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Timestamp: 2020-07-05 03:47:47+00:00

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No hay irrazonabilidad en el mínimo de pena del secuestro extorsivo pues el bien jurídico tutelado es sincrónicamente plural.
Causa N° 25.562 caratulada: “B., J. D. s/ Recurso de Casación”.
Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 15 de abril 2009.
En la ciudad de La Plata a los quince días del mes de abril del año dos mil nueve siendo las................horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, bajo la Presidencia del primero de los nombrados para dictar sentencia en causa N° 25.562 de este Tribunal caratulada: “B., J. D. s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: PIOMBO – SAL LLARGUES - NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Criminal 3 del Departamento Judicial Mar del Plata condenó a J. D. B. a la pena de doce años de prisión, con accesorias legales y costas, por considerarlo autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por ser la víctima menor de dieciocho años de edad y la participación de al menos tres personas en concurso real con robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa, cometidos el primero entre el 6/04/04 y el 7/04/04 y el segundo el 14/08/04; y a la pena única de doce años de prisión comprensiva de la que se le impone por los hechos de esta causa y de la de seis meses de prisión en suspenso impuesta por el Tribunal en lo Criminal 2 departamental en causa 401 el 25/10/04.
II. Contra dicho decisorio deduce recurso de casación el Titular de la Unidad de Defensa n° 3 del Departamento judicial aludido, abogado Ricardo Luis Mendoza, quién se agravia por la vulneración de lo normado por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 171 y 168 2° párrafo de la Const. Prov; 373 y 210 del CPP, en función de los arts. 40/41 del CP. Arguye que el quebrantamiento se produjo en el juicio de determinación de la pena en razón de no ameritarse circunstancias atenuantes propuestas por la defensa y haberse hecho pesar una agravante no discutida por las partes, violándose las reglas que rigen la valoración probatoria y, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio así como los principios de imparcialidad y contradicción. Señala que el sentenciante nada ha dicho respecto de la situación económica y familiar, el escaso daño producido en el secuestro y el trato dado a la víctima en el mismo, considerando sólo como atenuante la historia de su vida sobre la base del informe socio-ambiental corroborado por la pericia psiquiátrica. Indica que teniendo en cuenta que los delitos enrostrados a su defendido son hechos perpetrados contra la propiedad con la lógica consecuencia de obtener un beneficio económico surge, pues, claramente la influencia de dicha situación en la realización de los eventos criminosos. Manifiesta que en cuanto a las agravantes el tribunal ha valorado la existencia de un arma –aparentemente de fuego- utilizada en el primero de los hechos tratados y que fuera calificado como secuestro extorsivo, señalando que tal circunstancia no fue utilizada por el Fiscal a la hora de hacer valer su pretensión punitiva, por lo que la defensa nada ha dicho al respecto y que la existencia del arma de fuego fue solo introducida por el menor víctima del hecho -sin haber sido corroborada tal circunstancia por prueba alguna-, concluyendo que en este punto se ha dejado indefenso al encartado violándose los principios de imparcialidad y contradicción. Considera que la resolución resulta coincidente en cuanto a su calificación en el primero de los hechos con la solicitada por el Fiscal interviniente, no así en relación al segundo, por el cual se había sostenido que el mismo debía subsumirse en la figura de robo calificado por el robo de armas pero consumado. Concluye que contradiciendo lo sostenido por el M.P.F., ha sostenido la participación secundaria en el hecho I referido al secuestro extorsivo y la absolución en relación al robo calificado por no haberse acreditado su participación. Subsidiariamente, reedita el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de pena previsto del art. 170 2do. párrafo del C.P., así como también la consideración de que el robo habría quedado en grado de tentativa, circunstancia ésta aceptada por el tribunal. Solicita se adecue el monto de pena por imponer a las pautas de mensura legalmente introducidas al debate señalando –asimismo- que, de acuerdo a la atenuantes introducidas y la ausencia de circunstancias agravantes, dicho monto no debe superar el elevado mínimo de la escala prevista para el delito de homicidio simple. Asimismo, deja puntualizada la reserva del caso federal art. 14 ley 48.
III.- Con fecha 17/10/06, el Tribunal “ex ante” mencionado decretó la concesión del recurso de casación y, por imperio del art. 456 del C.P.P., hizo lo propio la Sala I de este Tribunal (ver fs. 41/42 vta.)
IV.- Corridas las vistas de rigor, el Ministerio Público Fiscal, se pronunció en sentido desfavorable al progreso del recurso impetrado, en tanto que la defensa insiste en una reconsideración de las circunstancias que estimaron omitidas al fijar la sanción atacada al propio tiempo que plantea la imposibilidad de utilizar la agravatoria consistente en el uso de un arma de fuego en el secuestro extorsivo. Por último llama la atención acerca del proceder casi torpe de B. –actuando en las tratativas pese a que su voz podía ser reconocida por quienes bien lo conocían-, lo cual debe también ser evaluado dado que transformó el buen éxito de la empresa delictiva en un logro quimérico.
V.- Encontrándose la causa en estado de ser resuelta, los Jueces de la Sala I, resolvieron plantear y votar las siguientes:
2da.) En el supuesto de contestarse positivamente el primer interrogante ¿surgen elementos que permiten calificar como irrazonable el acto judicial atacado?
3ra.) En la hipótesis de contestarse negativamente el interrogante inmediato precedente ¿resulta inconstitucional la figura legal en aplicación en lo tocante a la sanción que prevé?
4ta.) De contestarse negativamente la pregunta inmediata anterior, ¿resulta incorrecta la inserción del encartado con rango de autoría en el “iter criminis” del hecho juzgado en autos?
5ta.) ¿Es fundado el remedio en cuanto a las circunstancias minorantes cuya aplicación se postula?; ¿lo es con atingencia a las agravatorias cuyo extrañamiento se solicita?
6ta.)¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Cabe confirmar la resolución obrante a fs. 41/42 vta, por los fundamentos allí vertidos, a los que en honor a la brevedad cabe remitir.
Adhiero al voto del Dr. Piombo, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Lo ordenado del acta de debate, lo conciso de la sentencia y la brevedad del remedio traído conducen también a que esta pieza asuma desarrollos prietos.
En primer lugar, y esto a manera de observación general, no se evidencia quiebre lógico alguno en el razonamiento del Juzgador que amerite tratamiento en esta sede. El vicio de absurdo no se consuma por la circunstancia de que el órgano jurisdiccional prefiera o atribuya trascendencia a un medio probatorio respecto de otro o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra, sino que se debe evidenciar el error grave, grosero, manifiesto y fundamental que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (Sala II, sent. del 19/9/2001 en causa 1137, “Arévalo”; ídem del 19/12/02 en causa 4509, “Castillo”; ídem del 26/4/04 en causa 9927, “P.V.P.”; ídem del 29/6/04 en causa 13.411, “Gómez”) o incongruentes con sus constancias objetivas (Sala III, sent. del 22/9/05 en causa 6039, “Fernández”). Y esto es ajeno a la pieza impugnada.
Sin perjuicio de abordar uno por uno los elementos integrativos de la queja, tampoco se dibuja una arbitrariedad por el monto mismo de la penalidad impuesta. Recuerdo que es doctrina de este Tribunal que:
“...La gravedad del ilícito penal se objetiva en las escalas penales; empero, sólo en la semisuma o punto medio entre mínimo y máximo en los delitos castigados con penas divisibles, está centrado el orden de gravedad en los distintos tipos incorporados al Código penal. Esto no sólo surge de la ley 24.767 e instrumentos internacionales como el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, sino que también lo trasuntaba el establecimiento de una pena fija modificable por atenuantes y agravantes tasados, recogida en el Código Penal de 1881 que, merced a la ley 24.967, puede hoy ser invocado como principio de derecho con obvia virtualidad en la integración de vacíos normativos...” (Sala I, sent. del 25/8/00 en causa 513, “Espíndola”, mayoría).
“...Establecida la gravedad del ilícito en la escala penal amenazada, el legislador permite subjetivizar, “id est”: adaptar la sanción atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes que emergen del autor, de la víctima y de la sociedad en que la conducta se concreta. En un régimen republicano, esa graduación no puede ser irrazonable, como tampoco en un Estado de derecho quedar reservada al sentir de cada intérprete. De ahí que el Código Penal argentino haya establecido en sus arts. 40 y 41 algunos elementos básicos para que la tarea no anide en el puro arbitrio judicial. A partir de tales datos y frente al caso penal, al operar atenuantes la pena se acercará al mínimo de la escala sancionatoria, mientras que incidiendo agravantes se arrimará al máximo amenazado...” (Sala I, sent. del 25/8/00 en causa 513, “Espíndola”, mayoría; ídem del 7/12/00 en causa 1633, “Guazzi”, mayoría; ídem del 24/5/01 en causa 946, “Garibaldi”, mayoría; ídem del 13/11/03 en causas 2929, 2947 y 2948, “Ríos y otros”, mayoría).
“...En todo el sistema de graduación de la pena subyace la proporcionalidad y el equilibrio. Ningún elemento puede ser eliminado so pena de erosionar una idea de armonía entre todas las acriminaciones. Suprimir el juego de las atenuantes reservándolas para actuar sólo en el supuesto que concurran agravantes, implicará borrar la distinta entidad objetiva que asume cada delito dentro del sistema, como la posibilidad, por ejemplo, de premiar la menor dosis de injusto y las conductas posteriores que procuren morigerar o eliminar el daño causado y, en definitiva, también no tener presente que la orientación liberal de la Constitución Nacional y, en su consecuencia, del Derecho penal argentino, implica computar el mérito y el demérito que, como todo lo axiológico, poseen también gradaciones y categorizaciones...” (Sala I, sent. del 25/8/00 en causa 513, “Espíndola”, mayoría; ídem del 7/12/00 en causa 1633, “Guazzi”, mayoría; ídem del 13/11/03 en causas 2929, 2947 y 2948, “Ríos y otros”, mayoría).
Basta realizar un balance entre las escalas penales amenazadas y las circunstancias ameritadas por el Tribunal de grado para arribar a una tesitura negativa -reitero: sin todavía considerar los elementos puntuales de la queja- respecto de las apetencias de la recurrente.
Expreso la minoría en los precedentes que invoca el Dr. Piombo.
Colateralmente (fs. 27 vta.), se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de la sanción mínima prevista por la figura penal en aplicación, argumento éste también vertido al sustanciarse la vista de la causa. Se trata, en rigor, de un planteo que se liga a la racionalidad misma que debe dimanar de los actos propios de un gobierno republicano. No es del caso, entonces, determinar una incompatibilidad lógica o, por acaso, ontológica con el enunciado constitucional, sino plenamente axiológica con el sistema de valores afianzados a través de otros enunciados, haciendo especial hincapié en la proporcionalidad que debe guardar el sistema represivo todo.
El abordaje de un tema de esta naturaleza impone, tal cual lo planteara en otras especies al revisar el monto fijado para el robo, tomar primaria nota de los bienes jurídicos puestos en compromiso por el ilícito de que se trata, toda vez que la existencia de una pluralidad de ataques dotará de mayor sentido racional a la manda legislativa de aplicar una pena severa. En el supuesto que concita aquí y ahora la atención curial, no se nos escapa que, además de la libertad y el patrimonio puestos en crisis por la conducta agresora, la actuación delictiva misma compromete también potencialmente la integridad de la persona. Y esto va de suyo, puesto que la víctima queda sometida, por el estado en que se halla, al capricho o la mera buena voluntad de su captor. Y todo revela, a mi parecer con verdadera patencia, que no hubo arbitrariedad en fijar un mínimo que, desde luego, debe ser superior al determinado para los delitos más típicos en los que se manifiesta una lesión individualizada a cada uno de los bienes precitados. Y el todo, desde luego, no tiene por qué estar atado al mínimo que el legislador decidió atribuir al antijurídico consistente en acabar con la vida ajena. En síntesis: no hay irrazonabilidad y, por ende, tampoco inconstitucionalidad habida cuenta que el ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados es sincrónicamente plural.
En el desarrollo debido a los precedentes a que alude en la cuestión anterior he señalado que los mínimos de las escalas penales son –en ocasiones- disponibles (vg. Art. 44 “in fine”). Pero además la irrazonabilidad que contingentemente se denuncia es palmaria. Recuerdo que – a propósito del robo de automotor con armas en la letra del régimen de propiedad de esos bienes, la Corte Nacional reconoció ese exceso del legislador. El límite de legalidad es para el máximo, los mínimos deben administrarse a la luz de la razonabilidad republicana.
Todas las circunstancias probadas, por otra parte admitidas por la defensa, se suman para perfilar la existencia, en el caso, de al menos cinco personas de entre las que también estaba el causante, que se reunieron previamente al hecho y que luego de esa reunión uno de los intervinientes le facilitó a B. su aparato celular, conforme los testimonios de instrucción incorporados obrantes a fs. 1.314, 1.324, 1.326, 1.334, 1.530 y desgrabación de fs. 164. También surge que mientras tres de los complotados que quedaron en el interior del rodado utilizado para la empresa delictiva se ocupaban de retener a la víctima, otros efectuaban, desde distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata, comunicaciones telefónicas negociando la cuantía de la suma exigida en carácter de pago y que además, al menos cuatro de las siete conversaciones verificadas las efectuó B. Y es para mi de meridiana claridad que esos llamados configuraron una conducta necesaria en la ejecución del plan delictivo, a la vez que participaban en el marco trazado por la resolución criminal común. La unidad de designio en la comisión del delito de al menos cinco personas, la planificación previa, la actividad desplegada en las comunicaciones telefónicas exigiendo el pago de las sumas dinerarias y el acuerdo final de recibir una suma mucho menor que la exigida inicialmente, me llevan a compartir lo decidido por los tres jueces votantes en el veredicto y sentencia de que se trata.
Abordando ahora de lleno el bagaje quejoso traído, entiendo que al condensar lo significativo de los atenuantes en la “historia de vida”, el Tribunal no ha hecho otra cosa que tener en cuenta todas las alternativas negativas que incidieron en el desarrollo de la personalidad del encartado, tanto económica como sociales y psicológicas, sin detenerse pormenorizadamente en cada una, esto es, englobándolas y uniéndolas a todas de consuno.
Y no se vea en esto una demasía, desde el momento en que todos los tribunales tienen en cuenta el “favorable” o el “desfavorable” concepto vecinal como elemento valente, y tal concepto no es otra cosa que una síntesis de apreciaciones acerca de las complejas cualidades que hacen a un buen vecino, continente en el que cuentan la laboriosidad demostrada, las buenas costumbres exhibidas y la solidaridad evidenciada.
En lo tocante al buen trato dado a la víctima y el escaso daño que el delito a la postre ocasionó, sólo entiendo que muy parcialmente el primero de tales elementos puede ser movido a favor del inculpado, desde que señalar que el daño fue escaso en razón de la relativa importancia de la cantidad abonada significa ignorar los profundos sufrimientos que a cualquier familia causa el sólo saber que el ser querido está en manos de terceros que, según la experiencia cotidiana, muchas veces acuden al desenlace fatal con el pérfido propósito de no tener testigos que puedan reconocerlos. A su vez, tampoco puedo acoger “el escaso tiempo de duración” del tracto delictivo, toda vez que ello no fue un bien querido o procurado por los captores, sino fruto de la modalidad del hecho y de la circunstancia de haberse llegado a un rápido acuerdo con el ascendiente victimizado por la extorsión.
También rechazo que la ejecución chapucera o descuidada de la empresa delictiva pueda asumir rango de circunstancia minorante, toda vez que si bien ello expone en mayor grado a ser descubierto, en el caso no influyó para nada en la consumación del hecho y, a todo evento, la eventualidad de que las identidades se develen también depende de un accionar policial y judicial que no toque los extremos de la inopia, y esto es un factor ajeno al hacer del inculpado.
En lo concerniente al empleo de arma cuya aptitud no ha podido establecerse como agravatoria, coincido con la defensa en el sentido de que su captación a nivel sentencial debe ser descartada; esto más allá de la admisibilidad o no de su tratamiento. En primer lugar, el delito, salvo hipótesis casi de laboratorio, necesita forzosamente de una dosis de intimidación para sustraer o retener al encartado contra su voluntad. En segundo lugar, si el revolver no estaba dotado de munición apta para el disparo, no creaba peligro alguno y reducía su papel a ser el artilugio por antonomasia para crear la natural intimidación antes señalada.
La ópera tosca –al decir de Zaffaroni- es la característa del usuario común del sistema penal. Ese dato está revelado en la configuración personal del imputado pero a la vez revela su escasa aptitud para delinquir y en términos legales, su escasa peligrosidad. Con esa aclaración, adhiero al Dr. Piombo.
Adhiero al voto del Dr. Piombo, a cuyos argumentos me remito “brevitatis causae”, excepto en cuanto oblitera como circunstancia agravante la utilización de arma de fuego. Ello así pues entiendo que este tipo de arma tiene un mayor poder vulnerante que otras –aun impropias- igualmente idóneas para configurar el delito en cuestión.
Con este acotado alcance, voto parcialmente por la afirmativa.
Atento a como han sido resueltas las cuestiones anteriores corresponde:1) declarar admisible el recurso de casación en favor de J. D. B. contra la sentencia dictada en causa 3492 del registro del Tribunal Criminal 3 del Departamento Judicial Mar del Plata; confirmando en consecuencia la resolución de fecha 31/05/07; 2) casar parcialmente la sentencia de grado en el rubro agravantes –por mayoría- y atenuantes, recalificando el hecho del 14/08/04 como robo simple en grado de tentativa y fijar la pena dada para el concurso real en diez (10) años y seis (6) meses de prisión, dejando intactas las demás declaraciones formuladas en el fallo; sin costas(arts. 210, 373, 448, 450, 451,454, 456 primera parte, 460; 530, 531 ss. y ccs. del C.P.P.; arts. 40, 41 y 164 del C.P.; arts. 168 y 171 de la Constitución Bonaerense; art. 18 de la C.N.); 3) tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa oficial (art. 14 ley 48).
Dejando a salvo mi opinión en la cuestión 2da. Y 3ra., adhiero al voto del Dr. Piombo, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma sexta cuestión planteada el señor
Dejando a salvo mi criterio contrario a fijar pena en esta Sede (conf. causa 5611 de esta Sala I), adhiero al voto del Dr. Piombo.
I.- Declarar admisible el recurso de casación en favor de J. D. B. contra la sentencia dictada en causa 3492 del registro del Tribunal Criminal 3 del Departamento Judicial Mar del Plata; confirmando en consecuencia la resolución de fecha 31/05/07.
II.- Casar parcialmente la sentencia de grado en el rubro agravantes –por mayoría- y atenuantes, recalificando el hecho del 14/08/04 como robo simple en grado de tentativa y fijar la pena dada para el concurso real en diez (10) años y seis (6) meses de prisión, dejando intactas las demás declaraciones formuladas en el fallo; sin costas
Arts. 210, 373, 448, 450, 451, 454, 456 primera parte, 460; 530, 531 ss. y ccs. del C.P.P.; Arts. 40, 41 y 164 del C.P.; 168 y 171 de la Constitución Bonaerense; Art. 18 de la C.N.
III.- Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa oficial.
IV.- Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto, junto con la causa principal Nº 3492, agregados e incidentes al Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Mar del Plata.

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
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