Source: http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details?docId=60aebe74-c6c1-4c74-8218-cdc94e85dfac&channel=%2FOtros+Documentos%2FJuzgados+administrativos%2F2012&subEspacio=
Timestamp: 2020-02-26 06:26:45+00:00

Document:
Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá No. 246 de 2012
T_BTA_J6_EXP_2010-00246-00_10_02_2012
EXPEDIENTE No. 110013331006-2010-00246-00
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB E.S.P. -en adelante EAAB-, por intermedio de Apoderada judicial constituida para el efecto, ha promovido acción de Nulidad y Restablecimiento en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -en adelante SSPD-, en procura de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. SSPD 20108140018835 de 16 de febrero de 2010, que decidió el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA en su calidad de usuario de la accionante, y en la cual se ordena modificar la decisión empresarial No. S- 2009-438584 de 10 de diciembre de 2010, en el sentido de corregir la facturación correspondiente al período comprendido entre el 25 de julio al 18 de septiembre de 2009, de la cuenta contrato 10290415, con base en el consumo promedio de 13 m3.
Los hechos que sirvieron de fundamento a la presentación de la demanda, están descritos a folio 85, en los siguientes términos:
"Primero. La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. ESP presta los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado al inmueble ubicado en la Cl 65 N° 13-50, el cual se identifica para efectos del Sistema de Información Comercial con la Cuenta Contrato N° 10290415.
Segundo. El señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA mediante escrito E-2009-080351 del 06 de octubre de 2009 presentó reclamación por el cobro y consumo de 65 m3 liquidados en la factura N° 41525149914 expedida por la Empresa para la vigencia comprendida entre el 22 de julio a 18 de septiembre de 2009, manifiesta que el consumo se incrementó 4 veces en comparación con el real, acorde a lo anterior solicita una revisión inmediata con el fin de que se aclare el caso en comento; por otra parte manifiesta que la Empresa realizó una visita técnica para revisar el funcionamiento del medidor pero no corroboró la causa que dio origen al incremento.
Tercero. Mediante decisión N° S-2009-336677 del 08 de octubre de 2009, la Empresa resolvió la reclamación, confirmando el consumo y por ende los valores liquidados en la factura N° 000415251499 expedida para la vigencia comprendida entre el 22 de julio al 19 de septiembre de 2009. Adicionalmente al usuario de la cuenta contrato No. 10290415 que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá generó aviso para la sustitución del medidor instalado en el inmueble, labor que se ejecutará en los próximos días. La empresa procedió a notificar la decisión, de acuerdo con las normas legales vigentes.
Cuarto. El señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA, mediante comunicación E-2009-008561 del 21 de octubre de 2009 presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión N° S-2009-336677 del 08 de octubre de 2009. Manifiesta el recurrente que se encuentra en total desacuerdo con la decisión de la empresa, considerando que la empresa no investigó a fondo la causa de la desviación, atribuyendo toda la responsabilidad a posibles fallas del equipo de medida.
Quinto. La EMPRESA conforme a lo establecido en el artículo 58 del Código Contencioso Administrativo mediante S-2009-387314 del 11 de noviembre de 2009 decretó como prueba OFICIAR al perito idóneo para el caso que aquí nos ocupa, es decir, al Laboratorio de Medidores de la Empresa, con el fin de que emita concepto del estado real y definitivo del medidor que en la actualidad se encuentra instalado en el predio, suspendiendo los términos de respuesta hasta el día 10 de diciembre de 2009. A través del citado acto se advirtió al usuario del servicio N° 9001981876 y el aviso N° 8014194708 con el fin de realizar el retiro del medidor y enviarlo a su respectivo análisis ante el ente especializado en la materia, esto es, el laboratorio de medidores de la empresa, sin embargo, éste hecho que no se ha podido ejecutar hasta la fecha en que se expidió el citado auto de pruebas.
Sexto. La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP mediante respuesta al recurso de reposición confirmó la decisión inicial y se concede el recurso de apelación ante la Superservicios para el trámite correspondiente.
Séptimo. Mediante Resolución No. 20108140018835 la SSPD resolvió el recurso de apelación ordenando en su artículo primero lo siguiente: [...]
Séptimo. <sic> La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. dio estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como se observa en los actos administrativos No. S-2010-147889 y S-2010-147894 de fecha 19 de marzo de 2010"
Las pretensiones se encuentran incoadas a folio 84 de la demanda, como se exponen a continuación
"1. Que se declare nula la resolución N° SSPD 20108140018835 del 16 de febrero de 2010 proferida por la Directora Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el usuario señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA respecto del predio situado en la Calle 65 N° 13- 50 Oficina 201 de Bogotá, que hace parte de la Zona 2 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E. S. P. por ser violatoria de la Constitución Política y la Ley.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se dejen en firme al acto administrativo N° S-2009- 438584 del 10 de diciembre de 2009, proferido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - E.S.P. de Bogotá D.C.
3. Que de conformidad con las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho se ordene y condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a cancelar a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. la suma de dinero que ordenó descontar a la cuenta contrato N° 10290415 del usuario por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS ($278.020) M/cte., más los intereses moratorios más altos a la tasa vigente al momento de liquidarlos.
4. Que se liquiden las anteriores condenas mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y se ajusten dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo ordenado por el artículo 178 del C.C.A. esto es, que la suma resultante de la liquidación deberá ser indexada y actualizada a la fecha e <sic> la sentencia definitiva, de conformidad con las fórmulas de matemática financiera y los índices aceptados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.
6. Que se condene a la demandada a pagar las costas judiciales y las agencias en derecho”.
Para sustentar las pretensiones, la parte demandante invoca la violación de las siguientes disposiciones jurídicas: artículos 29 y 84 de la Constitución Política; artículos 144, 145, 146, 149 y 150 de la Ley 142 de 1994; Resolución CRA 151 de 2001; Decreto 302 de 2000 y el Decreto 229 de 2002.
Los fundamentos de la violación se encuentran contenidos a folios 86 a 94 del expediente, aduciendo los cargos de (i) Infracción a las normas en que debía fundarse, (ii) Incompetencia de la Superintendencia, y el (iii) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.
Mediante auto del 27 de septiembre de 2010 se admitió la demanda,[1
proveído que fue notificado personalmente al agente del Ministerio Público el 11 de octubre de 2010, por aviso al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS el 21 de octubre de 2010[2
y de manera personal al tercero interesado señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA el 3 de noviembre de 2010.[3
Fijado el negocio en lista el 8 de noviembre de 2010, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, contestó la demanda dentro del término establecido para ello, pronunciándose frente a los hechos y los cargos imputados.[4
El tercero vinculado se abstuvo de intervenir pese a que fue notificado en forma personal de la existencia del proceso.
Mediante auto de fecha 20 de junio de 2011, se decretó la práctica de pruebas, reconociendo el valor probatorio que le correspondía a los documentos aportados con la demanda y la contestación de las mismas, según las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.[5
se declaró precluido el periodo probatorio y se concedió a las partes el respectivo traslado para alegar de conclusión, presentando sus alegaciones conclusivas dentro del término legal tan sólo la entidad demandada.[7
El Agente del Ministerio Público omitió solicitar traslado especial, así como emitir concepto de fondo en el proceso.
V. CONSIDERACIONES.-
De acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, corresponde a este Despacho analizar si la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS actuó conforme a derecho al expedir la Resolución No. SSPD 2.0108140018835 del 16 de febrero de 2010, por medio de la cual se decide un recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA en contra de la decisión empresarial No. S-2009-336677 del 8 de octubre del 2009, adoptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., y en la cual se le ordenó a la demandante corregir la facturación para el período comprendido entre el 22 de julio al 18 de septiembre de 2009, debiendo cobrar con base en el consumo promedio de 13m3, al advertir que la empresa incumplió con su deber de investigar en forma previa y de manera adecuada las causas del incremento en el consumo que se presentó en el período reclamado.
5.2 ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS.-
Partiendo de la consideración de que los cargos formulados por la parte demandante se concretan en cuestionar la legalidad de la decisión adoptada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, apuntando a demostrar la violación de cada una de las normas invocadas como fundamento de la pretensión de nulidad, así como la falta de competencia del ente de control y la violación al debido proceso en que presuntamente se incurre con la resolución demandada, éste Despacho procederá a estudiar los cargos al unísono y de acuerdo con el siguiente análisis:
La Apoderada de la EAAB asegura que el acto demandado vulnera los postulados establecidos en los artículos 29 y 84 de la Constitución Política y los artículos 146, 149, 150, 152 y 154 de la Ley 142 de 1994, dado que pese a que la empresa cumplió con su obligación de investigar la causa de la desviación significativa en la forma prevista en la ley, en él la Superintendencia le desconoce todo efecto a las pruebas practicadas y le ordena reliquidar la factura de acuerdo con el promedio, impidiéndole cobrar el mayor consumo efectivamente registrado por el inmueble.
Así mismo, considera los argumentos que sirvieron de fundamento para expedir el acto demandado, desconocen abiertamente los postulados en mención, por cuanto de acuerdo con lo previsto en esas normas, constituye un derecho de los usuarios y las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios que los consumos se midan y se liquiden con base en la diferencia real de lecturas que arroje el instrumento de medición, situación esta que no se presenta cuando se revelan alteraciones en el consumo- promedio registrado por el predio y que permiten inferir que se está en presencia de una desviación significativa, pues en ese evento es dable exigir que la empresa dé aplicación a lo previsto en el artículo 149 de la ley de servicios públicos, que le obliga a ayudar al usuario a identificar la causa del incremento o la reducción sustancial del consumo, y en el evento en que ella obedezca a la existencia de una fuga imperceptible, a facturar por promedio u otros procedimientos autorizados durante el período que se concede para ejecutar los arreglos requeridos, procedimiento que fue íntegramente observado por la empresa.
Resalta que para el período comprendido entre el 22 de julio al 18 de septiembre de 2009, la EAAB facturó un consumo de 65m3, con base en la diferencia real de lecturas registradas por el medidor teniendo en cuenta que para dicha vigencia se encontró una lectura actual de 6078 m3 contra una lectura anterior de 6013 m3. Señala que como consecuencia de la desviación significativa del consumo presentada, se llevó a cabo revisión previa a facturación el día 23 de septiembre de 2009 mediante aviso No. 8014074005, habiendo verificado:
"Acometida con servicio normal
Medidor registra solo al exigirle con prueba de llaves, es decir, solo se registra consumo cuando se abre algún punto hidráulico como llaves cisternas etc., observándose que cuando los puntos hidráulicos se encuentran cerrados el aparato de medición no registra consumo, es decir se queda detenido, por lo cual no es necesaria la prueba con geófono.
Lectura 6082 m3 confirma la reportada en facturación
Alto consumo confirmado. Funciona oficina recién habitada.
Clase de uso: Comercial. No. de trabajadores 14."
Indica que las causas de la desviación significativa del consumo no pueden ser atribuibles a fallas en el instrumento de medida como lo presume la SSPD, toda vez que los consumos posteriores o futuros se hubieran igualmente visto afectados, lo cual no aconteció.
Asegura que el ente de control hace una interpretación errónea de las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y exige la aplicación de un procedimiento administrativo especial para efectuar la investigación por desviación significativa que la ley ni la regulación sobre la materia señalan, al imponer ayudar al usuario a detectar el sitio y las causas de las fugas, cuando ésta solo es aplicable en tratándose de fugas imperceptibles, que en el presente caso no existieron.
Finalmente, resalta que las pruebas realizadas al predio, se hicieron bajo los elementos de la técnica para la revisión de las instalaciones hidráulicas de que se dispone, la cual consiste en la realización de una inspección ocular y la práctica de una prueba de llaves, las cuales se hacen para determinar si el instrumento de medición registra consumo solo al exigírsele, pues de ello depende que sea posible advertir la existencia de fugas perceptibles o imperceptibles y concluye que conforme a las pruebas practicadas no se presentó ningún tipo de fuga, razón por la cual procedía confirmar el consumo liquidado en la factura.
Por su parte la SSPD asegura que en el asunto sometido a análisis su actuación se ha limitado a exigirle al ente prestador del servicio público domiciliario, la adaptación de su actuación a lo previsto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 en lo que respecta a la aplicación del principio constitucional del debido proceso y a las demás normas expedidas por el ente de regulación.
Asegura que se debió modificar el acto expedido por la EAAB debido a la ausencia de una investigación que contribuyera de manera efectiva a determinar la causa de la desviación significativa que se presentaba en el predio del usuario, teniendo en cuenta la prueba documental allegada por la demandante para resolver la apelación demuestra que las pruebas practicadas por la EAAB no eran suficientes para identificar la causa del desvió del consumo, no obstante expidió la factura realizando el cobro del mayor consumo, desconociendo con ello que la desviación estaba muy por encima de los consumos históricos del predio, ya que según la lectura se había incrementado en más del 400%.
Respecto a la aplicación del artículo 12 de la Resolución CRA 413 de 2006, aduce que la misma establece que en tratándose de cualquier visita de carácter técnico, el prestador deberá dar aviso al usuario con una antelación de tres días hábiles, indicando la fecha y el momento del día, mañana, o tarde, durante la cual se realizará la visita, situación que en el presente caso no se materializó, toda vez que dentro del expediente no existe soporte probatorio que permita determinar el cumplimiento de la empresa a esta disposición, configurándose la violación al debido proceso de la usuaria en el procedimiento de investigación de las causas de la desviación significativa.
[. . .] ARTÍCULO 149. DE LA REVISIÓN PREVIA. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abortarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.
c. Para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumos históricos válidos, el límite superior será 1.65 veces el consumo promedia para el estrato o categoría de consumo y el límite inferior será 0.35 multiplicado por dicho consumo promedio. Si el consumo llegara a encontrarse por fuera de estos límites, se entenderá que existe una desviación significativa.
Artículo 2o. Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones internas"
También observa la Sala que para la evaluación y comprobación de las anomalías, se prevé entre otros elementos de comprobación, la existencia de "fotografías, videos y demás medios que comprueben el uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía", lo cual "no se tuvo en el presente caso en el cual el procedimiento se limitó a consignar en el acta suscrita por un extraño, completamente ajeno al contrato entre las partes, que se encontraron dos sellos violados en la tapa principal, bajo factor de potencia y medidor no registra por fase T, sin que hubiera existido para el usuario o cliente, forma de comprobar que efectivamente esa era la situación real existente al momento de la visita.
Argumento similar es predicable en el siguiente caso en el cual, si bien tos equipos sí estaban bajo custodia del usuario puesto que se encontraban en el inmueble en el momento de la visita, a nadie diferente del empleado de Codensa le consta que efectivamente presentaban las anomalías anotadas, además de que el contador fue retirado y revisado en los laboratorios de Codensa sin presencia del usuario quien, como se ha reiterado, tampoco estuvo presente en la visita que al parecer fue atendida por alguien que se encontraba ocasionalmente en el lugar. Para la salvaguarda de los derechos de los usuarios es necesario que en la diligencia de visita se encuentre presente el cliente o usuario del servicio o que la empresa tome las fotografías, videos o testimonios que permitan la verificación de las irregularidades que observe."[8
Por la cual se señalan criterios generales; de acuerdo con la ley, sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
ARTÍCULO 13. Cuando se retiren temporalmente los medidores para verificar su estado, en los términos del artículo 145 de la Ley 142 de 1994, se advertirá al suscriptor del derecho consagrado en el artículo anterior y se le prevendrá sobre la facultad del prestador, consagrada en el artículo 144 de la misma ley, de reemplazar o reparar los medidores cuando el suscriptor o usuario no tome las acciones necesarias para el efecto durante un período de facturación. De igual forma se procederá cuando se ínstale un medidor provisional corno consecuencia del retiro del permanente
Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor se comunicará al suscriptor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de la operación y, une vez se lleve a cabo la misma, se suscribirá un acta en la que conste el estado en que se encuentra el equipo, la forma como se procedió a su retiro. En este documento, el suscriptor o usuario dejará las constancias que considere necesarias. Los datos que se consignen en la respectiva acta deben ser legibles, claros, sin tachones o enmendaduras, copia de esta acta se entregará al suscriptor o usuario, quien deberá firmarla.
En todo caso el Prestador deberá entregar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro del medidor el resultado del laboratorio debidamente acreditado
PARÁGRAFO. En caso de ser necesaria la revisión técnica o la calibración del medidor, esta deberá realizarse en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, igual requisito deberán cumplir los medidores provisionales. [...]"-Negrillas y subrayas por fuera del texto original-
"Como se ha dicho en diferentes oportunidades, la Empresa de Acueducto tiene a su disposición todas las herramientas o elementos necesarios para realizar una verdadera investigación, una que no dé lugar a ningún tipo de dudas respecto de las conclusiones arrojadas o que dé pie para que se elabore algún tipo de conjetura como efectivamente ocurre en el presente caso, ya que a pesar de que la Empresa de acueducto manifiesta que realizó el procedimiento aplicable para la investigación de la desviación significativa tal y como está consagrado en el Art. 146 de la Ley 142 de 1994, ésta no arrojó ninguna respuesta concreta, por lo que entonces se concluye, que la EAAB no logró establecer la causa del aumento en el consumo al no realizar una adecuada investigación previa a la facturación. ..
Así las cosas, esta Colegiatura encuentra que el A quo se equivocó al declarar la nulidad de la Resolución SSPD 20088140142755 del catorce (14) de julio de 2008 ya que si bien es cierto se realizaron visitas previas a la facturación, éstas no fueron efectivas ni determinantes para establecer las causas de la desviación significativa hallada y facturada, como quiera que no se encaminó a determinarla causa de la desviación significativa, sino que se limitó a realizar pruebas sobre posibles fugas, razón por la cual la empresa no podía cobrar el consumo encontrado como real, sino facturar acorde al promedio histórico, como lo exigía el debido proceso administrativo que debía seguir la EAAB frente al usuario y si posteriormente hallara sus causas podía entrar a cobrar el consumo como real, situación que en ningún momento significa que la Empresa esté desprotegida en relación con el usuario. Aunado a lo anterior, se verificó que el medidor estaba trabado por lo que se concluye que el aparato no estaba registrando correctamente, es por esto que se cuestiona la veracidad de los resultados arrojados en la prueba de llaves, situación que reafirma la posición de la Sala en cuanto a que la Empresa de Acueducto no efectuó una investigación que ayudara a establecer las causas del alto consumo, pues se recuerda que posterior a la facturación del periodo en cuestión se encontró el problema en el aparato de medida..."[9 -Resaltado por fuera del texto original-
Aun cuando es claro que en relación con la forma en que debe llevarse a cabo la revisión, no existe exigencia legal ni reglamentaria que obligue a una empresa prestadora a utilizar determinado instrumento, por la naturaleza y características de la fuga perceptible, podría afirmarse que la empresa no necesita utilizar instrumentos apropiados para proceder a su verificación, habida cuenta de que la misma es detectable directamente por los sentidos/ por el contrario, en tratándose de fugas imperceptibles, debería concluirse que la empresa sí está obligada a utilizar un instrumento apropiado de revisión.
A partir de las consideraciones anteriores, podemos concluir que si en una revisión previa la empresa verifica la existencia de fugas perceptibles, la misma no tendría en principio la necesidad de utilizar instrumentos apropiados de revisión, siempre que se tenga la plena certeza de que se está en presencia de dicha clase de fuga, y de que en el contrato de condiciones uniformes no se haya establecido la obligación en cabeza de la empresa de utilizar siempre instrumentos apropiados de revisión para detectar cualquier clase de fuga., Al respecto, ha precisado el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA:
Por lo tanto, como la demandante incumplió con la referida obligación, y en lugar de cobrar con base en los consumos promedios del predio, o en la .de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual, facturó de acuerdo a la lectura real del medidor según la misma empresa lo acepta, resulta evidente que la demandante se apartó de la normatividad aplicable y por ende le era dable a la SSPD vi a recurso de apelación modificar la referida facturación.
Partiendo de estas reflexiones, procede el Despacho a realizar el análisis de los antecedentes allegados con la demanda a fin de establecer si efectivamente le asiste razón o no a la EAAB cuando afirma que en el asunto bajo examen sí realizó una adecuada investigación previa de las causas del alto consumo presentado en el inmueble ubicado en la Calle 65 No. 13-50 Oficina 201 de esta ciudad, cuenta contrato No. 10290415, para el período facturado del 22 de julio al 18 de septiembre de 2009, que registra como suscriptor y/o usuario al señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA.
Al respecto sea lo primero precisar que una vez revisados los antecedentes administrativos allegados al expediente se advierte, que tal y como lo adujo el ente de control, para el período objeto de reclamación efectivamente se presentó una desviación significativa que ameritaba de la empresa prestadora del servicio una investigación de manera previa a la facturación, toda vez que de un consumo promedio de 13m3, se pasó a un registro de 65m3, lo que representa un incremento en el orden del 400%.
Ahora, en esta actuación se encuentra demostrado que para el período comprendido entre el 22 de julio al 18 de septiembre de 2009, de manera previa a la expedición de la factura (la cual se produjo a la luz del pantallazo del sistema de información de la prestadora el 25 de septiembre de 2009[11
), se llevó a cabo visita precia al inmueble el 23 de septiembre de 2009, la cual arrojó los siguientes resultados:
Visita del 23 de septiembre de 2009: (Folio 174 del expediente).
Número de serie: Ilegible
Lectura: 6082
No Habitacionales: 4
CÓDIGOS DE RESULTADO DE LA VISITA: Alto consumo confirmado"
De acuerdo con las precisiones conceptuales ya realizadas el Despacho advierte, que a la anterior visita no se le puede reconocer los efectos de una verdadera investigación tendiente a esclarecer las causas del alto consumo presentado en el inmueble, toda vez que la empresa tan sólo agotó el procedimiento de investigación de las fugas perceptibles, esto es, de las que son susceptibles de ser apreciadas por los sentidos como lo son la prueba de llaves y la inspección interna al inmueble, y omitió indagar sobre la posible configuración de fugas imperceptibles y efectuar una prueba sobre el aparato de medición, procedimiento que no podía omitir habida consideración que se presentaba un incremento en el consumo en el orden del 400%.
Las pruebas cuya realización se omite por parte de la EAAB impiden considerar que la decisión adoptada por la empresa estuviese ajustada a derecho, pues con la ejecutada no fue posible dejar en evidencia el hecho que podía justificar el incremento en el consumo que se estaba presentando en el predio, y si bien es cierto que en oportunidades anteriores este Despacho ha reconocido que la prueba de llaves puede servir de indicio para excluir la existencia de fugas imperceptibles en un inmueble, debe precisarse que pueden existir otras causas, que afectan la medición del consumo, como lo sería un daño en el medidor o la existencia de una fuga imperceptible no susceptible de ser apreciada en el corto tiempo que dura la práctica de la prueba de llaves, y que solo se puede detectar en un aparato de medición con capacidad para registrar hasta el más mínimo consumo de agua o pérdida de líquido.
Así las cosas, la EAAB no debió haberle dado crédito a la visita realizada el 23 de septiembre de 2009 por parte de uno de sus empleados a las instalaciones del predio del reclamante, pues efectivamente aquella, tal y como lo adujo la SSPD no demostraba que se hubiera efectuado una verdadera investigación de las presuntas causas atribuibles a la desviación significativa registrada, incumpliendo así con el deber de investigación que le asistía y contraviniendo lo señalado al respecto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, al no cobrar por promedio o aforo hasta tanto pudiera establecer lo que realmente acontecía.
Respecto a las visitas efectuadas los días 7,[12 8[13
, 15[14 y 16[15
de octubre de 2009, las mismas no se tendrán en cuenta por el Despacho, toda vez que se llevaron a cabo con posterioridad a la fecha de expedición de la factura, esto es, luego de que la empresa había efectuado el cobro por diferencia real de lecturas, aduciendo que en el predio objeto de investigación no se habían encontrado causas del alto consumo, y de otro lado, se tiene que las mismas no se pudieron culminar debido a que los funcionarios de la empresa que las llevaron a cabo, no accedieron a la totalidad del predio para realizar todas las pruebas técnicas tendientes a descartar la existencia de fugas perceptibles o imperceptibles y establecer las causas del alto consumo.
Pero es que además de lo anterior, verificadas las actas de las visitas ejecutadas en el inmueble, asaltan serias dudas acerca de la veracidad de la información contenida en ellas, pues no se explica cómo varían aspectos sustanciales y de marcada importancia en aquellas, tales como: (i), el número de unidades no habitacionales; (ii), el número trabajadores; y el (iii), número de puntos hidráulicos existentes en el inmueble, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:
Visita 23 de septiembre de 2009 Visita 7 de octubre de 2009 Visita 15 de octubre de 2009
Número de unidades no habitacionales: 4 Número de unidades no habitacionales: 1 Número de unidades no habitacionales: 1
Número de trabajadores: 14 Número de trabajadores: 13 Número de trabajadores: No reporta
No. de puntos hidráulicos: 12 No. de puntos hidráulicos: 1 No. de puntos hidráulicos: 6
Ahora, se tiene que en las pruebas obrantes en el expediente no se observa, como con tino lo aseveró el ente de control demandado, que la prestadora hubiera cumplido con su obligación legal en aras de salvaguardar el debido proceso del usuario, consistente en haberle comunicado sobre la programación y práctica de la visita previa, en los términos previstos en el artículo 12 de la Resolución CRA 413 de 2006, que sobre el particular prevé que los usuarios de los servicios públicos en las visitas técnicas tienen el derecho a solicitar la asesoría de un técnico particular o cualquier persona en aras de que verifique el proceso llevado a cabo en las mismas, para lo cual la empresa prestadora del servicio debe dar aviso de las mismas con una antelación mínima de tres (3) días hábiles, indicándole la fecha y el momento del día, (mañana o tarde), en el que se llevará a cabo aquella, cumplido lo cual, sin que el usuario hubiera hecho uso de su derecho, el prestador podrá realizar la revisión correspondiente debiendo dejar constancia de tal situación en el acta respectiva.
Debe decirse, que si bien en asuntos similares el Juzgado ha indicado que al estar presente el usuario y avalar los resultados de la visita ésta puede tener efectos como prueba de la investigación previa de la causa del incremento, en el asunto bajo examen esa consideración no puede aplicarse pues se está ante un incremento en los consumos en el orden del 400%, en relación con el promedio histórico de consumo, situación en la que la empresa ha debido garantizarle a la usuaria el derecho a estar asistida por un técnico escogido por ella para que pudiera estar bien asesorada en el desarrollo de la diligencia de inspección.
De otro lado, no es posible acoger el argumento esbozado por la apoderada de la prestadora, en el que indica, que la obligación contenida en el artículo 12 de la Resolución CRA 413 de 2006, no era aplicable al asunto bajo examen toda vez que la misma solamente se predica cuando la prestadora realiza visita de inspección a los predios en aras de verificar anomalías no imputables a la empresa o generadas por el uso anormal de los bienes en la conexión domiciliaria, pues como se observa en la norma en mención, esta señala claramente que: "[...] Para hacer efectiva esta asesoría o participación, el prestador deberá dar aviso de la visita correspondiente a la revisión o retiro provisional, así como de cualquier visita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días hábiles, indicando la fecha y el momento del día, mañana o tarde, durante el cual se realizará la visita”. Luego, el deber de información acerca de la práctica de la visita subsiste cuando se vaya a practicar cualquier visita técnica en las instalaciones del predio o que tenga incidencia en el mismo.
Ahora, tampoco advierte el Despacho que la Superintendencia haya incurrido en vulneración del principio del debido proceso de la demandante, pues revisada la actuación que le dio origen al acto cuestionado se ha podido constatar que esa entidad se limitó a desatar el recurso de apelación, que había sido interpuesto por el señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA, y en ese trámite la decisión se adoptó con base en los documentos que hacían parte del expediente remitido por la empresa, sin que sea dable exigirle la práctica de nuevos medios de prueba, en cuanto con ello se sustituiría a la obligada en hacerlo y se incurriría en vulneración de los derechos de la usuaria, que se reitera, es la parte más débil de la relación y debe contar con todas las garantías que le ofrece el ordenamiento jurídico, incluida la debida fundamentación de las decisiones que se adopten en su contra o que incidan en su patrimonio.
Por lo expuesto, puede concluirse que la actuación adelantada por la Superintendencia respetó las etapas procesales previstas por la Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables en materia de "desviaciones significativas", teniendo que la decisión cuestionada dentro de este proceso se adoptó con fundamento en los documentos remitidos por la empresa, que daban cuenta por sí mismos de las deficiencias a las cuales se ha hecho mención en este proveído.
Así mismo, tampoco se advierte configuración de causal de anulación de falta de competencia, pues es claro que el procedimiento exigido por la SSPD para considerar investigada en debida forma la causa de la desviación significativa encuentra soporte en lo previsto en los artículos 146 y siguientes de la Ley 142 de 1994, así corno en la Resolución CRA 413 de 2006.
En consecuencia,- para este Despacho es claro que ninguno de los cuestionamientos formulados a la decisión adoptada por el ente de control tiene vocación de prosperidad, razón por la cual en la parte resolutiva de esta decisión se denegarán las pretensiones incoadas en la demanda.
Publicado: 16/04/2012 01:50:00 PM

References: Resolución 
 artículo 58
 Resolución 
 resolución 
 artículo 178
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 12
 Resolución 
 ARTÍCULO 149

Artículo 2

ARTÍCULO 13
 artículo 145
 artículo 144
 Resolución 
 artículo 149
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución