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Archivos Mensuales: diciembre 2013	Seis pinceladas sobre 2013: Seis Sentencias que cambiaron un año
31 diciembre, 2013Actualidad, Poder Judicial, Reflexiones propias	1 comentario	Es habitual terminar el año haciendo un balance de lo positivo y lo negativo, de lo mejor y lo peor. El ‘ranking al mejor vestido’ o el ‘ranking al político peor valorado’ es una tradición innegable en nuestra sociedad, muchas veces aderezados con premios que suelen llevar, no sé muy bien el motivo, nombre de fruta.
No obstante, más que destacar lo mejor y lo peor, lo último y lo primero, prefiero destacar aquí seis resoluciones que, en mi despertar en el ejercicio de la abogacía, han llamado mi atención y han despertado mi curiosidad. Algunas de ellas ya tienen su espacio en el histórico de este blog, otras no, pero todas tendrán recorrido a lo largo de 2014 y en años venideros. Por eso, hoy, apunto seis Sentencias que cambiaron un año.
1. Inés del Río vs. Gobierno de España (‘La Doctrina Parot’)
La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,…) se aplicaba respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, era de 30 años. Esta doctrina fue modificada en 2008 solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
.- Texto de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH-. Gran Sala, de fecha 21-10- 2013
2.- Inadecuación del marco jurídico español a la normativa comunitaria en materia de desahucios
En una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil Núm. 3 de Barcelona sobre la conformidad de la legislación nacional en materia de desahucios a la Directiva 93/13/CEE, en relación a la posibilidad de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo cuando el acreedor ya ha optado por iniciar la ejecución hipotecaria.
Se pronuncio de modo rotundo el TJUE, pues afirmó que “un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva“.
.- Texto de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (C-415/11)
3.- Comentarios lesivos en un blog. Responsabilidad del titular de la web.
“El titular de la página web es responsable ya que genera la posibilidad de realizar comentarios, incorporándolos a la noticia y permite que se consideren como elemento de valoración de la misma“
El titular de una página web, creador de un foro abierto de debate, debe extremar las precauciones y ejercer un mayor control sobre las opiniones y comentarios allí alojados, retirando aquellos que se consideren ofensivos, bien por iniciativa propia, bien a solicitud del afectado u ofendido, siempre que aquellos se manifiesten injuriosos o incitadores a la violencia.
.- Texto de la Sentencia del Tribunal Supremo 128/2013, de veintiséis de febrero, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
(Foto: Socialetic.Com)
“Los elementos comunes que constan en el folleto publicitario, forman parte del contrato y deben ser entregados en propiedad y junto con las viviendas“.
Los datos, características y condiciones que se incluyan en la publicidad serán exigibles aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado, tal y como se establece en el artículo 3.2 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores, en íntima relación con el Decreto Legislativo 1/2007, de Consumidores y Usuarios, y el artículo 1091 del Código Civil, que reconoce la obligatoriedad de lo pactado contractualmente por aplicación de la autonomía de la voluntad y de la eficacia de los contratos entre partes.
.- Texto de la Sentencia 137/2013, de veintiocho de febrero, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
5.- Nulidad de las Cláusulas limitativas al tipo de interés en las hipotecas. Adiós a la Cláusula Suelo.
“El Tribunal Supremo declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores por:
a) la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero;
b) la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato;
c) la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo;
d) su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por la entidad crediticia;
e) la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual;
y f) inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.“
El fin de la cláusula suelo marcó un antes y un después en la percepción de los consumidores de sus contratos de préstamo hipotecario. La condena a NCG, BBVA y CAJAMAR en un pronunciamiento que declaró la nulidad de estas cláusulas provocó una oleada de reclamaciones por afectados que, a día de hoy, siguen sin estar resueltas. La no inclusión de todas las entidades, la negativa a reconocer la situación y la discusión sobre la irretroactividad o retroactividad de este pronunciamiento marcan las incógnitas de cara el nuevo año.
.- Texto de la Sentencia 241/2013, de nueve de mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
6.- Custodia Compartida
(Foto: lexnews.es)
El Tribunal Supremo concluye que la adopción de la medida de la guarda conjunta, además de exigir petición de parte de ambos progenitores o de al menos uno de ellos, requiere constatar no sólo no es perjudicial sino que lo considera conveniente para el interés del menor, para lo que deben reunir varios criterios, como por ejemplo, que el menor así lo manifieste, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos legalmente y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores afectados una vida adecuada.
.- Texto de laSentencia 257/2013, de veintinueve de abril, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Sin duda no estan todas las que son, pero sí son todas las que están. Faltan pronunciamientos que marcarán tendencia y que cubrirán las necesidades creadas por la actualidad jurídica de nuestro sistema. Preferentes y Subordinadas, delitos de corrupción política y económica, la nueva realidad laboral, las tasas judiciales,… irán haciendo camino y, con él, nuestro cuerpo jurisprudencial se irá adaptando a las nuevas realidades sociales.
Sólo es cuestión de tiempo y de paciencia.
Inseguridad Jurídica sobre la nulidad de la #CláusulaSuelo. Prudencia y Dudas
25 diciembre, 2013Derecho Civil	Deja un comentario	La situación de los clientes de entidades bancarias afectados por la inclusión de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios parece complicarse por momentos. Lo que parecía ser un goteo incesante de sentencias que reconocían la nulidad de esta cláusula con la correspondiente devolución de las cantidades indebidamente cobradas puede verse frenado por la evolución de los pronunciamientos de los diferentes Juzgados y Tribunales.
Uno de los pronunciamientos que esperaba con más interés era el del Juzgado de lo Mercantil, con sede en Vigo, de Pontevedra, toda vez que las incógnitas que se aprecian en este ámbito eran huérfanas de pronunciamiento en esta Primera Instancia, y multitud de profesionales estuvieron a la espera de conocer su parecer para decidir, o no, la presentación de demandas en reclamación del exceso cobrado.
Fue el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, quién rompió el silencio existente en esta materia. La Sentencia 193/2013, de dieciséis de diciembre, declaró expresamente que “la sentencia del TS es una resolución que, por lo sintéticamente expuesto, constituye doctrina jurisprudencial y afecta por entero a las cláusulas aquí examinadas“. Es decir, el Juzgado entiende que NCG no debe abonar a un cliente las cantidades indebidamente pagadas (en exceso) por aplicación de dicha cláusula suelo desde la formalización del préstamo hipotecario.
Una demanda que vio como durante su tramitación se pronunció el Tribunal Supremo con la renombrada STS 241/2013, cuya publicación se puede caracterizar como un hecho nuevo que influyó al Tribunal a la hora de optar por una respuesta u otra. La irregular aplicación del artículo 1.303 del Código Civil determinó que, sobre esta materia, criterios relativos al orden socio-económico tuvieran más relevancia que una Doctrina pacífica y comúnmente admitida por los diferentes operadores jurídicos. Es decir, la vieja regla según la cual, en el caso de nulidad, las partes contratantes deberían restituirse, de modo reciproco, sus propias prestaciones, cede a favor de una nulidad “parcial” con punto de partida en la publicación de la antedicha STS.
¿Cual es la situación a día de hoy?
La independencia e imparcialidad de todos los Juzgados y Tribunales crea un efecto contradictorio en la Sociedad. Efecto contradictorio en el que la inseguridad juridica cede ante esa garantía de imparcialidad proclamada en la Constitución de 1978.
Inseguridad jurídica que se observa en los diferentes pronunciamientos existentes en la materia. Porque no deja de resultar curioso que dependiendo del partido judicial en el que nos encontramos, o, incluso, dependiendo del órgano jurisdiccional que tenga que conocer del asunto, el mismo asunto pueda tener efectos contradictorios.
Inseguridad jurídica que tiene, otra vez, en el ciudadano al principal afectado. Iniciar un procedimiento judicial tiene, hoy día, unos costes cuantiosos que obligan a tener en la prudencia el sentido de todo paso a dar. Honorarios de Abogado, de Procurador, Tasas Judiciales… gravan el inicio de un procedimiento, con la amenaza de costas judiciales sobre la persona de aquella parte procesal que resulte vencida, en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No hay más que acudir a la hemeroteca para ver lo grave de esta situación. Así, el Juzgado Núm. 2 y el Núm. 3 de lo Mercantil de Pontevedra tienen opiniones diversas en esta cuestión:
“NCG Banco y BBVA condenadas, de nuevo, a devolver el dinero cobrado por la cláusula suelo
vs. La primera sentencia de cláusula suelo en Vigo declara la nulidad pero no el efecto retroactivo“
La última palabra, del Tribunal Supremo
Será, una vez más, el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse en esta materia. El Tribunal con sede en Madrid, que es la cúspide de nuestro sistema judicial, debe ratificar su pronunciamiento de Mayo de 2013 o rechazarlo de plano, imponiendo la devolución de la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas desde la firma del préstamo hipotecario.
Un pronunciamiento del Tribunal Supremo que tardará en llegar. Partiendo de las reglas de distribución de la competencia, que un asunto llegue al Tribunal Supremo tiene un plazo bastante largo, y no todos pueden llegar, sino que tienen que cubrir unos requisitos de procedimiento y de cuantía tasados por la Ley. Mientras tanto, las dudas, las incógnitas y los pronunciamientos jurisprudenciales diversos seguirán goteando la actualidad, en lo que búsqueda de la justicia material conformada en la devolución de unas cantidades obtenidas, de modo alegal, por las entidades financieras a través de unas cláusulas que hoy se pueden afirmar que son nulas de pleno derecho.
– Texto de la Sentencia 193/2013, de 16 de Diciembre, del Juzgado de lo Mercantil Núm. 3 de Pontevedra (Vía @davidalfaya — http://www.asesority.com/)
Situacion Legal del Aborto en España ayer, hoy y mañana
23 diciembre, 2013Actualidad, Derecho constitucional	Deja un comentario	El pasado viernes día 20, el Consejo de Ministros aprobó el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Anunciado como una promesa electoral del PP, vio así la luz la ley que restringe este derecho, eliminando la posibilidad de interrumpir el embarazo salvo en aquellos supuestos y en aquellas circunstancias expresamente permitidas por la Ley.
Una ley que viene a reproducir, en lo sustancial, el contenido de la Sentencia de 11 de abril de 1985, del Tribunal Constitucional, que avaló la primera ley de la democracia que reconoció este derecho a las mujeres españolas. Por eso, para entender la realidad y el calado de esta reforma, es necesario analizar el ayer, el hoy y el mañana de este derecho para todas las mujeres.
¿Que dijo el Tribunal Constitucional en 1985? El Tribunal Constitucional, en su sentencia, declaró la constitucionalidad de la despenalización del aborto en los tres supuestos ya conocidos. Únicamente advirtió de la necesidad de introducir cautelas (exigencia de informes médicos) en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, como así se hizo en 1985. Y es que la Constitución establece en su artículo 1.1 que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Posteriormente, El TC sumó a éstos la vida, si bien ligada ésta a la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución.
Dejó claro que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona. No se trata, por tanto de un caso de colisión de derechos, sino entre un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la mujer), afirmando que “el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador”.
El Aborto en la Ley 2/2010
El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
¿Que cambiará con la nueva ley del Aborto?
.- Plazos: Hasta ahora las mujeres podían abortar sin alegar ninguna razón en las primeras 14 semanas de gestación (similar a la que hay en la mayoría de países de la Unión Europea como Holanda o Francia).. Se vuelve a los supuestos de la ley de 1985. Las mujeres ya no tendrán derecho a abortar sino que tendrán que justificar que los intereses del no nacido entran en conflicto con los propios.
.- Menores de 16 y 17 años: Con la ley de 2010 las menores de 16 y 17 años tienen que informar a sus padres, a menos que aleguen causas especiales para no hacerlo (mala relación con sus progenitores). Esta posibilidad ya no existe. Los padres tendrán la obligación de acompañarlas y la potestad de decidir sobre ellas.
.- Supuestos: Los supuestos son los dos que había en la ley anterior: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre (hasta la semana 22) pero se elimina el supuesto de las anomalías fetales como tal.
.- Enfermedad del feto: Ahora el supuesto de enfermedad del feto se elimina, y queda supeditado a los efectos que esa dolencia genere en su madre. Se debe garantizar que la mujer sufrirá un daño “no irreversible pero sí importante y duradero” en su salud física o psíquica. Para ello se pide un informe motivado por dos médicos especialistas que no pueden ni siquiera trabajar en el centro en el que se practique el aborto.
(* En el caso de enfermedades incompatibles con la vida el requisito será doble: un informe médico que confirme los riesgos para la madre y otro que pruebe la patología del feto de acuerdo con la Comité de Bioética de España.)
.- Aborto o parto inducido: Todo esto vale hasta la semana 22. A partir de ese momento las mujeres no podrán ser sometidas a un aborto. En el caso de un acreditado riesgo para la vida de la madre, se practicará un parto inducido, ya que, según argumentó el ministro, “la OMS señala que a las 22 semanas un feto podría vivir fuera del cuerpo de la madre“.
.- Procesos de información: Se va a ofrecer a las mujeres información y asesoramiento sobre sus derechos y las ayudas de las que pueda disponer. Se tratará de informacion clínica personal y personalizada., que se brindará de forma verbal (no sólo por escrito) y tendrá en cuenta el grado de madurez y la edad de la mujer. Este servicio estará a cargo de profesionales del sistema público y estará orientado a ofrecer a la embarazada alternativas al aborto.
.- Publicidad de las clínicas que practican abortos: Se prohíbe cualquier anuncio de centros médicos que ofrezcan la posibilidad de interrumpir el embarazo a las mujeres. “No es un producto de consumo y esa información solo deben facilitarla los especialistas”, ha dicho Gallardón al respecto.
¿Que trae consigo esta reforma?
Esta reforma es el culmen de lo que parece ser una reforma ideológica. Una reforma ideológica que trae causa en la presión ejercida durante los últimos años del Gobierno de JL Rodríguez Zapatero por lobby’s como medios de comunicación, fundaciones o asociaciones provida e, incluso, la Conferencia Episcopal.
Una reforma que hace primar los derechos del nasciturus sobre los derechos de la mujer. Es necesario recordar que el Tribunal Constitucional estableció la diferencia entre lo que es un derecho fundamental y un bien jurídico, y que, de aprobarse esta reforma, provocará que los derechos de la mujer queden en un segundo plano. No soy un defensor del aborto libre, pero si soy fiel defensor de garantizar el necesario equilibrio entre estos dos conceptos, permitiendo la información y la libre decisión en uno u otro sentido.
Un equilibrio que cambiará si se aprueba el texto de esta Ley. Un equilibrio que cambiará aprovechando el momento político resultado de las últimas elecciones generales y que convirtió al antiguo partido en la oposición, que presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el texto en vigor, la Ley 2/2010, en el partido en el gobierno. Es la búsqueda de un objetivo, le pese a quién le pese.
Legítimo, desde luego, pero también oportunista. Aprovechar el poder para dirigir a un país hacia una ideología es un error de concepto, es el mal que acucia nuestra Sociedad. Un error de concepto que traslada la soberanía a grupos de presión interesados que cambian el eje de la democracia desplazándolo hacia intereses particulares, intereses que deberían ceder ante los propios de la Sociedad en General.
1.- Texto de la Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Pleno del Tribunal Constitucional
2.- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
3.- [ElDiario.es] “El aborto deja de ser un derecho y la mujer solo tendrá la última palabra en caso de violación“
El ‘Cuerpo Pixelado’.El Nudismo en los medios de comunicación
16 diciembre, 2013Reflexiones propias	Deja un comentario	El Naturismo es una forma de vivir en armonía con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en común, con la finalidad de favorecer el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente.
15 diciembre, 2013Actualidad, Jueces, Reflexiones propias	Deja un comentario	“La seguridad ciudadana constituye una condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas. Sin una garantía real de aquélla,éstos quedarían reducidos a una mera declaración formal carente de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos determinantes de la calidad democrática de un país.”
11 diciembre, 2013Actualidad, Jueces, Poder Judicial	1 comentario	Vía @AvogadosNovosVi (Avogados Novos de Vigo) he tenido conocimiento de este texto que aúna objetividad y crítica a partes iguales. Una cronología del irregular proceso que culminó con el nombramiento de D. Carlos Lesmes como nuevo presidente del CGPJ, tras el acuerdo de los dos grandes políticos, y que comenzó hace poco más de dos años con la victoria de D. M Rajoy Brey por mayoría absoluta el pasado 20 de Noviembre de 2011.
8 diciembre, 2013Actualidad, Reflexiones propias	Deja un comentario	La muerte de Nelson Mandela sacudió este lugar mal llamado mundo como un terremoto es capaz de destruir la construcción más débil. La figura quizá más importante del siglo XX deja tras de sí un legado en forma de respeto, igualdad, conciencia social y derechos humanos.

References: artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 1091
 resolución 
 artículo 1
 artículo 394
 artículo 1
 artículo 10