Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831688.html
Timestamp: 2019-11-20 20:19:04+00:00

Document:
as201831688
AUTO SUPREMO Nº 688
Expediente: 378/2017
Demandante: Luis Lima Roca
Demandado: Entidad de Fiscalización y Control Social de
Segundo Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Terán
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 177 de obrados, interpuesto por Aldo Isaías Chávez Águila, en calidad de Director Departamental de Pando de la Entidad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), contra el Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 170 a 172), en el proceso social de pago de subsidio de frontera seguido por Luís Lima Roca contra la entidad recurrente; el Auto Supremo Nº 378-A de 30 de agosto de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 189 y vta.), los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, administrando justicia en primera instancia, emitió la Sentencia Nº 198 017 de 28 de abril de 2017 (fs. 153 a 155), que declaró probada en parte la demanda de fs. 4 y vta., ordenando a la entidad demandada cancele a favor de Luís Lima Roca la suma de Bs.43.531.- (cuarenta y tres mil quinientos treinta y uno 00/100 Bolivianos) por concepto de subsidio de frontera de las gestiones 2010 a 2014; que debe ser cancelado dentro de tercero día de ejecutoriada la presente Resolución.
En grado de apelación, promovido por Aldo Isaías Chávez Ávila, en calidad de Director Departamental de Pando de la ABT (fs. 158 a 160 vta.), mediante Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio de fs. 170 a 172, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, confirmó la Sentencia apelada, con costas y costos al apelante.
Contra el referido Auto de Vista, Aldo Isaías Chávez Ávila, en calidad de Director Departamental de Pando de la ABT, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 175 a 177 de obrados, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 378-A de 30 de agosto de 2017 (fs. 189 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:
Denuncia que en el Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio, se evidencia la ausencia de la debida motivación, y previa trascripción de los Considerandos I, II y III de la referida Resolución, señala que de dichos argumentos escuetos, se confirmó la Sentencia apelada, sin tomar en cuenta los fundamentos de nuestra apelación sobre la incompetencia del Juez, y la impersonería de mi persona como Director Departamental de la ABT en Pando, tal como lo manifestaron en su apelación y concluye expresando que de conformidad a lo señalado por los arts. 271, 274 y 276 del Código Procesal Civil (CPC-2013), plantean el presente recurso de casación en la forma, ya que de conformidad con los arts. 27 y 33 del DS Nº 0071 de fecha 9 de abril de 2009, el único representante legal de la ABT es el Director Ejecutivo y no el Director Departamental de Pando, por lo piden a “ese Tribunal de Alzada cazar el auto de vista” (sic).
Alega que no corresponde el pago de bono de frontera a consultores en línea ni al personal eventual porque los contratos de consultoría son de naturaleza administrativa y se celebran al amparo de las siguientes disposiciones: Constitución Política del Estado, Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), DS Nº 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación y otras disposiciones relacionadas.
Continúa señalando que, del análisis de la normativa que origina la vinculación contractual con la entidad, se establece con precisión que de acuerdo al enfoque establecido en la Ley Nº 1178, las contrataciones de personal eventual y de consultorías, devienen de un sistema diferente, una del Sistema de Administración de personal y otra del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, el art. 2 determina que ambos sistemas están destinados a ejecutar las actividades programadas.
Indica también que, las contrataciones de personal eventual, al estar normadas por el Estatuto del Funcionario Público, el Decreto Reglamentario a la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento Interno de Personal de la ABT, conllevan el cumplimiento imperativo de resguardar cualquier situación de incompatibilidad o que genere conflicto de interés en el ejercicio de la función pública; y que en el caso de personal eventual rigen para su ejecución las normas establecidas en el Estatuto del Funcionario Público y el DS Nº 25749, Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 2027, la responsabilidad por los resultados obtenidos, su nivel de dependencia y todo lo relacionado con el cumplimiento de las funciones asignadas está regulado por la previsión establecida en el art. 28.c) de la Ley Nº 1178 y las disposiciones del DS Nº 23318 modificado por el DS Nº 26237 del Reglamento por la Responsabilidad Pública.
Finaliza manifestando que, la modalidad adoptada para el contrato de personal eventual, contrato administrativo, es de duración definida, con cargo a fondos del presupuesto aprobado para la presente gestión con la fuente del Tesoro General de la Nación Partida 12100; en consecuencia, se declaran absolutamente inaplicables las normas contenidas en la Ley General del Trabajo y sus disposiciones legales conexas, por lo que, piden a este “Tribunal de Alzada, que en aplicación de una pristisima administración de justicia, se dispongan cazar el auto de vista” (sic).
Concluye solicitando resolver el recurso de casación en la forma y en el fondo, casando el Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
De acuerdo al informe de fs. 180 de obrados, se advierte que la parte demandante no respondió al recurso planteado de fs. 175 a 177 de obrados.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 177, para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones de forma previamente:
Respecto a la ausencia de la debida motivación en el Auto de Vista recurrido porque confirmó la Sentencia apelada sin tomar en cuenta los fundamentos de la apelación sobre la incompetencia del juez y la impersonería del Director Departamental de la ABT; cabe señalar que, por su trascendencia, este Tribunal Supremo de Justicia considera conveniente puntualizar que del contenido del recurso se entiende que la institución recurrente alega causal de nulidad ya que las autoridades jurisdiccionales hubieran obrado sin competencia por cuanto el demandante suscribió contrato administrativo-personal eventual de consultor bajo los lineamientos de las Leyes Nos. 1178 y 2027, y el DS Nº 26115 y no así bajo los términos de la Ley General del Trabajo y que también existió impersonería del demandado porque tanto él como el demandante fueron designados por la Dirección General de Bosques de la ABT.
Al respecto, de la revisión de antecedentes procesales se advierte que por Auto Motivado de 17 de marzo de 2017 (fs. 136 y vta.) el entonces Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, declaró improbadas las excepciones previas de impersonería en el demandado y de incompetencia, planteadas en el memorial de contestación de la demanda (fs. 121 a 125) y ordenó; en consecuencia, la prosecución de la causa hasta dictarse sentencia.
La mencionada Resolución fue notificada a la entidad demandada hoy recurrente el 20 de marzo de 2017 (diligencia de fs. 138), la misma que interpuso el recurso de apelación contra el referido Auto de 17 de marzo de 2017, que declaró improbadas las excepciones previas de incompetencia e impersonería del demandado de fs. 148 a 149 vta., concedido en efecto diferido por Auto de 27 de marzo de 2017 de fs. 149 vta., notificado el 27 de marzo de 2017 (fs. 151). Posteriormente, se emitió la Sentencia Nº 194 017 de 28 de abril de 2017 de fs. 153 a 155 de obrados, que ameritó la presentación del recurso de apelación y que entre sus agravios, vuelve a reclamar respecto a la determinación de las excepciones previas (ver fs. 158 a 160 vta.) y corrido el traslado respectivo, se concedió el recurso en el efecto suspensivo, por lo que, se remitieron obrados ante el superior en grado previo emplazamiento de partes, conforme consta en el Auto de 25 de mayo de 2017 de fs. 163 de obrados.
Posterior a la radicatoria de la causa y sorteo respectivo, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando emitió el Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio, el cual no realizó pronunciamiento alguno respecto a las excepciones previas de incompetencia e impersonería del demandado, las cuales fueron como ya se explicó, fueron concedidas en efecto diferido y no ameritaron respuesta por parte del Tribunal ad quem.
En ese sentido, corresponde señalar que, tradicionalmente la doctrina del Derecho Procesal, define la excepción previa como la defensa que el demandado ejerce para paralizar o extinguir los efectos de la demanda. Las excepciones son de carácter procesal y no consideran el derecho sustancial o de fondo.
Conforme al art. 367, del CPC-2013, “El auto interlocutorio que resolviere excepciones previas, admitirá recurso de apelación con efecto diferido” y, para el caso en que la resolución declare “probadas las excepciones de incompetencia (…) admitirá recurso de apelación en el efecto suspensivo”. (el resaltado es añadido).
Sobre el mismo tema, mientras se encontraba vigente el anterior Código de Procedimiento Civil, asimismo considerando la SC N° 2852/2010-R1
, conforme a la definición legal del Código Procesal Civil y la jurisprudencia de éste Tribunal y la establecida por el Tribunal Constitucional, se establece que, las excepciones previas declaradas improbadas pueden ser objeto de apelación en el efecto diferido, y como aconteció en el presente caso; por consiguiente, correspondía que se observe el trámite establecido por el art. 259.3 del citado adjetivo civil, que señala:
“El recurso de apelación, sin perjuicio de lo establecido para la ejecución provisional de las sentencias y autos definitivos, a que se refiere el artículo 402 de este Código, se concede: (…) En el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, se reservará la interposición y fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuere apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se tendrá por retirada” (las negrillas son añadidas).
En ese sentido y considerando los antecedentes del caso presente, el Juez de primera instancia, declaró improbadas las excepciones de incompetencia e impersonería del demandado, que fueron concedidas en efecto diferido; sin embargo, las mismas en grado de apelación no ameritaron pronunciamiento alguno en el Auto de Vista Nº 234/2017 de 27 de junio, ahora impugnado tanto en el fondo como en la forma en cuanto a las referidas excepciones; siendo por demás evidente que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso, incurriendo en una falta de fundamentación y motivación al no absolver los agravios planteados sobre las excepciones previas citadas en la apelación de la entidad recurrente de casación, recayendo en una incongruencia citra petita, ya que no se pronunció sobre todos los puntos que fueron cuestionados en la apelación sometida a su conocimiento, que originó una falta de pronunciamiento total del recurso de apelación planteado por la parte recurrente; razón por la cual la determinación asumida por este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Tribunal de alzada acomode su Resolución acorde a los principios que rigen la Constitución, velando garantizar el debido proceso y dotando de legitimidad sus Resoluciones.
Las consideraciones efectuadas, eximen a este Tribunal, analizar el fundamento del recurso de casación en el fondo, pues en función de lo expuesto, este Tribunal asume un criterio anulatorio hasta la enmienda de los errores anotados y de la omisión incurrida respecto al trámite esencial de las excepciones previas; correspondiendo fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220.III.1.c) del CPC-2013, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ANULA el Auto de Vista N° 234/2017 de 27 de junio de fs. 170 a 172, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en ambos recursos de apelación (contra las exenciones previas planteadas y contra la Sentencia) respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.
No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs. 150.- (ciento cincuenta 00/100 Bolivianos) a cada uno de los Vocales del Tribunal Ad quem por la manifiesta inobservancia e incongruencia omisiva en su fallo emitido.
Se recomienda al Tribunal de alzada mayor atención en cuanto la consideración de las apelaciones que conoce, para evitar nulidades que afecten la celeridad del proceso.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.
1 "Del citado artículo se puede constatar que el numeral 1 refiere que la apelación en el efecto diferido procederá contra los autos interlocutorios que resolvieren excepciones previas, sin realizar ninguna distinción sobre ellas, lo cual conllevaría a la posibilidad de aplicar el citado efecto a las excepciones previas, sin importar si éstas fueron probadas o desestimadas por el juez de primera instancia, lo que desnaturalizaría el proceso civil, por la aplicación de nomas adjetivas en cumplimiento estricto de ellas, cuando materialmente caerían en la irracionalidad. En todo caso, y realizando una interpretación de la normativa jurídica contenida en el art. 24.1 de la LAPCAF, de manera integral dentro del contexto de las demás normas citadas previamente, debe comprenderse que el efecto de la apelación incidental interpuesta contra una excepción previa, procederá únicamente cuando dicha excepción se desestimó por el Juez de instancia, por cuanto, como se señaló precedentemente, al haber sido rechazada, el proceso no concluye, sino más bien, continúa con su tramitación. Criterio no aplicable, al contrario, cuando dicha excepción se declaró probada, en ese caso, no corresponderá la alzada en el efecto diferido, sino la apelación directa porque ahí se pone fin al litigio, habida cuenta que en el primer caso, mientras la excepción no se hubiere declarado probada, constituiría únicamente una mera pretensión del demandado".

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 402
 resolución 
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 Resolución