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Timestamp: 2019-06-24 09:17:46+00:00

Document:
LEY DE REFORMA DEL ESTADO.
BUENOS AIRES, 17 de Agosto de 1989
BOLETIN OFICIAL, 23 de Agosto de 1989
Decreto Nacional 731/89
Decreto Nacional 1.055/89 Art.1
REGLAMENTA ARTICULOS 8 AL 11
Decreto Nacional 1.105/89
Decreto Nacional 584/93
REGLAMENTA CAPITULO III
Decreto Nacional 1.144/96
REGLAMENTA ARTICULO 65
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 70
NRO. DE ART. QUE ESTABLECE LA ENTRADA EN VIGENCIA 69
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 1989 08 23
OBSERVACION ERRATA PUBLICADA EN B.O. 25-09-89
OBSERVACION VER ART 14 DE 575/90 (B.O. 30-3-90) MODIFICADO POR DE 1262/92 (B.O. 23-7-92)
OBSERVACION VER DE 1803/92 (B.O. 6-10-92) QUE EXCLUYE A LOS PROCESOS DE PRIVATIZACION DE LA LEY 11867 Y ARTS. 225 Y 229 DE LA LEY 20744 (T.O. 76)
OBSERVACION VER ART 1 LEY 24153 SOBRE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY A LA PRIVATIZACION DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (B.O. 30-10-92) OBSERVACION ART 1 DECRETO 289/95 (B.O. 2-3-95) POR EL CUAL SE ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS CITADOS EN DICHO ARTICULO DEBERAN PROPORCIONAR A LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACION DEL PRESENTE DECRETO INFORMACION DETALLADA EN EL MISMO OBSERVACION ART 15 VER ART 18 Y 26 DE 714/92 (B.O. 26-6-92)
OBSERVACION PRORROGASE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO I POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 1992, POR ART. 1 DEL DECRETO 1503/92 (B.O. 27-08-92).
LEY DE REFORMA DEL ESTADO-REFORMA DEL ESTADO-EMERGENCIA ADMINISTRATIVA-PRIVATIZACIONES-INTERVENCION ESTATAL-BIENES DEL ESTADO-SERVICIO PUBLICO-EMPRESAS DEL ESTADO-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION DE SOCIEDADES-CONSTITUCION DE SOCIEDADES-ESTATUTO SOCIAL-PROVINCIAS-COMPRAVENTA DE ACCIONES-LICITACION PUBLICA-REMATE-TRABAJADOR EN RELACION DE DEPENDENCIA-PROVEEDOR-ACCIONES SOCIETARIAS-PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS-PRENDA-DERECHOS DEL SOCIO-SINDICACION DE ACCIONES-DEMANDAS CONTRA LA NACION-CONCESION ADMINISTRATIVA-PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO-DESREGULACION ECONOMICA
(artículos 1 al 7)
*ARTICULO 1.- Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. Esta ley es aplicable a todos los organismos mencionados en este artículo, aún cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a aquellos entes en los que el Estado Nacional se encuentre asociado a una o varias provincias y/o municipalidades, siempre que los respectivos gobiernos provinciales y/o municipales presten su acuerdo. Este estado de emergencia no podrá exceder de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarlo por una sola vez y por igual término.
Decreto Nacional 1.605/90 Art.1
(B.O. 23-08-90). Prórroga del Estado de Emergencia por eltérmino de 1 año a partir del 23 de agosto de 1990.
Decreto Nacional 289/95 Art.1
(B.O. 02-03-95). Se establece que los organismos citadosen este artículo deber n proporcionar a la Sindicatura Generalde la Nación dentro de los 30 das corridos desde la fecha depublicación del presente decreto, información detallada en elmismo.
Decreto Nacional 287/92 Art.1
(B.O. 17-02-92). Se establecen los procedimientos y criteriosbásicos para los sistemas de retiro voluntario.
*ARTICULO. 2.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer por un plazo de 180 días, prorrogables por una sola vez y por igual término la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos. Excluyese expresamente a las universidades nacionales del régimen de intervención establecido en el presente artículo.
Decreto Nacional 1.605/90 Art.2
(B.O. 23-08-90). Prórroga el estado de emergencia porel término de 1 año contado a partir del 23 de agosto de 1990.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR
ART. 3.- Las funciones y atribuciones del Interventor serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas, otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponde al Interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente. A tal fin, el Interventor podrá disponer, cuando lo estimare necesario, se mantenga o no en el cargo o función, el despido o baja del personal que cumpla con funciones de responsabilidad y conducción ejecutiva en el ente, empresa o sociedad intervenida, se encuentre o no en ejercicio efectivo del cargo o función. En cualquier caso, la indemnización a reconocer será idéntica a la prevista en los artículos 232, 245 y concordantes y complementarios de la Ley 20.744 y sus modificatorias sin perjuicio de la aplicación de indemnización superior cuando ellas, legal o convencionalmente correspondan, en el desempeño de su gestión el Interventor deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Nacional, o en su caso, el Ministro o Secretario del que dependa. Será designado también un Sub-Interventor con funciones gerenciales y de suplencia del Interventor cuando ello fuere necesario. El Interventor estará facultado para realizar delegaciones de su competencia en el Sub-Interventor.
Ley 20.744 Art.232
Ley 20.744 Art.245
FACULTADES DEL MINISTRO
ART. 4.- El Ministro que fuere competente en razón de la materia, o los Secretarios en quienes aquél delegue tal cometido, se encuentran expresamente facultados para avocarse en el ejercicio de la compet Üencia de los interventores aquí previstos. Asimismo, mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano Ministro la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate, pudiendo a tal fin disponer y realizar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso solicitando el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en los lugares donde se ejercite tal actividad empresaria o administrativa.
ART. 5.- En todos los casos quedará n subsistentes los órnos de control externo, Tribunal de Cuentas de la Nación y SIGEP (Sindicatura General de Empresas Públicas), los que cumplirán sus cometidos según su normativa específica. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, según la propuesta del órgano respectivo, cuando as corresponda.
ART. 6.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para transformar la tipicidad jurídica de todos los entes, empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, y por el término establecido en el artículo 1 de la presente ley.
ART. 7.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para disponer por acto fundando la creación de nuevas empresas sobre la base de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando cometidos, organización y funciones u objetos sociales de las empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, efectuando en su caso las correspondientes adecuaciones presupuestarias, sin alterar los montos máximos autorizados, y sin comprometer avales y/o garantías oficiales.
(artículos 8 al 20)
ART. 8.- Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley. Cuando el Estado Nacional y/o sus entidades, cualesquiera sea su personalidad jurídica, fuesen propietarios de acciones o de participación de capital en sociedades en las que no les otorgue la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de la respectiva entidad, dichas acciones o participaciones de capital podrán ser enajenados aplicando los procedimientos previstos en esta ley, sin que se requiera en tales casos, la declaración aquí regulada.
*ART. 9.- La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza. Sin perjuicio del régimen establecido precedentemente, por esta ley se declaran "sujeta a privatización a los entes que se enumeran en los listados anexos. Exceptúase de la declaración de "sujeta a privatización" al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional.
Ley 25.108 Art.1
(B.O. 17-06-99) SE INCORPORA PARTE FINAL
Decreto Nacional 1.615/91 Art.1
(B.O. 21-08-91). Se incluye al INDER.
ART. 10.- El acto que declare "sujeta a privatización" puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada. Con el mismo régimen que el indicado en el artículo anterior, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.
ART. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" conforme con las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta facultad se establecer n, en cada caso, las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán. Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo Nacional, en áreas que considere de interés nacional se reservará en el pliego de condiciones la facultad de fijar las políticas de que se trate. En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización. En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera construcciones, edificios u otros elementos de reconocido valor histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la norma para su preservación en el procedimiento de privatización.
ART. 13.- Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de esta ley, el Ministro en cuya jurisdicción se encuentre el ente a privatizar.
ART. 14.- Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna. Dicha Comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley. Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.
ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO
ART. 15.- Para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación o en forma directa en su caso, podrá:
Decreto Nacional 714/92 Art.18
(B.O. 26-06-92). Incisos 9) y 12). Se faculta al Ministerio deEconomía a ejercer las facultades definidas en estos incisos.
ART. 16.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", cuando los adquirentes se encuadren en alguna de las clases que se enumeran a continuación; salvo que originen situaciones monopólicas o de sujeción:
ART. 17.- Las privatizaciones reguladas por esa ley podrán materializarse por alguna de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:
ART. 18.- Las modalidades establecidas en el artículo anterior, se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificado en cada caso, por la Autoridad de Aplicación, mediante acto administrativo motivado.
5) Contratación Directa, ùnicamente en los supuestos de los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 16 de la presente. Cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar, la contratación directa sólo procederá en la parte en que los mismos participen. La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
TASACION PREVIA
ART. 19.- En cualquiera de las modalidades del artículo 17 de esta ley se requerirá la tasación que deberá ser efectuada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En el caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, lo que deberá quedar acreditado por autoridad competente en informe fundado, se autoriza a efectuar las Contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección previsto en el artículo 18 de la presente ley. En cualquier caso la tasación tendrá carácter de presupuesto oficial.
Ley 24.065 Art.96
(B.O. 16-01-92). A los fines de la aplicación de este art. latasación previa se basará en el criterio de valuación que resulte delvalor actual del flujo neto de fondos descontados, generado por laactividad o activo que se privatiza.
ART. 20.- El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, según sus respectivas áreas de competencia, tendrán intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de formular las observaciones y sugerencias, que estime pertinentes. El plazo dentro del cual los órganos de control deberán expedirse será de DIEZ (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se continuará la tramitación debiendo devolverse las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente. En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley y al Ministro competente quien se ajustará a ellas o, de no compartirlas, elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
(artículos 21 al 40)
ART 21.- El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un "Programa de Propiedad Participada" según lo establecido en los artículos siguientes.
SUJETOS ADQUIRENTES
ART. 22.- Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los enumerados a continuación:
ESTRUCTURA Y REGIMEN JURIDICO
ART. 23.- El ente a privatizar según el Programa de Propiedad Participada deberá estar organizado bajo la forma de Sociedad Anónima. En caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo Nacional hará uso de facultades que le otorga esta ley para el cumplimiento de este requisito.
ART. 24.- El capital de la Sociedad Anónima estar representado por acciones, todas con derecho a voto según las condiciones de su emisión. En caso de ser necesario, se podrán emitir acciones totalmente nuevas en reemplazo de las existentes, haciendo uso de las facultades que otorga esta ley.
*ART. 26.- A través del Programa de Propiedad Participada, cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. La proporción accionaria que le corresponderá a cada uno, será determinada en relación directa al coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse aún en los futuros aumentos de capital.
(B.O. 23-08-90). Prórroga del estado de emergencia porel término de 1 año a partir del 23 de agosto de 1990.
ART. 29.- En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia.
Texto Ordenado Ley 19.550 Art.230
ART. 31.- En el caso de los empleados adquirentes, se destinarán el pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de será necesario. Para el caso de que éstos resultaran insuficientes, se podrá destinar hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación en las ganancias instrumentada en el bono previsto en el artículo 29 de esta ley.
ART. 37.- Las accciones pagadas, Liberadas de la prenda y asignadas a los adquirentes por el procedimiento establecido en el artículo anterior, serán de libre disponibilidad para su propietario, salvo las limitaciones establecidas en el Acuerdo General de Transferencia, las condiciones de emisión o convención en contrario.
ART. 38.- Mientras las acciones no hayan sido pagadas ni liberadas de la prenda, su manejo será obligatoriamente sindicado. El ejercicio de los derechos políticos emergentes de las acciones objeto de un Programa de Propiedad Participada, será regulado por un Convenio de Sindicación de Acciones suscripto por todos los sujetos adquirentes, según lo establecido en este artículo.
ART 40.- En los casos en que la adquisición de un ente a privatizar concurran adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada con otro tipo de inversores privados, en el Acuerdo General de Transferencia podrán establecerse mecanismos consensuales independientes de las proporciones relativas de votos entre los distintos grupos de adquirentes, para la adopción de ciertas decisiones esenciales, como la designación del Directorio y de los cuadros superiores de la empresa.
(artículos 41 al 45)
PROTECCION DEL EMPLEO Y SITUACION LABORAL
ART. 41.- En los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones de esta ley, por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus artículos 17 y 18, deber tenerse en cuenta como criterios en el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable y suficiente. A tal efecto, las organizaciones sindicales representativas del sector correspondiente, podrán convenir con los eventuales adquirentes y la Autoridad de Aplicación mecanismos apropiados.
ART. 43.- El proceso de privatización por sí, no producirá alteraciones o modificaciones en la situación, encuadramiento y afiliación en materia sindical de los trabajadores de un ente sujeto a privatización, salvo resolución de la autoridad competente en esa materia.
ART. 44.- Los trabajadores de un ente sometido el proceso de privatización establecido en esta ley, mantienen sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social. Las obligaciones patronales, pasan al ente privatizado.
(artículos 46 al 47)
*ART. 46.- Durante el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la vigencia de la presente, prorrogable por igual período y por una sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional, los órganos y entes indicados en el artículo 1, previa resolución fundada del órgano competente para contratar que justifique la aplicación al caso del régimen aquí establecido, estarán autorizados a contratar sin otras formalidades que las que se prevén a continuación, la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, concesiones, permisos y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia. Los procedimientos de contratación en curso podrán continuar según su régimen o ser extinguidos o transformados para su prosecución según el procedimiento aquí previsto. En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en los incisos c), d) y e) del artículo 47.
ART. 47.- Este procedimiento de contratación de emergencia estará sujeto a los siguientes requisitos:
e) Se entender por "unidad de contratación", la medida de valor expresada en moneda en curso legal, empleada para determinar el monto de los contratos comprendidos en este régimen. El valor en moneda de curso legal de cada unidad de contratación será fijado en la reglamentación de la presente, y su adecuación a las circunstancias de cada órgano o empresa de las indicadas en el artículo 1 de esta ley, será determinado y actualizado mensualmente por el Ministro de Economía. En todos los casos y durante el período de emergencia definido en el artículo 46 de esta ley y su eventual prórroga, el Ministro competente podrá admitir, por resolución fundada y requiriendo la opinión previa de las Cámaras Empresarias, atendiendo especialmente la protección antidumping y situaciones especiales de lealtad comercial, la presentación de ofertas sin restricción alguna basada en la nacionalidad del oferente. En este último caso y a los efectos de la comparación de ofertas, serán de aplicación las medidas de protección y preferencia para la industria nacional definidas en las normas que regulan la materia.
(artículos 48 al 49)
EXTINCION POR FUERZA MAYOR
ART. 48.- Facúltase al Ministro que fuere competente en razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y de consultora celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley por el sector público descripto en el artículo 1 de la presente por razones de emergencia, que a los efectos de esta ley se considera que constituyen causales de fuerza mayor que se declaran aplicables a estos efectos a todas las mencionadas locaciones de obras y contratos de consultora, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable analógicamente a todos los contratos vigentes celebrados por el sector público descripto en el artículo 1 de esta ley, con las modalidades que surjan de los regímenes jurídicos de esas contrataciones.
RECOMPOSICION DEL CONTRATO
*ART. 49.- La rescisión prevista en el artículo precedente, no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente o contratante y contratista que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes contratantes. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Ministro competente en razón de la materia y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas:
b) Aplicación sobre los certificados de variación de costos, incluyendo los relativos a costos financieros por el período de pago, de factores de corrección que contemplen la compensación por la distorsión de los sistemas de ajustes de costos contractuales y que, a los efectos de preservar el principio del sacrificio compartido, incluyan en si mismos o por separado un índice de reducción aplicable sobre las diferencias resultantes. La aplicación de este sistema será a partir de la certificación o liquidaciones correspondientes a obra ejecutiva en marzo de 1989 y hasta la vigencia del acuerdo que aquí se prevé, el que podrá incluir la aplicación para el futuro de un nuevo sistema de reajuste de costos en reemplazo del vigente a la fecha de la presente. Los factores de corrección y, en su caso, sus índices de reducción serán fijados con carácter general por resolución del Ministro de Obras y Servicios Públicos en la que también se establecerán los plazos y condiciones de pago de las diferencias resultantes, todo lo cual requerirá la expresa aceptación de la contratista formalizada en el convenio a que hace referencia el presente artículo. Para la aplicación de este inciso se requerirá que los contratistas acrediten una distorsión significativa por la aplicación de los sistemas de ajustes o reconocimientos de variaciones de costos previstos en el contrato.
g) Renuncia de la contratista a reclamar otras compensaciones o créditos por variaciones de costos no certificadas, salvo las resultantes del acuerdo celebrado, por el período indicado en el apartado anterior. Los acuerdos deberán celebrarse en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por igual período máximo y por una sola vez por resolución del Ministro competente por razón de la materia. Vencido dicho término sin que se arribe al acuerdo definitivo se procederá según lo indicado en el artículo 48 de esta ley. En este caso la continuación de las obras podrá contratarse de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 46 y 47 de esta ley.
Decreto Nacional 1.503/92 Art.2
(B.O. 27-08-92). La aprobación de los acuerdos a que serefiere el art.deberá efectuarse dentro del término de seis(6) meses.
Ley 21.392 Art.8
(artículos 50 al 56)
ART. 50.- Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional y los demás entes descriptos en el artículo 1 de la presente ley por el plazo de DOS (2) años a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en el presente Capítulo tanto las sentencias condenatorias dictadas contra el Estado Nacional y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por las Provincias y/o Municipalidades, como aquellas sentencias pronunciadas en juicios que hubiera deducido el Estado Nacional contra las Provincias y/o Municipalidades. Este Capítulo será aplicable en jurisdicción provincial en aquellos casos en que se produzca la adhesión prevista en el artículo 68 de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen del presente Capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo.
NATURALEZA DE LA OBLIGACION
ART. 53.- A los efectos de los artículos precedentes es indiferente que el objeto de la obligación se hubiera constituido originariamente en una suma de dinero o que se transformara en tal, con motivo de un incumplimiento.
ART. 54.- Quedan excluidos del régimen precedente:
a) El cobro de créditos laborales o nacidos con motivo de la
relación de empleo público.
ART. 55.- Durante la sustanciación del pleito o el período de suspensión de la ejecución de la sentencia o laudo arbitral podrá, no obstante, arribarse a transacciones en las cuales:
ART. 56.- Los actos que resuelvan recursos o reclamaciones, regidos o no por la Ley 19.549, relativos a controversias sobre supuestos fácticos o de interpretación y aplicación de normas, y que reconozcan créditos en favor del recurrente o reclamante, relativos al pago de una suma de dinero o que se traduzcan en el pago de una suma de dinero, se limitarán al mero reconocimiento del derecho, quedando regidos en cuanto a su ejecutoriedad y en lo que resulte pertinente, al régimen de los artículos 50 a 55 inclusive, de la presente ley. Lo previsto en el citado artículo 55 también resultará aplicable durante la tramitación del recurso o reclamo de que se trate.
(artículos 57 al 58)
ART. 58.- Nota de redacción: (MODIFICA LEY 17.520) Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra y su ejecución por el sistema de la presente ley, es de interés público, lo que deberá resolver expresamente, podrá optar por el procedimiento del inciso a) o bien por el concurso de proyectos integrales. en tal caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial y en DOS (2) diarios de principal circulación a nivel nacional por el término de CINCO (5) das. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar el día, hora y lugar de presentación de las ofertas y los días, horarios y lugar de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la fecha de presentación de ofertas será de TREINTA (30) días corridos como mínimo y NOVENTA (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debidamente ponderados por el ministro competente en los que se podrá extender el plazo máximo. De existir una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa, según acto administrativo debidamente motivado, el autor de la iniciativa y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar sus respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de presentación. El acto de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior continuación del contrato se regirán en lo pertinente por los principios de la Ley 13064, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1 de la presente. Declárase que la Ley 17.520 con las modificaciones aquí introducidas, es de aplicación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiéndole al Intendente Municipal y al Secretario competente en la materia las facultades que en dicha ley se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional y al ministro de Obras y Servicios Públicos, respectivamente.
(artículos 59 al 59)
ART. 59.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un Plan de Emergencia del Empleo, que consistir en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no superen individualmente los CIEN MILLONES DE AUSTRALES (A 100.000.000), a valores constantes y SEIS (6) meses de plazo, respectivamente. Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las municipalidades, previo convenio a celebrarse con las autoridades provinciales, mediante procedimientos de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo. Se exigirá que por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la mano de obra a ocupar tenga residencia en el lugar donde se ejecuten los trabajos. Dichas obras se llevarán a cabo, preferentemente, en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación, respetando para su distribución entre las jurisdicciones provinciales los coeficientes fijados por el artículo 4 de la Ley 23.548.
Ley 23.548 Art.4
(artículos 60 al 70)
ART. 60.- A los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorízase a contratar con el sector privado la prestación de servicios de administración consultiva, de contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la Administración centralizada y descentralizada, enumerados en el artículo 1 de la presente ley, con excepción del contralor externo establecido por normas especiales.
ART. 61.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a suprimir, transformar, reducir, limitar o disolver las comisiones, reparticiones, entes u organismos creados por leyes especiales y a transferir y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente.
EXPLICITACION DE SUBSIDIOS
ART. 62.- A los efectos de sincerar y reflejar en forma expresa el resultado de explotación de las empresas y sociedades estatales, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación, dentro de los NOVENTA (90) días de promulgada la presente ley, el detalle de la estimación de los montos mensuales y anuales ponderados conforme establezca la reglamentación respectiva, con respecto a los ingresos dejados de percibir como consecuencia de descuentos, bonificaciones, eximición de facturación o facturación reducida, y, en general, de cuanta ventaja o privilegio se otorguen a grupo de personas físicas o jurídicas de cualquier índole. Esta información abarcará todos los organismos, empresas y sociedades mencionadas en el artículo 2 de la presente ley y precisar la o las causas que dieron origen a que se dejarán de percibir esos ingresos, aunque están fundados -entre otras causas- en normas legales o convencionales de cualquier índole. El Congreso Nacional analizará individualmente los casos y para aquellos que resuelva mantenerlos, votar las partidas presupuestarias respectivas a fin de que queden reflejados en forma explícita los subsidios que se otorguen.
PUBLICACION DE BALANCES
ART. 63.- Los entes mencionados en el artículo 1, cuando así corresponda por la naturaleza de su actividad, deberán efectuar sus balances y demás estados de información contable de acuerdo con las normas técnicas y profesionales correspondientes, los que serán publicados trimestralmente siguiendo los criterios establecidos para las Sociedades que coticen en bolsas. Todos los entes y organismos contemplados en la norma citada, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 62, último párrafo de la Ley 19.550, a los efectos de la elaboración de los estados contables o patrimoniales, según corresponda.
Texto Ordenado Ley 19.550 Art.62
ART. 64.- Los derechos societarios correspondientes al sector público nacional en las sociedades o entes con participación de capitales privados, o capitales públicos Provinciales o Municipales, serán ejercidos por el Ministerio competente por intermedio del Secretario correspondiente, quien planteará en el seno del ente moción de adhesión al régimen de la presente ley cuando éste sea integrado con capital Provincial y/o Municipal.
ART. 65.- Nota de redacción: (MODIFICA LEY 22.285) Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva Ley de Radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia.
COMPLEJO FERROVIAL ZARATE-BRAZO LARGO Y PUENTE GENERAL BELGRANO
ART. 66.- Derógase la Ley 23.037 y sus normas complementarias y reglamentarias. El régimen de explotación del Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo y del Puente General Belgrano, se regirá por las previsiones de la presente ley.
ART. 67.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el ministro competente el ejercicio de las competencias que por esta ley tiene asignadas. A su vez, el Ministro competente se encuentra autorizado a delegar en los secretarios de su Ministerio las competencias propias a l acordadas por esta ley.
Ley 23.105
ART. 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
ANEXO A: ANEXO A
- EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CONCESION - PRIVATIZACION
- AEROLINEAS ARGENTINAS - PRIVATIZACION PARCIAL O TOTAL.
- EMPRESAS LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS - PRIVATIZACION PARCIAL O TOTAL
- CONARUR - CONCESION
- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD NACIONAL Y OBRAS - CONCESIONES - PRIVATIZACION DE INFRAESTRUCTURA ESPECIALES PARCIALES O TOTALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL VIAL
Transporte de pasajeros de carga - CONCESIONES
- EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS - CONCESIONES
- YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - CONCESION, ASOCIACION Y/O CONTRATOS DE LOCACION EN AREAS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
- SOCIEDADES MIXTAS PARA AREAS DE RECUPERACION ASISTIDA
- L.S. 84 T.V. CANAL 11 - PRIVATIZACION
- L.S. 85 T.V. CANAL 13 - PRIVATIZACION
- L.R.3 RADIO BELGRANO - PRIVATIZACION
- L.R.5 RADIO EXCELSIOR - PRIVATIZACION
- TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION - PRIVATIZACION ADMINISTRADOS POR EL ESTADO EXCEPTUADOS: L.S. 82 ATC - CANAL 7 L.R.A. 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES RADIO DIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR (RAE) Y LAS EMISORAS QUE INTEGRAN EL SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSION
- SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES - PRIVATIZACION O CONCESION PARCIAL O TOTAL
- CEAMSE (COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO) - PRIVATIZACION O (Sujeta a la adhesión de la CONCESION PARCIAL Provincia de Buenos Aires) O TOTAL
- CASA DE PIEDRA - CONCESION PARCIAL (Sujeta a adhesión Provincias) O TOTAL
- SERVICIOS DE PRESTACIONES - PRIVATIZACION O CULTURALES, RECREATIVOS Y CONCESION PARCIAL MANTENIMIENTO URBANO DE LA O TOTAL MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
- JUNTA NACIONAL DE GRANOS UNIDADES DE CAMPAÑA ELEVADORES TERMINALES (PORTUARIOS) - PRIVATIZACION O CONCESION TOTAL O PARCIAL
- ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS - CONCESION TOTAL O Descentralización y Provincialización PARCIAL DE PUERTOS O INSTALACIONES PORTUARIAS PRINCIPALES O ACCESORIAS
- TALLERES NAVALES DARSENA NORTE (S.A.C.I. y N.) - PRIVATIZACION TOTAL
- EX PLANTA INDUSTRIAL EXPROPIADA MEDIANTE LEY NRO. 19.123 - PRIVATIZACION TOTAL
- COMPAÑIA AZUCARERA LAS PALMAS S.A. - PRIVATIZACION TOTAL O PARCIAL
- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
- CREASE UN ENTE TRIBUTARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.
IV. CONCESION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
- PRIVATIZACION
- SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA
Ley 24.065 Art.95
Sustituido. (B.O. 16-01-92).
ANEXO B: ANEXO B
- CARBOQUIMICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
- PETROQUIMICA RIO TERCERO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
- MONOMEROS VINILICOS SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
Participación Corresponde a Estatal %
- FORJA ARGENTINA Ministerio de SOCIEDAD ANONIMA 100 Defensa
- CARBOQUIMICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA MIXTA 42 DGFM
- PETROQUIMICA RIO TERCERO SOCIEDAD ANONIMA 39.455 YPF 30.857% DGFM 8.598%
- POLISUR SOCIEDAD ANONIMA MIXTA 30 DGFM
- MANOMEROS VINILICOS SOCIEDAD ANONIMA MIXTA 30 DGFM
- PETROPOL SOCIEDAD ANONIMA MIXTA 30 DGFM
- INDUCLOR SOCIEDAD ANONIMA MIXTA 30 DGFM

References: artículo 5
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 230
 artículo 29
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 46
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 55
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 62