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Presenta el INVEA el Programa PIVOT.
Publicado el 20 diciembre, 2011| 3 comentarios
Presenta el INVEA el Programa PIVOT (Arranca INVEADF Y SSP-DF Programa Itinerante de Verificación y Ordenamiento al Transporte)
Con patrullas “especiales” tripuladas por verificadores y agentes de tránsito. el INVEA arranca su programa PIVOT, el cuál contempla ir a la caza del transporte público que no cuente con la documentación en regla, además de sancionar a quienes hagan parada en 2a y 3a fila, no respetar las señales de tránsito y otras infracciones más que se cometan. Solo esperamos que el criterio de los verificadores sea el adecuado en su actuar ya que muchas de las ocasiones parte del problema en las infracciones se da por el usuario o bien, por vehículos particulares. Además de prestarse a un criterio demasiado estricto en cuanto a la calificación de las multas.
Checa los videos y el boletin acerca de este Programa PIVOT.
Puedes ver el boletin del INVEA dando click aquí.
Publicado en INVEA, Noticias, Taxi
Los automovilistas y taxistas pueden identificar dos tipos de agentes de Tránsito
1. Los dedicados a agilizar la vialidad.
2. Los autorizados para infraccionar, los cuales portarán un chaleco fluorescente con la leyenda: “Autorizado para Infraccionar”, además de llevar el dispositivo móvil hand held, con el que se obtendrá evidencia fotográfica de la sanción. En caso de que personal de Tránsito no autorizado infraccione a algún automovilista, incurrirá en los delitos de fraude y extorsión.
Publicado en Consejos y Asesorías, INVEA, Tus derechos
El INVEA y la Ilegalidad.
Planteamiento del Diputado Leobardo Urbina Mosqueda con relación a la actuación del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
Como es del conocimiento de la población en general y de las organizaciones del transporte público concesionado en el Distrito Federal particularmente, con motivo de reformas al artículo 7 de la Ley de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto de Verificación Administrativa ahora tiene facultades para realizar la verificación administrativa a los servicios del transporte público concesionado y en razón de ello ha venido realizado una serie de acciones en éste importante sector del transporte cometiendo una serie de abusos e irregularidades legales en su actuación, tal es el caso de la imposición de las infracciones que están establecidas en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, actuando de manera ilegal y con una ilegitima discrecionalidad al momento de calificar las infracciones, transgrediendo claramente las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los transportistas consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sobre este particular, de manera enunciativa se señalan algunas de las más notorias ilegalidades y arbitrariedades del INVEA:
En primer término, los nombramientos de los verificadores del transporte público pertenecientes al INVEA son ilegales e ilegítimos y esto es así por que no cumplen con la obligatoriedad, en el sentido de que dichos nombramientos deben ser otorgados y firmados por el Órgano Colegiado que al efecto se establezca, siendo el caso que las ordenes de visita y las identificaciones están firmadas de manera singular indebidamente la credencial por parte del Director General del INVEA y por el Coordinador de Administración también del INVEA, sin que se haga mención de que suscriben la identificación actuando de manera colegiada, sino que lo hacen de manera singular e independiente tanto como Director General como Coordinador Administrativo del Instituto de Verificación Administrativa y para el caso de la orden de visita – verificación en materia de transporte se encuentra firmada por la Directora de Verificación de las Materias del Ámbito Central, sin que se fundamente el nombramiento de dicha servidora pública, el cual debió de haberse realizado por el órgano Colegiado del INVEA , el cual es el único autorizado para otorgar nombramientos, por lo tanto los nombramientos y sus credenciales de los verificadores del transporte público de esa dependencia están afectados de vicios jurídicos de inexistencia, invalidez o nulidad jurídica plena y consecuentemente sus actos son ilegales e ilegítimos también.
En segundo término, la actuación de los verificadores asignados al transporte público es ilegal, no solo por su nombramiento que carece de legitimidad, sino por que en su actuación aplican una orden de visita firmada en blanco, por una funcionaria que carece de facultades legales para ello y por que ningún acto jurídico administrativo debe venir firmado en blanco, estas acciones constituyen actos predeterminados, los cuales son contrarios a la Constitución y consecuentemente a la más básica legalidad, en virtud de que no cumplen con las circunstancias especificas del procedimiento administrativo que contiene la Ley de Transporte y Vialidad en los artículos 151, 152 y 153, las cuales se refieren a los temas de modo, tiempo y circunstancia en que se debe realizar la verificación administrativa.
En tercer término, las reformas a la Ley de Verificación Administrativa en las que se le da facultades al Instituto para verificar al transporte público quedaron inconclusas y son absolutamente confusas e ilegales , en razón de que solo se le transfirió y doto de facultades en cuanto a la verificación e inspección del transporte que antes realizaba la Secretaria de Transportes y Vialidad en términos de lo previsto por la fracción XXXIII de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y no basta que se establezca en una reforma al transitorio de la Ley de verificación Administrativa de manera enunciativa que cualquier referencia al termino verificación en la Ley de Transporte se entenderá como una referencia hecha al Instituto de Verificación Administrativa, en función de que la fracción XXIV establece que la Secretaria de Transportes y Vialidad tiene facultades y atribuciones para calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la misma Ley de Transporte, esto significa que las facultades para calificar las infracciones e imponer las sanciones previstas en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Transporte y Vialidad, siguen siendo exclusivas de la secretaria de Transportes y Vialidad y no del INVEA. Por lo tanto, el proceder de los verificadores y de la oficina encargada de la calificación de las infracciones al transporte público del INVEA son ilegales.
Además de lo anterior, debe señalarse también que el acto de verificación administrativa que realizan los verificadores a los transportistas concesionados, no cumple con el procedimiento referido en el artículo 153 de la Ley de Transporte y Vialidad y esto es así por que no se le permite a los propios taxistas que en el momento de la verificación realicen las observaciones que consideren pertinentes y ofrecer sus pruebas en el caso procedente para que luego sean valoradas en el termino de los cinco días hábiles por parte del propio Instituto que deberá resolver lo conducente, es decir los dejan en estado de indefensión contario a derecho que vulnera flagrantemente la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, por que simplemente primero verifican y sancionan y luego te dan oportunidad de defenderte, cuando la regla constitucional es al revés, primero me notificas cumpliendo previamente con las formalidades del procedimiento, me das oportunidad de defenderme y aportar pruebas y luego si procede me sancionas.
De igual forma, todos los actos de verificación administrativa que realizan los verificadores del transporte no cumplen con la totalidad de los requisitos señalados en los artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el Distrito Federal, que señalan:
Artículo 6º.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deban ser emitidos reuniendo el quorúm, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad competente medie error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo mala fe y/o violencia
III. que su objeto sea posible de echo y de éste previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar,
IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto;
V. Constar por escrito, salvo en el caso de la afirmativa o negativa ficta;
VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma autógrafa del servidor público correspondiente;
VII. En el caso de la afirmativa ficta, contar con la certificación correspondiente de acuerdo a lo que establece el artículo 90 de esta Ley;
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en Esta Ley;
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas.
Artículo 7º.- Son requisitos de validez del Acto administrativo escrito los siguientes:
I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión. Tratándose de actos administrativos individuales deberá hacerse mención, en la notificación, de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
II. En el caso de los actos administrativos que por su contenido tengan que ser notificados personalmente, deberá hacerse mención de esta circunstancia en los mismos;
III. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá mencionarse el término con que se cuenta para imponer el recurso de inconformidad, así como la autoridad ante la cual puede ser presentado; y
IV. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de la persona.
Como consecuencia de ello, debe aplicarse la nulidad, anulabilidad o revocación del mismo acto administrativo prevista por los artículos 24, 25. 26, 27 y 28 de la misma Ley, que a la letra dicen:
Artículo 24.- La omisión o irregularidad de alguno de los elementos o requisitos de validez
previstos por los artículos 6º y 7º de esta ley o, en su caso, de aquello que establezcan las
disposiciones normativas correspondientes, producirán la nulidad del acto administrativo.
Artículo 25.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez exigidos
por el artículo 6º. De esta Ley, producirá la nulidad del acto administrativo.
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será invalido, no se presumirá legitimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse sin perjuicio de que pueda emitirse un nuevo
Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo; y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa.
La declaración de la nulidad producirá efectos retroactivos.
En el caso de activos consumados, o bien, de aquellos que, de hecho o de derecho sean de imposible reparación, la declaración de nulidad sólo dará lugar a la responsabilidad del
servidor público que lo había emitido u ordenado, en los términos de las disposiciones jurídicas correspondientes.
Artículo 26.- La omisión o irregularidad de los requisitos de validez señalados en el artículo 7º. De esta Ley, producirá la anulabilidad del acto administrativo.
El acto reconocido anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y
efectividad; y será subsanable por la autoridad competente en el momento de que se percate de este hecho, mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto.
El saneamiento del acto anulable por la autoridad competente, tendrá por efecto que el
efecto que el acto se considere como si siempre hubiere sido valido.
Artículo 27.- El superior jerárquico podrá de oficio reconocer la anulabilidad o declara la anulabilidad o declara nulidad del acto administrativo; cuando este no reúna los requisitos
o elementos de validez que señale esta ley. También podrá revocarlo de oficio, cuando
sobrevengan cuestiones de oportunidad e interés público previsto en la Ley.
Cuando se hayan generado algún derecho 0o beneficio al particular, no se podrá anular de oficio el acto administrativo; y la autoridad competente tendrá que iniciar el procedimiento de lesividad ante ordenamientos jurídicos aplicables permitan a la autoridad revocar y anular oficiosamente dichos actos administrativos, o cuando el interesado se haya conducido con dolo mala fe o violencia para obtener dicha resolución favorable.
Artículo 28.- Cuando se trate de actos favorables al interesado, la autoridad competente
podrá ejercitar su acción ante el Tribunal, dentro de los cinco siguientes años siguientes a la fecha en que sido notificada la resolución. En caso de que dichos actos tengan efectos de tracto sucesivo, la autoridad competente podrá demandar la nulidad, en cualquier momento, pero la sentencia que el órgano jurisdiccional administrativo dicte, solo podrá retrotraer sus efectos hasta los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
Por último, debe destacarse que con motivo de las recientes reformas tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos (ya vigentes), como la Ley de Amparo en materia de garantías individuales y respeto a la legalidad (están pendientes de entrar en vigor), se sugiere que el sector del transporte adquiera y ponga en marcha de manera inmediata la cultura de la impugnación legal en contra de los actos no solo del INVEA, sino de todas las autoridades para que se les obligue a respetar los derechos fundamentales de los transportistas concesionados y que se lleve a cabo una campaña de información y capacitación a la mayoría de las organizaciones del gremio taxista con el objeto de que se sepan defender y conozcan sus derechos.
Ya basta de tanta arbitrariedad.
Publicado en INVEA, Noticias, Opinión, Publicaciones Relacionadas, Taxi, Tus derechos
El INVEA y los altos costos para la ciudadanía.
Cada una de las 120 verificaciones que ha realizado el Instituto costó a la ciudad y a sus habitantes 1 millón 320 mil pesos
La del GDF es una administración deficiente, perversa y quebrada; en materia de protección civil no se está logrando el objetivo y el costo es muy alto: Dip. Guillermo Huerta Ling
Decreto de La Ley del INVEA
Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal Gaceta Oficial del Distrito Federal 26 de Enero de 2011
Publicado en INVEA, Noticias, Publicaciones Relacionadas, Tus derechos
Postura de los Concesionarios del Transporte Colectivo e Individual ante la Nueva Ley de Movilidad

References: artículo 7
 artículo 153
 artículo 14

Artículo 6
 artículo 90

Artículo 7

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 6

Artículo 26
 artículo 7

Artículo 27
 resolución 

Artículo 28