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Timestamp: 2020-04-03 23:26:35+00:00

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ATS, 22 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 652492729
Número de Recurso: 217/2016
En la Villa de Madrid, a veintidós de Septiembre de dos mil dieciséis.
PRIMERO .- Por el Sr. Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 9 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 1344/2014 , sobre denegación de nacionalidad española.
SEGUNDO .- En virtud de providencia de 25 de abril de 2016 se acordó poner de manifiesto a las partes, por un plazo común de diez días para alegaciones, la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso: 1ª) Con relación al motivo primero del recurso, carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción , dada la cuestión que se plantea sobre el concepto jurídico "buena conducta cívica" con relación al recurrente. 2ª) Carecer manifiestamente de fundamento el motivo segundo del recurso por pretenderse una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, lo que no es posible en el recurso extraordinario de casación ( artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional ). Dicho trámite ha sido evacuado por la parte recurrente (Sr. Abogado del Estado) y por la parte recurrida (D. Juan Miguel ).
PRIMERO .- La sentencia impugnada estimó el recurso interpuesto por la representación de D. Juan Miguel contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de septiembre de 2013, dictada por delegación del Ministro de Justicia, que le denegó la nacionalidad española al no acreditar el requisito de la buena conducta cívica, y contra la resolución de 25 de septiembre de 2014 que desestimó el recurso de reposición.
La sentencia basa su fallo estimatorio en lo expresado en el Fundamento de Derecho Tercero al entender del material probatorio examinado que concurría en el recurrente el requisito exigido de la buena conducta cívica para concederle la nacionalidad española solicitada.
SEGUNDO .- La parte recurrente, invocando el artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional , denuncia en un primer motivo la vulneración del artículo 22.4 C y de la jurisprudencia que cita, en relación con la acreditación de la buena conducta cívica, y, en un segundo motivo casacional denuncia la infracción de los artículos 9.3 y 24 CE al estimar que la sentencia recurrida ha llevado a cabo una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba.
Examinaremos en primer término, con relación al motivo casacional primero, la causa de inadmisión relativa a carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción .
Pues bien, como antes apuntamos, se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, Pues bien, el citado precepto de la Ley jurisdiccional dispone que la Sala dictará Auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d ) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .
Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del artículo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.
QUINTO .- En definitiva, por versar el recurso de casación sobre un asunto marcadamente casuístico, que además plantea cuestiones interpretativas y aplicativas de normas jurídicas que ya han sido analizadas por la Sala de forma reiterada y en sentido coincidente con el apuntado por la Sala a quo , procede declarar la inadmisión del motivo primero del recurso, en aplicación del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional . Sin que a esta conclusión obsten las alegaciones vertidas por la parte recurrente afirmando el interés casacional del recurso ya que se basa en la ausencia de legalización del certificado de antecedentes penales, único documento que puede certificar la inexistencia de antecedentes, pues en modo alguno combate de manera adecuada la conclusión de inadmisión en base a la jurisprudencia de la Sala expresada con anterioridad.
SEXTO .- Analizaremos finalmente la causa de inadmisión relativa a carecer manifiestamente de fundamento el motivo segundo del recurso por pretenderse a una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia.
En efecto, como ya dejamos dicho con antelación, la parte recurrente considera que la sentencia recurrida ha realizado una valoración de la prueba carente de razonabilidad, y ello por las razones que aduce en el recurso.
Pues bien, lo que late en el fondo de la argumentación empleada por el Sr. Abogado del Estado en este motivo casacional es, simplemente, su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia, defendiendo el recurrente que la sentencia realiza una arbitraria valoración de la prueba cuando argumenta que se ha acreditado buena conducta cívica, obviando la Sala de instancia la condena que en su día le fue impuesta por la comisión del delito que se reseña.
Ahora bien, según jurisprudencia uniforme, plasmada, a título de ejemplo, en STS de 8 de enero de 2013 (RC 2090/2010 ), "(...) la casación tiene como finalidad corregir los errores en que se haya podido incurrir en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y encuentra uno de sus límites tradicionales, por lo que hace al caso, en la imposibilidad de someter a revisión la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia. Baste con señalar que, según consolidada jurisprudencia, la valoración y la convicción resultante sobre los datos fácticos relevantes para decidir el proceso corresponden a la Sala de instancia, sin que pueda ser suplantada, o sustituida, en tal actividad, por este Tribunal de Casación, pues el defecto en la valoración de la prueba no está recogido, como motivo de casación, en el orden contencioso-administrativo.
Es cierto que esta regla admite excepciones, entre las que se encuentran, cabalmente, los casos en que se denuncia la infracción de las reglas de la sana crítica, o que la apreciación de la prueba se ha realizado de modo arbitrario, irrazonable o conduce a resultados inverosímiles, pero estas excepciones, como tales, tienen carácter restrictivo, por lo que no basta la mera cita del artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento civil - lo que ni siquiera se ha dado en el presente supuesto- , seguida de la simple alegación de que la apreciación de la prueba por la Sala a quo es ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica, para franquear su examen por este Tribunal Supremo.
Al contrario, partiendo de la base de que la apreciación del Tribunal de instancia queda excluida del análisis casacional, la revisión de esa valoración en casación únicamente procederá cuando la irracionalidad o arbitrariedad de la valoración efectuada por la Sala de instancia se revele patente o manifiesta, siendo carga de la parte recurrente aportar los datos y razones que permitan a este Tribunal llegar a la convicción de que así efectivamente ha sido (...)"
Y en este caso, ni la valoración probatoria efectuada por la Sala a quo se revela patente o manifiestamente arbitraria, más bien al contrario, se expresa en términos lógicos y razonables, ni la parte recurrente aporta dato concreto alguno que permitan apreciar la "manifiesta arbitrariedad" de esa valoración. Además, lo que no puede imponerse a quien ha de soportar esa carga es probar los hechos que legitiman el derecho y, además, la ausencia de hechos obstativos del mismo, porque estos han de ser probados por quien se opone al derecho; en otro caso se impondría al reclamante una carga excesiva y de difícil éxito habida cuenta de la dificultad de probar los hechos negativos (por todas, STS, 19 de abril de 2016, recurso nº 3709/2014 ).
Procede, pues, declarar la inadmisión del segundo motivo del recurso por carecer manifiestamente de fundamento, en aplicación del artículo 93.2, apartado d), de la vigente Ley Jurisdiccional ; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, en las que sintéticamente reitera la argumentación contenida en su escrito de interposición.
SÉPTIMO .- Al declararse inadmisible el recurso de casación no exclusivamente por falta de interés casacional ( artículos 93.5 de la Ley Jurisdiccional 29/98) es procedente condenar a la parte recurrente en las costas de aquél, si bien esta Sala, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 139.3, señala la cantidad de 500 euros como la máxima que la parte recurrida puede reclamar por todos los conceptos.
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, contra la Sentencia de 9 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 1344/2014 , resolución que se declara firme; con imposición de costas en los términos expresados en el último de los razonamientos jurídicos de la presente resolución.
SAP Pontevedra 649/2005, 15 de Diciembre de 2005
STS 478/1997, 4 de Junio de 1997

References: artículo 93
 artículo 93
 Resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 22
 artículo 93
 artículo 88
 resolución 
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 348
 artículo 93
 artículo 139
 resolución