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Timestamp: 2019-05-25 19:26:58+00:00

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﻿ SENTENCIA C-706 DE JULIO 6 DE 2005
SENTENCIA C-706 DE 06 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:VULNERACIÓN DEL TRÁMITE LEGISLATIVO PARA QUE UN PROYECTO SE CONVIERTA EN LEY. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "EL ARTÍCULO 443" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 863 DE 2005 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TRIBUTARIAS, ADUANERAS, FISCALES Y DE CONTROL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS".
TEMAS ESPECÍFICOS:ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS, PROYECTO DE LEY, NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, VIGENCIA DE LA LEY TRIBUTARIA
Sentencia C-706 de julio 6 de 2005
Sentencia C-706 de 2005
Ref.: expediente D-5531
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.
Bogotá, D.C., seis de julio del año dos mil cinco.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.415 del 29 de diciembre de 2003. Se resalta lo demandado.
ART. 69.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: Inciso 2º del artículo 85; artículo 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; artículo 242; artículo 243; inciso 2º del artículo 366-1; el artículo 384; el artículo 443; el artículo 499-1; la expresión “y solo deberán discriminar el impuesto en los casos contemplados en el artículo 618” del artículo 511; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artículo 689-1, los literales d) y e) del artículo 869 del estatuto tributario; el artículo 272 de la Ley 223 de 1995; el parágrafo del artículo 121 de la Ley 488 de 1998; el parágrafo del artículo 1º de la Ley 677 de 2001; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002.
Los demandantes consideran que las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 sobre “vigencias y derogatorias” de la Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, deben ser declaradas inexequibles por cuanto dicho texto no se discutió ni aprobó en primer debate en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y solo apareció en la plenaria del Senado de la República. Afirman así mismo que las implicaciones de la derogatoria así introducida no fueron discutidas y que la aparición de dichas expresiones al final del trámite fue abrupta con lo que se vulneraron los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución y en particular los principios de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo, así como el necesario debate de las disposiciones objeto de votación por el Congreso.
Para la interviniente en representación de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario se explica en que dicha norma imponía una limitación en relación con la responsabilidad y pago del impuesto sobre las ventas, al establecer solamente el servicio telefónico y dejar por fuera un sinnúmero de actividades y responsables que se derivan de la utilización de las redes de telecomunicaciones, que por la existencia de la citada disposición dejaban la responsabilidad del gravamen en cabeza del tercero prestador de las redes de telecomunicaciones.
Por su parte, el Procurador General de la Nación estima que no existió vicio alguno en el trámite del artículo 69 de la Ley 863 de 2003, al incluirse por la plenaria del Senado de la República la derogatoria del artículo 443 de la estatuto tributario, pues si bien es cierto que la Constitución Nacional establece que todo proyecto de ley debe surtir cuatro debates, eso no significa que este en su texto y contenido deba ser el mismo durante todo el proceso legislativo. Explica que en este caso no se desconoció el principio de unidad de materia que establece el artículo 158 de la Constitución como tampoco el artículo 161 superior, pues el texto acusado no fue objeto de conciliación.
Así las cosas, la Corte en el presente proceso deberá determinar si con la inclusión de las expresiones “el artículo 443” en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 en la plenaria del Senado de la República se vulneraron o no los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución y en particular los principios de identidad y consecutividad en el trámite legislativo, así como el necesario debate de los textos votados por el Congreso.
3.1. La acción de inconstitucionalidad por vicios de trámite fue instaurada dentro del término constitucional.
Esta corporación en reiterada jurisprudencia (4) , ha señalado que por expreso mandato del numeral 3º del artículo 242 de la Carta, las acciones públicas de inconstitucionalidad que se promuevan contra las leyes por vicios de forma caducan en el término de un (1) año (5) .
En el caso objeto de examen, la Ley 863 de 2003 fue publicada en el Diario Oficial 45.415 del 29 de diciembre de 2003 y la demanda de inconstitucionalidad se presentó el 9 de noviembre de 2004, es decir, dentro del término de un año establecido por el constituyente para ejercer la acción por el supuesto desconocimiento de las normas que regulan el trámite legislativo.
Como se señaló por la Corte en la Sentencia C-226 de 2002 (6) la Constitución confiere al Congreso la posibilidad de interpretar, derogar y modificar la legislación existente (C.P., art. 150, ord. 1º). No hay pues duda de esa amplia facultad que ha sido reconocida por esta Corte en innumerables sentencias (7) . Es más, esta corporación ha resaltado que esa potestad derogatoria del Congreso no es una facultad menor del cuerpo legislativo sino que es consustancial a su existencia misma, en la medida en que es una expresión necesaria del principio democrático y de la soberanía popular, que son valores fundantes del Estado colombiano (C.P., arts 1º y 3º). Y es que solo en virtud de su posibilidad de expulsar del ordenamiento, por razones de conveniencia, la legislación existente, pueden las mayorías actuales, representadas en el Congreso, autogobernarse. Por ello, dijo al respecto esta Corte:
“La competencia del Congreso para derogar las normas precedentes encuentra sustento no solo en el hecho de que expresamente la Carta le confiere esa posibilidad a las cámaras (C.P., art. 150, ord. 1º) sino en el propio principio democrático y en la soberanía popular (C.P., arts. 1º y 3º), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, deben ser consideradas inagotables. El legislador actual no puede atar al legislador del mañana, pues esto anularía el principio democrático, ya que unas mayorías ocasionales, en un momento histórico, podrían subordinar a las mayorías del futuro. Esto explica que en el Reino Unido, en donde se considera que el Parlamento es soberano, y por ende ese cuerpo representativo puede hacer todo, salvo cambiar un hombre en mujer, sin embargo la doctrina y la práctica judicial consideran que una ley actual no puede prohibir su derogación por un parlamento posterior, pues admitir esa posibilidad acabaría precisamente con la soberanía misma del parlamento. La derogación de las leyes encuentra entonces sustento en el principio democrático, en virtud del cual las mayorías pueden modificar y contradecir las regulaciones legales precedentes, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades históricas, con base en el juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías efectúen. En materia legislativa, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas” (8) .
Con todo, en el constitucionalismo colombiano, la potestad derogatoria del Congreso, que es amplia y dinámica, no es absoluta, puesto que nuestro ordenamiento no establece el principio de soberanía parlamentaria, como si lo han hecho otros países, como Inglaterra. El legislador se encuentra entonces vinculado a la Constitución, que es norma de normas (C.P., art. 4º), y por consiguiente, al derogar una disposición, debe respetar los preceptos constitucionales (9) .
En ese orden de ideas, si el Congreso, al ejercer su potestad derogatoria, se encuentra vinculado a los principios y mandatos constitucionales, entonces es claro que las disposiciones derogatorias contenidas en las leyes se encuentran sometidas al control ejercido por esta Corte Constitucional, cuando sean demandadas por un ciudadano (C.P., art. 241). Y es obvio que esas cláusulas derogatorias deben ser controladas ya que ellas tienen un efecto normativo preciso, que es restar vigencia a la norma derogada, y por ello modifican materialmente el ordenamiento jurídico. Es más, esta corporación ya había analizado específicamente si procedía o no un control constitucional sobre cláusulas derogatorias, al desestimar una intervención ciudadana que solicitaba a la Corte inhibirse de conocer de una demanda dirigida contra una disposición de tal naturaleza. El ciudadano argumentaba que el control constitucional sobre un artículo que se limitaba a derogar otros artículos era inocuo, porque en realidad esas disposiciones habían agotado su papel, al expulsar del ordenamiento a las disposiciones derogadas, por lo que, en sentido estricto debía concluirse que las cláusulas derogatorias carecían de un contenido normativo propio. La Sentencia C-055 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, rechazó los argumentos del interviniente, pues consideró que las disposiciones derogatorias tenían un contenido propio, que era eliminar la vigencia de una disposición específica, y que en esa medida modificaban el ordenamiento. Dijo entonces la Corte, en el fundamento 6 de esa sentencia:
“En efecto, ¿cuál es la función y el contenido normativo de una norma derogatoria? Como bien lo señala Hans Kelsen, una disposición de este tipo tiene como función “dejar sin efecto la validez, es decir, el deber ser, de otra norma, aniquilando su existencia” (Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 71). Esto significa que el efecto de una norma derogatoria es negar el deber ser de otra norma, esto es, expulsarla del ordenamiento. Por consiguiente, a pesar de que la norma derogatoria agote su objeto una vez promulgada, los efectos de su contenido normativo subsisten, pues la expulsión de las normas derogadas se mantiene en el tiempo, siempre y cuando, obviamente, que la norma derogatoria se ajuste al ordenamiento constitucional.
No es pues cierto que una norma derogatoria cese de producir efectos una vez promulgada ya que ella, al eliminar otras disposiciones, ha producido una transformación del orden normativo. Por eso, como dicen Alchourrón y Bulygin, “el acto de derogar provoca un cambio del sistema: después de la derogación tenemos un nuevo sistema, distinto del anterior (aun cuando ambos pertenezcan a la misma secuencia, es decir, al mismo orden jurídico)” (Carlos Alchourrón. Eugenio Bulygin. Análisis lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 401).
Es pues procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no solo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados (10) . En efecto, esta corporación, en reiterada jurisprudencia (11) y en armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano (12) , ha indicado que en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había derogado o subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los artículos que habían perdido vigencia, como consecuencia de la cláusula derogatoria (13) .
En desarrollo de esa doctrina, esta Corte no solo ha analizado por ejemplo si determinadas disposiciones derogatorias desconocían o no el principio de unidad de materia, o el principio de identidad (14) , sino que incluso ha declarado la inexequibilidad de algunas de ellas.
Así por ejemplo, la Sentencia C-659 de 2000 (15) , declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 3º de la Ley 54 de 1983, por violar el artículo 158 de la Carta sobre unidad de materia, ya que concluyó que no existía ninguna relación directa, causal o conexa, entre las normas derogadas, y la materia general de la Ley 54 de 1983 (16) .
Para efectos de la presente sentencia resulta pertinente recordar que cuando se trata de analizar el respeto de los referidos principios de unidad de materia y de identidad —que como más adelante se recuerda no son lo mismo— por normas de carácter derogatorio, el examen que corresponde hacer a la Corte no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos respectivos estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las comisiones y en las plenarias de las cámaras, sino que lo que es preciso establecer es si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates (17) .
“Cuando se trata de analizar si la derogación expresa de normas legales vulnera o no dicho principio, la Corte debe en primer término determinar cuál es el contenido del precepto que es objeto de derogación, luego precisar cuál es el tema dominante regulado en la ley que consagra la derogatoria, y finalmente, deducir si entre el contenido genérico de la ley derogatoria y la norma derogada existe conexidad. Esta corporación en reciente sentencia (18) señaló al respecto que el análisis constitucional en estos casos “no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos derogados estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las comisiones y en las plenarias de las cámaras, pues es preciso establecer si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates”.
En el caso bajo examen se tiene, tal como se dejó anotado en el acápite anterior, que desde que se inició el trámite del proyecto de ley en el Congreso se debatió el tema del impuesto a los vehículos automotores, tocando entre otros puntos, lo relativo a la declaración, recaudo y pago del mismo, la distribución del recaudo, la deducción de impuestos pagados, la internación de vehículos y el impuesto de tales automotores, la autorización al Ministerio de Transporte para fijar los avalúos de los automotores, la base gravable para los vehículos que circulan por primera vez o son importados directamente por el usuario, propietario o poseedor. Entonces, si la norma derogada regulaba la calcomanía que debían portar los vehículos automotores para demostrar el pago del impuesto correspondiente, cómo afirmar válidamente que ello no guarda ninguna relación con el tema tributario consagrado en la ley parcialmente demandada, y más específicamente, con la declaración, recaudo y pago del impuesto de vehículos automotores” (19) .
3.3. Los principios que orientan el desarrollo del trámite legislativo y en particular los principios de identidad y consecutividad.
Al respecto esta corporación ha señalado que el trámite legislativo se guía por los principios de consecutividad e identidad (20) . Conforme al primero, los proyectos de ley deben surtir cuatro debates de manera sucesiva, tanto en comisiones como en plenarias. Con todo, la jurisprudencia ha sostenido que dicho principio está sujeto a las excepciones plasmadas en la Constitución y en la ley (21) . Ejemplo de ellas son las sesiones conjuntas de las comisiones de una y otra cámara para dar primer debate a un proyecto de ley, y la simultaneidad del segundo debate, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992 (22) .
En virtud del principio de consecutividad, tanto las comisiones como las plenarias de una y otra cámara están en la obligación de estudiar y debatir todos los temas que hayan sido puestos a su consideración y no pueden obviar el cumplimiento de ese deber constitucional ni trasladar su competencia a otra célula legislativa para que un asunto sea considerado en un debate posterior. Así, la totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser discutido y aprobado o improbado por la comisión constitucional permanente o por la plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones modificatorias o aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las supresiones, deben igualmente ser objeto de discusión y votación, salvo que el autor de la propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o a modificaciones (L. 5ª/92, art. 111).
Este principio rige en los sistemas constitucionales modernos como garantía de que no se elude el principio democrático y el efectivo ejercicio de la función legislativa por ambas cámaras” (23) .
Lo anterior no significa que el texto deba permanecer idéntico de principio a fin del debate parlamentario. El concepto de identidad (24) comporta más bien que entre los distintos contenidos normativos que se propongan respecto de un mismo artículo exista la debida unidad temática (25) . Tal entendimiento permite que durante el segundo debate los congresistas puedan introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren necesarias (C.P., art. 160), siempre que durante el primer debate en la comisión constitucional permanente se haya discutido y aprobado el tema a que se refiera la adición o modificación (26) . Lo anterior implica darle preponderancia al principio de consecutividad, en cuanto es factible conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin afectar la esencia misma del proceso legislativo (27) .
En efecto, la Carta autoriza la introducción de modificaciones o adiciones al proyecto de ley durante el segundo debate de cada cámara. En este sentido es posible entonces que bajo la forma de adición o modificación se incluya un artículo nuevo. La exigencia que el ordenamiento impone es que el tema específico al que se refiera la modificación o adición haya sido debatido y aprobado durante el primer debate. En ese orden de ideas, es claro que la facultad de introducir modificaciones y adiciones se encuentra limitada pues debe respetarse el principio de identidad, de forma tal que esos asuntos estén estrechamente ligados a lo debatido y aprobado en comisiones (28) .
“5.2.7. Por este aspecto, no sobra precisar que una cosa es el principio de identidad legislativa, mediante el cual se busca que los cambios introducidos en plenarias guarden relación con los diversos temas tratados y aprobados en primer debate, y otra muy distinta el principio de unidad de materia, con el que se persigue garantizar que los artículos que conforman la ley estén directamente relacionados con la materia general que la identifica y que justifica su expedición. Por eso, a pesar de que tales principios son concordantes y están íntimamente relacionados, en esencia persiguen objetivos diversos que terminan por complementarse en procura de garantizar el principio democrático y el régimen jurídico de formación de las leyes diseñado por el constituyente. Así, es claro que mientras el principio de unidad de materia se limita a exigir que exista coherencia temática en todo el articulado de la ley, con lo cual se impide que en cualquier instancia legislativa se incorporen contenidos normativos ajenos al sentido de la ley, el principio de identidad obliga a que las modificaciones o adiciones que surjan en plenarias se refieran a los distintos asuntos o temas que, dentro del contexto general de la ley, se aprobaron en primer debate” (29) .
“10. Determinada la etapa del proceso legislativo —debate de la plenaria de la Cámara de representantes— en la que fue incluido el artículo 112 acusado en el que se establece la cuenta única notarial debe la Corte determinar si ello era posible a la luz de la Constitución.
Por ser en efecto la cuenta única notarial un tema específico, autónomo y separable de los otros temas del proyecto de ley que concluyó con la expedición de la Ley 788 de 2002, dicho tema ha debido ser objeto de debate por dichas comisiones constitucionales, así como por las plenarias de cada cámara” (30) .
3.4. El trámite surtido en el Congreso de la República para la expedición del artículo 69 de la Ley 863 de 2003.
Con fundamento en las certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de representantes, así como en los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición del artículo 69 de la Ley 863 de 2003 “por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, fue el siguiente:
3.4.1. El proyecto de ley junto con la exposición de motivos fue presentado en la secretaría general de la Cámara de Representantes por el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público el día 5 de noviembre de 2003, fue radicado bajo el 155 de 2003 –Cámara- y 134 de 2003 –Senado- y se publicó en la Gaceta del Congreso 572 del jueves 6 de noviembre de 2003 (págs. 1-27).
“ART. 53.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: inciso 2º del artículo 85, numeral 5º del artículo 206; inciso 2º del artículo 366-1, el artículo 468-1; parágrafo del artículo 476; el artículo 477, el artículo 499-1; el artículo 511; los numerales 6º y 7º del artículo 530; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651 del estatuto tributario; el artículo 10 de la Ley 26 de 1989; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002; el artículo 129 de la Ley 812 de 2003”.
3.4.2. La ponencia para primer debate fue repartida a las comisiones conjuntas tercera y cuarta constitucionales permanentes de Cámara y Senado y se publicó en la Gaceta del Congreso 634 del 27 de noviembre de 2003. El texto no contenía en el artículo 95 “Vigencias y Derogatorias” (capítulo VII), la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario. Dicho texto era del siguiente tenor:
“ART. 95.—Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: inciso 2º del artículo 85; 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; numeral 5º del artículo 206; inciso 2º del artículo 366-1; el artículo 477; el artículo 499-1, la expresión: ‘y solo deberán discriminar el impuesto en los caso contemplados en el artículo 618’ del artículo 511; la expresión: ‘los papeles comerciales con vencimiento menor a un año’ del numeral 6 del artículo 530; la expresión: ‘las órdenes de compra o venta de bienes o servicios’ del numeral 52 del artículo 530; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artículo 689-1 del estatuto tributario; el artículo 10 de la Ley 26 de 1989; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002; el artículo 129 de la Ley 812 de 2003”.
3.4.3. El Proyecto de Ley 155 de 2003 –Cámara-, 134 de 2003 –Senado- “por medio de la cual se establecen normas tributarias, aduaneras y fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas” se acumuló al Proyecto de Ley 035 de 2003 –Cámara- “por la cual se elimina la retención del 3% a la remesas y giros que envían a sus familias los colombianos que trabajan en el exterior”. El texto del proyecto acumulado fue publicado en la Gaceta del Congreso 641 del 2 de diciembre de 2003 (págs. 5-8) (fls. 628 a 635, cdno. de pbas. 2 CDR). En dicho texto en el artículo de vigencias y derogatorias tampoco figuraba la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario.
3.4.4. La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 134 de 2003 –Senado- 155 de 2003 -Cámara-, “por medio de la cual se establecen normas tributarias, aduaneras y fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas” acumulado al Proyecto de Ley 035 de 2003 –Cámara- “por la cual se elimina la retención del 3% a la remesas y giros que envían a sus familias los colombianos que trabajan en el exterior” fue repartida a las comisiones conjuntas tercera y cuarta constitucionales permanentes de Cámara y Senado y se publicó en la Gaceta del Congreso 646 del 3 de diciembre de 2003 (págs. 5-10).
La discusión de la referida ponencia se efectuó en las sesiones del 3, 4, 9, 10 y 11 de diciembre de 2003 según consta en las acta 03, 04, 05, 06 y 07 de las mismas fechas respectivamente, publicadas en la Gacetas del Congreso 196, 197 y 198 del 14 de mayo de 2004 (31) .
En la sesión del 11 de diciembre de 2003 se procedió a la votación del artículo sobre vigencia y derogatorias (32) . Al respecto consta en el acta 198 del 14 de mayo de 2004 lo siguiente:
• Numeral 5º del artículo 206 del estatuto tributario.
• Artículo 477 del estatuto tributario.
• La expresión: “Los papeles comerciales con vencimiento menor a un año” del numeral 6º del artículo 530 del estatuto tributario.
• La expresión: “Las órdenes de compra o ventas de bienes o servicios” del numeral 52 del artículo 530 del estatuto tributario.
• Artículo 10 de la Ley 26 del 89.
• Artículo 202 del estatuto tributario, en lo referente a usuarios industriales de bienes.
• Artículo 203 del estatuto tributario, en lo referente a usuarios industriales de bienes.
• Artículo 242 y 243 del estatuto tributario.
• Literales k) y m) del artículo 322 del estatuto tributario, en lo referente a usuarios industriales de bienes.
• Artículo 384 del estatuto tributario.
• Literales d) y e) del artículo 869 del estatuto tributario.
• El inciso 1º del artículo 15 en lo referente a usuarios industriales de bienes y el artículo 16 en lo referente a usuarios industriales de bienes de la Ley 109 de 1985.
• Artículo 272 de la Ley 223 de 1995.
• Parágrafo del artículo 121 de la Ley 488 de 1998.
• Artículo 85 de la Ley 633 del 2000.
• El parágrafo del artículo 1º de la Ley 677 del 2001.
Con la venia del señor presidente, en las derogatorias que acaba de leer el senador Zapata quedarían derogadas las tablas de renta y retención en la fuente. ¿Por qué se había escrito así? Porque estábamos homologando en una proposición las tablas de retención y de renta aplicables para el año 2004, de manera que se debería aprobar esta proposición para que quede derogado el artículo anterior.
3.4.5. La Plenaria del Senado de la República adelantó el segundo debate al Proyecto de Ley 134 de 2003 –Senado- 155 de 2003 -Cámara-, acumulado al Proyecto de Ley 035 de 2003 –Cámara- “por la cual se elimina la retención del 3% a la remesas y giros que envían a sus familias los colombianos que trabajan en el exterior” con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso 691 del 18 de diciembre de 2003 (págs. 14 a 16).
“— Se corrige la derogatoria del inciso 2º del artículo 85, precisando que es del estatuto tributario y no de la Ley 633 de 2000, como aparece en el texto aprobado en primer debate.
— Se retiran de las derogatorias el artículo 212 del estatuto tributario en lo referente a usuarios industriales de bienes; el literal k) del artículo 322 del estatuto tributario; el artículo 16 de la Ley 109 de 1985 y el artículo 129 de la Ley 812 de 2003, los cuales continúan vigentes.
— Se adiciona un inciso para precisar que la derogatoria de los artículos 213 en lo referente a usuarios industriales de bienes; literal m) del artículo 322 del estatuto tributario; el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 109 de 1985 en lo referente a usuarios industriales de bienes, operará a partir del 31 de diciembre del año 2006”.
“ART. 72.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: inciso 2 del artículo 85; artículo 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; artículo 242; artículo 243; inciso 2º del artículo 366-1; el artículo 384; el artículo 499-1; la expresión “y solo deberán discriminar el impuesto en los casos contemplados en el artículo 618” del artículo 511; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artículo 689-1, los literales d) y e) del artículo 869 del estatuto tributario; el artículo 272 de la Ley 223 de 1995; el parágrafo del artículo 121 de la Ley 488 de 1998; el parágrafo del artículo 1º de la Ley 677 de 2001; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002.
A partir del 31 de diciembre de 2006, se derogan el artículo 213; literal m) del artículo 322 del estatuto tributario y el artículo 15 de la Ley 109 de 1985 en lo referente a usuarios industriales de bienes de las zonas francas”.
La citada ponencia fue discutida y aprobada en sesión plenaria extraordinaria del 20 de diciembre de 2003 por mayoría de los presentes, según consta en el acta 25 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso 27 del 9 de febrero de 2004 y según certificación expedida por el Secretario General del Senado del República del cuatro (4) de mayo de 2005 (33) .
Bueno, no nos queda sino el artículo 72, pero yo les pido un minuto de paciencia y terminamos; regálenos cinco minutos, que es el tiempo que nos requerimos para tratar de que 2 ó 3 artículos, porque no parecen ser más con los cuales tenemos una discrepancia en Cámara, puedan conciliarse, y terminamos sin necesidad de tener que conciliar la reforma.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto 134 de 2003 Senado, 155 de 2003 Cámara, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios. La presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos responden afirmativamente.
3.4.6. La plenaria de la Cámara de representantes adelantó el segundo debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso 692 del 18 de diciembre de 2003 (págs.1-40) al Proyecto de Ley 155 de 2003 –Cámara-, 134 de 2003 –Senado- acumulado al Proyecto de Ley 035 de 2003 -Cámara- (34) .
“Derogatorias
— Se modifica el artículo 78 del proyecto sobre vigencia y derogatorias de la siguiente forma:
— Se corrige la derogatoria del inciso 2º del artículo 85, precisando que es del estatuto tributario y no de la Ley 633 de 2000, como en el texto aprobado en primer debate.
“ART. 72.—Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: inciso 2º del artículo 85; artículo 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; artículo 242; artículo 243; inciso 2º del artículo 366-1; el artículo 384; el artículo 499-1; la expresión ‘y solo deberán discriminar el impuesto en los casos contemplados en el artículo 618’ del artículo 511; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artículo 689-1, los literales d) y e) del artículo 869 del estatuto tributario; el artículo 272 de la Ley 223 de 1995; el parágrafo del artículo 121 de la Ley 488 de 1998; el parágrafo del artículo 1º de la Ley 677 de 2001; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002.
La citada ponencia fue discutida y aprobada por mayoría de los presentes en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2003 según consta en el acta 088 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 42 del 24 de febrero de 2004 (págs. 46 a 50) (fls. 696 a 711, cdno. de pbas. 2) y según certificación del tres (3) de mayo de 2005, expedida por el secretario general de la Cámara de representantes.
Nos sentamos, por favor, nos sentamos honorables representantes, a ver el doctor Ovidio Claros, el doctor Germán Viana porque no me ayudan por favor, el doctor Alexander López, doctor Wilson Borja, porqué no me colaboran sentándose.
(...)” (35) (resaltado fuera de texto).
3.4.7. En la Gaceta del Congreso 700 del 26 de diciembre de 2003 se publicó el informe de la comisión accidental y el acta de conciliación del Proyecto de Ley 155 de 2003 –Cámara- acumulado al 035 de 2003 –Cámara-, en donde se solicitó a las Plenarias de Cámara y Senado acoger como texto definitivo del proyecto el aprobado en la Sesión Plenaria del Senado de la República en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2003.
Dicho informe fue aprobado en sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2003 según consta en el acta 089 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 36 del 19 de febrero de 2004 (págs. 46 a 50) y según certificación del tres (3) de mayo de 2005, enviada por el Secretario General de la Cámara de representantes (fl. 1-3, cdno. de pbas. 1).
3.4.8. En la Gaceta del Congreso 699 del 26 de diciembre de 2003 se publicó el informe de la comisión accidental y el acta de conciliación del Proyecto de Ley 134 de 2003 –Senado, en donde se solicitó a las Plenarias de Cámara y Senado acoger como texto definitivo del proyecto el aprobado en Plenaria del Senado de la República en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2003.
El citado informe se votó por la Plenaria del Senado de la República en sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2003 según consta en el acta 26 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 28 del 9 de febrero de 2004 (págs. 46 a 50) (fls. 696 a 71l, cdno. de pbas. 2).
Para los demandantes las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución por cuanto las mismas se habrían introducido de manera abrupta al final del trámite legislativo del proyecto que se convertiría en la Ley 863 de 2003 en desconocimiento de los principios de identidad y consecutividad y sin que las plenarias hicieran debate alguno sobre el sentido y alcance de la derogatoria por ellas efectuadas.
4.1. Al respecto de las pruebas que obran en el expediente y en atención al recuento hecho sobre el trámite surtido para la aprobación del artículo 69 de la Ley 863 de 2003, la Corte constata que i) en el proyecto de ley presentado a consideración del Congreso por el Gobierno Nacional se incluyó un artículo sobre vigencias y derogatorias que aludió a diferentes normas del estatuto tributario, dentro de las cuales no se encontraba el artículo 443 del estatuto tributario, ii) En la ponencia para primer debate, si bien se incluyeron modificaciones al artículo sobre vigencia y derogatorias no se introdujo ninguna modificación respecto de la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario iii) La acumulación del Proyecto de Ley 155 de 2003 -Cámara- 134 de 2003 -Senado- “por medio de la cual se establecen normas tributarias, aduaneras y fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas” con el Proyecto de Ley 035 de 2003 -Cámara- “por la cual se elimina la retención del 3% a la remesas y giros que envían a sus familias los colombianos que trabajan en el exterior” y la publicación de un nuevo texto tampoco comportó modificación del artículo sobre derogatorias y vigencias relativa a la inclusión del artículo 443 dentro de las normas a derogar; iv) En la nueva ponencia para primer debate presentada a las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Cámara y Senado si bien se introdujeron y se retiraron del listado de normas objeto de derogatoria diferentes artículos del estatuto tributario, dentro de los mismos no se incluyó el artículo 443 del mismo estatuto; iii) La comisiones conjuntas terceras y cuartas de Cámara y Senado aprobaron un artículo sobre derogatorias y vigencia que no contenía las expresiones acusadas, al tiempo que ninguna proposición en ese sentido fue aprobada ni negada por dichas comisiones. iv) Las ponencias para segundo debate introdujeron algunas aclaraciones, adiciones y exclusiones en el artículo sobre derogatorias y vigencia que no incluyeron al artículo 443 del estatuto tributario; v) La plenaria del Senado de la República en la sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2003 aprobó una proposición tendiente a incluir en el artículo de vigencia y derogatorias las expresiones “el artículo 443” del estatuto tributario. El autor de dicha proposición se limitó a señalar lo siguiente: “hay una proposición para hacer una pequeña modificación en el artículo 72 de vigencias derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones 443 del estatuto tributario, se deroga el artículo 443 del estatuto tributario con lo cual se sigue la regla general que implica que quien preste el servicio respectivo es el responsable del IVA. Esta regla se encuentra establecida en el artículo 437 del estatuto tributario, simplemente con esta modificación se aprueba el...”. Acto seguido sin ninguna discusión se aprobó la proposición; vi) en la sesión plenaria del 20 de diciembre de 2003 de la Cámara de representantes, se informó a los honorables representantes que el artículo 72 relativo a la vigencia y derogatorias que había sido aprobado por dicha corporación no incluía la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario, que sí había sido aprobada por la plenaria del Senado de la República, en consecuencia se solicitó reabrir la votación de dicho artículo para el efecto. Al respecto consta en el acta de dicha sesión plenaria simplemente lo siguiente: “Señor Presidente, el artículo 72 nosotros lo aprobamos sin una derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario, que se refiere a quién es el responsable del IVA en la facturación de los servicios de larga distancia. El Senado derogó el artículo 443 del estatuto tributario, le pido a su señoría si propone la reapertura del artículo 72 porque es importante esto. Entonces le pido poner en consideración el artículo 72. Dirección de la sesión por Presidencia doctor Alonso Acosta Osio: En consideración la reapertura del artículo 72. Se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria de la Cámara? El Secretario General responde: Así lo quieren, señor Presidente; vii) las discrepancias que se presentaron en relación con el proyecto de ley en relación con otros artículos diferentes al texto sobre vigencia y derogatorias, llevaron a que se diera aplicación al artículo 161 superior y a que finalmente las plenarias de Cámara y Senado acogieran y aprobaran el texto que había sido aprobado por la plenaria del Senado en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2003.
4.2. La vulneración de los principios de identidad y consecutividad.
De lo expuesto para la Corte se desprende claramente que, en relación con las expresiones acusadas contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003, se desconoció el requisito según el cual todo proyecto de ley debe tener efectivamente cuatro debates (C.P., art. 157) y en particular fue desconocido el principio de identidad y consecuentemente el de consecutividad que rige el trámite legislativo.
Es claro en efecto que dichas expresiones —mediante las cuales se incluyó en el artículo sobre vigencia y derogatorias el artículo 443 del estatuto tributario (36) — no fueron objeto de debate ni aprobación por las comisiones conjuntas terceras y cuartas constitucionales.
Si bien puede afirmarse, como lo hace el señor procurador, que en el presente caso se respetó el principio de unidad de materia a que alude el artículo 158 superior por cuanto la derogatoria a que se hace referencia no resulta ajena a la materia general del proyecto y al título finalmente aprobado, a saber, “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, no cabe duda que se desconoció el principio de identidad, que exige que las modificaciones, adiciones o supresiones que se introduzcan por las plenarias de las cámaras guarden identidad, no solo de materia, sino temática (37) , con lo discutido y aprobado en las comisiones permanentes respectivas.
Ahora bien, es claro para la Corte, que ni i) de la existencia desde el inicio del trámite de un artículo sobre vigencias y derogatorias, ii) del hecho de que dentro de los textos aprobados por las comisiones conjuntas terceras y cuartas constitucionales figuren algunos artículos relativos al impuesto a las ventas (38) , se puede concluir que en este caso se haya respetado el principio de identidad.
Al respecto se debe tener en cuenta que en el caso del artículo de vigencia y derogatorias por su misma naturaleza no puede entenderse cumplido el requisito de identidad temática a que se hizo específica alusión en los apartes preliminares de esta sentencia (39) por el simple hecho de que en un proyecto de ley haya existido desde el comienzo del trámite legislativo un artículo que señale la vigencia y establezca las normas que se derogan, pues este es un asunto presente por lo general en todo proyecto de ley. Lo que resulta importante para efectos de considerar dicha identidad son los contenidos específicos de las normas derogadas, que necesariamente deben guardar relación, como igualmente se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia, con los contenidos normativos que durante todo el trámite han sido objeto de debate y votación por el Congreso (40) .
Cabe recordar que esta corporación en la Sentencia C-1113 de 2003 (41) —donde se declaró la inexequibilidad del artículo 112 de la Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones” en lo referente al precepto sobre la “Cuenta Única Notarial”— en un caso muy similar al que ahora se analiza por la Corte, puso de presente que cuando se está en presencia de un tema específico, autónomo y separable de los otros temas de un proyecto de ley, este debe ser objeto de debate por las comisiones constitucionales, así como por las plenarias de cada cámara, sin que baste invocar de manera genérica el cumplimiento del principio de unidad de materia.
Así las cosas la Corte encuentra que en el presente caso asiste razón a los demandantes en cuanto al desconocimiento del principio de identidad y consecuentemente del principio de consecutividad en relación con las expresiones acusadas, por cuanto estas, —que contienen un tema perfectamente autónomo y separable del resto del proyecto debatido—, no fueron objeto de debate y votación en las comisiones conjuntas terceras y cuartas constitucionales como lo exigen los artículos 157 y 160 superiores.
4.3. Ausencia de debate.
“... La Corte Constitucional otorga gran importancia al concepto “debate”, que en manera alguna equivale a votación, bien que ésta se produzca por el conocido “pupitrazo” o por medio electrónico, o en cualquiera de las formas convencionales admitidas para establecer cuál es la voluntad de los congresistas en torno a determinado asunto. La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión —esencial a él— y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la respectiva comisión o cámara.
Entonces, las normas de los artículos 157, 158, 159, 164 y 185 de la Ley 5ª de 1992, consagradas en relación con los proyectos de ley pero extensivas a los de acto legislativo por expresa remisión del artículo 227 Ibídem, en cuanto no solo son compatibles con el trámite de las reformas constitucionales sino adecuadas a él a fortiori, deben ser atendidas de manera estricta” (42) .
En este sentido ha dicho igualmente la Corte que el Congreso de la República tiene dentro del trámite legislativo el deber no solo de votar las iniciativas legislativas sino de debatirlas de forma suficiente (43) con el fin de que esa representación popular tenga una verdadera efectividad en el Estado social de derecho y se garanticen de esa manera el principio democrático y los principios de transparencia y publicidad que deben informar la actividad legislativa (44) .
Ahora bien es claro para la Corte que en el presente caso, como se desprende del resumen hecho del trámite legislativo surtido para la adopción de la Ley 863 de 2003, la aprobación de las proposiciones con las que se decidió incluir las expresiones acusadas en el texto del artículo sobre vigencia y derogatorias no fue objeto de ningún tipo de consideración por parte de las plenarias de Cámara y Senado, en cuanto aparecieron de manera abrupta y sin que se conociera por los congresistas el contenido del artículo que se estaba derogando. Al respecto la constancia dejada por el representante Germán Navas Talero (45) en el sentido de la ausencia de conocimiento y de debate sobre el texto sometido a votación es bastante ilustrativa, así como lo es la constancia dejada en el mismo sentido por varios senadores en la sesión plenaria en que se votó el proyecto en que se contienen las expresiones acusadas (46) .
Es claro entonces para la Corte que no hubo debate respecto de la inclusión de las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 y de esta manera se vició igualmente el trámite legislativo en relación con las referidas expresiones.
Así las cosas, no cabe duda que asiste razón a los demandantes en cuanto a la acusación formulada en contra de las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 por cuanto i) en el presente caso no se respetaron los principios de identidad y consecutividad durante el trámite legislativo y ii) no hubo debate en las plenarias sobre las proposiciones con las que se modificó el artículo relativo a la vigencia y derogatorias en el sentido de incluir la derogatoria del artículo 443 del estatuto tributario, por lo que la Corte declarará la inexequibilidad de las referidas expresiones y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
DECLARAR INEXEQUIBLES las expresiones “el artículo 443” contenidas en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.
(4) Sobre el particular se puede consultar la Sentencia C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) Sobre el particular la Corte en Sentencia C-975 de 2002 precisó lo siguiente: “el término de un año impone un límite a la competencia de la Corte para asumir el conocimiento de las demandas que presenten los ciudadanos contra las leyes, pues en los casos en que el reproche tenga que ver con irregularidades ocurridas en su proceso formativo, es deber del organismo de control constitucional verificar previamente que la acusación se haya formulado dentro del plazo señalado en la norma superior, quedando obligado a producir un fallo inhibitorio si al momento de promoverse la respectiva acción el término de caducidad ya ha sido superado”.
(6) M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet.
(7) Ver, entre muchas otras, las sentencias C-055 de 1996, C-443 de 1997 y C-478 de 1998.
(8) Sentencia C-443 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento 12.
(9) Ver Sentencia C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(10) En ese sentido ver, entre otras las sentencias C-357 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-432 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Jaime Araújo Rentería.
(11) Ver, entre otras, las sentencias C-608 de 1992, C-145 de 1994, C-055 de 1996 y C-1548 de 2000.
(12) Ver, por ejemplo, la sentencia del 22 de mayo de 1974 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Carlos Galindo Pinilla.
(13) La Corte ha precisado que no “revive ipso iure la normatividad anterior cuando ésta es claramente contraria, en términos de tipo de ley que debe desarrollar la materia, a los preceptos constitucionales. En Sentencia C-700 de 1999 la Corte, en ocasión del establecimiento del efecto de sus sentencias, señaló que la inexequibilidad de las normas demandadas que sería declarada en el fallo no revivía las disposiciones anteriores. Consideró la Corte que “Aceptarlo así implicaría admitir que, contra lo expuesto en este fallo, siguieron rigiendo en la materia objeto de regulación por ley marco unas disposiciones dictadas por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias —lo cual está prohibido por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución— o, peor todavía, decretos autónomos preconstitucionales, que hoy ya no pueden fijar las reglas aplicables al asunto del que se trata. Tales decretos habían sido retirados del ordenamiento jurídico por Decreto 1730 de 1991, expedido el 4 de junio de ese año, antes de que principiara la vigencia de la actual Constitución Política”. Auto 126 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(14) Ver entre otras las sentencias C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(16) Ver igualmente la citada Sentencia C-055 de 1996, que estudió si la derogación de ciertas normas relacionadas con la Caja Agraria guardaban una conexidad temática razonable con el tema dominante de la Ley 48 de 1990, que contenía la cláusula derogatoria. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-840 de 2003 y C-670 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(17) Ver, entre otras las sentencias C-950 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(18) Sentencia C-950 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(19) Sentencia C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(20) Consultar entre otras, las sentencias C-801 de 2003 y C-839 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-1113 de 2003, C-1092 de 2003 y C-754 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(21) Sentencias C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz y C-044 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(22) Sobre el debate simultáneo se pueden consultar las sentencias C-140 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-044 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(23) Sentencia C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
(24) Sentencia C-702 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz
(25) Sentencia C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. También se puede consultar la Sentencia C-950 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(26) Sentencia C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
(27) Ver Sentencia C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra.
(28) Sentencias C-008 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-809 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(29) Sentencia C-1147 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(30) Sentencia C-1113 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver la Sentencia C-370 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Álvaro Tafur Galvis.
(31) A folio 3 del cuaderno de pruebas obra una certificación de fecha 2 de mayo de 2005 expedida por el secretario de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República, en donde consta la votación al Proyecto de Ley 14/03-S y 155/03-C en los siguiente términos:
“(...) me permito manifestarle que el Proyecto de Ley 134 de 2003 Senado y 155 de 2003 Cámara, el cual dio origen a la Ley 863 de 2003, fue considerado y aprobado por las Comisiones Económicas del Congreso durante las sesiones de los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2003.
El día 11 de diciembre se inició con la presencia de 8 Senadores, registrándose quórum decisorio y se votó con la presencia de 15 Senadores. (...)”.
(32) A folio 66 del cuaderno principal obra una certificación de fecha 5 de mayo de 2005 expedida por el secretario de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes en donde consta lo siguiente:
“(...) Que en sesión conjunta del día 3 de diciembre de 2003, se anunció la votación del Proyecto de Ley 134/03-S, 115/03-C, acumulado con el Proyecto de Ley 035/03-C: “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, hoy Ley 863 de 2003, que fue discutido y aprobado en Primer Debate los días 4, 9, 10 y 11 de diciembre de 2003.
Que en las discusiones y votaciones para primer debate del proyecto en mención, en el artículo correspondiente a vigencias y derogatorias, no fue incorporada la expresión ‘artículo 443’” (negrilla fuera de texto original).
(33) En relación con dicha votación se dejó la siguiente constancia:
20-XII-2003. Gaceta del Congreso 27 de 2004 en donde se publicó el acta 25 de la Sesión Plenaria Extraordinaria del 20 de Diciembre de 2003.
(34) En la ponencia se hizo una propuesta relativa al artículo de vigencias y derogatorias en el siguiente sentido:
(35) En la Gaceta del Congreso 697 del 26 de diciembre de 2003 (pág. 16), se publicó el texto definitivo del Proyecto de Ley 155 de 2003 –Cámara-, 134 de 2003 –Senado-, acumulado al Proyecto de Ley 035 de 2003 –Cámara- aprobado en segundo debate en sesión plenaria extraordinaria de la Cámara de Representantes, que en lo relativo al artículo de vigencia y derogatorias es del siguiente tenor:
(36) Estatuto tributario Libro III “Impuesto sobre las ventas”, título II “Responsables del Impuesto”, ART. 443.—Responsabilidad en el servicio de teléfono. En el caso del servicio de teléfonos es responsable la empresa que factura directamente al usuario el valor del mismo.
(37) Cfr. Corte Constitucional sentencias C-1113 de 2003 y C–1147 de 2003.
(38) CAPÍTULO III
12.07.20.10.00 Semilla de algodón para la siembra”.
(39) Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias C-702 de 1999, C-1113 de 2003, C-1147 de 2003 y C-754 de 2004.
(40) Ver sentencias C-950 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-1190 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-670 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(42) Sentencia C-222 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(43) Esta corporación, desde sus inicios, ha establecido que una condición necesaria para el debate es la de permitir que los congresistas intervengan en la discusión. Así, la Sentencia C-013 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz dijo la Corte: “Ciertamente la discusión y el debate, aparte de ser deseables intrínsecamente, son connaturales al proceso democrático, el cual puede tornarlos más o menos visibles según el grado de consenso que convoque una determinada idea o proposición. En el plano de la garantía del principio democrático, en el caso presente, este se debe entender respetado como quiera que a los intervinientes en el trámite de adopción de la ley se les brindó en todo momento la posibilidad de controvertir libremente el proyecto”.
(44) Ver Sentencia C-370 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Álvaro Tafur Galvis.
(45) “Intervención del honorable Representante Germán Navas Talero:
Lo lógico sería que conociéramos qué estamos votando que quede constancia”. acta 088 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 42 del 24 de febrero de 2004.
(46) Constancia
“Argüir la importancia de una ley tributaria en un Estado social de derecho, es poco menos que redundante. Así es de contundente su evidencia.
20-XII-2003”. Gaceta del Congreso 27 de 2004 en donde se publicó el acta 25 de la Sesión Plenaria Extraordinaria del 20 de diciembre de 2003.

References: ARTÍCULO 443
 ARTÍCULO 69
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 artículo 85
 artículo 90
 artículo 127
 artículo 242
 artículo 243
 artículo 366
 artículo 384
 artículo 443
 artículo 499
 artículo 618
 artículo 511
 artículo 555
 artículo 651
 artículo 689
 artículo 869
 artículo 272
 artículo 121
 artículo 1
 artículo 61
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 artículo 158
 artículo 161
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 artículo 112
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 Artículo 384
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 Artículo 85
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 artículo 72
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