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Timestamp: 2017-12-15 00:39:37+00:00

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Política, política mexicana y política a la mexicana.: 03/01/2011 - 04/01/2011
La facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia
Los mexicanos idolatramos a nuestra Constitución Política y aunque parezca sacrilegio el uso de la palabra “idolatría” es el correcto, porque no es una devoción sincera ni respetuosa, al contrario, es tan poco el respeto que nos merece, que ya son cientos las reformas chatarra que le hemos endilgado, ahora ya ni siquiera es una constitución gordita y simpática, sino que es una obesa mórbida que no cesa de engullir nuevas e inútiles reformas mientras pierde músculos y fibra, dejando solo carnes fofas y flácidas, y por increíble que parezca mientras peor se pone y peor se ve, ocurre que le surgen nuevos enamorados -que en público le juran amor eterno- pero que la denigran y la mancillan en lo oscurito.
Otra vez, a la pobrecita le "echaron montón" panistas, priistas, perredistas y toda esa gleba de senadores y diputados que padecemos, otra vez la están haciendo engullir su enésima reforma constitucional (un rollo de más de 1500 palabras). La coartada criminal que esgrimen nuestros solones criollos consiste en que, según ellos, es "La reforma más trascendental en materia de derechos humanos" desde que los mexicanos existimos en este planeta, en primer lugar -dicen sin soltar la carcajada- que los derechos humanos ya no son para los “individuos” sino para las “personas” y en los términos del artículo 33 ya no se expulsarán a los “extranjeros” sino a las "personas de origen extranjero”.
Las reformas reconocen el derecho al asilo y al refugio y dan una lección de kinder en la materia, aunque nadie sabe ni como ni a quién se concederán dichos derechos; El artículo 18 dedica palabras vagas a los reos; El artículo 29 es otra lección escolar sobre la suspensión de garantías; La fracción X del artículo 89 “eleva al rango constitucional” los principios mexicanos de las relaciones internacionales -que son simple demagogia- y el artículo 105 le da facultades a la CNDH para que interponga controversias constitucionales en los casos relacionados con “derechos humanos”.
Como cualquiera puede apreciar hasta este punto, la reforma es otro “parto de los montes” mucho ruido y muy, muy pocas nueces, la reforma es redundante o cuando mucho filosófica en el peor sentido y por lo que respecta a la CNDH, el artículo 102 no le agrega nada nuevo en materia de coacción, sigue sin que sus resoluciones sean vinculatorias y sigue tan desdentada y chimuela como el día en que nació, salvo que ahora la reforma dice que puede presentar denuncias ante la PGR como si antes no pudiera ¿A poco el inútil procurador y sus visitadores no podían presentar denuncias penales? ¡Claro que podían!
¿Pero entonces para qué este bodrio infame? ¿Por qué tanta palabrería de los senadores y de los diputados? ¿Porqué tanta premura en una reforma tan irrelevante, fatua y banal? ¿Y porqué todos los partidos tan felices y tan agarraditos de las manos al momento de votarla? Aquí es obvio que hay gato encerrado, simplemente las "hermanitas de la caridad" en realidad quieren acuchillar a una institución democrática que les estorba en sus planes depredatorios, y es que la víctima de toda esta maquinación criminal es el ahora segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que es el receptáculo de uno de los dispositivos constitucionales vinculados a la lucha por el ideal democrático del siempre, y todavía hoy con más claridad, traicionado Francisco I Madero.
Los autores de la Constitución de 1917, fueron dos eximios abogados maderistas, Don José Natividad Macias y Don Luis Manuel Rojas, este último incluso fungió como el presidente del congreso constituyente, a ellos se les encargó que la redactaran de punta a punta según las recomendaciones que Venustiano Carranza les indicó, pero ellos decidieron incluir un candado democrático a esa constitución naciente, candado no para impedir el disfrute de algún derecho legítimo -como ahora acostumbran nuestros tartufos políticos- sino candado para garantizarla aún en medio de la vorágine criminal en que vivía México, lo maquinaron para que la Democracia tuviera herramientas jurídicas para defenderse y que en alianza con la Suprema Corte tuviera la oportunidad de -algún día- imponerse al servicio del pueblo.
El problema era complejo, pues la solución debería ser discreta y efectiva, ya que en caso de que fuera llamativa más de algún congresista querría sacarla del texto constitucional bajo el viejo principio antidemocrático mexicano de que "no estamos preparados para la democracia", por otra parte debería otorgarse a un poder que no fuera el ejecutivo pues era este el principal violador de derechos humanos y electorales. Por otra parte, el recurso debería tener dos cualidades, la primera que cualquier ciudadano la pudiera solicitar y la segunda que las resoluciones estuvieran dotadas de la mayor trascendencia y difusión posible, de manera que dejara una huella marcada dentro de la historia cada vez que se utilizara, por último la naturaleza de los derechos a proteger deberían ser políticos, electorales al tiempo que se equiparaban estos derechos, por su naturaleza, a los derechos humanos.
La solución que idearon la plasmaron en el muy discreto párrafo tercero del artículo 97 constitucional, que aparentemente solo contiene disposiciones para el control administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -por lo que pasó desapercibido y fue aprobado sin discusión- aquí el texto del mencionado artículo en que subrayé la parte conducente:
El artículo cumplió con su finalidad: instituyó la facultad de investigación a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de violaciones y atrocidades a las garantías individuales, pero también en las violaciones al “voto público”, dejando la capacidad de excitar esas averiguaciones al Presidente a los gobernadores y a las cámaras de la Unión, pero también y sobre todo al criterio de la propia Suprema Corte de Justicia, por lo que culquier gobernado estaba legitimado a solicitar cualquier investigación a la corte y esta, en libre apreciación de los antecedentes que se le hicieran llegar o de los que tuviera conocimiento, tomaría su decisión.
Para diciembre del 1919, la corte fue puesta a prueba al investigar graves violaciones a los derechos humanos y al "voto público", cometidos por el gobernador de Guanajuato Lic. Agustín Alcocer, donde la Corte integró una comisión en la que participó, entre otros dos ministros, el Lic. Aquiles Elorduy, quien con el tiempo sería uno de los fundadores del Partido Acción Nacional. La comisión concluyó que tanto el gobernador como el congreso del estado cometieron graves violaciones al voto público en las elecciones verificadas en el estado, entonces Venustiano Carranza descubrió el enorme poder del artículo 97 constitucional pues ponía en riesgo a sus asociados, por lo que intentó derogarlo, pero afortunadamente su propuesta no prosperó y el artículo constitucional sobrevivió irónicamente al presidente Carranza, formalmente su creador y su primer detractor.
Durante el gobierno de Alvaro Obregón el presidente ejerció un dominio total del país por la vía de la persuasión criminal. Asesinó a cualquiera que pareciera ser su rival para la presidencia !chapoteaba en la sangre de Villa, y Zapata, cuando asesinó a Carranza! como presidente obligó a reformas constitucionales para reelegirse y atacó a la Suprema Corte de Justicia para que no fuera obstáculo a sus palnes dictatoriales, para ello intentó imponer una Corte con ministros peleles, pero parte del Senado se le opuso, algunos senadores se negaron a asistir para que no se lograra el Quórum y evitar que sesionara, logrando impedir se aprobaran las reformas obregonistas y los nombramientos, pero Obregón que tenía poca imaginación y compartía embutes, optó por amenazarlos de muerte para que asistieran, así hasta que se topó con el valiente senador Javier Field Jurado, por lo que al final "hombre de palabra" lo asesinó y entonces llamaron a su suplente y todo arreglado. A pesar de todo esto la Suprema Corte logró rehacerse, aunque no sin dificultades, y se sobrepuso a los instintos del tirano, que murió a consecuencia de los disparos de León Toral, cuando ya había sido reelecto.
En la era postrevolucionaria, debe citarse en primer termino la intervención de la Suprema Corte de Justicia en León Guanajuato, en 1946 para investigar las violaciones a los derechos humanos y al "voto público" cometidas con motivo del fraude electoral. En esa ocasión el Ejército ametralló a los ciudadanos que permanecían a las afueras del palacio municipal de León después de cometido el fraude -protestaban de manera pacífica- la noticia de la brutal masacre, donde más de trescientas personas pacíficas fueron asesinadas a mansalva, ocasionó una reacción de indignación nacional y un malestar inocultable, en ese entonces el demócrata Partido Acción Nacional solicitó a la corte que interviniera investigando violaciones a las Garantías individuales y la “voto público” mediante solicitud suscrita ni más ni menos que por Dn. Manuel Gómez Morín y Dn. Roberto Cosío y Cosío del Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul, lo mismo hizo la H. Barra Mexicana de abogados.
Adolfo Christlieb Ibarrola, siendo dirigente nacional del PAN interpuso ante la Corte denuncia tendiente a solicitar que se investigara el Fraude Electoral de Baja California en 1968, pero la corte se negó a hacerlo aduciendo nimiedades, en el fondo la avieza teoría de que la corte no debería actuar en la arena política o ser parte en el debate político nacional, prevaleció en esa época de ignominia !pero esto no le resta relevancia al dispositivo constitucional! Por otra parte y en plena actualidad, pero puntualmente a partir del 2009, un moderno y sutil fraude político substituyó al viejo y tosco fraude electoral, inspirado ahora en la kafkiana premisa de que "para que no haya ningún fraude electoral no debe haber ninguna elección" para 2009 los dirigentes de los partidos políticos se alinearon al nuevo fraude político auxiliados por reformas constitucionales y legales diseñadas a propósito, que -de hecho y de derecho- impiden a cualquier ciudadano competir democráticamente y en condiciones de igualdad dentro de los partido y todo esto irónicamente en nombre del "Ciudadano". Mediante este sofisma y millones de millones de pesos en publicidad, los dirigentes de los partidos y el Presidente de la República (sin conceder que sea una verdadera República) se transformaron en omnipotentes señores feudales de sus partidos, que son los únicos que postulan a los candidatos, que son los dueños del acceso a la Democracia y con ello se apropiaron de los inmensos recursos económicos y el enorme poder político que la Nación les otorga, utilizándolo para su propio y personal beneficio y claro de sus peores allegados.
¿Cómo se logra semejante engaño? En primer lugar evitando procesos democráticos internos verdaderos e incorporando sucedáneos antidemocráticos como "el dedazo", "la designación", "el pacto de caballeros", la "consulta" sin reglamentación legal y una amplia variedad de estratagemas, simulaciones y maquinaciones. El mismo PAN -otrora el único ejemplo democrático- sufrió la misma metamorfosis -llevado por la mano férrea de Felipe Calderón Hinojosa- para reducirlo a otro "partido-pandilla", como ya lo eran el PRI, el PRD, el Verde, el PT y Convergencia en que los militantes son lacayos que no piensan por sí mismos, que no tienen personalidad, que carecen de voluntad propia y en cuanto muestran algún signo de conciencia, son expulsados o agredidos irracionalmente pero de manera abrumante, para imponer un escarmiento ejemplar, de manera que los militantes deben asumir conductas cada vez más indignas, más sumisas y más serviles para poder acceder a la condición de "candidato designado" e ingresar a la casta dorada de los cómplices profesionales, mantenidos con senadurías, diputaciones, regidurías y todo tipo de prebendas, sinecuras, chambas e incluso uno que otro puesto de elección, que debiera ser consecuencia de procesos transparentes y democráticos, peor aún, la nueva generación de "militantes-lacayos-profesionales" son premiados por aparentar propósitos políticos que nunca tuvieron o por renunciar a tiempo si los tuvieran o por guardar silencio o por soportar cualquier inmundicia que se le arroje. Mayor grado de abyección y de cinismo ¡Imposible! Ni la Unión Soviética logró tales desviaciones humanas.
Las intervenciones de la Suprema Corte fueron capitales en el proceso de exhibición y extirpación del Fraude Electoral en México, esto a pesar de que la corte nunca tuvo facultades coactivas para reparar las violaciones descubiertas en el ejercicio de esa facultad investigadora, pero el prestigio y la enorme carga moral de que se revistieron los resultados de sus investigaciones, fueron vitales para el proceso democrático que estuvo vigente hasta antes del 2009 y gracias al cual los opositores en la provincia mexicana dejaron de ser asesinados a sangre fría, así el tercer párrafo del artículo 97 constitucional fue el único enemigo de los antidemócratas ya fueran estos Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado.
Felipe Calderón Hinojosa, se sumó a esta triste lista, pero no como autor de anacrónicos fraudes electorales, sino como coautor del moderno Fraude Político contra la Democracia, coautor con los dirigentes nacionales de todos los partidos políticos, de los senadores y diputados de todas las estirpes, en suma de toda la mafia antidemocrática mexicana e incluso por uno que otro "idiota útil" que de buena fe colabora con el actual sistema pandillerocrático.
En esta perspectiva histórica, la Suprema Corte asumió su responsabilidad y contribuyó a la Democracia dentro de la legalidad. Sin embargo el Presidente Felipe Calderón y los dirigentes de todos los partidos políticos desarrollaron el Fraude contra la Democracia -que es el peor de todos los fraudes posibles- pues minimiza a la Democracia, degradando y confundiendo al ciudadano común, que es sometido a una pedagogía infame, donde los valores son subvertidos y el concepto de democracia es trastocado, hasta crear a un pseudociudadano antidemócrata y listo para incorporarse a una sociedad pseudopolitizada, con pseudo partidos políticos, que carecen de democracia interna y que realmente son pandillas -aparentando una ideología que es un mero pretexto- y que son sostenidas con los recursos económicos del país y con la colaboración de todas las autoridades electas en previos procesos fraudulentos de origen, edificando toda una estructura viciada que incluye a los órganos públicos garantes del proceso electoral y donde el único eslabón suelto, el único es la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante este peligro, remoto si se quiere, pero latente, senadores de todos los partidos aprobaron la derogación de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la infamia fue respaldada de inmediato por todos los diputados de la Unión. Ansiosos de demostrar su servilidad infinita. Para engañar a la sociedad mexicana los autores de denominaron pomposamente a este engendro “Reforma de Derechos Humanos” y hundieron la derogación de la facultad expresada en el ahora segundo párrafo del artículo 97 en medio de un mar de estupideces, vulgares ocurrencias, es decir, la ocultaron tras una cortina de humo.
Como suele ocurrir en México, donde la simulación es la característica esencial de la conducta política oficial, el entuerto se ocultó en una estrategia falaz, pero aparentemente inobjetable, la de transferir la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un órgano especializado: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH por sus siglas- para degradar esa suprema función a un organismo menor, que no ha tenido la dignidad de ganarse ninguna distinción en materia alguna, y que no pasa de ser una comisión del montón, pero para asegurar su inocuidad, el proyecto antidemocrático aprobado por los sicarios del senado y de la Cámara de Diputados ¡se incluye prohibirle investigar cuestiones electorales! !que conveniente! !que anti-histórico! y para castrar a la CNDH tampoco se le conceden facultades vinculatorias ni coactivas, es decir ¡que se debe atener a su sola calidad moral! que por el momento es inferior, infinitamente inferior, a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si tomamos en cuenta su historial y el camino que lleva, nunca podrá compararse con ella.
Los enemigos jurados de la secuestrada democracia nonata mexicana, saben que en caso de que sobreviviera el artículo 97 constitucional (aún con la actual redacción), mas tarde o mas temprano la SCJN investigaría las practicas pandilleriles de las dirigencias de los partidos políticos y de su cómplice el poder público y esto, necesariamente culminaría con una condena de insuperable e incuestionable talla moral, que obligaría a todos los pillos coaligados: funcionarios públicos, electorales y dirigentes de partidos políticos a democratizarse !a jugar limpio! es decir a realizar convocatorias no amañadas y convenciones partidistas democráticas. Frente a este temor de la alianza PAN-PRI-PRD-PT-Verde-PANAL-Convergencia, se comprende porqué en unanimidad y armonía se amafiaron para destruir la facultad investigadora de la SCJN, derogando el segundo párrafo del artículo 97 constitucional y los hacen, precisamente este momento previo a las elecciones del 2012, que serán -sin ánimo pitoniso alguno- toda una marranada.
Las agresiones legislativas contra el artículo 97 párrafo tercero hoy segundo, provinieron primero del Presidente López Portillo, quien llegó a la presidencia sin contendiente electoral, en la reforma publicada en el DOF del 6 de diciembre de 1977, le quitó la frase “al voto público” era obvio que esta parte les resultaba a los conculcadores de la Democracia la mas lesiva, con la reforma creyeron darle viabilidad plena al fraude electoral -ya no sería investigado por la corte- y para complementar, la segunda agresión la llevó a la practica Miguel De la Madrid, que le agregó el adjetivo “graves” a las violaciones que se investigarían con lo cual se quiso limitar a la Suprema Corte. El presidente Ernesto Zedillo derogó el anterior segundo párrafo del artículo 97 constitucional, por lo que el párrafo tercero que contiene las facultades investigadoras se convirtió en el actual segundo párrafo.
Las enseñanzas de Diego Valdés
Opinión de Jorge Carpizo sobre la probable, entonces, reforma al artículo 97 constitucional.

References: artículo 33
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 89
 artículo 105
 artículo 102
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97