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Timestamp: 2018-02-18 00:49:01+00:00

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DERECHO PENAL COLOMBIA: Carrusel de la contratación: caso de las ambulancias - En proceso contra Samuel Moreno Rojas se excluye a la Contraloría Distrital porque no tiene la calidad de víctima y se niega nulidad presentada por la defensa
Carrusel de la contratación: caso de las ambulancias - En proceso contra Samuel Moreno Rojas se excluye a la Contraloría Distrital porque no tiene la calidad de víctima y se niega nulidad presentada por la defensa
Aprobado Acta N° 004
Bogotá, D.C., lunes, veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015).
110016000000201400604 02
Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento
Cohecho propio en concurso con interés indebido en la celebración de contratos
Solicitud de nulidad y reconocimiento de víctima
Niega nulidad y revoca reconocimiento de víctima
1. Se resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa de Samuel Moreno Rojas, contra la decisión proferida el 24 de octubre de 2014 por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, que negó la petición de nulidad.
2. Se colige del escrito de acusación que durante el año 2009 y el primer semestre del 2010, Samuel Moreno Rojas, entonces Alcalde Mayor de Bogotá, determinó a Héctor Zambrano Rodríguez, por la época Secretario Distrital de Salud, para que aceptara promesa remuneratoria y con posterioridad recibiera dinero para sí mismo y para terceros, entre ellos el exsenador Iván Moreno Rojas, varios concejales de Bogotá, el Personero Distrital y el Contralor de la ciudad Capital, por el contrato Nº 1.229 de 2009 celebrado entre la citada Secretaría y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, suscrito el 30 de septiembre de 2009 por un valor de $67.203’690.774,00.
3. El dinero a recibir ilegalmente equivalía al 9% del valor total del contrato, monto que debía ser repartido entre Héctor Zambrano Rodríguez, Hipólito Moreno, Emilio Tapia y Federico Gaviria Velásquez.
4. Por estos hechos, el 30 de abril de 2014 ante el Juez 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías se realizó la audiencia de imputación de cargos contra Samuel Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados.
5. La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó escrito de acusación el 28 de mayo de 2014, siendo asignado el asunto al Juzgado Catorce Penal del Circuito con función de conocimiento; el 6 de agosto siguiente se instaló la audiencia de formulación de acusación, oportunidad en la defensa propuso una nulidad que negó el a quo y que confirmó el Tribunal mediante providencia de 27 de agosto de 2014; luego de múltiples aplazamientos se reinició la audiencia acusatoria, ocasión en la que la juez de primera instancia reconoció la calidad de víctimas a la Secretaría de Salud Distrital y a la Contraloría Distrital, decisión a la que se opuso la defensa porque consideró que dicha calidad no la podía tener la segunda de las entidades mencionadas.
6. Luego de darle traslado a las partes, el juez de conocimiento resolvió avalar la calidad de víctima a la Contraloría Distrital conforme al artículo 132 de la Ley 906/04, al considerar que su participación procesal en salvaguarda del patrimonio de las entidades públicas la autoriza el artículo 11 de la Ley 906/04, específicamente en aras de la obtención de la reparación y la justicia material. Así mismo dejó en claro que esa decisión era de trámite.
7. El defensor, ante la decisión del juez de conocimiento de no otorgarle los recursos de reposición y apelación contra la decisión que reconoce la calidad de víctima a la Contraloría Distrital, solicitó la nulidad por violación de garantías fundamentales por que la decisión no era de trámite y que al no otorgársele la oportunidad de recurrir la decisión se le estaba negando el derecho a impugnar; así mismo, manifestó que el Tribunal Superior de Bogotá en otro asunto había denegado el reconocimiento como víctima de la Contraloría Distrital, con lo que se demostraba que el reconocimiento de una persona como víctima era un asunto sustantivo contra el cual procedían los recursos de Ley.
8. También solicitó la nulidad de la actuación porque el Tribunal vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa cuando el 27 de agosto de 2014, fecha en la que se llevó la lectura de la decisión que resolvió la apelación del auto que negó una nulidad impetrada por el defensor al inicio de la audiencia de acusación, se omitió dar cumplimiento al artículo 172 de la Ley 906/04, precepto que regula la forma como deben surtirse las citaciones de las partes a fin de ser convocados a las audiencias de lectura de las providencias.
9. Indicó que el mismo día 27 de agosto de 2014 recibió una llamada en la cual se le indicaba que a las 2:00 de la tarde estaba convocada la audiencia para la lectura de la decisión, pero que él informó que no podía asistir; no obstante, el Magistrado Ponente envió la boleta de remisión de Samuel Moreno Rojas señalando en la misma que la audiencia estaba convocada a las 2:00 de la mañana, lo que originó la imposibilidad de la remisión del procesado, quien estaba interesado en asistir.
10. Por lo anterior consideró que el Tribunal vulneró los tratados internacionales y como los artículos 9, 18, 124, 139 y 172 de la Ley 906/04, entre otras, por no haberle permitido al procesado ni al abogado defensor estar presentes en dicha audiencia de lectura de auto, con lo que se violó flagrantemente el derecho a la defensa.
III. EL AUTO IMPUGNADO
11. Frente a la primera nulidad el a quo manifestó, teniendo en cuentas los principios que las gobiernan, que al ser esta el último remedio pudo alternativamente la defensa haber acudido a la queja o en su defecto impetrar la revocatoria de la decisión. No obstante aclaró que al revisar la providencia que reconoció la calidad de víctima a la Contraloría Distrital, necesario resultaba, para conjurar el yerro cometido, negar la nulidad propuesta por la defensa y retrotraer la actuación a fin de que dicha decisión quedara notificada en estrados.
12. En cuanto a la segunda nulidad el a quo destacó que: (i) sí tenía competencia para resolver la petición de nulidad porque lo que se ataca es la forma en la que se convocó a esa audiencia; (ii) en el infolio obra constancia suscrita por una auxiliar judicial en la que deja plasmado que se comunicó con el defensor de Samuel Moreno Rojas a quien se le informó de la audiencia, además que la finalidad de la misma se cumplió; (iii) no se satisface el principio de trascendencia porque el objeto de la audiencia programada se cumplió ya que era resolver una apelación, decisión contra la cual no procedía recurso alguno; (iv) no se observa violación al debido proceso o al derecho de defensa teniendo en cuenta que la defensa no planteó por qué se quebrantó el debido proceso o de qué manera con la lectura de la decisión se afectaron los derechos y garantías del procesado; (v) El Tribunal se pronunció y la secretaría explicó las formas de citación al debate. Por lo anterior negó la nulidad impetrada.
13. Peticionó la revocatoria de la decisión del a quo y, en su lugar, se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de lectura de auto realizada el 27 de agosto de 2014, al considerar que dejó constancia que no era posible asistir a la audiencia de lectura de auto programada para dicha fecha y que además contra la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá sí procedían los recursos de Ley conforme a la remisión establecida en el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, aunado a que también se pueden solicitar adiciones o aclaraciones. Así mismo, indicó que por la hora en que fue citado Moreno Rojas en la boleta de remisión, se le impidió acudir a la audiencia, lo que desconoció normas sustanciales, imposibilitándolo de recurrir la decisión sobre hechos nuevos o situaciones de aclaración o adición.
14. Por lo tanto solicitó decretar la nulidad de lo actuado y, en consecuencia, citar nuevamente a las partes a la audiencia de lectura del auto y se le permitiera interponer el recurso de reposición tal y como lo ordena el Código de Procedimiento Civil frente a aspectos nuevos que fueron tocados en la providencia.
15. En cuanto al reconocimiento de la Contraloría Distrital como víctima indicó que la misma no tiene tal calidad porque: (i) esa entidad no ha sufrido un daño por parte del procesado; y (ii) se encuentra reconocida como víctima la Secretaría de Salud Distrital, de quien se dice sufrió un daño al patrimonio. Solicitó excluir a la Contraloría como víctima dentro de este proceso y, por ello, revocar la decisión de primera instancia.
16. No recurrentes: Samuel Moreno Rojas coadyuvó la petición de la defensa.
17. La FGN solicitó que se mantuviera la decisión emitida por el juez de primera instancia porque no existe ningún argumento nuevo en la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bogotá contra la cual procediera el recurso de reposición, por lo tanto no habría lugar a la nulidad; adicionalmente, consideró que la Contraloría Distrital sí es víctima en esta actuación.
18. El agente del Ministerio Público solicitó se confirmara la decisión porque los argumentos de la defensa son nuevos en el desarrollo del recurso, por lo que no hay lugar a la nulidad.
19. La Secretaría Distrital de Salud indicó que si bien eventualmente podría interponerse recurso de reposición frente a nuevos aspectos tomados en la decisión, no es viable la nulidad ni ello comporta la afectación a garantías y derechos fundamentales como quiera que no hay nuevos puntos en la providencia.
20. El Representante de la Contraloría coadyuvó las pretensiones de los no recurrentes, aclarando que no se configura el requisito de trascendencia en la alegada vulneración de los derechos de defensa. Frente a la solicitud de que se rechazara la calidad de víctima, manifestó que si bien no se ha causado un daño directo sí era necesaria su participación como interviniente en los procesos penales que se adelanten contra los procesados por delitos contra la administración pública. Dijo que la Contraloría tiene una función constitucional y legal que debe cumplir cuya omisión acarrearía graves consecuencias penales. Expresó, sin dar datos precisos, que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde obliga a las Contralorías a hacerse parte civil en el proceso penal.
21. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Samuel Moreno Rojas, contra la decisión de primera instancia en la audiencia de formulación de acusación.
22. Problemas jurídicos planteados: De lo expresado por el recurrente, la Corporación debe determinar: (i) si el procedimiento de notificación para lectura de auto en segunda instancia presentó falencias que impongan deprecar la nulidad del proceso; (ii) si en el presente asunto resulta procedente reconocer como víctima a la Contraloría Distrital.
23. Sobre la Nulidad. Aludió el defensor que en el trámite para citar a las partes a la lectura de la providencia interlocutoria del 27 de agosto de 2014 se presentaron irregularidades por parte del despacho del Tribunal, lo que generan nulidad de la actuación por violación al derecho de defensa y al debido proceso. Sus inconformidades con el citado acto se pueden resumir en (i). Pese a que se citó a la defensa vía telefónica se advirtió la imposibilidad de presentarse a la audiencia pero también su deseo de asistir, no obstante la diligencia se realizó; (ii). La notificación a la audiencia a Samuel Moreno fue irregular por cuanto se le citó la fecha señalada pero a las 2:00 de la mañana, lo que impedía su traslado a la diligencia y quien estaba interesado en asistir.; y, (iii). En la sustentación del recurso de apelación sostuvo que la no asistencia a esta audiencia le impidió interponer el recurso de reposición frente a hechos nuevos e incluso solicitar alguna aclaración o adición de la providencia.
24. La nulidad solicitada por la defensa se denegará porque la actuación cumplida ha sido absolutamente respetuosa del ordenamiento jurídico y de las garantías procesales. Del mismo modo, no aparece demostrado perjuicio alguno causado a la parte, amén que los hechos narrados por el recurrente no tienen la relevancia procesal que pretende darle, más cuando, como bien se sabe, las nulidades no se decretan cuando los actos procesales cumplen su propósito. Adicionalmente porque:
(i) el mismo defensor reconoce haber sido citado a la aludida audiencia, pero que le resultaba imposible llegar a la hora señalada, lo que demuestra que por el medio más expedito fue notificado de la fecha dispuesta para tal fin;
(ii) si bien por error secretarial se citó a las 2:00 de la mañana a Moreno Rojas, también lo es que este impase no es fundamento para una causal de nulidad porque la finalidad de la audiencia era la de dar a conocer la providencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor, propósito que se llevó a cabo con la lectura del auto correspondiente;
(iii) es deber de los jueces y magistrados citar a las partes por el medio más expedito a fin de evitar dilaciones injustificadas, razón por la cual la citación a través de vía telefónica, fax, correo electrónico o cualquier otro que ofrezca el mundo moderno, resultan adecuados para llegar al fin propuesto, en este caso que las partes e intervinientes estén enterados de la fijación de hora y fecha para la lectura de un pronunciamiento judicial;
(iv) la presencia de las partes no era obligatoria como quiera que contra la decisión emitida el 27 de agosto de 2014 no procedía ningún recurso; y,
(v) en todo caso, para dar la publicidad necesaria a lo decretado por el Tribunal, el procesado fue notificado personalmente de la decisión, como consta a folio 142 de la carpeta remitida a esta Corporación.
25. En punto de la no presencia de la defensa material y técnica en la audiencia, circunstancia que eventualmente llevó a que no fuera posible interponer un recurso de reposición o solicitar adiciones o modificaciones al fallo, ha de explicarse que ese fue un argumento que no fue sustentado en la petición de nulidad sino en el recurso de apelación, situación que impidió al juez de primera instancia pronunciarse al respecto.
26. No obstante lo anterior y por razones pedagógicas, destaca el Tribunal que bien puede suceder en un caso concreto que resulte procedente promover el recurso de reposición pero bajo el supuesto de haber incorporado el juez de segunda instancia hechos nuevos en su providencia. Sin embargo, como ello no ocurrió, el defensor no dijo -porque no podía decirlo- cuáles eran esos motivos adicionales referidos por el Tribunal sobre los cuales procedía el mencionado recurso.
27. Además, como bien puede constatarse en el auto de 27 de agosto de 2014, la Sala no adicionó hechos sino que sustentó y motivó lo resuelto con base en la apelación propuesta por el defensor.
28. Aunado a lo anterior, si lo que pretendía dicha parte era que la providencia fuera adicionada o aclarada, empece de la regla que establece la oralidad, ello lo hubiera podido solicitar por escrito, ya que no hay norma que contemple que dichas peticiones se deban realizar en la audiencia.
29. Por los anteriores motivos, la Sala no accederá a la nulidad impetrada y por tanto se confirmará en este punto la decisión de primera instancia.
30. Sobre el reconocimiento de la Contraloría Distrital como víctima. El Tribunal ha dicho de manera reiterada[1] que el artículo 250-6 de la Carta Política impone como deber a la FGN el de brindar asistencia a las víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito, de donde se colige una definición amplia según la cual víctima es toda persona damnificada-perjudicada con el delito.
31. Por su parte, el inciso primero del artículo 132 de la Ley 906 de 2004 establece que víctima es (i) toda persona natural o jurídica, (ii) que individual o colectivamente (iii) haya sufrido algún daño (iv) como consecuencia del injusto.
32. La Corte Constitucional también en múltiples pronunciamientos ha establecido, con carácter de precedente que víctima es (a) quien ha resultado perjudicado o afectado con el delito (b) siempre que hubiese sufrido un daño real, concreto y específico, (c) aunque no necesariamente de contenido patrimonial:
[S]on titulares de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste[2] (subrayas fuera de texto).
33. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en los términos del artículo 132 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, víctima es (a) la persona natural o jurídica (b) que ha sufrido un daño, (c) individual o colectivo, (d) como consecuencia del delito.
34. A su turno, (a) el daño debe ser real y concreto, y (b) no necesariamente de contenido patrimonial.
35. Así mismo, considera que la intervención del titular de la acción civil dentro del proceso penal puede estar determinada por su interés en la verdad, la justicia y la reparación, sin que la pretensión ajena al ámbito exclusivamente patrimonial torne ilegítima su condición de sujeto procesal o imposibilite su intervención en el trámite, siempre que subsistan los dos o uno u otro de los restantes intereses y se demuestre el daño concreto respecto de ellos, que justifiquen su presencia dentro de la actuación penal[3].
36. Caso concreto. Con fundamento en las anteriores consideraciones, encuentra la Sala que le asiste razón al defensor para solicitar que no sea reconocida como víctima en este proceso la Contraloría Distrital, por las razones que a continuación se exponen.
37. El artículo 267 de la Carta establece que la finalidad constitucional de la función que ejercen las contralorías es la de realizar el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, para lo cual puede incluso promover procesos penales (artículo 268-8 del Constitución Política). Sin embargo, si bien la Contraloría tiene un interés en la recuperación del patrimonio público, ese empeño se encuentra satisfecho con la comparecencia al proceso y la Secretaría Distrital de Salud, quienes fueron las entidades afectadas directamente con los hechos señalados en la acusación.
38. Así mismo, la Contraloría General de la República tiene, por mandato legal, el deber de constituirse en parte civil en procesos por delitos contra la administración pública, en los términos del artículo 137 de la Ley 600 de 2000; sin embargo, dicha norma señala en que en todos los delitos contra la administración pública será obligatoria la constitución de parte civil de la persona jurídica de derecho público perjudicada, en este caso, y la Secretaría Distrital de Salud, por lo que la participación de la Contraloría -de la República o Distrital-, es opcional o cuando se estime necesario en orden a la transparencia de la pretensión.
39. Lo dicho se sustenta en la jurisprudencia constitucional, Sentencia C-228/02, cuando al estudio de exequibilidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000[4], indicó: Entonces, tanto la Contraloría como la entidad pública perjudicada pueden concurrir como parte civil en el proceso penal, dejando de lado el carácter excluyente de su participación que contenía la norma.
40. Así mismo, el artículo 65 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, dispone que resulta viable la participación del organismo de control en los procesos penales en aquellos supuestos en los que la entidad directamente afectada no cumpla con su obligación:
Artículo 65. Constitución en parte civil. Los contralores, por sí mismos o por intermedio de sus apoderados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato celebrado sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995. Las entidades que se constituyan en parte civil deberán informar a las contralorías respectivas de su gestión y resultados
41. De lo antes reseñado se sigue, al resultar evidente la activa participación que mantienen en el presente asunto la Secretaría Distrital de Salud, que improcedente deviene el reconocimiento como víctima de la Contraloría Distrital.
42. Si bien la Contraloría soporta su legitimación procesal a partir del derecho a la verdad, aclara el Tribunal que los derechos de las víctimas no son fraccionables cuando ellas son del orden institucional porque los mismos -verdad, justicia y reparación- se tienen que concentrar o tener como un todo respecto de aquellas personas jurídicas públicas que resulten reconocidas como tales en la actuación.
43. Si ello no fuera así, se llegaría a situaciones tan absurdas, como la que se podría presentar en un proceso en el que se esté debatiendo un detrimento patrimonial a una entidad descentralizada del orden territorial, y, por ejemplo, la Contraloría General de la República reclame por el derecho a la verdad, la Contraloría Departamental por el derecho a la justicia y la Contraloría Municipal por el derecho a la reparación; y, adicionalmente, la entidad directamente afectada pretenda por verdad-justicia-reparación y el territorio por los mismos derechos en tanto de su presupuesto global se asignaron las partidas afectadas en la contratación irregular por parte del citado ente descentralizado.
44. Todo lo expuesto lleva a que el Tribunal considere que razón le asiste al defensor y al Ministerio Público cuando sostuvieron que no se requiere de la participación de la Contraloría Distrital como coadyuvante en el presente asunto, dado que la entidad pública afectada han comparecido directamente.
45. Baste lo aquí señalado para modificar parcialmente el auto objeto de alzada y en su lugar negar a la Contraloría Distrital el reconocimiento como víctima dentro de este proceso.
1°.- CONFIRMAR el auto objeto de alzada respecto de la inexistencia de nulidad que afecte la actuación.
2º.- REVOCAR la providencia impugnada para advertir que en el presente asunto la Contraloría Distrital no tiene la calidad de víctima.
3°.- ANUNCIAR que esta decisión queda notificada en estrados.
4º.- ADVERTIR que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
[1] Tribunal Superior de Bogotá, autos de 30 de julio de 2013, radicación 1100160000102201100283 01 (M.P. RIAÑO RIAÑO), y de 11 de diciembre de 2014, radicación 1100160000102201100518 01 (M.P. POVEDA PERDOMO).
[2] Corte Constitucional, sentencias C-516/07; C-370/06; C-228/02 y C-578/02, entre muchas.
[3] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 10 de agosto de 2006, radicación 22289.
[4] Artículo 137.- Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño año ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las contralorías territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil.
Publicado por DERECHO PENAL en 3:15 a.m.
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References: artículo 132
 artículo 11
 artículo 172
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 250
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 267
 artículo 137
 artículo 137
 artículo 65

Artículo 65
 artículo 36
 Artículo 137