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Timestamp: 2018-11-22 11:14:41+00:00

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﻿ Sentencia SL6398-2016 de abril 27 de 2016
SENTENCIA SL6398-2016 DE 27 DE ABRIL DE 2016
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSERVA SOLO TRES ELEMENTOS PARA ACCEDER AL DERECHO PENSIONAL. EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ÚNICAMENTE PRESERVA 3 ASPECTOS DEL RÉGIMEN ANTERIOR: EDAD, TIEMPO DE SERVICIOS O SEMANAS COTIZADAS Y MONTO DE LA PENSIÓNPUESTO QUE LAS DEMÁS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN, COMO EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, SON LAS CONSAGRADAS EN LA LEY 100 DE 1993. ESE CRITERIO ENCUENTRA RESPALDO EN EL PROPIO TEXTO DE LA LEY, ESPECÍFICAMENTE EN EL INC. 3º DEL ART. 36 DE LA LEY 100 DE 1993, QUE CONTEMPLA QUE EL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN A LOS QUE LES FALTARE MENOS DE 10 AÑOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO SERÁ EL PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN EL TIEMPO QUE LES HICIERE FALTA PARA ELLO, O EL COTIZADO DURANTE TODO EL TIEMPO SI ESTE FUERE SUPERIOR. CUENTAN CON UNA GARANTÍA LEGAL, LEGÍTIMA DE CARA A LA LIBERTAD DEL LEGISLADOR PARA DETERMINAR LA FORMA DE PROTEGER LAS EXPECTATIVAS DE QUIENES ESTÁN PRÓXIMOS A PENSIONARSE, CUYA ATRIBUCIÓN LE PERMITE ESTABLECER QUÉ ASPECTOS ESTÁN SOMETIDOS A TRANSICIÓN Y CUÁLES NO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DEL PARTIDO POLÍTICO, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, CLASES DE RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, RECUPERACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL, BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Sentencia SL6398-2016 de abril 27 de 2016
SL6398-2016
Rad.: 46343
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Décima Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de marzo de 2009, en el proceso que JORGE MARIO URIBE PARDO adelanta contra la ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN «LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ» y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.
Solicitó la parte actora que se condenara a la ESE Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» o, en su defecto, al Instituto de Seguros Sociales, a pagar una pensión de jubilación o de vejez, a partir del 1º de diciembre de 2004, en cuantía del 75% del salario promedio percibido en el último año o en la cuantía que legalmente corresponda. Igualmente, peticionó el pago del retroactivo pensional adeudado con los correspondientes intereses moratorios o, en subsidio, la indexación.
Fundamentó esos pedimentos en que nació el 30 de noviembre de 1949 y prestó sus servicios personales en favor de distintas entidades públicas, así:
Entidad oficial Tiempo de servicios
Universidad Nacional de Colombia Del 01/04/1978 al 01/07/1979 y del 23/07/1979 al 15/09/1981
Instituto de Seguros Sociales Del 10/05/1977 al 06/05/1981 y del 22/08/1984 al 19/12/1984
ESE Hospital General de Medellín Del 05/01/1985 al 03/09/2003
Que durante el tiempo en que laboró en favor del Instituto de Seguros Sociales y la ESE Hospital General de Medellín cotizó para los riesgos de IVM al ISS; que por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 le asiste el derecho a pensionarse conforme a la Ley 33 de 1985; que mediante Resolución Nº 0473G, el gerente del Hospital General de Medellín, negó el reconocimiento de su pensión de jubilación, bajo el argumento de que la entidad encargada de otorgarla era el ISS; que contra ese acto administrativo interpuso recurso de reposición, que fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución Nº 0473G de 20 de diciembre de 2004.
Expuso que en atención a la negativa del Hospital, acudió al ISS para solicitar la pensión, entidad que mediante Resolución Nº 00371 de 6 de junio de 2006, se declaró incompetente para reconocer la pensión, por cuanto se trataba de una obligación a cargo del Hospital General de Medellín «hasta que se reúnan los requisitos mínimos para la pensión de jubilación en las normas vigentes al cumplimiento de los requisitos, momento en el cual el ISS reconocerá la pensión de vejez y el Hospital General de Medellín seguirá respondiendo únicamente por el mayor valor respecto a la diferencia [...]».
Por último, refirió que el Hospital General de Medellín le ha reconocido a otros ex servidores directamente la pensión de jubilación (fls. 2-12).
Al dar respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. De sus hechos, aceptó que el actor cotizó para los riesgos IVM, y aclaró, respecto a este punto, que el demandante también trabajó en el sector público sin cotizaciones al ISS un total de 167.57 semanas; frente a los demás hechos, o dijo no constarle, o no ser el ISS el llamado a controvertirlos sino el Hospital. En su defensa formuló las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación de pagar la pensión de vejez y de cancelar intereses moratorios, y prescripción (fls. 48-51).
Por su parte, el Hospital General de Medellín también se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del actor, las entidades para las cuales trabajó y los extremos temporales de esas relaciones de trabajo; que durante todo el tiempo de la relación de trabajo el Hospital General de Medellín cotizó al ISS, las reclamaciones que presentó el demandante ante el ISS y el Hospital, y la respuesta que se le dio por parte de esas entidades.
En su defensa manifestó, básicamente, que el Hospital siempre cotizó al ISS y, por ello, le corresponde a esa administradora el reconocimiento de la pensión de jubilación. Solicitó que se declaren de oficio las excepciones que resulten probadas (fls. 55-59).
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 16 de julio de 2008, dispuso (fls. 87-96):
PRIMERO. Se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES [...] a pagar al señor JORGE MARIO URIBE PARDO [...] la suma de QUINIENTOS VEITIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 521’137.550,00) por concepto de mesadas pensionales causadas y no pagadas, liquidadas hasta julio de 2008.
SEGUNDO. Se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a seguir pagando al demandante, a partir de julio de 2008, una pensión de vejez en cuantía de $ 10’955.536,00 para cada una de sus mesadas, tanto ordinarias como adicionales; prestación que deberá ser reajustada anualmente conforme al IPC certificado por el Dane.
TERCERO. Las EXCEPCIONES se declaran no probadas.
CUARTO. Sobre las mesadas vencidas, el ISS pagará al demandante, los INTERESES MORATORIOS del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde junio 6 de 2006, hasta que se efectué su pago, liquidados a la tasa máxima vigente para ese momento.
QUINTO. Se CONDENA en costas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en un 100%. Tásense atendiendo los criterios establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 2.1.1.
SEXTO. Se ABSUELVE a la ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, de todas las pretensiones incoadas en su contra por el demandante.
Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de ambas partes, la Sala Décima Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia recurrida en casación, dispuso:
PRIMERO: CONFIRMASE (sic) la sentencia de origen y fechas conocidos [...] en cuanto condenó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de la pensión de vejez al demandante.
SEGUNDO: REVOCASE (sic) el fallo de primera instancia en sus numerales primero y segundo, para en su lugar ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES realizar el cálculo de la prestación respetando el régimen de transición del demandante, es decir el dispuesto en la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y monto) atendiendo los aportes realizados en los términos del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir con el tiempo que le faltaba, o todo el tiempo cotizado si fuere superior, y su pago opera a partir del retiro del sistema general de pensiones.
TERCERO: REVÓCASE la sentencia en relación con la condena por intereses moratorios contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva, para en su lugar ABSOLVER al demandado del pago de estos réditos.
La anterior decisión fue adicionada mediante proveído del 12 de marzo de 2010, en el sentido que el Instituto de Seguros Sociales debía pagar al demandante «la indexación de las mesadas, desde la fecha en que reconozca la pensión, que deberá ser desde el retiro del sistema, y hasta el pago efectivo de las sumas correspondientes a las mesadas pensionales».
Luego de transcribir algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, el Decreto 691 de 1994 y el Decreto 1068 de 1995, el tribunal señaló «que atendiendo a la afiliación del actor Sistema de Seguridad Social en pensiones, en el régimen de prima media con prestación definida, para el 30 de junio de 1995», el Instituto de Seguros Sociales debía cubrir la prestación por jubilación, tal como lo ordenó el juez a quo, «y no el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, a quien ciertamente se relevó del reconocimiento de la prestación al cumplir con la afiliación del trabajador en la fecha especificada, y quien debe si (sic), expedir el bono pensional a que halla (sic) lugar por el tiempo en que no se realizaron las cotizaciones».
Agregó que el Hospital General de Medellín cumplió con sus obligaciones al afiliar al actor, el 30 de junio de 1995 al sistema general de pensiones, calenda para la que éste aun no cumplía con los requisitos para la pensión, pues no tenía el tiempo de servicios (20 años) y la edad de 55 años solo la vino a cumplir el 30 de noviembre de 2004.
Acotó que el Uribe Pardo es beneficiario del régimen de transición, pues para la fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones (30 de junio de 1995), tenía cumplidos 46 años de edad, de suerte que podía pensionarse con base en la Ley 33 de 1985.
Ulteriormente, analizó las diferentes orientaciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y de esta corporación en torno al ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición, para concluir que se adscribía a la tesis de esta Sala de la Corte en el sentido que el IBL es el previsto en el inc. 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para aquellos beneficiarios a quienes les hiciere falta menos de 10 años para adquirir el derecho. Clarificó que esta postura no viola los principios de inescindibilidad e igualdad, pues «es menester dar aplicación a la normatividad que determina el IBL», y agregó:
Así las cosas la pensión, del actor se debe reconocer con la edad, el tiempo de servicios y el porcentaje dispuestos en la Ley 33 de 1985, pero con el IBL contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir que faltándole menos de diez años para obtener la pensión se debe liquidar con el promedio del tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o todo el tiempo siempre que fuere más favorable.
Ahora bien, no sabemos si el actor para estos momentos está retirado del Sistema General de Pensiones, y carecemos en el proceso de su historia laboral, en estas condiciones, debe ser el ISS quien liquide la prestación, en los términos ya expuestos y en las condiciones más favorables para el actor, es decir, o con el tiempo que le faltaba o todo el tiempo si fuere más favorable, el reconocimiento del derecho, obviamente, deber ser a partir del retiro del sistema. En este aspecto se revocará la sentencia, y en lo atinente a la liquidación de la pensión realizada por el juez de primera instancia.
Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consideró que debía revocarlos, «toda vez que el actor no demostró la fecha en la cual solicitó la pensión al ISS. Así las cosas, no se acreditó la mora».
Pretende la parte actora que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida «en cuanto revocó la sentencia en primera instancia en lo relativo a la cuantía de la pensión de vejez del demandante, a la fecha de exigibilidad de la misma y a la condena por intereses moratorios», para que, en sede de instancia, confirme la sentencia del a quo.
Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que merecieron replica por parte del ISS, mas no por el Hospital accionado. Los dos últimos cargos serán estudiados conjuntamente.
Acusa la sentencia recurrida de violar directamente y por interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
En sustento de su ataque, refiere que al ser beneficiario del régimen de transición cuyo régimen anterior es la Ley 33 de 1985, su pensión debe liquidarse con el salario promedio devengado en el último año de servicios, y no con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Puntualiza que el régimen de transición garantiza que la edad, el tiempo de servicio y el monto se regirán por la normativa anterior, y que dentro del «monto» debe incluirse tanto el porcentaje como el ingreso base de liquidación.
Aduce que comparte el criterio acogido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 24 de agosto de 2000, que sostuvo que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse con base en los derroteros fijados en el régimen anterior. Para fortalecer su razonamiento, reproduce apartes de esa providencia.
Finalmente, solicita a esta corporación revisar su criterio pues las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición amparados por la Ley 33 de 1985 tienen derecho a que su pensión se liquide con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
Al oponerse a la prosperidad del cargo, el Instituto accionado sostiene que el criterio del Tribunal es acorde con el de esta corporación en el sentido que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición es el contenido en la Ley 100 de 1993.
El criterio del tribunal según el cual, el ingreso base de liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición a los que les hiciere falta menos de
10 años para adquirir el derecho, contados a partir de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, es el previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acompasa con el de esta corporación.
En efecto, esta Sala de la Corte, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha considerado de forma reiterada, uniforme y pacífica (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238, CSJ SL 17 abr. 2012, rad. 53037, CSJ SL 570 -2013, CSJ SL4649-2014, CSJ SL17476-2014, CSJ SL2982-2015, entre otras), que el régimen de transición únicamente preserva 3 aspectos del régimen anterior: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; puesto que las demás condiciones y requisitos de la prestación, como el ingreso base de liquidación, son las consagradas en la Ley 100 de 1993.
Ese criterio encuentra respaldo en el propio texto de la ley, específicamente en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que contempla que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición a los que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior».
De esta suerte, las decisiones que en ese sentido ha adoptado esta Sala de la Corte, no son producto de su capricho o antojo, pues encuentran respaldo en la disposición transcrita y, por ello, cuentan con una garantía legal, legítima de cara a la libertad del legislador para determinar la forma de proteger las expectativas de quienes están próximos a pensionarse, cuya atribución le permite establecer qué aspectos están sometidos a transición y cuáles no. Y por lo mismo, al no reñir este precepto con los valores del ordenamiento jurídico en general, no hay razones para negar su eficacia normativa.
Cabe recordar que por virtud de su autonomía e independencia en la interpretación del Derecho, la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria puede acoger un criterio distinto al de otras Corporaciones Judiciales.
Le atribuye a la sentencia recurrida la violación directa, por aplicación indebida del artículo 13 del Decreto 758 de 1990 y por infracción directa del artículo 8º de la Ley 71 de 1988, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Refiere que, aunque el Tribunal no lo mencionó expresamente, en realidad dio aplicación al artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 al exigir el retiro del sistema como condición para la exigibilidad de la pensión.
Al respecto, señala que esa regla tiene sentido en relación que con las pensiones de vejez que se reconocen por los aportes efectuados al sistema de pensiones, pero no es aplicable a las pensiones que se conceden en virtud del tiempo servido en el sector público y con basamento en el régimen de transición.
Recalca que las pensiones que se reconocen con respaldo en la Ley 33 de 1985 —cuando el servidor ha cumplido la edad y el tiempo de servicio— son exigibles en el momento en que se produce el retiro del servicio público, con independencia de que con posterioridad el sujeto cotice o vuelva a cotizar al sistema como trabajador del sector privado o como trabajador independiente, de manera que el juzgador de alzada debió aplicar el artículo 8º de la Ley 71 de 1988 que determina que las pensiones de jubilación o invalidez se hacen efectivas desde la fecha en que se produzca el retiro del servicio, «sin que se pueda exigir como condición el retiro del sistema, pues ello sería combinar normas de dos sistemas pensionales diferentes».
Precisa que, nada obsta para que con posterioridad al momento en que se causa y se hace exigible la pensión de jubilación, el servidor público vuelva a cotizar al sistema en aras de que la pensión sea revisada al cumplimiento de la edad con base en las normas de la Ley 100 de 1993 o de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990.
Recaba en que la regla que determina que la pensión de vejez es exigible cuando la persona se retira del sistema, tiene como finalidad la de permitir que el afiliado pueda incrementar el monto de su pensión con las cotizaciones posteriores a la causación del derecho, pero que, ese propósito no se cumple en el caso del servidor público beneficiario del régimen de transición, dado que su pensión no puede ser inferior al 75% y no resulta pertinente sumar los aportes como servidor público con los aportes como trabajador privado.
El ISS comienza por anotar que, pese a que no recurrió en casación, el tribunal incurrió en una imprecisión al señalar que el Instituto es el encargado de reconocer y pagar la pensión de jubilación solicitada, toda vez que es la
Hospital General de Medellín la que debe asumir la prestación hasta tanto se reúnan los requisitos exigidos en el régimen de prima media con prestación definida, momento en el cual el Instituto deberá reconocer la pensión de vejez y el Hospital responderá por el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión a cargo del ISS y la de jubilación a cargo del Hospital.
Al respecto, expone que los empleados del sector público que venían afiliados al Instituto antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 «se asimilan a los del sector privado, de conformidad con lo establecido por el artículo 5º del Decreto 813 de 1994».
Manifiesta que de considerarse que es el llamado a reconocer y pagar la pensión de jubilación, ello debe ser a partir del retiro del sistema, «pues se trata de una pensión concedida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y por tanto esta prestación queda sometida a las propias reglas del ISS, remisión esta que hace, que se aplique el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad».
Son hechos indiscutidos en casación: (i) que el Hospital General de Medellín afilió al actor al sistema general de pensiones «el 30 de junio de 1995»; y (ii) que el régimen anterior aplicable en virtud de la transición, es el contenido en la Ley 33 de 1985.
Sentadas estas premisas se tiene entonces que el problema jurídico que le corresponde dilucidar a la Corte consiste en determinar a partir de qué fecha el Instituto de Seguros Sociales debe reconocer la pensión de jubilación oficial.
En torno a este punto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando la afiliación de un servidor público del orden territorial se efectúa al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 o con posterioridad, resulta aplicable el artículo 5º del Decreto 1068 de 1995 y, en consecuencia, es el Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— la entidad que debe asumir la pensión, con la obligación correlativa de la entidad territorial o de previsión de emitir el bono pensional.
Así, en sentencia CSJ SL, 17 de feb. 2009, rad. 30316, reiterada en CSJ SL2576-2015 se indicó:
...respecto al régimen de transición aplicable a los servidores territoriales (empleados públicos y trabajadores oficiales), conforme a la jurisprudencia de esta Sala, se deben distinguir dos situaciones: i) la de aquellos que se encontraban afiliados al ISS desde antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, caso en el cual su pensión de jubilación se rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, en armonía con lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 813 de 1994 (mod. art. 2º D. 1160/94), conforme a los cuales el empleador asume la pensión en las condiciones previstas en el régimen al cual pertenecía el trabajador y continúa cotizando hasta que el ISS asuma la de vejez, evento en que solo quedará a su cargo el mayor valor, si lo hubiere, y no habrá obligación a expedir el bono pensional; y ii) la correspondiente a quienes su vinculación al ISS o administradora de fondos de pensiones elegida, se produjo en el momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993 o con posterioridad, en cuyo caso, ha considerado la Sala, se aplica el artículo 5º del Decreto 1068 de 1995 y es el Seguro o la entidad administradora de pensiones correspondiente, el que debe asumir la pensión, con la obligación correlativa de la entidad territorial o de previsión de emitir el bono pensional.
En este orden de ideas, al ser el ISS la entidad encargada del reconocimiento de la pensión de jubilación, es forzoso dar aplicación a sus reglamentos en lo concerniente a la fecha de pago efectivo o disfrute de la pensión. Específicamente, debe aplicarse el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, conforme al cual es necesaria «la desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma».
Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente y por aplicación indebida, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
— Dar por demostrado sin estarlo que no se acreditó la mora del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en el reconocimiento de la pensión de vejez al demandante.
— No dar por demostrado estándolo que mediante Resolución Nº 00371 del 6 de junio de 2006 el ISS declaró su falta de competencia para reconocerle la pensión de vejez al demandante.
— No dar por demostrado estándolo que la demanda se presentó el 28 de noviembre de 2006.
Refiere que los yerros fácticos se originaron por la falta de apreciación de la Resolución Nº 00371 de junio 6 de 2006 (fls. 19-22) y la apreciación equivocada de la demanda.
En sustento de su acusación expone que la decisión del tribunal en torno a los intereses moratorios «resulta insólita», pues pese a que el ISS se declaró incompetente desde el 6 de junio de 2006 —fecha en que se emitió la Resolución Nº 00371— para reconocer la pensión, el fallador de segundo grado estimó que no se acreditó la mora.
Aduce que el acto administrativo en cita da fe que solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez y que tal petición llevó a que dicha entidad declarara su falta de competencia, lo que significa que el tribunal debió tomar como punto de partida para la causación de los intereses moratorios, la fecha en que se dictó esa resolución o, en su defecto, aquella en que se presentó la demanda.
Finalmente, señala que si después de cuatro años no ha sido reconocida la pensión por el ISS, es incontrovertible que se ha estructurado la mora en el pago de las mesadas pensionales.
Le endilga a la sentencia impugnada la violación directa, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en relación con el artículo 1º de la Ley 33 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Fundamenta su acusación en que si bien no se presentó la solicitud de reconocimiento pensional, ello no puede ser óbice para negar los intereses moratorios, por lo menos desde la fecha en que la entidad se abstuvo de reconocer la pensión o a partir de la presentación de la demanda.
Acota que la exigencia de la solicitud de reconocimiento pensional como presupuesto para la causación de los intereses moratorios, comporta una aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que ese precepto no contiene ese requisito y, por ello, debe entenderse que la mora se genera a partir de cuándo el deudor se niega a reconocer la pensión o, en el peor de los casos, desde la fecha de la demanda.
Señala que conforme a la doctrina civil, el deudor incurre en mora cuando se ha negado a cumplir la obligación; que la decisión del juez es desproporcionada y que el juez puede determinar la mora a través de otros elementos como el acto mediante el cual el deudor se abstiene de honrar la obligación.
El ISS recaba en que no es viable el reconocimiento de los intereses moratorios en tratándose de las pensiones que no se rigen por las reglas de la Ley 100 de 1993.
Esta corporación ha acogido el criterio según el cual los intereses moratorios no proceden frente a pensiones distintas a las reguladas en el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, como puede verse en la Sentencia CSJ SL, 8 febrero 2011, radicación 41534, reiterada en CSJ SL1854-2015, a cuyas reflexiones se remite hoy la Sala para restarle enteramente prosperidad a los cargos formulados:
Ya esta Sala de la Corte ha tenido la oportunidad de precisar la improcedencia de imponer los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en asuntos donde la pensión que se reconoce no es en aplicación de la normatividad integral de ese estatuto legal, como es el caso que se analiza, donde la pensión del actor tiene su origen en la Ley 33 de 1985.
“(...) Para una mejor comprensión de la decisión de la Sala, es oportuno tener presente las siguientes conclusiones del proveído gravado, que no se controvierten: 1) que la demandante prestó sus servicios al banco demandado, como trabajadora oficial, entre el 16 de octubre de 1967 y el 23 de mayo de 1988, por un espacio de 20 años, 5 meses y 19 días. 2) que la actora nació el 28 de febrero de 1947 y cumplió 50 años en la misma fecha de 1997, cuando ya estaba vigente la Ley 100 de 1993. 3) que a partir de esta fecha la demandante tiene derecho a disfrutar la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, hasta cuando cumpla 60 años y el ISS asuma la pensión de vejez”.
«Efectúa la Corporación el anterior recuento de los asertos más trascendentes del fallo gravado, porque del mismo emerge con diafanidad que el Tribunal efectivamente incurrió en el yerro de apreciación jurídica que se le imputa en el ataque, toda vez que es irrefutable que la pensión de jubilación que le reconoció a la demandante no es de las previstas en el régimen pensional que entronizó la Ley 100 de 1993, lo cual es razón suficiente para colegir que no hay lugar para imponer a la demandada condena por los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de tal normatividad, pues no debe perderse de vista que este precepto estipula que los intereses en comento se causan únicamente “en caso de mora en el pago DE LAS MESADAS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTA LEY (...)” (mayúsculas fuera del texto)».
«Además, en el caso no se da la situación prevista en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley».
«De ahí que se pueda afirmar, sin ambages, que en el caso no se dan los supuestos de hecho necesarios para la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que al hacerlo el tribunal incurrió en la falencia de apreciación jurídica que le imputa el censor».
Adicionalmente, en este asunto no se configura una situación de mora, pues según lo resuelto por el tribunal, el pago de la pensión debe realizarse «desde el retiro del sistema».
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y en favor del ISS Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3´250.000.oo.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2009, por la Sala Décima Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que JORGE MARIO URIBE PARDO adelanta contra la ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN «LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ» y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 288
 artículo 141
 artículo 141