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Timestamp: 2018-06-21 06:07:09+00:00

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2013 - César David Ciriano Vela - Abogado administrativo en Zaragoza 2013 - César David Ciriano Vela - Abogado administrativo en Zaragoza
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, así como regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
Esta ley crea una clasificación de los contratos del sector público, estableciendo los siguientes tipos: contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.
Residualmente, la ley establece que los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
Además, la ley regula con detenimiento el contenido y la forma que los contratos públicos han de presentar, así como los vicios de nulidad o invalidez en los que estos pudieran incurrir y las consecuencias que de ello se derivarían.
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LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VÍA CIVIL O LABORAL
El interesado, como requisito previo al proceso civil o laboral, ha de presentar reclamación administrativa previa cuando la Administración Pública tenga la posición de demandada en dicho proceso.
En estos casos, el objeto de la de la reclamación administrativa previa ante la Administración Pública será el ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral. Una vez se interpone esta reclamación, no podrá iniciarse el proceso judicial ante los tribunales hasta que no haya sido resuelta, o bien haya transcurrido el plazo para que se entienda desestimada.
En caso de una reclamación de naturaleza civil, el plazo de resolución será de tres meses y la falta de resolución tendrá efectos desestimatorios (silencio administrativo negativo).
En cuanto a las reclamaciones relativas a asuntos laborales, el objeto de la reclamación serán todas aquellas cuestiones relativas al reconocimiento y disfrute de prestaciones de esta naturaleza. En estos casos el plazo de resolución se reduce a un mes y se entenderá por desestimada la reclamación cuando transcurran dos meses sin que la Administración haya resuelto.
Por último, en caso de que la reclamación se refiera a materias propias de la Seguridad Social, el silencio también se entenderá desestimatorio, debiendo interponerse la demanda en el plazo de treinta días desde el rechazo por silencio administrativo.
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LA EXPROPIACIÓN FORZOSA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA
Nuestra Constitución establece, en su artículo 33, que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Dicho de otra forma, a través de esta disposición la Constitución reconoce la facultad administrativa de expropiación forzosa.
Como establece la exposición de motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, la expropiación forzosa se produce cuando, decidida la colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente.
La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia y el Municipio, si bien podrán ser beneficiarios de la misma las entidades o concesionarios a los que se les reconozca mediante ley esa condición.
La expropiación podrá llevarse a cabo aunque el propietario transmitiese la propiedad del bien de utilidad pública, por lo que este no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa, pues se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
Por otra parte, conviene tener en cuenta que la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.
La expropiación forzosa debe realizarse de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido para ello, compensando al titular del bien a expropiar con el denominado justiprecio, que supone una indemnización que sea equivalente al valor que tiene el bien.
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LAS MULTAS POR ALCOHOLEMIA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES
La multa por alcoholemia es aquella sanción administrativa que se impone a una persona que conduce un vehículo cuando tiene una tasa de alcohol en el cuerpo superior a la que la ley permite. Conviene tener en cuenta que estas multas no sólo pueden imponerse a conductores de vehículos a motor (coches, camiones, etc), sino que las personas que conducen bicicletas, por ejemplo, también pueden ser sancionadas por esta causa.
El Reglamento General de Circulación, en su artículo 21, establece una obligación general de someterse al control de alcoholemia a todas las personas que se vean envueltas en un accidente de tráfico. En este caso, el sujeto pasivo es incluso más amplio, pues no sólo los conductores de vehículos y bicicletas están obligados, sino también cualquier persona relacionada con el suceso.
La multa por alcoholemia se impone cuando el citado test resulta positivo. Estas pruebas podrán hacerse en determinados supuestos que la ley prevé. En primer lugar, cuando haya un accidente de tráfico. En segundo lugar, cuando la autoridad aprecie síntomas evidentes de que un conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol. Por último, también se realizará el test de alcoholemia cuando haya un control de alcoholemia programado y el conductor sea requerido para hacerlos.
El test de alcoholemia resulta positivo cuando se supera una tasa de alcohol que está fijada en la ley, en concreto, que esta tasa sea superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
El límite de alcohol en sangre se reduce para el caso de los conductores más inexpertos, es decir, aquellos que obtuvieron su permiso de conducir hace menos de dos años. Para ellos, el límite de tasa de alcohol en sangre es de 0,3 gramos por litro y de alcohol en aire espirado es de 0,15 miligramos por litro.
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Plazos para interponer los recursos administrativos
No existe un tiempo ilimitado para interponer recursos administrativos, por el contrario deben tenerse muy presentes los plazos establecidos para no perder la oportunidad de recurrir. Estos plazos varían según el tipo de recurso y son los siguientes:
Recurso de alzada: el plazo es de un mes si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses desde que, según la legislación aplicable, se produzca el acto presunto.
Recurso potestativo de reposición: los plazos son los mismos que en el recurso de alzada.
Recurso extraordinario de revisión: cuando la causa del recurso es la comisión de un error de hecho, el recurso podrá interponerse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación. En el resto de los casos, el plazo es de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que se produjo la firmeza de la sentencia.
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Actos administrativos no recurribles
No todos los actos administrativos que dicta la administración son recurribles en vía administrativa. Por el contrario, existen ciertos tipos de disposiciones contra los que no pueden interponerse recursos. Estos son los siguientes:
Los actos dictados por los miembros y órganos del Gobierno.
Los dictados por órganos directivos, con nivel de Director general o superior.
Dentro de la Administración General del Estado, aquellos que hayan sido dictados por los máximos órganos de dirección, salvo que la ley disponga otra cosa.
Por último, contra las disposiciones administrativas de carácter general, no cabe interponer tampoco ningún recurso en vía administrativa.
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Cuando un ciudadano quiere demandar a cualquier órgano de la Administración Pública, este debe hacerlo ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Disposiciones de carácter general y actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa.
Inactividad de las Administraciones Públicas.
Recurrir actos que se dicten en aplicación de disposiciones que no son conformes a derecho
No es recomendable interponer recursos judiciales sin el consejo de un abogado. Por ello, si está pensando en ir a juicio consulte primero con profesionales.
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Recurso de revisión de sentencias
Dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, existen dos tipos de recursos extraordinarios: el de casación y el de revisión.
El recurso de revisión se interpone ante una sentencia judicial firme, lo que supone una clara desviación del principio de intangibilidad de la cosa juzgada.
Los motivos por los que puede interponerse el recurso extraordinario de revisión aparecen recogidos en el artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y podrá ser solicitado por las personas afectadas por la sentencia firme que vaya a ser impugnada.
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El recurso de casación aparece regulado en los artículos 477 y siguientes de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En esta norma se establece que la interposición de este recurso podrá fundarse exclusivamente en la infracción de normas aplicables para resolver el objeto del proceso.
Así, se establece que pueden recurrirse en casación las sentencias que se hayan dictado en segunda instancia por la Audiencia Nacional en los siguientes casos:
Cuando se hayan dictado para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales.
Cuando la cuantía del proceso exceda los seiscientos mil euros.
Presente interés casacional.
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El apremio sobre el patrimonio es la forma más habitual de ejecución forzosa que utiliza la administración pública. Se produce cuando para la ejecución de un acto administrativo ha de satisfacerse una cantidad dineraria. Esta deuda puede ser consecuencia de una ejecución subsidiaria realizada por la Administración Pública.
En los casos de apremio sobre el patrimonio, en el caso de que el ciudadano no pagase una deuda de titularidad administrativa, el Estado podría embargar sus bienes y subastarlos para pagar la deuda.
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La ejecución forzosa es una manifestación de la facultad de autotutela de la Administración Pública. En este sentido, los actos de las Administraciones Públicas son inmediatamente ejecutivas, salvo norma en contrario o que exista la necesidad de aprobación por un órgano superior al que las dicto.
Los medios que establece la Ley para la ejecución forzosa son los siguientes:
Premio sobre el patrimonio
Para más información sobre qué hacer en caso de ejecución forzosa, envíe su consulta al despacho de César Ciriano en Zaragoza.
La Administración Pública tiene la facultad de ejecutar sus actos desde el momento en que los dicta. Ello incluso opera aunque los interesados se opongan, lo que supone la ejecución forzosa de los actos de la administración.
La única forma de oponerse a la ejecución es solicitando la suspensión de los actos administrativos, que puede solicitarse por vía jurisdiccional, mediante el recurso contencioso- administrativo, o por vía administrativa.
En caso de que la suspensión del acto administrativo pueda producir perjuicios al interés público o a terceros, deberá ir acompañada de alguna garantía o caución.
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Como norma general, la Ley establece que la Administración Pública está obligada a resolver todos los actos administrativos.
En este sentido, el silencio administrativo opera como una garantía de los ciudadanos ante el silencio de la administración, entendiéndose que la administración estima (silencio administrativo positivo) o desestima (silencio administrativo negativo) las peticiones que los interesados le han dirigido.
El los procedimientos iniciados por el interesado, la regla general es que opera el silencio administrativo positivo.
Para más información consulte con el despacho de abogados de César Ciriano en Zaragoza.
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El procedimiento administrativo es la sucesión de actos que la Administración realiza para la realización de un fin, de acuerdo con el procedimiento establecido legalmente, de forma que se dé servicio a los intereses generales, tal y como establece la Constitución.
El procedimiento administrativo tiene las siguientes fases:
Iniciación: que puede producirse de oficio o a instancia de parte.
Instrucción: alegaciones, informes, audiencias, etc.
Los interesados pueden desistir de la tramitación del procedimiento, si este se hubiese iniciado de oficio, en los casos en los que la ley lo permite.
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References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 21
 artículo 511