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Timestamp: 2018-11-14 10:52:46+00:00

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Sentencia de Tutela nº 426/18 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743434353
Sentencia de Tutela nº 426/18 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2018
Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS AVALBERTO ROJAS RÍOS AVCARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Actor: HECTOR RAUL FLOREZ ARIAS
Expediente: T-6732006
INCLUSION EN NOMINA DE PENSIONADOS. Colpensiones le reconoció al actor la pensión de vejez tras considerarlo beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la misma resolución la entidad indicó que la inclusión en nómina estaría en suspenso hasta que el beneficiario allegara el acto administrativo que diera cuenta del retiro del servicio. Dos años después se aportó a Colpensiones copia del Decreto mediante el cual el empleador aceptó la renuncia al cargo, sin embargo la entidad mantuvo en suspenso la prestación. Colpensiones dio inicio al trámite de revocatoria de la pensión de vejez solicitando el consentimiento del actor para invalidar el acto que reconoció el estatus pensional, argumentando que luego de revisar nuevamente el caso advirtió que no era beneficiario del régimen de transición por haberse trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, en tal medida, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en la norma general, es decir, 1300 semanas y 62 años de edad y que él no cumplía con esta última exigencia. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para garantizar el derecho a la seguridad social. 2º. La afectación al mínimo vital pro falta de inclusión en nómina de pensionados. 3º. El derecho al debido proceso administrativo y, 4º. La pensión de vejez a la luz del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. La entidad le informó a la Sala que luego de realizar una nueva revisión de la prestación a favor del actor, encontró que efectivamente cumplía con el cálculo de rentabilidad exigido para conservar el régimen de transición. No obstante lo anterior, la Sala considera que no se configura un hecho superado y por ello decide CONCEDER el amparo invocado. Se previene a la accionada para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en los mismos hechos que dieron origen a la presente acción de tutela, así compa para que en caso de presentar algún reparo frente a su propio acto de reconocimiento pensional acuda a la jurisdicción competente con el fin de resolver la situación, sin suspender motu proprio el pago de las mesadas pensionales, salvo que exista una decisión judicial ejecutoriada que así lo orden. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por H.R.F.A. contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados A.R.R., C.B.P. y J.F.R.C., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, en la acción de tutela instaurada por el señor F.A. contra C..
El señor F.A. promovió acción de tutela contra Colpensiones al considerar vulnerados los derechos al mínimo vital, salud, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana y debido proceso, al no haber sido incluido en la nómina de pensionados.
El accionante, actualmente de 62 años de edad,[2] laboró para la Procuraduría General de la Nación desde el 14 de junio de 1975 hasta el 31 de julio de 2017.
Mediante la Resolución nº. GNR 260157 expedida el 27 de agosto de 2015, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez al considerarlo beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.[3]
El referido acto fue confirmado a través de las resoluciones nº. GNR 385038 de 27 de noviembre de 2015 y VPV 6237 del 8 de febrero del 2016,[4] en las cuales se precisó que la inclusión en nómina quedaría en suspenso hasta que el actor allegara el acto administrativo de retiro del servicio de la Procuraduría General.
El 2 de noviembre 2016,[5] el demandante requirió a la administradora de pensiones reliquidar su pensión teniendo como ingreso base de liquidación el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año.
Mediante las resoluciones nº. GNR 386421 del 21 de diciembre de 2016 y VPV 6243 del 16 de febrero de 2017,[6] C. consideró que el IBL a aplicar era el promedio salarial de los 10 últimos años, no siendo procedente acceder a la solicitud del actor; de otro lado, tras realizar un nuevo estudio de la prestación, dispuso reajustar el valor de la mesada pensional con fundamento en la asignación salarial del actor correspondiente al año 2017. Así mismo, reiteró que la inclusión en nómina dependía de la renuncia formal al ente de control, por lo cual la prestación se suspendería hasta tanto el pensionado allegara el acto administrativo de retiro definitivo.
El 4 de agosto de 2017 el señor F.A. aportó a Colpensiones el Decreto 3625 del 26 de julio de 2017 por medio del cual se acepta su renuncia al cargo, dando cumplimiento a la condición para ser incluido en nómina de pensionados; no obstante, la entidad accionada omite hacer efectiva la inclusión.
El 30 de agosto de 2017 Colpensiones expidió la Resolución nº. APSUB 3368,[7] en la cual requiere el consentimiento del gestor del amparo para revocar la pensión de vejez reconocida, al indicar ahora que no es beneficiario del régimen de transición por haber efectuado en el año 1996 su traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.[8] Además, debido a que el peticionario tampoco acreditaba el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma general para acceder a la prestación, específicamente la edad,[9] consideró improcedente efectuar el reconocimiento pensional. Finalmente, advirtió que de no darse la autorización solicitada, acudiría ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de demandar su propio acto de reconocimiento pensional (lesividad).
Reseñó el accionante que la omisión de incluirlo en nómina afecta gravemente sus derechos fundamentales, ya que no se encuentra trabajando ni percibiendo ningún emolumento, y en tal razón no tiene los medios económicos para proveer su subsistencia y la de su familia,[10] esto es, sufragar los gastos de alimentación, arriendo, servicios públicos, vestido, transporte y obligaciones económicas contraídas.
Igualmente señaló que sí es beneficiario del régimen de transición, pues a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 15 años de servicios,[11] además de que dicha circunstancia había sido resuelta por la administradora de pensiones desde la resolución que reconoció su pensión de vejez en el año 2015.
Expuso que no ha dado su autorización para la revocatoria del acto pensional y que Colpensiones debe incluirlo en nómina de pensionados y pagar las mesadas pensionales que le adeuda.
Por lo anterior, solicitó la protección de los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada incluirlo en la nómina de pensionados, proceder al pago de las mesadas pensionales adeudadas y realizar los descuentos en salud.
El 5 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, avocó conocimiento de la acción y corrió traslado a la entidad demandada para que dentro del término establecido se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones.
El 13 de octubre de 2017 Colpensiones indicó que el accionante no fue incluido en nómina de pensionados, toda vez que se constató que había perdido los beneficios de la transición al haberse trasladado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad y que no lograba acreditar el requisito mínimo de edad[12] para acceder a la prestación solicitada por norma general. En tal medida, inició el trámite de revocatoria dispuesto en el artículo 97 del CPACA.
El 20 de octubre de 2017 se vinculó al trámite a la Procuraduría General, por considerar que la decisión a adoptar podría repercutir en dicho órgano de control. No obstante, en la contestación a la acción refirió que existía falta de legitimación por activa, pues no es la causante del daño o perjuicio indicado mediante la acción.
(i) Copia de la Resolución n°. GNR 260157 del 27 de agosto de 2015 emitida por Colpensiones, por medio de la cual se reconoce pensión de vejez al señor H.R.F.A. (folio 10 a 13, cuaderno de instancia).
(viii) Copia del registro civil de nacimiento de M.R.F., NUIP 1067601626 (folio 40, cuaderno de instancia).
(ix) Copia del registro civil de nacimiento de L.D.C.F., NUIP 1067594575 (folio 41, cuaderno de instancia).
(x) Copia del registro civil de nacimiento de A.C.C.F., NUIP HYE0255892 (folio 42, cuaderno de instancia).
(xi) Copia del registro civil de nacimiento de R.E.C.F., serial n°. 2900883 (folio 43, cuaderno de instancia).
(xii) Copia del certificado de registro civil de nacimiento de E.D.F.G., serial 2124991 (folio 44, cuaderno de instancia).
(xiii) Copia del recibo de pago de matrícula financiera de la Universidad Popular del C., a nombre de R.E.F.C., por valor de $861.864 (folio 46, cuaderno de instancia).
(xiv) Copia de detalle de liquidación de la matrícula financiera de la Universidad de Pamplona, a nombre de E.D.F.G., por valor de $754.200 (folio 47, cuaderno de instancia).
(xv) Copia del Decreto n°. 3625 del 26 de julio de 2017, por medio del cual el Procurador General de la Nación acepta la renuncia al cargo del señor H.R.F. a partir del 1º de agosto de 2017 (folio 48, cuaderno de instancia).
(xvi) Copia del contrato de compraventa con pacto de retroventa por valor de $ 1.800.000 suscrito entre la señora L.C. y el Almacén y Compraventa Valledupar el 28 de septiembre de 2017 (folio 50, cuaderno de instancia).
(xvii) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana suscrito por el señor H.R.F.A. el 23 de mayo de 2017 en calidad de arrendatario (folio 51 a 53, cuaderno de instancia).
(xviii) Copia del acta de registro civil de matrimonio del señor H.R.F.A. y L.C.A. (folio 55, cuaderno de instancia).
El 25 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, protegió los derechos fundamentales invocados por el actor ordenando su inclusión en nómina, así como el pago retroactivo de las mesadas pensionales, hasta tanto en sede de lo contencioso administrativo se dilucidara la situación manifestada por Colpensiones.
La parte accionada impugnó la decisión de primera instancia el 8 de noviembre de 2017. Solicitó que se revocara el fallo de tutela y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la acción teniendo en cuenta la imposibilidad jurídica para la inclusión en la nómina de la Resolución VPB 6243 del 16 de febrero de 2017, si se tenía en cuenta que el actor no contaba con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
En sentencia del 07 de diciembre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, revocó la decisión de primera instancia, al considerar que la acción de tutela era improcedente para resolver la controversia suscitada entre el accionante y Colpensiones, ya que no se cumplía con el principio de subsidiariedad ni tampoco se apreciaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional.
Por auto del 3 de julio de 2018, la Corte encontró imperioso formular sendos cuestionarios a Colpensiones y al accionante, con el fin de allegar los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión de fondo.[13]
El 16 de julio de 2018 se resolvió integrar el contradictorio con la vinculación de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por cuanto es la entidad a la cual se afilió el accionante cuando efectuó su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS-; hecho que aduce Colpensiones como generador de la pérdida del régimen de transición y, en consecuencia, del derecho a pensionarse y ser incluido en la nómina respectiva.
Sr. H.R.F.A.
El 13 de julio de 2018 el accionante dio contestación al requerimiento efectuado indicando en primer lugar que en el período comprendido entre el 1° de agosto de 1996 y el 30 de abril del 2002 se encontraba afiliado a la administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
El 24 de julio de 2018 la Representante Legal Judicial de la entidad indicó que el peticionario se afilió al fondo de pensiones el 6 de junio de 1996 y que el 19 de marzo de 2002 solicitó su vinculación al régimen de prima media con prestación definida, razón por la cual se procedió a trasladar la totalidad de los aportes a Colpensiones.
Por su parte, el 26 de julio de 2018 la entidad accionada a través de su directora documental allegó al Despacho del Magistrado Sustanciador copia del expediente administrativo del trámite de reconocimiento de pensión del señor F.A.. Dentro de los documentos que conforman el legajo vale destacar el siguiente:
Adicionalmente, el 27 de julio de 2018 el Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial dio contestación al requerimiento efectuado en sede de revisión indicando que mediante la Resolución nº. SUB 258311 del 15 de noviembre de 2017 se reconoció pensión de vejez al accionante, la cual fue incluida en nómina de pensionados en el mes de diciembre de 2017.
Esta Sala de Revisión es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
De los hechos y documentos que obran en el expediente, la Sala observa como hechos jurídicamente relevantes que el 27 de agosto de 2015, mediante la Resolución nº. GNR 260157, C. reconoció la pensión de vejez al señor F.A. tras considerarlo beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; igualmente, indicó que la inclusión en nómina estaría en suspenso hasta que el accionante allegara el acto administrativo que diera cuenta del retiro del servicio. La anterior resolución se encuentra en firme.
El 4 de agosto de 2017, el peticionario aportó a la entidad accionada copia del Decreto 3625 del 26 de julio de 2017 por medio del cual el Procurador General aceptó su renuncia al cargo dando cumplimiento a la condición para ser incluido en nómina de pensionados; sin embargo, C. omitió ejecutar tal acto y mantuvo en suspenso la prestación, por cuanto mediante la Resolución nº. APSUB 3368 del 30 de agosto de 2017[14] dio inicio al trámite de revocatoria de la pensión de vejez solicitando el consentimiento del accionante para invalidar el acto administrativo que reconoció su estatus pensional. Por su parte, el señor F.A. no otorgó su autorización.
insistió en que no era posible acceder a la pretensión del actor, toda vez que luego de revisar nuevamente su caso había advertido que no era beneficiario del régimen de transición por haberse traslado del RPMPD al RAIS y, en tal medida, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en la norma general para acceder a la prestación social por vejez, es decir, 1300 semanas y 62 años. Concretamente, refirió que para la fecha en que se presentó la solicitud de inclusión en nómina el peticionario no cumplía el requisito de la edad, porque contaba con tenía 61 años.
De conformidad con la situación fáctica expuesta y de los documentos obrantes en el expediente, esta Sala de Revisión luego de establecer la procedencia de la acción de tutela, deberá resolver si:
Con el fin de solucionar dicho interrogante la Sala se ocupará de reiterar la jurisprudencia constitucional sobre los siguientes ejes temáticos: i) las causales de procedibilidad de la acción de tutela; ii) la afectación al mínimo vital por falta de inclusión en nómina de pensionados; iii) el derecho al debido proceso administrativo; iv) la pensión de vejez a la luz del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; para finalmente resolver el v) caso concreto.
La acción de tutela es un medio de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.[15] Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 establece que este mecanismo puede ser promovido en todo momento y lugar por la persona directamente afectada, a través de representante o agente oficioso.[16]
La finalidad de la acción de tutela es conjurar situaciones urgentes que requieran la actuación expedita del juez constitucional; según se desprende del artículo 86 de la Carta, este mecanismo se encuentra regido por el principio de la inmediatez, el cual exige su presentación en un tiempo razonable y proporcional a partir del hecho generador de la vulneración.[18]
No existe entonces un plazo perentorio o terminante para interponer la acción de tutela, de manera que la prudencia del término debe ser analizado por el Juez en cada caso atendiendo a las particulares circunstancias fácticas y jurídicas del asunto; verbigracia, si el lapso es prolongado, deberá ponderar si: (i) existe motivo válido para la inactividad de los accionantes, (ii) la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, (iii) existe nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales, y (iv) el fundamento de la acción surgió después de acaecida la actuación violatoria de derechos fundamentales de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición[21].
A voces del mencionado artículo 86 superior, el mecanismo de amparo constitucional ha sido diseñado para preservar las garantías iusfundamentales cuando quiera que se encuentren expuestas a un daño y el ordenamiento jurídico no prevea un instrumento al cual se pueda acudir o, cuando a pesar de su existencia, el mismo no goza de la eficacia concreta para conjurar la trasgresión objeto de la acción.[22]
Ahora bien, en tratándose del derecho a la seguridad social, la Corte ha insistido en que, por regla general, no procede en materia de reconocimiento y pago de prestaciones sociales, en razón a su carácter eminentemente subsidiario y residual; por lo anterior, este tipo de controversias deben ser ventiladas ante la jurisdicción contencioso administrativa o la ordinaria laboral, según sea el caso.
Entonces, algunos supuestos indicativos de la procedencia excepcional del mecanismo de amparo constitucional son: “i) el estado de salud del solicitante; ii) el tiempo que la autoridad pensional demoró en desatar el procedimiento administrativo; iii) la edad del peticionario; iv) la composición del núcleo familiar del mismo, por ejemplo el número de personas a cargo, o si ostenta la calidad de cabeza de familia; v) el potencial conocimiento de la titularidad de los derechos, al igual que las acciones para hacerlos valer; y vi) las circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el promedio de ingresos frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la calidad de desempleado”.[27]
En la sentencia T-090 de 2018 esta Sala de Revisión refirió que el medio de defensa judicial ordinario se torna ineficaz cuando el accionante tiene una edad avanzada y debe suplir las necesidades de su núcleo familiar “toda vez que la pensión de vejez ‘reemplaza los ingresos del trabajador en el evento en que éste deja su actividad laboral.’[28] Esos dineros permiten la satisfacción del derecho a la seguridad social y al mínimo vital del interesado además de su familia, incluso al nivel de vida alcanzado”.[29]
Particularmente, en el caso de la materialización del derecho a la pensión de vejez y/o jubilación, presuntamente vulnerado por la falta de inclusión en nómina, la Corte en la sentencia T-280 de 2015 señaló: “el pago de las pensiones se hace efectivo si previamente al mismo se realiza la inclusión en nómina de pensionados que constituye un acto de trámite o preparatorio no atacable en vía gubernativa ni susceptible de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde surge que el único medio judicial de defensa para la protección del derecho fundamental, es precisamente la acción de tutela[33]”.
Como corolario de lo anterior, por regla general, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela restringe el ámbito de procedencia de los asuntos sometidos a escrutinio del juez constitucional, toda vez que el ordenamiento jurídico ofrece diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante autoridades judiciales con el fin de salvaguardar derechos fundamentales. Con todo, aun ante la existencia de medios de defensa judiciales, la tutela procederá excepcionalmente si: i) se logra determinar que estos carecen de idoneidad o eficacia concreta, ii) la acción se incoa con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser garantizado por el Estado y que se prestará bajo su coordinación, dirección y control, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los estrictos términos que establezca la ley.
Concretamente, del derecho a la seguridad social a su vez se deriva el derecho a obtener una pensión de vejez, el cual garantiza una remuneración al trabajador desvinculado de la vida laboral en razón a su avanzada edad. Al respecto, en la sentencia T-686 de 2012 se indicó: “el derecho a la pensión de vejez, desde muy temprana jurisprudencia la Corte lo definió como ‘un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20 años-, [es decir, que] el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador’[37]. De la misma manera, la Corte Constitucional ha indicado que se trata de un derecho que busca garantizar una remuneración vital[38] al trabajador que ha sido desvinculado de la vida laboral porque ha alcanzado la edad o por razones diferentes (…)”.
Siendo así, el derecho a acceder a una pensión de vejez no se encuentra limitado a su reconocimiento formal (expedición de la resolución), sino que requiere su materialización efectiva a través de la inclusión en nómina de pensionados.[42]
En línea con lo expuesto, en la sentencia T-280 de 2015 la Corte refirió que el acto que reconoce la pensión de vejez genera obligaciones claras, expresas y exigibles, así como que es un deber de la entidad pública agotar el trámite necesario para que el derecho adquirido pueda concretarse, de lo contrario, el reconocimiento sería ilusorio:
En consonancia, las salas de revisión de la Corte han determinado la vulneración del derecho al mínimo vital por la falta de inclusión en nómina de pensionados, cuando: i) la mesada constituye el único ingreso del pensionado o existiendo ingresos adicionales estos sean insuficientes para sufragar todos los gastos del peticionario y, ii) la falta de pago genera una situación crítica a nivel económico y psicológico del actor.[45]
En síntesis, el derecho a la seguridad social conlleva la facultad de acceder a una pensión de vejez; esta a su vez se encuentra estrechamente ligada con el derecho al mínimo vital, de manera que la inclusión en nómina de pensionados de quien se le ha reconocido su pensión de vejez o jubilación, garantiza la permanencia de la remuneración y acceso a las necesidades básicas propias y de su familia. Por tanto, se genera una afectación a tales derechos cuando las administradoras de pensiones interrumpen la continuidad en los ingresos del pensionado al abstenerse de realizar de manera oportuna la inclusión en la nómina de pensionados.
El artículo 29 de la Constitución establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Este derecho es una manifestación de los límites al poder estatal que busca proteger a los asociados de las actuaciones ilegales de las autoridades públicas, procurando el respeto por las formas de cada juicio.
Por lo anterior, en la sentencia C-602 de 2002 la Corte precisó que este derecho corresponde a la facultad de los individuos interesados en una actuación administrativa de exigir que la misma se someta a un proceso que se ajuste a la normatividad vigente y que garantice la eficacia de los derechos de contradicción, impugnación y publicidad.
Así, este Tribunal constitucional ha definido el derecho al debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”[49].
En materia pensional, en la sentencia T-543 de 2015 la Corte enfatizó que las administradoras de pensiones están sujetas al debido proceso, en respeto de los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social; de esta forma, “tienen una carga especial respecto de las solicitudes presentadas por sus afiliados, especialmente [frente a] aquellas situaciones que la entidad está en la ‘posibilidad y en el deber de verificar (…)’[51] en consecuencia, la entidad debe adelantar los trámites administrativos con observancia de las normas que determinan el debido proceso administrativo y no debe trasladar al trabajador cargas que no le corresponde asumir.”
Con todo, las actuaciones administrativas en Colombia se rigen por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Para el presente caso, interesa señalar que este cuerpo normativo dispone:
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
En consonancia, cuando la administración debe revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto cuenta con dos alternativas: i) solicitar el reconocimiento previo y expreso del beneficiario y que este acceda a la revocatoria; en caso contrario, ii) acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo y demandar su propio acto a través del medio de control de nulidad.[52]
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 797 de 2003 consagró una excepción a la regla general, al determinar en su artículo 19 que las pensiones reconocidas “irregularmente” podrán ser revisadas por los respectivos representantes legales de la entidad de seguridad social o quienes hayan reconocido pensiones o respondan por el pago de este tipo de prestaciones económicas y, de llegar a encontrarse indicios “serios y graves”[54] de que el derecho fue obtenido de manera ilícita, podrán revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del titular.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la revocatoria del acto administrativo pensional sin el consentimiento del titular del derecho requiere que “el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado como delito” y que “mientras se adelanta el proceso administrativo se deben seguir cancelando la prestación, mesadas o las sumas que se causen y que la carga de la prueba está en cabeza de la administración”.[57] (Énfasis propio).
De las consideraciones realizadas en precedencia es posible entonces concluir que el debido proceso administrativo es un derecho de raigambre fundamental que se extiende a toda actuación administrativa y que resulta vulnerado cuando una autoridad pública desconoce arbitrariamente las normas aplicables al caso. En materia pensional, las administradoras de pensiones están igualmente obligadas a respetar las garantías propias del debido proceso.
La Ley 100 de 1993[59] modificó las condiciones para acceder a la pensión de vejez de las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la señalada norma (1º de abril de 1994), estuvieran afiliadas a otros regímenes.
Ahora bien, inicialmente, el régimen de transición se encontraba establecido hasta el 31 de julio de 2010, no obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 creó una excepción a dicha regla al contemplar la posibilidad para aquellas personas que a 25 de julio de 2005[62] tuvieran al menos 750 semanas cotizadas de extendérseles la transición hasta el 31 de diciembre de 2014. Por el contrario, quienes no cumplan con los anteriores requisitos se deben pensionar de conformidad con lo establecido en la referida Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2013.[63]
Respecto al caso que nos ocupa, desde la sentencia C-596 de 1997 la Corte estableció que a partir de una lectura armónica de la Ley 100 de 1993, el tránsito legislativo igualmente es aplicable a los servidores públicos que cumplieran con los requisitos referidos, lo anterior si se tiene en cuenta que:
En suma, la Ley 100 de 1993 derogó todos los esquemas pensionales vigentes a su fecha de promulgación, no obstante, previó la posibilidad de acceder a la referida pensión de vejez bajo la anterior normativa a quienes cumplieran con un determinado tiempo de servicio o semanas cotizadas o se encontraran en unos límites de edad. Adicionalmente, realizando una interpretación armónica de la norma, la Corte ha señalado que el tránsito legislativo aplica sin distinción alguna a los servidores públicos que cumplieran con los criterios de excepción contenidos en el artículo 36 de la Ley 100.
Legitimación por activa: en esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por el señor H.R.F.A., en nombre propio y en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales, razón por cual se encuentra legitimado para actuar en esta causa.
Además, se debe indicar que la situación generadora de la presunta vulneración de los derechos invocados corresponde a la omisión de la accionada de expedir el acto administrativo a través del cual se incluyera al señor F.A. en nómina; siendo así, el actor ni siquiera cuenta con una decisión formal de la administradora de pensiones que cuestionar.
Conforme a los actos administrativos expedidos por Colpensiones para reconocer la pensión de vejez al señor F.A., se observa que el accionante nació el 11 de julio de 1956 y para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993[70] contaba con 37 años de edad y más de 15 años[71] de servicios.
Nuevamente, en noviembre del año 2016 el señor F.A. solicitó la reliquidación de su monto pensional con fundamento en el 75% del promedio de los salarios del último año de servicios; la entidad accionada se rehusó a través de los actos administrativos nº. GNR 386421 del 21 de diciembre de 2016 y VPV 6243 del 16 de febrero de 2017 al indicar que si bien tenía derecho a la prestación por vejez, la pensión se debía liquidar según el IBL de los 10 últimos años como en efecto se hizo. Sin embargo, modificó el valor de la mesada, dado que para el momento de la nueva solicitud el actor devengaba un salario más elevado. Dichos actos administrativos se encontraban ejecutoriados y en firme.
Finalmente, el 4 de agosto de 2017 el peticionario aportó a Colpensiones copia del Decreto 3625 del 26 de julio de 2017, por medio del cual el Procurador General aceptó su renuncia al cargo, dando así cumplimiento a la condición para ser incluido en nómina de pensionados.
Se debe destacar que en el mencionado acto administrativo C. indicó que si el peticionario no daba su consentimiento para proceder a la revocatoria dentro del término de un mes, la accionada acudiría a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de demandar su propio acto de reconocimiento pensional –medio de control de nulidad, lesividad-.
Dicha situación fue atendida por el juez de primera instancia que ordenó proteger los derechos fundamentales del accionante; no obstante, en segunda instancia se determinó que la presente acción era improcedente porque el actor contaría con otros medios de defensa judiciales para acceder a lo solicitado, además de no apreciar la existencia de un perjuicio irremediable.
Pues bien, la Corte concuerda con la decisión de primera instancia, en cuanto determinó la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del señor F.A. al haberse omitido su inclusión efectiva en nómina de pensionados, pese a haber allegado el acto administrativo en el que constaba su retiro del servicio. De este modo, se discrepa de la decisión adoptada por el juez de segundo nivel, pues, como se evidenció, en el presente asunto no hay otro medio de defensa judicial al que pudiere acudir el accionante para lograr su inclusión en nómina y si en gracia de discusión este existiere, el juez debió evaluar que en toda actuación administrativa se debe respetar las garantías constitutivas del debido proceso administrativo.
Para la Sala, la Administradora Colombiana de Pensiones también desconoció el derecho al debido proceso administrativo del accionante al abstenerse de incluirlo en nómina de pensionados, pese a que ya se había cumplido con la condición pendiente para proceder al pago efectivo de la pensión de vejez, esto es, el retiro del servicio del señor F.A. ocurrido en el mes de julio del año 2017.
Ahora bien, cuando con base en una historia laboral se reconoce una pensión de vejez, un derecho de contenido particular y concreto se consolida, razón por la cual si la entidad administradora de fondos de pensiones tiene reparos sobre el reconocimiento efectuado, según lo establecido en el artículo 97 del CPACA,[78] debe solicitar la autorización previa y expresa del particular afectado para tener vía libre a la revocatoria directa del acto. De no obtener dicha autorización, como acaeció, será necesario que acuda a la jurisdicción contencioso administrativo a efectos de demandar la nulidad de su acto. Empero, ni siquiera este trámite puede implicar la suspensión del pago efectivo de las mesadas pensionales.
Ciertamente, Colpensiones a través de la Resolución 3368 de 2017 inició la actuación administrativa tendiente a revocar el acto cuestionado para lo cual solicitó la mencionada autorización; no obstante, una vez vencido el término otorgado (un mes) sin haber recibido pronunciamiento por parte del accionante, debió acudir a la jurisdicción competente con el fin obtener el pronunciamiento acerca de la legalidad del acto pensional; ello sin abstenerse de realizar la inclusión en nómina, toda vez que la resolución de reconocimiento se encontraba en firme y al haberse informado debidamente la renuncia del señor F.A. (única condición que mantenía en suspenso el goce efectivo del derecho), era necesario incluirlo de manera inmediata en la nómina respectiva.
Así pues, si bien C. podía presentar objeciones frente a la prestación previamente enjuiciada, ello no la facultaba a prolongar indefinidamente en el tiempo el pago de las mesadas pensionales, bajo el pretexto de que la pensión no debió haber sido otorgada.
De otro lado, la no inclusión en nómina de una persona a la que se le ha reconocido la pensión de vejez también constituye el desconocimiento del derecho a la seguridad social, el cual conlleva las garantías de acceder a una pensión de vejez y de devengar una remuneración vital.
En tal sentido, la Corte ha resaltado que el derecho a gozar plenamente de una pensión surge desde el momento en que la persona se retira y deja de devengar su salario, al entenderse que para la siguiente mensualidad percibirá el monto de la asignación reconocida por la administradora de pensiones, pues, se reitera, “no puede haber solución de continuidad entre el retiro y el acceso a la pensión”.[80]
En el caso del señor F.A. se encuentra demostrado que Colpensiones conoció el retiro del accionante de la Procuraduría General de la Nación a partir del 1º de julio de 2017, momento desde el que tenía la obligación de incorporar su nombre en la nómina de pensionados y levantar la suspensión del pago de las mesadas.
Así, toda vez que la entidad accionada no procedió a lo propio y en consecuencia no inició el pago de la mesada pensional, encuentra la Sala de Revisión que Colpensiones también vulneró los derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida digna del señor H.R.F.A..
En consecuencia, la protección que invocó el accionante se encuentra justificada; y en tal medida se revocará la sentencia del 7 de diciembre de 2017 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y, en su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital, salud, seguridad social, igualdad y dignidad humana del gestor del amparo.
Igualmente, se ordenará a la entidad accionada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, incluya al señor H.R.F.A. en la nómina de pensionados y efectúe el pago de las mesadas pensionales adeudadas a que haya lugar.
El 16 de agosto de 2018, después de haber sido registrado en el presente asunto el proyecto de sentencia para su correspondiente estudio por la Sala de Revisión, se allegó al Despacho del Magistrado Sustanciador comunicación del Director de Acciones Constitucionales de Colpensiones, mediante la cual indicó que tras una nueva revisión de la prestación a favor del actor, se había encontrado que este efectivamente cumplía con el cálculo de rentabilidad exigido para conservar el régimen de transición.
Por su parte, el señor F.A. también remitió un escrito a esta Corporación a través del cual explicó que había sido notificado de la Resolución nº. SUB 206229; sin embargo, señaló que a pesar de la reciente actuación de Colpensiones, esta había vulnerado sus derechos fundamentales al abstenerse de pagar la pensión durante 5 meses, situación que le generó numerosos perjuicios.[83]
Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el hecho superado se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el fallo, la entidad accionada repara la vulneración del derecho dentro del contexto de lo pedido en la solicitud de amparo, situación que autoriza al juez a prescindir de orden.[84]
En el presente caso, el pensionado pretendía que se ordenara a Colpensiones realizar su inmediata inclusión en nómina, así como pagar las mesadas pensionales que le fueran adeudadas, acción no ejecutada de manera deliberada por la accionada al considerar que el actor no cumplía los requisitos para encontrarse pensionado.
E., la Sala apreció que el objeto de la acción de tutela era determinar si Colpensiones vulneraba los derechos fundamentales del señor F.A. al debido proceso administrativo, la seguridad social y el mínimo vital al abstenerse de incluirlo en nómina y efectuar los respectivos pagos, pese a haberle reconocido previamente su estatus pensional y encontrarse en firme dicha decisión; por esta razón, no encontró relevante verificar si el actor era beneficiario del régimen de transición, si lo había perdido por su traslado del RPMPD al RAIS o si el referido cálculo de rentabilidad -señalado por Colpensiones como condición sine qua non para conservar la transición normativa- ciertamente le era exigible, pues dichas consideraciones habían sido definidas en el acto de reconocimiento pensional y, en tal medida, existe en cabeza del accionante un derecho consolidado o adquirido, el cual no podía ser desconocido por la entidad ni por este Tribunal Constitucional.
Siendo así, en el asunto bajo examen no se aprecia que se configure un hecho superado, ya que el objeto de la acción se limitó a establecer si Colpensiones se encontraba habilitada para abstenerse de incluir en nómina de pensionados al actor, o si por el contrario, la referida omisión trasgredía los derechos fundamentales invocados, por lo cual, no se estudió si el peticionario cumplía los requisitos para ser pensionado; luego, el que la administradora de pensiones señale a último momento que el actor sí contaba con el cálculo de rentabilidad y, en consecuencia, la prestación se encontraba reconocida acorde a la normatividad, no implica que se haya superado o desaparecido la actuación constitutiva de la trasgresión.
De otro lado, la situación que se expone permite vigorizar la tesis de esta S. en el sentido de que Colpensiones nunca debió suspender o abstenerse de realizar el pago de las mesadas pensionales a favor del actor, es decir, confirma una vez más que por su negligencia o descuido al momento de estudiar la prestación, vulneró los derechos fundamentales invocados mediante la solicitud de amparo.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 7 de diciembre de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar -Sala Penal-, a través de la cual se revocó el fallo de primera instancia proferido el 25 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar y se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y debido proceso administrativo del señor H.R.F.A..
SEGUNDO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente decisión, incluya al señor H.R.F.A. en la nómina de pensionados y efectúe el pago de las mesadas pensionales adeudadas a que haya lugar.
Aun cuando estoy de acuerdo con la conclusión a la cual se llega respecto de la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y debido proceso administrativo del señor H.R.F.A., puesto que la entidad accionada no lo incluyó en la correspondiente nómina de pensionados pese a que ya le había reconocido su derecho pensional, lo cierto es que, en mi criterio, en el asunto sub examine se ha debido declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que COLPENSIONES, dando cumplimiento a la orden dictada por el juez de tutela de primera instancia, incluyó al tutelante en la respectiva nómina, por lo tanto, la pretensión del señor H.R.F.A. ya se encuentra satisfecha.
[13] En el señalado auto se solicitó la siguiente información: “a Colpensiones informar a esta Corporación: i) si incluyó en la nómina de pensionados al señor H.R.F.A., ii) si revocó unilateralmente la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez del accionante, iii) si efectivamente acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a efectos de demandar su propio acto de reconocimiento de la pensión de vejez (acción de lesividad). Igualmente, se le requerirá con el objeto de que señale iv) a qué administradora de fondos de pensiones se encontraba vinculado el señor H.R.F.A., como consecuencia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad llevado a cabo durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2002. //Así mismo, Colpensiones deberá allegar copia de la actuación administrativa que sustenta el trámite de reclamación de la pensión de vejez del señor F.A., incluida la historia laboral detallada del actor. // 4. Por otro lado, también se solicitará al accionante informar a este Tribunal Constitucional: i) a qué administradora de fondos de pensiones se encontraba vinculado como consecuencia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad que efectuó en el año 1997; por último, deberá señalar ii) si fue incluido en nómina de pensionados o, iii) si actualmente se encuentra laborando, cuál son sus ingresos y egresos mensuales, si tiene personas a cargo y cuál es su actual situación financiera”.
[34] “También ha dicho que es procedente la acción de tutela para la inclusión en nómina de pensionados, cuando la entidad ha omitido hacerlo a pesar de que ha reconocido el derecho al administrado. En las sentencias T-135 de 1993 y T-209 de 1995, ambas del doctor A.M.C., y T-333 de 1997, M.P.J.G.H.G., la Corte tuteló los derechos de los demandantes, pues, estaba demostrado que se comprometía el mínimo vital con esta omisión. Además, se trataba de, en uno de los casos, de una persona disminuida física, y, en los otros dos, eran personas de la tercera edad. En la sentencia T-333, la Corte concedió la tutela como mecanismo transitorio.”. Sentencia T-204 de 1999.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 11-00102300002015-00017-00 de 12 de Febrero de 2015

References: artículo 36
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 artículo 36
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 resolución 
 artículo 97
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 artículo 36
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 artículo 10
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 48
 artículo 29
 artículo 19
 artículo 36
 artículo 97
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