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﻿ SENTENCIA 2491-2004 DE MAYO 11 DE 2006
SENTENCIA 2491-2004 DE 11 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:CARGOS DE CARRERA EN LA RAMA JUDICIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DE LA EXPRESIÓN "DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 4.2., DEL ACUERDO 1549 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS, PRUEBA EN EL CONCURSO DE MÉRITOS, PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS CON PRECALIFICACIÓ
Sentencia 110010325000200400144 01 de mayo 11 de 2006
Ref.: Expediente 110010325000200400144 01
Número interno 2491-2004
Actora: Luz Yamile Bohórquez Flórez
Decide la Sala la demanda de simple nulidad interpuesta por Luz Yamile Bohórquez Flórez contra el artículo 2º, numerales 4.1 y 4.2 del Acuerdo 1549 del 17 de septiembre de 2002, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por el cual se convocó al XII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial, para magistrados y jueces de la jurisdicción ordinaria.
Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2004, Luz Yamile Bohórquez Flórez, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, impetrada en contra de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, solicitó la invalidez de las siguientes normas (fls. 12 a 32):
Del aparte subrayado del artículo 2º, numeral 4.1, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
Del aparte subrayado del artículo 2º, numeral 4.2, del mismo acuerdo:
El 17 de septiembre de 2002 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 1549 por medio del cual convocó al XII concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en la rama judicial.
En su artículo 2º, numeral 4.1, el acuerdo dispuso que no todos los concursantes que superaran la prueba de conocimientos podían continuar en el proceso de selección, sino solo aquellos que, luego de practicada la entrevista con la cual culminó la fase I, obtuvieran los mayores puntajes.
En el mismo artículo 2º, numeral 4.2 el acuerdo impugnado estableció la etapa de clasificación para conformar el registro de elegibles teniendo en cuenta para la ubicación de los concursantes solo el puntaje obtenido en el curso de formación judicial, prescindiendo para su conformación de la etapa antecedente, es decir, de la prueba de conocimientos escrita, experiencia adicional, capacitación adicional y entrevista.
Precisó los cargos anteriores en la siguiente forma.
Afirma la demandante que, según el acuerdo demandado, en sentido estricto, la única prueba que tiene carácter eliminatorio es la de conocimientos y aptitudes de que trata el ordinal a) del numeral 4.1 del acto demandado, según el cual para aprobarla se requiere obtener un mínimo de 800 puntos en una escala de 0 a 1000. En consecuencia solo aquel que perdiera la prueba de conocimientos no podría continuar en el concurso, lo que es comprensible porque con ello se siguieron los lineamientos de concursos anteriores. Empero en el concurso materia de examen se incluyó una etapa nueva, el curso concurso, al cual solo pudieron acceder los que obtuvieron los mayores puntajes en la fase I con lo cual se anticiparon los efectos eliminatorios del curso concurso y se truncó el proceso diseñado por la Ley 270 de 1996, que prevé un “conjunto de pruebas” con “sentido eliminatorio”, inciso 2º, numeral 4º, del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.
De un tajo se eliminó a todos los que, pese a superar la prueba de conocimientos, única que hasta ese momento fue prevista por el legislador (sic) con carácter eliminatorio, no ocuparon los primeros lugares, con lo cual se consagró una discriminación no autorizada en la ley siendo claro que la eliminación de todos los sobrevivientes de la etapa de selección debía darse en el interior del curso concurso, no antes, como en realidad aconteció. Aduce en su favor la sentencia C-037 de 1996, de acuerdo con la cual el concurso de méritos como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado se caracterizó por la transparencia y el respeto del derecho fundamental a la igualdad.
La facultad del Consejo Superior de la Judicatura, consagrada en el parágrafo del artículo 162 de la Ley 270 de 1996, no comprendía la de incluir requisitos adicionales para acceder al curso concurso. Al respecto la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad del artículo 168 de dicha ley, precisó que la facultad de la Sala Administrativa de reglamentar los contenidos del curso y las condiciones y modalidades del mismo se aviene a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 257 constitucional, toda vez que se trata de un asunto que compromete directamente la eficiencia en el funcionamiento de la administración de justicia, lo cual no implica establecer los requisitos para acceder a él pues estos ya están definidos en la ley estatutaria. Más aún, la Corte, en la misma sentencia, resaltó que el artículo referido al curso se declarará exequible bajo el entendido de que el curso de formación judicial estará abierto a todos los aspirantes que estén interesados en formarse profesional y científicamente para el adecuado desempeño de la función judicial.
Afirma la demandante que el artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, “por medio del cual se convoca al XII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, contraría el artículo 165, inciso 2º de la Ley 270 de 1996 porque, según la norma demandada, el curso de formación judicial es el único requisito que finalmente se tendrá en cuenta para la ubicación, en orden descendente, de los aspirantes dentro del registro de elegibles.
La corporación, mediante auto de 9 de diciembre de 2004, negó la suspensión provisional del artículo 2º, numerales 4.1 y 4.2, del acuerdo demandado, con base en las siguientes razones (fls. 35 a 42).
La actora incumplió el requisito consagrado en el numeral 1º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo consistente en la sustentación de la medida provisoria en la demanda o en escrito separado, antes de ser admitida.
No se puede confundir la exposición contenida en la demanda, en especial el concepto de violación, en donde se aducen las razones por las cuales deben anularse los actos administrativos acusados, con la solicitud de suspensión provisional cuyo sustento debe ser la confrontación de las normas violadas y el acto acusado, haciendo notar prima facie la vulneración del ordenamiento jurídico sin necesidad de elucubraciones demasiado elaboradas. En otras palabras el juez administrativo al momento de admitir la demanda no debe entrar a revisar el contenido de la demanda ni el concepto de violación pues tal función la debe ejercer al momento de definir el asunto.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos (fls. 51 a 63):
El curso de formación, realizado por la entidad experta en el tema, constituye un sistema objetivo y confiable que permite diferenciar las aptitudes y habilidades de los aspirantes para el ejercicio de la función judicial. Además, el artículo 165 prevé que los interesados pueden actualizar el registro de elegibles con información que suministren durante los meses de enero y febrero de cada año. Son, en consecuencia, dos situaciones sustancialmente distintas, la conformación y la actualización del registro de elegibles.
La potestad reglamentaria emanada de la Constitución y atribuida a diferentes autoridades permite que estas, mediante actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, creen el ordenamiento jurídico en aquellas materias en las cuales el constituyente considera que, debiendo existir regulación, no deba ser de carácter legislativo. Así el artículo 256 de la Carta le asigna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la facultad de administrar la carrera judicial. No existe duda, entonces, acerca de la función asignada a dicho organismo para expedir reglamentos sobre el contenido, desarrollo, procedimiento y puntajes por asignar en cada una de las etapas del concurso de méritos.
La Sala Administrativa estimó las cifras de vacantes probables con base en el comportamiento histórico de la planta de cargos, la disponibilidad presupuestal fijada en las metas fiscales que se consideraron para la puesta en marcha de los concursos de la rama judicial y el impacto de la aplicación de la Ley 797 de 2003. Conocedora del número de vacantes por proveer se consideró innecesario llamar al curso de formación judicial a todos los que pasaron la prueba de conocimientos porque implicaría un costo económico y un desgaste injustificados.
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado en su concepto solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes razones (fls. 75 a 81).
No es cierto que la única prueba que tiene carácter eliminatorio es la prueba de conocimientos. La ley le dio competencia al Consejo Superior de la Judicatura para señalar y reglamentar las pruebas del concurso con sentido eliminatorio, dentro de la etapa de selección, y, además, expresamente previó que el curso de formación judicial, cuando es parte del proceso de selección, fuera de carácter eliminatorio.
Decir que solo continúan en la fase II los que obtuvieron los mayores puntajes en la fase I, sin especificar a qué pruebas deben corresponder tales puntajes, es contrario a la claridad y objetividad que deben tener las reglas de un concurso de méritos. Por otra parte, solamente las pruebas pueden tener efectos eliminatorios y en este caso se predica también tal carácter de situaciones diferentes a una prueba.
Corresponde al Consejo de Estado decidir si se ajustan a la legalidad los apartes demandados del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “por medio del cual se convoca al Xll concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial”.
El aparte subrayado del artículo 2º, numeral 4.1, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002, constituye la norma demandada:
El concurso de méritos es, en los términos del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de distintos aspectos de la formación personal y profesional del aspirante al desempeño de cargos de juez o magistrado, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. Por tratarse de un concurso deben cumplirse una serie de etapas en las cuales se va reduciendo progresivamente el número de aspirantes porque, como regla general, este supera el de las vacantes por proveer.
En tal sentido resulta razonable que, una vez evaluados los puntajes obtenidos en la fase l “oposición”, que comprendió la prueba de conocimientos y aptitudes, la experiencia adicional y docencia, la capacitación adicional y las publicaciones y la entrevista, se establezca una cifra de cupos, que afectaría a todos los puntajes, favoreciendo a unos y excluyendo a otros, de manera que el curso de formación judicial pudiera impartirse a un número de aspirantes que corresponda a las posibilidades reales de provisión de cargos durante la vigencia del registro de elegibles, cuatro años. Es cierto que podría haberse llamado a la totalidad de los aspirantes al curso concurso o incluso a un universo inferior, por ejemplo el integrado por los que obtuvieron más de 800 puntos en la prueba de conocimientos y aptitudes, pero la administración decidió llamar a un conjunto distinto, el correspondiente al número de vacantes que con base en una proyección técnica podrán ser provistas durante los cuatro años de vigencia de la lista.
En consecuencia no puede afirmarse que la selección obedeció a un procedimiento discriminatorio, toda vez que sirvió a un fin constitucional, el previsto en el artículo 209 de la Constitución, conforme al cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad; y establece una limitación proporcionada del derecho a la igualdad pues tuvo como propósito llamar a la fase II, la del curso de formación judicial, solo al número de aspirantes, en estricto orden descendente del puntaje obtenido en la fase I, que corresponda a las vacantes por proveer. Lo contrario implicaría desplegar un esfuerzo inane pues un altísimo porcentaje de los participantes en el curso no iba a ser llamado a cubrir las vacantes proyectadas.
En este sentido debe afirmarse que la selección planteada para pasar a la fase II del concurso de méritos no contraría, como lo pretende la demandante, lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, según la cual el curso de formación judicial estará abierto a todos los aspirantes que estén interesados en formarse profesional y científicamente para el adecuado desempeño de la función judicial, pues de hecho el mismo estuvo abierto a todos los aspirantes siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en el proceso de selección en que consiste el concurso de méritos. Por ello cuando la Corte Constitucional afirma que debe respetarse el derecho a la igualdad no significa que todos deben ser llamados al curso de formación judicial sino que no debe presentarse discriminación en el desarrollo de dicho proceso, lo cual, como se ha expresado, no resulta contrario a la selección sucesiva que implica un concurso de méritos.
En este sentido la Sala se aparta de la consideración hecha por la procuradora segunda delegada cuando señala que es contrario a la claridad y objetividad de las reglas que debe tener un concurso de méritos no especificar a qué pruebas corresponden los puntajes de la fase I que servirán para determinar el ingreso o llamamiento al curso de formación judicial inicial, pues el acuerdo demandado señala que los puntajes de dicha fase son los correspondientes a la prueba de conocimientos y aptitudes, experiencia adicional y docencia, capacitación adicional y publicaciones y entrevista. También fue claro el acuerdo en señalar que a la fase II, curso de formación judicial, solo serían llamados los aspirantes que obtuvieran los mayores puntajes en la fase I, hasta la cantidad estimada de vacantes al momento de expedirse el registro de elegibles, más las que se produzcan dentro del término de vigencia del mismo, adicionadas en un 25%. Esto quiere decir que, de antemano, los concursantes sabían que para pasar a la fase II del concurso de méritos debían obtener los mayores puntajes en la fase I y conocieron los factores que integraban el resultado de esta. En tales condiciones no se violó la claridad ni la objetividad que debe caracterizar el concurso de méritos.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no excedió sus competencias al establecer el curso concurso porque, según el artículo 256 de la Constitución, le corresponde administrar la carrera judicial, una de cuyas fases implica el proceso de ingreso de los servidores judiciales, cumplido, en esta ocasión, a través de un concurso de méritos. Además, la Ley 270 de 1996 prevé, en su artículo 168, la figura del curso de formación judicial, con lo cual el acto demandado no hace otra cosa que desarrollar las normas referidas. Por lo tanto fue expedido de conformidad con las competencias legales y no estableció requisitos adicionales para acceder al curso concurso, reguló los propios de un proceso de selección sucesiva en el que el número de aspirantes se va reduciendo progresivamente hasta ajustarlo a las vacantes proyectadas durante la vigencia del registro de elegibles.
Por las razones expresadas la Sala negará la petición de nulidad de la norma demandada.
El aparte subrayado del artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002 constituye la norma demandada:
La entidad accionada sostuvo que no vulneró la ley al establecer que para la conformación del registro de elegibles debe tenerse en cuenta el resultado del curso de formación judicial pues el artículo 165 de la Ley 270 de 1996 dispone que, como resultado de los concursos de méritos, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe definir, según la categoría de cargos, un orden de elegibilidad para los aspirantes que superen el concurso.
Agregó que el curso de formación, realizado por la entidad experta en el tema, constituye un sistema objetivo y confiable que permite diferenciar las aptitudes y habilidades de los aspirantes para el ejercicio de la función judicial. Además, el artículo 165 prevé que los interesados pueden actualizar el registro de elegibles con información que suministren durante los meses de enero y febrero de cada año. Son, en consecuencia, dos situaciones sustancialmente distintas la conformación y la actualización del registro de elegibles.
A su vez, el artículo 168 de la Ley 270 de 1996 dispone:
Del texto del artículo 168, inciso 1º, de la Ley 270 de 1996 se infiere que el curso de formación judicial puede revestir dos modalidades la de curso concurso o la de requisito previo para el ingreso a la función judicial.
Por ello el artículo 164 de la misma ley estableció que el concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud y experiencia, se determina la inclusión del concursante en el registro de elegibles. Es decir, el curso hace parte del concurso de méritos en tanto desarrolla algunos de los propósitos mencionados en artículo 164, pero el legislador no quiso que el mismo fuera el factor determinante de la clasificación en el registro de elegibles, le asignó una función importante dentro del concurso de méritos pero no lo erigió en el factor crucial para establecer la ubicación en el registro de elegibles.
La ubicación o jerarquización en el registro de elegibles de los concursantes que obtengan calificación aprobatoria en el curso de formación judicial se define exclusivamente con los resultados obtenidos en la fase que el acuerdo demandado denomina “de oposición” y que comprende la prueba de conocimientos y aptitudes, la evaluación de la experiencia adicional y docencia, la evaluación de la capacitación adicional y las publicaciones y la entrevista.
Permitir que el curso de formación judicial determine la clasificación en el registro de elegibles implicaría desconocer que, según el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, el concurso de méritos debe evaluar experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes, aspectos que fueron evaluados en la etapa anterior a través de la entrevista y de la acreditación de experiencia, numeral 4.1 del acto demandado, elementos que quedarían completamente excluidos de conferir a los resultados del curso el carácter clasificatorio en el registro de elegibles.
Por lo tanto, determinar que el resultado del curso de formación judicial constituye el factor único de clasificación en el registro de elegibles contraría las normas de la Ley 270 de 1996 señaladas por la demandante como violadas porque el artículo 164 tiene en cuenta varios aspectos dentro del concurso de méritos, muchos de los cuales no serían considerados si el curso fuera el único factor de clasificación; se desconoce el artículo 165 porque el registro de elegibles debe integrarse con el resultado de distintas etapas, no solo con el curso de formación judicial; y el 168 porque esta disposición en forma clara preceptúa que el curso solo tiene carácter eliminatorio.
Por lo expuesto se declarará la nulidad de la expresión: “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial”, contenida en el artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002.
Declárase la nulidad de la expresión: “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial”, contenida en el artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002 por las razones expuestas.
Niégase la nulidad del aparte demandado del artículo 2º, numeral 4.1, del Acuerdo 1549 de 17 de septiembre de 2002.
Magistrados: Alberto Arango Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro, ausente—Jesús María Lemos Bustamante—Alejandro Ordóñez Maldonado—Ana Margarita Olaya Forero—Jaime Moreno García.

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 artículo 164
 artículo 162
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 artículo 257
 artículo 2
 artículo 165
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 artículo 256
 artículo 2
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 artículo 256
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 artículo 165
 artículo 165
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 artículo 165
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