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Timestamp: 2018-09-20 11:33:02+00:00

Document:
﻿ LEY 409 DE 1997
LEY 409 DE 28 DE OCTUBRE DE 1997
CONTENIDO:APRUEBA LA "CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA", SUSCRITA EN CARTAGENA DE INDIAS EN 1985.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1084 DE DICIEMBRE 15 DE 1997, PG. 1305
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985”.
visto el texto de la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
ART. 1º—Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención.
ART. 2º—Para los efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
ART. 3º—Serán responsables del delito de tortura: a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan, y b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
ART. 4º—El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.
ART. 5º—No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
ART. 6º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.
ART. 7º—Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.
ART. 8º—Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.
ART. 9º—Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.
ART. 10.—Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
ART. 11.—Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia.
ART. 12.—Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención en los siguientes casos:
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.
ART. 13.—El delito a que se hace referencia en el artículo 2º se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los estado partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
ART. 14.—Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional.
ART. 15.—Nada de lo dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados partes en materia de extradición.
ART. 16.—La presente convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención americana de derechos humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el estatuto de la Comisión interamericana de derechos humanos respecto del delito de tortura.
ART. 17.—Los Estados partes se comprometen a informar a la Comisión interamericana de derechos humanos acerca de las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en aplicación de la presente convención.
ART. 18.—La presente convención está abierta a la firma de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 19.—La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 20.—La presente convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 21.—Los estados parte podrán formular reservas a la presente convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ART. 22.—La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ART. 23.—La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás estados parte.
ART. 24.—El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha organización y a los estados que se hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
Que la presente reproducción es fiel copia, tomada del texto certificado de la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias, el 9 de diciembre de 1985, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 9 de agosto de 1996.
ART. 1º—Apruébase la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

References: artículo 1
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 102
 artículo 1
 artículo 1