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Timestamp: 2017-06-27 00:03:08+00:00

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Alicia Gutierrez Diputada: febrero 2008
LA POLITICA NO ES UNA CIENCIA EXACTA
LA POLITICA NO ES UNA CIENCIA EXACTApor Alicia GutiérrezCuando la política y la economía se simplifican en amigo-enemigo, se esta intentando sumar adeptos, obsecuencias, verticalismos, para mantener el poder, o para enfrentar al poder actual con consignas, que generalmente no serían compartidas racionalmente.Si dejamos el apasionamiento, peronismo-antiperonismo, si reflexionamos las causas del proceso de disputa actual por el poder, podremos observar algunos hechos que no podemos obviar.La disputa por la ley de radiodifusión y el poder de los medios de comunicación, nos ofrecen un lamentable cambio editorial de periodistas que hasta hace dos meses eran kirchneristas y hoy son enemigos acérrimos. No somos tan miopes para no darnos cuenta que el gobierno y el grupo Clarín, están disputando una gran torta, de la que los ciudadanos comunes jamás han de probar un bocado. Pero eso si, desconfiemos de ambos, porque la verdad, es que argumentan cada uno para defender su interés económico.Seguramente si analizáramos el rol del estado, mi posición estaría volcada hacia las políticas intervencionistas, que supuestamente ha de llevar a cabo el gobierno kirchnerista, ya que estimo que algunos trazos gruesos del neokeynesianismo, para equilibrar las asimetrías del libre mercado, son medianamente correctos. Pero si vemos su decisión de concretar el “tren bala” nos genera una sospecha de negocios, antes que favorecer los ramales ferroviarios para unir el país, incluso para abaratar los costos de fletes al interior.Si pretendemos hablar de una democracia republicana, ligada a la transparencia en la gestión, evidentemente estaría en contra de la metodología llevada a cabo por el gobierno de cinco años del PJ.Esta ambigüedad manifiesta, con la cual ambos sectores intentan posicionar a todo el país, detrás de sus intereses económicos, no son compartidos por el ARI Autónomo que represento.En la discusión con el campo, se observó claramente una definición unilateral del gobierno nacional, sobreactuada con soberbia por parte de la presidenta y algunos de sus acólitos. Del lado del campo, no comparto el corte de rutas prolongado, ni el resultado de suba de precios como consecuencia del desabastecimiento causado, pero obviamente no es lo mismo Buzzi de Federación Agraria, los pequeños productores, ni los de la Argentina profunda, que la Sociedad Rural porteña, los grandes terratenientes, los pools de siembra, las cerealeras multinacionales.Es necesario que el gobierno produzca una diferenciación notable entre los sectores en pugna. Están bien las retenciones a los grandes grupos y a los poseedores de grandes extensiones del territorio, pero no existe una política agropecuaria de crecimiento, ni reglas claras sobre donde invertir o producir para los pequeños y medianos productores rurales. La sojización denunciada, ha sido sostenida por el mismo gobierno, dada su falta de planificación de incentivos a otras producciones como diversificar cultivos, carnes, tambos o economías regionales.Los sectores en pugna, gobierno y ruralistas deben sentarse a debatir sin amenazarse mutuamente. Los sectores más poderosos, deben aceptar que deben contribuir a distribuir equitativamente la riqueza. El gobierno debe ejercer su legitimidad democráticamente, su proyecto económico fue plebiscitado y apoyado, pero eso no es un cheque en blanco y no existe espacio para arbitrariedades, autoritarismo ni concentración de la riqueza del país en manos de amigos. Mucho menos continuar con una política prebendaria, que luego es utilizada para subordinar gobernadores, dirigentes y conciudadanos.Es necesario que gran parte de las retenciones regresen a las provincias agropecuarias vía coparticipación, así lo ha reclamado nuestro gobernador Hermes Binner correctamente, como nunca los verticalistas gobernadores lo habían hecho. Es necesario, para poder revitalizar las zonas geográficas mas castigadas, para incentivar la producción industrial que genera trabajo con valor agregado, cosa que el campo no produce, para hacer obras públicas y ampliar la calidad de los servicios, la educación y la salud para inclusión social de los ciudadanos mas desposeídos de la población provincial.Los sectores conservadores pretenden regresar a la época menemista, donde trasnacionales y capitalismo financiero se habían adueñado del país, Aún hoy estamos pagando los derroches de,la economía neoliberal, que llevó al país a la hiperinflación, al endeudamiento externo, a la quiebra de las industrias, a la mayor desocupación de la historia nacional, a la pobreza extrema y como su consecuencia, a la inseguridad que padecemos hoy.. Con esos sectores, los trabajadores, los pequeños productores, comerciantes, profesionales, empleados públicos, jubilados y jóvenes, no podemos estar, ya hemos vivido esos momentos aciagos para las grandes mayorías.Pero tampoco hemos de aceptar la concentración del poder, la utilización de metodologías violentas, la corrupción escandalosa.Desde nuestra posición política e ideológica, seguiremos bregando en la provincia para consolidar el proyecto del Frente Progresista, que avanza en la transformación de nuestra provincia. Que haya más hospitales, escuelas, mejores salarios, más trabajo digno y decente, libertad para decidir sobre nuestra forma de vida, sin paternalismos, libertad de prensa y de opinión de las minorías.En la esfera nacional no hemos de participar en engendros electorales, si no definen programaticamente, que tienen un direccionamiento ideológico progresista, que devuelva a los ciudadanos un sentido de progreso social permanente, donde nuestros hijos puedan tener un futuro de esperanzas, de crecimiento individual y colectivo, donde los valores morales no sean un eslogan de campaña electoral, sino un testimonio diario de conductas y en defensa de un proyecto de desarrollo con equidad social.Alicia GutiérrezDiputada Provincial ARI Autónomo en el Frente Progresista0341-155-896126BERNI, un artista comprometido con la realidad socialAPOYO A LA POLITICA CARCELARIA DE DIÁLOGOEs comprensible que aquellos que han sido artífices de una política de mano dura, resistan una mesa de diálogo. Este sistema, de escuchar a los delegados o coordinadores de distintos grupos de reclusos, es una herramienta de consensos y disensos, donde el resultado dió una mejora en la calidad de vida en los establecimientos carcelarios, generando mucho menor conflictividad.La actual gestión ha profundizado esta línea tendiente a obtener un clima de convivencia en los penales. Comparten el diálogo, gran parte del Servicio Penitenciario, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, los representantes de los internos, la pastoral carcelaria, funcionarios del IAPIP, directores de escuelas, directores de talleres teatrales, Coordinadora de Trabajo Carcelario, ONG, etc. Todos juntos intentando de mejorar la situación carcelaria, para disminuir notoriamente los marcos de tensiones y violencia. No menor es el intento de erradicar la droga, los hechos delictivos y esencialmente dar una posibilidad de inserción social a quienes se encuentran privados de la libertad, pero que puedan tener acceso a la educación, al conocimiento o el aprendizaje de oficios. Estamos convencidos que a partir de esta gestión de la Secretaría Asuntos Penitenciarios, con el Dr. Leandro Corti, se ha generado un mejor clima de convivencia interna.Pero las voces de los partidarios del verticalismo extremo, de la mano dura que solo trae mas exclusión, mayor resentimiento, más negocios y más muertes, como lo fue la masacre de Coronda, quieren seguir utilizando hechos aislados para romper las politicas de inclusión. El Frente Progresista seguirá con sus convicciones adelante y respaldando los funcionarios que estan diariamente junto a quienes son los que más sufren las inmorales políticas de mano dura, los penados y los miembros del servicio penitenciario.Esta convicción es que las cárceles no deben ser objetos de grandes negocios, levantando la bandera de la seguridad, sino una herramienta para generar ciudadanos y que logren su reinserción social.Mónica Peralta Alicia Gutiérrez Diputadas provinciales Frente Progresista
Santa Fe: Campaña Allignani Intendente. Belbey-Beatriz Gutiérrez ConcejalesEl Trebol: Con Mariano Santinelli Rosario: Alicia con Verbitsky y Murray San Lorenzo: Alicia con concejala electa Marcela LozanoAlicia con Gobernador electo Hermes Binner y Vice Griselda TessioLas Rosas: Campaña Binner Gobernador Carluchio Senador Jura como diputada 2007-2011 Compañeros del Bloque ARI:Mieres-Belbey-Lozano-Klass-Depiante-Gorrochategui con Alicia Afiche del ARI en Frente Progresista 2007 Con concejala Deborah Marzioni por ARI de Roldán
2007-Ant.Proyectos
PROYECTO DE LEYLa Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de LeyArtículo 1º: Declárese de Interés Provincial la protección integral del animal doméstico.Artículo 2º: Declárese a la Provincia de Santa Fe, como Provincia No Eutanásica, entendiéndose por tal la prohibición del sacrificio de animales domésticos.Artículo 3º: Prohíbase la matanza y maltrato de animales domésticos en todo el ámbito del territorio provincial. La infracción al presente artículo será penada según lo prevé la Ley Nacional 14.346/54 y/o el Código de Faltas de la Provincia. Artículo 4º: Utilícese como método único para controlar la superpoblación de animales domésticos y vagabundos, la esterilización quirúrgica masiva, temprana, sistemática, gratuita y extendida en todo el ámbito del territorio provincial.Artículo 5º: Las atenciones, prácticas sanitarias y esterilizaciones, serán llevadas a cabo por médicos veterinarios.Artículo 6º: Promuévase el desarrollo controlado y sanitario de la población animal, en una concepción de respeto por la vida, para armonizar su relación con el hombre.Artículo 7º: A los fines de llevar adelante lo normado en esta Ley y dando prioridad al aspecto preventivo, realícense las siguientes tareas y actividades:1. Control de la salubridad mediante prevención y atención de enfermedades.2. Campañas de vacunación.3. Campañas de esterilización quirúrgica en machos y hembras4. Promoción de programas educativos de concientización de la población, en lo que hace a generar respeto y responsabilidad en el trato con los animales.5. Campañas permanentes de adopción responsable. Artículo 8º: A partir de la sanción de la presente, en todos las Municipalidades y Comunas de la Provincia se crearán Registros de Criaderos, a modo de llevar un control de personas y empresas que realicen o quieran realizar esta actividad como negocio. Una vez confeccionados, se volcarán a un Registro Provincial.Artículo 9º: Las Municipalidades y Comunas de la provincia deberán implementar lo establecido en los artículos 4º, 6º, 7º y 8º, y convocar a las protectoras de animales no eutanásicas, para que participen en la planificación y desarrollo de las tareas y actividades a llevar a cabo dentro del marco de la presente Ley.Artículo 10º: A los efectos de la implementación de la presente Ley, se aplicarán las partidas presupuestarias correspondientesArtículo 11º: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no superior a los noventa (90) días de su promulgación.Artículo 12º: De forma. FUNDAMENTOSEn casi la totalidad de los pueblos y ciudades de nuestra provincia, merodean por distintos sectores de la ciudad, gran cantidad de animales domésticos, especialmente perros, que en su gran mayoría han sido abandonados.La necesidad de dar atención sanitaria a la población animal referida, pero fundamentalmente de implementar un sistema moderno, eficiente y humanitario para su control, es un reclamo al cual no puede dejarse de prestarle suma atención.Las distintas protectoras de animales que se hallan diseminadas en gran cantidad de localidades de la provincia, en algunos casos en conjunto con las autoridades locales, en otros casos solas, realizan una tarea faraónica tratando de imponer y llevar a cabo la esterilización quirúrgica en forma masiva, temprana, sistemática, gratuita, tratando de extenderla a todo el ámbito de la localidad donde llevan a cabo su tarea.Pero estas acciones llevadas a cabo para evitar la proliferación de estos animales en general no son suficientes, como tampoco lo es el trabajo en prevención y en educación específica, para lograr grados de concientización y responsabilidad en la sociedad. La prevención y la educación son fundamentales para evitar las causas y no tener que seguir actuando sobre los efectos.Es necesario promover el desarrollo controlado y sanitario de la población animal, en una concepción de respeto por la vida, para armonizar su relación con el hombre.La práctica de la esterilización quirúrgica, es aceptada como procedimiento eficaz para controlar la población animal, evitando el exterminio como método de control para la superpoblación y preservando el equilibrio ecológico.Además, se debe concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la tenencia responsable, de respetar la vida y el bienestar de los animales, de disminuir los efectos negativos del animal abandonado.La inmensa mayoría de las protectoras de animales, que de una u otra manera, y en distinto grado, vienen desarrollando con gran sacrificio y con escasos medios todas estas acciones, necesitan imperiosamente no solo la sanción del presente proyecto de Ley, sino que el Estado Provincial motorice las acciones para que en todos los municipios y comunas se pongan en practica, las esterilizaciones como único método para controlar la superpoblación de animales y las zoonosis.Ante lo expuesto, es de considerar necesario sancionar una reglamentación que refleje y opere en relación a los criterios expuestos, por ello, solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de Ley. PROYECTO DE COMUNICACIÓNPEDIDO DE INFORMESLa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, informe:1. Si el Comisario mayor Hugo Colombo ocupa actualmente el cargo de Subjefe de la Unidad Regional XVII con sede en la ciudad de San Lorenzo.2. Si el citado comisario es la misma persona denunciada en la causa Feced por el imputado José Rubén Lofiego en su declaración indagatoria del día 9 de setiembre de 2004, obrante a fs. 10286 y ss cuerpo 49 de estos autos y en la ampliación de la misma realizada el día 29 de setiembre de 2004, obrante a fs.10559 y ss, cuerpo 50, que se tramita en el Juzgado Federal de Rosario a cargo del Dr. Sutter Schneider, donde se cita a Colombo junto a un grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad como responsables de secuestros, torturas y desapariciones.3. Si para su ascenso se tuvo en cuentas la citada denuncia y los antecedentes del mismo, quien según declara Rubén Lofiego, fue sometido a proceso en 1979 en el Juzgado Federal del Dr. Carrillo Avila por apremios ilegales.4. Si el Ministerio pidió al Dr. Sutter Schneider alguna información respecto a la situación procesal del citado comisario.5. Si en caso de comprobarse que el Comisario Hugo Colombo es la misma persona sobre la cual pesan denuncias por delitos de lesa humanidad, qué medidas piensa tomar el Ministerio de Gobierno dado que el mismo está en funciones a cargo de personal policial.Señor Presidente:Mucho se habla sobre la supuesta depuración de las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe, pero lo cierto es que desde 1983 hasta hoy hemos tenido funcionarios acusados de delitos de lesa humanidad como Nicolás Correa, Rodolfo Riegé, presidentes comunales como Mario Fassino o jueces como Victor Brusa que han sido nombrado bajo el período democrático.Todavía quedan dentro de la fuerzas policiales miembros de la misma que participaron de la represión ilegal durante la dictadura que comenzó en 1976.Algunos de ellos son mencionados incluso en documentos como el Informe Borgonovo, elaborado por el propio Ministerio de Gobierno, y a pesar de ello han sido ascendidos en estos años de democracia.Otros integran las filas de las agencias de seguridad, cuyos nombres no son chequeados al habilitarlos.Si bien algunos de ellos no están aún procesados, el Ministerio de Gobierno debería tomar alguna medida que no los habilite a tener personal a su cargo hasta tanto la justicia determine su participación o no, en estos hechos aberrantes.Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.PROYECTO DE COMUNICACIÓNPEDIDO DE INFORMESLa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, informe:1. Si se investigó sobre los hechos acontecidos el día 6 de Julio de 2006, en la Comisaría de la localidad de Calchaquí, departamento Vera, a cargo del Comisario Mario Digiovani, y que fueran denunciados ante la Secretaría de Estado de Derechos Humanos con fecha 9 de Junio de 2007 por un habitante de dicha localidad, el Sr. Omar Cesar Moralejo, quien fue víctima de mal trato según su declaración.2. En caso afirmativo, consignar el estado de las investigaciones, a cargo de quién se encuentran y medidas que se adoptaron.3. Qué personal policial estaba a cargo dicha comisaría en esa fecha, 6 de julio de 2006 y quiénes realizaron el interrogatorio.4. Si se ha iniciado sumario administrativo respecto a dicho personal.Sr. Presidente:El día 6 de Julio de 2006, el señor Omar Cesar Moralejo, regresaba desde Colonia La Osca a su domicilio, cuando fue interceptado por personal policial de la Comisaría II de la localidad de Calchaquí, quien le dio la orden de detenerse, informar hacia donde se dirigía, y esperar un momento.Según relatos de este ciudadano, se hizo presente en el lugar el Sr. Comisario Digiovani, quién con malos tratos lo acusó de haber robado las herramientas que transportaba, situación que Moralejo negó. El hecho no quedó solo en el mal trato, sino que además fue instado a entregar una suma de dinero para poder continuar con su recorrido. Ante la negativa, este señor fue trasladado a la Comisaría, junto a dos de sus empleados, en donde fueron víctimas de insultos y agravios, y detenidos por un lapso de 6 horas.Esta es una breve descripción de lo sucedido. Sin embargo en ella no puede reflejarse la impotencia que siente un ciudadano común ante estos abusos de autoridad.En este caso, esta persona deambuló casi un año, sin saber a donde dirigirse para realizar una denuncia, ya que entendía que hacerla era lo correcto. Ante consejos de otros ciudadanos, se dirigió a la Secretaría de Derechos Humanos, decisión atinada siempre y cuando dicha secretaría haya actuado, informando al Ministerio de Gobierno, quien es absolutamente responsable del accionar de la policía santafecina.Este es un caso que se suma a un sinnúmero de sucesos inaceptables en la labor que debe desempeñar la institución policial. Recuerda que aún perduran metodologías de represión y abuso de poder, y un accionar delictivo en cuanto a que estas maneras de amedrentar a los ciudadanos la realizan con el fin de recaudar dinero ilícitamente.Es menester que el Ministerio de Gobierno, coordine con las áreas que correspondan para que este caso sea investigado, informado, y se lleven a cabo los procesos administrativos pertinentes con los responsables.Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Comunicación La Legislatura de la Provincia de Santa Fe,sanciona con fuerza de LeyCAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS/LAS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.TÍTULO ICAPÍTULO IDe la creación y campo de aplicación.ARTÍCULO 1°: Deróguese la Ley 10419 y sus predecesoras: ley Nº 3920, reformadas por las leyes Nº 4923, 5354, 5404, 5538, 6084, 6314, 6589, 6607, 6759, 6973, 7326, 7844 y 8606. Los aspectos de continuidad del derogado cuerpo legal serán contemplados en la presente Ley, según la cual la entidad continuará funcionando bajo la denominación de “CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS / LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”.ARTÍCULO 2°: La Caja de Previsión y Seguridad Social para las/los Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, funcionará con el carácter de Persona Jurídica de Derecho Privado, en el ejercicio de funciones públicas, con autonomía económica y financiera, y administrada por los/las interesados/as. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, y su aplicación estará a cargo de los organismos de funcionamiento interno de la Caja.ARTÍCULO 3°: La Caja tiene por objeto primordial asegurar un régimen de prestaciones jubilatorias acordes con la realidad social y compatibles con la jerarquía universitaria de sus afiliadas/os. Este sistema es obligatorio para todos/as las/los profesionales de la Salud de la Provincia. Además, y con un carácter separado y optativo, las autoridades de la Caja pueden instrumentar la realización de un sistema de cobertura, previsión y asistencia social. Todos estos sistemas deben estar fundados en los principios de solidaridad y equidad.ARTÍCULO 4°: La Caja tiene dos sedes y domicilios indistintos, en la ciudades de Santa Fe y Rosario. Las autoridades podrán disponer la creación de Delegaciones, Filiales o Agencias en otros puntos de la Provincia.CAPÍTULO IIDe los Afiliados.ARTÍCULO 5°: La afiliación al régimen jubilatorio de la Caja es automática y forzosa, para todos los / las profesionales universitarios /as de disciplinas básicas y/o auxiliares de la salud, a partir de la fecha de inscripción en la matrícula y mientras ella subsista en cualquiera de los Colegios Profesionales de la Salud, que funcionan en la Provincia.La afiliación a los demás servicios que la Caja brinde será optativa.Los Colegios están obligados a informar a todos los / las profesionales que soliciten su inscripción en la matrícula de las obligaciones que tienen para con la Caja y además, de comunicar a la misma de forma inmediata, todas las altas, bajas o suspensiones de la matrícula que se dispongan y asienten en los registros respectivos.ARTÍCULO 6°: El hecho de estar inscripto en la matrícula hace presumir el ejercicio de la Profesión.El / la profesional que no ejerza la profesión está obligado a comunicarlo a la Caja, pudiendo en tal caso requerir la suspensión de su afiliación.ARTÍCULO 7°: La circuntancia de estar comprendido en otro regimen jubilatorio previsional y/o seguridad social, de índole nacional, provincial o municipal, de naturaleza privada o semi privada, da opción al afiliado/a para que se deriven esos aportes a la Caja de Previsión de los Profesionales de la Salud, configurándose pues un único aporte de esos/as profesionales según será detallado en el artículo 20º.-ARTÍCULO 8°: El adquirir el carácter de afiliado/a, implica gozar de todos los beneficios sociales que depara el régimen de la presente ley, conforme con las respectivas y particulares disposiciones y obligaciones que rigen para cada caso, y siempre que se hubiere cumplido previamente con el pago de los correlativos aportes de cada beneficio a la fecha de su exigibilidad, o de producirse el hecho generador del derecho, según corresponda.ARTÍCULO 9°: No podrá considerarse como afiliado/a, a ningún profesional, cuando no reúna la totalidad de los requisitos impuestos en los artículos anteriores, y los que aún cumplimentándolos, no hayan abonado la liquidación que les enviara la Caja, luego de su afiliación.ARTÍCULO 10°: Para tener derecho a los respectivos beneficios, los/las profesionales que con posterioridad al 1º de Enero de 1958 hubieren ejercido su profesión en otra Provincia, antes de su incorporación a ésta Caja, deberán acreditar una antigüedad en la afiliación, con igual período de aportes de :a) no inferior a treinta años, para la Jubilación Ordinaria Integra;b) no inferior a veinticinco años, para la Jubilación Ordinaria Reducida;c) no inferior a quince años, para la Jubilación por Edad Avanzada;d) no inferior a tres años, para la Jubilación por Invalidez, el Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria.En estos casos, cuando existan convenios de reciprocidad, y puedan ser invocados derechos, requisitos, condiciones y haber de las prestaciones, los mismos se ajustarán a las disposiciones de dichos convenios.El espíritu de la presente Ley es contemplar la mayor amplitud posible de convenios de reciprocidad en el camino de una única Caja Nacional propia de todos los profesionales del Arte de Curar.ARTÍCULO 11°: Los derechos de los/las afiliados/as que por cualquier causa, hayan cancelado o suspendido su inscripción en la matrícula, como así también los de los/as reafiliados/as, se reducirán a que se les reconozca o compute el ejercicio profesional y el tiempo de afiliación, siempre que hubieren realizado los aportes correspondientes.La afiliación a la Caja de Previsión y Seguridad Social para las/los Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, podrá ser continua o discontinua y acumulativa.ARTÍCULO 12°: Son causales de extinción automática de la afiliación, las siguientes:a) Cancelación o suspensión voluntaria de la inscripción en la matrícula del Colegio respectivo.b) Fallecimiento del afiliado/ a, independientemente de los derechos que le correspondieren o no, a sus causahabientes.TÍTULO IICAPÍTULO IDe los Recursos Financieros: ARTÍCULO 13°: El capital de la Caja de Previsión y Seguridad Social para los/las Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, se formará con los siguientes recursos:a) Con el patrimonio actual de la Caja;b) Con los aportes personales de los /las afiliados/as;c) Con las contribuciones originadas en actos profesionales del Arte de Curar, en jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, las que estarán a cargo de los comitentes, o de quienes reciban los servicios,d) en el tiempo, modo, y forma que establezcan los organismos de ésta Caja, los que quedan facultados para celebrar los respectivos acuerdos o convenios, con cada Colegio Profesional del Arte de Curar, que funcione en la Provincia, y conforme lo normado enunciativamente en ésta ley;e) Con las cuotas y/o contribuciones que deban abonar los/las afiliados/as de la Obra Social de la Caja;f) Con el importe de la cuota o cuotas, que deban abonar los afiliados de la Caja, para los subsidios que se otorguen o instituyan;g) Con el importe de los intereses, multas y recargos, cualquiera fuera su concepto y su causa;h) Con los intereses y frutos civiles de los bienes de la Caja;i) Con las donaciones, legados, y otras liberalidades que a título lícito, ingresen a la Caja.CAPÍTULO IIDe los Aportes Personales de los AfiliadosARTÍCULO 14°: Los aportes personales estarán a cargo de los/las afiliados/as, y se efectuarán en concepto de :a) Aportes mensuales obligatorios.b)Aportes mensuales voluntariosPara determinar el importe de los aportes y el de los haberes de las prestaciones jubilatorias, ésta ley adopta la unidad denominada “módulo previsional”, el que será fijado por resolución fundada de los organismos de la Caja de Previsión y Seguridad Social para los/las Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe teniendo en cuenta la realidad económica de los aportantes y beneficiarios, en forma periódica.En todos los casos y sin excepción, cualquier modificación del valor adoptado como módulo, será trasladado automáticamente:1) A los aportes, a partir del día primero del mes siguiente al de vigencia de su modificación;2) A los haberes de las prestaciones jubilatorias, a partir del día primero del mes subsiguiente al de la vigencia de su modificación.ARTÍCULO 15°: Los aportes personales mensuales estarán a cargo de los/las afiliados/as, siendo su pago de carácter obligatorio, debiéndose efectuar según la escala y/o categorías del artículo 20.En ningún caso la Caja devolverá los aportes efectuados, salvo las sumas ingresadas por error, o pago anticipado.ARTÍCULO 16°: Los aportes personales deberán abonarse, dentro de los quince días corridos inmediatamente siguientes a cada mes vencido. Si el día quince fuere inhábil, el vencimiento se operará el primer día hábil posterior.ARTÍCULO 17°: Los pagos que los/las afiliados/as hagan se realizarán:a) Ante la Caja y/o sus Delegaciones, Filiales o Agencias;b) Mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, u otro Banco según determine el Directorio.c)Por giro postal, telegráfico y/o cheque;En los últimos dos supuestos, se efectuarán a la orden de la Caja de Previsión y Seguridad Social para los/las Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, en sus cuentas especiales, y libre de todo gasto, comisión u otros conceptos, para la Caja.ARTÍCULO 18°: La boleta de depósito bancario, el talón de la chequera enviada por la Caja, o el recibo expedido por ésta, son los únicos documentos válidos para acreditar y justificar el pago de las obligaciones.ARTÍCULO 19°: Los/las afiliados/as podrán efectuar pagos periódicos de aportes personales mensuales por períodos mayores a los fijados en la presente ley. En todos los casos, estos pagos adelantados no podrán exceder el período que corresponda a la última chequera emitida por la Caja. Los pagos adelantados no devengarán intereses, ni producirán derecho a anticipación en inclusión de categorías, ni en los beneficios.ARTÍCULO 20°: Para los aportes personales mínimos mensuales y obligatorios que deban realizar los/las afiliados/as, se establecen categorías, basadas en los principios enunciados en el artículo 3º. Para el cumplimiento de tal objetivo se conformarán categorías basadas en la propia categorización que los/las profesionales hayan cumplimentado ante la AFIP. Sobre la base de las declaraciones juradas presentadas (basadas en determinados ingresos anuales) se calculará el aporte mensual jubilatorio aplicando el 11% como alícuota sobre la doceava parte del mencionado ingreso anual del profesional. En el caso que se verifiquen las circunstancias contempladas en el artículo 7º, el /la afiliado/a podrá integrar su aporte a la Caja con lo que le correspondiere por su relación de dependencia, completando con su aporte personal adicional si hiciere falta. Las categorías se determinarán según las documentaciones presentadas anualmente, y todos los aportes serán traducidos a módulos previsionales. Los detalles técnicos emergentes de este sistema basado en el principio de equidad de proporcionalidad del aporte respecto a los ingresos por la actividad profesional del afiliado, serán resueltos por los organismos directivos de la Caja.Artículo 21º: La inscripción y aporte en la categoría correspondiente es obligatoria a partir del quinto año de matriculación profesional. Sin perjuicio de ello, créase una categoría de reciente graduación, que abarca los cuatro primeros años de ejercicio de profesión, cuyo aporte será fijado por los organismos de la Caja, pero que en ningún caso pueden superar el 50% del aporte de la categoría menor. También podrán ingresar a esta categoría aquellos/aquellas profesionales que, sin estar en el período de reciente graduación, acrediten fehacientemente estar por debajo de la categoría mínima del monotributo.Artículo 22º: La aplicación del presente régimen de aportes personales no tiene carácter retroactivo respecto a lo ya ingresado a la Caja. La recategorización de acuerdo a los principios de la presente Ley tendrá vigencia a partir del año siguiente de su promulgación.Artículo 23º: Establézcase con carácter obligatorio:a) Condonación de toda la deuda generada por el viejo sistema de obra social obligatoria.b) Reajuste de lo adeudado aplicando, retrospectivamente, el principio de equidad desarrollado en el artículo 20º.c) Reinserción en el nuevo sistema con arreglo al artículo 20º, conformándose por parte del moroso un doble aporte:1) El que correspondiere a su categorización actual.2) El que emerja de su deuda, a manera de cuota mensual, que jamás puede superar el 50% de su aporte actual.d) Aquellos morosos que elijan reajustar su deuda por encima del mínimo imponible en el inciso b) podrán hacerlo en consideración a su haber jubilatorio futuro.Artículo 24º: A partir de la vigencia de la presente Ley, los/las afiliados/as morosos/as tendrán un año para regularizar su situación con la Caja. El incumplimiento de tal regularización, o la falta de cumplimiento de los convenios emergentes del artículo 23º, habilita a las autoridades de la Caja a realizar todas las acciones administrativas y legales correspondientes para garantizar el cobro de lo adeudado.CAPÍTULO IIIDe las contribuciones de las empresas relacionadas con los Profesionales de la SaludARTÍCULO 25°: Queda derogado de este cuerpo legal el estampillado, así como toda otra forma que signifique un aporte adicional de los pacientes por las prestaciones realizadas por actos profesionales.ARTÍCULO 26º: Dispónese que en las facturas de Laboratorios medicinales, droguerías y/o empresas de insumos médicos, Sanatorios, empresas por abonos, Hospitales Privados, Hospitales Públicos que brinden atención con prestadores de servicios; Mutualidades con efectores de salud; Clínicas, Maternidades; y Clínicas o Sanatorios para atención veterinaria, se aplicará como contribución obligatoria a la Caja de Previsión y Seguridad Social para los Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, el dos por ciento, ( 2 %), sobre el monto facturado. Los/las responsables de la aplicación de los porcentuales previstos en este artículo, serán los titulares legales, propietarios/as, o funcionarios/as de mayor jerarquía, de las entidades, entes, empresas, establecimientos y sociedades de cualquier naturaleza, enunciadas en este artículo, los que actuarán como agentes de retención y/o percepción de los importes que resulten, bajo las responsabilidades civiles y/o penales de cada caso, y estarán obligados/as además a rendir cuentas a la Caja en forma mensual, y a depositar y/o abonar las sumas respectivas del 1º al 15 del mes siguiente.Cuando los/las responsables enunciados/as precedentemente no cumplieren con todas las obligaciones emergentes de la presente ley, la Caja estará facultada para determinar de oficio el importe de la evasión, a cuyos efectos podrá realizar inspecciones, o intimar a que se le faciliten y pongan a su disposición los libros, registros y demás elementos de juicio que estimare necesarios.En caso de negativa, y sin perjuicio de las otras acciones que pudieren corresponder, la Caja tomará como base para la estimación la cantidad de camas de que dispone a entidad asistencial, la que se multiplicará por un valor de siete (7) módulos previsionales, por cama y por mes. El resultado de éste cálculo constituirá la deuda a ingresar por el mes considerado. Las autoridades de la Caja podrán variar, cuando razones especiales lo justifiquen, el número de módulos previsionales, por cama y por mes, a aplicar, así como introducir otros parámetros para evaluar la deuda de acuerdo al tipo de empresa de la cual se trate.ARTÍCULO 27°: Establézcase que las empresas o personas jurídicas dedicadas al control de ausentismo, y las compañías de seguros, o las entidades de cualquier naturaleza o índole, que cubran riesgos sobre las personas, estarán obligadas a una contribución especial, consistente en el cinco por ciento de los honorarios que abonen a los/las profesionales de la Caja de Previsión y Seguridad Social de la Salud, por los servicios que estos les presten y/o por la atención que brinden a sus asegurados/as, por accidentes y/o enfermedades de cualquier causa o naturaleza. Las mismas estarán obligadas a presentar a la Caja, en forma mensual, una declaración jurada, con el detalle de los honorarios pagados, y la determinación del cinco por ciento de la contribución a abonar, la que ingresará bajo los mismos medios de pago establecidos en esta ley; la presentación de la declaración deberá efectuarse aún cuando no hubiere pago efectivo de honorarios, y a los fines de una estimación de oficio, teniendo en cuenta los honorarios y aranceles de la plaza, para las prácticas o servicios efectuados.CAPÍTULO IVDisposiciones comunes y utilización de los recursos financierosARTÍCULO 28°: Las sumas adeudadas a la Caja en concepto de aportes de cualquier naturaleza, cuotas o contribuciones, que se fijaren para el Subsidio Extraordinario y Obra Social, por préstamos, multas, intereses, gastos de administración, y demás obligaciones emergentes de la aplicación de esta ley, gozarán del privilegio general reconocido a los créditos del Estado Provincial.ARTÍCULO 29°: Los bienes que adquiera o ingresen a la Caja, cualquiera fuera su título, los créditos, ventas o intereses; todo otro bien que integrare el patrimonio de la Caja, y los actos que celebrase la misma, estarán exentos de todo gravamen, impuestos y otras obligaciones fiscales, actuales o futuras, de carácter provincial, y resultarán inembargables, excepto cuándo la deuda provenga de adquisición o enajenación de bienes muebles, inmuebles, u obligaciones contraídas por la Caja con terceros.ARTÍCULO 30°: Las infracciones y contravenciones a ésta ley, cometidas por personas no afiliadas a la Caja, serán sancionadas por las autoridades de la Caja con multas, que estarán en relación con el monto de la evasión, y/o de la gravedad del hecho acaecido, pudiendo llegar las mismas hasta el décuplo del monto evadido, siempre establecido a valores actualizados. En ningún caso, la multa podrá ser inferior al equivalente de veinte (20) módulos previsionales la primera vez; y de cincuenta (50) módulos previsionales en los casos de reincidencia.ARTÍCULO 31°: La Caja queda facultada para verificar, por medio del personal que designe, el cumplimiento de la presente ley, a cuyos efectos los/las afiliados/as, beneficiarios/as, los establecimientos relacionados con la Salud, comerciales o de otra naturaleza, las entidades mutuales o intermedias, facilitarán el control de toda y cualesquiera documentación vinculada con la aplicación de la misma.ARTÍCULO 32°: Para los juicios que inicie la Caja por cobro de cuotas, aportes, y contribuciones de cualquier naturaleza, gastos de administración, recargos, multa, intereses, sumas adeudadas por préstamos concedidos por la misma, y cualquier otra obligación impuesta por la presente ley, procederá la vía de Apremio.Serán competentes para entender en los juicios de Apremio que inicie la Caja, y a su elección, los Jueces de Primera Instancia de Distrito con competencia laboral, conforme al territorio o sede elegido. El trámite será el reglado por el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia, para ése tipo de juicios.Las actuaciones judiciales que inicie la Caja relativas al ejercicio de sus funciones, y demás obligaciones y derechos emergentes de la presente ley, estarán exentas del pago de todo tributo fiscal de carácter provincial, cualquiera fuera su naturaleza.ARTÍCULO 33°: Los recursos financieros que se obtengan, serán de exclusiva propiedad de la Caja, y se destinarán obligatoriamente:a) A la realización y cumplimiento de todos los beneficios, prestaciones y demás cometidos que acuerda o prevée la presente ley, y los que en virtud de la misma, puedan establecer las autoridades de la Cajab) A los gastos de administración;c) A la adquisición o construcción de bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines;d) A su depósito en instituciones financiera reconocidas por el Banco Central de la República Argentina;e) A prestaciones e inversiones que sirvan a otros aspectos de la solidaridad, o que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de los afiliados, y en general, a cualquier otra forma de ayuda en tal sentido.En ningún caso, podrá disponerse de los fondos para otros fines que no sean los establecidos en ésta ley, bajo la responsabilidad personal civil y penal, y solidaria de las Autoridades de la Caja. Éstas deberán proveer y preveer todo lo conducente y pertinente para obtener un fondo de cobertura y reserva que posibilite cubrir el pago de las prestaciones y gastos de administración, por el lapso de cuatro meses, como mínimo, a los efectos de afrontar cualquier evento que disminuya los ingresos de la Caja, sin riesgos para los beneficiarios. TÍTULO IIICAPÍTULO IDe los Beneficios y PrestacionesARTÍCULO 34°: Las prestaciones o beneficios que la Caja otorgue consistirán en:a) Jubilación Ordinaria Integra;b) Jubilación Ordinaria Reducida;c) Jubilación por Edad Avanzada;d) Jubilación por Invalidez;e) Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria;f) Pensión;g) Subsidio Extraordinario por Jubilación y/o fallecimiento;h) Préstamos y financiaciones complementarias;i) Obra Social;j) Todo otro beneficio que establezcan las autoridades de la Caja, de acuerdo a las posibilidades económico-financieras de la misma, y a los principios que informan la presente ley; el otorgamiento de los beneficios enunciados está condicionado al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por ésta ley, su reglamentación, reglamentos especiales, o por resolución de las autoridades de la Caja.ARTÍCULO 35°: Para tener derecho a solicitar los beneficios que acuerda esta ley, es condición insoslayable, estar al día con los respectivos aportes, de cualquier naturaleza.ARTÍCULO 36°: Las prestaciones que ésta ley establece invisten los siguientes caracteres:a) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios beneficiarios;b) No pueden ser enajenadas, ni afectadas a terceros, por derecho alguno;c) Son inembargables, con la excepción de cuotas por alimentos o litis expensas;d) Sólo se extinguen por las causas previstas en la ley.e) No obstante el carácter investido estarán sujetas a deducciones por cargas provenientes de créditos a favor de la Caja, o de otros organismos de previsión. Las mismas no podrán exceder del veinte (20%) por ciento del importe mensual de la prestación.Todo acto jurídico o no, que contraríe lo dispuesto en el presente, será nulo.ARTÍCULO 37°: Los beneficios derivados de la presente ley, son compatibles sin limitaciones con los provenientes de otros regímenes de previsión, sean ellos nacionales, provinciales, municipales, de naturaleza privada y/o semi-privados.ARTÍCULO 38°: El derecho a solicitar las prestaciones y beneficios de los incisos a), b), c), d) y f), del artículo 43 es imprescriptible, pero su pago comenzará a hacerse efectivo de conformidad a las siguientes normas:a) La Jubilación Ordinaria Integra, Jubilación Ordinaria Reducida, Jubilación por Edad Avanzada y por Invalidez, desde el día de la presentación de la solicitud del beneficios, formulada una vez cumplido los requisitos para su logro, acreditada con certificación otorgada por el Colegio Profesional respectivo la situación de inscripción de la matrícula profesional que habilite para la jubilación. En tal sentido, la presente Ley sienta el precedente de su rechazo a que la cancelación absoluta de la matrícula profesional sea condición para gozar de los derechos jubilatorios. Por lo tanto no será requisito necesario la cancelación de la matrícula profesional, contemplándose la necesidad de que estudios legislativos posteriores vinculados a la colegiacion profesional y a un futuro Plan de salud puedan definir los alcances del ejercicio profesional en esas condiciones. Deberá procurarse equilibrar en el Plan de Salud la experiencia con la pujanza de la juventud. Los/las jubilados/as que opten por continuar ejerciendo la profesión deberán tributar mensualmente un aporte especial a la Caja que nunca podrá ser mayor del 50 % del que el afiliado tuviera en carácter de activo.b) La pensión, desde el día siguiente al de la muerte del causante, o la del día presuntivo de su fallecimiento, fijado judicialmente, excepto en los supuestos previstos en el articulado de esta ley.ARTICULO 39°: La Caja abonará a sus beneficiarios, un haber anual complementario, el que será equivalente a un haber más jubilatorio o de pensión al que tuviera derecho, por cada año calendario. Este complemento se abonará en dos cuotas, en oportunidad de hacerse efectivas las prestaciones que correspondan a los meses de junio y diciembre; y se financiará con el aporte de una mensualidad más, que deberá realizar el afiliado/da, sobre el monto de la categoría en la que aporte durante cada año calendario. El aporte adicional destinado a financiar el haber anual complementario de los/las beneficiarios/as del régimen instituido por la presente ley, se ingresará en dos cuotas, juntamente con los aportes correspondientes al quinto y decimoprimer mes, y dentro de los plazos previstos para el pago de estos, no teniéndose en cuenta para fijar el haber de los beneficios.CAPÍTULO IIDe las Jubilaciones – Disposiciones GeneralesARTÍCULO 40º: Podrán acogerse a los beneficios jubilatorios de ésta ley, los/las afiliados/as que ejerzan o hayan ejercido su profesión en la Provincia, en forma continua o discontinua, y reúnan los demás requisitos y condiciones establecidos en la presente norma.ARTÍCULO 41°: Cuando el excedente en reservas del Fondo constituido, y la situación económico-financiera de la Caja lo permita los montos de los haberes jubilatorios y de pensión, fijados en los artículos correspondientes, podrán ser bonificados con el número de módulos previsionales que determinen las autoridades de la Caja, en forma igualitaria y por tiempo determinado, el que podrá ser prorrogado. En ningún caso, la bonificación podrá ser inferior a dos (2) módulos previsionales, ni sumada la misma al haber, podrá sobrepasar los cien (100) módulos previsionales, en el caso de Jubilación Ordinaria Reducida; no teniéndose en cuenta a dichos efectos, la bonificación que resulte por aplicación de lo dispuesto en el artículo 66; el tope total del haber bonificado no podrá sobrepasar los ochenta (80) módulos, en el caso de la Jubilaciones por Invalidez, Pensiones Ordinarias; y de setenta (70) módulos, para los haberes de Jubilación por Edad Avanzada.CAPÍTULO IIIDe las Jubilaciones en particularARTÍCULO 42°: Jubilación Ordinaria Integra: tendrán derecho a ésta Jubilación los afiliados que:a) hubieren cumplido sesenta años de edad;b) acrediten treinta años de ejercicio profesional, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación;c) acrediten una antigüedad en la afiliación a ésta Caja, en forma continua o discontinua, con igual período de obligatoriedad de aportes a éste régimen previsional, no inferior a treinta años;Los términos de edad, ejercicio profesional y antigüedad en la afiliación con aportes, se computarán en años aniversarios completos; al sólo efecto del ejercicio profesional se considerará año completo a la fracción mayor de seis meses, no computándose si fuese menor.ARTÍCULO 43°: El haber mensual de la Jubilación Ordinaria Integra será equivalente al valor de los módulos previsionales que cubran el costo de la canasta familiar. Las autoridades de la Caja tomarán los datos del INDEC, privados o propios para establecer el monto de dicha canasta.ARTÍCULO 44°: Jubilación Ordinaria Reducida: hasta tanto se den las condiciones fijadas para la obtención de la Jubilación Ordinaria Integra, tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria Reducida los afiliados que:a) hubieren cumplido cincuenta y cinco años de edad;b) acrediten veinticino años de ejercicio profesional, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación;c) acrediten una antigüedad en la afiliación a esta Caja, hasta alcanzar veinticinco años.Para calcular el haber mensual jubilatorio de estos beneficiarios se tomará como base el de la jubilación ordinaria, menos la deducción de un 5% por cada año faltante de edad y/o de aportes como afiliado en la Caja.ARTÍCULO 45°: Jubilación por Edad Avanzada: Tendrán derecho a la Jubilación por Edad Avanzada, los afiliados que:a) hubieren cumplido setenta años de edad;b) acrediten un mínimo de quince años (15) de ejercicio de la profesión, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación;c) acrediten una antigüedad en la afiliación con aportes a ésta Caja, no inferior a quince años.El haber mensual jubilatorio por edad avanzada será idéntico al de la jubilación ordinaria.ARTICULO 46º: Jubilación por Invalidez: Tendrán derecho a ésta Jubilación los/las afiliados/as que cualquiera fuera su edad se encuentren en las siguientes condiciones :a) Como consecuencia de enfermedad o accidente, sufrieren una incapacidad total y permanente que les ocasione la pérdida de su capacidad física o intelectual, para el desempeño de su actividad profesional;b) a la fecha en que se produzca la incapacidad, se encuentren afiliados formalmente y hubieren realizado aportes a ésta Caja . Los/las afiliados/as a los que les fuere de aplicación el artículo 11º de ésta ley, deberán acreditar una antigüedad en la afiliación a la Caja, en las condiciones fijadas en ésta norma, no inferior a tres (3) años, cuando la causa de invalidez se iniciara en éste período, y de cinco (5) años cuando el inicio de la causa de incapacidad fuera anterior;c) hubieren cancelado su matrícula profesional, a raíz de la incapacidad.-d) La invalidez se considerará total , cuando se produzca una disminución de la capacidad laborativa del sesenta y seis (66%) por ciento, o más.La Jubilación por Invalidez no será procedente , cuando ésta fuera anterior a la afiliación o reafiliación a la Caja.ARTÍCULO 47º: La apreciación de la Invalidez se efectuará por la Caja, previo dictamen técnico mediante los procedimientos que establezcan las Autoridades, que aseguren uniformidad de criterios estimativos y las garantías necesarias de salvaguarda de los derechos de los/las afiliados/as. A sus efectos, la Caja podrá recabar la colaboración de las autoridades sanitarias de la Provincia de Santa Fe.ARTÍCULO 48º: La Jubilación por Invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando la Caja facultada para concederla por un tiempo determinado y sujeta a reconocimientos periódicos que establezcan las Autoridades. La negativa del beneficiario/a de someterse a las revisaciones que se disponga, dará lugar a la suspensión del beneficio.El beneficio de Jubilación por Invalidez será definitivo cuando el/la titular de la prestación tuviere cincuenta años o mas de edad, y hubiere percibido la prestación por lo menos durante diez años.ARTICULO 49º: Cuando la incapacidad total y permanente fuere recuperable, el/la Jubilado/a por Invalidez quedará sujeto a las normas sobre medicina curativa, rehabilitadora y/o readaptadora que se establezcan por la Caja. El beneficio se suspenderá por la negativa del /de la interesado/a, sin causa justificada, a someterse a los tratamientos que prescriban las normas precedentes.ARTÍCULO 50º: El Jubilado/a por Invalidez que recobre su capacidad para trabajar dejará de percibir el beneficio. Es obligación del / de la beneficiario/a comunicar de inmediato a las Autoridades de la Caja su reinscripción en la matrícula del Colegio respectivo, bajo apercibimiento de restituir a la Caja las sumas indebidamente percibidas desde esa fecha, a valores actualizados, y abonar la multa que deberá aplicarse por infracción a ésta Ley.ARTÍCULO 51º: El haber mensual de la Jubilación por Invalidez, será igual al de la Jubilación Ordinaria, que le hubiere correspondido al momento de incapacitarse. Si no tuviere derecho a Jubilación Ordinaria, el haber mensual de la invalidez, será igual al haber mínimo que por Jubilación abone la Caja, en el momento en que sea reconocida la incapacidad.ARTÍCULO 52º: Los/las afiliados/as que habiendo cumplido sesenta años de edad y treinta años de ejercicio profesional y que reunieren los demás requisitos y/o condiciones para obtener Jubilación Ordinaria, y continúen ejerciendo la profesión y realizando los aportes correspondientes, serán bonificados en el monto mensual del beneficio, con el valor de un (1) módulo previsional, por cada año excedido de edad y servicio considerado conjuntamente.Asimismo, y sobre la base de un haber jubilatorio mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, las Autoridades de la Caja diseñarán un sistema de bonificaciones adicionales al ya enunciado, de acuerdo a los aportes realizados en actividad. Sobre la base del espíritu general de esta Ley que se basa en un sistema de reparto, serán bonificados aquellos/as afiliados/as que registren mayores aportes por sobre el mínimo imponible.ARTÍCULO 53º: El importe de las jubilaciones que queden impagas al producirse el fallecimiento del beneficiario, sólo se hará efectivo a los/las derecho-habientes del mismo a quienes corresponda pensión, y distribuido en el mismo orden y proporción; no existiendocausa-habientes con derecho a pensión, será liquidado a sus herederos/as, declarados/as judicialmente.CAPÍTULO IVDel Subsidio por Incapacidad Total y TransitoriaARTÍCULO 54°: tendrán derecho a percibir el beneficio de Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria, los/las afiliados/as que como consecuencia de enfermedad o accidente, sufrieren una incapacidad transitoria que les ocasione la pérdida temporal de su capacidad física o intelectual para el desempeño de su actividad profesional, siempre que la misma exceda de treinta (30) días continuados a contar de su iniciación.Ningún afiliado/a podrá gozar por más de ciento veinte (120) días, del subsidio por Incapacidad Total y Transitoria, por año calendario.ARTÍCULO 55°: Para gozar de este beneficio es condición indispensable que el/la afiliado/a esté al día.ARTÍCULO 56º: El importe del Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria será equivalente, como mínimo, al valor de dos (2) módulos previsionales diarios. Podrá ser liquidado por la Caja en forma mensual o de una sola vez, a pedido del /de la interesado/da, y pagadero por períodos vencidos. Las autoridades podrán elevar temporariamente el mínimo, de acuerdo a la situación económica-financiera de la CajaCAPÍTULO VDe las pensionesARTÍCULO 57°: En caso de fallecimiento del/de la jubilado/da, o del afiliado/a en actividad o con derecho a jubilación, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:a) La viuda, el viudo y/o el/la conviviente, en las condiciones que se enuncian a continuación:1. Si el/la causante se hallase separado/a y hubiese convivido en aparente matrimonio, durante un período mínimo de cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, el/la conviviente gozará de derecho a pensión;2. El plazo de convivencia ser reducirá a dos (2) años cuando hubiese descendencia reconocida, o el/la causante haya sido soltero/a, viudo/a, separado/a legalmente, o divorciado/a.El Directorio determindará los requisitos necesarios para probar el aparente matrimonio. La prueba podrá sustanciarse administrativamente, o ante autoridad judicial.3. El o la conviviente, excluirá al cónyugue supérstite en el goce de la pensión, salvo que:I. El/la causante haya estado contribuyendo al pago de alimentos, y estos los hubieran peticionado en vida;II. El /la supérstite se hallase separado por culpa del causante.En estos casos, el beneficio se otorgará a ambos por partes iguales.4. El beneficio de pensión será gozado en concurrencia con los hijos solteros, de ambos sexos, menores de dieciocho años de edad, huérfanos de padre y madre, y a cargo del causante a la fecha de su deceso;b) Los/las hijos/as y los/las nietos/as, de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior;c) La viuda, el viudo y/o el/ la conviviente en las condiciones del Inciso a) , en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente.d) Los padres del causante, en las condiciones del inciso c); el inciso a) no es excluyente, pero sí el orden de prelación establecido entre los incisos a) al d).ARTÍCULO 58°: La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda o el viudo, si concurren con los/las hijos/as, nietos/as o padres del causante; la otra mitad, se distribuirá entre éstos por partes iguales, con excepción de los nietos/as, quienes percibirán en conjunto, la parte de pensión a que hubiere tenido derecho el progenitor fallecido.A falta de hijos/as, nietos/as o padres, la totalidad del haber de la pensión, corresponde a la viuda o viudo.En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los coparticipes, su parte acrece proporcionalmente a la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución establecida en los párrafos precedentes.ARTÍCULO 59º: Cuando se extinguiere el derecho a pensión de un causa-habiente y no existieren copartícipes, gozarán de ése beneficio los parientes del causante que siguen en orden de prelación .ARTÍCULO 60º: A los/las hijos/as extramatrimoniales y a los/as adoptivos/as se les reconocerá el mismo derecho que a los matrimoniales, a los efectos de la pensión.ARTÍCULO 61º: El haber de la pensión será equivalente al ochenta (80%) por ciento, del haber de jubilación que gozaba , o le hubiere correspondido al causante.ARTÍCULO 62º: La cuota de pensión de cada hijo/a se incrementará en un cinco (5%) por ciento del haber jubilatorio del causante. No se podrán acumular incrementos en dos o mas pensiones, liquidándose únicamente la que resulte más favorable al beneficiario.Su goce es incompatible, por parte del/de la progenitor/ra sobreviviente, con la designación familiar por el mismo hijo/a, pudiendo optar por el beneficio que resulte mas favorable.El monto de la pensión, con más el incremento a que se refiere el párrafo anterior, no podrá exceder del ciento por ciento (100%) del haber jubilatorio del causante.ARTÍCULO 63º: No tendrán derecho a pensión:a) El/la cónyuge, que por su culpa o la de ambos, estuviera divorciado/a, separado/a legalmente o separado/a de hecho, al momento de la muerte del causante excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen del artículo 68 bis de la ley 2393, y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos.b) Los causa-habientes de los afiliados, si estos falleciesen antes de haber cumplido la antigüedad exigida para el goce del beneficio.ARTÍICULO 64º: El derecho a gozar de pensión, o a percibir la ya acordada, se extingue:a) Por la muerte del beneficiario, o su fallecimiento presunto judicialmente declarado;b) para el/la cónyugue supérstite, para la madre o padre, viudos o que enviudaren, y para los beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere de que fueran solteros, desde que contrajeran matrimonio;c) para los/las beneficiarios/as cuyo derecho a pensión estuviese limitado hasta determinada edad, que cumplieren las edades establecidas en lal presente ley.d) para los/las beneficiarios/as de pensión en razón de incapacidad para el trabajo, desde que tal incapacidad desapareciere, salvo que a esa fecha tuvieren cincuenta años de edad, y hubieren gozado de pensión , por lo menos durante diez (10) años.ARTÍCULO 65º: A los/las derecho-habientes de los/las afiliados/as no se les pueden negar los beneficios previstos en ésta ley, en razón de ser a su vez, afiliados o beneficiarios de ésta Caja.ARTÍCULO 66º: Se acordará una pensión graciable, equivalente al ochenta (80%) por ciento del importe mínimo de pensión que abone la Caja, a los/las causahabientes del afiliado/a que por aplicación de las normas legales vigentes, con anterioridad al 1º de febrero de 1975, no hubieren tenido derecho a pensión, debiendo justificar los motivos de la falta de cumplimiento de dichas normas y demás requisitos y condiciones que establezcan las autoridades. Las pensiones graciables se pagarán, desde el día de la fecha de la resolución de las Autoridades, reconociéndole dicho beneficio.CAPÍTULO VISubsidio Extraordinario por Jubilación y /o fallecimientoARTÍCULO 67º: Institúyese por la presente ley un Subsidio Extraordinario por Jubilación y/o Fallecimiento del/de la afiliado/da o jubilado/da, cuyo fondo estará constituido con aportes y/o cuotas obligatorias de todos los/las afiliados/as y jubilados/as de la Caja.El monto del subsidio, al igual que los aportes y/o cuotas especiales que deban abonar los afiliados/as y jubilados/as, serán fijados periódicamente por las autoridades.ARTÍCULO 68°: El Subsidio Extraordinario será hecho efectivo en los casos y proporciones siguientes:1) El/ la afiliado/a que se jubilare tendrá derecho al cincuenta por ciento (50%) del monto del subsidio vigente a la fecha en que entrare en goce de la prestación jubilatoria;2) En caso de fallecimiento de un/una afiliado/a en actividad o jubilado/a tendrán derecho al cien por ciento (100%) del monto del Subsidio vigente a la fecha del deceso, la o las personas instituidas como beneficiarios/as por el/la titular, y en ausencia de estas sus legítimos herederos/as, en el orden y proporción establecidos en el Código Civil, para sucesiones intestadas, no habiendo sucesores legítimos ni beneficiarios/as instituidos/as, quedará en favor de la Caja.3) Para tener derecho a la percepción del subsidio es condición indispensable que no se hubiere operado la pérdida del derecho al mismo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 69º.ARTÍCULO 69º: El importe del aporte y/o cuotas especiales deberá ser abonado en las fechas que establezcan las autoridades.No tendrán derecho al Subsidio Extraordinario, los institutos beneficiarios y/o los/las causa-habientes de un /una afiliado/a o jubilado/a, que al momento de su fallecimiento, adeudare total o parcialmente el aporte y/o cuota o cuotas especiales correspondientes al año en que ocurra el fallecimiento.ARTÍCULO 70º: Las autoridades de la Caja podrán ampliar o modificar los requisitos o condiciones que regularán el Subsidio Extraordinario, como así también su funcionamiento, monto y financiación, conforme al estado económico-financiero de la Caja.CAPÍTULO VIIPréstamos y financiaciones complementariasARTÍCULO 71º: Los fondos y rentas de la Caja, con deducción de aquellos destinados al pago de los beneficios y gastos de administración, podrán invertirse en:a) Préstamos con o sin intereses, según el caso, a sus afiliados y beneficiarios.b) Depósitos a intereses u otras operaciones en instituciones financieras reconocidas por el Banco Central de la República Argentina.ARTÍCULO 72º: En los casos, el/la solicitante de ayuda financiera deberá estar al día con todas las obligaciones para con la Caja, con excepción de las correspondientes al inciso “g” del artículo.-ARTÍCULO 73º: Los préstamos se otorgarán con el aval de otro/a afiliado/a activo/a en las condiciones estipuladas en el artículo anterior, con valores o garantía real.ARTÍCULO 74º: Los préstamos deberán tener por finalidad la financiación complementaria de:a) Adquisición, construcción y/o reforma de inmuebles destinados a la instalación de consultorio, estudio u oficina, propios, para el ejercicio profesional.b) Compra de instrumental y/o material técnico o científico, necesarios para el ejercicio de la profesión.c) Viajes de estudio y/o culturales vinculados con la profesión.d) Compra de automotores afectados al servicio profesionale) Reparación de equipos y/o elementos de trabajo y/o estudio.f) Gastos de enfermedad del afiliado y/o familiares a cargo.g) Pago de deudas a esta Caja.Las Autoridades de la Caja mediante Resolución especial reglamentaria de la ayuda financiera, determinará los montos a conceder, intereses, plazos, forma de amortización y demás requisitos y condiciones relativos a los préstamos.CAPÍTULO VIIIObra SocialARTÍCULO 75º: Las autoridades de la Caja podrán instituir un servicio de asistencia médica integral u Obra Social, para los/las afiliados/as activos/as y jubilados/as, pudiendo hacerlos extensivos a los familiares y pensionados/as.Este sistema es completamente independiente de la Caja Jubilatoria, estando expresamente prohibido derivar fondos de un sistema a otro, y viceversa.Las autoridades quedan facultadas para crear administrativamente un sistema único, integral e igualitario, cuya afiliación es optativa, en tanto y en cuanto el afiliado acredite estar inscripto en otra obra social A partir de la afiliación a la obra social de la Caja, el aporte es obligatorio. Para desobligarse de tal aporte, es necesario tres meses de preaviso a las Autoridades de la Caja. Con un criterio equivalente al ya legislado para los aportes jubilatorios, el/la afiliado/a podrá tramitar la derivación de sus aportes de obra social retenidos por las entidades patronales (públicas o privadas) a la Obra Social de la Caja. Durante el lapso de 3 meses posteriores al último aporte (sea por entrar en mora, sea por renuncia con preaviso correspondiente), el/la afiliado/a y su grupo familiar gozará del servicio de obra social.ARTÍCULO 76º: El sistema de Obra Social es financiera y administrativamente separado e independiente del régimen jubilatorio y de los demás servicios que brinda la Caja. Las Autoridades designarán de su seno un sector específico que dirigirá la Obra Social, el que ser regirá por un reglamento específico a ser aprobado por la Asamblea de afiliados de la Obra Social.CAPÍTULO IXAsignacion FamiliarARTÍCULO 77º: Establécese que los/las profesionales jubilados/as y los pensionados/as de la Caja, tendrán derecho a percibir una asignación familiar por cónyuge; y a falta de éste, por hijo/a discapacitado/a si lo hubiere.El monto de la asignación familiar será el mismo que se abone a los empleados públicos provinciales.Este beneficio es incompatible con el goce de igual asignación, por cualquier otro régimen o sistema.TÍTULO IVCAPÍTULO IDel Gobierno y Administración de la CajaARTÍCULO 78º: Son Autoridades de la Caja la Comisión Directiva y las Asambleas.ARTÍCULO 79º: º: La Comisión Directiva es el Órgano Ejecutivo de la Caja. Se compone de 12 miembros titulares y sus respectivos/as suplentes. Obligatoriamente, 4 de sus miembros titulares y los respectivos/as suplentes deberán ser jubilados/as. Se elegirán por sufragio universal de todos/as los/las afiliados/as (activos/as y pasivos/as) tomando la Provincia como distrito único. La Comisión Directiva se integrará de acuerdo a los votos obtenidos por las diversas listas según el Sistema Proporcional Simple. Para su integración se tendrá en cuenta la proporcionalidad aplicable para activos y para jubilados. Las listas se integrarán en forma completa, avaladas por cien afiliados/as. Para ser candidato/a y/o para ser avalista sólo hace falta estar afiliado/a a la Caja. La votación se realizará cada 2 años, y la renovación de la Comisión Directiva será total. Los miembros podrán ser reelectos/as por un período consecutivo, si han sido reelectos /as no pueden ser elegidos/as, sino con el intervalo de un período.La primera elección se realizará en el mes de junio del año subsiguiente a la promulgación de esta Ley. La Asamblea Provincial elegirá mientras tanto una Comisión Provisoria, que elaborará un reglamento electoral y oficiará como Junta Electoral.ARTÍCULO 80º: Las asambleas pueden ser departamentales y provinciales; ordinarias y extraordinarias.ARTÍCULO 81º: Las asambleas departamentales se realizarán en la cabecera del departamento del que se trate, o en la localidad que fijare la asamblea anterior. Participan con voz y voto directo todos los/as afiliados/as con domicilio constituído en ese departamento. Independientemente de los presentes físicamente en la asamblea departamental, se elijen tantos delegados/as departamentales a razón de 1 cada 200 afiliados en el departamento o fracción no menor de 100.Los/as delegados/as departamentales se constituyen en la Mesa de la Asamblea Departamental, y duran en su cargo hasta la próxima asamblea, pudiendo ser revocables o renovables sus mandatos. Las asambleas departamentales son resolutivas en todo lo que haga al funcionamiento de la Caja en su departamento, y otorgan mandato imperativo a los /las delegados/as para la Asamblea Provincial. Todos los miembros de Comisión Directiva pueden concurrir a las Asambleas Departamentales, con voz, y sólo tendrán voto si se trata de la asamblea del Departamento al cual están afiliados. Los miembros de Comisión Directiva no pueden ser elegidos delegados/as.ARTÍCULO 82º: La Asamblea Provincial es la máxima autoridad de la Caja. Se compone de la totalidad de los delegados elegidos en las asambleas departamentales. Todas las resoluciones, memorias y balances de la Comisión Directiva son ad-referéndum de la Asamblea Provincial, la que gozará de facultades ilimitadas de supervisión, control y auditoria sobre la Comisión Directiva, pudiendo a tal efecto designar las comisión que considere necesario.ARTÍCULO 83º: Las Asambleas Ordinarias (provinciales o departamentales) pueden ser convocadas por la Comisión Directiva o por los/las delegados/as respectivos. Obligatoriamente, debe ser convocada anualmente para la aprobación de la Memoria y Balance.ARTÍCULO 84º: Las Asambleas extraordinarias pueden ser convocadas por los/las propios/as afiliados/as, por petición a sus delegados/as o a la Comisión Directiva, reuniendo el 1% de las firmas de los afiliados según se trate (departamental o provincial).ARTÍCULO 85º: Las Asambleas son soberanas en la elección de su orden del día y régimen de funcionamiento, más allá del temario para el que fueron convocadas.ARTÍCULO 86º: Todos los miembros de Comisión Directiva serán rentados, gozando del equivalente a la jubilación mínima ordinaria mensual (igual a la canasta familiar). Los miembros de Comisión Directiva y los/las delegados/as asamblearios gozarán también de viáticos, cuyos montos serán determinados con total ajuste a los gastos reales realizados y al lucro cesante por el tiempo de trabajo que demandó su tarea adicionalARTÍCULO 87º: La Comisión Directiva y las Asambleas elaborarán un Reglamento de funcionamiento interno, que deberá ser aprobado por la Asamblea Provincial Ordinaria.ARTÍCULO 88º: De forma FUNDAMENTOSSeñor Presidente: La Ley que rige a los/las Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Fe, la Ley 10419 debe modificarse y adaptarse a las necesidades de los Profesionales de nuestra Provincia que hoy son más de 20.000.Muchos de ellos/ellas no pueden realizar los aportes necesarios, ya que el salario o las prestaciones no les permiten vivir dignamente y cumplir con la obligatoriedad del aporte Jubilatorio y de Obra Social.La lista de morosos/as que algunos calculan en el 40 %, de los cuáles no se tienen datos ciertos, nos permite deducir que es absolutamente pertinente realizar las modificaciones necesarias para que esa gran masa de afiliados/as se reincorporen al sistema y en forma solidaria aporten para permitir una mejor prestación jubilatoria a quienes llegan a la edad correspondiente.Este proyecto fue redactado por un grupo de profesionales Médicos/as, Odontólogos/as, Bioquímicos/as, Farmaceúticos/as, Psicólogos/as, Veterinarios/as, Kinesiólogos/as, Fonoaudiólogos/as , Jubilados/asde Rosario y localidades vecinas, que preocupados/as por la situación, decidieron redactar un nuevo proyecto que fue aprobado en Asamblea y avalado por más de mil firmas que se acompañan y siguen recolectando apoyos para éste proyecto.Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, acompañen el Proyecto de Ley. PROYECTO DE COMUNICACIÓNPEDIDO DE INFORMES La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno informe:1. Bajo qué figura esta registrado en el libro de guardia de la Seccional 13 y de la Unidad Regional V de Policía, el joven Dario Gonzalez que la noche del lunes 14 de Mayo del corriente fue ingresado a las mismas, sucesivamente, luego de recibir una golpiza, con arma reglamentaria, entre otros golpes, por personal del Comando Radioeléctrico en la localidad de Rafaela.2. Si los responsables de la Seccional 13 y de la Unidad V de Policía con asiento en Rafaela, advirtieron las graves lesiones con que fue ingresado el señor Darío González., y a qué le atribuyeron las mismas, en los respectivos asientos de la institución.3. Informe del médico policial que atendió al joven Dario Gonzalez, que debido a los golpes recibidos, en el episodio relatado up supra, debió ser intervenido quirúrgicamente por posible fractura o astillamiento del pómulo derecho, presentando además, a raíz del mismo incidente, dos costillas fracturadas.4. Si ese Ministerio ha iniciado las acciones administrativas correspondientes y separado preventivamente a los agentes involucrados en este accionar, el que a prima facie es una práctica violatoria de los derechos humanos y encuadraría en la figura de apremios ilegales que pusieron en peligro la vida del joven Darío González.5. Cómo han reportado este episodio, los responsables de la Unidad V de Policía a la superioridad y al Señor Ministro de Gobierno.6. Si en el ámbito de la Unidad V de Policía, con asiento en Rafaela, se han recepcionado denuncias en lo que va del año de apremios ilegales y/o abuso de autoridad por parte del personal policial.Señor Presidente:La cultura de la violencia, violatoria de los derechos humanos, traducida en amenazas, golpes, abuso de autoridad, exhibición y abuso de armas, apremios ilegales, sigue vigente en la institución policial de la Provincia de Santa Fe, de la que dan cuenta los numerosos hechos que a diario ocupan las páginas de los diarios, los casos denunciados ante la justicia y las voces de los anónimos que por temor, no se atreven a denunciar y que de acuerdo a las estadísticas, representan los sectores mas postergados de la sociedad.Estos hechos, ocurren paradógicamente, en circunstancias en que en esta Cámara se discuten normas, códigos presuntamente garantistas que la practica policial desmiente, con años de haber internalizado esta institución prácticas aberrantes, ante la desidia de los funcionarios que mantienen en sus filas personal acusado de violaciones a los derechos humanos y que poco han hecho ante sucesos gravísimos como muertes en las cárceles, condiciones infrahumanas en los lugares de detención particularmente de menores, abusos y prácticas aberrantes.Una sociedad con elevados índices de pobreza e indigencia, que produce a su vez los mas altos índices de criminalidad, recibe día a día el mensaje sociabilizador de la violencia y de la impunidad a través de funcionarios policiales.Este accionar y esta práctica tiene responsables operativos y políticos, quienes deben responder por aquellos que se sienten amparados y legitimados en su ilegal y aberrante accionar.Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente pedido de informes. El ARI solicita informes sobre aportes y gestiones del Gobierno Provincial por inundaciones 13 de abril de 2007.La Diputada Provincial del ARI Alicia Gutiérrez, acompañada del bloque ARI, ha presentado un proyecto de Comunicación solicitando informes sobre los aportes y gestiones que realizará el gobierno provincial para afrontar las pérdidas económicas y financieras producidas por la catástrofe hídrica y pluvial en gran parte del territorio de la provincia .La Diputada del ARI realiza este pedido de informes en relación a los anuncios que efectuó el Gobernador Obeid, quien prometió un programa de financiamiento a tasas subsidiadas, condonación de pagos de provisión de energía eléctrica y subsidios para sectores afectados de la producción, el comercio y la industria.Gutierrez pretende que exista total transparencia y pide datos referentes a la situación sanitaria de las zonas afectadas, sobre la cantidad de personas que han quedado sin hogar; viviendas que no pueden ser recuperadas y monto estimado de estas pérdidas. Además solicita estimación sobre los daños sufridos por el aparato productivo y la EPE.También requiere información y detalle de subsidios, créditos a tasa cero y condonación de tarifas; modo y términos de canalización y rendición de cuentas de la ayuda a productores lecheros, agrícolas, ganaderos, fruti-hortícolas, de frutas finas, apicultores y comercios e industrias de las zonas afectadas.Por último Alicia Gutierrez pretende conocer la cifra de los fondos provinciales a afectar y el monto gestionado ante el gobierno nacional.Dra. Alicia Gutiérrez - Diputada Provincial del ARI-Santa Fe - 0341-155-896126
UNO www.unosantafe.com.arLunes, 08 de Septiembre de 2008Media sanción a una ley que regula la atención post aborto“La iniciativa busca dar cumplimiento a los derechos humanos de toda mujer en esa situación y a brindársele la intervención oportuna y la atención médica humanizada”, aseguró Alicia GutiérrezLa Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez (Bloque Sí), el que adhiere a la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto implementada por resolución Nº 989/05 del Ministerio de Salud de la Nación.El espíritu de esta ley se basa en dar cumplimiento a los derechos humanos, y en particular al derecho de toda mujer en situación de aborto, a brindársele la intervención oportuna y la atención médica humanizada incluyendo propuestas alternativas de anticoncepción desde una visión integral.Alicia Gutiérrez destaca que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) reconoce y denuncia que en nuestro país la muerte materna es la resultante, entre tantas otras causas, de abortos realizados en condiciones inseguras, de alto riesgo, y que afecta en forma directa a las mujeres en situación de desamparo social y escasísimos recursos.“Si a esto agregamos los factores culturales, religiosos y legales, que hacen que las mujeres oculten la interrupción de su embarazo, resulta difícil, si no imposible, establecer la tasa de mortalidad por hemorragias obstétricas que incrementan las estadísticas en los hospitales públicos, y que generan el debate en la salud pública al incluir las muertes por abortos en el perfil epidemiológico de la población”, aseguró la diputada.La legisladora de Solidaridad e Igualdad asevera que, si frente a un embarazo no deseado, ser pobre es una carga, ser niña adolescente es casi una tragedia. La situación de temor, de vergüenza, instalan como única salida el aborto clandestino.Las consecuenciasLa consecuencia de esta práctica arroja resultados que van desde la muerte a la esterilidad. Las condiciones en las que llegan las pacientes al hospital son variables que contemplan el legrado post aborto, y junto con ello la probabilidad de secuelas que inciden de manera negativa en una instancia de reproducción posterior.La Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación elaboró un documento guía para el mejoramiento de la atención post aborto que establece indicaciones de cómo recibir, informar y orientar a las mujeres con una complicación por aborto, de su verdadero estado clínico, de los procedimientos a ser realizados y decisión libre e informada sobre sus opciones anticonceptivas.En ella se enfatiza la necesidad de brindar un trato humanizado a las pacientes, respetar la confidencialidad y el derecho de tomar decisiones sobre su salud y fertilidad.“Se indican además, los requerimientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear.”Se indica además, a los profesionales médicos los requerimientos en equipamientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear en la extracción del contenido uterino.Contiene por último un protocolo para la anticoncepción post aborto, el que debe ser ofertado, respetando la elección libre e informada para prevenir embarazos no deseados.El objetivo principal es que esta guía sea repartida en los centros de salud, maternidades, hospitales y demás efectores públicos en el territorio de la provincia. Consecuentemente, el motivo de la presentación de este proyecto, se funda a partir de una perspectiva global del derecho a la salud y a la atención médica, universal y gratuita, tema pendiente en el diseño e implementación de políticas públicas para la consecución de una mejor calidad de vida.“La Constitución nacional establece como derechos básicos de todos los hombres y todas las mujeres el derecho a la vida, a la libertad, a la salud; a la privacidad, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad frente a la justicia”, fundamenta la diputada por el Sí.Contenido• Se enfatiza la necesidad de brindar un trato humanizado a las pacientes, respetar la confidencialidad y el derecho de tomar decisiones sobre su salud y fertilidad. Se indica además, a los profesionales médicos, los requerimientos en equipamientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear en la extracción del contenido uterino.• Contiene, por último, un protocolo para la anticoncepción post aborto.El 27% de las muertesUn estudio del Cedes llevado a cabo en seis provincias determinó que el 27,4 por ciento de las defunciones maternas se debe a complicaciones por abortos inseguros.El aborto es la principal causa de muerte materna y tiene particular incidencia en los sectores más desfavorecidos. Si bien es una situación muy conocida entre las organizaciones de derechos humanos, en este caso, lo confirma un estudio académico realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).Las conclusiones del trabajo, que abarcó casos de todo un año en seis provincias, remarcan la necesidad de que el Estado intervenga sobre las complicaciones producidas por abortos inseguros y apunta también a la cuestión legal: la descriminalización del aborto.“Es necesario mejorar la capacidad técnica y la calidad del trato en el manejo de las complicaciones de abortos, asegurar la consejería y la provisión de anticonceptivos post aborto a quienes se internan por complicaciones e introducir la aspiración manual endouterina para reducir el tiempo de internación y la morbilidad asociada a los legrados”, subraya el trabajo Mortalidad Materna en la Argentina, realizado por la especialista en el tema e investigadora del Cedes Silvina Ramos.http://www.ellitoral.com/Santa Fe, 24 de agosto de 2008.-Criterios divididos en la ProcuraciónEl crimen de Larrabure cuenta con aval judicial para su investigaciónTanto la agrupación Hijos Rosario como la diputados provincial Alicia Gutiérrez (Espacio Si) hicieron conocer su rechazo a la decisión del juez Marcelo Bailaque de continuar con la investigación del crimen del coronel Larrabure ocurrido en 1975.(ver al final de nota)La Justicia federal rosarina rechazó un planteo de nulidad que buscaba frenar la causa abierta por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure a manos de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.La Fiscalía de Rosario debe abrir la investigación para esclarecer el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, luego de haber estado secuestrado 372 días por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.Así se desprende de la resolución de la Justicia federal de Rosario, que puso fin a un intento de un fiscal para frenar la decisión de su superior, el fiscal General Claudio Palacín, que promueve la investigación de ese homicidio por considerarlo de "lesa humanidad".Según precisaron a DyN fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martín Bailaque resolvió rechazar un planteo de nulidad que buscaba frenar la apertura de la causa, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si el crimen de Larrabure fue o no de lesa humanidad.El magistrado sólo otorgó un aval tácito a la decisión del Ministerio Público para que un fiscal abra una causa e investigue el crimen del ex militar, en el marco de una interna dentro de la propia Procuración.Precisamente, el abogado de Larrabure hijo, Javier Vigo Leguizamón, aseguró a DyN que con esta decisión "fracasó la estrategia diseñada por el procurador general Esteban Righi para anular el dictamen" de Palacín que impulsaba la apertura de la causa y "prohibirle a los fiscales investigar los crímenes de la guerrilla como de lesa humanidad".Los hechosEl 10 de agosto de 1974, el coronel Argentino del Valle Larrabure, de 42 años, fue secuestrado durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba, por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo llevaron a una "cárcel del pueblo" en Rosario.Después de 372 días de cautiverio, el cadáver de Larrabure apareció el 23 de agosto de 1975 con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según describió su hijo Arturo Larrabure.La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González, pero en febrero de 2007, Arturo Larrabure reclamó que el caso fuese considerado de lesa humanidad porque, a su criterio, el homicidio fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por organizaciones terroristas.El planteo, además, exponía que en mayo de 1973 el Poder Legislativo amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal y la legislación antiterrorista y dejó en libertad a varios de los que luego secuestraron a Larrabure, en el marco de otros crímenes y tomas de cuarteles.También se advirtió la co-responsabilidad del Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Héctor Cámpora, que indultó a los guerrilleros, y del Poder Judicial, que en el período l973-1976 no dictó condenas por esos hechos, dice el planteo.Lo cierto es que los fiscales Francisco Sosa y Adriana Saccone dijeron que la víctima no murió en manos de organismos estatales o paraestatales y por eso, al no ser crimen de lesa humanidad, era un delito prescripto.Los criteriosSin embargo, el fiscal general Palacín estableció que el caso debía avanzar: advirtió que el ERP-PRT, en particular, Äcomo las agrupaciones guerrilleras, en generalÄ era una "organización revolucionaria" y que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvieron lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic" (referida al líder serbio), en donde "todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil".Junto a la fiscal Saccone, el fiscal Moisés Vásquez pidió la nulidad de ese dictamen por entender que era la Cámara Federal la que debía habilitar la apertura o no de la pesquisa. Y fue así como en el marco de ese conflicto, ahora el juez Bailaque entendió que no correspondía anular el dictamen que avalaba la apertura de la causa, porque cumplía con todos los procedimientos.En sus fundamentos, Bailaque dijo que no se entendía el "perjuicio concreto ocasionado" con la apertura de la causa, ni tampoco "cuál sería el motivo" para anular el dictamen si "la Constitución Nacional resguarda la independencia del Ministerio Público". Con esta resolución, Palacín resolvió que un fiscal se hiciera cargo de la causa para abrir una investigación.Expresiones de rechazoTanto la agrupación Hijos Rosario como la diputados provincial Alicia Gutiérrez (Espacio Si) hicieron conocer su rechazo a la decisión del juez Marcelo Bailaque de continuar con la investigación del crimen del coronel Larrabure ocurrido en 1975.La agrupación Hijos Rosario repudió enérgicamente la resolución del Juez Marcelo Bailaque en la que habría resuelto la calificación de "delito de lesa humanidad" al caso Larrabure. En tal sentido reiteró los argumentos planteados oportunamente cuando la resolución del Fiscal General Claudio Marcelo Palacín."Es preciso aclarar -sostiene Hijos- que en el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo".En este marco "nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado" y sostiene que "más absurdo y paradójico resulta aún en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, en el que es de público conocimiento que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables".Por su parte la diputada Alicia Gutiérrez (Espacio Si) declaró su más enérgico rechazo a la decisión del juez federal Marcelo Martín Bailaque que confirma el fallo del fiscal general Claudio Palacín en la causa Larrabure, reafirmando que el crimen es de lesa humanidad.Consideró que "los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por el aparato estatal u organizaciones que actúen de conformidad con una política de Estado", tal cual lo ha definido la "Unidad Fiscal de Asistencia de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado" de la Procuración General de la Nación, mediante el fiscal general Jorge Aguat y el coordinador de la citada unidad Pablo Parenti, ratificadas por el Procurador General, Dr. Esteban Righi."Lo que intenta hacer este juez, sostiene Gutiérrez, siguiendo la línea del fiscal Palacín, es defender con pobres argumentos, supuestas teorías que confrontan con la verdad histórica, incurriendo en tergiversaciones de la realidad. Y esto significa intentar reflotar la teoría de los dos demonios, tal como pretende Cecilia Pando u otros defensores de la dictadura militar".DyNwww.ellitoral.comSanta Fe, 24 de agosto de 2008.-Tanatología y proyecto de Cuidados paliativos de Alicia Gutiérrez EspacioSILas Terceras Jornadas Provinciales de Tanatología tendrán lugar en el salón auditorio del Sanatorio Santa Fe, Suipacha 2253 de nuestra ciudad. Cuentan con el apoyo de ese sanatorio para su desarrollo y con el auspicio de la Universidad Nacional del Litoral y del Ministerio de Salud de la provincia.La oportunidad también será propicia para "dar las pautas para el cuidado de las personas que atraviesan una enfermedad terminal, que son los cuidados paliativos, y los mecanismos de apoyo de aquella persona que ha sufrido alguna pérdida, ya sea de un ser querido como de cualquier otra pérdida, para buscar el significado de esa pérdida", según anticiparon.Asimismo, advirtieron que "también se hablará sobre demencias, en el área de la Neurología, con invitados especiales, además del envejecimiento normal; la pérdida de las funciones cognitivas, que también son pérdidas, para ver cómo sobrellevar esta situación".Las jornadas están dirigidas a representantes de organismos e instituciones, públicas y privadas, que traten estos temas, además de profesionales del equipo de salud, cuidadores de enfermos y al público en general, "porque entendemos que siempre puede haber un familiar o un amigo en su entorno que esté pasando por alguna situación que necesite este apoyo".En este sentido, agregaron que, "más allá de que es el enfermo quien pierde físicamente o psíquicamente, es también la familia o los seres queridos los que también pierden en su relación con estos pacientes. Por eso, una de las finalidades de la Tanatología es el acompañamiento del enfermo y de los seres queridos".Más información Aseit: teléfono 456-2935, de lunes a viernes, de 10 a 12; e-mail: seit-argentina@tanatologia.org; o en Pedro Ferré 998, lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 19.30.Proyecto sobre cuidados paliativosEn la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Alicia Gutiérrez (Espacio SI- Frente Progresista) presentó un proyecto de ley con el objeto de legislar acerca de los servicios de cuidados paliativos.Se entiende por cuidados paliativos la asistencia a pacientes con enfermedades crónicas evolutivas e irreversibles, amenazantes o limitantes para la vida, insuficiencias orgánicas no trasplantables y/o enfermedades genéticas graves y degenerativas del sistema nervioso central; y/o pacientes que ya no respondan a los tratamientos curativos y a los cuales es necesario ahorrarles el sufrimiento tan pronto como sea posible para mejorar la calidad de vida para él y su familia.La diputada Gutiérrez argumenta este proyecto de ley afirmando que entre los principios en los que se funda la terapia paliativa se encuentra el de brindar una asistencia integral del paciente que considere los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. A través de él se promueve la autonomía del enfermo, respetando su dignidad y ofreciendo recursos científicos-técnicos y humanos capaces de resolver de manera óptima estas situaciones.La legisladora santafesina hace hincapié en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que establece que los cuidados paliativos comprenden los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, que ya no responde a un tratamiento curativo y donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspecto psicosociales cobran la mayor importancia, incluyendo además la contención y asesoramiento de los familiares de los pacientes terminales.Alicia Gutiérrez en sus argumentaciones destaca que la implementación de los cuidados paliativos miden el interés de una sociedad por la dignidad de las personas que la integran.De la redacción de El Litoralwww.ellitoral.comEdición Online 31-07-2008 11:12Última actualización 21:27En cumplimiento de un decretoUna comisión estudia el reingreso de cesanteados durante la dictaduraEl cuerpo se reunió ayer por primera vez y está formado por la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; la diputada provincial Alicia Gutiérrez, en representación del Poder Legislativo, y Juan Carlos Pucianelli por la subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de EconomíaUna comisión creada por decreto del gobierno provincial centralizará la tramitación de las solicitudes y reingreso a la administración pública provincial de los empleados que fueron cesanteados durante la última dictadura militar.El cuerpo se reunió ayer por primera vez en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe y tiene por objeto centralizar las tramitaciones para solicitar el reingreso a la planta permanente de los agentes que fueron separados de sus funciones por aplicación de las leyes N° 7.854 y 7.859, de 1976, o sus posteriores leyes de prórroga.En la oportunidad, quedó constituida la comisión, con la participación de la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; la diputada provincial Alicia Gutiérrez, en representación del Poder Legislativo, y Juan Carlos Pucianelli por la subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, tal como lo establece la normativa que regula este organismo.Además participaron representantes del personal cesanteado, así como Marcelo Delfor, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y María Cristina Olmedo y Gaspar Sánchez por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). En ese sentido se decidió que los dirigentes sindicales formarán parte de la comisión, con voz pero sin voto.Durante la reunión se decidió crear un reglamento interno de la comisión y continuar los encuentros todos los miércoles a las 9, tal como indica el decreto firmado en mayo por el gobernador Hermes Binner y los ministros de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti y de Economía Ángel Sciara. Sobre las reincorporacionesLas solicitudes pueden ser realizadas por aquellos empleados que fueron separados de sus cargos por normas de la última dictadura militar, utilizadas como instrumentos de persecución política por el régimen de facto.En 1984 la ley provincial N° 9.528 facultó al Poder Ejecutivo a disponer el reingreso de quienes habían sido cesanteados "por razones de seguridad", por encontrarse "vinculados a actividades de carácter subversivo o disociador". En noviembre de 2007 se ampliaron los plazos estipulados por esta ley para solicitar el beneficio, y en ese marco en mayo de 2008 se dictó un decreto para crear una comisión que estudie las solicitudes.En los considerandos del decreto se consigna que "las experiencias de constantes violaciones a los derechos humanos fundamentales que se vivieron en la República Argentina alcanzaron carácter masivo, sistemático y de inusitada gravedad durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976", frente a lo cual se expresó socialmente "una persistente demanda de verdad, justicia y reparación". En ese sentido, el Estado tiene deberes de "promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho a las generaciones presentes y futuras".Edición del Viernes 16 de mayo de 2008Edición impresa Área MetropolitanaEl Litoral www.ellitoral.comInformación sobre derechos en el partoEn el marco de la conmemoración de la Semana Mundial por un Parto y Nacimiento Respetado -del 12 al 16 de mayo, bajo el lema "Contacto inmediato y continuo: la clave de un buen comienzo"-, la diputada Alicia Gutiérrez, del ARI Santa Fe, presentó un proyecto de ley para adherir y difundir la Ley Nacional Nº 25.929.En su artículo tercero, propone que "a los fines de la implementación de la presente ley, deberá exhibirse una cartelera en lugar visible, que provea información clara y precisa sobre los derechos de las mujeres embarazadas, en las áreas de Obstetricia y Ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del sistema de salud de la provincia y en las sedes del Iapos".Por este motivo, sugiere que la cartelera podría llevar el siguiente texto: "Futura Mamá: durante tu proceso de embarazo y parto, tienes derecho a ser protagonista de tu parto decidiendo lo que necesitas en cada momento del mismo; el embarazo y el parto no son una enfermedad, por lo que tienes derecho a ser tratada como una persona sana, que no necesita de procedimientos ni drogas invasivas; ser informada en manera sencilla sobre todo lo que ocurre durante el desarrollo del embarazo y parto; puedes elegir con libertad a una persona de tus afectos para que te acompañe en el parto; puedes elegir la posición para parir; puedes exigir que se respeten los rituales para el nacimiento que acostumbra tu cultura; puedes expresar libremente tus emociones; y el personal del equipo médico debe ser respetuoso de tu intimidad".Saber y exigirLa legisladora recordó que "el 25 de agosto de 2004 se sancionó la Ley Nacional 25.929, llamada de parto humanizado, que legisla sobre los derechos de los padres e hijos durante el proceso del embarazo y del parto. Tiene como propósito garantizar los derechos de las mujeres para que en el momento de dar a luz sean respetadas en sus creencias étnicas y culturales; que se asegure el respeto a su intimidad y se garantice el acompañamiento del padre y/o persona de su confianza durante todo el proceso de preparto, parto y posparto".Gutiérrez justificó su propuesta explicando que "el presente proyecto apunta no sólo a la adhesión de la provincia a esta ley nacional, de tanta importancia en materia de salud pública y derechos de las mujeres, sino que también promueve y potencia la difusión en todo el territorio provincial de lo establecido en dicho texto normativo. Para ello, es imprescindible que exista un cartel como el propuesto que indique qué derechos tienen durante el parto y sus etapas previas y posteriores. De esta manera, se garantiza el conocimiento de los derechos vigentes y su efectiva defensa".Por último, precisó que "la publicidad de lo estipulado por la Ley 25.929 en lugar visible exige al equipo médico interviniente no desconocer la norma y posibilita a las usuarias del sistema de salud, tanto público como privado, a exigir su cumplimiento que -de otra forma- podrían no cumplirse, alegando su inexistencia y/o desconocimiento ante un cuestionamiento en caso de su violación".http://www.lt10digital.com.ar/Jueves, 8 de mayo de 2008 · 17:59Santa FeREGISTRESE Recordar contraseñaDirigentes del ARI expresaron su rechazo a la intervención al distrito Santa Fe08-05-2008 11:44 hs.Tiempo de lectura: 2:15Tamaño: Ante la decisión de la Mesa Nacional del ARI de interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones partidarias del distrito Santa Fe , un grupo de dirigentes encabezados por Alicia Gutiérrez y Alberto Muñoz resaltó los siguientes puntos.1- Que el ARI de la provincia de Santa Fe se encuentra en medio de un proceso electoral interno de elección de autoridades partidarias, donde todos pueden expresar sus ideas y ponerse a consideración de los afiliados, solo pudiendo entenderse la intromisión nacional como un deliberado intento por impedir la democracia interna.2- Sostener la posición reiteradamente expresada por Santa Fe contra la utilización autoritaria del mecanismo de intervención para acallar diferencias y anular la discusión de ideas.3- Reivindicar la posición federalista que el ARI de Santa Fe junto a otros distritos, como Mendoza y Tierra del Fuego, han sostenido históricamente, en la convicción de que no se puede recitar la República hacia afuera y ejercer el autoritarismo hacia adentro.4- Remarcar nuestra pertenencia al Frente Progresista de la Provincia de Santa Fe, que ayudamos a construir desde un comienzo, sin las especulaciones y demoras que llevaron a la mesa nacional a aceptar la integración un año después.5- Informar que ante la actitud arbitraria e ilegítima de la Mesa Nacional, el ARI de la provincia de Santa Fe apelará judicialmente la mencionada decisión.6- Sostener la posición que el ARI de la provincia de Santa Fe ha discutido en sus cuerpos orgánicos y defendido en las asambleas nacionales rechazando los acuerdos con los personeros de la Argentina que tantas veces denunciamos: Patricia Bulrich, Lophez Murphy, Prat Gay, Santiago del Sel. Siguiendo las mismas palabras de Carrió: " No podemos aceptar convocatorias a escenarios cínicos de gatopardismo naciente. Que si cada uno sintió el dolor y el duelo de irse de algún lado, no es para volver a juntarse con los que nos expulsaron moralmente."7- Reivindicar nuestro derecho a pensar y accionar en base a convicciones respetando los distintos puntos de vista pero remarcando que el conflicto político se resuelve democráticamente.8- Remarcar que los espacios de construcción política son esencialmente colectivos y que la apropiación personal de dichos espacios por parte de quien ejerce el liderazgo es despreciar con soberbia el esfuerzo militante del conjunto. Cuando se actúa como si los partidos fuesen descartables, y se moldea la convicción de los militantes a la medida de los intereses del líder, el federalismo se vuelve una quimera y disertar sobre la República resulta una hipocresía.05-05-08 Reflexiones, por Alicia Gutiérrez (*)La CapitalLa política no es una ciencia exactaCuando la política y la economía se simplifican en amigo-enemigo, se está intentando sumar adeptos, obsecuencias, verticalismos, para mantener el poder, o para enfrentar al poder actual con consignas, que generalmente no serían compartidas racionalmente.Si dejamos el apasionamiento, peronismo-antiperonismo, si reflexionamos las causas del proceso de disputa actual por el poder, podremos observar algunos hechos que no podemos obviar.La disputa por la ley de radiodifusión y el poder de los medios de comunicación, nos ofrecen un lamentable cambio editorial de periodistas que hasta hace dos meses eran kirchneristas y hoy son enemigos acérrimos. No somos tan miopes para no darnos cuenta que el gobierno y el grupo Clarín están disputando una gran torta, de la que los ciudadanos comunes jamás han de probar un bocado. Pero eso sí, desconfiemos de ambos, porque la verdad, es que argumentan cada uno para defender su interés económico.Seguramente si analizáramos el rol del estado, mi posición estaría volcada hacia las políticas intervencionistas, que supuestamente ha de llevar a cabo el gobierno kirchnerista, ya que estimo que algunos trazos gruesos del neokeynesianismo, para equilibrar las asimetrías del libre mercado, son medianamente correctos. Pero si vemos su decisión de concretar el "tren bala" nos genera una sospecha de negocios, antes que favorecer los ramales ferroviarios para unir el país, incluso para abaratar los costos de fletes al interior.Si pretendemos hablar de una democracia republicana, ligada a la transparencia en la gestión, evidentemente estaría en contra de la metodología llevada a cabo por el gobierno de cinco años del PJ.Esta ambigüedad manifiesta, con la cual ambos sectores intentan posicionar a todo el país, detrás de sus intereses económicos, no son compartidos por el ARI Autónomo que represento.En la discusión con el campo, se observó claramente una definición unilateral del gobierno nacional, sobreactuada con soberbia por parte de la presidenta y algunos de sus acólitos. Del lado del campo, no comparto el corte de rutas prolongado, ni el resultado de suba de precios como consecuencia del desabastecimiento causado, pero obviamente no es lo mismo Buzzi de Federación Agraria Argentina, los pequeños productores, ni los de la Argentina profunda, que la Sociedad Rural porteña, los grandes terratenientes, los pools de siembra, las cerealeras multinacionales.Es necesario que el gobierno produzca una diferenciación notable entre los sectores en pugna. Están bien las retenciones a los grandes grupos y a los poseedores de grandes extensiones del territorio, pero no existe una política agropecuaria de crecimiento, ni reglas claras sobre dónde invertir o producir para los pequeños y medianos productores rurales. La sojización denunciada ha sido sostenida por el mismo gobierno, dada su falta de planificación de incentivos a otras producciones como diversificar cultivos, carnes, tambos o economías regionales.Los sectores en pugna, gobierno y ruralistas deben sentarse a debatir sin amenazarse mutuamente. Los sectores más poderosos, deben aceptar que deben contribuir a distribuir equitativamente la riqueza. El gobierno debe ejercer su legitimidad democráticamente, su proyecto económico fue plebiscitado y apoyado, pero eso no es un cheque en blanco y no existe espacio para arbitrariedades, autoritarismo ni concentración de la riqueza del país en manos de amigos. Mucho menos continuar con una política prebendaria, que luego es utilizada para subordinar gobernadores, dirigentes y conciudadanos.Es necesario que gran parte de las retenciones regresen a las provincias agropecuarias vía coparticipación, así lo ha reclamado nuestro gobernador Hermes Binner correctamente, como nunca los verticalistas gobernadores lo habían hecho. Es necesario, para poder revitalizar las zonas geográficas mas castigadas, para incentivar la producción industrial que genera trabajo con valor agregado, cosa que el campo no produce, para hacer obras públicas y ampliar la calidad de los servicios, la educación y la salud para inclusión social de los ciudadanos mas desposeídos de la población provincial.Los sectores conservadores pretenden regresar a la época menemista, donde trasnacionales y capitalismo financiero se habían adueñado del país, Aún hoy estamos pagando los derroches de,la economía neoliberal, que llevó al país a la hiperinflación, al endeudamiento externo, a la quiebra de las industrias, a la mayor desocupación de la historia nacional, a la pobreza extrema y como su consecuencia, a la inseguridad que padecemos hoy.. Con esos sectores, los trabajadores, los pequeños productores, comerciantes, profesionales, empleados públicos, jubilados y jóvenes, no podemos estar, ya hemos vivido esos momentos aciagos para las grandes mayorías.Pero tampoco hemos de aceptar la concentración del poder, la utilización de metodologías violentas, la corrupción escandalosa.Desde nuestra posición política e ideológica, seguiremos bregando en la provincia para consolidar el proyecto del Frente Progresista, que avanza en la transformación de nuestra provincia. Que haya más hospitales, escuelas, mejores salarios, más trabajo digno y decente, libertad para decidir sobre nuestra forma de vida, sin paternalismos, libertad de prensa y de opinión de las minorías.En la esfera nacional no hemos de participar en engendros electorales, si no definen programáticamente que tienen un direccionamiento ideológico progresista, que devuelva a los ciudadanos un sentido de progreso social permanente, donde nuestros hijos puedan tener un futuro de esperanzas, de crecimiento individual y colectivo, donde los valores morales no sean un eslogan de campaña electoral, sino un testimonio diario de conductas y en defensa de un proyecto de desarrollo con equidad social.(*) Diputada provincial ARI Autónomo en el Frente ProgresistaLA INCREIBLE HISTORIA DE JORGE "BARBA" CABRERAUn torturador que vende pororóEn la dictadura fue un "especialista en torturas", según lodenunció el Tucu Constanzo. En los 90' trabajó en Defensoría del Pueblo y vendía pochoclo en el parque. Pedido de informes de la diputada Alicia GutiérrezEl "barba" Cabrera, acusado judicialmente por tortura y homicidio en la Quinta de Funes. La diputada Gutiérrez solicitó detalles sobre su paso por la administración públicaPor José MaggiJorge Cabrera, también conocido como Andrés Cabrera, o por su alias el Barba tiene hoy sesenta años, un metro setenta de estatura, cabello canoso y bigote negro, tal como puede verse en la foto que ilustra la portada de Rosario/12 y que por primera vez se publica. Es el rostro del hombre señalado ante la Justicia Federal por Eduardo "Tucu" Costanzo como "el especialista en torturas" de la Patota de Feced. El que aplicó sus técnicas sobre Tito Mesziez, al igual que sobre Cambiasso y Pereira Rossi. Que de lunes a viernes era empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y los fines de semana se convertía en un inofensivo vendedor de pororó en Parque Sunchales. Al menos, hasta el año 2000.Los dichos de Constanzo ante el juez federal subrogante Felix Angelini fueron la ratificación de la entrevista publicada por este diario: "Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda", había dicho Constanzo, quien además había apuntado al entonces responsable de la Defensoría, Norberto Nicotra como quien le dio empleo.Preocupado por el paso de Cabrera por el Estado, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) solicitó se informe sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes.Gutierrez pidió también "la fecha de ingreso a la Administración Pública Provincial, el listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado Provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe".Además, la diputada del ARI quiere saber si el represor "continúa en la actualidad percibiendo haberes o remuneraciones de cualquier naturaleza o cumpliendo funciones en la Administración Pública Provincial, y en caso negativo, se detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral". En la misma línea, la Agrupación H.I.J.O.S. interpuso una presentación ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, solicitando la indagatoria y detención de Cabrera. La agrupación reseña que "a partir de las declaraciones de Costanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación de Cabrera en el 'Operativo México' en enero de 1978, que tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México". Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de "Carlos Alberto Carabetta".En su comunicado HIJOS recuerda que "el proyecto criminal de 'Operación México' fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en Quinta de Funes. Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la Quinta de Funes fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro".Para HIJOS es grave que Cabrera haya sido empleado público. "La gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante el terrorismo de Estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales. Esto muestra cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto".

References: Artículo 4
 Artículo 8
 artículo 20
 ARTÍCULO 13
 resolución 
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 23
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 artículo 43
 artículo 66
 artículo 11
 artículo 68
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 artículo 69
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