Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2018/02/
Timestamp: 2018-09-24 20:35:35+00:00

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febrero | 2018 | La cátedra del consumidor – Por Julio Durand Carrión
LA RESOLUCIÓN QUE EMPODERÓ A LOS CONSUMIDORES Y LES DELVOLVIÓ SU DIMENSION REAL DE LIBERTAD DE ELECCIÓN SOBRE LO QUE COMPRA Y CONSUME EN EL MERCADO. ANÁLISIS COHERENTE, SISTÉMICO Y PRINCIPISTA
Mucho se ha debatido en tan solo un par de días a raíz de la Resolución(N° 243-2018/SPC) de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del INDECOPI que establece que los cines no podrán prohibir a los consumidores ingresar a las salas de cine con alimentos propios, es decir, abre las puertas a las personas para poder llevar sus snack comprados en otros locales comerciales.
Cultura de cine en el Perú
Históricamente las personas siempre han acudido al cine con sus propios snack, barra de chocolate, caramelos, galleta, alguna golosina menor para los 90 minutos que solemos permanecer en el cine, nadie se muere de inanición porque no lleve al cine comida. Además, culturalmente, nunca ha sido este el compartamiento de los cinéfilos, ni en el Perú ni en el mundo.
El mercado se conduce históricamente con lo que se conoce como usos y costumbres mercantiles, y nunca en el Perú ni en ninguna otra parte del mundo, estoy seguro, se ha ido al cine o al teatro llevando comida, de manera que este tipo de razonamientos que están circulando en las redes, son simple y llanamente, razonamiento falaces, por no decir torpes, propios de personas que les gusta jugar en las redes. No me atrevería a pensar que una persona seria y académica pueda razonar de esta manera, porque significaría un razonamiento muy pobre (por decir lo menos), desde todo punto de vista
La resolución es clara y establece que se puede llevar alimentos equivalentes o iguales a los que venden en las salas de cine, además, deja en claro que se debe de evitar el ingreso de productos que por razones de higiene, seguridad u otros, causen daño a la infraestructura del local o a otros consumidores.
¿Qué más vuelta podemos darle? De una simple inferencia, deja en claro que no vamos a ir a almorzar ni cenar a una sala de cine, no voy a llevar un ceviche solo porque se me antoja. De hecho, jamás nadie lo ha hecho, ¿por qué se subestima tanto al consumidor actual de poder hacerlo?
Cuando el cine vino al Perú, no existía prohibición alguna de no poder llevar alimentos a las Salas ¿Alguna persona llevo su almuerzo al cine? Nunca, jamás. Al contrario, se llevaba, el pop corn hecho en casa, algún chocolate, entre otros alimentos que jamás perturbaron a otros espectadores ni a la higiene del cine. ¿Qué nos hace pensar ahora mismo los consumidores van a almorzar a una sala cine? Simple y vaga especulación absurda sin fundamento.
Derechos del consumidor, cláusula abusiva y práctica anticompetitiva
Lo que subyace en el fondo, es que los cines venían cometiendo una práctica nociva y abusiva en el mercado, en virtud de la cual, obligaban a las personas a consumir sus productos (alguno de ellos no necesariamente muy saludables) que ellos mismos expendían al momento de ingresar al local del cine, de tal manera que si alguna persona llevaba una agua, porque quería tomar una pastilla, o un chicle, o un chocolate, no podía ingresar con esos productos porque tenían que ser comprados necesariamente en la sala del cine a precios obviamente fuera del mercado, porque son muy altos.
Lo que ha hecho la Sala es devolver al consumidor su propio derecho, para que pueda ingresar a la Sala de cine llevando sus propios snaks, chocolates, alguna bebida, entre otros similares, la misma resolución menciona que los productos son similares o equivalentes a los que venden en el cine, y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que uno no puede llevar arroz con pato, arroz con pollo, ceviche, entre otros apetitosos platos peruanos al cine, de manera que estos comentarios que circulan en las redes y en las conversaciones de oficina, por algunas personas “serias” no aportan nada al debate, ni a la construcción de una cultura de consumo responsable para nuestro mercado. Entiendo que las redes muchas veces son “salvajes” y que se puedan admitir, diversos tipos de chacotas, a través de los memes, imágenes, etc, pero es inaceptable un razonamiento académico que plantee ese tipo de conjeturas.
Desde el punto de vista jurídico el tema en debate, es que existe de por medio una cláusula abusiva, que se encuentra definida en el artículo 49.1 del Código como: “aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.” Es evidente, que es una cláusula abusiva, porque al consumidor se le impedía ingresar con sus propios snack, creando una situación de desventaja y desigualdad que anulaba su derecho a consumir, sobre la base de una imposición extrema del cine que no le permitía ingresar si no compraba sus propios snack en su establecimiento, debiendo pagar un precio inequitativo, respecto del cual no podía desligarse. Por tanto, existe en el fondo, un contrato por adhesión, porque el consumidor debía adherirse a la imposición del cine, porque al comprar mi entrada, tengo que aceptar las reglas del cine, sin poder objetarlas.
Por otro lado, existen reglas naturales, que no solamente se dan en los cines sino también en otro tipo de situaciones de mercado, obviamente al teatro no voy a entrar con comida, con una galleta o con un snack, porque es una actuación en vivo y los ruidos incomodan a los actores, además el teatro requiere de una concentración especial de quienes están en las tablas que no puede ser interrumpida por gente que este comiendo galletas, gaseosas, chocolates, canchita, etc, además eso siempre se ha respeto y nadie nunca se ha quejado por no entrar con snack al teatro, porque para eso existe los recesos entre cada acto. De la misma manera, en los estadios tampoco, obviamente no se puede entrar con botellas o latas, por los eventuales actos de violencia que pudieran suscitarse, porque la adrenalina en este tipo de espectáculos es diferente y tampoco nadie ha cuestionado este tema. Hay quienes comentan que con esta resolución se va a poder ir a un bar con sus bebidas, sus tragos, o a los restaurantes con sus propia comida, o que en las discotecas ya no se van a vender tragos, me parece una exageración, y están extralimitando el análisis a situaciones no previstas en la resolución y que además nadie ha cuestionado, de manera que son razonamientos falaces, y hasta cierto punto torpes.
Todo tipo de espectáculo tiene que sujetarse a ciertas reglas, pero reglas razonables, en este caso los cines restringían de manera muy limitada que las personas puedan ingresar al cine con snaks o golosinas compradas en un lugar diferente al cine, y que puede ser incluso, hasta en el mismo centro comercial.
Cabe señalar, que esta cláusula abusiva también está vedada, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, de manera que es comportamiento abusivo, de quien tiene la posición de dominio, en este caso el cine, y como en el cine se ha vuelto una costumbre tomar gaseosa y consumir canchita, el cine mismo se ha aprovechado de esta situación.
Podemos observar, que existe también, una ventaja competitiva del cine, que se aprovecha para pasar del mercado principal que son las películas, al mercado conexo, que son las ventas de canchita y gaseosa, incluso generando una competencia desleal contra otros operadores de mercado, porque una tienda de canchita que venda en el mismo local comercial y que tiene incluso precios más bajos que el cine, no va a poder vender porque el cine obliga a sus clientes consumidores que compran una entrada y a su vez la canchita del cine, siendo una práctica anticompetitiva.
Propuesta ofertable de negocio en un nuevo escenario de mercado y derechos del consumidor
En otro punto de la resolución, la Sala dice que el objeto social del cine es pasar películas, tal como lo ha demostrado con la propia declaración de los representantes del cine y con el objeto social que constituye el giro del negocio. Aquí si discrepo con el razonamiento de la Sala, porque no se trata que una empresa tenga o no en su objeto social determinado tipo de negocio y se dedique a su vez a otro negocio complementario, no tiene nada de malo, porque es una ventana de oportunidades para ganar. Obviamente cada empresa por razones legales y tributarias, tienen un propio rubro específico y pueden dedicarse complementariamente a otro. No hay nada que discutir sobre el objeto de negocio, lo que le interesa al Estado es que la empresa pague sus impuestos, y eso lo vienen haciendo los cines, aquí el tema en debate es la cláusula abusiva que ya hemos comentado anteriormente.
Independientemente de ello, es totalmente válido que uno venda el giro principal y aparezca una prestación adicional, de manera que ese no puede ser sancionado. De eso no se trata el debate, aquí el tema, es la forma y circunstancias como una empresa elabora su propuesta ofertable para el mercado, lo que está en discusión es cómo los cines han elaborado un producto, en este caso una propuesta ofertable de negocio en la cual el consumidor no tenía la posibilidad de llevar sus propios snack al cine convirtiéndose una cláusula abusiva, porque no hay poder de negociación para desligarse de esa exigencia del cine y existe una imposición, de tal manera que se acepta esa obligatoriedad sin más. Hoy el consumidor como ciudadano ha recuperado su poder de decisión en este sentido, se ha hecho respetar su ciudadanía económica, y se le ha empoderado desde este punto de vista se ha empoderado al consumidor desde este punto de vista.
Algunos “ideólogos” han comenzado a opinar que esta decisión afecta a los negocios o al modelo de negocio. Hay que tener en claro, que un negocio es un negocio, donde se puede ganar o perder, así funciona el mercado, tendrán que ser inteligentes los cines para poder modificar su propuesta ofertable hacia los consumidores. Nadie puede asegurar que subirán las entradas o bajarán los precios de las canchas, esa es una evolución que supongo están haciendo los empresarios, porque las propuestas de negocio no son estáticas, son dinámicas y se adecuan a las tendencias y comportamiento, demandas y exigencias de un mercado creciente y competitivo como el nuestro, lleno de presiones crecientes y extendidas, y como en todo negocio existen riesgos.
En el caso en particular, existe una posibilidad de que los cines incrementen el precio de sus entradas, ¿nos debe sorprender? No, ¿pueden hacerlo? Si. ¿Cuál es el punto entonces? Lo que realmente es interesante, es que se lejos de ralentizar y reducir el mercado como algunos argumentan, se va abrir nuevas posibilidades de competencia, que van a beneficiar tanto a los cines como a los consumidores.
Por un lado, de las 8 cadenas principales que existen, el verdadero juego de la competencia comienza en el precio de las entradas, ¿cuánto subirán puede ser la gran pregunta? Si algún precio por entrada se dispara, muchas pueden seguirlas, pero aquella que no, se le abrirán un abanico de posibilidades para llenar sus salas. Por otro lado, los precios más caros, tendrán una especie de “exclusividad” para aquellos que puedan pagar esos precios, de manera que el consumidor que prefiera mayor tranquilidad pagará más, el consumidor que prefiera un precio menor posiblemente tendrá que hacer colas más largas y ver su película con una sala más llena. ¿Problema en algún caso? Ninguno.
Otro es el tema del precio del pop corn, de repente se crean promociones nuevas, con precios más cómodos, que incentiven al consumidor a preferir comprarlo en otro lugar, además si el precio es aceptable que no está demasiado lejos que el costo que asumimos en comprar nuestro maíz y preparar nuestra propia canchita, entonces se abre una vitrina para aquellos que se ahorren ese trabajo y compren su pop corn en el cine.
Lo que va a ver en el futuro es definitivamente una reestructuración de la propuesta ofertable de los cines hacia los consumidores, que supongo lo harán con inteligencia para mantener su rentabilidad. De ahí a argumentar como lo han hecho algunos “ideólogos”, que: “las empresas van a verse seriamente afectadas, que se está afectando los modelos de negocios en el Perú, que no habrá inversión, que las empresas se retiran del mercado, que es una resolución populista, que se desprotege al consumidor, que se retirarán las cadenas de cine, que los consumidores asumirán los costos exorbitantes en las entradas, etc.” Todos estos razonamientos son exagerados, desbordados, difusos, falaces, fuera de lugar, que no contextualizan la realidad y con el modelo de economía de mercado, establecido por la Constitución, el cual gira sobre la base del protagonista del mercado que es el consumidor, tal como lo dice la doctrina.
Aquí se trataba de una limitación al derecho del consumidor, que hoy día ha sido resuelta a su favor por el INDECOPI. Razonamientos exagerados como los antes mencionados, solo demuestran una argumentación errática de muchas personas que no manejan con propiedad las categorías conceptuales de la teoría derecho del consumidor y el derecho ordenador del mercado, y algunas categorías iuseconómicas que se encuentran inclusive en la constitución.
Es oportuno señalar, que toda aquella medida administrativa que restituya la libertad en el consumidor, debe ser saludada y aplicada en su sentido más amplio, en este caso, estamos seguros que se le está devolviendo la fuerza y el poder de elección a los consumidores, quienes podrán optar por posibilidades más amplias que puedan beneficiarlos.
Por el lado de la Industria, no es una medida que atente contra la libertad empresarial, sería erróneo argumentar ello, más aún, cuando existe en otros países de la región y otros continentes, y el mercado sigue potenciándose y creciendo. Si bien es cierto, los productos que se venden, son parte de la experiencia del cine, la verdadera experiencia, no está en consumir lo que obligatoriamente nos ofrecen en el cine, sino lo que de manera adecuada y contextualizada, podamos elegir los consumidores para vivir nuestra propia experiencia de cine.
Las alarmas sobre futuras acciones contencioso administrativas son más que evidentes, en este sentido, esperamos que el Poder Judicial bajo el esquema trazado por el INDECOPI, puedan confirmar la Resolución, de tal manera que pueda ser efectiva y aplicarse en beneficio, protección y defensa de los consumidores. El consumidor, es quien da vida al mercado y es en el mercado donde hacen efectivas, se visibiliza y materializan los derechos humanos de las personas, de tal manera que hablar de la defensa del consumidor, es también hablar de la defensa de los derechos fundamentales, mandato que las autoridades judiciales no pueden negar ni discutir, sino defender.
Hay mucha gente que ha escrito, desde penalistas, civilistas, tributaristas, diversos colegas, que entiendo, porque cuando un tema se pone en boga todo el mundo comenta, pero hay que ser sistémico, hay que entender las cosas sobre la base de su propia naturaleza, hay que dimensionar el debate sobre la base estricta del derecho del consumidor, frente a una conducta abusiva de un operador del mercado. Este es el tema.
Finalmente, si queremos construir una cultura de consumo responsable en el Perú, si queremos promover prácticas de buen gobierno corporativo de cara al mercado, si queremos promover la responsabilidad social empresarial, si queremos que existan de por medio productos y servicios de calidad en el país, de esa calidad de la que hablaba Juan Pablo II, en su Carta Encíclica Centesimus Annus del 1 de mayo de 1991, tenemos que ser capaces de promover y difundir debate alturado, sistémico, preciso, coherente y principista, para que todos los actores del mercado, es decir consumidores, proveedores y el propio Estado, debemos hacer análisis serios, leamos la norma, y opinemos para construir, para promover un mercado competitivo, creciente, transparente y no para hacer chacota sobre el tema, así no se avanza.
Esta entrada fue publicada en General el 28 febrero, 2018 por Durand Carrion, Julio Baltazar.
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Hemos visto en los últimos años como, desde el Gobierno, se ha intentado impulsar la investigación e innovación tecnológica y científica a través de la Ley N.° 30309 – Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i), el fortalecimiento del CONCYTEC – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, la Ley 30220-2014 – Nueva Ley Universitaria, entre otros compendios normativos e instituciones ejecutivas que propician y financian la investigación científica y tecnológica en todos los niveles.
A todo esto, debemos percatarnos, que a casi tres años de la promulgación de la Ley I+D+i; no hemos podido observar un crecimiento sostenido, y mucho menos la ejecución y desarrollo de proyectos de investigación financiados por entidades privadas. En suma la propuesta de ganar y ganar – tipo el Programa de Obra por Impuestos– no ha tenido el impacto esperado en el sector empresarial, que lejos de apostar por proyectos e investigaciones científicas y tecnológicas (solo algunos cuantos proyectos) prefieren mantenerse en su status quo o apostar por tecnología extranjera lista para aplicarse.
La Ley busca que el sector privado – empresas de diversos sectores y rubros- pueda financiar proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica, apostando no solo por proyectos vinculados al giro o sector de la empresa, sino aquellos que no guardan una relación inmediata con el sector, de tal manera que puedan acceder a los beneficios tributarios establecidos por Ley:
Deducción de: 175% si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país.
Deducción de: 150% cuando los centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domicilian en el país.
A pesar de que los porcentajes de descuento son favorables para el sector empresarial ¿Por qué no funciona?
En primer lugar, debemos mencionar que la Ley en mención, entró en vigencia el 01 de enero de 2016, es decir, tiene exactamente dos años, en este sentido, su periodo de vigencia aún es corto, sin embargo, debemos resaltar que no se ha desarrollado una correcta difusión de la Ley, tanto en las Universidades, Centros de Investigación, Empresas e incluso Organizaciones no Gubernamentales. La promoción de los beneficios de la Ley, así como el acercamiento gradual a lo que busca el sector empresarial, tiene que ser una primera guía que facilite el conocimiento, promoción y difusión de todos los proyectos de investigación, acercándose a propuestas de financiamiento e inversión. Todo ello comprende, no solo enunciar a través de los portales web o de las redes sociales; sino también una labor de protocolo a través de conferencias, congresos, talleres, entre otros eventos académicos y sociales donde se busque exponer con mayor precisión los beneficios de la inversión en investigación en el Perú.
En segundo lugar, se tiene que romper con el status quo, desde los Centros de Investigación o Universidades, tienen que ofrecer proyectos de investigación que habrán un horizonte con el sector empresarial, y eviten el congelamiento de los procesos o mecanismos que se llevan a cabo en las empresas – y que son pilares de su éxito-; los proyectos tienen que ofrecer alternativas y soluciones de calidad, pero también con bajos costos, tanto en los mercados nacionales como internacionales, de lo contrario el empresario preferirá traer tecnología extranjera.
Los proyectos de investigación no solo deben desarrollarse sobre la base de los conocimientos científicos y técnicos, sino sobre lo que verdaderamente necesitan las empresas, sino será muy difícil, obtener un financiamiento. En este punto, los estudios de mercado, planificación, funcionalidad, logística tienen que ser parte de la investigación de manera obligatoria.
En tercer lugar, falta de herramientas para la investigación. Si el Estado quiere que se desarrollen más y mejores proyectos de investigación en todos los campos, entonces tiene que invertir en este sector. La asignación de porcentajes económicos tiene que elevarse, pero con una correcta fiscalización, que permita observar el avance de los proyectos, así como su impacto en la sociedad. No queremos, por ninguna razón, que ocurra una situación similar al porcentaje que reciben las universidades locales por el canon minero, que paradójicamente está destinado a la investigación científica, y no se observan proyectos de investigación científica ni una mejor infraestructura, haciendo que nos formulemos la pregunta: ¿En qué se invierte realmente ese dinero?
En cuarto lugar, debemos preguntarnos ¿hacia dónde están siendo dirigidos los proyectos de investigaciones? No busquemos que empresas pequeñas o medianas puedan financiar los proyectos de investigación, por más que les favorezcan, será más difícil recibir un financiamiento continuo y sostenible, tanto los proyectos como los beneficios deben apuntar a las grandes empresas, o conglomerados, de tal manera, que puedan mostrarse resultados en corto, mediano o largo plazo, sin que se afecte el desarrollo o ejecución del proyecto, a su vez las grandes empresas, vienen realizando proyectos de inversión y financiando obras públicas, a través del Programa Obra por Impuestos, donde ya se pueden observar a la fecha, más de 70 proyectos adjudicados.
Finalmente, creemos que se deben mejorar progresivamente los temas expuestos, para que la Ley pueda tener un impacto mayor, que a su vez traiga beneficios a todos, tanto empresarios, investigadores, el Estado y por supuesto, a los ciudadanos en general, quienes nos vemos beneficiados por el avance de la ciencia y la tecnología a través de los inventos, que constituyen un paso más en el desarrollo del ser humano, y aquí radica otro punto, quizá la inversión del Estado esté en mejorar la capacitación y educación de los universitario o investigadores. Como siempre lo hemos mencionado, hay que apostar por nuestra gente, por su capacitación en la generación de conocimiento y la gestión del talento humano, que traerá consigo un profesional más calificado, que a su vez traerá nuevos proyectos de investigación de calidad y utilidad comprobada. Solo así, comenzaremos a acercarnos en materia de investigación científica a países de nuestra región, y por qué no, a países de otros continentes.
Esta entrada fue publicada en General el 7 febrero, 2018 por Durand Carrion, Julio Baltazar.
En más de una oportunidad[1][2], con la certeza en el análisis jurídico y con la visión académica con la que siempre actuamos para ofrecer las propuestas de nuestro blog, enfatizábamos que el OSIPTEL debía proponer una serie de medidas, lineamientos y modificaciones normativas para eliminar la tasa de cobro por el alquiler de los decodificadores de cable de TV, y crear una tasa única por el servicio, dada la naturaleza de los bienes, y la imposibilidad para los consumidores de poder ver televisión por cable sin contar con un decodificador, evidenciando una práctica abusiva para todos los usuarios.
Al respecto, hace unos días el OSIPTEL presentó su propuesta de cambios normativos para TV paga que elimina la venta o el alquiler – como lo es frecuente- para la contratación del servicio de cable por televisión. Sin duda alguna, esta propuesta normativa tiene mayor coherencia con todo el sistema de contratación y prestación del servicio por cable, toda vez que debemos recordar que sin el decodificador no se puede ver canales por cable, siendo ello así, lo más lógico es pensar que el decodificador es parte integrante e insustituible del mismo servicio. ¿Por qué cobrar dos tarifas diferenciadas entonces? ¿Por qué arrendar un equipo que es parte del servicio? No tiene sentido verdad.
A todo ello debemos de sumarle, que el servicio por arrendamiento no es barato, implicando asumir una serie de costos que son trasladados al usuario en el pago mensual.
La medida que ha tomado el OSIPTEL constituye una disposición coherente y sistémica con el lineamiento estratégico que se ha planteado esta gestión, además de beneficiar a los consumidores, quienes podrán comparar las tarifas de los consumidores de una manera más simple y no pagar en exceso por un decodificador que vendrá integrado a la tarifa única del servicio, que corresponde a la renta mensual.
Es evidente que esta medida por parte de los teleoperadores era arbitraria, toda vez que quien no quería alquilar el decodificador, simplemente no podía ver televisión por cable digital, entonces, los consumidores nos veíamos obligados a pagar por un alquiler que no tenía lógica ni razón de ser, pero que era impuesto por las empresas de cable para obtener mayores ganancias.
Por otro lado, debemos resaltar que esta disposición del OSIPTEL no busca desincentivar la inversión privada o empresarial, ni tampoco será óbice para que muchos consumidores o usuarios se afilien día a día a los servicios de una teleoperadora, lo que realmente se busca, es generar un correcto equilibrio, para que sobre esta base, se pueda seguir creciendo y extendiendo nuestro mercado, sobretodo en el sector de las telecomunicaciones, donde todos sabemos que es un sector muy concentrado, y pese a la reducción y el incremento de la competencia ( sobre todo en el servicio de la telefonía móvil) aún hay un largo camino por recorrer.
Finalmente, debemos de hacer un llamado a la autoridad administrativa, para que pueda fiscalizar, vigilar y velar por el correcto equilibrio en el mercado y las contrataciones masivas en materia de servicio por cable, solo así se protege de manera eficiente al consumidor, y a la persona que está detrás de un televisor, que como tú y yo, tiene una familia, un trabajo, un drama social y una vida por delante. Recordemos que el Estado tiene el deber constitucional de velar por el desarrollo y la erradicación de las injusticias y arbitrariedades por parte de las empresas, asimismo, por el correcto funcionamiento del mercado, para generar una mayor inversión, seguridad jurídica y el beneficio para todos los agentes del mercado, tanto proveedores como consumidores.
[1] ¿Llego el momento de la regulación de los decodificadores? Artículo publicado el 10 de octubre de 2017. Link:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/10/10/llego-el-momento-de-la-regulacion-de-los-decodificadores/
[2] Entonces, ¿ahora sí llego su momento? sobre la regulación de los decodificadores. Estado de la problemática. Artículo publicado el 11 de diciembre de 2017. Link:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/12/11/entonces-ahora-si-llego-su-momento-sobre-la-regulacion-de-los-decodificadores-estado-de-la-problematica/
Esta entrada fue publicada en General el 6 febrero, 2018 por Durand Carrion, Julio Baltazar.
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References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
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