Source: https://www.scribd.com/document/126464/PASIVO-PENSIONAL-UNIVERSIDAD-DEL-TOLIMA-queja-en-Procuraduria
Timestamp: 2018-09-22 10:00:27+00:00

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PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (queja en ...
Zonificación Ecológica Economica
Bases del IV Concurso de Proyectos de Investigación - 2014
3.Manual de Organizacion
Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa Radicación: 078-2735-00 Implicado: Israel Lozano Martínez Cargo y entidad
: Rector Universidad del Tolima Quejoso: Alberto Niño Torres Fecha hechos: 1997-1998-1998 Fecha queja: 1999-09-16 Asunto: Irregularidades en utilización de bonos pensionales Bogotá DC, 19 de noviembre de 2002 En ejercicio de la competencia otorgada por el articulo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el articulo 19 inciso tercero de la resolución de la Procuraduría General de la Nación 017 de 2000, procede el Despacho a desatar el recurso de queja impetrado por el signatario, contra la decisión por medio de la cual se denegó el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de fecha 27 de febrero de 2000, mediante el cual la señora Procuradora Regional del Tolima dispuso el archivo de las diligencias radicadas con el No. 078-2735, adelantadas contra el Rector y Vicerrector Académico de la Universidad del departamento del Tolima, Doctor ISRAEL LOZANO MARTÍNEZ y RAMÓN ANTONIO CASTILLO CASTILLO, de acuerdo con la queja impetrada por el Señor ALBERTO NIÑO TORRES. HECHOS Mediante auto del 27 de febrero de 2002, la Procuradora Regional del Tolima ordenó el archivo de las diligencias radicadas con el No. 078-2735, adelantadas en esa oficina, contra el Rector y el Vicerrector Académico de la Universidad del departamento precitado. El Señor ALBERTO NIÑO TORRES, en calidad de quejoso interpuso recurso de apelación contra la aludida decisión, el cual fue denegado por la titular del Despacho, al estimar que el mismo se interpuso en forma extemporánea. En memorial que obra a folios 542 acudió en recurso de queja, por cuanto en su sentir, los términos de vencimiento para acudir en impugnación no se contaron a partir de la fecha de notificación sino de promulgación del acto recurrido. Alega que se tuvo conocimiento de la decisión recurrida solo hasta el 14 de marzo de 2000, por ende el conteo debió efectuarse a partir del 15 del citado mes y año venciéndose el término el día 21. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA En efecto, se aprecia en la copia del libro radicador de correspondencia de la Universidad del Tolima, obrante a folio 537, que el oficio mediante el cual se comunicó la decisión adoptada por la Procuraduría, negó al centro docente el 14 de marzo de 2002, por lo cual si el recurso data del 19 de marzo del citado mes y año llegó a este órgano de control disciplinario, (de acuerdo con el sello visible a folio 534) el 20 de marzo de 2002, por lo tanto se considera interpuesto dentro del término legal. De tal suerte que en aras a dar aplicabilidad a los principios rectores del derecho disciplinario como son la celeridad y economía procesales, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto en términos. Es preciso remontarse a lo expuesto por el aquo en el proveído impugnado, el cual se adelantó con el objeto de establecer una presunta irregularidad atribuible a los doctores ISRAEL LOZANO
MARTÍNEZ y RAMÓN ANTONIO CASTILLO CASTILLO, en calidad de Rector y Vicerrector Académico de la Universidad del Tolima, por la presunta utilización de bonos pensionales de manera irregular, los cuales ingresaron al alma mater bajo el No. 3094 por un valor de $ 3.131.770 en noviembre de 1997, en acatamiento del articulo 131 de la Ley 100 de 1993, y el Decreto 2337 de 1996, sin que los funcionarios acusados dieran ingreso al citado bono en el presupuesto de la Universidad soportando tal actitud en el sentido que como estaba el rubro en el presupuesto de 1997, el déficit fiscal, no había necesidad de darle ingreso ni informar al Consejo Superior universitario para que emitiera el respectivo acto administrativo. Encontró razonables el fallador de primera instancia, las exculpaciones esgrimidas por los inculpados al estar avaladas en pruebas testimoniales y el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público visible a folios 499 a 500, según el cual los bonos emitidos a favor de la Universidad del Tolima fueron el fruto de lo plasmado en el articulo 131 de la Ley 100 de 1993 que "estableció que para las instituciones oficiales de educación superior del nivel territorial la obligación de constituir un fondo cuenta para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Para tal efecto ordenó que el pasivo pensional fuese financiado por la nación, las entidades territoriales y la Universidad de acuerdo con la proporción en la que cada una de ellas, en promedio durante los últimos cinco años anteriores a la entrada en vigencia de la ley contribuyera a la financiación del presupuesto de la respectiva universidad. Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con las proyecciones presupuestales y cálculos actuariales, y de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el gobierno nacional De acuerdo con el concepto analizado, concluyó el aquo, que tales bonos tenían como finalidad "reconocer y rembolsar a la universidad la porción del pasivo pensional a cargo de la nación que ha sido efectivamente pagada..." de tal suene que le era permitido al centro docente, negociarlos sin que tuvieran una inversión o utilización previamente señalada. Optó entonces, el fallador de primera Instancia por acoger el criterio del funcionario Instructor quien sugirió el archivo de las diligencias. LA APELACIÓN El quejoso sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo, en memorial que obra a folios 534 a 536, en donde luego de hacer un análisis del contenido del articulo 131 de la Ley 100 de 1993, acota que tanto el reconocimiento como el pago de las pensiones del personal administrativo y docente de las universidades con antelación, a la vigencia de la preciada ley, era una responsabilidad de resorte de la Nación y no de dichos centros docentes los cuales complementaban en menor proporción con los recursos provenientes de lo descontado por concepto de aporte pensional a cada uno de los trabajadores y que por dicha razón la Nación estaba saneando tal pasivo pensional. Que por lo mismo, el aporte presupuestal destinado para pensiones no formaba parte real del presupuesto de funcionamiento al servicio de la deuda o inversión de la Universidad ya que “si la Universidad del Tolima pagara la pensión directamente esta no harta parte del presupuesto de funcionamiento, pues se tratan de una apropiación para atender una responsabilidad de la Nación…”. Se refiere a lo plasmado en la Ordenanza 018 de 1962 que estipula en su articulo 1: “…los aportes departamentales destinados al sostenimiento y desarrollo de la Universidad del Tolima del 3,8 % del total de presupuesto de gastos e ingresos en 1963, del 4% en 1964, del 5% e 1965 y años subsiguientes, destacando que la norma en cita no había de aporte para pensiones en ninguna parte y se pregunta de donde el soporte legal que plantea que la Universidad pagó pensiones por el hecho de haber descontado el departamento el 5% que le correspondía por ley, y advierte el pago de pensiones a funcionarios de la Universidad fue efectuado por la Caja de Previsión Social del Departamento.
Se refiere a la Resolución 0603 de 1979 que “aparentemente autorizó al departamento a descontar de los aportes girados a la U.,…lo correspondiente para el pago de pensiones…”, cuyo contenido cuestiona, por cuanto dicho acto administrativo se refiere a la concesión de una licencia de maternidad, y precisa que por ende no existe ninguna resolución de autorización al departamento para descontar suma alguna, para el pago de pensiones. Cuestiona la legalidad de la citada resolución y precisa: “…En conclusión consideramos que si hubo irregularidades, pues el soporte que se presenta, Resolución 063 de 1979, aparentemente es falso, por lo que se queda sin piso jurídico la argumentación que la Universidad sí pagó pensiones, al autorizar que se le descontara de lo asignado mediante ordenanza, para el pago de pensiones a los funcionarios de la Universidad, Por otra parte hasta dónde es legal que la Universidad modifique parcialmente una ordenanza…”. Es indudable que el proveído de archivo recurrido tuvo soporte jurídico en las diversas pruebas allegadas al informativo, de las cuales se precisaba concluir lo plasmado por el funcionario investigador, en su informe visible a folios 503 a 511 del presente radicado, en el cual después de analizar las normas vigentes sobre el asunto investigado plasmó lo siguiente: Cabe anotar que como la Universidad ha cumplido los compromisos pensionales a cargo de la Nación, afectando sus propios recursos como se evidencia a folios 116 y ss del co, su reposición le fue reembolsada a través de los bonos citados. Luego esta potísima razón le permitió al ente universitario negociarlos libremente en la bolsa de valores, sin sujeción a ninguna restricción y sin que para el efecto se demandara autorización en particular, pues de una parte era su potestad determinar el destino de los recursos provenientes de su negociación como claramente lo relieve el Ministerio de Hacienda en sus comunicaciones vistas a folios 185 y 149...circunstancia que comparte enteramente la Subdirección General de Planeación del ICFES en su oficio 2277 del 12 de febrero de 1999, y de otra porque el Rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la institución como lo señala el articulo 21 del Estatuto General contenido en el acuerdo 104 de 1993. Con respecto a la no reincorporación de los recursos provenientes de los bonos al presupuesto de la Universidad que son objeto de cuestionamiento estimó el funcionario instructor que “si equivocadamente las rentas solicitadas se imputaron a los recursos de capital, en nuestro criterio ese error no justificaba la adición (por incorporación) al presupuesto. En este caso y salvo mejor opinión de la señora Procuradora, existiría una casual de inculpación que hace inviable la potestad disciplinaria de la Procuraduría, vale decir, que el sustento probatorio allegado posibilita desde ya el archivo de la actuación…”. Es claro el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con destino a la Procuraduría, el cual avala la actuación de la Universidad, al consignar a folio 500 lo siguiente: Como se explicó anteriormente, los bonos serie A tienen como objeto reconocer y rembolsar a la Universidad la porción del pasivo pensional a cargo de la Nación que ha sido efectivamente pagada por la Universidad, por lo cual se le permite a la Universidad negociarlos y no se le imparten Instrucciones acerca de la inversión o utilización que se les debe dar a éstos...". No obstante lo anterior, ante los nuevos hechos denunciados por el quejoso sobre la supuesta falsedad de la Resolución 603 del 17 de agosto de 1979, mediante la cual se autorizaba al departamento para descontar los aportes destinados al sostenimiento y desarrollo de la Universidad, equivalentes al 5% del presupuesto departamental, se hace necesario compulsar copias del escrito de sustentación de la alzada, y de los folios 538 y 539, para efectuar la investigación pertinente, pero mientras las autoridades pertinentes no emitan su concepto legal sobre si las citadas resoluciones son legales o apócrifas, para el Despacho tiene plena validez lo decidido en primera instancia con fundamento en el concepto emitido por el ministerio de hacienda en donde se manifiesta que mediante la Resolución 603 de 1979 se autorizó al departamento para descontar de los aportes destinados para sostenimiento y desarrollo de la Universidad ".
Igualmente queda a criterio de la Procuradora Regional del Tolima, determinar sobre la procedencia de la compulsa de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes. Cabe destacar que los hechos materia de investigación se contraen a la interpretación de orden normativo que hacen los implicados sobre la destinación de los bonos objeto de estudio, y de por si la simple interpretación errada o acertada de una norma legal no constituye por si misma falta disciplinaria, a no ser que esté demostrado el elemento dolo en tal Interpretación. Por lo expuesto, para este Despacho procede confirmar el proveído impugnado proferido el 7 de febrero de 2002 por la Procuradora Regional del Tolima. En mérito de lo expuesto, El PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades legales RESUELVE PRIMERO: Confirmar en todas sus partes el auto de fecha 27 de febrero de 2002, proferido por la Procuradora Regional del Tolima, mediante el cual archivó las diligencias adelantadas contra los doctores ISRAEL LOZANO MARTÍNEZ y RAMÓN ANTONIO CASTILLO CASTILLO, en sus calidades de Rector y Vicerrector Académico de la Universidad del citado departamento. SEGUNDO: Compulsar coplas de los folios citados en la parte motiva de este proveído con destino a la señora Procuradora Regional del Tolima para los fines pertinentes. TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, entendiéndose agotada la vía gubernativa. CUARTO: Por la secretaria de este Despacho efectúense las comunicaciones, anotaciones y tramites de rigor. COMUNÍQUESE y CÚMPLASE CESAR AUGUSTO AMAYA MEDINA Procurador Delegado
CAAM-gicb Exp. 078-2735-00 Janeth
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