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Timestamp: 2019-09-18 07:39:33+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13130-2017/53504 DE AGOSTO 15 DE 2017
SENTENCIA SL13130-2017 DE 15 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIACIONES EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. EL MÁXIMO ÓRGANO LABORAL SEÑALÓ QUE SON ADMISIBLES LAS DIFERENCIACIONES EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ATENDIENDO LOS FINES Y OBJETIVOS QUE AMBOS DESARROLLAN, ASÍ COMO LOS RECURSOS QUE ADMINISTRANDADO QUE LA NORMATIVIDAD SALVAGUARDA EL DERECHO DEL TRABAJADOR OFICIAL A SER RESARCIDO POR TODOS LOS PERJUICIOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LA FINALIZACIÓN INJUSTA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, SOLO QUE TAZÓ ANTICIPADAMENTE EL LUCRO CESANTE E IMPUSO UNA CARGA PROCESAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS, SIN QUE ELLO, CONSTITUYA UNA DIFERENCIACIÓN QUE AFECTE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO, EL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN LABORAL, SERVIDOR PÚBLICO, TRABAJADOR, CONTRATO DE MUTUO, JUSTICIA LABORAL, OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD DE INVERSIÓN
Sentencia SL13130-2017/53504 de agosto 15 de 2017
SL13130-2017
Radicación 53504
Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil diecisiete.
Interpuesto por José Misael Gómez Guativa, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Empieza la Corte por responder a la oposición, que la censura no incurrió en los errores que se plantean en la réplica, toda vez que en el cargo y su demostración, señaló como norma erróneamente interpretada por el tribunal, el “artículo 51 del Decreto 2127 de 1949” y, no obstante que a folio 12 del cuaderno de la casación, incurrió en un simple error de transcripción, dado que antes de reproducir su texto lo enunció como “artículo 52”, ello no hace desestimable el recurso, pues constituiría un exceso de ritualismo, ajeno a la finalidad de la administración de justicia.
Por otro lado, tampoco se advierte en la demanda que sustenta el recurso extraordinario, pretensión o hecho nuevo, pues en ejercicio del deber de interpretación de las piezas del proceso, conforme se señaló en la Sentencia CSJ SL911-2016, advierte la Corte que desde la demanda inicial, el recurrente pretendió se aplicara la tabla indemnizatoria del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a los perjuicios que prevé el artículo 51 del Decreto 2127 de 1949, conforme se colige de los folios 4 a 5, en relación con el folio 13 del primer cuaderno del expediente.
Por lo anterior, se procederá a analizar el fondo del asunto, así:
El recurrente no discute la calidad de trabajador oficial del demandante, la existencia de un despido sin justa causa por parte de su empleadora, así como tampoco, el consecuencial pago de los salarios que le faltaban para completar el plazo presuntivo, sino la interpretación que el tribunal dio al “artículo 51 del Decreto 2127 de 1945 (...)”, en tanto que la considera como errónea “(...) al no permitir por analogía aplicar la tabla indemnizatoria contenida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 10, cdno. casación).
Al tenor de ello, es importante recordar la Sentencia CSJ SL, 14 mayo 1999, rad. 11535, en la que la Corte precisó que la modalidad de casación escogida por el recurrente
(...) exige que el fallador exprese un entendimiento de la norma que no corresponda a su genuino y cabal sentido, por lo que en la sentencia debe aparecer clara la referencia a la norma mal interpretada, o, al menos, ser indudable que en la sentencia se aplicó la disposición dándole una inteligencia que no corresponde a su verdadera hermenéutica.
Se anota lo anterior, porque examinado el alcance del artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, no encuentra la Sala que el tribunal lo haya interpretado con error, pues dicho precepto, que regula la indemnización de perjuicios derivada del despido injustificado del trabajador oficial, prevé como posibles resarcimientos, el lucro cesante, esto es, el pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo que restaba para cumplir el plazo pactado o presuntivo, y el daño emergente, y los demás que se llegaren a producir con la ruptura del vínculo, solo que condicionando el reconocimiento de los últimos, a la acreditación por el trabajador oficial de su causación, sin que sea aplicable o extensible, como lo quiere hacer ver la censura, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pues el texto de la normativa en comento de ninguna manera lo prevé.
Así se dice, además, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque, como lo ha dicho esta corporación en la Sentencia CSJ SL, 27 sep. 2011, rad. 37417, de conformidad con los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo, las relaciones individuales del sector público no se regulan por dicho compendio normativo, sino por normas especiales, como es, por ejemplo, la censurada como erróneamente interpretada; diferenciación que, valga decirlo, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia CC C-055 de 1999, que tiene por fundamento el principio constitucional de libre configuración del legislador y los singulares intereses que están en juego dentro de la función pública, respecto de la cual, además, en Sentencia SL1497-2014, esta corporación, trayendo a colación un fragmento de una sentencia del Consejo de Estado, del 29 de agosto de 2002, expediente 0002-99, señaló:
La Sala comparte dicho criterio de no sometimiento de la relación laboral de los trabajadores oficiales al Código Sustantivo del Trabajo porque el vínculo del Estado con sus servidores es de naturaleza diferente a la relación laboral que rige entre particulares, pues en aquel está de por medio el interés público, mientras que esta pone en juego el interés privado. Desde la propia promulgación de la legislación laboral en el año de 1950 se hizo salvedad, pues el estatuto laboral fue concebido, de acuerdo con su artículo 1º, con la finalidad de “... lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores...”, lo que indicaba que las relaciones entre el estado (sic) y sus servidores quedaban excluidas de dicha regulación jurídica.
De acuerdo a las anteriores consideraciones, no se puede predicar la violación del derecho de igualdad en el caso objeto de estudio porque, estando frente a grupos de trabajadores que la única afinidad que presentan es su vinculación mediante un contrato de trabajo, ilógico sería que recibieran un trato igual o similar (...).
En segundo lugar, porque al tenor del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, la aplicación analógica de la ley tiene por presupuesto la inexistencia de norma exactamente aplicable al caso controvertido y, conforme se vio, el resarcimiento de perjuicios derivados del despido injustificado de un trabajador oficial cuenta con regulación expresa, de ahí que no sea aplicable la analogía como principio general del derecho.
Como tampoco sería aplicable al caso, el principio de favorabilidad legal del artículo 53 superior, pues este tiene como presupuesto la existencia de dos normas aplicables al asunto, o dos interpretaciones posibles, caso en el cual se deberá preferir la más garantista de los derechos del trabajador, pero en el presente caso, se itera, no existe conflicto normativo alguno, pues, por imperativo legal, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable a los trabajadores oficiales.
En tal contexto, es importante tener presente, que la intelección que la jurisprudencia le ha dado al artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, se ajusta no solo a la exégesis de la disposición y al espíritu del legislador, sino además, al ordenamiento constitucional y legal, en tanto que, por una parte, se itera, son admisibles las diferenciaciones en los regímenes laborales del sector público y privado, atendiendo los fines y objetivos que ambos desarrollan, así como los recursos que administran; por otra parte, porque la norma salvaguarda el derecho del trabajador oficial a ser resarcido por todos los perjuicios causados como consecuencia de la finalización injusta de su relación contractual, solo que tazó anticipadamente el lucro cesante e impuso una carga procesal para el reconocimiento de los demás, sin que ello, per se, constituya una diferenciación que afecte sus derechos fundamentales al trabajo, el acceso a la justicia y a la administración de justicia, como lo sugiere la impugnación, dado que estas, y particularmente las cargas probatorias, son instituciones legales ajustadas a la Constitución, siempre que no se adviertan desproporcionadas o irrazonables, porque constituyan excesivos formalismos que impidan la efectividad de los derechos, presupuestos que no se cumplen en el presente asunto.
Así lo ha señalado la Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias CC C-1512 de 2000, CC C-1104 de 2001, CC C-662 de 2004, CC C-275 de 2006, CC C-227 de 2009, CC C-279 de 2013 y CC C-086-2016, en las que expuso:
(...) el proceso, como mecanismo a través del cual se materializa el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el juez o incluso terceros intervinientes, “ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”. Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que una concreción del mandato previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual son deberes de la persona y del ciudadano “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.
En tal escenario, recogiendo la definición expuesta por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia CSJ AL, 17 sep. 1985, el Tribunal Constitucional en las sentencias referidas, señaló que las cargas procesales son instituciones que
(...) comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso; las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables.
De ahí, que se ajusten al ordenamiento constitucional, cuando no se adviertan desproporcionadas o irrazonables.
En el presente caso, como se enunció, la carga probatoria que tenía el demandante para demostrar los perjuicios que reclamó a través del presente contencioso (sentencias CSJ SL, 28 mar. 2006, rad. 26114), no constituye una imposición desproporcionada del legislador, dado que cuenta con los instrumentos jurídico-procesales para satisfacerla, sin que sea dable al juez, suplir las omisiones en que haya incurrido, a través de la aplicación de preceptos sustantivos que, por imperativo legal, no resultan aplicables, ni del decreto oficioso de prueba, pues en el marco del artículo 48 del CPTSS, la dirección que este ejerza debe garantizar, no solo los derechos fundamentales de las partes, sino el equilibrio entre las ellas, lo que se alcanza con el cumplimiento de las normas procesales y probatorias, que siendo conocidas previamente por las partes, deben ser asumidas con la corresponsabilidad que el constituyente les impuso, a través del artículo 95 -7 superior.
Así se dice, porque a pesar de que las normas adjetivas deben ser aplicadas conforme a su finalidad, que no es otra que servir de instrumento para la materialización de los derechos que constitucional y legalmente se reconocieron a los asociados y, por tanto, en ese escenario, el juez laboral, incluso colegiado, debe ejercer una dirección del proceso dinámica en pro de su realización, no puede extenderse a la acreditación de unos perjuicios, que, en el caso, ni siquiera están individualizados.
De ahí, que el tribunal no incurrió en la errónea interpretación con la que se censura su sentencia y, en consecuencia, no se otorgará prosperidad al cargo propuesto.
Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. En su liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000.oo), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el doce (12) de mayo de dos mil once (2011), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Misael Gómez Guativa contra el municipio de Tocancipá.

References: artículo 64
 artículo 51
 artículo 64
 artículo 51
 artículo 64
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 53
 artículo 64
 artículo 51
 artículo 95
 artículo 48
 artículo 95
 artículo 366