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⭐Código Penal de Puerto Rico 2012
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Marina Río Casado
1 (P. del S. 2021); 2012, ley 146 (Conferencia) Código Penal de Puerto Rico Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012 Para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley , según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones; y para otros fines. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad. En cumplimiento de dicha responsabilidad constitucional, corresponde tomar las medidas necesarias para prevenir, controlar y reducir la incidencia de la actividad criminal. La formulación de leyes penales es un proceso continuo que obedece a las condiciones sociales en determinado momento histórico. Según expresan las teorías de legislación penal, todo Código Penal debe ser el reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad para la cual se legisla. Debe ser realista, acorde con los tiempos que se viven y lo suficientemente abarcador y flexible como para que se proyecte hacia un futuro previsible. Debe, además, ser susceptible de ajuste para atemperarlo a las situaciones cambiantes, según éstas suceden. Conforme fue reconocido en la Reforma Penal de 1974, el Código Penal no puede estar al servicio de minorías en la sociedad ni obedecer a los caprichos personales o individuales de unos y otros. Tiene que ineludiblemente responder al consenso de todos los sectores y de todos los intereses, interpretados en la forma más amplia y coherente posible. Mediante la aprobación de la Ley , según enmendada, se estableció en nuestra jurisdicción un nuevo Código Penal. Esta nueva legislación derogó el Código Penal de Aun cuando se reconoció el incalculable valor de este último y que el mismo fue el resultado de varias décadas de análisis por múltiples estudiosos de la materia, fueron motivos para su derogación que el mismo no logró establecer una base criminológica precisa y articulada, dejó de incorporar tendencias penológicas de la época; y mantuvo disposiciones que se habían insertado en nuestro ordenamiento legal provenientes del extranjero en conflicto con nuestra tradición y cultura jurídica. Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 149 de 18 de junio de Asimismo, fue señalado como lo más preocupante y, por consiguiente, motivo adicional para su derogación, que el Código Penal de 1974 establecía penas que no eran reales; que no guardaban proporción con la severidad relativa de los delitos; y la diferencia abismal entre la pena impuesta al convicto y la pena que realmente se cumple. Id. Así pues, fue aprobado el Código Penal de 2004, cuya aspiración fue prevenir individualmente la comisión de delitos mediante la reinserción social del confinado al alcanzar su rehabilitación y que sirviera de instrumento de prevención general mediante la afirmación de nuestros valores. Id. Se reconoce que el Código Penal de 2004 fue un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal. Sin embargo, se reconoció, incluso por la misma Asamblea Legislativa que aprobó la Ley , que dicha legislación, desde sus inicios tuvo deficiencias. Ello ameritó, por ejemplo, la promulgación inmediata de la Ley , la cual atendió las penas impuestas en delitos contra la persona, creándose así una nueva modalidad al 12 delito grave de segundo grado severo, aumentando las penas de reclusión impuestas por dicha conducta según tipificada. En la Exposición de Motivos de la ley, se expresa que a pesar de que las penas estatuidas en el nuevo código eran adecuadas para los delitos allí tipificados, se entendía apropiado establecer una pena mayor para ciertos delitos cuya comisión evidenciaban un claro menosprecio por la vida, el bienestar y la seguridad de otros seres humanos. Igualmente, desde su aprobación, el Código Penal de 2004 fue criticado porque se alejó de ser un instrumento de trabajo práctico para jueces, fiscales, abogados y policías, quienes son los que tienen a su cargo la implementación del mismo. Varios de sus artículos fueron descritos como excesiva e innecesariamente complicados. De igual manera, fue señalado que los artículos de nueva inclusión de la Parte General representaban una codificación de la teoría del delito continental procedente de jurisdicciones foráneas, curiosamente, al igual que en el Código Penal de 1974, están en conflicto con nuestra tradición jurídica y son productos de doctrinas minoritarias muy criticadas. El debido proceso de ley pone sobre la Asamblea Legislativa la obligación de que las normas que prescriben las conductas prohibidas deben ser claras y precisas, de manera que se respete el principio de legalidad. A base del mismo, fueron objetos de juicio crítico los siguientes puntos prevalecientes en el Código Penal de 2004: (1) La conservación de figuras jurídicas carentes de parámetros de aplicación y la inclusión de nuevas normas complejas e imprecisas que ponían en la práctica a los organismos de investigación y procesamiento criminal en desventaja, dejándole sin mecanismos de intervención para enfrentar a la duda razonable que garantiza la presunción de inocencia. (2) En cuanto a los principios que rigen la imposición de la sanción penal, la normativa sobre la aplicación de las penas, fue señalada como la razón más preocupante y atendida por el nuevo Código Penal de El mismo estableció que las penas fueran ajustadas al nivel reducido que se estaba cumpliendo dentro de la cárcel. En lugar de revisar el método mediante el cual se adjudicaban las bonificaciones por el sistema correccional, el Código Penal de 2004 redujo, en su gran mayoría, las penas a imponer por los distintos delitos tipificados, sustituyéndolo por un esquema de imposición de la pena basado en un sistema de grados en proporción a la severidad del delito. Este nuevo sistema lo que hizo en realidad fue absorber las bonificaciones automáticas que motivaron la derogación del Código Penal de El resultado de esta acción, según demostrado ante la Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales Especiales por varios comparecientes a las vistas públicas, fuertemente señala que durante estos años de vigencia del Código Penal de 2004, el nuevo sistema de grados, o sea, los intervalos de pena, no promueven la uniformidad en la imposición de las penas resultando en la imposición de sentencias disímiles por iguales hechos delictivos. (3) La introducción en nuestro ordenamiento jurídico penal de una nueva teoría jurídica del delito. Esta doctrina puso énfasis en la atribución de responsabilidad con base en la peligrosidad del hecho delictivo para poner en riesgo o lesionar un bien jurídico protegido. Con este acercamiento se tomó el hecho punible como punto central de la perspectiva punitiva del delito. Esta doctrina contrasta con la que estuvo vigente hasta el 2004, la cual tiene como punto de enfoque el principio de subjetividad que fundamenta las bases de responsabilidad sobre la conciencia de la ilegalidad y la voluntad individual de incurrir en conducta delictiva. Es un principio reconocido en el ámbito criminológico que un cambio súbito en la ideología y la dogmática que permea la teoría jurídica del delito conlleva alteraciones prácticas que inciden sobre la administración de la política pública gubernamental. No puede obviarse que el enfoque del Código Penal tiene efectos sobre todos los organismos que componen el sistema 23 de justicia criminal requiriendo, como consecuencia, cambios sobre la política institucional, tanto reglamentarios y operacionales como individuales y sistémicos. Ello conlleva un efecto necesario sobre las actitudes de los operadores del sistema desde los niveles de prestación de servicios directos hasta la gerencia media y superior. Las nociones contenidas en la expresión de la legislación sustantiva requieren cambios que no sólo impactan el conocimiento básico de los principios que alimentan las medidas expresadas por el legislador, sino que requieren su asimilación y la aceptación de los nuevos paradigmas. La falta de concordancia entre la legislación y su aplicación práctica puede reflejar la ineficiencia del ordenamiento ante una percepción social de inseguridad pública e impunidad. Precisamente este argumento ha permeado los más tenaces ataques al Código Penal de 2004 ante desacertadas decisiones judiciales, la impotencia de los organismos investigativos frente a la carencia de mecanismos jurídicos para facilitar la instancia y continuación de los procesos penales y la lamentable práctica de víctimas de delitos que toman la justicia por sí mismos. Estas actitudes han desarrollado en la ciudadanía falta de sensibilidad, tolerancia a la criminalidad, apatía a colaborar, irrespeto, repudio y desobediencia a la autoridad pública. Esto lo que revela es una desconfianza en la administración de la justicia que requiere una intervención legislativa inmediata. En fin, desde su aprobación y vigencia, se ha cuestionado si el Código Penal de 2004 es realmente una herramienta socialmente útil para combatir la criminalidad, asunto de mayor preocupación que acosa a la ciudadanía. Ello motivó a que esta Asamblea Legislativa iniciara un proceso de análisis a través de la celebración de Vistas Públicas, en las cuales se recibió el insumo de múltiples sectores públicos y privados de nuestra sociedad con relación a la efectividad del Código Penal. Además, fueron recibidos los comentarios y el asesoramiento de estudiosos en la materia penal y se realizó una intensa labor de análisis legislativo que incluyó las distintas reformas penales, las disposiciones del Código Penal de 1974 y del Código Penal de 2004, así como la jurisprudencia y la literatura jurídica al respecto. La misión del Estado es servir como perno que establezca un equilibrio entre las garantías consagradas tanto para el Estado como para el individuo sin que prevalezca la impunidad sobre las garantías individuales o viceversa. Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario realizar cambios medulares, primordialmente, a la filosofía base del Código Penal de 2004, la cual ha tenido como resultado la lenidad hacia las personas acusadas y convictas desequilibrando el principio de igualdad procesal que debe regir la administración de la justicia criminal. Como consecuencia, presentamos este Código Penal de 2012, que es el resultado de un análisis de los valores sociales del presente histórico y que tiene, entre otros, el propósito de tutelar bienes jurídicos que merecen ser protegidos. Este nuevo Código ha sido atemperado a la legislación especial relativa a la administración de la justicia. Asimismo, se han redefinido e incluido nuevas figuras jurídicas para conformarlas a las directrices ofrecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos en interpretación de las garantías constitucionales. El Código Penal ha conservado aquellas instituciones de los Códigos Penales anteriores que se adaptan a nuestra vida presente; se han mejorado aquellas que resultan inadecuadas y se han incluido nuevos delitos y penalidades a tono con nuestra sociedad actual. A esos efectos, el Código ha puesto énfasis sobre la protección a las víctimas de delito abriendo paso a figuras como el síndrome de la mujer maltratada, y rechazando la exclusión de responsabilidad cuando la víctima consiente a la comisión del delito, así como el establecimiento de atenuantes que imponen algún grado de responsabilidad sobre la víctima. 34 En tema del establecimiento de la responsabilidad penal, este Código tiene muy presente la expresión contenida en nuestra Constitución que establece con jerarquía constitucional el carácter rehabilitador de la pena al disponer en su Artículo VI, Sección 19, que las instituciones penales preponderarán el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social ; que no se impondrán castigos crueles e inusitados y que las multas no serán excesivas. Artículo II, Secciones 11 y 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A esos efectos, se reconocen como principios fundamentales que la sanción penal no podrá atentar contra la dignidad humana y la rehabilitación moral y social del convicto como un objetivo general para la imposición de las penas. De igual manera, el Código reconoce como objeto de tutela el castigo justo al autor del delito, específicamente cuando la conducta afecta la ordenada administración de la justicia y la intervención con los derechos fundamentales. El Código pone especial atención en velar por la confianza pública imponiendo sobre los funcionarios o empleados públicos la obligación de probidad en el cumplimiento del deber y la destitución de su cargo o empleo como pena cuando infrinja la ley en el desempeño de las funciones públicas. En conclusión, el esfuerzo que se presenta mediante esta medida legislativa, representa la inclusión del trabajo de años de estudios y análisis, así como la colaboración y el insumo de múltiples especialistas, estudiosos e interesados en la materia, incluyendo agencias del Gobierno de Puerto Rico y entidades tales, como el Departamento de Justicia y la Sociedad para la Asistencia Legal, cuya experiencia en el trámite de asuntos penales en nuestros Tribunales de Justicia y colaboración ha sido invaluable durante el análisis de esta legislación. Esta medida legislativa representa un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal, como un instrumento eficaz para la administración de la justicia criminal y devolver a la ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece. DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: LIBRO PRIMERO - PARTE GENERAL TÍTULO I DE LA LEY PENAL CAPÍTULO I - DE LOS PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL SECCIÓN PRIMERA -Denominación y principios de aplicación Artículo 1.- Denominación y aplicabilidad de la ley. Esta ley se denomina Código Penal de Puerto Rico. Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario. Artículo 2.- Principio de legalidad. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad. 45 Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la ley penal. La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No obstante lo anterior, la ley penal de Puerto Rico se aplica fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de los siguientes casos: (a) Delitos cuyo resultado se ha producido fuera de Puerto Rico cuando se realicen actos preparatorios o de ejecución dentro de su extensión territorial. (b) Actos preparatorios o de ejecución realizados fuera de Puerto Rico con el propósito de cometer un delito cuyo resultado se ha producido en su extensión territorial. (c) Delitos consumados o intentados por funcionario o empleado público o persona que se desempeñe a su servicio cuando la conducta constituya una violación de las funciones o deberes inherentes a su cargo o encomienda. (d) Delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad, según se definen en este Código. (e) Delitos susceptibles de ser procesados en Puerto Rico, de conformidad con los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América. Artículo 4.- Principio de favorabilidad. La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos. La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente. (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho. Artículo 5.- Principio de vigencia temporera. La ley penal de vigencia temporera se aplicará a hechos cometidos durante su vigencia, aunque la ley haya perdido su vigencia con posterioridad, salvo que por ley se determine otra cosa. Artículo 6.- Principio de personalidad. La responsabilidad penal es personal. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal. Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena, afectarán solamente a la persona a quien corresponda. 56 Artículo 7.- Relación de causalidad. Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal como delito si la conducta delictiva no es consecuencia de su acción u omisión. No impedir un evento cuando se tiene la responsabilidad jurídica de evitarlo, equivale a causarlo. Artículo 8.- Principio de responsabilidad penal. Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado según las formas de culpabilidad provistas en este Código. La exigencia de responsabilidad penal se fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica del autor. Artículo 9.- Principio de especialidad. Cuando la misma materia se regula por diversas disposiciones penales, la disposición especial prevalece sobre la general. Artículo 10.- Principio de judicialidad. La pena o la medida de seguridad se impondrá mediante sentencia judicial exclusivamente. Artículo 11.- Principios que rigen la aplicación de la sanción penal. La pena o medida de seguridad que se imponga no podrá atentar contra la dignidad humana. Las penas se establecerán de forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo. Las penas deberán ser necesarias y adecuadas para lograr los principios consignados en este Código. La imposición de las penas tendrá como objetivos generales: (a) La protección de la sociedad. (b) La justicia a las víctimas de delito. (c) La prevención de la delincuencia. (d) El castigo justo al autor del delito. (e) La rehabilitación social y moral del convicto. Por su naturaleza como sanción no punitiva sino de prevención social, la medida de seguridad no tendrá límite máximo. El término de interdicción por medida de seguridad estará sujeto a la revisión periódica según consignado en el Artículo 85 de este Código. La cesación de la medida de seguridad dependerá de la peligrosidad que represente el individuo para sí y la sociedad. SECCIÓN SEGUNDA -De la interpretación Artículo 12.- Interpretación de palabras y frases. Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente. Las voces usadas en este Código en el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación resulte absurda; el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular. 67 Artículo 13.- Alcance de la interpretación. Si el lenguaje empleado en un estatuto es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para adelantar los principios establecidos en este Código y la protección del bien tutelado en el artículo particular objeto de interpretación, pero siempre tomando como base el principio de responsabilidad penal. Artículo 14.- Definiciones. Salvo que otra cosa resulte del contexto, las siguientes palabras y frases contenidas en este Código tendrán el significado que se señala a continuación: (a) A sabiendas implica conocimiento personal, no requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión. Términos equivalentes como: conocimiento, sabiendo, con conocimiento y conociendo tienen el mismo significado. (b) Acto o Acción significa la realización de un hecho. (c) Amnistía significa medida legislativa de carácter excepcional, algunas veces provisional, que suspende los efectos normales de alguna ley. (d) Año y Año natural es de trescientos sesenta y cinco (365) días, siempre que no sea bisiesto, en cuyo caso es de trescientos sesenta y seis (366) días. (e) Aparato de escaneo significa un escáner, lector, skimmer o cualquier otro aparato electrónico que se use para acceder, leer, escanear, obtener, memorizar o almacenar, temporera o permanentemente, información codificada en la cinta o banda magnética de una tarjeta de pago. (f) Aparato de grabación o transferencia de imágenes o sonidos significa cualquier equipo con la capacidad de grabar o transmitir una película o parte de ésta por los medios tecnológicos actuales o que puedan desarrollarse en el futuro. (g) Apropiar incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa que no le pertenece, en forma temporal o permanente. (h) Beneficio es cualquier provecho, utilidad, ventaja, lucro, o ganancia pecuniaria o material. (i) Bienes inmuebles incluye terrenos y todo lo que allí se construya, crezca o se adhiera permanentemente. (j) Bienes muebles incluye dinero, mercancías, semovientes, equipos, aparatos, sistemas de información y comunicación, servicios, vehículos de motor o cualquier otro objeto de locomoción, energía eléctrica, gas, agua u otro fluido, ondas, señales de comunicación móviles o electrónicas y números de identificación en soporte papel o electrónico, cosas cuya posesión pueda pedirse en juicio, comprobantes de crédito, documentos, o cualquier otro objeto susceptible de apropiación. (k) Codificador o decodificador significa un aparato electrónico o re-encoder que coloca información codificada de una cinta o banda magnética de una tarjeta de pago en la cinta o banda magnética de otra tarjeta de pago. (l) Conducta significa una acción u omisión y su correspondiente estado mental o, cuando sea relevante, una serie de actos u omisiones. 78 (m) Creencia razonable o razonablemente cree se refiere a una creencia del autor que no sea producto de su negligencia. (n) Documento público incluye cualquier escrito, impreso, papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta, o cualquier material leído por máquina o producido de forma electrónica aunque nunca sea impreso en papel, archivo electrónico, o cualquier otro material informativo o informático, sin importar su forma o características físicas, que se origine, se reciba manual o electrónicamente, o se conserve en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley, o que se designe por ley como documento público, o cualquier escrito que se origine en el sector privado en el curso ordinario de transacciones con dependencias gubernamentales y que se conserven permanente o temporeramente en cualquier dependencia del Estado, por su utilidad administrativa o valor legal, fiscal o cultural. (o) Edificio comprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales o para negocio. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. (p) Edificio ocupado comprende cualquier casa, estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de personas, para llevar a cabo negocios en el mismo, para el cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no haya personas presentes. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. (q) Escrito incluye cualquier impreso, hoja, carta, escritura pública, documento notarial, sello, escritura o firma de una persona en soporte papel o en soporte digital, o imagen, moneda, papel moneda, fichas, tarjeta de crédito o cualquier otro símbolo o evidencia representativa de algún valor, derecho, privilegio u obligación. (r) Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Estado comprende los departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y sus subsidiarias, los municipios y las subdivisiones políticas, y las ramas de gobierno. (s) Estados Unidos de América son los Estados de la Unión Norteamericana, sus territorios y posesiones, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (t) Firma o Suscripción es el nombre escrito de puño y letra o en forma digital, o el nombre o la marca o señal hecha a ruego de una persona, cuando dicha persona no pueda escribir su nombre, escribiéndose su nombre junto a tal marca o señal por otra persona que también firmará como testigo. (u) Fondos públicos es el dinero, los bonos u obligaciones, valores, sellos, comprobantes de rentas internas, comprobantes de deudas y propiedad perteneciente al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, departamentos, agencias, juntas y demás dependencias, corporaciones públicas y sus subsidiarias, los municipios y las divisiones políticas. También incluye el dinero recaudado por personas o entidades privadas que mediante acuerdo o por autoridad de ley realizan gestiones o cobro de patentes, derechos, impuestos, contribuciones, servicios, o del dinero que se adeude al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra gestión o para el cobro de sellos o derechos para instrumentos públicos o documentos notariales. Cuando se trate de bonos, obligaciones, valores y 89 comprobantes de deuda, el término incluye no sólo el documento que evidencie la obligación, sino también el dinero, bonos, valores u obligaciones que se obtengan como producto de la emisión, compra, ejecución, financiamiento, refinanciamiento o por cualquier otra transacción con aquéllas. (v) Fraudulentamente o Defraudar es el acto cometido mediante ardid, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño. (w) Funcionario del orden público aquella persona que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial. Se considera también funcionario o funcionaria del orden público de carácter limitado a todo empleado o empleada público estatal o federal, con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades especiales. (x) Funcionario o empleado público es la persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda, con o sin remuneración, permanente o temporeramente, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial o del gobierno municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye aquellas personas que representan el interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una junta, corporación pública, instrumentalidad y sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como aquellos que sean depositarios de la fe pública notarial. El término funcionario público incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública. (y) Género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. (z) Ilegalmente es todo acto en contravención de alguna ley, norma, reglamento, ordenanza, u orden promulgada por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones. (aa) Juramento incluye afirmación o declaración, así como toda forma de confirmar la verdad de lo que se declara. Toda forma de declaración oral bajo juramento o afirmación está comprendida en la voz testificar y toda declaración por escrito, en la palabra deponer. (bb) Ley incluye la Constitución, estatutos, normas, reglamentos u ordenanzas locales de una sub-división política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (cc) Mes es el período de treinta (30) días a no expresarse otra cosa. (dd) Noche es el período transcurrido entre la puesta y la salida del sol. (ee) Obra significa entre otras cosas, cosa hecha o producida por un agente; cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo; edificio en construcción; lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento; medio, virtud o poder, trabajo que cuesta, o tiempo que requiere la ejecución de una cosa; labor que tiene que hacer un artesano. (ff) Obra audiovisual significa un medio tangible en el cual los sonidos e imágenes son grabados o almacenados, incluyendo cintas de video originales, discos de video digitales, películas o cualquier otro medio en existencia o a ser desarrollado en el futuro, y en donde los 910 sonidos e imágenes están grabados o puedan ser grabados o almacenados, o una copia o reproducción total o parcial, duplicando el original. (gg) Omisión significa el no actuar. (hh) Persona incluye las personas naturales y las personas jurídicas. (ii) Premeditación es la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo. (jj) Propiedad o Patrimonio incluye los bienes muebles y los inmuebles. (kk) Propósito Una persona actúa a propósito cuando el objetivo consciente de la persona es cometer el delito. Términos equivalentes como a propósito, con el propósito, concebido, preconcebido y diseñado tienen el mismo significado. (ll) Sello comprende la impresión de un sello sobre un escrito en soporte papel o digital, o sobre cualquier sustancia adherida al papel, capaz de recibir una impresión visible o de legitimidad. (mm) Tarjeta de crédito o débito incluye cualquier instrumento, instrumento negociable u objeto conocido como tarjeta de crédito o débito, placa, libro de cupones o por cualquier otro nombre, expedido con o sin el pago de un cargo por quien la recibe, para el uso del tenedor en la obtención o adquisición a crédito o débito de dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor en el establecimiento del emisor de la tarjeta de crédito o débito o en cualquier otro establecimiento. (nn) Teatro de películas cinematográficas significa teatro de película, cuarto de proyección o cualquier otro lugar que se esté utilizando principalmente para la exhibición de una película cinematográfica. (oo) Telemática Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada. (pp) Tortura es causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodio o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor a los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. (qq) Tratamiento médico Cualquier tipo de intervención de naturaleza médica, invasivo o no, incluyendo, sin limitarse a, la utilización de fármacos, estudios y procedimientos quirúrgicos, radiológicos, de medicina nuclear o de quimioterapia. (rr) Voluntario Acto que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquéllas. Término equivalente como: voluntariamente tiene el mismo significado. 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 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 85
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 resolución 
 Artículo 1
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