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Timestamp: 2019-07-18 05:03:29+00:00

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﻿ Sentencia C-278 de mayo 7 de 2014
SENTENCIA C-278 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:LA FACULTAD DE APORTAR BIENES RAÍCES AL HABER RELATIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEBE EXTENDERSE A AMBOS CÓNYUGES. EL VALOR ADICIONAL QUE ADQUIEREN LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONTRAYENTES PERTENECE A LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DEBE SER DIVIDO ENTRE ELLOS SIN QUE ELLO CONFIGURE UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA. LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN MARITAL DE HECHO NO IMPLICAN UN DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA IGUALDAD. DE ESTA MANERA, SE DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 1781 DEL CÓDIGO CIVIL, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA POTESTAD DE APORTAR BIENES A LA SOCIEDAD, SE PREDICA DE CUALQUIERA DE LOS CONTRAYENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, UNIÓN MARITAL DE HECHO, MATRIMONIO, SOCIEDAD CONYUGAL, BIEN INMUEBLE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:512 DE AGOSTO DE 2014, PÁG.1605
Sentencia C-278 de mayo 7 de 2014
Ref.: Expediente D-9903
Actor: Carlos Mario Ulloa Mateus y Mónica Alejandra Rodríguez Ruiz
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1781 (parcial) del Código Civil
Los ciudadanos, Carlos Mario Ulloa Mateus y Mónica Alejandra Rodríguez Ruiz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 40, numeral 6º de la Constitución Política, instauraron demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 1781 del Código Civil; el texto normativo acusado con los apartes demandados subrayados es el siguiente:
Diario Oficial 7019 del 20 de abril de 1887.
“ART. 1781.—Composición de haber de la sociedad conyugal. El haber de la sociedad conyugal se compone:
1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio.
2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio.
3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución de igual suma.
4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante el adquiere <sic>; quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición.
5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso.
6. De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero.
Se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes raíces.
2.2. Con respecto al primer cargo, la Corte considera, al igual que la mayoría de las intervenciones, que solamente puede sostenerse un eventual trato diferente entre hombre y mujer, en el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil que, de manera expresa, se refiere a los bienes raíces aportados por la mujer sin mencionar los del marido. Solo en este caso, convendría examinar si existe un eventual desconocimiento del artículo 13 y 42 —inc. 5º— superiores. Por consiguiente, con relación al primer cargo, solo se estudiará la posible inconstitucionalidad del numeral 6º del artículo 1781 por la presunta violación del derecho a la igualdad.
3.1. ¿Desconoce el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 13 superior y el mandato constitucional de iguales derechos y deberes de la pareja en el matrimonio, consagrado en el artículo 42, considerando que dicha disposición mantiene la facultad, únicamente en cabeza de la mujer, de aportar al haber relativo de la sociedad conyugal bienes raíces que deberán serle recompensados en caso de disolución y liquidación de la misma, sin establecer dicha prerrogativa también para el marido?
4.1. En los términos del artículo 1774 del Código Civil, a falta de pacto escrito, la sociedad conyugal se contrae por el mero hecho del matrimonio. Así, la sociedad de bienes se encuentra subordinada a la existencia del matrimonio sin embargo, este no depende de la sociedad conyugal y su disolución tampoco lo afecta.
4.2. Al disolverse el vínculo matrimonial o al liquidarse la sociedad, se entenderá que esta ha existido desde el momento en el que el matrimonio fue celebrado(1). Las normas aplicables serán las del título XXII del libro IV del Código Civil, siempre que no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales de acuerdo con los artículos 1771 a 1773 del mismo código. El régimen de bienes aplicable a la sociedad conyugal, depende entonces de la voluntad de los futuros esposos. Una vez contraído el matrimonio, sin que se hayan estipulado las capitulaciones, los cónyuges no podrán modificar las reglas aplicables por ser la sociedad conyugal una institución de orden público familiar(2).
4.3. En este orden de ideas, a falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes establecidos en el artículo 1781 del Código Civil(3). La sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el haber absoluto y el haber relativo(4).
Los dineros, las cosas fungibles y las especies muebles —incluso los adquiridos por donación, herencia o legado—, que cualquiera de los cónyuges aporta al matrimonio o durante él adquiere, a los que se refieren los artículos 3º y 4º, quedan integrados de manera automática al haber social en el momento del matrimonio.
5.2.1. Del derecho fundamental a la igualdad(5), se desprenden las tres dimensiones que se exponen a continuación: (i) La ley “debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas”(6). El desconocimiento de este deber se produce cuando la ley se aplica de manera diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas(7). Así, se viola el derecho a la igualdad desde esta perspectiva, cuando se reconocen efectos jurídicos diferentes a personas que se encuentran en un mismo supuesto normativo(8); (ii) Por otra parte, la igualdad supone la obligación de que la ley no regule de manera diferente la situación de personas que deberían ser tratadas de la misma manera o que regule “de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente”(9); (iii) Finalmente, el derecho a la igualdad implica que todas las personas reciban la misma protección de la ley para lo cual será necesario efectuar distinciones protectivas. En palabras de la Corte, esta dimensión del derecho a la igualdad “tiene una connotación sustantiva pues “parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual”(10); es, también, positiva, pues si se presenta una situación de desigualdad que no pueda apoyarse en razones objetivas y justificadas relacionadas con el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales. Corresponde al Estado adoptar “acciones para garantizar la igual protección”(11)”(12).
Tal y como lo señala la Sentencia C-507 de 2004, antes de promulgarse la Constitución de 1991 “el marido le debía “protección” a la mujer, esta le debía “obediencia” a aquel(13). La mujer, además de no compartir la patria potestad sobre sus hijos, estaba sometida a la potestad marital(14), y tenía obligaciones específicas de “seguirlo”, sin que estas fueran recíprocas; tan solo se le daba el derecho a ser admitida en la casa del marido(15). Como se dijo, la capacidad de la mujer en el manejo de los bienes era limitada, sin embargo, los hombres, desde los 18 años, ya no requerían curador para administrar su sociedad conyugal(16)”(17). Incluso la posibilidad de que la mujer trabajara se encontraba sometida a la voluntad del marido. En el marco de las relaciones familiares y en el matrimonio, solo con la expedición del Decreto 2820 de 1974 “Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”, se estableció la igualdad definitiva entre marido y mujer al eliminarse la potestad marital, fijando la potestad parental en cabeza de ambos padres y, por ende, la igualdad de derechos y deberes sobre los hijos no emancipados, también se introdujeron disposiciones que promovían la dirección conjunta del hogar y del sostenimiento de la familia. Posteriormente, con la Ley 1ª de 1976 “Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de derecho de familia”, se reconoció el derecho de la mujer para solicitar el divorcio en igualdad de condiciones que el hombre.
5.2.3. El progresivo reconocimiento legal de los derechos de la mujer fue recogido en la Constitución de 1991, la cual, en el tema puntual de la familia, establece en el artículo 42, inciso 5º, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
5.2.4. Así mismo, en el derecho internacional, instrumentos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(18), consagran el deber de los Estados de asegurar una igualdad real entre los miembros de la pareja que conforma el matrimonio o la unión de hecho. Por su parte, el Pacto de derechos civiles y políticos establece que los Estados Partes se “comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos”(19) y, en relación con el matrimonio(20), en los mismos términos de la Convención americana de derechos humanos, determina que “los Estados Partes en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”(21).
5.2.5. La Corte también ha señalado la necesidad de reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer en las relaciones familiares. Sin pretender ser exhaustivos conviene citar, entre muchas otras, la Sentencia C-007 de 2001, en la cual se planteó si el artículo 140 n. 6 del Código Civil establecía una diferencia injustificada entre hombre y mujer, al prever que solo esta última podía convalidar el matrimonio celebrado por rapto; en esa ocasión la Corte condicionó la exequibilidad de la norma a que se entendiera que también el hombre raptado podía convalidar el matrimonio. Así mismo, en la Sentencia C-507 de 2004(22) se consideró que el hecho de que el Código Civil consagrara edades diferentes para efectos de contraer matrimonio en razón del género, suponía una discriminación para las mujeres así como el desconocimiento del deber del Estado de suprimir, en los términos de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, todas aquellas disposiciones que mantengan y reproduzcan la discriminación culturales y tradicional de género. De este modo, la citada sentencia estimó que, “cuando el legislador distingue entre hombres y mujeres, se encuentra ante una prohibición constitucional expresa de discriminar por razones de género. Por eso, las clasificaciones basadas en el género son, prima facie, inconstitucionales salvo que estén orientadas a definir el ámbito de acciones afirmativas en favor de la mujer”. No obstante lo anterior, en la misma providencia se destacó que dicha presunción de inconstitucionalidad puede desvirtuarse siempre que se demuestre que hay fines legítimos e imperiosos que solo pueden alcanzarse acudiendo al sexo como criterio de clasificación, así como si la distinción es necesaria para alcanzar dicho fin, debiéndose establecer si la distinción es proporcional en sentido estricto. En el mismo orden de ideas, la Sentencia C-008 de 2010, al examinar las excepciones para solicitar la nulidad del matrimonio(23), reiteró que la Constitución prohíbe cualquier trato diferente en razón del género, siempre y cuando no se trate de medidas que busquen promover la igualdad de personas tradicionalmente marginadas, bajo la modalidad de acciones afirmativas; en estos casos será preciso aplicar un juicio de proporcionalidad. En la Sentencia C-577 de 2011(24) también se estableció que “quienes tienen la calidad de cónyuges adquieren, por esa sola circunstancia, recíprocos derechos, cargas, deberes y obligaciones, en la medida en que son miembros de una relación familiar y los tienen en condiciones de igualdad entre ellos mismos como pareja, pero también “frente a la sociedad y al Estado”(25) […] “en el seno de la familia” y en forma conjunta, “asumen el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos que el orden natural y positivo les imponen”, bien sea, “por su condición de esposos” o por su calidad de padres, si llegan a serlo(26)”; de este modo, las obligaciones y deberes mutuos de los esposos se relacionan con el debitum conyugal, la fidelidad, la convivencia, la asistencia y auxilio mutuo, la solidaridad y la tolerancia.
El régimen patrimonial de la sociedad conyugal del Código Civil, antes de la reforma introducida por la Ley 28 de 1932, se fundamentaba en dos supuestos básicos. En primer lugar, en la administración exclusiva del marido de los bienes propios, los de la cónyuge y los de la sociedad conyugal, conformados por los bienes muebles e inmuebles que los cónyuges aportaban al matrimonio y de los inmuebles adquiridos a título oneroso después del matrimonio. De lo anterior se desprende que, así como el esposo era quien administraba los bienes, también era responsable de las deudas frente a terceros. La administración de los bienes por parte del marido, estaba sin embargo sujeto a ciertas restricciones, especialmente en relación con la disposición de derechos económicos que servían para proteger los intereses de la mujer. Por otra parte, en dicho régimen patrimonial, la mujer no podía disponer de sus bienes ni celebrar contratos sin autorización del marido o, subsidiariamente del juez. Los bienes aportados a la comunidad debían ser restituidos en su valor original al momento de disolverse la sociedad conyugal(27).
5.2.7. Con la expedición de la Ley 28 de 1932, entrada en vigor el 1º de enero de 1933, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal sufrió un cambio trascendental puesto que se estableció que tanto el marido como la mujer tendrían en adelante la capacidad de administrar de manera compartida la sociedad. En efecto, el artículo 1º de dicha ley determino que “durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera”. Así, como resultado de la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932, quedaron derogadas todas las disposiciones que consagraban la incapacidad de la mujer, de modo que esta adquirió capacidad plena civil, judicial y extrajudicial, para disponer de los bienes de la sociedad conyugal y el marido dejó de ser considerado como representante legal de su esposa(28).
5.2.8. Retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional ha descrito el nuevo régimen patrimonial de la sociedad conyugal en los siguientes términos: “La Ley 28 de 1932, en punto al aspecto patrimonial, consagró un sistema compartido de administración de bienes por virtud del cual cada uno de los cónyuges es autónomo en la administración y disposición de los bienes adquiridos con anterioridad a la celebración del matrimonio, así como en la administración y disposición de los bienes adquiridos con posterioridad a esta. El marido no era ya, en adelante, dueño de los bienes sociales ante terceros, pero tampoco único responsable de las deudas de la sociedad a quién los acreedores recurrían para perseguir la satisfacción de sus créditos”(29).
5.2.9. A partir de la expedición de la Ley 28 de 1932, también quedó claro que la capacidad dispositiva de la que goza cada cónyuge en el marco de la sociedad conyugal, decae con la disolución de la misma y que, en ese caso, se considera que los cónyuges han tenido dicha sociedad desde la celebración del matrimonio si bien durante la vigencia del mismo se tengan como separados de bienes(30). Se trata de una combinación de los regímenes de separación y de comunidad restringida, de modo que “existen a la par dos patrimonios ubicados autónomamente en cabeza de cada uno de los cónyuges, cuya individualidad se desvanece al disolverse la sociedad conyugal. Así, pues, tan singular sociedad permanecerá latente hasta su disolución, momento en el cual emergerá ‘del estado de latencia en que yacía a la más pura realidad”(31).
5.3.1. El numeral 6º del artículo 1781 determina la posibilidad de que la mujer aporte a la sociedad conyugal un bien inmueble que entra a formar parte del haber relativo de la misma, de lo cual se desprende la obligación de restitución o recompensa en caso de disolución de la sociedad. Así mismo, en dicha disposición se establece que dicho aporte puede expresarse en las capitulaciones o a través de instrumento público en el momento del aporte del bien.
5.3.2. En el sistema patriarcal en el que se originó el Código Civil y, antes de las reformas que consagraron la igualdad entre los cónyuges en la administración de la sociedad patrimonial, los bienes comprendidos en el numeral 6º del artículo 1781 del código, representan la herencia de la antigua dote que, como en otras legislaciones en Occidente, la mujer aportaba al momento de casarse. De acuerdo con algunos tratadistas(32), este tipo de bienes, usualmente inmuebles, además de ser la contribución de la mujer a la economía familiar, tenían como finalidad evitar que el hombre abandonara el matrimonio ya que en caso de disolución del vínculo, tenía la obligación de restituir o recompensar los bienes aportados por su esposa, como una especie de indemnización.
Para determinar si existe una posible afectación del derecho a la igualdad en la modalidad de diferente tratamiento de la ley a grupos de personas que se encuentran bajo el mismo supuesto, en este caso, al marido y a la mujer que gozan de los mismos derechos y deberes en la relación matrimonial, es necesario realizar previamente un juicio de razonabilidad(33).
5.3.5. No obstante lo anterior, la Corte considera que el hecho de que no se justifique implementar una medida únicamente dirigida a las mujeres, y no a los maridos, no supone de por sí su inconstitucionalidad y mucho menos su derogatoria. Atendiendo al principio de la conservación del derecho, de acuerdo con el cual “los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador, en virtud del respeto al principio democrático. Por ello esta Corte declarará exequible el inciso estudiado, en el entendido de que el establecimiento de esos requisitos mínimos corresponde al gobierno”(34), la norma acusada puede mantenerse en el ordenamiento jurídico con un condicionamiento.
Ya en otras ocasiones, la Corte ha optado por esta solución. Por ejemplo, en la citada Sentencia C-007 de 2001, esta corporación sostuvo que era discriminatorio negar al hombre la posibilidad de convalidar el vicio del consentimiento derivado del secuestro —o rapto—, siendo esta una posibilidad reservada únicamente a la mujer. En dicha providencia, se determinó que a raíz de dicha omisión, la norma no podía permanecer en el ordenamiento jurídico tal y como estaba redactada por lo cual decidió mantener la expresión mujer, “pero en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad de sexos, la causal de nulidad del matrimonio y la convalidación de la misma, consagrada en el numeral 6º del artículo 140 del Código Civil, puede predicarse de cualquiera de los contrayentes”.
De esta manera, la Corte considera que tiene sentido mantener la disposición acusada siempre que se extienda a los maridos, puesto que se trata de una potestad que permite disponer de los bienes raíces antes y durante el matrimonio. Se subraya que la norma no establece —y por lo demás jamás lo hizo—, la obligación de ingresar los bienes raíces a la sociedad conyugal. Es por consiguiente una facultad de disposición de los bienes por parte de los cónyuges que no contraviene la Constitución y que, por esta razón, no debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.
5.3.7. Como argumento adicional, es importante destacar que, y tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, la reforma de 1932 no tuvo como efecto modificar la composición del haber relativo. Desde 1935 la jurisprudencia de esta corporación estimó que hacían parte del conjunto ganancial de la sociedad conyugal entre otros bienes, el dinero y los bienes muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio. De este modo, se ha concluido respecto de los numerales 3º y 4º del artículo 1781, que, “lejos están de deber su existencia al hecho de que fuera el marido el exclusivo administrador y quien podía disponer de todo el patrimonio, tanto del social como el de la esposa; por consiguiente, no resulta ser verdad que tales normas hubieran quedado tácitamente derogadas por el devenir de la Ley 28 preanotada, como que las mismas, repítese, no entrañan conexión con el sistema administrativo y dispositivo para entonces imperante”(35).
6.2.2. La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el derecho a la propiedad privada se relaciona íntimamente con la libertad económica del individuo porque le permite obtener los bienes y servicios que requiera en el marco del Estado liberal y democrático(36). Así, la propiedad privada protege las facultades de uso, goce y disposición de los bienes.
6.2.3. La reforma del Acto Legislativo 1º de 1936 introdujo la función social de la propiedad, dejando a un lado el concepto “absolutista”(37) de la misma, principio que fue constitucionalizado también en la Carta Política de 1991, y que delimita el alcance del mencionado derecho. Con fundamento en lo anterior, se reconoce el principio de solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el particular en materia de propiedad y se justifican medidas como el establecimiento de tributos, la expropiación, la extinción del dominio o la ocupación temporal en caso de guerra.
6.2.4. La Corte Constitucional ha enunciado las características propias del derecho a la propiedad privada en los siguientes términos: “(i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue —en principio— por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas”(38). La jurisprudencia también ha señalado que, en ocasiones, el derecho a la propiedad privada puede revestir el carácter de derecho fundamental, cuando se asocia de manera íntima con otros derechos de esta categoría como el derecho a la vida, a la dignidad o a la igualdad, de acuerdo con la valoración específica de cada caso(39).
6.2.5. En consecuencia, el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada se desconoce cuando su restricción no responde a fines razonables y proporcionales, ni tiene relación con la supremacía del interés general o con el principio de solidaridad. En este sentido, “la Corte ha entendido que el contenido esencial del derecho de propiedad puede determinarse por los intereses jurídicamente protegidos, de modo que se rebasa o se desconoce su núcleo básico, cuando el derecho queda sometido a límites que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su protección”(40).
En la legislación civil, el enriquecimiento sin causa es un principio general de derecho que tiene las siguientes características: (i) requiere que una de las partes se enriquezca, es decir que obtenga provecho de cualquier circunstancia y que dicha ventaja se aprecie en dinero; (ii) correlativamente al enriquecimiento de una de las partes, es necesario que exista un empobrecimiento de la otra consistente en una pérdida material; (iii) debe existir una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento; (iv) el enriquecimiento no tiene ningún fundamento legal ni contractual, como se desprende del nombre de esta figura, no tiene causa en la ley(41); (v) el Consejo de Estado, ha señalado que, igualmente, se requiere que el empobrecimiento no haya sido causado por quien lo alega(42).
La jurisprudencia ha sostenido que el enriquecimiento sin causa desconoce la justicia como fundamento de las relaciones que regula el derecho y, de este modo, atenta contra el equilibrio patrimonial. En este orden de ideas, se ha destacado que “la figura del “enriquecimiento sin causa” es un elemento corrector de posibles situaciones injustas, cuya prevención y remedio han escapado de las previsiones jurídicas. De esta manera, el enriquecimiento sin causa nace y existe actualmente, como un elemento supletorio de las disposiciones normativas, que provee soluciones justas en los eventos de desequilibrios patrimoniales injustificados, no cubiertos por el derecho”(43).
6.3.3. El tema de la corrección monetaria del precio de los bienes del haber relativo de las sociedades patrimoniales, fue abordado por la Corte en la Sentencia C-014 de 1998. En dicha providencia, se examinó si se planteaba un tratamiento desigual entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial considerando que en esta última, el mayor valor que durante la unión marital producen los bienes de propiedad personal de uno de los compañeros ingresa a la sociedad patrimonial, generando un posible perjuicio económico para el compañero a quien pertenece el bien. En dicha ocasión la Corte señaló que la correcta interpretación del parágrafo del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, era que ingresaban a la sociedad el mayor valor que produzcan los bienes propios durante la unión marital de hecho. Sin embargo “la mera actualización del precio de un bien, como resultado de la tasa de devaluación de la moneda, no constituye un producto de la cosa, pues de esa valorización monetaria no se deduce que el poseedor del bien haya acrecentado realmente su patrimonio. Para poder hablar de que un bien ha producido un mayor valor es necesario que se pueda constatar un incremento material de la riqueza de su propietario”(44). Considerando lo anterior, en la mencionada sentencia se condicionó la exequibilidad de la norma acusada, en el entendido que la valorización de los bienes propios de los convivientes, por causa de la corrección monetaria, no ingresa la sociedad patrimonial.
En efecto, si bien el matrimonio se ha definido como un contrato bilateral, fuente de derechos y obligaciones recíprocas para los esposos, no puede concebirse esta institución desde la perspectiva de las expectativas económicas de los cónyuges en el momento de la liquidación de la sociedad. No hay que olvidar que el matrimonio es ante todo una comunidad de vida, que aparte de los efectos patrimoniales supone importantes efectos de orden personal, además del deber de solidaridad, cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda mutua entre los cónyuges. En palabras de la Corte, “el matrimonio (…) comporta una entrega personal a título de deuda para conformar una comunidad de vida y amor y una participación mutua en la sexualidad, no puede darse sino por la libre decisión de cada uno de los cónyuges (…)”(45). En este orden de ideas, no se circunscribe el matrimonio a meros cálculos de valorización económica de los bienes que conforman la sociedad conyugal porque no es este ni su objeto ni su fin(46). Por consiguiente, no resulta irrazonable ni contrario al orden económico justo que el legislador haya previsto mecanismos de recompensa de los bienes que los cónyuges aportan al haber relativo de la sociedad conyugal, considerando su valor nominal.
7.2.1. La Constitución(47), los tratados internacionales(48), la ley y la jurisprudencia(49) establecen el deber del Estado de preservar y proteger la familia como institución básica de la sociedad, independientemente de su origen.
7.2.2. A partir de lo anterior, esta corporación(50) ha destacado que el ámbito de protección especial de la familia, se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos(51).
7.2.3. En cuanto al alcance del concepto de familia, la Corte ha considerado que debe considerarse la realidad social y por ende, ha ampliado su ámbito de protección a todo tipo de familias, originadas en el matrimonio, en las uniones maritales de hecho, así como a las familias monoparentales, o las constituidas por parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta que “el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del pluralismo”(52). De este modo, se ha entendido que la familia debe ser especialmente protegida independientemente de la forma en la que se conforma el grupo familiar.
7.2.4. Por su parte, la Constitución establece que la familia se puede constituir (i) por vínculos naturales, es decir, “por la voluntad responsable de conformarla”, como en el caso de la unión marital de hecho (L. 54/90), o (ii) por vínculos jurídicos, esto es, por la “decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”. Como se señaló arriba, esta clasificación no implica discriminaciones para uno u otro tipo de familia sino solo un reconocimiento que hace la Constitución según el origen de la misma(53).
7.2.5. A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional(54) ha considerado que el vínculo matrimonial y el que surge a raíz de una unión marital(55) de hecho son diferentes en relación con sus efectos y características.
Por ejemplo, en la Sentencia C-821 de 2005, se destacó que el consentimiento, cuyo principio formal es precisamente el vínculo jurídico, es requisito de existencia y validez del matrimonio (C.C., art. 115), siendo también causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su disolución. En contraposición a lo anterior, se destacó en el citado fallo que el consentimiento, como generador de derechos y obligaciones, no es predicable en el caso de la unión marital(56). Por lo anterior, “no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que estas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias”.
Por su parte, la Sentencia C-1035 de 2008 resaltó que, aunque es necesario proteger a todos los tipos de familia sin importar su origen, el vínculo matrimonial y el que surge a raíz de una unión marital de hecho son diferentes porque el primero genera una relación jurídica con derechos y deberes para las partes que se extingue por divorcio, nulidad o fallecimiento, mientras que en el segundo, la relación nace del solo hecho de la convivencia y las partes son libres.
7.2.6. Así mismo, el legislador, ejerciendo el amplio margen de configuración que tiene en esta materia ha optado por regular de manera diferente los efectos patrimoniales de la sociedad conyugal que se deriva del matrimonio y de la sociedad patrimonial propia de la unión marital de hecho.
Como se señaló anteriormente, la sociedad conyugal se encuentra regulada en el Código Civil en los artículos 1771 a 1848. En este sistema se diferencia entre los bienes de la sociedad y los que pertenecen a cada cónyuge, y entre el haber relativo y el haber absoluto.
De otra parte, la sociedad patrimonial fue regulada en la Ley 54 de 1990, al percatarse el legislador de la omisión del Código Civil en relación con la regulación de los efectos patrimoniales de las uniones maritales de hecho. Con base en lo anterior, introdujo una presunción de existencia de la sociedad patrimonial cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años sin impedimento legal para contraer matrimonio entre compañeros, o cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho(57).
Tal y como lo describe la Corte Suprema de Justicia, “la sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes, se haya consolidado un “patrimonio o capital” común”(58). De lo anterior se desprende que la sociedad patrimonial depende de que exista unión marital de hecho pero requiere de manera ineludible que se haya conformado un capital común.
De lo anterior se desprende que la Ley 54 de 1990, sin establecer la igualdad entre los compañeros permanentes y los cónyuges, reconoció jurídicamente su existencia. De este modo “las presunciones legales sobre la existencia de la unión marital de hecho, la configuración de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, la libertad probatoria para acreditar la unión, comportan mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer la legitimidad de este tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia”(59).
Bienes que no hacen parte de la sociedad Bienes que hacen parte de la sociedad y que se dividen en partes iguales al disolverse la misma Bienes que se restituyen las partes en el momento disolverse la sociedad
Sociedad conyugal — Los bienes excluidos en las capitulaciones.
— Inmuebles adquiridos antes del matrimonio a cualquier título.
Bienes del haber absoluto: art. 1781 n. 1º, 2º y 5º (salarios, réditos, lucros y frutos de los bienes sociales o de cada cónyuge y todo lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio). Bienes del haber relativo: art. 1781 n. 3º, 4º y 6º (dinero y bienes muebles que el cónyuge aporta al matrimonio y bienes raíces que aporta la mujer —y el hombre— expresado en capitulaciones o instrumento público).
Sociedad patrimonial — Bienes adquiridos por donación, herencia o legado.
— Bienes adquiridos por cada compañero antes de iniciar la unión marital de hecho. — Los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos.
— Los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan los bienes propios de los compañeros durante la unión marital de hecho.
En la Sentencia C-239 de 1994, se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7º de la Ley 54 de 1990. En dicha sentencia se indicó que la Ley 54 de 1990 había creado una nueva institución jurídica, la unión marital de hecho, con unos efectos económicos o patrimoniales, sin embargo advirtió que “de allí, al establecimiento de los mismos derechos y obligaciones que existen entre los cónyuges, hay un abismo”. De este modo, se insistió en aquella ocasión en resaltar las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio ya que asimilar ambas figuras “equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda este imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”.
Así mismo, en la Sentencia C-114 de 1996, en la que se analizaba la exequibilidad del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, la Corte se planteó si se justifican las diferencias entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial y si se justificaban igualmente las diferencias de trámite para la liquidación de dichas sociedades. En este caso, la Corte estimó que la Constitución no consagre la igualdad absoluta entre el matrimonio y la unión marital de hecho, por lo cual, tampoco consideró que fuera posible establecer la igualdad entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial ya que “las diferencias consagradas en la Ley 54 son lógicas y no contrarían el principio de igualdad”(60).
En la Sentencia C-014 de 1998, en la que se examinó la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal b) del artículo 2º y el parágrafo del artículo 3º de la Ley 54 de 1990, la demandante consideraba que los efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión marital debían ser regulados de manera idéntica. En aquella ocasión la Corte dictaminó que aunque tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son creadoras de familia y que por ende deben ser protegidas de la misma manera, no puede dársele un tratamiento idéntico en los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de dichas instituciones. En efecto, “tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta corporación, las diferencias sean razonables, es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva”(61).
1. Declarar EXEQUIBLE el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil, en el entendido de que tal potestad se predica de cualquiera de los contrayentes.
2. Declarar EXEQUIBLES los numerales 3º y 4º del artículo 1781 del Código Civil.
(1) Existe en este punto un debate teórico de modo que para algunos doctrinantes la sociedad conyugal nace con el matrimonio y para otros con la disolución y liquidación de la misma.
(2) Cañón Ramírez, Pedro Alejo. Derecho Civil. Tomo II-Volumen 1. Familia. Legislación - Jurisprudencia - Doctrina 1887-1994. Editorial Presencia Ltda. Bogotá, 1995.
(3) Es importante precisar que, de acuerdo con el régimen legal aplicable actualmente en esta materia, la sociedad los cónyuges pueden disponer libremente de los bienes propios que adquieran antes del matrimonio y de los bienes de la sociedad que adquieran con posterioridad al mismo (C-1294/2001).
(4) Ver Medina Pabón, Juan Enrique. Derecho Civil. Derecho de Familia. Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. Bogotá, 2011. Quedan completamente excluidos del haber social los bienes que se señalen en las capitulaciones o los bienes inmuebles adquiridos antes de la vigencia del matrimonio o los bienes que se adquieren con recursos designados para tal efecto en las capitulaciones o en el acto de donación y las creaciones intelectuales.
(5) Artículo 13 C.P. y tratados internacionales como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
(6) C-507 de 2004.
(8) C-008 de 2010.
(9) C-507 de 2004.
(12) C-008 de 2010.
(13) Código Civil, decía el artículo 176: ‘Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. || El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido’ (modificado posteriormente por el D. 2820/74).
(14) Código Civil, decía el artículo 177: ‘La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer,’ (modificado posteriormente por el D. 2820/74).
(15) Código Civil, decía el artículo 178: ‘El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirlo a dondequiera que traslade su residencia. || Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. || La mujer, por su parte, tiene derecho a que su marido la reciba en su casa’ (modificado posteriormente por el D. 2820/74).
(16) Código Civil, decía el artículo 193: ‘El marido menor de dieciocho años necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal’ (derogado por la L. 28/32).
(17) C-507 de 2004.
(18) ART. 16.—1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuandoquiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
(19) Artículo 3º PDCP.
(20) En el 37 período de sesiones (1989), el Comité de derechos humanos emitió la observación general 18 No discriminación. En dicha observación se señaló que las medidas adoptadas para garantizar la igualdad entre esposos, en los términos del párrafo 4 del artículo 23, implica la puesta en marcha de medidas de carácter legislativo, administrativo o de otro tipo. Como sea, “los Estados Partes tienen la obligación positiva de asegurarse de que los esposos tengan igualdad de derechos, como lo exige el pacto”. Así mismo, en el 39 período de sesiones (1990), en la observación general 19 La familia (art. 23) se estableció que “durante el matrimonio, los esposos deben tener iguales derechos y responsabilidades en la familia. Esta igualdad se aplica también a todas las cuestiones derivadas del vínculo matrimonial, como la elección de residencia, la gestión de los asuntos del hogar, la educación de los hijos y la administración de los haberes. Esta igualdad es también aplicable a los arreglos relativos a la separación legal o la disolución del matrimonio”.
(21) Artículo 23 n. 4º. PDCP; artículo 17 n. 4º Convención americana de derechos humanos.
(22) En este caso, al examinar la constitucionalidad del artículo 140 del Código Civil, la Corte se planteó el siguiente problema jurídico: “¿Una norma desconoce los derechos fundamentales de los niños (C.P., art. 44) y el principio de igualdad (en especial la igualdad de protección y la prohibición de discriminación entre sexos - C.P., arts. 13 y 43) al declarar “nulo y sin efecto” el matrimonio celebrado por una mujer adolescente menor de doce (12) años, mientras que en el caso de un varón adolescente igual efecto solo se otorga a los matrimonios cuando este es menor de catorce (14) años?”.
(23) Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 143 del Código Civil.
(24) Demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del Código Civil, en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1361 de 2009.
(25) Cfr. Sentencia C-875 de 2005.
(26) Cfr. Sentencia C-271 de 2003.
(27) C-1294 de 2001.
(28) Artículo 181 del Código Civil subrogado por el artículo 5º de la Ley 28 de 1932.
(29) C-1294 de 2001.
(30) Sentencia 91, CSJ Sala de Casación Civil. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, proceso 4920, Gaceta Judicial Tomo CCLV Nº 2494. Lo anterior fue reiterado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Cesar Julio Valencia Copete (Exp. 7145, dic. 19/2004).
(32) Op. cit., Medina Pabón.
(33) Las modalidades del juicio de razonabilidad dependen del nivel de intensidad y de la materia sobre la cual recaiga la norma demandada: (i) se aplica un control débil o flexible cuando, por el amplio margen de configuración del legislador en determinada materia, solo se justifica realizar un estudio sobre la finalidad y la idoneidad de la medida, es decir que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y que el medio sea adecuado para alcanzar el fin propuesto, esto con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias o caprichosas (C-673/2001); (ii) utiliza un juicio intermedio cuando el juez considera que pudo haberse presentado una situación arbitraria, o cuando se ha vulnerado un derecho constitucional no fundamental o cuando la medida genera dudas sobre la afectación del goce de un derecho fundamental, por lo cual habrá que establecer si la medida cumple un fin importante y si es efectivamente conducente; rara vez se aplicará el estudio de proporcionalidad (C-301/2013); (iii) finalmente, el examen estricto supone un estudio integral de proporcionalidad en el que se analiza si existe una finalidad imperiosa, si la medida es adecuada y efectivamente conducente, si es necesaria y si es proporcional en sentido estricto; este juicio se requiere cuando los valores y principios constitucionales se encuentran en riesgo y cuando se adoptan categorías sospechosas como la raza, la orientación sexual o la filiación política (C-673/2001).
(34) C-100 de 1996, C-1294 de 2001, C-486 de 2009, C-336 de 2013, entre muchas otras.
(35) Corte Suprema de Justicia, sentencia de la Sala de Casación Civil, M.P. Cesar Julio Valencia Copete (Exp. 7145, dic. 19/2004).
(36) C-864 de 2004.
(37) C-595 de 1999.
(38) C-189 de 2006.
(39) T-506 de 1992, T-554 de 1998, entre otras.
(40) T-245 de 1997.
(41) Tafur Morales, Francisco. La nueva jurisprudencia de la Corte. Editorial Óptima. Bogotá, 1939.
(42) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006). Radicación 25000-23-26-000-1999-01968-01(25662).
(44) C-014 de 1998.
(45) C-533 de 2000.
(46) C-577 de 2011: “Ahora bien, aun cuando es cierto que en su configuración legal el matrimonio está concebido como un contrato, también lo es que las principales características de la familia a la que da lugar “impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de voluntades en sus diversas etapas, los mismos criterios que se aplican dentro del régimen general de los actos jurídicos y de los contratos en particular”, especialmente porque “los componentes afectivos y emocionales que comprende la relación matrimonial” impiden esa aplicación y, más allá de sus efectos patrimoniales, le confieren singulares caracteres que lo diferencian de cualquier otro acto convencional o acuerdo de voluntades” (Cfr. Sent. C-660/2000).
(47) (i) El artículo 5º, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) el artículo 42 que la consagra como institución básica de la sociedad y establece la obligación de protección integral en cabeza del Estado y de la sociedad; (iii) el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (vi) el artículo 15, que reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (v) el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (vi) el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vii) el artículo 43, que imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (viii) el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de la misma.
(48) El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales políticos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención americana sobre derechos humanos, la Declaración americana de derechos y deberes del hombre, entre otros.
(49) C-242 de 2012, C-821 de 2005, C-482 de 2003, C-660 de 2000, C-997 de 1994, C-278 de 1994, T-527 de 2009, C-271 de 2003, entre muchas otras.
(50) C-289 de 2000.
(51) C-821 de 2005.
(52) T-527 de 2009.
(53) C-098 de 1996, C-814 de 2001, C-271 de 2003, C-821 de 2005, C-521 de 2007.
(54) Entre otras, C-1035 de 2008, C-879 de 2005, C-821 de 2005, T-049 de 2002, C-289 de 2000, T-286 de 2000, T-842 de 1999, T-518 de 1998, T-122 de 2000.
(55) Ley 54 de 1990. Artículo 1º. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho.
(56) C-533 de 2000: “Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente”. Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio.
(57) En los debates en el Congreso que precedieron la promulgación de la Ley 54 de 1990, se destacó que proclamar la sociedad patrimonial era acorde con la justicia conmutativa al reconocer que los compañeros, “como resultado de la convivencia y de la división del trabajo que de ella se deriva, han contribuido a la formación de un haber social”. Roca Betancur Luz Stella y García Restrepo Álvaro Fernando. “Hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes”. Editorial Semilla y Viento. Medellín, 1994.
(58) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil trece (2013). Ref. 23001-3110-002-2001-00011-01.
(59) C-098 de 1996.
(60) C-114 de 1996.
(61) C-014 de 1998.

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