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Timestamp: 2018-10-18 14:19:28+00:00

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﻿ Sentencia C-562 de septiembre 2 de 2015
SENTENCIA C-562 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:SUPRIMIR LA EXIGENCIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL DE ECONOMISTA PARA POSESIÓN DE CARGO PÚBLICO O PRIVADO. DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 37 DE 1990 Y” DEL ARTÍCULO 109 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012 RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ECONOMISTA, TEMA SOBRE EL CUAL EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 1474 DE 2011 NO DIO AUTORIZACIÓN REGULATORIA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR LO TANTO, DESBORDÓ LOS LÍMITES MATERIALES FIJADOS POR EL CONGRESO. CON ELLO EL EJECUTIVO ASUMIÓ UNA COMPETENCIA QUE NO LE FUE OTORGADA, DONDE MÁS QUE SUPRIMIR UN TRÁMITE INNECESARIO QUE GENERARE INEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O INCITASE A LA CORRUPCIÓN, ELIMINÓ LA EXIGENCIA DE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE PROFESIONAL EN ECONOMÍA Y SU TARJETA PROFESIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE DIVERSAS LABORES ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS, ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, PROFESIÓN, POSESIÓN EN EMPLEOS PÚBLICOS, FACULTAD REGLAMENTARIA, ACTIVIDAD ECONÓMICA, LEY ANTITRÁMITE, TÍTULO PROFESIONAL, PROFESIONAL
Sentencia C-562 de septiembre 2 de 2015
Ref.: Expediente D-10643
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 109 (parcial) del Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.
A continuación se transcribe la norma impugnada y se resalta el aparte acusado, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 48308 de 10 de enero de 2012:
“ART. 109.—Derogatorias. Deróguese el artículo 11 de la Ley 37 de 1990 y el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 16 de 1990, adicionado por el artículo 13 de la Ley 69 de 1993”.
Por medio de la cual se modifica la Ley 41 de 1969(1).
“ART. 11.—Para la toma de posesión de un empleo oficial o cargo en el sector privado cuyo desempeño requiere la calidad de profesional de la Economía, se exigirá la presentación de la matrícula profesional, de lo cual se dejará constancia en el acta de posesión. Se requiere igualmente la participación de un Economista, con matrícula profesional, en los siguientes actos:
PAR. 1º—Sin la firma de un Economista debidamente inscrito, estos estudios y solicitudes no podrán ser utilizados válidamente por las entidades o instituciones que los requieran.
PAR. 2º—Las firmas y organizaciones profesionales cuyas actividades comprendan alguna o algunas de las que conforme a la ley correspondan al ejercicio de la profesión de Economista, deberán contar para el efecto con un economista legalmente autorizado y bajo cuya responsabilidad y firma se desarrollarán aquellas actividades”.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta contra un decreto con fuerza de ley expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, en este caso el Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
La Sala comienza por desestimar la solicitud inhibitoria elevada por uno de los intervinientes(4) ante el supuesto incumplimiento de los requisitos de precisión, suficiencia y claridad en la formulación del cargo, que por demás no fue sustentada ni desarrollada. Por el contrario, encuentra que la acusación de los demandantes cumple a cabalidad con los requisitos previstos en el Decreto Ley 2067 de 1991 (art. 2º), según las exigencias trazadas por la jurisprudencia constitucional(5), por cuanto —a pesar de su sencillez— fue claramente expuesta, con razonamientos ciertos y precisos a partir de los cuales se plantea un problema constitucional serio, al punto que todas las intervenciones abordan un examen de fondo y no sobre eventuales deficiencias en la formulación de los cargos (incluido el propio Departamento Nacional de Planeación, que en subsidio pide declarar exequible la norma acusada). De esta manera, quienes han participado en el proceso de constitucionalidad debatieron acerca del presunto exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias por parte del Presidente de la República, lo cual demuestra que el sentido de la acusación fue claramente entendido y reafirma la aptitud de la demanda.
Hecha la anterior aclaración, la Corte debe determinar si el Presidente de la República, al derogar el artículo 11 de la Ley 37 de 1990(6), vulneró los artículos 121 y 150-10 de la Constitución Política por exceso en el ejercicio de las facultades conferidas por el Congreso para actuar como legislador extraordinario. En concreto, debe definir si el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” (L. 1474/2011, art. 75, par.), al derogar la norma que, de un lado, exigía la matrícula profesional de economista para tomar posesión de un empleo oficial o cargo en el sector privado cuyo desempeño requiera de esa calidad, y, de otro, exigía contar con un economista para la elaboración y presentación de diversos estudios, planes o proyectos relacionados con el ejercicio de dicha profesión.
3. Alcance y límites del Presidente de la República para dictar normas con fuerza de ley en ejercicio de facultades extraordinarias.
3.1. El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución consagra como una de las funciones del Congreso revestir al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, las cuales deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno y cuya aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara(7).
La Corte ha considerado que esta forma de habilitación extraordinaria plantea ventajas pero a su vez implica riesgos. Al respecto, ha señalado que “resulta útil para la regulación de temas particularmente complejos por su contenido técnico, acelera la expedición de normas con fuerza de ley cuando resulta necesario para conjurar crisis o facilita ajustes atendiendo razones de conveniencia pública”; pero al mismo tiempo, “su utilización excesiva debilita el principio democrático ante el empobrecimiento de la deliberación al interior del Congreso, relativiza el principio de separación de poderes y acentúa el carácter presidencialista del régimen político”(8).
Es por esa razón que el Constituyente hizo más exigentes los requisitos para el otorgamiento de facultades extraordinarias, los cuales han sido sintetizados por esta corporación así: “(i) no pueden conferirse para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco(9), ni decretar impuestos, y en general para regular asuntos que tengan reserva exclusiva del Congreso; (ii) la aprobación de la ley habilitante requiere de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara; (iii) el Congreso no puede otorgarlas motu proprio, sino que deben ser expresamente solicitadas por el Gobierno, ya sea por el Presidente de la República o por uno de sus ministros(10); (iv) el término máximo por el cual pueden conferirse es de seis meses; (v) solo pueden otorgarse cuando la necesidad lo exija o por razones de conveniencia pública; (vi) el Congreso conserva la potestad de modificar en cualquier tiempo y por iniciativa propia los decretos dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias; y finalmente, (vii) las facultades deben ser claras y precisas”(11).
3.2. Este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el Gobierno debe, en el trámite de la ley que otorga facultades extraordinarias, justificar suficientemente el motivo de la solicitud; mientras que al Congreso, dentro de la libertad política y la facultad discrecional de que es titular como conformador de la norma jurídica, “le corresponde sopesar y valorar dicha necesidad y conveniencia, más aún, cuando delega transitoriamente atribuciones que le son propias”(12).
Al mismo tiempo, la Corte ha hecho referencia al vocablo “precisas”, del numeral 10 del artículo 150 de la Carta, señalando que “es suficiente con que en ellas [las facultades extraordinarias] se establezcan los límites claros dentro de los cuales actuará el Ejecutivo, sin que su generalidad implique un desconocimiento de la Carta Política”(13).
Lo anterior significa que es suficiente la claridad de los objetivos y fines del otorgamiento de las facultades extraordinarias, sin que la limitación tenga que ser exhaustiva o rigurosa, en tanto pretender que el legislador fije unos parámetros minuciosos tornaría inocua e innecesaria la concesión de facultades(14). En otras palabras, la precisión supone determinar de manera clara la materia objeto de la autorización extraordinaria, “pero ello no significa que la ley de delegación tenga que predeterminar en detalle el cabal desarrollo de todo lo que se le está encomendando, lo que constituiría una duplicación sin sentido, deviniendo superfluo no acoger simplemente lo que expida el Congreso”(15). Esta corporación ha definido como requisitos de precisión los siguientes(16):
(i) Indicar la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción del Ejecutivo. Sobre este punto la jurisprudencia ha señalado que “el concepto precisión se refiere no al grado de amplitud de la ley de facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la delimitación de la materia a la que se refiere”(17). Es así como la Corte ha considerado que “una habilitación amplia y general no es necesariamente contraria a la Carta(18), siempre que no sea vaga e indeterminada, ya que la precisión de la ley habilitante es parámetro para el control de constitucionalidad sobre la ley de facultades así como sobre los decretos legislativos de desarrollo”(19).
(ii) Señalar la finalidad a la cual debe apuntar el Presidente de la República al ejercer las facultades. Sobre la finalidad la Corte ha sostenido que debe existir coherencia “entre, los motivos que llevaron al legislador a concederlas, y el contenido mismo de la ley de facultades”(20). En otras palabras, de un lado, al Congreso le corresponde establecer en forma clara, cierta, específica y determinable el campo normativo sobre el cual debe actuar el Presidente; y de otro, el Ejecutivo debe ejercer la competencia legislativa transitoria sin exceder los límites fijados en la ley habilitante(21).
(iii) Enunciar los criterios que han de orientar las decisiones del Presidente respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito material general de la habilitación. La Corte ha señalado que este requisito se relaciona con los “estrictos criterios específicos y restrictivos que permiten la delimitación del ámbito de la competencia atribuida al Presidente, sin los cuales sería en extremo difícil determinar si actuó dentro del marco establecido por la habilitación”(22). No obstante, como se expuso previamente, la exigencia de precisión no puede llegar al punto de hacer que sea el Legislador quien defina con detalle el contenido de las materias que debe regular el Ejecutivo con las facultades extraordinarias, porque ello limitaría en exceso las competencias del Presidente y restaría sentido a la delegación legislativa(23).
3.3. Ahora bien, de lo anterior se desprende que las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República deben cumplir con la acreditación de ciertos parámetros constitucionales y sujetarse a unos límites temporales y materiales que el juez constitucional ha de valorar frente a un cargo por exceso en el uso de las mismas(24).
El límite material implica que los decretos que dicte el Presidente solo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante; es decir, el Gobierno solo puede ocuparse de las materias allí indicadas, sin lugar a extensiones ni analogías(25). En esta dirección, los decretos leyes sobre materias distintas a las definidas por el Congreso suponen una extralimitación en las facultades conferidas e invalidan la órbita propia del legislador ordinario.
Sobre el particular la jurisprudencia ha explicado que el proceso de habilitación legislativa impone a los órganos que intervienen en la misma —el Congreso y el Gobierno— obligaciones recíprocas cuya inobservancia podría conducir a la declaratoria de inexequibilidad de la ley de facultades o de las medidas adoptadas en ejercicio de las mismas(26). Conforme a tal exigencia, “al Congreso le asiste la obligación ineludible de establecer en forma clara, cierta, específica y determinable el campo normativo sobre el cual debe actuar el Presidente de la República. Y al Gobierno, la obligación de ejercer la facultad legislativa transitoria dentro de los límites o parámetros fijados en el acto condición que otorga la delegación, debiendo restringir la actividad normativa estrictamente a las materias allí descritas”(27).
Siguiendo ese hilo argumentativo, el análisis sobre la extralimitación del Presidente en el ejercicio de las facultades extraordinarias, como causal de inexequibilidad abarca la adecuada interpretación de la precisión temática en el otorgamiento de las facultades, esto es, la determinación clara del marco dentro del cual se autoriza al Ejecutivo a expedir los decretos leyes. En esa medida, el contenido de los decretos extraordinarios “debe tener una conexidad temática directa tanto con el texto de la disposición que dispone las facultades extraordinarias, como con el tópico de la regulación general en la cual se incluyó el artículo habilitante”(28).
El principio de causalidad juega un papel relevante en el referido análisis, en tanto “hace posible la satisfacción del requisito de precisión, y así de la prohibición en la extralimitación del uso de estas facultades”. Siendo así, “el juez de control de constitucionalidad debe verificar la existencia de una relación de causalidad entre el contenido de la regulación expedida en virtud de la delegación y el contenido amplio de la materia delegada”(29).
“a. La limitación de los excesos que se cometieron en el pasado mediante la exclusión expresa de ciertas materias v.gr la expedición de códigos y de leyes estatutarias, de leyes orgánicas y de las leyes previstas en el numeral 19 del artículo 150 Constitución Política, así como el decreto de impuestos.
b. El impedimento al Congreso del ejercicio de la iniciativa legislativa para otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo. De esta forma se le cerró el paso a la posibilidad de que el Congreso, motu proprio, tomara la decisión de atribuir transitoriamente algunas de sus funciones al Presidente de la República en detrimento de la efectividad de los principios democráticos y de la separación de poderes.
d. La consagración expresa de la competencia del Congreso para reformar y modificar en todo tiempo y por iniciativa propia, los decretos dictados por el gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias. Con esto buscó el constituyente reafirmar que el Congreso es el titular de la función legislativa. Si bien este puede trasladar de manera temporal y materialmente limitada el ejercicio de la potestad de legislar al Presidente de la República cuando se dan determinados supuestos fácticos la necesidad lo exige o la conveniencia pública lo aconseja, ello no quiere decir que pierda o se desprenda de su competencia para legislar sobre la materia, sea para modificar, complementar o derogar las normas con fuerza de ley dictadas por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias.
e. En este contexto, era natural que se insistiera en el requisito de la precisión en la delimitación de las facultades conferidas (ver infra. 6.), se reiterara que la habilitación solo puede hacerse ‘cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje’, y se hiciera más estricto el requisito de la temporalidad al pasarse de un otorgamiento pro tempore pero sin límite predeterminado a una concesión restringida a un término máximo de seis meses”.
3.4. En definitiva, el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República está limitado desde el punto de vista temporal, en tanto cuenta con un término perentorio de seis meses para hacer uso de las facultades que le fueron otorgadas, y desde el punto de vista material, porque los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno solo pueden ocuparse de los asuntos señalados en la ley habilitante. Asimismo, está supeditado a los requisitos fijados en la Constitución de 1991 con el fin de evitar abusos y excesos en su ejercicio, entre ellos, la exclusión expresa de ciertas materias, el impedimento del Congreso para otorgar motu proprio facultades extraordinarias al Ejecutivo, y la exigencia de las mayorías absolutas para su aprobación.
4. Facultades extraordinarias otorgadas al Presidente en la Ley 1474 de 2011 para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios ante la administración pública.
4.1. Con la Ley 1474 de 2011 el Congreso de la República dictó algunas normas “orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
En el capítulo V de dicho estatuto, relativo a las “políticas institucionales y pedagógicas”, señaló que la creación de nuevos trámites que afecten a los ciudadanos debe estar precedida del estudio y concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública (art. 75). En la misma disposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.10 de la Carta, el Congreso otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley dirigidas a “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Dispuso al respecto:
PAR. 2º—Las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales” (resaltado fuera de texto).
La implementación de una política anti trámites se enmarcó dentro de una política estatal más amplia, encaminada a crear mecanismos de prevención y sanción de la corrupción y de efectividad al control de la gestión pública. Tuvo como fundamento la búsqueda de una administración más eficiente, bajo la premisa de que solo con una administración moderna y sujeta a control social es posible enfrentar la corrupción y generar una cultura de legalidad(30).
4.2. El Presidente hizo uso de dichas facultades con la expedición del Decreto Ley 19 del 10 de enero de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, con la siguiente motivación general:
Que mediante el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Congreso de la República revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
En varias oportunidades esta corporación se ha referido al alcance y límites de la ley habilitante, insistiendo en el carácter restrictivo de las facultades otorgadas, así como a la manera como el Gobierno hizo uso de ellas con la expedición del Decreto Ley 19 de 2012(31). A continuación se reseñan dichos pronunciamientos.
4.2.1. En la Sentencia C-634 de 2012 la Corte declaró inexequible la norma que, en lugar de “suprimir” o “reformar” procedimientos innecesarios, reincorporó al ordenamiento dos trámites que el Congreso había eliminado previamente, lo cual excedía el alcance de las facultades otorgadas. Dijo entonces:
En virtud de lo anterior se declarará la inconstitucionalidad de la expresión ‘y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes ante el Secretario de la respectiva Cámara’ contemplada en el artículo 25 del Decreto 19 de 2012, pues se exceden las facultades otorgadas al crearse dos nuevos trámites, consistentes en la presentación personal de dichos documentos y en la exigencia de autenticarlos, la cual incluso subsistiría con la modificación realizada en el Decreto 53 de 2012” (resaltado fuera de texto).
4.2.2. En la Sentencia C-711 de 2012, al examinar la norma que eliminó el Diario Único de Contratación y dispuso que los contratos estatales solo debían publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —SECOP—(32), la Corte hizo varias precisiones en cuanto a los límites materiales de dichas facultades. Aclaró el sentido de los verbos “suprimir” y “reformar” a los cuales hace referencia la ley habilitante. Señaló que el objeto de dichas facultades se circunscribió a “regulaciones” (reglamentos de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema), “procedimientos” (modo secuencial de ejecutar algunas cosas) y “trámites”, entendidos como diligencias que hay que recorrer en un asunto o negocio hasta su culminación. Además, advirtió que todo ello se limitó a los trámites “innecesarios”, es decir, a las diligencias “no indispensables en la Administración Pública”. En este sentido el fallo indicó lo siguiente:
5.3.3.4. De las anteriores consideraciones podemos concluir que el legislador extraordinario estaba facultado para dictar las normas con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública” (resaltado fuera de texto).
4.2.3. En la Sentencia C-744 de 2012 se analizó la norma que eliminó el requisito de autorización previa del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral a un empleado en situación de discapacidad cuando se invocara justa causa(33). La Corte consideró que el Presidente de la República había excedido las atribuciones otorgadas, las cuales estaban circunscritas a la supresión de trámites “innecesarios” al interior de la Administración Pública. Dijo entonces:
“En síntesis, la Ley 1474 de 2011 planteó la concesión de facultades extraordinarias que permitiesen, únicamente, suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, al interior de la administración pública, recordando que de acuerdo con la Constitución (arts. 150-7 y 189-14, entre otros), el Congreso y el Gobierno poseen competencias compartidas para la definición de la estructura y el funcionamiento de la administración nacional (C-240/2012).
(ii) No le corresponde al Presidente, sino al legislador, bajo el escrutinio de los diferentes grupos interesados (gremios de empresarios, agrupaciones que velan por los derechos de los discapacitados, etc.)(34), determinar si exigir la autorización previa del Ministerio del Trabajo para poder despedir o dar por terminado el contrato de trabajo con un empleado en situación de discapacidad, cuando se discuta la existencia o no de una justa causa para ello, resulta ser un trámite innecesario o una carga excesiva para los ciudadanos.
En otras palabras, lo que decidirá esta Corte en la presente oportunidad emana del exceso en la aplicación de las facultades extraordinarias con las que el legislador revistió al ejecutivo mediante el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, para expedir ‘normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública’ y no es óbice, prima facie, para que el propio Congreso, luego de cuidadosos análisis y recepción de criterios de expertos e interesados, acorde con los derechos inherentes a las personas que sobrelleven alguna discapacidad, concluya fundadamente que la autorización previa del Ministerio del Trabajo pueda ser morigerada, suprimida o remplazada” (resaltado fuera de texto).
4.2.4. En la Sentencia C-745 de 2012 la Corte conoció de una demanda contra la norma que, al amparo de las facultades otorgadas por la Ley 1474 de 2011, amplió de 2 a 6 años el plazo para la primera revisión técnico-mecánica de vehículos automotores(35), acusada de desbordar el marco de las atribuciones extraordinarias conferidas. La Sala desestimó la acusación, para lo cual reconoció que el Gobierno contaba con un razonable margen de apreciación a la hora de definir, con base en su experiencia técnica, cuáles trámites podían ser calificados como “innecesarios”, siempre y cuando se enmarcaran dentro de la política estatal de crear mecanismos de prevención y sanción de la corrupción y de efectividad al control de la gestión pública. Sostuvo entonces:
“4.3.2.2. El artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 señala el alcance de las facultades extraordinarias y define el verbo rector de las mismas. En dicha disposición referida a la política antitrámites, se establece en el parágrafo 1º la autorización para que el Presidente de la República ‘expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública’. Dicha habilitación se encuentra enmarcada en una política estatal más amplia, referida a la creación de mecanismos de prevención y sanción de la corrupción y de efectividad del control de la gestión pública. Asimismo, correspondía al Gobierno definir cuáles eran dichas regulaciones, trámites y procedimientos que resultaban innecesarios y superfluos, ya que tal competencia fue justamente la materia de las facultades excepcionales, con el encargo de definir la necesidad o no de los mismos(36). Significa que contaba el Presidente con un amplio y razonable margen de apreciación para definir, con base en su experiencia técnica, cuáles eran dichos trámites innecesarios, y establecer los requisitos en caso de que las entidades del orden nacional requirieran imponer nuevos procedimientos o regulaciones que afectaran a los ciudadanos. Tal y como lo ha señalado en casos similares la jurisprudencia, ‘por estar el Ejecutivo más directamente compenetrado con la función administrativa, tiene a su disposición mejores elementos de juicio para juzgar la necesidad o no necesidad de un determinado trámite o exigencia pública’(37).
4.3.2.3. En ese contexto, el Ejecutivo consideró que no eran necesario imponer a los automotores particulares nuevos, la primera revisión técnico mecánica a los dos años, sino en los seis años siguientes a su matrícula, teniendo en cuenta los altos estándares de calidad y la tecnología de los nuevos automotores, su bajo impacto ambiental, y las revisiones que los concesionarios ofrecen durante los primeros años, entre otros factores. Así, no refleja el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012 una extralimitación en el ejercicio de las facultades conferidas por el Legislador ordinario al Ejecutivo. Ahora bien, la consideración de ser o no una reforma adecuada, tiene su escenario natural en el Congreso de la República, quien mantiene su competencia para modificar o derogar las disposiciones expedidas por el Presidente(38).
4.3.2.6. Por las anteriores consideraciones, el cargo no está llamado a prosperar en relación con este argumento” (resaltado fuera de texto).
4.2.5. En la Sentencia C-784 de 2012 la Corte decidió una demanda contra la norma que, de nuevo invocando las facultades de la Ley 1474 de 2011, estableció el mecanismo de la ventanilla única para el recaudo de los derechos de autor y para la expedición del certificado de pago por la reproducción de obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interceptaciones artísticas en establecimientos abiertos al público(39).
5.3. También se le facultaba para reformar trámites y procedimientos innecesarios en la Administración Pública. En esa medida, no constituye una extralimitación de tales facultades que los artículos cuestionados modificaran el procedimiento de recaudo de los derechos de autor, para simplificarlo y unificarlo y de esta manera evitar la evasión del pago de los derechos de autor por la reproducción pública de obras musicales, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas en establecimientos abiertos al público” (resaltado fuera de texto).
4.2.6. En la Sentencia C-012 de 2013 la Corte explicó que “el carácter de innecesario, hace relación a aquello que no es indispensable o que no hace falta”, lo cual supone evaluar los fines que se proponen con una regulación, o la supresión de ella. Fue así como en el caso entonces analizado encontró que “el Legislador delegado no incurre en un uso excesivo de sus facultades, cuando suprime el deber de publicar actividades propias de la contratación estatal en medios electrónicos, siempre y cuando tales decisiones estén signadas por la realización efectiva de los principios propios de la función administrativa”(40).
4.2.7. Así también fue explicado en la Sentencia C-097 de 2013, que declaró exequibles varias normas dictadas con el propósito de simplificar, unificar y facilitar la ejecución y comprensión de aspectos relativos al Sistema de Seguridad Social(41). La Corte reiteró que las atribuciones que la Ley 1474 de 2011 otorgó al Presidente para actuar como legislador extraordinario estuvieron circunscritas, como límite temático, a la reforma de procedimientos y trámites “innecesarios” al interior de la “Administración Pública”, con miras a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como para lograr la efectividad en la gestión pública:
“Según lo anterior, el límite temático de la habilitación se circunscribe a la reforma (con supresión o sin ella) de procedimientos y trámites innecesarios con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y de lograr la efectividad del control de la gestión pública. Todo ello en desarrollo de una política antitrámites. Y, esta conclusión no solo se deriva del contexto de la habilitación otorgada por el legislador, como se acaba de mostrar, sino además deviene del texto mismo del artículo que contiene las facultades, pues este se refiere a la posibilidad de reformar, y no solo a la de suprimir. Con esto se cumple el requisito de precisión de las facultades extraordinarias, y a su vez permite al Ejecutivo el desarrollo de la competencia regulativa en los estrictos términos de la habilitación” (resaltado fuera de texto).
4.2.8. De manera análoga, en la Sentencia C-235 de 2014 la Corte precisó que las referidas facultades no pueden entenderse literalmente, sino que deben interpretarse en el sentido de permitir al Legislador extraordinario ajustar los procedimientos a los principios que orientan la función administrativa, esto es, desde una perspectiva teleológica(42):
Así pues, advierte la Sala que las normas con fuerza de Ley que sean producto de la autorización conferida, esto es, suprimir o reformar, que comprendan el objeto definido por el legislador, esto es, regulaciones, procedimientos y trámites, y que realicen la finalidad señalada por el delegante, esto es, el logro de la transparencia, la eficiencia y la publicidad; cuentan con el aval del Tribunal Constitucional. Es el lleno de estas exigencias, lo que debe mirar la Corporación en el caso presente” (resaltado fuera de texto).
4.2.9. Por último, en la reciente Sentencia C-219 de 2015 esta corporación decidió una demanda contra varias normas del Decreto Ley 19 de 2012 que modificaron la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. En ellas se suprimió una competencia que estaba radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio para asignarla al Organismo Nacional de Acreditación. La Corte no encontró que el Presidente se hubiere excedido en el ejercicio de las facultades conferidas, puesto que la modificación guardaba coherencia con la ley habilitante y propendía por revestir de mayor transparencia y eficiencia los actos de la administración:
“6.6.5. Teniendo en cuenta estas consideraciones, debe preguntarse la Corte si el Decreto Ley 19 de 2012, al confiar al ONAC la función de acreditar a las entidades de certificación excedió las atribuciones concedidas específicamente por la Ley 1474 de 2011.
La Ley habilitante concedió al Presidente facultades extraordinarias para ‘suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública’. En este orden de ideas, el Gobierno decidió otorgar al ONAC la función de acreditar a las entidades de certificación, modificando la Ley 527 de 1999.
6.6.6. En razón de lo anterior, la Corte desestimará el cargo de extralimitación de las funciones extraordinarias concedidas al Presidente en el marco del Decreto Ley 19 de 2012, por haber otorgado al ONAC la función de acreditación de las entidades de certificación, así como el cargo por violación del artículo 333 de la Constitución” (resaltado fuera de texto).
4.2.10. El anterior recuento jurisprudencial acerca de las atribuciones que el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 otorgó al Presidente de la República para dictar normas con fuerza material de ley permite extraer algunas conclusiones:
5. Análisis de la norma acusada: el Presidente de la República excedió el alcance de las facultades extraordinarias otorgadas.
5.1. Según fue reseñado, mediante la expedición del Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, el Presidente de la República hizo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso.
La norma acusada se inscribe en el Título II (régimen especial), capítulo VII. Dicho capítulo, referido a los “trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de agricultura y desarrollo rural”, consta de solo tres disposiciones. El artículo 107 adiciona un parágrafo al artículo 69 de la Ley 160 de 1994, en cuanto a la adjudicación de tierras a personas desplazadas(43). El artículo 108 regula lo concerniente a los mecanismos para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control conjunto entre el ICA y el Invima(44). Y el artículo 109, acusado en esta oportunidad, señala las normas derogadas de ese acápite, en los siguientes términos:
“ART. 109.—Derogatorias. Deróguese el artículo 11 de la Ley 37 de 1990 y el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 16 de 1990, adicionado por el artículo 13 de la Ley 69 de 1993” (Se resalta la expresión demandada).
“El perfil profesional del economista lo capacita para desempeñarse a cabalidad tanto en el sector público como en el sector privado en áreas de responsabilidad que involucran toma de decisiones con base en consideraciones económicas y sociales. Asimismo, su preparación con énfasis en el uso de un complejo de técnicas analíticas le permite ejercer el papel de asesor, en todas aquellas áreas que tengan que ver con la utilización de recursos productivos con miras a la inversión privada o social”(45).
De allí que la utilización de los recursos humanos calificados sea hoy indispensable cuando se requieren obtener niveles de eficiencias y de rentabilidad en los proyectos tanto públicos como privados. En este caso particular, el país posee un amplio recurso humano dedicado al estudio de la ciencia económica, el cual se encuentra capacitado para planear y orientar una adecuada utilización de los recursos productivos en el campo público y privado”(46).
“ART. 11.—‘Para la toma de posesión de un empleo oficial o cargo en el sector privado cuyo desempeño requiere la calidad de profesional de la Economía, se exigirá la presentación de la matrícula profesional, de lo cual se dejará constancia en el acta de posesión. Se requiere igualmente la participación de un Economista, con matrícula profesional, en los siguientes actos:
El artículo 11 de la Ley 37 de 1990 fue derogado por el artículo 109 del Decreto Ley 19 de 2012 en el apartado que ahora se demanda. Con ello el Presidente de la República: (i) eliminó la exigencia de la matrícula profesional para la toma de posesión de un empleo oficial o cargo en el sector privado donde se requiera de un profesional de la economía; y (ii) suprimió la exigencia de un economista para la elaboración y presentación de los estudios, planes o proyectos antes mencionados (tanto en el sector público como en el privado), sin cuya firma no podían ser utilizados por las entidades o instituciones que los requirieran.
5.2. En concepto de los demandantes, con esa derogatoria el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades otorgadas porque dicha norma no establecía ningún tipo de ritualidad que afectara al ciudadano en el acceso eficiente a la administración pública, sino que señalaba un conjunto de actos que por su naturaleza debían ser realizados por un economista debidamente inscrito; es decir, que la norma derogada simplemente reguló la profesión de economista.
La mayoría de los intervinientes(47) y el Ministerio Público acompañan los argumentos de la demanda. Para este último, por ejemplo, la exigencia de matrícula profesional para la posesión de un cargo que requiere la condición de economista, lejos de ser un trámite innecesario es absolutamente relevante para garantizar el bien común y la seguridad de la comunidad frente al ejercicio de una actividad que reviste riesgo social de cara al patrimonio de quienes confían en su experticia.
En concepto de dos intervinientes(48), por el contrario, la norma se ajusta a la Constitución porque simplemente acabó con una regulación innecesaria que hace más amable la administración pública, ya que no se tendrá que acudir a los economistas para surtir los trámites y actuaciones previstos en la norma derogada.
5.3. Una vez analizada la jurisprudencia en la materia y confrontada con el contenido de la norma acusada, la Corte considera que el Presidente de la República efectivamente desbordó el alcance de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, lo que conduce a su inexequibilidad por vulnerar el artículo 150.10 de la Constitución.
5.3.1. En cuanto concierne a la presentación de la matrícula profesional para tomar posesión de un cargo público o privado (primera parte de la norma), no puede ser calificada como un simple “trámite innecesario”.
Es cierto que en algunas ocasiones la matrícula puede haberse concebido como una mera formalidad, por lo que su exigencia sería innecesaria ante la acreditación del título académico(49). No obstante, en el asunto bajo examen la inscripción y matrícula, antes que un requisito para posesionarse en un empleo público o privado es una condición para el ejercicio mismo de la profesión de economista. Así lo establece el artículo 1º de la Ley 37 de 1990, que no ha sido derogado y por lo tanto mantiene plena vigencia:
“ART. 1º—Para ejercer la profesión de economista se requiere el título de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar domiciliado en Colombia” (resaltado fuera de texto).
“ART. 5º—El Consejo Nacional Profesional de Economía tendrá las siguientes funciones:
“ART. 19.—Además de las sanciones civiles y penales a que haya lugar, las personas que infrinjan las disposiciones de la presente Ley o a las normas especiales y reglamentarias de la materia, se harán acreedoras a las sanciones que establece este capítulo.
PAR. 1º—El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley por parte del Consejo Nacional Profesional de Economía y de los Consejos Seccionales, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el artículo 9º de la presente Ley.
PAR. 2º—La violación del artículo 11 de la presente Ley [derogado por la norma demandada], dará lugar a las multas y procedimientos previstos en el artículo 9o. de la presente Ley.
“ART. 20.—Se establecen las siguientes sanciones para los Economistas que violen, las normas vigentes sobre el ejercicio profesional de la economía.
4. Cancelación de la inscripción” (resaltado fuera de texto).
En estas condiciones —como la ética también tiene que ver con la economía—, no estamos ante un requisito superfluo, fútil o baladí. La matrícula profesional, lejos de ser un “trámite” para la posesión en un empleo, es por decisión del Congreso un requisito y condición habilitante para el desempeño de esa profesión. En consecuencia, su eliminación no podía ser calificada como un simple “trámite innecesario existente en la Administración Pública”. Además, porque la norma no se refiere solo al foro público sino también a la exigencia de la matrícula profesional para tomar posesión de un “cargo en el sector privado”, de modo que el Presidente desbordó las competencias que le fueron otorgadas para actuar como legislador de excepción.
5.3.2. De otro lado, cuando el artículo 11 de la Ley 37 de 1990 exigió la participación de un economista para la elaboración y presentación de los estudios, planes o proyectos indicados en los ocho (8) numerales de esa norma, sin cuya firma no podían ser utilizados por las entidades o instituciones que los requirieran (segunda parte del artículo derogado), tampoco se estaba ante un trámite que pudiera calificarse como “innecesario”.
Desde esta perspectiva, la norma derogada tampoco guarda correlación interna con los fundamentos invocados por el propio Gobierno en la parte considerativa del Decreto Ley 19 de 2012. No es claro cómo la eliminación de la tarjeta profesional y del requisito de contar con un economista para atender las funciones allí señaladas, contribuye a atender las necesidades de los ciudadanos o a garantizar la efectividad de sus derechos; tampoco se precisa en qué medida facilita los postulados del Buen Gobierno con miras a lograr instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano; no se vislumbra cómo dicha norma compromete la buena fe en las actuaciones ante las autoridades públicas; y en general no se advierte un vínculo de conexidad con el propósito general fijado por el decreto ley, encaminado a “suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de estas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen” (art. 1º).
Por último, el supuesto “trámite” suprimido con la norma acusada tampoco guarda ninguna correspondencia con el capítulo en el cual se inserta dentro del Decreto Ley 19 de 2012 (el capítulo VII se refiere a los “trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural”), lo cual es aún más indicativo de su falta de relación temática con las facultades otorgadas.
De esta manera, la norma derogada no se enmarca dentro del límite temático fijado por el Congreso para el ejercicio de las facultades extraordinarias y, por tanto, la modificación de las reglas bajo las cuales se ejerce la profesión de economía solo podía hacerse por el propio Congreso en el marco de la deliberación democrática; o bien por el Ejecutivo, pero previo otorgamiento de facultades expresas —no implícitas— para regular esa materia.
“La jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que la habilitación hecha por el legislador ordinario debe ser interpretada en forma restrictiva(50), así como ejercida en los estrictos y precisos términos señalados por aquel(51). En el caso sometido a examen, el tema regulado en la norma acusada evidentemente no corresponde a un trámite o procedimiento ante la administración pública, ni se enmarca en el objetivo señalado por la ley de facultades, cual era el de eliminar trámites o procedimientos innecesarios.
Para la Corte, es claro que con fundamento en los precisos términos de la habilitación referida no cabe interpretar que entre las materias sobre las cuales se autorizaba al Presidente de la República para expedir normas de rango legal estuviere la regulación de los requisitos para optar por un título profesional; en el caso específico, la efectuada a través de la norma acusada en la que se autoriza el cumplimiento del requisito de la judicatura en entidades vigiladas por algunas Superintendencias —reiterando lo dispuesto en el Decreto 3200 de 1979 y con agregación de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores—.
La norma acusada se ocupa de aspectos de tipo sustancial relacionados con los requisitos para acceder al título profesional de abogado, tema sobre el que no existía autorización alguna para que se expidiera una regulación mediante el ejercicio de las facultades extraordinarias. Este evidente contraste entre la norma habilitante ya trascrita y el artículo 93 del Decreto 2150 de 1995 está llamado a generar como consecuencia necesaria la declaratoria de inexequibilidad de este último por la trasgresión de los límites materiales establecidos por aquella” (resaltado fuera de texto).
En forma análoga puede decirse que en el asunto que ahora es objeto de control la norma derogada se ocupó de aspectos de tipo sustancial —esta vez relacionados con el ejercicio de la profesión de economista—, tema sobre el cual el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 no dio autorización regulatoria al Presidente de la República.
5.4. En definitiva, concluye la Corte que la norma derogada no guardaba relación con el contenido que fue objeto de delegación legislativa, desbordándose los límites materiales fijados por el Congreso de la República. Con ello el Ejecutivo asumió una competencia que no le fue otorgada, donde más que suprimir un trámite innecesario que generare ineficiencia en la administración pública o incitase a la corrupción, eliminó la exigencia de contar con el reconocimiento de profesional en economía y su tarjeta profesional para el desempeño de diversas labores especializadas en el sector público y privado, asunto para el cual nunca se le otorgaron atribuciones legislativas especiales.
En consecuencia, por vulnerar el artículo 150.10 de la Constitución, se declarará inexequible la expresión “el artículo 11 de la Ley 37 de 1990 y” del artículo 109 del Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Lo anterior conduce a la reincorporación de dicha norma al ordenamiento jurídico.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “el artículo 11 de la Ley 37 de 1990 y” del artículo 109 del Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
4 Departamento Nacional de Planeación.g
7 “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos (...)”.
9 “Aun cuando en todas las ediciones de la Carta de l991 aparece citado este numeral 20 del artículo 150, que se refiere a ‘crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras’, todo parece indicar que se trata de un error de codificación y que el constituyente quiso señalar como excluidas de las facultades extraordinarias las llamadas ‘leyes cuadros’ o ‘leyes marco’ de que trata el numeral 19 (...)”. Corte Constitucional, Sentencia C-417 de 1992. Ver también C-097 de 2003.
20 C-503 de 2001.
23 Sentencia C-745 de 2012.
28 Sentencia C-097 de 2013.
32 Decreto Ley 19 de 2012, artículo 223.
33 Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. “ART. 137.—No discriminación a persona en situación de discapacidad. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, quedará así:
‘ART. 26.—No discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. // Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado el contrato. Siempre se garantizará el derecho al debido proceso. // No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (Se resalta la expresión acusada, aunque la Corte analizó efectuó integración normativa para pronunciarse sobre la totalidad del artículo).
35 Artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012.
37 C-433 de 1996.
38 Como bien lo señaló la Sentencia C-362 de 1996 al analizar una disposición expedida por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias en la que se ordenaba eliminar la revisión técnico mecánica para vehículos particulares: “(...)”.
39 Decreto Ley 19 de 2012, artículos 47 y 48.
40 La Corte declaró exequibles los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222 y 224 del Decreto Ley 19 de 2012 al considerar que el Presidente no hizo un uso excesivo de las facultades conferidas por el Congreso al adoptar mecanismos electrónicos para dar publicidad a la actividad contractual del Estado. Tampoco cuando estimó como innecesaria la publicación en medios escritos impresos de alta circulación, de avisos de notificación que permitan surtir notificaciones de actuaciones administrativas, en materia tributaria aduanera y cambiaria y, en su defecto, se autorizan publicaciones electrónicas. En sentido similar puede consultarse la Sentencia C-016 de 2013.
41 La Corte declaró exequibles los artículos 73, 74, 75 y 75 del Decreto Ley 19 de 2012.
42 La Corte declaró exequible el inciso segundo del artículo 166 del Decreto Ley 19 de 2012, relativo a la renovación anual del Registro Único Empresarial y Social de personas jurídicas sin ánimo de lucro en las Cámaras de Comercio.
43 “ART. 107.—Adjudicación tierras a desplazados. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 69 de la Ley 160 de 1994: ‘PAR.—En el evento en que el solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Victimas (sic), podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración de abandono del predio. La ocupación se verificará por el Incoder reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita. // En todo caso, el solicitante de la adjudicación deberá cumplir con los requisitos previstos en este artículo relacionados con la aptitud del predio, no acumulación o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas ambientales protegidas, extensiones máximas de adjudicación de islas, playones y madreviejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las zonas especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición de tierras y los demás requisitos que por Ley no están exceptuados para los solicitantes en condición de desplazamiento’”.
44 “ART. 108.—Mecanismos para realizar el ejercicio de funciones de inspección vigilancia y control. Para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control que el ICA y el Invima cumplan respecto de una misma persona natural o jurídica, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente decreto ley, deberán adoptar mecanismos para realizar inspecciones o visitas conjuntas respecto de un mismo sujeto vigilado, decretar y practicar las pruebas conducentes e intercambiar la información que sea necesaria para el desarrollo de sus respectivas competencias”.
45 Proyecto de Ley 90 de 1998, “por medio de la cual se modifica la Ley 41 de 1969”. Anales del Congreso núm. 107 de 1988, pág. 9.
46 Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 90 de 1998, “por medio de la cual se modifica la Ley 41 de 1969”. Anales del Congreso núm. 176 del 24 de noviembre de 1988, pág. 9.
47 Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás, Universidad Javeriana, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Consejo Nacional Profesional de la Economía —Conalpe—, Federación de Estudiantes de Economía e intervenciones ciudadanas.
50 Cfr. Sentencia C-452 de 2002.
51 Cfr. Sentencia C-271 de 2000.

References: ARTÍCULO 11
 ARTÍCULO 109
 ARTÍCULO 75
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 artículo 5
 artículo 13
 artículo 241
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 artículo 150
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