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Timestamp: 2019-01-17 19:03:41+00:00

Document:
La Moncloa. 05/01/2017. Política Social [España/Ediciones de "España Hoy"/Política Social]
Excursión organizada por el IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
​Artículo 49 de la Const​itución. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran (...). ​Artículo 50 de la Constitución. Los poderes públicos garantizarán, mediantes pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, (...), promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales (...).​​​
La promoción de la autonomía personal y la ayuda a personas en situación de dependencia
En el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016​, aprobado en Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2014, es el instrumento a través del cual el Gobierno define, en aquellos ámbitos que son competencia del Estado, los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.​
Responde, en particular, a tres objetivos estratégicos de carácter prioritario: (i) reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas; (ii) apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral; y (iii) erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. A estos se suman otros tres: (iv) mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social; (v) impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo; y (vi) integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas y acciones del Gobierno. Todos ellos esenciales para avanzar hacia la igualdad de trato y hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.
Es el Plan de Igualdad dotado de un mayor presupuesto de cuantos se han aprobado hasta ahora en España. Cuenta con 3.127 millones de euros de los que casi el 70% van destinados al empleo y la conciliación. Por primera vez, el empleo es un objetivo prioritario del Plan y uno de los tres grandes ejes en los que se desarrollan la mayor parte de las 224 medidas que lo componen, que son Empleo, Conciliación y Violencia de Género.
Basado en una de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, se aprobó el Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017. Este Plan cuenta con 121 medidas para contribuir a mejorar la inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres.​
Además, el Gobierno ha aprobado el 9 de octubre de 2015 el Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural 2015-2018. Es la primera vez que se elabora un plan específico que refuerza la integración del principio de igualdad en las distintas actuaciones que lleva a cabo la Administración General del Estado en el medio rural. Las 82 acciones contempladas en el Plan se agrupan en cinco ámbitos de actividad: economía, empleo y emprendimiento; participación de las mujeres rurales y pesqueras en la toma de decisiones; promoción de la conciliación y de la corresponsabilidad; incorporación de la igualdad de oportunidades en el diseño de políticas de fomento del medio rural y pesquero; e, impulso del conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural y pesquero.​
"Conectadas - Día Internacional de las Mujeres 2014" (MSSSI)En esta materia, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como finalidad primordial la promoción ​​y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Uno de los objetivos prioritarios es garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las condiciones laborales y en el mercado de trabajo. Para ello, se están llevando a cabo medidas que favorecen la empleabilidad de las mujeres, mejoran su formación y promoción profesional, favorecen la conciliación y la corresponsabilidad y tienden a eliminar la discriminación salarial.
Se están desarrollando actuaciones con mujeres especialmente vulnerables, con el objetivo de prestar especial atención a mejorar la empleabilidad de las mujeres que tienen necesidades especiales, a través de programas dirigidos a capacitar profesionalmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social y laboral, bien por circunstancias personales, por pertenecer a minorías étnicas, ser mayores de 45 años, mujeres jóvenes, con discapacidad, víctimas de violencia de género o por habitar en zonas rurales con escasez de prestaciones. Así, se han firmado convenios con entidades locales para fomentar la inserción social y laboral de mujeres.
Además, se están llevando a cabo programas de apoyo al emprendimiento femenino a través del asesoramiento y asistencia técnica, facilitando el acceso de las emprendedoras a las líneas de financiación.
Se está trabajando en promover la igualdad en las empresas, con las convocatorias anuales de subvención a las PYMES para la elaboración e implantación de planes de igualdad; con la de concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" (en la actualidad son 127 empresas y entidades las que ostentan este distintivo); y, con el servicio gratuito de asesoramiento para planes y medidas de igualdad en las empresas a través de la web igualdadenlaempresa.es.
Además se ha puesto en marcha la "Red de empresas con distintivo Igualdad en la Empresa", que, a través de una plataforma virtual y un foro "on line", permite a las empresas integrantes interactuar y poner en valor sus actividades en materia de incorporación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en su funcionamiento y estructura, así como intercambiar buenas prácticas.
Otra línea de trabajo es el fomento de la incorporación de las mujeres a los puestos de toma de decisiones, destacando los siguientes proyectos:
El Proyecto "Mas Mujeres, mejores empresas", tiene como objetivo fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad de las empresas. Es una iniciativa flexible que se concreta en la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y las empresas. Actualmente 85 empresas forman parte de este programa.
El Proyecto Promociona, incorpora actuaciones destinadas a comprometer a las empresas en la selección y promoción de talento femenino y a facilitar a mujeres de alto potencial formación específica en el desarrollo de habilidades directivas, creación de redes que incrementen y visibilicen la cantera de mujeres idóneas para acceder a puestos de responsabilidad, incluidos comités de dirección y consejos de administración.
Por otra parte, son destacables las actuaciones de información, asesoramiento y asistencia a víctimas de discriminación por razón de sexo. Además se cuenta con un servicio telefónico de atención gratuita que ofrece información a las mujeres y hombres sobre los derechos de las mujeres, sobre el derecho a la no discriminación por razón de sexo y de los recursos disponibles.
A través del Observatorio de Imagen de las Mujeres se analiza la representación de las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación, con el objeto de ver cuáles son los roles más significativos que se les atribuyen y, en el caso de que éstos sean sexistas, realizar acciones que contribuyan a suprimir las imágenes estereotipadas.
En el ámbito internacional, se participa en los principales foros dirigidos a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer, resaltando por su especial relevancia los de Naciones Unidas, especialmente en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y los de la Unión Europea.
Asimismo se trabaja por la integración social y la no discriminación de toda la ciudadanía. Esta lucha se concreta en objetivos específicos como los siguientes:
En este ámbito, el Consejo para la​​ Eliminación de la Discriminación Racial tiene atribuidas las funciones de prestar asistencia independiente a víctimas de discriminación, realizar estudios y publicar informes sobre discriminación de las personas por el origen racial o étnico y promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminación de las personas por el origen racial o étnico, formulando, en su caso, recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación.
El principal instrumento dirigido de forma específica para luchar contra la pobreza y la exclusión social es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 20​13-2016, aprobado por Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2013.
Este Plan se configura como un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España y, a la vez, da respuesta al objetivo contemplado en la estrategia Europa​ 2020 de reducción de la pobreza.
Además, también responde al compromiso del Gobierno de hacer frente al incremento del número de personas en riesgo de exclusión social en nuestro país, como consecuencia de la crisis económica y ha sido elaborado en colaboración con ministerios, Comunidades Autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social.
A pesar de las condiciones poco favorables del contexto socioeconómico en ese momento, su puesta en marcha está suponiendo una oportunidad para aunar los esfuerzos de todos los actores que intervienen en la lucha contra el fenómeno de la exclusión social y coordinar esfuerzos.
El objetivo es intervenir desde una perspectiva transversal basada en el concepto de Inclusión Activa, incorporando medidas en diferentes campos de actuación que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas en riesgo de exclusión, a la vez que se desarrollan nuevos instrumentos de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles territoriales de la administración y con las entidades del tercer sector, para proporcionar una provisión de servicios públicos más eficientes.
Este Plan de Inclusión incorpora, por primera vez, un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, siguiendo la Recomendación Europea d​​​e la Comisión "Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas"​. Cada uno de los objetivos prioritarios y objetivos operativos incluye actuaciones dirigidas a este fin, intentando aportar una visión de apoyo a la infancia.
El Plan contempla 240 actuaciones repartidas en tres objetivos estratégicos y un apartado dedicado a los grupos más vulnerables y contiene, como los anteriores, una estimación presupuestaria del gasto agregado asociado a la aplicación de las medidas que incorpora para el periodo de vigencia del mismo. En este caso la vigencia del Plan incluye los ejercicios presupuestarios de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 y asciende a más de 136.500 millones de euros para este periodo.
Reunión del ex-Ministro de Sanidad con el presidente de Cruz Roja Española (MSSSI)También es importante destacar que el conjunto de actuaciones que recoge se verán favorecidas por los nuevos objetivos de financiación que contempla la nueva programación del Fondo Social Europeo (FSE) para el próximo periodo financiero 2014-2020, incluido dentro de la política de cohesión social de la Unión Europea.
Desde el año 1988 se gestiona desde la Administración General del Estado el crédito Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales o Plan co​​​ncertado, una línea de colaboración financiera con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en la que participan todas ellas salvo Navarra y País Vasco por su especial sistema de financiación. Sus principales objetivos son los de proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas; dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias y consolidar la red básica de servicios sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria. Este crédito alcanzó 27.413.730 euros en 2014, manteniéndose esta dotación en 2015 y 2016 .
La coordinación entre las Administraciones Públicas en materia de servicios sociales también se ha visto reforzada con la elaboración del Catálogo de referencia de Servicios Sociales ​aprobado el 16 de enero de 2013 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se trata del documento marco que recoge aquellas prestaciones que con carácter general se proporcionan en todo el territorio del Estado.​​
En relación con la población gitana, desde 1989 la Administración General del Estado gestiona el crédito Plan de Desarrollo Gitano, a través del cual se cofinancian proyectos de intervención social integral con las comunidades autónomas y, a través de éstas, con las corporaciones locales, así como se desarrolla una línea de cooperación técnica y financiera con las entidades representativas del movimiento asociativo gitano, a través de las subvenciones que se conceden en el marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF y de las subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado.
En la convocatoria de programas de interés general, las subvenciones estatales fueron 5.595.243 euros en el año 2013, 5.625.243 euros en el año 2014 y 5.685.243 euros en el año 2015. En cuanto a las subvenciones del Tercer Sector, ascendieron a 508.483 euros en la convocatoria del año 2013, 491.397 euros en la del año 2014, y a 504.403 euros en el año 2015 por subvenciones de concesión directa.
Con el objetivo de fortalecer la participación de estas entidades en el diseño y desarrollo de las políticas a favor de la población gitana se creó en 2005 el Consejo Estatal del Pueblo Gitano cuyo segundo mandato 2012-2016 expiró el pasado mes de abril y se encuentra actualmente en funciones, por lo que se está trabajando ya en la renovación de los vocales del consejo que se hará efectiva entre finales de 2016 y principios de 2017. El Consejo de Ministros aprobó el 2 de marzo de 2012 la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020. En abril de 2014 se aprobó el primer plan operativo de la estrategia, que cubre el periodo 2014-2016. Actualmente se está trabajando en la elaboración de la evaluación de dicha estrategia para comprobar el grado de consecución de objetivos de acuerdo a los estándares que en su día se fijaron en la propia Estrategia.
De igual modo, hay que señalar que en el año 2014 se creó, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un crédito nuevo, de Lucha contra la Pobreza Infantil, destinado a financiar las prestaciones económicas de urgencia social, de aquellos proyectos de intervención social que se desarrollen con familias o unidades de convivencia en situación de privación material severa y con menores a su cargo, dando cumplimiento así a lo contemplado en el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, el cual tiene como uno de sus objetivos principales la lucha contra la pobreza infantil (vinculado a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: "Invertir en infancia"). Los proyectos debían ser promovidos -dentro del Sistema Público de Servicios Sociales- por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla y gestionados por éstas o por las corporaciones locales o los entes públicos de carácter local.
Siguiendo esta línea, en el año 2015 se ha consignado en los Presupuestos Generales del estado un nuevo crédito para el Apoyo a la Familia y la Infancia por importe de 32 millones de euros y se ha aumentado en 2016 a 48 millones de euros.
Con el objetivo de apoyar a las personas y familias con mayores necesidades se han impulsado los programas de Urgencia Social, nuevos dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo de, en colaboración con ONG, financiar programas destinados al establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales, entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad tales como vestido o productos de higiene. En la convocatoria de 2013 se concedieron 19.799.370 euros para desarrollar estos programas en 2014, elevándose a 23.878.149€ en 2014, para su ejecución durante 2015, lo que representa un incremento del 20.6%, y en el año 2015 se otorgaron 23.928.149 euros, cuya ejecución sería en el año 2016.
También hay que añadir que el Parlamento Europeo y el Consejo por medio del Reglamento (UE) número 223/2014, de 11 de marzo de 2014, aprobaron la creación del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD), dirigido a financiar el suministro de alimentos y bienes esenciales, así como a la realización de medidas de intervención social, cuyo presupuesto para España para el período 2014-2020 asciende a más de 563.410.224€, cifra a la que se añadirá la cofinanciación nacional, sumando un importe total de 662.835.558€. Este Fondo viene, en parte, a sustituir al fondo de ayuda alimentaria, que se gestionaba en el marco de la política agraria común, si bien se caracteriza ahora por un reorientación hacia el apoyo social y no solo material al establecerse la necesidad de que las ayuda alimentaria vaya unida a un acompañamiento social que permita a las personas superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. En este sentido, se está trabajando para desarrollar un sistema para la prestación de medidas de acompañamiento a los beneficiarios de la ayuda orientadas a facilitar la inserción socio laboral de los mismos en función a sus necesidades específicas. En el ámbito de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el 6 de noviembre del año 2015 se aprobó por el Consejo de Ministros la Estrategia Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, que constituye la primera estrategia en este ámbito por parte de la Administración General del Estado. Se trata de una Estrategia en la que, a través de 8 objetivos estratégicos, se pretende incidir en las distintas facetas del fenómeno del sinhogarismo con el fin de reducir su dimensión e intensidad en nuestro país.
​Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia han modificado el ordenamiento jurídico para garantizar que la pobreza no sea la única justificación de la declaración de desamparo de los menores, dando prioridad a la permanencia en la familia de origen.
El carácter multidimensional de la pobreza hace necesario actuar desde diferentes campos por lo que a estas medidas antes señaladas se unen otras muy diversas que se han venido desarrollando a lo largo de 2015. Se ha realizado un especial esfuerzo en el campo del empleo, favoreciendo las políticas activas con el objetivo de incrementar la empleabilidad de las personas en exclusión y apoyar sus rentas. Otro campo de actuación prioritaria ha sido la vivienda, aprobando diferentes normas dirigidas a proteger a los deudores hipotecarios así como para que puedan hacer frente a los recibos de suministro eléctrico. También se han tomado medidas para favorecer a las familias en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas y se ha modificado la legislación para que no haya que tributar por las rentas sociales, haciéndolas inembargables siempre que no superen un mínimo familiar.
Asimismo, las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, instrumento básico de atención a las personas con necesidades sociales y de inserción socio-laboral, suman en la convocatoria del año 2013 un total de 22.426.378 euros, en la del año 2014 un importe de 24.423.269 euros y en la del año 2015 una cuantía de 24.333.269 euros.
El 16 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 45/2​​015, de 14 de octubre, de Voluntariado que viene a sustituir a la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. La nueva realidad de la acción voluntaria y la demanda de actualización por las entidades de voluntariado hacían necesario un nuevo marco jurídico que respondiese adecuadamente a la configuración y a las dimensiones actuales del voluntariado. Se ha diseñado un régimen jurídico propio que responda a estas nuevas necesidades, teniendo en cuenta la experiencia nacional e internacional adquirida por organizaciones y personas voluntarias desde el año 1996.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante un proceso participativo en el que han colaborado los centros directivos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, representantes de entidades de voluntariado y de otros agentes, como de empresas y universidades, ha impulsado esta importante reforma.
La nueva Ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir ningún ámbito de actuación e incluyendo a otros actores, como las empresas, las universidades o las propias Administraciones públicas. Se reconocen por primera vez las nuevas formas de voluntariado, como las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. Deja claro sus límites con el trabajo remunerado, tanto en el sector público, como en el privado.
Considera como posibles voluntarios a los menores de edad, se incorpora a las personas mayores y con discapacidad y establece las incompatibilidades en determinados supuestos de personas con antecedentes penales no caducados. Los destinatarios de la acción voluntaria aparecen por primera vez en la norma.
Con respeto al reparto constitucional de competencias, pone el acento en la descripción de los ámbitos de cooperación entre las administraciones públicas que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta.
En el ámbito del fomento se recogen los instrumentos que las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas pueden utilizar para promover y facilitar la adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos puedan desarrollar acciones de voluntariado. Y se establece la posibilidad de reconocer las competencias que el voluntario haya podido obtener con vistas a su promoción personal, sin que ello suponga en modo alguno desvirtuar el carácter gratuito de la actividad voluntaria.
La mejora de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, especialmente promoviendo empresas familiarmente responsables y flexibles, la modificación de los usos del tiempo en nuestra sociedad en especial en relación con los horarios laborales y mejorando la oferta de servicios de atención a la primera infancia (0 - 3 años).
La atención a las familias que presentan situaciones de especial vulnerabilidad o necesidades singulares, a través fundamentalmente del apoyo al movimiento asociativo familiar y a las entidades que desarrollan programas de intervención sociosanitaria dirigidos a familias en dificultad social o conflictividad familiar (de promoción de relaciones familiares saludables mediante la prevención y gestión de la conflictividad familiar: orientación, mediación, promoción de los Puntos de Encuentro o terapia familiar), además de colectivos singulares (familias numerosas, monoparentales, con personas en situación de dependencia, etc…).
El 14 de mayo de 2015, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, para articular la política de familia del Gobierno de forma explícita y transversal, en un marco coherente de principios y objetivos que integre las medidas de apoyo familiar y que no son competencia de un único Departamento sino que afectan a la práctica totalidad de los Ministerios. El Plan ha sido elaborado por la Comisión Técnica Interministerial de Familia, coordinada desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con participación de representantes del resto de departamentos, y contando con la participación del movimiento asociativo familiar.
El Plan persigue los siguientes objetivos generales y principios:
Desarrollar los principios rectores que deberán regir las actuaciones en materia de familia.
Afrontar los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja natalidad. Apoyar la maternidad.
Garantizar la sostenibilidad y cohesión social mediante el apoyo a las familias.
Ayudar a construir una sociedad solidaria con las familias.
Ofrecer apoyo preferente a familias que se encuentren en situaciones especiales.
Erradicar las desigualdades que tienen su origen en la situación familiar.
Avanzar en un mayor conocimiento de la familia como institución clave para la cohesión social.
Evaluación de resultados e impacto de las políticas de apoyo a las familias.
Las 227 medidas que integran el Plan se agrupan en 7 líneas estratégicas, que incluyen sus propios objetivos específicos:
Protección social y económica de las familias.
Apoyo a la maternidad y entorno favorable para la vida familiar.
Políticas familiares: coordinación, cooperación y transversalidad.
Entre estas medidas destaca la mejora del tratamiento fiscal de la familia en el IRPF (con incrementos de los mínimos familiares y nuevas deducciones para familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos y familias con personas con discapacidad), el incremento de las pensiones contributivas para mujeres que hayan tenido dos o más hijos, el apoyo financiero a la atención social y económica a familias en situación de pobreza severa con menores a cargo o la revisión de la Ley de protección a las familias numerosas.
Asimismo, el Ministerio en colaboración con la FEMP ha puesto en marcha el portal web www.familiasenpositivo.es como un nuevo recurso para familias y profesionales de intervención familiar y que tiene por fin promover el ejercicio positivo de la parentalidad y reforzar el apoyo a la parentalidad positiva en las políticas y servicios públicos de los Gobiernos Locales y en el tejido asociativo.
Día Mundial de los Derechos de la Infancia (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)
En el mes de agosto de 2015, entraron en vigor dos nuevas leyes (la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio) que han modificado el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en España. Se trata de la reforma de la legislación estatal en esta materia más importante en los últimos veinte años, que ha permitido cambiar sustancialmente el marco legal existente mediante la modificación de veinte leyes sustantivas y procesales.
Esta reforma - impulsada por los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Justicia y elaborada con la participación y el consenso con Comunidades Autónomas, Organizaciones no gubernamentales de infancia y académicos de prestigio- responde a un compromiso del gobierno fundamentado en importantes recomendaciones e informes de organismos nacionales e internacionales, que urgían a España a mejorar el tratamiento jurídico de la infancia y la adolescencia.
Su objetivo es dar una respuesta a los menores que la necesitan: los casi 14.000 que viven en residencias en lugar de en familias, los más de 3.000 que son víctimas de delitos sexuales cada año, o los que sufren junto a sus madres la violencia de género, entre otros.
La reforma gira en torno a tres ejes principales:
Un nuevo marco de regulación de los derechos de los menores y una especial protección hacia los más vulnerables.
Una reforma en profundidad del sistema español de protección de menores.
Una reforma en la que la protección contra la violencia en la infancia se convierte en prioridad transversal.
Esta reforma afecta sustancialmente el valor de la infancia y la adolescencia en el ordenamiento jurídico, al establecer la obligación de que las memorias de análisis de impacto normativo, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos, incluirán el impacto de esa normativa en la infancia y en la adolescencia.
Por otra parte, la reforma incorpora observaciones planteadas por instituciones nacionales e internacionales, adecuando nuestro ordenamiento a las mismas. Así, destaca la regulación por ley orgánica de los centros de menores con problemas de conducta, en los que las medidas a adoptar a los menores pueden afectar a algunos derechos fundamentales de los mismos, pero que en todos los casos esas medidas tienen una finalidad educativa.
Asimismo, la Ley 26/2015 incluye una reforma de la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas, que permite el mantenimiento en vigor del título oficial mientras alguno de los hijos siga cumpliendo los requisitos de edad y demás condiciones legales, de forma que los hermanos menores puedan beneficiarse del mismo modo que los mayores y no pierda la familia su condición de numerosa al salir éstos del título y quedar menos de 3 hijos menores de 21 o 26 años, si estudian.
Igualmente, en este ámbito, se impulsan programas de actuación referidos a la prevención, atención y protección de la infancia en varias direcciones:
La promoción de protocolos de actuación administrativa cada vez más eficaces. Cabe destacar los trabajos que se están desarrollando para la elaboración de un protocolo específico en materia de trata de menores de edad.
En abril de 2013 se aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (II PENIA 2013-2016), cuyo objetivo principal es promover una cultura de cooperación entre las instituciones públicas y privadas como respuesta a los nuevos retos que se plantean en relación con el bienestar de la infancia. ​
A través del Observatorio de ​la Infancia se sustenta un sistema de información compartido sobre el bienestar y la calidad de vida de la población infantil y las políticas públicas que afectan a la infancia, con la participación de todas las instituciones y actores sociales implicados (Administración General del Estado, Comunidades y Ciudades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y una representación de las ONG´s de Infancia).
Asimismo, las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, dirigidas a infancia y familia, ascendieron a un total de 25.454.789 euros en el año 2013, 27.496.679 euros en el año 2014 y 27.747.408 euros en el año 2015.
Los jóvenes son otro de los protagonistas de la estrategia social del Ministerio de Sanidad, Servicios ​​Sociales e Igualdad. Un ejemplo de ello es el Programa de promoción y servicios a la juventud que está basado en tres principios:
El citado instituto lleva a cabo, entre otros, programas de apoyo a asociaciones juveniles para subvencionar actuaciones dirigidas a los jóvenes; el programa europeo ERASMUS +​ Juventud en Acción, que promueve, facilita y estimula los intercambios juveniles y el voluntariado en Europa; ayudas a jóvenes creadores, acciones de información y comunicación con los jóvenes, y también elabora y difunde estadísticas, estudios y encuestas sobre la situación social, laboral, económica y cultural de los jóvenes a través del Observatorio de la Juventud en España.
Jóvenes (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)Durante 2014, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Juventud ​2020 que recoge las políticas y recursos disponibles en estos momentos para que los jóvenes desarrollen su potencial y lleven a cabo sus proyectos vitales, es decir las distintas actuaciones para jóvenes puestas en marcha por los diferentes departamentos ministeriales y las tendencias que en este sentido existen en la actual situación. Se pretende poner en valor estas medidas y difundir al máximo las oportunidades que ofrecen a los jóvenes. En su definición y ejecución participan todos los Ministerios a través de la Comisión Interministerial para la Juventud. Se estructura en torno a seis ejes de actuación: Educación y Formación; Empleo y emprendimiento; Vivienda; Prevención y Salud; Participación, voluntariado convivencia e inclusión e igualdad; y Cooperación Institucional" y prevé el desarrollo de 3 Planes de Acció​​​n (2014-2016; 2016-2018; 2018-2020).
Dentro de esta Estrategia, el INJUVE se ha marcado como prioridad actual el fomento de la empleabilidad y del espíritu emprendedor en los jóvenes. Esta tarea se lleva a cabo a través de diferentes programas:
Red Social Emprende XL: Es una plataforma que pretende fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes y constituirse en un entorno que les sirva de referencia y apoyo para nuevos proyectos de emprendimiento.
Programa de microcréditos para jóvenes: El objetivo en este caso es facilitar el acceso a una financiación de carácter específico, en la modalidad de microcréditos, a efectos de la puesta en marcha, promoción y apoyo financiero de proyectos empresariales para menores de treinta y cinco años, mediante el convenio que se suscribe anualmente con Microbank.
App Emprendemos: Se trata de una app de promoción del emprendimiento y empleo joven.
Proyecto de Ocio Digital InnGames: Puesto en marcha durante 2014, este proyecto trata de promocionar, a través de nuevos itinerarios curriculares de formación, tanto en el ámbito de la formación reglada como no reglada, el diseño de proyectos y la creación de empresas de innovación vinculadas a la industria del ocio digital.
Garantía J​​uvenil. En 2014 se puso en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el fichero telemático de inscripción a través del portal creado a tal efecto. Con esta medida impulsada por la Unión Europea, se pretende garantizar que los jóvenes entre 16 y 29 años que no están estudiando o trabajando reciban una buena oferta de empleo, formación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas. El INJUVE colabora con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el impulso y difusión de esta iniciativa, para lo cual en marzo de 2015 se suscribió un convenio de colaboración para que, en los centros que forman parte del sistema de información y comunicación en materia de juventud que el INJUVE coordina, se pueda facilitar la inscripción y solicitud de Garantía Juvenil.​
Década del Empleo Juvenil. La campaña "Década del Empleo Juvenil" tiene como objetivo generar un movimiento internacional de reflexión, pensamiento, debate y acción que aporte ideas, contenidos y soluciones consensuadas a la situación de desempleo o de búsqueda de empleo de millones de jóvenes en el mundo. El Gobierno de España ha decidido apoyar esta iniciativa para que la declaración de la "Década del Empleo Juvenil" sea aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, para lo cual se ha creado, por Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de junio de 2015, el Comité Español de la Campaña, recayendo en el Injuve la Secretaría de dicho Comité. Este Comité tiene encomendadas las siguientes funciones:​
En materia de violencia contra la mujer, se ha aprobado la Estrategia ​Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 con 284 actuaciones. La Estrategia cuyo contenido atiende a recomendaciones internacionales al respecto, es reflejo del compromiso político y la determinación del Gobierno por liderar e impulsar las acciones para la eliminación de la violencia contra la Mujer, desde una perspectiva participativa, implicando a todas las administraciones territoriales y departamentos Ministeriales y realizando un esfuerzo de coordinación e impulso del trabajo en Red. Asimismo, incluye una Memoria Económica con la estimación del crédito asignado para desarrollar las medidas del Plan cuyo importe total, asciende a 1.558 millones de euros.
La Estrategia, construida sobre la base de perfeccionar, ampliar y consolidar las acciones de los poderes públicos en la eliminación de la violencia contra la mujer, supone un esfuerzo por alinear y planificar las actuaciones no sólo de los departamentos ministeriales sino de las administraciones territoriales.
La Estrategia, pretende alcanzar el objetivo de romper el silencio cómplice del maltrato, promoviendo la prevención y anticipando la detección; en la actualidad, tal y como refleja su I Informe de Ejecución de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013 2016 del que ha tomado conocimiento el Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, han sido cumplidas más de la mitad de las medidas consignadas en la Estrategia. Junto a la ejecución de la Estrategia a lo largo del último año, se han aprobado un amplio paquete legislativo contenido en 11 normas que han seguido ampliando mejorando y perfeccionando la respuesta, Judicial, policial, preventiva y asistencial para las mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas.
En el ámbito de la sensibilización se están utilizando todas las vías posibles, no sólo los medios de comunicación convencionales, para lograr esta concienciación, extendiendo la información a todos los sectores que puedan ayudar a promover la sensibilización, con el convencimiento de que, cuantos más cauces se empleen, más posible será lograr el éxito en la difusión del mensaje "Hay salida a la violencia de g​​énero", que es el lema de las campañas institucionales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 2012.
Campaña "Hay salida a la violencia de género" (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
En este sentido, se ha desarrollado un amplio elenco de acciones de prevención y sensibilización orientadas precisamente a la "ruptura del silencio cómplice del maltrato" y se constata la realización de acciones de prevención y sensibilización por parte de múltiples agentes e instituciones bajo el impulso de la DGVG (CCAA, EELL, empresas y sociedad civil), con el objetivo común de crear una conciencia social unánime en contra del maltrato.
Es destacable la iniciativa "Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género" que ya suma 91 entidades privadas y públicas y cuyo impacto potencial en la sensibilización social alcanza más de 800 millones de clientes.
El informe también constata la amplia utilización de redes sociales y de las nuevas tecnologías en acciones de sensibilización, esenciales para llegar a ciertos colectivos como el de los adolescentes que hoy son verdaderos nativos digitales. En 2013 se puso en marcha la app "LIBRES" que actualmente cuenta con más de 9.500 descargas y en noviembre de 2015 se lanzó el Portal web "Por una Sociedad Libre de Violencia de Género" que recoge de manera íntegra toda la información disponible materia de violencia sobre la mujer y que, además, se ha creado con un objetivo de concienciación social.
En relación, al colectivo de jóvenes y adolescentes, en 2014 se lanzó una campaña específica bajo el lema "Cuéntalo. Hay Salida a la Violencia de Género", que recibió el premio a la mejor campaña de servicio público en el Día de Internet así como el Premio de la revista "New Medical Economics".
Asimismo, se siguen desarrollando actuaciones de sensibilización en ámbitos diversos como el deportivo con la IV edición de la Carrera Hay Salida o la participación en el evento Free Yoga o el sanitario con la distribución de pósters en las Oficinas de Farmacia de todo el territorio nacional.
Además, en el ámbito de la mejora de la respuesta institucional en los ámbitos de seguridad y justicia a y asistencia, se constata un significativo impacto del sistema, medido por el número de usuarias y beneficiarias de los distintos recursos, servicios y ayudas disponibles.
En lo que respecta al servicio 016, en los que llevamos de 2016 se han recibido 40.609 llamadas, la cifra más alta de llamadas de un mes de junio desde el año 2008 (primer año completo en el que se ofrece el servicio). Supone un 13,7% más que las llamadas registradas hasta la misma fecha en el año 2015 (35.714), y un 24,2% más que la media anual de llamadas recibidas hasta el mes de junio del período 2008-2015 (32.701).
En este ámbito, igualmente se ha avanzado en los siguientes aspectos:
Mejora de la respuesta institucional dada a las mujeres que sufren violencia avanzando hacia la personalización y la "ventanilla única" y fomentando la denuncia con el reconocimiento del beneficio a la asistencia jurídica gratuita con independencia de los recursos económicos de la víctima. En desarrollo de la Propuesta común para la mejora de la coordinación y la atención personalizada a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, se han aprobado las pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014.
Atención específica a grupos especialmente vulnerables: adolescentes, menores, mujeres con discapacidad, mayores, mujeres del medio rural e inmigrantes. Se ha seguido atendiendo a estos grupos vulnerables mediante actuaciones concretas como la mejora de la accesibilidad a recursos (ATENPRO y 016) para las personas con discapacidad; en relación a los adolescentes, se ha mejorado el conocimiento de la violencia de género en este colectivo, mediante tres estudios elaborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género "El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud", "La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género" y "la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud". Además, con respecto a los menores, se han incluido en las estadísticas.
Visibilización de otras formas de violencia contra la mujer: trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y agresiones sexuales, así como las nuevas formas de ejercer esta violencia mediante el uso de las nuevas tecnologías. Se ha aprobado el nuevo Protocolo Común para la Actuación Sanitaria en relación con la mutilación genital femenina, previsto en la medida 185 de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, el Pleno del Observatorio de la Infancia aprobó, en su sesión de 9 de junio de 2014, la actualización del "Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar" en el que se hace referencia a la mutilación genital femenina.
Formación y sensibilización de agentes. Se sigue trabajando en este ámbito, entre otras actuaciones, mediante la formación on-line sobre violencia de género dirigida a profesionales del medio rural en el marco de un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Mejora de la coordinación y del trabajo en red, creando una estructura nacional interconectada en todo el territorio, a través de las unidades de violencia contra la mujer o la red de casas de acogida. En este ámbito uno de las actuaciones principales ha sido la aprobación de Protocolos para la coordinación de las actuaciones en materia violencia de género en diversas Comunidades Autónomas y la aprobación del Protocolo de derivación entre Centros de Acogida en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014.
Transparencia, acceso y calidad de la información, potenciación del conocimiento y la investigación sobre la violencia contra la mujer para conocer su magnitud y mecanismos para su erradicación. Se han llevado a cabo diversos estudios para potenciar el conocimiento de la violencia de género como el referente a "La percepción social de la violencia de género" presentado en 2014.
Asimismo, se potencia la participación de España en los foros internacionales para visibilizar el compromiso del país en la erradicación de la violencia contra la mujer, consciente de su labor de liderazgo en esta materia.​
Las nuevas medidas de lucha contra la violencia de género se reflejan en el I Informe de Ejecución de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013 2016 , del que tomó​ conocimiento el Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, en concreto:
Disposiciones legislativas y reglamentarias:
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género mediante la modificación de su artículo 20. En su virtud, se reconoce que las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos, así como los causahabientes, con independencia de la existencia de recursos para litigar, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. la asistencia jurídica gratuita comprenderá, además de otras prestaciones, asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.
Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con el fin de asegurar su protección y garantizar plenamente sus derechos. Este Real Decreto prevé, el desarrollo de protocolos de actuación, coordinación y colaboración con la participación de las asociaciones y colectivos de protección de las víctimas. En su virtud, los servicios que se ofrezcan a las víctimas del proceso penal se basarán en una asistencia profesional multidisciplinar, mediante gestores procesales que acompañen a las víctimas durante el proceso, y la asistencia terapéutica prestada por psicólogos y otros profesionales especializados que puedan incorporarse para incrementar la calidad de los servicios. Las Oficinas podrán también elaborar planes de asistencia individualizados para el adecuado seguimiento de las víctimas y planes de apoyo psicológico cuando se trate de víctimas especialmente vulnerables, tales como menores de edad y personas con discapacidad, así como víctimas de trata de seres humanos, violencia o explotación sexual, violencia de género.
Protocolos propiamente dichos:
Protocolo de actuación para la atención a mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior de 8 de octubre de 2015, fruto de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En su virtud, se articulan las competencias de la Administración General del Estado en el exterior que inciden en el tratamiento de la violencia de género. en el campo de actuación del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aparecen medidas como:
Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida sustracción de la documentación personal, de acuerdo con la normativa vigente.
Protocolo de Actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género. La finalidad de este protocolo, es desarrollar el apartado número 5 del Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género relativo a la instalación y desinstalación en el ámbito penitenciario. Dadas las especificidades del ámbito penitenciario resulta necesario adecuar las actuaciones de instalación y desinstalación de los dispositivos del sistema de seguimiento con ocasión del ingreso, excarcelación o salidas penitenciarias de internos de los centros penitenciarios.
Protocolo de Actuación sanitaria frente a la Mutil​ación Genital Femenina de 21 de enero de 2015. Este Protocolo Común Sanitario responde específicamente a la medida 185 de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013 2016, aprobada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de 2013.Tiene como objetivo fundamental constituirse en herramienta básica para la sensibilización y formación de profesionales en la lucha contra la MGF y orientar actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permitan mejorar la salud de las mujeres y niñas a las que ha sido practicada así como trabajar en la prevención y detección del riesgo de su práctica, cuando por su contexto familiar, estén en una situación de especial vulnerabilidad.
El objetivo principal de las políticas públicas en esta materia es conseguir la plena igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y el ejercicio real de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto con el resto de ciudadanos.
Para la consecución de estos objetivos, el ministerio y el Real Patronato sobre Discapacidad, han impulsado, con la participación del tejido asociativo de la discapacidad y con el resto de ministerios, el desarrollo del Real Decreto Legisl​​ativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Además, ambos organismos también trabajan en el desarrollo de las siguientes medidas:
La ejecución del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 en colaboración con las Comunidades Autónomas, con el tejido asociativo de la discapacidad y con el resto de ministerios. Este nuevo plan se distribuye en dos fases diferenciadas. La primera fase ocupa los años 2014 a 2016 y la segunda el periodo 2017 a 2020.
En el ámbito del empleo público, a través de acciones positivas como la reserva en las ofertas de empleo público de un cupo de plazas no inferior al 7% para personas con discapacidad, celebrándose procesos selectivos independientes para el 2% de dichas plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. Asimismo, se reservan anualmente al menos el 7% de las plazas ofertadas de formación sanitaria especializada para ser cubiertas por personas con discapacidad.
Impulso del diálogo civil mediante la participación de las asociaciones y entidades relacionadas con la discapacidad en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas que afecten directa e indirectamente a la discapacidad, a través del Consejo Nacional de ​​la Discapacidad y de otros órganos y procedimientos y de reuniones informales con las entidades, además de la continua coordinación y colaboración con las mismas.
En el ámbito de la participación social, fortaleciendo la capacidad de interlocución del tercer sector de acción social ante la Administración del Estado.
La sensibilización social a través de los Premios Reina ​​Sofía de discapacidad convocados anualmente se ha visto reforzada con la creación del premio de Tecnologías de la Accesibilidad en el 2014 y del premio de Cultura Inclusiva en el 2015, cumpliendo con la Estrategia Integral de Cultura para Todos.
En materia de accesibilidad, se ha aprobado el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Mediante esta norma se garantiza la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad con movilidad reducida y unas condiciones iguales de uso de la tarjeta de aparcamiento en todo el territorio nacional. También en este terreno de la accesibilidad, anualmente se realiza un informe sobre la aplicación de la "Estrategia Integral de Cultura para Todos. Accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad", en el que se recogen los avances en la aplicación de las medidas establecidas en la Estrategia.
En noviembre de 2015 el Gobierno aprobó la "Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo​", marco de referencia en la definición de las políticas y acciones estatales en este ámbito. A través de 15 líneas estratégicas con objetivos definidos en campos como la educación, el empleo, la salud, la accesibilidad o la participación, entre otros, la Estrategia está orientada a constituir el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo.
La Red Española de Información y Documentación sobre Discapacidad es el resultado de la colaboración de los servicios de documentación e información sobre discapacidad vinculados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Está formada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) y el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID). La REDID coordina la labor documental, informativa e investigadora de sus componentes en materia de discapacidad, mejorando y ampliando la oferta de información destinada a personas con discapacidad, a expertos y al resto de los ciudadadanos, contribuyendo a la gestión del conocimiento en el ámbito de la discapacidad, facilitando el acceso a los datos, análisis e informaciones más relevantes e impulsando el intercambio de ideas y experiencias. Además de la labor de coordinación, la REDID ha promovido la publicación de la Revista Española de Discapacidad y la creación del Repositorio Iberoamericano de Discapacidad.​
La Oficina de A​​​tención a la Discapacidad (OADIS) dependiente de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad trabaja en: La promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Información, sensibilización y trato con tareas formativas sobre el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Apoyo y asesoramiento a personas con discapacidad que han sido objeto de discriminación en materias relacionadas con las telecomunicaciones y la sociedad de la información, los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, relaciones con las administraciones públicas, los transporte, los bienes y servicios a disposición del público, la administración de justicia y el patrimonio cultural; Recomendaciones a los distintos ministerios para que tengan en cuenta el grado de cumplimiento sobre la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El Instituto de Mayores y Servicio​s Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es una Entidad Gestora de la Seguridad Social a través de la que el Gobierno de España articula las políticas para las personas mayores. Su objetivo y actuaciones tienen como eje central al ciudadano.
Desde la premisa anterior se abordan las políticas de mayores que tienen un alto componente de actividad de fomento y prestacional de servicios. Por esta razón es preciso recordar que la situación económica de 2011 presentaba incertidumbres que exigía devolver la estabilidad a las cuentas públicas para volver a una senda de crecimiento duradero. A pesar de eso, el esfuerzo del Gobierno ha hecho posible mantener como prioridad las políticas con las personas mayores.
Y la primera, qué duda cabe, son las pensiones. El Gobierno ha actualizado anualmente las cuantías de las Pensiones no Contributivas a las más de 450.000 personas que perciben este tipo de pensión con un incremento del 7,1% en el periodo 2011-2015. Ha mantenido la prestación complementaria por residencia en vivienda alquilada y ha mantenido la compatibilidad del percibo de la pensión no contributiva de invalidez con la tenencia de determinados ingresos por ejercicio de una actividad laboral por cuenta propia o ajena.
El Imserso abonó en 2015 un total de 2.371 millones de euros en pensiones de jubilación e invalidez de naturaleza no contributiva a 453.547 personas, el 58 % de ellas, mujeres.
Esta política de protección ha hecho que la tasa de riesgo de pobreza en personas de más de 65 años se sitúe por debajo de la media de la Unión Europea. España ocupa niveles inferiores a países como Suecia y el Reino Unido. En los últimos tres años se ha producido una reducción de 8,4 puntos porcentuales en esta tasa de riesgo de pobreza.
Actividades en un Centro de Mayores (IMSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)Se han mantenido, también, los programas de envejecimiento activo para mejora de la calidad de vida y la promoción de la salud de las personas mayores. Y se ha fomentado el mundo asociativo de las personas mayores. El Imserso destina de su presupuesto anual casi 2, millones de euros para más de una treintena de entidades estatales. Además, a través de las subvenciones del IRPF para ONGs, el Gobierno ha destinado a la atención a las personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad en los tres últimos años casi 193 millones de euros.
El Programa de Turismo del Imserso para Personas Mayores y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas Turísticas, se enmarca dentro de las políticas y programas de envejecimiento activo y saludable, desarrolladas por el Imserso. En 2015-2016 y 2016-2017 se han ofertado 1.035.717 plazas por temporada, lo que supone 238.921 más que la temporada 2014-2015, es decir, se incrementan en un 26,7%. Esto supone un impacto económico para la temporada 2016-2017 de 372 millones de euros (69 millones de € de aportación del Imserso) y con una incidencia en el empleo de 90.000 puestos de trabajo.​
Como novedades sobresalientes de estas dos últimas temporadas (2015-2016 y 2016-2017), destacan las siguientes:
Diversificación de la duración de las estancias: introduciendo viajes con menor número de días de duración, para los usuarios que así lo prefieran, y manteniendo las actuales estancias para el resto.
Incremento de las plazas y diversificación del Turismo de Interior, tanto circuitos culturales como turismo de naturaleza, diversificando los destinos e introduciendo nuevas modalidades (fines de semana largos y cortos a capitales de provincia).
Incorporación en el Turismo de Interior de nuevas actividades, sin coste para el usuario, relacionadas con la riqueza gastronómica o de enoturismo para conocer estas culturas, visitar los mercados locales y actividades saludables y recreativas en centros de spa o talasoterapia o actividades de hidroterapia climatizada.
Incorporación de Ceuta y Melilla como destino turístico.
Incremento de la oferta de plazas en tren de alta velocidad y mantenimiento de la existente en el transporte aéreo.
Establecimiento de la posibilidad de adecuar la oferta a las preferencias de los usuarios. Para ello, se ha pasado de cuatro lotes a tres lotes, con la posibilidad, previa autorización del Imserso, de modificar las plazas de destino dentro de cada lote.
Distribución de plazas por lotes. El incremento de plazas se ha distribuido entre los tres lotes, por lo que con carácter general el número de plazas de cada lote es superior al de la temporada 2014/2015.
Hoy, todos los indicadores del Termalismo del Imserso de 2015 son mejores que los de 2008 cuando todavía no había comenzado la crisis económica. Tanto en Impacto económico (en 2008 fue de 92,97 millones de €; en 2014 de 117,1 millones de €), como en número de Balnearios participantes (en 2008, 84 balnearios; en 2015 103 balnearios), como en número de plazas (en 2008, 183.872; en 2015 serán 207 .606), como en estancias ha pasado de 2.022.592 a 1.943.964 en 2015.
El Marco de Actuación para las Personas Mayor​es​ desarrolla las orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las distintas generaciones, medidas que fueron adoptadas por el Consejo de la Unión Europea (Epsco) el 6 de diciembre de 2012, como complemento de la Estrategia Europa 2020. De manera implícita en la Declaración del Consejo, pero sobre todo en una comunicación posterior de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013, se insta a los Estados miembros a que sigan estas orientaciones. En este sentido, España se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea en su desarrollo y cumplimiento.
La elaboración del Marco de Actuación es fruto de un amplio proceso de debate. Ha contado con la participación de las personas mayores a través de sus asociaciones y entidades, particularmente de su principal órgano de consulta: el Consejo Estatal de las Personas Mayores que lo aprobó en su sesión plenaria de 8 de octubre de 2015.
El documento aprobado recoge 348 propuestas y medidas articuladas como líneas de actuación, con el objetivo de orientar las políticas y acciones dirigidas a las personas mayores y que los gobiernos, las Administraciones Públicas, las empresas y la sociedad en general tomen conciencia, se sensibilicen y las asuman. No obstante, no está ideado como una relación cerrada de medidas, sino que está abierto a futuros desarrollos e iniciativas que lo complementen.
Las 348 propuestas del Marco de Actuación se estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: Empleo, participación en la sociedad, vida independiente y no discriminación, igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Centros del Imserso​
De estos Centros seis son Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física -CRMF- (Bergondo en A Coruña, Albacete, San Fernando en Cádiz, Lardero en La Rioja, Madrid y Salamanca). Tienen por objeto la recuperación médico-funcional, psico-social y la orientación y formación profesional ocupacional para personas con discapacidad física o sensorial en edad laboral, en régimen de internado, media pensión o ambulatorio, de acuerdo con las circunstancias personales y necesidades e intereses de las personas usuarias.
Otro grupo lo constituyen los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física -CAMF- (en El Ferrol -A Coruña-, Alcuéscar -Cáceres-, Pozoblanco -Córdoba-, Guadalajara y Leganés -Madrid-). Son Centros que tienen por objeto la atención integral, en régimen de internado y media pensión, de aquellas personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario.
Por otra parte, están los Centros de Referencia Estatal (CRE), como recurso de servicios sociales en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cuya misión es la promoción y mejora de los recursos de un sector de atención a personas mayores o a personas con discapacidad en riesgo o en situación de dependencia.
Llevan a cabo programas innovadores, métodos y técnicas de intervención en la atención sociosanitaria de personas en situación de dependencia; de recopilación, análisis y difusión, información y conocimientos en la materia en la que están especializados; de impartición de acciones de formación y cualificación de profesionales; de promoción y desarrollo de buenas prácticas; y de atención a las familias, a las asociaciones, a las entidades y a los profesionales a través de acciones de información, asesoramiento, formación y apoyo.
Atención a personas mayores (MSSSI)El IMSERSO dispone, en estos momentos, de cinco centros: el Centro para la atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León), el Centro para la Atención a Personas con enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, de Salamanca, el Centro de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), de Madrid, el Centro de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), de Burgos y el Centro de Autonomía Personal (CEAPAT), de Madrid, que tiene por objetivo el fomento de la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas que limitan la accesibilidad a los edificios, y dificultan a las personas con discapacidad, por razones de edad o discapacidad, su movilidad e integración en el entorno familiar y comunitario, la investigación, la información y asistencia técnica a las Administraciones Públicas, Instituciones, Entidades Públicas y Privadas y a cuantas personas lo soliciten.
A lo largo de 2015 se han activado las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de dos Centros de Referencia Estatal:
Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención Sociosanitaria para Personas en situación de Dependencia, de Soria. Para su construcción y equipamiento se han destinado algo más de 3,4 millones €.
Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención a Personas en situación de Dependencia, de León. Se ha destinado a él una inversión de 5,8 millones €.
En 2016 se ha puesto en marcha el siguiente Centro:
Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, de Valencia. La inversión ha sido de 18,5 millones €.
Por otro lado está prevista para 2015 la finalización de la obra e instalaciones, con medios propios, del Centro de Referencia Estatal (CRE) para personas con discapacidades neurológicas "Stephen Hawking", de Langreo. La inversión ha sido de 11,5 millones €.
Junto a estos Centros completan la Red los que dispone el Imserso en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, que son de gestión directa: el Centro Social de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas, de Ceuta, el Centro Social de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas, de Melilla y el Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores, de Melilla.
La Ley 39/2006, del 14 de diciembre estableció las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para tal finalidad era imprescindible la creación del Sistema para la ​​Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que respondía, y responde, a la acción coordinada y de cooperación de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
En el SAAD, la gestión para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema corresponde a las comunidades autónomas. Y ello abarca desde el momento mismo de la presentación de la solicitud hasta el reconocimiento, en su caso, de una prestación -con determinación de la fecha de efectividad-, pasando por la valoración de la situación de dependencia según baremo y por el reconocimiento declarativo de esta situación. El Estado tiene competencias sobre la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos.
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaEl 10 de julio de 2012, de común con las Comunidades Autónomas, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (hoy Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) aprobó un acuerdo de medidas de mejora del Sistema. Dichas medidas han configurado un sistema justo y solidario que garantiza su calidad, equidad y sostenibilidad al ampliar el catálogo de servicios y prestaciones y mantener tanto los derechos de los ciudadanos como el baremo de valoración de los casos (aprobado en febrero de 2011), que es la puerta de entrada al sistema. Las medidas han garantizado la financiación en su nivel mínimo de protección, dando prioridad a los grandes dependientes y fomentando el empleo a través de los servicios profesionales, tal y como contemplaba la Ley cuando se aprobó.
Se ha ordenado y simplificado la normativa que desarrolla la Ley de Dependencia (según el Tribunal de Cuentas, el repertorio normativo alcanzaba 671 normas autonómicas y 134 estatales) a través del Real Decreto 1050/2013, el Real Decreto 1051/2013 y la Orden SSI/2371/2013.
Se ha simplificado el proceso de valoración de la situación de Dependencia al pasar de 6 niveles a 3 grados, lo que se traduce en mayor agilidad, como demandan los ciudadanos.
Se ha mejorado el catálogo de servicios y prestaciones al ampliar a todos los grados de dependencia la prestación para asistente personal (antes era solo para los grandes dependientes).
Se ha aumentado la calidad de la atención a las personas dependientes dentro de su domicilio al facilitar una formación mínima adecuada o la garantía de residencia en su entorno y fomentado la creación de empleo al aumentar el número de servicios profesionales reconocidos, dando así cumplimiento a la Ley.
Se ha reforzado la prevención de la Dependencia mediante la aprobación, en el seno del Consejo Territorial, de los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para que las Comunidades Autónomas elaboren planes de prevención de las situaciones de Dependencia con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.
Se ha reforzado la atención a los menores mediante el acuerdo, en el Consejo Territorial, de los criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de 3 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla.
Se ha mejorado la transparencia del Sistema de Información para que sea el reflejo real de la gestión, estableciendo garantías a través de una certificación mensual expedida por las Comunidades Autónomas en la incorporación de los datos al Sistema; y una certificación anual sobre la aportación de éstas a la financiación de la atención a la Dependencia desde sus presupuestos. Toda la información sobre el Sistema se publica en el Portal de la Dependencia y en el BOE.
Se han solucionado las situaciones irregulares reflejadas por el Tribunal de Cuentas, lo que ha permitido recuperar 39 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.
Se ha abonado la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por la cotización del convenio especial de las personas cuidadoras no profesionales que sumaba la cifra de 1.034 millones de euros.
En cuanto a los datos básicos de gestión, debe señalarse que a 31 de agosto de 2016:
Hay 842.343 personas beneficiarias con prestación efectiva (un 69,56 % del total de personas con efectividad de su derecho actual, más de 16 puntos porcentuales que en 2011; porcentaje que se eleva hasta el 85,04 % en el caso de grandes dependientes y dependientes severos). Se han incorporado 136.336 nuevos beneficiarios durante los primeros ocho meses de 2016 lo que hace un total de 604.118 nuevos beneficiarios en los cinco últimos años. Durante el mes de agosto se han incorporado al sistema un total de 15.235 nuevas personas beneficiarias con derecho a prestación.
Del actual número de beneficiarios con prestación, 46.286 son menores de 18 años, lo que supone un 45,59 % más que a fecha 1 de enero de 2012, cuando eran 31.793.
El número de personas que se encuentran a la espera de recibir prestación es de 129.357 , lo que representa un descenso del 7,36 % (10. 273 personas) en lo que va de año y un 57,72 % (176. 584 personas) desde enero de 2012. Se trata de la cifra y niveles interanuales más bajos de personas pendientes de recibir prestación desde el inicio de la Dependencia.
El reconocimiento de Servicios Profesionales de Atención a la Dependencia representa el 65,59 % del total de prestaciones reconocidas y las prestaciones económicas un 34,41 %. En comparación con el 1 de enero de 2012, los servicios profesionales han aumentado un total de 10,99 puntos porcentuales.
Desde 31 de diciembre de 2012 se aprecia una tendencia al alza en las afiliaciones a la Seguridad Social. Se ha producido un aumento de 47.987 nuevas afiliaciones. A 31 de agosto de 2016 , la cifra total asciende a 386.107 altas.
La evolución de estas cifras, en comparación con las que había al inicio de la legislatura, puede observarse en los siguientes gráficos:
En cuanto a la financiación del SAAD, la transferencia de fondos desde los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades Autónomas para la financiación de la atención a la Dependencia aumentó en 2015 alcanzando los 3.919 M€.
Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaDos leyes (ley 39/2006 y ley 22/2009) garantizan esta financiación. Así lo ha corroborado el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización 1.035, aprobado el 29 de mayo de 2014. Estas dos vías de financiación, finalista y adicional, establecidas en sus respectivas leyes, de Dependencia y de financiación Autonómica, supusieron que las aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado ascendieran a más de 27.000 millones de euros, desde 2007 hasta 2015.
Teniendo en cuenta estas dos vías, la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en el periodo 2007-2011 (incluyendo además el gasto para las cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia y otras vías de financiación como distintos programas y subvenciones) en el periodo 2012-2015 ha ascendido a más de 16.000 millones de euros, mientras que en la legislatura anterior fue de tan solo 11.000 millones de euros.
Campaña "No arruines tu vida" (MSSSI)En el ámbito de la política social se está dando un impulso a las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y de los programas de prevención y rehabilitación de drogodependientes. En esta materia la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene atribuidas las funciones de dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. Un plan que, desde su puesta en marcha en 1985 y a través de sus Estrategias Nacionales, fruto de un alto grado de consenso, ha permitido articular una política sobre drogas que es un referente de calidad en el ámbito de la Unión Europea.
En el marco de la última Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, el 31 de enero de 2014 se aprobó, por unanimidad en la Conferencia Sectorial sobre Drogas, el Pla​​n de Acción 2013-2016 compuesto por 36 acciones encaminadas a mejorar la coordinación; reducir la oferta de drogas; impulsar la prevención y el establecimiento de criterios de calidad de los programas; mejorar los procesos asistenciales recomendados para la atención a los drogodependientes, atendiendo especialmente a la patología dual y a las especificidades de la mujer, e incrementar la formación y la investigación.
El desarrollo del Plan de Acción 2013-2016, ha permitido que hasta diciembre de 2015 se hayan aprobado por unanimidad los siguientes productos:
Acción 1. Consejo consultivo del PNSD: Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen jurídico del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones.
Acción 2. Plataformas de coordinación inter e intrasectoriales: e-room.
Acción 3. Plan de Comunicación del Plan de Acción.
Acción 4. Proyecto coordinado de prevención familiar Universal: Guía de familias.
Acción 6. Proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre alcohol y menores y su implementación en el territorio nacional : Estudio Comparativo Normativa alcohol.
Acción 7. Proyecto de desarrollo de programas de prevención comunitaria multicomponente en el ámbito local. Programa Agente Tutor.
Acción 8. Proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario. Informe evidencia en intervención breve. Proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario: Proyecto de mejora de los procesos de detección en intervención breve en bebedores de riesgo en Atención Primaria y Urgencias.
Acción 9. Plan de prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero. Código y decálogo de buenas prácticas, programa Servicio Responsable.
Acción 13. Proyecto de mejora de procesos y procedimientos de asistencia en drogodependencias y adicciones y su adecuación a la Cartera de Servicios del SNS: Mapa de situación Recursos asistenciales.
Acción 15. Protocolo de inserción personalizada para drogodependientes en proceso de rehabilitación: Protocolo de inserción en Instituciones Penitenciarias.
Acción 26. Fomento de la investigación y del análisis de datos sobre consumo de drogas. Cuestionario profesorado revisado para la encuesta ESTUDES.
Acción 27. Mejora de la difusión de los datos del sistema de información.
Acción 29. Fomento de redes de investigación con aplicación clínica y preventiva: Identificación, representación gráfica y análisis de las redes de investigadores españoles en drogodependencias a nivel nacional e internacional (2008-2012).
Acción 30. Portal de buenas prácticas en reducción de la demanda.
Acción 31. Documento de consenso sobre criterios de acreditación de programas de reducción de la demanda. Criterios de Acreditación en programas de reducción de la demanda.
Acción 32. Sistema de evaluación interna del Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016. Evaluación intermedia.
La Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas impulsa las actuaciones en prevención, asistencia, reinserción y reducción de daños relacionados con conductas adictivas, apoyando a CCAA, Corporaciones Locales, ONG y grupos de investigación que, con carácter supracomunitario, luchan contra el fenómeno de las drogas y otras conductas adictivas. En 2014 se han financiado proyectos y realizado transferencias por una cuantía de 28,4 millones de euros.
Asimismo, con el fin de favorecer la misión del Plan Nacional sobre Drogas y desarrollando el Plan de Acción, el 8 de septiembre de 2015 se presentó y puso en producción la nueva página web del Plan Nacional sobre Drogas que sustituye a la que hace 18 años, fue una de las páginas web pioneras de la Administración del Estado.
Esta nueva web se ha elaborado teniendo en cuenta los estándares marcados por el Gobierno de España y dota aún de mayor transparencia a la gestión del Departamento en lo que concierne a la Delegación del Gobierno. Aporta nueva información actualizada e incorpora herramientas interactivas que permiten, por ejemplo, localizar desde cualquier ubicación el centro de tratamiento más próximo en el que demandar ayuda.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmaron en 2015 un Memorando de Entendimiento en materia de drogas con la OPS. Este acuerdo tiene como objeto establecer un mecanismo de cooperación que permita fortalecer el enfoque de salud pública en el abordaje del uso de sustancias psicoactivas, así como favorecer el desarrollo de asistencia técnica en este tema a los países a través de la OPS. Las actividades a desarrollar incluyen la formación de recursos humanos, la evaluación de proyectos, el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas.

References: artículo 20

Real Decreto 
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