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Timestamp: 2020-08-12 10:36:01+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 44, de 30/03/2017
cve: DSCD-12-PL-44
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 44
Sesión plenaria núm. 42
- Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. ("BOE" núm. 66, de 18 de marzo de 2017). (Número de expediente 130/000011) ... (Página4)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 61, de 15 de marzo de 2017. (Número de expediente 260/000001) ... (Página14)
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, de creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. (Número de expediente 156/000016) ... (Página28)
- Propuesta de la Comisión Constitucional, de creación de una subcomisión para la reforma electoral. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 125, de 17 de marzo de 2017. (Número de expediente 158/000037) ... (Página35)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página36)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página36)
Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página37)
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social ... (Página4)
El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Martínez Oblanca, y la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016 ... (Página14)
La señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante) expone a la Cámara un resumen del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Galovart Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página28)
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, de creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular ... (Página28)
En turno a favor de la solicitud intervienen el señor Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alli Martínez y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página35)
Propuesta de la Comisión Constitucional, de creación de una subcomisión para la reforma electoral ... (Página35)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores, se aprueba por 311 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se aprueba por 236 votos a favor más 1 voto telemático, 237, y 77 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 78 votos a favor, 232 en contra más 1 voto telemático, 233, y 5 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, de creación de una comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, se aprueba por 316 votos a favor.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión Constitucional, de creación de una subcomisión para la reforma electoral, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sobre la base del artículo 71.3, solicito intervenir en defensa de la dignidad de los diputados del Partit Demòcrata, después de la expulsión del señor Homs por esta Cámara en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Entendemos que esa expulsión afecta a nuestra dignidad...
No procede concederle la palabra en este momento por la cuestión a la que usted alude, que, como sabe, ya fue discutida en el Pleno de la Cámara con ocasión del debate de la concesión del suplicatorio correspondiente. Asimismo, en relación con el artículo al que usted hace mención, el artículo 71, que se refiere a alusiones, no ha lugar.
Muchas gracias, señor Campuzano. (El señor Campuzano i Canadés pronuncia palabras que no se perciben). Señor Campuzano, muchas gracias, muchísimas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 5/2017, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 6/2012, DE 9 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS Y LA LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 130/000011).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley... (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto abandonan el hemiciclo). Señorías, comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Se trata de una norma que abunda en las medidas de protección de colectivos vulnerables ante la pérdida de su vivienda habitual, medidas que hemos tomado desde que llegamos al Gobierno en 2012. En concreto, este decreto-ley tiene tres objetivos claros: prorrogar tres años más, hasta el año 2020, la vigencia de dicha moratoria de lanzamientos de colectivos especialmente vulnerables; ampliar el ámbito de aplicación tanto del código de buenas prácticas como de la suspensión de lanzamientos, y establecer un mecanismo para que quienes han sufrido la ejecución de su hipoteca, pero cuyo lanzamiento se haya suspendido, puedan seguir en su vivienda mediante un alquiler.
Antes de pasar al contenido específico de esta norma, permítanme referirme brevemente al contexto y los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una cifra récord de desahucios, que provenían fundamentalmente de hipotecas firmadas entre 2005 y 2008. El incremento del desempleo y otras circunstancias económicas sobrevenidas durante los años más duros de la crisis hizo imposible para muchas familias vulnerables afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias, lo que en última instancia se tradujo en la pérdida de su vivienda. Esta es, señorías, una de las caras más dramáticas de la crisis que acabamos de atravesar, pero el Gobierno le hizo frente desde el primer momento con diferentes medidas de protección a los colectivos y a aquellas familias más vulnerables.
En primer lugar, con el real decreto-ley de marzo del año 2012, en el que pusimos en marcha un código de buenas prácticas para deudores vulnerables con problemas para hacer frente a sus hipotecas, al que se adhirieron prácticamente la totalidad de las entidades financieras. En él se prevén
reestructuraciones de deuda, quitas o la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. Además, en marzo de 2015 ya realizamos una primera ampliación del colectivo beneficiario de estas medidas al incrementar el límite de renta anual, al elevar el umbral de precio de adquisición de los inmuebles afectados e incluir a los mayores de sesenta años como población considerada vulnerable. En estos momentos incluimos, asimismo, la posibilidad de que las familias que se acogieron al código se beneficiaran también de la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo que pudieran existir en sus contratos. En segundo lugar, con el real decreto-ley de noviembre del año 2012, que suspendió los lanzamientos sobre la vivienda habitual de deudores especialmente vulnerables durante dos años, plazo que posteriormente volvimos a prorrogar por otros dos años más. Y en tercer lugar, con la creación del Fondo social de viviendas a principios del año 2013, que estará vigente hasta enero de 2019 y que ofrece alquileres sociales, una misión a la que también contribuye la Sareb con parte de su parque inmobiliario.
Estas medidas hasta el momento han beneficiado a prácticamente 80.000 familias. De ellas, más de 24.000 han visto suspendido el lanzamiento de su vivienda; más de 39.000 han accedido a reestructuraciones viables de deuda; cerca de 7.200 han podido entregar su vivienda como dación en pago, y más de 9.000 han accedido a alquileres a precios moderados del Fondo social de vivienda. Sin embargo, pese a estas importantes iniciativas, la persistencia de las dificultades económicas que sufren muchas familias hace necesario continuar tomando medidas de alivio para las situaciones más complejas.
Prueba de la pertinencia de esta iniciativa, y también de la urgente necesidad que justifica la utilización de un decreto-ley, es que el próximo 15 de mayo expirará la actual prórroga de la suspensión de lanzamientos. Además, en los pocos meses que llevamos de legislatura, diferentes grupos han presentado una docena de iniciativas parlamentarias entre preguntas orales y escritas, interpelaciones y proposiciones no de ley, relativas a este asunto, muestra de la relevancia social que este problema aún tiene. Igualmente, es necesario ampliar los requisitos de acceso al código de buenas prácticas y a la suspensión de los lanzamientos, porque se ha constatado que están quedando fuera familias con situación palmaria de especial vulnerabilidad. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea regresan al hemiciclo.-Rumores).
Señorías, paso ya a detallarles el contenido concreto de este real decreto-ley. En primer lugar, se prorroga el plazo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios sobre vivienda habitual por tres años más; es decir, hasta mayo del año 2020. En segundo lugar, se amplía el colectivo potencial de beneficiarios tanto de la suspensión de lanzamientos como del código de buenas prácticas, manteniendo así la coherencia entre ambas medidas. Para definir el colectivo de beneficiarios se aplican criterios de ingresos familiares, la carga que representa la cuota hipotecaria en relación con estos ingresos y también circunstancias específicas de especial vulnerabilidad. (Rumores). En esta norma, además de los casos previstos hasta ahora, se incluyen como de especial vulnerabilidad los siguientes. En primer lugar, las unidades familiares de las que forme parte un menor de edad, y no un menor de tres años, como sucedía hasta ahora. En segundo lugar, las unidades familiares monoparentales con algún hijo a cargo, y no al menos dos, como se exigía hasta ahora... (Rumores).
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): En tercer lugar, las unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género, y por último, las unidades familiares en las que conviva una persona en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral. Estos dos últimos criterios ya se tenían en cuenta para acogerse a la suspensión de lanzamientos, pero no para optar a las medidas del código de buenas prácticas; ahora serán aplicables en ambos casos. Asimismo, los titulares de hipotecas que se encuentren en el paro podrán beneficiarse de la suspensión de desahucios, independientemente de si han agotado o no sus prestaciones por desempleo al eliminarse este requisito.
En tercer lugar, el real decreto-ley introduce en el código de buenas prácticas bancarias la posibilidad de que el deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento se hubiera suspendido conforme a la Ley 1/2013 pueda quedarse en la que era su vivienda en régimen de alquiler. Este alquiler se realizará por plazos anuales hasta un máximo de cinco ejercicios, prorrogables por otros cinco por mutuo acuerdo de las partes y con un precio que no podrá superar el 3 % del valor de la vivienda en el momento del remate determinado según tasación. Esto supone, por ejemplo, que para una vivienda valorada en 100.000 euros la renta a pagar por el alquiler sería de unos 250 euros mensuales como máximo. Para poder beneficiarse de esta medida, el deudor deberá solicitarlo en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada
en vigor de esta norma o desde el momento en que la suspensión le sea de aplicación. El decreto incluye asimismo una fórmula para que las entidades financieras se adhieran automáticamente a esta nueva redacción del código, salvo que manifiesten expresamente lo contrario. Por último, el Gobierno ha incluido también en el decreto-ley una disposición, obligándose a presentar en el plazo máximo de ocho meses -es decir, a mediados de noviembre como límite máximo- propuestas para facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por parte de los deudores hipotecarios que se acojan a la suspensión de los lanzamientos. En estas medidas se podrá tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades ya satisfechas, así como otros factores que garanticen un precio equitativo.
Señorías, concluyo ya. Hoy convalidamos una norma que da continuidad a las medidas que hemos ido tomando desde el inicio de la crisis para mejorar y profundizar en la protección de los deudores más vulnerables de nuestra sociedad. Son unas medidas que se han adoptado siempre con prudencia para no perturbar el buen funcionamiento de nuestro mercado hipotecario, uno de los factores que explican por qué casi el 80 % de los españoles tienen una vivienda en propiedad, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea. Cabe recordar a su vez que los créditos dudosos a los hogares para la adquisición de vivienda llegaron a representar el 6,3 % del total en el peor momento, a principios de 2014, una cifra que se está reduciendo de forma continua desde entonces y que hoy apenas llega al 4,7 %. Esto significa que la inmensa mayoría de los españoles cumple escrupulosamente con las obligaciones de pago de las cuotas de su hipoteca, haciendo en ocasiones, como todos sabemos, grandes esfuerzos para conseguirlo. También hay que poner en valor la notable reducción de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos que se están produciendo. Según el Instituto Nacional de Estadística, las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual iniciadas en España llevan ya dos años reduciéndose a un ritmo además cada vez mayor; en 2015 cayeron un 13 % y en 2016 están disminuyendo por encima del 30 %. Los datos del Consejo General del Poder Judicial apuntan también a una reducción de los lanzamientos. En cualquier caso, la verdadera protección con la que cuentan las familias es la recuperación de la economía y el empleo. Por ello, el mantenimiento del crecimiento de la economía junto con la continuidad de la creación de empleo son la mejor garantía para que los ciudadanos puedan hacer frente a sus obligaciones de pago.
Por último, señorías, me gustaría hacer un reconocimiento expreso de las contribuciones a este decreto realizadas por los diferentes grupos que nos han permitido una mejora sustancial del texto y alcanzar un amplio consenso, muestra del espíritu de colaboración existente a la hora de tratar temas de gran impacto social como es este. Es importante, señorías, además que este real decreto-ley se convalide como tal, ya que abrir la posibilidad de modificaciones introduciría retrasos e importantes dosis de incertidumbre que en última instancia lo que hacen es únicamente perjudicar a los ciudadanos. Por todo ello, señorías, solicito su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
Permítame, en primer lugar, manifestar el dolor inmenso por una nueva víctima de violencia y por sus dos chiquillos. Ni los animales matan a sus crías. Algo está pasando en este país. (Aplausos).
En el decreto-ley de 14 de mayo de 2013 se aprobaron unas medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión. Posteriormente, en 2013 se amplió el plazo de suspensión de lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017. Por todo ello, en el momento presente consideramos que siguen existiendo razones que justifican las ampliaciones de plazos y las medidas a tomar. Desde luego, apoyamos ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, lo que supondrá, por tanto, modificar el ámbito de aplicación del código de buenas prácticas como el de aquellas personas que se puedan beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas. Por supuesto, nos parece adecuado ampliar en tres años, a partir de este momento, la aplicación de la suspensión del lanzamiento. Por último, estamos a favor de que se establezcan mecanismos de alquiler a favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión. Nos parece de justicia que se incluyan a las familias con hijos menores o en los que exista una víctima de
violencia de género y la nueva definición de los supuestos de especial vulnerabilidad va a posibilitar que un mayor número de familias pueda acogerse a la suspensión.
Por todo ello, vamos a apoyar este decreto y nos parece, además, de especial urgencia.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Las medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social son tan necesarias como oportunas. Por ello está plenamente justificada la convalidación del real decreto-ley que ha explicado el señor ministro Luis De Guindos. Se trata de extender el ámbito subjetivo de aplicación en la misma línea que el código de buenas prácticas, en el que ya se estableció una moratoria de tres años que ahora se amplía hasta el año 2020 para evitar el lanzamiento de personas y colectivos especialmente vulnerables. Ello permitirá que un mayor número de familias puedan acogerse a las medidas y conservar su vivienda, siempre que los afectados cumplan los requisitos de situación de vulnerabilidad.
En nombre de Foro respaldo estas nuevas medidas del Gobierno en relación con el mercado hipotecario, que se añaden a otras que se han venido tomando desde hace cinco años para hacer frente a los dramas que afectaron a muchísimas familias españolas tras la crisis económica y financiera. Mayores de sesenta años, familias numerosas, situación de desempleo, dependencia, enfermedad grave o discapacidad superior al 33 % eran algunas de las circunstancias que permitían acogerse a las medidas para frenar los desahucios, que ahora se amplían a familias con hijos menores de edad y monoparentales con un hijo a cargo, discapacidad y también, como ha recordado la diputada Ana Oramas, a víctimas de violencia de género.
Señorías, las últimas estadísticas divulgadas por el Consejo General del Poder Judicial apuntan a una caída en los desahucios por impago de cuota hipotecaria. Si bien, el principal problema es la pérdida de la vivienda y de ahí que sea acertada la disposición adicional segunda de este real decreto-ley. En ella se conceden ocho meses al Gobierno para proponer mecanismos que permitan la recuperación de la propiedad evitando la posible cesión de crédito a un fondo buitre, cercenando el derecho de tanteo y retracto, y teniendo en consideración tanto el historial del inmueble como el préstamo y la situación social de la persona o familia hipotecada.
Cuente usted, señor De Guindos, con nuestro apoyo a la convalidación.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. (Pausa).
Tiene la palabra, a continuación, la señora Sorlí Fresquet.
El Real Decreto 5/2017 modifica dos reales decretos, uno de medidas urgentes para la protección de deudores y otro de medidas para reforzar la protección de deudores, la reestructuración de la deuda y el alquiler social. En definitiva, en estos títulos encontramos justo lo que no pretenden hacer estos reales decretos. Este real decreto se define en su exposición de motivos como excepcional y temporal, al tiempo que propone medidas totalmente insuficientes para proteger a las personas deudoras, y todo para seguir permitiendo desahucios a diestro y siniestro. El real decreto amplía otros dos de 2012 y 2013. ¿Excepcional y temporal? ¿En serio? ¿Desde 2012 con la misma excepción y continuamos diciendo que es temporal? ¿Hasta 2020 va a seguir siendo temporal? O ustedes son muy torpes, señor De Guindos, o nos quieren tomar el pelo, y tratándose del Gobierno no sé cuál de las dos opciones es peor. Por si todo esto no fuera poco, viene el Partido Socialista, maquilla un poco este decreto e intenta colgarse la medalla de las políticas sociales. Pero, claro, todo esto se entiende cuando sabes quién acaba formando parte de los consejos de administración de los bancos o cuando sabes que el mismo ministro de Economía también se ha dedicado al sector de la banca. Entonces sí, entonces todo cuadra.
Déjense de pantomimas, reformen la Ley Hipotecaria para dejar de incumplir las sentencias europeas; esas sentencias que tanto les importan cuando se trata de recortar derechos laborales; esas sentencias que ni PP ni PSOE se han atrevido a aplicar cuando se trata de plantar cara a las cláusulas abusivas de
los bancos. Y, lo que es más importante, dejen de incumplir su sacrosanta Constitución y garanticen el derecho a la vivienda, pese a quien pese entre sus amistades.
A continuación, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó. (Pausa).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenos días, egun on.
Vaya por delante que nosotros vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley por varias razones. Primero, porque acerca de este asunto ya se preguntó al señor ministro al respecto y, tal y como dijo él, va a dar solución a esta problemática. También, porque la norma incorpora nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, supuestos como los de las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleados sin exigencia de haber agotado la prestación, entre otras, que además ya habían sido presentadas vía enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco cuando se tramitó el proyecto de Ley 1/2013, pero que en aquel entonces no se tuvieron en cuenta y que hoy en este real decreto-ley se han incorporado a la norma. Porque además este grupo ya, en la Comisión de Economía, impulsó una PNL para abordar la problemática de protección de los deudores hipotecarios en especial vulnerabilidad, en la que además, aceptando las enmiendas de otros grupos, se proponía la ampliación de la moratoria a tres años y la introducción de un nuevo supuesto acreditativo de circunstancia familiar de especial vulnerabilidad, que también ha sido incluida en el real decreto-ley.
Pero, a pesar de que se ha abordado la problemática existente, sí me gustaría realizar una matización, por lo menos para mejorar las soluciones a aplicar a futuro. No es la primera vez que se modifica el Real Decreto-ley 6/2013 y la Ley 1/2013, por lo que acudir a un instrumento como el real decreto-ley, justificándolo en que el plazo de la moratoria de los desahucios hasta ahora vigente concluía justamente el 15 de mayo, más que servir de justificación a la urgencia para dictar esta norma debiera servir para todo lo contrario. Es decir, ya era sabido cuándo concluía tal plazo, por lo que el Gobierno del Estado podía haber presentado un proyecto de ley con conocimiento del tiempo que para su tramitación se necesitaba. Actuar, por el contrario, escudándose en plazos perentorios para hacer uso del real decreto-ley equivaldría a que en todas aquellas normas en que se fijan periodos temporales concretos a cumplimentarse podría acudirse a aquel instrumento y, nada más equivocado, ya que en tales casos la previsión cierta de que el término temporal va a cumplirse y de cuándo va a cumplirse facilita que pueda encauzarse la norma de reforma con el tiempo requerido para su tramitación parlamentaria como ley ordinaria.
Dicho esto, entendemos que tampoco podemos conformarnos con prórrogas puntuales porque han llevado a muchas familias a la pérdida del empleo y, después, a la pérdida de su vivienda habitual por la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales de su hipoteca, con lo que esto supone de marginación y exclusión social. Así, entendemos que habría que abordar una reforma profunda que se ponga al día con la normativa europea y sea adecuada a las necesidades sociales y sus posibilidades, además de medidas necesarias para generar riqueza y empleo. Por esto, entendemos que debería abordarse este asunto en una futura ley, incluso para ampliar medidas previstas en este real decreto, por ejemplo, a los avalistas hipotecarios respecto a su vivienda habitual en las mismas condiciones establecidas para el deudor hipotecario.
Por último, quiero añadir también que hubiéramos deseado que el código de buenas prácticas fuese de obligado cumplimiento para las entidades de crédito que concedan préstamos o créditos hipotecarios. Pero, pese a todas estas matizaciones, como he dicho al principio, nuestro grupo votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré. (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, vamos a imaginar que la persona de la que les voy a hablar se llame Manuel, aunque ese no es su verdadero nombre. Le conozco desde hace quince años. Es un buen hombre, muy trabajador,
muy prudente, tiene dos niños. Manuel se metió en un negocio que fracasó. Seguramente fue arriesgado por su parte invertir todo lo que tenía ahorrado en un sector que no conocía, con unos socios que tampoco conocía, pero tampoco es un crimen arriesgarse en la vida, intentar prosperar. Tampoco es un crimen equivocarse o tener la mala suerte de que te pase en medio de una crisis económica como la que sufrimos. El caso es que Manuel, que no se llama Manuel, un hombre trabajador, un hombre serio, de los que pagan puntualmente las facturas, que no quieren dejar nada a deber, un hombre que jamás había vivido por encima de sus posibilidades, lo perdió todo, y llegó el día en que no pudo pagar la hipoteca del piso en el que vivía con su familia. Entonces vino el desahucio. Yo les aseguro que Manuel jamás pensó que podría perder su casa... (Rumores).
La señora RIVERA DE LA CRUZ: ... y que un día iba a tener que pedir ayuda a sus padres para pagar un alquiler para que sus hijos pudieran vivir en algún sitio. Por cierto, sus niños tenían entonces cinco años, dos niños gemelos que desgraciadamente estaban en casa el día que se produjo el desahucio. La historia de Manuel, que existe aunque no se llame Manuel, se ha repetido muchísimas veces en los últimos años. Hay miles de hombres y mujeres como él, personas que tuvieron mala suerte, que se quedaron sin trabajo, que fracasaron en un negocio y que un día tuvieron que asumir que la casa en la que vivían ya no era suya.
Hace unos años, en el peor momento de la crisis, yo me compré un apartamento. Invertí en él los ahorros de toda mi vida. Cuando fui al banco a negociar la hipoteca, me enseñaron un folleto con viviendas de oferta, y había verdaderas gangas. El hombre de la sucursal que me tentaba para que me quedase con alguna de ellas me confirmó que todas por supuesto procedían de embargos, eran propiedad del banco, y querían quitárselas de encima como fuera, incluso a cambio de una cantidad ridícula, en unas condiciones que eran ventajosas. Yo recuerdo que miré aquel folleto como quien mira un catálogo de ataúdes, porque aquel folleto que me estaban enseñando para que me quedara con alguna de aquellas casas era el resumen de un montón de vidas rotas.
En nuestro país la compra de una vivienda es la principal obsesión de todos. A veces yo misma lo he dicho: ¿por qué nos empeñamos en tener una casa, por qué queremos que la casa sea nuestra, por qué no podemos alquilar? Es que no es tan raro querer tener una casa. Cuando preparaba esta intervención me acordé de una novela que leí hace tiempo, de V.S. Naipaul, que se llamaba Una casa para el señor Biswas. En esa novela se cuenta la historia de un hombre golpeado por la vida que hace de tener una casa suya el motivo para su esperanza. Esta novela se desarrolla en las Antillas, la escribió un escritor de Trinidad, y habla también de un hombre que quería una casa. No es tan raro querer una casa, no es un pecado querer una casa y no podemos reprochar a nadie que ambicione tener una vivienda propia. Hay que entender que perder esa vivienda supone el peor de los fracasos. El drama del embargo va mucho más allá de perder una entrada en la que a lo mejor está el capital de toda una familia, las cuotas de una hipoteca pagadas puntualmente, se pierden cosas que no tienen nada que ver con el dinero. Se pierde la autoestima, la confianza en uno mismo y la fe en el futuro. Por eso tenemos el deber de explorar todas las posibilidades que existen para evitar que la casa en la que alguien vive se pierda. Esa casa, como le sucedía al señor Biswas, se convierte en el símbolo de la prosperidad a la que aspiramos legítimamente todos.
El decreto que hoy aprobamos supone el cumplimiento del punto 64 de nuestro acuerdo de investidura con el Partido Popular, que hablaba de aligerar la situación de personas y familias afectadas por los desahucios ampliando medidas que ya existían en un código de buenas prácticas. Se incrementa en tres años el tiempo de moratoria, se amplía el concepto de vulnerabilidad de las familias y se contempla la opción de alquilar la vivienda a un precio reducido. Miles de familias se van a beneficiar de un punto del acuerdo de investidura, y hay que pensar que detrás de esas cifras hay nombres, hay caras y hay historias, historias que van a cambiar para mejor en cuanto entre en vigor este decreto-ley. Eso demuestra que las cosas se hacen aquí y se hacen trabajando aquí. Todo esto supone un principio, pero no lo consideramos suficiente. El Gobierno se ha comprometido a proponer en un plazo de ocho meses una batería de iniciativas destinadas a facilitar la recuperación de la vivienda habitual que hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución. Piensen en el señor Biswas, que soñaba con una casa, o en Manuel, que la tenía y la perdió. Sin embargo, sería una hipocresía caer en triunfalismos.
Este real decreto podría haberse aprobado mucho antes, a lo mejor en lo más crudo de la crisis, cuando los bancos dejaban en la calle a decenas de miles de familias y se quedaban con un piso que
algunas veces hasta les complicaba la cuenta de resultados, pisos que engrosaban el catálogo de un banco convertido en inmobiliaria a beneficio de la especulación. Yo no me quise quedar con aquella casa procedente de un embargo, pero hubo otros que sí lo hicieron. Qué mal se han hecho las cosas con los bancos y no digamos lo mal que se han hecho con las cajas. Por eso Ciudadanos se negó a colocar a sus consejeros en ellas; sin embargo, los señores de Compromís van a colocar a los suyos en la Caixa Ontinyent. (Aplausos). No queremos políticos en los bancos, no queremos políticos en las cajas.
Resulta muy extraño pensar que con cinco páginas en el Boletín Oficial del Estado se va a poner límites a la desgracia de una familia, porque eso es lo que va a pasar cuando entre en vigor este decreto-ley. Recuerdo ahora la frase de nunca es tarde si la dicha es buena, pero no estoy de acuerdo porque sí que es tarde, es tarde para muchísimas personas y toca pensar en aquellas a las que aún podemos ayudar. Mi grupo ha reclamado muchas veces esa ley de la segunda oportunidad, que permitiría a miles de trabajadores levantarse después de caer. El decreto que hoy vamos a aprobar es un primer paso, pero tenemos que seguir recorriendo el camino. Este acuerdo es fruto de un consenso político y es un ejemplo de que cuando hay voluntad los partidos pueden ayudar a mejorar la vida de las personas. Espero que este consenso pueda verse pronto reflejado en otras grandes reformas que necesita España. Señoras y señores diputados, no se conformen porque quedan muchos pasos por dar y tenemos que darlos juntos. Para eso, y solo para eso, estamos aquí.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo una sensación extraña al subir a esta tribuna. En primer lugar, quiero decir que mi grupo va a permitir que se convalide esta moratoria. ¡Cómo no vamos a permitir que se convalide una moratoria que no significa más que una tregua en el ejercicio de la violencia contra determinados sectores vulnerables de nuestro país! ¡Por supuesto que lo vamos a hacer, claro que sí! Pero, señorías, en esta misma Cámara discutimos una moción y dos tercios de los diputados dijeron que estaban dispuestos a cumplir la Observación general 7, que prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y este real decreto no la cumple; este real decreto sigue planteando la posibilidad de ejercer la violencia contra sectores vulnerables de nuestra población.
Señor ministro, ¿qué medidas va a adoptar para reparar el daño causado a los niños mayores de tres años, a quienes se les han enviado los guardias para sacarles de sus casas? (Aplausos). ¿Cuáles van a ser las medidas de reparación? Aquí no se ha conseguido parar los desahucios -no nos equivoquemos- ni se han hecho moratorias. Las moratorias se han conseguido gracias a los defensores de los derechos humanos que se han jugado el tipo, la integridad y la libertad para impedir violaciones flagrantes de los mismos, que es lo que han sido los desalojos forzosos sin alternativa habitacional en nuestro país. A ellos les debemos rendir homenaje. (Aplausos).
Me da vergüenza. Me da vergüenza, señor ministro, porque se lo pedimos en Comisión, se lo pedimos al señor Moragas y se lo ha pedido la Cámara de forma unánime. Ustedes, y el Gobierno anterior, se negaron a cumplir la legalidad europea. Tenemos reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales. Le vuelvo a preguntar delante de esta Cámara: ¿hay o no hay un procedimiento sancionador contra nuestro país por violar la legalidad europea? Respóndanos, porque es el interés general, porque tenemos derecho a saberlo. (Aplausos).
Esos procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales, porque cuando se viola el derecho a la tutela judicial efectiva, y cuando se viola el derecho a la defensa, se violan los principios más básicos a un juicio justo. Frente a eso, el Estado tiene obligaciones, las obligaciones internacionales que dicen que ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos se responde con verdad, justicia y reparación. Sé que los señores de Ciudadanos no lo encuentran en Google. Busquen en la página de Naciones Unidas a ver si lo encuentran. Está ahí. Búsquenlo, que es muy fácil. (Rumores.-El señor Cantó García del Moral: ¡Muy bueno!). De todas maneras yo les he traído para ilustrarles el informe de Amnistía Internacional y los informes de los relatores de Naciones Unidas, por si no lo encuentran. La semana pasada, nuevamente en un ejercicio de hipocresía, les oíamos decir que era necesario ejercer la violencia contra 85.000 hogares que tienen una posesión en precario en nuestro país fruto de las ejecuciones hipotecarias ilegales. Se
disputaban entre todos ustedes quién era aquel que defendía más el uso antisocial de la propiedad y el ejercicio de la violencia contra la población vulnerable.
Los señores de PDeCAT hoy no están -nosotros hemos salido, somos demócratas y vamos a defender los derechos políticos (Aplausos)-, pero la semana pasada les veíamos en la foto de Pedralbes, de Neguri y de La Moraleja votando juntos y diciendo que no hay que acabar con la pobreza, sino que hay que acabar con los pobres. Y les vamos a decir muy claro que nosotros vamos a estar con Vallecas, con Barakaldo y con Nou Barris levantando una barrera humana contra aquellos que quieran agredir a los sectores populares de nuestro país. (Aplausos). Supongo que estarán contentos y satisfechos por lo que han hecho hasta ahora en la protección de la población vulnerable. La semana pasada no daba crédito porque, después de que PDeCAT quisiera que la Administración pública le hiciera el trabajo sucio a los bancos, los mismos que comparten grupo parlamentario en Europa, y que rinden también pleitesía a la señora Merkel, subían aquí las apuestas y decían que no era suficiente, que había que aplicar penas en contra de la gente que de forma desesperada tiene que hacer uso de viviendas abandonadas sin consentimiento del titular y decían que había que ampliarlo. Díganle a su jefe, el señor Oliu, que eso es violar los derechos humanos y que nosotros vamos a estar enfrente. (Aplausos).
A ustedes, que tanto les gusta hablar del Código Penal cuando hablan de pobreza para aplicarlo en contra de los pobres, les voy a leer un artículo de dicho Código Penal que si se estuviera aplicando en este país, si no hubiera una justicia para ricos y otra para pobres, probablemente esas 3,5 millones de viviendas vacías estarían en manos de la población. Dice el artículo 281: "1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas". Si esto se hubiera aplicado, les puedo asegurar que no estaríamos en la misma situación, porque los señores de los consejos de administración de los bancos tendrían que responder por acaparar viviendas, los señores de los fondos buitre tendrían que responder por acaparar viviendas, y no nos encontraríamos en la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos.
Aquí hay que optar entre los desahuciados y los desahuciadores, y las fuerzas políticas de esta Cámara, en un ejercicio de cinismo e hipocresía, vimos la semana pasada qué mensaje le dirigen a los sectores populares de nuestro país y llamamos a la alerta, alerta por lo que se está haciendo aquí, porque hay fuerzas políticas que están conspirando contra el pueblo y es necesaria la organización popular (Aplausos) para aguantar el envite de aquellos que representan los intereses de los poderes económicos y de los privilegiados, los intereses de los especuladores. Pero nuestro pueblo nos ha enseñado algo muy importante estos años, que cuando la gente se junta, que cuando la gente se mueve por abajo, los de arriba se tambalean porque "¡Sí se puede!". (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Anda Rafa, que no estás en la universidad!-El señor Iglesias Turrión: Le está provocando, señoría.-El señor Mayoral Perales: Después de lo que hace el liberal Garicano...-Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio.
Silencio, señorías, que yo les oigo a todos, oigo todo lo que llega a mi oído, y hasta aquí llega bastante, se lo puedo asegurar. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.
Señor ministro, la pregunta es, ¿y después qué? Porque con este decreto-ley se ofrece el compromiso de no agilizar los desahucios por un tiempo, pero lo fundamental es establecer el marco normativo adecuado en coordinación con las distintas administraciones y garantizar la eficacia del derecho a la vivienda de un modo permanente, porque hasta ahora, el Gobierno, en lugar de coordinar e impulsar las actuaciones de las distintas administraciones con competencia en materia de vivienda, se ha dedicado a obstaculizar su acción sin haber aprobado en esta Cámara leyes que desarrollen el contenido mínimo del derecho a la vivienda, que ofrezcan garantías y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales. El resultado es que las personas en peligro de sufrir un desalojo están en gran medida desprotegidas y por eso no podemos conformarnos con aplazar el problema. Hay que buscar una solución permanente, porque estamos ante un verdadero drama social cuyas consecuencias se han ido agravando
a lo largo de la crisis. Sí quisiera señalar que gracias a la movilización social y a las plataformas de apoyo a las personas afectadas por las hipotecas, que han hecho posible que no se silenciara el drama de muchas familias, hoy esta cuestión es una prioridad para todos los grupos de esta Cámara. Hoy nos acompañan algunas de esas plataformas.
La realidad es que, desde que se aprobó la Ley 1/2013, cada año ha continuado el número de ejecuciones hipotecarias. Cada ejecución, cada lanzamiento ha sido un auténtico drama, y han sido muchas ejecuciones, muchos lanzamientos, muchos suicidios y muchos menores afectados, señorías. Por eso, bienvenida sea cualquier solución que podamos dar a estas situaciones, pero no podemos obviar que se trata de un parche para estas familias en riesgo de desahucio. No se nos escapa que la situación requiere algo más que soluciones temporales. No obstante, somos sabedores del sufrimiento de familias, como la de José -este sí se llama José-, un barcelonés en paro que tiene dos hijos y que solo cuenta con los únicos ingresos de 500 euros que de vez en cuando aporta su esposa porque trabaja de manera temporal. José y su familia tenían fijada como fecha de desahucio el próximo 17 de mayo. Por situaciones como estas, nosotros hace meses le proponíamos en esta Cámara, señor ministro, la prórroga de la moratoria hipotecaria que se contempla en esa Ley 1/2013, de 14 de mayo, posteriormente modificada por decretos, y esta prórroga expirará el próximo 15 de mayo. Por tanto, es necesaria la adopción de medidas que garanticen a las familias, como la de José, que no van a ser desalojadas de su vivienda, y es necesario precisamente porque aún no tenemos una ley que evite, de una vez por todas, este sufrimiento, este drama de los desahucios. Usted mismo, señor De Guindos, lo decía en el debate del proyecto de ley 1/2013 ante esta Cámara: Queremos la mejor ley posible porque la dramática situación que están atravesando muchas familias merece el mayor esfuerzo por parte de todos. Pero a la vista está que la ley no ha sido la mejor posible, y por eso este decreto-ley que hoy se somete a convalidación contiene mejoras respecto al anterior, que ya la modificaba, y mejoras que en su mayoría han sido propuestas por mi grupo y que son fruto de reivindicaciones ciudadanas.
Puedo asegurar a los señores de Compromís que no se trata de ningún maquillaje. No se deberían burlar de los beneficiarios de estas medidas. Por un lado, estimamos que los llamados umbrales de exclusión que contempla la ley son sumamente excluyentes y dejan fuera de la posibilidad de acogerse a la moratoria a muchísimas familias. Por eso, el Partido Socialista ha propuesto que se amplíe el colectivo de las personas bajo el umbral de exclusión a todas las familias con hijos menores de edad, independientemente de la edad de estos hijos; a los deudores en desempleo; a las familias con una víctima de violencia de género; a las familias monoparentales con hijos y a las familias que vivan con personas discapacitadas. Insisto en que son medidas que ha propuesto el Partido Socialista. Con ello, lo que hacemos es invertir en beneficio de la gente la situación que creaba esta ley porque, aunque se titula "de protección de los deudores", en rigor lo que hacía era empeorar la situación con supuestos muy estrictos. Además, el Partido Socialista rechaza que el peso de la crisis se descargue sobre quienes no tienen responsabilidad en ella. Son los bancos los responsables últimos de la crisis; ellos la han provocado y la deben asumir, deben compartir los estragos causados con sus primeras víctimas, que son los trabajadores y las trabajadoras que compraron a precios hinchados y que, en consecuencia, se sobreendeudaron. Del mismo modo que los bancos concedieron generosas quitas a los promotores, nosotros ahora exigimos que el derecho de readquisición de la vivienda que debe establecer el Gobierno a favor de los ejecutados se realice sobre los precios actuales del mercado, no sobre esos precios inflados por la burbuja. Además, la experiencia de estos años de vigencia de la suspensión de lanzamientos es que los bancos han intentado alquilar la vivienda ejecutada u otra al deudor afectado por el desahucio en el marco de un mercado sin garantías claras para los deudores. Por tanto, a fin de garantizar un trato equitativo a estas personas, proponemos, entre otras medidas, como límite máximo al canon de alquiler, el 3 % del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate y con tasación aportada por el deudor beneficiario de la medida conforme a la regulación de mercado. También estimamos, y así lo hemos propuesto, establecer en beneficio del deudor un límite mínimo a la duración del alquiler de cinco años.
En definitiva, señorías, la necesidad de suspender lanzamientos y de procurar que sean más las familias que pueden acogerse a esta suspensión es lo que no lleva hoy a anunciar nuestro voto a favor de la convalidación del decreto que hoy nos trae el Gobierno, pero somos conscientes, y esa misma consciencia es la que reclamamos también al Gobierno, de que el tiempo no puede ser el elemento determinante para que estas familias estén protegidas o no frente a los desahucios. Por eso, insistimos en que esta nueva prórroga de tres años, que también ha sido propuesta por el Partido Socialista -el Gobierno en principio solo pretendía prorrogar por dos años- nos tiene que servir para poder llegar a un
acuerdo entre todos los grupos y dotar al país de una ley que garantice de manera estable la protección de quienes de buena fe y por causa sobrevenida no pueden hacer frente al pago de su vivienda.
La vivienda no es calidad, la vivienda es un derecho fundamental y, además, sobre todo, es una cuestión de justicia social y de dignidad. Como ni la dignidad ni la justicia social pueden estar sujetas a fecha de caducidad, debemos trabajar todos juntos durante la vigencia de esta prórroga para garantizarlas de manera definitiva mediante una ley que permanentemente proteja a familias como la de José o como la de Manuel. Votaremos a favor, pero dejémonos de parches.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Floriano Corrales.
El señor FLORIANO CORRALES: Señora presidenta, señorías, buenos días. Tomo la palabra para fijar la posición de nuestro grupo.
Desahuciar, señorías, del verbo ahuciar, dar confianza o esperanza, que unido al prefijo "des" significa exactamente lo contrario, quitar la esperanza, quitar la esperanza a alguien, porque así es señorías: echar a una persona de su casa, porque no tiene dinero para pagar su hipoteca por circunstancias sobrevenidas, es posiblemente la cara más dramática de la crisis económica y lo peor por lo que pueda pasar una familia. El desahucio, desahuciar, que quita la esperanza a miles de personas, a miles de hombres y mujeres, de niños y niñas; de niños y niñas también. No podíamos permanecer impasibles, señorías. Por eso, el Gobierno del Partido Popular en sus primeros cien días de Gobierno, en los peores momentos de la crisis, a principios de 2012, cuando nos estábamos jugando, incluso, perder parte de nuestra soberanía, comenzamos a tomar decisiones para evitar que a la gente, a las personas, se las pudiera echar de sus casas.
Hoy, señor Mayoral, y aprovecho para expresarle mi consideración con toda cordialidad, después de escucharle decir desde esta tribuna que nosotros ejercemos la violencia -los que no están de acuerdo con ustedes-, que violamos los derechos humanos, que hacemos un ejercicio cínico, que incumplimos toda la normativa, que incumplimos todos los principios básicos y que conspiramos contra el pueblo, señor Mayoral, con toda cordialidad y con todo respeto, le pregunto: ¿y su política para evitar los desahucios, cuál es?, ¿viviendas para todos? Yo, cuando les escucho hablar de inmigración y decir: abajo las fronteras, que venga todo el mundo, por supuesto, con sanidad y educación gratuita y, además, con una renta vital para todos, me pregunto: si aquí puede venir todo el mundo, tener sanidad y educación gratuita, una renta vital y, además, les damos una vivienda, ¿quién paga eso, señor Mayoral? ¿Quién lo paga? (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!). Créame que se lo digo con toda cordialidad, pero ese tipo de argumentos y ese tipo de intervenciones, como las que usted tiene aquí, pueden quedar muy bien en otros foros, pero alguien podrá pensar, señor Mayoral, alguien podrá pensar, que hecho desde esta tribuna es un ejercicio de demagogia que no soluciona los problemas de las personas. Y para eso estamos aquí, para solucionar los problemas de las personas. (Aplausos).
El real decreto-ley va, precisamente, en esa dirección. El real decreto-ley trata, precisamente, de resolver problemas de las personas; que miles de familias que se encuentran en una situación muy difícil puedan encontrar la manera de solucionarlos. Yo quiero decir desde esta tribuna que casi 34.000 personas han podido reestructurar su deuda; que casi 7.000 se han acogido a la dación en pago y que se han suspendido 24.000 desahucios, gracias a las medidas que ha aprobado el Gobierno y ha convalidado este Parlamento. Es cierto que las cosas han cambiado, que la situación económica de hoy no es la misma que había en 2012, que las cosas van a mejor. ¿Que nos queda mucho por hacer? Podemos estar de acuerdo, pero que las cosas van mucho mejor. La gente va recuperando el empleo, poco a poco, pero se van recuperando puestos de trabajo. Se van incrementando los niveles de ocupación. Vamos reduciendo nuestros problemas macroeconómicos. Hemos conseguido controlar nuestro déficit.
Creemos que las cosas van mejor pero, con todo y con eso, no podíamos permanecer impasibles a que todavía pueda haber personas que sigan pasando por una situación difícil y se puedan ver abocadas a tener que abandonar sus casas. Por eso se ha aprobado este decreto, que lo que hace es ampliar el número de colectivos que se pueden acoger al mismo; que lo que hace, además, es extender hasta 2020 la vigencia de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Fíjense en el 2020, señorías. Ojalá no tuviéramos que volver a convalidar un real decreto como este porque el problema se hubiera resuelto. Ojalá no tuviéramos que volver a convalidar un decreto porque en 2020, cuando termine la vigencia de este decreto, el paro -20 millones de personas trabajando si seguimos con la política económica que se
está desarrollando- ya no sea un problema como el que hoy es y que los desahucios, al menos en su parte más dramática, hayan desaparecido de nuestro escenario.
Creo, además, señorías, que es de valorar que en este real decreto se establezcan mecanismos a favor de los deudores para que puedan quedarse en su vivienda con una renta o precio límite, como señalaba el señor ministro. Para mí el elemento más novedoso es que se pueda volver a recuperar la vivienda por parte de aquellos que en algún momento la hayan perdido.
Señorías, con esta norma somos útiles a nuestros compatriotas, somos útiles a los españoles, a los ciudadanos, somos útiles para resolver problemas de las personas y las familias, especialmente de las familias más vulnerables. Creo que las decisiones como las que hoy toma esta Cámara, como las que lleva tomando el Gobierno desde el año 2012, son decisiones a favor de las personas, a favor de las mujeres y de los hombres, a favor de nuestros compatriotas, por lo que merece la pena acercarse a estos problemas con moderación y tratando de resolverlos para mejorar la vida de los ciudadanos.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2016. (Número de expediente 260/000001).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016.
Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento, las deliberaciones comenzarán una vez que la defensora del Pueblo haya terminado la presentación de su informe. Para la exposición de un resumen del informe, tiene la palabra la señora defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril Bustamante, a quien damos la bienvenida, así como a todos los miembros de esa casa que nos acompañan.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, por su presencia.
En representación de la institución del Defensor del Pueblo, y en calidad de defensora, comparezco ante sus señorías para informarles de toda la actividad realizada a lo largo del año 2016. Hace una semana, tuvimos ocasión de dar cuenta en esta misma casa, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, del informe de manera muy detallada, por lo que ahora, dado que los representantes de los grupos en la Comisión conocen el documento a fondo, voy a hacer un resumen para no alargar demasiado mi comparecencia.
Debo reconocer, y deseo hacerlo, desde luego, que la propia Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo ha jugado en nuestra actividad un papel importante a lo largo de este ejercicio porque nos ha instado en muchas ocasiones a determinadas actuaciones, a determinados estudios, a analizar cuestiones, a profundizar en problemas y nos ha animado a aumentar el número de actuaciones de oficio. Nos ha llamado también la atención sobre determinados asuntos y ha subrayado la importancia de otros. En resumen, nos ha instado a ser más eficaces, más rápidos y a alcanzar mayor número de actuaciones. Quiero agradecerles a las diputadas y senadoras, a los diputados y senadores su actitud en la Comisión, su trabajo y los resultados a los que nos han animado y nos han instado.
Nuestro objetivo a lo largo del año 2016 ha sido, en primer lugar, mantener la solvencia, el respeto y la "autoridad", entre comillas, la auctoritas -como dicen los tratados relacionados con la institución- que debe tener esta institución que completa la democracia y el Estado social y de derecho. Nuestro objetivo ha sido llegar al mayor número posible de personas, a un número mayor que en años anteriores, para que esta institución se conozca más, se relacionen con ella más los ciudadanos, para que los distintos grupos sociales puedan acudir no solo para poner una queja, sino también para manifestar una información, una deficiencia o algo a lo que aspira un grupo, un colectivo. Nuestro objetivo ha sido además aumentar nuestra eficacia, todo ello bajo el principio de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos y libertades de la Constitución española y de los derechos humanos, puesto que somos Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para nosotros ha sido un año de exigencia porque hemos procurado mostrar constantemente cuánto hacíamos, cómo lo hacíamos y en qué tiempo lo hacíamos; y hemos conseguido -creo que podemos
estar medianamente contentos, porque la satisfacción nunca puede ser plena, siempre quedan cosas, muchas- que un 82 % de nuestras recomendaciones a las distintas administraciones hayan sido aceptadas. Veníamos de un 75 o 76 % en años anteriores y este año hemos logrado el 82 %. Todavía quedan márgenes, pero es un paso interesante. Como decía, debido a la presión y al ánimo de sus señorías, hemos logrado aumentar las actuaciones de oficio y estudiar y efectuar recomendaciones tras realizar esos estudios en un número muy superior al de años anteriores. Hemos subido las actuaciones en un 66 % y hemos alcanzado la cifra de 872 actuaciones de oficio. Para llegar a mayor número de personas así como a mayor número de asuntos diversos, hemos introducido unos cuestionarios para recibir la opinión de los ciudadanos, no solamente las quejas, sino que igualmente queremos conocer la opinión de forma directa y muy personalizada. Por tanto, hemos hecho cuestionarios sobre barreras arquitectónicas en el entorno, en los ayuntamientos; cuestionarios a personas afectadas por problemas de celiaquía; sobre problemas -si es que los hubo- al inicio del curso escolar 2016-2017; o problemas de personas que son deudoras de créditos, hipotecarios en muchos casos, y se encuentran con que esos créditos han sido cedidos a otras entidades sin su conocimiento.
Hemos efectuado dos importantes documentos debatidos largamente en la Comisión, uno sobre asilo y otro sobre víctimas de ETA y derechos humanos. En el primero, relativo al asilo, ¿cuáles han sido las conclusiones? Sus señorías las conocen bien: dotar de mayor personal a las oficinas de asilo, darles mayores medios, resolver más rápidamente las situaciones de estas personas, dado que a lo largo de 2016 las solicitudes de asilo han sido 15.570, un 7,2 % más que el año anterior. Según los datos que tenemos, en el 67 % de los casos las solicitudes han sido estimadas favorablemente. En este momento, entre los solicitantes de asilo el grupo mayoritario es el procedente de Venezuela, el siguiente es el formado por sirios -sabemos ya los motivos por los que quieren huir de un país que se encuentra en circunstancias muy dramáticas- y el tercer grupo procede de Ucrania.
En el segundo informe, también debatido y divulgado largamente, relativo a víctimas de ETA y derechos humanos, lo primero que hemos estudiado es cómo las víctimas de ETA están afectadas en sus derechos fundamentales, en el principal de todos los derechos humanos de la convención, como es el derecho a la vida. ¿Cuáles son las ayudas que perciben? ¿Qué desigualdad puede haber en esas ayudas? ¿Por qué las causas que estudian los atentados están todavía dispersas en distintos archivos, con lo cual dificultan en muchas ocasiones el hecho de llegar a saber quiénes fueron los autores de más de 300 atentados no aclarados? El último capítulo, también interesante, es cómo guardamos la memoria y cómo guardan los jóvenes y los adolescentes a través de los libros de texto la memoria de décadas de actos terroristas cometidos por la banda ETA.
El tercer informe es el relativo al mecanismo nacional de prevención de la tortura. -Tenemos esa condición porque así lo resolvió esta Cámara, a petición de Naciones Unidas-. Somos un mecanismo que evita que haya malos tratos, tratos degradantes o humillantes en centros de privación de libertad, por lo que hemos hecho 101 visitas a estos centros. La Comisión conoce bien esta materia y se interesa mucho por todo ello, incluidos los centros de internamiento de extranjeros, que preocupan y ocupan a señoras y señores diputados y senadores. Hemos hablado mucho de ello y hemos expuesto la opinión que nosotros tenemos sobre estos centros de internamiento de extranjeros que existen en Europa, que hemos visitado y que podemos comparar con los de otros países y que, según hemos transmitido -yo lo he hecho personalmente- al ministro del Interior, deben ser mejorados y cambiarse en algunos de los aspectos importantes que comparten estos centros. Asimismo, en calidad de mecanismo de prevención de malos tratos, hemos acompañado en vuelos de repatriación a extranjeros que regresaban, de acuerdo con convenios internacionales, a sus países: Colombia, Perú -el último hace varios días-; y a la vuelta en esos vuelos, realizados en cooperación con Frontex, han regresado españoles que estaban en Perú en situación de indigencia para encontrarse con sus familias en España.
Señorías, el uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido a lo largo de algo más de un año, pero fundamentalmente en 2016, un cambio muy importante en la actividad, en la tramitación y en la resolución de los asuntos. Hemos reducido a la mitad los tiempos de actuación -se muestran en la página web-, los nuestros y los de las administraciones públicas, de todas, y subrayamos aquellas administraciones que tardan mucho tiempo o que no contestan, porque por ley están obligadas a hacerlo, pues detrás de esa pregunta que formulamos hay una persona que tiene derecho a una información. Hemos procurado dar la máxima transparencia, mostrando no solo el presupuesto sino también los viajes que se hacen, su coste y el motivo de los mismos. Toda la documentación que manejamos está en la página web a disposición de cualquier ciudadano. Nuestro presupuesto ha sido a lo largo de 2016 de 14.180.900 euros,
180.000 euros más que en el ejercicio anterior, debido a las inversiones en estas nuevas tecnologías que han mejorado mucho la actividad y la resolución de las actuaciones del Defensor. Hemos empleado todos los canales disponibles para llegar al mayor número posible de personas: los canales más tradicionales -presenciales, carta escrita, manuscrita, llamada de teléfono-, pero también estas nuevas tecnologías, para que se pueda presentar la queja así como recibir la información por la página web, en la que se dice a la persona que se interesa qué pasa con su queja, dónde está y cuál ha sido la respuesta. Al final aproximadamente 554.000 personas han podido ser atendidas a lo largo de 2016 por la institución.
La colaboración con organizaciones, fundaciones y administraciones públicas es muy estrecha. Ayer mismo concluíamos una jornada que el adjunto, Fernando Marugán -que nos acompaña-, dirigía y moderaba sobre cómo van a tratar ustedes -ya han tramitado el real decreto, ha pasado por esta Cámara y ahora el Gobierno tiene que desarrollar el reglamento-, dentro del campo de la energía, del suministro eléctrico, el bono social. Ayer se celebró una jornada con administraciones, con consumidores, con ayuntamientos y con las empresas eléctricas. En otras ocasiones lo hemos hecho sobre la educación inclusiva, en otros momentos sobre los refugiados -en este caso, con Acnur-, y ello nos permite hacer conclusiones y luego dirigirnos a las administraciones. -Fue muy importante la reunión, la jornada con Acnur porque para nosotros las circunstancias de los refugiados, como saben las personas de la Comisión, nos ocupan y nos preocupan siempre-. Hemos seguido muy de cerca la llegada de refugiados a España: en este momento son 877 los reubicados desde Italia y Grecia, pero el compromiso español, que no debemos olvidar, es reubicar a 8.445 personas, es decir, todavía nos falta bastante para cumplir con nuestros compromisos de la Unión Europea. Hemos procurado abrir vías de relación permanente con fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja, Unicef, Cáritas, Save the Children, ANAR, que se ocupa de menores que sufren bullying u otras circunstancias, la fundación para luchar contra el ELA y fundaciones que se ocupan de personas con síndrome de Down. Hemos abierto todos esos cauces y canales para cooperar y echar una mano para los fines de estas personas.
Los miembros de la Comisión conocen con detalle las quejas que hemos recibido. Las quejas de este año han sido 16.500. Son muchas las personas que se quejan por las dilaciones en la Administración de Justicia. -Esto ya viene de algunos años atrás-. Asimismo, hay un número alto de quejas por no ajustarse al código de buenas prácticas de las entidades bancarias, insuficiencia en la transparencia de las entidades bancarias hacia los consumidores, retrasos en la concesión de visados y autorizaciones de residencia, problemas de desempleo -hay personas, diputadas en la Comisión que han insistido mucho en esta materia, que les preocupa-, pensiones, ayudas a personas con incapacidad o discapacidad, retraso en las concesiones de las becas -las familias y los propios alumnos desean saber cuándo van a recibir la totalidad de la beca y las cuantías- y derecho al voto, primero de personas que viven en el exterior y que tienen dificultades cuando llegan una elecciones -la Cámara cuando tenga ocasión podrá estudiar estas circunstancias-, y cuestión distinta pero muy importante es el derecho al voto de las personas que tienen alguna incapacidad, o una incapacidad mental. Esto también debería revisarse, porque es el derecho fundamental de todos los ciudadanos.
Las visitas a los centros penitenciarios han sido explicadas en varias ocasiones en la Comisión y volveremos a hacerlo próximamente con las buenas prácticas observadas y con los déficits también observados en nuestras visitas, en las que yo misma participo. Los asuntos relacionados con las quejas y problemas que hemos diagnosticado de violencia machista también han sido discutidos y seguramente, por desgracia, tendremos que volver sobre ellos en próximas reuniones de la Comisión. A instancias en muchas ocasiones de sus señorías hemos actuado más en las denominadas actuaciones de oficio -es una redundancia, pero es la denominación- y han alcanzado 872, que en comparación con el año anterior suponen un 66 % más de actuaciones de oficio relacionadas con las cláusulas suelo, con la no transparencia o insuficiencia de transparencia en entidades bancarias, con el voto -como mencionaba- de personas que residen en el exterior o la contaminación atmosférica. Nos hemos dirigido a un número alto de ayuntamientos para conocer sus planes y proyectos para reducir o aminorar la contaminación. Hemos recibido colaboración prácticamente de todos los ayuntamientos, y nos parece que es un servicio de interés para los ciudadanos tratar de reducir la contaminación y seguir de cerca los planes municipales.
Voy a concluir para escucharles con atención a ustedes tras mi intervención. Reitero el agradecimiento a la Comisión y a todas sus señorías por estar aquí. Decía un senador -que en legislaturas anteriores fue diputado y que tuvo palabras amables hacia el informe-: además es un informe que se lee bien, que se entiende. Yo a eso le contesté: se debe entender no solo por el buen uso de la lengua, sino porque es un informe hecho para que todos los ciudadanos que quieran, el mayor número posible, lo puedan entender,
que se pueda acoger a cualquiera, que la lectura pueda inspirarle cualquier actuación y, por tanto, tiene que ser un informe hecho para un gran sector o para el mayor número posible de ciudadanos. Si bien, él decía que no era una novela. Evidentemente, no es Eduardo Mendoza o Jorge Edwars escribiendo, pero es que nuestra función es distinta, es que los ciudadanos nos entiendan y puedan ver en la institución del Defensor del Pueblo una institución que defiende sus derechos y libertades.
Gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, a la defensora.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Oramas González-Moro.
Señora defensora del Pueblo, aunque en 2016 el número de víctimas mortales por violencia de género haya sido el más bajo de los últimos diez años, los terribles datos de este año -veinte mujeres asesinadas a 8 de marzo, dos cada semana, y ayer otra mujer con sus dos chiquillos- hacen que pensemos que esta reducción de los asesinatos ha sido solo un espejismo. Además, 2016 ha sido un año terrorífico en cuanto a la vulneración de nuestros derechos de manera pública y privada, con una media de 390 denuncias diarias por violencia de género y 134.400 en todo el año. Por ello, voy a centrar mi intervención en este asunto. Los abusos y violaciones repetidas, el uso de drogas para someter y violentar a las jóvenes, las desapariciones, los asesinatos, la continua violencia contra las mujeres en todas sus formas son síntomas dolorosos de una enfermedad que no hemos erradicado. Queremos recordar que existe una Ley canaria para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres del año 2003, anterior y mucho más avanzada que la estatal. Defendemos que se tiene que integrar y aglutinar a todos y cada uno de los agentes que intervienen en la lucha por la erradicación de la violencia de género, la justicia, la sanidad, los colegios profesionales, la sociedad civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las distintas administraciones públicas que intervienen. Asimismo, hay que trabajar conjuntamente en algo fundamental: la prevención y la limitación de la concesión de custodia compartida en estos casos de violencia. Muchas de las mujeres de mi generación, que vimos llegar con ilusión la democracia y trabajamos para que fuera una realidad, creímos que las conquistas alcanzadas iban a ser suficientes, que la igualdad iba a ser real en pocos años. Hemos educado a nuestras hijas libres e independientes, hemos querido que estén seguras de sí mismas, nos hemos propuesto que nuestros hijos aprendieran valores como igualdad, respeto, solidaridad, que jamás justificaran a quien acosa, abusa o falta al respeto en público o privado. Pero ello no ha sido suficiente.
Cada día las mujeres, que tenemos voz y foros donde expresarnos, como usted y yo, tenemos la obligación ineludible de denunciar que no es suficiente, que faltan leyes, recursos económicos, protección de las víctimas y de sus hijos, formación y concienciación de los jueces y funcionarios y ampliación de los supuestos de violencia de género. Falta educación en valores igualitarios, trabajar para que ese sueño de igualdad que un día tuvimos se acerque cada vez más a la realidad y no haya más violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas.
Es de justicia y tenemos que trabajar todos en este país, en este hemiciclo, en nuestra sociedad y, sobre todo, con nuestros jóvenes para que no vuelva a suceder.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Quiero centrar mi intervención en algunas partes del informe que hacen referencia a mi comunidad de procedencia, comenzando por constatar que sobre Asturias continúa sin caer la gran hecatombe que auguraban los partidarios de la figura autonómica homologable al Defensor del Pueblo, suprimida en 2014. De hecho, observo que pese a la desaparición de la Procuraduría General, lejos de quejarse más, los asturianos se han vuelto a quejar menos al Defensor del Pueblo, pasando las quejas de 356 a 318 en 2016. Cuatro ayuntamientos asturianos forman parte de la lista de las administraciones entorpecedoras de las actuaciones que realizó esta institución. No admite excusa esta falta de colaboración, y lo quiero subrayar. Persisten en el informe anual llamadas de atención que ya son, desgraciadamente, clásicas. Lo de la UTE de la cárcel de Villabona es de escándalo: caso omiso a las continuadas recomendaciones del
Defensor del Pueblo, cuyo cumplimiento se reitera un año más hasta el punto de señalar que no cabe entender que admitir su recomendación dé lugar a disfunciones; caso omiso también a acuerdos tomados en sedes parlamentarias y en ayuntamientos; caso omiso a las denuncias de ONG y asociaciones. Nadie, absolutamente nadie, ha conseguido hacer mella alguna en la actitud de la dirección del centro penitenciario asturiano, que ha tirado por tierra el innovador programa de reinserción social del que muchos nos sentíamos orgullosos. La deriva incorregible de Villabona es desesperante.
Otro clásico: la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de la que este año 2016 hemos conocido que no tiene incluida en su plan de inspecciones a la residencia de mayores de Pumarín en Gijón. Total, para qué, son solo 461 plazas de nada. Otra pifia de esta consejería, de la que ya hablamos el pasado año, ha sido relativa a las liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo. Me permito apuntar al Defensor del Pueblo que suspender no es resolver, y que dados los nefastos precedentes de esta consejería no sería de extrañar un proceso dilatorio para integrar los 6 millones de euros cobrados indebidamente. Por último, quisiera emplazar al Defensor del Pueblo al seguimiento de las irregularidades en relación con el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de Asturias, que son toda una monumental burla a la democracia, a la justicia y a los miles de profesionales colegiados asturianos.
Para finalizar, señora presidenta, con su permiso, en nombre de Foro traslado a doña Soledad Becerril el respeto hacia su persona y el reconocimiento hacia una brillante trayectoria de servicio público que tuvo sus inicios, precisamente aquí, en el Congreso de los Diputados en la mítica legislatura constituyente y que, desde hace cinco años, viene haciéndose cargo de la institución del Defensor del Pueblo. Saludo también a todo su equipo y a todo el personal de este Alto Comisionado de las Cortes Generales, cuya labor al servicio de los españoles es digna de los mejores elogios porque afrontan tareas, asuntos y cuestiones de gran complejidad.
Por el Grupo Mixto igualmente, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Señora defensora del Pueblo, había decidido no intervenir en este punto para comentar su informe, pero anoche decidí intervenir cuando vi algunas de las noticias que se produjeron ayer. Por tanto, esto es -con todo respeto- un ruego y un encargo para usted. Hacía tiempo que no sacaba ningún cartel aquí, pero creo que este cartel es el más justificado en el día de hoy (Lo muestra): Indulto para Cassandra. (Aplausos).
Señora Becerril, en su informe ha hablado de los derechos humanos. Pues bien, uno de los derechos humanos fundamentales es justamente el derecho a la libertad de expresión; por eso le pido que haga gestiones con el Gobierno para que este mismo viernes, sin más tardar, el Consejo de Ministros indulte a Cassandra por cosas que me parecen de pura lógica. En el año 1984, cuando había atentados prácticamente todas las semanas, Tip i Coll hizo un chiste; hace treinta y tres años. ¿A dónde hemos ido? ¿Dónde está la libertad de expresión? En la serie Aída también se hizo un chiste y no pasó nada. En cambio, en este país se ha indultado a un guardia civil que grabó agresiones sexuales a una mujer y no hizo nada; se ha indultado a un conductor kamikaze; se ha indultado al comandante y al capitán médico del accidente del Yak; se ha indultado al número dos del Banco Santander. Si dentro de la figura del indulto hay algún motivo para indultar a Cassandra creo que se cumple perfectamente. Cassandra publicó ayer un tuit que decía: No solo me quedo con antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida. Señora defensora del Pueblo, haga gestiones. Señores del Grupo Popular -acabo ya-, pidan que se indulte a Cassandra porque es un despropósito.
Acabo con las palabras de la nieta de Luis Carrero Blanco, Lucía Carrero Blanco: Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de prisión.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Pausa).
Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Voy a intervenir brevemente. En primer lugar, quiero decir que esta semana se ha alterado el orden de esta Cámara. Hay ciertos diputados que no están presentes de forma voluntaria, pero a otros se les ha obligado. Mi solidaridad con el señor Homs en nombre de mi grupo.
Voy a iniciar mi intervención diciendo que en Comisión hemos tenido más de una comparecencia de la señora defensora del Pueblo por temas concretos, la última hace una semana, en la que presentó el mismo informe que hoy ha presentado a toda la Cámara, por tanto, lo que voy a decir no va a variar mucho de lo que manifesté en su momento. Es un informe extenso, elaborado, con anexos relativos a las víctimas de ETA, a la tortura y a los refugiados. El trabajo que se ha hecho ha sido grande y yo quiero agradecérselo desde aquí a la defensora del Pueblo y a su equipo, ya que es fundamental para todos. ¿Eso quiero decir que compartimos todas las cuestiones que aparecen reflejadas o las reflexiones que se hacen sobre las quejas? La mayoría sí, pero hay algunas cuestiones sobre las que nos gustaría reflejar nuestra opinión.
En lo que se refiere al tema penitenciario -lo hemos dicho en Comisión-, echamos de menos una opinión sobre si la defensora considera que la política penitenciaria que está llevando a cabo el Gobierno es la correcta o no, si la situación en la que se encuentran algunos presos enfermos terminales es la correcta o no. ¿Considera que al Gobierno se le puede decir o no se le puede decir si está llevando bien la política de alejamiento de ciertos presos, con lo que eso supone para sus familias, que están padeciendo algo de lo que no tienen ninguna culpa por tener familiares presos? Es una reflexión que hacemos todos los años y que volvemos a hacerla otra vez hoy. No creo que sea algo de lo cual pueda evadirse, porque la defensora puede decirle al Gobierno si considera que eso se está haciendo bien o no. Sobre el tema penitenciario a nivel de infraestructuras, algunas de las cárceles españolas no están precisamente para salir en las mejores guías y la situación de ciertas infraestructuras en cárceles que ya son muy antiguas se debe también tener en cuenta. Eso va unido a otros lugares que no son cárceles pero donde se retiene a las personas, los famosos CIE, sobre los que hemos tenido tanto debate; en Comisión por lo menos dos veces ya hemos hablado de la situación de los refugiados. Esta no es una cuestión que le ataña solamente a la defensora del Pueblo; nos atañe a todos y sobre todo al Gobierno. Están los que están, pero sobre todo no están los que deberían estar, aquellos que la Unión Europea asumió el compromiso de que deberían ser traídos al Estado español y todavía no han llegado. Hay que ser más beligerante y reclamar más la obligación que se tiene con estas personas que desgraciadamente han tenido que salir de su país y que están todavía esparcidos. Lo decíamos el año pasado, hemos encomendado a Turquía una especie de despensa para retener a los refugiados y después repartirlos, y no creo que Turquía sea el mejor país del mundo para garantizar los derechos humanos ni que tenga la potestad para tratar a los refugiados como se merecen. Hay que obligar al Estado español a que, en la parte que le corresponde, exija en Europa que de una vez por todas se tomen las determinaciones necesarias para que estos refugiados sean repartidos por los diferentes países europeos, entre ellos, el Estado español. No será porque algunas comunidades o países del Estado español, como Euskadi, no lo han reclamado; incluso han preparado toda su infraestructura para que eso sea así, pero no se les deja traer a los refugiados ni pidiéndolo. Creo que a esa situación hay que darle la vuelta.
En su informe, la defensora del Pueblo también habla bastante de las quejas de algunos ciudadanos sobre la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley mordaza. Afortunadamente, hemos dado los primeros pasos para poder cambiarla en esta Cámara y espero que así sea. También aquí pediría más audacia y más valentía a la defensora a la hora de reivindicarlo, porque quizá hay una prudencia excesiva en algunas cuestiones. Se necesita un poco más de celo a la hora de solicitar y exigir al Gobierno cuando no se están cumpliendo algunos derechos que creo que son fundamentales.
El tema de la tortura es básico y coincidimos todos en ello. Desde aquí decía que tenemos que ser beligerantes en la exigencia a las autoridades correspondientes, porque no debe haber ni siquiera la sospecha de la existencia de tortura y no hay que poner ninguna traba a la investigación de la tortura. Hay situaciones en las que salta siempre el relé de que estamos en contra de la tortura, pero cuando hay que investigar si existe tortura se empiezan a poner pegas. Y no será porque la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras instituciones no hayan advertido al Estado español e incluso lo hayan multado. Algunos se deberían sonrojar más de una vez porque no se ha investigado como se debía el tema de la tortura. ¿Qué miedo hay? La defensora decía que no hay tortura porque no debe haberla -no puede haberla, mejor dicho- y ha añadido que precisamente la defensoría es el mecanismo que Naciones Unidas ha determinado para evitar que exista la tortura. Me parece que eso es algo gravísimo. ¿Qué pasa, que si no existiera la defensoría, podría haber tortura? ¿Tendríamos sospechas de que existe?
¿Tiene que haber una unidad vigilante porque, si no, puede haber posibilidad de que exista? No, no debe haber tortura en ninguno de los casos. Por tanto, independientemente de la labor de vigilancia que tenga la defensoría, es un compromiso humano. No podemos ni siquiera sospechar de su existencia, pero, claro, si se ponen pegas para investigar si existe o no, es que algo grave está pasando. Eso aquí ha ocurrido y no se puede ignorar.
En cuanto al tema de la violencia de género, ayer mismo le preguntamos a la ministra -de alguna manera como consecuencia de una advertencia que la propia defensora del pueblo había hecho- por el registro de llamadas al 016. Solicitamos a la ministra que se reúna ya y que tome las medidas oportunas para que las llamadas al 016 no queden registradas en los teléfonos móviles por todas las consecuencias graves que esto puede tener. Todos sabemos que la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de género es total. Además la violencia no es solamente física, hay una violencia de control, psicológica, coercitiva, el agresor revisa móviles, etcétera, y eso tiene ya consecuencias muy graves, como todos sabemos. Por lo tanto, se deben tomar las medidas necesarias, sean tecnológicas, políticas o económicas, para que eso no vuelva a ocurrir. Creo que hay que agradecer a la defensora la advertencia que hizo y nosotros, como grupo parlamentario, lo hemos asumido. Y si no se producen resultados, volveremos a presentar una iniciativa en esta Cámara para que esto se resuelva de una vez por todas. Hoy en día estamos llegando a un tipo de violencia y de coerción desde edades muy jóvenes muy preocupante, con el control de los ordenadores, de los wasaps, de los correos electrónicos, de los chats, etcétera. Es decir, estamos ante una situación en la cual yo creo que algo no está funcionando bien. Antes una compañera lo ha dicho y creo que tenía razón.
Una cuestión que me preocupa mucho y que también se recoge en el informe, pero no de la forma en que se debería, es el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sobre todo en Euskadi, donde los ciudadanos vascos tenemos los derechos lingüísticos limitados en nuestra relación con la Administración General del Estado; no podemos dirigirnos en nuestra lengua porque la Administración General del Estado no responde en nuestra lengua. No solo ocurre en páginas web, sino también en la relación directa -en la Policía, en Renfe, en AENA, etcétera-, y eso es algo que se debe solucionar porque es una vulneración de los derechos lingüísticas.
Por último, en el tema de las víctimas de ETA, es un informe completo, está muy bien, pero yo le sugerí -y acabo con esto- algo que me parece importante, y es que no se podía hacer un informe sobre las víctimas de ETA y no contar con la Secretaría general de paz y convivencia del Gobierno vasco, que creo que ha hecho una enorme labor de reconciliación, de trabajo, de reconocer verdaderamente a las víctimas y su situación. No contar con ella a la hora de hacer este informe es algo que se debe tener en cuenta. Espero que no vuelva a ocurrir porque no hay una sola visión, hay muchas visiones sobre las víctimas y quienes lo padecen son las víctimas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma. (Pausa). La señora Surra Spadea. (Pausa).
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quería empezar agradeciendo a la defensora del Pueblo y a todo su equipo que comparezca esta mañana ante este Pleno y darles la bienvenida a la que es su casa. Quiero señalar que el estudio presentado y elaborado por su institución denota un gran trabajo, un gran esfuerzo y una voluntad admirable por señalar, por detectar y, finalmente, contribuir a mejorar las deficiencias que se producen en nuestro Estado de derecho. Debemos destacar muy positivamente la prontitud en la elaboración del informe, así como la comparecencia ante la Comisión y ante este Pleno. También quería agradecerle hoy aquí que su equipo haya hecho llegar esta misma semana las respuestas a las preguntas que le hice la semana pasada en Comisión y que no pudieron ser respondidas. Lo ha hecho en menos de una semana y se lo quería agradecer y felicitar por ello. Quería felicitarle también por responder en la mitad de tiempo a los ciudadanos. Se ha pasado de responder en sesenta y dos días en 2013 a veintisiete que se tarda actualmente. Igual que decimos que cuando la justicia es lenta no es justicia, cuando el Defensor del Pueblo responde dos veces más rápido de lo que hacía es dos veces más útil y más ejemplar en el ejercicio de su valiosa función.
Del extenso informe que nos ha presentado, queríamos centrarnos en tres aspectos, porque no podemos hablar de todos. En primer lugar, queríamos hablar de justicia. Nos llama mucho la atención que sea la justicia el segundo tema que más preocupa a los españoles. En concreto, se han presentado 1.694 quejas, que son cifras similares a las que presentó el Consejo General del Poder Judicial. Estas quejas se deben, fundamentalmente, a la tardanza en resolver los procedimientos, y esa tardanza solo tiene una única explicación, que es la falta de medios tanto materiales como humanos de nuestra justicia. Debe de ser que a los diferentes Gobiernos de este país, de diferentes colores, no les ha gustado invertir en justicia porque no da votos. Esperemos que no haya otra explicación. Han preferido tener aeropuertos sin aviones o autopistas sin coches antes que invertir en justicia. Para Ciudadanos, la inversión en justicia, aumentar la planta judicial, aumentar los medios materiales y humanos, es algo fundamental; por eso está recogido en el acuerdo de investidura con el Partido Popular. Esperemos que en estos presupuestos se aumente la partida de inversión en justicia.
El segundo aspecto que queremos señalar es el relativo a la educación. Como ya manifestamos hace un año, es de máxima importancia que se preste atención a la educación inclusiva y a la atención temprana, como señala en su informe, así como al tema de la creación del estatuto del artista y del creador para resolver los problemas que pueda haber con el cobro de pensiones. En ese sentido, Ciudadanos impulsó la creación de esa subcomisión que está en marcha y que esperemos que dé sus frutos. Quisiera aprovechar esta mañana para volver a solicitarle ayuda en el tema de la educación. Ya lo hicimos hace unos días en privado cuando compañeros de mi grupo estuvieron con usted, pero desde aquí, desde esta tribuna, queríamos nuevamente solicitarle ayuda para defender los derechos de todos nuestros niños, de todos los padres, de todos los españoles a decidir libremente la lengua en la que quieren estudiar, sin que nadie les imponga en qué idioma deben estudiar. Por eso, señora defensora, le ruego, le suplico, que nos ayude ante las tropelías que se vienen produciendo.
En cuanto a sanidad, que es el tercer aspecto que quería señalar, hay que destacar la idea fundamental de su informe, que es seguir insistiendo en la defensa de los pacientes y usuarios, en el derecho de acceso de los pacientes a la historia clínica en el tiempo y forma estipulados en la ley, en el consentimiento informado, y algo que ara Ciudadanos es fundamental, algo básico, que es la receta electrónica y la tarjeta única. Queremos que se cumpla algo tan básico como que cualquier español pueda ser atendido en cualquier lugar de España y obtener medicamentos en cualquier farmacia de España. Hay muchos diputados que somos de fuera y que ahora no podemos ir a la farmacia de la esquina con nuestra receta, que igual nos han expedido en el centro de salud de nuestro territorio, a sacar ese medicamento. Esto no tiene sentido. Usted lo señala en su informe y desde Ciudadanos seguiremos insistiendo en ello.
Decíamos que es un informe extenso y muy bueno, aunque creemos que se queda un poco corto en el aspecto de transparencia -ya lo dijimos en la Comisión- de otras administraciones, no de la suya, porque la corrupción es el segundo problema de los españoles, según el CIS, y la transparencia es el elemento fundamental para luchar contra la corrupción. Como creemos que, como dicen los españoles, es importante luchar contra la corrupción, el apartado de transparencia debería ser más exhaustivo en su informe.
Manifestamos lo positivo del incremento de las actuaciones de oficio, ya que se ha pasado del 2,85 al 5,02, tal y como le pedimos en la anterior comparecencia, y creemos que debe seguir así. Valoramos muy positivamente las encuestas y las consultas que se han hecho sobre diferentes temas, en las que han participado más de 23.000 personas y, de alguna manera, vemos fundamental suplir la falta de ejecutividad de las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo. Nos llama la atención que, de todas las recomendaciones, haya más a diciembre de 2016 -ya sé que ahora algunas se han resuelto- sin contestar, 248, que aceptadas, 230. En este sentido, defensora, yo creo que debería denunciar ante la fiscalía el no cumplimiento por parte de la Administración, como es la obligación de todas las administraciones. Yo creo que no hace falta esperar los 776 días que lleva el Ayuntamiento de Arenys de Mar sin contestar, los 607 días del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja o los 535 días del Ayuntamiento de Nerja, porque hoy en día las comunicaciones no van en diligencia. Si de verdad hay voluntad y se quiere contestar, como marca el artículo 502 del Código Penal, se puede hacer en mucho menos tiempo. Por cierto, en esto de no contestar y no cumplir con sus obligaciones con el Defensor del Pueblo hay administraciones de todos los colores; las tenemos azules, rojas, e incluso independentistas, aunque ahora no estén.
Creemos que esta Cámara debería estudiar, tal y como se ha hecho con la reforma del Reglamento para las proposiciones no de ley, una reforma del Reglamento para que el Gobierno comparezca aquí y
diga por qué no cumple o por qué no acepta las recomendaciones que le hace la defensoría del Pueblo. El informe es muy extenso, está muy bien redactado, pero su propia extensión dificulta el conocimiento por parte de todos los ciudadanos y por parte de la prensa, que es fundamental para su labor de defensa, y por eso ya le pedíamos en la Comisión que igual es conveniente, para que se conozca por el público en general, un resumen ejecutivo para que sea más fácil su comprensión por parte de todo el mundo.
Quiere felicitarle de nuevo por el informe y por su trabajo de usted y de todo su equipo. Muchas gracias. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Buenos días, presidenta, señorías.
Señora Becerril, quería dar la bienvenida a esta Cámara a usted y a todo su equipo y utilizar mi intervención de hoy para hacer una suerte de evaluación de lo que han sido estos años de defensoría del Pueblo y de lo que ha sido su mandato, teniendo en cuenta que este es el último informe que presenta en esta Cámara porque su mandato finaliza en junio. Quería recordar que existe un cierto consenso entre los historiadores e historiadoras en el sentido de que la figura del Ombudsman surgió en Suecia en el año 1809, aunque seguramente mis compañeros aragoneses me van a decir que el verdadero origen está en los Fueros de Aragón. Esta figura nace principalmente para proteger los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de los posibles abusos de las administraciones públicas. Uno de los elementos clave de esta figura, y que quizá sea el más importante, es su independencia; tiene que ser independiente y autónomo.
Creo que es importante que nos preguntemos -no sé si la señora Becerril se ha hecho esta pregunta- qué pensarán los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, esos que no tienen cuentas en Suiza ni áticos ocupados de 700 metros cuadrados, de que la defensora del Pueblo, la que tiene que fiscalizar la acción de la Administración Pública del Partido Popular, sea a su vez un ex alto cargo del citado partido. A mí me parece que es una pregunta que la gente en la calle se hará. Yo no pongo en duda el trabajo que ha venido realizando, porque conozco al equipo de la defensoría del Pueblo y es de muchísimo nivel profesional, pero lo cierto es que el Partido Popular ha tenido secuestradas ya a tantas instituciones democráticas que es imposible que la ciudadanía no piense en la probabilidad de que esta institución también esté secuestrada. La gente de la calle no se fía de ustedes y por ello tampoco de otras instituciones, que es algo que en democracia debería preocuparnos mucho a todas. Yo me pregunto cómo van a confiar los ciudadanos y las ciudadanas en que nuestros intereses estén bien defendidos si ha existido en nuestro país una policía política, si se destituye a los fiscales que investigan la corrupción y si el partido en el Gobierno constituye una auténtica trama mafiosa, como se ha venido demostrando en los últimos tiempos.
Les propongo que aprovechemos esta intervención de la defensora del Pueblo para abrir un debate muy importante que tiene que ver con la independencia de la defensoría del Pueblo. Si lo que buscamos es que esta figura sea independiente, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país no necesitan más tutelajes innecesarios. Se podría plantear perfectamente que la figura de la defensora o del defensor del Pueblo fuera elegido de manera directa por los ciudadanos y las ciudadanas, que no es algo que hayamos propuesto nosotros sino que distintos constitucionalistas han propuesto en numerosas ocasiones. Nuestra gente no necesita más tutelajes, por lo que considero que es fundamental que abramos este debate para que la independencia de la defensoría del Pueblo no esté nunca más en entredicho.
En lo que respecta al contenido, nos preocupa que sigan disminuyendo las denuncias. Ya sé que la defensora del Pueblo ha expresado en numerosas ocasiones que esto se debe a que en 2014 se produjeron muchas denuncias por la no devolución de la paga extra, pero es importante que nos preguntemos con qué tiene que ver esto, si hay alguna razón más, por lo que creo que es necesario un análisis más exhaustivo de los motivos de esta reducción constante de las denuncias. Uno de los aspectos fundamentales que nos preocupa tiene que ver con la implantación de la Ley mordaza o lo que han sido las leyes mordaza tanto de la reforma del Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Seguridad Ciudadana. Nos preguntamos por qué su institución no llevó a cabo un recurso de inconstitucionalidad, que es lo que consideramos que debería haberse producido teniendo en cuenta el nivel de contestación social, la crítica enardecida de la academia y además, la oposición de todo el arco parlamentario, a excepción, por supuesto, del Partido Popular. Nos gustaría saber por qué ha solicitado más información a las delegaciones del Gobierno sobre la aplicación de esta ley y si es que existe algún
problema con la proporcionalidad de estas penas o con la motivación de constitucionalidad de estas sanciones que afectan a un derecho fundamental.
Como ha recordado mi compañero, el señor Baldoví, estamos en un momento en el que la Ley mordaza y otras leyes mordaza, como la reforma del Código Penal, están seriamente en entredicho cuando se condena a una persona como Cassandra a un año de cárcel y, lo que es peor, a siete años de inhabilitación para ejercer lo que era su deseo máximo, que era ser docente. Se puede decir que a esta joven le han truncado su sueño de ser docente, pero es que además a una persona de nivel socioeconómico bajo le están condenando en costas por una situación que creemos que es tremendamente injusta. No sabemos si le preocupa que se multe a ciudadanos y ciudadanas en nuestro país por dirigirse en su lengua materna, como es el catalán, a policías.
En lo que tiene que ver con las personas migradas, más que echar en falta epígrafes -lo cierto es que todos los epígrafes están relacionados con las migraciones- a quien hemos echado en falta es a usted, por ejemplo, el 18 de octubre, cuando varios miembros de esta Cámara estábamos en la puerta del CIE y los internos que estaban protestando estaban mojándose y congelándose de frío. Yo no sé si usted piensa que los derechos humanos se vulneran solo de 8 a 3, pero los derechos humanos en nuestro país se vulneran todos los días a todas horas. También la echamos en falta los días siguientes, cuando nos personamos allí y vimos los moratones y las magulladuras de tantas y tantos internos. Nos preocupa que hasta ocho días después no hiciera usted una visita al centro de internamiento de extranjeros, que no hiciera antes un hueco en su agenda, porque como han denunciado -no nosotros, sino los jueces de vigilancia del CIE- normalmente cuando se producen estos sucesos se deporta inmediatamente a las personas que han participado en ellos.
Respecto a lo que tiene que ver con las devoluciones en caliente dijo usted el año pasado que no se podía tolerar que hubiera en nuestro país devoluciones colectivas y sumarias. No sé cómo le llamamos a que abramos la puerta, echemos a todos a Marruecos y nos quedemos con cara de anonadamiento porque haya entre ellos algunas personas que han podido solicitar asilo, puede haber menores entre esas personas o incluso personas heridas o enfermas que tenían que haber sido trasladadas al hospital. Si esto no es una devolución colectiva y sumaria no sé yo a qué le podemos llamar devolución colectiva y sumaria.
Respecto a los vuelos de deportación le animo a que haga visitas, pero visitas de las de verdad, visitas sorpresa, porque cuando usted va a un vuelo que está preparado las condiciones son las óptimas, pero nosotros y las organizaciones sociales hemos recibido información de numerosas violencias contra las personas migradas que están siendo trasladadas al aeropuerto. Tenemos un protocolo de deportación que lo único que impide es que se mate a la persona deportada, porque todo lo demás está permitido.
En lo que tiene que ver con la infancia migrante no deja de preocuparnos que constantemente la policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apliquen protocolos que son contrarios a las sentencias y a las recomendaciones judiciales, que dicen que hay que tener en cuenta la documentación de los países de origen. O sea, ¿nos vale la documentación de los países de origen para deportar a alguien, pero no para documentar a un menor? Es algo que nos parece incomprensible.
Respecto al asilo no podemos compartir una cierta alegría u optimismo porque tenemos en la OAR 15.000 expedientes en stock, que son 15.000 personas que están viendo cómo su expediente y sus vidas están paralizados. Por ello exigimos que se realice un informe en profundidad de cómo se está llevando a cabo la garantía del derecho de asilo en España, que diga qué está pasando con esas solicitudes de asilo que están paradas, qué está pasando con las oficinas de Ceuta y Melilla, porque efectivamente ninguna persona subsahariana ha podido pedir asilo en esas oficinas desde que llevan abiertas, a pesar de que en otras sí se haya podido.
Respecto a la cuestión de la tortura y los malos tratos, como bien ha dicho el compañero del Partido Nacionalista Vasco -hoy no lo ha dicho, pero lo dijo el año pasado, y yo la verdad es que me quedé helada en mi escaño, y cito textualmente-: Afirmo en esta casa que en España no hay torturas y no puede haberlas en un Estado democrático. No sé si sus señorías se acuerdan de Guantánamo y de las condenas que ha hecho el Senado de Estados Unidos a las torturas que allí se produjeron. No sé si usted piensa que Estados Unidos no es un Estado democrático, pero quiero recordarle que España tiene ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente las denuncias de torturas, seis desde que firmamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es algo que nos preocupa sobremanera y creo -y es lo que debemos defender- que la diferencia entre un Estado democrático y un Estado que no es democrático no es si hay o no torturas, es si se previenen, si se vigilan, si se castigan y si se persigue a los culpables. Esa es la diferencia entre un Estado democrático y un
Estado que no lo es. (Aplausos). Convirtamos a España -que es lo que queremos nosotros- en un Estado que sea verdaderamente democrático e investiguemos en profundidad las denuncias de torturas.
Nos parece ciertamente insuficiente el espacio que se le dedica en el informe a la violencia machista, solo diez de setecientas páginas. Se nos sigue colando algún "violencia doméstica" que, como sabe, ya el Convenio de Estambul ha dicho que hay que ir eliminando este tipo de terminología. Y nos preocupa que en un momento en el que el número de asesinadas sigue en aumento el presupuesto del Gobierno no deja de bajar. Frente a esta situación creemos que ya está bien de minutos de silencio y de declaraciones fastuosas aquí, en el Congreso de los Diputados; lo que necesitamos es un compromiso real con la igualdad y contra todas las violencias.
Agradecemos también la preocupación que refleja su informe por el tema de la trata, sin embargo nos preocupa que los sistemas de protección de trata en nuestro país no estén a la altura de las necesidades que tienen estas víctimas. Nos gustaría mucho ver un informe temático exhaustivo sobre el sistema de protección de las víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral.
Por último, para ir terminado ya, me referiré a las personas presas. Nos preocupa especialmente la sanidad penitenciaria, ya lo saben. Nos alegramos de que haya dedicado más interés a este tema en este informe de 2016. Nos preocupa que muchos presos y presas sigan cumpliendo condena lejos de sus casas, porque esto es contradictorio con el fin que supuestamente persigue el sistema penitenciario, que es la inserción social. Nos preocupan los suicidios en prisión; si se han producido hasta 23 suicidios en 2016 creemos que tenemos que mejorar los protocolos antisuicidio y aplicarlos siempre que sea necesario. No leemos ni una palabra sobre las mujeres en prisión. Las mujeres en prisión son pocas, pero son importantes, y hay que dedicarles también atención.
Y, por último, la infancia en nuestro país. Seguimos sin tener un epígrafe sobre este tema; hay un entresacado específico de infancia, pero no un epígrafe concreto. Los niños y las niñas han sido el colectivo más castigado por la crisis económica; muchos pasan frío en sus casas, van a clase con libros que no están adecuados o no saben ni siquiera lo que es irse de vacaciones. Creemos que este tema debería ser una prioridad absoluta dentro de la actividad de la defensoría del Pueblo.
Y ya para acabar, nos preocupan las prácticas...
La señora BELARRA URTEAGA: Termino, gracias.
Como decía nos preocupan las prácticas medioambientales de riesgo que está poniendo en marcha el Partido Popular. Hablo de Doñana, pero también de la calidad del aire; hablo del fracking, de especular con el agua; hablo de las condiciones en las que estamos dejando nuestra biodiversidad a las generaciones que vienen. Creo que la garantía de los derechos intergeneracionales es también una garantía de los derechos humanos, y nuestros hijos e hijas tienen derecho a recibir el mundo al menos en las mismas condiciones en las que lo recibimos nosotros. Como a ellos nos debemos, le insto también a que se centre en este tema.
En nombre de mi grupo felicito y agradezco a la defensora del Pueblo, a los adjuntos y a su magnífico equipo técnico el informe 2016, y muestro nuestra conformidad en lo fundamental con la intervención de la defensora hoy ante esta Cámara. Pero sin perjuicio de lo anterior voy a hacer cinco matizaciones constructivas al informe.
La primera es que el exceso de concisión y a veces la falta de contexto y motivación hacen el informe -en ocasiones- opaco y de difícil comprensión. Se echa en falta que la toma de posición de la defensoría sea clara y bien razonada.
La segunda es que la reducción efectuada en los tiempos de respuesta del defensor al ciudadano y a la ciudadana es conveniente, pero siempre y cuando ese acortamiento no repercuta en la calidad de sus resoluciones. Sin perjuicio de lo anterior entiendo que lo más conveniente sería conseguir la reducción de los tiempos de contestación de la Administración al defensor, y entiendo que esto no se ha logrado, salvo el acortamiento respecto a la Fiscalía General del Estado.
Tercera. Es cierto, como dice el informe, que se ha incrementado el número de resoluciones aceptadas por la Administración, pero también lo es que el grado de aceptación de las mismas depende de lo que se solicite, y así en el informe he encontrado bastantes ejemplos de resoluciones aceptadas con peticiones demasiado vacías y fáciles de aceptar: por ejemplo, estudiar la posibilidad de, o valorar la conveniencia de.
Cuarta. Existen recomendaciones de calado rechazadas por la Administración que considero deberían ser objeto de más visibilidad y de más relevancia.
Apuntadas las anteriores manifestaciones es momento de entrar en el grueso de mi intervención. Señorías, es un lugar común que el goce y disfrute de los derechos sociales está condicionado, entre otras cosas, a que existan disponibilidades presupuestarias, pero a pesar de este condicionamiento económico, el Estado social que proclama la Constitución exige que, para la realización de los valores de la libertad y la igualdad, el Estado dote de mínimos de bienestar a las personas desfavorecidas y excluidas, y es que sin dicha satisfacción no hay libertad ni igualdad que valgan. Así las cosas -y de ahí la introducción del informe que he realizado- el informe del defensor señala, o se deduce del mismo, cuáles han sido las consecuencias de las crisis económicas y de los ajustes del gasto, y también se deduce o indica cómo han afectado estas circunstancias a los derechos sociales, que por otra parte amortiguaban o evitaban la exclusión de los colectivos desfavorecidos. En consecuencia y dado lo prolijo del informe me voy a referir a los siguientes temas: pobreza, empleo, discapacidad, educación y dependencia.
Pobreza y exclusión. Si en 2015, según datos de Eurostat, 13.100.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza y de exclusión -2.000.400 personas más que en 2008-, si en 2015, según estos datos, 2.000.900 menores se encontraban en riesgo de pobreza -100.000 menores más que en 2010-, y si del informe del defensor se deduce que el sistema dual de protección de las familias de riesgo resulta limitado, poco ágil y no llega a cubrir las necesidades que se plantean, si ocurre todo esto tenemos elementos objetivos suficientes para considerar que hay muchísimo por lo que preocuparse, que la recuperación ha sido lenta y desigual, que el crecimiento económico del pasado ejercicio no ha bastado para reequilibrar los devastadores efectos de la recesión, y asimismo que no han sido eficaces las políticas de lucha contra la pobreza. Por todo eso nos encontramos no con el Estado social que proclama la Constitución, sino con un estado de pobreza en el que la falta de igualdades acampa y sale al encuentro de toda aquella persona que esté dispuesta a verla.
Empleo. Después de la crisis hemos pasado de una situación de emergencia social a la de precariedad y falta de oportunidades. Señala el informe que, según datos del Instituto de Estadística, el desempleo en España afecta a más de 4 millones de trabajadores, lo que supone una tasa de paro superior al 18 %. El mantenimiento de los altos índices de desempleo -defensora dixit- hace que las personas en plena edad laboral no aporten sus cotizaciones para el sostenimiento del Sistema de Seguridad Social y se vean necesitadas de ayudas públicas para subsistir. Duro panorama, señoras y señores. Todo ello -continúa la defensora- hace imprescindible que las administraciones mantengan políticas activas de empleo coordinadas que propicien la mejora de la empleabilidad de los colectivos castigados por la falta de empleo. Pero nos preguntamos, ¿se ha hecho caso de esta recomendación? La respuesta no está en el cielo, la respuesta es que no. Continuando con el empleo, el juvenil -señala el estudio- tiene una tasa de desempleo entre los menores de veinticinco años cercana al 50 %. ¡Cuánta decepción y cuánto desarraigo para los jóvenes y cuánto dolor en las familias esquilmadas! Constata la defensora también el fracaso del sistema de garantía juvenil, que nos lo ha recordado recientemente la Unión Europea.
En educación existen tres temas que marcan la diferencia entre un Gobierno que apuntala el Estado social y un Gobierno que lo deconstruye: son la gratuidad de la enseñanza reglada, las becas y la educación inclusiva. Del informe de la defensora se infiere otra vez la línea de derribo que ha trazado el Gobierno sobre el Estado social. En cuanto a la enseñanza obligatoria sabemos que la Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero ¿realmente es gratuita la enseñanza, esta enseñanza? Los informes del defensor indican que en la práctica no lo es, pues muchas familias no pueden hacer frente a todos los gastos que conlleva la escolarización obligatoria de sus hijos. De la recomendación del defensor se deduce que no, que no existe igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas en la enseñanza obligatoria. En cuanto a las becas de las quejas presentadas se infiere que el sistema de becas, sobre todo el universitario, se ha endurecido, tarda más en reconocerse el derecho, y una vez reconocido se desconoce la cuantía final de la beca. En definitiva se puede concluir que la restrictiva política de becas ha disparado y hecho diana contra la igualdad de oportunidades en la educación.
Enseñanza inclusiva. Los informes indican que los poderes públicos no ponen a disposición de los alumnos y las alumnas con discapacidad todos los medios necesarios, ajustes razonables, para que reciban una educación educada, personalizada y en igualdad de condiciones. De este relato es fácil colegir que nuestro sistema educativo acepta solo formalmente el mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo respecto a las discapacidades cognitivas y sensoriales, existiendo una brecha educativa entre los alumnos y alumnas con discapacidad y los otros alumnos y alumnas. La escuela ordinaria pues no es de todos ni de todas.
Señorías, quedan en mis folios muchas cuestiones que la falta de tiempo me impide exponer, pero me conformo con señalar una conclusión. Del informe se deduce que las políticas económicas y sociales contra la crisis se han cebado en los grupos sociales más desfavorecidos -las pequeñas mejoras de 2016 apenas les han afectado-, grupos sociales estos que no han visto satisfechas sus necesidades básicas, lo que ha modificado la esencia del Estado social, haciendo que para ellos la igualdad y la libertad se conviertan en papel mojado.
Presidenta, para terminar, dice Flores d'Arcais que sin derechos políticos la gente no puede estar segura de sus derechos personales. Pero sin derechos sociales los derechos políticos seguirán siendo un sueño inalcanzable, una ficción inútil o una broma cruel para aquellos -muchos- a los que la ley formalmente garantiza tales derechos.
Quiero, en primer lugar, felicitar y dar la bienvenida a esta Cámara a la defensora del Pueblo y a todo su equipo por la claridad de su exposición, por el cumplimiento de los plazos y por la intensa actividad desarrollada, que ha venido mereciendo la aprobación de la mayoría de los grupos a lo largo de su mandato. Prueba de ello ha sido el contenido de algunas intervenciones que hemos escuchado en tribuna esta mañana, en que más que valorar el contenido de su informe se han dedicado a esa recurrente e irrefrenable afición de criticar al Gobierno del Partido Popular, venga o no al caso, por lo que me veré obligado a contestar alguna de esas afirmaciones. Por cierto, señorías, aquí no se ha apartado a nadie de este Parlamento. España es una democracia y un Estado de derecho, y la democracia nace con la libertad, pero vive con la ley. Todos estamos obligados a respetar el principio de legalidad. Nadie está por encima de la ley. Quien la incumple tiene que asumir las consecuencias de ese incumplimiento. (Aplausos).
Del amplio informe que hoy nos ha presentado la defensora quisiera resaltar dos datos, a mi juicio muy significativos, que demuestran la eficacia de su trabajo. El primero de ellos es que el número de quejas ha venido disminuyendo en los últimos años. En 2016 se recibieron en la institución 16.485 escritos de queja, muy lejos de los casi 35.000 que se recibieran en el año 2010, cuando el desastre llamaba a las puertas de España, lo que significa que o bien en estos años las administraciones funcionan mejor o bien España va mejor, o las dos cosas a la vez. Lo que no se puede decir es que las cosas están peor. Bueno, se puede decir, ya lo hemos visto en esta tribuna, eso sí, con nula credibilidad, porque ustedes nos acusan de haber fomentado la desigualdad, pero olvidan que la mayor fuente de desigualdad es el desempleo, y que por ello cuando ustedes gobernaban, del año 2007 al 2011, España fue el país de la OCDE que más creció en desigualdad. (Rumores). Sí, ya sé que a todos nos preocupa la desigualdad, pero lo que digo es que cuando ustedes gobiernan los problemas de paro y desigualdad crecen y cuando nosotros gobernamos sucede lo contrario, que disminuyen, y ahí están las estadísticas para demostrarlo. (Aplausos).
El segundo dato que quiero resaltar es que se ha producido un incremento de las actuaciones de oficio de la defensoría de un 66 %, un incremento que demuestra que estamos ante una institución viva y que actúa cada vez con mayor rigor, cercanía y eficacia. Prueba de ello -ya se ha dicho- es cómo se ha reducido el tiempo medio de respuesta o que el 82 % de las recomendaciones que dirigió a las administraciones fueron aceptadas por estas sin reserva alguna, superando con creces los porcentajes de años anteriores.
Por lo que respecta a las áreas de actuación el informe refleja que la justicia, aunque ha mejorado, sigue siendo la que concentra el mayor número de quejas, por cierto muchas de ellas relacionadas con dilaciones en procedimientos judiciales. También constata, aunque algunos pretendan sembrar dudas, que en los centros penitenciarios y de internamiento en España no hay malos tratos y los derechos de los reclusos se respetan. Por cierto, señora defensora, son encomiables las gestiones y el esfuerzo que está
realizando para que en los casos más dramáticos de españoles presos en cárceles extranjeras estos puedan ser repatriados.
Han sido muchas otras las áreas de actividad que han desarrollado en el ámbito de lo económico o lo social donde la institución ha cumplido esas funciones de supervisión. Desde la exigencia de una mayor claridad en los productos financieros que ofrecen las entidades bancarias hasta las áreas de vivienda -por cierto, si les preocupan tanto los desahucios apoyen el real decreto- o las áreas de educación o sanidad, es decir, el conjunto de las políticas sociales. Sé que en estos temas se puede utilizar mucho la demagogia y amplificar las dificultades que hoy siguen pasando muchos españoles, pero lo que no se puede decir es que el Gobierno del Partido Popular poco menos que ha acabado con el Estado del bienestar. Con las cifras en la mano no, señorías. Porque estamos consiguiendo reducir el déficit y salir de la crisis con un gran esfuerzo por parte de los españoles, pero también estamos saliendo de la crisis de manera solidaria y subiendo el gasto social. Por primera vez en la historia el año pasado superamos los 300.000 millones de euros destinados a gasto social por parte del conjunto de las administraciones. Así que facta, non verba, hechos, no solo palabras. Podrán hacer los discursos que quieran, pero la realidad les desmiente. Nosotros no hemos desmantelado el Estado del bienestar. Hemos hecho algo mucho más importante, que es salvarlo de la quiebra, que es una cosa bien distinta y ustedes deberían saberlo. (Aplausos).
Un asunto que ha merecido un estudio especial ha sido el asilo. Ya sé que hay mucho camino por recorrer para dar solución a la tragedia humanitaria que viven millones de desplazados, pero no mezclemos los temas, porque una cosa es la inmigración por razones económicas y otra la que se produce por conflictos armados o por razones de persecución política, y es ahí donde hablamos de asilo. Para resolver las casi 18.000 solicitudes pendientes de resolución, entre ellas las de 3.000 ciudadanos sirios, hemos incrementado en un cien por cien el presupuesto de la Oficina de Asilo. Por cierto, ¿saben qué nacionalidad tiene el mayor número de solicitantes de asilo? ¿Lo saben? La venezolana, más de 4.000 solicitantes, y ello da idea de la grave situación política que se vive en ese país con el régimen chavista. Esto no lo dice el Partido Popular, sino que lo dice también Acnur. Así que si les preocupa el asilo por persecución política ya saben también a quién pueden dirigirse. (Aplausos).
Un año más la defensora del Pueblo ha vuelto a mostrar su preocupación por las víctimas de violencia de género. Desde luego no consuela nada que el número de víctimas mortales esté descendiendo en la última década. El objetivo es luchar contra esta lacra y erradicarla de cuajo de nuestra sociedad hasta su total eliminación. Para ello lo importante no es cambiar el apellido y denominarla violencia machista. Por cierto en materia de lenguaje machista tienen muchas cosas que corregir a sus dirigentes. Lo importante es considerar incompatible con la democracia cualquier tipo de violencia, lo importante es rechazar y combatir la violencia, se llame de género o machista, y cualquier tipo de agresión, coacción o intimidación. Lo digo porque algunos hoy están muy preocupados por la situación de los presos de ETA o porque no existan sospechas de torturas en dependencias policiales, pero luego se hacen la foto y se convierten en abogados de los agresores de los guardias civiles en Alsasua, que fueron cobarde y salvajemente apaleados por el mero hecho de ser servidores públicos, señorías. (Aplausos). O con unos o con otros, no hay término medio. Y eso es precisamente lo que ha hecho la defensora del Pueblo en su informe sobre víctimas de ETA: colocarse al lado de la justicia y la verdad. Y en este tema no caben ni ambigüedades ni equidistancias, o se está con las víctimas o se está con sus verdugos. Y nosotros siempre estaremos con las víctimas y también con la libertad y la paz, que no tienen ningún precio que pagar. Por eso, escuchen bien, ya hay vencedores y vencidos -es una pena que no estén en esta Cámara los representantes de Bildu-, ya hay vencedores y vencidos. Han vencido los que defendieron sus ideas con la palabra y no con las pistolas; han vencido los hombres y mujeres que fueron capaces de defender la libertad de todos, incluso con su vida; ha vencido la democracia y han perdido los terroristas y los que les ampararon y justificaron. Por eso el destino de ETA será su derrota o rendición, de manera incondicional y sin contrapartida, y luego pasar al basurero de la historia. (Aplausos). Y por eso nadie podrá conseguir borrar ni distorsionar la verdad de lo que sucedió, y por eso la historia tendrá que recordar que por la libertad y los derechos de los vascos y de todos nosotros no lucharon los que mataron, lucharon los que murieron. Y por eso el futuro de nuestra democracia tendrá que asentarse sobre la memoria y la dignidad de las víctimas; de víctimas como tu hermano, Mari Mar (Refiriéndose a la señora Blanco Garrido) -que sé lo que estás pasando- (Aplausos), a quienes nunca vamos a olvidar, siempre llevaremos en nuestros corazones y que serán siempre para todos nosotros un referente de libertad. Esos valores en defensa de la libertad y de los derechos humanos son los que se recogen en el informe de la
defensora del Pueblo que nosotros vamos a apoyar, una institución viva y que demuestra cada día que es una institución útil para la defensa de los derechos y libertades de los españoles.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular).
Muchas gracias a la defensora del Pueblo y a todo el equipo de la defensoría. Muchísimas gracias.
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y CIUDADANOS, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 156/000016).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar el punto del orden del día correspondiente a solicitudes de creación de comisiones de investigación, y en concreto a la solicitud de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos de creación de una comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Para la defensa de la solicitud presentada por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, se lo dijimos el primer día que estalló el escándalo: la sombra de Bárcenas les va a perseguir mientras no den explicaciones y asuman sus responsabilidades políticas. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Y aquí están ustedes, ocho años después, sepultados bajo la sombra de Bárcenas y de sus papeles, que son los suyos. Seguro que les resulta tenebrosa a todos ustedes, porque evidencia la inquietante sospecha de la financiación ilegal del Partido Popular.
Señores diputados del PP, la sospecha se hizo indicio, el indicio prueba, y la prueba de su financiación ilegal se convirtió en testimonios y documentos que condujeron a cuentas corrientes, cifras millonarias, sobres, sobresueldos, regalos y hasta a mariachis. Sospechas, indicios y pruebas que les han acompañado cada día durante los últimos ocho años; sospechas, indicios y pruebas que han ido aumentando con cada diligencia judicial y con cada informativo. Sin ir más lejos, la prensa del día, con dos portadas. Una: La patronal financió la campaña del PP de Madrid de Esperanza Aguirre del año 2007. Otra: Una exempleada de Correa alertó a Granados de las actividades de la trama Gürtel. Esto es hoy, pero ha sido así a lo largo de los últimos ocho años.
El 6 de febrero de 2009 -acuérdense- fue el día de la detención de Correa y de El Bigotes. Para ustedes, diputados del PP, seguro que fue un día fatídico, seguro que un sudor frío les recorrió el cuerpo; para el resto fue la confirmación de la evidencia, el descubrimiento de la trama de financiación ilegal del PP durante veinte años, la totalidad de su existencia. Desde el minuto uno de su fundación el PP se había beneficiado de una financiación ilegal anabolizante, rompiendo las mínimas reglas del juego limpio democrático. Estupefactos, los ciudadanos tuvimos que oír solo cinco días después cómo el señor Rajoy clamaba indignado: "Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP". La arrogancia que acompañaba aquellas ominosas imágenes del señor Rajoy rodeado de su plana mayor, de muchos de ustedes -¿se acuerdan?-, se convirtió en bochorno cuando empezó el desfile judicial. Hoy, solo en Gürtel, son doce piezas separadas y 167 procesados, del PP y de su entorno.
Las explicaciones iniciales del PP apelaron a la honorabilidad de los imputados. ¿Se acuerdan? Nadie podrá probar la culpabilidad -decían-, y así durante ocho años, sin asumir responsabilidades políticas. Silencios y mentiras, en directo y en diferido, bien lo recordará la señora ministra, secretaria general, hoy ausente de este debate, evidenciado la falta de talante democrático, aunque posiblemente dentro de treinta minutos recorra este pasillo para asistir a la votación.
Gürtel, Bárcenas, Fitur, el Papa, la Púnica, Taula, Imelsa, Brugal, Fórmula 1, Emarsa, Novo Carthago, Eólica, Palma Arena. Siempre la financiación ilegal del PP, siempre explicaciones falsas, desmentidas por nuevas pruebas y nuevas informaciones, siempre creciendo la basura ante los ojos atónitos de los ciudadanos. Hoy todo el mundo sabe que el PP durante más de veinte años se ha financiado al margen de la legalidad. Y no se atrevan, señores del PP, a enarbolar la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia la metió Correa en su maleta de camino a Alcalá-Meco para cumplir de momento
-de momento- trece años de cárcel. Correa, al que le ponían la alfombra azul cuando entraba en Génova. Porque la presunción de inocencia la tiene enmarcada El Bigotes en su celda para -de momento- los próximos nueve años. El Bigotes, el amiguito del alma de Camps. De norte a sur, de este a oeste y, desgraciadamente, siempre pasando por Madrid y la Comunidad Valenciana. Financiación ilegal para pagar obras, sobresueldos, viajes, fiestas, elecciones y, por supuesto, para el enriquecimiento personal de los recaudadores, también llamados en el PP tesoreros o gerentes. Ministros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, consejeros, diputados autonómicos, presidentes de Diputación, alcaldes, concejales, todos beneficiarios de la red. Hasta el hoy presidente del Gobierno aparece en los papeles de Bárcenas. Asociación ilícita, prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, malversación, estafa, delitos electorales: medio Código Penal. Y mientras, la mayoría absoluta del Grupo Popular, semana tras semana, rechazando más de veinte comparecencias del señor Rajoy y todas las solicitudes de comisiones de investigación hechas por mi grupo desde 2013.
Por episodios ignominiosos, dignos de vergüenza y bochorno como los de "Luis, sé fuerte", "hacemos lo que podemos", el mundo entero giró su mirada hacia España. La prensa internacional les dedicó sus portadas, pero esto no iba con el señor Rajoy. Lejos de asumir sus responsabilidades políticas, se han dedicado a obstaculizar la acción de la justicia recusando jueces, ejerciendo fraudulentamente la acusación particular, querellándose contra funcionarios, cesando a inspectores de Hacienda, demandando a medios de comunicación, querellándose contra diputados, destruyendo pruebas, discos duros, agendas... La obsesión del PP no era otra que impedir que los tribunales y el Parlamento pudieran averiguar la realidad, los hechos, y exigirles responsabilidades penales y políticas.
Señorías, esta es una Cámara parlamentaria, no es un tribunal. Los jueces determinarán las responsabilidades penales de los muchos implicados en la financiación del PP, todos ellos cargos del Partido Popular y de su entorno, pero lo que no pueden hacer los jueces, pero sí esta Cámara, es exigirles responsabilidades políticas por maquinar un sistema de financiación ilegal en B que les permitió durante años concurrir a las elecciones sobrefinanciados, dopados y adulterando los resultados electorales.
Termino, presidente. Señor Rajoy, allí donde esté, ausente una vez más -posiblemente dentro de media hora tenga la valentía de acudir a la Cámara, pero ahora no-, durante cuatro años consiguió evitar su comparecencia en este Congreso, pero hoy el Partido Popular ya no va a poder evitarlo. Ya no pueden evitar responder políticamente ante esta Cámara. Hoy la creación de esta Comisión marcará un antes y un después en la salud democrática de nuestro país, porque para sanar una herida primero hay que limpiarla. La gangrena de corrupción vinculada a la financiación ilegal del PP ha dañado seriamente el aprecio social de los españoles hacia las instituciones democráticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Rallo, tiene que ir concluyendo.
El señor RALLO LOMBARTE: Señorías, solo lo recuperaremos ofreciendo a los españoles respuestas y depurando responsabilidades.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bescansa Hernández.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Permítanme que inicie esta intervención reflexionando sobre el fondo de la cuestión que hoy se trata aquí, una cuestión capital que justifica la petición de constitución de esta Comisión sobre la corrupción del Partido Popular. Permítanme que inicie la intervención reflexionando sobre lo que significa e implica la corrupción en democracia.
Históricamente la defensa de la democracia se ha llevado a cabo confrontando con amenazas de muy distinta naturaleza. John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, defendió la democracia frente al absolutismo y frente a la concentración de la tierra. Lincoln defendió la democracia frente a la esclavitud y frente a la monarquía. Lassalle defendió la democracia frente a la desigualdad social. Bolívar defendió la democracia frente a la infelicidad social. Clara Campoamor defendió la democracia frente al machismo. Gramsci defendió la democracia frente al fascismo. Hoy, en el siglo XXI, toca defender la democracia frente a la corrupción y los corruptos.
La principal amenaza de las democracias representativas y de la democracia española es la corrupción. La corrupción es anterior a la democracia. No hay democracia que no haya tenido corrupción. Los primeros
partidos políticos del mundo, los partidos británicos, aunque hoy esto pueda parecer una broma, nacieron precisamente frente a la corrupción. Las puertas giratorias existen incluso desde antes de que existiesen los partidos políticos; existen tal cual las conocemos ahora desde el siglo XIX, como bien describió Zola en su novela El dinero. Pero que la corrupción política sea un fenómeno de largo aliento no significa que sea un fenómeno inevitable. No es consustancial a la naturaleza humana y no es común a todos los sistemas políticos y a todos los partidos. La corrupción política no afecta a todos los sistemas por igual ni a todos los partidos por igual ni a todos los políticos por igual ni, por supuesto, la impunidad afecta a todos los sistemas por igual. Hay sistemas políticos que son corruptos y otros que no, hay partidos políticos que son corruptos y otros que no, hay políticos corruptos y otros que no y hay empresarios que corrompen y otros que no lo hacen. Constituir una comisión de investigación sobre la corrupción del PP es una obligación de todas las personas que estamos aquí y que queremos defender la democracia en España, porque antes que cualquier otro principio es nuestra obligación defender la democracia de sus principales enemigos. Es obligación de todos y de todas, incluidos los parlamentarios del Partido Popular, que deben de ser precisamente los más interesados en investigar la corrupción de su partido, aprobar la solicitud de creación de esta comisión de investigación.
Señores del Partido Popular, yo les llamo a que rompan la disciplina de voto, llamo a aquellos de ustedes que quieran conocer cómo ha funcionado su partido, cómo se ha financiado y que realmente quieran cumplir el compromiso con la gente que les ha votado y les ha puesto aquí, a que voten a favor de la constitución de una comisión de investigación, porque si tienen algo que ocultar, serán ustedes los primeros interesados en que se eso se desvele, y si no tienen nada que ocultar, serán también los primeros interesados en que esa comisión desvele que no tenían nada que ocultar y que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, creer que el Partido Popular no tiene corrupción es vivir en otro mundo. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Bescansa.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: El Partido Popular es el partido político más corrupto de la historia de la democracia, es el primer partido político en España que ha sido imputado. El Partido Popular es el partido político que, dependiendo del momento concreto, ha tenido o sigue teniendo entre 150 y 250 personas imputadas o condenadas. En el centro, en la periferia y en la semiperiferia del Partido Popular ha habido gente robando a manos llenas para sí mismos y para el partido. (Aplausos). Constituir una comisión de investigación sobre la corrupción en el Partido Popular es una obligación para todas las personas que estamos en esta Cámara, para todas las personas que tenemos como primera obligación la de defender la buena democracia, una democracia de calidad en España.
Antes de nada la democracia debe defenderse de sus enemigos. Las investigaciones judiciales en curso están encontrando en todos los niveles del Partido Popular a gente robando dinero público para financiar al partido -toda la trama un Gürtel-, a gente robando dinero público para llevárselo crudo -como toda la trama Púnica-, a gente robando para financiar al PP y llevárselo crudo al mismo tiempo -prácticamente casi todos los miembros de la trama Gürtel y de la trama Púnica-, a gente cobrando sobresueldos en sobres para hacerse los tontos o para seguir alimentando las tramas de corrupción, y a gente corrompiendo a los partidos políticos y al mismo tiempo robando a las empresas que corrompen al PP, que también los hay, como López Madrid. En definitiva, las investigaciones judiciales han puesto sobre la mesa prácticamente todo el abanico de prácticas corruptas posibles.
Señores del Partido Popular, se va a aprobar la constitución de esta comisión de investigación, se va a aprobar aunque ustedes voten en contra. Eso es una buena noticia para la democracia de nuestro país, pero sería una noticia todavía mejor que ustedes votasen a favor de la constitución de esa comisión; a lo mejor no todo el grupo parlamentario, a lo mejor solo algunos de ustedes, solo algunas personas decentes que quieren investigar y quieren poner luz y taquígrafos sobre su partido y sobre el funcionamiento del mismo.
Cuando los jueces y esta Cámara terminen sus investigaciones sabremos cuánto se ha robado, sabremos cuánta gente lo ha hecho, y aunque no podremos saber nunca cuántos escaños, cuántos alcaldes y cuántos Gobiernos han ganado ustedes haciendo trampas y robando, sabremos al menos cuántas personas, cuántas estructuras, cuántas direcciones políticas del PP han participado en la financiación ilegal de esta organización.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Bescansa.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias.
La creación de la comisión de investigación de la que estamos tratando formaba parte de una de las seis exigencias previas que puso el Grupo Ciudadanos para sentarse a negociar con ustedes nuestro acuerdo de investidura que ha permitido que el señor Rajoy sea en este momento presidente del Gobierno. Eran exigencias previas y no negociables porque tenían que ver con la regeneración. ¿Cuál creen ustedes que es el origen de la desafección política en España, de la mala fama, muchas veces inmerecida, que tenemos los políticos en España, del descrédito de las instituciones españolas? Pues miren, el origen está en la mezcla de dos ingredientes que forman un cóctel explosivo: que por primera vez en muchísimo tiempo el ascensor social haya dejado de funcionar en España, que por primera vez en mucho tiempo los padres hayan pensado que sus hijos van a vivir peor que ellos, más un segundo ingrediente que es la corrupción política. Esto es tan fundamental que por eso les hicimos firmar con carácter previo ese acuerdo referido a condiciones de regeneración, y una de ellas era la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. No nos fiábamos de ustedes, no porque personalmente, uno por uno, no sean ustedes dignos de confianza, sino porque no creemos que algunos de los que están en el origen de esa desafección de la que hablaba vayan a regenerar motu proprio la política española. (Aplausos).
¿Acaso no nos hemos entendido y no nos estamos entendiendo en muchas cuestiones? ¿Acaso no estamos llegando a acuerdos en políticas que mejoran la vida de la gente? ¿Qué sucede, señores del Grupo Popular, cuando llegamos al capítulo de la corrupción? ¿Por qué cuando llegamos ahí empiezan a faltar a su palabra? El portavoz del Grupo Popular -que hoy no está aquí sentado y me sabe muy mal porque debería estarlo- y yo firmamos un acuerdo que comprometía a crear esa Comisión. Pacta sunt servanda, los acuerdos están para cumplirse, y ustedes han intentado eludir esa obligación. (Aplausos). Están obligados a cumplir con sus compromisos. ¿Cómo no comprendieron que eso se iba a hacer igual? ¿Cómo no entendieron que existe una mayoría alternativa? Si la virtud no les asistía, por lo menos la inteligencia sí les ha asistido siempre. Si se va a formar la Comisión de investigación igualmente, ¿por qué no se suman? Creo que tiene que ver con que ustedes siguen por inercia en la actitud de una mayoría absoluta de la que ya carecen, al modo de esos viejos nobles arruinados. Ustedes ya no tienen mayoría absoluta y se van a tener que acostumbrar, y eso exige un cambio de actitud, un cambio de estilo y, si me lo permiten y dejan que les dé esta pista, también la comprensión de que existen restricciones estratégicas para quien no tiene mayoría absoluta, porque, como les decía, con ustedes o sin ustedes la Comisión se va a crear y ustedes sabían que se iba a crear. Por eso yo, que les tengo a ustedes por inteligentes y que no les prejuzgo, porque aquí no les vamos a juzgar sino a buscar responsabilidades políticas (El señor Hernando Fraile ocupa su escaño), comprometí mi palabra delante de los medios de comunicación diciendo: Tengo la absoluta convicción de que el señor Hernando -¡bienvenido!- vendrá conmigo el lunes -dije eso un jueves en una rueda de prensa- y nos presentaremos juntos en el Registro para solicitar la creación de esa comisión.
Pues bien, no sucedió así, y no lo entiendo, don Rafael, ¡no lo entiendo! (Aplausos). Cuando nosotros instamos a la creación de la comisión de investigación por la corrupción del Palau de la Música, ustedes nos apoyaron en el Parlament de Catalunya para que se investigara a Convergència. Cuando instamos a la creación de la comisión de investigación por el caso de los cursos de formación en el Parlamento andaluz, ustedes nos apoyaron para que se investigara al PSOE. ¡Pero cuando se trata de investigar el caso Bárcenas, ustedes piden que se investigue a todo el mundo, es decir, a nadie! (Aplausos). Detrás del caso Bárcenas no creemos que exista un mero problema de irregularidades de un señor. Yo ahora podría recrearme con las indemnizaciones en diferido, la contabilidad extracontable o el ensañamiento con los discos duros. No lo voy a hacer porque no quiero hacer chistes, porque esto no es divertido, no tiene ninguna gracia. Creo que existe en España una forma de corrupción institucionalizada. Creo que existe en España un entramado dedicado a las mordidas, a conceder obra pública a cambio de financiación en negro. Ayúdenos, por favor, a descartar esa terrible hipótesis; ayúdennos a descartarla, y estoy seguro de que sí lo harán porque han comprendido que van a tener que votar a favor de la creación de esta Comisión. Por tanto, lo plantearé de otra manera: si no descartamos la existencia de este tipo de entramados, les aseguro que para algunos de nosotros no habrá piedad para con los corruptos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Girauta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, muchísimas gracias.
Señores diputados, muy buenos días. Me van a permitir que, antes de entrar en el motivo del debate de este punto, haga referencia a algo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Navarra. Hoy para los navarros es un día tremendamente duro. Hoy, en el Parlamento de Navarra, se ha aprobado una ley que deroga la Ley de Símbolos, lo cual va a permitir que banderas de otras comunidades puedan ondear en los balcones y salones de las instituciones de Navarra. Eso supone la intencionalidad del actual Gobierno cuatripartito, del populismo y el nacionalismo, de que ondee la ikurriña en las instituciones navarras. En ese sentido, quiero decir dos cosas. En primer lugar, que la bandera roja con las cadenas de la batalla de Las Navas de Tolosa, que es de la Comunidad Foral de Navarra, ya acoge a todas las creencias e ideologías y lógicamente busca la unidad de todos los navarros. Y, en segundo lugar, ningún símbolo, ninguna bandera representa ningún sentimiento; representa a las instituciones, y jamás la ikurriña, que representa a las instituciones vascas, representará a la Comunidad Foral de Navarra.
Señorías, quiero decir también lo siguiente, y ya me ciño al asunto. Comparto con el señor Girauta un análisis que ha hecho, que es que la mayor desafección que tiene hoy la sociedad hacia los políticos, hacia las personas que nos dedicamos a la política, se debe sin duda a la corrupción. Unión del Pueblo Navarro estará siempre en contra de cualquier tipo de corrupción. También es corrupción hacer uso del terror para llegar al poder o intentar estar en el poder. Por tanto, estamos a favor de la lucha contra la corrupción, pero estamos también en contra de una comisión de investigación. Señorías, para eso están los tribunales de justicia; que hagan su trabajo. Además, señorías, también les digo sinceramente que creo que ustedes ya tienen escrito el dictamen y las conclusiones previamente a la constitución de esa comisión de investigación. Aquí estamos para legislar, no para juzgar o para prejuzgar, que es lo que aquí se pretende.
Ya que hablamos de legislar, señorías, espero, después de escuchar sus intervenciones, que cuando llegue aquí la proposición de ley de Unión del Pueblo Navarro de modificación de la financiación de los partidos políticos voten favorablemente a la propuesta de Unión del Pueblo Navarro en relación con las donaciones privadas para evitar intereses. En los genes fundacionales de nuestra fuerza política está la prohibición de las donaciones privadas, lo que ha permitido, entre otras cuestiones, que durante prácticamente veinticuatro años de Gobierno ininterrumpido de Unión del Pueblo Navarro en Navarra jamás ni un cargo público haya sido investigado ni haya habido ninguna sentencia firme, porque somos gente noble como lo son los navarros.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
La verdad es que después de oír al señor Girauta poco podemos añadir. En esto estamos completamente de acuerdo.
Ayer hice un ejercicio simple antes de tomar las notas para esta intervención y fue acudir a Google. Puse tres palabras: "financiación ilegal PP". Me salieron 905.000 resultados, casi un millón de resultados en la búsqueda de "financiación ilegal PP", y yo creo que esto debería ser preocupante. Ha habido más de treinta casos documentados de financiación ilegal del Partido Popular, más de 800 imputados del Partido Popular y nombres que ya forman parte de la vida cotidiana: Gürtel, Púnica, Taula, Imelsa, Emarsa, Brugal, Fórmula 1, Palma Arena, ático de Marbella, etcétera.
Como valenciano, evidentemente, tenía que subir aquí porque también en mi comunidad autónoma hemos tenido muchos casos y muchos imputados. Han estado imputados todos los tesoreros del Partido Popular excepto Romay Beccaría, cinco tesoreros de seis, cinco de seis: Ángel Sanchís, Naseiro, Bárcenas, Lapuerta o Carmen Navarro. El señor Bárcenas, ese señor que ya no milita en el PP, lo dijo bien claro: Ha habido financiación ilegal en el Partido Popular desde el año 1982 y los tesoreros daban cuenta al presidente o al secretario o secretaria general. Por tanto, alguna asunción de responsabilidad política tenía que haber habido, alguna dimisión. Nada de nada, un erial, un desierto, mucha hipocresía, muchas excusas, mucho mirar hacia otro lado y, lo que digo, "Ese señor ya no milita en el Partido Popular" o "Eso
son cosas que pasaron hace mucho tiempo". Esto ha pasado hoy mismo, vean la prensa. Hoy mismo se habla de nuevos casos de corrupción del Partido Popular. A veces, cuando me hacen alguna entrevista, agradezco que no me pregunten sobre la corrupción porque siempre o casi siempre aparece el tema de la financiación ilegal del Partido Popular.
Acabo. Quiero hacer una reflexión final para Ciudadanos y el Partido Socialista. Ustedes votaron a favor del señor Rajoy y ustedes se abstuvieron para que fuera presidente y para que hubiera un Gobierno del PP, que como todos sabemos es un partido serio y responsable que cumple aquello que firma. Por ejemplo, esto. Bueno, esto, no. Y lo de Murcia, tampoco. Firmamos, pero luego no cumplimos. Acabo.
Han tenido que firmar junto con Podemos para que esta comisión pudiera arrancar. Digo yo: ¿No hubiera sido mejor dejar fuera del Gobierno a este partido que no cumple con sus promesas e intentar ponernos de acuerdo en algunas cosas? Lo dejo ahí.
En primer lugar, quiero decir que me alegro de que la convivencia, la tolerancia y la libre expresión de los sentimientos se vayan haciendo un hueco sobre la intolerancia de los Gobiernos anteriores en Navarra.
Dicho esto, se propone una comisión de investigación sobre la presunta financiación del Partido Popular. El Partido Popular tiene muchas cosas que aclarar sobre el caso Gürtel, Bárcenas, sobres y discos duros. Es indudable que los hechos deben aclararse, sancionarse en su caso y que no vuelva a repetirse nada semejante. Pero ¿qué se busca en sede parlamentaria, aclarar los hechos o definir responsabilidades políticas sobre unos hechos que aún están sub iudice? Tenemos que preguntarnos qué puede aportar la sede parlamentaria. ¿Es el lugar adecuado para esclarecer unos hechos? ¿Es lógico implementarla en un momento en que hay un proceso judicial en marcha muy avanzado, donde pruebas y testigos han pasado ante los ojos de los tribunales en prolongada pesquisa? Siendo realistas, ¿va a poder la comisión esclarecer realmente el asunto? ¿Hay mayor capacidad en el Parlamento para reunir documentos y testimonios, más allá de los que han obtenido o vayan a obtener los jueces? ¿Es adecuado hacer un juicio para dirimir responsabilidades políticas, que es lo que constituye la esencia de una comisión de investigación parlamentaria, cuando los hechos sobre exactamente el mismo objeto -insisto, exactamente el mismo objeto que se propone para la comisión aún están siendo juzgados por los tribunales?- ¿No cabría quizás esperar al esclarecimiento de los hechos en tribunales para deducir luego si de ellos o de otros se deducen responsabilidades políticas más allá de las penales?
Más bien intuyo que puede resultar esto como el parto de los montes de la fábula de Esopo, al final los montes acabarán pariendo un ratoncito. Mucho ruido y pocas nueces en cuanto al objetivo que se dice perseguir. En cambio, de lo que sí estoy seguro es de que va a ser el escenario perfecto para el pimpampum político y las descalificaciones gruesas, buscándose como objetivo los titulares y el "y tú más". En definitiva, un episodio más del bochornoso espectáculo de la política española. Pero quizá es esto también lo que se busca. Intuyo que en la búsqueda de más platós sectoriales, a mayor gloria del espectáculo, seguiremos creando y recreando subcomisiones, ponencias y demás, mandando la engañosa señal a la ciudadanía de que todos los problemas del país se van a solucionar desde aquí, de un solo bocado, en un minuto y sin que produzca indigestión. Y redactaremos pseudosesudos informes que no harán sino reflejar desencuentros y soluciones vagas y grandilocuentes. (Rumores).
El señor ESTEBAN BRAVO: Confiamos en que en el caso concreto que nos ocupa se imparta justicia. Los jueces son quienes, valiéndose de sus potestades, han podido acceder a testimonios y pruebas, y queremos que se aclare toda la verdad y se definan las responsabilidades penales y en su caso, claro que sí, también las políticas.
Votaremos favorablemente para que nadie ponga en duda nuestra posición, firme desde el primer momento frente a los hechos acaecidos en la presunta -así se dice literalmente en la propuesta- financiación del Partido Popular. Ojalá sirva esta comisión para arrojar más luz sobre el caso que es objeto de su creación, pero permítame que por el momento mantenga mi escepticismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà. (Pausa). No está, continuamos.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
Señorías, quiero comenzar esta intervención diciendo -no porque lo haya pedido la señora Bescansa, sino porque vamos a cumplir el punto número 98 del acuerdo suscrito, señor Girauta, con el Grupo Parlamentario Ciudadanos- que vamos a votar sí a la comisión de investigación. Pero, acto seguido, señorías, y después de haberles escuchado a todos ustedes, me pregunto para qué quieren una comisión de investigación, si ya lo saben todo. El señor Rallo ha ido afirmando uno tras otro casos que en estos momentos están en los tribunales a falta de dictar sentencia.
Esta no va a ser una comisión de investigación, esta va a ser una comisión de demolición contra el Partido Popular. Esta es una comisión respecto de la que una mayoría se ha conjurado esta mañana para dictar lo que en su día convenga políticamente, con un único objetivo, señorías, que es desgastar el Partido Popular. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Todos ustedes saben -y lo decía el portavoz del PNV- que en las comisiones de investigación no impera la razón sino que al final las dicta la mayoría, y les voy a poner dos ejemplos. Recientemente en Aragón, en uno de los mayores casos de presunta corrupción -yo voy a hablar de presunción, señor Rallo-, con 162 millones de euros que presuntamente pagó un Gobierno socialista, la comisión de investigación ha decidido que no hay responsabilidad política. En Andalucía, con Ciudadanos y con el Partido Socialista, la comisión acaba de decidir no ya que la señora Díaz no era responsable políticamente, sino que ni el señor Griñán ni el señor Chaves son responsables políticamente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!).
Ustedes, señorías, han confundido hoy el hemiciclo; esto no es un tribunal popular. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Lamata.
Les ruego silencio a todos. Muchas gracias.
El señor SUÁREZ LAMATA: Ustedes no quieren una comisión de investigación para acabar con la corrupción; ustedes lo que quieren es poner el foco mediático sobre el Partido Popular para esconder sus propias incapacidades de aportación en este hemiciclo y, sobre todo, para que los españoles no sepan que es el Partido Popular quien está sacando a este país adelante.
Señor Rallo, me dirijo a usted especialmente porque ya lo hice la otra vez. ¿Cómo no voy a hablar del artículo 24, del principio de presunción de inocencia? Me dirijo nada más y nada menos que a un catedrático de Derecho Constitucional que hace de este principio una de las esencias de su vida y el día que lo nombran político decide ponerse el mono de político y pisotear todos los principios que enseña a sus alumnos. (Aplausos). Señor Rallo, vaya ejemplo para la enseñanza pública; vaya ejemplo.
Estoy de acuerdo con el portavoz del PNV. Todas sus señorías saben que los casos que son objeto de esta comisión de investigación están sub iudice. No podría tener lugar en Alemania, en Italia, en Holanda, en Bélgica ni en Francia desde el año 1958, fundamentalmente porque las comisiones de investigación paralelas al final perturban los juicios penales. Lo digo a modo de reflexión, pero a partir de aquí, señorías, quiero hacer algunas consideraciones.
En todas las intervenciones he visto un lapsus muy importante. Se han olvidado de explicar en esta tribuna por qué todos ustedes se han puesto de acuerdo para impedir que esta comisión investigue a todos los partidos políticos. Si se trata de acabar con toda la corrupción, lo que habrá que explicar es por qué no se puede investigar a todos los partidos políticos. Siguiendo el ejemplo del criterio del señor Baldoví, que decía que hay 800.000 páginas de búsqueda en Google, diré que hay 1.600.000 páginas cuando uno pone: corrupción, Partido Socialista. Pero es que hay 46 millones de páginas de Podemos, 2,1 millones de páginas de Ciudadanos y 2,1 millones de páginas de Compromís que hablan de presunta financiación, señor Baldoví. (El señor Baldoví Roda pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por favor, un momento. Señor Baldoví, no es su turno de interpelación en este momento. Muchas gracias.
El señor SUÁREZ LAMATA: Tienen que explicar, señorías, si no tienen nada que ocultar, de qué tienen miedo. Porque al final, y me dirijo al Grupo Podemos, ¿no es razonable investigar los ERE, los cursos de formación, Invercaria? ¿Se acuerdan ustedes de los 70.000 euros? ¿Se acuerda, usted, señor Garzón, de una caja de zapatos con 70.000 euros? ¿Se acuerdan del caso Macsa, del caso Bahía Competitiva? Ciudadanos hace cuatro días quería saber si Podemos había recibido o no había recibido, a través de la Fundación CEPS, 7,2 millones de Venezuela, y qué vinculaciones tenía. Aquí quieren comisión de investigación, pero el señor Iglesias no quiere ir a Venezuela; no quieren investigar si se han financiado o no con la fundación la campaña electoral, el crowdfunding y las plataformas; no quieren investigar qué hay de la conexión iraní. (Rumores). No quieren investigar. ¿Es que todo eso no es relevante, señorías, para saber si hay o no corrupción? ¿De verdad, señorías, creen que no son relevantes el caso Gómez Besteiro, el caso Pachi Vázquez, el caso Patos, el caso Santos Héctor, el caso Plaza, el caso Naves o el caso Pagarés?
Señor Hernando -que no está-, a mí me gustaría que alguien del Partido Socialista me dijera si es relevante o no es relevante, porque aquí, señor Girauta, hay para todos. Ustedes son un partido nuevo, pero la proyección no es nada buena. En 2008 el Tribunal de Cuentas les acusó a ustedes de falta de transparencia y colaboración. Ustedes se las ingeniaron en 2010 para no presentar las cuentas y nunca más se supo. En 2013 no aportaron las donaciones, no aportaron los créditos bancarios. (Rumores). Usted tiene 800.000 euros que, según la contabilidad del año 2015, no hay manera de saber de dónde han salido, señoría. (Aplausos). Ustedes tienen problemas. A usted, señor Girauta, ¿no le llama la atención que el Partido Socialista tenga en los últimos diez años 40 millones condonados por bancos o que tenga en su contabilidad 8 millones de euros de un crédito del que nunca se supo, que no aparecen en la contabilidad? ¿Todo eso no es relevante? ¿Ha oído usted hablar del famoso tío de Puerto Rico, en la Fundación Jaime Vera, que apareció con 1,2 millones y nunca se supo de dónde había salido ese dinero? ¿Todo eso no es relevante, señoría, para acabar con la corrupción? Si todo es relevante, señoría, ¿por qué usted se ha negado a que hoy se investigara a todos los partidos políticos? (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Suárez, tiene que ir concluyendo.
El señor SUÁREZ LAMATA: No tener curiosidad por todo esto es lo que hace que esta comisión de investigación nazca muerta, deslegitimada. Hoy el Partido Popular ha dicho que sí a esta comisión de investigación. Son ustedes, todos los demás, los que tienen que explicar por qué dicen no para intentar acabar, señorías, con toda la corrupción de este país. (Aplausos). Quienes quieren ser unos buenos abogados en esta comisión de investigación se han equivocado, porque han empezado la misma dictando el fallo. Vaya bochorno.
Muchas gracias, señorías. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Suárez.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL. (Número de expediente 158/000037).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, pasamos al último punto del orden del día, relativo a propuestas de creación de subcomisiones y, en concreto, a la propuesta de la Comisión Constitucional de creación de una subcomisión para la reforma electoral. En principio, este tipo de acuerdos se adoptan sin debate previo y, por lo tanto, al no haberse solicitado ninguna intervención, dicha propuesta se someterá a votación al final de esta sesión.
Pasaremos a celebrar las votaciones en tres minutos. Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Pausa).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES. (Número de expediente 173/000023).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.
Comenzamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.
La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313 más 1 voto telemático, 314; a favor, 236 más 1 voto telemático, 237; abstenciones, 77.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más un voto telemático, 316; a favor, 78; en contra, 232 más un voto telemático, 233; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia no se tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos de creación de una comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Propuestas de creación de subcomisiones. Propuesta de la Comisión Constitucional de creación de una subcomisión para la reforma electoral. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

References: artículo 71
 artículo 71
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 281
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 502
 artículo 24