Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-909-13.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:40:44+00:00

Document:
C-909-13
Sentencia C-909/13
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Es acorde con los principios, objetivos y finalidades del estado social de derecho
El Acuerdo aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales normativamente establecidos para ello. Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno”, logrado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
CONTROL AUTOMATICO DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES QUE LOS APRUEBAN-Implica un control integral del procedimiento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Características/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Resulta absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo
En cuanto a las características de este control, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es: (i) Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental. (ii) Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental. (iii) Es integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional. (iv) Tiene fuerza de cosa juzgada. (v) Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) Cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano. Así, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el control integral tanto del Tratado como la Ley que lo aprueba, es el mecanismo consagrado por el Constituyente para armonizar el principio de supremacía constitucional y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Por ello, resulta absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo.
CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia constitucional/DERECHO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA AUTODETERMINACION-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA AUTODETERMINACION-Ambitos de protección
CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de requisitos cuando afectan directamente a las comunidades étnicas
El anuncio debe cumplir los siguientes requisitos: “a) El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley. b) El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto. c) La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable. d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
PROYECTO DE LEY-Consideración en no más de dos legislaturas
DERECHO A LA EDUCACION-Doble función
La Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una doble función: (i) ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y (ii) un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a proporcionar los medios para su cumplimiento.
Referencia: expediente LAT-410
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013)
En el proceso de revisión automática del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, y de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual fue aprobado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 11 de enero de 2013, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
Mediante Auto del siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de la Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la Ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación, al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, a Colciencias, a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), a la Asociación de Facultades de Derecho – ACOFADE, a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad EAFIT, a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB Medellín), a la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Norte (UNINORTE), a la Universidad de Cartagena, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),Tunja, a la Universidad de Caldas, a la Universidad del Cauca, a la Universidad Surcolombiana (USCO), a la Universidad del Tolima, a la Universidad de Sucre, a la Universidad del Valle, a la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Sinú, a la Universidad del Rosario, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Externado de Colombia y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Una vez revisada y analizada la totalidad del material probatorio allegado se dispuso continuar adelante con el proceso de revisión constitucional.
LEY 1611 2013
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España” suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Visto el texto del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del instrumento internacional mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, en adelante “las Partes”
En desarrollo de lo establecido en el Artículo IV del Convenio Cultural entre Colombia y España, suscrito el 11 de abril de 1953, el cual hace referencia a la Convalidación de Títulos Universitarios entre las dos Altas Partes contratantes;
Las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados académicos de educación superior universitaria otorgados por universidades e instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través de los respectivos organismos oficiales, siendo en Colombia el Ministerio de Educación Nacional y en España el Ministerio de Educación o las Universidades si se trata de títulos de postgrado.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos títulos guarden equivalencia en cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente por las respectivas agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o instituciones, siendo en la República de Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, el Consejo de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades Autónomas habilitadas por la normativa española.
Firmado en Mar del Plata (Argentina), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año 2010, en dos textos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno del Reino de España, a.r.
Ángel Gabilondo Pujol.
Tecnólogo: entre 95 y 105 créditos aca-démicos;
Programas Profesionales: Entre 4 y 5 años; entre 150 y 170 créditos académicos**.
Grado: 4 años de duración, 240 ECTS
Maestría***: Entre 50 a 60 créditos
Máster: entre 1 o 2 años de duración, 60 a 120 ECTS
* Los rangos de créditos se presentan como una tendencia en el sistema de educación superior colombiano, sin embargo, las instituciones de educación superior en virtud de su autonomía universitaria pueden establecer créditos superiores o inferiores a los del rango teniendo en cuenta las actividades académicas que la institución defina, para el proceso de formación del estudiante.
La Educación técnica profesional reúne las formaciones técnicas con objetivo profesional asegurando la práctica y el dominio de procedimientos técnicos. Estos estudios permiten obtener el título de “Técnico Profesional en…”
La Educación tecnológica comprende las formaciones tecnológicas tendientes a la aplicación y la práctica de conocimientos en un conjunto de actividades profesionales. Estos estudios permiten obtener el título de “Tecnólogo en…”
Los programas de formación de Profesional Universitario (entre 150 y 170 créditos académicos), preparan para el ejercicio profesional en múltiples campos que requieren competencias más complejas y una intensidad horaria más importante, propios de una profesión o disciplina de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las Ciencias humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el título de ¿Profesional Universitario en¿¿.
Primer Ciclo: Títulos Universitarios oficiales de Grado
El número total de créditos (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos ECTS) de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado es, con carácter general, de 240 créditos (4 años).
Segundo ciclo: Título oficial de Máster
El segundo ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigido a una especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación de tareas investigadoras.
Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120 (entre 1 y 2 años).
Tercer ciclo: Título de Doctor
3. Acreditación de Títulos y Diplomas en Colombia y en España
La vigente normativa en materia de enseñanza universitaria ha creado el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), establecido en el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, cuyo artículo 1º determina su carácter público y el tipo de información que inscribirá:
1. Tiene carác ter público y de registro administrativo.
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en idioma español del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.
Roxana de los Ángeles Segovia de Cabrales.
1.2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores. Exequibilidad
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E), intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010” así como de la Ley 1611 de 2013, aprobatoria del mismo.
En primer lugar, indica que el Acuerdo objeto de estudio constituye un instrumento internacional idóneo para facilitar el mutuo reconocimiento de títulos y grados académicos de educación superior. De igual forma, busca promover la articulación de los sistemas de educación de la República de Colombia y el Reino de España y, fomentar la movilidad académica, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en consulta con los lineamientos de la “Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción”, de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO.
Añade que lo que se busca con el Acuerdo es fortalecer la relación bilateral en materia educativa, lo que supone un beneficio para la comunidad colombiana residente en el Reino de España, que es una de las más grandes en el exterior.
En segundo lugar, afirma que el Acuerdo permite efectuar, de manera clara, el reconocimiento de las instituciones de educación superior y de los programas acreditados por cada uno de los sistemas de calidad de los dos Estados y , a su vez promover el posicionamiento internacional del Sistema Colombiano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Por último, expresa que fomenta la internacionalización de la educación superior, en la medida en que permite la consolidación de redes y espacios de conocimiento bilateral que facilitan el desarrollo de funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, a través de la cooperación interinstitucional, la movilidad académica, la investigación científica y la innovación tecnológica.
1.2.2. Universidad del Sinú-Extensión Bogotá. Exequibilidad
El rector de la Universidad del Sinú-Extensión Bogotá, intervino en el presente proceso para solicitar la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.2.2.1. El Acuerdo no vulnera la Constitución, por el contrario se encuentra acorde con sus principios, valores y preceptos, pues las medidas que los Estados Partes adoptan en el referido Acuerdo tienden a reforzar los lazos culturales que históricamente une a estos dos países y su contenido responde a lo señalado en el artículo 9 de la constitución.
1.2.2.2. Explica que el mutuo reconocimiento de estudios va encaminado a desarrollar la cooperación educativa y cultural entre los dos Estados Partes, y facilitará a los nacionales colombianos hacer estudios de posgrados y así mejorar y perfeccionar su formación académica.
Agrega, que esto no solo impacta positivamente el desarrollo personal de los estudiantes, sino que también redunda en pro de la sociedad en general, en la medida en que se mejore y diversifique la educación y capacitación en diferentes áreas del conocimiento. De igual forma, corresponde al fenómeno actual de globalización e interculturalidad en el plano de la educación.
1.2.2.3. Afirma que el referido Acuerdo también eventualmente abriría a los colombianos la posibilidad de trabajar fuera del país y, en su respectivo campo profesional, siempre y cuando así lo permitan las políticas y las normas internas en materia laboral de los Estados Partes.
Añade que el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior supone que éstos tendrán la misma validez oficial en el sistema educativo de cada una de las partes y, se aclara en el Acuerdo que para lograr ese reconocimiento, los estudios deben ser realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo del otro Estado con acreditación institucional o de programas académicos, lo que resulta razonable en materia de garantía de calidad en la formación.
1.2.2.4. Sostiene que las medidas de persecución de estudios y actualización de información, así como el impulso de las Partes para la celebración de convenios entre sus universidades para el desarrollo de programas oficiales de grado y posgrados conjuntos, son medios eficaces para el desarrollo cultural y educativo del Acuerdo y, en nada viola alguna previsión constitucional.
1.2.2.5. En conclusión, estima que el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010” y su respectiva Ley aprobatoria (1611 de 2013) son EXEQUIBLES.
1.2.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Exequibilidad
La Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino en el presente proceso, para solicitar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010” y de la Ley 1611 de 2013 que lo aprobó. Lo anterior, bajo el argumento de que el citado Acuerdo mantiene y preserva la soberanía nacional, ya que una manifestación de la misma es la capacidad del Estado de celebrar tratados internacionales que respeten la legislación nacional que rige en Colombia respecto del otorgamiento de títulos y el reconocimiento de los otorgados en España.
Añade que en lo concerniente a la orientación de la política exterior de Colombia hacia la integración Latinoamericana y del Caribe, el Acuerdo contribuye con ese fin a través de la generación de lazos más estrechos con España, los cuales seguramente ayudaran a encontrar más oportunidades para la integración Latinoamericana, ya que fue por España y a través de la lengua común que tenemos, que se crearon lasos indisolubles entre estos países, los cuales se verán reforzados por la firma del tratado que redundará en el beneficio de la profundización de esas relaciones.
En cuanto a la disposición de crear una Comisión Bilateral Técnica, para tratar todas la cuestiones suscitadas por la aplicación de referido Acuerdo, la creación ya fue avalada por la Corte, cuando se refirió a una institución similar en el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, sostiene que el Acuerdo refuerza la consagración constitucional del derecho al trabajo, toda vez que los estudios y el reconocimiento de los mismos contribuye en su beneficio, el cual pueden desarrollar en mejor forma y con mayor capacidad, quienes tengan un título universitario reconocido, que les permitirá trabajar haciendo un mayor aporte a la sociedad en la cual se desempeñan.
Agrega que el referido Acuerdo refuerza las libertades garantizadas por la Constitución, puesto que será más asequible para los estudiantes Colombianos acceder a la enseñanza, apoyada por la expedición de títulos que serán reconocidos en los dos Estados, España y Colombia. Además, le otorga al Estado Colombiano la facultad de regular, inspeccionar y vigilar la educación, así como la de velar por el cumplimiento de sus fines, sin que con la aplicación del Acuerdo se pierdan ninguna de las facultades a favor de la otra parte.
En definitiva, el Acuerdo no vulnera las normas de la Constitución Nacional, por cuanto es un instrumento que está en consonancia y armonía con esas normas, abriéndoles a todos los ciudadanos de los Estados Partes, amplias posibilidades en cuanto a su educación, capacitación, ejercicio profesional y contribución con el avance de los conocimientos.
1.2.4. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
La Jefe de la Oficina Jurídica (E) del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, informó mediante oficio adiado el 31 de julio de 2013, a la Secretaría General de esta Corte que las funciones relacionadas con el tema de vigilancia y control de la calidad de la educación superior, sus programas y los demás que de este control se derivan, fueron deferidas al Ministerio de Educación Nacional a través de la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Viceministerio de Educación Superior, por razón de su competencia, conforme a lo cual se dio traslado del escrito a esa dependencia.
1.2.5. Ministerio de Educación Nacional. Exequibilidad
La representante legal del Ministerio de Educación Nacional, intervino en el presente proceso para solicitar se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.2.5.1. El Ministerio que representa ha manifestado que con la declaratoria de constitucionalidad de la Ley, se obtendría un reforzamiento de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 25 y 26 de la Carta Constitucional, teniendo en cuenta que con la validación de los preceptos del acuerdo, se abre la puerta a los nacionales que se encuentran radicados en España y quieren desempeñarse laboralmente conforme a los títulos académicos que, luego de cursar y aprobar programas académicos en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente en Colombia, obtuvieron de manera legal y por ende certificaría su capacidad e idoneidad para ejercer tales habilidades en territorio Español.
1.2.5.2. Indica que para el Ministerio que representa, de aprobarse el Acuerdo, se favorecería a los nacionales y/o extranjeros que una vez culminados sus estudios de pregrado o posgrado en reconocidas instituciones de educación superior españolas, deseen retornar al país a ejercer sus profesiones, obteniéndose como beneficio: (i) el desarrollo de nuevas tecnologías y tesis académicas no conocidas en el territorio nacional, (ii) la generación de empresa mediante la inversión extrajera derivada del traslado de capital humano capacitado en el extranjero, (iii) la generación de garantías e incentivos para recuperar el material humano colombiano calificado que se encuentra radicado en el extranjero, entre otras.
1.2.5.3. Sostiene que es de gran importancia resaltar que de conformidad con el artículo IV de la Ley 1611 de 2013, el reconocimiento de títulos producirá los efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales, siempre y cuando el título sometido a reconocimiento no se refiera a profesiones reguladas por el país receptor. A juicio del Ministerio, dicha disposición, robustece el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional, ya que garantiza la competencia laboral en paridad de condiciones, ya que no sólo somete la demostración del profesionalismo a la exhibición de un título de educación superior, sino que exige el cumplimiento de las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales con respecto a las profesiones que se encuentren reguladas.
1.2.5.4. Afirma que otra materia importante que regula el mencionado Acuerdo, es la correspondiente al impulso por parte de los gobiernos partes, a la celebración de convenios entre universidades para el desarrollo de programas de educación superior conjuntos, lo cual fomenta la internacionalización de la educación y el mejoramiento continuo de la calidad de los programas académicos, abriéndose de esta manera nuevos horizontes para la población educativa.
1.2.5.5. Finalmente, considera de gran importancia la declaración de EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, puesto que permite alcanzar una de las metas que tiene el Gobierno Nacional frente al tema educativo, la cual es la internacionalización de la educación. Adicionalmente, abre la posibilidad a los nacionales colombianos, de traer al país nuevos conocimientos en búsqueda del continuo mejoramiento de los procesos sociales, industriales y económicos de la nación.
1.2.5.6. Asociación Colombiana de Facultades de Derecho-ACOFADE Exequibilidad
El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho - ACOFADE, intervino en el presente proceso para solicitar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.2.5.6.1. Sostiene el representante de ACOFADE que el Acuerdo en mención y la ley que lo aprueba no contravienen la Constitución, es más, a su juicio, dicho acuerdo constituye un instrumento de apoyo, no sólo con relación al instrumento internacional de las instituciones colombianas de educación superior sino, a la oportunidad que estas tienen de fortalecer la integración iberoamericana, los lazos socioculturales, así como la tendencia signada por el Estado Colombiano en la globalización de todas las áreas del saber.
1.2.5.6.2. Sostiene que el artículo 1 de la Carta de 1991, consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general. En lo que se encuentra inmersa la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental. Así mismo, hace referencia al artículo 2 de la Carta que consagra a su vez, los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales, se establece entre otros, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas y los demás derechos y libertades, en los cuales se encuentra el acceso a la educación, que comprende no sólo recibir formación sino el título correspondiente que acredite su idoneidad.
1.2.5.6.3. De igual manera, hace mención al artículo 67 de la Constitución, el cual estipula que la Educación es un servicio público, prestado o no directamente por el Estado, consagrado como derecho fundamental, tal y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. (Sentencias T- 539 de 2009, T- 009 de 2009 entre otras)
1.2.5.6.4. Indica que con relación al control de constitucionalidad, es importante destacar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos similares al que hoy es objeto de discusión. En dicho sentido, la Sentencia C- 750 de 2008, al ejercer el control de constitucionalidad sobre un convenio de igual naturaleza, declaró la constitucionalidad de la ley aprobatoria del convenio de cooperación comercial sucrito entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
1.2.5.6.5. Por último, afirma la asociación, que la Ley 1611 es constitucional, tanto en la forma como en el fondo, pero corresponde a la sabiduría de la Corte, determinar si se debe modular o condicionar dicha interpretación, determinando si corresponde al Gobierno Colombiano garantizar que se establezcan mecanismos alternos que respeten íntegramente el principio de igualdad, para que no se configure con dicha norma un trato discriminatorio en nuestro país entre las universidades acreditadas y las que no lo están, puesto que el acuerdo sólo es aplicable para aquellas que sí se encuentran debidamente acreditadas.
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278.5 del texto constitucional, el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó concepto número 5617 dentro del trámite de la referencia, en el cual solicita a la Corte la declaración de exequibilidad de las normas objeto de estudio.
En cuanto al trámite del proyecto de la ley aprobatoria, la Vista Fiscal advierte que se ajustó a los cánones constitucionales. Sobre el particular, señala que el Proyecto de Ley surtió los debates reglamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y se dio cumplimiento a la exigencia de votación nominal y pública.
En relación con el contenido material del tratado internacional, la Procuraduría afirma que es importante que las naciones contratantes den prioridad al derecho a la educación, implementando políticas que faciliten el enriquecimiento de los conocimientos de sus asociados, con el fin de obtener un desarrollo humano más armonioso y menos discriminado.
Añade que estos convenios benefician a los estudiantes de diversas áreas de la educación superior, al permitirles afianzar sus conocimientos y estar a la vanguardia del progreso que está transformando el contexto mundial. Así mismo, les facilita herramientas para enfrentar los desafíos del porvenir económico y científico a los individuos, se constituye para los Estados Parte en una vía de progreso para la obtención de ideales de libertad, paz y justicia social.
Expone que como antecedente del Acuerdo objeto de estudio, este constituye desarrollo del Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural entre la República de Colombia y el Reino de España, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad, suscritos en Madrid el 29 de octubre de 1992, ratificados por Colombia el 15 de julio de 1994 por la Ley 150, y que fue avalado, en cuanto a su constitucionalidad, por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-130 de 1995.
De esta manera, explica que el Convenio impulsa el intercambio académico mediante mecanismos diseñados para cumplir con las tendencias y exigencias de la globalización, permitiendo el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y el fortalecimiento de las naciones donde ellos ejerzan su profesión
Advierte que las cláusulas sustantivas consignadas en el Acuerdo contemplan, de manera conjunta, la convalidación de títulos y grados académicos de educación superior, lo que representa para los colombianos que residen en España y para nuestros nacionales que realizan estudios en dicho país, un beneficio reflejado tanto en el crecimiento intelectual, como en el campo laboral en el que van a tener mayores oportunidades.
En este orden, resalta que el Convenio se enmarca dentro del especial tratamiento que da la Constitución a la educación para que los ciudadanos puedan acceder a tal garantía (arts. 27, 67 a 69 C.P.) y a compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de educación como son los derivados del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
De igual forma, expresa que el tratado le brinda la posibilidad a los colombianos que decidan ejercer su profesión u oficio en el exterior, que sus títulos y certificaciones expedidas en Colombia sean reconocidos válidamente, situación que favorece el desarrollo de competencias, mejora las perspectivas laborales de las personas y contribuye tanto a la reducción de la tasa de desempleo como al crecimiento económico.
Así las cosas, el Procurador General de la Nación concluye que tanto el Acuerdo bajo revisión como su ley aprobatoria deben ser declarados EXEQUIBLES puesto que, no vulneran la Constitución Política en su contenido material y, por el contrario, sus disposiciones normativas garantizan y desarrollan los principios constitucionales y legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, es aprobatoria de un tratado público por lo que, tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su estudio de constitucionalidad. Razón por la cual, se procederá a realizar un análisis sobre dicho control.
2.1.1. EL CONTROL AUTOMÁTICO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES QUE LOS APRUEBAN IMPLICA REALIZAR UN CONTROL INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO
La Constitución de 1991 estableció, para algunas disposiciones del ordenamiento, un control automático de constitucionalidad contemplado, entre otros para los tratados internacionales y las leyes que los aprueban.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Carta, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos.
En cuanto a las características de este control, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es:
(i) Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental.
(ii) Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental.
(iii) Es integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional.
(iv) Tiene fuerza de cosa juzgada.
(v) Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y
(vi) Cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
Así, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el control integral tanto del Tratado como la Ley que lo aprueba, es el mecanismo consagrado por el Constituyente para armonizar el principio de supremacía constitucional y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Por ello, resulta absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo. Sobre el particular, la Sentencia C-468 de 1997[1], dijo:
“La supremacía de la Constitución (C.P. art. 4) y la necesidad de garantizar la efectividad de los compromisos internacionales (C.P. art. 9) exigen que la Corte examine y decida definitivamente, en forma automática y previa, si un tratado internacional está conforme o no con los mandatos constitucionales. En efecto, la Carta de 1991 diseñó el control constitucional previo de los tratados internacionales como un mecanismo que permite garantizar al mismo tiempo la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales por el Estado colombiano. Así, el control constitucional previo se ubica en un sistema de relaciones de coordinación entre los órganos públicos, pues impulsa el proceso de perfeccionamiento de los instrumentos internacionales, los cuales habiendo cumplido las fases de negociación, adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial, buscan preservar la supremacía de la Constitución, sobre la base de que todos los tratados internacionales tienen vocación para producir efectos jurídicos vinculantes para los Estados que lo ratifican.
En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República”.
Esta misma posición ha sido reiterada en múltiples oportunidades, como las sentencias C-861 de 2001[2], C-915 de 2001[3], C-578 de 2002[4], C-781 de 2004[5], C-863 de 2004[6], C-333 de 2005[7], A. 089 de 2005[8], C-931 de 2005[9], C-1151 de 2005[10], C-172 de 2006[11], C-276 de 2006[12], C-576 de 2006[13], C-649 de 2006[14], C-863 de 2006[15], , C-718 de 2007[16], C-721 de 2007[17], C-858 de 2007[18], C-927 de 2007[19], C-291 de 2008[20], C-464 de 2008[21], C-541 de 2008[22], C-750 de 2008[23], C-751 de 2008[24], C-799 de 2008[25], C-944 de 2008[26], C-1156 de 2008[27], C-1192 de 2008[28], C-094 de 2009[29], C-195de 2009[30], C-150 de 2009[31], A. 267 de 2009[32], C-288 de 2009[33], C-376 de 2009[34], C-378 de 2009[35], C-379 de 2009[36], C-446 de 2009[37], C-466 de 2009[38], C-577 de 2009[39], C-615 de 2009[40], C-638 de 2009[41], C-639 de 2009[42], C-683 de 2009[43], C-285 de 2009[44], C-801 de 2009[45], C-293 de 2010[46], C-538 de 2010[47], C-941 de 2010[48], C-261 de 2011[49], C-169 de 2012[50], C-819 de 2012[51], C-822 de 2012[52], entre otros.
En cuanto a los vicios de trámite, la Corporación ha señalado que el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados, comprende la totalidad del procedimiento legislativo.
Así, en la Sentencia C-1002 de 2003[53] dispuso que “La Corte ha afirmado en forma reiterada que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como materiales.”
De igual manera, en la Sentencia C-460 de 2010[54] se dispuso que el control constitucional de las leyes aprobatorias de Tratados, implica la verificación del cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley Orgánica del Congreso. Sobre el particular dijo:
El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley[55]. Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del Congreso de la República[56], salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República al referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria. (Subrayado fuera del texto)
Se concluye entonces que el control automático de las leyes aprobatorias de los Tratados es automático, integral y definitivo. En razón a lo expuesto, lo que se pretende es evitar la incertidumbre jurídica del ordenamiento legal vigente y por el contrario, procurar la estabilidad de las normas que implican en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
El “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, fue suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar[57], en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[58], no requiere de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha celebración.
Además, la suscripción del Convenio por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores fue aprobada por el Jefe del Ejecutivo el 19 de julio de 2011[59]. De tal suerte que la suscripción del instrumento objeto de estudio, cumplió con lo dispuesto por el artículo 189 de la Constitución Política, que confía al Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y que, en ejercicio de dicha facultad, le asigna la celebración de acuerdos con otros Estados y con entidades de derecho internacional.
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la sentencia T-778 de 2005[60], tiene como finalidad “(…) que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios.”(Subrayado fuera de texto)
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(…) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”.[2]Así, la consagración de este derecho, junto con el de otros derechos de las comunidades étnicas, como se manifestó en la sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
En la Sentencia T-973 de 2009, la Corte precisó que el derecho a la autodeterminación comprende tres ámbitos de protección ligados a distintos factores de interacción:
Así, se ha establecido la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas y un requisito de procedimiento que debe surtirse antes de un trámite legislativo en el que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente. En este sentido, la Corte expresó en la Sentencia C-702 de 2010[61]:
Debe señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de decisiones que conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto, la Corte en la Sentencia C-030 de 2008[62] diferenció para efectos de participación entre decisiones que conciernen directamente o indirectamente a las comunidades étnicas:
En relación con las decisiones que afectan directamente a las comunidades étnicas, esta misma sentencia precisó que “lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos”. Concluyendo que en cada caso concreto debe establecerse si opera el deber de consulta, bien sea porque se está ante la perspectiva de adoptar una medida legislativa que de manera directa y específica regula situaciones de las comunidades étnicas, o porque del contenido material se desprende una posible afectación de tales comunidades en ámbitos que le son propios.
Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalada que hay “afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta.”[63]
En relación con la consulta previa en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte ha sostenido que al realizar el control automático de constitucionalidad que le compete sobre instrumentos internacionales ratificados por Colombia, debe también verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa cuando se trate de normas que afectan directamente a las comunidades étnicas.[64]
En el caso bajo estudio, un examen del contenido de la Convención, permite concluir que las medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen directamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, de modo que la consulta previa no era un requisito previo. En efecto, el Acuerdo hace alusión al reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos entre Colombia y el Reino de España, cuya finalidad general es fortalecer la relación bilateral en materia educativa entre los Estados Partes, lo que es un beneficio para los colombianos que residen en España y para los nacionales que realizan estudios en dicho país.
En definitiva, dado que en el presente caso el Convenio en examen no afecta de manera directa a comunidades étnicas colombianas, no era necesario realizar procesos de consulta antes de dar inicio al trámite legislativo.
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”[65].
De conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró establecer que el proyecto de ley radicado bajo los números 107 de 2011 Senado y 141 de 2012 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el día 7 de septiembre de 2011, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y de la Ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campo Saavedra.
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 665 del 7 de septiembre 2011[66], cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la Comisión Respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por el Senador designado Edgar Gómez Román. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 139 del 11 de abril de 2012[67].
El Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 8 de mayo de 2012, tal como consta en el Acta No. 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 del 23 de agosto de 2012[68], en los siguientes términos (subrayas fuera de texto):
“Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003):
1. Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
En la parte final del acta, el Presidente de la Comisión indica: “Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 10 de la mañana.”
El proyecto fue discutido y aprobado el 9 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 de agosto de 2012[69]. El siguiente es el texto de la aprobación:
“Proposición:
De acuerdo a las anteriores consideraciones, me permito proponer a los honorables Senadores, dése primer debate al Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. (SIC)
Cordialmente, firma el honorable Senador Édgar Gómez Román, ponente.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa que está en consideración el informe leído. Aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Presidencia que ha sido aprobado el informe final del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado.
La Presidente, Senadora Alexandra Moreno, informa que se ha solicitado la omisión de la lectura del articulado. Aprueban los Senadores de la Comisión la omisión y el bloque del articulado del proyecto.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa a la Presidencia que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión, la omisión de lectura del articulado, y el bloque del articulado del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado.
El Secretario, doctor Diego González González, da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. Está leído el título del proyecto señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los Senadores de la Comisión, el título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, leído por el Secretario. ¿Aprueba la Comisión el título y que este proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del Senado?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la Presidencia que sí aprueban los Senadores de la Comisión, el título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, y el querer de los Senadores que este proyecto se convierta en ley de la República y pase a segundo debate en la Plenaria del Senado.
En consecuencia, la señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Edgar Gómez Román”. (Negrillas y subrayado fuera del texto)
De acuerdo con certificación del 13 de febrero de 2013[70], suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley en cuestión fue discutido y aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de trece senadores que conforman la Comisión. Todos ellos aprobaron el referido proyecto por unanimidad, tal y como consta en la Gaceta No. 548 de 2012. (Ver folio 1 -2, cuaderno de pruebas No. 1 OPC-13/13)
La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta No.579 del 31 de agosto de 2012[71], siendo presentada en forma favorable por el Senador Edgar Gómez Román.
El proyecto de ley fue anunciado el 4 de septiembre de 2012 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 797 del 9 de noviembre de 2012. El anuncio se realizó así:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.(…) Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado”.(Subrayado fuera de texto)
Al final se lee: “Siendo las 6:50 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m...”
Según consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 de la misma fecha[72], la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue anunciado. La votación fue unánime como se puede deducir del Acta, toda vez que hubo un quórum de 92 votos afirmativos de 100 senadores pues 8 se encontraban ausentes con excusa, cero negativos y cero abstenciones de 100 senadores. Lo anterior, es ratificado por la certificación expedida el 25 de febrero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República[73].
Debe tenerse en cuenta que la iniciativa fue aprobada en cada uno de los debates, tanto en comisiones como en plenaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 CP prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. Por tanto, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1 de la Ley 143 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.
En lo concerniente al caso objeto de estudio, se puede observar que dicha unanimidad es comprobable, pues en cada una de las etapas del trámite no se mostró negativa frente al articulado, e incluso en cada una de las etapas se adelantaron acciones que uniformemente mostraban el común acuerdo tanto de comisiones como de plenaria, respecto a la aprobación del proyecto.
El siguiente es el texto de la aprobación[74]:
“La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación, con el quórum constitucional requerido.
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente con el quórum constitucional requerido.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el número 141 de 2012, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como ponente al Representante Iván Darío Sandoval Perilla. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 825 del 21 de noviembre de 2012[75].
De conformidad con el texto del Acta No. 22 del 21 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013[76], el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:
“Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 y estos proyectos van a ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 011 Senado, por medio de la cual se aprueba ¿El Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y El Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. (Negrilla fuera del texto)
Enseguida, el Presidente de la Comisión expresó:
Con ello hemos terminado nuestra sesión del día de hoy y convocamos para el próximo miércoles 28 de noviembre a las 10 de la mañana.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la sesión del 28 de noviembre de 2012, según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de abril de 2013[77]. De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 14 de febrero de 2013, allegada a esta Corporación el 21 de febrero del mismo año, la aprobación se dio “por votación ordinaria unánime” con el SI de los 13 Honorables Representantes presentes, pues 5 de los 18 se encontraba ausentes con excusa, tal y como consta en el acta mencionada.”[78](Negrillas fuera de texto)
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 885 del 5 de diciembre de 2012[79], con ponencia favorable del Representante a la Cámara Iván Darío Sandoval Perilla.
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 12 de diciembre de 2012, según consta en el Acta No. 183 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 221 del 22 de abril de 2013.
La trascripción del anuncio es la siguiente:
Señor Secretario, por favor anunciar proyectos según el Orden del Día que se ha establecido para hoy.
Subsecretario (E), doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Sí señor Presidente se anuncian proyectos para la Sesión Plenaria del día 13 de diciembre de 2012, de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de 2003 o para la siguiente sesión donde se voten y discuten proyectos de ley o proyectos de Acto Legislativo. (…)Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
En efecto, tal como consta en el Acta No. 184 de la sesión del 13 de diciembre de 2012, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley por unanimidad en votación ordinaria con la asistencia de 159 Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013, según lo ratifica la certificación expedida[80]por el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013.
La aprobación se realizó de la siguiente manera[81]:
“Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Cuarto punto, Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el cuatro de diciembre de 2010.
El informe con que termina la ponencia dice así: Proposición, por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer al pleno de la Cámara de Representantes aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara y 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de diciembre de 2010.
Firma Iván Darío Sandoval Perilla, Representante a la Cámara.
Gracias señor Secretario, en consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse queda cerrado,
¿Aprueba la Plenaria?
Agradeciéndole a la doctora Alejandra Valencia, Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería la presencia en esta Plenaria.
Articulado del proyecto señor Secretario.
Señor Presidente tiene tres artículos y ninguna proposición.
¿En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse queda cerrado, aprueba la Plenaria?
Ha sido aprobado, señor Presidente”
Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de la educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de diciembre de 2010.
Ha sido leído señor Presidente el título.
Gracias señor Secretario, título y pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea Ley de la República, anuncio que va a cerrarse queda cerrado ¿aprueba la Plenaria?
Ha sido aprobado, señor Presidente”.
El 02 de enero de 2013[82], el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio internacional, convirtiéndose en la Ley 1611 de 2013.
Posteriormente, , fue remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Luego del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley 1611 de 2013.
La Corte observa que la aprobación ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el Presidente de la República el día 19 de julio de 2011[83]. Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar, y la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, se realizó el 07 de septiembre de 2011[84] y la publicación del proyecto de ley se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2011, según consta en la Gaceta del Congreso No. 665 de esa fecha[85], cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política, esto es, inició su trámite en el Senado de la República y, de otro lado, inició su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 3ª de 1992.
Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 7 de septiembre de 2011[86] y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 11 de abril de 2012[87] (Art. 157-1 C.P.).
Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 9 de mayo de 2012[88], mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de septiembre de 2012[89]; del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 28 de noviembre de 2012[90], y el segundo debate tuvo lugar el 13 de diciembre de 2012[91].
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (11 de septiembre de 2012) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (21 de noviembre de 2012) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
En cuanto al quórum decisorio al que hace referencia el artículo 146 de la Carta Política, las votaciones en las sesiones de comisión y de plenaria se realizaron con el cumplimiento del quórum requerido y el proyecto fue aprobado por unanimidad, tal como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones constitucionales permanentes y de las plenarias de cada cámara.
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003[92], que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes[93]. Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”[94].
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos[95]:
En el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1611 de 2013, esta Corte encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 8 de mayo de 2012 (Acta No. 22, publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 del 23 de agosto de 2012), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 9 de mayo de 2012, sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 de agosto de 2012).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 4 de septiembre de 2012 (Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 797 del 9 de noviembre de 2012) para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día martes 11 de septiembre de 2012 a las 3:00 p.m. Y, efectivamente, el 11 de septiembre de 2012, el proyecto fue aprobado según consta en el Acta No. 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de septiembre de 2012.
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se realizó el 21 de noviembre de 2012 (Acta No. 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013) para el 28 de noviembre de 2012 a las 10 de la mañana, sesión en la que efectivamente se discutió y aprobó el proyecto (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de abril de 2013).
Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció en la sesión del 12 de diciembre de 2012 (Acta No. 183 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 221 del 22 de abril de 2013) para el 13 de diciembre de 2012, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 184, publicada en la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013).
Observa la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162 Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la República el 07 de septiembre del año 2011, es decir, en la legislatura que empezó el 20 de julio de 2011 y que terminó el 20 de junio de 2012. Por su parte, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de diciembre de 2012, o sea en la siguiente legislatura que empezó el 20 de julio de 2012 y que terminó el 20 de junio de 2013.
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1611 de 2013 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992[96]
2.4. ANÁLISIS MATERIAL SOBRE EL CONTENIDO Y ESTIPULACIONES DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL APROBADO MEDIANTE LA LEY 1611 DE 2013
2.4.1. Del propósito de este Acuerdo y de su adecuación constitucional
De lo expuesto con anterioridad, puede deducirse que, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación superior Universitaria, firmado en Mar del Plata, Argentina, en diciembre de 2010, entre la República de Colombia y el Reino de España, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1611 de 2013, que ahora se revisan, son una muestra del “deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno”.
En los artículos 1 y 2, las partes que suscriben el Acuerdo incluyeron una prerrogativa adicional, la cual se enfatiza en la validez oficial otorgada por una de las partes a los estudios realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional o de sistemas académicos, dejando con esto, por fuera de la esfera de aplicación de dicho acuerdo, aquellas instituciones educativas que no se encuentran acreditadas.
Aunando a lo anterior, indica que las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados académicos de educación superior universitaria otorgados por universidades o instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través de sus organismos respectivos, siendo, en el caso Colombiano, el Ministerio de Educación Superior y, en el caso Español, el Ministerio de Educación o las Universidades si se trata de títulos de postgrado.
Agregan que dicho reconocimiento solo procederá siempre y cuando los títulos guarden equivalencia en cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente por las respectivas agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o instituciones, siendo en Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, el Consejo de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades Autónomas habilitadas por la normativa española.
El artículo 3 hace referencia a la creación de una Comisión Bilateral Técnica. Comisión que tendrá por objeto tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente Convenio. Esta Institución estará compuesta por entre cinco (5) o siete (7) miembros, respectivamente designados por cada una de las partes. Así mismo, está destinada a elaborar una tabla general de equivalencias y acreditaciones, la cual se reunirá a petición de una de las Partes, cuantas veces lo considere necesario. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el objetivo previsto.
Esta Comisión se reunirá, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha correspondiente, al canje de instrumentos de ratificación.
Los artículos 4 y 5, hacen mención a los Efectos del Reconocimiento y la Prosecución de Estudios. Señalan que el reconocimiento de títulos producirá los mismos efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos que estén vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario, además de cumplir con las regulaciones que cada país parte impone a sus nacionales, conforme a las normas legales vigentes para cada profesión, someterse a los procedimientos de reconocimiento específico vigentes en cada una de las Partes.
En cuanto al artículo 5, indica que los estudios realizados en el nivel superior en uno de los países signatarios del presente acuerdo, serán reconocidos en el otro a los fines de la prosecución de los estudios y, las autoridades competentes conforme a la legislación de cada una de las partes, podrán admitir a los titulados, según el sistema educativo de la otra Parte para la realización de estudios oficiales de postgrado, con la previa confirmación de que los títulos corresponden a un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada Parte para el acceso a dichos estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso exigibles de acuerdo a lo establecido en las legislaciones internas de cada Estado Parte. Superados los estudios de postgrados correspondientes, los títulos obtenidos tendrán plena validez y efectos oficiales.
En el artículo 6, se ocupa de la Actualización o Rectificación de la información. En este ítem, se impone a cada una de las Partes, la obligación de notificar a la otra, por vía diplomática, las modificaciones o los cambios producidos en el sistema de educación superior de sus respectivos países. Igualmente, las partes se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de su organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos, la publicación de la relación de títulos y diplomas, y toda la rectificación y/o actualización que se produzca de los mismos.
El artículo 7 se ocupa de los convenios entre las respectivas universidades, para el desarrollo de programas oficiales de grado y postgrado conjuntos. Así mismo, se encarga de que la elaboración, los requisitos y aprobación de estos programas se realice conforme a la legislación de cada uno de los Estados Partes.
El artículo 8 consagra que las disposiciones del Acuerdo prevalecerán sobre otro Convenio vigente en la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en vigor. Añade que serán las partes quienes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento del Acuerdo por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.
En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del Acuerdo, las Partes se consultarán, para solucionar dicha controversia, mediante negociación amistosa.
El artículo 9 indica que el Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes contratantes se comuniquen recíprocamente su aprobación, conforme a las respectivas legislaciones internas.
Por último, en el artículo 10 se estipuló que el Acuerdo se concluye por un periodo de cinco (5) años, después del cual se prorrogará tácitamente por periodos iguales, pudiendo denunciarlo cualquiera de las dos partes mediante vía diplomática que surtirá efecto un año después de la notificación respectiva.
2.4.2. Compatibilidad del Acuerdo con la Carta Política
En cuanto a las normas específicas que integran el Acuerdo junto a su Reglamento Anexo, y la Ley que lo aprueba, la Corte observa que se ajustan ampliamente a la Constitución colombiana, pues se podría afirmar que ningún artículo contraviene las disposiciones constitucionales ni las competencias que tiene el Gobierno Nacional para adoptar estos textos. Por el contrario, dicho Acuerdo no sólo constituye una herramienta de apoyo, en lo referente al desarrollo internacional de las instituciones colombianas de educación superior, sino que les brinda a los colombianos la oportunidad de ampliar sus estudios en el exterior y, que estos sean reconocidos oficialmente en los países parte.
Así mismo, el artículo 1 de la Constitución, consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Con base en lo anterior, es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de los individuos, dentro de los cuales se encuentra inmerso el derecho a la educación.
De esta forma, la Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una doble función: (i) ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y (ii) un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a proporcionar los medios para su cumplimiento.
Frente a lo cual, esta Corte en la Sentencia T-638 de 1999[97], indicó que la Constitución “ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues ‘en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona’”.
Así mismo, en la sentencia en mención, se enfatizó en la función social que cumple el servicio de educación y que lo identifica como un derecho-deber que compromete a todos los sectores que participan en su ejecución. Al respectó manifestó:
“El artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación primordialmente es una función social. “Este concepto de función social tiene su origen en los Estudios sobre la Transformación del Estado de León Duguit, que sostenía que: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento”. “De la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como "derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural”.[98]
Teniendo en cuenta las precisiones descritas con anterioridad, para esta Corte dichas consideraciones justifican la adopción del presente Acuerdo y la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013 que lo aprueba, por la importancia de afianzar los nexos entre la República de Colombia y el Reino de España en el área educativa, “bajo un criterio de correspondencia, generando espacios de movilidad e intercambio de experiencias e información, así como la transferencia de expertos en las distintas áreas sobre la materia”, con reciprocidad en el apoyo intelectual, intercambio de experiencias, la divulgación mutua de conocimientos y la cooperación en diferentes ámbitos, hacia la mejor comprensión, vinculación e integración entre el pueblo colombiano y el español.
Siguiendo con el mismo lineamiento, lo acordado no genera contradicciones ni dificultades frente a la regulación constitucional colombiana, contrario sensu, se encuentra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, lo anterior, conforme a lo estipulado en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual indica: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”. [99]
Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la Constitución de 1991 en su capitulo 2, título II, el artículo 67 consagra la educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona[100] y un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” por cuyo intermedio se “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, correspondiéndole al Estado regular y ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por su calidad y el cumplimiento de sus fines.
Adicionalmente, las previsiones estipuladas en el mencionado Acuerdo por los Estados Partes, encuadran dentro de un marco de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad, respeto por la soberanía de los Estados signatarios y la autodeterminación de los pueblos, que realzan el acatamiento de lo estipulado en los artículos 9°, 150 numeral 16 y 226 de la nuestra Carta Política, análogamente es importante precisar que, las ventajas que emanan del mencionado convenio podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por nacionales de ambos países.
De manera que, la suscripción por parte de Colombia de este convenio, tiene un evidente sustento constitucional y además, favorece a la realización de los mandatos superiores, pues en el caso en concreto, se fomenta la Educación, ya que el reconocimiento de títulos incentiva, tanto a los nacionales colombianos, como a los españoles a realizar en dichos países estudios en universidades acreditadas por los mismos. De igual forma, sirve como estímulo para los diferentes sectores sociales que busquen formarse en áreas del conocimiento aplicadas contemporáneamente en la educación globalizada.
Por último, el presente convenio, también les abre la puerta a los nacionales colombianos que se encuentren radicados en España que quieran desempeñarse laboralmente en ese país y que hayan obtenido los títulos académicos en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente en Colombia. Lo que desvirtúa cualquier eventual objeción para que sea incorporado al derecho interno y el Estado colombiano se comprometa formalmente a su cumplimiento.
En síntesis, el Acuerdo aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales normativamente establecidos para ello.
Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno”, logrado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Con aclaración de voto Ausente con excusa
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA C-909/13
SESIONES SIMULTANEAS DE COMISION Y LA RESPECTIVA PLENARIA-Prohibición (Aclaración de voto)
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Resulta inaplicable el cargo sobre la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y plenarias (Aclaración de voto)
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
Si bien estoy de acuerdo con la exequibilidad del instrumento internacional cuya validez analizó la Corte en esta oportunidad, creo necesario hacer algunas precisiones acerca de por qué no resultaba necesario que el Tribunal, en esta oportunidad, examinara si se había respetado la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y plenarias establecida en el artículo 93 de la Ley 5ª de 1992 y recientemente analizada en la sentencia C-740 de 2013.
Sea lo primero aclarar que en dicho fallo la Corporación no restringió o limitó la importancia de la mencionada prohibición a la calidad de los debates. Por el contrario, como se lee en la providencia enunciada, lo que ponderó en aquella ocasión fue cómo la simultaneidad podía comprometer importantes principios del proceso legislativo tales como el respecto por las minorías, el pluralismo y el principio democrático, entre otros. Es este y no otro el sentido de la regla fijada por la Corte, tal y como quedó consignado en la sentencia C-740 de 2013, a la que me remito.
Vale agregar que, en mi parecer, en el presente caso no era imperativo examinar si se había respetado la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y plenarias. Entre otras, la circunstancia de que en el asunto resuelto mediante sentencia C-740 de 2013 se tratara de una demanda de inconstitucionalidad en la que se había planteado el cargo por vulneración de esa prohibición, hacía inaplicable aquel precedente en relación con lo decidido mediante la providencia C-909 de 2013.
REF.: Expediente: LAT-410
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
Con el debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, mediante la cual esta Corporación realizó la revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, con base en los siguientes argumentos:
1. Mediante este pronunciamiento se falla declarando exequibles tanto el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, como la Ley 1611 de 2013 por medio de la cual se aprueba el acuerdo.
La Sala Plena de este Tribunal encontró que en el trámite surtido por el proyecto se cumplieron, por parte del Congreso, con todas las etapas, requisitos y procedimientos que se han establecido en la Constitución Política, al igual que con el Reglamento del Congreso, y por lo tanto en su aspecto formal es exequible, ya que se ajusta a las normas constitucionales.
2. No obstante lo anterior, considero necesario aclarar mi voto en relación con los requisitos para analizar el trámite legislativo de tratados e instrumentos internacionales, en el sentido de que para este examen particular no es necesario, ni imperativo desde el punto de vista constitucional, examinar si se ha respetado la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y plenarias. Esta postura obedece, entre otras razones, a que en el precedente de la Sentencia C-740 de 2013, en el cual se realizó este tipo de análisis, se trataba de una demanda de inconstitucionalidad en la que se había planteado el cargo puntual precisamente por vulneración de dicha prohibición, caso que no corresponde con el análisis que debe adelantar esta Corporación en la revisión oficiosa de tratados internacionales, de conformidad con la Carta.
Con fundamento en el argumento expuesto, aclaro mi voto a la presente providencia judicial.
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Es necesario precisar que la verificación de que en el trámite de leyes no se infringió la prohibición de simultaneidad no se impone, sin más, por la aplicación de una regla de decisión establecida en una sentencia anterior, que no tiene valor de precedente para este caso (Aclaración de voto)
Asunto: Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2012, "Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España’, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, aclaro mi voto a la sentencia C-909 de 2013.
Acompaño la decisión de la Sala Plena al declarar exequible el tratado internacional objeto de revisión, al igual que su ley aprobatoria, por encontrar que tanto en su trámite, como en su contenido, se ajustan a lo previsto en las normas constitucionales.
Sin embargo, aclaro el voto en relación con el debate surgido en torno a si, con fundamento en el precedente fijado en la sentencia C-740 de 2013[101], era preciso verificar si en este caso se había dado cumplimiento al artículo 93 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), según el cual las comisiones permanentes deberán sesionar en horas que no coincidan con las plenarias.
En la sentencia C-740 de 2013 la Corte se ocupó de revisar el trámite de un acto reformatorio de la Constitución y, por tanto, sus consideraciones han de ser interpretadas a la luz de la distinción efectuada en dicha sentencia sobre el mayor rigor que debe acompañar el control constitucional de las reformas constitucionales. En efecto, una razón determinante de aquella decisión fue el especial valor que tiene el respeto de los procedimientos como condición de legitimidad de los procesos de cambio constitucional. Al respecto, se dijo en aquella sentencia que:
“(…) la Constitución merece una consideración diferente, en cuanto ella contiene, precisamente, las reglas estables a partir de las cuales deben adoptarse las principales decisiones que interesan a la sociedad y a la comunidad política, y dirimirse los desacuerdos o controversias que pueden surgir al interior de ella. Por esta razón, la norma fundamental, y ciertamente sus eventuales reformas, no puede depender únicamente de un criterio mayoritario, que es algo esencialmente mutable y contingente, sino que ha de ser producto de un consenso mucho más comprehensivo y meditado, el que ha de resultar del cumplimiento del exigente trámite de aprobación que ella misma establece para el efecto.”
Sobre esta base, la Corte reafirmó la necesidad de emplear un estándar de control especialmente exigente tratándose de actos reformatorias de la Carta Política:
“En ese sentido, es deber de esta corporación verificar celosamente la absoluta corrección de todas las incidencias ocurridas durante ese proceso, pues según lo dispuso el constituyente, es mediante el cumplimiento de tales diligencias que puede asegurarse la legitimidad del proceso de cambio constitucional. Por ello, es claro que si en el procedimiento seguido para el efecto se observan deficiencias o irregularidades que por su naturaleza impliquen vulneración de los principios democráticos, ellas pueden ciertamente causar el fracaso de esa iniciativa, mediante la declaratoria de inexequibilidad del acto de reforma”.
En vista de tales consideraciones, cabe entender que la regla de decisión establecida en la sentencia C-740 de 2013, sólo tiene el valor de precedente en relación con el control de actos reformatorios de la Carta Política.
La regla contenida en el artículo 93 del Reglamento del Congreso, se orienta a garantizar condiciones para la igual participación de todos los parlamentarios en las sesiones donde tienen lugar la discusión y aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional, el ejercicio de control político y demás funciones atribuidas al Congreso. Esta regla deba ser empleada por la Corte como parámetro de control de constitucionalidad de las leyes. Pero en esta aclaración de voto es necesario precisar que la verificación de que en el trámite de leyes no se infringió la prohibición de simultaneidad no se impone, sin más, por la aplicación de una regla de decisión establecida en una sentencia anterior, que no tiene el valor de precedente para este caso.
AL SENTENCIA C-909/13
Referencia: Expediente LAT-410. Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010"
Con el respeto acostumbrado, debo expresar que comparto la decisión que la Corte adoptó en la sentencia C-909 de 2013, en el siguiente sentido:
"PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España ", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. // SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España ", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010".
Sin embargo, considero menester aclarar mi voto, por cuanto, en la parte motiva de la providencia no se distinguió apropiadamente, entre el control oficioso de constitucionalidad y el control, a instancia ciudadana, mediante la acción pública de constitucionalidad.
En efecto, el fundamento jurídico del control oficioso de constitucionalidad es el numeral 10 del artículo 241 constitucional, el cual se caracteriza por ser previo, automático e integral, e implica la exclusión de cualquier otra especie de control posterior sobre tratados ya perfeccionados y de sus leyes aprobatorias, tiene naturaleza de cosa juzgada absoluta y, la decisión referida a la exequibilidad o inexequibilidad de la ley y del tratado abarca tanto el aspecto formal como material de los mismos. La Ley 1611 de 2013, analizada en esta oportunidad, es aprobatoria de un acuerdo por lo que le correspondía ser sometida a este tipo de control.
La revisión constitucional de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, presenta las siguientes características, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia constitucional[102]:
(i) Se realiza previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental.
(ii) Es automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental.
(iii) Es integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional.
(v). Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo.
(vi). Cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Además de las características enunciadas, y sin desconocer el alto grado de subjetivismo académico que ello supone, se puede afirmar que el control oficioso de constitucionalidad es una cuestión de derecho, y no de hecho, en consecuencia, respecto a los aspectos formales que se analizan, estos deben obedecer a lo establecido, de forma específica, en las normas aplicables, verbi gracia, las etapas de formación de la ley, en cuanto al número de sesiones que se deben agotar en las comisiones permanentes y plenarias[103], o aspectos análogos o equivalentes.
Por lo tanto, el asunto referido a la simultaneidad de sesiones, dilucidado en la parte motiva de la sentencia, no debió haber sido abordado, porque esa hipótesis obedece a una situación de hecho concreta, en la que se alteran circunstancialmente las reglas generales del proceso de positivización de la ley respecto a los horarios en que se hubieren desarrollados las sesiones; por el mismo motivo, de ordinario, esta causal suele invocarse como cargo, expuesto por un demandante en sede de control de constitucionalidad por acción.
A este respecto, los artículos 83 y 93 del Reglamento del Congreso, coinciden en prohibir que las comisiones y las plenarias de una misma cámara sesionen de manera concurrente, por una razón fáctica lógica, y es que, cada congresista forma parte de una comisión y de una plenaria, y la simultánea citación a las dos implicaría la imposibilidad física de cumplir a plenitud con sus deberes.
En abono del aludido enfoque resulta ilustrativo traer a colación la Sentencia C-740 de 2013, en la que la Corte abordó el estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 2012, "por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia", en la cual el demandante controvirtió como situación de hecho sustentadora del primer cargo: "la supuesta realización simultánea de sendas sesiones ordinarias de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de la plenaria de la misma corporación el día 26 de septiembre de 2012, fecha en la que el proyecto que antecedió a este Acto Legislativo fue aprobado en primer debate de segunda vuelta (quinto debate de la totalidad del trámite legislativo) ".
Por consiguiente, a mi juicio, la Sala, en esta oportunidad, debió limitarse a estudiar los asuntos materiales y formales strictu sensu, y no abordar un aspecto fáctico o de hecho, propio del control por acción y no del control oficioso de constitucionalidad, para así propiciar un más amplio y profundo debate posterior y separado sobre el tema, razón esta última que es la que en realidad valida, con mayor fundamento, la distinción que consideramos era menester acoger.
[2] Clara Inés Vargas Hernández
[3] MP, Dr. Eduardo Montealegre Lynett
[4] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[5] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[8] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[12] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.-Marco Gerardo Monroy Cabra
[13] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[17] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[20] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] MP, Dr.Nilson Pinilla Pinilla
[23] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
[24] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[26] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[27] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[28] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[29] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[30] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[31] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[32] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[34] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[35] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] MP, Dra. María Victoria Calle Correa.
[37] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[38] MP, Dra. María Victoria Calle Correa.
[39] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[42] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[44] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[45] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[46] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[47] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[48] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[49] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[50] MP, Dra. Maria Victoria Calle Correa
[51]MP, Dr. Alexei Julio Estrada
[52] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[53] M.P.Dr. Álvaro Tafur Galvis
[54] M.P.Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[55] El artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
La Ley 5 de 1992, artículo 217, refiere: “CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Dicha disposición orgánica fue declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. Cft. sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] Ley 5 de 1992, artículo 204. “TRÁMITE. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[57] Folio 6, cuaderno principal.
[58] Aprobada por la Ley 32 de 1985
[59] Folio 64, cuaderno principal.
[60] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] Sentencias C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-461 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras
[64] Sentencias C-615 de 2009 y C-187 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[65]Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[66] Ver folio 121 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 1
[67] Ver folios 118-119 del cuaderno de pruebas No. 1
[68] Ver folios 41-61 del cuaderno de pruebas No. 1
[69] Ver folio 4-5 del cuaderno de pruebas No. 1
[70] Ver folios 1-2, Cuaderno de Pruebas No. 1, OPC-013/13.
[71] Ver folio 68-69 del Cuaderno de pruebas No. 1 OPC-013/13
[72] Ver folios 68-71, Cuaderno principal.
[73] Ver folio 70, Cuaderno Principal
[74] Páginas 22 de la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de septiembre de 2012.
[75] Ver folios 58-60 del Cuaderno principal
[76] Ver folio 35 del Cuaderno principal
[77] Ver folios 16-17 de cuaderno de pruebas No. 2 OPC-014/13
[78] Ver folios 38-40 del cuaderno principal.
[79] Ver folio 4 y siguientes del cuaderno principal
[80] Ver folio 24-25 del Cuaderno principal
[81] Página 35 de la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013
[82] Ver folio 14 del cuaderno principal
[83] Ver folio 64 del cuaderno principal
[84] Ver folio 12 del cuaderno principal.
[85] Ver folios 122 y siguientes del cuaderno de pruebas No 1 OPC-013/13
[86] Gaceta del Congreso No. 665 del 28 de septiembre de 2012.
[87] Publicación de la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso No. 1106 del 30 de octubre de 2009.
[88] Según consta en el Acta No. 23 del 9 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 de agosto de 2012.
[89] Según consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 de la misma fecha.
[90] Según consta en el Acta No. 23 del 28 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta del Congreso No.- 224 del 22 de abril de 2013.
[91] Según consta en el Acta No. 184 del 13 de diciembre de 2012, publicada en la gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013.
[92]“Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras disposiciones”
[93] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[94] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[95]Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[96]“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”
[97] MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[98] Sentencia T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[99] Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor para Colombia por su aprobación mediante la Ley 74 de 1968.
[100] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y T-009 de mayo 22 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[101] MP. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV. Alberto Rojas Ríos, AV. María Victoria Calle Correa. En esta sentencia se declaró inexequible el Acto Legislativo No. 02 de 2012, debido a que en su trámite se infringió la prohibición de sesiones simultáneas de las comisiones permanentes y las plenarias.
[102] Ver, Sentencias C-468 de 1997; C-376 de 1998; C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
[103] Establecidas en la Ley 5* de 1992.

References: artículo 241
 Real Decreto 
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 67
 artículo 13
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 artículo 12
 artículo 241
 artículo 241
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 artículo 133
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 241
 artículo 154
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 146
 artículo 8
 artículo 160
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 artículo 3
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 artículo 93
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 artículo 217
 artículo 204