Source: https://www.scribd.com/doc/11582303/costas
Timestamp: 2016-12-08 04:09:41+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinINTERPONE RECURSO DE CASACIÓN y DE INCONSTITUCIONALIDADJurado de Enjuiciamiento:
EDGARDO CHERBAVAZ, ALEJANDRA SANTARELLI y
CLAUDIO A. SALAZAR, MARÌA JORGE ALBERTO IZQUIERDO en
nuestro carácter de Secretarios General, de Prensa, de Hacienda y Secretario General de la Federación Judicial respectivamente, del SINDICATO DE EMPLEADOS JUDICIALES DE NEUQUEN, con el patrocinio letrado de Federico M. Egea, constituyendo el domicilio en la alzada en calle Salta Nº 625 de la ciudad de Neuquén, en los autos caratulados: "DRA. RIVERO DE TAIANA CRISTINA ELIZABETH S/ JURADO DE ENJUICIAMIENTO", (Expte. Nº 18-JE-2008), ante V.E., nos presentamos y decimos: 1.- OBJETO: En tiempo y forma venimos a interponer recurso de casación (Art. 415 C.P.P. y C.) y de Inconstitucionalidad (Art. 432 C.P.P.y C.) contra el acuerdo Nº 219 –JE- 2008, dictado en fecha 12 de diciembre de 2008 y notificado a esta parte en fecha 15 de diciembre de 2008 y su ratificatorio Nº 221 –JE- 2008, dictado en fecha 17 de diciembre de 2008 y notificado a esta parte en fecha 18 de diciembre de 2008, solicitando desde ya se declare la admisibilidad del mismo y oportunamente se eleven los autos al Tribunal Superior de Justicia en la forma de estilo.
2.- RESOLUCIÓN SUCEPTIBLE DE RECURSO: Que la presente resolución resulta recurrible por la vía intentada toda vez que se trata de una resolución que finiquita el litigio o hace imposible su continuación, conforme lo establecido en el Art. 416 del C.P.P.y C. Que asimismo y en lo que se refiere a la admisibilidad del recurso esta parte solicita expresamente se tenga especial consideración en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en autos "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa –causa Nº 1681" dictado recientemente.
Ello toda vez que en dicho pronunciamiento el máximo tribunal resuelve la ampliación tanto de los extremos de revisión como de los criterios de admisibilidad del remedio procesal casatorio. Que concretamente se sostiene en este trascendental
precedente: "En conclusión, el recurso de casación tiene que ser entendido de ahora en más, como instrumento de impugnación no limitado a las cuestiones de derecho y por medio del cual es posible revisar integralmente todos los aspectos de la sentencia cuestionados por el recurrente, siempre que lo impugnado no esté en relación directa con percepciones exclusivas de quien ha presenciado el juicio". De lo expuesto y de la integralidad del fallo citado se desprende que según esta calificada jurisprudencia, a fin de analizar la admisibilidad del recurso casatorio no se deben emplear criterios rigurosos o excesivos rigorismos formales, propiciando además la revisión no solo en lo referido a la aplicación o no aplicación del derecho sino a todo lo que exceda las cuestiones de valoración. Por lo expuesto solicito se tenga presente, a los fines de la admisibilidad y de la procedencia del recurso la autorizada y actual jurisprudencia traída a colación 2.1.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 1565: Que no resulta aplicable al caso concreto -y a ningún otro supuesto procesal- lo normado en el Artículo 34 de la Ley 1565, ello en la medida en que disponer la imposibilidad de deducir recurso alguno contra la sentencia resulta repugnante y contrario a los dispuesto por el Art. 18 de la Constitución Nacional, su correlato en el Art. 58 de la Constitución Provincial. Asimismo dicha norma viola las garantías consagradas en el Art. 8 Inc., 2 apartado H del Pacto de San José de Costa Rica y el Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este sentido debe tenerse especialmente presente lo dispuesto en el Art. 16 del Constitución Provincial y en el 31 de la Constitución Nacional, en la medida en que imponen la OBLIGACIÓN DE LAS
AUTORIDADES PUBLICAS PROVINCIALES Y NACIONALES DE CONFORMARSE AL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN, ABSTENIENDOSE DE APLICAR NORMAS QUE LA REPUGNEN Y EL DEBER DECLARAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. Finalmente habrá de mencionarse que esta postura ha sido reafirmada por el Acuerdo 218 -JE- en el que el Dr. Gavernet afirma: “El Tribunal Superior de Justicia ha fijado pacífico criterio de que “el límite objetivo que establece el artículo 34 de la ley 1565”...”no puede ser objeto de un empleo mecánico o automático” y que “las restricciones aludidas deben ceder si existe una cuestión constitucional”-In re (Dr. Geloni Daniel s/Recurso de queja en Trova Facundo Martín s/ Jurado de Enjuiciamiento” (Expte. 190-año 2006 del Registro de la Secretaría Penal del TSJ) (Resolución Interlocutoria Nº 49/2008).” 3.-ANTECEDENTES DE LA CAUSA: Que mediante la Sentencia de fondo –acuerdo JE 218- dictada en las presentes actuaciones se dispone la imposición de las costas al SEJuN, sin que medie para ello ningún tipo de motivación más allá de la mera invocación genérica del Art. 36 de la Ley 1565. Que dicha resolución es adoptada por mayoría de votos, dado que el Dr. Varessio vota en el sentido de la no imposición de costas, siendo su pronunciamiento el único que expresa fundamentos. Que en efecto en su voto manifiesta Varessio: “Quiero aclarar el tremendo desatino que implica la aplicación automática del segundo párrafo del artículo 36, ya que el denunciante como su nombre lo indica es quien motorizó este proceso, pero nada más, no fue parte del mismo y por lo tanto no tuvo el dominio y disposición de la acción, su denuncia no fue maliciosa ni infundada, ni inadmisible todo lo contrario, no solo fue declarada admisible, sino que como colofón, varios miembros de este jurado tienen la certeza de que algunos de los cargos están probados, por lo tanto, mal puede cargarse en su mochila el resultado de un proceso adverso cuando no fue parte, tal lo prescribe el articulo 17 de la ley de enjuiciamiento.” Que contra esta resolución esta parte interpone el remedio procesal previsto en el Art. 34 de la Ley 1565 alegando para ello que la imposición de costas al denunciante significaba una indebida extensión
de la cosa juzgada a quien no era parte en el proceso, una inadecuada valoración de los antecedentes del caso y la inconstitucionalidad del Art. 36 de la Ley 1565. Que asimismo se hicieron en el recurso las reservas del caso. Que asimismo se planteo que la condena en costas significaba una violación al debido proceso legal y a su dimanación lógica el derecho de defensa, toda vez que como era y es evidente el sindicato en su carácter de denunciante no tuvo oportunidad válida ni para defenderse ni para alegar a favor de sus derechos a fin de no verse perjudicado con la resolución. Que en otro orden de ideas se afirmó que la resolución carecía por completo de fundamentación incurriendo en una aplicación mecánica e inmeditada de la ley, sin detenerse en las consecuencias de la decisión en relación al valor justicia y/o democracia. Que esta ausencia absoluta de motivación constituye un vicio nulidificante insalvable, en la medida que es obligación impostergable fundar cada uno de los extremos decisorios de cualquier resolución, dado que de lo contrario se restringe nuevamente el derecho de defensa en juicio. Sabido es que la mera invocación de la norma no alcanza bajo ningún punto de vista para suplir la ausencia de fundamentación, puesto que además de ello debe expresarse sin excepción el por que la aplicación de la norma al caso concreto es justa y por lo tanto constitucional. No obstante la sencillez de este proceder y de su evidente trascendentalidad a fin de resguarda los valores contenidos en la constitución, el jurado de enjuiciamiento optó por la arbitrariedad de un pronunciamiento infundado y autoritario. También se dijo en el líbelo recursivo que no se valoraron los antecedentes, dado que aún tomándose por válidas las prescripciones del Art. 36 de la Ley 1565, es de hacer notar que la denuncia efectuada por el sindicato no puede bajo ningún cariz ser calificada como maliciosa, improcedente o falsa, toda vez que como se desprende de la tramitación del proceso la misma fue declarada admisible, los hechos
denunciados en la misma fueron ventilados y demostrados durante el transcurso del debate y el sobreseimiento es dispuesto por mayoría y en base a cuestiones formales no relacionadas con la veracidad de los hechos denunciados. Así las cosas resulta evidente que no existen motivos de ninguna especie que justifiquen a imposición de las costas, dado que el SEJuN, actuó en cumplimiento de sus obligaciones legales y sindicales denunciado fundadamente una serie de conductas que comprometían los derechos de los trabajadores a los que representa, lo que de ninguna manera le puede ocasionar una sanción. Finalmente esta parte planteó la abierta inconstitucionalidad del Art. 36 de la Ley 1565 al ordenar la imposición de costas al denunciante en caso de absolución, ello en la medida en que además de extender los efectos de la sentencia a un tercero que no forma parte del proceso con la consecuente violación al debido proceso legal, constituye una restricción ilegitima al derecho de peticionar ante las autoridades. En efecto se tachó como desproporcionado e irrazonable que se castigue con la imposición de costas a quien ejercer un derecho constitucional, máxime si como en el caso concreto, dicha denuncia debe sortear instancias de admisibilidad formal. Manifestándose que la regulación de mecanismos de remoción de magistrados como asimismo de cualquier otro proceso de conocimiento debe justamente propiciar condiciones para la realización de denuncias dado que es esa la forma en la que se pone en marcha el proceso. Por lo que el Art. 36 al imponer las costas al denunciante en caso de sobreseimiento, funciona como una especie de restricción material a la realización de denuncias, lo que redunda en una notable disminución del ámbito de control de las instituciones. Que esta reducción del ámbito de control resulta repugnante al principio republicano de gobierno en la medida en que obsta al sistema de frenos y contrapesos propio de dicho principio.
En síntesis se dijo que la norma resulta inconstitucional por que impone las costas del proceso a terceros y por resultar en los hechos una forma de retacear el control constitucional. 3.1.- ACUERDO Nº 219 –JE- : Que mediante este acuerdo se resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto por esta parte, alegándose para ello que la única forma de eximir de costas al denunciante debe ser tramitada de manera previa al dictado de sentencia y con traslado a la contraparte. Asimismo se afirma en el acuerdo que el Jurado deliberó y resolvió sin que se pueda establecer un procedimiento posterior de revisión por el propio tribunal que decidió. Ello en la medida en que –según lo manifestado en el acuerdo- el planteo efectuado por el sindicato pretende alterar lo sustancial de la decisión cuestionada. Desde este posicionamiento se razona –o sinrazona- que el jurado de enjuiciamiento no está facultado para valorar nuevamente los presupuestos fácticos y jurídicos para otorgarles incidencia opuesta. Este posicionamiento es adherido por todo los miembros del jurado de enjuiciamiento –a excepción del Dr. Varessio- quienes sin agregar nuevas consideraciones se limitan a adherir el voto del Dr. Alejandro Tomas Gavernet. En lo que respecta al voto del Dr. Varessio, este confirma y amplia los fundamentos de la sentencia y sostiene que una adecuada valoración de los Artículos en danza impide la imposición de costas al SEJuN. Así afirma que el Art. 36 de la Ley 1565 establece la imposición de costas a cargo del denunciante para el caso de absolución y que concomitantemente dicho articulo expresa que el jurado podrá decidir sobre la eximición de las mismas mediante resolución fundada y a petición del denunciante. En dicha inteligencia sostiene Varessio que el Art. 36 establece dos instancias diferenciables por un lado la sentencia y por otro la
resolución expresa sobre la eximición de las costas a petición de los interesados. Desde este punto de vista concluye que el SEJuN ha solicitado la eximición en tiempo y forma y que por lo tanto corresponde emitir una resolución expresa que resuelva dicha petición. En lo que respecta al fondo de la cuestión entiende el jurado precitado que no corresponde la imposición de costas resuelta, en la medida en que el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén no es parte en el proceso, lo que impide la imposición de las costas por no haber tenido posibilidad alguna de realizar actos procesales. Que asimismo se afirma que se castiga a quien no participó del trámite por acciones que no realizó, no habiendo tenido el SEJuN ni la disposición ni el dominio de la acción. Como último fundamento expresa Varessio que en el caso concreto el sindicato tuvo razones para denunciar, lo que se ve definitivamente acreditado con el resultado de la votación de la sentencia absolutoria, hecho este que torna aplicable el Art. 492 del C.P.P y C. En la medida en que dispone la eximición de costas cuando mediare razón plausible para litigar. Es de resaltar que este temperamento (aplicación del Art. 492 C.P.P.C. a contrario sensu) fue el adoptado por el Tribunal Superior de Justicia en los Autos: “MENDAÑA, RICARDO s/Jurado de Enjuiciamiento” (expte.n° 67-año 2007) a los fines de eximir del pago de las costas al denunciante Oscar “Cacho” Gutierrez. 3.2.- ABSURDIDAD: No puede dejar de señalarse en este apartado lo absurdo e insólito de los votos emitidos por el Dr. Alejandro Gavernet y el Dr. Omar Raimondo, ello así en la medida en que ambos jurados se pronunciaron en el Acuerdo 218 por la condena de la magistrada llevada a juicio y consecuentemente opinaron que era esta última quien debía soportar las costas del proceso. No obstante esto, mediante acuerdo 219, ambos jurados
consideran que es correcto, legal y justo que el SEJuN soporte las
costas, lo que resulta absurdo y carente del más mínimo sentido común, dado que el voto condenatorio no resulta lógicamente conciliable con la imposición de costas al denunciante. De hecho la actitud asumida por estos jurados supone considerar que el denunciante tiene razón pero que pese a ello resulta igualmente justo imponerle las costas del proceso, lo que a todas luces es un absurdo completo y dantesco. Como si esta sola circunstancia resultara exigua a los efectos de la absurdidad, es de resaltar que los magistrados no dan en la especie ningún fundamento para justificar su cambio de postura, limitándose a argüir cuestiones procesales de dudosa interpretación. Para continuar con este raid de ilogicidad y ajuricidad, puede resaltarse que el único voto con fundamentos del acuerdo 219 –JE- es el del Dr. Gavernet, al cual adhieren los restantes jurados –a excepción de Varessio-, con lo cual estamos en condiciones de afirmar que el Dr. Gavernet no solo modificó su voto infundadamente, sino que además en su segundo pronunciamiento realizó el voto de la mayoría. Cabe preguntarse entonces ¿que extraño cambio ha operado en el espíritu de este jurado que, en un escaso lapso de tiempo, ha pasado de proponer la imposición de costas a la denunciada a fundar el voto de la mayoría para decidir lo contrario? Evidentemente la respuesta nos está vedada, sin embargo este proceder no hace mas que reflejar de manera diáfana el total desembarazo en relación al valor justicia, dado que pese a haber manifestado expresamente su postura respecto de la procedencia formal y de fondo de la denuncia efectuada por el sindicato, dispone (modificando su voto) la condena en costas del denunciante, por aplicación irrazonada, mecánica e infundada de un artículo abiertamente inconstitucional. Finalmente y al solo efecto de recalcar las abiertas
contradicciones y lo inmeditado del pronunciamiento recurrido diremos que el Dr. Gavernet afirma en el Acuerdo 218 –JE- la recurribilidad del fallo cuando medien cuestiones constitucionales (ver cita de apartado 2.1), sin embargo en el acuerdo 219 –JE- sostiene: “No queda otra
denunciante debe ser previa al dictado de la sentencia y con traslado a la contraparte, que de ser absuelta no tendría recurso alguno para reclamar sobre las mismas” (Pág. Nº 3 Acuerdo JE Nº 219/08, el resaltado es nuestro). De lo transcripto surge que el Dr. Gavernet no tiene una postura definida en relación a la cuestión recursiva y surge además una clara contradicción de fundamentos, en la medida en que el límite normativo que se argumenta para la confirmación del acuerdo 218/8 –JE-, es el mismo que se viola para condenar en costas al SEJuN. Concretamente si es necesario el carácter de parte o contraparte y la consecuente garantía de oposición y defensa (traslado en los términos del Dr. Gavernet) para modificar la sentencia, también debería ser necesaria la observancia idénticas garantías para condenar en costas al denunciante. Como otra contradicción en cuanto a las apreciaciones vertidas por el Dr. Gavernet, cabe señalar que en el acuerdo 219 –JE- afirma que: “Es de este Tribunal mantener la unidad de dirección lógica del juzgamiento, sin que quepa introducir alteraciones sustanciales, o ajenas al límite que fijó el debate desarrollado”. Ahora bien según surge del acuerdo 218 –JE- la imposición de costas se decidió por fallo mayoritario, siendo el voto del Dr. Gavernet uno de los que propiciaba la imposición de costas a la denunciada. En esa impronta es de señalar que la modificación sustancial a los límites del debate es introducida por el propio Dr. Gavernet que sin fundamentos cambia su voto en relación a las costas. Es de resaltar que un miembro del jurado no puede estar condicionado en su votación por lo decidido por la mayoría, dado que su función es pronunciarse de acuerdo a su libre convicción. En esa impronta y aún tomando como válido lo dicho por el Dr. Gavernet en relación a la no introducción de alteraciones sustanciales, cabe cuestionarse si la modificación de su voto no constituye una
modificación sustancial supuestamente vedada en pos de la lógica y la unidad discursiva. Es evidente que media en el caso una flagrante confusión entre sentencia como acto jurisdiccional y el voto de los integrantes del cuerpo colegiado, dicha confusión radica en la falsa creencia de que para mantener la “lógica” es necesario sostener lo mismo que la mayoría, aún cuando ello signifique modificar infundadamente la posición previa. 4.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Los fundamentos del presente recurso están dados por la inobservancia de los Arts. 14, 14 Bis, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional y de los Arts. 18, 24, 29, 42 y 63 de la Constitución de la Provincia de Neuquén. En efecto y como surge del acuerdo recurrido, se dispone la aplicación del costas al denunciante que no ha sido parte en el proceso con la sola y mecánica aplicación del Art. 36 de la Ley 1565. No obstante la previsión normativa efectuada por la Ley 1565 en relación a la imposición de las costas en el proceso, el jurado debió examinar la consecuencias de su aplicación en relación a derechos constitucionales como el debido proceso legal, el derecho de defensa, el derecho de oposición, el derecho de propiedad, la razonabilidad y el derecho de peticionar ante las autoridades, cosa que como es evidente no se hizo y que hacen claramente a la invalidez de la decisión. 4.1. INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL: En efecto, en lo que hace al debido proceso legal, podemos afirmar sin lugar a hesitaciones, que constituye en su faz procesal, un conjunto de reglas y procedimiento que el ejecutor de la ley y el propio legislador deben observar cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de esos órganos regula jurídicamente la conducta de los individuos y restringen su libertad. En lo que hace a la faz sustantiva el debido proceso constituye un Standard de justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la constitución lo axilógicamente válido del actuar de los órganos
ejecutores o legisladores; es decir, hasta donde en el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo. En estos términos esta garantía comprende necesariamente una serie de requisitos que hace a su eficacia como límite al ejercicio de poder delegado en los diferentes órganos constitucionales, entre los que cabe destacar la posibilidad de defensa, la participación en el proceso, la notificación, la posibilidad de oposición, recurso y revisión de la decisión. Todo lo hasta aquí mencionado encuentra su debida consagración normativa tanto en la Constitución Nacional como Provincial y en diversos Tratados Internacionales con rango constitucional. Así podemos enumerar el Art. 18 de la Constitución Nacional, el 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el Art. 63 de la Constitución Provincial. Establecido como ha quedado el alcance del concepto de debido proceso legal y su consagración Constitucional, resta analizar si la sentencia recurrida se adecua a dicho estándar, esto es si se han garantizado a lo largo del proceso los elementos necesarios para su validez. A poco que se analice la sentencia, surge como insoslayable que lo resuelto en relación a las costas y su imposición al denunciante constituye una flagrante violación al debido proceso legal y a todas sus dimanaciones normativas, ello en la medida en que como es sabido, el denunciante no reviste carácter de parte en el jurado de enjuiciamiento, lo que sin mas excluye toda posibilidad de notificación, oposición, producción de pruebas y alegatos e incluso excluye la posibilidad de que el sindicato alegue en pos de no ser condenado en costas. De hecho y para ser más elocuentes el carácter de denunciante y no parte excluye el concepto de proceso en relación a aquel, dado que si bien existió un proceso, el hecho de no haber tomado intervención en el mismo impide sin más incluir a un tercero dentro de cualquiera de sus consecuencias jurídicas.
Así y habida cuenta de que en relación al SEJuN no existió proceso alguno, mal pueden extendérsele los efectos de la sentencia recaída en un proceso en el que no fue parte, de hecho la única forma material – no legal ni constitucional- de realizar semejante disparate es violando todas y cada una de las garantía componedoras del debido proceso legal. En ese orden de ideas es de destacar que la sentencia recurrida, en la medida en que condena a solventar las costas del proceso al denunciante que no formó parte, constituye una abierta y supina inobservancia del texto constitucional, todo lo que amerita su revocación. Concretamente el Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén, es obligado a asumir una de las consecuencias jurídicas dispuestas por la sentencia en un proceso en el que no tuvo posibilidad alguna de oponerse, de brindar fundamentos, de aportar pruebas, de recibir notificaciones, de ser oído, etc. A mayor abundamiento resta decir –por obvio que resulte- que no puede darse al concepto del debido proceso el sentido de formas procesales establecidas por ley dado que no basta que las medidas que impliquen una turbación en la libertad de un individuo hayan sido establecidas por ley formal y material para que se justifiquen constitucionalmente, ello en la medida en que no todo lo legal es constitucional. Esta distinción ha sido establecida en el año 1885 en el fallo “Murria vs. Hoboken Land” de la Corte suprema de Estados Unidos de América, el cual fuera a posteriori adoptado como precedente por nuestra Corte Suprema de Justicia, allí se manifestó “El procedimiento que debemos examinar es un proceso legal; esto no lo negamos. El mismo fue reglado por una ley del congreso. Pero ¿es eso debido proceso legal? Es evidente que no se ha dejado al Poder Legislativo el derecho de hacer de tal procedimiento lo que le plazca. La constitución es una restricción impuesta al Poder legislativo, tanto como al Ejecutivo y al Judicial, el que no puede considerarse como que deja al congreso la libertad de hacer por su sola voluntad, de todo procedimiento, un debido proceso”.
De lo expuesto surge con meridiana claridad que la mera invocación de una ley en sentido formal y material no justifica ni satisface las exigencias constitucionales en relación al debido proceso, resultando además necesario verificar la adecuación de la norma en relación a los standars constitucionales, acción esta que el jurado está obligado a realizar a fin de garantizar la validez del pronunciamiento. Que dicha inobservancia constituye un motivo casatorio cuya verificación supone la modificación del pronunciamiento.
4.2.- INOBSEVANCIA DEL DERECHO A PETICIONAR ANTE LAS AUTORIDADES IRRAZONABILIDAD VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONAL DE CONTROL: Que la sentencia motivo de casación se encuentra íntimamente vinculada con el derecho a peticionar ante las autoridades, consagrado en los Art. 14 de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial. En cuanto a la extensión y alcance de este derecho es de destacar que el mismo comprende no solo el derecho de solicitar a las autoridades publicas una actividad concreta, sino además la garantía de no sufrir por ello penalidades de ningún tipo, en la medida en que el ejercicio de dicho derecho sea regular y no abusivo. En el caso concreto y como surge de la sentencia recurrida, no se encuentra satisfecha la garantía mencionada en último término, ello en la medida en que el SEJuN se ven sancionado por el solo hecho de ejercer fundada y regularmente un derecho constitucional. En efecto, a de poco que se concatenen las los principios con el de
razonabilidad y sistema de garantías, surge sin hesitación que tanto la Constitución Provincial como la Carta Magna disponen que el ejercicio de ese derecho requiera para su efectivo ejercicio un regulación razonable que de manera amplia fomente su ejercicio, sin incurrir en restricciones innecesariamente gravosas.
Esta circunstancia se magnifica en el caso concreto, puesto que estamos ante un proceso de naturaleza eminentemente democrática, donde se regula –entre otras cosas- el derecho de los ciudadanos a denunciar a magistrados y funcionarios por sus posibles inconductas en el ejercicio de la función. Es evidente que la norma está, en este sentido, íntimamente vinculada con el ejercicio del control del poder público cuya efectividad requiere sin dudas de sistemas normativos que favorezcan la iniciación FUNDADA de ese tipo de procesos. Así las cosas y por mero ejercicio de contraste podemos verificar que en el caso concreto se ha procedido exactamente en contrario, esto es aplicando un regulación abiertamente irrazonable al derecho de peticionar ante las autoridades, sancionando el ejercicio regular de un derecho y socavando la intensidad del la garantía constitucional de control del poder público, dado que este tipo de antecedentes se sitúa dentro de los precedentes nefastos que sin duda inhibirán futuras denuncias, reduciendo al sistema de juzgamiento de y remoción de magistrados y funcionarios a una institución democráticamente inútil. Es en este punto donde la sentencia deviene en irrazonable, puesto que como resulta absolutamente conocido el limite de la regulación es el de no alterar las condiciones de ejercicio del derecho (Art. 28 CN) ni limitarlo o restringirlo (Art. 18 de la Constitución Provincial). De este básico plexo normativo constitucional podemos
preguntarnos si la regulación aplicada en la sentencia en relación a la imposición de las costas resulta razonable, en la medida en que dispone su aplicación a quien no fue parte en el proceso y cuya única actividad fue la de denunciar FUNDADAMENTE a un magistrado. Lo más elemental del sentido común impone una respuesta por la negativa, dado que justamente la aplicación de dicha norma significa alteración limitante y restrictiva del derecho regulado. Que en síntesis podemos afirmar que la aplicación de la norma al caso concreto resulta violatoria de los Arts. 1, 14 y 28 de la
Constitución Nacional y su correlato en los Arts. 1, 18 y 29 de la Constitución Provincial, todo lo que supone su nulidad absoluta. 4.3.- AFECTACIÓN A GARANTÍAS Y DERECHOS SINDICALES: Como expresamente prevén las constituciones tanto nacional como provincial, la actividad sindical se encuentra tutelada a fin de fomentar su ejercicio en pos de los derechos de los trabajadores (Arts. 14 bis Constitución Nacional y 42 de la Constitución Provincial). Concomitantemente el Art. 1 de la Ley 23.551 estipula la garantía de libertad sindical para la organización y la acción de las Asociaciones Sindicales. De esta garantía se desprende que el accionar del estado encuentra como limitación primaria el respeto y la observancia de las libertades sindicales en pos de garantizar su accionar. En el caso concreto la denuncia efectuada por el SEJuN, es una clara actividad sindical en defensa de los derechos de los empleados judiciales que prestaron y prestan servicios bajo la dependencia de la magistrada denunciada. En efecto el motivo de la denuncia presentada fue de la
numerosa cantidad de denuncias recibidas por el SEJuN, respecto de situaciones de abuso y malos tratos sufridos por empleados judiciales afiliados al gremio. En esa impronta y siendo claro que la denuncia efectuad por el SEJuN fue en el marco de una actividad gremial cabe preguntarse si el hecho de que se le impongan las costas del proceso no configura una afectación a la libertad sindical. Como primera aproximación consideramos oportuno señalar que la afectación no necesariamente debe ser previa al ejercicio, sino que puede existir una afectación a la libertad sindical cuando de manera posterior a su ejercicio se imponen consecuencias gravosas e ilegítimas. En efecto la libertad como valor axiológico normativo esta constituida por la certeza permanente de que el ejercicio regular de las
acciones sindicales no acarrearan consecuencias nocivas para la organización y si ese estándar de conducta se afecta aún de manera posterior, existe afectación a la libertad sindical que se verá condicionada de manera ilegítima para futuras acciones. Por otra parte no resulta argüible en el caso concreto que la imposición de costas no resulta una afectación, dado que materialmente supone afrontar una fuerte suma de dinero con la consecuente afectación del patrimonio del SEJuN, no siendo legalmente exigible dicha contraprestación. Es en esa impronta que lo resuelto por el jurado de enjuiciamiento en relación a las costas resulta un verdadera e inconstitucional afectación al ejercicio regular de la libertad sindical, dado que de esta forma se sanciona al sindicato por una actividad legal en ejercicio de una mandato conferido. Esta circunstancia limita ilegítimamente la capacidad del
representación del SEJuN en relación a sus afiliados, dado que por un lado se le impone el pago de las costas, lo que como ya se dijo redundará en una perdida patrimonial de fondos que normalmente se afectaría a fines gremiales y por otra lado significa un elemento condicionante en relación a futuras situaciones de conflicto. 4.4.- VIOLACIÓN A LOS LIMITES DE LA COSA JUZGADA: Como una dimanación autónoma de la violación al debido proceso antes referida, corresponde señalar la violación a los límites subjetivos de la cosa juzgada. La misma puede ser definida como el atributo de inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de una sentencia definitiva consentida por las partes. En virtud del mencionado carácter la cosa juzgada como institución procesal tiene límites objetivos y subjetivos que no pueden alterarse mediante el pronunciamiento bajo pena de nulidad. Así entre los limites subjetivos encontramos que la extensión de la cosa juzgada no puede ir mas allá de aquellas personas que han sido parte en el proceso, en este sentido afirma Lino E. Palacio: “Como
principio de carácter general, la cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de partes en el proceso en el cual se dictó sentencia que adquirió aquella eficacia. Por lo tanto la cosa juzgada no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos al proceso (res inter alios judicata aliis neque prodesse neque nocere potest)” (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, T. V, p. 521, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1990). En sentido concordante ha dicho recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Si bien la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal, ajeno a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para conocer en un planteo de dicha naturaleza cuando la decisión impugnada extiende su valor formal más allá de límites razonables y omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, lo cual redunda en un evidente menoscabo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional.” (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay C. 1318. XLIII; RHE Carutti, Myriam Guadalupe s/Administración Nacional de la Seguridad Social 19/02/2008) Como expresamente lo estipula la Ley 1565 en su Art. 17 el denunciante no forma parte en el proceso de jurado de enjuiciamiento, por lo que malamente pueden extendérsele los efectos de la cosa juzgada de la sentencia que en dicho proceso recaiga. En este sentido ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Teniendo en cuenta la particular naturaleza, alcance y objetivos de la intervención de los organismos de fiscalización y control de los recursos de la seguridad social, en las contiendas judiciales, su situación no puede ser equiparada a la que usualmente revisten las partes, por lo que no resulta fundado predicar su condición de parte vencida en el juicio y aplicarles las costas.” (A.69.XXXIV.; Asociación de Trabajadores del Estado c/ Dirección General Impositiva. 29/08/2000T. 323, P. 2349 Mayoría: Nazareno, Moliné, Fayt, Belluscio, Petracchi, López, Bossert, Vázquez.) Así, en palabras de la Corte Suprema, la falta de condición de parte de una persona impide las imposición de las costas a su cargo, lo
que no ha sido tenido en cuenta por el jurado a lo hora de decidir su imposición. 5.- RESERVA DE QUEJA y CASO FEDERAL: Reservo y ratifico la violación de derechos constitucionales de mi mandante, por lo que expresamente dejo establecido para el caso de que el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Neuquén deniegue el recurso, el plantear queja por recurso mal denegado y el recurso extraordinario previsto en el Art. 14 de la Ley 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la violación al Art. 1, 14, 14 bis, y 28, 31 de la Constitución Nacional, el Art. 8 Inc., 2 apartado H del Pacto de San José de Costa Rica y el Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Arts. 1, 18, 24, 29, 42 y 63 de la Constitución Provincial 6.- PETITORIO: -Tenga por presentado el recurso de casación en tiempo y forma. -Se conceda el recurso incoado por las consideraciones expuestas. -Se eleven en su oportunidad las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, del cual solicito: -Haga lugar al recurso en todas sus partes. Proveerlo así, es acorde a derecho y justo.
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