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Timestamp: 2020-01-22 14:19:09+00:00

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Apuntes para una historia del proceso de adopción del Código Penal... | Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación
Apuntes para una historia del proceso de adopción del Código Penal…
Apuntes para una historia del proceso de adopción del Código Penal luego del cambio de soberanía
Luis E. González Vales*
Al amanecer del 25 de julio de 1898, día en que toda la nación española celebraba la festividad de su patrono, el apóstol Santiago, fuerzas militares de los Estados Unidos desembarcaban en el puerto de Guánica, al suroeste de Puerto Rico. Daban inicio, en esa forma, las operaciones terrestres de la Guerra Hispanoamericana en suelo isleño. Al frente de las fuerzas del ejército estaba el Mayor General Nelson Appleton Miles, General Comandante del Ejército de los Estados Unidos, uno de los más tenaces proponentes de que se llevara la guerra a Puerto Rico.[1] Las hostilidades estaban en sus postrimerías pues España, abatida en Cuba y Filipinas, poco podía hacer ya para socorrer a la pequeña Antilla.
Las operaciones militares en suelo puertorriqueño duraron muy poco, los combates fueron esporádicos y las bajas, de ambos lados, escasas. Al cabo de poco más de dos semanas después del desembarco, se firmaba en Washington el Protocolo de Armisticio que ponía fin a la lucha armada.[2] El documento, suscrito por el embajador francés Jules Cambón a nombre del gobierno de España y por el Secretario de Estado norteamericano William R. Day, disponía en su Artículo Segundo que España cedía a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y aquellas otras islas bajo la soberanía española en las Indias Occidentales.[3] Quedaba, pues, establecido que los lazos que por más de cuatro siglos habían vinculado el destino político de Puerto Rico a la metrópoli española serían disueltos y surgían nuevas relaciones políticas esta vez con los Estado Unidos de América, a nombre de la “libertad, la justicia y la humanidad”.
Al momento de firmarse el Protocolo, la isla se gobernaba de conformidad con los Reales decretos de 25 de noviembre de 1897. El gobierno de la isla se regía por la Carta Autonómica contenida en el principal de los decretos. El “ensayo de autonomía” había sido de corta duración pero no empece ese hecho, constituía el estado político vigente toda vez que estaban debidamente constituidos y en funciones el gabinete Autonómico y las Cámara Insulares. Estas últimas, instaladas oficialmente el 17 de julio de 1898 habían recesado, por motivo de la guerra, al día siguiente de su instalación.[4]
En adici6n a la Carta Autonómica, tenían vigencia en Puerto Rico al momento de producirse la entrada de los americanos, “las cinco leyes básicas que encontramos en los países donde impera el Derecho Civil.”
Estas leyes eran las siguientes:
1. El Código Civil Español de 1888, el cual se hizo extensivo a la Isla mediante Real Decreto de 31 de julio de 1889.
2. El Código de Comercio de 1885, puesto en vigor por un Real Decreto de 28 de enero de 1886.
3. El Código Penal de 1870, revisado en 1876, hecho extensivo a la Isla por Real Decreto de 23 de mayo de 1879.
4. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, sustancialmente enmendada en 1861, puesta en vigor el 25 de septiembre de 1885.
5. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1877, extendida a Puerto Rico el 19 de octubre de 1888.[5]
Las autoridades españolas entendieron que el Protocolo no cambiaba el estado de derecho de Puerto Rico y que la gestión administrativa, económica, judicial y política se realizaría con sujeción a los Reales Decretos de 25 de noviembre de 1897 definiendo así el estado transitorio de derecho en la isla hasta la ratificación del Tratado definitivo de Paz que estaba siendo negociado por los comisionados de España y Estados Unidos en París.[6] Esta interpretación, sostenida por los comisionados españoles, no fue aceptada por los representantes del gobierno americano.
En el caso de Puerto Rico, “desde el momento de la ocupación- militar y por supuesto, antes del canje de las ratificaciones del Tratado de París, ocurrido el 11 de abril de 1899, empezaron [los gobernadores militares] a desmantelar toda la estructura política, judicial y administrativa creada bajo la Constitución Autonómica de 1897”.[7]
El gobierno militar americano se inicia con el general Nelson A. Miles quien ejerció el pleno control civil y militar de la isla entre el 25 de julio y el 14 de agosto de 1898. Como comandante en jefe del Ejército de Ocupación fue designado gobernador militar y administrador civil con poderes para emitir órdenes, que tendrían fuerza de ley, de conformidad, con la Orden General 101, Serie de 1898.
Toda vez que la ocupación de la isla de Cuba precedió a la de Puerto Rico, el 13 de julio de 1898, el Presidente McKinley cursó un mensaje referente a la capitulación de las fuerzas españolas en Cuba y a la política que allí debería observarse durante la ocupación militar.
Aunque la autoridad de la fuerza ocupadora es absoluta y suprema y ejerce una acción inmediata sobre el estado político de los habitantes, las leyes municipales del territorio conquistado que afectan los derechos privados de personas y propiedades y disponen el castigo de los delitos, se consideran vigentes en todo lo que no fuera incompatible con el nuevo orden de cosas, mientras no serán suspendidas o anuladas por el beligerante conquistador y por lo general, no se abrogarán en la práctica, sino que se dejan subsistentes para ser administradas por el tribunal ordinario tales como en su sustancia existían antes de la ocupación. A esta práctica de los pueblos ilustrados, deberá ajustarse en la presente ocasión hasta donde fuera posible.[8]
Estas normas se hicieron extensivas a los gobernadores militares de Puerto Rico comenzando, como indicáramos arriba, con el mando del general Miles.
Al abandonar la isla el general Miles dejó en comando al Mayor General John R. Brooke a quien correspondió, junto al Contraalmirante William S. Schley y al Brigadier General William
W. Gordon discutir con el General Ricardo Ortega todo lo relativo al retiro de las fuerzas españolas de la isla y la transferencia de poderes. El 18 de octubre de 1898, al retirarse las últimas tropas españolas, el General Brooke asumió los poderes de gobernador militar de Puerto Rico. En esa forma se iniciaba la vida política de Puerto Rico bajo la nueva metrópoli.
Por los siguientes 18 meses la isla estará gobernada por una sucesión de gobernadores militares hasta que el 1 de mayo de 1900 se instala en la isla el primer gobierno civil bajo el régimen americano.[9] Los gobernadores militares someterán la isla a un régimen de “Ordenes”. Fue mediante órdenes generales que se abolió la Diputación Provincial,[10] se disolvió el Gabinete Autonómico presidido por Luis Muñoz Rivera[11] y se reorganizó radicalmente el sistema judicial.[12]
Durante el período de mando del General Brooke se emitieron órdenes dando por terminadas las relaciones entre Puerto Rico y España y dejando en vigor aquellas leyes municipales y provinciales que no fuesen incompatibles con las nuevas condiciones. A la vez se emitió otra que suspendió todo tipo de apelaciones a la Corte Suprema de España disponiendo que las apelaciones se viesen en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.[13]
Bajo el mandato del General Henry se designaron comisiones militares para juzgar casos de incendios y asesinatos que estaban pendientes de verse en los tribunales civiles. Esta medida estaba encaminada a enfrentar el reto a la ley y el orden presentado por las “partidas sediciosas”.[14]
Desde el punto de vista de la estructura del sistema judicial, el que más cambios propició fue el General Davis quien fue el autor de una serie de órdenes generales que establecieron el procedimiento de “Habeas Corpus”, creó el Tribunal Federal Provisional, antecesor inmediato de la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico y reorganizó el sistema judicial de la isla creando un Tribunal Supremo, con sede en San Juan, tribunales de distrito en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Humacao, y ordenando modificaciones en los procedimientos civil y criminal.[15] El último de los gobernadores militares, el Brigadier General George W. Davis en su informe dirigido al Secretario de Guerra el 22 de noviembre de 1901 describe el gobierno militar en Puerto Rico desde sus inicios. En el mencionado informe al aludir a las Ordenes Generales emitidas por los gobernadores militares señala que las órdenes “…cubrieron un gran campo”. Casi todas las ramas de la administración, la política, la civil, la financiera y la judicial, fueron afectadas por sus disposiciones militares”.[16] Aun cuando advierte la posibilidad de haber cambiado códigos cuyas medidas no confligían con el carácter político, las instituciones o la Constitución de los Estados Unidos defendió las acciones tomadas por él y los otros gobernadores militares como parte del privilegio y deber de los comandantes militares “con miras a adaptar el sistema de leyes y administración locales a uno que, a juzgar por los precedentes, podría esperarse que el Congreso aprobara para la isla, preparándole así para un régimen territorial cuando el Congreso estuviera dispuesto a autorizar tal régimen.”[17]
Más adelante el General Davis, luego de indicar que la tendencia del Gobierno Militar era “la de abstenerse de intervenir con los tribunales, las leyes y las instituciones nativas” advertía que en ocasiones el comandante militar “se veía obligado a intervenir, porque las leyes insulares contenían algunas disposiciones de imposible cumplimiento.”[18]
Bajo el criterio de imposibilidad de cumplimiento se hacía caso omiso de todo un sistema jurídico fundamentado en una larga tradición civilista y que en muchos de sus aspectos representaba lo mejor del pensamiento jurídico de la época.
En el ínterin las negociaciones de paz entre España y los Estados Unidos culminaron con la firma de un Tratado de paz el 10 de diciembre de 1898. El Artículo 2 del mencionado documento hacía oficial la cesión de Puerto Rico por España a los Estados Unidos y en el Artículo 9 se estableció que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos, se determinarán por el Congreso.[19]
Un memorando de los representantes estadounidenses contestando a otro de los españoles explicaba la política de la nueva metrópoli respecto a los habitantes de Puerto Rico. El documento decía en parte:
…su condición y sus derechos civiles se reservan al Congreso quien hará las leyes para gobernar los territorios cedidos. Esto es tan solo la afirmación del derecho del poder soberano, para dejar al nuevo gobierno el establecimiento de estas importantes relaciones. Puede, seguramente, confiarse que el Congreso de una nación que nunca dio leyes para oprimir o mermar los derechos de los residentes de sus dominios y cuyas leyes aseguran la mayor libertad compatible con la conservación del orden y la protección de la propiedad, no saldrá de su bien establecida práctica al ocuparse de los habitantes de estas islas. [20]
Puerto Rico queda pues al arbitrio del Congreso en lo que respecta a su condición política y a los derechos civiles de sus habitantes.
La adquisición de Puerto Rico, Guam y las Filipinas como consecuencia de la guerra, no fue algo casual. Fue la culminación de un proceso que proyectó el poderío americano en la arena de la política y en el comercio internacional. Los Estados Unidos advenía, pues, al status de una gran potencia.[21]
Leo S. Rowe quien, como veremos más adelante, figuró con prominencia en las comisiones codificadoras, en su obra The United States and Puerto Rico, al referirse al gobierno militar señala que el mismo era no solamente deseable, sino que era, además, el único medio para resolver los problemas inmediatos del gobierno. No obstante reconoció que no era posible continuarlo por mucho tiempo ya que la idea de un gobierno militar repugnaba a los principios políticos del pueblo americano. En adición gradualmente fue surgiendo un sentimiento profundo de inconformidad entre los puertorriqueños. Al inicio del año 1900 era evidente que no era posible posponer por más tiempo el establecimiento de un gobierno civil.[22]
La necesidad de establecer un gobierno civil había sido articulada, mucho antes de lo expresado por Rowe por el propio Presidente McKinley quien en un mensaje fechado el 5 de diciembre de 1899 dijo que había llegado el momento de adoptar una forma provisional de gobierno para Puerto Rico.[23]
El Informe Carroll
Antes de que el Presidente y el Congreso pudiesen actuar con respecto al caso de Puerto Rico era obvio que se hacía necesario contar con la información más completa y fiel sobre la situación de la isla. El Presidente McKinley procedió a designar a Henry K. Carroll como Comisionado Especial y lo envió a Puerto Rico para estudiar las condiciones de la isla. El informe del Comisionado Carroll fue sometido el 6 de octubre de 1899 y constituye uno de los documentos más importantes sobre esa primera etapa de las relaciones entre la isla y la nueva metrópoli. Carroll condujo extensas vistas públicas en diferentes pueblos de Puerto Rico y recogió el sentir de la comunidad puertorriqueña sobre numerosos aspectos de la relación con los Estados Unidos así como de las condiciones imperantes en la Isla.[24]
Rebasa los límites de este trabajo el hacer un análisis del contenido del Informe Carroll. Sólo nos interesa centrar la atención en la evaluación que hace el comisionado sobre las opiniones recogidas que inciden sobre el sistema judicial vigente en la isla, al momento de iniciarse las relaciones con la nación norteamericana, en la medida en que las mismas son relevantes para lo que ha de ocurrir después.
En el informe propiamente el Comisionado Carroll señala que la mayoría de los jueces y abogados en Puerto Rico consideran el sistema judicial imperante como uno justo y equitativo. Eso no quiere decir que no sea susceptible de enmienda en algún aspecto pero lo consideran como el mejor entre todos los que rigen en Latinoamérica. A juicio de los deponentes donde existe margen para cambios es en la estructura de las cortes y en los procedimientos judiciales.[25]
El aspecto más controvertible es el relacionado con los derechos de los acusados en causas criminales. Al compararlo con el sistema anglosajón imperante en los Estados Unido, Carroll señala que bajo la jurisprudencia americana el acusado es considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario mientras que en el sistema español, y en esto alude a la declaración del juez Salvador Fulladosa Mir, se le consideraba culpable hasta probar su inocencia.[26] En otras palabras que correspondía al acusado el peso de la prueba de su inocencia.
Al referirse a la actitud de los puertorriqueños ante el nuevo orden de cosas Carroll afirma que los habitantes de la isla vieron con general beneplácito la llegada de los americanos y que confiaban que bajo la soberanía americana se corrigieran males centenarios, que la isla gozaría de un gobierno honesto y eficiente, y el máximo de libertades como ciudadanos bajo la Constitución de una Gran República. Aspiraban los puertorriqueños a que se extendiera a la isla el status de territorio y se les concediera la oportunidad de participar en el gobierno. En otras palabras que se hiciesen extensivos a Puerto Rico todas aquellas instituciones que contribuyeron a la prosperidad, progreso y felicidad del pueblo americano.[27]
El 30 de octubre de 1898, escasamente doce días después de la transferencia oficial del mando de la isla a los americanos, se celebró en San Juan una magna asamblea con el propósito de formular un programa de acción. Dicho congreso, según el comisionado Carroll, contó con representación de los elementos más representativos de la sociedad puertorriqueña. Las peticiones formuladas en dicha asamblea fueron presentadas al comisionado para que por su conducto, fueran transmitidas al Presidente McKinley. Entre las principales peticiones estaban la de la terminación inmediata del régimen militar y su reemplazo por un gobierno civil, la reforma del sistema judicial y la introducción del juicio por jurado.[28]
El Secretario de Justicia, Herminio Díaz Navarro, presentó una sinopsis de los códigos españoles vigentes en Puerto Rico que se incluyó como apéndice del informe Carroll.[29] Al considerar posibles reformas a los códigos civil y criminal vigentes, el Secretario Díaz Navarro hace una defensa de los mismos. A su juicio éstos no son tan deficientes como afirman algunos, sin haberse estudiado con detenimiento. Lo que procede es atemperarlos a la nueva realidad política y adoptar ciertas reformas que incorporen a los mismos el pensamiento jurídico más avanzado. [30]
El documento de Díaz Navarro concluye con una serie de recomendaciones específicas de enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con referencia al primero, propone que en la aplicación de las penalidades a los autores, cómplices o accesorios de crímenes o delitos graves o menos graves lo jueces tengan la flexibilidad, al determinar la sentencia a imponerse, de considerar la gravedad de la ofensa y las circunstancias agravantes o atenuantes que rodean el caso. Solicita que se definan claramente los delitos y que una serie de delitos que en el código vigente se consideran graves sean definidos como de naturaleza menos grave.
En cuanto a los procedimientos criminales, las recomendaciones principales son: que se haga público el proceso desde su inicio y que no se mantenga al acusado incomunicado. Que se permita el procedimiento de “Habeas Corpus” en casos de prisión preventiva y que se establezca el juicio por jurado.[31]
El testimonio del Juez Presidente del Tribunal Supremo, Don José Severo Quiñones es particularmente importante. En su exposición ante el Comisionado Carroll, el Juez Presidente defiende la permanencia del Código Civil con pequeñas enmiendas y de igual modo sostiene que el Código Penal debe continuar vigente con algunas enmiendas.[32]
Es basado en esto y otros testimonios presentados por los diversos deponentes que a través de toda la isla concurrieron ante el Comisionado Carroll que esté, en sus recomendaciones al Presidente McKinley, propone que se mantengan en vigor los Códigos Penal, Civil y de Comercio en tanto sean compatibles con la Constitución de los Estados Unidos, y hasta que una comisión a ser nombrada por el Presidente Americano, considere, revise y enmiende los mismos y el Congreso apruebe dicha revisión. En cuanto a la comisión a ser nombrada sugiere que ésta quede integrada por cinco miembros tres de los cuales (lo que constituye mayoría) sean puertorriqueños y dos norteamericanos. La comisión recomendada tendría la encomienda de revisar y de ser necesario reestructurar los códigos.[33]
La Primera Comisión Codificadora
El reclamo de los puertorriqueños porque se pusiese fin al gobierno militar y se estableciere un régimen de gobierno civil unido a la necesidad de establecerlo, movió al Presidente McKinley a recomendar, en su mensaje al Congreso el 5 de diciembre de 1899, el que se adoptara legislación para proveer un gobierno provisional para la isla.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 12 de abril de 1900 una “Ley para proveer Temporalmente de Rentas y un Gobierno Civil a la Isla de Puerto Rico”, la cual comenzaría a regir el 1 de mayo de ese año.[34] La Ley se conoce como la Ley Orgánica de 1900 o Ley Foraker, pues su autor había sido el Senador por Ohio, Joseph Burson Foraker.[35]
La Sección 40 de dicha ley proveía para el establecimiento de la comisión propuesta en el Informe Carroll aunque con una importante modificación. El estatuto establecía:
Que una comisión, compuesta por tres miembros, de los cuales por lo menos uno deberá ser ciudadano nativo de Puerto Rico, será nombrada por el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado para compilar y revisar las leyes de Puerto Rico y también los diversos Códigos de procedimientos y sistemas de administración municipal hoy en vigor, y para preparar y dictaminar la legislación que fuere necesaria para lograr un gobierno simple armónico y económico…
. . . y dicha Comisión hará un dictamen completo y final, en ambos idiomas inglés y español, de todas las revisiones, compilaciones y recomendaciones, con notas aclaratorias en cuanto a los cambios y las razones que los motiven, al Congreso al año, o antes, después de la aprobación de la presente ley.[36]
Varias observaciones están en orden. En primer término, la Comisión establecida era más pequeña que la recomendada por Carroll pues sólo contaría con tres miembros. La composición de la Comisión, contrario a lo recomendado por el Comisionado Carroll, que sugería una mayoría de juristas puertorriqueños, el estatuto la dejaba a la discreción del Presidente con la única limitación de que por lo menos uno de sus miembros sería natural de Puerto Rico. Al designar los integrantes de la Comisión, el Presidente McKinley se aseguró que el control de la misma estuviese en manos de juristas norteamericanos. Toda vez que la ley no entraba en vigor hasta el 1 de mayo de 1900 el tiempo para la comisión cumplir con su encomienda se redujo a 11 meses, 18 días.[37]
El Presidente McKinley inició en junio el proceso de designación de los comisionados, cuyo nombramiento debía pasar por el proceso de consejo y consentimiento del Senado de los Estados
Unidos. El cumplimiento de dicha disposición produjo una dilación adicional ya que no fue hasta el 3 de julio que juró su cargo el último de los miembros. Esto significó que la Comisión contaría únicamente con nueve meses para familiarizarse con la situación prevaleciente en la Isla, para acordar los cambios que había de recomendar y hacer su informe al Congreso.
La comisión quedó integrada por Leo S. Rowe de Pennsylvania, Juan Hernández López de Puerto Rico y Joseph F. Daly de New York. La presidencia de la Comisión recayó en el señor Daly.[38]
Los dos comisionados norteamericanos, que constituían la mayoría, se reunieron en Nueva York un total de ocho veces entre los meses de junio y de agosto. Rowe había jurado su cargo el 25 de junio de 1900 más Daly no lo hizo hasta el 3 de julio por lo cual las tres primeras reuniones en que participó con Rowe ocurrieron antes de ser oficial su designación. El Comisionado Hernández López que juró su cargo el 30 de junio no participó en ninguna de esas reuniones.
En la primera reunión entre Daly y Rowe el 26 de junio de 1900, estos acordaron invitar al licenciado Hernández López, quien residía en Puerto Rico, a que se uniese a sus compañeros en New York con el fin de organizarse, delinear un plan de trabajo y hacer arreglos para reunirse con el Presidente y el Procurador General (Attorney-General) de los Estados Unidos. Hernández López declinó la invitación y en carta cursada a los compañeros expresó su preferencia por que la Comisión se reuniese en San Juan. En vista de las razones de peso expuestas en su misiva, fue acuerdo que el Comisionado Rowe saliese para Puerto Rico el 25 de agosto y que el Comisionado Daly hiciese otro tanto el 1 de septiembre.[39]
Durante las reuniones celebradas en Nueva York, Daly y Rowe acordaron una división de trabajo para la investigación preliminar la cual sería alterada al constituirse la comisión en pleno en San Juan el 8 de septiembre de 1900.[40] De conformidad con la mencionada división de trabajo el Presidente Daly concentraría sus esfuerzos en los Códigos Civil y Criminal, las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y las Leyes Notarial e Hipotecaria. La responsabilidad de Rowe se centró en las cuestiones relativas al derecho público, incluso la forma de gobierno insular, gobierno municipal; tributación, organización del sistema de administración de la enseñanza; la ley relativa a ferrocarriles y obras públicas; administración de beneficencia y el sistema electoral.
El Comisionado Rowe llegó a San Juan el 30 de agosto de 1900, y junto al Licenciado Hernández López comenzó a preparar una serie de reuniones, para cuando llegara el Comisionado Daly. En la mañana del 8 de septiembre, los tres comisionados se reunieron en el Hotel Inglaterra, en San Juan, con lo que quedó formalmente constituida la comisión. Se tomaron acuerdos sobre el personal necesario, los trabajos por realizar y todo lo concerniente a la administración económica.
A los fines de recibir el insumo de las personas interesadas, la Comisión dispuso celebrar vistas públicas y otras de carácter privado y se cursaron invitaciones a los representantes del Gobierno, la Magistratura, los Ayuntamientos, el Colegio de Abogados, asociaciones mercantiles y a ciudadanos prominentes. También fueron invitados los directores de los periódicos La Correspondencia, El País, El Diario de Puerto Rico, el Boletín Mercantil, La Democracia y La Bandera Americana, los dos últimos editados en Ponce y Mayagüez respectivamente.[41]
El plan de trabajo de los comisionados fue considerado y aprobado y asignándole a cada miembro un grupo de materias a que debía concretarse y elaborar el correspondiente informe.
El Comisionado Daly: (1) código penal; (2) enjuiciamiento civil y criminal, particularmente el habeas corpus; (3) ley de prueba juicio por jurados; (4) jurisdicción y organización de los tribunales.
A Hernández López: (1) código civil; (2) enjuiciamiento civil y criminal; (3) ley hipotecaria y territorial; (4) ley notarial; (5) jurisdicción y organización de los tribunales.
Al Dr. Rowe: (1) gobierno local rural; (2) gobierno local urbano; (3) organización de los departamentos administrativos; (4) tributación y rentas; (5) instituciones de beneficencia.
Cada miembro tomó a su cargo también la cuestión de forma del gobierno insular y organización del sistema de enseñanza.[42]
La Comisión celebró vistas en San Juan entre el 6 y el 20 de septiembre con exclusión de los domingos y concedió hasta el 30 de noviembre para considerar los informes y escritos remitidos por personas escogidas, invitadas por la Comisión. Se recibió un gran número de comunicaciones escritas de magistrados, funcionarios y comerciantes de la Isla; todas las cuales fueron compendiadas y tomados en consideración en la redacción del informe final.
De los comisionados norteamericanos, sólo Rowe permaneció en la Isla por un periodo extenso durante el cual visitó, entre los meses de octubre y noviembre, la mayor parte de las poblaciones y celebró conferencias públicas y privadas en las cuales oyó la opinión de funcionarios locales y vecinos prominentes. Daly por su parte limitó su estadía a siete días regresando a Estados Unidos el 7 de septiembre, antes incluso de que terminaran las vistas.[43]
El 17 de diciembre de 1900, el Presidente de la Cámara de Delegados, Lcdo. Manuel F. Rossy, envió una comunicación a la Comisión en la cual le participaba el acuerdo de dicho cuerpo de que se le remitiese “un resumen de los trabajos hechos en las distintas ramas de su estudio, para que puedan servir de base y auxilio a la Comisión Legislativa de este Cuerpo.”[44]
La Comisión, por voz de los comisionados Rowe y Hernández López, contestó al pedido de la Cámara al día siguiente 18 de diciembre. Mediante acuerdo se puso a la disposición del cuerpo legislativo, según se fuesen terminando, el trabajo de los miembros de la comisión. Toda vez que los documentos a remitirse no reflejaban las decisiones finales de la comisión se hizo la debida salvaguarda al señalar que eran “ponencias de sus miembros, aun cuando en lo fundamental existen coincidencias en los puntos de vista y tendencias que inspiran dichos trabajos.”[45]
Los documentos remitidos a la Cámara de Delegados fueron los siguientes proyectos:
Uno en idioma español sobre la reorganización de los tribunales y ministerio fiscal y procedimientos.
Uno en español e inglés sobre la organización de condados en Puerto Rico.
Uno para la reorganización de ciudades, con nota preliminar.
Uno sobre aranceles judiciales.
Los comisionados prometen enviar muy pronto otra serie de proyectos.[46]
Era evidente, que en el tiempo disponible la Comisión no iba a poder cumplir con su misión. La labor de armonizar “las diferencias entre el Derecho Civil y el Derecho Común en Puerto Rico no podía responsablemente llevarse a cabo en el tiempo que la Ley Foraker especificaba para la preparación del informe. Los mismos comisionados lo admiten con toda candidez cuando señalan que “la necesidad de presentar el informe dentro del término fijado… hizo imposible una amplia y detenida discusión de dichos proyectos”.[47]
El informe presentado al Congreso de los Estados Unidos con fecha de 12 de abril de 1901 resulta ser una compilación de trabajos de naturaleza disímil ya que sólo algunas de sus secciones, las partes I, II y IV reflejan el sentir de la Comisión mientras que las revisiones contenidas en las partes III y V del informe no fueron discutidas por la Comisión sino que “fueron preparadas por individuos de ella con arreglo al plan general aprobado por todos”.[48] El informe se divide en cinco partes, a saber: I. Introducción General; II. Comentario a las medidas propuestas por la Comisión; III. Comentarios a las medidas sugeridas individualmente por los miembros de la Comisión; IV. Texto de las Revisiones Propuestas por la Comisión; y V. Texto de las Provisiones propuestas individualmente por los Miembros de la Comisión.
La parte más útil del informe de la Primera Comisión Codificadora resulta ser la parte final de la introducción general al mismo, en la cual consideran el problema de la revisión.
Al abordar el problema se hace una distinción entre las normas del derecho público y las del derecho privado o sea entre el código político, de una parte, y los códigos civil y criminal y las leyes de enjuiciamiento de la otra. La teoría del tutelaje se permea en la afirmación de que a pesar de reconocer que el pueblo de Puerto Rico “está ansioso [sic] de recibir los beneficios de las instituciones americanas” hay que proceder con cautela a fin de no introducir instituciones “para las cuales el pueblo no está preparado”.
Ante dichas circunstancias la Comisión convino que era menester que “se revista al gobierno territorial o insular de tal facultad de alta inspección respecto a las autoridades locales, que tienda a proteger los intereses de la Isla, asegurando una administración económica y una norma o grado de capacidad claramente definida”.[49] Se negaba pues a los puertorriqueños el derecho a gobernarse a sí mismos amparándose en la falta de participación en la vida política que caracterizó el dominio español hasta sus últimos momentos.
A juicio de los Comisionados, la revisión de los códigos criminal, civil y de comercio y la de las leyes de enjuiciamiento, propósitos especificados en la Ley Foraker, resultaban aún más difíciles pues la misma conllevaba el examinar “instituciones íntimamente identificadas con las tradiciones, hábitos de vida del pueblo y en cierto modo nacidos de éstos”.[50]
Luego de hacer un breve historial de los códigos civil y de comercio y reconocer que “constituyen un sistema de derecho mucho más avanzado que los que existen en cualquier de los países de Sud América” advierte la Comisión que el problema principal que presenta la revisión de éstos es “la simplificación del sistema en ciertas partes, y la eliminación de instituciones que no han echado raíz en Puerto Rico.”[51]
En lo que respecta al Código Penal se señala que el mismo no ha sido objeto de la misma esmerada revisión que los anteriores. Su más primitivo carácter se demuestra por la poca protección que brinda a los derechos personales y “por la tendencia para castigar con excesivo rigor los delitos contra la propiedad.” En términos de las penas impuestas, el código se limita casi exclusivamente a aplicar la pena de prisión. En adición la graduación del castigo no está acorde con el concepto moderno del bien y el mal. Por todo lo anterior merece someterse a una revisión minuciosa.[52]
Las labores de la Comisión se han visto afectadas por la falta de precedentes “tanto en la jurisprudencia americana como en la de los países extranjeros. Aun cuando reconoce la Comisi6n que en los casos de Nuevo Méjico y California el sistema de derecho americano se puso en contacto con el español, las circunstancia., fueron diferentes y su historia “no arroja luz alguna sobre las que rigen en Puerto Rico.[53]
El informe, en esta parte, concluye afirmando que los asuntos confiados a la Comisión “son de la competencia de la asamblea legislativa local” y que la revisión del sistema legal “tendrá que ser llevada a cabo por la asamblea insular”.[54]
Quedaba, pues, planteado por la propia Comisión en su informe el camino que habría de seguir en adelante el proceso de revisión.
Si nos propusiéramos describir sucintamente la situación y las circunstancias que rodearon el trabajo de la Comisión concluiríamos como Rodríguez Ramos al describirlo con palabras “premura y confusión”.[55]
La Segunda Comisión Codificadora
La Legislatura de Puerto Rico mediante Ley aprobada el 31 de enero de 1901 crea una Comisión Codificadora y dispone que la misma rinda su informe dentro del término de un año. Esta Segunda Comisión fue creada por iniciativa del Dr. José Celso Barbosa, líder del Partido Republicano insular y miembro del Consejo Ejecutivo, que además, de ser parte del poder ejecutivo, fungía como la Cámara Alta o Senado de la Legislatura.[56]
La nueva Comisión, al igual que la anterior, quedó compuesta por dos norteamericanos y un puertorriqueño. Leo S. Rowe fue designado Presidente de la Comisión y John M. Keedy sustituyó a Daly como el otro miembro norteamericano mientras que el Lcdo. Hernández López fue designado como el miembro puertorriqueño. El nuevo miembro se había desempeñado, por designación del General Davis, el cargo de Fiscal en la Corte Provisional de los Estados Unidos en Puerto Rico desde 1899 hasta la inauguración del gobierno civil. Los nombramientos de los comisionados fueron hechos por el Gobernador Charles H. Allen, primer gobernador civil de Puerto Rico.[57]
Los trabajos de esta Comisión Codificadora ocuparon el resto del año. No es de dudar que el hecho de que dos de sus miembros habían pertenecido a la anterior Comisión fuera un factor importante en acelerar los trabajos. Al comenzar el año de 1902, después de nueve meses de labor, la Comisión remitió a la Asamblea Legislativa sus recomendaciones y los proyectos de nuevos Códigos. El Congreso de los Estados Unidos envió a comienzos de ese mismo año, el informe preparado por la Primera Comisión para la consideración de la Legislatura Insular. Con los informes de ambas comisiones ante sí y bajo la presión de tener unos códigos revisados para entrar en vigor el 1 de marzo de 1902 comenzó la Asamblea Legislativa su tarea.
Durante el período comprendido entre los meses de enero y marzo de 1902 y simultáneamente con la consideración por la Legislatura de los proyectos de nuevos códigos se desarrollará en la prensa del país un intenso debate particularmente en torno al proyecto de Código Penal. Es a ese proceso al que hemos de dirigir de inmediato nuestra atención.
El debate en torno al Código Penal
Uno de los problemas confrontados al tratar de reconstruir el debate público referente al propuesto Código Penal es el de la existencia de lagunas en las colecciones periódicas existentes. No obstante hemos podido revisar las de varios de los más importantes diarios publicados durante ese período como La Correspondencia, La Democracia, el Boletín Mercantil, el San Juan News, el Puerto Rico Herald y el Águila de Puerto Rico.
La polémica pública se ha de centrar en el propuesto Código Penal. J. Marbourg Keedy había recibido la encomienda de trabajar con el Código Penal y con la ley de derecho procesal penal, aunque el estatuto habilitador no proveía para esto último. La propuesta endosada por la mayoría de la comisión estaba basada en el Código Penal de Montana que a su vez se derivó del Código Penal de California, edición de 1878.[58] El voto disidente fue el del único puertorriqueño en la Comisión, don Juan Hernández López, quien fundamenta su posición en un voto explicativo.
Los argumentos de Hernández López pueden resumirse en los siguientes puntos.
Reconoce la necesidad de reformar el Código vigente en Puerto Rico y atemperarlo a las nuevas realidades políticas motivadas por el cambio de soberanía y las disposiciones del Tratado de París pero entiende que la necesidad de tales cambios “no justifica. . . una sustitución completa del sistema penal vigente o sea la derogación completa y absoluta del expresado Código Penal que hoy rige y la promulgación de uno totalmente nuevo, así en su sistema general de los delitos y faltas, de la responsabilidad criminal, de las penas y de su aplicación. . .”[59]
Critica el procedimiento de tomar leyes de Estados y Territorios de los Estados Unidos que responden a circunstancias políticas, históricas y culturales distintas y tratar de adaptarlas a la realidad de Puerto Rico. Dicho procedimiento traerá confusión y desconfianza en el sistema judicial. A la par que supone el abandono injustificado de muchas de las leyes vigentes desconociendo que éstas “contienen principios y doctrinas que a más de haber echado raíces en las prácticas jurídicas del pueblo de Puerto Rico, son buenas en sí y corresponden perfectamente a elevados conceptos de justicia y a indiscutibles principios de la ciencia del derecho.”[60]
Lo más propio hubiese sido conservar todo lo que hay de bueno en las leyes civiles, penales y de procedimiento vigente y mediante un cuidadoso proceso, que la legislatura cambiase aquello que era menester así hacerlo para atemperarlo a las nuevas condiciones imperantes en la Isla.
Luego de comparar en forma global las disposiciones del Código Penal vigente y las del propuesto por la mayoría de la Comisión, concluye señalando que “no encuentra ni necesario ni justificado el cambio radical o sustitución de sistema a que dicho proyecto entraña”.[61]
El Gobernador William H. Hunt, segundo gobernador civil de la Isla y anterior Secretario de Puerto Rico, elevó el proceso de aprobación de los códigos a un asunto de la más alta prioridad para el gobierno al incluir el tema como uno de los puntos de su mensaje a la Cámaras Insulares sobre el estado del país.
En su mensaje, el Gobernador, alude a la labor de la Comisión Codificadora señalando que ésta ha presentado “un código civil y un código penal y otro de enjuiciamiento criminal” y considera que ésta ha realizado su encomienda “primorosamente”. Más adelante indica que “las ventajas de los métodos americanos no pueden obtenerse en su plenitud sino por medio de una legislación que barra con los principios que no son americanos e implante los legítimos de América, en su lugar.”[62]
Por vía de ilustración, el Gobernador alude en su mensaje a un fallo reciente en que un grupo de obreros fue condenado por organizarse y demandar mejores salarios y condiciones de trabajo. La ambigüedad de las leyes vigentes permitió el que los jueces “en el cumplimiento concienzudo de su deber judicial” puedan pronunciar sentencias “que disuenan y son incompatibles con los estatutos americanos.”
Concluye el Gobernador afirmando que “la ambición por mejorar uno su suerte es inmensamente americana y a menudo se da el caso que sólo llega a ser satisfecha mediante el esfuerzo organizado…” si el objetivo se logra por vías pacíficas “una ley que resulte susceptible de ser interpretada en el sentido de prohibir la realización del expresado objeto, esa ley es indigna de un gobierno Americano y debe derogarse.”[63]
Aludíamos arriba al desarrollo simultáneo de dos procesos. Uno, que se desenvuelve en el plano periodístico, aspira a ilustrar al pueblo en cuanto al profundo significado que está implícito en el proceso de adopción de los nuevos códigos. El otro, cuyo escenario es la Legislatura, recoge el proceso de aprobación de los códigos propuestos. Hemos pues de considerar ambos por separado, para propósito de claridad, aun cuando en realidad son procesos simultáneos.
La Campaña Periodística
Las primeras notas periodísticas en torno a los códigos son de naturaleza contradictoria. El San Juan News asegura que un sondeo realizado entre los abogados que son miembros de la Cámara de Delegados revela que éstos aprueban las revisiones propuestas lo que sugiere su pronta aprobación.[64] La Correspondencia por su parte advierte, ya adelantado el mes de enero que “se asegura que las Cámaras actuales no tratarán sobre los códigos”.[65]
En su esfuerzo por orientar a sus lectores ambos periódicos han de incluir una serie de artículos relacionados con el informe de la Comisión Codificadora.
El San Juan News en sus ediciones de miércoles 15 y jueves 16 de enero presenta un resumen de los puntos sobresalientes del informe de la Comisión Codificadora. Al aludir al Código Penal, aunque señala que en general es adecuado, objeta alguna de sus provisiones las cuales cataloga de particularmente malas. Entre éstas, ciertas disposiciones que atentan contra la libertad de prensa, como la prohibición de publicar fotografías o caricaturas de personas residentes en la Isla excepto funcionarios públicos, sin su consentimiento escrito.[66]
El News favorece el que se mantenga la pena capital para ciertos crímenes según se expresa en el código propuesto y critica los esfuerzos de los miembros puertorriqueños en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea que desearían su abolición.
El razonamiento ensayado para sostener la necesidad de mantener la pena capital resulta curioso. No es que los criminales de Puerto Rico sean peores y más crueles o viciosos que los de otras latitudes sino porque resultaría oneroso el sostener en la cárcel y alimentar a todos los culpables de asesinato en primer grado.[67]
En la edición del domingo 19 el News editorializa sobre el proceso de aprobación de los códigos. Luego de señalar que nadie está en posición de afirmar si se van a aprobar o no, indicó que sus investigaciones revelan fuerte oposición a los códigos en la Cámara de Delegados. La posición de este cuerpo era determinante pues se daba por descontado el que serían aprobados por el Consejo Ejecutivo; cuerpo cuya mayoría, conforme a las disposiciones de la Ley Foraker, la integraban funcionarios de la rama ejecutiva, miembros del gabinete del gobernador.
Al resumir la opinión pública sobre el asunto, decía uno de los Delegados que la mayoría de los norteamericanos favorecían la aprobación del Código Penal mientras que los puertorriqueños estaban opuestos a ello. En cuanto al Código Civil, la situación era la contraria y con referencia al Código Penal, éste era favorecido por los norteamericanos y los españoles y objetado por los puertorriqueños.
El editorialista entendía que hubiese discrepancias en cuanto al Código Político pero no creía correcta la apreciación en cuanto a los Códigos Penal y Civil. Señala que el Código Penal está basado en los mejores códigos penales vigentes en los Estados Unidos y que se ajustaba muy bien a las necesidades de Puerto Rico.[68]
La gran mayoría de los artículos de fondo en torno al Código Penal verán la luz en las páginas del periódico La Correspondencia. Se trata de una serie de artículos escritos por los principales juristas de la época y en los cuales se señalan defectos del Código Penal. Las críticas en su mayoría son de carácter metodológico, como la “falta de plan científico y de organización, pobreza de las definiciones, ausencia casi total de circunstancias eximentes de responsabilidad, relación no criminológica entre la severidad del delito y la pena, carácter espiacionista de las penas y la inclusión de delitos que los puertorriqueños no consideraban como tales.”[69]
Texidor analiza el Código Penal
El Licenciado Jacinto Texidor, quien luego fuese Juez del Tribunal Supremo, publicó una serie de once artículos bajo el título de “El Nuevo Código Penal” en La Correspondencia en los cuales analizaba la propuesta de la Comisión. De entrada advierte que “la obra no es, en general, buena pero sí tiene cosas buenas. Pero ha podido ser peor de lo que es; y es un consuelo que no lo haya sido.”[70]
Se trata de una serie de artículos en los cuales Texidor hace múltiples señalamientos en torno al propuesto Código Penal. Los artículos están escritos en un lenguaje fácil de entender por los lectores no iniciados y sus puntos de vista son expresados muchas veces con fina ironía. El mayor reparo que hace el autor a la propuesta es su “falta de plan y método” cosa que considera “imperdonable en un Código, que debe ser metódica revisión y exposición de principios de una determinada rama de legislación”. Como consecuencia hay partes que están mal ubicadas como el incluir el robo en el título en que se consideran los delitos contra la persona.
Otra deficiencia de tipo general es la pobreza del lenguaje. La mezcla constante de términos en inglés en el texto en español y la falta de precisión en muchas de las definiciones puede ocasionar ambigüedades en la interpretación. La ley “debe ser siempre modelo de claridad. Y este Código está lejos de ser modelo”. El proyecto carece de disposiciones sobre su promulgación e incluso se contradice en cuanto a la vigencia dando términos diferentes al inicio y al final del mismo.
Al definir delito se prescinde del primero de sus elementos, la voluntad y se contenta con el acto aunque mucho más adelante en otro contexto afirma la necesidad de que concurran “acto e intención” para que el delito exista.
Las penalidades en muchos casos no guardan relación con la gravedad de la ofensa así como tampoco se trata el delito en sus diferentes grados. Nada se dice de las circunstancias atenuantes y se confunden en uno, y se castigan con la misma pena, el encubrimiento y la complicidad.
Texidor analiza en sus escritos todos y cada uno de los títulos del Código propuesto señalando someramente en cada uno de ellos lo que le parece más descabellado. Uno de los aspectos que critica es la inclusión de delitos que aquí no se “estilaban” no “eran de moda”, cosa que atribuye a que se copió literalmente el código que sirvió de modelo al formulado por la Comisión y en donde el incluir esos delitos sí tenía sentido.
Uno de los artículos que ha sido blanco de los mayores ataques, es el que trata del “libelo infamatorio”. Luego de dejar sentada su posición en favor de que la prensa cuente con la mayor libertad para cumplir con su encomienda, exhorta a los periodistas a ser fieles a su misión. Pide el autor que se castigue con el mayor rigor al “libelista que se vale de las columnas de un periódico para manchar vidas y reputaciones que no deben mancharse”.
Critica Texidor el que se incluyan en el Código asuntos que corresponden más propiamente a la jurisdicción administrativa o a la civil. Ejemplo de esto son las disposiciones en el código que tratan de las “casas de empeño”.
La falta de consistencia entre los códigos propuestos queda ilustrada con una disposición en el Capítulo 5 del Código Penal donde se exceptúa de la calificación de bígamo al que contrae segundo matrimonio estando su cónyuge primero vivo, pero ausente por cinco años consecutivos y sin que en ese tiempo se hayan tenido noticias de su existencia. El nuevo Código Civil especificaba un término de diez años de ausencia en estos casos. Y comenta Texidor “por donde se ve que el que redactó el Código Penal no leyó el Civil; o el que redactó el Código Civil no vio el Penal”.
Terminan el Título 12, los Capítulos 14 y 15 “en lo que realmente se ha vertido el cacharro de las penas y no queda sin calificar como delito menos grave ni el estornudar”[71]
El artículo final de la serie resume los aspectos más relevantes de las críticas hechas por Don Jacinto Texidor. En primer término señala la pobreza del idioma pues “el código tiene páginas y aún capítulos escritos en algo que no es castellano, ni inglés, ni nada”.
A su juicio el Código Penal es bastante malo pero “malo y todo con algunas enmiendas pasará y será ley…es una desgracia inevitable como lo son los huracanes que anuncia el Almanaque de Bristol”.[72]
Para Texidor la responsabilidad de Don Juan Hernández López no queda salvada con su “voto particular”, pues dados sus conocimientos ha podido presentar su propia versión que no duda sería más acertada y la Asamblea la hubiese elegido quedando en manos de la Legislatura toda la responsabilidad.[73]
Resultan interesantes y dignas de comentario tres cartas que a petición de los editores remiten tres de los Delegados, en torno a los Códigos bajo consideración de la Asamblea. El ilustre anciano Don Francisco Mariano Quiñones aún cuando confiesa que por motivo de su avanzada edad “no es fácil consagrarse con interés…al estudio minucioso de ciertos delicados asuntos” y que no ha podido formar opinión concreta sobre los códigos presentados señala que los mismos, le han informado, “nos retrotraen a épocas que a esta hora están remotamente de la civilización actual”. Los mismos no encajan en nuestro medio “por motivos de un orden superior a los propósitos de los señores que nos los trajeron”.
Tomás Carrión, quien representaba al distrito de Guayama, es más enfático al afirmar en su misiva “tales como están yo no apruebo esos Códigos porque en ellos se contienen pocas cosas buenas, unidas a muchas cosas malas, yo no he venido a esta Asamblea Legislativa a impartirle mi aprobación a ninguna cosa mala.” Considera que en lo que resta de la presente sesión no hay tiempo suficiente para modificar ni menos cambiar violenta y radicalmente un país, “cuyas condiciones generales, están cimentadas sobre la anciana base de hábitos permanentes de cuatrocientos ocho años.” La Legislatura, afirma, ha de tomarse el tiempo necesario para discutir a fondo dichos códigos. La realidad se encargaría de dar un rápido mentís a la afirmación del delegado.[74]
Días más tarde, en la edición correspondiente al 8 de febrero, se publica una extensa carta del Dr. Santiago Veve, representante por el Distrito de San Juan y uno de los principales líderes del Partido Republicano en la cual éste expresaba sus puntos de vista con referencia a los Códigos.
Señala el doctor Veve que las Cámaras no han de aceptar sin discusión los Códigos propuestos y que la Cámara de Delegados ha de hacerle enmiendas de importancia. Para él es necesario seguir adelante con el proceso de integración de Puerto Rico a su nueva metrópoli y la adopción de los Códigos es un paso esencial en el logro de ese objetivo. Específicamente hablando del Código Penal afirma que éste debe ser aprobado y que es importante que “el pueblo puertorriqueño se vaya acostumbrando a la práctica y procedimientos americanos, que son los que en definitiva, tienen que imponerse, ora por nuestra nueva educación política- social, ora por las exigencias de los tiempos”. A fin de cuentas la aprobación de los códigos es un compromiso programático del Partido Republicano Puertorriqueño.[75]
Independientemente de la posición sustentada por los tres delegados cuando los proyectos sean votados en la Cámara, éstos contarán con el voto afirmativo de todos.
La consideración por las Cámaras Insulares de los proyectos de nuevos códigos constituyó la culminación del proceso que se había iniciado desde el mismo momento del cambio de soberanía y que desembocó en los informes de las dos Comisiones Codificadoras.
La discusión pública del asunto continuó simultáneamente con la gestión legislativa. El matiz del discurso público sin embargo, se centró durante las últimas etapas del proceso en dos aspectos fundamentales. El primero de éstos, el más importante para el futuro, tenía que ver con la suplantación del sistema español por el sistema americano. Surgen en la prensa del país varios escritos que favorecen una y otra posición. En general la mayoría de los juristas puertorriqueños, a la vez que reconocen la necesidad de enmendar los códigos y procedimientos vigentes para ajustarlos a la nueva realidad política, abogan por la retención de éstos. Los abogados norteamericanos y un sector de la sociedad puertorriqueña favorecen un cambio radical y apoyan por ende las recomendaciones de la Comisión Codificadora. Los periódicos en los meses de enero y febrero recogen en sus páginas el debate público en cuanto al issue.[76]
La otra preocupación expresada por la prensa tiene que ver con la acción de la Cámaras Insulares. Aquí los artículos se centran en el aspecto de falta de tiempo para la consideración ponderada de tan importante asunto. El consenso general es que no hay tiempo suficiente para el análisis de unas medidas que, además de revestir por su naturaleza una gran complejidad, han de traer cambios radicales en la vida puertorriqueña. Es imposible el poder considerar con detenimiento todos los artículos publicados; cabe señalar el título de algunos para ilustrar la preocupación. La Correspondencia en su edición del 22 de enero de 1902 señala que “Para estudiar los Códigos no es bastante el tiempo.- Entre los puntos salientes del artículo se indicó que si “ha de presidir la festinación mejor que no rijan aun” y más adelante añaden “que su implementación tiene que ser fundada en el más minucioso y detenido examen”.[77] La Democracia en un artículo, “Los nuevos Códigos” aparecido en su edición del lunes 20 de enero de ese año, señala que “es materialmente imposible que en la presente legislatura se discutan y voten todas esas leyes de una manera formal, seria y ponderada” aun cuando la legislatura prescindiera de la consideración de todo otro asunto, lo que resultaba impráctico.[78] Sólo el San Juan News en un editorial publicado el 20 de febrero urgió de la legislatura la aprobación del Código Penal.
Las Cámaras estaban dominadas por el Partido Republicano ya que el Partido Federal había optado por el retraimiento y no había concurrido a las elecciones. Eso hace que el proceso de aprobación de los nuevos códigos esté matizado por el elemento político.[79]
Aun cuando se han perdido casi todos los libros de Actas de la Primera Legislatura bajo la Ley Foraker, la prensa de ese período incluye regularmente una sinopsis de las sesiones, lo que nos ha permitido seguirle la pista al proceso legislativo que culminó con la aprobación de los Códigos.
A la altura del 29 de enero el San Juan News informaba que la Comisión Conjunta de la Legislatura que estudiaba los nuevos Códigos presentaría su informe en breve. La mencionada Comisión estaba presidida por Manuel F. Rossy, Presidente de la Cámara de Delegados y la integraban los señores José Tous Soto y Frederick Cornwell en representación de la Cámara y José de Guzmán Benítez y James S. Harlan por el Consejo Ejecutivo. Se adelantaba que el informe recomendaría la aprobación de los Códigos con algunas enmiendas. Un informe parcial ya estaba en la imprenta.[80]
Días más tarde, el 3 de febrero, la Comisión Conjunta recomienda con pocas enmiendas el Nuevo Código Político.[81]
El informe de la Comisión Conjunta reconoce que el proyecto elaborado por la Segunda Comisión Codificadora es una compilación ordenada de las leyes vigentes desde el establecimiento del gobierno civil en mayo de 1901. No se proponen cambios fundamentales en las estructuras y funciones de los diversos departamentos y negociados del gobierno insular. Los deberes de algunos de los funcionarios, como en el caso del Director de Sanidad, han sido fijados con gran claridad y precisión.
El Comité señala en su informe que enmendó aquellas partes que era menester y corrigió la numeración de los artículos. Recomienda que aquellas secciones del Código propuesto, relativas a elecciones, gobierno local, carreteras y obras públicas, no sean consideradas toda vez dichos asuntos están siendo objeto de legislación especial.
El informe incluye las enmiendas por eliminación y adición que el Comité considera propio recomendar. El informe concluye solicitando a la legislatura la aprobación del Código Político.[82]
Para adelantar el proceso de aprobación la Cámara de Delegados acordó constituirse en Comité del pleno en la sesión del 4 de febrero. De inmediato se pasó a la lectura del informe con las enmiendas por artículos en especial aquellos relacionados con la división de la Isla en distritos electorales.[83]
El Código Político fue discutido en las sesiones de los seis días siguientes. A la altura del 15 de febrero, cuando sólo restaban trece días de sesión, el News en un editorial señala la preocupación de que estando próximo el final de los trabajos legislativos aún no se había aprobado ninguno de los códigos. El Código bajo discusión ha sufrido tantas enmiendas que, a juicio del editorialista, “cambian totalmente la intención y propósitos del Código”.[84]
Con referencia al Código Penal, pronostica que no será discutido “lo que permitirá la continuación de una serie de abusos que se cometen al amparo de las presentes leyes, por lo menos un año adicional.” Como la Legislatura está en manos de los republicanos, la falta de acción perjudicará los intereses del Partido Republicano.
El editorialista enfatizó la necesidad de aprobar el nuevo Código Penal no porque el que rige sea malo, sino porque los cambios promovidos por la serie de órdenes militares han propiciado tal confusión que resulta difícil precisar cuáles leyes quedan vigentes. En ese estado de cosas los perjudicados, añade, son los ciudadanos honestos.[85]
En la edición siguiente, que circuló el 20 de febrero vuelve el News a editorializar con relación al proceso de aprobación del Código Penal e insiste es de suma importancia que en la presente sesión se apruebe el nuevo código. Señala que con dicho código se corregirían una serie de injusticias propiciadas por las leyes actuales “que ni es español ni americano”. Y, fundándose en la opinión de “muchas de nuestras mejores mentes legales”, de dudosa constitucionalidad. El Código propuesto, basado en el sistema americano, está acorde con el derecho americano y sus normas han pasado la prueba de su constitucionalidad.
Como se acercaba el final de la sesión y la Comisión de Conferencia de los dos Cuerpos no había logrado acuerdo en cuanto a las enmiendas aprobadas por la Cámara al Código Político, fue necesario proponer un mecanismo que rompiese el tranque legislativo y permitiera aprobar la legislación codificadora.
El Procurador General y miembro del Consejo Ejecutivo, James Harlan presentó una Resolución Conjunta que proveía:
“Que los Códigos político, civil y penal según están impresos incluyendo las enmiendas firmadas por los presidentes de ambas Cámaras fueran equivalentes a una sola copia firmada y registrada y que así se envíen al Gobernador para ser firmados.”[86]
La Cámara de Delegados, que en aquellos momentos iniciaba la discusión del proyecto de Código Civil, recibió en su sesión del 25 la resolución conjunta propuesta por el Consejo Ejecutivo. La Resolución remitida a la consideración de la Comisión de Reglamento del Cuerpo, fue considerado por la Cámara al día siguiente y aprobada “con suspensión del Reglamento” en tercera lectura por 21 votos afirmativos y 2 en contra.[87]
En la sesión del Consejo Ejecutivo del 28 de febrero y con motivo de la discusión sobre modificaciones al Código Penal se suscitó una confrontación entre Rosendo Matienzo Cintrón y el Dr. José Celso Barbosa. Matienzo se opuso a la aprobación de los códigos y señaló “que las modificaciones propuestas eran perjudiciales al país por no estar en armonía con la opinión pública ni favorecida por ésta”. A juicio de Matienzo Cintrón había imperado en el proceso la prisa. Fue más lejos cuando señaló que el pueblo no estaba representado en la Cámara de Delegados, de donde estaba ausente el elemento Federal.
Al ripostar, el doctor Barbosa, señaló que el pueblo había reconocido la necesidad de la revisión de los códigos para ponerlos a tono con los principios jurídicos norteamericanos. En cuanto a la ausencia de los Federales de la Legislatura, se debió a su alejamiento del proceso eleccionario por lo que no les asistía el derecho a elevar esa queja. El Consejo aprobó los Códigos, consignándose el voto en contra de Matienzo.[88]
La acción final de las Cámaras se produjo el último día de la sesión con lo cual los nuevos códigos pasaron a la firma del Gobernador quien les impartió su aprobación el 1 de marzo. Los nuevos Códigos, incluyendo el Código Penal entrarían en vigencia el 1 de julio de 1902.[89]
El Código Penal aprobado quedó organizado en veinte títulos y 540 artículos.[90] La versión final retuvo la disposición criticada por el Lcdo. Jacinto Texidor estableciendo las doce del día 1 de julio como la fecha de su vigencia, lo que implicaba que cualquier delito cometido antes de dicha hora tendría que ser juzgado conforme a las disposiciones del anterior Código.[91]
El Procurador General en su informe anual fechado en agosto advierte que aún cuando sólo ha estado vigente un mes, no han surgido errores o dificultades mayores gracias al celo y la prontitud con que los jueces, fiscales y abogados de la Isla se han dedicado al estudio del nuevo código.[92]
El Gobernador Hunt elogió la aprobación del Código Penal calificándola de un paso de avance y considera que el Código “ha sido bien recibido”.[93]
En adelante gran parte de la responsabilidad de interpretar las disposiciones y conciliar las inconsistencias recaerá sobre el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El proceso de la elaboración y aprobación del Código Penal luego del cambio de soberanía revistió una gran significación. La aprobación del Código Penal de 1902 formó parte de un proceso encaminado a cambiar radicalmente el sistema jurídico imperante en Puerto Rico a fin de adaptarlo a la nueva situación política de la Isla. Han de coexistir en nuestro sistema judicial, a partir de ese momento la tradición que emana del derecho común anglosajón y la tradición civilista que había caracterizado el sistema judicial bajo el régimen español. El resultado ha de ser un sistema que combina elementos de ambos.
La elaboración y consideración de los Códigos se convirtió en asunto de la más alta prioridad. La prensa periódica de Puerto Rico recogió en sus páginas el amplio debate que suscitó la cuestión. En pocas ocasiones la discusión de una medida como esta alcanzó tanta prominencia en la opinión pública.
Las dos comisiones codificadoras tuvieron que realizar su tarea con unas serias limitaciones de tiempo cosa que fue objeto de críticas dada la importancia de la obra a realizarse. El resultado de la premura con que tuvieron que trabajar fue unos proyectos con múltiples deficiencias metodológicas y organizativas y de expresión.
De igual manera la Legislatura Insular recibió fuertes críticas por la forma apresurada en que consideró y aprobó una reforma tan radical del ordenamiento jurídico de la isla.
Sólo el dominio absoluto que tenía el Partido Republicano en la Legislatura permitió la aprobación de las medidas con poca o ninguna discusión y con enmiendas muy limitadas.
La aprobación de los Códigos fue un elemento importante en el proceso de americanización. La intención era la de integrar lo más rápidamente posible a Puerto Rico en el sistema judicial americano. Para lograr este objetivo se introdujeron en masa códigos y leyes norteamericanas cuya relación con el medio local era altamente cuestionable.
Después de 1902 serán múltiples los esfuerzos que se han de realizar para enmendar el Código Penal. Esos intentos quedan desde luego fuera de nuestra presente consideración.
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISAR Y COMPILAR LAS LEYES DE PUERTO RICO
I. Fechas Básicas
1. Aprobación de la Ley Orgánica (Foraker) 12 de abril de 1900
2. Vigencia de la Misma Disposición 1 de mayo de 1900
3. Tiempo disponible para Reunirse 11 meses, 18 días
II. Nombramiento (Juramento)
Nombre Fecha Tiempo transcurrido
1. Mr. Leo S. Rowe 25 junio 1900 1 mes, 25 días
2. D. Juan Hernández López 30 junio 1900 2 meses
3. Mr. Joseph M. Daly (Presidente) 3 julio 2 meses, 3 días
III. Reuniones de los Comisionados (Rowe y Daly)
26 de junio de 1900 (Daly no ha jurado)
27 de junio de 1900
10 del mismo mes
19 del mismo mes
26 del mismo mes
17 de agosto de 1900
24 del mismo mes
Total de reuniones: 8
IV. Traslado de los Comisionados Norteamericanos a Puerto Rico
Nombre Llegada a PR Regreso a EEUU Tiempo de Estancia
1. Mr.Rowe* 30 de agosto 1900 abril 1901 7 meses y 7 días
2. Mr. Daly 8 septiembre 1900 16 septiembre 1900 7 días
*Advertencia: La fecha de regreso de Mr. Rowe no ha podido ser exactamente conocida, aparentemente fue a finales de abril. El mes de octubre y parte de noviembre viajó por pueblos.
Tiempo transcurrido desde 1 de mayo de 1900 (vigencia Ley)
1. Mr. Rowe 4 meses
2. Mr. Daly 4 meses, 8 días
V. Audiencias Públicas de la Comisión en Puerto Rico
Participantes Fecha Días laborables disponibles
1. Mr. Rowe 6 al 20 septiembre 1900 13 días excluyendo domingos e incluyendo sábados.
2. Sr. Hernández López
VI. Fechas límites impuestas por la Comisión
1. 30 de noviembre de 1900 Hasta cuando se consideraron los informes y escritos enviados por personas escogidas invitadas por la Comisión.
2. 12 de abril de 1901 Entrega oficial del Informe al Congreso de Estados Unidos.
Dicha Comisión no realiza el trabajo y hace una serie de recomendaciones. Se establece por la legislación de Puerto Rico una Comisión Codificadora en 1901.
La Segunda Comisión Codificadora, creada por iniciativa del Dr. José C. Barbosa, compuesta también de dos norteamericanos y un puertorriqueño. Luego de un festinado estudio de nuestros Códigos recomienda entre otros, la sustitución del Código Penal de Puerto Rico de 1879, por el Código de California. Mr. John M. Keedy propulsa está solución con la oposición del Lcdo. Hernández López. En el Consejo Ejecutivo el único voto en contra de que se sustituya el Código Penal por el de California será el Lcdo. Rosendo Partido Republicano pues el Federal de Don Luis Muñoz Rivera se ha ido al retraimiento electoral. La Cámara de Delegados votó afirmativamente que se adopte el Código Penal de California como el de Puerto Rico. El espíritu de Mr. Field preside.
RESUMEN ESTADÍSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE PUERTO RICO
1. Creación de la Comisión Codificadora de Puerto Rico: 31 de enero de 1901
2. Comienzo de los Trabajos: 2 de abril de 1901.
3. Entrega del Informe al Gobernador: 31 de diciembre de 1901
4. Tiempo Disponible para Trabajar: 8 meses, 18 días.
II. Nombramientos
1. Mr. Leo S. Rowe, Presidente: 28 de marzo de 1901
2. D. Juan Hernández López: ID
3. Mr. John M. Keedy: ID
III. Fecha de Vigencia de los Nuevos Códigos
1. Código Civil : 1 de marzo de 1902
2. Código Penal: ID
3. Código de Enjuiciamiento Criminal: ID
4. Código Político: ID
5. Código de Procedimiento Civil: 10 de marzo de 1904
IV.Nueva Reunión de la Comisión de Códigos de Puerto Rico
1. Reunión de 10 de marzo de 1904 Ley de Enjuiciamiento Civil
Fuente: Carmelo Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo, Editorial Edil, Río Piedras, 1988. (Reproducido con permiso del autor).
* Catedrático de Historia en la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la U.P.R.; Rector que fue del Puerto Rico Junior College; Ex-Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación Superior.
[1] La biografía moderna más completa sobre el General Miles es la de Virginia Weisel Johnson. The Unregimented General, Houghton Mufflin Co., Boston, 1962.
[2] La literatura sobre la Guerra Hispanoamericana se ha visto enriquecida en las últimas décadas con una serie de importante estudios entre los cuales cabe citar los de Graham A. Comas An Army for Empire: The United States Army in the Spanish-American War. University of Missouri Press, 1971; David F. Trask, The War with Spain in 1898. Mc Millar Publishing Co. New York, 1981, el capítulo 15 discute la campaña militar en Puerto Rico; Philips S. Foner La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano 1895-1902, Akal Editor, Madrid, 1975; Carlos Serrano Final del Imperio: España 1895-1898, Siglo XXI, Madrid 1984. En cuanto a la guerra en Puerto Rico la obra clásica es la del Capitán Don Ángel Rivero, Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico. La primera edición es de 1922 más existe una edición moderna publicada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1972. El estudio más completo es el del Dr. Carmelo Rosario Natal, Puerto Rico y la crisis de la Guerra Hispanoamericana (1895-1898), San Juan, 1975.
[3] Libro Rojo Tratado de Paris: Documentos Presentados a las Cortes en la Legislatura de 1898 por el Ministro de Estado. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1988. Edición facsímil Negociaciones Diplomáticas, pág. 142.
[4] Sobre el régimen autonómico véase Pilar Barbosa de Rosario El Ensayo de la Autonomía, Vol. VII de la Obra de José Celso Barbosa, San Juan, 1975. José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. I, San Juan, 1980, págs. 107-134.
[5] Manuel Rodríguez Ramos, “Breve Historia de los Códigos Puertorriqueños” 19, Revista Jurídica UPR, pág. 254 (1949). Carmelo Delgado Cintrón Derecho y Colonialismo. Editorial Edil Inc., Río Piedras, 1988. Véase en particular las partes II y TU; del mismo autor Historia del Derecho Puertorriqueño (Las instituciones judiciales de Puerto Rico 1797-1932), Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, 1971; José Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1978.
[6] Libro Rojo, Sexta parte Documento Núm. 122, pág. 158.
[7] Alfonso L. Garcia Martinez, “Libro Rojo-Tratado de Paris 1898”, pág. 12; introducción al Libro Rojo.
[8] “Military Orders Having the Force of Law –Promulgated by the Commanding General –Department of Puerto Rico” (Compilación oficial en español y en inglés sin fecha ni pie de imprenta), US Congress Laws, Ordinances, Decrees and Military Having the Force of Law in Puerto Rico, May 1, 1900; House of Representatives Document No. 1484, 60th Congress, 2nd Session, 1909. Citado en Rodríguez Ramos, Op. Cit., págs. 2-3; Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo, pág. 113.
[9] Edward J. Barbusse, The United States in Puerto Rico 1898-1900. The University of North Carolina Press, 1966, pág. 78. Al general Brooke le sustituyó el General de Brigada Guy V. Henry el 9 de diciembre de 1898 y éste a su vez fue seguido por el Brigadier General George W. Davis el 9 de mayo de 1899. El mandato de Davis concluyó al instalarse el primer gobernador civil, Charles H. Allen el 1 de mayo de 1900. Fernando Picó S.J. 1898: La guerra después de la guerra, Editorial Huracán, Río Piedras, 1987. Estudio de la situación en Puerto Rico durante el período entre octubre de 1898 y febrero de 1899 en que operaron en la isla las “partidas sediciosas”.
[10] Orden General 84, 18 de abril de 1900, en Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico de Puerto Rico 1914-1927, 14 vols. Cantero Fernández y Co. Vol. VI, pág. 149. En adelante se citará BHPR, vol. y pág.
[11] Orden General, 17 de 29 de noviembre de 1898 en Military Order……
[12] Orden General 114 de 9 de agosto de 1899 y 118 de 16 de agosto de 1899. BHPR, VI, pág. 137; García Martinez Op. Cit., pág. 12.
[13] Henry K. Carroll, Report on the Island of Puerto Rico its Population, Civil Government, Commerce, Industries, Production, Roads, Tariff and Currency, with Recommendations. Washington: Government Printing Office, 1899. Pág. 53; Orden General 19 de 2 de diciembre de 1898 citada en Delgado Cintrón, Historia del Derecho, pág. 21.
[14] Carroll, Op. Cit., pág. 54. Delgado Cintrón, Historia del Derecho, pág. 34; Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo, pág. 113. Considera las comisiones militares como antecesores Tribunal Federal en Puerto Rico.
[15] Carroll, Op. Cit., págs. 54-55
[16] US Congress, “Report of the Military Governor of Puerto Rico” en Annual Reports of the War Department for the year ending June 30, 1900. House of Representatives, Document No. 2 Part 13, 56th Congress 2nd Session (1902), pág. 45.
[17] Ibíd. Citado en Rodríguez Ramos, Op. Cit. pág. 258.
[18] US Congress, “Report…”, pág. 58.
[19] Libro Rojo, Documento 134, Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos de América, firmado en París el 10 de diciembre de 1898, pág. 305 y 312..
[20] Libro Rojo, Documento 133 Anejo E. “Memorándum de los Comisarios americanos contestando al de los comisarios españoles presentado en la sesión del 9 de diciembre de 1898. (Traducción). Pág. 301.
[21] H. Wayne Morgan. Arnerica’s Road to Ernpire: The War with Spain and Overseas Expansion. Alfred A. Knopf, New York, 1965. Pág. X.
[22] Leo S. Rowe, The United States and Porto Rico, Arno Press, New York, 1975, pág. 127. Es una reimpresión de la edición original de 1904.
[23] Rodríguez Ramos, Op. Cit., pág. 262. para un excelente análisis de la evolución de la política de la administración McKinley con referencia a Puerto Rico véase Arturo Morales Carrión, et. al. Puerto Rico: A Political and Cultural History, WW Norton and Co. New York, 1983, pág. 147-151.
[24] Henry K. Carroll, Report on the ‘stand of Porto Rico, Its Population, Civil Government, Commerce, Industries, Production, Roads, Tariff, and Currency with Recommendations. Washington: Government Printing Office, 1899. 813 pages. Complemento de este informe lo es Reseña del Estado Social, Económico e Industrial de la Isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos por Cayetano Col] y Toste, Secretario Civil. Imprenta de “La Correspondencia” Calle San Francisco 59, 1899.
[25] Carroll, “Report…” pág. 24.
[26] Ibíd. pág, 55-56.
[27] Ibíd. pág. 56.
[28] Ibíd. pág. 56.
[29] Carroll, “Report…” Appendix Codes and Courts, págs. 264-284.
[30] Ibíd. págs. 284-285.
[31] Ibíd. , pág. 288.
[32] Ibíd. pág. 292
[33] Carroll, “Report…” Recommendations 6 and 7. Pág. 64.
[34] Documents on the Constitutional History of Puerto Rico, Office of Puerto Rico, Washington, págs. 64 y ss.; Manuel Fraga hiberne, Las Constituciones de Puerto Rico, Editorial Cultural Hispánica, Madrid, 1953, paga 286 y ss.; Documents on the Constitutional Relationship of Puerto Rico and the United States. Edited by Marcos Ramírez Lavandero. Puerto Rico Federal Affairs Administration, Washington, 1988.
[35] Sobre el proceso de aprobación e implantación de la Ley Foraker véase: Lyman J. Gould, La Ley Foraker: Raíces de la política colonial de los Estados Unidos. Editorial Universitaria, 1969; María Dolores Luque de Sánchez, La Ocupación Norteamericana y la Ley Foraker (La Opinión Pública Puertorriqueña 1898-1904). Editorial Universitaria, 1980; Carmen I. Raffucci de García, El Gobierno Civil y la Ley Foraker. Editorial Universitaria, 1980.
[36] Ley Foraker o Primera Ley Orgánica de Puerto Rico, aprobada el 12 de abril de 1900 en Fraga Iribarne, Op. Cit., págs. 330-331.
[37] Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo, pág. 95.
[38] Reports of the Commission to Revise and Compile the Laws of Puerto Rico, Washington: Government Printing Office, 1901, 2 vols. Vol. I, pág. 11.
[40] Report of the Commission, Vol. I, pág. 13.
[41] Report of the Commission, Vol. I, págs. 13 y 15.
[42] Report of the Commission, Vol. I, pág. 17.
[43] Report of the Commission, Vol. I, pág 17; Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo, pág. 95.
[44] Carta de Manuel F. Rossy de 17 de diciembre de 1900 en Report of the Commission, Vol. I, pág. 19.
[46] Report of the Commission, Vol. I, pág. 21.
[47] Ibíd. Rodríguez Ramos, Op. Cit., pág. 264.
[48] Report of the Commission, Vol. I, pág. 21.
[49] Report of the Commission, Vol. I, pág. 23.
[51] Report of the Commission, Vol. I, pág. 25.
[53] Report of the Commission, Vol. I, pág. 27.
[54] Report of the Commission, Vol. I, pág 29.
[55] Rodríguez Ramos, Op. Cit., pág. 266.
[56] Sección 27 Ley Foraker en Fraga Iribarne, Op. Cit., pág. 309.
[57] First Animal Register of Puerto Rico, July 1901. San Juan, págs. 64-66. Se incluye un boceto biográfico de cada uno de los designados. La fecha de nombramiento que se registra en abril, 1901. Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo fija la fecha de los nombramientos el 28 de marzo de 1901.
[58] Trías Monge, El sistema judicial, pág. 67 y nota 1. Según Nevárez-Muñiz, el Código de California incluía el texto tanto en inglés como en español “ello debe haber simplificado el trabajo del señor Keedy, ya que le ahorró la dificultad de procurar la traducción del Código propuesto”
[59] “Voto Particular del Comisionado Juan Hernández López” en Nevárez-Muñiz, Op. Cit., págs. 28-29.
[60] Ibíd. pág. 29.
[61] Ibíd. pág. 29-30
[62] “Mensaje del Gobernador William H. Hunt a la Asamblea Legislativa”, La Correspondencia, Año XII Núm. 4020, sábado 4 de enero de 1902.; San Juan News, Vol. VII, Núm. 2, Friday, January 3, 1902, pág. 5.
[64] San Juan News, Vol. VII, No, 1, January 1, 1902, pág. 2.
[65] La Correspondencia, Año XII, Núm. 4037, miércoles 22 de enero de 1902.
[66] 6San Juan News, Vol. VII Núm., 12, Wednesday, January 15, 1902; No. 13 Thursday, January 16, 1902.
[67] San Juan News, Vol. VII, No. 13, Thursday, January 16, 1902
[68] San Juan News, Vol. VII, No. 16, Sunday, January 19, 1902
[69] Nevárez Muñiz, Op. Cit., pág. 53.
[70] “El Nuevo Código Penal”, La Correspondencia, Año XII, Núms. 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053; enero 27, 28, 29, 30, 31, febrero 1, 3, 4, 5, 6 y 7.
[72] “El Nuevo Código Penal XI”, La Correspondencia, Año XII Núm. 4053, viernes 7 de febrero de 1902.
[74] La Correspondencia, Año XII, Núm. 4052, jueves, 6 de febrero de 1902.
[75] La Correspondencia, Año XII, Núm. 4055, domingo, 9 de febrero de 1902
[76] La Correspondencia, Año XII Núm. 4056, lunes, 10 de febrero de 1902; La Democracia, Año XII Núm. 3094, 16 de enero de 1902; Núm. 3097, lunes, 20 de enero de 1902.
[77] La Correspondencia, Año XII, Núm. 4037, miércoles, 22 de enero de 1902.
[78] La Democracia, Año XII Núm. 3097, miércoles 22 de enero de 1902.
[79] Véase los artículos en La Correspondencia, Año XII Núm. 4056, lunes, 10 de febrero de 1902; Núm. 4057, martes, 11 de febrero de 1902; Núm. 4059, jueves, 13 de febrero 1902; Núm. 4060, viernes, 14 de febrero de 1902; Núm. 4064, 18 de febrero de 1902 y Núm. 4065, 19 de febrero de 1902.
[80] San Juan News, No. 29, 4 de febrero de 1902.
[81] San Juan News, No. 29, 4 de febrero de 1902.
[82] San Juan News, Vol. VII Núm. 31, 6 de febrero de 1902.
[83] San Juan News, Vol. VII Núm. 30, 5 de febrero de 1902.
[84] San Juan News, Vol. VII Núm. 43, 15 de febrero de 1902.
[86]San Juan News, Vol. VII, Núm. 48, 25 de febrero de 1902.
[87] La Correspondencia, Año XII Núm. 4072, 26 de febrero de 1902; 4073, 27 de febrero de 1902.
[88] Díaz Soler, Luis Manuel, Rosendo Matienzo Cintrón: Orientador Guardián de una cultura, Ediciones del Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1960, 2 vols., Vol. I, págs. 229-230; El Águila de Puerto Rico, Vol. I Núm. 47, 4 de marzo de 1902; La Democracia, Año XII Núm. 3132, 1 de marzo de 1902.
[89] AGPR, Libro 3ro., Actas de la Segunda Sesión de la Primera Asamblea Legislativa, págs. 58, 62, 66, 69, 93 y 103.
[90] “Coding Penal” en Códigos de Puerto Rico.
[91]Second Annual Report of the Governor of Puerto Rico covering the period from May 1, 1990 to July 1, 1902, Washington Government Printing Office, 1902. “Report of the Attorney General”, pág. 95..
[92] Ibíd, págs 97-98
[93] Second Annual Report, pág. 56
La tutela del domicilio como derecho de intimidad en la Constitución...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Artículo 2
 Artículo 9
 Resolución 
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