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Timestamp: 2019-02-22 02:03:57+00:00

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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 2 - Simulador de Política Española
1 DE ABRIL 2019: EFE | Estados Unidos abandona Siria
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso.
Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.
por Patxi Lagarriguen el Jue 29 Nov 2018 - 21:33
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco en el Congreso presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica:
Proposición de Ley Orgánica:
por Patxi Lagarriguen el Jue 29 Nov 2018 - 22:49
Notificación enviada a la Mesa del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Vasco
por Joan Gómez el Vie 30 Nov 2018 - 15:57
Se notifica al Grupo Parlamentario Vasco que las propuestas realizadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea-Compromís fueron las primeras en ser debatidas por ser las primeras en ser propuestas, así como que al no haber intervenido la portavoza parlamentaria de dicho grupo en la exposición de las mismas en 3 de las 4, se entendieron como retiradas, mientras que la que sí se debatió, resultó rechazada.
También se notifica que el único criterio que sigue el Presidente de la Mesa para tramitar las proposiciones, es el orden en el que fueron presentadas ante la Mesa, y nunca por motivos de filiación política alguna. Es más, cuando el Grupo Parlamentario Vasco solicitó que la Proposición de Ley del Partido Popular fuera tramitada con urgencia, el Presidente accedió a ello, dándole prioridad sobre otras proposiciones incluso del propio Grupo Parlamentario Socialista.
por Zeo Borras el Lun 3 Dic 2018 - 16:13
Proposición No de Ley de Defensa de los Intereses de España en Catalunya.
En Febrero el Gobierno independentista de Torra eludió su responsabilidad cara a la ciudadanía y provocó una crisis de credibilidad en la comunidad autónoma de Cataluña.
Los partidos independentistas están dispuestos a todo para seguir confrontando a una sociedad abierta y cosmopolita. Han llegado a un punto donde sus acciones afectan a los empresarios y a los trabajadores en Catalunya.
Vemos con estupor cómo ante estas acciones deplorables de un Gobierno Irresponsable, tenemos a un Gobierno en funciones que acepta el racismo, el odio y aúpa a los independentistas catalanes.
Por eso, el Congreso de los Diputados Insta:
Artículo 1. Condena del Gobierno de España a los hechos sucedidos en Catalunya respecto al cambio del consumo eléctrico de la Generalitat.
Artículo 2. El Gobierno de España deberá hablar con la Generalitat para su marcha atrás ante el golpe energético. En caso de que haya reticencias, el Gobierno Obligará a la Generalitat
Artículo 3. El Gobierno de España atenderá a los trabajadores que se han visto afectados por las acciones de la Generalitat.
Albert Rivera Díaz, Presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
por Adriá Belloch el Lun 3 Dic 2018 - 16:30
Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno de España ceder la gestión del Aeropuertos de Girona, Reus, Sabadell y el Prat a Aeroports de Catalunya
El Aeropuerto de Sabadell es el único de los aeropuertos de Catalunya que no tiene vuelos a ningún destino, siendo su uso meramente para aviones privados y una escuela de pilotos, en el último año ha descendido un 1,6 % sus ya escasos pasajeros por lo que entendemos que AENA no está haciendo nada para poder levantar y mejorar los servicios y ofertas de este aeropuerto, así también vemos la falta de ofertas comerciales en los otros aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, además de la reciente competencia en materia logística de otros aeropuertos al Prat. Por eso, el Congreso de los Diputados Insta:
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Sabadell a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Reus a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Girona a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport del Prat a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Mírim Nogueras, Portavoz del GP Crida Nacional
por Patxi Lagarriguen el Lun 3 Dic 2018 - 21:49
Adriá Belloch escribió:
NOTIFICACIÓN ENVIADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA VASCO a la Mesa del Congreso de los Diputados
por Antoni Sànchez el Miér 5 Dic 2018 - 19:38
PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA CUAL SE INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA A AMNISTIAR A LOS PRESOS POLÍTICOS Y EXILIADOS
El pasado 7 de enero, tras un juicio sin las mínimas garantías y con unas injustas acusaciones, 9 personas fueron encarceladas y condenadas por rebelión, sedición y malversación por haber permitido que tuviera lugar una votación democrática y pacífica el 1 de octubre de 2017.
Estas personas, entre ellas líderes de la sociedad civil, han sido condenados por rebelión por una supuesta violencia que jamás existió y que la justicía de diferentes países europeas como Alemania, Bélgica y Reino Unido también niega que existiera en cualquier solo momento. Entre los presos políticos también se encuentra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada por haber permitido el debate parlamentario en la sede de la libre expresión del pueblo catalán.
El Congreso de los Diputados, delante de la situación excepcional y anómala que se vive en Catalunya y debido a las injustas sentencias y el mantenimiento de una intolerable causa generalizada contra el movimiento independentista que sigue manteniendo miles de perseguidos y decenas de exiliados y presos políticos, insta al Gobierno a:
1. Promover de manera inmediata una amnistía para liberar a los presos políticos condenados por rebelión y sedición, y garantizar el libre retorno de todos los exiliados políticos que en todo momento han buscado un juicio justo que no se les garantiza en España.
2. A instar a Fiscalía General del Estado que retire todas las acusaciones aun mantenidas contra miles de ciudadanos que siguen siendo ajusticiados y criminalizados por defender la libre autodeterminación e independencia de Catalunya, de manera pacífica y democrática.
Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019
President del GP Crida Nacional
Míriam Nogueras i Camero
Portavoz del GP Crida Nacional
Mensajes : 6689
por Patxi Lagarriguen el Miér 5 Dic 2018 - 20:02
De acuerdo con lo pactado, el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco solicita la tramitación de la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Crida Nacional por VÍA DE URGENCIA.
Potavoz del Grupo Parlamentario Vasco
por Patxi Lagarriguen el Jue 6 Dic 2018 - 15:12
El Grupo Parlamentario Vasco (5) solicita una Sesión de Control al Gobierno en funciones.
por Jesús Aguilar el Jue 6 Dic 2018 - 16:52
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
La Mesa del Congreso de los Diputados lleva realizando su trabajo de manera negativa y perjudicial para la democracia de la cámara desde el comienzo de la legislatura. Para evitar que estos hechos se continúen realizando, y para evitar que vuelvan a suceder en el futuro, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente reforma del reglamento del Congreso:
Se añade la siguiente sección al Título III, capítulo primero del reglamento del Congreso de los Diputados.
De la restitución de los miembros de la Mesa
1. Se podrá presentar una proposición de ley sobre la Restitución de la Mesa del Congreso de los Diputados si se considera que esta no está cumpliendo efectivamente con sus funciones.
2. En caso de aprobarse, la mesa quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de la misma.
Queda aprobada tras su publicación en el BOE.
por Patxi Lagarriguen el Vie 7 Dic 2018 - 13:26
Proposición No de Ley de llamada a la calma a los CDRs
Tras los últimos acontecimientos que siguen sucediendo en las calles de Cataluña, debido a la crisis que pasa la comunidad autónoma, hemos visto como ciudadanos de a pie queman barricadas, se enfrentan a los Mossos d´Esquadra y ponen en riesgo sus vidas y las de los demás ciudadanos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya a:
Artículo 1. Llamar a la calma a los CDRs y a los demás entes independentistas.
Artículo 2. Mediar con los militantes de asociaciones como los CDRs, Ómniun o ANC para llegar a un acuerdo por el cual las infraestructuras catalanas vuelvan a seguir funcionando normalmente.
Artículo 3. Condenar todos los actos de violencia perpetrados ya sea por los ciudadanos de a pie o los Mossos d´Esquadra.
por Zeo Borras el Vie 7 Dic 2018 - 21:15
Proposición de Ley que establece el día de la Segunda Fiesta Nacional de España en el 19 de Marzo.
El 19 de Marzo de 1812 los liberales españoles proclamaron la primera constitución española. Una constitución que hizo frente a la invasión francesa por parte de Napoleón y que aseguró las bases de la democracia actual.
Este hecho fue el primero democrático en nuestro país, fue la primera vez en las que el pueblo español se unió y aceptó unas normas para vivir en paz y armonía.
Consideramos así que este día célebre para los demócratas, debe ser un día de recuerdo y de reivindicación de la democracia en nuestro país. En ese día vencimos a la dictadura francesa y ganamos la libertad del pueblo español.
Los españoles merecemos tener una segunda fiesta nacional que reivindique los valores de Democracia, europeístas que tiene la sociedad española en el Siglo XXI.
Por todo ello disponemos:
Artículo único. Se declara Segunda Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 19 de Marzo.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley
por Patxi Lagarriguen el Sáb 8 Dic 2018 - 14:15
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS PREMIOS DE LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS
El deporte es una actividad de enorme trascendencia en lo personal, pero también tiene una importancia social fundamental, ya que constituye una forma de integración y de transmisión de valores. Por eso, como transmisor de valores, no puede contribuir a perpetuar ningún tipo de desigualdad, entre ellas, la discriminación de la mujer.
La desigualdad en los premios deportivos ha estado generalizada, perjudica a las mujeres deportistas, y dificulta y desincentiva en muchos casos su participación en las competiciones, tanto a nivel profesional como a nivel «amateur».
Los poderes públicos tienen la obligación de velar por que no se produzcan discriminaciones por cuestión de género en ningún ámbito de la sociedad, tal y como establece el artículo 9.2 de la Constitución Española, y de garantizar el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Norma Fundamental.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, «tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural».
Por todo ello, es necesario reconocer que la desigualdad en los premios económicos deportivos sigue siendo un problema de discriminación hacia las mujeres y tomar medidas encaminadas a conseguir una igualdad efectiva en este tipo de campeonatos y eventos. Desde las administraciones públicas no se puede apoyar, fomentar o amparar de ninguna forma aquellas competiciones en las que impere la desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, añadiendo un nuevo apartado 3 en el artículo 29 con la siguiente redacción:
«Los premios de las competiciones deportivas profesionales y no profesionales organizadas, financiadas, subvencionadas o patrocinadas, ya sea parcial o totalmente, por las Administraciones públicas o por entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas deberán ser
iguales para las mujeres y hombres que participen en aquellas, cuando se trate de la misma disciplina, modalidad y categoría deportiva.»
Las competiciones deportivas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, cuyo proceso de organización hubiera sido iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, se regirán por la legislación vigente que les resulte de aplicación en el momento del inicio del proceso de organización.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente Ley.
La presente Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales establecida en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
por Patxi Lagarriguen el Lun 10 Dic 2018 - 17:00
Proposición No de Ley de Defensa de la Educación Concertada
Tras el ascenso de los sectores de centro-izquierda e izquierda al poder ejecutivo, diversos centros educativos concertados y/o privados se han visto amenazados por ello. El nuevo gobierno prefiere acabar con la educación concertada e imponer a la fuerza la educación pública. Es por eso, que el Senado, en defensa de aquellos centros concertados insta al Gobierno a:
Artículo 1. Fomentar la libre elección de centro. Respetando la decisión de los progenitores de los jóvenes españoles.
Artículo 2. Proteger a los centros educativos concertados y mantener las ayudas a estos.
Aitor Esteban,
por Joan Gómez el Miér 12 Dic 2018 - 15:59
El Grupo Parlamentario Socialista (137) anuncia el siguiente cambio:
- Causa baja el diputado por Madrid, D. Antonio Hernando Vera, en su lugar Juan Ignacio Díaz Bidart, diputado por Madrid.
por Zeo Borras el Jue 13 Dic 2018 - 16:34
Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales.
En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se declara la voluntad de la Nación española de "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes"; por tal razón, el artículo 1.1 CE considera como valores superiores del ordenamiento jurídico "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", de modo que en nuestro país se ha de asegurar que puedan convivir en libertad e igualdad personas que tengan opiniones políticas y convicciones ideológicas muy diferentes, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás y se muevan dentro del marco constitucional y legalmente establecido.
Por medio de la presente ley se pretende dar una respuesta jurídica a determinadas situaciones que se están produciendo en la actualidad, con mayor incidencia en algunos lugares del territorio español y que, consistentes en la ofensa a los símbolos nacionales, en la actuación en el desempeño del cargo público haciendo ostentación de la propia ideología política o en el abuso de los espacios públicos, están provocando un enfrentamiento social y una quiebra de la convivencia pacífica que pueden terminar poniendo en riesgo los principios y valores comunes trabados en la transición política y consagrados en nuestro texto constitucional.
Al margen de las lógicas diferencias de todo orden que puedan existir entre los miembros de nuestra sociedad, la Nación española se fundamenta en una "indisoluble unidad" (artículo 2.1 CE), que se manifiesta en una serie de símbolos nacionales. El primero y principal de todos ellos es el Rey, como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (artículo 56.1 CE), pero también se regulan otros en el texto constitucional, como son la lengua común (artículo 3.1 CE) y lenguas cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas (artículo 3.2 CE) y con relevancia a los efectos de la presente ley, la bandera nacional y las banderas de las distintas Comunidades Autónomas (artículo 4 CE), a los que se unen algunos otros vinculados como el himno o el escudo.
Los símbolos nacionales reflejan quiénes somos, son expresión de la convivencia común de todos los ciudadanos a lo largo de la historia de España y los que nos identifican ante el resto del mundo. Representan la nación, como patria común e indivisible de todos los españoles, fomentan la adhesión emocional hacia nuestra patria, el arraigo a nuestra tierra, y, al tiempo, muestran la diversidad y riqueza cultural de las nacionalidades y regiones que la integran.
La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, la que desarrolla el mandato constitucional, plasmando la importancia de nuestro distintivo más conocido. Conforme a la misma, la bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.
Por su parte, la Ley 33/1981, de 5 de octubre, del escudo de España, contiene la regulación de este otro símbolo fundamental representativo. Y como desarrollo a esa ley, a través del Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, se regula el modelo oficial, su uso y tamaño, y mediante el Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, se especifican técnicamente los colores del escudo de España.
Tras la aprobación de la Constitución, al igual que la bandera y el escudo nacionales, el himno tiene regulado su uso mediante el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre.
La representación simbólica de los valores constitucionales y democráticos a través de los símbolos oficiales mencionados, tanto estatales como de nuestras Comunidades Autónomas, supone una clara manifestación del orgullo de pertenencia a la nación española, dentro de su diversidad. Constituye, en sus distintas vertientes, una clara demostración de un sentimiento común de unión entre todos los españoles, independientemente de dónde vivan, y respeto a sus instituciones, que no sólo se expresa en los actos y espacios públicos oficiales, sino que se manifiesta espontáneamente en toda clase de eventos donde la sociedad proyecta su sentir colectivo.
Precisamente por la trascendencia que los símbolos nacionales y oficiales tienen en la sociedad, es necesario garantizar que las administraciones públicas mantengan la neutralidad institucional en su uso, puesto que están obligadas a ser objetivas y vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad, tanto por mandato de la Constitución (artículos 9.3 CE y 103.1 CE), como en el caso de las entidades locales, por lo expresamente dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tal exigencia de neutralidad es incompatible con actuaciones institucionales "partidistas", alineadas con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto, especialmente cuando se trata de reivindicaciones que no se cohonestan con la legalidad.
Es más, tal y como establece el Tribunal Supremo en Sentencia n.º 933/2016 de 28 de abril, a propósito de la colocación de símbolos independentistas, "el adjetivo partidista no puede interpretarse dentro de ese contexto constitucional y legal como perteneciente a un partido político, sino simplemente como incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de los poderes públicos y las administraciones, en la medida en que estos toman partido por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de neutralidad o equidistancia, sino alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto" y añade que lo relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido, o se identifique con una concreta formación política, sino que no pertenece a -es decir, no se identifica con- la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las administraciones o poderes públicos constituidos en el Estado español, en la Comunidad Autónoma concreta o en la provincia en cuestión, y por tanto su uso por cualquiera de esas administraciones o poderes quiebra el referido principio de neutralidad, siendo notorio que el símbolo cuestionado constituye solo un símbolo de la reivindicación específica de una parte de los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción concreta, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna administración territorial; y se insiste que resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público solo puede ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte -por importante o relevante que sea- de la ciudadanía identificada con una determinada opción ideológica (aunque ésta sea compartida por varios partidos), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos.
En este sentido, continúa la Sentencia 933/2016, dictando que "el argumento no tiene carácter reversible, esto es, no es aplicable a la posibilidad de que parte de los ciudadanos no se sientan políticamente identificados con los símbolos oficiales cuyo uso y carácter público -en el sentido de común- regula la ley, puesto que la neutralidad de dicho uso no depende de la voluntad o de las decisiones particulares de las administraciones o poderes públicos, sino, precisamente, de su deber genérico de sujeción a la legalidad vigente configurada por los cauces democráticos que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la desarrollan".
Como afirma el Tribunal Supremo, la vinculación entre democracia y Estado de Derecho no es accesoria, sino sustancial, de manera que solo es posible calificar de actos o decisiones democráticos los que se ajustan, en su procedimiento de adopción y en su contenido, a la ley.
En consecuencia, la presente ley, después de recoger los símbolos nacionales y conferir protección a aquellos que sean oficiales -respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en su definición-, señala qué autoridades públicas deben quedar obligadas, por lo que en ella se dispone y establece el deber que tienen dichas autoridades públicas de velar por el cumplimiento de la ley en relación con los símbolos nacionales.
A ello se une la finalidad de impedir la exhibición o el uso indebido en espacios públicos de otros símbolos o elementos de contenido partidista que sean incompatibles con el deber de objetividad y de neutralidad de los poderes públicos y las administraciones, en la medida en la que suponga que estos toman partido por una posición parcial.
Estas previsiones entroncan directamente con el desarrollo del deber actuar con arreglo al principio de neutralidad impuesto a todos los empleados públicos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el artículo 52 y por ello, el artículo 8 refuerza la proyección de dicho principio al establecer el incumplimiento del mismo como infracción disciplinaria, mientras que la disposición adicional primera de la presente ley introduce un apartado nuevo en el artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, para recoger de manera concreta el principio de neutralidad en relación con los símbolos también respecto de los empleados públicos.
En cuanto a la posible colisión de lo regulado por esta ley con los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución en sus artículos 16.1 y 20.1, respectivamente, ésta no se produce, puesto que como es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 CE", y, por ende, conforme a la doctrina constitucional expuesta, sólo los ciudadanos, y no las instituciones, son titulares de esos derechos fundamentales.
Pero tampoco quedan afectados los derechos fundamentales de los empleados públicos porque, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional han consagrado el principio de neutralidad política e ideológica de las instituciones del Estado, y han puesto dicho principio por encima incluso de los derechos individuales de los empleados públicos afectados.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha ratificado en su Sentencia n.º 24/2015, de 16 de febrero, la existencia de un principio "de neutralidad de los poderes públicos ante el ejercicio de los derechos fundamentales" (fundamento jurídico 4.º).
Por lo tanto, resulta perfectamente constitucional y conforme con los derechos fundamentales exigir a los altos cargos y empleados públicos que se comporten de forma neutral en el desempeño de sus funciones, y que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad institucional.
En línea con la jurisprudencia aludida, procede introducir un sistema de infracciones y sanciones puesto que, de las tres normas mencionadas sobre las banderas, el escudo y el himno, solo la primera, referida a la bandera nacional, contiene reseñas al posible incumplimiento o infracciones, sin venir a determinar cuáles sean las mismas. En el ámbito administrativo establece el mandato a las autoridades para corregir en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya sido conculcada, pero no contiene ninguna máxima que sea corolario natural del incumplimiento de actuar para preservar la neutralidad y objetividad de lo público.
Esta nueva regulación convivirá con la ya existente en el Código Penal, en el Título XXI, Capítulo VI "De los ultrajes a España", que contiene la máxima reprobación de las conductas de ofensa o ultraje, de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad.
Por tanto, como se ha descrito, la presente ley, tiene por objeto reclamar el valor indudable de nuestros símbolos como máxima expresión de la convivencia plural en la unidad de España y revitalizar el orgullo que constituye su exhibición. Y a ello se suma la necesidad de suplir el vacío normativo existente entre el reproche penal de las conductas de ultraje y el mero mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, entendiendo por estos también aquellos autonómicos y forales, constitucionalmente recogidos, como elemento propio de la diversidad cultural española o los símbolos locales y europeos que constituyen también parte del acervo común de los españoles.
En definitiva, la presente ley contiene las correspondientes disposiciones en orden a evitar la colocación en espacios públicos de símbolos, gráficos o lemas partidistas, es decir, no neutrales, que rompen la convivencia social y suponen un uso sectario de tal espacio público de convivencia en detrimento de todas aquellas personas que, siendo minoritarias o no, sostienen posturas políticas diferentes.
La convivencia es un principio democrático que, recogido constitucionalmente, se plasma en la concordia y la unidad de la sociedad y se proyecta con más fuerza sobre los espacios públicos, puesto que son lugares de uso general y compartidos que constituyen un punto de encuentro de los ciudadanos. En cuanto que espacios adscritos al servicio público o en su caso, apropiados para el uso común que a todos corresponde, como las playas o las plazas públicas, deben estar libres de imposiciones partidistas y permitir la coexistencia, en el pleno respeto a la Constitución.
En tal sentido, cabe recordar que el dominio público regulado por el artículo 132 de la CE y desarrollado por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y las normas de derecho administrativo especial, tiene que tener una aplicación efectiva al uso general o al servicio público (artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, que tiene carácter de básico según su disposición final segunda). Siendo corolario de lo anterior que nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos (de acuerdo con el artículo 84.1 de la misma ley, que también goza de su carácter de básico). El segundo apartado del artículo 84 ya prevé con carácter general que las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos.
En cuanto a las competencias del Estado legislador, la presente ley en su artículo 1 tiene vocación de pleno respeto de las competencias autonómicas que se ejercen en los respectivos Estatutos de Autonomía para la determinación de los símbolos oficiales de las mismas y se ampara, para la demás regulación que establece, en los artículos 4.1 y 2 CE; el artículo 149.1.1 CE en cuanto a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y el artículo 149.1.18 en cuanto a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
En definitiva, la presente ley se erige en una garantía de protección de los símbolos nacionales y de la necesaria neutralidad institucional que debe inspirar a los poderes públicos, como consecuencia del principio de objetividad que la Constitución predica de las administraciones públicas y de la persecución de los intereses generales que a estas impone, con la finalidad de que el uso del espacio público sea respetuoso de los valores y principios constitucionales y constituya un espacio de convivencia de los ciudadanos para la concordia y no de desunión de los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente Proposición de Ley.
Disposiciones generales. Ámbito y finalidad
Artículo 1. Ámbito objetivo. Símbolos.
1. Los símbolos nacionales, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y las demás leyes que los regulan, son:
a) el Rey como Jefe del Estado en virtud del artículo 56.1 de la Constitución Española;
b) la bandera de España y las banderas de las Comunidades Autónomas;
c) el escudo constitucional; y
d) el himno nacional.
2. Los símbolos nacionales son expresión de la soberanía nacional; de la nación como patria común e indivisible de todos los españoles; de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran; y representan los valores superiores del ordenamiento jurídico, recogidos en la Constitución.
3. Las banderas, escudos e himnos autonómicos y locales de carácter oficial, que resulten conformes con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se entenderán igualmente regulados y protegidos por la presente ley.
4. La bandera, himno y otros símbolos representativos oficiales de la Unión Europea gozarán igualmente de la protección de la presente ley, sin perjuicio de la legislación que les resulte de aplicación.
5. La existencia de símbolos distintivos de los derechos forales o tradiciones forales, siempre que resulten expresamente amparados por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, será igualmente protegida por lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de la legislación autonómica que corresponda.
6. Los símbolos oficiales en todo caso deberán respetar y garantizar el principio de neutralidad institucional y no ser partidistas.
Se considerarán nulos aquellos símbolos que sean contrarios a lo dispuesto en la presente ley.
7. Quedan excluidos de la presente ley los símbolos de carácter religioso amparados en el artículo 16 de la Constitución Española.
Artículo 2. Ámbito subjetivo. Autoridades públicas.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de esta ley se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de altos cargos.
2. Esta ley será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en esta ley no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
4. A los efectos de esta ley se entenderá por autoridades públicas, los enumerados en el presente artículo y los funcionarios, de acuerdo con la legislación aplicable.
1. Las autoridades públicas se inspirarán en su actuación relativa a la materia objeto de esta ley en los principios de objetividad y neutralidad institucional y actuarán con la debida imparcialidad y con sometimiento pleno a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las autoridades públicas promoverán que en los espacios públicos que dependan de las mismas se respeten los símbolos oficiales conforme a lo dispuesto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.
3. Las autoridades públicas fomentarán las actitudes de respeto a la unidad de España y a la diversidad de las nacionalidades y regiones que la integran en el uso de los símbolos en los espacios públicos.
4. Las autoridades públicas promoverán las condiciones para que el principio de convivencia democrática sea real y efectivo y removerán los obstáculos que dificulten su plenitud, fomentando la concordia de los ciudadanos.
Del respeto a los símbolos nacionales, de la neutralidad institucional y de las medidas para su protección
Artículo 4. Protección de los símbolos y evitación del uso de otros símbolos, lemas o emblemas de carácter partidista.
1. Las autoridades públicas se abstendrán de realizar y corregirán en el acto, cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada.
Se entenderá por tratamiento ilegal la colocación o la reproducción gráfica o audiovisual de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional, en los espacios públicos.
2. Las autoridades públicas no exhibirán e impedirán que se exhiban en los espacios públicos los símbolos prohibidos con arreglo al apartado anterior.
3. Las autoridades públicas corregirán de inmediato el uso que los particulares hagan de símbolos que no respeten el principio de neutralidad institucional en los espacios públicos.
En todo caso, se considerará espacio público el dominio público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y las leyes administrativas especiales.
4. Las autoridades públicas pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales competentes o del Ministerio Fiscal cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de ilícito penal de ultraje a España.
Artículo 5. Infracciones de los altos cargos.
1. El incumplimiento doloso o culposo de las obligaciones establecidas en el artículo anterior por parte de las autoridades públicas que tengan la condición de alto cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, se considerará infracción disciplinaria muy grave a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. Se considerará infracción grave la comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
3. La mera negligencia o descuido en el ejercicio de las obligaciones se considerará infracción leve a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29.3 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 6. Sanciones a los altos cargos.
4. La sanción por la comisión de una infracción muy grave de las contempladas en la presente ley llevará aparejado el cese del cargo que ocupe su autor, salvo que ya hubiese cesado, y no podrá ser propuesto, ni nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo comprendido entre cinco y diez años, con arreglo a los criterios previstos en los apartados siguientes.
5. Serán de aplicación en todo caso los principios del Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los siguientes:
b) La gravedad del perjuicio causado.
c) La publicidad que se haya dado a los hechos y la repercusión de la conducta en los ciudadanos.
d) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
7. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la administración pondrá los hechos inmediatamente en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento hasta que la autoridad judicial competente no dicte una resolución que ponga fin al procedimiento penal.
Artículo 7. Órgano competente y procedimiento.
Para determinar el órgano y procedimiento competente, se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 8. Deber de neutralidad institucional de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones.
1. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo al principio de neutralidad en el ejercicio de las funciones que les son propias, debiendo tratar de igual forma a todos los ciudadanos y respetar su libertad ideológica, política y de creencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Los empleados públicos en cumplimiento del principio de neutralidad institucional con respecto al uso de símbolos en los espacios públicos, deberán actuar con arreglo a los principios enumerados en el artículo 3 de la presente ley.
3. Los empleados públicos estarán obligados a poner en conocimiento inmediato de las autoridades públicas competentes la comisión de cualquiera de las conductas prohibidas por la presente ley.
Los funcionarios tendrán, además, el resto de las obligaciones establecidas en la presente ley en su condición de autoridades públicas a los efectos de la misma.
Artículo 9. Régimen disciplinario de los empleados públicos.
1. El incumplimiento del deber de actuar con arreglo al principio de neutralidad institucional se considerará una falta disciplinaria muy grave de las establecidas en el artículo 95.2 a) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
2. Para la determinación de la sanción, órgano competente y procedimiento, se estará a lo dispuesto en el TVII del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Disposición adicional única. Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente forma:
"2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. En particular, se respetará el principio de neutralidad institucional en los espacios públicos."
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que requiera el cumplimiento de la presente ley.
La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.º de la Constitución y el artículo 149.1.18.º de la Constitución.
por Patxi Lagarriguen el Lun 17 Dic 2018 - 21:13
Jesús Aguilar escribió:
El Grupo Parlamentario Vasco solicita a la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación por la vía de urgencia de la Proposición de Modificación del Reglamento de esta Cámara, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
por Zeo Borras el Jue 20 Dic 2018 - 2:49
Proposición No de Ley Relativa al Seguimiento de los intereses nacionales de España en la Salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El 23 de Junio de 2016 el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea vía referéndum. Desde ese momento tanto la Unión Europea y sus estado miembros, como el Reino Unido han intentado en numerosos diálogos llegar a acuerdos para que la salida del reino Unido repercuta mínimamente a los ciudadanos.
Sin embargo, las relaciones no han sido óptimas y han dado una gran inestabilidad política, dada tanto en la Unión Europea con el aumento del populismo y del Reino Unido.
Después que Theresa May anunciará su dimisión como Primera Ministra, convocando elecciones, a las puertas de un nuevo ejecutivo británico y de la prematura salida del Reino Unido, los intereses nacionales se ponen en cuestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente Proposición No de Ley.
Artículo 1. El Congreso de los Diputados creará una comisión dónde se evaluará al Gobierno de España en su negociación en el Brexit.
Artículo 2 El Gobierno de España impedirá que Escocia sea una referencia para los partidos políticos independentistas en su intento de separar a los catalanes.
Artículo 3. El Gobierno de España protegerá los intereses comerciales de las grandes empresas, los autónomos y las PYMES de España en su relación con el Reino Unido.
Artículo 4. El Gobierno de España protegerá los intereses pesqueros de España en su relación con el Reino Unido.
Artículo 5. El Gobierno de España protegerá los intereses de los españoles en suelo británico.
Artículo 6. El Gobierno de España protegerá los intereses laborales del campo de Gibraltar en su relación con el Reino Unido.
Artículo 7. El Gobierno de España protegerá los intereses de cooperación internacional, lucha contra el Yihadismo, contra la droga y prostitución de España en su relación con el Reino Unido.
Artículo 8. El Gobierno de España pedirá la cosoberanía de Gibraltar.
por Zeo Borras el Jue 20 Dic 2018 - 2:59
Petición de comparecencia del Presidente del Gobierno en Funciones ante la situación del Brexit.
Theresa May anunció que tras la gran inestabilidad política del Reino Unido tras el Brexit convocaría elecciones, que pudieran determinar un distinto Gobierno del Reino Unido.
A ello, se le suma la falta de acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido para las relaciones futuras entre ambos países. La falta de entendimiento puede perjudicar la situación de miles de españoles y puede suponer un empeoramiento económico de España.
Por todo ello, ante la incertidumbre surgida internacionalmente, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos pide la Comparecencia del Presidente del Gobierno para detallarnos las acciones que hará el Gobierno en Funciones, dar la información actual de las relaciones entre ambos países y plantear la posición de España frente a este cambio de rumbo en la política británica.
Se pide que se trámite de forma urgente la sesión dada los acontecimientos ocurridos.
por Joan Gómez el Dom 23 Dic 2018 - 3:32
Proposición de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Uno de los principios en los que se basa la democracia es en el de igualdad ante la ley. Por consiguiente, la existencia de amnistías fiscales que concedan un privilegio medieval como es el de que algunos no paguen impuestos, choca con la visión que tenemos de nuestra sociedad y nuestro régimen.
Siempre ha habido fraude y siempre estará ahí, tal y como nos ha demostrado la historia de España, pero siempre estaremos al pie del cañón para combatirlo y acabar con él, al mismo tiempo que otros han preferido eximir del buena parte del pago de aquella parte que habían defraudado.
Es por ello por lo que no vemos el sentido y estamos completamente en contra de la amnistía fiscal que tuvo lugar en el año 2012, y pretendemos que aquellos que tuvieron la desvergüenza de acogerse a ella, tengan la desvergüenza para salir a transmitir su identidad.
Por lo tanto, ante futuras publicaciones que puedan tener lugar de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, proponemos la presente reforma de la Ley de Protección de Datos para evitar vulnerar el secreto de datos atentando contra un derecho humano y cometer una ilegalidad.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se añade una Disposición transitoria cuarta a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:
Aquellas y aquellos que se acogieron en su día a la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, así como al desarrollo de la misma en la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo quedarán excluidos tanto de los efectos del artículo 10 como de la protección amparada por la presente Ley.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan a la presente Ley.
Última edición por Joan Gómez el Sáb 16 Feb 2019 - 21:17, editado 1 vez
por Felipe VI el Jue 27 Dic 2018 - 23:08
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, vengo en proponer a la Excmo. Señor Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón como candidato a la Presidencia del Gobierno.
Palacio de La Zarzuela, 11 de febrero de 2019
FDP: Doy 24h para que la presidencia de la mesa inicie la sesión de investidura cuanto antes.
por Joan Gómez el Jue 27 Dic 2018 - 23:11
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56.3 y 64.1 y 2 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria de su majestad en base al artículo 99.1 de la constitución la Presidencia de la Mesa acepta a Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón como candidato a la Presidencia del Gobierno del Reino de España.
por Jesús Aguilar el Jue 3 Ene 2019 - 12:57
Proposición No De Ley Que Insta Al Gobierno De España A Mejorar El Tren A Extremadura
Durante el último año, se han vivido incidentes bochornosos en el tramo de Renfe que conecta Madrid con la Comunidad Autónoma de Extremadura, dando una imagen bochornosa de este país y de su sistema de transporte ferroviario. Es por eso, que desde el Partido Popular hemos querido pasar a la acción y presentar esta proposición para que de una vez por todas, acabemos con el Tren de la Vergüenza y Extremadura cuente con una conexión de tren digna hasta Madrid.
1. El Congreso De Los Diputados insta al Gobierno de España que mejore las infraestructuras ferroviarias en el tramo que conecta Madrid con Extremadura.
Presidenta Del GPP
por Carles Aragonès el Miér 9 Ene 2019 - 22:18
Proposición de Ley relativa a la prohibición de representación en el Congreso de los Diputados a los partidos independendentistas catalanes
En el año 2017,los partidos políticos independentistas crearon un referéndum de independencia ilegal y se incumplió la Carta Magna de todos los españoles,la Constitución Española.También,crearon una declaración unilateral de independencia basándose en ese referéndum ilegal que carece de valor,y luego,en los tribunales declararon que era simbólica.Ademas,estos grupos políticos declaran que son extranjeros.Por lo tanto,el Grupo Parlamentario Ciudadano ha presentado esta Proposición de Ley ya que considera que es intolerable que haya un partido en el Congreso de los Diputados que no cumple la constitución y que se considera extranjero.
1.Los partidos políticos Esquerra Republicana,Junts Per Catalunya y CUP tendrán prohibida la candidatura al Congreso de los Diputados
2.Cualquier coalición que abarque miembros de partidos cuya candidatura esté prohibida no se podrá presentar a las elecciones generales
Este Ley entrará en vigor tras su aprobación en el Congreso de Los Diputados y su publicación en el BOE
Portavoz del GPC’s [quote]
por Joan Gómez el Jue 10 Ene 2019 - 22:29
La economía mundial está adquiriendo rápidamente carácter digital y, como consecuencia de ello, han surgido nuevas maneras de hacer negocios. Los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor.
Sin embargo, las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos. Así, no tienen en cuenta los modelos de negocio en los que las empresas pueden prestar servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en él, tienen dificultades para impedir la deslocalización de activos intangibles a jurisdicciones de escasa o nula tributación, y tampoco reconocen el papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor para las empresas más digitalizadas mediante el suministro de datos o la generación de contenidos o como componentes de las redes en que se basan muchos modelos de negocio digitales. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan.
Lo anterior pone de manifiesto que las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía, cuando estos están íntimamente ligados a valor creado por datos y usuarios, y requieren una revisión.
El proceso para la revisión de esas normas viene ya produciéndose desde hace años a nivel internacional. Así, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20 han sido especialmente relevantes en este sentido en los últimos tiempos el proyecto sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), y en especial su Informe relativo a la Acción 1 sobre los retos fiscales de la economía digital de 5 de octubre de 2015, así como el Informe intermedio sobre los retos fiscales derivados de la digitalización de 16 de marzo de 2018. En el ámbito de la Unión Europea lo han sido la Comunicación de la Comisión Europea “Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital”, adoptada el 21 de septiembre de 2017, y el paquete de propuestas de Directivas y Recomendación para alcanzar una imposición justa y eficaz de la economía digital presentadas el 21 de marzo de 2018. Todo este esfuerzo constituye además una buena muestra de la preocupación que existe a nivel mundial sobre esta cuestión.
Habida cuenta de la dimensión mundial del problema que plantea la imposición relacionada con determinados modelos de negocio digitales, existe consenso internacional en que la mejor estrategia para abordarlo consistiría en encontrar una solución al respecto también a nivel mundial, es decir, en el seno de la OCDE. Dicha solución podría consistir en una revisión del concepto de establecimiento permanente (digital) que permitiera asignar la parte del beneficio obtenido por la empresa correspondiente al valor derivado de los datos y contribuciones de los usuarios al país del que emanan o en el que se encuentran esos datos y esos usuarios. Sin embargo, puesto que la adopción e implementación de estas medidas consensuadas a nivel internacional y multilateral podría demorarse mucho tiempo, diversos países han comenzado a adoptar medidas unilaterales para tratar de afrontar este problema. Tanto el acuerdo mundial como la adopción de medidas unilaterales son soluciones legítimas previstas en el aludido Informe intermedio del G20/OCDE sobre los retos fiscales derivados de la digitalización.
A esta corriente de adopción de medidas unilaterales no han sido ajenos los Estados miembros de la Unión Europea, existiendo ya varios que han adoptado o están en vías de adoptar alguna medida en tal sentido. Además, la propia Comisión Europea presentó el 21 de marzo de 2018, a instancia del Consejo, una propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales, uno de cuyos principales objetivos es corregir la inadecuada asignación de derechos de gravamen que se produce como consecuencia de la falta de reconocimiento por las vigentes normas fiscales internacionales de la contribución de los usuarios a la creación de valor para las empresas en los países donde éstas desarrollan su actividad. La propuesta de la Comisión Europea consiste en un impuesto indirecto sobre las prestaciones de determinados servicios digitales.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales regulado en esta Ley se anticipa sin embargo a la conclusión de las discusiones relativas al mismo en el seno de la Unión Europea. El largo periodo de tiempo transcurrido desde que comenzaron los debates a nivel internacional sobre este asunto sin que haya sido posible adoptar soluciones prácticas al respecto, unido a razones de presión social, justicia tributaria y sostenibilidad del sistema tributario, hacen necesario adoptar, siguiendo el camino iniciado por otros países, una solución unilateral que permita a España ejercer de forma inmediata en su territorio derechos de imposición que legítimamente le corresponden, por ser de donde proceden los datos y las contribuciones de los usuarios que generan valor a la empresa.
No obstante, puesto que también se considera deseable el enfoque armonizador del impuesto planteado por la Comisión Europea, la regulación de este nuevo tributo se ajusta en gran medida al propuesto por la Comisión Europea, y se adaptará a la solución que se adopte a nivel europeo tan pronto como ésta esté disponible.
Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, ya estén establecidas en España, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier otro Estado o jurisdicción no perteneciente a la Unión Europea que, al inicio del periodo de liquidación, superen los dos siguientes umbrales: que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere 750 millones de euros; y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas para la determinación de la base imponible (para así determinar la parte de dichos ingresos que se corresponde con usuarios situados en territorio español), correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
El primer umbral permite limitar la aplicación del impuesto a las empresas de gran envergadura, que son aquellas capaces de prestar esos servicios digitales en los que los datos y contribución de los usuarios desempeñan un papel fundamental, y que se apoyan en gran medida en la existencia de amplias redes de usuarios, en un gran tráfico de datos y en la explotación de una sólida posición en el mercado. Este umbral, que es el mismo que figura en la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo de 25 de mayo de 2016 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, que establece la declaración relativa al Informe país por país, y en otros proyectos normativos europeos, aportará seguridad jurídica, dado que permitirá a las empresas y a la Administración tributaria determinar de forma más sencilla si una entidad está sujeta al impuesto. Además, permitirá excluir del nuevo impuesto a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas emergentes, para las que los costes de cumplimiento vinculados al mismo podrían tener un efecto desproporcionado.
El segundo umbral permite limitar la aplicación del impuesto a los casos en que exista una huella digital significativa en el ámbito territorial de aplicación del impuesto en relación con los tipos de servicios digitales gravados. Se establecen, no obstante, normas especiales para las entidades que pertenezcan a un grupo. Así, a fin de determinar si una entidad rebasa los umbrales y, por tanto, tiene la consideración de contribuyente, los umbrales deben aplicarse en relación con los importes aplicables a todo el grupo.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es un tributo de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 2. Territorio de aplicación del impuesto.
1. El impuesto se aplica en todo el territorio español.
1. Centro de negociación: este término tiene el significado que se le atribuye en el artículo 4.1.24) de la Directiva 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
2. Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz digital.
3. Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet.
4. Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
5. Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital.
6. Internalizador sistemático: este término tiene el significado que se le atribuye en el artículo 4.1.20) de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
7. Proveedor de un servicio de financiación participativa regulado: es un proveedor de servicios de financiación participativa que esté sujeto a autorización y supervisión en virtud de cualquier medida de armonización adoptada de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con vistas a la regulación de los servicios de financiación participativa, así como las plataformas de financiación participativa reguladas en el título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de participación empresarial.
8. Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.
9. Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la interfaz.
10. Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.
11. Servicios de transmisión de datos: los de transmisión de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
12. Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.
Estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes definidos en el artículo 8.
a) las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario;
b) las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea;
c) las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago;
d) las prestaciones de servicios de intermediación en línea establecidos en el anexo I, sección A, puntos 1) a 9), de la Directiva 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, que se realicen por un centro de negociación, por un internalizador sistemático o por un proveedor de servicios de financiación participativa regulado;
e) las prestaciones de servicios de intermediación en línea establecidos en el artículo 51 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que se realicen por un proveedor de servicios de financiación participativa regulado;
f) las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por un centro de negociación, un internalizador sistemático o un proveedor de un servicio de financiación participativa regulado.
Artículo 7. Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales.
1. Las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.
2. Se entenderá que un usuario está situado en el territorio de aplicación del impuesto:
a) En el caso de los servicios de publicidad en línea, cuando en el momento en que la publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario el dispositivo se encuentre en ese ámbito territorial.
b) En el caso de los servicios de intermediación en línea en que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, cuando la conclusión de la operación subyacente por un usuario se lleve a cabo a través de la interfaz digital de un dispositivo que en el momento de la conclusión se encuentre en ese ámbito territorial.
En los demás servicios de intermediación en línea, cuando la cuenta que permita al usuario acceder a la interfaz digital se haya abierto utilizando un dispositivo que en el momento de la apertura se encuentre en ese ámbito territorial.
c) En el caso de los servicios de transmisión de datos, cuando los datos transmitidos hayan sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya accedido mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos se encuentre en ese ámbito territorial.
3. A efectos de determinar el lugar en que se han realizado las prestaciones de servicios digitales, no se tendrá en cuenta:
a) el lugar donde se lleve a cabo la entrega de bienes o prestación de servicios subyacente, en los casos de servicios de intermediación en línea en que exista ésta;
b) el lugar desde el cual se realice cualquier pago relacionado con un servicio digital.
4. A efectos del presente artículo, se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización.
1. Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales siguientes:
a) que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere 750 millones de euros; y
b) que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas en el artículo 10, correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, los importes anteriores se elevarán al año.
2. Cuando los importes a que se refiere el apartado 1 estén disponibles en una moneda distinta del euro, se convertirán a euros aplicando el tipo de cambio publicado en el último Diario Oficial de la Unión Europea disponible en el año natural de que se trate.
3. En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los importes de los umbrales a que se refiere el apartado 1 a tener en cuenta serán los del grupo en su conjunto. En caso de que el grupo supere dichos umbrales tendrán la consideración de contribuyentes todas y cada una de las entidades que formen parte del mismo, en la medida en que realicen el hecho imponible, con independencia del importe de los ingresos a que se refiere la letra b) de dicho apartado que les correspondan.
Artículo 9. Devengo
El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
Artículo 10. Base imponible.
1. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe de los ingresos, excluidos, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes, obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación del mismo.
En las prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo, la base imponible será su valor normal de mercado.
2. A efectos de determinar la base imponible del impuesto se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) En el caso de los servicios de publicidad en línea, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que éstos se encuentren.
b) En el caso de los servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.
La base imponible de los demás servicios de intermediación se determinará por el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, resultará indiferente el momento temporal en que se hubiera abierto la cuenta utilizada.
c) En el caso de los servicios de transmisión de datos, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, resultará indiferente el momento temporal en que los datos transmitidos hubieran sido recopilados.
3. Si el importe de la base imponible no resultara conocido en el periodo de liquidación, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados que tengan en cuenta el periodo total en el que van a generarse ingresos derivados de esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de su regularización cuando dicho importe fuera conocido, mediante autoliquidación correspondiente a ese periodo de liquidación.
La regularización deberá realizarse como máximo en el plazo de los 4 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación.
4. Cuando la base imponible se hubiera determinado incorrectamente el contribuyente deberá proceder a su rectificación conforme a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo.
5. La base imponible se determinará por el método de estimación directa, sin más excepciones que las establecidas en las normas reguladoras del método de estimación indirecta de las bases imponibles.
Artículo 11. Tipo impositivo.
El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento.
Artículo 12. Cuota íntegra.
La cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo.
Artículo 13. Obligaciones formales.
1. Los contribuyentes del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:
a) Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto.
b) Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal, y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
c) Solicitar de la Administración su inscripción en el registro de entidades creado a efectos de este impuesto.
d) Llevar los registros que se establezcan reglamentariamente.
e) Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus servicios digitales.
f) Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea, salvo que se encuentren establecidos en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Unión Europea.
El contribuyente, o su representante, estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración tributaria el nombramiento, debidamente acreditado, antes de la finalización del plazo de declaración de las operaciones sujetas al impuesto.
g) Conservar, durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones objeto del impuesto. En particular, deberán conservar aquellos medios de prueba que permitan identificar el lugar de prestación del servicio digital gravado.
h) Traducir al castellano, o a cualquier otra lengua oficial, cuando así lo requiera la Administración tributaria a efectos de control de la situación tributaria del contribuyente, las facturas, contratos o documentos acreditativos correspondientes a prestaciones de servicios digitales que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.
2. Asimismo, estarán obligados a cumplir cualesquiera otras obligaciones formales que se establezcan por la normativa tributaria.
Los contribuyentes deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se establezca por Orden Ministerial.
1. Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en este artículo, las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normas de general aplicación.
2. Constituye infracción tributaria grave, a los efectos de este impuesto, el falseamiento u ocultación del lugar determinante de realización de las prestaciones de servicios digitales. En particular, se considerará que se comete tal infracción mediante la realización de cualquier acción u omisión que implique el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización o prueba determinantes del lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales a que a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros por cada acceso en el que se haya falseado u ocultado dicho lugar, con un límite máximo respecto de todas las infracciones de este tipo cometidas durante un año natural de 15.000 € para el caso de personas o entidades que no desarrollen actividades económicas o del 0,5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8 de la presente Ley, para el caso de personas o entidades que desarrollen actividades económicas.
Serán considerados sujetos infractores las personas jurídicas o entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que hayan falseado u ocultado el lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales, con independencia de que desarrollen o no actividades económicas y del hecho de que dicho falseamiento u ocultación les haya o no reportado una ventaja económica a sí mismos o a terceros.
3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de la infracción establecida en este artículo podrá ser objeto de reducción conforme a lo dispuesto en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 16. Orden jurisdiccional.
La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración tributaria y los contribuyentes, en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.
Se habiltia al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final tercera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
a) Modificar los umbrales cuantitativos que determinan la condición de contribuyente del impuesto.
b) Modificar el tipo impositivo.
c) Introducir y modificar las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario.
d) Modificar los supuestos de no sujeción.
La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y lo estará hasta la vigencia de la nueva legislación que tenga por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa.
María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 149

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 8
 artículo 53
 artículo 20
 artículo 132
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 1
 artículo 149
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Artículo 1
 artículo 56
 artículo 16

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29

Artículo 6
 artículo 29
 resolución 

Artículo 7
 artículo 31

Artículo 8
 artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 9
 artículo 95
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 149
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Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 10
 Artículo 99
 Artículo 56
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 artículo 35

Artículo 2
 artículo 4
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 114
 artículo 8
 artículo 51

Artículo 7
 artículo 35
 artículo 10

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 35
 artículo 188

Artículo 16
 artículo 149