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Timestamp: 2019-09-17 06:51:58+00:00

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﻿ Sentencia 13180 de junio 5 de 2003
SENTENCIA 13180 DE 05 DE JUNIO DE 2003
Sentencia 13180 de junio 5 de 2003
Jorge Luis Quintero Milanés
Aprobado Acta Nº 063
Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil tres.
EXTRACTOS: «Hechos
El juzgador de segunda instancia los sintetizó en los siguientes términos:
“En la mañana del seis (6) de abril del año próximo pasado (sic) (1995), y concretamente faltando un cuarto para las 6, Walter Antonio Jaramillo Ríos se dirigía, como de costumbre, a su sitio de trabajo, desde su residencia ubicada en zona urbana del municipio antioqueño de Vegachí, al ingenio situado en la misma localidad donde debía coger turno a las seis de la mañana. Cuando transitaba por la calle “Los Vidales”, el agente Milton Jurado Sánchez, luciendo cachucha, poncho, camisilla blanca, sudadera oscura y el rostro cubierto con un “trapo verde”, le salió al paso, sacando a relucir arma de fuego que disparó en repetidas ocasiones en contra de Walter Antonio, hasta agotar la munición, sin que lograra hacer blanco en su humanidad.
“Jurado Sánchez, en su furtiva carrera, emprendida con el fin de abandonar el lugar de los hechos, chocó contra “una barranca”, a consecuencia de lo cual se le cayó el atuendo con que cubría su rostro, lo que permitió, no solo que la víctima confirmara de quién se trataba, sino que otras personas lo identificaron”.
Ante todo, es necesario reiterar, una vez más, que la casación no es una tercera instancia, donde en forma libre se puedan hacer toda clase de cuestionamientos a una sentencia que, por ser la culminación de todo un proceso, está amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, sino que se está en presencia de un medio de impugnación extraordinario y rogado, en el que sólo es posible acusar los errores de juicio o de procedimiento cometidos por el fallador, demostrarlos y evidenciar su trascendencia en la parte dispositiva del fallo, parámetros que no fueron observados por el censor, por lo que desde ya se manifiesta que los cargos formulados bajo el lineamiento de la violación indirecta de la ley sustancial están condenados al fracaso.
Cargos del primero al noveno del capítulo primero y del primero al tercero del capítulo segundo.
1. Acusa al tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por “errores in iudicando” generados en varios falsos juicios de existencia por omisión y de identidad, yerros que condujeron a la violación de los artículos 247, 249, 254, 294, 300, 301, 302 y 333 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo, considera que, de manera directa, se quebrantaron los artículos 81, incisos 2º, 3º y 4º, de la Ley 190 de 1995 y 29 de la Constitución Política y, de manera indirecta, los artículos 22 y 323 del Código Penal.
1.1. Los falsos juicios de existencia que denuncia son los siguientes:
a) Haber omitido el hecho de que entre las cinco y cinco y cuarenta y cinco de la mañana, cuando llueve, la visibilidad se reduce notoriamente, razón por la cual los testigos presenciales del acontecer fáctico (Rafael Ángel Álvarez y Amanda de J. Holguín) no pudieron identificar al autor de los disparos (cargo primero).
b) Haberse omitido, de manera parcial, la versión del procesado, según la cual, se puede deducir que Conrado Emilio Barrientos no pudo ver al agresor (cargo segundo).
c) Haber omitido la declaración de Conrado Emilio Barrientos, toda vez que su dicho es mentiroso y no concuerda con los testimonios veraces (cargo tercero).
d) Haberse omitido la declaración de Fabio Alberto Cañaveral Salazar, quien informó, bajo la gravedad del juramento, que el denunciante tiene la capacidad de manipular las personas en el municipio de Vegachí (cuarto cargo).
e) Haber omitido el testimonio de Luis Javier Gómez Correa, quien explicó que el denunciante no había precisado la identidad de su agresor, que éste no se cubría el rostro, que sólo percutió el arma en tres oportunidades y que transcurrida una semana después de la ocurrencia de los hechos, se enteró que la persona autora de los disparos era un policía, sin conocer su nombre (cargos quinto, octavo y noveno).
f) Haberse omitido la declaración de Carmen Elena Gómez Bedoya, quien explicó que el denunciante no precisó la identidad de su agresor (cargo sexto).
g) Haber omitido la declaración de Roger Palencia Castillo, quien le consta que fue Walther (sic) Jaramillo el que solicitó la cita con el procesado (cargo séptimo).
1.2. Los falsos juicios de identidad que denuncia son los siguientes:
a) Haberse tergiversado el testimonio de Luis Javier Gómez Correa respecto a que él nunca identificó al autor de los disparos (cargo primero).
b) Haber distorsionado la declaración de Roger Palencia Castillo, en el sentido de que fue el procesado quien buscó la entrevista con el denunciante (cargo segundo).
c) Haberse tergiversado los testimonios de Luis Javier Gómez Correa, Rafael Ángel Álvarez y Carmen Elena Correa de Bedoya, en razón de que se consideró que el agresor había agotado la munición del arma, cuando de las citadas declaraciones se colige que sólo fueron tres disparos (cargo tercero).
Considera que de no haberse cometido los anteriores yerros probatorios, el juzgador habría concluido que las versiones del denunciante y de los testigos de cargo son mentirosas.
2. Estos reproches, han debido formularse en un solo cargo, pues si las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto por el juzgador, también deben ser atacadas mancomunadamente, máxime cuando el actor pretende demostrar la irresponsabilidad de su procurado, y no elaborar un cargo autónomo por cada una de ellas, pues tomados aisladamente, podrían no tener la trascendencia para derrumbar el fallo, lo que, eventualmente, se podría lograr al postularse un único reproche, desde luego que respetando el principio de no contradicción.
3. Del mismo modo, el demandante incurre en los siguientes desatinos que condenan al fracaso todas las censuras:
No distingue entre normas sustanciales y procesales, pues las mezcla indistintamente, tal como sucede, entre otras, con los artículos 247, 249, 254 y 294 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época. Además, evidencia que desconoce que cuando se demanda la violación indirecta de la ley sustancial, la transgresión de la norma es mediata, motivo por el cual constituye otro desatino predicar la transgresión directa del artículo 81 de la Ley 190 de 1995. Así mismo, tampoco señaló el sentido de la violación de los artículos 22 y 323 del Decreto 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, es decir, si lo fueron por falta de aplicación o aplicación indebida.
De otra parte, en forma incoherente y confusa y quebrantando el principio de autonomía, al tenor del cual, al interior de un mismo cargo no se pueden mezclar ataques correspondientes a causales distintas, pues cada una tiene características y reglas técnicas de demostración diferentes y produce diversas consecuencias jurídicas, cita también como normas vulneradas los artículos 333 del Código de Procedimiento Penal y 29 de la Constitución Política. Si estimaba que el sentenciador vulneró los principios de investigación integral y del debido proceso, ha debido presentar y desarrollar de manera separada, respetando el principio de prioridad, y por los senderos de la causal tercera de casación, el desconocimiento de dichos postulados.
En cuanto a los falsos juicio de existencia y en lo relacionado con que la versión del procesado fue apreciada parcialmente, se observa que equivocó la vía del ataque, ya que, como lo tiene dicho la Corte, cuando el juzgador valora parcialmente un medio de convicción no debe entenderse su falta de valoración sino su tergiversación, ya que el yerro consiste en falsear el contenido material de la prueba, en forma tal que no hay identidad entre lo que ella materialmente dice y lo que el sentenciador manifiesta que su texto contiene, razón por la cual ha debido fundar el reparo en el error de hecho por falso juicio de identidad.
En lo que atañe a las declaraciones de Conrado Emilio Barrientos, Luis Javier Gómez Correa, Carmen Elena Correa de Bedoya y Roger Palencia Castillo, presuntamente omitidas, no demostró, como era su deber, que efectivamente no fueron tenidas en cuenta en el estudio mancomunado de las pruebas y, menos, evidenció su trascendencia frente a la parte conclusiva de la sentencia, es decir, que de haber sido apreciadas, necesariamente, según sus argumentos, el fallo habría sido absolutorio.
Por el contrario, centra su discurso en oponerse a las conclusiones valorativas que el tribunal obtuvo de los citados elementos de juicio, lo que por sí solo evidencia que el ad quem si tuvo en cuenta tales testimonios, predicando que de ellas se advierte la mendacidad del denunciante y su interés en perjudicar al procesado.
En otras palabras, el actor discrepa de la credibilidad otorgada o negada a tales declaraciones, lo que no configura desatino demandable en casación, dentro del método de la persuasión racional que nos rige, en el que el juzgador goza del poder discrecional de valorar la prueba, sólo limitado por los postulados de la sana crítica.
De otro lado, en cuanto al testimonio de Fabio Alberto Cañaveral Salazar, si bien no fue valorado por el tribunal, de todos modos el yerro no es trascendente, ya que el dicho del deponente no aporta ningún elemento respecto del acontecer fáctico, refiriéndose a hechos distintos a los aquí investigados, tal como lo resalta el procurador delegado.
En lo que atañe a los falsos juicio de identidad, vulnera el principio de no contradicción, toda vez que sobre los testimonios de Luis Javier Gómez Correa, Roger Palencia Castillo y Carmen Elena Correa de Bedoya, afirma, de manera simultánea, que fueron omitidos y, al mismo tiempo, tergiversados, postura que resulta contradictoria e ilógica, ya que no se puede predicar sobre un mismo elemento de juicio que fue y no fue tenido en cuenta.
Así mismo, como sucedió en los falsos juicios de existencia, no demostró en qué consistieron las tergiversaciones predicadas de los citados medios de prueba, ni su trascendencia frente a la parte conclusiva de la sentencia impugnada, esto es, que del texto de la declaración de Gómez Correa se advierte que no se identificó al autor de los disparos, que no fue el procesado quien buscó la entrevista con la víctima y que sólo fueron tres los disparos, y que de haberse apreciado en su contenido literal, necesariamente la sentencia habría sido absolutoria.
Ahora bien, si lo pretendido por el censor era acusar que el tribunal al valorar el mérito de las pruebas citadas, así como la versión del denunciante, vulneró los postulados de la sana crítica y que este yerro lo llevó a declarar una verdad distinta de la que revela el proceso, tal como se advierte cuando afirma que alguna de aquellas declaraciones no fueron apreciadas conforme a la lógica y a la experiencia, ha debido orientar los reproches por la vía del error de hecho por falso raciocinio, indicando cuáles fueron las leyes científicas o los principios lógicos o las reglas de la experiencia quebrantados, de qué manera lo fueron y cuál su incidencia en la parte resolutiva del fallo, labor que tampoco realizó.
Finalmente, en lo relativo a la prueba indiciaria, no dice si lo dirige contra la prueba del hecho indicador (evento en el cual ha debido expresar cuál fue la naturaleza del yerro cometido por el ad quem, si de hecho o de derecho, y el falso juicio que lo determinó), o contra el proceso intelectual valorativo de la inferencia lógica (caso en el cual ha debido decir cuáles fueron las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia común infringidas, de qué manera lo fueron y cómo ese desatino llevó a declarar una verdad distinta a la que revela el proceso) o contra el proceso de valoración conjunta, al apreciar su articulación, convergencia y concordancia.
Si se entiende que el cuestionamiento lo orientó contra la inferencia lógica, ya que no comparte las deducciones del juzgador, entre otras, en el sentido de que en las horas de la mañana y cuando llueve la visibilidad es reducida, se encuentra que no lo desarrolla, pues no dice cuáles fueron los postulados de la sana crítica infringidos, ni cuál su incidencia en la parte conclusiva del fallo, limitando la disertación, al estilo de un alegato de instancia, a oponer sus conclusiones probatorias a las del fallador, sin percatarse que las de éste prevalecen por llegar la sentencia a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, máxime cuando alega la atipicidad, la falta de la antijuridicidad material en la conducta juzgada y la ausencia de dolo en el comportamiento del procesado.
En las precedentes condiciones, los cargos no prosperan.
Cargo subsidiario
1. Acusa la falta de consonancia entre la sentencia y la resolución de acusación, por cuanto en ésta no se incluyeron las circunstancias genéricas de agravación punitiva contempladas en los numerales 3º y 4º del artículo 66 del Decreto 100 de 1980, vigente para la época, por lo que el fallo no las podía deducir, rompiendo así la relación de causalidad que debe existir entre las dos decisiones, yerro que, a su juicio, condujo a la violación del derecho de defensa y del debido proceso.
2. En primer lugar, es oportuno recordar al procurador delegado que si bien la Sala ha aceptado que la falta de armonía entre la acusación y la sentencia constituye un error in procedendo que desquicia las bases de la investigación y del juzgamiento, motivo por el cual, se puede acudir tanto a la causal segunda como a la tercera de casación, también lo es que en determinados eventos, como en este caso, se pueden afectar los derechos fundamentales de los sujetos procesales, como es el de la defensa del procesado, ya que se le sorprende en el fallo con una imputación que no fue objeto de debate en el juicio por no ser considerada en la acusación.
En esas condiciones, no le asiste razón al procurador delegado cuando excluye el derecho de defensa como objeto de vulneración ante la desarmonía entre la acusación y la sentencia y, por ende, tacha de antitécnico el cargo presentado.
3. Hecha la anterior precisión y en cuanto atañe al tema propuesto, debe reiterarse que la congruencia como principio estructural del proceso y de garantía, impone que la sentencia debe guardar una adecuada relación de conformidad con la resolución de acusación en tres aspectos, a saber:
a) Personal, es decir, debe haber una íntima relación entre la acusación y la sentencia en lo relativo a los sujetos procesales. En otros términos, el fallo debe resolver la situación de cada uno de los sujetos que fueron objeto de imputación en el pliego acusatorio.
b) Fáctica, consistente en la identidad que debe existir entre los hechos y las circunstancias plasmadas en la acusación, con los fundamentos del fallo.
c) Jurídica, según la cual, debe haber una correspondencia entre la calificación dada a los hechos en la acusación y los consignados en el fallo. No obstante, este aspecto no es absoluto como los anteriores, toda vez que, teniendo en cuenta la normatividad vigente para la época de los hechos, “nuestra legislación permite al juez condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando pertenezca al mismo género, y la situación del procesado no resulte afectada con una sanción mayor. Si estas condiciones no se cumplen, habrá lugar, en principio, a solicitar la enmienda del fallo para ajustarlo al proceso definido en la acusación” (1) .
(1) Ver, entre otras, casación 10868 del 4 de abril de 2001, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.
Del mismo modo, en cuanto a las circunstancias genéricas objetivas y subjetivas de agravación punitiva, hoy denominadas de mayor punibilidad, la Sala ha aceptado que deben estar sometidas a juicios de valor, “y que frente a esta realidad, ambas especies deben aparecer imputadas en la resolución de acusación, o su equivalente, para que puedan ser objeto de deducción en la sentencia, no siendo necesario que se las identifique por su nominación jurídica o que sean citadas las disposiciones que las describe y señalan sus implicaciones punitivas (aunque lo ideal es que esto suceda), sino que el supuesto fáctico aparezca claramente definido en ella, y que no exista la menor duda acerca de su imputación (2) .
(2) Ver, entre otras, casaciones 11258 del 18 de diciembre de 2000 y del 21 de febrero de 2001, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote.
Por lo tanto, todas las circunstancias que impliquen incremento punitivo, específicas o genéricas, valorativas o no valorativas, deben hacer parte de la imputación fáctica y jurídica de la acusación para que puedan ser deducidas en el correspondiente fallo de mérito.
Sobre este específico tema, la Corte, de manera amplia, se refirió:
“Efectivamente, como éste lo afirma, viene siendo criterio reiterado de la Corte, el distinguir respecto de esta clase de agravantes, entre las denominadas objetivas y las subjetivas, siguiendo para ello la tradicional división y cualificación doctrinaria, admitida, tanto en el derecho interno como en el comparado, reconociéndose abiertamente en el ámbito jurisprudencial hacia 1994, cuando en fallo casacional del 9 de noviembre, con ponencia del entonces magistrado de esta corporación, doctor Dídimo Páez Velandia, luego de enfatizar sobre su carácter externo en relación con el tipo, por cuanto “no afectan en manera alguna la descripción legal de la conducta por la cual el procesado es llamado a responder en juicio criminal” pues “tan solo entran en acción al momento de dosificar la punibilidad ya que son criterios generales, señalados por el legislador, para que sirvan de guía al juez en la individualización judicial de la punibilidad”, remitió las “objetivas” a aquellas que son “evidentes con la sola narración del aspecto fáctico del proceso”, razón por la cual, “no requieren su mención expresa como agravante en la respectiva resolución acusatoria”, siendo suficiente su deducción debidamente fundamentada en la respectiva sentencia, quedando así respetado el derecho a la defensa, toda vez que, “nadie puede sentirse afectado en sus derechos si en la sentencia se le agrava la pena por haber actuado, por ejemplo, con la complicidad de otro, o de noche, etc., si en la resolución acusatoria al narrar los hechos se mencionaron dichas circunstancias, así no se hubiesen considerado expresamente como agravación genérica de la conducta ni mencionado las normas que las contienen”, no pudiendo, por tanto, “ser de recibo ciertamente sostener, en tal evento, que el pliego de cargos no las contiene”.
““Sin embargo, —se precisó en el mismo fallo— no escapa a la Corte que en la norma referida existen otras circunstancias que requieren de una valoración o análisis previos a su deducción, como sería el caso del “motivo innoble o fútil” o “la preparación ponderada del hecho punible” o “el infortunio o peligro común, aspectos que pueden tener diferentes interpretaciones según la óptica con que se examinen y las circunstancias mismas que rodean el hecho pudiendo ser objeto entonces de cuestionamiento en un momento determinado; de donde surge la necesidad de señalar claramente los presupuestos fácticos que las contienen o mencionarlas en la forma como lo hace la ley, así no se indique ésta en concreto, en el pliego de cargos o resolución de acusación en garantía del derecho de defensa para que pueda el procesado probatoriamente defenderse de esa imputación ya que de por sí su deducción le implica un incremento punitivo, así sea mínimo”.
“Igualmente, en fallo de casación de 30 de noviembre de 1999, con ponencia de quien ahora funge en la misma calidad, en punto de las denominadas circunstancias específicas del delito se explicitó cómo al integrar el tipo en cuanto lo implementan enriqueciéndolo en su contenido, bien agravando o atenuando la pena, pero de todas maneras formando parte de la prohibición; lo que no sucede con la nomenclatura con que el legislador los distingue, que como en esa oportunidad se profundizó, no integra la norma positiva, resultando, por tanto, intrascendente que en el pliego de cargos no se haya especificado el número del artículo contentivo de la circunstancia, ya que lo realmente importante es que en su concreción se impute además de la prohibición básica las circunstancias constitutivas legalmente del agravante, para así garantizarle al procesado el derecho de defensa al haber tenido conocimiento de ellas, y en estas condiciones pueda efectivamente ejercerlo.
“Así mismo y respecto de las genéricas y concretamente, de las denominadas subjetivas, que son las que aquí se cuestionan, realmente, y como lo afirma el censor, los calificativos deslindantes que ha sostenido la doctrina y admitidos por la jurisprudencia, en el sentido de distinguir respecto de las circunstancias genéricas de agravación punitiva entre las subjetivas y las objetivas, a la postre carece de la trascendente importancia que se le ha querido imprimir por el demandante, pues, en últimas, unas y otras están sometidas a valoración, sin que interese el calificativo que doctrinalmente se les dé. Lo fundamental en punto del respeto a los derechos y garantías constitucionales frente al procesado, es que, igualmente, se le hayan atribuido, ya que estando las dos sometidas a juicios de valor, el hecho de que respecto de las subjetivas su exigencia implique un plus mayor frente a las objetivas, en cuanto a la consideración de todos aquellos elementos de juicio que aun también manifestándose objetivamente al momento de exteriorizarse imponen su demostración, no significa que las dos no deban exigir esa clase de raciocinio.
“No se trata, entonces, de establecer juicios apriorísticos para que so pretexto de cuestionar la nominación de esta clase de circunstancias, es decir las genéricas, se infiera su no imputación en el pliego de cargos, cuando en su propio contenido legal se ha imputado, así no se haya utilizado esta expresión de atribuibilidad de la conducta, sino que, al igual que lo que sucede con las específicas, si bien estas no integran el tipo, lo exigible es que en la acusación no quede dada sobre la imputación del supuesto fáctico que con relievancia jurídica establece el legislador en su descripción, lo cual en ninguna forma excluye la valoración que se impone en el juzgador para su deducción, quedando todo remitido a un problema de denominación, por una parte, y de otra a la exigencia de un extremo formalismo que desconociendo los contenidos reales de las disposiciones positivas llega a convertir en rigorismo, quizá en interesados análisis sicológicos y filosóficos, desde luego, entendibles en pro del ejercicio del derecho de defensa, pero en el fondo desconocedores del contenido de las normas que las regulan, que deben ser el real objeto de la imputación, exigencia esta, que incuestionablemente, debe resultar comprensible en la acusación.
“No se trata, así, de entronizar el sorprendimiento de esta clase de circunstancias, como de ninguna en la acusación; y si esta no es la comprensión que emana del citado fallo del 9 de noviembre de 1994, debe entenderse aquí precisado, su alcance pues, por el contrario, su imputación es imprescindible. Distinto es que a una tal exigencia pretenda llevarse a extremos sacramentalismos, que a la postre conduzcan a convertir el proceso penal en mera forma, desconociendo el real sustento de la imputación y de la regulación positiva que contenga las circunstancias objeto de atribución.
“Es por ello que las recursivas disquisiciones del censor, apoyadas en importantes tesis filosóficas, básicamente de la teoría argumentativa, si se ubican en la realidad argumental que procede dentro de la dinámica procesal en nada resultan desconocidas con la distinción nominal de las circunstancias genéricas de agravación punitiva, entre subjetivas y objetivas, que ha venido utilizando la Corte, pues, como ya se dijo, unas y otras no pueden escapar de un previo juicio valorativo para poder ser deducidas. Cosa distinta es que dándole prelación al extremo formalismo, se pretenda ignorar la realidad de la dinámica procesal y la verdadera dimensión del derecho de defensa, ya que lo que importa para un juzgamiento debido es que, lejos del discurso especulativo, se le haya concretado al procesado el objeto de la acusación y que respecto de las circunstancias delictivas, estas resulten atribuidas en sus contenidos fáctico-legales”.
4. Planteadas así las cosas, en cuanto al error demandado, debe afirmar la Sala que al casacionista le asiste parcialmente la razón.
En efecto, si bien puede decirse que la resolución de acusación no es un modelo de providencia en su construcción jurídica, ello no significa que en sus consideraciones no haya quedado claramente imputada la circunstancia genérica de agravación punitiva prevista en el numeral 3º del artículo 66 del Decreto 100 de 1980, vigente para ese entonces.
La Fiscalía Seccional de Yolombó, teniendo en cuenta los hechos y sus circunstancias, en el citado pliego de cargos, textualmente realizó la siguiente imputación:
“La conducta punible del agente Milton Jurado Sánchez se ha enfocado hacia el homicidio tentado y en la misma se puede inferir el propósito de matar claramente deducible de la idoneidad del arma empleada para ello y de las circunstancias en que sucedieron los hechos, las mismas que nos indican que hubo un iter criminis en el que el agente esperó en lugar semidespoblado a su víctima, lo hizo tratando de ocultar su identidad para lo cual se cubrió el rostro y la cabeza y lo atacó de improviso; el hecho delictivo también tuvo principio de ejecución, pues como está demostrado el sindicado disparó toda la carga que tenía su revólver contra Walter Jaramillo y si el delito no se consumó fue por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, en este caso, dada la habilidad física del agredido, quien primero se arrojó al piso y luego corrió en zigzag, eludiendo la acción de las balas, ninguna de las cuales logró penetrar a su organismo” (negrilla ajena al texto).
Así, entonces, del contexto transcrito se advierte con claridad que dicha providencia acusatoria se refirió a las “circunstancias”, que rodearon el comportamiento desplegado por el procesado, precisando la manera como el mismo se desarrolló, esto es, que además de la naturaleza del arma utilizada, el “agente esperó en lugar semidespoblado a su víctima, lo hizo tratando de ocultar su identidad, para lo cual se cubrió el rostro y la cabeza y lo atacó de improvisto”, con el fin de sorprenderlo y, de esa manera, dificultar la defensa de la víctima y eliminar o disminuir los riesgos para el agresor, aspectos que encuentran cabal adecuación en lo que reglaba el numeral 3º del citado artículo 66.
En esas condiciones y de acuerdo con el texto transcrito de la providencia acusatoria, se impone concluir que la citada circunstancia genérica de agravación punitiva fue imputada fácticamente en el pliego de cargos.
No sucede lo mismo con la agravación genérica que preveía el numeral 4º del pluricitado artículo 66, es decir, “la preparación ponderada del hecho punible”, toda vez que de las consideraciones adoptadas en el pliego de cargos, no surge ninguna referencia naturalística ni jurídica que permita concluir que dicha circunstancia fue imputada al procesado, por lo que la Corte procederá a casar parcialmente y respecto de este punto la sentencia impugnada.
Además de lo precedentemente expuesto, no sobra recalcar que la Ley 599 de 2000, en su artículo 58, que consagra las circunstancias de mayor punibilidad, no incluyó “la preparación ponderada del hecho punible” como tal, lo que imponía a la Corte, en caso de no haber prosperado la censura, por virtud del principio de favorabilidad, tener en cuenta ese aspecto y, en consecuencia, a adoptar la medida jurídica correspondiente.
En esas condiciones, se procederá a redosificar el quantum punitivo, de la siguiente manera:
El tribunal, al revocar el fallo absolutorio y, en su lugar, condenar al procesado, estimó, al momento de tasar la pena, que no se podía partir del mínimo, es decir, de 12 años y 6 meses de prisión, ya que en el comportamiento del procesado concurrieron las circunstancias genéricas de agravación punitiva que consagraban los numerales 3º y 4º del Decreto 100 de 1980, razón por la cual impuso como pena definitiva la de 13 años de prisión.
Como quiera que la Corte casa parcialmente la sentencia, disminuirá el quantum punitivo en tres (3) meses por razón de la ausencia de la multicitada circunstancia genérica de agravación punitiva, quedando la pena, de manera definitiva, en doce (12) años y nueve (9) de prisión.
En lo que hace relación al principio de favorabilidad, por razón del tránsito de legislación, toda vez que el 25 de julio de 2001 entró en vigencia la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal, su análisis le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)
1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada. En consecuencia, condenar al procesado Milton Jurado Sánchez a la pena principal de doce (12) años y nueve (9) meses de prisión, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. En lo demás el fallo no se modifica.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen, cúmplase».

References: artículo 81
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 58
 artículo 79