Source: http://www.politicasim.com/t6273p50-xiii-legislatura-mesa-del-congreso
Timestamp: 2019-01-20 08:41:06+00:00

Document:
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 - Simulador de Política Española
por Alejandro Verdejo el Miér 9 Ene 2019 - 22:18
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 10 Ene 2019 - 22:29
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 10 Ene 2019 - 22:43
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 10 Ene 2019 - 23:04
Proyecto de Ley por el que se Establece el Gravamen sobre el Uso de Sustancias Contaminantes.
-Teresa Ribera Rodríguez,
Ministra para la Transición Ecológica.
-María Jesús Montero Cuadrado,
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Vie 11 Ene 2019 - 19:02, editado 1 vez
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 10 Ene 2019 - 23:14
Proyecto de Ley para el Establecimiento de un Recargo de Solidaridad a las Entidades de Crédito.
Es un hecho bien conocido que el sistema financiero en España ha recibido múltiples ayudas por parte del Sector Público. Según el «Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015» n.º 1190 del Tribunal de Cuentas, las ayudas en recapitalización y créditos blandos ascienden a 122.122 millones de euros. De ellos, el Banco de España en su «Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014» reconoce como irrecuperables hasta ahora más de 60.000 millones, incluso descontando la parte que o bien ya se ha recuperado o es factible recuperar. Por tanto, no cabe afirmar que con la privatización de las entidades en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) se vayan a recuperar dichas ayudas.
De las ayudas irrecuperables, más de 10.000 millones corresponden a los llamados «Esquemas de Protección de Activos» (EPAs), que han sido ejecutados y han supuesto una transferencia directa de recursos públicos a las cuentas de resultado de los bancos que adquirieron las entidades intervenidas. Ayudas que por su propia naturaleza se sabían irrecuperables desde el principio y que se le ocultaron a la opinión pública de forma reiterada en sucesivas declaraciones del Gobierno.
Como consecuencia de la gestión de la reestructuración bancaria, los grandes bancos adquirieron entidades que habían recibido importantes inyecciones de dinero público. Así, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) adquirió entidades que habían recibido más de 21.931 millones de euros en ayudas, correspondientes a UNNIM (6.421 millones de euros) y Catalunya Banc (15.510 millones de euros); por otra parte, el Banco Sabadell absorbió bancos que habían recibido 27.552 millones de euros, por las ayudas recibidas por la CAM (26.302 millones de euros) y el Banco Gallego (1.250 millones de euros), de acuerdo al mencionado informe del Tribunal de Cuentas.
Por tanto, es el sector financiero en su conjunto (ahora predominantemente bancario) el que se ha beneficiado de que el Estado asumiera las pérdidas provocadas por la mala gestión de las entidades. Y, tras la recapitalización, las vendiera no sólo con pérdidas, sino incluso dando avales en forma de EPAs, por valor de 10.800 millones de euros, que en la actualidad son irrecuperables.
Las cifras anteriores se han actualizado en las notas que periódicamente publica el Banco de España desde 2013, siendo la última de ellas de septiembre de 2017. En dicho documento se contabilizan a septiembre de 2017 las ayudas tanto por tipo, como por entidad. Concretamente el total de ayudas destinadas a ayudas financieras para el sector bancario alcanza el montante de 56.865, de los cuales, 42.590 millones de euros se consideran perdidos.
Gracias a todas estas ayudas, la banca ha vuelto a tener beneficios. De hecho, de acuerdo a las estimaciones de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) sobre la recaudación del Impuesto de Sociedades, las entidades crediticias han recuperado una base imponible cercana a la que existía en 2009, antes de la crisis económica y financiera, que supera los 10.000 millones de euros en 2015.
Pero su tributación efectiva sigue siendo enormemente menor de lo establecido en el impuesto. Así, por ejemplo, atendiendo a la cuenta de resultados individuales del sector bancario (disponible en la Asociación Española de Banca y en la Confederación Española de Cajas de Ahorros), la tributación efectiva de las entidades con beneficios fue tan sólo el 9% en 2015 (presentaban un resultado antes de impuestos de 10.900 millones de euros y tributaron 938 millones de euros) y un 17 % en 2016 (presentaban 11.180 millones de euros y tributaron 1.888 millones de euros).
Por todo ello, consideramos ineludible la introducción de este mecanismo tributario para, por un lado, recobrar parte de las enormes pérdidas en las que se ha incurrido por el rescate bancario, una vez que el sector vuelve a tener notables beneficios. Y, por otro lado, establecer una contribución justa del sector financiero.
Artículo único. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Se introduce una nueva disposición transitoria a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria trigésimo novena.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2019, el tipo de gravamen establecido en el apartado 6 del artículo 29 para las entidades de crédito se verá incrementado en 10 puntos porcentuales. Dicho incremento se mantendrá durante los cuatro años siguientes al de su entrada en vigor y podrá ser objeto de prórrogas una vez finalizado este periodo por otros de duración similar.».
Lo dispuesto en esta Ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Vie 11 Ene 2019 - 19:07, editado 1 vez
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 10 Ene 2019 - 23:16
El GOBIERNO solicita que los cuatro proyectos de Ley presentados anteriormente sean tramitados por la VÍA DE URGENCIA.
por Jaume Espadà i Guillem el Vie 11 Ene 2019 - 18:50
Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Durante los últimos años, como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2008 y que ha durado cerca de una década, se ha producido un empobrecimiento generalizado de las clases medias, y una precipitación del empobrecimiento de las clases trabajadoras.
Nuestro compromiso como Gobierno no es otro que revertir esta situación y devolver a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas el poder adquisitivo perdido durante los años de recesión.
Ello pasa por la liberación de la carga fiscal sobre aquellos que más la sufren, es decir, aquellos con las rentas más bajas, que sufren especialmente los impuestos que gravan los consumos.
Es todo ello lo que nos motiva a presentar y aprobar la presente Ley.
Por la presente Ley se modifica:
1. El artículo 90 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando establecido de la siguiente forma:
1. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
En las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes que hayan sido exclusivamente objeto de servicios exentos mientras han permanecido vinculados a los regímenes o situaciones a que se refieren los artículos 23 y 24 de esta Ley, se aplicará el tipo impositivo que hubiera correspondido a los citados servicios si no hubiesen estado exentos.».
2. El artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando establecido de la siguiente forma:
«Artículo 91. Tipos impositivos reducidos.
1. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes:
b) Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el apartado octavo del anexo de esta Ley, que por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos.1 de este artículo.
2. Se aplicará el tipo del 4 por ciento a las operaciones siguientes:
g) Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.
3. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también aplicable a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, y tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos preceptos.
El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública a que se refiere el apartado uno.3 de este artículo.».
Lo dispuesto en la presente Ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
por Jaume Espadà i Guillem el Vie 11 Ene 2019 - 22:08
Proyecto de Ley para la Implantación de un Índice de Revalorización Digno del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Por lo tanto, nuestra posición respecto al sistema de revalorización actual es totalmente contrario, y es por ello por lo que en la presente Ley proponemos el regreso al modelo anterior, dando sin duda así un giro social al valor de las pensiones.
Por la presente Ley se modifica el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, quedando establecido de la siguiente forma:
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Magdalena Valerio Cordero,
Ministra de Trabajo y Migraciones y Seguridad Social.
por Jesús Aguilar el Dom 13 Ene 2019 - 12:09
Proposición De Ley Sobre La Restitución De La Mesa
Tras la aprobación de la modificación del reglamento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición de ley para elegir una nueva mesa en el Congreso:
Al aprobarse este proyecto de ley, la Mesa Del Congreso quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de esta.
por Jesús Aguilar el Dom 13 Ene 2019 - 12:10
por Joaquim Capdevilla el Dom 13 Ene 2019 - 21:40
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y EL MATERIAL CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» y asignando a los poderes públicos la obligación de garantizar y hacer efectivo este derecho.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que «la enseñanza básica [...] es obligatoria y gratuita para todas las personas» y en su artículo 3.3 precisa que «la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica». El artículo 3.10 de la misma Ley Orgánica establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito.
Sin embargo, el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica se pone en entredicho por el hecho de que en la actualidad son las familias las que cada año tienen que hacer frente a los costes de adquisición de los libros de texto y el material curricular, lo que supone un esfuerzo considerable para muchas familias y uno difícilmente asumible en el caso de aquellas que disponen de menores recursos económicos. Por ello, partiendo del marco normativo expuesto, mediante la presente Ley se pretende profundizar
en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la igualdad del individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, con el convencimiento de que una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. A favor de un concepto amplio de gratuidad de la enseñanza básica que englobe los libros de texto se han pronunciado ya instancias tan relevantes como el Consejo Escolar del Estado en su Informe del curso 1998-1999 y en su propuesta de mayo de 2014, el Congreso de los Diputados mediante proposición no de ley aprobada en septiembre de 2013 o el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre la gratuidad de los libros de texto de octubre de 2013.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición de Ley:
La presente Ley tiene por objeto reconocer el derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación especial. El derecho a la gratuidad se hará efectivo a través de un sistema de préstamo en los términos establecidos
en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en la disposición adicional 4 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
1. El sistema de préstamo de libros de texto y de material curricular es el medio que sirve a la plena realización del derecho a la gratuidad de libros de texto y de material curricular que, a su vez, ha de permitir la consecución del objetivo de gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria.
2. El desarrollo del sistema de préstamo responderá a los siguientes principios:
a) Fomento en los alumnos de actitudes de respeto, compromiso, solidaridad y corresponsabilidad.
b) Reconocimiento del papel activo de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
c) Contribución a la creación de entornos de aprendizaje más eficaces.
d) Refuerzo a la autonomía de los centros docentes.
e) Profundización de los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros docentes.
f) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y valores de uso responsable de los bienes
respetuosos con la sostenibilidad ambiental.
1. Para el seguimiento y evaluación del sistema de préstamo regulado en esta Ley, las Comunidades Autónomas establecerán, conforme a su legislación, una comisión de seguimiento que, en todo caso, deberá garantizar una representación plural de la comunidad educativa.
2. La comisión de seguimiento elaborará, a la conclusión de cada curso escolar, un informe sobre el número de alumnos beneficiarios del sistema y los libros de texto y los materiales curriculares adquiridos en cada curso con desglose de los que lo hayan sido por vencimiento de su plazo de vigencia o por necesidades de reposición. El informe será público.
Disposición adicional primera. Ampliación a otras etapas educativas.
Las Comunidades Autónomas podrán ampliar el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, así como el sistema de préstamo, a otras etapas no obligatorias de la Educación como la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio o superior.
La legislación atenderá a las particularidades que presente la efectividad del derecho a la gratuidad de los libros escolares y del material curricular a los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Especial, con asignaciones presupuestarias acordes a la naturaleza de los libros empleados.
Los centros privados concertados adecuarán la organización y competencias de sus órganos de gobierno al contenido de la presente Ley y de sus normas de desarrollo, de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación.
Disposición adicional cuarta. Actuaciones de la Inspección educativa.
La Alta Inspección Educativa, en coordinación y colaboración con las Inspecciones educativas de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia, supervisará el disfrute del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, así como el correcto funcionamiento del sistema de préstamo.
Disposición adicional quinta. Ayudas para la adquisición de otros materiales escolares.
Las Administraciones Públicas, con la finalidad de consolidar la efectividad del derecho a la gratuidad de la enseñanza básica, podrán desarrollar programas de ayudas y subvenciones públicas para la adquisición de material escolar básico, incluyendo el material escolar no reutilizable, fungible o de papelería, así como de los soportes de libros digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que opten por esta modalidad.
Se añade un nuevo artículo 4 bis a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:
«Artículo 4 bis. Derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular.
1. Los padres o, en su defecto, sus representantes legales, tienen derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular necesarios para que los alumnos puedan cursar las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, ‘incluyendo los escolarizados
Las Comunidades Autónomas podrán ampliar por disposición legal el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular a que se refiere el apartado anterior a otras etapas no obligatorias de la Educación, como la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio o superior.
2. El derecho a la gratuidad reconocido en el anterior apartado se hará efectivo mediante un sistema de préstamo de los libros de texto y del material curricular de la propiedad de las Administraciones educativas, que los pondrá a disposición de los centros docentes para su uso por
el alumnado. A tal fin, las Comunidades Autónomas arbitrarán las dotaciones presupuestarias suficientes y necesarias para financiar la adquisición de los libros de texto y el material curricular, así como las necesidades de su reposición.
3. Los centros concertados se podrán adherir al sistema de préstamo para lo que deberán manifestar su voluntad de incorporarse, asumiendo las obligaciones correspondientes, de acuerdo con lo previsto en este artículo y en la legislación que lo desarrolle, en particular, en la disposición adicional 4 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se añade una nueva disposición adicional cuarta bis a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta bis. Garantía del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular.
1. Los libros de texto y el material curricular serán gratuitos para todos los alumnos de las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, incluyendo los escolarizados en centros de educación especial, en los términos establecidos en el artículo 4 bis de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, mediante el sistema de préstamo regulado en esta disposición. Las Administraciones educativas deberán establecer los medios y dotar de los recursos necesarios para garantizar y hacer efectivo el derecho reconocido.
Lo dispuesto en la presente disposición será igualmente de aplicación en las etapas educativas a las que Comunidades Autónomas ampliasen el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, en los términos establecidos en el citado artículo 4 bis de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
2. A los efectos de lo dispuesto en esta disposición, se entenderá por:
a) “libro de texto”: el material de carácter duradero y autosuficiente destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolle de forma completa el currículo establecido por la normativa aplicable para cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda.
b) “material curricular”: los recursos didácticos, realizados en cualquier medio o soporte, sean o no de elaboración propia, necesarios para el desarrollo de una materia, área o módulo en todo lo que dispone la normativa de las Comunidades Autónomas o para las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales; así como cualquier material que pueda ser exigido a los alumnos.
3. La elección de los libros de texto corresponderá a cada centro docente y se realizará con arreglo al procedimiento regulado en la legislación aplicable, con respeto, en todo caso, a la libertad de expresión y de cátedra reconocidos en la Constitución. Las ediciones elegidas no podrán ser sustituidas durante un período mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas y conforme a la legislación aplicable. No obstante, los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil de los libros de texto y de los materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de racionalizar el gasto público.
4. La propiedad de los libros de texto y el material curricular objetos del sistema de préstamo corresponderá a la Administración educativa, que procederá a su adquisición por los procedimientos contemplados en la legislación aplicable. Los libros de texto y el material curricular serán cedidos, una vez adquiridos, al centro escolar, en el que permanecerán una vez acabado el curso escolar.
5. El libro de texto podrá estar editado en formato impreso o digital. En el formato impreso no se podrán incluir apartados destinados al trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, excepto en los destinados a los cursos primero y segundo de Educación Primaria y a los alumnos con necesidades educativas especiales para los que se preverá reglamentariamente su renovación anual.
6. Los libros de texto en formato digital que estén disponibles en línea, deben permitir su descarga bien en un ordenador personal o en una tableta, de forma que permita que el alumnado pueda disponer de la información contenida en ellos sin necesidad de conexión a redes de comunicación para el desarrollo de las actividades contenidas en él.»
Disposición final tercera. Calendario de implantación.
El calendario de implantación del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular en cada una de las etapas educativas se establecerá reglamentariamente, oída previamente la Conferencia Sectorial de Educación.
Disposición final cuarta. Consideración de los efectos de las disposiciones de la presente Ley en el diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Los efectos económicos de la gratuidad de los libros de texto y el material curricular y de las demás disposiciones reguladas en esta Ley deberán ser tenidas en consideración en el diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución.
Las normas de la presente Ley serán desarrolladas por las Comunidades Autónomas o por el Estado, según el reparto constitucional de competencias.
Disposición final séptima. Carácter de Ley Orgánica de esta Ley.
Tiene carácter de Ley Orgánica lo dispuesto en la disposición final primera.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.
Presidente del Grupo Parlamentario Popular
por Jaume Espadà i Guillem el Jue 17 Ene 2019 - 23:12
Proyecto de Ley Orgánica de Derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada a pesar de la falta de consenso político y ante una alta contestación social.
Además, ha supuesto un evidente retroceso en libertades públicas y en algunos derechos constitucionales fundamentales como así ha sido reconocido por el Poder Judicial.
Ante la urgencia ciudadana y hasta la aprobación por las Cortes Generales de un nuevo texto fruto del acuerdo político y social, se propone su derogación y el restablecimiento de la normativa anterior.
Artículo único. Derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Por la presente Ley Orgánica queda derogada la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Disposición transitoria única. Recuperación de la vigencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Hasta que una nueva ley sobre esta misma materia entrare en vigor, recupérese la total vigencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

References: artículo 29
 artículo 149
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 11
 artículo 149
e contrario
 artículo 58
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 149