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Timestamp: 2019-10-14 15:54:46+00:00

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BOE i notícies del 19 de juny de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 DE JUNY DE 2019
Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2019
(BOE, 19-06-2019)
Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías.
Resolución de 18 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/index.php?s=3
RECULL DE PREMSA DEL 19 DE JUNY DE 2019
El PP plantea eliminar el impuesto hipotecario para la primera vivienda
El PP presenta este martes en el Congreso una proposición de ley para eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados para la compra de la primera vivienda, por considerar que al hacerse cargo de él los bancos pueden repercutirlo en las familias e incrementar el coste de las hipotecas.
La iniciativa el grupo popular, que ha anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en Telecinco, supone modificar el apartado segundo del artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En concreto, propone modificar la ley para que, en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria, correspondientes a la adquisición de un inmueble para primera vivienda, la cuota variable sea cero.
Además, aunque consideran que el impacto sobre la recaudación tributaria de las comunidades autónomas no es muy elevado, los "populares" creen que debe ser compensado para no afectar negativamente a la financiación de los servicios que tienen transferidos, como educación, sanidad y servicios sociales entre otros.
Por eso, en su iniciativa establecen que el Estado compensará a las comunidades por los ingresos que dejen de percibir por este concepto, para lo que se utilizará como referencia "la recaudación media de los 3 años anteriores a la entrada en vigor" de la nueva regulación.
El PP ya planteó en la pasada legislatura la eliminación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la compra de primera vivienda, a través de una enmienda en el Senado al Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que finalmente fue rechazada en el Congreso.
En aquella enmienda el PP daba una nueva redacción al artículo 29 del Texto Refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para establecer un tipo impositivo cero cuando se trate de préstamos para primera vivienda, para que no tuviera que pagarlo ni el banco ni el cliente.
El Congreso finalmente aprobó la nueva Ley Hipotecaria sin esta enmienda, por lo que la hipoteca para la primera vivienda quedó grabada con el impuesto AJD, a pagar por los bancos.
(Expansión, 19-06-2019)
El Tribunal Supremo ha condenado a las entidades financieras sujetas al convenio colectivo de cajas de ahorro a pagar un complemento salarial que fue eliminado en la última firma del acuerdo laboral en 2016 y cuyo importe total podría ascender hasta los 40 millones de euros millones de euros. De esta manera, la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros (CIC) gana el pulso judicial a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y los sindicatos CCOO, UGT y CSICA-FINE, que eran los que habían firmado el convenio.
Hasta 2014, cada trabajador de las cajas de ahorro recibió un plus no pensionable ni computable a efectivos de trienio por importe próximo a los 300 euros durante 2011 y 2012, cuantía revisada al alza en los dos años siguientes en función del salario base.
Sin embargo, en 2016 las entidades acordaron suprimirlo con carácter retroactivo a 1 de enero en el nuevo convenio colectivo que fue firmado por los sindicatos mayoritarios el 30 de junio.
CIC recurrió ante la Audiencia Nacional el artículo 43.3 del convenio que suprimía este plus de manera retroactiva y demandaba que se comenzara a aplicar de manera proporcional a partir del periodo entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2016.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del 13 de mayo, da la razón a la CIC al considerar que el citado convenio "invade peyorativamente un ámbito temporal en el que los trabajadores ya han generado e incorporado a su patrimonio el derecho al que afecta". Y es que, según el Supremo, los trabajadores se veían privados de un complemento salarial en su parte variable no solo para lo que restaba de 2016 a partir de la firma del convenio, sino desde 1 de enero de dicho año.
"La sentencia considera la cláusula anulada una retroactividad de grado máximo porque se pretende aplicar la modificación operada a situaciones anteriores y a todos sus efectos, incluso las medidas ya ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del nuevo Convenio, lo que resulta inaceptable, debiendo estar a la cláusula general de entrada en vigor del Convenio y por tanto al 13 de agosto de 2016 como fecha de entrada en vigor de sus previsiones", apunta el texto.
Desde CIC, su presidente, Gonzalo Postigo, ha valorado la sentencia como un "avance social". Con ella, los trabajadores recuperan "en los tribunales, derechos que otros sindicatos decidieron perder en la negociación colectiva", añade.
Las principales entidades afectadas por esta sentencia son Bankia, Unicaja, Caja Sur Bank e Ibercaja, explican desde el sindicato. Alrededor de 80.000 empleados se pueden ver beneficiados de la devolución de las cantidades no pagadas. El importe de este complemento salarial varía según la categoría laboral y oscila entre 250 y 750 euros. Algunos cálculos apuntan que las entidades tendrán que devolver entre 35 y 40 millones de euros.
Al margen de esta demanda, a la que se adhirió la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato que preside Gonzalo Postigo y el SIB, Sindicato Independiente de Baleares, también impugnaron la retroactividad de la medida en el caso concreto de CaixaBank. Recientemente, el Supremo se ha pronunciado al respecto y ha obligado a la entidad catalana a realizar un desembolso millonario, unos diez millones de euros que serán repartidos entre sus 29.000 trabajadores.
Ahora, el Supremo da la razón a la CIC al considerar que el citado convenio "invade peyorativamente un ámbito temporal en el que los trabajadores ya han generado e incorporado a su patrimonio el derecho al que afecta". Y es que, según el Supremo, los trabajadores se veían privados de un complemento salarial en su parte variable no solo para lo que restaba de 2016 a partir de la firma del convenio, sino desde 1 de enero de dicho año.
Llega la jornada a la carta
Aún sin digerir el quebradero de cabeza que supone la obligación del registro horario, a las empresas se les plantea ahora un nuevo frente de preocupación: la jornada laboral a la carta. Se trata de una medida del Decreto que garantiza la adaptabilidad de la jornada, aprobada en el contexto de una batería de medidas de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo.
Empresas y despachos muestran su preocupación con la nueva jornada a la carta que pueden solicitar los trabajadores, según ha constatado este periódico. El mundo empresarial se siente indefenso ante este reciente derecho del trabajador, de "gran amplitud e inconcreción" y que puede desbaratar la organización de jornadas y turnos. Se trata, a su juicio, del cambio en la normativa laboral que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en tiempo de descuento electoral "de más trascendencia", en unas semanas en que se validaron novedades en los planes de igualdad, el registro horario y la ampliación del permiso de paternidad.
Así, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que está en vigor desde el 8 de marzo, establece que los trabajadores tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Este derecho se suma al que ya disfrutan quienes tienen jornada adaptada hasta que sus hijos cumplan doce años.
El Decreto establece que la jornada puede delimitarse en la negociación colectiva con criterios que garanticen que no haya discriminación de género. En ausencia de negociación colectiva o en los aspectos que ésta no regule, el trabajador podrá reclamar adaptar su jornada, y la empresa abrirá un proceso de negociación bilateral con el empleado durante un máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa o manifestará la negativa. En este último caso, indicará las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. Éstas pueden ser económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. El trabajador tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando considere.
Las discrepancias entre la empresa y el trabajador serán resueltas por los Juzgados de lo Social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Esto significa que será un procedimiento urgente, en el que, una vez admitida la demanda por un Juzgado de Primera Instancia, deberá celebrarse una vista en cinco días y dictarse sentencia en tres, contra la que no cabe recurso. A esta demanda se pueden sumar acciones por daños y perjuicios.
Íñigo Sagardoy y Martín Godino, presidente y socio director de Sagardoy Abogados, respectivamente, consideran que la nueva jornada a la carta es la novedad laboral "más importante" del Decreto y que es peligrosa por ser "muy abierta e inconcreta". Sagardoy es también presidente del Grupo de Trabajo Laboral del Círculo de Empresarios.
Godino y Sagardoy destacan la posibilidad que ofrece habilitar el teletrabajo si lo pide el empleado. Estos abogados recomiendan a las empresas abrir la negociación colectiva para intentar blindar determinados turnos que consideren inviables.
El Banco de España ha señalado este martes la necesidad de "clarificar" el estatus de los trabajadores que se encuentran "en la frontera" entre los asalariados y los no asalariados ante las nuevas formas empleo que están surgiendo.
En un artículo sobre el empleo no asalariado, advierte de que algunos trabajadores por cuenta propia, especialmente aquellos que dependen de solo un cliente, se encuentran "en una situación muy próxima a la de un asalariado en términos de dependencia económica y de falta de autonomía en el desarrollo de su trabajo, pero no disponen, sin embargo, de la protección social que, en general, tienen los asalariados".
"La necesidad de clarificar el estatus de los trabajadores que se encuentran en la frontera entre los asalariados y los no asalariados es cada vez más relevante, dado que están apareciendo nuevas formas de empleo en las que con frecuencia resulta difícil determinar quién es el empleador y quién el asalariado", añade el artículo.
En esta situación estarían las personas que trabajan para empresas de reparto de comida y paquetería (Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart). Estas plataformas se enfrentan ya a varios procesos judiciales en los que se dirime si lo que llaman "colaboradores" son en realidad trabajadores asalariados encubiertos fraudulentamente bajo la figura de un falso autónomo.
El informe señala que en España el porcentaje de autónomos dependientes o falsos autónomos -aquellos cuyos ingresos provienen fundamentalmente de un único cliente- es del 12 %, por debajo de la media europea del 17 %, pero con especial incidencia entre los jóvenes y las mujeres. España cerró 2018 con 3,1 millones de trabajadores no asalariados o por cuenta propia, lo que equivale a un 15,9 % del total de la ocupación, en la media de la eurozona.
Los costes laborales medios por trabajador (salarios, cotizaciones sociales y otros costes) ascendieron a 2.550,27 euros hasta marzo. Esto supone un repunte del 2,1% respecto al mismo periodo de 2018, su mayor alza en cinco años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este aumento interanual, el coste laboral encadena siete trimestres consecutivos en positivo. La del primer trimestre de 2019 ha sido la mayor subida interanual desde el cuarto trimestre de 2013, cuando el coste laboral también avanzó un 2,1%.
Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 1,7% respecto al primer trimestre de 2018, situándose en 1.876,19 euros por trabajador y mes. Este significativo aumento, que ya se observó en el Índice de Costes Laborales Armonizado divulgado por el INE hace unos días, es el más alto desde finales de 2015, cuando también subió un 1,7%.
Con este incremento interanual, los salarios también encadenan siete trimestres consecutivos de alzas interanuales. Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el primer trimestre avanzó un 2%, hasta los 1.679,81 euros mensuales. Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 674,08 euros, con un alza interanual del 3,1%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 615,64 euros, un 3,6% más que en el primer trimestre de 2018.
El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el primer trimestre de 2019 un 1,9% en tasa interanual. En tasa trimestral (primer trimestre de 2019 sobre cuarto trimestre de 2008), y eliminando tanto el efecto de calendario como la estacionalidad, el coste laboral total por trabajador subió un 0,7%, frente al avance trimestral del 0,1% experimentado en el trimestre precedente.
Los tribunales respaldan el 87% de las decisiones sancionadoras de la CNMV
El supervisor lanzó el año pasado una ofensiva para evitar una burbuja. “Se realizaron seguimientos diarios o semanales del proceso de comercialización de los tokens durante los periodos de preventa y venta de estos últimos”, añade el organismo. La buena noticia es que las conclusiones desvelan que “la captación real de fondos está siendo muy poco significativa, especialmente en comparación con las expectativas generadas”. “No ha habido ninguna criptoemisión que fuera de instrumento financiero y haya requerido autorización”, aclara un portavoz del supervisor.
La Comisión Europea ha evaluado ya los planes de energía y clima elaborados por los 28 estados miembros en los que estos plantean sus medidas de descarbonización hasta 2030. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, y el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, presentaron ayer los análisis de los planes de cada país y, en general, los considera insuficientes. Cada país debe seguir las recomendaciones de Bruselas y presentar un documento definitivo antes de fin de año.
En el caso de España, que se sitúa entre los países con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y eficiencia energética, junto con Dinamarca, Estonia, Lituania y Portugal, le pide detalles sobre las medidas a aplicar para lograr dichos objetivos. España aspira a liberarse de las emisiones netas de CO2 en 2050.
Bruselas recomienda al Gobierno “apoyar el gratificante nivel de ambición del 42% con políticas y medidas detalladas y cuantificadas”. También sugiere a España establecer objetivos intermedios para 2022 y 2027, además del existente para 2025, y “facilitar información detallada sobre medidas destinadas a reducir la carga administrativa y sobre los marcos que faciliten el autoconsumo”.
En cuanto a la eficiencia energética, el Ejecutivo comunitario sitúa a España entre los pocos países del bloque que han planteado una contribución “suficiente”, junto con Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Francia. Pero pide a España que estudie más a fondo medidas para alcanzar los objetivos de ahorro energético y tener “debidamente en cuenta los desafíos que supone un salto tan significativo”. En cuanto a seguridad energética, pide medidas de apoyo para lograr los objetivos de diversificación de las fuentes y reducción de la dependencia.
También pide información sobre los planes del Gobierno para abandonar progresivamente la energía nuclear y le sugiere que defina objetivos sobre la integración del mercado y, en concreto, adopte medidas “para afrontar la evolución previsible de los déficits arancelarios en los sectores de la electricidad y gas”. Y reclama una estrategia para avanzar en la aplicación de precios “basados en el mercado”.
(El País, 19-06-2019)
El Producto Interior Bruto (PIB) español crecerá un 2,4% en 2019, lo que supone hasta diez puntos porcentuales más que la media de la Unión Europea, según los datos del Instituto de Economía Mundial recogidos por el Instituto de Estudios Económicos.
El incremento del PIB del 2,4% para España se encuentra, además, por encima del resto de los países del entorno, como Italia, que será la economía con menor crecimiento (0,1%), Alemania (0,7%), Bélgica (1,3%), Grecia (1,3%), Francia (1,4%) o Portugal (1,6%).
De media, la economía de los 28 países que componen la Unión Europea crecerá un 1,4% este año, tras registrar una ralentización respecto al pasado año, cuando alcanzó el 2%. Por su parte, en la Eurozona, el crecimiento se limitará al 1,2%.
Los mayores incrementos del PIB durante este ejercicio corresponderán a una serie de países de reciente adhesión, destacando Estonia con un 4,4%, así como Hungría y Rumanía, ambos con un 4,3%.
Lituania, Eslovaquia y también Irlanda se situarán en torno al 4%. Chipre, Polonia y Eslovaquia registrarán un crecimiento económico alrededor del 3,5%, mientras que Bulgaria, Letonia, Eslovenia y Malta se quedarán cerca del 3%.
Suecia alcanzará un 2,3% y Dinamarca un 2,0%. Los Países Bajos y Portugal superarán la media europea, al tiempo que Francia se queda justo en el 1,4%. Levemente por debajo de la media estarán Austria, Grecia, Bélgica y Finlandia. El crecimiento del PIB en Alemania se desacelerará notablemente y sólo llegará al 0,7% en 2019.

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 36
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 43
 artículo 139