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Timestamp: 2019-09-21 10:50:39+00:00

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Sentencia de Tutela nº 120/93 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557185
La actuación administrativa está entonces sujeta al debido proceso, pues la situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así como respeto a los derechos y obligaciones de los intervinientes. Las funciones del Estado se encuentran reguladas y establecidas por una legislación que debe ser respetada; si el aparato estatal transgrede su competencia esta violando la Constitución y será responsable por ello. Cuando la función judicial es ejercida por autoridades administrativas, ésta debe ser señalada expresamente por la ley. La garantía de que las autoridades administrativas solo cumplan aquellas funciones jurisdiccionales que concretamente le señale la ley, constituye un derecho fundamental de los asociados ya que de esta forma se evita que dichas autoridades asuman competencias a su arbitrio, en detrimento de las competencias regladas, del principio de legalidad y de la separación de poderes que consagra la Constitución.
La violación de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución del 91, puede ocurrir por actos que, si bien se presentaron bajo la vigencia de la anterior Carta, siguen produciendo efectos que vulneren dichos derechos. Lo que el J. constitucional debe mirar es la actual vulneración del derecho para entrar a protegerlo, sin importar si el acto se originó en la vigencia de la anterior Constitución. Admitir lo contrario, sería como aceptar que la Constitución deja de ser norma de normas en determinados casos, lo cual carece de fundamentos y atenta contra la estabilidad del orden jurídico de un Estado Social de Derecho. En otras palabras, el juez de tutela debe mirar la actualidad de la violación del derecho y, una vez constatada, debe proteger con eficacia dicho derecho. La violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso es actual, como quiera que aún hoy el litigio sigue en el limbo jurídico en materia de competencia. Y no habiendo, como se vió, otro medio de defensa judicial para resolver con eficacia este asunto, la Corte concederá la tutela.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados A.M.C., F.M.D. y V.N.M.,
3) Luego de iniciado el trámite hacia el concordato, la apoderada especial de los acreedores de P. y Asociados S.A., "Latina de Representaciones y Cía. Ltda." y de C.Z.C., solicitó al Superintendente de Sociedades que remitiera al Juez Civil del Circuito de Cali las objeciones a los créditos presentados, así como estos últimos, para que procediera a graduarlos, calificarlos y a resolver las citadas objeciones.
6) Con posterioridad a la expedición del auto de graduación de créditos, uno de los acreedores de la concordada, la sociedad "Médica M.L.." y su establecimiento de comercio "Nueva Clínica Magdalena", solicitaron ante el Juez Civil del Circuito de Cali que avocara el conocimiento de las objeciones no conciliadas o transigidas en el concordato de P. & Asociados S.A. Dicha petición correspondió en reparto al Juez Noveno Civil del Circuito de Cali.
10) Mediante auto interlocutorio del 16 de abril de 1991, el mismo Juez Noveno Civil del Circuito de Cali resolvió enviar todo lo actuado al Tribunal Disciplinario, con el fin de que éste definiera el conflicto de competencias surgido entre el Superintendente de Sociedades y el Juez Civil del Circuito de Cali, al considerar que las controversias que se presentan con respecto a los créditos de una sociedad concordada deben resolverse por el Juez, ya que se trata de una función eminentemente jurisdiccional. Al efecto, dicho J. fundamentó su decisión en las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia al ocuparse del estudio de la exequibilidad de algunas normas del Decreto 350 de 1989.
14) El 16 de mayo de 1991, el apoderado especial de "Médica M.L..", acreedora de la sociedad concordada, había dirigido un escrito a la Superintendencia de Sociedades, para manifestarle que por existir un conflicto de competencia entre el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y esa entidad, cualquier actuación que se surtiera sin obtener la decisión del Tribunal Disciplinario estaría viciada de nulidad.
16) Posteriormente, mediante auto del 19 de julio de 1991, es decir ya bajo la vigencia de la nueva Constitución11 El día 7 de julio, de acuerdo a la sentencia C-553 de fecha 8 de octubre de 1.992. Magistrado Ponente J.S.G., esa Superintendencia declaró fracasado el trámite concordatario y ordenó enviar el expediente al Juez Civil del Circuito de Cali "... para la declaratoria y trámite de la quiebra".
18) El auto citado en el punto anterior fue recurrido tanto por algunos acreedores de la concordada (el Banco del Comercio, el Banco de Colombia, y el señor L.R.S., como por el propio Superintendente de Sociedades, quienes consideraron que éste último funcionario sí tenía competencia para solicitar la quiebra de Pinski & Asociados S.A.
27) No obstante haberse proferido las providencias anteriormente referidas, los Bancos del Comercio y de Colombia interpusieron nuevamente un recurso de reposición contra la última de ellas, mediante memoriales presentados el 12 y 13 de febrero de 1992; y por medio de auto del 24 de febrero de 1992, dichas peticiones fueron rechazadas, por el citado Juez Once, decisión que se apoyó en lo dispuesto por el inc. 2º del artículo 51 del Decreto 350 de 1989 y el artículo 38, num.2º del C. de P.C.
La tutela y régimen de transición constitucional.
Observa esta S. que la constante lógica en la aplicación de la legislación es que la norma jurídica rige toda la situación fáctica que acontezca durante su vigencia; ocurridos los supuestos de hecho del precepto legal se producen las consecuencias jurídicas de éstos.
Al respecto del efecto retrospectivo, M.C.M.C., M.G.. Introducción al Derecho. Sexta Edición. Editorial Temis. Bogotá. 1983. P.. 340. examina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y encuentra que "la Corporación hizo entonces, siguiendo el criterio expuesto por el ex magistrado de la Corte, doctor M.J.A., desde fines del siglo pasado, una clara dicotomía entre el efecto retroactivo y el efecto retrospectivo de la ley, para enmarcar dentro del primero el quebranto legal de los denominados por nuestra Constitución derechos adquiridos conforme a leyes anteriores, y la simple acción sobre los desarrollos, las modalidades o las consecuencias de relaciones jurídicas, situaciones o status en curso. En la aludida sentencia de 1956 dijo, luego de acoger la terminología y el criterio adoptados: 'muchas leyes, especialmente las que tocan con cuestiones de orden público y se encaminan a remediar injusticias sociales existentes, se dictan no solo con el propósito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro, sino de que se eliminen las ya producidas; o, en otros términos, que su aplicación comprenda las nuevas situaciones y las anteriores, en cuanto, respecto de estas, no se viole ningún derecho adquirido'."
En el caso en comento se produce una retrospectividad de los efectos de la situación que se estudia, ya que el acto acusado33 Auto del 4 de junio de 1990 del Superintendente de Sociedades se dictó bajo la vigencia de la anterior Constitución, pero éste continuó sus efectos hasta alcanzar la vigencia de la nueva Carta.
La actuación administrativa está entonces sujeta al debido proceso, pues la situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así como respeto a los derechos y obligaciones de los intervinientes44 Sentencia No. T-11 de 1992. Corte Constitucional.Sala IV de Revisión de Tutelas. Magistrado Ponente: A.M.C...
La competencia, en general, es ese cúmulo de "facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo o judicial, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre ellos. En este sentido, la competencia viene a ser como una especie de 'distribución' de los asuntos entre los órganos de la administración."55 F.V., E.. Diccionario de Derecho Público. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1.981, pág. 112.
La función jurisdiccional "es la que tiene por objeto decidir cuestiones jurídicas controvertidas, mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva"66 SAYAGUÉZ LASO, E.. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I.E.E.S.L.. Montevideo. 1963. Pág. 47. . Esta función la ejercen determinadas autoridades, según lo indica el artículo 116 de la Carta, que dice:
Observa la Corte que tampoco se procedió así con respecto a las peticiones de levantamiento de embargos y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta Corporación en sentencia de agosto 18 de 1981 (D.O.S.C., Ponente) que en el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio 'las funciones jurisdiccionales le están reservadas al juez como cuando decide las controversias que ocurren respecto a existencia, cuantía, etc. de los créditos...'. Esto es así porque ya no se trata de conducir un procedimiento de composición de intereses y de disposición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión imperativa de un conflicto de pretensiones.
Desde el punto de vista de técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra fundada no está concedida en lenguaje expreso y afirmativo sobre el cual pueda recaer un pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vió, se trata de una inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto lo haya omitido, las facultades contenidas en los artículos 15 inciso primero y 28 del Decreto sub-examine pertenecen exclusivamente al juez competente y no al Superintendente de Sociedades. En consecuencia, en este entendimiento, se declarará constitucional el texto expreso de la norma acusada". Sentencia No. 54 de 1989. Corte Suprema de Justicia. S.P.. Magistrados Ponentes: J.S.G. y D.P.V..
Tratados Internacionales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter.
En efecto, P. & Asociados S.A. acudió ante la jurisdicción civil para que ésta avocara el conocimiento del respectivo proceso con el fin de resolver las objeciones, graduaciones y calificaciones de los créditos. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades resolvió no remitir el expediente a dicha jurisdicción ya que, según su criterio, ella era el organismo competente para dirimir dichas controversias, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 350 de 1989.
Así, lo que el J. constitucional debe mirar es la actual vulneración del derecho para entrar a protegerlo, sin importar si el acto se originó en la vigencia de la anterior Constitución. Admitir lo contrario, sería como aceptar que la Constitución deja de ser norma de normas en determinados casos, lo cual carece de fundamentos y atenta contra la estabilidad del orden jurídico de un Estado Social de Derecho. En otras palabras, el juez de tutela debe mirar la actualidad de la violación del derecho y, una vez constatada, debe proteger con eficacia dicho derecho.
En síntesis, esta S. estima que la violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso es actual, como quiera que aún hoy el litigio sigue en el limbo jurídico en materia de competencia. Y no habiendo, como se vió, otro medio de defensa judicial para resolver con eficacia este asunto, la Corte concederá la tutela y revocará por tanto las decisiones de los jueces. La solución concreta en este caso en materia de competencia no será otra que la trazada por la Corte Suprema de Justicia en el caso citado, cuyos lineamientos se comparten y acogen integralmente por esta Sala.
TERCERO: ORDENAR al Superintendente de Sociedades la inmediata remisión del expediente al Juez Civil de Circuito de Cali (reparto) para la calificación de créditos y para la resolución de objeciones y la graduación del proceso concordatario de P. & Asociados S.A.
El ciudadano A.S.Z. solicitó que la Sala Plena de la Corte Constitucional declarara nula la sentencia T-120 de marzo 29 de 1993, dictada en el proceso T- 5088, por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas.
El abogado A.S.Z. tiene "un interés legítimo en el resultado del proceso" T-5088, en el cual se dictó la sentencia T-120 cuya nulidad ha solicitado. Así lo demuestran estos hechos :
Expresamente para proponer la nulidad, recibió poder de J.I.R., Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción "Sindicons", persona jurídica que era parte en el aludido concordato. Así consta en memorial presentado ante el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá;
El mismo abogado está reconocido como apoderado de acreedores que tienen créditos laborales en el concordato de "Pinsky & Asociados S. A.";
En la calidad últimamente indicada, fue elegido "miembro principal de la Junta Provisional de Acreedores que actuó en el proceso de la referencia, en representación de los créditos laborales", y obró en esa condición.
. Providencia que resuelve sobre las objeciones a los créditos y gradúa y califica los mismos.
"Observa la Corte que tampoco se procedió así con respecto a las peticiones de levantamiento de embargos, y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta Corporación en sentencia de agosto 18 de 1981 (doctor O.S.C., Ponente) que en el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio "las funciones jurisdiccionales le están reservadas al juez como cuando decide las controversias que ocurren respecto a existencia, cuantía, etc. de los créditos. . . " Esto es así porque ya no se trata de conducir un procedimiento de composición de intereses y de disposición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión imperativa de un conflicto de pretensiones."
Desde el punto de vista de la técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra fundada no está concedida en lenguaje expreso y afirmativo sobre el cual pueda recaer un pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vió, se trata de una inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto lo haya omitido, las facultades contenidas en los artículos 15 inciso primero y 28 del decreto sub-examine pertenecen exclusivamente al juez competente y no al Superintendente de Sociedades. En consecuencia, en este entendimiento, se declarará constitucional el texto expreso de la norma acusada.
¿En dónde está el cambio de jurisprudencia que es, en últimas, el motivo que originó la supuesta nulidad, según el doctor S.Z.?
"Observa la Corte que tampoco se procedió así con respecto a las peticiones de levantamiento de embargos, y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta Corporación en sentencia agosto 18 de 1981 (doctor O.S.C., Ponente) que en el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio "las funciones jurisdiccionales le están reservadas al juez como cuando decide las controversias que ocurren respecto a existencia, cuantía, etc. de los créditos. . . " Esto es así porque ya no se trata de conducir un procedimiento de composición de intereses y de disposición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión imperativa de un conflicto de pretensiones."
Tercero. ORDENAR al Superintendente de Sociedades la inmediata remisión del expediente al Juez Civil de Circuito de Cali (reparto) para la calificación de créditos y para la resolución de objeciones y la graduación del proceso concordatario de Pinski & Asociados S.A.
2o. COMUNIQUESE este auto al Superintendente de Sociedades y al Juez 24 Civil del Circuito de S. de Bogotá, quien conoció en primera instancia de la acción de tutela instaurada por Pinski Asociados & S.A.
Que cuando en ella se trata al final de distinguir el ámbito de la declaración de nulidad, en relación con las sentencias de las Salas de Revisión de Tutelas, no es admisible a mi juicio que se hayan desconocido los precisos y claros textos del artículo 49 del decreto 2067 de 1991 sobre el alcance de las nulidades y la oportunidad de su formulación.
También se advierte en los textos de la sentencia una suerte de confusión entre lo que es la cosa juzgada constitucional y el principio del debido proceso.
En el debate señalé que hubiera sido más congruente con una legítima y depurada interpretación constitucional, enmendar la equivocación del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-120, es decir, confirmar los numerales 1o. y 2o. que revocaban las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y concedían la tutela por violación del derecho fundamental del debido proceso y ordenar la adecuación del numeral tercero para disponer el envío del proceso al funcionario competente, que lo era y lo es, el Superintendente de Sociedades, con lo que se hubiese acatado la Sentencia No. C-592 de diciembre 7 de 1992 de la Corte Constitucional.
Contra las sentencias de la Corte Constitucional -tanto las de exequibilidad como las de revisión de sentencias de tutela- no procede recurso alguno (D. 2067 de 1991).
La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional solo podrá ser alegada antes de proferido el fallo (D. 2067 de 1991). Proferida la sentencia, carece de competencia la Corte Constitucional para dar curso a peticiones de nulidad.
Las nulidades son de estricta creación legal. Ni la Constitución ni la ley consagran la nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional. Por ende, su creación jurisprudencial claramente desborda el marco de atribuciones de esta Corte.
La sentencia T-120 del 29 de marzo de 1993 no modifica la doctrina sentada por otra sala de revisión de tutela que fuere considerada jurisprudencia de la Corte Constitucional. No cabe, pues, alegar que se ha presentado un "cambio de jurisprudencia" que debía haber sido decidido por la Sala Plena -hipótesis que no se predica aquí- se habría incurrido en inobservancia de la ley no sancionada con nulidad, lo que si no es extraño en el procedimiento ordinario menos lo es en el constitucional relativo a la acción de tutela cuyo deliberado diseño informal riñe con la abundancia de causales de nulidad. En todo caso, el cambio de jurisprudencia como tal no podría ser erigido a causal de nulidad como quiera que la jurisprudencia es sólo criterio auxiliar de la actividad judicial (CP. art. 230). Por esta vía se socavaría el principio de independencia judicial que igualmente cobija a las diferentes salas de revisión de tutelas.
Tampoco se aparta el citado fallo de la Sala de revisión de la doctrina adoptada en la sentencia C-592 del 7 de diciembre de 1991. En efecto, la decisión de objeciones en los concordatos preventivos obligatorios, asunto que de manera integral se defiere a la Superintendencia de Sociedades, fue encontrado constitucional a la luz del artículo 116, inc. 3 de la carta que autoriza excepcionalmente a la ley para "atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas".
Sin embargo, el restablecimiento de las formas quebrantadas a partir de la actuación espuria, no podía luego de expedido el Decreto 2651 de 1991 confiarse a Juez alguno. El cambio de competencia operado por la ley -y no la sentencia de la Corte Constitucional en si misma-, impedía que el remedio ordenado en la sentencia de revisión pudiera ser ejecutado por el J. a quien se remitió la actuación. El restablecimiento de las formas siempre es de cargo del órgano o funcionario competente en el momento de efectuarla, desde luego reiniciando si es del caso el trámite viciado. En este sentido -únicamente- se observa un defecto en la sentencia materia de la controversia que, a nuestro juicio, debe ser subsanado directamente por ella de oficio o a petición de parte (CP. art. 23) ordenando al Superintendente de Sociedades -funcionario competente para el efecto- a restablecer su propia actuación pues la cumplida con antelación es inválida así ahora sea competente.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24708 de 7 de Marzo de 2006

References: artículo 51
 artículo 38
 artículo 116
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 116