Source: http://www.desapol.com/2018/01/22/legislatura-viii-num-8-18-de-mayo-de-2004-proposicion-no-de-ley-del-grupo-parlamentario-popular-en-el-congreso-para-garantizar-la-igualdad-de-todos-los-espanoles-en-el-ejercicio-de-los-derechos/
Timestamp: 2019-04-24 22:07:47+00:00

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Legislatura VIII – Núm. 8, 18 de mayo de 2004 – DESAPOL
El orden del día correspondiente a la sesión número 8, de 18 de mayo, establece como primer punto del orden del día una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna por primera vez en esta legislatura con mi proverbial y acreditado buen talante (Rumores.) y con el mejor ánimo de conseguir que esta proposición no de ley alcance los votos necesarios para ser aprobada. La voluntad del Grupo Parlamentario Popular al presentar hoy en esta Cámara esta proposición no de ley es enviar un mensaje a la ciudadanía con tres puntos concretos: el primero, decirle a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, residan donde residan, que van a tener la posibilidad de acceder a unos servicios públicos de calidad en las mismas condiciones; el segundo, decirles que van a gozar de los mismos derechos y deberes y, el tercero, para transmitir un mensaje claro de que todas las comunidades autónomas que configuran el Estado de las autonomías van a poder desarrollarse con instrumentos que les permitan alcanzar, si así lo desean, los mismos niveles de desarrollo.
Señorías, muchos ciudadanos pueden estar hoy preocupados por algunas afirmaciones que han salido en prensa en los últimos tiempos y porque los compromisos políticos del señor Rodríguez Zapatero puedan llevar a constituir comunidades de primera y de segunda, a que haya ciudadanos de primera y de segunda. Ya sé que la voluntad de la mayoría de los diputados que hay en esta Cámara no quieren eso, me consta que esa no es la voluntad mayoritaria, pero hay que transmitir un mensaje claro a los ciudadanos: que en el proceso que se puede abrir en el futuro no se va a romper el principio de igualdad, que no es uniformidad; igualdad es fundamentalmente equiparar derechos y oportunidades de los ciudadanos.
Ustedes se preguntarán por qué hemos presentado esta proposición no de ley. Desde luego, mi grupo parlamentario se ha visto obligado a presentar esta proposición no de ley hoy aquí porque las reiteradas preguntas que le hizo el presidente de mi grupo parlamentario al presidente del Gobierno en su discurso de investidura no han sido respondidas. No se ha respondidio a cuál era su voluntad de simetría o asimetría en el futuro desarrollo estatutario de algunas comunidades autónomas. Señorías, la Constitución es clarísima; en su artículo 2 garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y a lo largo de su texto recoge expresamente ciertos hechos diferenciales. La enmienda que presenta el Grupo Socialista habla de la reafirmación de la pluralidad cultural, social y política de nuestras nacionalidades y regiones, cuyo marco de autogobierno ha sido fijado en sus propios y respectivos estatutos en ejecución del principio de autonomía reconocido por la Constitución. Por cierto, señorías —abro un paréntesis—, le pediría al Grupo Socialista que en ese principio de autogobierno de las comunidades autónomas, cuando presente iniciativas referentes a las lenguas hable también del valenciano —cierro el paréntesis—, porque es bueno que no se intente introducir elementos de crispación entre comunidades autónomas ni siquiera entre los ciudadanos de una misma comunidad autónoma. Esa diversidad cultural que manifiesta nuestra Constitución y que la enmienda del Grupo Socialista reconoce no nos puede llevar a introducir una diferenciación en los deberes y derechos de los ciudadanos, no nos puede llevar a introducir una diferenciación en las posibilidades de desarrollo de los procesos autonómicos, no nos puede llevar a constituir comunidades de primera y de segunda.
Ustedes saben, señorías, que mi grupo parlamentario ha defendido durante los últimos tiempos la necesidad de la estabilidad constitucional y de la estabilidad de los estatutos de autonomía. Mi grupo entiende, y así lo ha manifestado públicamente, que los veinticinco años de Constitución española han constituido el periodo más próspero para el bienestar de los ciudadanos, han sido un periodo de desarrollo importantísimo que ha contribuido enormemente al crecimiento, al empleo y al bienestar. También mantenemos que el desarrollo del título VIII y la constitución paulatina del Estado de las autonomías ha llevado a un sistema progresivo que ha mejorado las posibilidades de percepción de servicios por parte de los ciudadanos españoles. De hecho, hoy el Estado de las autonomías goza de un reconocido voto afirmativo por parte de la gran mayoría de los ciudadanos españoles. Nosotros hemos defendido la estabilidad constitucional y la estabilidad en los estatutos de autonomía, pero el señor Rodríguez Zapatero en su debate de investidura —posteriormente se ha reafirmado en eso— ha abierto un proceso de diálogo, de consenso para la reforma constitucional y de los estatutos de autonomía. Mi grupo, a través de su presidente el señor Rajoy, ya se ha ofrecido a hablar de este asunto. Nos parece muy importante que se pueda hablar de muchas cosas.
Nosotros queremos sentar una base hoy aquí: que todos los desarrollos futuros se hagan basados en el principio de igualdad de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Les insisto: igualdad no es uniformidad. La Constitución reconoce hechos diferenciales; reconoce lenguas oficiales en cinco comunidades autónomas; reconoce derechos forales propios, derechos civiles propios; reconoce insularidad y reconoce hechos diferenciales. Señorías, algunos miembros del Gobierno en estos primeros compases en este primer mes, después de la evasiva respuesta del señor Zapatero, han hablado de mejora bilateral de la sanidad, han hablado de pactos bilaterales de financiación autónoma y han hablado de acuerdos bilaterales que en mi modesta opinión pueden llevar a una divergencia en el desarrollo del proceso estatutario. Mi grupo por eso presenta esta proposición no de ley. Además, no nos parece una proposición no de ley de principios generales, sino que es una proposición no de ley importante que puede marcar un fundamento sólido en el posterior diálogo. Ese fundamento sólido es decir a los ciudadanos: no va
a haber ciudadanos de primera y de segunda; no va a haber pensiones distintas; no va a haber servicios públicos distintos; no va a haber discriminación por el lugar de residencia. Además, se les dice a las comunidades autónomas: ustedes podrán optar, en la reforma estatutaria que realicen por los caminos legales ya fijados, al máximo desarrollo independientemente de la historia de cada comunidad autónoma. El futuro es que todos puedan aspirar al máximo desarrollo. Ese principio de igualdad debe aprobarlo hoy este Parlamento y es importante decirle a los ciudadanos que eso se va a mantener y que las aritméticas parlamentarias no van a dificultar el cumplimiento de este principio.
Señorías, ayer sin ir más lejos el ministro de Administraciones Públicas tuvo que rectificar su posición. En un artículo se recogía que él no quería un sistema asimétrico, sino que lo que quería conseguir era para todas las comunidades autónomas y no sólo para Cataluña. Por encima de las aritméticas parlamentarias, por encima de los compromisos del señor Zapatero con otros grupos políticos para la investidura, por encima de todo eso, vamos a marcar un principio: que todos los ciudadanos sean iguales y puedan recibir los mismos servicios vivan donde vivan. Vamos a erradicar del debate político pensiones distintas, sanidad distinta y vamos a hacer que todas las comunidades autónomas tengan las mismas posibilidades de futuro. Por eso, señorías, pido el voto favorable a esta proposición no de ley. El voto favorable a esta proposición no de ley significa dar un mensaje claro a los ciudadanos, de igualdad a ciudadanos y comunidades autónomas: no va a haber comunidades autónomas de primera y de segunda, no va a haber ciudadanos de primera y de segunda. El voto negativo a esta proposición no de ley ya señala un camino que nos puede llevar a comunidades de primera y de segunda o a servicios públicos de primera y de segunda. Por eso yo le pido el voto favorable a toda la Cámara, y se lo pido fundamentalmente al Grupo Socialista, con el mejor de los talantes y la mejor de las sonrisas, también para convertir la sonrisa en un principio claro. No va a haber ciudadanos de primera y de segunda, independientemente de la necesidad de los votos que se va a originar a lo largo de toda la legislatura.
Nosotros, a través de nuestro secretario general y presidente del grupo, estamos dispuestos a dialogar, pero tiene que ser con una base muy clara, con una base de igualdad. Por eso, señorías, pedimos el voto favorable. Votar que no a esta proposición no de ley significaría empezar un mal camino, significaría empezar un camino de discriminación de unas comunidades respecto a otras, de discriminación de unos ciudadanos respecto a otros en la percepción de los servicios públicos y también de las políticas sociales. Señorías —con el mejor de los talantes, pero con la mayor seriedad—, creo que el voto favorable es el camino a seguir. Creo que hoy el Grupo Socialista, votando que sí, tiene la posibilidad de eliminar antiguas veleidades — de cuando era oposición— y de situarse en un discurso de futuro que hará que todos los ciudadanos sean iguales y que todas las comunidades tengan las mismas posibilidades de futuro.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la enmienda que plantea Coalición Canaria a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular está orientada precisamente al eje básico que desde esta tribuna ha demandado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este asunto: que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos españoles y que todas las comunidades autónomas tengan un trato igualitario cara a las posibilidades de su desarrollo. Señorías, vivimos en un Estado español que la propia Constitución fija como un Estado compuesto por el poder del Gobierno central y los poderes territoriales. Los principios por los que se rige ese Estado descentralizado a favor de las comunidades autónomas son los de la igualdad y de la unidad, pero también los de la diversidad. Los principios de la unidad y de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes desde el punto de vista constitucional están perfectamente recogidos en el artículo 149.1.1.a de la Constitución española, y compete al poder central fijar las condiciones básicas para el ejercicio de esos derechos y deberes constitucionales de todos los ciudadanos españoles, pero, por otra parte, la Constitución también consagra el respeto a la diversidad de los distintos pueblos, de las distintas regiones y nacionalidades del Estado español, y ese principio de la diversidad está recogido perfectamente en la capacidad de autogobierno que tiene cada una de las comunidades autónomas.
No todas las comunidades autónomas ejercen desde el respeto a las consideraciones básicas aprobadas por el Estado, no todas ejercen en las mismas condiciones determinadas funciones, y ese es un ámbito que corresponde a cada uno de los Parlamentos autonómicos. Esa diversidad está recogida en el reconocimiento a los hechos diferenciales que consagra nuestra Constitución. Está reconocido desde el punto de vista del reconocimiento a la cultura, a la lengua, a los derechos forales o a la insularidad alejada. También ese respeto a la diversidad o esa asimetría —algunos no quieren hacer uso de esa palabra—, ese reconocimiento a la asimetría de lo que es el Estado español está recogido desde el punto de vista de la consideración de nacionalidades y regiones del Estado español, o está plasmado en lo que fue la fórmula de acceso a las distintas comunidades autónomas a sus respectivos estatutos de autonomía, el 143 o el 151, o a la posibilidad que tienen algunas comunidades autónomas en función de sus hechos diferenciales de avanzar desde el punto de vista competencial a través de la delegación o transferencia de competencias del artículo 150.1 de la Constitución española. Por tanto, estamos ante un Estado plural, un Estado diverso, un Estado asimétrico que tiene garantizada la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles y le corresponde al Gobierno del Estado, a los poderes del Estado garantizar esa igualdad básica, al propio tiempo que tiene también garantizado el respeto a la diversidad; y ese respeto a la diversidad queda reflejado, como indicaba, en el autogobierno, en el respeto a los hechos diferenciales y en la posibilidad de utilizar el 150.1 de nuestra Constitución para adaptar determinadas competencias a las necesidades que tiene cada uno de nuestros territorios. Por tanto, no estamos por producir ningún tipo de desigualdad ni de los territorios, pero la igualdad entre los ciudadanos y los territorios está respetando lo que son diferencias; a cosas diferentes, medidas diferentes para conseguir que todos seamos iguales.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la enmienda de la señora Barkos. Señora diputada, tiene un tiempo de tres minutos.
Señores del Grupo Popular, con esta proposición no de ley han buscado una argumentación trampa porque la Constitución no establece asimetrías en derecho, sino que lo que establece son asimetrías administrativas y competenciales en la búsqueda de respetar y amparar derechos históricos, como es el caso de los derechos forales recogidos en la disposición adicional primera de la Constitución. Por tanto, si ustedes con esta proposición no de ley lo que pretenden es una hipotética asimetría del derecho debieran elegir ustedes si debemos derogar dichos derechos históricos a los que me refería o si debemos, por el contrario, acometer una profundísima reforma constitucional que otorgue estos derechos a aquellas comunidades que así lo quisieran demandar. Los ciudadanos de Navarra, a los que represento, en este caso estaremos encantados de que otros pueblos del Estado español alcancen este estatus, pero tengan muy claro que siempre nos opondremos a la anulación de nuestros derechos históricos para igualarnos simétricamente con comunidades con menores techos competenciales. Esta proposición no de ley, en definitiva, rezuma doctrina de la vieja —y por suerte ya superada— LOAPA, porque pretenden ustedes igualanos en los mínimos, y en lo que realmente no creen es en la riqueza de la diversidad de los pueblos. En definitiva, han caído en su propia trampa. Me felicito de que en el inicio de la legislatura hayamos abierto el que considero principal debate político, la configuración de un nuevo marco jurídico para la convivencia. En este sentido se ha formulado mi enmienda a su proposición no de ley recordando, en primer lugar, que el derecho de todos los pueblos del Estado español a decidir libremente es un compromiso suscrito hace ya más de 25 años por el reino de España en virtud de resolución de la VII Asamblea General de Naciones Unidas. Por último, quiero recordar que la Constitución de 1978 establece el mecanismo fundamental para garantizar la igualdad de derechos en todas las comunidades del Estado español, cuando en su artículo 138.1 ya garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio.
Concluyo. Este es el marco de referencia, entendemos desde Nafarroa Bai, en el que debemos situar la reforma constitucional a la que el Gobierno se ha comprometido, ser capaces de satisfacer las demandas de derechos de los pueblos del Estado español, siempre con la garantía de la solidaridad entre todos ellos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Lasagabaster.
Hay que agradecer al Grupo Parlamentario Popular que nos haya presentado una iniciativa que va a ser una de las cuestiones más básicas y más debatidas —y ojalá lo hagamos con respeto y profundidad—, quizás una cuestión que no tuvimos posibilidad de debatir hace veinticinco años, un tema que es vital y al que hay que dar una solución. No queremos entrar en un debate que no nos parece razonable, como es hablar de derechos y deberes. Es verdad que todos los ciudadanos deben ser iguales en derechos y deberes no solamente en el Estado español, sino —yo diría más— también fuera de él, y que principios como el de solidaridad interna y externa debieran ser las guías básicas de nuestra gestión política. Por tanto, en ese sentido no hay ningún problema. Sí les diríamos que no intentaran en el futuro, como lo han hecho en el pasado, vetar derechos y prestaciones sociales avanzadas a los ciudadanos, cuando ustedes en su gestión no las han podido realizar, dándoles un servicio de calidad. No veten lo que son derechos y prestaciones más favorecedoras de otras comunidades autónomas o de la gestión de otros políticos.
En todo caso, queremos comentar tres cuestiones que suscitábamos en nuestra enmienda. La primera es que hacemos referencia a lo que es el Estado. El Estado es plurinacional —llamémosle naciones, llamémosle nacionalidades— y pluricultural; hay culturas y lenguas que no son mejores ni peores, sino diferentes, y todas ellas deben tener el mismo respeto y la misma defensa, porque no hay jerarquía ni en lenguas ni en culturas. Por tanto, primer punto que hay que tener siempre en mente. Segunda cuestión a la que hacemos referencia, como decía nuestra compañera Uxue Barkos: los derechos históricos de los territorios forales. Es una cuestión clave frente a la que en muchas ocasiones no les hemos visto tan defensores como debieran haberlo sido. Por tanto, segundo recordatorio: que existen, que están, que no pretendemos que ustedes los vayan a anular en su propia gestión política, como pretendieron en el pasado, ni les dejaremos en el futuro, y que hay que respetar. Tercera cuestión: es evidente que cada ciudadano tiene que tener derecho a determinar qué tipo de organización territorial y relación con otra serie de naciones quiere tener, y esto hay que hacerlo de manera pacífica y democrática. Por tanto, no recogemos nada que no haya sido ya ratificado por el propio Estado español en los pactos internacionales del año 1966. Queremos que los ciudadanos decidan en cada uno de los pueblos del Estado español qué relación quieren tener con otros pueblos, qué organización quieren tener y, en definitiva, qué tipo de relación quieren tener para el futuro también con la Unión Europea; todo de manera pacífica y democrática. Pura democracia, señor presidente, pura democracia.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Rodríguez.
No es del gusto del Bloque Nacionalista Galego tener que debatir sobre proposiciones no de ley que son puramente declarativas. Hubiésemos preferido siempre la instancia al Gobierno, porque consideramos que estas iniciativas de carácter declarativo lo único que intentan es hacer cómplice nada menos que a una institución de representación democrática y popular de determinado tipo de posiciones sesgadas, llenas sin duda de estereotipos y también de prejuicios. Por eso, en principio no compartimos la técnica utilizada. Además, desde nuestro punto de vista, señor presidente, hay fuertes diferencias entre los distintos territorios del Estado español reconocidas constitucionalmente y algunas otras que no lo están, es cierto. Una de ellas, fundamental, es el derecho de los pueblos a expresarse con libertad y, por tanto, a tener una voluntad política inequívoca. Entre este extremo, que es un derecho democrático elemental y que no está recogido en la Constitución, ya que hay solamente una soberanía única de la nación española, cabe el respeto por la voluntad política expresada en las urnas, aunque sea en cierta parte del territorio, y sobre todo el respeto por la opinión de los gobiernos legítimos de esos territorios. Creo que eso no lo puede poner en entredicho ningún partido democrático. Además, nosotros consideramos que no se trata de diferenciar derechos y obligaciones de los ciudadanos, que aspiramos a que sean los mismos en todas las partes del Estado español. De lo que se trata es de que pueda haber, y de hecho ya las hay, diferencias en el autogobierno, porque sin duda las diferencias en el autogobierno responden a diferencias en la estructura socioeconómica, en la estructura cultural, en la cuestión lingüística, en el carácter psicológico y también, por qué no decirlo, en una historia de carácter específico. Es lo que queremos indicar cuando en nuestra enmienda hablamos de la diferencia de nacionalidades y regiones que tiene que trasladarse al mayor autogobierno formalizado en la elaboración de nuevos estatutos políticos para las naciones que integran el Estado español.
En todo caso, señorías, pensamos que existe un problema nacional en el Estado español que debe ser solucionado, no sometido a la presión para que estalle, y además, existiendo incluso diferentes grados de conciencia social en cada una de las naciones al respecto de qué tipo de autogobierno tienen que tener, debemos considerar que en todos los casos se da una voluntad inequívoca de permanecer integrados en el Estado español, si el Estado español es respetuoso con la diferencia y con el propio autogobierno en un proyecto de convivencia común que merezca el nombre, aquí sí, de igualitario.
Por último, quiero instar a toda la Cámara a que debatamos sin miedo, a que no limitemos el debate y a participar en todo caso con nuestros perspectivas posicionándonos respecto de las iniciativas que vengan de los parlamentos autonómicos y de esa hipotética reforma constitucional que se avecina. El mejor favor que podemos hacer es hablar con claridad desde nuestras posiciones para, si es posible, llegar a una especie de convivencia común. Este debería de ser el sentido que nos guíe a todos en el debate parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista no va a votar esta proposición no de ley y ha presentado una enmienda, que espero pueda ser sometida a votación de SS.SS., porque es la única manera de corregir lo que es una proposición no de ley por lo menos reiterativa, carente de fundamento, inclusive diría que profundamente equivocada. Reiterativa, señorías, si tenemos en cuenta que lo que pretende, al parecer, es proclamar la igualdad de los españoles, afirmar que los derechos y las obligaciones de los españoles serán los mismos cualquiera que sea el lugar de su residencia. Esto, como solíamos decir del señor Aznar, señoras y señores diputados, es solemnizar lo obvio, porque esto ya lo dice la Constitución: el artículo 1, el 14, el 138, el 139, el 149.. Un pronunciamiento de las Cámaras sobre cuestiones que están expresamente garantizadas por la Constitución y constitucionalmente exigibles a los poderes públicos, porque lo dice el artículo 9, carece de fundamento. Si sólo fuera este el problema, señoras y señores diputados, cabría otra actitud, pero es que se dice esto y se dice luego mucho más y se dice mal, porque literalmente la PNL del Partido Popular proclama después del mismo modo la igualdad de todas las nacionalidades y regiones, y aquí está el error, como ya se ha puesto de manifiesto en todas las intervenciones, porque esto es confundir igualdad de derechos con igualdad de nacionalidades y regiones; esto es confundir, aunque luego se ha matizado en la intervención, derechos con uniformidad de normas y de marcos jurídicos, así es, y no es verdad, conviene que lo digamos ya claramente, y el Grupo Socialista tiene interés en decirlo, que nacionalidades y regiones no son todas iguales sin más distinción que los hechos diferenciales.
Señorías, España es un país, llámenle ustedes como quieran, complejo, plural, diverso, compuesto, y esto el constituyente ya lo tuvo en cuenta, ya que, primero, en su artículo 2, ya desde un punto de vista semántico, es decir en la propia terminología, distinguió nacionalidades y regiones; en segundo lugar, hemos accedido a la autonomía por procedimientos distintos, por el 151 o el 143, pero es que cada comunidad, señoras y señores diputados, ha configurado su propio marco jurídico con arreglo a su propio estatuto y es con el estatuto y con la Constitución conforme a los cuales establece su bloque de constitucionalidad. Cada una de las comunidades autónomas tiene un propio bloque de referencia, de definición de su marco jurídico y político. Además, la Constitución ha elevado al máximo rango de sus principios el de la pluralidad de nuestra propia diversidad, reconociendo como tal principio fundamental el derecho a la autonomía y configurando un título propio para ello. Además de todo lo anterior, la Constitución protege los hechos diferenciales. Por tanto, señorías, es inevitable que se produzcan situaciones heterogéneas en virtud del ejercicio particular que haga cada comunidad autónoma en sus competencias. No lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional reiteradamente, por ejemplo, cuando proclamó en 1981 nada menos que el principio de igualdad de derechos y obligaciones no puede ser entendido como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento; cuando dijo, segunda cita, que la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejerce sus propias competencias en el marco de la Constitución y de su estatuto; por ejemplo, cuando dijo que el principio de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas competencias ni menos aún que tengan que ejercerlas de una determinada manera o con un contenido o resultado prácticamente idéntico. Todo esto es doctrina constitucional, señorías, de manera que el principio de igualdad debe ser compatible con el principio de autonomía, reconocido igualmente por la Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; de manera que el principio de igualdad tiene que inspirar, sí, orientar, claro, y alumbrar el ejercicio de la autonomía política, pero no impedirlo ni abortarlo; de manera, señorías, que en propiedad y en justicia no cabe hablar de equiparar asimetría competencial con desigualdad de derechos. Ya es hora de que lo dejemos claro, porque de su intervención no se deriva más que lo contrario. Las diferencias que surgen del principio de autogobierno y del derecho de autonomía de nuestras nacionalidades y regiones, señorías, son consustanciales a un sistema político compuesto y complejo. Es más, quien niega la diferencia niega la autonomía. Ahora bien, esa diferencia no puede afectar a los derechos y a las obligaciones constitucionales de todos los españoles. Este es el punto de equilibrio, esta es la postura del Partido Socialista y esta doctrina inspira una enmienda de totalidad que nuestro partido ha presentado para establecer, primero, compromiso de los poderes públicos para garantizar la igualdad de todos los españoles; segundo, reafirmación de la pluralidad y del principio de autonomía también constitucional; tercero, el autogobierno es singular y está fijado en cada bloque de referencia jurídico-política de cada comunidad; y, cuarto, hay que cumplir los estatutos, inclusive cabe reformarlos, pero con tres condiciones: con procedimientos legales establecidos en el marco constitucional que impide privilegios económicos o sociales y con el máximo consenso entre las fuerzas políticas.
Señores del Partido Popular, ustedes pueden mantener su enmienda y elevar hoy aquí una bandera que yo creo que es una bandera de desencuentro, una bandera de enfrentamiento, una bandera de falta de rigor al equiparar, como ya he dicho antes, desigualdad con singularidad competencial. Ustedes pueden efectivamente poner piedras en un proceso que queremos de buena fe hacer entre todos. Ustedes pueden mantener su enmienda y votarla solos y se quedarán solos en su actitud —yo creo que hay que calificarla así por el texto de esta proposición— inmovilista o antiautonomista inclusive y de falta de voluntad de consenso, o pueden ustedes sencillamente retirarla y pueden, eso sí, aceptar la enmienda y la proposición que ha hecho el Partido Socialista, que es el punto de equilibrio en esta delicada discusión y en esta delicada ecuación. Si lo hacen, habremos dado un paso importante para hacer las cosas como deben hacerse y desde luego en el contexto del consenso que el PSOE quiere dar a estas reformas.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Mixto brevemente, teniendo en cuenta que ya acumularon bastante tiempo anteriormente.
Fundamentalmente es para decir que vamos a votar no a la proposición no de ley del Partido Popular y que en todas las enmiendas que se han presentado reconocemos parte de la que nosotros hubiéramos formulado, pero creo que estamos más de acuerdo con la enmienda del Partido Socialista. Por esta razón, de haber posibilidad, hubiéramos votado esa y no la otra, que vamos a rechazar.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, señorías, antes de tratar el contenido de esta proposición no de ley querría manifestar mi sorpresa porque el partido derrotado en las elecciones pasadas insista en esta idea suya de una España uniforme y nos advierta de los peligros de ruptura, negando la riqueza de la España plural y diversa que disfrutamos. Precisamente esta posición debe ser uno de los motivos que les ha llevado a estar en la oposición.
Ustedes parece ser que son los únicos que ven una España uniforme y, por tanto, imaginaria. La realidad es que la gente se siente plural, se siente asimétrica. El andaluz se siente andaluz y español y el gallego se siente gallego y español y por eso no son más desiguales. No podemos imponer, como ustedes pretenden, una sola manera de sentir, si la gente desde su libertad impone y demuestra otra realidad. Ni en todas las comunidades autónomas se quieren las mismas competencias, ni su estado competencial actual es el mismo, ni en todas las comunidades autónomas de España el derecho vigente es el mismo, porque las competencias legislativas asumidas son distintas y el desarrollo que se ha hecho de esta competencia ha supuesto un marco jurídico diverso y contenidos divergentes. Tampoco la política cultural es la misma, porque tenemos una amplia riqueza cultural que nos da esta diversidad. La realidad de España se ha de recoger en la normativa. El esquema del Estado ha de ser, por tanto, plurinacional como lo somos nosotros. En definitiva, cuando en su proposición hablan de que no existan diferencias en cuanto a derechos y obligaciones de los ciudadanos españoles —y cito textualmente— ¿se refieren a todo tipo de derechos? ¿Se refieren también al régimen jurídico? No concretan. ¿No les parece incompatible con las competencias que se asumen según la Constitución y los estatutos de cada comunidad? Entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Se otorga el mismo nivel competencial a todas las comunidades autónomas según la Constitución? No. Ni éramos en aquel entonces iguales, ni éramos simétricos, ni lo somos ahora, ni debemos serlo. Lo que debemos ser es solidarios, que es bien distinto, y si ello no les parece lo correcto, ¿por qué durante el mandado del Partido Popular Andalucía, por ejemplo, no ha tenido competencias en políticas activas de empleo y otras comunidades sí? ¿Por qué hay comunidades autónomas con competencias exclusivas en educación y otras sólo de desarrollo legislativo?, y así un largo etcétera. Ustedes no han uniformado. Lo cierto es que bajo su mandato la asimetría se ha incrementado. Las regiones más ricas con rentas más altas son más ricas; las más pobres ahora son más pobres. Por lo tanto hay más desigualdad. Han concentrado las inversiones en grandes infraestructuras sólo en algunas capitales. Se han olvidado de la red de ferrocarril convencional y han fomentado por tanto un mayor desequilibrio territorial. Por supuesto, se han olvidado de los territorios del interior y de esa manera hay asimetría entre todas las regiones. Incluso con sus políticas de educación, sanidad y servicios sociales se han incrementado las distancias, por ejemplo, en educación: en unas comunidades hay más alumnos por clase que en otras; en sanidad hay más número de camas por habitante en unas comunidades que en otras; incluso donde se ha fomentado la privatización, como es el caso del País Valencià, hemos padecido un servicio sanitario mucho peor, muy desigual al que se disfruta en otras comunidades. Ocurre lo mismo en los servicios sociales: las minusvalías, los centros de tercera edad, etcétera. En fin, hay mayor desigualdad, que es lo que han fomentado con sus políticas privatizadoras.
Lo que ustedes pretenden es dar un paso atrás en el reconocimiento de la realidad plural y asimétrica española que ya recogió nuestra Constitución. Sepan que la convivencia de los territorios pasa por dicho reconocimiento, y las políticas de negación les han llevado a la oposición, por ejemplo, negando la asunción de competencias recogidas en los estatutos de comunidades como el País Vasco, Andalucía o Cataluña. Por todo ello desde mi grupo les emplazamos a aceptar la realidad asimétrica española y a trabajar por la solidaridad entre regiones y no por la negación de la plurinacionalidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Olabarría.
Señor Martínez-Pujalte, con su característico buen talante, tengo que decirle con toda honestidad que ha presentado una iniciativa que raya en la frivolidad política. Se lo digo con buen talante, no se moleste por la expresión. Esto también forma parte de la nomenclatura parlamentaria. Usted ha planteado, no sé si consciente o inconscientemente, un debate muy profundo, un debate de gran calado político, con una iniciativa absolutamente inapropiada e inadecuada y además invocando un precepto constitucional que en absoluto sirve para lo que ustedes pretenden, para el pedimento de la proposición, porque estamos hablando de cosas diferentes, como otros portavoces ya le han explicado. Usted ha invocado el artículo 14 de la Constitución y en primer lugar le tengo que manifestar que para hacer una apología o una manifestación en pro del principio de igualdad de todos los ciudadanos y además con el ejemplo que usted ha expuesto, que es tan emblemático, tan simbólico como son las prestaciones públicas del sistema público de Seguridad Social, deberían empezar predicando con el ejemplo. ¿Por qué se lo digo? Porque las únicas vulneraciones o las únicas desestructuraciones que en los tiempos más recientes conocemos del nivel de protección cuantitativa del sistema público de Seguridad Social para ciertas pensiones y para ciertas contingencias han sido acometidas por dos gobiernos autonómicos del Partido Popular: la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando incrementó unilateralmente las pensiones de viudedad, y la Comunidad Autónoma de Valencia cuando incrementó otras pensiones que pertenecen al bloque del sistema público de Seguridad Social, de forma igualmente unilateral. Deberían ser mínimamente coherentes con este tipo de pronunciamientos cuando ustedes no predican con el ejemplo.
La verdad es que me confunde un poco la intención oculta —no me atrevo a decir tanto como dolosa— de esta proposición no de ley, señor Martínez-Pujalte, porque parece que estamos ante una pura tautología, porque a cuento de qué viene pedir al Gobierno que cumpla con mandatos constitucionales, que no sólo están en el artículo 14 sino que están en el 9.2, en el 1, etcétera —ya le han citado los preceptos—, en los que se consagra reiteradamente por la Constitución el principio de igualdad ante la ley, cuyo titular subjetivo son los ciudadanos en su consideración individual. ¿A cuento de qué viene imputar esto? O es una tautología o ustedes están presumiendo, señor Pujalte, que el Gobierno tiene la pretensión de vulnerar este precepto, tal como está perfilado jurisprudencialmente, o esto forma parte de una estrategia de vigilancia y de acoso al Partido Socialista, intuyendo ustedes —no sé por qué razón, porque la enmienda presentada por el Partido Socialista desmontaría esta argumentación— que el Partido Socialista no va a ser un partido garante de la unidad de España, de la estructuración del Estado español. En definitiva, se me escapa cuál es la intencionalidad oculta de esta pretensión. Tal vez estamos ante una obviedad, que es que el Gobierno, las instituciones y los poderes públicos del Estado deben cumplir con los mandatos constitucionales, que es una pura obviedad para la cual no hace falta presentar ni una proposición no de ley ni siquiera una pregunta parlamentaria, señor Pujalte.
Vamos a ver de qué estamos hablando. Me imagino, señor Pujalte —yo no sé hasta qué punto sus conocimientos del derecho son más o menos profundos—, que conocerá que el artículo 14 que ustedes invocan en esta proposición no de ley está perfilado por la Constitución en numerosas sentencias. Hay una, que ha citado el señor Jáuregui, que es de 8 de abril de 1981, que establece lo que la jurisprudencia constitucional denomina contenido esencial de todo derecho. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho que proclama el artículo 14 de la Constitución? El contenido esencial de este derecho consiste en reconocer igualdad a las situaciones que son objetivamente iguales y reconocer las diferencias adecuadas a las situaciones que objetivamente son diferentes y evitar o preterir, como dice la citada sentencia de 8 de abril de 1981, las desigualdades que no sean objetivas o razonables. Este es el argumento fundamental que utiliza la jurisprudencia constitucional para establecer cuál es el principio de igualdad ante la ley o cómo debe interpretarse jurisprudencial y constitucionalmente el principio de igualdad ante la ley. Lo que está preterido, lo que está prohibido son las desigualdades que no son objetivas ni razonables. Entonces, la pregunta que yo le dirigiría, señor Pujalte, sería la siguiente: ¿usted considera objetivas y razonables las desigualdades que en materia de articulación territorial del Estado español consagra la propia Constitución? Esta es la pregunta, porque la Constitución española consagra diversas desigualdades. La Constitución española es asimétrica en su propia naturaleza, en su propia concepción del Estado autonómico. La asimetría empieza en el artículo 2, cuando habla de regiones y de nacionalidades. La asimetría tiene su fundamento en el principio dispositivo. El principio dispositivo en el que se basa la construcción autonómica es por su propia naturaleza asimétrico. La asimetría se consigna por la Constitución en los tres nodos, en los tres procedimientos de acceso a la autonomía que la propia Constitución reconoce, el previsto en los artículos 143 y 148, el previsto en el artículo 151 y el previsto para las comunidades que plebiscitaron un estatuto de autonomía en la II República, en la disposición transitoria primera. La asimetría está en los títulos competenciales. La asimetría se consigna incluso en la voluntad política de algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, que se niega a aceptar competencias que le son transferidas porque le corresponden por la Administración Central del Estado. La asimetría se consigna en relación al hecho insular en dos preceptos como el 138 y la disposición transitoria quinta, que le da efectos incluso al hecho insular de naturaleza económica. La asimetría gravita, está constituida, está constitucionalizada a la hora de definir el modelo institucional de Estado por la propia Constitución, luego no creo que estén ustedes, señor Pujalte, señores del Partido Popular, en condiciones de decir que estamos ante una desigualdad objetiva y razonable ante aquellas desigualdades que están constitucionalizadas. Están constitucionalizadas otras desigualdades también, como las consistentes en el reconocimiento de los derechos históricos que corresponden al País Vasco, en la disposición adicional primera. Está constitucionalizado también la reintegración del régimen foral vasco, a la que provee la disposición derogatoria segunda de la propia Constitución. Siento abrumarle un poco con tantos elementos normativos, pero quiero que usted sea consciente del brutal nivel de asimetría que consagra la propia Constitución, sobre todo porque ustedes se denominan a sí mismos partido constitucionalista, y un partido constitucionalista tendrá que tener algún tipo de reconocimiento explícito de preceptos que son contitucionales. De la Constitución deriva el bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad está la disposición adicional única del Estatuto de Autonomía de Gernika, que establece mucho más que la reintegración de los derechos históricos cuando afirma que los vascos, por el reconocimiento de la autonomía, no renuncian a los derechos que por su historia les pudieran corresponder. La asimetría está en todo esto y en muchos más preceptos que le podría citar, señor Martínez-Pujalte, pero, sobre todo, este no es un problema de simetría, señor Martínez-Pujalte, este no es un principio de igualdad ante la ley, que es un derecho subjetivo que corresponde a los ciudadanos, sino que es un problema de qué concepción del Estado español tenemos todos. Nos hemos dotado de un modelo entre todos y nos debemos dotar en el futuro, porque, usted mismo lo ha reconocido, no es un proceso cerrado. Aquí lo que necesitamos no es asimetría; aquí lo que hay son naciones dentro del Estado español, señor Martínez-Pujalte. Por si usted no hubiera tenido en el ámbito de la ciencia política una suficiente inmersión en el concepto de nación, le voy a decir cuándo nos encontramos ante una nación. Nos encontramos ante una nación cuando un grupo de ciudadanos ha residido históricamente en el mismo lugar geográfico, en primer lugar; en segundo lugar, nos encontramos en una nación cuando ese grupo de ciudadanos, al que en el derecho internacional público se denomina pueblo, tiene una historia milenariamente comunizada; en tercer lugar, señor Martínez-Pujalte, nos encontramos en una nación cuando hay signos identitarios, como diría Heraud y otros autores, como puede ser una lengua propia, que a ese pueblo le distinguen, le identifican con una especificidad de esa naturaleza; en cuarto lugar, nos encontramos ante una nación cuando los instrumentos utilizados para abolir las libertades primigenias históricas son históricamente ilegítimos. Aquí nos encontramos con muchas naciones del Estado español que fueron integradas en la Corona de Castilla mediante invasiones militares. Estoy hablando de las falsas voluntarias entregas de Guipúzcoa y álava, por ejemplo, a la Corona de Castilla con las tropas del rey castellano en las fronteras de ese territorio. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen al señor diputado manifestar su punto de vista.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nos encontramos ante una nación cuando hay un sentido de pertenencia a un grupo humano que tiene una identidad política determinada, como diría Ernest Renan, y nos encontramos sobre todo en una nación, señor Martínez-Pujalte, cuando la mayoría de sus ciudadanos tienen no sólo un sentido de pertenencia, sino una voluntad de decidir sobre su propio destino. Ahí también nos encontramos ante una nación. Desde esta perspectiva, señor Martínez-Pujalte, en el Estado español hay muchas naciones, hay muchos grupos y pueblos que tienen estos derechos, en los que se dan estas circunstancias objetivas y subjetivas que le he comentado. Ese es el reto que en esta legislatura o en otras, en algún momento de la historia, tendremos que acometer, no de forma frívola, no con una proposición no de ley invocando un precepto constitucional equivocado, sino de forma seria, mediante un consenso político en donde el valor predominante sea la asunción democrática de la voluntad de los pueblos, de la voluntad de los ciudadanos, de la voluntad en definitiva ciudadana, como ha proclamado enfáticamente la Corte Suprema de Canadá en relación con el conflicto del pueblo de Quebec con el pueblo de Canadá.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha escuchado con atención la intervención enfática y concisa del señor Martínez-Pujalte y podríamos hacer una síntesis clara. El espíritu del discurso del señor Martínez-Pujalte se puede reducir a un espíritu que hubo también en su momento, cuando se crearon los primeros estatutos de autonomía, que se reduce a la frase de: lo mismo que los catalanes. Póngame competencias marítimas. Pero si usted es del interior. Lo mismo que los catalanes.
Señor Martínez-Pujalte, se lo ha dicho muy claro el Grupo Vasco: aquí no hay un problema de asimetrías —y luego hablaremos de asimetrías y de simetrías—; aquí hay hechos nacionales, aquí hay un conflicto larvado entre diferentes naciones, y ustedes han querido crear durante estos últimos ocho años un molde para fijar la asimilación definitiva de los diferentes hechos nacionales, pero, si quiere, hablaremos de asimetrías y de simetrías. Fíjese, señor Martínez-Pujalte, en la dificultad nominalista y cognoscitiva: desigualdad no es lo mismo que diferencia, porque, si no, fíjese cómo podríamos interpretar la asimetría. Si esto fuera un modelo simétrico, como dice usted, si estuviéramos de acuerdo en un modelo simétrico, ¿implicaría que en esta Cámara se pudiera utilizar de una vez por todas la lengua catalana, el euskera y el gallego? Eso sería simetría; igualdad para todos. ¿Hay algo más asimétrico, señor Martínez-Pujalte, que el artículo 3 de la Constitución, que consagra lenguas de primera y lenguas de segunda? Hay lenguas que son un derecho, una opción —por ejemplo, la lengua catalana— y hay lenguas que son una obligación, un deber: la lengua española. Esto sí que son dos velocidades, señor Martínez-Pujalte, y ahí no le hemos escuchado a usted desear la simetría necesaria para que en esta Cámara, por ejemplo, de una vez por todas, se pueda utilizar el catalán.
Fíjese que si hablamos de simetrías puede tener un uso perverso. ¿Quiere decir, por ejemplo, que vamos a introducir mecanismos de simetría en la inversión pública? ¿Tendrán las demás comunidades autónomas, naciones o territorios la misma inversión que ha tenido la comunidad de Madrid en los últimos ocho años? Lo decíamos hace poco, la inversión de Barajas es casi el doble que la del resto de aeropuertos del Estado. ¿Esto es simetría, señor Martínez-Pujalte? El concepto de simetría es muy elástico y usted ha hecho un uso perverso de esta simetría. ¿Es también un uso de la simetría entender, por ejemplo, que, dado el índice de precios al consumo que hay en Cataluña, los pensionistas catalanes tengan menor poder adquisitivo? ¿Vamos a equiparar simétricamente también esto? Ustedes hacen un uso muy perverso de la simetría. Fíjese que la comparación no aguanta por ninguna parte. ¿Es simetría tener un modelo radial de infraestructuras donde el kilómetro cero de Madrid marca la alta concentración de ferrocarril, de aeropuertos y de autovías, estas últimas gratis? ¿Es también eso simétrico? Siempre lo recuerdo, no sólo porque sea un acto de justicia, sino para tenerlo clarito. Capital de España, Madrid: nueve autovías. Las ocho que salen del kilómetro cero gratis, una de peaje. Curiosamente la que va a Barcelona, señor Martínez-Pujalte. Barcelona, capital de Cataluña: ocho autovías. (Rumores.) Señores del Partido Popular, escuchen bien. En Barcelona hay ocho autovías, siete de ellas de peaje. ¿Es esto simetría, señor Martínez-Pujalte? Luego alguien se molesta cuando viene de vacaciones a Cataluña y dice: es que los catalanes cobran a todo el mundo. Pero fíjese que básicamente pagamos nosotros. ¿Es simetría, señor Martínez-Pujalte, el déficit fiscal? ¿Tenemos todos el mismo déficit fiscal? ¿Hay modelos para reducir el déficit fiscal de Cataluña o de Baleares? No señor, todo lo contrario. Ustedes lo que quieren es mantener esta situación de oprobio. Estamos en una confusión interesada. Asimetría no es insolidaridad; simetría tampoco implica diferencia. Aquí hay diferentes naciones que tienen que convivir en este Estado y ustedes tienen que entender este hecho que no quieren asumir. Durante ocho años han hecho una política asimilacionista, una política que no es nueva. Desde Cataluña tenemos muy claro que esto no empezó hace poco. El 23 de febrero del año 1981 se produjo un proceso claro de involución. Los traspasos se ralentizaron y algunos se bloquearon. Apareció la LOAPA; luego el Tribunal Constitucional desactivó una parte de ella, pero como consecuencia de ello vino la loapilla y el abuso de las leyes de base; algo que no fue sólo un monopolio del Partido Popular, sino que también en su momento los gobiernos socialistas abusaron de esta dinámica. En ese momento se intentó bloquear el proceso de lo que tenía que ser un modelo compuesto y plural. Y en estos últimos ocho años ustedes han abusado del molde. Quieren crear un molde y dejar fuera la diferencia. Pero tienen que entender, de una vez por todas, que en el Estado español hay diferencias, hay hechos culturales, lingüísticos, nacionales diferentes. Si no son capaces de entender esto, el conflicto está servido, como lo ha estado estos últimos ocho años. Nosotros pensamos que las reformas constitucionales en diferentes ámbitos que hay que llevar a cabo en esta legislatura o en la próxima son necesarias y lo son, para empezar, para la reforma del Estatuto de Cataluña y de su modelo de financiación. Ustedes no pueden seguir siendo el Estado de Europa en cuyo seno están las regiones, territorios o naciones con mayor déficit fiscal. En zonas, como por ejemplo Italia, que clásicamente han sido ejemplo de desequilibrio fiscal, el déficit fiscal de la Lombardía en relación con su producto interior bruto no supera el 6 por ciento. En Cataluña estamos en el 9 por ciento y en las Islas Baleares se ha superado a veces incluso el 11 por ciento. Esto no puede continuar así. Recuerden ustedes la sentencia del tribunal de Karlsruhe, donde el Tribunal Constitucional alemán dejaba muy claro que había estados alemanes —Baden-Wuttemberg, en este caso— que estaban discriminados porque tenían un déficit fiscal superior al 4,5 por ciento. En Cataluña estamos al 9 por ciento. Eso tampoco precisamente, señor Martínez-Pujalte, es un modelo de simetría.
Por estas razones, desde el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña no vamos a secundar su propuesta. Nos parece interesante su aportación elástica —eso sí— al concepto de simetría. Estaremos de acuerdo en que hay que buscar efectos de solidaridad y Cataluña ha sido un país solidario. El ejemplo lo van a tener ustedes el día que se publiquen las balanzas fiscales. El día que se publique la transparencia fiscal, veremos que, de una vez por todas, se acaba el discurso de la insolidaridad secular del pueblo catalán. Se va a acabar. Porque hay un ejemplo claro de solidaridad, pero solidaridad no tiene por qué implicar la negación a la diferencia, que es lo que están haciendo ustedes permanentemente. Cataluña es una nación y ustedes tienen que entender que esta es la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. Más allá de la historia, más allá del hecho lingüístico, hay una voluntad de conciencia nacional clara. Y si ustedes en estos años no han sido capaces de entender esta realidad, difícilmente podemos superar este conflicto.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de comenzar mi intervención les avanzo el sentido del voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante esta proposición no de ley de Grupo Popular. Nuestro voto será contrario a esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley, con el mejor talante con el que se pueda expresar, es un disparate. Un disparate de carácter político y un disparate desde el punto de vista del lenguaje constitucional y de derecho constitucional, con o sin transacción con otros grupos parlamentarios. ¿Por qué? Básicamente, porque una proposición no de ley debe ser una declaración política de voluntad, a veces de algunas nuevas realidades o de algunos nuevos acontecimientos. Pero no debe ser, como apuntaba el diputado Jáuregui, una solemnización de lo evidente, de lo obvio. Y en lo evidente, en lo obvio, si el diputado Martínez-Pujalte quiere subrayar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos del Estado español, allí tiene el artículo 139 de la Constitución: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español.
Las señoras y señores diputados del Grupo Popular deben hacer una lectura integrada de los artículos 138, 139 y de otros preceptos de la Constitución española. Porque ustedes predican la igualdad, pero predican la igualdad entre nacionalidades y regiones, entendiendo en la redacción de su proposición no de ley nacionalidades y regiones como una identidad, como una sola identidad, y es evidente que no estamos ante una igualdad. No estamos ante una desigualdad, estamos ante unos hechos distintos, nacionalidades por una parte y regiones por otra. O regiones por una parte y nacionalidades por otra. ¿Mejores? ¿Peores? Simplemente diferentes.
La portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds decía que se sentía profundamente asimétrica. Pues bien, yo no me siento profundamente asimétrico, pero desde un punto de vista de identidad, es evidente que tengo un sentimiento nacional distinto del que pueda tener el señor Martínez-Pujalte y otras señorías. Estas diferencias nacen de los hechos diferenciales reconocidos constitucionalmente, es cierto, de la lengua, de las culturas, del derecho civil, de los derechos forales o históricos, de la insularidad, pero también de otras diferencias: de las diferencias voluntarias, de las diferencias ejercidas fruto de un acto voluntario, que es el acto del ejercicio de la autonomía. Se debe recordar una vez más que la autonomía no es una obligación, sino un derecho. Y parece que con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular quiere imponer la uniformidad y la obligación de igualdad entre todas las autonomías. Sensu contrario, el diputado Martínez-Pujalte hablaba en su argumentación del derecho de todos a poder conseguir. Poder no es igual a obligar a tener los mismos derechos.
A un partido profundamente constitucionalista, como es el Partido Popular, no sé si es necesario recordarle el artículo 2 de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Pero este derecho conlleva diferencias; diferencias en el acceso a la autonomía, diferencias en los precedentes, que están reconocidos también en el texto constitucional, diferencias en los territorios que habían refrendado estatutos de autonomía anteriormente y diferencias en los territorios con regímenes provisionales de autonomía. Todas estas son diferencias en los orígenes del desarrollo del Estado de las autonomías, pero también existen asimetrías y diferencias de un gran valor enriquecedor de la realidad de este Estado compuesto, en la propia distribución competencial de los artículos 148 y 149 de la Constitución española, cuando cada uno de los estatutos de autonomía, a través del bloque de constitucionalidad y de los bloques de constitucionalidad de cada una de las realidades autonómicas, optan, en ejercicio del derecho de autonomía, a un determinado ámbito y a una determinada esfera competencial.
En el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular hay una imputación y una derivación: del principio de igualdad se deriva el principio de no asimetría. Pues bien, esta puede ser una vinculación causal muy propia de la doctrina del Partido Popular, pero no puede ser una vinculación causal propia de nuestro sistema constitucional. Existen estas asimetrías. Existen, por ejemplo, en el caso de la autonomía catalana. Existe asimetría cuando en Cataluña hay policía autonómica y cuando en otras comunidades autónomas no hay policía autonómica. Nunca el pueblo de Cataluña ni las fuerzas políticas nacionalistas que representen al pueblo de Cataluña negarán a otros lo que hemos reivindicado para nosotros, pero tampoco queremos que otros nos nieguen nuestro derecho al desarrollo autonómico. Señor Martínez-Pujalte, el control del tráfico ni siquiera está en el estatuto de autonomía ni en la distribución competencial ¿Usted cree que la prestación del servicio público y el control del tráfico violenta el principio de igualdad y las garantías de igualdad entre ciudadanos? Sensu contrario, algunas competencias contempladas en estatutos de autonomía aún no han sido cumplidas por parte del Gobierno central, después de 25 años de desarrollo autonómico.
Cuando el presidente fundador de su partido, el señor Fraga, reivindica la administración única para las autonomías, ¿está violentando el principio de igualdad entre los ciudadanos? Cuando reivindica que cada una de las comunidades autónomas puedan prestar servicios del Estado, ¿está violentando estos derechos del artículo 139 de la Constitución? Porque la pregunta clave que nos tendríamos que formular a estas alturas del debate político, después de 25 años de desarrollo autonómico, es si ustedes consideran que las comunidades autónomas son Estado. Si ustedes han interiorizado que las comunidades autónomas son Estado, si ustedes consideran que los servicios prestados por las comunidades autónomas, por todas o por algunas, son servicios de primera o de segunda, que requieren de la tutela y el control de una administración jerárquicamente superior, que ustedes deben considerar el Gobierno central y la Administración General del Estado. Sí que existen ambiciones y horizontes distintos en virtud del principio de autonomía que rige nuestro sistema político.
Y la segunda pregunta es básica en el debate que ustedes han abierto esta tarde. En estos momentos, en el sistema político español, ¿conviven eficaz, armónicamente, el principio de autonomía y el principio de igualdad? La respuesta es obvia: sí. Y si la respuesta es que sí nos tenemos que preguntar a qué viene esta proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interpreta que esta proposición no de ley viene en la inercia, en la tendencia de lo que ha supuesto la relectura de la Constitución por parte del Partido Popular durante la legislatura anterior. Durante toda la legislatura anterior ustedes han venido reinterpretando a la baja este consenso constitucional. Ustedes, desde el punto de vista de trayectoria histórica —cabe recordarlo—, hasta el año 1987 presentaron reservas al Título VIII de la Constitución española. Y todo esto supone un debilitamiento del consenso constitucional.
Hay aspectos fundamentales de nuestra convivencia con los que no se debe jugar de forma partidista en un Pleno ordinario un martes por la tarde. Si me permiten, esta proposición no de ley a mí me recuerda algunas mociones que se votaron en algunos ayuntamientos, en algunas corporaciones municipales, durante la II República, cuando se acordaba por tres votos a favor y dos en contra que Dios existe. O al revés, que por tres votos en contra y dos a favor que Dios no existe.
Hay algunos temas nucleares, fundamentales, de nuestro sistema constitucional que no es oportuno abrirlos de forma ordinaria en el debate político. Estos son temas bien resueltos, estos son temas bien enfocados, estos son temas bien encajados en nuestro sistema político. Por ello —y voy terminando, señor presidente— entiendo que era innecesaria la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, coincidiendo con la modulación y con las diferencias de planteamiento de la enmienda del señor Jáuregui. La mejor enmienda a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular es el texto literal del artículo 139.1 de la Constitución española. La mejor enmienda a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular es la aplicación equilibrada, íntegra y global de la Constitución española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Corresponde en este momento al grupo proponente un turno para señalar la aceptación o rechazo de enmiendas o eventuales enmiendas transaccionales.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Después del debate desarrollado, me reitero en la oportunidad del mismo. Quiero señalar que se han presentado cinco enmiendas. Mi grupo no admitirá las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y nos gustaría plantear al Grupo Parlamentario Socialista una enmienda transaccional. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con otras palabras, dice exactamente lo mismo que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por eso, y en pro del diálogo y del consenso, y como dicen exactamente lo mismo, voy a plantear, con el mejor de los talantes, señor Jáuregui, una enmienda transaccional, por si usted la acepta, y para incluir la de Coalición Canaria.
En el primer párrafo de su texto, señor Jáuregui, yo diría que el Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, en vez de en dos artículos de la Constitución. Después del debate y de que otros grupos parlamentarios han mencionado otros artículos, parece que lo lógico es que se diga en nuestra Constitución. Así de simple este punto.
En el segundo párrafo diría, señor Jáuregui: Del mismo modo, reafirma la pluralidad cultural, social y política. Ahí añadiría entre guiones o entre comas: también la insularidad, para ofrecérsela a Coalición Canaria.
El resto del texto es exactamente el mismo y me agrada que ustedes hayan venido con nosotros a defender un principio de diálogo que está basado en nuestra Constitución.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, de aceptarse por el Grupo Socialista la transacción que está ofreciendo el Grupo Popular, Coalición Canaria aceptaría esa propuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Realmente, las enmiendas que ha propuesto el señor Martínez-Pujalte a última hora para transaccionar no hacen más que reafirmar el espíritu y el contenido de la enmienda de totalidad que nuestro grupo ha presentado. Por esta razón, las acepto, dejando claro al resto de los grupos que lo que se va a votar, una vez que el Grupo Popular ha retirado su proposición y ha aceptado la nuestra, es la proposición del Grupo Socialista. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, puede hacer una última aclaración.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Simplemente, señor presidente, quiero dejar clarísimo el texto que vamos a votar, que es similar al que se había propuesto. Se trata de eliminar en el párrafo primero, en la última línea, «los artículos 138 y 139 de» y dejar «en nuestra Constitución», y en el párrafo segundo decir: «Del mismo modo reafirma la pluralidad cultural, social y política —también la insularidad-». El resto es similar a lo que habíamos presentado.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición no de ley en los términos precisos y con las aclaraciones también precisas que acaba de hacer el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 284; en contra, 29; abstenciones, siete.
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References: artículo 2
 artículo 149
 artículo 150
 resolución 
 artículo 138
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 151
 artículo 3
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 139
 artículo 139