Source: http://medusainformativa.blogspot.com/2009/02/alerta-en-la-delegacion-benito-juarez.html
Timestamp: 2019-08-19 17:13:49+00:00

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Medusa Informativa: ALERTA EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ. CESAR NAVA PARA DIPUTADO FEDERAL.
ALERTA EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ. CESAR NAVA PARA DIPUTADO FEDERAL.
Contralínea publicó ésto el año pasado.
César Nava actualmente es Secretario Particular de Felipe Calderón. Durante todo su vida política ha estado ligado a Calderón. La Reforma energética de Felipe Calderón busca legitimar las ilegalidades y abusos cometidos tanto por él como sus colaboradores cuando ocuparon cargos en la Secretaria de energía y en PEMEX correspondientemente, así como la posibilidad de llevar a cabo compromisos contraídos con el gobierno estadounidense.
El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que 'tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos', y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.
En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para 'hacer contratos atractivos para los inversionistas privados', según versiones de sus excolaboradores.
Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP 'encapsuló' la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.
Los 'arreglos' de César Nava
En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como 'la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP'.
Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado 'Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples' y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.
Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. 'Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación', dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.
'Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley.'
Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: 'Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato'.
Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. 'A ella se le hacía muy fácil; decía: 'vamos a modificar la ley y el reglamento'; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García'.
El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como 'actividades comerciales' entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.
Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, 'de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción', alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.
Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, 'puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros.'
Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, 'por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales', como estipulaba el modelo de Price. El estipular que 'el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte', evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.
En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: 'Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP'.
En su argumentación, Nava dice que los CSM son, 'contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM', pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta 'será modificada'. Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará 'una política interna' acorde para este tipo de contratos.
En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que 'ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa' de ésta.
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron 'hechos a modo'. En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.
En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias 'se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM', lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 'ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público' al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.
Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, 'al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones' contenidas en el artículo referido.
García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, 'la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad', por lo que, señala, Nava 'incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público'.
Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, 'como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex'. Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.
Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que 'el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal'. Por ello, agrega, 'existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable'.
El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución 'objetiva y apegada a derecho' a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.
Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo 'por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública', explica.
Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP 'encapsuló' su denuncia.
Manuel Bartlett, expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, define a los CSM como 'una de las estrategias diseñadas por la administración de Vicente Fox para privatizar los hidrocarburos y para permitir la participación de grandes compañías extranjeras en los procesos de desarrollo y producción de hidrocarburos, en una clara violación a la Constitución'.
El exsecretario de Gobernación sostiene que los CSM tienen su origen en la aceptación de Vicente Fox a la solicitud explícita de George W. Bush de acelerar la integración energética entre México y Estados Unidos. 'Se cedió también a las presiones de las empresas extranjeras distribuidoras de gas natural y a las grandes petroleras trasnacionales'.
La trasnacional beneficiada con más de 60 por ciento del monto asignado a los CSM de Burgos fue la española Repsol, con un contrato por 2 mil 437 196 mil 256 millones de dólares, a 20 años, para el bloque Reynosa-Monterrey (de unos 3 mil 552 kilómetros cuadrados), adjudicado el 16 de octubre de 2003. Según Pemex, éste es 'el contrato de obra pública de mayor monto en la historia de la paraestatal'.
Cinco días después de que PEP le adjudicara el contrato 414103990, el consorcio creó la subsidiaria Repsol Exploración de México, SA de CV, según escritura pública 100116 emitida el 21 de octubre de 2003 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez.
El 13 de noviembre Alfonso Iturbide Guerra, a nombre de la OAG, emitió el dictamen jurídico para el contrato, avalado también por el gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza. Al día siguiente firmaron el contrato Luis Sergio Guaso Montoya, director Ejecutivo de CSM, y Alfredo Guzmán Baldizán, subdirector de la Región Norte de PEP, como representantes de la paraestatal, y Guillermo Isaac Álvarez Iglesias, por parte de Repsol Exploración de México, y Repsol Exploración como obligado solidario.
De dicho documento destaca la cláusula 35.3: 'PEP expresa e irrevocablemente renuncia, en la forma más amplia, al fuero o a cualquier posible inmunidad soberana o de jurisdicción que pudiera corresponderle', con lo que se estaba incurriendo a violaciones al artículo 27 constitucional.
En la cláusula 2.2 se estipula que aunque la contratista (Repsol de México) 'por razones comerciales' para objeto del contrato 'renuncia a cualquier tipo de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción a la que pueda tener derecho' y a 'no invocar la protección de su gobierno' esta limitación no era extensiva a su 'obligado solidario', es decir, Repsol Exploración, con sede en España.
Lo anterior significa que la española podría recurrir a la protección de su gobierno y a 'cualquier derecho, según los tratados internacionales celebrados por el gobierno federal de México que sean aplicables'.
En la cláusula 35.3 se obliga a que cualquier diferencia entre las partes 'deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje institucional con sede en París, Francia, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional'; es decir, el modelo de Price aprobado por Nava era un contrato comercial y no de obra pública.
El periodo de ejecución se estipuló del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024, periodo en el cual se podrá incrementar el monto fijado en el contrato, además de los intereses que PEP pagará a Repsol por financiamiento de obra, según la cláusula 20.3.
El 23 de octubre se adjudicó a las empresas Petrobras, de Brasil; Teikokui Oil, de Japón; y D&S Petroleum, de México, el contrato para el bloque Cuervito (de 231 kilómetros cuadrados), por 261 millones de dólares, a 15 años. Seis días después, los consorcios crearon la empresa PTD Servicios Múltiples, S de RL de CV, según escritura pública 147, formalizada el 29 de octubre de 2003 ante la notaría 55 del primer distrito de Monterrey, Nuevo León.
El 19 de noviembre, Iturbide Guerra emitió el dictamen jurídico según oficio OAG/1686/2003; dos días después, se firmó el contrato. En el documento aparecen como obligados solidarios Petróleo Brasileiro México, S de RL de CV, representada por Marco Antonio Sotomayor Melo; Petroleo Brasileiro, SA, por Roberto Toledo; D&S Petroleum, por Jesús Rodríguez Dávalos; y Teikoku Oil Co, LTD, por Tsukasa Takashima. Por Pemex: Guaso Montoya y Guzmán Baldizán; y por PTD, Roberto Toledo.
El documento contiene las mismas cláusulas que el de Repsol. En la número 35.4, 'Naturaleza de la contratación', también se estipula: 'El presente contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de las partes'.
El 19 de noviembre, a PTD Servicios Múltiples se le adjudicó el contrato para el bloque fronterizo (de 231 kilómetros cuadrados) por 265 millones de dólares, a 15 años, etiquetado con el número 414113808. La revisión jurídica se emitió en el oficio OAG/1826/2003, del 5 de diciembre –notificado también a Prado Carranza– y el contrato se firmó el día 8, en los mismos términos y por los mismos representantes que en el contrato anterior.
El 29 de julio de 2003, PEP publicó la licitación internacional 18575008-138-03 para el bloque Olmos. Según información de la subsidiaria, la única propuesta que recibió fue la de la empresa texana Lewis Energy Group, LP; el 15 de enero de 2004 emitió el fallo a favor de ésta. Cuatro días después, la compañía constituyó Lewis Energy México, S de RL de CV, según escritura pública 101336, emitida por el notario público 103 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 2004.
El 6 de febrero de 2004, mediante el oficio OAG/250/2004, Iturbide Guerra emitió la aprobación jurídica del contrato 414104806 por 343 millones 573 mil 500 dólares, vigente del 20 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019. El 9 de febrero firmaron el contrato Guaso Montoya y Guzmán por PEP y Rodney Ray Lewis por la contratista Lewis Energy de México; como obligado solidario quedó Lewis Energy.
Lo anterior fue detectado por la ASF en la citada revisión al proceso de licitación de Burgos. El órgano de fiscalización determinó la presunción 'de hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos' que suscribieron los contratos pese a que no contaban con una resolución favorable de la CNIE. Al respecto, PEP increpó que era 'obligación de la persona moral que llevará a cabo dichas actividades de perforación, y no de PEP, obtener la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras'.
La ASF solicitó la intervención del OIC ante 'hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos'. Contralínea confirmó que los órganos internos de control no abrieron investigación alguna. (ALP)
Publicado por medusa en 19:40

References: artículo 27
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 artículo 33
 artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 artículo 27
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