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Timestamp: 2020-01-23 23:56:57+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 085 del 02/04/2019
Dictamen : 085 del 02/04/2019
Consultante: Josephs Vega Hazel
Cargo: Secretaria del Concejo a.i.
C-85-2019
Hazel Josephs Vega
Secretaria del Concejo a.i.
Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio No. SM-108-03-2019 de 20 de marzo de 2019, en el cual transcribe el artículo 4° inciso f) del acuerdo adoptado por el Concejo en la sesión ordinara No. 253 de 18 de marzo de 2019, en el que se dispuso:
“Ratificar lo acordado por el Concejo de Distrito de Cóbano en su sesión ordinaria número 146-2019, artículo IV, Inciso H, del día 12 de febrero de 2019, se hace traslado de expediente sellado en las mismas condiciones en las que se recibió en esta Secretaría con fecha de recibido 04 de marzo de dos mil diecinueve, con el fin que se proceda a realizar consulta de Lesividad ante la Procuraduría General de la República.”
De lo anterior, y de la documentación que se remite, entendemos que la intención de la consulta planteada es requerir el criterio que exige el artículo 173 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227 de 2 de mayo de 1978, en adelante LGAP) sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de varios actos administrativos relacionados con la ocupación de un terreno en la zona marítimo terrestre. Por lo tanto, en esos términos procedemos a contestarla.
I. Sobre la potestad de la administración pública de anular sus actos en vía administrativa.
Según lo expuesto, queda claro que el primer factor que determina y exige la utilización del procedimiento agravado establecido por el artículo 173 de la LGAP, es que los actos que se pretenden anular sean declaratorios de derechos (véanse los dictámenes Nos. C-249-2005 de 7 de julio de 2005, C-406-2007 de 12 de noviembre de 2007 y C-046-2009 de 18 de febrero de 2009).
Tampoco es necesario recurrir al procedimiento del artículo 173 si se trata de actos que pueden ser dejados sin efecto por otro medio, como la revocación por razones de oportunidad y conveniencia, sin responsabilidad para la Administración, de los permisos de uso de dominio público a título precario prevista por el artículo 154 de la LGAP. (Sobre el tema véanse los pronunciamientos Nos. C-100-1995 de 10 de mayo de 1995, C-296-2012 de 4 de diciembre de 2012, C-343-2015 de 9 de diciembre de 2015 y el voto de la Sala Constitucional No. 853-2006 de las 16 horas 18 minutos de 31 de enero de 2006, entre otros).
También pueden existir ciertas circunstancias en las que la ley prevé que se pueda cancelar o dejar sin efecto un permiso o autorización administrativa ante algún incumplimiento por parte del administrado, aplicar alguna sanción o ejercer alguna potestad de resguardo sobre bienes demaniales, sin que para ello resulte exigible el procedimiento anulatorio dispuesto en el artículo 173 de la LGAP.
Entonces, corresponde a la Administración analizar el acto concreto que pretende dejar sin efecto o la situación que debe corregir, y, a partir de ahí, determinar el procedimiento que debe aplicarse.
Es importante señalar que, dentro de ese análisis, la Administración debe valorar la aplicación al caso concreto de normas como la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales (No. 9577 de 27 de junio de 2018) y la Ley para la Regulación de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre (No. 9242 de 6 de mayo de 2014) que establecen regulaciones especiales sobre la ocupación, construcciones y actividades dentro de la zona marítimo terrestre.
Si efectuado el análisis se considera que el procedimiento fijado en el artículo 173 de la LGAP es el aplicable al supuesto concreto, el propio artículo dispone los requisitos formales a los que debe sujetarse la Administración para ejercer esa potestad anulatoria y para evitar la invalidez del acto final anulatorio.
El órgano competente para dictar el acto final del procedimiento (el órgano superior supremo según el artículo 173 inciso 2) de la LGAP) debe tomar la decisión de iniciar el procedimiento y designar al órgano director que se encargará de tramitarlo. Este órgano director debe poner en conocimiento de las partes (que tengan un interés legítimo o que puedan verse afectados con la decisión final) las razones por las cuales se inicia el procedimiento, los hechos en los que se basa, los fines que se persiguen, las pruebas que conforman el expediente, convocar a una audiencia oral y privada en la cual se evacúen las pruebas y se escuchen los alegatos de las partes, y cumplir con las demás formalidades propias del auto inicial del procedimiento.
Antes del dictado del acto final por parte del órgano decisor, el inciso 1) del artículo 173 citado dispone que es necesario obtener el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la República (cuando se trate de materia presupuestaria o de contratación administrativa). Sobre el papel que cumple la Procuraduría en estos casos, hemos indicado que:
No obstante, en el supuesto de actos que tengan por objeto el uso o disposición de un bien de dominio público, la inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan estos bienes impiden la aplicación de ese plazo de caducidad. (Al respecto véanse los pronunciamientos Nos. C-346-2004 de 25 de noviembre de 2004, C-200-2005 de 23 de mayo de 2005, OJ-39-2007 de 8 de mayo de 2007, C-168-2011 de 13 de julio de 2011, C-206-2016 de 6 de octubre de 2016, entre otros).
Por otra parte, debe considerarse que en el caso de los Concejos Municipales de Distrito, el órgano superior supremo al que hace referencia el artículo 173 inciso 2) de la LGAP y, por tanto, el competente para llevar a cabo el procedimiento anulatorio allí establecido, es el Concejo Municipal del Gobierno Local al cual pertenece. De tal forma, será ese Concejo el competente para decidir el inicio del procedimiento, designar al órgano director encargado de tramitarlo, requerir el criterio de la Procuraduría o Contraloría sobre la nulidad evidente y manifiesta y dictar el acto final correspondiente.
Al respecto, tómense en cuenta los dictámenes Nos. C-076-2010 de 21 de abril de 2010, C-232-2010 de 16 de noviembre de 2016, C-072-2017 de 5 de abril de 2017 (entre otros), en los cuales se dispuso que pese a que Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 de 2 de marzo de 1977) confiere a los Concejos Municipales de Distrito “…la posibilidad de administrar la zona marítimo terrestre, dicha normativa no modifica ni altera la competencia exclusiva e indelegable dispuesta en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, al regular de manera especial lo relativo a la anulación de actos declaratorios de derechos en vía administrativa.”
II. Sobre la consulta planteada:
Con el acuerdo del Concejo que se nos remite, se adjunta un expediente del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano sobre una investigación preliminar relacionada con una sociedad anónima que ocupa un terreno en la zona marítimo terrestre, específicamente en Playa Carmen.
En ese expediente consta un informe de investigación preliminar en el que se expone una serie de incumplimientos por parte de la sociedad investigada y en el que se recomienda la apertura de un procedimiento administrativo para determinar la procedencia de cancelar las patentes comerciales, anular los certificados de uso de suelo y revisar los permisos de construcción que le han sido otorgados a esa sociedad anónima, en virtud de que no cuenta con una concesión para ocupar la zona marítimo terrestre.
Además de dicho informe, constan oficios de la Contraloría General de la República y del Instituto Costarricense de Turismo sobre algunas denuncias relacionadas con el caso, una solicitud de concesión por parte de la sociedad investigada, actas de inspecciones y documentación interna del Concejo de Distrito sobre las patentes, construcciones y actividades de dicha sociedad.
Efectivamente, el expediente remitido corresponde a una investigación preliminar, a partir de la cual la Administración no ha decidido cuáles actos administrativos deben ser anulados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la LGAP, y, en consecuencia, no ha tramitado el procedimiento exigido al efecto.
De tal forma, resulta imposible rendir un criterio en los términos dispuestos por el artículo 173 de la LGAP. Y es que, además, por las competencias otorgadas en la Ley Orgánica de la Procuraduría (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982), no es tarea de la Procuraduría revisar un cúmulo de información e indicar, por medio de un dictamen vinculante, cuáles acciones debe adoptar la Administración en un asunto como el expuesto y determinar cuáles actos administrativos pueden ser anulados.
La gestión que se nos remite puede ser atendida una vez que la Administración haya verificado cuáles actos administrativos deben ser anulados mediante la vía fijada por el artículo 173 de la LGAP y haya instruido el procedimiento administrativo correspondiente, cumpliendo con todas las formalidades legales exigidas.
Con fundamento en todo lo expuesto y por no existir un procedimiento administrativo previo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo específico, esta Procuraduría se encuentra imposibilitada para rendir el dictamen favorable dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Se adjunta el expediente sin foliatura que nos fue remitido.

References: artículo 4
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 154
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173