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Timestamp: 2018-06-25 11:54:35+00:00

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por ariel armando » Lun Dic 07, 2009 10:49 pm
DERECHO DE MENORES. Repercusiones del principio de "mínima suficiencia". Detención. Imposición de pena. Tratamiento tutelar. Naturaleza. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Posibilidad de aplicar este beneficio con relación a delitos cometidos por menores. Pena a tener en cuenta. Adopción de la tesis amplia. Valoración de la eventual condena condicional dentro de la escala penal reducida (art. 4, ley 22.278). INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Interpretación sistemática. Principios rectores del derecho penal juvenil.
El caso: La Cámara en lo Criminal resolvió -en lo que aquí interesa- no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba realizado por la defensa. Contra la decisión aludida se interpone recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el art. 468, inc.1°, del CPP por cuanto el iudex sustenta el rechazo del beneficio basando su conclusión en que el dictamen fiscal resultó negativo, al reparar que el mínimo de la pena conminada en abstracto es superior a tres años de prisión, apartándose de la doctrina sentada por el TSJ, que adopta la tesis amplia en orden a la pena a tener en cuenta para la concesión del aludido beneficio. El Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de casación deducido.
1. El derecho penal juvenil tiende hacia la solución no punitiva de los conflictos generados por menores a raíz de conductas contrarias a la ley penal. Concretamente, el marco punitivo al que se refiere el derecho penal juvenil, fuertemente condicionado por el principio de mínima suficiencia, dispone que la detención de menores debe limitarse a casos excepcionales. Debe restringirse en cantidad ("último recurso"), en tiempo ("el más breve plazo posible") y sin excluir la posibilidad que el menor sea puesto en libertad, aún, antes del cumplimiento de la condena, por resultar más vulnerable a las influencias negativas del encierro.
2. El principio de mínima suficiencia en el derecho penal de menores se manifiesta en que la necesidad o no de la imposición de una sanción y eventualmente su reducción en la forma prevista para la tentativa, depende, principalmente, del resultado del tratamiento tutelar (art. 4º, ley 22.278), cuya finalidad es proteger y reencausar al menor para que pueda desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad.
3. El tratamiento tutelar posterior a la declaración de responsabilidad de un menor, o bien el cumplido previamente a la sentencia conforme a una interpretación progresiva de los derechos humanos, no es otra cosa que un instituto de probation, en tanto la imposición de pena dependerá de su resultado y del modo en que éste se conjugue con otras variables -modalidades del hecho, antecedentes e impresión directa recogida por el juez- en orden a establecer la peligrosidad delictiva del menor, como pauta de estimación de su necesidad en el caso concreto. Y en la medida en que el tratamiento tutelar puede adquirir diversas modalidades, el Tribunal debe escoger la que más se adapta a sus necesidades educativas y a los principios de rehabilitación, proporcionalidad y mínima suficiencia que impone la normativa nacional y supranacional.
4. Nuestro derecho positivo no ha excluido la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba a los delitos cometidos por menores. Es que resultaría un contrasentido que la suspensión del juicio a prueba fuera acordada a los mayores de edad y no a los menores, máxime cuando el régimen penal juvenil tiende al mismo fin que el perseguido por aquel instituto, a saber: la resocialización sin condena.
5. Esta Sala Penal adscribió a la denominada "tesis amplia", que supedita la procedencia de la probation (art. 76 bis, cuarto párrafo, CP) a una hipotética pena en concreto no mayor a tres años de prisión, tal como lo establece la ley penal respecto de la condena condicional (CP, 26). Cuando la suspensión del juicio a prueba es solicitada a favor de menores de edad, el análisis de las circunstancias del caso que debe realizarse para pronosticar una eventual condena condicional (CP, 76 bis, 4° párr.), debe enmarcarse dentro de la escala penal reducida en la forma prevista para la tentativa (art. 4º, ley 22.278).
6. Ello es así, pues una interpretación que no considere la última de las normas mencionadas lleva aneja un ensanchamiento de la punibilidad, contradictoria con el paradigma que proclama un régimen penal juvenil orientado a respuestas no punitivas de los conflictos que los menores tienen con ley penal o -en su caso- de una responsabilidad atenuada por los hechos que los mismos cometieran.
7. Para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos 313:1149; 327:769).
8. La observancia de esa regla general no agota la tarea de interpretación que debe realizarse en el sub examine, puesto que el principio de legalidad (art. 18, CN) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con los principios políticos criminales que caracterizan al derecho penal juvenil, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.
T.S.J. Sala Penal Cba. Sent. Nº 214 del 21/08/2009. Trib. de origen: Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, “Campos, Miguel Ángel y otros p.ss.aa. Abigeato agravado, etc. - Recurso de casación”.
por ariel armando » Mié Feb 17, 2010 9:45 pm
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL. Agravantes. Encargado de la guarda. Concepto. CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA. Prácticas depravadas, degradantes, prematuras y excesivas. PAUTAS DE MENSURACIÓN DE LA PENA. Elementos positivos y negativos. PRISIÓN PREVENTIVA. Peligro procesal frente a pronóstico de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Jurisprudencia del TSJ.
El caso: La requisitoria fiscal de elevación a juicio le atribuye al encartado participación en los delitos de abuso sexual reiterado agravado; abuso sexual con acceso carnal reiterado, todo ello en concurso real. Ello así, por cuanto durante el tiempo en que el imputado se desempeñó como operador en una residencia de menores con la tarea específica de cuidar, en horario nocturno, a los allí alojados, y dentro del ámbito de la residencia abusó sexualmente de cuatro menores de 13, 11 y 9 años de edad, promoviendo con su conducta prácticas prematuras y excesivas, como así también la realización de actividades sexuales por parte de los mismos, prácticas masturbatorias y sexo oral, habiéndolos también accedido carnalmente. En tales circunstancias, el imputado les ordenaba a los menores que no contaran a nadie las prácticas a las que los sometía e intentaba contar con su complicidad regalándoles dinero, golosinas, y otorgándoles privilegios no permitidos por las normas de la institución, al tiempo que los amenazaba con castigos corporales si no realizaban lo que él les ordenaba. La Cámara resolvió declarar al imputado autor de los delitos de abuso sexual continuado calificado por la condición de guardador -un hecho, una víctima- y abuso sexual continuado agravado por acceso carnal calificado por la condición de guardador -tres hechos, tres víctimas- en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores -cuatro hechos-, todo en concurso real e imponerle la pena de catorce años de prisión. Asimismo, ordenó su inmediata detención en virtud de lo dispuesto por el art. 281, inc. 1º, del CPP.
1. Los menores víctimas de los abusos sexuales investigados se encontraban internados en la residencia de menores y como tal estaban bajo el cuidado y guarda del encartado durante el horario nocturno. Partiendo de este supuesto debo señalar que las figuras penales contempladas por el Código Penal en el Título III, denominados “Delitos contra la Integridad Sexual”, se agravan cuando el autor es “el encargado de la guarda”, y por tal debe entenderse al que se ocupa del cuidado del menor, ya sea por delegación del titular o por cualquier situación de hecho, sin que sea necesario que ella sea excluyente de la patria potestad, tutela, etc. En los presentes casos, el imputado de hecho era el encargado de la guarda de los menores, razón por la cual la conducta desplegada por aquél se encuentra agravada.
2. Podemos advertir que los menores de autos todos de corta edad, no habían alcanzado la plena madurez física, psíquica, ni sexual y poseen el derecho a no ser sometidos a tratos sexuales anormales en sus modos. Esta práctica sexual a la que sometió el imputado a los jóvenes, son depravadas, degradantes, prematuras y excesivas, por lo que entiendo que el encartado, encargado de la guarda de los jóvenes, promovió a la corrupción de ellos, lo que torna a su conducta configurativa del delito de corrupción de menores agravada.
3. Corresponde fijar la sanción que deberá sufrir el procesado, teniendo en cuenta para ello los aspectos tanto objetivos como subjetivos y observando en primer lugar, como elementos positivos; su falta de antecedentes penales. Como elementos negativos, valoro la modalidad comisiva del hecho, que revela por parte del autor una decisión firme para llevar adelante sus designios criminales, tratándose las víctimas de menores de edad totalmente indefensos.
4. En relación a la prisión preventiva, ésta debe hacerse efectiva en virtud de lo dispuesto por el art. 281, inc. 1º, del CPP que es de aplicación frente a la condena efectiva a la pena de prisión de catorce años. La peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito por el que se lo condena, me lleva indefectiblemente a su detención.
5. El peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (TSJ Sala Penal, “Álvarez” S. Nº 140, del 28/06/07). Ante el inestimable valor de la libertad personal cuando la amenaza penal exceda de cierto límite surge la posibilidad de que el imputado opte por darse a la fuga, y con ello la necesidad de asegurar los fines del proceso, que es lo que se pretende en la presente causa con la medida dispuesta en contra del imputado.
Cám. 2ª en lo Crim. y Correc. Río Cuarto, Sent. Nº 101 del 16/10/2009, “Ravera, Jorge Oscar”.
por ariel armando » Mié Jun 02, 2010 11:34 pm
PRISIÓN DOMICILIARIA. Artículo 32, inciso f, de la ley 24.660. Tesis amplia respecto a su concesión. Problemas que acarrea. Criterios para su determinación. Inexistencia de riesgo victimológico. Función de la calificación de conducta y concepto.
El caso: La interna solicita se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria en atención a lo normado por el artículo 32, inciso f), de la ley 24.660, texto según ley 26.472. El Juez de ejecución penal denegó un pedido anterior de la interna; argumentando para ello con lo resuelto por él en autos “Salguero” (R.I. Nº 27/2009, del registro de este mismo Juzgado). Con fecha 22 de diciembre de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de justicia de la Provincia, por Sentencia Nº 344/2009, revocó el criterio sustentado por el suscrito en autos “Salguero”; razón por la cual y siguiendo - por estrictas razones de economía procesal -, tal circunstancia habilitó a examinar, nuevamente, la cuestión. Dispuesta vista a las partes. El Sr. Fiscal dictamina por la improcedencia del beneficio impetrado, concluyendo que: “(...) no han variado en absoluto, las circunstancias socio - económicas y familiares que fueran medulosamente examinadas (...) al fundamentar la denegatoria del mismo beneficio, que ya fuera peticionado con anterioridad y que no se encuentra ‘a cargo’ de su progenitora, quien fue detenida y condenada con posterioridad al nacimiento de la niña. Efectivamente, de acuerdo a las constancias de autos, la niña está al cuidado de su abuela biológica y tías (es decir, madre y hermanas de la interna). Acatando la línea argumental indicada por el Tribunal Superior, el Juzgado de Ejecución resolvió, conceder el beneficio solicitado.
1. En el precedente “Salguero” nuestro máximo Tribunal Provincial adhirió a una tesis interpretativa que denominó como “amplia” y en virtud de la cual, para la concesión de esta alternativa especial de cumplimiento “deberá evaluarse, en cada caso, la existencia de un vínculo real y efectivo entre la madre y el niño, es decir, que éste haya estado y vaya a estar a su cargo y cuidado, y que la permanencia del niño con su madre no represente un riesgo o peligro para el mismo”; para luego enfatizar: “es claro que el otorgamiento de la prisión domiciliaria es facultativa del juez quien deberá tener en cuenta la existencia de un vínculo real y efectivo entre la madre y el niño, que éste haya estado y vaya a estar a su cargo y cuidado, como así también que la permanencia de aquél con su madre no represente un riesgo o peligro para él.
2. Asimismo deberá considerar la conflictiva delictual y la conducta (como el concepto) observado durante el encierro en tanto proporcionan indicadores positivos o negativos en orden a si la interna respetará los límites propios de la prisión domiciliaria.
3. Por otra parte, es preciso recordar el derecho del niño a ser oído en todo proceso judicial o administrativo que lo afecte (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 2, 3.b, 24 y 27.a de la Ley 26.061), lo cual impone a los jueces el deber de adoptar los procedimientos adecuados y conducentes a garantizar que los hijos de madres privadas de su libertad puedan ser oídos al respecto, como así también representados por quien resulte idóneo para declarar sobre lo que concierne a su mejor interés, en un rol que no aparezca confundido con intereses de terceros que no se vinculen con la protección del interés superior del niño”
4. Es que, creo que la utilización del estándar transcripto supra, justamente, puede volverse en contra del propio telos que se adjudica a la norma. Piénsese, a título de hipótesis, en una madre que solicita el beneficio cuando su hijo tiene tres años. Supongamos que la condena sea por seis años y que el pedido se formule en los primeros momentos de la ejecución. Indudablemente, cuando el menor cumpla los cinco años, cesa la posibilidad legal de ampararse en esta alternativa especial de cumplimiento; con lo cual la interna debe retornar al ámbito carcelario para el cumplimiento del remanente de su condena.
5. Del informe de psicología de la interna, se desprende que: “(...) tras el proceso de prisionalización de la interna, la menor no se desvinculó de su progenitora, acudiendo a los espacios de visita en el establecimiento penitenciario a cargo de su abuela materna. Además de mantener contacto telefónico entre ambas (madre e hija) de modo frecuente, inclusive siendo favorecidos en algunas oportunidades por este espacio técnico. Evidenciándose que la interna, al momento mantendría relación materno filial con la citada menor. En los últimos meses la frecuencia de las visitas de tales familiares ha sido esporádica, aduciendo la progenitora de la interna que esto se debería a dificultades económicas por las que el grupo familiar transita en este momento.
6. Desde el Área de Psicología se informa que la interna presenta una organización psicológica estable, con un discurso coherente, lúcido, sin puntos de conflictos manifiestos que desencadenen procesos subjetivos desestructurantes. Ha evidenciado rasgos de adaptación institucional, logrando estabilidad conductual y relacional. No se observan signos de sintomatología aguda ni aspectos de desestabilización afectiva representante de cuadro psicopatológico severo. (...) En su discurso se detectan niveles de elaboración de sus actuaciones criminógenas proyectándose en lo social fuera del delito, tratando de reposicionarse y consolidar sus vínculos afectivos fundamentalmente la relación con su hija”.
7. Las razones que he reseñado - y de acuerdo al estándar de la casación local - me permiten concluir que existe un vínculo entre madre e hija y que la progenitora demostraría una real preocupación por la menor, a los efectos de hacerse cargo de ella; aspecto que, en el núcleo familiar en que se insertaría, se vería reforzado por la actitud de sus integrantes (madre de la interna y hermanas). Por tal razón, el interés superior del niño se vería favorecido con la concesión de la alternativa especial que aquí se reclama.
8. La instancia casatoria local ha expresado que la concesión de este instituto debe también consultar la conflictiva delictual y la conducta y el concepto como “indicadores positivos o negativos en orden a si la interna respetará los límites propios de la prisión domiciliaria”. Considero que la conflictiva delictual no se refiere a la gravedad del delito en abstracto sino a que, la criminalidad atribuida en concreto, por sus particularidades, no entrañe un riesgo victimológico para el menor. Evidentemente una madre que purga condena por un homicidio calificado de otro hijo o por lesiones en perjuicio del menor, difícilmente pueda ampararse bajo este instituto.
9. Estas condiciones exigen de mi parte una precisión: dogmáticamente no existe ninguna vinculación entre esta alternativa especial de cumplimiento y ambos institutos. Ni la ley 24.660 (artículos 103 y 104) ni el Anexo IV del decreto 344/2008 (artículos 65 y 68) establecen un nexo entre la conducta y el concepto y la prisión domiciliaria. Por supuesto que esto tampoco surge de la regulación del instituto específico (prisión domiciliaria) por parte de dichas normas. Por ello, la directriz casatoria pareciera estar destinada a tener algún elemento para avizorar sí, concedido el beneficio, la interna cumplirá con las exigencias que condicionan la perdurabilidad de esta alternativa (esto es: permanecer en el domicilio). Aún cuanto - en mi criterio - esta situación importa, en la práctica, ingresar a la ponderación de un nuevo recaudo que no surge de la ley, por razones de economía procesal, habrá de verificarse también este requisito.
Juz. Nº 1 Ejecución Penal Cba., A.I. Nº 38, 15/03/2010, “Agüero Romina Soledad s/ Ejecución de pena privativa de libertad”.
por ariel armando » Mié Jun 02, 2010 11:50 pm
LADRÓN RESARCIRÁ A SU VÍCTIMA POR UN INTENTO DE ROBO
Se trata de un hecho inédito en la Justicia local. Aunque deberá cumplir una condena, el acusado ofreció 2 mil pesos en concepto de reparación por el daño causado y la persona que fue asaltada aceptó la suma. 'Se pretende que a cada caso se le dé una solución procesal única y que el lugar de la víctima sea valorado', observó el fiscal de la causa, Ismael Manfrín.
Hace unos meses, un hombre trató de asaltar a una persona y fue apresado. Hasta aquí, un caso penal como muchos. Sin embargo, en el transcurso del proceso, el ladrón se ofreció a resarcir a su víctima y ésta aceptó. Así las cosas, el acusado deberá cumplir una condena impuesta por la jueza de Instrucción Nº 14, María Laura Sabatier, pero además, por voluntad propia, le pagará a esa persona dos mil pesos, una forma de demostrar su arrepentimiento.
Al respecto, el fiscal de la causa, Ismael Manfrín, explicó: 'En este caso se arribó a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional pero lo especial es que además de esa pena, el imputado de manera voluntaria le ofreció a reparar los daños por el robo a la víctima que aceptó la propuesta y llegaron a un acuerdo voluntario en un procedimiento abreviado'.
'Esta situación está contemplada en el Código Procesal Penal, en su artículo 108', precisó el funcionario del Ministerio Público quien señaló: 'Es una cuestión filosófica donde se le da más valor a la víctima, se la eleva. Antes era una cuestión distinta, la víctima quedaba al margen mientras que el Estado y el acusado participaban'.
Manfrín indicó que 'todo lo atinente a la reparación del daño es tenido en cuenta para llegar a las diferentes formas de acusación, de sanción, de cómo se fija la pena e incluso, a la forma en que se cumple esa pena'. Es decir, la actitud del acusado hacia la víctima es considerada aunque, advirtió, no implica que sea exonerado de su culpa.'La lógica no es que si ofrezco dinero me salvo, no me condenan. Si fuera así la gente con riqueza nunca sería condenada', observó y aclaró que tampoco se aplica de manera regular sino que cada caso es atendido de forma particular.
Por el contrario, el fiscal remarcó que se trata de un avance en la búsqueda de dar solución al conflicto: 'En el futuro se va a tener que ir dando mayor trascendencia a la víctima para que reciba mayor respeto y mayor reparación'.
Además, consideró que este tipo de salidas le brinda precisión a la Justicia: 'Antes era lo mismo para todos, para cada delito había una condena, sin consideraciones. Ahora, se pretende que a cada caso se le de una solución procesal distinta'.
Fecha: 02/06/2010 - Región: Santa Fe
por ariel armando » Lun Jun 07, 2010 4:59 pm
Jurisprudencia- Julio 2009
http://www.csjn.gov.ar/data/lesahumanidad.pdf
por ariel armando » Mié Jun 09, 2010 11:05 pm
LEY PENAL MÁS BENIGNA. Aplicación de la ley penal más benigna al tiempo de la comisión de los sucesos (ley 23.077). ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO. Violación calificada continuada. Aspectos objetivos y subjetivos de la conducta delictiva. DELITO CONTINUADO. Configuración.
El caso:El requerimiento fiscal de elevación a juicio, le atribuye al encartado, entre varias conductas sucedidas en forma continuada, el ser supuesto autor penalmente responsable del delito de violación calificada continuada, en los términos de los arts. 45, 122 -en función del 119, inc. 3- y 55 del C.Penal (según ley 23.077 y art. 2 del C.Penal), toda vez que el encartado, aprovechando la ausencia de sus progenitores o cuando éstos dormían, intimidaba a su hermana menor por su rango de superioridad, al ser mayor que ella y también por su contextura física robusta, y sin el consentimiento de la menor abusaba sexualmente de su hermana, dos veces por semana. En trámite de juicio abreviado, el Tribunal resolvió en Sala Colegiada declarar al acusado autor penalmente responsable del delito de violación calificada continuada (art. 122 -en función del 119, inc. 3, según ley 23.077- y 55 “a contrario sensu”, CP), a la pena de doce años de prisión, imponiéndosele al Servicio Penitenciario que se brinde asistencia médica y/o psicológica al penado con relación a la problemática por él mismo revelada y la que resulte conveniente conforme la naturaleza del delito cometido.
1. Como acertadamente señala el representante del Ministerio Público Fiscal en la Acusación, si bien el hecho atribuido al acusado comenzó en el año 1990, momento en que el imputado tenía tan solo trece años, su conducta es penalmente reprochable a partir del instante en que el mismo cumplió dieciocho años (conforme el art. 2 de la Ley Nº 22.278), esto es desde el 16/02/1995 y que se sucedieron ininterrumpidamente en el tiempo hasta el mes de noviembre del año 1997, debiendo aplicarse, por tal razón, el texto legal de la Ley Nº 23.077, vigente en esa fecha, por imperio del art. 2 del Código Penal.
2. El accionar del acusado configura el delito antes mencionado, toda vez que, con fines libidinosos irrumpió indebidamente en el cuerpo de su hermana de doce años de edad, sin su consentimiento, ejerciendo fuerza física efectiva y enérgica sobre la víctima, a la vez que tenía sobre ella un poder de preeminencia en virtud de su mayor edad, haciendo uso indebido de su cuerpo, atentando contra el pudor de la misma mediante actos objetiva y subjetivamente impúdicos, penetrándola por vía vaginal, todo lo cual provocó un daño en la salud mental de la víctima.
3. Se trata de un delito continuado en razón de que no se observan en el hecho discontinuidades materiales ni renovaciones en el propósito del imputado (sujeto activo del delito), no obstante el despliegue de múltiples actos. Ello es así en virtud de que estos actos son homogéneos en cuanto a su contenido, repetidos en el tiempo y obedecen al trazado inicial (único designio criminoso), que no es otro que la satisfacción de sus deseos sexuales (CP, art. 55 a contrario sensu).
Cám. 6ª del Crimen Cba. Sent. del 23/02/2010 “L., Mariano César p.s.a. violación calificada continuada”.
por ariel armando » Mié Jun 23, 2010 6:20 pm
Lo debía cuidar, pero dejó que sea abusado
La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de una mujer por facilitación a la corrupción de menores. Para los jueces, la mujer, “adoptó una actitud complaciente” mientras su hijo abusaba sexualmente del menor que ella tenía a su cargo.
La Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada por Julio Lucini y Mario Filozof (Gustavo Bruzzone, no intervino ya que se encontraba abocado a las audiencias de la sala I), confirmó el procesamiento por facilitación a la corrupción de menores de una mujer cuyo hijo abusó de un menor que se encontraba a su cargo.
La causa “B, V. M. s/procesamiento” se inicio luego de que un niño fuera abusado por el hijo de la mujer que lo cuidaba. En primera instancia, la mujer fue procesada por el delito de facilitación a la corrupción agravada por su comisión con violencia y amenazas.
Según consta en la causa, la imputada “allanaba el camino” para que su hijo abusara del menor. “En esas circunstancias llevaba a cabo tareas domésticas o se retiraba de la finca con el pretexto de hacer diligencias dejando al niño en soledad”. De esa manera, facilitaba “el lugar y la oportunidad para que se concrete un delito”.
Para la defensa, en la causa “no surgen elementos probatorios directos que permitan acreditar la autoría y consecuente responsabilidad penal” de la mujer. No obstante, los camaristas sostienen que “no cabe duda” la actuación de la imputada “por cierto garante del menor por su guarda, no fue la de mantener silencio sobre la conducta que sería reprochable en su hijo, sino por el contrario la de fomentar su producción permitiendo que ambos estén juntos y hasta aprobando los abusos contemplados”.
Todo ello surgió del testimonio del menor a través de la utilización de la Cámara Gesell, en el que se constató que el niño “no presentó en su pensamiento psíquico fenómenos elementales psicóticos ni ideación fabulatoria y/o imaginativa patológica”.
Los jueces destacaron que el relato “tuvo una estructura lógica, es decir coherente y con sentido, con rasgos de elaboración no estructurada aportando detalles en forma suficiente”, lo que delimita a su relato “como verosímil”.
Citando jurisprudencia pertinente, los magistrados expresan que “se consideró partícipe necesaria del delito de corrupción de menores, por omisión, a la mujer que estaba presente cuando el reo perpetraba actos depravados con el hijo de ésta, de sólo tres años de edad, y no hizo nada para evitarlo”.
“Debía contener y resguardar, pero en cambio brindaba la cobertura en cuanto al lugar y oportunidad para que sucediera lo denunciado en autos” concluyen. Tal como lo explica la doctrina: “Facilita quien contribuye con los medios tanto para que el menor se corrompa como para que mantenga o incremente ese estado”.
por Solo Derecho » Lun Jun 25, 2018 8:54 am
Registrado: Lun Jun 25, 2018 8:54 am
por ariel armando » Mié Jun 23, 2010 6:24 pm
El TSJ confirmó el rechazo del pago voluntario de una multa.
El Alto Cuerpo recordó que la cuestión guardaba relación con la doctrina que sentó recientemente en los precedentes “Mallía” y “Jonás”.
Con voto de la jueza Aída Tarditti, la Sala Penal del TSJ -integrada, además, por María Esther Cafure de Battistelli y Luis Rubio- rechazó la casación interpuesta por Carlos Guzmán Prosperi en contra del auto dictado por la Cámara 5ª del Crimen, que no hizo lugar a la propuesta del imputado de oblación voluntaria de multa a los fines de la extinción de la acción penal.
El auto de elevación a juicio le atribuyó a Guzmán Prosperi la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado (21 hechos).
A su tuno, la Sala reseñó que debía responder si la oblación voluntaria como modo de extinción de la acción emergente de delitos reprimidos con pena de multa está prevista para aquellos sancionados únicamente con ésta o si también puede aplicarse frente al de incumplimiento de deberes de funcionario público que, además, prevé inhabilitación especial en forma conjunta, recordando que la cuestión planteada guardaba relación con la doctrina que sentó en los precedentes “Mallía” y “Jonás”.
Comparación. “En dichos fallos, a fin de afirmar que la hipótesis prevista en el artículo 64 sólo resulta posible cuando el delito se encuentra reprimido exclusivamente con pena de multa, se principió con una comparación entre el instituto allí previsto y el de la suspensión del juicio a prueba”, acotó el tribunal, señalando que se sostuvo que si bien tanto el artículo 64 como el 76 bis reglamentan la solución no punitiva de conflictos, difieren en cuanto a aspectos esenciales y que, por ello, no cabe llevar a cabo una hermenéutica similar.
“Concretamente, se estimó que las habilitaciones que el legislador ha otorgado a los órganos judiciales mediante dichas disposiciones resultan radicalmente distintas”, precisó.
Interpretación. Así, el TSJ puntualizó que -al momento de examinar la procedencia de la probation- el juzgador debe realizar un pronóstico sobre la hipotética pena concreta que da pie al beneficio y que las reglas de conducta aplicables permiten cumplir con el fin perseguido por el legislador al excluir el beneficio con respecto a los delitos reprimidos, además, con inhabilitación.
“En cambio (…) el beneficio reglado en el artículo 64 no faculta al tribunal a efectuar un pronóstico sobre la hipotética pena concreta de multa”, consignó la Sala, destacando que el sentido de la expresión “delito reprimido con multa” no hace referencia a la hipotética sanción aplicable en caso de condena, sino a la prevista en abstracto para el delito de que se trate.
“No es tanto el tenor literal del artículo 64 -como lo entiende el impugnante- sino, antes bien, su interpretación teleológica lo que determina que la oblación voluntaria sólo pueda extinguir la acción penal iniciada respecto a delitos reprimidos únicamente con pena de multa, como lo sostiene pacíficamente la doctrina”, concluyó el Alto Cuerpo.
por ariel armando » Jue Jul 01, 2010 9:17 pm
PRISIÓN DOMICILIARIA. Procedencia. ENFERMEDAD INCURABLE EN PERÍODO TERMINAL. Alcance. Opinión médica ambigua. Beneficio de la duda a favor del penado. PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LA PENA. Privación de la libertad en el establecimiento carcelario inadecuada por la condición de salud del interno implicándole un trato indigno, inhumano o cruel.
El caso:El interno solicita le sea concedido el régimen de prisión domiciliaria por problemas de salud. Se solicita ficha médica e informe médico a los efectos de que determine si, de acuerdo a la patología que padece el interno, “la permanencia en un establecimiento carcelario le impediría recuperarse de la misma o si dicho encierro obstaculizaría un tratamiento adecuado de su dolencia”. El Fiscal Correccional evacua la vista en sentido negativo, en tanto que el Sr. Asesor Letrado de Penados requiere se conceda el beneficio. El Sr. Juez de Ejecución resolvió conceder al penado la prisión domiciliaria (art. 33, ley 24.660).
1. Corresponde determinar porqué ley habrá de regirse el caso. En este sentido, con fecha 20/1/2009, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, la ley 26.472; modificatoria (entre otros preceptos) del artículo 32 de la ley 24.660. Dicha norma, al ampliar las hipótesis de procedencia de la prisión domiciliaria, no obstante no ser la vigente al momento del hecho aquí juzgado (el que ocurrió el 26/9/2004), deviene aplicable por ser una disposición más benigna (artículo 2º, C.P.).
2. El sub lite no está exento de dificultades desde lo empírico, en atención al carácter no conteste de los diversos informes rendidos. Esto explica la necesidad de ampliar puntos de indagación técnica con la finalidad de poder formarme un cuadro preciso respecto de la dolencia que aqueja al interno y sí, la misma, por sus características, puede llevar el caso a la aplicación de esta alternativa especial de cumplimiento. Para esto me veo obligado a analizar las hipótesis que contiene el artículo 32, incisos b) y c) de la ley 24.660 (texto según ley 26.472). De acuerdo al inciso b), del citado artículo, la prisión domiciliaria corresponderá al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal.
3. El penado padece una esclerosis lateral amiotrófica. En la opinión de los facultativos del establecimiento carcelario que lo alberga, esta dolencia encuadra en la hipótesis traída por la norma que analizo; de allí que, sugiriesen se otorgue al penado la alternativa que peticiona. Ésta, sin embargo, no es la opinión de los Sres. Médicos forenses que dictaminan, quienes, en su conclusión c), refieren: “Su patología puede ser caracterizada como incurable pero no se considera que el actor se encuentre en etapa terminal ya que tal calificación se asigna a pacientes con insuficiencia respiratoria, que el actor no padece por el momento. (…) esta enfermedad suele evolucionar a la fatalidad en unos tres o cinco años, estimando que el actor llevaría ya un año de evolución”. En la misma dirección se pronunció, el Sr. Médico Forense que intervino.
4. Los pronósticos relativos al estado (o no) terminal de la dolencia del interno no son contestes. Existe plena coincidencia en la patología que se le diagnostica así como en el mal pronóstico de la misma; sin embargo no ocurre lo propio con respecto al punto que recién señalara. Estimo que la duda en este extremo -que es un extremo de naturaleza fáctica; aunque relacionada con criterios científicos médicos en orden a si la dolencia se encuentra, actualmente, en etapa terminal- debe resolverse a favor del interno.
5. Existe también otro argumento que me inclina a resolver favorablemente el pedido del interno. En este caso, él mismo se vincula con el inciso c) del citado artículo 32. De acuerdo a dicha norma resultará procedente la prisión domiciliaria cuando, para un interno discapacitado por su dolencia, “(…) la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”.
6. De acuerdo al artículo 1º de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dentro de este universo se incluirá a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo plazo, que, “al interactuar con diversas barreras”, impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
7. La experticia describe, con crudeza, los efectos de la patología que aqueja al interno: “Las partes del cuerpo afectadas por los primeros síntomas de ELA dependen de qué músculos del cuerpo se dañan primero. No obstante qué parte del cuerpo sea afectada primero, al progresar la enfermedad, la debilidad muscular y la atrofia se extienden a otras partes del cuerpo. Los pacientes tienen cada vez más problemas para moverse, tragar (disfagia) y para hablar. Debido a que la enfermedad generalmente no afecta su capacidad cognoscitiva, los pacientes se dan cuenta de su pérdida progresiva de funciones, y se pueden angustiar o deprimirse. En las etapas posteriores de la enfermedad, los pacientes tienen dificultad para respirar porque los músculos del sistema respiratorio se debilitan. Eventualmente los pacientes pierden su capacidad de respirar solos y dependerán de un respirador artificial para sobrevivir. (…) Al progresar la enfermedad, los terapeutas del habla pueden ayudar a que los pacientes se comuniquen cuando ya no pueden hablar ni producir sonidos vocales. Cuando los pacientes ya no pueden obtener suficiente alimento comiendo, se puede aconsejar que se introduzca un tubo de alimentación en el estómago”.
8. Pese a semejante cuadro, el informe médico resulta un tanto ambiguo: “al momento actual no se considera inconveniente su permanencia en el establecimiento penal al menos desde el punto de vista estrictamente físico”. Y hablo de ambigüedad por cuanto los Sres. Médicos refieren: “No obstante puede haber algunas molestias en cuanto al uso de las manos (higiene, vestimenta) que eventualmente pueden ser superados con ayuda de terceras personas o enfermeros si los hubiera disponibles. Se ignora la disponibilidad de esa tercera persona”.
9. Lo narrado hasta aquí me convence que -por la descripción precedente- actualmente la enfermedad de del penado ya se ha constituido en una barrera para que pueda realizar determinadas actividades en forma autónoma -como por ejemplo: higienizarse-, extremo que conduce a perfilar su caso como una hipótesis de incapacidad. Por otra parte, estimo que un análisis integral del legajo permite inferir que la permanencia del interno en el lugar de detención transformaría la ejecución de su pena, haciéndola transitar - si continúa así - por un trato inhumano.
10. No puedo olvidar que, la originaria ratio legis de la prisión domiciliaria -hoy, ampliada, a partir de la reforma de la ley 26.472- no fue otra que resguardar el principio de humanidad de la pena. En este sentido, tempranamente sostuve que “merced a este principio (humanidad de la pena), el legislador intenta evitar que la ejecución de la pena privativa de libertad, tenga un contenido aflictivo particularmente intenso, derivado de la especialísima situación en la que se encuentra el interno que pueda beneficiarse con esta alternativa”.
Juz. de Ejecución Penal Nº 1 Cba., A. I. Nº 75, 13/04/2010, “Caliba, Marcos David s/ Ejecución de pena privativa de libertad”.
por ariel armando » Dom Jul 11, 2010 12:36 pm
Reconocimiento en rueda vale aunque la foto del imputado esté en Facebook
La defensa consideró que era nulo porque la imagen de su asistido estaba en la red social, pero los jueces rechazaron el planteo.
Los camaristas porteños del Crimen Carlos Alberto González y Julio Marcelo Lucini rechazaron el pedido de nulidad de una rueda de reconocimiento solicitada por el defensor de un imputado por robo calificado, quien consideró que no debía ser válida porque la foto de su asistido estaba en la red social Facebook.
Tras el planteo, los magistrados consideraron que la circunstancia de que la imagen del presunto autor del delito hubiese sido vista en Facebook no bastaba, por sí sola, para declarar la nulidad de la rueda y, así, abordaron unas de las novedosas cuestiones que se plantean en la Justicia ante los avances tecnológicos.
En ese sentido -entre otros conceptos-, los magistrados enfatizaron que algunas personas que habían visto las fotos en aquella red no lograron identificar al encartado al momento de realizarse la diligencia cuestionada.
“La circunstancia de que los damnificados, al inicio de la investigación, hayan visto fotografías del imputado publicadas en la red social Facebook, de ningún modo le resta importancia al resultado del reconocimiento efectuado”, plasmaron.

References: Artículo 32
 artículo 32
 artículo 108
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 1