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08 Marketing Kotler Productos y Servicios
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Gaceta Oficial de la República de Cuba 26 2018
Exposicion Derecho Internacional Privado Proteccion al Consumidor
Iniciat Emp-2014-i -6 Semana (1)
MN TIC 04ManuealLuisa
Analisis Del Libro Miradas Al Nuevo Texto Constitucional
NACIONES UNIDAS COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Santiago de Chile, 1999 PROYECTO CEPAL/COMISIÓN EUROPEA “PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA”
LC/L.1202 Abril de 1999
Este documento fue preparado por el consultor señor Antonio Ametrano para la División de Medio Ambiente y Desarrollo. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de la exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización. La dirección del proyecto CEPAL/Comisión Europea está a cargo del señor Fernando Sánchez Albavera, Asesor Regional en Minería y Energía. Los interesados pueden dirigirse al E-mail: fsanchez@eclac.cl o al fax (56-2) 208-0252.
ÍNDICE Página RESUMEN .................................................................................................... 5 I. II. INTRODUCCIÓN .................................................................................. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA................................................... A. B. C. III. 7 9
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL .............................................. 9 POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ................................................................................. 21 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ........................................... 25
FUNDAMENTACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE REGULAR EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ................................................................... 29 BASES Y PRINCIPIOS PARA LA REGULACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ...................................................................................... 31 ESTRATEGIAS .................................................................................... 35
Bibliografía ................................................................................................... 37
Para ello se requiere. las legislaciones energética. la Ley Orgánica del Ambiente. Del diagnóstico legal e institucional y de la fundamentación el estudio concluye señalando que el tema del uso eficiente de la energía no ha sido planteado explícitamente como materia de política pública. un sistema basado en criterios de libertad económica y precios que reflejen los costos económicos reales de la energía. las políticas vinculadas al uso eficiente de la energía. a juicio del autor. la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. de servicios públicos y de protección al consumidor y al usuario. En la primera parte del trabajo se analiza el marco legal e institucional considerando las normas constitucionales vinculadas al uso eficiente de la energía. En este sentido. Sin embargo. El estudio destaca que la regulación del uso eficiente de la energía debería constituir una finalidad del Estado. En la última parte del trabajo se proponen los principios que deberían tenerse en cuenta para regular el uso eficiente de la energía. entre otros aspectos. precisa que existen bases constitucionales y legales capaces de comprender iniciativas en ese sentido.RESUMEN El estudio se inscribe dentro del marco del Proyecto CEPAL/Comisión Europea "Promoción del uso eficiente de la energía en América Latina" y tiene por objeto hacer un diagnóstico de las normas jurídicas vigentes en Venezuela. la Ley Orgánica de la Administración Central. En la segunda parte se fundamenta la conveniencia de regular el uso eficiente de la energía tomando en cuenta las bases constitucionales para la regulación. y la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria del gas. fundamentada en la obligación que le corresponde de asegurar la efectiva realización de los derechos económicos y sociales garantizados a todos los ciudadanos. 5 . a la protección de la salud y del ambiente y al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos energéticos. y las normas que tienen relación con las atribuciones de los organismos relacionados a esta materia. ambiental. En esta parte se consideran también. al mejoramiento de la calidad de vida de la población. a efectos de analizar la conveniencia de adoptar acciones legislativas y proponer las bases y principios que podrían aplicarse para regular el uso eficiente de la energía. la regulación debería orientarse a la promoción y protección armónica de los intereses de los consumidores y usuarios.
a veces determinantes. sino de la colectividad en su conjunto. que sirven para medir la suficiencia. capaces de asegurar que los bienes y servicios producidos no impongan a los usuarios. que van más allá de estas relaciones y que vienen a incidir en definitiva en la vigencia práctica de los derechos y garantías de tipo económico o social. los consumidores o usuarios deben contribuir a la conservación de la energía y del ambiente y también a retribuir razonablemente el costo de los bienes y servicios obtenidos. a la protección de sus intereses. la normativa dictada encuentra siempre su razón de ser y justificación en el propósito de asegurar la plena vigencia y efectividad de los derechos y garantías económicos y sociales. entran en juego condicionantes. especialmente en condiciones de monopolio natural.I. o más propiamente. Pero la efectividad de estos derechos y garantías (derecho a la información. porque la problemática del uso eficiente de la energía no se reduce. por decir algún ejemplo. leyes y demás normativa) que establecen y desarrollan los derechos económicos o sociales vinculados. tales recursos energéticos deben utilizarse y explotarse mediante prácticas y tecnologías eficientes. El análisis de la regulación. eficiencia energética o apertura económica. a la libre elección. Por último. pero para hacerlo cabalmente requiere remontarse a otros conceptos relacionados. a la protección de la salud) no va a depender exclusivamente de una regulación más o menos adecuada de los supuestos o situaciones capaces de afectar en forma directa los intereses de usuarios o consumidores. determina en definitiva el grado mayor o menor de vigencia que en un momento dado pueden tener las libertades económicas en lo que se refiere al uso de bienes o servicios elaborados o prestados a partir de recursos energéticos. cuya protección y uso racional es indispensable para asegurar su preservación en el tiempo. tienen el derecho a recibir orientación acerca de las formas disponibles para hacer lo más conveniente a sus intereses. no sólo de los consumidores o usuarios de bienes y servicios. 7 . y en ese sentido. Todo este ciclo de mutuas relaciones. Por su parte. como son los de desarrollo sustentable. de las cuales no participa en muchos casos el usuario o consumidor. INTRODUCCIÓN En aquellos países donde se ha legislado sobre el uso eficiente de la energía. y trae a discusión la cuestión de qué grado de intervención del Estado sería recomendable. la obligación de asumir los costos derivados de una ineficiente gestión. el análisis de los fundamentos legales para el uso eficiente de la energía trata de identificar los principios y normas (contenidos en la Constitución. a la situación práctica del uso o adquisición de artefactos o equipos eléctricos o a la relación jurídica que surge del contrato de prestación del servicio eléctrico suscrito entre el usuario y la empresa distribuidora de servicios de electricidad. En efecto. los recursos energéticos se producen a partir de recursos naturales susceptibles de agotamiento o degradación.
Con fundamento en estas consideraciones preliminares. identifica igualmente la normativa legal con fundamento en la cual se puede dictar una regulación específica sobre uso eficiente de la energía. el presente estudio se propone identificar la normativa vigente que regula directa o indirectamente el uso eficiente de la energía. y finalmente propone las bases y principios a considerar para la formulación de dicha normativa. 8 .articulación y la visión de conjunto que de la problemática tiene el ordenamiento jurídico.
cuyo texto es el siguiente: “Todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia. la libertad de elección. en general las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica”. de sanidad u otras de interés social. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 1. Esta disposición presenta la doble virtualidad de proteger la libertad de empresa. el cual desarrolla los derechos económicos. 9 . La ley dictará normas para impedir la usura. el derecho de propiedad. observamos que de la misma se desprende toda la legislación orientada a la educación e información de los usuarios y consumidores con relación a los bienes y servicios más convenientes a sus intereses. Y es precisamente toda esta legislación la que serviría en parte para fundamentar una regulación específica sobre el uso eficiente de la energía. El principio básico. y la consagración de la libertad para constituirse en asociaciones de consumidores u otro tipo de organizaciones creadas con el propósito de concentrar la defensa y protección de intereses difusos. En este último sentido. pero también reconoce la imperfección del mercado y por ello el Estado se reserva la potestad de intervenir para corregir las fallas derivadas de la ausencia de competencia. y para evitar la conformación de posiciones de dominio en el mercado que pueden llegar a afectar la capacidad de elección de los consumidores o usuarios de bienes y servicios. sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad. la indebida elevación de los precios y. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A. la definición de los esquemas económicos con fundamento en los cuales se diseñarán los sistemas de precios y tarifas.II. La primera disposición a revisar es el artículo 96. preeminente. que comprende la libertad de empresa. Normas constitucionales vinculadas al uso eficiente de la energía Las normas constitucionales mayormente asociadas al uso eficiente de la energía están contenidas en el Capítulo V del texto constitucional. al tiempo que ofrece cauces para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. aquí contenido. es el de libertad económica.
Una sociedad sustentable es aquélla que orienta su desarrollo utilizando sus recursos a una tasa que no exceda la capacidad de sustitución de aquéllos y que produce desechos en cantidades inferiores a la capacidad que tiene el ambiente de absorberlos. Los conceptos incorporados a esta disposición aluden a valores universales. interpretar la necesidad de dotar a los usuarios y consumidores de un mecanismo de protección de sus intereses que sin significar restricciones a la libertad económica de los productores o distribuidores de bienes y servicios. y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos”. elemento básico de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. a la libre elección y al uso de productos o servicios elaborados o producidos atendiendo a normas de uso racional de los recursos energéticos. la energía sirve como combustible o permite el funcionamiento de plantas. Venezuela. no susceptibles de caer en desuso o de perder su vigencia práctica por efecto del tiempo. vincula su explotación al beneficio colectivo de los venezolanos. simultáneamente. permita hacer efectivo el derecho a la información. como son el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la garantía de perdurabilidad del capital ambiental en el tiempo. la capacidad de recuperación de los sistemas ambientales. y la posibilidad de trasladar a la colectividad la utilidad esperada del uso racional de esos recursos. Anticipando en cierto modo la clásica polémica que posteriormente vendría a suscitarse entre desarrollo económico y protección del ambiente. Estos principios han encontrado recientemente una más acabada expresión y una mejor articulación a la política económica gracias al concepto de desarrollo sustentable. Las actividades dirigidas a la producción de energía demandan la utilización de recursos naturales renovables.La protección de los derechos de los usuarios o consumidores de la energía en cualquiera de sus formas o manifestaciones queda perfectamente cubierta por virtud de esta norma constitucional. hace suyos estos conceptos y ha asumido el compromiso de incorporarlos a sus políticas y regulaciones. la citada norma se refiere a la conservación de los recursos naturales del territorio encomendando al Estado la atención de su defensa y preservación y. por otra. dichas actividades productivas provocan efectos adversos al ambiente. de sanidad u otras de interés social. luego de consagrar la libertad de empresa. en cuanto signataria de las conclusiones obtenidas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brasil. Otra norma constitucional de especial interés en materia de uso eficiente de los recursos energéticos es el artículo 106. el cual establece: “El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio. Su encabezamiento. Podrá el Estado en consecuencia. Por una parte. esta disposición conjuga un principio de armonización en virtud del cual el esquema de desarrollo que se adopte deberá considerar. 1992). 10 . y después de producida. Existe una íntima vinculación entre ambiente y energía. agrega a continuación que esa libertad puede estar sujeta a las limitaciones que establezca la propia Constitución o a las que establezcan las leyes por razones de seguridad. actuando en conformidad con el interés social.
el llamado efecto invernadero y el calentamiento global. Por el otro. Sin embargo. 11 . Bajo este esquema. el consumo de combustible por parte del sector transporte. 2. Por un lado. sino porque no existían para éste incentivos económicos capaces de inducir un uso alternativo. los concesionarios debían controlar la producción de gas (asociado a la explotación petrolera). al incrementarse la demanda mundial de energía.maquinarias y equipos que provocan importantes efectos adversos como son los de contaminación atmosférica. Por lo tanto. la combustión de combustibles fósiles que producen el denominado efecto invernadero. la cual dice en su encabezamiento: “Todos tienen derecho a la protección de la salud. en mecheros apropiados. aprovechar éste o devolverlo al yacimiento. en cuanto derecho constitucional de carácter social. si bien la disposición constitucional en comentario no menciona en forma directa la relación entre ambiente y energía. el cual.” Dos factores asociados a la producción y consumo de energía afectan a la salud. y la colectividad en su conjunto está interesada —es uno de sus derechos innominados— en que la producción y el uso la energía sea sustentable en beneficio de la conservación del ambiente A todo ello debe agregarse la acertada ubicación dada a la norma en comentario dentro de los derechos económicos. si bien es producido en menor medida por los países en desarrollo. no sólo porque esa opción de quemar el gas se consideraba un derecho del concesionario. especialmente en las grandes ciudades y particularmente en Venezuela donde todavía la gasolina producida para el mercado interno contiene plomo. generando incentivos. es uno de los elementos a ser considerados al abordarse la regulación del uso de la energía. ya sea legislando sobre las materias a que la misma se refiere. Legislación energética ⇒ Normas sobre el gas natural La primera legislación en la cual se establecen expresas disposiciones relativas a la conservación del gas es la Ley de Hidrocarburos de 1943. desalentando las ineficiencias o cumpliendo su función orientadora del orden público y social. también tenía el derecho de quemar. y mucho menos trata sobre el uso eficiente de la energía. Una última disposición de orden constitucional cuya cita resulta pertinente es el artículo 76. De manera que la protección de la salud. tenderá. a convertirse en un problema que de no controlarse afectará a toda la humanidad. Conforme a ésta. el exceso de gas desprendido de la formación que no pudiera ser aprovechado ni devuelto al yacimiento. Ello implica que el Estado debe realizar todo cuanto esté a su alcance para asegurar su efectiva vigencia. la posibilidad de propender a la conservación del gas era mínima. obliga a la preservación de los recursos naturales que son patrimonio de la colectividad.
⇒ Normas reguladoras del sector eléctrico 1 Resolución N° 450-315 de fecha 06-11-98. Bajo este esquema. mediante la supervisión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos (hoy Ministerio de Energía y Minas). estas limitaciones afectan cualquier iniciativa privada que pudiera existir para dar al gas el mejor uso posible. en la oportunidad. la apertura del negocio debe contemplar incentivos adecuados para incrementar la producción e incluso para el financiamiento de la infraestructura. 12 . que dentro de toda la normativa referida al gas. por un lado. la eficiencia en el manejo y aprovechamiento del recurso no constituye una preocupación verdaderamente incorporada a las políticas. y ello se debe. Más allá del objetivo estratégico de ésta política. lo cierto es que las empresas particulares dedicadas a la producción de crudo que obtengan gas con ocasión de la producción de crudo están obligadas. La política de eficiencia energética se reduce básicamente a la conservación del gas (no se puede quemar en mecheros más del 2% del gas producido y recolectable). a la ausencia de la infraestructura mínima necesaria. el gas que se produzca en sus operaciones. en resumen. El Estado juega simultáneamente el rol de formulador de políticas. lo que significa que no están en capacidad de comercializar libremente el recurso. No existe por lo tanto un mercado del gas donde puedan concurrir libremente los distintos oferentes y demandantes. Desde luego. la meta de promover la eficiencia en materia de gas natural no llegará a logros que se traduzcan en beneficio para los usuarios o consumidores. pero sobre todo a la falta de un marco regulatorio que basado en la libre competencia permita que el mercado —y no el Estado— refleje los precios. Esta política apunta en cierta medida hacia metas de eficiencia porque tiende a la sinceración progresiva de los precios y viene a superar el anterior esquema de precios regulados por debajo de los costos reales de producción. emanada de los ministerios de Industria y Comercio y Energía y Minas. y desde luego. Dispone esta Ley (aún vigente) que los concesionarios de hidrocarburos están obligados a entregar al Estado. planes y programas de la industria. sin un marco institucional y regulatorio que contemple la apertura del mercado para promover la competencia y reglas de juego que aseguren al mismo tiempo la no discriminación o el abuso de posiciones de dominio en aquellas etapas de los procesos en que no sea posible la competencia. buscando en última instancia la valorización del recurso. mecanismos de control respecto del gas arrojado a la atmósfera. la política actual1 consiste en la transición hacia precios que reflejen el costo marginal de desarrollo del sector. a vender a Petróleos de Venezuela todas las cantidades no aprovechables en sus operaciones. Puede afirmarse. en virtud de los contratos celebrados. regulador y titular del monopolio de la producción y comercialización. medida y condiciones que determine el Ejecutivo Nacional.Esta situación experimenta un cambio apreciable al dictarse en 1971 la “Ley que reserva al Estado la industria del gas natural”. además. En otro sentido conviene señalar que en cuanto a la comercialización del gas (gas metano). Establece.
varias de cuyas disposiciones aluden en alguna forma al concepto de uso eficiente de la energía.En el campo específico del servicio público nacional de electricidad. g) Rentabilidad…”. uso racional de la energía. Artículo 22: “El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico tendrá un carácter indicativo. en la regulación y la supervisión del servicio público nacional de electricidad. se encuentran vigentes las “Normas para la Regulación del Sector Eléctrico”.085 de fecha 13 de noviembre de 1996. orientado por los siguientes lineamientos. Artículo 21: “El Ministerio de Energía y Minas. en concordancia con el Plan de la Nación y los lineamientos de política energética del Estado. con la asistencia técnica de la Fundación para el desarrollo del Servicio Eléctrico y en coordinación con las empresas eléctricas. Artículo 5°: “El Poder Ejecutivo Nacional actuará. con el fin de orientar y racionalizar los esfuerzos de los particulares y del Estado para la satisfacción de la demanda nacional de electricidad. elaborará el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico. bajo las orientaciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y en concordancia con los lineamientos de política energética del Ministerio de Energía y Minas… Podrá igualmente prestar servicios de asesoría sobre condiciones técnicas para la prestación del servicio eléctrico. Artículo 17: “La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico tendrá por objeto contribuir al más adecuado desarrollo del sector eléctrico. dentro de un esquema de uso racional de la energía. a los cuales se ajustará la actividad de sus órganos y entidades con competencia en la materia: d) Deberá garantizarse la disponibilidad de combustibles para satisfacer los requerimientos de la generación termoeléctrica. tanto en la oferta como en la demanda”. Artículo 25: “El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico será hecho del conocimiento público. publicado en la Gaceta Oficial N° 36. aplicación de metodologías tarifarias. Igualmente deberá el Estado ejercer la represión de estos delitos y fomentar el uso racional del servicio”. d) Continuidad… e) Adaptabilidad: La capacidad para incorporar los progresos tecnológicos que aporten una mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio. habida cuenta que parten de los siguientes fundamentos: Algunas de sus disposiciones fundamentales son las siguientes: Artículo 4°: “Son condiciones inherentes a la prestación del servicio público nacional de electricidad: a) Calidad… b) Seguridad… c) Suficiencia: La satisfacción de la demanda del servicio. y será elaborado tomando en cuenta: …omissis… h) El ahorro y la eficiencia energética.558. de fecha 30 de octubre de 1996. f) Eficiencia: La correcta asignación y utilización de los recursos.2 contenidas en el Decreto N° 1. aplicación adecuada de las tarifas…”. g) La planificación y la gestión pública del servicio se harán con criterios económicos y se orientarán hacia la utilización de los recursos que maximice el beneficio para la población nacional y hacia la protección del medio ambiente. que garantice la prestación del servicio al menor costo posible. a precios económicos y que permitan propiciar el desarrollo y el uso racionales de los recursos energéticos del país. h) El Estado y los particulares deberán orientar y coordinar sus esfuerzos hacia la prevención del hurto y el robo de energía eléctrica. 2 13 . mediante la publicación de un resumen en un diario de circulación nacional y su distribución en la forma y en las condiciones que se consideren necesarias”. El Plan será sometido a la consideración de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica”.
El Estado tiene el deber de reprender los delitos mencionados y fomentar el uso racional del servicio eléctrico nacional. tiene la evidente característica de ser demasiado programática: concurre en ella un conjunto de propósitos de política (libre competencia en la generación. e impide el establecimiento de sanciones de tipo económico verdaderamente efectivas aplicables a los concesionarios. después de más de dos años de dictado el Decreto. economía. En la prevención del hurto y robo de energía eléctrica deben concurrir los esfuerzos del Estado y de los particulares. lo cual resta fuerza y autonomía a la autoridad de regulación. no discriminación ni privilegios en favor de las empresas públicas.1. junto con la que crea la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. el régimen de regulación del sector eléctrico debería tener rango de ley y desarrollar un conjunto de materias como las comentadas para inducir bajo otro enfoque conductas favorables al uso eficiente de los recursos energéticos. esta figura. el beneficio de la población nacional y la protección del medio ambiente. Por lo que respecta específicamente al uso de la energía. creada por el Decreto en cuestión. 3. establecer la programación de intercambios de energía y coordinar el uso de las instalaciones de generación y transmisión del sistema interconectado bajo criterios de apertura. 2. 14 . Sin lugar a dudas. se aprecia claramente la debilidad del régimen regulatorio en. Sin embargo. no discriminación y costos de eficiencia. persigue entre otras finalidades las de llevar a cabo el despacho económico de cargas en el sistema interconectado. suficiencia. no sustentado en atribuciones y poderes regulatorios efectivos. no establece el instrumento con claridad las formas de participación de la iniciativa privada. primer término. etc. siendo de destacar su integración en todas las etapas en las que el sector se desenvuelve. hasta llegar a los precios. 4. Esta normativa. pasando por la producción. visión de mediano y largo plazo. a diferencia de la legislación sobre hidrocarburos. No obstante la crítica formulada a este decreto en cuanto a su carácter ambicioso. la única vigente en materia de regulación del sector eléctrico. por su jerarquía de Decreto y no de ley. desde la planificación. el concepto de uso eficiente de la energía está expresado con claridad y en forma armónica. la planificación con criterios de economía.) quizás demasiado ambiciosos frente a los instrumentos de regulación y de promoción o incentivos de que dispone. En efecto. la referida unidad no ha sido constituida. En otros términos. la utilización racional de los recursos. Por otra parte. adaptabilidad y eficiencia son condiciones inherentes a la prestación del servicio público nacional de electricidad. el Decreto en comentario refiere en uno de sus “considerandos” que el uso eficiente de los recursos energéticos en el sector eléctrico exige la implantación de un despacho económico de cargas en el sistema interconectado nacional. La gestión de los órganos competentes del Ejecutivo Nacional en la regulación y supervisión del servicio eléctrico nacional debe tender a la satisfacción de los requerimientos de la población. debe reconocerse que. operar el mercado mayorista eléctrico. sinceración de tarifas. La confiabilidad. los mecanismos de control o de medición de desempeño y las formas de determinación de la rentabilidad del inversionista.
para luego entrar al desarrollo de temas. Bajo una regulación de este estilo. se parte de propósitos de política muy precisos como son la apertura del mercado y la asignación eficiente de los recursos de inversión. en primer lugar por su rango de ley orgánica. y lo que es más importante. sobre bases de orden económico y mediante metodologías claras y sencillas. “promover la libre competencia en las actividades del sector” y “defender los derechos de los usuarios…”. también como atribuciones del Estado. aún no ha sido cumplida. y en segundo término. como los de regulación de precios y uso eficiente de la energía. Es fácil advertir la clara diferencia existente entre el esquema vigente y el propuesto. ya en sus disposiciones fundamentales establece que corresponde al Estado. La implementación de sistemas de precios y de tarifas justos. Ante todo. Por lo que respecta específicamente al uso eficiente de la energía. la separación de roles del gobierno y la competencia en aquellas etapas del servicio en que la misma sea posible. En efecto. Por su parte. carecerían de todo interés para los agentes económicos. las siguientes: • • • La aprobación y orientación de las inversiones basadas en un plan de desarrollo eficiente del sector eléctrico. En consecuencia. la estructura tarifaria contendrá una combinación de tarifas sociales con tarifas que penalicen el exceso de consumo. Por lo que se refiere a la regulación de la demanda. la primera etapa de la estrategia. El establecimiento de reglas que incentiven la eficiencia técnica y económica de las empresas eléctricas. el Proyecto de Ley dispone. el cual debe considerar el ahorro y la eficiencia energética. consistente en la formulación del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico. la política de uso eficiente de la energía encontraría adecuado soporte. a fin de que paguen más quienes consuman más. el Proyecto de “Ley Orgánica que regula las actividades del Sector Eléctrico Nacional” sí contiene expresas disposiciones relativas a eficiencia en el uso de la energía. los cuales. se observa cómo las facultades otorgadas al Estado no se limitan a la simple adopción de medidas reguladoras o actos de autoridad. entre otras atribuciones. el proyecto de ley contiene explícitas consideraciones cuando expresa: “La estructura tarifaria de distribución será elaborada de tal forma que combata el desperdicio de energía eléctrica y su mal uso.Sin embargo. desarrolla previamente todo el esquema institucional con arreglo al cual sería posible dar efectivo respaldo a esta iniciativa. sin esa inequívoca anticipación de cuál será el rol del Estado. porque vendría a regular sobre esta materia ofreciendo como fundamentos la reforma institucional. todo lo cual se refuerza con la creación de un organismo regulador independiente cuyas decisiones ponen fin a la vía administrativa.” 15 .
3. Sin embargo. fuentes energéticas y demás recursos naturales. en cuanto tengan relación con el ambiente. …omissis… 8. La educación y coordinación de las actividades de la Administración Pública y de los particulares. propicia la regulación del uso eficiente de la energía. “A los efectos de esta Ley. la conservación. aguas. Artículo 7. —dado que aún es tiempo— dedicar todo un capítulo o sección de la ley al desarrollo de unos principios sobre uso eficiente de la energía. este proyecto de ley contiene significativos avances respecto del régimen vigente en los aspectos institucional. • La educación de los particulares y la coordinación de las actividades de éstos con el Estado para los fines antes señalados. comercial y financiero. Las normas para el aprovechamiento de los recursos naturales basadas en el principio del uso racional de los recursos. por cuanto entre sus Disposiciones Generales y en el capítulo relativo a la Planificación Ambiental. a cuyo fin el Estado debe garantizar la existencia de normas relativas al uso racional de dichos recursos y las medidas instrumentales para el logro de tal propósito. en función de los objetivos de la presente Ley. …omissis… 9. defensa y mejoramiento ambiental. e integrarlos y hacerlos operativos con el resto de la ley. Artículo 3. sería preferible. promulgada el 7 de junio de 1976. establece que la conservación. El aprovechamiento racional de los suelos. “El Plan Nacional de conservación. …omissis… 16 . tanto del lado de la oferta como de la demanda. defensa de los derechos de los usuarios. lo cual. en función de los valores del ambiente. en el entendido que se trata de obligaciones/derechos de productores (operadores) y usuarios. • El fomento de la participación ciudadana en los problemas relacionados con el ambiente. defensa y mejoramiento del ambiente comprenderá: …omissis… 2. fauna. Legislación ambiental La Ley Orgánica del Ambiente. se transcriben a continuación: Artículo 2.3 3 Las normas relacionadas al uso eficiente de la energía.En resumen. regulación del consumo y el establecimiento de un régimen de precios basados en la eficiencia de los operadores pero también en la de los usuarios. libre competencia. debe comprender: • El aprovechamiento racional de los recursos naturales y energéticos. …omissis…”. a su vez. defensa y mejoramiento del ambiente”. Igualmente. “Se declaran de utilidad pública la conservación. y tiende a generar un ambiente regulatorio y de política sectorial favorable a la promoción del uso eficiente de la energía. El fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en los problemas relacionados con el ambiente. continentales y marinos. flora. la Ley comentada dispone que la conservación de los recursos naturales deberá formar parte del Plan de la Nación. formará parte del Plan de la Nación y deberá contener: …omissis… 4. defensa y mejoramiento del ambiente son causas de utilidad pública.
si no un desarrollo actualizado. Los objetivos y medidas de instrumentos que se consideren favorables a la conservación. coordinación y puesta en ejecución de iniciativas comunes como en la elaboración de normas técnicas (como las de regulación de impactos ambientales. información y orientación. entre otros. referencias específicas al uso eficiente de la energía. como se verá más adelante. protección y salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. defensa y mejoramiento del ambiente”. 17 . desperfecto o negligencia del fabricante o de quien preste el servicio. los siguientes (art.). la falta de integración de la política ambiental y la energética. En efecto. La protección de la salud y su seguridad frente a los riesgos provocados por productos o servicios. 6): 1. expresa con más precisión el papel que corresponde cumplir al Estado y determina con precisión hacia donde debe orientar su política al declarar la relación existente entre el desarrollo económico y la conservación. 6. resultando de indispensable consideración para el diseño de la regulación del uso eficiente de la energía. control de la contaminación. promulgada el 17 de mayo de 1995 y publicada en la Gaceta Oficial N° 4897 Extraordinario de la misma fecha. la Ley establece como derechos de los consumidores y usuarios.” Más concretamente. Esta orientación queda cubierta al incluirse a los recursos energéticos dentro de los bienes objeto de protección ambiental. delimita los ámbitos de intervención estatal con especial énfasis en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y en el control de actividades susceptibles de degradar el ambiente. resulta relevante con relación al concepto de uso eficiente de la energía. toda vez que contiene las normas adecuadas para la protección de los intereses de usuarios y consumidores. No existe en esta ley ni en las normas técnicas dictadas en ejecución de la misma. etc. así como establecer los ilícitos y los procedimientos para la aplicación de sanciones. que habrían de proponer y procurar sus objetivos considerando las implicaciones ambientales y energéticas. o llegar a deterioro. precisamente los ámbitos en los que mayormente debe apoyarse desde el punto de vista ambiental la política de uso eficiente de la energía. Ley de Protección al Consumidor y al Usuario La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 4. el artículo 106 de la Constitución encuentra en esta Ley. educación. que sean considerados nocivos o peligrosos por las autoridades competentes. Por otro lado. defensa y mejoramiento del ambiente. tanto en la promoción. Ello viene a denotar.En nuestro criterio. su organización. En efecto. al menos adecuado por lo que hace al par de conceptos ambiente-energía. el objeto de la Ley es la “defensa.
la elaboración de pruebas de verificación y la expedición de certificaciones de calidad. Normalización técnica La legislación expedida con el específico propósito de defender los intereses económicos de los usuarios y consumidores se complementa armoniosamente con la relativa a normalización técnica. distribución y expendio de bienes importados y la exportación de bienes y servicios nacionales. 6. 18 . Refrigeradores-Congeladores y Congeladores. en reconocimiento de su condición de débil jurídico en las transacciones del mercado. 4 Se trata de la resolución N° 375/321 de fecha 30-10-98. 5. La protección de los intereses colectivos o difusos. de estimarse necesario. Los artefactos a los cuales se aplica la resolución son todos aquellos modelos de refrigeradores. la verificación de su cumplimiento. la introducción. La promoción y protección de sus intereses económicos. en los términos que establece la Ley. Etiquetado y Reporte de Consumo de Energía”. la prestación de servicios.4 con el objeto de promover el uso eficiente de la energía en los artefactos que se comercializan en el país. el suministro de información mediante etiquetas u otro medio a los usuarios. publicada en la Gaceta Oficial N° 36. La normativa técnica y de control de calidad es entonces el instrumento legal que sirve de base para el establecimiento de estándares de eficiencia energética. cuyo ámbito de aplicación abarca la normalización técnica propiamente dicha. Venezuela cuenta con la Ley sobre Normas Técnicas y Control de Calidad de fecha 13 de diciembre de 1979. pero pueden declararse también de obligatoria observancia. 6. Las disposiciones de la Ley se aplican a la elaboración e intercambio de bienes. Las normas técnicas o estándares establecidos (normas COVENIN) con fundamento en esta Ley tienen por lo general el carácter de recomendaciones. cuando se trate de productos o servicios cuyo consumo o uso tengan relación directa con la salud o la vida de las personas o cuando a juicio de la autoridad competente (Ministerio de Industria y Comercio) así lo exija el interés nacional.581 de fecha 13-11-98. el control de calidad y la certificación de conformidad con normas previamente dictadas para productos y servicios. Normativa específica sobre uso eficiente de la energía Los esfuerzos llevados a cabo por el MEM para estimular el uso eficiente de la energía eléctrica se reflejan en la resolución conjunta dictada por los Ministerios de Industria y Comercio y de Energía y Minas. refrigeradores-congeladores y congeladores contemplados en el rango de volúmenes establecidos en la Norma Venezolana COVENIN 3235 “Refigeradores.3. mediante la indicación de sus índices de consumo o eficiencia para que sirva de orientación al consumidor al momento de adquirir dichos artefactos. comercializados en el país. En esta materia.
Además de ello. pues la información adicional que van a recibir se constituye en una variable adicional a considerar en el proceso de toma de decisiones.412 de fecha 12 de marzo de 1998. distribución y consumo de las distintas clases de energía y el estudio e investigación de los recursos energéticos no convencionales para determinar su racional y oportuna explotación. los importadores y fabricantes nacionales deben presentar. la planificación y control de la producción. la Dirección de Planificación y Economía de la Energía. la Ley Orgánica de la Administración Central (LOAC). perteneciente a la Dirección General Sectorial de Energía del citado Ministerio. 7. Esta normativa constituye un esfuerzo en apoyo de la política de promover en los consumidores una nueva conducta en cuanto al consumo de electricidad. En relación con el papel de cada uno de ellos. la citada disposición prevé: “Corresponde a la Dirección de Planificación y Economía de la Energía: …omissis… 19 . Organismos con atribuciones en materia de uso eficiente de la energía Los organismos con atribuciones en materia de uso eficiente de la energía son: • • • • • • El Ministerio de Energía y Minas El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables El Ministerio de Industria y Comercio La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) El Consejo Nacional de la Energía. Además de las mencionadas atribuciones. En términos concretos. es la dependencia competente para la realización de estudios. La información principal que debe contener la mencionada Guía es el valor de consumo de energía del artefacto. investigaciones y promociones tendientes al uso racional y eficiente de la energía.Una de las iniciativas más destacadas de esta norma es la de introducir la obligación para fabricantes e importadores de colocar una etiqueta “Guía de Consumo” que indica los requerimientos de energía del artefacto. publicado en la Gaceta Oficial N° 36. un informe indicativo de los valores de consumo y consignarlo ante las autoridades competentes del Ministerio de Industria y Comercio y de Energía y Minas. en su artículo 35 dispone que corresponde al Ministerio de Energía y Minas la fijación y ejecución de la política de conservación de los recursos energéticos. corresponde al MEM la coordinación de las relaciones con el Consejo Nacional de la Energía y la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE). antes de la comercialización. organismos a los cuales corresponde verificar la adecuada observancia de la resolución. de fecha 26 de febrero de 1998. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento Interno del MEM.
el comercio interior y exterior y todo lo relativo a las negociaciones comerciales internacionales. MARNR. dentro de las competencias del Ministerio de Industria y Comercio. las relacionadas con la educación y protección del consumidor y el usuario. industrial y comercial. y la elaboración y supervisión de las normas técnicas. la planificación y la realización de las actividades del ejecutivo nacional en los sectores de la producción de bienes o servicios. 7° Realizar estudios e investigaciones que apoyen el uso racional y eficiente de la energía y que promuevan un incremento de la productividad y de la eficiencia económica. la defensa y el mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales renovables y para el racional aprovechamiento de estos últimos. cuya ejecución y cumplimiento corresponde al Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU). MIC) evidencia la capacidad de cada uno de ellos para intervenir en esta materia actuando cada uno dentro del ámbito de sus funciones. análisis y fijación de los precios y tarifas de productos y servicios públicos y privados. incluyendo la planificación y ordenación de la conservación. Coordinar las interrelaciones entre el suministro y el consumo energético en los diferentes subsectores y actividades. la certificación y el control de calidad de los productos y servicios. el estímulo y apoyo a la innovación tecnológica. oportuna y ambientalmente sostenible la cesta de recursos energéticos que posee. La enumeración genérica de competencias correspondientes a los tres ministerios anteriormente citados (MEM. la concertación. el Consejo Nacional de Energía es el órgano asesor del Ejecutivo Nacional en materia de políticas públicas relacionadas con la energía. A las ya mencionadas competencias en materia de energía y ambiente que corresponden a los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. normas y proyectos para someterlos a la consideración del ejecutivo nacional. Destacan. Tiene la potestad de proponer planes.6° Contribuir a la formulación de la política de racionalización del consumo interno de energía y a la óptima utilización de los recursos energéticos nacionales. mientras que la relativa a la protección de los derechos e intereses de los usuarios y consumidores dispone también de una Ley especial. a cuyo cargo se encuentra la formulación de políticas. 9° Promover estudios y proyectos que propendan a que la Nación utilice en forma diversificada.” Por otra parte. Finalmente. 20 . eficiente. 10. la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. la defensa y el mejoramiento del ambiente. se unen las del Ministerio de Industria y Comercio. La actividad de normatividad técnica antes comentada la cumple el gobierno (FONDONORMA) mediante la ejecución de la Ley sobre Normas Técnicas y Control de Calidad. el artículo 36 de la citada Ley (LOAC) establece que corresponde al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la formulación de la política para la conservación. en particular.
Estos objetivos se combinan con un conjunto de estrategias. la cual define como opciones prioritarias dentro de la oferta energética nacional la hidroenergía y el gas natural. además. 1. racionalidad en el uso y sostenibilidad ambiental” y “propiciar el establecimiento de un sector energético competitivo e innovativo y el desarrollo balanceado y eficiente de los recursos energéticos de la Nación”. pues sus implicaciones son diversas y trascienden efectivamente el ámbito sectorial energético. el cual. cobra especial importancia como primer paso de avance hacia la elaboración de una regulación especial. En este documento base se delinean. Como no existe una normativa sobre uso eficiente de la energía salvo la comentada resolución sobre niveles de consumo energético de artefactos eléctricos. que al estar la competencia del sector energético a cargo del MEM. la adecuada coordinación institucional que debe producirse en los ámbitos de formulación de políticas y en el de estudios e investigaciones relacionados con el tema.Queda claro. El documento se ocupa del uso eficiente de la energía al establecer entre sus objetivos los de “asegurar el suministro oportuno de energía bajo criterios de eficiencia. En su condición de consumidor y exportador de recursos energéticos. POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA La política sobre el uso eficiente de la energía reviste especial interés para Venezuela por tratarse de un país petrolero. se ha caracterizado tradicionalmente por el bajo costo asignado a sus recursos energéticos. instituciones y empresas públicos o privados cuya actividad se encuentre vinculada al uso eficiente de la energía. objetivos y líneas de acción conducentes a alcanzar los objetivos establecidos en la política. Política Energética Nacional Uno de los esfuerzos importantes en materia de manejo energético llevado a cabo por el MEM lo constituye la formulación de la Política Energética Nacional de 1997. sin embargo. B. dotado de extraordinarias reservas de gas natural y con una importantísima capacidad para la producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica. entre las cuales destacan las siguientes: 21 . por otra parte. aspectos relacionados con el papel que debe cumplir el Estado y los principios básicos. no puede el país sustraerse a las tendencias globales. corresponde a este Despacho establecer formas y mecanismos de coordinación institucional que permitan integrar y armonizar la actividad de los distintos ministerios. especialmente las relacionadas con la eficiencia energética. La función de asegurar esta efectiva coordinación y participación recae desde luego en el Ministerio de Energía y Minas. organismos. ¿Cuál es la orientación y el grado de avance de la política nacional en materia de uso eficiente de la energía? Esta sección revisa la política energética nacional. la conservación de la energía y la energía renovable. sus principales orientaciones en cuanto al tema que nos ocupa y las iniciativas específicas que se adelantan en la actualidad.
con el propósito de lograr un uso más eficiente de la misma. que se concentra preferentemente en la función regulatoria. también es preciso destacar que este documento no ha sido oficialmente adoptado en el sentido de su incorporación al plan de desarrollo económico y social de la nación o a las líneas de actuación gubernamental. Al referirnos en su momento a la legislación sobre uso eficiente de la energía. jurídicos y fiscales coherentes con los objetivos y estrategias definidos por la Política Energética. Es precisamente este enfoque el que parece estar ausente en la política sectorial. • Promover la creación de marcos institucionales. pues es en ese escenario de planificación. 22 . comúnmente expresadas a través de los presupuestos anuales. Igualmente se advierte una adecuada visión de conjunto que se pone de manifiesto al quedar implícito que no basta la modernización sectorial para promover el uso eficiente de los recursos energéticos. Conviene reiterar aquí que cuando no existe regulación específica sobre determinada materia que por su importancia e implicaciones requiere de regulación. Otro aspecto que conviene subrayar es la poca o ninguna integración existente entre esta política y sus líneas estratégicas y la actividad del resto de los organismos e instituciones que directa o indirectamente tienen alguna responsabilidad en la materia. con base en la innovación tecnológica y en la adecuación del comportamiento de los consumidores. que incluyan la promoción de la inversión privada nacional e internacional en el sector energético donde ello sea necesario y conveniente a los intereses del país. el primer paso de avance hacia ese objetivo es actuar consistentemente en la fase de formulación de la política. establecimiento de estrategias y diseño de acciones donde deben conjugarse y tomar parte todos los aspectos relevantes de la materia a ser regulada. se hizo énfasis en la estrecha conexión existente entre las políticas y legislación sobre energía. así como el fortalecimiento de la capacidad reguladora del estado sobre el mismo. considerarse las preferencias. y es por ello que se propone. productivas y competitivas de las empresas energéticas y asegurar que exista la debida coordinación institucional para la formación y utilización de los recursos humanos. • Promover el mejoramiento de las capacidades gerenciales. en combinación con la mayor apertura del sector. Habrán de introducirse entre las acciones típicas de ejecución de la política adecuados incentivos económicos y de innovación tecnológica. expectativas y derechos de los consumidores y cumplir el Estado (especialmente los órganos de regulación) una adecuada actuación sobre los precios y tarifas en el mercado interno energético. Ahora bien. En estas grandes líneas estratégicas se aprecia claramente la orientación de la política: se trata de otorgar mayor participación a la iniciativa privada en el entendido que no es función exclusiva del Estado la de asumir por sí solo el desarrollo del sector. ambiente y protección del consumidor.• Incentivar la gestión de la demanda de energía. técnicas. la delimitación del rol del Estado. que será determinante para lograr una mayor racionalización y eficiencia económica y técnica en el desarrollo y utilización de los diferentes tipos de recursos energéticos disponibles en el país.
2. Ello ha sido factor determinante en las políticas y en la toma de decisiones en materia de energía. Otra iniciativa a destacar es el proyecto REGMA (Acondicionamiento de la red de gas de Maracaibo). la explotación del crudo comportaba. Estas acciones pueden clasificarse como iniciativas adelantadas en el Sector Gas e iniciativas correspondientes al Sector Eléctrico. Esta política era la muestra más representativa de la ausencia de valoración económica del recurso. Esta cuantiosa inversión se complementa con una intensa campaña de concientización dirigida a promover el uso eficiente del gas. Gaceta Oficial N° 36. Los efectos derivados de estas políticas han podido sentirse particularmente en el caso del gas. 23 . donde desde los años 40 se estimuló el uso irracional e ineficiente de este recurso. podría constituir el instrumento dinamizador de estos objetivos. Recientemente se emitió una nueva resolución de los Ministerios de Industria y Comercio y de Energía y Minas (Resolución 188 y 139. Gaceta Oficial N° 36. como vimos al revisar la legislación sobre hidrocarburos. Ministerio de Fomento y MEM. en fase de elaboración para su discusión en el Congreso.116 del 30-12-96). El mecanismo del precio permite definir un uso racional y eficiente del recurso. Petróleos de Venezuela y diversas instituciones públicas y privadas. Iniciativas institucionales y empresariales El MEM. De esta manera se está estableciendo una política racional de precios que apunta a la sinceración del precio y a la preparación de la fase siguiente de la estrategia orientada a la fijación de los precios según el costo del recurso energético alternativo o por mismo el mercado. Es bien sabido que los bajos precios aumentan la excesiva demanda energética y el uso ineficiente del recurso.576 del 6-11-98). En 1996 cambió el rumbo de la política y se da inicio a la estrategia de valoración del gas al definirse como meta el establecimiento de los precios del gas metano en función del costo de desarrollo a largo plazo (resolución conjunta N° 289-4844. el aprovechamiento del gas asociado y la libertad de quemar libremente el gas resultante que no pudiese ser aprovechado. ⇒ Iniciativas sector gas Tradicionalmente los recursos naturales han estado bajo propiedad del Estado y se han manejado bajo el criterio de la no escasez o inagotabilidad. transporte y distribución. La Ley de Gas. Lo que se requiere ahora es establecer el mecanismo regulatorio que permita la apertura del mercado a la iniciativa privada con el propósito de promover la competencia y las inversiones que demanda el desarrollo del sector. donde se establece que los precios de venta del gas metano se fijarán regionalmente tomando en consideración los costos en las etapas de producción. tradicionalmente evidenciado en el establecimiento de precios y tarifas por debajo de los niveles de eficiencia. han emprendido acciones de diverso alcance orientadas a la promoción del uso eficiente de la energía. En ese entonces. las empresas públicas de distribución de energía.
Aunque el uso eficiente de la energía no se incorpora explícitamente en esta política. se está planteando en el pliego tarifario a ser discutido próximamente.⇒ Iniciativas del sector eléctrico La mayor parte de la población en Venezuela tiene acceso al servicio eléctrico. está inmerso en el principio rector que establece “El aprovechamiento de los recursos naturales debe ser racional”. Por último. ratifica la adopción del criterio de sustentabilidad como elemento central de la misma. 1992) las pérdidas técnicas y no técnicas en los países en desarrollo se encuentran entre 20 y 40% de la energía generada. con la finalidad de incentivar a las empresas a ser más eficientes en cada fase de esta cadena. el país cuenta con aproximadamente el 95% de cobertura del servicio. conviene mencionar la aprobación. por lo que en estos momentos la prioridad debe ser incentivar el incremento de la eficiencia más que la creación de nueva infraestructura. Se están adelantando esfuerzos dirigidos a que las empresas asuman estas pérdidas o ineficiencias. estableciendo el desarrollo sustentable como meta. Por su parte. En materia de electricidad existe una cierta continuidad en cuanto a campañas publicitarias y de información a los consumidores destinadas a promover el uso eficiente de la energía. Según estimaciones de Fundelec. 3. Lo que se busca en un próximo paso es incluir un factor que represente las pérdidas. También destaca la labor que adelanta la empresa eléctrica del Estado ENELVEN. entonces. que cuenta con un Departamento de Optimización Energética. sistemas de comercialización no adecuados. las interrupciones y la mala calidad del servicio. Según informaciones del Banco Mundial (World Bank. con el fin de evitar la transferencia de las ineficiencias en toda la cadena de comercialización de la electricidad. por parte de la Comunidad Europea. hurto. representan el 12% de la facturación (Fundelec. 24 . En este sentido. dedicado a prestar asesoría a usuarios y a realizar estudios e investigaciones dirigidos a promover el mejor uso posible del servicio. las pérdidas no técnicas. Política ambiental La Política Ambiental. la competencia y que permita un régimen tarifario que satisfaga tanto al usuario como al inversionista. transmisión. De hecho. 1997). es decir. todo esto enmarcado en el criterio de uso sostenible del recurso. tal como se observó al comentar el marco regulatorio vigente. 1996). una normativa que aporte mayor seguridad jurídica al sector a fin de estimular las inversiones. del proyecto “Uso eficiente de la energía en Venezuela”. la separación de las fases de generación. en lo que se refiere a la cooperación internacional. cuyo financiamiento vendrá por el Programa SYNERGY de la Comisión Europea. distribución y comercialización. Se requiere. actualizada recientemente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR. estimaciones en el consumo por falta de medidores. dentro de las pérdidas técnicas se encuentran el deterioro de las instalaciones.
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 1. sistemática y como materia de política pública. El desarrollo de la política y de la legislación especial sobre la materia apenas podría calificarse de incipiente. dar efectiva cabida a todos los sectores interesados. reglamento orgánico e interno del Ministerio de Energía y Minas) no reflejan de manera articulada y sistemática dicha relación. establecer los mecanismos más adecuados de coordinación institucional bajo la dirección del MEM y comenzar a trabajar paralelamente en dos frentes: opciones institucionales para promover el uso eficiente de la energía y elaboración de la regulación necesaria para apuntalar y reforzar las mejores iniciativas.En este sentido. Las bases de la política plantean claramente todas las líneas de relación posibles y necesarias para dar cabal cobertura a la problemática del uso eficiente de los recursos energéticos. los instrumentos de desarrollo de la política (normas que rigen el sector eléctrico. Una visión integradora del tema debería tratar los efectos provocados al ambiente por el sector transporte. Otro aspecto que merece reforzarse es el que vincula la producción de recursos energéticos con la demanda de dichos recursos. En resumen. es el desarrollo de toda la potencialidad contenida en las instituciones jurídicas. el papel del MARNR se centra en exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. apreciación que se refuerza al observarse la poca o ninguna referencia que se encuentra sobre este tema en la política ambiental o de protección al consumidor. y otra. Esta es en general la tónica de la política (aislamiento y falta de coordinación institucional). Una cosa es disponer de una base constitucional y legal capaz de albergar sin problemas debido a su amplitud las iniciativas normativas que al efecto puedan formularse. bastante distinta. de manera consciente. a los efectos de sustentar los objetivos y estrategias de la política sobre la base de la íntima relación existente entre una y otra función. el tema del uso eficiente de la energía. Grado de inserción del concepto “uso eficiente de la energía” en la legislación y en la práctica institucional El Estado venezolano no se ha planteado en realidad. la política sectorial debe extender su ámbito y alcanzar las áreas sectoriales de actividad pública vinculadas. estos esfuerzos no tendrán el impacto esperado. aprovechamiento racional de los recursos energéticos. por ser de los que mayores impactos adversos 25 . Sin embargo. entre otras razones por las siguientes: ⇒ Política energética Aunque la política energética considera a nivel de formulación la relación existente entre protección ambiental. defensa de los derechos e intereses de los consumidores y uso eficiente de la energía. lo que redunda directamente en el aprovechamiento ambientalmente sostenible de los recursos energéticos. políticas aprobadas sobre precio del gas metano. pero falta la articulación intersectorial indispensable para evitar que cualquier iniciativa sea simplemente la preocupación de una unidad administrativa aislada. mientras no se establezcan incentivos concretos para los inversionistas dirigidos a escoger tecnologías de energía limpia y más eficaces. C.
Asimismo. En cambio. Es por ello que la empresa pública. transporte y distribución de la energía. una política de precios que elimine los subsidios cruzados. no se aprecia una clara visión orientada al aprovechamiento orgánico de los instrumentos legales vigentes a disposición. mientras lo siga siendo. cuando el administrador no puede apropiarse de los beneficios derivados de su buena gestión. carece de incentivos para tener un desempeño superior al normal. Existe entonces un adecuado incentivo al buen desempeño para el administrador. debería considerar los efectos provocados por la quema del gas natural y las formas de ejercer controles sobre esta práctica o establecer incentivos económicos para encontrar soluciones alternativas a la quema. con sus objetivos específicos y su alcance bien definido. la Ley Orgánica del Ambiente y las normas que rigen el servicio eléctrico nacional. debe ser objeto de un tratamiento regulatorio idéntico al que reciben las empresas privadas. debería introducir mecanismos de tipo económico y de control que permitan internalizar las ineficiencias derivadas del uso no racional de los recursos energéticos. En segundo lugar. pueden y deben ser utilizados para integrar un capítulo de la política energética dedicado al uso eficiente de la energía. ⇒ Uso de los instrumentos de política Otra cuestión significativa es que en las estrategias de instrumentación de la política energética. basada en la medición del consumo. porque para llegar al mayor número de consumidores a través de precios competitivos es necesario tener un estricto control sobre los costos. de tal manera que exista una verdadera distinción entre el desempeño eficiente y el que no lo es. normas o estándares basados en el uso eficiente de la energía. Cada uno de estos instrumentos legales. es a la vez usuario y productor de recursos energéticos y detenta el monopolio legal sobre el comercio del gas natural. todo ello en las fases de producción. por ejemplo. y concretamente en lo relativo al uso eficiente de la energía. la Ley que reserva al Estado la industria del Gas. Adecuación del marco legal vigente para el desarrollo de una política relativa al uso eficiente de la energía 26 . Finalmente. Esta participación decisiva del Estado en prácticamente todas las etapas en las que consiste la gestión de los recursos energéticos es poco favorable a la eficiencia. como son la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. el administrador de una empresa está obligado a rendir una buena gestión porque así lo exige el interés de los accionistas. Por otra parte. una tarifa que refleje el consumo real y toda una estrategia destinada a promover el uso de los bienes y servicios en cuya elaboración o producción se hayan empleado criterios. ⇒ Derechos de propiedad y competencia Otro elemento relevante a considerar tanto en la formulación de políticas como en el desarrollo legislativo es la asignación de derechos de propiedad. siguiendo un orden descendente. en lo que al usuario o consumidor se refiere.provocan al ambiente. En el ámbito de la empresa privada. 2. la mejor forma de favorecer la eficiencia energética es la competencia. sin privilegios ni subsidios de funcionamiento. El Estado ejerce el control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.
En lo que se refiere al papel del Estado como promotor de iniciativas privadas orientadas a introducir en el mercado el uso de tecnologías y equipos basados en la eficiencia energética. en la Ley Orgánica del Ambiente. y a obtener por parte del Estado la protección que garantice la efectiva vigencia de los derechos anteriores. Por consiguiente. los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución han sido consagrados con la amplitud suficiente como para dar cabida a una regulación que vendría a desarrollar en detalle algunos principios de la libertad económica como serían el derecho a la información. Igual cobertura amplia y suficiente ofrece. la Ley que reserva al Estado la Industria del Gas y las normas que regulan el sector eléctrico. el ordenamiento jurídico existente es perfectamente compatible en sus principios y en su alcance con cualquier iniciativa promovida a los efectos de regular dicho concepto. a los efectos de su regulación detallada. particularmente en las competencias fijadas a los ministerios de Industria y Comercio y de Energía y Minas. la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.Aunque no existe en el ordenamiento jurídico venezolano alguna norma constitucional o legal que establezca de manera específica el concepto del “uso eficiente de la energía” como un derecho o deber de los particulares. al enfocarse la problemática desde esa perspectiva integral que se propone. Como ha podido apreciarse del análisis efectuado al ordenamiento jurídico vigente. transmisión o transporte y distribución de recursos energéticos encuentra perfecta cabida. en lo que respecta también a los derechos del usuario o consumidor. a la libre elección del ciudadano en cuanto consumidor y a la protección de la salud. entendido el mismo en su doble significación. como potestadfunción del Estado y como derecho-deber de los particulares. la Ley Orgánica de la Administración Central. ofrece amplio fundamento para este tipo de regulación. 27 . en su carácter de propietario de los recursos naturales generadores de energía. Por último. los aspectos relativos a la protección ambiental y eficiencia energética en la producción. la regulación del uso eficiente de la energía deberá fundamentarse y formularse teniendo en consideración toda la normativa citada y no sólo aspectos parciales o separados de la misma. o como gestor de intereses colectivos. ni como un fin inmediato del Estado.
de manera resumida. las bases constitucionales y legales antes aludidas. la fiscalización. control y conservación de los recursos energéticos. por una parte. ⇒ Ley de Protección al Consumidor y al Usuario Esta Ley está orientada a la Protección de los derechos económicos de los usuarios y consumidores. ⇒ Ley Orgánica de la Administración Central Esta Ley establece las competencias de los diferentes Ministerios con relación a la conservación. FUNDAMENTACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE REGULAR EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA En el presente aparte están contenidas. ya como consumidores o usuarios. 29 . en virtud de los cuales se garantiza. por el cual se garantiza la protección de la salud. regulación. los artículos 96 y 106 del Texto Fundamental. el estudio e investigación de los recursos energéticos para determinar su racional y oportuna explotación. en todas las relaciones que implican la adquisición de bienes y servicios. ⇒ Ley Orgánica del Ambiente En esta ley se establece que la conservación. que el Estado explotará y aprovechará los recursos naturales ubicados en su territorio siempre en beneficio de los particulares y. defensa y mejoramiento del ambiente son causas de utilidad pública. en cuya virtud tales cometidos deben formar parte del Plan de la Nación y el Estado debe garantizar la existencia de normas relacionadas con el uso racional de los recursos naturales y energéticos con las medidas a ser instrumentadas para el logro de dichos fines. que los particulares pueden participar libremente en la economía. y la normalización técnica. distribución y consumo de las distintas clases de energía. vigilancia. y desarrolla los conceptos de información.III. Como complemento. orientación y organización de los sujetos protegidos por sus disposiciones. ⇒ Bases constitucionales para la regulación En primer término. a partir de las cuales se puede construir el sistema regulatorio del uso eficiente de la energía. ya como proveedores de bienes o prestadores de servicios. por otra. certificación y control de calidad. protección y desarrollo de la producción de bienes y servicios. el artículo 76. la planificación. la producción. defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales renovables.
bajo una visión integradora del sector energético en su conjunto. 30 . la Ley Sobre Normas Técnicas y Control de Calidad y el Decreto contentivo de las normas sobre regulación del sector eléctrico. la política de uso eficiente de la energía incorporando elementos relativos a la producción de energía y a la protección ambiental. Además de las leyes mencionadas. servirán para dar desarrollar. habrán de considerarse adicionalmente la Ley Orgánica de Salud.⇒ Ley Orgánica que reserva al Estado la industria del gas Aunque sus disposiciones no serán útiles para la promoción de la competencia y la apertura del sector.
en nuestro criterio. amalgamando y dando consistencia a las acciones que se están llevando a cabo al respecto. y siempre que la acción del Estado no afecte la libre competencia. 2) La fijación de responsabilidades a nivel gubernamental. Adicionalmente. 3) Al crearse canales o vías que faciliten la elección de los consumidores y al propio tiempo concedan a éstos el derecho a mantenerse informados en torno a los usos. el consumidor puede presionar a los productores enviando señales acerca de sus preferencias y también para la obtención de un servicio más eficiente. niveles de eficiencia y costos similares o mejores que los convencionales. legales y reglamentarios que permiten crear la plataforma necesaria donde se fundamente una política nacional conducente al uso sostenible del recurso energético. promover y regular el uso eficiente de la energía serían. es necesario. 4) La regulación del uso eficiente de la energía constituye una finalidad del Estado fundamentada en la obligación que corresponde a éste de asegurar la efectiva realización de los derechos económicos y sociales garantizados a todos los ciudadanos. tales como el establecimiento del marco regulatorio en materia de fijación de precios y tarifas para equiparar el precio real de la energía con sus costos reales. No obstante. Esta política permitirá establecer programas y planes de acción concretos para el logro del objetivo de la sostenibilidad del recurso. BASES Y PRINCIPIOS PARA LA REGULACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA El análisis efectuado establece que existen fundamentos constitucionales. Ello será legítimo en la medida en que los bienes y servicios alternativos ofrezcan ventajas. para inducir. al sector industrial y al consumidor.IV. son aspectos fundamentales para fomentar el uso eficiente de la energía. Los principios a considerar. mientras que por su parte el productor o empresario presionaría a su vez al Estado para la emisión de una política que impulse y estimule el uso eficiente de la energía. bienes y servicios más convenientes. 31 . se producirá una saludable dinámica conforme a la cual. Dicha política debe incluir aspectos que involucren al sector gubernamental. prácticas. la eliminación paulatina de subsidios para enviar el mensaje a los consumidores del valor real de la energía y los beneficios del ahorro. los siguientes: 1) En un sistema basado en los principios de libertad económica. los consumidores son libres de inclinar su elección hacia aquellos bienes o servicios que mejor satisfagan sus preferencias. dentro de la cual el uso eficiente de la energía es parte medular. el Estado tiene la obligación de orientar esas preferencias promoviendo el uso o consumo de aquellos bienes o servicios que mejor se integran y armonizan a los propósitos de una política nacional como sería la de uso eficiente de los recursos energéticos.
sin afectar o falsear la libre competencia. 6) La regulación del uso eficiente de la energía concibe la intervención del Estado a través del desarrollo de mecanismos apropiados de información o de difusión que permitan a los usuarios conocer y adquirir los bienes y servicios más eficientes desde el punto de vista energético. 10) En su función de orientar a los consumidores en torno a los bienes o servicios más sustentables. debiendo igualmente controlar su efectiva observancia. De igual modo. patentes y servicios basados en el uso eficiente de la energía. la constitución de un fondo conformado por aportes públicos y privados para desarrollar la investigación. el Estado deberá implementar mecanismos para efectuar las pruebas correspondientes y otorgar certificaciones. al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 9) La política sectorial a diseñarse e instrumentarse debería tener como principal medio de ejecución la iniciativa privada porque el gobierno. tal como se ha hecho con éxito en otros países. 32 . con el objeto de apuntalar y consolidar en el país la política de uso eficiente de la energía. así como el fortalecimiento institucional. no podría ir muy lejos. dado que esta política se afianza más en los incentivos que pueda crear el Estado que en su acción interventora en la economía.5) La regulación del uso eficiente de la energía se orienta a la promoción y protección armónica de los intereses de los consumidores y usuarios. La utilización de los precios y tarifas como elementos estratégicos para la del consumo. capacitación y la educación del consumidor. a la protección de la salud y del ambiente y al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos energéticos. constituye un elemento de política indispensable para uso eficiente de la energía. marcas. Esta acción debidamente articulada y concertada con la empresa privada podría contribuir a la generación de un mercado de bienes y servicios eficientes desde el punto de vista energético. el Estado debe tender progresivamente a la fijación de estándares de adecuación tecnológica y de calidad de obligatorio cumplimiento. 7) orientación fomentar el importancia tarifarios. nutrida por los conceptos de apertura económica y desarrollo sustentable donde dicha política encontraría su natural desenvolvimiento. 11) Debería propiciarse. El marco regulatorio tendrá a su cargo la garantía de la seguridad jurídica de las inversiones y la protección del riesgo asumido al introducir nuevas tecnologías. respecto de lo cual también resultará de capital la información de los usuarios y la claridad y transparencia de los sistemas 8) El escenario deseable para la regulación del uso eficiente de la energía es aquél donde las reformas sectoriales (nuevo marco regulatorio e institucional) hayan sido dictadas. porque es dentro de una concepción moderna. el Estado debe crear las condiciones de mercado y los incentivos apropiados para favorecer las inversiones en tecnologías basadas en el uso eficiente de la energía. ya sea dictando normas o planes. Por tanto. ahorradores de energía.
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Entre las opciones a considerar estaría la de un Reglamento de la Ley Orgánica del Ambiente. sin esperar la nueva legislación. por ejemplo. Con fundamento en las consideraciones. de principios relativos al uso eficiente de la energía. pero si se trata de incentivos para el fabricante nacional del tipo rebaja del impuesto sobre la renta. podemos resumir que en la tarea de regular el uso eficiente de la energía. así como mediante la fijación técnica de normas orientadas al ahorro y a la certificación de productos. un primer comentario a formularse es que sería ideal poder incorporar en algunos proyectos de ley sometidos a la consideración del Congreso (Ley del servicio eléctrico nacional. tal como lo dispone el artículo 36. que permiten formular el “esbozo” de lo que sería el marco regulatorio para el uso eficiente de la energía. divulgación y participación. como se sabe. procurando instrumentar reformas sectoriales basadas en la competencia y los derechos de propiedad y garantizando el acceso a los mercados de todas aquellas iniciativas que contribuyan al uso eficiente de la energía. la cual. Más factible —y viable desde el punto de vista político— parece ser gestionar la incorporación a nivel legislativo. deberá avanzarse en el plano institucional. 33 .12) A los fines de lograr esa necesaria articulación entre el uso eficiente de la energía desde el punto de vista del usuario o consumidor final y el manejo de las fuentes energéticas. Una de las ventajas de esta fórmula es que podría perfectamente establecer normas dirigidas al sector eléctrico y de hidrocarburos. ley del gas). el instrumento donde deberá estar contemplado el supuesto de rebaja sólo puede ser la ley y no un decreto presidencial. pero procediendo a regular de inmediato la materia por vía de reglamento. por un lado. numeral 2. debe ser manejada en su totalidad por el gobierno nacional. mientras que un reglamento dictado en ejecución de la Ley de Hidrocarburos no podría contener normas dirigidas al sector eléctrico. el Estado cumpliría su cometido a partir de medidas de fomento. No cabe esperar razonablemente que se dicte una ley única reguladora del sector energía. algunas potestades al Ejecutivo Nacional que faciliten el manejo de la materia. mecanismos de información y control e incentivos fiscales o crediticios. dadas sus características de combinar normativa técnica. en cada una de las leyes en discusión en el Congreso. Otra ventaja sería la que ofrece esta Ley de permitirle al Presidente de la República dictar normas de coordinación institucional dirigidas a los Municipios. cierto tipo de incentivos —como los arancelarios para las importaciones— pueden ser establecidos por el Ejecutivo Nacional. todo ello diseñado teniendo como fundamento las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. Por otra parte. mecanismos de información. medidas de control. los cuales. o una reforma de la Ley Orgánica del Ambiente dentro de la cual se trate en forma específica el uso eficiente de la energía. la orientación de la política sobre la materia y por el otro. Con relación al tipo de regulación a proponerse y su categoría normativa. algunos principios regulatorios de orden general que establezcan. tienen competencias en materia de distribución y venta de energía eléctrica y de gas en las poblaciones de su jurisdicción.
tanto los de naturaleza ambiental. presentaría la ventaja de no imponer un sector sobre otro sino. pues mediante la misma podrían establecerse los mecanismos de control y fomento a partir de los precios y las tarifas. Sin embargo. podría afirmarse que esta opción presenta la ventaja de poder abarcar en un solo texto normativo. esta alternativa presenta igualmente la desventaja de la “diversidad” material que supondría regular simultáneamente aquellos aspectos (precios. 34 . Por consiguiente. con base en la Ley Orgánica del Ambiente. la electricidad y. todos los aspectos atinentes al uso eficiente de la energía. aspectos como son los relativos a precios de servicios públicos y educación del consumidor. Como quiera que existen numerosos antecedentes de otras materias reguladas de este modo. ofrecería la oportunidad de ver consideradas e incluidas las iniciativas y aportes de cada uno. como los de contenido económico y social. por el contrario. Una tercera opción sería un reglamento autónomo. fomentos) con otros atinentes a la explotación. tarifas. aprovechamiento y utilización de los hidrocarburos. La reglamentación de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario sería otra opción. en general. los recursos naturales renovables o no renovables. controles. el mismo no constituiría novedad en nuestro medio.La desventaja de esta opción sería la discutible posibilidad de regular. mediante el cual se regule la materia del uso eficiente de la energía con fundamento en las normas constitucionales y legales analizadas en este documento. Por otra parte.
La reforma administrativa permitirá dar un mejor tratamiento y énfasis a las competencias del Ministerio de Energía y Minas. reforzando su rol rector en la materia. se ha dado inicio al proceso de revisión general de la Constitución mediante la elección de una Asamblea Constituyente conformada por ciudadanos electos con el propósito de producir un nuevo texto fundamental. el de promoción y adecuación de políticas públicas y el de elaboración de las propuestas de regulación. Forma parte también del ámbito político la reforma del Estado y dentro de ésta la reforma del sector energía. y posteriormente a incluir en la nueva Constitución. El segundo elemento de la estrategia es. 35 . así como los principios del desarrollo sustentable. incorporados por cierto a casi todas las modernas constituciones. las áreas principales en las que corresponde profundizar y complementar la política sectorial están referidas a la integración de políticas sectoriales y a la introducción. la Ley reguladora del sector eléctrico y la Ley del gas. entre otras. Como se sabe. en consecuencia.V. un marcado interés por incluir disposiciones novedosas sobre derechos ambientales. profundización y puesta en ejecución de una política específica sobre uso eficiente de la energía. atribuyéndole funciones que le permitan ejercer verdadera influencia en la promoción de políticas públicas y estableciendo normas claras sobre coordinación institucional. ⇒ Promoción y adecuación de políticas públicas Un segundo grupo de estrategias apunta a la revisión. más allá del plano de formulación. lo relativo a la eficiencia en la explotación y uso de los recursos energéticos. de los elementos de incentivos. manifiesto interés en dar un tratamiento más actualizado y comprensivo a la materia de hidrocarburos. participación ciudadana y existe. Desde ya se percibe. la inserción de la política sobre uso eficiente de la energía en la reforma administrativa y en la reforma sectorial. Como se ha visto en el curso de este trabajo. ⇒ Ámbito político Venezuela vive una coyuntura política muy propicia para la promoción de regulaciones orientadas a afianzar los derechos y garantías de los ciudadanos. ESTRATEGIAS Las estrategias recomendables para lograr la efectiva inserción en el ordenamiento jurídico de una regulación con visión integral sobre uso eficiente de la energía comprenden tres ámbitos o escenarios: el político. además. en la actualidad se discute la reforma de un conjunto de leyes clave: La Ley Orgánica de la Administración Central. En efecto. desde todos los sectores políticos. un primer elemento de la estrategia a seguir consiste en realizar las tareas de difusión y de convencimiento que conduzcan a considerar. Por lo tanto.
Propuestas de regulación La regulación específica del uso eficiente de la energía vendría a ser el producto a obtenerse como consecuencia de la formulación de la política sectorial específica. Una vez determinados los objetivos. 36 . productores. gestión de la demanda y comunicación e información que deben considerarse con miras a un tratamiento comprensivo del tema. la recopilación de información legal pertinente.tecnología. la estrategia apunta a la convocatoria más amplia posible de todos los sectores. estrategias y metas del país en esta materia. comerciantes. la regulación vendrá a constituir el elemento de soporte y de ejecución de la política. normatividad técnica. la identificación de intereses y las formas de coordinación y de participación. En todo caso. En este sentido. las oportunidades de negocios. es una actividad que perfectamente puede adelantarse en forma paralela a la de formulación de la política. reguladores y consumidores con el objetivo preciso de definir las áreas de acción. la consulta de sectores interesados y de expertos y la elaboración de documentos preparatorios para ser discutidos. fabricantes.
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Sarce Tovar

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 Artículo 7
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