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Timestamp: 2017-11-18 08:10:57+00:00

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Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos | ALCER Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos | ALCER
Prestaciones Para Personas Mayores, Personas con Discapacidad Y Personas en situación de Dependencia. Recursos Estatales y Autonómicos
Pensiones de jubilación de la seguridad social en su modalidad contributiva
Prestación económica, única para cada beneficiario y que consiste en una pensión vitalicia que le será reconocida por la Seguridad Social, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo.
Jubilación parcial, cuando se posibilita la compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación y el desempeño de un puesto de trabajo a tiempo parcial.
Jubilación anticipada, bien por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, o por voluntad del interesado.
Haber cumplido 67 años de edad, o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. (Existe una tabla para la aplicación gradual de la edad de jubilación entre el año 2013 y el 2027).
Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar derecho a la pensión.
La solicitud podrá presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Prestaciones de la seguridad social de incapacidad permanente en su modalidad contributiva.
En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, consiste en una indemnización a tanto alzado que es compatible con cualquier tipo de actividad laboral.
En la gran invalidez se incrementa la cuantía con un complemento, destinado a remunerar a la persona que atiende al pensionista.
Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez están exentas del impuesto sobre el IRPF.
Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. No obstante, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque el interesado no se encuentre en el momento del hecho causante en alta o en situación asimilada al alta.
Si la causa fue debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, no se exigirá periodo previo de cotización.
No se reconoce el derecho a prestación de incapacidad permanente cuando el beneficiario tenga la edad prevista para la jubilación y reúna los requisitos exigidos parta causar derecho a esta pensión.
Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador, independientemente de las causas que lo motiven, cuyo beneficiario será el cónyuge superviviente, pareja de hecho, o el excónyuge en determinados casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, si se reúnen los requisitos establecidos.
En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenece a alguno de estos colectivos.
Ser trabajador afiliado y en alta o en situación asimilada con un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si la muerte es debida a accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.
También pueden ser causantes de pensión de viudedad los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización
Ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente en su modalidad contributiva, o trabajador que hubiera cesado en su actividad laboral con derecho a pensión y no la hubiera solicitado, o se tratara de trabajador desaparecido en circunstancias que hagan presumible su muerte.
Que el matrimonio se haya celebrado con un año de antelación al fallecimiento, producido por enfermedad común y no sobrevenida, tras el matrimonio, salvo que existan hijos comunes.
En separados o divorciados del causante, que no hubieran contraído nuevas nupcias o constituido pareja de hecho, siendo acreedores de pensión compensatoria que queda extinguida por el fallecimiento.
En caso de nulidad matrimonial que el superviviente, respecto al que no cupiera apreciación de mala fe, no hubiera contraído nuevas nupcias.
El porcentaje se incrementará en caso de existencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador, independientemente de las causas que lo motiven, cuyos beneficiarios serán los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que al fallecer el causante sean menores de 18 años o estén incapacitados para el trabajo.
En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenece a alguno de los dos últimos colectivos citados.
Ser trabajador afiliado y en alta o en situación asimilada. No se exige periodo mínimo de cotización cuando el fallecimiento se produce por enfermedad común.
También pueden ser causantes de pensión de orfandad los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización
Ser hijo del causante mayor de 18 años y menor de 22 o 24 años, si no sobrevive ninguno de los dos padres, y el huérfano presenta una discapacidad igual o superior al 33% y sus ingresos económicos no supera determinados límites.
Ser hijo del cónyuge sobreviviente, aportado al matrimonio celebrado antes de dos años del fallecimiento sin derecho a otra pensión ni familiares obligados a prestarle alimentos.
Prestación establecida con motivo del fallecimiento del trabajador o pensionista, independientemente de las causas que lo motiven, cuyos beneficiarios serán los nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos, o hijos del causante, siempre que al fallecer este cuenten con determinada edad, o estén incapacitados para el trabajo
En consecuencia, el beneficiario de esta prestación no tiene por qué pertenecer a los colectivos de personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, aunque en gran número de casos el beneficiario pertenezca a alguno de los colectivos citados.
Existe un subsidio temporal a favor de familiares para casos que no tuvieran derecho a pensión.
También pueden ser causantes de pensión a favor de familiares los trabajadores que no se encuentren en alta o situación asimilada, si acreditan un mínimo de 15 años de cotización.
Carecer de medios de subsistencia (ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional).
Prestación económica, única para cada beneficiario y que consiste en una pensión vitalicia por vejez, invalidez o viudedad que le será reconocida por la Seguridad Social, a quienes a 1 de enero de 1967, tuvieran cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido seguro de vejez e invalidez, o en su defecto, hubiesen figurado afiliados al Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, si los interesados no tienen derecho a otra pensión, con excepción de las de viudedad.
No tener derecho a ninguna otra pensión con cargo a los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social, salvo viudedad.
Tener cumplidos 65 años de edad en el supuesto de vejez o que la invalidez sea absoluta y permanente para la profesión habitual y causa del cese en el trabajo.
Pensiones de jubilación e invalidez de la seguridad social en su modalidad no contributiva
Pensiones de la Seguridad Social que aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.
Residir en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
Carecer de rentas o ingresos o que éstos, en cómputo anual, sean inferiores al importe íntegro anual de la pensión no contributiva.
No obstante, si son inferiores al importe íntegro de la pensión, y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia no superan los límites establecidos en la Ley.
Los pensionistas de invalidez no contributiva cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán además un complemento del 50% del importe anual integro de la pensión.
La solicitud podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del IMSERSO o en cualquier otra de la Seguridad Social en las que se facilitará el impreso correspondiente o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas, la ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (B.O.E. nº 69, de 21.3.91).
Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación (B.O.E. nº
Complemento por residencia en vivienda alquilada para los Titulares de pensión de jubilación e invalidez de la seguridad social, en su modalidad no contributiva
Complemento anual de la pensión no contributiva previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio económico a favor de beneficiarios de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir de forma habitual en una vivienda alquilada.
Se presentará en los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y de Melilla así como en los registros y oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento de complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (BOE nº 186, de 04.08.2012).
18 años o mayor de dicha edad si está afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65%, cualquiera que sea la naturaleza legal de filiación, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
Los hijos con discapacidad, mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar, previa solicitud y audiencia de los progenitores, serán beneficiarios de las asignaciones que por razón de ellos corresponderían a sus padres.
Se presentará en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en sus Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por le que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94). Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social (B.O.E. nº 279, de 22.11.05).
Prestación social de la Seguridad Social, por la que el pensionista y sus beneficiarios tienen derecho a atención médica, dispensada por la red pública de salud y atención farmacéutica.
La atención farmacéutica conlleva aportación del usuario que se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario. La aportación para las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social será del 10% del precio de venta, salvo para las personas cuya renta sea superior a 100.000 €, en cuyo caso será del 60%.
Los pensionistas no contributivos de la Seguridad Social están exentos de pago por la atención farmacéutica.
Los servicios sanitarios, dependiendo del ámbito geográfico, los gestionan las Comunidades Autónomas, excepto en las ciudades de Ceuta y de Melilla, que son gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
También tiene derecho el pensionista a recibir asistencia sanitaria en sus desplazamientos. Para ello, si viaja por España, es suficiente presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta de asistencia sanitaria.
Si se viaja por el extranjero, antes de emprender el viaje, debe de dirigirse a su CAISS o llamar al teléfono de información 900 16 65 65, solicitando información sobre la documentación que se precisa.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social (B.O.E. nº 154, de 29.6.94). Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. (BOE nº 98, de 24.04.2012).
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. (BOE nº 186, de 04.08.2012).
Pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, orfandad y a favor de padres, causadas por los funcionarios públicos del Estado (civiles, militares y de la Administración de Justicia).
Los funcionarios de las Comunidades Autónomas, de la Administración local, de la Seguridad Social y de los Organismos autónomos, se encuentran encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social y causan derecho a pensiones de la Seguridad Social.
A partir del 1 de enero de 2011, todo el personal que adquiera la condición de funcionario queda encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social.
De Jubilación para los civiles y retiro en los militares, que puede ser de carácter forzoso o voluntario.
Por incapacidad permanente/inutilidad para el servicio, que se declara de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado esté afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico irreversible que le imposibilite para el desempeño de las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera.
Pensión ordinaria de viudedad o subsidio temporal de viudedad. En la actualidad se reconoce igualmente la pensión a la pareja de hecho, si se acreditan determinados requisitos en el momento del fallecimiento del causante.
Pensiones extraordinarias, cuando el hecho causante es la incapacidad permanente para el servicio, causada en acto de servicio, o su fallecimiento por tal causa.
Pensiones excepcionales, reconocidas a título personal, por leyes especiales.
Los recogidos en la normativa vigente para cada uno de los tipos y clases de pensiones.
Se presenta en los Registros de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, del Ministerio de Economía y Hacienda, en las Delegaciones Provinciales del citado Ministerio en las que se facilitará el impreso correspondiente, o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP), consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a aquellas personas afectadas por una discapacidad que, a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesitan, a juicio del equipo multiprofesional, la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
(SMGT), consiste en una prestación económica, de carácter periódico destinada a atender los gastos originados por desplazamientos fuera del domicilio habitual de aquellas personas con discapacidad que, por razón de ésta, tengan graves dificultades para utilizar transportes colectivos.
Asistencia sanitaria y Prestación farmacéutica (ASPF), se encuentran en vigor por lo que la solicitud podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social en las que se facilitará el impreso correspondiente, o en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad (PAS) (pensiones del fondo de bienestar social en el País Vasco y Navarra)
Son ayudas económicas individualizadas y de carácter periódico a favor de personas mayores y de enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo.
En ayudas por enfermedad o invalidez, encontrarse absolutamente incapacitado para toda clase de trabajo (se asimila a la incapacidad para todo tipo de trabajo, la del inválido o enfermo que pudiendo realizar algún tipo de trabajo, no sea éste de los usuales en el lugar de residencia).
Carecer de medios económicos para la subsistencia, es decir, contar con ingresos inferiores al importe anual de estas ayudas, o que la renta per cápita de la unidad de convivencia sea inferior al citado importe.
No tener familiares obligados a la atención en la forma establecida en el código civil.
No pertenecer a Comunidades, Institutos, Órdenes u Organizaciones religiosas que por sus reglas o estatutos estén obligadas a prestarle asistencia.
No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, cuyas características, valoración y posibilidades de venta indiquen la existencia de medios suficientes para atender a la subsistencia.
Son prestaciones a extinguir, no cabe nueva solicitud, se mantienen para los beneficiarios que continúan manteniendo los requisitos exigidos y no optan por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.
Ley 45/1960, de 21 de julio, sobre Fondos Nacionales para la Aplicación Social del Impuesto y del Ahorro (B.O.E. nº 176, de 23.7.06).
Ancianos y Enfermos del Fondo Nacional de Asistencia Social. (B.O.E. nº 266, de 6.11.81).
Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes (suprime el PAS) (B.O.E. nº 176, de 23.7.92).
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la protección de la situación de dependencia se presta de acuerdo con tres niveles.
El nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, se financia, íntegramente, por la Administración General del Estado.
El segundo nivel de protección, se acuerda entre la Administración General del Estado y la Administración de cada Comunidad Autónoma a través de convenios. En estos convenios se establece la financiación que corresponde a cada Administración para este nivel de protección.
El tercer nivel adicional de protección se establece y financia por la Comunidad Autónoma.
Las solicitudes se dirigirán a la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).
Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 114, de 12.5.07).modificado por Real Decreto 99/2009 de 6 de febrero.
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 114, de 12.5.07).
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley 39/2006, modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero y Real Decreto 570/2011, de 20 de abril
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 42, de 18.02.2011).
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE nº 126, de
Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE nº 168, de 14.07.2012).
Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del IMSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (B.O.E. nº 243 de 11.10.84)
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 1.10.87).
Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del IMSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (B.O.E. nº 243 de 11.10.84).
Orden de 4 de junio de 1992, del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 144 de
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 1.10.87)
Son centros que garantizan el equilibrio interterritorial de acceso a las prestaciones básicas en todos los territorios del Estado y ofrecen a las personas afectadas y a sus familias los siguientes servicios:
Asistencia personal de salud, manutención y alojamiento en régimen de internado o atención diurna.
Rehabilitación médico funcional, entrenamiento de la autonomía personal y rehabilitación psicosocial
Apoyo familiar en la readaptación al entorno comunitario y de inserción social.
Ser persona mayor o persona en situación de dependencia o familiar de éstos, que por su situación o características precisen de atención especializada.
También serán beneficiarios las instituciones, asociaciones profesionales y empresas que trabajen en el sector, universidades y centros de investigación y docencia, y las organizaciones de acreditación y evaluación.
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros Residenciales para personas con discapacidad (B.O.E. nº 235 de 01.10.87).[/symple_toggle]
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Subvenciones individuales a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO.
Son subvenciones individuales de carácter excepcional o extraordinario a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO
Para atención institucionalizada en Instituciones de atención especializada.
Ser beneficiario de centro estatal de atención a personas con discapacidad cuya titularidad corresponda al IMSERSO.
Tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o en caso de subvenciones para la rehabilitación, que las medidas solicitadas impidan o retrasen la evolución desfavorable de la discapacidad, a juicio del Equipo de Valoración y Orientación, aunque el grado de discapacidad no alcance al 33%.
Precisar a juicio del Equipo de Valoración y Orientación la subvención solicitada.
No percibir o percibir en inferior cuantía, de otro organismo o entidad, la subvención solicitada.
Haber justificado las subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.
No estar incurso en las prohibiciones para obtener subvención del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La solicitud se presentará en la oficina de registro del Centro de pertenencia, que la remitirá a la Dirección General del IMSERSO en un plazo de diez días hábiles desde la fecha de recepción.
El plazo de presentación será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial del Estado.
Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (B.O.E. nº 138, de 9.6.07).
Programas de vacaciones y termalismo para mayores del IMSERSO
El Programa de Vacaciones es un programa social de la Administración del Estado, dirigido a personas mayores, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, y paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico.
El Programa de Termalismo es un programa social dirigido a personas mayores que proporciona, a través del IMSERSO, tratamientos termales por prescripción facultativa, para pensionistas.
Ser pensionista de viudedad del Sistema Público de Pensiones, de edad igual o superior a 55 años.
Ser otro tipo de pensionista del Sistema Público de Pensiones, o prejubilado con 60 años cumplidos
Valerse por sí mismo y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia
Se considerarán beneficiarios, en calidad de acompañantes los cónyuges de los solicitantes aunque no reúnan el requisito de la edad y pensión.
Se admitirá como acompañante al hijo con discapacidad, con un grado igual o superior al 45% si viaja con sus padres y ocupa cama supletoria en la misma habitación.
Ser pensionista de jubilación o invalidez del Sistema de la Seguridad Social, o por concepto de viudedad o de otras pensiones, cuando el beneficiario haya cumplido 60 años.
Ser español, residente en el exterior que perciba una pensión pública, con más de 60 años que cumpla el resto de los requisitos.
Valerse por sí mismo y no padecer trastornos mentales que alteren la convivencia, ni enfermedad infectocontagiosa.
Precisar el tratamiento termal y carecer de contraindicación médica para recibirlo.
El beneficiario podrá ir acompañado de su cónyuge o asimilado al que no se le exigirá el requisito de ser pensionista de la Seguridad Social.
Si en la pasada temporada se estaba acreditado en el IMSERSO, no es necesario cumplimentar nueva solicitud para viajar.
Si se accede por primera vez al programa o se reanuda la participación tras un periodo de inactividad, se debe formular solicitud, que puede cumplimentarse a través de la página Web o recogerse en los ayuntamientos, centros y oficinas de Servicios Sociales.
En los centros de servicios sociales u oficinas donde se recoge la solicitud.
Conforme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En la convocatoria anual que publica el IMSERSO se establece el lugar y plazo de presentación de solicitudes
Si en la pasada temporada se solicitó plaza en el IMSERSO, no es necesario cumplimentar nueva solicitud, el IMSERSO remite un modelo simplificado de renovación.
Si se accede por primera vez al programa o se reanuda la participación tras un periodo de inactividad, se debe formular solicitud.
Orden de 15 de marzo de 1989, que establece y regula el Servicio de Termalismo Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales. (B.O.E. nº 81, de 5.4.89).
Orden de 26 de diciembre de 1990, por la que se modifica la de 15 de marzo de 1990, que estableció y reguló el Servicio de Termalismo Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales (B.O.E. nº 10, de 11.1.91).
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social durante cada año.
Actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad del IMSERSO
Son subvenciones del IMSERSO a Entidades del sector de la discapacidad para la realización de viajes accesibles que permitan a las personas con discapacidad y/o dependencia participar en actividades de ocio, cultura y promoción de la salud, así como el descanso de las familias que las tienen a su cargo.
Contar con calificación de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.
Superar la puntuación requerida, una vez aplicados los baremos o criterios de mayor discapacidad, necesidad socio económica, pertenencia a familia numerosa en sus distintas categorías, no haber asistido a convocatorias anteriores y necesidad de descanso de los familiares cuidadores.
Se dirigirán directamente a las Entidades ejecutantes de estas actividades que figuran en la página Web www.Imserso.es, en el apartado prestaciones y subvenciones/actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad/entidades ejecutantes.
Cada una de las Entidades ejecutantes de estas actividades, acuerdan las fechas y lugares de viaje así como la cuota de abono de los participantes. Esta información se ha de requerir por los usuarios a efectos de optar por la actuación de su interés.
El plazo de solicitud puede considerarse continuo, ya que las convocatorias anuales de estas subvenciones, se concatenan unas con otras.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).
Orden TAS/989/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (B.O.E. nº 90, de
Prestaciones económicas para los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil
Prestación económica a reconocer a los ciudadanos de origen español, desplazados durante su minoría de edad al extranjero, en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, como consecuencia de la guerra civil española y, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
Residir en el extranjero y ser perceptor de pensión regulada en el Real Decreto 8/ 2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior.
Residir en territorio español y ser perceptor de pensión de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, de la pensión asistencial regulada en el Real Decreto 2620/1981, de 21 de julio o de la pensión por razón de necesidad regulada en el punto primero.
Que con independencia del país de residencia sean perceptores del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, o reúnan los requisitos para su reconocimiento.
Que con independencia del país de residencia, no tengan derecho a las pensiones por razón de necesidad, no contributiva o asistencial, por disponer de rentas o ingresos superiores al límite establecido para acceder a las mismas, siempre que dichas rentas sean de cuantía inferior al establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio económico.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentarse:
En el caso de residentes en España en la Dirección General de Migraciones o en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas o en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
En el caso de residentes en el extranjero, en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, o en las Secciones de Empleo y Seguridad Social de las Oficinas consulares o en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas del lugar de residencia del solicitante.
Ley 3/2005, de 18 de marzo, por las que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional (B.O.E. nº 68, de 21.03.2005).
Orden TAS/1967/2005, de 24 de junio, por la que se establecen las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra vil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio Nacional (B.O.E. nº 151, de 25.06.2005).
Prestación dirigida a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al extranjero por razones laborales, económicas o cualquier otras, y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la realidad socioeconómica del país de residencia.
En el caso de que los beneficiarios de esta prestación carezcan de la cobertura de asistencia sanitaria en el país de residencia o cuando su contenido y alcance fueran insuficientes, tendrán derecho a la cobertura de dicha contingencia en los términos establecidos en la normativa aplicable.
Tener cumplidos 65 años en la fecha de la solicitud para la prestación económica por ancianidad.
Ser mayor de 16 años y menor de 65 y estar en situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo en la fecha de la solicitud para la prestación económica de incapacidad.
Residir legal y efectivamente en aquellos países donde la precariedad del sistema de protección social justifique esta prestación.
No pertenecer a Institutos, Comunidades, Órdenes y Organizaciones que, por sus reglas o estatutos estén obligados a prestar la asistencia necesaria.
Carecer de rentas o ingresos suficientes en los términos recogidos en los artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto 8/2008.
No poseer bienes muebles o inmuebles con valor patrimonial superior a la cuantía anual de la base de cálculo correspondiente el país de residencia.
No haber donado bienes en los últimos 5 años por un valor superior al establecido en la base de cálculo correspondiente al país de residencia.
La solicitudes se presentarán en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social de las Embajadas, en las Secciones de Empleo y Seguridad Social o, en su defecto, en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (B.O.E. nº 299, de 15.12.06).
Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados (B.O.E. nº 21, de 24.1.08).
Asistencia sanitaria para españoles de origen, pensionistas o trabajadores por cuenta ajena, residentes en el extranjero, que se desplacen temporalmente al territorio nacional
Son prestaciones de asistencia sanitaria, de carácter residual, es decir, en ausencia de cobertura, cuando de acuerdo con las disposiciones de la legislación de Seguridad Social española, las del Estado de procedencia o las normas o convenios internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no se encuentren previstas.
Encontrarse inscrito en el Padrón de Españoles residentes en el extranjero.
Contar con la condición de pensionista de un sistema público de protección social o bien, contar con contrato de trabajo por cuenta ajena en vigor.
Que el país de residencia no exporte el derecho a la prestación de asistencia sanitaria y normativa de amparo.
Se presentará en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en sus Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).
Resolución de 25 de febrero de 2008, conjunta de la Dirección General de Emigración y de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional. (B.O.E. nº 53, de 1.3.08).
Ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados
Ayudas destinadas a atender los gastos extraordinarios derivados del hecho del retorno cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de la solicitud.
No se considerarán gastos extraordinarios los correspondientes a pasajes de vuelta, ni al traslado de muebles y enseres, salvo circunstancias de absoluta excepcionalidad.
Haber residido en el exterior un mínimo de 5 años anteriores a la fecha de retorno.
Encontrarse en situación de necesidad, para cuya valoración serán tenidos en cuenta los familiares a cargo como el cónyuge o asimilados y los parientes en primer grado por consanguinidad, afinidad o adopción que convivan y dependan económicamente del retornado.
Se presentarán en las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno correspondientes al domicilio del solicitante, o Direcciones Insulares.
En la Dirección General de Migraciones, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración y en los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados (B.O.E. nº 283, de 26.11.07).
El Abono social de telefónica es un plan de precios, dirigido a jubilados y pensionistas, incluidos tanto los perceptores de una pensión pública como los de una pensión privada reconocida por decisión judicial, que supone una reducción del 70% en el importe de la cuota de alta del servicio telefónico fijo, o cuota de conexión y una rebaja del 95% en el importe de la cuota de abono de la línea individual.
Que la renta familiar no supere el 120% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el año 2011 8.945 € anuales.
Que la instalación de la línea beneficiaria del Abono social coincida con el empadronamiento del titular.
Por correo ordinario al Apartado de Correos 423 código postal 48080 Bilbao
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE nº 264, de 04.11.2003).
Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de enero de
2007, por la que se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal (BOE nº 60, de 10.03.2007).
2010, por la que se modifica el umbral de renta familiar para acceder al abono social telefónico (BOE nº 149, de 19.06.2010).
El Bono social es una protección adicional del derecho de suministro de electricidad, creado por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio para determinados consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) y un valor de referencia, que se denomina tarifa reducida, permitiendo congelar las subidas de la tarifa eléctrica, manteniéndose la tarifa del 1 de julio de 2009.
En las oficinas de la compañía eléctrica que suministra el servicio, personalmente o enviando la documentación por fax o e-mail.
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social (BOE nº 111, de
Es una tarjeta de descuento de un 25%, 30% y 40% sobre el precio del billete, destinada a los mayores de 60 años y a pensionistas mayores de 18 años en situación de incapacidad total, absoluta o gran invalidez formalmente declarada, así como a personas con discapacidad igual o superior al 65%.
Para estos últimos se emitirá una tarjeta con la impresión “y acompañante”, que permite viajar a otra persona disfrutando de las mismas condiciones de descuento.
Ser mayor de 60 años, pensionista por incapacidad permanente mayor de 18 años, o persona con discapacidad con grado igual o superior al 65%.
También pueden acceder los pensionistas de Clases pasivas del Estado y retirados militares en situación de incapacidad permanente, total absoluta y gran invalidez.
Existe la posibilidad de asociar la tarjeta dorada a tarjetas de crédito y débito de algunas entidades financieras.
Son programas confeccionados para alumnos senior con características especiales.
La primera diferencia es que para acceder a estas aulas no se exige ninguna titulación ni requisito académico previo, aunque en algunas universidades el candidato tiene que superar una prueba de selección o entrevista.
Sus objetivos no son la consecución de una titulación oficial, ni la incorporación al mercado de trabajo, sino el enriquecimiento personal, fomentar el desarrollo de la persona, incentivar las relaciones intergeneracionales o facilitar nuevos conocimientos para poder desenvolverse en una sociedad tan cambiante como la actual.
Los programas tienen una duración de tres a cinco años. Abundan los programas de 45 créditos a razón de 15 por curso (150 horas).
Título preliminar, artículo 1 apartado d) y Título IV artículo 34.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que contempla la posibilidad de extender la formación universitaria a lo largo de toda la vida (BOE nº 307, de 24.12.2001).
Exención del impuesto de matriculación y del impuesto de circulación, para la adquisición de un vehículo para transporte de personas con discapacidad.
Son exenciones que vienen a facilitar la adquisición de vehículo para el desplazamiento de las personas con discapacidad, propiciándose así su movilidad.
Reducción del IVA en la adquisición de un vehículo para personas con discapacidad.
En la adquisición y reparación de vehículos cuya tara no sea superior a 350 k, y que no puedan alcanzar en llano una velocidad superior a 45 k/h, construidos especialmente, y no meramente adaptados, para personas con discapacidad física.
Adquisición de vehículos destinados a ser utilizados como auto taxis o auto turismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas.
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Vehículos (BOE nº 22, de 22.01.99).
Las reducciones son las que se aplican a la Base Imponible (Suma de los rendimientos netos de: trabajo, capital, actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales) y que dan como resultado la Base Liquidable.
Las rentas exentas se encuentran en el art. 7 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, las más importantes a efectos de aplicación a las personas con discapacidad son las que se citan a continuación:
Las pensiones reconocidas a favor de aquellas personas que sufrieron lesiones y mutilaciones como consecuencia de la Guerra Civil.
Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la substituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que haya sido causa de aquellas inhabilitará al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.
Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del TR de la LGSS, y las pensiones y los derechos asumidos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacidades para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo de acogida de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores. (…)
Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para curas en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se deriven de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Además, existe una adecuación de la base a las circunstancias de cada contribuyente, lo que se llama “mínimo personal y familiar”, que es la parte que se supone imprescindible para atender las necesidades básicas del contribuyente y su familia.
Existen reducciones por discapacidad del contribuyente y por discapacidad de los ascendientes o descendientes.
Cuando el grado de discapacidad es inferior al 65% e igual o superior al 33%, la persona con discapacidad reduce su base imponible. Esta cifra se incrementa si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%.
Las personas con discapacidad que obtengan rendimientos como trabajadores activos reducirán la base imponible en el caso de que el grado sea igual o superior al 33% e inferior al 65%. Si la discapacidad es igual o superior al 65% se verá incrementada la reducción.
La reducción también se incrementará si el trabajador necesita ayuda de terceros, tiene movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Las reducciones no podrán ser superiores a la cuantía de los rendimientos netos de trabajo.
Por cada uno de los descendientes o ascendientes a los que se les pueda aplicar el mínimo por descendiente o la reducción por ascendiente, si tienen discapacidad, la base imponible se reducirá en casos con un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%.
Si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%, la cifra de reducción se incrementa. Por cada ascendiente de edad igual o superior a 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, la base imponible se reducirá.
Por cada ascendiente mayor de 75 años, será mayor la cuantía a reducir, cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas, se tenga una movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%, los gastos de asistencia del contribuyente o de ascendientes y descendientes contarán con una reducción.
b) Deducción del importe de la inversión en la vivienda habitual o en los elementos comunes del edificio cuando se efectúen obras para la supresión de barreras arquitectónicas (BBAA) o de la comunicación.
c) Reducción de la base imponible para el importe de aportaciones y contribución a sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad: Las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad física o sensorial, igual o superior al 65%; psíquica igual o superior al 33%, así como a favor de personas con discapacidad declarada judicialmente, podrán reducir la base imponible con los límites que se indican en el art. 53 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE núm.285).
d) Reducciones de las aportaciones a patrimonios protegidos de persona con discapacidad: Las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuadas por las personas con la misma relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado, tendrán derecho a reducir la base imponible un máximo de 10.000 €; el conjunto de las reducciones realizadas por todas las personas que aporten no podrá exceder de 24.250 € anuales. Es conveniente ver todas las especificaciones contenidas en el art. 54 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE núm. 285) en relación a los límites, a las aportaciones no monetarias.
Para tener la consideración de persona con discapacidad se requiere tener el certificado de reconocimiento de la discapacidad del IMSERSO o de las comunidades autónomas competentes, una pensión de la Seguridad Social por Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez, una pensión de clases pasivas por incapacidad permanente o inutilidad para el servicio o una incapacitación judicial, que equivale a un grado de discapacidad del 65%.
Para obtener deducciones por supresión de barreras arquitectónicas o de la comunicación en la vivienda habitual, se requiere un certificado que acredite la necesidad de ejecución de las obras. Además, se requiere que la persona que necesite las adaptaciones sea el sujeto pasivo u otra persona unida a éste por matrimonio o parentesco de consanguinidad de primer grado y con la que conviva.
No se requiere ningún trámite especial. Sólo se requiere indicar las reducciones y deducciones pertinentes en la Declaración del IRPF.
Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 04/08/2004).
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio.
Fuente: Guía de prestaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Recursos estatales y autonómicos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

References: artículo 38
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