Source: http://www.social.org.br/cartilhas/cartilhaespanhol003/cartilha009.htm
Timestamp: 2019-02-21 04:26:34+00:00

Document:
Población: 98.9 millones de personas (2000)
Extensión territorial: 1,972,547 Km2
En 1991, el presidente Carlos Salinas anunció su propuesta de enmienda al Artículo 27 de la Constitución de 1917, que resultara de la Revolución Mexicana. El artículo trata de la reforma agraria: garantiza el derecho a la tierra para todos los campesinos, la expropiación de los latifundios y la repartición de tierras, no en forma individual sino para los ejidos 1. Esta modificación implicó la posibilidad de dividirse el ejido que era propiedad comunal e inalienable, en pequeñas propiedades privadas, así como el fin de la distribución de las tierras.
La lucha por la tierra ha siempre guiado los movimientos sociales a lo largo de la historia mexicana. Las principales reivindicaciones de la Revolución de 1910 eran que las tierras, bosques y recursos hídricos fuesen expropiados de los grandes propietarios y entregados a los campesinos sin tierra para establecer ejidos y colonias agrarias 2. El gobierno pos-revolucionario concibió la creación de los ejidos como una forma de organización productiva y de representación de los campesinos organizados y, también, como un instrumento de control político.
Entre 1915 y 1934, las seis administraciones presidenciales redistribuyeron 10 millones de hectáreas en cuanto que el presidente Cárdenas, en seis años (1934-1940), entregó cerca de 19 millones de hectáreas a 729,000 ejidatarios. El nuevo Código Agrario, aprobado en la administración de Cárdenas, estableció los medios legales por los cuales los trabajadores de las haciendas (peones) podían convertirse en dueños de las tierras. Con la rápida distribución de la propiedad, finalmente el ejido se tornó en una forma permanente de tenencia en el interior.
En el período de 1940 a 1958, conocido como la Contrarreforma, las políticas agrarias fueron modificadas destinando las mejores tierras para las medianas y grandes haciendas y el límite de la pequeña propiedad fue ampliado a 100 hectáreas de tierra fértil o su equivalente en áreas de calidad inferior.
Desde 1970, la agricultura de subsistencia, basada en prácticas tradicionales de producción de los campesinos (uso de tracción animal, semillas nativas, control biológico, fertilizantes orgánicos, rotación de cultivos) fueron degradados por procedimientos inadecuados de modernización tecnológica, implantados por organizaciones gubernamentales de investigación y desarrollo rural.
Las administraciones de López Portillo (1976-1982) y De la Madrid (1982-1988), en varias ocasiones, hicieron modificaciones similares a las de la Contrarreforma en los años cuarenta y cincuenta, procurando sustituir la reforma agraria por políticas destinadas al aumento de la productividad. Los pequeños productores fueron puestos de lado, en cuanto que la agricultura de gran escala y los ganaderos recibieron la mayoría de los subsidios, inversiones y ayudas financieras.
Después de los años ochenta, los subsidios para el sector rural se terminaron. México comenzó a invertir en otros sectores para ser globalmente competitivo. Los ajustes estructurales acompañaron las ideas persistentes de promover inversiones extranjeras en la agricultura. El gobierno no poseía una política de soberanía alimentaria, considerando la producción de granos en pequeña escala como no lucrativa e incapaz de atraer inversiones. A partir de 1988, la fuente de crédito para agricultura cambió de los bancos de desarrollo, como Banrural, a los bancos comerciales 3.
Después de más de seis décadas, la reforma agraria mexicana presentaba como principales resultados:
- los pequeños productores intensificaron la producción y la comercialización, manteniendo sus ingresos a pesar de cultivar áreas menores;
- evitó el éxodo de población rural, que de otro modo podría estar desempleada en las ciudades;
- impidió las revueltas en el medio rural en cuanto la economía se desarrollaba;
- convirtió a los beneficiarios en los principales productores de alimento básicos del país.
Sin embargo, tuvo fallas tales como:
- poca preservación de los recursos naturales existentes en las áreas integradas al proceso productivo agrícola;
- lenta distribución de los títulos de tierra;
- suministro tardío e inadecuado de crédito y asistencia técnica, dejando muchos beneficiarios sin atender y acarreando la disminución de su potencial económico.
- algunos grandes propietarios rurales no fueron afectados por la reforma agraria debido a subterfugios o sus conexiones políticas, generando una cierta injusticia en el proceso;
- la distribución de tierras fue usada como una forma de apadrinamiento político, frecuentemente usado para reprimir a los campesinos y mantenerlos en "su lugar";
- muchos campesinos no se beneficiaron.
La eliminación de los subsidios y la privatización o extinción de muchas agencias públicas del sector rural, afectaron el acceso al crédito, a los seguros, al mercados, a tecnologías modernas, semillas mejoradas, agua y riego, asistencia técnica e infraestructura básica y aumentaron los costos de insumos y servicios.
El abandono de los campesinos por los programas del sistema financiero rural y el cierre de la Aseguradora Nacional Agrícola y Pecuaria S.A. fueron parte del desmantelamiento del sector rural. Recortes en los préstamos además de la redirección de los préstamos hacia los grandes productores, y el debilitamiento de las instituciones fue acompañado por la falta de establecimiento de agencias financieras privadas en las comunidades.
Otra falla de la nueva reforma es la incapacidad del sistema financiero rural en proveer al sector con capital para inversiones de largo plazo en "tecnologías competitivas."
En 1992, la reforma al Artículo 27 fue aprobada por 388 votos a favor y 45 en contra. Los objetivos de la nueva ley eran disminuir el crecimiento del minifundio, promoviendo inversiones para aumentar la producción 4, con la promesa del presidente Salinas de generar más empleos y crear organizaciones para los trabajadores agrícolas. La enmienda vino como parte del paquete de reformas neoliberales que incluían la creación de la Zona de Libre Comercio de América del Norte (TLC, incluyendo Canadá, México y los Estados Unidos); la privatización de empresas estatales; el desregulamiento de los mercados de productoras agrícolas y la privatización de el control del riego 5.
Críticos de la enmienda al Artículo 27 consideran que sus principales consecuencias fueron la ruptura del contrato social rural, la privatización del ejido 6, la destrucción de las comunidades agrarias indígenas, la creación de nuevas formas de concentración de la tierra y la expulsión de millones de familias rurales para las ciudades.
Las formas más comunes de acceso a la tierra en México eran por arrendamiento, la subcontratación, la hipoteca, el préstamo y la aparcería. De acuerdo con algunos estudiosos, después de la reforma al Articulo 27 y con el Programa de Certificación de los Derechos Agrarios y Titulación de Habitación Urbana (PROCEDE), el mercado de tierra aumentó en forma de compra y venta, arrendamiento y otras formas de transacción de tierra entre los miembros de las comunidades rurales y con personas de fuera. Estos autores observan que el crecimiento poblacional y la distribución por edades están relacionados a la politización de las transacciones de tierra y al aumento del minifundio.
La distribución de la tierra era un medio esencial de acceso a ella, que ahora sólo es posible a través de herencia, compra, renta o préstamo. En el caso de campesinos pobres, apenas la herencia garantiza un pedazo de tierra. Ellos también observan que en donde prevalece el mercado de tierras, una minoría de propietarios locales o extranjeros controla las mejores áreas del ejido o privatiza la tierra comunal, en cuanto que un creciente número de campesinos esta perdiendo acceso a la tierra.
Con la reforma, el sector del ejido sufrió un fuerte decline en niveles tecnológicos excepto en el uso de algunas semillas mejoradas, como el sorgo. Las pocas inversiones en tecnología se destinaron a los grandes productores.
Para el pobre del campo, "la llamada globalización no destruyó la cultura rural, pero ha tenido un impacto. Los pobres rurales de México han sido dejados atrás tecnológicamente y sus practicas agrícolas tradicionales, que eran suficientes en el pasado, ahora han sido perturbadas y desacreditadas por la nueva ortodoxia, resultando en un inevitable deterioro del medio ambiente y una caída de la calidad de vida rural."
En 1995, 73% de la población de México vivía en áreas urbanas. En las décadas recientes, más del 60% del crecimiento urbano ocurrió por medio de la apropiación ilegal de las tierras del ejido. El programa gubernamental "100 ciudades" anunció la urbanización de 120 mil hectáreas de tierra de ejidos para la expansión de las principales ciudades mexicanas. El sistema de propiedad del ejido abarca mucho más que el México rural; la mitad de las tierras comunales se encuentran cerca de las ciudades que más crecen en el país 7. La reforma de 1992 permite que los dueños de las tierras comunales se asocien con inversionistas privados o vendan sus tierras a empresas de construcción civil o se conviertan en victimas del desarrollo urbano que destituye a la comunidad de su tierra e identidad.
La introducción de las políticas de libre mercado y la retirada de los créditos al sector rural provocaron un descontento general entre los productores. En julio de 1990, el Movimiento de los 400 Pueblos marchó en Poza Rica, Veracruz, exigiendo la distribución de 80,000 hectáreas, crédito y asistencia técnica; en septiembre de 1990, cerca de 10,000 campesinos del Noroeste, del Bajío y del Sur marcharon hacia la Ciudad de México exigiendo, entre otras medidas, la modificación de la política agraria. La principal crítica era que la propuesta a la enmienda del Artículo 27 había sido impuesta por intereses del Banco Mundial 8, del gobierno de los Estados Unidos 9, del consorcio conservador de empresarios mexicanos y de la tecnocracia liberal representada por el Ministerio de Comercio.
Después de la Revolución Mexicana, los movimientos sociales fueron conducidos por los campesinos pobres de los ejidos. La lucha principal era por el acceso a la tierra, pero en algunos momentos, la producción se tornó más importante. En los años sesenta, los movimientos estudiantiles y el auge de la Teología de la Liberación tuvieron influencia en las transformaciones de las organizaciones campesinas.
En la administración de López Portillo (1976-1982), la represión de las luchas por la tierra se tornó más común, los movimientos sintieron la necesidad de unirse al ámbito regional y nacional y las demandas relacionadas a la producción parecían ofrecer una base mejor para la movilización de los campesinos.
En 1991, durante los difíciles debates que precedieron a la aprobación de la reforma al articulo 27, existían tres posiciones distintas en el movimiento campesino: a favor de las reformas, pero con algunos cambios pequeños; radicalmente contra la reforma constitucional (con apoyo de diversas organizaciones); y una posición intermedia.
La principal propuesta de los campesinos fue la continuidad del contrato social de 1917 y su expansión. Por tanto, exigían una política definida para estimular la agricultura, con garantías de intensificar la producción rural del país y la autosuficiencia alimentaria, para asegurar la participación de los campesinos en la administración y los procesos de decisión, así como, para estimular y preservar la autonomía de las organizaciones campesinas.
Hoy el futuro rural de México esta siendo decidido. Diez años después de la reforma al artículo 27 y después de nueve años del TLC, pequeños y medianos agricultores no han podido competir con los productores agrícolas subvencionados de los Estados Unidos. Los campesinos se van organizando en un vasto movimiento llamado El Campo No Aguanta Mas, que incluye 12 organizaciones campesinas nacionales.
En este intervalo, las reivindicaciones principales de las organizaciones campesinas son:
- una moratoria al capítulo agrícola del TLC,
- la implementación de programas sociales para 2003-2020,
- una verdadera reforma financiera del sector rural,
- la exclusividad del Congreso para modificar el presupuesto del sector rural,
- el acceso a la comida de calidad y seguridad alimentaria de todos los mexicanos
- y el reconocimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas.
1. El ejido es un producto exclusivo de la reforma agraria mexicana. "El ejido ha influenciado mucho el orden económico, social y político del sector rural de México. Bajo ese aspecto, es una entidad de producción y una forma de organización social. Ha desempeñado un papel doble económico, como un productor de bienes básicos para la población urbana y como un refugio para los pobres y desempleados de México. Al mismo tiempo, ha sido frecuentemente el local de acciones políticas colectivas" (Baños, 1998:32). "la reproducción de los asentamientos campesinos no pueden ser sostenidas apenas por la tierra; los recursos que han sido destinados por el gobierno para el ejido (cualquiera que sea el costo político) son indispensables" (López y Moguel, 1998:222).
2. El gobierno pagó por la expropiación de la tierra una indemnización equivalente a un tercio de su valor. La Dotación, fue el mecanismo principal que garantizaba el ejido, siendo 80% de las tierras concedidas de esta forma (Thiesenhusen, 1995).
3. Los principales bancos comerciales son: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura/Fondo de Crédito para la agricultura (FIRA), Nacional Financiera (institución de préstamo para industrias de pequeño y mediano tamaño) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Mhyer, 1998; De Janvry, et.al., 1997).
4. La competitividad de México se encontraba amenazada hacía tiempo: aproximadamente 75% de las tierras agrícolas sufrían altos niveles de erosión, 16% estaban en proceso de desertificación y, anualmente, cerca de 500 mil hectáreas de bosque se perdían (Morett, in Varo, 2000).
5. "Con el Programa de Modernización Rural (parte del Plan de Desarrollo Nacional de México, 1989-1994), el control de los sistemas de riego fue transferido a los usuarios del agua, haciéndolos responsables de la operación, manutención y gerencia del sistema" (Whitheford, et.al., 1998:384).
6. Esa enmienda acabó con el estatus jurídico especial del ejido, permitió la venta de tierras colectivamente controladas y creó nuevas presiones para los que los campesinos produjeran individualmente (Snyder, 1998)
7. En 1999 el 51.4% del territorio rural estaba bajo el régimen comunal o del ejido (Roblis, 1999 in Appendini, 2001).
8. En febrero de 1990, el Banco Mundial publicó un documento sugiriendo que el gobierno mexicano profundizara las modificaciones neoliberales en lo que concierne a las leyes agrarias.
9. En el transcurso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de los Estados Unidos ejerció presión para cambiar la ley agraria mexicana. En el artículo 501 se lee: " Las partes concuerdan en que su objetivo principal es eliminar el mayor numero posible de barreras al comercio, subsidios y modifica las disposiciones relevantes en las regulaciones que distorsionen el comercio, con el propósito de promover la competitividad, elevando la eficiencia a través de aumentos en la escala de producción" Es importante resaltar que, hoy, ambos países tienen altos subsidios y los Estado Unidos practica un severo dumping de sorgo exportado a México.

References: Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 501