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Timestamp: 2020-06-05 03:44:48+00:00

Document:
Resolución ENRE 0364/2000. Boletín Oficial n° 29.430, viernes 30 de junio de 2000, p. 86.
Citas Legales : Código civil, Código civil - artículo 1071, Código civil - artículo 1113, Código civil - artículo 1197, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 018, Contrato de concesión (Edelap S.A.), Contrato de concesión (Edelap S.A.) - artículo 25, Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 5.3., Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 6.4., Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 46, Ley 19.549 - artículo 12, Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.065 - artículo 81, Ley 24.447, Ley 24.447 - artículo 31, Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores (AEA) (versión 1973), Reglamento de suministro - artículo 02 inciso c), Reglamento de suministro - artículo 02 inciso e), Reglamento de suministro - artículo 04 inciso d), Reglamento de suministro - artículo 06 inciso b), Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 15, Resolución ENRE 0259/2000, Resolución ENRE 0259/2000 - artículo 2, Resolución ENRE 0259/2000 - artículo 3, Resolución ENRE 0259/2000 - artículo 4, Resolución ENRE 0259/2000 - artículo 5
Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 5; fallo: "Edesur S.A. c/ Resolución 814/96 -ENRE- (Exp. 1643/95)" [12 de agosto de 1998]
Expediente Citado : ENRE 06578/1999
BUENOS AIRES, 21 DE JUNIO DE 2000
VISTO: el expediente ENRE N° 6578/99, y
Que “EDELAP S.A.” interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución ENRE N° 259/2000 de fecha 17 de mayo de 2000, solicitando la revocación del mismo y la suspensión total de la ejecución del acto administrativo por las siguientes cuestiones:
Que, si bien la Distribuidora reconoce la naturaleza punitiva de la sanción impuesta, estima que aplicando los principios del derecho penal a la sanción administrativa, no procede el principio de retroactividad de la ley aplicado en el acto objeto de impugnación, por cuanto se ha calculado la multa de cada infracción con un 3% del máximo fijado por el contrato, siendo que por sanciones aplicadas en anomalías anteriores corresponde el 1%;
Que si bien el contrato de concesión no establece pautas de cuantificación que no sea el máximo fijado por el mismo, el ENRE ha determinado discrecionalmente en casos análogos resueltos con anterioridad el 1% y posteriormente ipso facto ha fijado un 2%, valor éste que ha sido impugnado en anteriores recursos y actualmente, en este caso particular, de modo arbitrario y sin ningún tipo de norma anterior a la formulación de los cargos, fija el 3% del máximo de la multa;
Que esta Resolución del ENRE rompe el principio de irretroactividad de la ley penal, aplicando una multa sin la existencia de una norma o resolución previa que no sea el máximo dispuesto por el contrato de concesión y, por el otro, sobre hechos pasados efectúa modificaciones posteriores y deja de lado el principio de la ley más benigna;
Que por las razones señaladas precedentemente, la recurrente solicita para el presente caso, la aplicación del 1% por cada anomalía con relación al máximo previsto en el contrato de concesión, como se dispuso en casos análogos, respetando los principios de toda norma penal, del debido proceso y la defensa en juicio;
Que además, la recurrente invoca otras cuestiones referidas a la ilegitimidad del acto administrativo impugnado, al merituarlo como contrario al orden jurídico imperante desde el nacimiento mismo del acto y afirma que, si bien las penas tienen por objeto asegurar las obligaciones contractuales, su aplicación no puede vulnerar garantías constitucionales encontrando, al mismo tiempo, restricciones en las disposiciones del Código Civil;
Que la impugnante también cuestiona la "errada interpretación" por parte del ENRE de la fuerza ejecutoria del acto administrativo, al disponer en el artículo 2° de la parte resolutiva el "apercibimiento de ejecución", por cuanto la ejecución no puede efectuarse coactivamente y necesita de un procedimiento judicial;
Que asimismo, la recurrente objeta la parte resolutiva de la Resolución impugnada por no prever la vía directa contencioso administrativa;
Que con relación a la confiscatoriedad de la multa "EDELAP S.A." entiende que el "quantum" se encuentra en franca desproporción con la capacidad pecuniaria del contraventor, dejando de lado el concepto correctivo de la sanción y su eficacia y opina que, si se tiene en cuenta que las sumas depositadas se realizan en la cuenta "recaudadora de fondos de terceros", esta circunstancia conduce a una solución injusta que no beneficia de ningún modo al usuario;
Que las situaciones antes señaladas desvirtúan la naturaleza de la multa que tiene por objeto la corrección y modificación de una conducta y por esta razón, afirma la recurrente, la multa debe ser graduada para evitar situaciones injustas por el exceso incurrido que provocan complicación en la actividad programada por la distribuidora;
Que por ello, la recurrente solicita la reconsideración del monto y destino de la multa;
Que a su vez, disiente del criterio técnico utilizado por la UNLP y compartido por el ENRE sobre la peligrosidad de los postes inclinados al afirmar que, por un estudio solicitado por la distribuidora a E.C.O.S.S.H. para determinar el grado de tolerancia de inclinación de un poste sobre el suelo, ésta ha concluido que el desequilibrio adicional provocado por el peso del cable y el poste no supera de ningún modo el 10% de la reacción del suelo para que éste pueda perder su condición elástica;
Que además y con relación a los postes inclinados, la distribuidora manifiesta que el ENRE ha negado que el estudio efectuado por E.C.O.S.S.H. sea evaluado por un tercero imparcial y no la UNLP, habiéndose con ello vulnerado la garantía de defensa en juicio;
Que asimismo, la recurrente afirma que resulta absolutamente improcedente la imputación que el ENRE realiza a "EDELAP S.A." sobre los defectos de los pilares de los usuarios y sus bajadas de línea al estimar que, el límite está determinado por el Reglamento de Suministro que responsabiliza al usuario de la obligación de proveer y disponer de las cajas correspondientes a los equipos de medición, tanto en la colocación sobre el frente de su domicilio de la toma primaria como el mantenimiento en perfecto estado de conservación de las instalaciones propias;
Que "EDELAP S.A." continúa manifestando que, resulta obvio que si el usuario es responsable de la conservación del habitáculo y de su colocación, también lo es de la conservación del pilar por su "manifiesta relación continente - contenido", porque la distribuidora no puede asumir la responsabilidad de su estructura interna cuando ha sido construido en su ausencia y no existen medios técnicos que permitan a un inspector o lecturista poder analizar el interior de un pilar;
Que por otra parte, la impugnante asevera que como el usuario asume voluntariamente la construcción del pilar, por el art. 1071 del C. Civil y los arts. 17 y 18 de la C.N. no se puede imponer a éste variables arquitectónicas, en cuanto es una decisión exclusiva del cliente al construir su casa y, si bien la distribuidora controla la instalación del habitáculo, el usuario debe velar por la conservación de éste y del pilar;
Que "EDELAP S.A." reconoce tener a su cargo la guarda de una cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del C. Civil, cuyo cumplimiento debe acreditarlo con demostrar la debida diligencia y cuidado, en tanto el ejercicio de este derecho no represente una invasión sobre la propiedad privada del usuario que se transforme en ilícito (art. 1071 del C. Civil);
Que por ello la distribuidora concluye que su responsabilidad radica sólo en intimar al usuario para la reparación del pilar en caso de advertir su deterioro o la restauración en tiempo y forma por no ser propietaria del pilar;
Que sobre las puestas a tierra, la recurrente afirma que las normas aplicables en la materia exigen protecciones mecánicas y que las instalaciones desarrolladas por "EDELAP S.A." se encuentran integradas por la protección mecánica al cable (acero con revestimiento de cobre), no resultando necesario agregar, como protección adicional, un caño de hierro galvanizado;
Que no obstante la recurrente sostiene que en toda nueva instalación de puesta a tierra se está incorporando una cobertura con caño de PVC hasta una altura de 2,50 metros;
Que además la distribuidora manifiesta que en períodos anteriores a la concesión se ha utilizado un galvanizado de hasta 2,50 metros de altura, material que ha sido suplantado actualmente por un cable de acero con revestimiento de cobre con la adición de un caño de PVC, elementos que dan cumplimiento a la protección mecánica exigida;
Que asimismo, la impugnante niega la responsabilidad que se le atribuye sobre la poda de ramas o follajes cercanos a las líneas eléctricas y determina que sólo pueden ser podados "legalmente" por la Municipalidad o, en su efecto con permiso expreso de ésta para proceder, porque en caso contrario estaría colocando a la distribuidora en una situación de sanción frente a normas municipales;
Que esta situación conduce a la no inmediata normalización, por cuanto se requiere de una autorización supeditada a la decisión de un tercero que es la Municipalidad, quién efectivamente detenta el ejercicio del poder de policía y no el ENRE o la distribuidora;
Que por último la recurrente se agravia de la sanción aplicada por anomalías atribuibles a la misma pero que pertenecen a la compañía de teléfonos o de televisión y afirma que el organismo de control no puede delegar funciones en la Distribuidora porque existe un organismo específico para realizar el control de las comunicaciones y, en este caso, "EDELAP S.A." ha iniciado un reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, habiendo recibido de ésta un fax solicitando se inspeccionen con la presencia de un notario las líneas de Telefónica Argentina, de lo que se infiere que son ellos los encargados de velar por el cumplimiento de las distancias entre las líneas de teléfono y las eléctricas;
Que sobre los argumentos sostenidos por la recurrente en el acto de impugnación, el ENRE se expide con las razones de hecho y derecho que a continuación se exponen:
Que el principio de "nullun crimen nulla pena sine lege" citado por la recurrente no es otra cosa que la aplicación retroactiva de la ley penal a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de aquélla y que agravan la situación jurídica y/o procesal de éstos;
Que trasladando este principio al criterio reiteradamente adoptado en pronunciamientos anteriores y repetido en la sanción aplicada en la Resolución ENRE N° 259/2000 objeto de la presente impugnación, puede inferirse que ésta no tiene carácter retroactivo, toda vez que la imposición de sanción por cada infracción se basa en preceptos normativos vigentes con anterioridad a los incumplimientos incurridos por la distribuidora, como es el contrato de concesión y el subanexo 4 del mismo;
Que en igual sentido, el principio de la reincidencia penal (aplicable a las sanciones administrativas) dispone un agravamiento en la imposición de la pena cuando existe reiteración de la conducta infractora;
Que en el caso que nos ocupa, la Resolución ENRE N° 259/2000 sanciona cada infracción con el 3% del tope contractualmente multable, superior al 1% y al 2% aplicados anteriormente, como resultado de un agravamiento basado en la reiteración por parte de la distribuidora de igual conducta transgresora de sus obligaciones en materia de preservación de la seguridad pública;
Que de las expresiones vertidas supra puede colegirse que la multa impuesta a "EDELAP S.A." ha sido dictada sobre la base de un marco regulatorio preexistente a la detección de las anomalías, fijándose un porcentaje por cada anomalía del 3% del tope, es decir muy lejano al máximo contractualmente previsto;
Que de acuerdo con el artículo 1197 del Código Civil, las convenciones hechas por las partes en los contratos, constituyen una regla a la cual deben someterse como la ley misma;
Que el contrato mediante el cual el Estado delega la concesión del servicio público de distribución de electricidad de ningún modo establece escalas de sanción, sólo dispone un límite máximo dentro del cual el poder concedente dispondrá qué montos sancionatorios aplicará, usando de la facultad discrecional que el mismo convenio y marco regulatorio le acuerda y sólo dentro de los márgenes de razonabilidad que en cada caso particular debe predominar al momento de la toma de decisiones y que en el tema sub - examine han sido respetados;
Que asimismo, el subanexo 4 del contrato de concesión dispone en el punto 6.4 que los incumplimientos de las obligaciones de la concesionaria sobre peligro en la seguridad pública y derivados de su accionar, serán plausibles de multas hasta 500.000 kWh de acuerdo a la gravedad de las faltas, los antecedentes y las reincidencias;
Que por estas razones, resulta inadmisible que la recurrente se agravie por no haber previsto que sus incumplimientos serían agravados toda vez que, por el contrario, debe esperar y aguardar en lo sucesivo el paulatino agravamiento de las sanciones que le imponga el ENRE, si la misma persiste en su conducta incumplidora frente a las obligaciones en materia de seguridad pública;
Que por otra parte, la ejecutoriedad impropia del acto administrativo que hace referencia el artículo tercero resulta incuestionable y por ello las razones alegadas por la quejosa carecen de todo asidero jurídico;
Que en igual sentido al señalado supra, la vía directa se encuentra expedita ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, según lo dispone el artículo 4 de la Resolución recurrida y el artículo 81 de la Ley 24.065;
Que carece de sustento el argumento sostenido por la recurrente sobre la confiscatoriedad de la multa por el quantum de sanción impuesto, toda vez que la impugnante no ha demostrado en autos que la sanción ha excedido la capacidad económica y financiera de la empresa;
Que por otra parte, los márgenes de sanción aplicados por el ENRE en la Resolución recurrida de ningún modo trascienden la extensión de la obligación de un modo irrazonable, arbitrario y desproporcionado, por cuanto las sanciones aplicadas han sido objeto de incrementos graduales desde la fecha de concesión, ponderando los elementos de valoración consignados en el punto 6.4 del subanexo 4 del contrato de concesión;
Que con relación al destino de la multa, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en causa n° 13.502/98: "EDESUR S.A. c/ Resolución ENRE N° 814/96 - Expte. ENRE N° 1643/95" en fallo de fecha 12 de agosto de 1998 se ha expedido manifestando que: "... el punto 6.4 del subanexo 4 del contrato de concesión se encuentra dentro del capítulo 6 "otras obligaciones de la concesionaria", es decir sobre materia de peligro en la seguridad pública, ampliación y operación de instalaciones, contaminación ambiental, acceso de terceros a la capacidad de transporte, etc. lo que reafirma la idea de que la potestad sancionadora del ENRE no sólo comprende aquellos incumplimientos de obligaciones en la relación para con el usuario, sino también respecto de externos en la relación concedente - concesionario y en el esquema de aquello que se denomina policía de servicio público";
Que además, el decisorio judicial estima que la imposición de la penalidad no resulta anudada a la existencia previa de un perjuicio susceptible de apreciación económica y que el destino de la penalidad no es un presupuesto fáctico que determine la viabilidad de la sanción, toda vez que el artículo 31 de la Ley 24.447 del ejercicio fiscal de 1995 ha dispuesto que los recursos de los entes reguladores originados en las multas por sus funciones de contralor deben ingresar al Tesoro Nacional;
Que el ENRE establece una distinción entre su función jurisdiccional de resolver controversias entre los usuarios y el distribuidor, donde la relación entre las partes es sustancialmente de derecho privado, y el ejercicio de la policía de servicio que fiscaliza el cumplimiento de la reglamentación que afecta a un número indeterminado de sujetos o a la propia Administración correspondiendo, en este último caso, la aplicación del punto 6.4 del subanexo 4 del contrato de concesión, por ser una relación de derecho administrativo cuyo incumplimiento se sanciona con multas de carácter administrativo;
Que el informe técnico sobre la peligrosidad de los postes inclinados referido a un estudio presentado por la distribuidora y practicado por E.C.O.S.S.H., este Organismo se ha expedido en el expediente ENRE N° 6866/99 - V Cuerpo - al compartir el análisis que sobre este tema particular ha efectuado la UNLP y que a continuación se expone:
Que, debido a que las características de aparición de los postes inclinados en la vía pública no es de a grupos sino en forma aleatoria, se estima que el problema no es de instalación, sino de pérdidas de características de resistencia local del suelo o de algún tipo de sobrecarga sobre el poste (por ej. tiro excesivo del conductor);
Que si es el suelo la causa de la inclinación de los postes en la vía pública, cualquier condición de carga sobre el poste (normal y/o excepcional) agravará aún más la situación con el transcurso del tiempo, debido a la pérdida de las características resistentes del terreno y a la aparición de solicitaciones en la parte enterrada por la pérdida de la vertical del poste (momentos torsionales);
Que dado que la mayoría de los postes relevados en la vía pública presentan inclinaciones excesivas con respecto a la vertical de los mismos, existe una alta probabilidad de que los mismos continúen aumentando su inclinación con riesgo de caída y, a su vez, afectando las condiciones de carga de los postes contiguos;
Que por las razones antes señaladas el ENRE en ningún caso tipifica las anomalías de acuerdo con el "grado de peligrosidad" que revisten los postes, calificándose anomalía toda inclinación de los mismos y cuya vertical no se encuentre perpendicular al terreno;
Que el ENRE de ningún modo ha vulnerado la garantía de la defensa en juicio alegada por la recurrente, toda vez que el informe técnico presentado por "EDELAP S.A." sobre los postes inclinados y realizado por el perito de parte ha sido admitido como prueba y evaluado por una Institución Universitaria Oficial con jurisdicción nacional, que ha emitido una opinión científica imparcial y objetiva sobre la prueba presentada por la quejosa;
Que por otra parte la opinión de la UNLP, a través de su Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (ILTREE), ha sido consentida y asimilada como propia por parte del ENRE en el ejercicio de las potestades inherentes como Poder Público y por las cuales se encuentra facultado de oficio a disponer de la prueba que estime oportuna y usar los medios de producción necesarios y conducentes a la comprobación de la verdad jurídica objetiva de los hechos materialmente invocados ( artículo 46 Decreto 1759/72 );
Que en cuanto a los pilares de los usuarios y sus bajadas de línea este Organismo se ha expedido en decisorios anteriores determinando que la responsabilidad de la distribuidora incluye al cable de conexión de la red de distribución, la toma primaria (sea fusible aéreo o toma de fusibles), el cable de acometida al medidor o bien a la toma secundaria (si la hubiere), el cable de acometida a los bornes del tablero principal del cliente, las cajas y gabinetes de toma y medición;
Que el límite de responsabilidad consignado en el Considerando precedente surge de la siguiente normativa: a) del artículo 2 inc. c) del Reglamento de Suministro que solo corresponde al usuario colocar y mantener en condiciones de eficiencia la salida de medición y los dispositivos de protección y maniobra del tablero principal, b) los dispositivos de protección y maniobra se encuentran ubicados dentro del tablero principal, por lo que no corresponde extender la obligación de colocación y de mantenimiento por parte del usuario a ningún otro elemento que se encuentre aguas arriba de los bornes de entrada a dichos dispositivos ubicados en el tablero principal, c) ningún uso o aprovechamiento de energía que pasa por el medidor puede ser efectuado por el usuario mientras no pase primero, por los bornes de entrada del tablero principal para posibilitar la utilización de energía suministrada, e) el usuario, por el inc. e) del artículo 2 del Reglamento de Suministro no puede manipular, reparar, remover ni modificar las instalaciones comprendidas entre la conexión domiciliaria y el primer seccionamiento posterior (tablero del usuario) a la salida del medidor, debiendo comunicar a la distribuidora cualquier situación anormal o inhabitual en el más breve plazo posible, f) el personal de la empresa tiene la obligación de informar a la misma sobre las anormalidades que presenten las instalaciones comprendidas entre la toma y el primer seccionamiento, de acuerdo con el inc. d) del artículo 4 del Reglamento de Suministro;
Que usando igual razonamiento de la distribuidora en su descargo, puede inferirse que si al usuario le está vedado el manipuleo, reparación, modificación y remoción de las instalaciones comprendidas entre la conexión domiciliaria y el primer seccionamiento posterior a la salida del medidor, en la relación continente - contenido, no puede ser responsable del continente si no lo es del contenido;
Que asimismo, al tener a su cargo la guarda de una cosa riesgosa (art. 1113 del C. Civil) deberá demostrar que obra con la debida diligencia y cuidado para mantener y preservar el ejercicio de ese derecho y que no represente un peligro para la seguridad pública;
Que las instalaciones antes señaladas ubicadas en un pilar, no sólo pueden presentar anomalías en sí mismas sino que pueden constituir riesgo, como consecuencia del estado de la infraestructura que las contiene (mampostería, caños, crucetas, pipetas y demás elementos que componen el pilar o construcción que haga sus veces);
Que por esta razón, el pilar de propiedad del usuario puede deteriorarse al extremo de originar con esta falla estructural o de mantenimiento, la afectación de las instalaciones eléctricas de la distribuidora existentes en dicho pilar;
Que por consiguiente, la conservación y mantenimiento en buen estado del pilar del usuario es una obligación de la distribuidora en materia de prevención de la seguridad pública, porque es ésta quién conoce el riesgo eléctrico consecuente con la circunstancia descripta, y por ello debe tomar a tiempo las medidas preventivas adecuadas, al contar con las previsiones reglamentarias para constreñir al usuario a reparar el pilar o, en caso contrario, suspender el suministro (Reglamento de Suministro, artículo 6to inciso b);
Que por las consideraciones efectuadas supra se desprende que, de ningún modo el ejercicio de la debida diligencia por parte de la distribuidora en el mantenimiento y conservación eficiente de las instalaciones de suministro de electricidad al usuario, pueden vulnerar los principios constitucionales y de derecho común sobre protección de la propiedad privada;
Que con relación a las puestas a tierra, el ENRE comparte el dictamen técnico efectuado por la UNLP (IITREE) a fs. 824 del expediente del Visto al expresar:
Que ante el desarrollo de una falla, deben garantizarse las características de las puestas a tierra a fin de obtener tensiones de paso y de contacto admisibles;
Que se estima que los conductores de las puestas a tierra de los centros de transformación y centros de baja tensión deben encontrarse protegidos mecánicamente y poseer aislación eléctrica, a fin de garantizar dichos valores;
Que por otra parte, debe tenerse en cuenta que un caño de PVC no posee las características mecánicas suficientes para garantizar la protección necesaria del conductor de puesta a tierra, ni lo protege contra robos ni vandalismo;
Que sobre lo expresado precedentemente se infiere que los reemplazos efectuados por la distribuidora sobre las protecciones, de ningún modo son equivalentes a los caños metálicos;
Que con referencia al cumplimiento que alega "EDELAP S.A." sobre la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Exteriores de Baja Tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina, debe consignarse que es un proyecto de Norma que aún no ha sido aprobado por esta Asociación y, una vez observado este requisito adquirirá fuerza obligatoria a los fines de su cumplimiento, cuando así lo disponga la Institución Oficial pertinente;
Que sobre la necesaria poda de árboles, cuyas ramas representan un peligro para la seguridad pública, el contacto y presión de éstas con las redes eléctricas puede cortar los cables tensados, más aún cuando se producen condiciones atmosféricas adversas, y producir un riesgo o contingencia inminente que pueda causar daño;
Que igual riesgo o peligro inminente se presenta cuando los cables eléctricos no guardan las distancias necesarias de los cables telefónicos o de televisión en cuanto el contacto entre éstos puede producir situaciones de daño en la vida, integridad física y bienes de terceros;
Que en ese último caso la distribuidora deberá velar por la solución inmediata a estas anomalías, ya sea solicitando una autorización a la compañía propietaria o intimando a ésta a proceder al retiro de los mismos bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes pues, en estas situaciones de peligro inminente no basta la simple solicitud de corregir las irregularidades por parte de las compañías infractoras;
Que en este sentido y como se sostuvo en la Resolución objeto de impugnación la distribuidora debe adoptar y agotar en forma inmediata todas las medidas necesarias y conducentes para evitar cualquier peligro en la seguridad pública (art. 16 Ley 24.065 y art. 25 del contrato de concesión);
Que la distribuidora, en estos dos últimos casos, es responsable por no efectuar un regular y permanente control del estado y situación de su tendido de red y ante la existencia de este tipo de anomalías agotar todas las instancias necesarias en forma inmediata para que en tiempo oportuno sean normalizadas y a los fines de evitar el evento dañoso;
Que de las constancias de fs. 705 sobre el fax enviado por la Comisión Nacional de Comunicaciones a "EDELAP S.A." se desprende que la distribuidora ha recurrido extemporáneamente a la búsqueda de soluciones por este tipo de anomalías, ya que éste ha sido enviado en fecha 19 de mayo de 2000, o sea el mismo día de haber sido notificada de la aplicación de las sanciones por Resolución ENRE N° 259/2000 y no con la inmediatez con que ha debido proceder una vez detectada la anomalía, es decir que no ha obrado con la consecuente diligencia, circunstancia que desvirtuaría los argumentos usados por la misma en la vía recursiva;
Que estas dos últimas conductas son reprochables y constituyen anomalías toda vez que el artículo 16 de la Ley 24.065 dispone que la recurrente está obligada a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública;
Que con relación a la suspensión de acto impugnado solicitado por la recurrente corresponde afirmar:
Que la intimación al pago de la multa dispuesta en la Resolución ENRE N° 259/2000 se fundamenta en el Punto 5.3 cuarto apartado del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, requiriendo de "EDELAP S.A." su efectivización antes de interponer los recursos legales pertinentes;
Que además, el artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de Sanciones contenido en la Resolución ENRE N° 23/94 determina que en casos de aplicación de sanciones por infracción a las disposiciones que reglamentan la prestación del servicio público de los contratos de concesión los concesionarios, previo a dar curso a los recursos legales, deberán hacer efectivas las multas;
Que por otra parte, el artículo 12 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, define la fuerza ejecutoria de los actos administrativos al facultar a la Administración a ponerlos en práctica por sus propios medios, salvo que por la ley o la naturaleza del acto se exija intervención judicial, a los fines de impedir que los recursos que se interpongan suspendan la ejecución y efectos del acto;
Que asimismo, la última parte del artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece una excepción al principio de la ejecutoriedad de los actos administrativos al disponer que sólo de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, la Administración puede ordenar la suspensión del acto en los siguientes casos: por razones de interés público, grave perjuicio al interesado o por alegarse fundadamente una nulidad absoluta (art. 12 última parte Ley 19.549);
Que de los fundamentos de expresión de agravios argüidos por la distribuidora en el Recurso de Reconsideración interpuesto no se infiere la existencia de alguno de los supuestos de excepción enunciados en la última parte del artículo 12 de la Ley 19.549, toda vez que la misma omite, además, dar las razones y pruebas fehacientes que acrediten las circunstancias de hecho y/o derecho que afecta el interés público o que perjudican gravemente a la quejosa;
Que por consiguiente y de acuerdo con lo dispuesto por el Punto 5.3 del Subanexo 4 del contrato de concesión, el artículo 15 de la Resolución ENRE N° 23/94 del Reglamento para la Aplicación de Sanciones y artículo 12 de la Ley 19.549, corresponde rechazar la suspensión de ejecución de la Resolución ENRE N° 245/2000 solicitada por la distribuidora;
Que, por las consideraciones efectuadas precedentemente y el análisis sobre cada uno de los conceptos que han sido descalificados por la distribuidora y por los cuales se siente agraviada corresponde proceder a su rechazo, toda vez que no ha aportado elementos de convicción idóneos para revocar la Resolución objeto de impugnación, al carecer de los sustentos técnicos y jurídicos necesarios que los avalen;
Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra facultado para el dictado del presente acto de virtud de lo dispuesto por los artículos 63 incs. a) y g) y 76 de la Ley 24.065;
ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por "EDELAP S.A." en contra de la Resolución ENRE N° 259/2000 de fecha 17 de mayo de 2000.
ARTICULO 2.- Rechazar el pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo solicitado por "EDELAP S.A." en contra de la Resolución ENRE N° 259/2000 de fecha 17 de mayo de 2000.
ARTICULO 3.- Sobre la base de lo establecido en el artículo primero, "EDELAP S.A." deberá depositar el importe total de la multa consignada en el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 259/2000 dentro de los cinco días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, en la cuenta corriente mencionada en el artículo 2 y bajo la modalidad dispuesta en el artículo 3 de igual Resolución.
ARTICULO 4.- "EDELAP S.A." deberá depositar el total de la multa con más el pago de intereses de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 de la Resolución ENRE N° 259/2000 calculados desde el lapso que va desde el momento en que la penalidad debió satisfacerse conforme a la Resolución ENRE N° 259/2000 y hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de ejecución.
ARTICULO 5.- Notifíquese a "EDELAP S.A."
RESOLUCION ENRE N° 364/2000
ACTA N° 534
Citas legales: Resolución ENRE 0259/2000
Resolución ENRE 0814/1996
Constitución Nacional - artículo 17

References: artículo 1071
 artículo 1113
 artículo 1197
 artículo 017
 artículo 018
 artículo 25
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 63
 artículo 76
 artículo 81
 artículo 31
 artículo 02
 artículo 02
 artículo 04
 artículo 06
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1197
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 81
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
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 artículo 16
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 artículo 15
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 12
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 artículo 1
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 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
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 artículo 17