Source: https://es.scribd.com/doc/57216668/2/Naturaleza-extrafiscal-del-Impuesto-a-los-Depositos-en-Efectivo
Timestamp: 2016-02-09 06:23:43+00:00

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Fanny Estela Hurtado Solís1
con la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado.
Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu.
En 2007 el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Unión una inicia-
tiva de ley encaminada a combatir la evasión fiscal de los comúnmente
llamados “informales”, a la que llamó “impuesto a la informalidad”. Pre-
1. Licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango; diplomada en
Impuestos por el ITAM, maestra en Impuestos por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Actualmente cursa el primer semestre del Doctorado en Derecho en la Universidad Abierta de
Tlaxcala. Ha desempeñado puestos en el sector público, tales como abogado del Fisco en la ex-
tinta Administración Fiscal Federal de Durango, subadministradora de Resoluciones 1 (resolu-
ción de recursos administrativos) en la Administración Local Jurídica de Ciudad Juárez, subad-
ministradora de Comercio Exterior en la Administración Local de Auditoría Fiscal de Ciudad
Juárez. En la iniciativa privada se desempeñó como gerente de Litigio Fiscal en Mancera/Ernst
& Young; actualmente funge como abogada general del Grupo Toxa. En el ámbito académico
ha sido profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez;
profesora de Código Fiscal de la Federación en la Universidad de Durango, campus Juárez, y
profesora de Recursos Administrativos en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Juárez.
Ha sido expositora de temas fiscales en diversos foros, tales como Cámara de la Industria de la
Construcción, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación de Maquiladoras, A. C., en
Ciudad Juárez. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Juárez.
Fanny Estela Hurtado Solís
sentada ante el Legislativo, la iniciativa de ley del impuesto a la infor-
malidad sufrió cambios que derivaron en la aprobación de la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE).
De la ley aprobada por el Congreso se desprende claramente un im-
puesto con fines extrafiscales, ya que obliga al pago del impuesto cita-
do a quienes, una vez rebasado el mínimo exento, depositen dinero en
efectivo en instituciones del sistema financiero, teniendo el derecho de
acreditar contra el Impuesto sobre la Renta el impuesto a los depósitos
Dicho de otra manera, aunque en principio los depositantes de dine-
ro en efectivo están obligados al pago del impuesto, el impuesto pagado
es recuperable por aquellos contribuyentes que tienen a su cargo Im-
puesto sobre la Renta, siendo pues requisito sine que non para recuperar
el impuesto en estudio tener Impuesto sobre la Renta por pagar.
Hasta aquí el IDE demuestra su naturaleza extrafiscal; sin embargo,
a la vista de las reformas que sufrió este impuesto, consistentes en la
disminución del mínimo exento, el incremento en la tasa y los pagos en
efectivo a cuenta de los créditos otorgados por instituciones del sistema
financiero,2
es inevitable cuestionarnos si tales modificaciones están jus-
tificadas desde el punto de vista extrafiscal, lo que nos lleva a formular
Aunque el Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue creado con una
finalidad extrafiscal, tal naturaleza ha entrado en pérdida a partir de las
modificaciones que entraron en vigor en 2010.
Así pues, manifestado el problema y planteada la hipótesis, es menester
determinar si la naturaleza extrafiscal del Impuesto a los Depósitos en
2. Anteriormente los pagos a las tarjetas de crédito no estaban gravados con el IDE.
Naturaleza extrafiscal del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Efectivo se está perdiendo a partir de las reformas vigentes desde el 1 de
Para alcanzar el objetivo general de este trabajo daremos un repaso gene-
ral a conceptos tales como finanzas del Estado, gasto público, extrafisca-
lidad, efectos y fines de los impuestos, para luego revisar la iniciativa de
ley del impuesto a la informalidad, los elementos del IDE a partir del 1 de
julio de 2008, continuando con la reformas al IDE cuya vigencia empezó
el día 1 de enero de 2010.
La intención de repasar el tema de la naturaleza jurídica del IDE deriva
de las reformas que tuvo este impuesto, que entraron en vigor el pasado
1 de enero de 2010 y que tienen como consecuencia inmediata el incre-
mento en la recaudación; ello nos hace voltear hacia el juicio de ponde-
ración y revisar si la actuación del legislador se ajusta a los principios que
Sumario: I. Introducción. II. Finanzas del Estado y gasto público. III.
Extrafiscalidad y rectoría económica del Estado. IV. Efectos y fines de
los impuestos. V. Iniciativa de la Ley del Impuesto a la Informalidad. VI.
Elementos del IDE vigente a partir del 1 de julio de 2008. VII. Reformas al
IDE vigentes desde el 1 de enero de 2010. VIII. Conclusiones.
Este breve trabajo tiene su motivación en las reformas al IDE vigen-
tes desde el primer día de 2010, si bien el IDE se caracteriza como un
impuesto directo porque incide en el sujeto pasivo de tal forma que éste
está impedido para trasladarlo; además de ser un impuesto objetivo
porque atiende a las condiciones personales del sujeto pasivo, desde la
iniciativa de ley en que fue propuesto dejó ver su naturaleza extrafis-
cal; sin embargo, dadas las reformas vigentes a partir del 1 de enero de
2010, que incidieron en la disminución de mínimo exento, así como en
el incremento de la tasa, cabe preguntarse si es válido que el legislador
modifique un impuesto de naturaleza eminentemente extrafiscal con el
fin de incrementar la recaudación.
Así, en este trabajo damos un repaso general a conceptos tales como
el gasto público y finanzas estatales, rectoría económica del Estado, ex-
trafiscalidad, fines y efectos de los impuestos, sin omitir el control de la
proporcionalidad, para luego abordar la iniciativa de ley que constituye
el acto primigenio del actual IDE, revisando las modificaciones con vigen-
cia desde el primer día del año 2010.
II. Finanzas del Estado y gasto público
Sabido es que con el Estado moderno llega la hacienda pública; ello no
significa que en la Antigüedad no hubiese el pago de tributos. En los
anales de la historia encontramos la existencia de los tributos como una
forma de financiar el gasto público; aun en libros sagrados hay relatos de
casos de la existencia del pago de tributos. En el México precolombino
también existía la obligación de pagos tributarios, si bien conforme la
sociedad ha ido evolucionando, han cambiado las formas de hacer frente
a los gastos comunes. Así, en el Estado moderno éste lleva a cabo su
actividad financiera cuyo objetivo primordial es hacer frente al gasto
público, sin que ello implique que todo ingreso que el Estado recibe haya
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuel-
to que los impuestos pueden tener un fin extrafiscal, es decir, una finali-
dad no recaudatoria, por lo que en estos impuestos la recaudación no es
el fin primordial, pues con ellos se busca inhibir prácticas o impulsar con-
ductas; por ello los ingresos que el Estado obtiene, provenientes de los
impuestos extrafiscales, no deben ser considerados como una forma de
financiamiento del gasto público, so pena de desalentar el cumplimiento
espontáneo de las obligaciones tributarias.3
3. A este respecto se puede consultar Moral tributaria del Estado y los contribuyentes, de Klaus Tipke.
III. Extrafiscalidad y rectoría económica del Estado
Al abordar el tema de la extrafiscalidad se hace necesario referirnos pre-
viamente a la fiscalidad, que por definición es el conjunto de leyes relati-
vas a los impuestos, lo que nos lleva ante el texto del artículo 31, fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
de cuyo contenido se desprende que es obligación de los mexicanos el
contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que
El sostenimiento del gasto público proviene, principalmente, del
pago de los impuestos, que son administrados por el Estado a través de
uno de sus órganos de gobierno, y en cuya estructura, en el ámbito fede-
ral, encontramos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que
comúnmente se le llama Fisco y, aunque dentro de sus funciones no está
la atribución de administrar, propiamente dicha, se le reconoce el carác-
ter de autoridad fiscal, al igual que a las dependencias gubernamentales
de las entidades federativas y de los municipios, con facultades similares
a las del SAT.
A todas esas unidades administrativas se les conoce entonces como
Fisco, encargado de hacer cumplir las leyes relativas a los tributos, enten-
didos éstos como la principal fuente de ingreso del Estado para sufragar
el gasto público, y que en conjunto constituye un sistema fiscal, que es
la fiscalidad. La fiscalidad entonces hace referencia a la principal fuente
de ingresos del Estado: las contribuciones de los gobernados recaudadas
por el Estado para hacer frente al gasto público.
Teniendo noción de la fiscalidad, corresponde ahora hacer alusión al
tema medular de este punto: la extrafiscalidad.
Así, si por fiscalidad entendemos la naturaleza propia de los ingresos
de que se allega el Estado, provenientes del bolsillo de los contribuyentes
para sufragar el gasto público, la extrafiscalidad4
será aquella caracterís-
4. La extrafiscalidad no debe confundirse con la parafiscalidad. Este último término surgió con
posterioridad a la Primera Guerra Mundial, según De la Garza, cuando fueron creados orga-
nismos públicos descentralizados en cuyo favor el Estado estableció pagos obligatorios, de los
que algunos podrían hacerse efectivos por el ente público en forma coactiva y con procedimien-
tos iguales o parecidos a los que el Estado emplea para el cobro de los tributos. Sin embargo,
ticas que distingue a las contribuciones que no tienen como fin sufragar
el gasto público, sino que su finalidad está dirigida a cualquier otro obje-
tivo de la recaudación.
Aizega Zubillaga5
refiere que hablar de extrafiscalidad es aludir a un
concepto que “[…] se infiere a contrario sensu” de lo que tradicional-
mente se ha entendido por finalidad fiscal del tributo, entendido éste con
una finalidad meramente recaudatoria.
Lo anterior significa que los tributos no son concebidos únicamente
como una forma de obtención de recursos, dado que representan tam-
bién, según García Bueno,6
la participación activa del ente público en el
desarrollo social, político y económico, dado que cumplen una finalidad
extrafiscal, un objetivo que va más allá de la recaudación.
Así pues, cuando el tributo tiene un fin no destinado al gasto público
estamos en presencia de un tributo con fin extrafiscal.7
En México el concepto de extrafiscalidad no aparece en la Consti-
tución. En efecto, en un primer acercamiento, al revisar el Artículo 31
constitucional no encontramos referencia alguna a la extrafiscalidad,
toda vez que este precepto hace alusión solamente a la obligación de los
mexicanos de contribuir al gasto público en la manera proporcional y
equitativa que establezcan las leyes, de donde se desprende que el dispo-
sitivo constitucional alude únicamente a la fiscalidad.
el hecho de que el acreedor de dichas prestaciones no era el Estado, hizo, entre otros motivos,
que no quedasen configurados dentro de las categorías tradicionales de los tributos. La doctri-
na moderna francesa, italiana, española y sudamericana les ha dado el nombre de “parafiscali-
dades” o “tasas parafiscales”.
5. AIZEGA ZUBILLAGA, 2001: 46.
6. GARCÍA BUENO, 2002: 264.
7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conceptualiza la extrafiscalidad en la siguiente tesis:
Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al Artículo 31, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “La existencia de un fin extrafiscal,
entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el esta-
blecimiento de una determinada contribución, no puede convertirse en un elemento aislado que
justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto
público consagrados por el Artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales
son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la
constitucionalidad o no de un determinado precepto" (Novena época, Pleno, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, tesis P. CIV/99, p. 15).
No obstante lo anterior, los artículos 25, 26 y 28 del texto constitu-
cional, aunque no hacen referencia expresa de la extrafiscalidad, de su
contenido se desprende su existencia, al establecer la rectoría económica
del Estado y prohibir los monopolios. Estos dispositivos constitucionales,
en conjunto, se refieren a la constitución económica,8
y con base en éstos
se encuentra la justificación de los tributos extrafiscales.
Dicho de otra manera, los artículos constitucionales mencionados es-
tablecen los lineamientos de la política económica del Estado mexicano,
permitiendo establecer dentro de ésta los tributos con fines no recau-
datorios. Esto nos lleva a considerar al tributo como uno de los instru-
mentos más importantes de la política económica en la actualidad y que
conlleva la rectoría económica del Estado.
Al hablar de rectoría económica del Estado mexicano,9
hacemos alu-
sión al tema en el que se entrelazan las instituciones del desarrollo, de la
planeación nacional y regional, del federalismo, de los sectores público y
privado que tienen su encuentro en las actividades productivas en el país,
y en particular en la tarea que constituye la economía mixta. Represen-
ta la facultad estatal para dirigir la actividad de los agentes económicos
para el logro de los objetivos y metas del desarrollo. Se trata de un pro-
ceso que consiste en lograr la confluencia de las actividades a través de
la concertación e inducción de los sectores social y privado, utilizando
los instrumentos de política económica que van desde el otorgamiento
de apoyos y subsidios hasta la participación directa en la producción me-
diante las empresas paraestatales.
Es dable considerar que la rectoría económica del Estado viene a ser
la continuación del proyecto nacional establecido en la Constitución de
8. A. Bordalí Salamanca, en su estudio Constitución económica y protección del medio ambiente,
nos dice que desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial la realidad económica experi-
mentó profundas transformaciones, siendo una de ellas el modo como el derecho intervino y
reguló la actividad económica, caracterizada ahora por una mayor intervención del Estado y
por nuevas y mayores reglamentaciones jurídicas que limitaron la autonomía privada de los in-
dividuos. Este periodo de guerras y cambios sociales tuvo claras implicaciones para el derecho,
naciendo una nueva disciplina jurídica, como lo es el derecho económico, y nuevos conceptos
como los de orden público económico y el de la constitución económica.
9. MALDONADO MERCADO, s/f.
1917, que se siguió desarrollando desde entonces mediante las reformas
La rectoría económica estatal representa una limitación del Estado
a las actividades económicas de individuos y colectividades que están y
funcionan dentro del territorio nacional. Viene a ser la suma de faculta-
des constitucionales a favor de la autoridad para dirigir la vida económi-
ca de la nación.
Sin embargo, la rectoría económica del Estado no debemos concep-
tualizarla como una intervención estatal en la actividad económica, pues
se trata de una potestad para establecer normas directrices de la activi-
dad económica que tienen un alcance variable a grado tal que el Estado
puede absorber cualquier actividad económica con el objeto de dirigirla
y de excluir de su desempeño a entidades, o bien permitir su concurren-
cia en el desempeñó del propio Estado, pero siempre bajo la dirección
Lo anterior implica que el texto constitucional tiene los lineamientos
básicos de un Estado liberal de derecho, en el que los derechos funda-
mentales vienen a ser los límites de la actuación del Estado frente al go-
bernado y un cauce que posibilita la vialidad del mercado, ya que ubica a
la persona como centro y fin10
de toda la estructura jurídica y social.
Es así que el sistema económico se forma o constituye con base en
la autonomía del individuo; esta autonomía se ve garantizada y prote-
gida mediante el reconocimiento del derecho a la propiedad privada y
a la libertad de empresa, y mediante “la no intervención del Estado en
determinados espacios, entendidos, por lo mismo, como manifestacio-
nes particulares de la libertad”. Así, el libre desenvolvimiento de cada
persona, ayudado subsidiariamente por el propio Estado, garantiza el
pleno desarrollo de cada habitante de la República, y logra en definitiva
el bien común que obtiene con base en un sujeto propietario y poseedor
de un cúmulo de derechos subjetivos individuales que se le conocen y
garantizan. Este Estado liberal de derecho puede ser diferenciado del
Estado social de derecho, el que no sólo puede caracterizarse como una
organización política en la que el Estado es sujeto activo en el proceso
10. BORDALÍ SALAMANCA, op. cit.
de desarrollo económico y social, otorgando una serie de prestaciones
a los ciudadanos para que satisfagan sus necesidades más elementales,
sino que también desde un punto de vista teleológico, como aquel en que
“el fin que parece perseguirse es la realización de una idea de igualdad,
en ocasiones llamada real, a partir de la asignación estatal de mínimos
materiales en favor de grupos sociales”.
IV. Efectos y fines de los impuestos
La doctrina mexicana habla de los fines extrafiscales, pero no de los efec-
tos extrafiscales. Efectos extrafiscales no es lo mismo que los fines extra-
Los efectos de los impuestos se reflejan en la conducta del contribu-
Los impuestos directos gravan el ingreso o renta y su corolario se
conoce como “efecto ingreso”.
Los impuestos indirectos gravan el gasto o el consumo y su resultado
se conoce como “efecto económico de sustitución”; esto es así porque el
contribuyente sustituye un bien por otro que le sea menos gravoso.
Al establecer tributos ambientales, el legislador busca que éstos ten-
gan un fin extrafiscal y en la motivación del acto legislativo debe estar
expresada la idea de que se quiere conseguir, es decir se debe señalar el
fin que se persigue con la imposición del nuevo tributo, para no violentar
los derechos fundamentales del individuo.
Motivar, incentivar, promover es el objetivo de la extrafiscalidad,
que no es lo mismo que la parafiscalidad; ésta consiste en facultades de
control, de gestión, a la hacienda pública, como por ejemplo el financia-
miento de la seguridad social. La parafiscalidad es paralela a la fiscalidad
(recaudación). La primera tiene como objetivo provocar una conducta
(v. gr. los impuestos ambientales), y excepcionalmente tiene como fin la
recaudación, por ejemplo las contribuciones de mejoras.
La extrafiscalidad tiene su sustento en la parte dogmática de la CPEUM,
en los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, educación,
vivienda, libertad de expresión, medio ambiento, etcétera.
La extrafiscalidad siempre debe estar respaldada en la CPEUM o en
algún tratado del que México forme parte.
Guliani Fonrouge señala que la finalidad de los impuestos extrafisca-
les es motivar (efecto sustitución) una conducta en el individuo; por eso
los impuestos extrafiscales son confiscatorios, pues la finalidad debe ser
proteger alguno de los derechos fundamentales de los gobernados.
El límite constitucional de las contribuciones extrafiscales es el con-
trol de la proporcionalidad, llamado también juicio de ponderación o de
razonabilidad; con este juicio es factible llevar el control de la propor-
cionalidad; así, control de proporcionalidad es equivalente a juicio de
El control de proporcionalidad nace cuando hay dos derechos funda-
mentales que entran en conflicto y entonces el juzgador tiene que ana-
lizar cuál de ambos derechos debe prevalecer (juicio de ponderación).
El juicio de ponderación debe abarcar:
• Idoneidad de la medida.
• Necesidad de la medida.
• La ponderación, en sentido estricto.
El juez debe analizar si el acto administrativo o el acto legislativo
son idóneos, es decir que sean ad hoc respecto a la finalidad perseguida.
Debe analizar que la necesidad de la medida sea tal que no pueda ser
sustituida por otra medida que lesione menos. Debe ponderar los medios
y los fines de la medida implementada.
V. Iniciativa de la Ley del Impuesto a la Informalidad
Fue en junio de 2007 cuando el titular del Ejecutivo formuló la iniciativa
de ley en la que planteó la Ley del Impuesto a la Informalidad.
En dicha iniciativa su autor aduce que en la Convención Nacional
Hacendaria llevada a cabo en 2004, una de las conclusiones fue que los
ingresos fiscales son excesivamente reducidos en México.
El Ejecutivo resalta que en nuestro país la evasión fiscal11
“[…] se
realiza en diversas formas, entre ellas la de un amplio mercado informal,
la prestación de servicios y la venta de bienes sin expedición de facturas,
así como la creación de esquemas sofisticados para evadir el pago de
contribuciones, entre otros”.
Lo anterior evidentemente influye de manera negativa en la recauda-
ción. Es así que, con la finalidad de crear mejores y mayores mecanismos
para impedir el crecimiento de prácticas de evasión fiscal, se busca mejorar
la actitud de los contribuyentes a través del fomento al cumplimiento vo-
luntario de sus obligaciones fiscales, con lo que se reafirma el objetivo de
la nueva cultura del cumplimiento fiscal basado en el compromiso
de asegurar que cada peso que aporten los ciudadanos por concepto de
pago de contribuciones se vincule estrechamente con el ejercicio trans-
parente y honesto del gasto público, bajo un estricto sistema de rendición
de cuentas, mediante el cual se le dé a conocer a la sociedad información
fehaciente de los gastos e inversiones realizados.
[…] se busca proveer a la autoridad fiscal de herramientas adecuadas que le permi-
tan concienciar a los contribuyentes de la importancia de cumplir adecuada y opor-
tunamente con sus obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento de éstas, a efecto
de propiciar una recaudación eficiente, que proporcione los ingresos necesarios para
Algunas personas, tanto físicas como morales, inscritas o no ante el
Registro Federal de Contribuyentes, obtienen ingresos que no declaran
al fisco y por los que deberían pagar impuestos, o bien se encuentran
registradas pero declaran encontrarse en suspensión de actividades, no
obstante que las continúan realizando sin pagar impuestos. En ese senti-
do, a efecto de impactar a este tipo de contribuyentes, se propone
[…] la emisión de la Ley del Impuesto contra la Informalidad, la cual tiene por ob-
jeto incorporar una nueva contribución federal, complementaria del Impuesto sobre
la Renta y auxiliar en el control sobre la evasión fiscal. Derivado de lo anterior, como
tributo complementario del Impuesto sobre la Renta, se plantea que el impuesto
11. En el periódico La Jornada, publicado el 27 de junio de 2007, el jefe del SAT declara que la
evasión fiscal alcanza los 240 mdp.
contra la informalidad sea un gravamen de control del flujo de efectivo, que impacte
en quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades fiscales. Lo
anterior permitirá ampliar la base de contribuyente logrando una mayor equidad
tributaria […]
De lo transcrito se desprende que la iniciativa de ley que comenta-
mos tiene como sustento la baja recaudación, el fomento al cumplimien-
to voluntario de los contribuyentes respecto de sus obligaciones fiscales,
la ampliación de la base de contribuyentes para lograr “[…] una mayor
equidad tributaria”. En la iniciativa de ley se refleja el carácter extrafiscal
de la contribución propuesta, lo que se refuerza con la base del impuesto,
en la que el mínimo exento son $20,000.00 mensuales de depósitos en
efectivo, así como sujetos exentos del pago del Impuesto sobre la Renta.
La propuesta planteada por el Ejecutivo fue analizada y, habiendo
modificado algunos rubros, fue aprobada como Ley del Impuesto a los
VI. Elementos del IDE vigente a partir del 1 de julio de 2008
En la nueva ley tributaria el legislador establece que son sujetos obliga-
dos al pago del impuesto las personas físicas y morales, respecto de todos
los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen
en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en instituciones del
Como sujetos exentos, la nueva ley menciona a las siguientes perso-
nas y entidades:
- Federación, entidades federativas, municipios y entidades de la ad-
ministración pública paraestatal.
- Personas morales con fines no lucrativos, acorde con el título III de la
- Personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo hasta por un
monto de $25,000.00 mensuales.
- Instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo re-
cibidos en cuentas propias con motivo de su intermediación financie-
ra o de la compraventa de moneda extranjera.
- Personas físicas, por los depósitos en efectivo que a su vez sean ingre-
sos exentos del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el artículo
109, fracción XII de la ley que regula este último.
- Personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo realizados en
cuentas propias abiertas con motivo de créditos que les fueron otor-
gados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto
adeudado a dichas instituciones.
La base del IDE quedó establecida con el total de los depósitos en
efectivo, con un mínimo exento de $25,000.00 mensuales recibidos por
personas físicas o morales en una o varias de sus cuentas abiertas dentro
de una misma institución financiera, por concepto de depósitos en efec-
tivo, en moneda nacional o extranjera.
La tasa del impuesto quedó establecida en el 2% para ser aplicado
al excedente de los $25,000.00 mensuales recibidos por personas físicas o
morales en una o varias cuentas abiertas dentro de una misma institución
Las instituciones del sistema financiero quedaron obligadas a recau-
dar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo el último día del mes de
que se trate. En tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual
supere los $25,000.00, la recaudación de impuesto se estableció como
VII. Reformas al IDE vigentes desde el 1 de enero de 2010
Hasta aquí, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo demostraba
regular un impuesto con naturaleza extrafiscal; sin embargo, a partir de
las reformas a este impuesto, con inicio de vigencia el 1 de enero de 2010,
surge el cuestionamiento de si este impuesto sigue conservando su natu-
raleza extrafiscal.
Al revisar los elementos del impuesto que sufrieron modificación,
encontramos que el mínimo exento disminuye, pues de $25,000.00 men-
suales se decrementa a $15,000.00 mensuales.
La tasa del impuesto es incrementada en un punto porcentual, por lo
que a partir del 1 de enero de 2010 la tasa aplicable es de 3% al importe
total de los depósitos gravados.
Aunado a lo señalado, el legislador modifica la fracción VI del artícu-
lo 2 de la Ley del IDE, para quedar como sigue:
2. No están obligadas al pago del Impuesto a los Depósitos en Efectivo:
VI. Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos del título
IV, capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos en efec-
tivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que
les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por
el momento adeudado a dichas instituciones.
La reforma al artículo 2, fracción VI, elimina a las personas morales
y a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, por
lo que estos contribuyentes a partir de 2010 tienen obligación de pagar
el IDE aun respecto de los pagos en efectivo que depositen en sus cuentas
por pagar, derivadas de los créditos otorgados por las instituciones del
Ante las modificaciones de mérito brevemente reseñadas, nace la
pregunta de si no obstante las reformas que incrementan la recaudación
del impuesto, subsiste la naturaleza extrafiscal con que fue concebido
Creemos que las modificaciones efectuadas por el legislador, en sí
mismas conservan su naturaleza extrafiscal; sin embargo, no dejamos de
cuestionarnos si eran necesarias las reformas; en este sentido estimamos
que no había necesidad de tales cambios, toda vez que este impuesto im-
pacta en el flujo de efectivo, que es un problema en el sector productivo,
quien ve mermada su capacidad adquisitiva, máxime en este tiempo de
crisis económica que no hemos logrado superar.
Gregorio Rodríguez Mejía12
sostiene que si bien dentro de las funcio-
nes del Estado está la de dar servicios a su pueblo, que implican gastos y
para lo que es ineludible que disponga de una hacienda pública suficien-
te, el gobernante debe ser razonable al exigir dinero, atendiendo a las
posibilidades de la población para aportarlo.
Más aún, consideramos que la medida del Legislativo para modificar
el IDE con el ánimo de incrementar la recaudación, atenta contra el con-
tenido del Artículo 25 constitucional,13
que contiene disposiciones sobre
la política del Estado en materia económica y que son el sustento de
su rectoría económica para ser ejercida en forma de protección de los
recursos productivos del sector privado, contribuyendo así al desarrollo
En la anterior tesitura, tenemos que las modificaciones efectuadas
al IDE inhiben el crecimiento económico del país, lo que es contrario a
la intención del Artículo 25 constitucional y, al contrariar el fin de este
dispositivo constitucional, entran en conflicto el derecho constitucional
de los gobernados a desarrollar la actividad económica, con la potestad
constitucional del Estado para regir el desarrollo de la actividad econó-
mica; y si bien es cierto que la contraposición de esta potestad estatal
con el derecho fundamental del gobernado no constituye un conflicto
de derechos fundamentales, para cuya solución debe aplicarse el juicio de
ponderación, creemos que este juicio, como control de la proporciona-
lidad en el derecho tributario mexicano, también debería ser aplicado
por el legislador antes de modificar normas tributarias, considerando el
contexto económico y social de la población.
12. RODRÍGUEZ MEJÍA, s/f.
13. BURGOA, 1984: 703.
El juicio de ponderación no debe verse como un instrumento de control
aplicable sólo por el Poder Judicial; el Legislativo también tiene obliga-
ción de pasar por el escrutinio de este juicio su actividad, en aras de una
auténtica justicia fiscal.
AIZEGA ZUBILLAGA, Joxe Mari (2001) La utilización extrafiscal de los tributos y los
principios de justicia tributaria. España: Universidad del País Vasco.
BURGOA, Ignacio (1984) Las garantías individuales. 18ª edición. México: Porrúa,
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Estrategia fiscal del Impuesto
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