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Timestamp: 2020-04-03 00:48:54+00:00

Document:
Núm. 26, enero-junio 2012
JOINT RESPONSIBILITY AS A CONSTITUTIONAL
PRINCIPLE IN VENEZUELA
Aurora Anzola Nieves*
RESUMEN: Esta investigación estudia el
principio de corresponsabilidad previsto en la
Constitución venezolana de 1999, a través de la
metodología cualitativa. Se presenta un marco
comprensivo de la Doctrina particular del Estado a través de perspectivas socio-históricas,
jurídicas y políticas que contribuyen a una incursión sobre el deber-ser de las acciones del
Estado en atención a las previsiones constitucionales venezolanas. Se realiza la interpretación de la Doctrina Particular del Estado, que se
refiere al estudio, comprensión y análisis desde
el punto de vista de la evolución histórica de un
Estado particular: Venezuela. La Constitución
venezolana de 1999 replantea la relación del
Estado con la sociedad en Venezuela, específicamente, en cuanto al papel de la sociedad civil
frente al principio constitucional de corresponsabilidad. La corresponsabilidad como uno de
los principios constitucionales que sustenta el
modelo de Estado y de sociedad en Venezuela, se entiende como el principio en donde el
Estado tiene unas funciones y responsabilidades que le son propias, y la sociedad civil tiene
unos derechos pero también obligaciones que
cumplir en los asuntos públicos, los cuales se
ejercen corresponsablemente.
Abstract: This investigation studies the principle of shared responsibility referred to in
the 1999 Venezuelan Constitution, through
qualitative methodology. It presents a comprehensive framework for the Doctrine of the
particular state through socio-historical perspectives, legal and political that contributes
to a raid on the must-be state action in attention to Venezuelan constitutional provisions.
It makes the interpretation of the particular
doctrine of the State, which refers to the study, understanding and analysis from the point
of view of historical evolution of a particular State, Venezuela. The Venezuelan Constitution of 1999 redefines the relationship
between the state and society in Venezuela,
specifically regarding the role of civil society
front the constitutional principle of shared responsibility. Joint responsibility as one of the
constitutional principles behind the model of
state and society in Venezuela, is understood
as the principle on which the state has some
functions and responsibilities that are proper
and civil society has rights but also obligations meet in public affairs, which are exercised jointly responsible.
Palabras clave: Constitución, principios constitucionales, corresponsabilidad.
Descriptors: Constitution, constitutional principles, joint responsibility.
Docente e Investigadora del Decanato de Administración y Contaduría en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto-Venezuela.
DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México,
Esta investigación tiene como punto de partida los planteamientos que
recoge la Constitución venezolana de 1999 (CRBV),1 en cuanto al principio de corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado venezolano.
La Constitución vigente en Venezuela señala, en ocasión del principio de
corresponsabilidad, nuevos roles, nuevas obligaciones, nuevos derechos y
herramientas a la sociedad civil venezolana que la lleva a involucrarse en
los asuntos públicos e impone al Estado el deber de garantizar, impulsar
y facilitar la concreción de los derechos de la sociedad civil y a la vez los
deberes y obligaciones de ésta en los asuntos públicos. Ello replantea, en
lo formal, la relación de la sociedad civil con el Estado y redimensiona la
tradicional dicotomía entre éstos.
La idea del derecho de la que parte esta investigación no se limita a un
conjunto de normas escritas por y para una sociedad dada, en este caso, la
sociedad venezolana. El derecho se considera un fenómeno social complejo
en el que interactúan los principios, los valores, las normas, y a partir de
esta idea del derecho se interpreta lo formalmente propuesto en la Constitución venezolana de 1999, así como las posiciones teórico-conceptuales.
En este sentido, se identifican los antecedentes de la actual concepción
del Estado venezolano a través de breves consideraciones sobre su origen
y transformación, y se analiza la redefinición del Estado venezolano constitucionalmente prevista y los principios constitucionales formalmente consagrados en la Constitución venezolana de 1999 (CRBV),2 concretamente,
en cuanto al principio de corresponsabilidad.
II. Origen y transformación del Estado
de derecho en Venezuela
El Estado venezolano —tanto en lo institucional como en lo jurídico—
nace bajo una concepción de Estado de derecho. De forma más reciente, la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Gaceta Oficial
5.453 del 24 de marzo de 2000. Segunda versión. Caracas, Venezuela.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), op. cit.
concepción que se le otorga en la vigente Constitución de 1999 (CRBV),3
es de Estado social y democrático de derecho y de justicia.
En la actual concepción de Estado se le reconocen derechos sociales básicos a la ciudadanía, tales como: salud, educación, vivienda, alimentación,
trabajo; en un marco regulatorio constitucional y legal que prevé los medios,
vías e instrumentos a través de los cuales pueden materializarse los mismos.
Inicialmente, estos derechos se reconocen en Constituciones anteriores a
la de 1999, cuando Venezuela comienza a transitar por el constitucionalismo moderno. Deriva de este nuevo constitucionalismo, tal como lo señala
Martínez4 “...la concreción de importantes modificaciones a la estructura
económica, social y jurídica, por lo que representa también instaurar y ejecutar mecanismos que protejan los derechos sociales”.
Actualmente al texto constitucional venezolano (CRBV) se le denomina
“Constitución Social”, pues consagra no sólo los derechos sociales —que
ya estaban garantizados y previstos en Constituciones anteriores, tales como
por ejemplo, la de 1947 y la de 1961— sino porque existe una marcada
tendencia a la garantía y defensa de estos derechos a los venezolanos en la
vigente Constitución (Escarrá,5 Pulido de Briceño).6
Ahora bien, ¿cómo se entiende la actual concepción de Estado que contempla la Constitución venezolana de 1999 (CRBV)? ¿Cómo se relaciona el
principio de corresponsabilidad con la concepción de Estado que presenta la
Constitución de 1999 (CRBV)? ¿Cómo contempla la Constitución vigente
(CRBV) el principio de corresponsabilidad? ¿Cómo se diferencia la propuesta
de la Constitución venezolana de 1999 (CRBV, 1999) de las propuestas de
las Constituciones anteriores, en cuanto al principio de corresponsabilidad?
A estas preguntas se les da respuesta en los puntos subsiguientes.
Ibidem, artículo 2o.
Martínez, Agustina Yadira, “Los derechos sociales en la nueva Constitución: sus
mecanismos de protección”, El nuevo derecho constitucional venezolanúm. Ponencias IV
Congreso Derecho Constitucional en homenaje al Dr. Humberto La Roche, Venezuela,
UCAB, 2001, pp. 351-364, especialmente p. 353.
Escarrá Malavé, Carlos, “Las transformaciones en los fundamentos de la democracia y el nuevo campo de fuerza y poder”, Seminario Nacional: Política Social ¿un nuevo
PARADIGMA?, Caracas, Fundación Escuela de Gerencia Social, 2004 en http://www.
gerenciasocial.org.ve/bsocial/bs_03/bs_03_pdf_doc/martes/panel_carlos_escarra.pdf.
Pulido de Briceño, Mercedes, “La Constitución de 1999 y los derechos sociales”,
en Maingon, Thais (coord.), La cuestión social en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Serie Temas de Docencia, Venezuela, Editorial Torino, 2000, pp. 15-28.
1. El Estado venezolano en la Constitución de 1999
La Constitución venezolana de 1999 (CRBV), la cual surge de un proceso constituyente que culminó el 15 de diciembre de 1999,7 incorpora por
primera vez en la historia constitucional venezolana lo referente al Estado
social.8 Se constituye Venezuela de manera expresa y formal como un Estado social de derecho y de justicia en los términos que señala el artículo
2 de la Constitución venezolana vigente (CRBV), el cual contempla que:
El proceso constituyente por el cual transitó Venezuela en 1999 y a través del cual
se aprobó la vigente Constitución (CRBV) se originó de cara a grandes expectativas
que los venezolanos tenían frente al agotamiento del modelo político presente en ese
momento. Para ampliar el debate y planteamientos que guardan relación con el proceso
constituyente venezolano de 1999, ver el tema en Brewer-Carías, Allan, Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Comentarios, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2000; Brewer-Carías, Allan, “Reflexiones críticas sobre la Constitución de Venezuela de 1999”, en Carbonell Sánchez, Miguel y Valdés, Diego, Constitucionalismo iberoamericano en el Siglo XXI, México, UNAM, 2000, en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=2089; Combellas, Ricardo, “El proceso constituyente y la Constitución
de 1999”, Revista Venezolana de Ciencia Política, Mérida, núm. 22, julio-diciembre de
2002. Centro de Investigaciones de Política Comparada. Postgrado de Ciencia Política.
ULA, pp. 9-30; Combellas, Ricardo, “La Constitución de 1999 y la Reforma Política.
Implicaciones para la gobernabilidad democrática”, Revista Venezolana de Ciencia Política, Mérida, núm. 22, julio-diciembre de 2002, Centro de Investigaciones de Política
Comparada. Postgrado de Ciencia Política. ULA. Combellas, Ricardo, Derecho constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución Bolivariana de Venezuela, Caracas, McGraw-Hill; Escarrá Malavé, Carlos, “Los mecanismos de participación ciudadana
como garantía de la soberanía popular en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela”, ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Derecho Electoral y
Procesos Democráticos de Participación, Universidad Católica Andrés Bello, 5 y 6 de
febrero de 2003, http://www.imca.org.ve/Dr_Carlos_Escarra.htm; Fernández Toro, Julio
César, “Los problemas constitucionales de la institucionalización democrática en Venezuela: 1972-2002”, Politeia, enero de 2003, vol. 26, núm. 30, pp. 114-142; Casal, Jesús
María y Chacón, Alma (coords.), El nuevo derecho constitucional venezolano, Caracas,
núm. 2001, UCAB; Istúriz, Aristóbulo, “Lo social en la nueva Constitución Bolivariana”,
en Maingon, Thais (coord.), La cuestión social en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Serie Temas de Docencia, Venezuela, Editorial Torino, núm. 2000, pp. 1-14; Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén, Cambio político y proceso constituyente
en Venezuela (1998-2000), Venezuela, Vadell Hermanos Editores, 2001, entre otros.
Ello no quiere decir que Venezuela con anterioridad no era —materialmente— un
Estado social. Desde 1947, la Constitución previó el carácter social del Estado venezolano pero sin proclamarlo de forma expresa. Autores como Combellas, Brewer Carías,
García Pelayo, Fernández T., entre otros, dan cuenta de esto en sus innumerables trabajos.
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
derechos humanos, la ética y el pluralismo político (CRBV).9
La Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999 (EMCRBV),10 en el título I, sobre los principios fundamentales, expresa: primero, respecto a la organización jurídico-política,
que la Nación venezolana adopta un Estado democrático social de derecho
y de justicia, así como los valores superiores del ordenamiento jurídico del
Estado, por cuanto, es éste quien debe propugnar el bienestar de los venezolanos “…creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y
espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los
ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad” (EMCRBV).11
Segundo, deja sentado el rol que debe asumir tanto la sociedad como el
Estado, puesto que, “…las personas y los grupos sociales han de empeñarse
en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de
tales fines” (EMCRBV).12
Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 (EMCRBV) dice que éste
…se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los
medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con el progreso
integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita
una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de
Justicia. Se corresponde esta definición con una serie de las principales motivaciones expresadas en el Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la
República para establecer una sociedad democrática. Ya no sólo es el Estado
el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículo 2, op. cit.
Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (EMCRBV). Gaceta Oficial 5.453, extraordinario del 24 de marzo de 2000. Segunda
versión, Caracas, Venezuela.
Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (EMCRBV), artículo 2, op. cit., p. 1.
la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los
principios democráticos y someterse a ellos (EMCRBV).13
En este sentido, la Constitución venezolana de 1999 (CRBV) presenta una
propuesta14 en la que se consagra la reestructuración del Estado venezolano
en todos sus ámbitos, como antes se refirió y plantea una nueva realidad en
lo jurídico-institucional, a partir de su consagración como Estado social de
La propuesta que trae la nueva Constitución (CRBV, 1999), tiene diferentes formas
de entenderse y hasta de justificarse. Ello en atención de la realidad política presente en
Venezuela y a la polarización política y social que existe. Están presentes dos visiones que
se contraponen y que les lleva a fijar posiciones antagónicas en cuanto a si la reestructuración del Estado venezolano a través de la Constitución de 1999 (CRBV, 1999) procura
o no la superación de la crisis político-social que le dio origen. La polarización política y
social no se tratará en este trabajo, por cuanto no constituye su objeto de estudio. No obstante, cabe señalar que existe una amplia gama de estudios, de investigaciones que tratan
—directa o indirectamente— sobre este aspecto. Entre otros están Boersner, “Venezuela:
polarización, abstención y elecciones”, Revista Nueva Sociedad, edición especial, marzo
de 2006; Combellas, R., “Representación versus participación en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Análisis de un falso dilema”, en Salamanca, Luis
y Viciano Pastor, Roberto (coords.). El sistema político en la Constitución Bolivariana
de Venezuela, Vadell Hermanos, 2004; Salas. 2004; Álvarez, A., “La reforma del Estado
antes y después de Chávez”, en Ellner y Hellinger, D. (eds.), La política venezolana en la
época de Chávez. Clases, polarización y conflicto, Caracas, Nueva Sociedad, 2003; García
G., “Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la
democracia”, Revista Espacio Abierto, vol. 12, núm. 1, marzo de 2003; Medina y López
Maya, Venezuela: confrontación social y polarización política, 2003; Arenas, N. y Gómez
Calcaño, L., El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a la Quinta República,
Caracas, CENDES. Temas para la discusión, serie arbitrada, 2003. En relación con las
posiciones que plasman puntos de vistas contrarios y son el reflejo de la polarización
que antes se señaló, estas visiones gozan del respaldo de estudiosos, de investigadores
en materia constitucional, de la ciencia política, de la sociología política, de la historia,
entre otras. Esta investigación se limita a mencionar – en general – ambas posiciones,
por cuanto dicha discusión va más allá del planteamiento, del objeto de estudio de este
trabajo. Entre los constitucionalistas patrios que han tenido y tienen una relación estrecha
con la promulgación y ejecución de la actual Constitución y que en general, recogen desde
sus perspectivas estos puntos de vista, se tienen a Escarrá, Brewer Carias, Combellas,
entre otros, a través de sus prolíficas obras e investigaciones. Finalmente, en cuanto a las
discusiones que se refieren a la contradicción o complementariedad de un Estado que se
proclama a la vez social, de derecho y de justicia, ver para ampliar este punto, Hernández,
“Estado social y ordenación constitucional del sistema económico venezolano”, en 2006.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20061/pr/pr14.pdf.
Esta configuración que expresamente se consagra en la Constitución de
1999 (CRBV), atiende a la tradición del constitucionalismo contemporáneo,
“tal como está expresado, por ejemplo, en la Constitución española (artículo
1), en la Constitución de Colombia (artículo 1), y en la Constitución de la
República Federal Alemana (artículo 20,1)”.15
La idea de Estado Social es la de un Estado con obligaciones sociales,
un Estado de procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la
actividad económica y social, como un Estado prestacional. En este sentido, el constituyente venezolano en 1999 al plantear el Estado venezolano
como social de derecho y de Justicia, atiende al contemporáneo constitucionalismo democrático. Para comprender este tipo de Estado, Combellas16
lo analiza a través de notas definitorias: la nota social, la nota jurídica y la
nota democrática.
En cuanto a la nota social, el Estado Social es “…antitético a las nociones
de Estado mínimo y Estado abstencionista, cónsonas con la rancia tradición
liberal… Los derechos sociales…son derechos fundamentales por los cuales
debe velar positivamente el Estado…”.17
En relación a la nota democrática, Venezuela al consagrarse como un
Estado democrático “por una parte, tiene como presupuesto y obligación el
coadyuvar al establecimiento de una sociedad democrática, y por la otra, abrir
su estructura burocrática a la participación ciudadana”.18 Ello en atención
de que este Estado se rige por el principio de la democracia participativa.
En lo atinente a la nota jurídica, la Constitución prevé un Estado de
derecho y de justicia, lo cual se considera casual, por cuanto ello implica
la subordinación y hasta la superación en la interpretación del derecho en
aras de alcanzar y concretar a la justicia. La Constitución venezolana de
1999 (CRBV, 1999) “pauta una serie de exigencias para que el derecho
esté al servicio de la justicia (véanse, de manera especial, los artículos 26,
27 y 257 CB)…”.19
El Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, entiende las notas definitorias del Estado social venezolano, tal como lo señala en sentencia de
2002, cuando expresa que:
Brewer-Carías, A., op. cit., p. 47.
Combellas, R., op. cit.
Combellas, R., op. cit., p. 36.
...sobre el concepto de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él
persigue la armonía entre las clases… A juicio de esta Sala, el Estado Social
debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en
estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de
Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve
nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor
trabajo y seguridad social, …sino que también tutela la salud, la vivienda, la
educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna
que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una
perspectiva esencialmente social… son elementos inherentes al Estado Social
de Derecho, la solidaridad social (artículos 2, 132 y 135 constitucionales) y
la responsabilidad social (artículos 2, 132, 135 y 299 constitucionales). De
las normas citadas se colige que el Estado Social no sólo crea obligaciones
y deberes al Estado, sino que a los particulares también…La corresponsabilidad también se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar (artículo 326 constitucional)… Luego, el
Estado Social de Derecho no sólo crea deberes y obligaciones para el Estado,
sino también en los particulares, los cuales —conforme a las normas transcritas— serán de mayor exigencia cuando el sector privado incide en áreas
socio-económicas (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional).20
La Constitución de 1999 (CRBV) propone un nuevo modelo de Estado,
por cuanto se establece como democrático y social de derecho y de justicia;
en donde, para Escarrá, lo fundamental es la Justicia, lo cual trae consigo una
serie de procesos complejos que “puede atravesar Nación alguna”, siendo
uno de ellos “…[El] proceso destinado a la reestructuración y reorganización, e incluso, en nuestro caso, a la refundación de las bases axiológicas,
políticas, sociales, económicas y culturales que configuran la noción de
nuestro Estado”.21 Afirma Escarrá22 que frente al conflicto histórico entre
ley y justicia, la justicia será la que prevalecerá.
En atención de lo que propugna la Constitución expresa Escarrá que
“…nuestra Nación posee como valores superiores a la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social,
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia núm. 85, del 24 de enero de 2002, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/85-240102-01-1274%20.htm.
Escarrá Malavé, C., op. cit., p. 2.
Escarrá Malavé, C., op. cit., pp. 2 y 3.
la ética, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos”.23
De donde, según este autor, la garantía y respeto de dichos postulados axiológicos, es una obligación irrenunciable de todos los órganos que integran
y ejercen el poder público en sus diferentes niveles de organización, la cual
comparten con la generalidad de las personas que habitan o residen en el
En atención a los planteamientos formales, doctrinales y jurisprudenciales, se interpreta que Venezuela se consagra formalmente en un Estado
democrático social de derecho y de justicia, en donde el Estado debe garantizar a la sociedad civil la realización efectiva y material de los derechos
fundamentales a través de la consagración de unos principios, tales como
el de progresividad de la ley, igualdad, subsidiaridad y corresponsabilidad,
entre otros. Asimismo, prevé herramientas a través de las cuales la sociedad civil puede plasmar dichos principios. Concretamente en el caso del
principio de la corresponsabilidad su materialización puede darse a través
La consagración contemplada en la Constitución venezolana de 1999 de
esta concepción de Estado, responde, como se señaló antes, a un proceso
general teórico de acumulación de modelos de Estado que acaece en los
textos constitucionales europeos y latinoamericanos en el siglo XX, puesto
que incorpora muy claramente elementos del Estado liberal, del social y
del democrático, de manera integrada y en donde la materialización de los
derechos y principios fundamentales de los cuales el Estado es el garante,
atienden al contexto político, social y jurídico, pero su cumplimiento no
es efectivo.24
2. Principios constitucionales en la Constitución de 1999
La Constitución venezolana de 1999, en el título I contempla a los principios constitucionales. A los efectos de esta investigación se considera
el principio de corresponsabilidad, el cual es uno de los tantos principios
Véase Ávila Hernández y Martínez de Correa, “Reflexión socio-jurídica sobre los
derechos fundamentales prestacionales en Venezuela. Caso: los derechos educativos”,
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. VII, núm. 1, enero-julio, pp. 123-144;
Brewer-Carías, A., op. cit.; Combellas, R., op. cit.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículo 4, op. cit.
rectores previsto en el artículo 4 de la carta magna vigente, y constituye un
principio constitucional novedoso.
Establece el artículo 4o.: “La República Bolivariana de Venezuela es un
Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (CRBV)”.25
Tal como se señaló antes, la Constitución de 1999 sigue la tradición que
predomina en el constitucionalismo contemporáneo al considerar los principios que consagra, en atención del momento histórico, político y social que
vive el país. Los principios están dispuestos en la Constitución venezolana
de 1999 de manera tal que la transversalizan.26
Combellas expresa que aunque puede ser paradójico este texto constitucional es principista, por cuanto “no se contenta nuestra Lex Superior
con incorporar en su título primero los principios fundamentales que le
ofrecen a su normativa guía y sustentación, sino que a lo largo y ancho de
su articulado no sólo se reiteran sino que se suman prolijamente nuevos
principios y valores”.27
Istúriz28 expresa que al elaborar una nueva Constitución, los constituyentes partieron de la transversalización axiológica, lo que permite que en
la Constitución haya una correspondencia desde el preámbulo hasta las
Ello en ocasión, señala Istúriz, de que:
si decimos que necesitamos una Constitución que garantice la democracia,
que impulse la participación, donde la gente juegue un papel protagónico,
que el hombre sea el centro, esos principios y orientaciones que en cada capítulo, en cada artículo que se desarrolle y elabore, tienen que estar presentes
y tenerlos como premisa.29
Combellas, Ricardo, “El proceso constituyente y la Constitución de 1999”, en Plaza, Elena y Combellas, Ricardo, Procesos constituyentes y reformas constitucionales en
la historia de Venezuela: 1811-1999, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005,
t. II, pp. 765-808. Istúriz, A. op. cit. Jaua, Elías, “La sociedad organizada en su papel de
corresponsabilidad social”, Seminario Democracia, Estado y Ciudadanía, Caracas, Sinergia, Goethe Institut Inter Naciones y Asociación Cultural Humboldt, 21 y 22 de mayo
de 2003, en http://abrilonce.tripod.com/texto445.html.
Combellas, R. op. cit., p. 788.
Istúriz, A., op. cit.
Combellas, R., op. cit. Brewer Carias, A., op. cit.
Es así que el texto constitucional vigente considera desde su preámbulo
hasta las diferentes disposiciones finales, el desarrollo de los principios
fundamentales —entre ellos el principio de corresponsabilidad—, los cuales
sustentan el Estado social de derecho y de justicia que consagra. Este principio constitucional se relaciona con la participación de la sociedad civil.
La corresponsabilidad tiene múltiples significados, puede ser vista desde
diferentes perspectivas y desde diferentes aproximaciones conceptuales. La
acepción que se toma en este trabajo es el de la corresponsabilidad como
A continuación se presenta una aproximación teórica a la corresponsabilidad como principio constitucional y como parte fundamental de lo político.
3. La corresponsabilidad como principio
La actual Constitucional venezolana de 1999, como se ha señalado, surge
de un proceso inédito, trayendo consigo una nueva realidad jurídicoinstitucional, y una serie de principios y valores fundamentales, los
cuales recoge y jerarquiza en su Título Primero.
La corresponsabilidad, en la actualidad, se concibe como un principio
constitucional del novísimo constitucionalismo social y de la democracia
que se puede ejercer, en Venezuela, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y militar; de acuerdo a la Constitución venezolana
de 1999.30
En este sentido, Combellas entiende que:
la corresponsabilidad es un principio sugerente y novedoso que
incorpora en su seno el texto constitucional. Parte del rompimiento de la clásica dicotomía liberal Estado-sociedad civil. La esfera
pública no se circunscribe exclusivamente a la burocracia del Estado, pues allí se involucra directamente la sociedad organizada.31
La corresponsabilidad es uno de los principios fundamentales que
sustenta el modelo de Estado y de sociedad plasmado en la Constitución
Combellas, R., op. cit., p. 2. Brewer Carias A, op. cit.,
Camps, Victoria, Elementos históricos del concepto de lo público. V Encuentro
Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia-Tercer Sector, 2001. Org. http://www.colombia2000.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo _publico.htm, p. 3.
vigente, en donde el Estado tiene unas funciones y responsabilidades
específicas y los ciudadanos tienen unos derechos y unas obligaciones
que cumplir en los asuntos públicos. Si bien el Estado tiene unas responsabilidades y unas funciones, no por ello debe limitar ni restringir
a la sociedad; en este sentido, Camps plantea “…la idea de un Estado
que no suplante a los individuos cuando estos pueden resolver solos sus
problemas”.32
Para esta autora, el Estado debe garantizar los derechos y a la vez los
deberes y obligaciones. Asimismo, debe dispersar el poder que detenga
por lo que el Estado no debe temer a “…la dispersión del poder hacia
arriba y hacia abajo”.33 Entendiendo la dispersión hacia abajo, como la
posibilidad de acercar la política al ciudadano dando más poder a las
políticas locales, delegar el poder político en entidades independientes
que promuevan la participación, abrirse a las asociaciones privadas
La corresponsabilidad es un término polisémico, que puede ser vista
desde diferentes aproximaciones: como valor o como principio. La noción de corresponsabilidad se fundamenta en una concepción de democracia participativa, en la que la gestión pública no se limita a la gestión
de las instituciones del Estado sino que involucra a la sociedad civil en
la gestión de lo público. Se entiende lo público como aquello que conviene a todos, o como lo expresan Garcés LLoreda y Buitriago,34 la corresponsabilidad es la suma de voluntades, de esfuerzos y de recursos
que tienen como meta el diseño y el cumplimiento de reglas que son de
El valor de la corresponsabilidad, la cual implica la responsabilidad, es
un valor social insustituible para la observancia de los derechos humanos,
para el debido cumplimiento de las obligaciones de unos en relación con
los otros.35
Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia-Tercer Sector, 2001. Org. http://www.
colombia2000.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo _publico.htm, p. 3.
Garcés LLoreda, María Teresa y Tarquino Buitriago, Carlos, “Lo público: una forma de redimensionar el papel del Estado y la sociedad civil en los procesos de control
social”, Revista Sindéresis, Bogotá, núm. 6, septiembre de 2002, pp. 75-96.
Perfecto Sánchez, José Ricardo, La corresponsabilidad, valor social insustituible
para la observancia de los derechos humanos, Universidad Autónoma del Estado de
Para que la corresponsabilidad se dé en la práctica, se debe ser responsable
con uno mismo en relación con las otras propias obligaciones de toda clase,
por lo que “la corresponsabilidad por lo tanto, presupone la responsabilidad y es un valor más elevado que la responsabilidad. Aquélla, en efecto,
asume su compromiso para actuar junto con otros en la construcción de
una sociedad más justa…”.36
Una aproximación teórica al concepto de corresponsabilidad debe partir de una contextualización de la realidad en la que surge este principio y
en atención a la relación entre el Estado y la sociedad. En la actualidad se
habla de corresponsabilidad porque las esferas de las autonomías37 se han
interpenetrado.38
Luego de la constitucionalización del Estado social, de sus sucesivas
transformaciones39 y al superar diferentes aspectos,40 se puede hablar de
responsabilidades convergentes, concurrentes, compartidas, entre la esfera de la sociedad civil y la esfera del Estado.41 Al punto de encuentro de
estas dos esferas (Estado y sociedad) García-Pelayo42 le denomina esfera
interseccionada.
La forma en que se dé la relación entre Estado y sociedad civil permite
que esté presente la corresponsabilidad o no. En la actualidad esta relación
atiende a los contextos históricos, políticos, económicos, jurídicos y sociales
determinados, y es en atención a dichos contextos que surge una relación
o vínculo entre el Estado y la sociedad que permite la colaboración, la
solidaridad y la corresponsabilidad entre éstos. Junto al principio de corresponsabilidad, está entre otros, el de subsidiaridad.43
México, 2000, en http://www.Google.es/search?q=cache:gs4LfhZxlcUJ.www.uaemex.mx/
mpaz/articulos2.
Perfecto Sánchez, José Ricardo, op. cit., pp. 6 y 7.
Sobre las autonomías o no de la sociedad civil y el Estado, véase García-Pelayo,
1991, en donde presenta en el t. III, pp. 2969-2980, consideraciones sobre Estado y sociedad, vinculadas a este aspecto de las autonomías.
Mascareño, Carlos, Entrevista realizada el 21 de enero de 2005, Barquisimeto.
Para ampliar este punto, véase la prolífica obra de Manuel García-Pelayo.
Señalados brevemente en esta investigación en el punto sobre Estado social de
Mascareño, C., op. cit.
García-Pelayo, Manuel, Obras completas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 1991, ts. I, II, III.
Rodríguez-Arana Muñoz (2000) entiende que el principio de subsidiariedad permanece en la entraña del Estado social y democrático de derecho, pues confirma la idea
En esta investigación se parte del replanteamiento de la relación entre el
Estado y la sociedad y la forma en que dicha dicotomía se manifiesta en
el presente, de cara al devenir jurídico, histórico, social y político. En este
sentido, existen planteamientos, estudios, investigaciones, en donde se discute
y analiza la relación entre el Estado y la sociedad contemporáneamente.44
La sociedad es diferente al Estado, pero ello no quiere decir que necesariamente se opongan.45 Por ello, lo difícil de esta relación.46 La sociedad civil
de que los poderes públicos, existen para servir al ciudadano y no el ciudadano al Estado.
Iranzo T., Mauricio, “Gobernabilidad y desarrollo”, Serie Cuadernos para el Debate, núm. 1o. y 2o., Valencia, Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Venezuela, 2006, pp. 74-81. Mascareño, C., op. cit.; Cunill Grau, Nuria,
Entrevista realizada el 2 de febrero de 2005, Caracas; Cunill Grau, Nuria, Repensar lo
público a través de la sociedad, Caracas, CLAD-Nueva Sociedad, 1997; Combellas, R.,
op. cit.; Bresser Pereira, Luíz Carlos y Cunill Grau, Nuria, “Entre el Estado y el mercado:
lo público no estatal”, en Bresser-Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (eds.), Lo
público no estatal en la Reforma del Estado, Buenos Aires, CLAD-Paidós, 1998, pp. 25
y 56. De Sousa Santos, Boaventura, “A Reinvenção Solidária e Participativa do Estado”,
Seminário Internacional Sociedade e a Reforma do Estado, São Paulo, Brasil, 1998, en
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/reforma/seminario/
Boaventura.PDF. García-Pelayo, M., op. cit.
García-Pelayo expresa que la sociología moderna considera a la sociedad en sentido amplio y en sentido restringido. Dentro de los conceptos restringidos de sociedad
hay una tendencia a ver en la sociedad formas específicas de convivencia humana “destacadas, precisamente, por su oposición a otras formas de convivencia. Dentro de tales
conceptos, los más importantes son el que concibe a la sociedad como algo distinto y aún
opuesto al Estado, y el que la concibe como una forma peculiar opuesta a la comunidad”,
op. cit., p. 2525. García-Pelayo entiende que el modo en que finalmente se defina a la sociedad dependerá de los autores, “pues a la natural y general discrepancias en cuanto a los
conceptos fundamentales de las ciencias del espíritu se une, en este caso, la politización
del concepto, y con ello su función ideológica, ya que el problema de la relación Estado
y sociedad es uno de los temas subyacentes en la dialéctica política desde fines del siglo
XVIII hasta el presente”, op. cit., p. 2535. Iranzo, Mauricio, “Desarrollo humano y capital
social: su incidencia en los procesos de transformación institucional”, VI Jornadas de
Investigación DAC-UCLA. Barquisimeto. http://www.ucla.edu.ve/dac/vijornadas. Cunill
Grau, N., op. cit. Mascareño, Carlos, La relación Estado-sociedad civil a nivel territorial
en Venezuela. VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Buenos Aires, 5-9 de noviembre de 2001, en http://www.clad.
org.ve/fulltext/0042541.pdf. García-Pelayo, M., op. cit.
La relación entre el Estado y la sociedad es compleja. Existe la posibilidad —bajo
ciertas condiciones— para que ésta se dé armónicamente, o como señala Cunill (2005)
suma positiva (en donde ambos trabajen en pos de objetivos comunes, donde ambos se
conviertan en ganadores, en términos de los resultados de esa experiencia). No obstante,
no siempre existe la posibilidad de que la relación entre el Estado y la sociedad civil sea
sirve “…como medio para ampliar y mantener las bases democráticas… la
sociedad civil aparece como custodio y proveedor de bienes sociales frente
a un Estado que deja de ser el único garante del bien común”.47
La redefinición de la relación Estado-sociedad plantea una nueva
forma de relación y de entendimiento, que se basa en el consenso, en la
búsqueda de encuentros, en el establecimiento de metas, objetivos, pretensiones frente a una realidad compleja, heterogénea y contradictoria.48
Desde el plano jurídico-formal, la Constitución venezolana de 1999 inscribe su filosofía en valores y principios como la libertad, la igualdad, la
justicia, la democracia, todo ello bajo el valor rector de la eminente dignidad
de la persona humana. Asimismo, señala Combellas “…dentro de valores
y principios de solidaridad, responsabilidad social y corresponsabilidad,
que conllevan una colaboración Estado-sociedad civil, no sólo bajo criterios públicos estatales sino también bajo criterios públicos no estatales”.49
Lo público se aborda, por los estudiosos del tema, desde perspectivas
diferentes por la polisemia del término, por las diferentes acepciones. A
continuación se hace una aproximación teórica a su concepto, en atención
al contexto actual.50
suma positiva, porque es una relación que está cruzada por el problema del poder, por
el problema de los intereses, lo que puede traer desde conflictos hasta enfrentamientos
reales en las relaciones de la sociedad con el Estado (Cunill, 2005).
Mascareño, C., op. cit., p. 3.
Iranzo T., M., op. cit.
Combellas, R., op. cit., pp. 106-108.
Mockus, Antanas. “La pregunta por lo público desde la sociedad civil”, V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia-Tercer Sector, 2001. Org. http://www.
colombia2000.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo_publico.htm. Garay S., Jorge,
“Una nota sobre la construcción de lo público”, V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia/Tercer Sector, 2001. Org. http://www.colombia2000.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo _publico.htm. Pécaut, Daniel, “La crisis de lo público.
Crisis y construcción de lo público”, V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector,
Colombia-Tercer Sector, 2001, Org. http://www.colombia2000.org/las_memorias/lo_publico/memorias_lo_publico.htm. Cunill Grau, N., op. cit. Bresser Pereira, Luíz Carlos,
“Revolución democrática y sociedad civil en América Latina”, Desarrollo Humano e
Institucional en América Latina, núm. 18, 2001, Instituto Internacional de Governabilidade. Intervention at the seminar. La reinvención de la política y de la ciudadanía: la
gobernabilidad democrática para el desarrollo humano en América Latina, Barcelona,
Instituto Internacional de Gobernabilidad, en http://www,iigov.org/. Bresser Pereira, Luíz
Carlos, “Sociedade Civil: Sua Democratização para a reforma do Estado”, en Bresser-Pereira, Luiz Carlos, Wilheim, Jorge y Sola, Lourdes (orgs.), Sociedade e Estado em
Transformação, UNESP-ENAP, 1999, pp. 67-116. Bresser Pereira, Luiz Carlos, “Estado,
Mockus51 entiende que lo público encarnó en el Estado, pero al irse transformando, más recientemente, el Estado perdió el monopolio de lo público
y se convirtió en el primer y principal actor que se somete al escrutinio
público, de donde “adquieren en este contexto un gran sentido las alianzas
entre los organismos multilaterales o los gobiernos, nacionales o locales, y
las organizaciones de la sociedad civil”.52
Garay S. realiza una aproximación teórica al concepto de lo público, en
atención a lo que expresan diferentes autores que tratan sobre el tema, es así
que señala que para Rabotnikof (1993) lo público es aquello que es de interés
o de utilidad común a todos, lo que concierne al colectivo, lo que atañe a la
comunidad y, por ende, a la autoridad de allí emanada, en contraposición
de aquello que se refiere a la utilidad y el interés individual; lo público es lo
que es visible y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto, lo ostensible en
contraposición de aquello que es secreto, preservado oculto, y finalmente lo
público es “lo que es común, accesible a todos y por tanto abierto vs. aquello
cerrado que se sustrae a la disposición de otros”.53
Para otros autores, expresa Garay S. existe una mayor variedad de sentidos de lo público, algunos de ellos ciertamente ambiguos, que contrastan
con el correspondiente sentido de lo privado, “en efecto, el sentido de lo
público puede abarcar lo que es relacionado con el Estado; accesible a toda
la gente; concerniente a la gente, y pertinente al bien común o al interés
compartido (Fraser 1997, p. 85)”.54
Para Cunill55 y Bresser-Pereira56 lo público —entendido como lo que es
de todos y para todos— se opone tanto a lo privado como a lo corporativo.
Y entienden que dentro de lo público puede distinguirse entre lo público
estatal y lo público no estatal. Consideran que la importancia —creciente— que adquiere lo público no estatal se asocia de manera fundamental
a la necesidad de proteger los derechos que cada ciudadano tiene, de que
el patrimonio público sea de hecho público y no capturado por intereses
Sociedade Civil e Legitimidade Democrática”, Lua Nova-Revista de Cultura e Política,
núm. 36, 1995, pp. 85-104.
Mockus, A., op. cit.
Ibidem, pp. 1-6.
Garay S., J., op. cit., p. 1.
Cunill Grau, N., op. cit.
Bresser Pereira, L., op. cit.
Lo público no estatal tiene una doble dimensión: como control social y
como forma de propiedad. La separación tradicional en donde se equipara
lo público sólo al Estado y se opone a lo privado se hace insuficiente. Es
así que el Estado no agota ni representa todo lo público, por cuanto lo público es decir “lo que es de todos y para todos” diferencia entre lo público
estatal y lo público no estatal.57
De lo que se interpreta, que se presenta en la actualidad una redimensión
de lo público en donde se diferencia la esfera de lo público estatal de la
esfera de lo público no estatal, tal como lo señalan autores como Iranzo,58
Cunill,59 Mascareño,60 Combellas,61 Bresser-Pereira62 y De Sousa Santos.63
Y es precisamente en la esfera de lo público no estatal en donde la sociedad
civil va a tener un ámbito de acción significativo y donde se va a desempeñar, en cuanto y en tanto al principio de corresponsabilidad respecta, así
como a la participación como herramienta.
Ahora bien, en este contexto ¿qué se entiende por principio de corresponsabilidad? Combellas considera que “el principio de la corresponsabilidad,
es el principio más innovador del novísimo constitucionalismo social”,64 y
lo define en los términos que lo hace Camps, quien expresa:
Los males sociales, la presencia vacilante e insuficiente de los derechos
humanos en la sociedad, son cosas que deben afectarnos a todos, pues todos, de una u otra manera, podemos ayudar a su transformación… no sólo
somos responsables de aquellos actos que se nos pueden imputar a cada
uno exclusivamente, porque son privados, sino de problemas y conflictos
colectivos que piden una solución igualmente colectiva. Hay que repetirlo:
todos somos, de alguna manera, responsables de los males de la sociedad.
No sólo el Estado, el gobierno, o las anónimas estructuras sociales (Camps
citada por Combellas).65
De Sousa Santos, B., op. cit.
Combellas, R., op. cit., p. 9.
La corresponsabilidad abarca como actores al Estado y a la sociedad
civil, —desde la perspectiva que se asume en esta investigación y en atención a lo que se interpreta de los planeamientos que se señalan antes— los
cuales comparten responsabilidades para procurar el bienestar de la sociedad misma, de manera que se superen los diferentes conflictos, problemas
y carencias que le aquejan.
La corresponsabilidad conjura esfuerzos desde los ámbitos que le son
propios al Estado y a la sociedad civil, para alcanzar el bienestar común y
el desarrollo humano de la sociedad venezolana en general. Esto de cara a
la nueva forma en que se relacionan Estado y sociedad civil de acuerdo a lo
que contempla la Constitución venezolana de 1999.
La corresponsabilidad no implica renuncia o abandono gubernamental
de las competencias que la Constitución y el régimen jurídico venezolano le
asignan a las diferentes instancias institucionales del Estado venezolano, ni
significa tampoco que la sociedad civil sustituya a las autoridades y mucho
menos que deben asumir obligaciones que le corresponden al Estado, esto
es lo que se interpreta de los documentos —entre ellos la Constitución
venezolana de 1999)— y de lo que expresan los entrevistados, respecto al
principio de corresponsabilidad y el rol del Estado y de la sociedad civil
frente a este principio.
La corresponsabilidad busca obtener resultados que mejoren el nivel
de vida de todos los ciudadanos con la actuación conjunta y responsable
tanto del Estado como de la sociedad civil, en aras de alcanzar el desarrollo humano de manera integral y con equidad en el marco de la normativa
constitucional vigente. Ello puede darse a través de herramientas, tal como
4. La corresponsabilidad como parte
fundamental de lo político
La corresponsabilidad implica una verdadera transformación social de un
país y la construcción de un proceso social en donde se conjuguen valores
y modos de aprehensión de la realidad política, social, jurídica, en atención
a un contexto histórico dado.
La auténtica vida democrática exige la creación de espacios permanentes
para que los sectores sociales participen en el diseño, aplicación y control de
las políticas públicas, especialmente en áreas como la educación, la salud,
la seguridad, la protección civil, entre otras. Para ello es indispensable que
se coordinen esfuerzos y se colabore entre las instancias institucionales
estatales y la sociedad civil en procura de la concreción del principio de
corresponsabilidad.66
Esto se vincula a una cultura de la corresponsabilidad para el logro de
metas u objetivos comunes. De esta cultura de la corresponsabilidad, se debe
apropiar tanto la sociedad civil como el Estado, en ocasión de la dinámica
que deviene en lo social, jurídico, político y económico en los últimos años.
Con el devenir histórico, contemporáneamente el Estado y la sociedad
civil se han transformado, así como la forma en que estos se relacionan, en
donde, como señala García-Pelayo,67 una parte de las organizaciones sociales participa —de una u otra manera— en la formación y contenido de
las decisiones y acciones del Estado y en la que el Estado incide directa o
indirectamente en la esfera social sin necesidad de incorporarla a su propio
ámbito. Esta relación genera, lo que García-Pelayo denomina “un territorio común o interseccionado… cuyo ámbito puede ampliarse o contraerse
según las coyunturas…”.68
El principio de corresponsabilidad tiene como precepto el trabajo coordinado entre las diferentes instancias institucionales estatales —en sus
diferentes niveles— y la sociedad civil.
La sociedad civil debe desarrollar capacidades, habilidades y conocimientos que le permitan alcanzar beneficios sociales y cambios en sus
condiciones de vida, en su manera de concebir la realidad y de verse a sí
misma como actores políticos verdaderos, debe empoderarse de lo público.
El Estado debe compartir la actividad política con la sociedad. Para Combellas, “el Estado no absorbe toda la actividad política, aunque sí recaba
una importante función en ella”.69 Allí reside la corresponsabilidad vista
como parte fundamental de lo político, por cuanto la actividad política no
se limita a la actividad estatal.
García-Pelayo, M., op. cit.
Ibidem, p. 2979.
Combellas, Ricardo, Estado de derecho. Crisis y renovación, Caracas, Editorial
Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos, núm. XLVI, 1990. p. 101.
III. El principio de corresponsabilidad
La nueva realidad jurídico-institucional de Venezuela tiene sus antecedentes inmediatos en dos Constituciones que forman parte de lo que Combellas70 denomina la frondosa trayectoria constitucional de Venezuela: la
Constitución de 1947: “primera Constitución democrático-social venezolana,
donde se abre democráticamente la participación popular y se reconocen
los derechos sociales del pueblo venezolano”.71 y la Constitución de 1961:
“…la de más larga duración de nuestra historia republicana, se erigió en
el marco institucional de la experiencia democrática que se inaugura en el
país el 23 de enero de 1958”.72
Ahora bien, ¿Cómo contempla la corresponsabilidad la Constitución
venezolana de 1999 (CRBV, 1999)? Para ello en este punto, se estudia el
principio de corresponsabilidad de la sociedad civil venezolana actualmente previsto —como innovación constitucional— en la Constitución
vigente, todo ello, en atención a las realidades concretas a las que atiende
La Constitución de 1999 en su parte dogmática establece los principios
fundamentales que comprometen el desarrollo orgánico del propio texto constitucional y el posterior desarrollo legislativo nacional, estadal y municipal.
La corresponsabilidad se consagra en la Constitución venezolana de
1999, por vez primera, como principio fundamental y atiende a la concepción de Estado social de derecho y de justicia que ella proclama, así como
al sistema de gobierno propuesto: democrático participativo.
El principio de corresponsabilidad establece la relación entre el Estado y sus instituciones, independientemente de la rama del poder público y
Combellas, Ricardo, “Representación versus participación en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Análisis de un falso dilema”, en Salamanca, Luis y
Viciano Pastor, Roberto (coords.), El sistema político en la Constitución Bolivariana de
Venezuela, Venezuela, Vadell Hermanos, 2003.
del nivel de organización político-territorial, con la sociedad venezolana,
en donde comparten responsabilidades, entre ellas, la de hacer cumplir la
Constitución y las leyes.73
En ocasión al principio de corresponsabilidad la sociedad venezolana
en su conjunto debe aportar sus esfuerzos para darle validez a la letra y
al espíritu de las disposiciones constitucionales y legales de la República
Bolivariana de Venezuela, así mismo debe participar para alcanzar el bienestar social general. La Constitución de 1999 prevé a la participación como
herramienta que coadyuva a la sociedad a que realice, a que concrete el
En este sentido, la Constitución venezolana de 1999, si bien inscribe su
filosofía de los derechos humanos dentro de valores y principios “clásicos”
(la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, entre otros)74 también
atiende a principios más innovadores como la solidaridad, la responsabilidad
social y la corresponsabilidad, esto trae como consecuencia la colaboración
En este orden de ideas, la concepción de deberes como correlativos a
los derechos, se recoge por parte del constituyente de 1999, en atención a
la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 29,
numeral 1 “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues sólo
ella puede desarrollar libre y permanentemente su personalidad”; es así
como se consagra uno de los principios esenciales de orden constitucional,
el principio de alteridad.75
Fermín, Enrique. “Observaciones sobre el principio de corresponsabilidad en la
CRBV”, 2007, en http://64.233.169.104/search?q=cache:6pm4aHHwXlMJ:www.pgr.
gob.ve/Doctrinas/Opiniones/opiniones2.htm+corresponsabilidad&hl=es&ct=clnk&c
d=4&gl=ve. Casal, Jesús María y Chacón, Alma (coods.), op. cit. Mascareño, C., op.
cit. Cunill Grau, N., op. cit. Zambrano Constanzo, Alba, “Participación y empoderamiento comunitario: rol de las metodologías implicativas”, X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago,
Chile, 18 - 21 de octubre de 2005, en http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20X/documentos/zambrcon.pdf.
El principio de alteridad implica que todo derecho comporta una obligación y que
todo titular de un derecho tiene necesariamente relación con un sujeto obligado. Para
ampliar sobre el principio de alteridad en la Constitución venezolana de 1999, el cual
no es objeto de análisis en este trabajo, véase Brewer-Carias, “Reflexiones críticas sobre
la Constitución de Venezuela de 1999”, Revista de Derecho Público, Caracas, núm. 81,
enero-marzo de 2000, pp. 7-21.
De igual forma y tal como lo plantea Fermín, el principio de corresponsabilidad “…se encuentra enmarcado dentro del texto constitucional, en
varios de sus artículos, formando parte o manifestación del Decreto a la
participación, sin que ello excluya otras expresiones, como consecuencia
del principio de la concurrencia…”.76
Al revisar el texto de la Constitución venezolana de 1999, se observa
que el principio de corresponsabilidad –—principio constitucional fundamental–— efectivamente está presente en diferentes artículos, tanto en el
Preámbulo como en los títulos: I, III, IV, VII, VIII y IX. Se relaciona así la
corresponsabilidad con los ámbitos económico, político, social, cultural,
geográfico y militar. Esta presencia a lo largo del texto constitucional atiende a la transversalización axiológica antes referida en esta investigación.
Los artículos que contemplan el principio de corresponsabilidad son: En
el título I (Principios fundamentales), el artículo 4. En el título III (De los
Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes) el artículo 62 (Capítulo
IV. De los Derechos Políticos y del Referendo Popular. Sección Primera. De
los Derechos Políticos), los artículos 79, 83, 84, 87 (Capítulo V. De los Derechos Sociales y de las Familias); el artículo 102 (capítulo VI. De los Derechos
Culturales y Educativos; el artículo 126 (capítulo VIII. De los Derechos de
los Pueblos Indígenas); el artículo 127 (capítulo IX. De los Derechos Ambientales); el artículo 130 (capítulo X. De los Deberes); los artículos 131,
132, 134, 135 (capítulo X. De los Deberes).
En el título IV (Del Poder Público), el artículo 184 (capítulo IV. Del
Poder Público Municipal). En el título VII. (De la Seguridad de la Nación)
el artículo 326 (Capítulo II. De los Principios de Seguridad de la Nación).
En el título VIII (De la Protección de esta Constitución), el artículo 333
(capítulo I. De la Garantía de esta Constitución). Y en el título IX (De la
Reforma Constitucional), el artículo 350 (capítulo III. De la Asamblea Nacional Constituyente).
Se interpreta que en el texto de la Constitución de 1999, las frases constitutivas del Preámbulo tienen como pretensión recrear la institucionalidad
de la nación a través de la refundación de la República.77
Fermín, Enrique L., op. cit., p. 1.
Lo que reafirman los constituyentistas de 1999 en la Exposición de Motivos, en
donde expresamente señalan “…una de las principales motivaciones expresadas en el
Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad
democrática. Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la so77
Asimismo, como señala el Preámbulo, se entiende que es para “…establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”, a través de
los valores, principios y fines que se establecen en la Constitución de 1999.
Uno de estos principios que rige a la República, y el cual es una innovación,
es el principio de corresponsabilidad, previsto en el título I, que trata sobre
los Principios fundamentales, en su artículo 4. Este principio conlleva a una
colaboración entre Estado-sociedad civil bajo criterios públicos estatales
y públicos no estatales.
El título III trata de los derechos y deberes fundamentales de los venezolanos. Específicamente, en el ámbito político, el artículo 62, objeto del
presente análisis, establece con el novísimo tratamiento constitucional de
la participación, que tanto el Estado como la sociedad civil deben facilitar la generación de las condiciones más favorables para la práctica de la
participación, es decir, que tanto el Estado como la sociedad civil deben
corresponsablemente cumplir con este deber.
En el ámbito social (trabajo, salud), concretamente los artículos 79, 83,
84 y 87, son los que guardan relación con la corresponsabilidad. En este
sentido, el artículo 79 al prever “El Estado, con la participación solidaria de
las familias y la sociedad…”, establece la actuación corresponsable entre
Estado y sociedad, en donde ambos tienen que actuar para lograr un objetivo
común que en general es en pro de una sociedad mejor. En el cuanto a la
corresponsabilidad en el ámbito de la salud, los artículos 83 y 84 proclaman
también de manera novedosa, deberes formales tanto para el Estado venezolano como para la sociedad, en donde éstos deben actuar conjuntamente
para la concreción de los derechos y satisfacción de las necesidades de la
sociedad en materia de salud.
Asimismo, en cuanto a los derechos educativos, en el artículo 102 se reconoce el derecho a la educación como derecho humano fundamental. Se
fortalece el Estado docente no así la sociedad docente, por cuanto no se establece “…un mayor protagonismo de la sociedad civil bajo criterios públicos
no estatales… lo que afortunadamente no está vedado en la Constitución”.78
Ello en atención, a la transversalización axiológica de la Constitución de
los principios, así como a los avances en materia de derechos humanos.79
ciedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar
signados por los principios democráticos y someterse a ellos”, op. cit.
Combellas, R., op. cit., p. 88.
No obstante a las consideraciones antes expresadas, la corresponsabilidad
entre el Estado y la sociedad civil también está presente en este artículo.
Por su parte, el artículo 127 prevé entre otros aspectos, lo referente a la
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la protección y preservación del medio ambiente.
Los artículos 126, 130, 131, 132, 133, 134 y 135, en consonancia con la
necesidad de obtener eficacia de los derechos, la realización del principio
de supremacía normativa y el respeto al orden público interno venezolano,
establecen un grupo de deberes constitucionales —o conductas exigidas
para con la sociedad—entre los que merecen citarse el deber de honrar y
servir a la Patria, sus valores y símbolos, así como proteger su soberanía
e integridad territorial (artículo 130), cumplir y acatar la Constitución y
las leyes (artículo 131), de coadyuvar con sus contribuciones a los gastos
públicos (artículo 133), a prestar los servicios civil, militar y electorales
(artículo 133), así como el de cumplir sus responsabilidades sociales y
participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país
(artículos 132 y 135).
Se interpreta que la sociedad civil tiene estos deberes formales que
comparte con el Estado, en cuanto a gestión de lo público, en donde tienen
como premisa los valores de la equidad y la justicia. Se comparte la responsabilidad por la gestión entre el Estado y la sociedad civil, y esta responsabilidad deja de ser exclusiva del Estado. Se da paso así, a la noción
de corresponsabilidad de donde la sociedad civil debe cumplir de manera
responsable con el Estado los deberes que formalmente se le establecen.
Por su parte, el artículo 326 de la Constitución desarrolla la seguridad
como una corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil para cumplir con
los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia,
solidaridad, promoción y conservación ambiental y defensa de los derechos
humanos, así como para lograr la satisfacción progresiva de las necesidades
de la población. Esta corresponsabilidad abarca los ámbitos económico,
social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. Dentro de estos
amplios enunciados se concibe la seguridad en una doble faz de protección
de principios y derechos y de cobertura de necesidades indefinidas, aunque,
cuando se indican las instancias garantes y los responsables operativos, el
concepto se restringe notablemente, tal como señala Gabaldón.80
Gabaldón, Luis Gerardo, “Seguridad ciudadana, confianza pública y policía en Venezuela”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, vol. 13, núm. 3,
El artículo 333 establece, como lo hacía el artículo 250 de la Constitución
de 1961, el deber que tienen los venezolanos de “colaborar en el restablecimiento y efectiva vigencia” de la Constitución. Finalmente, el artículo 350
también se refiere a la corresponsabilidad del pueblo venezolano.81
En atención al análisis e interpretación de la Constitución venezolana de
1999 (CRBV, 1999) —a los artículos que guardan relación con el principio
de corresponsabilidad—, al contexto histórico, jurídico, político, social concreto, a las posiciones doctrinarias, se entiende que la corresponsabilidad
contemplada como principio constitucional, prevé la colaboración entre el
Estado y la sociedad civil, de manera que conjuguen esfuerzos desde sus
propios espacios para alcanzar el bienestar social general del pueblo venezolano y por ende el desarrollo humano.
La corresponsabilidad no se debe entender negativamente, no se debe tomar
como la posibilidad del Estado de abstenerse, de renunciar, de abandonar
las diferentes potestades y obligaciones que formalmente tiene. Tampoco
como la posibilidad de que el Estado “obligue a colaborar”, en ocasión de
este principio a la sociedad civil, en la ejecución de políticas estatales que
vulneren los derechos humanos. En cuanto a la sociedad civil, esta no va
a sustituir al Estado, ni va a desplazarlo en sus obligaciones, tal como se
señaló antes.
Corresponsabilidad es construir una cooperación responsable, consciente
y respetuosa de la independencia —tanto del Estado como de la sociedad
civil— para procurar frutos que optimicen el nivel de vida y de bienestar
social de todos y cada uno de los venezolanos, en atención al respeto de
En cuanto a la doctrina particular del Estado venezolano, emerge del
análisis que tanto en lo institucional como en lo jurídico, en Venezuela
—en atención a la consagración actual en la Constitución venezolana de
Sobre las discusiones e interpretaciones que se le dan al artículo 350, en cuanto a
si consagra o no la desobediencia civil, por no ser el objeto de análisis de esta investigación, se recomienda revisar: a) Sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, del 22 de enero de 2003, Expediente 02-1559, en ocasión de Recurso de Interpretación del Artículo 350 de la Constitución; b) Chacín Fuenmayor. “Algunos aspectos teóricos de la desobediencia civil: análisis sobre su consagración en la Constitución
venezolana”, FRONE, vol. 10, núm. 2, agosto de 2003, pp. 49-72, entre otras.
1999 —están previstos los derechos individuales y los derechos sociales
en un marco regulatorio constitucional y legal que prevén los medios, vías
e instrumentos a través de los cuales pueden concretarse estos derechos.
Considera también la carta magna, la corresponsabilidad como principio.
En cuanto a los principios que la Constitución de 1999 contempla, está
el principio de corresponsabilidad, el cual está asociado al Estado social
de derecho e involucra al Estado y a la sociedad civil en la responsabilidad de los asuntos públicos, los cuales no le conciernen exclusivamente al
Estado sino que exigen la participación de la sociedad civil. Pero la carga,
la responsabilidad de regulación del hecho social sigue en cabeza del Estado. Esta vinculación surge en razón del actual contexto histórico, político,
jurídico, económico y social, de donde se redimensiona la relación entre
el Estado y la sociedad con base al planteamiento constitucional vigente.
Ello en ocasión de que en la actualidad la relación entre el Estado y la sociedad civil atiende a una realidad compleja que plantea la corresponsabilidad
entre éstos, y así lo prevé la Constitución venezolana de 1999, por cuanto lo
público (lo cual se entiende como lo público estatal y lo público no estatal)
no se encarna sólo en el Estado sino que también en la sociedad civil. Es
precisamente en la esfera pública no estatal, en donde la sociedad civil tiene
su ámbito de acción, en cuanto y en tanto al principio de corresponsabilidad
se refiere, puesto que la corresponsabilidad es una de las formas a través de
las cuales se puede traducir la relación entre el Estado y la sociedad civil,
pero no la única ni la última.82
Se entiende que el concepto de corresponsabilidad considera a la dinámica
de la transformación tanto del Estado como de la sociedad, y a la relación
entre el Estado y la sociedad civil, en atención al marco del desarrollo histórico, político, jurídico concreto; lo cual deviene en una cultura de la corresponsabilidad de la cual se apropian tanto la sociedad civil como el Estado.
Así mismo, emerge del análisis que la corresponsabilidad busca mejorar
el nivel de vida de los ciudadanos en ocasión de la actuación conjunta y
responsable del Estado y la sociedad civil en aras de conseguir el desarrollo
humano en el marco de la normativa constitucional venezolana vigente.
Por lo que la sociedad civil —en atención a las capacidades, habilidades y
conocimientos— alcanza beneficios sociales y cambios en sus condiciones
de vida, en su forma de concebir la realidad y de verse a sí misma como
una verdadera actora política, al empoderarse de lo público. En este sen82
Cunill, N., op. cit.
tido, el empoderamiento es el proceso de reducción de la vulnerabilidad y
de crecimiento de las propias capacidades de la sociedad civil en general,
que conducen a la promoción y concreción del desarrollo humano a través
de la participación. El Estado, por su parte, comparte la actividad política
La corresponsabilidad implica un compromiso del Estado así como la participación de la sociedad. En este sentido, el Estado, justificándose en la existencia del principio de corresponsabilidad, no puede evadir el ejercicio de
sus funciones públicas y burlar sus deberes, alegando como excusa que la
sociedad no ha cumplido con su parte. El principio de corresponsabilidad
supone una cooperación responsable, consciente y respetuosa de la independencia del Estado y de la sociedad civil, que procura la optimización del
nivel de vida y de bienestar social de los venezolanos, en donde se pueda
alcanzar el desarrollo humano como noción integral del desarrollo.
Fecha de recepción: 5 de abril de 2011.
Fecha de dictamen: 8 de junio de 2011.
SEMINARIO INTERNACIONAL DERECHO FUNDAMENTALES Y
los derechos y garantias fundamentales, com aceso
Propiedad y derecho constitucional. Coord. Francis
p. 9 SANTIBÁÑEZ, José Antonio Rive
1414498404-CiudadConstitucionalMexico versao finalt
Moving Test – MT781/MT786
Actualidad Jurisprudencial - e
Cambios de tendencias recientes en la evolución costera

References: artículo 2
 artículo
2
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 artículo 4
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 artículo 29
 artículo 4
 artículo 62
 artículo 102
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 130
 artículo 184
 artículo 326
 artículo 333
 artículo 350
 artículo 4
 artículo 62
 artículo 79
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 artículo 326
 artículo 333
 artículo 250
 artículo 350
 artículo 350
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