Source: http://magislex.com/norm3mag.asp?tc=41140
Timestamp: 2018-07-20 07:10:08+00:00

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Entre las materias sobre las que la Constitución reserva expresamente competencia exclusiva al Estado se encuentra la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales (CE 149.1.30.a). Asimismo, según especifica la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en su disposición adicional primera.2.c), corresponde al Estado, "en todo caso y por su propia naturaleza", la regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.
Por otra parte, las normas estatales básicas que regulan los procedimientos de obtención de títulos a los que corresponde igual validez en todo el territorio español, han de hacerlo en términos que aseguren la igualdad básica de todos los que en cualquier parte del territorio español (CE 149.1.1.a) se sometan al proceso correspondiente. Y en el presente caso, por lo mismo, la norma ha de asegurar esa igualdad básica a todos los mayores de dieciocho años de edad que, en cualquier parte de dicho territorio, se acojan a la posibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria mediante la realización de las pruebas previstas en el artículo 52.3 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Corresponde, pues, al Estado la regulación básica de esta materia también en virtud de la competencia que le confiere, asimismo, en exclusiva, la Constitución, puestos en relación sus artículos 149.1.1.a y 27.a, para garantizar las condiciones básicas de igualdad de todos en el ejercicio del derecho fundamental a la educación, correspondiendo al Gobierno aprobar la norma oportuna reglamentaria.
Sin perjuicio de los anteriores títulos competenciales, el presente Real Decreto viene exigido por la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 16.3 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, en la redacción dada a dicho precepto por el artículo único.apartado 5 del Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y de acuerdo con el cual las pruebas de que se trata deberán ser organizadas por las Administraciones educativas a partir del año académico 20002001.
En el proceso de elaboración del presente Real Decreto han sido consultadas las Comunid

References: artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 16
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