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Timestamp: 2020-07-13 22:23:27+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 245/04 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43621233
Sentencia de Constitucionalidad nº 245/04 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2004
Ley 785 de 2002. Arts. 2 parag. (p) y 12. Ley 30 de 1986. Ley 333 de 1996. Administracion de bienes incautados. Enajenacion. Plan de manejo ambiental. Destruccion y erradicacion de sustancias controladas y cultivos ilicitos. Configuracion legislativa. Unidad de materia. Direccion nacional de estupefacientes. exequible.
Sentencia citada en: 34 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 3 noticias
Por ''autoridades ambientales'' responsables por la destrucción de sustancias controladas que no pueden ser enajenadas o exportadas, ha de entenderse la autoridad respectiva que haya sido previamente determinada para el efecto por la ley. En consecuencia, la autoridad ambiental responsable de la destrucción de sustancias controladas es aquella que conforme a la estructura y funciones detalladas en la ley desarrolla la tarea concreta de ejecutar los planes y programas diseñados para prevenir y controlar los factores de deterioro del medio ambiente aún ejercidos de manera concomitante.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 2° y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996''.
Actor: J.G.O.C.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadanos J.G.O.C. presenta demanda contra el parágrafo (parcial) del artículo 2° y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996''.
Al mismo tiempo, comunicó la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional y al Ministerio del Interior y de Justicia. De igual forma, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, envió comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Protección Social, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a las ONG: Organización Nacional Indígena, GAIA, Unión Internacional para la Conservación, a la Fundación Natura y Fundepúblico, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Defensoría del Pueblo y a las Facultades de Medio Ambiente de las Universidades Distrital F.J. de Caldas y Universidad Externado de Colombia.
''LEY 785 DE 2002
Artículo 12. Plan de manejo ambiental. En todos los casos en que se requiera un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, la elaboración, ejecución y control de dichos planes será responsabilidad de la autoridad ambiental competente.''
Indica que las normas demandadas, al imponer a las autoridades ambientales la obligación de destruir las sustancias incautadas al narcotráfico y de otra parte, la de elaborar los planes de manejo ambiental para la destrucción de cultivos ilícitos, les cercena la posibilidad de planificar y aprovechar los recursos naturales, así como la de propender por su conservación y prevención de los factores de deterioro ambiental, porque, en su criterio, ''con estas normas se empuja a las autoridades ambientales a dañar el medio ambiente al que ellas mismas están obligadas a proteger''.
A.M.C.N. como apoderada del Ministerio manifiesta que: ''la organización del Estado tiene varios elementos que deben tenerse en cuenta como son la distribución de las funciones propias de los asuntos públicos en autoridades diferentes (división del poder), el sometimiento de las autoridades a las normas superiores que regulan el ejercicio de sus funciones (principio de legalidad) y el compromiso de que sus actuaciones administrativas van dirigidas a la satisfacción de los fines propios del Estado para con la sociedad (el bien común y el interés general)''
Para tal efecto, explica lo relacionado con el principio de legalidad y de prevalencia del interés general y afirma que estos están consagrados en el preámbulo de la Constitución Política al establecer que el ejercicio del poder soberano de los constituyentes se inspiró en el fortalecimiento de la ''unidad de la nación'' y en asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, procurando la institucionalización de un orden político, económico y social justo.
K.I.K.S., en su condición de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, solicita que se declare inexequible todo el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, como lo pretende el actor.
Explica que el Decreto 216 de 2003, ''por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones'', no alteró las funciones de las autoridades ambientales. En su criterio, sigue vigente la facultad del Ministerio para otorgar licencias ambientales y aprobar planes de manejo ambiental como, por ejemplo, en materia de fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos.
De esta manera, expresa que la materia de la Ley 785 de 2002 se dirige a regular todas las operaciones que la autoridad encargada debe realizar en relación con la administración de bienes incautados, es decir, aquellos actos y negocios jurídicos que permiten disponer de los bienes incautados y los rendimientos que estos produzcan. Alega que, no obstante lo anterior, el artículo 12 de la Ley se encuentra dirigido a modificar la competencia de la autoridad ambiental en relación con los procedimientos de licencia ambiental. Agrega que la incoherencia es evidente y se configura una desviación de poder, so pretexto de regular la administración de bienes incautados, y asegura que ''lo que se ha querido, por parte del Gobierno y del Congreso, es salirle al paso a las acciones populares que han prosperado en materia de fumigación''.
Sin embargo, explica que éstas no pueden operar como ruedas sueltas dentro del engranaje estatal. Para lo cual afirma que: ''no podría ser conforme a la Constitución el hecho de que el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial decida proteger un parque nacional que, por ejemplo, tenga el carácter de patrimonio de la humanidad, y que al mismo tiempo una corporación autónoma autorice a un tercero para fumigar, talar o dedicar a vivienda ese mismo parque''.
Universidad D.F.J. de Caldas
Manifiesta que uno de los instrumentos de planificación y de gestión que el legislador creó para desarrollar los fines del Estado es el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, el cual no se pude entender como un ente u organización, sino por el contrario es la puesta en marcha de la responsabilidad conjunta de todas las instituciones del Estado y la sociedad civil, de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, para que garantice el ejercicio de los derechos colectivos.
Se anexa el concepto del profesor en ingeniería forestal J.A.M., quien considera que es necesario garantizar que toda entidad creada para ejercer autoridad debe ser liberada de cualquier viso de conflicto de intereses que termine por entorpecer el libre y objetivo ejercicio de sus funciones en cumplimiento de la misión para la que fue creada.
Para el profesor M. las autoridades ambientales como el Ministerio, las corporaciones autónomas regionales y los departamentos administrativos del medio ambiente, deben conservar el nivel de autoridades reguladoras y administradoras de los recursos naturales en procura de la conservación y del mantenimiento de un medio ambiente sano, como lo consagra el artículo 79 y 80 de la Constitución Política, para lo cual, en su opinión, debe evitarse que sean ejecutores de acciones y por el contrario mantenerse como reguladores y salvaguardas del adecuado manejo ambiental. De esta forma, propone que el parágrafo del artículo 2° acusado es inconveniente, pues como lo señala el demandante, convierte a las autoridades ambientales en ejecutores de acciones que ellas mismas deben controlar y regular.
Frente al artículo 12 acusado asegura que las funciones de las autoridades ambientales no son las de ''elaborar'' y ''ejecutar'' como lo establece dicha norma, sino que le compete la aprobación y control de dichos planes, según lo establece el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al regular las funciones de las CAR como máxima autoridad ambiental para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley. Agrega que también pueden adelantar la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades, así como de otras que puedan generar deterioro ambiental.
El Director de la Especialización en Derecho del Medio Ambiente manifiesta que el constituyente de 1991 tuvo una visión vanguardista en lo relacionado al medio ambiente, ya que produjo como resultado un cuerpo normativo garantista y promotor de una nueva variable de la gestión pública nacional, regional y local. Asegura que en la Carta se establece el medio ambiente como un derecho - deber, derecho pues así ha sido consagrado específicamente y además porque se encuentra ligado con la salud, la vida y la integridad física de los asociados. Explica que también es un deber, pues exige de las autoridades y de los particulares acciones encaminadas a su protección.
A.L.G.G., como apoderada del Ministerio argumenta que la consagración en el artículo 79 Superior como derecho fundamental a un ambiente sano, responde a la protección de la vida humana, al establecimiento de un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite un mejor vivir entre el hombre y el medio que lo rodea.
En síntesis, argumenta que esto guarda cabal sentido con la disposición constitucional y por lo mismo los cargos planteados no están llamados a prosperar. Así, solicita se declare exequible la expresión ''las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental'', contenida en el parágrafo del artículo 2° y el artículo 12 de la ley 785 de 2002.
Aduce que de la anterior negativa se apartaron los Magistrados Beltrán Sierra y V.H. porque consideraron que se debieron tutelar los derechos colectivos a la vida, la salud y a un ambiente sano, también que se debió disponer la suspensión inmediata de la aspersión aérea, en aplicación al principio de precaución.
Explica que, por otra parte, a juicio del Magistrado A.R. se debió amparar otros derechos invocados en la acción de tutela, tales como la vida, la salud, la integridad personal y el debido proceso. Sostiene que por último el Magistrado T.G., ponente de la providencia, señaló que en el evento de no realizarse la consulta por causas imputables a las autoridades competentes, dentro del plazo fijado, se debería suspender el programa de erradicación aérea.
Manifiesta que la Corporación en el citado fallo recomendó para estas dos fases que: ''la consulta debe adelantarse de Buena fé, atendiendo las circunstancias y con miras a una concertación conforme al artículo 6 del convenio 169 de la OIT. En consecuencia no se trata de un mero formalismo, ni de una oportunidad para imponer una decisión o para eludir el cumplimiento de una obligación y por lo tanto las entidades gubernamentales encargadas de autorizar, ejecutar y vigilar la política estatal de erradicación de cultivos ilícitos tiene el deber de suministrar de manera clara y oportuna la información correspondiente sobre las acciones en ejecución en cualquiera de las modalidades de erradicación.''
El Director Nacional de Estupefacientes, A.P.V., solicita que se declaren exequibles las disposiciones demandadas. Para tal efecto, manifiesta que no está de acuerdo con los argumentos de la demanda por incongruentes y desacertados, no sólo desde el ámbito jurídico sino también por desconocer una de las estrategias del Gobierno convertida en una política de Estado mediante la Ley 812 de 2003, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo donde se propone que la política de lucha contra el problema de las drogas ilícitas y el crimen organizado estará orientada hacia la desarticulación del proceso de producción, comercialización y consumo de drogas. Agrega que se promoverá la erradicación, forzosa y voluntaria de los cultivos ilícitos y la interdicción, aérea, fluvial y terrestre del narcotráfico.
Sostiene que la destrucción de las sustancias precursoras que puedan servir para el procesamiento de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia, es una forma de administrarlas contemplada en el artículo 54 del Decreto legislativo del 2790 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo 4 del Decreto Especial 2271 de 1991, según el cual ''los insumos, sustancias precursoras o elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, una vez identificada parcialmente por orden del Superior de la unidad de Investigación de Orden Público, con la presencia imprescindible del Ministerio Público, serán puestos a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá determinar su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente acreditados, o su destrucción si implica grave peligro para la salubridad o seguridad públicas''.
Afirma que el artículo 2° de la Ley 785 de 2002, aparte final del parágrafo atacado, al disponer que ''las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias'', no hace otra cosa que precisar el procedimiento de administración y asignar a las autoridades ambientales la función para la ejecución de la destrucción cuando se opte por ello, con el único fin expreso señalado en la ley de procurar el menor impacto ambiental.
Expone que la Dirección Nacional de Estupefacientes como ejecutora de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Policía Antinarcóticos como ente ejecutor del Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos con Glifosato -PECIG-, tienen por finalidad cumplir no sólo con las metas propuestas en la lucha nacional contra el problema del narcocultivo, sino también, cumplir con su misión institucional y los objetivos constitucionales y legales. Al respecto se pregunta: ''por qué llevar a tales entidades a una extralimitación de funciones poniéndoles la obligación de formular el plan de manejo ambiental, cuando en realidad les corresponde ejecutar los procedimientos para la erradicación forzosa bajo los lineamientos que haya dictado la autoridad ambiental para su desarrollo?''.
En escrito presentado de forma extemporánea el presidente de la entidad, A.U.M., manifiesta que la Ley 785 de 2002 se erige como la más reciente directriz en el llamado marco de la lucha contra las drogas, que en no pocas oportunidades ha sido objeto de fuertes críticas desde diversos sectores, respecto de su planeación, ejecución y resultados.
De esta forma cita el informe nacional de desarrollo humano en Colombia de 2003, titulado ''El conflicto, callejón con salida'', elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se expusieron los siguientes puntos:
''La lucha contra las drogas no escapa a la idea inapropiada de que en la guerra todo se vale. Esa idea respalda al conjunto de políticas represivas que atacan de igual forma a todos los eslabones de esa industria, subestimando los efectos indeseables que sobre el propio control de drogas y sobre el conflicto armado tiene tanto la represión química y militar de la oferta, como la criminalización del campesinado que participa en los cultivos. (...) El prejuicio prohibicionista, el cinismo en el sur y las falencias de las propuestas de legalización, son escollos en la búsqueda de alternativas orientadas a reducir el daño causado por la producción, por el consumo y por las políticas vigentes. (...) En el lado de la demanda, la reducción de daños significa morigerar las acciones punitivas sobre el consumo, acentuar los programas preventivos y ver al consumidor como un enfermo que como un criminal. En el lado de la oferta, la reducción del daño significa más erradicación manual y menos fumigación aérea, más alternativas rentables para el colono o el campesino, más énfasis en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, más diferenciación entre el grande y el pequeño.''
Explica que también existen argumentos ambientales para suspender las fumigaciones, así, transcribe fragmento del texto ''Fumigación en Colombia'':
''(...) el uso inadecuado de precursores químicos en el procesamiento de la hoja de coca ocasiona daños ambientales irreversibles, que a pesar de no estar apropiadamente evaluados, podrían ser de muy graves proporciones, máxime cuando tales sustancias son vertidas directamente sobre suelos y fuentes de agua en áreas conocidas en el mundo como de gran biodiversidad. En este sentido vale la pena anotar que especialistas en acuicultura han registrado la aparente desaparición de especies piscícolas consideradas endógenas de ciertos ríos, es decir, de peces que tan sólo ha sido observado allí.
Con la política compulsiva de fumigar los cultivos se cierra e inicia al mismo tiempo un ciclo continuo de daño ambientales, con consecuencias sociales, culturales y económicas (...).''
Indica que la Dirección Nacional de Estupefacientes fue creada para coordinar el desarrollo y ejecución de las políticas en materia de control, prevención y represión de estupefacientes, en consecuencia le corresponde coordinar el desarrollo y ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato -PECIG-.
Asegura que la mezcla de aspersión causa daño como lo señaló el Magistrado L.R.V.Q. en el reciente fallo del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, al hacer referencia a las fumigaciones aéreas. Por lo que, en su parecer, se viola el artículo 80 de la Constitución.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto N.. 3384 de fecha 15 de octubre de 2003, manifiesta que la Constitución de 1991, denominada ''constitución ecológica'', consagra, por un lado, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y por el otro, le impone al Estado una serie de deberes como proteger las riquezas naturales de la Nación, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales pertinentes y exigir la reparación de los daños causados al ambiente.
Afirma que la Constitución ecológica fue desarrollada, entre otras disposiciones, por la Ley 99 de 1993 al reordenar el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y organizó el Sistema Nacional Ambiental -SINA.
En su concepto, ''cabe preguntarse si podrían tales organismos, en el caso del programa de erradicación de cultivos ilícitos, cumplir esos cometidos constitucionales controlando los planes de manejo ambiental que ellas mismas han elaborado y ejecutado. La respuesta es negativa, más si se tiene en cuenta que controlar es sinónimo de fiscalizar y fiscalizar es criticar las acciones de otro.''
Sostiene que si llegan a confundirse en una misma entidad estatal funciones diversas y contradictorias, como las consagradas en las normas demandadas - elaboración, ejecución y control de los planes de manejo ambiental, y destrucción de las sustancias controladas-, el control ambiental previsto por las normas ambientales tanto nacionales como internacionales nunca estaría gobernado por el principio de eficacia que contempla el artículo 209 Superior.
Finalmente solicita lo siguiente: (1) declarar la inexequibilidad del aparte ''las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias'', contenido en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 785 de 2002; y (2) declarar la inexequibilidad de la expresión ''la elaboración y ejecución'', contenida en el artículo 12 de la Ley 785 de 2002.
Cargos de la demanda y planteamiento del problema jurídico
El Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Universidad D.F.J. Caldas, considera que las normas censuradas son constitucionales.
Si las normas demandadas al radicar en cabeza de las autoridades ambientales la responsabilidad por la destrucción de sustancias incautadas, así como la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de dichas sustancias, desconocen el principio de la unidad de materia.
Si la responsabilidad asignada por las normas acusadas a las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, desdibuja la función constitucional de protección del medio ambiente que cumplen dichas autoridades.
Si la funciones de elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de sustancias controladas en cabeza de las autoridades ambientales, impide que éstas ejerzan en forma libre e independiente la protección del medio ambiente
Si la responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, y la elaboración, control y ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de las mismas, impide que dichas autoridades puedan cumplir con su tarea constitucional de planificar y aprovechar los recursos naturales y propender por su conservación y prevención
Sobre el supuesto desconocimiento de la unidad de materia
Al efecto, es necesario tener presente que para que la Corte pueda ejercer control cuando se alega infracción a la citada norma superior, es menester que el actor efectúe un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 Superior. Sentencia C-579 de 2001 MP A.B.S.
''En repetidas oportunidades la Corte ha señalado que el concepto de unidad de materia3 Sentencias C-390/96, C-435/96, 428/97 y 584/97, entre otras. a que se refiere el artículo 158 de la Constitución no puede entenderse dentro de un sentido estrecho y rígido al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño de la cuestión de fondo del proyecto legal. Además, que dicha unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre las distintas aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma.'' Sentencia C-352/98, M.P.A.B.C. y A.B.S.(en este caso se decidió que no violaba el principio de unidad de materia una ley que se ocupaba de la creación de ECOGAS, Empresa Comercial e Industrial del Estado, al incorporar materias relacionadas con la creación del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, del Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare, del Viceministerio de Hidrocarburos, del Centro de Coordinación de Transporte de Gas Natural, del Fondo Especial para la promoción y financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural y con el establecimiento de un impuesto para financiar el Fondo mencionado).
''(...) Cuando los tribunales constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por ejercer un control de diversa intensidad. Esto es, el alcance que se le reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad del control constitucional pues la percepción que se tenga de él permite inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de las normas. Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad, sólo violarían la Carta aquellas disposi-ciones que resulten ajenas a la materia regulada. La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa. Ante ello, debe optarse por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una Ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable. Sentencia C-501/01, M.P.J.C.T. (en este caso la Corte consideró que no se desconocía el principio de unidad de materia, al incluir en una ley (Ley 510/99) cuyo objeto son disposiciones para el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores y las Superinten-dencias Bancaria y de Valores, una norma (parágrafo 3º, artículo 52) que reforma una disposición de otra ley (artículo 148, Ley 446/98), con el fin de extender la competencia de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, en ejercicio excepcional de funciones judiciales.). Esta jurisprudencia ya había sido reiterada en la sentencia C-540/01, M.P.J.C.T. (en este caso la Corte estableció que el demandante tiene la carga de señalar cuál o cuáles son las partes que no tienen relación alguna con la materia central de la ley.)
...para respetar el amplio margen de configuración del órgano constitucionalmente competente para hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas básicas de orden nacional, la intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, entonces la disposición acusada es, por ese concepto, exequible. Tal relación no tiene que ser directa, ni estrecha. Lo que la Constitución prohíbe es que ''no se relacionen'' los temas de un artículo y la materia de la ley (art. 158 de la C.P.) y al demandante le corresponde la carga de señalar que no hay relación alguna. La relación puede ser de distinto orden puesto que la conexión puede ser de tipo causal, temático, sistemático o teleológico. A estos criterios reiterados por la jurisprudencia se agrega una modalidad de relación teleológica, la de la conexión de tipo consecuencial ya que recientemente, la Corte aceptó que se respeta el principio de unidad de materia cuando hay una conexión en razón a los efectos fácticos de una norma que aparentemente no guarda relación alguna con el tema de la ley El artículo 86 sobre el monopolio de Ecopetrol para realizar la distribución de combustible importado, por su efecto fáctico en cuanto facilita ''la lucha contra el contrabando, fenómeno que afecta la recaudación de tributos'', tiene conexión con una ley, la Ley 633 de 2000, cuya materia es tributaria. La Corte también encontró conexidad temática y teleológica, por esta razón. Sentencia C-714 de 2001 M.P.R.E.G..''. Sentencia C-1025 de 2001. MP M.J.C.E.
Al responder este interrogante la Corte ha dicho que la Constitución fija en su artículo 158 dos condiciones al Congreso para el ejercicio de la función legislativa, ''pues éste se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla''. Corte Constitucional. Sentencia C-390 de 1996. De esta manera, el congreso vulnerará el principio constitucional sobre unidad de materia ''cuando incluye cánones específicos que, o bien encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado''. I..
''...resulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte''. Sentencia C-501 de 2001
Instrumentos constitucionales de gestión ambiental. Facultad de configuración del legislador en esta materia.
Dado que la protección y el mejoramiento del medio ambiente deben ser una preocupación fundamental de los Estados, como quiera que afectan el bienestar de los pueblos y su desarrollo económico, en Colombia, la Constitución Política de 1991 otorgó al medio ambiente una importancia cardinal, pues consagró un conjunto de principios y herramientas que configuran la denominada ''constitución ecológica'' o ''constitución verde'', en cuanto señalan los derroteros, los derechos y los deberes que se deben observar para la conservación y protección ambiental.
Y para el debido cumplimiento y logro de los fines constitucionales de protección del medio ambiente a través de la prevención y control de su deterioro en la búsqueda del mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, dado que a todas las personas les asiste el derecho de gozar de un ambiente sano, la planificación y fijación de políticas estatales son elementos fundamentales como así ya lo ha determinado la Corte Constitucional Entre otras, Sentencia C-423 de 1994 y C-495 de 1996.
Cabe precisar además, que si bien en la Constitución el medio ambiente ocupa un lugar importante, es al legislador a quien le corresponde, dentro de los límites que imponen los mandatos superiores, la configuración de cada una de las herramientas e instrumentos de gestión ambiental, así como el señalamiento de las autoridades competentes que deban encargarse del cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado en materia ambiental. N., que en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano se dispuso, que debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales con miras a mejorar la calidad del medio ambiente.
Determinación que ya realizó el legislador, al crear el Sistema Nacional Ambiental -SINA- mediante la Ley 99 de 1993, como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, y a asignar funciones tanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial así como a otras autoridades también integrantes del Sistema Nacional Ambiental, para el cumplimiento de los deberes que en esta materia competen al Estado, es decir, la protección del medio ambiente y la prevención y control del deterioro ambiental, a través de la planificación, ejecución y control de los planes y programas respectivos.
Responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas
Resolución 0009 de 1987. (Acetona (2-Propanona; Dimetil-Cetona), Ácido Clorhídrico Éter Etílico (Éter Sulfúrico, O. de Etilo, Dietílico), Cloroformo (Triclorometano), Ácido Sulfúrico Amoníaco (Amonio Hidróxido), P. de P.C. de Sodio, Metil Etil Cetona (2-Butanona, Mek), Disolvente Alifático No. 1 (Shellsol 1), Disolvente Alifático No. 2 (Shellsol 2), T., A. de Etilo, Metanol o Alcohol Metílico, A. de Butilo, Diacetona Alcohol (Pyranton), Hexano, Alcohol Butílico (1-Butanol; B.A.; Propil Carbinol).
Resolucion No. 0007 de 1992. Tolueno (también conocido como T. o como Metil Benceno), y A.A.. Resolución ooo1 de 1995: el alcohol isopropílico (también conocido como 2propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, petrohol, ipa); el metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y el acetato de isopropilo, en cantidades superiores a cinco (5) litros líquidos.
Cabe recordar, que por contaminación se entiende la alteración del ambiente por sustancias o forma de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación o de los particulares Ley 23 de 1973, art. 4º .
Una interpretación literal, únicamente de los segmentos impugnados, y descontextualizados de toda la regulación y especialmente del parágrafo al que pertenecen, puede llevar a la conclusión de que la autoridad ambiental, como ''responsable'' de la destrucción de sustancias controladas, debe en forma directa proceder a ejecutar los actos materiales de eliminación de dichas sustancias.
Ahora bien, por ''autoridades ambientales'' responsables por la destrucción de sustancias controladas que no pueden ser enajenadas o exportadas, ha de entenderse la autoridad respectiva que haya sido previamente determinada para el efecto por la ley.
''De otra parte, se adiciona al texto original del parágrafo, la posibilidad de exportar las sustancias controladas, como una forma de enajenación y para efectos de la destrucción de las mismas, se establece que las autoridades ambientales serán las responsables de dicha labor, garantizando de esta forma el menor impacto ambiental.
''El sistema de enajenación rápida de sustancias controladas no es novedoso, en la medida en que el Gobierno Nacional, en las dos últimas oportunidades que el Congreso Nacional le ha conferido facultades para legislar sobre el tema, lo contempló en los Decretos Leyes 112 de 1999 y 266 de 2000, ambos antitrámites, declarados inexequibles por la Corte Constitucional por vicios de forma, mas no de fondo.
''Es una necesidad sentida una reglamentación en este sentido, teniendo en cuenta que la disposición o destrucción de las sustancias controladas no involucra solamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino también a otras autoridades y la experiencia demuestra que hay dilación e inconvenientes que no están dentro del alcance de la Dirección Nacional de Estupefacientes resolver. Dentro de estas circunstancias se presentan las siguientes:
Vale anotar que las tutelas instauradas en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el almacenamiento de estas sustancias en condiciones precarias, han sido falladas todas en contra de esta entidad, no obstante haber tenido la intención y el interés de su inmediata disposición o destrucción''. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 226 de 2002 cámara, 277 de 2002 senado Gaceta del Congreso No.
Por todo lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones ''Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental'' del parágrafo del artículo 2° de la Ley 785 de 2002, bajo el entendido que dicha responsabilidad no implica la ejecución de actos materiales de destrucción de sustancias controladas, sino el ejercicio de un control preventivo y concomitante, con el fin de preservar el medio ambiente, y atendiendo un plan de manejo ambiental.
Elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y manipulación de sustancias controladas
''...el derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre las decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlos directamente, en cuanto propende por la integridad cultural, social y económica de las culturas indígenas, es una modalidad de participación de amplio espectro, como viene a serlo la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, en la que la especificidad del mecanismo para decisiones atinentes a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas está comprendida''.
Primero. Declarar EXEQUIBLE el segmento normativo ''Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental'', del parágrafo del artículo 2 de la Ley 785 de 2002, en el entendido que la responsabilidad no implica ejecución de actos materiales sino un control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental.
Que el H. Magistrado doctor M.J.C.E., no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión en el exterior debidamente autorizado por la Sala Plena de esta Corporación.
El artículo 79 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano. Es claro entonces que el derecho lo tienen las personas y no es un derecho de las autoridades ambientales, que no son más que garantes de ese derecho de las personas.
Las personas acusadas resultan indeterminadas ya que no señala (quién define la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o la manipulación de sustancias controladas); la autoridad ambiental debería ser la que defina como se erradican los cultivos ilícitos, con qué métodos o si los métodos que se están utilizando actualmente como las fumigaciones aéreas dañan o no el medio ambiente. Lo que no se puede permitir es que otras autoridades lo definan y se obligue a la autoridad ambiental a ejecutarlo aunque no este de acuerdo con los medios utilizados. Existiendo en nuestro sistema jurídico diversas autoridades ambientales (Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, etc.) no se determina quien tiene la competencia de manera principal y quien de manera subsidiaria. No sobra recordar que el tema del medio ambiente es uno de aquellos de los cuales la competencia principal se encuentra en el nivel local y sólo si ese nivel no puede actuar es que subsidiariamente entra la competencia del nivel medio o nacional.

References: artículo 2
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 13

Artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 31
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 54
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 80
 artículo 209
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 52
 artículo 86
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Resolución 
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 artículo 2
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 artículo 79