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Timestamp: 2020-08-12 16:45:14+00:00

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Fallos34386 apelacion violacion del derecho de defensa en juicio tiempo prudencial camara de acusacion de cba.pdf | Evidencia (ley) | Fiscal
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FORO - CASOS PRACTICOS - PROCESAL PENAL
Sentencia C102-2005
3parcial Penal...Parte Procesal
23-2003. Inconstitucionalidad. Sistema de valoración de la prueba y rebeldía del demandado.pdf
Filiacion-extramatrimonial - Fallo Completo (1)
RECURSO DE APELACIÓN - REQUERIMIENTO DE CITACIÓN A JUICIO - EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO DE DEFENSA - PLAZO PRUDENCIAL - NULIDAD. PRINCIPIO DE INTERÉS.
1.En el sub judice, debe ser anulada la requisitoria fiscal de elevación a juicio, en tanto de las constan- cias de autos surge que el imputado no ha tenido una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa material, dado que no se le ha otorgado el tiempo mínimo necesario para llevar adelante ningu- na estrategia defensiva. 2.El legislador ha considerado que el fiscal, para revisar una causa no investi- gada por él y dictaminar en ella, necesita de hasta seis días corridos (CPP, art. 347). Pues bien, es razo- nable pensar que un defensor necesita aproximadamente de ese tiempo –en tanto no se trate de causas complejas, en las que el plazo ha de ser mayor– para poder interiorizarse de la causa y elaborar una estrategia que importe un ejercicio efectivo de la defensa. El órgano persecutor debe, en consecuencia, abstenerse de requerir la citación a juicio durante ese lapso razonable.3.De este modo, el art. 354 del CPP debe ser entendido de la siguiente manera: el fiscal de instrucción sólo puede requerir la citación a juicio si la declaración del imputado obrante en la causa puede ser tenida, en el caso concreto, como un ejercicio efectivo del derecho de defensa. Si, por el contrario, la declaración del imputado no puede reflejar más que un ejercicio meramente formal del derecho en cuestión (que es lo que por regla ocurre en los supuestos de abstención y/o negación del hecho sin ulterior declaración), y no obstante ello el ministerio público requiere la elevación a juicio, esa requisitoria presentará un vicio que, de presentarse además determinadas circunstancias, conlleva su nulidad absoluta, pues hace a la intervención del im- putado en el proceso y afecta directamente a la garantía constitucional de defensa en juicio, generando en consecuencia una nulidad declarable, aun de oficio, en cualquier momento del proceso (CPP, arts. 185 inc. 3º, 186 segundo párrafo y cctes.).4.Es sabido que lo dirimente para decidir si corresponde o no declarar una nulidad es el denominado principio de interés, conforme al cual toda nulidad (incluso la de carácter absoluto) sólo debe ser dictada en la medida en que el vicio del acto genere un perjuicio cierto al que la reclama. Pues bien, este principio impacta también en la resolución de casos como el presente, en el sentido de que incluso cuando se trata de la omisión de formas esenciales en el cumpli- miento de determinados actos procesales, lo determinante no es esa omisión en sí, sino el efecto perni- cioso real y efectivo que ella produce o puede producir en la posición procesal del potencial afectado (Voto en mayoría de los DresBarberá y Gilardoni). 5.si el apelante no ofrece nuevos argumentos probatorios, sólo en casos excepcionales resultará factible disentir desde esta alzada con lo ya resuelto al respecto por tribunales que, como sucede con los juzgados de control, han tenido oportunidad de revisar minuciosamente toda la prueba colectada en autos. De allí que, salvo supuestos de manifiesto error en la valoración de la prueba por parte del inferior –lo cual no sucede en el caso sub examine–, la ausencia de argumentos sustancialmente nuevos en el recurso de apelación conducirá, por regla, a su rechazo en esta sede, como de hecho corresponde que suceda en este caso ( Voto en minoría del Dr. Salazar)
AUTO NÚMERO: CIENTO TREINTA Y SIETE.
Córdoba, veinte de abril de dos mil doce.
VISTOS: Estos autos caratulados “Alfaro Farías, Sergio p.s.a. robo”, expediente A/03/2012,
elevados por el Juzgado de Control Nº 2, con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs.
45/45 vta. de autos por el Dr. Bernardo Javier Cima, en su carácter de defensor del incoado Sergio Alfaro Farías, en contra del Auto Interlocutorio N° 1, de fecha 06/02/12, obrante a fs.
No hacer lugar a la oposición al requerimiento de
elevación a juicio DE LOS QUE RESULTA: Que los señores vocales de esta Cámara de Acusación, reunidos
con el objeto de dictar resolución en estos autos, disponen que emitirán sus votos en el si- guiente orden: 1º) Gabriel Pérez Barberá; 2º) Carlos Alberto Salazar; 3º) Francisco Horacio Gilardoni.
Y CONSIDERANDO: A) Que, conforme al orden que antecede, el vocal Gabriel Pérez Bar-
berá dijo: I) A fs. 45/45 vta. de autos comparece el Dr. Bernardo J avier Cima, en su carácter de defensor del incoado Sergio Alfaro Farías, por ante el a-quo e interpone recurso de apela- ción en contra del auto arriba mencionado, manifestando que se agravia en razón de conside- rar que, a su juicio, no se encuentran acreditados en autos los aspectos objetivo y subjetivo del tipo delictivo, impugnando el hecho relatado en la pieza acusatoria. Asimismo se agravia el apelante en lo que atañe al rechazo, tanto de la solicitud de ampliación de la declaración indagatoria de su pupilo procesal, como de la prueba ofrecida, considerando el quejoso que las probanzas colectadas resultan, en su opinión, insuf icientes a los efectos de fundar la elevación dispuesta. II) Concedido el recurso (fs. 46) y elevados los autos a este tribunal (fs. 48), el apelan- te, durante el término del emplazamiento establecido en el art. 462 del CPP, presenta informe sobre el fundamento de sus pretensiones, dando así cumplimiento a lo normado por el art. 465 del código de rito, pasando los autos a estudio del tribunal. En dicho escrito la defensa manifiesta que, a su juicio, la relación del hecho intimado ha soslayado las circunstancias de modo, solicitando el apelante respecto de esta cuestión no sólo el testimonio de Agustina Astudillo, que era quien acompañaba al incoado en ese mo- mento, sino también la ampliación de la declaración indagatoria prestada por su pupilo proce- sal.
41/43 vta. de autos, en cuanto dispone: “
Plantea el letrado la nulidad de la requisitoria de elevación de la causa a juicio en razón
de considerar que, en su opinión, se ha visto afectado el derecho de defensa de su asistido, impidiéndosele producir prueba alguna y prestar declaración sobre el hecho cuya comisión se
le atribuye (conf. su escrito obrante a fs. 53/58 vta. de autos).
III) El juez de control en el decisorio apelado (obrante a fs. 41/43 vta. de autos) y en lo que a los agravios se refiere, manifiesta que, a su juicio, el planteo opositor no es de recibo
por estimar que la prueba colectada en autos resulta suficiente como para sostener, con el grado de probabilidad requerido por esta etapa del proceso, tanto la existencia histórica del hecho, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar contenidos en la plataforma fáctica, co- mo la autoría del inculpado y su punibilidad. El magistrado no advierte contradicción en los dichos de los testigos Galván y Goe- sende, destacando que las mujeres reconocieron al encartado como al autor del hecho cuan- do él se encontraba en el suelo, y a la cartera y al celular como a los objetos arrebatados, lo que es coincidente con lo manifestado por el policía que intervino en el procedimiento. En lo que atañe a la vestimenta del encartado, manifieta el juez que, si bien los testigos refieren que vestía “un buzo”, “una campera” o “una remera”, todos coinciden en su afirmación de que la prenda que cubría su torso era “azul con rayas”, lo que concuerda plenamente con el acta de secuestro de fs. 6. En razón de ello, considera el magistrado que la nueva declaración indagatoria y la de- claración de la novia del encartado pueden ser ofrecidas en la etapa procesal venidera, ya que la presente es meramente preparatoria del juicio, considerando el juez que la instrucción se encuentra completa, encontrándose acreditados ambos extremos de la imputación jurídico- procesal, con el grado de probabilidad requerido por esta estapa del proc eso, y correspon- diendo, en consecuencia, la elevación a juicio de la presente causa. IV) Ingresando al tratamiento de la apelación interpuesta, un análisis minucioso de la causa me convence de que debe ser anulada la requisitoria fiscal de elevación a juicio, en orden a permitirle al imputado el ejercicio efectivo de su defensa material. En efecto, de una atenta lectura de las constancias de autos surge de manera evidente que el imputado no ha tenido una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa ma- terial, dado que no se le ha otorgado el tiempo mínimo necesario para llevar adelante ninguna estrategia defensiva. Tal circunstancia surge de un simple repaso de las fechas de los actos procesales cumplidos en autos durante la investigación preliminar, a saber: a) el imputado Alfaro Farías presta su declaración indagatoria con fecha viernes 25/11/11 (conf. fs. 29/29 vta.), oportunidad ésta en la que se limita a negar el hecho y abstenerse de declarar; b) el mismo día, el abogado defensor solicita copias simples de todas las actuaciones, a lo que se le hace lugar (conf. fs. 30/30 vta.); y c) inmediatamente después de la solicitud de copias, obra en autos la requisitoria fiscal de elevación a juicio, fechada el día martes 29/11/11 (conf. fs. 31/33), esto es, el día hábil inmediato posterior al de la declaración indagatoria referida. Se
trata, como se ve, de un accionar de por sí sumamente llamativo, cuya legitimidad debe ser puesta en examen en esta sede. Es verdad que, tomada declaración al imputado, el fiscal puede requerir la elevación de la causa a juicio, en tanto se den los demás requisitos que exige la ley (CPP, art. 354). Sin embargo, es claro que esta facultad del ministerio público, como todas las demás que hacen a su accionar como órgano persecutor penal, debe ser ejercida sin vulnerar el derecho a la de- fensa del imputado, que opera, en tanto garantía constitucional, como límite de toda actividad estatal en el proceso penal. En este sentido, es sabido que la CSJN tiene dicho en numerosos precedentes que la mencionada garantía obliga a que la defensa técnica del imputado pueda ser ejercida de manera efectiva y no sólo de modo meramente formal (cf. Fallos, 308:1386, 311:2502, 319:1496, 321:1424; 327:5095, 329:1794, 331:2520). Ello, ciertamente, genera una obligación para el abogado defensor, que debe ser diligente en el ejercicio de su profe- sión. Pero obliga también a los órganos del Estado a conducir el procedimiento de forma tal de permitirle al defensor técnico ser diligente en su tarea, y esto último es precisamente lo que no ha ocurrido en autos. En efecto, tal como fuera ya reseñado, en este caso concreto el fiscal dictó su r eque- rimiento de elevación de la causa a juicio el día hábil inmediato posterior a la primera declar a- ción del imputado, en la que éste negó el hecho y se abstuvo de declarar. Aquel ha orientado su actividad persecutoria, entonces, en función de un cumplimiento meramente formal de la garantía de defensa, y no en aras de garantizar un ejercicio efectivo de ella, que es lo que exi- ge la Corte Suprema como máximo intérprete de la Constitución. Es sabido que, dado que el CPP de Córdoba no contiene una norma como la del art. 106 del CPP Nación (que concede expresamente al abogado defensor el derecho a examinar las actuaciones antes de aceptar el cargo), en nuestra provinca la primera declaración del imputado es utilizada estratégicamente por los defensores, muchas veces, como una mera formalidad para poder acceder a las ac- tuaciones antes de aconsejar a sus asistidos una determinada defensa material, en virtud de lo dispuesto por el art. 312, primera parte, del CPP local, que permite a las partes el examen de las actuaciones sólo después de la primera declaración del imputado. Frente a ello, que el fiscal de instrucción se contente con esa primera declaración del perseguido penalmente para, acto seguido y de modo prácticamente inmediato, requerir la citación a juicio, puede tener como consecuencia –al menos en determinadas circunstancias– el cierre de toda posibilidad a que incluso un abogado defensor diligente pueda ejercer su ta- rea técnica de modo efectivo, que es lo que quiere la Constitución. Esa conducta del fiscal
puede significar, además, que en la práctica termine siendo letra muerta la norma del art. 266 del CPP, en tanto autoriza al imputado a declarar “cuantas veces quiera” (siempre que, por cierto, su finalidad no sea sólo dilatoria o perturbadora). Y, finalmente, tal proceder del minis- terio público puede llegar a tener en la práctica un efecto coactivo y restrictivo respecto a la defensa, lo cual es constitucionalmente inaceptable. En efecto: si dicho proceder se consintie- ra, se generaría en los sometidos a proceso un temor fundado a que, si no declaran material- mente en forma exhaustiva en esa primera oportunidad, no podrán ya hacerlo durante la inves- tigación preliminar (pues corren el riesgo de que el fiscal pida la elevación a juicio sólo con esa primera declaración), con lo que se afectaría el derecho a no declarar o a abstenerse de ello que, de modo amplio, consagran los arts. 259 y 260 del CPP. Ahora bien, que alguna de estas tres inaceptables consecuencias se produzca depen- de, como se dijo, de cuáles hayan sido las circunstancias concretas del caso. Pues no es lo mismo, por ejemplo, una situación en la que el abogado defensor ha sido diligente que una en la que no lo ha sido; o una situación en la que se está ante un defensor que, sin ser negligen- te, no obstante no ha ejercitado a tiempo la actividad defensiva que, en función de la actuación de la fiscalía, hubiera podido ejercitar; u otra en la que, por el accionar del fiscal, el defensor nada ha podido hacer (y no se tiene por tanto ningún indicio, ni positivo ni negativo, acerca de su diligencia), etc. Corresponde analizar, a continuación, cada una de estas situaciones hipotéticas, que por supuesto no agotan el universo posible de hipótesis que podrían presen- tarse, pero que bien pueden orientar lo que debe ser considerado un accionar correcto en este contexto. En cuanto a la primera, la constatación de que el defensor ha sido negligente presume que, pese a haber contado con todas las posibilidades para llevar adelante su tarea de modo adecuado, no lo hizo. En ese caso, a él –y no al Estado– le será imputable el perjuicio sufrido por su asistido por no haber contado con una defensa efectiva sino meramente formal. Este, claramente, no es el caso de autos. En cuanto a la segunda situación, también será imputable al propio defensor, y no al Estado, el perjuicio defensivo que se genere si se presentan esas circunstancias: si el fiscal de instrucción requiere la elevación a juicio después de un tiempo prudencial tras la primera indagatoria, durante el cual el defensor perfectamente pudiera haber hecho lo que no hizo, la omisión resultante será achacable sólo a él, en tanto y en cuanto, ciertamente, no medien fal- tas de respuesta del ministerio público o de la jurisdicción a expresas solicitudes de la defen-
sa. Pero tampoco esto es lo que ha sucedido en autos. Lo que en estas actuaciones ha ocurrido es lo planteado en la tercera hipótesis: por el accionar del fiscal, el defensor nada ha podido hacer. En este caso, en efecto, el fiscal requie- re la citación a juicio en forma prácticamente inmediata tras la primera indagatoria, incluso sabiendo que la defensa quería interiorizarse pormenorizadamente de la causa porque había solicitado copias (que de hecho le fueron expedidas). En este s upuesto sí es flagrante la vio- lación a la garantía constitucional de defensa en juicio por parte del ministerio público, porque ese accionar del fiscal ha impedido precisamente lo que la Corte en tantas ocasiones ha enf a- tizado que debe garantizarse: un ejercicio efectivo, y no meramente formal, del derecho de defensa. El diseño de nuestro sistema procesal (que, como se dijo, no prevé en una norma expresa el derecho del abogado a leer las actuaciones antes de aceptar el cargo) obliga al órgano persecutor penal a considerar a la primera declaración del imputado como una mera formalidad, que debe ocurrir solamente para que, a partir de ese momento, la defensa pueda tener acceso pleno al expediente y, como consecuencia de ello, elaborar la estrategia que considere más conveniente para una defensa efectiva de su asistido, que en su aspecto mate- rial ha de concretarse en forma plena sólo en la ampliación de su declaración. Desde luego, no podrá predicarse este mero carácter formal a la primera declaración del imputado si el defensor, inmediatamente después de cumplida la primera indagatoria, ma- nifiesta, con la debida constancia escrita, que no es su voluntad que su asistido declare nu e- vamente (pues considera que esa es la estrategia defensiva más conveniente para ese caso). Pero si esto último no sucede, y el defensor, por el contrario, solicita expresamente una nueva audiencia para la declaración ampliatoria de su asistido, o da muestras de que puede llegar a considerar posible una segunda declaración (solicitando copias, por ejemplo, o pidiendo parti- cipación en los actos instructorios, etc.), o incluso, simplemente, nada dice, entonces el órga- no persecutor penal está obligado a conceder al defensor un plazo prudencial para que éste, durante él, pueda dar cumplimiento al mandato de defensa efectiva. Como se ve, cada caso deberá ser analizado conforme a sus circunstancias específicas, y en ese sentido no está de más remarcar nuevamente que las hipótesis aquí indicadas como posibles son sólo ejemplos y de ninguna manera un catálogo exhaustivo. Tratándose de un lapso prudencial, no es viable establecer un término fijo. Tampoco es necesario que el órgano persecutor penal dicte resolución alguna en el que fije un plazo. El plazo deberá adecuarse a las características del caso concreto, y ser en cons ecuencia más o menos extenso según la complejidad de la causa y de otras circunstancias que, para cada
caso, corresponda valorar, debiendo dicho término ser armónico, por supuesto, con los plazos legales que sí están previstos e incluso orientarse en función de éstos. Así, por ejemplo, el legislador ha considerado que el fiscal, para revisar una causa no investigada por él y dictami- nar en ella, necesita de hasta seis días corridos (CPP, art. 347). Pues bien, es r azonable pensar que un defensor necesita aproximadamente de ese tiempo –en tanto no se trate de causas complejas, en las que el plazo ha de ser mayor– para poder interiorizarse de la causa y elaborar una estrategia que importe un ejercicio efectivo de la defensa. El órgano persecutor debe, en consecuencia, abstenerse de requerir la citación a juicio durante ese lapso razona- ble.
De este modo, el art. 354 del CPP debe ser entendido de la siguiente manera: el fiscal de instrucción sólo puede requerir la citación a juicio si la declaración del imputado obrante en la causa puede ser tenida, en el caso concreto, como un ejercicio efectivo del derecho de de- fensa, de acuerdo con los criterios de orientación fijados en las consideraciones precedentes. Si, por el contrario, la declaración del imputado no puede reflejar más que un ejercicio mera- mente formal del derecho en cuestión (que es lo que por regla ocurre en los supuestos de abstención y/o negación del hecho sin ulterior declaración), y no obstante ello el ministerio público requiere la elevación a juicio, esa requisitoria presentará un vicio que, de presentarse además las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, conlleva su nulidad absolu- ta, pues hace a la intervención del imputado en el proceso y afecta directamente a la garantía constitucional de defensa en juicio, generando en consecuencia una nulidad declarable, aun de oficio, en cualquier momento del proceso (CPP, arts. 185 inc. 3º, 186 segundo párrafo y cctes.). Ahora bien, sin perjuicio de todo lo dicho hasta aquí, es sabido que lo dirimente para decidir si corresponde o no declarar una nulidad es el denominado principio de interés, con- forme al cual toda nulidad (incluso la de carácter absoluto) sólo debe ser dictada en la medida en que el vicio del acto genere un perjuicio cierto al que la reclama, (cf. TSJ, Sent. Nº 206, del 13/08/08, en autos “Sicot”: prohibición de la nulidad por la nulidad misma). Pues bien, este principio impacta también en la resolución de casos como el presente, en el sentido de que incluso cuando se trata de la omisión de formas esenciales en el cumplimiento de determina- dos actos procesales, lo determinante no es esa omisión en sí, sino el efecto pernicioso real y efectivo que ella produce o puede producir en la posición procesal del potencial afectado. También en este caso, por lo tanto, corresponde demostrar ese perjuicio como condición pre-
via al dictado de la nulidad en cuestión por el vicio señalado. Y al respecto sólo cabe concluir que ese perjuicio cierto para la defensa aparece en estas actuaciones con toda claridad, pues se trata de un hecho que, por sus características de comisión y por la modalidad de su inves- tigación judicial, admite, al menos potencialmente, hipótesis alternativas a la de la acusación cuya eficacia no puede ser negada a priori. Es lo que se desprende con toda claridad no sólo de lo ya dicho (características del hecho y modalidad de la investigación) sino también de la circunstancia específica de que, a fs. 37 vta., la defensa expone que en el momento del hecho Alfaro Farías se habría encontrado regresando de un baile en compañía de su novia, Agustina Astudillo, dato éste que bien podría ingresar a través de una nueva declaración del imputado y que, eventualmente, sustentaría a futuro también la solicitud de declaración de la testigo re- querida a partir de lo dispuesto por el art. 267 del CPP. Distinta podría ser la situación –y dicho esto sólo en principio y a mero título de ejem- plo– en un caso de flagrancia en la que el hecho delictivo hubiese sido presenciado en forma directa por testigos independientes, no obstante que, por cierto –y otra vez sólo a título de ejemplo–, incluso en casos como esos puede ser de todos modos perjudicial para el imputado que no se le dé opotunidad de declarar materialmente si su finalidad es indicar alguna cir- cunstancia referida no a la existencia del hecho ni a su autoría, sino a algún motivo que ami- nore su responsabilidad.
V) Por todo lo expuesto, corresponde declarar en estas actuaciones la nulidad de la re-
quisitoria de elevación a juicio. Como consecuencia de ello, los autos deben bajar a la fiscalía de instrucción interviniente, y ésta deberá notificar al defensor del imputado para que, en fun- ción de lo aquí resuelto, si es su deseo, en el término de tres días haga uso de su derecho a solicitar una ampliación de la declaración de su defendido (CPP, art. 266), y a partir de allí
actuar en consecuencia, en función de lo que resulte de la actividad defensiva, conforme a la normativa procesal aplicable (CPP, art. 267 y cctes., en cuanto correspondan). Sin costas (arts. 550 y 551 CPP). Así voto.
B) Que el vocal Carlos Alberto Salazar, dijo: Ingresando al tratamiento de la apelación
interpuesta, un análisis minucioso de la causa me convence de que el recurso intentado debe ser rechazado. En efecto, el apelante no brinda ningún argumento que demuestre el error de la valora- ción efectuada por el a-quo en lo atinente tanto al examen de los elementos de convicción co- lectados en los presentes actuados en orden a establecer, con el grado de probabilidad reque- rida por esta etapa del proceso, ambos extremos de la imputación jurídico-delictiva, como al
rechazo de su solicitud de ampliación de la declaración indagatoria prestada oportunamente por el encartado –quien, a su tiempo, fue indagado con todas las formalidades de ley, negan- do el hecho y absteniéndose de declarar–, sino que se limita a realizar una serie de manifes- taciones que indican su propio punto de vista en relación con el mérito de la causa, pero que de ninguna manera ponen en crisis la argumentación del inferior, la cual, por lo demás, resulta correcta, pues constituye una derivación razonable tanto de las constancias de autos como del derecho aplicable, razón por la cual la comparto en su integridad y me remito a ella en homenaje a la brevedad. Se observa, además, que el impugnante mayormente se ha limitado a reproducir por ante esta alzada los mismos e idénticos fundamentos que expresara oportunamente en su planteo opositor (conf. fs. 36/39 de autos). Pues bien, dichos fundamentos ya han sido cons i- derados por el señor juez de control –como queda claro en la resolución apelada, en la que se hace referencia a los agravios del impugnante– y han recibido por lo tanto una respuesta con- creta por parte de la jurisdicción. Es cierto que, con el argumento de que un tribunal superior en jerarquía puede valorar de distinta manera el mismo razonamiento expresado por el impug- nante ante un inferior, bien puede fundarse válidamente la pretensión de que nada impide que se solicite en esta sede la revisión de una resolución anterior en función de argumentos im- pugnaticios –relacionados con el mérito de la causa– ya utilizados. Pero no lo es menos que, en los hechos, si el apelante no ofrece nuevos argumentos probatorios, sólo en casos excep- cionales resultará factible disentir desde esta alzada con lo ya resuelto al respecto por tribuna- les que, como sucede con los juzgados de control, han tenido oportunidad de revisar minucio- samente toda la prueba colectada en autos. De allí que, salvo supuestos de manifiesto error en la valoración de la prueba por parte del inferior –lo cual no sucede en el caso sub exami- ne–, la ausencia de argumentos sustancialmente nuevos en el recurso de apelación condu- cirá, por regla, a su rechazo en esta sede, como de hecho corresponde que suceda en este caso. En tal sentido, no basta que el recurrente simplemente exprese, formalmente, que sus argumentos son nuevos, sino que dicha novedad debe poder inferirse objetivamente y en términos sustanciales del contraste entre las impugnaciones interpuestas, y ello es precisa- mente lo que no es posible concluir aquí. Por otra parte, y como ya se adelantara, además de sustancialmente nuevos, los argu- mentos de la apelación deben tener la eficacia señalada para lograr demostrar la equivocación del a-quo, lo cual tampoco ocurre en el presente.
Por todo lo expuesto, considero que no debe hacerse lugar al recurso intentado y, en consecuencia, que la decisión del a-quo debe ser confirmada, con costas (arts. 550 y 551 CPP). Así voto. C) Que el vocal Francisco Horacio Gilardoni, dijo: Que comparte lo sostenido por el vocal de primer voto, adhiriendo en consecuencia a él y pronunciándose en el mismo sentido. En consecuencia este tribunal, por mayoría, RESUELVE: Declarar la nulidad de la re- quisitoria fiscal de elevación a juicio (CPP, arts. 185 inc. 3º, 186 2º párrafo y cctes.) y bajar los autos a la fiscalía de instrucción interviniente para que proceda conforme a lo dispuesto en los considerandos de la presente. Sin costas (arts. 550 y 551 del CPP). PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.
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