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Timestamp: 2018-07-21 04:10:15+00:00

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HECHOS MAS RELEVANTES: Promueve Gobierno de Michoacán, Juicio contra Gobierno Federal por los descuentos ilegales a las participaciones que le corresponden por Ley
Promueve Gobierno de Michoacán, Juicio contra Gobierno Federal por los descuentos ilegales a las participaciones que le corresponden por Ley
Morelia, Mich., a 10 de noviembre de 2011.- El Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, informó que la noche del jueves se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un “Juicio de Legalidad” contra el Gobierno Federal por los descuentos ilegales realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las participaciones que le corresponden por Ley a Michoacán.
Acompañado por la totalidad del Gabinete Legal, el mandatario michoacano enfatizó que dicho juicio está previsto en el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, además de ser inédito y de suma gravedad toda vez que afecta las participaciones de las entidades federativas, y que sólo la Corte tiene la facultad de resolverlo.
Godoy Rangel destacó que ésta decisión se tomó después de la búsqueda infructuosa de una respuesta favorable de parte del Gobierno Federal, toda vez que siempre se buscó privilegiar el diálogo institucional y una resolución amistosa.
A continuación el texto íntegro del posicionamiento leído este día por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel:
Vengo a informar a los michoacanos que el día de ayer a las 23:40 horas, presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un “Juicio de Legalidad” contra el Gobierno Federal por los descuentos ilegales a las participaciones que le corresponden a Michoacán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho juicio está previsto en el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, y lo considera de tal gravedad (afecta las participaciones de los estados) que sólo la Corte puede resolverlo.
Tomé esta decisión después de consultar al Gabinete legal y de esperar inútilmente una respuesta del Gobierno Federal, porque siempre buscamos privilegiar el diálogo institucional y una resolución amistosa.
Sin embargo no ocurrió así, realizamos múltiples reuniones con altos funcionarios de la Secretaria de Hacienda. Iniciamos solicitándole al presidente, Felipe Calderón Hinojosa personalmente una cita con el entonces secretario, Ernesto Cordero, misma que se dio el 2 de junio.
Después de ofrecer una respuesta favorable, darnos el apoyo para el pago de las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como había ocurrido en los años 2007, 2008, 2009, y 2010. Se realizaron 6 reuniones entre representantes de Hacienda y el Gobierno del Estado, incluido dos veces el coordinador de los diputados federales del PRD; Armando Rios Piter, para concretar dicha promesa. Nunca ocurrió, sólo evasivas y el paso del tiempo.
Llegó el cambio de secretarios, vino el nombramiento de José Antonio Meade, las cosas no mejoraron, nuevamente el 5 de octubre le solicité al Presidente Calderón su intervención para que se diera una reunión. Ésta se realizó el 11 de octubre estando presentes: su servidor, el secretario Meade, Carlos Navarrete, Armando Rios Piter, Jesús Zambrano, Mirella Guzmán y el subsecretario de Hacienda José Antonio González. Ahí el nuevo secretario negó la existencia del compromiso del anterior secretario y anunció no sólo que no nos daría el apoyo, sino además el descuento de octubre que consistió en 435 millones de pesos. A pesar de los reclamos de los Coordinadores Parlamentarios, el del Presidente del PRD y el propio, al señalarle que el descuento era ilegal.
Pese a lo anterior, y al grave problema financiero que dejó, en un último intento por resolver por la vía conciliatoria el diferendo con Hacienda, le solicité al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora el 25 de octubre que fuera árbitro entre Hacienda y el Gobierno del Estado de Michoacán. Esto a pesar que ya para entonces el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero y la candidata a gobernadora habían llevado el tema al terreno electoral, con mentiras y difamaciones buscando sacar raja electoral de un acto ilegal que puso y tiene en riesgo la liquidez de las finanzas michoacanas, poniéndose del lado del Gobierno Federal y no de los michoacanos.
Ante el silencio y la falta de respuesta a mi petición de amigable arbitraje y por los daños que le está ocasionando a los michoacanos y a las finanzas estatales, resolvimos acudir al máximo tribunal para que sea el árbitro judicial quien decida a quién le asiste la razón legal.
Las violaciones en las que incurrió el Gobierno Federal son evidentes, ya que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 9 “las participaciones que corresponden a las Entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención…”. Asimismo, el Artículo 6 señala que “las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y ni podrán ser objeto de deducciones…”.
Reitero que este “Juicio de Legalidad” lo presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el último minuto, del último día (ayer vencía el término) para proceder judicialmente. No nos dejaron otra alternativa, agotamos las vías del diálogo. Y al no obtener respuesta y para darle certeza jurídica y no dejar en estado de indefensión a los michoacanos tomamos esta difícil pero necesaria decisión.
Con el presente Juicio de Legalidad, con un procedimiento similar a la Controversia Constitucional, buscamos restituir el estado de derecho, la legalidad en Michoacán y que no se violente la soberanía estatal mediante esos ilegales descuentos y también aliviar las finanzas para el beneficio del pueblo de Michoacán.

References: Artículo 12
 resolución 
 Artículo 12
 resolución 
 Artículo 9
 Artículo 6