Source: http://www.old.wri-irg.org/fr/co/colombia2007-es.htm
Timestamp: 2019-12-12 14:19:08+00:00

Document:
Situación de la militarización y la objeción de conciencia en Colombia | War Resisters' International
Marco general del contexto colombiano
Conflicto Armado y Población Civil
2. ASPECTOS LEGALES DEL RECLUTAMIENTO Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FRENTE AL ESTADO COLOMBIANO.
Libertad de conciencia y servicio militar obligatorio en la Constitución Política de Colombia
Reclutamiento de niños y niñas realizado por grupos no estatales
3. PANORAMA POLÍTICO, ETICO Y SOCIAL DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN COLOMBIA
4. PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A OBJETORES Y OBJETORAS DE CONCIENCIA
5. LA ASAMBLEA NACIONAL DE OBJETORES Y OBJETORAS DE CONCIENCIA
Desde hace 4 años, la política de 'seguridad democrática' ha sido el centro estratégico del programa de gobierno, política que ha llevado a la agudización del conflicto armado y la creciente militarización de la sociedad colombiana, reflejada en el escalamiento de la ofensiva militar por parte del Estado, la expansión del paramilitarismo, y la complicidad entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares, ocasionando así el aumento de las desapariciones y asesinatos políticos, el desplazamiento forzado en regiones de confrontación militar, las detenciones arbitrarias, la aniquilación de los pueblos indígenas, y la restricción del espacio político para construir salidas basadas en el diálogo y la negociación, entre otros.
El creciente proceso de militarización, de igual forma, ha incidido en la reducción de las garantías para la acción de los movimientos sociales y la negación de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho tales como: la independencia de los poderes del Estado, la universalidad e interdependencia de los Derechos Humanos, el respeto y garantía al debido proceso y la libertad de pensamiento y expresión, entre otros.
La centralidad de la política de seguridad en el plan de gobierno y su horizonte eminentemente bélico, orientó además buena parte de los recursos institucionales y presupuestales de la nación y le marcó perfiles claramente militaristas a la gestión pública: contrastando el 13% del presupuesto destinado a inversión social (14 billones de pesos) con el 9% destinado a defensa (9,5 billones de pesos), se evidencia la directa proporcionalidad entre la agudización del conflicto armado colombiano y el empobrecimiento exponencial de la población.
Bajo este panorama, se está dando una reestructuración de las fuerzas armadas que comprende el aumento del pie de fuerza (ver: gráfico 1), el avance tecnológico a partir del mejoramiento de los equipos y las comunicaciones, el incremento del arsenal militar y la capacidad de movilización de las tropas, la creación de nuevas unidades militares, la profesionalización de las unidades de combate, y la mayor presencia de asesores civiles y militares estadounidenses.
Gráfico 1. Aumento del pie de fuerza 1995-2005.
Sumado a esto, según WOLA, Colombia es el tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos a nivel mundial, y más del 80% de esta ayuda va directamente a apoyos militares y policíacos.
Desde el 2003 se está ejecutando el Plan Patriota, la más grande ofensiva militar de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia contra las FARC en los últimos 40 años, desarrollada por fuerzas combinadas del ejército norteamericano, militares y paramilitares colombianos. Cabe señalar que dicho plan va de la mano con los intereses económicos inherentes al Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo fundamental es asegurar el dominio económico, político, militar, social y cultural del país, para los intereses de los grandes consorcios nacionales e internacionales, que ven en la firma de un acuerdo de libre comercio la oportunidad de realizar multimillonarios negocios.
Mientras el gran capital se enriquece, el resto de los colombianos afronta el desmonte de las garantías laborales, la mercantilización de la salud y la educación, la reforma del régimen de pensiones, la aprobación de nuevos impuestos en el Congreso, la ruina de la pequeña y mediana industria y del agro, el aumento de las privatizaciones en sectores estratégicos para el desarrollo y la soberanía nacional, y el abandono de las responsabilidades sociales del Estado.
El actual gobierno colombiano desconoce el postulado básico del Derecho Internacional Humanitario, según el cual, se debe respetar la distinción entre población civil y combatientes, situación que se refleja en la vinculación de los civiles a tácticas de inteligencia militar, como la vigilancia, el control y la información, la consolidación de la red de informantes, los frentes de seguridad ciudadana y las agencias privadas de seguridad, generándose un peligroso juego de polarización social.
Por una parte, el gobierno considera como un deber absoluto la colaboración de los civiles con la fuerza pública, pero al asignarle a la población civil una función militar en el conflicto armado, expone a esas personas a ser blanco de los ataques de las guerrillas. Por otra parte, a las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos que se resisten o que denuncian las estrategias de militarización y vinculación de la población civil al conflicto, se les señala públicamente como 'voceras o cómplices del terrorismo', convirtiéndolas en blancos de acciones militares y judiciales, como son, los allanamientos, interceptaciones de comunicaciones, detenciones ilegales, montajes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas.
Además, el gobierno cuenta con una mayoritaria colaboración de los medios masivos de comunicación, que contribuyen con la manipulación de la información, mostrando los éxitos de los operativos militares, con el objetivo de convencer a la opinión pública de la necesidad y los beneficios de la militarización, a la par, que guardan silencio frente a los atropellos a la población civil, las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
En cuanto a la fuerza pública, se identifica el abuso del poder como un elemento común en las acciones que emprende en nombre del "cumplimiento de su deber". La arbitrariedad y el maltrato caracterizan los procedimientos rutinarios que son utilizados en contra de la sociedad civil en general, y principalmente de la población juvenil; vulnerando varios de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, y al uso y disfrute del espacio público.
A nivel cultural, vale la pena resaltar el impacto que tienen los diferentes espacios de socialización, como la familia, la escuela, el trabajo, y los medios de comunicación, en la construcción de imaginarios que fomentan la militarización de la vida civil. Relatos como: "no eres hombre si no vas al ejército", "los soldados están salvando la patria", y "por medio de la guerra se puede alcanzar la paz", evidencian la legitimidad de las prácticas cotidianas de la militarización.
El conflicto armado colombiano ha permeado las dinámicas familiares, barriales y comunitarias de los y las colombianos/as de tal manera que hoy el conflicto no es solo visible en los escenarios de confrontación armada, pero también en las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres. No es necesario que las mujeres posean un arma para ser actoras inmersas en el conflicto, la militarización de la sociedad colombiana también incluye la fuerza y el autoritarismo que ejercen hombres contra las mujeres y la falta de relaciones de equidad. Tanto en la esfera pública como privada las mujeres se han convertido en objeto y objetivo de guerra, así como sus cuerpos un terreno de batalla.
Los procesos de socialización en un contexto violento y militarizado, influyen además en el hecho de que muchos/as colombianos/as, se muestren indiferentes ante la violencia y perciban la militarización y el conflicto resuelto por la vía violenta como algo normal o deseable, hasta el punto que, su naturalización, impide reacciones que en otros contextos son necesarias y casi automáticas, para defender o reestablecer derechos que están en riesgo o que ya han sido vulnerados.
La presencia de actores armados ilegales coincide con las áreas de interés económico relacionadas tanto con la economía formal - áreas de megaproyectos y zonas aptas para la expansión de la agroindustria aceitera de la palma africana - como con la producción y el tráfico de productos de la economía ilegal. La predominancia de uno u otro actor armado tiene que ver con sus intereses económicos pudiendo diferenciarse dos tipos de presencia:
La presencia de grupos paramilitares o autodefensas que coincide con áreas donde se traslapan megaproyectos y territorios indígenas o zonas de reciente titulación colectiva a las comunidades afrocolombianas. Estos megaproyectos han sido impulsados desde los últimos gobiernos en el marco de las dinámicas de globalización económica y han significado el desconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades afro e indígenas allí asentadas desde hace más de quinientos años.
La presencia de grupos insurgentes o guerrillas en los centros de economías extractivas y no sostenibles como la maderera, la pesca industrial y la minera, incluyendo áreas de cultivos ilícitos y de la agroindustria.
Resultado de la intervención de actores armados en estas zonas han sido los desplazamientos forzados y masacres de la población civil.Tanto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia como los otros organismos de vigilancia de los Derechos Humanos, señalan a la población afroamericana como la más afectada por el conflicto armado, seguida por las comunidades campesinas e indígenas.
En la actualidad, luego de un proceso de "desmovilización" que arrojó, según los datos oficiales, 58 jefes paramilitares detenidos y aproximadamente 30.000 hombres que abandonaron el camuflado y las armas, queda abierta la pregunta por el futuro de este proceso, una vez demostrado (tan sólo en una parte) la determinante y extensa influencia que ejercen las autodefensas sobre las fuerzas militares y amplios sectores de la política.
La detención de nueve congresistas, el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad y varios parlamentarios de diferentes regiones, así como el reconocimiento por parte de la Federación de Ganaderos de que cientos de ganaderos financiaron directamente grupos de autodefensa, y las recientes declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en las que vincula nombres de altos mandos del ejército que coordinaron o participaron en masacres como las de Macayepo y Chengue (Sucre), El Salado (Bolívar), El Aro (Antioquia) y Mapiripán (Meta) entre otras, son tan sólo la punta del iceberg dentro del horrible prontuario de delitos que aún faltan por llevar a la luz pública, además de develar los intereses y beneficiados. Algo que sigue oculto de toda esta erupción de declaraciones, es la estrategia paraestatal y narcotraficante detrás de los desplazamientos masivos, las masacres y el control efectivo sobre negocios como el contrabando de combustible, los juegos de azar, la extorsión y los cultivos de productos asociados con megaproyectos y transnacionales.
En últimas, la influencia de las autodefensas en nuestra sociedad puede estar mínimamente publicada, pero aún continúa siendo determinante e insospechada, aún continúan las autodefensas cuidando miles de hectáreas de palma africana sembradas sobre territorios de poblaciones afrocolombianas, aún prosigue el control político e ideológico en organizaciones comunitarias, instituciones públicas, colegios y universidades en más de cinco regiones de nuestro país. Para concluir, podríamos decir que la situación actual, incluso con desmovilización y escándalos de parapolítica abordo, todavía no ha afectado de manera determinante los intereses y las estructuras paramilitares en Colombia.
Por otra parte, las guerrillas al inicio del gobierno de Uribe recurrieron a un repliegue táctico, pero en los últimos dos años se han presentado mayor número de ataques a grupos paramilitares y a comunidades donde éstos tienen influencia, algunos ataques masivos a unidades militares y a la población civil que sigue siendo víctima, por medio de señalamientos como presuntos participantes de los programas gubernamentales de seguridad y su consideración como objetivos militares.
Con respecto a una nueva posibilidad de intercambio humanitario y de diálogos de paz, aún no se ha vislumbrado una salida clara, pues a pesar de los avances logrados por la cooperación de algunos países europeos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC condicionaron el inicio de diálogos con el gobierno al reconocimiento por parte de éste de su "condición de organización política revolucionaria armada del pueblo", y a que los acuerdos fuesen ratificados en una Asamblea Nacional Constituyente. Con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN, se está en una fase exploratoria de negociación que cuenta con el acompañamiento de importantes miembros de la comunidad internacional, una comisión episcopal, y una comisión facilitadora civil, pero sin contar aún con una agenda clara de negociación.
La militarización en Colombia inevitablemente ha llevado a que el país haya registrado en sus últimos años, un aumento exponencial de los casos de violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, todo ello amparado bajo la política de sostener y actualizar mecanismos guerreristas como medio para dirimir los conflictos que históricamente han agobiado al pueblo colombiano en materia económica, accesibilidad al poder político, de violencia étnica, de discriminación e injusticia social, entre otros.
El panorama en últimas, es dramático, pues la población civil sigue siendo la más afectada en medio del conflicto armado, sus libertades, sus posibilidades de expresión y su derecho a vivir dignamente, cede terreno en medio del ascenso vertiginoso del establecimiento de lógicas militaristas, implementadas en nombre de la pacificación de la sociedad colombiana, trivializando de esta manera, valores como la libertad, la civilidad, la paz, el diálogo y el respeto, convirtiendo a Colombia en un escenario de tanteo y experimentación que, hasta el momento, sólo vaticina el tipo de sociedad concebida por los líderes políticos y económicos hegemónicos del país: una sociedad jerarquizada, consumida en la injusticia, disminuida por la muerte, el miedo y el desplazamiento, inerte ante los problemas humanitarios, una sociedad sin oposición.
En los grupos de objeción de conciencia de Colombia hay acuerdo en no reglamentar el artículo 18 para exigir la objeción de conciencia, ya que este camino promueve la restricción y el condicionamiento de los objetores por parte del Estado colombiano. El trabajo se está enfocando en aplicar el bloque de constitucionalidad, dado que la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos ratificada por el Congreso, tiene rango constitucional, lo que equivale a que los derechos fundamentales son de aplicación inmediata y no requieren reglamentación[1].
La estructura del SMO en Colombia se caracteriza por la enorme cantidad de convocados, el gran número de exentos y los relativamente pocos, que efectivamente prestan el servicio militar.
Gráfico 2. Cantidad de convocados, exentos y frente a obligados a prestar el servicio militar: 1995-2003
Sin embargo, la nueva tendencia a partir de 2003, parece ser, la de aumentar los convocados, disminuir el número de exentos y aumentar en términos absolutos y relativos el número de obligados a prestar el servicio militar, situación preocupante, sobre todo cuando se toma en cuenta que la gran mayoría de ellos provienen de familias con bajos recursos quienes, en comparación con otras familias, no tienen la posibilidad de sobornar funcionarios y pagar la libreta militar para que sus hijos sean clasificados.
Mientras los remisos se catalogan como infractores de la ley de reclutamiento, lo que en teoría solamente les acarrea multas mas no detención, deserción y desobediencia, son categorías de la jurisdicción penal militar que implican pérdida de libertad. En la práctica, los remisos han sido juzgados como militares por delitos de deserción[2].
Gráfico 3. Porcentaje de remisos frente a obligados a prestar servicio: 1995-2003
Tabla 1.Desobediencia y deserción en fuerzas militares y policía: 1995-2003
DESOBEDIENCIA FF.MM
DESOBEDIENCIA POLICÍA
DESERCIÓN FF.MM
Las batidas son prácticas de reclutamiento forzado que se realizan en lugares públicos, generalmente en barrios pobres o en zonas rurales, en las cuales quienes no tienen la libreta militar son inmediatamente subidos a un camión e incorporados al ejército. Según la misma ley de reclutamiento ésta es una práctica ilegal, pues a lo único que pueden forzar a las personas es a inscribirse para empezar todo el proceso de resolver su situación militar, pero no a incorporarse inmediatamente.
Incluso las exenciones y los aplazamientos de la ley no son observados ni respetados por el ejército. Indígenas, padres de familia, desplazados, inhábiles parciales por enfermedad, y estudiantes de bachillerato, son llevados a filas pese a existir normas que les eximen o aplazan la prestación del servicio militar.
El informe global 2004 de la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados, en su aparte dedicado a Colombia, sopesando las distintas cifras existentes, afirma que la cuarta parte de los grupos armados no estatales están compuestos por menores de 18 años.
Los niños participan en combates, transportan suministros, actúan como mensajeros y guardas, y colocan explosivos y minas. Algunos ingresan por escapar de la pobreza, el desempleo o el abuso doméstico, mientras que otros buscan vengar la muerte de un familiar o amigo. A la mayoría se les niega el contacto con sus familias. Las niñas están expuestas a presiones para tener relaciones sexuales con los comandantes varones.
Con la nueva ley de infancia y adolescencia, los niños mayores de 15 años vinculados a actividades de grupos armados no estatales, pasaron de ser víctimas del conflicto a jóvenes que pueden ser judicializados dentro del sistema penal juvenil, esto en contradicción con las recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño en su último informe.
El contexto actual del país, como ya lo hemos venido mencionando, está atravesado por un conflicto armado interno que, como característica predominante, aparece la voluntad de amplios sectores sociales, económicos y políticos apoyando las salidas militaristas y de guerra para la solución del mismo. Esta actitud contrasta con el deseo de muchos otros sectores, entre ellos, los y las objetoras de conciencia, por crear alternativas distintas a las salidas guerreritas en el trámite de conflicto colombiano.
La situación de aguda militarización, sumado a La ausencia de un reconocimiento legal de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, por parte del Estado colombiano, ha llevado a que, las estrategias construidas por los objetores y las objetoras de conciencia en los últimos años, estén enfocadas en gran medida al trabajo de legitimación de la OC desde una perspectiva política, ética y social; esto en términos concretos se refiere al intento del movimiento de objetores y objetoras de conciencia por crear y consolidar una base social y un entorno político favorable al proceso de consolidación de la OC en Colombia.
Bajo este panorama, la labor como objetores y objetoras de conciencia, ha estado dirigido en buena parte, a generar espacios de reflexión y sensibilización a grupos juveniles y de la sociedad civil, frente a la problemática del establecimiento y consolidación en el mediano y largo plazo de políticas que buscan ampliar la militarización en todas sus expresiones.
Así mismo, se ha buscado generar conciencia en la opinión pública frente al problema del reclutamiento legal e ilegal de los jóvenes colombianos, de los cuales, muchos bajo sus convicciones éticas, políticas, económicas y religiosas se niegan a ser parte de los diversos ejércitos; y que por la desfavorable situación estructural del país, los intereses políticos y económicos de las clases y grupos en pugna, son obligados a entrar en la dinámica del conflicto colombiano, sirviendo como carne de cañón en la defensa de intereses que para nada representan los intereses de los jóvenes.
Es así, que objetoras y objetores en Colombia, hablamos de la objeción de conciencia como alternativa ética, social y política. Social y ética por cuanto brinda a los jóvenes un fortalecimiento de sus posiciones individuales y colectivas, a través de la defensa de su sistema de creencias para la reclamación de sus derechos; política en cuanto permite generar en el ámbito público y privado una aptitud reflexiva, sensible y propositiva frente a la problemática de la militarización y la guerra en el país.
En esta medida, si bien la objeción de conciencia al servicio militar no cuenta con un reconocimiento explicito por parte del Estado colombiano, la dimensión política y ética-social sobre la cual se ha trabajado, ha permitido un avance y un posicionamiento gradual e importante dentro las practicas cotidianas de muchos sectores sociales y en especial de muchos jóvenes que han decidido rehusar a la prestación del servicio militar obligatorio y en general a las practicas guerreristas.
Debido a los riesgos que se asumen en el ejercicio de la objeción de conciencia en Colombia, o las permanentes irregularidades que se cometen durante el reclutamiento, los diferentes grupos de objetores y objetoras de conciencia han diseñado diversas estrategias de acompañamiento e intervención en este tipo de casos, estrategias que no sólo cobijan a los jóvenes que han optado por declararse como objetores, sino también a aquellos jóvenes que, sin conocer la objeción de conciencia, recurren a los objetores para asesorarse jurídicamente y poder resolver su situación frente a la institución militar.
Uno de los elementos que figura dentro de estas estrategias es la asesoría jurídica, en la cual se analiza el caso del joven, teniendo en cuenta todos los aspectos que desde la ley pueden servir de herramientas para ayudarlo. De estas asesorías vale la pena rescatar que buena parte de las mismas, son realizadas por los integrantes de los distintos grupos de objeción de conciencia, partiendo de un principio en el que los y las jóvenes creen en su capacidad de acompañar y dirimir este tipo de casos a partir de su experiencia y las distintas alternativas jurídicas que se vayan explorando.
Otro elemento que hace parte de las estrategias con las cuales se pretende acompañar a los objetores o a los jóvenes en riesgo de reclutamiento, es la conformación de una red nacional e internacional de apoyo, que pueda incidir políticamente en cada caso, además de garantizar la difusión o la denuncia cuando las circunstancias lo ameriten, y organizarse de manera efectiva para acompañar a partir de estrategias particulares, los casos que por su gravedad exijan la presión o intervención de alguna organización internacional.
Para ejemplificar la manera en la que funcionan este tipo de dispositivos, mencionamos algunas de las irregularidades más frecuentes y la manera en la que se ha intervenido:
1. El joven es reclutado de manera arbitraria, llevado en un camión e incorporado sin siquiera poder notificar a su familia, desconociendo la probabilidad de que haga parte de alguna exención de ley.
Aquí lo primero es analizar la situación del joven para ver si se encuentra dentro de alguna de las exenciones de ley. Luego, dependiendo del caso del joven, se le presentan las distintas opciones que se pueden abordar y después, de manera conjunta, se inicia la intervención en el caso, que puede estar dada desde la utilización de mecanismos jurídicos establecidos en el marco legal colombiano, hasta la declaración política como objetor de conciencia.
2. Una vez reclutado de manera arbitraria e ilegal, al joven le es negada cualquier posibilidad de interlocución y se le desconocen los mecanismos jurídicos a los cuales se está apelando.
Es en casos de este tipo donde adquiere relevancia el acompañamiento internacional y nacional, ya que es a partir de mecanismos como comunicados de presión, denuncia y acciones de solidaridad que se pretende incidir políticamente frente a la institución militar para que los derechos y el debido proceso del joven sean respetados.
Los avances que se han tenido en estos procesos de acompañamiento están relacionados con los aprendizajes que los mismos jóvenes objetores han obtenido con respecto a la normatividad y las herramientas jurídicas, políticas y sociales, que se pueden aplicar en estos casos, y el reconocimiento positivo que se ha generado de los objetores de conciencia, por su interlocución efectiva a favor de algunos jóvenes reclutados arbitraria e ilegalmente.
En cuanto a las dificultades se resalta el hecho de no contar con un equipo jurídico calificado que permita una respuesta rápida y acertada, frente a cada uno de los casos, y que, si bien hay una claridad en la posición de los objetores de conciencia frente a cualquiera de las formas de reclutamiento y los actores que las ejecutan, en ocasiones se hace una lectura parcializada de este acuerdo debido a que las acciones concretas se enfocan mayormente en contra de las fuerzas armadas del Estado FFAA.
Durante los últimos años se han desarrollado 4 asambleas nacionales[3], también se realizó un seminario-taller en el cual se abordaron alternativas jurídicas para jóvenes objetores de conciencia[4] y, en julio del 2006 en la ciudad de Bogotá, se realizó un encuentro internacional de solidaridad por la objeción de conciencia en Colombia con la presencia de varios delegados internacionales de movimientos de objeción de conciencia y resistencia a la guerra, donde nació la iniciativa de consolidar una red internacional de apoyo al proceso de objeción de conciencia en Colombia.
Este grupo está conformado por jóvenes de diversos procesos (colegios, universidades, iglesias, ONGs, colectivos musicales, grupos artísticos, etc.) quienes, motivados por la construcción de la paz, se han vinculado a la Plataforma Juvenil del Caribe Colombiano.
El objetivo principal del grupo es: consolidar un movimiento activo del Caribe Colombiano, estrechando lazos de amistad y generando procesos con jóvenes que crean en la construcción de un Caribe mejor, solidario, más respetuoso con la naturaleza y las generaciones futuras, objetando por conciencia a todas las manifestaciones y acciones que impulsan la violencia y practicando la noviolencia como valor básico para la construcción de una paz justa y duradera, a través de la resolución pacífica de conflictos.
La prevención al reclutamiento de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado.
El acompañamiento psicosocial a la población desplazada asentada en Sincelejo
La creación de alternativas económicas bajo principios del comercio justo.
El Colectivo Objetarte es una organización independiente e informal, que se proyecta como un eje articulador de propuestas en torno al antimilitarismo, entendido como postura política sea individual o colectiva, que pretende reconstruir culturalmente otras formas y medios para transformar la sociedad colombiana.
Es un grupo diverso y multicultural, que de acuerdo al contexto de la ciudad de Cali, se propone generar opinión crítica frente al conflicto armado colombiano desde la heterogeneidad, y construir alternativas de resistencia al babilón y a las prácticas de desigualdad e inequidad que se vive en la cotidianidad.
Sus estrategias principales son:
Hacer público el tema de objeción de conciencia en la ciudad por medio de la comunicación alternativa, la puesta en escena de grupos musicales y artísticos, estampación de camisetas, murales, proyecciones audiovisuales de experiencias antimilitaristas.
Desarrollar un proceso formativo con tres tipos de población juvenil: jóvenes de colegios en zona urbana como rural, jóvenes organizados de zona rural y jóvenes de comunidades cristianas.
Apoyar diferentes iniciativas antimilitaristas e incluyentes que se proponen en la ciudad y otras regiones.
La Red Juvenil es una organización comunitaria que nació a finales de los '80 con el fin de:
Cohesionar propuestas juveniles de movilización, expresión y reclamo de derechos.
Visibilizarse como una juventud más protagónica, crítica y propositiva frente a los problemas colombianos.
Aportar a la conformación de un Movimiento Social Juvenil capaz de asumir el ejercicio cotidiano de sus propios derechos.
Actualmente la Red Juvenil está constituida por 8 grupos que, desde diversas propuestas como el arte, la acción directa noviolenta, y la educación popular, reivindican en la ciudad de Medellín y en Colombia ,el antimilitarismo y la objeción de conciencia como una alternativa al conflicto armado, reflexionando sobre las causas estructurales de la guerra y construyendo a partir de dichas reflexiones, posibles alternativas y maneras de interlocución en la creación de un proyecto de sociedad incluyente y equitativa.
La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia es un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de diversas procedencias culturales, sociales y disciplinarias, que convergen en la búsqueda del respeto a la libertad de conciencia y del derecho a rehusarse a participar directa e indirectamente en la guerra. El grupo actual proviene de la fusión del Colectivo por la Objeción de Conciencia y la Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia.
Su objetivo general es: contribuir a la formación de sujetos sociales que puedan incidir en la vida política, social y económica del país y que, fundamentados en el derecho a la libertad de conciencia, posicionen alternativas al militarismo.
Actualmente su estrategia principal es la estrategia de acompañamiento a objetores de conciencia y jóvenes en riesgo de reclutamiento, que incluye: la construcción de grupos de afinidad, una red de acompañamiento jurídico, una red nacional e internacional de apoyo, acompañamiento psicosocial, acciones directas noviolentas, comunicación y divulgación, y un fondo de emergencia para jóvenes en riesgo de reclutamiento.
Como líneas de acción se está trabajando además en:
Alternativas al Modelo Económico, que incluye el análisis en torno a los vínculos entre la guerra y el modelo económico neoliberal y la construcción de alternativas económicas y de consumo responsable, como los proyectos de autogestión y el Mercado Orgánico Conciente y Solidario.
Procesos de formación 'Alternando Resistencias' con niños, niñas y jóvenes, construyendo conocimientos y prácticas entorno a la noviolencia activa, transformación de conflictos, objeción de conciencia, antimilitarismo, consumo responsable, etc.
Está conformado por hombres y mujeres jóvenes que trabajan con niños, niñas y jóvenes en situación de vulneración y desplazamiento. A partir del teatro, la danza y las artesanías se trabaja la objeción de conciencia, la transformación de conflictos y la noviolencia, visibilizando la situación de militarización y guerra que se vive en el municipio, y por medio de una huerta se trabaja entorno a la seguridad alimentaria.
Creado mediante la ley de la juventud de 1997, esta organización gubernamental está encargada de crear alternativas para que los jóvenes participen tomando decisiones que ayuden a la construcción de su vida como jóvenes en los diferentes espacios y momentos que los conciernen.
El objetivo general del trabajo en el municipio de Puerto Caicedo es formar, organizar y buscar alternativas de desarrollo para que los jóvenes puedan trabajar pacíficamente, con una visión de superación sin pensar en la guerra como alternativa de sustento. El trabajo se enfoca principalmente en ir en contra de la violencia, de las armas, del servicio militar obligatorio y de la participación en grupos paramilitares o guerrilleros, por medio de marchas de resistencia, campañas contra los juguetes bélicos y capacitaciones.
La Corporación Colombia Joven es una organización comunitaria sin ánimo de lucro, que promueve el autoreconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos sociales, por medio de la introducción de propuestas pedagógicas innovadoras en los procesos organizativos creados por los mismos jóvenes, orientadas a la participación comunitaria, los derechos humanos, la noviolencia activa, la objeción de conciencia, la convivencia pacífica, la identidad étnica y el desarrollo sostenible, desde el enfoque de la educación popular, permitiendo así, el mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y familias en el Norte del Cauca.
Formación y crecimiento infantil.
El Serpaj es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo principal contribuir a la construcción de una cultura de paz, a través de procesos educativos y de concientización, basándose en los principios de la noviolencia activa y el respeto y derecho de una vida digna.
Educación para la paz: realización de talleres, seminarios y foros sobre noviolencia activa, objeción de conciencia, resolución de conflictos, equidad de género, etc.
Obras sociales: ayuda a niños habitantes de la calle, dándoles comida y ayuda psicológica, charlas sobre autoestima, relaciones interpersonales, intrafamiliares, educación en valores y resolución de conflictos.
Gestión ambiental: rescatar en la conciencia de las personas aquellos valores que ayuden a mantener un ambiente sano, basado en principios de sostenibilidad, equidad y justicia social, mediante la organización de campañas ecológicas, foros, seminarios y jornadas de incidencia.
Centro de asesoría: consiste en una oficina, que pretende asesorar en lo político-jurídico y bíblico teológico a jóvenes, grupos cristianos y comunidad en general sobre la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
Tratados comerciales: se trata de denunciar públicamente, las falacias o mentiras de los tratados de libre comercio en América latina como PPP, ALCA, TLC, Plan Colombia, etc.
La Asociación Juvenil y Estudiantil Regional es una asociación de estudiantes y campesinos menores de 25 años, que trabaja entorno a cinco ejes: medio ambiente, cultura autóctona, deporte y recreación, derechos humanos, y comunicación. Su objetivo es crear liderazgos juveniles en los diferentes municipios de Arauca, a través de actividades educativas y recreativas en los colegios.
Quinto Mandamiento es una organización de jóvenes noviolentos y antimilitaristas que trabajan los temas de objeción por conciencia, noviolencia activa y antimilitarismo, con el fin de buscar alternativas al reclutamiento forzado y, a través de acciones directas noviolentas y talleres, poder llegar a la juventud con una propuesta en la cual sean ellos los que identifiquen la problemática social y a su vez asuman una postura frente a ella.
El movimiento juvenil Álvaro Úlcue es un proceso de jóvenes indígenas paeces del Norte del Cauca, que se oponen a cualquier propuesta militarista, y no cooperan con ningún grupo armado. Por medio del desarrollo de actividades formativas, de sostenimiento de la cultura y de recuperación de sus tierras, plantean cambios radicales al conflicto armado Colombiano.
Kasimba es un grupo de jóvenes afrocolombianos que desarrolla actividades de formación y y acción desde el ejercicio de la noviolencia, la objeción de conciencia y la resolución de conflictos, con el objetivo de transformar su realidad cotidiana y reivindicar sus derechos como población afrocolombiana.
FUNSAREP es una organización social comunitaria y popular, que desarrolla trabajo de base con jóvenes, adultos y niños en la ciudad de Cartagena, y que se ha caracterizado por su enfoque noviolento y en la actualidad desarrollan propuestas de antimilitarismo desde el sector popular.
[1] El derecho a la objeción de conciencia se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, y por el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, normas que enuncian el derecho a las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión (MADRID MALO, 2006,3), y explícitamente en la resolución 33/165 de 1978 de la Asamblea General de la ONU, la cual "reconoce el derecho de todas las personas a negarse a prestar servicios en fuerzas militares o policiales", la resolución de la comisión de Derechos Humanos del 5 de marzo de 1987 en la que se establece que "la objeción de conciencia debe ser considerada como el ejercicio legitimo del derecho a la libertad de conciencia y religión" y la resolución 2002/45 que "exhorta a los Estados a que reconsideren sus leyes y prácticas actuales en relación con la objeción de conciencia al servicio militar a la luz de su resolución 1998/77 y a que tomen en consideración la información que figura en el informe de la Alta Comisionada".
[3] Realizadas en Bogotá en enero 2004, en Medellín en abril 2004, en Villa Rica (Cauca) en septiembre 2005, y en Sincelejo en noviembre 2006.
[4] Realizado en Bogotá, octubre 2004.

References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución