Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-atc-117-268-j-272-17-19-1974-15355261
Timestamp: 2019-09-21 02:30:43+00:00

Document:
STC 165/1996, 28 de Octubre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355261
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.136/1994
1. Es doctrina de este Tribunal que, dada la estrecha relación existente entre principio dispositivo e incongruencia, ésta no existe cuando la resolución versa sobre puntos que, de acuerdo con la ley, el órgano judicial está facultado para introducir de oficio, como ocurre con las materias relativas a los presupuestos procesales por su carácter de orden público (SSTC 77/1986, 61/1989 y 222/1994 y ATC 1.329/1988). 2. Constituye también doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 C.E.); el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial, cuando de acceso a la jurisdicción se trata (STC 37/1995). 3. Entre los presupuestos o condiciones de los actos procesales y como requisito para su válida y eficaz realización, figura la determinación del lugar donde deben producirse. Por lo que se refiere, en concreto, al del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, aunque sólo indirectamente se desprende de las leyes orgánicas y procesales, la regla general es su presentación en la Secretaría del órgano judicial al que va dirigido, pues sólo de ese modo puede el Secretario extender diligencia para hacer constar el día y hora de la presentación y entregar a la parte el correspondiente recibo [arts. 268.1 y 283 L.O.P.J., 250 L.E.C. y 6.1 k) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales]. En segundo lugar, en el Registro General, cuando estuviere establecido tal servicio (art. 272.3 L.O.P.J.). Con este diseño legal se satisface adecuadamente el principio de seguridad jurídica, se tiene certeza del transcurso de los plazos procesales y los órganos jurisdiccionales pueden hacer efectivo puntualmente el impulso procesal de oficio. 4. Fuera de las horas ordinarias de despacho y por razones de integridad de los plazos procesales, se permite que pueda efectuarse en el buzón previsto en la Real Orden de 17 de noviembre de 1914, si existiere en el edificio judicial y el escrito se deposita antes de las veinticuatro horas del día anterior a la mañana en que es recogido. Y también en el Juzgado de Guardia de la sede del órgano judicial destinatario siempre que se trate de escritos de término, esto es, aquéllos para cuya presentación existe un plazo perentorio que vence precisamente el día en que se hace, generalizando así a todas las poblaciones en que está organizado el servicio de guardia el régimen jurídico dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 19 de junio de 1974 y 4 de octubre de 1984.
Sentencia citada en: 258 sentencias, 10 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 1.136/94 promovido por don Bartolomé A. N. representado por el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona y asistido del Letrado don Angel de Benito, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 8 de marzo de 1994, dictada en Autos sobre infracciones en materia de Seguridad Social. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 6 de abril de 1994 el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona, en nombre y representación de don Bartolomé A. N. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 8 de marzo de 1994.
a) La Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social en Resolución de 5 de noviembre de 1992 -notificada el 27 siguiente- desestimó la alzada interpuesta por el ahora solicitante de amparo contra la Resolución dictada por el Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares en 30 de octubre de 1989, en cuya virtud se le impusieron dos sanciones de multa por importes de 250.000 y 30.000 pesetas, respectivamente.
«... El escrito de interposición del presente recurso -razonaba la Sala- no se presentó ante esta Sala hasta el día 28 de enero de 1993, por lo que al haberse notificado a la actora la Resolución impugnada el 27 de noviembre de 1992, se ha de llegar a la conclusión de que se hizo fuera del plazo referido. Bien es verdad que dicho escrito fue presentado el día 22 de enero de 1993 en el Juzgado de Guardia de esta capital, pero dicha presentación debe estimarse incorrecta y no válida, habida cuenta que dicho órgano judicial sólo puede admitir escritos que deben presentarse el último día de un plazo perentorio y en horas en que no se halle abierto el Registro de entrada de los organismos en que debería haberse hecho; así se desprende de lo dispuesto entre otras disposiciones en el art. 12 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1974 y art. 45 del Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril. En consecuencia, al no haberlo hecho así, pues el día 22 no era el último día, sino que lo era el día siguiente 27, hábil, encontrándose durante esos días, salvo los inhábiles, abierta la Secretaría de este Tribunal, debe decretarse la inadmisibilidad del presente recurso...» (Fundamento de Derecho II).
En segundo lugar y con cita de la STC 121/1993, estima que el cómputo del plazo procesal se ha interpretado en sentido desfavorable a la efectividad del derecho fundamental. Como regla general todos los escritos forenses que estén sujetos a plazo perentorio han de presentarse en la propia sede del Juzgado o Tribunal destinatario de los mismos, pero la presentación del recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de Guardia cinco días antes de finalizar el plazo no puede determinar la inadmisión del recurso, «porque es palmario que se trata de un simple despiste. De ahí a decir que se presentó fuera de plazo, existe un abismo».
2. Ante todo la queja relativa a la incongruencia carece de consistencia. Es doctrina de este Tribunal que, dada la estrecha relación existente entre principio dispositivo e incongruencia, ésta no existe cuando la resolución versa sobre puntos que, de acuerdo con la ley, el órgano judicial está facultado para introducir de oficio, como ocurre con las materias relativas a los presupuestos procesales por su carácter de orden público (SSTC 77/1986, 61/1989 y 222/1994 y ATC 1.329/1988). Por tanto, en modo alguno puede tildarse de incongruente la decisión que, velando por la concurrencia de los presupuestos procesales legalmente previstos para la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo, declara su extemporaneidad por haberse presentado el escrito inicial fuera del plazo estatuido en el art. 58 L.J.C.A.
Fuera de las horas ordinarias de despacho y por razones de integridad de los plazos procesales, se permite que pueda efectuarse en el buzón previsto en la Real Orden de 17 de noviembre de 1914, si existiere en el edificio judicial y el escrito se deposita antes de las veinticuatro horas del día anterior a la mañana en que es recogido. Y también en el Juzgado de Guardia de la sede del órgano judicial destinatario siempre que se trate de escritos de término, esto es, aquéllos para cuya presentación existe un plazo perentorio que vence precisamente el día en que se hace, generalizando así a todas las poblaciones en que está organizado el servicio de guardia el régimen jurídico dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 19 de junio de 1974 y 4 de octubre de 1984.
No puede olvidarse, además, como dijimos a propósito del art. 45 L.P.L., que la presentación en el Juzgado de Guardia enlaza con la naturaleza imperativa, de orden público, de las reglas procesales y que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación de documentos (STC 48/1995, fundamento jurídico 4.). Es una posibilidad excepcional que como tal debe ser valorada y, por consiguiente, no es admisible que la determinación del lugar procedente para la presentación de documentos devenga en mera indicación del lugar preferente para efectuar esta actividad, perfectamente sustituible por otros en los que la norma pensó -es claro- designándolos como posibilidades subsidiarias de aquella principal (STC 44/1994, fundamento jurídico 2.).
STS 349/2017, 25 de Abril de 2017

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