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Timestamp: 2019-06-18 02:46:56+00:00

Document:
SAP Las Palmas 125/2015, 28 de Mayo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 583710858
Número de Recurso: 386/2015
ABUSO SEXUAL. Las declaraciones del acusado tenidas por el Tribunal como carentes de crédito, y como excusas de escasa consistencia, es verdad que no tienen ciertamente valor como prueba de cargo, porque no es al acusado a quien compete probar su inocencia sino a la acusación desvirtuar la presunción de ella. El escaso crédito de las explicaciones del acusado no incrementa el valor de la prueba... (ver resumen completo)
Nº Rollo: 0000386/2015
NIG: 3501643220150007373
Resolución:Sentencia 000125/2015
Proc. origen: Juicio Rápido Nº proc. origen: 0000060/2015-00
Jdo. origen: Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria
Denunciante Raquel
Apelante Gabriel Celia Pedro
Perjudicado Pilar
D./Dª. IGNACIO MARRERO FRANCÉS (Ponente)
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28de mayo de 2015.
Visto en grado de apelación ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas el presente Rollo de Apelación nº 386/2015, dimanante de los autos de Juicio Rápido por Delito número 60/2015, del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, seguidos por un delito de abusos sexuales contra Gabriel, en cuya causa han sido partes, además del citado acusado, representado por el Procurador de los Tribunales don Pedro y bajo la dirección jurídica y defensa de la Letrada doña Celia, el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública; habiendo sido parte en el recurso de apelación el acusado como parte apelante, y como parte apelada el MINISTERIO FISCAL; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don IGNACIO MARRERO FRANCÉS, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de Juicio Rápido por Delito número 60/2015, en fecha 5 de marzo de 2015, se dictó Sentencia cuyos hechos probados son los siguientes: "De la prueba practicada en el acto de la vista ha quedado acreditado que sobre las 13:00 horas del día 21 de Febrero de 2.015, el acusado Gabriel, mayor de edad, por cuanto nacido el 20 de Octubre de 1.978, con DNI número NUM000 y sin antecedentes penales, se encontró con Pilar, menor de edad, nacida el NUM001 /1997, por una calle no determinada del Barrio de Lomo Apolinario de esta ciudad, ofreciéndose en ese momento a llevarla a su domicilio a bordo del vehículo de su propiedad Renault Clio matrícula .... WJZ .
Que durante el trayecto, el acusado, con evidente ánimo libidinoso, comenzó a preguntarle por su edad, manifestándole "dentro de poco te puedo tirar la caña", para a continuación tocarle los muslos, los pechos y la zona genital, mientras Pilar le apartaba de forma reiterada las manos, hasta que muy nerviosa, bajó del vehículo cuando el acusado lo detuvo cerca del domicilio de ésta.
El acusado estuvo privado de libertad por esta causa los días 21 y 22 de Febrero de 2.015".
Y cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Gabriel, como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y tres meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y prohibición de aproximarse a Pilar
, o a su domicilio en un radio inferior a 500 metros, y de comunicar con ella por tiempo de dos años y tres meses, así como al abono de las costas de este procedimiento.".
Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de don Gabriel, admitiéndose el recurso de apelación en ambos efectos, y dándose traslado del mismo a las demás partes, impugnándolo el Ministerio Fiscal.
Contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de Juicio Rápido por Delito número 60/2015, en fecha 5 de marzo de 2015, se alza la representación procesal de don Gabriel en recurso de apelación, alegando como motivos de impugnación la infracción del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo
24. 2 de la Constitución Española, el error en la valoración de la prueba, infracción de ley por aplicación indebida del artículo 181 del Código Penal, y, así mismo, infracción del principio de proporcionalidad en la fijación de la pena de alejamiento, interesando, en su consecuencia, se dicte una resolución que acuerde revocar la sentencia impugnada en el sentido de acordar la libre absolución de don Gabriel del delito del delito de abusos sexuales por el que ha sido condenado en la instancia, con todos los pronunciamientos favorables.
En primer término, se ha de destacar a propósito del ámbito y operatividad del principio de presunción de inocencia que una reiterada doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo tiene proclamado que "para que se vulnere en el proceso penal el derecho fundamental a la presunción de inocencia ha de existir un vacío probatorio sobre los hechos objeto del proceso y dictarse pese a ello una sentencia condenatoria. Si por el contrario se ha producido en relación con tales hechos una actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ley corresponde tal función( art. 714 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal )" (Cfr. SS TS 4 de Octubre y 30 de Noviembre de 1.996, 12 de Mayo de 1.997 y 22 de Junio de 1.998 )". La STS de 3-Julio-2.000 insiste en la misma línea argumental reiterando que como hasta la saciedad ha venido proclamando la jurisprudencia, para que pueda aceptarse ese principio presuntivo es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bien por falta de pruebas, bien por haberse obtenido de manera ilegal o espuria, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de cosas que2 ante tales pruebas su valoración corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Sala de instancia, de acuerdo con lo establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que trae causa y tiene su razón de ser del principio de inmediación.
En términos de la STS de 17-Junio-2.002 : "El derecho a la presunción de inocencia, presunción interina aunque de imprescindible aplicación, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ). Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal de casación a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos. También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparta de las reglas de la lógica y no es, por lo tanto, irracional o arbitraria. Las posibilidades de realizar esta revisión no suponen una autorización para invadir el campo de la valoración de la prueba, que corresponde al Tribunal de instancia, ante el cual se practica, y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada. Hemos dicho en la STS núm. 20/2001, de 28 de marzo, que "El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales ( SS 7-4-1992, 21-12-1999, etc.)" ( STS núm. 511/2002, de 18 de marzo ).".
En consecuencia, la función revisora encomendada al Tribunal de apelación, respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: Que el Juzgador de Instancia dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración. Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos. Que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba (véanse en tal sentido, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 26 de...

References: artículo
24
 artículo 181
 resolución 
 artículo 24
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 24