Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/53265
Timestamp: 2019-09-21 11:33:29+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPO-100/53265
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ANTECEDENTES PENALES.
Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Antecedentes Penales.
La reforma al Sistema Penal de 2008, realizó importantes modificaciones a los sistemas de seguridad pública y justicia penal. Entre ellas se introdujo en el segundo, séptimo y octavo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término reinserción social en sustitución del término readaptación social, para describir, exclusivamente, una finalidad del sistema penitenciario: dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona socialmente desadaptada o enferma. Se fortaleció el sistema penal acusatorio con el principio de inocencia, la protección de los derechos humanos, la oralidad de los juicios y la inmediatez del juez con las causas como pilares indispensables.
Además, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, generó un cambio profundo en el sistema jurídico que ha tenido como resultado el fortalecimiento de los derechos de la persona y la protección de su dignidad.
Al respecto, el artículo 18 de Nuestra Carta Magna establece las bases sobre las cuales descansa el sistema penitenciario en nuestro país.
De lo anterior se desprenden principios que rigen al sistema penitenciario con el objetivo de lograr la reinserción social y evitar la reincidencia de las personas que han extinguido una pena privativa de la libertad. Es decir, la reinserción social esta íntimamente ligado a la prevención del delito.
No debemos de estudiar el proceso de reinserción social y los índices de reincidencia como ajenos entre sí. En muchas ocasiones los individuos reinciden en la comisión de actos colectivos debido a la falta de oportunidades reales para incorporarse a la fuerza laboral en el país.
El sistema penal acusatorio no puede considerar como índice de efectividad el incremento en la población penitenciaria sino la reducción en los índices de impunidad y reincidencia. Los centros de reclusión deben servir únicamente para cumplir con la pena asignada por la autoridad jurisdiccional sin que implique un estigma que acompañe al individuo el resto de su vida.
Más allá de analizar las condiciones actuales de los centros penitenciarios en el país, los cuales no reciben la atención o los recursos necesarios y su función se ha visto distorsionada; ya que en lugar de proporcionar protección y atención, se han convertido en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que han propiciado la reincidencia en vez de la reinserción.
Resulta fundamental que se de cumplimiento al objetivo de la prisión: la reinserción social. Sin embargo, debemos ser claros que ésta no termina una vez que la persona cumple con la pena impuesta por la autoridad jurisdiccional; es necesario generar las condiciones para que la persona pueda reinsertarse efectivamente a la sociedad ya en libertad. Es obligación del Estado garantizar las herramientas necesarias para ello, el fracaso de un individuo que busca su reinserción social es responsabilidad de todos.
Actualmente, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas que han cometido algún acto tipificado por la ley penal como delito es la exigencia de muchos empleadores de contar con una “Carta de No Antecedentes Penales”. Este requisito es discriminatorio y viola los objetivos de la Reforma Penal aprobada en 2008.
Al respecto, la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 133 lo siguiente:
Esta carta no se encuentra regulada a nivel Federal sino ha quedado como una potestad administrativa de la Procuraduría General de la República o bien, como una potestad de las Procuradurías Estatales en donde se guardan los datos de aquellas personas que fueron o están siendo sujetas a un proceso penal.
De lo anterior se demuestra un vacío legal que ha dado pie a ilegalidades cometidas por particulares en exigir esta carta la cual no sólo resultaría como discriminatoria pero sobre todo obstaculizaría una verdadera reinserción para aquellas personas que han cumplido con sus penas.
El acceso a un empleo digno es clave para su reinserción social y por ello se incluye en la presente iniciativa la negativa a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral de solicitar al particular la presentación de carta de antecedentes penales como requisito para su integración o contratación profesional y laboral.
La ley vigente contempla explícitamente los casos por los que es legal exigir un certificado de no antecedentes penales, debe entenderse que esta obligación no es extensiva a empleos o actividades que no se encuentren claramente previstas en la ley.
El artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala:
Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.
Hay que precisar que cuando se refiere a “ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto”, como señalamos anteriormente no podemos sujetar al derecho al trabajo a dicha disposición al ser contraria al principio de jus cogens de no discriminación. Esta argumentación se ve confirmada por el artículo 193 Quintus del mismo Código, que en su párrafo cuarto señala:
“el registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.”
Además, al tratarse de datos personales, el registro de antecedentes penales debe ser protegido, ya que el mal uso de estos datos por parte de autoridades o de particulares puede vulnerar la dignidad de las personas que son sometidas a un procedimiento penal o que han cumplido con una sentencia.
Es importante mencionar que existen algunos cargos o ciertas actividades en donde sería justificable el presentar esta carta de no antecedentes penales, como las relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia en atención a la honorabilidad, probidad y buena reputación que exigen los cargos. Esto no significa que las personas que hayan sido sentenciadas no gocen de esta pero al ser cargos que tutelan los bienes e integridad de las personas, no puede existir la menor duda de ella.
De ello la justificación de presentar un certificado de no antecedentes penales al momento de solicitar empleo cuando las leyes específicamente lo prevean, así como para ocupar determinados cargos públicos. Lo anterior no implica afirmar que quienes hayan sido sujetos a un proceso penal no posean dichas cualidades, sino que en ese tipo de cargos no se puede generar la menor duda por parte de los ciudadanos destinatarios del servicio público.
No podemos dejar a un lado la situación tan complicada que vive nuestro país en materia de seguridad; la sociedad se encuentra preocupada, inquieta y hasta molesta con las autoridades que no han podido dar respuesta a las demandas ciudadanas que exigen un alto a la impunidad y mayor seguridad para todos.
Sin embargo, ¿cómo pretendemos romper el círculo vicioso de la delincuencia si no permitimos que aquellos que han salido de las cárceles puedan conseguir un trabajo digno y bien remunerado? Debemos entender que el respeto de los derechos humanos de las personas acusadas por cometer un delito no significa dejar de lado los derechos de las víctimas. En la medida en que garanticemos oportunidades reales de trabajo para todos, se podrá atacar una de las principales causas de la delincuencia en México: la pobreza. Como sociedad tenemos que castigar el delito pero no al ser humano. Aquel que ha sido condenado por un delito pagará su pena y se reincorporará a la sociedad, es nuestra responsabilidad no cerrar las puertas generando un mayor resentimiento social que a la larga únicamente obstaculiza el progreso de México.
Por lo anterior, la propuesta incluye la posibilidad de brindar la información de antecedentes penales únicamente respecto de delitos graves o en los casos establecidos por la ley por ejemplo en casos de reincidencia o cuando alguna autoridad lo requiera para el cumplimiento de sus funciones.
El momento que vive el país exige un sistema penitenciario sólido que cumpla con los objetivos fijados por la Constitución. Prevenir la reincidencia de las personas que egresan de los centros de reclusión, debe ser uno de los ejes que integren las políticas en materia de seguridad pública, a partir del cual se debe definir la responsabilidad del sistema penitenciario y ello sólo se lograra de manera conjunta con toda la sociedad.
Único: se Reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 23. …
La información relativa a los antecedentes penales solo se podrá extender por la autoridad responsable para fines de investigación criminal o por requerimiento de autoridad judicial.
La autoridad responsable, podrá otorgar dicha información a los particulares o a las autoridades administrativas, únicamente cuando se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales.
Ninguna autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral podrán solicitar al particular la presentación de carta de antecedentes penales como requisito para su integración o contratación profesional y laboral.
Primero: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Segundo: la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de sus embajadas, notificará a los países con los que el Estado mexicano sostiene relaciones bilaterales sobre estas nuevas disposiciones.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, marzo 5, 2015.

References: ARTÍCULO 23
 artículo 71
 Artículo 23
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 133
 artículo 165
 artículo 193
 artículo 23

Artículo 23