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Timestamp: 2019-10-15 18:57:25+00:00

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ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del (1)
(1) Interpretación jurídica y directriz de Suratep sobre pronunciamiento de la corte constitucional sobre el Decreto Ley 1295 (Octubre 25 de 2006)
Mediante sentencia C 858 de 2006 se Declara la inexequibilidad de los artículos 9, 10 y 13 (parcial) del D.L. 1295/94. Ver la sentencia
(El decreto 778 de 1987 fue derogado por el decreto 1832 de 1994).
Los trabajadores independientes, de conformidad con la reglamentación que para tal
Parágrafo 1. La existencia de patologías anteriores no es causa para orientar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador. (Declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Parágrafo 2. En las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad profesional, la entidad administradora de riesgos profesionales que la atienda, podrá repetir contra las entidades a las cuales se les cotizó para ese riesgo con anterioridad, si las hubiese, a prorrata del tiempo durante el cual recibieron dicha cotización y, de ser posible, de la causa de la enfermedad. (Declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Para los afiliados al instituto de Seguros Sociales anteriores a la vigencia del presente decreto, éste procederá a separar de las actuales reservas de ATEP aquellas que amparan el capital de cobertura para las pensiones ya reconocidas, y el saldo se destinará a construir separadamente las reservas para cubrir las prestaciones económicas de las enfermedades profesionales de que trata este artículo. Una vez se agote esta reseva, el presupuesto nacional deberá girar los recursos para amparar el pasivo contemplado en el presente parágrafo, y el instituto procederá a pagar a las administradoras de riesgos profesionales que repitan contra él.
(Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Parágrafo 1. Para los efectos de este decreto, las prestaciones se otorgan por días calendario.
Parágrafo 2. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán efectuar el pago de la cotización para los Sistemas Generales de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, correspondiente a los empleadores, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización, equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.
Artículo 38. Declaración de la incapacidad temporal
Artículo 40. Incapacidad permanente parcial
Artículo 41. Declaración de la incapacidad permanente parcial
La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerza, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.(Declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Artículo 42. Monto de la incapacidad permanente parcial
Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riegos profesionales, en una suma no inferior a un salario base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.
Artículo 43. Controversias sobre la incapacidad permanente parcial. El presente articulo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante fallo C-164/00.
Artículo 44. Tabla de Valuación de Incapacidades
La determinación de los grados de incapacidad permanente parcial, invalidez o invalidez total, originadas por lesiones debidas a riesgos profesionales, se hará de acuerdo con el ¨Manual de Invalidez¨ y la ¨Tabla de Valuación de Incapacidades¨.
Parágrafo transitorio. Hasta tanto se expidan el ¨Manual Unico de Calificación de Invalidez¨ y la ¨Tabla Unica de Valuación de Incapacidades¨, continuarán vigentes los establecidos por el Instituto de Seguros Sociales.
Artículo 45. Reubicación del trabajado
Artículo 46. Estado de invalidez
Artículo 47. Calificación de la invalidez
Artículo 48. Monto de la Pensión de Invalidez
Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.
Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación.
Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otra personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en un 15%.
Parágrafo 1. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.
Parágrafo 2. No hay lugar al cobro simutáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. El trabajador que infrinja lo aquí previsto perderá totalmente los derechos derivados de ambas prestaciones, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado indebidamente.
Parágrafo 3. Cuando un pensionado por invalidez por riesgos profesionales decida vincularse laboralmente, y dicha vinculación suponga que el trabajador se ha rehabilitado, o este hecho se determine en forma independiente, perderá el derecho a la pensión por desaparecer la causa por la cual fue otorgada.
Artículo 49. Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales
Artículo 50. Monto de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales
Por muerte del afiliado el 75% del salario base de liquidación.
Por muerte del pensionado por invalidez el 100% de lo que aquel estaba recibiendo como pensión.
Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el numeral 3 del artículo anterior, la pensión se liquidará y pagará descontando el 15% adicional que se le reconocía al causante.
Artículo 51. Monto de las pensiones
Artículo 52. Reajuste de pensiones
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional, cuando dicho reajuste superior al de la variación del I.P.C. previo en el inciso anterior.
Artículo 53. Devolución de saldos e indemnización sustitutiva
Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que debera reconocerse de conformidad con el presente decreto, se devolverán al afiliado o a sus beneficiarios:
Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional.
Si se encuentra afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la ley 100 de 1993.
Artículo 54. Auxilio funerario
La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema de Riesgos Profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual al determinado en el artículo 86 de la ley 100 de 1993.
( Declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Las entidades administradoras de riesgos profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas en el presente decreto, cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que rehuse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física o profesional o de trabajo.
Artículo 56. Responsables de la pevención de riesgos profesionales
Artículo 57. Supervisión
Corresponde al Ministerio de Trabajo a través de su Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, la supervisión y fiscalización de la prevención de riesgos profesionales en todas las empresas, tendientes a la aplicación del programa permanente de salud ocupacional.
Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales.
Artículo 59. Actividades de prevención de las administradoras de riesgos Profesionales
Toda entidad administradora de riesgos profesionales está obligada a realizar actividades de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas. Para este efecto, deberá contar con una organización idónea estable, propia o contratada.
Artículo 60. Informe de actividades de riesgo
Los informes y estudios sobre actividades de riesgo adelantados por las entidades administradoras de riesgos profesionales son de conocimiento público, así versen sobre temas específicos de una determinada actividad o empresa.
Artículo 61. Estadísticas de riesgos profesionales
Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.
Artículo 62. Información de riesgos profesionales
Artículo 63. Comité paritario de salud ocupacional de las empresas
A partir de la vigencia del presente decreto, el comité paritario de medicina, higiene y seguridad industrial de las empresas se denominará comité paritario de salud ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y demás normas que la modifiquen o adicionen, con las siguientes reformas:
Se aumentan a dos años el período de los miembros del comité.
El empleador se obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité.
Artículo 64. Empresas de Alto Riesgo
Las empresas en las cuales se manejen, procesen o comercialicen sustancias altamente tóxicas, cancerígenas, mutágenas, teratógenas, explosivos y material radiactivo; aquellas que tengan procesos de trabajo mecanizado complejo, de extracción, perforación, construcción, fundición, altas y bajas temperaturas; generación, transformación, distribución de energía; y las empresas de actividades pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas, de que trata el artículo 28 de este decreto, serán consideradas como empresas de alto riesgo, y deberán inscribirse como tales en la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente decreto
Artículo 65. Prevención de riesgos profesionales en empresas de alto riesgo
La Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá los regímenes de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios, los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación por las empresas de alto riego.
Artículo 66. Supervisión de las empresas de alto riesgo
Las entidades administradoras de riesgos profesionales y la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, supervisión en forma prioritaria directamente o a través de terceros idóneos para el efecto, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del programa de salud ocupacional, los sistemas de control de riesgos profesionales y de las medidas especiales de prevención que se hayan asignado a cada empresa.
Artículo 67. Informe de riesgos profesionales de empresas de alto riesgo
Las empresas de alto riesgo rendirán en los términos que defina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales, un informe de evaluación del desarrollo del programa de salud ocupacional, anexando el resultado técnico de la aplicación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, tanto a nivel ambiental como biológico y el seguimiento de los sistemas y mecanismos de control de riesgos de higiene y seguridad industrial avalado por los miembros del comité de medicina e higiene industrial de la respectiva empresa.
Las entidades administradoras de riesgos profesionales están obligadas a informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su respectivo nivel territorial, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al informe de las empresas, las conclusiones y recomendaciones resultantes, y señalará las empresas a las cuales el Ministerio deberá exigir el cumplimiento de las normas y medidas de prevención, así como aquellas medidas especiales que sean necesarias, o las sanciones, si fuera el caso.
Artículo 68. Dirección y administración del Sistema
El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud.
Entidades administradoras del sistema - A.R.P.-
Las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales.
Artículo 69. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
Créase el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, adscrito al Ministerio de trabajo y Seguridad Social, como un órgano de dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales, de carácter permanente conformado por:
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su viceministro, quien lo presidirá;
El Ministro de Salud, o el viceministro;
El consejero de Seguridad Social de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces;
El representante legal del Instituto de Seguros Sociales, o su delegado;
Un representante de las entidades administradoras de riesgos profesionales, diferente al anterior;
Dos (2) representantes de los empleadores:
Dos (2) representantes de los trabajadores:
Un (1) representante de las asociaciones científicas de salud ocupacional.
La secretaría tendrá a cargo la presentación de los estudios técnicos y proyectos destinados a la protección de los riegos profesionales.
Artículo 70. Funciones del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
Recomendar las normas técnicas de salud ocupacional que regulan el control de los factores de riesgo.
Recomendar las normas de obligatorio cumplimiento sobre las actividades de promoción y prevención para las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales.
Recomendar la reglamentación sobre la recolección, transferencia y difusión de la información sobre riesgos profesionales.
Recomendar al Gobierno Nacional las modificaciones que considere necesarias a la tabla de clasificación de enfermedades profesionales.
Recomendar las normas y procedimientos que le permitan vigilar y controlar las condiciones de trabajo en las empresas.
Recomendar el plan nacional de salud ocupacional.
Aprobar el presupuesto general de gasto del Fondo de Riesgos Profesionales presentado por el secretario técnico del Consejo.
Artículo 71. Comité Nacional de Salud Ocupacional
El Subdirector de la Subdirección Preventiva de Salud Ocupacional de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
El Subdirector de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud;
El Jefe de la dependencia competente de Salud Ocupacional o riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales;
El Jefe de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud;
Un representante de las entidades administradoras de riesgos profesionales;
Dos representantes de los trabajadores; y,
Parágrafo 1. Los comités seccionales de salud ocupacional tendrán la composición del Decreto 596 de 1993, y actuarán, adicionalmente, como asesores de las Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los servicios seccionales y municipales de salud.
Parágrafo 2. Créanse los comités locales de salud ocupacional en los municipios cuya densidad poblacional así lo requiera, los cuales se conformarán en la misma forma de los comités seccionales, y tendrán, en su respectiva jurisdicción, las mismas funciones.
Artículo 72. Creación y funciones de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Promover la prevención de los riesgos profesionales.
Vigilar y controlar la organización de los servicios de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que adelanten las Entidades Administradoras de riesgos profesionales.
Asesorar a las autoridades administrativas en materia de riesgos profesionales.
Formular, coordinar, adoptar políticas y desarrollar planes y programas en las áreas de la salud ocupacional y medicina laboral, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades profesionales, de conformidad con lo que para tal fin establezca el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
Elaborar, anualmente, el proyecto de presupuesto de gastos del Fondo de Riesgos Profesionales para aprobación del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
Vigilar el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez de que tratan los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.
Las demás que le fijen la ley, los reglamentos o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Con excepción del Ministerio de Salud, las funciones de salud ocupacional de organismos diferentes a los previstos en este decreto, tendrán en adelante carácter consultivo.
Artículo 73. Estructura de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales
La Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tendrá la siguiente estructura:
Subdirección Preventiva de Salud Ocupacional.
Subdirección de Control de Invalidez.
Artículo 74. Subdirección Preventiva de Salud Ocupacional
Controlar y vigilar la aplicación de normas en salud ocupacional en todo el territorio nacional.
Coordinar con el Ministerio de Salud, las entidades públicas y privadas, nacionales, internacionales y extranjeras, la planeación y el funcionamiento de los programas de salud ocupacional que se desarrollen en el país.
Desarrollar programas de divulgación, información e investigación en salud ocupacional.
Proponer la expedición de normas en el área de la salud ocupacional.
Proponer e impulsar programas de extensión de los servicios de salud ocupacional para la población afiliada.
Establecer los procedimientos para la emisión de conceptos técnicos en relación con medicina laboral y salud ocupacional.
Evaluar la gestión y desarrollo de los programas de salud ocupacional.
Asesorar al Director Técnico en aspectos relacionados con el área de salud ocupacional.
Llevar el registro estadístico de riesgos, con la información que para el efecto determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las demás que le asigne o le delegue el Director Técnico o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 75. Subdirección de Control de Invalidez
Controlar y vigilar la organización y funcionamiento de las Juntas Nacional y Regionales de Invalidez de que tratan los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.
Proponer modificaciones a las tablas de enfermedad profesional y calificación de grados de invalidez.
Controlar, orientar y coordinar los programas de medicina laboral y de salud ocupacional que adelanten las entidades administradoras de riesgos profesionales.
Artículo 76. Direcciones regionales de trabajo
Velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en lo concerniente a la prevención de los riesgos, y ordenar a las empresas, a solicitud de las entidades administradoras de riesgos profesionales, que se ajusten a ellos.
Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan las prácticas ilegales, o no autorizadas, o evidentemente peligrosas, para la salud o la vida de los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.
Las demás que le asigne el Ministerio de Trabajo y Segurida Social.
Asimismo, la prevención de enfermedades profesionales en los ambientes de trabajo, podrá ser coordinada con las reparticiones correspondientes del Ministerio de Salud.
Artículo 77. Entidades Administradoras
A partir de la vigencia del presente decreto, el Sistema General de Riesgos Profesionales sólo podrá ser administrado por las siguientes entidades:
Artículo 78. Del Instituto de Seguros Sociales
Artículo 79. Requisitos para las compañías de seguros
Las entidades aseguradas de vida que pretendan obtener autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales deberán:
Acreditar un patrimonio técnico saneado no inferior a la cuantía que periódicamente señale el Gobierno Nacional, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en adición a los montos requeridos para los demás ramos.
Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente para cumplir adecuadamente con la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Conformar, dentro de su estructura orgánica, un departamento de prevención de riesgos profesionales, que será el responsable de la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6 y 7 del artículo siguiente, o alternativamente contratar a través de terceros esta función.
Parágrafo transitorio. Durante el año 1994 las entidades aseguradoras de vida que soliciten autorización a la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales, deberán acreditar un patrimonio técnico saneado no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000), en adición a los requerimientos legalmente previstos para los demás ramos.
Artículo 80. Funciones de las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales
El recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones de que trata el decreto.
Garantizar a sus afiliados, en los términos de este decreto, la prestación de los servicios de salud a que tienen derecho.
Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas, determinadas en este decreto.
Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales.
Establecer las prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de asesoría de que trata el artículo 39 de este decreto.
Vender servicios adicionales de salud ocupacional de conformidad con la reglamentación que expide el Gobierno Nacional
Parágrafo 1. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán contratar o conformar equipos de prevención de riesgos profesionales, para la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6 y 7 del presente artículo.
Parágrafo 2. Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán adquirir, fabricar, arrendar y vender, los equipos y materiales para el control de factores de riesgo en la fuente, y en el medio ambiente laboral. Con el mismo fin podrán conceder créditos debidamente garantizados.
Artículo 81. Promoción y asesoría para la afiliación
Parágrafo. Lo previsto en el capítulo III del Decreto 720 de 1994, o las normas que lo modifiquen, será aplicable a las entidades administradoras de riesgos profesionales.
Artículo 83. Garantía a las prestaciones económicas reconocidas por este decreto
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los reaseguradores, la Nación, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN-, garantiza el pago de las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la entidad administradora de riesgos profesionales de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida.
Artículo 84. Vigilancia y control
Corresponde a la Superintendencia Bancaria el control y vigilancia de las entidades administradoras de riesgos profesionales, en relación con los niveles de patrimonio, reservas, inversiones, y el control financiero, sin perjuicio de las demás funciones asignadas de manera general a la Superintendencia Bancaria para las labores de inspección y vigilancia respecto de las entidades vigiladas.
Artículo 85. Obligación de aceptar a todos los afiliados que lo soliciten
Las entidades administradoras de riesgos profesionales no podrán rechazar a las empresas ni a los trabajadores de éstas.
Artículo 86. Reglas relativas a la competencia
Artículo 87. Fondo de Riesgos Profesionales
Créase el Fondo de Riesgos Profesionales como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia.
Artículo 88. Objeto del Fondo
Artículo 89. Recursos del Fondo de Riesgos Profesionales
Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de Prevención de Riesgos Profesionales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados.
Artículo 90. Planes de Inversión del Fondo
Anualmente, dentro del primer trimestre, el Director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentará los proyectos de inversión de los recursos del Fondo para la siguiente vigencia, los cuales deberán ser aprobados por si Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
a. Para el empleador
2. La no afiliación y el no pago de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador multas, sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos profesionales, adoptados en forma general por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ésta le podrá imponer multas mensuales consecutivas hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
4. Se hará acreedor a igual sanción cuando no aplique las instrucciones y determinaciones de prevención de riesgos profesionales que le sean ordenados en forma específica por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud de la entidad administradora a la que se encuentre afiliado.
5. Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real, o el empleador no haya informado sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.
6. En los casos previstos en el literal anterior o cuando el empleador no informe sobre el traslado de un afiliado a un lugar diferente de trabajo, y esta omisión implique una cotización mayor al Sistema, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa solicitud motivada de la entidad administradora correspondiente, podrá imponer al empleador una multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada caso.
7. La no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas en este decreto, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.
b. Para el afiliado o trabajador
c. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa.
d. Para la entidad administradora de riesgos profesionales
Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales que deberá destinarlos a desarrollar las actividades ordenadas en el numeral 2 del artículo 19 de este decreto.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos Profesional, como requisito para la prestación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.
Artículo 93. Inembargabilidad
Los recursos de la cuenta especial de que trata el artículo 94 de este decreto.
Las sumas destinadas a la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Las pensiones y demás prestaciones que reconoce este decreto, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Artículo 94. Tratamiento tributario
Las sumas pagadas por la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta.
Artículo 95. Intereses de mora
(Declaro Inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002)
Artículo 97. Vigencia del Sistema General de Riesgos Profesionales
El Sistema General de Riesgos Profesionales previsto en el presente decreto, regirá a partir del 1º de agosto de 1994 para los empleadores y trabajadores del sector privado.
Parágrafo. El Sistema General de Riesgos Profesionales para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 1º de enero de 1996, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Hasta esta fecha, para estos trabajadores, continuarán vigentes las normas anteriores a este decreto.
Artículo 98. Derogatorias
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 22 días de junio de 1994
"Se declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 mediante la Sentencia C 1155 de 2008. Debido a eso, se expidió una nueva tabla de enfermedades mediante el Decreto 2566 de 2009, el cual derogó el Decreto 778 de 1978 que había sido actualizado por el Decreto 1832 de 1994, el cual también quedó sin vigencia."

References: Artículo 38

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 37

Artículo 54
 artículo 86

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 Resolución 

Artículo 64
 artículo 28

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80
 artículo 39

Artículo 81

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90
 artículo 19

Artículo 93
 artículo 94

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 97

Artículo 98
 artículo 11