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Timestamp: 2020-02-29 13:41:43+00:00

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Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales - Tempu Seguros
1. Esta ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación delictiva en la comi- sión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años.
(Modificado por la Ley 19/2003)
2. A los efectos de la presente Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las con- secuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.
Quedarán sujetos a las obligaciones establecidas en la presenteLey:
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inver- sión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad
j) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realiza- das por los servicios postales.
(Modificado por la Ley 36/2006)
b) Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la com- praventa de inmuebles.
(Modificado por la Ley 2/2009)
1º Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesa- rias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el fun- cionamiento o la gestión de fiducias (‘‘trust ’’), sociedades o estructuras análogas, o
2º Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobi- liaria.
3º Cuando las personas físicas mencionadas en el apartado anterior ejerzan su profesión en calidad de empleados de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por esta ley recaerán sobre dicha persona jurídica.
4º Estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado 9 del artículo 3, con las excepciones que reglamentariamente se señalen, las personas físicas y jurídicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago.
(Modificado el apartado 2 y añadidos los apartado 3 y 4 por Ley 19/2003)
Exigir, mediante la presentación de documento acreditativo, la identificación de sus clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, así como de cuantas personas pretendan efec- tuar cualesquiera operaciones, salvo aquellas que queden exceptuadas reglamentariamente. Los requisitos para la identificación de los clientes que no hayan estado físicamente presentes en el momento del establecimiento de la relación de negocios o de la ejecución de operacio- nes se determinaránreglamentariamente.
Los sujetos obligados no estarán sometidos a las obligaciones de identificación establecidas en este apartado cuando su cliente sea una institución financiera domiciliada en el ámbito de la Unión Europea o en aquellos terceros Estados que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, determine la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capita- les e InfraccionesMonetarias.
Examinar con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales proceden- tes de las actividades señaladas en el artículo 1. En particular, los sujetos obligados exami- narán con especial atención toda operación compleja, inusual o que no tenga un propósito económico o lícito aparente, reseñando por escrito los resultados delexamen.
(Modificado por Ley 19/2003)
Conservar durante un período mínimo de cinco años los documentos que acrediten adecua- damentelarealizacióndelasoperacionesylaidentidaddelossujetosquelashubieranreali-
zado o que hubieran entablado relaciones de negocio con la entidad, cuando dicha identifica- ción hubiera resultado preceptiva. Reglamentariamente podrá ampliarse el período mínimo de conservación de documentos al que se refiere este párrafo.
4. Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo), y a talfin:
Comunicarle, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1. La comunicación la realizará, en principio, la persona o personas que los sujetos obligados hubieran designado de conformidad con los procedimientos a que se refiere el apartado 7 de este mismo artículo. Será dicha persona o personas las que comparecerán en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relación con datos recogidos en la comunicación o cualquier otra información complementaria que pueda referirse a aquélla. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos o transacciones específicas que deban ser objeto de comunicación al Servicio Ejecutivo en todo caso.También se comunicarán las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el apartado 2 no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1 de esta ley.
Facilitar la información que el Servicio Ejecutivo requiera en el ejercicio de sus competencias.No estarán sujetos a las obligaciones establecidas en este apartado 4 los auditores,con-tables externos, asesores fiscales, notarios, abogados y procuradores con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar laposi-ción jurídica en favor de su cliente, o desempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procedimientos administrativos o judiciales o en relación con ellos, inclui- do el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independiente- mente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procedimientos.Los abogados y procuradores guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente.(Modificado por Ley 19/2003)
5. Abstenerse de ejecutar cualquier operación de las señaladas en la letra a) del apartado 4 pre- cedente sin haber efectuado previamente la comunicación prevista en dichoapartado.
6. No revelar ni al cliente ni a terceros que se han transmitido informaciones al Servicio Ejecutivo con arreglo al apartado 4 anterior, o que se está examinando alguna operación por si pudiera estar vinculada al blanqueo decapitales.
7. Establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. En particular, los sujetos obligados establecerán una política expresa de admisión declientes.
8. Adoptar las medidas oportunas para que los empleados de la entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la elaboración, con la participa- ción de los representantes de los trabajadores, de planes de formación y cursos para emplea- dos que les capaciten para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales y para conocer la manera de proceder en talescasos.
9. Declarar el origen, destino y tenencia de los fondos en los supuestos señalados en el apartado 4 del artículo 2 de esta ley, en la forma y con las excepciones que reglamentariamente se determinen.(Añadido por Ley19/2003)
La comunicación de buena fe de las informaciones contempladas en el apartado 4 del artículo precedente, por el sujeto obligado o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no cons- tituirá violación de las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ningún tipo de responsabilidad.
CAPITULO II.- Régimen sancionador
1. Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en graves y muygraves.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente, constituirán infracciones graves el incum- plimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 3, in- cluida la no adopción de medidas correctoras propuestas por el Servicio Ejecutivo a las que se alude en el artículo 3. 7,anterior.
3. Constituirán infracciones muy graves lassiguientes:
b) El incumplimiento del deber de comunicar aquellos supuestos específicos que reglamenta- riamente se determinen según lo previsto en el apartado 4, a), del artículo3.
c) El incumplimiento injustificado por el sujeto obligado del deber de comunicación previsto en el apartado 4, a), del artículo 3, cuando algún directivo o empleado de la entidadobli-gada hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno de éstalaexistencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo decapitales.
d) La negativa o resistencia a proporcionar una información concreta solicitada por el Servicio Ejecutivo mediante requerimiento escrito, según lo previsto en el apartado 4, b), del artí- culo 3.
1. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o administrativamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho yfundamento.
2. Cuando se estimara que los hechos y datos puestos en conocimiento del Servicio Ejecutivo pudieran ser constitutivos de delito, se ordenará, si se hubiera incoado, la suspensión delex-pediente sancionador, dándose traslado de aquéllos al MinisterioFiscal.
Terminado el procedimiento penal se reanudará la tramitación del expediente sancionador contra los sujetos obligados que no hubieran sido condenados en vía penal como autores, cómplices o encubridores del delito cometido. La resolución que se dicte en el expediente de- berá respetar en todo caso los hechos declarados probados en dicho procedimiento penal.
Además de la responsabilidad que corresponda a la entidad obligada, quienes ejerzan en ella cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones muy graves o graves cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa one-gligente.
1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientessanciones:
c) Multa cuyo importe mínimo será de 1 millón de pesetas y cuyo importe máximo podrá as- cender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 por 100 de los recursos propios de la entidad; el tanto del contenido económico de la operación más un 50 por 100, o 25 millones depesetas.
La sanción prevista en la letra c), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá si- multáneamente con alguna de las previstas en las letras a) o b).
2. Además de la sanción que corresponda imponer a la entidad obligada por la comisión dein-fracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, fueran responsables de lainfracción:
b) Amonestaciónpública.
3. En el caso de incumplimiento de la obligación señalada en el apartado 9 del artículo 3 de esta ley podrá imponerse la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo im- porte máximo podrá ascender hasta la mitad del contenido económico de los medios de pago empleados.
(Añadido por Ley 19/2003)
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientessanciones:
b) Multa cuyo importe mínimo será de 15 millones de pesetas y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 por 100 de los recursos propios de la entidad; el duplo del contenido económico de la operación, o 250 millones depesetas.
La sanción prevista en la letra b), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá si- multáneamente con alguna de las previstas en las letras a) o c).
2. Además de la sanción que corresponda imponer a la entidad obligada por la comisión dein-fracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quie- nes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 10 y 100 millones depesetas.
b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de cincoaños.
c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diezaños.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse si- multáneamente con alguna de las previstas en las letras b) y c).
1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves o graves se graduarán considerándose, además de los criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , las siguientes circunstancias:
a) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de las omisiones o actos cons- titutivos de lainfracción.
b) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propiainiciativa.
c) Las sanciones firmes por infracciones muy graves de las previstas en esta Ley impuestas al sujeto obligado en los últimos cincoaños.
2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 8.2 y 9.2, seto-marán en consideración las siguientescircunstancias:
c) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con las exigencias previstas en estaLey.
d) El carácter de la representación que el interesadoostente.
e) La capacidad económica del interesado, cuando la sanción seamulta.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de los interesados, del pro- cedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante un mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija. También se inte- rrumpirá por la iniciación de un proceso penal por los mismos hechos, o por otros cuya sepa- ración de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible.
Será competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves el Consejo deMi-nistros, a propuesta del Ministro de Economía. Será competente para imponer las sanciones por infracciones graves el Ministro de Economía, a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e InfraccionesMonetarias.
Cuando la entidad infractora sea una entidad financiera o precise de autorización administrati- va para operar, será preceptivo para la imposición de la correspondiente sanción el informe de la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión.
La competencia para instruir los procedimientos sancionadores por infracciones graves por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 9 del artículo 3 corresponderá a la Secretaría. La competencia para resolver dichos procedimientos corresponderá al Presidente
del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previo informe del Servicio Ejecutivo.
2. En lo relativo al procedimiento sancionador se estará a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros, y en lo relativo a la ejecución y publicidad de las sanciones y demás cuestiones atinentes al régi- men sancionador se estará a lo previsto en las leyes específicas aplicables a los distintossu-jetos obligados y, en su defecto, a lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades decrédito.
El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 9 del artículo 3 será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones públicas. El plazo para dictar resolución y notificarla será de seis meses. Excepcionalmente podrá prorrogarse dicho plazo hasta 12 meses me- diante acuerdo motivado de la Secretaría, cuando concurran circunstancias que obliguen a ello y se hayan agotado todos los medios a disposición posibles.
3. Ante la falta de declaración señalada en el apartado 9 del artículo 3 de esta ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales podrán intervenir los medios de pago, dando traslado inmediato del acta de intervención al Servicio Ejecutivo, para suinvestigación.
Durante la instrucción del procedimiento sancionador podrá acordarse la constitución de ga- rantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar, devolviéndo- se, en su caso, el resto de la cantidad inicialmente intervenida.
(Modificado por Ley 19/2003).
CAPITULO III.- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
1. Con el fin de impulsar y coordinar la ejecución de la presente Ley se crea la Comisión dePre-vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado deEconomía.
Además de las competencias que se derivan de la presente Ley, dicha Comisión tendrá lasprevistas en el artículo 17.1 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídicode Control de Cambios.(Derogado por Ley19/2003).
2. Serán funciones de laComisión:
a) La dirección e impulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema finan- ciero o de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, así como depre-vención de los delitos monetarios e infracciones administrativas relacionadas con la nor- mativa sobre transacciones económicas con elexterior.
b) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de las Comu- nidades Autónomas, coordinando las actividades de investigación y prevención llevadas a cabo por los restantes órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuidas competencias en las materias señaladas en la letraprecedente.
c) Servir de cauce de colaboracióne n dichas materias entre la Administración Pública y las organizaciones representativas de las entidades financieras y además empresas sujetas a la presenteLey.
c) Garantizar el más eficaz auxilio en estas materias a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la PolicíaJudicial.
d) Informar los proyectos de disposiciones que regulen aspectos relacionados con la presente Ley.
e) Elevar al Ministro de Economía y Hacienda las propuestas de sanción cuya adopción co- rresponda a éste o al Consejo deMinistros.
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legalesvigentes.
1. La Comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Economía y tendrá la composi- ción que reglamentariamente se establezca. Contará, en todo caso, con la adecuada repre- sentación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y del Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencias en la materia, así como de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridadciudadana.
2. La Comisión podrá actuar en pleno o a través de un Comité Permanente, cuya composición se determinará reglamentariamente, que en todo caso contará con la adecuada representa- ción de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y cuyas funciones establecerá la propiaComisión.
1. La Secretaría de la Comisión, que será desempeñada por la unidad orgánica, con rango al menos de Subdirección, que reglamentariamente se determine. Quien dirija dicha unidad orgánica ostentará, con carácter nato, el cargo de Secretario de laComisión.
Corresponderá a la Secretaría de la Comisión, entre otras funciones, incoar e instruir los pro- cedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, así como formular la correspondiente propuesta de resolución, que elevará a la Comisión.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, al que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado o, en su caso, de las Comunidades Autóno- mas y a otros Servicios de la Administración, corresponderán las siguientesfunciones:
a) Prestar el necesario auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judi- cial y a los órganos administrativoscompetentes.
b)Elevar a los órganos e instituciones señalados en la letra precedente las actuaciones de las que se deriven indicios racionales de delito o, en su caso, infracciónadministrativa.
c) Recibir las comunicaciones y las informaciones previstas en el apartado 4 del artículo3.
d) Analizar la información recibida y darle el cauce que en cada casoproceda.
e) Ejecutar las órdenes y seguir las orientaciones dictadas por la Comisión, así como elevar- le los informes quesolicite.
f) Supervisar la idoneidad de los procedimientos y órganos a que se refiere el apartado 7 del artículo 3 de esta Ley y proponer las medidas correctorascorrespondientes.
g) Prestar la asistencia necesaria a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para el adecuado ejercicio y desarrollo de sus funciones, ejecutar sus órdenes y orientaciones y velar por la aplicación de lo dispuesto en la ley reguladora de dicha comisión de acuerdo con las instrucciones que reciba deella.
h) Las demás previstas en esta Ley o que le atribuyan las disposiciones legalesvigentes
(Modificado por Ley12/2003).
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda autoridad o funciona- rio, incluidos los de arancel, que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, ya sea du- rante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción muy grave y se sancionará disciplinariamente como tal según lo previsto en la legislación específica que les sea de aplicación. La obligación señala- da en este párrafo se extenderá igualmente a la información que el Servicio Ejecutivo lere-quiera en el ejercicio de suscompetencias.
La obligación que se establece en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo estable- cido en el párrafo j) del artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, así como del secreto del protocolo notarial, que abarca los instrumentos públicos a los que se refiere el artículo 34 de la Ley de 28 de mayo de 1862, así como los relativos al reconocimiento de hijos no matrimo- niales.
En todo caso, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Direc- ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de los Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los colegios profesionales y los órganos estatales o autonómicos competentes, según corresponda, informarán razonada- mente al Servicio Ejecutivo cuando en el ejercicio de su labor inspectora o supervisora apre- cien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en esta ley.
2. Cuando ejerza sus funciones en relación con entidades financieras sometidas a legislación especial, el Servicio Ejecutivo deberá recabar del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o Dirección General de Seguros, u órgano autonómico correspon- diente, según corresponda, toda la información y colaboración precisas para llevarlas acabo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio Ejecutivo tendrá acceso directo a la información estadística sobre movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior comunicada al Banco de España con arreglo a lo dispuesto en la legislación apli- cable a tales operaciones.
(Modificado por Ley44/2002)
Aun cuando no lo exijan las correspondientes leyes o reglamentos locales, las entidades españo- las sujetas a la presente Ley velarán para que sus sucursales y filiales en el extranjero tengan establecidos procedimientos internos adecuados para prevenir e impedir la realización de opera- ciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Cuando, excepcionalmente, dichas leyes o reglamentos locales impidan o hagan ineficaces tales procedimientos, las entidades financieras españolas deberán comunicarlo al Servicio Ejecutivo. Este pondrá tal circunstancia en conoci- miento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que procederá de la forma que considere más apropiada.
El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las funda- ciones velarán para que éstas no sean utilizadas para canalizar fondos o recursos a las personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora de la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante seis años registros con las identida- des de todas las personas que reciban fondos o recursos de la fundación. Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de prevención o persecución del terrorismo.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones de utili- dad pública, correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros del órgano de representación que gestione los intereses de la asociación y al organis- mo encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia- ción, cumplir con lo que establece estadisposición.
(Modificada por Ley 19/2003)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en los términos que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Es- tado, los créditos presupuestarios destinados a la prevención o represión del tráfico ilícito de dro- gas tendrán la consideración de ampliables en función del ingreso previsto para el Estado de la enajenación de los bienes, efectos e instrumentos decomisados a los que se refiere el artículo 344 bis, e) del Código Penal.
2. A los efectos de la presente Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utiliza- ción, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las con- secuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.
3. Las obligaciones y sanciones establecidas en la presente Ley se entenderán sin perjuicio de las obligaciones y sanciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de las acciones y omisiones tipificadas y de las penas previstas en el CódigoPenal.

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 131
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 17
 artículo3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 113
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 66
 artículo 344