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Timestamp: 2019-07-16 05:31:28+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11
Ramon Vega Hidalgo
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES QUE PROPONE AL SENADO SOLICITAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTUDIAR EL MEJORAMIENTO DE PENSIONES DE SOBREVIVENCIA O MONTEPÍOS (S 681-12)
Carmen Frei Ruiz Tagle
Sesión 11ª, en miércoles 9 de julio de 2003
(De 16:19 a 18:27)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE ,
III.	CUENTA........................................................................................¿.
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que introduce diversas enmiendas a la Carta Fundamental (2526-07 y 2534-07) (queda pendiente su discusión particular)................................................................
Concurrió, además, el señor Ministro del Interior subrogante.
De los Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina, Moreno y Silva, por medio de la cual solicitan al Senado tener a bien disponer que el proyecto de ley que adelanta los plazos del procedimiento para nombrar fiscales regionales del Ministerio Público en la Región Metropolitana y determina el tribunal competente para la comuna de Curacaví (Boletín Nº 3265-07), sea informado en general y en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y, a continuación, emita su informe la Comisión de Hacienda.
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento:
El primero, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil (Boletín Nº 1759-18);
El segundo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia (Boletín Nº 2118-18), y
El tercero, recaído en el encargo que le hiciera el Senado respecto del conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas regiones (Boletín Nº S 680-12).
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que separa el Escalafón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en los Escalafones de Defensa Antiaérea y de Telecomunicaciones e Informática (Boletín Nº 3221-02).
De diversos señores Senadores, por medio del cual proponen al Senado solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República estudiar el mejoramiento de las pensiones de sobrevivencia o montepíos (Boletín Nº S 681-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Moción de los Senadores señores Muñoz Barra, Cantero, Flores, Núñez y Ruiz-Esquide, por medio de la cual inician un proyecto de ley que autoriza a las universidades estatales para proceder a modificar sus estatutos.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo establecido en el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
El señor NÚÑEZ.- Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- La tiene, señor Senador .
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , debido a que la moción del Honorable señor Muñoz Barra y de otros Senadores que hemos adherido a ella acaba de ser declarada inadmisible, solicito oficiar al Ejecutivo para pedir su patrocinio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Continúa la discusión particular del proyecto de reforma, en primer trámite, que introduce diversas enmiendas a la Carta Fundamental, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario); 23ª, en 15 de enero de 2002 (se aprueba en general); 42ª, 44ª, en 29 y 30 de abril; 4ª, 5ª y 6ª , en 11, 17 y 18 de junio de 2003, respectivamente y 7ª, en 1º de julio de 2003, (queda pendiente su discusión particular).
Corresponde discutir y votar la letra c) del Nº 5, que modifica el Nº 4º del artículo 10 y que dice: "Reemplázase el párrafo primero del número 4º, por el siguiente.
"4º Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.".
Señor Presidente , pese a que esta enmienda fue aprobada por unanimidad en la Comisión, tengo una opinión discrepante.
Asumo que este tema es uno de los más discutibles dentro de la normativa constitucional. Si se revisan las actas de las Cartas de 1925 y de 1980, se comprueba que generó bastantes dudas, básicamente por el sentido de nacionalidad; por el sustrato, por el sustento, que representa ser natural de un país y las obligaciones que de ello derivan.
¿Qué se debe entender por nacionalidad? Es un vínculo jurídico entre la persona y el Estado que establece derechos y obligaciones recíprocas. Ésta es una definición bastante común de nacionalidad.
Nuestro país asigna características especiales a la nacionalidad, hasta ahora. El hecho de que toda persona deba tener una nacionalidad, que ésta sea renunciable y que las normas relativas a ella sean de orden público han sido características básicas de tener nacionalidad chilena, de acuerdo con la actual legislación.
A su vez, es fuente de derechos y obligaciones específicas. Tiene que ver con competencias legislativas, que son normas propias del campo internacional privado; tiene que ver con dependencia política, que son preceptos sobre Derecho Constitucional y derechos políticos; tiene que ver con el amparo diplomático, que son disposiciones de Derecho Internacional Público; tiene que ver con el trato económico y tributario, que son preceptos de Derecho Económico; tiene que ver con normas limítrofes. Hace pocos días analizamos en el Parlamento iniciativas que pretendían extender a extranjeros la prohibición de adquirir dominio de determinados bienes. O sea, el ser nacional o el ser chileno -digámoslo francamente- no es cualquier cosa. Es relevante.
Por eso hasta ahora el constituyente ha adoptado como norma general que una persona posea una nacionalidad.
Hay distintas formas de tenerla. Existen formas biológicas y formas políticas. Las biológicas derivan del hecho de nacer en un lugar determinado o de ser hijo de padre o madre chilenos, con ciertas características. Las políticas aluden a la concesión de la nacionalidad por gracia -es decir, por ley especial- o cuando hay nacionalización con la obligación de renunciar a la nacionalidad anterior. ¿Por qué? Porque el constituyente hasta ahora siempre ha procurado ajustarse a la norma general de una nacionalidad por persona.
¿Qué pretende la modificación en debate? Alterar ese principio básico y apuntar a la multiplicidad de nacionalidades. El hecho de no exigir la renuncia a la nacionalidad anterior -tema que históricamente se ha discutido mucho- cambia o altera de manera sustancial el sentido de la nacionalidad. Porque una persona, en virtud de distintas normas, puede tener dos, tres o cinco nacionalidades. Y en la legislación interna, en los campos legislativo, político, diplomático, económico y tributario, no es indiferente el hecho de que una persona pueda tener varios "sombreros" dentro de un país y de que para un efecto sea europeo; para otro, chileno, etcétera.
Yo no creo en ese ordenamiento. Esta materia fue específicamente discutida por el constituyente de 1980. El concepto que yo planteo es defendido por los señores Enrique Evans y Alejandro Silva Bascuñán , dos autores importantes en Derecho Público. Ambos señalan que el sentido moderno -subrayo: el sentido moderno- es procurar que cada persona tenga una nacionalidad.
Como veo que el señor Presidente tiene dudas, le puedo decir que en la sesión número 60, de 6 de agosto de 1974, página 5, don Enrique Evans señala precisamente lo que estoy expresando:...
Era el año 1974.
...que la tendencia moderna evita en lo posible la doble nacionalidad. Estoy haciendo referencia simplemente a lo que opina el señor Evans.
Como dije, este tema también lo discutió el constituyente de 1925. Siempre ha habido argumentos a favor de una y otra posición.
No es más moderno -lo destaco- quien apoya la posibilidad de tener muchas nacionalidades. Eso no tiene nada que ver con la modernidad. Lo que estamos discutiendo es otra cosa: las características, los efectos y las vinculaciones de ser chileno. Y eso me hace fuerza, porque es un cambio muy sustancial, pero legítimo.
Sobre el particular hay teorías distintas. Yo asumo que no se trata de los buenos y de los malos, sino de qué significa el concepto de nacionalidad y, por lo tanto, qué significa ser chileno.
¿Qué creo yo? Que el requisito esencial es ser, ante todo, chileno. Y lo único que estamos pidiendo a quien desea nacionalizarse -lo que hoy no es algo complejo- es que renuncie a la nacionalidad anterior.
No obstante, existe una excepción en esta materia: el tratado chileno-español.
Con esta modificación estamos diciendo: "Usted puede seguir siendo lo que legítimamente sea, pero, además, puede ser chileno". Yo no quiero que ese "además" corresponda a ser chileno. Como norma general, deseo que ser chileno sea excluyente.
Insisto: siempre podrá haber normas específicas. Las leyes que conceden la nacionalidad chilena -tanto quien preside esta sesión como el Senador que habla hemos sido autores de algunas- lo hacen por especial gracia. Pero esta modificación transforma lo excepcional, que por tener características especiales se somete a discusión en el Congreso, en regla general.
Señor Presidente , por el sentido de la nacionalidad, por los requisitos que requiere su obtención y por los efectos que produce, concluyo que es fundamental no modificar la norma que exige renunciar a la nacionalidad anterior a quien se nacionalice. Entiendo que esto siempre debe ser voluntario. Pero, para mí, es garantía de desvinculación, tan importante en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional.
Por lo tanto, soy partidario, aunque sea el único, de mantener inalterado el N° 4° del artículo 10 de la Constitución, porque no ha generado conflictos al constituyente de 1925 ni al de 1980.
Voy a pedir la colaboración de los miembros de la Sala. Está pendiente la designación de los integrantes de la Comisión de Ética del Senado y es mi obligación presentar aquí una proposición.
A cada uno de los señores Senadores se les proporcionará un sobre con una tarjeta donde, en forma privada, propondrán dos nombres. Después con el Vicepresidente procederemos a revisarlas para hacer una proposición la próxima semana.
Quiero pedirles esta colaboración con el objeto de que nos ayuden a decidir. En el sobre no se escribe nada. En la tarjeta se anotan dos nombres de Senadoras o Senadores.
Señor Presidente , ¿no había acuerdo para que los Comités hicieran esto?
No. Se facultó al Presidente para hacer la proposición a la Sala.
¿Hay que poner dos nombres de Senadores por Comité?
No, señora Senadora. Esta integración no obedece a una nominación por fuerzas políticas, sino a personas que puedan asumir la tarea de la Comisión de Ética que ha creado el Senado.
Entonces, solicito anotar en la tarjeta dos nombres de Senadores o de Senadoras que, a juicio de los proponentes, reúnan las condiciones del caso. Es una consulta absolutamente privada. Después haré una proposición, sin que ello signifique menoscabar a nadie. De todas maneras, tendré que elegir cinco nombres.
¿Cuál va a ser el procedimiento final para la designación?
Una vez que tenga los nombres consultaré a los Comités y luego haré una proposición a la Sala. Vamos a trabajar con el Vicepresidente en esta materia.
En todo caso, el procedimiento establecido consiste en votar persona por persona y con un quórum muy alto.
Tiene que votarlo la Sala.
Ya. Pero Su Señoría va a hacer una proposición a los Comités para ver cómo podemos...
La traeremos a la Sala para que la vote como corresponde.
Pido esta colaboración con el objeto de poder hacer una proposición.
Prosigue la discusión particular del proyecto de reforma constitucional.
Señor Presidente, todos los temas son opinables. En este caso particular, difiero muy convencidamente de lo que acaba de expresar el Honorable señor Coloma.
En primer lugar, considero que el mundo evoluciona en forma cada vez más acelerada. La Constitución de 1980 fue redactada hace 25 años. Y para qué decir la Carta de 1925, que tiene 80 años de antigüedad. De manera que no me parece que sea una referencia muy válida para una decisión del año 2003.
En segundo término, creo que, si uno piensa en la multiplicidad, diversidad y complejidad de las relaciones, que no son sólo entre naciones, sino también entre personas, que exhiben intereses y vinculaciones múltiples a través del matrimonio, actividades académicas y profesionales, negocios, etcétera, en distintas latitudes y en forma simultánea, ha de concluir que es absolutamente indispensable ponerse a la altura de los tiempos. Y el que se pueda tener doble nacionalidad me parece de la esencia del mundo contemporáneo.
La vez pasada esto quedó bastante claro a propósito de que alguien pudiera ser Presidente de la República , por ejemplo, contando, además, con la nacionalidad española. Bueno, en este caso, en el momento en que hiciera algo contrario a los intereses de Chile, se le acusaría de alta traición. Y tal posibilidad no la juzgo viable.
Además, para un país chico, situado en un margen del mundo, el fortalecerlo con personas que realmente asuman un compromiso a su respecto implica reconocer que ellas pueden presentar la diversidad señalada. De otra manera, el país perderá nacionales, en lugar de ganarlos.
Estoy a favor de la fórmula de la Comisión.
Señor Presidente , muy bien decía el Senador señor Coloma que nos hallamos ante uno de los temas más debatibles y del que más se ha escrito en materias constitucionales: el de la nacionalidad. Se trata de definir si se establece una sola, con la exigencia rigurosa de que así debe ser, o se permite que sea doble.
Quisiera precisar algunas cosas.
La Ley Fundamental, en el artículo 10, Nº 4º, no establece un principio de nacionalidad única, en términos excluyentes, sino que contempla la obtención de carta de nacionalización renunciando a la nacionalidad anterior, salvo un tratado en virtud del cual en el otro país no se aplique ese último requisito a los chilenos. Por lo tanto, el constituyente de 1980, si bien va construyendo la nacionalidad sobre la base de la lógica de dar preferencia a una sola, admite la posibilidad -igual que el constituyente de 1925- de que sea doble. No lo excluyó, no lo impidió, sino que exigió un instrumento internacional en que lo que le interesaba era la reciprocidad respecto de los chilenos. Por lo tanto, ahí ya se observa la introducción de cierta flexibilidad en la Carta, que no hace del asunto una cuestión de principios, sino de conveniencia práctica y por ello exige la reciprocidad.
¿Cuál es el punto, para entender la enmienda introducida por la Comisión? Creo que es algo que se comprende bien cuando se lee el artículo 11, Nº 1. Nuestro ordenamiento constitucional normalmente ha exigido, como causal de pérdida de la nacionalidad, la adquisición de otra. ¿Pero qué ha ocurrido? Lo que advertía el Senador señor Boeninger : que, en el avance del mundo -aunque parezca ya un lugar común-, nosotros mismos nos hemos ido dando cuenta de que numerosos chilenos viven en el extranjero y, para poder desarrollar sus actividades con igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, muchas veces necesitan obtener la nacionalidad del país en el cual transcurre su vida, porque de lo contrario quedan en fuerte desventaja respecto de los nacionales.
Y la Constitución de 1980 ya recogió ese aspecto al disponer que no se pierde la nacionalidad chilena cuando, por exigencia de normas constitucionales, legales o administrativas, es necesario adquirir otra precisamente para generar condiciones de igualdad frente a los nacionales del país.
Justamente sobre la base de la experiencia observada en el caso de compatriotas en el extranjero se efectuó, también, una modificación al artículo 11, Nº 1, en términos de expresar, con un concepto más global, que se pierde la nacionalidad sólo cuando voluntariamente se renuncia a ella. ¿Qué es lo mejor, en efecto, para los chilenos en el exterior? Facilitarles la doble nacionalidad, no obligarlos a renunciar a la propia ante la necesidad de obtener la del otro país.
Si estimamos que lo anterior es válido y positivo en el mundo moderno, tal como se dan hoy las relaciones sociales, profesionales, culturales; si consideramos que es adecuado para los chilenos en el extranjero, me parece que una cierta coherencia en el ordenamiento constitucional debe apuntar a que sea igualmente conveniente para los extranjeros en Chile. Y, por ello, se eliminó la exigencia del tratado internacional y la reciprocidad, para el efecto de permitir que muchos extranjeros que han cumplido determinados requisitos, ya establecidos a través de un decreto supremo -avecindamiento por más de cinco años, demostración de que se pueden ganar la vida en el país, condiciones que no los inhabilitan en términos judiciales, etcétera-, se nacionalicen chilenos sin obligarlos a un acto que siempre es muy duro de asumir, emocionalmente, que es la renuncia a la nacionalidad anterior.
Así como se contempla el criterio expuesto en relación con los chilenos en el extranjero, me parece justo extenderlo también, sobre la base de la coherencia constitucional, a los extranjeros en nuestro país, para que la norma del artículo 10 armonice con la del artículo 11.
Señor Presidente , como lo han consignado quienes me han precedido en el uso de la palabra, el tema fue discutido largamente en la Comisión. Y el informe, como también se ha señalado, contó al respecto con la unanimidad de los miembros del órgano técnico.
El motivo por el cual se optó por eliminar el resto de la disposición contemplada en la Constitución de 1980 fue la constatación de que un número muy grande de personas querían avecindarse en Chile y habían pedido la nacionalidad, pero, obviamente, se encontraban ante la dificultad de que se exigía un tratado en virtud del cual no fuera obligatoria la renuncia de la nacionalidad anterior. En caso de que por razones determinadas no se hubiera formalizado aún ese instrumento internacional, los interesados quedaban expuestos a las consecuencias de falsear su testimonio ante la ley o a una situación extraordinariamente compleja.
Por ello, ¿cuál es el propósito que se persigue? El de acoger adecuadamente a quienes desean ser nacionales de nuestro país y han cumplido con los requisitos que fija la ley, habiéndose sometido a los procedimientos que dispone la legislación.
En consecuencia, por una parte beneficiamos a aquellos que nos interesa que sean parte de nuestra nacionalidad y, por la otra, indirectamente les facilitamos la vida a numerosos compatriotas que viven en países con los cuales no hemos celebrado convenios sobre el tema, que son obligados, a raíz de ello, a renunciar a su nacionalidad.
Se trata de una medida que, en el fondo, responde a una voluntad que expresa el Parlamento -y, en este caso, como constituyente- con el objeto de manifestar la disponibilidad para acoger a quien desee ser nacional de nuestra patria y cumpla con los requisitos fijados en la Constitución y la ley. Y, en virtud de ello, indirectamente se beneficiará -repito- a compatriotas que se encuentran en países con los que no se han celebrado los convenios a que se ha hecho referencia y que pueden ser obligados a renunciar a su nacionalidad.
Me pide una interrupción el Honorable señor Coloma, a quien se la concedo, señor Presidente, con su venia.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma, con cargo al tiempo del orador.
Señor Presidente , creo que el que nos ocupa es un punto clave. Y es cierto que resulta debatible, pero deseo simplemente señalar que el argumento de que se facilitará la situación de los chilenos que en el extranjero deben renunciar a su nacionalidad no es correcto desde el punto de vista constitucional. Porque el artículo 11, Nº 1, inciso segundo, de la Carta expresa que "La causal de pérdida de la nacionalidad chilena señalada precedentemente" -o sea, la consistente en la nacionalización en otro país- "no regirá respecto de los chilenos que, en virtud de disposiciones constitucionales, legales o administrativas del Estado en cuyo territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera".
Entiendo, por lo tanto, que el asunto es debatible -reitero-, pero no cabe aplicar el argumento mencionado -en mi concepto, a lo menos-, porque, con la actual disposición constitucional, son armónicos la exigencia contemplada para un extranjero y el propósito de cautelar los derechos de los chilenos a fin de que no pierdan su nacionalidad en caso de que adopten otra en virtud de disposiciones de otro país que así lo exijan.
Comprendo las razones expuestas, pero me parece que nada gana con la norma que se propone el compatriota que enfrenta en el extranjero la situación referida.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Moreno.
Hay un segundo argumento. Comprendo que el señor Senador que hizo uso de la interrupción no lo señaló con un sentido irónico, pero pienso que es necesario dejar una constancia al respecto.
Son muy raros los casos de personas que coleccionan nacionalidades. Por lo tanto, no estamos ante la eventualidad de que alguien desee tener tres, cuatro o cinco y utilizar los pasaportes respectivos. Puede que se dé esa situación peculiar; pero no es la norma ni el espíritu. Por lo demás, se complicaría, incluso en las aduanas, con los pasaportes.
Por consiguiente, me parece que, más allá de los argumentos que se han dado, fuera de otorgar una garantía a las personas que desean ser ciudadanos chilenos y que cumplen los requisitos pertinentes, indirectamente estamos enviando también una señal a nuestros compatriotas que no quieren ser sometidos a ese procedimiento.
En virtud de ello, obviamente ratifico lo realizado por la Comisión y voto a favor de su propuesta.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior subrogante.
El señor CORREA (Ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, sólo deseo expresar dos argumentos.
Primero, insisto en la cuestión de la reciprocidad porque, si bien existe la excepción en la actual Constitución, ella exige probar que, conforme a la legislación del país extranjero de que se trate, el chileno necesita nacionalizarse en él para gozar de los mismos derechos de los nacionales de allá. Habitualmente, estas discriminaciones son objeto de prácticas, más que de legislaciones explícitas.
Y segundo, ante lo señalado por el Senador señor Chadwick , me parece importante agregar al debate que la doble nacionalidad no sólo es fruto de decisiones expresas del Senado para otorgar la carta de nacionalización y de tratados internacionales, sino que también se da en las innumerables ocasiones en que operan conjuntamente el jus soli y el jus sanguinis, es decir, la nacionalidad por el lugar donde se nace y la nacionalidad por la familia. Esto se produce en múltiples oportunidades cuando una persona nace en el extranjero y el país de sus padres acepta el jus sanguinis como regla general.
En todas esas ocasiones se da el hecho de la doble nacionalidad, sin que ello altere el orden público mundial ni la pertenencia natural de una persona a dos nacionalidades y sin que implique traicionar a una de ellas.
Por no haber otros señores Senadores inscritos, procederíamos a votar.
¿Habría acuerdo para aprobar la proposición?
--Se aprueba la letra c) del numeral 5 (37 votos a favor, 6 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Canessa, Coloma, Martínez, Orpis, Romero y Stange.
A continuación, el número 6 mantiene las modificaciones del primer informe. Es decir, se introducen las enmiendas que se indican al artículo 11:
a) Sustitúyese el número 1.º por el siguiente:
"1.º Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;", y
b) Elimínase el número 3.º.
¿Habría acuerdo para aprobar el numeral 6 con la misma votación anterior?
En votación económica.
Señor Presidente , ¿la Mesa sugiere aprobar estas modificaciones con la misma votación anterior?
Estas enmiendas son diferentes. Estoy de acuerdo con ellas.
Si le parece a la Sala, haremos votación económica.
--En votación a mano alzada, se aprueba el número 6 (42 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Los Senadores señores Horvath , Espina , Stange , Boeninger , Cordero , Vega , Ruiz-Esquide , Zurita , Sabag y Orpis renovaron la indicación Nº 63 para intercalar, a continuación del Nº 6, el siguiente, nuevo: "Suprímese la frase final del inciso 1º del artículo 15".
Señor Presidente , sería conveniente que el señor Secretario diera una explicación más extensa sobre lo que corresponde resolver.
Indudablemente, la indicación tiene por objeto eliminar la obligatoriedad del sufragio.
El artículo 15 de la Constitución dice:
"En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será, además, obligatorio.".
La indicación renovada propone suprimir la frase final, que acabo de leer.
Señor Presidente, respaldo la indicación para eliminar la frase mencionada, por las razones que paso a exponer.
Desde hace muchos años hemos venido planteando la necesidad de modificar los criterios seguidos hasta ahora en esta materia. Lo cierto es que existe una evidente contradicción entre el sufragio obligatorio y la inscripción voluntaria. Y es allí donde la mayoría de los Senadores que apoyamos la indicación pensamos que la situación debería ser inversa: inscripción obligatoria y sufragio libre. El ciudadano siempre debe tener abierta la opción de participar en procesos tanto de carácter electoral como de definición de situaciones. Sin embargo, puede encontrar dificultades, particularmente en sectores apartados, donde se hace difícil la inscripción obligatoria.
Por eso, debería establecerse un mecanismo que permitiera a la gente quedar inscrita en los registros electorales; por ejemplo, al solicitar la cédula de identidad. Y cada individuo será libre para decidir si sufraga o no.
Ésta es una materia importante en todas las naciones desarrolladas, por cuanto la participación ciudadana no puede quedar constreñida a una multa por no votar, sino que debe relacionarse directamente con la opción y la voluntad de manifestarse en cada una de las ocasiones en que corresponda hacerlo.
La indicación está vinculada, no sólo con la inscripción obligatoria y el sufragio voluntario, sino también con un tercer aspecto: con la votación electrónica. En Chile se utilizan métodos demasiado antiguos para expresar la voluntad popular. Y esa metodología muchas veces obliga a los ciudadanos a permanecer prácticamente como rehenes del sistema electoral. Porque las personas a quienes corresponde atender en las mesas receptoras de sufragios deben estar días enteros cumpliendo esa obligación. Y nadie se preocupa de ellas, ni se les otorgan las facilidades necesarias para desarrollar ese tipo de actividad.
A estas alturas del desarrollo nacional, resulta indispensable avanzar tecnológicamente, de modo que los ciudadanos cuenten con mecanismos que les permitan sufragar automáticamente desde cualquier lugar. Así se procede, no sólo en los países desarrollados, sino también en algunas naciones sudamericanas. En Brasil, por ejemplo, la gente emplea sistemas electrónicos para emitir su voto dondequiera que se encuentre.
Deberíamos reflexionar y avanzar por ese camino. Sé que ello puede traer dificultades, por la falta de conciencia ciudadana. Es preciso crear esa responsabilidad cívica, especialmente en los jóvenes, e inculcarla a nuestros hijos desde la más tierna infancia.
Esta indicación fue discutida en la Comisión y se rechazó por 3 votos contra 2, por prevalecer el criterio de mantener el sufragio obligatorio.
Obviamente, éste es un asunto opinable. En la Comisión invitamos al Director del Registro Electoral , con quien analizamos las particularidades de eventuales sistemas, tanto de inscripción automática obligatoria como de votación voluntaria o semivoluntaria.
El problema no es la forma de administrar el método, sino el concepto que cada cual puede tener respecto de cómo debe expresarse la ciudadanía.
Para el Senador que habla, lo fundamental es que todo ciudadano chileno debe contribuir a elegir a sus autoridades. Ése es el principio. Por lo tanto, sea a nivel municipal, parlamentario o presidencial, cada persona tiene la obligación de cumplir con su deber cívico, porque, por formar parte de la nación, lo que ocurra dentro de ella la compromete.
Con relación al sistema del voto voluntario, hay ejemplos nefastos en determinados países. En estos días hemos leído publicaciones relativas a las elecciones en México, donde el mecanismo de sufragio voluntario ha provocado una abstención cercana al 60 por ciento. ¡Sesenta por ciento de la población inscrita no concurrió a las urnas! En consecuencia, el día de mañana cualquier persona puede cuestionar la legitimidad de la ley o de la autoridad elegida, con el argumento de que la mayoría no se expresó, o quiso no expresarse, y convertir la no concurrencia a la urna en una forma de repudio al sistema, a la ley o a la autoridad elegida.
Por lo tanto, soy claramente partidario de la obligatoriedad del voto. Podemos discutir y avanzar -ojalá- en el sentido de que la inscripción también sea automática y obligatoria; pero aún no estamos en condiciones de fijar los procedimientos.
En consecuencia, puedo afirmar que por lo menos los Senadores de estas bancas no vamos a concurrir con nuestros votos a eliminar la obligatoriedad establecida en la Constitución.
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
Señor Presidente , parece evidente que en materia de formas de votación hay que estar abiertos a los distintos avances en el ámbito tecnológico. Personalmente, he visto cómo se vota en Brasil.
Y me parece una buena idea la de legislar respecto de la votación electrónica. El sistema facilita la votación y pone a la gente en contacto con las nuevas tecnologías. Tiene además la ventaja, entre otras, cuando opera bien, de un conteo más rápido de las preferencias. Pero ésta es una materia completamente distinta de la planteada acá.
Este debate está muy ligado a una cuestión de principios. Desde mi punto de vista, tiene que ver con el concepto de ciudadanía, porque el ciudadano tiene derechos y también deberes. Una ciudadanía solamente con derechos y ningún tipo de deberes es algo que se va disolviendo. El votar tiene que ser obligación de un ciudadano. Desde esa perspectiva, el que la persona acuda a sufragar es consustancial a su condición de ciudadano. Sé que en muchos países existe el voto voluntario, como ocurre inclusive en Francia y Estados Unidos; pero no considero que sea lo correcto. Si los ciudadanos quieren reclamar con fuerza sus derechos frente a la sociedad, a ésta también cabe el que reclame frente a sus ciudadanos el cumplimiento de ciertos deberes. Ése me parece un concepto equilibrado de ciudadanía.
Entiendo que un ciudadano pueda estar muy molesto. En ese caso, el día que corresponda favorecerá con su sufragio a la Oposición. Si está descontento con todo el mundo, votará en blanco o nulo; pero emitirá su parecer. Porque, a mi juicio, de otro modo se correría el riesgo de que la ciudadanía se diluyera y, a la vez, se incentivara lo que me parece el principal peligro que enfrentan hoy día las democracias: su irrelevancia, su languidez, el distanciamiento de la gente respecto del sistema político vigente.
Si nosotros estableciéramos el voto voluntario en las actuales condiciones de funcionamiento de nuestro sistema político, con seguridad tendríamos altísimos niveles de abstención que conspirarían fuertemente contra la legitimidad del sistema.
Por esas razones, señor Presidente , considero muy importante mantener un concepto integral de ciudadanía que reconozca deberes y derechos; y, dentro de aquéllos, está en primer lugar el de manifestarse periódicamente en las elecciones que democráticamente se establezcan.
Antes de ofrecer la palabra al siguiente orador, solicito a la Sala que autorice a la Mesa para recoger la votación desde ya, para no tener problemas de quórum.
Señor Presidente , renovamos la indicación por estimar que va en la dirección correcta, en cuanto a estimular la participación de la ciudadanía en las votaciones populares. Ella debe ser complementada con las otras ideas de la indicación 69 e incluir en el artículo 18 de la Constitución un precepto nuevo que disponga que la ley orgánica constitucional correspondiente contemplará un sistema de registro electoral al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 13.
¿Qué señala aquel artículo? Establece los requisitos para ser ciudadano. Es decir, ambas indicaciones, tanto la número 63 como la 69, son complementarias.
La indicación en debate apunta a lo siguiente.
Una persona, al cumplir la edad que la habilita para expresar como ciudadano su preferencia en las elecciones populares, debe estar inscrita en el Registro Electoral. Ese trámite no es automático actualmente; requiere que se solicite la inscripción.
A nuestro juicio, lo razonable es que sea un requisito que opere en forma automática a través de los procedimientos y normas que el Registro Electoral estime procedentes. Advertimos que queda en primer lugar la ley orgánica, obviamente, porque regularla no es materia de la Constitución; y en seguida, porque es un asunto complejo el determinar el lugar en que se inscribe una persona y dónde debe darse por inscrita al cumplir los 18 años. Pero ésa es una cuestión propia de las atribuciones y facultades del Registro Electoral , en términos de hacer la propuesta técnica que permita validarla.
Y hecha la inscripción automática, a nuestro entender, el que una persona decida votar o no es una decisión personal. Tanto es así que hoy día tenemos una norma -como pasa con muchas disposiciones en Chile- que no se cumple.
No creo que en los últimos años se haya sancionado a las personas que no votan y que, teóricamente, deben presentarse ante Carabineros para dejar constancia de que se encontraban a determinada distancia del lugar de votación. Todos sabemos que ése es un procedimiento que se utiliza, además, sin haberse cumplido efectivamente el requisito. Por ello, los tribunales tienen cientos de denuncias que deben remitirse a los infractores, a fin de comunicarles las multas, las que tampoco se cursan ni se pagan. Finalmente, se dicta una ley de amnistía, con lo cual las personas que no concurrieron a votar quedan eximidas de sanción, pese a que el Estado ha incurrido en un gasto gigantesco en toda la tramitación de la papelería para hacer efectivo el castigo a quien no cumplió con su teórica obligación de votar, según se establece en la Constitución.
Por lo tanto, a nuestro juicio, esto viene a establecer una normativa realista, que combina la circunstancia de que todo ciudadano, desde el momento en que cumple 18 años, queda automáticamente inscrito en el Registro Electoral . Posteriormente esa persona (situación que ocurre igualmente hoy día, sólo que a través de un mecanismo que no se respeta ni se cumple y que infringe la ley) libremente señalará si quiere votar o no. Ésa es una decisión íntima que tomará después. Ello, con el objeto de que en nuestro país exista la debida conciencia cívica de lo que es la responsabilidad de participar en los procesos electorales, dada la relevancia de éstos en la elección de las autoridades.
La indicación ordena un proceso que todos sabemos que hoy, en la práctica, no se cumple. Pienso que, cuando la Constitución y la legislación no se respetan porque la fuerza de los hechos hace que así suceda, corresponde al legislador hacer que se obedezcan o captar la señal que está enviando la ciudadanía en orden a que se establezca una norma que finalmente se cumpla.
Nos parece del todo coherente el aspirar a que la inscripción sea automática y que posteriormente la votación sea un acto que la persona ejerza en forma voluntaria.
Siempre se ha esgrimido como argumento, cuando comparece al Senado el señor Director del Registro Electoral , que ésta es una materia que él tiene la mejor disposición de estudiar, pues le parece muy positiva; pero la realidad es que aún no está establecido el mecanismo para que así ocurra.
En verdad, alguna vez tiene que hacerse, señor Presidente , y habrá un momento en que habrá de avanzarse en esa dirección. Me parece que el argumento del Registro Electoral no es suficientemente fuerte ni válido para justificar que esta enmienda no se materialice. ¿Por qué lo señalo? Porque la Comisión de Constitución, en la parte pertinente, consigna que durante la elaboración del primer informe desestimó las enmiendas propuestas en esta norma, "pero estimó útil dejar constancia de su criterio en cuanto a la conveniencia de avanzar hacia la implementación de un sistema automático de inscripciones electorales, el cual, una vez establecido, podría dar lugar a la aplicación del principio de la voluntariedad del sufragio.". Sin embargo, tal medida no se ha materializado, porque el Registro Electoral aduce no contar con la tecnología actualizada o simplemente no disponer de ella. Esto lo vengo escuchando desde el año 1989; y pienso que nunca la tendrá hasta que se establezca por ley.
Reitero que el procedimiento de inscripción automática que sugerimos es el correcto: el ciudadano queda inscrito y posteriormente, como de hecho ocurre hoy día, se encuentra en condiciones de ejercer o no su derecho de sufragio. En algunas elecciones lo hará; en otras, se abstendrá. Pero es una decisión de carácter personal que, a nuestro juicio, debe ser respetada; y serán los candidatos que aspiran a los diversos cargos quienes deberán generar las condiciones para que la ciudadanía realmente se interese en el respectivo acto eleccionario.
Las normas que pretenden forzar a las personas en esta materia fracasan. La abstención en los comicios que se llevan a cabo en nuestro país no cambia ni varía por esta circunstancia, porque la gente está plenamente consciente de que las multas nunca se van a cobrar.
Por lo tanto, lo más sensato es regularizar esta situación y, por las consideraciones expuestas, aprobar esta indicación al artículo 15, juntamente con la que se votará en su oportunidad y que propone incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 18.
El Honorable señor Novoa me ha pedido solicitar la autorización pertinente para que, a partir de las 18, la Comisión de Economía, integrando la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas en torno del proyecto que crea el tribunal de defensa de la libre competencia, pueda sesionar paralelamente con la Sala.	¿Habría acuerdo al respecto?
Ha llegado a la Mesa un oficio suscrito por el Senador señor Muñoz Barra y el Secretario de la Comisión de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología, mediante el cual se solicita que el proyecto que patrocina la erección de un monumento en Valparaíso en memoria de Renzo Pecchenino (Lukas) sea estudiado en general y en particular en el primer informe que debe elaborar dicho organismo técnico.
Continúa la discusión del proyecto de reforma constitucional.
Señor Presidente, es evidente que el tema es susceptible de un amplio debate. Y, al respecto, deseo formular algunas observaciones.
A mi juicio, contamos con un pésimo sistema de inscripción electoral, porque no obedece a un concepto claro en materia de doctrina constitucional. Ocurre que la inscripción es voluntaria, pero el sufragio es obligatorio para quienes se inscriben en los registros electorales. Además, como aquí se dice, los que no voten serán multados.
El fondo del asunto se relaciona, a mi entender, con el concepto de ciudadanía que tenemos y con considerar si acto de votar constituye sólo un derecho o si es al mismo tiempo un deber.
Personalmente, más bien me oriento hacia la vieja doctrina republicana que nace con la Revolución Francesa y en virtud de la cual la ciudadanía impone deberes, no sólo derechos. El deber del sufragio para la elección de autoridades. De ahí, entonces, el deber de la defensa de la patria -por consiguiente, el servicio militar era obligatorio cuando la Defensa requería masas numerosas de ciudadanos en armas-, y el deber de contribuir a los gastos comunes a través de impuestos.
En consecuencia, la ciudadanía estaba conformada por los derechos universales del hombre y por un conjunto de deberes, de los cuales los tres que he mencionado son fundamentales: sufragar, defender la patria y contribuir al erario común. Y a tal grado estaban vinculados que en las primeras constituciones republicanas quienes carecían de un patrimonio determinado no tenían derecho a voto. Era una democracia censitaria y, por tanto, tampoco les correspondía el deber de defender la patria. Había una correlación en este sentido. Obviamente, todos esos deberes recaían en los hombres, porque las doctrinas de la época no consideraban la igualdad de género.
El desarrollo de la democracia ha ido extendiendo tales derechos y deberes. Y, en esa perspectiva, pienso que el voto debería ser obligatorio, por estar vinculado a la ciudadanía. Porque si uno fija un criterio, advierte después las dimensiones prácticas del asunto. El hecho de que el incumplimiento de ese deber sea objeto de multa revela cierto sentido discrecional y se presta a discusiones. Es verdad que en Chile la gente sabe que no será multada, porque siempre después de cada elección el Congreso aprueba puntualmente una amnistía general.
De una u otra manera, existe la idea del voto obligatorio, con la agravante de que lo es para los que se inscriben voluntariamente seis meses antes de los actos electorales. Estimo que todos los colegas, o la mayoría de ellos, que llegaron hasta aquí contando con el voto ciudadano habrán tenido la misma experiencia que yo: han comprobado que mucha gente que no se inscribió cuando correspondía porque no la motivaba determinada elección o evento electoral, posteriormente, durante el desarrollo de las campañas, cambió de parecer y habría deseado votar, pero ya no podía hacerlo. El actual sistema no lo permite.
Por tanto, soy partidario de un mecanismo en que la inscripción sea automática. Contamos con tecnología suficiente para ello. Además, acudir a inscribirse no constituiría una carga. Hemos visto largas filas de personas que esperan hasta diez horas para cumplir con su deber. Hay quienes lo hacen, pero equivale prácticamente a exigir a la ciudadanía gestos casi heroicos que la mayoría no está dispuestá a realizar.
Por ende, estimo que deberíamos propender a la inscripción automática y al voto entendido como un derecho y, al mismo tiempo, como un deber ciudadano, lo que lo hace, en consecuencia, obligatorio.
Por otra parte, la forma de sancionar su incumplimiento es materia de otra discusión. No es cuestión de doctrina democrática, la que deberíamos analizar al momento de reformar nuestra Constitución.
Señor Presidente , creo que debemos enfocar el problema tomando en consideración la realidad actual. Las intervenciones que hemos oído recientemente reflejan con bastante claridad lo que está ocurriendo. Sin embargo, estimo conveniente reforzarlas con algunas cifras.
Respecto de la inscripción, como no es obligatoria ni automática, en Chile hay cerca de 2 millones de personas que no se han inscrito en los registros electorales, teniendo derecho a hacerlo, en conformidad a la ley. Entiendo que la última cifra entregada es de un millón 800 mil, aunque puedo estar equivocado; pero es más o menos de tal magnitud. Han cumplido los requisitos que establece la Constitución; sin embargo, como inscribirse es un acto voluntario, no hay obligación de hacerlo, y como ese proceso no es automático, no hay registros. En ese caso -reitero- se encuentran 2 millones de personas, aproximadamente.
A la hora de votar -sucedió en las últimos comicios-, como el voto teóricamente es obligatorio, pero en la práctica la sanción es imposible de aplicar, la abstención llegó a 15 por ciento. Esta cifra es susceptible de variaciones según la clase de elecciones. Por ejemplo, las presidenciales convocan a más electores; las parlamentarias y municipales, a menos: a 10 ó 11 ó 15 por ciento.
Tales porcentajes demuestran que entre un millón y un millón 200 mil personas no están votando, no obstante estar inscritas. Y, aunque no quiero agregar pelos a la sopa, debo hacer presente que hay gente que, concurriendo a votar, anula el voto o lo hace en blanco; ese tipo de sufragio está llegando a 6 ó 7 por ciento.
¿Adónde apunta este análisis de las cifras? A advertir que ya tenemos cerca de 40 por ciento de personas marginándose de emitir una opinión sobre decisiones que consideramos importantes, cuyo deber -como muchos han señalado- es participar en las determinaciones cívicas más trascendentales.
A mi juicio, tenemos un mal sistema, y el obstáculo radica en la no inscripción obligatoria o automática. Si tal exigencia se establece, resulta obvio que la manera coherente de complementarla es con el voto voluntario, porque representa una manera de sufragar. Y así como la gente emite su voto en blanco o lo anula, también podría no hacerlo, ya que de hecho no tiene consecuencias. En la práctica, concurrir a sufragar se está convirtiendo en un acto voluntario, porque es imposible sancionar a quien no lo hace.
En ese sentido, parece más razonable reconocer tal realidad como un derecho a nivel constitucional, pero sujeto a la inscripción obligatoria. Porque, en ese caso, aproximadamente 2 millones de personas tendrían la posibilidad de ejercer su derecho a sufragio; y será su decisión hacerlo o no. Pero tendríamos potencialmente un universo de 10 millones de personas -es probable que un poco más- en condiciones de votar, y la motivación lograda en las elecciones acercaría a la gente.
Comparto con el Senador señor Gazmuri la idea de que dentro de los no inscritos hay arrepentidos cuando llega la hora de votar. Pero ya es tarde, después la motivación pasa, y el fenómeno se vuelve a repetir una y otra vez.
Por eso, concuerdo con la indicación renovada. Además, ella formaba parte del proyecto original que presentamos Senadores de Renovación Nacional y de la UDI con el objeto de dar al sufragio carácter voluntario, pero amarrado a la inscripción automática.
No se trata de un problema difícil de resolver. De hecho, antiguamente en Chile se solucionaba de manera práctica la obligatoriedad exigiendo, además del RUT, el certificado de inscripción electoral en todos los trámites públicos, ya sea para obtener licencia de conducir o para cualquier gestión ante un organismo estatal. Si los dos requisitos fueran obligatorios, tendrían una eficacia tremenda.
Además, el Registro Civil podría automáticamente enviar a los mayores de 18 años su certificado de registro electoral al domicilio.
Repito: existen mecanismos. Muchos países han trabajado esta materia. Por lo tanto, podrían aplicarse distintas tecnologías y medidas prácticas, como las que señalé, para convertir la inscripción en automática y obligatoria.
Sin embargo, debemos permitir a los ciudadanos, una vez que todos se encuentren inscritos, ejercer su derecho a votar en libertad, porque de hecho, la obligatoriedad no es exigible ni viable. ¡Reconozcámoslo! Ésa es una manera concreta y práctica de ejercer también la ciudadanía.
Por eso, señor Presidente , apoyo la indicación renovada, que -reitero- formaba parte de la propuesta de reforma constitucional que presentamos originalmente y que tiene una enorme justificación ante la realidad actual, la que debe cambiar para el bien del país.
Señor Presidente , apoyaré la indicación del Honorable señor Espina y de otros señores Senadores, por cuanto estimo que es facultad de las personas ejercer o no su derecho a sufragio.
Las grandes democracias del mundo no exigen la obligatoriedad del voto. En nuestro caso, yo diría que se trata de una reminiscencia del pasado que debemos superar si deseamos entregar a las personas el derecho a elegir si votan o no.
Con tal propósito, propuse una reforma constitucional consistente en establecer la inscripción automática, dejando a la ley la forma de hacer efectivo el trámite, con lo cual las personas quedarían habilitadas y en posición de decidir al momento de ejercer su derecho si sufragan o no.
Aquí, para apoyar la reforma propuesta, se han planteado diversos argumentos, que no repetiré. Sólo haré presente lo que se dijo en el sentido de evitar, por la vía de la exigencia sugerida, que en un momento dado el interés por votar baje a niveles inconvenientes para la democracia.
Sobre el particular, creo que son las personas que participan en el proceso electoral, los partidos políticos, los candidatos, quienes deben estimular a la ciudadanía para que concurra a votar. No se puede pretender tener un registro electoral obligatorio sin hacer el esfuerzo para que la gente efectivamente vaya a sufragar.
En la práctica -tal como aquí se señaló-, no existe sanción alguna para los que no votan, porque las multas no se cobran, atendidos la enorme dificultad que ello significa y el tremendo gasto que significa confeccionar las listas de infractores. En la Región de Magallanes, que represento, se están preparando esos listados para tramitarlos ante el juzgado de policía local respectivo, lo cual implica ingentes recursos; pero al final no se llegará a nada, porque se dictará una ley de amnistía para eliminar la multa o no será posible sancionar a las personas que no votaron.
En definitiva, nos encontramos frente a una norma que no se cumple. Y aunque es obligatoria en el papel, en la Constitución no tiene sanción alguna; y la gente lo sabe.
A mi juicio, la mejor manera de estimular y favorecer la democracia es estableciendo lo contrario a lo actualmente estipulado: la inscripción automática mediante un sistema que la ley prescriba. Con los medios computacionales actuales es mucho más fácil que antiguamente, cuando era imposible plantear una solución de esa naturaleza; pero ahora se puede implementar. Además, también sería factible perfeccionar el sistema de votación con métodos más acordes con la realidad que vivimos.
Por eso, apoyaré la indicación del Honorable señor Espina y de otros señores Senadores.
Señor Presidente , aun a riesgo de incurrir en las posibles iras de mi amigo y socio institucional el Senador señor Moreno , quien ya anunció la votación de toda la bancada, me permito discrepar de él, pues soy partidario de la indicación renovada.
Al igual que el Honorable señor Gazmuri, creo que el sufragio es tanto un derecho como un deber. El problema radica en que los derechos se aseguran, pero respecto de los deberes se debe buscar la manera más eficaz de lograr su cumplimiento.
A mi juicio, tocante a la participación ciudadana en los procesos democráticos, las fórmulas coercitivas para hacer cumplir un deber, a la larga, no conducen a un buen resultado. Más que en generar mayor participación, el peligro está en crear sentimientos de frustración y de resentimiento, desde una dimensión psicosocial.
Si a lo anterior se agrega el hecho de que en el mundo contemporáneo -y es algo que ocurre en todos los países- la lejanía de la política tiende a ser mayor para una gran cantidad de ciudadanos a medida que transcurre el tiempo, resulta un problema asegurar más participación de la ciudadanía, porque detrás del voto obligatorio se encuentra la idea -que comparto- de maximizar dicha participación.
Sin embargo, la forma de lograrlo -ya lo señalé antes- es, primero, facilitando la inscripción (ahí aparece el problema de la automatización, en la que todo el mundo está de acuerdo), que se encuentra detenida por la dificultad del Registro Electoral para encontrar un procedimiento que la haga viable; y segundo, estableciendo la voluntariedad del sufragio.
En último término, se trata de facilitar ambas cosas, es decir, la inscripción automática y la votación electrónica, como ocurre en Brasil en este último aspecto.
Además, creo que la mejor manera de asegurar una mayor participación ciudadana es, en definitiva, la conducta de la clase política en los temas que plantea. Ello, a los efectos de mantener en alto nivel -el más alto posible- la legitimidad y el prestigio de las instituciones y, en consecuencia, el sentido de compromiso de la gente con la participación política.
Me sumo a lo manifestado por varios señores Senadores en cuanto a que la norma que no se cumple tiende a perder su peso y a desprestigiarse. Y como resulta imposible castigar su incumplimiento por parte de centenares de miles de ciudadanos, tal conducta, en el hecho, queda absolutamente impune.
Por último, si se pretende contrarrestar la rebeldía o la apatía ciudadana en las votaciones públicas haciendo obligatorio el voto, la sanción a la no participación, violando incluso ese deber, es más severa que si aquélla fuera voluntaria. Porque, justamente, se está llegando al extremo de rechazar el sistema expresando el desafío a la norma.
Ahora bien, así como la participación ciudadana tradicional se ha reducido al 40 por ciento en países como Estados Unidos -y nadie puede sostener que la democracia norteamericana se ha debilitado-, deseo recordar lo sucedido acá en las elecciones parlamentarias de 1997 -si no me equivoco-, donde hubo un alto porcentaje de votos nulos, lo cual causó enorme temor en la clase política, porque se dijo que ésa era una manera de protestar contra el sistema.
Cuando el voto es voluntario, tal forma de protestar se minimiza y, por el contrario, facilita la recurrencia a los elementos positivos para hacer cumplir el deber del sufragio por las vías que he señalado.
Señor Presidente , si en el espacio que ocupan Sus Señorías instalásemos una máquina del tiempo, en la vertiginosa regresión que ésta hiciere observaríamos que van cambiando rápidamente sus rostros pero permanecen casi inmutables su pensamiento, su manera de mirar la vida y la sociedad.
La Derecha política chilena, históricamente, nunca ha estado interesada de manera particular en la masividad de las votaciones. Ya recordó el Senador señor Gazmuri que en un primer momento el voto era censitario y, por lo tanto, la democracia se sustentaba en una elite de propietarios; luego, con el tiempo y las reivindicaciones de todo orden, se fue ampliando hasta llegar a la mujer, y así sucesivamente.
También, en cierto momento, el problema de la edad de la población -es decir, su carácter etario- tuvo alguna incidencia.
Ahora bien, en el tema que nos ocupa se mantiene ese predicamento: proponer el voto voluntario es coherente con lo que ha sido la tradición histórica a que aludo.
Se sabe que la política es hoy una de las víctimas propiciatorias del mercado. Determinados sectores empresariales entienden muy bien esto y no pierden oportunidad para desacreditarla bajo cualquier pretexto. Ello, por cuanto desde ahí pueden surgir los cuestionamientos a cierta visión de desarrollo de la sociedad.
El planteamiento que hemos escuchado esta tarde a muchos colegas tiene un doble estándar bastante curioso, pero al final comprensible. Se muestran libérrimos en lo concerniente a la economía y a todo lo que atañe a los aspectos cívicos; no obstante, en cuanto a los valores, se transforman en talibanes que, a las primeras de cambio, esgrimen el garrote.
¡Ahí sí que no creen para nada en la responsabilidad individual! ¡Ahí sí que se muestran dispuestos a infantilizar a toda la población! ¡No hay en los ciudadanos capacidad para resolver por sí mismos determinadas materias! ¡En cambio, sí se les pueden abrir las compuertas de la libertad plena para emprender negocios y para decidir si votan o no en una contienda electoral!
Esto, que resulta curioso y contradictorio, es coherente con una filosofía de vida. Y precisamente por esa razón no podemos estar de acuerdo con un planteamiento de aquella índole.
La democracia, para funcionar efectivamente, debe tener una base de sustentación sólida. Así sea obligatorio el voto, a lo menos marca, en forma tal vez inadecuada, un sentido de compromiso con el país del que se forma parte.
En cuanto a los votos nulos o blancos, el Senador señor Larraín los arreaba hacia el lado de quienes buscan pretextos para no sufragar y así armaba artificialmente una base para su argumentación.
Creo que ése es un mecanismo engañoso, por cuanto aun votar en blanco o nulo es una forma que tiene el ciudadano para expresarse; es la manera de decir, por ejemplo, que está impugnando el sistema político o económico que lo rige. Por lo tanto, es una señal digna de ser tomada en cuenta.
Señor Presidente , estimo que sería muy adecuado que de una vez por todas resolviésemos el absurdo que significa mantener al margen de la participación ciudadana a un amplio segmento de jóvenes chilenos que sencillamente no se inscriben porque -como dicen ellos- "les da lata". El trámite no les seduce para nada, y se quedan al margen, desinteresados por completo del acontecer político de su país.
Percibo que, para el momento de las votaciones, es fácil advertir interés en muchos jóvenes que, por las circunstancias que he anotado, sencillamente no se inscribieron.
Por consiguiente, ahí hay un aspecto que debemos preocuparnos de resolver en la medida en que tengamos amplitud para consentir que haya inscripción automática.
El voto, en mi concepto, ha de seguir constituyéndose en un deber básico de todos los ciudadanos.
Y, como lo manda el señor Presidente, he dicho.
Señor Presidente , deseo expresar mi opinión en un tema que considero, más que importante, decisivo para que las democracias emergentes, como la chilena, que todavía no se encuentra suficientemente robustecida -así lo vimos, por desgracia, hace algunas décadas-, tengan solidez.
"Chile es obra de la ley". Es una expresión de Unamuno, quien nos definió como el país que se organizó, desde 1820 en adelante, en función de la ley. Y sus autores básicos fueron don Diego Portales , desde el punto de vista político, y don Andrés Bello , desde las perspectivas intelectual y jurídica.
Si Chile se integró 4 mil kilómetros, es obra de la ley. Nuestra democracia, que ha sido tan larga y sostenida y que cuando fallece resucita fuerte, es obra de las normas y de la ley. Chile es un país relativamente pobre, pero que se ha levantado con respeto universal, porque tiene una estructura dentro de la cual existen pueblos difíciles, distantes. La ley ha impedido, como en ninguna otra nación del mundo, que haya dialectos y movimientos separatistas, pues ha regido para todos por igual.
Aquí se ha hablado de la conciencia cívica, y con razón. Pero ella no emerge como obra de la cultura, sino porque la ley la impone. Es el molde que el Estado forma de la nación. Y aquél, que es fundamental para la subsistencia de la nación, debe establecer ciertas normas obligatorias, como aquí se dijo. No quiero repetir los argumentos, pero me parece impensable que podamos caer en la situación de países latinoamericanos como Colombia, donde nunca en el siglo pasado votó más del 30 por ciento de los ciudadanos.
Ahí tenemos a una nación dividida, porque unas cuantas familias -conservadores y liberales- se turnaron indefinidamente en el poder mientras los demás miraban el espectáculo hasta que se aburrieron e hicieron guerrillas.
¿Y qué ocurre hoy día en Venezuela? Lo mismo.
En Chile, lo que no es obligatorio legalmente parece no servir. Aquí todo se hace por ley. Quizá es un defecto.
Entonces, uno ve en nuestro país gran vulgaridad y pérdida de respeto, al punto que el mismo día en que el Presidente de la República asistía al Congreso, Valparaíso celebraba el día de la cultura y las Fuerzas Armadas conmemoraban en todo el territorio nacional un nuevo aniversario de la muerte de Prat, los jóvenes rompían la ciudad y producían cientos de millones de pesos de pérdida.
Ello obedece a la falta de rigor. Y el rigor, al final, se impone por la ley. Hay países europeos muy honorables; pero veamos lo que hicieron en los siglos XVII y XVIII para serlo: a los ladrones les cortaban las manos. Así ocurrió en naciones muy sólidas de Europa.
Pues bien, si no hay ley, nos despedazamos, nos desmoronamos. Y nos estamos desmoronando en muchos aspectos. Para qué hablar sobre lo que vimos ayer; los dos principales canales de televisión dedicados -perdónenme por señalarlo- a una famosa prostituta. Eso es lo que estamos viendo. Y nosotros, aquí, diciendo: "¡Que vote cuando quiera! ¡Que vote el que quiera!". Entonces, ¡reunámonos aquí cuando queramos...!
No desmoronemos el país. No destruyamos lo que hemos hecho.
Creo que tiene razón el Senador señor Espina cuando expresa que es preciso hacer obligatoria la inscripción...
Automática. Es lógico, porque automática es para una persona que vive en Chile la exigencia de pagar impuestos. También lo es poseer cédula de identidad -de lo contrario, si los carabineros sorprenden a un individuo en la calle o en un automóvil sin ella, lo llevan preso-, e intrínseco a ello, tener un número.
Pues bien, el acto más fundamental de la patria, la expresión de la categoría de ciudadano, ahora queda a voluntad. Dentro de poco se va a decir: "La moral queda a voluntad".
¿Qué no va a quedar a voluntad si no tenemos la esencia de la expresión soberana, que es el ciudadano que manifiesta: "Estoy en contra de fulano, voy a seguir esta idea"?
Me parece increíble que se haga presente aquí la concepción de una inscripción automática y de una votación libre.
Hay que modificar el sistema de inscripción. Yo observo en las provincias lo difícil que es inscribirse. Sin embargo, los habitantes lo hacen. El pueblo tiene conciencia de su deber cívico, aunque se demore y esté haciendo colas bajo la lluvia. Es admirable ver cómo gente modesta, gente del campo, constituye sus mesas a tempranas horas; a las ocho de la mañana, ya están ahí los apoderados.
No pongamos término a ese acto cívico; mantengamos su carácter obligatorio. Es cierto que algunas personas no cumplen. Pero dejar de exigir su cumplimiento equivaldría a decir "Permitamos el robo porque hay ladrones". No veamos la excepción. El 70 a 80 por ciento de los chilenos vota. Si algunos no sufragan, es porque no cumplen la obligación legal.
Señor Presidente , estoy de acuerdo en mantener la obligatoriedad para la inscripción electoral y el sufragio. En el primer caso, modernizando una de las mejores instituciones del país: el Servicio Electoral. Su director es admirable (ha permanecido durante varios gobiernos e inspira mucho respeto). Sin embargo, el Servicio en sí es anticuado en su concepción, como lo fue en su momento la Tesorería, que ahora es muy buena. Impuestos Internos a veces es demasiado bueno; el mejor de América Latina.
¿Por qué no modernizamos el Servicio Electoral y mantenemos -¡por amor de Dios!- lo que constituye la legislación obligatoria de los chilenos para seguir siendo tales?
Señor Presidente , la discusión habida hoy día en la Sala y el intercambio de opiniones producido me parecen sobremanera importantes, por una razón muy sencilla: porque están reflejando una pérdida en la sociedad del interés por la cosa pública.
En segundo lugar, aquí aflora una falta extraordinaria de la juventud en educación cívica.
La cosa pública se ve lejana sólo cuando falla, cuando hay problemas o defectos. Sin embargo, muchas de las personas que no se inscriben -por comodidad, por falta de incentivo, por carencia de información- son las que a menudo protestan porque las cuestiones públicas que afectan a toda la colectividad no se solucionan.
A mi juicio, el problema radica, sencillamente, en reconocer, por una parte, que la idiosincrasia nacional -como lo explicó el señor Senador que me precedió- pasa por un proceso en que la ley hace y exige conductas y actitudes, y por otra, que la sociedad debe educarse cívicamente.
Se atribuye mucha culpa a la circunstancia de que la actividad política no arrastra. Y si ésta no atrae y no tiene personas que escuchen y entiendan la importancia del servicio público, sin duda las nuevas generaciones no se van a interesar en el proceso fundamental que crea finalmente lo que se llama "comunidad nacional".
Los sociólogos hoy día critican a nuestro país diciendo que la sociedad chilena carece de identidad. ¿Cómo no si nosotros mismos no estamos convencidos de que hay una nación? Y ésta existe cuando hay un interés colectivo de esfuerzo, de solidaridad, de compromiso con el grupo. Y el compromiso fundamental es decir: "Mire, puedo estar de acuerdo o no con las ideas de fulano o de zutano, pero quiero que alguien me represente, de manera que marchemos todos juntos en la búsqueda de mejores posiciones".
En este debate ha aparecido algo muy interesante. Por suerte, y a pesar de todas las diferencias, todavía hay algo que nos une -excúsenme, señores Senadores, pero a veces uno cree que ello no existe-: el concepto de nación chilena.
Si se aprueba lo propuesto sobre la base de optar por factores prácticos pero marginando cuestiones valóricas, se estará facilitando el desapego del concepto de comunidad nacional y corroborando, por lo tanto, el fracaso de toda la gestión colectiva, el alejamiento del interés común, la ausencia de preocupación por el resto de la comunidad. En otras palabras, abriremos un cauce hacia un creciente egoísmo.
Me parece que la idea básica de la indicación número 69 es sumamente apropiada, práctica. Mantener todavía por largo tiempo la obligatoriedad del voto, más el perfeccionamiento del Servicio Electoral, serían pasos necesarios para avanzar hacia una mayor comprensión de la importancia de la gestión política y del compromiso que representa tener derechos. Mas, para gozar de tales derechos, hay que cumplir deberes.
Opino que no es el momento de derogar la norma, porque la nación, por muchas razones, no está educada.
Creo altamente factible combinar las dos posibilidades y seguir avanzando en esta materia.
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención este debate, que desde hace bastante tiempo se viene produciendo en el país, más allá de que se origine a propósito de un artículo o de una reforma constitucional. Y se relaciona con la manera en que la ley electoral, la inscripción, el voto, la obligación o voluntariedad se vinculan con la carencia del interés público en los últimos años, para transformar el sistema democrático chileno de manera de dotarlo de gran capacidad movilizadora, cosa que se veía venir, dado que, en especial, muchos jóvenes no votaban.
En esta discusión se han mezclado razones y consecuencias. A veces, tengo la sensación de que se considera primero la consecuencia de los hechos y después su razón.
Aquí hay dos indicaciones y, por lo tanto, dos criterios. Uno se refiere a que lo vigente no es bueno. Todos estamos conscientes de que el sistema no está funcionando de manera adecuada. La inscripción no es automática, y no hay sanción. Pero sí la hay, y no se cumple, para quien, estando inscrito, no vota.
Ésta es nuestra realidad actual.
La primera pregunta que se plantea es: ¿Tiene sentido mantener un sistema que sanciona al que no vota, a aquel a quien no se impone la obligatoriedad de inscribirse o no se hace objeto de inscripción automática. en circunstancias de que eso expresa un compromiso con su país, y sin embargo, no hay sanción para quien en determinado instante no se inscribe ni demuestra interés por hacerlo?
Hay dos indicaciones que debemos analizar concatenadamente: la número 63, referente a la voluntariedad del voto, y la número 69, relativa a la automaticidad de la inscripción. Para que haya coherencia, ambas deben aprobarse. Si se acoge una y no la otra, se producirán todos los efectos perniciosos aquí planteados; y si se rechaza una, también debe rechazarse la otra, para no incurrir en incoherencia.
No concuerdo con observaciones maximalistas en orden a que, si no se mantiene un sistema determinado de votación, la democracia cae, o a que, en cierta forma, aquí estamos presionando para que la democracia se sostenga. De alguna manera eso se ha dicho.
Mi criterio consiste en aprobar ambas indicaciones. No he planteado esto sólo ahora; hace muchos años que lo vengo afirmando. Es un deber de la ciudadanía inscribirse y comprometerse con su país. Es obligación del sistema democrático encariñar a la gente con el modelo democrático, perfeccionándolo. Y nuestro deber es conseguir que los inscritos piensen :"¡Qué bueno es ir a votar!".
No creo que el problema sea el inverso, como han dicho algunos señores Senadores. Nada sacamos con mantener una democracia basada exclusivamente en normas que obligan a votar si ellas no poseen ni el contenido, ni la voluntariedad real, ni la emocionalidad, ni el compromiso, ni el intento de que estas cualidades se expresen a través de las urnas. Sería una especie de obligación autoritaria imponer el sufragio si no se tienen ganas de votar o nada entusiasma para hacerlo. En términos políticos, ése es un amor a la fuerza.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos actuando de manera que la gente participe? La pregunta lógica es: ¿Por qué la gente no participa? Eso es lo legítimo y lo razonable. En mi opinión, como en otros países del mundo, ello ocurre porque estamos insertos dentro de un sistema donde el individualismo es de una naturaleza tan fuerte que impulsa a las personas a vivir sin preocuparse de lo que sucede a su alrededor. Y ocurre que la política y la democracia representan en esencia una visión gregaria, estrictamente opuesta al individualismo salvaje, y que se expresa con la típica frase de los jóvenes: "Vivir en mi metro cuadrado", que resulta del todo contraria a la solidaridad.
Asimismo, durante muchos años hemos estado sometidos a la permanente afirmación de que la política es lo antipatriota, o de que se opone al bien común, o de que provoca que adultos y jóvenes en determinado momento se aburran de lo que pasa en el mundo. Pero también es verdad -y debemos asumirlo- que nosotros mismos, en el Senado, en los partidos, de alguna forma estamos dando pie para ello.
Vuelvo a lo central. El Honorable señor Valdés , quien me antecedió en el uso de la palabra, señaló que esto representa un fenómeno curioso y que a la gente la motivan otras necesidades. La retroalimentación publicitaria o de los medios de comunicación, evidentemente, hace mucho más interesante las cosas que estamos viendo en el último tiempo.
Votaré a favor de la indicación renovada Nº 63 y, por supuesto, de la 69, a pesar de los anuncios de mi camarada el Senador señor Moreno , porque hay que pecar alguna vez para poder ser perdonado.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, este debate ha sido realmente interesante; de ninguna manera ha sido tedioso.
Se ha hecho un planteamiento que cala hondo en lo que debe ser, no sólo el derecho de los ciudadanos, sino también aquello que de alguna manera vinculó el Senador señor Gazmuri cuando habló: el deber.
En el fondo, estamos en presencia de lo que con fundamento muchos politólogos y juristas, en el caso del predominio de determinadas normas que atañen a las actividades esenciales para la colectividad por parte del Estado y a la manera de protegerlas, denominan "derecho-deber". Y éste es un caso típico de derecho-deber, que de ningún modo debe extrañarnos, porque está de por medio, en una concepción de esta índole, el interés general de la colectividad, por una parte, y lo que entraña un deber para el Estado -reconocer el derecho de los integrantes de la colectividad-, y a la vez una facultad del mismo, en cuanto puede exigir a aquéllos el ejercicio de tal derecho, por la otra.
La solución planteada por el Honorable señor Espina y apoyada por otros señores Senadores es absolutamente parcial, pues -lo digo con el mayor respeto- parte de una idea un tanto individualista, que deja de lado el genuino concepto de Estado solidario. La inscripción obligatoria -opción absolutamente válida- no tiene por qué vincularse, como se pretende, con la obligatoriedad del voto. Aquí es donde se yerra. ¿Por qué? Porque no se repara en que el derecho tiene como contrapartida un deber, al cual está del todo amarrado.
Me voy a permitir recordar una sola cosa de nuestro régimen, para que se comprenda cómo se ha dejado de lado el deber, que nace automáticamente para toda persona que tiene el derecho. No se ha tenido presente que, según nuestro actual ordenamiento, quien se inscribe queda de inmediato obligado a la prestación derivada del deber. Cuando alguien es llamado a formar parte de un cuerpo electoral en un proceso determinado, está obligado a cumplir esa prestación, precisamente porque el derecho y el deber se hallan de tal manera involucrados en la concepción de un Estado solidario que no pueden separarse.
De ahí que mi argumentación, de tipo puramente jurídico-institucional, sorprendentemente coincide con la interpretación -no pude evitar sonreírme al escucharla- del Senador señor Ávila . ¿En cuanto a qué? A que en el fondo cuando predomina una concepción de la índole del Estado solidario, resulta evidente que quienes se hallan obligados per se a aparecer como inscritos -esto sería un indiscutible aliciente para los jóvenes- automáticamente están obligados también a cumplir el deber consecuente con ese derecho.
Entonces, para ser profundamente razonables en esta materia, nosotros tendríamos que aceptar el planteamiento del Senador señor Espina en cuanto a establecer para las personas la obligación de aparecer inscritas desde el momento mismo en que cumplieran la mayoría de edad. Y el número de inscripción sería el mismo de la cédula de identidad, tal como en su momento se hizo con el rol único tributario. Ésta es una cuestión que ha sido aclarada diáfanamente en el Derecho Tributario y Administrativo chileno, en términos de que hoy a nadie le puede merecer duda. Si un mismo número sirve para la cédula de identidad y el rol único tributario, ¿por qué no podría utilizarse también para la inscripción electoral, e incluso para otros fines tan diversos, como la patente de un automóvil?
La verdad es que el concepto individualista a veces obnubila la cabeza de distinguidos ciudadanos. Es peligroso transformar a los seres humanos en números. Pero aquí no se trata de transformarlos en números. Los norteamericanos alegan eso, pero por razones de otra naturaleza, relacionadas con el sistema capitalista que impera en su país. Nosotros somos partidarios de incorporar, en una nación en desarrollo como la nuestra, la concepción de un Estado solidario. De ese modo no habría ninguna duda de que los ciudadanos, desde el momento en que son tales, quedan de inmediato obligados a votar, así como automáticamente inscritos en los registros electorales.
En suma, señor Presidente , lo razonable sería aceptar la tesis de la inscripción automática, sin que de ninguna manera eso signifique eliminar la obligatoriedad del derecho a sufragio, por lo menos mientras no quede claro que una persona, habiéndose inscrito o apareciendo inscrita automáticamente, por el hecho de pasar a ser ciudadano, tiene el derecho y al mismo tiempo el deber de votar.
Ahora bien, este derecho-deber trae aparejadas diversas consecuencias. Los ciudadanos están obligados a cumplir determinadas prestaciones al Estado; por ejemplo, cuando se inscriben en los cantones militares. En una palabra, hay que aceptar que de una concepción de solidaridad no sólo emanan derechos, sino, como contrapartida, también deberes, que corresponden a todos los ciudadanos.
En consecuencia, soy partidario de aceptar la tesis de la inscripción automática, pero manteniendo paralelamente el actual carácter obligatorio del sufragio, de tal forma que el día de mañana no sea necesario prescribirlo, sino que ello surja como consecuencia directa del establecimiento de la inscripción como derecho-deber, en cuanto corolario de una noción de Estado que todavía pretendemos que subsista, aunque sea en esta mínima parte, en nuestro país.
Para terminar, deseo puntualizar que el artículo 1º de la Constitución consagra de manera unívoca e indiscutible esta concepción de los derechos en lo que se refiere al electorado. Así que algunos distinguidos colegas, al propugnar el sufragio voluntario, estarían infringiendo, sin querer, la norma del artículo 1º, inciso quinto, de nuestra Carta Fundamental.
Me permito recordar que "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta," "y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional". Es decir, se consagra el derecho a la participación. ¿Y qué participación más clara que la de estar inscrito en los registros electorales y proceder a votar obligatoriamente?
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos, quien es el último inscrito.
Señor Presidente , quiero partir con la misma frase del artículo 1º de la Constitución mencionada por el Senador señor Silva : "y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.".
Si entendemos que esta disposición, de gran trascendencia en la Carta, establece una fórmula definida y definitiva en el proceso de participación de los chilenos, necesariamente debe existir un conjunto de normas institucionales que permitan que esta igualdad de oportunidades se cumpla en plenitud, tanto en la forma como en el fondo.
En este caso, se pretende obligar a los chilenos a votar por algo a lo que están ajenos. Es ajeno para un chileno ir a votar por listas de alcaldes y concejales en cuya confección ni siquiera han tenido participación los representantes de los partidos políticos en las comunas correspondientes.
Hoy se habla de individualismo. Incluso, el Senador señor Ruiz-Esquide manifestó que las personas no votan porque estamos en una sociedad muy individualista. Eso es cierto. Pero, ¡por favor!, nada más individualista que un presidente de partido político que dice, por ejemplo, que el 50 por ciento de las alcaldías van a ser suyas. Ésa es una individualidad extrema, pero que permite desarrollar una forma de participación que no tiene nada que ver con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución.
Se obliga a los chilenos, no sólo a votar por listas de cuya confección han estado absolutamente ajenos, sino a hacerlo por personas que, como ocurrió en las últimas elecciones municipales, en cuanto candidatos no tienen diferencias sustanciales. Sin embargo, en esa ocasión no fue posible que alguien de la comunidad se presentase como candidato a alcalde o a concejal, porque en Santiago no lo aceptaron.
En consecuencia, ¿obligaremos a la ciudadanía a votar, en circunstancia de que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurre en el proceso democrático? ¡Ninguna! ¡Absolutamente ninguna!
Bien, que se obligue a sufragar; pero también es necesario que se modifique la estructura de inscripción de las candidaturas, para que en definitiva los votantes tengan más cercanía con los postulantes.
Recuerdo que, hace 6 ó 7 años, tres o cuatro Senadores presentamos una indicación -fue rechazada por sólo dos votos- cuyo objetivo era que los candidatos a alcaldes y concejales se inscribieran en las secretarías municipales de las comunas correspondientes. Eso es básico.
¿Por qué se obliga a que los candidatos sean inscritos por terceros desconocidos desde un lugar tan lejano como Santiago para una elección, por ejemplo, en Puerto Montt, a mil kilómetros de distancia, o en comunas donde quienes los inscriben no tienen idea de su ubicación? Pero, ¡por Dios! Y más encima se impone a la ciudadanía votar por esas personas. ¡Es una falta de respeto a la sociedad! ¡Es una falta de respeto a las personas!
Por otra parte, ya sabemos que los candidatos a concejales de determinado bloque político obtendrán 50 por ciento de los sufragios independientemente de si tienen o no condiciones para el cargo. Es claro que la mitad de los votos está asegurada y que lo mismo ocurre con el 50 por ciento restante respecto del otro bloque político, no importando qué candidato es mejor. Como existe un acuerdo nacional, no interesa la opinión de la gente.
La verdad es que se inscribe de esa manera y, para colmo, después se exige a las personas que vayan a votar; de lo contrario, se las sanciona con multa.
¡Esto es un circo! La fórmula que se emplea no tiene absolutamente ningún asidero.
Conforme. Me pronunciaré por mantener la obligación de votar, pero con la condición de que los candidatos a alcaldes y a concejales se inscriban en las comunas respectivas, apoyados por sus partidos políticos; de que se realice una ceremonia cuando se estén inscribiendo los candidatos en la que todos participen, y de que el secretario municipal reciba las inscripciones de las personas que, si resultan electas, conformarán su gobierno comunal, las que no estarán sujetas a las modificaciones impuestas por algún pacto político desde Santiago .
Repito: me pronunciaría a favor de una norma que obligara a la gente a votar, pero no en asuntos en que las comunas no tienen ninguna responsabilidad, sino en elecciones parlamentarias, siempre que los candidatos a Senadores y Diputados se inscriban en la Región a la cual van a representar. Y que allí se efectúe una ceremonia donde participen las comunidades, las organizaciones sociales y funcionales; en fin, que todos estén presentes en la representación territorial de su propia Región y del conjunto de distritos a que pertenecen los Diputados. Entonces diría que es obligatorio el sufragio. Pero por la forma como se procede ahora, por la manera como funciona el sistema, por ningún motivo, ya que al expresar su voluntad las personas actúan desconociendo el origen del proceso, ignorando muchas veces los nombres de los candidatos y el modo en que fueron seleccionados. En fin, desconocen todo.
Por consiguiente, señor Presidente , la indicación formulada por algunos señores Senadores es buena en un contexto de la democracia que hoy no se aplica. No es posible sostener que Chile está desarrollando en plenitud su democracia y que se deba obligar a la gente a apoyarla tal como está concebida porque actualmente 6 ó 7 personas confeccionan las listas electorales para todo el país. En consecuencia, si alguien afirma que en Chile hay gran participación ciudadana, está absolutamente equivocado.
Obviamente, entonces, se debe mantener la idea de que las personas no estén obligadas a apoyar a candidatos que no conocen y en cuya elección no han tenido responsabilidad alguna, salvo que en dicho proceso se produzca -y a esto apunta mi argumentación- una modificación sustancial y, finalmente, sean los vecinos quienes participen en la inscripción de sus candidatos a alcaldes y concejales, y en las Regiones, a Senadores y Diputados. Si no, hay que apoyar la indicación presentada por los señores Senadores.
Señor Presidente , en muchas oportunidades ha habido un enfoque netamente político-partidista con relación a esta materia. Pero con la cultura que existe hoy en Chile, en términos de acceso a los medios de comunicación, y con el desarrollo que éstos han experimentado, la afirmación de que un bloque político siempre obtendrá mayor votación que el otro deja de tener valor. Porque, incluso, si lo aceptáramos así, nos encontraríamos con un problema superior: el de la comunidad nacional, el interés en la cosa pública y el servicio público como compromiso de todos los chilenos.
Por esas razones, considero que debe mantenerse el voto obligatorio, tal como lo establece la Constitución.
En cuanto a la proposición de que la inscripción sea automática -aunque no está en debate, me gustaría adelantar una opinión-, si se llegara a aprobar, nos encontraríamos con una gran sorpresa: cuando se llamara a votar, mayor cantidad de personas acudiría a las urnas sólo porque fue inscrita automáticamente.
Se trata de cosas prácticas, en una sociedad cada día más alejada de los valores y compromisos. En mi opinión, en este momento todavía no está dada la formación -no digo la información- ciudadana para que el sistema sea voluntario.
Por eso, voto en contra de la indicación.
Señor Presidente , soy contrario a este planteamiento, porque la esencia de la democracia, justamente, es permitir un proceso de integración de los habitantes que constituyen un país. Una norma como la propuesta es algo que pretende una democracia de exclusión. Y yo creo en la democracia de la integración.
Por lo tanto, considero muy importante que el sufragio continúe siendo obligatorio.
--Se rechaza la indicación renovada (23 votos contra 15).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Ávila, Canessa, Cordero, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Lavandero, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Cantero, Espina, Fernández, Flores, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo.
Señor Presidente , solicito que no sigamos tratando el proyecto de reforma constitucional, ya que, por distintas razones, puede que no se reúnan los quórum necesarios.
Perdón, señor Presidente . No sé si existiría la posibilidad de que iniciáramos el debate del artículo siguiente con el compromiso de no votarlo hoy.
¿Sabe lo que ocurre, señor Presidente ? Cuando se inicie la discusión del próximo artículo con la mitad de los Parlamentarios presentes, el derecho a creer en la ilusión de persuadir se perderá. De manera que yo pediría que...
Señor Senador , la norma viene propuesta por unanimidad, de modo que no tiene que persuadir a nadie.
Señor Presidente , pese a que la próxima norma corresponde a una indicación, quiero solicitar que la tratemos en la sesión siguiente.
La Sala es soberana para resolver sobre la petición que se ha formulado.
Si hubiera acuerdo, el tratamiento del proyecto quedaría pendiente hasta la próxima sesión.
En todo caso, debo hacer presente al Senado que con el procedimiento que se está siguiendo es imposible despachar las reformas constitucionales.
Por lo tanto, voy a solicitar a los miembros de la Comisión de Constitución que colaboren a fin de establecer un mecanismo diferente para el despacho de la iniciativa. Ojalá pudiéramos discutirla por materias. Y si es necesario separar determinada norma, que lo podamos hacer. En todo caso, vamos a ver la manera de proceder para acotar el debate.
Asimismo, debo informar que el martes próximo, según se ha dado cuenta hoy, tendremos que debatir en general el proyecto sobre Ley de Matrimonio Civil, que también va a requerir un largo período de discusión. De modo que se nos puede producir una gran acumulación de proyectos.
En todo caso, la próxima semana veré personalmente en Comités la manera de agilizar un poco más el despacho del proyecto de reformas constitucionales.
¡Los chilenos no están vuelto locos con la reforma...!
De acuerdo con lo resuelto por la Sala, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:27.
Cientos de miles de jubilados y montepiadas esperan por años que nuestro país cumpla con ellos la deuda social, pendiente con este sector de nuestra sociedad. Es cierto que algunos avances se ha realizado, pero creemos que es posible dar mayores pasos hacia una mayor justicia.
Hace tiempo que Senadores y Diputados hemos venido planteando la necesidad de enfrentar la difícil situación que enfrenta el sector pasivo de nuestra patria. Son muchas las injusticias a las que se han visto enfrentados los pensionados, como La aplicación de ciertos descuentos previsionales, el no pago retroactivo del 10,6% de reajuste del que se les había privado durante el Gobierno Militar, el daño previsional generado por un traspaso involuntario o forzado al sistema de AFP u otros. Creemos que resulta de la mayor importancia el revisar la normativa sobre pensiones de sobrevivencia o montepíos del antiguo sistema previsional.
En esa línea, creernos necesario realizar mayores avances en orden a nivelar las pensiones de sobrevivencia o montepíos de las viudas al ciento por ciento de la pensión que recibía el causante al momento de su fallecimiento, ya no sólo respecto de quienes tenían una pensión mínima, sino que respecto de todos los pensionados de este sistema.
Es claro que con el fallecimiento del pensionado los gastos del hogar del sobreviviente no se reducen a la mitad, sino que son bastante similares a los que se tenían hasta antes del mencionado deceso, por lo que el actual sistema genera un fuerte impacto en el bienestar de los adultos mayores y es un motivo de gran preocupación del pensionado respecto de la situación futura de sus viudas.
Es por ello que proponemos al Senado de la República que esta Corporación acuerde solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República disponer se estudie la factibilidad de nivelar, a contar del año 2004, las pensiones de sobrevivencia o montepíos del antiguo sistema de pensiones al ciento por ciento de la pensión que recibía el causante al momento de su fallecimiento.
(Fdo:) Frei Ruiz-Tagle, Carmen; Lavandero Illanes, Jorge; Naranjo Ortiz, Jaime; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Ruiz De Giorgio, José; Silva Cimma, Enrique

References: artículo 62
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