Source: http://www.scribd.com/doc/16458899/Medicos-ante-Transfusiones-de-Sangre-a-Testigos-de-Jehova
Timestamp: 2015-07-29 12:24:15+00:00

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P. 1Médicos ante Transfusiones de Sangre a Testigos de JehováMédicos ante Transfusiones de Sangre a Testigos de JehováRatings: 4.33 (1)|Views: 12,110|Likes: 34Published by Ernesto SinsectasEL MÉDICO ANTE LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.http://www.fundacion-icomem.org/EL MÉDICO ANTE LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.http://www.fundacion-icomem.org/More info:Categories:Types, Research, Health & MedicinePublished by: Ernesto Sinsectas on Jun 16, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/16458899/Medicos-ante-Transfusiones-de-Sangre-a-Testigos-de-Jehova07/24/2013pdftextoriginal Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid1
EL MÉDICO ANTE LAS TRANSFUSIONES DE SANGREA LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Sin duda una de las situaciones más difíciles de resolver en la práctica, desde el punto devista ético, es aquélla en la que el paciente rechaza voluntariamente un tratamiento médico,en este caso las transfusiones de sangre, atendiendo a sus convicciones o creenciasreligiosas, incluso en casos en los que dichas transfusiones resultan imprescindibles parasalvar la vida del paciente. Y es que ante tal situación de urgencia vital, surgen multitud depreguntas que, en ocasiones, no tienen una respuesta unánime: ¿Es ético que el médico nopreste la asistencia necesaria cuando el paciente se niega voluntariamente a recibir eltratamiento pertinente, aun a sabiendas de que dicho paciente se encuentra en situación deurgencia vital?. ¿Puede el médico obviar la voluntad del paciente, procediendo a transfundir sangre para salvarle la vida? y, en este caso, ¿surgirían responsabilidades para el médico?.¿Tiene el paciente derecho en todo caso, a plantear su objeción de conciencia al tratamientoen cuestión?. ¿Y el médico?, etc.,. Estas son sólo algunas de las cuestiones sin dudapolémicas y respecto de las cuales se tratará en estas líneas de plantear siquiera unaaproximación a los conceptos jurídicos sobre los que se plantean.La raíz de la cuestión podemos situarla en la confrontación entre dos bienes jurídicos oderechos fundamentales de la persona. Por una parte,
que a todosreconoce el artículo 15 de la Constitución, y por el otro,
el libre desarrollo de lapersonalidad
, previsto en el artículo 10 del mismo texto fundamental, dentro del cual seincluye la libertad para disponer del propio cuerpo relacionado a su vez con el principio deautonomía y en último lugar, con el derecho fundamental a la integridad física (artículo 15C.E.). Sin embargo, el hecho de que exista una confrontación entre tales derechos, que hayade resolverse en aquéllos casos en que se plantea, se debe a la inexistencia en nuestroordenamiento jurídico de un “
derecho fundamental a la propia muerte
”, es decir, que elderecho a la vida constituye un derecho fundamental indisponible por la persona, en estecaso por el paciente. El propio
Tribunal Constitucional, en su Sentencia 120/1990
,Fundamento Jurídico nº 7, recuerda que “…..
el derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 C.E., tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho delibertad, que incluya el derecho a la propia muerte…… En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte….”.
Y el mismoTribunal Constitucional señala, en este caso en su célebre
referida a la solicitud de amparo de unos padres de un menor fallecido a causa de lanegativa a aceptar transfusiones de sangre por motivos religiosos, que “
en definitiva, ladecisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino únicamente unamanifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional”.
Debemos partir de la base de que la negativa genérica al tratamiento prescrito es un derecholegalmente garantizado (artículo 2.4 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básicareguladora de la autonomía del paciente), de forma y manera que, el resultado que puedaderivarse de esta decisión de
autopuesta en peligro sin riesgo para la vida
, librementetomada por el paciente, derivaría en exclusiva responsabilidad del mismo, al reconocérsele
Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid2
un ámbito de libertad propio y exclusivo. Consiguientemente, el médico no asumirácompetencia o responsabilidad alguna en dicho resultado si respeta aquélla decisión,puesto que a la intervención de terceros (en este caso el propio médico) en tales situaciones,no cabe imputarles resultado alguno. Si por el contrario, el médico ignora la voluntad delpaciente y le impone el tratamiento prescrito, podría incluso llegar a ser responsable de undelito de coacciones.Sin embargo, en el supuesto en el que la autopuesta en peligro, por la libre y voluntariadecisión del paciente de rechazar las transfusiones de sangre por motivos religiosos y unavez prestado el consentimiento pertinente, traiga consigo un riesgo para la vida, la actuacióndel médico respetando tal voluntad, estaría amparada por el carácter justificante delconsentimiento prestado por el paciente y siempre y cuando no existan otros tratamientosalternativos a la transfusión. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas,
Sentencia950/1997
) sostiene que “…..
el adulto capaz puede enfrentar su objeción de conciencia al tratamiento médico, debiéndose respetar su decisión, salvo que con ello se ponga en peligroderechos o intereses ajenos, lesione la salud pública u otros bienes que exigen especial protección……
”. Aquí se presentan también los casos en los que el paciente no puedeoponer su objeción de conciencia al tratamiento prescrito cualquiera que este sea, puestoque primarán sobre su voluntad los “intereses generales” de la salud pública o los derechos ointereses de terceros que se vean afectados por su decisión, como también señala la Ley41/2002.Para quienes consideran que el derecho a la vida es un bien indisponible en cualquier circunstancia, y que merece una protección absoluta y en todo caso mayor que para el restode derechos fundamentales, la conducta del médico que procede a la transfusión de sangreaun en contra de la voluntad libremente manifestada por el paciente, estaría amparada por elestado de necesidad justificante previsto en el Código Penal. Pero, contrariamente, tambiénhay que destacar la opinión que sostiene que imponer coactivamente un tratamientomédico, en el caso que nos ocupa la transfusión de sangre, supondría una lesión grave delderecho a la libertad y a la dignidad de la persona, también derechos fundamentales. Aquéllos que sostienen esta opinión también consideran que la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto (vida y libertad y/o dignidad de la persona) ha de tener en cuenta lasconcepciones sociales vigentes en el momento de tomar una decisión.Por otro lado y a pesar de este planteamiento, en la teoría sí podría llegar a exigírseleresponsabilidades al menos penales (homicidio por omisión, omisión del deber de socorro,etc.,), al médico que respete la voluntad del paciente que haya rechazado la transfusión desangre prestando su consentimiento libre, serio, expreso e inequívoco, en tanto en cuanto elconsentimiento informado dirigido “a la propia muerte” carece de cobertura legal. Convienerecordar en este sentido que el
artículo 11.3 de la Ley 41/2002
antes citada, señala que “
noserán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas
….”. En el mismo sentido, el
señala, en su
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el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del pacientesiempre que sea posible
…” y en el apartado
del mismo artículo, “
el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de peticiónexpresa por parte de éste
”.Por otro lado, e intentando responder a una de las preguntas que se plantearon al comienzode esta columna, si el médico, ante el dilema o conflicto moral que se le plantea, que suponetener que elegir entre el respeto a la voluntad del paciente que ha rechazado la transfusiónde sangre por motivos religiosos cuando esta es absolutamente necesaria para salvarle lavida, y proceder a la transfusión en contra de dicha voluntad, se decide por esta últimaalternativa, podría llegar a ser responsable de un delito de coacciones, de lesiones o hastaincluso de homicidio si es que el resultado final es la muerte del paciente.Consecuentemente, ante la extrema dificultad de resolver estas situaciones y teniendo encuenta que es en el médico sobre quien recae la responsabilidad por las consecuencias desus actos en el ejercicio de su profesión, convendría recordar el derecho que el médico tienea la objeción de conciencia en los casos en que se manifieste un total e irreconciliabledesacuerdo entre su opinión y la del paciente.Todo este supuesto de hecho se ha construido sobre la base de que el consentimiento yvoluntad del paciente Testigo de Jehová mayor de edad que rechaza la transfusión desangre por motivos religiosos, ha sido prestado
sin intenciones suicidas
, porque en casocontrario, sí estaríamos ante un supuesto en el que se justificaría la asistencia de tipocoactivo, procediendo entonces a la transfusión, debiendo basarse el médico que la practicaen el llamado estado de necesidad (artículo 20.5 del Código Penal) y en la existencia de undeber general de auxilio. Si el médico, teniendo conocimiento de las verdaderas intencionesdel paciente, respeta esa voluntad “ficticia” de no aceptar la transfusión, podría llegar a ser responsable de un delito de omisión del deber de socorro, partiendo del hecho de quenuestro ordenamiento jurídico no admite el suicidio y castiga a aquéllos que auxilian ocooperan en el suicidio de otro, lugar en el que se colocaría el médico que actuase de dichaforma. A todo esto, sin duda habría que tener en cuenta otro factor causa y origen de todo el conflictoy que se constituye también en derecho fundamental, como es el de la
libertad religiosa,reconocida constitucionalmente en el artículo 16,
que garantiza la libertad ideológica,religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para elmantenimiento del orden público protegido por la ley, y que ha de ser interpretado deconformidad con lo previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en elPacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A pesar de ello, el Tribunal Supremoen la Sentencia 950/1997 (Rec. Casación nº 3248/1996) citada más arriba, destaca que“…..
la libertad de conciencia y de religión no se garantiza de forma absoluta eincondicionada y, en caso de conflicto o colisión, puede estar limitada por otros derechosconstitucionalmente protegidos, especialmente cuando los que resulten afectados son losderechos de otras personas”,
lo que se contrapone, como se verá posteriormente, con elcriterio del Tribunal Constitucional.
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 artículo 10
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artículo 11
 artículo 16