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Timestamp: 2018-10-20 18:58:59+00:00

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By On mayo 26, 2017 In Otras Tagged DEL ESTADO Y LA NACIÓN, DETERMINACIÓN DE LAS POLÍTICAS IMPOSITIVAS, FINANCIACIÓN DEL GASTO NACIONAL, FUNCIONES DEL ESTADO SOBRE LA ECONOMÍA, LAS FUNCIONES DEL ESTADO, MANEJO DE LOS RECAUDOS NACIONALES, MANEJO DEL GASTO PÚBLICO, Regulación De La Actividad Económica, RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y ECONOMÍA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ROL DEL ESTADO PERUANO EN LA ECONOMÍA, ROL DEL ESTADO Y LA SALUD EN EL PERÚ, SECTOR SALUD, SEGMENTACIÓN DE SECTOR SALUD, SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE SALUD EN EL PERU, SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO EN SALUD
¿Cuál es el rol de estado? Esta pregunta es muy fácil formularla pero muy difícil responderla. En estos tiempos de globalización económica, política y social, se están generando modificaciones en las estructuras y relaciones socioeconómicas; en este contexto se está reformulando y redefiniendo el rol del estado. Probablemente hay más interrogantes que respuestas y propuestas coherentes al respecto.
En términos generales, el estado debe ser un ente ¿planificador? ¿Estrategia? ¿Promotor? ¿Intervencionista? ¿Liberal? ¿Regulador? etc. En términos funcionales y operacionales ¿el estado debe encargarse de brindar sólo los llamados servicios públicos básicos? ¿También debe encargarse de la producción de bienes y servicios que puede efectuar el sector privado? Es relativamente mucho más complicado definir y cumplir el rol del estado en un país de altos niveles de pobreza y bajos niveles de ingreso como es el nuestro, porque la mayor parte de la población tiende a exigir que el estado “haga de todo”; muchas veces se olvida que los recursos financieros y tecnológicos son muy limitados.
En este marco, pueden plantearse tres preguntas básicas, cuyas respuestas pueden permitir vislumbrar la especificación del rol del estado:
Con la primera pregunta se trata de identificar las funciones que le incumbe efectuar al estado de manera tal que contribuya a elevar al máximo el nivel de bienestar del país. Una vez identificado el rol del estado, se debe también tratar de especificar los métodos y mecanismos que se puede emplear en la acción estatal y ello está relacionado con la segunda interrogante. Finalmente, el estado, como cualquier ente, está sujeto a un conjunto de restricciones; en la medida en que supere tales restricciones puede tender a cumplir su rol de una manera satisfactoria.
En la discusión sobre el rol del estado se incurre usualmente en el error de efectuar solamente el análisis normativo (economía normativa) porque se tiende a pensar en el Cómo debe ser el estado, ello no es serio si primero no se efectúa un análisis positivo en el sentido de Cómo es el estado. El procedimiento científico del análisis económico consiste primero en entender y comprender la realidad tal como es, luego sobre ella se puede plantear el cómo debe ser.
1.- LAS FUNCIONES DEL ESTADO
El rol del estado, o del gobierno que lo representa, está implícito o explícito en los diferentes enfoques del pensamiento económico; al respecto podríamos señalar la concepción de los dos principales enfoques existentes (keynesiano y neoclásico), además de un tercero, que últimamente está presentando una dinámica muy interesante en su desarrollo (enfoque neoinstitucional). Dada la concepción de la sociedad contenida en un enfoque económico, el rol del estado queda endógenamente determinado.
Según el enfoque keynesiano – en la versión original de Keynes – el sistema capitalista es conceptuado como inestable ya que tiende a operar por debajo del pleno empleo, por lo que en la medida en que no se utilizan todos los recursos, se incurre en cierta ineficiencia económica. Para Keynes, en el sistema económico capitalista no se cumple la Ley de Say, por lo que la demanda agregada no necesariamente es igual a la producción de pleno empleo. Debido a su carácter inestable, en la economía capitalista se generan situaciones de riesgo e incertidumbre, las mismas que no permiten el aumento necesario de la inversión y por ende de la demanda, lo que se traduce en un proceso tendencial de insuficiencia de demanda agregada y, como consecuencia de esto, un proceso de producción por debajo del pleno empleo; entonces, se tiene que inducir al aumento de la inversión mediante –entre otros– la reducción de la tasa de interés. En el mismo sentido, según éste punto de vista, el mercado por sí solo no tiende a asignar eficientemente los recursos, se necesita la intervención del gobierno. Esta característica central del sistema capitalista fundamenta la intervención del gobierno de una manera activa y discrecional, se determina así el rol inductor y regulador del gobierno.
1.1. DEL ESTADO Y LA NACIÓN
Artículo 43°.- Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Artículo 44°.- Deberes del Estado Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Artículo 45°.- Ejercicio del Poder del Estado El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Artículo 46°.- Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Artículo 47°.- Defensa Judicial del Estado La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Artículo 48°.- Idiomas oficiales Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
Artículo 49°.- Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Son símbolos de la Patria la Bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el Escudo y el Himno nacional establecidos por ley.
Artículo 50°.- Estado, Iglesia católica y otras confesiones Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
Artículo 51°.- Supremacía de la Constitución La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
Artículo 52°.- Nacionalidad
Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Artículo 53°.- Adquisición y renuncia de la nacionalidad La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
Artículo 54°.- Territorio, soberanía y jurisdicción El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
1.2. DE LOS TRATADOS
Artículo 55°.- Tratados Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56º.- Aprobación de tratados Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
Soberanía, dominio o integridad del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Artículo 57°.- Tratados Ejecutivos El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.
1.3. EL ROL DEL ESTADO PERUANO EN LA ECONOMÍA
1.3.1 LA RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y ECONOMÍA
Se rige a través del ministerio de economía quien es con quien el gobierno arma los presupuestos de la nación, y con los cuales entablaran decretos o medidas económicas de acuerdo a la situación económico financiera del país, como así también lo ligado al déficit fiscal, inflación, producción, exportación importación, moneda del país con respecto a la extranjera, entre otras tantísimas cosas, tales como el banco central etc.
La idea de un Estado no interventor en la economía se ha establecido como principio neoliberal, pues bajo éste enfoque sólo debe centrarse en servir de regulador para que el mercado actúe “según el libre juego de la oferta y la demanda”. Sin embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos mercados especialmente los de países menos desarrollados, no funcionan eficientemente (esquema demanda-oferta), por lo que necesitan de la intervención estadal para poder corregir los desequilibrios producto de las imperfecciones del mercado. Muchas de esas imperfecciones del mercado se centran en los monopolios tanto de producción como de comercialización entre otros, originando en gran medida perjuicios para la sociedad en general. Incluso la doctrina neoliberal imperante sostiene que para que una economía progrese necesita de una pujante liberalización y nula intervención del Estado, así lo revelan las pautas para la intervención en las diferentes organizaciones multilaterales (OMC, FMI, TLCAN,
1.3.1 FUNCIONES DEL ESTADO SOBRE LA ECONOMÍA
Los Gobiernos, tienen ciertas responsabilidades en relación al manejo económico general de los países, a continuación un breve repaso de dichas funciones.
El Estado, en sí mismo, es una construcción general que representa la organización de una nación. Los estados capitalistas son representados democráticamente por gobiernos e instituciones gubernamentales.
Existen varias funciones que se le atribuyen al Estado en la economía moderna, a continuación las funciones más importantes.
1.3.1.1 EL MANEJO DEL GASTO PÚBLICO
La primera función importante del Estado, es el manejo del gasto público. A través de políticas de Estado, se determinan las prioridades estratégicas de la nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben invertir los recursos comunes de los ciudadanos.
Defensa y seguridad nacional: Representado en el financiamiento del ejército, la policía y las entidades dedicadas a la protección ciudadana en general.
1.3.1.2 LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La segunda gran función económica del Estado, es la regulación constante y el seguimiento de la actividad económica.
La regulación económica se realiza mediante tres mecanismos fundamentales.
La política monetaria: Consiste en el manejo de la moneda y las variables clave de la economía a través de un banco central. La política monetaria busca impulsar el crecimiento económico a través del manejo de variables como: tasa de interés, masa monetaria (cantidad de dinero en la economía), emisión de dinero (con respaldo) etc.
1.3.1.3 LA FINANCIACIÓN DEL GASTO NACIONAL
Para financiar sus gastos los estados tienen dos opciones:
Utilizar los ingresos corrientes de la nación: Ingresos por: Impuestos, tarifas, permisos, licencias, servicios prestados etc., que sean producto de la actividad estatal.
Nota: En la economía moderna, la emisión de dinero sin respaldo del Banco Central no es permitida, así que la creación de dinero no constituye una fuente de financiamiento.
1.3.1.4. EL MANEJO DE LOS RECAUDOS NACIONALES
La administración de los ingresos, es la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva. El cuál es conocido comúnmente como “Reservas Internacionales de la Nación”.
Las reservas internacionales, son la garantía general de que el Estado es capaz de cumplir con sus compromisos internacionales y de que es susceptible de crédito externo.
Las calificaciones de deuda de las naciones, tienen muy en cuenta la cantidad de reservas de una nación, para verificar su capacidad de pago. En la actualidad, el caso de la República Argentina constituye un evidente deterioro de la reserva internacional del país.
1.3.1.5. LA DETERMINACIÓN DE LAS POLÍTICAS IMPOSITIVAS
La última función de importancia del Estado, es la determinación del nivel de impuestos y las tarifas que deben pagar sus ciudadanos.
Dependiendo del país, la determinación de las tasas impositivas pueden venir desde el Congreso (para países con alto grado de centralización) o de los Gobiernos locales (como en el caso de los Gobiernos federales)
2.- SISTEMA DE SALUD EN EL PERU
2.1 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Constitución Política del Perú – Artículo 9.
La Autoridad de Salud se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado. La Autoridad de Salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno, de conformidad con las atribuciones que les confieren sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes orgánicas o leyes especiales en el campo de la salud. Ley Nº 26842, Ley General de Salud – Artículo 122.
Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la RECTORÍA respecto de ellas. Artículo 22, numeral 22.1 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ENTE RECTOR del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana. Artículo 2º Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.
2.1.1 SECTOR SALUD
“Es el espacio social de confluencia de personas, organizaciones y entidades, que realizan actividades (todas o algunas de ellas) relacionadas directamente con la salud pública e individual en el país, o que repercuten indirectamente en ella.”
“No se establecen necesariamente entre ellas, una relación de dependencia orgánica, funcional o jurídica, sino de coincidencia de acciones.”
EL SECTOR SALUD ESTÁ CONSTITUIDO POR:
Compradores o Financiadores Institucionales de Servicios
Entidades formadoras de Recursos Humanos en Salud
Entidades productoras de otros recursos en salud
Agencias o dependencias de otros Sectores del Estado con actividades de impacto sobre la salud o sus factores determinantes
Otros niveles gubernamentales con actividades relacionadas con la salud colectiva o con repercusiones en ella.
Sociedad Civil organizada en torno a actividades en el campo de la salud.
La población, en tanto sea competente para el cuidado de la salud.
2.1.2. SEGMENTACIÓN DE SECTOR SALUD
2.1.3. SISTEMA DE SALUD
Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud.
La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal.
Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión.
El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud – SNCDS es el conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos nacionales, regionales y locales del sector salud y otros sectores, cuyo objeto principal es desarrollar actividades orientadas a promover, proteger y recuperar la salud de la población.
2.1.4 SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO EN SALUD
Coordinar el proceso de aplicación de la política nacional de salud.
Implementación concertada descentralizada y coordinando los planes y programas para lograr el cuidado integral de la salud de todos los peruanos
Avanzar hacia la seguridad social universal en salud
2.1.5. SISTEMA DE SALUD
2.1.6. ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL MINSA
2.2 EL ROL DEL ESTADO Y LA SALUD EN EL PERÚ
Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un “estado de bienestar general” físico, mental y social de las personas, que entra siempre en contienda con la enfermedad, ambas en una relación dialéctica, primando una sobre la otra según el desarrollo de la sociedad, de las condiciones de vida, de las costumbres y actividades de las personas, de los valores culturales y religiosos, de la política y acción del Estado. Se entiende la salud como un proceso en el que existen “stressors” (factores de riesgo externos e impactantes) y factores determinantes ligados al pro ceso social, económico, cultural, político y demográfico en que se desarrolla una sociedad; integrándose las condiciones internas propias de la persona, genes, carácter, condiciones biológicas y resultado de la herencia (que incluye las condiciones de vida de los padres y transmisión generacional), con el entorno de la vida misma de cada persona en la sociedad (su nivel de ingreso, la educación, la nutrición, la vivienda, el medio ambiente, hábitos de vida, costumbres, etc.). Así, un estado de salud, entendido como estado de bienestar, tiene un carácter multidimensional y por tanto más complejo, que resulta muchas veces difícil de desagregar y, por ello, para efectos de estudio y operacionalización.
Se estudian las dimensiones que tiene la salud, pero que necesariamente requieren para la acción y gestión un enfoque pluridisciplinario.
La dimensión biológica de la salud, asociada a la puesta en peligro de este estado de bienestar: la enfermedad o la discapacidad y aun la muerte, estaría afectando a las condiciones físicas de la personas; luego, la dimensión psicológica, asociada a la interacción de las personas en su vida, que conlleva todo un proceso de integración familiar y social, es decir, el proceso de socialización y los efectos de ella en el pensar y actuar de las personas.
La dimensión social, es otro espacio de análisis y estudio, tal vez con más variantes que las dos anteriores, pues lo social involucra distintos aspectos que van desde las condiciones de vida de las personas, el medio ambiente, la políticas del Estado (incluidas las políticas de salud), la respuesta organizada de la sociedad frente a la enfermedad (el sistema de salud), el medio ambiente del trabajo y del hogar.
A todas estas dimensiones se agrega la dimensión económica de la salud, y es que en todas las decisiones que se asumen para el logro del “bienestar general” de las personas se están utilizando recursos, en un marco en el que incluso algunos agentes económicos actúan decidiendo sobre recursos futuros, y desde la economía, siempre está presente, la necesidad de optimizar su uso y que las decisiones que se asuman sobre éstos, logren los mayores efectos en el bienestar de las personas y alcancen a un número mayor de la población. Se integra así el principio de eficiencia con el de equidad, en el sentido de que el logro de la eficiencia libera recursos para beneficiar a más personas.
En poblaciones con un estado de salud precario o con altos porcentajes de población en riesgo, se limita el desarrollo del país y el bienestar general, pues induce a un mayor gasto, a mayores esfuerzos y mayor uso de recursos, y, por tanto, merma las capacidades productivas, baja la productividad, la producción y el desarrollo económico. Allí es donde aparece un nuevo plano en el análisis de la salud, pues se convierte en una necesidad, en términos tanto individuales como poblacionales, así en términos personales la incapacidad de poder generar recursos, ingresos o valor agregado incapacita o limita obtener logros en la educación, empleo, y satisfacciones de otras características; y vista en términos nacionales o totales, una población enferma llevará consigo menos posibilidades de producción y productividad y por tanto limitaciones en la creación y en el desarrollo, haciéndose necesaria la intervención estatal. Evidentemente la intervención del Estado, en su objetivo de lograr mayores niveles de bienestar en la población, debe tener una perspectiva para con la salud de las personas, cual es la protección a grupos poblacionales en riesgo y su interacción con otros de menor riesgo, de modo que el proceso productivo no se atenúe y por tanto se logren mejores resultados en la salud y en la producción de otros bienes y servicios. De ahí la importancia del costo de oportunidad de los recursos destinados a salud, que debe inducir cada vez más hacia un gasto eficiente no sólo en el uso de los recursos, sino en los efectos del gasto en la población. Resultando este gasto en salud como una inversión productiva, pues al incrementarse la productividad del factor trabajo conlleva a incrementos en la producción y al bienestar.
2.2.1. EL ESTADO Y LA SALUD
La somera exploración a la salud dada en las líneas anteriores, hace evidente la importancia y el marco social que la define o determina la salud de la población, y es más, los efectos que tiene en la sociedad un buen o mal estado de salud en relación con las posibilidades del desarrollo y del bienestar. Asimismo al tratarse de un proceso que se da en el tiempo y que viene determinado en el largo plazo, se dan situaciones y realidades en distintos países que implican distintos niveles de salud de las poblaciones. Por lo tanto, el Estado como agente en la sociedad y en la economía, siempre ha tenido presente a la salud dentro de sus objetivos más importantes; y el entendimiento de la salud, como un bien, ha definido distintas actuaciones de los actores en la sociedad. En Europa como en nuestros países, el desarrollo de la salud es resultado también de la pugna política y de la formación económica de los países; así en los inicios del desarrollo capitalista, los dueños de los medios de producción se atendían de modo privado, mientras que los obreros y los campesinos eran atendidos mediante la caridad pública.
El entendimiento de los recursos escasos, de una necesidad de mejorar la salud de las personas, de lograr mayores niveles de acceso y garantizar una adecuada atención en términos de calidad, inducen al proceso de reforma, que tampoco está desligado de la realidad en la que se encontraban las condiciones de salud, así tenemos las razones aducidas más comunes para el inicio de reformas en salud: ” la persistencia de inequidades en las condiciones de salud y acceso a los servicios. Los retos derivados de los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos. Las ineficiencias, tanto en la asignación de recursos, como en la gestión de los servicios. Las dificultades derivadas del sostenimiento de los servicios públicos de salud”.
Así, el Estado “benefactor”, prestador de servicios de salud, regulador y financiador de América Latina de los setenta y ochenta, enfrenta además problemas derivados del crecimiento del gasto público, de la gratuidad de la prestación de los servicios, de evolución de la tecnología sanitaria (costos crecientes), de la eficiencia y su relación con la satisfacción de la necesidad y satisfacción de la demanda. Entonces, según sea la característica de cada país, sistema de salud, estado de salud de la población, perfil epidemiológico, nivel de gasto y recursos con los que cuente, se plantean procesos de reforma en salud, asignándole al Estado nuevos instrumentos e incentivos que permitan mejorar la situación de salud con los recursos limitados con que se cuenta. En general, cada país asume sus prioridades y estrategias para el desarrollo de la salud en el marco de un proceso de reforma, pero son comunes en todos los principios y objetivos de acción. Así tenemos la igualdad, solidaridad, democracia y escasez como principios; y como objetivos, la equidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y participación social.
2.2.2. ROL DEL ESTADO Y LA REFORMA DE SALUD EN EL PERÚ
Es evidente el nuevo rol del Estado en la reforma de la salud, proceso “orientado a introducir cambios sustantivos en diferentes instancias del sector salud, sus relaciones y las funciones que llevan la justa distribución de sus beneficios, la eficiencia de su gestión y la efectividad de las prestaciones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Se trata de un proceso dinámico, complejo e intencionado, realizado durante un período determinado de tiempo (sic) a partir de coyunturas que la justifican y la viabilizan”.
En lo que respecta a la reforma de la salud y el rol del Estado, es evidente que, para liderar el proceso y el cambio, se necesita a un Estado con capacidad de poder cumplir sus tres funciones principales: la de financiamiento provisión y regulación en nuevo entorno que le permita lograr objetivos y metas planteadas. Para el análisis de la reforma de la salud en nuestro país, existen diversos artículos del autor y de otros, que analizan el proceso como un todo y en los distintos aspectos del mismo, por ello a partir de las funciones del Estado, esbozaremos el rol que cumple el Estado en la reforma.
3.1 Estado y financiamiento.- La participación del Estado en la asignación de recursos, tiene dos pautas básicas en su desarrollo, la primera es respecto a la responsabilidad del Estado de la salud de los peruanos, ahora, con la reforma, se plantea el término de salud colectiva, que implica que el Estado es responsable de la salud colectiva y, por tanto, de financiarla y propender a acciones colectivas como son la prevención y la promoción de la salud. La salud individual estaría a cargo de cada persona para recuperar su salud, es decir la responsabilidad de cuidar la salud recae en el individuo, así entonces el cuidado de la salud debería ser financiado por cada persona, ello actualmente no está tan desarrollado, pues el estado todavía acude con algún subsidio, generalmente a enfermedades transmisibles, pero en la mayoría de casos los servicios de salud no son cubiertos por el Estado de modo que se logre un proceso vertical; la necesidad de tener medicamentos y, en general, recursos para el tratamiento, son asumidas por la población.
2.3 ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD – gobierno PPK
A pesar de las sucesivas promesas de los últimos gobiernos, se ha mantenido un bajo índice de inversión en salud. Seguimos lejos del 7.5 % del PBI, que es el promedio latinoamericano de gasto total (público y privado) en salud, con una inversión alrededor del 5% del PBI los últimos años (Banco Mundial, 2013)1. El gasto público en salud en el 2015 llegó únicamente al 2.2% del PBI (MEF, 2015)2. A su vez, existen deficiencias en el gasto de la asignación presupuestal para la función salud, sobre todo a nivel regional y local.
Otro problema importante es la creciente debilidad del rol conductor del MINSA en sus principales ámbitos de intervención. Vivimos una preocupante caída del porcentaje de niños que cuentan con todas las vacunas completas, la tasa se redujo de 72.8% a 61.1% entre el 2012 y el 2014 y la mortalidad neonatal se incrementó de 9% a 12% en el mismo periodo. Aunque la desnutrición infantil crónica en niños menores de cinco años se ha reducido, de 18.1% a 14.6% entre el 2012 y el 2014, la tasa de niños menores de cinco años afectados con anemia ha aumentado en el mismo periodo de 32.9% a 35.6% a nivel nacional (INEI, 2012-2014)3.
Tampoco estamos desarrollando estrategias de previsión frente a calamidades eventuales, como es el caso de la posible incidencia de un Fenómeno del Niño de calificación extraordinaria, que podría impactar en los problemas sanitarios endémicos (epidémicos), en la desnutrición y anemia de la población en situación de vulnerabilidad.
SITUACIÓN DE LA REFORMA DE LA SALUD
La anunciada reforma ha quedado interrumpida y prácticamente anguidece por una falta de claridad de objetivos. En los hechos prioriza el financiamiento en función de la demanda y refuerza el viejo centralismo ministerial. La persona, la familia y la comunidad, al igual que la promoción de la salud, no forman parte del objetivo central. Y en lo administrativo, no ha logrado evitar que la salud pública siga siendo afectada por la fragmentación y desconexión de la atención de los subsistemas, los servicios y de los establecimientos de salud.
La reforma no ha logrado revertir la ausencia de participación vinculante de los diferentes poderes y niveles de gobierno y de los actores locales en torno a la salud, y en cuanto a los recursos humanos, no se ha logrado reformar la escala remunerativa en base a calidad y méritos, no hay una política de incentivos, y no se ha logrado la integración de la carrera pública en salud (perjudicada por leyes de trabajo profesional no articuladas). Por el contrario, se ha generado una fuerte resistencia al cambio entre los trabajadores, directivos y funcionarios de salud, representantes gremiales e instituciones académicas.
El resultado, desde el punto de vista de la situación de la salud pública, es un rápido aumento de las enfermedades no trasmisibles (sobre todo las raras y altamente costosas) y la re-emergencia de diferentes enfermedades trasmisibles; debido a que no se abordan con más intensidad los determinantes sociales de la salud (DSS). El público en general, constata además una falta de integridad y humanización en los servicios de salud.
OBJETIVO GENERAL: HACER MÁS EFICIENTE Y DIVERSIFICADO EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES,
CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS FELIZMENTE SALUDABLE.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer la Atención Primaria de la Salud – APS.
Desarrollar la atención primaria de la salud basada en la persona, la familia y la comunidad, con énfasis en el primer nivel de atención, el trabajo intersectorial, la participación social y el cuidado integral de la salud.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Hacer realidad una política de recursos humanos en salud
Promover el talento humano, propiciando el desarrollo de competencias adecuadas y suficientes, con enfoques éticos y humanísticos adecuados a las necesidades de la población y el modelo sanitario.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Disminución de los principales indicadores de mortalidad y morbilidad.
Disminuir de manera significativa los más importantes indicadores de mortalidad y morbilidad, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: Reorganización y financiamiento del sistema de salud para responder a las necesidades más sentidas de la población.
Ampliar la cobertura de los servicios y reestructurar los sistemas de atención y de manejo de data clínica para satisfacer las necesidades de eficiencia que reclama la población. Creación de la Tarjeta Única de Salud (TU SALUD).
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD – APS
Acción estratégica 1: Extender a todo el país el modelo integral e incluyente de salud, basado en la persona, la familia y la comunidad: MAIS BFC.
El MAIS BFC es un modelo peruano de atención de salud integral e incluyente, cuyos componentes, estrategias y herramientas garantizan el abordaje de los determinantes sociales de la salud (es decir, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud) que afectan a las personas, sus familias y sus comunidades.
Acción estratégica 2: Organizar la Redes Integradas de Servicios de Salud – RISS.
Los servicios de salud operan de modo integral entre los niveles de atención del primer, segundo y tercer nivel de modo funcional y operativo a través de las Redes Integradas de Salud (RISS). Éstas permiten el abordaje de los determinantes sociales de la salud, hacen viable el acceso y facilitan la cobertura universal en salud. Las RISS facilitan que la atención fluya del primero al tercer nivel según la complejidad del caso.
Acción estrategia 3: Impulsar la interculturalidad y la participación social, con la finalidad de legitimar las propuestas en salud, y hacerlas viables y sostenibles en el tiempo.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: HACER REALIDAD UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD.
Acción estratégica 1: Contar con personal de salud adecuado a las necesidades del país.
Contar con personal calificado que permita reducir las brechas de atención en cada región y en cada centro de atención de salud.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: DISMINUIR LOS PRINCIPALES INDICADORES DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD.
Acción estratégica 1: Reducir las brechas de cobertura de las intervenciones costo-efectivas en el proceso asistencial, con énfasis en la reducción de morbimortalidad materna, neonatal e infantil.
Acción estratégica 2: Disminución de enfermedades transmisibles.
Articular con las regiones priorizadas y focalizadas las estrategias de control de vectores, protocolos de atención y acceso a medicamentos. Intensificar y asegurar entrega oportuna de presupuesto.
Acción estratégica 3: Frenar la propagación acelerada de las enfermedades no trasmisibles: hipertensión arterial y sus secuelas: dislipidemias (diabetes, obesidad) y cáncer.
El abordaje preventivo desde la etapa neonatal de las principales y más costosas enfermedades no trasmisibles facilitará en la población una mejor calidad de vida, y hará posible un presupuesto de salud alcanzable en el mediano plazo.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 4: REORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES MÁS SENTIDAS DE LA POBLACIÓN.
Acción estratégica 1: Crear un Sistema Único de Información en Salud y la Tarjeta Única de Salud (TU SALUD).
Un Sistema Único de Información en Salud para el prestador, el asegurador y el financiador, permitirá la toma de decisiones oportuna, la planificación integral del cuidado de la salud, la vigilancia epidemiológica y socio-cultural, la medición de los determinantes sociales de la salud y la asignación racional de los recursos sanitarios.
Acción estratégica 2: Consolidación del Seguro Integral de Salud y el aseguramiento Universal.
El Seguro Integral de Salud y la estrategia de Aseguramiento Universal de Salud son la clave para caminar hacia la universalización de la cobertura de salud.
Acción Estratégica 3: Incrementar progresivamente el presupuesto en Salud.
3.- EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA CONDICIÓN DEL ESTADO Y DEL PARTIDO QUE GANA LAS ELECCIONES CON RESPECTO AL TRABAJO.
El rol del estado en la generación de empleo todavía permanece como un tema central en Latinoamérica y en otras regiones, los niveles de apoyo al ciudadano promedio, a que el estado en vez del sector privado sea el principal actor en la creación de puestos de trabajo, la mayoría de los individuos que viven en hogares ricos se oponen significativamente al rol del estado como principal generador de trabajo, pero al contrario mientras más rico es el país en términos de ingresos percapita mayor es el rol que se espera del estado como generador de empleo. Hay implicaciones importantes. Hay implicaciones importantes en cuanto la política económica del estado.
En nuestro país la realidad es que casi el 70% del empleo proviene de empresas informales que no pagan que no pagan beneficios a sus trabajadores, definitivamente es obligación y responsabilidad del estado reducir esta tasa de informalidad en el ámbito empresarial y laboral, para que de esta forma los trabajadores puedan acceder a beneficios que le corresponden por ser inherente a los proletarios que prestan servicios a capitalistas.
El presente gobierno tiene propuestas muy interesantes frente a estos problemas de índole socioeconómica, porque si miramos el plan de gobierno de peruanos por el cambio encontraremos que se desea realizar una reforma laboral muy interesante incentivando con ciertos beneficios que desarrollaremos más adelante a los empleadores, con el objetivo de incrementar la tasa de formalismo en empleo de los peruanos.
Dentro de los derechos sociales y económicos nos menciona el artículo 23° de la constitución política del Perú, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto y atención prioritaria del estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al empleado que trabajan.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
En las relaciones laborales de trabajadores y empleadores se respetan los siguientes principios.
Igualdad de oportunidades sin discriminación.
Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la constitución y la ley.
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.
La constitución política del Perú protege al trabajador frente al despido arbitrario, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
En cuanto a los derechos colectivos del trabajador tienen derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga.
Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacifica de los conflictos laborales.
Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social señalando sus excepciones y limitaciones.
En cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades, el estado reconoce el derecho de los mismos a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
En el plan de gobierno actual encontramos propuesta de reforma laboral como lo mencionamos líneas arriba, por ejemplo en metas y objetivos en relación al amito laboral tenemos:
Crear tres millones de puestos de trabajo formales en los cinco años de gobierno: la mitad serían nuevos puestos y el resto, producto de la formalización.
Aumentar el salario mínimo a 850 soles el primer día de gobierno, planteando una fórmula para aumentos progresivos.
Crear un seguro de desempleo para la población que recién se incorpora a la fuerza laboral, sin afectar la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los actuales trabajadores formales.
Facilitar el acceso a la salud de los trabajadores formales e informales universalizando el seguro de salud. Ayudará a este fin fusionar a los sistemas de información de Es Salud y el Sistema Integrado de Salud (SIS) con la Tarjeta Única de Salud (TU-SALUD) en manos de cada usuario de los servicios.
Es muy inspirador lo que el gobierno se plantea, sin duda es necesario que la base de empleo se incremente, como lo es sin duda también el aumento de la R.M.V que a manera de comentario fue elevada de 750 a 850 soles en el mes de mayo del 2017 en el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala
En el plan de gobierno también encontramos que con todo lo planteado en él se aspira a generar 600 mil empleos por año, o sea 3 millones en cinco años.
El Perú todavía tiene una población joven, con un número creciente de mujeres que entran a la fuerza laboral. Con una política promocional de crecimiento, es posible retomar un crecimiento económico sostenido del 5% anual, a pesar de las difíciles circunstancias internacionales. Por supuesto esta meta sólo se podrá realizar si se trabaja en conjunto todos los aspectos que influyen la vida económica del país: el manejo fiscal y tributario, la seguridad ciudadana y jurídica, la transparencia en la vida pública y los demás aspectos de nuestro Plan de Gobierno.
3.1 Que hay hasta la fecha
Mediante la ley 30506 denominada ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro Perú S.A.
Se delegó la facultad de legislar a fin de ampliar la base tributaria e incentivar a la formalización a través de la modificación de las tasas impositivas, mayor simplicidad y mejores procesos de recaudación; establecer incentivos para que las personas naturales exijan comprobantes de pagos y simplificar la estructura tributaria empresarial.
Producto de esta delegación de facultades salieron una serie de decretos legislativos referentes a la formalización, incentivo y simplicidad tributaria.
Entre los más resaltantes tenemos en cuanto al impuesto a la renta de los trabajadores en planilla es decir que perciben rentas de quinta categoría tendrán una deducción adicional de 3 unidades impositivas tributarias adicionales a la 7 unidades impositivas tributarias a las cuales tiene derecho todo peruano que gane entre dos mil veinticinco soles mensuales más o menos un promedio de veintiocho mil trescientos cincuenta soles anuales estará libre de retenciones por concepto de rentas de quinta categoría, y adicionalmente tendrán 3 UIT mas es decir un total de diez lo que en la práctica seria cuarenta mil quinientos soles, todo peruano que gane hasta dos mil ochocientos soles no estará en la obligación de pagar impuesto a la renta de quinta categoría, siempre en cuando las 3 UIT adicionales las sustente con gastos personales y con comprobantes de pago.
Dentro de los gastos que se podrán de deducir tenemos los gastos de:
Directores deportivos entre otros
Sin duda alguna algo que incentiva a la formalización de trabajos es que también se podrá deducir los gastos de EsSalud de las trabajadoras del hogar, cabe recordar este sector el que mayor tasa de informalidad tiene en nuestro país.
4.- ROL DEL ESTADO PERUANO EN LA EDUCACIÓN
Desde la educación inicial hasta la educación superior enfrentamos un problema de calidad educativa, expresado en las deficiencias en los currículos, la insuficiente formación y capacidad de enseñanza de los docentes, y las carencias de infraestructura.
En la Educación Básica nos encontramos con una serie de problemas que influyen negativamente en los logros educativos. Uno de los más importantes es la falta de claridad curricular. La aparición de instrumentos auxiliares como los Mapas de Progreso de parte del IPEBA (Instituto Peruano de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica), de las Rutas de Aprendizaje (que sirven de orientación para los docentes) y del Nuevo Marco Curricular de parte del MINEDU, lejos de mejorar la organización curricular y la aplicación de los contenidos de enseñanza, han creado una gran confusión, que se acentúa año tras año.
Aunque las tasas de deserción escolar han disminuido en los últimos 10 años, ésta sigue constituyendo un problema importante en la educación nacional, especialmente en la educación secundaria. Según la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE), la población entre 13 y 19 años con secundaria incompleta a nivel nacional actualmente es de 13.2%, existiendo una deserción en el medio rural de 17.4% y en el medio urbano de 15.4%. Entre las causas de deserción tenemos en primer lugar los problemas económicos, con incidencias semejantes en la zona urbana y en el medio rural.
Otro problema importante son los ingresos que perciben los profesores contratados, pues no se han dado aumentos significativos en los sueldos durante la última década (MINEDU, 2015) Asimismo, el maestro se ha sentido agredido ante las exigencias de capacitaciones basadas en la realidad de otros países. La comunidad educativa no se siente respaldada por el Estado ni existe un diálogo que permita dar soluciones consensuadas a los problemas educativos.
Tal como lo ha reconocido el propio titular del sector en julio del 2014, el 64% de las edificaciones educativas requieren ser sustituidas completamente, el 79% de los colegios rurales no tienen los tres servicios básicos, el 15% de las edificaciones requieren reforzamiento estructural y el 91.5% de los colegios primarios-rurales no cuentan con acceso a internet. La brecha actual es de S/. 60 mil millones y que al ritmo actual de inversión se necesitará entre 17 a 20 años cubrir dicha brecha (MINEDU, 2015).
Respecto a los institutos de educación superior tecnológica, solo 17 institutos de públicos de 2,628 tienen carrera de estudios acreditados (SINEACE, 2014). La Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior en proceso de aprobación6 contempla la titulación a nombre de la nación y grados equivalentes a los universitarios con lo cual se permitirá establecer una correspondencia y una continuidad en los estudios, además de fortalecer la educación técnica superior. Sin embargo, hay otros aspectos como los referidos a los CETPRO’s (Centros de Educación Técnica Productiva), que deben reconsiderarse. Del mismo modo, si bien la Ley Universitaria es un avance importante para tener normas uniformes y claras para distinguir la calidad de la oferta educativa, debe mejorarse y simplificarse en sus articulados para atender de lleno a la excelencia y la acreditación como valores sustantivos de la educación superior en el Perú.
Las deficiencias de la educación peruana se reflejan en los diversos indicadores de aprendizaje a nivel mundial como es el caso de la prueba PISA (2000, 2009, 2012), donde el Perú estuvo en el último lugar en los años 2000 y 2012 y en el puesto 63 de 66 en el 2009 (OCDE); y en la pobre participación del Perú en los rankings de universidades a nivel mundial, donde ninguna universidad peruana figura en el conteo de las 400 mejores universidades del mundo (QS World University Rankings, 2016). La grave consecuencia de esto es que nuestros niños y jóvenes no adquieren los conocimientos necesarios para desempeñarse exitosamente en sociedad y garantizar su desarrollo profesional.
Por consiguiente, entendida la educación como un proceso que abarca toda la vida y que constituye un elemento fundamental para el desarrollo integral de la nación, es obligación prioritaria del Estado impartir una educación de calidad para todas las personas sin distingo de edad, raza, sexo o cultura. Además resulta fundamental comprometer a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en el apoyo a la gestión de las IIEE. La gratuidad de la educación que corresponde al Estado no se opone a la colaboración de los padres de familia, incluso con trabajo voluntario, para la mejora de los locales educativos y su entorno, con apoyo de los gobiernos locales.
4.1 PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO PERUANOS POR EL CAMBIO
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: Aprendizajes.
Sustituir los procesos de aprendizaje unidireccionales (el profesor imparte conocimiento al alumno que la recibe) para fomentar espacios de generación colectiva de conocimiento, reconociendo la mayor accesibilidad a la información existente a través de las TICs y las nuevas metodologías que incorporan la participación activa de docentes y estudiantes.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Docencia
Dirigir la labor docente lejos de las fórmulas memorísticas y rutinarias, haciendo del maestro un orientador de la generación de conocimiento, la investigación y la innovación multidisciplinar respetando el entorno socio-ambiental.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Infraestructura
Mejorar las condiciones para el desarrollo académico teórico-práctico, modernizar la capacidad instalada de las instituciones educativas y promover la aplicación en la enseñanza de las nuevas tecnologías informáticas en todos los procesos y niveles educativos.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: Gestión y calidad
Establecer la supervisión pública de la gestión y la calidad educativa de manera inmediata. Instituir un sistema consensuado que fije las normas para la formalización y supervisión de la calidad de las instituciones educativas públicas y privadas.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5: Fomentar investigación e innovación
Desarrollar la labor de investigación, inventiva e innovación en las áreas de enseñanza de las instituciones educativas, atendiendo a los problemas de desarrollo del país y de sus instituciones.
4.1.1 OBJETIVOS Y METAS (2016-2021)
De acuerdo con los lineamientos estratégicos señalados, los principales objetivos de mediano plazo (2016-2021) son los siguientes:
a. Al 2021, Perú se ubica en el puesto 40 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
b. Al 2021, subir del 43% actual al 67 % en las pruebas de Comprensión Lectora, y del 26% al 48% en la Lógico-matemática del Ministerio de Educación.
c. Al 2021, el 80% de los estudiantes de la Educación Básica aprenden Comunicación, Matemáticas y Ciencias Naturales con apoyo del software educativo.
d. Al 2021, todas las regiones del país cuentan con un COTECAR (Colegios Tecnológicos de Alto Rendimiento).
e. Al 2021, el 80% de las IIEE desarrollan la inclusión y atienden a niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
f. Del 2016 al 2021, reducir la tasa de deserción en secundaria a un 4%.
g. Al 2021, el 100% de las Facultades de Educación de las Universidades e Institutos Superiores Pedagógicos han terminado de aplicar la reforma curricular.
h. Al 2021, se ha incrementado en un 50% el número de profesores con la especialidad de educación especial vía la formación inicial y la formación en servicio.
i. Al 2021, con Escuela Bonita, se ha logrado mejorar total o parcialmente la infraestructura del 80% de las IIEE urbanas de la Educación Básica y del 80% de las instituciones educativas rurales.
j. Al 2021, estarán funcionando el 100% de Consejos Regionales de Formación Profesional Técnica.
4.2 UNA EDUCACIÓN RENOVADA QUE GENERA CAMBIOS
Hacer realidad dicha visión demanda transformar nuestra educación. Es cierto que una buena educación no será suficiente por sí sola para llevarnos a la democracia y el desarrollo. Pero también es verdad que, sin ella, las reformas que hagamos en otros campos resultarán a la postre estériles o de corta vida. ¿Qué funciones ha de cumplir la educación en la transformación general del país?
Una educación renovada ayudará a construir una sociedad integrada – fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad – y un Estado moderno, democrático y eficiente. Dotará al país de ciudadanos participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación dando así vida sostenida a la descentralización.
En cuanto a la fuente de la realización de las personas, la educación es en sí misma un fin en todo proceso de desarrollo humano y no puede ser sacrificada o postergada por otros fines. Pero en cuanto generadora de ciudadanos capaces y eficientes, imbuidos de una conciencia cívica, prestos al aprendizaje permanente y dotados de iniciativa y espíritu emprendedor, la educación es, también, un medio para el desarrollo.
Una educación transformada es indispensable para la democracia pues formará ciudadanos alejados de las prácticas y valores que hacen posible el autoritarismo, la exclusión y la violencia. La educación básica ha de impulsar la vida democrática al moldear personalidades autónomas, con iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos. Con prácticas pedagógicas y formas de convivencia renovadas, la educación debe ser la primera experiencia de los peruanos sobre el valor de las leyes, el diálogo, la participación, las instituciones y la coexistencia pacífica.
Esta educación debe ayudar también a construir un país más equitativo. Una educación deficiente es una reproductora perniciosa de la inequidad y del atraso. Por el contrario, hay evidencias de cómo los progresos en educación habilitan a las personas para satisfacer mejor sus necesidades y ejercer mejor sus derechos. La educación es generadora de facultades. Inviste a las personas de los poderes requeridos para gobernar sus vidas; es decir, para elegir su destino.
De otro lado, una educación universal de calidad favorecerá el mejor rendimiento económico de nuestra sociedad al promover la adquisición de saberes nuevos y la recuperación y revaloración del saber propio, la innovación, el manejo eficiente de los recursos y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes. Ningún país puede aspirar al éxito en la sociedad mundial de hoy con la escasa inversión en educación y en promoción de la investigación y la innovación que mantiene el Perú. Sin embargo, al señalar esto es imposible omitir que, junto con la investigación, la educación peruana tiene otras tareas básicas pendientes de cumplimiento como asegurar un dominio adecuado de las destrezas fundamentales y fomentar actitudes creativas hacia la vida productiva tales como autonomía, capacidad de iniciativa y de liderazgo, aptitudes para el trabajo en equipo, disciplina, entre otras.
Finalmente, una educación renovada ayudará a construir una sociedad integrada – fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad y un
Estado moderno, democrático y eficiente. Dotará al país de ciudadanos participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación dando así vida Una educación renovada ayudará a construir una sociedad integrada, fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad y un Estado moderno, democrático y eficiente. Dotará al país de ciudadanos participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación dando así vida sostenida a la descentralización. La urgencia de un nuevo horizonte, la educación que queremos para el Perú sostenida a la descentralización. Cambiar nuestra vida pública, reformar el Estado para una mejor convivencia entre peruanos, es una meta que también necesita de mejores escuelas, mejores docentes y, en suma, de una mejor concepción de la educación que precisamos esto es, de la imagen de nosotros mismos que queremos construir y con la que deseamos vivir.
Ahora bien, ¿cómo debe ser esa educación llamada a producir tales efectos y a entrelazarse creativamente con los demás cambios institucionales necesarios en el Perú? Esta propuesta de Proyecto Educativo Nacional explica, más adelante con detalle, la naturaleza y características de tal educación bajo la forma de seis objetivos estratégicos.
4.3 IMPULSAR DE MANERA SOSTENIDA LOS PROCESOS DE CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION.
Fomentar y apoyar la constitución de redes escolares territoriales responsables del desarrollo educativo local.
Esta política busca crear un conjunto de apoyos y condiciones en los centros educativos para que rompan su aislamiento y propicien de una manera sostenible procesos de cambio institucional, tanto en el plano pedagógico como en el de la gestión. Tiene tres expresiones: la constitución de redes escolares territoriales; la creación de programas itinerantes de apoyo y asistencia técnica permanente, en alianza con los gobiernos locales e institutos superiores pedagógicos y universidades acreditadas; y la ampliación del tiempo efectivo de aprendizaje.
a. Formación de Redes Escolares Distritales (RED) con los centros de educación básica de un mismo distrito para que se constituyan en un núcleo de intercambio de experiencias pedagógicas y de gestión, de apoyo mutuo y de desarrollo educativo.
b. Impulso de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) a través de procesos concertados para que sea instrumento clave para fortalecer los intercambios entre los centros que conforman una red, e impulso a los PEI de red cuando corresponda.
c. Fomento de la investigación pedagógica y difusión de métodos sencillos que los docentes puedan usar para sistematizar sus prácticas, innovaciones y aprendizajes logrados tanto dentro como fuera de la escuela, y difusión de los resultados en la red.
Establecer Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico con funciones permanentes de servicio a las Redes Escolares
Esta política busca ofrecer de manera continua a docentes y directores de las Redes Escolares Distritales el acompañamiento y asesoramiento técnico especializado que requieren en los aspectos pedagógicos y de gestión escolar dentro de una estrategia global de gestión pedagógica orientada a poner en práctica las políticas de calidad y equidad de carácter regional y nacional, dirigidas a la institución educativa.
a. Creación de Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico itinerante para las Redes Escolares Distritales con personal seleccionado y certificado para cumplir una función formadora, asesora y técnica.
El personal provendrá de instituciones formadoras locales acreditadas o de escuelas locales: docentes innovadores destacados en cada localidad que reúnan los criterios necesarios.
Los Programas deben tener planes operativos concertados con autoridades locales, estar dotados de recursos que les permitan cumplir su papel y estar vinculados con los municipios distritales por medio de convenios.
b. Canalización a través de estos Programas de otros servicios y oportunidades tales como:
Préstamo de materiales educativos o equipos y recursos diversos a todas las instituciones de la red, incluido un sistema de referencia de recursos disponibles en la comunidad.
Apoyo técnico y financiero a proyectos de investigación sobre procesos de enseñanza y gestión a través de mecanismos como el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y otros.
Difusión a las familias y escuelas de los nuevos criterios de la buena enseñanza y la buena gestión así como de las buenas prácticas detectadas y los resultados de las evaluaciones nacionales y regionales del rendimiento escolar.
c. Convenios del Programa con otros sectores públicos y concertación de planes de trabajo comunes para ofrecer diversos servicios a los centros de la red.
Se debe empezar por el sector salud para poner a disposición de estudiantes y profesores odontólogos, nutricionistas, pediatras, psicólogos y otros profesionales de la salud.
Los programas también tendrán convenios con otros sectores como Justicia, Desarrollo Social o Agricultura y deben tener el respaldo de los gobiernos locales.
d. Pactos con empresas, medios de comunicación, clubes y asociaciones culturales, entre otras organizaciones locales, que fortalezcan la capacidad de servicio de los Programas de Apoyo a las instituciones de las Redes Escolares Distritales.
e. Estímulos a las instituciones educativas privadas que aporten en la mejora de la calidad de la escuela pública, a través de estrategias y medios diversos.
f. Fomento de vínculos entre las instituciones educativas de cada distrito y las entidades productivas y aquellas que desarrollen ciencia y tecnología en sus respectivos entornos.
Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje
Esta política busca aumentar el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje en las instituciones públicas de educación básica, comenzando por las de zonas rurales, hasta lograr el promedio nacional de horas que el Estado debe garantizar a los estudiantes.
a. Extensión progresiva experimental de la jornada escolar, que permita a los alumnos aprender más y mejor y a los docentes hacer clases, investigar, planificar, evaluar o generar innovaciones dentro de su jornada laboral, empezando en zonas rurales y localidades urbanas menores donde se concentran los peores niveles de logros, pero donde a la vez haya infraestructura disponible.
b. Aplicación del incremento de horas a la atención preferente de alumnos con bajo rendimiento o problemas de aprendizaje.
c. Rediseño de los modelos de enseñanza de las instituciones educativas con una combinación de estrategias y momentos de instrucción en el aula y en la comunidad. Se considera como tiempo efectivo tanto el invertido en el aprendizaje en la institución educativa como el dedicado a aprender en diferentes espacios comunales (desarrollo de talleres vespertinos de arte o productivos, actividades deportivas) como parte del programa curricular oficial y con metas de aprendizaje sujetas a evaluación.
4.4 ARTICULAR LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA O UNIVERSITARIA
Lo que busca esta política es establecer mecanismos de articulación entre la educación básica y la educación superior universitaria y no universitaria.
Evaluación nacional estandarizada al egresar de la educación básica, concluida la alta secundaria, por la cual se asigne puntajes que posibiliten el acceso a las diferentes modalidades de la educación superior sin perjuicio de la autonomía de las universidades para establecer pruebas complementarias.
a. Programa permanente de orientación vocacional dirigido a los colegios con oferta de becas y basado en estrategias de comunicación diversas. Se hará difusión de las carreras más requeridas por los planes de desarrollo nacional y regional y por el mercado laboral.
b. Control y vigilancia de la calidad de las academias preuniversitarias privadas y de las que son administradas por las mismas universidades.
c. Fomento de talleres productivos en primaria promovidos por instituciones de educación superior. Los talleres deben ser efectuados dentro del horario escolar y como parte de las actividades curriculares regulares; además, deben estar articulados con los aprendizajes demandados para cada grado.
d. Cooperación de la educación superior con la educación básica en los diseños curriculares, la investigación y la evaluación, así como en la producción de materiales, medios didácticos y software educativo que sustenten una adecuada enseñanza de la ciencia y tecnología.
5.- EL ROL DEL ESTADO EN LA INFRAESTRUCTURA
5.1. ESCENARIO DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA
5.1.1. Necesidad de inversión en infraestructura:
La infraestructura pública es un instrumento indispensable en las políticas estatales no sólo para proveer de servicios públicos adecuados a sus ciudadanos, sino también para generar crecimiento económico y marcar una pauta importante desde la perspectiva de la competitividad regional. Al respecto, el Foro Económico Mundial sostiene que una infraestructura amplia y de alta calidad es un elemento esencial para alcanzar un desarrollo económico, reducir inequidades y pobreza. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puntualiza que la infraestructura no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr los objetivos anteriormente señalados.
No obstante esa importancia, el presupuesto destinado a infraestructura pública es muchas veces la partida estatal que sufre los principales recortes en épocas de crisis económicas o de coyuntura. Además, los costos de invertir en infraestructura son realmente altos y muchas veces el Estado no puede asumirlos o debe destinar sus recursos a otros sectores catalogados como prioritarios.
Es así que, a pesar de su estratégica importancia en el desarrollo del país, la infraestructura no forma parte de la agenda prioritaria del Estado, a pesar de que para el caso peruano, es el Estado el que por mandato constitucional orienta el desarrollo del país actuando en las áreas de servicios públicos e infraestructura, aunque muchas veces no cuente con las capacidades necesarias para tales fines. No obstante ello, la inversión en infraestructura debe ser una política constante del Estado, y ante la deficiencia de recursos públicos para este fin, debe buscar la provisión de participación privada proporcionando los incentivos suficientemente atractivos que logren dicha participación. Como se conoce, este modelo se aplicó de manera agresiva a partir del primer gobierno de Fujimori, siendo este el punto de partida para la inyección de capital privado en el nuevo modelo económico del país. Así, los años posteriores permitieron adecuarnos al nuevo sistema, por lo que las mejoras legislativas y los cambios institucionales permitieron que la política de promoción de inversión privada se sostenga de manera constante. Además, más allá de fijar este marco legal e institucional, la tarea no era del todo complicada, porque se trataba de mercados con altos niveles de demanda (real y potencial) y por tanto, de sectores atractivos a la inversión extranjera.
Además, las condiciones de monopolio natural en muchos de estos casos, era un incentivo muy alto que dio rápidos frutos, por ejemplo con el ingreso de Telefónica o de las empresas de distribución de energía en Lima. Lamentablemente, este no es el escenario en la totalidad del país, ya que en la actualidad existen innumerables segmentos donde los ciudadanos no cuentan con los ingresos suficientes que les permitan asumir el costo de la prestación de un servicio público básico, lo cual impide que la prestadora del servicio obtenga el retorno esperado de su inversión, por ello no es probable que algún agente privado se interese en invertir en tales segmentos. De esta forma, se verifica que no toda prestación de un servicio público viene acompañada de un retorno de inversión proveniente directamente de la demanda, dado que en sectores con altos niveles de pobreza la capacidad de pago por el servicio público es muy limitada, si no es nula. De esa manera, nos encontramos frente a sectores que no son atractivos para ningún inversionista y frente al cual el Estado tampoco cuenta con los recursos suficientes para brindar el acceso al servicio público.
5.1.2. El desarrollo de infraestructura en la estructura del Estado
De acuerdo a lo establecido en el ordenamiento actualmente vigente, la concesión constituye uno de los mecanismos previstos para que el Estado, a través de sus diversos niveles, promueva la participación de la inversión del sector privado, con la finalidad de la ejecución de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. En efecto, el artículo 73° de la Constitución Política del Estado, consagra un título habilitante para realizar la entrega en concesión de los servicios y obras públicas, es decir, la delegación de la función de organización o gestión de un servicio público Como queda claro, el Estado propiciará a través de la concesión administrativa que los privados se encuentren habilitados a prestar servicios públicos o desarrollar obras de infraestructura pública. Así, será la concesión la más importante, más no la única herramienta, con la que el Estado podrá otorgar a favor de agentes particulares, el aprovechamiento económico de determinados bienes de uso público, de manera temporal y con las limitaciones de inalienabilidad e imprescriptibilidad que tales bienes ostentan.
5.1.3. Competencias y funciones de los gobiernos locales
Los gobiernos locales constituyen el nivel básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica, que en su conjunto componen a los gobiernos regionales. Es en ese sentido, que los gobiernos locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad Así, no debería ser complicado que un gobierno local se encuentre en capacidad de identificar sus principales necesidades y a partir de ello, encontrar las mejores alternativas para desarrollar los proyectos de infraestructura en el ámbito de su competencia, que satisfagan esas necesidades.
Respecto al artículo 58° de la Constitución, PEDRESCHI señala que:
(…) el Estado, en cualquiera de sus niveles (nacional, regional o local), cumple una función orientadora del desarrollo del país, actuando principalmente – entre otros -, en las áreas correspondientes a los servicios públicos en infraestructura. Sobre el particular, es cierto que el dispositivo citado no precisa los mecanismos en virtud de los cuales el Estado deberá cumplir con dicha función orientadora (no precisándose a su vez la incidencia de la inversión privada en dicho aspecto); sin embargo, resulta factible sostener que dentro de dicha función se encuentra comprendida la previsión de las condiciones para el fomento de la inversión privada en dichos ámbitos, parte de lo cual lo constituye la implementación de mecanismos como las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.
El carácter unitario del Estado no es incompatible con el proceso de descentralización, por el contrario, el ejercicio de las funciones gubernamentales de los gobiernos regionales y locales, guardan concordancia con el principio constitucional de un Estado unitario e indivisible. Es en ese sentido, que los gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales) son competentes para promover, entre otras cosas, la prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. De esa forma y en concordancia con las políticas y planes nacionales los gobiernos regionales y locales son competentes para promover el desarrollo de su territorio (región o localidad), dentro de lo cual se encuentra fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
El artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) señala que las municipalidades asumen las competencias y ejercen funciones, de manera exclusiva o compartida, respecto a servicios públicos locales. Al respecto, de la enumeración que se efectúa en el referido artículo se puede encontrar obras de infraestructura de diferentes ámbitos. Los artículos 32 y 33 de la LOM, regulan de manera expresa la delegación en los particulares, respecto a la prestación de servicios públicos, así como para la implementación y/o desarrollo de obras de infraestructura pública.
Entiéndase que estas disposiciones de la Ley se encuentran referidas a obras de servicios públicos e infraestructura de competencia de los gobiernos locales, por lo tanto, queda dentro de la esfera de autonomía institucional reconocida constitucionalmente. Asimismo, el artículo 36 de la LOM, señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social. De acuerdo al fundamento legal arriba indicado, las municipalidades promueven el desarrollo económico de su localidad, por tanto, la prestación de servicios públicos o la implementación de obras de infraestructura relacionadas con servicios públicos, que constituyen herramientas vitales para el desarrollo adecuado de las personas, deben ser parte constante de la política de estos gobiernos locales, dado que su finalidad es promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción (supuestos consagrados en el primer párrafo del artículo 195 de la Constitución y en el artículo IV del Título Preliminar de la LOM). De esta manera, ha quedado establecido que los gobiernos locales son competentes para implementar el desarrollo de servicios públicos y obras de infraestructura pública dentro de los ámbitos de su competencia, naturalmente orientados a satisfacer intereses locales y en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
5.2. FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA LOCAL
5.2.1. El Estado y la inversión en infraestructura
Estado ante la ausencia del privado se encuentra obligado a satisfacer aquellas necesidades esenciales de la población, que se reflejan en la provisión de servicios públicos adecuados. De esa manera, el Estado puede emplear diversas herramientas a fin de lograr la satisfacción de las necesidades de su población, incluida la delegación de esta tarea en los agentes privados.
Lo señalado anteriormente va en armonía con la estructura del Estado peruano, dado que tanto el gobierno central, como los gobiernos regionales y locales (en los asuntos de su competencia), cuentan con facultades suficientes para promover el desarrollo de inversión privada para la ejecución de proyectos de infraestructura pública o para la prestación de servicios públicos.
De esta manera, el modelo a seguir dependerá del escenario que se presente y principalmente de la decisión del ente competente. Muchas veces esta decisión es impulsada por influencia política y la objetividad de la decisión queda a un lado.
Recordemos además, que una vez iniciada la implementación de una obra bajo un modelo, no hay reversión que permita variarlo, salvo la suscripción de un nuevo contrato y la resolución del anterior. De este modo, el Estado puede buscar en el sector privado las herramientas necesarias para implementar infraestructura pública que por sí sólo no puede llevar adelante. En efecto, este modelo se ajusta a escenarios donde el Estado no cuenta con recursos financieros y necesita de un agente privado que pueda llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el agente privado no solamente asume la carga financiera del proyecto, sino que además, inyecta niveles de eficiencia mayores que los de la actividad estatal, en la construcción, mantenimiento y explotación de la obra.
De este modo, el Estado puede buscar en el sector privado las herramientas necesarias para implementar infraestructura pública que por sí sólo no puede llevar adelante. En efecto, este modelo se ajusta a escenarios donde el Estado no cuenta con recursos financieros y necesita de un agente privado que pueda llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el agente privado no solamente asume la carga financiera del proyecto, sino que además, inyecta niveles de eficiencia mayores que los de la actividad estatal, en la construcción, mantenimiento y explotación de la obra.
Entonces, la elección de un modelo no pasa únicamente por la falta de capacidad financiera del Estado, sino también por las características de la gestión privada que se incorporarán en el proyecto de infraestructura pública y sobre estos dos factores, el gobierno debería elegir la opción que en conjunto ofrezca los mejores niveles de eficiencia que se reflejarán en el aprovechamiento de la infraestructura pública.
5.2.2. Recursos financieros de los gobiernos locales
5.2.2.1. Fondo de Compensación Municipal –FONCOMUN
El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en el artículo 196 numeral 5 de la Constitución, que tiene un criterio redistributivo en favor de las zonas menos favorecidas del país, es decir aquellas más alejadas y con menos acceso a servicios básicos.40 Los recursos del Foncomun provienen principalmente del Impuesto de Promoción Municipal, que se encuentra constituido por el 2% de las operaciones afectas al IGV, el cual representa la partida principal de generación de este fondo. Adicionalmente el rendimiento del Impuesto al Rodaje y el impuesto a las Embarcaciones de Recreo, en margen ínfimo, también constituyen al Foncomun.
El Foncomun es la primera fuente de recursos financieros de las municipalidades, siendo una herramienta de financiamiento indispensable para localidades alejadas y que no cuentan con ninguna otra fuente importante de recaudación y/o ingreso. Para tal efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, asigna este fondo a todas las municipalidades, considerando indicadores sociales y económicos. De conformidad con el artículo 89 del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, los recursos que las Municipalidades perciban por concepto de Foncomun serán utilizados íntegramente para los fines que estas mismas determinen, por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales, fijando cada Concejo el uso de dichos recursos, conforme a su gasto corriente e inversiones.
5.2.2.2. Canon
El Canon es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Los Canon existentes son el Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y Sobre canon Petrolero. El canon se constituye a partir del 50% de los siguientes ingresos: a) impuesto a la renta de los pagos de las empresas de los sectores minero, gas, pesquero y de generación de energía eléctrica; b) regalías que pagan las empresas productoras de gas; c) derechos de pesca que cobra el Ministerio de la Producción; y d) derechos de aprovechamiento de recursos forestales que cobran las Intendencias o Direcciones Forestales del Ministerio de Agricultura o de los Gobiernos Regionales. Por su parte, el canon petrolero se constituye por el 10% del valor de producción de petróleo; mientras que el sobre canon por el 2.5% del mismo valor, los cuales se financian con las regalías pagadas por las empresas que explotan dicho recurso.
5.2.2.3. Utilización del Canon
De acuerdo a la décima tercera disposición final de la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2009se dispone que los gobiernos regionales o los gobiernos locales pueden utilizar los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalía minera en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos, infraestructura para comisarías, postas médicas, hospitales, escuelas y establecimientos penales, que generen beneficios a la comunidad y se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno o en el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que sean ejecutados por estos últimos en infraestructura vial. Estos proyectos no pueden considerar, en ningún caso, intervenciones con fines empresariales o que puedan ser realizados por el Sector Privado. Asimismo, la referida ley precisa que los gobiernos regionales y locales pueden utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalía minera, en el gasto corriente exclusivamente para ser destinado al mantenimiento de los proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica; y hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes del canon y sobre canon y regalía minera, para financiar la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados. Asimismo, de conformidad con la Centésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, publicada el 09 de diciembre de 2011, vigente a partir del 01 de enero de 2012, se dispone la inclusión de la evaluación de los estudios de preinversión de los proyectos de inversión pública. Asimismo, los gobiernos locales deberán destinar el 30% del monto que les corresponda exclusivamente (10% del total repartido) por concepto de canon a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural.
5.2.2.4. Regalías Mineras
Las regalías mineras se constituyen por el pago que realizan los titulares de las concesiones mineras a favor del Estado peruano, por la extracción de recursos minerales. La Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, dispone que el 100% del monto obtenido por concepto de regalía minera será distribuido.
De conformidad al artículo 18 del Decreto Supremo N° 157-2004-EF, Reglamento de la Ley N° 28258, los recursos que los Gobiernos Locales y Regionales reciban por concepto de regalía minera, se utilizaran de manera exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articulen la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales, para cuyo efecto establecerán una cuenta destinada a esta finalidad. Para la utilización de los recursos de la regalía minera, los gobiernos regionales, los – 31 – gobiernos locales y las universidades nacionales deberán observar, según corresponda, las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública aplicables.
5.2.2.4. Impuestos, tasas y contribuciones municipales
Los impuestos municipales fijados por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal, son: a) impuesto predial, b) Impuesto de Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, d) Impuesto a las Apuestas, e) Impuesto a los Juegos y, f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. Estos impuestos constituyen ingresos directos a las municipalidades y no generan una contraprestación a los contribuyentes. En muchos casos, estos impuestos conjuntamente con el Foncomún, constituyen los ingresos que sostienen financieramente a las municipalidades, principalmente a aquellas que no tienen ingresos derivados de canon o regalías. Las tasas se encuentran constituidas por los cobros que realizan las municipalidades por servicios prestados de manera efectiva a sus contribuyentes, por ejemplo, las tasas por derecho de tramitación de procedimientos administrativos. Por su parte, las contribuciones son aquellas compensaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente público, con ocasión de una obra realizada por éste con utilidad pública pero que proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles; este es el modelo de la contribución especial de obras públicas, dispuesto por la Ley de Tributación Municipal.
5.2.2.5. Impuestos nacionales creados a favor de las Municipalidades y recaudados por el Gobierno Central
Estos impuestos son aquellos que son recaudados por el gobierno central y que tienen como destino las arcas de las municipalidades, tales como: Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Estos impuestos, son direccionados al Fondo de Compensación Municipal.
5.2.2.6. Participación de los gobiernos locales en las rentas de Aduanas
La Renta de Aduanas es un recurso que se transfiere a las municipalidades provinciales y distritales de una determinada provincia y corresponde al 2% de las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas de las jurisdicciones respectivas. Esta renta constituye ingreso propio de las mencionadas municipalidades.
5.2.2.7. Recursos Municipales y Participación Privada en su aprovechamiento
El objeto de la presente investigación radica en determinar qué tan importante puede ser la participación del sector privado en la implementación de obras de infraestructura pública, empleando recursos financieros de las municipalidades.
En ese sentido, en el punto anterior hemos citado las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos locales y será a través de ellas, que las municipalidades deberán viabilizar las obras necesarias para su localidad.
Asimismo, otro punto mencionado anteriormente, es la incapacidad de gasto de las municipalidades, donde a pesar de la existencia de importantes recursos financieros, como aquellos provenientes del canon, no se implementan obras de infraestructura necesaria, lo que impide que se reduzca la brecha de infraestructura y por el contrario, ante esta incapacidad la brecha sigue aumentando.
Conforme a ello, en este punto trataremos directamente la participación de agentes privados en la implementación de infraestructura, lo que permitirá verificar si esta participación permite una distribución adecuada de riesgos, para quien está en mejor posibilidad de asumirlos y así alcanzar niveles adecuados de eficiencia en la implementación (diseño, construcción y gestión) de una infraestructura. De la misma manera, en el presente punto evaluaremos las características principales de la participación público privada, lo cual permitirá apreciar el modelo más eficiente para implementar obras de infraestructura local.
5.2.2.8. Contrato de Obra Pública
El contrato de obra pública constituye el modelo tradicional de delegación en un agente privado en la construcción de una obra pública, generalmente cuando la administración no cuenta con los recursos técnicos necesarios para llevarla a cabo y el contratar a un tercero resulta más eficiente que proveerse de aquellos recursos.
La Ley de Contrataciones del Estado (LCE), en su artículo 3.2. Establece que ésta se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante. Conforme a lo expresado por la citada norma, el Estado contrata por la implementación de una obra, dando un pago por la misma como contraprestación, pago que proviene de fondos públicos. Mediante esta modalidad el Estado contrata los servicios de un agente privado, quien previa licitación pública, llevará adelante la ejecución de la obra.
El objeto de la contratación es que el agente privado realice la construcción de la obra, recibiendo como contraprestación un pago por la misma. En este tipo de contratación la intervención del agente privado concluye con la finalización de la obra y su entrega a la entidad estatal, quien se encargará de ejecutarla o utilizarla por si misma o a través de un tercero, lo cual involucrará otro proceso de selección. En este último supuesto, el Estado convoca una licitación pública a fin de elegir al postor que presente la mejor propuesta, dependiendo de la modalidad de subasta, podríamos encontrar que el postor ganador sea el que ofrezca el menor costo a la entidad.
5.2.2.9. Las obras de infraestructura local y el sistema Nacional de Inversión Pública
La Ley N° 27293crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.
Para el caso de las obras públicas que se regulan por la LCE y que se encuentren comprendidas bajo las normas del SNIP, el expediente técnico deberá estar acompañado de la declaratoria de viabilidad. Igualmente, para el caso de una APP, el actual Reglamento de la Ley de APP (al igual que su antecesor), determina que a fin de incorporar un proyecto a un proceso de promoción de la inversión privada con cofinanciamiento, se deberá obtener previamente la declaración de viabilidad de acuerdo con las normas del SNIP. Como puede verificarse, para todos los proyectos de implementación de infraestructura, donde se utilice total o parcialmente recursos públicos, deberá contarse previamente con una declaratoria de viabilidad de acuerdo con las normas del SNIP. Las normas del SNIP son aplicables a todos los gobiernos locales que se hayan incorporado al sistema. Para los no incorporados, existe la posibilidad que suscriban un convenio con otro gobierno local que sí esté incorporado al SNIP, pudiendo de esta manera encargar la formulación y evaluación de sus proyectos, a fin de obtener la declaratoria de viabilidad, que es el requisito previo para la fase de inversión del proyecto.
5.2.2.9. Las iniciativas privadas en la implementación de obras de infraestructura pública
El habitual proceso de implementación de una obra de infraestructura, se inicia con la incorporación en el plan anual de contrataciones, destinándole un porcentaje determinado del presupuesto institucional de la entidad, para que luego de obtenida la declaratoria de viabilidad bajo las normas del SNIP, iniciar el proceso de selección que corresponda. Un procedimiento distinto, pero que tiene el mismo fin, es decir, la implementación de infraestructura pública, son las iniciativas privadas, donde el privado manifestará su interés al Estado, respecto a encargarse de la implementación de la infraestructura, para lo cual asume los costos correspondientes a los estudios previos y sobre los cuales el Estado determinará si corresponde o no su declaratoria de interés.55 La obra contenida en la iniciativa privada debe tener una finalidad pública, es decir, debe generar rentabilidad social. De esa manera, las iniciativas privadas representan una ventaja importante para el Estado, dado que será el privado quién asumirá los costos de las evaluaciones técnicas y financieras que permitan determinar la necesidad de implementar la obra.
Este método resulta eficiente frente a la presencia de obras que generan rentabilidad económica, donde el privado, a pesar de asumir el riesgo del financiamiento, a través de la explotación de la obra obtendrála utilidad que lo incentive a invertir, ya que se trata de un segmento del mercado caracterizado por un monopolio natural o por existir una demanda asegurada. Inicialmente, la Ley de APPs y su Reglamento no contemplaron la posibilidad de formular iniciativas privadas para proyectos con cofinanciamiento del Estado, sin embargo, la Ley N° 29771, publicada el 27 de julio de 2011, modificó el Decreto Legislativo N° 1012 y eliminó el requisito de que los proyectos no podrán demandar garantías financieras por parte del Estado, permitiendo que legalmente sea viable presentar iniciativas privadas para proyectos que requieren cofinanciamiento del Estado; no obstante ello, el Reglamento no fue modificado.
Posteriormente, el Decreto Supremo 005-2013-EF, que dicta disposiciones complementarias para reglamentar el segundo párrafo de la nonagésima sexta disposición complementaria final de la ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 2013, reguló de manera excepcional y con carácter urgente, a las iniciativas privadas cofinanciadas creando así el sustento de un marco institucional que debería ser desarrollado a la brevedad posible y lo que debería reflejarse en una modificación del Reglamento del Decreto Legislativo 1012.
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000859/085955so.pdf
http://www.usil.edu.pe/noticias/el-rol-del-estado-debe-ser-el-fortalecimiento-de-la-calidad-de-la-educacion
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/15/pdf/rol_estado.pdf
http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_27_1_el-rol-del-estado-en-la-economia-del-siglo-xxi.pdf
http://prometeo.bligoo.com/content/view/299359/EL-ROL-DEL-ESTADO-EN-LA-EDUCACION-NACIONAL.html#.WSLlUeuGPIU

References: Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57
 Artículo 9
 Artículo 122
 Artículo 22
 Artículo 2
 artículo 23
 artículo 73
 artículo 58
 artículo 73
 artículo 36
 artículo 195
 resolución 
 artículo 196
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 artículo 89
 artículo 18
 artículo 3