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Timestamp: 2020-08-07 00:09:04+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 231, de 17/05/2017
cve: DSCD-12-CO-231
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 231
- Del señor Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000589) ... (Página2)
- Del señor Prado Bernabéu, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFV), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000591) ... (Página6)
- Del señor González Vega, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia (JD), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000590) ... (Página7)
- De la señora Rodríguez González del Real, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000592) ... (Página10)
Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión para celebrar las comparecencias previstas en la subcomisión de Justicia para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. En esta primera sesión de comparecencias contamos con los representantes de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces para la Democracia y, por último, la Asociación Foro Judicial Independiente, representadas cada una de ellas por sus presidentes y portavoces, respectivamente. Queremos dar las gracias a los cuatro representantes de las asociaciones y transmitirles que esta primera comparecencia que se hace en el ámbito de la subcomisión es muy importante. El objeto de esta subcomisión es definir una estrategia nacional para la Administración de Justicia precisamente para ponerla de relieve y que los grupos parlamentarios tengan conocimiento de todas aquellas cuestiones que puedan servir para trabajar conjuntamente por la justicia. Desde ese punto de vista entendimos en la subcomisión que precisamente quienes podían dar una mejor visión en primer lugar eran los representantes de las asociaciones judiciales.
En cuanto al formato de estas comparecencias, hablarán en primer lugar los comparecientes quince minutos cada uno de ellos. A continuación, intervendrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios presentes en la subcomisión por un tiempo máximo de diez minutos. En ese tiempo de diez minutos los representantes de los grupos parlamentarios pedirán aquellas aclaraciones o precisiones a los comparecientes que puedan servirnos para poder avanzar en la estrategia nacional de la justicia. Por último, a razón de diez minutos cada uno, los comparecientes podrán dar respuesta a aquellas cuestiones que se planteen, hacer aclaraciones o tratar cuestiones puntuales que, a la vista del debate que se haya producido, puedan aportar elementos de juicio para esta subcomisión.
Reitero las gracias a las asociaciones judiciales por acudir a esta Cámara y por lo que representan en la carrera judicial. Vamos a empezar dando la palabra a los representantes de las asociaciones según el número de asociados. Empezará la Asociación Profesional de la Magistratura. Tiene la palabra su presidente, don Manuel Almenar Belenguer.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (Almenar Belenguer): Buenas tardes.
En primer lugar, muchas gracias a los miembros de la subcomisión por esta invitación que nos permite estar a todas las asociaciones judiciales en un foro tan importante y para abordar una cuestión tan relevante y básica para el Estado de derecho como es la relativa a los problemas de la justicia en España. En unos momentos en los que parece que los gritos se imponen sobre las razones, la organización de este tipo de actos contribuye de una manera trascendente a fortalecer el Estado de derecho y, en definitiva, a construir esa sociedad más justa a la que todos aspiramos. Gracias, pues.
Antes de entrar en el fondo, haré dos precisiones. La primera es que, igual que cada uno de los 46 millones de españoles tiene sus propias ideas, lógicamente cada uno de los 5000 jueces españoles también las tiene. Sin embargo, todos los que estamos aquí en representación de las distintas asociaciones coincidimos en lo básico con el diagnóstico de los problemas de nuestra Administración de Justicia y con las soluciones. También coincidimos en que estos problemas tienen respuesta y solución, siempre y cuando interioricemos que invertir política y económicamente en justicia supone invertir en el futuro de nuestro país y en el de nuestros ciudadanos. En ese sentido, la idea que provocó la constitución de esta subcomisión, la estrategia nacional de justicia, no solamente es un anhelo sino una absoluta necesidad si queremos conseguir que nuestro país realmente sea ese Estado democrático de derecho al que se refiere la Constitución de 1978. La segunda precisión es que la comparecencia se estructura sobre una serie de ejes -institucional, seguridad jurídica, justicia como servicio público- y, en lugar de abordarlos uno detrás de otros, con su permiso, los abordaré de manera transversal en la medida en que todos estos ejes responden a las distintas facetas de los principales problemas que padece la Administración de Justicia en España. ¿Y cuáles son esos problemas? Fundamentalmente dos que todos ustedes ya conocen. Primero, la justicia española tiene un funcionamiento tradicionalmente deficiente, es decir, no es capaz de tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con la calidad, la eficiencia y la rapidez que todos desearíamos. Segundo, la justicia en España presenta una apariencia -que no responde a la realidad pero que existe- de politización, entendiendo apariencia de politización como control, manipulación o injerencia del poder político en el ámbito del Poder Judicial. A su vez, estos dos problemas están creando otros dos que a la larga son muchísimo más graves: primero, la pérdida de credibilidad del
sistema, es decir, la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones; segundo, la aparición de un sentimiento de frustración o desmotivación en todos los operadores jurídicos. Yo puedo hablar por los jueces, pero no solamente afecta a los jueces, afecta a los fiscales, a los abogados, a los procuradores y a todos los profesionales que en un momento determinado, en el ejercicio de esa labor de defensa, interponen un asunto, se tramita ante los tribunales, tarda en dar lugar a una decisión, esa decisión finalmente o en muchas ocasiones no puede ejecutarse como es debido y, a continuación, tienen que dar la explicación correspondiente al cliente. Este sentimiento de frustración nos está afectando a todos, sobre todo porque somos conscientes de que esto tiene arreglo si nos ponemos a ello todos. Como las cuestiones verdaderamente importantes, la justicia solo se puede solucionar en la medida en que todos actuemos, no se puede solucionar desde un sector. Única y exclusivamente cabe buscar soluciones como resultado de una contribución conjunta.
Pues bien, si estos son los dos problemas clave de la justicia en España, funcionamiento deficiente y apariencia de politización, se trata de analizar cuáles son las causas que han provocado cada uno de estos problemas para, a continuación, buscar soluciones a cada una de esas causas. En primer lugar, la apariencia de politización. El hecho de que no responda a una realidad tangible no quiere decir que no haya cobrado carta de naturaleza esa idea de supuesta politización de la justicia, y más concretamente de supuesta politización en las altas esferas de la Administración de Justicia; ya digo, entendiendo politización como manipulación o injerencia; es decir, se entiende que la justicia no actúa por intereses relacionados con la propia Administración de Justicia, con la ley, sino por otro tipo de intereses espurios. De hecho, tienen ustedes el cuadro de indicadores de la Unión Europea -publicado hace apenas un mes-, según el cual el 58 % de la población española tiene una sensación, una percepción de la independencia de la justicia mala o muy mala. Aunque no responde a la realidad, lo cierto es que esa sensación existe.
¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Las causas son fundamentalmente las siguientes. Primero, la judicialización de la política, es decir, en los últimos años se ha trasvasado a la jurisdicción una serie de cuestiones que son políticas o tienen un componente marcadamente político, lo que ha provocado que al resolverlo los tribunales o bien apliquen normas legales a algo que se basa en un principio de oportunidad no sujeto a la jurisdicción, o bien apliquen directamente criterios políticos. En cualquier caso, el tribunal se sitúa en un terreno que no le es propio y donde se espera una decisión popular -entre comillas- que tampoco le es propia. Es necesario discernir entre lo que es un acto administrativo de lo que es un acto político, y es necesario distinguir lo que es responsabilidad política de lo que es responsabilidad judicial. De la misma manera, en esta línea habría que pensar en la potenciación de un código deontológico para las personas que desempeñan un cargo público en el que se reforzara el sistema de incompatibilidades, se garantizara la transparencia, se delimitara -ahora que está tan en boga- en qué momento tiene que poner un responsable público su cargo a disposición al menos provisional o temporalmente, con la finalidad de no mezclar lo que es responsabilidad política, responsabilidad social, con lo que es responsabilidad judicial, que no tiene nada que ver. Tenemos, pues, la primera causa.
La segunda es el tratamiento público de determinados procesos penales. Aquí la sujeción de personas de especial relieve político o social a un proceso penal y, en ocasiones, el uso abusivo de estos procesos con una finalidad distinta de la propia del proceso penal, es decir, con una finalidad de denigrar al contrario o de conseguir por esta vía lo que no se consigue por otras, fundamentalmente por la vía electoral, está provocando que lo que se debiera resolver en el terreno estrictamente jurídico del tribunal trascienda y se convierta en una cuestión pública que además se utiliza como arma arrojadiza, propiciando juicios paralelos y condenas anticipadas que, cuando llega el momento de dictarse la sentencia correspondiente por el tribunal, con unos tiempos muy distintos, ya han calado en la opinión pública, ya da igual lo que el tribunal diga.
La tercera de las causas está relacionada con el propio diseño del Consejo General del Poder Judicial. Como ustedes saben mejor que yo, el constituyente de 1978 introdujo el Consejo General del Poder Judicial como un mecanismo o un instrumento para garantizar la independencia de los jueces. ¿Cómo? Sustrayendo al Poder Ejecutivo todas aquellas competencias que más pudieran influir en el ejercicio de la jurisdicción: nombramientos, ascensos, inspección, régimen disciplinario, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que, transcurridos treinta años, el Consejo General del Poder Judicial, armado para defender la independencia de los jueces, se ha convertido en el paradigma de la politización de la justicia.
¿Qué ha pasado? Fundamentalmente ha ocurrido por cuatro motivos. El primero es el sistema de elección. Un sistema de elección en el que los candidatos lo son a propuesta de uno u otro partido, de una u otra formación política, va a generar siempre la sospecha de que los nombrados, por profesionales y honestos que sean, no van a actuar de forma independiente o de alguna manera van a hacerlo como correa de transmisión de la formación política que les propuso. Es necesario revisar el sistema de elección, al menos de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial; pero esto no basta, es necesario cambiar toda la organización de la propia institución. La Constitución no prevé vocales de primera ni vocales de segunda ni un sistema presidencialista; la Constitución prevé un órgano colegiado en el que las decisiones se adopten colegiadamente y por mayorías cualificadas si queremos que realmente vuelva a confiar la ciudadanía en este órgano encargado de garantizar la independencia de los jueces. También es necesario recuperar competencias que se perdieron en las últimas reformas y es necesario garantizar la autonomía presupuestaria. Les voy a poner un pequeño ejemplo para que nadie plantee alguna otra cuestión. Pensemos en el Juzgado de Instrucción de Sevilla que llevó los ERE, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 o en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Cuando es necesario reforzar estos órganos judiciales debido a la carga de trabajo que como consecuencia de la investigación de esos asuntos se suma, en última instancia al que corresponde decidir es al Ministerio de Justicia correspondiente, es decir, al propio Ejecutivo. No, el consejo debería tener capacidad presupuestaria para acordar esas medidas de refuerzo y actuar en consecuencia.
La cuarta causa de esta sensación de politización está día sí y día no tanto en los medios en papel como digitales, la ida y vuelta de los jueces de la política. El hecho de que los jueces vayan a la política puede ser conveniente en la medida en que pueden aportar una formación, un bagaje o una experiencia en temas relacionados con la justicia; el problema se produce a la vuelta, porque el ciudadano tiene la sospecha o puede tener la sospecha de que este juez a lo mejor no actúa con la imparcialidad que sería necesaria. Es necesario regular esta situación. Esto no supone que se prohíba a los jueces en un momento dado acceder a la política, en absoluto, pero sí que se establezca a la vuelta una serie de garantías para evitar esas sospechas, para evitar esta contaminación. ¿Cuáles? Se trata de, por ejemplo, forzar el reingreso al órgano de procedencia y establecer la imposibilidad de moverse de ese órgano durante un determinado número de años, diez años o los que sean, o la imposibilidad de que cuando este juez vuelva pueda optar a cargos de carácter discrecional durante un número de años y, desde luego, que pueda optar a cargos en donde se pueda plantear el enjuiciamiento de aforados.
Otra de las causas que se están poniendo encima de la mesa y que incide de alguna manera en esta idea de politización es la existencia y la regulación de los aforamientos. Con esto no quiero decir que los aforamientos no sean necesarios, pero probablemente haya que introducir reformas desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo; desde el punto de vista cuantitativo, en relación con el volumen de personas a las que afecta y, desde el punto de vista cualitativo, en la medida en que se deben referir única y exclusivamente a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. Lo que no tiene sentido es que en un momento determinado, por un delito de violencia o por una alcoholemia de una persona aforad, se ponga en marcha todo el sistema de aforamientos; eso no existe en ningún país del mundo y no tiene ningún sentido, hay que revisarlo.
La última de las causas la venimos detectando -aunque ya era anterior- en las últimas semanas, y es la regulación de la fiscalía. La fiscalía está compuesta por un magnífico fiscal general del Estado, pero sobre todo por unos mucho mejores profesionales que integran la fiscalía; sin embargo, en las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio.¿Qué está pasando? Que, efectivamente, se trata de una institución que hay que reformar, probablemente tanto en lo que se refiere a la forma de nombramiento y cese, pero sobre todo y por encima de esto mediante la introducción de mecanismos que permitan compatibilizar el principio de unidad y jerarquía, que es propio del ministerio fiscal, con la imposibilidad de intervención en casos concretos. Una cosa es que se den instrucciones técnicas y otra cosa es que se incida o que se pueda incidir, porque simplemente con el hecho de poder incidir ya estamos generando esa idea de sospecha, a pesar de que día a día la realidad demuestra que las cosas no suceden así. Es necesario, igualmente, dotar a la fiscalía de la autonomía y capacidad presupuestaria necesarias para que pueda llevar a cabo su trabajo. Estas son las causas por las que nos encontramos en la situación actual de sensación de politización.
Pero el descrédito y la pérdida de credibilidad de la justicia no obedece simplemente a eso, obedece también a la convicción de la ciudadanía de que las instituciones no funcionan como debieran, y de hecho la justicia en España tiene un funcionamiento manifiestamente mejorable. ¿Cuáles son las causas que
impiden que la justicia funcione como todos quisiéramos? Están perfectamente diagnosticadas. La primera, falta de control de la litigiosidad. El incremento de asuntos que se mantiene en la Administración de Justicia es consustancial a un sistema democrático en la medida en que pone de relieve la progresiva concienciación de los ciudadanos de sus derechos. Este incremento unido al mal llamado hipergarantismo judicial, que hace que todo se judicialice y que todo se recurra, provoca una litigiosidad absurda que se perpetúa en el tiempo y que incide muy negativamente en el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, en general, sobre todo en primera instancia. Es necesario analizar qué es lo que está pasando, es necesario volver a controlar y racionalizar esa litigiosidad. Recordemos que España, a pesar de las últimas reformas, sigue estando con una tasa de entre 120 y 130 asuntos por cada mil habitantes, muy alta en relación con otros países. Eso está poniendo de relieve una judicialización excesiva de las relaciones sociales. A esto se une el coste de cada proceso -a lo mejor esto queda muy materialista, pero los presupuestos del Estado son los que son y la cantidad que hay para disponer es la que es-, que está entre 705 y 1058 euros. Pensemos en las consecuencias y en el dinero que, a lo mejor, no estamos gestionando nosotros como es debido. Primer problema, falta de control de la litigiosidad.
Segundo problema, la insuficiencia de la planta judicial. España se encuentra en uno de los puestos más bajos de la ratio de jueces por cada cien mil habitantes. Todos ustedes conocen que la media publicada en los estudios del Consejo de Europa sobre eficiencia de la justicia es del 21,6. En España, hoy, con las últimas promociones que se han incorporado, estamos alrededor del 12,5. No es necesario -se lo anticipo aquí- llegar al 21,6 con nuestro sistema de funcionamiento, pero sí que es absolutamente imprescindible ampliar las convocatorias de oposiciones. Es necesario incrementar la planta judicial entre 600 y 700 jueces. Luego, si quieren, les explico los motivos. Los datos no engañan, es cuestión de pura matemática, de pura jubilación y de restar y sumar, nada más.
La tercera causa que provoca ese indebido funcionamiento de la Administración de Justicia tiene que ver con la propia estructura organizativa, vertical y horizontal, de la Administración de Justicia. Vertical, porque no hay una idea de promoción. Tenemos la organización clásica del siglo XIX de juzgados en las capitales y en los pueblos, un órgano de apelación y un tribunal superior. Este sistema ya se ha revelado completamente desfasado y caduco. Y desde el punto de vista horizontal, qué les voy a contar yo de la problemática que nos plantea la demarcación judicial, una demarcación propia de una sociedad agraria, de una sociedad rural del siglo XIX, que no tiene nada que ver con la realidad actual. Es necesario hacer una reforma en profundidad de todo lo que es la estructura de funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
Íntimamente ligada a esta cuestión está la del soporte que debería prestar asistencia y apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional, la oficina judicial, que es propia de un siglo XIX donde había juzgados diseminados por todo el país en el que cada uno funcionaba de manera autónoma y separada, sin ningún contacto con el resto y, por supuesto, sin referencia alguna a los principios de eficiencia, eficacia y racionalización del trabajo, de responsabilidad por la gestión. Este sistema encalló y provocó la necesidad de una reforma en profundidad, que se empezó a desarrollar en el año 2003 pero que no ha dado ni mucho menos los resultados esperados. Es necesario volver a revisar qué es lo que ha pasado.
Otra de las causas que provoca el mal funcionamiento es la deficiente delimitación competencial entre las tres instituciones que tienen competencias en la materia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas. Es necesario adoptar una decisión definitiva respecto del personal. No puede haber personal en unas comunidades que dependa del Ministerio de Justicia y en otras comunidades de la comunidad respectiva. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar políticas determinadas para fomentar una mayor tutela judicial efectiva cada uno va de una manera distinta. El consejo tiene competencias en los jueces, el Ministerio de Justicia, en los secretarios, y las comunidades autónomas, en parte de los funcionarios y en los medios de la Administración de Justicia. Esta situación no está conduciendo a ningún resultado positivo.
Finalmente -y con esto concluyo- es necesario apostar por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, por el expediente digital, por la compatibilidad de los sistemas informáticos. En determinadas comunidades el sistema Internet, que tenemos todos en los móviles, lleva caído desde el viernes. Esta es una cuestión de tiempo, todos lo sabemos, simplemente porque la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se ha producido con mucho retraso respecto de otras administraciones, pero es necesario apostar por esas inversiones, es necesario apostar por dejar de lado intereses propios, intereses partidistas y buscar unos sistemas compatibles entre sí. Lo que no puede ser es que el sistema del País Vasco sea distinto del de Cataluña o distinto del
de Galicia, y cada uno, además, incompatible, de manera que no podamos mandar un escrito a través de los sistemas informáticos de uno a otro. Eso no sucede en ningún país del mundo ni tiene ningún sentido.
En definitiva, conocemos las causas, conocemos los problemas y sabemos también cuáles son las soluciones. Pongámonos a ello, porque, insisto, la justicia tiene solución, siempre y cuando interioricemos que es una prioridad que debemos construir entre todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Almenar.
Tiene la palabra, a continuación, don Raimundo Prado Bernabéu, como portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Cuando quiera.
El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, AFV (Prado Bernabéu): Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, señorías. Doy las gracias a aquellos grupos políticos que nos han llamado para exponer como asociaciones judiciales los problemas que creemos que existen en el ámbito judicial. Me han dicho que tengo quince minutos. Manuel ha consumido más, pero a mí me va a sobrar la mitad.
Voy a ser muy claro, muy rápido y sencillo. Me voy a referir a una serie de puntos que nuestra asociación y creo que todos los jueces tenemos claros desde hace tiempo. No voy a hablar de los problemas de otros colectivos. No me corresponde hablar de los problemas de los procuradores o de la abogacía, aunque, evidentemente, todos estén relacionados con la justicia. Es una pirámide que tiene muchos prismas, pero yo no soy quién para arrogarme los problemas de otros colectivos, aunque sí voy a hablar como representante de la Asociación Francisco de Vitoria y como juez, entre otras cosas porque llevo treinta años en esta carrera, desde que era un niño, porque entré con veinticuatro años y era un niño. Ahora ya soy una persona mayor y he visto muchas cosas en este Orión judicial, y reconozco que casi nunca para bien. Desde que entré en el año 1985 en la carrera judicial no he visto mejora. Por eso decía que me voy a centrar en una serie de cuestiones concretas y específicas.
Hicimos un documento en diciembre todas las asociaciones judiciales pidiendo una serie de cosas. Pues bien, no tenemos ni idea de lo que ha pasado con eso, y eso que estamos de acuerdo todos los jueces, que representamos más de la mitad del colectivo judicial, y estoy seguro de que el resto en gran parte estaría con nosotros en esas propuestas. Por otro lado, independencia judicial. Primera cuestión: ¿por qué se tiene esa percepción de la Comisión Europea, por qué se tiene esa percepción en España de que los jueces no somos independientes? Tenemos esa percepción porque se habla del juez amigo nuestro, del juez de nuestro partido, del juez de no sé qué. ¿De dónde proviene eso? Pues proviene, lo quieran o no entender -me da igual porque no aspiro a nada- del sistema actual de elección de vocales judiciales. Es así: vocal del PP, vocal de no sé qué, y pronto será vocal de Ciudadanos y pronto será vocal de Podemos. De eso estamos ya hartos. Y no solo nosotros; está harto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho una cosa que parece que tampoco tenemos que aceptar, y no sé por qué. ¿Qué problema hay? Esto parece un mantra, una cuestión con la que estamos constantemente y a la que todo el mundo nos dice que sí, como a los tontos, pero nadie hace caso. Ahora el Partido Popular y Ciudadanos dicen que sí, pero resulta que el PSOE ahora, vaya por Dios, dice que no, y no sé por qué.
Segunda cuestión, los nombramientos. Volviendo al tema anterior, insisto, no sé cuál es el problema si es que además no ha funcionado nunca que nombrásemos a nuestros representantes. Es algo tan sencillo como que los representantes sean nombrados por los representados. Sinceramente, no sé dónde está el problema. Bueno, sí sé dónde está el problema y es evidente. El Legislativo y el Ejecutivo quieren fagocitarse y me parece bien, me parece bien que defiendan lo suyo, pero yo también tengo que defender lo mío y también tengo que defender a los jueces. Los jueces queremos que seamos representados por las personas que nosotros votemos y así se evitarían cosas como, por ejemplo, las que ocurrieron ayer en esta Cámara.
Más cuestiones. En cuanto a los nombramientos, hay determinados cargos que no sé por qué los tiene que nombrar el consejo y eso es algo que ya late en los jueces. Hay determinados cargos de presidentes de audiencias provinciales, del TSJ, etcétera, que no sé por qué no pueden nombrarlos los jueces, insisto, las personas que conocen la forma de ser y de trabajar de esos cargos jurisdiccionales. No estaría mal y además con unos mandatos limitados, un par de mandatos y fuera. Así se abandonarían muchas prácticas que son perjudiciales.
Tercera cuestión. Ayer me tocó la fibra un correo de grupo de opositores de judicatura muy amplio. Como representantes de la asociación judicial tal, por favor, dígales a los congresistas, a los diputados,
que estamos sufriendo, que estamos trabajando, que estamos estudiando durante mucho tiempo, que estamos preparándonos y resulta que no salen oposiciones, que las plazas están completamente limitadas y que se están frustrando nuestras expectativas laborales y nuestras expectativas familiares. Dígaselo a los congresistas. Pues yo digo con todo el respeto a sus señorías lo que me han transmitido. Son la gente y el futuro de España, son personas preparadas, no alocadas ni nada de eso. Son personas muy preparadas, son personas muy responsables, son personas que estudian, que trabajan y que se sacrifican. Se lo tenía que decir. Eso está en relación con lo que ha dicho el portavoz del APM. En España la ratio de los jueces es ridícula y necesitamos más jueces, pero no porque queramos trabajar menos, sino porque, entre otras cosas, la economía va a funcionar mucho mejor. La seguridad jurídica de un país con más jueces, la rápida respuesta en temas de derecho administrativo y en temas económicos favorece la riqueza, favorece el empleo y evita situaciones de paro tan dramáticas como las que existen. Vamos a crear más jueces. La justicia lenta -es lo que se repite- no es justicia. Efectivamente, no es justicia. ¿Y cómo se logra eso? En principio nombrando más jueces, convocando más oposiciones con personas preparadas. Les voy a repetir una cosa -perdónenme, no se lo digo con acritud- que me han dicho varias personas. Me lo han dicho opositores, me lo han dicho jueces y me lo han dicho economistas, que todavía es peor. Suprimiendo diez parlamentarios de asambleas legislativas de comunidades autónomas, que al final la votación se supone que sería la misma, se crearían quinientos o seiscientos jueces en toda España a efectos económicos que permitirían determinadas cosas. Ahí lo dejo y tenía ganas de decirlo. En ese sentido, a lo mejor la ciudadanía piensa distinto de lo que pensamos los demás. En definitiva, creación de plazas judiciales.
Más cosas que nos preocupan, las cargas laborales. Un juez es una persona, no es una máquina, no es un robot y no es cíborg. Un estudio del propio consejo en relación con prevención de riesgos laborales muestra un resultado desalentador. Muchas personas están al borde de problemas de salud, de problemas laborales graves. No hay ningún tipo de protección y habría que protegerlas. Ruego y encarezco que en ese tema también se tenga mucha sensibilidad.
Por último, algo que parece que a la gente le da vergüenza y no sé por qué, a mí no me da ninguna, y que los jueces llevan reivindicando desde hace mucho tiempo, entre otras cosas porque la ley está para cumplirla y eso lo tienen que saber ustedes. Hay una ley de 2003 que decía que cada cinco años se tenía que reunir la Comisión interministerial de retribuciones para elevar el salario de un juez a la actualidad. Eso no existe. Es todo papel, es todo BOE. Para nada existe. Pedimos, y rogamos casi, que las retribuciones de los jueces sean adecuadas, entre otras cosas porque eso sirve, se lo crean o no, para que seamos más independientes, para que tengamos menos dependencia de otras circunstancias ajenas que siempre, como determinada abeja, intentan posarse en determinadas personas y en determinados jueces.
Sinceramente, de niño no me podía imaginar que iba a venir al Congreso de los Diputados a contarles determinadas cosas a ustedes. No voy a contarles circunstancias familiares, pero no soy un potentado ni mi familia lo ha sido, estoy muy orgulloso de estar aquí, pero también les digo una cosa: no tengo esperanza alguna. Esto me parece como la película de Luis Buñuel El ángel exterminador, se habla, se escucha, buenos gestos, pero al final nunca se soluciona nada. Ojalá no me dieran la razón y ojalá la película de Luis Buñuel acabara de otra manera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prado.
En nombre de Jueces para la Democracia tiene la palabra su portavoz, don Ignacio Ubaldo González Vega.
El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, JD (González Vega): Agradezco a la presidenta de la Comisión y a los grupos parlamentarios que nos hayan brindado la oportunidad de plantear en esta subcomisión cuáles son las propuestas de las diferentes asociaciones y en particular de la mía, de la progresista Jueces para la Democracia.
Antes de nada, sí quisiera poner en evidencia que estamos ya casi en el ecuador de la legislatura. Si no me equivoco, en el mes de junio se cumplirán dos años desde que se convocaron las elecciones a Cortes Generales y se constituyó esta legislatura. En fin, ponerse ahora a estas alturas a hablar sobre las necesidades y el diagnóstico de la justicia en España es, cuando menos, redundante. También quiero poner en evidencia, y lo lamento, la inactividad tanto del Gobierno como del Parlamento en materia de justicia, pese a las inaplazables necesidades y carencias de nuestra Administración de Justicia.
Quiero recurrir a los ciudadanos porque los ciudadanos son los que, en definitiva, hacen el mejor diagnóstico de la situación de la justicia y a este respecto contamos con el quinto barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española de 2015 que pone de manifiesto el clamor ciudadano por una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la justicia en España. Y, lo que es más importante, en relación con anteriores estudios de opinión, con el paso de los años crece paulatinamente el porcentaje de ciudadanos que emiten un diagnóstico desfavorable sobre el funcionamiento de nuestros tribunales.
Mi intervención va a consistir, por una parte, sobre la situación de la justicia, la justicia como el servicio público y en referencia al ciudadano y, más en concreto, al justiciable y, por otra, sobre la independencia de la justicia. El principal problema que tiene la justicia en España es de organización y eficacia. Así también lo opina un 80 % de los ciudadanos españoles en el antedicho barómetro. Desde Jueces para la Democracia siempre hemos exigido o reclamado que se actualice esa organización judicial. Estamos con una organización judicial decimonónica y sin que a la postre se haya actualizado más que en aspectos puntuales. Tenemos el colapso que sufren ante la avalancha de demandas por las cláusulas suelo o la realidad de los juzgados de lo social. En algunos de los juzgados de lo social hay un grado de perjuicio para aquellas personas que, habiendo perdido su empleo, después ven cómo su demanda se demora, las demandas de prestación por despido, juicios de despido señalados según los casos para dentro de dos o tres años y eso es algo que está ocurriendo en España.
En ese sentido, ¿cuáles son las causas de esa doble victimización? Mis compañeros han señalado una: efectivamente, el número de jueces en España. Y aporto, como dato nuevo, que para la Comisión Europea es el séptimo país -por la cola- en número de jueces por habitante. Pero es que además hay otra cuestión, y es que la justicia está congelada. Desde que ha llegado al poder el Partido Popular no se ha creado ningún órgano judicial. Y lo que sí es una realidad es que la demanda de tutela judicial efectiva por los ciudadanos es cada día más compleja y mientras tanto las unidades judiciales siguen sin crearse. Estamos con un atasco. Y así se están produciendo esas medidas de parcheo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros reclamamos obviamente, y atendiendo a las demandas a las que ha aludido mi compañero de la Francisco de Vitoria, que es necesario que se convoquen más plazas de oposiciones. Aporto datos porque creo que esa es la mejor manera.
En el año 2012 no hubo ninguna convocatoria de jueces y fiscales, que se unificó en el 2001. En todo caso, en los años precedentes se había convocado desde 2001 a 2011 un número de plazas que oscilaba entre 240, 205, 281, 300, 370, 400, 400... En el 2012 no se convoca ninguna y a partir del 2013 se convocan 50 ese año, en el 2014 cien, en el 2015 otras cien y ahora estamos a la espera de que se convoquen cien plazas. Y si se hubieran convocado antes de abril podríamos tener a los jueces ya para el año que viene; como no ha sido así, esto va a suponer un retraso, va a suponer el cierre de la Escuela Judicial... En fin, más retraso y añadir más carencias y necesidades de las que tiene la Administración de Justicia. Son manifiestamente insuficientes esas cien plazas; si se distribuyen como en años anteriores, eran 65 de jueces y 35 de abogados fiscales. Cuarto turno. Aquí nosotros también reclamamos que se sigan convocando, tal como establece la ley, plazas para el cuarto turno, que es para ese turno de juristas. La media de plazas ofertadas en los últimos años ha sido entre 15 y 30 plazas que son obvia y manifiestamente insuficientes.
Sobre las condiciones profesionales de los jueces quiero hacer dos menciones. Por un lado está la carrera judicial que yo creo que a veces es reflejo de la sociedad española, en donde es evidente que hay una brecha generacional entre las juventudes y la gente más mayor y en la carrera judicial pasa lo mismo: hay una brecha generacional. Las nuevas promociones están en una situación de precariedad laboral, están los jueces en expectativa de destino, las situaciones de refuerzo, no son titulares de un órgano judicial... Eso, primero, repercute en un principio constitucional que es el de la inamovilidad y, segundo, en lo que es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de los jueces.
De las cargas de trabajo ya ha hablado mi compañero y es una situación que hay que reseñar: las cargas de trabajo que están sufriendo una buena parte de los juzgados españoles; creo que hay que tomar alguna medida al respecto. En el caso del turno de oficio es una buena noticia y hay que aplaudir que el Congreso haya aprobado el pasado 11 de mayo, sin ningún voto en contra, la proposición de ley presentada por el Partido Popular y el Partido Socialista para garantizar que abogados y procuradores del turno de oficio continúen sin estar sujetos al pago del IVA. Al menos eso es una buena noticia.
En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde Jueces para la Democracia hemos reivindicado un nuevo modelo de proceso penal ágil y moderno, apto para combatir la criminalidad organizada y las
complejas tramas de corrupción. Ahora bien en las condiciones actuales, nosotros, que somos defensores de que la investigación penal la asuma el ministerio fiscal, tengo que reconocer que hoy por hoy no se dan las condiciones para que el ministerio fiscal asuma la investigación penal, y lo digo con mucho dolor porque además el ministerio fiscal tiene también una función no menos importante que es la de velar por la independencia de los Tribunales de Justicia y, tal cual se están escuchando las noticias sobre los nombramientos en la Fiscalía General del Estado, es evidente que nosotros hoy por hoy no tenemos en nuestra agenda reivindicar que el ministerio fiscal asuma la investigación penal ni tampoco la limitación de la acusación popular donde nosotros entendemos -en teoría- que sí habría que buscar algún tipo de limitación. Ahora bien, lo que nosotros reivindicamos desde aquí y siempre ha sido modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la autonomía funcional y evitar ese tipo de servidumbres que tiene la Fiscalía General del Estado con respecto al Ejecutivo. En cuanto a la falta de medios y recortes presupuestarios hay que poner en evidencia que España está, junto a Irlanda y Portugal, a la cabeza de los recortes presupuestarios en materia de justicia, y esto lo señala el Consejo de Europa.
Propuestas. Entre nuestras propuestas hay que destacar que la justicia se deja la salud y los ciudadanos obtienen una respuesta rápida y de calidad pese a la deliberada omisión del Gobierno, pero es inaplazable una nueva organización y planta judicial. Nosotros reivindicamos los tribunales de instancia como una organización judicial acorde con los tiempos y con la sociedad en que vivimos y, al menos, la creación de órganos judiciales. Yo comparto a este respecto la opinión del portavoz del Grupo Socialista al que al menos se le ha oído decir alguna vez que la creación de un órgano judicial supone hoy por hoy que en dos años ya está fagocitado por el propio sistema y que de poco sirve crear un órgano judicial porque lo necesario es actualizar la organización judicial. En todo caso estamos en contra de parcheos como el de las adquisiciones forzosas y generalizadas de órganos judiciales con menor carga de trabajo porque va en perjuicio de su especialización como ocurre en esos casos, y en las últimas medidas del Consejo General del Poder Judicial ha sido el tema de la especialidad de menores.
En cuanto al tema de la independencia judicial, ya el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura ha puesto en evidencia el informe de la Comisión Europea sobre la falta de percepción de independencia judicial y de los tribunales que tienen los españoles. Y estamos a la cola, solo por detrás de Eslovaquia y de Bulgaria. Pero aquí hay que destacar sobremanera cuáles son las causas que señalan los ciudadanos. La primera causa que señalan los ciudadanos de esa falta de independencia son las interferencias y presiones tanto del Gobierno como políticas. Ese es el primer motivo y hoy por hoy es algo que está muy de actualidad, es decir las interferencias y las presiones en los Tribunales de Justicia y en la fiscalía. Las noticias que se están conociendo estos días a raíz de escuchas de investigados en asuntos ponen en evidencia, sobre todo, cuál es la primera causa de la percepción de falta de independencia. También hay que decir que cuando la pregunta se le formula a las empresas en España los resultados cambian poco, un 59 % considera la situación de independencia judicial como mala o muy mala. Y esta vez el ranking no nos sitúa en el número 26.º sino en el número 22.º Por tanto en este sentido es imprescindible alejar la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación reclamando un Poder Judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de autonomía funcional y sin dependencias externas.
El Consejo General del Poder Judicial merece un capítulo aparte y en los pocos minutos que me quedan simplemente diré algunas paradojas. Por un lado, el protagonismo mediático que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es muy superior al de otros órganos constitucionales y que lo sitúa de modo permanente en el debate político. Bueno, pues resulta paradójico porque hay un elevado grado de desconocimiento de la ciudadanía sobre el funcionamiento y las responsabilidades que tiene este órgano constitucional. Estoy de acuerdo en que ha habido una colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos y especialmente del Consejo General del Poder Judicial. Además creo que el descrédito que sufre este órgano contagia al sistema judicial en su conjunto, cuando se habla de la politización de la justicia y se está hablando del Consejo General del Poder Judicial se está generalizando, y no solamente a su órgano de gobierno sino también a los juzgados y Tribunales de Justicia. En ese sentido, antes que nada quiero acabar con lo que serían propuestas del Consejo General del Poder Judicial, que son similares a las que ha anunciado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Por un lado, la recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la reforma que se hizo de la ley orgánica estando de ministro Ruiz-Gallardón; la sustitución del funcionamiento presidencialista que hay actualmente por el órgano colegiado, tal como es su construcción genuina a nivel constitucional. La dedicación exclusiva de los vocales, porque creo que eso es importante. No parece muy de recibo que un vocal del consejo que sea abogado y de la comisión disciplinaria acuda a un tribunal de justicia; evidentemente ahí
hay alguna anomalía que habría que evitar. Un sistema de mayorías cualificadas para el nombramiento de altos cargos judiciales, sería enunciar lo mismo que se ha hecho con el Consejo de Radio y Televisión Española, y después emancipar el Consejo General del Poder Judicial del control de los partidos políticos. Y en este sentido un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y magistrados. Eso sí, lo que ha de conseguirse es una mayoría plural, equilibrada, combinada con la presencia de las minorías, lo que tendría más fácil para evitar que el consejo acabe por incurrir en defensas corporativas de intereses judiciales ilegítimos o contrarias al interés general, que a nosotros nos parece muy importante.
Ya para acabar creo que un ejemplo a seguir es una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en el año 2001 -creo recordar-, que fue la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia. Fue una iniciativa parlamentaria histórica, insisto, fue la única vez que se alcanzó unanimidad de todos los grupos políticos en la Cámara, aunque carente, por supuesto, de fuerza de ley. Lo que reclamaba era una justicia transparente, comprensible, atenta y responsable con el ciudadano y la ciudadana.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Vega.
Por último, para terminar, tiene la palabra doña Concepción Rodríguez González del Real, presidenta del Foro Judicial Independiente.
La señora PRESIDENTA DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, FJI (Rodríguez González del Real): Antes que nada quiero dar las gracias a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por habernos invitado en el día de hoy y a todos ustedes por escucharme.
La Asociación Foro Judicial Independiente desde su constitución viene reclamando que el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, sea un órgano independiente. Nosotros venimos reclamando que los doce vocales de procedencia judicial sean designados por los jueces y magistrados. Hemos mantenido una postura coherente porque en ningún caso hemos querido participar en la elección de los vocales ni realizar candidaturas a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Coincidimos plenamente con la posición mantenida por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y por el Comité Consultivo de Jueces Europeos. Ellos vienen manifestando que para que exista un Estado social y democrático de derecho es necesario que los tres poderes se encuentren absolutamente separados: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y que para que exista un Poder Judicial fuerte e independiente es necesario que el órgano de gobierno de los jueces al menos en la mitad de sus miembros esté constituido por y entre sus pares.
Así encontramos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia de 21 de junio del año 2016. En esta sentencia, el famoso caso Ramos Nunes Coelho contra Portugal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Portugal por entender que ha habido una infracción del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma, de 4 de noviembre de 1950, relativo al derecho a un proceso justo y equitativo, en su vertiente de órgano de enjuiciamiento independiente por entender que el Consejo Nacional de la Magistratura portuguesa no reunía esos requisitos.
Encontramos asimismo la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 26 marzo del año 2016. En esta recomendación el Comité de Ministros del Consejo de Europa pone de manifiesto que para que exista un Poder Judicial independiente es necesario que el órgano de gobierno de los jueces se encuentre constituido por lo menos en la mitad de sus miembros por sus pares y que también sean elegidos por ellos. En este mismo sentido encontramos la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es decir, el Estatuto de los jueces europeos, que viene a manifestar lo mismo, y por último el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, es decir, el Informe Greco, que lo que viene denunciando en los últimos años es la falta de independencia judicial en nuestro país.
Tenemos que recordar que el órgano de gobierno en España, que es el Consejo General del Poder Judicial, viene regulado en el apartado 2 del artículo 122 de la Constitución española de 29 de diciembre de 1978. Pues bien, tenemos que señalar que la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 1/1980, de 1 de enero, había establecido que los doce vocales de procedencia judicial serían designados por jueces y magistrados cualquiera que fuese su categoría siempre que se encontraran en servicio activo. No es sino con la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, cuando se produce un cambio de sistema y pasa la elección de los doce vocales de procedencia judicial a la elección parlamentaria, es
decir, por el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta cuestión dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que se resolvió con la famosa sentencia 108/1986, de 29 de julio. La sentencia del Tribunal Constitucional declaró que el procedimiento era constitucional pero en su fundamento jurídico tercero advirtió del riesgo que se sufría de no tener en cuenta los grupos parlamentarios el verdadero sentido y alcance del artículo 122 de la Constitución. Es decir que, en función de la fuerza de los grupos políticos en cada una de las Cámaras, se procediera a un reparto proporcional y por lo tanto una distribución de los vocales a designar en el consejo, que es lo que ha sucedido en la práctica.
Además, tenemos que decir que la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, ha sido objeto de múltiples reformas, nueve en concreto; tres de ellas afectan al órgano gobierno de los jueces. Encontramos en primer lugar la Ley 2/2002, de 28 de junio, la Ley 2/2003, de 28 de diciembre, y la que consideramos que es la más perjudicial, la 4/2013, de 28 de junio. Cada una de estas leyes ha sido una vuelta de tuerca a la independencia judicial en nuestro país. En concreto, la reforma que más ha dañado la estructura interna del órgano ha sido la de la Ley 4/2013, de 28 junio. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha desapoderado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, atribuyendo sus facultades a la comisión permanente. Solamente el presidente y los miembros de la comisión permanente tienen dedicación exclusiva. Es más, las decisiones de la comisión permanente ya no son susceptibles de un recurso de alzada ante el pleno sino solamente serían susceptibles de un recurso de reposición y de un recurso en vía contencioso-administrativa. Se crea la figura del promotor de la acción disciplinaria, pero sus decisiones son susceptibles de revisión ante la comisión permanente.
También tenemos que tener en cuenta, como ha puesto de manifiesto el compañero de Jueces para la Democracia, que los miembros de la comisión disciplinaria permanecen durante todo el mandato pero son miembros sin dedicación exclusiva, lo cual constituye un verdadero absurdo porque supone que aquellos miembros o vocales que procedan de la abogacía pueden tener pleitos en juzgados cuyo titular se encuentra investigado por la comisión disciplinaria; o que incluso aquellos vocales de procedencia judicial tengan que compartir sala o sección con magistrados que son investigados por la comisión disciplinaria, lo cual es un auténtico absurdo. Por lo tanto, con ello quiere decir que la Ley 6/1985, de 1 de julio, a pesar de las múltiples modificaciones que ha tenido, no ha conseguido solventar el problema de la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces; no solamente no se ha solventado sino que se ha empeorado con cada una de las reformas. Por eso desde Foro Judicial Independiente defendemos que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Entendemos que esto no es menos democrático, porque lo democrático no es que un poder del Estado controle otro poder del Estado, lo verdaderamente democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes y, por lo tanto, lo propio sería que los jueces y magistrados eligieran a los doce vocales de procedencia judicial. Foro Judicial Independiente en ningún caso quiere que las asociaciones judiciales sustituyan a los partidos políticos, lo que exigimos es una máxima representatividad de todos los miembros de la carrera judicial en el consejo. No buscamos poder, lo que buscamos es un sistema más democrático.
En segundo lugar, somos totalmente contrarios al sistema de puestos de libre designación que lleva a cabo nuestro Consejo General del Poder Judicial. La práctica nos demuestra que hasta en tres ocasiones el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de los nombramientos, nombrándose a la misma persona, o que incluso se nombra para presidencias de tribunales superiores de justicia o audiencias provinciales a magistrados que no tienen antigüedad para estar en el propio órgano o a magistrados que nunca han estado en el órgano colegiado.
En Foro Judicial Independiente defendemos que las presidencias de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales sean designadas por los propios miembros de los órganos colegiados, dado que consideramos que es una competencia perturbadora dentro del consejo. También abogamos, desde Foro Judicial Independiente, por que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo se encuentre previamente regulada, reglamentada y tasada para que, cuando se elija a un magistrado y no a otro, se sepa cuáles son las causas por las que se elige y que además el nombramiento sea motivado, para que cualquier miembro de la carrera judicial pueda acceder y enfocar su carrera profesional al alto tribunal. Somos contrarios a la designación por los parlamentos autonómicos de los magistrados de las salas civiles y penales en los tribunales superiores de justicia, porque luego supone que van a ser esas mismas salas y esos mismos magistrados quienes van a enjuiciar a los políticos que los han designado. Nosotros consideramos que la situación actual de los nombramientos discrecionales es insostenible.
Por otra parte, la función principal de nuestro órgano de gobierno es amparar en la independencia a los jueces y magistrados. Las estadísticas demuestran que, aunque inicialmente los jueces y magistrados acudían al órgano de gobierno pidiendo amparo cuando se encontraban perturbados en su independencia, esta era sistemáticamente negada por el Consejo General del Poder Judicial, por lo que en los últimos años los jueces y magistrados no acuden a su órgano de gobierno pidiendo este amparo. Desde aquí, por tanto, abogamos por un cambio de sistema.
Entrando ya en el segundo de los ámbitos, el ámbito de la justicia como servicio público, por supuesto Foro Judicial Independiente defiende una justicia que sea más rápida, eficaz y más cercana al ciudadano. Para una justicia más rápida nosotros, igual que sucede con Jueces para la Democracia, abogamos por una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero además por una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, sobre todo en materia de ejecución de sentencia, porque de nada sirve acortar los plazos de tramitación y la puesta en sentencia si luego se tarda mucho más tiempo en ejecutar esa sentencia. En consecuencia, entendemos que la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 exige una importante reforma en materia de ejecución.
Para una justicia más cercana a los ciudadanos nosotros, en principio, nos oponemos a los tribunales superiores de justicia que supongan un alejamiento de la justicia del ciudadano. Yo creo que es muy peligroso dar un tratamiento unitario a todas las materias. La justicia no es solamente una justicia mercantil o contencioso-administrativa. Existen otros ámbitos, como pueden ser los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de menores o los juzgados de incapacidades, y estos juzgados tienen que estar cerca del ciudadano y que el ciudadano sepa dónde está el juzgado, dónde tiene que acudir. De otra suerte, sería alejar esa justicia de los ciudadanos. No queremos decir que estemos en contra de un cambio de organización. Decimos que cualquier cambio de organización tiene que tener en cuenta que la justicia es muy amplia y no todas tienen la misma naturaleza.
Somos totalmente favorables a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tanto la conciliación como la reparación como la mediación, no solamente porque suponen descargar a los juzgados o tribunales, sino porque la satisfacción del ciudadano es mucho mayor que la de tener que pasar por un proceso judicial. Por último, para una justicia más ágil y eficaz está claro que es manifiestamente insuficiente el número de jueces. El informe de la Comisión Europea del año 2014 relativo a eficiencia y calidad de la Administración de Justicia pone de manifiesto que la media europea es de 21 o 22 jueces por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, la media española es de 11 jueces cada 100 000 habitantes. Es más, en los últimos años, dada la situación de crisis económica, ha habido una congelación de la oferta de empleo público y, por supuesto, de las plazas de jueces. Esto ha provocado una situación en la que ni siquiera las plazas convocadas sirven de tasa de reposición a los jueces y magistrados que han fallecido o que se han jubilado. Coincidimos con el resto de la mesa en exigir una ampliación de las plazas de jueces y por supuesto establecer por lo menos una media europea en el número de jueces por número de habitantes.
En cuanto al ámbito profesional, quiero poner aquí de manifiesto que los jueces y magistrados no nos sentimos representados por nuestro órgano de gobierno, es decir, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las decisiones del Consejo General del Poder Judicial en muchísimos casos están muy alejadas de los jueces. Voy a citar las últimas decisiones en materia de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, hay una negativa manifiesta por el Consejo General del Poder Judicial de fijar unas cargas de entrada en los juzgados mínimas a efectos de salud. En segundo lugar, mantiene una interpretación absolutamente literal de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí me referiré a los días de vacaciones por los años de servicio, que en su día fueron suprimidos por la situación de crisis económica de nuestro país, pero que han sido recuperados en el resto de la Administración pública. Sin embargo, en la carrera judicial no se han recuperado porque están regulados por una ley orgánica, por tanto, requieren una reforma por ley orgánica. ¿Qué pasa? Que el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de realizar una interpretación flexible del precepto favorable a la conciliación de la vida personal y familiar, realiza una interpretación absolutamente literal del precepto. También en materia de licencias por paternidad, se ha conseguido ampliar las licencias por paternidad a un tiempo de un mes. Pues bien, tenemos que decir que en la carrera judicial no disponen los jueces y magistrados de este mes debido a una interpretación literal del precepto. Es más, es que es una interpretación contraria al principio de corresponsabilidad que recoge la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Hombre y Mujer. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial está realizando una interpretación no solamente contraria a los jueces, sino contraria a la ley.
Aquí tengo que poner de manifiesto que la asociación Foro Judicial Independiente ha presentado escritos tanto en el Defensor del Pueblo como en el Congreso de los Diputados y en el Senado, solicitando que se plantee un recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia. No obstante, a largo plazo consideramos que la solución es incluir una cláusula de remisión expresa a los derechos reconocidos al resto de la Función pública en la Ley Orgánica del Poder Judicial o, si no, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial sacando esta materia de la ley orgánica y regulándola por vía reglamentaria del consejo. Además, somos absolutamente contrarios a las últimas decisiones tomadas por el consejo, en concreto en la especialización de juzgados civiles provinciales en las denominadas cláusulas suelo. Es decir, de una forma aleatoria y sin saber cuáles son los motivos se procede a una especialización de esos juzgados, lo cual entendemos que puede afectar al derecho de los ciudadanos de un juez natural predeterminado por ley previsto en el artículo 117 de nuestra Constitución. Igualmente, somos contrarios a la interpretación que realiza el Consejo General del Poder Judicial en materia de licencias para actividades asociativas, que incluso es más restrictiva que lo establecido en los propios reglamentos. En este sentido, tenemos que decir que está contraviniendo lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, que recoge claramente este derecho de asociación.
Por lo que respecta al ámbito social, quiero poner de manifiesto que nuestro órgano de gobierno mantiene una posición poco sensible con las jurisdicciones especializadas, y me estoy refiriendo a violencia de género y a la jurisdicción de menores; en concreto, en lo relativo a la jurisdicción de menores se ha adoptado un acuerdo, el 23 de marzo del año 2017, por el cual el Consejo General del Poder Judicial adscribe a los jueces de menores a otros órganos jurisdiccionales, como son los órganos de apelación civil, órganos contencioso-administrativos, órgano social, que nada tienen que ver con los juzgados de menores. Pues bien, esta situación no solamente no va a solventar el problema de colapso que tengan esos órganos jurisdiccionales o la falta de jueces, sino que además provocará un desfase en lo relativo a la justicia penal juvenil. La justicia penal juvenil en el ámbito de la Unión Europea es un referente, dado el breve tiempo de respuesta y el alto índice de reinserción y resocialización de nuestros menores. Con ello se evita que muchos de estos menores terminen en el derecho penal de adultos, por tanto, tiene una importante función social que cumplir. Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha desconocido nuestra normativa internacional, en concreto las reglas mínimas de organización de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, de 29 de noviembre 1985, que recogen el principio de especialización de los jueces de menores y el principio de preferencia de este tipo de procedimientos y de agilidad en la tramitación de los mismos. Estos están recogidos también en los artículos 37 y 40 de la Convención de Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, norma internacional vinculante para los Estados que hubieran ratificado, y España ratificó sin reserva el 26 de diciembre de 1990. Es más, la Comisión permanente ignora que la Directiva 800/2016, sobre garantías procesales para menores sospechosos o sujetos a proceso penal, establece en su artículo 13 la necesidad de especialización de todos los intervinientes en el proceso penal juvenil, entre ellos, los jueces de menores. Además, en el artículo 23 establece el derecho a un proceso sin dilaciones y de carácter ágil y preferente, y en el artículo 29 establece que la trasposición de la directiva deberá realizarse antes del 11 de junio del año 2019. Es decir, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha adoptado un acuerdo que va a afectar gravemente a la justicia penal juvenil en España, pues se va a desmantelar la justicia penal juvenil para tener que trasponer la directiva y tener que volver a construir lo que ya se ha destruido.
Quiero ser bastante crítica con la forma en que se está procediendo a las trasposiciones de la directiva, en concreto me refiero a la Directiva 2010/69, relativa al derecho de interpretación y traducción en el proceso penal, y a la Directiva 2012/13, relativa al derecho de información. Pues bien, estas dos directivas se trasponen con la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. La ley orgánica no prevé mecanismo alguno para dar cumplimiento a la obligación legal de entregar los documentos traducidos a los acusados inculpados o expedientados que no tengan conocimiento de nuestra lengua. Está previsto en la directiva la creación de un colegio oficial de intérpretes y traductores oficiales, así como de un mecanismo para la rápida traducción de estos escritos, sin embargo, la ley dice que las disposiciones se trasponen con presupuesto cero. En el mismo sentido, encontramos la Directiva 2012/29, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que ha dado lugar a la Ley 4/2015, de 27 de abril, y que en la disposición adicional primera también dice que la trasposición se produce con presupuesto cero. Se trata de víctimas en ocasiones vulnerables, es decir, menores de edad o personas con capacidad judicial limitada, por tanto, debería haberse establecido un presupuesto para dar cumplimiento a esta normativa, porque a los jueces no nos
gusta incumplir la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por favor, toda norma, todo cambio, toda modificación, toda trasposición de la directiva, tiene necesariamente que tener asignado un presupuesto para llevarla a cabo. Con esto termino.
Pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Ciuró, ¿quiere hacer alguna intervención?
La señora CIURÓ I BULDÓ: Simplemente quiero agradecerles su presencia a los comparecientes y excusarme por el retraso. Se están solapando distintas sesiones y los grupos pequeños tenemos problemas para asistir a todas. En cualquier caso, quiero decir que el final de las dos últimas comparecencias me han causado una especial alarma por el hecho de venir de quienes vienen. Han puesto ustedes el acento en la cuestión de la independencia judicial, tema que se está tratando en esta casa muchísimo últimamente, pero que venga de boca de ustedes es significativo, con lo cual, es uno de los primeros elementos a atajar en este pacto por la justicia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró.
Quiero agradecer igualmente la exposición que nos han hecho los representantes de las distintas asociaciones, porque la verdad es que han sido muy claros. Pocas preguntas tengo que hacer; simplemente quiero reflexionar sobre lo que nos han planteado, y para no dejar huérfano el trámite mencionaré dos cuestiones. Ha habido muchas referencias a la organización, pero me gustaría que hiciesen alguna reflexión sobre reformas normativas, aspecto sobre el que teníamos intención de hablar. Se ha tocado tangencialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en materia civil se han tocado las ejecuciones, problema que hemos calificado en alguna sesión como de cuello de botella. También se ha mencionado algún aspecto normativo más de tipo procesal, o de regulación material, justicia alternativa, como la mediación, etcétera, aspectos que afectan a los ciudadanos. Asimismo, me gustaría que hicieran alguna pequeña reflexión, si lo consideran, respecto a la adecuación territorial de la justicia; es decir, la adecuación de la justicia al Estado autonómico. El representante de APM ha hecho referencia de manera tangencial a los tres niveles, sobre todo, desde el punto de vista del personal, por lo que me gustaría que hicieran alguna reflexión sobre los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas; el principio de plenitud respecto al rol del Tribunal Supremo; la desconcentración gubernativa del Consejo General del Poder Judicial, cuestión que está planteada nominalmente pero que nunca se ha desarrollado en los tribunales superiores. Se ha tocado el tema del personal y la disfunción que se produce en la oficina judicial, de manera que el responsable de la oficina responde ante el ministerio y el resto del personal responde ante la comunidad autónoma, en la medida en que esta tenga reconocidas las competencias en Administración de Justicia.
En cuanto a lengua oficial propia y al derecho propio, son cuestiones que hemos tratado en la Comisión y tengo que decir que, en función de los grupos intervinientes, hay una mayor satisfacción o insatisfacción al respecto, todo ello vinculado a la atención de los ciudadanos en su lengua. En cuanto al Registro Civil, es una cuestión que parece que ya está solventada. Esto es todo.
Muchas gracias por la claridad de las explicaciones. Quedo a la espera por si tienen alguna consideración que hacer sobre los aspectos a los que me he referido.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella y Farré.
Quiero agradecer a los cuatro representantes de las distintas asociaciones de jueces y magistrados la claridad de la exposición y lo concreto de sus intervenciones, que han puesto el foco en cuestiones que ya han sido objeto de debate en la Comisión de Justicia y que abundan no solo en la necesidad de que exista la independencia judicial -que se aparente que es independiente- sino de que lo sea realmente. Comparto la opinión de los cuatro intervinientes respecto a poner el foco en la necesidad de recuperar la
situación del Consejo General del Poder Judicial anterior a la reforma operada por el ministro Gallardón, en el sentido de que se daba plena independencia a los vocales como miembros que trabajaban exclusivamente en beneficio de la organización del propio gobierno de los jueces y magistrados. Por tanto, la pregunta es muy clara y directa, y aunque han sido ustedes muy claros, quiero insistir en este tema, y es que en materia de gobierno de los jueces y magistrados habría que volver a la situación anterior a la reforma operada, en el sentido de exclusividad de sus miembros para el cargo, un sistema no presidencialista -el actual lo es-, reducción de los miembros que forman parte de la Comisión Permanente. En definitiva, todo aquello que garantizaba la pluralidad, la diversidad, el debate plural y en consecuencia la toma de decisiones de forma colegiada.
En segundo lugar, y en cuanto a la Administración de Justicia como servicio público, quiero mencionar cuestiones tales como las garantías para la ciudadanía, el turno de oficio -se ha referido a ello el representante de Jueces para la Democracia- y las garantías procesales, aspectos que van ligados a las garantías del proceso penal y, por tanto, a la pretendida reforma que se anuncia y que además ha sido objeto de defensa por distintas asociaciones de jueces y magistrados, pero también por abogados y procuradores, con relación al proceso penal y, en consecuencia, a la instrucción por parte de los fiscales. La segunda pregunta se referiría a este aspecto, con independencia de la situación actual: ¿Qué plantean reformar, de qué manera y cómo visualizan la figura del ministerio público? Ya sé que es una pregunta más dirigida a los fiscales pero, en todo caso, como jueces y, por tanto, jueces de garantías en un proceso instruido por el ministerio público, tienen la capacidad de explicarnos cómo debería ser la figura del ministerio público en aras de garantizar esta autonomía y sin responder a otro criterio que el interés general y la defensa de la legalidad.
El tercer aspecto que me gustaría tocar sobre estas garantías en relación con la ciudadanía es el despliegue de la carta de derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia. Es verdad que no tenía fuerza ejecutiva al no ser ley, pero me gustaría saber de qué manera creen ustedes que debe ser reflejada en un texto legal a los efectos de garantizar los derechos del ciudadano, incluyendo el uso de la lengua propia de la comunidad autónoma, etcétera.
En todo caso, les agradezco de nuevo su capacidad de síntesis, de poner el acento y el foco en aquello que desde hace mucho tiempo ha sido objeto de debate y, por tanto, de diagnosis que nos permite saber perfectamente qué nos beneficiaría a todos como ciudadanos y ciudadanas del Estado español y también a Cataluña y las aspiraciones que en estos momentos tenemos desde Cataluña.
Sean bienvenidos otra vez a esta su casa y muchas gracias por las explicaciones, la comparecencia y todos los argumentos y necesidades que nos han expuesto a lo largo de la misma.
En primer lugar, quiero disculpar a mi portavoz, don Ignacio Prendes, porque no ha podido asistir a esta Comisión. Tenía muchísimo interés en escucharles de viva voz y seguramente que seguirá la grabación o el Diario de Sesiones para tomar conocimiento de todo lo que ustedes nos han trasladado hoy. En segundo lugar, quiero que trasladen la felicitación de Ciudadanos a todos sus asociados y, por extensión, a todos los miembros de la carrera judicial. Somos muy conscientes de las dificultades que entraña su trabajo hoy en día, con tan escasos medios, con estas ratios y estas cargas de trabajo. Quiero compartir que es algo que también sufrimos los profesionales que nos marchamos del despacho a altas horas de la noche y, por supuesto, los funcionarios de justicia. Entre todos debemos reconocernos la labor que hacemos y que tratamos de sacar adelante la justicia con nuestro trabajo.
Me van a permitir que en mi intervención me guíe por el comunicado conjunto que ustedes publicaron en junio de 2016, ya que han hecho unas intervenciones transversales tocando muchos, temas y en algún caso solapándose, por lo que como este documento lo han elaborado ustedes y lo conocen bien les será más fácil a la hora de tomar nota de las preguntas que les voy a formular. (Muestra un escrito). En este documento citaban una serie de puntos esenciales, comenzaban con un nuevo modelo de carrera judicial y de organización territorial y funcional de la Administración de Justicia y sobre este asunto hacían sus aportaciones. Hemos echado en falta el mérito y la capacidad como principios inspiradores de ese nuevo modelo de carrera judicial. Esa es la pregunta, ¿creen ustedes que el mérito y la capacidad deben ser los principios rectores e inspiradores de ese nuevo modelo de carrera judicial? En segundo lugar, citaban la
implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la justicia y la confianza de la ciudadanía en sus tribunales. No podemos estar más de acuerdo. A Ciudadanos le preocupa muchísimo la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en su Administración de Justicia. No voy a citar aquí todas las noticias que nos han asaltado en estas últimas semanas, principalmente porque no afectan a la carrera judicial, pero sí voy a citar este artículo (Muestra recortes de prensa) que suscribieron ustedes cuatro, titulado Independencia y medios, publicado en El País en diciembre de 2016. Lo voy a citar para hacer mías y compartir absolutamente algunas de las frases que ustedes ponían en negro sobre blanco: Exigir independencia como garantía de credibilidad; normas eficaces frente a los intentos de politizar la justicia y de judicializar la política; recuperar la credibilidad de la justicia garantizando la independencia, etcétera.
Don Manuel lo ha resumido hoy muy bien; ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial tiene las armas para defender la independencia judicial, pero que lo que falla es el sistema de elección de los vocales que representan a los jueces en dicho consejo. Aquí tengo que trasladarles una mala noticia que, seguramente, ya conocen pero no por ello deja de ser mala. El Grupo Ciudadanos se siente muy solo en la aspiración de reformar la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Cada vez que lo hemos intentado se nos ha acusado de favorecer su corporativismo, de plantear modelos poco representativos. En este sentido, mi pregunta es la siguiente, ¿tienen ustedes alguna buena noticia que darme? ¿Cómo van esas conversaciones que estábamos manteniendo en torno a la posibilidad de establecer o consensuar un modelo de elección de los vocales que viniera avalado por las cuatro asociaciones y que, en todo caso, respetara también la representación de los jueces no asociados? Teniendo ese modelo en la mano, nos sería mucho más fácil alcanzar el consenso en esta Cámara en cuanto a la reforma que se pudiera plantear.
Volviendo a su documento de pacto por la justicia, también se referían a la redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia y, en concreto, favorecer la coordinación entre la Administración estatal y las autonómicas. Mi pregunta es, ¿qué competencias concretan consideran ustedes que se prestan a confusión o que no están bien delimitadas entre la Administración estatal y la Administración autonómica? En cuanto al Plan de Inversión Económica, Ciudadanos tiene que sacar pecho de su negociación de los Presupuestos Generales del Estado porque algo hemos conseguido. Sé que 100 millones de euros al año, como una dotación extraordinaria para modernizar la Administración de Justicia, no son suficientes, pero qué duda cabe de que se trata de un comienzo y de que seguiremos trabajando en los próximos Presupuestos Generales del Estado para conseguir mejores partidas para ello. En este sentido, también tomamos nota de su exigencia en cuanto al Plan de Ampliación de la Planta Judicial. Nos hacemos cargo de la tristeza que les han trasladado los opositores. Sabemos que esas 135 plazas son del todo insuficientes y, como les he dicho, tomamos nota para las próximas negociaciones que haya sobre presupuestos para intentar que ese número de plazas crezca y que sea más acorde a las necesidades que ustedes tienen.
En cuanto a las reformas procesales y sustantivas, me gustaría leerle una cita de don Ignacio. Dicen ustedes en este documento: Se debe modificar la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo. Es necesario hacer un análisis en profundidad, con todos los operadores, que permita abordar una reforma global por área, etcétera. ¿Por qué cito esto? Tengo que decir que ha sido un poco injusta la crítica que ha hecho a esta Comisión de falta de actividad; en ello estamos, en hacer un análisis en profundidad, con todos los operadores jurídicos. En cualquier caso, nos tomamos la crítica con absoluta deportividad y con todo el cariño.
Tendría que hacerles más preguntas en relación con este último punto. Me ha preocupado lo que ha dicho don Manuel en relación con la nueva oficina judicial, por lo que quiero que me aclare si el modelo ha fracasado en los lugares donde se ha implantado o si el modelo ha fracasado porque todavía no se ha implantado. Es un matiz muy importante a tener en cuenta. En Córdoba, en mi circunscripción, la Junta de Andalucía nos había prometido la implantación del sistema de guardia de veinticuatro horas, pero condicionada a la nueva Ciudad de la Justicia, que se va a poner en funcionamiento en muy pocos meses. Ahora nos ha dicho que no es el momento de implantar ese sistema de guardia porque hay que esperar a ver cómo funciona la implantación de la nueva oficina judicial; es decir, una Administración pública todavía cuestiona y traslada dudas a la ciudadanía acerca del funcionamiento de la nueva oficina judicial. De ahí el motivo de mi pregunta. También quería preguntarles, en cuanto a esas reformas legislativas que nos dicen que hay que emprender, qué opinión tienen acerca de la intención del Gobierno de trasladar la instrucción a los fiscales, en detrimento de sus competencias; qué les parece, teniendo en cuenta la situación actual, en la que la autonomía de la Fiscalía General del Estado está comprometida y a eso hay
que añadir la dependencia económica que tienen del ministerio. Difícilmente se puede ser autónomo e independiente si dependes económicamente del ministerio. Todo ello acompañado a su vez de otros anuncios como la reforma y la reducción de la acción popular, por lo que me gustaría recabar su opinión acerca de estas cuestiones.
Finalmente, me voy a referir a la litigiosidad. ¿Qué opinión les merecen las medidas que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular para reducirla, unas veces como objetivo confesado y otras como objetivo inconfesado, como en el caso de las tasas judiciales o la despenalización de los accidentes de tráfico? ¿Qué opinión les merecen estas medidas?
El motivo de la sesión de hoy era escucharles. He tomado buena nota de sus comparecencias y de sus propuestas y agradeceré todas las respuestas que estén en condiciones de darme en relación con estas cuestiones.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.
La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes y muchísimas gracias, señores representantes de las asociaciones judiciales, por estar hoy aquí y ofrecernos sus ideas sobre la justicia. Han dado explicaciones muy completas; sin embargo, quiero hacerles varias preguntas y pedirles algunas aclaraciones.
Prácticamente todos coincidimos en el diagnóstico de los problemas de la justicia, por un lado, la falta de independencia y, por otro, su organización y eficacia. El problema con el que nos vamos a encontrar ahora es si nos pondremos de acuerdo en cómo abordarlo y solucionarlo. Es preocupante que todos los representantes se hayan referido al Consejo General del Poder Judicial como el paradigma de la politización de la justicia y los problemas que entraña. Pues bien, mi grupo va a proponer reformas para abordar este problema de la independencia de la justicia. Quiero preguntarles cómo valoran la incidencia de la falta de autonomía de la Fiscalía en la independencia judicial. ¿Creen que el funcionamiento del ministerio fiscal les afecta como jueces y juezas?
En relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal -el ministro Catalá ha dicho que será su proyecto de ley estrella en esta legislatura-, nos preocupa tremendamente que la instrucción pase a la fiscalía. Creo que el señor González ha mencionado que no se dan las condiciones en este momento y me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes al respecto. ¿Qué reformas creen que debería contener el nuevo estatuto del ministerio fiscal? Obviamente, preguntaré esto también a los representantes de la fiscalía, pero me gustaría recabar su opinión.
Con respecto a la acusación popular, de la que ha hablado el portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, coincidimos en que probablemente tendríamos que poner límites para evitar los abusos -les recuerdo el reciente caso de Manos Limpias-, pero nos preocupan mucho los límites puedan ponerse, ya que en casos muy politizados la acción popular es un contrapeso a la posible inacción de la fiscalía o las injerencias del Gobierno. Quisiera conocer su opinión sobre cómo debería regularse para no limitar lo que al fin y al cabo es una figura constitucional y puede ser muy útil en ciertos casos. (El señor vicepresidente, Matos Mascareño, ocupa la Presidencia).
Paso al tema de la organización y la eficacia, en relación con el cual todos han coincidido en la carga de trabajo y en la lentitud actual de la justicia. Han hablado todos de la necesidad de que haya más jueces y nosotros coincidimos en que deberían convocarse oposiciones, aunque quiero decirle a don Raimundo que, a poder ser, no a costa de la representación autonómica. Creemos que son dos cosas necesarias pero diferentes y no vamos a denostar una en pro de la otra, pero creemos que habría que aumentar el número de jueces.
Ninguno de ustedes ha hecho referencia a una cosa que preocupa a mi grupo: el sistema de acceso. El sistema de oposiciones actual, con la parte memorística, está bastante obsoleto, y además es prohibitivo para muchas personas. No todo el mundo puede costearse durante tanto tiempo lo que suponen unas oposiciones a juez. Por otro lado, son los mismos jueces quienes imparten clases a quienes quieren presentarse a las oposiciones, así que me gustaría conocer su opinión sobre el sistema de acceso. Uno de los ponentes ha dicho que era una situación frustrante para muchas familias y esta frase me ha recordado que existen muchas familias en las que es una tradición ser juez, esto es, los jueces normalmente son hijos de jueces, de fiscales, etcétera. Lo que quiero decir es que el sistema actual no es accesible a todas las personas.
Quiero preguntarles, aparte de por la necesidad de que haya más jueces y fiscales, cómo valoran la cantidad de equipos psicosociales, si son necesarios más o de otros cuerpos especializados dependientes de los jueces, como por ejemplo Policía judicial. Quisiera conocer su valoración al respecto.
El Gobierno siempre la ha dotado a la justicia de pocos medios porque realmente nunca ha tenido la concepción de servicio público que debería tener, pero creemos que a la hora de dotarla de más medios sería necesario hacer una auditoría para ver dónde están los fallos para hacer una asignación allí donde haga más falta. Me gustaría saber su opinión sobre una auditoría independiente.
Algunas cosas que ha dicho Concepción Rodríguez nos preocupan enormemente: las reformas relacionadas con la justicia de menores, la falta de traductores, etcétera. Precisamente, las personas más vulnerables son las que están sufriendo más recortes o desorganización judicial. Es muy importante que lo haya dicho y se lo agradecemos.
Por último, me gustaría pedir su opinión sobre la reforma de la justicia universal que se hizo durante la legislatura de Zapatero. ¿Cómo la valoran? ¿Creen que es necesario volver a la situación anterior? ¿Qué opinión les merece que Instituciones Penitenciarias dependa del Ministerio del Interior en lugar del de Justicia, como ocurre en el resto de los países de Europa? Y en cuanto a la justicia gratuita, ¿cómo creen que se podría mejorar el modelo de 1996?
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Gracias, señora Carreño.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Robles.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero darles las gracias a los cuatro representantes de las asociaciones judiciales. Hoy son ustedes los protagonistas y no los grupos parlamentarios; están aquí para darnos su visión sobre la justicia y sobre aquello que es necesario para mejorarla. Francamente, oyéndoles, a pesar de que todos los miembros de esta Comisión conocemos la realidad de la justicia, uno se queda preocupado. No sé si la película de Buñuel a la que se refería el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria sirve para definir la situación, pero las cuatro asociaciones han puesto de relieve la situación preocupante y -yo diría algo más- el escepticismo a la hora de resolver los problemas de la justicia. El señor Almenar ha dicho que la justicia tiene solución y yo creo que la tiene, pero hay que tener voluntad política para abordar las soluciones. Espero que la creación de esta subcomisión no sea un pretexto para retrasar la solución de los problemas de la justicia, porque todos sabemos que cuando se quiere aparcar los problemas se crea una comisión. Esta es la respuesta para decir que se están haciendo cosas.
Tendría que corregir a don Ubaldo. No llevamos la mitad de la legislatura, sino un año, pero estoy preocupada porque en prácticamente un año que llevamos de legislatura esta Comisión ha trabajado mucho, se lo puedo garantizar, pero más bien celebrando comparecencias de altos cargos que llevando a cabo actuaciones concretas que mejoren y redunden en beneficio de los ciudadanos. Estamos viviendo una realidad que ustedes retrataban y no hace falta más que acercarse a los medios de comunicación para ver la situación de descrédito -creo que lo ha dicho el señor Almenar- en que se encuentra la justicia como consecuencia de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. Esa falta de crédito de la justicia es profundamente injusta para los 5000 jueces y juezas que están en este momento trabajando con mucha intensidad, como lo están haciendo los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia y todos los operadores jurídicos. No podemos olvidarnos de que la realidad es la que es, está en los medios, y la apariencia es una Administración de Justicia politizada e incluso -en varias ocasiones se ha dicho en sede parlamentaria- manoseada por el Poder Ejecutivo. Eso es gravísimo desde la percepción que tienen que tener los ciudadanos de la independencia judicial. Todos sabemos que cuando los jueces y juezas están realizando su trabajo son absolutamente independientes, pero también hemos dicho muchas veces que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Si la apariencia es la de una justicia politizada, una justicia dependiente del Poder Ejecutivo, quiere decirse que las cosas no funcionan bien. Yo les pediría que concretaran más en algunas propuestas.
Se ha hablado del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creo que el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos está prácticamente desaparecido, no se le conoce. Quizás es porque la reforma Gallardón ha implantado un modelo de consejo absolutamente presidencialista en el que la mayoría de los vocales tienen que compatibilizar su trabajo y, por tanto, tienen menos posibilidades de tener iniciativas. Cuando un juez como Eloy Velasco sale diciendo públicamente que le faltan medios para poder abordar la instrucción de determinados sumarios, no he visto que el
Consejo General del Poder Judicial haya dicho nada. El juez Velasco incluso echaba en cara que no le han prorrogado el refuerzo de un juez del que disponía. En otras materias, como por ejemplo la lucha contra los desahuciados o el tema de las cláusulas suelo, el Consejo General del Poder Judicial propone unificar en un solo órgano. Todos los que conocemos de alguna manera la Administración de Justicia sabemos que eso está llamado al colapso, como está ocurriendo -lo decía antes el portavoz de Jueces para la Democracia- en la jurisdicción social.
Por tanto, creo que existe una situación de UVI, que la apariencia de la independencia de la justicia está haciendo que la justicia y la credibilidad en las instituciones estén en esa situación de UVI. Yo les pediría que precisaran más en relación con el Consejo General del Poder Judicial, en relación con el propio papel de la Policía judicial, si es la Policía judicial la que debe tener un protagonismo o en determinados casos son los jueces los que deben coordinar adecuadamente la actuación de la Policía judicial. Evidentemente a mí me parece que es muy grave la situación actual, no por la realidad cotidiana de los jueces y tribunales sino por esa apariencia que da la justicia.
Junto con eso, se hablaba también -y nos preocupa a todos- de la justicia como servicio público, como servicio a los ciudadanos. Yo siempre digo que ojalá nadie tenga que ir a un médico o a un juzgado, porque el que va al médico, mala señal, pero el que va al juzgado tiene que ver tutelados sus derechos y libertades y no me voy a referir a la maldición gitana, pero es cierto que, además de la inseguridad jurídica que en ocasiones hay, los procesos se retrasan y retrasan en el tiempo porque son unos procesos largos, unos procesos complicados y, en ocasiones, hipergarantistas.
Para terminar mi intervención -porque he dicho que los protagonistas son ustedes-, me gustaría que esta subcomisión que hemos creado fuera la manifestación de una verdadera voluntad política de resolver el problema de la justicia y no de retrasar las soluciones. Se podrá decir que vamos a esperar a que termine esta subcomisión en un periodo de seis meses para dar soluciones. Ya digo que quiero creer que esa no va a ser una excusa, como decía el señor González Vega, pero sí hay algo muy inmediato y que sería una manifestación de la voluntad política de este Gobierno de abordar de verdad el tema de la justicia. Decía antes el portavoz de Ciudadanos que gracias al pacto que han firmado con el Partido Popular se ha mejorado la partida presupuestaria en relación con la Administración de Justicia. Siento decir que, aunque esa partida se haya mejorado, es absolutamente irrisoria. Cuando el Poder Judicial, la Administración de Justicia, es la base de un Estado democrático y de derecho, no podemos conformarnos con migajas como las que se dan en este momento. Si de verdad hay una voluntad política de abordar la justicia, no se puede quedar solamente en una subcomisión, sino que tiene que haber un esfuerzo por parte del Gobierno y de los grupos parlamentarios para que se mejore el presupuesto para la justicia. Hablaban también del tema de las plazas, y yo les pediría que precisaran más. Es irrisorio que solamente se convoquen cien plazas. No voy a entrar en el tema de las oposiciones, sobre si el modelo de oposición sí o el modelo de oposición no -yo también soy una ferviente partidaria del cuarto turno-, pero todos sabemos -y me gustaría que precisaran más los representantes de las asociaciones- que con cien plazas que se van a convocar, sesenta y cinco de jueces y treinta y cinco de fiscales, no se cubre ni siquiera la tasa de reposición. Si además se van a crear o se están creando ya -lo hemos visto, es algo de actualidad- las salas de apelación en los órganos de la jurisdicción penal, ¿es realmente serio decir que hay voluntad de reformar la justicia simplemente con una oferta de cien plazas? Decía muy bien el señor González Vega, de Jueces para la Democracia, que desde el año 2014 no se crea un órgano unipersonal. Por tanto, si nos creemos en serio que hay una voluntad de abordar los problemas de la justicia y esta subcomisión tiene como objeto hacer esa radiografía, además de esa radiografía -para la que les pido una mayor precisión-, en lo que es ya inmediato en esa aprobación de presupuestos y sin que sea una carta a los Reyes Magos, les pediría que precisaran qué entienden que es lo mínimo indispensable -siendo realistas, porque los jueces son realistas- para poder decir que los presupuestos del Estado manifiestan esa voluntad política de abordar el problema de la justicia. Les pediría precisión en esa materia porque esto sí que es para ya, para el mes que viene, no para cuando acabe esta subcomisión -Dios sabe cuándo- y luego ponernos en marcha.
Termino dándoles de nuevo las gracias. Comparto esa situación de escepticismo de la que hablaba el señor Prado, pero también quiero participar del optimismo del señor Almenar de que con voluntad política es posible. También les quiero dar las gracias por su sinceridad y por su transparencia. Estamos un poco hartos de ver los discursos políticamente correctos de que todo va bien en la justicia cuando el ciudadano normal, el ciudadano de la calle tarda años y años en resolver sus problemas. A lo mejor en algún asunto tan fácil jurídicamente como puede ser una separación o un divorcio una persona puede estar pendiente
entre dos y tres años, algo que no es razonable. Por tanto, les pediría precisión en esos extremos. Termino dándole de nuevo las gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señora Robles.
Para finalizar el turno de posición de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Molinero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero darles la bienvenida a esta subcomisión de Justicia y agradecerles su presencia y la exposición que han hecho. Antes de entrar en el asunto quiero hacer una aclaración. Estas comparecencias no responden a la petición de uno o dos grupos parlamentarios sino de todos los grupos parlamentarios por unanimidad, hemos sido todos los grupos. Lo digo por una sencilla razón, porque como hay algunos grupos parlamentarios que no están presentes, sería injusto excluirlos.
Como he podido comprobar, todas sus reflexiones, todas sus propuestas, van en una dirección, tienen un denominador común que es la modernización de la justicia. Les agradezco que hayan hecho esas exposiciones y esas reflexiones porque coinciden plenamente con las de mi grupo parlamentario y van en la línea de las del Ministerio de Justicia. Desde el primer momento el ministro de Justicia, el señor Catalá, lo ha dejado bien claro: estamos en un momento histórico para llegar a un acuerdo, para llegar a un pacto por la justicia, porque afortunadamente estamos en un Congreso donde hay diferentes sensibilidades ideológicas y, por tanto, sería el momento preciso para acometer esta reforma. Esperemos que así sea, porque ha sido precisamente el ministro de Justicia el promotor de esta subcomisión para el estudio de la estrategia de reforma de la justicia. Deseamos, después de escuchar sus propuestas, que han sido valiosísimas y enriquecedoras, que todos los grupos podamos de alguna manera llegar a ese pacto que tanto ustedes como la sociedad están reclamando y reivindicando día tras día. Por tanto, dejemos este modelo decimonónico -que no es de hace tres o cuatro años- y pasemos a la verdadera justicia del siglo XXI. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Entro ya en las cuestiones que ustedes han planteado, que son de un interés relevante. Han tratado el tema de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y han tocado distintos puntos. Han hablado de la elección de los vocales del consejo. Precisamente el ministro de Justicia va por esa vía, ha dicho por activa y por pasiva que hay que definir y configurar un nuevo Consejo General del Poder Judicial y en particular la elección de los vocales, que se modifique la forma de elección de los doce vocales y que sean nombrados directamente por los jueces. Asimismo han dicho que tiene que haber un consenso entre todos. Por eso la primera pregunta que les voy a formular es la siguiente: ¿existe entre las distintas asociaciones judiciales un acuerdo o posición común sobre la forma de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial? Han hablado también de que hay que fortalecer la independencia judicial frente a la percepción social, que no es real, respecto a la politización de la justicia. Yo les pregunto: ¿consideran ustedes que la elección de los vocales por los jueces eliminaría la idea o esa percepción de politización de la justicia?
Hay otro tema que tanto Foro Judicial Independiente como Jueces para la Democracia han sacado, que es el tema de la Ley Orgánica 4/2013, sobre el desempeño de los cargos, unos de manera exclusiva y otros con permanencia en el servicio activo pero pudiendo ejercer la actividad profesional. Yo les preguntaría, aunque ya sé la respuesta de Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia, si consideran que todos los vocales del consejo deben tener dedicación exclusiva.
Otro de los temas que se ha apuntado -creo que ha sido don Manuel Almenar- es un tema muy sensible social y profesionalmente hoy día, me refiero a las llamadas puertas giratorias entre la justicia y la política. En este punto, ¿cómo estiman que han de regularse estas puertas giratorias entre la justicia y la política, especialmente en los supuestos de concurrencia del juez o magistrado a procesos electorales? A estos efectos, ¿serían partidarios de que el juez que se dedique a la política pierda la carrera? También he oído que podrían ser adscritos a ciertos juzgados. ¿Creen que la adscripción debe ser, por ejemplo, a juzgados de lo Contencioso-Administrativo o de ámbito penal?
Otro de los temas tratados ha sido el de los criterios de transparencia y objetividad en los nombramientos. El ministro ha propuesto una reforma para la reducción de la discrecionalidad de los sistemas de nombramiento de los consejeros. Al hilo de esta propuesta del ministro, me gustaría preguntarles cómo consideran que se puede incrementar la transparencia y objetividad en los nombramientos discrecionales de los consejeros en el Consejo General del Poder Judicial.
El ministro ha abordado también otro tema, que también han sacado ustedes muy acertadamente, el nombramiento por parte de los parlamentos autonómicos de determinados magistrados de la Sala de lo Civil y Tribunal Superior de Justicia. Mi pregunta es: ¿cómo valoran ustedes la propuesta del ministro de Justicia de eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia que garantice que dicha provisión se efectúe sobre la base del efectivo cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad?
Han hablado de los nombramientos de los altos cargos judiciales. Me gustaría saber qué piensan sobre los mandatos de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias, si tienen que tener limitado el periodo de los diez años. Me gustaría saber qué criterio mantienen sobre ese particular.
No se ha abordado una cuestión importante que es el tema de la tasa de interinidad. ¿Qué mecanismos consideran ustedes que habría que aplicar para incentivar la profesionalización de la carrera judicial y para reducir la justicia interina? Ha hablado la portavoz del Grupo Socialista sobre la poca dotación presupuestaria de este Gobierno con respecto al Ministerio de Justicia. Quiero darles unos datos única y exclusivamente como reflexión, sin acritud y como simple reflexión para que los tengan en cuenta. Este año, el incremento de la dotación para la justicia es de un 7 %. En los tres últimos años ha sido de un 16 %. Siempre es poco. Yo, como abogado, conozco el tema y sé que es poco, que hay que poner más dinero; pero no es menos cierto que la situación por la cual ha pasado España durante estos años obligaba necesariamente a controlar las dotaciones presupuestarias no de este ministerio, sino de todos, sin perjuicio, como digo, de que a partir de ahora, según el anuncio del propio ministro de Justicia, las dotaciones presupuestarias a justicia se van a incrementar notablemente. Este año, en los Presupuestos Generales del Estado ya hay una dotación de 1700 millones, de los cuales 149 millones euros van a ir a la digitalización de la justicia, precisamente uno de los medios que más habrá que reforzar en el futuro.
El tema de los juzgados. Yo entiendo que los juzgados deben ir por la especialización. Hay que avanzar y los juzgados cada vez tienen que ser más especializados, con un sistema más profesional y eficaz, en el que determinadas materias requieran un tratamiento específico y diferenciado respecto a las demás. Mi pregunta es: ¿consideran necesario impulsar la especialización en la carrera judicial y qué instrumentos estiman que han de implementar para tal finalidad? Al hilo de esta cuestión de la especialización de los juzgados, ha salido el tema también de las oposiciones a judicatura y a la fiscalía. Mi pregunta es: ¿consideran idóneo el sistema de oposiciones que hay actualmente o creen que debería ser distinto? Porque la portavoz de Podemos también ha hablado de esto y, efectivamente, queremos saber cuál es para ustedes el sistema si no perfecto, por lo menos el que se aproxima a la realidad social actual, si es el de oposición u otro sistema de selección que nos puedan apuntar.
Quiero remarcar también, con respecto al esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno, la oferta de empleo público que se va a abrir y que va a suponer la creación de 9000 plazas de funcionarios en los próximos tres años, lo cual también denota la preocupación que tiene el Gobierno por dotar de medios personales a la Administración de Justicia. Por eso, mi pregunta es si estiman necesario mejorar o revisar la selección de personal interino al servicio de la Administración de Justicia sobre la base de esta oferta de empleo público, que va a ir dirigida precisamente a ellos.
Creo que ha sido la señora Rodríguez la que ha sacado el tema sobre los permisos de paternidad. Me gustaría que me dijera si resulta necesaria una reforma legislativa sobre ese particular, porque ha hecho usted hincapié en ese tema y habría que estudiarlo, para eso estamos en una subcomisión de Justicia, donde todos los temas, todos, son importantes. Nos gustaría saber cómo se podría regular o cuál es la propuesta que desde las distintas asociaciones pueden hacernos.
Hay un tema relevante sobre el que ha habido ya dos pronunciamientos, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la fiscalía. Ya sabemos cuáles son las líneas del ministro de Justicia, que es que el fiscal absorba la fase de investigación y que quede el juez como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este es un sistema que ha sido adoptado por otros países del entorno europeo; no es una novedad para España, pero de alguna manera va a condicionar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de la fiscalía y que se haya de hacer una gran dotación presupuestaria en la fase de investigación por parte del fiscal. Mi pregunta es si están de acuerdo con la investigación del ministerio fiscal. Ya sé que Jueces para la Democracia ha dicho que no estaba de acuerdo, pero no sé si las demás asociaciones lo están. Han sacado otro tema muy importante, que es el de los peritos traductores e intérpretes. Este Gobierno ya ha puesto de manifiesto que va a modificar el régimen de funcionamiento de los peritos traductores e intérpretes mediante un registro oficial.
¿Consideran necesario implementar una ley reguladora de la intervención de los peritos traductores e intérpretes en la Administración de Justicia?
Para finalizar -tampoco es cuestión de alargarse demasiado-, coincido con ustedes, al igual que con el Gobierno, en que hay que fortalecer los sistemas de resolución extrajudicial de los conflictos. Creo que todos estaremos en esa línea, pero quisiéramos saber si consideran que la mediación debería ser obligatoria en determinados procesos de poca cuantía y, a ese respecto, si consideran que en esos procesos de ínfima cuantía debería estar vedado el acceso a la jurisdicción. Como son verdaderos expertos no hace falta explicarlo mucho; saben muy bien a qué cuantía me estoy refiriendo. No es una imagen deficiente de la justicia sino que las estadísticas, de alguna manera, no son reales por esos pequeños procedimientos que de alguna manera distorsionan la labor de los juzgados.
Termino agradeciéndoles su comparecencia y las aportaciones que han realizado esta tarde. Muchas gracias.
Para contestar todas las preguntas que se han formulado necesitaríamos un día entero. Les pediría, por favor, que hicieran un esfuerzo de síntesis, aunque sea telegráfico, diez minutos cada uno, respetando el orden en el que habíamos empezado.
Tiene la palabra el señor Almenar Belenguer, por la Asociación Profesional de la Magistratura.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, APM (Almenar Belenguer): Muchas gracias.
Me siento superado por el número y contenido de las preguntas. Es imposible atenderlas todas en diez minutos, por lo que, en aquellos casos en los que no sea posible, me pongo a su disposición a continuación o en cualquier otro momento que a ustedes les venga bien.
Me referiré en primer lugar a la estructura organizativa de la Administración de Justicia. Tenemos una estructura que viene del siglo XIX, que en su momento fue magnífica para dar respuesta a una España agraria, rural, pero que no tiene nada que ver con la situación actual y que, tras 150 años, no da más de sí. De la misma manera que hoy no se nos ocurre construir un hospital en cada pueblo sino que hay hospitales en ciudades grandes y cada pueblo tiene un centro de salud para que se preste una atención determinada a problemas muy concretos, lo mismo tiene que empezar a suceder con los juzgados. Hemos de reformar la organización de la Administración de Justicia mediante la creación de los tribunales de instancia porque estos, en los núcleos de población importantes, son los que nos van a permitir dar esa respuesta de calidad que todos pretendemos. Hoy nos encontramos con una justicia de primera y una de segunda; una justicia de primera en las ciudades y una de segunda en los pueblos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en las ciudades, por ejemplo, en los juzgados de Familia se dispone de gabinete psicosocial; los juzgados de Violencia disponen de sus unidades forenses de prevención o de pronóstico del delito, pero no podemos disponer de ellos en todos y cada uno de los pueblos de España, en todos y cada uno de los 431 partidos judiciales actuales. Es una razón económica y de organización. Apostemos por esos tribunales, de manera que cuando nos encontremos con determinado tipo de cuestiones centralicemos en las ciudades o núcleos de población importantes donde sí podamos poner medios para que todos los ciudadanos tengan las mismas opciones de cara a la justicia. Mantengamos los juzgados en todos los pueblos con la finalidad de que exista una primera atención para determinado tipo de cuestiones, pero en lo que sea necesario centralicemos. Cuando ustedes van a un super o a un banco y tienen varios cajeros supongo que miran a ver cuál es el que menos personal tiene esperando y se colocan en la cola donde menos gente hay, como hacemos todos, aunque siempre nos equivocamos porque la cola que menos avanza, por regla general, es la nuestra. ¿Qué es lo que sucede con los juzgados? ¿Cuántas veces le han tenido ustedes que explicar a su cliente que tuvo la mala suerte de que le cayó en el número uno y no en el número dos o en el dos y no en el tres, cuando resulta que el tres va como un tiro y el dos, ¡oh casualidad!, nos hemos encontrado con que no tiene juez, no tiene letrado de la Administración de Justicia, no tiene funcionarios o son más lentos? Esto no tiene ningún sentido en un Estado moderno. De lo que se trata es de que haya un tribunal de instancia con secciones por órdenes jurisdiccionales que puedan prestar un servicio, y si el juez se pone enfermo que no se tenga que suspender el juicio, que entre otro compañero a realizar esa actuación. Eso ocurre en cualquier país civilizado. Esto permitiría, a su vez, la construcción de una verdadera carrera judicial, en la medida en que tendríamos tribunales donde se puede ir subiendo poco a poco, de manera que hay una primera base, unos presidentes de las subsecciones, un presidente del tribunal de instancia, una promoción y un
incentivo profesional, de tal forma que uno no llegue con veinticinco o treinta años a un juzgado y pueda quedarse ahí de por vida y continuar con sesenta años en el mismo juzgado. Pensemos en los juzgados de Primera Instancia de Madrid, donde para pasar a la Audiencia ya casi están rondando los sesenta años. Cuando alguien lleva treinta años en un mismo puesto pueden darse cuenta de la desincentivación que esto puede suponer. Por tanto, reforma en profundidad de lo que es la organización. Eso tiene que afectar a la Oficina Judicial. ¿Por qué no ha funcionado el nuevo modelo de Oficina Judicial? Porque se ha estructurado de una manera abstracta, sin tener en cuenta la realidad. Se han roto los juzgados como células separadas para sustituirlos por unidades procesales de apoyo directo, por servicios de ordenación del procedimiento y por servicios de ejecución. Los servicios de ejecución han funcionado magníficamente y los servicios de ordenación del procedimiento han hundido y colapsado el sistema. Lo que debía ser el corazón, se ha convertido en un agujero negro donde todos los procedimientos terminaban y ninguno salía. Cada vez que de una unidad procesal de apoyo directo ante el juez se llevaba un asunto había que hacer el listado y apuntarlo; llegaba al servicio de ordenación del procedimiento y había que hacer el listado y apuntarlo uno por uno. Se estaba perdiendo más tiempo en subir y bajar las escaleras que en tramitar un asunto. Hemos de darle una vuelta a esta situación.
Reformas legales. Fundamentalmente las centradas en el proceso penal. Necesidad de un nuevo proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, ha tenido más de cincuenta parches y el sistema se agota, se colapsa. Es necesario ir a un proceso penal nuevo, un proceso penal que tenga en cuenta cuál es su razón de ser, que es investigar hechos supuestamente delictivos que ya han sucedido y no un abanico de posibilidades que cabe suponer que puedan suceder en el futuro. ¿Qué supone esto? Partiendo de que la Asociación Profesional de la Magistratura sostiene la bondad del actual modelo del juez de Instrucción, que es un modelo que ha funcionado y que ha permitido que en España las investigaciones lleguen a su curso -quizá con excesiva lentitud, pero que lleguen-; somos el único país en el que se ha juzgado, condenado o absuelto a presidentes de una comunidad autónoma, a ministros o exministros y no ha habido ningún tipo de problemas. El sistema funciona. En estos momentos no se considera que haya una urgencia en cambiarlo -hay otras urgencias-, pero para poder llevar a cabo cualquier cambio, sin cuestionar en ningún momento a la fiscalía, sería necesaria una revisión absoluta del Estatuto del ministerio fiscal que garantizara esa compatibilidad entre el principio de unidad y la autonomía de cada fiscal en el ejercicio de sus funciones.
Proceso penal. Reforma, sí. ¿Cómo? Uno, hemos de abordar en profundidad la regulación de la acción popular a la que se hacía con anterioridad referencia, respetando su contenido esencial, porque es un derecho que está recogido en la Constitución, pero de manera que se evite el uso con fines espurios, el uso torticero de la acción popular. Dos, es necesaria una reforma de todas las medidas limitativas de los derechos fundamentales, de manera que se garantice la solidez de los indicios en que se apoya esa medida, se garantice el control del desarrollo de esa medida y se establezcan tiempos máximos. No puede haber intervenciones telefónicas que se prolonguen durante siete u ocho años, como se ha dado el caso. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de cosas que yo personalmente puedo decir por teléfono durante siete u ocho años? Pues para meterme en la cárcel tres vidas o, si no en la cárcel, sí para dejarme marcado por vía de injurias y calumnias, porque todos decimos cosas que luego analizadas y fuera de contexto dan lugar a situaciones un tanto extrañas; simplemente chistes o los memes que todos mandamos por el teléfono, a lo mejor sin deber mandarlos. Esto tiene que reorganizarse de otra manera. Es necesario establecer plazos máximos para la instrucción en función del tipo de delito. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el plazo máximo de seis meses que se fije, sino que es necesario establecer plazos máximos porque el proceso penal no se puede prolongar indefinidamente mientras se acopia material para acusar a alguien. Eso sí, tiene que estar en función del tipo de delito y en función de la dotación necesaria de medios. Les pongo un ejemplo. Ayer mandamos una petición de informe a la Policía judicial para que analizara el ADN de un rastro de sangre en un caso de robo con violencia y la respuesta fue que, lógicamente, tienen preferencia homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, etcétera -eso todo el mundo lo entiende-, y que, por tanto, la petición quedaba a la cola, y la duración media es de año y medio para que se emita un informe. Claro, si el plazo son seis meses, esto no encaja. Fijación de plazos sí, pero con medios. En cuanto a la Policía judicial, debe estar bajo la dependencia exclusiva del juez instructor. No puede haber una dependencia funcional del juez y una dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se puede -y perdonen la expresión- servir a dos amos; no puede haber dos autoridades competentes. Es necesario un estatuto -igual que se hace del denunciante- de la persona detenida o de aquel que tiene que comparecer en las dependencias policías o judiciales, de
manera que esa comparecencia sea respetuosa con los derechos fundamentales y, en particular, con el derecho a la presunción de inocencia. Claro que hay que reformar el proceso penal, por supuesto que sí. Ahora, yo no entiendo que en esa reforma la prioridad sea la sustitución del juez por el fiscal.
En relación con el tema de medios para la Administración de Justicia, las plazas, simplemente les voy a dar unos números y ustedes extraen las conclusiones. Ignacio ha hablado de la convocatoria de oposiciones. Desde que se convoca una oposición y se publica en el BOE hasta que el juez sale de la escuela judicial hacia un juzgado se tarda alrededor de dos años y medio. Entre 2015, 2016 y 2017 van a ingresar -los últimos ingresarán en diciembre de este año- 150 nuevos jueces. ¿Saben ustedes las bajas que se han producido en esos tres años? Por fallecimientos y jubilaciones, 120; si les sumamos las excedencias por cuidado de hijos, 85, nos vamos a más de 200; más otros 54 en servicios especiales, que son compañeros que están aquí, en esta casa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal de Luxemburgo, es decir, que están fuera de la carrera. Si sumamos todos nos salen 380. Si ingresan 150 y salen 380, no es que estemos hablando de una tasa de reposición, es que se está produciendo una baja del volumen global de 200 jueces. Luego no pretendamos que entrando la misma carga de trabajo se dé una respuesta idéntica a la que se daba antes. Es necesaria la creación de plazas, y en este sentido, como apuntaba el compañero, habría que mantener unas convocatorias anuales de oposición de entre 200 y 250 plazas al menos durante cuatro años para intentar revertir esa situación.
Finalmente, en relación con el consejo, en función del sistema de elección nos vendrá dada esa sospecha sobre el nombrado. Yo fui nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular sin ningún tipo de complejos, pero ello no quita que desde fuera pueda verse que quizá no actúo de manera independiente sino como una correa de transmisión, cosa que cualquiera que me conozca sabe que no es así, pero quien no me conozca puede pensarlo. Esta situación no es la mejor para dar una respuesta para que la ciudadanía crea en el sistema. Es necesario volver a la situación anterior. Aquí hay varios abogados o procuradores; imagínense que van a un juicio con su cliente y el compañero contrario es vocal del Consejo General del Poder Judicial que está en la comisión disciplinaria del consejo y que, por supuesto, jamás va a hacer uso de esa situación, pero su cliente, el de ustedes, si se entera pensará que quizá ese otro profesional tendrá más ascendiente sobre ese juez, en la medida en que su régimen disciplinario depende de esta persona. Basta con que lo piense para que a lo mejor la siguiente vez no le contrate a usted sino al otro, por si acaso. En cualquier caso, habría una sospecha. Lo grave es la sospecha, la sensación de que quizá la justicia no funciona como tendría que funcionar. Esta es la situación.
En relación con la litigiosidad, hay muchas cosas por hacer y son reformas legales simples. Estas sí que son a coste cero y están a nuestro alcance, ya no solo en materia penal, sino también en materia civil. ¿Qué problema hay en sustituir de manera generalizada la escritura por la oralidad, en generalizar las resoluciones in voce, en suprimir trámites innecesarios, en concentrar otros trámites, en concentrar todas las ejecuciones -la civil, la social, la contenciosa, la penal- en un mínimo número de vistas donde se resuelvan todas las cuestiones que se plantean en ejecución y se dé una respuesta inmediata? ¿Ustedes saben lo que sucede en un proceso penal en materia de ejecución cuando recae sentencia firme después de un montón de años -bueno, no siempre, hay veces que las cosas funcionan bien y van a su ritmo- y esa sentencia es condenatoria? Lo primero que se solicita, lógicamente, por parte del abogado que asiste al penado es que se suspenda la pena, faltaría más, y el juez dice que no; entonces se recurre y se va a la Audiencia, que tarda seis meses y se confirma que no. Vuelve la causa y ya que no es posible la suspensión, se pide que se sustituya la pena por otra, por ejemplo que se sustituya la prisión por multa. Se dice que no -o sí-, se recurre por el interesado o por el fiscal y pasan seis meses más hasta que eso se resuelve por la Audiencia de manera definitiva. Podemos incluso plantear el posible internamiento en un centro especial para desintoxicación de toxicómanos. Se dicta resolución, a continuación se recurre, y cuando ya no cabe ninguna otra excusa, entre comillas, cuando ya no cabe ninguna otra dilación, se pide el indulto al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros tarda entre nueve meses y un año en resolver. Por tanto, al final, cuando han pasado tres, cuatro o cinco años, nos encontramos con un señor que, si es un delincuente empedernido, ha seguido cometiendo delitos y la sociedad nos mira a todos nosotros diciendo, pero ¿de qué van estos?, ¿cómo es posible que no adopten ninguna medida respecto de este señor? Y si fue un error, después de cuatro o cinco años ingresar en prisión a esa persona, ¿qué sentido tiene? Esto lo solucionamos simplemente con una reforma que permita la convocatoria de una sola vista donde se resuelvan todas las cuestiones. Es tan sencillo como esto, tampoco plantea mayor problema. Lo que sí es necesario, como decía antes la presidenta de la Comisión, es voluntad; voluntad de hacerlo,
voluntad de ponerse. En ese sentido, estoy convencido de que tanto el ministro como todos ustedes lo que tienen en mente es la mejora de la justicia, de ahí que quiera aprovechar este momento para agradecérselo a todos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Almenar, por el esfuerzo de síntesis porque es muy complicado contestar en diez minutos.
Señor Prado, le pido el mismo esfuerzo de síntesis.
El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, AFV (Prado Bernabéu): Muchas gracias a todos.
He dicho que había sido citado por dos grupos porque como no suelo venir aquí todos los días, recibí una comunicación que decía que habíamos sido citados por el Grupo Ciudadanos y por el Grupo Popular. No sé cómo funciona el aspecto interno, pero si me dicen que todos estaban interesados, encantado, y perdón por el error que he cometido.
No voy a incidir en lo que prácticamente estamos todos de acuerdo. Efectivamente, la estructura del sistema judicial, sobre todo en cuanto a juzgados, está caduca, pero sí es cierto que las teorías eclécticas y las posturas intermedias tampoco son malas. Habrá sitios, provincias y pueblos en concreto en los que, por su población, su lejanía respecto a capitales de provincias o centros urbanos más amplios, podría ser bueno que siguiera subsistiendo. Pero no nos engañemos, los juzgados de pueblo o el sistema de los tribunales de instancia no se va a plantear por los jueces, se va a plantear por los alcaldes. Ahí el problema lo tienen ustedes, no lo tenemos nosotros. Es una cuestión que tienen que decidir, pero sí sería bueno, insisto, un sistema moderno con matices en determinados territorios. En cuanto a las reformas legales e instrucción del ministerio fiscal, lo hemos dicho hasta la saciedad, y prueba evidente es lo que está ocurriendo. Mientras no se cambie el Estatuto Orgánico del Misterio Fiscal, mientras no quede acreditada la total imparcialidad del ministerio fiscal en el ejercicio de sus funciones y no exista el principio de jerarquía, preferimos el actual sistema porque nos da muchas más garantías. Está acreditado que, a pesar de las cuestiones negativas que pueda tener, el juez de instrucción ha funcionado relativamente bien desde el siglo XIX. Hace unos días vi la película de El clavo y me di cuenta de que sigue siendo lo mismo. Hay que confiar en los jueces de instrucción.
En relación con el sistema de elección, me dicen que nosotros no nos ponemos de acuerdo. No me digan eso. Si ustedes me dicen que van a aprobar el sistema de elección de los vocales, en tres días les tenemos el sistema los cuatro. ¿Queda esto grabado o no? Sí. Pues ahí lo tenemos.
Señora Carreño, estoy completamente de acuerdo con usted en varias cosas. El tema de los peritos es muy importante, como también lo es el de balística, ADN, pruebas... Muchas veces no es un tema de juzgado. Cuando hay un delito económico, un delito contable o un delito fiscal, el juez no tiene por qué saber el sistema tributario ni tiene que analizar las cuentas. Hace unos días estuve viendo un pleito en el que se me pedía que comprobase cuatrocientas facturas. ¿Cómo voy a comprobar cuatrocientas facturas? Yo no tengo conocimientos contables; a mí un perito me tiene que dar unas conclusiones claras, unas conclusiones válidas sobre una determinada cuestión. Yo no puedo saber de contabilidad, de matemáticas, de aeronaves e incluso a lo mejor no tengo por qué saber de determinadas parcelas del derecho. Eso lo tiene que hacer un cuerpo de peritos y sería muy importante que se adscribieran a los juzgados peritos de muchos tipos; peritos contables -que no siempre tengan que ser de hacienda-, peritos en materia de criminalística... Eso sí serviría de verdad para agilizar la justicia.
Sistemas de oposición. El sistema de oposición es el más objetivo. Quizá no tendría que ser tan memorístico, podría intercalarse -y vuelvo otra vez al sistema ecléctico- con cuestiones prácticas. Es evidente que la gente que ha aprobado con un sistema memorístico luego va a una escuela judicial, tiene unas prácticas en tribunales y juzgados; en fin, salen muy bien preparados, pero quizá se podría revisar el acceso. Señora Carreño, mis hijos serán muy raritos pero no quieren ser jueces. Han visto a su padre todo el día metido en un despacho y mi hija quiere ser periodista y mi hijo músico; y así muchos. Coja usted el escalafón y dígame quiénes son hijos de jueces -los habrá, no digo que no- pero de los 5000... Somos gente muy normalita que hemos salido de la clase media para abajo, porque si fuéramos de la clase media para arriba no estaríamos aquí sino en otro sitio.
Comunidades autónomas. Yo comprendo que el fenómeno particularizado de cada una en España está asentado desde hace tiempo, pero a efectos de comunicación, sobre todo de temas electrónicos, a efectos de poderse comunicar entre los diversos órganos judiciales de las distintas comunidades autónomas surgen problemas. Hay reinos de taifas; uno tiene un sistema tal, otro tiene un sistema cual y
es muy complicado a veces. No estaría mal una unificación, evidentemente sin perjuicio de respetar las particularidades de cada comunidad autónoma, faltaría más.
Mediación. Conociendo el carácter de los españoles, la mediación tiene que ser obligatoria porque si no lo es no hay mediación.
En cuanto al tema de los funcionarios y de la interinidad, creo que está bien crear plazas de funcionarios; quizá obedece un poco al tema de consolidación de empleo de la sentencia de los interinos. Me parece muy bien todo lo que sea invertir en este tema, pero el cuello de botella no está en los funcionarios. Puede haber muchos funcionarios en el juzgado pero al final quien resuelve es el tribunal o el juez y volvemos a lo de siempre. El cuello de botella está en los órganos jurisdiccionales y, por tanto, la creación de órganos jurisdiccionales es la que considero necesaria.
Muchas gracias. De verdad que ha sido para mí una experiencia más en la vida y ojalá el tema de la película de Buñuel no se me repita en los sueños.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prado. Esperemos que tenga sueños placenteros y no pesadillas.
Tiene la palabra el señor González Vega.
El señor PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, JD (González Vega): Quiero decir a la presidenta de la Comisión y portavoz del PSOE que a veces uno tiene la sensación de que está repitiendo siempre las mismas historias. Yo no dudo de las buenas intenciones de los que la crearon en su momento esta subcomisión, pero creo que es bien conocido por todos el diagnóstico de la justicia en España. Lo que hace falta ya es adoptar algún tipo de medidas por el Parlamento, por el Gobierno; medidas que son inaplazables porque la situación de la justicia lo demanda. Hay un tema que no se ha tratado y que yo tenía apuntado, pero en el poco tiempo del que disponemos no se puede abordar.
La corrupción me parece un tema importantísimo y recientemente un jefe de la UCO, en una entrevista a la Agencia EFE, decía que se veían obligados a rechazar casos por falta de medios. Creo que esta noticia de por sí revela la escasez de medios con los que cuenta la Administración de Justicia en general; no solamente estamos hablando de los jueces y los fiscales sino que también lo ampliamos a otro tipo de personal colaborador con la justicia. Creo que esa noticia es inaceptable en un Estado democrático que debe luchar contra una de las lacras que preocupa a la ciudadanía española. El segundo problema después del paro que preocupa a la ciudadanía es la corrupción y encontrarse este tipo de noticias me parece escandaloso, que no se puedan investigar todos los casos por falta de medios.
Responderé a las preguntas, alguna de ellas agrupándolas. Tengo que decirle al representante del Partido Popular que Jueces para la Democracia sí defiende la investigación por parte del fiscal, lo que pasa es que en el contexto actual creo que no es oportuno sacar ese tema precisamente porque se está cuestionando la autonomía funcional del ministerio fiscal. Con más argumentos las asociaciones de fiscales defenderán, me imagino, un principio de autonomía más parecido al que existe en Italia. Aquí en España ocurre un problema, y es que el nombramiento es por parte del Gobierno; es verdad que aparece en el artículo 124 de la Constitución pero eso ya marca la falta de autonomía que va a tener este y la concepción rígida de la fiscalía jerarquizada.
Al representante de Ciudadanos tengo que decirle que he tenido la curiosidad de leerme los programas políticos de las dos últimas convocatorias electorales y en el concreto asunto del sistema de elección de vocales del consejo creo que Ciudadanos ha basculado según fuera con el Partido Socialista o con el Partido Popular. Ahí están los documentos para comprobarlo. Ciudadanos, cuando pacta con el Partido Popular, propone una medida que no sé hasta qué punto es efectiva, que el Parlamento pueda cesar a un fiscal general. No estoy convencido de la bondad de esa medida, aunque creo que el nombramiento por el Gobierno en esa concepción tan jerarquizada ya determina la actuación partidista en algunos casos, por lo menos en los más relevantes para el Ejecutivo. Jueces para la Democracia está a favor de la instrucción por el ministerio fiscal. En cuanto al juez de instrucción, algún penalista lo ha llamado el hombre orquesta, es más, es una persona que puede padecer esquizofrenia porque por un lado tiene que garantizar el buen éxito de la investigación y por otro lado tiene que garantizar los derechos de las partes, y a veces es muy difícil de conseguir. Tenemos un modelo que parte del juez de instrucción, tiene reformas de principio acusatorio pero no acaba de inclinarse por lo que ocurre en los países de nuestro entorno, porque cuando uno va a las reuniones de Eurojust en La Haya ve que todos los países de nuestro entorno en general tienen adoptado ya el sistema de investigación por parte del ministerio fiscal. Creo que será cuestión de
tiempo en España, pero se acabará adoptando. Al igual que la limitación de la acusación popular. Creo que, hoy por hoy, hablar de la limitación no es oportuno porque, si no me equivoco, todos los casos de corrupción que están ahora mismo en trámite han surgido a iniciativa de una acusación popular y no del ministerio fiscal, con lo cual tenemos que ser muy cautos y hay que medir los tiempos para ver cuándo se debaten estas cosas. La acusación popular puede ser un derecho constitucional pero a veces se puede hacer un uso perverso de esas acusaciones; en definitiva, entiendo que no es oportuno hoy por hoy abordar esa limitación cuando se está demostrando que muchos de los casos que están saliendo a la luz son gracias a ello.
El Grupo Popular también ha planteado el sistema de elección y percepción de la justicia. Me remito a la encuesta de la Comisión Europea. El primer problema de la percepción de falta de independencia de los ciudadanos españoles -insisto- no es el sistema de elección de vocales del consejo, sino las injerencias del Ejecutivo y de los partidos políticos en los tribunales de justicia. Eso lo dicen bien claro las encuestas y además de forma reiterada, con lo cual no es el sistema de elección. El sistema de elección puede ayudar a la despolitización de la justicia porque, como dije antes, lo que hace es contagiar la mala imagen que tiene el Consejo General del Poder Judicial al sistema judicial en su conjunto.
Se habla, por ejemplo, de las puertas giratorias. Creo que hay un derecho fundamental, del que son también titulares los jueces, que es el derecho a acceder a los cargos públicos. Para empezar, ¿qué cargos públicos? Porque el problema de las puertas giratorias se plantea en el retorno a la judicatura. Pues, para empezar, habrá que delimitar qué cargos públicos. ¿Son solamente los electivos? ¿Incluimos también los que están en el Ejecutivo? Es decir, el que acceda a diputado sí, pero ¿qué pasa, qué al director general no lo vamos a incluir? ¿No ha apostado también por una opción partidista, político-partidaria? Ese es el primer problema que se nos plantea. Y, después, la vuelta a la judicatura evidentemente hay que garantizarla. Habrá que tomar unas cautelas pero, insisto, hay un derecho fundamental que es participar en los asuntos públicos y los jueces son también titulares de ese derecho. La cuestión es que habrá que resolver ese problema de apariencia de imparcialidad en el retorno a la judicatura, habrá que ver si puede volver a ese mismo juzgado o si deberá volver a otro. En todo caso, existe también el sistema de abstención y recusación cuando esté puesta en duda esa apariencia de imparcialidad.
Por supuesto que estamos a favor de que los magistrados del turno autonómico desaparezcan. En el nombramiento de altos cargos judiciales habría que distinguir el perfil. Si se trata, por ejemplo, de magistrados del Supremo o si se trata de presidentes de tribunales superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. Yo, en ese segundo caso, creo que hay que delimitar los mandatos; con un segundo mandado -diez años- es más que suficiente. Todos los miembros de la carrera judicial tienen derecho a optar a cargos gubernativos de la carrera judicial y no es posible que haya, como está ocurriendo ahora mismo, un señor en una provincia que va a estar veinticinco años de presidente de la audiencia provincial y en otra, veinte años. No es de recibo; me parece que la ley, ustedes, los legisladores, son los que deben establecer esas limitaciones.
En cuanto a los magistrados del Supremo, lo que le tengo que decir es que también todos los miembros de la carrera judicial tienen derecho a optar al mismo. Ahora mismo, con quince años de ejercicio en el cargo de magistrado, son 1500 o 2000 jueces los que pueden aspirar al Supremo. Habría que aumentarlo e intentar que todas las generaciones pudieran acceder. Por ejemplo, una medida, treinta años de antigüedad. O que a partir de sesenta años puedan aspirar al Supremo. Lo que no puede ser es, como hoy ocurre, que se nombre a personas con cincuenta y dos o cincuenta y tres años y lo que hacen es dejar a generaciones sin poder acceder al Tribunal Supremo. En todo caso, la jurisprudencia tiene que ir evolucionando y, en ese sentido, creo que son necesarias medidas por parte del legislador.
Especialización de jueces y juzgados. Por supuesto, yo estoy a favor de la especialización; por ejemplo, juzgados de delincuencia económica. Estamos hablando de fiscales anticorrupción, de fiscales de criminalidad organizada y en cambio los jueces son generalistas; un día están haciendo un juicio por injurias, al día siguiente un robo con fuerza o un hurto y después un delito societario. Yo creo que hay algunas especialidades del orden penal, pongo el caso, donde sí sería necesario, como se ha hecho con la jurisdicción mercantil, separándola o desgajándola de civil. Y en cuanto a la especialización de los jueces, por supuesto que también estoy a favor de que se especialicen. Yo creo que hay una tendencia, igual que ocurre en la abogacía, a una especialización por parte de los miembros del Poder Judicial.
Para finalizar, el sistema de oposiciones. Hay dos modelos en Europa. Uno es el sistema de juez profesional y otro el juez burocrático. En Francia, que es el origen del juez burocrático o continental, el
perfil de los jueces es, al acabar la carrera de Derecho, sin ninguna experiencia y con una socialización profesional, acceder directamente a la judicatura. El otro modelo es el sistema anglosajón de juez profesional, donde tras años de ejercicio como abogado y como un mérito profesional se da el acceso a la judicatura. España ha adoptado un sistema mixto. Creo que no es de recibo que el sistema actual de oposiciones -que yo sí lo tenía apuntado, pero que se me olvidó decir- sea solamente memorístico. Creo que las habilidades que tiene que tener una persona para ejercer la función jurisdiccional van más allá de saberse al pie de la letra el Código Civil o el Código Penal. Es necesario, al menos, una aplicación a un caso práctico de los conocimientos teóricos; creo que debemos estar todos de acuerdo en que ese es el sistema. Y, por otro lado, combinarlo con el cuarto turno. En ese sentido estoy de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista en que el cuarto turno añade un plus a la carrera judicial en el sentido de que, tomando como base el sistema anglosajón de juez profesional, son personas con años de experiencia en la abogacía, profesores de universidad o secretarios judiciales, o ahora letrados de la Administración de Justicia, que acceden a la carrera judicial y que son muy enriquecedores para la propia carrera judicial.
Para terminar, señora Rodríguez.
La señora PRESIDENTA DEL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, FJI (Rodríguez González del Real): Me hubiera gustado contestar a cada uno de los grupos parlamentarios, pero me es imposible dado el gran número de preguntas, y tan interesantes, que se han formulado.
Sí comenzaré con Ciudadanos. Desde aquí pongo de manifiesto la decepción que supondría que en esta legislatura no saliera adelante la elección por parte de los jueces y magistrados de los doce vocales de procedencia judicial. En eso tengo que adelantar que estamos de acuerdo las asociaciones judiciales. Díganselo ustedes al ministro Catalá porque yo se lo he dicho, pero parece ser que no lo quiere entender; estamos de acuerdo. El Partido Popular ha tenido en dos ocasiones mayoría absoluta y yo he ido al programa electoral y venía la elección por los jueces y magistrados de los doce vocales de procedencia judicial. Eso quedó en nada. Con el ministro Gallardón no solamente quedó en nada sino que se ha hecho una reforma, la 4/2013, de 28 de junio, que ha supuesto un enorme retroceso como estructura interna del órgano de gobierno de los jueces.
En cuanto al acceso a la carrera judicial, quiero poner de manifiesto a la representante de Podemos, señora Carreño, que existen dos vías, como se ha explicado aquí. Las dos vías son efectivas y posibles. ¿Qué una vía es más memorística que la otra? También es cierto, como se ha puesto de manifiesto, que pasan dos años en la Escuela Judicial y es, tras esos dos años y prácticas en los juzgados, cuando se incorporan a la carrera judicial. Yo he estado no hace mucho en la Escuela Judicial dando una charla a jueces y me llamó la atención que siendo jueces de acceso por oposición tenían una media de treinta y pico años. Como está tan restringido el acceso a la carrera judicial en cuanto a número de plazas, la edad del cuarto turno y la edad del turno libre se están acercando. El cuarto turno tiene más experiencia profesional, sí, pero también es muy interesante tener el lujo de poseer un conocimiento global de todo el ordenamiento jurídico, que es muy importante y que va a permanecer durante toda la vida de la carrera profesional.
También quiero decirle, señora Carreño, que me estoy refiriendo a una decisión adoptada por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial el 23 de marzo del año 2017. Esa decisión no es parlamentaria, es el Consejo General del Poder Judicial el que acuerda la adscripción de los Juzgados de Menores. Yo llevo treinta años en la carrera judicial, soy de la misma quinta que el representante de la Asociación Francisco de Vitoria. Le puedo decir que, en justicia, cuando funciona una jurisdicción inmediatamente van a por ella, a cargarse la jurisdicción. Yo he vivido cómo se crearon los juzgados de lo Penal. Existía la famosa Ley 10/1980, de delitos dolosos, menos graves y flagrantes, que dio lugar a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se crearon los juzgados de lo Penal. Esos juzgados funcionaban muy bien. Pues como funcionaban tan bien, se les sobrecargó de materia y hoy en día son juzgados que -otras personas aquí en la mesa pueden decirlo- se encuentran sobresaturados y con un peso muy superior al que pueden sacar. Lo mismo puedo decir de los juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo. Son juzgados que funcionaban muy bien hasta que dijeron: qué bien funcionan, vamos a darles más carga. Se descargan las salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de Justicia, se cargan los juzgados unipersonales de lo Contencioso y hoy en día siguen colapsadas las salas y se ha conseguido colapsar los juzgados
unipersonales. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones que se toman en estas materias, hay que ser especialmente precavido porque lo único que se puede conseguir es que una jurisdicción que funcione mejor deje de funcionar.
En lo relativo a los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial yo soy absolutamente crítica. De verdad, se han hecho nombramientos que son de escándalo público. No se puede nombrar durante cuatro ocasiones a la misma persona cuando ese nombramiento está siendo anulado por el Tribunal Supremo. O no se puede nombrar presidente de tribunales superiores de Justicia a personas que no tienen antigüedad para estar en el órgano. Por lo tanto, considero que los nombramientos tienen que quedar perfectamente regulados. Por supuesto, considero que lo más democrático es que sean los propios órganos, los miembros del órgano colegiado quienes nombren al presidente del tribunal superior de Justicia o la audiencia provincial, o bien que el presidente del tribunal superior de Justicia se pueda nombrar por todos los jueces y magistrados de dicho territorio, dado que tiene funciones gobernativas sobre ellos; es decir, existen muchas fórmulas. Yo creo que lo mejor son las fórmulas más democráticas.
Cuando me refiero al tema de la paternidad, lo que quiero decir es que la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial sistemáticamente está adoptando medidas que perjudican a los jueces, de verdad que es así. Tienen menos días que el resto porque se suprimieron los días y, como están regulados por una ley orgánica, no se han repuesto, y el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de hacer una interpretación flexible del precepto, lo que hace es una interpretación literal del mismo para evitar que los jueces y magistrados tengan ese derecho de paternidad, y ni siquiera tiene en cuenta la corresponsabilidad que regula la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley 3/2007, de 22 de marzo.
En materia de limitación de nombramientos, por supuesto que somos totalmente favorables a limitar los nombramientos. Toda medida democrática que se pueda tomar en nuestros órganos decisorios o en nuestros órganos de gobierno me parece correcta. Permanecer, como se ha dicho, veinte años en la presidencia de un tribunal superior de Justicia no cabe en cabeza humana porque a ese puesto debería tener acceso el resto de los miembros de la carrera judicial, deberían tener por lo menos esa oportunidad; además, profesionalmente es mucho más enriquecedor poder ir cambiando de destinos y no me parece que eternizarse en un destino, y más en un destino gubernativo, sea lo correcto, pero nosotros vamos más allá: esas presidencias deben ser elegidas democráticamente por los miembros del tribunal superior de Justicia o, en su caso, como hemos dicho, por los magistrados o jueces que pertenezcan a ese territorio.
Somos totalmente favorables a la especialización en los distintos ámbitos, claro que sí. La práctica demuestra que cuando tú especializas es mucho más ágil la justicia. Por lo tanto, es fundamental en estos momentos especializar los juzgados en el ámbito económico, por supuesto, y en otros ámbitos más humanos también. Mantener las especialidades en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Incapacidades, como se tiene en Madrid, o en otros juzgados, como los de Familia, me parece fundamental.
En cuanto a los recursos y la designación de peritos, me constan por los compañeros los enormes problemas que existen a la hora de tener unos peritos especialistas, por ejemplo, en economía que puedan asesorar a los juzgados de lo Mercantil, pero no solamente a estos, sino incluso a los juzgados de Incapacidades, que se encuentran con patrimonios de personas que van a ser declaradas incapaces y que el juez tiene que soportar cuando desconoce de esos criterios económicos. Lo más fácil es que se mantengan una serie de peritos en materias específicas que sean estatales, porque acudir a peritos externos siempre tiene un riesgo.
En cuanto a la instrucción por parte de los fiscales, tengo que decir que la asociación Foro Judicial Independiente es totalmente contraria a atribuir en el momento actual la instrucción a los fiscales. Yo puedo hablar porque trabajo en una jurisdicción en la que los fiscales son los que instruyen, que es la prevista en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Pues bien, desde mi experiencia en esta jurisdicción puedo decir que si funcionan los juzgados de instrucción, si se realizan bien las instrucciones, no entiendo el motivo de atribuir la instrucción a los fiscales. La práctica demuestra que la instrucción requiere experiencia, y esa experiencia actualmente no la tienen los fiscales; es más, en los treinta años que llevo en la carrera judicial lo que he podido observar es que la fiscalía ha evolucionado hacia una fuerte jerarquización. Estando yo en sala, hace mucho tiempo, los fiscales tenían criterio para poder modificar las alegaciones en un sentido u otro, llegar más libremente a conformidades y otras cuestiones. Hoy en día, se tiene que levantar el fiscal de sala para hablar con el fiscal coordinador, el fiscal coordinador tiene
que hablar con el fiscal jefe y así sucesivamente para adoptar, a lo mejor, cuestiones de matiz en un escrito de alegaciones. Por lo tanto, mientras permanezca esa jerarquización y no exista un estatuto orgánico del ministerio fiscal que lo dote de autonomía somos absolutamente contrarios a atribuir la instrucción a los fiscales.
Por lo que respecta a la acusación popular, nosotros somos favorables a la acusación popular. Sí, es cierto que a lo mejor hay que establecer determinadas limitaciones por hechos que han sucedido, pero entendemos que actualmente es un instrumento fundamental en el ámbito penal en el ejercicio de las acciones y la tutela judicial efectiva, que no tiene por qué coincidir en intereses individuales.
Creo que ha concluido mi tiempo. Agradezco a todos que me hayan escuchado en el día de hoy.
Muchas gracias a los cuatro portavoces de las asociaciones. Si alguno de ustedes quiere hacernos llegar por escrito algunas conclusiones sucintas, la subcomisión lo agradecería y sería bueno para que no haya ninguna duda sobre la posición de cada uno.
El próximo miércoles a la tres y media tendremos sesión de la subcomisión con las asociaciones de fiscales.

References: artículo 6
 artículo 122
 artículo 122
e contrario
 resolución 
e contrario
 artículo 117
 artículo 22
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 29
 resolución 
 artículo 124
e contrario