Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39366
Timestamp: 2020-01-27 07:40:52+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-89/39366
Propone actualizar el inciso e), fracción IV del artículo 116 constitucional para evitar la contradicción que restringe el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro como candidatos a cargos de elección popular.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:
La transición a la democracia en México puede quedar bastante bien sintetizada como lo expresa Don José Woldenberg:
La transición a la democracia en México es un periodo histórico […] no es una idea ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de un partido, no tiene un protagonista privilegiado ni un suceso único; no es una fecha, una coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante que sea. La transición es la suma de todo eso y mucho más.
Desde hace casi ya dos décadas, se han realizando adecuaciones a la Constitución General de la República y a la legislación electoral, a fin de lograr comicios verdaderamente equitativos y más participativos, reformas que han tratado de generar condiciones para que, tanto los votantes como los votados, gocen de certidumbre e imparcialidad electoral, elecciones en las que verdaderamente haya una participación ciudadana.
Constitucionalmente ya se reconocía la prerrogativa de que todo ciudadano pudiera ser titular del derecho del sufragio pasivo, esto es, el derecho a ser votado. Sin embargo, dicha disposición quedaba en buenas intenciones. Si bien se otorgaba esta prerrogativa, en la realidad, la posibilidad para ser votado quedaba al arbitrio de los partidos políticos, confiriéndoseles de forma exclusiva dicha situación.
Recientemente, en el año 2012, se reformó la Constitución Política Federal con el objeto, entre muchos otros, de permitir a los ciudadanos solicitar de manera independiente a los partidos políticos, su registro ante la autoridad electoral para ser votado; es decir, eliminar el monopolio que ejercen los partidos políticos, como sucede en muchas ocasiones, de imponer a candidatos a puestos de elección popular; así quedó plasmado en el artículo 35, fracción II de la Constitución.
Sin lugar a dudas, las candidaturas independientes pueden ser un excelente canal y un medio idóneo para incentivar a la población a observar el proceso electoral desde otra perspectiva.
Es un hecho comprobado que no todos los ciudadanos se sienten representados e identificados con los partidos políticos, ni mucho menos con los candidatos que nombran, al contrario existe una gran desconfianza hacia ellos.
Gran prueba de ello son los altos porcentajes obtenidos de votos nulos y votos a candidatos no registrados que se han sufragado en los últimos comicios, en 2012 para Presidente de la República se obtuvo un 2.47 por ciento de votos nulos y .04 por ciento para Candidatos No Registrados. En 2009, para Diputados Federales se obtuvo un 5.40 por ciento de votos nulos, y 0.16 por ciento para Candidatos No Registrados.
Con estos resultados mencionados al menos de votos nulos, fácilmente se alcanza y hasta rebasa el mínimo establecido por la legislación electoral para que un partido político conserve su registro, situación ciertamente alarmarte, lo que se traducen en un gran desencanto y desconfianza hacia estos institutos políticos.
Por tal motivo, la esencia de las candidaturas independientes radica en que los ciudadanos pueden solicitar su registro para aspirar a algún cargo público de elección popular, sin la necesidad de militar o estar afiliado algún partido político.
Sin lugar a dudas, las candidaturas independientes rompen con el tradicional sistema de hacer política; es decir, la llamada partidocracia, sistema que por cierto ha monopolizado la representación política y ha limitado a los ciudadanos a participar únicamente en la elección de sus representantes.
Indiscutiblemente las candidaturas independientes son un espacio alterno de participación ciudadana, la cual es la columna vertebral de todo régimen democrático, por ende con esta figura de democracia participativa es posible fortalecer nuestra incipiente democracia representativa.
De ahí la importancia en que efectivamente se actualice la potestad de los ciudadanos para poder ser, de manera independiente a los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular.
A mayor abundamiento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); y el Pacto de San José (artículo 23), señalan que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, color, sexo, religión de otra índole, tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Así como poder votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En resumen, se puede afirmar que las candidaturas independientes tienen su fundamento en la democracia representativa, pues dicha figura es un medio incuestionable de arribar a la representación política.
No obstante, y entendiendo lo que actualmente establece la Constitución Política Federal en su artículo 116, inciso e), es un derecho exclusivo de los partidos políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
Por lo tanto, es evidente que existe una notoria contradicción entre lo que establecen los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primero señala en su fracción II que:
Artículo 35.- Son derechos del ciudadano.
Mientras que el artículo 116, fracción IV, inciso e), de nuestra Carta Magna menciona:
Es decir, por una parte se permite a los ciudadanos ser candidatos independientes y por otro lado, los partidos políticos siguen teniendo el privilegio de ser los únicos en poder solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
De igual manera, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la exclusividad de los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
Dicha contradicción jurídica restringe e imposibilita el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, a la vez que se sigue solapando el monopolio de los partidos políticos.
Es necesaria una actualización de normas a nivel constitucional y legal que efectivamente permitan la participación de la ciudadanía, reformas que se traduzcan en espacios suficientes para ejercer el derecho de voto, tanto pasivo como activo; hechos que indiscutiblemente mejorarán las calidad de la democracia de nuestro país.
Por lo tanto, el efectivo ejercicio de las candidaturas independientes permitirá a nuestro México, que tanto lo necesita, una pluralidad política representativa y participativa.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ÚNICO. Se reforma el inciso e), fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, y el artículo 35, fracción II, de esta Constitución;
f) a n)…
SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas, la Asamblea Legislativa del D.F., y el Congreso de la Unión, deberán adecuar los ordenamientos constitucionales y legales correspondientes a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 180 días a partir de su entrada en vigor.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de Febrero de 2013.

References: artículo 116
 ARTÍCULO 116
 artículo 71
 ARTÍCULO 116
 artículo 35
 artículo 116

Artículo 35
 artículo 116
 ARTÍCULO 116
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 35