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Timestamp: 2019-12-09 16:48:30+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 265-34, de 15/06/2011
Núm. 265-34
122/000239 Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas e índice de enmiendas, presentadas en relación con la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Uxue Barkos Berruezo, diputada de Nafarroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
FIRMANTE:?
Uxue Barkos Berruezo (Grupo Parlamentario Mixto?)
"La presente ley tiene por objeto el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de las víctimas de la violencia utilizada con fines o por impulso o motivación política y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en la víctima y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista."
Al artículo 2, apartado segundo, letra a)
"a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la reparación efectiva y la justicia con las mismas."
Al artículo 2, apartado segundo, letra e)
"e) Enumerar y garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto."
Al artículo 3, párrafo tercero
"1. La presente ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana.
Será aplicable igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente, aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas.
Será aplicable esta ley también, a todas las víctimas de la violencia utilizada con fines o por impulso o motivación política, es decir, será aplicable a todas las víctimas de ETA, GRAPO, FRAP, GAL, BVE, otras organizaciones violentas de cualquier índole ideológica, aparatos parapoliciales, guerra sucia y errores o daños originados por excesos de los aparatos del Estado, etc., así como a las víctimas que lo fueron durante el régimen franquista por su lucha a favor de la recuperación de las libertades, de forma coherente con lo previsto en la Ley de la Memoria Histórica."
"1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos.
La Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los citados protocolos; en ambos casos la elaboración de dichos criterios y protocolos deberán estar en vigor antes de un año desde la publicación de esta ley."
Al artículo 8, apartado 3
"3. Corresponde al Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y de la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos, en el tiempo previsto en el párrafo primero de este mismo artículo."
Al artículo 11, apartado tercero
"3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, incluyendo la asistencia y acompañamiento de traductor, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades."
Al artículo 28, apartado 1, párrafo tercero (nuevo)
"En los casos de daños psicológicos, el plazo de un año empezará a contar desde el momento en el que existiera un diagnostico acreditativo de la causalidad de la secuela."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta las siguientes enmiendas parciales a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Ve???rds
Al primer párrafo de la Exposición de motivos
Queda redactado en la siguiente forma:
"Con la presente Ley, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Sentado, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de las ilegítimas acciones armadas de los poderes públicos o grupos de extrema derecha frente a personas indefensas que ejercían o defendían derechos democráticos durante la dictadura franquista hasta la aprobación de la Constitución Española, y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. (El resto igual)"
La correcta consideración como víctimas de las personas afectadas por acciones armadas terroristas ha de llevar a la misma consideración de quienes "padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa" durante el franquismo, siendo evidente que el trato y el reconocimiento como víctimas no fue hecho por la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.
Por ello, la inclusión de la consideración como víctimas de las personas afectadas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, facilita la equiparación entre víctimas, al menos en una parte del reconocimiento de prestaciones, aun cuando la insuficiencia de aquella Ley 52/2007 no pueda ser paliada en su totalidad en este trámite parlamentario.
Otro planteamiento se apartaría notoriamente de la pretensión de la Ley de "evitar equidistancias morales o políticas" y traicionaría el propio espíritu que inspira la Ley.
Porque las actuaciones armadas de represión de personas que ejercían derechos humanos básicos pretendían, como se dice en el texto, "imponer un proyecto totalitario y excluyente" o expresaba el "uso de la violencia para imponer ideas políticas" y sus víctimas "simbolizaban", igual que las de ahora, la "defensa de la libertad y del Estado de Derecho".
Por otra parte, qué duda cabe que las descritas acciones de las fuerzas de orden público durante la dictadura atentaban contra derechos democráticos y, consecuentemente, contra la paz pública y seguridad ciudadana. Dichas acciones "golpeaban" a los "derechos democráticos" como luego, restaurada la democracia, el terrorismo golpea a las "sociedades democráticas", con las mismas consecuencias de violación de derechos humanos y "cosificación de las personas".
Al cuarto párrafo de la Exposición de motivos
"Las víctimas del terrorismo y de las ilegítimas acciones armadas de los poderes públicos durante la dictadura franquista constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a quienes atentan contra ambos. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas vean respetados sus derechos y asegurarán la tutela efectiva de su dignidad."
En lo relativo a la actuación genérica de los poderes públicos respecto de los derechos de las víctimas y la tutela de su dignidad, ha de reconocerse, ya desde la exposición de motivos, la necesidad de que aquella actuación no se considere como una mera función de "velar", sino como una responsabilidad más fuerte: la de "garantizar" y asegurar, en la misma medida en la que se garantizan el resto de los derechos fundamentales de las personas.
Al octavo párrafo del apartado I de la Exposición de motivos
"Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir al Estado democrático y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y libertad, del mismo modo que las acciones armadas de los poderes públicos o de los grupos ultraderechistas durante la dictadura franquista contra quienes ejercían o reclamaban derechos democráticos, afectaron negativamente a la convivencia en paz y libertad y golpearon los derechos humanos. En este sentido, esas acciones, más que otros delitos violentos, suponen la cosificación de las personas, a las que se pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes políticos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, hombres y mujeres, niños y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva como medios para fines ideológicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia o para impedir el ejercicio de derechos democráticos envenena definitivamente a la sociedad y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia."
La actual identificación de las acciones terroristas con los grupos armados que han llevado a cabo atentados violentos con posterioridad a la aprobación de la Constitución Española, no debe hacer olvidar ni fundamentar ningún trato desigual hacia aquellas víctimas de quienes igualmente pretendían imponer un proyecto totalitario, mediante la eliminación física de personas que defendían la aplicación de los derechos y libertades ciudadanas en nuestro país.
Al párrafo noveno de la Exposición de motivos
"Esta ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos, al igual que lo fueron las víctimas de las acciones armadas de las fuerzas de orden público contra quienes ejercían o defendían esos mismos derechos humanos durante el franquismo. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo o las ilegítimas acciones armadas de fuerzas públicas durante el franquismo."
La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 afirma en su apartado 8 que "se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario".
El apartado 9 de la misma Declaración afirma que "Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identifi- cado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima".
Esta definición de la consideración de "víctimas" es claramente aplicable a quienes fallecieron hasta la aprobación de la Constitución Española a manos de unos Cuerpos de Seguridad del Estado que tenían precisamente como una de sus misiones centrales la represión de quienes reclamaban derechos democráticos y de quienes defendían o ejercían derechos humanos básicos.
Al apartado 1 del artículo 2
"Artículo 2. Valores y finalidad.
1. Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo, restaurar la convivencia y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas."
En segundo lugar, es obvio que el valor de la justicia se traduce tanto el evitar las situaciones de desamparo, como en el resarcimiento de las víctimas, el fomento y fortalecimiento de la convivencia y la persecución judicial de los autores de atentados.
Al párrafo tercero (nuevo) del artículo 3.1
"Esta ley también será de aplicación, como complemento de la Ley 52/2007, a las víctimas de las acciones armadas de los poderes públicos dirigidas a impedir el ejercicio, reivindicación o defensa de derechos democráticos y de libertades ciudadanas durante la dictadura franquista y hasta la publicación de la Constitución Española, siempre que durante dichas acciones armadas, las víctimas no hubiesen realizado actos graves de violencia contra las personas. Dichas víctimas se consideran incluidas en todas las menciones que a las "víctimas del terrorismo" se hacen a lo largo de esta ley."
Al apartado 1 del artículo 40
"Artículo 40. Régimen específico de asistencia a las víctimas en el sistema educativo:
1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia educativa deberán establecer un sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo ... (el resto igual)."
Se pretende cambiar el carácter potestativo ("podrán") referido a la introducción del sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo en materia educativa, por el carácter imperativo del mismo.
Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978.
1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.
El mismo plazo tendrán las personas que ostentan el derecho a estas prestaciones por fallecimientos producidos entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978."
El mantenimiento del trato desigual entre víctimas supondría un doble agravio a quienes, reconocidos como tales en la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, se les ha privado también del derecho al enjuiciamiento de los responsables de los fallecimientos y daños personales, eliminando así la responsabilidad civil que, en su caso, podría haberse fijado en Sentencia.
En el mismo sentido, carece de justificación el diferente trato temporal entre unas y otras víctimas, toda vez que a las víctimas de la dictadura únicamente se les reconoce indemnizaciones por fallecimiento a partir del 1 de enero de 1968. Evitar esa injustificada diferenciación obliga a que se iguale el período a considerar desde el 1 de enero de 1960, aun cuando esta fecha se siga considerando como un período aleatorio que deja fuera a miles de víctimas desde la guerra civil hasta 1960.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición de Ley de
reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Rosa María Díez González, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Rosa María Díez González (Grupo Parlamentario Mixto?)
A la Exposición de motivos, punto I, párrafo segundo
Se añade una frase al final del párrafo, quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
"En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente ley, buscando la reparación integral de la víctima. De acuerdo con estos cuatro principios fundamentales, el Estado se compromete a perseguir la derrota definitiva del terrorismo en todas sus manifestaciones, entendiendo la derrota del terrorismo como su desaparición total, definitiva, unilateral y sin contrapartida de ningún tipo."
A la Exposición de motivos, punto I, párrafo tercero
"La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ¡ideas políticas. En este sentido, los poderes públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas."
A la Exposición de motivos, punto I, párrafo cuarto
"Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad."
"Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad."
Se añade una frase al final del párrafo quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
"Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Asimismo, garantizarán que ningún partido, agrupación o coalición que apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las instituciones democráticas y adoptarán las medidas necesarias para impedir la continuidad de los electos de dichas formaciones que ya lo hubiesen hecho."
A la Exposición de motivos, punto I, párrafo quinto
"El respeto a la justicia como exigencia básica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garantías. Los poderes públicos garantizarán en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. En concreto, destinarán todos los medios necesarios para la identificación y puesta a disposición judicial de los responsables de las acciones terroristas."
"El respeto a la justicia como exigencia básica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garantías. Los poderes públicos garantizarán en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. Concretamente, trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas de acuerdo con lo establecido por la legislación penal."
A la Exposición de motivos, punto I, párrafo sexto
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas entre
víctimas y terroristas que atenten contra el honor y el buen nombre de las primeras falseando la realidad."
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas entre víctimas y victimarios que atenten contra el honor y el buen nombre de las primeras falseando la realidad."
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, y que favorezca un desenlace en el que las víctimas sean las vencedoras y los terroristas, los vencidos."
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, entre víctimas y victimarios que atenten contra el honor y el buen nombre de las primeras falseando la realidad."
A la Exposición de motivos, punto II, párrafo decimonoveno
"El Título Quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurídica especializada se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas."
"El Título Quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con la consagración de la gratuidad de la asistencia jurídica se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas."
Puesto que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho de todos los ciudadanos españoles, es más correcto el reconocimiento de ayudas específicas para la contratación de una asistencia jurídica especializada por parte de las víctimas del terrorismo.
A la Exposición de motivos, punto II, párrafo vigésimo tercero
"El contenido del Título Séptimo responde a la necesidad de proteger la dignidad pública de las víctimas. El Estado asume esta protección y se declara expresamente la prohibición de exhibir públicamente, tanto en lugares privados como públicos, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones."
"El contenido del Título Séptimo responde a la necesidad de proteger la dignidad pública de las víctimas. El Estado asume esta protección y se declara expresamente la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones."
Al artículo 2, punto 2, apartado a)
"a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la solidaridad y la justicia con las mismas."
Al artículo 2, punto 2, apartado e)
"e) Explicitar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto."
"e) Consagrar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto."
Al artículo 2, punto 2 (nuevo apartado)
"f) Los poderes públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de dialogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas."
Al artículo 4, punto 5
"5. En el supuesto de fallecimiento, serán considerados como víctimas del terrorismo, exclusivamente a los efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres, los hijos y los hermanos parientes en segundo grado de consanguinidad. Todo ello sin perjuicio de los derechos, prestaciones, indemnizaciones y demás ayudas que les otorga la presente ley."
"1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir las necesidades de atención durante todo el tiempo que lo precise, sin límite temporal."
"1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención."
Al artículo 25, punto 1
Se suprime la siguiente frase al final del punto primero:
"1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos con el límite de indemnización que se fije reglamentariamente."
Al artículo 34
"Las Administraciones Públicas competentes establecerán una línea específica para incluir a las personas a las que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, en el marco de las políticas activas de empleo, en condiciones que sean compatibles con su situación física y psíquica."
"Las Administraciones Públicas competentes establecerán una línea específica para incluir a las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, en el marco de las políticas activas de empleo, en condiciones que sean compatibles con su situación física y psíquica."
Al artículo 37.bis
"Artículo 37.bis. Ayudas para la adaptación de Viviendas.
Las Administraciones Públicas facilitarán las ayudas correspondientes para afrontar las adaptaciones necesarias en las viviendas de aquellas víctimas que así lo requieran en función de las secuelas derivadas de acto terrorista."
Al artículo 37, punto 1
"1. Las Administraciones Públicas garantizarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta ley tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquélla en la que vivían."
"1. Las Administraciones Públicas procurarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta ley tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquélla en la que vivían."
Al artículo 38, punto único
"Las Administraciones públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas definidas en el artículo cuatro, apartado 1, de la presente Ley, así como a los hijos de aquellos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a consecuencia de la actividad terrorista."
"Las Administraciones públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas y a las personas relacionadas en el artículo cuatro de esta ley, en sus apartados 1 y 2."
Al artículo 42, punto 2
Se propone suprimir el punto segundo:
"2. Los Jueces y Tribunales podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas."
Al artículo 48
Se modifica el punto primero y se suprime el punto segundo de artículo 48, quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
"1. Las personas a que se refieren el artículo 4 en sus apartados 1 y 2 podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar los gastos derivados de la defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia."
"1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la representación y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima.
2. En todo caso, se garantizará la jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el citado derecho, deberán abonar al Abogado y al Procurador, en su caso, los honorarios devengados por su intervención."
Al artículo 49
"Artículo 49. Prevención de la victimización secundaria.
Los Tribunales velarán porque toda declaración o intervención de alguna de las personas previstas en el artículo 4 de la presente ley, en sus apartados 1 y 2, se realice en las condiciones necesarias para prevenir la victimización secundaria o evitar que la víctima se vea sometida a tensiones innecesarias. En particular, se evitará por todos los medios previstos en las leyes que estas personas en sus actuaciones procesales tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados por la comisión de acciones terroristas.
En todo caso, los Jueces y Tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas."
"Artículo 49. Mínima lesividad en la participación en el proceso.
Los Tribunales velarán porque toda declaración o intervención de alguna de las personas previstas en el artículo 4 de la presente ley, en sus apartados 1 y 2, se realice de forma que les suponga las mínimas incomodidades y perjuicios. En particular, se procurará por todos los medios previstos en las leyes que estas personas en sus actuaciones procesales no tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados por la comisión de acciones terroristas.
Se añade un tercer párrafo con la siguiente redacción:
"Las medidas tendentes a evitar la victimización secundaria se adoptarán con especial intensidad en los casos en los que las víctimas o testigos sean menores de edad. Los Tribunales promoverán en estos casos la preconstitución probatoria con respeto al derecho de defensa y contradicción del acusado."
Al artículo 50
"Artículo 50. Información especializada.
1. El secretario judicial facilitará a los destinatarios de la presente ley, y en particular a las personas señaladas en su artículo 4, la información precisa y por escrito que les permita conocer de forma sencilla y comprensible las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos, el estado de los procedimientos en que sean parte y los demás derechos que les asisten conforme a la legislación procesal.
Les informará asimismo de los derechos económicos que les puedan corresponder, aun en supuestos de insolvencia del acusado.
2. Aunque la víctima no se hallara personada en la causa, se le informará de toda resolución judicial que se dicte en el proceso, en cualquiera de sus fases, que afecte a la situación personal del imputado o acusado. Se dará traslado de dichas resoluciones a la víctima al mismo tiempo en que se practican las correspondientes notificaciones a las partes personadas en la causa.
3. La víctima tiene derecho a ser informada de las decisiones adoptadas respecto a los presos o penados dentro del marco de la ejecutoria penal. La información se le facilitará al mismo tiempo que se practica la notificación al interesado o las demás partes personadas.
4. Para facilitar el ejercicio del derecho a la información, en la causa deberán constar los mecanismos de contacto urgente con la víctima y se utilizarán preferentemente medios telemáticos que agilicen la comunicación y permitan tener constancia de la recepción de la información.
5. En la Audiencia Nacional existirá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas, dependiente del Ministerio de Justicia, atendida por funcionarios debidamente cualificados. Entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional se encuentran las siguientes:
c) Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación con los actos terroristas de los que traigan causa de afectados.
d) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración.
e) Informar a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria de sus victimarios. Particularmente de las decisiones de excarcelación de los penados.
6. Cuando los interesados así lo autoricen expresamente o el Estado se subrogue en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y prestaciones recibidas en aplicación de esta ley puedan ejercer contra los responsables de actos del terrorismo, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo recabará, a través del órgano judicial competente, información sobre las gestiones realizadas para la averiguación patrimonial de los condenados. Cada seis meses, la Oficina emitirá un informe detallando las consultas efectuadas a registros, empresas, organismos e instituciones, etc., sus resultados y las medidas previstas para lograr que el condenado haga efectivas sus responsabilidades civiles. De dicho informe se dará traslado a las víctimas en el plazo de ocho días desde su emisión para que puedan alegar y solicitar por el cauce apropiado las medidas que estimen pertinentes.
7. El Consejo General del Poder Judicial arbitrará los mecanismos suficientes para que los órganos judiciales y la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas dispongan del material informativo preciso, actualizado y comprensible para que pueda ser facilitado a las víctimas."
1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos. Específicamente, el Ministerio de Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
3. Las personas que presten la citada información y atención deberán tener la cualificación suficiente para evitar la duplicidad de trámites y las personaciones innecesarias ante los correspondientes órganos jurisdiccionales."
Al artículo 59, puntos: 1 y 2
Se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 59, que quedan redactados como sigue:
"1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente, tanto en lugares públicos como privados, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.
2. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que acuerden otorgar a una vía u otro lugar público el nombre de alguna persona vinculada con el terrorismo o colocar o exhibir cualquier símbolo o mención conmemorativa del terrorismo o los terroristas. La Delegación del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma requerirá en su caso a la corporación municipal competente para que proceda a la retirada de dichos símbolos por vulnerar el derecho fundamental al honor de las víctimas del terrorismo. En el supuesto de que dicho requerimiento no fuera atendido en el plazo de veinte días, será ejecutado a su costa a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Cuerpos de Policía de la correspondiente comunidad autónoma, quedando en suspenso la percepción de cualesquiera subvenciones o transferencias de fondos estatales o autonómicos en tanto en cuanto no se produzca la condena expresa de la violencia terrorista por todos los miembros de dicha Corporación. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar en su caso y de las actuaciones que las víctimas y sus familiares o las asociaciones puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad."
"1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.
2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares
puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad."
Al artículo 59, punto nuevo
"4. Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los párrafos anteriores por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los tribunales de justicia que sean competentes, así como de la imposición de las sanciones a las que se alude en el párrafo siguiente."
Al artículo 63, punto único
"La Administración General del Estado deberá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizarán aquellas asociaciones que cuenten con mayor número de víctimas, a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones."
"La Administración General del Estado podrá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizarán aquellas asociaciones que cuenten con mayor número de víctimas, a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones."
Se añade una disposición adicional con la siguiente redacción.
"Disposición adicional. Informe sobre el estado de los sumarios de terrorismo.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Ministerio del Interior deberá presentar un informe sobre la situación de los sumarios abiertos por cada atentado terrorista cometido desde el año 1978, indicando de forma detallada las actuaciones realizadas, los motivos de la paralización o dilación del procedimiento en su caso, órganos responsables y medidas a adoptar para la adecuada solución de dichos procesos, comenzando por los más antiguos que deberán ser objeto del necesario impulso procesal para evitar que operen los plazos de prescripción del delito."
Se modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 de la siguiente manera:
"Artículo 72.7 (nuevo):
Las medidas excepcionales previstas en el ordenamiento penitenciario con el objetivo de flexlbilizar el sistema penitenciarios de manera que, respecto de cada penado, pueda adoptarse un modelo de ejecución que combine aspectos de los distintos grados, no será aplicable a las personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del Título XXII, del Libro II, del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales.
Lo dispuesto en esta disposición adicional tiene, asimismo, carácter de Ley orgánica."
Al artículo 6, punto 3
"3. Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho a percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artículo 22 de esta ley."
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a instancia de su Portavoz Joan Ridao i Martín, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio de Congresos de los Diputados, mayo de 2011.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Al título de la ley
Se modifica el título de la ley, que queda redactado como sigue:
"Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y de la violencia política."
Se suprime el párrafo sexto del apartado II de la Exposición de motivos que empieza por:
"En segundo lugar..." y finaliza por "de ningún tipo de aseguramiento."
La exposición de motivos de la Ley establece "La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España v de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan dirigidos o no contra "intereses españoles", sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior."
A pesar de esta manifestación de voluntad del legislador, en el cuerpo de la Ley se distingue a estas víctimas que sufren atentados en el extranjero estableciendo un sistema indemnizatorio especial bajo la denominación "ayudas excepcionales por daños sufridos". En ningún caso deberían ser ayudas excepcionales, ya que todas las personas deben ser tratadas por igual, es decir, lamentablemente todas son víctimas del terrorismo sin distinción alguna.
En razón de este trato en la ley como víctimas en el extranjero beneficiarías de ayudas excepcionales, éstas, tienen menos derechos. La Ley les limita a estas víctimas las indemnizaciones a percibir; "así se ha fijado la cuantía del cincuenta por 100 para quienes tengan residencia habitual en el país en que se produzcan los daños; un cuarenta por 100 para quienes no teniendo la residencia habitual en el país dispongan de algún tipo de aseguramiento y un treinta por 100 para quienes no dispongan de ningún tipo de aseguramiento", se expone en la exposición de motivos.
Una persona con ciudadanía española si sufre un atentado en otro país no percibirá del Estado Español este 100 por 100, y aunque tampoco lo perciba del Estado donde se haya producido el atentado. Además, de acuerdo con el actual redactado de la ayuda excepcional, estas víctimas en el extranjero "tendrán derecho a percibir, exclusivamente una ayuda económica, en los términos ....", y el resto de ayudas y derechos previstos, no? No podrá ejercer los derechos laborales, en materia de vivienda, ayudas educativas, no tendrá asistencia sanitaria de urgencia, psicológica y psiquiátrica ... Esta distinción que propone el legislador lleva al absurdo.
Se sustituye el redactado del artículo 6 por el siguiente:
"1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones, se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española.
2. Asimismo, será aplicable a las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero."
Igual justificación que la enmienda de supresión del párrafo sexto, del apartado II de la Exposición de motivos.
Se sustituye el redactado del artículo 22 por el siguiente:
"Artículo 22. Daños sufridos en el extranjero.
1. En el supuesto que las víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional recibieran
una compensación o ayuda económica por el Estado donde se haya producido el atentado, deberá reintegrar al Estado español la cantidad que haya recibido de este en razón de la presente ley. Aún así, si la indemnización a percibir en el exterior fuera inferior a la establecida en España, el Estado español abonará la diferencia."
Al artículo 2, apartado 1
Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
"1. Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad y justicia. Memoria, que mantenga vivo el recuerdo de su involuntario sacrificio en pro de la sociedad. Dignidad, simbolizando en la defensa del honor de las víctimas. Justicia, para el resarcimiento de las mismas y la condena penal de los terroristas."
Al artículo 2, apartado 2, letra a)
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
"a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la solidaridad reparación efectiva y la justicia con las mismas."
Al artículo 2, apartado 2, letra e)
Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
"e) Consagrar, enumerar y garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto."
Al artículo 2, apartado 2, letra h)
Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
"1. La presente ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen violentamente con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente mediante la violencia terrorista la paz pública y la seguridad ciudadana."
"1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española y siempre que las víctimas sean españolas, fuera del territorio español.
2. Asimismo, será aplicable a las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de atentados terroristas, realizados por personas integradas en bandas o grupos armados."
"1. Las disposiciones de !a presente ley serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido desde el. 6 de octubre de 1977."
Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:
"1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y
los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos.
3. Corresponde al Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y de la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos, en el tiempo previsto en el párrafo 1 de este mismo artículo."
Al artículo 11, apartados 1 y 3
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 8, que quedan redactados como sigue:
"1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán conjunta y coordinadamente, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que corresponda.
3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, incluyendo la asistencia y acompañamiento de traductor, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades."
Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
"La Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá los gastos de traslado, sepelio, inhumación y/o incineración e inhumación de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista."
Al artículo 22 (enunciado)
Se modifica el enunciado del artículo 22, que queda redactado como sigue:
"Artículo 22. De las ayudas a las víctimas del terrorismo que sufran atentado terrorista fuera de España."
Al artículo 22, apartado 1
Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
"1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 50 por 100 de las cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo.
El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas."
"Disposición adicional (xx).
El Gobierno, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, modificará el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, para suprimir de entre las causas que imposibilitan la percepción de las indemnizaciones contenidas en el artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a quienes hayan pertenecido a bandas o grupos armados."
"Disposición adicional (xx):
El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad, de que sean consideradas, en su caso, beneficiarías de las indemnizaciones previstas en la presente ley."
"El Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política desde el 6 de octubre de 1977 hasta la entrada en vigor de la Constitución española, con la finalidad de que sean consideradas, en su caso, beneficiarías de las indemnizaciones previstas en la presente ley."
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las siguientes enmiendas al articulado a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
"Artículo 3. Destinatarios.
Será aplicable igualmente a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente, aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas, o bien cuando dichos responsables formaran parte de los poderes u organismos del Estado o de sus Fuerzas de Seguridad en el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y 6 de octubre de 1977."
Al artículo 4, apartado 6 (nuevo)
Se propone añadir un nuevo apartado 6 al artículo 4, con el siguiente tenor:
"6. Los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas que, habiendo sido objeto de atentados o de atentados frustrados, hayan resultado indemnes, a efectos honoríficos y de condecoraciones, sin derecho a compensación económica alguna".
Reconocimiento como víctimas del terrorismo a los hermanos de los fallecidos así como a las personas que,
habiendo sido objeto de atentado o de atentado frustrado, no han sufrido daño alguno.
Al artículo 6, punto 2.°, apartado a)
Se propone modificar el apartado a) del 2.º punto del artículo 6, quedando redactado como sigue:
"a) A las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen contra el Estado español o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles o sus ciudadanos".
Sustituyendo el término "en España" por el de "contra el Estado español" se amplia más el ámbito territorial, incluyendo así en y fuera del Estado español.
Al artículo 6, punto 2.°, apartado b)
Se propone modificar el apartado b) del 2.º punto del artículo 6, quedando redactado como sigue:
"b) A los participantes en operaciones humanitarias, de paz y seguridad que formen parte de los contingentes humanitarios y sean objeto de atentado terrorista".
Al artículo 6, punto 2.°, apartado c) (nuevo)
Se propone añadir un nuevo apartado c) en el 2.º punto del artículo 6 con el siguiente tenor literal:
"c) A las personas aprehendidas en territorio nacional o jurisdicción española y trasladadas fuera de los mismos".
Se propone modificar el apartado que hace referencia a las "Lesiones no invalidantes" en el apartado 4 del artículo 20, quedando redactado como sigue:
"- Lesiones no invalidantes, las indemnizaciones serán las que resulten de añadir a 30.000 euros la cantidad que resulte de multiplicar 300 euros por el número de días que el herido haya tardado en curar. A la cantidad resultante se añadirán otros 10.000 euros si el herido ha tardado más de cien días en curar o si padece secuelas físicas o psicológicas."
Se propone modificar el apartado 1 del artículo 22, quedando redactado como sigue:
"1. Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional tendrán derechos idénticos y en los mismos términos que las víctimas de acciones terroristas cometidas en territorio nacional."
Aplicación de criterios de nacionalidad y ciudadanía para evitar agravios comparativos entre víctimas del terrorismo.
Al artículo 22, apartado 4
Se propone añadir un nuevo apartado 4 al artículo 22, con el siguiente tenor literal:
"4. El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas."
Al artículo 50.bis
Se propone añadir un nuevo artículo 50.bis, con el siguiente tenor literal:
"Entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional se encuentran:
- Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terrorismo.
- Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.
- Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación con los actos terroristas de los que traigan causa de afectados.
- Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración."
Hacer efectivo lo recogido en la Decisión Marco del Consejo de 16 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en al proceso penal (art. 4, derecho a recibir información), así como lo establecido en el artículo 990 LECrim, que tras la reforma de 3 de noviembre de 2009 establece que: "El Secretario Judicial pondrá en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito, y en su caso a los testigos, todas aquellas resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad".
A la disposición adicional cuarta (nueva)
Se propone añadir una nueva disposición adicional, que haría la número 4, con el siguiente tenor:
Se actualizarán anualmente las indemnizaciones y compensaciones previstas en esta Ley en cuantía no inferior a la evolución del IPC."
Se trata de cubrir otra laguna de esta Proposición de Ley que no consigna criterio alguno de actualización de las indemnizaciones y compensaciones económicas previstas.
Al anexo I, Tabla II
"Tabla II
En ningún caso el abono previsto supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales."
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del diputado don Carlos Salvador Armendáriz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Carlos Salvador Armendáriz (Grupo Parlamentario Mixto)
Al párrafo primero de la Exposición de motivos
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo primero de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
"Con la presente Ley, tras la actuación de diversos grupos terroristas en España y los más de cincuenta años de terrorismo de ETA que todavía padecemos, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes,..."
Al párrafo segundo de la Exposición de motivos
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo segundo de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
Los principios esenciales o "ideas fuerza" citados en el párrafo objeto de enmienda y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.
Al párrafo tercero de la Exposición de motivos
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo tercero de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
"La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas. En este sentido, los poderes públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas."
Los principios esenciales o "ideas fuerza" citados en la Exposición de motivos y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.
Al párrafo cuarto de la Exposición de motivos
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo cuarto de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
Los principios esenciales o "ideas fuerza" citados en la Exposición de motivos y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un
Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas.
Al párrafo quinto de la Exposición de motivos
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo quinto de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
Los principios esenciales o "ideas fuerza" citados en la Exposición de motivos y sobre los que se inspira la presente Proposición de Ley que persigue la reparación integral de las víctimas por parte del Estado implican necesariamente que éste, al mismo tiempo, adopte una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de Derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas, incluyendo la modificación de la pena o condonación de la misma, impuesta por los órganos judiciales.
Se propone incorporar la siguiente idea al párrafo sexto de la Exposición de motivos, el cual quedaría redactado como sigue:
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de los que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, y que favorezca un desenlace en el que las víctimas sean las vencedoras y los terroristas, los vencidos."
Al artículo 50.bis (nuevo)
"Las víctimas tendrán el derecho a ser informadas previamente de todas las modificaciones en la situación penitenciaria de los condenados por delito de terrorismo hasta el momento del cumplimiento íntegro de sus respectivas penas."
La "justicia", valor superior del ordenamiento jurídico español consagrado en el artículo 1 de la Constitución de 1978, que ha de ser ejercida por el poder judicial, es el único cauce legal y legítimo para reparar los daños que se producen en todo Estado de Derecho.
En su caso, cuando la justicia implica penas a los terroristas, el cumplimiento íntegro de las mismas no es sino una consecuencia más del valor superior "justicia" -principio inspirador también de la presente Proposición de Ley- y el conocimiento por parte de la sociedad del modo en que las mismas son cumplidas no son sino la transparencia que debe existir entre los distintos poderes del Estado así como de éstos para con la sociedad.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de modificar el párrafo séptimo del apartado I de la Exposición de motivos del referido texto.
"Exposición de motivos, apartado I, párrafo 7.
El desarrollo de estos principios en la presente ley y en los términos que ella establece debe perseguir la reparación moral, política y jurídica de las víctimas, expresión a su vez de la solidaridad debida con ellas y sus familias, atendiendo al daño sufrido y a su mejor y más pronta recuperación. En este sentido, resulta necesaria una referencia especial para deslegitimar política, social y públicamente, los actos terroristas contra ciudadanos y empresas españolas, que fueron objeto de atentados terroristas en el Sahara español durante la década de los años 70 y hasta finales de los años 80."
La inclusión en el séptimo párrafo de la referencia a las víctimas españolas de actos terroristas ocurridos en el Sahara durante las décadas de los 70 y 80 es importante porque aún hoy estas personas están desamparadas, siendo unas trescientas, en su mayoría trabajadores civiles canarios de la empresa española Fosbucrá, marineros, así como militares que padecieron, principalmente, los actos de terrorismo del Frente Polisario.
A los efectos de modificar el artículo 3 del referido texto.
"1. La presente ley será de aplicación, a quienes hayan sufrido o sufran la acción terrorista en cualquiera de sus formas, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional, impedir la plena implantación de derechos y libertades, así como el pleno desarrollo democrático, o de alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana [...]"
La modificación del artículo 3 tiene como finalidad que esta Ley reconozca a las víctimas de acciones violentas con las que se haya impedido la plena implantación de derechos y libertades, así como el pleno desarrollo democrático y constitucional, especialmente durante el período de la Transición española.
Será aplicable igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas."
Consideramos conveniente la supresión del término "formalmente" porque es demasiado riguroso y con dicha supresión se ampliaría el abanico de destinatarios de la ley. De este modo, se evitarían casos como los sufridos, por ejemplo, por don José María Clúa, de 82 años, quien sufrió heridas muy graves en mayo del año 2005 por los efectos de la explosión de un artefacto colocado por un ex miembro de Terra Lliure que actuaba en solitario. El señor Clúa falleció en enero de 2009, sin curar de sus lesiones y sin haber sido todavía reconocido como víctima del terrorismo.
A los efectos de modificar el artículo 6 del referido texto.
a) A las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos o acciones terroristas, con independencia de si estos grupos operan habitualmente en España y con independencia de si las acciones terroristas van dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles.
3. Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuero del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho o percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artículo 22 de esta ley."
En sintonía con la enmienda que se propone para el artículo 22 de la Ley, esta modificación del artículo 6 tiene como finalidad ampliar el ámbito de aplicación de la Ley y reconocer a aquellos españoles que sean víctimas del terrorismo en otros países, con los mismos derechos que para las víctimas en territorio español o bajo jurisdicción española.
A los efectos de suprimir el segundo párrafo del apartado 1 y todo el apartado 3 del artículo 8 del referido texto.
Ajustar la normativa a la distribución competencial del Estado, en tanto que existen Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad pública.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 9 del referido texto.
Artículo 9, apartado 1.
"1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención durante todo el tiempo que lo precise."
Garantizar a las personas afectadas por un atentado terrorista la asistencia de manera gratuita y durante todo el tiempo que precise hasta su curación, sin establecer límite temporal alguno.
A los efectos de modificar el apartado 5 del artículo 14 del referido texto.
Artículo 14, apartado 5.
"5. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas se regirán por las disposiciones específicas del Sistema de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas del Estado que corresponda, garantizándose la igualdad en la prestación económica entre todas las víctimas del terrorismo que ejerzan un mismo cargo o empleo, con independencia de la fecha del atentado sufrido o del reconocimiento del derecho a percibir la pensión. Asimismo, todas las pensiones extraordinarias deben ser actualizadas, revalorizándose para todos sus beneficiarios siempre que se produzcan mejoras normativas posteriores."
En la actualidad hay diferentes normativas por las que se rigen las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, cosa que provoca diferencias y agravios comparativos, y que no quedan solucionados con la redacción que se da al texto del artículo 14.5.
Atendiendo al principio de equidad e igualdad que debe inspirar la nueva Ley de protección integral de víctimas del terrorismo, consideramos que las pensiones extraordinarias deben ser actualizadas para garantizar que, con la consideración de su cargo o empleo, a todas las víctimas del terrorismo les corresponda la misma pensión extraordinaria, independientemente de la fecha en que sufrieran el atentado o cuando se les reconociera el derecho a poder percibir pensión.
Así, no se pretende que el personal civil administrativo perciba la misma pensión extraordinaria que un directivo de una empresa, ya que su salario no es el mismo, pero sí establecer que a mismo empleo y mismo nexo causal (un atentado terrorista) se perciba la misma pensión extraordinaria, independientemente de la fecha que ocasione el derecho a percibirla.
Por último, cabe resaltar que la redacción que proponemos cumple de mejor manera con el compromiso que la Exposición de motivos contiene al contemplar que "la ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares".
A los efectos de adicionar un nuevo párrafo al final del apartado 4 del artículo 20 del referido texto.
Artículo 20, apartado 4.
"4. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia, no podrá exceder de las siguientes cuantías:
- Fallecimiento, 500.000 euros
- Gran invalidez, 750.000 euros.
- Incapacidad permanente absoluta, 300.000 euros.
- Incapacidad permanente total, 200.000 euros.
- Incapacidad permanente parcial, 125.000 euros.
- Lesiones no invalidantes, 100.000 euros.
Estas cantidades serán revisadas cada tres años desde la entrada en vigor de esta Ley."
Las cantidades que se contemplan actualmente en el artículo 20.4 son fruto de criterios jurisprudenciales que, tras la entrada en vigor de la Ley, pueden cambiar a lo largo de los años. Por tanto, debe preverse la posibilidad de que las cantidades contenidas en el artículo puedan ser revisadas periódicamente en caso de que se consoliden unos criterios jurisprudenciales diferentes de los actuales.
A los efectos de adicionar un apartado 3 al artículo 21 del referido texto.
Artículo 21, apartado 3 (nuevo)
"3. La víctima podrá, por su cuenta y medios, perseguir la responsabilidad civil de los responsables. La
Administración no podrá oponer la titularidad del crédito preferente para impedir que se inicie la acción de responsabilidad si, al momento de emprenderse la acción por la víctima, el Estado no hubiera iniciado las acciones conducentes a repetir la responsabilidad contra los autores. En la personación de la víctima en el procedimiento, deberá hacerse constar la existencia del crédito del Estado y de alcanzarse el resarcimiento por ejecución a los autores del delito terrorista, la víctima deberá reintegrar a la Administración las cantidades que en su momento le hubieran sido abonadas por ésta."
Se pretende no dejar al arbitrio del Estado el que éste repita las acciones que le corresponden contra los responsables del daño, sino que se permite que la propia víctima también inicie el procedimiento si no lo hace el Estado. En todo caso, de alcanzarse el resarcimiento, la víctima deberá dar al Estado las cantidades que le hubieran sido abonadas por éste en concepto de indemnización.
A los efectos de modificar el artículo 22 del referido texto.
"Artículo 22. Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero.
1. Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional tendrán derechos idénticos y en los mismos términos que las víctimas de actos cometidos en territorio español.
4. El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas."
Con esta enmienda pretendemos que se reconozcan los mismos derechos para todas las víctimas del terrorismo de nacionalidad española, con independencia del lugar donde se haya sufrido el acto terrorista. Así, se debe eliminar el carácter "excepcional" de estas ayudas, así como la referencia que el apartado 3 hace al apartado 1 para calcular el importe de la ayuda.
A los efectos de modificar los apartados 1 y 2 del artículo 28 del referido texto.
Artículo 28, apartados 1 y 2.
"1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior, quien deberá satisfacer los gastos correspondientes derivados de este proceso.
Las solicitudes de los interesados pueden cursarse en cualquier momento, sin que exista plazo alguno a partir del cual las víctimas del terrorismo ya no puedan ejercer sus derechos. El único requisito para que las víctimas del terrorismo puedan solicitar las ayudas o indemnizaciones que les correspondan es el de demostrar la causalidad del daño con el atentado sufrido.
2. Para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios será preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoración de incapacidades cuya composición se determinará reglamentariamente en función de la previa pertenencia del solicitante de la indemnización. En dichos equipos se integrará, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo y un representante de la asociación de víctimas del terrorismo designado por la propia víctima."
La adición que se hace en el primer párrafo del apartado 1 es conveniente para establecer claramente que la víctima no deberá cargar con ningún gasto de los correspondientes para que se evalúe el alcance de sus daños y reconocer su derecho a la indemnización.
Por lo que respecta a la modificación del segundo párrafo del apartado 1, cabe decir que, con el objetivo de no limitar el ejercicio de sus legítimos derechos a las víctimas del terrorismo, resulta conveniente eliminar cualquier tipo de plazo para la presentación de solicitudes. Ello porque hay que tener en cuenta que a pesar de haberse publicado leyes en favor de las víctimas del terrorismo y haberse dado toda la publicidad posible, aún existen personas que no saben los derechos que tienen o que se enteran demasiado tarde. Así, el único requisito exigible para pedir la ayuda correspondiente debe ser demostrar que el daño que se padece tiene como causa la violencia terrorista.
Por último, la adición que se hace en el apartado 2 del artículo tiene como finalidad reconocer la posibilidad de que en los equipos de valoración de las lesiones deba haber al menos un representante nombrado por la víctima, que forme parte de la asociación de víctimas que el afectado designe. Con ello se pretende garantizar que exista en los equipos una persona especializada en tratar casos de terrorismo que salvaguarde expresamente los derechos de la víctima.
A los efectos de modificar el apartado 4 del artículo 31 del referido texto.
"4. El Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica a las personas comprendidas en el artículo 4.1, sus cónyuges e hijos."
Para completar adecuadamente la prestación que reconoce el apartado 4 del artículo 31 debe reconocerse la posibilidad de que los preceptores de ayuda psicológica o psiquiátrica no sean sólo los directamente afectados por la violencia terrorista, sino también sus familiares más cercanos.
A los efectos de adicionar un nuevo apartado 4 al artículo 32 del referido texto.
Artículo 32, apartado 4 (nuevo)
"4. Se reconoce la gratuidad de los medicamentos para los funcionarios públicos que se encuentren en situación de retirados o jubilados por incapacidad como consecuencia de atentado terrorista, así como para las viudas y huérfanos de aquellos que hayan sido asesinados."
Con el fin de equiparar a los funcionarios públicos con el resto de ciudadanos españoles, debe añadirse este apartado que reconozca la gratuidad de los medicamentos para los funcionarios públicos incapacitados como consecuencia de un atentado terrorista.
A los efectos de modificar el artículo 34 del referido texto.
"Las Administraciones Públicas competentes establecerán una línea específica para incluir a las personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 4, y a sus hijos, en el marco de las políticas activas de empleo, en condiciones que sean compatibles con su situación física y psíquica."
Tal como hacen algunas Comunidades Autónomas en sus legislaciones propias, deben incluirse también derechos laborales para los hijos de las personas que hayan sufrido atentados terroristas, en atención al sacrificio realizado y a los daños sufridos por las víctimas del terrorismo.
A los efectos de modificar el artículo 37 del referido texto.
"1. Las víctimas del terrorismo incluidas en el artículo 4 de esta ley tendrán una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquélla en la que vivían.
3. En casos de víctimas del terrorismo de edad avanzada, las Administraciones Públicas facilitarán el acceso prioritario de éstas en residencias, hoteles v comunidades de titularidad pública para personas mayores cuando así lo soliciten."
En primer lugar, se trata de convertir el apartado 1 del artículo en una obligación para la Administración. Es decir, no basta con hacer una declaración de intenciones en la que se dice que se procurará que las víctimas tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, sino que debe explicitarse que tendrán dicha consideración.
En segundo lugar, debe facilitarse el acceso a personas mayores que hayan sido víctimas del terrorismo en residencias o comunidades especializadas en su tratamiento, para evitar así que las patologías físicas o psíquicas que haya causado el atentado entorpezcan su vida cotidiana y generen el aislamiento de la sociedad de la persona afectada.
A los efectos de modificar el artículo 38 del referido texto.
"Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas y a las personas relacionadas en el apartado 1 del artículo 4 de esta ley, sus hijos, así como las del apartado 2 del mismo artículo."
Exención de tasas académicas también a los hijos de los heridos por actos de terrorismo (no sólo a los de fallecidos), tal y como se recoge en la actual Ley de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 39 del referido texto.
Artículo 39, apartado 1.
"1. Se concederán ayudas de estudio, en todos los niveles obligatorios y no obligatorios, cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el propio estudiante, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que sean de especial trascendencia, o que los inhabiliten para el ejercicio de su profesión habitual."
Con esta adición se pretende especificar que las ayudas al estudio no deben cubrir sólo la educación
obligatoria, sino que siempre que una víctima del terrorismo sufra daños que lo inhabiliten para cubrir sus gastos de estudio propios o los de sus familiares dependientes, deben concederse ayudas para solventar tal problemática, con independencia del nivel educativo en el que se encuentre el interesado.
A los efectos de suprimir el apartado 2 del artículo 42 del referido texto.
No es un precepto que debería estar recogido en esta norma, sino que la regulación de la publicidad de las vistas debe ser regulada en las leyes procesales y normativa de funcionamiento del Poder Judicial correspondiente.
A los efectos de modificar el artículo 48 del referido texto.
"Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, tienen derecho a la representación y defensa jurídica gratuitas en todos los procesos v procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición.
Esta asistencia se prestará a través de las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo existentes, siendo obligación de la Administración garantizar los recursos suficientes para la prestación del mismo."
La enmienda que se propone trata de ampliar el derecho a la asistencia jurídica gratuita y hacerlo más especializado. Así, se reconoce para todas las víctimas del terrorismo a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 el citado derecho, sin necesidad de tener que acreditar insuficiencia de recursos para litigar, tal y como exige ahora el proyecto de ley.
Y en segundo lugar, se determina que la prestación de la asistencia será a cargo de representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, ya que estas instituciones están acostumbradas a llevar este tipo de casos, tienen abogados especializados y su asistencia a la víctima resulta mas cercana que la que pueden obtener del turno de oficio o de cualquier Colegio de Abogados.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 50 del referido texto.
Artículo 50, apartado 1.
"1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos, así como conocer, dentro de los límites de la legalidad vigente, toda la información en torno a la situación penitenciaria de aquellos terroristas que cometieron el atentado que originó su condición de víctima.
Específicamente, el Ministerio de Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional. Esta Oficina contará con la participación de las asociaciones de víctimas del terrorismo más representativas y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) dar cuenta de la situación penitenciaria de los condenados por delitos de terrorismo, supervisando el cumplimiento de todos los requerimientos objetivos para la aplicación a los terroristas de las eventuales medidas de reinserción que les pudieran corresponder.
b) Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terrorismo.
c) Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.
d) Ofrecer acompañamiento personal a las víctimas en los juicios que se celebren en relación con los actos terroristas por los que se vieron afectados.
e) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas del terrorismo en su participación en los procesos judiciales, protegiéndolas de injerencias ilegítimas, actos de intimidación o represalia y cualquier otro acto de ofensa o denigración."
Es acertado que la ley trate los derechos que las víctimas tienen en su relación con los Tribunales. Sin embargo, creemos que el proyecto actual se queda corto, ya que debe incluirse también el derecho a la información penitenciaria de las víctimas del terrorismo, puesto que las víctimas no pueden seguir enterándose por la prensa de la situación carcelaria de los asesinos de sus familiares.
Asimismo, para que la Oficina que el proyecto de ley dice que debe crearse sea más provechosa para las víctimas del terrorismo debe preverse que en ella participen las asociaciones de víctimas más representativas. Además, para que esta Oficina no sea un órgano vacío de contenido resulta acertado concretar algunas de las funciones que debería llevar a cabo y que serían de gran utilidad para la protección y salvaguarda de los derechos de las víctimas del terrorismo, desde facilitar información hasta acompañarlas en la celebración de los juicios. Con ello se haría efectivo lo recogido en la Decisión Marco del Consejo de 16 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, cuyo artículo 4 contemplo el derecho a recibir información.
A los efectos de adicionar un nuevo artículo 51.bis al referido texto.
Artículo 51.bis (nuevo).
"Condecoraciones para los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
A las personas que pertenezcan a los Cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y hayan sido objeto de atentado terrorista se les otorgará, de oficio, por sus respectivos Cuerpos de procedencia:
1. Los asesinados serán condecorados con la Medalla de Oro al Mérito de la Guardia Civil y al Mérito Policial.
2. Los heridos que resulten retirados por incapacidad como consecuencia de atentado terrorista, serán condecorados con la Cruz Roja al Mérito de la Guardia Civil y la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo.
3. Los que hayan sufrido atentado terrorista y no hayan sufrido heridas invalidantes serán condecorados con la Cruz o Medalla con distintivo rojo de sus respectivos Cuerpos.
4. Los policías autonómicos y policías municipales serán condecorados con las distinciones correspondientes a sus Cuerpos de procedencia, atendiendo a lo que disponga su normativa propia de aplicación.
5. Los mencionados en el punto 3 de este artículo obtendrán cinco puntos extra de baremo que les serán de aplicación al optar a la realización de cursos, ascensos u obtención de plazas de destino en sus respectivos cuerpos de procedencia. Los poseedores de la Real Encomienda de Víctimas del Terrorismo obtendrán cinco puntos.
6. Todos los mencionados en este artículo serán ascendidos de manera honorífica y sin derecho a compensación económica, a la Escala superior que les corresponda en el momento de su concesión; todas estas circunstancias quedarán anotadas en sus respectivos expedientes personales, así como cualquier condecoración de carácter civil que les sea concedida por Comunidades Autonómicas o Municipios, relacionada con actos de terrorismo."
Los profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen normativas específicas sobre condecoraciones y recompensas. Estas normativas son preconstitucionales y entendemos que ya deberían haber sido reformadas y actualizadas, pero hasta entonces creemos que resulta conveniente reconocer los méritos que se proponen en este nuevo artículo.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 59 del referido texto.
Artículo 59, apartado 1.
"1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir
públicamente, en lugares públicos o de acceso público, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas."
Con el cambio de redacción que se propone se pretende ampliar el ámbito de aplicación de la prohibición de exhibir monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones que exalten la violencia terrorista, vetando también que se exhiban de forma pública en lugares privados.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 60 del referido texto.
"1. El Ministerio del Interior designará un órgano de la Administración General del Estado que tendrá por finalidad ser un instrumento de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo. En este órgano estarán integrados representantes de las víctimas del terrorismo designados de común acuerdo por las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo.
La actividad de este órgano se entenderá sin perjuicio de la que puedan llevar a cabo organismos similares creados por otras Administraciones Públicas, con los que deberá colaborar lealmente para el beneficio de las víctimas del terrorismo."
Resulta conveniente dotar a este organismo que crea la ley de representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que pueden ser de mucha ayuda para las funciones de ayuda y orientación que el artículo 60 atribuye a este órgano.
A los efectos de modificar los apartados 1 y 2 del artículo 61 del referido texto.
Artículo 61, apartados 1 y 2.
"1. El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaborará informes y realizará estudios con periodicidad anual, así como propuestas de actuación en materia de asistencia a las víctimas del terrorismo.
2. El Ministerio del Interior elaborará anualmente informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo. Los informes destacarán, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas pueda asegurar el máximo nivel de tutela para las víctimas del terrorismo."
Para dotar de mayor obligatoriedad al contenido de este artículo, resulta necesario concretar un período en el cual el Ministerio del Interior debe llevar a cabo los informes y estudios a lo que se refiere el precepto.
A los efectos de adicionar un nuevo apartado 2 al artículo 62 del referido texto.
Artículo 62, apartado 2 (nuevo).
"2. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, como representantes de las víctimas, tendrán representación directa en cuantos órganos sean creados por la Administración para la protección y ayuda a las víctimas del terrorismo."
Con este nuevo apartado se pretende dotar de mayor importancia al movimiento asociativo en el ámbito de las víctimas del terrorismo. Se trata de reconocer que las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen derecho a participar y tener representación en cualquier órgano que la Administración cree para ayudar y proteger a las víctimas.
A los efectos de modificar el artículo 63 del referido texto.
"1. La Administración General del Estado deberá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizaron aquellas asociaciones que cuenten con mayor número de víctimas, a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones.
2. Asimismo, deben preverse beneficios fiscales para las empresas o particulares que colaboren económicamente con las asociaciones de víctimas del terrorismo."
En primer lugar, debe sustituirse el término "podrá" por el de "deberá", ya que el reconocimiento y la importancia que esta Ley supone para las asociaciones de víctimas del terrorismo, debe implicar que el Estado asuma la obligación de subvencionar la actividad tan significativa que llevan a cabo este tipo de asociaciones en defensa de las víctimas y de los valores democráticos.
En segundo lugar, el tamaño de la asociación no debe recogerse como criterio para repartir las subvenciones, ya que no resulta un criterio bueno y equitativo para todos. Por ejemplo, resulta evidente que las asociaciones de carácter nacional siempre tendrán mayor número de socios que las de ámbito autonómico, por lo que con la redacción actual se crean agravios comparativos en el movimiento asociativo. Así, a la hora de desarrollar reglamentariamente la actividad de subvención, deberían pensarse en criterios más adecuados como la implantación de la asociación, el conjunto de tareas que lleva a cabo, su trascendencia pública o el tipo de víctimas asociadas.
Por otro lado, creemos que es adecuado añadir un nuevo apartado 2 en el que se prevea la necesidad de establecer beneficios fiscales para las empresas o particulares que colaboren con asociaciones de víctimas del terrorismo, ya que ello tiene un doble objetivo: reiterar la importancia de la actividad de las asociaciones de víctimas y fomentar la interacción entre las empresas y particulares con dichas asociaciones.
A los efectos de modificar la Tabla I del anexo I del referido texto.
Anexo I. Tabla I.
Indemnizaciones por fallecimiento e incapacidades permanentes
Concepto;Euros
Fallecimiento;300.000
Gran Invalidez;500.000
Incapacidad Permanente Absoluta;180.000
Incapacidad Permanente Total;100.000
Incapacidad Permanente Parcial;75.000
Resulta conveniente equiparar la indemnización que contempla la ley en concepto de fallecimiento con la cantidad que está reconociendo la Audiencia Nacional en sus últimas sentencias, que es de 300.000 euros.
A los efectos de modificar la disposición adicional primera del referido texto.
"1. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas y del pago, en su caso, de las cuantías por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de esta ley podrán solicitar en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la ley, el abono de las diferencias que pudieran corresponderles.
2. Aquellas víctimas incluidas en esta ley que no hubieran percibido ninguna pensión desde el momento de la comisión del atentado tendrán derecho a una indemnización de hasta 150.000 euros."
En primer lugar, y en sintonía con la enmienda presentada al artículo 28 de la Ley, es preciso eliminar del primer párrafo de la disposición adicional primera la referencia a la existencia de un plazo para ejercer sus derechos por parte de las víctimas del terrorismo, ya que ello es una limitación que es mejor no establecer. Así, siempre pueden existir personas que no se den cuenta de los derechos que adquieren o que ostentan a su debido tiempo, y ello puede generar discriminaciones fundadas únicamente en plazos temporales.
Asimismo, resulta necesario añadir un segundo apartado a la disposición con el objetivo de reconocer para todas aquellas personas que esta ley considera víctimas del terrorismo y que hasta ahora no han percibido ningún tipo de ayuda ni pensión desde que se cometió el atentado -bien porque les expiró el plazo o bien porque hasta esta ley no eran reconocidas como víctimas del terrorismo- el derecho a una indemnización con el límite máximo de 150.000 euros.
A los efectos de modificar la disposición adicional cuarta del referido texto.
"Las Administraciones Públicas adoptarán, en el ámbito de sus competencias, medidas conducentes a favorecer el acceso de las víctimas de terrorismo y de sus hijos al empleo público."
En sintonía con la enmienda presentada al artícu- lo 34 de la Ley, deben incluirse también derechos laborales para los hijos de las personas que hayan sufrido atentados terroristas, en atención al sacrificio realizado y a los daños sufridos por las víctimas del terrorismo.
"Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.
El Gobierno apoyará e impulsará la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, redactada en colaboración con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo del ámbito europeo."
La aprobación de una Carta a nivel europeo que unifique los derechos de las víctimas del terrorismo entre todos los Estados miembros es una reivindicación repetida por las asociaciones de víctimas. Así, ya se ha producido algún encuentro promovido por la Red Europea
de Víctimas del Terrorismo para trabajar en su redacción. De esta manera, resulta conveniente adquirir, mediante la adición de la disposición que se propone, el compromiso de que el Gobierno apoyará e impulsará la aprobación de esta Carta cuando esté preparada.
"En el plazo de seis meses, el Gobierno promoverá las disposiciones que se requieran para que las pensiones extraordinarias por terrorismo a cargo de la Seguridad Social para las viudas, con hijos de fallecidos en atentado terrorista, reciban el mismo tratamiento que el establecido por el régimen de clases pasivas del Estado."
Acabar con las desigualdades que se establecen en los distintos regímenes para el mismo supuesto de viudas con hijos de fallecidos en atentado terrorista.
"A los efectos de lo establecido en el artículo 3.1 de la presente Ley, el Gobierno, en el plazo de seis meses, llevará a cabo un estudio para determinar el número de personas que sufrieron la muerte, daños físicos o psicofísicos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de la persona o en reclamación del reconocimiento de los mismos, siempre que los actos o hechos causantes hubieran acaecido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 y siempre que las personas que padecieron dichos daños no hubieran ejercido violencia grave contra la vida o la integridad de otras personas. Una vez determinado el número de afectados, se reconocerá a dichas personas como destinatarios de esta Ley a los efectos que correspondan."
Acontecimientos como los de Ferrol y Granada en 1972, Vitoria y Montejurra en 1976, entre otros, están todavía presentes en la memoria de los ciudadanos y ponen de manifiesto que la lucha por la democracia y las libertades no fue incruenta.
Mediante la presente enmienda, la sociedad española realiza una expresión de reconocimiento y solidaridad en orden a ofrecer a estas víctimas el tributo de justicia que merece, sin duda, su sacrificio.
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 126.5 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes Enmiendas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2011.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-María Soraya Sáenz de Santamaría, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Grupos Parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso
Se propone la adición al punto I, párrafo cuarto de la Exposición de Motivos, del siguiente texto:
"Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por
la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no sería genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeñado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza, o de las policías locales, víctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la constitución y sus valores.
Asimismo los colectivos representativos de las víctimas del terrorismo en nuestro país, asociaciones, fundaciones y movimientos cívicos, numerosos y plurales, son sin duda un pilar fundamental en el apoyo a las familias que han sufrido el zarpazo del terror. Son también un instrumento de participación y de canalización de sus demandas y pretensiones, de visibilidad y vertebración, contribuyendo también a la deslegitimación social del terrorismo y a la difusión de los principios de convivencia democrática en el marco del Estado constitucional y de Derecho. Esta Ley también pretende reforzar su estatus y su papel en nuestra sociedad, reconociéndoles como interlocutores legítimos y favoreciendo sus iniciativas y programas de apoyo a las víctimas."
Citar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas tanto en su fundamental papel en el combate contra el terrorismo, como en la consideración como víctimas del terrorismo resulta obligado. Del mismo modo es obligado también resaltar el papel de los colectivos de víctimas, asociaciones y fundaciones en el ámbito de la memoria y de la solidaridad entre las víctimas.
Se propone la adición al párrafo 2:
"De acuerdo con estos cuatro principios fundamentales, el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones."
Constituye una petición generalizada de las asociaciones de víctimas. Los terroristas no pueden pretender la obtención de rédito alguno como consecuencia de su acción criminal.
Se propone la adición al párrafo 4:
"En este sentido, es incompatible con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación el apoyo o la justificación del terrorismo."
Se propone la adición al párrafo 5:
"Concretamente, trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal."
La impunidad, priva de justicia a las víctimas, además debe garantizarse el cumplimiento de la sanción penal en que se concreta la acción de la justicia, de acuerdo con la Ley.
Se propone nueva redacción del párrafo 6:
"Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y de victimarios, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente ley es también una manifestación de la condena más firme de la sociedad española hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores más elementales de la civilización. Nuestro reconocimiento a sus víctimas mediante esta ley es la mejor forma de denunciar su sinrazón a lo largo de todos estos años."
En coherencia con el resto de enmiendas presentadas a la Exposición de motivos, declarando la condena total de la sociedad española al terrorismo.
A la Exposición de motivos. apartado II, párrafo 3.º
Se propone la sustitución del término "beneficiarios" por "destinatarios de esta Ley".
Precisión jurídica.
Se propone nueva redacción del párrafo 19:
"El Título Quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurídica especializada, se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se ven obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas".
En consonancia con el nuevo artículo 48.3 que se propone.
A la Exposición de motivos, Título V, Capítulo II
Se propone la supresión del "Capítulo II. La víctima del terrorismo en los procesos penales" que figura en el listado de Títulos y Capítulos al final de la Exposición de Motivos.
Error material. Dicho Capítulo es inexistente.
Se propone sustituir el texto del artículo 3 por el siguiente:
Será aplicable igualmente a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aún cuando sus responsables no sean formalmente personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales."
Se trata de hacer coincidir en la definición de organización o grupo terrorista la contemplada en el Código Penal. Además se eliminan las referencias a seguridad ciudadana evitando la interpretación de que también afecte a los delitos cometidos por personas o bandas organizadas de delincuencia organizada o común.
Al Título I. Disposiciones generales
Se propone nuevo punto al artículo 4:
"6. Los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas que, habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan resultado ilesos, a efectos honoríficos y de condecoraciones, sin derecho a compensación económica alguna".
Reconoce a hermanos, abuelos y nietos, así como a víctimas de atentados que resultaron ilesos.
Al artículo 4, apartado 5
Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 4 que tendrá la siguiente redacción:
"5. En el supuesto de fallecimiento, serán considerados como víctimas del terrorismo, exclusivamente a efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de efectividad, los padres y los hijos, abuelos y hermanos. Todo ello /.../"
Es necesario contemplar abuelos y hermanos.
Al Título II. Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista, para la protección de las víctimas
Se propone nueva redacción del artículo 9.1:
"1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la
asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando en todo caso su mejor y más pronta recuperación."
La asistencia debe ser gratuita y prolongarse durante todo el tiempo necesario.
Se propone nueva redacción del artículo 11.1:
"1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas indemnizaciones y prestaciones que corresponda".
La coordinación entre administraciones, a la hora de informar, es imprescindible para una correcta atención a las víctimas.
Se propone nueva redacción del artículo 11.3:
"3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan aseguro el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades."
Mejora de la atención a extranjeros.
Al artículo 17, apartado 2, letra a)
Se propone la supresión, en la letra a) del apartado 2 del artículo 17, de la expresión "ni en proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial."
Si no existe finalmente sentencia firme de separación, divorcio o nulidad continua existiendo el vínculo conyugal.
Al Título III. De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo
Se propone nueva redacción del artículo 25.1:
"1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de
las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y equipo siniestrado, con el límite de indemnización que se fije reglamentariamente."
Igual que en el caso de las sedes de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Se propone sustituir la expresión, "confesiones religiosas reconocidas" por "confesiones religiosas inscritas".
Redacción más acorde con la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa.
Al artículo 27.1
Se propone la adición al apartado 1 del artículo 27 (al final), del siguiente texto: "Siempre que de acuerdo con la normativa específica sea exigible dicho seguro".
Mayor precisión jurídica.
Al artículo 28, apartados 1 y 2
Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado 1 y del párrafo primero del apartado 2.
"1. /.../.
Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daño. A efectos de plazos, se computa el daño corporal a fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.
2. /.../ se determinarán reglamentariamente según sistema sanitario del solicitante de la indemnización. En dichos equipos /.../."
El daño corporal incluye el psicológico. Además la fecha de curación es un término impreciso pues los plazos deben computarse desde el alta médica o desde la consolidación de secuelas.
Al artículo 28, apartado 6, párrafo segundo
Se propone la supresión del párrafo segundo del apartado 6 del artículo 28.
En coherencia con la enmienda anterior. El apartado 6 se ha llevado al párrafo segundo del apartado 1.
Al Título IV. Régimen de protección social
Se propone nueva redacción del artículo 31.4:
"4. El sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica a las personas comprendidas en el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, sin que de ello se derive automáticamente derecho alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica."
Los familiares también pueden requerir asistencia, aunque no hayan recibido un daño directo de la acción terrorista.
Se propone nueva redacción del artículo 34:
Atiende la situación de los familiares directos.
Al artículo 36
El artículo 36 queda redactado de la forma siguiente:
"/.../ personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas. Estas ayudas son compatibles con las ayudas ordinarias previstas en esta Ley."
Se propone un nuevo punto al artículo 37:
"3. Las Administraciones Públicas establecerán ayudas para la adaptación de las viviendas de aquellas víctimas que lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas."
Necesidad de adaptar la vivienda ante determinadas secuelas.
Al artículo 39, apartado 1
Se propone modificar el apartado 1 que quedará redactado como sigue:
"1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual."
Resulta coherente con el resto de la Ley incluir como beneficiarios al viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido. De otra parte es absolutamente lógico que no se concedan este tipo de ayudas en lesiones de poca entidad, limitándolas exclusivamente al daño incapacitante para el ejercicio de profesión habitual.
Al Título V. Protección de las víctimas en los procesos judiciales
Se propone nuevo artículo 50.bis:
"50.bis. Entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se encuentran:
- Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terro- rismo.
- Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativo que les afecten.
- Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.
- Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración.
- Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados".
Necesidad de regular las funciones de la Oficina.
Al artículo 52, apartado 1
Se propone añadir al final del apartado 1 lo siguiente:
"/.../ indicadas. También podrán solicitarlas las personas a que se refiere el artículo 5 y aquellas otras que hayan sido objeto de un atentado terrorista del que no se hayan derivado daños, lesiones o secuelas."
La necesidad de poder incluir en la concesión de condecoraciones a las personas que habiendo sido objeto de un atentado terrorista han resultado ilesos y a las personas a que se refiere el artículo 5.
Al artículo 53, apartado 5 (nuevo)
Se propone añadir un nuevo apartado 5 con el contenido siguiente:
"5. La concesión de una condecoración no comportará por sí misma derecho a las indemnizaciones previstas en esta Ley."
Poder conceder condecoraciones asegurando al tiempo que este reconocimiento no presupone una indemnización, que en su caso, dependerá del nivel de daño sufrido físico o psicológico.
Al Título VI. Reconocimientos y condecoraciones
Se propone un nuevo artículo 55.bis:
"55.bis. Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
El gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de la Víctimas del Terrorismo tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco."
Contribuir al relato de lo ocurrido, concienciando a la población y preservando los valores que las víctimas encarnan.
Se propone la adición del siguiente inciso en la última línea del apartado 1 del artículo 59, que quedaría redactado de la siguiente manera:
"/.../ del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas."
Se propone un nuevo punto al artículo 59:
"4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los párrafos anteriores por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los tribunales de justicia que sean competentes."
Encomendar a los Delegados del Gobierno velar por el cumplimiento de los previstos en este artículo.
Al Título VII. Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo
Se propone nueva redacción del artículo 62:
"1. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo contribuyen a fomentar la unión entre las víctimas, la defensa de sus intereses y la mejora de su condición y promueven la concienciación social contra el terrorismo y la preservación de la memoria. Por este motivo, su actuación goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones públicas fomentar su creación y su mantenimiento.
2. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo son reconocidas por la presente Ley como representantes de las mismas."
La disposición final segunda pasa a ser la disposición final sexta.
Nueva redacción de la disposición final segunda:
"Se modifica el artículo 32.1.ª de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que queda redactado en los siguientes términos:
a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza."
Incluir expresamente a las asociaciones de víctimas entre las que pueden acceder a la declaración de asociación de utilidad pública.
La disposición final tercera pasa a ser la disposición final séptima.
Nueva redacción de la disposición final tercera:
Lo previsto en la disposición segunda tiene carácter de Ley Orgánica.
Nueva disposición final cuarta:
"Disposición final cuarta.
2. Las necesidades presupuestarias ordinarias se consignarán en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado."
- Enmienda núm. 48 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), al Título.
- Enmienda núm. 9 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado I, párrafo 1.
- Enmienda núm. 78 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 1.
- Enmienda núm. 17 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 2.
- Enmienda núm. 79 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 2.
- Enmienda núm. 118 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado I, párrafo 2.
- Enmienda núm. 18 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 3.
- Enmienda núm. 80 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), párrafo 3.
- Enmienda núm. 10 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 19 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 20 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 81 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 117 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 119 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado I, párrafo 4.
- Enmienda núm. 21 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 5.
- Enmienda núm. 22 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 1, párrafo 5.
- Enmienda núm. 82 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 5.
- Enmienda núm. 120 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado I, párrafo 5.
- Enmienda núm. 23 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 6.
- Enmienda núm. 24 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 1, párrafo 6.
- Enmienda núm. 83 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto), apartado I, párrafo 6.
- Enmienda núm. 121 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado I, párrafo 6.
- Enmienda núm. 85 del G.P. Catalán-CiU, apartado I, párrafo 7.
- Enmienda núm. 11 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado I, párrafo 8.
- Enmienda núm. 12 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado I, párrafo 9.
- Enmienda núm. 122 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado II, párrafo 3.
- Enmienda núm. 49 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado II, párrafo 6.
- Enmienda núm. 25 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado II, párrafo 19.
- Enmienda núm. 123 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado II, párrafo 19.
- Enmienda núm. 26 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado II, párrafo 23.
- Enmienda núm. 124 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, listado de Títulos y Capítulos. Supresión del Capítulo II del Título V.
- Enmienda núm. 1 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 13 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1.
- Enmienda núm. 52 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1.
- Enmienda núm. 2 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 27 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 53 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 3 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 2, letra e).
- Enmienda núm. 28 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 2, letra e).
- Enmienda núm. 54 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 2, letra e).
- Enmienda núm. 55 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 2, letra h).
- Enmienda núm. 29 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 2, letra f) nueva.
- Enmienda núm. 67 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 125 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 56 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1, párrafo 1.
- Enmienda núm. 86 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1, párrafo 1
- Enmienda núm. 87 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1, párrafo 2.
- Enmienda núm. 4 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 1, párrafo nuevo.
- Enmienda núm. 14 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1, párrafo nuevo.
- Enmienda núm. 30 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 5.
- Enmienda núm. 127 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 5.
- Enmienda núm. 68 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 6 nuevo.
- Enmienda núm. 126 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 50 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 57 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 69 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 70 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2, letra b).
- Enmienda núm. 71 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2, letra c) nueva.
- Enmienda núm. 88 del G.P. Catalán-CiU, apartado 2.a) y supresión apartado 3.
- Enmienda núm. 47 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 3.
- Enmienda núm. 58 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 59 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 89 del G.P. Catalán-CiU, supresión segundo párrafo apartado 1 y el apartado 3.
- Enmienda núm. 5 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 1.
- Enmienda núm. 6 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 3.
- Enmienda núm. 31 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 1.
- Enmienda núm. 90 del G.P. Catalán-CiU, aparta- do 1.
- Enmienda núm. 128 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 129 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 60 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartados 1 y 3.
- Enmienda núm. 7 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 3.
- Enmienda núm. 130 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 3.
- Enmienda núm. 61 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 91 del G.P. Catalán-CiU, apartado 5.
- Enmienda núm. 131 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 72 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4.
- Enmienda núm. 92 del G.P. Catalán-CiU, apartado 4.
- Enmienda núm. 93 del G.P. Catalán-CiU, apartado 3 nuevo.
- Enmienda núm. 94 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 51 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 62 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), a la rúbrica.
- Enmienda núm. 63 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1.
- Enmienda núm. 73 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
- Enmienda núm. 74 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4 nuevo.
- Enmienda núm. 32 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 1.
- Enmienda núm. 132 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 133 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 2.
- Enmienda núm. 134 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 8 de la Sra. Uxue Barkos Berruezo (G.P. Mixto), apartado 1, párrafo nuevo.
- Enmienda núm. 95 del G.P. Catalán-CiU, apartados 1 y 2.
- Enmienda núm. 135 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartados 1 y 2.
- Enmienda núm. 136 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 6, párrafo 2.
- Enmienda núm. 96 del G.P. Catalán-CiU, apartado 4.
- Enmienda núm. 137 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 4.
- Enmienda núm. 97 del G.P. Catalán-CiU, apartado 4 nuevo.
- Enmienda núm. 33 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 98 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 138 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 139 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 99 del G.P. Catalán-CiU, al apartado 1 y apartado 3 nuevo.
- Enmienda núm. 35 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 1.
- Enmienda núm. 140 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 3 nuevo.
Artículo 37. bis (nuevo)
- Enmienda núm. 34 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 36 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 100 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 101 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1.
- Enmienda núm. 141 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 15 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV), apartado 1.
- Enmienda núm. 37 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado 2.
- Enmienda núm. 102 del G.P. Catalán-CiU, apartado 2.
- Enmienda núm. 38 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 103 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 39 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 40 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), párrafo tercero nuevo.
- Enmienda núm. 41 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 104 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1.
Artículo 50.bis (nuevo)
- Enmienda núm. 75 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 84 del Sr. Carlos Salvador Armendáriz (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 142 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 105 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 143 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 144 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 5 nuevo.
Artículo 55.bis (nuevo).
- Enmienda núm. 145 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 106 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1.
- Enmienda núm. 146 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 42 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartados 1 y 2.
- Enmienda núm. 43 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto), apartado nuevo.
- Enmienda núm. 147 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 107 del G.P. Catalán-CiU, apartado 1.
- Enmienda núm. 108 del G.P. Catalán-CiU, apartados 1 y 2.
- Enmienda núm. 148 del G.P. Socialista y del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 109 del G.P. Catalán-CiU, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 44 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 110 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 111 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 77 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), adición de dos párrafos.
- Enmienda núm. 112 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 113 del G.P. Catalán-CiU.
Disposiciones adicionales (nuevas).
- Enmienda núm. 45 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 46 de la Sra. Rosa Díez (G.P. Mixto).
- Enmienda núm. 64 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 65 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 66 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 76 del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 114 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 115 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 116 del G.P. Catalán-CiU.
- Enmienda núm. 149 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, disposición final segunda nueva.
- Enmienda núm. 150 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, disposición final tercera nueva.
Disposiciones finales (nuevas).
- Enmienda núm. 16 del G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).
- Enmienda núm. 151 del G.P. Socialista y del G.P. Popular, disposición final cuarta nueva.

References: artículo 97
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 28
 resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 10
 artículo 194
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 110
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 109
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 990
 artículo 110
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 110
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 14

Artículo 14
 artículo 14
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 20
 artículo 21

Artículo 21
 artículo 22
 artículo 28

Artículo 28
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 31
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 34
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 39

Artículo 39
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 50

Artículo 50
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 51

Artículo 51
 artículo 59

Artículo 59
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 61

Artículo 61
 artículo 62

Artículo 62
 artículo 63
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 126
 artículo 48
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 50
 artículo 52
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 55
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 62
 artículo 32
 artículo 31

Artículo 37

Artículo 50

Artículo 55