Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-04-06_ES.html
Timestamp: 2019-11-15 03:16:34+00:00

Document:
Textos aprobados - Jueves 6 de abril de 2017
Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes
Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado o exentos de esa obligación: Ucrania ***I
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes (2017/2646(RSP))
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia, en particular sus Resoluciones de 23 de octubre de 2012(1), de 13 de junio de 2013 sobre el Estado de Derecho en Rusia(2) y de 13 de marzo de 2014 sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3); su Recomendación de 2 de abril de 2014; sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(4); de 15 de enero de 2015, sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexei Navalny(5); de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(6); y de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia(7),
C. Considerando que el Gobierno ruso ha iniciado una investigación penal contra personas no identificadas que convocaron en internet una manifestación en Moscú el 2 de abril de 2017 para pedir la dimisión del primer ministro, Dmitry Medvedev, el fin de las operaciones militares rusas en Ucrania y Siria, la liberación de Navalny y el pago de una indemnización a los activistas detenidos durante una protesta en Moscú el 26 de marzo de 2017; y que el 2 de abril del mismo año al menos 31 personas fueron arrestadas durante las protestas de la oposición en Moscú y detenidas posteriormente por «quebrantamiento del orden público»;
(2) DO C 65 de 19.2.2016, p.150
(4) DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.
(5) DO C 300 de 18.8.2016, p. 2.
(6) DO C 316 de 30.8.2016, p. 126.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0446.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0087.
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la situación en Bielorrusia (2017/2647(RSP))
– Vistas las declaraciones del presidente de la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia de 27 de marzo de 2017, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 17 de marzo de 2017, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia de 14 y 28 de marzo de 2017, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 24 de marzo de 2017, del director de la OSCE/OIDDH de 17 y 26 de marzo de 2017, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 27 de marzo de 2017, y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) de 29 de marzo de 2017 en relación con los recientes arrestos de manifestantes pacíficos y detenciones ilegales en Bielorrusia,
D. Considerando que un numeroso grupo de defensores de los derechos humanos fueron detenidos mientras observaban las manifestaciones pacíficas; que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», a 27 de marzo de 2017, un total de 177 personas, debido a su participación en las protestas de 25 de marzo, habían sido objeto de resoluciones judiciales por infracciones administrativas, de las cuales 74 imponían una sanción de detención administrativa y 93 una sanción de multa; que, como medida preventiva, más de un centenar de opositores fueron detenidos antes de las protestas;
F. Considerando que Mikalay Statkevich, destacada figura de la oposición y ex candidato a la presidencia, que tenía previsto participar en la manifestación de Minsk, fue detenido y recluido en un centro de detención del KGB durante tres días, sin que se informara de su paradero; que también fueron detenidos Sergei Kulinich y Sergei Kuntsevich; que Uladzimir Nyaklyayev, famoso poeta bielorruso y candidato presidencial en 2010, también fue detenido ilegalmente antes de la manifestación de 25 de marzo de 2017 y, a consecuencia de ello, tuvo que ser hospitalizado debido al debilitamiento de su estado de salud; que Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka y Yuri Hubarevich, junto con otros activistas cívicos, fueron detenidos durante el mes de marzo del mismo año; que el 23 de marzo de 2017 Ales Lahvinets, vicepresidente del Movimiento para la Libertad, fue detenido en Minsk; que unos sesenta observadores de derechos humanos fueron detenidos con carácter preventivo;
H. Considerando que, según la Asociación Bielorrusa de Periodistas, se registraron 120 incidentes de violaciones de los derechos de los periodistas; que se dejó sin internet a todo el país y que se sancionó a periodistas por cubrir los acontecimientos o se les condenó a privación de libertad por vandalismo o por desobedecer órdenes policiales; que algunos de ellos siguen a la espera de juicio; que se han registrado más de 20 casos de hostigamiento de reporteros de Belsat TV desde el 12 de marzo de 2017, y que el 31 de marzo del mismo año la policía registró las oficinas de Belsat TV y confiscó y retiró algunos equipos;
K. Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital; que el 17 de marzo de 2017 se impuso la primera condena a muerte;
18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa, a las autoridades de Bielorrusia y a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
(1) DO L 50 de 28.2.2017, p. 81.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0236),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0150/2016),
– Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 2 de marzo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0274/2016),
2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;;
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania)
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2017/850.)
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (2017/2629(RSP))
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, titulada «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad» (COM(2016)0942),
– Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el Servicio Voluntario Europeo y el fomento del voluntariado en Europa(1),
– Vista su Resolución, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social(3),
– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil(5)
– Vista la Agenda Política para el Voluntariado en Europa (APVE) y el proyecto de Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios(7),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(8),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.o 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(9),
– Vista la pregunta a la Comisión sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (O-000020/2017 – B8-0210/2017) y O-000022/2017 – B8-0211/2017),
A. Considerando que los cimientos de la Unión Europea se asientan en ideas, valores y principios fundamentales acordados y suscritos por los Estados miembros;
B. Considerando que el principio de solidaridad de la Unión Europea es uno de sus principios fundamentales, basado en compartir las ventajas y también las cargas;
C. Considerando que el principio de solidaridad ha supuesto un impulso para el desarrollo del Servicio Voluntario Europeo (SVE), que, a lo largo de sus veinte años, ha dado unos resultados extraordinarios que no deben perderse;
D. Considerando que las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros deben apoyar con firmeza la participación cívica de los ciudadanos y reconocer que el voluntariado contribuye a reforzar el sentimiento de solidaridad y responsabilidad social, de compartir valores y experiencias de la ciudadanía común;
E. Considerando que la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad se basará en valores comunes de la Unión definidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que el objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser dar origen a un sentimiento de comunidad, solidaridad y responsabilidad social en Europa y aportar a la vez una experiencia de voluntariado, de trabajo, de formación o aprendizaje, plena de sentido y capacitadora;
F. Considerando que el voluntariado puede trazar caminos hacia el empleo y crear oportunidades de inclusión social;
G. Considerando que la mayoría de las iniciativas de voluntariado se desarrollan al margen de los programas de la Unión y que es necesario apoyarlas mediante un marco jurídico y de financiación favorable;
H. Considerando que el SVE es el marco de referencia actual para las actividades de voluntariado en la Unión, con veinte años de historia de eficacia demostrada, especialización y logros en términos de aprendizaje; que todos los nuevos programas de voluntariado a escala de la Unión deben complementar el SVE y otros programas de voluntariado de la Unión con buenos resultados, como la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, y partir de su experiencia;
I. Considerando que el Cuerpo Europeo de Solidaridad puede representar una oportunidad para los jóvenes que constituyen su grupo destinatario principal (en particular, los de comunidades marginadas y entornos socioeconómicos pobres) para aportar una contribución valiosa a la sociedad e incrementar la visibilidad del compromiso de la Unión y revitalizar el debate más general sobre el voluntariado en Europa y sus beneficios para la sociedad;
J. Considerando que la sociedad civil y las organizaciones juveniles desempeñan un importante papel como proveedores de experiencias de voluntariado de calidad locales, nacionales y transfronterizas; que es necesario a este respecto un apoyo constante en un entorno jurídico y de financiación favorable;
K. Considerando que más de 20 000 personas ya se han inscrito para el Cuerpo Europeo de Solidaridad desde el lanzamiento de la plataforma en línea de la Comisión en diciembre 2016;
L. Considerando que se ha instado a la Comisión a que presente una propuesta de marco jurídico claro y detallado que tenga en cuenta las recomendaciones siguientes del Parlamento Europeo;
1. Considera esencial una definición clara de la acción de solidaridad a escala de la Unión; pide a la Comisión que defina los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad y que haga sus acciones medibles y eficientes, teniendo en cuenta el importante impacto positivo de la acción de solidaridad para los participantes y para la comunidad; subraya que las definiciones consideradas necesarias para facilitar todo esto deben desarrollarse en estrecha cooperación con los Estados miembros y las organizaciones de partes interesadas pertinentes activas en el voluntariado, el servicio cívico y la acción juvenil y teniendo presentes los valores fundamentales de la Unión definidos en los Tratados y la Carta;
2. Subraya la necesidad de garantizar un acceso igual al Cuerpo Europeo de Solidaridad para todos los ciudadanos de la Unión; llama a promocionar más las posibilidades de participar en esta iniciativa, disponibles para personas con necesidades especiales o procedentes de entornos desfavorecidos;
3. Cree firmemente que, aunque el componente de aprendizaje, también el realizado a través de una experiencia de formación no formal e informal, y su impacto en cada voluntario, joven trabajador, en prácticas o aprendiz, son elementos importantes; el objetivo principal del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser conseguir un efecto positivo sobre los beneficiarios de los proyectos y acciones y sobre la comunidad en general, como expresión clara de solidaridad y responsabilidad social;
4. Opina, no obstante, que los puestos ofrecidos a través de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad ayudarán a los participantes a desarrollar sus capacidades vitales, responsabilidades, sentido de pertenencia y participación, a superar las diferencias de lengua, cultura, religión, creencia o situación económica, así como las ideas falsas y los prejuicios; cree que la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad también ayudará a promover una experiencia de ciudadanía activa y ayudará a sus participantes a adquirir una capacidad de análisis crítico de la realidad y de los problemas de la sociedad a los que se enfrenten; pide a la Comisión que integre la igualdad de género al poner en funcionamiento el Cuerpo Europeo de Solidaridad;
5. Destaca que la protección civil y la ayuda humanitaria no pueden depender de los jóvenes a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad; pide, en este sentido, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que garanticen una inversión continua en una protección civil y una ayuda humanitaria estructuradas;
La financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad
6. Manifiesta su enorme preocupación por las intenciones de la Comisión de poner en funcionamiento el Cuerpo Europeo de Solidaridad en su primera fase inicial incorporándolo a programas e iniciativas existentes y en particular a programas de educación y cultura como Erasmus+, Europa para los Ciudadanos, la Garantía Juvenil y el Programa para el Empleo y la Innovación Social, sin aclarar suficientemente qué recursos financieros y humanos concretos se le destinarán; recuerda que el Parlamento Europeo, como colegislador sobre programas de la Unión y autoridad presupuestaria, se opone a la reasignación de fondos procedentes de programas prioritarios y que a menudo faltan recursos suficientes para financiar medidas básicas y nuevas iniciativas políticas;
7. Pide a la Comisión que incluya en su futura propuesta legislativa sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad una descripción clara del régimen presupuestario que hará posible su funcionamiento eficaz; subraya que la financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe tener una repercusión negativa sobre programas existentes destinados a los jóvenes e iniciativas como los programas Europa para los Ciudadanos y Erasmus+, el Programa para el Empleo y la Innovación Social e iniciativas como la Garantía Juvenil, y que no debe perturbar el funcionamiento de instrumentos eficaces actuales como el SVE;
8. Pide a la Comisión que proporcione un mecanismo eficaz de supervisión y evaluación del Cuerpo Europeo de Solidaridad para garantizar su correcta implantación, la calidad de sus oportunidades y la sostenibilidad de sus resultados;
Integración del Cuerpo Europeo de Solidaridad en una estrategia más amplia de voluntariado
9. Propone que, para hacer que el Cuerpo Europeo de Solidaridad sea un éxito, la Comisión lo integre en una estrategia política más amplia destinada a crear un entorno que favorezca el voluntariado en Europa sin superponerse a otras iniciativas que ya funcionan eficazmente, como el SVE, sino más bien reforzándolas;
10. Subraya que la gran mayoría del voluntariado se realiza a escala local y atiende a necesidades locales, y que el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, por tanto, centrarse inicialmente en el voluntariado local más que en oportunidades transfronterizas que exigen movilidad internacional y que pueden excluir a personas de entornos desfavorecidos;
11. Insiste en que el Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe provocar ninguna carga administrativa adicional para las organizaciones o las personas participantes y debe trabajar lo más estrechamente posible con las posibilidades de voluntariado existentes y bien consolidadas que ya aportan las organizaciones de la sociedad civil;
12. Insta a la Comisión a que intente garantizar un equilibrio entre el gran número de inscripciones para el Cuerpo Europeo de Solidaridad en la plataforma en línea y el número de puestos de voluntariado disponibles, con el fin no crear frustración entre los jóvenes que se presenten al mismo;
13. Pide a la Comisión que integre el voluntariado en programas y fondos europeos, como los Fondos Estructurales, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el programa LIFE y los programas y fondos de la acción exterior de la Unión; subraya, en este sentido, la importancia de introducir un punto de contacto único para la coordinación de las políticas y programas de voluntariado de la Unión;
14. Propone que las instituciones educativas deban incluir en sus currículos formación en el campo del voluntariado centrada en acciones de solidaridad, con el fin de apoyar el funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
Distinción clara entre voluntariado y empleo y oportunidades de calidad para los jóvenes dentro de la parte ocupacional
15. Pide a la Comisión que, al poner en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, haga una distinción clara entre las actividades de voluntariado y los puestos de trabajo, para mantener las diferencias fundamentales entre el voluntariado y el trabajo, que consisten en poner la atención principalmente en las necesidades de los beneficiarios o en la formación y la evolución de las necesidades de los participantes, y para evitar toda sustitución de posibles empleos de calidad retribuidos; insiste, con este fin, en que las oportunidades de voluntariado no deben optar a financiación destinada específicamente a combatir el desempleo juvenil, como la Iniciativa de Empleo Juvenil;
16. Subraya que la parte de voluntariado debe ir sustentada por una comprensión clara de los principios de voluntariado de calidad, como los presentados en la Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios; destaca, además, que todo voluntariado debe siempre apoyar acciones de solidaridad sin ánimo de lucro, para satisfacer necesidades concretas de la comunidad;
17. Subraya que la parte ocupacional debe centrarse en la creación de empleos, períodos de prácticas y aprendizajes de calidad en iniciativas sociales y sin ánimo de lucro del sector de la solidaridad;
18. Subraya la importancia de proporcionar el apoyo administrativo y financiero adecuado a las organizaciones y organismos de acogida de ambas partes, y de asegurarse de que cuentan con los conocimientos y las capacidades necesarios para poder acoger de forma apropiada a los participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad;
19. Pide que las organizaciones de acogida se adhieran a una carta de calidad que contenga objetivos, principios y normas acordados, como los que figuran en la Carta Europea de Calidad de las Prácticas(10); anima a las organizaciones de acogida a que especifiquen por adelantado las capacidades y competencias que se adquirirán durante la experiencia; pide que se establezca la comparabilidad, el reconocimiento y la validación de las capacidades y competencias adquiridas durante la experiencia, tal como exige la Recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, de modo que contribuyan a la incorporación sostenible de los jóvenes al mercado de trabajo; destaca que unas normas claras ayudarán a supervisar el funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
20. Subraya la necesidad de proporcionar a los jóvenes voluntarios una compensación económica adecuada, y una retribución adecuada a los jóvenes trabajadores, así como un seguro sanitario, formación y tutoría; insiste en que hay que ocuparse de la supervisión de su carga de trabajo y su entorno, dadas las tareas específicas que tendrán que realizar para su puesto como voluntarios o trabajadores del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
21. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que unan las políticas de empleo juvenil a contratos de trabajo de calidad y sostenibles, con el fin de hacer frente a la precariedad y el subempleo;
22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen un enfoque basado en los derechos en los ámbitos de la juventud y el empleo; subraya que no debe comprometerse el aspecto cualitativo del trabajo para los jóvenes y que, en los esfuerzos realizados, deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo;
Coordinación entre servicios y consulta de las partes interesadas
23. Pide a la Comisión que coordine e integre adecuadamente el Cuerpo Europeo de Solidaridad con todos sus servicios y con todas las demás instituciones europeas y nacionales, de modo que se asegure su funcionamiento coherente y eficaz; propone que la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión sea la responsable de la coordinación y la integración del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
24. Recuerda a la Comisión que, antes de elaborar la propuesta legislativa, debe garantizar la creación de las condiciones apropiadas para la consulta conveniente con las partes interesadas esenciales, como son organizaciones juveniles, interlocutores sociales europeos, organizaciones de voluntariado, sindicatos y los Estados miembros; subraya que esas partes interesadas deben participar de forma regular en la ejecución y, en su caso, la supervisión de la iniciativa, para garantizar su correcta implantación, la calidad de los puestos que ofrezca y la sostenibilidad de sus resultados;
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0425.
(3) DO C 259 E de 29.10.2009, p. 9.
(4) DO C 224 de 21.6.2016, p. 19.
(5) DO C 440 de 30.12.2015, p. 67.
(8) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. (2016/3018(RSP))
– Vista la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) n.º 2016/1250 de 12 de julio de 2016 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.(7),
B. Considerando que, al examinar el nivel de protección que ofrece un tercer país, la Comisión está obligada a evaluar el contenido de las normas aplicables en ese país derivadas de su legislación nacional o de sus compromisos internacionales, así como las prácticas destinadas a garantizar el cumplimiento de dichas normas, dado que, con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, debe tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en una transferencia de datos personales a un tercer país; que esa evaluación no solo debe referirse a la legislación y las prácticas relacionadas con la protección de datos personales con fines comerciales y privados, sino que también debe contemplar todos los aspectos del marco aplicable a ese país o sector, y en particular el cumplimiento de la ley, la seguridad nacional y el respeto de los derechos fundamentales, pero sin limitarse a estos;
6. Observa que, en virtud del marco del Escudo de la privacidad, los ciudadanos de la Unión afectados por la transferencia de datos tendrán a su disposición varios medios para ejercer acciones judiciales en los EE. UU.: en primer lugar, las denuncias pueden presentarse bien directamente a la empresa o a través del Departamento de Comercio tras una remisión por parte de una autoridad de protección de datos, o bien a un organismo de resolución de litigios independiente, se podrá interponer una demanda civil ante un tribunal estadounidense, también podrá examinar reclamaciones similares el mediador independiente creado recientemente y, por último, las reclamaciones sobre injerencias en los derechos fundamentales con fines policiales y judiciales y de interés público se podrán tramitar mediante peticiones de impugnación de citaciones; anima a la Comisión y a las autoridades de protección de datos a que proporcionen orientaciones complementarias para mejorar el acceso a todas esas vías de recurso y su disponibilidad;
18. Observa con gran inquietud que el Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Consejo de Supervisión de la Privacidad y de las Libertades Civiles de los Estados Unidos, PCLOB) al que hace referencia el anexo VI (carta de Robert S. Litt, ODNI) como un organismo independiente establecido por ley con el cometido de analizar y examinar programas y políticas antiterroristas, incluido el uso de inteligencia de señales, a fin de velar por la adecuada protección de la privacidad y las libertades fundamentales, perdió el quorum el 7 de enero de 2017 y seguirá sin alcanzarlo hasta que el presidente de los EE. UU. nombre nuevos miembros del Consejo y el Senado de los EE. UU. los confirme; destaca que al no alcanzar el quorum, el PCLOB ve limitada su autoridad y no puede emprender determinadas acciones que requieren la aprobación del Consejo, como iniciar proyectos de supervisión o formular recomendaciones de supervisión, lo que merma considerablemente las garantías de observancia y supervisión expresadas por las autoridades de los EE. UU. en este ámbito;
19. Lamenta que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. no prohíba la recopilación de datos a gran escala con fines policiales y judiciales;
20. Hace hincapié en que, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que la Carta «debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con la finalidad de luchar contra la delincuencia, la conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica»; señala que la vigilancia masiva en EE. UU. no ofrece, por consiguiente, un nivel de protección de los datos y las comunicaciones personales esencialmente equivalente;
21. Expresa su alarma ante las recientes revelaciones sobre actividades de vigilancia llevadas a cabo a petición de la National Security Agency (NSA) y del FBI por un proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones electrónicas respecto de todos los mensajes electrónicos que llegaban a sus servidores, y ello en una fecha tan tardía como 2015, es decir, un año después de la adopción de la PPD 28 y durante las negociaciones sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.; insiste en que la Comisión trate de obtener una aclaración completa de las autoridades de los EE. UU. y ponga a disposición del Consejo, el Parlamento y las autoridades nacionales de protección de datos las respuestas proporcionadas; considera esto un motivo para dudar seriamente de las garantías presentadas por la ODNI; es consciente de que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. se basa exclusivamente en la PPD 28, adoptada por el presidente y que cada futuro presidente puede volver a derogar sin la aprobación del Congreso;
22. Observa con preocupación que, el 23 y el 28 de marzo de 2017 respectivamente, el Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. votaron a favor de rechazar la norma presentada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) relativa a la protección de la privacidad de los clientes de servicios de banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones, con lo que se eliminan en la práctica reglas de privacidad aplicables a la banda ancha que habrían obligado a los proveedores de servicios de internet a recabar el consentimiento expreso de los consumidores antes de vender a anunciantes y empresas privadas o compartir con ellos datos de la navegación en la red y otras informaciones privadas; considera que ello supone una amenaza más a las salvaguardas de la privacidad en los Estados Unidos;
23. Expresa gran preocupación ante la publicación de los «Procedimientos de acceso y difusión de información de inteligencia de señales en bruto de la Agencia de Seguridad Nacional, en la sección 2.3 de la Orden Ejecutiva 12333», aprobada por el Fiscal General el 3 de enero de 2017, lo que permite a la NSA compartir enormes cantidades de datos privados recabados sin orden judicial, resoluciones judiciales o autorización del Congreso, con otras 16 agencias, incluido el FBI, la Agencia Antidroga Norteamericana y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional; pide a la Comisión que evalúe de inmediato la compatibilidad de estas nuevas normas con los compromisos contraídos por las autoridades estadounidenses en el marco del Escudo de la privacidad, así como su repercusión en el nivel de protección de la protección de datos personales de los Estados Unidos;
24. Recuerda que los particulares, incluidos los sujetos de datos de la Unión, disponen de una serie de vías de recurso cuando han sido objeto de vigilancia (electrónica) ilegal para fines de seguridad nacional en los EE. UU., y que es igualmente claro que no están cubiertas al menos algunas de las bases jurídicas que pueden invocar los servicios de inteligencia estadounidenses (por ejemplo, la Orden Ejecutiva 12333); destaca asimismo que, aunque en principio los ciudadanos no estadounidenses disponen de posibilidades de recurso judicial, como en el caso de la vigilancia en virtud de la FISA, los motivos que pueden invocarse son limitados y las demandas interpuestas por personas físicas (incluidos los ciudadanos estadounidenses) se declararán improcedentes si no pueden demostrar su legitimación, lo que restringe el acceso a los tribunales ordinarios;
25. Pide a la Comisión que evalúe el impacto de la Orden Ejecutiva relativa al refuerzo de la protección de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, de 25 de enero de 2017, y en particular de su artículo 14 sobre la exclusión de los ciudadanos extranjeros de la protección de la Ley de Privacidad sobre la información personal identificable, que contradice las garantías escritas sobre la disponibilidad del mecanismo de recurso judicial para los particulares en caso de acceso a los datos por parte de las autoridades de los EE. UU.; pide a la Comisión que presente un análisis jurídico pormenorizado de las consecuencias de las medidas derivadas de la Orden Ejecutiva para las vías de recurso y el derecho a recurso judicial de los europeos en los EE. UU.;
26. Lamenta que ni los principios del Escudo de la privacidad ni las cartas del Gobierno de los Estados Unidos, en las que se ofrecen explicaciones y garantías, ponen de manifiesto la existencia de vías de recurso judicial efectivo para los ciudadanos de la Unión cuyos datos personales se transfieran a una organización estadounidense, de conformidad con los principios del Escudo de la privacidad, y a los que accedan y procesen las autoridades públicas estadounidenses, en cumplimiento de la legislación y por motivos de interés público, en los que hizo hincapié el Tribunal de Justicia en su sentencia del 6 de octubre de 2015, como la esencia del derecho fundamental en el artículo 47 de la Carta;
27. Recuerda su Resolución de 26 de mayo de 2016, en la que considera que el mecanismo de mediación creado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es lo bastante independiente y no está dotado de suficientes poderes efectivos para llevar a cabo sus funciones y proporcionar unas vías de recurso eficaces para los ciudadanos de la Unión; señala que, hasta la fecha, el Gobierno entrante de los EE. UU. no ha nombrado un nuevo mediador tras el fin del mandato de la subsecretaria de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, designada para esta función en julio de 2016; considera que, mientras no sea nombrado un mediador independiente y dotado de facultades suficientes, las garantías de los EE. UU. en cuanto a la disponibilidad de vías de recurso eficaces para los ciudadanos de la Unión serán nulas de pleno derecho; ; muestra su preocupación, sobre todo, por el hecho de que una persona afectada por un incumplimiento solo puede solicitar información y la eliminación de sus datos o que estos no se sigan procesando, pero no tiene derecho a una indemnización;
28. Observa con preocupación que, a 30 de marzo de 2017, la Comisión Federal de Comercio (FTC), responsable de la garantía del cumplimiento del Escudo de la privacidad, tenía vacantes tres de sus cinco puestos;
29. Lamenta que el procedimiento de adopción de una decisión de adecuación no contemple una consulta formal de las partes interesadas, como las empresas, en particular las organizaciones de representación de las pymes;
30. Lamenta que la Comisión iniciara el procedimiento para la adopción de la decisión de ejecución de la Comisión en términos prácticos que, de hecho, no han permitido al Parlamento ejercer su derecho de control sobre el proyecto de acto de ejecución de manera eficaz;
31. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el Escudo de la privacidad se adecúe plenamente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, aplicable a partir del 16 de mayo de 2018, y en la Carta;
32. Pide a la Comisión que garantice, en concreto, que los datos personales que se hayan transferido a los EE. UU. en el marco del Escudo de la privacidad únicamente puedan transferirse a otro tercer país si dicha transferencia resulta compatible con el finalidad para la que se recabaron los datos originalmente, y si en el tercer país son de aplicación las mismas normas de acceso selectivo y específico para la aplicación de la ley;
33. Pide a la Comisión que garantice que los datos personales que ya no sean necesarios para los fines para los que se recabaron originalmente sean eliminados, también por las fuerzas o cuerpos de seguridad;
34. Pide a la Comisión que vigile de cerca si el Escudo de la privacidad permite que las autoridades de protección de datos ejerzan plenamente todas sus competencias y, en caso de no hacerlo, que determine qué disposiciones obstaculizan el ejercicio de competencias de dichas autoridades;
35. Pide a la Comisión que, durante la primera revisión anual conjunta, lleve a cabo un examen profundo y pormenorizado de todas las lagunas y deficiencias mencionadas en la presente Resolución y en su Resolución de 26 de mayo de 2016 sobre los flujos de datos transatlánticos, así como las identificadas por el Grupo de Trabajo del artículo 29, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las partes interesadas, y demuestre la manera en que se han tenido en cuenta, con el fin de garantizar la conformidad con la Carta y con la legislación de la Unión; y que evalúe minuciosamente si los mecanismos y garantías indicadas en las garantías y aclaraciones presentadas por el Gobierno de los EE. UU. son efectivos y viables;
36. Pide a la Comisión que garantice que, para la realización de la revisión anual conjunta, todos los miembros del equipo tendrán acceso pleno e ilimitado a todos los documentos y locales necesarios para el ejercicio de sus funciones, también a elementos que posibiliten una evaluación adecuada de la necesidad y proporcionalidad de la recopilación y el acceso a los datos transferidos por las autoridades públicas, ya sea con fines de cumplimiento de la ley o de seguridad nacional;
37. Subraya que debe garantizarse la independencia en el desempeño de sus funciones a cualquier miembro del equipo de revisión conjunta, y que todos ellos deben tener derecho a expresar sus propias opiniones discrepantes en el informe final de la revisión conjunta, que se publicará y anexará al informe conjunto;
38. Pide a las autoridades de protección de datos de la Unión que lleven a cabo un seguimiento del funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y ejerzan sus facultades, incluida la suspensión o la prohibición definitiva de las transferencias de datos personales a una organización integrada dentro del Escudo de la privacidad UE-EE. UU., cuando consideren que los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de los datos personales de titulares de los datos de la Unión no están garantizados;
39. Hace hincapié en que el Parlamento Europeo debería tener pleno acceso a todos los documentos pertinentes relacionados con la revisión anual conjunta;
40. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, y al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos.
(7) DO L 207 de 1.8.2016, p. 1.
(8) DO C 257 de 15.7.2016, p. 8.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0233.

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 294
 artículo 77
 artículo 69
 artículo 294

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 14
 artículo 47
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución