Source: https://www.scribd.com/document/80253158/Documento-de-Trabajo-Juicio-Ciudadano-sobre-Mineria-vfinal
Timestamp: 2016-09-30 16:17:23+00:00

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Elaborado por el Comité Organizador y revisado por el Comité Asesor del Proyecto Juicio Ciudadano sobre Minería en Uruguay: un proceso de reflexión y deliberación ciudadana
Introducción………………………………………………………………………….………….3 Explotación de recursos naturales y Desarrollo Sostenible………….……………………4 Minería……………………………..……………………………………………………...…….6 Minería en Uruguay…………………………………………………………………..………15 El proyecto de la Minera Aratirí………….………………………………………………….24 Anexo 1 (Controversias sobre Aratirí).……………………………………….….…………33 Anexo 2 (Minería y Modelos de Desarrollo)………….……………………………………45 Anexo 3 (Participación pública en política socio-ambiental)….…………….……………50
RESUMEN Este documento tiene como objetivo ofrecer material informativo y contextualizado sobre la temática de los emprendimientos mineros en el Uruguay, particularmente sobre las consideraciones que se han hecho hasta ahora en vistas de la posibilidad, que se estudia en la esfera técnico-política, de que en el país se instale la empresa Zamin Ferrous a través del proyecto de la Minera Aratirí.
INTRODUCCIÓN El contexto nacional y regional marca una situación favorable para el incremento de las actividades de diversos sectores productivos que, por un lado representan un aumento de los ingresos económicos para el país, y por el otro representan un desafío para pensar y definir políticas socio-ambientales. Aunque en Uruguay existen numerosos emprendimientos mineros, los niveles de producción no son comparables con los países mineros de la región como Perú, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia o Ecuador (en orden de inversiones mineras). El tema pasó a estar en la opinión pública a partir de la posibilidad de que se concrete el proyecto de la Minera Aratirí, lo que implicaría una explotación de hierro de dimensiones sin antecedentes en Uruguay y una inversión mayor a la que en su momento significó BOTNIA-UPM. El debate público sobre Aratirí ha mostrado cuestionamientos sobre este tipo de emprendimiento, provenientes de análisis de sus dimensiones económicas, políticas, sociales, ambientales, etc. Esto obliga a poner sobre la mesa el tema más general de minería y en ese contexto, los caminos de desarrollo que se están planteando/tomando en Uruguay. Se trata de un tema que trasciende ampliamente al ámbito técnico y que convoca aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, ambientales, éticos. Y por ello es necesario dar voz a la sociedad. Cuanto más plural sea el proceso y la convocatoria a la reflexión y opinión, más precisas y democráticas serán las consideraciones que se manejen en torno a este tema. Los Juicios Ciudadanos son mecanismos de participación pública en ciencia y tecnología que se consideran una herramienta de deliberación ciudadana y una forma de fomentar la comprensión pública de la problemática y de todos los matices que hacen compleja a la decisión final. En este documento intentaremos reflejar todos los aspectos relacionados a las decisiones que tiene que tomar el país sobre el desarrollo minero. A partir de esta información el panel ciudadano podrá comenzar el proceso de indagación. Se plantean aquí muchos argumentos y sus respectivos contra-argumentos que reflejan la complejidad del tema y el desafío de poder valorar y ponderar la importancia de los mismos. Para comenzar nos centraremos en el marco más general en torno a la controversia planteada: la explotación de los recursos naturales de un país y su relación con la sustentabilidad. Posteriormente describiremos someramente a la actividad minera incluyendo algunos aspectos que hacen a su relación con consideraciones sociales y ambientales. Luego de ello entraremos en la actividad minera en Uruguay, especificando el proceso en el que surge el debate sobre Aratirí.
En anexo, revisaremos los problemas de las concepciones sobre modelos de desarrollo en el país, y el marco teórico de este Juicio Ciudadano: la participación pública en temas socio-ambientales.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE El contexto científico-tecnológico y social de la Revolución Industrial del siglo XIX amparó criterios de progreso basados esencialmente en el crecimiento económico (de donde emerge el cálculo del Producto Nacional Bruto) y en la explotación ilimitada de recursos naturales. A medida que avanzaba el siglo XX quedaba clara la contradicción de un desarrollo entendido como crecimiento económico (y mejora material de los niveles de vida) y las condiciones ambientales que permitieran que ese desarrollo perdurara en el tiempo. La conciencia de los costos socio-ambientales del “desarrollo”, disparada principalmente en la década del 60, condujo al remplazo de la idea de crecimiento económico ilimitado, a partir de planteos que, entre otros, consideraban el bienestar de las generaciones futuras. De este escenario surge el concepto de desarrollo sostenible (o sustentable) (ver Cuadro 1). Los recursos naturales son limitados (nutrientes del suelo, agua potable, minerales, etc.) y susceptibles de agotarse, y la actividad económica que se realiza sin más criterio que el económico (centrada en el desarrollo productivo o en el bienestar social en un determinado momento), puede producir problemas socio-ambientales irreversibles. Uno de los debates dentro del tema es precisamente si pueden conciliarse a largo plazo los intereses económicos y la integridad del ambiente. El propio debate sobre el desarrollo sostenible ha conducido a debatir los modelos de desarrollo y cuestionar la relación entre desarrollo económico y bienestar humano. Se registra una tendencia a no relacionar necesariamente el crecimiento económico y el desarrollo (para contemplar un registro más rico de las aspiraciones humanas). En ese sentido Amartya Sen, premio Nobel de economía y gestor de un enfoque conocido como “desarrollo como libertad”, ha definido desarrollo como el proceso de expansión de las capacidades humanas, lo que implica aumento de autonomía y justicia. Sen no define el desarrollo en base a la renta, sino por la capacidad de las personas en transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que quieren llevar (objetivo así del desarrollo).1 Además, el acceso a la naturaleza y su uso está cada vez más mediado por la riqueza, y ésta, distribuida de forma desigual. Es por ello que la crisis ambiental es considerada desde algunos enfoques como una crisis social. No todos los seres humanos son igualmente beneficiados/afectados por el uso que, desde diversos sectores productivos, o agentes económicos, se propicia de los recursos naturales. Algunos autores designan a los conflictos que surgen de ello, “conflictos ecológicodistributivos”. Los perjudicados pueden solicitar indemnización monetaria o apelar a
los valores paisajísticos, tradicionales o naturales de su entorno, y los beneficiados pueden apelar a condiciones de empleo, perspectivas de futuro, etc. Estos conflictos pueden relacionarse a la extracción de materiales y energía (ej: extracción de petróleo, erosión de tierras, forestación, deterioro de la calidad de los suelos, derechos nacionales o locales de pesca, conflictos sobre el agua, y conflictos mineros asociados a la ocupación de tierras y contaminación), al transporte de esos materiales (derrames petroleros, conflictos sobre oleoductos, gasoductos, hidrovías, ampliación de puertos, autopistas, etc.), o relacionarse con el manejo y disposición de residuos (riesgos a veces inciertos sobre, por ejemplo, pesticidas, organismos genéticamente modificados, residuos nucleares).
El concepto de desarrollo sustentable nace a partir del reconocimiento de los cambios ambientales del siglo XX (sobre explotación de recursos naturales, contaminación, impacto sobre el clima, las formas de vida y los sistemas que sustentan la vida) y su relación con la actividad económica humana. En 1972 el Informe del Club de Roma (grupo de discusión internacional formado por científicos, industriales, diplomáticos y miembros de la sociedad civil) titulado “Los límites del crecimiento” cuestionó la viabilidad del crecimiento como objetivo económico global. De seguir así, el crecimiento poblacional, la demanda de energía y de recursos naturales, y los niveles de contaminación, harían inviable la continuidad de la población en el planeta, declaraban. La Fundación Bariloche (institución privada aún en actividad fundada en 1963 para promover la actividad científica) gestaba al mismo tiempo la respuesta latinoamericana al Informe del Club de Roma, un “Modelo Latinoamericano” crítico, que cuestionaba las bases económicas y políticas del orden mundial. El modelo Bariloche se diseñó para buscar caminos que llevaran a un mundo en el que el desarrollo tuviera como objetivo fundamental satisfacer, por lo menos, las necesidades humanas básicas de toda la sociedad, administrando los recursos y cuidando el medio. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medioambiente (1972) realizada en Estocolmo (la primera reunión mundial sobre medioambiente) intentó trazar un curso intermedio (entre los extremos de crecimiento primero y de crecimiento cero), reconociendo los conflictos entre medioambiente y desarrollo económico. Los postulados de crecimiento con equidad y eficiencia económica (aceptando que el manejo de la demanda es complicado en una economía de mercado pura y que requiere por tanto de regulaciones estatales) debían conjugarse con prudencia ecológica. El poco progreso logrado por el organismo creado en esa ocasión, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dio origen al establecimiento en 1983 de una Comisión de alta jerarquía (Comisión Mundial para el Medioambiente y el Desarrollo Económico) para tratar estos temas. El informe que produjeron, Nuestro Futuro Común (1987), dio un nuevo ímpetu a la discusión política en torno a la promoción de un Desarrollo Sustentable, concepto que nacía oficialmente así. Con la publicación de dicho informe el desarrollo sustentable comenzó a dominar todas las áreas del discurso ambiental y político. El desarrollo sustentable quedaba definido como “un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro de satisfacer sus propias necesidades”. El reporte no abandona la idea de crecimiento económico sino que lo considera absolutamente esencial para combatir la pobreza pero en un camino nuevo, uno que sustente las capacidades del ambiente. A pesar de la gran cantidad de definiciones de desarrollo sustentable, ésta, la original, es la más utilizada. El concepto fue rápidamente aplicado en el mundo de la política, determinando la agenda de la llamada Cumbre de la Tierra, o Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. La Agenda 21 representa el programa (o declaración de principios) que salió de esa conferencia para que las naciones pusieran en práctica la sustentabilidad con acuerdos internacionales sobre, por ejemplo, cambio climático y protección de la biodiversidad. En el año 2002, la declaración de Johannesburg creaba una “responsabilidad colectiva para avanzar y estrechar los pilares interdependientes y mutualmente reforzadores del desarrollo sustentable – desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental – a nivel local, nacional, regional y global”. Así quedaban establecidos los tres pilares sobre los que debería descansar el concepto y programas para un desarrollo que fuera sustentable, el social, el ambiental y el económico.
Uno de los problemas del manejo de estos conflictos socio-ambientales o “ecológicodistributivos” es el diálogo entre diferentes actores y sistemas de valores (muchas veces se apela a la reducción del problema a una sola dimensión). Aunque al día de hoy se considera indispensable, en la mayoría de los círculos de debate (incluyendo los organismos internacionales), la participación de base comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades de la población para garantizar la sustentabilidad (considerando la sustentabilidad social junto con la económica y la ambiental), no hay consenso sobre los procedimientos para lograrlo ni sobre el manejo del poder de decisión al respecto.
MINERÍA La minería es una actividad basada en la extracción de recursos naturales no renovables: rocas y minerales. Éstos pueden ser metales como hierro, oro, cobre, etc., y no metales, como rocas ornamentales (granitos, mármoles, laja), áridos para la construcción (balasto, grava, arenas y piedra triturada), minerales de uso industrial (arcillas para cerámicas, calizas para cemento), carbón, etc. Los yacimientos son áreas donde los minerales de interés se encuentran concentrados, y a pesar de estar combinados con otros elementos, se pueden extraer con beneficio económico. El conjunto de minerales del cual se puede extraer uno o más metales se denomina mena, mientras que el término ganga refiere al conjunto de minerales no utilizables que se descartan al extraer la mena del yacimiento (carecen de valor económico). Los recursos minerales constituyen un componente insustituible para el desarrollo socio-económico de una nación: son utilizados en todas las industrias, sea en materia prima o en productos semifabricados. En particular, la producción de hierro (el metal más utilizado por el ser humano) representa el 95% de la producción mundial de todos los metales en peso. El hierro es la base de la siderurgia, y el acero (producto de la aleación de hierro y carbono) es altamente utilizado, por su bajo precio y alta tenacidad, en la construcción de maquinaria, automóviles, barcos, vías férreas, puentes, componentes estructurales de edificios, etc.2 El uso de minerales por el ser humano, y por lo tanto la extracción de los mismos, fue aumentando con el pasar de las décadas. Por ejemplo, en 1999 se extrajeron cerca de 9,6 mil millones de toneladas de minerales comercializables, casi dos veces más que en 1970. El consumo de minerales no es semejante en todo el planeta. Dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes son consumidos por los países industrializados. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, quienes en conjunto representan el 15% de la población mundial, consumen aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero producidos anualmente3 (ver Tabla 1 como ejemplo del consumo de distintos minerales per capita en EEUU).
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y el Acero. Comisión Chilena del Cobre. Dirección de Estudios y Políticas Públicas (DE/02/2010). Disponible en: http://www.cochilco.cl/productos/pdf/2010/InformeFeyAcero2010x.pdf 3 Datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos: http://www.usgs.gov/
Tabla 1 - Consumo anual de minerales per capita en Estados Unidos, 2010
Consumo total=17.276 kg/persona/año Fuente: Mineral Information Institute (www.mii.org)
ELEMENTO Roca partida * Carbón ** Petróleo + Arena y grava * Gas natural + Cemento * Sal + Hierro * Fosfatos * Arcillas * Aluminios * Natrón Cobre ** Plomo ** Zinc ** Manganeso Uranio Otros metales ** Otros No metales **
CANTIDAD 3.863 kg 3.083 kg 3.595 lt 2.541 kg 2.291 m3 225 kg 191 kg 162 kg 99 kg 74 kg 30 kg 16 kg 5,5 kg 5 kg 2,7 2,3 kg 0,11 kg 11 kg 151 kg
USO Construcción, carreteras, puentes, puertos Energía Energía e industria química Construcción, carreteras, puentes, vidrio Energía Construcción, carreteras, puentes Industria química, alimentación Construcción, vehículos, trenes, barcos Fertilizantes Cerámicas, porcelana, ladrillos, papel Construcción, envases, vehículos, aviones Vidrio, detergentes, industria química Conductores eléctricos, electrónica, tubos Baterías Galvanizados, aleaciones, pinturas Aceros para maquinaria Energía
NOTAS: Forma de explotación: * Exclusivamente a cielo abierto ** Predominantemente a cielo abierto; + Fluido o en solución; Negrita: se consume en Uruguay; Negrita y cursiva: se produce en Uruguay. Datos de Uruguay proporcionados por C. Gaucher
Tipos de minería Según el tipo de explotación, existen dos grandes categorías: la minería subterránea y la de superficie. En la minería subterránea se excavan galerías verticales, y mediante perforadoras y/o explosivos se rompe la mena bajo tierra para extraer uno o más minerales. Éste fue el método más común de extracción hasta mediados del siglo veinte. Los avances tecnológicos en maquinarias después de la Segunda Guerra
Mundial fueron promoviendo más y más la explotación en minas de superficie. Además, en muchos casos la minería subterránea fue abandonada por presentar baja rentabilidad y alta siniestralidad, aunque minerales como el hierro, carbón, níquel, zinc o plomo, en general también siguen siendo extraídos de esta manera. Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo son producto de la minería a cielo abierto. La característica principal es que la extracción se hace sin techo, en un pozo abierto con forma de tajo o embudo. Esto implica condiciones de seguridad mayores para los trabajadores (menor peligro de derrumbes), así como una mayor recuperación del útil. Existen diferentes tipos de minería a cielo abierto según el material a extraer: minas a cielo abierto para metales (generalmente de roca dura) como hierro y cobre, explotaciones al descubierto para carbón o lignito, canteras para materiales de construcción e industriales (por ej., arena, granito, caliza, mármol, grava, arcilla, cuarzo, sal común), y minas de placeres (depósitos de partículas minerales mezcladas con arena o grava) para minerales y metales pesados, como oro, plata, diamantes, magnetita, gemas diversas y estaño.
Etapas de la actividad minera La actividad minera incluye diversas etapas que transcurren desde la búsqueda del yacimiento hasta el cierre de la mina. Estas etapas pueden agruparse en tres categorías (Fig. 1): (a) pre-extracción, (b) extracción y (c) post-extracción. Es importante tener presente que el factor determinante de que se inicie este proceso es la presencia de una demanda del mercado (ya que no tiene sentido invertir en explotar un mineral si no existe un comprador para el mismo).
Figura 1. Etapas comprendidas en la actividad minera.
(a) Pre-extracción Existen tres etapas previas a la extracción: la prospección, la exploración y el estudio de factibilidad económica de explotación. Debido a que al comienzo de la preextracción se desconoce si el proyecto será viable, también suele conocérsela como etapa de riesgo. La prospección consiste en la búsqueda del material, para lo cual los geólogos realizan trabajo de campo (incluyendo el uso de diversos mapas, imágenes satelitales y otras herramientas) y análisis de laboratorio. Una vez que se encuentra un cuerpo mineral (durante la prospección o de forma casual), se realiza la exploración, etapa
que consiste en delimitar su forma y determinar el tamaño (o cantidad) y calidad del material que lo compone. La exploración incluye labores mineras superficiales como trincheras, cateos, perforaciones, y raramente labores subterráneas (túneles) para reconocer el cuerpo mineral y tomar muestras de él. La determinación de la calidad del material tiene varios componentes; en el caso de los minerales hay que considerar:
1. La composición mineralógica y la granulometría. 2. El contenido del elemento (hierro, cobre, oro), indicado por la ley o tenor que
es el contenido del metal por unidad de peso, en forma de porcentaje. 3. El contenido de impurezas (elementos indeseables) que acompañan la mena. El costo de los trabajos de prospección y exploración es muy variable ya que depende del tipo de yacimiento, su ubicación y otras características. Luego de la etapa de exploración, se elabora el estudio de factibilidad de explotación. Si bien se analizan otros aspectos del proyecto, es la factibilidad económica la que en gran parte determinará si se continúa la inversión. Básicamente, el estudio de factibilidad es positivo cuando indica que el precio de venta del mineral es mayor que el costo total de producción, y que la diferencia entre ambos (la ganancia) es suficientemente atractiva para hacer la inversión. En este caso, tras elaborar el proyecto y conseguir los fondos necesarios, se pasa a la etapa siguiente, de extracción. De lo contrario, cuando el estudio de factibilidad es negativo, todo lo invertido hasta la fecha se pierde. (b) Extracción El método de extracción a utilizar en la etapa de explotación depende del tipo, tamaño y profundidad del yacimiento, estado físico del mineral y otras características. En el caso de la minería subterránea, la extracción será diferente según si se trata de minería de roca blanda o de roca dura. En la primera no se usan explosivos ya que las rocas blandas (como el carbón y la sal común) pueden cortarse con herramientas modernas, mientras que en la segunda sí se utilizan explosivos como método de extracción. En la minería a cielo abierto, una vez que se remueven la vegetación y suelo, se remueven el útil y el estéril usando explosivos, excavadoras y medios de transporte (camiones, cintas transportadoras). En algunos casos no se utilizan explosivos, como es el caso de la minería a cielo abierto del carbón, o las extracciones de arena y balasto. Gracias a los crecientes avances tecnológicos, con esta modalidad se pueden remover o demoler muchos metros cúbicos de roca en poco tiempo. Las minas a cielo abierto lucen, entonces, como terrazas dispuestas en grandes fosas anchas y profundas. Dependiendo del tamaño de la mina la superficie afectada puede llegar a cientos de hectáreas y la profundidad a cientos de metros.
c) Post-extracción Una vez que los materiales fueron extraídos, son transportados por diferentes medios (por ej., camiones, bandas transportadoras) desde el frente de explotación hasta la planta de tratamiento o el lugar de embarque (ya que en ocasiones los materiales son
vendidos previo a su tratamiento). A veces el tratamiento se realiza en el propio lugar de extracción. En la mayoría de los casos, el tratamiento de los materiales provenientes de la mina comienza por la trituración y la molienda, lo que permite reducir su tamaño hasta que las partículas obtenidas tengan el tamaño de los minerales componentes de esa masa rocosa. En ese momento ya es posible separar los minerales útiles (o concentrado) de los materiales desechados (o cola), operación que se conoce como concentración. Existen diferentes métodos de concentración según las características físicas y químicas de los minerales a tratar. Ejemplos de ello son la concentración gravitacional, la densidad diferencial y la separación magnética. La primera consiste en la separación de partículas que, ya sea por densidad o por tamaño, responden de distinta manera ante la fuerza de gravedad. Mediante el método de densidad diferencial se separan minerales de distinto peso específico utilizando líquidos que tengan una densidad intermedia entre el mineral que se quiere concentrar (por ej., carbón) y los desechables. La separación magnética se aplica con algunos minerales, como la magnetita (óxido de hierro) o la ilmenita (óxido de hierro y titanio), que pueden ser atraídos por un campo magnético (se separan entonces los minerales de distinta susceptibilidad magnética). El proceso de extraer minerales de la corteza terrestre siempre implica la producción de materiales no comercializables. La mezcla de sustancias que se encontraban con el mineral útil va a terminar como material sobrante en el dique de colas (llamado también represa de relaves), un lugar establecido para su almacenamiento. Por otra parte, los materiales que cubrían y rodeaban al yacimiento, luego de ser removidos son depositados en lugares elegidos para tal fin, y al acumularse forman lo que se conoce como escombrera (con los materiales estériles). Dado que los minerales son recursos no renovables, luego de un período de explotación (la vida útil de la mina), las reservas del yacimiento se agotan y por lo tanto se debe realizar el cierre de la mina, el cual debe incluir la remediación de los impactos ambientales producidos hasta el momento4 (existen varios métodos para ello). De todas formas, lo que queda se considera un neo-ecosistema: ecosistema que se genera por las interacciones biofísicas del medio luego de un fuerte impacto antrópico que imposibilita el retorno a la situación anterior. Asumiendo que es imposible la recuperación de la zona en su estado previo, los planes de remediación deben ser planificados y acordados de ante mano.
Aspectos sociales y ambientales de la actividad minera
La minería, al igual que otras actividades económicas, genera transformaciones en el sistema socio-ambiental donde se desarrolla, las que usualmente se conocen como impactos. Dentro de los impactos socio-económicos positivos de los emprendimientos mineros suelen destacarse las fuentes de trabajo creadas, tanto directas como indirectas, generalmente asociadas con una mejora en los salarios. Esto tiene un efecto
multiplicador sobre la economía en la zona de influencia. Además, los empleados reciben capacitación mediante cursos y talleres para realizar su trabajo de la mejor manera. La empresa usualmente se encarga de aportar una buena cobertura de salud para los empleados y sus familias, a veces creando centros de salud en zonas donde previamente no existían. Al mismo tiempo, toda la zona de influencia se puede beneficiar por las mejoras en infraestructura asociadas con la instalación de la empresa, sea en caminería, comunicaciones, energía, etc. Todos estos impactos pueden relacionarse, entonces, con una mejora en la calidad de vida de los pobladores de la zona. Sin embargo, en ocasiones las empresas mineras se instalan en zonas donde los pobladores se encontraban desarrollando sus propias actividades económicas (como minería a pequeña escala, agricultura, ganadería, pesca), generándose entonces un conflicto de intereses acerca del uso del terreno y los recursos naturales. Por tanto, la minería a gran escala puede representar un impacto negativo para aquellos pobladores que se vean desplazados de las actividades que han desarrollado tradicionalmente como forma de sustento. Cabe aclarar que esta situación no es exclusiva de las actividades mineras sino de cualquier emprendimiento que modifique el uso de los recursos naturales en un determinado espacio/tiempo. Con respecto a consideraciones ambientales, es necesario evaluar el posible impacto de los emprendimientos mineros sobre la superficie del terreno, el aire, las aguas subterráneas y superficiales, el suelo, la fauna y flora, y la salud humana. Estos impactos van a depender de las características que tenga el emprendimiento en cada una de las etapas de su desarrollo. Por ejemplo, algunos posibles impactos asociados con la fase de exploración tienen que ver con la construcción de caminos de acceso, ejecución de trincheras, aperturas de pozos y tomas de muestras. Durante la fase de explotación, los impactos potenciales difieren según los métodos utilizados. Generalmente se considera que la minería subterránea tiene menos impactos socioambientales que las minas de superficie, ya que la perturbación en la superficie de la tierra y los cambios en el paisaje son menores. Sin embargo, el peligro que enfrentan los trabajadores en las minas subterráneas es mayor que en las minas a cielo abierto, ya que existe riesgo de hundimientos (accidentes comunes, muchas veces con pérdida de vidas humanas), los trabajadores respiran aire con alta cantidad de polvo y gases de combustión, y se exponen a alta contaminación sonora (a excepción de aquellas minas, las menos, en donde los motores de las máquinas son eléctricos). Por su parte, las minas de superficie generalmente causan cambios importantes en el paisaje y se considera que son las que más impacto socio-ambiental producen, principalmente por el hueco que dejan en el terreno y por el polvo producido a partir de las explosiones, corte de la piedra y transporte interno. Estas partículas sólidas, si no se mitiga su producción, pueden contaminar el aire, el suelo y el agua, y pueden afectar negativamente a los seres vivos y a las actividades productivas que se realizan en la zona. En el ser humano (especialmente en los trabajadores) puede producir enfermedades respiratorias obstructivas como la silicosis y la asbestosis y mesotelioma de pleura en caso de existir asbestos. Las vías respiratorias también pueden verse afectadas por productos que pueden ser utilizados en las explosiones (como el óxido de nitrógeno). El polvo puede ser mitigado mediante riego de las minas y molienda en húmedo o en circuito cerrado, aunque para algunos autores la
mitigación nunca es completa dada la dinámica de trabajo en las minas (zonas que ya han sido explotadas pasan a ser poco frecuentadas). Además de las posibles enfermedades respiratorias que esto pueda ocasionar, los ruidos y vibraciones de la maquinaria y explosiones pueden ser perjudiciales para la salud humana.5 La contaminación sonora en las minas a cielo abierto puede ser producida tanto por el ruido de las máquinas usadas como por el de las explosiones. Existen otros impactos que pueden estar asociados tanto con minas subterráneas como con minas de superficie. El agua puede contaminarse por diversas vías, por ejemplo a través del drenaje ácido, producto de la acción del oxígeno y la circulación de agua sobre yacimientos metálicos (especialmente sulfuros). Cuando se utilizan productos químicos peligrosos durante el procesamiento de los metales (por ej., cianuro, ácidos concentrados), existe el riesgo de que puedan llegar al sistema de drenaje. Los residuos alojados en piletas de relave también pueden representar una fuente contaminante ya que pequeñas partículas de metales pesados (especialmente sus sulfuros) pueden separarse de ellos y diseminarse por el viento, por el agua y por filtraciones en tierra. Esta potencial contaminación del agua y del suelo tendría, a su vez, efectos negativos sobre la vegetación, la fauna y las personas. La legislación de la mayoría de los países exige que los impactos ambientales que un determinado proyecto minero pueda tener sean analizados durante una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la cual representa un paso previo a la decisión de aprobar o rechazar el proyecto. Además de analizar dichos impactos potenciales, la EIA debe incluir de qué manera se mitigarán los impactos, de qué forma se evitará producir daños adicionales y cómo se remediarán los impactos permanentes (como las excavaciones y escombreras). En ocasiones, las legislaciones referentes a evaluaciones de impacto ambiental exigen que las mismas pasen por una etapa de consulta pública, en donde cualquier ciudadano (sea profesional o no) puede acceder a los informes de los estudios de impacto ambiental (que son parte de las EIA). Esto permite que dichos informes sean analizados o evaluados desde diferentes perspectivas, lo cual puede contribuir a mejorar las EIA.
Cambios en la Evaluación de la relación minería-ambiente6 Hasta hace relativamente poco se consideraba que la evaluación del impacto ambiental de la actividad minera, al ocupar un porcentaje de tierra relativamente bajo (menos del 1% de la superficie terrestre), podría ser muy localizada. Sin embargo, la perspectiva ecosistémica introdujo nuevas dimensiones al considerar la interacción de algunos de los residuos de la minería con procesos ecológicos. Los estudios desde
Lavandaio, E. 2008. Conozcamos más sobre Minería. Serie Publicaciones Nº168. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.empremin.org.ar/pdf/libromineriaeddy.pdf
El concepto de ambiente comienza a manejarse en la década del 60, haciendo alusión a las interacciones complejas entre las actividades del ser humano y todos los componentes del mundo natural. El concepto de ambiente no se reduce así a lo natural ni a lo estrictamente ecológico, sino que el vínculo sociedad-naturaleza se considera un aspecto central de la problemática ambiental.
este enfoque se centran en los posibles efectos de las emisiones en el aire y el agua, de los residuos en la productividad biológica; en la afectación de la actividad minera en los procesos biogeoquímicos regionales o globales, y en el rol de la minería como una fuerza regional de conversión del uso de la tierra, fragmentación del hábitat y afectación a la biodiversidad. También la definición de impacto social ha cambiado con el tiempo, de asuntos centrados en la seguridad de los trabajadores (tema dominante en los siglos XIX y XX) y la salud ocupacional (riesgo de explosiones en las minas o enfermedades ligadas al polvo y residuos respirados en las minas), a aspectos vinculados con la estabilidad de las comunidades, integridad cultural y derechos indígenas (caso claro de los conflictos mineros en Ecuador y Perú por ejemplo). Un componente a tener en cuenta en relación a emprendimientos económicos con impacto socio-ambiental, es, crecientemente, el rechazo de muchas comunidades a las definiciones técnicas y políticas que conciben a las actividades económicas como procesos políticamente neutros, que producen ciertos efectos socio-ambientales que pueden ser simplemente mitigados. Y la minería no escapa a esta situación. En muchas zonas del planeta, ciudadanos auto convocados, comunidades afectadas u ONGs sociales y ambientales, instauran un marco de debate sobre minería y ambiente como un proceso político de negociación que involucra toma de decisiones sobre la propiedad de los bienes comunes y los derechos de uso de tierra y agua, sobre los criterios para evaluar el precio de la tierra y sobre los derechos legales de la defensa a los pobladores locales. En los últimos años en América Latina se han producido movimientos en este sentido. Por ejemplo, Costa Rica ha sancionado una ley prohibiendo la minería a cielo abierto (2010). La Ley contó con el apoyo de todas las fracciones partidistas representadas en el parlamento y prohíbe por completo la minería a cielo abierto (las operaciones que se encuentran en curso no se verán afectadas pero no podrán ser renovadas). La lucha iniciada en 1997 contra la instalación de una empresa minera en Cotacachi, Ecuador, hizo que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”, por ordenanza municipal. Luego, le siguieron mediante la vía de la consulta popular, Tambo Grande, en Perú (2002), el primer plebiscito por este tema en América Latina, y Esquel, en Argentina (2003). Cabe destacar que para evaluar los procesos que condujeron a estos cambios legales es necesario conocer el contexto social, histórico y ambiental de cada región. Tanto se interprete positiva o negativamente, los efectos sociales, económicos y ecológicos de la minería se pueden describir como procesos transformadores. Estas transformaciones son el blanco de políticas públicas para manejar el costo de la extracción minera, la distribución de sus posibles ganancias y la determinación de las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la extracción. Tradicionalmente, el enfoque a la minería desde este punto de vista ha estado marcado por dos preocupaciones, el desarrollo económico y la protección ambiental. Desde la Cumbre de la Tierra, previamente mencionada (Cuadro 1), muchos países han adoptado al “desarrollo sustentable” como marco para la toma de decisiones sobre recursos naturales y ambiente. Como resultado de ello, a las dos áreas tradicionales se le han sumado el debate sobre los mecanismos políticos necesarios para hacer de la extracción de recursos no renovables una actividad compatible con la sustentabilidad (recordemos la definición: un desarrollo que responda a las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro de satisfacer sus propias necesidades). Los argumentos tendientes a concebir la actividad minera como una actividad no reñida con la sustentabilidad descansan en algunas proposiciones teóricas:  la extracción de minerales es un proceso de conversión de capitales en el que stocks de “capital natural” irremplazable es convertido en “capital humano” (empleo, infraestructura, etc.) la creación de empleo es central en la agenda anti-pobreza del desarrollo sustentable.
De esta forma, los objetivos de las políticas se dirigen a asegurar que el capital humano creado al menos compense los daños ambientales de tal manera que la generación presente pase a la siguiente un stock de capital (general) equivalente o mayor al que la presente generación recibió. Este enfoque asume la posibilidad de sustitución entre capital humano y capital natural. Las críticas principales a este enfoque se basan en la consideración de que hay algunas formas de capital natural (por ejemplo la biodiversidad) que no pueden ser sustituidas (ver Cuadro 2). De todas formas, algunos autores consideran que cualquiera de estos enfoques obvia a las cuestiones sociales (derechos y propiedad de la tierra y el agua, control de las decisiones locales sobre los recursos, etc.), enfocándose en argumentos técnicos de la economía y/o la ecología. Desde el campo de la economía política del desarrollo minero, el foco ha estado puesto en la propiedad de los recursos, su acceso y control y la forma de lidiar con la asimetría de poder político y económico (empresas y estado, estado y comunidades). Por ejemplo, muchos trabajos sobre minería y desarrollo de la década del 70 se basaron en la paradoja de considerar que luego de décadas de extracción mineral en América Latina y África, estas regiones aún eran pobres. En la década mencionada, África producía el 80% del oro y el 75% de diamantes a nivel mundial (la extracción minera se establecía de forma de beneficiar sistemáticamente a los países centrales más que a los periféricos). La vinculación histórica entre minería y procesos de industrialización, militarismo e imperialismo, constituye una memoria colectiva que también puede vincularse con la oposición actual desde algunos sectores.7 Este enfoque histórico puede parecer superado (discursos colonialistas) pero en muchas ocasiones existen alrededor de los procesos actuales, debates locales que señalan que las zonas mineras son las más pobres durante la actividad y se tornan espacios marginales en la post-explotación, salvo que existan fuertes intervenciones estatales para consolidar proyectos alternativos.8
Análisis realizado por el Dr. en Geografía de la Universidad de Syracuse, USA, G. Bridge (Contested terrain: Mining and the Environment; en Annu. Rev. Environ. Resour. 2004. 29:205–59). 8 (Comentario de Marcel Achkar, Asesor de este proyecto, en base a casos de estudio detallados en: Roxana Barrantes. «Minería, desarrollo y pobreza en el Perú, o de cómo todo depende del cristal con que se mire». En Roxana Barrantes, Patricia Zárate Ardela y Anahí Durand (eds.). «Te quiero pero no». Minería, desarrollo y poblaciones locales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos-Oxfam América, 2005, pp. 17-80. José de Echave C. Hacia una estimación de los efectos de la actividad minera en los índices de pobreza en el Perú. Lima: CooperAcción-Acción Solidaria para el Desarrollo, 2005. Eduardo Zegarra,
Cuadro 2 - ¿Economía y Ecología?
Desde la visión habitual basada en la economía de mercado, las fuerzas de mercado son las que se supone ayudarán a lograr un crecimiento económico que solucione la pobreza, que es, a su vez, una de las causas de la degradación ambiental. En ese contexto el concepto de desarrollo sustentable se ha operativizado a partir de la economía ambiental que ha configurado lo que se llama modelo de la sustentabilidad débil basado en el modelo económico neoclásico. Este enfoque convierte a la naturaleza en un capital más, el capital natural, a ser considerado junto con el capital financiero, físico, humano y social (Banco Mundial, 2003). El desarrollo sustentable requiere que el cambio del conjunto de los capitales no sea negativo con el tiempo. Por ello se asume la posibilidad de sustituir las formas de capital con el fin de mantener constante el capital en general. Si el ambiente es un capital, se entiende que hay un propietario que deberá manejar los costos y beneficios de su uso o conservación, que los gobiernos deberán reglamentar. La lógica del esquema es muy simple y ha generado numerosas críticas. Buena parte de ellas provienen de la economía ecológica. Se trata de uno de los intentos de medición interdisciplinaria de la sustentabilidad que pretende incorporar criterios ecológicos y termodinámicos al análisis económico. La base ecológica sugiere un enfoque holístico del proceso económico como parte del proceso natural de flujos de energía y materiales. A diferencia del enfoque de la economía ambiental, el capital natural no se considera un factor de producción intercambiable o sustituible por trabajo y tecnología, ya que el capital humano y el capital manufacturado derivan inevitablemente del natural. La llamada sustentabilidad fuerte asienta la idea de sustentabilidad en el mantenimiento del capital natural. Por ser un factor limitante, en esta concepción, todo crecimiento del capital no natural en países subdesarrollados debe realizarse a costa de mantener el capital natural global, reduciendo el espacio de crecimiento del capital no natural de los países desarrollados. La conceptualización referida a los servicios ecológicos o servicios de la naturaleza (producción de materia prima, control de plagas, mantenimiento del suelo, abastecimiento y regulación del agua, ciclado de nutrientes, regulación atmosférica, esparcimiento, etc.) son, para muchos, una de las concepciones más alentadores en el camino del reconocimiento de los beneficios sociales que la naturaleza aporta al sistema socioeconómico (Costanza, 1991). Aún los críticos del enfoque economicista de la naturaleza mencionan las ventajas de llevar todo a un análisis de costos y beneficios en el que cabe que un beneficio económico tenga costos ambientales, que mide los beneficios ambientales, que mide deudas (huellas ambientales), que condujo al principio de que el contamina paga, formulado por la OCDE (1989). Sin embargo, hay muchas dificultades conceptuales, metodológicas, y filosóficas en estos enfoques. Hay muchos aspectos de la naturaleza que no pueden reducirse a bienes y servicios para ser tratados en mercados como elementos concretos; la interconexión de los elementos de los ecosistemas es la principal razón desde el punto de vista ecológico.
A excepción de una mina de talco por galerías en el Depto. de Colonia, cuyo registro data desde 1943, toda la minería en Uruguay era, hasta el momento, a cielo abierto. Desde 1994 a la fecha DINAMA analizó, evaluó y clasificó un total de 667 proyectos mineros que el Decreto 349/2005 define como extracción de minerales de cualquier tipo, cuando implique la apertura de minas a cielo abierto y/o subterráneas (num.13, art. 2). En la página del Ministerio de Industria Energía y Minería, específicamente en
José Carlos Orihuela y Maritza Paredes. Minería y economía de los hogares en la sierra peruana: impactos y espacios de conflicto. Documento de Trabajo 51. Lima, GRADE, 2007.
la sección de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE)9, se encuentra información relativa al catastro minero, mapas y reglamentaciones. Aunque a lo largo de nuestra historia la actividad minera ha pasado inadvertida, hoy podría comenzar a concebirse como una de las vías de diversificación económica del país, debido a la conjunción de importantes proyectos mineros provenientes del sector privado y del Estado (extracción de hierro y producción de cemento en el centro y este del país, y continuación de la explotación aurífera en el norte, ahora además, mediante galería subterránea). Los dos primeros se mencionan como especialmente importantes por su particular potencialidad en el desarrollo de valor agregado en las cadenas productivas afines. Según datos presentados en la interpelación parlamentaria a los ministros por el proyecto de la Minera Aratirí (se adjunta la presentación de la Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la exposición del Ministro de Industria Energía y Minería), las autorizaciones realizadas por la DINAMA desde 1994 se han concentrado en actividades mineras vinculadas a la extracción de áridos para la construcción de edificios, carreteras y caminos (arcillas, arena, balasto y piedra partida), así como para la extracción de rocas ornamentales y semipreciosas (ágatas y amatistas), calizas para cemento y cal. También se autorizaron proyectos de minería metálica como oro y hierro, los que luego de aprobados dieron lugar a su seguimiento y control ambiental. La suba de los commodities metálicos (entre otros el hierro) registrada en los últimos años, despertó el interés por un yacimiento ferrífero (Valentines) que, tras haber sido estudiado por el Estado hasta los años 80, luego fue abandonado. Por otro lado, la necesidad de Brasil de disponer de cal para ser agregada en el proceso de nuevas usinas termoeléctricas de Candiota (RGS), ha incentivado la instalación de una planta de producción de cal por cuenta de ANCAP para abastecer aquella demanda. Quizás de mayor impacto que la planta de cal, será la planta de cemento portland que se prevé instalar, también en lo inmediato, en el Dpto. de Treinta y Tres por cuenta de una asociación público privada, en la que participa ANCAP. Nos encontramos en un momento de expansión de la actividad minera en el país. Así como Zamin Ferrous promueve su proyecto de extracción a cielo abierto, conducción y exportación de hierro, recientemente OROSUR (empresa canadiense de extracción de oro en minas de Corrales), ha hecho conocer públicamente su intención de aumentar la profundidad de extracción en su mina aurífera a cielo abierto en base al desarrollo de minería subterránea. En estos días, además, el gobierno anunció la futura asociación de ANCAP con las dos empresas accionistas de Cementos Artigas para invertir US$ 150 millones en una nueva planta en Treinta y Tres de 750.000 toneladas/año de producción con destino exclusivo al mercado brasileño. Esta inversión será conformada por dicha sociedad, donde las participaciones son de 60% Cementos Artigas, 20% Votorantim y 20% Ancap. La planta de fabricación de cemento se ubicará 45 kilómetros al Norte de la capital del departamento, en el Paraje Otazo, próximo al emplazamiento de las nuevas canteras a cielo abierto. Su construcción insumirá cerca de 18 meses y se estima que dará trabajo a unos 400 obreros. Cuando
http://www.miem.gub.uy/portal/hgxpp001?5,8,44,O,S,0,MNU;E;30;4;MNU
la planta esté en funcionamiento (previsto para inicios de 2014), generaría 195 empleos directos y unos 600 indirectos (Diario El País 12-08-11). En cuanto a volumen de material extraído, valor de los mismos y tradición, la extracción de calizas para cemento y cal es la industria extractiva más importante del país. Existen cuatro plantas de cemento en Uruguay que producen alrededor de 1 millón de toneladas/año. Las mismas son: Cementos Artigas SA en Minas, dos plantas de ANCAP en Minas y Paysandú y Compañía Nacional de Cementos en Pan de Azúcar10. La Mina Verdún, de Cementos Artigas SA, lleva más de 100 años de operación, extrayendo en el entorno de un millón de toneladas de caliza al año. Por tanto, el valor producido por la industria del cemento en Uruguay es de unos US$ 150 millones/año. El volumen de exportaciones de la industria cementera ha variado bastante aunque se ubica en torno al 20% de lo producido, por un valor cercano a US$ 30 millones. Cabe destacar que existen en el momento tres nuevas plantas de cemento ya en construcción, o en sus etapas iniciales, en el Departamento de Treinta y Tres. Hay ocho empresas con concesiones para explotar otorgadas o en trámite, entre ellas ANCAP, Cementos del Plata y Votorantim. En consecuencia, las cifras de producción y exportaciones –principalmente a Brasil- se prevé aumenten significativamente, en el caso de ANCAP un 50%. Al sector cementero hay que agregar una decena de empresas que extraen calizas para producción de cal en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Paysandú y Cerro Largo. El uso de la cal producida es principalmente en construcción. A estos proyectos mineros de mayor impacto socio económico, se suma la explotación de ágatas y amatistas, las cuales se exportan en bruto desde hace más de un siglo. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos por agregarle valor al producto, el alcance de las medidas es insignificante aún. El mayor comprador de ágata en bruto es China, pagando precios mínimos en base a un estímulo por los grandes volúmenes que adquiere. Actualmente trabajan una veintena de empresas en la extracción de ágatas y amatistas en cantera a cielo abierto y/o excavación subterránea y más de 10 talleres artesanales. Anualmente este sector factura algo más de U$S 4:000.000 de dólares. Desde 2006 los productores se han agrupado en el Conglomerado de Piedras Preciosas, a través del cual reciben ayuda estatal para mejorar su producción y lograr una mayor obtención en el valor agregado de sus productos. Un reciente artículo de prensa señala el aumento de las exportaciones de oro, ágatas y amatistas para los primeros siete meses del año en curso en un 33% (dólares), y un 51,55% más en volumen que para igual período en 2010, según números difundidos por la Unión de Exportadores del Uruguay. Los tres rubros representan el 1.3% del total de las exportaciones. Dichos valores confirman la tendencia creciente de la actividad del sector minero en el Norte del país que, por tercer año consecutivo, registra crecimiento del 30%, exportando en 2010 por U$S 80.942.690 (Diario el País 17_08_11)11.
Ver la obra del Prof. Jorge Bossi (1978) Recursos Minerales del Uruguay. Editorial Daniel Aljanati, Montevideo. 11 Datos proporcionados por Juan Ledesma, asesor del Juicio Ciudadano.
De todas las minas existentes en Uruguay, quizás la explotación de oro de Minas de Corrales implica procesos que han hecho que sea el emprendimiento minero de mayor seguimiento. Según datos proporcionados por la Ministra Muslera (MVOTMA) en la interpelación el emprendimiento pertenece actualmente a la firma LORYSER S.A. (ex Minera San Gregorio), perteneciente al grupo OROSUR, y se ubica en las cercanías de la localidad de Minas de Corrales, departamento de Rivera, sobre la cuenca del Arroyo Cuñapirú. La empresa realiza en la actualidad excavaciones a cielo abierto, y funciona una planta de beneficiado del mineral cuyos residuos más significativos son los barros o relaves resultantes que contienen mineral agotado y solución cianurada. Actualmente, las explotaciones se realizan en un pozo de 200 metros de profundidad del que se saca una tonelada de mineral cada seis de "estéril" (roca no útil); luego de procesado, de esa tonelada se obtienen unos tres gramos de oro (3 gr/tn). Esta minera extrae por año unas 100.000 onzas de oro (una onza troy equivale a 31,10 gramos). Según se maneja en medios de prensa (ej: nota de El Empresario, El País, 21-1-11), la empresa OROSUR comenzará un trabajo subterráneo en su cantera principal El Arenal, en Rivera, concretando así una inversión de US$ 30 millones, para un proyecto que durará unos seis años y podrá llegar a emplear a unas 150 personas. Para la excavación del túnel contrató a una empresa chilena que se encuentra en pleno proceso de reclutamiento del personal y será responsable de la primera etapa del proyecto así como de la capacitación. Según la nota, el Director Nacional de Minería y Geología, Pier Rossi afirmó que si bien ya se ha trabajado con galerías o túneles en el país, nunca se han realizado excavaciones de esta envergadura (ya que llegará a 400 metros de profundidad). Por lo tanto sería la primera experiencia importante de minería subterránea en Uruguay. Al día de hoy la empresa ya cuenta con las autorizaciones para ello (datos que proporciona D. Collazo, asesor de este Juicio Ciudadano). La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) monitorea particularmente las cantidades de cianuro total y el cianuro libre, ya que, señalan, es el único contaminante significativo a controlar en el proceso que utiliza la industria para la separación del oro. Hasta la fecha, los resultados obtenidos en los muestreos efectuados para el parámetro monitoreado demuestran el cumplimiento de los estándares establecidos según el Artículo 11 del Decreto 253/79 (valores entre 0,02 y 0,005mg/L).12 La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), tras la creciente relevancia del tema minero desde el anuncio del proyecto de la Minera Aratirí, realizó diversos reclamos (La República 29/7/11). Manuel López, integrante de la Dirección Nacional de la Untmra, reclamó en la Comisión de Legislación de Diputados que el tema se aborde integralmente. Sobre la minería el dirigente sindical dijo que "se trata de una de las riquezas del país que no tiene la atención que debería y que lo potenciaría en la región" y denunció que en explotaciones mineras en Artigas la producción está saliendo por la frontera brasileña. También denunció que en la explotación del oro se trabaja a cielo abierto pero ya están cavando túneles, por lo que recurren a trabajadores extranjeros. López denunció que en la mina de oro de Orosur Mining, hay muchos trabajadores chilenos desarrollando la tarea de minería
Datos de la exposición de la Ministra Muslera en la interpelación (documento adjunto)
subterránea, y en Artigas hay muchos trabajadores brasileños en la propia industria. Denunció que en las minas a cielo abierto de piedras semipreciosas y preciosas hay persecución sindical, por lo que los sindicalista tuvieron que disfrazarse para tomar fotografías de las condiciones de trabajo."Tenemos fotos que muestran las condiciones en que se trabaja; allí se puede ver que los trabajadores están, disculpen la expresión 'en patas', sin mascarilla, y rodeados de la arenilla que surge de las explosiones que se realizan para la extracción de la piedra preciosa. Esos compañeros trabajan sin ropa ni equipamiento de seguridad". Por otra parte, José Travieso, del Comité de Base de la Untmra en Loryser, que pertenece al Grupo Orosur Mining, recordó que Uruguay no ha ratificado el Convenio 176 de la OIT relativo a la minería en general, y reclamó del gobierno su aprobación porque refiere a las condiciones de trabajo y de seguridad para los mineros. Sobre las minas subterráneas, dijo que solo el 1% de los trabajadores son uruguayos, el resto en su mayoría, son chilenos o peruanos. Travieso defendió el derecho al trabajo de los extranjeros, pero reclamó por las condiciones laborales. "Si bien la reglamentación y las condiciones de seguridad de la empresa "son buenas", no lo son tanto cuando los trabajadores trabajan veinticuatro días en jornadas de doce horas, con diez días de descanso". "Lo más preocupante, como decían algunos trabajadores chilenos, es la cantidad de horas y de días dentro de la mina". Travieso agregó que "Hace catorce o quince años que estamos trabajando en la minería a cielo abierto solo en Minas de Corrales. En Sierra Mahoma llevamos veinte años trabajando y en Colonia más todavía, y seguimos con algunas cosas en el tapete. Nos parece que se ha demorado demasiado la reglamentación de las leyes y convenios internacionales, sobre todo en lo que refiere a minería". Actualmente están en tramitación dos proyectos de extracción de hierro en Uruguay, Aratirí en Valentines, y Gladiator Resources en Rivera (empresa de capitales australianos), quienes han solicitado habilitación ambiental para tareas de exploración.
Control y seguimiento de los emprendimientos mineros: DINAMIGE y DINAMA En este momento existen varias empresas que tienen proyectos de prospección y explotación para el trabajo de minería en Uruguay. Para ello deben presentar un proyecto de factibilidad que aprueba la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE)13. La empresa, además, debe tramitar ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)14, una Autorización Ambiental Previa. La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) es una Unidad Ejecutora dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), responsable del control y administración de la explotación de recursos minerales del subsuelo. Establecida en 1912, presta asesoramiento sobre los procedimientos mineros para la obtención de títulos de prospección, exploración y explotación de minerales de
DINAMIGE - http://www.miem.gub.uy/portal/ DINAMA - http://www.dinama.gub.uy/
acuerdo al marco legal que le brinda el Decreto Ley 15.242 de 8 de enero de 1982 (Código de Minería).15 El Director Nacional de Minería y Geología, Pier Rossi declaró que
...el sector minero uruguayo no se destacaba, y tampoco se potenciaba, desde el Estado, si bien la iniciativa de desarrollar la minería por metálicos no es nueva en Uruguay, ya que en la década del 50 UTE y ANCAP tuvieron varias propuestas de explotación de minerales metálicos. Luego, en la década de los 80, surgió el proyecto del Inventario Minero Nacional, el proyecto de exploración de esquistos bituminosos en Cerro Largo y Tacuarembó y el proyecto de prospección de uranio. El país tuvo iniciativas para poner en funcionamiento al sector minero, pero todas ellas iniciaron y terminaron en el proceso. De los 90 en adelante, la minería comenzó a ser una actividad que el Estado delegó al sector privado, el cual provee al mercado interno salvo la exportación de cemento- y reconoció que si el Estado no promueve otras 16 actividades de mayor envergadura, el sector continuará siendo pequeño.
Del mismo modo, Rossi señaló que al sector minero le hace falta información. Esto deriva de la falta de interés que el propio país le dio a la minería, sin inversiones sistemáticas en estudios sobre la situación del subsuelo, sostiene Rossi. En este marco, indicó que el rol de la DINAMIGE será reestructurar y poner en funcionamiento controles para emprendimientos de la envergadura del proyecto de la Minera Aratirí. El MIEM a través de esta Dirección se propuso revalorizar el marco legal, adaptándolo a las condiciones de estructuras empresariales como ésta. La explotación minera en nuestro país se rige por lo establecido en el Código Minero (se adjunta). El Código de Minería, que data de 1982, señala en su Artículo 4, Cap. III, que: “Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional, integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado”. Dichos yacimientos constituyen un inmueble distinto y separado del terreno o fundo superficial. En tal sentido, el propietario del predio, identificado como "superficiario", está "obligado a respetar el derecho de búsqueda" otorgado por el Estado a un particular, mediante un título minero, en régimen de regalía. El propietario del suelo no puede oponerse a las tareas de prospección y explotación y según el artículo 28, Cap. VI, aquel tendrá derecho a:
a. Ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por la actividad
b. Ser compensado por las servidumbres que graven su predio, c. Exigir al titular minero que adquiera su predio o parte. d. Percibir la participación del Canon de producción (artículo 45, Cap. 8),
consistente en un porcentaje del valor del producto bruto extraído de la mina. El régimen legal vigente (artículo 7, Cap. IV), clasifica cuatro clases minerales:
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15242&Anchor http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/03/2010032903.htm
CLASE I: a) yacimientos de combustibles fósiles; b) sustancias minerales aptas para generar industrialmente energía. Estando reservada su explotación exclusivamente al Estado. El petróleo y otras sustancias energéticas están excluidos porque sólo pueden ser explotados por personas jurídicamente públicas, como el caso de ANCAP. Si se declara la reserva de un sitio, esos minerales ya no pueden ser descubiertos por privados que lo explotan pagando un canon, sino que el Estado llama a licitación para ver qué empresa quiere explotar el negocio. CLASE II: comprende yacimientos minerales que provienen de la Reserva Minera o Registro de vacancia. CLASE III: todos los yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas, no incluidos en otras clases. CLASE IV: los yacimientos de sustancias minerales no metálicas que se utilizan directamente como materiales de construcción, sin previo proceso industrial. El Poder ejecutivo podrá realizar por sí, o por contratación, las operaciones de prospección y exploración de yacimientos minerales con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales del país, Para ello basta declarar la Reserva Minera (RM) de un área o yacimientos de sustancias minerales. Durante la vigencia de la RM se suspende el otorgamiento de permisos de prospección sobre aquellas áreas alcanzadas por dicha reserva. Las actividades previstas en el marco de la RM no tendrán incidencia alguna sobre los derechos mineros otorgados (artículos 49 y 50, Cap. IX y artículos 51 a 56, Cap. X). El Código de Minería está siendo actualmente discutido en el parlamento y ya cuenta con media sanción. La mayor preocupación del gobierno ha sido que el actual código no contempla los requerimientos exigidos por las dimensiones del proyecto de la Minera Aratirí y en ese sentido es que se está procediendo a su modificación. La iniciativa se refiere a un aumento del actual canon de producción que percibe el Estado, dependiendo de la clase de mineral. También se pretende modificar el destino de dichos tributos.17 Como novedad, se destinan porcentajes para el Fondo de Desarrollo del Interior, para la promoción de la geología y la minería y para Rentas Generales. Se establecería además una mayor exigencia de información acerca de los proyectos mineros, de los técnicos, y las formas de trabajo, en cada una de las etapas de los emprendimientos. Otros cambios previstos en beneficio de las empresas mineras son: la extensión de los plazos de duración de los permisos de prospección y exploración y la aplicación de la Servidumbre Minera (artículo 31, Cap. 7) a los padrones linderos al emprendimiento que fueran necesario afectar, por concepto de tendido de ductos para la conducción de minerales a distancia (mineroducto). El 23 de junio del presente, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay. El texto plantea que no se autorice "el empleo de cianuro" para la minería, y que el Estado no otorgue más "permisos ni concesiones para las actividades de cateo, prospección, exploración
Ver las modificaciones al Código Minero que se adjuntan
y explotación de minería a cielo abierto de metales pesados, en todo el territorio nacional". Según Bordaberry, el proyecto de ley no apunta a que Aratirí deba retirarse del país, sino a aumentar las exigencias que deben cumplir ese tipo de emprendimientos. "No estamos en contra de Aratirí pero sí estamos en contra de algo que ni siquiera los ministros saben qué es, porque dicen que no tienen información suficiente" subrayó al Portal Montevideo.com. El líder de Vamos Uruguay comentó que su proyecto se basa en "lo que en el derecho minero se conoce como principio precautorio, es decir que la explotación está prohibida salvo que se cumplan ciertas condiciones, al revés de lo que pasa ahora". La intención es darle a la explotación de hierro "el mismo estatus que tienen en el Código Minero los combustibles. Queremos equipararlos a los yacimientos de la clase 1 para proteger más el patrimonio del Uruguay". La DINAMIGE, durante el control de las actividades mineras, trabaja en estrecho contacto con la DINAMA para el trabajo de evaluación ambiental. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), es el órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a cargo de las competencias ambientales asignadas a dicha Secretaría de Estado. La DINAMA es responsable de la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y de proponer e instrumentar la política nacional en la materia, compatibilizando las necesidades de protección del medio ambiente con un desarrollo sostenible y coordinando -a través del MVOTMA- la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas en general18. La evaluación de impactos ambientales de proyectos y el control del desempeño ambiental de emprendimientos han sido señaladas como dos áreas centrales para la gestión ambiental y el impulso a formas de desarrollo sostenible. Institucionalmente se formalizan en la División de Evaluación de Impacto Ambiental (DEIA) y en la División de Control del Desempeño Ambiental (DCDA). Las herramientas para asegurar una buena gestión ambiental descansan en dos leyes principales. La Ley General de Protección del Ambiente19 (Ley Nº 17.283) del 28 de noviembre de 2000, establece el marco de política pública y asigna al Poder Ejecutivo -a través del Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- la coordinación exclusiva de la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas en general en función de Principios de Política Ambiental. La Ley define cuáles son los principios que deben guiar la gestión ambiental con vista al desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, consagra el de: Prevención, previsión y participación pública. La Ley, en su Capítulo II, Artículo 6, define que la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y destaca que la protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las organizaciones representativas tienen el derecho y el deber de participar en el proceso. También instaura el Principio de Transparencia e información ya que establece que la gestión ambiental debe basarse
http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=183 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17283&Anchor
en el adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado. La segunda ley que compone este cuerpo normativo es la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley No 16.466)20. Algunos artículos de esta Ley fueron particularmente destacados en la interpelación del 14 de julio de 2011: El Artículo 1 de la Ley establece el interés general y nacional de la protección del ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención de todo impacto negativo o nocivo y, en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas. El Artículo 2 define lo que se entiende por impacto ambiental negativo o nocivo cuando la alteración dañe la salud, seguridad o calidad de vida de la población; las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio y, la configuración, la calidad y la diversidad de los recursos naturales. El Artículo 6 define las actividades, construcciones u obras públicas o privadas que necesariamente deben ser sometidas a Evaluación del Impacto Ambiental. Entre ellas se destacan las carreteras, puentes, vías férreas y aeropuertos; puertos, oleoductos, gasoductos, extracción de minerales y de combustibles fósiles, líneas de admisión de energía eléctrica de 150 kilowatts o más, obras de explotación o regulación de recursos hídricos, complejos industriales que puedan causar impacto ambiental grave, proyectos urbanísticos, proyectos de intervenciones en la faja de defensa costera definida en el Artículo 153 del Código de Aguas y finalmente, otras actividades, construcciones y obras que el Poder Ejecutivo reglamente. La reglamentación incorpora conceptos e instrumentos para la aplicación de la ley, tales como: La Autorización Ambiental Previa (AAP) - De conformidad con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el procedimiento para el dictado de la Autorización Ambiental Previa presenta dos etapas preliminares y cuatro principales a saber: Comunicación y Clasificación de Proyecto (preliminares), Solicitud de Autorización Ambiental Previa, la Puesta de Manifiesto, la Audiencia Pública, y la Adopción de Resolución Ministerial (principales). Todo proyecto comprendido en el régimen debe ser clasificado según tres categorías, dos de las cuales (“B” o “C”) determinan que el interesado deberá realizar a su costo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y someterlo a revisión por parte de la DINAMA. El estudio debe cumplir una serie de formalidades establecidas en el Reglamento, además de los mecanismos de información y participación pública, particularmente a través de la difusión del Informe Ambiental Resumen (IAR) y de la convocatoria a una audiencia pública (obligatoria para los proyectos clasificados “C”21, en la que puede participar cualquier interesado. Finalmente, la autorización debe ser otorgada o denegada por el MVOTMA, según los resultados del estudio de evaluación del impacto ambiental (EIA) y el resto del
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16466&Anchor= Categoría "C": incluye aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación.
procedimiento considerado. El proyecto se autoriza si presenta impactos ambientales negativos residuales que pueden considerarse admisibles; por el contrario, se niega la autorización cuando los impactos residuales no son considerados admisibles. Existen además nuevos instrumentos de gestión ambiental incorporados en el Decreto 349. Uno de ellos es la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), un mecanismo para el análisis anticipado de la localización prevista para ciertos proyectos sujetos al régimen de EIA. La VAL se aplica a 13 tipos de proyectos sin alterar la estructura del procedimiento de EIA. Opera antes de la tramitación de la AAP, solamente exigiendo requisitos especiales para la comunicación del proyecto a la DINAMA y con un plazo diferencial. El certificado de clasificación ambiental correspondiente a los proyectos comprendidos en este proyecto, incluirá una declaración sobre la viabilidad ambiental de una o más de las localizaciones propuestas. La inviabilidad de una o más de las localizaciones propuestas, impedirá la presentación de la solicitud de AAP. Otra herramienta es la Autorización Ambiental de Operación (AAO). El reglamento prevé que la operación y funcionamiento de veinticuatro tipos de proyectos comprendidos queda sujeta a la AAO, una vez constatado el cumplimiento de las condiciones previstas en la AAP respectiva. La renovación de la AAO deberá solicitarse cada tres años, incluirá la revisión y actualización de los planes de gestión ambiental y del proyecto, cuando sean modificaciones que a su vez no requieran AAP. Por su parte, la Autorización Ambiental Especial, contempla de manera particular, situaciones especiales y preexistentes al régimen de EIA. La legislación nacional contiene dos instancias de participación pública dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. La primera de ellas, el Manifiesto Público, consiste en poner a disposición de todos aquellos interesados en realizar comentarios por escrito en el trámite de un proyecto que se encuentra tramitando la AAP, un Informe Ambiental Resumen del proyecto. La segunda instancia corresponde a la Audiencia Pública donde la autoridad ambiental convoca a una audiencia donde se expone el proyecto y la EIA y se reciben comentarios y preguntas sobre el mismo.
El proyecto de la Minera Aratirí
La existencia de mineral de hierro en nuestro país fue descubierto en el año 1916 por R. Mastrander. Posteriormente, otros geólogos, K. Walter en 1919 y J. C. Mc Millan en 1932, ratificaron dicho descubrimiento. En 1956 la empresa INLASA (laminación de hierro), se interesó por el aprovechamiento del recurso para producir acero y en 1960 se alcanzó un acuerdo entre la firma Yacimientos Mineros Valentines S.A (integrada por INLASA y NERVIÓN) y el Instituto Geológico del Uruguay (IGU). Los estudios quedaron a cargo del IGU con financiación de la sociedad anónima. En el período 1960-64 se realizaron tareas de prospección con extracción de muestras para análisis en los laboratorios del IGU y de comportamiento del mineral en procesos de beneficiación en Marcona (California), además de estudios técnico-económicos de extracción, concentración y peletización del mineral de Valentines, por cuenta de la firma Western Knapp Engineering. Los resultados fueron alentadores, pero en 1964 la
sociedad anónima se desinteresó en continuar financiando el proyecto. En 1965 la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) adjudica gran importancia al desarrollo de la industria siderúrgica nacional. En 1967 se crea el Grupo Técnico Asesor en la órbita del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para Minería de Hierro e Industria Siderúrgica (TAMHIS) con el cometido de complementar los estudios realizados y presentar opciones de explotación e industrialización. En 1973 el grupo TAMHIS propuso tres opciones de explotación de los yacimientos ferríferos de Valentínes, consistiendo dos de ellas en la exportación de un volumen importante del mineral solamente paletizado. La tercera involucraba la explotación e industrialización del mineral para abastecer el mercado interno de acero (considerada extremadamente improbable por los integrantes del grupo TAMHIS). Los resultados mostraron que el yacimiento presentaba dos aspectos desfavorables: el primero, su reducido volumen de reservas, situado en 47 millones de toneladas, y el segundo, el bajo contenido en hierro de su mineral, que exigía para su comercialización un costoso proceso de enriquecimiento y adecuación física. El Poder Ejecutivo decidió profundizar el estudio de la tercera opción lo cual originó la renuncia de los integrantes del grupo TAMHIS. En 1974 se creó por Decreto 340/74 un Grupo de trabajo bajo la Dirección del Mayor Ing. Qco. H. E. Ibarlucea con el cometido de avanzar en la tercera opción22. Este Grupo alcanzó a trabajar algunos años más y fue desmantelado al ser sustituido su director. Como resultado de los estudios se concluyó que:
a. Dado el monto de la inversión y la baja rentabilidad de la empresa era
recomendable la sociedad anónima de economía mixta, integrada por capital estatal y privado. El período de recuperación de la inversión era de nueve años. La rentabilidad sobre el capital total era de 7% La Tasa Interna de Retorno era de 10% La relación beneficio costo era de 1,33 La empresa daría trabajo en forma directa promedialmente a unos 4200 personas y una ocupación indirecta del orden de las 20.000 personas
También existe bibliografía académica sobre la geología de la región Valentines y las características del yacimiento ferrífero, cuyo principal autor ha sido el Prof. J. Bossi23. En la década del 2000 Zamin Ferrous Group, una compañía de capitales indios con sede en Londres, aterrizó primero en Brasil y luego en Uruguay. Su proyecto de extracción del hierro de Valentines ha tenido en cuenta los estudios geológicos realizados anteriormente y centró sus actividades en los trabajos de exploración que le permitan rápidamente aumentar las reservas de mineral para justificar una extracción de gran volumen, para unos 20 años de explotación. La minera Aratirí es parte de la empresa Zamin Ferrous Group, y su proyecto de extracción minera supone una inversión global de unos US$ 2.800 millones. La
Plan de Estudios Complementarios de la Zona Ferrífera de Valentines (Extracto de factibilidad), Ministerio de Industria y Energía, 1980. Datos proporcionados por J. Ledesma, asesor del Juicio Ciudadano. 23 El Ing. Quím. Dr. Jorge Bossi es Profesor de Geología del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
empresa, hasta el momento, no se había dedicado a la explotación minera sino que se enfocaba en la prospección, exploración, y a la preparación del negocio, para luego ser vendido a los grandes grupos que sí se encargan de la explotación. Sin embargo, desde este año la empresa es quien exporta el hierro de sus operaciones en Brasil, y han declarado que en este caso la intención es hacer todo el proceso. Según la empresa el hierro disponible va a permitirles operar alrededor de 20 años. China e India están teniendo un gran impacto en la economía mundial con sus demandas de consumo, siempre en ascenso. A raíz de su crecimiento, los precios de los productos agropecuarios, las materias primas y los minerales han aumentado en forma considerable y hoy en día sus economías son los motores que arrastran a las demás, especialmente China. Lo que antes no era rentable, ahora lo es, y esto está pasando con yacimientos de hierro que existen en Uruguay en tierras hoy destinadas a la ganadería. El Proyecto Valentines de la Minera Aratirí comprende tres componentes principales: Zona minera, Mineroducto y Terminal Portuaria, los cuales implican una ocupación efectiva de aproximadamente 12.850 hectáreas24 (ver en anexo 1 las controversias generadas en torno a estos datos). 1. Zona minera Localizada en el extremo este del departamento de Durazno, norte del departamento de Florida y oeste del departamento de Treinta y Tres, y con un baricentro prácticamente coincidente con la población de Cerro Chato. La zona minera estaría compuesto por cinco minas denominadas Uría, Morochos, Mulero y Maidana, al Sur y Las Palmas, al Norte. Afectaría total o parcialmente 176 padrones. Minas del Sur: ocupan aproximadamente 400 hectáreas e incluyen 6 pilas con el material estéril extraído que constituyen “cerros chatos” con una altura de 100 metros. Su desarrollo implica la construcción de lagunas de sedimentación, un canal de desvío de aguas de inundación de la Mina Uría, el desvío del arroyo Valentines y el río Yi, el desvío temporal de la ruta 7, el cierre de un camino público y la construcción de un bypass al sur oeste de Cerro Chato. Mina Las Palmas: ocupa 400 hectáreas e incluye una pila de estériles de gran tamaño ubicada a 1 km del pueblo del mismo nombre. Su desarrollo implica el desvío del arroyo Las Palmas al Este en una longitud de 4 km, la construcción de dos lagunas de sedimentación y una alcantarilla de gran porte para atravesar la desviación del arroyo. Planta de beneficiamiento: El material extraído inicialmente de la zona de mina será transportado mediante camiones a las trituradoras primarias (una para la mina de Las Palmas, y otra para las 4 minas en el sur). Estas tendrán como función la reducción del material a fragmentos de aproximadamente 270 mm de diámetro. El mineral será transportado desde minas Las Palmas y minas del sur por cintas transportadoras cubiertas, de aproximadamente 15 Km, hacia la planta de beneficiamiento. En la planta de beneficiamiento el mineral será molido mecánicamente y el hierro será separado del material estéril por medios magnéticos. El resultado de este proceso será un producto con un contenido de hierro cercano al 65% y un contenido de agua agregada del orden del 35%, denominado concentrado de hierro. El material estéril
Datos tomados de la exposición de la Ministra Muslera en la interpelación (ver adjunto).
generado por los procesos de molienda y separadores magnéticos consiste en relaves gruesos (arenas) y finos (limos), respectivamente. Represa de relaves: Se construirá una represa en la cual los relaves decantarán, cuya superficie de lago será de aproximadamente 2.400 hectáreas. El agua será recirculada a una represa de agua bruta25, alimentada por escorrentía superficial y agua del retorno del mineroducto, cuya superficie de lago será de aproximadamente 250 hectáreas, y que asegurará la reposición del agua perdida por la exportación de humedad en el concentrado. Caminería: Para el transporte de mineral y de estéril entre las Minas del Sur y la planta de trituración primaria, se construirán 22 km de caminos y 13 km en la Mina Las Palmas. Estos caminos tendrán un ancho de entre 35 y 40 metros para permitir el traslado de camiones grandes de mina y serán de grava. Entre las áreas de trituración primaria y la planta de beneficiamiento también se construirán caminos para camiones pesados y para vehículos livianos. 2. Mineroducto El concentrado de hierro se transportará hacia la terminal portuaria a través de un mineroducto de aproximadamente 625 mm de diámetro externo, enterrado 80 cm debajo del superficie del terreno, y de 212 km de largo. El agua regresará desde la terminal portuaria a la represa de agua bruta, en el distrito minero, por un acueducto de retorno con el mismo diámetro del mineroducto. Éste se desarrollará a través de los departamentos de Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. El mineroducto y acueducto de retorno contarán con una estación de bombeo de concentrado en la planta de beneficiamiento, dos estaciones de monitoreo de presión en el largo del mineroducto, y una estación en la terminal que bombeará el concentrado a tanques de recepción. Para la construcción de los ductos se deberá realizar un zanjeado de 1,5 a 1,8 m aproximadamente de profundidad. En su recorrido atraviesa praderas, bañados, palmares, cursos de agua (río Cebollatí) y rutas nacionales (7, 8, 16 y 19), bordeando la Laguna Negra. Afecta total o parcialmente 219 padrones. 3. Terminal Portuaria La terminal portuaria, localizada en el departamento de Rocha, tendrá una capacidad de procesamiento de 18 megatoneladas por año y estará dedicada exclusivamente a la carga del concentrado de hierro. Todo el proceso de transporte y acopio del concentrado de hierro (desde su egreso del mineroducto hasta la disposición en las bodegas de los buques) será cerrado. La terminal en tierra comprenderá una planta de filtrado para la separación del agua y el concentrado de hierro, que estará constituida por baterías de tanques y filtros prensa. El concentrado en este proceso alcanzará una humedad del 10% y estará almacenado en un galpón de acopio. El concentrado será transportado por una cinta transportadora (cerrada) hasta el cargador de buques. También la terminal en tierra comprende oficinas y servicios de personal, taller de mantenimiento, laboratorio, y un comedor. Ocupará 250 hectáreas y 1.200 m de frente de costa, de un padrón de 1.900 hectáreas, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. La infraestructura en el mar consistirá en un muelle de atraque para buques de gran calado (55 pies), vinculado a las instalaciones de tierra por una pasarela de
Por "Agua Bruta" se entiende técnicamente agua sin tratamiento, obtenida mediante represamiento de una corriente de agua superficial. Para algún uso específico eventual será necesario practicarle un tratamiento de adecuación a la finalidad destinada (abastecimiento público, uso industrial, etc.
2,5 km de largo. Más específicamente, serán parte de la infraestructura marítima los siguientes componentes: • Puente y muelle con cinta transportadora cubierta. El puente tendrá un ancho de aproximadamente 11,5 metros con un área cerrada para la cinta transportadora y un camino lateral para vehículos livianos. • Cargador de buques. El cargador de buques se moverá a través de rieles en el muelle y estará diseñado para cargar buques de hasta 166.000 toneladas. • Canal de navegación. El canal de navegación tendrá 250 m de ancho, 16 km de longitud y 21 m de profundidad. El dragado de apertura generará 12,8 millones de m3 de material que se deberá disponer en un sitio adecuado. • Rompeolas. Será construido para minimizar los efectos de olas en el tiempo de disponibilidad del cargador de buques. 4. Consumo de energía El consumo total de energía del emprendimiento será de aproximadamente 200 MW de potencia (superior a lo que genera la Represa de Rincón del Bonete), que será suministrada por UTE. Ello requerirá de la construcción de una línea de transmisión para dotar de energía a las instalaciones del distrito minero y otra para la Terminal de Exportación. La construcción, operación y tramitación de permisos ambientales de estas líneas serán parte de un proyecto independiente a cargo de UTE. Aún resta por conocerse cuál será el origen de la fuente que utilizará la UTE para abastecer el proyecto, aunque se estima que sea gas natural. 5. Mano de obra La cantidad de personal que se necesitará para la construcción del proyecto será de 3150 personas, de las cuales 2500 son para el distrito minero, 300 para el mineroducto y 350 para la terminal portuaria. Durante la etapa de operación se empleará un total de 1450 personas, de las cuales 1300 serán para el distrito minero, 10 para el mineroducto y 140 para la terminal portuaria. En la interpelación, la Ministra Muslera también señaló los posibles impactos socioambientales de la minería a cielo abierto que podrían registrarse en la zona en cuestión (ver Cuadro 3). Al terminar la exposición sobre el tema de los impactos, la Ministra señalaba:
La experiencia de la moderna minería en el mundo indica que estos impactos ambientales de la minería de cielo abierto son manejables con medidas de mitigación, recomposición y compensación. Requiere de un cuidadoso proceso de evaluación ambiental que considere, si no lo ha sido, la inclusión de requerimientos que en definitiva son posibles de incorporar en el marco de un incremento de los costos de la producción, así como requiere también la inclusión de seguridades y garantías que corresponden a una actividad extractiva con fluctuaciones históricas
Ver documento adjunto con la exposición de la Ministra Muslera en la interpelación
Cuadro 3 – Posibles impactos socio-ambientales de la minería a cielo abierto en Uruguay según la exposición de la Ministra Muslera en la interpelación
1.- Impactos al Medio Abiótico 1.1.- Sobre la Atmósfera. Generación de polvo por voladura (explosiones) de rocas, excavaciones, carga, trituración y transporte de materiales. Generación de gases, por emisiones de escape de vehículos y maquinaria. Generación de ruidos y vibraciones, por voladuras, movimiento y actividades de la maquinaria y equipos. 1.2.- Sobre Aguas y Costas Los impactos al medio hídrico pueden producirse sobre la cantidad y calidad en relación con los ecosistemas hídricos continentales y marinos, por intervención en el régimen de aguas superficiales y/o subterráneas y por modificaciones en la dinámica de las corrientes marinas y la dinámica de construcción de costas. Se construyen presas y embalses y se modifican cursos de agua. En la costa se puede modificar el régimen de construcción de costas con procesos erosivos o de acumulación de sedimentos que pueden incidir en partes de los ecosistemas marinos. 1.3.- Sobre el Suelo. Los impactos sobre el suelo pueden generarse por la exclusión de otros usos; por la apertura de minas, plantas de procesamiento, pilas de estériles o escombreras, represas de relaves, caminos internos, ductos y terminales portuarias y por la infraestructura en general. Se modifica la morfología del terreno por la construcción de rampas y taludes, huecos en rocas, pilas de estéril y escombreras. Se genera pérdida de áreas de suelo por la eliminación de las capas superiores en las zonas bajo explotación y en las áreas de disposición de las escombreras. Se generan riesgos de accidentes y derrumbes en frentes de avance, por tráfico incrementado de vehículos y por el transporte de minerales y otros productos. Son posibles los riesgo de liberación de sustancias peligrosas por presencia de posibles contaminantes. 2.– Impactos al Medio Biótico. Impactos sobre áreas protegidas de diverso carácter presentes en la zona de influencia del emprendimiento minero, afectación de la fauna por desplazamiento y por pérdida de hábitat Impactos sobre la Flora por área de extracción, caminos y pilas de estéril. 3.– Impactos al Medio Antrópico Se identifican principalmente sobre: Los usos del terreno por conflictos relacionados con el uso del suelo por la extracción de minerales en áreas destinadas originalmente a otros usos. El paisaje, las explotaciones a cielo abierto llegan a abarcar superficies generando cráteres y escombreras llegan a alterar el paisaje. El ámbito sociocultural en el territorio por el establecimiento o desarrollo de asentamientos humanos a raíz de las actividades mineras. Afectación de patrones socio-culturales. Los aspectos sociales y económicos por la modificación de la dinámica económica y demográfica. Modificación en el mercado de trabajo y de bienes y servicios, cambios de la presión sobre los servicios y equipamientos públicos (educación, salud, seguridad, etc), Modificación de las condiciones de salud de la población.
Conocimiento y situación a la fecha de los trámites realizados por Minera Aratirí de su Proyecto Valentines 27 Con fecha 4 de marzo de 2011, Minera Aratirí realizó la comunicación del proyecto Valentines, presentando los documentos correspondientes. El 1 de abril se emitió el Certificado de Clasificación del Proyecto bajo la categoría “C” -Expediente número 2011/14000/02991- (solicitud de Autorización Ambiental Previa). El proyecto implica la extracción y beneficiamiento de mineral de hierro, mineroducto y terminal portuaria
Datos obtenidos de la exposición de la Ministra Muslera en la interpelación, salvo se detalle otra fuente
que afecta padrones ubicados en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Florida, Treinta y Tres y Rocha. El 6 de abril de 2011 ingresó la Solicitud de Autorización Ambiental Previa, conteniendo los Documentos del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. Con fecha 10 de mayo se realizó un informe técnico sugiriéndose rechazar el trámite de solicitud de Autorización Ambiental Previa presentado por Minera Aratirí, por incumplir los requisitos aplicables a dicha solicitud, según lo establecido en el artículo 13 del dec. 349/2005 (ver el documento adjunto con la exposición de la Ministra Muslera para más detalle y el Cuadro 4 para el resumen de las consideraciones realizadas).
Cuadro 4 - Resumen del informe técnico realizado por DINAMA sobre el trámite de Autorización Ambiental Previa presentado por Minera Aratirí (trámite actualmente archivado)
En lo que se refiere a los documentos del proyecto, la información presentada describe de forma general las componentes del mismo sin llegar a una escala que permita una correcta aproximación de las actividades, construcciones y obras que se realizan para cumplir con el objetivo de cada componte. Estas debilidades pueden tener origen en indefiniciones del propio proyecto y no en omisiones debidas a la metodología empleada, sin perjuicio de lo cual resulta imperioso contar con información presentada a una escala adecuada que permita ser utilizada como insumo válido para el adecuado EsIA de cada una de las componentes y del proyecto todo en su globalidad. El Estudio de Impacto Ambiental, en lo relativo a la identificación y evaluación de impactos, dada las debilidades e incertidumbres que se observan en la información disponible sobre el proyecto, evidencia una subestimación de los impactos que se generarán sobre el ambiente. Si bien existe una importante información de base sobre el ambiente, no se aprecia que ésta se utilice de forma sistemática para determinar los impactos que de forma puntual sucederán sobre los distintos sitios donde el proyecto interviene. El estudio, si bien lo prevé en su metodología, no determinó las medidas de mitigación necesarias a ser aplicadas para disminuir los impactos ambientales identificados, omitiéndose de esta forma una parte fundamental del análisis. El EIA no proyecta los impactos ambientales residuales que podrían quedar una vez implementadas las medidas de mitigación planteadas para este proyecto, de modo que no resulta posible concluir si “no presentarán impactos ambientales negativos residuales que puedan considerarse inadmisibles, es decir que el emprendimiento puede considerarse ambientalmente viable”, por la ausencia de ese elemento fundamental del análisis. Formalmente, el profesional que figura como responsable del EsIA y la tramitación no ha acreditado estar habilitado a los efectos del presente trámite. Luego de realizada una evaluación de los aspectos formales y técnicos de la documentación presentada, se considera que tanto los Documentos del Proyecto como los del Estudio de Impacto Ambiental no cuentan con información detallada a una escala que permita arribar a conclusiones válidas por las cuales este proyecto no causaría impactos negativos residuales que puedan considerarse admisibles. Por todo lo antes expuesto se eleva a la Dirección Nacional, sugiriendo en caso de compartirlo, rechazar, previa vista del interesado, el presente trámite de solicitud de Autorización Ambiental Previa por incumplimiento de los requisitos aplicables a la misma, según lo establecido en el artículo 13 del decreto 349/2005“.
El 26 de mayo en la evacuación de la vista realizada por la empresa, se solicitó el archivo de los antecedentes desistiendo de la solicitud presentada. Se procedió con posterioridad al archivo de los antecedentes situación que se encuentra al día de la fecha. Hoy se está a la espera de la presentación de una nueva solicitud de Autorización Ambiental Previa que cumpla con los requerimientos presentados por DINAMA. Por Resolución Ministerial de fecha 2 de mayo de 2011 se creó en el marco de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA un Grupo de Trabajo ad-
hoc destinado a evaluar el Proyecto Valentines. El mismo fue conformado en el entendido que su actividad requeriría de consultas especializadas de carácter puntual o temporal. El Grupo de Trabajo (GT) está integrado por ocho técnicos de las 4 Direcciones Nacionales del Ministerio: 4 de DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente), 2 de DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial,) 1 de DINAVI (Dirección Nacional de Vivienda) y 1 de DINAGUA (Dirección Nacional de Agua y Saneamiento). Este grupo integra especialistas de diversas disciplinas que cubren las áreas de hidrología y recursos hídricos, minería, biodiversidad y ecosistemas, oceanografía y gestión costera, aspectos sociales, actividades productivas, vivienda y ordenamiento territorial. Para fortalecer el Grupo de Trabajo se identificó la necesidad de contratar personal adicional en campos de la economía ambiental y para atender aspectos jurídicos y regulatorios específicos.28
Aratirí en el contexto concreto de la actividad minera en Uruguay Frente a la actual e inédita situación de la actividad minera en Uruguay se explica y justifica su tratamiento a nivel político y de la opinión pública. Recientemente, el Ministro de Industria Energía y Minería, R. Kreimerman, expresaba: “no creo que la discusión política sobre minería sea un factor que ahuyente a los inversores”. Aludió a ejemplos de otros continentes y agregó que “realmente, la minería se discute y bastante fuerte, hasta este momento, en Australia, Canadá y otros países tradicionalmente mineros”. En nuestro caso (Uruguay) “no se está hablando de un país minero, sino de una actividad que diversifica la economía” y que “por ser nueva debe ser discutida en el más amplio sentido posible” (El Observador 15-08-20011). La sociedad uruguaya no tenía en su “agenda” de debate público la discusión sobre los emprendimientos mineros hasta el arribo del proyecto de la Minera Aratirí, que por su envergadura, puede significar un cambio en el rumbo de las actividades productivas en el país. Los debates generados en torno a Aratirí tuvieron y tienen amplias repercusiones políticas y sociales. La sociedad civil se ha hecho oír desde posiciones extremas: el Movimiento Por un Uruguay Sustentable29 por ejemplo, desde su oposición contundente al proyecto, o el sindicato de obreros metalúrgicos UMTRA desde su posición a favor del emprendimiento y de un posible desarrollo de la industria metalúrgica en el país. En el Anexo 1 se detallan las principales repercusiones políticas sobre Aratirí, así como las principales controversias suscitadas. Suele ocurrir que un caso concreto, que por diversas razones se instala en la opinión pública, sirve de detonador del tema en su contexto más general. El debate sobre los posibles impactos de éste u otros emprendimientos mineros se vincula con discusiones y definiciones importantes que el Uruguay se debe: el uso y cuidado de
Uno de sus integrantes es el Lic. Daniel Collazo (quien participa del Comité Asesor del Juicio Ciudadano). 29 El Movimiento Por un Uruguay Sustentable está compuesto por ciudadanos y diversas organizaciones sociales del país: productores agropecuarios, sindicatos, investigadores, docentes, académicos, asociaciones de vecinos, grupos autoconvocados. Todos ellos movilizados ante la inminente instalación en el país de Aratirí.
nuestros recursos naturales y los modelos o caminos de desarrollo que se están tomando o se deberían tomar (ver Anexo 2). A su vez, se hace cada vez más habitual hablar de, y propender a, establecer mecanismos de participación ciudadana en vinculación con temáticas socioambientales controvertidas. El tema del posible plebiscito por el proyecto de la Minera Aratirí sería un ejemplo de esto, aunque los mecanismos de participación son varios y tienen diferente peso a la hora de darle voz y voto a la ciudadanía. Este juicio ciudadano es precisamente un mecanismo que privilegia la calidad del proceso de deliberación que puedan tener personas con un interés común: reflexionar sobre las mejores opciones para el país (ver Anexo 3).
ANEXO 1 Repercusiones políticas y conflictos surgidos en Uruguay a partir de la discusión sobre el proyecto de la Minera Aratirí El 14 de julio del corriente se realizó una interpelación a tres ministros vinculados con el proyecto de la Minera Aratirí: Roberto Kreimerman, de Industria, Energía y Minería; Graciela Muslera, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y Héctor Lescano, de Tursimo y Deporte. La interpelación fue pedida por el diputado Luis Lacalle Pou y la llevó adelante el diputado Gerardo Amarilla. La oposición pretendía información más precisa sobre el proyecto30. Días después, entrevistada por La Diaria (20 julio 2011) la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, realizó algunas evaluaciones sobre la triple interpelación y sobre los desafíos que se imponen de ahora en más en materia medioambiental. Ante la pregunta del periodista sobre ¿cuáles serían los próximos desafíos?, la Ministra respondió:
Creo que el gran desafío es involucrar a la gente con las políticas ambientales. Es el tema de esa participación a la que te obliga la ley. Acá tenemos un trabajo técnico valioso, con experiencia, con cuadros profesionales importantes que te aseguran que podés encarar esto, pero el gran desafío es el ida y vuelta con la población...Sabemos que la gente se polariza, pero también sabemos que tenemos instancias de diálogo, de poner arriba de la mesa las posiciones de cada uno con argumentos. Por eso yo hablaba de que acordaba con la idea de que haya una instancia consultiva. No es para sacarnos de arriba la responsabilidad de lo que hacemos -es casi seguro que vamos a definir hacer esto y de esta forma-, sino para ponernos de acuerdo en cómo resolver.
-¿Qué se decidiría entonces con el plebiscito? ¿Qué se votaría? -Después veremos qué se va a votar, porque todavía no está redonda la discusión, es un proceso que se está dando en el Ejecutivo. Pero hay modos de manejar estos recursos que pueden generar estabilidad, que pueden generar el desarrollo de alternativas que tienen que ver, por ejemplo, con la cadena metalúrgica o con otras. O puede darse un uso tal que después de que los recursos se terminen todo se agote y te deje sin capacidades. Entonces se abre un abanico de posibilidades en el que hay historias como la de Potosí, que acaban en una expoliación total con cero capacidades para el país, pero también hay casos que permiten potenciarte. Ante la pregunta: ¿Se maneja la posibilidad de que la población vote sí o no a la megaminería?, la Ministra respondió: No, estamos hablando del uso de los recursos. La minería es algo que está permitido por la ley. En el mes de julio hubo un creciente interés en la esfera política en lo que concierne a las ganancias que el Estado obtendría del proyecto de la Minera Aratirí y otros emprendimientos mineros. Uno de los desencadenantes de estas discusiones habría sido el planteo realizado en junio por el Diputado José Cardoso del Partido Nacional
Nota sobre la interpelación en: http://www.180.com.uy/articulo/20213_Preguntas-y-respuestas-sobreAratiri
(representante por el Departamento de Rocha), sugiriendo nacionalizar el subsuelo para que sea el Estado quien eventualmente explote su riqueza. Según consideraciones realizadas por el autor del actual Código de Minería, el abogado Juan Andrés Ramírez (en una nota en El Espectador 1/7/11), si bien las posibilidades del gobierno uruguayo de aumentar las ganancias por el negocio de la minería de hierro están acotadas por la legislación vigente, el Estado puede aumentar el canon exigido o la tributación, sin que eso se considere violatorio de los derechos adquiridos. Ramírez acotó que el gobierno uruguayo tuvo la alternativa de haber declarado zona de reserva para que al confirmar la existencia de minerales extraíbles se pudiera haber llamado a licitación para obtener el mejor canon posible. Debido a que esto no se hizo, señaló que querer mejorar los ingresos por el negocio mediante una ley de estatización expone al país a juicios. A fines de julio existía una predominante opinión favorable, desde el gobierno y la oposición, a negociar mejor con la empresa Zamin Ferrous, aunque hay quienes se oponen frontalmente al proyecto de la Minera Aratirí. El Observador (31/7/11) recogió la opinión de representantes de los diferentes partidos. El presidente del Directorio blanco Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) declaró: “Yo estoy en contra de la megaexplotación minera, no contra Aratirí. Creo que hay que cuidar el medioambiente y el capital turístico que deja. Pero, ante los hechos consumados, la propuesta de Cardoso me parece la mejor”. En una postura más o menos parecida está el líder de Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, y el diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco). En el Partido Colorado no apoyan la nacionalización del hierro pero están dispuestos a imponerle un impuesto “a las superganancias” si es necesario, según afirmó el diputado Walter Verri. En tanto, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que está dispuesto a apoyar toda iniciativa que sirva para mejorar las condiciones del negocio con Aratirí; no descartó la nacionalización del hierro, pero advirtió que se debe encontrar el punto de equilibrio para que el interés de la empresa no decaiga. La postura del oficialismo también es a favor de aumentar las ganancias de la explotación del hierro. El jueves 21 de julio, el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo en Búsqueda que estaba de acuerdo con nacionalizar el hierro. El martes 26 del mismo mes Mujica recibió al diputado Cardoso en su despacho de la Torre Ejecutiva: “Hay que hacer un acuerdo político grande para resolver lo de Aratirí porque a mí me quedan tres años y esta gente se va a quedar como 30 años. Y, sí, podemos arreglar un fifty-fifty (50 y 50). Hay que ver qué dice el resto de la oposición”, le dijo Mujica a Cardoso según publicó El Observador el miércoles 27. Mujica no descartó nacionalizar las reservas si fuera necesario. Según las palabras del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, el miércoles 27 durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), “Al llegar a la etapa de explotación es muy claro que el Estado, propietario de esos elementos, tiene que obtener el máximo posible de ingresos a través de los cánones directos”. Por su parte, la sociedad civil se ha hecho oír desde extremos opuestos: por ejemplo el Movimiento Por un Uruguay Sustentable31, contrarios a la instalación de la minera, o
El Movimiento Por un Uruguay Sustentable está compuesto por ciudadanos y diversas organizaciones sociales del país: productores agropecuarios, sindicatos, investigadores, docentes, académicos,
el sindicato de obreros metalúrgicos UMTRA a favor del emprendimiento y de un posible desarrollo de la industria metalúrgica en el país. Una encuesta reciente de CIFRA (contratada por la empresa Zamin Ferrous) ha señalado que el 43% de los consultados sostuvo que el desarrollo de la minería a cielo abierto es positivo para Uruguay, mientras que otro 43% opinó lo contrario, el 11% no opinó y el 3% no respondió. En relación al proyecto de la minera Aratirí, 50% lo respaldan, 32% se manifestó en contra y el 18% no opinó. La encuesta se realizó entre el 28 de mayo y el 2 de junio y recogió la opinión de 800 personas, la mitad de Montevideo y el resto de ciudades del interior, según publicó este jueves el Semanario Búsqueda. Recientemente, la minera Aratirí decidió enlentecer en forma temporal sus trabajos en Uruguay. El gerente general de la minera, Fernando Puntigliano, declaró el 2 de agosto a Metrópolis FM que la inversión "pasó de ser la prioridad número uno a estar en el cuarto lugar" y acotó que "en África aparecerán 15 proyectos de hierro en los próximos años". Horas después de las declaraciones de Puntigliano, la empresa emitió un comunicado a través del cual informó que "continuará trabajando en Uruguay, pero desacelerará el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes". A la vez "priorizará la inversión en proyectos que está iniciando en Asia". "La decisión fue tomada luego de haber discutido los riesgos para cada uno de los proyectos con los bancos internacionales", se asegura en el comunicado de la empresa. Si bien aclaran que Aratirí continuará "las actividades de prospección", de todos modos "reducirá el ritmo de las exploraciones". El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, comunicó a El Observador (2/8/11) que tanto Mujica como Astori “reaccionaron mal” ante el anuncio de la empresa y se cuestionaron hasta cuándo el país seguiría discutiendo acerca de la conveniencia de este tipo de inversiones. Según Breccia, “la noticia no es para nada positiva para el país”, y agregó que “el país se debe una gran discusión acerca de cómo encarar este tipo de inversión, que son el futuro del país”. Desde el gobierno no se entiende cómo otras megainversiones se pudieron instalar en el país “de forma pacífica” y en este caso, cada acción que tomaba el gobierno era cuestionada por el sistema político. El secretario de la Presidencia indicó que desde el gobierno se le transmitió a Aratirí que se iban a continuar realizando “todos los controles”, pero a la vez se tenía “la intención de seguir trabajando con la empresa”. El tema es que “todos los esfuerzos que hace el gobierno se ven desvanecidos por las acciones del sistema político”, argumentó Breccia. Más allá de esto, el jerarca aclaró que la empresa “reiteró” al gobierno su intención de concretar la inversión en Uruguay. “Pero siempre que se dilata es negativo”, explicó. Por eso, Breccia llamó al sistema político a “serenarse”. Hay que “pensar qué tipo de país queremos dejar a nuestros hijos porque mientras nosotros dilatamos estas inversiones, el mundo está ávido de ellas”, dijo. El día siguiente a la decisión comunicada por la empresa, el presidente José Mujica anunció que conformará una Comisión Interpartidaria32 para analizar el tema Aratirí, tras lo cual se contactó con los principales actores de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria para transmitirles su intención y pedirles que designen a
asociaciones de vecinos, grupos autoconvocados. Todos ellos movilizados ante la inminente instalación en el país de Aratirí. 32 Se adjunta la presentación del MIEM ante dicha Comisión
un representante. Mujica dijo que el ex subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, será el representante de la Presidencia. “Me di cuenta que era algo muy complejo y muy importante para el destino del país”, indicó el presidente a El Observador (3/8/11). La misión de la comisión será analizar todos los asuntos relacionados con la minería, no solo Aratirí, y tratar de “consensuar e intercambiar información” al respecto, trabajando “con un espíritu nacional”. Por su parte, el dirigente Juan Castillo dijo a El Observador que el PIT-CNT está preocupado por la pérdida de puestos de trabajo tras la decisión del grupo Zamin Ferrous de enlentecer la inversión de la minera Aratirí en Uruguay. No obstante, el sindicalista dijo que en cierta medida lo tranquilizan algunas declaraciones que escuchó del gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, en las que dijo que “la empresa asegurará a los trabajadores alguna otra salida laboral a través de otros proyectos que la compañía tiene pensado hacer en el país”. El dirigente comunista manifestó que no le parece "mal que cualquier empresa internacional que venga al país tenga que esperar a que se realice una internalización política sobre el tema y se tomen las decisiones adecuadas”. Por esto mismo, agregó que no le llamó la atención el debate político que se generó respecto a Aratirí. “Uruguay no tenía certezas reales, ni jurídicas para la explotación minera” y se dio la discusión no sólo en la oposición sino también dentro de la fuerza política. En este sentido, Castillo recordó que el tema también se “debatió dentro del Frente Amplio”. “Lo que pasó me parece lógico”, remató el líder sindical. El Partido Comunista perteneciente al Frente Amplio se opuso a la instalación de la minera Aratirí. Por otra parte, la opinión pública estuvo marcada por una serie de controversias en relación al proyecto de la Minera Aratirí, que tuvo como principales protagonistas al gobierno, la empresa y a lo que se llamó “la interpelación ciudadana” recogida por el Observatorio Minero (una de las voces en contra del emprendimiento, vinculadas al movimiento Por un Uruguay Sustentable). Durante el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo fue repartido entre los integrantes del gabinete un informe titulado "Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí". El mismo negaba o desmentía una serie de afirmaciones que han circulado públicamente en torno al proyecto. Este informe, empero, no provenía de la DINAMA tal como su propio titular puntualizó en varios medios de prensa. El documento fue publicado también por el Semanario Búsqueda el 25 de mayo del corriente y coincide en varios puntos con lo publicado en la página de la empresa33. En la página del Observatorio Minero se encuentran, a su vez, respuestas a esas consideraciones.34 A continuación se exponen estas controversias:35
Página de Aratirí: http://www.aratiri.com.uy/claves/la-verdad-sobre-el-proyecto/ http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/07/interpelacion-ciudadana/ 35 Hay que tener en cuenta que cada afirmación –de cualquiera de las partes- puede tener su respuesta, aclaración o crítica desde distintas posiciones y enfoques. De hecho, varios asesores de este proyecto han hecho algunas consideraciones críticas a una u otra parte que no se recogen en este anexo que intenta mostrar los debates tal como se han producido.
1) Ocupación de tierras Dice la empresa - Se ha dicho: la mina ocupará 120.000 ó 150.000 hás. El área física estrictamente intervenida por todas las instalaciones del distrito minero será de 6.210 hás, en 148 padrones que pertenecen a 76 propietarios. De ellas, las minas propiamente dichas ocuparán una superficie que no alcanza las 700 hás. Dice Observatorio Minero del Uruguay: La mina ocupará sólo 6.210 hectáreas. Falso. Como es habitual en las operaciones mineras, la propuesta actual de Aratirí es apenas el inicio de la extracción de minerales en Valentines y Las Palmas. Las autorizaciones de la Dinamige para prospección y exploración, con posibilidades de explotación, llegan hasta 110.000 hectáreas constituidas por 1.186 padrones “a ser total o parcialmente afectados en forma temporal o permanente”, según la comunicación de Aratirí a la Dinama. Es falso inclusive que las operaciones iniciales ocupen solo 6.210 hectáreas, porque eso supone que seres humanos y animales pueden convivir al lado de un cráter o de un depósito de estériles o de un embalse de agua y lodo contaminados. Según los propios informes del EIA de Aratirí, los impactos permanentes e irreversibles de la actividad minera sobre el agua, los seres vivos y el ecosistema en general afectarán como mínimo hasta una distancia de 3 kilómetros de aquellas instalaciones. Si fuera cierto que Aratirí va a explotar solamente los cinco cráteres que propone en la actualidad, ¿por qué no devuelve las autorizaciones sobre el resto de las tierras, en donde los productores están cautivos de las decisiones de la minera? Tampoco se cuentan, como si fueran inexpresivas, las consecuencias del mineroducto y del puerto para los vecinos de la costa de Rocha. Dos ductos que atraviesan zonas naturales ricas y sensibles, junto con un puerto para grandes buques en esa costa, afectaría a poblaciones enteras de seres vivos de diversas especies. Al igual que en las minas, el efecto no es reducible a la superficie de las instalaciones, se proyecta kilómetros a la redonda, y no es solo cuantitativo, es cualitativo.
2) Uso de agua Dice la empresa - Se ha dicho: pondrán en riesgo el recurso hídrico a una gran zona del país. El agua necesaria para el proceso minero se recirculará totalmente, aunque será necesario reponer las pérdidas del sistema. La fuente para el agua de reposición será la captación de lluvia en 2 embalses. En un año seco (por ejemplo, 994 mm/año), el agua que será necesario reponer rondará 1 millón de m3/año, lo que determinará la disminución de la cota de los embalses. En términos comparativos, 1 millón de m3 en un año equivale al agua necesaria para sembrar 90 hás. de arroz. En un año de lluvia promedio (1.300 mm/año), el sistema captará más agua de la que sería necesario reponer. El excedente ronda los 5 o 6 millones de m3/año, que se descargarían nuevamente en los cursos de agua de la cuenca, o se almacenarían en
la que será la primera gran reserva de agua de la zona, la que perfectamente podrá destinarse también a la producción agropecuaria. Dice Observatorio Minero del Uruguay: El agua se gestionará en circuito cerrado. Falso.¿A quién se le puede ocurrir que cinco cráteres de 800 hectáreas de superficie en total y 400 m de profundidad, junto a dos embalses, uno de agua de 250 hectáreas y otro de agua y lodos de 2.400 hectáreas, ambos contaminados, pueden operar en circuito cerrado? Si a esto le agregamos el agua circulando por dos caños de 60 cm de diámetro y 212 km de longitud, de la cual una parte se iría con el hierro por el puerto oceánico, ¿cuántos millones de metros cúbicos de agua estarán siendo inutilizados por la minera? Las obras previstas por Aratirí para explotar las minas, el “enderezamiento” del río Yi, dos presas sobre el arroyo Las Palmas, los embalses sobre el arroyo Las Conchas y el desvío del arroyo Valentín, reducirán en un 15% el flujo de base de las tres primeras cuencas y en un 70% el de la última. Se producirá un descenso de la napa freática, en torno a los cráteres, mayor a un metro hasta unos 3 a 6 km de la cresta del pozo. Y las infiltraciones de los dos embalses de agua y lodos contaminados podrán extenderse hasta una distancia de 3 km del borde de estas instalaciones. ¿Que compensaciones tiene previstas el estado y Aratirí para los predios incluidos en esta zona? No pagan ni un dólar por esas alteraciones. El hierro se lo llevan prácticamente limpio, mientras el país no solo entrega esa riqueza, sino que destruye la otra riqueza que es la tierra y el agua de esa zona. ¿No se viola el Art. 47 de la Constitución? Con respecto al tema del uso del agua cabe acotar además que, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa también habrá un importante consumo de agua para mitigar el impacto del polvo: “vamos a tener otro tipo de gasto de agua porque en la mina se levanta el polvo y, para evitarlo, se moja el terreno. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se hacen los agujeros para estas minas, de hecho, mana mucha agua. Habrá que bombear el agua para afuera y, entonces, prácticamente vamos a recircular toda la que mana para evitar el levantamiento de polvo, que es lo que se hace, en general, en minería”36
3) Uso o no de productos químicos Dice la empresa - Se ha dicho: usarán productos químicos y contaminarán el agua. Tres precisiones: 1) a diferencia de la minería de otros metales, Aratirí no necesitará utilizar ningún producto químico para separar y concentrar el hierro, 2) la DINAMA no autorizaría ninguna actividad que implique la contaminación de las aguas,
http://www.parlamento.gub.uy/indexDB/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?TIPO=CON&URL=/distribuido s/contenido/senado/S20100420.htm
3) la actividad minera disminuirá el aporte de contaminantes que hoy generan otras actividades productivas, por lo que es posible que la calidad del agua de los cursos de la zona incluso mejore respecto a la situación actual. Dice Observatorio Minero del Uruguay: No usarán productos químicos. Falso. El hecho de que el mineral de hierro en Valentines sea magnetita, que permite separar el metal por magnetismo, no significa que toda la operación de Aratirí no utilice productos químicos. Para fracturar la roca usarán 43.000 toneladas anuales de un explosivo compuesto por 90% de nitrato de amonio y 10% de gasoil. Si las detonaciones son cada dos días, se liberarán 243 toneladas de dióxido de nitrógeno (NO2) por vez. El NO2 con el agua de la atmósfera produce ácido nítrico, que genera lluvia ácida, y en presencia de luz solar descompone el oxígeno del aire y produce ozono, que afecta la salud humana con diferentes grados de gravedad y puede provocar lesiones en los pulmones. Aratirí no menciona tampoco que los 200.000 litros diarios de gasoil que utilizarán los camiones y otros equipos generarán unas 30 toneladas por hora de gases de efecto invernadero. Para ilustrarlo, esa cantidad de gases de invernadero equivale al que producen unos 750 vehículos de transporte colectivo con 45 pasajeros. Por último, Aratirí dice que solo explotará el hierro, pero sus permisos de prospección y exploración incluyen minerales que requieren productos químicos para separar los metales, tales como oro, plata, cobre, plomo, zinc, cromo, níquel y paladio. ¿A quién se le puede ocurrir que si encuentran oro por ahí lo van a descartar?
4) Uso de Energía37 Van a construir una usina de generación de energía a carbón. FALSO. Si bien éste fue el planteo original, se desestimó cuando el Gobierno solicitó que la energía se comprara a UTE. Dice Observatorio Minero del Uruguay: Van a utilizar generación de energía a carbón. Falso.¿Quién dice que van a usar carbón? Prácticamente nadie a esta altura. El planteo original de Aratirí fue construir una central a carbón, porque lo traería muy barato de China en los barcos que vendrían vacíos a llevarse el hierro. Pero el gobierno no aceptó y se comprometió a suministrarle 200 MW/h de energía a través de UTE. Resta por ver cuánto le cobrará la UTE a Aratirí por esa energía y cuánto será subsidiado por los uruguayos. Curiosamente, un editorial del diario El País, del 3 de julio último, sostiene que Aratirí usará carbón a menos que UTE resuelva de otra manera sus carencias para atender el abastecimiento. Lo dice Carlos Maggi en un su artículo “Enterrar la mentalidad del subdesarrollo”, y el ingeniero Álvaro Bermúdez, en un texto complementario titulado,
Este punto aparece en el documento “Mitos…”
“Una sorpresa negra”. Son dos conocidos defensores de la energía nuclear, que se enfrentan aparentemente a un mal para tratar de hacer aceptable algo peor.
5) Afectación a Áreas Protegidas Dice la empresa: Se ha dicho: el proyecto va a dañar las áreas protegidas de Rocha. Ni el mineroducto ni ningún otro componente del proyecto atraviesa ninguna de las Áreas Protegidas actuales. Si bien los humedales del Este están considerados Área RAMSAR, esta categorización no impide las actividades productivas. El mineroducto, una vez instalado (enterrado a más de 80 cm de profundidad), permitirá seguir practicando todas las actividades, con solamente 2 restricciones dentro de la faja de aproximadamente 50 m de ancho por donde corre: forestar y construir. Dice Observatorio Minero del Uruguay: Ningún componente del proyecto atraviesa Áreas Protegidas. Falso. En los trazados conocidos hasta el presente, el mineroducto de Aratirí atraviesa tres zonas de la Reserva de Biosfera Bañados del Este propuestas para ser declaradas Áreas Protegidas por el Programa PROBIDES: Sierra del Tigre, India Muerta y Bañados de San Miguel, Laguna Negra. Para justificar su proyecto, Aratirí sostiene que las actividades agrícolas y pecuarias son las que más contaminan esa zona. Claro, son las únicas hasta el presente, pero sus impactos no son comparables con una posible rotura del mineroducto.
6) Afectación a Palmares Dice la empresa: Se ha dicho: van a arruinar los palmares. Como pocos emprendimientos de gran escala en el Uruguay, las consideraciones ambientales determinaron cambios en el proyecto de ingeniería. El trazado del mineroducto se modificó para atravesar la zona de menor densidad de palmares. Los ejemplares que deban removerse serán trasplantados. Por otra parte, el proyecto planteó crear una zona de reserva que favorezca el desarrollo de los ejemplares jóvenes. Dice Observatorio Minero del Uruguay: No van a afectar los palmares. Falso. Aratirí promete que “los ejemplares que deban removerse serán trasplantados”. Por una parte, confirma que afectarán los palmares. Por la otra, las experiencias de transplante de palmeras no son siempre exitosas, no son máquinas que se ponen en cualquier lugar.
7) Actividad minera y ambiente Dice la empresa - Se ha dicho: la minería de hierro a cielo abierto es una de las actividades más agresivas para el medio ambiente. Las actividades humanas no son más o menos agresivas para el medio ambiente en sí mismas, sino en función de cómo se desarrollan. Hay ejemplos de países con muy baja industrialización y nivel productivo pero con grados alarmantes de degradación
ambiental y por el contrario, ejemplos de países intensamente multiproductivos con los mejores índices de calidad ambiental. En estos países, la minería suele ser una actividad consolidada. Según la FAO, además, la actividad humana que más afecta el ambiente (en cuanto a contaminación del agua, deterioro de la biodiversidad y emisión de gases de efecto invernadero) es la actividad pecuaria, que sin embargo en Uruguay ha ido interviniendo sobre el proceso de producción para mitigar en lo posible sus efectos. Dice Observatorio Minero del Uruguay: La pecuaria es la actividad humana que más afecta el ambiente. Falso. Es reconocido internacionalmente que no existe otra actividad industrial más agresiva ambiental, social y culturalmente que la minería a cielo abierto. Pero Aratirí pretende refutar este hecho utilizando fuera de contexto una frase atribuida a la FAO según la cual la actividad pecuaria afecta mucho más al ambiente. Este fue el mismo argumento utilizado por los defensores de las empresas petroleras y sus socios para postergar durante décadas el consenso de la comunidad científica mundial en cuanto a que el calentamiento global es el resultado de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, procedentes de actividades humanas incluyendo los procesos industriales, la combustión mediante gasolina y los cambios en el uso de la tierra, como por ejemplo, la deforestación. ¿Por qué Aratirí no hace una comparación de las emisiones de gases de efecto de invernadero entre los 200.000 litros de gasoil diarios que quemará en las minas y el ganado que sería desplazado por sus actividades extractivas?
8) Sobre la prohibición de la minería a cielo abierto38 La minería a cielo abierto está prohibida en la UE. Falso. Lo único que existe es una propuesta al Parlamento Europeo para limitar la minería que utiliza cianuro. De todas maneras no es el caso de Aratirí. Dice Observatorio Minero del Uruguay: La minería a cielo abierto está prohibida en la UE. Falso. Para dar la impresión de que enfrenta una campaña de mentiras, Aratirí responde afirmaciones que sus oponentes no dicen. Lo que hay es una resolución del Parlamento Europeo del 5 de mayo de 2010 que pide a la Comisión Europea que proponga “la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación”. Tomando a los europeos de ejemplo en aquellas cosas que han aprendido: ¿qué tal si prohibimos la minería a base de cianuro en todo el Uruguay? Y en forma completa, no sujeta a consideraciones circunstanciales del gobierno de turno.
9) Compromiso con la actividad turística y agropecuaria Dice la empresa - Se ha dicho: la minería no puede convivir con las actividades agropecuarias o el turismo; la minería es contraria al Uruguay Natural. Muchos ejemplos en el mundo demuestran la compatibilidad entre la minería, la actividad agropecuaria y el turismo. Pero también hay ejemplos en Uruguay: la explotación de caliza que se realiza en la falda del cerro del Verdún (Minas, Lavalleja) o la explotación de oro en Minas de Corrales, Rivera. El Uruguay Natural no está definido por cuáles son las actividades productivas que se desarrollan sino por cómo lo hacen. Dice Observatorio Minero del Uruguay: La minería puede convivir con las actividades agropecuarias y el turismo; la minería está a favor del Uruguay Natural. Falso ¿A quién se le puede ocurrir hacer turismo en una cantera inundada de agua ácida de un kilómetro o más de extensión y 400 metros de profundidad, rodeada de montañas de rocas y polvo cuyo potencial para lixiviar metales será permanente? Los ejemplos que pone Aratirí de compatibilidad entre minería a cielo abierto y otras actividades en Uruguay no son comparables con su proyecto. Sería como creer que son iguales una canchita de baby-fútbol y el Estadio Maracaná. Aratirí utiliza frases sumamente vagas y cambiantes sobre la distancia hasta dónde llegarán sus impactos. ¿A cuántos kilómetros de cráteres y depósitos de estériles, de embalses de agua y de relaves contaminados, del tránsito de camiones, de plantas trituradoras y de explosiones podrán convivir personas y animales?
10) Productividad de la tierra post emprendimiento Dice la empresa: Se ha dicho: la zona donde se realiza la explotación minera va a quedar improductiva. Esas tierras se perderán para siempre. Antes de mover una sola piedra, Aratirí deberá tener aprobado por la DINAMA (es decir, por el Estado) los planes de cierre de cada una de las minas, lo que implica la proyección de un uso igual o alternativo para cada una de las áreas afectadas, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga el Estado para esa zona del país. La DINAMA no autorizaría ninguna actividad que implicara la contaminación o inutilización de las tierras luego de la actividad minera. Dice Observatorio Minero del Uruguay: El plan de cierre de Aratirí implica un uso igual o alternativo para cada una de las áreas afectadas. Falso. No es un dato menor saber de cuántas décadas a futuro están hablando para implementar ese plan. Un uso alternativo puede ser cualquiera, pero un uso igual es imposible. En ninguno de los informes presentados a la Dinama, la empresa explica cómo va a rellenar los cráteres, ni cómo devolverá la fertilidad a los depósitos de estériles y el embalse de relaves. Sólo estos componentes ocupan una extensión de 5.600 hectáreas. Por el contrario, Aratirí reconoce que la afectación a la topografía por desestabilización de taludes, deslizamientos, procesos de remoción en masa y desencadenamiento de procesos
erosivos será “permanente” y su recuperabilidad “irreversible” (sic). Dice lo mismo de la remoción de suelo y pérdida de cantidad y calidad del recurso.
11) Puestos de trabajo Dice la empresa - Se ha dicho: dejan sin empleo a 2.600 trabajadores y corren a muchas familias. El área física que estrictamente ocupará el distrito minero involucra a 76 productores que ocupan un número muy bajo de trabajadores rurales. En contraposición, Aratirí ocupará 1.500 trabajadores en forma directa y se estima, unos 15.000 en forma indirecta. Corresponde precisar que el 85% de los actuales trabajadores de Aratirí eran trabajadores rurales no formalizados, y que el salario que hoy perciben es aproximadamente el 400% del que tenían entonces. Dice Observatorio Minero del Uruguay: Aratirí ocupará 1.500 trabajadores en forma directa y unos 15.000 en forma indirecta. Falso. La minera no ha brindado hasta ahora detalles de los empleos directos que irá a generar, pero aún aceptando que sean los 1.500 que afirma, la cifra de los empleos indirectos está evidentemente inflada. Los coeficientes máximos aplicables para hacer ese cálculo, en base a la experiencia internacional, llegan hasta 2,5 sobre los empleos directos, con lo cual llegaríamos a unos 3.750 empleos indirectos, o sea, una cuarta parte de lo anunciado. Aratirí destaca que paga salarios 400% superiores a los percibidos en la zona hasta este momento. Sin desmedro de la justicia de elevar el salario del trabajador rural y del reconocimiento de sus derechos gremiales, la rentabilidad muy superior de las mineras permite esos costos, aunque esto no es un índice de buen desempeño. Los 30 obreros rescatados de 700 m de profundidad en Chile percibían salarios mayores que toda su categoría y sabían que estaban trabajando para una empresa poco seria.
12) Uso del puerto de Rocha Dice la empresa - Se ha dicho: el puerto se utilizará para exportar materias primas de la región y recibir carbón, petróleo, gas licuado. La terminal portuaria especializada solamente estará equipada para carga de hierro y no tendrá autorización para otra cosa que no sea la carga de hierro. Dice Observatorio Minero del Uruguay: El puerto no se utilizará para exportar materias primas de la región y recibir carbón, petróleo, gas licuado. Falso. Cuando Puntigliano afirma que la terminal de Aratirí será el primer puerto de aguas profundas del Uruguay y sale a ofrecer sus servicios a Paraguay y Bolivia, ¿estará pensando solo en la terminal de Aratirí y en usarla sólo para el hierro de Valentines?
13) Afectación al turismo Dice la empresa - Se ha dicho: la minería y sobre todo el puerto, arruinarán el turismo.
En todo el mundo las minas constituyen un destino turístico consolidado y Aratirí ya ha recibido propuestas en ese sentido. El proyecto de terminal portuaria está a una distancia y prevé una operativa similares a la de la boya petrolera que funciona desde hace décadas en José Ignacio, donde no parece haber reclamos por afectación del turismo. Dice Observatorio Minero del Uruguay: La minería y sobre todo el puerto no arruinarán el turismo. Falso. El informe entregado a la Dinama reconoció que la terminal portuaria afectará el flujo turístico de la zona y la actual línea costera retrocederá hasta unos 100 m al norte del puente. Estos efectos, que califica de permanentes e irreversibles, se extenderán 2 km al sur y 5 km al norte del puente.
14) Dinero que queda en Uruguay Dice la empresa: Se ha dicho: solamente quedarán en el país 60 millones de dólares por año. Según un estudio de Impacto Económico realizado por la consultora CPA Ferrere, quedarían en el país más de 400 millones de dólares cada año durante toda la vida útil del emprendimiento y es altamente probable que el inicio de la explotación del mineral de hierro pueda generar condiciones para el desarrollo de la industria siderúrgica en el país. Dice Observatorio Minero del Uruguay: Quedarán en el país 400 millones de dólares por año. Falso. Aratirí lanza esa cifra y desde el gobierno se sube la apuesta, serían 500 millones de dólares. No se ha brindado hasta ahora ningún cálculo que justifique tales cifras. Por lo tanto, mientras no se demuestre su validez, son cifras tiradas al viento. La cuestión estratégica en juego es cuáles son las reservas minerales del país y cómo impulsar con ellas el desarrollo nacional. A raíz del proyecto Aratirí, un simple negocio especulativo con las reservas de hierro de Valentines, han surgido propuestas propias de un debate estratégico y no coyuntural, tales como nacionalizar el hierro, construir una industria siderúrgica nacional, una sociedad minera público-privada, etc. Pero lo primero es lo primero. Si Uruguay quiere ser serio, primero debe saber lo que tiene y luego discutir, amplia y democráticamente, qué y cómo lo va a hace.
ANEXO 2 - MINERÍA Y MODELOS DE DESARROLLO PARA URUGUAY (Anotaciones sobre “Modelos de Desarrollo” por Andrés Rius)39 En el discurso público y académico nacional y regional, la expresión “modelos de desarrollo” se usa con al menos tres significados diferentes:
(1) Como la meta o ideal al que se aspira llegar (por ejemplo, “nuestro modelo de
desarrollo es una sociedad más justa y con menos gente en situaciones de pobreza”). (2) Como un conjunto presuntamente coherente de políticas o estrategias para que una sociedad pueda alcanzar niveles mayores de calidad de vida (por ejemplo, “proponemos un modelo de desarrollo que incorpore mayor valor agregado nacional a las exportaciones”; o “el modelo de desarrollo se basa en la promoción de la pequeña y mediana empresa innovadora”). 40 (3) Como las estrategias y trayectorias seguidas por países que por algún motivo se destacan en el contexto internacional (por ejemplo, “el ‘modelo neozelandés’ ofrece lecciones útiles para el Uruguay”, o “el modelo chileno no ha reducido suficientemente la desigualdad”). Esta multiplicidad de significados de los “modelos de desarrollo” genera algunas confusiones, y hace parecer obvias algunas afirmaciones que merecerían ser examinadas con más cuidado. Primero, tiende a asumirse que es deseable que un país tenga “un modelo de desarrollo”. Por supuesto, muchas discusiones sobre estrategias a seguir serían más sencillas si todos compartiéramos un mismo ideal sobre el futuro de nuestra sociedad; pero, ¿tiene sentido esperar que se alcancen esos consensos? Si bien hoy son muy pocos los que sostienen que el desarrollo consiste exclusivamente en aumentar el ingreso nacional, es bastante más difícil conseguir acuerdos sobre qué otras “dimensiones” de una buena calidad de vida deberían ser consideradas y priorizadas. Una sociedad como la uruguaya seguramente incluye visiones variadas sobre los ingredientes que debe contener una sociedad ideal, y en qué proporciones deberían estar combinados. Y en el supuesto caso que estuviéramos todos de acuerdo en los ideales, ¿sería sencillo acordar las estrategias para alcanzarlos? Buena parte del debate político en países con regímenes políticos abiertos son sobre “cuál es el problema”. Por ejemplo, si bien desde distintas posiciones se puede admitir que hay un problema de deserción de los estudiantes en la enseñanza secundaria, las visiones sobre “cuál es el problema” a corregir para evitarla son muy variadas y a veces son difíciles de conciliar.
Este apartado es un aporte de Andrés Rius, Dr. en Economía, docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, coordinador del Área de Desarrollo de dicho Instituto. Es integrante además del Comité Asesor de este Juicio Ciudadano. El autor agradece los valiosos comentarios de Andrea Vigorito. 40 Por extensión, a veces se habla de “modelo del país X” para referirse a políticas aplicadas por algún país en un área específica, cuando se estima que tienen peculiaridades o resultados destacables (por ejemplo, el “modelo chileno” de reforma de la seguridad social, o el “modelo neozelandés” de reforma de la administración pública.)
En parte, el malentendido anterior sobre la conveniencia de tener “un modelo de desarrollo” se deriva de la lectura apresurada de la historia de países a los que querríamos parecernos. En la década de los 90s, eran frecuentes las apelaciones al “modelo de los tigres asiáticos”, al que se le adosaban características que estudios posteriores demostraron que no le eran propias. Desde lejos y en base a información parcial puede parecer que esos países progresaron rápido porque “tenían un modelo claro”. Sin embargo, en cuanto se profundiza en la trayectoria seguida por alguno de esos “modelos a imitar” se puede observar que en realidad, en su proceso de desarrollo, coexistieron varias estrategias promovidas por distintos segmentos de esa sociedad, con desigual capacidad de hacer pesar sus preferencias. Los resultados en términos de calidad de vida que podríamos admirar, y las políticas o estrategias, que los habrían generado, seguramente esconden muchas controversias y conflictos. Sólo en regímenes autoritarios puede suponerse que la trayectoria seguida haya sido muy similar a una única estrategia, aplicada exactamente como fue diseñada; y aún en esos países seguramente se registraron resistencias y ajustes que el saber convencional pasa por alto. Parte de las divergencias sobre estrategias a seguir (“modelos” en el sentido 2) resulta de falta de claridad o ausencia de marcos explícitos respecto al “modelo” de sociedad (en el sentido 1) al que se aspira. Aunque en el debate específico sobre las metas del desarrollo, políticos y expertos suelen reconocer varios objetivos que trascienden el crecimiento económico, éste último tiende a convertirse en la principal referencia tácita para evaluar opciones de políticas, en muchos casos porque se lo considera un medio imprescindible para avanzar hacia otras metas. En las últimas décadas, la cuestión de las metas o fines ha sido puesta en el centro de discusión al impulso de los debates sobre la problemática ambiental y sobre el “desarrollo humano”, pero en el diálogo más cotidiano las sutilezas de distintas posiciones ambientalistas o enfoques integrales sobre el desarrollo social suelen quedar rápidamente oscurecidas por la preeminencia del crecimiento económico como objetivo y medio para el logro de otros fines valiosos. En nuestro país, en las últimas décadas, se reconocen referencias a “modelos” diferentes, en los sentidos expresados en (2) y (3), con los problemas antes reseñados. En la mayoría de los casos, los planteos normativos (sentido 2) y descriptivos (sentido 3) tienden a limitarse a estrategias de políticas en relación con el crecimiento, sin considerar más ampliamente otras dimensiones del desarrollo. En algunos casos, el discurso prevaleciente enfatiza la equidad económica como un componente de los objetivos, y en menor medida se mencionan consideraciones de índole ambiental (el fortalecimiento de las instituciones de la democracia representativa suele asumirse como objetivo genéricamente deseable y no conflictivo con la mayor parte de las estrategias analizadas). Cuando se examina retrospectivamente la historia económica, se suele mencionar que “el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)” permitió complejizar la estructura productiva del país y tuvo resultados razonablemente buenos en materia social. A su término (a fines de la década de los 50s) se habría registrado un impasse, seguido en los 70s por un “modelo de crecimiento basado en las exportaciones” que habría sido el impulsado por el gobierno de facto hasta 1981, y con matices y un acento en la integración regional, en la década de los 80s. En la región y
el país se habla de la década de los 90s (especialmente la primera mitad) como un período en el que prevaleció un “modelo neoliberal”, aunque los contenidos específicos del mismo pueden variar según el analista, e incluso algunas voces dudan que tal etiqueta sea relevante para analizar trayectorias económicas reales. Es altamente probable que quienes escriban la historia económica del período que nos toca vivir encuentren formas de caracterizar “el modelo” de desarrollo del gobierno presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, o el de los gobiernos frentistas desde 2005. Estando temporalmente tan cerca de ellos, es más sencillo visualizar y recordar las numerosas e inevitables contradicciones e incoherencias que el paso del tiempo tenderá a ocultar detrás de algunas simplificaciones y generalizaciones útiles para el análisis o para la acción política. Al mismo tiempo, la cercanía temporal de los hechos puede exagerar la importancia de los desacuerdos y contradicciones, y hacer perder de vista líneas de un “modelo” (o estrategia) más general y coherente que puede estarse implementando a pesar de los debates. Sería razonable asumir que en la actualidad co-existen en nuestra sociedad varios “modelos”, en los sentidos 1 y 2, pero menos sencillo delimitar sus contenidos y propulsores. Seguramente la variedad de “modelos” en sentido (2) refleja una variedad aún mayor de “modelos” en sentido (1). Para los actores políticos y sociales suele ser más sencillo visualizar un “modelo” con el que se discrepa, y asignárselo a otros, que describir el propio o asumir la adopción de un modelo ajeno (esto último suele realizarse abrazando algún “modelo” en el sentido 3, adoptando tácitamente algún modelo en sentido 1). A su vez, no solo las elites sociales tienen derecho a tener “modelos de desarrollo” como fines y estrategias (1 y 2), sino que distintas comunidades y agrupaciones pueden reclamar legítimamente atención o respeto a sus “modelos”. Si la diversidad de opiniones y preferencias forma parte de nuestras metas, será inviable contar con detalles de un “modelo” colectivamente elaborado, expresado en algo parecido a un manual de instrucciones. Por lo tanto, no habría alternativa al diálogo y la toma de decisiones a partir de procedimientos que la sociedad considere legítimos; y eso lleva a la construcción de “modelos” (1 y 2) tentativos por la vía de aproximaciones sucesivas. Para avanzar en ese diálogo, conviene evitar confundir “modelos” (sentido 2) con slogans: “Uruguay natural” pertenece claramente a la segunda categoría, tanto como en algún momento pudo haber pertenecido “Uruguay productivo”, en la medida que no especifiquen conjuntos coherentes de políticas o estrategias para alcanzar algún objetivo implícito en su enunciación. Ello no quiere decir que los slogans no puedan desempeñar una función valiosa, en la medida que bajo su inspiración los actores sociales se vean motivados a precisar mejor sus metas y las estrategias para concretar tales objetivos. En todo caso, en una sociedad plural el diálogo sobre “modelos de desarrollo” como insumo para tomar decisiones complejas podría razonablemente comenzar por explicitar lo que distintos segmentos sociales consideran valioso como forma de vida (sentido 1), para luego identificar qué sacrificios se está dispuesto a hacer para alcanzar alguna combinación de las metas explicitadas que pueda tener un respaldo colectivo amplio. Esto requiere que se elaboren al menos algunas de las líneas básicas de “modelos” en el sentido de estrategias. En general, en la medida que se esté hablando de bienestar material, cualquier asignación de los recursos implicará
algunas renuncias a usos alternativos, y considerar las alternativas disponibles lleva a la necesidad de comparar estrategias. Para ilustrar lo anterior, si el “modelo” (en sentido 1) incluyera algunas metas mínimas que quizás pudieran generar consenso como, por ejemplo, la eliminación de la pobreza extrema, la participación más igualitaria posible y libre de los ciudadanos en las decisiones colectivas, y el aprovechamiento de las riquezas naturales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de hacer lo mismo, se plantearían una serie de preguntas sobre “estrategias” (modelos en sentido 2) que hoy no están resueltas completamente por ninguna propuesta. Algunas de las preguntas que esas estrategias tendrían que responder son:
¿qué estrategias existen para eliminarse la pobreza extrema?, ¿qué rol juegan los empleos y los ingresos de distintos segmentos de la sociedad en esas estrategias? ¿es posible lograr esa meta limitando el crecimiento del ingreso nacional? ¿hay actividades generadoras de ingresos y empleos que deberían evitarse por ser incompatibles con alguna(s) meta(s) planteada(s)? ¿hay actividades económicas y políticas públicas demostradamente superiores en su capacidad de conducir a las metas de pobreza?, ¿cómo se vinculan con el logro de las otras metas explicitadas? ¿qué se requiere de los sectores privados y públicos para permitir el avance de esas actividades “superiores”?, ¿qué evidencia existe de la eficacia de articulaciones concretas de estrategias privadas y políticas públicas? ¿qué mecanismos de decisión colectiva respetan la meta de participación y reducen el riesgo de bloqueos que imposibiliten el avance hacia otras metas?, ¿qué opiniones deben tomarse en cuenta, y de qué forma, con respecto al uso de las riquezas naturales no producidas o renovables? ¿existen formas y ritmos de explotación de los recursos no renovables que sean compatibles con la meta sobre recursos naturales? ¿la estrategia de desarrollo de Uruguay debe tomar en cuenta los efectos que las decisiones del país puedan tener fuera del mismo?; por ejemplo, ¿tiene Uruguay que ser co-responsable en la resolución mundial de problemas ambientales globales?
Estos son solo algunos ejemplos de las preguntas que podrían derivarse de un conjunto particular de metas; la lista de preguntas no pretende ser exhaustiva o cubrir todas las más importantes. A su vez, esas metas pueden no ser las que generen consenso razonado de los uruguayos, y ellas mismas plantearían otras preguntas (por ejemplo, ¿qué debe entenderse por “pobreza extrema”?). El diálogo sobre todas estas cuestiones podría ser facilitado por la existencia de “modelos” (1+2) que expliciten fines y estrategias coherentes, idealmente tomando en cuenta las lecciones de la historia y los experimentos en curso en el país y en otras realidades relevantes. Finalmente, la ausencia de consenso no tiene por qué llevar a la inmovilidad pero debería hacer pensar sobre la conveniencia de adoptar o postergar decisiones con efectos irreversibles (éstas no son solo las que afectan a recursos naturales no renovables sino que pueden incluir también las que implican efectos
irreversibles sobre las trayectorias vitales de los menos favorecidos, o las que puedan destruir reglas y hábitos de convivencia valiosos, locales o nacionales). R. Bertoni, asesor también de este Juicio Ciudadano, señala que en los debates sobre “modelos de desarrollo” en Uruguay (en el sentido 2) han ocupado un lugar destacado dos cuestiones vinculadas al desarrollo económico:
1. La tesis sobre la maldición de los recursos naturales. 2. Los problemas de las economías fuertemente primarizadas.
Ambos tópicos implican reflexiones que van más allá de la minería a cielo abierto, pero por ello mismo contribuyen -a su entender- a situar la discusión en términos más estratégicos. En el primer caso existe una vasta literatura que considera que existe suficiente evidencia para afirmar una relación entre la abundancia de recursos naturales (especialmente minerales) con magros desempeños en términos de crecimiento en el largo plazo y altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Los enfoques más interesantes manejan argumentos desde la “economía política de los recursos naturales” para explicar esa relación. En el segundo caso, existen diversos aportes a nivel global, pero es de destacar la interesante tradición latinoamericana en la materia. En esta visión existiría una relación de intercambio desfavorable entre materias primas y alimentos por un lado y productos manufacturados por otro o la versión más sofisticada en que se manejan los grados de complejidad tecnológica como variable explicativa de dicha relación. A su entender este enfoque ofrece una clave interesante para discutir estrategias de desarrollo en que la explotación de los recursos naturales debe jugar un rol. En esta relación se combinan factores de oferta y demanda que condicionan el desempeño económico en el largo plazo. Concretamente, el éxito en términos de crecimiento y equidad estaría asociado al cambio tecnológico y al desarrollo de capacidades productivas por parte de las sociedades y no en la explotación de ventajas comparativas estáticas. En ambos casos, para él, el acceso y la explotación de recursos naturales no es ni una maldición ni una bendición, la clave está en cómo se explotan esos recursos, qué capacidades despliega la sociedad para transformarlos y cómo los beneficios del incremento de la productividad se canalizan para mejorar la calidad de vida de las personas.
ANEXO 3 - PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN POLÍTICA SOCIO-AMBIENTAL Desde la segunda mitad del siglo XX, y crecientemente, la ciencia y la tecnología (CyT) han cobrado tanta importancia y visibilidad pública, que se ha registrado un aumentado de la preocupación por parte de los gobiernos y de las organizaciones políticas y sociales por la percepción social de la ciencia y por su comprensión pública. Desde la década del 50 se han desarrollado iniciativas políticas en esta dirección, conjuntamente con instrumentos para medir el nivel de alfabetización científica o cultura científica de los ciudadanos. Este impulso también fue motivado por el surgimiento de movimientos sociales críticos a los desarrollos de la CyT, un creciente escepticismo sobre sus beneficios, y el retroceso de la convicción sobre la relación entre progreso científico y progreso social. Acompañando la nueva conciencia global sobre el deterioro ambiental había surgido en las décadas del 60 y 70 una gran oleada de activismo social, marcando el nacimiento de los ambientalismos, los movimientos a favor de las tecnologías alternativas, y la presión social a favor de un mayor control ciudadano sobre los emprendimientos científico-tecnológicos (algunas obras fundamentales de este período son La primavera silenciosa de R. Carson, Tecnología Autónoma de L. Winner, El pentágono del poder de L. Mumford, El círculo que se cierra: naturaleza, hombre y tecnología de B. Commoner, El nacimiento de la contracultura de T. Roszak). Fue el momento del surgimiento de varias disciplinas como la ética ambiental, la ética nuclear, ética biomédica, ética informática, la bioética. Desde la academia también surgen nuevos enfoques críticos sobre la vinculación ciencia, tecnología, sociedad, que hacen hincapié en el contexto social que antecede a la ciencia (y a veces la condiciona) y en sus consecuencias. Estos movimientos (sociales y académicos) se vincularon con el reclamo de una mayor participación pública en política socio-ambiental, en contra del estilo tecnocrático (que defiende la gestión basada en el conocimiento experto de especialistas y la exclusión ciudadana de las decisiones), justificado a partir de las imágenes tradicionales de la ciencia como ámbito del conocimiento inobjetable, universal, imparcial, desinteresado y objetivo. Algunos autores como L. Winner (Tecnología autónoma, 1977), comenzaban a proponer, por ejemplo, la introducción de tecnologías cuyo desarrollo estuviera abierto a la participación de todos los implicados (evaluación y control social), que fuera comprensible y que no creara dependencia. En las últimas dos décadas se ha sumado por tanto la preocupación por la democratización de las políticas de CyT, por lo que se acopló el interés por estimular la participación ciudadana, participación que, generalmente se asume, debe estar nutrida y convalidada por una mayor comprensión de la ciencia por parte de los ciudadanos. Más allá de que se detectan variados matices en cuanto a las formas de participación y su alcance vinculante con las decisiones políticas finales, se vuelve cada vez más común que, en lo que respecta a decisiones que afectan al interés público (limpieza de lugares contaminados, implementación de emprendimientos poco deseados y riesgosos, manejo de recursos naturales, etc.), la ciudadanía sea convocada a participar (aunque, en algunos casos, sea sólo para legitimar la propuesta final). Distintos organismos internacionales y programas de cooperación nacionales han convertido en habitual en sus discursos la exposición de las ventajas del
involucramiento del público en los debates y decisiones sobre CyT y la importancia de contar con una población capaz de entender y participar en la formulación de sus políticas. La participación ciudadana no tiene una definición consensuada. Se pueden encontrar sentidos muy abarcativos que consideran a la transmisión de información y comunicación sobre la CyT como formas de participación ciudadana en ciencia, algunos sentidos se centran en la consulta al público como principal objeto de la participación, y los sentidos más restrictivos la limitan a aquellos procedimientos que involucran a los ciudadanos en el propio proceso de gestión y decisión de la CyT. Partiendo de una concepción amplia, los mecanismos listados pueden ser más de 100 e ir desde la existencia de la figura de defensor del vecino, o programas de ciencia en la televisión, pasando por mecanismos de consulta como los referéndums o las audiencias públicas, hasta mecanismos tendientes a estimular la deliberación y decisión ciudadana. En este último sentido más restrictivo, hablar de participación se restringe a la posibilidad y estímulo de que los ciudadanos puedan incidir en etapas del desarrollo de la CyT y en su gestión política. Los argumentos a favor de la participación pública son varios, desde las consideraciones referidas a la democratización de las decisiones, pasando por argumentos en pos de la legitimación a través de la consulta pública, hasta argumentos que hacen énfasis en la pertinencia del conocimiento y aportes del público no experto. La promoción de la participación del público lego o no técnico en CyT, no sólo es debida, según algunos autores como el experto italiano en filosofía política D. Fiorino o el filósofo de la ciencia Silvio Funtowicz, a la implicancia de cuestiones éticas o de presión política, sino a que las propias condiciones actuales de la CyT (reconocimiento de la incertidumbre y la complejidad de los problemas a tratar), hacen que determinadas funciones esenciales como la garantía de calidad o la evaluación crítica no puedan ser abarcadas sólo por expertos, sino por lo que llaman comunidad extendida de evaluadores (cuantas más opiniones, más posibilidad de tomar mejores decisiones). Considerando además que la propia participación puede generar aprendizaje colectivo, en este contexto, el estímulo de una mayor cultura científica se puede vincular con formas de participación sin que la primera sea condición indispensable para la participación. En el propio proceso participativo se puede generar cultura científica. Los defensores de mecanismos de participación que impliquen además de la consulta, la deliberación del público y la posibilidad de que sus juicios sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones, han propuesto nuevas formas de dar voz e involucrar más activamente a los ciudadanos en las decisiones CyT y específicamente en terrenos socio-ambientales. Algunos de los procesos propuestos que implican mayor poder decisivo para la ciudadanía son precisamente las conferencias de consenso o juicios ciudadanos.
Juicios Ciudadanos También llamados Conferencias de Consenso o Experimentos en Democracia Deliberativa, fueron implementadas por el Comité Danés para la Tecnología,
organismo independiente establecido por el parlamente danés en 1995 (sucesor del Comité para la Tecnología que actuaba desde 1986). Su función: tratar conflictos asociados a tecnologías riesgosas desde el punto de vista ambiental, como la energía nuclear, y tender un puente entre los científicos expertos, los políticos y los ciudadanos. Un Juicio Ciudadano implica la conformación de un tribunal de 10 a 15 ciudadanos que evaluarán un tópico de CyT sensible socialmente. Usualmente, los ciudadanos que participarán son elegidos a partir de respuestas escritas a una convocatoria distribuida en la prensa, en las que explican los motivos por los cuales quieren participar. El panel se constituye entonces con ciudadanos no expertos y sin intereses particulares relacionados al tema. Se le proporciona al tribunal, o panel, abundante material escrito sobre la temática y a partir de una lista de preguntas y requerimientos de información suplementaria que realizan ellos mismos, el comité procura más información e identifica grupos interdisciplinarios de expertos que puedan dar su opinión ante el tribunal. Durante dichas reuniones preparatorias, se discuten diferentes documentos dispuestos por expertos a petición del comité organizador en los que se expone el estado de la cuestión desde el punto de vista político, científico, económico, etc. Se preparan las preguntas que se realizarán en el foro abierto a los expertos, expertos y actores que habrán sido seleccionados por el comité organizador y entre los que habrá científicos, tecnólogos, expertos en ética, ciencias sociales, así como destacados representantes de los grupos de interés vinculados con el desarrollo CyT, tales como la industria, los sindicatos o también organizaciones medioambientales. En la audiencia (de aproximadamente 3 días) tanto el tribunal como el público asistente puede realizar preguntas. Para finalizar, el tribunal realiza un informe con consideraciones científicas y técnicas pero también económicas, legales, éticas y sobre aspectos sociales involucrados en la cuestión. El reporte se distribuye a los medios y va al parlamento. En Dinamarca se convocan cada vez que el parlamento está considerando una legislación relacionada con la CyT. Sus metas formales son proveer información a los parlamentarios y tomadores de decisión con los resultados de la conferencia, y estimular la discusión pública a través de la cobertura de los medios tanto de la conferencia como los debates consiguientes. Desde su primera experiencia en 1987, han tratado sobre políticas energéticas, polución del aire, agricultura sustentable, irradiación de alimentos, riesgos químicos para el ambiente, el futuro del transporte privado, terapia génica, clonación, organismos genéticamente modificados (OGM), terapia génica, la sociedad de la información, gestión de residuos nucleares, valores de la naturaleza. Las metas sociales implicadas en este tipo de procesos tienen que ver con la educación (brindar la información y conocimiento como para poder participar y ser un agente activo del proceso), con el intercambio a dos vías de esa información y conocimiento (rescatando y comunicando también el conocimiento y los valores locales) y con restaurar la confianza en las instituciones y reducir los conflictos. Este formato ha tenido buena recepción por parte de expertos, ciudadanos, políticos y también por los medios que las han difundido. Las evaluaciones tienen que ver con los criterios de aprendizaje entre panelistas y expertos, su impacto en la política, en los medios, y consideraciones sobre el proceso en sí. Se ha registrado un impacto positivo en el nivel de conocimiento (cultura científica) de los participantes no expertos y sus capacidades de realizar juicios sobre temas técnicos. Este aprendizaje concierne
a la interpretación y comprensión de temas concretos (proceso interno) y al aprendizaje social (proceso externo relacionado al comportamiento de un grupo en un proceso común de aprendizaje). También han demostrado servir para “educar” a otros actores, como los grupos de implicados de ONGs o industrias, sobre la perspectiva ciudadana. Las experiencias han permitido a su vez que los expertos aprendan sobre las preocupaciones ciudadanas.
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 Artículo 2
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