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Timestamp: 2019-05-20 19:05:07+00:00

Document:
Resolución de TEAF Bizkaia, 014003, 06-04-2017 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 014003 de 06 de Abril de 2017
IRPF. Cobro por rescate, o desempleo de larga duración, y posterior acaecimiento de la contingencia de jubilación . Cobro por jubilación en el futuro.
El consultante es un antiguo empleado de una compañía que, actualmente, se encuentra en situación de desempleo, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo aprobado por aquélla. Según indica, hoy en día, figura como demandante de empleo en Lanbide, sin percibir ninguna prestación por desempleo, ya que la empresa para la que trabajaba le abona una determina renta mensual como desvinculado, y le ingresa un determinado importe, también mensualmente, para que haga frente al Convenio Especial que tiene suscrito con la Seguridad Social. El compareciente es socio de una EPSV del sistema individual y participe de un plan de pensiones empleo. En este contexto, se plantea rescatar los derechos que ostenta en la EPSV, cuando acredite 10 años de permanencia en ella, y cobrar del plan de pensiones de empleo cuando acceda a la jubilación en la Seguridad Social.
Desea conocer la tributación correspondiente a los dos cobros que desea percibir, de la EPSV del sistema individual cuando acredite diez años de permanencia en ella, y del plan de pensiones de empleo cuando acceda a la jubilación en la Seguridad Social.
Con respecto a la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación, el artículo 18 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), según el cual: "También se considerarán rendimientos del trabajo: a) Las siguientes prestaciones: (...) 3.ª Las percepciones que a continuación se relacionan: a) Las cantidades percibidas por los socios de número y los beneficiarios de las entidades de previsión social voluntaria, incluyendo las que se perciban como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad o en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración. No obstante, no se incluirán en la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad, cuando las cantidades percibidas se aporten íntegramente a otra entidad de previsión social voluntaria en un plazo no superior a dos meses. b) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones, incluyendo las cantidades dispuestas anticipadamente en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración, y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo. (...)".
Por su parte, el artículo 19 de la misma NFIRPF regula que: "1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido, con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo: (...) b) En el caso de las prestaciones contempladas en la letra a) del artículo 18 de esta Norma Foral, excluidas las previstas en el número 6.º, que se perciban en forma de capital, la integración de la cantidad percibida se realizará al 100 por 100. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la cantidad percibida en forma de capital se integrará al 60 por 100 en el supuesto de primera prestación que se perciba por cada una de las diferentes contingencias, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación. El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez o dependencia. El tratamiento establecido en este apartado será también de aplicación a las cantidades percibidas en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración. El porcentaje de integración del 60 por 100 previsto en esta letra resultará aplicable igualmente a la primera cantidad percibida por motivos distintos del acaecimiento de las diferentes contingencias cubiertas o de las situaciones previstas en el apartado 8 del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. A los efectos previstos en este apartado se entenderá por primera cantidad percibida el conjunto de las cuantías percibidas en forma de capital en el mismo período impositivo. (...) La cuantía de los rendimientos a que se refieren las letras b) y c) de este apartado sobre los que se aplicarán los porcentajes de integración inferiores al 100 por 100 no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. El exceso sobre el citado importe se integrará al 100 por 100".
En lo que se refiere a las contingencias cubiertas por las EPSV, el artículo 24 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, señala que: "1.- La acción protectora del régimen de previsión social establecido en la presente Ley para las entidades de previsión social voluntaria puede extenderse a alguna o todas de las siguientes contingencias personales: a) Jubilación. La contingencia de jubilación se entenderá producida cuando el socio o socia ordinario acceda efectivamente a la jubilación en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y similares o en función de órgano competente. A estos efectos, la jubilación anticipada, la flexible, la parcial y otras fórmulas equivalentes que en su caso se reconozcan por la Seguridad Social tendrán la consideración de jubilación. Cuando no sea posible el acceso a la jubilación citada en el apartado anterior, la contingencia se entenderá producida a la edad fijada en los estatutos de la entidad, que no podrá ser inferior a los sesenta años, siempre y cuando no se ejerza la actividad laboral o profesional o se cese en ella y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación en ningún régimen de la Seguridad Social. Asimismo, las entidades de previsión social voluntaria de empleo que agrupen a autónomos o a socios trabajadores y de trabajo de sociedades cooperativas y laborales podrán regular el acceso a la prestación de jubilación a partir de los sesenta años, siempre y cuando no se ejerza la actividad laboral o profesional o se cese en ella. (...) e) Desempleo de larga duración. Entendido este como la pérdida de empleo, o cese de actividad en el caso de los trabajadores autónomos, que reúnan las condiciones que se desarrollarán reglamentariamente según los siguientes criterios: -Estar en situación legal de desempleo cobrando la prestación contributiva durante un año, salvo que con anterioridad haya finalizado esa prestación. -En el caso de no percibir prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, la prestación correspondiente podrá percibirse sin transcurso de plazo alguno si se acredita estar en situación legal de desempleo como demandante de empleo. -La prestación será abonada en forma de renta mensual equivalente a las retribuciones de la prestación en su nivel contributivo, salvo que el socio solicite el pago único con fines concretos de fomento de empleo. (...)".
En este punto, ha de tenerse en cuenta que la disposición transitoria primera de la repetida Ley 5/2012, de 23 de febrero, estableció un período transitorio para la adaptación de los estatutos de las EPSV constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, el 7 de marzo de 2012, al regular que: "Las entidades de previsión social voluntaria constituidas con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley deberán adaptar, en su caso, sus estatutos en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del reglamento de la misma. El acuerdo o acuerdos correspondientes para esta adaptación se adoptarán por el voto válido favorable de la mitad más uno de los derechos de voto presentes o representados, no exigiéndose, por tanto, la mayoría cualificada prevista en el artículo 51.2 para la modificación de estatutos".
Desde el 1 de enero de 2016, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, aprobado mediante Decreto 203/2015 de 27 de octubre, relativo al cobro de la prestación por desempleo de larga duración, según el cual: "Cuando la acción protectora de la entidad de previsión social voluntaria cubra la contingencia de desempleo de larga duración, se entenderá éste como la pérdida de empleo, o cese de actividad en el caso de los trabajadores autónomos, bajo las siguientes condiciones: a) Hallarse en situación legal de desempleo. A estos efectos tendrá tal consideración los supuestos de extinción de la relación laboral o administrativa y suspensión del contrato de trabajo contemplados como tales en la legislación de la Seguridad Social. b) No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o, en su caso, haberlas cobrado durante un año o haber agotado dichas prestaciones. El cómputo del año se podrá acreditar aunque los doce meses de desempleo no se produzcan de forma consecutiva. c) Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente. d) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad, también podrán hacerse efectiva la prestación si concurren los requisitos establecidos en las letras b) y c) anteriores".
Además, en el ámbito de los planes de pensiones, la contingencia de jubilación se encuentra delimitada en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, donde se recoge que: "6. Las contingencias por las que se satisfarán las prestaciones anteriores podrán ser: a) Jubilación: para la determinación de esta contingencia se estará a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social correspondiente. Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a partir de los sesenta años de edad, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Los planes de pensiones podrán prever el pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos contemplados en los artículos 49.1 g), 51, 52 y 57.bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (...)".
De conformidad con todo lo anterior, los importes obtenidos de los planes de pensiones y de las EPSV generan rendimientos del trabajo para sus perceptores, los cuales pueden aplicar sobre ellos el porcentaje de integración del 60 por 100 a que se refiere el artículo 19.2 b) de la NFIRPF, arriba transcrito, en la medida en que: a) sean cobrados en forma de capital; b) hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación, salvo en el caso de prestaciones por invalidez o dependencia; y c) se trate de la primera cantidad percibida por cada uno de los conceptos por los que se puede cobrar de los referidos planes de pensiones y EPSV, en el sentido de lo previsto en el artículo 15.2 del RIRPF (esto es, en lo que pueda resultar de aplicación a un supuesto como el planteado, siempre que se trate de la primera cantidad percibida en forma de capital por jubilación, desempleo de larga duración, o por baja voluntaria, una vez acreditados, al menos, 10 años de antigüedad).
Por primera cantidad percibida por cada uno de los referidos conceptos se entiende el conjunto de las cuantías que se obtengan en forma de capital en un único ejercicio. A estos efectos, como ya se ha indicado, debe tenerse en cuenta que la normativa reguladora del IRPF otorga un tratamiento unitario, entre otros, a todos los importes que se puedan obtener de los distintos planes de pensiones y EPSV de los que sea partícipe o socio un mismo contribuyente.
Tradicionalmente, esta Dirección General ha venido entendiendo que únicamente cabe considerar que el importe percibido de una EPSV deriva de la baja voluntaria (o rescate) cuando se den las circunstancias previstas para ello en el artículo 31 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, ya citado. En particular, cuando la baja se produzca con anterioridad al acaecimiento del hecho causante de las prestaciones financiadas, en todo o en parte, con cargo a las reservas acumuladas. Lo que conlleva que las cantidades cobradas una vez producido el hecho causante de las prestaciones financiadas con cargo a las reservas acumuladas no puedan considerarse obtenidas como consecuencia de la baja voluntaria del contribuyente en la EPSV, sino por el acaecimiento de la contingencia de que se trate.
En este sentido se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante Sentencia de 6 de noviembre de 2014 (entre otras muchas), relativa a un supuesto de cobro de EPSV tras el acaecimiento de la contingencia de jubilación, en la que concluyó que: "QUINTO.- Rescate parcial por antigüedad, de Entidad de Previsión Social Voluntaria, una vez producida la jubilación; vinculación a la contingencia de jubilación a efectos de la integración en la base imponible en IRPF. (...) Ello lleva a asumir la conclusión de que el rescate voluntario, en lo que interesa en relación con las pautas que plasmó la Circular de 22 de diciembre de 1998 (-por la que se trasladaron las normas a seguir por las EPSV de las modalidades individual, empleo y asociadas a la limitación de aportaciones en el reconocimiento de prestaciones y en la devolución o traslado de las reservas acumuladas-) aprobada por Resolución 9/1999, de 26 de febrero, del Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 48 de 10 de marzo de 1999 (-ante la ausencia de concreto marco normativo estando al contenido de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, y el Reglamento de dicha Ley aprobado por Decreto 87/1984-) que recogía en el apartado 4.1.2 referencia a los rescates parciales partiendo del período mínimo de carencia de 10 años de antigüedad, lo que no latera la conclusión que venimos a ratificar, en el sentido de que producida la contingencia, en nuestro caso la jubilación, que en el supuesto del demandante se había producido en el ejercicio 2001, las prestaciones percibidas tienen la naturaleza de tales por jubilación, sin que pueda tener autonomía a tales efectos la solicitud y reconocimiento como rescate por antigüedad. (...)".
Sin embargo, el 1 de enero de 2014, entró en vigor la, ya mencionada, NFIRPF, en la que se indica que el porcentaje de integración del 60 por 100 por el que se pregunta sólo resulta aplicable sobre las primeras prestaciones o percepciones que se obtengan por cada uno de los conceptos por los que se puede cobrar de los distintos sistemas de previsión social tratados en esta consulta, con un máximo de 300.000 euros anuales, entendiéndose, a estos efectos, por primera prestación o percepción por cada uno de dichos conceptos, la primera que se cobre a partir del citado 1 de enero de 2014 (con independencia de las cuantías que se hayan obtenido en ejercicios anteriores).
Según los datos aportados, el consultante tiene intención de cobrar los derechos económicos que ostenta en la EPSV del sistema individual de la que es socio, en el momento en el que acredite diez años de antigüedad en ella, por baja voluntaria (o ejercicio del derecho de rescate). Asimismo, también pretende cobrar, en forma de capital, en otro ejercicio posterior del plan de pensiones de empleo del que es partícipe por el acaecimiento de la contingencia de jubilación, cuando acceda a esta situación en la Seguridad Social. Además, atendiendo a dichos datos, el compareciente se encuentra en situación de desempleo como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo en la empresa para la que trabajaba.
Consecuentemente, de conformidad con todo lo anterior, si, en el momento en el que cobre la primera percepción por la que pregunta (la procedente de la EPSV), ya se encuentra perfeccionada la contingencia de desempleo de larga duración, o la de jubilación, y la forma de cobro elegida se ajusta a lo exigido en la normativa reguladora de las citadas entidades (de las EPSV) para percibir las prestaciones correspondientes a dichas contingencias, no cabrá considerar que éstas derivan de la baja voluntaria en la entidad (no, al menos, a efectos fiscales), sino que deberán entenderse obtenidas por el acaecimiento de las referidas contingencias de desempleo de larga duración, o de jubilación, según el caso.
A estos efectos, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, la contingencia de jubilación se encuentra regulada de manera más extensa que con la legislación anterior, en la que no se incluía ningún precepto relativo a esta cuestión. Particularmente, el artículo 24 de esta Ley 5/2012, de 23 de febrero, no contempla expresamente la posibilidad de cobrar por esta contingencia en los casos en los que el socio pase a situación de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, si bien sí prevé específicamente que la jubilación anticipada, la flexible, la parcial y otras fórmulas equivalentes que, en su caso, reconozca la Seguridad Social, tendrán la consideración de jubilación, a los efectos que nos ocupan.
No obstante, si los estatutos de la EPSV de la que es socio (o el Reglamento del plan de previsión al que esté adscrito) permitiera anticipar el cobro de la prestación correspondiente a la jubilación con anterioridad a la fecha de iniciación del derecho a pensión del sistema público en un supuesto como el planteado, de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, el contribuyente cumplirá los requisitos exigidos para poder solicitar el anticipo de la citada prestación, y, en consecuencia, no cabrá considerar que las cantidades recibidas de la EPSV derivan ni de su baja voluntaria en la entidad (ejercicio del derecho de rescate), ni del acaecimiento de la contingencia de desempleo de larga duración, sino de la jubilación.
Por el contrario, si nada se recoge en los estatutos de la EPSV (o en el Reglamento del plan de previsión al que esté adherido) sobre la posibilidad de anticipar el cobro de la prestación de jubilación en los casos de desempleo como consecuencia de expediente de regulación de empleo (tal y como se deduce de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero), podrá entenderse que la percepción obtenida de la EPSV antes de acceder a la jubilación en la Seguridad Social deriva de la baja voluntaria en ella, o, en su caso, del acaecimiento de la contingencia de desempleo de larga duración (si se cumplen los requisitos exigidos para ello).
Por ello, en el supuesto de que el contribuyente cumpla los requisitos exigidos para ejercitar el derecho de rescate (o de baja voluntaria), así como para percibir la prestación correspondiente al acaecimiento de la contingencia de desempleo de larga duración (pero no para obtener la prestación de jubilación), y cobre sus derechos económicos en forma de capital sin ningún fin concreto de fomento del empleo, deberá entenderse que el importe recibido deriva del citado ejercicio del derecho de rescate, y no del acaecimiento de la referida contingencia de desempleo de larga duración, ya que, en este segundo caso, la entidad estaría obligada a abonarle dicho importe en forma de renta, y no de capital (de modo que no se cumplirían las condiciones legalmente establecidas para cobrar por este motivo).
A esta misma conclusión se llegará, igualmente, en el caso de que el consultante cobre de la EPSV por la que pregunta antes de que se perfeccione tanto la contingencia de jubilación, como la de desempleo de larga duración. En cuyo caso, deberá entenderse que el importe recibido deriva de su baja voluntaria en la entidad (del ejercicio del derecho de rescate).
En cualquier caso, sobre esta primera percepción en forma de capital podrá aplicar el porcentaje de integración del 60% regulado en el artículo 19.2 de la NFIRPF (sobre un máximo de 300.000 euros anuales), en la medida en que se trate de la primera cantidad que obtenga en forma de capital desde el 1 de enero de 2014 por el motivo que resulte aplicable (rescate o jubilación).
En cuanto al cobro que desea recibir en otro ejercicio posterior del plan de pensiones de empleo, a partir del momento en el que acceda a la jubilación en la Seguridad Social, el consultante podrá aplicar de nuevo el citado porcentaje de integración del 60 por 100 sobre el mismo, siempre que pueda considerarse obtenido por un motivo distinto del que justifique la percepción actual de la EPSV.
Con lo que, si cabe entender que el pago abonado por la EPSV deriva de la baja voluntaria en la entidad (al ser cobrado en un ejercicio en el que aún no esté perfeccionada la contingencia de jubilación, tal y como la misma se encuentre delimitada en el artículo 24 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, y, en su caso, en los Estatutos de la entidad, o en las especificaciones del plan de previsión al que esté adherido el consultante), podrá aplicar de nuevo el porcentaje de integración del 60 por 100 (hasta un máximo de 300.000 euros anuales) sobre la prestación que obtenga en forma de capital en otro ejercicio posterior, por el acaecimiento de la referida contingencia de jubilación (a partir del momento en el que se perfeccione dicha contingencia, como consecuencia de su acceso a la jubilación en la Seguridad Social).
Por último, tal y como expresamente se indica en el artículo 16 del RIRPF, arriba transcrito, en lo que al supuesto planteado se refiere, el límite máximo de 300.000 euros sobre los que puede aplicarse el porcentaje de integración del 60 por 100 afecta al conjunto de los rendimientos previstos en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 19 de la NFIRPF. Es decir, al conjunto de los sistemas de previsión social de los que pueda ser socio, partícipe o beneficiario el contribuyente, y de los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones de los empleadores, de los que pueda resultar beneficiario.
Sentencia Social Nº 82/2016, TSJ Baleares, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 438/2015, 25-02-2016
Orden: Social Fecha: 25/02/2016 Tribunal: Tsj Baleares Ponente: Roa Nonide, Alejandro Num. Sentencia: 82/2016 Num. Recurso: 438/2015

References: Resolución 
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 51
 artículo 33
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 19