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Timestamp: 2020-08-13 16:59:32+00:00

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FACULTAD DE DERECHO, TRABAJO FIN DE GRADO
AUTOR: BEATRIZ MARCOS VIAN TUTOR: MONTSERRAT DE HOYOS SANCHO
El presente trabajo pretende poner de manifiesto algunas de las peculiaridades del proceso de incapacitación. Se realizará un estudio pormenorizado de la incapacitación, pasando por el concepto y la evolución histórica, hasta las características del procedimiento especial a través del cual se tramita esta materia.
Proceso de incapacitación, incapacitado, competencia judicial, legitimación, prueba, sentencia, medidas cautelares.
The aim of this work is to highlight the peculiarities of the incapacitation procedure. This research is a specific study of incapacitation from concept to the characteristics and evolution of the special procedure.
a. Distinción entre capacidad de obrar y jurídica 5
b. Evolución histórica 7
i. Antecedentes 7
ii. Situación actual 9
c. Motivos de la incapacitación 10
PRINCIPIOS RECTORES Y CARACTERISTICAS
a. Principio dispositivo 12
b. Principio de oficialidad 15
c. Principio de legalidad 17
i. Referencia a los tribunales españoles 17
ii. Competencia territorial 18
1. Determinación del domicilio o residencia habitual del
demandado 19
2. Improrrogabilidad del fuero 21
3. Supuestos de internamiento 22
iii. Competencia objetiva 22
iv. Competencia funcional 23
SUJETOS QUE PUEDEN PROMOVER LA INICIACION DEL
PROCESO 24
PARTES 26
i. Introducción 26
ii. Parte activa 26
1. Supuesto de mayoría de edad 26
a. Parientes legitimados 26
b. Ministerio fiscal 28
2. Supuesto de minoría de edad 30
iii. Parte pasiva 32
i. Demanda y contestación a la demanda 36 ii. Alegación de los hechos. Búsqueda de la verdad material. 37
iii. Exclusión de la publicidad. 37
i. Audiencia de los parientes mas próximos 38
ii. Examen del presunto incapaz 40
iii. Dictamen pericial del médico 41
iv. Pruebas a practicar para determinar el cargo de tutela 43
SENTENCIA Y EFECTOS 44
i. La sentencia de incapacitación 47
1. Contenido 47
2. Extensión y limites de la incapacitación 49 3. El régimen de protección al que debe quedar sometido el
incapacitado 50
4. Nombramiento de la persona que debe ostentar la
condición de tutor o curador. 51
ii. Efectos de la sentencia 52
1. Eficacia ex nunc 52
2. Publicidad registral 53
3. Eficacia erga omnes 54
4. Cosa juzgada 54
g. PROCESO DE REINTEGRACION DE LA CAPACIDAD 56
h. MEDIDAS CAUTELARES 58
i. RECURSOS 61
i. La segunda instancia en los procesos de incapacitación 62
ii. Recurso de casación. 63
j. EJECUCIÓN 64
En este trabajo lo que se ha pretendido es acercar un poco la cuestión del proceso de incapacitación, y cómo las continuas reformas que se han producido, han ido modificando el régimen inicialmente previsto. También se ha intentado en su mayor parte dar respuesta a una serie de cuestiones que surgen con la interpretación de la nueva regulación.
La estructura empleada se inicia con una definición de incapacitación, ya que ni el Código Civil ni la LEC ofrecen una definición. No obstante, ésta puede ser definida como la privación de la capacidad de obrar de una persona física acordada por sentencia en virtud de las causas establecidas en la Ley. Tras esto, se avanza con los principios informadores del procedimiento, y el proceso propiamente dicho, pasando por la competencia, las partes, la prueba, o la sentencia entre otras muchas fases del mismo.
a. Distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica
Toda persona, por el mero hecho de serlo, es considerada por el ordenamiento jurídico, como sujeto de derechos y obligaciones. Esta capacidad jurídica que implica la posibilidad general de ser parte de relaciones jurídicas, es sinónimo de personalidad. El artículo 29 de nuestro Codigo Civil ya consagra la personalidad como un atributo indisolublemente unido a la condición de persona, estableciendo que “El nacimiento determina la personalidad”.
Esta posibilidad general de ser titular de derechos y obligaciones es insuficiente para poder realizar validamente ciertas actuaciones, por ello es necesario tener capacidad de obrar. La capacidad de obrar se puede definir como la aptitud o idoneidad para realizar por uno mismo actos con eficacia jurídica, requiriendo a su vez una capacidad volitiva o un mínimo de madurez en el sujeto, para cuidar de su persona y también de sus bienes. 1
A pesar de ello, existen personas a quienes pueden afectar una serie de factores que disminuyen, y en ocasiones extinguen, toda actividad intelectual o volitiva. Por ello no dejan de ser titulares de derechos, a cuya capacidad jurídica no afectan tales deficiencias, pero que en cambio si afectan a su capacidad de ejercicio o de obrar. A diferencia de la capacidad jurídica, que no puede ser limitada, y mucho menos suprimida, la capacidad de obrar, si que puede ser restringida, temporal o definitivamente, o bien eliminada totalmente, siendo esta situación susceptible de modificación en cualquier momento. 2
Ahora bien, no basta con la mera existencia de estas deficiencias o minusvalías, sino que se exige que estas situaciones de incapacidad para gobernarse por si mismo se manifiesten, y que sean los parámetros dispuestos en el ordenamiento jurídico los que de una manera clara, expresa y definitiva, determinen esa incapacidad.
En relación con esto, encontramos la STS 19 de mayo de 1998; en ella y en la sentencia de 31 de diciembre de 1991 que se cita en el fundamento segundo, como en otras, la de 20 de mayo de 1994, 31 de octubre de 1994 y 19 de febrero de 1996, dicen literalmente: “La capacidad de las personas físicas, es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, en supuestos como el que se estudia, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, pues los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva y patrimonial.”
Esta privación puede ser total o parcial, alcanzando bien a todos los actos jurídicos o bien a algunos en concreto. En relación con esto, la DGRN el 30 de junio de 2005 establece que, la sentencia que declare la incapacitación ha de determinar la “extensión y
límites de ésta” (Cf. art. 210 CC.), lo que supone que la incapacitación no se configura legalmente como uniforme, sino que del mismo modo que se gradúa legalmente la capacidad de las personas (en función de la escala de edad), también se modula la incapacidad de las mismas en razón del concreto grado de discernimiento de la persona
afectada que en el proceso seguido haya apreciado discrecionalmente el juez (así para la curatela vide art. 287 CC).
La incapacitación no significa necesariamente carencia total de juicio en el incapacitado. También puede ser ausencia parcial de éste (menor discreción de juicio que la media), o ausencia del juicio preciso para ciertos actos considerados comúnmente de mayor trascendencia.
b. Evoluciónhistórica
El régimen jurídico de la incapacitación y su declaración arrancaba del artículo 32.2 del CC, en el cual se disponía que “La menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción no son más que restricciones de la personalidad jurídica”. Y se contemplaba con lo establecido en el articulo 200 de dicho Código, estableciéndose que: “Están sujetos a tutela: 1º Los menores de edad no emancipados legalmente. 2º Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos y sordomudos que no sepan leer y escribir. 3º Los que por sentencia firme hubiesen sido elegidos pródigos. 4º Los que estuvieran sufriendo la pena de interdicción civil”.
Ambos preceptos contenían una asimétrica enumeración de lo que recibía el nombre de restricción de la personalidad jurídica. No existía un término medio, ya que solo existía la graduación en el caso de los sordomudos que no supieran leer y escribir. Se partía del error de incluir en el concepto a los “dementes”, y con similitud de efectos tutelares, a una multitud de enfermos de características muy diversas, necesitados de un campo de protección diferente. 3
Esta regulación estuvo vigente bajo constantes y crecientes críticas, en las que ya se proponía la suspensión del artículo 32.2. Debido a los múltiples estudios para la reforma de los preceptos del CC, se elaboró un Anteproyecto de ley de Reforma de los preceptos del CC, relativos a la tutela, estableciéndose que el artículo 32.2 era innecesario, ya que todos los problemas que planteaba los resolvía el artículo 200. La modificación de dicho artículo, supuso que el mismo estableciera lo siguiente: “Se consideran causas de invocación de la incapacitación: 1º La enfermedad y las deficiencias mentales, cuando ocasionen en mayor o menor
3 HEREDIA PUENTE. M. Y FABREGA RUIZ. C, “
Protección legal de los incapaces” Colex, Madrid,
grado la imposibilidad de que la persona gobierne por sí mismo sus asuntos o intereses. 2º Las anomalías orgánicas o funcionales, que determinen la imposibilidad de que la persona se comunique suficientemente con los demás para cuidar de sus asuntos o intereses. 3º El alcoholismo y la toxicomanía cuando produzcan las consecuencias previstas en los apartados anteriores”
En esta misma línea, el proyecto de reforma del CC en materia de tutela de 1981,4 también proponía la supresión del citado artículo 32.2 y presentaba un nuevo artículo 200. Y en el proyecto de ley de la reforma del CC en materia de Tutela de 19835 se contenía la misma propuesta por lo que se estableció de manera definitiva el articulo 200, disponiéndose en el mismo que “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por si misma” Con este sistema se rompe con el modelo anterior, a favor de una formula mas general y flexible. Con tal reforma también se modifica el articulo anterior, es decir, el 199 del CC, estableciendo que “Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley”
De esta forma queda claro que no solo se necesita incurrir en las causas de incapacidad para ser declarado incapaz, sino que también es necesaria una decisión judicial que se alcanza a través del proceso legalmente establecido.
Pero a pesar de todo esto, en nuestro ordenamiento jurídico no hay apenas referencias acerca del procedimiento a seguir para declarar la incapacidad. En las Partidas no se dice nada, y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y de 1881 abordaron el tema sin aclarar las numerosas dudas que se planteaban. No se producirá una solución como tal hasta la ley de 13/1983, la cual supuso la redacción actual de los artículos 199 y 200, que partiendo de una presunción general de capacidad de toda persona, ésta solo podría ser desvirtuada por prueba concluyente basada en las causas establecidas en la ley, y en virtud de una sentencia firme, dictada en juicio declarativo ordinario de menor cuantía, de conformidad con el articulo 484 de la LEC de 1881
Mas tarde, la ley de 6 de agosto de 1984, de reforma urgente de la LEC, vino a consolidar lo dispuesto en la ley de reforma del CC de 1983 sobre el tipo de procedimiento
4 Vid, Codigo Civil (Reformas 1978 – 1983). Trabajos parlamentarios. Cortes generales. T III. BOCG.
Congreso de los diputados. I legislatura. Serie A, numero 202 – I, 24 de Junio de 1981, pp. 2305 a 2319
5 Vid, Codigo Civil (Reformas 1978 – 1983). Trabajos parlamentarios. Cortes generales. T III. BOCG.
aplicable a estos supuestos, al consagrar el tenor literal del artículo 484.2 de la LEC, el cual establece “ En el caso a que se refiere el apartado anterior, recibidas las actuaciones y personadas las partes ante la Sala que se haya considerado competente, continuará la sustanciación del recurso desde el trámite de admisión”
Por su parte, la ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del Menor, de modificación parcial del CC, y de la LEC, establecía en su disposición adicional, que “con excepción de las declaraciones de incapacitación y de prodigalidad, las demás actuaciones judiciales previstas en los títulos IX y X del libro I del CC, se ajustaran al procedimiento previsto para la jurisdicción voluntaria”
Con la reforma por la ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se viene a instaurar el proceso de incapacitación en el ámbito de la jurisdicción contenciosa, considerado como un proceso especial. Sobre tal base, la vigente ley dedica el Libro IV a los procesos especiales (artículos 748 a 827), y el titulo I a los “Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores”
Supone esta nueva regulación, la derogación de los artículos 202 a 214 y 294 a 296 y 298 todos del Código Civil, dejando de este modo subsistente únicamente los artículos 199 a 201 del mismo cuerpo legal. Se abandona el juicio declarativo de menor cuantía, y se declara que los procesos especiales se sustanciaran por los trámites del juicio verbal, dotándoles de especialidades propias, salvo que expresamente se disponga otra cosa.
Además a este análisis de lo que supone la regulación actual LEC 1/2000, hay que acompañarle de la mención especial de la reforma llevada a cabo por la ley 41/2003 de 18 de noviembre, de protección de las personas con discapacidad, y de modificación del CC, de la LEC y de la normativa tributaria con esta finalidad 6
Desde la perspectiva de esta regulación se establece que la incapacitación debe venir declarada por una sentencia judicial que ponga fin a un proceso seguido con todas las garantías, y tal declaración debe basarse en las causas tipificadas en la ley. Supone tal la reducción o limitación de la capacidad de obrar, cuya existencia previa debe necesariamente
presumirse, y que con arreglo a su estado tiene un sujeto normal. Al declarar incapaz al sujeto, modifica su estado civil, constituyéndolo en uno nuevo, el de incapacitado, y sometiéndole a alguno de los regímenes de guarda.
c. Motivos de la incapacitación
Aunque el objeto de este trabajo es el proceso de incapacitación, nos referiremos también sucintamente a los motivos de incapacitación. El articulo 200 del CC establece que: “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por si misma”
En su consecuencia, son tres las deficiencias que, en términos generales, originan la incapacitación:
1.- Alteraciones o deficiencias psíquicas o mentales.
2.- Alteraciones o deficiencias físicas.
3.- Alteraciones o deficiencias psicofísicas.
En relación con esto, la STS 31 de diciembre de 1991 (RJ 1991/9483), establece
que “en términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente y a veces progresivo que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitarte para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes”
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la enumeración legal no constituye un
numerusclausus. Lo imprescindible es que concurran dos circunstancias determinantes:
El autogobierno7 es la idoneidad de la persona para administrar sus intereses (materiales y morales) y, por ende, la guarda de la propia persona. Desde el punto de vista médico el autogobierno tiene tres dimensiones: la patrimonial (autonomía e independencia en la actividad socioeconómica), la adaptativa e interpersonal (entendiendo por tal la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria en la forma y manera que sería de esperar para su edad y contexto sociocultural) y la personal (en el sentido de desplazarse eficazmente dentro de su entorno, mantener una existencia independiente en relación con las necesidades físicas más inmediatas, incluyendo alimentación, higiene y auto cuidado). Aplicando este criterio, se ha declarado la incapacidad de quien teniendo inalteradas sus facultades volitivas, no podía comunicarse con el exterior sin ayudas especiales.
B.- Persistencia de las causas que determinan tal imposibilidad. Los trastornos cíclicos se consideran persistentes a estos efectos.
En relación con esto, la STS 26 de julio de 1999 (RJ 1999, 7845) establece quede ningún modo es viable es no incapacitar al enfermo sino sólo en cada una de las fases críticas. Si la enfermedad es persistente con posibilidad de repetición, han de adoptarse las medidas necesarias en defensa de su persona y bienes de modo continuo y estable, para lo cual parece institución más adecuada la tutela, pues ésta obliga al tutor a promover la recuperación de la salud del tutelado (art. 269.3º C.c.).
Al mismo articulo 200 hay que añadirle por ende lo que establece el precepto anterior, el articulo 199 del CC, "Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley"; respondiendo este precepto a los principios que rigen el procedimiento de incapacitación, que posteriormente vamos a analizar.
3) PRINCIPIOS RECTORES Y CARACTERISTICAS
Las partes procesales carecen de poder de disposición sobre el objeto del proceso, característico de la mayor parte de los procesos civiles, de tal suerte que los principios
7La STS 28 de julio de 1998, (RJ 1998/6134) muestra de manera clara este motivo de incapacitación. En ella
dispositivo y de aportación de parte, han sido sustituidos en buena medida,8 en este tipo de procesos, por los principios inquisitivo y de investigación de oficio.
a. Principio dispositivo
El principio dispositivo supone, tal y como su nombre indica, la total y absoluta disposición por las partes9 objeto del proceso, tanto en su inicio, como en su continuación, y hasta su finalización mediante sentencia.
El fundamento del principio dispositivo reside en la naturaleza disponible del derecho material, en concreto, sometido a juicio,10 que condicionará de manera determinante la estructura jurídica del proceso.
La comúnmente reconocida indisponibilidad de la capacidad de las personas supondrá la automática indisponibilidad sobre la mayor parte de los actos procesales que se realicen en el proceso destinado a la obtención de pronunciamiento judicial sobre dicho estado civil.
La primera manifestación del principio dispositivo viene determinada por la disposición de la acción, o necesaria instancia de parte en el ejercicio de la acción. En este sentido, los principios “nemo iudex sine actore” (ningún juez sin demandante), y “ne procedat iudex ex officio” (que el juez no proceda de oficio), exigen que sea siempre y en todo caso el actor quien por su voluntad favorable a la resolución judicial del conflicto, ponga en marcha el proceso a través del ejercicio de la acción.
Esto ultimo no significa que los particulares no puedan acudir a otros medios auto compositivos o heterocompositivos, diferentes al proceso, para resolver el conflicto, o para
8 El relativismo dimanante de esta afirmación responde a la conveniencia de no mantener, respecto de los
principios de los procesos sobre la capacidad de las personas, posiciones maximalistas, puesto que, tal y como afirma BERZOSA, V., “Ni el principio dispositivo no el de oficialidad se manifiestan única y exclusivamente en sus respectivas esferas, apareciendo, debido a su combinación, una zona intermedia mas o menos amplia, en la que se sitúan los procesos civiles inquisitivos y los procesos penales por delitos derivados” en “Principios del proceso”,en Justicia III, 1992, p. 576.
9 Vid. A propósito de esta cuestión, GIMENO SENDRA, quien advierte que “a diferencia del proceso
penal, en el ámbito civil, los conflictos ínter subjetivos suelen poseer una naturaleza disponible, y es ahí donde impera el principio dispositivo” en Comentarios a los preceptos 19 a 22 (medios anormales de finalización del proceso) en Proceso Civil Práctico.
CORTES DOMINGUEZ V. La constitución española y los principios rectores del proceso civil.
ser mas precisos, para determinar la concreta situación jurídica en la que se encuentra una persona presuntamente incapaz de gobernarse por si misma, toda vez que el precepto 199 del CC dispone que la incapacidad únicamente podrá ser declarada en sentencia judicial, y esta resolución, paralelamente, tan solo puede ser dictada por un Juez en el marco de un procedimiento de naturaleza contenciosa.
La naturaleza de los derechos e intereses tutelados en el proceso de incapacitación es pública, si tomamos en consideración que es la dignidad, la libertad de disposición personal y patrimonio y el bienestar de la persona en que puede concurrir alguna de las causas de incapacitación legalmente previstas.
El bien jurídico sometido a juicio pertenece al propio tiempo al patrimonio de la persona, y por ende, al bien común, habiendo de intervenir el Ministerio fiscal a lo largo de todo el procedimiento, debido al interés general dimanante de la situación jurídica de tutela.
La incapacitación únicamente podrá decretarse en sentencia judicial tras un proceso de incapacitación, es decir, que dicho proceso de incapacitación tan solo podrá iniciarse a instancia de la persona legitimada y por las causas legalmente estipuladas. No cabe la iniciación de oficio del proceso de incapacitación. Por tanto se puede decir, que el principio dispositivo, despliega toda su eficacia en la proyección relativa a la necesaria instancia de parte.
El actor, podrá optar por acumular las pretensiones, o bien presentar una demanda en la que solo se solicite la incapacitación, reservándose la petición de nombramiento de tutor o curador para un procedimiento posterior, que se sustanciara por los trámites de jurisdicción voluntaria.
Dentro del principio dispositivo, es posible hablar de una manifestación del mismo en lo relativo a la congruencia civil, o adecuación entre las pretensiones de las partes y la sentencia. Parece evidente que si el legitimado activo solicita la incapacitación con base distinta a aquella por la que el demandado debiera ser incapacitación, no por ello debe el juez abstenerse de conocer la verdadera causa de incapacitación, aunque ésta no hubiera sido mencionada por el actor en su demanda.
Así pues, la efectividad de esta manifestación del principio dispositivo en los procesos de incapacitación es relativa o matizada, cuando no inexistente11, toda vez que el juez no podrá proceder a incapacitar a una persona si el actor no ha manifestado, siquiera someramente, la existencia de alguna causa de incapacitación, pero si podrá, sin embargo, declarar la incapacitación de dicho sujeto pasivo por causa distinta a la propuesta por el actor en su demanda, siempre y cuando con ello no se comprometa el derecho de defensa del demandado.
El principio de congruencia no rige por tanto en toda su plenitud. No lo hace plenamente porque la congruencia civil no tiene, como única proyección, la necesaria adecuación entre las pretensiones de las partes y la sentencia. Por tanto, una vez interpuesta la petición de incapacitación, ante el órgano judicial competente, el juez habrá de resolver a esta cuestión, con una resolución motivada.
No cabe dentro del procedimiento el non liquet. Es por ello por lo que el juez no se halla desde luego vinculado por la pretensión de las peticiones de las partes, pero sí por su solicitud de examen del presunto incapaz y emisión de una declaración, en el sentido mas
11 PRIETO – CASTRO Y FERRANDIZ, L.; opina en este sentido que el principio de congruencia no rige
para estas cuestiones, “por efecto de la obligada libertad del órgano judicial para averiguar hechos, aportar antecedentes y acreditar cuanto sea necesario, por lo que acerca estos procedimientos al principio acusatorio y al de defensa material de los jueces, por encima y mas allá de la instancia o rogación de la parte” “Incapacitación del imbécil,” <Anuario de Derecho civil>, Tomo I, MCMXLVIII, enero – marzo,
ajustado a la realidad, a propósito de su incapacitación, o por el contrario de su plena capacidad.
El interés publico que guía este tipo de proceso ha de presidir todo el procedimiento, de principio a fin. En este sentido, la búsqueda de la verdad material, el verdadero y cabal conocimiento del estado mental en el que se encuentra el presunto incapaz, la protección de la persona y patrimonio de este sujeto, y la de la sociedad en general, que ha de confiar al Estado, representado por los Jueces y tribunales por razón de su profesión, la declaración de ausencia de la capacidad de obrar de sus ciudadanos, como fuere preceptivo, son los motores fundamentales de la incapacitación.
b. Principio de oficialidad
El Juez goza en este tipo de procedimiento no solo de multitud de facultades12, sino también un amplio margen de actuación en la práctica, a lo largo de todo el procedimiento.13
Aun cuando el Ministerio fiscal podrá promover los procesos de incapacitación, lo cierto es que ello no nos autoriza para predicar la oficialidad de los procesos sobre la capacidad de las personas en el periodo procesal destinado a la instancia o promoción, toda vez que el juez no podrá de ninguna manera decretar ex officio el inicio de este tipo de procesos.
El principio de oficialidad proyecta sus efectos, en esencia, en las siguientes manifestaciones:
a) En la adopción ex officio, de una multiplicidad de medidas de protección tanto con carácter previo al inicio del proceso, como a lo largo de su procedimiento.
b) En la investigación judicial de la causa de incapacitación, mediante la práctica, a iniciativa del juez, de cuantos medios de prueba resulten pertinentes, oportunos y útiles.
c) En la libre valoración de la prueba.
12 SERRANO ALONSO, E. “Relevancia de la intervención de la incapacitación del juez en la
incapacitación, tutela y curatela”, <RJE La ley > 1984 – 2, p. 118
13 MORENO – LUQUE CASARIEGO, C., “Consideraciones sobre la Ley 3/1983, de 24 de octubre”,
Estas tres manifestaciones del principio de oficialidad en los procedimientos sobre la capacidad de las personas a las que acabamos de referirnos tiene un objetivo común: el descubrimiento de la verdad material14 a través de la búsqueda, efectuada directamente por el Juez, de los síntomas que aquejan al presunto incapaz.
El juez podrá por tanto adoptar, de oficio o a instancia de parte, cuantas medidas de protección estime pertinentes, tanto antes como después y desde luego en la sentencia de incapacitación, orientadas en exclusiva a la protección de la persona y bienes del presunto incapaz o incapacitado.
Aún cuando estas medidas de protección de los presuntos incapaces guarden cierta similitudes con las medidas de cautelares civiles, lo cierto es que su aplicación no ha de reconducirse con carácter general, debido a las diferencias que se aprecian.
Dentro del principio de oficialidad, hay que aludir a la investigación de oficio. La investigación de oficio encuentra su fundamento en la protección de quienes se encuentran como consecuencia de la afectación en su persona de una enfermedad o deficiencia, es decir, privadas de idoneidad natural mínima para regir su persona y administrar sus bienes.
Los procesos sobre la capacidad de las personas se resolverán según el precepto 752.1º de la LEC, con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en el hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento. En los procesos sobre la capacidad de las personas, el juez habrá de practicar inexcusablemente los medios de prueba legalmente establecidos, además de aquellos que estime oportunos para la adecuada valoración de la esfera volitiva e intelectiva de la persona sometida a juicio y, desde luego, de los solicitados por las partes para destruir la presunción legal de capacidad, así como para reintegrarla.
14 MONTERO AROCA, J., ha evidenciado, con CARNELUTTI, que la verdad no puede ser mas que una,
Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal, y de las demás partes, el juez podrá, pues, por el reconocimiento expreso del precepto 752.1º II LEC, decretar de oficio cuantas estime pertinentes.
Al hilo de esto, hay que aludir a la libre apreciación de la prueba, ya que el articulo 753.2º LEC dispone que la conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal, ni podrá éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad o en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria. Tampoco estará el tribunal vinculado en los procesos a que se refiere este título a las disposiciones de esta ley en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y privados reconocidos.
c. Principio de legalidad.
El principio de legalidad preside de principio a fin el proceso de incapacitación, toda vez que tanto el Ministerio fiscal , en su misión de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés publico, como los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en el de las funciones que expresamente le sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho, están comprometidos en la defensa de la legalidad, sin que puedan en modo alguno adecuar su actuación a razones de mera oportunidad .
En este sentido, la incapacitación tan solo podrá ser decretada por el juez, tras la celebración de un procedimiento en el que, con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal, se pronunciara conforme al principio de legalidad, también denominado de necesidad15, que preside de modo necesario aquel procedimiento, sobre la efectiva concurrencia o ausencia de la causa de incapacitación, sin atender en el examen sobre la verdadera aptitud para el autogobierno del presunto incapaz a criterios de oportunidad.
i. Referencia a los tribunales españoles y a la ley aplicable
ORTELLS RAMOS, M. Derecho Procesal Civil, 4ª ed, Ed, Thomson – Aranzadi, Pamplona, 2003, p.
El articulo 22.3ª LOPJ, establece que los Juzgados y tribunales españoles son competentes “En materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona, y de los bienes de los menores o incapacitados cuando estos tuvieran su residencia habitual en España”, con independencia de la nacionalidad de la persona afectada.
De forma que los extranjeros que residan habitualmente en España pueden ser incapacitados aquí, si bien la normativa sustantiva aplicable será el de su propia nacionalidad, tal como dispone el articulo 9.1º del Codigo Civil. Las causas de incapacitación serán, por tanto, las que prevea su propia normativa civil.
En la LEC de 1881 no existía ninguna mención expresa de la incapacidad entre los fueros especiales de competencia previstos en su artículo 63. Ante tal situación, se incluía la incapacitación dentro de las demandas sobre el estado civil, considerando como juez competente el del domicilio del presunto incapaz. En relación con esto, la sentencia del TS de 1 de Julio de 1992 (RJ1992/6500) dispone de forma clara que “el juez competente de conocer de un juicio declarativo sobre incapacitación de una persona es el del domicilio del presunto incapaz, y por otro lado, que el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual”.
La nueva LEC establece en su artículo 756 que será competente para conocer de las demandas sobre la capacidad “El juez de primera instancia donde resida la persona a la que se refiere la declaración que se solicita”16. Este lugar de residencia puede no coincidir con el domicilio habitual.17
Por residencia habitual se entiende aquella normal y previsible para el futuro próximo y en consecuencia habrá que estar al lugar donde pasa el mayor del tiempo el demandado donde se presume que lo pasara en adelante, valorando la vinculación del demandado con ese lugar y la intención. 18
16 BANACLOCHE PALAO J. “Comentario al articulo 756 de la LEC” en Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil. 2001. p. 350
17 Como podría ser el supuesto en que el presunto incapaz conviviese con algún familiar que se encargara
de hecho de su cuidado.
18 SANCHO GARGALLO I. “Comentario al artículo 756 de la LEC”, en
Este fuero se le impone al juez con el fin de facilitar el examen del incapaz, que tiene que ser personal. Así lo respalda el artículo 759.1 LEC, al igual que establece la necesidad de determinar el órgano de guarda y control judicial19. No hay que olvidar que la exploración del presunto incapaz es la única prueba que no se puede practicar por exhorto, pues si así fuera, se perdería toda su virtualidad. De igual manera se justifica la opción por este fuero ante la posibilidad de adopción de medidas cautelares para la adecuada protección del presunto incapaz, que aconsejan la cercanía posible de la persona respecto del juez que debe adoptarla. (Articulo 762 LEC)20.
1. Determinación del domicilio o residencia habitual del demandado
Ante la discusión que existía entre el domicilio real y domicilio legal, la jurisprudencia ya había optado por el primero, declarando que el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual. Lo que ahora resulta mas claro con el artículo 756 LEC, que se refiere expresamente al lugar de residencia habitual y no domicilio.
1º - En el caso de enfermos mentales ingresados en centros psiquiátricos para enfermos agudos, se entiende que ese no es su lugar de residencia habitual, pues una vez reestablecidos presumiblemente volverán a su casa. Su domicilio familiar, si lo tienen, será el valido a los efectos de determinar la competencia territorial en el proceso de incapacitación.21.
2º - Si el centro es de enfermos subagudos o residuales, y por las circunstancias familiares que se extraen del informe social, no se presume su vuelta a casa, podremos tomar el centro psiquiátrico como lugar de residencia habitual.
3º - Tratándose de personas que han sufrido graves lesiones cerebrales como consecuencia de un traumatismo o de un accidente cerebral vascular, la admisión del fuero de competencia estará en función del que se prevea vaya a ser lugar de residencia del demandado durante el proceso. Si está en estado vegetativo, siendo preceptiva su
19MORA MATEO J. E. “Comentario al artículo 756 de la LEC” en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Dykinson 2000. p. 699
20SANCHO GARGALLO I “Comentario al articulo 756 LEC” en Comentarios a la nueva Ley de enjuiciamiento civil. 2000. p. 3526
21En este supuesto, es posible aludir al auto de la Audiencia Provincial de Cáceres, Auto núm. 86/2004 de 20
permanencia en el hospital o centro médico correspondiente, este será su domicilio, pero si se prevé que obtendrá pronto el alta hospitalaria, su domicilio será el lugar donde vaya a ir a parar.
4º - Si los deficientes mentales conviven con sus padres, su lugar de residencia habitual será el domicilio de sus padres, aunque por temporadas estén ingresados o acudan a una escuela o taller de formación.
5º - Los afectados por una demencia senil o enfermedad de Alzheimer, que sean ingresados en una residencia geriátrica, se presume que trasladan allí su domicilio, a no ser que el ingreso sea temporal, para pasar una determinada temporada del año.22
6º - Para los enfermos mentales ingresados en prisión, dependiendo del tiempo de condena, podremos estimar aquella como lugar de residencia habitual. 23
Por otro lado, la LEC ha resuelto las dificultades derivadas del cambio de residencia en el curso del proceso al permitir que pueda ser examinado personalmente por el juez de su residencia anterior que conozca del asunto para lo cual se hará uso de la facultad que le concede el articulo 169.2 LEC que le permite al juez “Desplazarse fuera de su circunscripción”, para practicar la prueba y sacar conclusiones necesarias y definitivas en el proceso.
Fuera de este campo, el articulo 760.2 de la LEC establece que en la misma sentencia que se declara la incapacitación o la prodigalidad de una persona se pueda nombrar a la persona o personas que, con arreglo a la ley, hayan de asistir o representar al presunto incapaz, y velar por él. Ante tal acumulación de pretensiones, es necesario poner en relación el articulo 53 de la LEC, con el articulo 63.17º de la LEC de 1881, en el que se establece que será juez competente para el nombramiento del tutor o curador, el del domicilio del incapacitado, lo que viene a determinar que, en los procesos sobre capacidad
22En relación con esto, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), en el auto de 27 marzo 2007 (RJ
2007/2133) declara incompetente el tribunal del domicilio del primer centro geriátrico donde se encontraba internada una mujer afectada de Alzheimer, a favor del tribunal del domicilio del segundo centro geriátrico en el que se encontraba, ya que su ingreso era temporal y no definitivo en el primer centro geriátrico. Y se puede asimilar el segundo centro a su residencia habitual.
o prodigalidad en el que se nombre además tutor o curador, será tribunal competente el de residencia de la persona, pues la acción sobre la capacidad es fundamento de la acumulada del nombramiento del tutor o curador.
Finalmente tenemos que hacer referencia a dos apuntes en relación con el fuero: el primero, referido al hecho de que no exista en relación al presunto incapaz ni domicilio ni residencia conocida; en este caso, se aplicará el articulo 50 de la LEC, que regula el fuero general de las personas físicas, y señala su número 2 que “ Podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su ultima residencia en éste, y su tampoco pudiera así determinarse la competencia, en el lugar del domicilio del actor”. Y el segundo en relación a la Disposición Derogatoria única, apartado 3º, párrafo 2º de la LEC, donde se señala “Se considera en vigor la ley 52/1997 de 17 de octubre, de asistencia gratuita del Estado e instituciones publicas”
Por tanto, en aquellos supuestos de incapacitación promovida por la entidad publica, que asume en el respectivo territorio la tutela por ministerio de la ley, una vez dictada la declaración de desamparo del menor, y estando dicho menor próximo a alcanzar la mayoría de edad, e incurso en una posible causa de incapacitación, será competente el juzgado de primera instancia de la capital de provincia que corresponda al lugar de residencia habitual del menor que se pretende incapacitar. 24
La norma de competencia territorial del artículo 756 LEC tiene carácter imperativo, por lo que se excluye la sumisión expresa o tácita. Al ser una competencia fijada por norma de ius cogens, el Juzgado debe examinar de oficio su propia competencia inmediatamente después de la presentación de la demanda.
2. Improrrogabilidad del fuero
Esta competencia territorial es inalterable, pues no cabe sumisión ni expresa ni tácita, por no ser valida tal sumisión en todos los asuntos que deban decidirse en juicio
verbal. El artículo 753 de la LEC es el que se encarga de hacer una remisión expresa a los trámites del juicio verbal para la sustanciación de los procesos de incapacitación.
Por otro lado, esta competencia territorial viene fijada en una norma imperativa o de iuscogens, que además de no permitir la sumisión en los temas indicados, determina que el juez o el tribunal deba examinar de oficio su competencia territorial, ordinariamente después de presentada la demanda, y antes de su admisión a tramite, previa audiencia del Ministerio fiscal, y de las partes personas, por medio de auto motivado. Si aprecia su falta de competencia para conocer del asunto, lo declararía así mediante Auto, remitiendo las actuaciones al juez o tribunal que considere territorialmente competente. (Articulo 58 LEC). Después que la demanda haya sido admitida a trámite el juez o tribunal ya no podrán examinar de oficio su propia competencia, y solamente podrá apreciarla si se plantea la declinatoria por parte del demandado o del Ministerio fiscal, cuando éste no sea demandante.
3. Supuestos de internamiento no voluntario urgente
De darse el supuesto de internamiento no voluntario urgente por razón de trastorno psicológico de una persona que no esta en condiciones de decidirlo por sí, la competencia para la ratificación corresponderá al juez del lugar en que radique el centro de internamiento (articulo 763.2 LEC).
Si después de ratificado el internamiento se inicia el procedimiento para incapacitarlo, bien por el Ministerio fiscal, bien por el resto de las personas legitimadas, el juez competente será el del lugar del internamiento, pues viene a ser el de la actual residencia del presunto incapaz. De esta forma se salvan los posibles inconvenientes derivados de la regulación anterior, y se tiende a que coincida el tribunal que autorice el internamiento, con el que conozca de la incapacitación. 25
La LEC atribuye expresamente la competencia objetiva al Juez de primera instancia (articulo 756 LEC). De existir circunscripciones en que exista más de un juzgado de
primera instancia, en aplicación del artículo 98 LOPJ, uno o varios de ellos pueden asumir con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, como podría ser la materia relativa a la capacidad de las personas. 26
Se trata de una materia que corresponde sólo a la orden jurisdiccional , que es el único competente para declarar la incapacitación, y ello pese a existir determinadas opiniones doctrinales27 e incluso jurisprudenciales28 que consideran igualmente competentes a la jurisdicción social o a la penal.
iv. Competencia funcional
La competencia funcional determina el órgano al que le corresponde conocer de los actos procesales, fases, instancias e incidencias, de un proceso en curso. 29
La competencia funcional esta regulada en los artículos 61 y 62 del la LEC. La primera regla recoge la competencia funcional por conexión, indicando que salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.
Por su parte el artículo 62 de la LEC, establece la falta de competencia funcional para conocer de un litigio. Para conocer la competencia funcional en materia de recursos hay que acudir a la regulación específica. En el proceso de incapacitación, los recursos que se pueden interponer son dos: recurso de apelación y recurso de casación. En el primer caso la competencia le corresponderá a la Audiencia Provincial, cuando la sentencia de primera instancia haya sido dictada por un órgano de su circunscripción. En el caso del recurso de casación, la competencia la tendrá la Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
26 SANCHO GARGALLO I. “Comentario al articulo 756 LEC” Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. op. cit, p. 3426
27 MAJADA PLANALLES A. La incapacitación, la tutela, y sus formularios. Barcelona 1985. p 850 28
STS de 31 de Marzo de 1993 ( RJ 1993/3154)
29 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 235, define la competencia funcional
b. Sujetos que pueden promover la iniciación del proceso
El proceso de incapacitación ha de iniciarse necesariamente a instancia de parte, no pudiendo ser promovido de oficio por el juez; sin embargo, no se puede hablar de parte actora en sentido general. En este sentido se puede decir que nadie tiene derecho a pedir la incapacitación de otra persona, sino que actúa por una especial obligación legal y al servicio del interés público, por eso una vez iniciado, el actor no tiene disponibilidad sobre el proceso.
La acción de la que dispone el demandante es consecuencia de una obligación legal impuesta a determinadas personas de promover la actividad jurisdiccional frente al presunto incapaz. Este presupuesto se aprecia en el Art. 229 CC, que impone una responsabilidad civil solidaria por los daños causados por un incapaz no declarado a quienes no hubieran promovido la tutela. Y es en este sentido en el que se puede decir que la legitimación activa no deriva de un derecho sino de una especial obligación.
De la parte demandada, sin embargo, sí se puede hablar en sentido propio, ya que el presunto incapaz es sujeto de una relación procesal con derechos y obligaciones, tiene derecho a una tutela judicial efectiva en el sentido de que no sea estimada la limitación o reducción de su capacidad de obrar si no se dan las circunstancias legalmente exigidas para tal resolución judicial.
Por lo tanto, demandante y demandado representan intereses distintos y contrapuestos, el demandante tiene interés, que no derecho, en que se limite o restrinja a un ciudadano la capacidad de obrar, y el demandado, a que no sea estimada esta pretensión. Estas dos posiciones contrapuestas se mantienen durante todo el proceso y para ello la ley articula mecanismos para que así sea, con el defensor judicial que representa al demandado y suple su eventual pasividad.
Entre los obligados a dar a conocer al Ministerio Fiscal la posible causa de incapacidad se han de incluir, entre otros, a jueces, asistentes sociales de ayuntamientos, directores de hospitales psiquiátricos o geriátricos públicos y facultativos de centros de salud públicos. Pero esta obligación sólo les afecta cuando tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, no como particulares, y la omisión de este deber implicará la corresponsabilidad con los legitimados activos por los perjuicios a terceros.
Desde que existe una regulación específica para este procedimiento se ha limitado la legitimación activa a determinadas personas, a las cuales se les impone la obligación de colaborar con el interés público, por su especial relación afectiva o de parentesco con el presunto incapaz, cónyuge o persona en situación de hecho análoga, ascendientes, descendientes o hermanos, o por la función protectora que asumen, el Ministerio Fiscal Art. 3.7. EOMF. De esta manera se le reserva de un uso arbitrario, asegurando su ejercicio como medio de protección de la persona. Sobre los citados legitimados activos recae la obligación de promover la incapacitación, bajo sanción de responsabilizarse civilmente de los perjuicios causados por los presuntos incapaces a terceros, salvo que acreditasen un total desconocimiento de dichas circunstancias; en este caso se invierte la carga de la prueba y habría de probar fehacientemente el desconocimiento, ya que se presume el mismo. Igualmente la obligación del cónyuge quedará extinguida cuando el matrimonio con el presunto incapaz esté disuelto o estén separados por resolución judicial.
Si los anteriores legitimados no existieran o no presentaran demanda, el Ministerio Fiscal podrá interponerla. Entendemos que se trata de una legitimación subsidiaria, no hace falta que se pruebe la negativa de los parientes legitimados a presentarla, basta la pasividad de los mismos o la demora que pueda causar perjuicios al presunto incapaz, por otra parte una vez presentada demanda por el Ministerio Fiscal, si se presenta por alguno de los legitimados, el Ministerio Fiscal no pierde su legitimación, pudiendo acumularse los autos.
El juez no puede instar de oficio el procedimiento de incapacitación; si llega a conocer la limitación de autogobierno de alguna persona, lo debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, que presentará en su caso la demanda.
posible que un médico en el ejercicio de su profesión informe al Ministerio fiscal de la posible incapacidad de un sujeto, pero el mismo no se constituirá como parte en el proceso de incapacitación.
c. Partes en el proceso
El proceso de incapacitación es un proceso contradictorio, lo que quiere decir que ha de ser instada la declaración de incapacitación por persona legitimada al efecto30.
No se trata de decidir si existe un derecho de un particular frente a otro, sino si el Estado esta obligado o no a construir, modificar, o extinguir una relación entre particulares. Esto es propio de las acciones constitutivas, que no se corresponden con derechos subjetivos privados: no se tiene derecho a la incapacitación de otro sujeto, solo se tiene acción de incapacitación.
ii. Parte activa
Se ha de distinguir entre la capacidad del sujeto mayor de edad y la incapacidad del sujeto menor de edad.
1. Supuesto de mayoría de edad.
a. Parientes legitimados
La legitimación activa para instar la incapacitación, con anterioridad a la promulgación de la nueva LEC, estaba prevista en el artículo 202 CC, según el cual “Corresponde promover la declaración al cónyuge o descendientes, y en defecto de éstos, a los ascendientes o hermanos del presunto incapaz”. Aunque responde a la misma idea del actual 757.1 LEC, su redacción no es idéntica, lo que exige alguna puntualización.
Tanto el articulo 202 CC como ahora el articulo 757 LEC contienen una enumeración cerrada y por lo tanto numerus clausus de legitimados31. El artículo 202 del CC restringía la legitimación a quienes ostentan un estrecho vínculo de parentesco, formando parte del círculo familiar más íntimo, el cónyuge e hijos, y a falta de estos, los ascendientes
30 LETE DEL RIO J.M. El proceso de incapacitación. Madrid, 1996, p. 267
31MARTIN GRANIZO Comentarios al CC, con ALBACAR, Ed. Trivium, Madrid. p.1859;
y hermanos32. De existir cónyuge y descendientes, se entiende que el círculo familiar mas íntimo lo forman éstos, junto con el presunto incapaz; y a falta de hijos y descendientes, ese primer círculo familiar lo conformarían los padres y hermanos. Frente a esta posición, en la doctrina se había argumentado la necesidad de ampliar la legitimación, reconociéndola a todos los mencionados en el artículo 202 CC sin sujeción a prelación alguna, para facilitar la incapacitación.33.
Para ello se interpretaba la mención legal “en defecto de estos” como que en caso de no ser planteada la incapacitación por el cónyuge e hijos, pueden hacerlo los ascendientes y hermanos. Esta parece que es ahora la interpretación legal, pues el articulo 757.1 LEC omite esta salvedad y se limita a enumerarlos de forma seguida: “La declaración de incapacidad pueden promoverla el cónyuge, o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz”.
La pareja unida de forma permanente con relación de afectividad análoga a la conyugal no estaba equiparada al cónyuge en el articulo 202 CC, pero si que lo esta en el articulo 757.1 de la LEC, por lo que gozara de legitimación desde su entrada en vigor. Este precepto habrá de integrarlo con la normativa sustantiva que en el ámbito de algunas comunidades autónomas se ha dictado sobre uniones de hecho, exigiendo que reconocer esta legitimación que se cumplen los requisitos de acreditación exigidos en cada caso. 34
Los hijos y descendientes serán tanto los matrimoniales como los extramatrimoniales, y ambos podrán ser parte. También resulta indiferente que sean descendientes y ascendientes biológicos o adoptivos, y para los hermanos, que lo sean de vínculo sencillo o de doble vinculo.
Con base a todo esto no estará legitimado para promover la incapacitación de una persona quien hubiere estado casado con ella en un matrimonio anterior dispuesto por
32 MARTIN GRANIZO, Comentarios al CC, ED. Trivium, Madrid p. 1830
33CASTRO GARCÍA, “Procesos de incapacitación introducidos en el Codigo Civil por la reforma del
Codigo Civil en materia de tutela” en las Jornadas de Derecho procesal, Madrid. 1984, p. 73.
divorcio o declarado nulo, pero sí quien estuviere separado35. Tampoco los parientes colaterales, con independencia de las circunstancias y vínculo de dependencia que el presunto incapaz tenga con ellos. Estos primos, tíos, suegros, yernos... deberán limitarse a poner en conocimiento al Ministerio fiscal, la situación natural de su familiar, para que sea éste quien pida la incapacitación al circulo familiar mas próximo; además de respetar la privacidad, previene contra un posible uso temerario o malicioso de otras personas36.
En relación con la legitimación activa, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en la sentencia num. 681/2004 de 7 julio (RJ/2004/5104) estableció la falta de legitimación activa de una sobrina sobre la incapacitación de sus tres tías. Su madre ya fallecida pretendió antes de su muerte la incapacitación de sus tres hermanas, hecho que llevo a su hija a cumplir con la voluntad de la madre. Ante dicha actuación, el tribunal decreto la falta de legitimación para ser parte de la misma, para incoar la incapacitación.
b. Ministerio fiscal
La legitimación del Ministerio fiscal para promover la incapacitación es un deber cuando no haya parientes legitimados o estos no la insten. Constituye una manifestación del interés publico que subyace a este procedimiento, cuya defensa se atribuye al Ministerio fiscal con carácter general en el articulo 124.1 CE, el articulo 435 LOPJ, y el articulo 1 EOMF, y de forma especial en los procesos sobre estado civil e incapacitación en el articulo 3.6º y 7º EOMF. Cuando el articulo 757.2 LEC dispone que el Ministerio fiscal “Deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado” se pretende evitar que la declaración de incapacidad de un presunto incapaz quede supeditada al interés o diligencia de sus familiares mas próximos, o a la mera existencia de estos.
La jurisprudencia recuerda que esta legitimación lo es por sustitución de las personas primeramente llamadas a promover la incapacitación.37. Si bien se ha de advertir que, aun siendo la falta de parientes, o la inactividad de estos un presupuesto de la legitimación del fiscal, no es preciso acreditar su cumplimiento para que sea admitida la
35ROCA GUILLAMON, en Comentarios del Codigo Civil I, Ministerio de Justicia. 36 PARRA LUCAN, en Curso de derecho civil. Vol. I Madrid 1996. p. 365 37
demanda del Ministerio fiscal38. Es lógico que en las diligencias de averiguación que abre la fiscalía al tener conocimiento de la existencia de un presunto incapaz se investigue, a través de un informe social, si tiene familiares y se hable con los mismos, por si prefieren ser ellos quienes promuevan la incapacitación.
Todos aquellos que carezcan de legitimación para pedir la incapacitación, podrán dirigirse a la fiscalía para poner en su conocimiento la existencia de una persona con posible causa de incapacitación. De esta forma, la restricción de legitimación prevista en el articulo 757.1 LEC, impide que pueda ser promovida la incapacitación.
El principio de oficialidad que rige en este procedimiento no alcanza a reconocer al juez la posibilidad de iniciar de oficio la incapacitación, por lo que si conoce de una posible causa de incapacitación, debe comunicarlo al Ministerio fiscal, para que si lo estima conveniente promueva la declaración de incapacidad. Expresamente se prevé en los supuestos en que el juez ha adoptado alguna medida de protección del presunto incapaz:
1º - Así concurre en los internamientos psiquiátricos, regulados antes en el articulo 211 CC y ahora en el articulo 763 LEC, de los que se dará cuenta al fiscal, pues si se reiteran en el tiempo, con un diagnostico de enfermedad mental residual o de larga duración, podría apreciarse un indicio de incapacidad natural.
2º - Y también en el propio 762 LEC, según el cual si el juez tiene conocimiento de la existencia de un presunto incapaz, podrá adoptar las medidas de protección que estime necesarias. Es preciso que, sin prejuzgar definitivamente la cuestión, se adopten las diligencias necesarias para cerciorarse de la concurrencia de esta presunción de incapacidad. Y porque el legislador esta pensando en que dichas medidas sean accesorias a un posible proceso de incapacitación, advierte que el Juez deberá ponerlo en conocimiento de la fiscaliza, para que la promueva si lo estima procedente. Si insta la incapacitación, las medidas continuaran, pero si no lo hace, entonces deberán ser levantadas.
Si la fiscalía carece de elementos de juicio suficientes para promover la incapacitación, porque la información médica y social es insuficiente, abrirá diligencias de
38 ORTELLS RAMOS, El proceso sobre la capacidad… Op .cit. p1050. No opinan lo mismo MARTIN
averiguación. En ellas oirá a la familia si la hubiere, y se recabaran informes médicos y sociales, distintos de los que con posterioridad hayan de practicarse en el procedimiento judicial de incapacitación.
2. Supuesto de minoría de edad
El artículo 201 del CC, establece que los menores de edad únicamente podrán ser incapacitados cuando concurran en ellos causa de incapacitación, y se prevea que razonablemente la misma persistirá una vez alcanzada la mayoría de edad.
El articulo 757.4 LEC, limita ésta solo a quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Esta restricción se justifica por la conveniencia de respetar la potestad de quienes son guardadores legales del menor, y están obligados de una manera general a velar por ellos, evitando posibles injerencias ajenas en el ejercicio de su función39, sin perjuicio de que el Ministerio fiscal pueda instar la adopción de medidas oportunas para salvaguardar los intereses del menor40.
Están legitimados tanto el padre como la madre, sin que sea necesario consenso de ambos, bastando la solicitud individualizada de uno de ellos, pues aquí la incapacitación esta configurada sobre la base de la protección del menor. Carecerán de esta legitimación, por tanto, si han sido privados de la patria potestad, o suspendidos en su ejercicio como consecuencia de una declaración de desamparo41.
En el caso de separación o divorcio, solo el que ejerza la patria potestad podrá instar la declaración de incapacitación, de manera que corresponderá al que tenga atribuida la guarda y custodia42.
Esta incapacitación de un menor por quienes ejercen la patria potestad antes de los dieciocho años determina la prórroga de la patria potestad, siempre que medie el requisito
ROCA GUILLAMON Comentarios del Codigo Civil, I, Ministerio de justicia. Pág. 644
40SANCHO GARGALLO I., “Comentario al articulo 757 de la LEC”, en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, op. Cit, p. 3433; LETE DEL RÍO J.M, El proceso de incapacitación…, op. cit. p 1485
41 Los artículos 160 y 161 del Codi de familia catalán, prevén la prorroga o rehabilitación de la potestad
de los padres, sin exigir el requisito de la previa convivencia.
42 Si se acuerda el ejercicio compartido de la guarda y custodia tal como consagra el articulo 92.5 y 8 del
de la previa convivencia, y sin esta exigencia, así como la denominada patria potestad rehabilitada, si se trata de hijo soltero mayor de edad, que viva en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos y fuese incapacitado.
En estos casos de tutela la legitimación del tutor se sustenta sobre la base legal del articulo 269 del Codigo Civil, donde se indica que esta obligado a velar por el tutelado. Una forma de velar por el seria incoando si hay causa para ello, el correspondiente proceso de incapacitación.
Ahora bien, la inactividad de los padres o tutores no determina la intervención del Ministerio fiscal en la promoción del procedimiento, exclusión que ha sido muy criticada43, como tampoco obsta a dicha intervención en el caso del menor que no este por el motivo que sea sometido a patria potestad o a tutela, y pueda concurrir en él una posible causa de incapacitación. El Ministerio fiscal, como defensor de la legalidad y de los intereses de menor, lo que únicamente puede hacer en este supuesto es solicitar la constitución de la correspondiente institución tutelar y, una vez constituida la misma, y nombrado el tutor, sea este quien si lo considera oportuno, suscite la declaración de incapacitación44.
También importante es la cuestión del menor emancipado, dado que la precisión de la incapacitación del menor de edad gira en función del mantenimiento o no de la potestad. Cuando se adquiere una capacidad mas amplia, y aquella se ha extinguido, ha de afirmarse que el menor emancipado esta considerado a los efectos también de la declaración de incapacitación, entre los mayores de edad. De forma que sobre tales argumentos puede afirmarse ahora que serán de aplicación, a los efectos de sustentar la legitimación del menor emancipado, las pautas establecidas en el artículo 757.1 y 2 de la LEC.
Si los padres son menores emancipados o habilitados de edad, también ostentaran legitimación para promover la incapacitación de sus hijos menores de edad sometidos a su potestad, pues el articulo 323 del CC, en los términos ya vistos anteriormente, “Habilita al menor emancipado para regir su persona, y sus bienes como su fuera mayor” no
43 Vid., APARICIO AUÑON E. “Comentario al articulo 757 de la LEC”, en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, op. Cit. P. 3988.
44 GETE – ALONSO Y CALERA Mª DEL C. La nueva normativa en materia de capacidad… op. cit, p
impidiendo mas limitaciones en su capacidad que las que de carácter patrimonial en el propio precepto se especifican45.
Para solicitar la modificación de la previa incapacitación, vuelve la ley, en el articulo 761 de la LEC, a establecer un numerus clausus de legitimados para pedir la modificación de la incapacitación46. Los parientes enumerados en el articulo 757.1, quien tenga prorrogada o rehabilitada la potestad paterna, o atribuida la tutela, el Ministerio Fiscal y el propio interesado. En principio cualquiera de ellos puede iniciar el proceso de modificación de la incapacitación o de reintegración de la capacidad cuando crea que se dan las circunstancias para ello47.
a) Resulta lógica la legitimación de los padres con potestad rehabilitada o prorrogada y de los tutores, pues desprende de la obligación que asumen de “Promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado” (articulo 269 CC). Unos y otros actuarían en nombre propio y no representando al incapaz, aunque su legitimación derive de la guarda legal que tienen atribuida.48
b) La del Ministerio Fiscal deriva de la genérica atribución que le hace el articulo 3.6º EOMF, de “ Tomar parte en defensa de la legalidad y del interés publico y social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que la ley establezca”
c) Por ultimo el legislador, para evitar situaciones viciadas de obstrucción o negligencia, de quien ejerce la tutela del incapaz, reconoce legitimación a los parientes más próximos, pues se supone que pueden advertir de la situación de mejoría de aquel.
iii. Parte pasiva
De la regulación contenida en los artículos 206 y 207 del CC, y ahora del articulo 758 LEC de 2000, se desprende que demandado en este procedimiento, en principio, solo
En este sentido, LETE DEL RIO J.M, El proceso de incapacitación… op. Cit. p. 1485
46 O´CALLAGHAN, op cit. AC 1986, Pág. 12. REVERTE NAVARRO “Comentarios del Codigo Civil,
I” Ministerio de Justicia, p. 667
47 BANACLOCHE PALAO, El proceso de reintegración….op.cit.
TítuloUtilización del método pilates en el abordaje de pacientes con esclerosis múltiple: revisión sistemática
Alumna D /D?a ?urea D?az L?pez DNI 34282394C Tutor D /D?a Susana Vi?as Diz Convocatoria Septiembre 2019 TRABAJO DE FIN DE GRADO GRADO EN FISIOTERAPIA Utilizaci?n del M?todo Pilates en el

References: artículo 29
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 200
 artículo 32
 artículo 200
 artículo 484
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 756
 artículo 756
 artículo 759
 artículo 756
 artículo 756
 artículo 756
 artículo 753
 artículo 98
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 202
 artículo 202
 artículo 202
 artículo 201
 artículo 757