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Timestamp: 2018-01-20 11:26:22+00:00

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Segunda parte de El Plan de Ayala y el sistema Sala, Capitulo decimotercero del Tomo Cuarto de Emiliano Zapata y el agrarismo en Mexico del General Gildardo Magaña. Captura y diseño, Chantal Lopez y Omar Cortes para la Biblioteca Virtual Antorcha
TOMO IV - Capítulo XIII - Primera parte- El Plan de Ayala y el Sistema Sala
El señor Sala se dirige al general Palafox
Siguiendo el curso de esta interesante correspondencia nos encontramos con un hecho del que todavía no hemos podido ocuparnos; pero en páginas posteriores se encontrará la explicación de por qué el general Zapata alude a ciertas condiciones en el último párrafo de su carta.
Mientras tanto, el señor Sala, firme en su propósito de que el movimiento suriano aceptara su sistema, y no contento con el resultado de la correspondencia que estaba sosteniendo con el general Zapata, se dirigió a don Manuel Palafox en la siguiente carta:
Algunos documentos relativos a las tendencias del Ejército Libertador, que son las órdenes del glorioso general Emiliano Zapata y la fama pública, me han revelado que usted es un hombre instruído de arraigadas convicciones relativas a la imperiosa necesidad de que en nuestra Patria se solucione el problema agrario para alcanzar la cultura y la dicha de que son merecedores nuestros proletarios abnegados y valientes.
Hace años que yo trabajo intelectualmente, sacrificando mi tiempo y dinero en la popularización del Sistema Sala, que, en mi concepto, resuelve, de modo más completo y eficaz que ninguno de los propuestos hasta hoy, el problema de que se trata.
El Sistema Sala no está en contradicción con los principios adoptados en el Plan de Ayala para la división parcelaria del suelo; sino que, por el contrario, es, en síntesis, el desarrollo metódico, amplio y completo del sistema de expropiaciones de tierras para dividirlas en pequeñas porciones suficientes para proporcionar una vida cómoda a los agricultores que las trabajan directamente.
Es imposible vivir en Perpetua actitud revolucionaria, y esto no lo desea usted, ni yo, ni nadie que se precie de patriota; así es que el medio revolucionario para la adquisición de las tiertas, que consiste en la confiscación de ellas, tarde o temprano tiene que cesar, y es un noble, un magnífico propósito de quienes amamos al pueblo, cambiar ese medio, tan luego como sea posible, por el de la expropiación. Yo aceptó la confiscación como preliminar ineludible de la división de tierras y he trazado hasta en sus últimos detalles el procedimiento para usar las tierras confiscadas, como usted puede verlo en el plano con sus explicaciones sintéticas y anexos que remití y deben obrar en la oficina de su muy digno cargo; pero es evidente que una vez divididas las tierras procedentes de las confiscaciones deben quedar garantizados los nuevos propietarios mediante una fórmula jurídica especial, la que puede consistir en la promesa de pago de esas tierras hecha por el gobierno a los antiguos propietarios.
En primer lugar, la completa tranquilidad de los hombres que hayan recibido un lote; tranquilidad que es una de las bases para el buen trabajo agrícola; nadie que no esté plenamente seguro de que jamás será arrojado de su campo emprende trabajos de aliento, de resultado lejano, en el que se funda la gran riqueza de los países. En segundo lugar, pagando a los antiguos poseedores se les hace comprender que la situación creada al proletariado rural por sus antecesores o por ellos mismos no podrá repetirse en el porvenir, porque entonces habrá plena justificación en quitarles, con las tierras, el honor y hasta la vida, para asegurar la ventura y preciosa seguridad de los pobres, que lejos de pretender el sostenimiento de su posición de proletarios por la violencia sólo se la procuran por una compra llena de generosidad y noble olvido.
Tengo la seguridad de que usted, en unión de todos los patriotas, desean la gloria del invicto general Zapata, y esa gloria, para ser universal, no debe quedar constituída por los triunfos militares únicamente, sino también, y en mayor escala si es posible, por el triunfo de un sistema evolutivo que automáticamente permita el hacer dueño de una parcela de tierra a quien la quiera y sea apto para trabajarla. El sistema de confiscación es insuficiente para esto y se necesita el de expropiación, el de compra de las tierras que sean necesarias para convertir en hombres libres a nuestros millares de proletarios del campo, esclavizados desde hace siglos.
La carta que dirijo al señor general Zapata, a la vez que escribo la presente para usted, explica suficientemente estos puntos y yo le ruego que le preste atención muy detenida, pues no cabe duda que en los actuales momentos esa una grande y hasta terrible responsabilidad sobre usted y el grupo de hombres instruídos que rodean al invicto jefe de Morelos, pues crea usted que en caso de romperse las hostilidades entre sus legiones y las del Norte, el peligro de la intervención se convertirá en espantosa realidad y no hay, no existe motivo para ese desacuerdo, pues las tierras hasta hoy confiscadas a los enemigos deben ser distribuidas y en seguida legalizado el título a los nuevos propietarios, cuyo número se acrecentará por la división de tierras expropiadas, único medio de adquisición digno de los revolucionarios convertidos en gobierno.
Ante esa responsabilidad enorme, creo que sin recelos, sin desconfianza, usted y sus dignos compañeros, que saben y meditan en el campo de las operaciones militares del general Zapata, harán cuanto esté de su parte por penetrarse de las ideas e intenciones de un hombre que, como yo, trabaja con absoluto desinterés y tan sólo por patriotismo en la causa del pueblo, que no puede ser otra que la resolución pronta e inteligente del problema agrario. Quedo, en consecuencia, dispuesto a contestar todas las observaciones que se sirvan hacerme sobre mi sistema.
Penétrese usted de mi sistema, de mis cartas anteriores y de la que acompaño a ésta para el señor general Zapata, y tenga la seguridad de que nuestro común patriotismo y nuestros acordes ideales pueden producir mucho bien a la Patria, y el renombre justificado de usted tendrá por sólida base el haber contribuído a las soluciones inteligentes de una contienda entre hermanos.
Aprovecho la oportunidad para ofrecerme a sus órdenes como su afmo. atto. r S. S.
Ineludible comentario
Aunque leídas con detenimiento las cartas del señor Sala, asalta la idea de que pudieron impulsarlas ciertos móviles; seguimos pensando que procedía sinceramente y que la paternidad de su sistema le hacía caer en equivocaciones como la pretensión de que el general Zapata se convirtiera en su brazo armado haciéndose sostenedor de un sistema que daba un sesgo a los principios del Plan de Ayala precisamente cuando la tendencia del señor Carranza y la del general Zapata estaban frente a frente.
El empeño puesto en adquirir la tierra por compra no difería del de los hacendados, quienes llegaron a suponer que perderían sus propiedades y por ello trataban de sacar el mejor partido de la situación. No lanzamos el cargo de que el señor Sala estuviera de acuerdo con los terratenientes; pero sí pensamos que su afán de adquirir la tierra por compra y la generosidad y noble olvido que pedía por parte de los campesinos eran frutos de su educación, que si por una parte le permitió asomarse al problema agrario por otra lo detuvo bruscamente cuando vió que se afectaba la sagrada propiedad.
Veamos la contestación que dió el general Palafox.
Contestación del general Palafox
Cuartel General en Cuernavaca, Morelos, septiembre 3 de 1914.
Recibí la muy atenta carta de usted de fecha 28 del próximo pasado agosto, que he leído detenidamente y con profunda meditación, pasando a contestar a usted lo que sigue: los folletos y otroS documentos que se ha servido usted mandar al Cuartel General de la Revolución, que se refieren al estudio que ha hecho usted del problema agrario, los he leído con bastante atención y veo que distan mucho de la forma de resolver los principios agrarios de como están delineados en el Plan de Ayala.
Para practicar el sistema de usted se necesitaría una millonada de pesos; es decir: sería preciso sacrificar más de lo que está a nuestro desventurado país, porque, según los proyectos de usted, el gobierno tendría que desembolsar cuantiosas sumas de dinero para practicar en su esencia el reparto de tierras, especialmente lo referente a colonización, y además de que el país no está en condiciones de hacer semejantes desembolsos, tampoco sería de justicia que a los enemigos de la Revolución se les comprase la propiedad que durante muchos años han poseído ilegalmente, y la Revolución Agraria obra con tal justicia al consignar en su bandera los tres grandes principios del problema agrario, a saber: restitución de tierras a los pueblos o particulares que fueron despojados a la sombra de los malos gobiernos, confiscación de bienes a los enemigos del Plan de Ayala, y expropiación por utilidad pública.
La Revolución que sostiene el Plan de Ayala está resolviendo el problema agrario simplificado en los tres principios anteriores sin gastar un centavo, y así desea que mañana, cuando la Revolución se constituya en gobierno, no tenga que desembolsar ni un solo centavo y tampoco el proletariado, porque para devolver las tierras que alguien quitó a otro apoyado en un mal gobierno no se necesita dinero; porque para confiscar bienes a los que durante tantos años han luchado en contra de los defensores del Plan de Ayala, ayudando al gobierno directa o indirectamente, no se necesita dinero, y solamente habrá que desembolsar cortas cantidades para indemnizar a los extranjeros a quienes deba expropiárseles sus fincas rústicas por utilidad pública, y esto se hará únicamente con los extranjeros que no se hayan mezclado en asuntos políticos, pero analizando la cuestión, al país no le costarán un solo centavo esas expropiaciones si se tiene en cuenta que el pago se hará con el valor de las fincas urbanas que se confisquen a los enemigos de la Revolución.
Usted no me negará que los hacendados de la República en su mayoría han hostilizado a la Revolución y hasta ayudaron pecuniariamente a los gobiernos pasados, por lo que es de justicia que se les aplique el artículo octavo del Plan de Ayala, aun cuando usted diga que ese sistema no es noble, pero sí necesario para dar de comer a la millonada de mexicanos desheredados, y por humanidad es preferible que se mueran de hambre miles de burgueses y no millones de proletarios, pues es lo que aconseja la sana moral.
La repartición de tierras no se hará precisamente como usted lo indica, por la división parcelaria del suelo, sino que se llevará a cabo esa repartición de tierras de conformidad con la costumbre y usos de cada pueblo, y entiendo que es lo más justo; es decir: Que si determinado pueblo pretende el sistema comunal, así se llevará a cabo, y si otro pueblo desea el fraccionamiento de la tierra para reconocer su pequeña propiedad, así se hará, y en esa forma con gusto cultivarán las tierras apoyados por la Revolución, y pasados algunos lustros, los burgueses que pretendan adquirir sus propiedades confiscadas apoyados por algún gobierno no lo conseguirán, porque los pueblos, con las armas en la mano (que siempre conservarán), con energía sabrán imponerse a ese gobierno y defenderán sus derechos, y de esto, el tiempo se encargará de comprobarlo; pero si, desgraciadamente, los pueblos se dejan despojar de sus tierras, ya no será culpa de nosotros, que ahora les devolvemos sus tierras y les enseñamos la manera de conservarlas y hacer respetar sus derechos.
Los revolucionarios surianos están bien compenetrados de la maldad, de la corrupción de los gobiernos, y la prolongada lucha de cuatro años nos ha dado duras lecciones para que con justicia tengamos derecho a procurar que los intereses del pueblo no sean burlados el día de mañana por un gobierno malvado, y para evitar que esto suceda tenemos que dejar bien garantizados esos principios agrarios a la generación de hoy y a las del futuro, y esa garantia consiste en exigir a todo trance que la revolución constituída en gobierno el día de mañana eleve al rango de preceptos constitucionales esos tres principios agrarios que antes mencioné, para que de hecho y por derecho quede implantado el problema agrario; pero esos principios agrarios por los cuales tanto se ha luchado no vamos a confiarlos a un gobierno que no esté identificado con la Revolución, y por eso exigimos hoy al señor Carranza que el gobierno interino de la República sea netamente revolucionario y que se constituya de acuerdo con el artículo doce del Plan de Ayala, y de otras bases definidas, así como también que en la convención formada por los revolucionarios de la República se discuta el programa de gobierno del interinato y ese programa, naturalmente, quedará formado por los problemas que no están incluidos en el Plan de Ayala, tales como el establecimiento de bancos agrícolas; las grandes obras de irrigación que en ciertos Estados de la República hay que verificar; el mejoramiento de la instrucción pública; el mejoramiento del obrero; el mejoramiento del empleado de comercio en pequeño, y, por último, la campaña contra el clericalismo.
Como verá usted, las aspiraciones van más allá de lo que se figura el señor Carranza, y si ahora no se llega a un arreglo satisfactorio, los sesenta y cinco mil surianos que empuñan sus máuseres se lanzarán contra los nuevos enemigos del Plan de Ayala, contra esos carrancistas que pretenden burlar la fe y las esperanzas del pueblo mexicano, y si por esos acontecimientos, que quizá se verifiquen, yo soy responsable, en este caso, a la Historia le corresponde juzgarnos y yo respetaré sú fallo.
Espero que con estas ligeras explicaciones se formará usted una idea de las verdaderas tendencias de la Revolución que encabezan los surianos.
El general Zapata y don Atenor Sala siguieron intercambiando cartas que no reproducimos porque son variaciones de las anteriores, aun cuando hay en ellas destacados conceptos.
Si la correspondencia de don Atenor Sala se inició coincidiendo con la renuncia de Victoriano Huerta -aunque los trabajos hayan tenido un proceso anterior-, otro documento importante, del que vamos a ocuparnos, fue motivado por las declaraciones de don Venustiano Carranza hechas el 20 de agosto, fecha de su entrada a la ciudad de México como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
Pública y claramente definió su posición con respecto a los problemas económico-sociales:. no había luchado por ellos; no había hecho más promesas que la referente al derrocamiento de Huerta.
Al ser comentadas esas declaraciones en diferentes círculos se les dió todo el alcance que tenían: estaba firmemente delineada la política del Primer Jefe. Al asumir interinamente la Presidencia no se consideraba obligado a ocuparse de esos problemas; el pueblo mexicano podía darse por muy satisfecho con volver al orden constitucional tan pronto como se hicieran las elecciones.
Y hubiera seguido esa conducta si las circunstancias no le imponen otra. Mas lo declarado no sólo produjo sorpresa, sino también desaliento en quienes creían que el triunfo de las armas se vería coronado con la resolución de los problemas sociales que flotaban en el ambiente, y de modo especial el agrario, puesto que había producido inquietud. De plácemes estaban los afectados directamente; pero no así quienes vislumbraban una necesidad nacional en la resolución del problema; menos aun quienes lo vinculaban estrechamente con la paz orgánica que anhelaba el país.
Nada tiene de extraño, pues, que ante la actitud del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se pensara en el Jefe del Ejército Libertador, suponiendo, con razón, que sostendría sus demandas con la misma entereza y energía de siempre.
Una de las personas que así pensaron fue el señor licenciado Conrado Guati Rojo, pues dedicó y remitió al general Zapata un estudio del que no tenemos noticia que haya enviado simultánea o posteriormente otro ejemplar al señor Carranza. Nos inclinamos a pesar que no lo hizo, porque el trabajo comienza comentando en forma comedida, pero desfavorablemente, las declaraciones de ese señor. En cambio, lo sometió a la consideración del licenciado Luis Cabrera, quien por su filiación agrarista y a pesar de sus ligas políticas con el señor Carranza, consideró encomiable el trabajo y digno de ser publicado.
Carta del licenciado Cabrera
Precediendo al estudio, figura una carta del señor licenciado Cabrera dirigida a su colega Guati Rojo, que dice así:
C. Guati Rojo.
3a. de Donceles N° 79.
México, 17 de septiembre de 1914.
Señor licenciado C. Guati Rojo.
Juntamente con la apreciable carta de usted fecha 11 del corriente mes recibí el borrador de su trabajo relativo a las Cuestiones agrarias y políticas que tuvo la amabilidad de enviarme para su revisión, como una bondadosa deferencia que mucho le agradezco.
Después de haberlo leído con todo el interés que para mí tienen estas cuestiones, me es grato devolvérselo adjunto, permitiéndome significarle que en mi concepto es digna de encomio su labor, y encontrándola acertadamente desarrollada, estimo de verdadera importancia su publicación.
Agradeciéndole infinito sus finezas para conmigo, con el aprecio de siempre me repito su afmo. atento amigo y S. S.
P.S. Ojalá lo hiciera en forma de folleto.
Estudio del licenciado Conrado Guati Rojo
Dedico este trabajo al señor general don Emiliano Zapata.
LOS EJIDOS Y LAS TIERRAS COMUNALES DE LOS PUEBLOS Y SU INFLUENCIA SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, declaró el día de su arribo a esta capital que la Revolución no había hecho ninguna promesa y que su único compromiso era derrocar a la dictadura de Huerta, lo cual estaba hecho. Esto es evidente, y de ello convence la lectura del Plan de Guadalupe; mas hay un problema importantísimo que resolver para que el triunfo de la Revolución sea completo, ya que ésta fue la continuación de la de 1910, y se consolide el gobierno restableciéndose la paz bajo cuya égida volverán a florecer la industria, las artes, el comercio, etcétera: el problema agrario.
Si el Ejército Constitucionalista, fiel observador de los principios que entraña su plan, no perseguía más que el restablecimiento de un gobierno legítimo y trajo sus armas triunfadoras desde las fronteras del norte dominando más de media República, el Ejército Libertador perseguía el cumplimiento del Plan de San Luis y del de Ayala, dominando la mayor parte del sur desde los lindes del Distrito Federal, no cejando un ápice en sus demandas ...
El Plan de San Luis prometió a los pueblos la restitución de sus terrenos, y como al triunfo de la Revolución no se llevó esa promesa al terreno de la práctica, las demandas quedaron en pie y fueron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para extinguir en Morelos al zapatismo. Se creyó que la determinante o su eficiente era pura cuestión atávica por el virus de los legendarios plateados infiltrado en las generaciones actuales, y se atribuyó su persistencia a una sistemática oposición a todo lo que significa orden y progreso, sin más ideales que el asesinato, la violencia y las depredaciones, y a pesar de las persecuciones que le hicieron los generales Ambrosio Figueroa, Juvencio Robles, Luis G. Cartón, Antonio G. Olea, Jiménez Castro y Pedro Ojeda, persistió durante el gobierno del señor Madero, durante la dictadura del general Huerta y persiste aún al triunfo de la Revolución Constitucionalista.
Se refiere luego a la administración del señor Madero y a la proclamación del Plan de Ayala, que adiciona al de San Luis. Señala brevemente su contenido, y dejando el campo revolucionario pasa a decir lo que sobre agrarismo hizo la mencionada administración.
Algunas disposiciones oficiales
La Secretaría de Fomento -continúa el licenciado Guati Rojo- dispuso, en circular de 8 de enero de 1912, que los ayuntamientos, asambleas y corporaciones municipales tenían personalidad juridica para promover lo referente al deslinde, fraccionamiento y reparto de los ejidos de los pueblos, tocando a ella la titulación de los lotes con arreglo al artículo 9° del decreto de 18 de diciembre de 1909. Después, la Comisión Agraria nombrada para estudiar la cuestión y formar un proyecto presentó su programa de 7 de febrero de aquel año, proponiendo que el gobierno adquiriera terrenos de alto y bajo precio para fraccionados cediéndolos, pero no gratuitamente, sino enajenándolos a los labradores que dispusieran de un pequeño capital o que por su moral y aptitudes se lo pudieran proporcionar para la compra de animales y herramientas, y que con el objeto de favorecer a los trabajadores pobres que no contaran con elementos para comenzar la explotación de un lote, estimulara el gobierno la creación del Crédito Agrícola regional y de las sociedades cooperativas, pudiendo celebrar contratos de arrendamiento o aparcería con promesa de venta, y para el fraccionamiento de terrenos con particulares, nacionales o extranjeros, o con sociedades nacionales.
Solución del problema agrario estilo máquinas Singer
Por lo que respecta a la circular, la fracción I del artículo 38 del Código Civil del Distrito Federal, y los relativos de los Estados de la Federación, los municipios tienen entidad jurídica, y ninguna falta hacía que se les habilitara por medio de una simple circular,. pero lo que sí hacía falta era, y es, que hubiese o haya ejidos, y por lo que respecta al programa, desde luego se advierte que los miembros de la Comisión no estudiaron los medios de beneficiar a los ciudadanos indigentes, sino el modo de explotar sus propiedades y las de sus allegados y amigos preparando el terreno para especulaciones como concesionarios del gobierno para hacer los fraccionamientos, o para las gerencias de esas sociedades, para lo cual no necesitaban la calidad de socios. Por lo demás, los arrendatarios quedaban siempre reducidos a ilotas esclavizados al servicio del señor, que en este caso lo sería el gobierno, entrando, cuando más, en un contrato de aparcería con promesa de venta, al estilo de los que hace la compañía de máquinas de coser Singer, en cuyos contratos se pacta que el comprador no es más que un simple arrendatario, y aunque en realidad son de compraventa y las prestaciones periódicas son abonos en cuenta del precio, si se constituye en mora pierde los que ha dado, y el cobrador recoge la máquina de propia autoridad, dándose por satisfecho el comprador con que la Compañía no le exija el pago de las prestaciones insolutas que representan mensualidades de alquiler.
El licenciado Cabrera, en acción
Entonces fue cuando el señor licenciado Cabrera presentó como antítesis de ese programa una iniciativa suscrita por él y sesenta y dos diputados más, apoyada en el discurso de 3 de diciembre de 1912, que todos conocemos, en la que afirmó enfáticamente que la Revolución de 1910 sí prometió tierras, y relató, con la facilidad del que ha vivido en el medio sobre el que diserta, las privaciones de que son víctimas los peones de las haciendas, concluyendo por disculpar la necesidad que tienen los habitantes de Morelos de ser seis meses labradores y levantarse en armas los otros seis meses del año; sostuvo la conveniencia de que se reconstruyan los ejidos dotándose de ellos a los pueblos que no los tengan, tomándose los terrenos de donde los haya (Véase el Tomo II de esta obra en el que se incluye este discurso completo. Anotación del profesor Carlos Pérez Guerrero).
Mucho se ha hablado de las cuestiones agrarias -dijo en el discurso que pronunció en el Teatro Independencia, de Monterrey, la noche del 4 de agosto próximo pasado-. Cada Estado de la República tiene una cuestión agraria que resolver, y cada gobierno local debe tratar de resolver su cuestión agraria. Las tierras han estado hasta ahora en manos de unos cuantos terratenientes, que las han conservado no solamente para sacar de ellas pingües utilidades, sino principalmente para obtener el trabajo barato del peón, que ha permanecido por muchos años en verdadera esclavitud. La Revolución se propone tomar las tierras de donde las haya, para crear la pequeña propiedad (Estas ideas, muy personales del señor licenciado Cabrera, estaban en oposición con las del señor Carranza, a juzgar por sus declaraciones y porque acababa de decir a los enviados del general De la O: - Díganme qué haciendas tienen ustedes, de su propiedad, que puedan repartir, porque uno reparte lo que es suyo; no lo ajeno. Anotación del profesor Carlos Pérez Guerrero). El estudio y la resolución de estas cuestiones es el cumplimiento de la Revolución. La Revolución que comenzaron en 1906 los liberales, cuyos nombres no han pasado a la historia, sino en las hojas de los procesos; la Revolución que continuó don Francisco I. Madero; la Revolución, en fin, que durante año y medio más hemos visto devastar al país, está para concluir. Ha concluído la parte militar. Queda por hacerse la parte política, utilizando el poder conquistado por el elemento militar para poder llevar a cabo las reformas que deben mejorar las condiciones del pueblo.
No cabe duda -comenta el licenciado Guati Rojo- la cuestión agraria es de altísima importancia y debe considerarse por encima de la alta justicia de las reivindicaciones y averiguaciones de lo que haya en el fondo de los despojos, cerrando los ojos a toda cuestión jurídica y concretándose a tener la tierra que se necesita haciéndose expropiaciones por causa de utilidad pública, cuya tesis sustenté en el artículo que sobre la misma cuestión publiqué en El País correspondiente al 15 de febrero de 1912.
Disposiciones que se expiden y autoridades que no las acatan
Los ejidos quedaron exceptuados de la desamortización por el artículo 8° de la Ley de 25 de junio de 1856, ratificada por la de 28 del mismo mes; empero, promulgada la Constitución General, quedó prohibida la adquisición y administración de bienes raíces de corporaciones civiles o eclesiásticas, y para cumplir con el precepto constitucional dispuso la Secretaría de Gobernación, en circular de 12 de mayo de 1890, que en el cpncepto de no haber perdido los terrenos de común repartimiento y los ejidos su caracter de propiedad de los pueblos y municipios, no debían ser éstos despojados al hacerse la conversión, sino que, como se había practicado en algunas entidades federativas a quienes correspondía en sus respectivos territorios por ser propio de su régimen interior, debía acordarse la repartición equitativa entre los vecinos de los pueblos a que pertenecían, y se recomendó a los gobernadores tomaran las providencias que su ilustración y respeto a nuestra Ley Fundamental les dictasen para realizar uno de los más importantes preceptos en beneficio de los pueblos. Una supina ignorancia de los gobernadores, jefes políticos y ayuntamientos hizo que no se comprendiera el sentido político y económico de las leyes de Reforma y Desamortización, y que estas benéficas disposiciones se volvieran contra sus altos fines.
Desmembración de los ejidos
Los ejidos fueron en su origen bienes concejiles y comunales, y como tales, no los podían enajenar los vecinos de los pueblos ni gravar de ninguna manera, y no eran susceptibles de prescripción,. pero derogada la antigua legislación civil por el Código de 13 de diciembre de 1870, los pueblos que los tenían fueron perdiendo gradual e insensiblemente los terrenos de uso comunal desmembrados por adjudicaciones ilegales. Mas una vez hechas esas adjudicaciones, toleradas por los perjudicados y derogada la imprescriptibilidad de los bienes comunales, los poseedores quedaron amparados por la prescripción adquisitiva, con justo título, con título colorado o sin él, y es ocioso empeñar a los pueblos en litigios exigiendo reivindicaciones, sobre todo cuando es utópico creer que la justicia da a cada uno lo que es suyo, pues aun tratándose de la que se administra en Inglaterra, que se reputaba buena por excelencia, el platillo de su balanza se inclinaba a favor del que ponía mayor peso.
En otros casos, los mismos vecinos enajenaron los terrenos que les legaron sus antepasados, obligados por la miseria, en precios notoriamente insignificantes; mas como ni los vecinos del vendedor pueden hacer uso del retracto vecinal, introducido en América por los puritanos de Escocia, ni el retracto gentilicio puede ejercitarse por los parientes del mismo vendedor contra un extraño a la familia, como se practicaba por los franceses del Canadá (El Consejo de Ministros celebrado el 14 defebrero de 1912 reconoció que el origen de los nuevos levantamientos obedecía a que el gobierno no había cumplido los compromisos de la Revolución sobre el reparto de tierras. Nota del licenciado Guati Rojo), y como, por otra parte, aun cuando el contrato esté herido de nulidad o ineficacia por haber faltado la verdadera voluntad del vendedor que enajenó obligado por la fuerza mayor de la miseria, recibiendo mucho menos del valor de los bienes enajenados, los perjudicados no tienen medios de hacer valer sus derechos ante los tribunales para obtener la rescisión o nulidad de las obligaciones contraídas con vicios internos y externos.
Modalidades de la reconstitución de los ejidos
El problema agrario debe solucionarse sin demora, en la única forma indicada: reconstituyendo los ejidos, haciéndose las expropiaciones necesarias por causa de utilidad pública, radicando la propiedad en la Federación mientras se hace la reforma constitucional y el usufructo en los pueblos, cuidando de que los ayuntamientos encargados de administrar no sean los aprovechados, porque si se tolera que los presidentes municipales y los síndicos se adueñaran de los ejidos ejerciendo ellos los atributos de la propiedad tal y como fue concebida por el Derecho Romano, de usar, fructificar y abusar para sí mismos, se convertirían en señores de horca y cuchillo, quedando los vecinos reducidos a esclavos de esos magnates de pueblo.
Si es verdad que la Historia se repite, volverían los pueblos a su estado primitivo de comunismo, como se establecieron en la América del Norte los primeros inmigrantes anglosajones y en Anáhuac los de Aztlán, donde la propiedad individual no era conocida, y aunque tal vez no llegue a realizarse el triunfo del colectivismo, como pretende Molinari, ni a reconocerse la imposibilidad de la propiedad, como pretende Prudhon, será preciso que los vecinos de los pueblos vuelvan a disfrutar de la propiedad imperfecta de los terrenos comunales con derecho de laborarlos en los términos que aconseja el licenciado Cabrera, y con la cortapisa de no poderlos enajenar, pues de esta medida depende la pacificación del país (Tardé, Las transformaciones del derecho, Cap. IV. Nota del licenciado Guati Rojo).
Ya el gobernador constitucionalista de Nuevo León, general don Antonio I. Villarreal, dió un paso antes del triunfo de la Revolución expidiendo en Monterrey la ley de 25 de junio del año en curso declarando que las tierras cultivables de regadío y secano que no estuvieran sembradas y en cultivo para el 10 del siguiente mes quedaran provisionalmente a disposición del gobierno para arrendarlas a los agricultores mexicanos que garantizaran ponerlas inmediatamente en cultivo, y aun cuando esa ley no es más que de circunstancias y de efectos transitorios satisface las aspiraciones y necesidades de los pueblos, estimula la agricultura y prepara el terreno para la gran revolución económica y política, sin cuya solución no habrá gobierno que pueda perdurar (No podía esperarse menos del general Villarreal como firmante del programa del Partido Liberal Mexicano y por su intervención en los Tratados de Torreón, aun conociendo las ideas adversas del señor Carranza).
La odiosa capitación
En ninguna parte se acentúa más la reconstitución y dotación de ejidos como en el Estado de Morelos, donde los labradores sólo disponían de tierras que las haciendas les proporcionaban a subidos tipos de arrendamiento y con la condición de no disponer del zacate del maíz, que quedaba a favor de la finca; los jornales eran tan insignificantes que los peones no podían pagar la odiosa contribución personal, que después se disfrazó con el nombre de capitación, que para hacerla efectiva, los exactores tenían formada una policía especial, y cuando ésta no bastaba, usaban de la fuerza rural, allanando de noche las casas de los contribuyentes, cateándolas para extraer los objetos de uso doméstico más realizable, y hubo cobrador que conocí, que cometió la impiedad de quitar al causante la manta con que cubría a su consorte y a sus hijos ( Muchos días después de escrito este trabajo, que revisado y aprobado por el licenciado Cabrera rehusaron publicar El Sol y El Radical, llegó a mis manos el decreto expedido en Cuernavaca el 8 de septiembre por el general Emiliano Zapata, declarando nacionalizados los bienes de los enemigos de la Revolución que defiende el Plan de Ayala, destinándose las propiedades urbanas y demás intereses de esa especie a la formación de instituciones bancarias dedicadas al fomento de la agricultura y al pago de pensiones de viudas y huérfanos de los que murieron en la lucha, y los terrenos, montes y aguas a distribuirse en comunidad para los pueblos que lo pretendan y al fraccionamiento para los que lo deseen, no pudiendo ser vendidos ni enajenados en ninguna forma, siendo nulos todos los contratos que tiendan a enajenarlos y siendo transferibles sólo por derechos de sucesión. Nota del licenciado Guati Rojo).
Habla de encarcelamientos por falta de pago de la capitación, a despecho, dice, de las disposiciones constitucionales; de que tuvo que defender a muchos contribuyentes involuntariamente morosos; de que en no pocas ocasiones suplió el importe de los adeudos, lo que le valió la animosidad de algunas autoridades.
Sigue diciendo que el coronel Manuel Alarcón olvidó su humilde origen cuando fue gobernador del Estado e hizo causa común con los hacendados, al grado de que para favorecer sus intereses consignó a vecinos del pueblo de donde era originario, al destierro de Quintana Roo. Naturalmente -comentamos nosotros-, pues cedieron terrenos para formarle la hacienda de Temilpa.
La miseria, consecuencia del sistema social
El Estado de Morelos -sigue diciendo el licenciado Guati Rojo- equivale, en su extensión territorial, a la quinta parte del Estado de Hidalgo, y en su densidad, a poco menos de la tercera parte, sin contar con la riqueza de éste, y cualquiera que examine el último presupuesto de egresos creerá que esa porción encierra los extraordinarios tesoros del Transvaal; pero el que viaje por el ferrocarril que conduce de esta capital a la ciudad de Cuernavaca, asiento de los poderes, y observe los más insignificantes detalles, verá en algunas estaciones de bandera más allá de Tres Marías mendicantes indígenas mal cubiertos de harapos que con plañidera voz imploran la caridad de los viajeros.
El intento de los ricos terratenientes ha sido siempre aniquilar al proletariado reduciéndolo a una situación apremiante para sujetarlo perpetuamente a la esclavitud y que no falten peones para el cultivo de sus campos, y si alguno llega, a fuerza de economías y privaciones, a formar un pequeño pie de ganado, buscando la manera de emanciparse de la esclavitud, bastaría con que los administradores de las haciendas capturaran a sus animales por medio de lo que allí llaman rodeo a pretexto de que habían causado daño en los sembrados, para que los obligaran a venderlos y a pagar la cuota de cinco pesos por cabeza.
El pueblo mexicano no pide pan y circo al César, como pedía el pueblo romano; pide sólo terrenos y hay que dárselos, porque de ellos saldrá el pan para el proletario y el tributo para el sostenimiento de la cosa pública.
El ideal agrario, comentado en España
La palabra del licenciado Cabrera, llevada hasta Europa, ha despertado en España el espíritu de solidaridad que campea en la conferencia que dió en la Casa del Pueblo, de Madrid, don Edmundo González Blanco la noche del 18 de julio anterior sobre el tema La Revolución de México, sus causas económicas y su política, en la que delineó con admirable exactitud nuestra situación política, económica y social desde los tiempo de la Conquista hasta nuestros días, revelando un profundo conocimiento de nuestra historia, nuestras coscumbres y nuestra condición, no menos que de nuestra legislación, haciendo apreciaciones tan exactas y precisas que no podemos menos que reconocer los, méritos del conferenciante.
No puedo resistir al deseo de copiar íntegros unos párrafos del conferenciante ibero, y los traslado a continuación:
A partir de la administración de Porfirio Díaz, el régimen agrario de México ha involucionado hasta hacer desaparecer la pequeña propiedad y alcanzar el grado extremo el latifundismo. Las inmensas propiedades, hatos, estancias o haciendas, están concentradas en pocas manos, y hay muchas veces en que el peón no recibe más que un medio salario nominal, quedando siempre deudor de dichas haciendas. Las poblaciones indígenas poseían las tierras comunales que se les habían concedido, como antes expresé, para que los habitantes se proveyeran de agua, de leña, de pastos y sembrasen los ejidos. Y el aspecto característico de las cuestiones agrarias en México, durante cerca de dos centurias, ha consistido en la obstinada defensa de aquellas poblaciones contra los grandes terratenientes, cuya oligarquía ha fundado siempre su poder en vastos latifundios.
A partir de 1856, las cosas mejoran un tanto. Nuevas leyes positivas y extensas compilaciones monísticas desamortizaron los bienes de manos muertas. La administración liberal de Juárez, quiso que el capital no siguiese aplastando al trabajador, y despojó a la Iglesia de sus propiedades, adjudicándolas a individuos que deseaban adquirirlas a bajo precio. Pero todos los esfuerzos que en este y otros puntos se hicieron para conquistar la libertad política, la independencia del poder civil, resultaron inútiles a los efectos económicos. El campesino siguió con todo el peso del trabajo, y por más que hizo, no pudo salir de la condición de bestia. En 1856 se dió un paso más. Por efecto de la desamortización, los ejidos de las poblaciones indígenas empezaron a ser divididos y repartidos a los habitantes en pequeñas parcelas. No se quiso en absoluto copiar el comunismo, que desconoce la propiedad. No se quiso prescindir de estos estimulantes tan poderosos. Lo único que se pensó fue sujetados a una regla severa, creando la propiedad agrícola. El proyecto fracasó por dos motivos fundamentales: la falta de medios (ganado, semillas, abonos, etcétera), donde la división y el reparto se hicieron, el egoísmo codicioso de los terratenientes, que se aprovecharon de esa falta para comprar en seguida los ejidos colindantes a sus propiedades.
México, D. F., septiembre de 1914.
Como se ve, en el estudio que en gran parte dejamos copiado nada pidió para sí el señor licenciado Guati Rojo, pues se limitó a dar sus puntos de vista. Como otras muchas personas, presintió el inminente choque entre el agrarismo del general Zapata y el antiagrarismo del señor Carranza, cuyas declaraciones motivaron el estudio.
Cuando lo envió con expresiva y lacónica dedicatoria, cabe suponer que lo hizo por la seguridad de que el general Zapata seguiría en la firme actitud que asumió desde el principio de la lucha. Halló ésta muy justificada, pues la observación del fenómeno lo condujo a sus causas y lo hizo decir que debían cerrarse los ojos a toda cuestión jurídica para obtener las tierras necesarias.
Y dijo verdad, pues el problema no era legal ni jurídico, sino revolucionano y profundamente humano.
Celebramos que hubiera transcrito en el estudio parte de la conferencia sustentada en Madrid por don Edmundo González Blanco, pues vemos que el ideal agrario justificaba en el extranjero al movimiento revolucionario mexicano ante quienes buscaban en ese movimiento una elevada finalidad social.
La vigorosa personalidad del señor licenciado Luis Cabrera, su presencia en el constitucionalismo y la sinceridad de su palabra hicieron que se le tuviese como autorizado portavoz de la Revolución y que su conferencia repercutiera favorablemente en España. Otro hecho anterior, la repartición de tierras en la hacienda de Los Borregos, llevada a cabo por el general Lucio Blanco, también había repercutido favorablemente en Francia.
Fueron dos hechos aislados e inconexos, pues el general Blanco procedió por sí e inspirado por el hoy divisionario Francisco J. Múgica. Por su parte, el licenciado Cabrera expuso con firme convicción sus ideas, de las que participaban otros revolucionarios; pero el ideal agrario no figuraba en el programa del Ejército Consutucionalista ni estaba en la mente de su Primer Jefe. Mucha sangre debía derramarse para que ese ideal triunfara.
COMO ESTABA DISTRIBUIDA LA SUPERFICIE NACIONAL
¿En verdad el ideal agrario podía conducir a que los elementbs revolucionarios chocaran entre sí? ¿O solamente eran la terquedad y el capricho del general Zapata los que estaban orillando a un rompimiento entre constimcionalistas y las huestes del sur?
Veamos lo que dice una gráfica que debemos a la gentileza del señor general Manuel N. Robles. Dicha gráfica se refiere ala distribución territorial, y aun cuando fue formada varios años después de los sucesos que estamos refiriendo, no por ello deja de proyectar luz sobre el asunto, pues pone de relieve la situación real de la clase campesina y la causa de su esclavitud.
Superficie primitiva y pérdidas sufridas
Desde que México se hizo independiente hasta el año 1847, la extensión territorial era de cuatrocientos millones de hectáreas (400.000,000), apioximadamente.
Con las sucesivas pérdidas de Arizona, Nuevo México, Texas, Alta California, Chamizal, Belice y Clíperton, la nación perdió la mitad de su superficie: en consecuencia, en el año 1914, al que se refiere nuestra narración, y también en la actualidad, cuenta con una superficie de docientos millones de hectáreas (200.000,000).
Veamos ahora cómo estaban disuibuídas. En primer lugar, ciento veinte millones de hectáreas (120.000,000) estaban en poder de españoles y sus descendientes criollos, herencia que nos legaron la conquista y la dominación, así como la influencia que los españoles siguieron ejerciendo en México independiente. Nótese que ciento veinte millones de hectáreas son más de la mitad del territorio nacional.
En poder de sólo 276 propietarios estaban cuarenta y siete millones, novecientas sesenta y ocho mil ochocientas catorce hectáreas (47.968,814). Excesiva superficie y corto número de terratenientes, entre quienes deben contarse los favorecidos por diversos gobiernos nacionales, como los señores Creel y Terrazas, dueños de casi todo el extenso Estado de Chihuahua.
Haremos notar que tanto los españoles y sus descendientes cuanto los 276 propietarios aludidos en los dos párrafos anteriores habían extendido sus propiedades por todos los medios a que repetidas veces hemos hecho mención en esta obra. También haremos notar que entre ellos, y algunos más de quienes adelante nos ocuparemos, estaban los setenta y ds millones de hectáreas (72.000,000) que las compañías deslindadoras restaron a los pueblos al amparo de la ley de deslindes de 15 de diciembre de 1883.
Si sumamos la superficie de que eran poseedores los españoles y sus descendientes con la que estaba en poder de los 276 propietarios, encontramos que tenían ciento setenta y siete millones novecientas seseta y ocho mil ochocientas catorce hectáreas (l67.968,8}4), o sea, más de las tres cuartas partes de la superficie total de la Nación, pues quedaban treinta y dos millones treinta y un mil ciento ochenta y seis hectáreas (32.031,186).
Es clarísimo que los poseedores de la mayor superficie y del mayor número de fincas rústicas imponían las modalidades tanto a la explotación del dueño cuanto a la condición que guardaban los trabajadores. Pero veamos cuál era la distribución de la superficie restante, o sean, los treinta y dos millones treinta y un mil ciento ochenta y seis, hectáreas:
10% estaba en poder de extranjeros no españoles;
5 % estaba en poder de mexicanos antipatriotas, llamados así por vivir fuera del país sin preocuparles lo que en él aconteciera, sin conocer sus propiedades; pero paseando en el extranjero su ociosidad a expensas del trabajo de los peones mexicanos;
5 % era propiedad de mestizos;
5 % más estaba en poder de los pueblos o formando ejidos que habían resistido todos los embates;
10% estaba considerado como terrenos nacionales o baldíos.
Finalmente, el resto debe considerarse como áreas de las ciudades, de los pueblos y de pequeños ranchos.
En toda la distribución anterior hay que considerar sesenta y seis millones seiscienta mil hectáreas de terreno montañoso (66.600,000). En esa extensión deben comprenderse las zonas inexploradas que aún existen como tales; pero lo que estaba dentro de los latifundios se aprovechaba en la extracción de maderas, en el corte de leña, en la cría de ganado, etcétera, quedando, naturalmente, alguna parte improductiva por la naturaleza del suelo o por otras causas, como la escasa precipitación pluvial. De todos modos, el terreno llamado montañoso afectaba al propietario; pero en razon inversa a la extensión de la propiedad
Elocuencia de los números
Muchas son las conclusiones a que conduce el examen detenido de los datos que presentamos. Dejemos al lector que llegue a ellas y que fríamente las ligue a la economía del país y al más elemental sentimiento de humanidad para la clase campesina.
Sólo llamaremos su atención acerca del hecho doloroso de que el cinco por ciento de la superficie territorial no acaparada estaba en poder de algunos pueblos. Ese hecho nos conduce directamente a uno de sus desastrosos efectos: a la clase campesina no le quedaba otro recurso para subsistir que la condición de peonaje a que estaba sometida.
Precisamente a ello tendía hasta el hecho de que las tierras impropias para el cultivo estuvieran en manos de los latifundistas, pues se necesitaban brazos para las haciendas, y la manera de tenerlos perpetua, oportuna y eficazmente había consistido en quitar a los pueblos el medio de producción, en absorber las extensiones de pequeños y medianos agricultores, para poner al latifundio bajo el amparo del sagrado derecho de propiedad, a fin de que nadie, sino el hacendado, pudiera disponer de la superficie y de cuanto en ella estuviera.
Sigamos a los números en su fría elocuencia y veamos a los peones en la vasta superficie acaparada.
Según el censo de 1910, había en el país tres millones ciento treinta mil cuatrocientos dos peones(3.130,402), y simultáneamente existían ochocientos treinta y cuatro hacendados (834).
Esta última cifra merece una pequeña aclaración: nos hemos referido antes a 276 propietarios y dijimos que lo eran de los cuarenta y siete millones novecientas sesenta y ocho mil ochocientas catorce hectáreas, a las que también nos referimos inmediatamente después de señalar la superficie en poder de españoles. Los ochocientos treinta y cuatro (834) hacendados a que ahora aludimos formaban el total de los acaparadores de la tierra, incluyendo extranjeros y nacionales.
Estos números no sólo dan la magnitud cuantitativa del problema, sino que están hablando de enormes desigualdades sociales: de un estado morboso en la colectividad mexicana; gritan la más inicua explotación del hombre; pregonan la vida miserable de unos seres humanos frente a la opulenta vida de sus explotadores. Ahondemos este punto.
Si se tiene en cuenta que cada uno de esos peones representaba una familia, no de cinco personas, como quiere la sociología, sino de tres únicamente, tendremos la enorme cantidad de nueve millones trescientas noventa y un mil doscientas seis personas (9.391,206), cuya existencia dependía del trabajo del peón.
Y véase que nueve millones trescientas noventa y un mil doscientas seis personas representaban en 1910 la inmensa mayoría del país, que entonces contaba con quince millones de habitantes. Esta era la magnitud numérica del problema; en cuanto a la social, todavía tenemos que decir algo más.
Si recordamos que los jornales -excepto en algunas zonas del país- fluctuaban entre dieciocho y treinta y siete centavos, y que para ganarlos era necesario trabajar desde la salida hasta la puesta del sol, encontraremos sin esfuerzo, no al peón, sino al auténtico esclavo de los 834 hacendados de que nos habla la estadística.
He aquí por qué la clase rural era económicamente inerte, pues al reducido producto del trabajo tenía que corresponder un raquítico poder adquisitivo, y a éste, una depresión moral, una opacidad cultural y una degradación social. Digámoslo de otro modo: si la esclavitud es una injusticia -y universalmente así está considerada-; si en todo estado social de injusticia hay un principio de desintegración, es evidente que el peón esclavizado no podía contribuir al progreso de la Nación mexicana.
Pero las sociedades no toleran un estado perpetuo de injusticia, y he aquí por qué la parte secular y profundamente afectada, la parte sangrante de la sociedad mexicana, tuvo que realizar un acto heroico en defensa de su vida y se lanzó contra el latifundismo que la oprimía, que la asfixiaba, y que de ella se había valido para consolidar su predominio.
Por poco que se piense en ese acto de defensa se encontrará la misma causa económica, la misma razón histórica, la misma fuerza social, que teniendo su origen en un lejano pasado llevó a los desheredados a la Guerra de Independencia, los impulsó después a la Guerra de Reforma, los hizo integrar las huestes que se alzaron en armas con Madero y que continuaron agrupados en torno del general Zapata produciendo el fenómeno histórico de la Revolución Agraria.
Mas para ésta, el anhelo de reivindicación no se concretaba a destruir el latifundismo imperante, sino que creía necesario remover el sistema de ideas, de leyes, de prejuicios, de intereses, en que el latifundismo se apoyaba, pues sólo así podría transformarse desde su fondo la vida de la sociedad mexicana.
No pasaremos por alto un dato curioso que aparece en la gráfica, y es: que a partir del año 1920, en que el señor general Alvaro Obregón inició su política agraria, hasta la fecha en que fue formada la gráfica se habían entregado a los pueblos siete millones de hectáreas. Nótese la corta abertura del ángulo que indica las tierras entregadas y véase cuán grande era todavía la extensión territorial que estaba en poder de los latifundistas.
Nótese también que el valor de la superficie entregada a los pueblos, según la gráfica, se había cubierto en bonos que estaban o están en poder de extranjeros. Véase con cuánta razón el general Zapata no aceptaba que el problema se resolviera haciendo sistemático el procedimiento de expropiaciones por causa de utilidad pública, sino que se afectara, principalmente, a quienes habían monopolizado las tierras.
La expedición de bonos para pagar a los latifundistas es un procedimiento en que ni siquiera pensó el general Zapata, y de habérsele propuesto, hubiera contestado negativamente, pues no se le habría ocultado que esos valores correrían el inminente peligro de convertirse en una deuda exterior.
Dejemos ahora que el lector conteste a las preguntas que formulamos al principio: ¿El ideal agrario podía conducir a que los elementos revolucionarios chocaran entre sí? ¿O solamente la terquedad y el capricho del general Zapata eran los que estaban orillando a un rompimiento entre el constitucionalismo y las huestes del sur?
México, D. F., Día de la Raza, 1946.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 38
 resolución 
 artículo 8