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Timestamp: 2020-06-03 13:08:16+00:00

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Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. - CIM Tax & Legal
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 2020-04-022020-04-02/wp-content/uploads/2017/11/logo_cim-retina.pngCIM Tax & Legalhttps://www.cimtaxlegal.com/wp-content/uploads/2018/05/writing-1149962.jpg200px200px
Con motivo de la prórroga del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nuestro país, el Gobierno ha adoptado una serie de nuevas medidas para reforzar aquellas ya previstas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo. El Real Decreto-ley entrará en vigor en el día de hoy, 2 de abril de 2020. En el presente comunicado, recogemos aquellas medias y modificaciones que entendemos de mayor relevancia que mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, salvo que dispongan de un plazo determinado.
1- MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y A COLECTIVOS VULNERABLES
SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO Y DE LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
En los casos de procedimientos de desahucio por falta de pago que se encuentren en tramitación, y no se haya señalado fecha de lanzamiento, la persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad derivada del COVID-19, podrá solicitar la suspensión del señalamiento por un periodo máximo de 6 meses a contar desde entrada en vigor del Real Decreto-Ley, esto es, hasta el mes de octubre de 2020.
Si la solicitud de suspensión afecta a arrendadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se comunicará a los servicios sociales a efectos de valorar la aplicación de la suspensión extraordinaria.
Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en los que finalice la prórroga obligatoria prevista en el artículo 9.1 o el período de prórroga tácita prevista en el artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los mismos términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
MORATORIA DEUDA ARRENDATICIA
Aplicación de moratoria automática
Los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad, cuando el arrendador sea, o bien una empresa o entidad pública de vivienda, o bien un gran tenedor (persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2), disponen de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, podrá solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, siempre y cuando no hayan llegado a un acuerdo previo.
En el caso de no haya acuerdo entre arrendador y arrendatario, el arrendador dispondrá de 7 días laborables para comunicar su decisión, optando por:
Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, y hasta un máximo de cuatro meses.
Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará durante el tiempo que dure el estado de alarma, y hasta un máximo de cuatro meses. La devolución se realizará mediante el fraccionamiento de cuotas durante al menos 3 años, sin que ello suponga penalización al arrendatario. Las cantidades aplazadas no generan intereses.
Aplicación de moratoria consensuada
Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuando el arrendador sea persona física sin ser considerado gran tenedor, dispondrán de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley para solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre y cuando no hayan llegado a un acuerdo previo.
Una vez recibida la solicitud, el arrendador dispondrá de 7 días laborables para comunicar al arrendatario las condiciones que acepta o plantear alternativas. En caso de que el arrendador no aceptara ningún acuerdo de aplazamiento, el arrendatario podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación del Estado, que ha autorizado el desarrollo de una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación de hasta seis mensualidades de la renta a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin gastos ni intereses.
Asimismo, el Estado va a crear un «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual», que tiene por objeto la concesión de ayudas para el pago de la renta de alquiler a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
Concepto de situación de vulnerabilidad económica y acreditación
Como denominador común para poder optar a la moratoria o a las ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual es encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Para que exista situación de vulnerabilidad deberán concurrir los siguientes requisitos:
Que el obligado a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, ERTE, o se halle en cualquier otra circunstancia similar que suponga una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar1, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el IPREM. Dicho límite se verá incrementado en determinados supuestos, como en los casos de familias monoparentales o cuando se tengan personas con discapacidad a cargo.
Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y contribuciones a la comunidad de propietarios), resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Se excluyen los casos en que arrendador o alguna de las personas que conforman la unidad familiar sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, salvo cuando se trate únicamente de una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por transmisión mortis causa sin testamento o puedan acreditar la falta de disponibilidad de esta.
La situación de vulnerabilidad deberá ser acreditada aportando los documentos y certificados emitidos por las entidades correspondientes que justifiquen las circunstancias alegadas. La falta de documentación se podrá suplir mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. En este caso, tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
Para aquellos que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia y, sin embargo, no cumplan con los requisitos exigidos o voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica, serán responsables de los daños y perjuicios que hayan causado, así como de los gastos que hayan generado. En ningún caso, el importe derivado de los conceptos anteriores no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria.
NOVEDADES EN LA MORATORIA HIPOTECARIA
En el ámbito de moratoria hipotecaria, se desarrolla lo previsto en el Decreto 8/2020, estableciendo plazos y el procedimiento para la solicitud y concesión de la misma. Como novedad, se introduce la definición de vulnerabilidad económica, necesaria para beneficiarse de la moratoria.
Así, para que exista vulnerabilidad económica, deberán darse las siguientes condiciones:
El posible beneficiario deberá encontrarse en situación de desempleo, o en caso de ser profesional o empresario, sufrir una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, no podrá superar el límite de tres veces el IPREM. Dicho límite se verá incrementado en determinados supuestos, como en los casos de familias monoparentales o cuando se tengan personas con discapacidad a cargo.
El total de las cuotas hipotecarias de la vivienda habitual, de los inmuebles afectos a la actividad económica y de las viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler en las que se haya dejado de percibir la renta arrendaticia durante el estado de alarma y hasta un mes después de la finalización del mismo, más los gastos y suministros básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y contribuciones a la comunidad de propietarios) debe ser superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los inmuebles detallados en el apartado anterior sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3, suponiendo una alteración significativa de las condiciones económicas.
La situación de vulnerabilidad deberá ser acreditada aportando los documentos y certificados emitidos por las entidades correspondientes que justifiquen las circunstancias alegadas.
2- MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS
MEDIDAS DE APOYO EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A raíz de la situación excepcional del estado de alarma, las empresas y los autónomos se han visto obligados bien a cesar su actividad o bien a reducirla de forma significativa. Para intentar paliar las situaciones de tensión de tesorería que puedan generarse, se han aprobado una serie de medidas adicionales de apoyo a aquellas aprobadas en los RDL 7/2020 y 8/2020.
A continuación, se procederá a delimitar el alcance y aspectos más relevantes de dichas medidas:
a) Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social para otorgar moratorias tanto a empresas como a trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social. Asimismo. Cabe tomar en consideración que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobarán una Orden a través de la cual se determinen las condiciones y requisitos que deberán cumplir aquellos que estén interesados en optar por este beneficio.
Dichas moratorias tendrán como objeto el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta detallados a continuación:
En el caso de empresas, se podrá solicitar la moratoria para aquellos pagos cuyo devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio.
En el caso de trabajadores por cuenta ajena, esta moratoria se podrá solicitar para aquellos pagos cuyo devengo esté comprendido entre los meses de mayo y julio de 2020.
Respecto de las condiciones de dicha moratoria, cabe destacar que la misma será de 6 meses y no se devengarán intereses.
Tal y como se ha indicado anteriormente, esta medida no es de aplicación automática, sino que deberá cursarse su solicitud dentro de los primeros 10 días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso.
b) Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
Adicionalmente a la medida anterior, tanto las empresas como los trabajadores por cuenta propia podrán solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social siempre que su plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020.
Respecto de las condiciones de este aplazamiento, cabe destacar que a las deudas aplazadas bajo la aplicación de este Real Decreto les será de aplicación un tipo de interés 0,5% en lugar de aplicar aquel que corresponda bajo el régimen general.
Asimismo, los interesados en optar por este aplazamiento deberán tramitar dicha solicitud en el trascurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario del ingreso de la deuda que se desea aplazar.
c) Prestación extraordinaria por cese de actividad.
El pasado 18 de marzo de 2020 se aprobó una prestación extraordinaria para aquellos trabajadores por cuenta ajena que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, sus actividades hayan quedado suspendidas o su facturación se haya visto reducida, como mínimo, en un 75%. La concesión de esta prestación no es de carácter automático, sino que los interesados deben tramitar su solicitud aportando la debida documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Respecto del plazo para ejercitar dicha solicitud, cabe precisar que el Real Decreto 11/2020 lo amplía, pudiendo tramitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma.
Adicionalmente y en relación con la cotización de los días del mes de marzo de 2020 no cubiertos por la mencionada prestación, se acuerda que no será objeto de recargo por ingreso fuera de plazo el importe correspondiente a esta cotización que se haya ingresado una vez finalizado el plazo previsto a dichos efectos.
d) Otras medidas de apoyo a los autónomos.
Con carácter complementario a las medidas indicadas anteriormente, el Real Decreto-Ley objeto de la presente comunicación ha aprobado una serie de medidas de carácter general que también podrían beneficiar al colectivo de los autónomos:
Suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de cualquier préstamo o crédito sin garantía hipotecaria. A fin de poder aplicar esta medida suspensiva es necesario que dicho contrato se haya formalizado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los términos definidos en el propio Real Decreto.
Moratoria de la deuda hipotecaria. La deuda hipotecaria contraída para la adquisición del inmueble afecto a su actividad económica podrá acogerse a la moratoria hipotecaria aprobada por el Real Decreto 8/2020 siempre que el empresario o profesional se halle en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los términos definidos en el propio Real Decreto.
Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de préstamos concedidos por Comunidades Autónomos y Entidades Locales. Las empresas y trabajadores autónomos que hayan solicitado un préstamo a una Comunidad Autónoma o Entidad Local, podrán solicitar el aplazamiento del pago tanto del principal como de los intereses en lo que resta del año 2020. Para poder optar a este aplazamiento, es preciso que las empresas y trabajadores autónomos hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación de forma significativa a raíz de la declaración del estado de alarme.
3. MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO
A continuación, se exponen las medidas de carácter tributario más significativas que se recogen en el Real Decreto-Ley 11/2020 objeto de la presente comunicación:
a) Ampliación de plazos en el ámbito autonómico y local.
Cabe recordar que el Real Decreto 8/2020 de 18 de marzo, aprobó la ampliación de los plazos de diversos procedimientos tributarios en función de si los mismos se hubieran iniciado con anterioridad o posterioridad con dicha fecha. A través del Real Decreto-Ley, de fecha 1 de abril de 2020, se confirma que la ampliación de dichos plazos resulta de aplicación también en aquellos procedimientos gestionados por las administraciones autonómicas y locales. A continuación, se muestra un cuadro resumen de los plazos ampliados.
Procedimientos no finalizados a fecha 18 de marzo de 2020 Procedimientos iniciados a partir de 18 de marzo de 2020
Los plazos concedidos se ampliarán hasta el próximo 30 de abril de 2020. Los plazos concedidos se ampliarán hasta el próximo 20 de mayo de 2020.
Nos remitimos a nuestros comentarios de la Comunicación, de fecha 19 de marzo de 2020, para un mayor detalle del alcance de esta medida.
b) Ampliación del plazo para recurrir.
En el ámbito tributario y desde la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
El RDL 11/2020 introduce una modificación a la exención prevista en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, correspondiente a las escrituras de formalización de novaciones contractuales y créditos hipotecarios. En particular, a través de esta modificación, se precisa que esta exención aplicará únicamente a aquellas escrituras que tengan su fundamento en los supuestos previstos en los artículos 7 a 16 del RDL 8/2020. Al respecto, cabe recordar que estos artículos tienen como finalidad recoger los supuestos susceptibles de acogerse a la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual.
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References: Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 10
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