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Timestamp: 2015-11-26 21:19:32+00:00

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Funciones | Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo
Funciones	Print PDFCONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
El Tribunal de Justicia Administrativa, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.
Los magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, el Secretario Administrativo, el Contralor Interno, los actuarios, y los defensores jurídicos, no podrán desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o municipal, salvo los cargos no remunerados de instrucción y beneficencia fuera de las horas de labores. También estarán impedidos para litigar, salvo en causa propia.
Representar legal y jurídicamente al Tribunal;
Convocar y asistir a las sesiones de la Sala;
Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones de la Sala;
Dar cuenta a la Sala de los asuntos de su competencia;
Comunicar al Congreso las faltas absolutas de los magistrados;
Dictar las medidas que exija el buen funcionamiento y la disciplina del Tribunal;
Ejercer el presupuesto del Tribunal;
Rendir al Congreso informe por escrito al concluir su gestión, dando cuenta del funcionamiento del Tribunal;
Rendir al Congreso informe anual de los ingresos propios del Tribunal;
Expedir y revocar los nombramientos del personal del Tribunal, concederles licencias temporales y designar quien deba suplirlos, en los términos del reglamento interior;
Imponer las sanciones administrativas que procedan a los servidores públicos del Tribunal, de acuerdo con la ley de la materia;
Formular el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, así como los criterios del mismo y someterlo a la Sala para su consideración; y,
Formular los proyectos de resolución de los asuntos que se le turnen;
Participar en las sesiones de la Sala;
Emitir su voto, aprobando o rechazando los proyectos de resolución que sean sometidos a la Sala;
Formular, en su caso, voto particular que se integrará a la resolución de la Sala;
Excusarse de intervenir en los asuntos que la ley le prohíba;
Mantener el buen orden en el despacho de los asuntos que le sean turnados y llevar cuenta de los mismos;
Proponer a la Sala el nombramiento del personal a su cargo de entre los que acrediten el concurso de oposición y en su caso la remoción del mismo; y,
El Secretario General de Acuerdos y los secretarios de Estudio y Cuenta del Tribunal, deberán ser ciudadanos mexicanos y contar con título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o institución facultada para ello y acreditar por lo menos tres años de ejercicio profesional y no haber sido condenado por delito doloso.
Los actuarios deberán satisfacer los requisitos señalados en el párrafo anterior, con excepción del tiempo del ejercicio profesional, que será de un año.
Los magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta y los actuarios tendrán fe pública.
El Secretario Administrativo y el Contralor Interno, deberán reunir los requisitos indicados en el primer párrafo, en cuyo caso el título profesional será en las áreas económicas o administrativas.
Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos:
Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones de la Sala;
Dar cuenta de los asuntos en las sesiones de la Sala, tomar la votación de los magistrados, levantar el acta respectiva, recabar las firmas de los magistrados presentes y comunicar las decisiones que se acuerden;
Tramitar la correspondencia del Tribunal;
Firmar las actas de la Sala para dar fe de lo asentado;
Compilar los criterios jurisprudenciales de la Sala;
Llevar los libros de Gobierno, de registro de documentos y de las personas que puedan ser peritos ante la Sala;
Actualizar la relación y recopilación de las normas y el Registro publicados en el Periódico Oficial del Estado;
Tener bajo su responsabilidad y control el archivo general del Tribunal;
Formar la estadística de los asuntos del Tribunal;
Coadyuvar en la elaboración de los programas y del proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal; y,
Son atribuciones de los secretarios de Estudio y Cuenta:
Acordar con el Magistrado ante quien está adscrito, los asuntos de su competencia;
Presentar los proyectos de acuerdos;
Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado y levantar las actas en que obre debida constancia de las mismas;
Presentar los informes sobre el número de asuntos y el estado que guardan;
Cuidar que los expedientes sean foliados al agregarse cada una de las fojas y poner el sello del Tribunal en el fondo del expediente, de manera que queden selladas las dos caras; y,
Todo el personal que labore en el Tribunal, será considerado de confianza y se sujetará a lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
(Aprobación: 1 de agosto de 2007 / Publicación Periódico Oficial: 23 de agosto de 2007)
El Tribunal será competente para conocer y resolver en forma definitiva de las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior de Michoacán, por los ayuntamientos, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales:
I. Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación;
II. Que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente;
III. Que sean dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se afirme, en los casos siguientes:
IV. a) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos; y,
b) Que un tercero sea propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados; entonces podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. En los juicios que se promuevan por alguna de estas causas, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal;
V. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en las fracciones anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal;
VI. Que impongan sanciones por infracción a las leyes y reglamentos estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal;
VII. Que hayan sido dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los municipios de la Entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social;
VIII. Que se trate de resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que las normas fijen o, a falta de éste, en el término de treinta días;
IX. Que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras normas se consideren como competencia del Tribunal;
X. Que se refieran a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de contratos administrativos, en los que sean parte el Estado o los municipios, o sus entidades paraestatales o paramunicipales;
XI. Que consistan en cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los ayuntamientos y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares;
XII. Que resulten derivados de la prestación de servicios de policías municipales o estatales y las instituciones de seguridad pública;
XIII. Que consistan en sanciones impuestas por los órganos que realicen funciones de contraloría o de la Auditoría Superior de Michoacán, derivadas de los procedimientos de fiscalización; y,
XIV. Que sean resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos por las normas respectivas cuando:
a) La resolución recaída a un recurso administrativo o de revisión, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio administrativo, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso; y,
b) La resolución a un recurso administrativo o de revisión que lo declare por no interpuesto o improcedente, siempre que el Magistrado Instructor determine la procedencia del mismo, el juicio administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
Además, tendrá competencia para:
I. Conocer y resolver los juicios que promuevan las autoridades estatales o municipales o los titulares de sus entidades paraestatales o municipales, para que sean declarados nulas las resoluciones administrativas o fiscales dictadas por ellas mismas, favorables a los particulares;
II. Para conocer y resolver de los recursos de aclaración y reconsideración que se promuevan conforme a lo dispuesto en este Código;
III. Para celebrar convenios de coordinación y colaboración con la Federación en las áreas de su competencia;
IV. Para conocer de los juicios en contra de actos administrativos de carácter general, en los términos del artículo 9 de este Código, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación; y,
V. Para conocer de juicios de pago de daños y perjuicios derivado de actos o resoluciones consumados de manera irreparable en perjuicio del particular por las autoridades administrativas.
Cuando los actos de las autoridades administrativas estatales o municipales, sean dictados en aplicación de convenios de colaboración administrativa con la Federación o sus dependencias, la competencia del Tribunal será ejercida en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Fecha de Actualización: 29/10/2015	TJAM | Defensoria | Ley de Acceso a la Información

References: resolución 
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 artículo 9