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Timestamp: 2019-05-25 07:15:16+00:00

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Acuerdo y Sentencia 272/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 272/17
EXPEDIENTE: “LA YUTEÑA S.A. C/ RES. N° 342 DE FECHA 01/06/15 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”. EXPTE. N° 289. FOLIO N° 207. AÑO 2.015.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días cuatro del mes de septiembre del dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “LA YUTEÑA S.A. c/ RES. N° 342 de fecha 01/06/15 y OTRA dictadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS” a fin de resolver la cuestión suscitada en estos autos.
Y el miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, magistrado ARSENIO CORONEL BENITEZ, dijo: Que, en fecha nueve de julio del año dos mil quince (fojas 19/22) se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Pablo Escobar Gilí en representación de la firma LA YUTEÑA S.A., a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo del 2.015 dictada por al Administrador de Aduanas de Caacupemi y contra la Resolución N° 342 de fecha 01 de junio del año 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas. Funda la demanda en los siguientes términos: Legitimación pasiva: La tiene la Dirección Nacional de Aduanas, al haber dictado un acto absolutamente ilegítimo, ubicado en la calle Paraguayo Independiente y Colón. Acto administrativo contra tachado de nulidad: Se promueve demanda contencioso- administrativa contra la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo de 2015 dictada por el Administrador de Aduana de Caacupemi y la Resolución N° 342, de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Aduanas. Con el dictado de la resolución mencionada ha quedado agotada la vía administrativa, estando abierta la acción contencioso administrativa que hoy es deducida contra la Dirección Nacional de Aduanas. De los hechos: Los hechos objeto del sumario administrativo de referencia se encuentran contenidos en la denuncia realizada por la Dirección de Fiscalizaban “INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN, de fecha 28/07/2014” sobre la supuesta diferencia de la posición arancelaria de las mercaderías detalladas o amparadas en el Despacho de Importación N° 14017IC04004500X. A través del Departamento de Control Posterior dependiente de la Dirección de Fiscalización, se dispone la sustanciación de la investigación N° 14SFI000150A y se confecciona la contraliquidacion N° 224/14, en el cual se detalla los tributos y la eventual multa a ser aplicada a la firma. Acto administrativo dictado por el Administrador de Caacupemí: La Resolución en su parte resolutiva dispuso; “...ART. 1° CALIFICAR como infracción aduanera de DEFRAUDACION el hecho investigado, conforme lo reglado en el Art. 331° de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero, responsabilizando a la firma la YUTEÑA S.A., en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 317, 318 y 319 de la Ley N° 2422/04” Código Aduanero y solidariamente al Despachante de Aduana MYRIAM LOPEZ SALINAS, en conformidad al Art. 23 del mismo cuerpo legal...”, sin que a lo largo del extenso sumario administrativo se haya podido demostrar la intención dolosa de la firma LA YUTEÑA S.A. Negación de los hechos contenidos en el sumario y en la resolución impugnada: En el marco del sumario administrativo, la Dirección de Aduanas nos atribuye una conducta dolosa que derivó en la supuesta defraudación. Debe destacarse, en primer lugar, que no existe defraudación alguna, dado que como se verá en el decurso de este proceso judicial, la posición arancelaria que en la que originalmente se enroló la importación cuyo despacho se acusa de fraudulento, es decir, le correspondía el valor arancelario de 0% y no 20% como erróneamente lo determinó el informe del Departamento de Visturía. Por otra parte, para que exista defraudación constituye un requisito indispensable que la situación se encuadre dentro del Art. 331 del Código Aduanero, que reza: “Defraudación. Concepto. Se considera que existe defraudación en toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible”. Sin embargo, como se verá a lo largo de este proceso judicial, no se reúnen los presupuestos mencionados en el artículo que antecede. En cuanto el Informe Técnico N° 309/2014 emanado del departamento de visturía: Este concluye que las mercaderías consistentes en “Heladera con 2 puertas, modelo RF-FH-3002, Heladera con 2 puertas, modelo RF-FH-3502, FREEZER VERTICAL, MODELO MF-2701, FREEZER VERTICAL MODELO MF-4101 deben clasificarse en la posición arancelaria N° 8418.10.00 con Ad. Valorem 20%; basándose en “CATALOGOS que supuestamente la firma presentó. Situación está que niego categóricamente y demostraré más adelante. El cuestionado Despacho de Importación N° 14017IC04004500X, fue oficializado en fecha 28/03/2014, en la Administración de Aduanas de Caacupemí. Como se puede observar al citado despacho se asignó el CANAL ROJO, que comprende según el Código Aduanero en su Art. 124 inc. c), una revisión y análisis físico de las mercaderías, de los documentos relacionados a estas y por último el valor asignado a las mercaderías, “...Canal rojo: las declaraciones objeto de selección para este canal, solamente serán libradas después de la realización del análisis documental, la verificación física de las mercaderías y el control del valor en aduana...”. De lo expuesto precedentemente, y observando al dorso del Despacho de Importación N° 14017IC04004500X, se puede afirmar que el mismo tuvo intervención de los funcionarios técnicos de REGISTRO, VISTURIA y VALORACION. El funcionario Técnico llamado "Vista" son los ojos de la Aduana y es el UNICO que cuenta con las siguientes atribuciones: Artículo 390. “Corresponde a los Vistas de Aduanas: 1) Proceder a la verificación de las mercaderías, conforme a la manifestación de los despachos, debiendo observar al efecto las disposiciones legales pertinentes. 2) Efectuar personalmente la verificación de las mercaderías, delegar sus funciones pertinentes ni podrán confiar a los empleados de la Visturía las labores de contar, pesar o medir. 3) En los casos de reclamaciones por falta, avería, calidad, cantidad, valor o semejantes, señalar en informes explicativos las causas que pudieron haberlas originado. 4) En los casos de divergencias que se suscitaren en la verificación de las mercaderías manifestada en los despachos, proceder de acuerdo con las normas explicativas. 5) Solicitar, por conducto de superior jerárquico, los informes técnicos necesarios para la exacta clasificación tarifaria, en todos los casos de dudas relativas a la composición o a los elementos constitutivos de las mercaderías pedidas a despacho, o relativas al uso o destino de las mismas. Consignar en los despachos el resultado de la verificación, enunciando en lugar visible, título ilustrativo, las observaciones halladas, así como los cálculos referentes al kilaje, cantidad y valor. 6) Ejercer las demás funciones que les otorgan este Código, las leyes y los reglamentos”. Habiendo señalado las circunstancias en que fue oficializado el despacho en cuestión, y las funciones de los funcionarios vistas de la Dirección Nacional de Aduanas, podemos afirmar que el funcionario “VISTA” del Despacho N° 14017IC04004500X, consignado a nombre de la firma la YUTEÑA S.A. no ha dejado observación alguna en el campo observaciones e intervenciones de otras instituciones establecido para dicho efecto. Llamativamente, 4 meses después surge la ficha de investigación realizada por le Dirección de Fiscalización, que respaldada en un Informe del Departamento de Visturía N° 390/2014, basado en catálogos como lo mencione más arriba, injustamente y sin ningún fundamento otorga a la mercadería EXHIBITOR REFRIGERATOR UPRIGHT FREEZER. La Dirección Nacional de Aduanas en la Resolución que fue objeto del presente recurso no ha considerado una serie elementos que demuestran la inexistencia de la Conducta Dolosa exigida para la calificación de Defraudación. El artículo 327. “Casos de no aplicación de sanciones, dispone: 1. La inexactitud realizada, en cualquier declaración relativa a las operaciones aduaneras de importación o exportación, no será considerada falta aduanera por diferencia si el declarante hubiere indicado todos los elementos necesarios para que el servicio aduanero pudiera establecer la correcta tributación y la misma fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración y los documentos respectivos. Esta inexactitud puede referirse a errores de trascripción, de cálculo, inadvertencia de algunos elementos necesarios para determinar el valor en aduana, en la conversión de monedas, clasificación arancelaria cuando los otros elementos han sido correctamente declarados y en la cantidad de carga y el peso correspondiente. Mi representada ha dado pleno cumplimiento a las exigencias legales que rigen a la materia, pues ha declarado correctamente a la AUTORIDAD ADUANERA, la mercadería, calidad, cantidad, peso, además de haber acompañado todas las documentaciones exigidas, resultando por ende absolutamente inaplicable la calificación de defraudación arbitraria e ilegalmente establecida. Finalmente, debe señalare que la firma LA YUTEÑA S.A. es una empresa dedicada a la actividad comercial hace años, actuando regularmente y conforme a derecho en todas sus importaciones. Es una de las mayores contribuyentes al fisco y a la fecha no cuenta con sanción o antecedentes administrativo alguno que sancione a la misma con falta o infracción aduanera, razón por la cual considerar este hecho aislado en las circunstancia relatadas como defraudación, constituye un agravio pues afecta el buen nombre y reputación, sumado a que no condice con la realidad de lo denunciado y lo mas grave no fue probado durante el sumario administrativo.
Por proveído de fecha 28 de julio del año 2.015, de fojas 22 vlto., este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala tiene por iniciada la presente demanda contencioso administrativa.
A fojas 330/340 la parte actora se presenta a ampliar los términos de su demanda.
Por providencia de fecha 28 de agosto del año 2.015, de fojas 229 vlto., se ordena el traslado de la demanda a la adversa.
Posteriormente, en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis (fojas 359/364), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la representante convencional de la Dirección Nacional de Aduanas, a contestar la demanda contencioso administrativa. Funda la contestación en los siguientes términos: Que, solicito el reconocimiento de la personería en el carácter invocado, por denunciado y constituido los domicilios en el lugar señalado y se me otorgue la intervención legal correspondiente. Que, por el presente escrito vengo a contestar la demanda promovida por el Abogado Pablo Escobar Gill en representación de la firma La Yuteña S.A. contra la Resolución N° 05 del 31 de marzo de 2015 dictada por el Administrador de Aduana de Puerto Caacupemí y la Resolución N° 342 de fecha 01 de junio de 2015 dictada por el Director Nacional de Aduanas, en base a las consideraciones de hecho y de Derecho que a continuación paso a exponer: 1) Antecedentes del sumario: El sumario administrativo instruido a la firma importadora LA YUTEÑA S.A. se inicia en base al Informe de Investigación emanado del Departamento de Control Posterior en el cual el funcionario investigador realizó un análisis de la mercadería importada, sus características, la partida arancelaria correcta y recomendó la elaboración de la Contraliquidación por diferencia en posición arancelaria y gravamen ad fecha 13 de agosto de 2014 la firma La Yuteña S.A. fue notificada de la Contraliquidación Nro. 224/14 por diferencia de tributos y multa. Ante la oposición formulada por el contribuyente, el Administrador de Aduana de Puerto Caacupemi, ordena la instrucción del sumario administrativo por providencia de fecha 28 de agosto de 2.014. Es Oportuno mencionar que la firma sumariada, según las constancias obrantes en el expediente, no ha ofrecido ni diligenciado prueba alguna que deslinde su responsabilidad en el hecho, sino simplemente se ha ratificado en las documentales agregadas al expediente. Por el contrario, podemos observar antecedentes de otros despachos de importación consignados a nombre de La Yuteña S.A. en donde han declarado las mismas mercaderías en la posición arancelaria correcta con tasa del 20% y además se han diligenciado informes del Departamento de Visturía que confirman la incorrecta posición arancelaria declarada por la sumariada. Luego de los trámites correspondientes y habiendo valorado las pruebas arrimadas por las partes, el Administrador de Aduana dictó la Resolución por la cual sanciona a la firma LA YUTENA S.A. al pago de la diferencia tributaria más la multa aplicable. Esta sanción fue confirmada por el Director Nacional de Aduanas mediante la resolución que es objeto de revisión por este Tribunal de Cuentas. 2) Contestación de demanda: Que, el accionante alega como fundamento de su demanda que la Administración de Aduanas no ha demostrado la intención dolosa de la firma LA YUTEÑA S.A. razón por la cual el hecho no puede ser calificado como defraudación. Igualmente sostiene entre otros argumentos, la aplicación del artículo 327 del Código Aduanero para exonerar del pago de la multa. La firma LA YUTEÑA S.A. ha oficializado y cancelado el despacho de importación N° 14017IC04004500X declarando en la posición arancelaria 8418.50.90 con Ad. Val. 0% Analizados los antecedentes del mencionado despacho, la autoridad aduanera ha confirmado en base a los informes técnicos que la importadora realizó una mala clasificación de las mercaderías. Esta declaración fue realizada en forma dolosa, a sabiendas que dichas mercaderías debían ser clasificadas en una posición arancelaria distinta con una arancel de 20%. A fojas 205 de los antecedentes sumariales obra el INFORME D.V. N° 03/2014 elaborado por el funcionario Técnico Vista Osmar Keim, quien se ratifica en la posición arancelaría determinada en el INFORME D.V. 309/14 que sirvió de base para elaborar la contraliquidación. El Informe D.V. N° 309/14 obrante a fojas 19 del sumario establece los fundamentos técnicos por los cuales las mercaderías consignadas a nombre de LA YUTEÑA S.A. consistentes en HELADERA CON 2 PUERTAS, MODELO RF-FH-3002, HELADERA CON 2 PUERTAS, MODELO RF-FH-3502, FREEZER VERTICAL, MODELO MF-2701 y FREEZER VERTICAL, MODELO MF-4101, les corresponde la POSICIÓN ARANCELARIA 8418.10.00 y 8418.40.00 con AD. VAL 20%. 2.1. Despacho oficializado por canal rojo: Otro de los argumentos por los cuales se intenta deslindar la responsabilidad del declarante es que el Despacho contraliquidado fue oficializado por el CANAL DE SELECTIVIDAD ROJO. En verdad, nada obsta para que la autoridad aduanera disponga la verificación, control, análisis y hasta una eventual contraliquidación de los tributos abonados por el importador, cuando así surja de los elementos probatorios obrantes en la ficha de investigación. El accionante tiene un concepto equivocado al creer que por tratarse de un despacho de importación oficializado por el canal rojo, la administración no pueda -a través de sus oficinas competentes- realizar ningún tipo de control sobre los procedimientos que son llevados a cabo en las administraciones aduaneras a los cuales fueron o debieron ser sometidas las mercaderías ingresadas por el canal rojo. Justamente, el Código Aduanero establece este tipo de procedimientos a los efectos de realizar un doble control sobre las declaraciones aduaneras y así detectar posibles infracciones cometidas con o sin la responsabilidad de los propios funcionarios aduaneros. En el caso que nos ocupa, el despacho fue tramitado por el CANAL ROJO, es decir que los funcionarios intervinientes en el proceso de desaduanamiento de las mercaderías debieron verificar personalmente los documentos, las mercaderías y el valor declarado, conformé lo establece el artículo 124 numeral 3 del Código Aduanero. El funcionario Vista encargado de la verificación, al momento de prestar declaración ante el Juzgado de instrucción sumarial, mencionó que la verificación fue realizada por muestreo. Sin embargo, en el despacho de importación no se dejó constancia de ninguna observación en donde se aclare que se procedió a la verificación por muestreo conforme lo regula el artículo 123 del Código Aduanero. Por tanto, existe una duda razonable de que haya existido connivencia, impericia o negligencia del funcionario vista encargado de la verificación del contenedor, circunstancia que nos lleva a concluir la necesidad del doble control aleatorio de las declaraciones aduaneras. El ilícito de la infracción aduanera de defraudación -tal cual lo define el Código Aduanero- puede ser con ayuda del propio funcionario aduanero, sin que esto signifique ningún tipo de exoneración de responsabilidad para el declarante. Que, es importante mencionar las facultades legales conferidas a la Dirección Nacional de Aduanas y más específicamente a la Dirección de Fiscalización en materia de Control Posterior. El Código Aduanero expresamente establece la facultad que tiene la Dirección Nacional de Aduanas de REVISAR todos aquellos despachos de importación CANCELADOS a los efectos de verificar si lo declarado y abonado por el contribuyente se ajusta a las leyes, reglamentos, resoluciones y demás normativas vigentes en materia aduanera. El artículo 126 de la Ley 2.422/04 prescribe “CONTROL APOSTERIORI”. La autoridad aduanera podrá, aún después del libramiento, efectuar el análisis de los despachos, documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación y exportación así como realizar el examen físico de las mercaderías en los casos que corresponda, verificar su clasificación arancelaria, origen, valoración y liquidación del tributo. El control posterior se encuentra previsto expresamente en la legislación aduanera y se realizó conforme lo disponen las normas que regulan el caso, con participación del administrado y en base a los documentos presentados por el importador. Para dar sustento legal al procedimiento del control posterior de la Dirección de Fiscalización sobre los despachos tramitados por el CANAL ROJO, el artículo 331 del Decreto N° 4672/05 “Reglamentario del Código Aduanero” dispone expresamente: “(...) Revisión de la Declaración una vez finalizado el Trámite de despacho. La Dirección Nacional de Aduanas podrá después de la liberación de la mercancía efectuar controles que comprenderán dos niveles: a) Primer nivel de control de las declaraciones, provenientes de todos los canales de selección (...)”. Este artículo que reglamenta las facultades de fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas dice expresamente que todos los canales de selección pueden ser objeto de control por parte de la autoridad aduanera. En consecuencia, ningún canal de selección está exento de ser sometido a un proceso de verificación a posteriori y en su caso a una contraliquidación de tributos y multa. 2.2 Despacho de Importación N° 14017IC04004500X. En fecha 28 de marzo de 2.014 la firma importadora LA YUTEÑA S.A. oficializó el mencionado despacho. En dicha oportunidad, a través de su despachante de aduanas Miriam López Salinas, declaró la cantidad de 2191 EXHIBIDORES REFRIGERADOS VERTICAL, marca SPEED, modelos 3002. 3502, 2701 y 4101 en la posición arancelaria 8418.50.90.000Y con arancel del 0%. Como documento ajunto que respalda a las mercaderías importadas se menciona la factura comercial ML133358W, expedida por la firma HEFEI MEILING CO LTD. Por valor de USD 283,261.00 (fs. 30 del sumario) en donde se consignan las mercaderías identificadas como “EXHIBITOR REFRIGERATOR AND UNRIGHT FREEZER”, modelo 3002, 3502, 2701 y 4101. Por el ingreso de estas mercaderías la firma LA YUTEÑA S.A. abonó el impuesto correspondiente al INDI, SERVICIO DE VALORACION, IVA y demás tasas administrativas, sin pagar el derecho aduanero en razón de que declaró en una posición arancelaria incorrecta con Ad. Val 0%. 2.3. Despacho de Importación N° 13017IC04014496W. En fecha 26 de noviembre de 2.013 (cuatro meses antes del despacho contraliquidado) la firma LA YUTEÑA S.A. oficializó y canceló el despacho de importación 13017IC04014496W (fs. 187 del sumario). Por medio de este despacho, en donde también tuvo intervención la despachante MIRIAN LOPEZ SALINAS, la firma importadora introdujo para consumo la cantidad de 1.090 unidades de FREEZER modelo MjF 41 Jl, RF - FH 3502, RF-FH 4202, RF-FS 4402, MR-127W y MF 2701 en la POSICION ARANCELARIA 8418.29.00 con ARANCEL DEL 20%. Como documento adjunto factura que respalda a las mercaderías importadas se menciona la Factura Comercial ML131912W, expedida por la firma HEFEI MEILING CO LTD. por valor de USD 152,674.00 (fs. 192 del sumario) en donde se consignan las mercaderías identificadas como “REFRIGERATOR AND UNRIGHT FREEZER” Modelo MF 2701, MF 4101, RF-FH 3502, RF-FH 4202 y RF-FS 4402. Por el ingreso de estas mercaderías la firma LA YUTEÑA S.A. abonó el impuesto correspondiente al INDI, SERVICIO DE VALORACIÓN, IVA y demás tasas administrativas, abonando el derecho aduanero como corresponde. 3. Comprobación del hecho de defraudación. El artículo 331 del Código Aduanero dispone: “(...) Defraudación. Concepto. Se considera que existe defraudación en toda operación que; por acción u omisión, realizada en forma dolosa,, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible (...)”. En el presente caso se encuentran debidamente probados todos los elementos descriptos por la norma para calificar el hecho como defraudación. La conducta de la firma LA YUTEÑA S.A. pudo haber significado un perjuicio a la renta fiscal si la Dirección de Fiscalización, a través de sus oficinas competentes no realizaba el procedimiento de control a posteriori del despacho de importación contraliquidado. Igualmente, se comprueba con el despacho de importación Nro. 13017IC04014496W que la firma importadora y la despachante de aduanas tenían conocimiento pleno que esas mismas mercaderías debían abonar el arancel aduanero del 20%. Sin embargo, a sabiendas de que el arancel era del 20% y no del 0% -pues el despacho anterior lo demuestra procedieron a declarar en una posición arancelaria diferente con una alícuota del 0% con la intención de obtener un beneficio arancelario y no abonar los tributos aduaneros en perjuicio del fisco. Este perjuicio fiscal pasó inadvertido - con o sin la colaboración de funcionarios- hasta que la Dirección de Fiscalización verificó el despacho y constató que se habían evadido tributos y procedió a elaborar la contraliquidación de tributos más la multa corres correspondiente. Por tanto, se encuentra probado que ha existido una acción dolosa desplegada por la firma LA YUTEÑA S.A. La demandada sostiene que en base a su vasta trayectoria en el sector comercial y su buen nombre nunca ha sido sancionada con ningún tipo de infracción. Sin embargo no tiene como justificar el hecho de que en un despacho de importación haya abonado el 20% de los aranceles aduaneros y en otro despacho haya declarado 0%, pese a tratarse de idénticas mercaderías, mismo proveedor y la misma Despachante. 4. Inaplicabilidad del artículo 327 del Código Aduanero. La accionante afirma que la multa aplicada por el Departamento de Control Posterior no corresponde en atención a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Aduanero; sin embargo se debe dejar en claro que esta disposición no puede ser aplicada en que caso de autos, en razón de que el artículo 327 hace expresa mención a la no aplicación de sanciones en los casos de Falta Aduanera por Diferencia. Si nos remitimos a la norma que regula la Falta Aduanera por Diferencia encontramos que el artículo 325 establece: “Se considera falta aduanera por diferencia cuando como consecuencia de la verificación física o documental de las mercaderías se compruebe que de seguirse las declaraciones contenidas en el despacho respectivo, el fisco se habría perjudicado en la regular percepción del tributo aduanero y siempre que el hecho no constituya defraudación o contrabando”. Claramente la norma se refiere a situaciones en donde la infracción o la falta es detectada durante el proceso de oficialización, verificación física y documental de la mercadería, previo al libramiento de la misma. Consecuentemente, si la infracción fue detectada en un Control Posterior, no corresponde su aplicación a fin de exonerar del pago de la multa. 5. Ampliación de demanda. Los mismos argumentos obrantes en esta presentación son extensibles a la ampliación de la demanda formulada por la actora, considerando que no aporta elementos de mayor transcendencia sobre el fondo de la cuestión debatida en autos.
Por proveído de fecha 17 de marzo del año 2.016 se tuvo por contestada la demanda en los términos del escrito obrante a fojas 359/364.
Por A.I. N° 31 de fecha 07 de febrero del 2.017, fojas 379, este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala se declaró competente para entender en la presente litis y ordenó la apertura de la causa a prueba por todo el término de ley.
Por proveído de fecha 09 de agosto del año 2.017, de fojas 419, se llamó Autos para Acuerdo y Sentencia.
Y el Miembro Magistrado ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, prosiguió diciendo: Que se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Pablo Escobar Gill en nombre y en representación de la firma “LA YUTEÑA S.A.”, a instaurar juicio contencioso administrativo contra resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas dentro de las facultades que la Ley le otorga.
En ese sentido, tenemos la Resolución N° 342 de fecha 01 de junio del año 2.015 (fojas 07/11) dictada por el Director Nacional de Aduanas por la cual se resolvió lo siguiente: "...Art. 1°.- NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por el Abog. Julio César Giménez Alderete en nombre y representación de la firma LA YUTEÑA S.A. y por la Despachante de Aduanas Miriam López Salinas contra la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo de 2015 dictada por el Administrador de Aduana de Caacupemí, conforme a los fundamentos expuestos en el Considerando de la presente resolución; Art. 2°.- CONFIRMAR la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo de 2015, en todos sus términos; y Art. 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. Remitir el expediente sumarial al Departamento de Sumarios Administrativos, a los efectos legales de su cumplimiento”.
Por su parte, mediante la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo del 2.015 (fojas 12/16) dictada por al Administrador de Aduanas de Caacupemi se resolvió lo siguiente: “ART. 1° CALIFICAR: como infracción aduanera de DEFRAUDACIÓN el hecho investigado, conforme lo reglado en el Art. 331° de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero, responsabilizando a la firma LA YUTEÑA S.A., en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 317, 318 y 319 de la Ley N° 2422/04 “Código Aduanero ”, y solidariamente al Despachante de Aduanas MYRIAM LÓPEZ SALINAS, en conformidad al Art. 23 del mismo cuerpo legal; ART. 2° APLICAR: la sanción correspondiente a los casos de Infracción Aduanera de Defraudación, conforme a lo contemplado en el Art. 333° del Código Aduanero, que dispone una multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado al fisco; ART. 3° CONFIRMAR: la CONTRALIQUIDACIÓN N° 224/14 realizada al Despacho de Importación Nro. 14017IC04004500X; ART. 4° INTIMAR: a la firma LA YUTEÑA S.A., y la Despachante de Aduana Sra. MYRIAM LOPEZ SALINAS, al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 2° de la presente resolución, en el término de (05) días hábiles, conforme al Art. 379 del Código Aduanero, una vez elaborada la Liquidación de los tributos a pagar conforme al Art. anterior; ART. 5° ADJUDICAR: del producido de la multa, el (50%) a los denunciantes de la infracción y el restante (50%) a la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad a lo previsto en el Art. 334 de la Ley N° 2422/04 “Código Aduanero”; y ART. 6° NOTIFICAR: a quienes corresponda y cumplido, archivar. A la Oficina de Sumarios Administrativos de la Institución, a sus efectos”.
La cuestión litigiosa en autos consiste en determinar la legalidad de los actos administrativos dictados por la Dirección Nacional de Aduanas por los cuales calificó como infracción aduanera de defraudación el hecho investigado a la firma LA YUTEÑA S.A.
Y en esos términos, surge de autos que el sumario administrativo instruido a la firma en cuestión a raíz del informe de investigación procedente del Departamento de Control Posterior de la Dirección de Fiscalización en el cual se investigó el Despacho de Importación N° 14017IC04004500X y derivó en la Contraliquidación N° 224/141 por incorrecta posición arancelaria y diferencia de gravamen aduanero, por un valor total de Gs. 720.713.485.
En efecto, pues la firma LA YUTEÑA S.A. declaró la posición arancelaria 8418.50.90 con Ad. Val. 0% en relación a las mercaderías manifestadas en el despacho de importación de referencia, debiendo ser lo correcto 8418.10.00 y 8418.40.00 Ad. Val. 20%.
Las mercaderías importadas por la firma recurrente consistieron en heladeras con dos puertas, modelo RF-FH-3002, heladera con dos puertas, modelo RF-FH-3502, freezer vertical, modelo MF-2701 y freezer vertical, modelo MF-4101, con posición arancelaria 8418.10.00 y 8418.40.00 Ad. Val. 20%. Sin embargo, la firma ha manifestado las mercaderías posicionando arancelariamente en el ítem 8418.50 como muebles armarios, arcones, cofres, vitrinas, mostradores y similares para la conservación y exposición de productos el cual le corresponde gravamen 0%, conforme se desprende del informe del Departamento de Visturía.
Ahora bien, a los efectos de una mejor comprensión del caso planteado en autos, se exponen algunos conceptos básicos a modo de referentes insoslayables para la determinación de la existencia o no de conducta reprochable en materia tributaria aduanera, aspectos que también son de rigor incluso cuando se trata de simple represión administrativa de las ilicitudes tributarias, y que se exponen del siguiente modo:
Al respecto, el Código Aduanero, Ley N° 2.422/04, vigente dispone en su Art. 331 lo siguiente: “Defraudación, Concepto. Se considera que existe defraudación en toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible. La reglamentación determinará las condiciones y requisitos de la denuncia y denunciantes para la posterior distribución entre los mismos”. Es decir, la defraudación aduanera es toda acción u omisión por medio de la cual se elude o evade, en forma total o parcial, y con intención, el pago de los tributos correspondientes a las mercancías.
Por su parte, el Art. 332 inciso “a” que establece lo siguiente: “...Tipos de defraudación. Constituyen casos de defraudación: ...a) las declaraciones falsas o inexactas de la base imponible, que no sean consecuencia de errores aritméticos...”.
Entendiéndose por dolo toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee para conseguir la ejecución de un acto, aplicables también a las omisiones dolosas y para el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño (Arts. 290°, 291° C.C.). El profesor Dr. Sindulfo Blanco, en su obra Manual Impositivo, Tomo II Pág. 70 referente a la Defraudación menciona lo dispuesto por la Reforma Tributaria para América Latina III, Modelo de Código Tributario, el cual dispone que: “Comete defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño. Induce en error al Fisco, del que resultare para sí o un tercero un enriquecimiento indebido a expensas del derecho de aquel a la percepción de los tributos”.
A mayor abundamiento, es de importancia citar el comentario de Expedito Rojas Benítez que en su libro “Comentarios sobre el Código Aduanero”, pág. 193 expresa lo siguiente: “...La defraudación es una maquinación o maniobra que se perpetra en las operaciones aduaneras para evitar que el fisco perciba regularmente los tributos que debe percibir en dichas operaciones. Elementos estructurales de la defraudación son: a) Intenciones de perjudicar al fisco en sus intereses económicos, que se materializa en la maquinación, treta, ardid o artificio utilizado para ese efecto, b) Lesión a la Renta Fiscal y c) Violación de las disposiciones legales...”. En el caso de marras, se dan las características citadas motivo por el cual se configura la defraudación sancionada por la Dirección Nacional de Aduanas.
Pues la intención dolosa de defraudar por parte de la firma LA YUTEÑA S.A. se ve reflejada en el Despacho de Importación N° 13014IC0414496W (fojas 212/213), anterior al despacho de importación investigado, en donde la firma en cuestión ha declarado las mismas mercaderías en una posición arancelaria correspondiente a la 8418.29.00.000A con Ad. Val. 20%. Es decir, ya tenía conocimiento de la posición arancelaria correspondiente.
A todo esto, cabe referir que la conclusión a la que arribó la Jueza Instructora, atento a los deberes que impone la Ley, se encuentra acorde al Principio de Legalidad que rige todo proceso administrativo, ya que ha valorado suficientemente las pruebas que fueran ofrecidas e impuso la sanción de conformidad a lo dispuesto en la ley. El sumario administrativo instruido a la firma en cuestión se encuentra acorde a lo exigido en las normas jurídicas que regulan la materia. También resulta importante mencionar, que todos los actos administrativos que formaron parte del aludido proceso contemplaron en todo momento el principio de legalidad que debe regir en este ámbito.
Por lo todo lo expuesto anteriormente considero que la presente demanda contencioso administrativa debe ser rechazada; y en consecuencia, los actos administrativos impugnados, Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo del 2.015 dictada por al Administrador de Aduanas de Caacupemi y Resolución N° 342 de fecha 01 de junio del año 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas, deben ser confirmados en su totalidad.
Asunción, 04 de septiembre del 2.017.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2) CONFIRMAR, la Resolución N° 05 de fecha 31 de marzo del 2.015 dictada por al Administrador de Aduanas de Caacupemi y Resolución N° 342 de fecha 01 de junio del año 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas.

References: Resolución 
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 Artículo 390
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 artículo 327
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 artículo 327
 artículo 124
 artículo 123
 artículo 126
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 325
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