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Timestamp: 2020-07-10 16:31:34+00:00

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EL REEMPRENDIMIENTO EN EL PROYECTO DE LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS | Bancarrota | Pagos
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EL REEMPRENDIMIENTO EN EL PROYECTO DE LEY DE REORGANIZACIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS.
TANIA ALEJANDRA GUARDA NAVARRO
PROFESOR PATROCINANTE: JUAN ANDRÉS VARAS BRAUN
Problema…………………………………………………………
Conceptuales……………………………………………………………………
1. Derecho Concursal………………………………………………………………………
2. Quiebra……………………………………………………………………………………. 5
3. Crédito, insolvencia, cesación de pago: elementos esenciales de los concursos…………. 6
4. Principios de la Quiebra…………………………………………………………………
4.1 Principios Clásicos……………………………………………………………………. 7
4.1.1 Protección Igualitaria de los Derechos de los Acreedores……………………… 8
4.1.2 Protección Adecuada del Crédito………………………………………………
4.1.3 Conservación de la Empresa………………………………………………….…. 8
4.2 Principios Modernos…………………………………………………………………
4.2.1 Racionalidad y Oportunidad Económica………………………………………
4.2.2 Fortalecimiento de los Órganos de la Quiebra…………………………………
4.2.3 Tutela de la Relación Laboral…………………………………………………
III- El Emprendimiento: Causa Inspiradora de la Legislación…………………………………
1. Evolución, finalidad del derecho concursal en el tiempo………………………………
2. Concepto de Emprendimiento…………………………………………………………… 10
3. Relación Emprendimiento y Quiebra …………………………………………………… 12
Capítulo Segundo: REEMPRENDIMIENTO BAJO LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA QUIEBRA
Legislación Nacional en Materia Concursal…………………………………………………. 14
Quiebra: Panorama Actual …………………………………………………………………
III- Críticas a la Normativa Actual………………………………………………………………. 17
IV- Reemprendimiento…………………………………………………………………………
1. Emprendimiento y Desarrollo…………………………………………………………
2. Comparación Internacional ……………………………………………………
3. Caracterización del Emprendedor Chileno ……………………………………………
Emprendimiento en situación de Crisis…………………………………………………. 26
Capítulo Tercero: EN BÚSQUEDA DE UNA NUEVA NORMATIVA CONCURSAL
Necesidad de una Nueva Normativa………………………………………………………… 28
III- Proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas: ¿Una solución
Real al Problema del Reemprendimiento?
1. Ámbito de aplicación…………………………………………………………………… 34
2. Justicia Especializada…………………………………………………………………… 35
4. Traslado de Conductas Punibles al Código Penal………………………………………. 37
3. Boletín Concursal………………………………………………………………………
5. Procedimiento Concursal de Reorganización de Empresas……………………………
6. Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa………………………………
7. Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora…………………… 44
8. Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora……………………… 46
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………… 48
ANEXOS………………………………………………………………………………………… 52
En nuestra Constitución, se consagra en el artículo 19 número 21 “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Bajo este amparo, muchos deciden emprender en el mundo de los negocios, buscando éxito en ellos de forma tal que les permita garantizar su subsistencia y mejorar su calidad de vida. Sin embargo el camino del emprendimiento es incierto, puesto que no todos los negocios resultan exitosos y aquellos que parecen serlo, no siempre logran mantenerse en el tiempo consecuencias de las múltiples variables en juego; derivando en ocasiones en el fracaso de las empresas. El fracaso empresarial conlleva una serie de problemas sociales, pues en un emprendimiento no solo está comprometido el interés de privado de los dueños de los negocios, sino también hay un interés público derivado del rol que tiene la empresa en la economía nacional. La necesidad de protección y regulación de la crisis empresarial surge con el objeto de evitar una situación de conflicto a gran escala en la sociedad, es por ello, que la tarea a la cual esta llamado el Estado es a generar tanto un espacio adecuado para el nacimiento y mantenimiento de las empresas, como un ambiente adecuado para salir de estas cuando el emprendimiento a resultado fallido, fomentando así el espíritu emprendedor. Actualmente, nuestro país cuenta con una legislación concursal ubicada en el Libro IV del Código de Comercio, denominado “De Las Quiebras”. Últimamente, esta ley ha sido criticada por entenderla desadaptada a los nuevos tiempos, en los cuales se pretende potenciar el emprendimiento como motor de nuestra economía; esto ya que posee mecanismos dirigidos a obtener la liquidación de la empresa antes que privilegiar su subsistencia; así como también por su larga duración, lo cual va creando trabas que desincentivan abrir nuevas compañías. A lo anterior, se suma el estigma social, con el que tienen que convivir quienes enfrentan un procedimiento de liquidación. Ante esta situación, y teniendo el emprendimiento como fin inspirador, el Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley denominado “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”. Este proyecto pretende dar una solución adecuada a quienes deben enfrentar una crisis empresarial, buscando potenciar el mantenimiento de las empresas que resulten viables, reorganizando tanto sus activos como pasivos y por otro lado, ofrecer una nueva oportunidad a quienes tienen que sufrir un proceso de liquidación; permitiéndoles reemprender fácilmente al establecer un procedimiento liquidatorio expedito y eficiente de manera que puedan dejar rápidamente en el pasado, el negocio fallido. De esta forma, el Ejecutivo, cree proveernos de una normativa que permite una creciente vida empresarial acorde a las nuevas prácticas mercantiles y, por supuesto, conforme a la nueva realidad social. Es de vital importancia determinar si efectivamente la propuesta del Ejecutivo, logra situar al emprendimiento como motor económico y permite incentivar la inversión en quienes han resultado fallidos en un proceso anterior.
El objetivo de la presente memoria de prueba, consiste en exponer el estado actual del derecho concursal chileno, para que a partir de ello podamos determinar si el proyecto de ley, que pretende sustituir la actual ley de quiebras, efectivamente soluciona los problemas que se plantean con la ley vigente, logrando incentivar el emprendimiento y fomenta efectivamente el reemprendimiento, a través de un análisis comparativo entre el proyecto de ley y legislaciones extranjeras. Para alcanzar el objetivo mencionado, se ha estructurado esta investigación en tres capítulos y las respectivas conclusiones finales. El primer capítulo lo hemos divido en dos secciones, tendiente la primera parte a esbozar los lineamientos generales de investigación y posteriormente, se ofrece una sección destinada a otorgar precisiones generales del derecho concursal; a fin de conseguir mayor precisión lingüística evitando posibles confusiones. El segundo capítulo, es descriptivo y nos ofrece una mirada evolutiva de la legislación concursal en Chile; aborda además el panorama actual tanto de la quiebra y sus cuestionamientos, como del contexto actual del emprendimiento. Finalmente, el último capítulo, aborda la necesidad de contar con una nueva normativa, a través de la búsqueda del modelo más idóneo para nuestras necesidades, explorando legislaciones comparadas y analizando las propuestas del proyecto de ley.
El presente capítulo, pretende explicitar los lineamientos generales de la investigación y posteriormente otorgar una delimitación conceptual de las expresiones relevantes que se utilizarán a lo largo del trabajo; permitiendo así, una mejor comprensión.
El problema, que se pretende abordar con la presente investigación, es el de la insolvencia y el tratamiento jurídico de la insolvencia, relacionado con la moderna tendencia de los ordenamiento jurídicos a fomentar el emprendimiento; entendiendo que el emprendimiento es una herramienta clave para el desarrollo económico del país. La presente investigación se abocará a analizar el proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, para poder determinar si ¿el contenido plasmado en el proyecto de ley soluciona los problemas que se plantean con la legislación vigente, satisfaciendo los fines que lo inspiran, logrando así favorecer el reemprendimiento? Ante la interrogante planteada sostenemos que efectivamente el proyecto de Ley soluciona los problemas que se presentan con la actual normativa y potencia el reemprendimiento.
II- PRECISIONES CONCEPTUALES.
1. Derecho Concursal.
Al hablar de derecho concursal, frecuentemente se suele relacionar y confundir con la quiebra; sin embargo, hay importantes diferencias que es necesario tener presente. Una manifestación concreta de esta percepción conceptual errada, la encontramos en el Libro IV del Código de Comercio, denominado De las quiebras, desconociendo y no valorando los demás procedimientos concursales contemplados en nuestra legislación, como lo veremos más adelante. Una primera aproximación conceptual, la encontramos en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que sostiene que concurso es “1. Concurrencia (conjunto de personas) y 2. Reunión simultánea de sucesos, circunstancias o cosas diferentes.” 1 Así, podemos tener la primera característica de lo que implica un concurso, esto es, un conjunto o reunión; sin embargo esta definición, es aún muy imprecisa. Doctrinariamente, se han esgrimido una serie de definiciones sobre derecho concursal; de ellas, resaltamos dos concepciones que nos proporcionan ciertas características, que a nuestro juicio son relevantes. La primera, plantea que el derecho concursal “es aquel conjunto de normas jurídicas sustantivas y adjetivas, formales y materiales, que tienden a regular, reprimir y aún
1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición, versión online, disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=concurso (25 de septiembre de 2013).
evitar las secuelas de la insolvencia.” 2 De esta forma, el autor enfatiza en la finalidad de los concursos, esto es, resolver el problema de la insolvencia y además, de permitir incluir procedimientos de variada naturaleza. En segundo lugar, destacamos, la noción de Zalaquett, quien al referirse a los procedimientos concursales, subraya la necesidad de protección igualitaria de los derechos de los acreedores; así en palabras del jurista “un procedimiento es concursal cuando tutela en un pie de igualdad la totalidad de las relaciones jurídicas, referidas a un patrimonio determinado y lo hace con todos los bienes de ese patrimonio.” 3 Se critica esta noción pues no contempla entre sus elementos la insolvencia. Por lo tanto, de las definiciones expuestas, desprendemos ciertos elementos esenciales para un concepto de derecho concursal; así se trataría de un conjunto de normas y procedimientos de variada naturaleza, cuyo objetivo principal es solucionar el problema de la insolvencia 4 del deudor en un patrimonio determinado; para reestablecer así la normalidad en la circulación de bienes en el mercado, resguardando de manera igualitaria los derechos de los acreedores, a través de una tutela colectiva. Es menester tener presente que el concurso a diferencia del incumplimiento 5 no es un hecho per se antijurídico, puesto que, es un mecanismo de defensa, aplicable en el caso de aquellos deudores que se encuentran en imposibilidad de pagar o de dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones debido a un estado patrimonial deficiente, evitando así un perjuicio mayor para los interesados (acreedores y terceros), que ven peligrar sus créditos cuando un deudor experimenta una insolvencia patrimonial. Tal como lo señalábamos anteriormente, existe un error 6 por parte del legislador al denominar a la legislación concursal vigente, como ley de quiebras, toda vez que nuestro sistema concursal comprenden una serie de procedimientos o mecanismos legales, destinados a erradicar la insolvencia, ejerciendo tanto una tutela preventiva, como reparativa; distinguiéndose los siguientes: i) procedimiento de liquidación o quiebra; ii) los convenios; iii) las cesiones de bienes; iv) procedimiento de calificación del deudor. 7 De estos instrumentos, el más importante es la quiebra, y tal como lo manifiesta Zalaquett “los demás procedimientos concursales se encuentran íntimamente vinculados a la quiebra porque o bien tienen por objeto impedir que ésta
2 Puga Vial, Juan Esteban; El derecho concursal. El juicio de quiebras Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Tercera Edición actualizada, Santiago, 2004, p. 26.
3 Zalaquett Daher, José; La causa de la declaratoria de quiebra, Editorial jurídica de Chile, Santiago, 1968, p.23.
4 “Estado financiero critico, al que se llega por una mala o desafortunada gestión económica, que puede tener muchas causas, entre las cuales cabe mencionar la producción insuficiente de bienes y servicios, la producción a precios que no pueden competir en el mercado, los costos muy altos, deficiencia en las ventas, la acumulación de créditos impagos por la clientela, los gastos excesivos, el sobreendeudamiento. Normalmente, la insolvencia va asociada a una situación patrimonial grave, esto es, que el total de los activos no alcanza para cubrir el total del pasivo.” Contreras Strauch, Osvaldo, Instituciones del Derecho Comercial, Tomo II, Legal Publishing Chile, 2011, p.1382.
5 Cuestión que se abordara con mayor precisión al referirnos al crédito y la insolvencia.
6 De este error da cuenta Puga al señalar que “En la mal denominada Ley de Quiebras encontramos casi todos los procedimientos concursales civiles y criminales chilenos, pero la quiebra propiamente tan sólo es uno entre todos ellos.” Puga Vial, Juan, Op. cit. p.153.
7 La actual ley de quiebras dispone en su artículo primero que “La presente ley trata de los siguientes concursos: la quiebra; los convenios regulados en el Titulo XII; y las cesiones de bienes del Título XV.” Dando cuenta de tres de los procedimientos señalados, el cuarto correspondiente al procedimiento de calificación del deudor es una construcción doctrinal, pues no esta mencionado expresamente como tal en la ley.
se produzca, o bien constituyen una variante de la solución que importa la quiebra, adecuada a las particularidades de un determinado sujeto pasivo.” 8 De esta forma, podemos establecer que el derecho concursal y la quiebra se encuentran en una relación de género a especie; siendo entonces necesario para una mayor claridad precisar el concepto de quiebra.
2. La Quiebra.
Existen diversas acepciones para la expresión quiebra, destacándose alguna por acentuar una perspectiva más económica de la misma, mientras que otras se centran en sus aspectos jurídicos; sin embargo, todas ellas parecieran coincidir en el efecto indeseable que produce, revistiendo así a la institución de una connotación negativa. Doctrinariamente, se han advertido diversos conceptos, encontrándonos con nociones que son enfáticas en señalar que la quiebra sería un estado 9 , haciendo alusión a un momento en la vida de una persona que le impide cumplir con sus obligaciones. Otras concepciones destacan aspectos adjetivos, al sostener que se trata de un procedimiento colectivo y unitario cuyo objetivo es administrar y liquidar el patrimonio del deudor insolvente, para realizar el pago a los acreedores conforme a la graduación legal. 10 Particularmente, adherimos a un concepto mixto según el cual, la quiebra posee una acepción material o empírica, que denotaría un estado de crisis patrimonial; una acepción económica, que implicaría un estado de desarreglo económico que ha de provocar la declaración jurídica de la quiebra; y finalmente una acepción de derecho, que no sería otra cosa que la constatación de un estado de desarreglo o crisis económica, judicialmente declarada y que se caracteriza por la sujeción del patrimonio de su titular, a un procedimiento concursal a que se convoca a todos sus acreedores. 11 Igualmente, prescindimos de la definición proporcionada por el derogado artículo 1325 del Código de Comercio, el cual expresaba que “la quiebra es el estado del comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles.” Debido a lo limitado de esta noción no la compartimos, ya que, dado el transcurso del tiempo, han surgido nuevas necesidades, desafíos y prioridades en los mercados; uno de ellos ha sido dotar de mayor dinamismo a la economía, cobrando relevancia el crédito y con ello la quiebra ha adquirido gran importancia. Consecuencialmente, la institución ha tenido que ir evolucionando para adecuarse a los nuevos tiempos, y en esta nueva concepción lo esencial no sería la actividad que desarrolla el deudor, sino la cesación de pago, es así, como hoy podríamos compartir las palabras de Sandoval quien
8 Zalaquett Daher, José, Op. cit. p.23
9 En esta línea encontramos a Puelma quien sostiene que la quiebra es “un estado excepcional en el orden jurídico de una persona producido por la falta o imposibilidad de cumplimiento igualitario de sus obligaciones declaradas judicialmente”. Puelma Accorsi, Álvaro, Curso de Derecho de Quiebras. Editorial Jurídica de Chile, 4ª edición actualizada, Santiago, 1985, p. 7. 10 Puga Vial, Juan Esteban, Op. cit. p. 194. 11 Cfr. Gómez Balmaceda, Rafael y Eyzaguirre, Gonzalo, El derecho de quiebras, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009, p. 24.
manifiesta que la quiebra “es el estado de una persona (comerciante o no comerciante) que ha cesado en el pago de sus obligaciones (civiles o mercantiles), declarado judicialmente.” 12
3. Crédito, Insolvencia y Cesación de pagos: Elementos esenciales en los concursos. Para introducirnos en el análisis del derecho concursal y en especial de la quiebra, es necesario tener una clara visión respecto del crédito, la insolvencia y crisis de la empresa puesto conforman un presupuesto de apertura de los concursos en general. Indiscutible resulta en la actualidad la relevancia del crédito, desde la óptica económica, se ha convertido en un elemento estrictamente necesario para el desarrollo de la economía debido a la escasez de capital y recursos con que cuentan las personas y empresas para hacer frente a las innumerables necesidades que deben enfrentar. Como consecuencia de este dilema, el crédito aparece como solución; ya que permite obtener recursos ajenos para el desarrollo de una actividad. Además, el crédito actúa como un motor comercial que contribuye al nacimiento, expansión y la producción de las empresas; permitiendo así un auge económico, pero como contrapartida, en caso de presentarse un incumplimiento por parte de un deudor, genera un efecto multiplicador del incumplimiento comercial que conlleva inestabilidad en los mercados y desincentiva la inversión; porque el crédito no une solo dos patrimonios, sino es una concatenación de patrimonios. 13 En su aspecto jurídico el crédito es posible gracias a la confianza que deposita quien proporciona los recursos tanto en el deudor (en su capacidad de administración y en su patrimonio), como en el ordenamiento jurídico; ya que confía en la posibilidad de exigir el cumplimiento 14 del crédito, cuando excepcionalmente este no se cumple 15 . Además, en el crédito esta comprometida la fe pública, toda vez que si el sistema jurídico tolera el incumplimiento, genera una desconfianza en el sistema jurídico; debido al interés general que involucra el crédito. Debido a la relevancia del crédito, que involucra tanto aspectos jurídicos como económicos, creemos que una definición adecuada sería aquella que de cuenta de ambos aspectos, por ello, la noción que compartimos es la que manifiesta que el crédito “es aquel derecho personal de contenido patrimonial, cuya exigibilidad está sujeta a un plazo suspensivo y que se origina en el otorgamiento de un acto jurídico.” 16
12 Sandoval López, Ricardo. Derecho Comercial: La insolvencia de la empresa; derecho de quiebras; cesión de bienes, Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, 6ª edición actualizada, Santiago, 2009, p.17.
13 Zalaquett manifiesta que “el crédito tiene hoy tan vastos alcances que ha llegado a ser un factor de concatenación de patrimonios. En efecto, es muy común que el acreedor de una obligación diferida en el tiempo cuente con el pago de ella para solventar, a su vez, el pago de una obligación futura de la que es deudor. Si no obtiene el pago oportuno de su acreencia puede verse imposibilitado de hacer frente a su propia deuda, cuyo acreedor, por su parte, quizás se encuentre en análoga situación.” Zalaquett Daher, José, Op. cit. p.14.
14 En virtud del principio de la fuerza obligatoria de los contratos y de las tutelas que contemple el ordenamiento jurídico.
15 Cfr. Zalaquett Daher, José, Op.cit. p. 12.
16 Puga Vial, Juan Esteban, Op. cit. p. 35.
Respecto a la insatisfacción de un crédito, podríamos señalar, que se distinguen distintas tipos y distintas causas 17 que le dan origen. En materia de concurso, la cesación de pagos aparece ligada a la insolvencia patrimonial del deudor. Puesto que la primera constituye un presupuesto objetivo que permite la apertura del procedimiento de quiebras; mientras que la insolvencia, constituye la piedra angular del derecho concursal, ya que es su fundamento. 18 Acerca de la insolvencia, se ha precisado que “es un hecho económico antes que jurídico” 19 . Parte de la doctrina, dice que la insolvencia implica un desequilibrio aritmético, en el cual los activos de un deudor, no son suficientes para cubrir sus pasivos. 20 Abandonamos esta concepción de insolvencia, en la medida que consideramos que si el pago cumple con los principios que lo rigen: identidad, oportunidad e integridad, no sería relevante que el pasivo sea mayor que el activo. A nuestro juicio, es más adecuado sostener que la insolvencia es “la impotencia patrimonial del deudor para satisfacer regularmente sus propias obligaciones, manifestada con incumplimiento u otros hechos exteriores.” 21 En virtud de esto, la insolvencia sería la imposibilidad de cumplir con los medios disponibles, los créditos que son exigibles. A su vez, la cesación de pagos, sería un estado patrimonial 22 que tiene presente la imposibilidad, impotencia o incapacidad de cumplir, en forma integra y oportuna, las obligaciones que gravan el patrimonio. 23
4. Principios de la Quiebra
Respecto a esta materia, doctrinariamente es posible advertir que conforme a la concepción que se tenga del derecho de quiebras varían sus principios, siendo posible distinguir principios clásicos del derecho de quiebras y principios modernos. Hacemos presente, que “no hay un hecho histórico que sirva de límite entre una y otra concepción” 24 .
4.1 Principios clásicos. 25
17 El incumplimiento, también da origen a una insatisfacción del crédito, sin embargo, este se caracteriza por ser “un hecho antijurídico que afecta principalmente al acreedor insatisfecho, quien puede emplear contra el deudor las defensas individuales que le franquea la ley”. Sandoval López, Ricardo, Op. cit. p. 13.
18 Cfr. Román Rodríguez, Juan Pablo, El Salvamento de la Empresa en Crisis, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, p.165.
20 Cfr. Baeza Ovalle, José Gonzalo, Derecho Concursal. Procedimiento de liquidación de bienes. La quiebra, Tomo I, Thomson Reuters Puntolex, Santiago, 2011, p.18.
21 Provinciali, Renzo. Tratado de Derecho de Quiebra. Editorial A.H.R., Barcelona, España, 1958, p. 247.
22 Se trataría de un estado permanente de crisis patrimonial que imposibilita el pago y que abarca todos los bienes del deudor.
23 Cfr. Román Rodríguez, Op. cit. p.175
24 Sandoval López, Ricardo, Op. cit. p.23
25 En la concepción clásica del Derecho de Quiebras, el objetivo básico de la quiebra es dar solución a la insolvencia del deudor desde un punto de vista patrimonial, a través de un juicio universal que comprenda todos los bienes y obligaciones del deudor, para así dar satisfacción a los acreedores distribuyendo entre ellos el producto de la realización de los bienes del deudor bajo una ley de igualdad según el principio de la par condictio creditorum. De esta forma, el fin perseguido por la quiebra sería resguardar un interés privado, el de aquellos acreedores cuyas obligaciones se vieron insatisfechas producto de la insolvencia. Cfr. Gómez Balmaceda, Rafael y Eyzaguirre G., Op. cit. p.26.
a) Protección igualitaria de los derechos de los acreedores
En la concepción clásica de la quiebra, se busca mediante un juicio universal dar solución a la insolvencia del deudor para así poder satisfacer los créditos de los acreedores. Esta universalidad implica que la quiebra comprende todos los bienes del patrimonio del deudor y comprende la totalidad de sus acreedores. 26 Entonces, surge la necesidad de velar por los derechos de los acreedores, que se concreta en la par condictio creditorum que implica por un lado distribuir entre los acreedores el producto de la realización de los bienes en un pie de igualdad; 27 y por otro, la carga de soportar de forma igualitaria entre los acreedores las pérdidas, observando las reglas de la igualdad y equivalencia. 28
b) Protección adecuada del crédito.
Este principio implica que el Estado debe velar por instituir una normativa que permita garantizar efectivamente a los acreedores su derecho a exigir el pago de sus créditos, por parte de
los deudores; y que en caso de fracaso de los medios contemplado, el derecho pueda intervenir, a través del ejercicio de la tutela colectiva que es el juicio concursal. 29
c) Conservación de la empresa.
Este principio supone que la norma directiva y fundamental en la regulación de la quiebra debe ser la conservación de la empresa. Implica entonces, que dada la relevancia social de las empresas se debe propender a evitar la declaración de quiebra y si ella estuviera declarada, se debe esforzar por ponerle fin a través de convenios que permitan mantener la empresa. 30
4.2 Principios Modernos 31 Los principios modernos se suman a los principios ya señalados.
a) Racionalidad y oportunidad económica
Constituye una manifestación del interés del derecho y particularmente del Derecho Comercial de regir las relaciones que se suscitan en los negocios. Plantea que el Derecho Concursal, al ser parte integrante del derecho comercial, debe conjugar sus objetivos con aquellos que rigen la circulación e intermediación de los bienes y servicios. 32 Por tanto, este principio, “es aquel que busca la más adecuada utilización de las instituciones existentes en el
26 Cfr. Ibídem, p.25.
27 Sandoval López, Ricardo, Op. cit. pp. 23-25
28 Cfr, Baeza Ovalle, José Gonzalo, Op.cit, p.195-201.
29 Cfr. Gómez B, Rafael y Eyzaguirre, Gonzalo, Op. cit. pp.28-29.
30 Cfr Sandoval López, Op. cit. p. 26.
31 Las doctrinas modernas, consideran que la quiebra tendría un marcado sentido público tendiente a combatir los efectos de la quiebra que han repercutido en el crédito público, trascendiendo así el interés privado de los acreedores. cfr. Gómez B, Rafael y Eyzaguirre, Gonzalo, Op, cit. p. 27 32 Cfr. Ibídem, p. 33.
derecho concursal y que presenten la mejor oportunidad económica, a fin de obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos del fallido” 3334 .
b) Fortalecimiento de los órganos de la quiebra
Implica que debe revestirse a las autoridades judiciales y órganos auxiliares encargados de la
aplicación de normativa concursal de facultades suficientes, que les permitan alcanzar los objetivos que la quiebra como institución pretende alcanzar. 35
c) Tutela de la relación laboral.
Plantea que un valor primordial en las legislaciones concursales debe ser el resguardo del elemento humano. Reconociéndole una protección de categoría mayor, como consecuencia del impacto de la quiebra en los contratos individuales de trabajo 36 y de considerar que los derechos que las leyes sociales reconocen a los trabajadores son irrenunciables. Esto se traduce, en el pago preferente a los acreedores laborales, la continuidad de la explotación de la empresa, el pago preferente de los créditos de instituciones de previsión social. 37
III. Emprendimiento: causa inspiradora de una legislación.
1. Evolución de la finalidad del derecho concursal en el tiempo La forma como ha sido entendida la insolvencia y sus efectos a través del tiempo han variado y con ello la percepción del Derecho concursal y los fines que este persigue experimenten una transformación significativa. De esta evolución da cuenta Champeaud al señalar que ¡la quiebra ya no es lo que era! 38 Hasta la primera guerra mundial, la quiebra implicaba la destrucción de la empresa, cumpliendo una función político-jurídica al eliminar los entes ineficaces del mercado. Lo anterior se lograba, a través de la liquidación y consecuente extinción de empresas con desequilibrios económicos.
33 Román Rodríguez Juan Pablo, Op. Cit. p.104
34 En el mismo sentido la Corte Suprema al referirse a los principios que informan al derecho de quiebras ha sostenido, “(…) e) la racionalidad económica: importa una preeminencia del factor económico en el contenido e interpretación de la norma de la quiebra, manifestado especialmente en la preservación de la empresa para no desalentar la marcha económica. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 16 de marzo de 2011, dictada en los autos de quiebras. Ingreso Corte N° 5.755-2010- Legal Publishing: 48.183, en Núñez, R; Carrasco, N; Ortiz, F; “Visión Crítica desde el Análisis Económico del Derecho al Sistema de Verificación de Créditos y Realización de Activos de la Ley de Quiebras Chilena”, Ius et Praxis, año 18, N°1, 2012, p.269.
35 Cfr. Sandoval López, Ricardo, Op. cit. p.26.
36 Impacto que se puede traducir muchas veces en el término de la relación laboral o en el incumplimiento de ciertas prestaciones por parte de los empleadores hacia los trabajadores.
37 Sandoval López, Ricardo, Op. cit. p.27
38 Champeud, Claude, Humanisme et Enterprise, citado en Ricardo Sandoval López, “Análisis de algunos efectos de la quiebra en relación a los principios que la regulan”, Boletín Informativo de la Fiscalía Nacional de Quiebra de Chile, N° 22, 1988, p.19.
El concurso tenía como primer fundamento la represión y sanción del deudor en cesación de pagos. Lo cual se demostraba, con el carácter punitivo de todos los ordenamientos mundiales, que sancionaban penalmente al deudor, por el simple hecho de caer en quiebra. Al término de la I Guerra Mundial, se produce un nuevo interés por la continuidad de la empresa, al ser una fuente generadora de empleos y el motor del desarrollo socioeconómico del país. Entendiéndose así que existen consecuencias dañosas que derivan de la liquidación del patrimonio del deudor y por tanto se debe impedir la liquidación de la empresa. Hoy, el gobierno ha propuesto un proyecto que tiene como principio inspirador al emprendimiento, pretendiendo situarlo como motor económico, además “busca permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables, la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad, y finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes.” 39 De esta forma, el gobierno quiere potenciar a los mecanismos concursales y en particular a la quiebra como una herramienta a la que puedan acudir los deudores en caso de crisis para solucionar de forma rápida y adecuada el problema de la insolvencia, permitiéndole seguir con su negocio, o en casos críticos, poner fin a un negocio fallido pero dejando al rehabilitado con recursos suficientes para abrir uno nuevo o en una situación que le permita mejores posibilidades de acceder a un nuevo crédito y así seguir emprendiendo.
2. Concepto de Emprendimiento A partir de la presentación en el congreso del proyecto de ley denominado “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, que busca sustituir el Libro IV del código de comercio y fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional. 40 Es por ello, que un aspecto muy importante a tratar en la presente memoria, será como los procedimientos concursales afectan al emprendimiento, siendo necesario entonces aproximarnos hacia una noción de emprendimiento y su relación con el derecho concursal en general y con la quiebra en particular. La RAE, manifiesta que emprender es “acometer y comenzar una obra, un negocio, un
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro,” 41 constituyendo este nuestro punto de
Sin embargo, la noción relevante de esta palabra, es la utilizada en el ámbito empresarial,
que a prima facie llevaría implícita la idea de beneficio o utilidad económica.
081-360,
http://www.squiebras.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=845http://www.squiebras.gob.cl/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=845 (13 de junio de 2013)
40 Cfr. Mensaje N° 081-360 Op. Cit. p.1
41 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,
disponible http://lema.rae.es/drae/?val=emprender (visitado 2 octubre de 2013).
Vigésima Segunda edición, versión online,
Desde la óptica económica, es difícil encontrar un único significado que dé cuenta a
cabalidad de las implicancias de la expresión, es por ello que conforme a los variados conceptos
emprendimiento innovador y el emprendimiento incertidumbre.
La concepción del emprendimiento innovador, fue planteada por Schumpeter, quien
combinaciones de factores, revolucionando los patrones de producción y generando así nuevas
oportunidades.” 42 Según el autor, el mercado tiende a estar en equilibrio 43 , y al nacer un
emprendedor 44 creando nuevas industrias o innovando (adaptando) las existentes, genera cambios
importantes en la economía y altera esta situación de equilibrio puesto que, comienza a obtener
ganancias extraordinarias, debido a que esta nueva empresa implicará la destrucción de empresas
ya existentes que no lograron adaptarse a los cambios que sufrió el mercado con la nueva
incorporación. A raíz de esto, muchos tratarán de imitar al emprendedor despareciendo los
beneficios extraordinarios y restableciendo el equilibrio. 45
El emprendimiento que se caracteriza por la incertidumbre, es la propuesta de Knight,
quien plantea que el emprendedor “es aquel que desarrolla básicamente dos capacidades. Por un
lado, la de organizar y liderar los factores de producción necesarios en una empresa y por otro, la
de enfrentar la incertidumbre que significa iniciar una nueva actividad.” 46 En este sentido, la
incertidumbre sería un factor clave a la hora de decidir emprender, puesto que las decisiones se
deben tomar en un mundo incierto 47 y serán determinantes para el éxito o fracaso del negocio.
Concibe entonces este autor, “al empresario como un asegurador de rentas y al beneficio
empresarial como la recompensa de aquél por asumir riesgos” 48
42 Larroulet, C; Ramírez, M; “Emprendimiento: Un Factor Clave Para la Nueva Etapa de Chile”, Estudios Públicos, N°108, primavera, 2007, p.95, disponible en http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4058.html#.UlQmp9Jg-mk (visitado 2 de octubre de 2003).
43 El mercado se encuentra en equilibrio ya que las empresas no perciben utilidades extraordinarias, sino solo un beneficio ordinario.
44 Nace como consecuencia de haber aprovechado una oportunidad que espere le genere una utilidad.
45 Cfr. Suárez Suárez, Andrés, “Curso de Introducción a la Economía de la Empresa”, Ediciones Pirámide S.A., Madrid, pp.40-41.
46 Larroulet, C; Ramirez M, Op. Cit, p.97.
47 De acuerdo a la interpretación de Suárez de la teoría de Knight, “El empresario descuenta o anticipa el producto social al resto de los factores productivos antes de conocer el resultado de la actividad económica emprendida, siendo su beneficio de carácter residual siempre incierto, a causa de los riesgos de naturaleza técnica y económica que necesariamente habrá de soportar.” Suárez Suárez, Andrés, Op. cit. p.42.
entrepreneurship, que implicaría “la disposición para tomar ciertos riesgos en la búsqueda de
objetivos (por ejemplo: comenzar un nuevo negocio, fabricar un nuevo producto, o proveer una
clase diferente de servicio).” 49 Así esta disposición requeriría de dinamismo, innovación,
flexibilidad, creatividad, convicción, confianza, capacidad de asumir riesgos, buscando alcanzar
su objetivo propuesto y contribuir así al crecimiento económico. 50
Finalmente, creemos que una persona o empresario emprendedor, debe ser “un creador,
un visionario que es capaz de unir recursos, requerimientos y oportunidades para generar trabajo,
producir bienes o servicios y destinarlos a satisfacer necesidades humanas. Posee una actitud
asertiva hacia el riesgo, está dispuesto a enfrentarlo de manera inteligente y cautelosa, siendo
audaz y prudente. Su motivación principal no es el enriquecimiento, sino una necesidad profunda
y personal de realización y de independencia. Es flexible, consciente de que cada acción es una
reacción constante ante escenarios dinámicos. No obstante, es capaz de ver a largo plazo, de
fijarse metas y de cumplirlas, navegando en un entorno de incertidumbre que es cada vez más
dinámico y competitivo.” 51
Reemprender significa comenzar un nuevo proyecto empresarial posterior a otro intento
que ha fracasado 52 . Para la Comisión Europea es nuevo comienzo, una segunda oportunidad para
iniciar un nuevo negocio que se le ofrece a una empresa que falló anteriormente o que debió
enfrentar una quiebra 53 .
3. Relación entre el emprendimiento y la quiebra
49 Keat, Paul G; Young, Philip; “Economía de Empresa”, cuarta edición, Pearson Educación, México, 2004, p.13.
50 La OIT, al referirse al espíritu empresarial, comparte alguna de estas características, señalando que el espíritu empresarial es “esa fuerza vital, esa capacidad de realización, ese deseo de superación y progreso, esa habilidad creadora e innovadora, esa facilidad de administración de recursos, esa fortaleza para enfrentar situaciones adversas, esa aceptación de cambio, esa aceptación a asumir riesgos y esa convicción de confianza en sus facultades.” OIT, “Guía para mejorar la productividad de la Pequeña y Mediana Empresa” Oficina Internacional del Trabajo, 2002,
51 Ibídem, p.16.
52 The Multilateral Investment Fund, “Promoción de la Empresarialidad: El re-emprendimiento: una vía al éxito empresarial.” http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=tvVtg9K3Hvk%3D&tabid=499&language=es-NI
53 Fresh Start: Whether previously failed/ bankrupt businesses are given a “second chance” and are provided with the possibility to start a new business. Europea Comision, “Bankruptcy and a fresh start: Stigma on failure and legal consequences of bankruptcy” disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme2chance/doc/stigma- study_en.pdf p. 330
Consideramos que la relación entre ambas es concordante con el propósito fundamental
de los procedimientos concursales, 54 unido al creciente interés de los Estados 55 por regular
materias relacionadas con las empresas debido al rol preponderante de estas en la economía. De
esta forma, mediante la regulación adecuada de los concursos, se busca
proteger a quienes
participan en la vida de los negocios proporcionándoles un contexto adecuado para el desarrollo
de un emprendimiento, que les permita disminuir los riesgos a los que se exponen. Y por otra
parte, incentiva a el surgimiento de nuevos emprendedores, lo que contribuye al crecimiento del
54 Cfr. El propósito de los procedimientos concursales consiste en reestablecer la normalidad en la circulación de los bienes en el mercado, que se ve alterada debido a el incumplimiento (circunstancial o no, voluntario o involuntario) de una o más obligaciones por parte del deudor, a través de la interrupción de la cadena causal que esas cesaciones de pago pueden conducir, evitando así un incumplimiento comercial generalizado, fenómeno indeseable socialmente
ya que afecta el desarrollo económico y social, así como la confianza depositada en el correcto funcionamiento de los sistemas, conduciendo en ocasiones al colapso de ciertas economías. Baeza Ovalle, José Gonzalo, Op. cit. p.16.
55 De este interés da cuenta el profesor Román cuando manifiesta que “el rol preponderante de las empresas en las economías ha significado que cada uno de los Estados, de acuerdo a sus propias concepciones, manifiesten permanente preocupación por los sujetos económicos que participan en la vida económica y financiera. Aspectos tan importantes como su permanencia, estabilidad, crisis, salvamento o liquidación, han sido regulados por las distintas legislaciones de manera de evitar cualquier problema que signifique una perturbación de tal magnitud que altere el circuito económico, y por consiguiente, la vida misma de las economías.” Román Rodríguez, Juan Pablo, Op. cit. p.
CAPITULO II: REEMPRENDIMIENTO BAJO LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA QUIEBRA.
En el presente capítulo, se abordará la evolución de la normativa concursal, se expondrá el panorama actual en materia de quiebras, se plantearan las deficiencias de la ley, que nos permitirán comprender el escenario en cual nos situamos. También, trataremos el emprendimiento describiendo el contexto actual de forma tal que nos permita comprender la necesidad de una nueva normativa y nos de los primeros indicios de hacia donde debemos orientarnos.
I- LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA CONCURSAL.
Nuestra regulación a consecuencia de ser Chile colonia de España encuentra su antecedente en la normativa española, reconociendo a las Ordenanzas de Bilbao promulgadas en 1737 como el verdadero ordenamiento mercantil que tuvo nuestro país hasta la dictación del código de comercio de 1865. 56 Es precisamente, el capítulo 17 de las Ordenanzas titulado “De los atrasados, fallidos quebrados o alzados; sus clases; y modo de procederse en sus quiebras”, el que se aplicaba en esta materia y contemplaba normas aplicables únicamente a los comerciantes y la realización de los bienes era llevada a cabo por síndicos nombrados por los acreedores Posteriormente, la primera norma nacional al respecto es la Ley sobre juicio ejecutivo de 8 de febrero de 1837 parte de las Leyes Marianas, esta regulaba el convenio el cual podía ser anterior o posterior a la quiebra, sus normas eran aplicables a todo tipo de deudor puesto que no distinguía entre deudor comercial y deudor civil. 57 Se observa una represión penal manifestada en la disposición del Art. 149 el cual expresaba “el deudor que solicitare convenio debía ser conducido a una prisión pública, durante el juicio del convenio, en los mismos casos que el deudor hiciere cesión de bienes.” Es el jurista argentino don Gabriel Ocampo, el encargado de redactar el Código de Comercio de 1865. Este cuerpo legal se inspira en el código francés de 1807 y en su reforma de 1838. La quiebra era abordada en el Libro IV del código entre los artículos 1.325 a 1.533, regulación que se caracterizaba por conceptualizar en su art. 1325 a la quiebra como “el estatuto del comerciante que cesa en el pago de su obligación mercantil.” Además acentuaba el rigor liquidatorio de la quiebra 58 puesto que estaban legitimados para solicitar la declaración los acreedores cuyos títulos estén vencidos y aquellos acreedores que pese a no
56 Cfr. Puga Vial, Juan Esteban. Derecho Concursal Delitos de la quiebra. Editorial Jurídica de Chile. 2002. p 76
57 Establecía en “Todo deudor, tenga o no tenga juicio pendiente con sus acreedores o en cualquier estado que se hallare el concurso formado a sus bienes, puede hacerle las proposiciones de convenio que tuviere a bien”
58 “Los acreedores podrán provocar la declaración de quiebra, aun cuando sus créditos no sean exigibles. Al solicitarla, indicarán específicamente los hechos i circunstancias constitutivos de la cesación de pagos, i acompañaran documentos que la acrediten u ofrecerán rendir la prueba que convenga.” Art.1.351
contar con un crédito vencido se sientan perjudicados ante la insolvencia del eventual fallido acreditando previamente la cesación de pagos. 59 Igualmente, se destaca por contemplar en el una figura similar la desasimiento, por preveer la continuación efectiva del giro. A partir de
1865 los comerciantes no pueden acogerse a ninguna de las normas de la Ley de 1837.
Bajo el gobierno de el presidente Jorge Montt, se dictó el Código de Procedimiento Civil de 1902, el cual trataba a los procedimientos concursales en dos párrafos distintos, la primera regulación se encontraba en el Libro Tercero (de los Juicios Especiales) Titulo XVI los Juicios de Comercio, denominando a uno de sus párrafos “De los procedimientos de la quiebra”. Este complementaba lo reglamentado por el Código de Comercio. Además por disposición del artículo 898 se remitía al Título III del Libro Tercero del mismo conjunto normativo, el cual regulaba el Concurso de Acreedores. Destinado a regular las situaciones de conflicto entre grupo de acreedores, frente al patrimonio del deudor insolvente. Se destaca de este código, la derogación del decreto ley de 1837; el establecimiento de un concurso civil; regulaba el funcionamiento de las juntas de acreedores; contemplaba como causales de quiebra la inadmisibilidad de la cesión de bienes y la actual causal del art. 43 N°2 de la ley N° 18.175; en lo referente a los síndicos establecía inhabilidades, derechos y atribuciones. A ello se suma el establecimiento del sobreseimiento definitivo ordinario. 60 En 1929 se dicta la ley N° 4.558, que se convierte en el antecedente inmediato de la ley N° 18.175. Esta vino a derogar el Libro IV del Código de Comercio y las normas relativas a la quiebra contemplada en el Código de Procedimiento Civil. El año 1931 fue modificado por el decreto ley N° 248 y los principales cambios: establece un procedimiento común a todo tipo de deudor; crea la Sindicatura General de Quiebras; se reducen las facultades decisorias de las juntas de acreedores y se reglamentan orgánicamente los convenios, creándose el convenio preventivo judicial y el convenio extrajudicial. Durante la vigencia de la ley N°4.558 se constataron problemas en su aplicación, principalmente se criticaba el procedimiento puesto que en promedio superaba los 8 años lo que implicaba que el proceso de reasignación de recursos a la economía era muy lento. Además a partir del 13 de Enero del año 1981 Chile comenzaba a atravesar una crisis económica, lo que llevó a la intervención de Bancos por parte de la autoridad y la implementación de nuevas políticas económicas lo que derivó en numerosas quiebras. 61 Es frente a este escenario y transcurrido ya cerca de 50 años de vigencia de la ley N° 4.558 que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1982 la ley 18.175 considerado “un texto extraordinariamente novedoso, comparado a las antiguas normas concursales que regían a los países latinoamericanos y solo asimilable con algunas legislaciones europeas.” 62 Entre
59 Cfr. Román Rodriguez, Juan Pablo, Op. cit. p.61.
60 Cfr. Puga Vial, El derecho De quiebras: El Juicio de Quiebras…,Tomo I op. cit. p.149
61 Contador Rosales, Nelson, “30 años de la Ley de Quiebras: La necesidad de un cambio”, Boletín Jurídico N°2, disponible en http://www.squiebras.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=791:boletin-jur- nd2&catid=112:publicaciones&Itemid=131 (visitado 12 noviembre de 2013)
62 Contador Rosales, Nelson, Op. cit. p.2.
las reformas más importantes de esta ley se encuentra: la eliminación de la Sindicatura General de Quiebras y se crea la Fiscalía Nacional de Quiebras convirtiéndose en un organismo controlador; en lo referente al sujeto pasivo modifica la mención de deudor comerciante y la sustituye por todo aquel que ejerce una actividad comercial, industrial, minera o agrícola. Durante la vigencia de la ley N° 18.175 se han efectuado varias modificaciones, entre ellas podemos mencionar: la Ley 18.598 que apuntaba a mejorar la administración y funcionamiento de las empresas donde se decreta la continuación del giro; Ley 19.144 que perfecciona las disposiciones relativas a la venta de activos y particularmente, la venta bajo la modalidad de Unidad Económica; ley 19.250, incorporó el artículo 148 que regula el pago de los créditos privilegiados de primera clase; Ley 19806 que da origen a la Superintendencia de Quieras que reemplaza a la Fiscalía Nacional de Quiebras; Ley 20.004 entrega mayores facultades de fiscalización a la Superintendencia de Quiebras; el año 2005 se realizó un ajuste técnico, incorporando la ley concursal al Libro IV del Código de Comercio, con exclusión de las disposiciones orgánicas de la Superintendencia de Quiebras, reservándose para esta, el número de la Ley 18.175; ley 20.073, que reforma los Convenios Judiciales; incorpora la institución de los expertos facilitadores y estableció el convenio obligado 63 , Ley 20.190, permite la compensación económica.
II- QUIEBRAS: PANORAMA ACTUAL
Bajo la normativa vigente en materia concursal, analizaremos a continuación la realidad nacional en materia de quiebras tomando como referente los datos aportados por la Superintendencia de Quiebra. 64 De acuerdo a datos aportados por el Servicio de Impuestos Internos existen 1959 empresas con problemas de liquidez. De ellas, 1.494 están en situación efectiva de quiebra y 465 en situación efectiva de recuperación. 65 La Superintendencia de Quiebras, estima que de las empresas con problemas de liquidez solo un 6% se somete al procedimiento vigente. Desprendiéndose, que el 94% restante deja de operar en la informalidad, simplemente cerrando el negocio. 66 Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1982 y 31 de diciembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial 4.362 quiebras, considerando solo las regidas bajo Ley 18.175. Los tres sectores que se vieron más afectos fueron el “Comercio al por mayor y menor;
63 Herramienta que se le otorga al acreedor para conminar que su deudor formule proposiciones de convenio.
http://www.squiebras.gob.cl/images/stories/documentos/informacion_estadisticas/generales/Cifras_31.12.2012.pdf
Repuestos de vehículos Automotores/ Enseres domésticos”; la “Industria manufactureras no metálicas” y “Construcción”. El año 2012 se publicaron en el Diario Oficial 130 quiebras experimentando una disminución de 2,26% con respecto al año anterior y se constataron 17 continuaciones de giro. Respecto a los convenios tramitados, la Superintendencia ha señalado, que durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2006 y diciembre de 2012, se han tramitado 69 convenios; muy inferior a la cantidad de quiebras publicadas en igual periodo (982). Un aspecto que llama poderosamente la atención es el número de trabajadores que se ven afectados por las quiebras, puesto que el año 2006 se registraron 2.055 afectados, mientras que el año 2012 aumento el número de afectados a 3.141. Respecto del procedimiento de quiebra contemplado por la ley se ha sostenido que este resulta ineficiente, puesto que de acuerdo a datos aportados por el Banco Mundial mediante el informe Doing Business 67 en Chile la quiebra, toma alrededor de 4,5 años; tardando mucho más tiempo que los países de la OCDE, en los cuales tarda 1,7 años. A ello se suma el costo del proceso, puesto que en nuestro país éste representa una cifra cercana al 15% de los activos de la empresa, siendo siete puntos superior al costo de los países miembros de la OCDE (8,4%). Respecto a la recuperación de la deuda, se recupera un 21,3% valor muy lejano al 68,6% de los países OCDE.
III- CRÍTICAS A LA NORMATIVA ACTUAL
Tras más de treinta años de vigencia de la ley N° 18.175, se han detectado numerosas deficiencias de nuestra legislación, las cuales han sido expuestas por numerosos juristas y también han sido constatadas por la Organización Para La Cooperación y El Desarrollo Económico (OCDE) 68 . Es precisamente, la incorporación a la OCDE la que nos impone
modificar muchas instituciones y normativa de forma tal de poder así satisfacer los estándares que exige esta organización. Entre las principales críticas realizadas se encuentran las siguientes:
1. Los procedimientos concursales quedan entregados a la justicia ordinaria: La falta de especialización de los tribunales, incide directamente en la calidad y rapidez con la cual son tratados estos procedimientos; toda vez que estos tribunales deben abocarse al conocimiento de diversas causas de las más variadas materias; afectando así la eficacia en la solución del conflicto de la insolvencia. Esto se ve
67 Banco Mundial, Doing Business, 2009, disponible http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency (visitado 16 de junio de 2013).
68 El año 2007, Chile se incorporo a la OCDE, Organización para la Cooperación Internacional y Desarrollo Económico cuyo principal objetivo es coordinar las políticas, económicas y sociales de los estados miembros para así contribuir al desarrollo económico de los mismos.
agravado, debido a la sobrecarga de trabajo y falta de tiempo por parte de las magistraturas que deriva en la dilatación del procedimiento en el tiempo. 69
2. El procedimiento concursal es poco ágil: Efectivamente, el procedimiento no goza de fluidez, esto se debe a no ser conocido por un tribunal especializado, por contemplar plazos excesivos y mecanismos engorrosos desconociendo que el factor tiempo es un elemento clave a la hora de resolver este tipo de conflictos ya que resulta esencial para que evitar un perjuicio patrimonial (derivado de los efectos de la quiebra sobre los bienes del fallido) y moral ( que deviene del hecho de enfrentar un proceso tan complejo y tan largo, que suele influir de forma negativa al momento de decidir emprender nuevamente luego de haber cerrado un negocio fallido). Además, el procedimiento atenta contra una alta tasa de recuperación o un pronto mejor acuerdo en interés de los acreedores. 70
3. La insolvencia tiene un efecto infamante en el deudor: La quiebra, tal como es percibida hoy en la sociedad chilena, trae aparejado un efecto infamante, que parecieran provenir de la no aceptación del fracaso en nuestra cultura, es debido a ello que se concibe a quien es declarado en quiebra como una persona que defrauda a los acreedores y no es sujeto de crédito futuro, con independencia de cual sea la causa que motivo su insolvencia 71
4. Se incita a los deudores a no entrar en el sistema 72 : Como lo expresa el Consejo Asesor “la forma en que la legislación busca penalizar la insolvencia fraudulenta es inadecuada e incita a que los deudores eviten entrar al sistema antes que promover su uso. Esto es particularmente evidente si se considera que por el sólo hecho de ingresar el sistema formal de quiebras se abre la posibilidad de la calificación criminal de la misma, al tiempo que la madeja de figuras penales vinculadas a la quiebra tipifican como delito muchas de las conductas que el
69 El consejo Detecta esta deficiencia y señala “La administración del sistema concursal está entregado a la justicia ordinaria, que carece de la profundidad de conocimientos que demanda este tema ni dispone del tiempo suficiente para poder dedicarse en detalle a analizar cada caso, cuando en una quiebra cualquiera pueden fácilmente participar más de una centena de acreedores”. Consejo Asesor para Perfeccionar la Entrada y Salida de las Empresas, Primer Informe , Marzo ; 2010 p.5 disponible en http://www.economia.gob.cl/2010/03/11/primer-informe-consejo-asesor- para-perfeccionar-el-proceso-de-entrada-y-salida-de-empresas.htm (12 noviembre 2013) 70 Cfr ídem p.5 71 Cfr. Ídem. 72 “(…) se estima, que el año 2008 existieron 1959 empresas con problemas de insolvencia que podrían haber calificado para un procedimiento concursal, ya sea de liquidación o de renegociación. Sin embargo, sólo se declararon 150 quiebras y se tramitaron 11 convenios ese año, lo que demuestra la gran brecha existente entre la situación real de las compañías y el acceso al procedimiento concursal, quedando por lo tanto un porcentaje mayoritario de situaciones de insolvencia en la informalidad, que probablemente siguen hasta hoy entorpeciendo el desarrollo de nuevos proyectos y la mejor utilización de los recursos.” Mensaje N° 081-360, Op. cit. p.9.
empresario común incurre, con ocasión de una insolvencia, sin conciencia de ilicitud ni dolo” 73
La persona natural tiene el mismo tratamiento normativo que la empresa: En el anteproyecto de la Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y personas, se plantea que en relación al sujeto pasivo, actualmente nuestra legislación si bien distingue entre deudor civil y deudor calificado (aquel que ejerce una actividad industrial, comercial, agrícola o minera), imponiendo algunas obligaciones a este último y otorgándole un tratamiento diferenciado, no distingue entre eventuales fallidos persona natural o empresas sino por el contrario los somete al mismo procedimiento quedando regidos por la misma normativa. Lo cual “no parece conveniente que una persona natural que se ha visto sobre endeudada deba someterse a un procedimiento de liquidación pensado en una persona jurídica que ejerce actividades comerciales y que otorga escasas posibilidades de renegociación” 74
Se generan costos innecesarios: Para lograr una mayor eficacia en el sistema concursal, no sólo este debe contemplar un procedimiento más rápido, sino también debe buscar disminuir los costos asociados al mismo. Hoy resulta objeto de análisis crítico algunos gastos como los derivados de publicaciones en el Diario Oficial, publicidad en ventas, altas comisiones. 75
Los convenios resultan ser extremadamente rígidos: En primer lugar, la ley no es lo suficientemente atractiva para entrar al proceso, pues los deudores temen que al entrar agraven aún más su situación; se sostiene además que otra desventaja de los convenios es el no permitir que todos los acreedores participen de ellos, ya que si la aspiración del convenio busca ser un solución global al problema, debiese en primer término, permitir que acudan a él la mayoría de los acreedores y no solo los valistas 76 ; debiese permitirse los convenios por clase o categoría de acreedores 77 ; finalmente, también se crítica esta institución, porque a diferencia de la quiebra, no se les permite otorgar a los proveedores nota de débito correspondiente al IVA
73 Consejo Asesor para Perfeccionar el Proceso de Entrada y Salida de las Empresas, Op. cit., pp5- 6.
74 Mensaje N°081-360 Op.Cit. p.6
75 Al respecto, Contador señala “(…) dentro de los costos al proceso, que por cierto repercuten obviamente en los porcentajes de recuperabilidad de los créditos, nos encontramos con comisiones de ventas, que muchas veces son desproporcionadas frente a las gestiones simples asociadas a ella, tenemos los costos de publicidad y, las notificaciones en el Diario Oficial, de aquellas resoluciones que la Ley ordena notificar por avisos; un moderno sistema concursal, como el que más adelante se propone, debiera hacerse cargo del tema para minimizar estos costos”. Contador, Rosales, Nelson; Op. cit. P.8
76 Es necesario tener presente que no pueden participar de los convenios los acreedores privilegiados, porque si participan pierden su preferencia.
77 Contador Rosales Nelson, Op. cit p.8
que pagaron en su oportunidad, alejando así el uso del convenio como herramienta concursal.
IV- EL EMPRENDIMIENTO
1. Emprendimiento y desarrollo
Cada día son más los países que se preocupan por fomentar el emprendimiento, esto se debe, a la importante contribución que realizan estos a la economía. Es posible observar, que un emprendimiento influye desde dos perspectivas al progreso económico de un país: primeramente, se evidencia que constituyen una importante fuente de empleo en la sociedad, así en la medida que se crean más empresas consecuencialmente se crean más fuentes de trabajo y en segundo lugar, se constata que los emprendimientos y particularmente las empresas pequeñas tienen el potencial de convertirse en grandes empresas, pues el riesgo inherente que envuelve a los negocios, hace más aconsejable experimentar con empresas pequeñas y expandirse cuando ya se conoce el negocio 78 . Para que la actividad emprendedora tenga un alto impacto económico, es necesario que esta actividad pueda prevalecer en el tiempo 79 , para ello al momento de decidir emprender se necesita:
tener una idea de negocio innovadora que permita competir en el mercado o visualizar una oportunidad de negocio; contar con recursos suficientes; igualmente, se requiere de un empresario que no tenga miedo a arriesgarse y que exista un entorno adecuado para emprender, es decir, un marco institucional que permita el emprendimiento 80 . Este requerimiento de un entorno adecuado para emprender queda en evidencia en los resultados de la Timely Indicator of Entrepreneurship 81 , pues este revela que los países que presentan un alto crecimiento empresarial a finales del 2007 son: Australia, Chile, Francia y Reino Unido, y obtienen estos resultados precisamente por el contexto en el que se desarrollan los negocios. Así, por ejemplo, en el caso de Australia y Francia, los buenos resultados se deberían principalmente a cambios normativos en los respectivos países. Siendo la reducción del
78 Cabrera, A; De la Cuadra, S; Galetovic, A; Sanhueza; R, “Las PYME: quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas”, Estudios Públicos, 116, primavera, 2009, P. 285 79 Cfr. Global Entrepreneurship Monitor, “Reporte de la Región de Valparaíso”, primera edición, Edición Departamento de Industria, Economía y Negocios Universidad Federico Santa María, Santiago, 2007.p.11
80 Al respecto, Larroulet y Ramírez, señalan que para que el rol del emprendedor se cumpla y se aproveche su potencial, es necesario contar con un medio ambiente adecuado, pues no basta el emprendimiento para el desarrollo, sino que este debe asociarse a la posibilidad de traer beneficios económicos para el país. Por lo tanto es necesario que el espíritu emprendedor se desarrolle y manifieste en proyectos reales a nivel de empresa y mercados, para lo cual son necesarias las políticas públicas adecuadas, especialmente se requiere contar con buenas políticas macroeconómicas y microeconómicas y con instituciones que sean capaces de definir claramente las reglas del juego. Cfr. Larroulet, C, Ramírez, M; Op. cit, p.p 102 y 103.
81 Los datos son consultados por la OCDE en las agencias nacionales encargadas de llevar la cuenta de la cantidad de empresas que se forman en cada país periodo a periodo. La información sobre las nuevas empresas, se registra bajo dos conceptos diferentes pero que para estos efectos se consideraran de manera análoga. Se denomina births a los nacimientos de nuevas empresas y entries a la entrada de nuevas empresas. En el caso chileno, la institución que lleva un registro pormenorizado de las empresas que se forman es el Diario Oficial, pues allí debe registrarse la escritura de constitución de una sociedad. Cfr. Ministerio de Economía Fomento y Turismo, “ Creación de Empresas:
Una Comparación Internacional”, División de Estudios; enero, 2013,pp.2- 3
costo para inscribir un negocio (disminución de 800 a 400 dólares australianos) y las tres buenas prácticas para constituir un negocio 82 los factores que favorecen el emprendimiento en el caso de Australia y respecto de Francia, la entrada en vigencia del régimen de l´autoentrepreneur , 83 impulsaría el emprendimiento 84 . En el caso de Chile, los resultados se explicarían debido a los cambios regulatorios e institucionales referidos a la materia 85 y por los altos niveles de crecimiento económico 86 del país. 87 Los países que ven reducido su nivel de emprendimiento previo a la crisis del 2007 son:
Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Holanda y Noruega. Los factores que inciden en la baja pueden resumirse de la siguiente forma: lento movimiento de la actividad que afecta a las economías europeas y necesidad de cambios institucionales que fomenten el emprendimiento (caso de Finlandia y Noruega 88 ).
2. Comparación internacional
Un indicador que nos permite conocer adecuadamente el panorama internacional, es el Informe Doing Business, 89 elaborado por el Banco Mundial. Respecto a la facilidad para hacer negocios la versión 2013 del informe reveló que Chile se encuentra en el puesto número 37 entre 185 economías analizadas. La situación de nuestro país mejora en el ámbito del emprendimiento posesionándose en el lugar número 15 90 con una tasa de creación de empresas de 4,1 empresas creadas por cada 1000 personas en edad de trabajar. Señala además que en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2012 se constituyeron 49.414 sociedades 91 . Se constata
82 Las tres buenas prácticas para constituir un negocio de acuerdo al Doing Business son: permitir procedimiento en línea, no exigir requerimientos de capital mínimo; sistema de ventanilla única. 83 Consiste en una simplificación del proceso de formalización de una empresa individual de autoempleo. Permitiendo el pago de impuestos y de contribuciones de seguridad social relativo al ingreso del emprendedor y un mecanismo de contabilidad y pago de impuestos simplificado.
84 Cfr. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, op cit., 2013,p.p 5-6
85 Una modificación importante es la Ley N° 20.494 de Agilización de Trámites, ya que disminuyó los costos de registrar un negocio en un 25%, redujo desde 22 a 8 los días requeridos para crear una empresa y eliminó un trámite
86 El país creció los años 2010 y 2011 a tasas del 6% y el 2012 en torno a 5,6%, por tanto las oportunidades de negocio surgen de manera natural al ampliarse el poder adquisitivo y continuar la expansión de la demanda interna por nuevos bienes y servicios. Manifestación del impacto que tiene el crecimiento económico en la apertura de nuevas sociedades se observa en el hecho que en el año 2010 cuando el país creció a un 6,1% el número de empresas constituidas tuvo un alza promedio de 14% en el año, mientras que en el 2009 cuando hubo una recesión económica con una caída del producto de -1%, el aumento en el número de empresas fue de 5,8%.
87 Cfr. Ministerio de Economía Fomento y Turismo, Op. cit. p.8
88 Se observa un alza en Noruega a partir de una reforma que comenzó a regir el 2012 que reduce el capital mínimo para formar una sociedad de 100.000 coronas a 30.000 coronas.
89 En materia de emprendimiento el indicador utilizado por el estudio en comento, es la tasa de creación de empresas que considera el número de sociedades de responsabilidad limitada por cada 1.000 personas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años).
90 Chile se posiciona en el lugar número 15 de la lista liderada por Nueva Zelanda con una tasa de emprendimiento de 14,53. Convirtiéndonos en el líder en la región en materia de emprendimiento seguido por Perú en el lugar número 26 y Colombia en el puesto 30. Se debe tener presente que en este ranking se han excluido los países considerados centros financiero ( los países son: Belice, Botsuana, Chipre, Costa Rica, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Malasia, Mauricio, Panamá, Samoa, Singapur, Suiza y Uruguay). De considerar estos países, Nueva Zelanda se ubica en el lugar número 4, Chile en el puesto número 25.
91 Cfr. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Emprendimiento en Chile, Una Comparación Internacional”, División de Estudios,Noviembre 2012 pp. 3-4.
un alza en la creación de sociedades pues en todo el año 2011 se crearon 49.407 sociedades; mientras que en todo el 2012 se crearon 68.439 empresas. 92 Surge entonces la siguiente interrogante: ¿cuales son las variables que inciden en el emprendimiento y permiten explicar su efecto económico? Al respecto, podemos sostener que existen dos elementos claves a la hora de emprender: a) Los factores inherentes al contexto nacional que afectan las oportunidades para emprender, y b) Los factores que provienen del contexto social, cultural y político del país. En lo atingente a los factores inherentes al contexto nacional que afectan las oportunidades para emprender, es posible establecer una relación positiva entre en número de empresas que se crea anualmente por población en edad de trabajar y el nivel de Producto Interno Bruto per cápita. Consecuencia de ello, los países más ricos tienden a presentar mayores niveles de emprendimiento 93 . En cuanto a los factores que provienen del contexto social, cultural y político del país, esto hace referencia al marco institucional ya señalado. Se ha sostenido, que no sólo el nivel de ingresos de un país fomenta el emprendimiento sino también influyen otras variables 94 . Al respecto, el modelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM 95 ), considera que el impulso emprendedor se ve limitado o favorecido por el contexto especifico en que se desarrolla la actividad emprendedora, constatando la existencia de nueve factores que inciden de forma distinta y en distinto grado el emprendimiento, estos son: 1. Mercados Financieros; 2. Políticas de gobierno; 3. Programas de gobierno; 4. Educación y capacitación; 5. Transferencia de I+D; 6. Infraestructura legal y comercial; 7. Apertura del mercado interno; 8. Acceso a infraestructura física; 9. Normas sociales y culturales. 96
92 Informe doing business http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship (28 noviembre
93 En el caso de Chile se encuentra dentro del valor esperado, pero lejos de economías como Nueva Zelanda y Reino Unido, países que poseen un mayor ingreso (en el caso de Nueva Zelanda tiene un PIB per capita cercano US $ 30,000; Reino Unido por su parte tiene un PIB per capita cercano US $ 40,000) y mayor emprendimiento (la tasa de emprendimiento es de 14.53 en Nueva Zelanda y de 10.41 en Reino Unido). Estos países son considerados como referentes de nuestras políticas públicas. Cfr. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Emprendimiento en Chile: Una Comparación Internacional”, Op. cit. p.5.
94 Esto se desprende, de la existencia de países con ingresos medios y altos que presentan una dispersión en la tasa de creación de empresas. Cfr. Ibídem.
95 Proyecto que estudia el desarrollo de un país y su capacidad emprendedora 96 1).Mercados Financieros: se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda, para empresas nuevas y en crecimiento incluyendo subvenciones y subsidios. Correspondiendo a toda la cadena de financiamiento. 2) Políticas de gobierno: se refiere a la forma en que las políticas de gobierno, es decir, las regulaciones, los impuestos y la forma en como se aplica afectan el emprendimiento, ya sea apoyando a las empresas nuevas y a las empresas en crecimiento o por el contrario adopta una actitud neutra entre las nuevas empresas y las ya establecidas. 3) Programas de gobierno: se refiere a la existencia de programas directos para ayudar a las firmas nuevas y en crecimiento en todos los niveles de gobierno. 4).Educación y capacitación: se refiere a la medida en que el conocimiento, destrezas y habilidades para crear, administrar y dirigir un negocio son incorporados a los sistemas educacionales y de capacitación en todos los niveles. 5) Transferencia de I+D: hace alusión a la forma en como la investigación y el desarrollo nacional conducen a generar nuevas oportunidades y si éstas están son accesibles para las firmas nuevas, las pequeñas y las en crecimiento. 6) Infraestructura legal y comercial: se refiere a la disponibilidad de servicios comerciales, contables y legales, así como a la existencia de instituciones que promuevan la existencia de negocios.7) apertura del mercado interno: se refiere a la medida en que las practicas comerciales habituales y el marco regulatorio vigente resulta flexible para permitir el ingreso de nuevas firmas así como también permitan competir a aquellas empresas en crecimiento.8) acceso a infraestructura física: dice relación con la facilidad para acceder a los recursos físicos disponibles (entendiéndose por tales: transporte, comunicación, servicios públicos) a un precio y oportunidad tal que no constituya una discriminación hacia las empresas nuevas, pequeñas o
Teniendo en consideración las variables señaladas anteriormente, se observa en Chile un aumento en los emprendimientos en etapa inicial, así por ejemplo, la tasa de emprendimientos el año 2005 era cercana al 11,1%; el año 2007 equivale a un 13,4%; el 2010 16,8%; y nos dirigimos hacia una estabilidad en la materia puesto que el año 2011 la tasa de emprendimiento era 23,7% y el 2012 alcanzó un 23,4%. 97 Pese a los buenos resultados, queda mucho trabajo por hacer en materia de emprendimiento, tendientes a mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad 98 . Si bien a nivel comparativo con los países OCDE, Chile destaca por las políticas públicas pro emprendimiento siendo superado por Suiza y Finlandia, obtiene resultados deficientes en el mercado interno derivado principalmente por el bajo dinamismo que se percibe, estando seis puntos debajo del promedio de OCDE; en el ámbito de educación primaria y secundaria los resultados también son desfavorables puesto que Chile alcanza un promedio 1,8; pese a encontrarse cercano el promedio OECD que corresponde 2,0. Respecto a los demás factores no se observan mayores diferencias entre el promedio OECD y el promedio obtenido por Chile. 99
3. Caracterización del Emprendedor Chileno.
Luego de haber conocido la posición de Chile en materia de emprendimiento a nivel internacional, es momento de conocer como es el emprendedor chileno, las principales motivaciones que tiene para emprender y su experiencia previa en negocios. Al analizar el perfil socioeconómico del emprendedor, es posible advertir, que a mayor ingreso por quintil, mayor es el número de emprendimientos que se registran. Observándose, que a nivel país el 22% de los ocupados son emprendedores, concentrándose el 33% de estos en el quintil V y el 23% en el quintil I. 100 En cuanto al género de los emprendedores, el 62% de éstos son hombres, mientras que solamente el 38% son mujeres. En lo referente a su participación se vislumbra que a medida que aumentan los ingresos en los quintiles aumenta la participación masculina y disminuye la femenina 101102 .
en crecimiento. 9) Normas sociales y culturales: se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales alienten o desalienten al emprendedor a desarrollar un negocio o actividad que conduzca a mejorar la redistribución del ingreso y la riqueza. Crf. Global Entrepreneurship Monitor, “Reporte Nacional de Chile 2006”, Universidad del Desarrollo, Santiago, 2007, p.14.
97 Cfr. Global Entrepreneurship Monitor, “Actividad Emprendedora en Chile y el Mundo 2012”, P.19
http://negocios.udd.cl/gemchile/files/2013/04/GEM-Chile-2012-Reporte-Actividad-Emprendedora-v02_04_2013-
baja-bueno.pdf
98 Cuestión bastante relevante, puesto que si Chile quisiera llegar a tener la tasa de creación de empresas que posee Nueva Zelanda tendría que crear alrededor de 123.000 empresas más por año, requiriendo para ello un ambiente de negocios adecuado y una regulación que inciten aún más el emprendimiento. Cfr. Ministerio de Economía, Fomernto y Turismo, “Emprendimiento en Chile: Una Comparación Internacional”, Op. cit. p.6.
99 . Cfr. Global Entrepreneurship Monitor, “Reporte Nacional de Chile” 2011p.54
100 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Perfil Socioeconomico de los Emprendedores en Chile”, División de Estudios; Diciembre, 2012, p. 4 disponible en http://www.economia.gob.cl/2012/12/07/boletin-emprendimiento- casen.htm (29 noviembre de 2013)
101 En el caso de las mujeres su participación mayoritaria la alcanzan en el quintil I (43%) mientras que en el quintil V esta solo llega al 37%.
( 29 noviembre de 2013)
Respecto a los niveles de educación, un 35% de los emprendedores tiene educación media, un 32% de ellos tiene educación básica y un 18% no tiene educación. Los quintiles de menores ingresos agrupan los emprendedores sin educación o con educación básica, mientras que en los quintiles con mayores ingresos se encuentran los emprendedores con educación media o superior. 103 Un dato bastante relevante para esta investigación dice relación con la generación de empleo por parte de los emprendedores, constatándose, que 40% de los emprendimientos genera empleo, observándose que en los quintiles de mayores ingresos se generan más trabajos. Precisamente, en el quintil V el 57% de los emprendedores contrata trabajadores, mientras que en el quintil I solo el 34% crean fuentes de trabajo. 104 En lo relativo a la organización jurídica que poseen los emprendimientos en nuestro país es posible apreciar, que el un 55% de las empresas se encuentran organizadas como persona natural y un 45% como persona jurídica. El tipo de organización jurídica varía según el tamaño de la empresa, de este modo, las micro empresas y pequeñas empresas están organizadas como personas naturales con un 70% y un 49% del total respectivamente. En el caso de las medianas empresas esta cifra desciende a un 13% y respecto de las grandes empresas solo un 3% de estas posee la organización mencionada. Es importante tener en consideración que las empresas constituidas como persona natural presentan mayores riesgos para el emprendedor al momento del fracaso ya que 97% de éstas son administradas por su propio dueño no existiendo bajo este tipo de organización la posibilidad de separar el patrimonio personal del emprendedor del patrimonio la empresa. 105 En cuanto al financiamiento de los emprendimientos un 76% de los emprendedores financian con recursos propios sus negocios. Al respecto, resulta importante el cuidado del patrimonio individual de forma separada al patrimonio social para el reemprendimiento, de manera que éste no se entrampe ante un cierre por problemas económicos. Dentro de otras fuentes relevantes para financiar el inicio de las actividades, un 10% de los emprendedores requirió de créditos bancarios 106 y un 10% utilizó préstamos de terceros. 107 En lo concerniente a las motivaciones 108 para emprender se distingue entre emprendimientos debido al aprovechamiento de una oportunidad o por necesidad. En este último caso, el
102 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Perfil Socioeconomico de los Emprendedores en Chile”, Op. cit.,
103 Ibídem, P.6
104 Ibídem, p.8. 105 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas”, junio 2012, disponible en http://www.economia.gob.cl/estudios-y-encuestas/encuestas/encuestas-de-emprendimiento-y- empresas/segunda-encuesta-longitudinal-de-empresas-2011/ ( 02 diciembre de 2013) pp.23 y 24.
106 En acceso a crédito bancario se observan diferencia por tamaño de empresas con un 8% para micro, 11% para pequeñas, 14% para medianas y 15% para grandes empresas. Ibídem.
107 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Los Re-emprendedores en Chile”, División de Estudios, Enero, 2013, p. 7disponible en http://www.economia.gob.cl/2012/05/22/boletin-ele-re-emprendedores.htm (2 de diciembre)
108 De la Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas se desprende que la principal motivación para emprender con independencia del tamaño de la empresa fue “el deseo de organizar su propia empresa”; seguido por la “tradición familiar”. La necesidad es una causal para emprender para 23% de las microempresas y para 3% de las empresas
emprendedor se ve forzado a iniciar su propio negocio por no encontrar en el mercado laboral otra opción de empleo. En el caso de emprendimiento por oportunidad se inicia un negocio porque se identifica una oportunidad para ello, distinguiendo tres posibles motivaciones: a) Búsqueda de mayor independencia, b) Incrementar sus ingresos y c) Mantener el ingreso (esta última se considera una categoría aparte). Los resultados indican que respecto a los emprendedores en etapa inicial el 64, 3% de ellos emprende motivado por una oportunidad de negocio, buscando mayores ingresos el 35,9% de ellos y el 28,4% busca obtener una mayor independencia económica. Un 10, 3% de los emprendedores señala que poseen motivos mixtos para emprender y un 25,4% se ve impulsado a incursionar en los negocios por necesidad y mantener el ingreso. 109 Respecto al número de empresas anteriores que han tenido los emprendedores el 58% de los consultados ha tenido un emprendimiento anterior 110 . En lo relativo a los fracasos previos por el emprendedor, un 74% de los empresarios no tuvo un fracaso previo, mientras que solo el 26% restante si experimento un fracaso debido a motivos económicos y reemprendió. 111 Resulta importante conocer también si el emprendedor tenía experiencia laboral previa (como trabajador asalariado) y si al momento de desarrollar un negocio el emprendedor tenía paralelamente un trabajo como asalariado. Según datos del Ministerio de economía, 52% de los emprendedores había trabajado previamente y un 34% de los emprendedores emprendió mientras desarrollaba un trabajo dependiente. Esto demuestra, que 1 de cada 5 trabajadores inició su emprendimiento teniendo un trabajo asalariado, advirtiendo, la necesidad de mantener un ingreso seguro ante un eventual fracaso del emprendimiento en el corto plazo. 112 De acuerdo a lo planteado, nuestro país posee dos realidades muy distintas respecto de una misma actividad, pues tal como lo hemos señalado, las personas con mayores ingresos, se dedican en mayor medida al emprendimiento, contando con mayor preparación para ello, a demás de realizarlo mayoritariamente porque se les presentó una oportunidad. Panorama bastante disímil a lo experimentado por los quintiles de menores ingresos pues aquí quienes deciden aventurarse en esta actividad, lo hacen en su mayoría por necesidad y contando los emprendedores con menor educación y son precisamente ellos los dueños de los emprendimientos más pequeños comprometiendo su patrimonio personal para financiarlos. Estas diferencias deben ser consideradas a la hora de tomar decisiones para fomentar los negocios, pues serán determinantes, ya que no se puede desconocer el ambiente en el cual se
grandes. Cfr. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas”, Op.
cit.pp.33-35
109 Cfr. Global Entrepreneurship Monitor, 2012 p.20-21http://negocios.udd.cl/gemchile/files/2013/04/GEM-Chile- 2012-Reporte-Actividad-Emprendedora-v02_04_2013-baja-bueno.pdf (29 noviembre 2013) 110 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas” Op. cit. p.35 111 Ibídem p.36 112 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Los Re-emprendedores en Chile”, disponible en http://www.economia.gob.cl/2012/05/22/boletin-ele-re-emprendedores.htm pp.4-5 (30 noviembre)
aplicaran las normas o instituciones. En consecuencia, si se logra obtener un entorno adecuado para emprender, mayor será el progreso del país.
4. Emprendimientos en situación de crisis
En materia de emprendimiento, muchas veces los negocios suelen atravesar por dificultades financieras que en algunos casos debido a la no detección temprana de la crisis conduce a una situación de insolvencia, existiendo una incapacidad del deudor de hacer frente a las deudas. En esta etapa, pareciera ser adecuado adoptar medidas tendientes a conservar 113 las empresas pues pese al mal momento en que se encuentran aún están aptas para competir en el mercado, pues tal como lo manifiesta el profesor Román, “Resulta elemental concluir que la conservación de las empresas siempre tiene como telón de fondo la liquidación como una forma de tratamiento en último extremo, al cual habrá que llegar si no es posible establecer un plan de saneamiento o reorganización, es decir cuando no existan posibilidades de una racional conservación” 114 . Es precisamente aquí, cuando la empresa aún es viable, que resulta adecuado la adopción de mecanismos tendientes a reorganizar aspectos financieros y operativos con la finalidad que transcurrido un determinado periodo, el emprendimiento este libre de deudas provenientes del periodo de crisis y se encontrará reorganizados. Nuestra actual legislación concursal contempla las siguientes herramientas a las que puede acudir el deudor en una situación como la descrita: la posibilidad de celebrar convenios judiciales preventivos 115 , convenios simplemente judiciales 116 ; convenios extrajudiciales 117 y la continuación efectiva del giro 118 . Cuando la crisis ya se ha manifestado con toda su crudeza y por ende no sea posible conservar el emprendimiento, entonces es menester acudir a la liquidación de la empresa lo que implica cerrarla, vender los activos de la misma y repartir el producto obtenido en la venta a los acreedores. Los mecanismos liquidatorios regulados en nuestra ley de quiebras son: enajenación del activo de la quiebra como unidad económica 119 , continuación provisional del giro 120 ; realización del activo 121 .
113 Se tienden a conservar las empresas debido al impacto social de las mismas, ya que no solo involucran intereses privados, son también colectivos.
114 Román Rodríguez, Juan Pablo, Op. cit. p.97
115 Estos están regulados en el Art. 171 “El convenio judicial preventivo, es aquel que el deudor proponga con anterioridad a la declaración de quiebra y en conformidad a las disposiciones de este párrafo. Comprende todas sus obligaciones existentes a la fecha de las resoluciones a que se refieren las letras a) y b) del artículo 200, aun cuando no sean de plazo vencido, salvo que las ley expresamente exceptúe”.
116 Art. 186 “El convenio simplemente judicial es el que se propone durante el juicio de quiebra para ponerle término”
117 Esta regulado en el Art. 169 de la ley vigente “Cualquier acuerdo extrajudicial celebrado entre el deudor, antes de su declaración en quiebra, y uno o más de sus acreedores relativos al pago de sus obligaciones o a la administración de sus bienes, sólo obliga a quienes lo suscriban, aun cuando se les denomine convenio”.
118 Esta regulado en el Art.113 de la ley concursal vigente, la finalidad de esta institución es “proteger a la empresa, puesto que esta última tiene una oportunidad para cumplir con sus acreedores sin necesidad de desprenderse de sus activos, y por otra, permitir a los acreedores satisfacer sus créditos con las utilidades que el giro pueda prestar, otorgándoles, además, interés y control en la empresa, lo que puede traducirse más adelante en una capitalización de activos y en un eventual alzamiento de la quiebra por medio de los convenios”.
119 Art. 124 Inc. 1 “Los acreedores, que reúnan más de la mitad del total del pasivo de la quiebra, podrá acordar la enajenación de todo o parte del activo de la misma como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor. Esta debe efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra”. La finalidad perseguida por esta institución se analizará con más detalle en el capítulo III.
De acuerdo a datos aportados por el Servicio de Impuestos Internos existen 1959 empresas con problemas de liquidez. De ellas, 1.494 están en situación efectiva de quiebra y 465 en situación efectiva de recuperación. 122 La Superintendencia de Quiebras, estima que de las empresas con problemas de liquidez solo un 6% se somete al procedimiento vigente. Desprendiéndose, que el 94% restante deja de operar en la informalidad, simplemente cerrando el negocio. 123 Sería posible sostener al respecto, que los emprendedores, prefieren no acogerse al sistema formal debido a la ineficiencia de los mecanismos contemplados. Resulta entonces necesario conocer cual es la actitud del emprendedor frente al fracaso de una empresa, un 87% de los consultados manifiesta que frente a un fracaso empresarial volverían a emprender. De entre quienes declinaron emprender ante un eventual fracaso un 25% argumenta que “Los beneficios no compensan asumir dicha responsabilidad”; un 15% manifiesta que no lo intentarían nuevamente por la “dificultad de acceder al financiamiento” y un 14% no volvería a emprender por “miedo al fracaso”. 124
120 La continuación provisoria, solo tiene por objeto evitar las pérdidas derivadas de una paralización brusca y/o obtener el mejor resultado en la liquidación del pasivo, realizando las operaciones que resulten estrictamente indispensables para concluir las actividades pendientes de la empresa y proceder a su posterior e inmediata liquidación. Cfr. Román Rodríguez, Juan Pablo Op. cit. p.111
121 Procedimiento mediante el cual los órganos de la quiebra deciden la forma de liquidar los bienes de la quiebra con el objeto de obtener la mayor cantidad de fondos, para con ello pagar al mayor número de acreedores y en la mayor proporción de los créditos posible. Encontramos alguno de estos procedimientos en l los artículos 109; 120; 121. 122 Primer Informe Comisión Economía, Senado, p. 18. disponible en http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php (4 diciembre)
124 Cfr. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas” Op. cit. P.p.
CAPÍTULO III: EN BUSQUEDA DE UNA NUEVA NORMATIVA CONCURSAL
I- NECESIDAD DE UNA NUEVA NORMATIVA
Luego de analizar la situación actual es necesario conocer los motivos que se han esgrimido para contar con una nueva normativa Se ha señalado que uno de los motivos fundamentales que impulsan la reforma tiene relación con el impacto de la ley concursal vigente en la economía, el ex Ministro de Economía Pablo Longueira expresó que la actual ley a nivel económico: 1.- Desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento, debido a la duración del procedimiento (4,5 años) lo que impide dejar atrás rápidamente emprendimiento fallidos. 2.- Permite una baja tasa de recuperación de los créditos para los acreedores, lo que trae como consecuencia el aumento del riesgo crediticio, exigiendo mejores garantía y cobrando altas tasas de interés. Lo que encarece y dificulta el acceso al crédito e incentiva el uso del sistema informal. 3.- Genera una lenta y escasa reasignación de activos productivos a la economía debido a la tardía liquidación de estos. 4.- Da lugar a una falta de apoyo financiero a empresas viables con problemas de liquidez pues la ley no incentiva al acreedor (protegiéndolo o garantizando su crédito) dispuesto a invertir o financiar al deudor en crisis. 5.- Genera una disminución de la Inversión Extranjera ya que los inversionistas extranjeros al momento de invertir evalúan una serie de factores, entre ellos, los rankings de competitividad. 6.- no contempla incentivos tributarios para acordar convenios, resultando al acreedor más beneficioso solicitar la quiebra ya que le permite castigar deudas y recuperar el crédito IVA respecto de las facturas emitidas al deudor fallido. 7.- No permite a la persona natural mantenerse en forma regular en el sistema financiero, afectando a casi 1.000.000 de personas naturales como sujetos de crédito. 125 8.- Encarece al presupuesto del Estado y de particulares involucrados en los procedimientos concursales, debido a que los acreedores del procedimiento concursal incurre en una serie de gastos como costos de publicación Diario Oficial, comisiones, etc. 126 Algunos expertos en materia concursal, también han manifestado la necesidad de una nueva normativa justificándola en la desadaptación de la ley a los tiempos actuales, es así, como don Patricio Jamarne 127 expresó “que nuestra legislación actual tiende a la protección del crédito y del orden público económico, siguiendo la tradición histórica de nuestro país y de la tendencia mundial en la época en que fue dictada. Esta postura ha sido superada por el paso del tiempo, y hoy la tendencia es distinta tanto en nuestro país como en el derecho comparado y lo que se busca es proteger a la empresa y en consecuencia al empleo (…)” 128
125 Tal estimación fue realizada en la Superintendencia de Quiebras en base a antecedentes entregados por SBIF sobre el número de deudores en bancos, cooperativas y emisores de tarjetas no bancarias, solo se consideró morosidades de más de 30 días. 126 Cfr. Primer Informe Comisión Economía, Senado, P 21-22
127 Sindico de Quiebras y Profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile.
128 Cfr. Primer Informe Comisión Economía, Senado, p. 33
II-¿HACIA DONDE DEBEMOS IR?
Creemos que la legislación concursal será óptima cuando: sea eficiente; mímense los costos asociados al proceso; contemple un procedimiento expedito y permita una ágil y sana realización de los recursos. 129 Teniendo presente todos los elementos planteados anteriormente, intentaremos responder la interrogante, dedicando este apartado a señalar ciertas medidas presentes en ordenamientos comparados que a nuestro juicio permitirían fortalecer el emprendimiento e impulsar el reemprendimiento.
1. Existencia de tribunales especializados:
Una economía globalizada, competitiva y tecnificada como la nuestra no puede contar con un sistema concursal anacrónico e ineficiente, es por ello que uno de los principales aspectos que debe considerar una nueva legislación dice relación con la celeridad del procedimiento. Tal como lo señala Fernando Cerdá e Ignacio Sancho, “La experiencia ha demostrado que la complejidad de cuestiones jurídicas que se ventilan en un procedimiento concursal dificulta su tramitación en juzgados de primera instancia, que en muchos casos son también de instrucción. Se advierte, por tanto, la necesidad de una especialización judicial, de modo que el conocimiento de los procedimientos concursales se atribuya a juzgados especializados. Esta especialización permitiría dar un tratamiento más adecuado y prestar la atención necesaria a cada procedimiento para impedir dilataciones excesivas que en la actualidad acompañan a la quiebra y a la cesación de pagos”. 130
En España, la especialización de tribunales tiene su origen en “los consulados de comercio y después de la codificación a los tribunales de comercio”. 131 En ese entonces la especialización estaba dirigida a que las causas de comercio fueran falladas de acuerdo con la equitas mercantil, es decir, se fallaba en base a “la verdad sabida y buena fe guardada a uso del consulado” Posteriormente fueron abolidos estas instituciones por el Decreto de Unificación de Fueros de 6- XII-1869. Con el transcurso del tiempo, en el país ibérico se hizo necesaria una modificación en materia concursal, es entonces cuando algunos autores plantean la necesidad de retomar la especialización de los tribunales, pero ahora con ello “se busca asegurar un conocimiento técnico-jurídico especializado tanto en los jueces que deben resolver como en los letrados que actúan en ese foro.” 132 La reforma se concretó por la Ley N°22/2003, la cual simplificó la estructura orgánica del concurso eliminando una serie de órganos y atribuyendo la competencia para conocer el concurso a los Juzgados de lo Mercantil concediéndole amplias facultades 133 .
129 Antonio Skaric, ya a mediados de la década de los 80, identificaba como criterios óptimos para una legislación concursal, los mencionados. Op. Cit. P.4
130 Cerdá Albero Fernando, Sancho Gallardo Ignacio; “Quiebras y Suspensión de Pagos: claves para la reforma concursal”; La Caixa ;p.64 disponible en http://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/doc_num.php?explnum_id=282
133 De esta forma, y debido al carácter universal del concurso se le concede al juez competencia para conocer de forma exclusiva y excluyente todas las materias que se consideren trascendentes para el patrimonio del deudor e
La implementación de los tribunales especializados de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2003 persigue los siguientes objetivos: “en primer lugar, que la totalidad de las materias que se susciten dentro de su jurisdicción sean resueltas por titulares con conocimiento específico y profundo de la materia, lo que ha de facilitar unas resoluciones de calidad en un ámbito de indudable complejidad técnica. En segundo término, ello ha de contribuir a que esas resoluciones se dicten con mayor celeridad, pues ese mejor conocimiento del juez en la materia se traducirá en una mayor agilidad en el estudio y resolución de los litigios. En tercer lugar, se conseguirá más coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, siendo posible alcanzar criterios más homogéneos, evitándose resoluciones contradictorias en un ámbito de indudable vocación europea, lo que generará una mayor seguridad jurídica. Por último, la creación de estos juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil supondrá una redistribución del trabajo que correlativamente favorecerá el mejor desarrollo de las previsiones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”. 134 Finalmente, si bien en el ámbito concursal los Juzgados de lo Mercantil están facultados para conocer de toda cuestión que se suscite en materia concursal, es el artículo 8 de la Ley 22/2003 135 el que especifica las materias que son de competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil. Otro país que contempla jurisdicción especializada es Estados Unidos, allí los procedimientos de quiebra tienen lugar en tribunales federales de quiebras (bankruptcy courts) cuya función principal es ocuparse de los procedimientos esenciales para administrar el patrimonio del deudor en quiebra. Originariamente bajo la vigencia de la Bankrupcy Act, los jueces de quiebra originalmente bankruptcy referees se ocupaban de asuntos administrativos en casos de bancarrota como por ejemplo presidir juntas de acreedores, pero desde la promulgación de Bankruptcy Code, los tribunales adquirieron un rol más judicial, delegando los asuntos administrativos a los acreedores y United States Trustee. 136
incluso se le faculta para conocer materias diversas a las patrimoniales y que son de competencia de otros tribunales pero que por incidir en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Cfr. Exposición de motivos Ley 22/ 2003 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 2003-13813 (5 diciembre 2013). 134 Ley Organica 8 /2003 disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/10/pdfs/A26901-26905.pdf (5 diciembre 2013)
135 A modo ejemplar, Ley 22/2003, Art. 8 “Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de esta Ley. 2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.(…)”
136 The World Bank, “United States Of America: Country Report Creditor Rigths And Insolvency Systems”, p.19 disponible en http://siteresources.worldbank.org/GILD/ConferenceMaterial/20157457/United%20States%20- %20CR2.pdf (10 diciembre 2012)
En Código de Quiebras de Estados Unidos, se enumeran de modo no taxativo una serie de materias de competencia de los Bankrupcy Courts. Creemos que una justicia especializada ayudaría a dar más celeridad al procedimiento de quiebra de manera de resolver en el menor tiempo posible el problema que genera la insolvencia del deudor, así por ejemplo, en los países señalados, la quiebra tiene una duración 1,5 años conforme a lo afirmado por el ranking Doing Business 2013 137 , duración bastante inferior a la quiebra en Chile. Como consecuencia de esta rápida resolución del conflicto, España tiene una tasa de recuperación de crédito de 72,3 centavos por dólar; por su parte Estados Unidos recupera 81,5 centavos por dólar. Ubicándose en la posición 22 y 17 respectivamente del ranking, mientras que Chile se ubica en la posición 102.
2. Priorizar la conservación de la empresa:
Tal como lo señalábamos anteriormente, en la actualidad la tendencia en materia concursal es la conservación de la empresa pues estamos inmersos en una economía globalizada y competitiva donde el principal objetivo a alcanzar es el progreso económico y el consecuente mayor bienestar de la población. Reconociéndose en las empresas un importante rol social. Es debido a esto, que la regulación de la empresa ha cobrado gran relevancia, sobre todo, lo relacionado con la quiebra, pues los países han debido asumir la posibilidad cierta de fracaso de los negocios pues esto es inherente al desarrollo de una actividad económica. Esta propensión a conservar la empresa en crisis, no implica que deban salvarse todas las empresas en crisis, sino solo aquellas que resulten viables 138 . De esta forma, se potenciaría el emprendimiento porque permitiría que empresas que están pasando por un mal momento, puedan organizarse para solventar sus deudas y una vez que la crisis este superada, continúen con sus actividades normales, manteniendo así estas unidades económicas aportantes de trabajo y capital. A nivel comparado, encontramos legislaciones como la de Estados Unidos, en la cual, el derecho de quiebras, busca ayudar a las personas que no pueden seguir pagando a sus acreedores mediante la liquidación de sus activos para solventar sus deudas o a través de la creación de un plan de reembolso. En el caso de las empresas se establece una distribución ordenada a sus acreedores mediante una reorganización o la liquidación. 139 El Chapter 11 se denomina Reorganization (Reorganización) y pueden acogerse a él las empresas que desean continuar operando sus negocios y reembolsar a sus acreedores
137 Doing Business 2013 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
138 En este sentido, Román señala que “El moderno derecho concursal pretende discriminar entre dos clases de empresas. Las primeras son aquellas declaradas o con posibilidad de ser declaradas en quiebra que sean económicamente viables y que puedan reorganizarse, de forma tal que no pierdan su valor. Las segundas son empresas económicamente incapaces de recuperarse, las que debieran desaparecer pues son una carga inútil y perjudicial a la economía colectiva.” Román Rodríguez Juan Pablo, Op. Cit. p.304.
139 Cfr. Superintendencia de quiebras, “Estudio sobre Justicia Concursal”, Tercer informe, disponible en
http://www.squiebras.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=413:estudios-justicia-concursal-
tercer-informe&catid=10:estudios&Itemid=16 (27 diciembre 2013)
(10 diciembre
simultáneamente a través de un plan de reorganización aprobado por el tribunal. Esto permite al deudor conservar la propiedad y el control de sus activos, pasando a ser un “deudor en posesión”. El plan es presentado por los deudores, quienes lo pueden presentar junto a una petición voluntaria de quiebra y en cualquier momento en un procedimiento de quiebra voluntaria o involuntaria. Sólo el deudor puede presentar un plan hasta 120 días desde la fecha en que fue emitida la orden de suspensión de pagos. Este periodo puede ampliarse o reducirse por el tribunal pero en caso alguno puede extenderse por más de 18 meses. Una vez que el plan esta aprobado, el deudor, puede reducir sus deudas reembolsando una parte de sus obligaciones y liberándose de otras. También puede terminar contratos, recuperar activos y volver a operar para ser nuevamente rentable. Bajo este procedimiento, el deudor sale con una carga reducida de deudas y un negocio reorganizado.
3. Tratamiento diferenciado a los distintos tipos de deudores
Esto permite dar un adecuado tratamiento frente a los distintos tipos de deudores y ayuda a disminuir la duración del proceso pues no es lógico que una persona natural con deudas, se someta al mismo procedimiento y tenga que cumplir con las mismas cargas que una empresa que tiene mayores intereses comprometidos frente a la insolvencia. El sistema alemán contempla un procedimiento especial para la quiebra del consumidor y de las pequeñas actividades económicas que prima por sobre el procedimiento general de quiebras. En consecuencia, las reglas generales de la quiebras se aplican sólo si en la regulación especial no se ha establecido algo distinto. Este tratamiento diverso se debe a que dada la importancia social que conlleva la quiebra del consumidor y de las pequeñas actividades económicas requieren un procedimiento que primero, promueva el convenio de las deudas sobre la liquidación y distribución de bienes; segundo, un procedimiento breve y con gran ahorro de trámites; y además una mayor supervisión y control del juez sobre la quiebra. 140
4. Contemplar un mecanismo de salida en caso de quiebras sin bienes
Nuestra legislación no contempla un mecanismo para impedir el inicio de procedimientos donde no existen bienes para satisfacer las deudas y costos que la quiebra conlleva, sino por el contrario genera muchos más. Es por ello, que teniendo presente la necesidad de reducir el tiempo que dura el procedimiento de quiebra y los costos asociados a ella, es imperioso contemplar mecanismos que permitan poner término a un despilfarro innecesario de recurso que implica el desarrollo de un procedimiento de quiebra, que conlleve finalmente a la conclusión de que no existen activos para hacer frente a las deudas.
140 Cfr. Superintendencia de Quiebras, Estudio de Justicia Concursal, Op. cit.
Tal como lo manifiestan Raúl Núñez y Nicolás Carrasco, “(…) la legislación española de quiebras pretende evitar la continuación y prolongación de un proceso de quiebras, en aquellos supuestos donde no se justifica, por la inexistencia de bienes y derechos del concursado, otorgando la facultad de cerrar el concurso en cualquier estado del proceso cuando resulte evidente el hecho antes señalado.” 141 Así en el Art.176 de la Ley N°22/2003 al referirse a las causas de conclusión del concurso, señala que: “También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.” Para la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, es necesario contar con un informe elaborado por la Administración Concursal que compruebe tal situación. De este informe, se concederá traslado a los demás intervinientes por el término de quince días, tras lo cual el tribunal resolverá. 142 “En consecuencia, existe una tramitación resumida, técnica y que no se traduce en duplicidad de procedimientos y pruebas externas a los órganos de la quiebra, por lo que el costo asociado a la conclusión del concurso, resulta bajo y proporcionado a la naturaleza del problema de que se trata.” 143
III- PROYECTO DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y
REEMPRENDIMIENTO?
En los siguientes párrafos nos dedicaremos a examinar algunas de las principales propuestas realizadas por el ejecutivo para determinar si efectivamente contribuyen a mejorar el emprendimiento y a impulsar el reemprendimiento. Estas medidas serán analizadas desde la perspectiva del análisis económico del derecho 144 ; los principios que inspiran la quiebra y el nuevo proyecto de ley, y su posible contribución al reenprendimiento.
141 Núñez Raúl, Carrasco Nicolás, “La Quiebra Sin Bienes. Una Aproximación Desde El Análisis Económico Del Derecho”. Ius Et Praxis, Año 17, N° 1; 2011. P.158
142 Cfr. ídem.
143 ídem
144 El Análisis Económico del Derecho tiene por objeto aplicar instrumentos de la ciencia económica moderna en el ámbito jurídico, siendo su objetivo la reducción de los costos del sistema judicial y la reducción de los costos del error. Para ello se analizará las medidas desde dos ópticas: la eficiencia, y la reducción de costos del sistema concursal. En consecuencia, la solución en el derecho de quiebras será eficiente, cuando pondera ambas clases de costos, reduciendo los costos del error y se corregirá el sistema cuando se genere la mayor recuperación de créditos a sus legítimos propietarios, lo que se producirá cuando se opte por la alternativa que maximice el valor de las reclamaciones en contra del fallido. Los costos que son necesarios reducir son los que se producen en la mecánica y prosecución de un procedimiento de quiebras, guardando relación con la expedición del proceso, por tanto, para que el sistema sea eficiente deberá considerarse el factor tiempo. Cfr. Núñez Raúl et al: “visión crítica desde el análisis económico del derecho al sistema de verificación de créditos y realización de activos en la ley de quiebras chilena”, Revista Ius et Praxis, Año 18, N°1, 2012; pp. 273-274
El Art.1° del proyecto en comento señala “La presente ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora”. De esta forma, el proyecto contempla procedimientos adecuados para cada tipo de deudor en dificultades distinguiendo entre: Empresas 145 , estableciendo para esta procedimientos de reorganización o liquidación; y por otra parte, se vislumbra a la Persona, 146 estableciéndose para estas, un procedimiento de renegociación y uno liquidatorio. En efecto, consideramos que efectivamente es una contribución de este proyecto pues esto permite otorgar una debida protección a los acreedores y sus garantías. Además, no podemos obviar las estadísticas, según las cuales el 55% de las empresas posee una organización como persona natural concentrándose mayoritariamente este tipo de organización en micro y pequeñas empresas. Lo anterior nos permite concluir que se trata de emprendimientos pequeños que se han financiado en su mayoría con ahorros propios de los emprendedores comprometiendo así el patrimonio personal del deudor por lo que se requiere de un procedimiento más breve y simple para tratar el problema de la insolvencia, evitando que el deudor caiga en la vorágine de problemas que conlleva actualmente atravesar un procedimiento concursal y que impide volver a emprender. Tenemos un claro ejemplo en la normativa de Estados Unidos 147 donde tanto las personas naturales como jurídicas pueden acogerse al sistema de quiebra, estableciéndose procedimientos diferentes para ellos 148 . El único requisito que contempla la legislación para acogerse a cualquiera de estos procedimientos es que el deudor tenga domicilio, residencia, lugar de negocios o propiedad, en los Estados Unidos o sea un municipio. 149
145 Art. 2 N° 12 Proyecto de Ley, señala que quedan comprendidos por la noción de empresa: personas jurídicas con o sin fines de lucro; personas naturales contribuyentes de primera categoría; y personas naturales contribuyentes del Art.42 N°2 Ley de la Renta.
146 Conforme Art.2N°24, debe entenderse por persona natural las personas naturales contribuyentes del Art. 42 N°1 de la Ley de la Renta y aquellas personas naturales que no siendo trabajadores dependientes igualmente son sujeto de crédito
147 Consideramos además esta legislación pues posee una orientación similar al proyecto de ley en discusión, así la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a sostenido que el propósito de la Bankruptcy Act (Ley de Quiebras) es convertir los activos del quebrado en dinero en efectivo para su distribución entre los acreedores para luego liberar al deudor honesto del peso del endeudamiento agobiante y permitirle empezar de nuevo libre de obligaciones y responsabilidades consecuencia de la desgracia del negocio. (la negrita es nuestra) Cfr. U.S. Supreme Court, Williams V. United States Fid. & Guar. Co., 236 U.S. 549 (1915). Disponible en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/236/549/case.html (10 diciembre de 2013).
148 Así existen distintas alternativas en el caso de quiebra: la primera esta regulada en el Capitulo 7 puede acogerse cualquier deudor, excepto las empresas ferroviarias, bancos, compañías de seguro, las asociaciones de ahorro y préstamo y los expresamente señalados en la ley (BC 109). En el Capítulo 9 regula el ajuste de deudas para las municipalidades. En el Capítulo 11, establece las normas de reorganización, este Chapter puede ser utilizado por las empresas comerciales que deseen seguir operando su negocio y reembolsar a sus acreedores simultáneamente, a través de un plan de reorganización aprobado por el tribunal. En el Capitulo 12 se establece el ajuste de deudas de un agricultor o pescador familiares con ingresos anuales regulares. Finalmente, en el Capítulo 13 se regula el Ajuste de deudas de individuos con ingresos regulares.
149 BC 109 (a) Notwithstanding any other provision of this section, only a person that resides or has a domicile, a place of business, or property in the United States, or a municipality, may be a debtor under this title.
Igualmente, Alemania también contempla procedimientos diferenciados para distintos tipos de deudores tal como ya lo hemos señalado. Tomamos como referencia estos países debido a su posición en el ranking Doing Business 2013 sobre resolución de insolvencia, en el caso de Alemania este se ubica en el lugar número 13; mientras que Estados Unidos ocupa el lugar número 17.
2. Justicia especializada
En la concepción del proyecto, la especialización de los jueces y tribunales es abordada en el artículo 3 del proyecto de ley. La propuesta no significa que existirán nuevos tribunales, sino que habrá tribunales que serán instruidos en materias de concurso y verán con preferencia causas
de quiebras, no excluyendo la posibilidad de que conozcan otras causas. El consejo Asesor para perfeccionar la entrada y salida de las empresas, al presentar las
características de un modelo óptimo estimaba que el juez que intervenga en el conflicto entre el deudor y sus acreedores y el de éstos entre sí, sea un arbitro. Sin embargo, manifestaban que esto no excluye la posibilidad de que el procedimiento sea conocido por la justicia ordinaria con ayuda de expertos financieros nombrado ad-hoc. Pero el Consejo advertía que la carga de trabajo,
la falta de especialización en materia de quiebras y los aspectos económicos y comerciales ajenos
a la justicia ordinaria, hace recomendable que conozcan de estos procedimientos personas con
entrenamiento especial y con la posibilidad de dedicarse preferentemente a la resolución del asunto sometido a su jurisdicción. 150 Dejando así evidenciada la necesidad de especialización en
el órgano que conoce la quiebra y los procedimientos concursales en general.
La Corte Suprema con respecto a este punto del proyecto de ley, señaló que “Este artículo mantiene la regla de competencia que actualmente se aplica a los juicios de quiebra y que se encuentra contenida en el artículo 154 del Código Orgánico de Tribunales. La diferencia está en que permite la prórroga de la competencia, situación que en el actual procedimiento es improcedente, porque de acuerdo al artículo 185 de Código Orgánico de Tribunales, los pactos de prórroga de la competencia no les alcanzan a los terceros, con lo que tal estipulación no se aviene con la naturaleza de un proceso concursal. El inciso segundo, establece que la Corte Suprema deberá establecer la lista de juzgados con jueces y secretarios para que sólo ellos conozcan de las causas relacionadas con los procedimientos concúrsales debiendo éstos asistir a cursos de instrucción que se impartirán por la Academia Judicial. La regla de competencia es de aplicación general por lo que todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes deben estar en condiciones de conocer de estos casos” 151 . En suma, podemos sostener que a juicio de la Excelentísima Corte, todos los jueces de letras deben
150 Consejo Para Perfeccionar la Entrada y Salida de las Empresas Ob. Cit.p.44. 151 Excelentísima Corte Suprema, la que mediante su oficio Nº 59, de 27 de junio de 2012
ser competentes para conocer causas concursales, por tanto, todos deben estar capacitados para ello, siendo la Academia Judicial la encargada de instruirlos en dichas materias 152 . Ricardo Núñez 153 sostuvo que, “(…) la especialización supone contar con jueces que sean capaces de dirigir las audiencias especiales que el proyecto contempla, de manera que la respuesta judicial sea oportuna y de calidad. Expresó que comparte la idea de que este proceso de especialización quede en manos de la Academia Judicial.” 154 Agregó que para conseguir que “la especialización tenga efectos óptimos en la práctica, es necesario también que los jueces que asuman estas causas sean excluidos del conocimiento de otras materias, pues el éxito de la audiencia depende de que el juez esté al tanto de lo que se vaya a discutir antes de que ella se inicie, de forma tal de poder decidir en su transcurso los temas que se planteen” 155 . Concordamos plenamente con la necesidad que las causas sean conocidas por tribunales capacitados, tal como lo manifestamos anteriormente pues dada la complejidad de las materias concursales, se requiere que el juez que conozca las causas concursales este realmente apto para dar una solución adecuada y así disminuir la posibilidad de errores. A ello se suma, la necesidad de un procedimiento eficiente, lo cual necesariamente demanda celeridad en el mismo y la existencia de jueces instruidos en la temática concursal contribuye tanto a la rapidez del procedimiento como al poder cumplir con los plazos estipulados en el proyecto ya que son breves 156 . Debido al número de quiebras que se tramitan al año y la escasez de recursos con que cuenta el Estado no se justifica la creación de un tribunal, dedicado al conocimiento exclusivo de materias concursales. Reconocemos que la propuesta de capacitación a los jueces sobre materias concursales sin duda constituye un importante avance para así obtener una mejor solución del conflicto.
Art.6 se refiere a las notificaciones, y dispone que estas se realicen por medio de un Boletín Concursal, entendiéndose por tal, una plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia Concursal, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, cada vez que la ley lo ordene. 157
152 El senador Novoa va aún más allá, sosteniendo que “el proyecto se refiere a tribunales que conocerán de las causas concursales de forma preferente y no a jueces individuales que están en esa posición, por lo que la capacitación debería hacerse tanto a jueces como a abogados”.
153 Relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago
154 Segundo Informe Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentos Y Economía, Senado p.49
155 Ibídem P.50 156 En este mismo sentido, la Superintendente de Quiebras Josefina Montenegro expresó respecto de la especialización de los jueces lo siguiente “Este aspecto permitirá cumplir con los plazos que se han propuesto, porque, tal cual como ya lo señaló el señor Ministro, el proyecto contempla procedimientos muy bien diseñados y cortos.”
157 Art. 2 N° 7 del proyecto de ley.
En la legislación vigente, las notificaciones por aviso deben ser realizadas a través de una publicación en el Diario Oficial 158 . Esto conlleva en la actualidad un costo significativo ya que por cada publicación en el diario oficial se debe depositar una suma de dinero a nombre de la Subsecretaría del Interior y este gasto sumado a otros derivados de la administración del procedimiento repercute finalmente en la recuperación de los créditos. Antonio Sharic postula que “La minimización de los costos de la quiebra tiene como contrapartida necesaria una maximización en la recuperación de los créditos por parte de los acreedores. Entre los costos que la ley o más bien el sistema que ella sustenta debe también evitar, están los de tipo social, que normalmente se producen como consecuencia de una insuficiente administración del proceso de la quiebra” 159 . Para este autor, la disminución de los costos se debía lograr principalmente a través de dos vías: la primera, minimizando los costos inherentes al sistema concursal y la segunda, minimizando los costos directos de la quiebra. Objetivo que se habría logrado con la Ley N° 18.175 160 . Sin embargo, los resultados empíricos demuestran que el sistema chileno sigue siendo ineficiente, ya que no lograr reducir los costos del sistema y genera bajas tasas de recuperación crediticia, pese a las normas complementarias que se han dictado. 161 Considerando que la reducción de los gastos que implica la quiebra, estimamos que es una buena propuesta la plataforma electrónica, porque se hace usos de la tecnología vigente, permitiendo mayor rapidez y disminuir un importante costo de la quiebra como lo es el costo derivado de la publicidad de sus resoluciones, ya que la Superintendente de Quiebras, señaló que se trata de un boletín gratuito 162 y esta iniciativa sumada a otras como un procedimiento más expedito permitirá una mayor recuperación de los créditos.
4. Traslada conductas punibles al código penal
Se sostiene que una de las causales que desincentiva el entrar en el sistema antes que promover su uso, es, precisamente el establecimiento de conductas penales en la ley concursal, porque como lo decíamos, por el solo hecho de entrar al sistema formal se abre la posibilidad de
158 Art. 6 del Libro IV del Código de Comercio. Siempre que la ley o el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos se entenderá que debe publicarse un aviso en el Diario Oficial. El aviso, aprobado en su texto por el tribunal, contendrá un extracto de la petición y una copia integra de la resolución, a menos que esta ley o el tribunal disponga lo contrario.”
159 Sharic Antonio, Reforma del sistema concursal chileno, sus fundamentos en el derecho internacional. Texto comparado de las Leyes N° 18.175 y N° 4.558, Memoria de prueba para optar al grado de Magíster en Derecho de la Contratación Comparada e Internacional, Facultad de Derecho Universidad de Chile.p.4, en Núñez, Carrasco, Ortiz, Op. cit. p.270.
160 Se consideraba que este objetivo se había logrado en el marco de la Ley 18.175 “con la eliminación de la Sindicatura de Quiebras, a quien en el sistema de la Ley N°4.558, se atribuía gran parte de la demora en el procedimiento, lo que provocaba pérdida de flujos económicos y, por tanto, menores tasas de recuperación crediticia. Asimismo, con la creación de síndicos privados y profesionales, se otorgaría mayor flexibilidad al sistema, la vía de la especialización del órgano administrador, generando un ahorro por parte del Estado, y reduciendo las posibilidades de error”. Nicolas Carrasco Delgado, “Análisis Económico de las Medidas Cautelares Civiles” Legal publishing, Santiago; 2012, p. 311
161 Cfr. Ibídem. pp.311-312.
162 Primer Informe Comisión de Economía, Senado,p.25
una calificación criminal de la misma, debido al anacrónico sistema de presunciones que se contempla. Nuestro legislador estableció en el artículo 218 de la Ley de Quiebras, que la quiebra del deudor calificado puede ser fortuita, culpable o fraudulenta. La quiebra fortuita, proviene de un caso fortuito o fuerza mayor y no es considera un
Por su parte la quiebra culpable, corresponde a una conducta profesional de irresponsabilidad del deudor que pone en riesgo el crédito, presumiéndose esta en los casos
señalados en el artículo 219 del Libro IV del Código de Comercio. Así por ejemplo, la quiebra se presume culpable si el deudor calificado no hubiera solicitado su quiebra 163 , o si la manifestación que hiciere no reuniese las condiciones que prescribe el artículo 42” (Art. 219 N°4 de la Ley de Quiebras). La pena asociadas a este delito corresponde a presidio menor en cualquiera de sus grados (Art. 229 Inc.1 de la Ley de Quiebras). Se sostiene, que existe un incentivo perverso para que el deudor evite su declaración de quiebra pese a la evidente insolvencia de los negocios, esto
a consecuencia de que la quiebra es una condición de procesabilidad en estos delitos, por lo tanto,
el evitar la declaración de quiebra resulta el modo más eficaz para eludir la acción penal asociada
a la misma 164 . La quiebra fraudulenta implica una conducta intencional que defrauda a la confianza crediticia de los acreedores. En este sentido, el artículo 220 dispone que la quiebra se presume fraudulenta, si el deudor: hubiere ocultado bienes; hubiere reconocido deudas supuestas; si ocultare o inutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes, etc. En este supuesto, la pena asociada al delito va desde presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, salvo que la conducta delictual tuviera asignada mayor pena, en cuyo caso se aplicará ésta (Art. 229 Inc.2). El nuevo proyecto, dispone que los delitos concursales sean regulados en el Código Penal
y no en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas; elimina además la
presunción de quiebra culpable 165 y quiebra fraudulenta y tipifica conductas penales comunes asociadas a procedimientos concursales 166 . Otro aspecto significativo, es que se establece en el
163 Art. 41: “El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, deberá solicitar la declaración de su quiebra antes de que transcurran quince días contados desde la fecha en que haya cesado en el pago de una obligación mercantil” 164 cfr Bonilla, Fischer, Mery y Tagle, “Analisis y Recomendaciones para una Reforma a la Ley de Quiebras”. p.57 Bonilla, Fischer, Mery y Tagle, “Analisi y Recomendaciones para una Reforma a la Ley de Quiebras”.
165 Compartimos la opinión del profesor Contardo , tendiente a considerar que “ se deben eliminar todas las presunciones de “quiebra culpable”, porque en la propia ley de quiebras, y probablemente en la nueva Ley Concursal que se propone, nos encontramos con proposiciones del orden civil de carácter pauliano que constituirán suficiente tutela para los acreedores. Mediante estas normas, se podrán dejar sin efecto los actos o contratos ejecutados con grave daños para ellos, sin que sea necesario poner en marcha el aparato punitivo del Estado, que debe estar destinado a sancionar conductas revestidas de una intencionalidad dolosa, que provoquen un estado de quiebra o bien que agraven el estado” 165 . Ello no significa, que a través de esta despenalización se beneficie a los empresarios negligentes, sino que se les conceda un grado de movilidad para poder salir de su estado deficitario que puede ser transitorio. 166 El Art. 354 del proyecto del ley en comento ordena modificar el Código Penal sustituyendo el Párrafo “7. De las Defraudaciones” del Título IX del Libro Segundo por “7. De los Delitos Concursales y las Defraudaciones”. Además incorpora los artículos 463, 463 A; 463 B, 463 C; 464, 464 A; 465 y 465 A,
artículo 463 C la responsabilidad penal de los gerentes, directores o administradores. Con estas medidas pretende acercar la legislación concursal a las personas, ya que no existen razones de orden penal que le impidan al deudor acudir a los concursos para enfrentar su situación y permite disminuir el estigma del fracaso.
5. Procedimiento Concursal de Reorganización de la empresa
Este procedimiento, es manifestación de la aplicación del principio concursal de la conservación de la empresa, según el cual, la quiebra o el concurso no deben ser causales de desaparición de una empresa viable 167 . A consecuencia de ello, podemos decir, que el procedimiento enfatiza en las condiciones y los incentivos para llegar a un acuerdo viable entre el deudor y los acreedores procurando otorgar al dueño la posibilidad de mantener su empresa. Manifestación concreta del principio mencionado, se encuentra en el Acuerdo de Reorganización Judicial 168 , que solo afectará a los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos. Para iniciar este procedimiento, la empresa deudora debe presentar un formulario 169 ante el tribunal correspondiente a su domicilio. Posteriormente, se nombrará a un veedor titular y suplente 170 . La nominación del veedor titular y suplente se realizará bajo el procedimiento artículo 22, el cual señala que cada acreedor propondrá un veedor titular y uno suplente y una vez concluido la Superintendencia extenderá un certificado de nominación. Finalmente el Veedor, será designado por el tribunal dentro del quinto día de presentada la solicitud por parte del deudor. Se estima que este periodo de nominación dura 6 días. De acuerdo al artículo 58, el tribunal designará al Veedor titular y suplente. En la misma resolución el tribunal dispondrá un periodo de protección financiera y concursal para el deudor de treinta días (prorrogable a 90 días) desde la notificación de esta resolución. Durante este período se suspenden ejecuciones individuales y se pueden establecer medidas cautelares.
167 “Una empresa es viable (conviene mantener su giro) si tiene utilidades operacionales no negativas y el valor presente de éstas no es inferior al valor de liquidación de la empresa”. Bonilla, Fischer, Mery y Tagle, “Análisis y Recomendaciones para una Reforma a la Ley de Quiebras”.
168 La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial debe versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora. Esta propuesta puede separarse en clases o categorías de acreedores y se podrá formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios, en el caso de estos últimos acreedores que voten el acuerdo conservarán sus preferencias. La propuesta será igualitaria para los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que exista acuerdo en contrario. Para asegurar el cumplimiento podrán estipularse la constitución de garantías. Puede igualmente incorporarse una cláusula arbitral con la finalidad de que las controversias que se susciten entre las partes del acuerdo con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento se someta a arbitraje obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el acuerdo. Notificada la propuesta de acuerdo esta no puede ser retirada salvo que el deudor cuente con el apoyo de acreedores que representen el 75% del pasivo
169 Este es elaborado por la Superintendencia y se encuentra disponible en su sitio web. Art. 55.
170 Para ello el deudor debe presentar a la Superintendencia una copia del formulario con el cargo del tribunal competente y un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, este debe contener: nombres, domicilios, correos electrónicos de los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, con indicación del monto de sus créditos y el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo, excluidas las Personas Relacionadas al deudor.
En cuanto a la determinación del pasivo, objeciones e impugnaciones se contemplan plazos muy breves así, se estipula un plazo de cinco días desde la notificación de la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce el procedimiento. Vencido este plazo y dentro de los días siguientes el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas. Dentro de cinco días siguientes a la publicación, el veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre la falta de título justificativo, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de deudas presentado por el deudor y en las verificaciones presentadas. Expirado este plazo, el Veedor publicará en el Boletín concursal las objeciones presentadas. El veedor confeccionará la nómina de créditos reconocidos y la acompañará a los autos dentro del cuarto día de expirado el plazo para objetar y la publicará en el boletín concursal. Dentro del mismo plazo, el Veedor acompañará la nómina de créditos impugnados y su informe al tribunal competente y el cual también será publicado. Agregado a autos las nóminas, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de estas, para el décimo día contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada las nóminas. La fecha en la que expire el periodo de protección financiera, se realizará la junta de acreedores llamada a conocer y a pronunciarse sobre el Acuerdo. El acuerdo se entenderá aprobado cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de 2/3 o más de los acreedores presentes, que representen al menos tres cuartas partes del pasivo con derecho a voto 171 correspondiente a su respectiva clase o categoría. Si en dicha oportunidad, se alcanza acuerdo, entonces se debe proceder al cumplimiento del mismo por parte del deudor 172 . Este Acuerdo podrá ser impugnado dentro del plazo de tres días desde la publicación del acuerdo en el Boletín Concursal. Si no hay acuerdo, se procede a la liquidación. Podemos observar que esta nueva propuesta a lo que hoy son los convenios, tiende a privilegiar el salvataje de la empresa antes que su liquidación, pues contempla un periodo de protección al deudor, para que este pueda abocarse exclusivamente a su procedimiento de reorganización. Así durante este periodo, se suspenden las ejecuciones contra el deudor; permiten que todos los contratos suscritos por el deudor mantengan su vigencia y condiciones de pago, se
171 No podrán votar las personas relacionadas con el deudor y sus créditos no se considerarán en el pasivo.
172 Respecto a los efectos del Acuerdo, el Art.92 sostiene que una vez aprobado, este obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la junta que lo acuerde. En lo pertinente a los efectos sobre los créditos que sean parte del Acuerdo, estos se entenderán remitidos, novados, repactados. En cuanto a los efectos en las obligaciones garantizadas del deudor: a) no se podrá cobrar el crédito a los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, ni a los avalistas, sino en los mismos términos en que se puede cobrar al deudor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial; b) El tercer poseedor de la finca hipotecada y el propietario del bien empeñado podrán liberar la garantía pagando la deuda en los mismos términos que los estipulados en el Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito por el deudor garantizado, y en su caso, pagando sólo la cantidad que corresponda deducida la parte de la deuda extinguida mediante la novación o la dación en pago, y c) La novación o la dación en pago extinguen la deuda respecto de los fiadores, codeudores y avalistas antes mencionados, debiendo otorgarse las nuevas garantías en los términos del Acuerdo de Reorganización Judicial en que se acordó extinguir la deuda.
posibilita la continuación del suministro 173 ; permite la venta de activos y prestamos para financiamiento de sus operaciones, de manera que la empresa pueda seguir operando 174 , y permite resguardar los intereses de los acreedores a través de la imposición de alguna medida cautelar y restricciones al deudor 175 . Este periodo de protección, constituye una ventaja en relación a la legislación vigente, pues el actual artículo 177 bis otorga esta posibilidad de protección al deudor solo si la proposición de convenio judicial preventivo se hubiera presentado con el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, quórum difícil de alcanzar y toma mucho tiempo. Durante el tiempo que se negocia la posibilidad de acuerdo se termina agravando más la situación de la empresa y se acerca aún más al estado de quiebra 176 . En materia de plazo, observamos un procedimiento expedito, caracterizado por plazos muy breves que de acuerdo a estimaciones de la Superintendencia del ramo tarda doce días en iniciarse y cuatro meses en acordar reorganización reduciendo así de manera significativa el tiempo que toma acordar un convenio, pues, hoy el plazo legal mínimo para acordar un convenio es de 43 días hábiles, pero este plazo en la práctica nunca se cumple. Tal como lo comentábamos en el Capítulo I, una de las principales deficiencias del sistema actual es que no permite que accedan al sistema de convenios todos los acreedores, sino que esta pensado en acreedores valistas. Creemos al respecto, que este proyecto permite dar una solución global al procedimiento de renegociación, pues se pueden concurrir al Acuerdo tanto acreedores valistas como acreedores garantizados y se establece la posibilidad de contar con acuerdos por clase o categoría de acreedores. En términos generales, creemos que el impacto de este nuevo procedimiento puede ser positivo en materia de emprendimiento, pues consideramos que en primer lugar, se hace cargo de las críticas que se han realizado a los actuales convenio y procura salvar las deficiencias de la institución, creando una instancia más global a la que pueden acceder todos los acreedores sin que por ello se ven perjudicado, resguardando así los intereses de los mismos. 177 De la misma
173 Se beneficia a la empresa, porque se permite a través del suministro asegurado que el proveedor siga suministrando bienes y servicios indispensables para la continuación de la empresa al deudor, permitiéndose de esta manera, que sigan ingresando recursos a la empresa. Igualmente, se beneficia al proveedor, porque se le respeta la fecha de pago originalmente convenida si mantiene el suministro. En caso que fracase la reorganización, la empresa se va a liquidación y se da preferencia de pago a esos proveedores.
174 Art 75 se refiere a la posibilidad que durante la Protección Financiera Concursal, la Empresa Deudora pueda vender o enajenar activos, pueda adquirir préstamos para el financiamiento de sus operaciones. Esto permite salvar el problema que se presentaba con la legislación vigente en torno a los activos inmovilizados cuya venta presentaba dificultades cuando se estaba en un contexto de convenio, pues se temía que se declarará la quiebra y pudiese revocarse el acto.
175 De esta forma se cautelan los bienes del deudor y se resguardan los intereses del acreedor para que no se vean perjudicados.
176 Cfr. Nelson Contador Rosales en Segundo Informe Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Economía, Senado p.226
177 Consideramos, que esta propuesta en materia de convenios cumple con los elementos necesarios para un proceso de reorganización, compartiendo, la opinión de Nelsón Contador quien afirmaba “En cuanto a los convenios o acuerdos que al efecto se celebren con los acreedores, ya sea para evitar un proceso de quiera o alzar una ya declarada se requiere una normativa que regule bien el acceso a nuevos recursos que se requieren en el tiempo intermedio de la tramitación del convenio, de modo de compatibilizar la necesidad de la Compañía, con el resguardo de los intereses de los acreedores. Adicionalmente, se debiera permitir la participación en este acuerdo de voluntades
manera consideramos que logra establecer un procedimiento ágil que efectivamente resguarda tanto a los acreedores como a los deudores.
6. Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa
Corresponde al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, ya sea, a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por un acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso. Este procedimiento, esta regulado en el Capitulo IV del Proyecto de Ley de Liquidación de Empresas y Personas. Procedimiento de liquidación de la empresa fallida es de suma relevancia para el reemprendimiento, pues de él dependerán la recuperación de los créditos, la oportuna salida de una crisis y la oportunidad de poder comenzar nuevamente. Destacamos del proyecto en comento, el mejoramiento del régimen de defensa del deudor que tiene lugar antes de la resolución que ordena la apertura de la liquidación a diferencia de lo que ocurre bajo la ley imperante 178 . La primera resolución de un tribunal que conoce de una solicitud de quiebra es la citación del afectado a la Audiencia Inicial, en ella el deudor podrá: a) consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes, permitiéndole de esta forma enervar la acción; b) allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, lo que dará curso a la liquidación; c) acogerse al Procedimiento de Reorganización; d) oponerse a la demanda de liquidación 179 forzosa que darán lugar al juicio de oposición. Respecto al proceso de liquidación de activos, se optimiza la venta de los mismos, a través de distintos mecanismos. Se destaca, la eliminación del consentimiento del deudor para la venta de sus bienes pues en el proyecto se contempla una etapa previa para que el deudor pueda defenderse de manera efectiva. De esta forma, se quiere evitar dar lugar a un trámite innecesario que podría generar irregularidades y demoras. Otro avance respecto de la legislación actual tiene relación con la venta como unidad económica, ya que “el proyecto retira la venta como unidad económica de la esfera del tribunal para que tal venta se realice donde los acreedores lo decidan y de la forma que éstos estimen más conveniente, puesto que son sus propios intereses los que están
(Convenios), a los acreedores garantizados sin que por intervenir pierdan su garantía, estableciendo además, una regulación normativa que posibilite el convenio por clases o categorías de acreedores”. 178 Actualmente, en caso de demanda a un deudor, este solo tiene una audiencia informativa y su opción de defenderse u oponerse a la quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia. 179 “Esto significa controvertir el mérito de la demanda de la cual ha sido notificado. En este momento se crea y se da inicio al denominado juicio de oposición. Tal defensa no es abierta, o, dicho de otro modo, no será posible alegar cualquiera cosa, sino que, manteniendo el criterio según el cual la liquidación, actual quiebra, es una acción que se basa en presunciones de cesación de pagos o de insolvencia, mantiene las causales de oposición previstas para el juicio ejecutivo individual, pero no todas, sino que exclusivamente aquellas que guardan más relación con la naturaleza del título que se invoca, que es un título ejecutivo que suele bastarse a sí mismo, porque da cuenta de una obligación líquida y actualmente exigible, por lo tanto, casos en los cuales efectivamente estemos en presencia de un título alterado o impropio, o que dé cuenta de una deuda pagada, permitirá hacer valer esas excepciones que se ajustan al señalado criterio.” Primer Informe Comisión de Economía, Senado P.38
en juego” 180 . Así, se otorga mayor libertad para decidir la venta como unidad económica, no sólo en cuanto a los bienes que la componen sino que también la fórmula de realización que se estime más eficiente. Desde la perspectiva del principio de conservación de la empresa y la racionalidad económica, esta es una medida que fortalece el emprendimiento porque permite: en primer lugar hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos del deudor desde la perspectiva económica al vender pues es posible obtener un mejor precio de realización del activo del deudor, fundado en un concepto sinergético, según el cual el valor del conjunto es superior al de sus partes. Por otra parte, permite conservar la empresa aún cuando cambie de dueño, porque su servicio genera una mayor ganancia colectiva que la liquidación del establecimiento por partes 181 . Otro aspecto importante es el establecimiento de un procedimiento simplificado que cuenta con plazos breves. En materia de determinación del pasivo se contempla un procedimiento que tiene una duración de 64 días en todas sus etapas, esto es verificación de créditos, objeciones e impugnaciones, lo que es bastante breve. El procedimiento, es más expedito también gracias a las publicaciones en el boletín electrónico y a la posibilidad de que paralelamente se comiencen a liquidar los activos. En la realización sumaria el plazo para vender los activos es de cuatro meses desde la celebración de la Junta Constitutiva, mientras que en la realización ordinaria, esta deberá efectuarse en el menor tiempo posible, el que no puede exceder de cuatro meses para los bienes muebles y de siete para los bienes inmuebles ambos contados desde la fecha de celebración de la Junta Constitutiva. Si se consideran todos los procesos desde el inicio, el nombramiento del liquidador, la defensa del deudor, etc., el procedimiento en total, tarda menos de 12 meses, situación bastante distinta a la realidad donde actualmente en promedio las quiebras tardan 54 semanas. Desde el análisis económico del derecho, particularmente desde la perspectiva de la reducción de costos, creemos que este procedimiento resulta eficiente, ya que, permite reducir el tiempo que tarda el procedimiento y por otra parte, permite disminuir los gastos asociados al mismo, ya que por ejemplo, todas las publicaciones se realizan mediante el boletín electrónico. Con la resolución de término del procedimiento Concursal de Liquidación el deudor recuperará la libre administración de sus bienes. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad a la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. De esta forma, una vez extinguidas todas las obligaciones se entenderá rehabilitado el deudor para todos los efectos legales. Así se le permite un saneamiento comercial al deudor, para que este pueda comenzar libre de deudas. A nuestro juicio, si bien el emprendimiento es transversal a toda la ley y la mayoría de las iniciativas tienen por objeto beneficiarlo, creemos el procedimiento concursal de liquidación constituye sin duda un procedimiento que fomenta el reemprendimiento, pues permite que
180 Ibídem, p. 39 181 Roman, Juan Pablo, ob. Cit, p. p.131- 132.
aquellos deudores que se ven enfrentados a una situación de crisis profunda en la cual su empresa ya no resulte viable, puedan ponerle fin rápidamente a través de un procedimiento expedito 182 y que ofrece la oportunidad de buscar mejores alternativas de precio en los procesos de liquidación de bienes, de manera es más fácil dejar atrás este estado deficitario y obtener una mayor recuperación los de créditos. Esto finalmente contribuirá a que terminado el concurso, el deudor quede libre de ataduras y pueda comenzar de nuevo. Además, esta ley tiene la particularidad de contemplar un buen procedimiento de reasignación de recursos a la economía, lo que se traduce en una rápida venta de los bienes y en una mejor forma de pago a los acreedores, porque mientras más recursos entren, hay una mayor circulación de activos productivos en la economía. Creemos igualmente, que el proyecto de ley se hace cargo del componente de ensayo y error que va envuelto en todo negocio, permitiendo, sin problemas que el emprendedor caiga en el camino, sin que por ello sea “crucificado” a pasar por un procedimiento tortuoso, por el contrario, el proyecto, ofrece la posibilidad que el deudor caiga y en caso que sea necesario cerrar su emprendimiento, le entrega las armas necesarias y eficientes para obtener una pronta solución que resguarde tanto los intereses del deudor como los de los acreedores; ya que el proyecto resulta muy equilibrado, ponderándose adecuadamente los intereses que convergen en el fracaso empresarial. Esto se evidencia, en la eliminación de presunciones de culpabilidad del deudor; en el estado de protección financiera que se le otorga al deudor y las medidas cautelares que se pueden imponer, etc.
7. Procedimiento Concursal de Renegociación de la persona deudora
Una de las grandes innovaciones del proyecto de ley propuesto por el gobierno es precisamente el establecimiento de un procedimiento que se refiera a la situación de sobreendeudamiento e insolvencia que experimentan las personas naturales. De acuerdo a lo planteado en el proyecto, este procedimiento permite renegociar las obligaciones de una persona natural. Para someterse a este procedimiento, es necesario en primer término, tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 50 Unidades de Fomento 183 . Y en segundo lugar se requiere no haber sido notificado de una demanda de Liquidación Forzosa de Persona Deudora o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral. Aquí la Superintendencia, actúa como un órgano facilitador ayudando a las partes a adoptar una solución satisfactoria. Es en virtud de ello, que la Superintendencia entregará las herramientas necesarias para alcanzar un acuerdo, por ejemplo, presentará una nómina de pasivo; dicta una nómina con los acreedores reconocidos, participa de la audiencia de renegociación incluso puede suspender esta audiencia hasta por cinco días con la finalidad de propender el
182 La celeridad y simplicidad del procedimiento se puede observar en la gráfica que ilustra el mismo, allí es posible apreciar como por medio de establecimiento de plazos breves y determinados y la reducción de procedimientos administrativos es más fácil obtener una salida beneficiosa.
183 En la actual ley 20.720, el artículo 260 señala que “(…) el monto total sea superior a 80 Unidades de Fomento (…)”
acuerdo, la Superintendencia también puede presentar una propuesta de realización del activo del deudor. Por tanto la Superintencia cumple un rol relevante tanto en las Audiencia de Determinación del Pasivo; en la Audiencia de Renegociación 184 ; como en la Audiencia de Ejecución 185 . Este procedimiento termina por la adopción de un acuerdo de renegociación 186 o termina con el periodo de reparto de fondos establecido en el acuerdo de ejecución. Una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la Superintendencia pone fin a los efectos descritos en el artículo 263. Desde la publicación en el Boletín Concursal de la referida resolución se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la persona deudora respecto de los créditos parte del procedimiento de Renegociación. Por ello, una vez extinguidas las obligaciones novadas o repactadas la persona deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales. De acuerdo a la grafica adjuntada 187 , se puede observar que se trata de un procedimiento muy sencillo, que tiende a privilegiar la adopción de acuerdos entre acreedores y la persona deudora y que gracias a que este procedimiento se realiza en su mayoría ante la Superintencia le permite dar más rapidez. De esta forma, se incita a las personas naturales que se han visto sobreendeudadas que presenten una propuesta de reorganización y puedan partir de cero. Particularmente, destacamos, el periodo de protección que se le otorga al deudor, durante el cual no podrá solicitarse su liquidación forzada ni voluntaria de la persona deudora, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restitución de arrendamiento. Pues esta medida acerca el procedimiento de renegociación al deudor visualizando a esta herramienta como una salida beneficiosa para su situación financiera, ya que se protege al deudor desde la publicación de la resolución de admisibilidad y hasta el término del periodo concursal de renegociación impidiendo que este sea ejecutado, miedo que tienen muchos deudores. También resaltamos, la importancia de los efectos de la resolución que declara finalizado el procedimiento concursal de renegociación y de ejecución, pues realmente le permiten al deudor un fresh start, ya que una vez declarado el fin del procedimiento se entienden extinguidos por el solo ministerio de la ley los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la persona y provienen de créditos objeto del procedimiento de renegociación 188 . Junto con ello, el
184 Esta audiencia se desarrolla ante la Superintendencia y busca lograr un acuerdo de renegociación entre el deudor y los acreedores (Art.265).
185 De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 266, en caso de no alcanzarse un acuerdo de renegociación la Superintencia cita a una audiencia de de ejecución, en la cual presentará una propuesta de realización del activo. Para acordar una forma de realización se requiere de la mayoría absoluta de los acreedores presentes con derecho a voto y la persona deudora.
186 El Art. 265 manifiesta que para acordar la renegociación se requiere del voto de la persona deudora más el 60% del pasivo reconocido y presente en la audiencia. No se considerarán para estos efectos los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora.
187 Para mayor claridad del procedimiento ver anexo N°3
188 El efecto analizado, es similar al discharge en virtud del cual se libera al deudor de la responsabilidad personal de ciertos tipos de deudas, por tanto el deudor ya no esta legalmente obligado a pagar por aquellas deudas de las que fue liberado. La liberación se traduce en una orden permanente que prohíbe a los acreedores llevar a cabo cualquier tipo de cobro incluyendo acciones legales y comunicaciones con el deudor. A bankruptcy discharge releases the debtor from personal liability for certain specified types of debts. In other words, the debtor is no longer legally required to
procedimiento es beneficioso, porque se inspira en la idea que mediante el salvataje y reestructuración de pasivos y activos de las personas y empresas en crisis, se le ofrece una nueva oportunidad para que la persona aprenda de sus errores y no los vuelva a cometer en el futuro.
8. Procedimiento Concursal de Liquidación de la persona deudora.
Se distingue un procedimiento de liquidación voluntaria 189 y uno de liquidación forzosa 190 . Durante el proceso de liquidación del activo la empresa es administrada por el liquidador. Tiene lugar la realización sumaria de los bienes embargables 191 , procedimiento que se desarrolla conforme a las reglas del procedimiento contemplado para la liquidación de las empresas y donde la venta de los bienes debe realizarse dentro de los cuatro meses 192 siguientes a la fecha de celebración de la Junta Constitutiva. Se destaca también, que en este procedimiento se da la oportunidad al deudor para defenderse, así, presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que se considere cumplidos, la tendrá por presentada y citará a las partes a una audiencia a realizarse al quinto día desde la notificación. En dicha audiencia, se le informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y la persona del deudor podrá: a) consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes, b) el deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda; c) oponerse a la demanda de liquidación forzosa. Respecto de los efectos, una vez que la sentencia que declara el término del procedimiento de liquidación se encuentre firme y ejecutoriada, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley todos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad a la apertura del procedimiento. Así, extinguidas las obligaciones, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales.
pay any debts that are discharged. The discharge is a permanent order prohibiting the creditors of the debtor from taking any form of collection action on discharged debts, including legal action and communications with the debtor, such as telephone calls, letters, and personal contacts. Although a debtor is not personally liable for discharged debts, a valid lien (i.e., a charge upon specific property to secure payment of a debt) that has not been avoided (i.e., made unenforceable) in the bankruptcy case will remain after the bankruptcy case. Therefore, a secured creditor may enforce the lien to recover the property secured by the lien. disponible en http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/DischargeInBankruptcy.aspx (visitado 4 enero 2014).
189 En este caso el deudor deberá acompañar los siguientes antecedentes: a) listas de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten; b) lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación de la persona deudora; c) relación de los juicios pendientes con efectos patrimoniales y d) estado de deudas, nombre, domicilio, y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos.
190 En cuanto a la liquidación forzosa, la causal para solicitar la apertura de un procedimiento de liquidación invocada por los acreedores es la existencia de dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.
191 El Art. 275 dispone que solo podrá embargarse la remuneración de la persona deudora hasta por tres meses después de declarada la apertura del procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.
192 Para una mejor comprensión del procedimiento, se recomienda visualizar el anexo N°4, en el cual es posible apreciar las ventajas del procedimiento en cuanto a su simplicidad.
Creemos, que efectivamente, desde la forma en como se concibe este modelo, permite que se encuentre rápidamente una salida para la crisis al contemplar un procedimiento breve. Resulta importante recordar al respecto, que la mayoría de los emprendedores financian sus emprendimientos con dineros personales o de la familia, cuestión que como se dijo al tratar el emprendimiento resulta particularmente importante, porque para que el emprendedor fallido vuelva a abrir una empresa, es necesario que cuente con recursos disponibles; por tanto, la detección oportuna de la crisis sumado a la adopción adecuada de un procedimiento concursal -en especial en el caso de la liquidación- permitirán que se eviten mayores perjuicios patrimoniales y se tomen las medidas necesarias para obtener un mayor producto en la realización de los bienes, evitando la desvalorización de estos, lo que llevará finalmente a una mayor recuperación de los créditos y una mejor reasignación de recursos a la economía.
- Derecho Concursal es una rama del derecho cuyo principal objetivo es erradicar la insolvencia, para ello contempla una serie de mecanismos que permiten ejercer tanto una tutela preventiva como reparativa.
- Se debe tener siempre presente, que el concurso y la quiebra no son un hecho perse antijurídico a diferencia del incumplimiento, por el contrario son mecanismos de defensa aplicables en los casos en que el deudor se encuentra imposibilitado de pagar debido a un estado patrimonial deficiente.
- En la actualidad el emprendimiento y el crédito han sido revestidos de gran relevancia social, siendo fundamental su regulación y protección. Es por ello que cobra especial importancia una adecuada legislación de los concursos. Esto se debe al gran impacto que estos tienen finalmente en la economía.
- Es posible constatar que tanto la quiebra como los demás procedimientos concursales tienen una escasa aplicabilidad en la práctica, debido fundamentalmente a lo ineficiente de nuestra legislación y lo inadecuada para nuestros tiempos, donde aún en Chile se sigue privilegiando la liquidación por sobre la subsistencia de empresa, no aviniendose así a las tendencias modernas en las cuales resulta fundamental proteger aquellos entes que contribuyen al progreso del país para obtener mayores recursos.
- Ante el escenario descrito, los principios de la quiebra que han tomado gran relevancia, son particularmente los de contenido económico, pues contribuyen a una eficiente utilización de los recursos; protegiendo los bienes jurídicos que requieren mayor resguardo en economías dinámicas y modernas: la conservación de la empresa y a la conservación del empleo. Todo ello siempre tendientes a obtener mejores resultados económicos de los países.
- El emprendimiento en Chile tiene distintas realidades, siendo importante considerar que la gran mayoría de estos comprometen el patrimonio personal del deudor ya que no se encuentran organizados como personas jurídicas.
- Los factores claves en materia de emprendimiento y que inciden en el reemprendimiento, permitiendo explicar su incidencia en el aspecto económico son: los factores inherentes al contexto nacional que afectan las oportunidades para emprender, y por otro encontramos los factores que provienen de las contexto social, cultural y politico del país. Ambos factores influyen sobre la actividad y capacidad emprendedora que junto a las oportunidades para emprender definen la dinámica en los negocios y terminan contribuyendo al crecimiento económico.
- En materia de reemprendimiento, resulta elemental trabajar en torno a la actitud frente al fracaso de los emprendedores y en materia de financiamiento, pues en la medida que se
mejoren estos aspectos, sin duda se mejorará el nivel de emprendimiento. Pues son
aspectos valorados por la sociedad a la hora de decidir emprender.
- Consideramos que el miedo al fracaso y el estigma con que deben vivir quienes
atraviesan un procedimiento de quiebras, terminan repercutiendo al momento de cerrar
un negocio, prefiriendo los acreedores no acogerse a un sistema formal, por miedo a las
- Respecto al modelo propuesto, efectivamente, se observa que el emprendimiento esta presente en todo el diseño del mismo. Pero resulta particularmente importante para materia de reemprendimiento los procedimientos liquidatorios porque precisamente es allí donde otorga al deudor la posibilidad de cerrar un negocio en dificultades, liberarse de las deudas que de ella se desprendan y poder comenzar de nuevo.
- La necesidad de especialización por parte de los órganos es cada vez más evidente en los
ordenamientos jurídicos, esto obedecería a la demanda de mayor de justicia y de mejor
- Las economías modernas, cada vez más dinámicas y globalizadas demandan por una
mayor celeridad, transparencia y menores costos en los procesos.
- El proyecto propuesto por el ejecutivo, efectivamente, logra fortalecer el emprendimiento
desde la perspectiva teórica, pues como ya se dijo, desde la perspectiva del análisis
económico del derecho aparece como un procedimiento eficiente. Igualmente, logra dar
cuenta de esta tendencia a la conservación de la empresa antes que su liquidación, a
través de los mecanismos de reorganización y liquidación de activos y pasivos.
- En materia de reemprendimiento, los procedimientos contemplados resultan
particularmente importantes y la propuesta del ejecutivo logra solucionar los problemas
que se planteaban con la legislación anterior. Así, mediante la creación de tribunales
especializados y procedimientos breves se permite poner fin prontamente a los
- Constitución Política de la República, Art 19 N° 20, Promulgada en el Diario Oficial el 24 de Octubre de 1980.
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 artículo 898
 artículo 148
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