Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A362-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 00:05:05+00:00

Document:
A362-08
Auto 362/08
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del artículo 25 del decreto 2067 de 1991
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causales de impedimento
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia
Referencia: expediente RE-133
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto 3930 del 9 de octubre de 2008 “Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular de aquella que le concede el artículo 79 del Decreto 2067 de 1991, y
1.- Que el 10 de octubre de 2008 el señor Presidente de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto 3930 del 9 de octubre de 2008 “Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”, expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de las contenidas en el Decreto 3929 del 9 de octubre de 2008, que declaró el estado de conmoción interior.
2.- Que mediante oficio del 26 de noviembre de 2008, los señores Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, y Viceprocurador General de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, manifestaron estar impedidos para emitir el concepto de rigor por haber dado “opiniones públicas en relación con el decreto legislativo que declaró la conmoción interior”.
3.- Que el Procurador General asegura que, en oficio del 9 de octubre de 2008, solicitó al señor Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, “sean tomadas por el Gobierno Nacional las medidas de emergencia pertinentes acordes con las atribuciones que le otorga la Carta Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás normas concordantes”.
4.- Que, por su parte, el señor Viceprocurador General hace ver que su impedimento se produce por “haberse pronunciado en distintos medios de comunicación sobre la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno Nacional.”
5.- Que de conformidad con el artículos 25 del Decreto 2067 de 1991[1], aplicable por vía de jurisprudencia al Procurador y Viceprocurador General de la Nación, constituyen causal de impedimento para emitir el concepto correspondiente haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. Al respecto, la norma prescribe:
Art. 25. En los casos de objeciones del Gobierno a un proyecto de ley por inconstitucionalidad y en los de revisión de los decretos dictados en ejercicio de las facultades que otorgan los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Nacional, serán causales de impedimento y recusación: haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada; haber intervenido en su expedición; haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, o tener interés en la decisión.
6.- Que al tenor de la jurisprudencia constitucional, la finalidad del impedimento en materia jurisdiccional es la garantía del principio de transparencia y la realización del principio de imparcialidad en la resolución estatal de los conflictos jurídicos. En efecto, los impedimentos buscan evitar la injerencia de intereses de los servidores públicos en la toma de las decisiones encargadas por la ley, en defensa del debido proceso y de las garantías que lo integran.
Sobre dicho particular, la Sentencia T-445 de 1992 señaló:
“El debido proceso entendido como el conjunto de trámites y formas que rigen la instrucción y resolución de una causa, en cualesquiera de las jurisdicciones, es garantía para la debida protección y el reconocimiento de los derechos de las personas. Dentro de este entendido se ha previsto una serie de garantías de independencia y ecuanimidad para quienes tienen como misión la administración de justicia.
“Consciente el legislador de la naturaleza humana de quienes administran justicia y con el fin de que los jueces sean imparciales, ha establecido una gama de causales que, de existir, pueden restarle objetividad a la intervención del fallador. Para garantizar a los litigantes el adelantamiento imparcial de los procesos y permitirles a los jueces eximirse de intervenir en los juicios en donde no puedan tener absoluta imparcialidad, la ley faculta a aquéllos para que recusen a los jueces y a éstos para que se declaren impedidos.
“Recusación e impedimento son, pues, nociones que guardan íntima conexión y que buscan el mismo fin de asegurar la idoneidad de los juzgadores. En tratándose de la recusación, las partes manifiestan al Juez que, en virtud de las causales taxativamente determinadas por la ley, debe separarse del conocimiento del proceso. El impedimento por el contrario parte del Juez y va hacia los litigantes; es el Juez quien, también en atención a las causales de recusación, le dice a ellos que no puede aprehender el conocimiento del asunto.” (Sentencia T-445/92 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez)
7.- Que en el caso concreto, el impedimento presentado por el señor Procurador General de la Nación, consistente en haber solicitado al señor Ministro del Interior la adopción de medidas de emergencia necesarias para afrontar la crisis que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2008, implica reconocer la necesidad de utilizar los instrumentos constitucionales para conjurar la interrupción en el servicio de administración de justicia y admitir que el señor Procurador emitió concepto sobre la constitucionalidad de la necesidad del estado de conmoción interior. Así lo reconoció la Corte en auto del 3 de diciembre de esta anualidad.
8.- Que de conformidad con el principio de conexidad en materia de legislación de emergencia, los decretos que desarrollan el estado de excepción deben guardar relación temática con el decreto que declara perturbado el orden público, por lo que el impedimento aceptado respecto de la declaración del estado de conmoción interior supone también la imposibilidad jurídica de conceptuar sobre las decisiones adoptadas en el marco de dicha declaración.
9.- Que en relación con el caso puesto a consideración de la Corte, no es posible predicar la independencia de las medidas adoptadas en desarrollo de la conmoción interior frente a la declaración del estado de excepción, pues el impedimento presentado por el Procurador supone una pérdida de las condiciones necesarias para que el funcionario emita concepto constitucional frente al proceso respectivo.
10.- Que en el caso del impedimento presentado por el señor Viceprocurador General de la Nación, consistente en haber puesto en entredicho en los medios de comunicación la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno, la imposibilidad de emitir concepto en el proceso de la referencia resulta palpable, pues las declaraciones mediáticas a que hace referencia son evidencia del prejuzgamiento respecto de las normas objeto de control constitucional. Ello implica una pérdida evidente de imparcialidad respecto de las disposiciones puestas a su consideración.
11. - Que en vista de que los impedimentos del Procurador General y del Viceprocurador General de la Nación deben ser aceptados, esta Sala dispondrá el envío del expediente al despacho del señor Procurador para que, de conformidad con el artículo 7-33 del Decreto 262 de 2000, designe el funcionario encargado de emitir la vista fiscal.
PRIMERO.- ACEPTAR los impedimentos presentados por el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, y por el Viceprocurador General, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, para rendir concepto de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 3930 del 9 de octubre de 2008 “Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.
SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, REMÍTASE al despacho del señor Procurador General de la Nación el expediente de la referencia para que proceda a designar el funcionario encargado de rendir la vista fiscal, una vez se levanten los términos de este proceso, que fueron suspendidos mientras se adoptaba esta decisión.
TERCERO.- ADVERTIR a la Procuraduría General de la Nación que el levantamiento de los términos procesales hará correr el término para rendir el concepto fiscal, pero únicamente por el tiempo que restaba para completar el término inicial.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 362 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades en relación con que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso respecto del del Decreto 3930 del 9 de octubre de 2008 “Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.Las razones que justifican mi posición son las que paso a exponer a continuación:
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado los aceptó y correspondió a lo solicitado[2].
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[3], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
[1] Por el cual se regula el procedimiento de los juicios y actuaciones adelantadas ante la Corte Constitucional
[2] Cfr. Gaceta del Congreso de la República No. 406 del 4 de noviembre de 1999, págs. 15 y ss.
[3] Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y de nuevo codificado por el Acuerdo 05 de 1992. Posteriormente, adicionado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999, 01 de 2000 y 01 de 2001, que fueron insertados por la Relatoría en los artículos correspondientes del Acuerdo 05 de 1992, para su lectura y comprensión conjunta.

References: artículo 25
 artículo 79
 artículo 213
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 79