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Timestamp: 2017-04-25 16:28:10+00:00

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ANÁLISIS AMBIENTAL por Jorge Luis Cáceres Neyra – Estado, Ciudadanos y Empresas
ANÁLISIS AMBIENTAL por Jorge Luis Cáceres Neyra
Estado, Ciudadanos y Empresas
Publicado en 12 febrero, 2016 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	A ponerse los pantalones largos: Sanciones a las Consultoras Ambientales
1.El problema de la legitimidad de los Estudios de Impacto Ambiental y las Consultoras Ambientales “Combi”.-
Uno de los problemas mas graves que ha afectado la legitimidad de los estudios de impacto ambiental en general ha sido el cuestionamiento a la imparcialidad y capacidad técnica de las empresas consultoras que elaboraban los estudios técnicos y facilitaban los talleres de participación ciudadana. Ejemplos de consultoras que utilizaban información de fuente secundaria, es decir basarse en otros estudios, para efectuar la evaluación física, biológico y ambientales de la línea de base, era una realidad, no solo accidental, sino a veces cotidiana en el Perú. Consultoras que no contaban con equipos de profesionales especializados en su planilla, y que básicamente se comportaban como una franquicia, renovable en los registros del Estado, ha hecho mucho daño a la certificación ambiental.
Valgan verdades del registro de empresas consultoras ambientales existente en su momento en el Ministerio de Energía y Minas, que llegaba a un poco más de 50 consultoras, cuantas realmente calificaban como empresas consultoras con equipos de profesionales, científicos y técnicos, con una logística propia y metodologías independientes que generaban no solo certeza en sus conclusiones, sino legitimidad en sus acciones, con suerte no más de una docena.
2. Los problemas de fondo con la certificación ambiental.-
Desde nuestro punto de vista, el mal es de raíz. Un sistema en el cual la consultora es pagada por la empresa sea petrolera, minera, constructora o etc, en un espacio precariamente institucionalmente como el Perú, no es lo adecuado.
Nuestra posición, abiertamente declarada desde la aulas de la PUCP, UPC, u otros espacios públicos donde hemos sido invitados ha sido que sea el propio Estado sea quien contrate a la Consultora, que el Estado sea su contraparte, y al igual como primigeniamente se creó en los Estados Unidos de América, que el Estudio de Impacto Ambiental sea un instrumento de análisis para la administración para decidir si un proyecto de inversión, sea en la industria extractiva u otra industria es viable o no.
Finalmente el mecanismo no es complejo, aquella empresa que desee la certificación lo solicitará a la Administración, en este caso el SENACE y eventualmente, pagando la tasa respectiva por dicho Estudio, la Administración escogerá de una lista de consultoras a la elegida.
3. Lo perfecto es enemigo de lo bueno.-
En un coyuntura electoral como la actual, sin mayor capacidad de reformas trascendentales, al menos es una buena noticia el proyecto de reglamento expedido por el OEFA para regular las infracciones que pudieran incurrir las Consultoras Ambientales.
La base legal es conocida, por mandato del artículo 3° de la Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) se atribuye al OEFA la competencia para fiscalizar y sancionar a las consultoras ambientales que formen parte del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29968 otorga al OEFA la facultad de tipificar las infracciones y establecer la escala de sanciones.
Bajo esta base legal, el proyecto de norma contiene cuatro tipos de infracciones:
Aquellas vinculadas a no encontrarse en el Registro o no haber renovado (artículos 2° y 3°)
Aquellas vinculadas a brindar información desactualizada o sin sustento técnico (artículo 4°)
Aquellas vinculadas a brindar información falsa o fraudulenta (artículo 5°)
Aquellas vinculadas a no brindar capacitación a los profesionales que integran sus equipos multidisciplinarios (artículo 7°)
4. A modo de sugerencias: Los EIAS no son sólo estudios técnicos sino sociales, los procesos de participación ciudadana.-
Sin perjuicio, de señalar que esta norma al menos es un buen inicio.
Creemos que es importante que igualmente se regule las infracciones que puedan incurrir las consultoras en los procesos de participación ciudadana, principalmente en las actividades vinculadas al relacionamiento con las comunidades y grupos poblacionales, sino principalmente durante los talleres.
Mas aún, un problema que de raíz debe resolverse es que la consultora ambiental, no es contratada para realizar cabildeo político a favor de un proyecto de inversiones, de forma tal que esta no puede estar directa o indirectamente involucrada en acciones de promoción del proyecto. Ello afecta gravemente la imparcialidad de las consultoras.
No esta demás decir, que en tiempos electorales y de acuerdos de juego limpio y ética pública, sería conveniente que las principales consultoras ambientales, suscriban un pacto ético de juego limpio, transparencia e imparcialidad.
A ver ¿Quién tira la primera piedra?
Lima, 12 de Febrero del 2016
RES-001-2016-OEFA-CD-PROYECTO1
Publicado en Fiscalización y Sanción Publicado en 30 noviembre, 20142 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL: “DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO – COP 20 LIMA
A propósito de la próxima COP 20 a realizarse los próximos días en la ciudad de Lima, me complace compartir con ustedes la realización del encuentro internacional sobre políticas forestales a realizarse el 1, 2 y 3 de Diciembre en el Colegio de Abogados de Lima.
ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL:
“DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO – COP 20 LIMA PERÚ”
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarlos cordialmente y manifestarles que como parte de las actividades del presente año, la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas del Colegio de Abogados de Lima, realizará EL ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL: «DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO – COP 20 LIMA PERÚ», con la participación de especialistas de las distintas entidades públicas, privadas y reconocidos expertos internacionales en Derecho Ambiental y Forestal, Derecho de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cambio Climático, a fin de plantear sus puntos de vista frente a los acontecimientos actuales, unamos esfuerzos para realizar un evento académico, multidisciplinario e internacional, cuyo objetivo principal es el intercambio de experiencias y debate sobre los nuevos desafíos de las políticas forestales latinoamericanas frente al cambio climático y brindar alcances en el ámbito jurídico desde nuestro gremio.
En este sentido, me complace invitarlos a participar en dicho evento los próximos días lunes primero, martes 2 y miércoles tres de diciembre de 2014, desde las 8:00 hasta 13:00 horas, en el Auditorio «José León Barandiarán» del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en la Av. Santa Cruz N° 255, Miraflores.
Sírvase confirmar su asistencia a la brevedad posible con la Coordinadora de Comisiones y Consultas, Abogada Geraldine Silva o Asistente de Dirección, Señorita Luisa Pittman, de la Dirección de Comisiones y Consultas, a los teléfonos: 710-6616, 710-6657, 987.95.28.99, ó 999.708.058.
Cordialmente, Norka Moya Solís Presidenta Continúa leyendo “ENCUENTRO ANDINO AMAZONICO DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL: “DESAFÍOS DE LAS POLITICAS FORESTALES LATINOAMERICANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO – COP 20 LIMA” →
Publicado en Recursos Forestales Publicado en 14 octubre, 20132 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	Afectados por Talidomida: Juicio en España
A la fecha, según Medline Plus (web médico de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América, ver: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a699032-es.html#why) la talidomida se usa junto con la dexametasona para tratar el mieloma múltiple (cáncer a los glóbulos blancos) en personas a quienes se les ha detectado la enfermedad recientemente. Sin embargo, la talidomida tiene por efecto secundario causar en el feto malformaciones congenitas.
Remontándonos más de 50 años atrás, la talidomida patentada en 1955 por el laboratorio Grunenthal en Alemania, fue inicialmente utilizada como calmante de las nauseas del embarazo, que originó que sólo en España nacieran mas de 3000 bebes con graves malformaciones sobre todo en el acortamiento o falta de extremidades.
Este tema resulta particularmente importante desde el punto de vista de la salud pública habida cuenta que en España se ha iniciado el juicio en que 186 afectados piden 204 millones al laboratorio Grunenthal, bajo la premisa que de acuerdo a la regulación española el demandante debe demostrar la relación causa-efecto entre el medicamenteo y sus consecuencias, así como desvirtuar las alegaciones de la emplazada respecto a la prescripción del caso.
Adicionalmente, un tema de particular interés resulta ser la evaluación en relación a que si la empresa en su momento informó a los usuarios de la talidomida los potenciales riesgos de la misma una vez que en Mayo de 1962 el Ministerio de Sanida retiró el registro para dicho medicamento.
Para mayor ilustración del problema legal existente en España se puede consultar: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/14/actualidad/1381744235_631034.html.
Esperamos dentro de los próximos meses informarles con mayor detalle de los resultados de este juicio en España.
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Publicado en Segur. y Salud en el Trabajo y Ambiente Publicado en 13 octubre, 20132 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	La ejecutoriedad de las Resoluciones Administrativas: El caso OEFA y la Ley 30011
La ejecutoriedad de las Resoluciones Administrativas de los Organismos Reguladores, Supervisores, y Fiscalizadores.
El caso de la OEFA: Los efectos perniciosos de la Ley 30011
Esta nota tiene por finalidad presentar un visión panorámica de los problemas que enfrentan los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores del Estado al momento de ejecutar las resoluciones administrativas sancionadoras a las personas naturales y jurídicas en las actividades vinculadas al uso y explotación de recursos naturales, tanto por sus efectos ambientales, técnicos, y en seguridad y salud en el trabajo.
La actuación sancionatoria de los organismos del Estado.-
En el caso de los recursos naturales consagrado por el artículo 66º de la Constitución, el Estado transfiere al particular los atributos para ejercer el usufructo y explotación de dichos recursos, estando sujeto el particular al poder de supervisión y fiscalización por parte de las agencias del Estado.
Por ejemplo, en el caso del sector minero el titular de la actividad minera, luego de haber obtenido la concesión minera debe superar el otorgamiento de las autorizaciones para explorar y explotar el proyecto minero las cuales son otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, (artículo 75º del Reglamento de Procedimientos Mineros).
Durante la operación minera el titular será supervisado y fiscalizado en materia ambiental por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el OSINERGMIN (Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería, en materia de compromisos técnico mineros por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y finalmente en materia de uso de insumos fiscalizados la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria).
La supervisión y fiscalización ejercida por parte del Estado verifica que el particular cumpla con sus obligaciones legales en los diferentes aspectos vinculados a la explotación de los recursos naturales, ejerciendo a través de la imposición de sanciones al particular de poderosos desincentivos para violar la ley. En particular, la multa, la suspensión de actividades, así como su cierre definitivo simbolizan el poder sancionador del Estado ante el quebrantamiento por parte de los particulares de sus obligaciones legales en el marco del otorgamiento de los derechos para el usufructo y explotación de los recursos naturales.
La actuación reglada de los organismos del Estado y la sujeción a las garantías del debido procedimiento administrativo y el derecho a la motivación suficiente.-
Sin embargo, este poder estatal no es absoluto. La actuación del aparato público, a diferencia de actuación de los particulares, se limita expresa y restrictivamente a los atributos otorgados por la Ley, y en este caso la Ley del Procedimiento Administrativo General, que concede a la administración entre otras facultades, las de supervisión y fiscalización.
Las acciones de supervisión por regla general culminan en procedimientos administrativos sancionatorios regulados por la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, bajo la premisa que la actividad administrativa del Estado debe respetar principios básicos de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido procedimiento, y garantizar el derecho de defensa del Estado.
Bajo esta premisa, los actos administrativos del Estado, como son el caso de las resoluciones sancionatorios, descansan sobre una actuación reglada de la administración dejando poco espacio para la discrecionalidad del funcionario público, habida cuenta el peligro de dejar la puerta para una actuación que pueda significar el ingreso a la arbitrariedad de la función pública.
En este contexto, la arbitrariedad en la expedición de actos administrativos puede estar signada por la violación al debido procedimiento administrativo, incluyendo el caso del derecho a una motivación suficiente, es decir aquella que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente (Tribunal Constitucional – Exp Nº 04944-2011-PA/TC Lima – Mateo Grimaldo Castañeda Segovia).
La Ejecución de los Actos Administrativos que imponen sanciones a los administrados.-
Ante el incumplimiento por parte del particular en la imposición de sanciones por parte de la administración la ley habilita a la administración a disponer la ejecución forzada de las resoluciones administrativas bajo los supuestos establecidos por el artículo 196.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas).
Al respecto, la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, establece el marco legal aplicable a los actos de ejecución coactiva que ejercen las entidades de la Administración Pública, con excepción de la Administración Tributaria del Gobierno Central. Bajo este marco legal, el ejecutor coactivo cuenta con las atribuciones para ordenar embargos y exigir cumplimientos a favor de la administración pública.
Sin embargo, las facultades de ejecución forzada a favor del ejecutor coactivo no son aplicables cuando no se hayan vencido los plazos para presentar o se haya interpuesto el recurso administrativo de reconsideración, apelación o revisión o eventualmente no haya vencido el plazo para presentar o se haya presentado la demanda contencioso administrativa dentro del plazo previsto normativamente (artículo 16.1 inciso e de la Ley Nº 26979 modificada por Ley Nº 28165). Esta limitación igualmente se aplica al responsable solidario de la obligación conforme lo estipula el artículo 4.2 del Reglamento de la Ley Nº 26979 (D.S Nº 069-2003-EF).
Se entiende que no es posible ejecutar una resolución administrativa en tanto no se concluya con el procedimiento administrativo en sus diferentes instancias, ello como garantía del debido procedimiento administrativo.
A diferencia del texto original de la Ley Nº 26979 que suspende, en sede judicial, la ejecución coactiva de la resolución administrativa cuando el administrado cuenta con una medida cautelar dentro de un proceso judicial (proceso contencioso administrativo), la modificación dispuesta por la Ley Nº 28165 habilita a suspender el procedimiento de ejecución coactiva, en el supuesto que el administrado haya presentado demanda contencioso administrativa dentro del plazo de ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución (artículo 16.1 inciso e).
En efecto, el texto original del artículo 16.1 inciso e) la Ley Nº 26979 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de Setiembre de 1998 establece que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva se circunscribe en el caso que el administrado haya impugnado el acto administrativo que origina el procedimiento coactivo: “…Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando: e) Se encuentre en trámite recurso impugnatorio de reconsideración, apelación o revisión, presentado dentro de los plazos de ley, contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución…”
En otras palabras, la modificación introducida por la Ley Nº 28165, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de Enero del 2004, amplia los alcances para la suspensión de la ejecución coactiva, al caso de la sola presentación de la demanda contenciosa administrativa. En consecuencia, se añade otro supuesto al tradicional caso de la expedición de una medida cautelar firme en el proceso de amparo o contencioso administrativo suspende el procedimiento de ejecución coactiva (artículo 16.2 de la Ley Nº 26979). Cabe indicar, que por la modificación establecida en la Ley Nº 28165 se excluye el carácter de medida cautelar firme a la decisión tomada por el Poder Judicial para la suspensión del acto administrativo materia de impugnación judicial.
Bajo estas consideraciones, desde el año 2004, los administrados cuentan con el marco legal para obtener de la administración pública la suspensión de la ejecución coactiva de las resoluciones sancionatorias con solo la presentación de la demanda contenciosa administrativa que impugna judicialmente la legalidad de la sanción administrativa. Esta regulación se aplica de forma uniforme al caso de las actuaciones administrativas de los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores en materia de recursos naturales, hasta la llegada de la Ley Nº 30011 publicada el 26 de Abril del 2013 en el diario oficial “El Peruano”.
Los efectos del artículo 2º de la Ley Nº 30011 que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
El propósito de este conjunto de modificaciones legales es fortalecer la facultad supervisora, fiscalizadora y sancionadora del OEFA. En este sentido, la Ley Nº 30011 modifica y amplia un conjunto de artículos de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental vinculados al: rol y funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental (artículos 10º y 11º), reportes de cumplimiento de obligaciones ambientales (artículo 13º), facultades de fiscalización e infracciones administrativas (artículos 16º, 17º, 19º y 20-Bº), transparencia y acceso a la información (artículo 13-Aº), y ejecutoriedad de las resoluciones del OEFA (artículo 20-Aº).
Al respecto, el artículo 20-Aº establece que: “…la sola presentación de una demanda contencioso administrativa, de amparo u otra, no interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva de las resoluciones de primera y segunda instancia administrativa referidas a la imposición de sanciones administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)…”
En un siguiente post continuaremos con la segunda parte de esta nota…
Continúa leyendo “La ejecutoriedad de las Resoluciones Administrativas: El caso OEFA y la Ley 30011” →
Publicado en Regulación de los RRNN Publicado en 16 septiembre, 20132 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	Primer Curso de Especialización en Permisología y Fiscalización en Seguridad Minera 2013
Estimados amigos,Tomo un minuto de su atención para comentarles, que la PontificiaUniversidad Católica del Perú aprobó la Segunda Versión del Curso deEspecialización en Permisología Minera para el año 2013. Este año se haañadido como componente tópicos en Fiscalización en Seguridad Minera.
Asimismo, el curso ha sido ampliado a más de 60 horas de dictado. Se hanrevisado los temas de permisología minera profundizando los temas dederechos de agua, concesión de beneficio, así como herramientas para laevaluación de los estudios de impacto ambiental y el ciclo de proyectominero.
De otro lado, este año, desarrollaremos con mayor detalle un caso modelo quenos acompañara durante todo el Curso de Especialización.
El curso se iniciará el próximo 12 de Octubre del 2013, y siguiendo laexperiencia del año pasado se dictará sábados y domingos.
A continuación de los detalles de la nueva malla curricular.
MALLA CURRICULAR PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PERMISOLOGÍA YFISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD MINERA (69 horas)
1. PERMISOLOGÍA MINERA: CONCESIONES, SERVIDUMBRE, AMBIENTE, ARQUEOLOGÍA, EXPLOSIVOS, AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN PROYECTOS DE INVERSION. (48 horas)
Profesores: Ing. Alfredo Rodríguez (SVS), Abog. Angel Chávez (MINEM), Abog. Angelica Remuzgo (INGEMMET), Dr. Arqueología Luis Salcedo (PUCP), Abog. Alcides Chávarry (MINAM), Ing. Iván Valentin (DIGESA), Abog. Eduardo Lanao (Minera Poderosa), Abog. Oscar Echaiz (MINEM), Jorge Luis Cáceres LL.M (PUCP)
1.1 Introducción: Permisología en Minería: El Estado – El Titular Minero – y lasPoblaciones en el área de influencia del proyecto minero. Ciclo de Vida dela Mina1.2El INGEMMET: Petitorios Mineros y Concesiones (Exploración y Explotación)1.3 Arqueología Aplicada: El Certificado de Inexistencia de RestosArqueológicos – El proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones –El Plan de Monitoreo arqueológico1.4 La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros: El Estudio de ImpactoAmbiental1.5 Permisos y Opiniones Sectoriales Complementarias: Autoridad Nacional delAgua – Ministerio de Agricultura – Servicio Nacional de Áreas NaturalesProtegidas (SERNANP) – Dirección General de Salud Ambiental y Ministerio deSalud1.6 Gestión de Derechos Superficiales y Servidumbre1.7 La Dirección General de Minería: Concesión de Beneficio, Labor General yTransporte Mineros. Otras autorizaciones: Explosivos1.8 Solución Caso Práctico: Desarrollo en gabinete de solución a caso modelo delCurso
2. FISCALIZACIÒN Y RÉGIMEN SANCIONATORIO EN EL DECRETO SUPREMO Nº055-2010-EM-REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MINERÍA (21 horas)
Profesores: Ing. Felix Guerra (PUCP-Minas Buenaventura), Jorge Luis Cáceres Neyra LL.M (PUCP)
1.El sistema de supervisión y fiscalización del Estado en Seguridad y Salud enel Trabajo en minería2.Las obligaciones sustanciales y formales del operador minero de acuerdo alDecreto Supremo Nº 055-2010-EM3.Estándares y Procedimientos de gestión interna minera para el cumplimientode las obligaciones de los titulares mineros de acuerdo al Decreto SupremoNº055-2010-EM4.Las atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras del Ministerio de Trabajo yPromoción del Empleo en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en elTrabajo5.Las atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras del Organismo Supervisor yRegulador en Energía y Minería (OSINERGMIN)6.Taller: El expediente administrativo de fiscalización y sanción en materiade seguridad Minera: El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo yOSINERGMIN.
Confiamos que este ciclo nos acompañen con sus comentarios y aportes alnuevo Curso de Especialización en Permisología Minera.
Para mayor información pueden contactarse a:
Jorge Luis Cáceres Neyra
email: caceres.jl@pucp.pe o jcaceres@ccfirmalegal.com
email: acdelgado@pucp.pe
Secretaria de Diplomatura en la Sección de Ingeniería de Minas
Teléfono 626-2000 Anexo 5074
Horario de Atención: Martes a Viernes de 8.00am a 5.00pm.
Profesor TPA Sección Ingeniería de Minas PUCP
Coordinador Académico del Curso de Especialización en Permisología Minera yFiscalización en Seguridad Minera
Continúa leyendo “Primer Curso de Especialización en Permisología y Fiscalización en Seguridad Minera 2013” →
Publicado en Regulación de los RRNN Publicado en 25 octubre, 20122 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	Aprobación del Proyecto Línea de Transmisión 500 Kv Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas
Buenas noticias para el desarrollo de la actividad económica en el Perú. El pasado 11 de Setiembre del 2012 se publicó en el diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 408-2012-MEM/DM mediante la cual se encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), la condución del proceso de licitación necesario, hasta la adjudicación de la Buena Pro del Proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya- Montalvo y Subestaciones Asociadas”.
Importancia de la Línea de Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo.-
A tener de lo dispuesto por la acotada Resolución Ministerial N° 1017-2012-DE/SG, la Línea de Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya constituye el segundo enlace en el nivel de tensión de 500kV entre las zonas centro y sur del país, y su puesta en operación comercial permitirá que la energía generada en el centro sea transferida hacia el sur para atender el crecimiento previsto de la demanda en esta zona. Cabe señalar que la puesta en operación de dicha Línea de Transmisión es clave en tanto se proyecta que para el año 2016, si no se cuenta con un segundo circuito en 500kV entre la zona centro y sur del país originará congestión en los costos operativos del sistema, ello conforme lo señala el informe del COES (Informe COES/DP-SPL-06-2012). Consideraciones de futuro.-
Este proyecto permitirá consolidar el tramo sur en 500 kV que viene construyendo Abengoa Transmisión Sur desde Chilca a Montalvo (Moquegua), proyecto que a través de sus 3 principales estaciones podrá suministrar energía a los futuros proyectos de inversión en minería como Marcobre en Ica, así como el emporio agroindustrial en la provincia de Ica y Palpa. Continúa leyendo “Aprobación del Proyecto Línea de Transmisión 500 Kv Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas” →
Publicado en Energía y Ambiente Publicado en 23 octubre, 20122 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	Componente sobre regulación ambiental y áreas naturales protegidas en el primer curso de Permisología Minera en la PUCP
Organizado por la Sección de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú se dictará el primer curso sobre Permisología Minera:
PERMISOLOGÍA MINERA – 2012
CONCESIONES, SERVIDUMBRE, AMBIENTE, ARQUEOLOGÍA, EXPLOSIVOS, AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
INICIO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012
Este curso tiene por finalidad brindar a los alumnos una visión panorámica y a la vez particular y especializada de cada uno de los procedimientos y autorizaciones que deben cumplir los inversionistas mineros para lograr el inicio de operaciones de sus proyectos sea exploración, explotación y/o beneficio exclusivamente focalizado a gran minería.
Dentro los objetivos, este curso brindará a los alumnos herramientas para conocer el contenido y los alcances del universo de procedimientos y permisos que un proyecto de inversión minera debe obtener a efectos de iniciar sus operaciones. Asimismo, brinda herramientas para mejorar la gestión y supervisión en la obtención de las autorizaciones, licencias y permisos en minería. •	PERFIL DEL EGRESADO
Como resultado, al finalizar este curso, los alumnos contarán con las competencias necesarias para intervenir con éxito en la gestión de los procedimientos administrativos ante las distintas agencias de gobierno en la obtención de permisos para la minería.
•	PLAN DE ESTUDIOS
MALLA CURRICULAR DEL CURSO DE PERMISOLOGÍA MINERA
MÓDULOS	HORAS
1	Introducción: Permisología en Minería: El Estado – El Titular Minero – y las Comunidades en el área de influencia del proyecto minero	3 horas
2	El INGEMMET: Petitorios Mineros y Concesiones (Exploración y Explotación)	3 horas
3	Arqueología Aplicada: El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – El proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones – El Plan de Monitoreo arqueológico	3 horas
4	La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros: El Estudio de Impacto Ambiental 3 horas
5	Permisos y Opiniones Sectoriales Complementarias: Autoridad Nacional del Agua – Ministerio de Agricultura – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) – Dirección General de Salud Ambiental y Ministerio de Salud 3 horas
6	Gestión de Derechos Superficiales y Servidumbre 3 horas
7	La Dirección General de Minería: Concesión de Beneficio, Labor General y Transporte Mineros. Otras autorizaciones: Explosivos	3 horas
Total horas	21 horas
Se ha conformado un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por profesionales expertos en el aprovechamiento de los recursos naturales y en particular la actividad minera. Asimismo, todos ellos cuentan con experiencia de enseñanza universitaria. Coordinador Académico
LLM Jorge Luis Cáceres Neyra. Abogado. Master en Leyes por la Universidad de Minnesota. Profesor de la Facultad de Derecho y la Sección de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
•	Abogado LLM Jorge Luis Cáceres Neyra: Master en Leyes por la Universidad de Minnesota. Profesor de la Facultad de Derecho y de la Sección de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido Director de Permisología en Abengoa Transmisión Sur. En la actualidad es Consultor Legal de Walsh Perú S.A. Socio de Callirgos, Cáceres Neyra y Asociados Firma Legal. •	Abogado Angélica Remuzgo: Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con estudios concluidos de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y con formación jurisdiccional en la Academia de la Magistratura. Con especial desarrollo en las especialidades de derecho administrativo, minero y ambiental, Directora de Concesiones Mineras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET.
•	Doctor en Arqueología Luis E. Salcedo Camacho: Profesor de la especialidad de Arqueología del Departamento de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jefe de Proyectos Arqueológicos para Ecología y Tecnología Ambiental S.A. (ECOTEC) – Grupo Graña y Montero.
•	Abogado Ángel Chávez Mendoza: Graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializado en Derecho Minero, Derecho Ambiental y Gestión Pública. Coordinador Legal de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.
•	Abogado Alcides Chavarry Correa. Graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en derecho y política ambiental. Experto en Áreas Naturales Protegidas. Desde el mes de noviembre del año 2010 labora como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi del Ministerio del Ambiente. •	Abogado Oscar Echaiz. Funcionario de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Ha trabajado en OSINERGMIN y en la OEFA. ADMISION
El curso está orientado a profesionales que se desempeñan en el sector productivo, educacional y de servicios, del área de minería fundamentalmente. Para participar en este curso el estudiante debe Poseer grado o título universitarios en Ingenierías, derecho, economía, administración de empresa, sociólogos y arqueólogos con experiencia o interés orientados a la actividad minera.
A partir del 22 de octubre y hasta el 15 de Noviembre del 2012 los postulantes podrán presentar un expediente con el siguiente contenido: 1. Ficha de inscripción completada y firmada.
Descargue la Ficha de Inscripción AQUÍ 2. Fotocopia simple de Documento de Identidad.
3. Resumen de su Hoja de Vida.
El expediente presentado será evaluado por un comité ad-hoc.
Una vez recibido el aviso de haber sido admitidos, los postulantes deberán enviar vía correo electrónico o entregar en la Sección Ingeniería de Minas, primer piso, el comprobante de depósito bancario del pago por derechos de inscripción.
b>INFORMACIÓN ECONÓMICA
•	El costo total del curso es de S/. 650.00 (No afecto a IGV).
•	Descuento del 5% a egresados y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cada inscripción S/. 617.50 a:
El monto total se debe cancelar en la Cuenta Corriente en Soles del Banco Continental:
N° 0011 – 0661 – 63 – 0100000762
•	CALENDARIO ACADÉMICO
LUGAR Y HORARIOS DE DICTADO DE CLASES
Edificio de Ingeniería de Minas de la PUCP.
Las clases se ofrecen quincenalmente en dos fines de semana: dos sábados y un domingo.
Sábados 17 de Noviembre y 1 de Diciembre de 8:00 a 12:45 horas y de 14:00 a 18:45 horas.
Domingo 18 de Noviembre de 9:00 a 12:00 horas.
Si se presentase la necesidad imprevista de alguna suspensión de clases, se mantendrá invariable la secuencia quincenal.
Del 22 de Octubre al 15 de Noviembre
Lugar: Sección Ingeniería de Minas, primer piso. Por Correo Electrónico: bbouroncle@pucp.pe
La evaluación de los expedientes se realizará entre dos a cuatro días y se comunicarán los resultados a los postulantes luego de lo cual se procederá a la matrícula.
Ver contenido del expediente en el ítem ADMISIÓN. INICIO DE CLASES:
Sábado 17 de noviembre del 2012
Sábado 1ro. de diciembre de 2012
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Publicado en Pueblos Indígenas: Derechos y Regulación Publicado en 10 septiembre, 20122 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	A cinco años de la tragedia por la explosión de un transporte de explosivos en Celemanía-Cohauila- México
Lecciones por aprender: La tragedia de Celemanía y la explosión de un camión con nitrato de amonio.-
Hoy se cumplen cinco años del trágico accidente ocurrido en Celemanía, Estado de Cohauila en México. El 9 de Setiembre del 2007, un camión que llevaba acoplado un semirremolque, propiedad de la empresa Fletes y Traspaleos, S. A. de C. V., cargó la cantidad de 25 toneladas de material explosivo, en las instalaciones de la empresa Explosivos Mexicanos ORICA S.A. Aproximadamente 15 minutos después de haber salido de esa planta, una camioneta marca Ford se impactó contra el camión, lo que provocó un incendio por combustión de diesel.
Este incendio atrajo un número indeterminado de policías, bomberos, paramédicos, así como curiosos que llegaron al accidente. Aparentemente, el camión de la empresa Explosivos Mexicanos Orica no llevaba ningún registro o panel que indicará que transportaba sustancias peligrosas. Mas aún, el chofer de dicho transporte no informó que transportaba nitrato de amonio aparentemente almacenado bajo circunstancias no seguras y que podría por el calor del incendio causar una tragedia.
Minutos más tarde producto del calor causado por el incendio del camión y aparentemente por las condiciones peligrosas del almacenamiento de nitrato de amonio en dicho transporte ocurrió una explosión La explosión de las 25 toneladas de material explosivo que transportaba el camión provocó el fallecimiento de 28 personas, más de 131 lesionados, daños materiales en diversos inmuebles del ejido Las Flores, municipio de Nadadores, y en 55 vehículos. La honda expansiva alcanzó aproximadamente 10 hectáreas.
La Responsabilidad del transportista de explosivos: La indemnización por los daños causados.-
Según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Cohauila, a mediados de octubre del 2007, mantenía una cifra aproximada a los 18.5 millones de pesos que han sido utilizados en las indemnizaciones de las víctimas del accidente carretero, todas ellas pagadas por la empresa Explosivos Mexicanos Orica a los deudos de las personas que fallecieron, así como que la empresa ha determinado una indemnización de 1 millón 300 mil pesos en tanto que los segundos la cantidad varía de acuerdo a la clasificación de la lesión.
La Responsabilidad del Estado: El deber de fiscalización y supervisión.-
A fines del año 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (expediente 2007/3860/5/Q) dictaminó que por omisión militar en control y vigilancia de materiales peligrosos se produjo la explosión en Celemania, y recomendó la investigación de los soldados responsables porque ya estaban enterados dos días antes de la tragedia que Fletes y Traspaleos transportaría 25 toneladas de explosivos.
¿El transporte de nitrato de amonio cumplió con la normativa sobre transporte de explosivos?
Se pudo establecer que las empresas responsables de la venta y transportación del material explosivo involucradas en el accidente contaban con los permisos generales expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar tales actividades, conforme lo dispone la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De la misma forma, se logró establecer que desde el 7 de septiembre de 2007 la Sedena tuvo conocimiento que el día 9 de ese mismo mes sería transportado un cargamento de 25 toneladas de material explosivo, en una unidad propiedad de la empresa Fletes y Traspaleos, S.A. de C. V., y que saldría de las instalaciones de la empresa Explosivos Mexicanos ORICA, S.A. de C. V., en Monclova Coahuila, con destino a Coquimaltán, Colima, aproximadamente a las 21:00 horas, tal y como se señaló en el itinerario de viaje que se especificó en la orden de embarque que fue entregada por la empresa ORICA a las Zonas Militares 20/a. y 6/a.; embarque que, según lo reconoció la propia Sedena, fue autorizado expresamente. ¿El Estado incumplió con su deber de fiscalización en el transporte de explosivos?
Sí. Según el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, funcionarios de la Secretaria de Defensa Nacional no acudieron a las instalaciones de la empresa expendedora, a fin de verificar que el explosivo que se transportaría fuera el autorizado, según el permiso general correspondiente; que se cargara la cantidad de producto que se autorizó en la orden de embarque; que el camión en que se transportaría el material fuera de los autorizados por la Sedena para transportar el explosivo, conforme el permiso general respectivo, y que ese vehículo coincidiera con el que fue autorizado, de acuerdo con el permiso y las placas expedidas para prestar el servicio de transporte federal, así como que el automotor se encontrara en las condiciones mecánicas necesarias para realizar el transporte del material explosivo.
Para mayor detalle de las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se puede revisar: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2008/057.pdf
Conclusiones: El problema de la falta de información y la responsabilidad compartida.-
Como se observará del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció que la Secretaria de Defensa Nacional incumplió su obligación de supervisar en el punto de salida del camión las condiciones de seguridad para el transporte de sustancias explosivas, aparente causa esencial para la explosión del nitrato de amonio, por la excesiva compresión de dicha sustancia producto del peso, así como del calor del accidente.
Sin embargo, existen otros temas que son de particular relevancia, como el hecho que la falta de información respecto a la carga de dicho camión accidentado que debió ser comunicada a los servicios de auxilio -como paramédicos, policías y/o bomberos- pudo haber prevenido la tragedia. En efecto, si se observa con cuidado el video aficionado de instantes previos a la tragedia (pueden verlo en: http://www.youtube.com/watch?v=pEZfTV_EX9w) se podrá comprobar con los equipos de auxilio no prestaron mayor atención a sofocar el incendio del transporte con explosivos, presumiblemente debido al desconocimiento de la naturaleza de la carga por falta de información de las agencias de gobierno encargadas de su supervisión, así como probablemente por la ausencia de letreros o avisos en el camión que indiquen la peligrosidad de dicha carga.
Es así que, una situación perfectamente prevenible, en tanto la explosión ocurrió veinte minutos después del accidente, originó una tragedia que costó al menos la muerte de 28 personas. Lima, 9 de Setiembre del 2012 Continúa leyendo “A cinco años de la tragedia por la explosión de un transporte de explosivos en Celemanía-Cohauila- México” →
Publicado en Segur. y Salud en el Trabajo y Ambiente Publicado en 5 septiembre, 20122 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	Deje un comentario	Experiencias exitosas en la remediación de contaminación por residuos sólidos en America Latina
La ciudad de Bouwer en Argentina es un ejemplo del éxito de una población en detener la contaminación por vertederos de basura y emprender un programa de remediación ambiental.
En este link se puede conocer a partir de la propia voz de la comunidad su experiencia.
www.bouwersinbasura.blogspot.com
Igualmente, puede ser de interés revisar el video en youtube: “Bouwer uno de los lugares mas contaminados del país”.
Lima, 5 de Setiembre del 2012
Continúa leyendo “Experiencias exitosas en la remediación de contaminación por residuos sólidos en America Latina” →
Publicado en Gestión de Conflictos Publicado en 12 agosto, 20122 mayo, 2015 por Jorge Luis Cáceres Neyra	15 Comentarios	SARAYACU: Un hito en la protección de los derechos al territorio y la consulta de los pueblos indígenas en la industria petrolera
El pasado 27 de Junio del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu vs. Ecuador. Esta decisión resulta del mayor interés para el caso de las inversiones de las industrias extractivas en territorio indígena, como son los proyectos de exploración y explotación petrolera en Ecuador.
Es un paso adicional en la evolución de la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los pueblos indígenas afectados por las industrias extractivas.
Recordando Saramaka.-
En el año 2005 el caso Saramaka vs. Surinam fue un hito en la jurisprudencia internacional sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) reconoció en este caso que cuando proyectos de desarrollo o inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo Saramaka, el Estado tiene el deber no sólo de consultar con los Saramaka sino también de obtener su libre consentimiento informado previo acuerdo con sus costumbres y tradiciones. No sólo eso, la CIDH estableció criterios específicos para restringir los derechos de propiedad (bajo la premisa de reconocerse como derechos al territorio) de los pueblos indígenas: 1) ser establecida por la ley, 2) ser necesaria, 3) proporcional, y, 4) su objetivo es conseguir una meta legítima en una sociedad democrática y no puede suponer una negación a sus costumbres y tradiciones de modo que ponga en peligro la misma supervivencia del grupo y de sus miembros como grupo tribal.
La aplicación de las Resoluciones de la CIDH al caso peruano.-
En general el ordenamiento constitucional peruano confiere a los tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano jerarquía legal (artículo 200o de la Constitución). Es decir su vigencia y aplicación se encuentra condicionada a su compatibilidad con el marco constitucional. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, su jerarquía es indiscutible. En este contexto, ya el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (STC del 17 de Abril del 2002, Exp: 0217-2002-HC/TC; STC del 17 de Abril del 2002, Exp: 0218-HC/TC; STC del 28 de Setiembre del 2004, Exp: 26-2004-AI/TC; STC del 3 de Julio del 2005, Exp: 1417-2005-AA/TC) como son los casos Crespo Bragayrac, Cartagena Vargas, Municipalidad Provincial de Cañete y Anicama Hernandez ha interpretado que la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución implícitamente dispone que ella se adhiere a la interpretación que los órganos supranacionales realicen al contenido de los tratados internacionales.
En consecuencia, las decisiones de la CIDH se aplican automáticamente al ordenamiento jurídico peruano, estando obligado cualquier Juez a la aplicación que la CIDH determine a los instrumentos internacionales suscritos por el Perú como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por esta razón, que las decisiones de la CIDH son de crucial importancia conocer su contenido y alcances.
¿En que consiste el caso Sarayacu?.- A inicios de la década del 90 el Estado Ecuatoriano otorgó un permiso de exploración y explotación petrolera a una empresa en territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, sin que se hubiese consultado previamente con éste y sin su consentimiento. Durante la fase de exploración, conforme lo indica la CIDH: “…introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales…”
Nota adicional, a tener presente en este caso, es que la CIDH otorgó una medida provisional para suspender los presuntos agravios incurridos por el Estado (Punto 5 de la Sentencia). Asimismo, la CIDH realizó por primera vez en la historia de la Corte una diligencia en el territorio Sarayacu, donde se escucharon las declaraciones de los miembros del pueblo Sarayacu (Punto 21 de la Sentencia)
Al igual que en otros caso vistos en la CIDH, el Estado Ecuatoriano ha asumido su responsabilidad en términos amplios y genéricos. Correspondiendo a la CIDH: “…la determinación puntual de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer..” así como “…al estar aún pendiente la determinación de las reparaciones…” (punto 28 de la Sentencia).
Sarayaku y connotaciones a la película Avatar de J. Cameron.-
Para aquellos no familiarizados con el entorno lingüístico y cultural de los pueblos originarios amazónicos, frases como: “…el territorio está ligado a un conjunto de significados: la selva es viva y los elementos de la naturaleza tienen espíritus, que se encuentran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza los lugares. Únicamente los Yachas pueden acceder a ciertos espacios sagrados e interactuar con sus habitantes…”, son propias de una velada cinematográfica.
Desde un punto de vista económico de la propiedad, consideraciones cercanas a la Gaia o derechos de la naturaleza, casualmente instituidos en la Constitución Ecuatoriana, pareciere que nos conectan con una realidad fuera de este mundo, propia de un mundo ideal cercano al Avatar de J. Cameron o experimentos de la comuna socialista del siglo XIX. Un ejemplo puede retratar la situación ocurrida en el territorio Sarayacu:
“…En relación a las afectaciones al territorio Sarayacu, se alegó, sin que fuera controvertido por el Estado, que en Julio de 2003, la CGC (Empresa Petrolera) destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida espiritual de los miembros del Pueblo Sarayacu, en terreno del Yachek Cesar Vargas. Los hechos fueron registrados por el Notario Primero de Puyo en los siguientes términos: En el punto denominado PINGULLU, se había destrozado un árbol de aproximadamente veinte metros de longitud por un metro de espesor, cuyo nombre es LISPUNGU (…) Al caer la noche (…) nos entrevistamos con el anciano Shaman César Vargas (…) quien manifestó (…): Que empleados de una compañía petrolera habían ingresado a su bosque sagrado en PINGULLU y destrozaron todos los árboles ahí existentes en especial el gran árbol del Lispungu, lo que le ha dejado sin la fuerza para obtener su medicina para curar enfermedades de sus hijos y familiares…” (punto 104 de la Sentencia).
Lo nuevo en la Jurisprudencia del CIDH con el caso Sarayacu.-
Al igual que en el caso Saramaka (2005) la CIDH ha señalado la obligatoriedad para que todo proyecto de desarrollo o inversión cumpla con los estándares internacionales en relación a la consulta previa establecidos por el Convenio OIT 169, así como el deber de contar con un consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas para realizar actividades económicas dentro de su territorio.
La Compensación por daños.-
Sin embargo, un tema novedoso es la determinación de la compensación por los daños incurridos, ello sobre la base del criterio de equidad utilizado por la Jurisprudencia de la Corte para cuantificación de los daños inmateriales y materiales, siempre bajo el principio que las partes deben precisar claramente la prueba del daño producido.
Daño material.-
En este contexto la CIDH estableció una compensación tomando en cuenta que: i)los miembros del Pueblo Sarayacu incurrieron en gastos para realizar acciones y gestiones a nivel interno para reclamar la protección de sus derechos, ii) su territorio y recursos fueron dañados y iii) el Pueblo habría visto afectada su situación económica por la paralización de actividades productivas en determinados períodos. (punto 316 de la Sentencia).
El gran cambio: El daño inmaterial.-
La CIDH declaró violaciones al derecho a la propiedad comunal y a la consulta incurridas por el Estado Ecuatoriano, considerando que “…las serias afectaciones sufridas por el Pueblo en atención a su profunda relación social y espiritual con su territorio, en particular por la destrucción de parte de la selva y ciertos lugares de alto valor simbólico…” (punto 322 de la Sentencia).
Es así que, la CIDH tomando como antecedente otros casos y las particulares circunstancias del pueblo Sarayacu que ordena una indemnización de USD $ 1,250,000.00 dólares americanos para el pueblo Sarayacu por concepto de indemnización por daño inmaterial.
Debemos tomar debida nota de las consideraciones que la CIDH establece para el otorgamiento de esta indemnización: “…los sufrimientos ocasionados al Pueblo, a su identidad cultural, las afectaciones a su territorio, en particular por la presencia de explosivos, así como el cambio ocasionado en las condiciones y modo de vida de los mismas y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron por las violaciones declaradas en esta Sentencia…” (punto 323 de la Sentencia).
A modo de colofón.-
Han pasado más de siete años de la sentencia de la CIDH en el caso Saramaka, y podemos concluir que leyendo entre líneas el caso Sarayacu (2012), estamos seguros que el legado Saramaka sigue más que vivo y en plena vigencia.
Aún es tiempo de rescribir nuestra aproximación a la construcción de nuevas categorías en la determinación de los criterios para promover la inversión en territorios de pueblos indígenas pero por sobre todo entender que no todo tiene un fin económico. Los recursos naturales aún que parezca extraño, tienen un valor sobrenatural, dependiendo de cada entorno cultural, y es nuestro deber al menor entenderlo y solo sobre ello, iniciar el camino a su protección.
Lima, 13 de Agosto del 2012
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