Source: https://fr.scribd.com/document/302697957/LORENZETTI-Aspectos-Valorativos-y-Principios-Preliminares
Timestamp: 2019-04-23 10:03:33+00:00

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LORENZETTI - Aspectos Valorativos y Principios Preliminares
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LORENZETTI - Aspectos Valorativos y Principios Preliminares.-
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ASPECTOS VALORATIVOS Y PRINCIPIOS
PRELIMINARES DEL ANTEPROYECTO DE
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
En cuanto a los valores que guían la estructura del anteproyecto, y a modo de síntesis, se
podría decir que son los siguientes:
La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público
y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en
particular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de
constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización
del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho
público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica
argentina. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la
persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva,
la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los
consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que existe
una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado.
Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad
abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. El
Anteproyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar
una verdadera ética de los vulnerables. Ello puede apreciarse en una serie de normas sobre
protección de los consumidores, que, por primera vez son incorporadas sistemáticamente en
un código, que innova profundamente en la materia.
En la tradición histórica, el sujeto del derecho privado ha sido el hombre. Se ha cambiado este
paradigma para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la
religión, el origen o su riqueza. En los textos proyectados aparecen la mujer, el niño, las
personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos
otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento.
En su mayoría, los códigos del derecho privado comparado regulan sólo los derechos
individuales. El Anteproyecto da una importancia relevante a los derechos de incidencia
colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional. Esto tiene un impacto significativo en el
modo de relacionamiento con los recursos naturales y es coherente con el actual derecho
La mayoría de los códigos decimonónicos han quedado desactualizados. En efecto,
aparecieron bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una
utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etcétera. La relación exclusiva entre los
bienes y la persona también ha mudado y aparecen las comunidades, como ocurre con los
pueblos originarios. Finalmente, los conflictos ambientales se refieren a bienes que son
en cambio. allí deben consignarse las reglas generales de todo el sistema. prescinden de un Título Preliminar. algunos códigos. Desde otra perspectiva. Su aceptación se ha basado en una tradición histórica y en el presupuesto de que el código civil es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privado y. estableciendo reglas para la decisión judicial. como el brasileño. se pueden regular las fuentes desde el punto de vista de la decisión del juez. Todo ello requiere una concepción más amplia. Razones de la existencia de un Título Preliminar Una primera cuestión a decidir fue la necesidad de incluir un Título Preliminar en el código. también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. porque tiene la amplitud necesaria para comprender desde los tratados internacionales hasta la reglamentación administrativa. En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. fideicomisos. 6) Código para una sociedad multicultural. El valor del Título preliminar. En el derecho privado. Si se introducen reglas respecto de las fuentes y la interpretación. y no solamente de propiedad del Estado. De modo que. por lo tanto. En ese sentido. en materia de matrimonio. en este plano. debe recurrirse a un diálogo de fuentes. bancarios.mencionados en el Código como del dominio público. pero la Constitución y la ley ambiental los consideran colectivos. también se regulan las uniones convivenciales. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista. en el régimen legal de las personas menores de edad también se receptan muchas novedades como consecuencia de los tratados internacionales. En el sistema jurídico argentino vigente no hay un dispositivo que fije reglas generales respecto de las fuentes ni en relación a la interpretación de éstas. 1). lo cual le confiere una singularidad cultural remarcable. Desde este punto de vista. frecuentemente. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial. Ello no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. La regulación completa de las fuentes es un tema que hoy se analiza en el derecho constitucional. en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. es necesario que los operadores jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejo. se regulan los efectos del sistema igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial. Por eso se regulan contratos de distribución. se incorporan normas relativas a la filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas. y a la utilización no sólo de reglas. régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas. la respuesta es positiva y así lo propone el Anteproyecto. Esta idea ha sido cuestionada en la actualidad. que ha sido receptada en el Anteproyecto. puesto que la descodificación es un fenómeno incontrastable. se debe valorar su coordinación . 7) Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. financieros. sino también de principios y valores. II. en el que. fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Estos valores y principios están muy presentes en nuestra propuesta legislativa y ausentes de manera sistemática en una gran mayoría de los códigos de otros países.
No se trata de una parte general al modo en que fuera pensado en la pandectística alemana. Por esta razón. cuyo destinatario no es el juez. que le dan al Código un sentido general en materia valorativa. que es una fuente. una parte general cuyo contenido es coherente con el que se propone. el sistema adquiere un núcleo que lo caracteriza y que sirve de marco de comprensión de una gran cantidad de cuestiones de interpretación y de integración de lagunas. 2). Tradicionalmente. sino los ciudadanos. el Anteproyecto contiene un Título Preliminar muy novedoso que. sino del diseño de unas líneas de base enfocadas en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema de derecho basado en principios y reglas. . Ello es así porque. El Capítulo 2 (artículo 10) regula la aplicación de la ley (artículo 11). sin tener pretensiones de ordenar de modo cerrado todo el sistema. por ejemplo. eficacia general. 312:957). y nociones generales sobre los bienes individuales y colectivos. el italiano.con otros microsistemas. El Anteproyecto distingue normativamente el derecho de la ley. El Código Civil español contiene un Título Preliminar dedicado a “las normas jurídicas. Objeto de regulación: ley y derecho El Código Civil incluyó el Título I denominado “De las leyes”. como. El Título Preliminar como núcleo de significaciones Una de las funciones que puede cumplir un título preliminar es la de aportar algunas reglas que confieren una significación general a todo el Código. una norma de este tipo tiene un efecto expansivo indudable. 4). La concepción que se recoge tiene antecedentes en otros códigos. como se explica más adelante. De este modo. principal. cabe considerar que los programas de las facultades de derecho argentinas tienen. 3). porque se promueve la seguridad jurídica y la apertura del sistema a soluciones más justas que derivan de la armonización de reglas. cabe distinguir entre el derecho como sistema y la ley. es muy útil mencionar las fuentes del derecho. 3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: “…la regla de interpretación prevista en el artículo 16 (del Código Civil) excede los límites del derecho privado. el Título Preliminar ha sido considerado solamente para estos fines. su aplicación y eficacia”. a los que luego define en sus efectos y relaciones jerárquicas (artículos 2. se refiere a las fuentes del Derecho (artículo 1) y menciona a la ley. su eficacia en el tiempo. Una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica. conforme a las precisiones que desarrollamos seguidamente. puesto que los trasciende y se proyecta como un principio general vigente en todo el orden jurídico interno” (Fallos. Finalmente. y otro referido a la ley como fuente principal. la definición de fuentes y reglas de interpretación. Por esta razón. El Anteproyecto le da una amplitud mayor. con capítulos dedicados a las fuentes del derecho. y fijar algunas reglas mínimas de interpretación. pero no única. sea cual fuere el grado de centralidad que se le reconozca al código. Por esta razón. habitualmente. Con referencia a la ley. principios y valores. incluyendo reglas para el ejercicio de los derechos. es decir. y la interpretación (artículo 12). la aplicación de las normas jurídicas. los reglamentos y los usos. el Anteproyecto establece normas respecto de su obligatoriedad con relación al espacio y al tiempo y sus efectos en el campo del derecho internacional privado. se incluye un Título relativo al derecho. y normas de derecho internacional privado. En este sentido. incluye los contenidos referidos.
324:3345. siendo uno de ellos conforme con la Constitución. siendo ésta una decisión “contra legem” que origina litigiosidad innecesaria. La aplicación de la ley significa delimitar el supuesto de hecho y subsumirlo en la norma. Los derechos y los bienes: se especifica el campo regulatorio del Código en la materia. 292:190. o se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad. Además. como se explica a continuación: El derecho: se incorporan directivas referidas a la obligación de decidir. se alude a la necesidad de procurar interpretar la ley conforme con la Constitución Nacional y los tratados en que el país sea parte. ignorancia o error de la ley. una deducción. el Anteproyecto regula el valor de la costumbre contemplando los casos en que la ley se refiera a ella o en ausencia de regulación. se incorpora un artículo relacionado con reglas de interpretación. queda claro y explícito en la norma que la interpretación debe recurrir a todo el sistema de fuentes. se consideran las fuentes y se establece el requisito de la razonabilidad de las decisiones como un estándar de control de la decisión judicial.Desde esta perspectiva. que el juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla. El Derecho El propósito del Capítulo no es dar una definición del derecho ni de sus fuentes. 301:962. sino fijar reglas claras para la decisión. En tal sentido. abuso de los derechos. fraude a la ley. reiteradamente recordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirma que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico por lo que sólo será pronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 288:325. porque de lo contrario. y los usos y costumbres (artículos 5 y 6) El Anteproyecto se basa en las siguientes consideraciones: a. entre otros). Las fuentes: Los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes. De conformidad con lo que señala la mayoría de la doctrina. que impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles. El Código Civil vigente dispone la obligación de juzgar (artículo 15) y las directivas en caso de insuficiencia de la ley (artículo 16). lo que sería impropio de un código. el modo en que se cuentan los intervalos del derecho. 4404. el Título Preliminar amplía su contenido a otras cuestiones. Los proyectos de 1987 y de 1993 se limitaron a reformar el artículo 16. aparecen sentencias que no aplican la ley. 290:83. Se destaca en primer lugar la ley. leyes transitorias. b. obligatoriedad de la ley. De todos modos. En cuanto a los textos. renuncia de la ley. hemos preferido incluir pocos artículos para mantener una regulación austera que permita el desarrollo jurisprudencial. Ello implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que puede ser interpretada en armonía con la Constitución. Constituye acendrado principio cardinal de interpretación. criterio que constituye una restricción al quehacer judicial. 325:645. Reglas de interpretación A fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes. Así. El ejercicio de los derechos subjetivos: se contemplan principios referidos al ejercicio de los derechos subjetivos. las fuentes y reglas de interpretación Las leyes: se regula la ley como fuente formal principal. dirigidos al ciudadano: buena fe. la decisión jurídica comienza por . es decir. Seguidamente se examinan más detenidamente estas cuestiones 4). El Proyecto de 1998 regula el deber de resolver.
pero debe ser armónica. con lo cual se deja de lado la referencia a la intención del legislador. en cuanto afirma que la interpretación debe partir de las palabras de la ley. se regula la obligación de decidir. No se consideró conveniente hacer una enumeración de principios ni de valores. La obligatoriedad de la ley El Título I del Proyecto de 1998 dispone: “Artículo 1°. c.. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. se entiende que el plazo expira el último del mes. Esta solución es coherente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reiteradamente ha hecho uso de los principios que informan el ordenamiento y ha descalificado decisiones manifiestamente contraria a valores jurídicos. sino que son normas de integración y de control axiológico. queda éste excluido del cómputo. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha.Plazo de meses o años. Se agrega que la decisión debe ser razonablemente fundada.Día. que debería ser “oficial”. Esa es la función que tienen como fuente de derecho referida en el artículo primero. No hay objeciones a este texto. expresión que se ajusta a lo que surge de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. conformando una norma con el contenido de las demás. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. b.las palabras de la ley. En los plazos fijados en días.. que tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las incluye como criterios de interpretación. dirigida a los jueces. También deben tenerse en cuenta los conceptos jurídicos indeterminados que surgen de los principios y valores. Obligación de decidir razonablemente Finalmente. 5). Las leyes rigen después del octavo día de su publicación. Se hace referencia al ordenamiento jurídico. Se mencionan las leyes análogas. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo. Artículo 12. Ello tiene particular importancia en supuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley análoga y la costumbre. pues sus distintas partes forman una unidad coherente y que. en la inteligencia de sus cláusulas. porque tienen un contenido valorativo que se considera relevante para el sistema. sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.. y de allí que es adoptado por el Anteproyecto. lo cual permite superar la limitación derivada de una interpretación meramente exegética y dar facultades al juez para recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema. Modo de contar los intervalos del derecho El Título IV del Proyecto de 1998 contiene las siguientes normas: “Artículo 9°. o desde el día que ellas determinen”. Ello es conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta es la función que tienen en materia hermenéutica a la que se refiere el artículo segundo. domiciliados o transeúntes.Extensión. excepto en lo referente a la publicación. residentes. La ley a. cuando se interpreta una norma. el cual debe empezar al siguiente. Pero además. como sucede en el ámbito de los contratos comerciales. tienen especial relevancia los tratados de derechos humanos.. Artículo 2°.Plazo de días. sean ciudadanos o extranjeros. a contar de uno determinado. También se incluyen sus finalidades.Existencia y vigencia. para dar libertad al juez en los diferentes casos. De ese modo la tarea no se limita a la intención histórica u originalista. debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto. Esta disposición se aplica extensivamente a todos los que deben decidir casos con obligación de fundarlos. conforme con la tradición en nuestro Código Civil. Artículo 11. Todos los tratados internacionales suscriptos por el país y que resultan obligatorios deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. sino que se permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación. los cuales no sólo tienen un carácter supletorio.. por su carácter dinámico. Artículo 10º.Plazo de ..
Por otra parte. como sucede actualmente. hubiera sido una estipulación sobreabundante e inútil. Derecho transitorio El Título II del Proyecto de 1998 regulaba el derecho transitorio de la siguiente manera: “Artículo 4°. sea más favorable al consumidor. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos. se entiende prorrogado al día hábil siguiente. se considera prorrogado hasta las dos (2) primeras horas hábiles siguientes.. este aspecto puede variar según las provincias y los temas regulatorios. obviamente. cabe descartar la presunción de una voluntariedad “común” sobre la remisión a las normas supletorias vigentes. lo que se respeta no es la vieja ley. sino la voluntad de las partes. Teniendo en cuenta que. tratándose de una relación de consumo. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”. la Comisión no lo incorpora. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. además de no ser derecho de fondo. En los plazos fijados en horas. al contrato de consumo en curso de ejecución. el cual debe empezar desde la siguiente. Se ha conservado esta regla. pero se aclara que las leyes se aplican a las consecuencias y no a las relaciones. excepto en la cuestión referida al plazo de gracia que. siempre y cuando. queda ésta excluida del cómputo. Si se trata de un acto que no puede cumplirse hasta la hora veinticuatro (24) por encontrarse cerradas las respectivas oficinas judiciales o administrativas. particularmente cuando el contrato es de duración. Sin embargo. Artículo 14. salvo disposición en contrario. Los plazos vencen a la hora veinticuatro (24) del día del vencimiento respectivo. la regla sea invertida en el sentido que. En los fundamentos se afirma: “En cuanto al modo de contar los intervalos de tiempo se mantienen las soluciones vigentes con una expresión más precisa. A partir de su entrada en vigencia. dejando que cada ordenamiento procesal se ocupe de resolverlo. Según el entendimiento tradicional. y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. . de acuerdo con lo que sostiene la doctrina mayoritaria. No tienen efecto retroactivo.Temporalidad. Por ello. dado que es de presumir que la nueva ley mejora según lo justo la derogada y que el legislador la sanciona de acuerdo a lo que parece más razonable según los cambios sociales o las prácticas negociales. Si el vencimiento se produce en un día inhábil. es una cuestión procesal. como el propio proyecto lo dice. resulta necesario dar una solución armónica en todo el territorio nacional. procurando interpretar lo que hubieran con justicia pactado las partes de haberlo previsto. c. este Título no ha merecido críticas. se considera prorrogado hasta las dos primeras horas hábiles siguientes”. la vigencia de las normas supletorias se basa en que las partes han callado porque la ley preveía lo que ellas querían estipular y porque acordarlo en el contrato. sean o no de orden público. En general. a contar desde una determinada. Por consiguiente. y se incorpora una regla que alude al plazo de gracia. excepto lo dispuesto en materia de prescripción. si una reforma legislativa altera los preceptos supletorios de un contrato dado.Vencimiento del plazo.horas. Artículo 13. en ese ámbito. en tanto.. las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. de modo que cualquier acto que deba cumplirse hasta las veinticuatro horas de cierto día y no puede ello hacerse por encontrarse cerradas las oficinas judiciales o administrativas. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”. los contratos en curso deben ser juzgados por la vieja ley. parece conveniente que. en estos contratos de consumo. se introduce una ligera variante con relación a la regulación actual del artículo 3º del Código Civil con relación a los contratos en curso de ejecución y las nuevas normas supletorias. le sean aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse. por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia. que forma parte de ellos. institución típica del derecho procesal que se pretende trasvasar al derecho de fondo. en realidad. – “Cómputo.
el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”. y finalmente fueron adoptados como principios generales en todo el derecho privado. fundamentales para orientar en todo el Código. tuvieron un proceso histórico de generalización creciente. Ignorancia o error de derecho. se suministran pautas generales para el ejercicio de los derechos. 396. luego se extendió su aplicación a las obligaciones. Las cláusulas generales relativas a la buena fe. el Anteproyecto se aparta del Proyecto de 1998. se introduce en el Título Preliminar una norma referida al fraude a la ley. Por otra parte. Esta disposición. a los que. de familia y de sucesiones en general. independizándolo del fraude a los acreedores y elevándolo al rango de una categoría general. El Proyecto de 1998 establece “Artículo 7°. haciendo saber sus disposiciones. el abuso. Como se dijo.Vigencia de la ley.Fraude a la ley. si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. y no requieren la publicación en el boletín oficial. que ha sido ampliamente receptada en la jurisprudencia. el fraude. De acuerdo con ello.. los contratos. De esta manera. no se advierten casos que no puedan ser solucionados por medio de las diversas normas que existen en el sistema para la tutela de los vulnerables. no se condice con la ubicación metodológica en el Código Civil. Las leyes son vinculantes desde su entrada en vigencia. y la ignorancia o el error acerca de ellas no sirven de excusa salvo. el Anteproyecto regula principios generales en el Título Preliminar. con relación a las leyes civiles. Resta considerar la situación de los sectores vulnerables por su situación social.d. Esta calificación como principios generales. . Invocabilidad del error de derecho El Código Civil dispone (artículo 20) que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. resulta justificable eximirlos del conocimiento presuntivo de la ley supletoria. 6).. En este último. Luego. que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa. que sigue siendo específica y sectorial. Por esta razón se proyecta su inclusión en el Título Preliminar. en el Título IX se incluían los arts. económica o cultural. contratos y derechos reales específicos. contratos. y otras. Por esta razón el Anteproyecto mantiene el principio básico del sistema que consiste en que la ley se presume conocida. muchas veces. b) Si la ley establece que se debe dar un aviso o comunicación previos. Primero fueron utilizados en obligaciones. En este punto. examinada conjuntamente con el artículo 2º del Proyecto. En ese caso. que luego se complementan con reglas específicas existentes en materia de obligaciones. la posición dominante y las sanciones conminatorias. Sin embargo. Un importante sector de la doctrina ha criticado esta redacción porque puede hacer confundir las leyes no publicadas con las leyes secretas y por eso corresponde salvar la omisión. Su regulación como principios generales Los dos primeros Títulos “El derecho” y “La ley” contienen guías dirigidas a los jueces y juezas. La disposición proyectada establecía: “Artículo 8°. los derechos reales. El Título referido al ejercicio de los derechos tiene por destinatario principal a los ciudadanos. se considera otorgado en fraude a la ley. y ese aviso o comunicación no ha sido dado”. la Comisión consideró que una regla general de este tipo en el Título Preliminar podría tener una expansión muy amplia en su aplicación con serio deterioro del presupuesto básico. a persona determinada o al público. Ejercicio de los derechos a. las leyes vinculan desde su entrada en vigencia. el abuso del derecho. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal. 395. puede dar lugar a confusiones. 397 y 398 en los que se trata la buena fe. en los siguientes casos: a) Si la ley autoriza la excusa.
el abuso es el resultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que. Esta circunstancia aconseja conservar la redacción de las mismas. o el que excede los límites impuestos por la buena fe. Los actos jurídicos deben ser celebrados y ejecutados con buena fe y lealtad. como la denominada buena fe “creencia” (subjetiva). que incluye la apariencia y. lo que luego se complementa con reglas específicas aplicables a distintos ámbitos. El Proyecto de 1998 recibe la mayoría de estas observaciones mediante la siguiente propuesta: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los dere¬chos. por su propia morfología. de situaciones y de posición dominante en el mercado: el abuso en el ejercicio del derecho tiene una extensa tradición en nuestro país tanto en la jurisprudencia como en la doctrina.711 y sus resultados han sido satisfactorios y ampliamente elogiados por la doctrina. cuya descripción y efectos han sido desarrollados por la doctrina argentina. sin dejar de considerar la influencia que ello tiene sobre las leyes especiales. que es diferente del ejercicio abusivo y de la situación jurídica. Esta elaboración se basa en el ejercicio de un derecho por parte de su titular. Además. pero no comprende otros dos supuestos que han merecido consideración doctrinal: . Se considera tal el que contraría los fines que ella tuvo en mira al reconocerlos. se integran y consolidan su alcance lentamente a través de la tarea jurisprudencial. Se crean entonces situaciones jurídicas abusivas. tratándose de una cláusula general que abarca el ejercicio de cualquier derecho o situación jurídica. se propone que la buena fe sea regulada como un principio general aplicable al ejercicio de los derechos. según las circunstancias. podrían no ser calificados como tales. Las cláusulas generales. Abuso del derecho El abuso del derecho fue introducido en el Código Civil mediante la reforma de la ley 17. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo y. La norma hace referencia al acto jurídico. al ser un principio general.711. considerados aisladamente. sin perjuicio de las adaptaciones en cada caso en particular. en lo sustancial. Las modificaciones propuestas son las siguientes: • Definición como principio general: se lo incluye como un principio general del ejercicio de los derechos en el Título Preliminar. lo que puede dar lugar a una interpretación restrictiva. El Anteproyecto sigue. .El abuso de posición dominante en el mercado: para dar coherencia al sistema. y ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia y la doctrina. En el Proyecto de 1998 se incluye la “lealtad”. se incluye este supuesto. c. La parte que obra de mala fe debe resarcir el daño causado” (artículo 395). si bien está inserta en el Título “Del ejercicio de los derechos”. en el sentido de la exigencia de un comportamiento leal (objetiva). esta metodología cambia la tonalidad valorativa de todo el sistema. • Abuso de derecho. .Las “situaciones jurídicas abusivas”: en este supuesto. De conformidad con lo señalado. comprensivo de cualquier ejercicio de un derecho. b. En el ámbito de las reformas. parece más apropiado otorgarle un enunciado normativo más amplio. pues así redactada debería ir en el Título de los actos jurídicos y no del ejercicio de los derechos. los referidos precedentes. en tanto y en cuanto no existan motivos justificados como para alterar su formulación.derechos reales y otros aspectos. Metodológicamente parecería que su ubicación es impropia. el Proyecto de 1998 propone: “Buena fe. sea ella derivada o no de un acto jurídico. razón por la cual se lo menciona en texto separado. Buena fe La “buena fe” como una cláusula general fue introducida en el Código Civil mediante la reforma de la ley 17. procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una in¬demnización”. se prescinde de aquella expresión. por lo tanto. la moral o las buenas costumbres. se incluye tanto la buena fe. En el Anteproyecto.
Se trata de que los derechos subjetivos tengan límites respecto de los bienes colectivos. ignorando la doctrina y jurisprudencia. aunque sí una utilidad. En su reemplazo. se utiliza una expresión más amplia. genes. El fundamento de este agregado es que el principio protectorio siempre presupone que alguien domina a otro. etc. Es admisible la renuncia a los efectos. comprensiva de todo el sistema. no tienen un valor económico. los conflictos ambientales se refieren a bienes que son mencionados en el Código como del . con gran perjuicio general del sistema y de su adaptabilidad. porque de lo contrario se afectaría la obligatoriedad de la ley. órganos. dándose así cabida a la denominada función ambiental de los derechos subjetivos. La regla se basa en una relación directa entre el sujeto individual y los bienes. se emplea la noción de “fines del ordenamiento” que evita la contextualización histórica.. dentro de los derechos reales (Libro Tercero). pero.El problema legal El Código Civil ha regulado. Seguidamente se regula el fraude a la ley imperativa en los términos que había previsto el Proyecto de 1998. posibilitando la interpretación evolutiva para juzgar si se ha hecho un uso irregular o abusivo. y aparecieron bienes que. pero debe aclararse que se trata de la posición en el mercado. Abuso de posición dominante en el mercado El Proyecto de 1998 incluye dentro del Capítulo referido al ejercicio de los derechos la siguiente propuesta: “Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplica cuando se abusare de una posición dominante en el mercado.Fines del ordenamiento: se evita la referencia a los fines “pretéritos” con la expresión que se “tuvo en mira al reconocer (el derecho)”. Finalmente. Orden público y fraude a la ley se establece una regla general sobre el orden público idéntica a la que contiene el Código Civil vigente en el artículo 21. sino también los ambientales. como sucede con el cuerpo humano. y b) es coherente con las reglas de interpretación que se proponen en este Título Preliminar. abuso del derecho. excepcionalmente. etc. al patrimonio como un atributo de la persona (nota al artículo 2322 del Código Civil). sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes especiales”. La relación exclusiva entre los bienes y la persona también ha mudado y aparecen las comunidades. perderían sentido todas las demás y las absorbería. mientras que. como ocurre con el desarrollo o consumo sustentable o la función ambiental de los derechos. Esta decisión tiene una gran importancia por dos razones: a) los fines actuales del ordenamiento incluyen no sólo los sociales. pues el texto de una norma no puede quedar indefinidamente vinculado a su sentido “histórico”. Finalmente. Si se incluyera una norma que se refiera sólo a la posición dominante. en cuanto a los límites. Esta norma ha sido ubicada en el Capítulo referido a los bienes a fin de facilitar su comprensión. siendo de la persona. pero las reglas a través de las cuales se aplica dicho principio de política legislativa son diversas y cada una tiene su fundamento específico: buena fe. es importante resaltar la noción de abuso del derecho individual respecto del derecho de incidencia colectiva. Este esquema es insuficiente para solucionar conflictos actuales. porque es novedosa en el sistema argentino. 7. se da un lugar a los bienes del dominio público. siguiendo una extensa y consolidada tradición histórica. Derechos y bienes A. Renuncia general de las leyes La prohibición a la renuncia general es plenamente justificable. La concepción patrimonialista ha ido cambiando. así como una vinculación relevante entre estos últimos y su valor económico. como ocurre con los pueblos originarios. que tienen lugar en la jurisprudencia. El ejercicio abusivo incluye la posición dominante.
pero la Constitución y la ley ambiental los considera colectivos. muebles. ya que. Es necesario proveer principios en relación a estos temas que. como el cuerpo humano. además. es necesario ampliar algo más estos fundamentos. pero que presentan otro tipo de utilidades. 226 a 230): definición del dominio público. b) Elemento objetivo: en cuanto al objeto. En los artículos 2339 y ss. bienes registrables. Interesa analizar ahora el contenido del Libro segundo. se introduce un Capítulo del Título Preliminar que. en gran . Capítulo 1. Estas divisiones no toman en cuenta a bienes que no son susceptibles de apreciación económica. permite disponer de unas guías generales que luego se desarrollarán en artículos particulares. accesorias. porque en el Código Civil se incluyó este tema en el Libro Tercero sobre derechos reales y en el Proyecto de 1998 se lo regula en el Libro Segundo. en materia de derechos reales. y no solamente de propiedad del Estado. principales. cosas. consumibles. con un Título I (artículos 2311 y ss. con pocos textos.Método El método seguido por el Código Civil y por el Proyecto de 1998 es un elemento fundamental para desentrañar la arquitectura del sistema. al momento de su elaboración. y del patrimonio (Título III). probablemente porque. que son susceptibles de apreciación económica. exclusivamente. Sección 1ª y 2ª. por su amplitud. Esa regulación no puede ser exhaustiva. Las conclusiones metodológicas son las siguientes: 1) Hay un grado de generalización creciente. Dada la magnitud del cambio que se propone. pero no se tiene en cuenta a las comunidades (propiedad de los pueblos originarios). que trata de la persona humana (Título I). de las iglesias y de los particulares. y a las cosas consideradas en relación a las personas (Sección 2ª)) un Capítulo 2 sobre la garantía común y un Capítulo 3. fungibles. que consiste en lo siguiente: Bienes y cosas considerados en sí mismos y con relación a los derechos (arts. los bienes públicos y privados del Estado. sobre la vivienda. Este último contiene un Capítulo 1. desarrolla la noción de bienes. inmuebles. cosas divisibles. consumibles. Título III. 3) Sin perjuicio de mantener la regulación específica de los derechos reales. es necesario contemplar los nuevos supuestos. leyes especiales y jurisprudencia. se trata de las cosas en relación a las personas. muebles. El Proyecto de 1998 contiene un Libro Segundo dedicado a la parte general. los bienes municipales. Dentro de esta categoría se distingue a los bienes materiales que son cosas y. 2) La propuesta de regulación del Proyecto de 1998 continúa siendo insuficiente para contemplar los nuevos conflictos. dominio privado del Estado. Por eso. B. El Código Civil regula este tema en el Libro Tercero. principales. De lo expuesto se desprende que el orden seguido se basa en distinguir: La persona humana o jurídica y sus derechos individuales sobre los bienes: a) Elemento subjetivo: el sujeto que se tiene en consideración es la persona humana o jurídica. cosas. referido al activo (bienes y cosas considerados en sí mismos y con relación a los derechos (Sección 1ª). de la persona jurídica (Título II). accesorias y su enajenabilidad. que en la Constitución actual son sujetos de derecho. fungibles. frutos. y bienes de los particulares. 214 a 225): definición de bienes. se dirige a los bienes. productos. divisibles. inmuebles.dominio público. bienes fuera del comercio. Cosas consideradas en relación a las personas (arts. que está dedicado a la parte general. a los que están dentro y fuera del comercio. no pueden estar metodológicamente ubicados. y los que son susceptibles de apropiación privada.) que alude a las cosas consideradas en sí mismas. la reforma constitucional era demasiado novedosa.
Para este fin. condominio. contemplar otros aspectos que ya están en la práctica social y en el sistema jurídico: • Derechos de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. y. no sólo los objetos que pueden ser propiedad del hombre. y por ello “debemos limitar la extensión de esta palabra a todo lo que tiene un valor entre los bienes de los particulares” (nota citada). si se sigue utilizando este vocablo en su sentido técnico tradicional. los objetos pueden tener o no valor patrimonial. Desde el punto de vista jurídico. o al cuerpo. una serie de pautas generales incluidas en el Título Preliminar. En el mismo precedente “Halabi” se dijo: “los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (artículo 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación. lo que incluye el derecho de dominio. porque lo que interesa es que tengan valor. o partes del cadáver. Por lo tanto. En cuanto al vocablo “patrimonio”. Bienes Las nociones jurídicas de bien. Derechos En relación a los temas que venimos considerando. y que se basa en derechos individuales de las personas sobre bienes (susceptibles de valoración económica). etc. las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. consolidada. da lugar al distingo entre bienes patrimoniales y extrapatrimoniales. esta noción se ha circunscripto para no abarcar toda la materialidad ni la utilidad. La regulación de estos aspectos plantea. En primer lugar. pero también debemos agregar otras categorías que contemplen los nuevos supuestos. la tradición legislativa identifica a los bienes con la valoración económica. conviene examinar el distingo entre derechos individuales y colectivos.medida. C. • Derechos sobre el cuerpo humano y sus partes. a su vez. En relación a las cosas. en el precedente “Halabi”. pueden. El punto de equilibrio regulatorio es. está en leyes especiales. es decir. que surge de la oferta y la demanda. Habitualmente se considera que el patrimonio es un atributo de la persona. para la letra del Código Civil y. en su interpretación para la mayoría de la doctrina. que tiene valor económico. etcétera. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. no es determinante si son materiales (cosas) o inmateriales. • Derechos de incidencia colectiva. y este elemento. Este Anteproyecto propone mantener la clasificación existente en materia de derechos reales. cosa y patrimonio están sometidas a tensiones derivadas de los cambios socioeconómicos de nuestro tiempo. cuestiones complejas relativas a su tratamiento. lo que ocurre . el sol. Para aportar mayor claridad a esta cuestión habría que señalar que. es económico y no afectivo. que es tradicional. Desde el punto de vista físico. la noción de bien está estrechamente vinculada a este enfoque económico. la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo. se las define como los objetos materiales susceptibles de tener un valor (artículo 2311 del Código Civil). entonces. al mismo tiempo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló. cosa es todo lo que existe. Si tienen valor económico. a su vez. Estos conceptos tienen un campo de aplicación específico que deseamos mantener por su tradición y grado de conocimiento. y está integrado por bienes. desde el punto de vista económico. En el Código Civil. como dijimos. sino también todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva: el mar. no podría aplicarse a los bienes ambientales. entrar en el comercio y tener precio. el aire. (nota al artículo 2311 del Código Civil). Es decir que la regla general son los derechos individuales protegidos por la Constitución y el Código Civil. D. En relación al bien. que “la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular”.
Se distinguen de los segundos porque son derechos subjetivos individuales y no indivisibles. El cuerpo humano Tradicionalmente se ha considerado que el cuerpo es soporte de la noción de persona y sobre este aspecto no hay mayores discusiones. pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos”. ninguna de ellas será enajenable. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. sobre los cuales no hay derechos subjetivos en sentido estricto. aislados. Siguiendo sus lineamientos. y luego trasplantados. Un modo de resolver el problema es recurrir a los derechos de la personalidad. patentados. se incorpora un texto que se ajusta a lo señalado por la doctrina mayoritaria. Todo se incluye dentro del derecho a la autodeterminación. pueden ser separados. los genes. La información sobre las distintas partes del cuerpo y. tejidos. en especial. que estos derechos están fuera del comercio. sino afectivo. E. los bienes que lo integran. Derecho de las comunidades indígenas La Constitución de la Nación Argentina establece (artículo 75. El problema jurídico surge cuando se advierte que el cuerpo humano y sus partes. sin perjuicio de lo dispuesto en materia de derechos reales. y los derechos reales o creditorios. genes. Esta clasificación tiene un impacto decisivo en las normas referidas al patrimonio. y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. F. • Derechos individuales homogéneos: en estos supuestos una causa común afecta a una pluralidad de derechos y por lo tanto se permite un reclamo colectivo. como lo proponemos en materia de responsabilidad.1. Se diferencian de los primeros en cuanto a que se permiten procesos colectivos. Dentro de este modelo puede citarse el Código Civil francés (artículos 16. además. • Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos: se refiere a aquéllos que son indivisibles y de uso común. reconocer la personería jurídica de sus comunidades. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección. transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. de lo que se deriva. y que sus elementos y productos no podrán ser objeto de ningún derecho de naturaleza patrimonial. No tienen un valor económico. En consecuencia distinguimos entre: • Derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular: se trata del patrimonio como atributo de la persona. humanitario o social. mientras sea posible la identificación de éstas con dicha persona. identificados. 16. inciso 17) entre las facultades del Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. contratos y responsabilidad civil. células. forman parte del derecho de la persona.cuando éste pertenece a toda la comunidad. órganos. lo cual hace que sean nulos los contratos que tengan como finalidad conferirles un valor . Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. como el ambiente. Este texto consagra un nuevo tipo de propiedad que debe ser recibida en el Código Civil. terapéutico. tales como las piezas anatómicas. científico. transferidos comercialmente. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. El derecho a la integridad personal se extiende tanto al cuerpo como a las piezas anatómicas una vez extraídas del cuerpo. siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna.5 incorporados por Ley 94-653 del 29/07/1994) que dispone que el cuerpo humano es inviolable. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
. En todos los casos se trata de valores que califican la noción de bien como un elemento de tipicidad. la comercialización será inevitable con sus graves consecuencias. líneas celulares. porque el derecho de propiedad sobre una cosa lo tiene el titular. humanitario o social que lo informa. hay demasiada variedad. libros. científico. imposibles de calcular en este momento. Se admite. células madre). la categoría de objeto de derechos que no tienen un valor económico. a una enunciación negativa (“bienes que no tienen un valor económico” o “extrapatrimoniales”). Es lógico que un anteproyecto de esta magnitud genere discrepancias. genes. En estos supuestos. terapéutico. ya que no son derechos personales ni derechos reales sobre cosa ajena. III. así se convierten en objetos que quedan en este mundo de los vivos. el valor que se les dé puede no ser pecuniario. científico (tiene valor para la experimentación). células. curación. porque un grupo de empresas podría comercializar a gran escala partes humanas. sino afectivo. . social (tiene valor para el conjunto de la sociedad). en ausencia de regulación. El tema surgió palmariamente en la problemática de los trasplantes de órganos. Esta concepción patrimonialista plantea problemas de todo tipo. Creemos que el anteproyecto que presentamos responde a esas tendencias de una manera equilibrada y prudente. Es preferible esta enumeración que es limitativa del concepto. luego con partes mucho más minúsculas del cuerpo (muestras biológicas depositadas en biobancos. sino que está configurado por el interés científico. lo que hace necesario remitir a la legislación especial la regulación de cada uno de los casos. Hay problemas lógicos. en cuyo caso esas partes del cuerpo adquieren un valor relevante para la salud y para la existencia del hombre. humanitario (tiene valor para el conjunto de la humanidad). porque se afecta la dignidad humana. producción.patrimonial. con todas las derivaciones. La abstención no es una respuesta válida porque. Decenas de jornadas científicas. transferidos y sometidos al comercio dentro de ciertos límites. que tienen un precio y pueden ser patentados. Una visión completamente diferente es la que considera que es posible que el cuerpo o sus partes sean objeto de derechos patrimoniales. que es inescindible de ella. etc. No son bienes en el sentido jurídico del artículo 2312 del Código Civil. pero consideramos que los aspectos centrales responden a lo que la doctrina argentina ha sostenido en los ultimos años. Hay cuestiones vinculadas a las consecuencias que produciría una decisión de este tipo sobre la organización de la sociedad y la economía misma. la identidad cuerpo-cosa-persona es un obstáculo difícil de superar. es posible separar elementos que se califican como “cosas”. humanitario o social. En cuanto a los caracteres. Hay problemas éticos. terapéutico (tiene un valor para la curación de enfermedades). Conclusión Con este breve resúmen queremos aportar una idea general de aspectos que resultan relevantes para la valoración del anteproyecto. Tampoco se puede ignorar el progreso experimentado por la ciencia y la técnica que permite la utilización de determinadas partes del cadáver para la salvación o cura de enfermedades de otras personas. El valor configura un elemento de la tipicidad de la noción de bien y está calificado porque es afectivo (representa algún interés no patrimonial para su titular). En este esquema. el cadáver o algunas de sus partes son utilizadas para investigación. pues con los adelantos de la ciencia y de la técnica. pues. sentencias han ido creando un sistema de valoraciones mediante una interpretación de los textos constitucionales.
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 Artículo 2
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 Artículo 10
 Artículo 14
 Artículo 13
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 2322
 artículo 2311
 artículo 2312