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Timestamp: 2019-10-24 04:50:02+00:00

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STC 40/1996, 12 de Marzo de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355384
STC 40/1996, 12 de Marzo de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.853/1994
1. La tarea de precisar el alcance de las normas procesales y, más en concreto, la concurrencia de los presupuestos que condicionan la válida constitución del proceso, pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria, pero esta «doctrina cede cuando la inadmisión se basa en una causa inexistente, puesto que entonces la cuestión trasciende al ámbito de la constitucionalidad, imponiendo a esta jurisdicción, cuando así se demanda en amparo, el deber de analizar si la resolución de inadmisión aplica la causa legal de manera arbitraria o irrazonada o incurre en error notorio y patente y, en su consecuencia, lesiona el derecho a la tutela judicial que garantiza el art. 24.1 de la Constitución» (SSTC 37/1982 y 159/1994, entre otras muchas). La apreciación en este caso de la existencia de cosa juzgada que dio lugar a la inadmisión del recurso contencioso-administrativo correspondiente, habiendo sido fruto de un error notorio y patente, tiene una evidente transcendencia constitucional dado que ha impedido un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo del asunto con vulneración de las exigencias del contenido propio y normal del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el art. 24.1 C.E. [FF.JJ. 2 y 4].
Sentencia citada en: 174 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1.853/94 interpuesto por «Procono, S. L.», bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal y asistida por el Letrado don Manuel Francisco Clavero Arévalo, contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 1994, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 26 de mayo de 1994 y registrado en este Tribunal el siguiente día 30, el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de «Procono, S. L.», interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de marzo de 1994, que pronunciaba la inadmisión por cosa juzgada del recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91 interpuesto por la recurrente en amparo contra una sanción administrativa por el ejercicio de la actividad de televisión local por cable sin disponer de concesión administrativa.
a) La recurrente se venía dedicando a la actividad denominada «vídeo comunitario». Tras serle reconocido el derecho a desarrollarla por una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Sevilla, de 15 de junio de 1986, confirmada íntegramente por Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1987, continuó en su ejercicio, ampliando sus instalaciones a varias ciudades españolas.
Cuatro de estos expedientes fueron decididos mediante otras tantas Resoluciones de la Secretaría General de Comunicaciones (por delegación del Ministro) todas ellas de la misma fecha, 7 de diciembre de 1990. Concretamente se resolvieron los expedientes sancionadores relativos a las instalaciones de Fuenlabrada (expediente CI/c) Tras la desestimación presunta por silencio administrativo de los recursos de reposición presentados contra las mismas, la demandante de amparo interpuso cuatro recursos contencioso-administrativos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en un solo escrito, de 27 de febrero de 1991, al que se asignó el número de registro 4/101/91, y en el que solicitaba la acumulación de los mismos.
Por providencia de 9 de mayo de 1991, la Sección Cuarta de la Sala acordó tener por interpuesto el recurso contra la Resolución relativa al expediente sancionador CI/En los respectivos escritos de interposición se solicitó su acumulación al recurso núm. 4/101/91, pero la Sala nunca resolvió al respecto, y los recursos se tramitaron de forma independiente.
d) Mediante Sentencia de 20 de julio de 1993 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso núm. 4/101/91, relativo al expediente CI/Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tramitado con el núm. 3.153/93.
e) Finalmente, por Sentencia de 22 de marzo de 1994 la Sección Cuarta de la Sala declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91, del que trae causa el presente recurso de amparo, relativo al expediente CI/3. En la demanda se denuncian dos tipos de vulneraciones de derechos fundamentales por la Sentencia recurrida:
La Sentencia impugnada aprecia la concurrencia de cosa juzgada por entender que la Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 7 de diciembre de 1990 era una única Resolución a través de la que se resolvían de manera acumulada los cuatro expedientes sancionadores, y que, por tanto, el acto administrativo objeto de este recurso era el mismo que el enjuiciado por la Sentencia de 20 de julio de 1993, cuando lo cierto es que se trataba de cuatro Resoluciones distintas aunque de la misma fecha, frente a las que, por lo ordenado en la providencia de 9 de mayo de 1991, hubo que interponer por separado los correspondientes recursos contencioso-administrativos, que se continuaron tramitando también separadamente, pues, a pesar de haberse solicitado su acumulación, jamás se acordó nada al respecto, y, en definitiva, mientras que la Sentencia de 20 de julio de 1993 se refería única y exclusivamente a la Resolución recaída en el expediente CI/b) En segundo lugar, la recurrente entiende que la Sentencia impugnada ha vulnerado asimismo sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la presunción de inocencia y a no ser sancionada por actuaciones que en el momento de producirse no fueran constitutivas de infracción administrativa, reconocidos en los arts. 20, 24.2 y 25.1 C.E., respectivamente.
Alega, en este sentido, que la Sentencia impugnada, al declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo y no entrar en el fondo del asunto, está ratificando la sanción impuesta, e invoca la doctrina expresada por este Tribunal en las SSTC 31/1994 y 47/1994, en virtud de la cual resulta contrario al art. 20 C.E. que la Administración ordene el cierre de televisiones por cable por carecer de concesión administrativa, por ser esta concesión de imposible otorgamiento, lo que «a fortiori» resultaría aplicable a la imposición de sanciones administrativas por dicha causa.
En segundo lugar, para el Abogado del Estado la Sentencia impugnada tampoco ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 C.E.), porque su apreciación de la existencia de cosa juzgada como causa de inadmisión del recurso ha sido correcta. La recurrente imputa a la Sentencia un error notorio, pero, alega el Abogado del Estado, es más bien la recurrente la que parece que ha incurrido en un error. Por un lado, como resulta con claridad del examen de las actuaciones, la Sentencia objeto de impugnación en el presente recurso de amparo, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91, resolvió sobre la adecuación a Derecho del expediente sancionador CI/ 10. El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 9 de febrero de 1995, en el que interesa se dicte Sentencia otorgando el amparo por lesión del derecho a la libertad de expresión de la recurrente.
Como se puede observar en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, y, concretamente en el antecedente 2, a), el recurso núm. 4/101/91 se refería exclusivamente a un solo expediente sancionador de los cuatro que habían sido impugnados en principio en el recurso núm. 4/101/91 y que la Audiencia Nacional obligó a interponer por separado, dando lugar a los recursos núms. 4/203/91, 4/204/91 y 4/205/91.
1. Se impugna con este recurso de amparo la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 1994 que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91 interpuesto contra la resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 7 de diciembre de 1990 (Expediente CI/Y ya con este punto de partida será de advertir que la recurrente entiende, ante todo, que la Sentencia recurrida ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) al declarar la inadmisibilidad del recurso en virtud de un error notorio y que además infringe sus derechos a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia, así como el principio de legalidad en materia sancionadora (arts. 20, 24.2 y 25.1 C.E.), en la medida en que al declarar la inadmisibilidad del recurso la Sentencia vendría a ratificar la sanción impuesta.
Ciertamente, en principio, la tarea de precisar el alcance de las normas procesales y más en concreto la concurrencia de los presupuestos que condicionan la válida constitución del proceso, pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria, pero esta «doctrina cede cuando la inadmisión se basa en una causa inexistente, puesto que entonces la cuestión trasciende al ámbito de la constitucionalidad, imponiendo a esta jurisdicción, cuando así se demanda en amparo, el deber de analizar si la resolución de inadmisión aplica la causa legal de manera arbitraria o irrazonada o incurre en error notorio y patente y, en su consecuencia, lesiona el derecho a la tutela judicial que garantiza el art. 24.1 de la Constitución» (SSTC 37/1982, 63/1983, 43/1984, 19/1986, 79/1986, 201/1987, 36/1988, 102/1990, 164/1990, 192/1992, 20/1993, 159/1994, entre otras).
A) La Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones dictó el 7 de diciembre de 1990 cuatro resoluciones sancionadoras que venían a decidir otros tantos expedientes (CI/B) Interpuestos los respectivos recursos de reposición y transcurrido el mes sin decisión expresa, la aquí demandante formuló recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional impugnando las cuatro resoluciones antes señaladas, recurso éste registrado bajo el núm. 4/101/91.
C) La Sección Cuarta de dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó la acumulación inicial intentada requiriendo a la recurrente para que interpusiera los recursos por separado y continuando con el núm. 4/101/91 únicamente el correspondiente a la resolución del expediente CI/D) Efectivamente, la ahora demandante de amparo formuló tres nuevos recursos contencioso-administrativos para la impugnación de las restantes resoluciones administrativas. Con todo ello resultaban cuatro procesos distintos dirigidos cada uno de ellos contra cada una de las sanciones impuestas: el núm. 4/101/91 (expediente CI/E) En los escritos de interposición de los nuevos recursos contencioso-administrativos, el ahora demandante solicitó su acumulación al núm. 4/101/91, acumulación ésta que fue denegada por la Sala. Por consecuencia, los cuatro recursos siguieron su tramitación separadamente, de suerte que la Sentencia a dictar en cada uno de ellos sólo podía referirse a la resolución sancionadora en él impugnada y no a las restantes.
a) El recurso 4/101/91 fue desestimado por Sentencia de 20 de julio de 1993, referida exclusivamente a la decisión del expediente CI/b) El recurso 4/203/91 (expediente CI/c) En cambio, los recursos 4/204/91 y 4/205/91 fueron decididos por Sentencias de 1 de julio y 16 de junio de 1994, en las que, sin apreciar ya cosa juzgada, se estimaron los recursos siguiendo la doctrina de la STC 281/1994 que precisamente anuló la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de julio de 1993, recogida en el apartado a).
La Sentencia ahora impugnada parte de la base errónea de que había una única resolución administrativa de 7 de diciembre de 1990, como si se hubiera producido una acumulación en vía administrativa. Pero no era así: eran cuatro los actos administrativos, aunque de la misma fecha, que habían sido impugnados en cuatro recursos contencioso-administrativos. No era pues «la misma» la resolución administrativa a la que se referían las Sentencias de 20 de julio de 1993, desestimatoria del recurso, y de 22 de marzo de 1994, que apreciaba cosa juzgada para declarar la inadmisibilidad.
Y tampoco era cierto que en la Sentencia de 20 de julio de 1993, base para la apreciación de la cosa juzgada, «se juzgaba la resolución de otros tres expedientes sancionadores de modo acumulado»: la acumulación fue denegada por la Sala en dos ocasiones distintas, primeramente para la acumulación inicial o de acciones intentada por la recurrente y después para la acumulación de autos también solicitada por aquélla.
Es claro pues que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de julio de 1993 se refería a la resolución de 7 de diciembre de 1990, dictada en el expediente CI/En conclusión, la apreciación de la existencia de cosa juzgada que dio lugar a la inadmisión del recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91 ha sido fruto de un error notorio y patente que tiene una evidente transcendencia constitucional dado que ha impedido un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo del asunto con vulneración de las exigencias del contenido propio y normal del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el art. 24.1 C.E.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por «Procono, S. L.», y, en consecuencia:
1. Reconocer a la recurrente en amparo el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).
2. Anular la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 1994, que inadmitió por cosa juzgada el recurso contencioso-administrativo núm. 4/203/91 interpuesto contra las resoluciones de la Secretaría General de Comunicaciones de 7 de diciembre de 1990 y 23 de octubre de 1992 (esta última de desestimación tardía del recurso de reposición interpuesto contra la primera) relativas al expediente administrativo sancionador CI/3. Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno para que por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se dicte la Sentencia que proceda en Derecho sin apreciar la causa de inadmisión antes mencionada.
STSJ País Vasco , 9 de Julio de 2004
STS 7/10, 26 de Abril de 2010
STSJ Galicia , 10 de Mayo de 2001

References: resolución 
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