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Timestamp: 2020-01-19 13:48:30+00:00

Document:
Soria, Roncoroni, Pettigiani, Negri, Kogan
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Roncoroni, Pettigiani, Negri, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.867, "Schmidt, Jorge Horacio y otros contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda). Demanda contencioso administrativa".
I. Los señores Jorge Horacio Schmidt, Carlos Alberto Schmidt y Alberto Egea, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa solicitando la anulación de las resoluciones 786 de fecha 3-III-1999 y 1862 de fecha 17-V-2000, ambas dictadas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Persiguen el pago de un saldo de honorarios profesionales como proyectistas de la obra "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca", que estiman les adeuda el Instituto demandado, determinados en el contrato del 27 de marzo de 1990, expresada en australes a septiembre de 1989, debidamente actualizada hasta la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, con intereses y costas.
II. Corrido el traslado de ley, la Fiscalía de Estado se presentó a juicio, sosteniendo la legitimidad de los actos impugnados, por lo que solicitó el rechazo de la demanda en todas sus partes.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a la causa, el cuaderno de pruebas de la actora y los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es fundada la pretensión?
I. Relatan los actores que elaboraron un proyecto relativo a la construcción de 671 viviendas en la ciudad de Bahía Blanca que, aprobado por el Instituto de la Vivienda, comenzó a ejecutarse por la Cooperativa de Obras de Pavimentación, Servicios Públicos y Vivienda de Bahía Blanca Limitada (en adelante la Cooperativa) que ofició como entidad intermedia.
Afirman que a raíz de diferencias surgidas con motivo de innovaciones introducidas al proyecto por la autoridad administrativa que modificaron los valores de la obra calculados originalmente, el 27 de marzo de 1990 se concluyó entre la empresa constructora SOCOCIA S.A. y la Cooperativa , un convenio calificado como de "asunción de diferencia de precio de obra", por el que se pactó a) que correspondía reconocer un adicional a cargo de la Cooperativa de 1.153.190,40 australes más IVA por cada una de las 671 viviendas que componían el plan adjudicado; b) que el pago de esa suma debía distribuirse proporcionalmente entre la empresa constructora y los proyectistas; c) la Cooperativa se comprometió a efectuar tales pagos, implementando un recupero simultáneo de los futuros adjudicatarios de las viviendas en construcción.
Sostienen que la Cooperativa mantenía un sensible atraso en los pagos que debió efectuar al contratista y que jamás les pagó suma alguna en concepto del plus reconocido en dicho convenio.
Aducen que la falta de pago de los incrementos comprometidos motivó, por parte de la empresa constructora, la promoción de un juicio contra la Cooperativa, el que concluyó el 14 de octubre de 1994 con la firma de un convenio entre el Instituto de la Vivienda, la Cooperativa y la empresa constructora por el cual: a) la empresa constructora desiste de las acciones judiciales promovidas contra la Cooperativa; b) la Cooperativa cede al Instituto todos los derechos que le competen contra los adjudicatarios de las viviendas derivados de los convenios de adhesión al Plan de Viviendas y el de asunción de diferencias de precios de marzo de 1990; c) El Instituto libera a la Cooperativa de todas las obligaciones asumidas en su calidad de entidad intermedia, subrogándose en los derechos de ésta; d) la Cooperativa conviene en hacerle entrega al Instituto de los fondos provenientes de las cobranzas de las cuotas recaudadas de los adjudicatarios.
Persiguen el cobro de los honorarios determinados en el convenio de fecha 27 III 1990, que jamás les fueron abonados por la Cooperativa ni por el Instituto y que este último se encuentra obligado a satisfacer en virtud de la subrogación en los derechos y obligaciones de la Cooperativa vinculados con la obra.
Se agravian por la denegatoria del Instituto puntualizando que si bien no fueron parte en el convenio de fecha 27 III 1990, de aquél se desprenden derechos a su favor, exigibles tanto a la Cooperativa como al Instituto, dado que se configuró a su respecto una estipulación a favor de terceros en los términos del art. 504 del Código Civil.
Entienden que la aceptación de la estipulación por su parte resulta del hecho mismo del reclamo del pago de honorarios, cancelando la posibilidad de revocación del derecho conferido.
Puntualizan que hubo una traslación de responsabilidad de la Cooperativa al Instituto, ya que entre ellos medió una cesión de contrato que compromete la responsabilidad del Instituto frente a la empresa constructora y los autores del proyecto.
Argumentan que la obligación del ente oficial se genera a raíz de la cesión operada del convenio del 27 III 1990 y de la asunción por el ente autárquico de las obligaciones de la Cooperativa vinculadas con la obra realizada en Bahía Blanca.
Alegan que la prueba más cabal de que la cesión de contrato y consecuente asunción de deuda por parte del Instituto tuvo lugar, la constituye el cumplimiento por el ente público de todas las obligaciones asumidas por la Cooperativa frente a la empresa constructora resultante de innumerables alcances del expediente administrativo y del cual constituyen ejemplos las decisiones obrantes a fs. 92 a 97 del alcance 156.
Remarcan que el convenio concluido entre el Instituto y el Arzobispado de Bahía Blanca (a fs. 44, alcance 156), mediante el cual el primero delegó en éste funciones de: a) recaudación de cuotas debidas por los adjudicatarios, b) fiscalización de cumplimiento, vigilancia de la marcha de la obra y emisión de certificados; etc., pone de manifiesto de modo concluyente que el Instituto se había subrogado en la posición jurídica de la Cooperativa con respecto a las relaciones concertadas al tiempo del emprendimiento inicial de la obra, y que consecuentemente era titular pasivo de todas las obligaciones asumidas por la Cooperativa con relación a esa misma obra. Con mayor razón cuando el propio Instituto invoca (cláusula décima de fs. 46) su carácter de comitente del contrato de obra pública y quien ejerce las atribuciones previstas en la ley de Obras Públicas 6021, y se compromete a comunicar a los adherentes el cambio de la entidad recaudadora de las cuotas y la determinación del valor de las pendientes (cláusula 12 a, "a" y "d").
Manifiestan que el argumento denegatorio relativo a que la eficacia del contrato del 27-III-1990 se subordinó a su reconocimiento por el Instituto, pierde toda relevancia desde que a su entender sucedió algo más que dicho reconocimiento, esto es, la cesión del contrato y la asunción de las responsabilidades emergentes de éste por parte del ente.
Consignan que la Administración cumplió el convenio mencionado de forma voluntaria, por lo cual carece de relevancia el argumento de la regularidad o irregularidad del acuse de recibo de dicho convenio.
Destacan que el único fundamento para la desestimación del convenio del 14 de octubre de 1994, que fuera concluido entre el Instituto, la Cooperativa y la empresa constructora, consiste en considerar que no fue presentado con las formalidades que exige el art. 36 de la ley de procedimiento administrativo, esto es, en original o copia autenticada, sin desconocer la autenticidad o su oponibilidad.
Arguyen que el monto de los honorarios que reclaman fue percibido por el Instituto, toda vez que las cuotas que pagaron los adjudicatarios llevaban incorporadas las sumas determinadas en el convenio del 27-III-1990.
Por último estima el importe total de la demanda, ofrece prueba y peticiona.
II. La Fiscalía de Estado contesta la demanda solicitando su rechazo en todas sus partes por resultar infundada.
Aduce que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires abonó la totalidad de los honorarios convenidos correspondientes al proyecto del conjunto habitacional "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca". Agrega que los proyectistas prestaron conformidad a los valores abonados por tal concepto.
Indica que la pretensión actora se endereza a lograr que el Instituto de la Vivienda demandado les abone un monto adicional o saldo de honorarios, con fundamento en un convenio de marzo de 1990 que celebrara la entidad intermedia promotora del emprendimiento habitacional con la empresa constructora al que se denominó "convenio de asunción de diferencia de precio de obra" y que fue agregado a fs. 30 del alcance 156.
Continúa diciendo que dicho convenio fue suscripto entre la Cooperativa y la empresa constructora y que ninguna obligación impone al Instituto.
Destaca que se condicionó la validez del convenio a su inclusión en el contrato de obra celebrado entre la empresa y el Instituto, o a la aceptación del Instituto comunicada fehacientemente a la Cooperativa y que dicho reconocimiento expreso nunca se hizo efectivo.
Agrega que ello tampoco se materializó por la celebración del convenio del 14-X-1994.
Afirma que no obstante que en sede administrativa se dijo que no fue agregado con las formalidades del art. 36 del dec. ley 7647/1970, de todos modos no surge del referido acuerdo compromiso del Instituto demandado para el pago de las sumas que reclaman los actores.
Remarca que en dicho convenio se estipuló que el de fecha 27-III-1990 era una convención entre la Cooperativa y la empresa constructora, a la que resultó ajeno, que no lo obliga y que tampoco asume.
Argumenta que lo que se instrumentó en el convenio de octubre de 1994 fue una cesión de derechos que importó sólo la transferencia de las facultades específicamente consignadas, no habiéndose operado una transmisión de deuda como se invoca en la demanda.
Reitera que no hay cesión de contrato como se pretende ni asunción de deuda por parte del Instituto demandado; éste no reemplazó a la Cooperativa íntegramente en su situación jurídica, asumiendo sus obligaciones, sino que se precisó expresamente en dicho convenio que lo que se transmitía eran los derechos en cabeza de la Cooperativa en su condición de entidad intermedia, quedando en consecuencia facultado el Instituto para sustituir a la entidad intermedia, lo que hizo, delegando las mismas atribuciones al Arzobispado de Bahía Blanca.
Añade que la asunción de obligaciones no puede presumirse y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva.
Puntualiza que el convenio concluido entre el Instituto y el Arzobispado de Bahía Blanca mediante el cual delegó en éste atribuciones de entidad intermedia sólo demuestra que el Instituto se había subrogado en la posición jurídica de la Cooperativa pero específicamente a los efectos de asumir la gestión de cobro de las cuotas pendientes y, luego de recuperar dichas atribuciones, las delegó en la nueva entidad.
Advierte que no puede desprenderse de ese convenio de administración que el Instituto demandado era titular pasivo de todas las obligaciones asumidas por la Cooperativa con relación a la obra, pues esto carece de fundamento.
Apunta que tampoco surge que aceptara ni asumiera la diferencia de precio pactada entre la Cooperativa y la empresa por convenio del 27-III-1990.
Resalta que en el convenio de 1994 la empresa constructora que sí intervino en el convenio de 1990 desiste de la acción judicial y del derecho relativos al cobro del plus en cuestión. Igualmente renuncia en forma expresa a cualquier otro crédito, factura y/o certificado de obra que pudiera reclamar a la Cooperativa en virtud del convenio de asunción de diferencia de precio de obra.
Ello implica a su entender que no puede reclamar en el futuro ni a la Cooperativa ni hipotéticamente al Instituto, no existiendo tampoco constancia de su percepción anterior.
Manifiesta que el desistimiento del derecho efectuado por la empresa constructora extingue el derecho de fondo renunciado, en el cual se apoyan los actores para impulsar su postura.
Añade que el desistimiento por la empresa deja también sin efecto el derecho conferido al tercero (los actores), quedando extinguida la alegada estipulación a su favor, lo que demuestra entonces la inatendibilidad de la demanda.
Indica que debe tenerse en cuenta que el desistimiento del derecho que deja sin efecto la estipulación a favor de terceros que contenía respecto a los actores, tuvo lugar en octubre de 1994, es decir antes de la "aceptación de tal estipulación por parte de los accionantes, lo que según ellos manifiestan se produce al solicitar su pago, lo que hicieron por presentación de fs. 1 del alcance 156, el 18 VIII 97".
Concluye que la contratación de los proyectistas se sujetó a los acuerdos oportunamente suscriptos, en virtud de los cuales el Instituto demandado abonó la totalidad de honorarios, sin mediar reserva de los proyectistas operando por tanto el efecto liberatorio del pago.
Finalmente aclara que ha incorporado argumentos que no fueron desarrollados en los actos administrativos impugnados, pero que se ha admitido reiteradamente por el Tribunal provincial que el representante fiscal puede válidamente introducir fundamentos novedosos de hecho o de derecho que se opongan a las pretensiones del actor los que pueden ser eficazmente controvertidos por éste al contestar el traslado que pudiera conferírsele o al formular su alegato.
III. 1. La cuestión litigiosa se circunscribe a determinar si asiste derecho a los actores a que se les abone el plus de honorarios determinados en el convenio de fecha 27 III 1990, "Convenio de asunción de diferencia de precio de obra".
Fundan su pretensión no sólo en el citado convenio sino en el contrato de fecha 14-X-1994 (fs. 16/18 alcance 156) y, por último en el convenio de administración suscripto por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y el Arzobispado de Bahía Blanca, de fecha 28 de junio de 1994.
2. En primer lugar, del examen del exp. adm. 2416 2020/86 surge que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires adjudicó la licitación pública 49/87 consistente en la "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca" a la empresa Sococia S.A.C.I.C. y A.
Ésta se obligó a ejecutar los trabajos que resultaren objeto de la contratación no sólo de acuerdo con el pliego general de bases y condiciones [que estableció que la obra estaría sometida a las disposiciones del Código de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 1.1 del pliego obrante a fs. 249 y sig. alcance 30, expte. cit.)] y a toda la documentación integrante del legajo presentado en oportunidad de formular la propuesta, sino también a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria FONAVI 140 (ver Contrato de Obra Pública 5/90 obrante a fs. 132/134 alcance 30, expte. cit.).
Si bien inicialmente el proyecto fue encuadrado en las resoluciones reglamentarias FONAVI 70 y 110, correspondientes a programas habitacionales destinados a entidades sin fines de lucro, por las que se establecía que aquéllas presentarían el proyecto de obra y que los honorarios serían abonados a los proyectistas por el organismo ejecutor en el caso el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires formando su costo parte del precio de venta de las unidades (ver arts. 1 y 4 res. FONAVI 110, obrante a fs. 143/147, alcance 30), lo cierto es que conforme se señalara en el párrafo anterior, el Contrato de Obra Pública quedó sometido a la resolución reglamentaria FONAVI 140.
Dicha resolución fijó los precios máximos financiables para la obra, por lo que debido a los sucesivos cambios reglamentarios operados por el organismo nacional, los honorarios profesionales correspondientes a las localizaciones A y B quedaron fuera del financiamiento del FONAVI.
Las constancias obrantes en las actuaciones administrativas dan cuenta de que la Cooperativa de Obras de Pavimentación, se había comprometido a abonar dichos honorarios (según nota agregada a fs. 111/112, alcance 5 del expediente citado).
Posteriormente, mediante carta documento de fecha 13 de agosto de 1990 (fs. 191 alcance 5) la Cooperativa manifestó al Instituto demandado la imposibilidad de cumplir con su compromiso.
Ante dicha situación el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo un prolongado procedimiento a fin de atender el pago de tales estipendios, pero previendo su financiamiento con cargo de reintegro por parte de los beneficiarios del proyecto.
Así, por resolución 2058 de fecha 10-IX-1991 el Administrador General del Instituto de la Vivienda reconoció el pago de los honorarios profesionales correspondientes a las localizaciones A y B del proyecto "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca" a favor de los proyectistas. En el art. 2° de dicho acto se consignó el monto reconocido, mientras que en su art. 3° se dispuso que dicho monto sería reintegrado al Instituto a través de la amortización del precio de las viviendas por la entidad intermedia, garantizando el crédito con la constitución de un gravamen hipotecario a su favor (ver fs. 259/260 alcance 5, expte. adm. cit.).
Queda claro entonces que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de órgano ejecutor, asumió el pago de los honorarios no como una obligación propia, sino que dispuso su financiamiento previendo un futuro reintegro al Fisco en la forma indicada en el art. 3° de la resolución en análisis.
De acuerdo con ello el Ingeniero Egea percibió sus honorarios el día 10-VII-1990 (ver recibo obrante a fs. 137 alcance cit.); en la misma fecha el Ingeniero Jorge Schmidt obtuvo el pago de sus honorarios (ver recibo de fs. 138 y la constancia obrante a fs. 256 vta.); asimismo, el arquitecto Carlos Schmidt percibió sus honorarios con fecha 23-III-1992 (constancias de fs. 278 vta. y 308 vta.).
3.a. Despejado lo anterior, resulta necesario analizar el "Convenio de asunción de diferencia de precio de obra", fundamento de la pretensión actora y cuya copia obra agregada a fs. 30/33 del expediente administrativo 2416 2020/86, alcance 156.
Dicho convenio fue suscripto el 27 III 1990 por la Cooperativa de Obras de Pavimentación, Servicios Públicos y Vivienda de Bahía Blanca Limitada, y la empresa constructora Sococia S.A.
Como cláusula segunda del citado acuerdo, se estableció que "La cooperativa se obliga por el presente a abonar a la empresa un precio adicional que se agregará al que ésta perciba por el contrato con el Instituto y que se pacta de común acuerdo en la suma de Australes 1.334.296... más IVA, por cada una de las viviendas que componen el plan adjudicado, ya adecuado a la Resolución del FONAVI n° 140; de esta suma corresponden Australes 1.153.190,40, más IVA, por vivienda a la empresa Sococia y Australes 181.105,60, más IVA, a los Proyectistas de las obras".
"Este último importe será retenido por la cooperativa, con destino al pago de los honorarios antes mencionados".
"Las sumas arriba establecidas son complementarias del precio tope fijado por la Resolución Reglamentaria FONAVI n° 140...".
Los demandantes sostienen que de tal modo se formalizó una "estipulación a favor de terceros", de la cual resultarían beneficiarios y que, a raíz de la posterior asunción por parte del Instituto de la Vivienda del rol del promitente, éste estaría obligado a abonarles el saldo de honorarios que reclaman.
El Instituto no suscribió ese convenio. De acuerdo a sus términos quien se obligó a afrontar el pago del adicional fue la Cooperativa.
Para más, advierto que la vigencia de lo convenido quedó sometida a una condición suspensiva, acontecimiento que nunca se materializó.
En efecto, en la cláusula novena se estipuló que: "En virtud de la total claridad y transparencia de todo lo actuado por las partes, y teniendo en cuenta la repercusión de este convenio entre los 671 preadjudicatarios, resulta imprescindible para la cooperativa obtener una constancia del Instituto en relación a este convenio, sea mediante la inclusión del mismo en el Contrato principal (Empresa Instituto), o por la explícita mención del mismo comunicada fehacientemente por el Instituto a la Cooperativa. Razón por la cual este Contrato tendrá sólo validez cuando al menos una de las dos alternativas se produzca, lo que podrá ser puesto de manifiesto por cualquiera de las partes".
Acertadamente la Fiscalía de Estado desconoce que el reconocimiento del Instituto de la Vivienda se haya efectivizado.
Ninguna de las dos situaciones a las que se sujetó la "validez" del convenio de 1990 se produjo. De un lado, el acuerdo no fue incluido en el contrato de obra original suscripto el mismo día entre la empresa y el Instituto de la Vivienda (Contrato de Obra Pública 5/90 correspondiente al expte. 2416 2020/86, Licitación Pública 49/87, Objeto: "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca", obrante a fs. 132 y sig. del alcance 30). De otro, si se interpreta que "la explícita mención del mismo comunicada fehacientemente por el Instituto a la Cooperativa" de la que se habla en la cláusula transcripta es y no puede por sus consecuencias ser de otra manera una expresa ratificación del contrato por parte del órgano estatal al que ahora se le reclama el pago de honorarios, no surge de las constancias agregadas que ella se haya producido. El "acuse de recibo" expedido por el Instituto de la Vivienda (fs. 28, alcance 156 del exp. adm. 2416 2020/86) no tiene ese alcance y, por lo demás, no fue comunicado a la Cooperativa. Entiendo que se trata de un simple despacho de agregación del acuerdo al expediente respectivo que no expresa una concluyente voluntad administrativa (art. 103, dec. ley 7647/1970).
Reparo además, en esta línea de razonamiento, que si el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, al asumir el pago de los originarios honorarios profesionales, debió dictar un acto administrativo conforme los requisitos impuestos por las normas contables y de procedimiento aplicables abonando a los actores los correspondientes a las localizaciones A y B del proyecto "Construcción de 671 viviendas en Bahía Blanca" que quedaban fuera del financiamiento del FONAVI (ver resolución 2058 de fecha 10-IX-1991, fs. 259/260 alcance 5, exp. adm. cit.), idéntico trámite hubiera sido necesario para el reconocimiento de la diferencia de honorarios que conforma la pretensión que aquí se ventila y que fuera parte del citado convenio de 1990, y de tal modo, tener por cumplido alguno de los procedimientos a los que se sujetó la validez del mentado acuerdo, obligando así al Instituto accionado. Nada de ello ha sucedido en la especie.
b. La conclusión anterior se impone a poco de recordar que la contratación de los profesionales fue efectuada por la Cooperativa de Obras de Pavimentación, Servicios Públicos y Vivienda de Bahía Blanca Limitada, quedando el Instituto de la Vivienda fuera de dicha relación contractual, conforme la documentación agregada por los propios actores al formular su pedido de pago de honorarios profesionales (contratos visados por los Colegios correspondientes, facturas de honorarios y los planos del Proyecto utilizados para la licitación, ver fs. 4/110 alcance 5 del exp. adm. 2416 2020/86).
Así, el mecanismo de excepción utilizado por la Administración para reconocer y abonar los primigenios honorarios acordados a los actores debió igualmente seguirse respecto de los estipendios cuyo cobro aquí se persigue, ya que en uno y otro caso la Administración nunca revistió la calidad de contratante de los profesionales que demandan.
4. También debe descartarse el argumento de los accionantes en cuanto sostienen que con la firma del instrumento de fecha 14-X-1994 (fs. 16/18 alcance 156) operó una cesión de contrato y que el Instituto asumió todas las obligaciones que recaían en la Cooperativa, incluso la diferencia de honorarios de los proyectistas.
El convenio fue suscripto por el Instituto de la Vivienda, la Cooperativa de Pavimentación, Servicios Públicos y Vivienda de Bahía Blanca y la empresa constructora Sococia S.A., a fin de dar término a las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes y concluir con la construcción de las viviendas.
En la cláusula primera se dispuso que "la empresa desiste expresamente de la acción y del derecho en el reclamo judicial que iniciara a la Cooperativa... Asimismo, a mérito de los acuerdos arribados en el día de la fecha la empresa renuncia en forma expresa a cualquier otro crédito, factura y/o certificado de obra que pudiera reclamar a la cooperativa en virtud del convenio de asunción de diferencia de precio de obra" (resaltado agregado).
En dicha oportunidad las partes acordaron que "la Cooperativa cede al Instituto todos los derechos que cuenta contra los adjudicatarios derivados de los convenios suscriptos, es decir el de adhesión al Plan de Viviendas y el de asunción de diferencia de precios..." (ver cláusula segunda del convenio en análisis). Mas ello, según lo expusiera en el punto 3 anterior, no modificó el hecho que el Instituto no asumiera ni reconociera las obligaciones económicas que la Cooperativa había rubricado en el convenio de diferencia de precio de 1990.
El real alcance del Acuerdo de 1994 viene dado por la cláusula que dispone que "a partir de la fecha el Instituto se subroga en los derechos de la Cooperativa y asume la gestión de cobro de las cuotas pendientes de pago a los adjudicatarios morosos que tienen como fuente el convenio de asunción de diferencia de precio de obra".
Entonces, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires continuó actuando como lo venía haciendo a lo largo de toda la ejecución del contrato de obra, esto es, como órgano administrador y ejecutor del programa y no como cocontratante de los profesionales que reclaman en el sub discussio.
Es que, tampoco de las restantes cláusulas de dicho compromiso se desprende que el ente público hubiera asumido el pago de suma alguna a los proyectistas. Sólo tomó para sí la gestión de cobro de las cuotas pendientes de pago.
Ello sumado a lo dispuesto en el convenio de administración suscripto por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y el Arzobispado de Bahía Blanca con fecha 28 de junio de 1994 (fs. 19/22 alcance 156), por el cual el Instituto designó una nueva entidad a fin de otorgarle las funciones de administración de las cuotas pendientes de recaudación que había recuperado con la firma del convenio de fecha 14-X-1994 analizado anteriormente me convencen para decidir el rechazo de la pretensión actora.
5. Aun concediendo que el convenio de 1990 pudiera oponérsele al Instituto accionado argumento descartado en los previos puntos 3 y 4 recurriendo a la figura de la estipulación a favor de terceros del art. 504 del Código Civil como postulan los accionantes , la suerte adversa de la pretensión igualmente quedaría sellada.
Es que, al tiempo en que los actores aceptaron la supuesta estipulación en su beneficio (cfr. demanda, ap. II.2.b. a fs. 18 y presentación de fs. 1 alcance 156 de fecha 18-VIII-1997), la referida manda se encontraba revocada a tenor de lo acordado por las originaria estipulante (Empresa Constructora) y promitente (Cooperativa) a las que se sumara el Instituto demandado en la cláusula primera del convenio de fecha 14-X-1994.
Si la aceptación requerida por el art. 504 del Código Civil se produce una vez que el beneficio nacido del acuerdo de voluntad entre estipulante y promitente ha sido abolido por la voluntad concurrente de los sujetos acordantes, ningún derecho creditorio puede alegarse por los otrora beneficiarios (args. arts. 543 y 1200 del Código Civil).
6. Finalmente, tampoco se ha acreditado como lo afirman los actores que en las sumas abonadas por los adjudicatarios de la vivienda con posterioridad al convenio de 1994 fueran representativas de los montos reconocidos por el Acuerdo de 1990 ni que el Instituto demandado haya pagado a la empresa constructora las sumas estipuladas en dicho instrumento.
a. Si bien algún indicio de la afirmación de los actores podría arrojar la informativa glosada a fs. 92/93 del sub examine, no es menos cierto que los dichos de SOCOCIA S.A. se contraponen con su propia renuncia según la cláusula primera del convenio de 1994.
b. Tampoco arrojan luz sobre el asunto, las resoluciones del ente demandado obrante a fs. 92 y 97 del alcance 156 tantas veces mencionado.
Es que, los mentados actos administrativos aprobaron específicas adicionales de obra (modificación de red cloacal y modificación de red de gas, respectivamente) que incrementaron los costos finales del emprendimiento, a tenor del propio texto de las citadas resoluciones. Ello me persuade sobre la inatingencia de lo allí resuelto respecto a lo aquí discutido, desde que según el convenio de 1990, éste fue celebrado en atención a las "modificaciones al proyecto original tendientes a reducir el costo" (cfr. fs. 12 vta. alcance 156 resaltado agregado ) efectuadas como consecuencia de la reducción del financiamiento del FONAVI, y nunca con motivo de adicionales de obra que lo incrementaran como los que contemplan las resoluciones citadas por los accionantes .
c. Ello, sumado a la ausencia de prueba pericial en un asunto de complejidad técnica como el que se examina en la especie, imposibilitan la tarea del juzgador a la hora de meritar la veracidad de lo afirmado por los impugnantes.
Teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbía a los actores la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustentaron su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doct. causas B. 55.353, "Cobos", sent. de 21 VI 2000; B. 60.226, "Verduri", sent. de 28 IV 2004; B. 53.843, "Kammerath", sent. de 23 XI 2005). No cumplida la mentada carga procesal, la pretensión se presenta huera de sustento probatorio.
IV. Por lo expuesto, y resultando inoficioso el tratamiento de los restantes planteos en la solución que corresponde darle a la causa, la demanda debe rechazarse.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3º, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Los señores jueces doctores Roncoroni, Pettigiani, Negri y Kogan por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Soria, votaron por la negativa.
Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Por su actuación profesional, regúlanse los honorarios de los doctores Horacio Augusto Koch, Luis Francisco Bouzat, Daniel Ramón Bouzat y Pablo José Quadrini en las sumas de pesos ...; ... ; ... y ..., respectivamente (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 28 inc. "a", 44 inc. "a", 51 y 54 del dec. ley 8904/1977), cantidades a las que se deberán adicionar el 10% (ley 8455).

References: Resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución