Source: http://viaorganica.org/sentencia-de-suprema-corte-sobre-la-soya-transgenica-en-la-peninsula-de-yucatan-una-tutela-insuficiente-de-derechos-humanos/
Timestamp: 2018-01-17 14:56:48+00:00

Document:
Sentencia de Suprema Corte sobre la soya transgénica en la península de Yucatán: Una tutela insuficiente de derechos humanos - Vía Orgánica
Sentencia de Suprema Corte sobre la soya transgénica en la península de Yucatán: Una tutela insuficiente de derechos humanos
Por Blog DPLF, 16 de febrero de 2016
El 4 de noviembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución de suma trascendencia para el pueblo maya peninsular en México.
Se confirmó de manera definitiva la concesión de tres amparos presentados por comunidades y asociaciones de apicultores pertenecientes a dicho pueblo originario, en contra de un permiso otorgado por la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación) a la empresa transnacional de biotecnología y agroquímicos Monsanto, para la siembra, en fase comercial, de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada en 7 entidades del país, incluyendo las tres que integran la península de Yucatán.
En pocas palabras, la Corte consideró que se había violado, en perjuicio de los quejosos, el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Este derecho se encuentra protegido tanto en el artículo 2° de la Constitución Política, como en el 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). , y básicamente obliga a los Estados a garantizar la participación y recoger la opinión de los pueblos originarios en la determinación de aquellas políticas públicas, sean administrativas, legislativas o de cualquier otra índole, que sean susceptibles de afectarles cultural, económica, social, territorial y/o ambientalmente.
Dadas las condiciones en las que se encuentra nuestro maltrecho sistema de justicia, el hecho de que los amparos en revisión estaban siendo analizados por la Sala más conservadora de la Corte y la evidente parcialidad del gobierno federal, que prácticamente litigó de la mano de Monsanto (¡Hasta el Ministerio Público Federal impugnó a favor de la empresa!), la resolución en cita representa un triunfo importante para las apicultoras y apicultores mayas en una batalla legal y política que se antojaba, desde su inicio, muy desigual.
Sin embargo, los argumentos a partir de los cuáles resolvió la Segunda Sala distan de acercarse a los estándares más altos en materia de protección a los derechos humanos. De hecho, existen razones para afirmar que hay una tendencia regresiva por parte del principal tribunal del país en materia de derechos colectivos, fundamentalmente en relación a los derechos de los pueblos originarios. En el presente caso son básicamente dos las razones que sustentan la afirmación anterior:
1.- La ausencia de pronunciamiento en torno al argumento de la violación al derecho a un medio ambiente sano. A pesar de que esa fue la razón principal por la cual los Tribunales Colegiados de Campeche y Yucatán solicitaron a la SCJN la atracción de los casos[1], la Corte reconoce que en los juicios existían elementos probatorios[2] que acreditaban las posibles afectaciones ambientales, a la salud y económicas (contaminación de la miel) que podrían generarse con la siembra de soya transgénica en las comunidades indígenas aquejadas por el permiso[3].
Sin embargo, se limita a afirmar que dicho “impacto significativo” justifica la implementación de la consulta, pero no representa, por sí mismo, una violación a los derechos humanos, en este caso, al medioambiente sano. Así como se escucha. Se tiene que consultar a las comunidades mayas para que ellas decidan si aceptan o no una política que de antemano la misma Corte considera que podría causar efectos perniciosos a la salud y al medioambiente, entre otros.
El Máximo Tribunal del país hace mutis del principio precautorio[4], a pesar de reconocer los inminentes riesgos que la siembra de soya genera. La SCJN pasa por alto diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen el acceso y preservación de los recursos naturales como elemento esencial de los derechos culturales de los pueblos originarios (patrimonio biocultural).
Igualmente, omite, de paso, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[5], la que obligaban a realizar un análisis integral y no sesgado de la realidad y los derechos argumentados como violados.
Se intuye que las razones que llevaron a la Corte a dejar fuera de la discusión el tema del principio precautorio como un elemento fundamental para la defensa del medioambiente sano y de la salud, son más de carácter político que jurídico.
Efectivamente, de haberle entrado al análisis sobre la argumentada violación del principio precautorio, había una alta posibilidad de anular de manera definitiva el permiso, pues no existía en el expediente prueba alguna que demostrara la “inocuidad” de la soya transgénica. Por el contrario, sí muchas que acreditaban serios riesgos ambientales y a la salud para las comunidades afectadas.
Al someter la vigencia del permiso solamente al proceso de consulta indígena, la Corte deja abierta la puerta a Monsanto y a otras transnacionales de biotecnología para que sigan comercializando semillas transgénicas a sabiendas que dicho proceso de consulta será impulsado por el mismo gobierno federal que ha promovido y defendido la política agroindustrial de siembra de semillas genéticamente modificadas[6].
2.- La Segunda Sala niega que los representantes indígenas tengan interés legítimo para impugnar el permiso, es decir reconoce que existieron violaciones para las y los apicultores que reclamaron en lo individual (interés jurídico), pero que éstos no pueden erigirse como representantes de todas las comunidades mayas afectadas por el permiso impugnado, sino solamente de aquellas en las que habitan.
Lo anterior, significa particularizar derechos que sólo tiene sentido si se piensan en una lógica de colectividad. Al individualizar el derecho a la consulta, este se reduce a un mero trámite procedimental, desvinculándolo de otros derechos sin los cuales no se puede pensar en un ejercicio serio de participación de los pueblos originarios, como lo son la autonomía y autodeterminación.
En consecuencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte empieza a delinear lo que, muy probablemente, será la postura del máximo tribunal mexicano (o cuando menos de la segunda sala) en futuras discusiones que tengan que ver con reclamos de pueblos originarios que, a lo largo y ancho del país, se enfrentan a megaproyectos de toda índole que afectan su integridad cultural.
Quizá la frase de la sentencia en cuestión que mejor condensa esta apuesta del máximo tribunal por limitar la autodeterminación de los pueblos indígenas es la siguiente: lo anterior no significa que el Estado deba consultar a los pueblos y comunidades indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues se llegaría al absurdo de tener que consultarlos incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa.
Es decir a criterio de la Corte la determinación del grado de Impacto (y si éste es significativo) de una política pública que pudiera aquejar a un pueblo o comunidad indígena, queda al arbitrio del propio Estado y no de las consideraciones que, desde su propia lógica e identidad cultural haga el pueblo afectado.
En síntesis, si bien la resolución de la Suprema Corte deja sin efecto el permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya GM en las comunidades afectadas, queda corta frente a las necesidades planteadas y la urgencia de establecer criterios que hagan efectivo el derecho a un medioambiente sano, derecho que, además, adquiere un carácter esencial cuando se relaciona con el ejercicio de los derechos indígenas, dada la importancia cultural e histórica que para aquellos tienen su relación con la naturaleza.
Al negarse la Corte a realizar un análisis integral del caso, deja a las comunidades el peso en la definición de una política cuyos impactos van más allá de los pueblos originarios. Pero además, la historia reciente marca que en la actualidad no existen en el país condiciones mínimas para que un una consulta en materia indígena pueda efectuarse con garantías.
En ese sentido, más allá del necesario proceso de organización comunitaria y de la vigilancia ciudadana que se haga sobre este proceso, toca a la Segunda Sala verificar que su sentencia, aún con las limitaciones que conlleva, sea cumplida a partir de los más altos estándares en materia de derechos humanos.
[1] Tanto el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, como el Segundo Tribunal del centro Auxiliar de la Octava Región al solicitar a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción, argumentaron que la razón principal que justificaba dicha atracción era que en los amparos se veían involucrados …temas relativos no sólo a derechos humanos de una colectividad indígena, sino a los derechos humanos a un medio ambiente adecuado de todos sus destinatarios, contenido en el artículo 4 constitucional.
[2] Entre ellos los dictámenes de la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que desaconsejaron la siembre de soya OGM en los polígonos autorizados.
[3] Algunos de los riesgos derivados de la siembra de soya transgénica e identificados por la misma Corte en su sentencia son a) los posibles riesgos ambientales y sanitarios que se deriva de la utilización del herbicida glifosato; b) el potencial peligro de dispersión de las semillas genéticamente modificadas a zonas libres de transgénicos; c) la afectación al proceso de polinización de las abejas, entre otros
[4] El principio de precaución impone el deber a las autoridades de tomar las medidas necesarias, a fin de evitar un posible daño ambiental y a la salud, cuando no hay evidencias científicas suficientes, para asegurar que dicho daño no será producido. Tiene sustento, entre otras normas internacionales, en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo.
[5] “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
[6] Sobre el particular es preciso recordar que dos de los procesos de Consulta indígena más importantes efectuados en los últimos años en México, el del Acueducto Independencia en Sonora y el de los parques Eólicos en Oaxaca, han sido señalados de no cumplir con los mínimos estándares en la materia.
Para mayor información verhttps://observacionconsultayaqui.files.wordpress.com/2015/02/informe-yaquisweb.pdf yhttps://consultaindigenajuchitan.wordpress.com/
Respaldan 63 mil firmas a apicultores de Yucatán contra permisos a Monsanto
Confían ONG en que la Corte confirme amparos contra permisos a Monsanto
SCJN aplaza debate de 7 amparos contra siembra de soya transgénica
México. Están acabando con nuestra vida: denuncian pueblos mayas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
Saludable por siempre: guía para cambiar tus hábitos alimentarios en 18/01/2018 4:00 pm
Taller de Tintes Naturales: Rojos en 20/01/2018 10:00 am
Curso “Saludable por Siempre” en 23/01/2018 9:00 am
Herbolaria y medicina tradicional en 25/01/2018 4:00 pm
Diseño y Planificación de tu Huerto en Casa en 27/01/2018 10:00 am
Minkalab 2018 — Colombia en 02/02/2018
Mercado Rural Vía Orgánica en 04/02/2018
Atrapasueños y salud en 08/02/2018 4:00 pm
Germinación de Semillas para tu Huerto y Almácigos en 10/02/2018 10:00 am
Conferencia de Productores Orgánicos — Estados Unidos en 14/02/2018
alimentación - alimentación sana - América Latina - cambio climático - Dr. Mercola - El Poder del Consumidor - FAO - Mexico - Monsanto - recetas de cocina - salud - soya GM - UNAM
Archivo de Noticias Elegir mes enero 2018 diciembre 2017 noviembre 2017 octubre 2017 septiembre 2017 agosto 2017 julio 2017 junio 2017 mayo 2017 abril 2017 marzo 2017 febrero 2017 enero 2017 diciembre 2016 agosto 2016 julio 2016 junio 2016 mayo 2016 abril 2016 marzo 2016 febrero 2016 enero 2016 diciembre 2015 noviembre 2015 octubre 2015 septiembre 2015 agosto 2015 julio 2015 junio 2015 mayo 2015 abril 2015 marzo 2015 febrero 2015 enero 2015 diciembre 2014 noviembre 2014 octubre 2014 septiembre 2014 agosto 2014 julio 2014 junio 2014 mayo 2014 abril 2014 marzo 2014 febrero 2014 enero 2014 diciembre 2013 noviembre 2013 octubre 2013 septiembre 2013 agosto 2013 julio 2013 junio 2013 mayo 2013 abril 2013 marzo 2013 febrero 2013 enero 2013 diciembre 2012 noviembre 2012 octubre 2012 septiembre 2012 agosto 2012 julio 2012 junio 2012 mayo 2012 marzo 2012 febrero 2012 enero 2012 diciembre 2011 noviembre 2011 octubre 2011 septiembre 2011 agosto 2011 julio 2011 junio 2011 mayo 2011 abril 2011 marzo 2011 febrero 2011 enero 2011 diciembre 2010 noviembre 2010 octubre 2010 septiembre 2010 agosto 2010 julio 2010 junio 2010 mayo 2010 abril 2010 marzo 2010 febrero 2010 enero 2010 diciembre 2009 noviembre 2009 octubre 2009 septiembre 2009 agosto 2009 junio 2009 abril 2009 diciembre 2008

References: resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 15