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Timestamp: 2020-06-06 19:22:24+00:00

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Publicado el 29/01/2020 29/01/2020
Publicada por: NOTICIAS JURÍDICA 28/01/2020 15:14:22 | JUSTICIA | NUEVOS CARGOS
Ministerio de Justicia. – El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización del Ministerio de Justicia. Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros, que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia – antes dependía de la Subsecretaría , bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.
De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Pues bien, quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
Se publica en el BOE el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo
Publicado el 13/03/2019 14/03/2019
Marginal: BOE-A-2019-3481
Sección: I – Disposiciones Generales
Rango de Ley: Real Decreto Ley
Se publica en el BOE el RDL 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
El principal objetivo de este Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo es potenciar las políticas sociales a través de unas cuentas públicas más justas e igualitarias para llevar la recuperación económica a toda la sociedad.
El pasado 13 de febrero, El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas a la totalidad presentadas sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019.
En dicho proyecto de Ley disponía como uno de sus principales objetivos asegurar más políticas sociales a través de las cuentas públicas, más igualitarias, para llevar a cabo la recuperación económica a todo el Estado, especialmente a los sectores más vulnerables. Para ello, incorporaba, entre otras medidas, las dirigidas a restableces algunos derechos sociales que fueron suprimidos en 2012 con las medidas de reducción del gasto público.
El Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, tiene por objeto, la aprobación de las medidas anteriormente descritas de protección social. Además introduce disposiciones de fomento de empleo que deben implantarse de forma urgente para asegurar y garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo:
Trabajadores del sector del campo
Trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas
Se incluyen también determinadas medidas dirigidas a establecer el registro de la jornada laboral, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, creando un marco de seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas, y dar posibilidad al control por parte de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.
Mediante el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competividad, se modificó la regulación del subsidio para mayores de 52 años contenida en el entonces vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio[1].
[1] Norma derogada por Pleno. Sentencia 123/2016, de 23 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 703-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el apartado primero de la disposición adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014. Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece el régimen de protección por desempleo de los liberados de prisión. Versión vigente hasta 29 Julio 2016
El Real Decreto Ley 8/2019, contempla la modificación de la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años en seis aspectos:
Reducción de la edad de acceso de 55 años a 52 años en el momento del subsidio, permitiendo el acceso llegados a esa edad, y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.
Eliminación del requisito de tener que tener cumplida la edad de 52 años en el momento de solicitar el subsidio.
Incremento de su duración máxima: Antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, ahora se percibirá hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso subsidiario.
Incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del 100 al 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
La eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.
Como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general”.
Para apuntar a todo lo referenciado en este Decreto-Ley, sobre todo en lo que se dispone de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, se debe de tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 junio de 2018. En acuerdo con ella, se requieren:
“la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación”
“la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella”
Como bien señala el Tribunal Constitucional, generalmente “se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como coyunturas económicas problemáticas”, lo que representa una herramienta constitucional completamente lícita y adecuada para justificar la legislación de urgencia, “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes”[2]
[2] SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8
BOE-A-2019-3481Descarga
EL GOBIERNO APRUEBA OTRO REAL DECRETO
Publicado el 11/03/2019 12/03/2019
El Gobierno aprueba un Real Decreto Ley en materia de protección social e incentivos al empleo
NOTICIAS JURÍCIAS | 09/03/2019 11:47:08 | Consejo de Ministros | EMPLEO
El objetivo del Real Decreto-ley es dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.
Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años.
En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.
NOTICIAS JURÍDICAS 09/03/2019 11:47:08 | Consejo de Ministros | EMPLEO

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 artículo 86
 REAL DECRETO

 Real Decreto