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Timestamp: 2018-10-21 19:01:32+00:00

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El Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, el 2 de octubre de 2017, presentó al pueblo ecuatoriano 7 preguntas para consulta popular que fueron entregadas en la misma fecha a la Corte Constitucional para su dictamen previo de constitucionalidad.
Entre las preguntas consta la propuesta de reforma pertinente a la participación social e institucionalidad (pregunta 3 y su anexo) que de ser aprobada por el voto de los ecuatorianos, reestructuraría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dando por terminados anticipadamente los períodos de las consejeras y consejeros, se nombrarían nuevos consejeros y consejeras principales y suplentes en forma transitoria designados por la Asamblea Nacional de 7 ternas propuestas por el Presidente de la República, con la facultad de evaluar el desempeño de autoridades cuya designación les corresponde y removerlos, de ser el caso, y finalmente, una nueva forma de elegir a los miembros de dicho Consejo.
La pregunta propuesta es la siguiente:
“3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al anexo 3?” (La negrita y subrayado son originales).
GENERACIÓN DE ENMIENDAS CONSTITUCIONALES
La propuesta de reforma constitucional busca generar la enmienda de la Constitución en su artículo 112, que pretende insertar un inciso en el que se prohíbe a “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”.
Además, solicita sustituir el inciso primero del artículo 205 que en la actualidad dice:
“Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones durante un período de cinco años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. En caso de darse este enjuiciamiento, y de procederse a la destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”
“Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”.
También consta la propuesta de sustituir el inciso tercero del artículo 207 en la cual se dispone:
“La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley.”
Y finalmente agregar un inciso cuarto al mismo artículo 207 que diga:
Estas propuestas de enmiendas constitucionales nos llevan a realizar algunas reflexiones:
SOBRE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL ELEGIDO POR VOTACIÓN POPULAR
Límites al derecho de participación (igualdad formal y material)
La propuesta presentada pretende la enmienda de la Constitución de los artículos 112 y 207, insertando las siguientes modificaciones:
Art. 112.- “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”
Art. 207.- “Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años”.
Las innovaciones normativas vulnerarían los derechos constitucionales de participación, de igualdad y no discriminación por cuanto excluyen a las organizaciones políticas como personas jurídicas para postular candidaturas, conforme se observa en la propuesta del artículo 112, pero más allá, excluyen a las personas por su pasado político y filiación política, de conformidad con el inciso final del artículo 207 propuesto: “…Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.”, disminuyendo significativamente el ejercicio de la libertad de organización y de afiliación o adhesión a las organizaciones políticas consagrado en el artículo 61 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, afectando la igualdad de oportunidades.
En el Ecuador existen a la fecha aproximadamente 4`000.000 (cuatro millones)1 de afiliados y adherentes a partidos y movimientos políticos sin contar con las desafiliaciones y expulsiones; y, organizaciones políticas canceladas del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas por el Consejo Nacional Electoral en los últimos cinco años, ecuatorianos que quedarían “imposibilitados” de poder acceder como candidatos. El padrón electoral para los comicios de 2017 fue de 12`816.698 personas que estaban habilitadas para votar a nivel nacional y en las circunscripciones del exterior, lo que significa que la tercera parte quedaría inhabilitada.
Otro elemento que es necesario señalar, es el relacionado a los trámites pendientes de resolución por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la aprobación de organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales o parroquiales, en las cuales existen personas que han consignado su voluntad a través de su firma en calidad de afiliados, adherentes permanentes o simplemente adherentes. Dos posibilidades podrían presentarse: 1) Una vez aprobada la organización política, quedan imposibilitados para poder ser candidatos; y, 2) Si ya fueron electos consejeros o consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, existiría causa superviniente que los imposibilitaría continuar en el ejercicio del cargo por encontrarse adheridos o afiliados, teniendo que renunciar al cargo o separarse del mismo, ya que si se desafilian en ese momento, la prohibición sigue latente. Más adelante se analizará el tema de edad que deberían tener los candidatos, lo que hace que el número de impedidos sea cada vez más grande.
La participación ciudadana es una de las grandes innovaciones de la Constitución del Ecuador, constituye un eje transversal de la nueva arquitectura del Estado, pues concibe a la misma como la participación individual y colectiva de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano2.
Los derechos políticos tienen su primer sistema de protección y de tutela derivada de su calidad de derechos humanos; en tal virtud y de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los países suscriptores de ésta, tienen la obligación de respetar, garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos de participación política de los ciudadanos3.
El artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República, en referencia al principio de igualdad y no discriminación, señala que:
“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.” (El subrayado es propio).
La Constitución de la República del Ecuador además, en su artículo 66 numeral 4, reconoce y garantiza a las personas el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.
La Convención Americana de Derechos Humanos en relación al principio de igualdad ante la ley, manifiesta en su artículo 24 que:
“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
En esta misma línea de pensamiento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 dispone:
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere al principio de igualdad ante la ley, señalando que:
“El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley (…) pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que pertenece a todo ordenamiento jurídico…”4
Lo que se observa de las normas excluyentes, es que se asegura por parte del proponente Presidente de la República, quien proviene y ejerce el cargo gracias a una organización política de la cual además es su Presidente Nacional, una total falta de idoneidad de las organizaciones políticas y las personas con pasado político por ser afiliados, adherentes o dirigentes de organizaciones políticas para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, contraviniendo los dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23 numeral 1 que determina: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) e) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, esto es, no podrían ejercer ningún cargo público.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se refiere a las limitaciones al derecho de participación que no sean contrarías a los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, señala:
“…las limitaciones que el Estado puede establecer razonablemente al ejercicio de los derechos políticos, mediante la reglamentación exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Se trata, en consecuencia, de limitaciones numerus clausus, por lo que toda otra causa que limite el ejercicio de los derechos de participación política igualitaria que consagra la Convención resultaría contraria y por lo tanto violatoria de las obligaciones internacionales del Estado bajo dicho instrumento” (CIDH, 1999b, párr. 101) (El subrayado es propio)
Esta norma también propone que los ciudadanos que deseen presentarse como candidatos deben ser ciudadanos con trayectoria calificada en estos campos, como son: organizaciones sociales; participación ciudadana; lucha contra la corrupción; o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso y defensa del interés general, excluyendo al resto de la ciudadanía que no esté inmersa en estos ámbitos de acción o de reconocido prestigio ciudadano, lo cual se considerarían requisitos superiores que tendrían un trato privilegiado, generando una segunda discriminación.
Por tal, existirían dos formas de elegir a los miembros del Consejo con la aplicación de dos principios distintos, el meritocrático, que se realiza mediante concurso llevado por el corporativismo; y el democrático, en donde se aplican votaciones universales, iguales y directas.
En referencia a la meritocracia, se aplica el principio teórico seleccionador, conforme lo señala la Real Academia de la Lengua, es el sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales.
En cuanto al principio democrático, los méritos quedan de lado y procede el principio de igualdad, de modo que la ciudadanía elige al candidato sin que sea evaluado por méritos o capacidades regladas sino por otro tipo de afectos o intereses (incluyendo tal vez los méritos) como opción de voto.
Si se realiza el sistema mixto de designación conforme la propuesta del Presidente de la República que incluye la meritocracia y la democracia plebiscitaria, causaría que un cuerpo colegiado (Consejo Nacional Electoral o sus organismos desconcentrados) desechen varias postulaciones en detrimento del derecho de participación de ser elegido y del principio de igualdad de oportunidades, al no cumplir con los requisitos para ser candidatos.
No está demás señalar que, si se consideran estos requisitos por parte del Consejo Nacional Electoral para admitir candidaturas, se establece una limitación al derecho de participación y de igualdad de condiciones para acceder a cargos públicos y de representación democrática en pro de los privilegios de un determinado grupo de personas, medida restrictiva que no ha sido justificada por el proponente.
Finalmente, recordemos que los partidos, movimientos y alianzas políticas son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustenta concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias como lo prescribe el artículo 108 de la Constitución de la República, es decir, son el reflejo de la democracia y del principio de representatividad, por tal, si los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasan a ser elegidos por votación universal, libre, directo y secreto, sería un argumento ad-absurdum excluir a las organizaciones políticas y sujetos políticos de la contienda electoral.
En relación a la edad de los candidatos que se requeriría para ser consejeros o consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, hay que tomar en cuenta que el requisito-mérito es “trayectoria” en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, o “reconocido prestigio”, que está destinado a personas que tengan muchos años de experiencia y como consecuencia de vida, por lo que bajo este criterio, no podrían ser menores de 25 años de edad siendo generosos, eliminando a un segmento de la población ecuatoriana comprendida entre los 18 a 25 años de edad, que a la fecha alcanza los 2`347.000 (dos millones trescientos cuarenta y siete mil) sumados los 4`000.000 (cuatro millones) con afiliación partidista y pasado político, dan un total de 6`347.000 (seis millones trescientos cuarenta y siste mil) ecuatorianos que no podrían ser candidatos, esto es más de la mitad del padrón electoral. Acaso esto no es discriminatorio, atentatorio a los derechos de participación, violatorio de tratados internacionales de derechos humanos.
Adicional a esto, hay varias preguntas que deberán ser contestadas: ¿Quién certifica la trayectoria o el reconocido prestigio? , ¿Quién califica la trayectoria o el reconocido prestigio?, ¿Cuántos años debe acreditar de trayectoria?, ¿Cómo se acredita la trayectoria y el reconocido prestigio?, entre otras.
FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE LOS ACTUALES CONSEJEROS Y EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
De conformidad a la pregunta propuesta y al anexo 3, se pretende dar por terminados anticipadamente los periodos de los consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Se crea el régimen de transición hasta la elección del nuevo Consejo de Participación que asumirá las facultades y competencias del Consejo actual, el cual será nombrado por la Asamblea Nacional de entre 7 ternas enviadas por el Presidente de la República que durará en funciones de manera improrrogables hasta la designación de las nuevas autoridades que serán coincidentes con las elecciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Ni los Consejeros cesados ni los Consejeros de Transición podrán postularse como candidatos para la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay que olvidar que la Corte Constitucional emitió sentencias a través de las cuales determinó que esta prohibición es restrictiva de derechos y por lo mismo señaló que se podían presentar las autoridades para postularse al mismo cargo, como lo que ocurrió con el Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado y otras autoridades.
En la parte final del anexo 3, señala que el Presidente de la República “…enviará un proyecto de ley que reforme la ley que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales, en el plazo de treinta días. La Asamblea Nacional, sin dilaciones, tramitará y aprobará el proyecto en el plazo de sesenta días.”
El Presidente de la República ha declarado en los medios de comunicación a nivel nacional que la Consulta Popular se llevará a cabo entre enero y febrero del año 2018 y que las elecciones para designar a los nuevos consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán en las elecciones seccionales del año 2019.
En este contexto, la Constitución de la República en el artículo 117 inciso primero señala que “Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones”, encontrando en concordancia lo prescrito en el primer inciso del artículo 7 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, que “…prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de las elecciones que va a normar…”, por lo cual no se podría realizar ningún tipo de reforma a la materia electoral y menos “utilizar” la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social para generar cambios en materia electoral a pretexto de regular la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales.
Hacer una salvedad para que las reformas legales que se discutan y aprueben dentro del año anterior a las elecciones y se puedan elegir a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las elecciones del año 2019, sería una violación constitucional, por la prohibición expresa constante en el inciso primero del artículo 117 de la Constitución.
La ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social regula la organización, funcionamiento y atribuciones del citado Consejo, mientras que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación popular directa y secreta.
Al ser el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido democráticamente mediante votación universal, directa, libre y secreta, el proceso deberá ser regulado por Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia y no por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que de acuerdo a la propuesta del Presidente de la República, deberá adecuar la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana para acomodarlas a las enmiendas constitucionales.
El artículo 4 de la Ley Orgánica Electoral, desarrolla las normas constitucionales relativas al sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres, los derechos y obligaciones de participación político electoral de la ciudadanía, la organización y desarrollo de los procesos electorales, la financiación y el control del gasto durante la campaña electoral y la normativa y los procedimientos de la justicia electoral, entre otros.
Por lo tanto, es el Código de la Democracia el que deberá regular la forma de postulación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y determinar si la elección es unipersonal, pluripersonal, las prohibiciones, los requisitos, las inhabilidades, el financiamiento de la campaña, el control de gasto electoral, etc.
Tal como señala el anexo 3, al presentarse una ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana en el plazo de 30 días y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional en 60 días después de los comicios de la Consulta Popular (sea en enero o febrero), también se deberían presentar las reformas necesarias al Código de la Democracia.
Si tomamos en cuenta que las elecciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben realizarse por mandato del Código de la Democracia para el mes de febrero de 2019 para que la posesión se realice en mayo del mismo año, todas las reformas que se publiquen en el Registro Oficial luego del trámite correspondiente en la Asamblea Nacional, en fecha posterior al mes de enero de 2018, no podrían entrar en vigencia para las elecciones seccionales del 2019, sino para las del años 2023, lo que trae consigo la imposibilidad de que el PERIODO DE TRANSICION – tiempo en funciones de los consejeros y consejeras designados por la Asamblea Nacional – dure hasta la elecciones del 2019, sino que la primera elección sería con las elecciones seccionales del año 2023, POR LO QUE LOS MIEMBROS TRANSITORIOS DURARÍAN EN SUS CARGOS MÁS DE CINCO AÑOS, ESTO ES LOS AÑOS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 HASTA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 QUE SERÍAN POSESIONADOS LUEGO DE LAS ELECCIONES.
El período de transición duraría cinco años cinco meses, tiempo en el cual actuarían los consejeros y consejeras designados por la Asamblea Nacional de las 7 ternas enviadas por el Presidente de la República.
POTESTAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUTORIDADES
Como se observa de la propuesta de la pregunta 3, en su contexto se pretende dar una competencia constitucional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición en cuanto a la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación corresponde al Consejo y dar por terminados anticipadamente los periodos para los cuales fueron elegidos.
En el anexo 3 consta que:
“… El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciere procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios.” (El subrayado es propio)
El Consejo de Transición deberá realizar la evaluación de las autoridades que designó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado en el plazo de 6 meses. Se debe recordar que desde la creación de la Constitución del 2008, el primer Consejo de Participación Ciudadana fue elegido en el año 2010, terminó sus funciones en el año 2015 y por parte del Consejo Nacional Electoral procedió a designar en el mismo año al nuevo Consejo de Participación, el mismo que se encuentra en funciones hasta la actualidad, por tal, las autoridades designadas por los miembros del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no entrarían en dicha evaluación sino solamente las que hubieran sido elegidas por el Consejo actual que sería cesado en sus funciones de proceder la consulta y así el pueblo lo decidiera.
Debemos anotar la necesidad de pronunciarnos sobre un problema que se podría generar en cuanto al desarrollo de la evaluación a las autoridades, pues el Consejo de Transición deberá regular la forma de hacerla, pero habrá que estar atentos a que si estos procedimientos serán discrecionales y si existirán parámetros subjetivos, pues se debe entender que las competencias son técnicas en cada ámbito de gestión, es decir, mal haría el Consejo de Transición en pronunciarse sobre aspectos técnicos de cada autoridad como lo son las del Procurador, el Fiscal, las y los Superintendentes, el Contralor, los Jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los Defensores Público y del Pueblo, entre otras, que se encuentran reguladas en sus propias leyes, como el Código de la Democracia para el Tribunal Contencioso Electoral; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para el Contralor; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado para el Procurador; para señalar algunos.
Pretender evaluar sobre las funciones propias de cada autoridad pública en función de la posición ideológica, política, social, de pertenencia a una organización social, de participación ciudadana, de lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general, sin parámetros objetivamente cuantificables sobre las funciones administrativas, llevarán a que se produzca una clara intromisión respecto de actuaciones técnicas jurídicas como son sentencias, autos, actos y resoluciones administrativas, inicio de indagaciones e instrucciones fiscales, llamamientos de juicio, abstención de acusación, sanciones a personas naturales y jurídicas sobre el incumplimiento de la ley en materia de monopolios, de instituciones financieras, valores, seguros, patrocinio público gratuito, absolución de consultas, en fin sobre competencias exclusivas de los funcionarios otorgadas por la Constitución y la Ley. Quedan los funcionarios sujetos a “evaluación” sujetos a la discrecionalidad y buen gusto de los Consejeros electos por la Asamblea Nacional de las 7 ternas enviadas por el Presidente.
La actuación de los Consejeros y Consejeras de Transición, pasaría los límites del ejercicio del poder público, ya que son ellos los que dictarían en función de su subjetividad los parámetros de evaluación, rompiendo el principio de independencia y separaciones de funciones, convirtiéndose en jueces de las actuaciones de otros funcionarios públicos que solamente pueden ser juzgados políticamente por la asamblea Nacional en caso de juicio político, o la justicia ordinaria en caso de violaciones a la ley.
Se convierte a este organismo en verdugo y chantajista de los caprichos de poderes fácticos o intereses previamente preconcebidos, como la autodenominada “Comisión Nacional Anticorrupción” que a través de su presidente, en entrevista con el Dr. Alfredo Pinargotti en el Noticiero Contacto Directo del canal de televisión Ecuavisa del miércoles 18 de octubre de 2017, manifestó que exigirán al Presidente de la República se designen a cuatro miembros de su organización como Consejeros o Consejeras del transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, afirmando que se deben dar por terminados los períodos de las autoridades de control designadas por el cesado Consejo. Este pronunciamiento público, demuestra que la normativa que regule el proceso de evaluación en el que se debe garantizar el debido proceso, audiencia a las autoridades evaluadas, no será sino una careta para conseguir el objetivo final, colocar a personas de su cercanía y confianza para que haga o hagan lo que ahora critican, interferir abiertamente en la toma de decisiones que les favorezca y beneficie.
¿Qué deberá regular la Ley de Participación?
De acuerdo a la propuesta, deberá modificar todo lo relacionado a la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nada más.
¿Qué deberá regular la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia?
Al realizarse un cambio de procedimiento para las designaciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante elecciones populares, la nueva norma deberá regular varios aspectos básicos y que se debe considerar:
¿Quién deberá presentar las postulaciones?
Si bien señala la norma que las organizaciones políticas están excluidas de presentar a sus postulantes, deberá especificarse si estas candidaturas podrán presentarse por parte de organizaciones sociales, personas jurídicas, por iniciativa propia esto es en forma independiente. Si las organizaciones sociales deben estar reconocidas legalmente y tiempo de existencia, si puede una organización de la sociedad civil de hecho presentar candidatos, si es en forma independiente con el respaldo de algún número de firmas o adhesiones, etc.
En el Ecuador, a la fecha existirían legalmente registradas en la Secretaría Nacional de Gestión Política sesenta mil (60.000) organizaciones sociales (no se toman en cuenta organizaciones de trabajadores cuyo registro corresponde al Ministerio de Trabajo, Cámaras, fundaciones, corporaciones, etc.) las cuales de acuerdo a la iniciativa del Presidente de la República estarían habilitadas a presentar candidatos, lo que implica que si solamente el 10% de éstas presenta candidatos, tendríamos una papeleta electoral de 6000 candidatos principales y 6000 suplentes. La papeleta de votación que se entregará al ciudadano sería como un libro de por lo menos 500 hojas, si en cada hoja entran 12 candidatos con foto, nombres y apellidos completos.
¿Cómo se presentarán las candidaturas?
Esta es una pregunta básica para el desarrollo de la norma, porque se deberá establecer la forma de presentación de candidaturas, en otras palabras, si serán elecciones unipersonales o pluripersonales, recordando que se eligen 7 miembros principales y suplentes.
Al ser voto universal, se debe definir si son candidaturas nacionales y cuántas de éstas corresponden a las circunscripciones electorales del exterior.
¿Qué sistema electoral se empleará?
En concordancia con la pregunta anterior, la ley deberá regular la forma de realizar el escrutinio de las elecciones, puesto que si son elecciones unipersonales ganarán los siete mayor votados, mientras que los que ocupen del puesto 8 al 14 en la votación deberían ser los suplentes. En caso de elección pluripersonal, los candidatos principales tendrán su suplente, que reemplazarán en caso de ausencia temporal o definitiva.
A fin de garantizar los principios de alternancia y paridad establecidos en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia, debe el Consejo de Participación Ciudadano estar conformado conforme lo prescrito en el artículo 19 de la Ley que les rige, esto es en forma paritaria de hombres y mujeres, y con la inclusión de al menos un integrante tanto principal como suplente proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, promoviendo en su composición la interculturalidad y la equidad generacional. Este postulado legal, podría no cumplirse en el evento de que en las elecciones ganen solo candidatas mujeres o candidatos hombres, solamente mestizos, y ningún ciudadano indígena, montubio o afroecuatoriano.
En el caso de binomios deberá regularse si se presentan candidaturas alternadas (mujer-hombre; hombre-mujer) como es para el caso de los candidatas y candidatos a prefectos.
En relación el método de adjudicación de escaños, se debe establecer si se utiliza el método de D´Hondt, Webster o Hare, todo en función del sistema que crean conveniente para este tipo de elección.
¿Qué requisitos deberán presentar los candidatos?
Tal como analizamos en el punto referente a la participación en igualdad de condiciones, existen presupuestos para acceder al cargo como la trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o que sea de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.
Hasta el momento que entre en vigencia la norma no sabremos si existirán más requisitos y la forma de calificarlos por el órgano encargado, que de ser así ya existiría una etapa pre-procesal que es de méritos, para que los mejores puntuados puedan acceder, pues de lo contrario, toda aquella persona que se inscriba y que cumpla con requisitos mínimos podría acceder a la postulación democrática y estaríamos con listas interminables en las papeletas de votación.
Pero también se debe tomar en cuenta que al tener un filtro de participantes para que vayan los más óptimos o con mayores méritos a la contienda electoral se estará vulnerando el derecho de participación.
Además, debemos considerar que, si la designación de candidaturas la hacen las organizaciones sociales, será menester que se regule si existirán o no primarias internas o procesos democráticos internos, que deben contar con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral y sus organismos desconcentrados.
También debe existir regulación sobre si habrá o no impugnación ciudadana al momento de presentar las candidaturas o candidatura.
Por otra parte, al ser candidatos de elección popular, se deberá normar si existe la necesidad de presentar un plan de trabajo en caso de candidatura unipersonal o será un plan de trabajo por cada uno de los postulantes de la lista si es participación pluripersonal y si al momento de la inscripción deberá contar con un responsable de manejo económico para la campaña electoral y un contador público.
¿Qué inhabilidades y prohibiciones serán consideradas para los candidatos?
En cuanto a las limitaciones de los derechos de participación política, la Constitución del Ecuador en el artículo 113, determina que no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:
Estas limitantes impuestas por la Norma Fundamental se recogen también en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en los artículos 96 y 336.
Si analizamos la norma propuesta, en un primer plano estarán prohibidos de postular candidaturas las organizaciones políticas e inhabilitadas las personas que hayan sido afiliadas o adherentes de un partido o movimiento político hasta hace 5 años.
Tienen además inhabilidad para postularse o ser postulados los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesados y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición conforme el anexo 3.
No establecer las mismas prohibiciones se estaría generando una nueva desigualdad entre candidatos de elección popular.
La campaña electoral y el sistema de financiamiento
La elección de las autoridades del Consejo de Participación deberá regular todo lo concerniente a la campaña electoral y al sistema de financiamiento político a aplicarse, si se utilizarán los mismos parámetros y tiempos para la campaña, si existirá promoción electoral para lo cual se designará un presupuesto estatal (financiamiento) y así los candidatos puedan debatir y difundir las propuestas programáticas en igualdad de condiciones tal como lo establece la Constitución y el Código de la Democracia.
También correspondería normar sobre las prohibiciones dentro de las campañas electoral y el uso de la promoción electoral y a las empresas de pronósticos electorales si fueran permitidas para este tipo de elecciones.
Dentro de las elecciones democráticas en el Ecuador existen normas que se refieren al límite de gasto electoral, por lo cual se deberá regular si aplican o no para estos casos y si se permitiría el financiamiento privado para el gasto electoral, que de ser así se debe normar sobre los ingresos para la campaña, las fuentes de aporte, el monto máximo de aporte, sobre el rol del Responsable de Manejo Económico, la cuenta bancaria única, el registro del Contador Público Autorizado, si se necesitará que el candidato esté inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, la rendición de cuentas posteriores a la elección con tiempos establecidos y sanciones en caso de incumplimiento, infracciones electorales, recursos administrativos como corrección, objeción o impugnación, la representatividad para presentar acciones o recursos contencioso electorales y finalmente regular el control y fiscalización del Consejo Nacional Electoral hacia estas candidaturas.
En cuanto al gasto electoral autorizado para campaña electoral (lo que puede gastar cada candidato) tomando los parámetros de los candidatos nacionales a la Asamblea Nacional en las elecciones del 2017, les corresponde a cada uno 0,15 centavos de dólar multiplicado por el número de ciudadanos que consta en el padrón electoral 12.816.698, da un total de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO DOLARES, SETENTA CENTAVOS. De este valor, de acuerdo al Reglamento de Promoción Electoral, a cada candidato le corresponde que el Estado a través de las arcas fiscales, le financie el 30% para su promoción en prensa escrita, televisión, radio y vallas publicitarias, que equivale a USD 576.751,41.
Este valor multiplicado por el número de candidatos es el financiamiento estatal que debería pagar. Si se presentan 5000 candidatos y multiplicamos por los 576.751,41 da un total de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA DOLARES, LO QUE GASTARÍA EL ESTADO CADA CUATRO AÑOS A LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (USD $ 2.883.757.050,oo).
Si aplicamos el mismo ejercicio con 500 candidatos, el Estado debería gastar la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO DÓLARES (USD $ 288.375.705,oo).
Si para las elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, Asambleítas Nacionales, Provinciales y del Exterior del año 2017 se gastó CIEN MILLONES DE DOLARES, para las del 2019 el Gobierno Nacional deberá presupuestar, dependiendo del número de candidatos, CIENTOS O QUIZÁS MILES DE MILLONES DE DOLARES.
Una campaña electoral, como en cualquier parte del mundo, puede ser objeto de infiltración por parte de grupos de delincuencia organizada y recibir fondos de dudosa procedencia. Esto es necesario señalarlo, ya que si la candidatura es a nivel nacional, cada candidato deberá recorrer el país promoviendo su candidatura. Para esto, el Estado no financia ni entrega recursos, por lo que deberá contar con los propios o recibir aportes de privados. Si el valor máximo que puede gastar un candidato bordea los dos millones de dólares, siendo conservadores para el cálculo, pensemos que en promedio gasten una suma no inferior al medio millón de dólares (USD $ 500.000,00), tomando en cuenta que necesita movilizarse por tierra y avión, alimentación, hospedaje, propaganda electoral, locales para la instalación de comités de campaña, mítines populares, ya que no cuenta con la infraestructura que si tienen las organizaciones políticas.
Al ser la actividad de Consejero y Consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de aquellas que se encuentra prohibida del ejercicio profesional, privado o mercantil, solo podrán vivir de la remuneración mensual que perciban, la que asciende a la fecha a 4.500 dólares que multiplicados por 12 meses del años, asciende a la suma de USD 54.000 y a su vez por cuatro años que dura el período, percibiría la suma total de USD 216.000,00.
Si gasta USD $ 500.000,00 en la campaña electoral y percibe de remuneración por los cuatro años USD $ 216.000,00, la gran pregunta es: cómo recupera los USD $ 284.000,00 que es la diferencia?, quién le financió pedirá algo a cambio?, generará algún compromiso con los financistas de campaña?, ganará el que más plata tenga? en fin, hay un millón de interrogantes.
Si bien es cierto, las autoridades elegidas son susceptibles de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, no es menos cierto que al ser los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designados por votación popular ante el incumplimiento de la ley o de las normas de participación ciudadana, estarían sujetos al inicio del proceso de revocatoria del mandato, conforme lo señala la Constitución en su artículo 105 que prescribe:
“Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular.
La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente…”.
Las reflexiones realizadas, estamos seguros contribuirá al debate entre los ecuatorianos ya que son realizadas con fines académicos.
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Roberto suàrez 16 diciembre, 2017 at 11:59 am
La corrupcion definitivamente estå incluída dentro de las normas constitucionales, aprovechada por estos magos de la interpretación, con sevicia y mala intención hacia el pueblo.
Estos son los deudores del SRI. Banca, Empresas etc

References: artículo 112
 artículo 205
 artículo 207
 artículo 207
 artículo 112
 artículo 207
 artículo 61
 resolución 
 artículo 11
 artículo 66
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 108
 artículo 117
 artículo 7
 artículo 117
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 113
 artículo 105