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Timestamp: 2019-07-22 10:24:49+00:00

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Masacre de Iguala: de la barbarie a la esperanza - Página Jimdo de paginaslibres
Masacre de Iguala: de la barbarie a la esperanza
Cuando los efectos de la “guerra contra el narco” – que declaró el presidente Felipe Calderón a los cárteles de la droga, en diciembre de 2006 –, comenzaron a hacer estragos en el norte del país (desapariciones forzadas, muertes violentas por ejecuciones extrajudiciales, tortura, extorsiones, decapitaciones…), el periodista Sergio Sarmiento entrevistó a Carlos Monsiváis. Ante la pregunta sobre cuál sería la solución para contener los dramáticos índices de violencia registrados en el país (en 2008), la respuesta del célebre escritor fue reveladora: “No tengo la menor idea”.
Durante la última década, en efecto, la escalada de violencia en nuestro país ha ido en ascenso. Aunque los focos rojos siguen situándose en regiones geográficas específicas (Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero, entre otros), las células de los cárteles de la droga siguen permeando y operando en el resto del país, en mayor o menor grado (la batalla por el control de “plazas”). El recrudecimiento del desempleo, la desigualdad social, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de oportunidades, son quebrantos que se suman a la crisis. En un país donde se estima que sesenta millones de mexicanos viven en extrema pobreza –siete de ellos, jóvenes que no estudian ni trabajan–, el escenario en comento es, por decir lo menos, infortunado.
Hoy, por desgracia, los reflectores de los medios de información nacionales e internacionales tienen su foco en Iguala, Guerrero. El secuestro, asesinato, mutilación y entierro en fosas clandestinas de decenas de jóvenes normalistas, perpetrados por la policía municipal de Iguala en colusión con sicarios del crimen organizado, es una de las páginas más aciagas de la historia reciente de México. Este suceso, que es causa de justificada indignación y de vergüenza, rebasa a los niveles de gobierno y partidos políticos: un alcalde y su cuerpo policial involucrados en una masacre de estudiantes, en donde la consigna explícita es eliminar (asesinar) a los jóvenes manifestantes. Si esto no es un genocidio o delito de lesa humanidad, habría que llamarlo como un sinónimo.
Sobre esta masacre seguirán corriendo ríos de tinta. Entre los analistas que han abordado el tema, retomo al periodista Juan Villoro, quien advierte: “México está al borde de un estallido social si se sigue criminalizando a los jóvenes, en lugar de dotarlos de las herramientas mínimas para salir adelante (…). Es urgente reconstruir el tejido social y darle alternativa a los jóvenes, quienes necesitan tener opciones concretas, tener alternativas de trabajo, de estudio, gratificantes deportivos, morales, incluso religiosos que puedan permitirles tener un sentido de identidad y autoestima que no están teniendo, y por supuesto no verlos como un enemigo posible, sino integrarlos como lo que son, que es la principal energía que tenemos para transformar este país” (http://www.proceso.com.mx/).
En consonancia con lo anterior, considero que ante la amenaza de un estallido social en nuestro país, el Gobierno federal debe destinar, entre otras acciones, una partida presupuestal extraordinaria en favor de una educación de calidad para los jóvenes, en el marco del Estado laico. Por otra parte, resulta apremiante el aumento del salario mínimo de los trabajadores, la reducción de los gastos corrientes de los funcionarios públicos –acorde con la justa medianía impulsada por el presidente Benito Juárez– en los tres niveles de Gobierno, el combate y sanción a la corrupción de todo funcionario, así como el destierro de toda impunidad. En otras palabras, el regreso de la ética al quehacer político.
Concluyo mi colaboración con el atinado análisis del maestro Villoro: “Mientras no reconozcamos que este es un país de multiculturalidad, vamos a tener un país roto (…). Se debe buscar una salida que incluya a los jóvenes en el rediseño de este país, porque eso sí es muy importante, si no el riesgo de descomposición social ahí está (…). Creo que es en la educación, en la lectura, en los libros donde está la posibilidad de cambiar a este país y crear un México diferente. Nada cambia tanto al país como lo que están leyendo los niños hoy en día… O lo que están haciendo”. Aún es tiempo.
El Occidental, 11 de octubre de 2014, p. 6A
Masacre de Iguala.pdf
El anacronismo –de acuerdo con Carlos Antonio Aguirre Rojas– “es uno de los pecados que todo historiador debe evitar”. Este pecado –refiere– consiste en “ver el pasado con los ojos del presente, y asumir consciente o inconscientemente que los hombres y las sociedades de hace tres o cinco siglos, o de hace más de un milenio, eran iguales a nosotros y que pensaban, sentían, actuaban y reaccionaban de la misma manera en que lo hacemos nosotros […]. Cada siglo [o época] debe tener una temporalidad distinta a la que vivimos en el presente…” (Cf. Contrahistorias: la otra mirada de Clío, 2002).
Comparto la cita anterior, a propósito de una nota que leí –difundida a través de algunos medios electrónicos–, que daba cuenta de lo siguiente: “Con 405 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados acaba de aprobar remover los honores a la bandera en todos los niveles educativos del país; primaria, secundaria, y preparatoria […]. La ley que cancela las celebraciones […] entra en vigor a partir de enero 2015, y es obligatoria para todos los planteles educativos”. (Cf. http://diarioaxaca.com/pais/20-estados/73199-se-cancelan-los-honores-a-la-bandera-en-todas-las-escuelas-de-mexico).
El argumento presentado por los legisladores, de acuerdo con la nota, no solo resultaba simplista sino anacrónico: “El contenido es muy bélico, se habla de guerra, de violencia, y se habla de muerte en honor de la patria…” (Ídem). Una de las razones de peso para prohibir la celebración de los honores a la bandera en las escuelas públicas, de acuerdo con esta tesis, era el aspecto “bélico”, explícito en la letra del Himno Nacional. De cobrar vigencia, esta legislación erosionaría la formación cívica de millones de niños y adolescentes mexicanos, quienes, ante el viraje conservador que han sufrido los libros de Historia –desde el sexenio de Vicente Fox–, el brebaje de programas televisivos enajenantes y sin contenido, la adicción desmedida a videojuegos e internet, desconocen los orígenes históricos de nuestro país: sus gestas, su devenir, sus héroes, sus raíces culturales, su identidad nacional... Este escenario, por el impacto negativo que tendría en las nuevas generaciones, no es un asunto menor.
A los pocos días de la publicación de esta nota, la Secretaría de Educación Pública desmintió tal información (la cancelación de los honores a la bandera en las escuelas públicas), y aclaró que la Cámara de Diputados no aprobó ninguna legislación en este tenor. Se trató, pues, de un equívoco de algunos medios de comunicación que propalaron una noticia no verificada, y que tuvo amplia difusión en las redes sociales y en diversos medios electrónicos.
Al margen de lo anterior, la periodista Carmen Aristegui dedicó uno de sus programas al tema: “El Himno Nacional Mexicano, ¿tiene vigencia?” (CNN en español, 15 de septiembre de 2014). Uno de sus invitados, la maestra Leonor Correa, de la Universidad Iberoamericana, opinó que “este símbolo patrio debe mantenerse tal cual, ya que se gestó en un contexto histórico que vivió nuestro país. Se discute qué tanto nos representa ese himno, si su contenido nos representó en una época distinta […]. Es un símbolo que se construye cuando México se convierte en una nación independiente y en momentos de guerra, y que hoy nos sigue representando”.
En concordancia con la maestra Correa, cabe recordar que cuando Francisco Gonazález Bocanegra escribió el Himno Nacional, en 1853, México seguía enfrentándose a los efectos de una derrota en la guerra con Estados Unidos. El autor hace énfasis en la unidad nacional, alude a victorias mexicanas en batallas y cuenta sobre la defensa de la patria. La música fue compuesta en 1854, por el español Jaimé Nunó, y partir de 1943 se hizo oficial en base a un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho. El Himno Nacional ha sido descrito como uno de los símbolos de la “identidad mexicana”.
De la manera como los franceses rechazarían la prohibición de escuchar o cantar La Marsellesa (el Himno Nacional de Francia), durante sus fiestas cívicas, los mexicanos jamás nos haríamos a la idea de que se hiciera lo propio con nuestro Himno Nacional, el que, junto con los otros símbolos patrios (el Escudo y la Bandera), ha sido una emblema de identidad entre los mexicanos. A punto de concluir el mes de septiembre, dejo a su consideración, estimados lectores, las precedentes reflexiones.
El Occidental, 27 de septiembre de 2014, p. 7A.
México, desde sus inicios como nación —en los albores del siglo XIX—, ha vivido diversos procesos históricos: la Guerra de Independencia— que el pasado 16 de septiembre se conmemoró su 214 aniversario—, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana, entre otras gestas.
En su accidentada construcción, México nació como una nación “intolerante”: la Constitución de 1824 — la primera luego de lograr la independencia de España— sostenía que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra” (artículo 3). No existía, en la práctica, la libertad religiosa para otro credo. Este derecho humano, el de la libertad religiosa, fue censurado por la jerarquía católica de la época, quien defendía su hegemonía y pretendía mantener un cerco en nuestro país a la diversidad religiosa, procedente principalmente de Estados Unidos y Europa.
La batalla por el poder librada entre liberales y conservadores durante el siglo XIX, en la que ambos bandos tenían su propio proyecto de Nación, fueron sinuosas y cruentas. Los primeros, defendían la República como forma de organización política en el país y pugnaban por la separación del Estado y la Iglesia católica; los segundos, estaban ligados a esta y se oponían a que perdiera sus fueros y privilegios, y fuera sometida por el Estado. Tal confrontación dio como resultado la llamada Guerra de Reforma (1857-1861), en donde la institución religiosa apoyó con dinero al bando conservador durante esta lid.
En julio de 1859, en pleno conflicto bélico, el presidente Juárez emitió un Manifiesto a la Nación en el que anunciaba la expedición de diversas leyes: “Para poner un término definitivo a esta guerra sangrienta y fratricida, que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial […], creo indispensable adoptar como regla invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos…” (Rogelio Álvarez, “Enciclopedia de México”, tomo 11, 1977, página 202). La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el Estado Civil de los camposantos, fueron las Leyes de Reforma decretadas en 1859.
El 4 de diciembre de 1860 —dentro del marco de las Leyes de Reforma— el presidente Juárez expidió la Ley sobre Libertad de Cultos, que garantizaba la libertad de creencias de todos los mexicanos —católicos y no católicos— en igualdad de circunstancias: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable…” (Artículo 1). En 1873, esta Ley, junto con las expedidas en 1859, quedaron incorporadas a la Constitución de 1857 en calidad de adiciones y reformas.
La Ley sobre Libertad de Cultos —una de las "reformas estructurales" del presidente Juarez—, garantizó el reconocimiento, respeto y trato igualitario del Estado hacia las minorías religiosas asentadas en el país. Constituyó, además, un parteaguas en la historia de México: el tránsito de un antiguo régimen de autoridad absolutista y de privilegios, a un nuevo orden de libertad y de igualdad ante la ley para todas y todos los mexicanos, en el marco de un Estado laico.
Al presidente Juárez, junto con los hombres de la Reforma, le correspondió confeccionar una nación que pudo —después de la Intervención Francesa— crear en América Latina un gobierno civil emancipado de la tutela del Clero y del Ejército. A pesar de la oposición eclesiástica, el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, la consolidación de la República (Estado de Derecho), y el régimen de libertades, entre otros, fueron los aportes fundamentales de las Leyes de Reforma del Gobierno juarista.
Las conquistas sociales de los liberales, así como la consolidación del Estado laico en México, se encuentran en el objetivo del conservadurismo católico contemporáneo. Como sociedad, no podemos permitir que la desmemoria se imponga y obnubile nuestro pasado histórico. El trabajo que nuestros antepasados llevaron a cuestas para consolidar el régimen de libertades que ahora disfrutamos, no puede quedar en el olvido. Ante las leyes secundarias que se avecinan, la consulta popular es la fuerza de la sociedad. Defendamos la riqueza de nuestro legado. Aún es tiempo.
El Occidental, 20 de septiembre de 2014, p. 7A.
Las otras reformas.pdf
¿Nueva cruzada a favor de la educación religiosa?
Reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El pasado 30 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en un comunicado, emitió el mensaje “Por México, ¡actuemos!". En este documento los obispos del país cuestionaron las reformas estructurales encabezadas por el Gobierno federal. Una de las críticas –en la que me detendré– refiere: “Qué garantizará que la Reforma Educativa impulse un verdadero desarrollo integral para todos; una reforma en la cual se reconozca el derecho fundamental de padres y madres de familia […]. Si no se reforma la mente y el corazón, si no se reforma la conciencia que genere una auténtica escala de valores […], no habrá reforma que nos ayude a superar las intolerables desigualdades”.
En su mensaje episcopal, los prelados mexicanos no quitan el dedo del renglón: educación confesional en las escuelas oficiales. Al advertir que la reforma educativa debe reconocer “el derecho fundamental de padres y madres de familia [en torno a la educación de sus hijos]”, se lee entrelineas que la presión ejercida por los purpurados al Gobierno federal para que envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma del artículo tercero constitucional –con el fin de derogar la educación laica, y posibilitar la instrucción religiosa en las escuelas públicas–, va en ascenso. Lo anterior, fue uno de los temas que los obispos abordaron en su visita ad limina con el papa Francisco.
La base argumentativa en que se basa la jerarquía católica, se encuentra en el documento “Educar para una nueva sociedad” –editado por la CEM en 2012–, en donde sus exigencias no dejan lugar a interpretaciones: “El Estado está llamado a respetar y promover el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas […]. Queda un largo camino para cambiar no sólo algunas leyes, sino la mentalidad de los responsables de la política educativa en orden a garantizar y respetar las libertades para todos y el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos” (p. 98).
Ante tales pretensiones, merece la pena recordar que en nuestro país nadie es perseguido a causa de sus creencias religiosas ni el Estado las limita. Son los padres de familia –y no el Estado ni las escuelas públicas– los responsables de la instrucción religiosa de sus hijos, si así lo desean. Constitucionalmente, no puede el Gobierno federal hacer el trabajo de catequesis, con recursos del erario, en las escuelas oficiales: esto equivaldría a quebrantar el Estado laico (artículos 3, 40, 115 y 130 constitucionales, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), y suscitar con ello casos de discriminación religiosa en perjuicio de los niños pertenecientes a las minorías.
Uno de los argumentos que ha esgrimido el Episcopado para justificar su añeja pretensión, es que la Constitución debe “ajustarse” a los tratados internacionales firmados por México –sobre todo al Pacto de San José (1969)–, que en su artículo 12 señala: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En este tratado –debe precisarse– jamás se establece que la educación religiosa debe impartirse en las escuelas públicas ni que debe ser financiada por el Estado: los padres de familia, si así lo desean, pueden inculcar la religión de su preferencia a sus hijos en el hogar o en los templos –espacios destinados para tal fin–, jamás en la escuela laica.
Cabe recordar que la educación laica en nuestro país ha sido una de las conquistas sociales más preciadas por generaciones de mexicanos. La Constitución de 1917, establece la laicidad de la enseñanza pública (desde el preescolar hasta la educación superior), de ahí la importancia que el Gobierno federal cumpla y respete –y haga cumplir y respetar–, a través de la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. En este sentido, el Gobierno federal no debe ceder ante ningún tipo de presión o chantaje de quienes pugnan por eliminar y sustituir dicho modelo educativo, que, dicho sea de paso, ha sido un antídoto contra la discriminación.
Si se llegara a permitir la impartición de educación religiosa en las escuelas oficiales, como pretende el Episcopado Mexicano, ello implicaría un retroceso –o involución– que sumiría al país en la polarización social. Por un lado, las libertades de los niños pertenecientes a las minorías religiosas –o no creyentes– se verían profundamente afectadas: la discriminación, la intolerancia y la violación a sus derechos humanos a causa de sus creencias, tendría un impacto negativo, cuando la escuela es un espacio público y laico.
En este tenor, Carlos Monsiváis escribía: "La supresión del carácter laico de la educación pública es defendida por grupos de pronunciamientos incesantes y muy intolerantes. Su prédica puede tener consecuencias nefastas al reimplantar alternativas en materia de creencias […]. No siempre las voces que claman por mayor libertad religiosa están dispuestas hacerle extensiva al resto de las demás confesiones en el país”.
Nos encontramos, pues, ante una más de las batallas en defensa de la educación laica en nuestro país. Las instituciones de educación superior y el Magisterio, los legisladores, intelectuales y académicos, más allá de sus diferencias, deben permanecer unidos en defensa de esta conquista social. De ello depende el régimen de libertades que queremos heredar a nuestros hijos. Y es que una de las funciones y razón de la educación laica, es la de proteger los derechos y libertades de las minorías. Ni más ni menos.
El Occidental, 17 de junio de 2014, p. 6A.
Nueva cruzada a favor de la educación re
Recibí como un regalo especial este libro. Lo conservo con aprecio.
En mayo de 1997 —lo recuerdo bien— recibí un regalo que conservo con singular aprecio: el libro "Volver a los medios. De la crítica a la ética", de Raúl Trejo Delarbre (Ed. Cal y Arena, México, 1996). En esta obra, el autor propone el regreso de la ética a los medios de comunicación: que estos no se conviertan "espacios para que se propaguen rumores, errores y calumnias" (p. 63), opacando así el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, garantizada por el Estado mexicano con los límites establecidos por la ley.
"Muy a menudo –escribe el autor– la prensa suele acusar sin pruebas [...]. Además, no ofrece ningún dato, ni da a conocer las fuentes de sus informaciones [...]. La propagación de rumores, la adulteración de acontecimientos e incluso la calumnia y las mentiras son frecuentes" (p. 17). Y agrega: "Lo peor del rumor es la insidia que despierta. Aunque se le sepa falso, habrá quienes estén dispuestos a escucharlo y hasta darle alguna credibilidad" (p. 70). Las campañas mediáticas de linchamiento moral en contra de instituciones y personajes públicos –con base en rumores sin verificación o en calumnias– son prueba de ello. Ante tal escenario, diversos académicos e intelectuales coinciden con la tesis citada.
Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, escribe: "Todos los días, una legión produce noticias falsas, ataca la fama pública de alguien, condena sin pruebas, se hace eco de rumores escandalosos o directamente incurre en lo que la ley califica como calumnia, difamación y daño moral. La ley no contiene a esta legión ni es posible, en la práctica, proceder legalmente contra ella. Una regla no escrita de los jueces es no sancionar periodistas. Una de las resignaciones del público es no demandarlos, habida cuenta de que, como sabe el más inexperto abogado, es casi imposible ganarle un pleito legal a la prensa" (Público, 11 de septiembre de 2000, p. 20).
Jesús Silva-Herzog Márquez, por su parte, apunta que hay en México "una auténtica licencia para mentir, que se otorga a las castas de periodistas. Pueden mentir, engañar, deshonrar, injuriar, falsear, calumniar sin merma alguna en su vida profesional […], atreverse a afirmar lo inverificado, arriesgarse a afirmar contundentemente lo que es una especulación porque el trabajo periodístico no puede detenerse ante los fastidios de la comprobación” (Público, 25 de septiembre de 2000, p. 19). Lo anterior, en otros países, sería inadmisible: nadie podría lanzar acusaciones sin respaldarlas con pruebas o sin sufrir un juicio por calumnias y difamación.
La escritora Ikram Antaqui refiere que “los periodistas deben investigar, luego comprobar, luego pesar las consecuencias de sus actos. Desgraciadamente, algunos de ellos no conocen la presunción de inocencia. Para ellos sólo hay la presunción de culpabilidad y la publicidad mediática..." (El Universal, 11 de septiembre de 2000, p. 28). Si bien es cierto que los mexicanos demandamos y apreciamos un periodismo objetivo, de denuncia, crítico y propositivo –en donde las opiniones personales no se consideren verdades absolutas–, “volver a los medios” resulta una propuesta seria para la reflexión y el análisis.
En contraste, me felicito por ser un colaborador en las páginas editoriales de El Occidental. La objetividad periodística, el compromiso con los ciudadanos, el respeto por los lectores y el profesionalismo de quienes colaboran en esta casa editorial (director, subdirector, editores, reporteros y columnistas), es digna de presumirse. Ética y libertad de expresión se fusionan con una finalidad: informar a los lectores el acontecer cotidiano. No por nada, El Occidental es uno de los diarios locales con mayor tradición y credibilidad en nuestra entidad. 72 años al servicio de la comunidad lo respaldan. ¡Enhorabuena, pues!
El Occidental, 5 de junio de 2014, p. 7A.
Volver a los medios.pdf
El 11 de junio de 2009, el escritor Carlos Monsiváis visitó la colonia Hermosa Provincia (Guadalajara), en donde presentó, ante ministros de Culto de la Iglesia La Luz del Mundo, profesionistas y jóvenes, el libro "El Estado laico y sus malquerientes" (Debate-UNAM, México, 2008), de su autoría.
Ante un copioso auditorio –que rebasó los mil 500 asistentes–, el maestro Monsiváis, después de hablar de la historia del Estado laico, relató que en la segunda parte de su libro insertó diversos casos de intolerancia religiosa perpetrados en contra de minorías religiosas en nuestro país. En algunos casos –advirtió– "la sangre ha llegado al río". Citó como ejemplos la persecución a las comunidades evangélicas, la destrucción de sus templos, los desplazamientos enteros a otros poblados, los linchamientos sufridos a causa de sus creencias...
Aunque los estudiosos del campo religioso han focalizado como epicentro de la intolerancia a los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla e Hidalgo, la realidad contrasta con lo anterior. La discriminación religiosa está presente en todos los rincones del país, incluidas las zonas urbanas. Por si fuera poco, la indolencia de las autoridades competentes ante dichas prácticas no es un asunto menor. Está documentado que, en lugar de aplicar la ley ante la comisión de delitos, prefieren optar por que se "privilegie" la negociación entre las partes involucradas. Sobra decir que en estos casos queda sin efecto toda sanción legal en contra de los infractores. Estas prácticas, en síntesis, alientan la impunidad y favorecen el clima de hostilidad en contra de las minorías religiosas en un país donde, paradójicamente, todas y todos los mexicanos tenemos el derecho a no ser discriminados por ningún motivo (artículo primero constitucional).
El maestro Monsiváis, ante tal escenario, cuestionó sin matices el doble discurso ante las minorías religiosas: "¿Por qué, pese al crecimiento notorio de las iglesias minoritarias, el Estado y la sociedad las conocen tan mal y tan despreciativamente, como si los que profesan las otras creencias no merecieran ninguno de los derechos humanos? ¿Tiene algún sentido considerar con tal carga de encono o desprecio a cerca de 15 por ciento de la población, cifra ya conservadora? [...] ¿Por qué ninguno de los grupos que defienden los derechos indígenas se preocupa por mencionar siquiera la persecución religiosa en las comunidades? ¿Por qué fue tan lenta la inclusión de las persecuciones religiosas en el campo de los derechos humanos? [...] ¿Por qué cuando los obispos católicos y los laicos cercanos a su posición hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente? (op. cit., pp. 156-57).
En este contexto, el maestro Monsiváis recordó el sonado caso de intolerancia religiosa que en 2008 vivió la Iglesia La Luz del Mundo en Puerto Vallarta (colonia Buenos Aires), cuando fueron privados de la libertad cerca de 40 miembros de esta asociación religiosa –quienes se encontraban participando en un culto– por un prepotente funcionario público municipal que puso candados y sellos por fuera a las puertas del templo, violando con esta acción los derechos humanos de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños (Cf. EL OCCIDENTAL, 25 de julio de 2008, p. 4A).
En la parte final de su ponencia, el escritor mexicano así concluyó: "Es importante que cada quien, en su lugar de origen y desde su propia palestra, denuncie todo acto discriminatorio. Se debe aprovechar al máximo el uso del Internet para documentar cada caso y darlo a conocer a través de la red mundial. En otras palabras, debemos ponderar ante todo abuso la cultura de la denuncia".
Carlos Monsiváis, cabe recordarlo, vivió en su niñez el flagelo de la intolerancia por pertenecer a una minoría religiosa: "Provengo de una familia con la religión en el centro y una conciencia muy viva de los significados de la disidencia religiosa en México [...]. Entre nosotros era muy profunda y, por así decirlo, histórica la noción de pertenencia, porque te la agudizaba al acoso, el rechazo a tus creencias y a las de los tuyos. Ahora, la libertad de creencias, de cualquier modo y pese a los hostigamientos de la Iglesia católica, es un hecho irreversible [...]. En mi caso, la noción de singularidad religiosa fue tan fuerte que me dio conciencia perdurable de los derechos de las minorías..." (Entrevista a Carlos Monsiváis: Adela Salinas, "Dios y los escritores mexicanos", Nueva Imagen, 1997, p. 94).
Al término de esta ponencia, el maestro Monsiváis acompañó al apóstol de Jesucristo, doctor Samuel Joaquín Flores, Director Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, a un convivio fraterno en el seno de dicha comunidad. La cultura de la denuncia es, en conclusión, una pieza clave en la defensa de nuestro régimen de libertades. Ni más ni menos.
El Occidental, 9 de abril de 2014, p. 7A.
La cultura de la denuncia.pdf
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El Rector y la Benemérita Universidad de Guadalajara
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG).
El 1 de abril de 2013, el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla rindió protesta como nuevo Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el período 2013-2019. En su discurso inaugural señaló que dicha institución "está comprometida con los principios emanados de tres gestas históricas en México: La Independencia, la Reforma y la Revolución, por la que se apuntala la educación pública, autónoma, laica, gratuita y de calidad".
Trabajar en favor de una gestión universitaria "incluyente, propositiva, impulsora de consensos y articuladora de acuerdos y de puertas abiertas al dialogo", elevar la calidad educativa y preservar la educación laica, fueron algunos de los compromisos asumidos por el Rector General en aquella fecha. El Paraninfo Enrique Díaz de León, que lucía pletórico, fue testigo de aquel discurso.
A un año de distancia de su toma de posesión, el maestro Bravo Padilla presentó ayer su Primer Informe de Actividades (2013-2014).
Entre los principales logros de su gestión, enumeró lo siguiente: se abrieron cinco mil lugares nuevos en el nivel licenciatura; el 80% de los aspirantes al nivel medio superior fueron admitidos; la movilidad estudiantil se incrementó en 269 mil alumnos; y el 52% de los académicos se incorporaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que coloca a la Universidad en el cuarto lugar nacional en investigadores de nivel III.
En relación con el compromiso de preservar la educación laica al interior de la UdeG, el Rector General ha cumplido con cabalidad (o responsabilidad institucional) su palabra empeñada. Ha hecho valer -como debe ser- la vigencia del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que advierte que su modelo educativo "se rige por lo dispuesto en el artículo 3º [la educación que imparta el Estado será laica, gratuita y obligatoria y ésta se 'mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa'... basada en los resultados del progreso científico], y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...".
En este tenor, cabe recordar que el compromiso del Rector General con la educación laica no es nuevo ni es discursivo. Está documentado que cuando fue diputado federal en la LX Legislatura y ocupó la presidencia de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados (2006-2009), desde esa palestra defendió con firmeza el carácter laico de la educación pública ante los embates sistemáticos del conservadurismo católico. En otro frente, como columnista, ha escrito diversos artículos de opinión sobre la necesidad de preservar, defender y consolidar el Estado y la educación laica en México.
En 2012, el maestro Bravo Padilla fue uno de los cientos de miles de jaliscienses que se sumaron al rechazo de la polémica reforma del artículo 24 constitucional, al considerar que su principal objetivo "era llevar la religión a las aulas públicas, lo que significa un 'retroceso' para el Estado mexicano". El ahora Rector advirtió entonces: "No veo otro sentido de intención [de la citada reforma] sino el influir en el aspecto educativo, pero tendría que implicar otra reforma constitucional. No debemos nosotros (como Universidad) permitir que esto suceda porque la base del Estado laico es la educación pública y es inaceptable que ahora se empiece a cambiar el sentido de la educación pública [...]. Ahora, una vez hecha la reforma y suponiendo que la mayoría de los estados de la República la convaliden, lo que debemos hacer desde la universidad pública es defender el carácter laico de la educación pública" (La Jornada Jalisco, 30 de marzo de 2012).
Por lo antes reseñado, considero que la gestión del rector Bravo Padilla al frente de nuestra Alma Mater, que tiene visión y rumbo, es positiva. Al respecto, hace un año escribí lo que esperaba de esta gestión: "La llegada del maestro Bravo Padilla a la Rectoría General de la UdeG genera confianza; no sólo en relación con la calidad educativa que esperamos favorezca a nuestros jóvenes, sino a través de la garantía de una educación laica que respete la libertad de pensamiento y de credo del alumnado. Este posicionamiento, sin lugar a dudas, cuenta con el respaldo social de cientos de miles de jaliscienses que, al igual que millones de mexicanos, se oponen al retorno e implantación de un modelo educativo confesional caduco y a etapas oscurantistas ya superadas en nuestro país. (EL OCCIDENTAL, 9 de abril de 2013, p. 6A).
Asumo de nueva cuenta el enunciado anterior y concluyo mi colaboración con las siguientes palabras: ¡Enhorabuena, señor Rector! Ni más ni menos.
El Occidental, 2 de abril de 2014, p. 7A.
El Rector y la Benemérita Universidad de
Efemérides nacionales, ¿en peligro de extinción?
Leí con interés la opinión del licenciado José Socorro Velázquez -un "político de antaño", como él mismo se define-, registrada en entrevista con un medio local, en donde plantea algunas reflexiones dignas de análisis.
El ex legislador alteño y escritor no titubea al definir el perfil de la clase política contemporánea: "Las actuales generaciones que han llegado al Gobierno carecen de identidad ideológica, porque las convicciones se inmolaron en los altares de las conveniencias [...]. Con todos los defectos que pudieran haber tenido quienes hicieron política después de la Revolución, esos hombres también tenían muy claros sus valores (...). En el PRI había convicciones ideológicas, respeto por los valores históricos de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Nuestro antagonista político era el PAN, la derecha; ahora no hay alguna diferencia..." (Mural, 3 de febrero de 2014, página 2C).
Del análisis precedente, estimados lectores, considero que la ausencia de "respeto por los valores históricos" y de "convicciones ideológicas" de la clase política mexicana –con sus honrosas excepciones– es una realidad imposible de ocultar. Las conveniencias sobre las convicciones han dejando de lado (o ignorado) procesos históricos fundamentales en la construcción de la República, el Estado de Derecho y nuestra identidad nacional.
Las reflexiones anteriores vienen a colación en el marco del 97 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, celebrada en la ciudad de Querétaro, que tendrá verificativo el próximo 5 de febrero. A pesar del activo histórico que representa esta efeméride, es constatable que en los últimos años se ha venido restando su importancia, sea por el desinterés de algunas autoridades -en sus tres niveles- o por la interpolación del día de asueto obligatorio en una fecha distinta a la original. Con ello, el Gobierno Federal ha tolerado que distintas efemérides (el inicio de la Revolución Mexicana, la promulgación de las Leyes de Reforma, los natalicios de los héroes patrios, la expropiación petrolera, entre otros), pasen desapercibidas para las nuevas generaciones de mexicanos. Estas omisiones (que son deliberadas) conducen a la desmemoria histórica del pueblo y lo condenan a perder su rumbo, lo que no es un asunto menor.
Para documentar lo anterior, cito un ejemplo de la desmemoria histórica y el desconocimiento de los episodios nacionales de nuestra clase política: la sistemática violación de los artículos 130 (que establece el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias), y 40 de nuestra Constitución Política (que reconoce a nuestro país como una República laica), por parte de gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos al consagrar sus entidades o municipios a sus patronos y devociones religiosas y permitir que los jerarcas católicos participen en el diseño de políticas públicas, exijan intervenir en la educación pública y reciban donativos millonarios del erario para sus proyectos religiosos, quebrantando con ello, además, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, incurriendo en discriminación en perjuicio de las minorías, en un país donde, constitucionalmente, todos los mexicanos tenemos derecho a no ser discriminados (artículo primero).
Sobra decir que la falta de sanciones a estas violaciones a nuestra Constitución Política resulta inadmisible en un auténtico Estado de Derecho. Lo anterior, pues, es el resultado de la ausencia de "respeto por los valores históricos" y de "convicciones ideológicas" de nuestra clase política. En este sentido, el historiador José María Muriá ha advertido que "lo que actualmente sucede es la pérdida del respeto a las ideas, al destino que queremos de país y a la ruta hacia nuestro futuro; es decir, se ha perdido el respeto por el porvenir. (El Occidental, 25 de junio de 2013, p. 6A). Por su parte, el ex gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, lamenta que "la política real no es la que se lee y escribe, se piensa y se imagina, sino la que se vive y practica día a día y que poco tiene que ver con las ideas, los valores y la imaginación (...). Al político profesional, lo que lo excita y mantiene en actividad, es la perspectiva del poder. Los altos objetivos de la actividad política son meras referencias para declaraciones y discursos" (El Informador, 21 de diciembre de 2013).
Considero, en suma, que al celebrar otro aniversario de nuestra Constitución Política, más allá de los discursos oficiales, Gobierno y sociedad debemos reflexionar sobre las conquistas sociales plasmadas en ella y la defensa de su continuidad. Cabe destacar que el carácter laico de la educación pública (artículo 3), la separación del Estado y las Iglesias (artículo 130), y la libertad de religión (artículo 24), fueron logros históricos de singular relevancia que no deben ser revertidos por mezquinos intereses. Este aniversario de nuestra Carta Magna, por lo anterior, debe ser un momento de reflexión y compromiso y no una efeméride que se pierda en la bruma del olvido. Ni más ni menos.
El Occidental, 4 de febrero de 2014, p. 6A.
Leyes secundarias: una agenda pendiente del Congreso
Para el Gobierno Federal, el 2013 fue el año de las "reformas estructurales". Bajo la premisa de modernizar al país, fortalecer la economía nacional e incrementar el poder adquisitivo de los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó —no sin la sombra de la polémica— las reformas educativa, fiscal, política y energética. El siguiente paso, de acuerdo con fuentes gubernamentales, será la confección de las leyes secundarias de estas reformas, programada para este año, cuyos dictámenes serán discutidos y aprobados por el Congreso de la Unión.
Por la trascendencia de estas reformas —que ya han sido aprobadas—, considero que el Senado de la República y la Cámara de Diputados se encuentran ante una oportunidad histórica: convocar a los diferentes sectores de la sociedad a trabajar en la redacción de dichas leyes secundarias. La consulta ciudadana ante estas reformas constitucionales resulta fundamental: la opinión de las universidades públicas, de los especialistas en la materia y de la ciudadanía en general, serán, sin lugar a dudas, un aporte de primer orden en la toma de decisiones que habrán de dar rumbo a nuestro país en las próximas décadas. En este tenor, conviene recordar lo señalado en el artículo 39 constitucional: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste". El destino de la Nación, en suma, no sólo es de la incumbencia de la clase política sino de los mexicanos en su conjunto. La esencia de un Estado democrático consiste en escuchar a sus gobernados.
En relación con lo anterior, estimados lectores, traigo a colación un ejemplo de que es posible —y necesario— el trabajo ciudadano en la redacción de las leyes, al margen de la agenda política. Me refiero en concreto al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, que actualmente trabaja en la redacción de la Ley secundaria del reformado artículo 40 constitucional, que establece que México es una República laica. En conjunto con otras asociaciones civiles (República Laica, CDD, Foro Intereclesiástico Mexicano, etcétera), y con académicos especialistas en la materia, elaboran dicha Ley Reglamentaria.
En este ordenamiento quedará definido con claridad lo que es una República laica y lo que representa la laicidad de las instituciones (los espacios públicos, entre ellos escuelas, edificios gubernamentales, entre otros). También quedarán establecidas las sanciones para todo funcionario que quebrante el Estado laico y sus instituciones, al poner por encima sus creencias religiosas sobre el ejercicio de su función pública, como ocurrió el año pasado con los gobernadores y alcaldes que encomendaron sus administraciones a Cristo Rey o la Virgen de Guadalupe, sin que hayan tenido sanción alguna, pese a que con estas actitudes incurrieron en prácticas discriminatorias y de exclusión en perjuicio de las minorías religiosas y los no creyentes.
El trabajo citado tiene que ver con la preservación de nuestro régimen de libertades, los derechos humanos, el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, la educación laica y el derecho a la no discriminación, ante las intentonas de la jerarquía católica por intervenir en la educación religiosa en las escuelas públicas y promover a sus ministros para cargos de elección popular, entre otras pretensiones.
El ejemplo anterior, la redacción de la Ley secundaria del artículo 40 constitucional, que tiene que ver con libertades y derechos fundamentales (la laicidad es un antídoto contra la discriminación), debe formar parte de la agenda del actual legislatura. El IIJ de la UNAM, ante los embates del conservadurismo católico en contra del Estado laico y la educación laica, es un ejemplo de que la sociedad organizada puede establecer su propia agenda en la defensa de sus libertades y los intereses de la Nación. La Máxima Casa de Estudios del país, en un ejercicio de pluralidad y altura de miras, ha abierto el debate para que se precise con claridad qué es y que no es un Estado laico (desde el punto de vista histórico, sociológico y jurídico), y se refuerce el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, contenido en el artículo 130 constitucional, cuya ley secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ha sido pisoteada por nuestra clase política sin que hasta la fecha existan sanciones ejemplares ante estos hechos. La impunidad ha impuesto su oscura soberanía. El de la UNAM, pues, es un ejemplo ciudadano a seguir... ¡Ni más ni menos!
El Occidental, 14 de enero de 2014, p. 6A.
Leyes secundarias una agenda pendiente d
¿Hacia dónde se dirige la educación pública en México?
Uno de los primeros golpes de timón emprendidos por el Gobierno federal –a principios de este año–, fue la recuperación de la rectoría de la educación pública en nuestro país, detentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante más de dos décadas. Entre otros aspectos, esta responsabilidad comprende los planes y programas de educación básica de los niños y adolescentes.
Al margen de la polémica que la Reforma Educativa encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto ha generado en un sector del Magisterio –de lo que me ocuparé en otra entrega–, considero que merece la pena destacar un apartado de la exposición de motivos de esta reforma: “…es indispensable que en cada centro escolar tenga lugar el aprendizaje orientado a la consecución de [la calidad educativa], y que ésta se produzca en el marco de los principios enunciados por el propio mandato: el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la persona y por la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos” (Cf. El Occidental, 9 de junio de 2013).
En su exposición de motivos, el Gobierno federal apuesta por la continuidad de un modelo educativo laico, público, gratuito e incluyente, tal y como lo señala el artículo tercero constitucional, en donde se establece que la educación que imparta el Estado “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa […] y se basará en los resultados del progreso científico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
En relación con lo anterior, cabe ponderar que la educación laica en nuestro país ha sido una de las conquistas sociales más preciadas por generaciones de mexicanos. Tanto la Constitución de 1857, y ahora la vigente de 1917, establecen el laicismo de la enseñanza pública (desde el preescolar hasta la educación superior). De ahí la importancia que el Gobierno federal cumpla y respete –y haga cumplir y respetar–, a través de la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. En este sentido, el Estado mexicano no debe ceder ante ningún tipo de presión o chantaje de quienes pugnan por eliminar y sustituir dicho modelo educativo, que, dicho sea de paso, ha sido un antídoto contra la discriminación.
Si se llegara a permitir la impartición de educación religiosa en las escuelas oficiales, como pretende el Episcopado Mexicano, ello implicaría un retroceso –o involución– que sumiría al país en la polarización social. Por un lado, las libertades de los niños pertenecientes a las minorías religiosas –o no creyentes– se verían profundamente afectadas: la discriminación, la intolerancia y la violación a sus derechos humanos a causa de sus creencias, tendría un impacto negativo, cuando la escuela es un espacio público y laico. Por otra parte, este escenario sería inconcebible en una República laica, como lo es México (artículo 40 constitucional), en la que todas y todos tenemos el derecho constitucional a no ser discriminados (artículo primero).
En este tenor, Carlos Monsiváis escribía: "Debemos ser cuidadosos del pluralismo de ideas y creencias; pero en el ámbito de la educación básica no conviene confundir otros espacios (…). La supresión del carácter laico de la educación pública es defendida por grupos de pronunciamientos incesantes y muy intolerantes. Su prédica puede tener consecuencias nefastas al reimplantar alternativas en materia de creencias". En otras palabras, no siempre las voces que claman por mayor “libertad religiosa” están dispuestas hacerle extensiva al resto de las demás confesiones en el país.
Nos encontramos, pues, ante las batallas por la educación laica. El Gobierno federal debe hacer su parte. Una de las funciones y razón de ser del Estado laico es la de proteger a las minorías religiosas, así como aquellos individuos que, no siendo creyentes, desean hacer respetar su libertad de conciencia. Por su parte, las instituciones de educación superior y el Magisterio, más allá de sus diferencias, deben permanecer unidos en defensa de esta conquista social. De ello depende el régimen de libertades que queremos heredar a nuestros hijos. Ni más ni menos...
El Occidental, 2 de octubre de 2013, p. 6A.
Hacia dónde se dirige la educación públi

References: artículo 12
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 130