a lo establecido, tienen la palabra los grupos parlamentarios con un máximo de cinco minutos, tal como hemos acordado en la Mesa y Junta de Portavoces.
Creo, si la vista no me falla, que por el Grupo Parlamentario Mixto no hay nadie. ¿Por el PNV? (Denegación). No va a intervenir, perfecto. ¿Por Esquerra Republicana? (Denegación). Tampoco. Pues entonces damos directamente la palabra al señor Cantó, por el Grupo Ciudadanos.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas por estar aquí con nosotros. De hecho, estoy convencido de que a usted durante estos días le debe haber pitado el oído en algún momento, porque sin duda el Tribunal de Cuentas ha sido uno de los protagonistas de las intervenciones de muchos de los comparecientes que han ido pasando por esta Comisión. De hecho, una de las propuestas que más hemos escuchado por parte de todos esos comparecientes tiene que ver con promover la financiación mixta en los partidos políticos, es decir, con promover más la financiación privada de alguna manera, porque la diferencia entre lo que recibían de dinero público y lo que recibían de sus afiliados era notable. Eso quiere decir que los partidos tendrían que involucrarse más en conseguir que más ciudadanos colaboren, se afilien a los partidos políticos, es decir, que haya un acercamiento entre representantes y representados. Sin embargo, a lo mejor no hemos acabado de entender muy bien cuál sería la fórmula ideal -desde luego en eso ha habido divergencias- para conseguir una financiación privada. ¿Cómo cree usted que debería fiscalizarse? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las garantías de control y transparencia necesarias? Porque parece difícil que con la legislación actual se pueda alcanzar esa paridad que algunos nos decían que era el ideal entre financiación pública y privada, porque, como usted bien sabe, las donaciones por parte de personas jurídicas se han prohibido. Es una medida que, obviamente, también han valorado ellos como beneficiosa para dificultar, en la manera de lo posible, la existencia de la corrupción, pero también es fácil de sortear. Muchos de ellos nos hablaban del problema que se había creado con la existencia de las fundaciones, que sí que pueden recibir ese tipo de financiación y que, al fin y al cabo, hacía que no hubiéramos conseguido demasiado con esa medida. Algunos comparecientes habían solicitado volver a permitir esas donaciones por parte de personas jurídicas, y eso hace que nos planteemos una pregunta que me gustaría trasladarle: De qué modo se podría hacer, de qué modo se podrían legalizar esas donaciones con máximas garantías para la prevención de esa financiación irregular, que sin duda alguna es una de las mayores razones que explican la existencia de esta Comisión.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas juega un papel crucial en la fiscalización, en la prevención de la corrupción, pero también se ha denunciado aquí en numerosas ocasiones que les faltan medios y facultades para esta tarea. Muchas veces se han superado los límites de gasto en las campañas electorales y, además, se sirven de canales paralelos y opacos. A uno le da la sensación de que todo eso, obviamente, escapa a su control. Por eso me gustaría saber su opinión al respecto. Se ha solicitado una ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas para que tenga capacidad de investigar más allá de la contabilidad oficial de las formaciones. Se ha advertido de la impunidad que rodea a los partidos que cometen infracciones en su financiación, porque hemos visto en la historia reciente que estos delitos prescriben antes de que ustedes puedan entrar en acción. ¿Qué medidas cree usted que podrían adoptarse para agilizar los trabajos del Tribunal de Cuentas y para mejorar, por lo tanto, el control de los partidos? Por último, ¿cree usted que tienen la suficiente independencia para llevar a cabo su trabajo de la forma más efectiva posible?
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Yllanes, tiene la palabra.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia ante esta Comisión.
No le voy a hacer ninguna pregunta y no se la voy a hacer porque espero que esta no sea su última visita a esta Comisión. Es más, está previsto que hablemos en profundidad del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, cualquier consideración que hiciera ahora sería probablemente incompleta desde el momento en que la información que he recibido después de un cuarto de hora de exposición es, lógicamente, limitada.
Permítame que manifieste algunas perplejidades derivadas de lo que nos ha transmitido. La primera es la máxima independencia del Tribunal de Cuentas. No digo que ustedes no estén blindados ante las injerencias de los partidos políticos. Lo dudo, pero no nos extendamos en esa materia. Eso sí, en el procedimiento de selección de los integrantes del Tribunal de Cuentas esa máxima independencia queda bastante en entredicho. Fíjese, nos han entregado un resumen de las distintas intervenciones que ha habido en los trabajos de esta subcomisión, y sobre el Tribunal de Cuentas hasta cinco ponentes han coincido en que hay que modificar el proceso de selección de sus integrantes, precisamente para ahondar en la independencia del tribunal. Por lo tanto, qué quiere que le diga; esa máxima independencia queda en un nivel inferior a lo máximo.
Le he escuchado decir que el Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción y lo lamento, lo lamento enormemente, porque sería interesante que el Tribunal de Cuentas pudiese adoptar alguna función en relación con la lucha contra la corrupción. Resulta enormemente sorprendente que, pese a hacer su trabajo con plena de profesionalidad, no me cabe la menor duda, no hayan sido capaces de diagnosticar que había un partido político -que actualmente es el que gobierna- que tenía ciertos problemas en su financiación. Curiosamente, comparece usted hoy, el día en que han empezado los trabajos de la Comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Por lo tanto, quizás dentro de ese capítulo de reformas al que usted se ha referido -que, sin duda, son importantes y que lamentamos que no se hayan practicado hasta ahora; a lo mejor es necesario en esta legislatura ponernos en marcha para conseguirlas-, habrá que dotar de alguna manera de capacidad de funcionar como órgano anticorrupción al Tribunal de Cuentas, ya que es el encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Tengo entendido que dentro de ese empeño enormemente profesional, a nuestro partido político se le ha sometido recientemente a una auditoría y creo que ha sido absolutamente exhaustiva para que no quedase ninguna duda acerca de la probidad de nuestra financiación.
Otra cuestión que me ha preocupado es que no fiscalizan a las fundaciones y, dentro de ese tono general de su intervención, ha dicho que a lo mejor los partidos políticos utilizan las fundaciones para financiarse ilegalmente. No suena bien utilizar a estas alturas ese tipo de tiempo verbal -podrían, quizás, puede ser; menos mal que en esa Comisión de investigación a la que no pertenezco -ya hice mi trabajo acerca de la corrupción cuando estaba en la Administración de Justicia- saldrán muchos temas sobre el problema que presentan las fundaciones ligadas a los partidos políticos.
Por último, lamento que haya tantas reformas pendientes o haya que avanzar tanto en materia de competencias del Tribunal de Cuentas. Insisto, no quiero hacerle preguntas acerca del tema que nos trae hoy a esta Comisión, el régimen y la financiación de los partidos políticos, porque ya tenemos muchísima información y usted nos dará más al responder las preguntas que le van a formular los restantes grupos. Espero que la próxima vez que nos veamos, cuando finalmente hablemos del Tribunal de Cuentas, pueda aclararme esas perplejidades que me han quedado después de su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señor Yllanes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Muchísimas gracias, presidente.
Quiero empezar dándole la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión. Es verdad que usted está acostumbrado a comparecer en esta casa, pero en la Comisión mixta, a tal efecto; en cambio ahora, como le ha recordado el anterior portavoz, el objeto de su comparecencia no es tanto el análisis de la composición del tribunal, de su elección o de los informes anuales que remiten a esta Cámara, sino que nos informe desde una posición privilegiada y de absoluto conocimiento sobre la financiación de los distintos partidos políticos que existen en este país, qué podríamos mejorar respecto al régimen y la financiación de los partidos políticos. En eso va a centrar su intervención el Grupo Parlamentario Socialista.
Partimos de la base de que la financiación de los partidos políticos, por la propia función que la Constitución hace recaer en esa institución democrática, debe ser una financiación suficiente, estable y, evidentemente, transparente y controlada, porque para eso tiene que responder al mandato democrático de funcionamiento interno marcado por la Constitución. Somos partidarios de una financiación mixta, ya lo hemos dicho en otras comparecencias, pero decantada en la financiación pública. Pensamos que la financiación pública de los partidos políticos es absolutamente transparente y conocida, por lo que es mucho más controlable. En este sentido, nos gustaría que nos hiciese una valoración sobre su impresión
o la impresión del tribunal, si es positivo que exista esta financiación mixta público-privada, cuál sería la proporción que aplicarían en el caso de que pensaran que la mixta es la adecuada o si se decantaría por una exclusiva. Además, me gustaría que nos comentase aquellos casos más frecuentes que el tribunal conoce sobre irregularidades que vengan de esta financiación y si esas irregularidades se concentran más en la financiación pública o, por el contrario, en la financiación privada.
Es verdad que todos los partidos políticos hacemos la misma reflexión. El señor Cantó ha hablado de la crisis institucional, la crisis de representación y lo que eso comporta para la imagen de los partidos políticos y, por supuesto, es una de las máximas preocupaciones del Congreso de los Diputados y, desde luego, de esta Comisión, que precisamente se ha creado a tal efecto, para hacer un análisis y un diagnóstico claro de qué problemas y debilidades tenemos sobre el funcionamiento de nuestra democracia y cómo podemos mejorar su calidad. Esto quiere decir lucha contra la corrupción, pero no solo eso, quiere decir muchas otras cosas.
Mi grupo parlamentario querría alguna valoración sobre cuestiones que nosotros pensamos que pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestra democracia, a mejorar el funcionamiento de las instituciones y sobre todo a mejorar esa visión que desde la sociedad se pueda tener de esas instituciones democráticas. En ese sentido, ¿qué le parecería a usted, cómo valoraría el vincular la financiación de los partidos políticos a la democracia interna de esos partidos políticos? Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que algunos partidos introdujeran en su normal funcionamiento un ejercicio de primarias para elegir a sus órganos de dirección o la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales. Por tanto, que la financiación no solo fuese en función de los resultados sino también introduciendo esta variable de democracia interna.
En segundo lugar, ¿qué le parece la transparencia de todos los ingresos públicos y privados, con un desglose pormenorizado de las aportaciones de donantes, de afiliados y de cargos públicos? Imagino que lo vería positivamente, pero me gustaría saber qué valoración hace de este aspecto y cuánto aportaría el hecho de que esto se produjera.
En tercer lugar, nosotros somos partidarios de informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, también de los créditos contratados así como de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras. Nos gustaría saber su opinión al respecto y también si en estos momentos el Tribunal de Cuentas estaría en condiciones de poder recibir esta información, de poderla procesar y, por tanto, de poderla analizar. Si no fuese así, querríamos saber qué efectivos y qué dotaciones adicionales necesitaría el tribunal. Asimismo, querríamos saber si le parecería adecuada la siguiente medida: retener toda la subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Si le parece una medida drástica o si, por el contrario, le parece una medida eficaz, eficiente. También somos partidarios de establecer la obligación para los partidos políticos de publicar la liquidación de gastos e ingresos electorales teniendo en cuenta el techo de gasto de cada uno de ellos, ¿sería esto una información útil para ustedes? ¿Creen que es absolutamente necesaria?
Finalmente, nosotros pensamos que los partidos políticos tendrían que seguir estrictamente todas las recomendaciones Greco. ¿Cree que en estos momentos los partidos políticos españoles cumplen con esas recomendaciones Greco? ¿Qué es lo que no cumplen y, por tanto, qué recomendaría usted que llevaran a cabo esos partidos políticos?
Respecto al funcionamiento del Tribunal de Cuentas y sin querer entrar en ello detenidamente, quiero hacer alusión a un par de críticas que se han ido sucediendo en las distintas comparecencias que ha habido en esta Comisión. Por un lado, el retraso en los trabajos del tribunal y, por otro lado, la falta de aplicación de la función sancionadora que tiene el Tribunal de Cuentas y, por tanto, la posibilidad de explorar más esa vertiente que el tribunal no ejerce suficientemente. ¿Cuál cree que es el motivo del retraso de los trabajos del Tribunal de Cuentas? Como ha dicho usted en su intervención, y yo lo comparto, no se debe a la cualificación de los funcionarios actuales pues me consta que todos están altamente cualificados y trabajan todas las horas y más para sacar adelante los trabajos. ¿Es, por tanto, por falta de medios, por falta de recursos? Nos gustaría que hiciera una reflexión al respecto.
Voy acabando. ¿Es partidario de asumir funciones de investigación previa o paralización de actuaciones ilegales por parte del Tribunal de Cuentas? ¿Es partidaria su institución de establecer modificaciones normativas que permitan el control de fiscalización en tiempo real de los partidos políticos y, por tanto, de incrementar la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas? Díganos si cree que eso es posible, si lo es con los medios actuales y, si no, qué medios necesitaría. Ha dicho que no puede
controlar el tema de las fundaciones. ¿Cómo controlamos la financiación a través de las fundaciones? ¿Tiene alguna idea al respecto, cree que hay algún mecanismo que se puede aplicar para conseguirlo? ¿Cree que no se dispone de alguna información sobre la financiación de los partidos que sería necesario recabar para hacer una fiscalización más eficaz? Es decir, ¿en el análisis de esa fiscalización de los partidos políticos han detectado ustedes de manera sistemática la falta de algún tipo de información que sea primordial para determinar si la financiación del partido político es adecuada o no? ¿Qué datos considera imprescindibles para poder hablar de una auténtica transparencia? Porque todos sabemos que un alud de información no es necesariamente más transparencia y a lo mejor hay datos absolutamente imprescindibles que no se conocen. De sus palabras deduzco, y me gustaría que me lo confirmara si es así -y con esto termino-, que usted ampliaría las funciones del Tribunal de Cuentas para poder verificar su aplicación, la aplicación de aquello que ustedes determinan y dictan en sus informes. Si es así, ¿qué mecanismos o cómo articularía esta verificación de la aplicación?
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señora Batet.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez.
Bienvenido, señor Álvarez de Miranda, a esta Comisión. De usted, que representa a la institución del Tribunal de Cuentas, alguien que me ha antecedido en el uso de la palabra decía que le pitaban los oídos. Ha tenido suerte porque afortunadamente hoy se ha rebajado la crítica que constantemente hemos oído aquí respecto del Tribunal de Cuentas. Supongo que tiene mucho que ver con que cuando se dicen las cosas, lógicamente hay que ser capaces de sostenerlas, no sirve decirlas y que quede ahí el titular, sino que esas afirmaciones hay que confrontarlas y demostrarlas, y me da la sensación de que muchas de las que se han hecho permanentemente aquí eran profundamente injustas. Hoy no se han hecho, por lo que algo hemos avanzado.
Querría preguntarle sobre la infradotaciòn de medios económicos, que es una cuestión recurrente; lógicamente, para saber si uno está bien o mal dotado económicamente o con necesidad de plazas en el tribunal, hay que comparar. Por tanto, me gustaría que hiciese un sencillo análisis sobre las dotaciones económicas del Tribunal de Cuentas y también de los OCEX, que entiendo que también deberían contar. Al final, eso suma un número importante de funcionarios -si no me equivoco, más de 1500- y un volumen importante de recursos económicos y, si nos comparamos con otros países de Europa, me da la sensación de que este país dedica bastante esfuerzo económico y de personal a lo que es la fiscalización. Al hilo de esto, quiero hacerle una reflexión en la que me gustaría que profundizara. En esta Comisión se ha hablado mucho de corrupción y yo siempre he tenido la sensación de que en la Administración General del Estado -y esto tiene mucho que ver con los controles y cómo funcionan esos controles- ha habido muy poca corrupción y que los ámbitos de corrupción son fundamentalmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Siempre he tenido la impresión de que esto tiene mucho que ver con los controles, con la relajación de controles y con legislaciones que algunos, cuando gobernaron, se empeñaron en imponer a machamartillo y que relajaron bastante los controles previos, y de ahí los problemas. Si es posible, me gustaría que hiciera alguna reflexión al respecto.
De manera recurrente se ha debatido en esta Comisión sobre la independencia, y yo creo que nadie ha debido leer el famoso informe inter pares, redactado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y la Cámara de Cuentas portuguesa; es más, tengo la sensación de que nadie lo ha leído porque ahí queda meridianamente claro qué se piensa sobre la independencia. Pero como veo que esta cuestión todavía le preocupa a alguna fuerza política, me gustaría que nos explicara qué otros sistemas de elección hay para elegir a los miembros del Tribunal de Cuentas. Porque a mí no me cabe la menor duda de que en el momento en que un partido político, sea por el mecanismo que sea -da igual-, señale a una persona como candidato suyo para miembro del Tribunal de Cuentas, automáticamente ya está politizado y la independencia de ese buen profesional seguro que se ha perdido. Este es el escenario que se ha dibujado aquí habitualmente. Por tanto, me gustaría que nos dijera algún sistema, si se le ocurre, porque quizá no lo haya. O algunos de los que hacen crítica luego, cuando acceden al poder de otras instituciones, no tienen ningún empacho en designar por parte de su partido a cualquier otro miembro.
Otra cuestión que es objeto de debate y respecto a la cual hay opiniones para todos es si el Tribunal de Cuentas debe ser un órgano anticorrupción, con las competencias que tiene -porque hay autores que entienden que podría ser ya un órgano anticorrupción-, y de qué medios, aparte de los legales,
lógicamente, habría que dotarle, supongo que del carácter de autoridad, como sucede en la oficina de Estados Unidos. ¿Usted cree que se podrían incorporar análisis de riesgos de corrupción en los informes con las competencias que ustedes tienen en estos momentos? ¿Necesitarían una unidad especializada? ¿Habría que utilizar otro tipo de personal? En definitiva, se trata de cuestiones que rodean el ámbito de investigación de la corrupción, que yo entiendo que es distinto de la actividad del tribunal.
Y créanme que hay algo que me ha sorprendido. Podemos acaba de afirmar a través de su portavoz que se le había sometido ya a un análisis -entiendo que por el tribunal, pero a lo mejor no he entendido bien al señor Yllanes- y que lo había pasado con notable éxito. No sé si es así. (El señor Yllanes Suárez: Si revisa usted el Diario de Sesiones, verá que no he dicho nada que se parezca a eso).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Yllanes, no está en el uso de la palabra, por favor.
El señor YLLANES SUÁREZ: Lo lamento, pero no he dicho nada que se parezca a lo que ha dicho el señor Suárez.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Yllanes, no está en el uso de la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: No me deja acabar la pregunta, señor Yllanes. He dicho: Si le he entendido bien. Si no le he entendido bien, no le he entendido bien y pediré disculpas, pero déjeme acabar la pregunta, que creo que tengo derecho. Cálmese usted, porque en esta Comisión tiende habitualmente a alterarse, y bastante. (Risas). No ha habido Comisión en que haya intervenido que usted no me haya cortado.
El señor YLLANES SUÁREZ: Señor presidente, ¿puede decirle al portavoz del Grupo Popular que se dedique...
Prosiga, por favor, señor Suárez Lamata, e intente centrarse en el tema objeto de debate.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, a ver si no voy a poder preguntar sobre la auditoría de partidos políticos o la fiscalización de partidos políticos, cuando se está hablando de fiscalización de partidos políticos. Explíqueme usted por qué no puedo preguntar. (La señora Blanco Garrido: Muy bien).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Suárez, no haga intervenir a esta Presidencia, que lo suyo es que no hable -la Presidencia-, pero si me lo pide, repasamos los diarios de sesiones y verá cómo hay un exceso importante en lo que es el objeto y el cometido y, por tanto, está provocando la intervención de otro miembro de la Comisión.
Prosiga, por favor. (La señora Blanco Garrido: Encima, provoca él.-La señora Escudero Berzal: Provocador).
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, ya me lo explicará usted luego porque realmente no lo entiendo. Me excede mentalmente no saber por qué no puedo preguntar sobre una determinada auditoría, pero me ciño a lo que dice el presidente y en el Diario de Sesiones quedará que no puedo preguntar sobre la fiscalización de Podemos, pero ya lo explicará usted también.
Señor presidente, querría hablar sobre las fundaciones. Al final, al que más le sorprende que se puedan financiar los partidos políticos a través de las fundaciones es al único del cual realmente se ha evidenciado que ha financiado a un partido político, a Podemos. En esta Comisión hay algunas cosas que me resultan realmente surrealistas. Y usted dice: No podemos fiscalizarlo todo. Hombre, me gustaría que aclarase esa afirmación porque da la sensación, para empezar, de que las fundaciones representan un volumen muy importante en la financiación de los partidos políticos, pero si no me falla la memoria -que es posible y ya pido disculpas de antemano-, se trata de unos 12 millones sobre el volumen total que mueven los partidos políticos que, si no me falla la memoria, son 270; el volumen es, cuando menos, menor. Me gustaría que matizara qué es exactamente lo que no se puede fiscalizar porque los ingresos, que es lo que debería preocupar a todo el mundo, se fiscalizan, y al final nos enteramos de que algún
partido político se financia con su fundación y nos enteramos a través del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, evidentemente, esto que se acaba de poner en tela de juicio esta tarde, me resulta sorprendente.
En cuanto al famoso retraso del Tribunal de Cuentas, imputable no sé muy bien a qué, quiero que hable de reducción de plazos, que explique si se pueden reducir los plazos y en cuánto se pueden reducir, no sea que, si el informe se presenta hoy y mañana está la fiscalización hecha, entremos en temas de inseguridad jurídica y en otros que pueden dar lugar a males mayores. Porque da la sensación de que este Tribunal de Cuentas -y digo este- sea una especie de maquinaria muy lenta y cuando lo comparamos con lo que se hace fuera o con lo que se hace en otros tribunales -yo siempre digo que en la vida hay que comparar- se ve que no es así, y aquí hay algún miembro de la Comisión del Tribunal de Cuentas, que sabe lo que se está trabajando y los informes que se están sacando. Lo que es verdad es que el volumen de informes del Tribunal de Cuentas ha aumentado en esta legislatura y en la anterior de forma muy importante. ¿Qué tipo de auditoría habría que realizar a su juicio respecto a los partidos políticos en el ámbito que nos estamos moviendo para mejorar la transparencia y el conocimiento de las cuentas y sobre todo de la actividad económica de los partidos?
Le quiero hacer una última pregunta. La reforma emprendida en el año 2015 del régimen de financiación de partidos políticos, junto con la reforma del Código Penal, afectó sobre todo al régimen de infracciones y sanciones administrativas y penales. Me gustaría que usted, que tiene una posición privilegiada, explicara, si es posible, si considera suficientemente disuasorio el ámbito del delito de financiación ilegal de los partidos políticos tal como ha quedado definido y si, a su juicio, determinadas sanciones que en estos momentos tienen carácter meramente administrativo habría que elevarlas a categoría de ilícito penal. Yo ya sé que todavía es prematuro ver los efectos de la reforma de 2015, pero me interesaría que me diera su opinión sobre esta última pregunta que le he hecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Concluida la ronda de portavoces, tiene la palabra nuevamente el compareciente para que por un tiempo máximo de veinte minutos dé cuenta de cuanto se le ha preguntado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Será complicado porque son muchas preguntas y yo creo que ustedes han hecho referencia a todas las cuestiones que podrían valorarse en esta materia y, por lo tanto, intentaré hacer un resumen de las preguntas que me han formulado para dar satisfacción a las mismas.
Empiezo por una de las cuestiones que se han planteado en relación con la independencia, desde la extrañeza ante la expresión que yo he utilizado de máxima independencia a simplemente la preocupación o pregunta de cómo puede mejorarse esa independencia. Quiero indicarles que la independencia, en primer lugar, es una cualidad personal; es decir, la independencia de los miembros de una institución lo es de cada uno de sus miembros individualmente y es como puede y debe medirse, pero sí hay una independencia de carácter objetivo que, primero, se puede valorar y tener en cuenta al analizar el marco jurídico que regula una actividad y, segundo, también se puede valorar a través de procedimientos de revisión como aquel al que el tribunal ha estado sometido en el pasado. Porque nosotros hemos tenido una revisión muy profunda sobre el ejercicio de nuestras funciones en el año 2015, realizada por un equipo formado por dos tribunales de cuentas, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas portugués, realizada en un periodo de seis meses, con más de sesenta entrevistas, más de seiscientas encuestas y revisión de los papeles de trabajo. En el proceso de revisión no existió ningún área de trabajo que haya quedado excluida del trabajo de los revisores y el resultado de esa revisión dice cosas importantes, en el sentido de que por parte de los revisores se considera que el tribunal es una institución que está consagrada constitucionalmente, que tiene una cultura corporativa que potencia y garantiza la autonomía intelectual y técnica de sus auditores, que el tribunal tiene la facultad de planificar libremente su actividad de control, que tiene la autonomía necesaria para contratar y gestionar recursos humanos para el desempeño de su misión y que tiene autonomía legal para garantizar la disponibilidad de los recursos materiales esenciales.
Los revisores también nos dijeron que existían dudas en la opinión pública respecto de nuestra independencia y lo pusieron por escrito en el informe que emitieron. Pero al mismo tiempo dijeron: de todas las pruebas que hemos realizado, de todas las encuestas que hemos realizado y de todos los papeles que hemos visto no puede deducirse en ningún caso ningún quebrantamiento de la independencia de los miembros ni de la institución. Por lo tanto, desde el punto de vista de la revisión el pronunciamiento
es absolutamente claro. Desde el punto de vista personal, les puedo decir que soy funcionario del Tribunal de Cuentas desde hace treinta años, que dirijo esta institución desde un punto de vista profesional y que tengo la mejor confianza en los funcionarios que prestan trabajo en el tribunal y creo que ninguno de ellos se dejaría someter en ningún caso a principios o condiciones que pusieran en duda su independencia en la realización del trabajo. En ese sentido he utilizado la expresión 'máxima independencia', pero también es cierto que todas las cuestiones son mejorables, es decir que hay posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia de una institución, y en el caso del Tribunal de Cuentas esas posibilidades de mejora posiblemente puedan ir, desde el punto de vista de una futura regulación, en la dirección de ampliar los plazos de ejercicio de la función de miembro del tribunal y, por otra parte, establecer de manera clara la imposibilidad de reelección en la institución, precisamente para garantizar esa independencia de forma absoluta.
Me plantean también qué medidas servirían para agilizar el Tribunal de Cuentas, y entiendo que me lo están ustedes planteando para agilizar la labor del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de partidos políticos. Quiero indicarles que efectivamente la labor de fiscalización de partidos políticos es una labor que asumen determinados tribunales de cuentas u oficinas de auditoría a nivel mundial, que no son tantas; no tenemos una experiencia tan dilatada ni un conocimiento tan profundo de esta materia en el ámbito internacional, tenemos los casos de Finlandia, Italia e Israel, que tienen nuestras mismas competencias y que las ejercen -yo creo- con la misma profesionalidad que lo puede hacer el Tribunal de Cuentas. Pero hay que tener en cuenta también que a nivel internacional muchas veces la fiscalización de los partidos políticos se reduce exclusivamente a la fiscalización de las campañas electorales, es decir del dinero utilizado electoralmente, mientras que nosotros tenemos una fiscalización y un procedimiento de revisión en el que estamos incluyendo la financiación ordinaria; en el ámbito español yo creo que se controla absolutamente todo: financiación y actividad ordinaria de los partidos, actividad electoral e incluso, de acuerdo con los criterios utilizados últimamente, la actividad de los candidatos que operan dentro de los partidos. Y, por otra parte, los informes que desarrollamos ante esta Comisión y ante otras comisiones son informes que van creciendo en exigencias, cosa que me parece muy bien. Es decir, yo me alegro de que esa exigencia sea cada día mayor; pero, claro, ustedes se tienen que dar cuenta de que el informe de contabilidad de entidades locales hace diez años era un informe sencillo de hacer, fácil de hacer porque revisábamos un conjunto de entidades pequeño, pero en la actualidad fiscalizar el informe de elecciones locales supone hacer la revisión de 1172 formaciones políticas. Es que no es un informe, son 1172 actividades de fiscalización, cosa que yo creo que es positiva y además lo estamos haciendo cada vez más rápidamente e intentaremos hacerlo más rápido todavía porque hemos apostado decididamente por las tecnologías de la información. He de decirles que el tribunal, en los últimos informes, ha recibido toda la información sobre partidos políticos, la correspondiente a las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016, a través del tramitador de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas y que en la actualidad hemos desarrollado una plataforma de remisión telemática de las cuentas anuales de las formaciones políticas, que al mismo tiempo recibirá la información de las entidades de crédito y por supuesto también de la Dirección General de Política Interior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los trabajos de verificación van a ser muchísimo más rápidos en su realización. Pero no olvidemos que con estos informes de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos tendremos que hacer comprobaciones en 4672 formaciones políticas. Esto quiere decir que los niveles de exigencia de la labor de control del tribunal van creciendo de año en año, y ese crecimiento de año en año, que nos parece muy positivo y que estamos dispuestos a afrontar con la mayor de las ilusiones y pretendiendo cumplir con nuestra obligación, lógicamente nos plantea retos que hacen que en la actualidad acumulemos ciertos retrasos en la presentación de los informes de contabilidad ordinaria; porque todos los de elecciones están tramitados.
En relación con los procedimientos sancionadores que se derivan de estos informes, sí le puedo decir que, derivado de las elecciones locales de 2015, están en trámite de información previa para 49 formaciones políticas y que se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente, y que está pendiente de iniciación este trámite para 517 formaciones políticas que se encuentran también aquejadas de determinadas circunstancias que hacen que se tenga que abrir este trámite de información previa. Por eso tiene mucha importancia lo que les he dicho de que por favor revisen ustedes y tengan muy en cuenta que en el ámbito de los pequeños ayuntamientos, tal como está definida la actual ley, el incumplimiento de las formaciones políticas pequeñas es generalizado, incumplen los límites de gasto y al incumplir los límites de gastos hay que abrir estos trámites. Además, pienso que las sanciones mínimas que se establecen en
estos casos por incumplimiento son tan elevadas que hacen que ese aspecto concreto requiera una revisión en profundidad. En las otras dos elecciones está pendiente de iniciación un trámite de información previa para una formación política en las elecciones generales de 2016, y en las del 2015 no hay solicitado por el fiscal ni por el abogado del Estado del tribunal ninguna petición de apertura de procedimiento sancionador.
Me preguntaban cómo agilizar los trabajos del tribunal. En el ámbito de incorporación de personal en las últimas oposiciones todas las personas que ingresan en el tribunal del ámbito fiscalizador de carácter intermedio van directamente a integrar el departamento de partidos políticos. Esto quiere decir que se le da la máxima prioridad. En el Tribunal de Cuentas hay en estos momentos una prioridad máxima de atender necesidades de personal en el departamento de partidos políticos y en la regulación de los delegados instructores, y también en determinados aspectos del sector público territorial. Y todos los demás departamentos y todas las demás unidades están supeditados a poder cubrir nuestro crecimiento futuro en estos terrenos. Esperamos ponernos al día lo más rápidamente posible, y esperamos también, con la utilización de esos medios electrónicos y telemáticos, poder hacer una labor muchísimo más completa.
También me preguntan ustedes qué tipo de cuestiones tenemos que cambiar en la labor que hacemos de auditoría de los partidos políticos. Me parece importante la expresión que ha utilizado el representante de Podemos, el señor Llanes, cuando ha dicho que ha sufrido una auditoría exhaustiva; es la palabra que he recogido: exhaustiva. Bien, es que la labor del tribunal al fiscalizar los partidos políticos tiende a ser exhaustiva y además tiende a serlo en todos los partidos. No le quepa a usted la menor duda de que se hace esta labor en todos los partidos. Por lo tanto, ¿en qué puede mejorar esa labor? Ustedes saben que muchas veces este tipo de informes necesitan el cumplimiento de una serie de requisitos que normalmente en otro tipo de actividad de naturaleza parecida a la nuestra no ocurre. Nosotros tenemos que dar trámite de audiencia a todas las personas que participan y, por otra parte, tenemos que tener un procedimiento interno por el cual los doce miembros del pleno conozcan cada uno de los informes que se van a aprobar para que cada uno dé su opinión. Esto lleva a que en el trámite interno prácticamente un mes se ocupe en la realización de alegación y otro mes en la realización del trámite de aprobación del pleno. Intentaremos reducir todo el trabajo de fiscalización y todo el trabajo de auditoria necesario, pero no por reducir la carga de trabajo que vayamos a hacer sino por introducir en nuestro procedimiento aquellos elementos que hagan mucho más productivo el trabajo utilizando, es decir, las tecnologías propias de este tipo de fiscalizaciones.
Me preguntan por qué el tribunal no es un órgano anticorrupción y además a algunos les parece mal, incluso hay otros que podrían pensar que sí podemos cumplir esa función de órgano anticorrupción. Defino órgano anticorrupción como aquel órgano que está dotado de poderes extraordinarios destinados a fiscalizar a través de lo que hace la Fiscalía Anticorrupción, lo que hace la Guardia Civil, lo que hace la Policía o lo que hace Hacienda, que es intervenir comunicaciones, tener acceso a los sistemas informáticos; en definitiva, aquellas cuestiones que necesariamente tienen que ser aprobadas por un juez porque un tribunal como el nuestro no tiene esa capacidad ni, por otra parte, podría traspasar nunca aquellas barreras que le habilitarían como órgano anticorrupción. Porque, sinceramente, si el que presenta cuentas lo hace con trampas, directamente no salen esas trampas de la revisión de cuentas. Por eso he hecho mucho hincapié en que quizá el mayor mal de la legislación sobre financiación de partidos políticos era esa orientación exclusiva hacia la financiación. Porque nosotros podemos ver los medios que se declaran para la realización de las campañas, pero la única manera de intentar encontrar o poder encontrar irregularidades es que viendo la aplicación que un determinado partido político hace de sus campañas podamos llegar a la conclusión de que con los medios financieros que ha declarado es imposible hacer esa cantidad de aplicación. Es decir, que hay una financiación -podríamos decir- no declarada. Esa es la única manera para poder llegar a ese tipo de conclusiones con los medios que tenemos. Lo que es cierto es que ese tipo de trabajo, que es un trabajo no directamente de auditor sino más cercano a lo que podría ser un trabajo de inspección y de presencia en ese tipo de procesos, requiere posiblemente de personal cualificado y de mayor personal dedicado a esas labores en los tiempos fundamentales de realización de las campañas electorales.
Me podría extender más en esto pero creo que es más interesante dedicar tiempo a lo que ustedes me han planteado también sobre si desde el punto de vista del tribunal consideramos que la financiación privada debería crecer en relación con la financiación pública o si por otra parte debería vincularse esta financiación a la democracia interna, primarias, mandatos o paridad. Creo sinceramente que esto no es
una cuestión propia del Tribunal de Cuentas, no está en nuestro ámbito. Puedo tener mi opinión particular, como cualquiera, en relación con estos temas, pero el nivel de financiación privada o el nivel de financiación pública que debe dedicarse a los partidos políticos es algo que fundamentalmente les corresponde a ustedes. Ustedes definen el modelo de financiación, ustedes definen y deben definir qué es lo que se potencia y por qué. Todo tiene su por qué. Indudablemente, un sistema de mayor financiación pública tendrá más seguridad en determinadas cosas pero será más inmovilista en otras. Y un sistema en el que se potencie la financiación privada puede ser mucho más renovador para potenciar una participación política pero también tiene riesgos evidentes que creo están en la mente de todos. La decisión creo que es suya. En todo caso, sea financiación pública o privada, los medios para verificar y para identificar esta financiación y las medidas que pueda tener un órgano como el nuestro para llevar a efecto el control son las que tienen que estar lo suficientemente claras.
En 2015 el Tribunal de Cuentas experimentó uno de los mayores cambios en los últimos treinta años, precisamente porque tradicionalmente en el Tribunal de Cuentas nos quejábamos -y lo hacíamos por escrito en nuestras mociones dirigidas al Parlamento- de que el Tribunal de Cuentas no tiene medios para solicitar a terceros que le presten la colaboración que deberían prestarle. Algo tan sencillo como esto no estaba recogido en la legislación del tribunal y, sin embargo, sí existía en la legislación reguladora de la Intervención General de la Administración del Estado, y creo que muchos de los miembros que pertenecen a la Comisión mixta me habrán oído hablar de esta diferencia de trato que no tenía justificación alguna. La reforma de 2015 pone fin a ese principio y nos da plena capacidad de actuación al Tribunal de Cuentas para pedir la información a terceros. ¿Dónde puede mejorar nuestra labor? En que en lo que a esta información de terceros se refiere esté lo suficientemente bien articulada su contestación y previstos sus incumplimientos. Creo que en un caso como es la financiación de partidos políticos es fundamental que los proveedores estén perfectamente sujetos a control. Por una parte, ya lo están a través de la Junta Electoral Central, pero también a través del tribunal, que reiteradamente señala en sus informes a aquellos proveedores que no nos están contestando, que no nos dan la información relativa a qué participación han tenido en la campaña electoral. Creo que este es uno de los puntos que queda pendiente por reformar y que se puede ir mejorando en ese terreno.
Me preguntan también -y perdonen, porque tengo muchas preguntas- sobre la dotación de medios del tribunal. Creo que esta es una cuestión importante. El Tribunal de Cuentas tiene en la actualidad 750 funcionarios. Es cierto que los órganos de control externo tienen en total 1500, como ha dicho muy bien el señor Suárez. El presupuesto de nuestra institución está por debajo de los que pueden tener instituciones parecidas a la nuestra, pero indudablemente creo que los problemas que puedan derivarse del crecimiento futuro del tribunal no se solucionan teniendo de pronto mucho más presupuesto, porque una institución no se cambia de la noche a la mañana fácilmente. Para crecer necesitamos tener más espacio, más profesionales, y los profesionales no se improvisan. Los grandes problemas que tenemos en relación con la captación de profesionales es que muchas veces traemos profesionales de otros ámbitos de la Administración pública y esos profesionales a lo mejor no tienen el mismo nivel o el nivel requerido para poder realizar su labor. En la mayor parte de los casos sí lo tienen y además lo cumplen y creo que representan un activo importantísimo para el tribunal. En estos momentos el 50% de los profesionales que trabajan en el tribunal proceden de cuerpos de la Administración y el otro 50% procede de cuerpos propios del tribunal. El tribunal está haciendo oferta pública de empleo todos los años; estamos haciendo oferta pública de empleo de carácter creciente y verdaderamente hemos llevado a efecto un procedimiento de captación de personal que acabará dando sus frutos. Yo les aseguro que finalmente el trabajo del tribunal recuperará el retraso y se pondrá al día, y por lo tanto ustedes no tendrán esa sensación que tienen en la actualidad. Pero quiero advertir sobre una cuestión: no es cierto que se hayan producido prescripciones en relación con los retrasos del tribunal. No es cierto por la sencilla razón de que la legislación originaria del régimen sancionador estaba mal hecha desde el comienzo porque al carecer de la verdadera y necesaria definición de lo que tiene que contener ese tipo de legislación los asuntos se encontraba prescritos antes de rendirse las cuentas, porque eran aplicables los seis meses del ámbito administrativo que son precisamente los seis meses derivados de la rendición de cuentas.
Me piden también ustedes que aclare el tema de las fundaciones. El régimen de fundaciones establece lo mismo que para partidos políticos con unos requisitos muy bien establecidos para la financiación. Lo que pedimos es que efectivamente la regulación del régimen de control de las fundaciones se aplique también en la aplicación de esos medios financieros. Por otra parte, existe la diferencia respecto a la posibilidad de obtención de ese tipo de donaciones. Yo he advertido que la nueva ley cierra la posibilidad
de que un tercero se haga cargo de los gastos de un partido político, ahí quedaría cerrada esa posibilidad. Pero para garantizar de manera clara que no existe esa posibilidad entiendo que las fundaciones deberían estar sometidas también a los mismos límites.
Me han planteado qué tipo de auditoría debería realizarse a los partidos políticos. La auditoría que se tiene que realizar a los partidos políticos es la de la verificación de sus estados financieros con la documentación soporte, con la verificación de que los proveedores verdaderamente coinciden con los que el partido declara. Sin necesidad de llegar a elementos extraordinarios, quizá el medio más importante de verificación de que esos proveedores están bien controlados sería disponer por parte de la Agencia Tributaria del volumen anual de operaciones declaradas tanto por los proveedores que contratan con partidos políticos como de los partidos políticos que establecen estas peticiones con proveedores. La posibilidad de hacer ese cruce de información nos podría hacer ver si existe algún tipo de disfunción en esa materia.
No me extiendo más porque me he pasado del tiempo máximo. Creo que podría seguir hablando sobre esta materia y estaría encantadísimo de volver, como se me ha solicitado, no tendría ningún problema en volver a esta Comisión las veces que ustedes quieran si con ello pudiera darles efectivamente la seguridad de que en el ámbito de la rendición de cuentas vamos por el camino correcto.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda. Damos por concluida su comparecencia. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).
- DEL SEÑOR GRANADOS PÉREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 212/000835).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar con las comparecencias de hoy. En segundo lugar, celebramos, como ya saben ustedes, la comparecencia de don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, a quien agradecemos su amabilidad por estar aquí hoy con nosotros, y por adelantado le agradezco también sus aportaciones,. Le informo de que, como es habitual en esta Comisión, tendrá un primer turno de palabra de aproximadamente quince o veinte minutos, después del cual intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios. Después de esas intervenciones, podrá usted cerrar con otro turno de palabra de otros quince o veinte minutos, aproximadamente. Sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Granados Pérez): Muchas gracias, señor presidente.
Es un honor comparecer ante sus señorías como presidente de la Junta Electoral Central para aportar algunas reflexiones sobre el régimen y financiación de los partidos políticos. Es un doble honor cuando se está hablando de calidad democrática, de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos y de la lucha contra la corrupción. (El señor vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la Presidencia).
Quisiera empezar mi intervención con un sentido recuerdo a don Pablo Santolaya Machetti, catedrático de Derecho Constitucional y excelente vocal de la Junta Electoral Central, fallecido hace un año y medio, quien definía la Administración electoral como el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de las normas de un proceso electoral libre y justo, en el que se observan las reglas de juego preestablecidas en la ley y en el que ninguno de los contendientes obtenga ventajas institucionales que le sitúen en una mejor posición con relación a los demás. Tiene como finalidad, en los términos del artículo 8.1 de la Loreg, garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad.
Respecto al control de la financiación de los partidos políticos, en la sesión del pasado 4 de mayo compareció don Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia, quien expuso la necesidad de mejorar el órgano supervisor de la financiación de los partidos políticos, y tras reconocer el esfuerzo que venía haciendo el Tribunal de Cuentas, señaló que se echaba de menos una mayor agilidad en la fiscalización de las finanzas de los partidos y se planteó la posibilidad de cambiar el órgano supervisor, señalando como modelo la Comisión electoral británica, que se integra con representantes de los partidos pero también con una autoridad muy independiente. Y ante la pregunta del señor Rallo de si estaba pensando en la Junta Electoral Central hoy existente o en otro organismo alternativo, el señor Jiménez Sánchez respondió que sería interesante plantearse que lo fuera la Junta Electoral Central, por una razón: que entre 2011 y 2012 se elaboró un
estudio en España que se hizo simultáneamente en veinticinco países europeos sobre el Sistema Nacional de Integridad, que se llama Transparencia Internacional. Es decir, cuáles son los pilares del control de la corrupción en los distintos países analizados. Añadió que uno de los pilares que se estudian es la junta electoral, que en el caso español era el pilar más sólido en nuestro templo del Sistema Nacional de Integridad, es decir, es el órgano que se veía con más capacidad de independencia y con más capacidad de actuación en la lucha contra la corrupción. Por tanto, no le pareció que la Junta Electoral Central fuese un mal candidato, pero eso exige un cierto estudio. Son de agradecer las amables palabras del profesor Jiménez Sánchez, pero no debe olvidarse que la Comisión Electoral del Reino Unido tiene tan amplias competencias con relación a la financiación de los partidos políticos y respecto a los procesos electorales que cubre las que en España están atribuidas a tres instituciones: Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central y Ministerio del Interior.
Hay que ser realista, las juntas electorales carecen de medios para asumir mayores atribuciones en estas materias. En España, aunque el examen de la contabilidad y de los gastos electorales corresponde al Tribunal de Cuentas, este solo lo lleva a cabo cien días después de la celebración de la votación, que es cuando tienen que presentar su contabilidad las formaciones electorales, como disponen los artículos 133 y 134 de la Loreg. Hasta entonces, compete a la Junta Electoral Central y a las juntas provinciales velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la financiación electoral y controlar la contabilidad de las formaciones electorales. Les corresponde aceptar los administradores electorales que deban designar los partidos, así como las cuentas que deben abrir para la recaudación de fondos; pueden recabar información de los administradores electorales o de las entidades bancarias y de su actuación deben informar al Tribunal de Cuentas de la actividad fiscalizadora, artículo 132 de la Loreg.
Estas previsiones legales resultan poco coherentes con la configuración que el legislador ha hecho de la Administración electoral. Las juntas electorales provinciales no tienen carácter permanente; se constituyen para cada proceso electoral y en ese momento se incorpora a las mismas un personal escaso que debe atender a las múltiples operaciones electorales que les son encomendadas. Por otra parte, los miembros de la Junta Electoral Central, aun cuando esta sea una institución de carácter permanente, no tienen dedicación plena a esa actividad, sino que deben compatibilizarla con sus funciones judiciales o académicas. Su personal, asignado por las Cortes Generales, tiene un carácter muy reducido, como puede verificarse de la plantilla asignada a la misma. Por ello, resulta imposible que con esa configuración y esos medios las juntas electorales, además del desempeño del resto de funciones en materia electoral, puedan llevar a cabo un control sistemático y riguroso del cumplimiento de la normativa relativa a la financiación electoral por todas las formaciones que se presentan a las elecciones. Esto es sencillamente inviable, y en la práctica se tienen que limitar a verificar los nombramientos de administradores electorales, a la apertura de las cuentas para la recaudación de fondos y a resolver las escasas denuncias que se formulan en estas materias. Además, resulta paradójico que se asigne esta competencia a las juntas electorales cuando quien después debe llevar la fiscalización de la contabilidad y los gastos electorales es el Tribunal de Cuentas, institución de relevancia constitucional con amplios medios y recursos. No solo tiene escaso sentido esa separación de funciones, sino que además la lógica lleva a que quien tiene que fiscalizar íntegramente todos los gastos de las formaciones políticas, incluidos los electorales, sea la institución con más medios para ello.
Podría plantearse, en aras de una mayor clarificación, la atribución al Tribunal de Cuentas de todas las funciones que la Ley electoral confiere a las juntas electorales en materia de financiación y gastos electorales, incluida la potestad administrativa sancionadora por los incumplimientos de la legislación electoral en materia de contabilidad. Con ello también se acabaría con una situación extraña, como es que, tras llevar a cabo el Tribunal de Cuentas la fiscalización de una formación electoral, tenga que remitir a la Junta Electoral Central los expedientes por incumplimiento de algún precepto formal previsto en la Loreg para que sea esta la que tenga que abrir el expediente sancionador. Lo más coherente sería unificar todo el control y fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en el Tribunal de Cuentas, incluyendo ahí la financiación electoral.
Con relación al régimen de los partidos políticos, el principal problema que se le ha planteado a la Junta Electoral Central ha sido el de determinar la representación a efectos electorales de aquellas formaciones políticas sometidas a conflictos internos. Los representantes y administradores electorales deben ser designados por quien aparece como representante de una formación política en el Registro de partidos políticos. En caso de conflicto en una fuerza política, lo común es que consten en dicho registro inscripciones contradictorias en las que diferentes personas se arrogan la representación de esa
formación. Debe tenerse en cuenta que las atribuciones del Ministerio del Interior en la llevanza de este registro son muy limitadas, de manera que en estos casos, aun cuando advierten que se trata de dataciones contradictorias, deben inscribirlas, incluyendo en todo caso una breve anotación con la expresión disensión.
La resolución de ese conflicto en la actualidad solo puede hacerla la jurisdicción civil, si bien no es infrecuente que las diferentes facciones enfrentadas acudan a juzgados civiles distintos. Esto conduce a la existencia de diferentes procesos civiles que en lugares distintos adopten resoluciones sobre el mismo asunto que pueden ser diferentes y contradictorias. El dilema que se plantea a la Administración electoral en el momento en el que se aprueba una convocatoria electoral es el de determinar cuál de aquellos que pugnan por la representación de una fuerza política debe ser aceptada como tal. Debe tenerse en cuenta que la junta electoral debe resolver estos asuntos de forma inmediata, dados los plazos fugaces y preclusivos propios del procedimiento electoral.
Para resolver este problema podrían arbitrarse las siguientes medidas: atribución de mayores competencias a la Dirección General de Política Interior para decidir sobre las inscripciones en el Registro de partidos políticos en estos supuestos, previa tramitación de un procedimiento administrativo contradictorio con audiencia de las partes implicadas. En segundo lugar, asignación a la Junta Electoral Central o a alguna otra autoridad administrativa neutral de la potestad de resolver los recursos que contra la decisión de la Dirección General de Política Interior pudieran interponer los afectados. En tercer lugar, las decisiones de la Junta Electoral Central serían susceptibles de recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que podría unificar la doctrina relativa a esta materia. Estas medidas podrían solucionar de forma rápida y unificada los problemas que se plantean en esta materia, evitando la existencia de resoluciones judiciales contradictorias y atribuyendo la decisión final a la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que en la mayor parte de los casos los problemas que se dilucidan son de derecho constitucional, muy distintos de los que aquejan a las asociaciones civiles.
Mencionaré otras observaciones a propósito de una posible reforma de la Loreg. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en 1985, los principales problemas afrontados han sido la depuración del censo electoral para eliminar las duplicidades, la regulación del voto por correo para evitar el fraude detectado especialmente en las elecciones locales de 1991 con el emitido en España y el tratamiento del voto de los electores residentes en el extranjero o ausentes transitoriamente de España. La Loreg se ha reformado para hacer frente a estos problemas. Así, hoy no se discute la fiabilidad del censo y no se han vuelto a producir problemas de fraude como los que dieron lugar a la reforma relativa al voto por correo ordinario.
Por lo que se refiere al voto de los electores residentes en el extranjero o transitoriamente ausentes de España, la Junta Electoral Central ha puesto de relieve los inconvenientes que ha traído consigo la reforma del año 2011 y ha sugerido en un informe de diciembre del año 2016 posibles líneas de actuación para superarlos, incluido el uso de un procedimiento telemático para el voto de los electores españoles residentes en el extranjero.
Por otra parte, el régimen sancionador que debe aplicar la Administración electoral es deficiente porque descansa en una fórmula general que considera infracción administrativa toda vulneración de las normas obligatorias de la Loreg que no constituya delito, fórmula que plantea problemas desde el punto de vista del principio de legalidad. También en materia sancionadora es llamativo el desequilibrio existente entre las multas que debe imponer la Junta Electoral Central en el caso de incumplimiento de las normas sobre encuestas electorales y en los demás supuestos. El mínimo en el primer caso es de 3000 euros, que es justamente el máximo que se puede imponer por cualquier otra infracción. La experiencia ha demostrado que la primera cifra es excesiva y que el segundo puede ser insuficiente.
Quedo a disposición de sus señorías para las preguntas que quieran hacerme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Granados.
Damos paso a la intervención de los distintos portavoces. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.
Muchísimas gracias por su primera intervención. Una de las principales demandas que escuchamos en la calle los partidos políticos tiene que ver con la necesidad de democratizar los partidos. El artículo 6 dice que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos deberá ser democrática. En esta línea, algunos de los comparecientes que han pasado por aquí han recomendado a esta Comisión cierta
regulación de las primarias para la designación de los candidatos y los cargos orgánicos en los partidos. ¿Cómo cree que podría regularse ese régimen de primarias? Las primarias en cualquiera de los casos, puesto que ya existen, llegarían a ser una especie de primer escalón en esa sana competición electoral, razón por la cual algunas de las personas que han venido aquí han sugerido la posibilidad de destinar una subvención pública para que se lleven a cabo las mismas. Me gustaría conocer su opinión al respecto, si habría que establecer un límite de gasto, qué le parece la medida, etcétera.
Otro aspecto que ha sido objeto de debate a lo largo de esta Comisión lo constituyen las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos durante el periodo electoral. ¿Considera adecuado el reparto de la financiación que existe actualmente? ¿Cree que sería conveniente, como se ha planteado también en esta Comisión, que hubiera un adelanto de un 30 o de un 40% -creo recordar que son cifras que ha manejado alguno de los comparecientes- de estos recursos que se destinan a los partidos políticos? También había quien decía que esta medida evitaría el exceso de endeudamiento que afecta a los partidos y quisiera conocer su opinión al respecto. Otros expertos, sin embargo, dicen lo contrario. Dicen algo distinto: que el adelanto de esas subvenciones terminaría perjudicando la capacidad de competir de los partidos pequeños y de las formaciones nuevas. ¿Cómo cree, en definitiva, que podría compensarse de alguna manera esa desigualdad obvia que existe en la competición partidista?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantò.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Yllanes.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidente.
Gracias, señor Granados. Permítame que públicamente le exprese mi absoluta admiración. Si he mejorado algo en mi profesión habitual ha sido leyendo sus resoluciones. He tenido la oportunidad de compartir muchos ratos de reflexión jurídica con usted, por lo que siempre es un placer coincidir de nuevo aquí y le doy la bienvenida a esta Comisión.
Me ha parecido enormemente interesante su exposición y solo quería preguntarle, porque es una competencia específica de la Junta Electoral Central, por el siguiente tema. Algunos ponentes que han acudido a la Comisión han hablado de profundizar en el equilibrio entre los partidos a la hora del acceso a los medios de comunicación en las campañas electorales. Es un tema muy importante porque, aunque no estemos hablando específicamente de régimen ni estemos hablando específicamente de financiación, no deja de ser una especie de extrafinanciación no valorable económicamente y sin duda tiene importancia a la hora de conseguir resultados electorales, teniendo en cuenta que el ponente que hablaba de este tema consideraba que de alguna forma existían desequilibrios. Concretamente, se refería a los debates televisados, pero se puede extender al resto de información televisiva durante las campañas electorales. Si pudiese, me gustaría que ahondase en la reflexión que ha hecho sobre este tema y le doy las gracias por la respuesta que posteriormente va a dar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Granados. Agradezco su presencia y toda la sabiduría que ha proyectado y que sabrá proyectar en la respuesta que dé a nuestras preguntas.
Su papel, desde el punto de vista de la posición que ocupa como presidente de la Junta Electoral Central, parece verse un tanto reducido en relación con el objeto global que se plantea en esta Comisión, que tiene que ver más con la democratización interna de los partidos políticos como elemento de calidad y con la financiación, dos elementos esenciales para conseguir lo que implícitamente la Constitución española persigue cuando en su artículo 6 se refiere a la necesidad de la democracia interna de los partidos políticos, que no es otra cosa que conseguir, en respeto de los valores constitucionales y muy en especial del pluralismo, que realmente no exista esa oligarquización que se produce, bien desde los liderazgos políticos o bien desde la burocracia interna de los partidos, para ahormar de tal forma la competición política que finalmente no sea democrática. Esto es lo que perseguimos cuando hablamos de calidad democrática en este ámbito. Quiero subrayarlo porque no creo que hablemos solo de perseguir la
corrupción, sino de cosas que están interconectadas y que son inescindibles entre sí. Tenemos que combatir la oligarquización de los partidos y hacer realidad el mandato constitucional del artículo 6 sobre la democracia interna, tanto en su estructura como en su funcionamiento.
En este sentido, es paradójico que sea precisamente aquí, donde también representamos de un modo u otro a los partidos políticos, ya que somos grupos parlamentarios que nos organizamos en dependencia de los partidos políticos. Como todos sabemos, la tendencia en la práctica, dado que se trabaja en la competición en la lucha por el poder, como decía el profesor Pérez-Serrano, es que los partidos se encuentren mucho más cómodos en el claroscuro jurídico. Desde este punto de vista, como jurista le quiero preguntar si no considera mucho más pertinente que toda la legislación relativa a los partidos políticos forme un corpus único, es decir, que haya una única ley que regule de manera completa, plena, rigurosa y sistemática, siguiendo la inspiración de Alemania, que tiene este tipo de legislación, para así contemplar en su compleja interrelación todos los elementos que hacen posible mantener adecuadamente ese control. Digo esto porque la evolución que habido en nuestro país de la legislación en materia de partidos políticos -son tres grandes líneas fundamentales: la Ley de Partidos Políticos propiamente dicha, la Ley de Financiación, con sus diversas modificaciones, y lo que se contempla en la legislación electoral en relación con la financiación- hace que haya una dispersión y que en definitiva, pese a que hemos mejorado bastante con las últimas reformas, no se consigan los objetivos que se persiguen.
Tengo una cierta sensación paradójica cuando vengo a esta Comisión y oigo las diferentes intervenciones no solo de los comparecientes sino también de los diputados y las diputadas, y es la siguiente. Se anuncian aquí elementos de control que ya están en la ley de un modo u otro, se ha avanzado mucho en piezas concretas que se van poniendo en los diferentes momentos legislativos precisamente contemplando la disonancia que hay con la realidad y, a pesar de todo eso, seguimos con los mismos problemas, no somos eficaces, no lo conseguimos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Es ahí donde creo que debemos incidir. ¿Acaso es necesario cambiar el modelo? Algunos expertos lo plantean así, a lo mejor ha llegado el momento preciso de cambiar el modelo. Ahora bien, si el modelo no hay que cambiarlo y podemos seguir con un modelo de financiación pública, un modelo de financiación privada mixto con algunas prohibiciones, como ya tenemos en la legislación, más una regulación de la democracia interna de los partidos políticos, no desarrollada pero sí apuntada en la ley, a lo mejor lo que habría que hacer sería plantear propuestas mucho más concretas y específicas a la luz de los problemas que estamos viendo, y puesto que no se resuelven las cuestiones que nos preocupan, hacer esas propuestas concretas sin más, ¿qué hay que cambiar? Y si es necesario cambiar el modelo, pensemos en el cambio de modelo. Engarzo esto con la referencia que usted ha hecho del profesor de la universidad de Murcia, que planteaba ni más ni menos que la posibilidad de que se pudiera encargar de la fiscalización -no lo dijo explícitamente pero, como usted ha indicado, implícitamente llevaba a pensarlo, y por eso lo preguntaba el diputado Rallo- la Junta Electoral Central. Se ha hablado aquí también de otro sistema, del sistema inglés, pero yo quiero plantear la posibilidad del sistema alemán, un sistema distinto donde no es precisamente un tribunal de cuentas el que se encarga de esa fiscalización, sino que es una fiscalización diferente donde se da un protagonismo especial al órgano parlamentario, cosa que aquí no sucede. Aquí los mecanismos de control parlamentario de la financiación de los partidos políticos prácticamente no existen al margen de dar cuenta en la correspondiente Comisión de la información pertinente y de celebrar los correspondientes debates.
Una vez hecho este planteamiento general, yo quisiera formularle a usted algunas preguntas saliéndome un poco de lo que ha planteado en relación con la Junta Electoral Central, porque es evidente que comparto plenamente lo que usted ha dicho en relación con los problemas que plantea la representación, así como esa propuesta que ha hecho para resolver el problema con la atribución de mayores competencias a la Junta Electoral Central y la previsión de un recurso contencioso-administrativo, lo comparto plenamente.
Otra cosa es la depuración del censo electoral. Ha dicho usted cosas muy interesantes en relación con el voto de los ausentes coyunturalmente o de los residentes extranjeros y ha hecho una referencia al informe de la Junta Electoral Central, que nosotros conocemos y apreciamos, y que va a ser objeto de una consideración muy especial en otra subcomisión que se ha creado aquí, que es la subcomisión para la reforma electoral, que ya está creada en el seno de la Comisión Constitucional y que va empezar a funcionar próximamente. Por tanto, ese será el momento de tratar estas cuestiones con mayor intensidad. Para eso evidentemente estoy seguro de que contaremos con su apoyo y con su disposición para ilustrarnos sobre ese tema. Sin embargo, dado su conocimiento de la materia y su experiencia dilatada en
tantos ámbitos, ahora me interesa más preguntarle por cuestiones que tienen que ver con la calidad democrática de los partidos políticos en relación con la dimensión interna, la democracia interna de los partidos políticos. Concretamente, ¿qué piensa usted acerca del establecimiento de determinadas incompatibilidades orgánicas limitando la acumulación de cargos y favoreciendo la participación de los afiliados y la renovación de aquellos? Asimismo, me gustaría saber qué piensa usted, por ejemplo, sobre la limitación del número de mandatos, al menos de determinados cargos, como tesoreros y miembros de órganos de control que, como vemos, está también relacionado con la financiación, favoreciendo la renovación y, singularmente, contribuyendo a contrapesar el poder de una minoría dirigente y de la burocracia interna; la participación de los afiliados en la elaboración de resoluciones y programas electorales, así como en las candidaturas; la obligación de regulación de los derechos de plantear enmiendas y de la formulación de discrepancias no solamente en los ámbitos reducidos en los que ahora lo pueden hacer; sobre la regulación del derecho de acceso a la información, documentos y recursos de partidos, más allá de los limitados aspectos a los que se refiere la ley vigente; la posible introducción del sistema de primarias internas para la elección de determinados cargos; la introducción de listas con representación para minorías para dar cauce participativo a las posibles corrientes internas de opinión; la obligación de celebrar congresos periódicos; la introducción del voto secreto para determinados asuntos especialmente importantes, como por ejemplo la gestión de la directiva, y también para la elección de órganos ejecutivos delegados al Congreso, miembros de órganos de control, etcétera. Por otro lado, a efectos de mayor democratización interna, podrían cooperar también otros elementos que, aunque sean externos y propios de otros ámbitos de desarrollo normativo -que en este caso es la legislación electoral- están vinculados. Así, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas hacen posible e incentivan el control de la burocracia o de la línea dirigente del partido -si le queremos decir así-, uno de los aspectos más importantes para evitar la oligarquización.
Estos son temas en los que podría extenderme más, pero no hay tiempo para ello. Me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto desde la consideración de que la calidad democrática que todos perseguimos solamente se puede conseguir actuando sobre un esquema de conjunto que vincule directamente la democratización con financiación y control adecuado de esa financiación.
Me interesa recuperar una cuestión que se ha planteado anteriormente y que me parece especialmente importante, y es el hecho de vincular la democratización interna con los elementos de financiación. Es decir, si la calidad que obtenga la participación interna con arreglo a diferentes criterios -celebración de primarias, listas paritarias, etcétera-, todo eso debería ser contemplado o no para poder incrementar la financiación para el funcionamiento de la actividad de los partidos políticos toda vez que el desarrollo de esas actividades evidentemente genera un mayor gasto. Sería además una manera de incentivar también la democratización interna. Por otro lado, no se me escapa la idea de que si vamos a una regulación de mayor control -aunque no sea asfixiante- de los partidos políticos y se regula todo en un mismo corpus normativo, desde luego si ahí se regulan con detalle todos los elementos internos de democratización y no de la manera que ahora se hace, con vaguedades que luego quedan fundamentalmente en manos de los partidos y de sus estatutos internos desarrollarlas o no, el panorama sería diferente, porque ya se habría conseguido tal grado de democratización interna que no sería necesario vincularlo a esos elementos de mayor financiación.
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene que ir terminando, por favor.
El señor CÁMARA VILLAR: Pues termino ya, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor De Olano, tiene la palabra.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Señor Granados, en nombre de mi grupo parlamentario, me sumo a agradecerle su presencia en esta Cámara así como las interesantes aportaciones que ha hecho. Dada su amplia experiencia, seguro que las aportaciones ya realizadas y las que pueda hacer en el alegato final serán de gran utilidad para que el resultado de esta Comisión, el dictamen, sea positivo.
Comparto con el señor Cámara algunas de sus reflexiones, porque es verdad que a lo largo de las veintidós comparecencias -incluyendo la suya- y escuchando a algunos de los portavoces de los
distintos grupos diera la impresión de que aquí no se había hecho nada en cuanto a la financiación de partidos políticos, y nada más lejos de la realidad. En este sentido, me gustaría que usted valorara la Ley orgánica de control de actividad económica de los partidos políticos que se aprobó en el año 2015, me gustaría conocer su valoración. Estoy seguro de que es susceptible de mejoras, y algunas ideas ya se han ido aportando, pero sin duda alguna -al menos es mi opinión personal- creo que ha sido un salto cualitativo muy importante. En este mismo sentido quiero destacar que durante la X Legislatura se aprobaron muchas leyes, se modificaron el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y especialmente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, todas ellas en línea con las recomendaciones de muchos expertos. Creo que esto nos ha dotado de un armazón democrático institucional más sólido que el que teníamos. Insisto, creo que es importante y me gustaría que usted lo valorara.
También me gustaría que valorara -en esto coincido con el señor Cámara- la posibilidad de armonizar toda la legislación referida a partidos políticos, no tanto la elaboración de un texto refundido, sino de un texto que dotara de coherencia a las distintas normas jurídicas que afectan a la financiación de los partidos. Estoy pensando no solo en normas de ámbito estatal, sino también autonómico y local, e incluso también en el ámbito tributario. ¿Cómo valoraría usted la posibilidad de armonizar, al menos mínimamente, todo este acervo normativo?
Señor Granados, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, ha sufrido muy pocas modificaciones desde el año 2011, si bien es verdad que en la Ley 3/2015 se modificó algún aspecto relacionado con los gastos electorales. En relación con esto quería saber si considera que la fiscalización por parte de la Junta Electoral General, en particular de los gastos y subvenciones electorales, es suficiente en este momento. Algo ya nos adelantó en su primera intervención, pero me gustaría que pudiera ahondar un poco más en este asunto.
Al hilo de lo anterior y dada su amplia experiencia, querría obtener una valoración de los mecanismos de colaboración en esta materia que pudieran existir o que usted nos pudiera sugerir entre la Administración electoral y el Tribunal de Cuentas. Me pareció entender en su primera intervención que usted optaba por que todas esas competencias recayeran sobre el Tribunal de Cuentas y alejar un poco estas competencias de la Junta Electoral Central. No sé si se le ocurre a usted alguna posibilidad de colaboración institucional en este aspecto.
En este mismo orden de cosas querría conocer su parecer sobre la posibilidad de que la fiscalización de los gastos electorales no se circunscriba únicamente al periodo de la campaña electoral. Es decir, si le parecería positivo que esos actuales quince días de campaña no sean los únicos fiscalizables, sino también los anteriores, lo que denominamos precampaña. Vinculado a estos gastos electorales y al régimen jurídico de las fundaciones, ¿qué le parece a usted que pueda haber fundaciones que ocupen cargos electorales de determinados partidos? Entiendo que esto está absolutamente prohibido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pero da la impresión de que en algunos casos esto sí ha sucedido. Me gustaría conocer su valoración como eminente jurista que es.
También quisiera saber qué opinión le merece la posibilidad de mejorar los mecanismos preventivos de control de la financiación, y si no fuera posible de forma preventiva hoy en día es posible hacerlo prácticamente en tiempo real. La Junta Electoral Central resuelve con premura los asuntos que recaen sobre ella y por tanto creo que en esto puede aportar cosas interesantes. Asimismo me gustaría conocer qué tratamiento daría usted a los recursos digitales. Hoy está regulado el mailing y otro tipo de actuaciones, la tecnología hoy en día nos proporciona otras posibilidades, incluso el uso de las redes sociales vulnerando el sábado de reflexión. En los últimos procesos electorales se ha vulnerado sistemáticamente por algunos partidos el día de reflexión y me gustaría saber que valoración hace usted de estos casos.
Igualmente le pediría que nos dijera qué tratamiento daría usted a los microcréditos que están tan en boga últimamente, no solo para las campañas electorales, sino incluso para campañas internas dentro de los partidos.
Nada más, señor Granados, quedo a la espera de sus consideraciones. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias.
Tiene nuevamente la palabra el compareciente para que por un tiempo máximo de veinte minutos pueda contestar lo que considere.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Granados Pérez): Muchas gracias por las muy interesantes cuestiones que han planteado.
No quiero decepcionar a sus señorías, no vengo como jurista, no vengo como magistrado, no vengo como persona que ya lleva muchos años en una carrera. Vengo como presidente de la Junta Electoral Central. Es un órgano colegiado que está formado por ocho magistrados elegidos por insaculación -es decir, ninguno nos hemos postulado para ser miembros de la Junta Electoral Central, sino que hemos tenido la suerte o la desgracia de haber sido afortunados en ese sorteo- y cinco prestigiosísimos catedráticos que designan los grupos parlamentarios. Como presidente no tengo ningún mérito. El único mérito que tengo es que voy a hacer veinticinco años de magistrado del Tribunal Supremo y es una norma no escrita que el presidente sea el más antiguo de los que integren la Junta Electoral Central. Esa es la razón de que esté aquí como presidente de la Junta Electoral Central: soy el más viejo y el más antiguo de los que la integran. Tengo la suerte y el honor de representarles porque tienen una calidad excepcional, como la tiene la secretaría técnica y quien la integra. Me comentaban antes que somos tan pocos en la Junta Electoral Central que si hacemos un partido de fútbol somos más los miembros que integramos la propia Junta Electoral Central que el personal que trabaja para ella. Es decir, ganaríamos en cuanto al número de jugadores y haría difícil poder jugar ese partido.
Esto lo traigo a colación porque voy a contestarles con muchísimo gusto a aquellos temas que se han planteado y que hemos debatido en la Junta Electoral Central, en cuyo nombre vengo a esta comparecencia. De ahí que cuando se me pregunta -lo hizo el señor Cantó- sobre temas de tanta importancia como cuál es la opinión que pueda aportar sobre el sistema he de decir que yo no los he escuchado en la Junta Electoral Central nunca ni sé la opinión que tienen mis compañeros. No cabe duda que todo aquello que permita la Ley de Partidos Políticos y que sea acorde con los estatutos de los propios partidos políticos será bien recibido. Es decir, que el desarrollo de todo aquello que vaya en la línea de algo que la ley ha previsto, y no solo en la ley sino en los propios estatutos, tiene toda la legítima fuente de existencia y tiene que ser así bendecido. Por eso digo que no quiero decepcionarles, porque yo no voy a aportar nada nuevo, ni de mi experiencia como presidente de la Junta Electoral, sobre si es mejor un sistema u otro, cuando ambos pueden ser perfectamente sustentados en la ley que lo regula.
Se habla también -le agradezco, señor Yllanes- de nuestra experiencia mutua como jueces. También yo he aprendido de sus resoluciones, de su participación en algún congreso, lo que siempre nos ha enriquecido. Es cierto que ha planteado un tema que tiene especial interés, cual es el equilibrio de las fuerzas en los medios de comunicación. Ha hecho alusión expresa a los debates televisivos, pero es cierto -nosotros no tenemos otra opción que someternos a la ley- que cuando se trata del reparto de la participación, sobre todo de los medios públicos de comunicación, hay que someterse al número de escaños obtenidos en las elecciones anteriores. Eso nos condiciona enormemente respecto al reparto que se hacey precisamente hay una comisión que se encarga de ello. Lo que se ha hecho -se lo digo con verdadera sinceridad- es un gran esfuerzo para poder compensar a aquellos que puedan tener un trato peor con relación a los que puedan tener un mejor trato como consecuencia de los resultados obtenidos en procesos electorales anteriores. Hemos conocido casos donde tenían la posibilidad de intervenir en esta publicidad electoral o en estos medios de comunicación para poder explicar los modelos de cada uno de los partidos o la publicidad de sus programas y se les habían adjudicado las horas de madrugada. Entendimos que no era viable, corregimos esas propuestas que se habían hecho a la comisión, ya que una cosa es que pueden tener un mayor tiempo con respecto a otras agrupaciones u otros partidos políticos, pero eso no quiere decir que les eliminen de la posibilidad de la audiencia de unas horas con respecto a otras. Es decir, en estos casos la Junta Electoral Central ha hecho un serio esfuerzo para poder compensar, dentro de lo que cabe, a aquellos partidos políticos que han obtenido peores resultados o que no habían participado en procesos electorales anteriores.
El señor Cámara ha planteado también lo que es el proceso interno, la mayor democracia interna, las primarias. Le vuelvo a decir lo mismo, no quiero decepcionarles, pero realmente se me escapa. Yo no vengo -y con mucho gusto se lo diría- como jurista o como ciudadano, vengo en representación y ello me vincula y, en consecuencia, no quiero decir algo en nombre de los compañeros. Yo soy muy disciplinado en la Junta Electoral Central, como lo he sido en todos los cargos que he tenido. Todas las decisiones de la Junta Electoral Central se toman por mayoría de votos. Escucho todas las opiniones y una vez que todos han debatido iniciamos la votación y el acuerdo que toma la Junta Electoral Central es precisamente
un acuerdo mayoritario como consecuencia de la votación que se ha sostenido. Lo que sí es cierto es que todo aquello, como he dicho antes, que tenga su amparo en la ley tendrá el máximo respeto de la Junta Electoral Central.
El señor Olano ha hablado también sobre los estatutos internos y no le puedo contestar otra cosa. Sí ha hecho hincapié en algo que tiene especial interés para la Junta Electoral Central, que es la dispersión legislativa. Habría de hacerse un serio esfuerzo -que le corresponde a sus señorías- por tratar de unificar todo en una norma, porque nos encontramos con disposiciones que incluso pueden ser discrepantes. También me ha hablado de las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central, como consecuencia de la reforma de la Ley 3/2015. Es cierto que esta reforma ha mejorado aspectos sustanciales, pero lo importante no es que la reforma sea buena -que creo que lo es-, lo importante es que se cumpla. Desde mi punto de vista como miembro de la Junta Electoral Central, lo que viene en la ley me parece magnífico. A lo mejor la realidad práctica no es tan magnífica. Por lo tanto, habría que hacer un serio esfuerzo para que lo que dice la ley se cumpla, porque a lo mejor no se trata de hacer leyes nuevas, sino de cumplir las que ya tenemos. Eso se traduciría en mayor eficacia de los temas tan importantes que les han reunido a ustedes en esta Comisión. Una de las modificaciones de la Loreg que hace esa reforma de la Ley 3/2015 es el artículo 134. A ese artículo 134 incorpora una frase, nada más, en relación con que se hubiesen producido irregularidades en la contabilidad presentada por los partidos políticos. El texto inicial decía que en ese caso se podrán reducir las subvenciones como consecuencia de estas irregularidades. Se le ha añadido una frase que dice: puede incoarle expediente sancionador. Eso no lo decía antes. Nos hemos encontrado con que hasta ahora lo que hacía el Tribunal de Cuentas es que cuando le llegaba una irregularidad en esa contabilidad -fundamentalmente la mayor irregularidad es que no se hubiera hecho contabilidad- nos la pasaba a la Junta Electoral Central para que nosotros siguiéramos el procesamiento sancionador. Entonces, nosotros decíamos: mándennos el expediente que tienen ahí, manden el material. Pero ahora, como consecuencia de esa reforma, nos encontramos con que no hace falta que nos lo manden porque ellos mismos pueden incoar un expediente sancionador, repito, sin tener necesidad de mandar el expediente. Por tanto, son importantes esas reformas que se están produciendo porque van en la línea de mejorar, siempre que se pueda hacer un resultado práctico acorde con los postulados de las distintas reformas. En materia telemática y de los medios modernos técnicos es indudable que las reformas tienen su repercusión en los procesos electorales, si son acordes con la legislación no nos plantean problemas. Sí que me preocupaba -por eso les he hecho remisión y lo traía preparado, pero me han recordando que va a existir otra comisión distinta- el esfuerzo que creíamos que se debía hacer en materia del voto de los residentes ausentes en el extranjero, es decir, el voto CERA y el voto ERTA. Indudablemente, todo está relacionado. Los medios técnicos modernos tienen que ser aprovechados con todas las garantías y con arreglo a lo que dice la ley.
Espero haberles contestado a la mayoría de los temas que me han propuesto y les pido disculpas por no haber podido contestar a otros asuntos que se escapan de mi competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Granados.
Con esto damos por concluida su comparecencia, agradeciéndole en nombre de todos los grupos su asistencia a la Comisión y sus explicaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
- DE LA SEÑORA ARIZMENDI GUTIÉRREZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 212/000836).
El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos el trabajo en la Comisión y damos la bienvenida a doña Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a quien -aunque lleva un rato en la Comisión y, por lo tanto, es completamente consciente y sabedora de cómo funcionamos- le recuerdo que tendrá una primera intervención de unos quince o veinte minutos, tras la cual los portavoces parlamentarios tomarán la palabra, y usted podrá finalizar de nuevo con otro turno de unos quince o veinte minutos. Repito mi agradecimiento por poder contar con sus aportaciones hoy aquí. Gracias.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Arizmendi Gutiérrez): Quiero dar las gracias a todos los presentes, a la Mesa y a Ciudadanos, que nos ha propuesto para compartir este diálogo con todos los que están aquí. Para nosotros es un honor poder comparecer hoy en esta sesión para hablar de lo que en realidad sabemos, que es la transparencia. Pensamos que la
transparencia, que es donde vamos a focalizar nuestra intervención, tiene una intimísima relación con la financiación de los partidos políticos, la renovación de la cultura democrática, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio del cargo público y, por lo tanto, viven la misma filosofía. (El señor vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la Presidencia).
Como saben, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se aprobó en el año 2013 a través de una ley, la Ley 19/2013, que lleva dos años y medio en vigor, un año y medio para las comunidades autónomas, que tuvieron un poco más de tiempo para adaptar sus estructuras y sus métodos de funcionamiento a las prescripciones de la ley. La Ley de transparencia tiene dos competencias fundamentales: una, velar por el cumplimiento de la ley y sus obligaciones, las obligaciones que describe, y, dos, luchar por el cambio cultural que supone tener una Administración acostumbrada a ser dueña de la información frente a unos ciudadanos que eran peticionarios de una información que no les pertenecía. El valor fundamental de la Ley de transparencia es que convierte a la Administración en depositaria de la información, mientras que los titulares de la información misma son los ciudadanos, a los que les debemos todos -o nos debemos, como ciudadanos que somos- el derecho a saber, que es como cordialmente se denomina al derecho de acceso a la información pública.
El cambio cultural es siempre lo más difícil de conseguir, también en este tema del que vamos hablar sobre financiación de partidos políticos y sobre todo de regeneración democrática y métodos más democráticos de servir desde el garante de la democracia, que es el partido político, el instrumento de canalización del deseo de la ciudadanía, que es el partido político, para servir más y mejor a los ciudadanos. El cambio cultural, como decía, en materia de transparencia es muy importante. Muchos de nosotros nos hemos criado con la idea de que preguntar es de mala educación. De pequeños nos han dicho: niño, no preguntes tanto que es de mala educación. Sin embargo, ahora la pregunta, querer saber, exigir rendir cuentas, pedir responsabilidades es algo de excelente educación democrática, y eso es lo que necesitan también, como necesitan el canal que es la transparencia, los partidos políticos, en este esfuerzo de cambio que quieren hacer mediante la reflexión de su financiación y de sus modelos de gestión. Por lo tanto, aunque no somos expertos en financiación de partidos políticos, sí lo somos en algo muy importante, que es la confianza, la generación de confianza. Un elemento fundamental que quieren también las instituciones, que buscan los partidos y que demanda la ciudadanía es volver a contar con la confianza en quien les representa, en quien de alguna manera hace verdad los proyectos por los que apuesta una ciudadanía que quiere ser cada vez más participativa.
Voy a empezar repasando la Ley de transparencia muy brevemente en el artículo correspondiente a los sujetos obligados. Es imprescindible decir que los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley de transparencia. El artículo 3 los define, por lo tanto, como obligados en materia de publicidad activa. La publicidad activa, como saben ustedes, señorías, es aquella que debe servir la Administración de oficio sin que le pregunte el ciudadano por entender que es una información básica y trascendente para aquel que quiera comprender y facilitar su participación en la gestión de lo público. Por lo tanto, hay una serie de obligaciones que los partidos políticos tienen ya por mandato de la ley. Esto ya es una transformación cultural. Cuando el artículo 3, capítulo I, título I de la ley exige que lo partidos políticos rindan cuentas en publicidad activa, está diciendo clarísimamente que, a pesar de que la transparencia o la rendición de cuentas esté en otras leyes, como la de los partidos políticos, la de financiación de partidos políticos, la del régimen electoral general o la del propio Tribunal de Cuentas, hay un poder más, el poder de un derecho, que es el que instituye la Ley de transparencia. No olvidemos que lo que hace la Ley de transparencia es crear un derecho universal, sustantivo, sin necesidad de motivación, un derecho muy genérico y con escasos límites, y ahí, entre los sujetos obligados, como uno más y específicamente, están los partidos políticos. La Ley de transparencia española en eso fue pionera. Puedo decir que no hay muchas leyes en el entorno europeo que introduzcan específicamente en la transparencia a los partidos políticos. La ley española lo hizo como una decisión del legislador de obligar a hacer un mayor y mejor esfuerzo de rendición de cuentas a los partidos políticos en esta ley. La apuesta, desde luego, es inequívoca y hay una serie ya de obligaciones que deben cumplir, obligaciones demandadas por la ley. Como no voy a hacer una exégesis de los artículos 6, 7 y 8, que son los que conciernen, que están muy salpicados de obligaciones y pueden ser tediosos, voy a dejar en manos del presidente de la Mesa un pequeño cuadro o resumen con las especificaciones que obligatoriamente tienen que cumplir los partidos políticos.
Puedo decir que, sin haber hecho una evaluación porque no tenemos competencia -y lo haríamos encantados a petición de los partidos como haríamos también cualquier gestión para ayudar a fomentar
la transparencia-, los partidos políticos han hecho un gran esfuerzo en materia de transparencia. Con carácter general, todos ellos tienen su página web; en su página web tienen un acceso a transparencia y allí van colocando de forma más o menos ordenada las obligaciones que les señala la ley. Hay algunas carencias todavía y un cierto margen de mejora, pero el inicio del esfuerzo está realizado. Cumplir con la ley en nuestro país, cumplir con la ley y las obligaciones que la ley nos demanda en un Estado democrático de derecho como es el nuestro, no es una heroicidad, es una obligación, de tal manera que cumplir con las obligaciones de publicidad activa que la Ley de transparencia manda a los partidos políticos es lo que debe ser, pero nosotros desde el consejo pensamos que hay determinados organismos, determinadas instituciones, determinados representantes de la voluntad popular que deben ir más allá e ir rápidamente más lejos. Deben pasar de esa encorsetada voluntad de cumplir una ley que afecta a todos los ciudadanos por el hecho de estar en un Estado en el que la ley manda, a una transparencia de verdad, voluntaria, abierta, que progresa, que crece y se mueve. Esta es la verdadera transparencia. Y ahí hemos visto en los partidos políticos y en los documentos que hemos podido analizar, que están en publicidad activa, un movimiento lento de la publicidad voluntaria. Siempre recurro a un libro precioso, Ética a Nicómaco, que son las cartas que escribía Aristóteles donde decía de la justicia -pero yo lo predico igual de la transparencia- que ser transparente no es cumplir la ley, no es hacer transparente las cosas que tengo que hacer obligatoriamente. Una persona es transparente no porque cumpla la ley, sino que al ser transparente todo su movimiento, todas sus decisiones, todo su rendimiento de cuentas, toda su actividad se convierte en transparente, y esa es la verdadera transparencia. Damos por hecho que los partidos han de cumplir la ley, los partidos la están cumpliendo, están avanzando. Nosotros pedimos como un compromiso ejemplarizante que avancen mucho más en materia de publicidad voluntaria, que es lo que va a propiciar realmente este cambio cultural. Los partidos políticos no son igual a todo ni a todos, sino que son muy diferentes, no juegan con las mismas cartas que todos, porque juegan con la confianza, no tienen un patrimonio como todos, sino que tienen el patrimonio que les deposita la voluntad popular en sus manos. Con lo cual, el camino que ellos recorran, las miradas que podamos focalizar en ellos, que nos lleven a un ejemplo de transparencia serán sin duda un retorno a la confianza y al cambio cultural que tanto se está demandando.
El votante español es algo peculiar, también en materia de transparencia. Y esta es otra coincidencia que tenemos en la transparencia y los partidos políticos. En la transparencia puedo decirles que la queja es la norma. El español se queja permanentemente de muchas cosas, de muchas situaciones, pero cuando toca pasar a la acción ahí ya se retrae mucho y se lo piensa mucho. En los partidos políticos pasa también algo parecido, los ciudadanos hablan de política, hablan de los partidos, se interesan por cosas relacionadas con los partidos políticos, pero a la hora de pasar a la acción, al compromiso, se convierten en espectadores, quizá a veces simpatizantes, pero les cuesta mucho dar el paso al compromiso, que va a ser importante en el desarrollo de esta charla que vamos a tener. En España pienso -y es posible que me equivoque- que hemos perdido de alguna manera el orgullo de pertenencia a una ideología. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o en el Reino Unido, las personas se encuentran honradas de pertenecer a una ideología, lo dicen, lo publican y contribuyen. Y ahí entramos por esta puerta al tema de la financiación de los partidos políticos pública o privada. Es verdad que la cultura del español retrae mucho la participación económica en la financiación de los partidos, al contrario de lo que ocurre en países de enorme tradición democrática, como en Estados Unidos, donde es público y notorio quién dona, cuánto dona y por qué; o en el Reino Unido, el más antiguo de los países democráticos cercanos. En España hay muchos opinantes, hay unos cuantos simpatizantes y luego hay militantes de los partidos. El problema es que los segundos y los terceros no ayudan a la financiación de los partidos políticos, con lo cual este desequilibro de número complica también la financiación privada de los partidos.
En el debate de financiación pública o financiación privada el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo que va a decir siempre es que es igual pero que ha de ser transparente, con trazabilidad, con rendición de cuentas, con identificación del objeto, del sujeto y del destino; si bien es cierto que ambas posiciones tienen argumentos importantes. Por ejemplo, si pensamos en la financiación pública hay quien tiende a decir que es más transparente porque sale de los presupuestos, porque tiene una trazabilidad que es más pública, porque tiene una intervención que es de alguna manera más profesional a través de los sistemas de control de la Administración y dice también que es más independiente porque no vincula con los grandes lobbies que pueden dar financiación o no vincula con favores debidos que pueden surgir luego dentro de la evolución del periodo poselectoral. Los que piensan que la financiación privada es la buena, creen que es lo justo porque piensan que los partidos políticos no son Estado, no son
Administración, no son entes públicos y, por lo tanto, no deben ser tratados como tales. No deben ser sostenidos de alguna manera con el dinero de los impuestos de todos porque no son Administración sino que deben buscar, a través de la confianza y de la transparencia, el recurso de la filiación, el recurso de la contribución del ciudadano, el recurso de que sea algo de la ciudadanía donde todos contribuyan a hacerlo más grande, más transparente y más exigente.
El tema es importante y nosotros nos hemos pronunciado hace un momento cuando he dicho que da igual siempre que haya trazabilidad y transparencia, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero sí hay ejemplos muy cercanos dentro del ámbito europeo que nos pueden dar algunas indicaciones respecto a este tema. Por ejemplo, en Holanda los donativos privados, que se llaman matching-found, son elementos fundamentales de financiación porque la financiación pública jamás puede superar la financiación privada. Es el que marca el tope. Si tienes equis en financiación privada puedes tener equis en financiación pública. Esto no es algo que se sepa desde hace poco tiempo. Por ejemplo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2003 pidió equidad entre lo público y lo privado. Dijo, la mejor fórmula es el punto medio. Vamos a ver qué somos capaces de obtener por el método de la apuesta ciudadana y la Administración, reconociendo eso, pone también un porcentaje igual, no superior al que tiene la ciudadanía a bien apostar. El equilibrio parece que siempre es bueno y que es una buena opción a tener en cuenta, pero también en cuanto a los topes deberíamos ser razonables. Los topes han supuesto en los últimos tiempos un avance cada vez mayor hacia la búsqueda de mayor financiación de las campañas electorales, que es pública, porque tengo que decir que España es el país europeo que más financiación pública recibe frente al país que menos recibe, que es Alemania y después el Reino Unido, que están extraordinariamente distantes de la financiación española. Al poner un tope se hace también posible que la carrera electoral no sea una carrera de dinero sino de ideas, donde lo importante sea de verdad convencer con las ideas, con el comportamiento, con el ejemplo, con la apuesta que se ofrece a los ciudadanos en un momento electoral.
Pues bien, volviendo a la transparencia -que era nuestro tema y no me quiero desviar de él- decía que las obligaciones de los partidos marcadas como básicas en la Ley de transparencia son dos fundamentalmente, porque el partido no tiene capacidad normativa, obviamente. Entonces, le afectan las obligaciones que se llaman de carácter institucional, de planificación y organizativas y las económicas, que se denominan informaciones de carácter presupuestario, estadístico y económico. Voy a tratar de relatarles cómo debería ser la traducción de la ley si le pusiéramos el vestido al partido político para que cumpliera. En lo que se refiere a la primera obligación, la de suministrar información institucional, organizativa y de planificación, esto se traduciría en transparencia; transparencia en la publicación de los estatutos, de los códigos éticos; transparencia en los compromisos electorales y en todas las normas, organigramas, responsables, etcétera. En nuestro entorno hay una oficina central de planificación referida sobre todo al programa electoral, que es lo que hay que financiar dentro del partido político, que está en Holanda y que es muy interesante, porque analiza los programas electorales antes de que se produzcan las elecciones, los publica y dice si son reales o no, si son posibles o no, si se pueden financiar o no, si eso supone o no incremento de gasto público, si supone o no incremento de impuestos, para que el ciudadano no reciba una carta bonita sino que reciba algo concreto que pueda ver.
En cuanto a los presupuestos -voy a acortar mucho porque voy a dejar tiempo para las preguntas, que pueden ser muy interesantes-, hay que publicarlo todo, todo sin excepción: todos los contratos, todas las subvenciones que se hagan con la Administración, todos los gastos, no solamente los balances o la cuenta de resultados; todo, absolutamente todo, porque en la opacidad está la corrupción y en la oscuridad muere la democracia. Esto es así, a más transparencia, menos corrupción, y es en el apartado de la economía, de los presupuestos y de la rendición de cuentas donde más comportamientos indeseables podemos encontrar, de tal manera que esto es importantísimo.
Lo voy a dejar aquí, aunque traigo diez propuestas que espero poder contarles a raíz de las preguntas, porque no quiero que se extienda mucho esta sesión, pero sí quiero decirles antes de concluir que confiamos mucho, como no puede ser de otra manera porque es nuestra naturaleza, en los organismos independientes, en los organismos que trabajan por el interés público y por los que hay que apostar, hay que dotarles de medios y de competencias, dotarles de potestad sancionadora y de confianza para que ayuden a recuperar lo que la Ley de transparencia dice, que es una democracia más participativa, y ayuden a formar ciudadanos más críticos y más responsables que vayan a elegir a sus representantes no una vez cada cuatro años, sino todos los días, haciendo escrutinio de su actividad, pidiendo rendición de cuentas, exigiendo que las cosas se comprendan. Y para eso hoy brindo todos los medios del consejo
-muy pocos por cierto- para ayudar a auditar la página de cada partido, para asesorar sobre cualquier cuestión que se refiera a publicidad activa, para abrir buzones ciudadanos, para lo que estimen conveniente sus señorías para contribuir humildemente a este gran cambio que la sociedad nos está demandando.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señora Arizmendi.
Ahora es el turno de los distintos portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Cantó.
Muchísimas gracias por su intervención, señora Arizmendi. Hay una frase que recordaba cuando estaba hablando usted de aquel filósofo, que también guía a nuestro partido, que en numerosas ocasiones ha liderado algunas mediciones de transparencia tanto nacionales como internacionales que se han hecho, y es que nadie nos impide ser transparentes, nadie nos impide superar aquello que la ley nos exige. Por lo tanto, es importante pedir a los partidos políticos que impulsen la transparencia, no solamente a la hora de dictar leyes sino también a la hora de dar ejemplo.
Como estoy bastante interesado en esas diez propuestas que nos ha traído y no quisiera quitarle mucho tiempo -para prestárselo-, recojo, en primer lugar, una pequeña cosa que ha dicho al final, y es que he entendido que había una ligera queja -lógica, licita- en cuanto a los medios y estaría interesado en saber qué más necesitan de nosotros, porque al fin y al cabo somos nosotros quienes, a lo mejor, trabajando podemos hacer que esos problemas se les solucionen.
Dos cosas rápidas. Algunos ponentes han dicho en esta Comisión que en la actualidad no existe una limitación a las subvenciones que se otorgan en las entidades locales a los partidos políticos. Las entidades municipales de menos de 20 000 habitantes quedan fuera del control del Tribunal de Cuentas, por lo que no es muy fácil, ni siquiera a lo mejor posible, conocer cuál es la financiación pública total que reciben nuestras formaciones políticas y, por supuesto, tampoco en qué invierten ese dinero que reciben. ¿Qué reformas cree usted que son necesarias en ese nivel local, que -repito- a menudo es opaco y está afectado? De hecho, es uno de los niveles en los que más casos de corrupción hemos vivido. Y conectado con eso, hemos tenido muchos problemas en España que tienen que ver con la financiación de los partidos, y esa es una de las razones por las que elegimos este punto para comenzar los trabajos de esta Comisión. Algunos expertos han considerado, y lo han repetido cuando han comparecido en esta Comisión, que era esencial acabar con la discrecionalidad y la falta de transparencia en el sistema de libre designación de secretarios, interventores y tesoreros. Tiene bastante sentido que los secretarios, interventores y tesoreros no deban ser elegidos por aquellos a quienes luego tienen que controlar, y nos gustaría saber cuál cree usted que es el sistema alternativo que sería más efectivo para hacer estos nombramientos con el máximo de garantías de control y transparencia.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora Arizmendi.
Sinceramente, he recogido muchas frases que ha ido diciendo, porque me han gustado mucho las ideas que con ellas transmitía. Por ejemplo, aparte de hablar de que los partidos políticos son sujetos obligados a cumplir con la Ley de transparencia, nos ha gustado mucho escuchar que cumplir con la transparencia no es una heroicidad sino una obligación, pero si no fuese por la Ley de transparencia, probablemente no sería ni una heroicidad. Si ha habido una palabra constantemente repetida durante las sesiones de esta Comisión, y han sido muchas comparecencias, ha sido la palabra transparencia. Es más, si examinamos todas las ponencias que se han realizado, veremos que se ha hablado de transparencia desde muchos puntos de vista: desde el punto de vista de la financiación, sin duda, pero también general, para transmitir códigos éticos, programas electorales, nombramientos, en fin, todo aquello que afecta a la vida interna de los partidos políticos. Por lo tanto, hago nuestra esa idea suya de que no basta con cumplir la ley, sino que hay que ir mejorando constantemente la transparencia; no basta con el simple cumplimiento legal sino que deberíamos comprometernos incluso a ahondar en todos los temas de transparencia,
porque todavía hay temas relacionados, por ejemplo, con los lobbies, con las puertas giratorias y con la trazabilidad, que es otro de los términos que usted ha utilizado, en cuya regulación legal se puede profundizar.
Nos ha gustado mucho también, y lo estábamos comentando, ese orgullo de pertenencia a una ideología; no ha dicho usted un partido, ha dicho una ideología -nos ha gustado mucho-, vinculándolo evidentemente con la financiación privada. Es decir, no basta con compartir o con sentir ese orgullo sino que además hay participar también en que esa ideología pueda tener plasmación posteriormente en el trabajo legislativo. Nosotros valoramos enormemente la financiación privada y somos enormemente partidarios de aumentarla en todo lo posible.
No le voy a hacer ninguna pregunta, porque me ocurre lo mismo que al señor Cantó. Estoy deseando escuchar esas diez propuestas y estoy seguro de que todo lo que le preguntara se quedaría mucho más corto que esas diez propuestas que va a plantear usted para mejorar la transparencia de los partidos políticos.
Por el Grupo Socialista, señor Rallo.
Quiero dar las gracias a la compareciente, la señora Arizmendi, por acompañarnos. Yo ya no recuerdo muy bien si su comparecencia, como la de otros comparecientes, formaba parte del cupo de unos u otros partidos, porque al final el cupo de las propuestas de comparecientes se diluyó, por lo que no sé si fue algún grupo específicamente y no otro el que propuso su presencia hoy aquí, en esta Comisión, pero le tengo que decir que, por lo que a nosotros toca, estamos muy contentos de que esté hoy aquí y hemos puesto muchas expectativas en esta comparecencia y en lo relevante que es que la presidenta del Consejo de Transparencia asista al Parlamento, no solo en este foro concreto en esta ocasión, sino para cumplir otros mandatos, como debiera ser el de presentar su memoria anual y, por tanto, compartir con la Cámara la acción del consejo, más allá de lo que hoy nos trae aquí, y, con ello, compartir las dificultades que puede tener el consejo para cumplir o no las funciones que tiene legalmente atribuidas. Nos parece que es un organismo con una alta función que cumplir y, por tanto, debería tener una relación mucho más estrecha con este Parlamento y el flujo de información debe ser lo más intenso posible, aunque me consta que, si no por los canales formales sí por los más informales, el consejo lo está intentando, lo cual le agradecemos.
Quiero empezar esta intervención recordando algo que puede estar en la mente de algunos diputados -de otros más recientes, quizás no-, porque creo que es imprescindible. Usted recordará que el Partido Socialista no apoyó el texto actual de la Ley de transparencia. Nosotros teníamos críticas importantes respecto al texto definitivo; de hecho, muchas de ellas las recogimos posteriormente en nuestros programas electorales de los años 2015 y 2016, reivindicando cuestiones nucleares que entendíamos que deberían haberse consagrado en la ley hoy en vigor. Así, postulamos su reforma en lo relativo al fortalecimiento del Consejo de Transparencia, al fortalecimiento de su independencia y al fortalecimiento funcional; es decir, que el ámbito de funciones y potestades del consejo se extendiera y ampliara y que contara con facultades de inspección, de sanción, etcétera. Por esas razones, nosotros éramos críticos con el texto de la ley, incluso recordará usted que no contó en aquel momento con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para su nombramiento. Le digo esto precisamente porque usted se está ganando nuestra confianza a pasos agigantados.
Nosotros hacemos un seguimiento cercano, con los medios que tenemos a nuestro alcance, prensa y otros, de la acción del Consejo de Transparencia, y todas las señales que llegan de la actuación del consejo para nosotros resultan altamente satisfactorias. Hemos visto complacidos cómo desde el consejo y su presidencia se ha apostado por que en los organismos públicos, la Administración General del Estado, se den pasos decididos hacia ese objetivo. Recuerdo, por ejemplo, la apelación a la importancia de la publicidad de las agendas de los altos cargos, que hemos comprobado que la presidenta del consejo defendía, e incluso la limitación del secreto de los acuerdos del Consejo de Ministros, otra de las reivindicaciones públicas que ha hecho la presidenta del consejo. Esos dos pasos -y otros muchos- nos han enviado señales muy positivas por las que queremos felicitarla.
El azar ha querido que su comparecencia programada para el día de hoy haya venido a coincidir además con uno de los mayores escándalos -a nuestro entender mayúsculo- de los que hemos tenido
conocimiento en las últimas cuarenta y ocho horas a través de los medios de comunicación. La prensa se ha hecho eco del hecho de que la mayor parte de los ministerios de este país están cuestionando judicialmente las resoluciones del Consejo de Transparencia relativas al reparto de publicidad institucional entre los medios de comunicación. Esto nos parece un escándalo mayúsculo, porque el Partido Popular -que sustenta al Gobierno de la nación- aprovecha cualquier ocasión de las que dispone en la actividad parlamentaria para evidenciar los enormes avances que en este país se han producido en la lucha contra la corrupción, enarbolando la aprobación de esta Ley de transparencia, en el año 2013, como buque insignia de todo un gran paquete de medidas de regeneración democrática, pero lo cierto es que con una noticia como la que acabamos de conocer, nuestra impresión es que el Partido Popular se ha quitado la careta. Es decir, puso sobre la ley una serie de previsiones, de atribuciones, una determinada regulación, pero cuando llega la hora de la verdad respecto a garantizar la transparencia, de forma inaudita se declara en rebeldía y cuestiona frontalmente, sin fisuras ni matices, las resoluciones del Consejo de Transparencia, que, a nuestro entender, deberían merecer un trato de mayor respeto en una fase inicial de la vida de este consejo, donde todos los grupos políticos deberíamos ser especialmente solidarios y cómplices con la necesidad que tiene de forjar una doctrina, una estrategia para garantizar la aplicación y la vigencia de la Ley de transparencia. Resulta evidente que no es así.
Tengo que decirle, además, que si uno toma como referencia otras experiencias -yo alguna personalmente he tenido- de actuaciones de órganos y autoridades independientes, resulta bastante llamativo -por no decir inaudito- que sea la propia Administración pública -en este caso ocho ministerios- la que recurra frontalmente contra resoluciones de esa autoridad independiente. Es decir, no cuestionamos que se pueda producir un litigio jurídico, pero sí se evidencia una tentación, una posición que busca minimizar el impacto de los efectos de la Ley de transparencia condicionando la actuación del Consejo de Transparencia. Ante este escándalo mayúsculo y el resto de sus actuaciones, sepa, desde ya, que cuenta con nuestra complicidad, con nuestra solidaridad y con el apoyo que necesite por parte de este grupo parlamentario para cuantas actuaciones sean necesarias para cumplir con esa función. Asimismo, aprovecharemos los trámites parlamentarios correspondientes -en este momento hay una proposición de ley tramitándose en este Congreso que podría afectar a la Ley de transparencia, con propuestas específicas de reforma de su regulación- para proponer las enmiendas necesarias para que el Consejo de Transparencia se vea sustancialmente fortalecido en su perfil institucional.
Dicho lo anterior, y entrando específicamente en lo que atañe al objeto de su comparecencia esta tarde aquí (La señora Escudero Berzal: ¿Todavía no ha empezado?-Risas), le diré que, por un lado, la ley vigente...
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Rallo, debe ir acabando. (Rumores.-La señora Escudero Berzal: Sí, ve entrando en materia ya).
El señor RALLO LOMBARTE: Sí, en breves minutos acabaré. Creo que merece la pena aprovechar la comparecencia de la presidenta del Consejo de Transparencia y, por tanto, acabaré con dos o tres consideraciones adicionales. (Rumores.-La señora Escudero Berzal: Hay que escuchar a la presidenta, no a ti).
Da la impresión de que la previsión legal hoy existente a la hora de hablar de transparencia de los partidos queda muy limitada a los aspectos económico-financieros de su vida, aunque es verdad que en los últimos años se han producido reformas legales que han mejorado sustancialmente las obligaciones de los partidos para satisfacer ese objetivo. No sé si entra dentro de las propuestas que va a apuntar a continuación en su intervención, pero a nosotros nos gustaría intentar darle una vuelta de tuerca a la otra dimensión de la transparencia de los partidos -porque esta puede estar medio resuelta o en vías de resolución y bien debatida ya, especialmente en esta Comisión-, que es la transparencia en la toma de decisiones. Alguna cuestión ha dicho al respecto y le agradecería mucho que profundizara algo más en ello. Usted misma ha apuntado que hay margen de mejora, que hay carencias y que por tanto puede mejorarse. Le invitamos a que aproveche las facultades que tiene el consejo, entre las funciones que le atribuye el artículo 38, de recomendación, evaluación y valoración, para que no adopte -nos consta la limitación de medios y, obviamente, eso siempre es un límite- una actitud pasiva, para que no diga que colaboraran con quienes les llamen, sino para que vaya más lejos en la medida de sus posibilidades, para que sea activa. Tenemos mucho que avanzar en la transparencia de las decisiones y de los partidos en
beneficio de los derechos de los militantes y afiliados, de la propia organización y de la sociedad. Los partidos políticos son organizaciones que tienen una relevancia pública constitucional inequívoca y ese es el objetivo último.
Termino haciendo alusión -usted lo ha manifestado- a una propuesta latente en el ambiente sobre la necesidad de introducir mecanismos -el modelo holandés- de evaluación de los programas electorales. Sin duda alguna, en los tiempos que corren, es importante para aportar rigor a la toma de decisiones de los ciudadanos en la confrontación electoral que se puedan prever y regular mecanismos de este tenor. No sé si usted apuesta por algún modelo. Alguna organización propone que se le atribuya esa competencia a la Airef. Si puede aportarnos alguna luz al respecto, se lo agradeceremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señor Rallo, por su brevedad. (Risas).
Yo sí que voy a ser breve, porque lo realmente interesante es lo que nos viene a decir hoy la compareciente. Señora Arizmendi, usted finaliza hoy la subcomisión de estudio dentro de la Comisión de calidad democrática y de financiación de partidos políticos. Se inició con don Benigno Pendás y para mí sería un honor ser la última compareciente en una subcomisión que consideramos de gran interés y relevancia. Es cierto que la gran mayoría de los comparecientes han aportado todo lo mejor que han podido dar y estamos convencidos de que con todas sus aportaciones vamos a ser capaces, a pesar de las divergencias de unos y otros partidos políticos, de hacer un trabajo serio, responsable y riguroso, lo que se merece la ciudadanía. Puedo decirle que el 90% será gracias a las aportaciones de todos y cada uno de los intervinientes. Se lo agradezco sinceramente, y estoy deseando escuchar, como decían mis compañeros, sus diez propuestas.
Voy a centrarme en los lobbies, algo que nos preocupa mucho. Ya sabe que el Gobierno ha contraído la obligación de poner en marcha un proyecto de ley sobre la actuación de grupos de interés en el ámbito de la Administración española que incluya la creación de un registro público de lobbies, en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos o representantes públicos. Ya hemos avanzado con la creación del Registro de Grupos de Interés ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero tengo tres preguntas relacionadas con ello. ¿Considera realmente, por toda la información que tiene, que la sociedad española está en este momento lo suficientemente informada como para aceptar con normalidad la regulación de estos grupos de interés y su relación con los partidos políticos? Desde su perspectiva, ¿existen sugerencias o ideas precisas de cuáles serían las líneas rojas que habría que mantener en la regulación de los grupos de interés? ¿Cree que la actividad financiera de estos grupos de interés debe estar sujeta a algún tipo de fiscalización pública?
Como he dicho, voy a ser breve, porque lo importante es lo que aportan los comparecientes y no los discursos que hacemos, muchos de ellos con mucha -demasiada- intencionalidad política en estas subcomisiones. Estoy deseando escucharla, pero me va a permitir que haga una referencia al señor diputado del Grupo Socialista, que hablaba de escándalos mayúsculos del Partido Popular. Yo le voy a recordar unos escándalos minúsculos. En los presupuestos generales de Andalucía no van los gastos territorializados. Esto es una gran transparencia. Por otra parte, la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha pronunciado sobre la opacidad de más de 1000 millones de euros en publicidad que ha gastado el Gobierno andaluz en medios de comunicación. (El señor Suárez Lamata: ¡1000 millones! ¡1000 millones!). Esto es un escándalo minúsculo comparado con los escándalos mayúsculos del Partido Popular. Y, señor diputado del Grupo Socialista, de los cuatro Gobiernos autonómicos menos transparentes, los tres últimos han sido Gobiernos del Partido Socialista: Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Nosotros creamos el Consejo de la Transparencia, que si por ustedes fuera hoy no existiría. Es más, durante sus ocho años de Gobierno podían haberlo hecho y tampoco lo hicieron. Si por ustedes fuera, este consejo no existiría. Nosotros, don Artemi, no nos hemos quitado la careta; hay otros que solo son careta.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: Y discúlpeme, señora compareciente.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Me ha ahorrado las palabras que iba a decir en primer lugar, por lo que doy directamente la palabra a la compareciente.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (Arizmendi Gutiérrez): Algunas de las diez propuestas que he mencionado responden a preguntas planteadas por los intervinientes. Quizá si las leo rápidamente algunas cosas queden contestadas y a las otras puedo dedicarles un momentito para contestarlas de forma individual.
Las diez propuestas, sin ánimo distinto a la voluntad de ayudar, son las siguientes. Primera, la transparencia obligatoria. La transparencia obligatoria -lo ha dicho el representante de Podemos- es de cajón. Realmente, es sorprendente que no se cumpla hasta el extremo. Lo que hay que hacer es asegurar ese soporte básico y garantizarlo sin ninguna sensación de heroicidad, simplemente como una obligación, que es lo que tenemos.
Segunda, avanzar en la transparencia voluntaria. Nadie -también lo ha dicho el señor Cantó- nos obliga a ser solo así de transparentes, nadie nos limita la posibilidad de serlo más, así que seámoslo en cuestiones tales como las agendas, los usos de los vehículos, los gastos sin identificar, las dietas, el patrimonio personal y colectivo del partido, la declaración de derechos y obligaciones de los afiliados, la elaboración de códigos éticos con sanciones, la trazabilidad absoluta de los gastos, tanto de funcionamiento interno como de financiación de campañas electorales. Cualquier cosa que se financie con dinero público, aunque no esté en la ley, para los partidos políticos tiene que ser no transparencia voluntaria, sino obligatoria, como ejercicio de rendición de cuentas.
Tercera, regulación de los nuevos modelos de financiación privada, tales como los micromecenazgos, conocidos como crowdfunding. En realidad, deberían existir y estar regulados e identificadas las personas que de alguna manera contribuyen a la financiación de sus ideas, de sus apuestas y de sus decisiones. Incluso más allá, se podría posibilitar la publicación de los donativos en la web para hacerlo todavía más transparente.
La cuarta sería la búsqueda del equilibrio público-privado en la financiación de los partidos políticos -debería ser un objeto para España-, utilizando instrumentos tales como los del Reino Unido o Alemania, que prohíben que la financiación pública sea el sostenimiento fundamental de los partidos y pretenden que haya un equilibrio entre esa financiación mixta.
Quinta, el recurso a organismos especializados e independientes para la realización de las auditorías internas. No hay nada como un organismo independiente. Don Artemi Rallo preguntaba si hay algún organismo que recomendar, y ha mencionado la Airef. Yo tengo una extraordinaria confianza en la Airef, que además es vecina del consejo. Mantenemos una relación muy estrecha porque trabaja de manera distinta y los resultados son diferentes. Encomendar estas auditorías internas a organismos independientes y expertos tendría también un efecto muy beneficioso y sano para la transparencia, así como el análisis coste-beneficio; no solamente cuánto me he gastado, sino lo que me he gastado qué beneficios ha tenido, qué he gastado en políticas sociales y económicas y cómo ha redundado en el beneficio concreto, con un análisis que la Airef desde luego hace extraordinariamente bien. Como lo sepa mi vecino, cuando llegue a la oficina me va a decir: No me eches más trabajo encima que ya tengo bastante con lo que tengo. Realmente, confío mucho en ella, porque hace el trabajo muy bien hecho, con resultados que generan confianza.
El siguiente sería convertir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en resoluciones de obligado cumplimiento, porque hay muchas recomendaciones del Tribunal de Cuentas -experto, interesante, con profesionalidad- que nunca se han tenido en consideración y que son muy interesantes para ponerlas en marcha, pues es un órgano al que se le debe un respeto en un trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que a veces no es suficientemente valorado. Es verdad que también hay otras cuestiones, como la necesidad de dotarle de los medios necesarios para que sea más ágil, la necesidad de que el control que haga no sea solamente financiero sino que sea un control más allá del análisis de los ingresos y de los gastos y la necesidad de darle capacidad sancionadora. Hace un momento el representante de la junta electoral decía: luego me lo mandan a mí para que yo haga cumplir las sanciones del Tribunal de Cuentas. Pues bien, hay que apoyar ahí un poco el cierre de la actividad del Tribunal de Cuentas.
La séptima sería hacer del programa electoral el compromiso real cuantificado económicamente. Es el modelo holandés, en el cual es verdad que el organismo independiente hace el análisis del compromiso electoral, hace la memoria y la publica. Esa memoria es pública, de tal manera que los ciudadanos
votantes saben perfectamente que esta propuesta electoral cuesta equis y se va a financiar con una subida de impuestos. ¿Estamos dispuestos a asumir que la mejora cueste dinero? Queremos saberlo. Este es un elemento muy interesante. Se llama Oficina Central de Planificación y viene haciendo un trabajo muy transparente y muy tocado, pisando tierra. La gente quiere confiar, la gente quiere saber que lo que se ofrece no son solamente buenas palabras, que se pise tierra y de alguna manera la viabilidad esté garantizada.
En la novena proponemos la creación de alertas tempranas como las que hay en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo. La autoridad que lleva el control de las alertas tempranas tiene que ser independiente, desde luego. Todos saben que hay que hacer una declaración de bienes a la entrada y una declaración de bienes a la salida del ejercicio de la responsabilidad de que se trate, y eso ayuda como elemento preventivo. No en vano, la semana pasada la Comisión Europea dijo que España había hecho un gran esfuerzo en temas relacionados con la corrupción en la etapa posterior pero que había que hacer un esfuerzo todavía mayor en la etapa preventiva, porque la etapa preventiva es la buena, la transparencia es preventiva. Cuando el mal es incipiente y solo son síntomas, es fácil de curar, pero cuando la enfermedad está instalada el problema es mucho más complicado. Este sistema de alertas preventivas funciona muy bien como elemento de vigilancia. Ya saben que Jeremy Bentham dijo: "Cuanto más te observo, mejor te comportas", y esto es una cuestión que no falla desde que somos pequeños. Asimismo, como hacen los altos cargos, se debería autorizar todos los años a esa autoridad independiente que vigila de alguna manera el movimiento patrimonial de las personas que tienen responsabilidad dentro del organismo para comprobar cómo se mueve la declaración de la renta de los responsables públicos. Ocurre en los altos cargos, se autoriza anualmente que se pueda echar el ojo a la declaración de la renta del responsable en la organización.
La décima se llama necesidad de recuperar la ilusión de los votantes y de los ciudadanos. Se ha dicho aquí que no solamente de los votantes, no hay que conquistar solo al votante que ya es tuyo, que ya te quiere, sino también al resto de los ciudadanos. Para eso proponíamos la creación de un estatuto del ciudadano donde estos encuentren un lugar para conocer sus derechos, para tener información específica, para tener respuesta a sus quejas, para poder hacer una reclamación, para reducir la opacidad y ganar confianza. Estas son nuestras humildes propuestas, que nos llevan a señalar que es importantísima la labor preventiva, es importantísima la labor independiente y es importantísima la transparencia; al final la calidad democrática de todos los países del mundo se mide hoy por el nivel de transparencia y el nivel de diálogo que hay entre los ciudadanos y quienes les representan. En este nuevo modelo que estamos abarcando esto es ya una realidad.
Por contestar específicamente a lo que se me ha quedado en el tintero, que estaba pensado y que sus señorías me han recordado, le diría al señor Cantó que necesitamos medios. Somos diecinueve personas, de las cuales solo seis son personal directivo de nivel 28 para arriba para llevar todo lo que se nos va viniendo encima porque no sabemos decir que no, esa es la verdad. No solamente hacemos recomendaciones, vigilamos el cumplimiento de la ley e impulsamos la cultura de la transparencia, sino que también hemos asumido las reclamaciones de nueve comunidades autónomas que han preferido confiar en el consejo a crear un organismo nuevo, lo cual nos llena de orgullo, porque todas ellas son de distinta ideología y eso se llama confianza, cuesta mucho ganarla y se valora mucho en el consejo. Asimismo hacemos una labor intensísima de formación porque creemos que hace falta mucha información. Seguramente si se saliésemos ahora a la calle y preguntáramos "sabe usted que hay una ley que...", muchos nos dirían que no lo saben.
Hay que hacer pues un esfuerzo importante de formación, de información y de cambio de mentalidad en todos, en los ciudadanos, en los agentes implicados en la transparencia, en la Administración y en todos los sectores. Hemos abierto relaciones internacionales, estamos creando un grupo incipiente de consejos o comisionados de transparencia europeo junto con Alemania y el Reino Unido, nos hemos asociado a la RTA y hemos creado una línea de comunicación, un cauce de comunicación con todos los países de Latinoamérica convirtiendo un organismo puramente latinoamericano en un organismo iberoamericano que nos exige también mucho trabajo y mucho esfuerzo. La verdad es que necesitamos que se nos refuerce con lo que tienen ya todos los organismos reguladores, capacidad de inspección y capacidad de sanción. Si el consejo en una resolución obliga o de alguna manera estima que los organismos deben cumplir con el derecho de acceso, deben dar la información, y estos no cumplen, pueden ocurrir dos cosas: que se acudiera al contencioso-administrativo a resolver -que, entre comillas, sería la correcta- o que se cumpliera. La que no está prevista en ningún sitio es no cumplir, sin embargo,
pueden pasar quince días sin que cumplan, les reiteramos, pasan quince días y siguen sin cumplir -ya es un mes-, les volvemos a reiterar, siguen mirando para otro lado y al final el único recurso que nos queda es el coste reputacional, que significa colocar en nuestra página que hay algún organismo que no cumple. La verdad es que ningún organismo regulador carece de esta competencia y para nosotros y para la solvencia del consejo sería fundamental. También la capacidad de inspeccionar, porque al final a nosotros nos gusta que nos sirva la información y tenemos presunción de certeza de todo lo que nos dice la administración porque así debe ser y creemos que así es, pero eso no impide que los organismos reguladores tengan capacidad de tocar también la información y de seleccionar lo que quieren ver, hacer un muestreo para comprobar fehacientemente que las cosas son como deben ser. Lo ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Socialista, queremos invertir esta tendencia que hay en la Administración a enfrentarse a las resoluciones del consejo. No acabamos de comprender muy bien cómo un organismo creado para dar criterio y para vigilar el cumplimiento de la ley se cuestiona de una manera tan reiterada. Creemos que hay solución, al final nosotros no somos los dueños de la verdad, y también pensamos que nos podemos equivocar, que es una ley muy nueva, que de alguna manera hay que ir creando jurisprudencia, que los jueces están para decir la última palabra. Pero también nos gustaría que los mismos jueces que han dicho que el Consejo de Transparencia tiene una presunción de respeto que debe ser tenida en cuenta, estén para las cuestiones excepcionales que no sepan resolver la Administración y el consejo en algo que vamos a poner en marcha cuando podamos, cuando nos dé la vida un poco más, que es un sistema de resolución temprana de conflictos. Vamos a intentar que antes de dar el paso a los tribunales haya una reunión en la que podamos comprender juntos todo esto. En este momento tenemos cuarenta y cuatro contenciosos administrativos de los cuales solo trece son de los ciudadanos, el resto son de la Administración.
Es cierto, quiero decirlo, que la Ley de Transparencia y su aprobación es un hito muy importante y que están cambiando mucho las cosas. Quizá no nos demos cuenta porque es de trazo fino, pero desde que tenemos Ley de Transparencia está cambiando lentamente, pero de forma imparable, la convicción de que solo trabajando de otra manera y cambiando las cosas hay una garantía de supervivencia, crecimiento, confianza de regeneración democrática y validación de las actuaciones de las personas. De hecho, por ejemplo, en este asunto que ha saltado a la prensa y que ha comentado, la información pública es la que tiene la Administración como consecuencia de su actividad. Viene definida en el artículo 13. A veces es mucho más fácil comprender que cuando un ciudadano pide algo que viene definido en cierto modo en la ley como información pública, cuando se echa el telón, siempre hay una sospecha. No hay nada detrás hasta que se echa el telón. Quiero decir con esto que es mucho más seguro, muchos menos conflictivo, mucho más reafirmante de lo público, de la excelencia en lo público, que también lo hay, de las cosas bien hechas, ser transparente que no serlo. Quizá el cambio de mentalidad se está produciendo y se producirá poco a poco, los cambios de mentalidad son los más complicados de seguir, pero la Ley de Transparencia es un hito sí o sí, es imparable, y el cambio se está produciendo y se va a seguir produciendo porque no hay vuelta atrás de ninguna manera.
Respecto a las subvenciones en las entidades locales, la Ley de Transparencia ya prevé que las subvenciones que sean por cantidades mayores de 100 000 euros o que supongan el 40% por lo menos del sostenimiento del organismo que recibe la subvención habrán de ser publicadas en la página web. O sea, que la Ley de Transparencia sí ha previsto este tipo de problemas que han podido serlo pero ahora ya son obligaciones de publicidad activa que conciernen a las subvenciones en general.
En cuanto a la libre designación para los secretarios, interventores y tesoreros, son funcionarios públicos, han pasado por un proceso de acceso libre y de demostración de mérito y capacidad. En ese sentido, siendo funcionarios públicos, que es requisito, no acudiendo a otras figuras distintas, el mérito y la capacidad deben ser los elementos fundamentales para la ocupación de un puesto como el de la Función Pública en nuestro país, que se rige por estos principios.
Me queda contestar a la señora Escudero. Conozco la iniciativa de los lobbies porque han venido a vernos. Los lobbies tienen que ver también con la transparencia. Hemos trabajado en lo que fue un germen de los lobbies muy pequeño que fueron las agendas. Nosotros hemos hecho una recomendación de agendas donde recomendamos que los altos cargos pusieran en publicidad activa no solamente su dinero público, su manejo del dinero público y la decisión pública, sino también su tiempo público. Ahí hemos señalado que estarán obligados por publicidad activa, según nuestra recomendación, a publicar las reuniones con las empresas, con los representantes de las empresas, y hemos hecho una especie de graduación, junto con la Agencia de Protección de Datos, que tiene mucho que ver en estos tema, de
hasta dónde protege los datos de carácter personal de la persona que va a hacer la visita al alto cargo. El criterio que hemos utilizado -los criterios con la Agencia de Protección de Datos son muy importantes para nosotros, porque dan mucha solidez a lo que se está diciendo- es un criterio que ya es transversal: a mayor responsabilidad, menor protección de la intimidad. En la ponderación hay ya un elemento que hemos sentado como genérico que dice: va en el cargo, cuanto más arriba estés en la toma de decisiones, en el gasto público, en el manejo del presupuesto, en la responsabilidad, menos protección de los datos de carácter personal.
Yo creo que en España lo de los lobbies no se lo sabe casi nadie, sinceramente. Si preguntas qué es un lobby, te dirán que es, como en su origen, la sala de entrada de una gran estancia. Pero si preguntas qué son los lobbies y a qué se dedican, creo que no lo saben mucho. Si es o no prematuro, si hay que hacer una campaña, si hay que ir poco a poco, los que se dedican a la política y a evaluar esas cosas serán los más adecuados para ir resolviéndolo. Nosotros, en esta tendencia natural que tenemos a no saber decir que no, cuando vinieron y nos preguntaron si estaríamos dispuestos a asumir, si sale adelante, el registro de lobbies, porque queremos que haya una autoridad independiente que sea la que lo maneje, dijimos insensatamente que sí. El concepto de los lobbies en España está todavía muy lejos de los temas que la sociedad maneja con cierta facilidad.
Ya no me queda más que decir que para mí ha sido un honor, una satisfacción personal y un orgullo estar aquí, porque he oído muy buenas intenciones y muy buenas palabras respecto al Consejo que represento. Yo espero que el Consejo, como ha dicho don Artemi Rallo, sea de su confianza. Lo espero y lo deseo con todo mi corazón, como deseo también que sea de la confianza del resto de los que están aquí y que todos puedan venir sabiendo que vienen a una casa en la que la independencia y el servicio público son los únicos elementos de vocación para trabajar.
Con permiso del presidente de la Comisión, levanto la sesión.

References: artículo 15
 artículo 8
 artículo 132
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 13