Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4204-2005-01-03-2007-48981
Timestamp: 2018-12-15 13:42:41+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4204/2005, 01-03-2007 | Iberley
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D. A, con domicilio a efectos de notificaciones en el de D.ª ..., en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 5 de octubre de 2005, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el anterior acuerdo de 18 de julio de 2005, denegando pensión de viudedad por convivencia de hecho con persona del mismo sexo.
PRIMERO: Mediante instancia presentada el día 5 de julio de 2005 en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, D. A, solicitó pensión como cónyuge viudo de D. B, funcionario del Cuerpo de ..., jubilado por incapacidad permanente el ... de 2004, fallecido el ... de 2005, con quien dice, haber contraído matrimonio el ... de 1998, constando en el expediente la siguiente documentación: 1) Certificado del Registro Civil del fallecimiento de D. B, de estado civil soltero, ocurrido el ... de 2005; 2) Copia del Certificado extendido el 17 de mayo de 2004, por la Consejería de Justicia e Interior de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid, en el que se hace constar que "D. B y D. A, figuran inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid desde el ... de 1998, formando una unión de las previstas en el artículo 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, cumpliendo en el día de la fecha los requisitos exigidos en la misma". 3) Copia del Volante de Inscripción Padronal del Ayuntamiento de ... fechado el ... de 2005, en el que se acredita que en ..., figuran empadronados D. A y D. B.
SEGUNDO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de ... de 2005, denegó la petición de pensión de viudedad por no haber acreditado D. A la condición de cónyuge legitimo de D. B exigida por el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; acuerdo contra el que interpuso recurso de reposición y que fue desestimado en resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 5 de octubre de 2005.
TERCERO: Contra la anterior resolución, que consta notificada el día 14 de octubre de 2005, el interesado interpone la presente reclamación económico-administrativa, mediante escrito remitido por correo certificado el día 8 de noviembre de 2005, en el que se limita a tenerla por interpuesta y a solicitar la puesta de manifiesto del expediente, y cumplido dicho trámite, presentó escrito de alegaciones el día 5 de abril de 2006, en el que tras exponer los hechos que anteceden alega que la entrada en vigor de la Ley 13/2005, que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo no se produjo hasta el 1 de julio, y que como ha señalado, D. B falleció con fecha ... de 2005, ... meses antes de la entrada en vigor de dicha norma, y que lógicamente la pareja no pudo hacer uso de su derecho y tuvieron que conformarse con el Registro de Parejas de Hecho, y hace suyo el contenido de la Sentencia nº .../2005, de ..., del Juzgado de lo Social de la Comunidad de ..., por la que se concede la pensión de viudedad a un homosexual por el fallecimiento de su compañero sentimental, y que el Magistrado Juez, considera que a pesar de la fecha de la muerte del causante, el litigio debe resolverse a la luz de la Ley 13/2005, que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que dicha Ley introduce un segundo párrafo en el artículo 44 del Código Civil, indicando "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo" y alega la Disposición Adicional de la citada Ley 13/2005, y que el Magistrado Juez considera que la situación que se produce, en cuanto a la pensión de viudedad, con la aplicación de la Ley 13/2005, es equiparable a la que se produjo con la Disposición Adicional 1ª de la Ley 30/1981, reguladora del divorcio, que estableció la posibilidad de percibir la pensión de viudedad a quien no hubiera podido contraer matrimonio por impedirlo la legislación vigente, quien hubiera a pesar de ello convivido de forma marital y que uno de los convivientes hubiera fallecido antes de la entrada en vigor de la Ley, y que en su caso, la prueba testifical ofrecida y documental aportada prueban, sin duda, que existió convivencia continuada y equiparable legalmente a la marital desde ... hasta el ... de 2005, y deduce la súplica de que se dicte resolución en la que se estime la solicitud de percepción de pensión de viudedad a favor del reclamante, D. A, añadiendo mediante Otrosí, que junto con la prueba documental aportada y que da por reproducida, se proceda a la práctica de la prueba testifical.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si es, o no, conforme a derecho la denegación de la pensión de viudedad dictada por el Centro Gestor.
SEGUNDO: Jubilado el causante el año 2004 y fallecido el ... de 2005 resulta de aplicación el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, cuyo artículo 38, establece: "Tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos, siempre en proporción al tiempo que hubiesen vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de la causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio, en su caso". De la lectura del citado Texto Refundido se deduce: a) que para determinar quienes son, o no, cónyuges ha de acudirse a la legislación civil vigente en cada momento, y b) que no hay equiparación entre cónyuges y otras formas de convivencia que la legislación civil ha recogido (convivencia de hecho), ni en el propio texto ni en las disposiciones adicionales, transitorias o finales.
TERCERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Civil, el estado civil de las personas se acredita con las actas del Registro Civil. Conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 y su Reglamento de aplicación, de 14 de noviembre de 1958, en el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley, entre otros, el matrimonio (artículo 1), constituyendo sus asientos la prueba de los hechos inscritos y sólo en caso de falta de inscripción se admitirán otros medios de prueba pero será requisito indispensable que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida, (Artículo 2), estando obligados a promover sin demora la inscripción, según el artículo 24, los designados en cada caso por la Ley, aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible o sus herederos y el Ministerio Fiscal, pero las autoridades o funcionarios a quienes consten por razón de sus cargos los hechos no inscritos están obligados a comunicarlos al Ministerio Fiscal. En el presente caso el interesado, que alega su condición de cónyuge legítimo al amparo de la Ley 13/2005, deberá promover su inscripción en el Registro Civil, para que surta efectos civiles, y una vez conseguida, solicitar de nuevo al Centro Gestor la pensión que ahora se deniega, aportando, en su caso, los datos nuevos, a fin de que el Centro Gestor obre en consecuencia pudiendo, caso de que proceda, recurrir ante este Tribunal Central, pues no ha presentado hasta el momento presente, documentación alguna que acredite la condición de cónyuge del hipotético causante certificada por el Registro Civil. El contenido del Registro Civil está bajo la salvaguarda de los Tribunales, y la declaración de existencia, nulidad y disolución de matrimonios y la existencia, o no, de cónyuges legítimos, así como las controversias que por estas cuestiones se susciten les corresponde en exclusiva, por lo que no cabe que en el pronunciamiento administrativo de clases pasivas ni en la revisión que a este Tribunal compete, puedan entenderse como matrimonios o cónyuges legítimos aquellas situaciones no avaladas por la correspondiente acta del Registro Civil.
CUARTO: En la exposición de motivos del Real Decreto Ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales de atentados terroristas, BOE del 24, se dice expresamente: "La especial atención del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a los requerimientos presentados por los afectados ha permitido detectar la existencia de supuestos individualizados en los que las normas generales impiden otorgar prestaciones que resulta razonable conceder. En concreto, en la normativa aplicable en materia de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, ni el Sistema de la Seguridad Social ni el Régimen de Clases Pasivas del Estado prevén que puedan ser beneficiarias las personas que, aún manteniendo análoga relación de afectividad, no tuvieran la condición de cónyuge del fallecido por esta causa. En este supuesto, existiría un número de afectados por los atentados terroristas que no podrían acceder a esa pensión extraordinaria sobre la base de su estado civil, es decir, por no constar vínculo matrimonial con el causante de la pensión". Lo que afirma el referido Decreto-Ley para las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo es la regla general para todo tipo de pensiones (ordinarias o extraordinarias), cualquiera que sea su causa: en el Régimen de Clases Pasivas no pueden ser beneficiarios quienes sean convivientes de hecho, tanto hetero como homosexuales. En este sentido se han pronunciado el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y este Tribunal Central en numerosas resoluciones. En tanto no se varíe la normativa vigente contenida en el Texto Refundido de 1987, los convivientes de hecho (homo o heterosexuales) no son equiparables a cónyuges legítimos.
QUINTO: Alega el interesado la aplicación de la Ley 30/1981, Disposición Adicional Décima, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio que en sus Disposiciones Transitorias dice: "Primera: Los divorciados por sentencia firme al amparo de la Ley de Divorcio de dos de marzo de mil novecientos treinta y dos podrán contraer nuevo matrimonio, salvo si la sentencia fue anulada judicialmente". Segunda: "Los hechos que hubieran tenido lugar a las situaciones creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, producirán los efectos que les reconocen los capítulos VI, VII y VIII del Capítulo IV del libro I del Código Civil. Serán computables los períodos de tiempo transcurridos a efectos de demandar la separación o el divorcio conforme a lo establecido en el mismo. Por su parte, la Disposición Adicional Décima de la citada Ley 30/81 dice: "Con carácter provisional en tanto se de una regulación definitiva en la correspondiente legislación, en materia de pensiones y Seguridad Social, regirán las siguientes normas: 1ª A las prestaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo que se establece en materia de pensiones en esta disposición adicional, tendrán derecho el cónyuge y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de matrimonio o filiación, con independencia de que sobrevenga separación judicial o divorcio. 2ª Quienes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírselo la legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal, acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado primero de esta disposición y a la pensión correspondiente conforme a lo que se establecen en el apartado siguiente. 3ª El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. 4ª Los que se encuentren en situación de separación legal tendrán los mismos derechos pasivos respecto de sus ascendientes o descendientes que los que les corresponderían de estar disuelto su matrimonio. 5ª Los derechos derivados de los apartados anteriores quedarán sin efecto en cuanto al cónyuge en los supuestos del art. 101 del Código Civil".
SEXTO: Conforme se advierte en la referida Disposición Adicional Décima de la Ley 38/1981, esta normativa era provisional en tanto no se diese una regulación definitiva en materia de pensiones y Seguridad Social. La regulación actual del Régimen de Clases Pasivas del Estado se contiene, como se ha indicado, en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, de 1987, cuya exposición de motivos dice: "En el mismo se refunde la "nueva normativa en materia de Clases Pasivas del Estado" que contiene la sección primera del capítulo II del Título II de la mencionada Ley 50/1984, con la legislación anteriormente vigente que ha de estimarse subsistente después de los cambios normativos introducidos en el tradicional sistema jurídico de las Clases Pasivas del Estado por la Constitución Española de 1978, las Leyes de reforma del Código Civil en materia de derecho de familia, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. De este modo, se forma un texto único comprensivo de toda la legislación aplicable a los funcionarios del Estado comprendidos en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas que a 31 de diciembre de 1984 no hubieran sido ya jubilados o retirados y a los derechos que éstos causen a su fallecimiento en favor de sus familiares". En relación con el supuesto presente la normativa vigente, desde la entrada en vigor del Texto Refundido de 1987, es su artículo 38, citado en el fundamento de derecho segundo precedente. Por otra parte, el citado Texto Refundido de 1987 no contempla su aplicación ni a los convivientes de hecho (cualquiera que fuese su sexo) ni a los matrimonios del mismo sexo, ni a los que con anterioridad a su entrada en vigor no pudieron casarse por no autorizarse el divorcio (para eso estaba la Ley 30/1981) ni para los que no hayan podido casarse por su orientación sexual (para eso está la Ley 13/2005).
SÉPTIMO: En el BOE del 2 de julio de 2005, con entrada en vigor desde el día 3, se publicó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que, en lo que afecta al presente caso, dice así: "Artículo único. Modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. El Código Civil se modifica en los siguientes términos: Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción: El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Disposición adicional primera. Aplicación en el ordenamiento. Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes. Disposición final primera. Título competencial. Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil reconocida por el artículo 149.18 de la Constitución española sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en Derecho Civil. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE". No hay ninguna disposición que regule el tránsito de situaciones legales anteriores a las nuevas y ninguna disposición que establezca efectos retroactivos.
OCTAVO: A la vista de lo expuesto, sólo a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 13/2005, de 1 de julio, el matrimonio se extiende al caso de que ambos contrayentes sean del mismo sexo y por ello, sólo a partir de ese momento pueden ser cónyuges legítimos, y por ello, antes del 3 de julio de 2005, no podían existir cónyuges legítimos homosexuales, pues la Ley 13/2005 no tiene efectos retroactivos ni normas adicionales o normas de transición al respecto. Conforme dispone el Código Civil, artículo 2, número 3: "Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario". Por otra parte, conforme se ha señalado, la normativa de la Ley 30/1981, Disposición Adicional Décima 10, se establece con carácter provisional hasta tanto se diera una regulación definitiva en materia de pensiones que, en el Régimen de Clases Pasivas, se contiene en el Texto Refundido de 1987, que desde su entrada en vigor no otorga protección a los convivientes de hecho, ni recoge normas de carácter transitorio (para el tránsito de legislaciones) similares a la citada Disposición Adicional Décima, para quienes por no existir el divorcio o por su orientación sexual, no podían contraer matrimonio legítimo.
NOVENO: Conforme al artículo 5 del Texto Refundido de 1987: "Solamente por ley podrán establecerse derechos pasivos distintos de los recogidos en este Texto, así como ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse los mismos". En consecuencia: A.- No se puede hacer una interpretación extensiva del concepto cónyuge legítimo y entender como tal a quienes son convivientes de hecho (pero no son matrimonio legítimo) sean de distinto o del mismo sexo, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal Central, ratificada por sentencias de la Audiencia Nacional, entre otras la de 8 de octubre de 2001, en la que se recoge la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional, al respecto, y también en el caso de convivencia de hecho entre homosexuales, como ha señalado este Tribunal Central en resoluciones de 8 de mayo de 2003, R.G. 3601/02; de 13 de mayo de 2005, R.G. 3387/03, de 29 de abril de 2004, R.G. 2828/03 y de 15 de septiembre de 2005, R.G. 1789-05. B.- No es aplicable al Régimen de Clases Pasivas y en las prestaciones que concede, cualquier otro derecho que se reconozca al amparo de otra Ley, por vía analógica. C.- No es aplicable el concepto de cónyuge legítimo para los contrayentes del mismo sexo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005, que no tiene efectos retroactivos ni normas adicionales o transitorias que contemplen la situación planteada por el reclamante y si el legislador no ha querido regular esta materia, como hizo con la Ley 30/1981, antes descrita, no se puede suplir su falta de voluntad por la Administración del Estado.. D.- En cualquier caso, corresponde al Registro Civil determinar el estado civil de las personas.
DÉCIMO: Por lo expuesto, procede confirmar el acuerdo impugnado por no darse en el interesado la condición de cónyuge legítimo, a tenor de la legislación vigente.
EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por D. A, contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 5 de octubre de 2005, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el anterior acuerdo de 18 de julio de 2005, denegando pensión de viudedad por convivencia de hecho con persona del mismo sexo, que se confirma por las razones de la presente.

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 38
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 327
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 44
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 5
 resolución