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Timestamp: 2019-11-19 00:34:45+00:00

Document:
diciembre | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Actuaciones regulares del Ministerio Público
EXPEDIENTE Nro.: 3932-2011
BENEFICIARO: DAVID GUERRERO RODRIGUEZ Y OTROS
DEMANDADO: TANIA BRAVO VIGO
En Chiclayo, a los 02 días del mes de noviembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por el abogado de los beneficiarios, Charles Castro Calle, contra el auto de fecha 12 de setiembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE LIMINARMENTE el proceso de habeas corpus.
Los recurrentes David Guerrero Rodríguez, Richard Tenorio Liza y César Montalvo Díaz, interponen demanda de habeas corpus conexo (p.1-4) contra la señora Fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo, Dra. Tania Bravo Vigo, por manifiesta agresión a su derecho a la defensa, debido a que la Fiscal demandada no les comunicó las diligencias de reconocimiento fotográfico llevadas a cabo los días 04 y 09 de agosto de 2011. Señala que con ello se ha restringido su acceso a la defensa por parte de su abogado doctor Charles Castro Calle, y a la participación del mismo, sustituyéndolo por la Defensora Pública doctora Patricia Quezada Cabrera.
El auto apelado (p.36-38) resuelve declarar liminarmente improcedente la demanda al señalar que la resolución N° 3 de fecha 01 de setiembre de 2011, que resolvió declarar la incompatibilidad de la defensa, fue apelada mediante la resolución N° 04 de fecha 06 de setiembre, lo cual acredita que dicho mandato no cumple con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad para impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos reclamados.
La apelación formulada (p. 39-40) indica que no es necesario la existencia de una resolución judicial firme puesto que el agotamiento del recurso puede convertir en irreparable la agresión.
§ Impedimentos de la justicia constitucional frente a las actuaciones fiscales y judiciales regulares
3. Si bien la justicia constitucional ha logrado el desarrollo de las líneas interpretativas de control en sentido lato respecto de todos los estamentos del Estado constitucional, y por consiguiente no existen zonas exentas de control constitucional[1], es importante anotar que existen naturales restricciones en el sentido de que ella no está habilitada para revisar las decisiones regulares del Ministerio Público así como de la justicia ordinaria[2], siempre que éstas sean respetuosas de los derechos fundamentales.
4. La restricción reside en la división de competencias que exige el Estado de derecho y en la asignación de funciones que provee la función judicial: el juez constitucional no podrá revisar los actos regulares del Ministerio Público y del juez de la jurisdicción ordinaria, y más aún, su habilitación de revisión solo procederá respecto de actos manifiestamente graves y vulneratorios en grado ostensible de un derecho fundamental. En consecuencia, afectaciones que no sean trascendentes ni relevantes o que en su contexto respectivo, no involucren agresiones manifiestas a un derecho tutelado por la Carta Fundamental, no serán objeto de protección, debiendo delimitarse en la justicia ordinaria los mecanismos que consoliden medios de protección infraconstitucional.
5. A juicio de esta Sala de la Constitución y verificados prolijamente los actuados en este proceso, inferimos que en el caso sub judice no se configura una agresión manifiestamente grave al derecho a la libertad individual ni al derecho que se procura determinar como conexo con la pretensión.
6. En efecto, en primer lugar hay un problema de corrección lógica[3] en la pretensión pues se imputa actos vulneratorios respecto al Ministerio Público respecto a diligencias no comunicadas y sin embargo, el acto gravoso como tal, resultaría ser la declaración de incompatibilidad de defensa (p. 9-10), el cual precisamente genera la exclusión del abogado defensor. En consecuencia, no existe un correcto emplazamiento de la demanda.
7. Sin perjuicio de ello y dado que las restricciones a una demanda de habeas corpus deben excluir, prevalentemente, causales de improcedencia[4], pues afectan a la libertad individual, realizada una prolija verificación de los actuados, no apreciamos una vulneración manifiesta, ostensible y elevada de la libertad personal en cuanto la jueza A-quo ha procedido a justificar- examen de justificación externa- las razones valederas que la conducen a establecer que efectivamente se configuran supuestos de incompatibilidad en la defensa de los imputados. En consecuencia, se cumple mínimamente, cuando menos en grado suficiente, una adecuada corrección material de las premisas.
6. De otro lado, es importante advertir que las actuaciones del Ministerio Público han sido desarrolladas sobre la base de la sindéresis de congruencia que implica el respeto del derecho de defensa, el cual no es suprimido sino restringido por una cuestión de incompatibilidad. Por tanto, precisamente la asignación de una Defensora Pública por cuestión de incompatibilidad, determina válidamente que podamos apreciar que el derecho de defensa, aunque con restricciones justificadas, se mantiene en pleno ejercicio.
7. Las razones que anteceden nos conducen a determinar que no se ha afectado el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, en forma conexa al derecho a la libertad individual, y que corresponde, en congruencia con los fundamentos de la denegatoria, confirmar el auto apelado.
8. En ese orden de ideas, no puede habilitarse a la justicia constitucional, como se pretende en el caso de autos, para determinar la forma de desarrollo del proceso, ni puede el juez constitucional orientar cómo han de resolverse las incidencias de la justicia ordinaria.
16. (…) nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada. Es indiscutible que esta es una lectura más sencilla; sí, tan sencilla como ilegítima.
17. Qué duda cabe de que una interpretación literal y aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución, concluirá en que, sin ingresar en consideración adicional alguna, una resolución en materia electoral expedida por el JNE, es inatacable jurisdiccionalmente; es decir, incluso en aquellos supuestos en los que afecten los derechos fundamentales de la persona. Empero, el resultado de esta interpretación ¿es sustentable constitucionalmente?
6. (…) Si una resolución judicial emana de un proceso regular, y en él se han respetado las diversas garantías que integran el debido proceso, no cabe acudir al hábeas corpus, pues el objeto de este no es hacer las veces de un recurso de casación o convertir a las instancias de la justicia constitucional, a su vez, en suprainstancias de la jurisdicción ordinaria, sino, como se deduce de la propia Constitución, proteger únicamente derechos constitucionales.
En este contexto, para el Tribunal Constitucional, el concepto de “proceso regular”, como supuesto de improcedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales, está inescindiblemente ligado al desarrollo normal y respeto escrupuloso de los derechos de naturaleza procesal: el de tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso y, con ellos, todos los derechos que los conforman.
[3] Que afecta la justificación interna de la pretensión, en tanto adolece de una incongruencia que no puede ser salvada por el juzgador.
[4] A excepción de las causales establecidas, vía clausus, por la STC 6218-2007-PHC/TC. Caso Víctor Esteban Camarena, en referencia a los pasos conjuntos para determinar los habeas corpus improcedentes.
Nota de prensa clases UDEMCO. Medellín, noviembre 2011
Nuestra Corte Superior publicó una nota de prensa a propósito de nuestra actividad docente de reciente data en la Universidad de Medellín UDEMCO, Colombia.
La reseña puede ser visualizada en el siguiente enlace:
NOTA DE PRENSA Medellín UDEMCO
La vista incluye a los alumnos del Doctorado en Derecho Procesal de la UDEMCO, inetgrantes del semillero de Derecho de la Universidad y al suscrito.
“Temas de Derecho Constitucional en la Administración de Justicia”. Academia de la Magistratura. Ayacucho. 17 de diciembre de 2011
Concluimos en Ayacucho la segunda sesión del módulo “Temas de Derecho Constitucional en la Administración de Justicia”, el cual ha de desarrollarse en el marco de las actividades del Programa de Actualización y Perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura de Perú. El primer módulo tuvo lugar el 24 de setiembre pasado.
La segunda sesión de trabajo abarcará los siguientes items:
Ideologías y argumentación
3.1. El Estado constitucional
3.2. El juez vinculado al texto de la Constitución
3.2.a. Principio de legalidad y congruencia procesal
3.2.b. La interpretación literal
3.3. El juez vinculado a los valores constitucionales
3.3.a. Ponderación y subsunción
3.3.b. Reglas y principios
3.3.c. Zonas no exentas de control constitucional
3.3.d. Prevalencia ante el legislador
3.3.e. ¿Homogeneidad ideológica o constelación plural de valores?
3.4. Contexto socioeconómico y argumentación
Ponderación y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional
4.1. La exigencia de nuevos cánones de argumentación
4.2. La ponderación de intereses. ¿Exigencias a los jueces constitucionales?
4.2.1 Utilidad procedimental de la ponderación
4.2.2 Casos prácticos sobre ponderación
4.2.3. Críticas a la ponderación
4.3. El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial
4.3.1. Los exámenes del principio de proporcionalidad
4.4. Los retos de la argumentación constitucional
EXCURSUS: Ponderación, proporcionalidad y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.
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