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Timestamp: 2019-07-16 12:36:56+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 5554 DE 2004
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5554 DE 11 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE MODIFICA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN 5145 DE 2000. DEROGA LAS RESOLUCIONES 5145 DE 2000 Y 5266 DE 2001.
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5554 DE 2004
“Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría General de la República y se fijan sus competencias”.
(Nota: Derogada por la Resolución Reglamentaria Orgánica 29 de 2019 artículo 7° de la Contraloría General de la República)
con fundamento en las facultades constitucionales y legales y en especial las previstas en el numeral 5º del artículo 268 de la Constitución Política, artículos 99 al 102 de la Ley 42 de 1993 y los decretos-ley 267, 271 de 2000, y
Que de conformidad con el numeral 5º del artículo 268 de la Constitución Política, se establece la facultad del Contralor General de la República para “(...) imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso”;
Que la Ley 42 de 1993 y el Decreto-Ley 267 de 2000 desarrollan y complementan el mandato constitucional, facultando a la Contraloría General de la República para imponer sanciones pecuniarias y de amonestación escrita o llamado de atención, suspensión, remoción del cargo o terminación del contrato; determinando a la vez que la multa, la amonestación o llamado de atención pertenecen a la competencia de los contralores, en tanto que la suspensión, remoción del cargo y la terminación del contrato solo operan a través de solicitudes elevadas a la autoridad nominadora o entidad contratante;
Que el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, señala que los contralores podrán imponer sanciones “(...) hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado (...)”, lo cual permite que se impongan sanciones en cuantía de días de salario devengado por el funcionario, teniendo en consideración la gravedad de los hechos y las circunstancias atenuantes en cada caso concreto, sin superar los ciento cincuenta días (150) equivalentes a la prescripción legal;
Que el Decreto-Ley 267 de 2000, establece la estructura orgánica de la Contraloría General de la República distribuyendo sus funciones entre las diferentes dependencias del nivel central y desconcentrado;
Que además de las causales que dan lugar a las sanciones descritas en la Ley 42 de 1993, el legislador señaló otras contenidas en el artículo 44 del Decreto 111 de 1996, determinando como sujetos de las mismas a los jefes de los organismos que conforman el Presupuesto General de la Nación, por no asignar en sus anteproyectos de presupuestos u omitir girar oportunamente los recursos para servir la deuda pública, el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluyendo los de agua, luz y teléfono;
Que en ejercicio del control posterior excepcional señalado en el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República podrá imponer, previo el procedimiento y por las causales aquí señaladas, las sanciones a que hubiere lugar;
Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, el artículo 89 de la Ley 715 de 2001 y la Ley 756 de 2002, la Contraloría General de la República ejerce control fiscal excepcional sobre las cuentas de las entidades territoriales, y control prevalente y concurrente de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título al territorio nacional, acciones que implícitamente conllevan la facultad de imponer sanciones;
Que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado como criterio legal que “la administración debe dar respuesta a los medios de impugnación dentro del término que tiene para resolver una petición, a menos que pruebe que el asunto, por su complejidad, amerita un término mayor, o que debe incorporar pruebas para poder adoptar la decisión” (Sent. sep. 16/99, exp. AC-8353);
Que de conformidad con el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, las normas sobre procedimientos administrativos previstas en su parte primera, son de obligatorio cumplimiento para la Contraloría General de la República;
Que, en consecuencia, dichas normas del Código Contencioso Administrativo son aplicables para la imposición de las sanciones a que haya lugar, frente al incumplimiento de las obligaciones de los entes públicos o particulares que administren bienes o recursos públicos, para con el órgano de vigilancia y control fiscal, lo que impone la modificación del trámite actual previsto en la Resolución Orgánica 5145 del 11 de octubre de 2000;
ART. 2º—Competencia. De conformidad con la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, establecida en el Decreto-Ley 267 de 2000, son competentes para el conocimiento del procedimiento administrativo sancionatorio:
1. Primera instancia. En el nivel central, son competentes para la imposición de las sanciones y para resolver el recurso de reposición, el Contralor General de la República y los contralores delegados sectoriales.
Para la imposición de la sanción de amonestación en el nivel central, son competentes los directores de investigaciones y de juicios fiscales, de la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva.
El contralor delegado sectorial para la gestión pública e instituciones financieras es competente para la imposición de las sanciones y para resolver el recurso de reposición, en lo pertinente a los servidores públicos de las entidades del departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital.
En el nivel desconcentrado y por delegación, son competentes para la imposición de las sanciones y para resolver el recurso de reposición los gerentes departamentales, respecto de los servidores públicos y particulares del orden territorial, y los sujetos de vigilancia y control fiscal en sus respectivas jurisdicciones.
Para la imposición de la sanción de amonestación en las gerencias departamentales, el funcionario competente será el gerente departamental, a solicitud del grupo investigador.
2. Segunda instancia. Cuando las sanciones a que se refiere esta resolución sean impuestas por los contralores delegados sectoriales o por los gerentes departamentales, el recurso de apelación será de competencia del Contralor General de la República o del funcionario en quien se delegue.
Cuando la sanción de amonestación sea impuesta por los directores de investigaciones y de juicios fiscales, el recurso de apelación será de competencia del contralor delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva.
ART. 3º—Campo de aplicación. De conformidad con el artículo 99 de la Ley 42 de 1993, el procedimiento administrativo sancionatorio se aplicará a los servidores públicos y particulares que a cualquier título administren, manejen o inviertan fondos, bienes o recursos públicos, respecto de los cuales el Contralor General de la República ejerce control fiscal, en cualquiera de sus modalidades.
ART. 4º—Sanciones. De conformidad con los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993, los funcionarios competentes, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución, impondrán las siguientes sanciones:
1. Amonestación o llamado de atención.
Los funcionarios competentes podrán amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la administración, servidor público o particular que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la vigilancia fiscal, que:
a) Han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 8º de la Ley 42 de 1993;
b) Cuando los funcionarios de los sujetos de control fiscal obstaculicen las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal.
Copia de la amonestación o llamado de atención será remitida al superior jerárquico del servidor público o particular en la entidad donde presta sus servicios y a las autoridades que determine el funcionario que impone la sanción.
Los funcionarios competentes podrán imponer multas a los servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado ciento cincuenta días (150) para la época de los hechos, cuando incurran en una de las siguientes conductas:
b) No rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidas por la contraloría;
c) Incurran en forma reiterada en errores u omisiones en la presentación de cuentas e informes;
d) Les sean determinadas glosas de forma en la rendición de sus cuentas;
e) Entorpezcan o impidan en cualquier forma el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la contraloría, entre otras, el proceso auditor;
h) No adelanten las acciones orientadas a subsanar las deficiencias señaladas por la contraloría, tales como las comprendidas en los planes de mejoramiento;
i) No cumplan con las obligaciones fiscales diferentes de las señaladas en este artículo.
Para efectos de la aplicación del literal f) del numeral 2º del presente artículo, los funcionarios de la Contraloría General de la República, dentro del proceso auditor deberán señalar los términos para la entrega de la información, teniendo en cuenta el volumen y la complejidad de la misma, los cuales no podrán ser inferiores a cinco (5) días hábiles, y en todo caso, el término estará supeditado a criterios de razonabilidad.
Para la aplicación del literal i) del presente artículo, se entiende por obligaciones fiscales únicamente las señaladas en las leyes que regulan aspectos relacionados con el control fiscal, tales como las establecidas en la Ley 42 de 1993, el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, artículo 4º de la Ley 106 de 1993, artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994 modificados por la Ley 756 de 2002, artículo 44 del Decreto 111 de 1996, artículo 2º de la Ley 598 de 2000, artículo 81 de la Ley 617 de 2000, artículo 89 de la Ley 715 de 2001, y las demás que determine la ley.
3. Remoción o terminación del contrato.
Ante la renuencia en la presentación oportuna de los informes solicitados o su no presentación por más de tres (3) períodos consecutivos o seis (6) no consecutivos, dentro de un mismo período fiscal, se solicitará al nominador o entidad contratante, que previo el agotamiento de un proceso disciplinario, se remueva o termine el contrato por justa causa del servidor público, cuando la mora o renuencia hayan sido sancionadas previamente.
ART. 5º—Tasación de la multa. De conformidad con el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios competentes al tasar las multas tendrán como criterios de valoración los fines de la Ley 42 de 1993 y la proporcionalidad con los hechos que le sirven de causa.
PAR.—Para efectos de la tasación de la multa, se tendrá en cuenta la previa certificación que expida la dependencia competente de la entidad, a la cual pertenece o perteneció el funcionario, en la cual se deberá cuantificar el salario mensual devengado, de acuerdo con los factores que constituyen el mismo.
ART. 6º—Auto de iniciación. De conformidad con el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, se proferirá un auto de iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio, con el fin de constatar los hechos y permitir que el funcionario se haga parte y haga valer sus derechos en el mismo.
2. Identificación plena y cargo del funcionario en contra del cual se ordena iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio.
5. Indicación de la causal en que presuntamente se encuentra incurso, citando como fuente la Ley 42 de 1993 y las demás normas que las prevén.
ART. 7º—Notificación del auto de iniciación. El auto de iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio será notificado de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, y se indicará que contra el mismo no procede recurso alguno, por su naturaleza de auto de trámite.
ART. 8º—Término para rendir descargos. De conformidad con las reglas del Código Contencioso Administrativo, en el auto de iniciación se indicará el derecho que tienen los implicados de hacerse parte en el procedimiento administrativo, para lo cual se le concede un término de quince (15) días hábiles para rendir sus explicaciones y hacer valer sus derechos.
ART. 9º—Período probatorio. De conformidad con los artículos 34, 49 y 58 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas de oficio y las solicitadas por la persona en contra de la cual se adelanta el procedimiento sancionatorio, serán decretadas mediante auto de trámite, notificado por estado de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil contra el cual no procede recurso alguno, y se practicarán en un período mínimo de diez (10) y máximo de treinta (30) días.
En caso que no se presenten explicaciones, ni se alleguen pruebas dentro del plazo concedido, se dejará constancia por escrito, que el implicado conocía la iniciación del procedimiento sancionatorio en su contra y como prueba se anexará copia del medio a través del cual fue surtida la respectiva notificación.
ART. 11.—Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, habiéndose dado a los interesados la oportunidad para presentar sus explicaciones y ejercer el derecho de defensa, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, mediante resolución motivada, en la cual se hará alusión a todos los argumentos de defensa y se valorarán integralmente las pruebas.
Cuando se requiera notificación en sede administrativa diferente de la que produjo la decisión, los funcionarios del nivel central podrán comisionar a los gerentes departamentales, a su vez, estos últimos podrán comisionar a la secretaría común, de la contraloría delegada para investigaciones juicios fiscales y jurisdicción coactiva, para que se surta dicha diligencia en los mismos términos.
ART. 13.—Recursos. Contra la decisión que impone la sanción, proceden los recursos de la vía gubernativa, regulados en el título II del libro primero del Código Contencioso Administrativo.
El término para resolver los recursos será de quince (15) días hábiles, salvo en los casos en los que haya lugar a la práctica de pruebas, las cuales serán decretadas, practicadas y notificadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9º de la presente resolución.
ART. 14.—Celeridad en las notificaciones. En desarrollo del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios de la Contraloría General de la República procurarán que las notificaciones de los implicados en sede administrativa, se realicen en forma personal, desplazándose a los despachos de los mismos.
ART. 15.—Caducidad respecto de las sanciones. De conformidad con el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, la facultad que tiene la Contraloría General de la República para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pudo ocasionarlas. Por lo anterior, si una vez transcurrido este plazo, no se ha proferido decisión en firme, según las reglas del artículo 62 del citado código, el funcionario que conozca del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio, perderá competencia para continuar adelantando el mismo.
ART. 16.—Pago de la multa. De conformidad con el numeral 2º del artículo 92 de la Ley 42 de 1993, cuando se imponga sanción de multa, el pago deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su ejecutoria, a favor de la tesorería del fondo de bienestar social de la Contraloría General de la República, en la cuenta destinada para este recaudo, atendiendo lo establecido en el numeral 5º del artículo 93 de la Ley 106 de 1993. Una vez culminado este término, sin que se haya cancelado la multa, el pagador deberá descontar el monto de la sanción del salario devengado.
En todo caso, la resolución que impone la sanción, prestará mérito ejecutivo para su cobro por jurisdicción coactiva, a través de las dependencias competentes de la Contraloría General de la República.
ART. 17.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en la presente resolución, se seguirán las disposiciones contempladas en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 18.—Disposición transitoria. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los procedimientos administrativos sancionatorios que se encuentren en curso, a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, continuarán su trámite, de acuerdo con lo previsto en la Resolución Orgánica 5145 de 2000.
ART. 19.—Derogatoria y vigencia. La presente resolución deroga las resoluciones 5145 de 11 de octubre de 2000 y 5266 del 19 de octubre de 2001, las demás disposiciones que le sean contrarias, y rige a partir del 1º de abril de 2004.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 101
 artículo 44
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 89
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 artículo 99
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 4
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 81
 artículo 89
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 321
 artículo 35
 resolución 
 artículo 9
 artículo 44
 artículo 38
 artículo 62
 artículo 92
 artículo 93
 resolución 
 artículo 40
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