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Timestamp: 2017-08-20 22:21:54+00:00

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Ley de 26 de diciembre de 1958, de régimen jurídico de las entidades estatales autónomas. TITULO PRIMERO. De los Organismos autónomos
Creación y extinción de los Organismos autónomos y normas generales relativas a su organización y funcionamiento
1. La creación de los Organismos autónomos habrá de ser autorizada siempre por una Ley.
2. Salvo precepto expreso en contrario, estos Organismos se regirán por sus disposiciones peculiares en cuanto estén conformes con las normas que para ellos se establecen en la presente Ley.
3. Las Leyes de creación de los Organismos autónomos constituirán, por tanto, los estatutos de cada uno de ellos y determinarán de manera específica:
A) Las funciones que hayan de tener a su cargo, así como su competencia.
B) El Ministerio a que hayan de quedar adscritos.
C) Las bases generales de su organización, régimen de acuerdos de sus órganos colegiados y designación de las personas a que se refiere el artículo 9.º
Los Organismos autónomos no podrán realizar funciones que no les estén expresamente asignadas en sus disposiciones fundacionales o en las que en lo sucesivo se dicten para modificarlas, ni dedicar sus fondos a finalidades distintas de las que constituyan el objeto que los mismos tengan asignados por dichas disposiciones.
El régimen de descentralización en que con arreglo a las normas que se establecen en la presente Ley han de realizar los Organismos autónomos los servicios que tengan encomendados, no implica desvinculación de los Departamentos ministeriales a que estén adscritos, los cuales tendrán, con relación a ellos, las funciones que se les asignan en la presente Ley y las que les correspondan según las disposiciones de carácter especial por las que cada uno de ellos se rija.
Los Presidentes, Directores, Consejeros, Vocales y personal directivo de los Organismos autónomos serán designados y separados libremente y de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivas normas fundacionales.
El nombramiento de Presidentes y Directores se efectuará, salvo que lo fueran con carácter nato por razón del cargo que desempeñen, por Decreto, cuando aquéllos ostentaran, al menos, la asimilación correspondiente a Director general. En los demás casos, su designación, así como la de Consejeros, Vocales y personal directivo, estará atribuida a la competencia del Ministerio respectivo.
Los bienes que el Estado adscriba a los Organismos autónomos para el cumplimiento de sus fines conservarán su calificación jurídica originaria. Los Organismos que reciban dichos bienes no adquieren su propiedad, y los habrán de utilizar exclusivamente para el cumplimiento de sus fines, bien en forma directa, bien mediante la percepción de sus rentas o frutos.
1. Será necesaria una Ley para establecer a favor de los Organismos autónomos recursos de cualquier clase que no hayan sido autorizados en sus Leyes fundamentales. La modificación de las tarifas que correspondan a recursos que estén autorizados se hará, dentro del límite permitido en sus normas reguladoras, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Departamento que corresponda y del de Hacienda, previo informe del Consejo de Economía Nacional.
Téngase en cuenta que la Ley 11/1977, 4 enero («B.O.E.» 8 enero), General Presupuestaria, deroga la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas , en las materias relativas a la Hacienda Pública.
Las obligaciones contraídas por los Organismos autónomos no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio, excepción hecha de los créditos liquidados a favor de la Hacienda pública y de los asegurados con prenda o hipoteca. En su consecuencia, el cumplimiento de las resoluciones firmes de toda clase de autoridades y Tribunales de las que se deriven responsabilidades y obligaciones económicas a cargo de dichos Organismos, corresponderá exclusivamente a éstos, los cuales acordarán y efectuarán el pago mediante la habilitación del correspondiente crédito en sus presupuestos.
1.º Por Ley.
2.º Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley Fundacional.
3.º Por el cumplimiento del fin para que fueron creados, con acuerdo en este caso del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado.
2. El patrimonio de los Organismos autónomos extinguidos pasará al Tesoro.
De la Hacienda de los Organismos autónomos
1.º Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
2.º Los productos y renta de dicho patrimonio.
3.º Las subvenciones que les fueran concedidas.
4.º Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados para percibir, según las disposiciones por que se rijan.
5.º Los beneficios que obtengan en sus operaciones comerciales, industriales o análogas o, en general, en las que sean propias de su institución.
6.º Los fondos procedentes de otros Organismos autónomos que les sean entregados por acuerdo del Gobierno en uso de la autorización conferida a éste por el artículo 25 de la presente Ley.
7.º Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades o particulares; y
8.º Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.
Los Organismos autónomos tienen derecho de prelación, en concurrencia con otros acreedores, excepto el Estado y los que lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en un Registro público, para el cobro de las cuotas que les correspondan como consecuencia de la aplicación de los recursos, tasas y exacciones que tengan establecidos.
Téngase en cuenta que la Ley 11/1977, 4 enero («B.O.E.» 8 enero), General Presupuestaria, deroga la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en las materias relativas a la Hacienda Pública.
De los presupuestos de los Organismos autónomos
En los presupuestos de los Organismos autónomos no podrán incluirse aumentos de personal o variaciones que mejoren la dotación del existente, si previamente y en expediente aparte del presupuesto no ha sido aprobado el aumento o mejora por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de que el Organismo dependa, con informe del de Hacienda, que será quien eleve el expediente a la resolución del Consejo.
Los créditos que en los presupuestos de los Organismos autónomos se destinen a inversiones se consignarán acomodándose a las normas de carácter general que para esta clase de gastos se hallen establecidas, y no podrán ser incluidos en los anteproyectos que se formulen sin previa audiencia del Ministerio de Hacienda.
Para la redacción de los presupuestos de los Organismos autónomos se tomará como base el presupuesto anterior al del proyecto, rectificando sus previsiones, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos, a la vista de las variaciones impuestas por el cumplimiento de disposiciones legales posteriores a la vigencia de aquél, que obliguen a alterarlas.
Los Organismos autónomos podrán proponer al Ministro Jefe del Departamento a que estén adscritos otras modificaciones en sus proyectos de presupuestos que no se deriven de disposiciones ya dictadas y de necesario cumplimiento, razonándolas debidamente, siempre que en cuanto a los ingresos no impliquen creación de nuevos recursos o modificación de las tarifas de los existentes que no estén autorizados en la forma prevista en el artículo 11 de esta Ley. Si dichos Ministros considerasen aceptables las propuestas de modificación de los presupuestos a que se refiere este artículo, se redactará el proyecto según lo que resulte de ellas, y será remitido al Ministerio de Hacienda para su informe y posterior elevación por el Jefe de este Departamento, al acuerdo del Consejo de Ministros en la forma prevista en el artículo 32 de la presente Ley.
Los proyectos de presupuestos de los Organismos autónomos no podrán ser formulados con déficit inicial, ni contener créditos destinados a obligaciones de carácter permanente que excedan del importe de sus ingresos ordinarios.
A los proyectos de presupuestos de los Organismos autónomos se acompañarán los documentos que a continuación se expresan:
1.º Un avance de la liquidación del ejercicio anterior, que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: saldos de las cuentas corrientes del Organismo en establecimientos bancarios en la fecha a que el avance se refiera; recursos disponibles hasta el final del ejercicio, distinguiendo los recaudados y los de probable recaudación, y obligaciones satisfechas, las que estén pendientes de pago y las de probable contratación; y
2.º Una Memoria explicativa de las modificaciones del proyecto de presupuesto en relación con el anterior.
Los Organismos autónomos no podrán modificar los servicios y actividades que tengan encomendados, aunque tales modificaciones se ajusten a las Leyes por las que se rijan y no requieran aumentos ni variaciones de los créditos consignados en sus respectivos presupuestos, sin estar autorizados para ello. Estas autorizaciones serán concedidas, cuando se consideren procedentes, mediante disposiciones de igual rango que aquél que hubieren tenido las dictadas en cumplimiento de las respectivas Leyes fundacionales para reglar originariamente la estructura y actividades de dichos Organismos y de acuerdo con las indicadas Leyes.
1. Cuando las operaciones comerciales, industriales o análogas que tenga a su cargo un Organismo autónomo haya de realizarlas repetida y continuadamente durante el ejercicio y sean financiadas con los ingresos que las mismas produzcan, por estar en estrecha correlación o paralelismo los ingresos y los gastos a que dichas operaciones den lugar, podrá el Organismo, al formar su proyecto de presupuesto, proponer que determinados créditos del mismo se consideren ampliados automáticamente en la medida en que se produzcan los ingresos correlativos necesarios para financiarlos.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en el caso de que en el presupuesto de ingresos del Organismo figuren, además de los que tengan su origen en el producto de sus operaciones, cualesquiera auxilios o subvenciones del Estado, Provincia o Municipio u otro Organismo autónomo que contribuyan a la financiación de dichas operaciones.
De la contratación y ejecución directa de obras y servicios por los Organismos autónomos
La contratación y ejecución directa de obras y servicios por los Organismos autónomos se acomodará a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública y demás disposiciones aplicables al Estado, con excepciones y modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 41 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Se realizarán mediante concurso los contratos a que se refieren los apartados 1.º al 7.º del artículo 54 de la Ley de Administración y Contabilidad.
Artículo 42 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Podrán ser contratados directamente por los Organismos autónomos los contratos siguientes:
A) Los comprendidos en los casos 1.º al 8.º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 del artículo 57 de la Ley de Administración y Contabilidad.
B) Las adquisiciones a título oneroso de bienes inmuebles que los organismos autónomos precisen para el cumplimiento de sus fines, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, excepto cuando la adquisición se lleve a cabo al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa o tales operaciones patrimoniales se realicen con el propósito de devolver dichos bienes al tráfico jurídico, de acuerdo con los fines peculiares de dichos organismos.
Los arrendamientos de bienes inmuebles que igualmente precisen para el cumplimiento de sus fines, previo informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado que se podrá excepcionar por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será de aplicación a los entes públicos creados al amparo del artículo 6.1.b) y 5 de la Ley General Presupuestaria, debiendo incluirse obligatoriamente tales previsiones en la Ley de Creación de los mismos. Párrafos 1º, 2º y 3º de la letra B) del artículo 43 redactados por Ley 13/1996, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Será necesaria la autorización del Jefe del Departamento ministerial del que dependan, cuando se trate de contratos de cuantía superior a 100 millones de pesetas en adquisiciones, o 50 millones de renta anual en caso de arrendamiento.
C) Los contratos relativos a la compraventa o arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, en que, cualquiera que sea su cuantía y características, concurran las dos circunstancias siguientes:
1.ª Que constituyan el objeto directo de sus actividades.
2.ª Que recaigan sobre cosas que no hayan de quedar incorporadas a su patrimonio inmovilizado.
Artículo 43 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Los acuerdos relativos a la excepción de las formalidades de subasta para la celebración de los contratos que concierten los Organismos autónomos y consiguiente autorización para que sean convenidos, según proceda, previo concurso o directamente, serán adoptados a propuesta de dichos Organismos por los Ministros Jefes de los Departamentos de que dependan, con las excepciones siguientes:
1.ª Los que tengan por objeto las operaciones definidas en el apartado C) del artículo 43 de la presente Ley o aquellas otras que sean de extremada urgencia. Estos contratos podrán ser concertados por los Organismos autónomos sin necesidad de que les preceda la autorización ministerial, pero con obligación respecto de los concertados en casos de extremada urgencia de dar cuenta de ellos al Ministro de que dependan, a los efectos de convalidación de los acuerdos adoptados o de deducción, en su caso, de las responsabilidades a que hubiere lugar.
2.ª Los contratos que para ser concertados mediante concurso o directamente, según lo prevenido en los artículos 54 y 57 de la Ley de Administración y Contabilidad, en relación con los artículos 42 y apartados A) y B) del 43 de la presente Ley, requieran previo acuerdo del Consejo de Ministros, el cual será también necesario cuando los concierten los Organismos autónomos; y
3.ª Los contratos que, según las disposiciones especiales por las que se rijan los Organismos que los hayan de celebrar, requieran el previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo 44 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Los licitadores podrán presentar en el acto en que formulen sus proposiciones, y en sustitución de la fianza, documento bastante para acreditar que se hallan incorporados a una agrupación profesional o mutualidad de seguros que responda subsidiariamente del cumplimiento de sus obligaciones o la prestación de un aval otorgado con el mismo objeto por un Banco oficial o por un Banco particular inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros de la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones.
Artículo 45 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Será preceptiva la audiencia del Consejo de Estado para la interpretación, resolución, rescisión, anulación o modificación de los contratos que concierten los Organismos autónomos en los mismos casos en que dicha audiencia tuviera tal carácter para los concertados por la Administración centralizada.
Artículo 46 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Los Organismos autónomos podrán ejecutar directamente las obras y servicios de su competencia, además de en los casos en que en cuanto a la Administración centralizada así lo autoriza el artículo 58 de la Ley de Contabilidad, en aquellos otros en que dispongan de la totalidad de los elementos, tanto personales como materiales que a este efecto sean necesarios. Las propuestas que formulen con este objeto habrán de ser sometidas al acuerdo del Ministro Jefe del Departamento a que estén adscritos.
Artículo 47 derogado, en cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, por D. 923/1965, 8 abril («B.O.E.» 23 abril), por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Para que los Organismos autónomos puedan contratar o iniciar la realización de obras, adquisiciones o servicios, cuya ejecución dure más tiempo del que comprende el período de un ejercicio, tanto si se trata de servicios nuevos como de los comprendidos en proyectos adicionales o reformados de otros aprobados con anterioridad, será condición indispensable que sin necesidad de incrementar los créditos que hayan de cubrir su importe en años sucesivos o, en su caso, sin alterar el total aprobado para un plan o programa determinado se puedan satisfacer no solamente el importe de las anualidades previstas para dichas obras, adquisiciones o servicios, sino también el de los que hayan de quedar terminados dentro del mismo ejercicio en que den comienzo y el de las revisiones y modificaciones de precios y, en general, de cuantos gastos aleatorios de todo orden puedan presentarse derivados de contratos anteriores o de obras o servicios realizados con anterioridad.
De la recaudación de ingresos y realización de gastos y pagos
1. La recaudación voluntaria de los arbitrios, derechos o tasas que estén autorizados para percibir los Organismos autónomos se ajustará en su tramitación a las normas establecidas en las disposiciones por las que se rijan y se verificará, siempre que otra cosa no esté dispuesta por una Ley o no requiera la inmediata entrega al obligado al pago de la cuota de un documento acreditativo de su realización, mediante el empleo de timbres o papel de pagos al Estado. Esta última forma de cobranza se utilizará siempre que los ingresos se perciban a título de sanción por infracción de disposiciones legales o reglamentarias.
2. Los ingresos que en los casos de excepción a que se refiere el párrafo anterior no puedan ser percibidos por los Organismos autónomos mediante el empleo de timbre o papel de pagos al Estado, se harán efectivos sirviéndose de documentos que se entregarán a quienes lo realicen, de los cuales se tomará razón, en la forma que proceda en la contabilidad del organismo que los expida. Estos documentos serán talonarios, y sus matrices se utilizarán para practicar las comprobaciones que según las circunstancias se consideren procedentes.
3. La cobranza de los recursos de estos organismos que se hallen establecidos a título de recargos sobre las contribuciones o impuestos del Estado o de participaciones en sus cuotas se realizará con ocasión de la cobranza de los mismos y su importe será entregado a los Organismos a que pertenezcan en la forma y condiciones establecidas por las disposiciones vigentes.
4. Cuando los ingresos tengan lugar mediante timbres o papel de pagos al Estado, su importe o la parte del mismo que corresponda percibir a los Organismos, les será abonado en forma de minoración de los ingresos del Impuesto del Timbre del Estado Actos Jurídicos Documentados.
Todos los demás ingresos no comprendidos en el artículo anterior que hayan de tener lugar en los Organismos autónomos se verificarán mediante documentos justificativos de los mismos en igual forma que la establecida en dicho artículo.
1. El procedimiento de apremio establecido por el Estatuto de Recaudación para hacer efectivos los débitos de los deudores de la Hacienda Pública será aplicable a los que lo sean de los Organismos autónomos, cuando tales débitos procedan de los arbitrios, derechos o tasas que tengan legalmente establecidos o cuando no teniendo este origen lo establezcan así las disposiciones reguladoras de dichos Organismos.
2. Los expedientes que se instruyan para hacer efectivos por la vía administrativa de apremio créditos de los Organismos que, según este artículo, pueden ser perseguidos gubernativamente, se iniciarán mediante certificaciones de descubierto o relaciones de recibos de los deudores que no hayan satisfecho sus cuotas dentro del plazo que para hacerlas efectivas se les haya concedido, expedidas por los respectivos Jefes de contabilidad. Su tramitación y cobranza se encomendará a los Agentes ejecutivos de dichos Organismos si estuvieran autorizados para nombrarlos, y de no estarlo, a los Recaudadores de Hacienda. El recargo de apremio, que tendrán derecho a percibir unos y otros, será el establecido por el Estatuto de Recaudación para los procedimientos que se sigan como consecuencia de certificaciones de descubierto expedidas por los indicados Organismos.
De la intervención de los Organismos autónomos
Téngase en cuenta que el artículo 59 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 60 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 61 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 62 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 63 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
De la contabilidad de los Organismos autónomos
Téngase en cuenta que el artículo 64 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria..
Téngase en cuenta que el artículo 65 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 66 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 67 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 68 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 69 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Téngase en cuenta que el artículo 70 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Las cuentas que rindan los Organismos autónomos, por razón de sus actividades meramente administrativas, serán acompañadas de todos los documentos que justifiquen las distintas operaciones, según la naturaleza de las mismas. Su examen, juicio y fallo se acomodarán a las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de su Reglamento, aplicables al juicio de las cuentas que rinde la Administración centralizada.
Téngase en cuenta que el artículo 72 debe entenderse derogado por aplicación de lo dispuesto en el R.D. Leg. 1091/1988, 23 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Cuando con independencia del juicio de las cuentas se descubran alcances o desfalcos en la gestión de los Organismos autónomos, serán declarados por el Tribunal de Cuentas, previa la tramitación de los expedientes a que haya lugar. Las disposiciones de las Leyes de Contabilidad y orgánica del Tribunal de Cuentas y las del Reglamento de este Alto Cuerpo, relativas a los juicios por alcances fuera de las cuentas, son aplicables a los que resulten de la gestión de aquellos Organismos.
De la inspección de los Organismos autónomos
1. La inspección de los Organismos autónomos corresponderá, en cuanto se refiera al cumplimiento de los servicios que tengan encomendados, al Ministro Jefe del Departamento a que estén adscritos.
2. Al finalizar cada ejercicio presentarán al Ministro, y éste al Gobierno, una Memoria detallando la actividad desarrollada durante el período correspondiente y los resultados de su gestión.
1. El Ministro de Hacienda podrá designar Delegados especiales que, previo estudio de las actividades de los Organismos autónomos, principalmente en su aspecto económico y financiero, le informen respecto de su situación y resultado de las mismas. Estos Delegados podrán examinar cuantos documentos, expedientes, libros, justificantes y demás elementos estimen necesarios para ello, viniendo obligados los Jefes y empleados del Organismo en estudio a facilitar los datos y dar las aclaraciones que aquéllos les pidan.
2. Las indicadas inspecciones tendrán lugar periódicamente con la frecuencia que el Ministro de Hacienda considere conveniente, sin que entre una y otra puedan transcurrir más de cinco años.
3. A la vista del informe recibido, el Ministro de Hacienda podrá dirigirse al titular del Departamento de que dependa el Organismo de que se trate expresándole su criterio sobre las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse, las que, si representaran modificaciones del régimen existente, aunque haya conformidad entre ambos Ministerios, se someterán al conocimiento y resolución del Consejo de Ministros.
1. Contra los actos administrativos y disposiciones generales de los Organismos Autónomos podrán los interesados interponer los recursos de reposición, alzada y revisión, en los mismos casos, plazo y forma que determinan las Leyes vigentes respecto de los actos de la Administración Central del Estado, con las salvedades que se exponen a continuación.
2. Siempre que en la Ley de creación del Organismo o en sus disposiciones complementarias no se determine expresamente otra cosa, corresponderá al Ministro del Departamento a que aquél esté adscrito conocer del recurso de alzada contra los actos del órgano supremo del mismo.
3. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá siempre ante el Ministro respectivo.
4. Las reclamaciones sobre la aplicación y efectividad de los arbitrios, derechos y tasas establecidas a favor de los Organismos autónomos tendrán carácter económico-administrativo a los efectos del procedimiento y serán resueltas por los Tribunales de esta naturaleza.
1. Contra los actos y disposiciones de carácter general de los Organismos autónomos, que sean firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo con arreglo a lo que establece la Ley de dicha jurisdicción.
2. Asimismo podrá entablarse recurso de esta clase en caso de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6.º y 11 de la presente Ley.
1. Contra los actos no sujetos al Derecho administrativo de los Organismos autónomos podrán los interesados ejercitar ante los Tribunales de la jurisdicción ordinaria las acciones que correspondan, en la misma forma y con los mismos requisitos establecidos a este respecto para la Administración centralizada.
2. La reclamación previa a la vía judicial se dirigirá siempre al órgano supremo del Organismo y la decisión se acordará por éste, si, con arreglo a las disposiciones orgánicas por que se rija, tuviere competencia para ello y en otro caso por el Ministro Jefe del Departamento de que el mismo dependa.
Integran el personal al servicio de los Organismos autónomos:
A) Quienes desempeñen los cargos directivos de libre nombramiento del Gobierno o del Ministro competente en cada caso.
B) Los funcionarios públicos que formen parte de los Cuerpos o plantillas de la Administración del Estado y sirvan destinos en un Organismo autónomo.
C) Los funcionarios públicos de los propios organismos autónomos, y
D) Los obreros.
1. El personal directivo a que se refieren el artículo 9.º y el apartado A) del artículo anterior tendrá los deberes y derechos que en cada caso establezcan las normas generales aplicables a los Organismos autónomos y las peculiares de cada uno de éstos.
2. La relación existente entre este personal y los Organismos autónomos es de carácter jurídico-administrativo, a todos los efectos, y les es aplicable, en su caso, cuanto se previene en los artículos 4.º, apartado a); 5.º, número primero, y 12, todos ellos de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre situaciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado o disposiciones que los sustituyan.
Los funcionarios públicos del Estado que desempeñen plazas propias de los Organismos autónomos están también sometidos íntegramente a un régimen de Derecho administrativo, y concretamente a cuanto se previene en las disposiciones de la Ley de 15 de julio de 1954, citadas en el artículo anterior.
1. Son funcionarios públicos de los Organismos autónomos quienes, previa oposición o concurso, presten en ellos servicios permanentes, figuren en las correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a los presupuestos respectivos.
2. La Presidencia del Gobierno, previo informe del Ministerio de Hacienda, elaborará y propondrá el Estatuto general y cuantas disposiciones se dicten sobre estos funcionarios. La aprobación de las normas correspondientes, salvo que lo requiera una Ley es atribución del Consejo de Ministros.
3. La relación jurídica existente entre estos funcionarios y los Organismos autónomos a los que sirven es de Derecho administrativo. Con carácter supletorio, les serán aplicables las normas relativas a los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Los obreros se regirán por las disposiciones del Derecho laboral.

References: artículo 9
 artículo 25
 resolución 
 artículo 11
 artículo 32

Artículo 41
 artículo 54

Artículo 42
 artículo 57
 artículo 6
 artículo 43

Artículo 43
 artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 58

Artículo 47
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 72
 resolución 
 artículo 9