Source: http://www.arbin.org.es/legislacion.html
Timestamp: 2018-01-18 07:46:23+00:00

Document:
Reglamento de Arbin 2008
Legislación de Arbin
TÍTULO VII TÍTULO VIII
Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el ministerio fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por si mismos.
Artículo 5..
1. El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o mas árbitros, así como expresar la obligación de cumplir tal decisión.
2. Si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de este pacto y su interpretación se acomodaran a lo prevenido por las disposiciones en vigor respecto de estas modalidades de contratación.
2. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no solo cuando este consignado en un único documento suscrito por las partes, sino también, cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
La nulidad de un contrato no llevara consigo de modo necesario la del convenio arbitral accesorio.
Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.
Asociaciones y entidades sin animo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.
El número de árbitros, que será siempre impar, y las reglas para el nombramiento del presidente del colegio arbitral, en el caso de ser varios, se fijaran por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo los árbitros serán tres y el presidente del colegio arbitral será elegido por mayoría por los propios árbitros. Si estos no llegaren a un acuerdo ejercerá como presidente el arbitro de mayor edad. Cuando la administración del arbitraje se haya encomendado a una Corporación o asociación la designación de presidente se hará de acuerdo con su reglamento.
2. Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedara sin efecto el convenio arbitral y expedita la vía judicial para plantear la controversia.
1. El laudo deberá dictarse por escrito. Expresara al menos las circunstancias personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral.
1. Los árbitros se pronunciaran en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la practica de las pruebas y, en su caso, el coste del servicio prestado por la Corporación o asociación que tenga encomendada la administración del arbitraje.
El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra el mismo solo cabra el recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.
Cuando el convenio arbitral fuese nulo.
Cuando en el nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la actuación arbitral no se hayan observado las formalidades y principios esenciales establecidas en la Ley.
Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo.
Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la anulación afectara solo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal.
Cuando el laudo fuese contrario al orden público.
1. El conocimiento del recurso de anulación corresponderá a la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiere dictado el laudo. 2. El recurso se interpondrá por medio de un escrito motivado que habrá de ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo o de la aclaración a que se refiere el artículo 36, si alguna de las partes la hubiere solicitado. 3. En dicho escrito se expondrán los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo o motivos de anulación invocados, proponiéndose la prueba que sea necesaria y pertinente.
1. Al escrito de recurso se acompañaran los documentos justificativos del convenio y del laudo arbitrales.
1. Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la practica de las pruebas, las partes podrán solicitar vista pública. La sala accederá a ella dentro de los dos días siguientes, si al menos una parte la pidiere.
2. Dentro de los diez días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior sin petición de vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de esta, la Audiencia Provincial dictara sentencia contra la que no cabra ulterior recurso.
3. La petición se formulara por escrito, acompañando copia del laudo y el juez resolverá en el plazo de tres días, previa comparecencia de las partes.
1. Al escrito solicitando la ejecución se acompañaran necesariamente copia autorizada del laudo y los documentos acreditativos de la notificación a las partes y del convenio arbitral.
2. Se acompañara igualmente, en su caso, testimonio de la resolución judicial a que se refiere el artículo 49.2 de esta Ley.
1. El juez dará traslado de la petición de ejecución y de los documentos presentados a la otra parte, quien, en el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia del recurso de anulación regulado en el Título VII, siempre que se acredite documentalmente con el escrito de oposición, en cuyo caso el juez dictara sin dilación auto suspendiendo la ejecución hasta que recaiga resolución de la audiencia, o la anulación judicial del laudo, acreditada mediante testimonio de la sentencia a que se refiere el artículo 49.2 de esta Ley, en cuyo caso, el juez dictara auto denegando la ejecución.
2. Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, el juez dictara auto despachando la ejecución.
TÍTULO IX.DISPOSICIONES GENERALES
1. Los laudos arbitrales extranjeros serán ejecutados en España de conformidad con los tratados internacionales que formen parte del Ordenamiento interno y, en su defecto, de acuerdo con las normas de la presente Ley. 2. Se entiende por laudo arbitral extranjero el que no haya sido pronunciado en España.
La ejecución de los laudos arbitrales extranjeros se solicitara ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo, por cualquiera de las partes.
1. La ejecución del laudo se llevara a efecto según las reglas establecidas en el Ordenamiento Procesal Civil para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. 2. Denegada por defectos formales la ejecución del laudo arbitral extranjero, la parte a quien interese aquella podrá, una vez subsanados dichos defectos, volver a solicitarla.
La sala declarara no haber lugar a la ejecución solo si el laudo es contrario al orden público o si los árbitros han resuelto sobre cuestiones que, conforme a la Ley española, no son susceptibles de arbitraje. A instancia de parte o del ministerio fiscal la sala podrá hacer la misma declaración:
Si el convenio arbitral es nulo conforme a la Ley que resulte aplicable.
En los casos del número 2 del artículo 45, conforme a la Ley que resulte aplicable.
Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
1. Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad, según su En lo demás se estará a lo dispuesto en el Título preliminar del Código Civil respecto del convenio, procedimiento y laudo.
Primera. 1. La presente Ley será de aplicación a los arbitrajes a que se refieren la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios; el artículo 34.2 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del seguro privado; la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y el artículo 143 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en todo lo no previsto en las mismas y en las disposiciones que las desarrollan. No obstante, no será precisa la protocolización notarial del laudo, que se dictara por los órganos arbitrales previstos en dichas normas.
Segunda. El Gobierno establecerá reglamentariamente la denominación, composición, carácter, forma de designación y ámbito territorial de los órganos arbitrales y demás especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del sistema arbitral que prevé, en sus características básicas, el artículo 31 de la Ley 26/1984.
Tercera. 1. Se añade un nuevo número al artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacción:
8. La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.
10. La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Salvo en los casos en que el procedimiento arbitral se hubiese iniciado ya, los arbitrajes cuyo convenio arbitral se hubiere celebrado antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por las disposiciones contenidas en la misma.

References: Artículo 5
e contrario
 artículo 36
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 45
 artículo 34
 artículo 143
 artículo 31
 artículo 533