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Timestamp: 2018-03-17 04:01:24+00:00

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Consultas Consumo 2000 | Compras Transfronterizas Comunitarias
Compras Transfronterizas Comunitarias
1.- Los consumidores y las compras transfronterizas
3.- Tribunal competente
4.- Determinación de la ley aplicable
5.- Justicia gratuita
6.- Reconocimiento de la sentencia dictada en otro Estado miembro
7.- Contratos a distancia
La compras transfronterizas comunitarias son compras realizadas por consumidores desde su Estado de residencia a un profesional o empresa establecido en otro Estado miembro, y también son aquellas compras que realizan los consumidores cuando se desplazan a otro Estado de la Unión Europea.
Con el auge del mercado interior, aumenta el comercio y las relaciones de consumo entre agentes que residen en distintos Estados miembros, ya sea contratando a través de medios a distancia, ya sea por el desplazamiento de los ciudadanos europeos. Estas situaciones derivadas de la movilidad de personas, bienes y servicios, dan lugar a un aumento considerable de conflictos judiciales, que serán transfronterizos cuando el demandante y el demandado estén en distintos países.
Uno de los principales problemas que presentan las compras transfronterizas, deriva de las diferencias existentes entre las legislaciones internas de los distintos Estados miembros en materia de consumo, diferencias que pueden obstaculizar el buen funcionamiento del mercado interior y distorsionar la competencia.
El desconocimiento que tienen los consumidores de las normas que regulan los contratos de consumo en los Estados miembros, puede disuadirles para realizar compras en otro Estado miembro.
Al problema anterior se le suma la dificultad que tiene el consumidor europeo de acceder a los Tribunales, cuando los competentes no son los de su país.
Por tanto, en las transacciones transfronterizas, al consumidor se le presentan determinados problemas que agravan su posición de inferioridad y desequilibrio en las relaciones contractuales, y que son los siguientes:
1.- Desconoce la ley que se aplicará al contrato que ha celebrado.
2.- Desconoce lo que dispone la ley aplicable cuando es una ley extranjera.
3.- Desconoce si los Tribunales competentes para conocer de su problema son los de su país o los de otro Estado.
4.- Tiene dificultades para ejercer sus derechos ante un Tribunal extranjero.
5.- No puede hacer frente al elevado coste que supone un litigio transfronterizo.
6.- Tiene dificultades para obtener el reconocimiento y la ejecución forzosa, en el extranjero o en el propio país de una sentencia dictada en Estado del consumidor o en un tercer Estado respectivamente.
Desde la Comunidad Europea se han arbitrado distintas medidas para asegurar a los consumidores europeos un efectivo acceso a la justicia a través de los Convenios, si bien los Convenios firmados se refieren sólo a supuestos de responsabilidad contractual.
El Convenio de Bruselas de 1968, estableció normas de competencia judicial internacional y mecanismos de reconocimiento de sentencias extranjeras.
Otros Convenios que incluyen normas dirigidas a facilitar el acceso a la justicia de los consumidores son: el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales; el Convenio de la Haya de 1965 relativo a la notificación en el extranjero de actos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial; y el Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial.
A partir del Tratado de Ámsterdam, desde la Comunidad se han ido dictando normas en materia civil y mercantil, tales como Reglamentos, Directivas, y Decisiones en contraposición con el Derecho originario contenido en los Tratados. Así, además de los Convenios suscritos habrá que tener en cuenta estas normas, lo que puede ocasionar conflictos.
Si hay armonización entre las legislaciones nacionales de cada Estado miembro , que generalmente se realiza a través de directivas, el consumidor europeo que celebra un contrato intracomunitario tiene garantizado un elevado nivel de protección .
Pero la directiva no es directamente aplicable en los ordenamientos de los Estados miembros, ya que éstos deben transponerla a su ordenamiento interno, pues sólo obliga en cuanto al resultado a alcanzar, dejando a los Estados la elección de los medios y la forma para conseguirlo. El margen de maniobra que tiene cada Estado puede producir distintas interpretaciones, ocasionando diferencias con los Convenios, con la propia Directiva, o entre las legislaciones nacionales.
En este tema conviene destacar las siguientes normas comunitarias: Reglamento nº 44/2001 de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; Directiva 2002/8 de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios; Reglamento 1348/2000 de 2000 relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil; Reglamento 1206/2001 de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil; así como el Anteproyecto de propuesta de Reglamento del Consejo de 2002 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales
Cuando un consumidor realiza una compra transfronteriza en un Estado miembro distinto del de su residencia habitual, para saber el Tribunal que será competente para conocer de los litigios que se originen, se acudirá a la normas del Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
En los contratos de consumo, con el fin de proteger a la parte más débil, se establece que el consumidor sólo puede ser demandado en el Estado donde esté domiciliado, aunque el consumidor puede presentar la demanda frente al empresario o profesional en los tribunales de su domicilio o en los tribunales del domicilio del empresario, a su elección.
El consumidor y el empresario sólo podrán acordar que el tribunal competente no sea el del domicilio del consumidor en determinados supuestos expresamente previstos. Por ejemplo, si el acuerdo de elección del tribunal se ha pactado después de que surja el litigio, o bien si en el momento de celebrar el contrato ambas partes tenía el mismo domicilio o residencia y el acuerdo atribuye la competencia a los tribunales de dicho Estado.
Esta competencia especial a favor de los tribunales del lugar donde el consumidor tiene su domicilio se aplica en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de una venta a plazos de mercaderías, o de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes.
b) En todos los demás casos, cuando el empresario o profesional ejerza sus actividades en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado o a varios Estados, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades
Sin embargo no se aplica al contrato de transporte, salvo que se trate de viajes combinados.
Si se inician varios procedimientos sobre el mismo asunto en Tribunales de varios Estados miembros, será competente el tribunal donde primero se inició el procedimiento, y el segundo tribunal deberá suspender el procedimiento.
Pero si de lo que se trata no es de entablar una reclamación civil, sino administrativa o una acción penal, sólo serán competentes los Tribunales del Estado donde se hayan producido los hechos.
Tras determinar cual es el tribunal competente para conocer del asunto, habrá que determinar la ley que se aplicará a la relación de consumo.
El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, recoge normas específicas para proteger a los consumidores, como parte más débil, limitando las posibilidades de elección de las partes de la ley aplicable al contrato, con el fin de evitar que el empresario elija una ley poco protectora para el consumidor.
Régimen especialmente protector para el consumidor
En principio, el contrato se regirá por la ley del país de residencia habitual del consumidor, salvo que las partes hayan elegido otra ley, pero siempre que esta ley sea más beneficiosa para el consumidor que la ley del país de su residencia habitual.
Ejemplo : Si un consumidor con residencia en España realiza un pedido desde su casa a un empresario francés a través de un catálogo, le será de aplicación la ley española, salvo si las partes han elegido aplicable al contrato otra ley más beneficiosa para el consumidor que la ley española.
Para aplicar este régimen especialmente protector deben darse determinados requisitos:
1.- Que se trate de un consumidor digno de especial protección
Esto tiene lugar cuando la oferta, publicidad y conclusión del contrato se produce en el país de residencia del consumidor, u otra circunstancia asimilada. Las tres situaciones que prevé el Convenio para que rija este régimen especial son las siguientes:
*Si la celebración del contrato hubiera sido precedida en el país de residencia del consumidor por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad y que el consumidor haya iniciado en ese mismo país los actos necesarios para la celebración del contrato.
* Si la empresa o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en el país de residencia del consumidor
* Si el contrato fuera de venta de mercancías, y el consumidor se hubiera desplazado a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad de incitar al consumidor a concluir una venta
2.- Según el tipo del contrato de consumo
Debe tratarse de contratos que tengan por objeto el suministro a un consumidor de bienes muebles corporales o de servicios, así como los contratos destinados a la financiación de tales suministros. El uso que realice el consumidor de tales bienes o servicios deberá ser ajeno a su actividad profesional.
El régimen especial no se aplica a los siguientes contratos de consumo:
Contrato de transporte, excepto los viajes combinados.
Contrato de suministro de servicios cuando éstos deban prestarse exclusivamente en un país distinto al de la residencia habitual del consumidor como por ejemplo los cursos de idiomas, o las prestaciones hoteleras.
Contratos cuyo objeto sean bienes inmuebles o inmateriales.
Contratos de financiación independiente (crédito al consumo).
Si se trata de un consumidor que no reúne los requisitos que establece la norma, o se trata de un contrato excluido en el Convenio, la ley aplicable al contrato será la ley elegida por las partes, y en defecto de pacto, la ley que presente los vínculos más estrechos con el contrato.
Ejemplo : Si un consumidor español se desplaza a Francia y realiza allí una compra a una empresa francesa, le será de aplicación la ley que hayan pactado las partes, y si no han acordado nada, se aplicará la ley francesa, que es la que presenta unos vínculos más estrechos con el contrato.
En principio, los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico están sujetos al régimen jurídico del Estado miembro donde está establecido el prestador de servicios, si bien al consumidor no se le puede privar de la protección que le confieren las normas del país donde reside.
Por tanto, salvo que las partes hayan elegido otra ley aplicable al contrato, se aplicará la ley del país donde el empresario o profesional tiene su establecimiento, que puede coincidir con el de la residencia habitual del consumidor, aunque la empresa pertenezca a otro Estado.
Ejemplo : Si un consumidor español contrata a través de Internet con una empresa francesa que tiene un establecimiento permanente en España, se aplicará la ley española.
La justicia gratuita se regula a nivel comunitario en la Directiva 2003/8 de 2003, dirigida a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil mediante el establecimiento de unas reglas mínimas comunes.
Los Estados miembros deben incorporar esta directiva a sus ordenamientos antes del 30 de noviembre de 2004, a excepción del asesoramiento previo a la interposición de la demanda que debe incorporarse no más tarde del 30 de mayo de 2006.
Se aplica a los litigios transfronterizos en los que estén implicados los Estados miembros, cuando quien solicita el beneficio de justicia gratuita, no reside en el Estado miembro donde va a celebrarse el juicio o donde se va a ejecutar la sentencia.
Si bien en las relaciones de consumo los tribunales competentes generalmente serán los del Estado donde el consumidor tenga su residencia habitual, y por tanto la justicia gratuita se regirá por lo dispuesto en dicho Estado, en otras ocasiones los tribunales competentes no son los del lugar de su domicilio, como puede ocurrir en el comercio electrónico, o cuando se pretende ejecutar en otro Estado miembro la sentencia dictada en el país donde tiene su residencia.
Quienes no tengan recursos suficientes para hacer valer sus derechos en un juicio, tendrán derecho a obtener el derecho a la justicia gratuita en el Estado miembro en el que se encuentre el tribunal. En algunos casos, también podrán obtener el beneficio de justicia gratuita los consumidores que prefieran optar por métodos alternativos de resolución de conflictos.
El Estado donde radique el Tribunal que conozca del asunto, será el que valore la situación económica del solicitante de la justicia gratuita, en base a la renta, patrimonio y situación familiar. Y podrá negarse cuando la acción judicial parezca manifiestamente infundada.
La cobertura mínima de la justicia gratuita incluirá : el asesoramiento previo a la demanda; la asistencia jurídica y la representación ante los Tribunales; y las costas procesales, incluidos los gastos derivados del carácter transfronterizo del litigio, tales como los servicios de interpretación, traducción de documentos, y gastos de desplazamiento de las personas que deban acudir al tribunal
Si el beneficiario de la justicia gratuita gana el pleito, también tendrá cubiertos los gastos originados para que la resolución se ejecute en el Estado donde esté el tribunal, o incluso en otro Estado miembro donde se solicite el reconocimiento o la ejecución.
Las solicitudes de justicia gratuita se pueden presentar, o bien en el Estado en el que el solicitante tenga su domicilio o residencia habitual, o bien en el Estado donde se halle el tribunal que va a conocer del asunto o en el que deba ejecutarse la resolución.
Las resoluciones civiles dictadas en un Estado miembro deben reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro. Si la sentencia tiene carácter administrativo o penal no tendrá eficacia más que en el territorio donde haya sido dictada, salvo lo que dispongan los Convenios. La eficacia de la sentencia civil fuera del país donde ha sido dictada se asegura a través del Reglamento 44/2001.
La ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembros es automática, si se cumplen unos determinados requisitos de tipo formal, pero sin que se pueda entrar a conocer sobre el fondo del asunto.
No obstante, las decisiones de un Estado miembro no serán reconocidas en otro Estado: si el reconocimiento fuera contrario al orden público; si se dictan en rebeldía del demandado; o bien si la resolución fuera incompatible con otra resolución dictada anteriormente.
La solicitud de reconocimiento y ejecución de resoluciones se presenta ante los tribunales o las autoridades competentes, y la competencia se determina por el domicilio de la parte contra la que se pide la ejecución o por el lugar de ejecución.
La forma de presentar la solicitud se adecuará a la ley del Estado miembro en el que se solicite la ejecución, y se deberá adjuntar una copia auténtica de la resolución que se pretende ejecutar así como una certificación expedida por el tribunal o autoridad que hubiera dictado la resolución.
Los documentos públicos formalizados en un Estado miembro tendrán fuerza ejecutiva en otro Estado miembro si se reconocen conforme al mismo procedimiento establecido para las resoluciones, y siempre que reúnan las condiciones necesarias de autenticidad en el Estado miembro de origen
Estos contratos se regulan a nivel comunitario en la Directiva 97/7 de 1997, cuya finalidad es aproximar las disposiciones de los Estados miembros de los contratos a distancia entre consumidores y proveedores, estableciendo unos mínimos protectores a partir de los cuales cada Estado podrá otorgar mayor protección a los consumidores.
El contrato a distancia regulado por la Directiva, es el contrato entre un proveedor y un consumidor sobre bienes o servicios, celebrado en el marco de un sistema organizado por el proveedor, que utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración del contrato.
Algunos contratos se excluyen de la aplicación de la Directiva. Son los relativos a los servicios financieros, los celebrados mediante distribuidores automáticos o locales comerciales automatizados, los celebrados con los operadores de telecomunicaciones, los relativos a los bienes inmuebles a excepción del arrendamiento, y los celebrados mediante subastas.
También hay otros contratos que se encuentran parcialmente excluidos de su ámbito, como son los contratos sobre bienes del hogar del consumo corriente, contratos de alojamiento, transporte, comidas o de esparcimiento concertados mediante reserva. A estos contratos no les son de aplicación gran parte de sus previsiones, y en concreto las relativas a la información mínima que ha de facilitarse al consumidor, el derecho de desistimiento y el plazo de ejecución de los pedidos.
Antes de celebrar el contrato, el consumidor deberá tener a su disposición la siguiente información : identidad del proveedor, y si el contrato requiere el pago por adelantado, su dirección; características esenciales del bien o del servicio; precio del bien o del servicio, incluidos los impuestos; gastos de entrega; modalidades de pago, entrega o ejecución; existencia de un derecho de resolución; coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica; plazo de validez de la oferta o del precio; y la duración mínima del contrato, en su caso.
Durante la ejecución del contrato, el consumidor deberá tener por escrito o en soporte duradero información relativa a : la identidad del proveedor, y si el contrato requiere el pago por adelantado, su dirección; características esenciales del bien o del servicio; precio del bien o del servicio, incluidos los impuestos; gastos de entrega; modalidades de pago, entrega o ejecución; existencia de un derecho de resolución y sus condiciones; dirección del proveedor donde el consumidor puede presentar sus reclamaciones; servicios postventa y garantías comerciales; y condiciones de rescisión del contrato si el contrato es de duración indeterminada o superior a un año.
El consumidor puede desistir libremente del contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos, con la consiguiente devolución de lo que entregó, para lo que dispone de un plazo de siete días laborales a partir de la recepción de los bienes o de la celebración del contrato, en caso de prestación de servicios. El único gasto que puede cobrarse al consumidor es el coste de la devolución de las mercancías
El proveedor deberá devolver al consumidor lo que pagó lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de treinta días.
El plazo para resolver el contrato se amplia a tres meses si el proveedor no cumplió con el deber información escrito o en soporte duradero antes señalado.
Si se ejercita el derecho de resolución, el contrato de crédito vinculado al bien o servicio también quedará resuelto sin penalización alguna.
Salvo que las partes hayan establecido otra cosa, el consumidor no podrá ejercer el derecho de resolución para los contratos:
- de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor, antes de finalizar el plazo de siete días laborables;
- de servicios de apuestas y lotería.
El proveedor deberá ejecutar el pedidoa más tardar en el plazo de treinta días desde que el consumidor le haya comunicado su pedido, salvo que las partes hayan pactado otro plazo.
Si el bien o el servicio no está disponible, el consumidor deberá ser informado de inmediato de ello para que recupere cuanto ante lo que pagó, que en cualquier caso se hará en un plazo de treinta días.
Pero si se hubiera previsto antes de celebrar el contrato tal posibilidad, se podrá acordar que el proveedor suministre al consumidor un bien o un servicio de calidad y precio equivalentes. Si el consumidor ejercita el derecho de resolución, los gastos de devolución correrán por cuenta del proveedor.
En el caso de que se produzca la utilización fraudulenta de la tarjeta de pago, el consumidor tiene derecho a solicitar la anulación del pago, y que la cantidad que pagó se le abone en cuenta o se le restituya.
La falta de respuesta por parte del consumidor a una determinada oferta comercial nunca puede considerarse como aceptación. En el supuesto de que se envíe algún producto o se preste algún servicio sin el consentimiento del consumidor se considerará como suministro no solicitado, y el proveedor no podrá exigirle que lo pague.

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