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Timestamp: 2019-06-20 05:26:29+00:00

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Dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales relativo al Proyecto de Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:328 (IX Legislatura)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Dictamen emitido por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales relativo al Proyecto de Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.
Zaragoza, 18 de marzo de 2019.
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, a la vista del Informe emitido por la Ponencia que ha examinado el Proyecto de ley aludido, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de elevar a la Sra. Presidenta de las Cortes de Aragón el siguiente
Proyecto de Ley de derechos y garantías
Artículo 10. [Suprimido por la Ponencia.]
Artículo 14 bis. Atención temprana.
Artículo 18 bis. Pruebas de Acceso a la Universidad.
TÍTULO VI. DE LA CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO
Artículo 37 bis. Deporte adaptado.
Artículo 43. Espacios naturales.
Artículo 44. Instalaciones temporales de espectáculos públicos, actividades recreativas y en general de cualquier otra actividad de carácter cultural o social.
Artículo 61 bis. Medidas de promoción y protección.
Artículo 72 bis. Información.
Artículo 72 ter. Informe de impacto por razón de discapacidad.
Artículo 73 bis. Derecho de participación en la vida política y pública.
Artículo 74 bis. Transparencia de la iniciativa social.
TÍTULO XII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Artículo 81 bis. Afectación de las sanciones.
Disposición final primera bis. Referencia de género.
Esta Ley de los derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón obedece a la necesaria adecuación de la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada el 3 de diciembre de 2007 por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
La ley da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades para todas las personas, según sus capacidades, no sólo en el ámbito del empleo público, sino en todos los perfiles de ocupación, así como en la formación para el empleo.
Esta ley tiene en cuenta también los numerosos estudios sobre el impacto económico de la discapacidad y reconoce el gasto suplementario que supone en la mayoría de los casos; un gasto suplementario motivado por la compra de ayudas técnicas adaptaciones en el hogar, etc. y/o una merma de ingresos, debido al trabajo no remunerado de las familias o a que un miembro de la familia sea vea obligado a dejar el trabajo para atender las necesidades de la persona con discapacidad.
Esta ley reconoce que tanto el trabajo no remunerado como la renuncia al empleo para cuidar al familiar recaen fundamentalmente en las mujeres. Una desventaja económica que se traduce en una discriminación de la persona con discapacidad y sus familias, puesto que gozan de un nivel de vida (económico, laboral, de ocio, etc.) menor que el que tendrían en ausencia de la discapacidad.
Esta ley reconoce la escasa presencia que las personas con discapacidad han tenido hasta ahora en ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos. Y entiende que una mayor presencia en estos ámbitos es positiva.
De este modo, tras la ratificación por España de la citada Convención, se promulgó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha incidido especialmente en la modificación de la legislación antidiscriminatoria en materia de discapacidad y, asimismo, por mandato de la citada Ley se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que refunde y armoniza las normas estatales destinadas a la atención social y la no discriminación de las personas con discapacidad.
En nuestra Comunidad Autónoma, en ejercicio de la competencia sobre acción social se aprobó la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que regula los servicios para las personas con discapacidad en Aragón y estableció el marco básico de actuación de las políticas públicas aragonesas dirigidas a la población con discapacidad. Sin embargo, era necesaria la publicación de una norma que previera las acciones públicas dirigidas a las personas con discapacidad desde una perspectiva transversal, recogiendo medidas en el ámbito sanitario, de acuerdo con los artículos 71.52ª y 71.55ª del Estatuto de Autonomía, laboral (artículo 77.2ª), educativo (artículo 73) de servicios sociales, de cultura (artículo 71.43ª) y deporte (artículo 71.52ª) así como en lo referente a la accesibilidad urbanística, arquitectónica (artículo 71.9ª) del transporte (artículo 71.15ª) y la comunicación. (Artículo 74).
El título III recoge el mandato de velar por el derecho a una educación inclusiva y se prevén las medidas a adoptar por el sistema educativo público en relación con el alumnado con necesidades educativas especiales. En el ámbito universitario se recoge la obligación de elaborar datos estadísticos del alumnado con discapacidad, así como un Plan especial de accesibilidad para adaptar los entornos existentes físicos y de la comunicación.
En el título VII se obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a aprobar las condiciones de accesibilidad y no discriminación a los diferentes entornos físicos y de la información y comunicación, bienes, productos y servicios que permitan su uso por el mayor número de personas posible con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales y garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Concretamente, se hace mención a la posibilidad, en casos excepcionales, de ocupar espacios de dominio público para posibilitar el acceso a las edificaciones, y como novedad, entre otras, se obliga a regular las relaciones con las Administraciones Públicas de Aragón y el uso de perros de asistencia. Por otra parte, se regulan medidas de acción positiva respecto a los alojamientos y espacios accesibles en espectáculos públicos y las condiciones sobre su precio, y se concreta el derecho a las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, para acceder a los distintos servicios, prestaciones y demás beneficios regulado en esta ley, se deberán cumplir los requisitos específicos que en cada caso se establezcan por la normativa aplicable.
A efectos de esta Ley, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad ,se entiende por:
f bis) Discriminación por motivo de discapacidad: cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables.
i) Atención Integral: Los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a las personas con discapacidad para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva.
[Apartado j) suprimido por la Ponencia.]
k) Atención temprana: el conjunto de intervenciones en materia sanitaria, educativa y social, que tiene por objeto dar respuesta a las necesidades que presenta la población infantil menor de seis años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno, potenciando sus capacidades y mejorando su calidad de vida, considerando su globalidad.
n) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan y desarrollan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.
q) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad y sus familias.
s) Apoyos complementarios: es aquella condición básica de accesibilidad y no discriminación que incluye ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos, audífonos e implantes osteointegrados y cocleares, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.
u) Multidiscriminación. Cuando concurren además de la discapacidad otras causas que inciden en la existencia de mayor discriminación.
v) Comunicación: Incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
d) Prevenir situaciones de discapacidad y dependencia así como garantizar la calidad de vida, la autodeterminación y al vida independiente de las personas con discapacidad y de aquellas personas con riesgo de padecerlas.
n) Garantizar el respeto a la imagen de las personas con discapacidad, preservar su privacidad, la no utilización o reproducción de su imagen sin las garantías jurídicas adecuadas.
o) Prevenir la discriminación en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas de empleo, así como medidas que favorezcan la formación previa para la obtención del empleo de las personas con discapacidad.
p) Prevenir la discriminación en el acceso a la vivienda, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas de vivienda.
q) Promover el valor de la accesibilidad universal como factor de calidad de vida en la sociedad aragonesa.
r) Garantizar la igualdad de las personas con discapacidad sin que importe su lugar de residencia, dentro de Aragón.
s) Promover el respeto a la orientación e identidad sexual de las personas con discapacidad.
Las Administraciones públicas de Aragón, en el establecimiento de las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad (suprimidas 28 palabras), estarán obligadas a los siguientes principios de actuación:
l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
1. Las Administraciones Públicas Aragonesas tendrán especial sensibilidad y consideración respecto a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones a fin de asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos y libertades fundamentales.
2. Las políticas y programas de prevención y atención de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia contra la mujer recogerán medidas específicas dirigidas a las mujeres y niñas con discapacidad que serán acordes a su situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia, que comprenderán al menos las siguientes:
Artículo 10.— [Suprimido por la Ponencia.]
3. La Junta arbitral estará integrada como mínimo por una presidencia, una secretaría y dos vocales, incluyendo la participación de entidades del ámbito de la discapacidad. Las personas titulares de dichos cargos serán nombradas, por un período de cuatro años.
a) Asegurar la dotación de los medios, apoyos y recursos, así como realizar los ajustes razonables necesarios en los programas de salud pública y de atención sanitaria para tener en cuenta las necesidades individuales de las personas con discapacidad, ofreciendo en todo caso alternativas individualizadas para aquellos casos en que no pudieran implementarse los ajustes razonables.
e) Garantizar que la información y el consentimiento en el ámbito sanitario resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad de acuerdo con el principio del diseño universal, incluida la adaptación a la lectura fácil y comprensible y a la lengua de signos española. En caso necesario, se ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes a las personas con discapacidad que así lo requieran, pudiendo incluir si es necesario el uso de sistemas de comunicación táctiles y hápticos.
j) Salud bucodental, promoviendo un Plan especial destinado a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.
o) Desarrollar programas específicos de atención a la salud mental, incluyendo formación, información y acciones de sensibilización.
p) Mejorar el acceso y la participación de las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, con materiales adaptados dadas las dificultades de comunicación que presenta este colectivo y el limitado acceso a ayudas técnicas.
q) Incorporar un profesional único de referencia que sirva de vínculo entre los diversos profesionales sociosanitarios que atienden a la persona con discapacidad para mejorar la atención sanitaria y reducir la carga de cuidados soportada por la familia.
r) Garantizar el apoyo psicológico y la orientación a los padres de recién nacidos con riesgo o problemas de discapacidad sobre servicios de atención temprana y entidades de apoyo y defensa de las personas con discapacidad.
s) Garantizar la cobertura de las prestaciones ortoprotésicas incluidas en el catálogo nacional de prestaciones sanitarias, prescritas por los profesionales sanitarios, facilitando el acceso a las mismas de las personas con discapacidad mediante sistema de abono directo a los establecimientos dispensadores del precio final o importe máximo de facturación definitiva establecido para cada tipo de producto.
Art. 14 bis.— Atención temprana.
1. La población infantil menor de seis años con trastornos de desarrollo o que tengan el riesgo de padecerlos, debe disponer de todas las posibilidades de desarrollo, de una vida plena, de forma global y saludable, en condiciones que le permitan el máximo de autonomía posible, facilitando su participación activa en la familia y en la comunidad. Igualmente debe tener derecho a recibir los cuidados necesarios para [palabra suprimida por la ponencia] su atención integral y asegurar, de acuerdo a los recursos disponibles, la prestación de las atenciones que precisen tanto el menor como su familia, bajo los principios de descentralización, universalidad, gratuidad e igualdad de oportunidades.
2. El Gobierno de Aragón garantizará el derecho a la atención temprana a la población infantil menor de seis años, entendida como un conjunto de intervenciones en materia sanitaria, educativa y social, que tiene por objeto dar respuesta a las necesidades que presenta esta población infantil con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno, potenciando sus capacidades y mejorando su calidad de vida, considerando su globalidad.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón, garantizarán el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva permanente, gratuita y de calidad, bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, que les permita su pleno desarrollo personal, intelectual, social y emocional, tanto en los centros ordinarios como en los centros de educación especial, en todos los niveles educativos así como en la enseñanza a largo de la vida .Para ello podrá contar con el asesoramiento de las entidades del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias.
2. A tal fin el Departamento competente en materia educativa garantizará el acceso a la escolarización del alumnado con discapacidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tanto en los centros ordinarios como en centros de educación especial, en las mismas condiciones que los demás, asegurando su no discriminación y la igualdad efectiva desde una perspectiva inclusiva tanto en la enseñanza obligatoria y postobligatoria. se garantizará el acceso a los diversos servicios y actividades, tanto al alumnado con discapacidad como a la comunidad educativa, no pudiendo ser denegado su acceso cuando sea susceptible de ajustes razonables.
4. Se garantizará al alumnado con discapacidad que la respuesta educativa tenga en cuenta sus necesidades, sus oportunidades de aprender y sus opiniones, estableciéndose actuaciones de intervención educativa inclusiva que contemplen el derecho a participar en todos los procesos de enseñanza/aprendizaje que se desarrollen en los centros educativos o fuera de los mismos. A tales efectos, se dotará de los recursos humanos necesarios, y de los materiales precisos para hacer posible la inclusión, especialmente materiales con accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad.
5. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal y la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la escolarización de este alumnado en los centros de educación especial o unidades de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades educativas no puedan ser atendidas en el marco de las actuaciones de intervención educativa inclusiva que se desarrollan en los centros ordinario. Cualquier decisión de escolarización del alumnado con discapacidad se tomará de acuerdo con la familia o representantes legales, una vez informados éstos sobre las características y posibilidades de las distintas modalidades de escolarización y siempre teniendo en cuenta el interés del menor.
b) La dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de conseguir la plan inclusión. A tales efectos se tendrá en cuenta la perspectiva de género y del alumnado con mayores necesidades de apoyo.
c) La atención individualizada del alumnado se realizará con carácter general en los centros educativos. En el caso del alumnado cuyo estado de salud lo justifique, se determinarán los recursos necesarios en centros hospitalarios, en el domicilio u otros espacios que legalmente se consideren para dar la respuesta educativa más adecuada.
d) La coordinación entre los centros educativos ante situaciones de traslado del alumnado así como su colaboración para compartir experiencias, metodologías, conocimientos y materiales didácticos.
i) La adecuada información y orientación a las familias a lo largo del proceso educativo de sus hijas/os
k) La decisión de cambio de modalidad de un alumno o alumna con discapacidad será tomada entre los profesionales educativos y la familias, tras realizarse los informes psicopedagógicos necesarios, que tendrán carácter preceptivo.
m) La implantación en los centros de Formación Profesional y en los centros de enseñanzas de régimen especial de la figura de auxiliar de alumnos con necesidades especiales, similar a la existente en educación obligatoria y cuya labor sea facilitar que el alumnado con discapacidad pueda estudiar en igualdad de condiciones que los demás.
o) La formación inicial y permanente de todas las personas profesionales que participan en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
p) El fomento de itinerarios académicos, inclusivos y específicos, para favorecer la inclusión en el mundo laboral de las personas con discapacidad. Entre otras medidas se garantizará la participación de las personas con discapacidad en la formación profesional de carácter dual, a través de una reserva de plazas y la dotación de recursos humanos y materiales.
q) La realización de estudios e investigaciones sobre la inclusión académica y del grado de inclusión social en los segmentos de ocio, recreo, actividades extraescolares y grado de acoso o violencia en las aulas hacia las personas con discapacidad.
1. El departamento competente en materia de educación elaborará, en el plazo de doce meses tras la publicación de esta ley, una estrategia para la educación inclusiva en Aragón como instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas a conseguir la inclusión y normalización en el ámbito educativo. Dicha estrategia incluirá recursos humanos y financieros adecuados así como una calendarización de los objetivos y medidas de seguimiento. Para su elaboración se podrá contar con la colaboración de las entidades representativas de la discapacidad.
2. El departamento competente en materia de educación incluirá en sus estadísticas e indicadores de evaluación al alumnado con discapacidad, que permitan realizar el seguimiento y evaluación del grado de consecución de la inclusión del alumnado con discapacidad.
Las personas con discapacidad que, habiendo agotado el tiempo máximo de permanencia en el período de educación básica y obligatoria, no puedan continuar su formación dentro del sistema educativo recibirán junto a sus familiares orientación tanto sobre las distintas posibilidades de formación y de inserción sociolaboral, incluidas prácticas en empresas, por parte de los servicios de las distintas administraciones con competencias en los ámbitos social, educativo y laboral, como orientación de recursos formativos dentro de los programas de educación de adultos. Igualmente recibirán orientación en aspectos artísticos, creativos y deportivos a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Artículo 18 bis (nuevo).— Pruebas de Acceso a la Universidad.
A fin de garantizar la normalización e inclusión del alumnado con discapacidad asegurando su no discriminación e igualdad efectiva en las pruebas de acceso a la Universidad se adoptarán entre otras las siguientes medidas:
a) Contar con la correspondiente unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad, a través del cual se proporcionará la atención directa que requieran los alumnos y alumnas con discapacidad y se coordinarán los diferentes planes de accesibilidad, formación, voluntariado desarrollados a fin de atender las necesidades específicas de este alumnado.
b) Deberán disponer de diferentes estadísticas generales sobre el alumnado universitario con discapacidad en el que se incluirán datos sobre tipo y grado de discapacidad y apoyos personales que necesita.
c) Elaborarán un plan especial de accesibilidad con la finalidad de eliminar barreras físicas y de la información y la comunicación en los diferentes entornos universitarios tales como edificios, instalaciones y dependencias, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en la normativa de accesibilidad universal.
d) Realizarán las adaptaciones o ajustes razonables de las materias cuando, por sus necesidades específicas de apoyo educativo, un alumno o alumna así lo solicite, siempre que tales adaptaciones o ajustes no les impida alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos previstos para los estudios de que se trate. Para ello las universidades habilitarán el correspondiente procedimiento.
g) Garantizar la participación de estudiantes con discapacidad en los programas de movilidad estudiantil nacional e internacional que desarrollen.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el empleo, en la formación, cualificación y promoción profesionales y en las condiciones de trabajo y salud laborales y en las condiciones de seguridad. A tales efectos, llevarán a cabo políticas de formación profesional y empleo, y adoptarán medidas de acción positiva destinadas a impulsar su acceso y permanencia en el mercado laboral incluyendo, entre otras modalidades, el empleo por cuenta propia y mediante empresas cooperativas. Estas medidas tendrán en cuenta la situación específica de las mujeres.
1. El Instituto Aragonés de Empleo llevará a cabo directamente o a través de las entidades que prevea la ley las actuaciones sobre orientación y colocación de personas con discapacidad demandantes de empleo, para lo cual se prevé la posibilidad de realizar consultas y/o colaboraciones con las entidades representativas de las personas con discapacidad, con organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Aragón, y con los agentes económicos y sociales más representativos en Aragón.
1 bis (nuevo). Las actuaciones previstas en el apartado anterior se llevarán a cabo, además, de forma especializada, utilizando herramientas y recursos adaptados a las necesidades concretas del trabajador y al tipo de discapacidad que presenta, incluidos los itinerarios personalizados de inserción que se diseñen para ellas, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
— Acompañamiento en la búsqueda de empleo, a través de talleres entrevista, técnicas de búsqueda de empleo e información sobre el mercado de trabajo.
— Información sobre acciones formativas y preinscripción en cursos.
3. El departamento competente en materia de empleo impulsará las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento y la implantación de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad por parte de las empresas públicas y privadas y de conformidad con la legislación vigente.
4. Se realizarán campañas de información y sensibilización dirigidas a empresas y centros de trabajo al objeto de informar de las obligaciones legales en materia de contratación de personas con discapacidad, así como de las diferentes medidas de fomento para favorecer la incorporación al empleo de dichas personas y de las necesidades de estas en su puesto de trabajo.
5. Se potenciará la inserción laboral de las personas con discapacidad en el medio rural, con especial atención a las mujeres, favoreciendo su autonomía personal y facilitando de esta forma su permanencia en su entorno.
3. Se garantizará específicamente la colaboración con entidades de personas con discapacidad, para la realización de actividades formativas al objeto de posibilitar la plena integración de las personas con discapacidad, especialmente en habilidades prelaborales por parte de aquellas que tengan mayores necesidades de apoyo en la inserción laboral.
4. En los cursos de formación para el empleo organizados, o financiados, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se garantizarán los medios necesarios para la igualdad de oportunidades.
2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 8 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 2, de modo que progresivamente se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus entidades instrumentales.
La reserva del mínimo del 8 por ciento se realizará de manera que, al menos, el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
5. Entre estas adaptaciones, podrá autorizarse, previo informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y a solicitud de la persona interesada, el acceso de su asistente personal, para la atención de sus necesidades básicas durante la realización de las pruebas de acceso, que no podrán comportar la cumplimentación de cuestionarios o ejercicios escritos inherentes al proceso selectivo.
6. Superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean de carácter estructural, en cuanto afecten a las instalaciones, dependencias o equipamientos, como de carácter organizativo, en cuanto afecten a las pautas de trabajo o asignación de funciones como de comunicación, facilitando, si la persona con discapacidad lo necesita, durante el tiempo que sea necesario y dentro del periodo en que estén nombrados como funcionarios en prácticas, la presencia de un intérprete de lengua de signos española para acceder a las adaptaciones de carácter organizativo.
7. Tendrán preferencia en la elección de los puestos ofertados para su adjudicación en primer destino, las personas aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo cuenten con una discapacidad igual o superior al 65% o que tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de autonomía personal por motivos de discapacidad, o estén en riesgo de padecerla y estén siendo atendidos por los Servicios de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
8. El Instituto Aragonés de Administración Pública, en colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, elaborará una guía de buenas prácticas para el desarrollo y contenido de las pruebas de acceso, con el objetivo de garantizar la especialización de los órganos selectivos en materia de discapacidad en relación, entre otras materias, a los distintos tipos de discapacidad en las pruebas selectivas o recursos de accesibilidad.
3. En ambos aspectos se contará con el apoyo de las entidades más representativas del movimiento asociativo de la discapacidad de Aragón.
h) La atención a la diversidad de la población con discapacidad, teniendo en cuenta en particular las condiciones de edad, pluridiscapacidad, situación de dependencia, necesidad o exclusión social, origen étnico o extranjero, de estigma social, de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía o para la toma libre de decisiones, o la residencia en las zonas rurales.
i) La consideración preferente de los servicios de residencia, centros de día y viviendas tuteladas y cualesquiera otros dispositivos o recursos gestionados por las propias personas con discapacidad o por sus organizaciones representativas
o) La igualdad y no discriminación con especial atención a la discriminación múltiple.
q) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia por parte del Gobierno de Aragón para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, comprendiendo capacitación, asesoramiento incluido el financiero y servicios de cuidados temporales adecuados.
1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, conforme establece la Ley 5/2009 de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, desarrollará las prestaciones de servicios sociales recogidas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, así como aquellas otras prestaciones económicas complementarias destinadas a personas con discapacidad que pudieran establecerse para mejorar las mismas o atender situaciones de necesidad no cubiertas por éstas, pudiendo ser compatibles con las prestaciones de la seguridad social.
2. Específicamente, se apoyará la financiación de los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad y se establecerán protocolos específicos a estos fines.
4. Se impulsará la coordinación entre las diferentes instituciones, centros, equipos y profesionales, a través de protocolos que garanticen a las familias toda la información necesaria en cuanto a derechos y deberes de las personas con discapacidad, así como la formación sobre servicios, prestaciones y recursos de cara a conseguir la intervención más ajustada que responda a las necesidades de las personas con discapacidad independientemente de su zona de residencia.
3. Aquellas resoluciones de reconocimiento de la situación de discapacidad emitidas por entidades distintas de ámbito nacional o autonómico serán también plenamente validas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos contemplados por la legislación estatal.
1. El Gobierno de Aragón colaborará en la atención a las personas con discapacidad que se vean obligadas a ser privadas de libertad, como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo programas sociales que posibiliten a los juzgados y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas, garantizando procedimientos, servicios y entornos inclusivos y accesibles a estas personas.
El departamento competente en materia de servicios sociales en colaboración con el departamento de vivienda garantizará la prestación de un servicio de alojamiento y convivencia en viviendas ubicadas en entornos sociales y normalizados, tales como las viviendas tuteladas, de alojamiento de personas con y sin discapacidad o de otro tipo de apoyo a la vida independiente que tendrá por objetivo fomentar la autonomía personas de las personas con discapacidad, así como favorecer su inclusión social con los recursos que sean necesarios».
1. Las prestaciones de servicios sociales destinadas a menores de edad tendrán en cuenta la situación específica de los niños y niñas con discapacidad proporcionándoles los recursos y apoyos adecuados a sus necesidades personales, especialmente, el servicio de atención temprana. Para ello se tendrá en consideración las características de cada tipo de discapacidad.
De la cultura, turismo, deporte
3. Las Administraciones Públicas de Aragón fomentarán la accesibilidad universal a los espacios públicos y en su caso privados, en los que se realicen, actividades lúdicas y deportivas.
Artículo 37 bis (nuevo).— Deporte adaptado.
b) Recreativa: Se fomentará el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones deportivas de verano y el acceso gratuito en todas las instalaciones dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, para personas con discapacidad y un acompañante.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón establecerán los cauces normativos y las medidas de fomento y las ayudas adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio, culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada, fomentando planes integrales de ocio, cultura, turismo y deporte de las personas con discapacidad en Aragón.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón garantizarán el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida autónoma y participar plenamente en todos los ámbitos sociales a través de la adopción de medidas de accesibilidad universal . En el diseño para todas las personas se tendrá en cuenta las capacidades y funcionalidades en su diversidad.
3. Las administraciones públicas de Aragón, en el ámbito de sus competencias, exigirán el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal estableciendo los mecanismos de control administrativo adecuados para tal fin.
1. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titularidad privada pero destinados a un uso público, así como las edificaciones de uso público y privado deberán cumplir las condiciones de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que se regulen en la normativa aplicable, favoreciendo en la medida de lo posible el uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en espacios públicos urbanizados y edificaciones.
7. La aprobación o autorización de los proyectos de obras, infraestructuras o servicios promovidos o financiados por las administraciones públicas aragonesas, requerirán un informe previo de supervisión específico que acredite el cumplimiento de las condiciones exigibles de accesibilidad de acuerdo con la normativa aplicable.
1. Los transportes públicos [palabras suprimidas por la ponencia] cuya competencia corresponda a las administraciones autonómicas y local de Aragón habrán de cumplir las condiciones de accesibilidad en los términos y plazos establecidos en la normativa aplicable y deberán ser fácilmente identificables, favoreciendo en la medida de lo posible el uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en los medios de transporte público.
3. Las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, bienes que por sus peculiares características puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y en particular combustibles y carburantes, deberán contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad cuando así lo exija la normativa sectorial vigente.
4. La Administración velará por que el acceso y la utilización de los bienes y servicios a disposición del público en Aragón sean accesibles, también para las personas con movilidad reducida. A este fin se promoverán actuaciones para facilitar los servicios profesionales que se requieren para el asesoramiento, estudio y ajustes de las condiciones de accesibilidad.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la utilización de perros de asistencia teniendo en cuenta sus diferentes tipologías para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad o que padezcan una enfermedad, como la diabetes, la epilepsia u otras reconocidas reglamentariamente que requieran de este apoyo, garantizando que se permita su libre acceso, en la forma que se determine, todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno a dichas personas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las administraciones locales deberán aprobar, en las condiciones y plazos que se determinen en la normativa aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos, susceptibles de ajustes razonables, a las exigencias normativas de accesibilidad, que deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada cinco años. Estos planes se elaborarán mediante procesos de participación y dispondrán de descripción técnica específica de cada actuación, memoria económica y cronograma de actuación. Para ello se realizará un diagnóstico integral sobre accesibilidad en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta ley.
1. Los establecimientos de uso residencial público deberán disponer de alojamientos accesibles que reúnan las condiciones adecuadas para un uso preferente por personas con discapacidad y su familia/acompañante en el número y condiciones que se establezca reglamentariamente. Su ubicación no supondrá un trato discriminatorio para las personas con discapacidad y, si estos alojamientos se emplazaran sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
2. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como salones de actos, auditorios, cines u otros espectáculos públicos, dispondrán de plazas reservadas para el uso preferente de personas con discapacidad y su familia/acompañante en el número y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Su ubicación no supondrá un trato discriminatorio para las personas con discapacidad y, si se emplazan sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica. Estos espacios también contarán con ayudas técnicas y humanas para acceder a las tribunas, escenarios y demás localizaciones desde las que la persona con discapacidad pueda dirigirse al público.
1. En las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, y edificaciones de uso público, se reservará un porcentaje de plazas para los vehículos en los que se desplacen personas con discapacidad titulares de la tarjeta de estacionamiento, que será determinado reglamentariamente.
2. Los Ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro de trabajo o domicilio de las personas con discapacidad titulares de la tarjeta de estacionamiento. Mediante Ordenanza se regularán las condiciones y procedimiento de concesión de estas plazas. En su caso, la resolución negativa de la petición de reserva tendrá que ser debidamente motivada.
3. Se realizará la máxima difusión de la existencia de estas viviendas entre las personas con discapacidad, a través de la inserción en medios de comunicación, información a las entidades sociales y otras acciones que pudieran diseñarse.
1. Las obras y actuaciones que tengan como objetivo realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad en espacios comunes de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, o en el acceso o interior de las viviendas, para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, serán consideradas de manera preferente en cualquier convocatoria de ayudas públicas destinada a la rehabilitación de edificios o viviendas.
El departamento competente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones fomentará el uso accesible a las tecnologías de las personas con discapacidad para su utilización en condiciones de igualdad con el resto de la población, desde edades tempranas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará, coordinada con la autoridad judicial, las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de sus capacidades a través de entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro que desempeñen acciones de apoyo en esta materia de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, así como en el Código de Derecho Foral de Aragón en la redacción dada por el Decreto-Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, para las personas con vecindad civil aragonesa. La administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá establecer mecanismos de colaboración con entidades tutelares en el ejercicio de las funciones tutelares encomendadas judicialmente.
4. Asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, de manera que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida.
2. Toda decisión o medida tomada por la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario deberá ser aprobada por la autoridad judicial y en todo caso comunicada a la persona que ejerza la tutela legal, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo inmediato y en todo caso en un máximo de 24 horas.
Artículo 61 bis).— Medidas de promoción y protección.
1. Los poderes públicos velarán que los medios de comunicación social que desarrollen su actividad en Aragón reflejen una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad acorde con los fines y principios previstos en esta Ley y demás normativa que le sea de aplicación, evitando en todo momento una visión estereotipada de las personas con discapacidad.
2. Los medios de comunicación social gestionados directamente por el Gobierno de Aragón incluirán contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social y a la garantía de sus derechos.
3. La Corporación Aragonesa (CARTV) en el ejercicio de su función como servicio público, fomentara, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Reflejar de forma adecuada la presencia de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos
b) La utilización de un lenguaje no discriminatorio
c) Adoptar códigos de conducta tendentes a trasmitir el principio de igualdad y no discriminación
d) Colaborar en la difusión de las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades
Asimismo, dentro del contrato programa, se incluirán cláusulas que promuevan la contratación de trabajadores con discapacidad tanto en la propia CARTV como en las contratas.
4. Se fomentará que el conjunto de medios de comunicación, desarrollen un papel activo en la eliminación de cualquier tipo de discriminación y en el fomento de la corresponsabilidad y de la igualdad de género como un valor social.
5. El Consejo Aragonés de radiotelevisión elaborará anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad, así como las condiciones de accesibilidad universal en los medios de comunicación audiovisual sujetos a su ámbito de actuación.
A fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la información y la comunicación los poderes públicos garantizarán que los medios de comunicación audiovisual que desarrollen su actividad en Aragón cumplan las condiciones de accesibilidad universal a la comunicación audiovisual que se prevean por la normativa sectorial. Se fomentará el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que se regirá por su legislación específica.
y actuaciones públicas
3 bis. El Plan se elaborará, en base a los principios de diálogo civil, con la participación de las entidades más representativas de las personas con discapacidad y sus familias. Podrán también participar las organizaciones empresariales, sindicales y de personas consumidoras y usuarias más representativas y demás instituciones con implicaciones en la promoción y atención de las personas con discapacidad.
4 (Nuevo.) El Plan incluirá los criterios que definan su relación con otros instrumentos de planificación que puedan regir o estar previstos en la normativa sectorial correspondiente. Igualmente contará con los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan realizar el seguimiento y evaluación del grado de consecución de sus objetivos y resultados. A tales efectos se incluirán los resultados de su evaluación en una Memoria anual que se remitirá a las Cortes de Aragón.
Artículo 65 bis (nuevo).— Comisión interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad.
2. Esta Comisión interdepartamental quedará adscrita a la Consejería de Presidencia para garantizar la coordinación y seguimiento de la implementación de las políticas bajo el principio de acción positiva en materia de discapacidad así como transversalidad de la acción de gobierno en esta materia.
3. Entre sus funciones se establece:
1. El Plan de Acción Integral para mujeres con discapacidad de Aragón es el instrumento del Gobierno de Aragón para coordinar las políticas y medidas recogidas en esta ley dirigidas a solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones y garantizar sus derechos y plena ciudadanía. Será elaborado por el Instituto Aragonés de la Mujer, con carácter trasversal, y contará con dotación presupuestaria suficiente.
4. Asimismo el Plan de acción integral para las personas con discapacidad de Aragón incluirá estrategias de intervención orientadas a generar los cambios necesarios para que las mujeres con discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad a los hombres, a los derechos, bienes y recursos sociales que hagan posible el avance progresivo en la consecución de una mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida.
En los estudios y estadísticas que se lleven a cabo por la Administración autonómica se promoverá la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad desagregados por tipos y grados de discapacidad para permitir medir la efectividad de las medidas adoptadas para fomentar la igualdad de oportunidades de las mismas.
1. Los centros directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, establecerán ayudas públicas destinadas a financiar ajustes razonables en materia de accesibilidad universal .
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón arbitrará medidas de información, formación y de toma de conciencia social, dirigidas a toda la población, para garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Artículo 72 bis (nuevo).— Información.
Artículo 72 ter (nuevo).— Informe de impacto por razón de discapacidad.
Artículo 73 bis (nuevo).— Derecho de participación en la vida política y pública.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón y sus entes instrumentales impulsarán la colaboración con la iniciativa social, en el desarrollo de sus actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales, con especial consideración a aquellas que trabajan en el medio rural.
Artículo 74 bis (nuevo).— Transparencia de la iniciativa social.
Las empresas, asociaciones, fundaciones u otras entidades relacionadas con la discapacidad que reciban de forma directa o indirecta al menos un 40% del total de sus ingresos anuales en forma de partida presupuestaria, ayuda o subvención pública de cualquier Administración, y siempre que alcance un monto total de 25.000 euros, tendrán obligación de tener sus cuentas anuales, memoria, etc., de acceso público y publicadas en los canales de transparencia.
en materia de igualdad de oportunidades,
1 bis) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto en este Título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados
[Apartado 2 suprimido por la ponencia.]
a) Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros
2 No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, las infracciones por el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento serán sancionadas exclusivamente con la retirada de la tarjeta de aparcamiento del siguiente modo:
3. Para la determinación del importe la sanción pecuniaria se tendrá en cuenta que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa en términos económicos para la persona o personas infractoras que la cuantía de la sanción.
4. En el caso de que las infracciones tipificadas como leves sean cometidas por personas físicas, se establecerá la posibilidad de conmutar las sanciones por cursos de concienciación y trabajos en beneficio de la sociedad, en actividades relacionadas con el fomento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y la participación activa de las personas con discapacidad en el ámbito social, cultural, económico, laboral, político y deportivo.
En aquellos casos en los que se denuncien incumplimientos de las exigencias de accesibilidad a los servicios y/o en los espacios públicos urbanizados o edificaciones, por actuaciones promovidas a iniciativa pública, el departamento competente en materia de servicios sociales, podrá requerir formalmente a la Administración pública que incumpla, que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para reparar los incumplimientos, otorgándole un plazo a tal efecto.
Artículo 81 bis.— Afectación de las sanciones.
Las cantidades que pudiera ingresar la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia de sanciones pecuniarias previstas en el artículo 78, deberán afectarse a las políticas públicas tendentes a la consecución de los fines recogidos en el artículo 4 de esta Ley.
En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta ley se presentará un proyecto de ley que regule el uso de los perros de asistencia, los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de dicha condición, las diferentes tipologías, incluyendo entre otros los perros guía, de servicio, los perros de señalización de sonidos o los perros de aviso, así como el reconocimiento de las enfermedades que pueden requerir de este apoyo y la creación de un registro autonómico.
La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón se constituirá mediante convenio de colaboración entre el Ministerio competente y el Departamento de Presidencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 del Real Decreto 1417/2016, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Dicha constitución deberá producirse en un plazo máximo de tres meses a partir de la firma del citado convenio.
El Consejo de Gobierno aprobará los Planes previstos en los artículos 23, 65 y 66 en un máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
El uso de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera así como su aprendizaje se regirá por su legislación específica.
Se autoriza al Gobierno de Aragón a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley, en el plazo de un año los departamentos del Gobierno de Aragón afectados por esta ley desarrollarán reglamentariamente los aspectos de los que sean competentes.
Disposición final primera bis.— Referencia de género.
Todas las referencias contenidas en la presente Ley para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
al Proyecto de Ley de derechos y garantías
que los Grupos y Agrupaciones Parlamentarias
mantienen para su defensa en Pleno
— Enmienda núm. 28, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 37, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 38, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 46, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 66, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 89, del G.P. Popular.
Artículo 6 bis (nuevo):
— Enmienda núm. 97, del G.P. Popular.
Artículo 6 ter (nuevo):
— Enmienda núm. 98, del G.P. Popular.
Artículo 6 quater (nuevo):
— Enmienda núm. 99, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 122, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 123, del G.P. Podemos Aragón.
Artículo 14 ter (nuevo):
— Enmienda núm. 155, del G.P. Popular.
Artículo 16 bis (nuevo):
— Enmienda núm. 180, del G.P. Popular.
Artículo 16 ter (nuevo):
— Enmienda núm. 181, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 217, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 265, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 270, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 271, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 302, del G.P. Popular.
— Enmienda núm. 332, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
— Enmienda núm. 334, del G.P. Podemos Aragón.
Artículo 57 bis (nuevo):
— Enmienda núm. 336, del G.P. Podemos Aragón.
Artículo 72 bis (nuevo):
— Enmienda núm. 381, del G.P. Podemos Aragón.
Artículo 74 bis (nuevo):
— Enmienda núm. 383, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 390, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 409, del G.P. Podemos Aragón.
Disposición final primera sexies (nueva):
— Enmienda núm. 423, del G.P. Podemos Aragón.

References: artículo 150
 artículo 174

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 37

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 61

Artículo 72

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 81
 Real Decreto 
 artículo 2

Artículo 10

Artículo 18
 artículo 2

Artículo 37
 resolución 

Artículo 61

Artículo 65

Artículo 72

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74
 resolución 

Artículo 81
 artículo 78
 artículo 4
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 57

Artículo 72

Artículo 74