Source: http://bazica.org/original-espaol-v4.html?page=6
Timestamp: 2018-06-24 16:44:56+00:00

Document:
La situación de Perú en relación con el tratamiento de los afrodecendientes parece tener una característica que, si bien es compartida con los demás países objeto de esta investigación, se encuentra, en este caso, acentuada. Se trata de la invisibilidad del colectivo afrodescendiente. Esta condición de marginalidad, que atraviesa todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos, tiene, por cierto, manifestación en la cuestión judicial, tal como se verá en el apartado respectivo del presente Informe.
Al igual que en otros países estudiados, los Censos que se han realizado en el Perú desde 1940 no incluyen variables étnicas o raciales significativas, que permitan conocer el número exacto de afrodescendientes que habitan en el país. Ello no sólo ha contribuido a profundizar la situación de invisibilidad en que se encuentra esta minoría étnica sino, además, constituye acaso el principal obstáculo para la adopción de políticas públicas destinadas a combatir el racismo y discriminación en contra de los afroperuanos.
Junto con ello, prácticamente no existe literatura especializada sobre el movimiento negro y sus problemas, lo que, sumado a la falta de estadísticas y estudios oficiales sobre niveles de pobreza, lugares de asentamiento, procesos migratorios y, en general, su situación de exclusión social, hace que este colectivo, no obstante su importancia en número –se estima que los afroperuanos constituyen entre el 8 y el 15% de la población total, esto es, más de 2,5 millones de personas-, esté en una permanente invisibilidad. Sólo se documenta que
los afroperuanos residen en las áreas más pobres y deprimidas, y carecen de los servicios básicos de luz, agua y desagüe. Tampoco existen obras de infraestructura adecuadas, ni servicios públicos de salud, educación y de seguridad. Esto nos llevaría a pensar que existe una suerte de discriminación geo-étnica que afecta a los afroperuanos.84
Los negros que llegaron al país lo hicieron principalmente a través del Callao, para desempeñarse como esclavos (a falta de mano de obra indígena), aunque también, en el caso de los “negros ladinos”, para cooperar con la conquista española. Una vez asentados, se dedicaron a trabajar preferentemente en las plantaciones de algodón y azúcar. Su situación no era muy diferente a la de los esclavos que se encontraban en territorio colombiano, siendo ésta, según algunos, aun peor, ya que la abolición de la esclavitud se produjo años más tarde que en el país vecino –exactamente, en 1854, lo cual produjo una agudización en la precaria situación en que ellos se encontraban. De hecho, se sostiene que “los hacendados esclavistas de este país [Colombia], vendieron a hacendados del Perú un lote de esclavos de casi 200 personas entre hombres, mujeres y niños”,85 transacciones que contaron, incluso, con el permiso del Estado peruano, el que autorizó expresamente a una familia, la familia Elías, para la compra de negros esclavos.86
Los afrodescendientes llegados al Perú, como se dijo, se asentaron básicamente en la costa (92%), primordialmente en el litoral central (producto del desmantelamiento de las haciendas azucareras y algodoneras), aun cuando muchos de ellos fueron llevados hacia la sierra, con el propósito de que colaboraran con las insurrecciones que promovían los indígenas. Sin embargo, estas personas no pudieron habituarse al clima andino –muy frío en épocas de lluvia- asentándose en forma mayoritaria en las costas del país. En la actualidad, “[s]e han identificado hasta 26 comunidades con presencia importante de población afroperuana. Se estima, a su vez, que más del 55% de esta población vive en Lima y la costa central”.87
Diversas personas entrevistadas para este estudio advirtieron que la forma como los afrodescendientes fueron llevados al Perú está muy ligada a la situación de falta de cohesión que se observa actualmente en el movimiento negro. Según el autor antes citado –quien fuese uno de los referentes más importantes (si no el más importante) de la comunidad afroperuana-,
uno de los rasgos distintivos de la trata [de esclavos] en el Perú colonial es que ésta nunca estuvo –salvo el período de 1580 a 1640- bajo el control directo de los españoles, de suerte que la provisión de esclavos para las haciendas, ciudades, amos particulares y funcionales, siempre se llevó a cabo de manera indirecta a través de la compra a portugueses, ingleses, franceses y holandeses, determinando con esto una gran heterogeneidad étnica de las dotaciones de esclavos que se sumaba a la ya existente, bloqueándose con ello la formación de un grupo étnico africano más o menos homogéneo que pudiera reproducir en nuestro suelo sus tradiciones y cultura africanas o parte de ella (…).88
Junto con ello, se puede observar el intento, deliberado en algunos casos e inconsciente en otros, por parte de las personas de ascendencia africana de asimilarse a los patrones culturales de los blancos (o, en rigor, de los mestizos) para así acceder a la remota posibilidad de avanzar en la estratificada sociedad peruana.89 Esta condición de “blanqueamiento” es, para este grupo racial, la posibilidad de aspirar a una mejor calidad de vida, no sólo a nivel social, sino también respecto de su condición de justiciables, esto es, en aquellos casos en que intervienen (normalmente como imputados) en procesos judiciales.
Como se verá más adelante, el principal problema en relación con el sistema de administración de justicia y los afroperuanos no es tanto la falta de atención o el tratamiento indebido que los órganos del Estado dispensan hacia ellos, sino, antes bien, el casi nulo acceso que a dicho sistema tienen. Así, mientras en algunos países se está comenzando a trabajar en mecanismos y estrategias que lleven hasta los tribunales las demandas de la población afrodescendiente, en el Perú ni siquiera la comunidad negra tiene suficiente conciencia de sí misma ni cohesión que le permita constituirse como una verdadera minoría, con pretensiones y reclamos propios que hacer tanto al Estado como al resto de la sociedad peruana.90
Pero, antes que eso, a nivel de las relaciones sociales, se puede observar una fuerte presencia de racismo en el trato cotidiano que reciben estas personas. Escasas fueron las entrevistas en que no se hizo mención a algún dicho popular con referencia a los negros y su desmejorada situación. Desde luego, es un lugar común afirmar que ellos sólo son buenos como futbolistas, chóferes, guardaespaldas, botones de hoteles o, en el caso de “la mujer afroperuana, cosificada, recluida sólo en labores domésticas o de crianza de hijos, y vista con frecuencia como objeto sexual”.91 Estos estereotipos se manifiestan, por ejemplo, en refranes como “el negro sólo piensa hasta las 12”, “si el negro no lo hace de entrada, lo hace de salida”, “blanco que corre hace deporte, negro que corre es ladrón”, “negro vestido de traje, es extranjero”, entre muchos otros.
A pesar de la inexistencia de indicadores sobre niveles de marginalidad y exclusión social, se estima que en la región del Callao, la población afroperuana asciende, en la actualidad, a un 60 a 70%, con un alto índice de criminalización. Se señala que recién a partir de 2000-2001 el sector conocido como “zonas rojas” (Chacarita, Barrancón) cuenta con servicios básicos como luz eléctrica o servicios sanitarios, cuestión que pone en evidencia la desaventajada condición de estas personas.
Con respecto a los instrumentos internacionales, además de los tratados interamericanos comunes de los que Perú es parte, el Estado ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en 1971.
Al igual que las demás Constituciones latinoamericanas, la del Perú contiene una cláusula de igualdad general, contenida en su artículo 2.2, el que prescribe que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Este derecho se refuerza, más adelante, con el derecho “a [la] identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (art. 2.19). Ambos derechos están garantizados por medio de la acción de amparo, contemplada en el artículo 200.2, la cual puede deducirse “contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza” tales derechos.
No existe, sin embargo, alguna norma constitucional similar al reconocimiento que el Estado hace de las comunidades nativas (Capítulo VI), donde se les otorga existencia legal y personalidad jurídica, para la administración autónoma de sus tierras, de su trabajo comunal y su organización (art. 89). Junto con ello, se prescribe que “‘[l]as autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona” (art. 149). En las más de doscientas disposiciones que componen la Constitución peruana no hay, en cambio, referencia alguna a los afroperuanos.
A nivel legal, no se encuentra ningún tipo de legislación sectorial para la comunidad afrodescendiente. Sí hay, en cambio, algunas normas destinadas a regular aspectos de las comunidades nativas (Decreto Ley No. 22175/78, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva) que las definen y disponen algunos beneficios específicos.92
Asimismo, sin que haya mención expresa para los afroperuanos, se puede mencionar la legislación común en materia de infancia y adolescencia, la cual dispone que “este Código debe aplicarse a todo niño y adolescente que viva en Perú sin distinción de raza (...) o cualquiera otra característica suya o de sus padres (...)” (art. IV).93 O, en el caso de la legislación laboral, en 1997, a propuesta del Movimiento Negro Francisco Congo –según señala un autor-,94 se sancionó la ley antidiscriminatoria Nº 26.772 que dispuso, en su artículo 1º, que “[l]as ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyen discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato”, entendiendo por discriminación la “anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato, los requerimientos de personal o acceso a medios de formación técnica o profesional que no se encuentren previstos en la ley que impliquen un trato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y razonable, basado en motivos de raza, color sexo, religión opinión, ascendencia nacional u origen social, condición económica, política, estado civil, edad o de cualquier otra índole” (art. 2º). Por último, se establece en este cuerpo normativo que “[t]odo despido será nulo o invalidado si se funda en discriminación por razones de (...) raza (...)”.
Por su parte, en cuanto a la legislación penal, la Ley Nº 27.270, de mayo de 2000, introdujo el delito de discriminación. De conformidad con el artículo 1º de esta Ley se dispone, en el artículo 323 del Código Penal, que “el que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas”. De acuerdo con ella, “se entiende por discriminación, la anulación o alteración de oportunidades o de trato, en los requerimientos personales, a los requisitos para ingresar a centros de educación, formación técnica y profesional, que impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o cualquier otra índole” (art. 2).
Ahora bien, en relación con las instituciones que el Estado peruano ha establecido en beneficio de las poblaciones originarias y minorías étnicas, resulta paradigmático el caso de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), en tanto, como su nombre lo indica, no incluye expresamente a los afroperuanos. Con todo, aun cuando lo anterior puede observarse como otro antecedente de la situación de invisibilidad de los afrodescendientes, la CONAPA sí tiene a su cargo la elaboración y ejecución de programas y proyectos a favor de los afroperuanos.95
La CONAPA fue creada en octubre de 2001 –mediante Decreto Supremo 111/2001- y, de acuerdo con la información disponible en su sitio web, sus objetivos son “promover y garantizar el reconocimiento y aplicación, por la sociedad peruana, de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas; asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas vulnerables, especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario y en extrema pobreza; fortalecer institucionalmente a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a la Secretaría Técnica; representar al Estado como la entidad transversal que promueva las demandas de los pueblos indígenas con los organismos públicos y la sociedad civil y promover el desarrollo autodeterminado, sostenible y con identidad propia de los pueblos indígenas”.96
Como puede apreciarse, a pesar de que esta Comisión está destinada no sólo a promover políticas públicas en beneficio de los pueblos indígenas, sino también de los afrodescendientes, es necesario hacer extensivos los objetivos declarados a este último grupo, ya que no se encuentra formalmente contemplado. La diferencia que aquí se remarca también está evidenciada en que sólo uno de los nueve representantes de los pueblos es afroperuano.97 Además, en relación con el funcionamiento práctico de este órgano estatal, las personas que fueron entrevistadas con motivo de la preparación de este reporte –tanto funcionarios estatales como de organizaciones sociales- coincidieron en señalar la escasa ayuda que ha representado el trabajo que hasta ahora ha realizado para los afroperuanos (básicamente, talleres y foros de difusión sobre el trabajo que ella tiene encomendado).
Finalmente, cabe anotar la propuesta que la comunidad afroperuana ha presentado, en conjunto con los pueblos indígenas, en abril de 2003, para que sus derechos sean incluidos de manera expresa y específica en la Constitución Política. Tal como ha sido resaltado por los propios dirigentes de organizaciones afrodescendientes, el acuerdo alcanzado para levantar una propuesta en común ha sido visto como una positiva señal de alianza estratégica entre el movimiento negro y las organizaciones andinas y amazónicas.98
De acuerdo con lo señalado por personas entrevistadas, incluso por funcionarios del sistema judicial, es la “sicología del peruano” la que determina que las situaciones de racismo y discriminación no lleguen a tribunales. En un modo algo más complejo, podría decirse que la falta de confianza transversal que la sociedad tiene en las instituciones se ve acentuada con relación a los afroperuanos. Como se explicó más atrás, la situación de invisibilidad de la “cuestión afro” en Perú es determinante de la falta de acceso a la justicia y, en el caso de aquellos que se encuentran sometidos a él –los “justiciables”-, de situaciones de discriminación normalmente no denunciadas.
En relación con la situación carcelaria en el Perú, llama la atención la falta de estadísticas desagregadas sobre las personas reclusas. Como complemento de la ausencia de datos generales sobre minorías raciales o pueblos originarios, en la visita realizada al país se pudo confirmar que no había ningún tipo de registro disponible sobre la población carcelaria de raza negra. En razón de ello, toda la información recabada reposa, principalmente, en la experiencia de actores individuales que están de alguna manera vinculados al tema penitenciario, además de información no sistematizada.
Aun cuando el Estado peruano se ha dotado de una normativa carcelaria más sólida que otros países de América Latina, principalmente producto de la reforma judicial impulsada en los años noventa,99 en la práctica la situación no difiere mucho de lo que ocurre en el resto del continente. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -colectivo de organismos no gubernamentales para la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en todo el país-, el hacinamiento carcelario es crítico en Perú: los establecimientos penitenciarios tienen, de acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario –a la que no se tuvo acceso directamente-, una capacidad para 18 mil personas, en circunstancias que, al año 2000, las cárceles albergaban a más de 27 mil internos (la mayoría de ellos recluidos en Lima).100
El caso más emblemático de la sobrepoblación carcelaria, y que sí tiene importancia para los efectos de este Informe, es el del establecimiento San Pedro, ex Lurigancho, el que fue construido para recibir a poco más de 1800 personas pero que tiene más de 6700, esto es, una sobrepoblación de un 240%. Decimos que este caso es especialmente relevante en relación con la situación de los afroperuanos en tanto en dicho penal se concentra una importante cantidad de personas negras.
Según Oswaldo Bilbao, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), en Lurigancho, como se sigue denominando comúnmente al lugar, la población afrodescendiente está por lejos en las peores condiciones entre los propios reclusos (se ubican en la zona más desatendida de la cárcel, conocida como “la Pampa”). A la falta de información que permita conocer formalmente el número de negros internos se agrega, según él, la circunstancia que en este lugar no son pocos los casos de personas que llevan años presas –algunos más de quince- sin que se les haya dictado sentencia.
Por su parte, Jorge Ramírez, Director General de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), señala que los afroperuanos son fácilmente denunciados en razón de los estereotipos presentes en la sociedad peruana –los que incluso han sido asimilados por los propios negros, desempeñándose, por ejemplo, como guardias de seguridad de locales de atención al público.101 Las personas de ascendencia africana, además, se encuentran en una situación de “desamparo legal”, en tanto la defensa que reciben, cuando logran acceder a algún tipo de defensa letrada, recae normalmente en manos de personas que replican los prejuicios raciales instalados en un sistema que no muestra sensibilidad hacia la cuestión racial.102
Los estereotipos de que se ha venido hablando en las páginas anteriores –que el negro es ladrón, flojo y que sólo sirve para labores de servicio doméstico o la realización de actividades físicas, entre muchos otros- se trasunta, desde luego, al sistema de administración de justicia. Ya se ha relatado la situación al interior de las cárceles, en que, a pesar de la falta de información estadística, se sabe que en algunos penales –como el de San Pedro (Lurigancho)- la presencia de afroperuanos es tan importante que, tal como señaló un funcionario de la Academia de la Magistratura entrevistado para este Informe, “cuando ingresa un blanco a la cárcel hay un problema”.
Como se verá a continuación, a pesar de las numerosas situaciones que bajo los estándares nacionales e internacionales constituirían racismo, sólo se conoce un caso en que se haya presentado formalmente a los tribunales de justicia peruanos una denuncia por discriminación racial –con un negativo resultado-, cuestión que obliga a preguntarse por las razones de la ausencia de (solicitud de) protección judicial ante tales hechos.
Según explica Wilfredo Ardito, investigador del IDL, los peruanos, en general, no tienen una cultura de reclamo ante los abusos y violaciones a sus derechos fundamentales, debido principalmente a que no se ven qué beneficios pudiera ello reportar a la persona que hace la denuncia; al alto costo de litigar (debido al cobro de tasas judiciales que, según muchos, son inconstitucionales en tanto vuelven irrisorio el derecho a la tutela judicial efectiva), y, finalmente, a la falta de confianza generalizada en las instituciones estatales. Estas características se acentúan en el caso de los afroperuanos, quienes ni siquiera pueden tener una percepción del sistema de administración de justicia, ya que, cuando más, participan de él como imputados de delitos comunes, normalmente relacionados con la pobreza en que viven (robos, tráfico de drogas, etc.), realidad que se sintetiza en la cruda expresión “no se requiere más prueba para condenar a una persona que el que sea negra”.
En cuanto a la composición racial del sistema judicial, al igual que los demás países estudiados en este Informe, en Perú no existen datos que den cuenta del grado de diversidad racial en su interior. Con todo, de acuerdo con la información recabada es claro que la presencia de afrodescendientes es muy minoritaria, vinculada casi únicamente a trabajos de menor significación, como labores de administración y auxilio en la gestión de los tribunales, Cortes y demás dependencias del sistema de administración de justicia –fiscalías, defensorías públicas, policías y otras.103
Es sintomático que en jornadas especiales de capacitación a la policía, investigadores de la organización no gubernamental IDL señalaran que los funcionarios no tenían inconveniente en reconocer sus estereotipos hacia los negros. Para ellos, el negro derechamente se identifica como delincuente, de modo que, ya en el inicio de la persecución penal por parte del Estado, se asumen criterios racistas que difícilmente van a desaparecer posteriormente, al momento de la sustanciación del proceso.104
Por su parte, en la Defensoría del Pueblo se asegura que los afroperuanos son “la clientela del sistema de persecución criminal”, debido, como se dijo, a que el problema racial está asociado directamente a cuestiones económicas y de exclusión.
Ahora bien, en relación con los funcionarios que se desempeñan en esta repartición estatal, se informó que, de un total aproximado de 500 personas que trabajan a nivel nacional en la Defensoría, sólo cuatro pertenecen a la raza negra. También se dijo que no se conocen a fiscales afrodescendientes –opinión coincidente con la de personeros de otros organismos estatales entrevistados- y, respecto de los jueces, “habría que buscarlos con lupa”.105
Similar impresión pudo recogerse en el Poder Judicial. El Vocal Superior de la Corte Superior de Lima, Carlos Arias, señaló no conocer a ningún juez de primera instancia afrodescendiente; sí a una Vocal Superior “morena mestiza”, todo lo cual, asegura, es reflejo de la composición racial al interior de las propias Facultades de Derecho del país. Según relató, de los 230 estudiantes que se graduaron con él el año 1990, sólo uno era afrodescendiente. Teniendo presente lo anterior, no parece sino una consecuencia lógica la ausencia casi completa de jueces, fiscales y defensores afrodescendientes.
Como resulta evidente, la falta de personas afroperuanas desempeñándose profesionalmente en diversas labores de significación institucional no es exclusiva de la estructura judicial. La marginación en que viven, y que determina su ausencia a la preparación escolar –básica, media y superior- es transversal a todos los ámbitos del quehacer público. Ello ha provocado, según muchos, un verdadero círculo vicioso, que hace que el problema afro en el Perú no esté en la agenda ni del Estado y que solo esté muy escasamente en la agenda de la comunidad. En efecto, como advirtiera José “Pepe” Luciano,
[o]tra faceta alarmante de la situación [de marginalidad] de los afroperuanos es la exclusión de los espacios públicos. Dicha exclusión no se limita solo al hecho de que los afroperuanos no ocupan cargos públicos de importancia, sino también a la desatención de sus problemas por parte del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.106
Así es como, tal cual se ha venido explicando, se constituye la permanente invisibilidad de los afroperuanos y sus problemas, condenados a (lo que todos llaman como) un “racismo solapado”, tanto por parte de la sociedad como del propio Estado, el que no ha tenido, según explican, la capacidad para articular de manera cohesionada las demandas de este sector de la población.107
Tal como se ha anticipado, Perú destaca por la ausencia de situaciones de racismo y discriminación que hayan sido llevadas hasta los tribunales de justicia, lo cual no quiere implicar que no se produzcan a diario hechos que, bajo la normativa internacional y local, constituyen vulneraciones al principio de igualdad racial. Como señalara un entrevistado para este reporte, si alguna tendencia hay en el tratamiento que reciben los negros por parte del sistema de administración de justicia, definitivamente ésta no se encuentra en sentencias judiciales sino en la forma como son considerados cotidianamente los afroperuanos cuando acuden a los tribunales del país (lo que, se ha insistido, es fiel reflejo de la convivenvia social) .
Se pudo constatar que no hay en las organizaciones de personas afroperuanas una cierta cultura judicial, que las haga considerar la vía jurídica para lidiar con las situaciones de discriminación racial, sea como alternativa a las medidas que normalmente se adoptan, sea como estrategia para posicionar los temas en la agenda pública.108 Lo cierto es que, hasta ahora, se ha privilegiado una herramienta de difusión e impacto mediático, con el propósito de sensibilizar a la población de las recurrentes conductas discriminatorias y racistas que existen en la sociedad peruana. Hacia el final de este apartado se repasa un par de casos que demuestra lo anterior.
Así, en materia de casos sobre racismo en contra de afroperuanos conocidos por el sistema judicial, sólo se sabe de la situación denunciada en 2003 por un oficial afrodescendiente de la Policía Nacional, quien ha demandado al Estado peruano ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la denegación de justicia que recibió ante su acusación de discriminación al interior de las Fuerzas Armadas.109
En diciembre de 2001, el Comandante de la Policía Nacional del Perú, Elías Guillermo Urriola Gonzales, fue notificado de su pase a situación de retiro, esto es, fue dado de baja de la institución policial. De acuerdo con la denuncia prsentada ante el organismo internacional –la cual, junto con los documentos acompañados a ella, fueron tenidos a la vista para la preparación de este Informe-, el pase a retiro “no cumplió con los requisitos de ley (…) transgrediendo todos [sus] derechos constitucionales reconocidos por las Convenciones Internacionales y suscritos por el Estado Peruano”.110
Según informa el denunciante, patrocinado a nivel interno e internacional por la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la discriminación en contra de él comenzó a principios de los años noventa, cuando éste interpuso un reclamo en contra de su superior jerárquico por la calificación que había hecho de su trabajo. La denuncia indica que, producto de dicho reclamo,
el aludido Jefe Policial inició una persecución y venganza mediante un tratamiento inhumano, vejatorio y discriminatorio, lo que obligó al recurrente a solicitar audiencia (…) a fin de exponer el trato cruel por motivo de raza y estigma racial y que dañaba la personalidad humana del suscrito, la misma que le fue concedida, pero sin embargo no se atendió dicho requerimiento y oportunamente se arreciaron las ofensas, insultos e intentos de agresión física.111
Así, el oficial Urriola fue objeto de diversas sanciones –normalmente, “arresto de rigor”- sin que fuera notificado de estas medidas o, en otras ocasiones, iniciándose la investigación una vez decretada la sanción. Se relata tembién que Urriola fue sancionado con medidas disciplinarias no contempladas en la ley y que, a fin de generar situaciones irregulares, reintegros de gasolina que le correspondían fueron apropiados por terceros. Señala que, en diversas oportunidades, el denunciante solicitó audiencia con sus superiores jerárquicos pero que sus peticiones y requerimientos simplemente no eran atendidos o bien se desestimaban, de tal suerte que durante su carrera, el Comandante Urriola fue acumulando una serie de antecedentes que, en su conjunto y formalmente, podían dar lugar a la situación de retiro. Con todo, tal como lo reconoció la Defensoría del Pueblo, a pesar del cúmulo de medidas disciplinarias (supuestamente) aplicadas en contra de Urriola, “la resolución administrativa con la que fue dado de baja, no está suficientemente fundamentada, lo que estaría vulnerando su derecho al debido proceso administrativo”.112
El Comandante Urriola intentó revertir esta decisión en diversas instancias, obteniendo en todas ellas negativas a sus pretensiones. En primer lugar, ante el Ministerio del Interior, se presentó un recurso de reconsideración el cual fue declarado improcedente (en mayo de 2002). Ante dicha resolución, Urriola dedujo recurso de apelación, el que, a pesar “de múltiples pedidos y cartas notariales fue resuelto declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto (…) teniendo como fundamento que con la resolución que declara improcedente la reconsideración ya estaba agotada la vía administrativa, sin valorar los fundamentos de la apelación y acompañados que se adjuntó”.113
Agotada la vía administrativa, el Comandante Urriola acudió a la jurisdiccón ordinaria, presentando una acción de garantía ante el 44º Juzgado Civil de Lima, en contra del Ministerio del Interior, “a fin de que [se] declare la inaplicabilidad de la resolución suprema (…) que dispone el pase a retiro por causal de renovación”. El Ministerio demandado opuso excepción de caducidad en razón de la fecha de emisión de la resolución comentada, excepción que el tribunal acogió, declarando improcedente la demanda interpuesta. Se deduce recurso de apelación por esta resolución judicial, el cual es declarado “improcedente por extemporáneo”, quedándose Urriola sin posibilidad de seguir reclamando en la vía judicial ordinaria.
Ante ello, en noviembre de 2002, ASONEDH remite una carta a la Primera Dama de la República y en ese entonces Presidenta de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), Eliana Karp de Toledo, solicitándole su intervención “con el propósito que se logre la reincorporación a la Institución al servicio activo, acompañando al pedido todos los instrumentos que acreditan los dichos”. La esposa del Presidente de la República, en tanto máximo dirigente del organismo estatal a cargo de las políticas a favor de grupos raciales y étnicos, accedió a facilitar el entendimiento entre las partes, derivando el asunto a la Defensoría del Pueblo, a fines de noviembre de 2002.
Según da cuenta la narración de los hechos en la denuncia, recién a fines del mes de abril de 2003, la Defensoría envía un documento al Comandante Urriola –citado más atrás-, en el cual se expresa, habiéndose revisado la documentación presentada, “no se puede advertir elemento objetivo alguno que acredite los actos de discriminación en su contra”, agregándose que, con todo, “la resolución administrativa con la que fue dado de baja no está suficientemente fundamentada, lo que estaría vulnerando su derecho al debido proceso administrativo”.114 Posteriormente, la misma Defensoría remite una carta a la víctima a fin de que se apersone a las oficinas de aquélla, “invitación a la cual asistió sin llegar a una conclusión al respecto”. Asi, en mayo de 2003, el denunciante presenta a la Defensoría un recurso solicitando la reconsideración “en un extremo de su pronunciamiento en la parte que señala que no se puede advertir elemento objetivo alguno que acredite la discriminación, pedido que nunca fue absuelto ni resuelto” pese a las reiteradas solicitudes hechas por el recurrente para que el órgano estatal se pronunciara. Frente a la falta de respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, Urriola interpone un “amparo a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo uso del silencio administrativo (…) sin tener respuesta, dándose por agotada la parte administrativa”.
En razón de la imposibilidad de encontrar algún remedio a nivel nacional, el Comandante Urriola, representado por ASONEDH, acudió ante las Naciones Unidas en septiembre de 2003, reclamando la violación por parte del Estado peruano de diversas normas jurídicas, locales e internacionales, y pidiendo, como se dijo, su reintegro a la institución policial, con el debido reconocimiento de su antigüedad y, consecuentemente, de su derecho a ascender.115
El caso recién expuesto parece interesante, en primer lugar, desde que es una institución del Estado la que actúa como ente discriminador y, en seguida, porque se pone en evidencia que, al momento de reclamarse la intervención del Poder Judicial y de órganos que, sin formar parte de él, tienen como misión la tutela de los derechos fundamentales de las personas, el Estado peruano parece no dar respuesta satisfactoria. Junto con lo anterior, como se explicó más atrás, este es el primer caso sobre racismo en contra de un afrodescendiente que es tramitado ante instancias judiciales, lo cual podría servir de impulso para que otras situaciones puedan llegar también hasta el Poder Judicial.
Tal como se anticipara, en Perú los comentarios y actitudes racistas en contra de los negros son una constante. El trato que reciben en las calles y lugares de libre acceso al público es conocidamente racista y los afroperuanos parecieran estar resignados a ello, prefiriendo lo que algunos llaman “proceso de blanqueamiento” a fin de evitar estas conductas, antes que reivindicar sus derechos.
Muchas personas entrevistadas para este Informe señalaban, como caso paradigmático de discriminación racial, el de discotecas y clubes que seleccionaban a sus clientes, en base a parámetros que sólo ellos determinaban y donde, los afrodescendientes eran constantemente excluidos. Sin embargo, es preciso señalar que estos casos, que dieron origen a la dictación de la Ley Nº 27.049 –que precisa el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados en el consumo- no eran situaciones de discriminación cometidos únicamente en contra de afroperuanos, sino, en rigor, en perjuicio de todas aquellas personas que no fueran blancas.
Esta ley fue producto de las presiones que se ejercieron ante la difusión en los medios de comunicación social de la forma como los locales nocturnos hacían una selección de sus clientes todas las noches. La misma adicionó el artículo 7-B al Decreto Legislativo N° 716, previendo que “[l]os proveedores no podrán hacer establecer discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios que los primeros ofrecen en locales abiertos al público. Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y justificadas”. Sin embargo, la exclusión de personas incluso dispuestas a pagar para entrar a un local de entretenimiento nocturno sigue produciéndose a diario en el Perú.116
Además de éste, también fue reiterada la mención al conocido caso del “monstruo de Armendáriz”, ocurrido en la década de los cincuenta. Se trata del caso de un afropueruano acusado de cometer la violación y homicidio de 9 niños, por lo cual fue encerrado en la prisión de El Frontón, cerca de San Lorenzo (Callao), y prontamente ejecutado. Se dice que la muerte de esta persona, respecto de quien no habrían existido pruebas suficientes para su condena, fue motivada por la enorme presión social de encontrar un culpable ante tan horrendos crímenes. Parafraseando a un funcionario de la Defensoría del Pueblo entrevistado para este Informe, desde que “los negros son la clientela del sistema judicial”, lo más conveniente era detener a cualquier indigente afroperuano y hacerlo pasar por asesino.
Analizada la situación general de los afrodescendientes en el Perú y, en particular, el tratamiento que la justicia les dispensa, el cual se ubica, antes bien, en la falta de acceso a ella, es posible considerar que las cuestiones y problemas propios de este grupo racial no ha demandado, ni de parte del Estado, ni de la sociedad civil, la debida atención.
Relegados a cumplir funciones de dependencia y subordinación, los afroperuanos no han logrado aún organizarse de manera que sus demandas colectivas puedan hacerse sentir con fuerza en las instancias gubernamentales. El racismo y la discriminación en razón de la raza son una constante en la sociedad peruana la cual, puede decirse, no parece inquietarse ante populares chistes y refranes que dan cuenta de la condición peyorativa con la que se asocia al negro peruano.
En cuanto al sistema judicial, ya se ha dicho que acaso el principal problema que enfrentan los afrodescendientes en Perú es la falta de posibilidades reales de acceder a la justicia, su estigmatización de delincuentes comunes y la poca receptividad que el sistema de administración de justicia tiene hacia ellos. Esto queda evidenciado no sólo en la forma como son tratados cuando acuden a los tribunales sino,117 además, en que al interior del sistema judicial prácticamente no existen funcionarios desempeñando labores profesionales.
El grado de invisibilidad alcanza, como se ha dicho reiteradamente, a la propia sociedad civil, la que, hasta ahora, ha debido centrar sus esfuerzos en lograr que el racismo no pase inadvertido, aunque sólo a nivel mediático. No existen estudios especializados que den cuenta de manera sistemática de la discriminación racial que ellos sufren, lo cual, sumando a la ausencia de estadísticas oficiales, dificulta aún más el trabajo que en su beneficio pueda hacerse.
Recién en 2003 se ha presentado el primer caso ante los tribunales de justicia peruanos por actos de discriminación racial, el que, al no obtenerse respuesta favorable, ha debido derivarse hasta el sistema universal de protección de los derechos humanos. Eventualmente este caso servirá como impulso para que las organizaciones de base comiencen a ver en la herramienta judicial una nueva estrategia para su lucha de dotar de visibilidad y vigencia a este colectivo históricamente marginado.

References: artículo 2
 artículo 200
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 323
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7