Source: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr4.htm
Timestamp: 2014-07-23 03:41:07+00:00

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EL CONTRATO DE ATENCIÓN M�DICA. NATURALEZA JURÍDICA
Pedro Alfonso LABARIEGA VILLANUEVA *
No cabe la menor duda que ejercitar la medicina resulta una actividad asaz compleja, como lo puede ser la pr�ctica de cualquier otra profesi�n liberal, quiz� porque las prestaciones de la profesi�n o la forma en que se ejecuta pueden ser copiosamente variables. Tambi�n resulta incuestionable que el m�dico, en el ejercicio de su profesi�n, puede, como cualquier otro profesional, generar con los usuarios de sus servicios relaciones jur�dicas obligatorias, las que normalmente se originan de un acuerdo de voluntades o contrato de atenci�n m�dica,2 aunque existen excepciones, como por ejemplo cuando el enfermo carece transitoriamente de su voluntad (verbigracia, caso del accidentado inconsciente), ya por encontrarse incapacitado (por ejemplo, el esquizofr�nico) o por tener limitada su capacidad (verbigracia, el menor de edad), supuestos en los que son los representantes quienes ponen en juego su propia voluntad o, tal vez, nadie, concret�ndose un tipo de gesti�n de negocios ajenos en donde el m�dico es el gestor.
Efectivamente, no puede existir contrato entre el m�dico y el hotelero que lo llam� a la cabecera de un turista repentinamente enfermo en su albergue; ni entre el m�dico y el testigo presencial de un accidente de tr�nsito que levanta a una persona herida inconsciente en la carretera y lo transporta a la cl�nica de aqu�l. Es evidente que el hotelero y el altruista han actuado as� impelidos por deberes de humanidad, cual gestores de negocios ajenos o, si se quiere, como mandatarios t�citos del accidentado. Ellos no deben, por tanto, honorarios al galeno, ya que no hay v�nculo personal alguno que los una a la v�ctima.3
Como es evidente, la tem�tica por abordar sobre este interesante contrato es amplia. Sin embargo, conviene puntualizar que el acuerdo de voluntades entre el m�dico y el paciente lo hemos de circunscribir a la hip�tesis de que el m�dico ejerza como profesional libre en su papel de terapeuta. En esta ocasi�n, el tema a desarrollar se refiere a la naturaleza jur�dica del mismo. Desde luego que no es nada f�cil:
definir el contrato de servicios m�dicos, alambicar sus caracteres esenciales y las obligaciones de �l desprendidas, que constituyen sus efectos; mas la misma dificultad existe para otras convenciones que, asimismo, se establecen de modo normalmente t�cito (por ejemplo, con abogados o arquitectos) y nadie pens� jam�s en negar su existencia. Pueden, por otro lado y aunque con dificultad, delimitarse con bastante precisi�n las obligaciones que para las partes engendra el contrato en estudio. La principal obligaci�n del cliente -anticipamos- ser� una obligaci�n de dar (do ut) (honorarios), pero la obligaci�n b�sica del m�dico no es de dar (la salud, por ejemplo), sino de hacer (faciat) (lo preciso para lograrla); o, m�s propiamente, se trata no de una obligaci�n de resultados, sino de medios. Es dentro de esta moderna categor�a de obligaciones de medios o de diligencia -las m�s numerosas, por cierto, cuya finalidad �ltima y fundamental se halla fuera de la obligaci�n misma- donde cabe emplazar el deber contractual del m�dico. No es su obligaci�n tanto el dar la salud al enfermo (siquiera, en ocasiones, porque ad imposibilia nemo tenetur) cuanto el poner de su parte todo lo que de �l dependa para d�rsela; lo que viene a a�adir a la elemental y cl�sica concepci�n de la simple obligaci�n de hacer, un elemento de buena voluntad, de especial dedicaci�n, de resuelto el esfuerzo del obligado.4
II. CONCEPTO DE CONTRATO DE ATENCIÓN M�DICA
Aunque s�lo trataremos algunos aspectos de dicho contrato, es conveniente tener una idea m�s o menos aproximada al respecto. Se trata de un acuerdo de voluntades por el que un profesional5 de la medicina se obliga a brindar sus servicios m�dicos o de asistencia facultativa al cliente y �ste se compromete a remunerarlos.6
De Lorenzo expresa que el contrato m�dico o de asistencia m�dica es aquel que tiene por objeto una prestaci�n facultativa, en orden a la promoci�n, prevenci�n, restauraci�n y/o rehabilitaci�n de la salud.7
La Ley General de Salud mexicana entiende por atenci�n m�dica: "el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud" (art�culo 32).
Existe una sentencia de la Corte de Casaci�n francesa de 20 de mayo de 1936, que es ya un precedente cl�sico, por la gran trascendencia que ha tenido en torno a la discusi�n doctrinal sobre la existencia de un contrato de servicios m�dicos, en donde clara y contundentemente se dictamin�:
Que entre el m�dico y su cliente se forma un verdadero contrato que comporta para el facultativo la obligaci�n, si no de curar al enfermo, s� la de prestarle asistencia tal que parezca enunciar una atenci�n ordinaria, sino concienzuda y atenta, salvo circunstancias excepcionales, conforme a las reglas del arte, y la violaci�n incluso voluntaria de esta obligaci�n contractual es sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, es decir, contractual.8
Resulta, pues, un marco referencial obligado, ya que existi� la teor�a que lleg� a rechazar la �ndole contractual de la prestaci�n de servicios m�dicos, de la que m�s adelante nos ocupamos.
Por su parte, el Tribunal Supremo espa�ol reconoci� la tesis contractual de este contrato en la sentencia de 7 de noviembre de 1940 al se�alar que: "El contrato... molde ampl�simo que cobija sin g�nero de duda los servicios superiores y muy calificados de quienes como m�dicos ejercen las llamadas profesiones y artes liberales...".9
Con fundamento en lo anterior, b�sicamente hay que distinguir dos hip�tesis:
a) Relaciones directas entre el facultativo y el cliente. En este supuesto, la atenci�n m�dica se otorga con base en un acuerdo expreso o t�cito en donde intervienen ambos (la existencia de un contrato es actualmente admitida por todos los autores y por la jurisprudencia, pero la discrepancia campea en torno a la naturaleza jur�dica).
b) Relaciones contractuales complejas. En este caso hemos de incluir las situaciones en donde el galeno es quien contrata sus servicios con el hospital, con una compa��a de seguros u otras hip�tesis parecidas, mientras que el cliente contrata con tales personas jur�dicas para recibir la asistencia m�dica, sin detrimento de los matices sobre su naturaleza privada o p�blica.10
Respecto al t�rmino m�s adecuado para nombrar al sujeto pasivo de dicha relaci�n contractual, la doctrina todav�a no encuentra el m�s preciso, ya que paciente es sin�nimo de enfermo, pero tambi�n denota al que ejercita la virtud opuesta al vicio de la ira. Enfermo es apelativo no muy id�neo para quien acude al m�dico sin padecer afecci�n alguna, aunque �l puede creer otra cosa -enfermo subjetivo-. Cliente es una denominaci�n que el uso ha restringido, quiz�s excesivamente, a la pr�ctica comercial como equivalente de comprador.11
Usuario de servicios de salud, polivalente el primer vocablo que no la locuci�n, empleada por la Ley General de Salud atinente a "toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores p�blico, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta ley y dem�s disposiciones aplicables" (art�culo 50).12
En fin, despu�s de estas explicaciones, es factible usar indistintamente dichas locuciones, eligiendo la m�s apropiada para cada ocasi�n.
No menos complicado, resulta, adem�s, determinar la naturaleza jur�dica del contrato -de derecho civil- que hoy nos ocupa, el cual regula la relaci�n entre el m�dico y el usuario de los servicios m�dicos y los derechos y obligaciones de ambas partes, ya que a lo largo de su historia ha ido evolucionando paulatinamente la cuesti�n con la idea de decantarla de aspectos err�neos o superfluos.
El asunto es pol�mico, no s�lo por las distintas teor�as que esgrime la doctrina y la jurisprudencia, sino tambi�n por el inter�s pr�ctico que presenta esta cuesti�n, ya que la elecci�n de la soluci�n que se adopte determinar� el ordenamiento jur�dico aplicable.
III. TEORÍAS QUE TRATAN DE EXPLICAR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE ATENCIÓN M�DICA
Ya hemos expresado que normalmente la relaci�n jur�dica que nace entre el m�dico y su cliente surge cuando �ste requiere de aqu�l sus servicios m�dicos o de asistencia facultativa y, en virtud de ello, se otorgue un consentimiento rec�proco mediante el concierto de voluntades. Desde luego que la doctrina y la jurisprudencia que han analizado tal planteamiento, admiten con car�cter de generalidad la probabilidad de la existencia de un contrato en la relaci�n arriba descrita. Sin embargo, existe una serie de casos que con m�s o menos frecuencia nos presenta la pr�ctica, los cuales al introducir ciertos matices no encajan del todo en la hip�tesis ordinaria y habitual. Ellos son, a mi juicio, la fuente de discrepancia respecto a la naturaleza jur�dica de la atenci�n m�dica.
Al respecto se han planteado diversas teor�as. En esta oportunidad revisamos: mandato, arrendamiento de servicios, prestaci�n de servicios profesionales, arrendamiento de obra, contrato de trabajo, contrato innominado, contrato sui generis, contrato mixto y contrato multiforme.
IV. HIPÓTESIS ACONTRACTUALISTA
Aunque este parecer ha sido abandonado como objeto de estudio, resulta provechoso conocer sus argumentaciones en la medida en que nos sirvan para comprender los razonamientos de las dem�s teor�as.
Son los juristas franceses representados por Aubry et Rau quienes al negar el car�cter contractual de la relaci�n m�dico-usuario de los servicios m�dicos (m�dico-paciente para otros), sostienen la tesis de que los actos que emergen del ejercicio de una profesi�n literaria, cient�fica o art�stica no pueden ser directamente motivo, objeto de un contrato; consecuentemente quien los prometi� no puede ser civilmente obligado a cumplir con su promesa. De ah� que el compromiso contra�do por un facultativo de tratar a un enfermo (o por un abogado de defender una causa) no produce contra ellos acci�n contractual alguna. En tal virtud, los actos de ejercicio de una profesi�n literaria, cient�fica o art�stica -dicen- no constituyen ni locaci�n de servicios ni siquiera contrato civilmente obligatorio. La inteligencia del ser humano -a�aden- no radica en el comercio y tampoco lo est�n los frutos de ese intelecto. Dichos actos son una gentileza de quien los ofreci�, de modo que el sentido moral, como los principios jur�dicos, censurar�an la pretensi�n de aqu�l que intentase reclamar da�os y perjuicios por incumplimiento de ofrecimiento o promesa tal.13
Ahora bien, los propios autores aceptan la fuerza obligatoria de los contratos cuyo objeto consista en realizar una cosa o producir (opus), pese a que para dicha acci�n se echase mano de talentos art�sticos. De ese modo, estiman civilmente eficaz el compromiso adquirido por un pintor para elaborar un cuadro o por un escritor de entregar una obra para su publicaci�n o representaci�n. Aunque -seg�n ellos- esto ya es contrato de empresa u obra hecha. Sin embargo, otorgan eficacia jur�dica a la promesa de remuneraci�n pactada a favor del profesional por sus actos valiosos (operae). Tal promisi�n de recompensa es v�lida, dicen, y obligatoria, am�n de que su ejecuci�n puede ser exigida ante el foro.14
A todas luces, esta tesis se cimienta en un doble enfoque: el t�pico de la tradici�n jur�dica romana relativo a la profesi�n m�dica y la consideraci�n gen�rica, tambi�n de impronta romana, que proclamaba "nemo ad factum cogi potest" (nadie puede ser obligado a actuar -a realizar una determinada conducta-). En efecto, en Roma, el ejercicio de la medicina primero se subestim�, al punto de considerarlo inconciliable con la dignidad del ciudadano, de modo que pr�cticamente eran s�lo los esclavos quienes profesaban la medicina, y naturalmente en forma gratuita; m�s tarde, al honrarse y enaltecerse a dicha actividad se consider� que el facultativo proporcionaba un servicio de amigo, de modo que el car�cter generoso de su arte se manifestaba en la gratificaci�n especial, "honoso", esto es, premio al honor (de ah� lo de honorarios), justa retribuci�n -que no contraprestaci�n- por sus servicios.15
Esta teor�a, adem�s de cient�ficamente err�nea, deviene disonante con los requerimientos de la vida actual y, por ello mismo, es objetada un�nimemente.16 Desde luego, el galeno que desarrolla su profesi�n puede, al igual que otro profesional, comprometerse con su clientela mediante v�nculos obligacionales perfectamente l�citos y v�lidos. Hoy en d�a, no puede negarse al m�dico la facultad de vivir del ejercicio de la medicina; su derecho a los honorarios, como contraprestaci�n a sus servicios en el �mbito de un contrato normalmente oneroso, as� como reconocer que tambi�n la clientela est� autorizada por el mismo convenio, para exigir del facultativo la conducta, la diligencia que �ste se comprometi� ejecutar.
Variante de la tesis acontractualista
Hay quienes sostienen que las obligaciones del terapeuta frente a su paciente provienen de un orden profesional cuyo origen y raz�n de ser radica en la ley, no en un contrato. Aqu�llos explican que el galeno se obliga, s�, a brindar sus servicios al paciente, pero si falla en el ejercicio de su profesi�n no constituye incumplimiento de obligaci�n contractual, sino quebrantamiento de obligaciones legales y profesionales. Se fundamentan no s�lo en los precedentes romanos antes referidos y en lo problem�tico que resulta fijar los honorarios y la consecuente prestaci�n debida al arte de curar, sino tambi�n en el criterio que adopt� la jurisprudencia francesa -los art�culos 1382 y siguientes del C�digo Civil an�logo al art�culo 1910 del C�digo Civil federal mexicano- para sustentar la posible responsabilidad de los m�dicos en el desempe�o de su actividad, casi ininterrumpidamente hasta el a�o de 1936.17
Pero, como bien ya se expres� con �nimo discrepante,18 reconocida la existencia de un contrato, no se entiende por qu� entre las obligaciones que de �l se derivan, no pueda estar la de acatar las reglas profesionales. Aun cuando ellas precedan al contrato, pueden formar parte de su contenido y, consecuentemente, su transgresi�n implicar� violaci�n contractual. Es m�s, Peytel y Falcimaigne ense�an que el m�dico se obliga a s� mismo, no que ya y previamente se encuentre obligado, desde fuera, por la ley o el reglamento.19
En la doctrina espa�ola, b�sicamente dos son las objeciones que se oponen a la existencia del contrato: a) Ilicitud del objeto por tratarse del cuerpo humano, y b) Car�cter no reglamentado de la profesi�n liberal. Con respecto a la primera, se explica que quienes hablan de ilicitud del contrato por tratarse del cuerpo humano confunden el objeto contractual que, en realidad, no es el cuerpo humano, sino unos servicios brindados por un profesional y en contraprestaci�n el pago de unos honorarios. En tal virtud, el cuerpo humano ser� el lugar donde se efect�an los servicios que son el objeto del contrato, pero jam�s directamente el objeto contractual; por lo que este obst�culo al no hallar justificaci�n debe eliminarse. En cuanto a la segunda objeci�n, se argumenta que la libertad -la cual singulariza a la profesi�n liberal- pervive en algunos aspectos, como la aceptaci�n o no del cliente, y sobre todo en el modo de operar del profesional en su actividad; pero nunca es tan omn�moda que no se regule por una normatividad, ya se trate de los estatutos del colegio de profesionales o de c�digos deontol�gicos que establezcan los deberes m�nimos de los m�dicos.20
V. TEORÍA DEL CONTRATO DE MANDATO
Dicha teor�a tiene su origen en el derecho romano, ya que el trabajo en Roma era fundamentalmente ejecutado por los esclavos, de modo que eran raros los contratos cuyo elemento objetivo fuera la prestaci�n de trabajo libre.21
En efecto, en Roma, el arte m�dico se introdujo hacia el s. VI a. de C., cuando algunas familias poderosas requirieron los servicios de esclavos griegos diestros en el arte de Hip�crates. No hay que olvidar que en el esplendor de la Roma imperial, las familias patricias contaban -entre sus servidores- a un m�dico, un poeta, un gram�tico, un m�sico, etc�tera. Los libertos, pues, fueron predominantes -durante largo tiempo- en el ejercicio libre de la medicina, hasta lograr gran respetabilidad e importantes fortunas. Con el andar del tiempo, dichos profesionales fueron insuficientes para atender a la poblaci�n, por lo que Julio C�sar invit� a muchos m�dicos extranjeros de condici�n libre para que radicasen en la urbe. La reacci�n no se hizo esperar. Cautivados por las canonj�as, numerosos galenos respondieron a la convocatoria, pues no s�lo se convirtieron en ciudadanos romanos, sino tambi�n recibieron honores y privilegios, al punto de que los propios romanos -antes ajenos al oficio- optaron por la profesi�n. Desde luego que no faltaron los excesos en el ejercicio de tal ocupaci�n, lo cual fue acremente censurado por Cat�n "el Censor" o Plinio "el Naturalista", entre otros. Sin embargo, la fama y el prestigio de los galenos se encumbr� con la ense�anza de la medicina, practicada ya bajo el cetro de Septimio Severo (193-211 d. de C.) y catalogada entre las artes liberal�simas.22
Ahora bien, los arrendamientos en el derecho romano fueron de dos tipos: el de la locaci�n de la cosa (locatio conductio rei), en la que es el conductor quien paga la merces por el uso de una cosa, y el de la locaci�n de obra (locatio conductio operis) en la que es el locator quien paga la obra encargada por �l; ambos, sobre todo el segundo, permitieron muchas variedades. Por ejemplo, la locaci�n de servicios es un subtipo del arrendamiento de cosa. Pudiera tratarse de los servicios de una esclavo. Aqu� no es tanto el esclavo mismo la cosa arrendada cuanto su trabajo mercenario. Esto deviene m�s ostensible cuando no es un esclavo sino un liberto quien coloca sus servicios; entonces ya no se trata de cosa arrendada, sino de operae locatae (locatio conductio operarum), siendo locator el propio liberto que trabaja, como hacen los esclavos, a cambio de una merced (mercenarius). Aqu� la retribuci�n debe ser proporcional al trabajo rendido por el locator: la obligaci�n de �ste es de dare operas, y divisible.23
As� pues, el arrendamiento -locatio- era una figura adecuada para albergar la prestaci�n de trabajos serviles.24 De ah� que pudieran ser objeto de locaci�n, todos los servicios posibles, l�citos y honestos, cuando pertenecieran a la categor�a de mercenarios, entre los que definitivamente no se hallaban los propios de las profesiones intelectuales; esto es, los prestados por abogados, m�dicos, profesores, agrimensores, etc�tera.25
Ello significaba, por un lado, distinguir las ocupaciones liberales (operae liberales) de las serviles (operae), en donde la actividad de la inteligencia y del esp�ritu por no ser valorables pecuniariamente, no pod�an constituir objeto de un contrato civil obligatorio, y consecuentemente carec�a de acci�n la inejecuci�n de la remuneraci�n pactada.26 Ten�an, pues, r�gimen jur�dico distinto.
De ah� que los profesionales intelectuales somet�an su actividad al mandato, el cual era fundamentalmente gratuito.27 En tal virtud, el m�dico prestaba un servicio de amigo, como mandatario del enfermo,28 por lo que la gratuidad del mandato implicaba impagabilidad de los servicios m�dicos. La aplicaci�n de dicha regla no fue tan absoluta como en un principio pudiera parecer.29 Se ide� entonces un procedimiento para que el galeno, ya profesional libre, no esclavo, tuviese remuneraci�n por su actividad. La praxis social se impuso y gener� la elaboraci�n, por los jurisconsultos, de la distinci�n entre honorarios y merces.30 Este artificio -de aristocr�tico ropaje- permiti� que lo recibido por ejecutar un mandato no se considerase nunca como valor de cambio por el servicio prestado -merces- sino que se entend�a como un agradecimiento, un reconocimiento, un premio al honor, nunca una ganancia -de ah� lo de honorarios-.31 Por lo que, como dijimos anteriormente, no proced�a reclamarla mediante la actio mandati contraria.32 Sin embargo, durante la �poca cl�sica, ya se pod�a cobrar dichos estipendios a trav�s de la persecutio (actio) extra ordinem.33 Excepci�n como �sta del cobro de honorarios exigibles per extraordinariam cognitionem a aquella regla cl�sica mandatum gratuitum esse debet.34
En suma, conforme a lo anterior, se infiere que el mandato -esencialmente gratuito- disciplin�, en Roma, la actividad de los profesionales intelectuales, mientras que el arrendamiento regul� los trabajos serviles. Concretamente, la relaci�n m�dico-cliente se regul� en el derecho romano como un contrato de mandato, en donde el mandante era el enfermo, el mandatario era el galeno, y la encomienda se reduc�a a procurar la salud del paciente.35
La asimilaci�n a la figura del mandato ha sido criticada, con fundamento, por varios juristas.
La doctrina, complementada por la legislaci�n y en ocasiones por la jurisprudencia, encuentra varias razones para estimar que el contrato de mandato no es el adecuado para normar las relaciones entre facultativo y cliente:
a) El mandato regula s�lo actos jur�dicos,36 mientras que los actos m�dicos son actos materiales aun cuando puedan provocar consecuencias jur�dicas.
Clara y expresamente as� lo establece el art�culo 2546 del CCF, al igual que el art�culo 1703 del CC italiano, no as� los art�culos 1984 del CC franc�s y 1709 del CC espa�ol. De aqu� que el esp�ritu del legislador al reglamentar el mandato, se refiera siempre a actos y materias jur�dicas (administrar, transigir, enajenar, hipotecar, ejercitar acciones, contratar, contraer obligaciones..., etc�tera) y no a actos o hechos materiales, que claramente son los que efect�a el galeno, considerando la misi�n que en conjunto le viene asignada, tarea que consiste en una funci�n t�cnica y no en la ejecuci�n de actos jur�dicos.37
b) Catalogar la relaci�n m�dico-cliente como mandato implica aplicarle el r�gimen jur�dico propio de dicho contrato, lo cual no es congruente con el esp�ritu legal que debe regir dicha relaci�n.38
Al respecto, conviene examinar el alcance que puede tener el art�culo 2562 del CCF y el 1719 del CC espa�ol (coincidentes en esencia), ya que su aplicaci�n nos conducir�a a consecuencias il�gicas e incoherentes. Dichos preceptos indican que el mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante. �D�nde qued� entonces la tan alardeada independencia que debe regir el ejercicio de las actividades intelectuales? El m�dico no tiene por qu� seguir en su trabajo las indicaciones del usuario de sus servicios. �ste -se�ala Fern�ndez-39 no puede marcarle de una manera inmediata y concreta los l�mites de su actividad en el aspecto t�cnico, ya que aqu�l ejerce su profesi�n conservando total autonom�a en el desarrollo de su actividad porque posee conocimientos especiales.
En este sentido, la conciencia profesional es la suprema norma que gobierna a quienes ejercen profesiones liberales, por lo que no s�lo pueden ajustar sus acciones a dicha conciencia, sino que est�n obligados a esto.40
As� pues, ni el mandatario (el m�dico) queda sujeto a las instrucciones del paciente (el mandante), como deber�a quedar de acuerdo con la ley, y por lo tanto sin libertad de seguir su criterio en la ejecuci�n del mandato, porque precisamente es el m�dico quien act�a con su caracter�stica independencia y libertad profesionales, una vez que el enfermo admite sus propuestas terap�uticas;41 ni el objeto de la encomienda en el supuesto a examen, es -como ya se expuso antes- la realizaci�n de actos jur�dicos; ni mucho menos tiene por objetivo la gesti�n de los negocios del mandante con los terceros. As� que el m�dico desempe�a su actividad y act�a en su propio nombre, aunque en provecho tambi�n ajeno. En fin, como ya sabemos, el mandato es normalmente gratuito, com�nmente incluye la representaci�n, persigue un resultado jur�dico, requiere una tripleta de relaciones jur�dicas (mandante, mandatario y terceros), tiene por causa la sustituci�n... todo lo cual no se ajusta al contrato entre el cliente y el facultativo.42
c) Por otra parte, es inexacto que la actividad intelectual no sea susceptible de evaluarse econ�micamente; adem�s, la gratuidad no es privativa de la esencia actual del mandato, ya que seg�n el art�culo 2549 del CCF, tanto puede ser gratuito como oneroso; y en �ltima instancia, el otorgamiento de un mandato implica autorizar al mandatario a ejecutar, por cuenta del mandante, un acto jur�dico o una serie de actos de esta naturaleza (art�culos 2546 del CCF; 1869 y 1871 del C�digo Civil argentino), lo cual, insistimos, no est� de acuerdo con el requerimiento del enfermo ni con los servicios que el m�dico presta.43
d) Otra de las tesis enfatiza la esencial revocabilidad del mandato (art�culos 2595, y particularmente 2596 del CCF), que no permite la indemnizaci�n de da�os y perjuicios si se produce, lo cual no es lo m�s apropiado ni equitativo que acontezca en la relaci�n profesional-cliente.44
e) Una postura m�s sostiene que ha desaparecido el sustrato sociol�gico que era la base de sustentaci�n de esta teor�a. En efecto, merecen consideraci�n tanto los profesionales dedicados a tareas intelectuales
como los que realizan trabajos materiales.45 No olvidemos que era �sta la causa por la que el derecho romano consideraba dichas relaciones como contratos de mandato.
La jurisprudencia espa�ola, por su parte, ha otorgado -en tesis aisladas- la calificaci�n jur�dica de mandato al contrato realizado por las personas que ejercen las profesiones liberales.46 Posteriormente, el Tribunal Supremo espa�ol ratific� dicho parecer al declarar como mandato la relaci�n entre un abogado y su cliente; criterio que la doctrina acota al se�alar que no se puede extender a todo tipo de contrato verificado por un profesional liberal, y en concreto un m�dico, por las especiales caracter�sticas del caso examinado, y particularmente de las prestaciones que puede llevar a cabo un abogado, ya que su actividad es infinitamente variable.47
Al respecto, el criterio de los tribunales federales mexicanos ha sido muy expl�cito al declarar: "entre el contrato de prestaci�n de servicios, y el de mandato, hay grandes semejanzas, que hacen dif�cil, muchas veces, distinguir cu�ndo se trata de uno u otro de esos contratos; mas no por eso deben confundirse, pues sus efectos legales son muy diferentes...".48
En M�xico, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia hab�a venido reiterando como criterio aplicable la supletoriedad de las normas del mandato para el contrato de prestaci�n de servicios profesionales; ello en apoyo del art�culo 2406 del C�digo Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1884, jurisprudencia que perdi� su vigencia cuando se modific� dicho art�culo; ello sucedi� al entrar en vigor el nuevo C�digo Civil del Distrito y Territorios Federales de 1928, en donde al regularse el contrato de prestaci�n de servicios (art�culo 2606) el legislador elimina dicha supletoriedad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia mantuvo dicha jurisprudencia hasta el Ap�ndice 1917-1995, en donde aparece una nota advirtiendo que dicho criterio ya no est� vigente, pues "el texto actual de los preceptos que rigen el contrato de prestaci�n de servicios profesionales (art�culo 2606 del C�digo Civil de 1928) ya no remite como supletorias a las normas del mandato, que es el tema de la tesis".49
Sin duda que el esp�ritu del derecho romano ha permeado en mayor o menor grado la regulaci�n que de estas materias contienen gran parte de los c�digos civiles modernos, adem�s del nuestro (art�culos 2546-2604 del CCF, expresamente el 2547 2),50 el franc�s (art�culos 1984-2010),51 el espa�ol (art�culos 1709-1739, concretamente el 1711 2),52 el italiano (art�culos 1703-1730);53 tambi�n el suizo de las obligaciones (art�culos 394-396),54 el alem�n (662-676);55 particularmente el chileno es muy elocuente al declarar en su art�culo 2118: "Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a las que est� unida la facultad de representar y obligar a otra persona frente a terceros, se sujeta a las reglas del mandato".
En fin, las razones y los argumentos que se han aportado para atribuir la naturaleza de mandato al contrato m�dico no son consistentes ni por ende convincentes. Est� claro, pues, que la hip�tesis del mandato est� hoy totalmente superada en su antigua aplicaci�n a la relaci�n jur�dica m�dico-cliente. Tal vez, un supuesto tolerar�a la normaci�n del contrato de mandato, para cuando un m�dico, por ausencia de hecho, enfermedad o causa an�loga, encarga temporalmente a otro colega que lo reemplace y supla cerca de su clientela particular, a quien lo presenta e insta para que acepte.56 Dicha hip�tesis tampoco implicar�a un mandato, pues tal asistencia facultativa es de contenido material.57
VI. TESIS DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
Una parte considerable de la doctrina piensa que el contrato m�dico-paciente es un arrendamiento en el que una persona promete a otra la prestaci�n de servicios -sin consideraci�n a su resultado- y �sta �ltima promete una remuneraci�n de cualquier tipo; en nuestra ley, un precio en dinero.58
En la Roma cl�sica exist�an tres posibilidades para regular las relaciones laborales: a) El trabajo se presta a aquel que lo solicita a cambio de una remuneraci�n a jornal o a destajo (locatio conductio operarum); b) Entregando una obra terminada, encargada y por cuenta de otro (locatio conductio operis), y c) vendiendo un producto realizado por cuenta propia (emptio venditio). El contrato subordinado se reg�a mediante el contrato de arrendamiento, pues en la compraventa no se presenta dicha
subordinaci�n a la persona para la que se trabaja. De cualquier forma, el ceder las propias energ�as de trabajo se estim� como algo no digno de una persona libre. Tal apreciaci�n ten�a una gradaci�n. Al final de la escala estaban una serie de actividades -las artes liberales- que quedaron, en principio, fuera del marco de la locatio conductio y que merecieron mejor consideraci�n social. Por ellas, por tanto, nunca podr�a cobrarse una merces, pero s� una compensaci�n econ�mica -los honorarios-.59 Por lo que cuando el mandato admit�a remuneraci�n, degeneraba en arrendamiento de servicios.60
Con base en esa misma l�nea, Enneccerus, en Alemania, consider� que el contrato de arrendamiento de servicios puede tener por objeto los de cualquier naturaleza, sean corporales o intelectuales, de un orden m�s o menos elevado, tanto los abogados, m�dicos, arquitectos y otros profesionales liberales; todo lo cual significa que todo servicio prestado por estos profesionales debe encuadrarse en el molde del arrendamiento de servicios, ya que "no es la profesi�n del obligado ni la �ndole del servicio lo que justifica la calificaci�n dada al contrato".61
Ahora bien, conviene aclarar que el m�dico no promete curar al enfermo sino prestar los cuidados que su profesi�n indique para facilitar su restablecimiento.
La mayor�a de la doctrina espa�ola en esta materia coincide en se�alar que las relaciones entabladas por estos profesionales en el desempe�o de sus actividades son, por regla general, enmarcables dentro de la figura contractual del arrendamiento de servicios que regula el art�culo 1544 del CC.: "En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto". O bien un concepto doctrinal que por amplio nos permite mayor contenido: "contrato por el que una de las partes se obliga a desplegar respecto de la otra una determinada actividad polarizada en el trabajo mismo, a cambio de una remuneraci�n proporcional al tiempo, a la cantidad o a la dificultad del trabajo desarrollado".62
As� que con base en lo anterior, dado que el C�digo Civil espa�ol no contiene una regulaci�n expresa del contrato de prestaci�n de servicios intelectuales, no es �bice que la asistencia facultativa se encuadre dentro de la figura del contrato de servicios lato sensu. El objeto primordial de este contrato es la actuaci�n a trav�s de una serie ordenada de servicios que los m�dicos (como cualquier otro profesional) se obligan a prestar a cambio de unos honorarios y, por supuesto, conservando aqu�llos una absoluta independencia.63
Por otra parte, se pueden calificar como contratos completos aquellos en los que la persona que acude al profesional plantea su problema -del orden que sea: m�dico en el caso que hoy nos ocupa, pero tambi�n podemos pensar en lo jur�dico o arquitect�nico- y solicita al profesional que intente resolverlo.64
Ahora bien, la doctrina estima que si las partes no configuran expresamente determinado contrato como de obra o como de servicios propiamente dichos, nada obsta en considerar contratos de servicios propiamen-te dichos aquellos en los que la tarea del profesional engloba todo el proceso resolutivo de un problema de orden jur�dico o m�dico que apremie al prestador. En tales casos, podemos entender que el profesional se compromete a realizar todo lo que est� a su alcance para solucionar el problema y lograr, de este modo, el fin perseguido por el cliente, pero no a la consecuci�n del resultado que pretende el prestatario.65
La jurisprudencia hispana confirma esta tendencia desde la sentencia de 27 de octubre de 1899, y con el paso del tiempo ratifica esta posici�n clara y abiertamente en sentencias posteriores que devienen protot�picas como la del 16 de febrero de 1935. En este sentido, vale la pena conocer la del 2 de junio de 1960 cuya elocuencia es patente y preclara al declarar:
Seg�n la teor�a hoy prevalente en el campo cient�fico, el contrato relativo al ejercicio de una profesi�n liberal, no es otra cosa que un arrendamiento de servicios, ya que desde el punto de vista de la clasificaci�n jur�dica, no puede tenerse en cuenta m�s que los elementos constitutivos del contrato, y �stos son id�nticos as� en el que tiene por objeto la prestaci�n de un trabajo material como en aqu�l cuyo objeto es la prestaci�n intelectual, y aunque de una manera eventual y accesoria puedan ser encomendadas a los abogados gestiones propias del contrato de mandato o poderes de representaci�n, en su esencia los servicios de los letrados como de las dem�s personas que ejerzan profesiones liberales, no constituyen m�s que una modalidad del que la tradici�n jur�dica y nuestro C�digo Civil vienen llamando contrato de arrendamiento de servicios, pues, seg�n dice la Sentencia de 18 de enero de 1941: "el molde ampl�simo del contrato de prestaci�n o arrendamiento de servicios cobija sin g�nero de duda, los servicios superiores y muy calificados de quienes, como los m�dicos, ejercen las llamadas profesiones y artes liberales".66
Frente a hip�tesis donde la prestaci�n contractual es una prestaci�n t�cnica y profesional, resulta claro que el Tribunal Supremo espa�ol no dude en calificar este contrato de arrendamiento de servicios.
Sin embargo, critica Fern�ndez67 a dicha autoridad por incluir los contratos relativos al ejercicio de las profesiones liberales en el �mbito del contrato de arrendamiento de servicios, pues comete un desacierto, ya que no pueden disciplinarse bajo criterio �nico todos los contratos de los profesionales, pues su proceder brinda matices y posibilidades muy diversos para encerrar dicha actividad en un cartab�n tan gen�rico.
Quienes rechazan que esta teor�a sea aplicable a los profesionales liberales argumentan -adem�s- que es facultad del cliente de un m�dico revocar en cualquier momento el contrato, lo cual, dicen, es inexistente en el arrendamiento de servicios.68
Otros arguyen que el contrato de arrendamiento de servicios significa una suerte de subordinaci�n de quien debe prestar el servicio a quien lo encarga, lo que no se ajusta a la relaci�n m�dico-paciente, ya que resultar�a parad�jico que el enfermo sometiese al profesional a su de-
pendencia y le diese instrucciones. As� que -seg�n estos autores- la figura en comento no se ajusta a la realidad que componen los elementos que juegan en la relaci�n entre el m�dico y su cliente.69
VII. HIPÓTESIS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Como podemos apreciar, el C�digo Napole�nico y la mayor�a de los c�digos civiles occidentales, influidos por �ste, siguieron el criterio del derecho romano al considerar la prestaci�n de servicios profesionales como una especie del contrato de arrendamiento de servicios.70
Pero el r�gimen mexicano, a diferencia de aqu�llos, se aparta de esa imperativa tendencia al calificar tales actividades como contrato de prestaci�n de servicios profesionales (art�culos 2606-2615).
Para la doctrina jur�dica mexicana: "es un contrato por virtud del cual una de las partes, llamada profesionista, mediante una remuneraci�n que toma el nombre de honorario, se obliga a desempe�ar en beneficio de otra, a la que podr�amos llamar cliente, ciertos trabajos que requieren una preparaci�n t�cnica, y en ocasiones, un t�tulo profesional para su ejercicio".71
Ha sido, pues, un m�rito del legislador mexicano haber cambiado la denominaci�n de estos contratos nombr�ndolos de prestaci�n de servicios profesionales.72 De este modo, los separa de la generalidad para asignarles una regulaci�n propia.
La fundamentaci�n y motivaci�n de este cambio est� en la exposici�n de motivos del C�digo Civil de 1870 en donde la comisi�n redactora de tal ordenamiento explicaba que le parec�a un atentado contra la dignidad humana llamar a estos contratos de arrendamiento, porque el arrendamiento, dec�a, se debe referir a cosas, y no podemos considerar sin degradar al hombre como una cosa al trabajo, el cual no es una mercanc�a que se alquile, que se d� en arrendamiento, sino que la dignidad humana exige una denominaci�n diferente para estos contratos; y les llam� prestaci�n de servicios; a�ad�a dicha Comisi�n que este contrato ten�a mayor similitud con el de mandato que con el de arrendamiento. Expresaba: en los contratos de prestaci�n de servicios, si se quiere el trabajo ser� m�s material; en cambio, en el contrato de mandato ser� m�s intelectual. De cualquier forma es una diferencia de grado.73
En efecto, el C�digo Civil mexicano de 1928, influido por las ideas de Planiol y Demogue, distingui� el contrato de prestaci�n de servicios profesionales, como un contrato diferente al de mandato:
Dotando a uno y otro de una especial reglamentaci�n propia, dado que en el mandato el objeto son siempre actos jur�dicos y el mandatario act�a en nom-bre o por lo menos por cuenta del mandante, en tanto que el profesionista realiza ordinariamente actos materiales y no act�a en nombre o por cuenta del cliente, sino simplemente ejerce su profesi�n, como ocurre con el m�dico que somete a un paciente a un tratamiento, con el notario que estudia los antecedentes de un contrato, aconseja a las partes y redacta una escritura, etc�tera.74
Consideramos que esta opini�n comparte las cr�ticas dirigidas contra la teor�a del arrendamiento de servicios; entre otras, la de la subordinaci�n del profesor (m�dico, abogado...) al cliente (el que encomienda -art�culo 2611 del CCF, caput-), por cuanto dicha dependencia -como ya se expres�- no se ajusta a la realidad que componen los elementos que juegan en la relaci�n m�dico-paciente.
Otra es aquella relativa a la onerosidad que varios de los preceptos establecen como elemento fundamental de la prestaci�n de servicios profesionales (art�culos 2606, 2613 del CCF), el cual no siempre existe en las relaciones con los facultativos.75
Entonces, por un lado, si la prestaci�n no implica onerosidad, no encaja en el concepto que proporciona la doctrina ni en la noci�n que se infiere de la actual regulaci�n legal, puesto que no es diferente. Por otra parte, no tendr�a por qu� aplic�rsele la misma regulaci�n -ya que un supuesto
es oneroso y otro no-, lo cual es incoherente, porque las obligaciones del profesor (profesional) son las mismas, tanto para una relaci�n como para la otra.
Una m�s se refiere a que en la prestaci�n de servicios profesionales, en ocasiones se confiere al profesor una mandato para que realice determinados actos jur�dicos, como es el caso de un abogado a quien se constituye mandatario judicial (art�culo 2614 in fine del CCF) -am�n de que el mandato especial para juicios o asuntos contencioso-administrativos determinados s�lo puede ser conferido a personas con t�tulo registrado (art�culo 26 de la ley general de profesiones)- o a un ingeniero a quien se otorga poder para que realice ciertos actos jur�dicos ante las autoridades o frente a terceros, lo cual es incongruente, particularmente con el m�dico, ya que �ste -sin m�s- desempe�a su profesi�n realizando cotidianamente actos materiales sin conducirse en nombre y por cuenta ajena.
Ya se asent� tambi�n que es un yerro disciplinar bajo un mismo criterio todos los contratos de los profesionales, pues en la pr�ctica cada uno de ellos -particularmente el de servicios m�dicos- muestra tonalidades que escapan a un modelo omnicomprensivo.
VIII. TEORÍA DEL ARRENDAMIENTO (LOCACIÓN) DE OBRA76
En derecho romano -expresa D'Ors- la locaci�n de cosas o servicios (cuya merced paga el conductor) es diferente a la locaci�n de obra (locatio conductio operis) en la que el locator es quien paga la merced por la obra cuya ejecuci�n coloca. No se trata de cantidades de trabajo, sino de una obra encargada, que el conductor debe entregar terminada, sobre una cosa que el locator ha colocado en sus manos con dicho fin. No obstante la entrega final prevista, la obligaci�n del arrendatario es de hacer (facere), y por tanto, no fraccionable. La operaci�n del conductor pod�a ser muy diversa: construir, fabricar, instruir, transportar, curar, etc�tera. El contrato que se hac�a con el m�dico parece ser preferentemente �ste (D. 9, 2, 7, 8: ex locato), aunque, como ya indicamos antes, si el m�dico era un esclavo o liberto, pod�a configurarse como arrendamiento de servicios; si no se conven�a una verdadera retribuci�n, sino que interven�an unos honorarios, eran reclamables extra ordinem (D. 50, 13, 1, 1).77
Con este antecedente, hay autores que juzgan que la relaci�n m�dico-paciente constituye un arrendamiento de obra (werkvertrag), lo cual implica pensar necesariamente en un resultado u opus. Quienes sostienen esta postura argumentan que si bien en muchos casos la obligaci�n es de medios, ello no excluye el resultado en casos quir�rgicos, est�ticos, o de laboratorio. Adem�s, el opus tanto puede implicar el resultado favorable como no involucrarlo, lo que depender� del contenido del contrato y de su interpretaci�n.78
Un ejemplo claro de contrato de obra en el ejercicio de la medicina es cuando el profesional se responsabiliza a dictaminar y hacer constar en un documento cu�l es el estado de salud de la persona. La colocaci�n de pr�tesis dentales es un caso m�s.79
Tambi�n el facultativo puede obligarse a emitir un dictamen sobre cualquier cuesti�n m�dica que se le requiera; la hip�tesis es asimilable al del dictamen jur�dico.
Por otra parte, podemos considerar que al realizarse una operaci�n se promete un primer resultado que es una correcta ejecuci�n. Si embargo, no hay que olvidar las limitaciones que la ley impone a la autonom�a de la voluntad: si el profesional se compromete a lograr un resultado concreto, el contrato es nulo por ilicitud del objeto, cuando se pone en riesgo -para conseguir dicho resultado- la salud, integridad f�sica o la vida del individuo, puesto que en ese caso se erige a la persona humana (res extracommercium) en elemento objetivo de la relaci�n, lo cual es il�cito (art�culo 1271 del CC espa�ol).80
A estas alturas, debemos precisar lo que entendemos por arrendamiento de obra. Se trata de un contrato mediante el cual una de las partes -el empresario- se obliga a producir un resultado de trabajo -obra- y la otra parte -el comitente- a pagar una remuneraci�n (art�culo 2626 del CCF), entendiendo por obra todo resultado a producir por la actividad o el trabajo, como por ejemplo, la producci�n o modificaci�n de cosas, la creaci�n de una obra art�stica o inmaterial. Resulta, pues, que el empresario se compromete a realizar una obra, esto es, una obligaci�n de resultado: el opus.81
En el derecho italiano, al calificar la relaci�n m�dico-cliente como contrato de obra, se hace de un modo peculiar, ya que el C�digo Civil italiano distingue, por un lado, la contrataci�n de obras y servicios que designa como appalto (art�culos 1655 y 1677), y por otro, el contrato de obra, especialmente el contrato de obra intelectual (art�culos 2229-2238) que obviamente regula las profesiones intelectuales.82
Efectivamente, el art�culo 2222 concibe el contrato de obra "como aquel por el que una persona se obliga a cumplir, a cambio de una retribuci�n una obra o un servicio, con trabajo preferentemente propio, y sin v�nculo de subordinaci�n con el comitente, aplic�ndose las normas de este Cap�tulo, salvo que la relaci�n tenga una disciplina particular en el Libro V".
Tres rasgos bastan a la doctrina italiana83 para tipificar la obra intelectual:
1) Car�cter intelectual de la prestaci�n o que en �sta la inteligencia o la cultura predominen al circunstancial uso del trabajo manual. En tal virtud, son intelectuales las prestaciones desarrolladas por profesiones intelectuales, las cuales est�n determinadas por la ley con relaci�n a los requisitos necesarios para su ejercicio. Concretamente, la labor de m�dicos y farmac�uticos se regulan por la ley de 16 de febrero de 1913;
2) Discrecionalidad en el ejercicio de la prestaci�n; y
3) Cumplimiento de una actividad como objeto de la prestaci�n con independencia del resultado.
Este es el supuesto normal; no se descarta que la casu�stica prevea un resultado, sobre todo cuando se pacta la entrega de una obra.
Con respecto al vocablo resultado, Messineo84 indica que �ste debe entenderse en el sentido de que el mismo consiste en el �xito final de la actividad profesional y no como que tal resultado ha de constituir una ventaja econ�mica para el comitente. Tal es el sentido, por ejemplo, de los casos de asistencia legal y de asistencia sanitaria, en los que tambi�n hay consecuencia tanto si la controversia se resuelve con el alivio del comitente (enfermo) como el cuidado m�dico con la muerte (o con la no mejor�a) del mismo.
En el derecho belga, los juristas ense�an que las relaciones entre el galeno y el cliente deben examinarse en el marco de un arrendamiento de industria o contrato de empresa, cuya regulaci�n est� en el art�culo 1.779.3 del C�digo Civil como una variedad del arrendamiento de obra que no implica subordinaci�n. Por ello, y despu�s de acaloradas discusiones, este sistema de arrendamiento de industria se ha impuesto entre los doctrinarios, con base en aquel precepto que indica: "Existen tres clases de arrendamiento de obra o industria...3) El de los empresarios de obras a consecuencia de ajustes o presupuestos".85
La jurisprudencia y alguna destacada doctrina francesa ha calificado, desde el siglo XIX, este contrato como mandato. Sin embargo, el parecer cambia cuando algunos juristas franceses sostienen que las relaciones m�dico-cliente son contrato de arrendamiento de obra; opini�n que se consolida al ser secundada por sentencia de la Corte de Casaci�n de 13 de julio de 1959.86
Ahora bien, los Mazeaud87 se�alan que en Francia la esfera del arrendamiento de obras es muy amplia, ya que no est� restringida a la fabricaci�n y a la construcci�n ni siquiera en los casos en los que la tarea se ejecuta sobre una cosa corporal, sino que se extiende al trabajo puramente intelectual, abarcando, pues, las relaciones de los m�dicos, abogados, profesores particulares, etc�tera, con sus clientes. Dicha opini�n tiene como base los art�culos 1710 y 1779 del CC franc�s. En este sentido, due�o o cliente es el que encarga la obra, contratista quien la ejecuta; �ste (locador) en los contratos especiales se designa por su profesi�n: abogado, arquitecto, m�dico, hotelero, etc�tera.
En el r�gimen jur�dico espa�ol, tanto la doctrina como la jurisprudencia estiman que la relaci�n m�dico-cliente como arrendamiento de obra es un caso de excepci�n, ya que la regla general -como ya sabemos- es considerarla como arrendamiento de servicios. Esta postura radica en la diferencia que subsiste entre tales contratos. Pues mientras en el arrendamiento de servicios se busca desarrollar una actividad, en el de arrendamiento de obra se pretende el resultado �til de dicha actividad. Los casos ambiguos deber�n considerarse como arrendamiento de servicios cuando el resultado no dependa de quien efect�a el trabajo. Ahora bien, hay autores que sostienen que los servicios objeto del contrato de arrendamiento de obra no tienen que ser necesariamente materiales, pueden ser objeto de servicios profesionales.88
Por ello, con tino de experto, afirma Gitrama89 que es evidente c�mo la escisi�n entre ambos tipos encarna el paradigma de la moderna distinci�n entre obligaciones de medios o de diligencia y obligaciones de resultado. En �stas, el deudor se compromete a cumplir, a todo evento, una determinada prestaci�n, con la subsecuente aceptaci�n de todos los riesgos de la empresa y con el deber, si es el caso, de conservar primero para reintegrar despu�s. Por el contrario, en las obligaciones de medios, toda la actividad del deudor est� dirigida a conseguir una finalidad superior y exterior al contrato que lo vincula.90 El deudor se halla compelido a un hacer o no hacer parcial con miras a ese fin m�s amplio, pero sin que la obtenci�n de dicho fin o o el malogro intervengan definitivamente en la eficacia del contrato.
Precisamente, con base en lo expuesto, el propio Gitrama reconoce que si bien a ciertos profesionales se les puede encomendar y exigir el acabado riguroso de una tarea (al arquitecto y al constructor un edificio, al ingeniero y al constructor un puente, al pintor un retrato, al farmac�utico una f�rmula), al m�dico no se le puede requerir seriamente el alivio de un enfermo. El m�dico jam�s puede comprometerse con toda seguridad a sanar ni a lograr un resultado concreto y preciso sobre la salud del paciente, de manera que el no conseguirlo le provocase responsabilidad. En ese orden de ideas, todo acto, todo tratamiento m�dico implica una cuesti�n azarosa.91
El m�dico -se insiste- no debe obligarse a lograr un resultado cierto como corolario del cumplimiento por el cliente del tratamiento que le prescriba y menos a�n, si el paciente, m�s o menos veladamente, se reh�sa a obedecerlo. El facultativo s�lo puede comprometerse y obligarse a brindar al cliente diligentes cuidados, conforme a sus principios deontol�gicos y a los datos que en el momento le proporciona la ciencia y quiz� la tecnolog�a,92 como es el caso del litotriptor extracorporal piezoel�ctrico, moderno artefacto que mediante ondas de choque desintegra los c�lculos renales.
As� pues, el criterio de asimilaci�n a la locatio operis no se adecua a la esencia de la relaci�n, pues el m�dico, como ya dijimos antes, no se obliga a sanar sino a procurar los medios para que ello pueda suceder, lo que, por otra parte, no puede asegurarse ni siquiera prometerse. Ocasionalmente, por ejemplo en una cirug�a reparadora o est�tica, el resultado deviene protagonista de la situaci�n desencadenada; tampoco, en este caso, podr�a el m�dico asegurarlo completamente en el sentido de que satisfaga al interesado, pudiendo aceptar quiz�s una suerte de obligaci�n relativa de resultado y no sin manejar siempre los principios referidos a los medios (mecanismos) para lograrlo.93
Adem�s, los suscriptores de esta tesis confunden los resultados esenciales con los resultados cronol�gicos, particularmente en los casos que se citan en apoyo del criterio, como son las operaciones quir�rgicas: as�, en una peritonitis de etiolog�a apendicular, el resultado cronol�gico y material es la extirpaci�n del ap�ndice, y el esencial, la cura del enfermo. Mas el resultado material circunscr�bese dentro de los medios que el facultativo debe procurar para lograr la curaci�n, raz�n por la cual aquella terminolog�a resulta equ�voca e inadecuada.94
IX. TESIS DEL CONTRATO DE TRABAJO
Seg�n esta tesis, las relaciones jur�dicas por las que los profesionales de la medicina (abogac�a, arquitectura, etc�tera) prestan sus servicios deben regirse por el contrato de trabajo, es decir, como relaci�n laboral.
Bay�n Chac�n y P�rez Botija95 opinan que el trabajo en todos sus aspectos es una forma de vivir y todo acuerdo sobre el mismo puede encuadrarse en el derecho del trabajo. Argumentos como la socializaci�n de muchas profesiones liberales, el constante traslado de los intelectuales a las n�minas de las empresas, permiten proyectar que en el futuro toda conexi�n que tenga por objeto las prestaci�n de servicios profesionales podr�a considerarse como relaci�n jur�dico-laboral. Esta disciplina jur�dica -a�ade el propio Bay�n-96 ha de girar en torno al concepto de profesionalidad.
Esta perspectiva de laboralizaci�n de las relaciones de trabajo considera que tanto el profesional liberal -empleado con car�cter permanente al servicio de una empresa- como el que con oficina abierta al p�blico no tiene dicha persistencia del nexo, por tratarse uno y otro caso de prestaci�n de servicios por cuenta ajena, est�n sometidos a una relaci�n laboral.97
Esta onda expansiva del derecho laboral parece haberse frenado, ya que en la actualidad presenciamos un retroceso en la laboralizaci�n, con un avance de la relaciones civiles de prestaci�n de servicios, seg�n registra Mart�n Valverde.98
En la legislaci�n comparada, el derecho suizo, al regular el contrato de las profesiones liberales en el art�culo 361 del C�digo Federal de las Obligaciones, lo considera como un contrato de trabajo al ordenar que a las prestaciones que suponen una especial cultura cient�fica o art�stica, efectuada a cambio de unos honorarios, les ser�n aplicables las normas sobre el contrato de trabajo.
Por otra parte, la jurisprudencia espa�ola corrobora en varias sentencias que las profesiones liberales est�n incluidas en el contrato de trabajo al se�alar que la naturaleza de ambas no difiere sustancialmente. Ulteriores pronunciamientos conducen a delimitar dicho criterio para establecer que la relaci�n de servicios de los m�dicos de la seguridad social es una relaci�n jur�dica especial dentro del contrato de trabajo.99
Por el contrario, la Suprema Corte de Justicia de M�xico ha establecido en criterio aislado: que no todos los que prestan un servicio o lo reciben quedan sujetos a las leyes del trabajo, pues el legislador nunca pens� incluir la prestaci�n de servicios profesionales en los contratos de trabajo a que se refiere el art�culo 123 constitucional; que en los debates del Constituyente se declar�, de modo categ�rico, que en dicho art�culo no qued� incluido ni el trabajo de los abogados, ni el de los m�dicos, ni en general el de otros profesionales; �nicamente el profesional ser� asalariado cuando entre al servicio de una empresa o de un particular como empleado, pero no por el hecho de que al ejercer su profesi�n trabaje, sino porque su trabajo profesional lo desempe�a como empleado por un sueldo o un salario.100
La postura civilista es muy clara al respecto, pues si se trata de una relaci�n directa y privada entre el m�dico y el cliente, es indudable que debe regirse por el C�digo Civil. Mientras que si el facultativo se obliga a ejercer su profesi�n, su trabajo intelectual, total o parcialmente, exclusiva o relativamente vinculado a un organismo p�blico o privado, es ampliamente aceptado por la doctrina que se trata de una relaci�n laboral.101
Fern�ndez Hierro tampoco est� de acuerdo en que exista una ligaz�n laboral entre el facultativo y el cliente al esgrimir como raz�n cardinal que la relaci�n profesional carece de dependencia y subordinaci�n, caracter�sticas de aqu�lla. Adem�s, advierte que es imposible pretender que un profesional se adapte a las instrucciones t�cnicas provenientes del cliente, pues desnaturalizar�a completamente su actividad.102
X. TESIS DEL CONTRATO INNOMINADO
Si la relaci�n m�dico-paciente no encaja en el arrendamiento de obra ni en la prestaci�n de servicios ni en otra figura, algunos autores la han catalogado como contrato innominado.103 As� lo ense�an Pont, Gar�onnet y C�sar Bru, para quienes no es posible incluir el servicio m�dico dentro de un contrato espec�fico.104
Puig Brutau105 admite como muy razonable el apelativo de innominado y argumenta que una determinada relaci�n jur�dica no puede germinar �nica y exclusivamente de las reglas conjuntadas en torno a una sola figura t�pica; por lo dem�s, la intentona de equiparar a toda costa este contrato con alguna de las figuras jur�dicas nominadas dejar�a sin soluci�n el problema. Para �l, la calificaci�n de contrato innominado indica que se trata de buscar la respuesta m�s adecuada a cada uno de los problemas planteados.
Podemos decir que contrato innominado es aqu�l que no tiene un nomen iuris en el sistema de la ley.106
Ahora bien, la terminolog�a de contratos t�picos y at�picos est� reemplazando a aqu�lla, pues lo esencial no es carecer de un nombre en la ley sino de no tener una particular disciplina.107
Kornprobst108 se refiere a lo complicado que resulta clasificar el contrato m�dico dentro de las categor�as previstas por el C�digo Civil franc�s. Entonces, opina que dicho contrato pertenece a la amplia gama de los innominados, constituyendo una especie en su g�nero, posici�n tal que es compartida por un vasto sector de la doctrina y jurisprudencia.
La calificaci�n de la relaci�n que ahora examinamos como innominada o nominada depende de la conclusi�n adoptada sobre su naturaleza jur�dica. Si dicha relaci�n no encaja en ninguno de los contratos regulados por la ley, estaremos frente a un contrato innominado.
Ahora bien, los contratos celebrados por profesionales s�lo pueden ser considerados como innominados cuando no encajen en ning�n tipo contractual como el mandato, la prestaci�n de servicios, etc�tera.109 En ese orden de ideas -Gar�onnet- indica que el contrato que el cliente celebra con su abogado o m�dico es un contrato innominado plenamente v�lido (en el derecho franc�s), el cual obliga a todo lo convenido expresa y t�citamente y a todas las consecuencias surgidas de la equidad, el uso o la ley, seg�n su naturaleza, y a cuya ejecuci�n no puede sustraerse una de las partes sin faltar a su palabra o enriquecerse a expensas de otra.110
Desde luego, la relaci�n que en el desarrollo de la profesi�n, objeto de estudio, se concierta entre los que la ejercen y los particulares tiene un nombre espec�fico en el ordenamiento jur�dico mexicano: atenci�n m�dica (art�culo 32 de la Ley de Salud), al igual que ocurre con el C�digo Civil italiano de 1942 que habla expresamente de prestazione d'opera intellettuale en su art�culo 2230.
Hay quien, para refutar dicha denominaci�n, afirma que las relaciones contractuales de prestaci�n de trabajo profesional no son innominadas. M�s bien, pecan de un exceso de nombres, ya que se pueden calificar como mandatos o como arrendamientos, ya sean de servicios propiamente dichos o de obra.111
XI. HIPÓTESIS DEL CONTRATO SUI GENERIS
Precisamente el hecho de considerar este contrato como una especie en su g�nero de contrato innominado, ha provocado que algunos autores lo ubiquen como un contrato sui generis, con ciertas peculiaridades, y aprecien que los actos relativos al ejercicio de la profesi�n m�dica no pueden incluirse en el par�metro de un contrato determinado, sino que constituyen una nueva figura contractual con sustantividad propia e independiente de los moldes contractuales establecidos en la modernas legislaciones de impronta jusromanista y, por consecuencia, que deben regirse por las reglas del derecho com�n en materia de obligaciones.112
Importante doctrina francesa (Savatier, Malaurie, Ayn�s, Pont, Gar�onnet) califica de contrato sui generis al contrato m�dico.113 Uno de los primeros asuntos que esa doctrina se plante� fue determinar el alcance que se dar�a a la locuci�n sui generis.114 Desde el punto de vista cient�fico, Jordano afirma que tal apelativo parece un t�rmino inexpresivo.115 En este sentido, sin asignarle una connotaci�n jur�dica relevante, posiblemente la expresi�n sui generis se ha utilizado para referirse a las extraordinarias peculiaridades que se dan cita en el arrendamiento de servicios m�dicos, del que se afirma es un "contrato de un rango ciertamente elevado sobre el com�n de los dem�s en cuanto que los deberes de prestaci�n de una de las partes recaen sobre un objeto tan cualificado como el cuerpo humano".116
Sin embargo, hay doctrinarios que juzgan la expresi�n contrato sui generis como m�s o menos equivalente a la de contrato at�pico, por ser �ste un vocablo m�s preciso.117 Otros, inquisidores, advierten �no ser� m�s bien que el uso de tal expresi�n implica el deseo de no confrontar la problem�tica que plantea?118
XII. TEORÍA DEL CONTRATO ATÍPICO
Autores argentinos como Mosset Iturraspe y Trigo Represas,119 o espa�oles como De Lorenzo sustentan este parecer. En efecto, en el derecho civil espa�ol el contrato m�dico o de asistencia m�dica tiene car�cter privado, personal, consensual, bilateral o plurilateral, informal, normalmente oneroso y remunerativo, aunque puede ser gratuito, conmutativo, de medios y no de resultados, pudiendo revestir m�ltiples formas: escrito o verbal, t�cito o expreso, directo o indirecto, individual o colectivo privado, p�blico o semip�blico. Con base en tales caracteres, De Lorenzo120 afirma tratarse de un contrato innominado o at�pico, puesto que no aparece entre los definidos por el C�digo Civil, como sucede, por ejemplo, con el de compraventa, sociedad, etc�tera. Dentro del arrendamiento de servicios, el de prestaci�n m�dica puede catalogarse como una subespecie, aunque -a decir verdad- parece no tener un encasillamiento �nico, pues en ocasiones se presenta disfrazado como contrato de trabajo y otras como contrato de obra o empresa (por ejemplo, en la intervenci�n quir�rgica); por ello y por su naturaleza polifac�tica, la innominaci�n conduce a una atipicidad sui generis.
Ahora bien, las definiciones doctrinales del contrato at�pico giran en torno a dos datos: por una parte, que el instrumento jur�dico mencione el contrato, y por otro lado, que lo reglamente. Unos doctrinarios, al prescindir del primero, lo concept�an como "aquel contrato para el cual la ley no ha predispuesto una particular disciplina jur�dica121 o como contratos que carecen de regulaci�n espec�fica".122 Tambi�n como "contrato que, aun teniendo un nombre espec�fico o denominaci�n jur�dica perfectamente acu�ados y que lo identifican en el tr�fico -tanto para la doctrina y jurisprudencia, como a veces en ciertas leyes- carece, sin embargo, de una disciplina normativa propia, inexistente en los c�digos y leyes especiales".123 Otros conceptos consideran las dos notas al definirlos como contratos "que carecen de reconocimiento legal y de disciplina normativa".124
En fin, a pesar de que el comportamiento del m�dico engloba m�ltiples posibilidades de prestaci�n, es indudable que en cada caso concreto puede delimitarse su naturaleza jur�dica, y si esto no fuera factible, entonces podr�amos pensar que se trata de un contrato innominado o at�pico.
XIII. TESIS DEL CONTRATO MIXTO
Esta tesis sostiene que las relaciones celebradas entre los profesionales y sus clientes deben clasificarse como contratos mixtos.
La doctrina concept�a dichos contratos como aquellos "en los cuales se mezclan prestaciones, estipulaciones o 'causas' de varios contratos at�picos".125 O bien como aquellos en los que "dentro de un �nico contrato confluyen elementos que pertenecen a tipos de contratos diferentes".126
Dicha idea aplicada al contrato m�dico lo concibe como un "contrato de prestaci�n de servicios en el que hay elementos de varios contratos, concretamente del arrendamiento de obra, del de servicios y del contrato de mandato". Seg�n esta opini�n, son varios los elementos que se combinan: del arrendamiento -sin diferencias entre el de obra y el de servicios-, las prestaciones materiales a que da lugar; del mandato, la facultad de revocaci�n concedida en cualquier momento al mandante.127
La cr�tica a esta postura radica, en primer lugar, en que no distingue los elementos del contrato de obra y del de servicios que entiende convergentes en la relaci�n m�dico-cliente que examina. Adem�s, no est� claro qu� quiso expresar el autor con prestaciones materiales, ya que, si ello significa que tales contratos han de recaer sobre objetos con materialidad objetiva, es decir, con existencia f�sica, ni el arrendamiento de servicios ni el de obra est�n vinculados necesariamente a prestaciones materiales. Y ello, no obstante que la regulaci�n del contrato de obra se estructur� para la construcci�n de obras materiales, sin embargo, hoy d�a se acepta que puede abarcar tambi�n bienes inmateriales.128
Respecto al mandato, "la facultad de revocaci�n concedida en cualquier momento al mandante", que Ataz L�pez arguye ser la pieza distintiva que aparecer�a, no constituye elemento alguno del mandato, ya que forma parte de la regulaci�n del mismo. As� que los elementos que dicho autor entiende amalgamados no pueden apreciarse como tales, para de ah� inferir ciertas relaciones como contratos mixtos. A�n m�s, la doctrina considera que son las causas de dos contratos las que han de fusionarse en una sola causa para que se pueda hablar de contrato mixto.129 Cualquiera, pues que sea la noci�n que se tenga de causa, no es factible sustentar que concurran causas de dos contratos diversos en las relaciones habituales de profesionales como el m�dico, abogado, etc�tera.130
XIV. TEORÍA DEL CONTRATO MULTIFORME O PROTEIFORME
Este pensamiento surge en Argentina con Mosset Iturraspe y Deveali,131 quienes estiman que el contrato de servicios m�dicos es polimorfo, ya que los servicios que se brindan pueden configurar m�s de un contrato: locaci�n de servicios o de obra, mandato o gestiones de negocios ajenos. Esto es, que las relaciones con un profesional pueden revestir diferentes formas contractuales.
En Espa�a, el propio Gitrama y Santos Briz132 hacen referencia a esta idea al se�alar que la naturaleza del contrato m�dico es variable y proteiforme, por la multiplicidad de hip�tesis en que puede tener su origen y sus efectos.
Al respecto, estamos de acuerdo con la doctrina cuando expresa que es posible afirmar que una cierta relaci�n es h�brida, en el sentido de que puede admitir formas contractuales diversas, seg�n las circunstancias del caso concreto. Pero no es factible aseverar que es un contrato con muchas formas; porque el contrato, una vez que surge, es tal o cual, uno u otro, pero no varios.133
XV. COROLARIO
Luego de examinar varios puntos de vista sobre la naturaleza jur�dica del contrato de servicios m�dicos, advertimos que no existe una teor�a que satisfaga suficientemente y se imponga como definitiva.
Adem�s, hemos comprobado que no se puede reducir a un solo tipo de contrato la actividad del m�dico, debido a la forma de ejercer la profesi�n y a la gran diversidad de especialidades m�dicas, pues no es f�cil conjugar estos aspectos, configurar uno gen�rico y erigirlo con car�cter �nico aplicable a todos los casos, a todas las variantes nacidas del ejercicio de la profesi�n liberal, pues partir�a de una excesiva generalidad y, en consecuencia, carecer�a de fortaleza, diluy�ndose su naturaleza jur�dica al aplicarse a casos concretos.134
Frente a este panorama, la doctrina recomienda -para determinar la naturaleza jur�dica del contrato que nos ocupa- analizar detenidamente el contenido concreto de la relaci�n jur�dica con base en dos factores: la forma en que el m�dico ejerce la profesi�n (ejercicio m�dico individual e independiente; ejercicio m�dico colectivo e independiente; ejercicio m�dico privado y dependiente, y ejercicio m�dico p�blico y dependiente) y la actividad que realice en cada caso concreto.135
Nuestra reflexi�n final -quiz� temeraria y porfiada- inquiere si ser� posible reunir los elementos caracter�sticos que la doctrina nos ha proporcionado, y conformar el contrato de servicios m�dicos, o de atenci�n m�dica o facultativa, cuya regulaci�n propia se establezca en el C�digo Civil o en la Ley de Salud, donde se indiquen las directrices o pautas fundamentales que contemplen los variados matices que generan los servicios m�dicos. Propuesta, claro, de lege ferenda en pro de un contrato nominado, t�pico y aut�nomo. Creo que las circunstancias est�n dadas y los instrumentos existen, pues el objeto del contrato m�dico es �nico y est� claramente determinado; el consentimiento es tan especial porque el objeto sobre el que recae es muy delicado, ya que cuenta con una regulaci�n espec�fica; los sujetos obviamente son los enfermos, aunque en ocasiones son individuos no enfermos que para satisfacer ciertos re-quisitos de car�cter administrativo, deben realizarse necesariamente un examen o un diagn�stico, por lo cual tienen que consultar al profesional m�dico, o entrevistarse con �l por pura prevenci�n; y las obligaciones de las partes tambi�n est�n claramente determinadas, aunque la casu�stica tiene la capacidad de matizarlas.
*Investigador del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la UNAM.
2 Kornprobst (Contrat de soins Medicaux, Par�s, 1960, n�m. 27) lo denomina contrato de asistencia facultativa; mientras que Forges y Seuvic (Hospitalit�, Par�s, 1983) como contrato m�dico. Gran parte de la doctrina espa�ola lo califica contrato de servicios m�dicos, Madrid, Civitas 1988. En este sentido, el Tribunal Supremo espa�ol, mediante sentencia de 23 de octubre de 1989, ha dictaminado: "...que para determinar la aut�ntica naturaleza de un contrato debe prevalecer la realidad de su contenido, manifestado por los actos realizados en su ejecuci�n, sobre la denominaci�n que le atribuyen las partes de formalizarlo por escrito". Las cursivas son m�as.
3 Es m�s, toda injerencia en los asuntos de otro es, en principio -il�cita- "culpa est inmiscere se rei ad no pertinent" exclam� Pomponio (fr. D., 50, 17); es decir, toda injerencia en los asuntos de otro, es il�cita; en todo caso, la urgencia justificar�a incluso que se interviniese quir�rgicamente al colapsado, sin su consentimiento, si se encuentra inconsciente.
4 Gitrama Gonz�lez, M., "Configuraci�n jur�dica de los servicios m�dicos", en varios autores, Estudios en Homenaje..., Valladolid, 1965, t. I., p. 334.
5 La idea de profesionalidad aqu� no tiene implicaciones jur�dicas; sin embargo, es ilustrativo saber que la hay, cuando una persona convierte una determinada actividad en su modus vivendi, es decir, que mediante la realizaci�n de dicha actividad consigue los medios econ�micos para su supervivencia y la de su familia. En suma, es importante ser capaz de generar recursos econ�micos realizando cierta actividad; pero lo es m�s tener la intenci�n, el �nimo, de emplear real y efectivamente dicha aptitud como medio de subsistencia personal. Cfr. Alonso P�rez, M. T., Los contratos de servicios de abogados, m�dicos y arquitectos, Barcelona, J. M. Bosch, 1997, p. 35.
6 "Es un contrato por virtud del cual un profesional de la medicina, mediante una remuneraci�n que toma el nombre de honorarios, se obliga a prestar a un paciente, servicios de atenci�n m�dica, limitados al �mbito de la preparaci�n que posea el profesional de que se trate"; cfr. en Casamadrid Mata, O. R., La atenci�n m�dica y el derecho sanitario, M�xico, JGH eds., 1999, p. 43.
7 Lorenzo, A. de, El contrato de prestaci�n de servicios m�dicos, citado por Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 65.
8 "Il se forme entre le m�dicin et son client un v�ritable contrat comportant pour le practicien l'engagement, sinon bien �videmment, de gu�rir le malade, du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais conciencieux, attentifs et r�serve faite des circonstances exceptionelles, conformes aux dones acquises de la science; la violation, m�me involuntaire de cette obligation contractuelle, est sanction�e par une responsabilit� de m�me nature, �galement contractuelle"; Arr�t de la Cour de Casation francesa de 20 de mayo de 1936, Recueil periodique de jurisprudence de Dalloz, 1936, t. I, p. 88.
9 Pueden verse tambi�n las sentencias del Tribunal Supremo espa�ol de 17 de abril de 1952, 22 de enero de 1930, 4 de febrero de 1940..., etc�tera; particularmente la sentencia de 20 de mayo de 1986, comentada por Fern�ndez Costales en la Ley 1986. �nfasis nuestro.
10 Se trata de supuestos incontratables que suscribimos plenamente. V�ase Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 20.
11 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 4, p. 334; y Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 110, quien suscribe la opini�n de Gitrama.
12 El art�culo 51 de dicho ordenamiento precisa: "los usuarios tendr�n derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad id�nea y a recibir atenci�n profesional y �ticamente responsable, as� como trato respetuoso y digno de los profesionales, t�cnicos y auxiliares". Las cursivas son m�as.
13 Aubry y Rau, Cours de droit civil fran�ais, 4a. ed., Par�s, Imprimerie et Libraire Generale de Jurisprudence, t. V, par�grafo 371 bis, p. 388.
15 Gitrama Gonz�lez, M., "Configuraci�n jur�dica de los servicios m�dicos", en varios autores, Estudios de derecho p�blico y privado..., Valladolid, Universidad de Valladolid, 1966, vol. I, p. 341.
16 Idem. Apoyan la tesis acontractualista: Mignon, M., "Le fondament juridique de la responsabilit� civile des m�dicins et chirurgiens", Recueil Dalloz periodique et critique de jurisprudence de legislation, et de doctrine, 1950, p. 121. En Francia, est�n por el contrato: Demogue, Trait� des obligations en general, Par�s, LAR, 1923, t. VI, n�m. 181; Josserand, Cours de droit civil positif fran�ais, 3a. ed., Par�s, LRS, t. II, n�m. 490; Mazeaud-Tunc, Tratado te�rico y pr�ctico de responsabilidad civil, 5a. ed., trad. de Luis Alcal�-Zamora y Castillo, Buenos Aires, EJEA, 1962, t. I, vol. II, n�m. 508; Planiol-Ripert, Tratado pr�ctico de derecho civil franc�s, Habana, Cultural, 1927-1945, t. VI, n�m. 524; Savatier, Trait� de la responsabilit� civile, 2a. ed., Par�s, LGDJ, 1962, t. II, n�m. 775.
17 El art�culo 1382 del C�digo Civil franc�s es el punto de partida de la responsabilidad extracontractual, en general por actos il�citos: Tout fait quelconque de l'homme qui cause � autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv� � le r�parer.
18 Mazeaud, op. cit., nota 16, n�m. 206, p. 2; Planiol-Ripert, op. cit., nota 16, n�m. 532.
19 Peytel, A., La responsabilit� medicale, Par�s, 1935, p. 21.
20 Fern�ndez-Hierro, Responsabilidad civil m�dico-sanitaria, Pamplona, 1983, pp. 20 y 21.
21 Schulz, F., Derecho romano cl�sico, trad. de Santa Cruz Teigeiro, Barcelona, Bosch, 1960, p. 520.
22 Bonet Ram�n, F., "Naturaleza jur�dica", RDP, Espa�a, 1941, p. 161.
23 D'Ors, A., Derecho privado romano, 3a. ed., Pamplona, Universidad de Navarra, 1977, par�grafos 500 y 509.
24 Fern�ndez Barreiro, A. y Paricio, J., (Fundamentos de derecho privado romano, 2a. ed., Madrid, Centro de Estudios Ram�n Areces, 1993, p. 364) expresan: "razones de �ndole social circunscribieron los servicios susceptibles de este contrato a trabajos de tipo material o serviles, excluyendo los de naturaleza intelectual o los propios de las profesiones liberales".
25 Hern�ndez Tejero, J., Lecciones de derecho romano, Madrid, Ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1993, p. 364 (las cursivas son nuestras); Longo, G., voz: "Mandato. Diritto romano", NDI, t. X, p. 105. Locator era quien se obligaba a suministrar la cosa o trabajo -qui locat opus faciendum- conductor el que debe ejecutar el trabajo. De modo que el locator es quien paga la merces y el conductor quien la recibe, Ulpiano, L. 13., par�grafos 5, 6, 10 d., locat, XIX, 2; Petit, E., Tratado elemental de derecho romano, trad. de la 9a. ed. francesa por Ferr�ndez, M�xico, Ed. Nacional (reimp.), 1971.
26 Los autores que primeramente negaron que los actos derivados del ejercicio de una profesi�n literaria, cient�fica o art�stica pudiesen constituir directamente el objeto de un contrato, m�s tarde otorgaron eficacia jur�dica a la promesa de remuneraci�n hecha a favor del profesional por los actos inestimables de �ste. Tal promesa de remuneraci�n es v�lida, dicen, y obligatoria, y su ejecuci�n puede ser perseguida judicialmente; idem.
27 Iglesias, J., Derecho romano. Instituciones de derecho privado, 9a. ed., Barcelona, Ariel, 1985, p. 452. Paulo expres�: "Es nulo el mandato, si no es gratuito porque trae su origen de la oficiosidad y de la amistad [amicitia romana]: luego la retribuci�n es contraria a la oficiosidad, porque interviniendo dinero la cosa tira m�s bien a locaci�n y a conducci�n [locatio-conductio]", D. 17.1.1, 4. "Si por causa de remunerar medi� gratificaci�n habr� la acci�n de mandato", Ulpiano, D. 17, 13, 1, 6.
28 Ihering (El fin en el derecho, trad. de Diego Abad de Santill�n, Puebla, Cajica, 1961, n�ms. 55-58) ense�a que en la antigua Roma, como en todos los pueblos -y entre los individuos- de primitiva civilizaci�n, se ten�a una idea grosera del trabajo; s�lo el de tipo corporal merec�a retribuci�n, pues consist�a en un hecho sensible traducido en un resultado palpable. El trabajo intelectual no era trabajo, por no requerir esfuerzo ni sufrimiento, y al no fatigar al individuo, no confiere derecho para reclamar un salario. Traducido, como es, en consejos del abogado, prescripciones del facultativo, explicaciones del profesor, se gratifica tambi�n con palabras -"Dios se lo pague"- pero sin entregar nada. Por eso -explica Ihering-, en Roma se consideraba ruindad el hecho de hacerse pagar el desempe�o intelectual. El que se pagaba era el manual, y por ello se despreciaba tanto.
29 Bonet Ram�n, F., Naturaleza jur�dica del contrato de mandato, Barcelona, Bosch, 1941, pp. 55-57; citado por Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 63. V�ase adem�s Savatier, Jean, La profession liberale. Etude juridique et pratique, Par�s, LGDJ, 1947, pp. 26 y 27.
30 Bonet Ram�n, F., Naturaleza jur�dica..., cit., nota anterior.
31 El concepto de honorarios se opone al de salario; distinci�n que actualmente es irrelevante en la medida en que ambos son exigibles; Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 63.
32 Iglesias, J., op. cit., nota 27, p. 414. La acci�n de mandato pod�a ser interpuesta por el mandatario contra el mandante, para demandar precisamente el cumplimiento de las obligaciones normales originadas por el contrato de mandato (D. 17, 1, 5, 8.10.27; G. 3, 161. I. 3.26, 8.13; C.4.33.16.).
33 Amirante, L., voz: "Locazione", NDI, t. IX, p. 994. Se trataba de un procedimiento romano extraordinario que desde el emperador Dioclesiano se convirti� en normal u ordinario, del cual conoc�a de principio a fin un magistrado (D.50.13).
34 Arias Ramos, Derecho romano, Madrid, 1947, pp. 392 y 393.
35 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 347; Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5.
36 Puede consultarse De Diego, Instituciones de derecho civil, Madrid, 1959, t. II; Sierra P., voz: "mandato", Nueva enciclopedia jur�dica; Garc�a Valdecasas, "La esencia del mandato", RDP, Espa�a, 1944; S�nchez Medal, R., De los contratos civiles, 3a. ed., M�xico, Porr�a, p. 256; Lozano Noriega, F., Contratos, 2a. ed., M�xico, ANNM, 1970, p. 435.
37 Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2. En este sentido se pronunci� la Suprema Corte de Justicia mexicana, calificando la distinci�n de actos jur�dicos y hechos materiales como diferencia esencial. Ejecutoria aislada; SJF, t. XXXVII, Ritzau Kurt, 28 de febrero de 1933, p. 1214.
38 Ibidem, p. 39.
40 Lenel, "El mandato retribuido", RDP, Espa�a, 1928, pp. 369 y 370.
41 �Necesita acaso el galeno acatar las indicaciones del cliente en su tratamiento? �Debe rendir cuentas? �Tiene derecho al reembolso de los gastos y a la indemnizaci�n de los da�os que pueda sufrir por el ejercicio de su profesi�n? Es evidente, pues, que los principios del mandato provocar�an aqu� resultados ciertamente absurdos; ibidem, p. 70. Los m�dicos -dice De Diego- no son mandatarios de sus clientes, pues no hacen por ello acto jur�dico alguno, sino que prestan su ministerio y sus servicios en provecho de otro; De Diego, op. cit., nota 36, p. 128.
42 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 351.
43 Yungano et al., Responsabilidad profesional de los m�dicos, 1a. reimpr. de la 2a. ed., Buenos Aires, Ed. Universidad, 1982, p. 90. "El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur�dicos que �ste le encarga" (art�culos 2546 del CCF y 1869 del CC argentinos). Malaurie, F. y Ayn�s, L., (Cours de droit civil. Les contrats speciaux, Par�s, Eds. Cuj�s, 1994/1995, pp. 277, 288) consideran que la gratuidad romana del mandato marca la regulaci�n actual del mismo y dicen que por su naturaleza -no por su esencia- es gratuito; admiten un mandato comercial que es oneroso, y al que no se aplica la regla de la libre revocabilidad.
44 Fern�ndez-Hierro, op. cit., nota 20, p. 26.
45 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, pp. 349 y 350.
46 Sentencias del 22 de febrero y 14 de junio de 1907.
47 Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 38.
48 SJF, t. XXI, p. 886. ACD, Gonz�lez y Gonz�lez, Ernesto, 24 de septiembre de 1927.
49 Cfr. ap�ndice al SJF, 1917-1995, t. IV, tesis 742, materia civil, p. 542. El ap�ndice al SJF, 1917-1988, confirmaba lo dicho por el art�culo 2406 del C�digo Civil de 1884; cfr. tesis 1041 y 2256.
50 Zamora y Valencia (Contratos civiles, M�xico, Porr�a, 1981, pp. 182 y 190) estima que dicho precepto confunde el mandato con el contrato de prestaci�n de servicios profesionales, ya que requiere que la persona a la cual se dirige la comunicaci�n, ofrezca al p�blico el ejercicio de su profesi�n, por lo que debiera estar situado en el cap�tulo que regula la prestaci�n de servicios profesionales. S�nchez Medal (op. cit., nota 36, p. 282) comenta, adem�s, que el C�digo Civil mexicano de 1870 estim� que la prestaci�n de servicios en general ten�a m�s semejanza con el mandato, por esto lo regul� inmediatamente despu�s, sin dedicar disposiciones en particular a la prestaci�n de servicios profesionales. Mientras que el C�digo Civil mexicano de 1884 consider� a la prestaci�n de servicios profesionales como una especie del mandato, y orden� que las disposiciones reguladoras del mandato funcionaran como supletorias del contrato de prestaci�n de servicios profesionales (art�culo 2406). Fue hasta el C�digo Civil de 1928 en donde ambos contratos tuvieron una especial reglamentaci�n propia. Y en donde las disposiciones relativas al mandato ya dejaron de ser supletorias del contrato de prestaci�n de servicios profesionales. Los dos �ltimos renglones son a�adido nuestro.
51 Troplong estima que el C�digo Civil franc�s acoge la doctrina de los jurisconsultos romanos de considerar los servicios prestados por profesionales liberales como mandato; De l'echange et du louage, Bruxelles, 1841, p. 232. En el mismo sentido, Baudry-Lacantinerie, Trait� theoriqu� et pratique de Droit civil, 3a. ed., Par�s, 1907, p. 187.
52 En el derecho positivo espa�ol, la definici�n que el art�culo 1709 del CC da del mandato y a�n la excepci�n al principio de la gratuidad consignada en el art�culo 1711, p�rrafo 2o., parecen autorizar -por la vaguedad de sus t�rminos definidores- la doctrina tan ardorosamente sustentada por Troplong. La vaguedad e imprecisi�n del concepto que proporciona el CC espa�ol, permite encuadrar perfectamente los servicios prestados por los profesionales liberales. Am�n de que la presunci�n de onerosidad del mandato se introdujo precisamente para incluir en la figura del mandato los servicios prestados por dichos profesionales, que -de otra forma- hab�an de ser considerados como contratos innominados; Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, pp. 165, 166 y 167.
53 Ruggiero, R. de, Instituciones de derecho civil, Reus, t. II, vol. 1, 1977.
54 Dicho precepto expresa -en el p�rrafo 2o.- que se someten al mandato todas las prestaciones de servicios que no se regulen por las normas de otro contrato. Por tanto, -conforme a lo que ense�a Thelin, M. H., La responsabilit� civile du m�decin, Lausana, 1943, p. 17- las reglas del mandato juegan el papel del passe-partout-comod�n, a falta de otras disposiciones particulares. Es un pretexto operativo que permite encuadrar en un marco jur�dico flexible las obligaciones del m�dico y del dentista; Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 348.
55 El BGB mantiene la gratuidad del mandato.
56 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 351.
57 Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 40.
58 El art�culo 1493 del Codigo Civil argentino dice: "habr� locaci�n, cuando dos partes se obligan rec�procamente, la una a... prestar servicio; y la otra a pagar por este... servicio, un precio determinado en dinero". El art�culo 2606 del C�digo Civil federal mexicano apunta: "El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de com�n acuerdo, retribuci�n debida por ellos". Colin y Capitant, Curso elemental de derecho civil franc�s, Madrid, Reus, n�m. 703, 1981; Bonet Ram�n, "El mandato retribuido", RDP, 1935, p. 397; v�ase Fern�ndez Costales, El contrato del arquitecto en la edificaci�n, Madrid, 1977, pp. 98 y ss.
59 G�mez-Iglesias Casal, Ángel, "De la locatio conductio al contrato de trabajo", Civitas, n�m. 70, marzo-abril de 1995, p. 182.
60 De Diego, op. cit., nota 36, p. 129.
61 Enneccerus, Derecho de obligaciones, 3a. ed., Barcelona, Bosch, 1948, vol. II, 1a. parte, p. 458. As�, el BGB declara en su par�grafo 611.2, que pueden constituir objeto del contrato de arrendamiento de servicios, servicios de todo g�nero, lo que se interpreta como amparador bajo dicha r�brica del contrato que liga con sus clientes a los profesionales superiores (abogados, m�dicos, profesores particulares).
62 Bonet Ram�n, "El mandato...", cit., nota 58, p. 397; Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, pp. 366 y ss. La ley francesa de 19 de abril de 1951 que regulara el ejercicio y organizaci�n de las profesiones de m�dico, cirujano, dentista y comadrona, deja asimismo entrever la tesis del arrendamiento de servicios.
63 Blanco Soler, RCI, 1943, p. 654.
64 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 156.
65 Idem. Es de explorado derecho que las obligaciones que contrae el m�dico son de medios y no de resultados.
66 Sentencia citada por Fern�ndez Costales, El contrato de..., cit., nota 2, p. 46. Las cursivas son m�as.
68 Ataz, citado por Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 68.
69 Yungano, op. cit., nota 43, p. 91.
70 S�nchez Medal, R., op. cit., nota 36, p. 282.
71 Lozano Noriega, F., Contratos, 2a. ed., M�xico, Ed. Luz, 1970, p. 485. En el mismo sentido, S�nchez Medal, op. cit., nota 36, p. 283.
74 S�nchez Medal, op. cit., nota 36, p. 282. En el mismo sentido, criterio jurisprudencial 742 -no vigente- de la Suprema Corte de Justicia mexicana; cfr. Ap�ndice al SJF, 1917-2000, p. 542.
75 El pago de honorarios es la principal obligaci�n del cliente, la cual prescribe dos a�os posteriores a la fecha en que dejaron de prestarse los servicios profesionales (art�culo 1161-I del CCF).
76 El derecho extranjero es un mosaico de denominaciones. Arrendamiento de obra o industria para Francia y B�lgica; contrato de empresa, seg�n Suiza; contrato de obra para Alemania. Impera, pues, diversidad en la denominaci�n, mas no en la caracterizaci�n.
77 D'Ors, A., op. cit., nota 23, par�grafo 509.
78 Yungano, op. cit., nota 43, p. 92.
79 Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, pp. 93 y 94. Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 357; Durry, G., "La nature de l'obligation du dentiste qui realise une proth�se", RTDC, 1974, pp. 160 y 161. En el BGB aplican expresamente las garant�as propias del contrato de obra, cuando se trata de la elaboraci�n t�cnica de una pr�tesis dental.
80 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 159.
81 Yungano, op. cit., nota 43, p. 93. Demogue, op. cit., nota 16, t. V, n�m. 1237.
82 Ibba, "Professioni intellettuali e impresa", RDC, n�m. 4, Italia, 1982, pp. 353 y ss. En el C�digo Civil italiano, el acontrato de obra intelectual es una especie del g�nero trabajo aut�nomo. V�ase libro V, t�tulo III.
83 Citada por Fern�ndez Costales, El contrato de..., cit., nota 2, p. 48.
84 Messineo, Manual de derecho civil y comercial, Buenos Aires, EJEA, 1971, t. IV, p. 241.
85 Fern�ndez Costales, El contrato de..., cit., nota 2, p. 48.
86 Entre otros: Planiol y Ripert, op. cit., nota 16, t. XI, p. 21; Baudry Lacantinerie y Wahl, Trait� theorique et pratique de droit civil, Par�s, 1908, t. XXIV, n�m. 379; Colin y Capitant, op. cit., nota 58, t. II, n�m. 1085; Laurent, Los principios de derecho civil franc�s, Puebla, 1914, n�m. 333.
87 Mazeaud, Lecciones de derecho civil, trad. de Alcal�-Zamora y Castillo, Buenos Aires, 1962, t. IV, p. 322.
88 Lacruz Berdejo, Elementos de derecho civil, t. II, vol. III, p. 183; Ballesteros, Sistema de derecho civil, Madrid, 1983, vol. II, pp. 462 y 479; Albaladejo, Derecho civil, t. II, vol. II, p. 220.
89 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 353.
90 En este sentido, v�ase Marton, G., "Obligation de r�sultat et obligation de mohines", RTDC, 1954, p. 516. Mengoni, "Obligazione di risultatato e obligaciones di mezzi", RDC, 1954, pp. 188-190.
91 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 354.
92 Ibidem, p. 355. En este sentido, una parte de la doctrina argentina (Alsina Atienza, Bustamante Alsina, Bueres) piensa que la locaci�n de obra no necesariamente implica la obtenci�n de un resultado. Cuando el opus -dicen- no tiene un resultado cierto (tratamientos de pacientes con pron�stico reservado) lo que se promete es la diligente ejecuci�n del trabajo, pero no el restablecimiento de la salud: Achaval, A., Responsabilidad civil del m�dico, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983, p. 220.
93 Yungano, op. cit., nota 43, p. 93. Las cursivas son m�as.
95 Bay�n Chac�n y P�rez Botija, Manual de derecho al trabajo, Madrid, 1970, vol. I, p. 29.
96 Bay�n Chac�n, "Del contrato de trabajo al contrato profesional de servicios", en varios autores, Catorce lecciones sobre contratos especiales de trabajo, Madrid, 1965, p. 371.
97 Alonso Garc�a, Curso de derecho del trabajo, Barcelona, 1985, p. 303.
98 Valverde, Mart�n, "El discreto retorno del arrendamiento de servicios", Cuestiones actuales del derecho del trabajo, Madrid, 1990, p. 214. Garc�a Oviedo (Tratado elemental de derecho social, Madrid, Espesa, 1948) expresaba que el "contrato de trabajo es el viejo contrato de arrendamiento de servicios socializado".
99 Sentencia gen�rica es la de 3 de febrero de 1961; relativas las de 4 de diciembre de 1980 y 17 de septiembre de 1981, y muy particularmente la de 19 de noviembre de 1973. Esta �ltima la califica de relaci�n laboral at�pica.
100 SJF, t. XXI, Garc�a J., Crist�bal, 3 de septiembre de 1927, pp. 671, 1223; en el mismo sentido: t. XXV, Moreno S�nchez, F., 26 de abril de 1929, p. 2257.
101 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 361. La Suprema Corte de Justicia mexicana ha considerado que un mismo individuo puede, por un lado, prestar servicios profesionales a una empresa y, por otro, tener con la misma empresa una relaci�n laboral. Le llama dualidad de la prestaci�n de servicios; cfr. t. CX I, Manuel Larrauri Ibarrola, 13 de febrero de 1952, p. 1099.
102 Fern�ndez-Hierro, op. cit., nota 20, p. 31. La Suprema Corte de Justicia de M�xico menciona la direcci�n y la dependencia del trabajador como caracter�sticas de la relaciones laborales; cfr. t. CX, Gremio Unido de Trabajadores del Rastro, Empleados de Carnicer�as y Similares de Tampico, 3 de octubre de 1951, p. 134.
103 El art�culo 1143 del C�digo Civil argentino indica que "los contratos son nominados o innominados, seg�n que la ley los designe o no, bajo una denominaci�n especial".
104 Pont, Des petits contrats, t. I, n�m. 825; Gar�onnet y C�sar-Bru, Trait� th�orique et pratique de procedure, t. I, p. 53, citado por Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 61.
105 Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Bosch, 1985, t. II, vol. II, pp. 433 y ss. 106 Jordano Barea, J. B., "Los contratos at�picos", RGLJ, 1953, p. 59.
107 Cast�n Tobe�as, J., Derecho civil espa�ol com�n y foral, t. III: Derecho de obligaciones, 16a. ed., Madrid, Reus, 1992, p. 467.
109 En este sentido, Savatier, J., La profesion liberale. Etude juridique et pratique, Par�s, LGDJ, 1947, p. 215.
110 Gar�onnet, Trait� th�orique et pratique de procedure civil, 1912, t. I, n�m. 255, citado por Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 232.
111 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 171.
112 Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 63. En el mismo sentido, Lesage, P. et al., �l�ments de responsabilit� civile m�dicale, le dorit quotidien de la medicine, Quebec, Yvon Blais Eds., 1995. p. 14.
113 Savatier, "Responsabilit� medicale", Juris classeur de la responsabilit� civile et des assurances, t. IV, XXXA.
114 Malaurie, F., Cours de droit civil. Les contrats speciaux, Par�s, editions Cujas, 1994-1995, p. 23.
115 Jordano Barea, J. B., op. cit., nota 106, pp. 59 y 60.
116 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15, p. 373.
117 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 72 (nota 47).
118 Gitrama Gonz�lez, M., op. cit., nota 15.
119 Mosset Iturraspe y Trigo Represas, Responsabilidad civil del m�dico, Buenos Aires, Astrea, 1979, p. 104. Trigo Represas, Responsabilidad civil de los profesionales, Buenos Aires, Astrea, 1978, p. 75.
120 De Lorenzo, citado por Fern�ndez Costales, op. cit., nota 2, p. 65.
121 Cicu y Messineo, Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXI, t. I: Messineo, F., Il contrato in genere, 1a. reimpresi�n de 1973, Mil�n, pp. 683 y ss.
122 Cast�n Tobe�as, J., Derecho civil..., cit., nota 107, 1993, t. IV, p. 15.
123 F. Rivero Hern�ndez citado en Lacruz Berdejo, J. L. et al., Elementos..., nota 88, 1994, t. II, vol. I, p. 514.
124 Diez-Picazo, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial, Madrid, 1993, t. I, p. 360.
125 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 73.
126 Diez-Picazo, op. cit., nota 124, p. 73.
127 Ataz L�pez, J., Los m�dicos y la responsabilidad civil, Madrid, Montecorvo, 1985, pp. 146 y 147. 128 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 171.
129 Messineo, op. cit., nota 121, pp. 702 y 703; Jordano Barea, "Contratos mixtos y uni�n de contratos", ADC, 1951, pp. 321 y ss.; Castro Lucini, F., "Los negocios jur�dicos at�picos", RDN, julio-diciembre de 1974, p. 16. Particularmente sobre la causa, Castro y Bravo, F. de, El negocio jur�dico, Instituto Nacional de Estudios Jur�dicos, 1971, pp. 257 y ss.
130 Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 172.
131 Mosset Iturraspe, op. cit., nota 119, pp. 104 y ss.; Deveali, "Naturaleza de los profesionales y sus clientes", La Ley, Buenos Aires, n�m. 35, pp. 713-719.
132 Gitrama, "Configuraci�n...", cit., nota 15, p. 37; Santos Briz, "La responsabilidad civil de los m�dicos en el derecho espa�ol", RDP, 1984, p. 666.
133 En ese sentido, v�ase entre otros, Alonso P�rez, M. T., op. cit., nota 5, p. 170.
134 Fern�ndez, Costales, op. cit., nota 2, p. 68.

References: sui generis
in fine
SUI GENERIS
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de lege ferenda