Source: http://deciomachado.blogspot.com/2012/06/
Timestamp: 2017-05-28 12:12:16+00:00

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Decio Machado: junio 2012
El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario político
LOS CONSERVADORES DEL SENADO, DESTITUYEN AL PRESIDENTE LEGÍTIMO FERNANDO LUGO
El golpe de Estado protagonizado por los representantes de los partidos conservadores mayoría en el Senado, devuelve a la oligarquía al poder. El presidente legítimo Fernando Lugo ha sido destituido tras un ’juicio’ que cuestiona la democracia en Paraguay.
www.diagonalperiodico.net // NÚMERO 177
Lugo pagó caro, con su destitución fulminante tras juicio sumarísimo, la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" el pasado día 15 en la hacienda del político y empresario "colorado" Blas N. Riquelme en Curuguaty (nordeste del país).
El Senado destituyó a Fernando Lugo tras hallarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, en el juicio político impulsado desde el Congreso por los conservadores Alianza Nacional Republicana –histórico Partido Colorado-, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, el Partido Patria Querida y el socialdemócrata Partido Democrático Progresista.
Los cambios al frente de la cúpula policial y su promesa de encomendar la investigación a una comisión especial con apoyo de la OEA no calmaron los ánimos de una oposición furibunda que lejos de importarle la situación del campesinado paraguayo llevaba meses esperando una coyuntura política como esta.
Entre el 15 de junio, día de los sucesos de Curuguaty y el 22 de junio, fecha de su destitución, Fernando Lugo volvió a revivir la inestabilidad política que le ha acompañado de forma constante en estos casi cuatro años de gestión. En ese sentido, es importante recordar como en noviembre de 2009, Lugo se vio obligado a recambiar gran parte de su cúpula militar tras haber recibido reportes creíbles deque estaban conspirando en contra de él en complicidad con su oposición política.
Lugo, quien como obispo se destacó como defensor de los pobres y de la Teología de la Liberación, consolidó su liderazgo social en la empobrecida Diócesis de San Pedro Apóstol, donde su trabajo religioso estuvo enfocado a mejorar el bienestar de su pueblo.
El creciente liderazgo social de Lugo y su influencia sobre los sectores más pobres de Paraguay pusieron en alerta a El Vaticano, que le advirtió que debía abandonar sus aspiraciones políticas y dedicarse en exclusiva a su labor pastoral.
Con el respaldo del Partido Liberal –quien le aportó entorno al 75% de los votos- y una coalición de movimientos sociales populares en lo que se conoció como Alianza Patriótica para el Cambio, Lugo concurrió como candidato presidencial a las elecciones generales del 20 de abril de 2008, en las que se impuso con el 40,82 por ciento del sufragio, aunque los "colorados" mantuvieron su mayoría en el Legislativo.
Sin embargo, la Presidencia de la República fue una carga demasiada pesada para el ex obispo, quien defraudó como el depositario de la esperanza de un pueblo que aspiró a cambiar el oscuro escenario político de su país, gobernado por el Partido Colorado desde hacía 61 años, período durante el cual la mayoría de este tiempo (1947-1989) fue una dictadura. Lugo, incapaz de tejer alianzas adecuadas que le permitieran cumplir sus promesas electorales, se alejó de su electorado tras una serie de escándalos sexuales y el incumplimiento respecto a la reforma agraria.
La alianza anti-natura desarrollada entre Lugo y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que llevó a Federico Franco a la vicepresidencia, generaron una fricción permanente que finaliza el pasado 22, con la destitución del ex obispo paraguayo. Ante el horizonte de las presidenciales del próximo año, faltaban 14 meses de gestión de Lugo, el PRLA entendió que era el momento de desembarazarse del ex obispo y asumir la presidencia del país por primera vez desde que el partido fuera refundado en la clandestinidad en 1978, como oposición a la dictadura del general Stroessner.
Carente de organización política propia y bases de apoyo estructuradas, los conflictos entre Lugo y su vicepresidente Franco, le llevaron a aproximarse a los colorados. Esta nueva alianza política se visualizó cuando el día después de los asesinatos de Curuguaty, Lugo nombra como nuevo ministro del Interior a el ex fiscal colorado Rubén Candia. La torpeza política de Lugo, decidió la actual posición de los liberales, quedando desamparado en las Cámaras.
En la actualidad se abre un nuevo escenario en la política paraguaya. Por un lado, los colorados tienen una disputa interna por quien será su candidato en los próximos comicios electorales, con altas posibilidades de que su binomio sea encabezado por el empresario conservador Horacio Cartes.
Por otro lado, y ya desde el poder, el PRLA, quien gobernará el país los próximos 14 meses, pretende invertir las tendencias de intención de voto favorables a los colorados, a través de la gestión del recién nombrado presidente Franco.
Entre tanta estrategia electoral, los movimientos sociales paraguayos quedan en la encrucijada. Estos, desde una postura crítica pero no de confrontación con el gobierno del ex presidente Lugo, se mueven en la actualidad entre dos vías: la radicalización de sus posiciones o intentar construir una propuesta electoral para el próximo año.
¿Al borde de los transgénicos?
Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia (semana del 18 al 24 de junio de 2012)
En su visita del pasado 11 de mayo a Cutuglagua en el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió las instalaciones de la estación Santa Catalina, propiedad del Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).
Allá, el mandatario llamó duramente la atención a los representantes de esta institución por no estar apoyando adecuadamente el desarrollo del sector agrícola en el país. Contrariado entre otras cuestiones por la no experimentación con semillas transgénicas por parte de los técnicos del laboratorio de biotecnología del Iniap, de hecho algo prohibido y condicionado en el articulo 401 de la Constitución de Montecristi para este tipo de semillas. El presidente Correa manifestaba que esta situación se debía a "un error de los noveleros de siempre, que son los defensores de la Pachamama, y que no tienen el menor criterio académico", en alusión a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que han defendido históricamente que el Ecuador sea un país libre de cultivos y semillas transgénicas.
Para Ana Lucía Bravo, vocera de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), las declaraciones del mandatario generan preocupación. "Nuestra Constitución es el resultado de un proceso participativo y democrático. Es también un ejemplo para el mundo, por eso sus mandatos deben ser respetados y garantizados por el Estado y la sociedad en conjunto", indica la ambientalista, añadiendo que el modelo agrícola del Ecuador debe apuntar a un nuevo paradigma que enfrente los retos actuales del cambio climático, la dependencia petrolera y los incrementos continuos sobre el precio de los alimentos.
En esa línea de pensamiento, desde hace más de una década, múltiples organizaciones sociales, indígenas, campesinas han rechazado la introducción de cultivos y semillas transgénicas al país. Según Bravo, "en los últimos doce años se ha dado una presión muy fuerte y permanente sobre los diferentes gobiernos ecuatorianos para liberalizar el uso de transgénicos. Hubo múltiples visitas de especialistas norteamericanos en esta materia al Ecuador, se desarrolló un cuestionado reglamento de Agro-Bioseguridad, así como la propuesta de Ley del 2002 sobre Biodiversidad". El conflicto reabierto por el presidente Correa parecía haber culminado en el 2008, con la elaboración del Artículo 401 de la Constitución, según el cual se declara al país "libre de cultivos y semillas transgénicas". A escala internacional son muy pocas las empresas transnacionales que monopolizan la producción de semillas transgénicas, desplazando la agricultura orgánica, controlando los precios de los alimentos y eliminando a los campesinos e indígenas de la producción agropecuaria tradicional.
El poder de dichas transnacionales se demuestra en el cable, cuya referencia es 10QUITO54, emitido el 15 de enero de 2010 por la embajada de los Estados Unidos en Quito, y filtrado a los medios por Wikileaks. En él se indica que la excepción a la prohibición incorporada en el Artículo 401 de la Constitución, en el cual se dice que "excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados", es el "resultado de las presiones en Ecuador de influyentes agronegocios".
El wikicable revela a su vez la voluntad por parte de la embajada estadounidense de financiar el viaje de un "grupo clave" de periodistas a los Estados Unidos con el fin de influir en "el debate nacional sobre la biotecnología", indicándose que "Ecuador es un mercado comercial para estos productos, (en el 2008, Estados Unidos exportó al Ecuador más de USD 33 millones en harina de soja y más de USD 44 millones en los cereales secundarios), está en el interés del gobierno de Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología".
A finales del 2010 apareció en la página web del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), un documento denominado "Armonización de la propuesta de Reglamentación sobre la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con la Nueva Constitución". Este era una nueva versión del proyecto presentado años atrás dentro del Marco Nacional de Bioseguridad, el cual pretendía que la excepción constitucional se convierta en la norma. Esta situación derivó en que decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país manifestaran su repulsa a dicho reglamento mediante una carta dirigida a la ministra Marcela Aguiñaga, paralizándose así, ante el inminente conflicto, las pretensiones ministeriales.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, Confederación Kichwa del Ecuador, dijo en este sentido: "Cuando nos enteramos de que las semillas transgénicas podrían afectar nuestra propia semilla, hicimos un análisis y un debate profundo sobre lo que son las semillas para los pueblos indígenas. Entonces encontramos que se estaban perdiendo semillas y muchos tipos de maíz, papa y otros productos, así que nos pusimos a trabajar para recuperarlos". Según el dirigente indígena, "existe un rechazo total y rotundo a los cultivos y semillas transgénicas en el campo y la alimentación; estas semillas son solamente un proyecto de destrucción de la madre naturaleza, y de la identidad cósmica y armónica de los pueblos".
La revista Gestión Economía y Sociedad, en su número 214 del pasado mes de abril, dedicó 15 páginas al tema de los transgénicos y los agrocombustibles, indicando que según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobioctecnológicas (Isaaa) -organización financiada por empresas transnacionales como Monsanto, CropScience y CropLife International, entre otras-, en el 2011 se sembraron en el planeta 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y que "el Ecuador debe dejarse de mirar solo al ombligo para evitar caídas mortales".
En la actualidad el MAE vuelve a retomar su intención de normativizar la producción de semillas y cultivos transgénicos a través de la elaboración de una nueva Ley de Bioseguridad.
Según Silvia Sevilla, especialista jurídica del Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, "la Constitución declara al país libre de semillas y cultivos trasngénicos pero no se indica expresamente cuáles son esas semillas y cultivos transgénicos que no están permitidos. Compete al MAE definir mediante una Ley cuáles son exactamente esos cultivos, dado que la Constitución define una norma muy general". Para la funcionaria del MAE, es rol del Estado definir cuales son los productos transgénicos que atentan contra nuestro patrimonio, el ambiente y la salud, de esta manera, mientras no exista una certeza científica comprobada de qué es lo que causa daño, difícilmente se podrán prohibir determinados transgénicos.
De acuerdo al criterio de Sevilla, se debe probar y determinar que una tecnología es riesgosa para prohibir su uso; criterio discutido por distintas organizaciones sociales, las cuales consideran que con esto se estaría violando el principio de precaución establecido en la Constitución en su Artículo 396, el cual indica que "en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas eficaces y oportunas". Respecto a los riesgos derivados de los transgénicos, la investigadora María Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que según estudios realizados en los Estado del norte de México, donde se siembra un programa piloto para organismos genéticamente modificados, se demuestra que "existe un riesgo de flujo génico o intercambio de genes modificados con las especies convencionales, que no se puede controlar y no se conocen aún las consecuencias a la salud ni a la biodiversidad que podrían causar. Lo que sí se sabe es que cuando se instalen serán irreversibles".
Con respecto a los postulados constitucionales, según varios especialistas en la materia consultados, la regulación del cultivo de semillas transgénicas en el país iría en contra de la Constitución, dado que en su Artículo 424 se indica que "las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica", a la par que el Artículo 427 recalca que "las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad". En este sentido, en ningún caso se indica en el Artículo 401 de la Constitución que el Ecuador es libre solo de algunos cultivos y semillas transgénicas.
En esa línea se manifiesta la abogada y analista constitucional colombiana, Diana Murcia, quien indica que "no se puede regular el uso de tecnología y biotecnología, dado que la Constitución del Ecuador lo prohíbe en su Art. 401, cuando dice textualmente que se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales". Para Murcia, se estaría violando la Constitución en la medida en que "el Estado no puede regular sobre algo que está prohibido constitucionalmente; no puede haber una ley que regule lo que el Estado no puede hacer".
De igual manera piensa Tenesaca, quien indica: "Nosotros decimos que las leyes tienen que regular, pero también nos queda claro que dichas leyes no pueden regular algo que está prohibido. Estamos pensando que lo que se pretende es atentar contra la vida de los pueblos y de la naturaleza".
Para el dirigente indígena existe la sospecha de que pudiera haber una maniobra combinada entre los lineamientos fundamentales del gobierno en esta materia y los intereses de las transnacionales del sector. "Los funcionarios que están trabajando en esa Ley [Bioseguridad] y ese reglamento, son personas que quizás están trabajando en función de los intereses de las empresas multinacionales que tienen gran capital".
Los transgénicos crean dependencia hacia las empresas multinacionales, que son las dueñas de las patentes tanto de las semillas transgénicas, como del paquete tecnológico con el cual se venden. Los agricultores que adoptan esta tecnología, se ven obligados a firmar convenios que los atan a estas empresas, y pueden enfrentar juicios millonarios en caso de incumplimiento. Para Elizabeth Bravo, vocera de Acción Ecológica en esta materia, el uso de transgénicos genera riesgo de que "los campesinos terminen sometidos al uso intensivo de agroquímicos en las fumigaciones de las plantaciones como el glifosato que en caso de Argentina y el emblemático barrio de Ituzaingó Anexo ha producido impactos nefastos sobre la salud de los pobladores, generando cáncer, leucemia, alergias y enfermedades autoinmunes".
Según un informe presentado en Río+20 por Greenpeace, entidad internacional de defensa del ambiente, la cual rechaza el uso de cultivos y semillas modificadas genéticamente, "tan solo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo cual significa que los países que entran en este tipo de producción quedan con muy poco margen de elección en el mercado".
En dicho informe se sostiene que "la agricultura industrial utiliza fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro", y sostiene además que el "excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático".
Se estrecha el cerco sobre Álvaro Uribe
Por Decio Machado / Periódico Diagonal
Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del ex presidente Álvaro Uribe, y su madre, Dolly Cifuentes Villa, están a la espera de la extradición a EEUU, donde son acusadas de mantener estrechos vínculos con el Cartel de Sinaloa, dirigido por el poderoso capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Los detalles del estatus judicial de ambas mujeres se conocieron en los últimos días, saliendo a la luz pública a raíz de una investigación que el periodista colombiano Gonzalo Guillén, ex colaborador del periódico estadounidense El Nuevo Herald, publicará en el portal de la ONG Corporación Nuevo Arco Iris (www.arcoiris.com.co).
El material reveló que Ana María Uribe Cifuentes es hija de Dolly Cifuentes Villa, alias ‘La Meno’, y del difunto hermano del ex mandatario colombiano, Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido como ‘El Pecoso’ o ‘Arepa’.
Un reporte de la DEA estadounidense precisó que las dos mujeres integran el clan criminal de los Cifuentes Villa, responsabilizándolas de la introducción de al menos 30 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense entre el 2009 y el 2011, así como del lavado de decenas de millones de dólares para el narcotráfico mexicano.
Según Guillén, el hermano del expresidente "murió de cáncer en el 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa y con Pablo Escobar, pero no fue llevado a juicio".
Álvaro Uribe negó en un primer momento el parentesco con las detenidas, aunque en la actualidad se ha visto obligado a guardar silencio.
De Rusia, con amor atómico
Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia semana 11 al 17 de junio de 2012
A raíz de la sesión del pasado 30 de mayo de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se hizo público el articulado del convenio firmado 31 meses antes entre los gobiernos de la República del Ecuador y la Federación Rusa para la cooperación en materia de “energía atómica para fines pacíficos”. Dicho texto ha generado convulsión entre los asambleístas, organizaciones sociales y sectores especializados del mundo académico.
Según el presidente de dicha Comisión, el oficialista Fernando Bustamante, “al momento lo que se ha hecho es conocer el Convenio por parte de la Comisión e iniciar los procesos pertinentes dentro de la Asamblea para la redacción de un informe que puede ser favorable o no, el cual pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde será votado para su posterior aprobación o archivo. A partir de aquí, tenemos 45 días para emitir un informe favorable o no antes de que éste pase al Pleno de la Asamblea”.
Para la asambleísta Betty Amores, quien se posiciona crítica respecto al acuerdo, “el uso de energía nuclear, así sea para fines pacíficos, sería riesgosa para la población. Además no se entiende como siendo el propio presidente Correa quien nos dice que a través de los megaproyectos en construcción, en 2016 el Ecuador exportará de energía hidroeléctrica, sector en el que se ha invertido 1600 millones de dólares, se pretenda ahora instalar una energía infinitamente más costosa y peligrosa de reactores nucleares”.
La historia de dicho convenio se remonta a febrero de 2009, cuando el entonces ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, se reunió con Raúl Ramírez, representante del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para conversar sobre la adopción de tecnología nuclear por parte de Ecuador.
De hecho, el 25 de marzo de 2009, era el director general del OIEA, Mohamed ElBaradei, quien declaraba: "El Ecuador está participando en un proyecto regional de exploración de uranio de cara a su posible explotación y su uso en el futuro como alternativa para cambiar su matriz energética".
En agosto de ese mismo año, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable suscribía un memorando de entendimiento con la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, con el fin de trabajar en conjunto actividades de investigación en materia nuclear. En aquel momento, la agencia de noticias del gobierno ruso, Novosti, informaba de forma telegráfica que el acuerdo incluía: formación de expertos en las áreas de física y energía nuclear, cooperación en investigación geológica y en el desarrollo de campos de uranio.
La estrategia gubernamental de desarrollo en energía nuclear fue diseñada a largo plazo, pero se destaca en ella el interés de explotar uranio en el país cuanto antes. Según declaraba entonces el ministro Albornoz, “la cooperación con Rusia no se puede medir en términos monetarios, sino a partir del beneficio que esta transferencia de tecnología y ciencia significa para los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo”.
El 28 de octubre de 2009 el presidente Correa llegaba a Moscú, su visita tenía como objetivo “fortalecer las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales, y crear mecanismos de cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología, así como en el ámbito financiero”, según manifestaron fuentes de la Cancillería rusa. Un día después, el ministro Esteban Albornoz, en presencia del mandatario, firmaba junto al vicedirector general de Rosatom, el convenio de cooperación en energía atómica entre ambos países.
Con anterioridad a dicha firma, delegados de la Rosatom habían visitado el Ecuador por tres oportunidades: la primera fue en mayo de 2008, reuniéndose con el entonces ministro Alecksey Mosquera; la segunda en abril de 2009; y, la tercera, en julio de 2009, cuando tuvieron un encuentro con el ya ministro Albornoz.
Así lo confirmaban portavoces de la subsecretaria de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares (SCIAN), cuando indicaban que en Ecuador, al igual que en Brasil, Argentina, México y otros países, la llamada energía nucleoeléctrica existe hace 50 años lo que pasa es que aquí “nos quedamos dormidos”.
Ecuador retomaba su sueño nuclear en los albores el gobierno del presidente Correa, y en noviembre de 2008 se hacía público el proyecto RLA 3006 durante el encuentro ‘Desarrollo de actividades sobre el ciclo de producción de uranio’ celebrado en Brasil. En dicho documento se plantea el desarrollo de energía nuclear o nucleoenergética para el país en los próximos 15 años, indicándose la necesidad de poner en marcha un “programa intenso de exploración de minerales radioactivos”, así como impulsar la minería, procesamiento de minerales, metalurgia, seguridad para explotar los recursos uraníferos y obtener “uranio enriquecido”.
A dicho informe se adjuntaron mapas donde destacan cinco sitios como potenciales depósitos de minerales radioactivos catalogadas como “con favorabilidad uranífera”: El Limo-Catamayo (Loja) con un zona uranífera de 6.000 km2, Cuenca con 4.000 km2, Tena-La Barquilla (Napo-Pastaza) con 9.000 km2, Macas (Morona Chinchipe) con 4.000 km2, y Zamora con otros 6.000 km2 de área de interés.
Según Ivonne Yánez , vocera de la organización ambientalista Acción Ecológica, “la extracción de uranio libera gas Radon, un gas altamente cancerígeno que se traslada según la dirección del viento; se generaría también riesgos de contaminación de acuíferos y la grave exposición al uranio, podría desembocar en enfermedades cancerígenas para los trabajadores de las minas”.
Mantenido con sigilo por las autoridades ecuatorianas, tuvo que pasar un año desde su aprobación para que el convenio fuese enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Constitucional con el fin de que ésta emita su dictamen de constitucionalidad. La Corte entendió como constitucional el texto, aunque amparado en la curiosa figura de “constitucionalidad condicionada”, es decir, siempre y cuando se adecue su contenido a la Constitución. Para varios constitucionalistas consultados, cuesta entender la aplicación de dicha figura legal en este tipo de acuerdos, “en convenios bilaterales no deberían existir reservas sobre su constitucionalidad”. En este marco, la Constitución de Montecristi aclara en su Artículo 15.- “(…) Se prohíbe la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”
Ignorando lo anterior y ante la inquietud de la congresista republicana estadounidense, Ileana Ros-Lethinen, ante posibles acuerdos entre Ecuador e Irán en materia de uranio, la delegación diplomática ecuatoriana en los EEUU emitía un comunicado el 12 de enero del presente año indicando: “En el Ecuador no se han descubierto indicios de yacimientos de uranio que atraigan interés comercial para su explotación. Por lo mismo el Ecuador no ha iniciado ningún tipo de acción de búsqueda o prospección para explotar uranio en su territorio y tampoco podría celebrar convenios alrededor de la explotación de ese mineral con ningún país del mundo”. Ese mismo día en Quito, en rueda de prensa realizada con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, el mandatario ecuatoriano declaraba entre risas: “Primera vez en mi vida que me entero que Ecuador tiene uranio (…). Así que lamento si ha venido a buscar eso presidente. No le vamos a poder dar ni un gramo”.
Para Betty Amores, esta es una demostración palpable de como “el presidente Correa le mintió al conjunto de los ecuatorianos manifestando su desconocimiento sobre los proyectos que el mismo propugna en materia de extracción de uranio”.
El Artículo 2 del convenio con la Federación Rusa, firmado en presencia del mandatario ecuatoriano más de dos años, antes indica en otras cuestiones: “Las Partes llevarán a cabo la cooperación (…) para exploración y explotación de yacimientos de uranio”.
Yánez alerta sobre la “posible existencia de uranio en el bosque de Puyango y en la cordillera del Cóndor”. De hecho en el lado peruano, la empresa canadiense Dorato realizó actividades de prospección hasta que se vio obligada a abandonarlas por la oposición de los moradores de la zona.
Uno de los elementos más conflictos del convenio está en el punto 4 del Artículo 2 donde se indica que se procederá al “suministro de servicios en la esfera del ciclo de combustible nuclear, específicamente suministro de combustible nuclear para los reactores energéticos y de investigación, la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa, tratamiento de residuos radioactivos”. Para Yánez: “el
Ecuador se convertirá en un basurero nuclear”.
Interrogada por esta cuestión, Nancy Edith Mantilla Samaniego, subsecretaría del SCIAN, dijo que “existe una mala interpretación del acápite relacionado a desechos nucleares”, y ofreció que en el futuro se emitirá, de parte del ministro Esteban Albornoz una posición oficial en representación del Ejecutivo.
Según el experto académico español en Energía Nuclear, José María Novoa, “los países que han utilizado esta tecnología buscan ubicar los desechos en lugares distantes de su país y uno de ellos y a un menor costo es América del Sur, pues está comprobado que no existe lugar seguro y en algún momento esta contaminación se liberará y causará muerte”.
Los residuos radiactivos se pueden clasificar en función de su peligrosidad en residuos de baja, media y alta actividad. Haciendo referencia tan solo a los de baja y media actividad, los más “inocuos”, estos emiten radiactividad durante periodos que pueden alcanzar centenares de años. Un gramo de Plutonio-239, elemento metálico radioactivo que se utiliza en reactores nucleares, es capaz de causar cáncer a un millón de personas y emite radioactividad por aproximadamente 2.5 millones de años, lo cual indica que muchas generaciones aun por venir tendrían que soportar el riesgo.
Novoa afirma en su tesis académica ‘Dos visiones de la energía nuclear’ que “los sitios donde se construyen los reactores nucleares resultan contaminados en forma permanente, y los desechos radioactivos que producen contaminan cualquier lugar donde se depositen, liberen o almacenen”.
El convenio firmado con los rusos indica lineamientos para la “producción de isótopos radioactivos y su utilización en la industria, medicina y agricultura”. Sin embargo fuentes especializadas alertan sobre el hecho de que muchos de los radio isótopos contenidos en los desechos nucleares tienen tan larga vida, que se hace imposible asegurar que contenedores artificiales o formaciones geológicas naturales puedan evitar su paso al ambiente habitado durante cientos de años.
Todos los reactores de energía nuclear y los sitios de almacenamiento de material radioactivo podrían ser a la larga tan peligrosos como la explosión de armas nucleares. En la actualidad la opción preferida por la mayoría de países nucleares es enterrar bajo tierra los desechos. Sin embargo en un país como el Ecuador, con cambiantes capas freáticas, permanente riesgo sísmico y otros factores geológicos de riesgo, podrían perturbarse fácilmente los desechos enterrados, generándose alto riesgo de contaminación del suelo, el agua y el aire. En un país de alta tecnología como son los EEUU, se constata que al menos tres cementerios para estos residuos de baja actividad han sufrido fugas en los últimos años.
Control social: criminalización de la protesta social y la disidencia política
Por Decio Machado / Revista Opción S
El pasado 21 de mayo en Ginebra, el Vicepresidente Lenin Moreno, presentaba ante Naciones Unidas el Informe Nacional de Derechos Humanos, en el cual se enumeran diversos hitos alcanzados por el Gobierno en dicha materia. En dicha exposición se afirmaba que el respeto a los derechos humanos es la base de la Constitución de Ecuador.
Sin embargo y más allá de la retórica diplomática oficialista, en Ecuador se visualizan tres ámbitos en los que son identificables elementos violatorios en esta materia.
Criminalización de defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza
La Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art. 11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
Más allá del articulado constitucional, se evidencia que la criminalización de la protesta social esta siendo utilizada por el Gobierno como un mecanismo de control que tiene como objetivo intimidar y neutralizar las disidencias que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet, en especial sus lógicas neoextractivistas.
Es así, que son detectables numerosos casos de criminalización de la protesta básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos.
En estos procesos se criminalizan indiferentemente individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.
En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados también dirigentes y líderes sociales.
Persecución de la protesta laboral
El proceso de criminalización de trabajadores públicos se da en el marco de un claro retroceso en las relaciones laborales entre el Estado empleador y los trabajadores del sector público.
El resultado ha sido el despido de miles de trabajadores bajo el argumento de la eficiencia y la modernización del aparato del Estado, generándose de forma paralela persecución política y descrédito contra dirigentes sindicales, lo que ha concluido en muchos casos en procesos judiciales realizados por el Estado en su contra.
Esta vulneración de derechos ha ido acompañada por una escasa protección desde el ámbito jurídico hacia los trabajadores, dado que los análisis y resoluciones de las autoridades y jueces ha favorecido de forma permanente al Estado, en este caso, en su status de empleador. Los reclamos presentados por los trabajadores afectados del sector público, a través de la vía administrativa en el Ministerio de Relaciones Laborales –donde la autoridad encargada de su resolución es juez y parte-, ha generado escasos fallos favorables para los trabajadores. De igual manera, las demandas legales o constitucionales interpuestas por los trabajadores y sus asociaciones no han prosperado positivamente en los despachos judiciales, para muchos, consecuencia de las presiones que sufre el Poder Judicial respecto del Ejecutivo.
Esta situación se ha visto agudizada a partir del decreto ejecutivo 813, por el cual se articulan sucesivas oleadas de despidos intempestivos bajo la cuestionada, por anticonstitucional, figura de renuncias obligatorias.
Otro aspecto de importancia es el despido de dirigentes sindicales, mecanismo habitual para disuadir a los trabajadores de sus reclamos y pretensiones organizativas, aplicados en instituciones como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Universidades y Escuelas Politécnicas, diversos ministerios y varias empresas municipales.
De igual manera, varios representantes de organizaciones sindicales han sido señalados como responsables de actos de sabotaje y terrorismo, invasión de edificios públicos o de atentar contra la seguridad interna del Estado, al realizar diferentes tipos de manifestación y reivindicaciones.
Coerción de la libertad de expresión
Por último cabe señalar los mecanismos aplicados por el Gobierno para la autocensura a la crítica en los medios de comunicación privados. El caso El Universo y las multas a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita –autores del libro de investigación periodística “El Gran Hermano”- son claros ejemplos que pretenden posicionar la alerta para periodistas y comunicadores.
Ya desde mediados de los 80, los teóricos de la gestión de empresas elucubraron que para tener éxito había que producir ante todo marcas y no productos. Además, en la actualidad y ante la perdida de control sobre la producción y las políticas monetarias (globalización), el poder del gobierno se basa en la capacidad de emitir señales a través de los medios.
Controlar a los medios de comunicación críticos -con independencia de su profesionalidad y tendencia ideológica- con el fin de posicionar la marca de la Revolución Ciudadana, así como emitir señales positivas en un régimen que ocupa el puesto 120 (por detrás de países como Botswana, Bután, Bahrein, Ruanda, Liberia, Etiopía o Burkina Faso) en el ranking de países menos corruptos de Transparencia Internacional, es una necesidad urgente para un gobierno que pretende perdurar prolongadamente en el tiempo.
El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario polí...
Control social: criminalización de la protesta soc...

References: Artículo 401
 Artículo 401
 Artículo 396
 Artículo 424
 Artículo 427
 Artículo 401
 Artículo 15
 Artículo 2
 Artículo 2
 resolución