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Timestamp: 2019-09-18 20:25:15+00:00

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RESOLUCIÓN 5237 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SETOR SALUD. SE DEFINEN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y SE EFECTÚA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO SOCIAL A MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA, SUBCUENTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PROYECTO PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD-SUBPROYECTO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DE LA VIGENCIA 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, PRESUPUESTO DEL FOSYGA, SUBCUENTAS DEL FOSYGA, SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN
“Por la cual se definen los criterios de distribución y se efectúa la asignación de los recursos provenientes del impuesto social a municiones y explosivos del Fondo de Solidaridad y Garantía —Fosyga— subcuenta de promoción de la salud, proyecto prevención y promoción de la salud - subproyecto prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica, de la vigencia 2011 y se dictan otras disposiciones”.
(Nota: Véase Resolución 311 de 2011 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)
Que el artículo 3º de la Ley 1122 de 2007 creó la Comisión Reguladora de Salud, CRES, y estableció que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, adquiere un carácter de asesor y consultor del Ministerio de la Protección Social y de la Comisión de Regulación en Salud y, en el parágrafo 4º del artículo 13 de la citada ley también se dispuso que el Ministerio de la Protección Social ejercerá las funciones propias del consejo de administración del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.
Que según Resolución 5481 de 2010, mediante la cual se aprueba el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2011, existen recursos provenientes del impuesto social a municiones y explosivos de la vigencia 2010, en la Subcuenta de Promoción de la Salud del Fondo de Solidaridad y Garantía, por valor de mil cuatrocientos millones de pesos ($ 1.400.000.000).
Que tomando como referencia el registro único de población desplazada, RUPD, de Acción Social, con corte a 20 mayo del 2011 se encuentra que hay 3.700.381 personas en situación de desplazamiento, de las cuales 1.830.620 son mujeres (49.05%) y 1.869.761 son hombres (50.05%). Del total de esta población, presentan más de una discapacidad 2.465 (0.7%) personas, 3.631 (0.1%) presentan dificultad permanente para percibir la luz, distinguir objetos o personas, a pesar de usar lentes o gafas; para oír 2.341 (0.1%); para hablar o comunicarse 809 personas y caminar, correr, saltar 2.869 personas que representan el 0.1%. Del total de la población registrada en cuanto a la pertenencia étnica se encontró que 93.626 son indígenas (2.5%), 330.324 (8.9%) son negros o Afrodescendientes, 24.422 (0.7%) son Gitanos, 4.398 (0.1%) son raizales.
Que los criterios de distribución y peso porcentual se basarán en el análisis de vulnerabilidad planteado en la presente resolución, con fundamento en las fuentes nacionales como el registro único de población desplazada, RUPD, el DANE y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis, 2010).
Que existe apropiación presupuestal disponible en el presupuesto de gastos de inversión del Fosyga - Subcuenta de promoción de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal 2711 del 8 de marzo de 2011, con el objeto de “…desarrollar diez (10) proyectos territoriales de promoción de trato digno y prevención de…” expedido por el jefe de presupuesto del Ministerio de la Protección Social.
ART. 1º—Criterios de distribución y peso porcentual. Los recursos disponibles por valor de mil cuatrocientos millones de pesos ($ 1.400.000.000) provenientes del impuesto social a municiones y explosivos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, subcuenta de promoción de la salud, proyecto prevención y promoción de la salud - subproyecto prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica, de la vigencia 2011, serán distribuidos entre los diez (10) departamentos, con mayor puntaje según los siguientes criterios y su peso porcentual, conforme a lo previsto en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución, así:
Número de personas con discapacidad 30%
Tasa de VIF 30%
Tasa de homicidios 20%
Tasa de suicidios 20%
Para la distribución de los recursos se utilizarán las fuentes nacionales como el registro único de población desplazada (RUPD), el DANE y el Instituto Nacional de Medicina Legal Ciencias Forenses (Forensis 2010).
ART. 2º—Asignación de recursos. La asignación de recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, subcuenta de promoción de la salud, proyecto prevención y promoción de la salud - subproyecto prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica de la vigencia fiscal 2011, por valor de mil cuatrocientos millones de pesos ($ 1.400.000.000) se hace a las siguientes entidades territoriales, conforme al anexo técnico que hace parte integral de esta resolución:
1 Amazonas 119.400.000
2 Atlántico 125.600.000
3 Boyacá 178.300.3000
4 Caldas 152.100.000
5 Caquetá 107.500.000
6 Cauca 153.300.000
7 Cesar 165.000.000
8 Córdoba 118.200.000
9 Guajira 96.100.000
10 Norte de Santander 184.400.000
Total recursos 1.400.000.000
PAR.—Los recursos asignados a los departamentos a que se hace alusión en el presente artículo, serán orientados para el desarrollo de proyectos de promoción de trato digno y prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria, hacia las personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y a la población receptora vulnerable, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.
(Nota: Véase Resolución 311 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)
ART. 3º—Presentación de proyectos. Con base en los recursos distribuidos mediante la presente resolución, las direcciones departamentales de salud deben presentar a la dirección general de promoción social del Ministerio de la Protección Social los respectivos proyectos, de acuerdo con los lineamientos contenidos en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, los cuales deben contemplar un monto de cofinanciación equivalente al 20% del valor asignado, aportado por la respectiva entidad territorial.
ART. 4º—Presentación de informes. Las direcciones departamentales de salud, presentarán ante la dirección general de promoción social del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, informes técnicos y de ejecución de los recursos durante los cinco (5) primeros días de cada trimestre, contados a partir de la aprobación del proyecto y el plan de trabajo y un informe final en medio impreso y magnético sobre los resultados obtenidos.
ART. 5º—Giro de los recursos asignados. El giro de los recursos asignados, se efectuará de la siguiente manera:
El giro de los recursos asignados se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución 3042 del 31 de agosto de 2007 modificada por las resoluciones 4204 de 2008 y 991 de 2009, al Fondo de Salud - subcuenta de otros gastos en salud inversión, en la que se deberá identificar de manera específica la fuente del recurso e ingresar a la cuenta bancaria certificada como gastos de inversión en salud. Las direcciones departamentales de salud deberán incorporar los recursos en sus respectivos presupuestos en la vigencia correspondiente.
ART. 6º—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
La situación de discapacidad es actualmente entendida no sólo desde una perspectiva médica en la que se privilegia la funcionalidad del individuo, sino también desde un modelo relacional que hace referencia a la integración y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un atributo de la persona, aunque exista la deficiencia física o mental. Se define por un conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social (CIF, OMS. 2001). Así, la persona con discapacidad es aquella que presenta una deficiencia en la función corporal (o mental), la cual puede o no, generar limitación en la actividad de la vida diaria, así como una restricción en la participación social.
Esta situación debe ser analizada en el marco de referencia de la protección básica(1)(sic) que está encaminada a satisfacer las necesidades de subsistencia, protección y afecto de las personas con discapacidad. En este marco se hace necesario generar acciones para prevenir el maltrato en la población con discapacidad, y promover el trato digno en el marco de los derechos humanos de esta población dentro de acciones subdiferenciales que involucran la persona con discapacidad. Así mismo, en el marco de la cohesión social, se propende por un entorno familiar sano donde el respeto y el amor, valores prioritarios, así como por un fortalecimiento de las redes sociales y en ellas la capacidad de promocionar el trato digno hacia las personas con discapacidad y en el marco de la equiparación para el desarrollo la necesidad de generar acciones en pro de la aceptación de la diferencia y diversidad en la sociedad en general.
Según la Política Nacional de Paz y Convivencia Familiar(2), se entiende por violencia Intrafamiliar “El abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, y causar muerte, daño, sufrimiento físico sexual o psicológico. Hay diferentes grados de violencia intrafamiliar. (…) En todos los casos, la violencia en la familia es una violación de los derechos humanos de las personas, lo que justifica la intervención estatal. Se vulneran los derechos a la vida, la integridad física, la libertad, la autodeterminación, así como los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (…) Adicionalmente es un grave problema de salud pública”.
Para lo anterior, los comités territoriales de discapacidad dentro de un trabajo coordinado con el comité territorial de atención a víctimas de desplazamiento deberán formular el respectivo plan de acción y desarrollar programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de desplazamiento con discapacidad, y que permita reconocer escenarios de coordinación para el desarrollo de las acciones de prevención del maltrato intrafamiliar y promoción del trato digno hacia este grupo poblacional.
De esta manera, en la medida que la discapacidad es un tema transversal que exige una intervención integral frente al individuo, la familia y la sociedad para su efectiva integración y participación, es preciso la articulación de los diferentes actores y entidades que integran el Estado, tanto en sus niveles de organización: nacional, departamental, distrital y municipal, como desde los distintos sectores: salud, educación, empleo, cultura, transporte, otros y de la sociedad civil: instituciones prestadoras de servicios, líderes comunitarios, empresarios, gremios, y en general de la ciudadanía, estos escenarios son importantes para la implementación de dichas acciones.
• Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores con discapacidad.
•Organizaciones de y para personas con discapacidad, líderes comunitarios representantes de Juntas de acción comunal, promotores sociales.
• Profesionales del sector salud y educativo.
Personal de las instituciones que conforman las redes de buen trato o de prevención y atención a la Violencia Intrafamiliar.
• Niños, niñas, adolescentes escolarizados y docentes. Focalización de familias priorizadas en Red Unidos: Un 30% de las familias beneficiarias directas se ubicarán según las bases de datos de las familias priorizadas por los cogestores sociales de la Red Unidos, en los municipios donde se desarrolle el proyecto.
Con las estrategias comunicacionales masivas se afectará a la población general de los departamentos seleccionados. Espacios de concertación:
— Territorial: Direcciones territoriales de salud, secretarías de integración social, direcciones regionales del ICBF.
— Comités territoriales de discapacidad.
— Comités territoriales de atención a víctimas de desplazamiento.
— Consejos departamentales, distritales y municipales de política social y comités agregados.
Criterios de distribución para la asignación de recursos
Para la distribución de los recursos se utilizaron los siguientes criterios, tomados de fuentes nacionales como el Registro Nacional de Discapacidad 2009 y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (Forensis, 2009)
Con base en los criterios establecidos se definieron los 10 primeros departamentos y de acuerdo a los pesos porcentuales de cada criterio se distribuyeron los recursos, obteniendo el siguiente resultado:
9 La Guajira 96.100.000
Acciones para la promoción del trato digno y la revención de la violencia hacia las personas con discapacidad
Las acciones se enmarcan en tres líneas de acción:
1. Sensibilización a la sociedad.
“El resultado deseable de la sensibilización es que cada persona esté correctamente informada para que entienda lo que ocurre, pueda tomar una postura crítica ante la realidad y actuar para modificarla si lo considera oportuno”(3)(sic).
• Cuando se habla de acciones de sensibilización dirigidas a las familias y la comunidad, se pretende lograr que a partir de un enfoque diferencial en las campañas toda la población aprenda de forma más fácil el marco conceptual sobre Violencia dentro de la familia en contra de las personas con discapacidad y sobre la promoción del trato digno y prevención de toda forma de violencia en el entorno familiar. El material que se produzca en las estrategias de información, educación y comunicación debe ser accesible para las distintas poblaciones, según sus características:
Para personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva), los impresos que se considere necesario deben editarse en lenguaje Braille y los audivisuales con closed caption (subtítulos o recuadro con interprete de lengua manual de señas). También metodologías adecuadas para personas con discapacidad cognitiva y trastorno mental.
• En las actividades psicoeducativas, tales como: talleres, encuentros lúdicos, artísticas, etc., que asistan personas con discapacidad auditiva, se debe contar con la presencia de un intérprete de lengua manual de señas.
• Los lugares donde se lleven a cabo dichas actividades deben de ser accesibles para las personas con discapacidad física o con movilidad reducida.
• En las poblaciones donde hay presencia de comunidades indígenas que tienen su propia lengua, el material de las estrategias de IEC debe ser traducido y editado en dicha lengua. Dentro de la línea de Sensibilización se pueden desarrollar las siguientes actividades:
— Talleres de sensibilización.
— Estrategias informativas, educacionales y comunicativas.
— Inclusión de la temática en espacios educativos formales.
— Inclusión de la temática en los comités territoriales (política social, discapacidad, atención al desplazamiento)
2. Prevención de violencia en contra de las personas con discapacidad.
Además de tener en cuenta el enfoque anterior, se tratará de crear acciones que responden a la prevención desde sus tres enfoques (prevención primaria, secundaria y terciaria)(4)(sic) fundamentales para crear estrategias integrales.
Prevención primaria Evitar la aparición y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyen a aumentar el riesgo de violencia e impedir la aparición de casos nuevos (incidencia) de malos tratos mediante el control de las causas y de los factores de riesgo.
Líneas de acción para prevenir la violencia hacia las personas con discapacidad
Componente Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria
Individual Interés en el reconocimiento de la problemática
(conceptualización, causas y consecuencias)
Autocontrol sobre conductas negativas que puedan desencadenar posteriores agresiones.
Impedir que se perpetúe la cultura de violencia e imaginarios negativos sobre la discapacidad.
Cambiar actitudes comportamientos y prácticas hacia las personas con discapacidad. Reconocimiento oportuno de violencia hacia las personas con discapacidad y reincidencia del mismo.
Denuncia de casos donde existe posible riesgo de violencia.
Orientar a la víctima sobre la situación de vulneración de la que está siendo objeto.
Acudir a instituciones de orden público o privado para obtener ayuda u orientación. Denuncia de la situación de maltrato a entidades competentes.
Acompañamiento en situaciones de emergencia a través de acciones de consejería.
Acompañamiento de la víctima si la situación lo requiere para atención en entidades de salud.
Relacional (familiar e institucional) Formar a los miembros de la familia sobre las causas, consecuencias de maltrato hacia la persona con discapacidad.
Fortalecimiento, vínculos afectivos dentro de la familia.
Creación de entornos saludables en la familia a través de cambios en actitudes y prácticas culturales tradicionales.
Promover la protección e independencia para las personas con discapacidad dentro de su grupo familiar. Formación de los profesionales de la salud sobre detección precoz de violencia.
Reconocimiento de consecuencias físicas y mentales del maltrato, abandono o negligencia.
Identificación de familias que puedan ser potenciales agresoras hacia sus miembros con discapacidad. Orientación a las instituciones de atención de la violencia, en lo que concierne a la especificidad de la discapacidad.
Atención efectiva de instituciones prestadoras de servicio.
Atención por parte de la familia cuando hay riesgo.
Medida de protección para la persona con discapacidad.
Social Educar en las instituciones educativas a niños, niñas y adolescentes sobre los efectos de la violencia.
Educar a la sociedad sobre la situación actual de la población con discapacidad, sobre sus limitaciones sociales y las posibilidades de realización.
Empoderamiento de las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias, sobre la base de que son seres humanos y con igualdad de derechos y deberes.
Integración y participación ciudadana. Formación a la sociedad sobre los factores de riesgo de las personas con discapacidad.
Identificación de rutas de atención en casos de violencia.
Superación de estereotipos negativos sobre la discapacidad. Denuncia de casos a través de medio telefónico.
El país vive un momento importante debido a la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí se plantea entre otros temas, la importancia de la protección de las personas con discapacidad hacia cualquier tipo de violencia, además de promover la inclusión social, lo cual minimiza las posibilidades de ser objeto de violencia. En este sentido, es importante promover estos derechos y deberes con diferentes grupos poblacionales:
• Personas con discapacidad y sus grupos familiares y/o cuidadores.
• Asociaciones de personas con discapacidad.
• Juntas de acción comunal.
• Escolares con y sin discapacidad.
• Responsables de los procesos de generación de ingresos.
• Profesionales y trabajadores del sector público.
— Implementación de procesos de capacitación sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad y de los mecanismos para su ejercicio.
— Adecuación de rutas para la atención de la violencia y el ejercicio de los derechos de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad, de acuerdo a la realidad territorial.
— Transmisión de información a la comunidad a través de diferentes medios de comunicación.
— Análisis de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y específicamente en situación de desplazamiento, focalizando las problemáticas de violencia existentes en el territorio.
Ruta: Mis documentos/propuesta 2011/definitivos.
(2) Los marcos de referencia se enuncian en los lineamientos de política pública en discapacidad del Ministerio de la Protección Social 2009. Documento sin publicar. El marco de protección social básica se centra en los requerimientos básicos de la persona en situación de discapacidad (se busca que la persona tenga y esté en condiciones mínimamente dignas de subsistencia, protección y afecto). El de compensación y cohesión social se centra en la inclusión familiar y en la sociedad local de las personas en situación de discapacidad (el énfasis está en lograr realizar necesidades de entendimiento, participación, ocio y creación). El de equiparación y desarrollo local enfatiza en la equiparación de oportunidades y el reconocimiento de las diferencias y la diversidad humana como elemento constitutivo de ser humanos. En tal medida, la meta es lograr la realización de identidad y libertad.
(3)(Sic) Memorias Congreso Internacional de Violencia Intrafamiliar 2006, ICBF y otras, 2006. Pág. 45.
(1)(Sic) Guía para sensibilizar y prevenir desde las entidades locales la violencia contra las mujeres.
(2)(Sic) Guía para sensibilizar y prevenir desde las entidades locales la violencia contra las mujeres.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 13
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 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
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