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Timestamp: 2019-12-10 02:43:54+00:00

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Tribunal Supremo de Justicia ADMITE pretensión constitucional por presunta omisión legislativa en contra de la Asamblea Nacional :: Latinos Libres
Tribunal Supremo de Justicia ADMITE pretensión constitucional por presunta omisión legislativa en contra de la Asamblea Nacional
Presentamos texto contentivo del documento de Admisión del TSJ Legítimo de Venezuela:
Ponente: Magistrado Gabriel Ernesto Calleja Angulo
Expediente SC-2019-0007
ASUNTO: Pretensión constitucional por presunta omisión legislativa en contra de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
RECURRENTES: Pablo Aure y Andrés Mezgravis, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-7.102.795 y V-5.208.546, respectivamente, abogados de profesión e inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 31.035; y 24.211, procediendo en nombre propio y alegando interés jurídico válido.
INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL: Los magistrados electos y juramentados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (AN) conforme lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según Acta Ordinaria N°. 34-2017 y Acta Especial N°. 5-2017,
hecho público y notorio ocurrido en sesiones celebradas en fecha 21 de julio de 2017, acordaron el 20 de septiembre de 2017, integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que su funcionamiento se verificará a través de sus diferentes Salas, conforme al artículo 262 del supra referido texto legal fundamental; cumpliendo así con el deber de restitución del Estado de derecho y de justicia, así como de garantizar la plena vigencia del mandato Constitucional, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 333 de la Constitución. Es así como, la Sala Constitucional del TSJ quedó conformada por los Magistrados: Miguel Angel Martin Tortabu (designado por el pleno como presidente); Elenis del Valle Rodríguez Martínez (designada por el pleno como vicepresidenta); Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez, Luis Manuel del Valle Marcano, Zuleima del Valle González,
Gabriel Ernesto Calleja Angulo y Gustavo José Sosa Izaguirre. Asimismo, se designó como Secretario Accidental de la Sala Constitucional al abogado Reynaldo Paredes Mena. En cuenta del asunto, se determinó resolver la presente causa bajo la ponencia del Magistrado Gabriel Ernesto Calleja Angulo. Seguidamente, procede esta Sala Constitucional a pronunciarse en los términos que siguen:
I DE LA PRETENSION CONSTITUCIONAL
La presente acción de protección constitucional se sustenta en los siguientes argumentos:
2 "...Venezuela fue Estado contratante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ("TIAR") desde su suscripción en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de septiembre de 1947. Este instrumento regional fue suscrito y ratificado con el propósito de prevenir ataques y demás actos de agresión, reconociendo el principio de solidaridad continental, también recogida en la doctrina de la "Responsabilidad de Proteger" ("R2P"), frente a cualquier acto de agresión, o de cualquier "hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América", de acuerdo con sus artículos 3 y 6 respectivamente" y que el 14 de mayo de 2013, el Gobierno de Venezuela denunció el TIAR, y de conformidad con el artículo 25 de su texto, dos años más tarde Venezuela dejó de ser parte del TIAR.
Así mismo, alegan que el Presidente Encargado Juan Guaidó anunció, en fecha 7 de mayo de 2019, el inicio del procedimiento para reinsertar a Venezuela en el TIAR, el mismo fue incluido en el orden del día de la Asamblea Nacional en esa misma fecha, se encomendó́ a la Comisión de Política Exterior elaborar un informe al respecto, quedando aprobado el 28 de mayo de 2019, en primera discusión, la adhesión nuevamente de Venezuela al TIAR.
Continúan indicando que habiendo transcurrido los 30 días a los que se refiere el artículo 208 de la Constitución, sin que la Asamblea Nacional discuta el informe que a tal efecto debía haber sido presentado la respectiva Comisión y por cuanto ha habido múltiples sesiones plenarias de la Asamblea Nacional desde la primera discusión, sin que tampoco se lleve a sobre la adhesión de Venezuela al TIAR, esta conducta negativa por parte de la Asamblea Nacional, se encuadra dentro del concepto de omisión legislativa inconstitucional..."
Por estas razones, los recurrentes solicitan formalmente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Se declare procedente la "acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa";
2. Se exhorte a la Asamblea Nacional para que en un plazo perentorio que no debería exceder la plenaria de la Asamblea siguiente a la emisión del fallo, se cumpla con discutir el informe de la respectiva Comisión a los fines de que se promulgue la Ley Aprobatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y se envié el correspondiente instrumento de ratificación al organismo competente de la OEA;
3. Que, en su defecto, y en virtud de que solo resta un mero trámite aprobatorio, la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sea equivalente a dicha aprobación legislativa a los fines de que el presidente (E) puede enviar a la mayor brevedad el instrumento de ratificación del TIAR, al organismo internacional competente;
4. Se exhorte al presidente (E), a enviar a la mayor brevedad, y dentro de un plazo perentorio que no exceda de 5 días, el respectivo instrumento de ratificación al organismo internacional competente.
II DE LA COMPETENCIA
En cumplimiento del deber de asegurar y proteger la integridad de los principios y normas constitucionales, así como garantizar la supremacía y efectividad de tales normas y principios, corresponde a esta Sala Constitucional, como garante de una República libre e independiente, constituida sobre un Estado de Derecho y de Justicia Democrático, con valores de igualdad, justicia y paz, con la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, y conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia es el
máximo y último intérprete de la Constitución de la República y velará por su uniforme interpretación y aplicación; siendo las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales de carácter vinculantes, todo con fundamento a los principios fundamentales consagrados en los artículos 2, 3, 5 y 7 de la Constitución.
3 La pretensión de amparo constitucional bajo estudio ha sido calificada por los demandantes como una "acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa", que se traduce en una pretensión de protección constitucional por supuesta omisión del poder legislativo nacional.
En este orden, el artículo 336.7 de la Constitución fija como atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia "7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección"; y al tenor del artículo 25.7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le es atribuida la competencia material a la Sala Constitucional al señalar dicha normativa que esta Sala conocerá las pretensiones dirigidas a "Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República, o las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección"; al igual que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece como modalidad de las pretensiones de amparo constitucional "La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal.
También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley".
Es por ello, que esta Sala Constitucional, está en el deber insoslayable de garantizar el respeto a la Carta Fundamental, así como, de resolver cualquier controversia que verse sobre la afectación del orden constitucional, razones suficientes para declarar la competencia de la Sala Constitucional de conocer el presente Amparo Constitucional. Así se decide.
III DE LA ADMISIÓN
Observa esta Sala Constitucional, que los demandantes son ciudadanos venezolanos, mayores de edad, abogados en Venezuela, integrantes del sistema de justicia, quienes además invocaron su interés legítimo y directo en el apropiado manejo de la gestión legislativa de la Asamblea Nacional, así como en el correcto funcionamiento de los poderes públicos; ostentan por ello legitimidad necesaria para interponer la pretensión de amparo constitucional.
Esta Sala, al estudiar la admisibilidad del presente Amparo Constitucional, constata que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos formales de la pretensión especial comprendidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y las previstas en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; igualmente constata esta Sala que la pretensión no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni las descritas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, razones por la cual se determina que la pretensión de Amparo Constitucional es admisible. Así se decide.
En fuerza de las razones antes expuesta, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: COMPETENTE para conocer de la Pretensión de Amparo Constitucional intentada en contra de la supuesta omisión de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: De conformidad a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia SE ADMITE el amparo constitucional incoado por los ciudadanos Pablo Aure y Andrés Mezgravis Franklin, conforme a los razonamientos establecidos en la presente decisión, y según lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenan las siguientes notificaciones:
i. A la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la persona de su presidente diputado Ingeniero Juan Gerardo Guaido Márquez, a los fines de que el órgano legislativo presente los descargos que a bien tenga conforme a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución y en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, este Alto Tribunal, atendiendo a los intereses de la Nación, solicita a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, remita a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, el expediente administrativo contentivo de todas las actuaciones relativas a la solicitud de incorporación de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), así como también las actas de sesiones llevada a cabo, los informes que las comisiones hayan elaborado, incluido cualquier material documental o fílmico sobre el citado procedimiento legislativo del Proyecto de Ley Aprobatoria, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
ii. A la Fiscalía General de la República, en la persona de la ciudadana Fiscal General, Dra. Luisa Ortega Diaz, a los fines de que informe a esta Sala Constitucional, lo conducente sobre esta pretensión constitucional.
iii. A la Procuraduría Especial de la Republica, en la persona del Doctor José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional en fecha 20 de febrero de 2019, en aras de salvaguardar los intereses patrimoniales del país, y conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
iv. Se acuerda emplazar a los interesados por medio de un cartel a expensas de los solicitantes. Para tal fin el tribunal librará los oficios y el cartel de emplazamiento, de conformidad con el Artículo 137 de la LOTSJ, para ser publicado en un diario de circulación nacional. Los interesados deberán concurrir dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación, a los fines de que concurran o informen al tribunal lo que consideren pertinente al caso. La parte solicitante tendrá un lapso de diez (10) días de despacho, que se contarán a partir del momento en que se haya librado el cartel para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar o copia del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte solicitante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa.
Tercero: En cuanto a los terceros que han presentado escritos ante la Secretaria de la Sala manifestando adherirse a la pretensión constitucional, esta Sala Constitucional procederá en conformidad con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Cuarto: La Sala se abstiene de ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, por existir un vacío institucional de tal órgano, y encontrarse ocupado el cargo en Caracas, por persona que carece de la legitimidad necesaria a los fines de actuar en defensa de los derechos e interés del pueblo.
Las notificaciones ordenadas serán practicadas en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo pautado en los artículos 1, 4 y 6 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
Remítase copia de la presente decisión: A la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Coral Gables, Miami, Florida, Usa, a los siete (07) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).
Años 208 de la Independencia y 160 de la Federación.
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References: artículo 262
 artículo 333
 artículo 25
 artículo 208
 artículo 4
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 129
 artículo 6
 artículo 133
 artículo 135
 artículo 133
 artículo 140
 artículo 135
 artículo 95
 Artículo 137
 artículo 139
 artículo 91