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Timestamp: 2016-02-12 18:58:19+00:00

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A. DERECHO COMPARADO67 for Derechos Humanos Definicion UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Derechos Humanos Definicion Derechos Humanos Definicion |Views: 31|Likes: 0Published by Nestor JavierMore info:Categories:Types, Government & Politics, BillsPublished by: Nestor Javier on Oct 26, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/111217497/Derechos-Humanos-Definicion02/09/2014pdftextoriginalSectionsPRESENTACIÓNINTRODUCCIÓNUNIDAD 1I. Libertad como derecho fundamentalII. La libertad personal como garantíaUNIDAD 2I. Antecedentes legales del actual Régimen
PROPUESTAUNIDAD 11MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTEI. Búsqueda urgente en la Ley 600 del 20002. AUTORIDADES COMPETENTES3. TITULARES DEL MECANISMO4. CONTENIDO DE LA SOLICITUD5. TRÁMITE6. PROCEDENCIA8. RESCATE DEL DESAPARECIDOBIBLIOGRAFÍA
En el derecho procesal penal de Puerto Rico, la ley consagra un derecho abso-
luto a la libertad bajo ﬁanza y además no podrá imponerse ﬁanza excesiva68
Italia: Art. 272 CPC de 1988: Indicios de culpabilidad, ineludibles exigencias de la
investigación y peligro de fuga (pena superior a 2 años). Portugal: Art. 192 Código
Procesal de 1987: Adecuación y Proporcionalidad.
Sección 11 del artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. En CHIESSA APONTE, Ernesto L. Derecho Procesal Penal de Puerto Rico
y Estados Unidos. Volumen II. Ed. Forum. 1995. P. 330.
el derecho norteamericano la enmienda octava prohíbe igualmente la imposi-
ción de ﬁanzas excesivas.
En el derecho procesal penal alemán69
los límites están señalados por la pro-
pia ley con fundamento en criterios de necesidad o proporcionalidad (fuga o
peligro de fuga, peligro de oscurecimiento de la investigación, gravedad del
hecho, peligro de reiteración y principio de proporcionalidad).
GÓMEZ COLOMER70
, en un estudio sobre el procedimiento penal alemán, agru-
pa las afectaciones al derecho a la libertad dentro de lo que el ordenamiento
procesal denomina medidas coercitivas que afectan el derecho a la libertad per-
sonal, y enumera entre ellas la conducción coactiva, el mandato de búsqueda y
captura, la detención provisional, la prisión provisional, la libertad provisional,
el internamiento en hospital siquiátrico, las medidas de identiﬁcación y registro
personal, la retirada provisional del permiso de conducir y, ﬁnalmente, determi-
nadas medidas coercitivas personales que pueden adoptarse contra terceros,
fundamentalmente contra testigos.
En los países latinoamericanos también ha existido una interesante evolución
sobre el punto de la razonabilidad de la medida de aseguramiento71
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos posee de vieja data una línea juris-
prudencial en la que se destacan diversos temas.
Entre los más importantes temas que aborda el Tribunal de Estrasburgo sobre-
salen el plazo razonable de la detención preventiva72
, juez imparcial que decida
sobre la medida73
, desvanecimiento de las razones que se consideraron inicial-
mente para detener74
, detención preventiva en procedimiento de extradición75
Art. 112 Ordenanza Procesal del 19 de diciembre de 1964: Sospecha fundada de
comisión de delitos castigados con pena superior a 6 meses, peligro de fuga, sospe-
cha de destrucción o falsedad de pruebas.
GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis. El proceso penal alemán. Introducción y normas
básicas. Bosch Ed. S.A. Barcelona. 1985, p. 100.
La evolución jurisprudencial de los Tribunales y la Corte en Argentina intensiﬁca
la problemática de la detención cautelar y subraya el paulatino reconocimiento de
la razonabilidad de la detención preventiva fundamentalmente a partir del análisis
de la exageración de la caución y las fórmulas genéricas como “los graves perjui-
cios a la comunidad”, todo lo cual se puede confrontar en CARRIÓ, Alejandro
D. La libertad durante el proceso penal y la Constitución Nacional: Una relación
cambiante y difícil. Ed. Abeledo Perrot. 1986. Argentina. P. 100.
STEDH de 27 de junio de 1968.
Sentencias del TEDH de 16 de julio de 1971, 4 de diciembre de 1979 y 2 de marzo
Sentencias (2) del TEDH de 27 de junio de 1968, una (1) del 26 de junio de 1991
y una (1) de 26 de enero de 1993.
STEDH de 22 de marzo de 1995.
entre otros de los asuntos que han sido examinados de manera recurrente por
En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos descue-
lla la siguiente línea jurisprudencial, la cual ha sido reiterativa:
“47. Esta disposición contiene como garantías especíﬁcas, descritas
en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales
o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos
normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por
las causas, casos o circunstancias expresamente tipiﬁcadas en la ley
(aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedi-
mientos objetivamente deﬁnidos por la misma (aspecto formal). En el
segundo supuesto se está en presencia de una condición según la cual
nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y
métodos que –aun caliﬁcados de legales– puedan reputarse como in-
compatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo
por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de pro-
porcionalidad”76
El Comité de Derechos Humanos, a su turno, acentuó el examen de todas las
circunstancias relevantes de cada caso para efecto de medir la razonabilidad y
necesidad de la detención:
“Ello signiﬁca que la prisión preventiva consiguiente a una detención lí-
cita debe ser no solo lícita sino además razonable en toda circunstancia.
La prisión preventiva debe además ser necesaria en toda circunstancia,
por ejemplo, para impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reinci-
dencia en el delito. El Estado Parte no ha demostrado que esos factores
se hallaran presentes en este caso, y al parecer la principal razón de la
detención durante nueve semanas fue la incapacidad de las autoridades
para obtener pruebas suﬁcientes para proceder al juicio sin la coopera-
ción del propio autor”77
Lo anterior es reiterado en Mukong contra Camerún, en la siguiente línea de
“9.8 … Queda, sin embargo, por determinar si otros factores converti-
rían en "arbitraria" a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 una detención y
una reclusión legítimas en otros aspectos. La historia de la redacción del
párrafo 1 del artículo 9 conﬁrma que no se debe equiparar el concepto de
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gangaram
Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994.
Comunicación No. 305/98. Observaciones del 23 de julio de 1990, párr. 5.8. Se
discutía si mantener detenido a un abogado, quien se negó a revelar información
conﬁdencial de un cliente, aun cuando el cliente consentía en la divulgación de tal
información, no fue razonable y, por eso, fue arbitrario. En www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.39.D.305.1988.Sp?Opendocument
"arbitrariedad" con el de "contrario a la ley", sino que debe interpretarse
de manera más amplia a ﬁn de incluir elementos de incorrección, injus-
ticia e imprevisibilidad, así como también el principio de las "garantías
procesales". Como ha advertido el Comité en una ocasión anterior, ello
signiﬁca que la prisión preventiva consiguiente a una detención lícita
debe ser no sólo lícita sino además razonable en toda circunstancia Ibíd.,
cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/45/40),
anexo IX.M, comunicación No. 305/1988 (Hugo van Alphen c. Países
Bajos), observaciones aprobadas el 23 de julio de 1990, párr. 5.8. La
prisión preventiva debe además ser necesaria en toda circunstancia, por
ejemplo, para impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reinciden-
cia en el delito. En este caso el Estado parte no ha demostrado que se
hallara presente ninguno de esos factores. Se ha limitado a aﬁrmar que
la detención y la reclusión del autor estaban claramente justiﬁcadas, es
decir, constituían restricciones permisibles de la libertad de expresión
del autor, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 19. En
concordancia con los argumentos expuestos en el párrafo 9.6 supra, el
Comité decide que la detención del autor en 1988-1989 y en 1990 no fue
ni razonable ni necesaria en las circunstancias del caso, y constituye en
consecuencia una violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto”78
A su turno, la Comisión Interamericana ha dejado sentado concretamente so-
bre el punto de la gravedad de la conducta imputada y la pena imponible, lo
“… tanto el argumento de la seriedad de la infracción como el de la se-
veridad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración
cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido. La Comisión consi-
dera, sin embargo, que debido a que ambos argumentos se inspiran en
criterios de retribución penal, su utilización para justiﬁcar una prolonga-
da prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la ﬁnalidad
de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de
la pena privativa de la libertad”79
Si se examina el criterio de proporcionalidad que debe inspirar la detención
preventiva, haciendo abstracción del retribucionismo propio de la pena, se llega
a la conclusión, con la Comisión, de que el análisis de la gravedad o seriedad
de la conducta y la pena que tiene dispuesta atentaría seriamente contra los
presupuestos constitucionales e internacionales de la detención preventiva de
naturaleza cautelar, es decir, en este punto de la investigación prima el concep-
to de ﬁnes procesales de la detención sobre los ﬁnes sustanciales o referidos
Comunicación No. 458/1991. Párrafo 9.8. En www.acnur.org/biblioteca
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Jiménez vs. Argentina
(1996). En GUERRERO PERALTA, ob. cit. p. 334.
Este criterio guarda armonía con aquel exhibido en el caso A.C. Australia, en
el que el Comité de Derechos Humanos destacó la importancia de que la deci-
sión sobre la detención debe ser individualizada y tomar en cuenta todas las
circunstancias pertinentes80
V. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEFENSIVA EN AU-
DIENCIA PRELIMINAR DE SOLICITUD DE ME-
DIDA DE ASEGURAMIENTO
A. En relación con la procedencia de la medida de aseguramiento
(art. 313 C.P.P.)
1. En lo atinente a lo exigido por el artículo 313 numeral 2 debe aclararse
que el mínimo de pena de los delitos investigables de oﬁcio debe exceder
de cuatro (4) años, según la precisión que hizo recientemente la Corte
Suprema de Justicia81
respecto de la contradicción que existe entre la
norma mencionada anteriormente y el artículo 315, por lo que al defen-
sor público le incumbe hacer cumplir a favor del usuario la interpretación
de estos preceptos.
2. El Defensor Público igualmente debe velar por que al momento de decidir
sobre la imposición de medidas de aseguramiento, particularmente las
privativas de la libertad, el juez considere todas aquellas circunstancias
modiﬁcadoras del mínimo de pena establecido en la ley para el respectivo
delito, tales como las circunstancias especíﬁcas que atenúan la punibili-
dad, por ejemplo, la cuantía en los delitos contra el patrimonio económi-
co (art. 268 del Código Penal), la tentativa, la participación, la margina-
lidad, ignorancia o pobreza extrema (art. 56 C.P.), la ira o intenso dolor
(57 ibídem) y, en general, todos los fundamentos reales modiﬁcadores
de la pena en tanto atenúen la responsabilidad y por ende disminuyan el
extremo mínimo punitivo de la pena en abstracto.
La Corte Suprema de Justicia ha recordado insistentemente que para efecto
de determinar el mínimo de pena con ﬁnes de medidas de aseguramiento,
especialmente la detención preventiva, es necesario analizar si concurren las
mencionadas circunstancias que disminuirían o atenuarían la pena mínima en
abstracto82
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal
e interamericano. Pág. 294.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 20 de octubre del 2005. M.P. Dr.
Jorge Luis Quintero Milanés. Segunda Instancia Proceso 24.152. En www.ramaju-
dicial.gov.co
Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia de
26 de julio del 2001. Proceso 7026. M.P.: Dr. Carlos E. Mejía Escobar y auto de
B. En relación con la inferencia razonable de autoría o participación en la
1. Descubrimiento mínimo de elementos probatorios. La línea de la defen-
sa pública ha de orientarse siempre por la presunción de inocencia (art.
29 C.N.) y la aﬁrmación de la libertad (art. 295 C.P.P.), lo que implica, en
primer lugar, exigir, con base en la interpretación constitucional (senten-
cia C-1154 del 2005) y la ley (art. 288 numeral 2° C.P.P.) que la Fiscalía
efectúe un mínimo descubrimiento de los elementos materiales pro-
batorios, evidencia física e información que presente como sustento
de la petición de imposición de la medida, e igualmente veriﬁcar que
respecto de dicho material probatorio la Fiscalía efectúe una evaluación,
y la defensa pueda controvertir dichos elementos de convicción.
2. Estrategia defensiva en caso de deﬁciencia fáctica, jurídica o proba-
toria de la sustentación o de la decisión. Lo anterior no signiﬁca que
la Defensa deba asumir un comportamiento activo o proactivo cuando
nota que no se cumplió con el descubrimiento mínimo de elementos
de conocimiento, no se indicaron dichos elementos, no se evaluaron y
no se permitió su controversia, ya que en este caso, como en aquellos
en que la Fiscalía no sustente suﬁcientemente desde el punto de vista
argumentativo su petición, la mejor estrategia será guardar silencio y
atacar vía apelación la legalidad de la medida, por violación directa de la
ley procesal (arts. 288, 306 y 308 C.P.P.) y ausencia de motivación de la
decisión judicial (además de los anteriores, el artículo 162 C.P.P. y el 55
de la Ley 270 de 1996).
3. Exclusión, inadmisibilidad, carencia de conﬁabilidad o eﬁcacia pro-
batoria. Igualmente se debe orientar la intervención defensiva hacia
el análisis de las situaciones de exclusión de evidencia y elementos
probatorios, conﬁabilidad y eﬁcacia de los mismos, por ejemplo, en
relación con la “prueba” ilícita, la prueba de referencia, la cual puede
ser atacada o fundamentada desde su inadmisibilidad por no cumplir
con la inmediación y por ser imposible su controversia, hasta su poca
conﬁabilidad o fragilidad para forjar el conocimiento del juez y por ende
su decisión judicial sobre la medida83
4. Desconocimiento de garantía de no autoincriminación. El defensor pú-
blico debe oponerse a la medida de aseguramiento cuando ella quiera
cimentarse en la palabra del indiciado al momento de su captura o en
actuaciones posteriores y ese conocimiento quiera llevarse por conducto
del policial que realizó la captura, o aquello consignado en un informe de
segunda instancia de 29 de noviembre del 2001. Proceso 18915. M.P. Dr. Édgar
Lombana Trujillo. En www.ramajudicial.gov.co
Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Manual del Defensor Público en el Sistema
Acusatorio Colombiano. 2005. Pp. 71-72.
captura o cualquier de policía judicial, o mediante una declaración cual-
quiera sin el lleno de los requisitos legales, ya que en dicha eventualidad
se trata de información ilegal por desconocimiento de un privilegio
5. Exclusión anterior de los elementos de prueba. En los casos en que
la petición de medida de aseguramiento esté precedida de un control
de legalidad de captura o de allanamientos y registros, si los elementos
de prueba fueron excluidos por el Juez de Garantías, debe el defensor
oponerse a que los mismos sean utilizados nuevamente, esta vez con
ﬁnalidad de medida cautelar.
6. Cadena de custodia del material probatorio. Cuando los elementos mate-
riales probatorios y evidencia física no hayan sido “recogidos y asegura-
dos” legalmente, conforme las voces del artículo 308 C.P.P., el defensor
público deberá oponerse a cualquier medida, y especialmente a las de
aseguramiento que pretenda fundarse en dichos elementos de prueba.
7. Probabilidad de existencia de causales de exclusión de responsabili-
dad (art. 32 C.P.). Si los elementos de convicción exhibidos, evaluados
en la audiencia de petición de medida de aseguramiento y controvertidos
en esa misma sede apuntan a una causal que ponga en duda la inferen-
cia razonable de autoría o participación, como por ejemplo, los eventos
de caso fortuito y fuerza mayor (causal 1ª, art. 32 del Código Penal),
insuperable coacción ajena (causal 8ª ibídem), errores de tipo (causal
10ª, primera parte), no procede la medida de aseguramiento privativa de
la libertad por cuanto se afecta dicha inferencia razonable de autoría o
participación, integrantes, ambos, de la tipicidad del comportamiento84
En otros términos, es irrazonable predicar autoría o participación de
conductas que, con grado de probabilidad, no ingresan ni siquiera en la
órbita del derecho penal por no tratarse de acciones ﬁnalísticamente en-
tendidas, o en el peor de los casos, aparecer como conductas atípicas.
8. Si se trata de las demás causales de ausencia de responsabilidad del
artículo 32 (causales de justiﬁcación e inculpabilidad), de aquellas que en
realidad la excluyen (pues no todas las consagradas en esa norma tienen
como consecuencia dicha exoneración), el defensor público debe develar
lo innecesario y desproporcionado de la imposición de la medida de ase-
guramiento de detención preventiva carcelaria o domiciliaria, no por ca-
rencia del requisito de la inferencia razonable de autoría o participación,
sino por inobservancia de los requisitos de urgencia, necesidad, propor-
cionalidad, adecuación y razonabilidad de la medida, ya que no cumpliría
estos requisitos una tal medida que, en presencia de una probable causal
84 Cfr. PRIETO VERA, Alberto José. “Los recursos en las audiencias preliminares
y previas al juicio oral.” En El Proceso Penal Acusatorio Colombiano. Tomo III.
de ausencia de responsabilidad, ordene sin mayor análisis la internación
carcelaria o domiciliaria, con el argumento de que no se han probado, más
allá de la duda, dichas causales de exclusión de responsabilidad85
El Defensor velará entonces por el cumplimiento de la aﬁrmación de la libertad
y la presunción de inocencia, pues si a ellas se aúnan circunstancias que ha-
rían permisible, justiﬁcada o adecuada socialmente en grado de probabilidad la
conducta imputada, resulta desproporcionada e irrazonable la utilización de la
medida cautelar en estos eventos.
En cualquier caso, el defensor público pedirá en últimas al juez de control de
garantías que garantice los ﬁnes constitucionales de la medida de asegura-
miento, con otras medidas de mediana o leve afectación del derecho a la li-
bertad, como aquellas consagradas en el artículo 307, literal B). del Código de
Procedimiento Penal86
C. En relación con la proporcionalidad y necesidad de la medida
de aseguramiento (Art. 308 y siguientes C.P.P.)
1. El principio de proporcionalidad en las afectaciones a derechos fun-
damentales. El defensor público debe conocer a plenitud la mecánica de
este principio en el ordenamiento jurídico colombiano, pues los términos
de necesidad, ponderación, adecuación y razonabilidad que aparecen
como principios orientadores en el tema de la libertad (arts. 27 y 295),
son en realidad subprincipios del principio de proporcionalidad, el cual
es considerado por la Corte Constitucional como status o metodología
de control constitucional de las afectaciones a los derechos fundamenta-
2. Juez de constitucionalidad. En esa misma orientación el defensor públi-
co debe tener en cuenta que en materia de afectaciones a los derechos
fundamentales se encuentra ante un juez de constitucionalidad, de tutela,
de garantías, cuya obligación al resolver cada petición se fundamentará
en la metodología del principio de proporcionalidad.
3. El numeral 1° del artículo 310 C.P.P. impone que se veriﬁque probato-
riamente la continuación de la actividad delictual o en su defecto la
existencia de una organización criminal, siendo necesario que dicho
concepto se extraiga de la jurisprudencia constitucional, en la cual se
aﬁrma que la mera participación criminal a título de autor o partícipe no
implica la existencia de una organización, ya que ella supone una ver-
En apoyo de esta tesis, recuérdese que el legislador procesal penal del 2000 con-
sideró razonable en su artículo 356, inciso 3° (Ley 600), que “no procederá la
medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado pudo
haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”, lo
cual puede ser un argumento adicional en defensa de esta postura.
dadera empresa o societas sceleris con capacidad de asumir a futuro
delitos de manera indeterminada87
4. Número de delitos y naturaleza de los mismos. En cuanto al número
de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos (numeral 2° del
art. C.P.P.), no se trata de que en todos los casos en que se presenta
concurso de delitos o la imputación de más de un delito sea automática
la imposición de la medida, sino que debe examinarse si esa pluralidad
de imputaciones conduce de manera razonable a aumentar el peligro a la
comunidad, analizando todas las circunstancias pertinentes, ya que si la
sumatoria obedece a la realización de una única ﬁnalidad sin acrecentar
el peligro a la comunidad, individualmente considerados los comporta-
mientos, no cabe predicar peligro a la comunidad con fundamento en
El mismo razonamiento se predica respecto de la naturaleza de los deli-
tos, ya que no basta su gravedad sino si ella y todas las demás circuns-
tancias pueden llevar a concluir que el procesado en libertad pondrá en
peligro a la comunidad.
5. Comportamiento anterior. El hecho de estar acusado o de encontrar-
se sujeto a alguna medida de aseguramiento o de estar disfrutando un
mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito do-
loso o preterintencional, es un supuesto que debe ser cuidadosamente
examinado por el defensor público a la hora de intervenir oponiéndose a
su inadecuada y desproporcionada aplicación, ya que no se trata de que
el juez únicamente aplique automáticamente la medida solicitada por la
aparición formal de uno cualquiera de estos supuestos de hecho, sino
que el juez se debe detener en el análisis de dichas circunstancias a la
luz de la naturaleza de los delitos por los que se impuso la acusación, la
medida o se concedió el subrogado, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de tales supuestos, pues no todos esos supuestos tendrán en
muchas ocasiones la vocación inequívoca de desvirtuar la aﬁrmación de
Por ejemplo, si la persona está siendo imputada por hurto agravado y
caliﬁcado y le aparece una medida de aseguramiento por inasistencia
alimentaria y otra por daño en bien ajeno, no se puede colegir de allí
peligro a la comunidad, por cuanto los comportamientos son totalmente
disímiles y no denotan peligrosidad o proclividad hacia determinada de-
lincuencia de parte del imputado.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de 20 de mayo de 1997. M.P. Dr. Fabio
6. Sentencias condenatorias. El defensor tendrá en cuenta en primer lugar
que se trate de delitos de similar naturaleza, que los antecedentes revis-
tan gravedad y que las sentencias condenatorias se encuentren vigentes,
pues si no lo están no cabe aplicar este supuesto normativo para deri-
varle al imputado consecuencias adversas sobre una medida de asegura-
miento en su contra.
7. Peligro para la víctima. La línea defensorial en este sentido es que no se
extienda ilimitadamente el concepto de víctimas a personas que no caben
en la deﬁnición que de ellas hace el C.P.P., entendiendo por tales las per-
sonas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o
colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del
8. Falta de arraigo. El defensor público debe permanecer alerta cuando la
Fiscalía invoca la falta de arraigo de las personas, pues no se trata de no
haber podido establecer dónde vive la persona, o que haya suministrado
un teléfono o dirección que no coincide o que sea un habitante de la calle
o que se trate de un trashumante, pues si estas condiciones implicaran,
per se, la medida cautelar, se estaría atentando contra otros derechos
fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a
la igualdad, en un país en que la situación económica obliga a la mayoría
de colombianos a vivir desplazados o en situación de trashumancia.
La consideración del arraigo debe entonces examinarse con sumo cuida-
do, siempre a favor de la persona a quien se quiere beneﬁciar no impo-
niéndole medida o imponiéndole una menos severa; pero cuando su uti-
lización sea para gravar o perjudicar al imputado, el defensor público ha
de estar atento para develar al juez los visos de inconstitucionalidad por
afectación de otros derechos fundamentales, como los mencionados, no
menos importantes que la administración de justicia y el aseguramiento
de la investigación penal.
“Las prisiones son el único lugar
donde el poder y su injusticia
pueden manifestarse en toda
su violenta desnudez”.

References: artículo 9
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 9
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 162
 artículo 308

artículo 32
 artículo 307
 artículo 310
 artículo 356