Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632345.html
Timestamp: 2019-03-22 18:31:15+00:00

Document:
as201632345
Auto Supremo Nº 345/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-PDO.013/2016.
VISTOS: El recurso casación en la forma y en el fondo de fs. 582 a 587 vta., interpuesto por Gunar David Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez, apoderados en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, contra el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, de fs. 575 a 578, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la entidad recurrente, contra Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Rivera Meireles y Jorge Diego Ascarrunz Pacheco en representación legal de la Sociedad Comercial OVANDO S.A., la respuesta de fs. 590 a 594, el auto de 21 de diciembre de 2015 que concedió el recurso de fs. 595; los antecedentes del proceso, y
I.1.1. Sentencia: Que, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, a través de sus representantes, interpuso demanda coactiva fiscal, tramitado el proceso señalado, la Juez Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 03/2015 de 28 de enero, cursante de fs. 487 a 492, declarando improbada la demanda; dejando sin efecto la Nota de Cargo N° 65/2014 por Bs.11.684.502.- equivalentes a $us. 1.453.296.- girada en contra de Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y Diego Ascarrunz Pacheco en representación de OVANDO S.A.; probada la excepción de falta de fuerza coactiva en el instrumento base de la demanda, e improbada la excepción de pago.
I.1.2. Auto de Vista: Notificada con la Sentencia Nº 03/2015, Gunar David Zeballos Buezo y Jorge Vega Cardozo, ambos en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, interpusieron recurso de apelación de fs. 495 a 498, recurso que fue resuelto por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia mediante el Auto de Vista de 14 de abril de 2015, que revocó la sentencia apelada; declarando probada la demanda coactiva e improbadas las excepciones de falta de fuerza coactiva y pago. En consecuencia ordenó girar Pliego de Cargo por Bs. 11.684,505.- equivalentes a $us. 1.453.296.- en contra de Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y Jorge Diego Ascarrunz Pacheco representante legal de OVANDO S.A.
Contra el referido auto de vista, se presentaron los recursos de casación de fs. 527 a 540 y 542 a 547, interpuestos por Patricia Vanessa Corina Burillo de Ugarte en representación legal de OVANDO S.A., y Leopoldo Fernández Ferreira, respectivamente, dichos recurso de casación fueron resueltos por el Auto Supremo Nº 809 de 9 de octubre de 2015, cursante de fs. 563 a 569, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que resolvió anulando el auto de vista recurrido, disponiendo que el Tribunal ad quem sin espera de turno, pronuncie nuevo auto de vista, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en el citado Auto Supremo.
Bajo ese marco, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Pando, emitió un nuevo Auto de Vista el 23 de noviembre de 2015, resolviendo confirmar la Sentencia apelada; es decir, confirmó la Sentencia Nº 03/2015, mediante la cual se declaró improbada la demanda coactiva fiscal; y se dejó sin efecto la Nota de Cargo N° 65/2014; probada la excepción de falta de fuerza coactiva en el instrumento base de la demanda, e improbada la excepción de pago.
Contra este nuevo Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, Gunar David Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez, apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 582 a 587 vta., en el que en síntesis manifiestan los siguientes argumentos:
I.2. Motivos del recurso de casación en la forma y fondo
La entidad recurrente a través de sus apoderados, refirió que de manera introductoria corresponde precisar que el recurso de casación en la forma, denominada también recurso de nulidad, es aquel que tiene por finalidad subsanar los defectos formales o procesales en que se hubiera incurrido en la tramitación, cuya infracción esta sancionada con nulidad de obrados, establecido en el art. 254.4 del Código Procedimiento Civil (CPC).
Posteriormente citan que, el proceso es un conjunto sistematizado de actos concatenados entre sí, con el objeto de llegar a una sentencia, al efecto la ley procesal configura toda una arquitectura de proceso; que el incumplimiento de algún requisito, forma o procedimiento en el acto procesal, dispuesto por el modelo legal, genera un vicio que no siempre es el mismo en cada caso, citando al respecto la Sentencia Constitucional Nº 1644/2004-R de 11 de octubre.
Refieren que reviste importancia la nulidad procesal, por el efecto que éste tiene en el transcurrir del proceso, considerando los derechos y garantías que podrían ser afectados, situación que se amplifica cuando su aplicación emerge a instancia del juzgador; dado que el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial, exige la obligación que tienen los jueces y los tribunales de alzada y casación de revisar los proceso de oficio a tiempo de conocer una causa; empero en muchos casos es pretexto para emprender nulidades inconsistentes, soslayando derechos inherentes a las partes y contraviniendo los principios procesales; -continúan refiriendo-, que en función a ello, es menester partir del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, debido a que en principio deberán tomar en cuenta que la revisión de los actos, formas y procedimientos deben ser congruentes con la resolución, observando la línea de actuados que ameritó el recurso. Que, además que es pertinente proceder con la nulidad de ofició cuando la vulneración al debido proceso en cualquier de sus componentes tiene incidencia directa con el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva, ya que la nulidad de obrados es una medida excepcional.
Prosiguen refiriendo textualmente que: “En el caso del Auto Supremo Nº809 de fecha 09/10/2015 la Sala Social y Administrativa primera del Tribunal Supremo de Justicia, de manera discrecional determinar la confirmación de la Sentencia apelada, conforme establece el art. 252 y 253 del Código de Procedimiento Civil.” ; que , a consecuencia de dicho procedimiento, se ha vulnerado el derecho de las partes del Gobierno Autónomo Departamental de Pando” (sic).
En ese sentido acusan, la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, que es violatorio al derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la debida motivación y fundamentación por la mala aplicación del art. 236 del CPC, -siguen refiriendo- que en lo principal, en relación a lo anterior, la doctrina y la uniforme jurisprudencia nacional ha establecido que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como establecen los arts. 1286 del Código Civil (CC) y el art. 397 del Código Adjetivo Civil, y que el art. 233 del procedimiento citado, faculta abrir un plazo probatorio y producir prueba, que le ayude a mejor resolver la causa.
De lo citado anteriormente los recurrentes refieren literalmente que, en consecuencia el ad quem como tribunal de segunda instancia, en el marco del recurso de apelación tiene la facultad de valorar la prueba, tal como establece el art. 375.1 y 2 del CPC, por consiguiente dicha omisión del a quo en la valoración de la prueba no es fundamento para disponer la nulidad, contrariamente en virtud al principio de verdad material. Concluyendo los recurrentes al respecto que el tribunal de alzada al no haber emitido su criterio en relación a los puntos apelados, incurrió en resolución citrapetita o en silencio respecto a los agravios descritos por su parte, omisión que supone la vulneración de lo establecido en el art. 236 del CPC y con ello la violación del debido proceso.
Continúan haciendo una copia textual de lo establecido en los arts. 254 y 236 del CPC, citando que en ese sentido los vocales se basan en una simple transcripción de la sentencia del inferior, no asumiendo su calidad de vocales para interponer y/o resolver con una nueva resolución a través de su auto de vista. Sin asumir la responsabilidad que tienen de emitir una resolución precisa exigible por la normativa vigente, en cuanto a la pertinencia de la resolución; siendo que esta norma establece la obligación de que el juzgador de razones y fundamentaciones legales a una resolución.
Refirieron que, “…extraña de gran manera de la lectura integra de la SENTENCIA Nº 91/015 EN SU CONSIDERANDO PRIMERO.- hace una relación de actos procesales de los sujetos procesales; en el CONSIDERANDO SEGUNDO.- hace mención de manera textual el D.S. 21137 de 30 de noviembre de 1985 en su Art.12, pero no existe argumentos jurídicos en la resolución de premisa fáctica, premisa normativa y conclusión…” (sic), -prosiguen refiriendo- que en ese sentido los ámbitos desde los que se puede llevar a cabo la argumentación jurídica son dos, el normativo y el factico, es decir, de los hechos el primero de ellos y el normativo el juez está obligado a argumentar sus decisiones desde las diversas premisas normativas con la finalidad de adecuar dichas decisiones al ordenamiento jurídico.
En esta parte la entidad recurrente refirió que, los tratados internacionales sobre derechos humanos se refieren a los acuerdos celebrados por escrito entre Estados, que revisten fuerza de obligatoriedad y que en el caso boliviano deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional; en ese sentido continúan refiriendo que los tratados de derechos humanos pueden ser generales o específicos, prosiguen citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y que estos tratados son instrumentos vinculantes que establecen obligaciones legales a los Estados, de acuerdo al art. 410 de la CPE, por lo que forman parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que tienen jerarquía constitucional, además complementan al respecto que, nuestra Constitución introduce criterios de interpretación de los derechos humanos como el principio pro homine o pro persona, y que en ese sentido el art. 256 de la Norma Suprema establece no solo tratados sino en general a los instrumentos internacionales a los que se hubiere adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicaran de manera preferente sobre ésta. Persisten en ese marco que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha entendido al debido proceso como un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a la que contribuyen el conjunto de actos de diversas características.
Bajo el mismo entendimiento citado en los parágrafos anteriores, prosiguen refiriendo que los arts. 115.II, 117 y 180.I de la CPE, establecen sobre el derecho a la debida motivación y fundamentación de las sentencias, citando al respecto el art. 14 del PIDCP, art. 8 de la CADH, refiriendo que de las normas citadas se puede establecer que el deber de la motivación no se encuentra incluido expresamente dentro de sus disposiciones, pero pese a ello la Corte Interamericana, jurisprudencialmente ha ampliado el contenido del art. 8.1 del CADH incorporando el deber de motivación como garantía del debido proceso; Además al respecto refieren que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalo que: “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serian decisiones arbitrarias” -textual- y en ese contexto que la corte citada habría señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión.
Posteriormente citan la, SC 112/2010-R de 10 de mayo, SCP 1471/2012 de 24 de septiembre y la SCP 487/2014 de 25 de febrero, entre otras que refieren sobre el debido proceso, comprende entre sus elementos la exigencia de la motivación y fundamentación de las resoluciones, lo cual se encontraría íntimamente vinculada con la valoración de la prueba; concluyendo en ese sentido que el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, no tiene sustento argumentativo, lo que conlleva a la violación del derecho al debido proceso, en su elemento de motivación y fundamentación; advirtiendo en ese contexto la mala interpretación del art. 519 del Código Civil, refiriendo textualmente que: “lo cual persigue interés particulares confundiendo los términos de un contrato pertenece al Derecho Administrativo a la naturaleza del contrato administrativo” (sic).
Por otra parte, refieren sobre las características y diferencias de un contrato privado y uno administrativo, en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual, citando al respecto al autor Roberto Dromi, que refiere que la personalidad del Estado es una, no tiene una doble personalidad, que es pública, aunque sus actividades en algunas oportunidades puede estar regulada por el Derecho Privado, que no sería el caso que se analiza. Que, en ese sentido el Tribunal Supremo de Justicia habría adoptado línea jurisprudencial emitiendo los AASS Nº 286/2012, 405/2012, 419/2012, 115/2013 entre otros, los cuales se encuentran encaminados a determinar sobre las contenciones emergentes de los contratos administrativos y su correcta vía de impugnación.
Culminando refieren que, el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, de manera inadecuada funda su pretensión en el art. 519 del CC, es decir confundiendo la naturaleza del contrato administrativo público con el derecho privado. Dado que se encuentra demostrado que se suscribió el contrato primigenio Nº 47/2006 de 12 de octubre de 2006, acordando entre otras cosas la entrega de los bienes en el plazo de 60 días, pero de forma irregular se amplían otro plazo hasta el 28 de febrero de 2007.
Petitorio: Concluyen su recurso de casación, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, “quiera dictar resolución CASANDO el AUTO DE VISTA impugnado cursante a fs. …… y al efecto REVOQUEN LA SENTENCIA de primera instancia.” (sic).
Realizada la revisión del expediente y habiéndose efectuado el análisis correspondiente del caso en estudio, se pasa a resolver las supuestas transgresiones que se denunciaron en el memorial del recurso de casación en la forma y en el fondo, estableciendo lo siguiente:
Ingresando al análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso de casación contiene deficiencias que denotan la falta de técnica recursiva, pues primeramente se plantea como recurso extraordinario de casación en la forma y fondo -textual-, empero en su primer subtitulado refiere: “RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA”, y posteriormente no se vuelve a citar o mencionar nada en cuanto a la interposición del recurso de casación en el fondo. En ese sentido, en principio diremos que si bien existe la posibilidad de plantear recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, empero debe comprenderse cabalmente que cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o en la resolución de la controversia misma, en este caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del Código Adjetivo Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, en sí resolviendo el fondo del litigio. En tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, se lo hace por errores de procedimiento, la fundamentación de agravios debe adecuarse a las causales contenidas en el art. 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo y que se encuentren sancionadas con nulidad por la ley. En ese marco, se debe señalar que el recurso de casación en estudio no se configura en ninguna de las dos causales.
Por otra parte, en cuanto al petitorio en uno u otro tipo de recurso también difiere, pero en caso de interponerse al mismo tiempo ambos recursos (forma y fondo), no es correcto solicitar simplemente que se case la resolución, recurrida o se anule la misma, puesto que la petición tendrá que ser de manera alternativa porque la finalidad de ambos recursos son diferentes, cuyos fundamentos deben ser desarrollados diferenciándose claramente el uno del otro. Lo que equivocadamente realizó la entidad recurrente, dado que en el presente caso, en el petitorio de manera confusa e incongruente refiere: “quiera dictar resolución CASANDO el AUTO DE VISTA impugnado cursante a fs. …… y al efecto REVOQUEN LA SENTENCIA de primera instancia.” (sic), texto del cual se puede evidenciar nuevamente la impericia del abogado, ya que al plantearse en todo el contexto como recurso de casación en la forma, éste debió haber solicitado que se anule obrados y no así que se case el auto de vista impugnado, además de que en el texto citado, hace referencia a que se case el auto de vista impugnado cursante y seguidamente puntos suspensivos dejando en plena incertidumbre del auto de vista que pretende ser casado.
Bajo ese entendimiento, y continuando con el análisis y revisión del memorial del recurso se tiene que el mismo ampulosamente manifiesta: 1) El significado del recurso de casación en la forma y su aplicabilidad; 2) Citan varias sentencias constitucionales; 3) Artículos de la Constitución Política del Estado y normas del Código de Procedimiento Civil y otros; 4) Refieren en qué consisten los tratados y convenios internaciones ratificados por nuestro país y la aplicabilidad del mismo según el criterio constitucional; 5) Señalan en que consiste la debida motivación y fundamentación, citando preceptos jurídicos y convenios internacionales que establecen su obligatoriedad; 6) Culminan con una reseña jurídica y diferenciación de los contratos privados y los contratos administrativos; contextos de los cuales se pudo evidenciar que en ningún momento hacen un cotejo entre los preceptos jurídicos citados en el recurso de casación, con las supuestas transgresiones que sufrió la entidad recurrente, y tampoco señalaron con precisión cuales fueron o de qué manera el tribunal de alzada habría trasgredido sus derechos mediante el auto de vista impugnado.
En ese contexto, se debe señalar que, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258.2 del Código Adjetivo Civil, que refiere: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.” (las negrillas fueron agregadas); es decir, que la entidad recurrente debió haber citado en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error. Lo que no ocurrió en el presente proceso.
En ese marco, de lo precedentemente señalado y evidenciándose que el recurso en cuestión no se acomoda a las condiciones mínimas que exige la técnica recursiva prevista en el Código Adjetivo Civil, lo que hace inviable su consideración, porque impide a este Tribunal Supremo de Justicia abrir su competencia para resolver el fondo del litigio, correspondiendo resolver el mismo según lo previsto por los arts. 271.1 y 272.2 ambos del CPC, con la facultad remisiva de los arts. 1 y 24 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y fondo cursante de fs. 582 a 587 vta., interpuesto por Gunar David Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez, apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2015, cursante de fs. 575 a 578.
Sin costas, de conformidad al art. 39 Ley Nº 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de junio de 1992.

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