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Timestamp: 2020-08-06 15:51:52+00:00

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﻿ AUTO 2016-00001/22288 DE FEBRERO 7 DE 2017
AUTO 2016-00001 DE 07 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:CONCEPTO DE EMPLEADO PARA EFECTOS TRIBUTARIO. SE PRECISA QUE PARA EFECTOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, EL ARTÍCULO 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEFINE AL EMPLEADO COMO UNA PERSONA NATURAL RESIDENTE EN EL PAÍS, CUYOS INGRESOS PROVIENEN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA PERSONAL O DE LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR CUENTA Y RIESGO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE, PREVISTAS EN UNA RELACIÓN LABORAL. EN ESE SENTIDO POR MEDIO DE UNA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO, SE ESTABLECIÓ EN EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO 3032 DE 2013, QUE EL EMPLEADO DEBE CUMPLIR UNO DE LOS TRES CONJUNTOS DE CONDICIONES EN EL AÑO FISCAL, PARA SER CONSIDERADO ASÍY PARA QUE ENCAJE EN EL TERCER CONJUNTO, NO BASTA CON QUE UNA PERSONA PRESTE UN SERVICIO O REALICE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SU CUENTA Y RIESGO, SINO QUE DEBEN CUMPLIRSE CON TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS PARA DICHO CONJUNTO. POR CONSIDERAR LA SALA QUE NO SE REÚNEN LOS PRESUPUESTOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL LITERAL B DEL NUMERAL 2°, NIEGA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:INGRESO BRUTO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVIDAD ECONÓMICA, IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, IMPUESTO ADICIONAL SOBRE LA RENTA, CATEGORÍA TRIBUTARIA DE EMPLEADO
Auto 2016-00001 de febrero 7 de 2017
Ref.: Expediente 11001032700020160000100
Número interno: 22288
Demandante: Álvaro Andrés Díaz Palacios
Bogotá, siete de febrero de dos mil diecisiete.
Auto que resuelve medida cautelar
Álvaro Andrés Díaz Palacios, en nombre propio, promovió el medio de control de nulidad simple, consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Decreto 3032 de 2013 (dic. 27) por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario.
b) Prestaelrespectivoservicio,orealizalaactividadeconómica,porsucuentayriesgo,deconformidadconloprevistoenelartículoanterior;y
El demandante invocó como normas violadas los artículos 150 [num. 12], 189 [num. 11] y 338 de la Constitución Política y 329 del estatuto tributario.
El demandante sostuvo que el gobierno nacional excedió el ámbito de su poder reglamentario al establecer, por medio de la norma demandada, requisitos adicionales a los previstos en el artículo 329 del estatuto tributario, en relación con la categoría de empleados, al incluir dentro de ésta a la persona natural prestadora de servicios que actúa por cuenta y riesgo propio. Destacó que esta norma superior establece que para pertenecer a la categoría de empleado se debe actuar por cuenta y riesgo del empleador o contratante.
Afirmó que la limitación introducida por la disposición acusada debió ser establecida por el legislador y no por el gobierno nacional, so pena de ser violatoria del principio de legalidad en materia tributaria, contenido en los artículos 150 [num. 12] y 338 de la Constitución Política y del principio de confianza legítima.
El demandante solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional del literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013, toda vez que con este aparte se quebrantan las disposiciones del artículo 329 del estatuto tributario.
Alegó que la medida cautelar de suspensión provisional es procedente con fundamento en el análisis de la norma superior invocada como violada y su confrontación con la disposición acusada. Según la primera [E.T., art. 329], es empleado la persona natural que realiza una actividad por cuenta y riesgo del contratante; en contraposición, la norma reglamentaria señaló que es empleado quien actúa por cuenta y riesgo propio, con lo que se modifican las consecuencias tributarias para esta clase de sujetos.
Concluyó que la potestad legislativa radica únicamente en el Congreso.
Mediante auto del 18 de abril de 2016(1), notificado por estado el 29 de abril de 2016, se ordenó surtir el traslado previsto en el inciso segundo del artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La UAE DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de la oportunidad legal, pidieron negar la medida cautelar.
1.1.5.1. Oposición de la UAE DIAN.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dentro de la oportunidad legal pidió negar la medida cautelar, como quiera que en la norma presuntamente quebrantada, el legislador solo hizo una descripción de los elementos que identifican a la persona natural como empleado, con el fin de ajustar plenamente la disposición al espíritu de la reforma tributaria, que trajo consigo la modificación de la forma de clasificar a las personas naturales, incluyendo el grado de dependencia o la autonomía laboral.
En virtud de lo anterior, indicó que de acuerdo con el principio de legalidad, el ejecutivo puede concretar los elementos centrales que hayan sido previamente definidos en la ley, lo que constituye una exigencia técnica para su debida ejecución. En consecuencia, en la medida que las disposiciones reguladas en el Decreto 3032 de 2013 no están dentro del ámbito de reserva estricta del legislador, el ejecutivo puede expedir normas, referidas a tales variables económicas que inciden sobre los tributos, sin que ello constituya una ilegalidad o inconstitucionalidad de la reglamentación, toda vez que son susceptibles de un tratamiento menos restringido.
Finalmente, señaló que la norma controvertida fue expedida en harás del cumplimiento del principio de equidad tributaria, desde la perspectiva de las pretensiones del legislador.
1.1.5.2. Oposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Solicitó que se niegue la petición de la parte demandante, toda vez que, desatendió la teleología que inspira a la institución jurídica de la suspensión provisional, la violación normativa aducida no surge de una simple confrontación entre las disposiciones supuestamente omitida frente a aquella a la que se le atribuye el mérito de transgredir la norma invocada, sino que por el contrario, dicha tarea demanda de un análisis normativo contextualizado de fondo más propio de la fase juzgamiento, circunstancia que torna en improcedente tal solicitud en esta etapa procesal.
En relación con la sustentación de la petición, esta corporación ha precisado que «la medida cautelar se debe solicitar (no es oficiosa), ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación»(4).
“… Pues bien, el nuevo código (CPACA) amplió el marco de acción del juez contencioso administrativo otorgándole facultades de tutela equiparables a las que tiene cuando actúa como juez constitucional, facultades que están encaminadas a asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia judicial con la que terminará el proceso y así garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos que se requieren para aplicar esa situación al caso particular no amerita expedir el reglamento. Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede ni desfigurar la situación regulada por la ley ni hacerla nugatoria ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló. Si el reglamento preserva la naturaleza y los elementos fundamentales de la situación jurídica creada por la ley, bien puede este instrumento propio del ejecutivo detallar la aplicación de la ley al caso mediante la estipulación de trámites, procedimientos, plazos y todo lo concerniente al modo como los sujetos destinatarios de la ley la deben cumplir(8).
Como lo dice la Corte Constitucional, “una de las finalidades prioritarias de la función de reglamentación —si no la más destacada— es resolver en el terreno práctico los cometidos fijados por las reglas del legislador, pues dada la generalidad de estas últimas es poco probable que su implementación pueda lograrse por sí misma”(9).
2.2.2. Literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013.
Con el objeto de lograr la regresividad de la carga tributaria y atacar el problema de la alta informalidad laboral en Colombia, el legislador expidió la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012(10).
Una de las novedades introducida por la ley fue clasificar a las personas naturales en dos categorías tributarias, a saber: empleados y trabajadores por cuenta propia, cada una con un tratamiento tributario distinto. Con esta propuesta, el legislador buscaba “volver mucho más simple y transparente la declaración de renta para personas naturales. (…)”, de tal forma que “un contribuyente que recibe la totalidad o un muy alto porcentaje de sus ingresos como producto de una relación laboral debería tener una declaración extremadamente sencilla, mientras que una persona que recibe además de sus ingresos laborales otras rentas debería tener una declaración un poco más compleja, en el sentido de que debe tener un mayor número de renglones o anexos que llenar”(11).
PAR.—Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categorías de las que trata el presente artículo; las reguladas en el Decreto 960 de 1970; las que se clasifiquen como cuenta propia pero cuya actividad no corresponda a ninguna de las mencionadas en el artículo 340 de este estatuto; u las que se clasifiquen como cuenta propia y perciban ingresos superiores a veintisiete mil (27.000) UVT seguirán sujetas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios contenido en el título I del libro I de este estatuto únicamente”.
Explicado lo anterior, procede referirse al sub examine en el que el demandante considera que procede la medida cautelar para suspender provisionalmente el literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013, debido a que la norma viola el artículo 329 del estatuto tributario.
El fundamento de la solicitud recae en que del cotejo o comparación de la norma acusada con la superior surge una clara trasgresión. A juicio del demandante, el ministerio incursionó en la órbita del legislador al modificar el alcance de la calificación o concepto de empleado e incluir a aquellas personas naturales que realizan la actividad económica, por su cuenta y riesgo.
Artículo 329 del estatuto tributario
“ART. 2º—Empleado. Una persona natural residente en el país se considera empleado para efectos tributarios si en el respectivo año gravable cumple con uno de los tres conjuntos de condiciones siguientes:
La Sala Unitaria no evidencia la violación alegada, pues si bien el artículo 329 del estatuto tributario clasifica a las personas naturales entre empleados y trabajadores por cuenta propia, lo que hace el artículo segundo del Decreto 3032 de 2013 es establecer tres conjuntos de condiciones para poder determinar si la persona natural es considerada como empleado.
En ese sentido, de la lectura del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013 se entiende que se consideran empleados para efectos tributarios las personas que encuadren en uno de los tres conjuntos que trae la norma. Para encajar en el conjunto tres deben cumplirse varias condiciones, entre las que está la de prestar un servicio o realizar una actividad económica, por su cuenta y riesgo, conforme con las condiciones del artículo primero del Decreto 3032 de 2013.
Así las cosas, este Despacho considera que no se cumplen los presupuestos para decretar la suspensión provisional de los efectos del literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013. En este caso para llegar a la conclusión de que la referida norma excedió la facultad reglamentaria es necesario un estudio de fondo de las disposiciones que regulan las condiciones para ser considerado empleado para efectos tributarios y así se determinará el sentido y aplicación de la norma demandada. Análisis que corresponde hacerse en otro momento procesal.
NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del literal b del numeral 3º del artículo segundo del Decreto 3032 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1 Folio 24, cuaderno medidas cautelares.
4 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, C.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA, Bogotá, D.C., 24 de enero de 2013, radicación 11001-03-28-000-2012-00068-00. Actor: RODRIGO UPRIMNY YEPES Y OTROS. Demandado: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
8 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011), radicación 11001-03-27-000-2008-00012-00(17066). Actor: MARY CLAUDIA SÁNCHEZ PEÑA. Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
11 Exposición de motivos proyecto de Ley 166 de 2012. Cámara, Gaceta del Congreso 666 del 5 de octubre de 2012, pág. 43.

References: ARTÍCULO 329
 ARTÍCULO 2
 artículo 137
 artículo 329
 artículo 329
 artículo 233
 artículo 340
 artículo 329

Artículo 329
 artículo 329