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Timestamp: 2017-07-26 14:30:14+00:00

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Decreto 286/1999, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Reclamaciones Económico-Administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid. TITULO CUARTO. Extensión de la revisión y actuaciones a desarrollar.
TITULO CUARTOExtensión de la revisión y actuaciones a desarrollar
Capítulo I Extensión de la revisión
Ambito de la facultad de revisión 1. La reclamación económico-administrativa atribuye al órgano competente para resolver la revisión de todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión, hayan sido o no planteadas por los interesados.
Subsistencia de la revisibilidad en vía de gestión La facultad revisora a que se refiere el artículo anterior no será obstáculo para que se dicten en vía administrativa de gestión los acuerdos de revisión de actos de liquidación, declaración de exenciones o bonificaciones, determinación de bases y otros, en los casos expresamente previstos por disposiciones especiales, siempre que dichos acuerdos se dicten por la autoridad y dentro de los plazos determinados en tales disposiciones.
Comunicación de posibles infracciones o faltas constitutivas de responsabilidad administrativa 1. Cuando al conocer de una reclamación los órganos económico-administrativos estimen que en la tramitación en vía de gestión o en la de reclamación, se hubiesen podido cometer infracciones o faltas constitutivas de responsabilidad administrativa, lo pondrán en conocimiento del Consejero competente por razón de la materia.
Tanto de culpa a los Tribunales de Justicia Cuando de los expedientes administrativos de gestión o de reclamación apareciesen hechos cometidos por funcionarios o particulares que revistieren carácter de delito perseguible de oficio y no constare haber sido ya denunciados, los órganos competentes para resolver en vía económico-administrativa, a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, pasarán el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia para que procedan conforme haya lugar, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que haya incurrido el funcionario.
Capítulo II Acumulación
Acumulación por los interesados y por la Junta Superior de Hacienda 1. La reclamación económico-administrativa se referirá a un solo acto administrativo, si bien podrá formularse reclamación que comprenda dos o más actos administrativos, cuando en los mismos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 36.2 de este Reglamento.
Capítulo III De los actos en general
Expresión del domicilio En el primer escrito que se presente en cada reclamación económico-administrativa habrá de expresarse necesariamente el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio mientras no se haya acreditado en el expediente la sustitución de aquél por medio de escrito o de comparecencia personal, suscrita por el interesado o apoderado.
Actos motivados Deberán ser motivados, con referencia a hechos y fundamentos de derecho, los actos que pongan término a la cuestión principal objeto de reclamación o recurso y los que decidan:
Defectos de los actos de los interesados. Plazo para subsanarlos 1. Cuando el primer escrito que se presente en cada reclamación económico-administrativa no reúna los requisitos necesarios por este Reglamento, el Secretario requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su reclamación, archivándose sin más trámite.
3. Tanto el archivo de actuaciones como el decaimiento del derecho al trámite serán declarados mediante providencia del Secretario' de la Junta Superior de Hacienda dictada de oficio o bien a propuesta del Vocal que hubiera propuesto el trámite de subsanación.
Rectificación de errores materiales 1. En cualquier momento, a petición de los interesados o de oficio, se podrán rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos que contengan los acuerdos y resoluciones, por el propio órgano que los dictó.
Actuaciones fuera de plazo Las actuaciones realizadas fuera del tiempo establecido sólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del término o plazo y la responsabilidad del funcionario causante de la demora, si a ello hubiera lugar.
Principio del "favor acti" 1. La invalidez de un acto administrativo de gestión o que se hubiere dictado en el procedimiento económico-administrativo no implicará la de los sucesivos que sean independientes del primero.
Irrevocabilidad administrativa de las resoluciones Fuera de los casos de nulidad de pleno derecho y del recurso extraordinario de revisión, las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos no podrán ser revocadas ni modificadas en vía administrativa, de oficio ni a instancia de parte, cualquiera que sea la causa que para ello se alegue.
Declaración de nulidad Las resoluciones dictadas por los órganos competentes para resolver en vía económico-administrativa que incurran en nulidad de pleno derecho podrán ser revisadas por los motivos y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 153 de la Ley General Tributaria.
Capítulo IV Términos y plazos
3. Con carácter excepcional, el Presidente de la Junta Superior de Hacienda podrá habilitar los días inhábiles, de oficio o a instancia de parte, cuando hubiere causa urgente que lo exija según su apreciación, sin ulterior recurso. No obstante, dicha habilitación no podrá implicar en ningún caso alteración del número de días de los plazos concedidos para formular reclamaciones o recursos o para presentar escritos o documentos en los mismos.
Obligatoriedad de términos y plazos Los términos y plazos establecidos en el presente Reglamento y en cuantas disposiciones lo complementen, obligan por igual, sin necesidad de apremio, a los órganos competentes para el despacho de las reclamaciones y a los interesados en las mismas.
Prórroga 1. El Secretario de la Junta Superior de Hacienda o el Vocal que esté conociendo de la reclamación, podrán conceder, salvo precepto expreso en contrario, a petición de los interesados, una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente de este artículo, la prórroga se entenderá automáticamente concedida con la presentación en plazo del escrito de petición, sin que se precise acuerdo de la Junta Superior de Hacienda, por lo que el interesado, una vez hubiere formulado la solicitud de prórroga de que se trate, deberá cumplimentar el trámite que corresponda dentro del plazo que finalmente se derivase a consecuencia de la solicitud de prórroga que hubiere formulado. De no hacerlo así, se declarará la caducidad de dicho trámite.
Aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia 1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, el Consejero competente en materia de Hacienda o el Presidente de la Junta Superior de Hacienda podrán acordar, de oficio o a instancia de los interesados, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, reduciéndose con tal acuerdo a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la interposición de las reclamaciones o recursos.
2. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o acuerdo de que se trate. Los demás plazos se contarán a partir del día de la notificación o publicación del correspondiente acto.
Duración máxima de las instancias 1. No podrá exceder de un año el tiempo que transcurra desde el día en que tenga entrada en la Junta Superior de Hacienda una reclamación económico-administrativa hasta aquel en que se resuelva, de no mediar causas justificadas que lo impidieren.
Capítulo V Información y documentación
Información El interesado en una reclamación económico-administrativa podrá comparecer, personalmente o por apoderado, ante la Junta Superior de Hacienda, pidiendo que se le informe del estado de tramitación del procedimiento, lo que así se efectuará.
Derecho de acceso del interesado a los documentos 1. Los interesados podrán solicitar por escrito, previo pago de la correspondiente tasa, que se les expida certificación de extremos concretos contenidos en el expediente de la reclamación económico-administrativa o copia de documentación determinada del mismo.
2. No cabe, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica de expedición de copias sobre el expediente en su conjunto, debiendo en todo caso demostrarse por el interesado la existencia de justa causa que justifique esa expedición excepcional.
Presentación, desglose y devolución de documentos 1. Al presentarse un documento podrán los interesados acompañarlo de una copia, para que la Secretaría, previo cotejo, les devuelva el original, salvo que la propia naturaleza del documento determine que no debe ser devuelto antes de la resolución definitiva de la reclamación o recurso.
Capítulo VI Recepción y registro de documentos
Registro 1. En el Registro existente en el edificio que ubique la sede de la Junta Superior de Hacienda se harán los correspondientes asientos de todo escrito, documento, comunicación u oficio que sea presentado o que se reciba en la misma, de los proveídos de oficio que hayan de iniciar el procedimiento, cuando así lo acordase el órgano competente, y de los escritos, documentos, comunicaciones y oficios que se remitan o salgan de la Junta.
Capítulo VII Tramitación
Impulso de oficio El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites por el Secretario y los Vocales de la Junta Superior de Hacienda.
Inspección del despacho de asuntos 1. El Presidente de la Junta Superior de Hacienda inspeccionará el despacho de los asuntos.
Medidas en garantía del desarrollo normal de la tramitación Los funcionarios que tuvieran a su cargo la tramitación de las reclamaciones o recursos serán responsables de su desarrollo normal y adoptarán las medidas oportunas para que no sufran retraso, proponiendo lo conveniente para eliminar toda anormalidad en la tramitación de los expedientes y en el despacho con el público.
Control del orden de despacho de los asuntos En el despacho de los expedientes se guardará el orden de su incoación para los de homogénea naturaleza, salvo que causas justificadas aconsejen otra cosa.
Quejas contra defectos de tramitación En cualquier momento los interesados podrán formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
Capítulo VIII Suspensión del acto impugnado
4. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma de la reclamación económico-administrativa que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Suspensión por la Junta Superior de Hacienda de los actos de contenido económico 1. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía a que se refiere el artículo anterior, la ejecución del acto impugnado podrá ser, excepcionalmente, suspendida por la Junta Superior de Hacienda en los términos que establece este artículo.
4. El interesado dirigirá la solicitud de suspensión a la Junta Superior de Hacienda , efectuando las alegaciones que estime oportunas en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en los apartados uno y dos de este artículo, y adjuntando los documentos que lo acrediten. La solicitud no podrá pedir la apertura de un período de prueba y, si lo hiciese, la petición se tendrá por no hecha.
5. En la solicitud se indicará, en párrafos separados y diferenciados, la naturaleza, características, avalúo, descripción jurídica, y, según proceda, descripción física, técnica, económica, y contable, de la garantía que se ofrezca, con el suficiente detalle para que pueda ser examinada y, en su caso, constituida, sin ulteriores aclaraciones, modificaciones, o ampliaciones. Deberán adjuntarse los documentos que fundamenten lo indicado por el interesado, y en especial una valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes.
8. Tras la admisión a trámite, el Secretario de la Junta Superior de Hacienda podrá requerir al interesado para que aclare, acredite, o complete, cualquiera de los extremos indicados en su solicitud o documentos adjuntados con ella. Para ello otorgará un plazo proporcionado no inferior a diez días.
A la vista de todo lo actuado la Junta Superior de Hacienda dictará acuerdo decidiendo según los casos: a) archivar este trámite, b) incorporar este trámite al expediente todavía pendiente de resolución al objeto de que sea tenido en cuenta para decidir sobre la inadmisibilidad a trámite o sobre la denegación de la suspensión, c) alzar la suspensión ya acordada, d) acordar la modificación de las garantías aportadas o la constitución de otras nuevas en los términos del anterior apartado once advirtiendo que la no acreditación en plazo motivará acuerdo alzando la suspensión existente. La resolución no admitirá recurso en vía administrativa. La suspensión quedará alzada desde el día en que se notifique el acuerdo respectivo. Cuando se alce la suspensión las garantías ya aportadas sólo se cancelarán tan pronto se acredite el ingreso de la deuda y de los intereses generados durante la misma.
Suspensión de otros actos administrativos 1. La Junta Superior de Hacienda, cuando resuelva sobre la impugnación de aquellos actos administrativos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, como los requerimientos administrativos para el suministro de información o para el cumplimiento de otros deberes de colaboración, o los acuerdos que impongan sanciones no pecuniarias, podrá ordenar la suspensión de su ejecución cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Capítulo IX Comunicaciones e intimaciones
Notificaciones 1. Todos los actos que afecten directamente a los interesados o pongan término a una reclamación económico-administrativa serán notificados a aquéllos en el plazo máximo de diez días a partir de su fecha.
a) Organo o autoridad que hubiere dictado o acordado la providencia, la fecha de ésta y el asunto en que haya recaído.
Emplazamiento El emplazamiento contendrá los requisitos a), b) c) y e) del apartado 1 del artículo anterior y expresará, además, el plazo dentro del cual deba comparecer o actuar el emplazado y el Organo o autoridad ante quien haya de verificarlo.
La diligencia por correo y por agente notificador 1. En los supuestos de los párrafos b) y c) del artículo 78 de este Reglamento, la notificación o diligencia podrá practicarse por correo, remitiéndose al interesado, cuando no se utilice pliego certificado con acuse de recibo, además de la copia literal autorizada del acto de que se trate, un duplicado de la misma o una cédula de notificación, con el ruego de que sea devuelta dicha copia o cédula fechada y firmada por el interesado dentro de un plazo no superior a diez días.
La diligencia por anuncio 1. En los supuestos del párrafo d) del artículo 78 de este Reglamento, el anuncio se hará durante diez días consecutivos en el tablón de anuncios de la Junta Superior de Hacienda. Transcurrido este plazo, el Secretario de la Junta certificará la exposición pública de la notificación, dejando constancia en el expediente de esta circunstancia. Además, el anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
3. Si la notificación se dirige a persona distinta de la que interpuso la reclamación, la diligencia por anuncio, si fuera necesaria se practicará mediante exposición pública durante diez días en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido, debiendo el Alcalde devolverlo en plazo que no exceda de quince días desde su recibo, acompañando certificación en la que exprese haber estado expuesto al público durante el indicado plazo. Además, el anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

References: artículo 36
 artículo 153
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 78
 artículo 78