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Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. TÍTULO VI. La actuación de la Administración General
Publicado en BOCL núm. 131 de 06 de Julio de 2001 y BOE núm. 175 de 23 de Julio de 2001
Vigencia desde 26 de Julio de 2001. Revisión vigente desde 20 de Septiembre de 2014 hasta 31 de Diciembre de 2015
La actuación de la Administración General
Artículo 59 Reglas de actuación
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ajustará su actuación a las reglas contenidas en esta Ley y en las normas básicas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Número 1 del artículo 59 renumerado, se corresponde con el literal del anterior artículo 59 por número dos del artículo 1 del DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009
2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León pondrá a disposición de todos los interesados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, que estarán permanentemente actualizados y publicados y cuya presentación se podrá efectuar vía electrónica y a distancia.
Artículo 59 introducido por número dos del artículo 1 del DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009
Artículo 60 Recurso de alzada
1.- Contra las resoluciones de los órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite en aquellos supuestos previstos en las bases del régimen jurídico, podrá interponerse recurso de alzada ante el superior del órgano que los dictó.
2.- A estos efectos tendrá la consideración de órgano superior.
- La Junta de Castilla y León respecto de los actos de los Consejeros.
- Los Consejeros respecto de los actos de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y Directores Generales no dependientes de una Viceconsejería.
- Los Viceconsejeros respecto de los actos de los Directores Genera les de ellos dependientes.
- Los Secretarios Generales y los Directores Generales, en virtud de su competencia material, respecto de los actos de los Jefes de Servicio que de ellos dependan en la Administración central, y en la periférica respecto de los actos de los Delegados Territoriales y Jefes de Departamento Territoriales.
- Los Delegados Territoriales respecto de los actos de los Jefes de Departamento Territoriales.
La jerarquía en el resto de órganos administrativos vendrá determinada por las disposiciones de estructura orgánica.
Artículo 61 Fin de la vía administrativa
1.- Pondrán fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente.
b) Las resoluciones de los Consejeros, salvo cuando por Ley expresamente se otorgue recurso de alzada antela Junta de Castilla y León.
c) Las resoluciones de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y de los Directores Generales en materia de personal.
d) Las resoluciones de los órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
e) Las demás resoluciones, acuerdos o convenios que prevean las normas básicas del régimen jurídico.
f) Las resoluciones dictadas en los recursos de alzada.
Letra g) del número 1 del artículo 61 introducida por el número 1 del artículo 7.º de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
2.- Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó, a excepción de los previstos en la letra t) del apartado anterior.
Número 2 del artículo 61 redactado por el número 2 del artículo 7.º de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
3.- Los Decretos de desconcentración a los que se refiere el artículo 47.3 podrán disponer que los actos dictados en ejercicio de las atribuciones desconcentradas pongan fin a la vía administrativa.
Artículo 62 Recurso extraordinario de revisión
Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto del recurso.
Artículo 63 Revisión de oficio
1.- Los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos serán iniciados por el órgano autor de la actuación nula, de oficio o a solicitud del interesado.
2.- La resolución corresponderá al órgano administrativo jerárquicamente superior, si lo hubiere, o al mismo órgano autor de la disposición o acto nulo, en caso contrario.
Artículo 64 Declaración de lesividad
1.- Los procedimientos para declarar la lesividad de los actos anulables serán iniciados por el órgano autor del acto, de oficio o a solicitud del interesado.
2.- La competencia para declarar la lesividad de los actos anulables corresponde al titular de la Consejería competente por razón de la materia, excepto en los supuestos de actos dictados por la Junta de Castilla y León, en los que corresponderá a ésta.
Artículo 65 Revocación y rectificación
La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos corresponderá al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.
Artículo 66 Reclamaciones previas
1.- Las reclamaciones previas a la vía judicial civil se resolverán por el Consejero o Viceconsejero que corresponda por razón de la materia, salvo las relativas a propiedad y derechos reales, que en todo caso corresponderán al Consejero de Economía y Hacienda.
2.- Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral en materia de personal serán resueltas por el Secretario General correspondiente. En el resto de materias la competencia para la resolución corresponderá al órgano administrativo autor del acto objeto de reclamación.
3.- Las reclamaciones económico-administrativas se regularán por su legislación específica.
Artículo 67 Informe jurídico
Para la resolución de los recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial, responsabilidad patrimonial, revisión de oficio, terminación convencional y ejecución de resoluciones judiciales será preceptivo el previo informe de los Servicios Jurídicos.
Artículo 68 Ejercicio de acciones y asistencia jurídica
1.- El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional será autorizado por la Junta de Castilla y León o el Consejero respectivo, y excepcionalmente, en casos de urgencia, por el Jefe de la Asesoría Jurídica General.
2. La representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, así como su asesoramiento jurídico interno, corresponderá a los letrados integrados en los servicios jurídicos de la Comunidad.
También asumirán las mismas funciones respecto de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad bajo la dirección y coordinación del órgano responsable de la asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezca para cada caso el titular de la consejería al que éste se encuentre adscrito.
Respecto de las instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto de Autonomía y el resto de entidades del sector público de Castilla y León, podrán asumir dichas funciones si la normativa propia de éstas así lo establece y siempre previa suscripción del oportuno convenio en el que se determinará la compensación económica que habrá de abonarse a la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Los letrados de los servicios jurídicos de la Comunidad también podrán asumir la representación y defensa del personal y de los altos cargos al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad en los procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus funciones, en los términos que reglamentariamente se determinen y siempre que no exista conflicto de intereses
Número 2 del artículo 68 redactado por el número 5 del artículo 14 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 5/2014, 11 septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 19 septiembre). Téngase en cuenta que, conforme establece la disposición transitoria tercera de la citada Ley, la efectividad de la previsión contenida en los párrafos segundo y tercero del presente apartado está supeditada a la previa modificación de la relación de puestos de trabajo de la Dirección de los Servicios Jurídicos que dote al citado órgano de los puestos necesarios para el desempeño de tales funciones. Vigencia: 20 septiembre 2014
3.- La Administración de la Comunidad Autónoma disfrutará del mismo estatuto procesal que la del Estado, cuya normativa de asistencia jurídica, contenciosa y consultiva será supletoriamente aplicable.
Régimen de las disposiciones y actos administrativos
Artículo 69 Jerarquía normativa
Las disposiciones administrativas de carácter general se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:
1.- Decretos de la Junta de Castilla y León y de su Presidente.
2.- Órdenes de Consejería.
3.- Otras disposiciones de órganos inferiores, según el orden de su respectiva jerarquía.
Artículo 70 Decretos y Acuerdos
1.- Adoptarán la forma de Decreto las disposiciones de carácter general de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente.
2.- Adoptarán la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente.
3.- Cuando afecte a las competencias de más de una Consejería, el Decreto o Acuerdo se aprobará a iniciativa de los Consejeros interesados y será propuesto por el de Presidencia y Administración Territorial.
4.- Los Decretos y Acuerdos serán firmados por el Presidente y, en su caso, por el Consejero autor de la propuesta.
Artículo 71 Órdenes
1.- Adoptarán la forma de Órdenes las disposiciones y resoluciones de los Consejeros e irán firmadas por el titular de la Consejería correspondiente.
2.- Cuando las órdenes afecten a las competencias de varias Consejerías se aprobarán por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a iniciativa de los Consejeros interesados.
Artículo 72 Resoluciones
Las disposiciones y actos de los órganos inferiores adoptarán la forma de Resoluciones.
Artículo 73 Inderogabilidad singular de reglamentos
Las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de órganos que tengan igual o superior rango a los órganos que aprueben éstas.
Artículo 74 Publicación
Las disposiciones administrativas de carácter general se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla y León», medio de publicación oficial de la Junta de Castilla y León y de su Administración, y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que en las mismas se dispusiere otra cosa.
Procedimiento de elaboración de las normas
Artículo 75 Proyectos de ley
1.– La iniciativa legislativa que corresponde a la Junta de Castilla y León se ejercerá mediante la elaboración, aprobación y remisión de los proyectos de ley a las Cortes de Castilla y León.
2.– El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la consejería o consejerías competentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto.
El anteproyecto irá acompañado de una memoria que en su redacción final deberá contener:
a) El marco normativo en el que pretende incorporarse, con expresión de las disposiciones afectadas y tabla de vigencias.
b) La motivación sobre su necesidad y oportunidad.
c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso, así como a su financiación.
d) Un informe de la evaluación del impacto de género.
e) Informe motivado de las razones imperiosas de interés general que determinen el efecto desestimatorio del silencio administrativo.
f) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la concurrencia de las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, así como, en su caso, de la concurrencia de estas mismas condiciones en relación con los requisitos previstos en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2 de la Ley sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
g) El resultado, en su caso, de los trámites de audiencia e información pública.
3.– En aquellos casos en que el texto deba someterse a trámite de audiencia o de información pública, se llevará a cabo una vez que el órgano directivo elabore el anteproyecto correspondiente y preferentemente a través de la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, salvo que la normativa básica del Estado o una norma con rango de ley disponga otra cosa. En aquellos supuestos en que sea necesario dar curso a ambos trámites, la publicidad de los proyectos normativos a tales fines se llevará a cabo simultáneamente y por una sola vez.
Los trámites de audiencia e información pública no serán necesarios en aquellas disposiciones que regulen órganos, cargos y autoridades, así como respecto de las disposiciones orgánicas de la Administración de la Comunidad y sus organismos o entidades dependientes o adscritas a la misma. Tampoco resultarán necesarios estos trámites cuando las organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a los ciudadanos hubieran participado en la emisión de informes y consultas en el proceso de elaboración del texto.
4.– Una vez elaborado el anteproyecto, se solicitará de forma simultánea, por una sola vez y por un mismo plazo no superior a diez días, informe a cada una de las consejerías sobre todos los aspectos que afecten a sus competencias. En ese mismo plazo y trámite cada consejería remitirá también los informes de los órganos colegiados adscritos a ella que resulten preceptivos. Se exceptúa de lo anterior el informe de legalidad de los Servicios Jurídicos, que será el último en ser solicitado antes de que el anteproyecto sea sometido, en caso de resultar preceptivo, al Consejo Consultivo de Castilla y León.
Los informes se limitarán exclusivamente al análisis de las cuestiones objeto de la competencia de quien los emite, sin que puedan extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia o a formular propuestas alternativas ajenas a su ámbito de competencia, salvo que así les sea expresamente solicitado por la autoridad consultante.
De no emitirse el informe en el plazo señalado para ello se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, salvo cuando éste resulte vinculante, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al aprobar la disposición de que se trate, salvo que este sea vinculante.
5.– La solicitud de informe a las consejerías podrá realizarse de forma simultánea a los trámites de audiencia e información pública.
6.– Finalizada la tramitación, y previo informe de los órganos consultivos, en su caso, el anteproyecto se someterá a la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León
Artículo 75 redactado por el artículo 6 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 5/2014, 11 septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 19 septiembre).Vigencia: 20 septiembre 2014
Artículo 75 redactado por el número 3 del artículo 7.º de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 76 Proyectos de disposiciones generales
Los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que deban ser sometidos a la Junta de Castilla y León, contendrán la documentación y seguirán la tramitación establecida en el artículo anterior.
Artículo 76 redactado por el número 4 del artículo 7.º de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 76 bis introducido por el número 5 del artículo 7.º de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 77 Régimen
Los contratos que celebre la Comunidad Autónoma se regirán por la legislación básica del Estado y por la normativa autonómica de desarrollo de la misma.
Artículo 78 Órganos de contratación
Los Consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, celebrándose los contratos en nombre de ésta, previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.
Artículo 79 Autorización de Junta y mesa de contratación
1.- La celebración de contratos exigirá la autorización de la Junta de Castilla y León en los casos previstos en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad y en la Ley de Presupuestos vigente.
2.- La mesa de contratación estará constituida por un presidente, un mínimo de tres vocales y un secretario designado por el órgano de contratación. Entre los vocales figurarán necesariamente un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y un interventor.
La potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial
Artículo 80 Régimen de la potestad sancionadora
El ejercicio por la Administración de la potestad sancionadora se acomodará a la legislación básica de las Administraciones públicas, sin perjuicio del desarrollo normativo y de las peculiaridades que puedan preverse.
Artículo 81 Régimen de la responsabilidad patrimonial
La responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por los daños ocasionados a los particulares en sus bienes o derechos por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, se regirá por la legislación básica de las Administraciones públicas.
Artículo 82 Procedimiento y órgano competente
1.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la normativa básica, con las especialidades derivadas de la organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2.- La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá al Consejero competente por razón de la materia hasta el límite establecido para la contratación, y por la Junta de Castilla y León en los demás casos o cuando una Ley expresamente lo prevea.

References: Artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 1

Artículo 59
 artículo 1

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 47

Artículo 62

Artículo 63
 resolución 

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 resolución 

Artículo 67
 resolución 

Artículo 68
 artículo 68
 artículo 14

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 11
 artículo 12

Artículo 75
 artículo 6

Artículo 75
 artículo 7

Artículo 76

Artículo 76
 artículo 7

Artículo 76
 artículo 7

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82
 resolución