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Luis Miguel Quintero Fidalgo
1 . UNIVE IDAD REPU ICANA DE COLO~A I VP'~K---j~6;~ ( Cl---&..--~~ /~~ InDEmnIZf1CnOnE~. ~é pon ACCIDENTES DEL TR.ABAJO TESIS qu~ para optar en la t{nit"ctsiaaa n. ~publi.:ana 01 tihtlo ao Doctor on Dorodl0 ~ criendas polifkas pr~s~nta RAFAEb ABEbbO SAbCEDO Fisca.l del Juzgado 2.0 Superlol' del Dlstl'lto Judicla.l de Bogotá DOGO'l'.\. CASA EDITORIAL ARBOLEDA &. VALENCIA 19112 q los Obreros é Industriales de l1)i Patria3 tector, Presidente del aonsejo de Exa minadores Dr. abímaao aabderón F- = = : =::.=::=t CONSEJO DE EXflMINflDORES Dr. FRAnC!I5aO montaña Preslden!e de Tesis Dr.!JOSÉ ljlaem:;e aona5a Exam inador Dr. DIEGO mendoza PÉREZ Examinador Dr. ab[maao IRIARTE Exam inador Dr. EnRIQUE ObAYA BERRERA Examinador4 Informe del Presidente de Tesis Bogotá, Octubre 20 de 1911 Senor Rec lor de la Unioersidad Republicana.-. Presente. Después de I1aber I1ecl1o, con orden y lucimiento, sus estudios universitarios, el señor Rafael Abello Salcedo ha preparado el trabajo que prescribe el Reglamento del Establecimiento para optar el grado de Doctor en DerecllO y Ciencias Políticas. Su tesis versa sobre INDEMNIZACIONES POR ACCIDEN TES DEL TRABAJO, ó sea el estudio de uno de los efectos del contrato de arrendamiento de servicios, efecto que dice relación á tos infortllllios del trabajo y que se dmomina en DereellO "Seguro prevenlivo )1 reparador" El contrato más importante de la vida civil- no I1abrá quien lo ponga en duda - es el conlrato de trabajo: De él deriva su "ubsislencia la gran mayoría del pueblo. Por tal motivo este contrato debería conslituír la preocllpación del Legislador, pero en liuestro Código Civil no se encuentran sino pocos arlicl/los que se ocupan de N. El seriar Abello Salcedo demuestra que respecto del contrato de trabajo no puede admitirse que domine de un modo soberano et principio de la libertad, porque en él no se trata de UII I1echo de interés puramente privado, sino de interés social. Entre obrero )1 capitalista hay cambio de servicios, pero no reciprocidad completa. Es un sofisma reclamar absoluta libertad de acción en condiciones que son el resul/ado de la fuerza. El coi/trato de trabajo es muclras veces verdadera servidumbre personal, porque cuando el obrero, para no morirse,te hambre, se ve obligado á aceptar las condiciol/es que le impone el empresario, cualesquiera que ellas sean, no es libre; )' persistiendo las mismas condiciones económicas, por la persistencia de la necesidad en 1lI1O de las partes y del arbitrio el/ la otra, la servidumbre del obrero deja de ser temporal para pasar tí ser definitiva. El obrero tiene que ofrecer su mercancía en las condiciones más desventajosas, porque no puede esperar, como los demás vendedores, ocasión más favorable. El señor A bello Salcedo, advirtiendo el desamparo fl/ que en5 nueslra legislaciól/ civil positiva se el/cuentran los débiles cuando tienel/ que coi/tratar COII los fuer/es, ha escogido, como tema de su trabajo, uno de los problemas en que se resumen las aspiraciol/es y reivindicaciones sociales modernas.' El de la regulación juridica del llamado conlralo de Irabajo, Ó, en airas lérminos, del arrendamienlo de servicios; ha descendido á las miserias dellrabajo y esludiado el punlo más escabroso de Derecho moderno, que es aquel en que la cueslión social penelra ell derecho civil y promueve radicales transformaciones. El sellar Abello Salcedo conlempla en su tesis el eslado de illferioridad del obrero aislado frenle al patrollo con quien colllrata, el cual eslado hace que el sislema de la liberlad absolula de los conlralos, aplicado al arrendamienlo de servicios, pueda engelldrar abusos, y demueslra la necesidad de la inlervención del legislador para manlel/er el equilibrio enlre el palrono y el obrero. Es digno de todo ecomio el Proyeclo de Ley sobre Accidel/les del laabajo con que termina la tesis del sel10r Abel/o Salcedo.' Campean en él ideas concretas sobre la materia y orden y claridad el/ la redacción, todo lo cual revela que su aulor posee un conjulllo de conocimientos juridicos bastan les para hacerlo acreedor al titulo académico que solicita. Os propongo, pues, mi/y respeluosamenle, que se declare que ellrabajo juridico del señor Abello Salcedo reúne las condiciones reglamenlarias, y puede, por lanlo, admitirsele á oplar el grado de Doclor que solicila. Soy de IIsled alel/lo servidor, FRANCISCO MONTAÑA6 : : ~10TIVOS Los derechos individuales y politicos, considerados{ como condiciones inherentes á la vida y á la naturaleza del hombre, resultan un hecho anterior á la ley humana. Asi lo considera co n justici a, el pu blicista y pedagogo colom biano Antonio J. lregui en su tex to de enseñanza El/ sayos sobre cicl/cia col/stitucional. Nosotros, al acoger este apotegma y al encabezar con él este hu milde trabajo sob re puntos de legislación, hemos querido dejar de manera precisa establecido nu estro cri- terio respecto á lo que debe ser la obra de los leg isladores en un pai s libre. Esto vale decir que la ley, modo natural de la exteriorización del pensamiento del legislador, debe ser un algo que en un todo corresponda á la necesidad que los asociados tengan del reconocimiento, protección y reglamentación de algún derecho, y esto, porque el hombre, en las diferentes transformaciones de vida que ha ad op-7 \ tado, ya por instinto ó por reflexión, ha ido poco á poco desprendiéndose de los medios personales de defensa de sus derechos que en él puso la naturaleza para depositarios en instituciones sociales, abdicando de esta manera á un gran poderío que, si bien en algunos casos podía ser irrisorio, en otros resultaba excelente con el aditamento de procurarle inten sas fruiciones de placer á sus instintos. No sería, pues, equitativo que las in stituciones sociales, en las cuales el hombre, de manera libre y espontan ea, ha depositado la salvaguardia de sus derechos, I vengan á covertirse en fábricas de desigualdades huma ) nas y por consiguiente en fuente de iniquidades, cuando su origen les está imponiendo como supremo objetivo los ideales de justicia. De la misma manera como el hombre primitivo, á medida que las necesidades surgían, trocaba los puños cerrados para la defensa, por tronco de árboles, por el Jlacha de silex, por pedazos de hierro, por la daga de acero y por el arma de fuego, la ley, que en definitiva no es otra cosa que la más importante transformación de los medios de defensa, empleados por el hombre, debe scr esencialmcnte evolutiva para poder asi responder siempre á su objetivo, que, como ya hemos dicho, no es otro que el de salvaguardiar el derecho de los asociados, ora reconociéndolo, ora protegiéndolo. ora reglamentándolo para hacerlo más eficaz. Dado, pues, este nuestro criterio de considerar la ley como resultante de la evolución y progreso de la humanidad en su secular lucha por la vida, y que quizá pudiera denominarse: criterio materialista de legislación, trataremos de orientarnos dentro de las actuales circunstancias de la vida nacional para ver de contribuír, aunque de manera infima, á que nuestra legislación corresponda á nuestras necesidades presentes, deseosos, como el extraordinario Abate Coignard, que los hombres, en vez de buscar por los cielos leyes de origen divino, que por tenerlo, no son humanas, se congreguen mirando8 á la tierra y, consultando sus propios intereses, se den asimismo las leyes que han de procurarles la felicidad. Indemnizaciones por accidentes del trabajo es el asunto sobre que versará esta tesis. Antes de entrar en materia expondremos, aunque sea someramente, los fundamentos que pudiéramos llamar filosóficos y que nos han servido de base para levantar nuestras pretenciones en la materia legislativa de que nos ocupamos. Dos grandes clasificaciones se han hecho de lo s derechos del sér humano: aquellos que se desprenden de Su propia naturaleza y que comunmente se denominan innatos, y aquellos que resultan de las múltiples circustancias de la vida y que conocemos con el nombre de derechos adquiridos; ambos necesariamente indispensables para el amplio desarrollo de la existencia del sér, requieren el el respeto de los demás hombres y exigen en sus múltiples manifestaciones la protección del Estado. Varia es la mancra como estos derechos pueden ser vulnerados; por lo pronto examinaremos estas dos, que son las más importantes, y que casi compreden á las otras, á saber: la voluntaria y la involuntaria. La primera, hija de un estado normal del sér ejecutante, nos determina á exigirle la responsabilidad total de su acto de violación en la cual se comprende la reparación del daiin causado y que se traduce, entre otras consecuencias, cn la damnificación á la victima, como en los casos en qu~ un individuo, sin justo motivo, deja de cumplir un compromiso, con lo cual se perjudica á terceros: ó cuando se destroza una propiedad ajena por el mero deseo de causar el mal. La segunda, es decir, la involuntaria, tiene tllt aspecto complejo, y es, por tanto, preciso considerarla en sus difererentes faces. La que podemos llamar completamente involuntaria y que consiste en la violación de un derecho por un sér de todo punto anormal (que lo sea ya permanentemente Ó apenas de manera momentánea), ó cuando la violación se comete con justo motivo, como en el caso de dar muerte á otro en legitima defensa, ó cuando oc u-9 rre un accidente en el agua ó en el aire y se arrojan bienes ajenos con el objeto de disminuir el peso de la embarcación ó de la aeronave. La cuasi involuntaria, que se deriva del acto cometido por un individuo sin el manifiesto deseo de cometer la violación, acto el cual no era de indispensable ejecución, C01110 cuando alguien, sin conocer el mecanismo de un arma, produce con ella, al querer hacerla funcionar, la muerte de otro, ó por las mismas razones produce daño á una máquina de ajeno dueño. Y la relativamente involuntaria, como en los casos que, por razón del oficio, se ordena la ejecución de actos peligrosos, cuya realización accidentalmente produce la muerte 6 el desperfecto del operario. Pero en todo caso, para el efecto de la legal imputación al actor de una violación, debe tenerse como punto de partida la responsabilidad exigible al agente. Varia también, aunque dista mucho de lo perfecto y de lo completo, es la manera como nuestra sociedad ejerce sanción sobre los autores de violaciones á los derechos de los demás, seguramente porque al contemplar esas violaciones á los derechos humanos, dejó de tomar muchos de ellos en cuenta. Mas con el objeto de que nos sirvan como de base legal á nuestra tesis, traeremos.-<í cuento los casos, á lo menos los más importantes en que nuestra legislación los determina, y en los cuales señala la illdemllización como uno de los medios de ejercer sanción legal sobre esas violaciones al derecho. En efecto, el articulo 2341 del Código Civil Colombia- 110 declara que "el que ha cometido un delito ó culpa ha inferido daño á otro, es obligado á la indemnización sin perjuicio á la pena principal que la ley imponga por la culpa ó el delito cometido." Como refuerzo al establecimiento del principio de indemnización pecuniaria en las violaciones de los derechos, el articulo 2343 del mismo Código estatuye que es obligado á la indemnización no sólo el que causa el daóo sino sus herederos, y agrega en el inciso segundo que el que recibe provecho del dolo ajeno, aunque no10 haya tenido parte en él, queda obligado hasta concurrencia del monto del valor de lo que haya reportado; y en seguida, el artículo 23' ', dispone que "si un delito ó culpa ha sido cometido por dos ó más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito ó culpa, salvo las excepciones de los articulos 2305 á 2355." "Todo fraude ó dolo cometido por dos ó más personas produce la acción solidaria del precedente inciso." Hé aquí, pues, cómo de manera solemne y dentro de una gran órbíta de acción la sociedad colombiana, en los derechos reglamentados por el Código Civil, establece la doctrina de la indemnización por la violación de esos derechos. Hace un momento decíamos que la causa principal de las lagunas que contiene nuestra legislación es la exclusión que el legislador hizo de algunos de los derechos de los asociados, cuando resumió esos derechos, para contemplarlos bajo el punto de vista eje las violaciones de que puedan ser objeto. Basta trasegar un tanto con nuestros Códigos para echar de ver, cómo impera en ellos un espiritu preocupado más de mantener por medio de prohibiciones y penas severas, los cánones de una moral inflexible y rígida, que de armonizar las necesidades de la naturaleza humana con las exigencias de la vida de sociedad. Quienes de este sistema de incomprensión han salido más perdiejosos, son, sin duda, los miembros de la clase obrera, es el pueblo colombiano quien ha tenido que expiar más duramente la falta de estudio y observación que ha caracterizado al legislador en este país. Contribuyamos, pues, aunque sea con el grano de arena, á la reparación de obra que exige la falta que dejamos apuntada; y sirvanos de provechoso ejemplo las palabras de aquellos miembros de la Cámara Francesa, que no vacilaron en declarar en un informe relativo á un proyecto de ley, de idéntico objetivo, al que en este trabajo proponemos al fin, lo siguiente: "La Cámara no ignora que la Francia republicana ha sido de-11 14 - jada atrás por la imperial Alemania y la monárquica Inglaterra en lo concerniente á la legislación obrera, á las leyes de higiene, de previsión y de seguro social." * * * El proyecto de ley sobre accidentes del trabajo con que termina nuestra tesis, pertenece al programa de reformas que en los últimos tiempos se han impuesto las democracias como ideal social. Tiende, pues, nuestro trabajo, por Su propia naturaleza, á buscar en parte solución al viejo problema de la cuestión social, que es tan antigua como el antagonismo entre oprimidos y opresores; pero se dirá, con aparente razón, que entre nosotros los problemas sociales no existen, y que, por tanto, es inútil y estéril, si no perjudicial, la labor que al respecto se intente. Entendámonos: la cuestión social, como problema formulado por las masas proletarias en la plaza pública, al són de la carlmañola, claro está que no existe; pero si el problema de la cuestión social lo consideramos envuelto en las lágrimas que la miser a de todo orden arranca al pobre, tenemos que convenir que I el problema existe y que quizá no tardará mucho en ) formularse en la lamentable manera que, por desgracia, es la única en que quieren reconocerlo ciertos espíritus... Dia por día se acentúa en nuestra sociedad el movimiento obrero, tendencioso á hacerse reconocer como fuerza social y á conquistar para sí las justas reivindicaciones de las necesidades del presente. Aunque no queramos reconocerlo, la sociedad culombiana se halla en época de transición y hoy más que nunca es árdua y peligrosa la misión de aquellos á quienes corresponde vigilar el porvenir. Al tratar del asunto de que nos ocupamos, salta á primera vista un conflicto entre dos situaciones de hecho: la expectativa de!a nueva carga que pesará sobre las empresas de por sí débiles, y la Injusticia social de la no reparación al operario. En puro derecho claro está que la12 cuestión tiene que resolverse á favor de la segunda de las situaciones apuntadas; pero las conveniencias nacionales, especialmente las de industria y comercio, están exigiendo, á su turno, no sacrificar de manera inmisericorde al patrón, al cual, para ser justos, debemos reconocerle su actuación importante y necesaria en el engranaje del proceso nacional. Un sistema de cooperación en- I tre los patrones entre si, y entre éstos y los operarios, es la base esencial, á nuestro modo de entender, para edificar, con probabilidades de éxito, las leyes de indemnización por accidentes del trabajo. Materia es ésta que requiere estudio especial (el cual ya nos lo hemos propuesto); por lo pronto, nos limitamos á enunciarla, por no alargarnos demasiado en el presente trabajo. Viniendo al punto esencial de derecho relacionado con la indemnización por accidentes del trabajo, tenemos que, como la indemnización pecuniaria ha sido considerada por todas las legislaciones como una de las formas en que se traduce la responsabilidad legal, exigida por sentencia, resulta como uno de los puntos de partida que el legislador debe tener en cuenta para exigirla, la falta ó culpa de quien debe sufrir esta exigencia. A este respecto M. Saleilles nos dice que la idea subjetiva clásica se funda en dos ideas: la primera en el principio de que no hay responsabilidad sin falta, y la segunda, en este otro principio: que allí donde no hay falta, sólo puede haber riesgos Ó casos fortuitos, y que los riesgos incumben al propietario, si se trata de daños patrimoniales, ó á la persona misma, si se trata de accidentes ó de lesiones de la persona. Propuesta, pues, la cuestión sobre este terreno, salta á primera vista la dificultad con que hay que tropezar para la elaboración de una ley de accidentes que se desea no resulte irrisoria. Si la indemnización de que venimos tratande se considera COIllO consecuencia natural de la responsabilidad del patrono, estando, como está, basada la responsabilidad en la idea de falta, tendríamos que estudiar la ley sobre la materia, bajo el punto de vista penal, y caer irre-13 - 16- misiblemente en el intrincado punto de la teoría de la dehncuencia civil, la que, á pesar de haber nacido en el derecho romano, no ha logrado hasta nuestros días precisarse por completo. La verdadera cuestión está en esto tan bien planteada por M. Saleilles: «Un daño se produce; trátase de saber quién debe sobrellevar el perjuicio pecuniario de este daño. La vida está hecha de riesgos; lo que debe averiguarse es cómo han de repartirse éstos entre los que los sufren. No es ya una cuestión de falta, es una cuestión de equidad social; que los riesgos los sufre el que no está en falta, es cosa que vemos diariamente en materia de contratos; el convenio de las partes es el que regula la participación de los riesgos, y á falta de convenio expreso, la ley hace este reparto, según las cláusulas presuntas, Ó mejor, segllll Su propio concepto de la equidad contractual. En materia de contratos no es la idea de falta la que predomina cuando se trata de distribuír los riesgos; es el convenio, ó en último término, el punto de vista de la equidad...» Quién debe sobrellevar la carga pecuniaria y sobre qué patrimonio habrá de recaer la pérdida definitiva? Esta es la fórmula exacta del problema. La cuestión de la falta nada tiene que ver con la cuestión principal. Entonces es cuando surge como solución del problema el segundo principio expuesto por la teoría clásica; en lo tocante á la distribución de riesgos, y desde el punto de vista del concepto jurídico, lo mismo que desde el punto de vista de la equidad social alli, donde no hay falta los riest gos incumben al propietario; el propietario es quien sobrelleva el caso fortuito; no siendo el hecho ajeno, allí {(onde no hay falta, sino sólo un caso fortuito, el propietario es quien debe sobrellevarlo. Tal es la condición misma de la propiedad, el reverso de las ventajas que proporciona. Verdad es que allí donde no hay pérdida patrimonial, sin daños á las personas, es pre iso asimilar la personalidad á la propiedad, y si me fuera permitido diría que la,propiedad del cuerpo á la propiedad de los bienes, cada14 cual debe guardarse á sí propio, lo mismo que el propietario custodia lo que le pertenece; el hecho de existir lleva consigo riesgos, y la existencia, lo mismo que la propiedad, experimenta casos fortuitos. Pero precisamente esta asimilación basta para revelar el punto débil de todo este sistema: no es el hecho de existir lo que trae riesgos consigo, sino el hecho de obrar. La existencia, considerada en \ el estado pasivo, sufre los golpes, pero considerada en el ) estado activo, los da. Quién se atreverá á sostener que entre quien los da y quien los recibe la responsabilidad de la pérdida y el peso definitivo del daño haya de sobrellevarlos el segundo y no el primero? Se ve, pues, que por el sólo hecho del mecanismo privado del derecho privado, apenas se alcanzan resultados incompletos. La verdadera solución jurídica, la única que corresponde á la equidad social y á la realidad de las cosas, sería hacer de la distribución de los riesgos una carga colectiva de la organización industrial, lo que no puede conseguirse más que por el mecanismo del seguro. No pretendemos nosotros dar á la ley finalidades que tiendan á hacer de ella capítulos de un catecismo de moral; queremos tan sólo que contribuya, por medio de la con- \ sagración de la justicia, á exaltar entre los asociados el sentimiento de la dignidad personal. Entre las muchas dolencias que aquejan el alma naci o nal, tenemos como una de las que más perjuicios nos causa, la completa ausencia de previsión para el mañana; meridionales en toda la extensión del significado de la palabra, marchamos entusiastas y decididos hacia el progreso, mas sin derrotero definido, confiados más en la casualidad ó en el milagro que en el estudio y la previsión. En materias legislativas, más que en ninguna otra, es donde nuestro carácter ardiente é imprevisor ha sentado sus reales: leyes que han realizado los más exigentes ideales de los partidos políticos y orden y método nulos para su aplicación, esa es toda nuestra historia. En la materia especial de que se trata en esta tesis, es, como ya lo hemos insinuado, necesario é indispensable 2 I15 - 18- aditamentar la ley con disposiciones que la permitan prosperar con eficacia Dos consideraciones pueden conducirnos á esta garantia, y son: la primera, la suposición lógica de que, una vez que la Ley reconozca el derecho del obrero de una indemnización por los accidentes del trabajo que sufra, á cargo del patrono ó de la industria, esa misma ley garantizará, tan efectivamente como sea posible, el pago de dicha indemnización; y la otra consideración especial, por cuanto se refiere á la situación actual de casi todos los patrones é industrias, referente á los recursos pecuniarios, que les hace casi imposible atender á la carga de los ries- \ gas de accidentes, hace resaltar la necesidad de buscar un medio por el cual la misma ley venga en su auxilio, para facilitarles en alguna manera el cumplimiento de sus nuevos deberes legales. En buscar esta solución, tan interesado como el patrono están el obrero y la sociedad en general, pues para el primero, sin ella, el derecho que le reconoce la ley sería irrito, y para la sociedad, seria desastroso, pues el no ayudar al patrón en sus nuevas cargas equivaldria á decretar la quiebra de todas las empresas comerciales. El seguro parece ser la fórmula que corrija los peligros anotados y que facilita, mejor que ninguna otra, el cumplimiento de sus disposiciones. Pero para que el seguro preste el apoyo real y efectivo á la ley de accidentes, es necesario que se establezca de modo obligatorio, reglamentado por medio de una ley y basado en el sistema de Jondo de garantia. Explicado este sistema, dice el Sr. Meluguer: "En Bélgica y Francia funciona con éxito un fondo de garantía, de la insolvencia de los patrones y de las entidades aseguradoras que lo subrogan en sus obligaciones legales de indemnizar los accidentes del trabajo que hayan producido la muerte del obrero... " El Estado dice á los patronos: "Lo que pido y exijo es que me garanticen vuestra solvencia, Ó de las entidades que elijáis para sustitnir en vuestras obligaciones... " Cualquier otro resorte (fianza, publicidad, inspección), con ser útil en su finalidad determinada y con contar con un fondo de garantía excesivo, no hace más que alejar Ó16 - 19- disminuir el riesgo de insolvencia, mientras que el seguro es el medio adecuado para eliminar riesgos económicos. Esto, en suma, sólo puede lograrse por la solidaridad de los industriales y comerciantes, á quienes afecta la ley de accidentes del trabajo, para asumir el riesgo de insolvencia de indemnizaciones reguladas por dicha ley, asi respecto á la responsabilidad directa como á la sustituida, interviniendo únicamente el Estado para hacer obligatoria dicha mutualidad y administrando debidamente." Algunas de las aspiraciones de la ley de seguro obligatorio pudieran ser (á la ligera) : 1. Obligación del patrono ó jefe de explotación industrial, comercial 6 agrícola, de asegurar, contra los riesgos de accidentes del trabajo, á todo su personal; 2.' Fundar asociaciones municipales, para realizar el seguro directamente, 6 para reasegurar, con un minimum de treinta socios; y 3.' Fomento de la vida cooperativa. El proyecto de ley de accidentes del trabajo que viene en seguida, no es, ni con mucho, un trabajo original; pues siendo éste un asunto en el cual priva el criterio experimental, hemos buscado, en las diferentes legislaciones sobre la materia, las aspiraciones que más cuadren á nuestras necesidades, aclarándolas, modificándolas y algunas veces adicionándolas, según el caso. De manera especial hemos seguido el trabajo y proyecto de ley elaborados por la Comisión de reformas sociales de España:17 - 20- LEY NUMERO... Indemnizaciones por accidentes d.:1 trab3jo El Congreso de Colombia DECRETA CAPITULO I Art. 1.0 Para los efectos de la presente ley, entiéndese por accidente toda lesión corporal ó enfermedad debida al ejercicio habitual de un oficio que el operario sufra con ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, cuando ha sido contratado directa ó indirectamente por el patrono. Se entenderá como patrono, la compañía ó propietario de la obra, explotación ó industria donde el trabajo se preste. Por operario se entenderá el que ejecuta habitualmente un trabajo manual por cuenta ajena, remunerado á jornal ó de cualquiera otra manera. Para los efectos de este artículo, consídéranse como operarios á los aprendices y á los vigilantes del trabajo, cuando su salario no pase de $ 2. Art. 2. El patrono es responsable de los accidentes ocurridos á sus operarios con motivo y en ejercicio de la profesión ó trabajo que realicen, á menos que el accidente sea debido á' fuerza mayor, extraña al trabajo en que se produzca el accidente, ó que éste haya sido provocado intencionalmente por la víctima. La imprudencia profesional, ó sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime al patrono de responsabilidad. Art. 3. Las industrias ó trabajos que dan lugar á la responsabilidad del patrono, son: 1.0 Las fábricas y talleres ó los establecimienlos industriales donde se hace uso de una fuerza cualquiera, distinta de la del hombre; 2. Las minas, salinas y canteras, y los talleres metal~r Ki~vs; 3. Las fábricas y tall res de construcciones terrestres ó navales.18 La construcción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo los trabajos de albañilería, carpintería, cerrajería, corte de piedras, pinturas y todos sus anexos; 4. Las fábricas de vidrios; 5. Las fábricas de productos químicos, de tabacos y aguas gaseosas; 6. Los establecimientos donde se produzcan ó empleen industrialmente materias explosivas ó inflamables, insalubres ó tóxicas; 7. La construcción, reparación y conservación de vías férreas, puertos, caminos, canales, diques, arsenales, acueductos, alcantarillas, los trabajos de explanación y pavimentación de vías urbanas y otras similares; 8.0 Las explotaciones agricolas, forestales y pecuarias que empleen constantemente más de tres obreros. Para los efectos de este ordinal se considerarán comprendidos los pequeños arrendatarios que trabajan en las explotaciones agrícolas ó forestales. Las faenas agrícolas ó forestales donde se hace uso de algllll motor inanimado. En estos trabajos la responsabilidad del patrono existirá sólo con respecto al personal expuesto al peligro de las máquinas; 9. El acarreo y transporte de personas ó de mercancias por via terrestre, maritima ó de navegación interior, y la pesca. En el transporte marítimo se entenderán comprendidas las personas que formen la dotación de los buques ó embarcaciones y cuyo sueldo ó salario no pase de '$ 1-50 diarios; 10. Los teatros respecto del personal cuyo sueldo no exceda de S 1-50 diarios; 11. Los Cuerpos de Bomberos; 12. Los trabajadores de colocación, reparacion y desmonte de conductores eléctricos y de pararrayos, y la colocación y conservación de redes telegráficas y telefónicas; 13. Todo el personal encargado de las faenas de carga y descarga;19 14. Los hospitales, m&nicomios, hospicios y establecimientos análogos con respecto á su personal asalariado, por los accidentes que sufran en el desempeño de sus funciones. Arl. 4. Los obreros tendrán derecho á indemnización por los accidentes indicados en el articulo 2., que produzcan una incapacidad para el trabajo absolulo ó parcial, temporal ó permanente, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes: 1.0 Si el accidente hubiese producido una incapacidad temporal, el patrono a')onará á la víctima una índemnización igual á la mitad de su jornal diario desde el día que tuvo lugar el accidente hasta el día en que se halle en condiciones de volver al trabajo. Entiéndese que la indemnización será abonada en los mismos días que lo fuere el jornal, sin descuento alguno por los días festivos. Si transcurrido un año no hubiese cesado aún la incapacidad, la indemnización seguírá por las disposicione s relativas á la incapacidad permanente. 2. Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el patrono deberá abonar á la víctima una indemnización igual al salario de dos años. 3. Si el accidente hubiere producido una incapacidad permanente y total para la profesión habitual, pero que no impida al obrero dedicarse á otro género de trabajo, la indemnización será igual al salario de un año. 4. Si el accidente hubiere producido una incapacidad parcial y permanente para la profesión ó clase de trabajo á que se hallaba dedicada la víctima, el patrono deberá satisfacer á ésta lllla indemnización equívalente á ocho meses de salario. El reglamento determinará: 1. Las lesiones que deben considerarse como incapacidades absolutas; 2. Las lesiones que deben considerarse como incapacidades parciales; 3. Los casos en que una lesión definidora de incapacidad parcial con otras ha de estimarse que consti-20 tuye una incapacidad absoluta; y aquellas en que concurrencia de lesiones, simplemente avaloradas, por desconceptuarse como incapacidad parcial, teniendo en cuenta, al efecto de ambas computaciones, la edad y el sexo del lesionado. La determinación de las lesiones definidoras de incapacidad parcial que el reglamento formula, según lo dispuesto en el párrafo anterior, no obstará, sin embargo, para la apreciación de las mismas con relación á la incapacidad profesional del lesionado, á que se refiere la disposición tercera de este artículo. Art. 5.' El patrón estará también obligado á facilitar la asistencia médica y farmacéutica al obrero hasta que se halle en condiciones de volver al trabajo, ó por dictamen facultativo se le declare comprendido en los casos definidos en los números 2, 3, Y 4 del artículo anterior y no requiera la referida asistencia, lo cual se hará bajo la dirección de facultativos designados por el patrono. El obrero lesionado, ó su familia ó cualquiera entidad obrera, tiene derecho á nombrar, desde luégo, por su parte y á su cargo, uno ó más facultativos que intervengan en la asistencia que le preste el médico designado por el patrono. Tanto el patrono como el obrero podrán reclamar la asistencia de los médicos oficiales ó de beneficencia municipal, los cuales deberán prestarla, de acuerdo COll arreglo á una tarifa que se fijará por ordenanzas departamentales ó acuerdos municipales, previo informe de la Junta de Higiene y Salubridad Pública y de la Academia de Medicina. En los Municipios se abrirá un libro de registro, en el cual podrán inscribirse los médi- cos que se comprometan á prestar su asistencia á las víctimas de accidentes de trabajo, acomodándose á dicha tarifa. El obrero 6 su familia, 6 la sociedad de obreros á que pertenezca, tendrá derecho á proveerse de medicamentos en la farmacia que estime conveniente, si hubiese, Mostrar más
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 Artículo 1
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Artículo 1665
 Artículo 172
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 ARTÍCULO 1
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REAL DECRETO 
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