Source: https://immomagazine.mx/el-mercado-inmobiliario-y-ley-de-extincion-de-dominio/
Timestamp: 2020-01-19 17:19:59+00:00

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Revista de Real Estate en la Riviera Maya - El mercado inmobiliario y Ley de Extinción de Dominio
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, busca mermar la capacidad económica de la delincuencia organizada y la corrupción. Para el mercado inmobiliario el conocimiento de esta ley, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extensión de dominio, es trascendental aunque debe perfeccionarse de acuerdo a especialistas.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio tuvo su antecedente en una regulación anterior, por la que la extinción aplicaba en un procedimiento que culminaba en una resolución judicial y en la cual se decretaba el decomiso de bienes, como parte del texto del artículo 22 de la Carta Magna.
Con la aprobación de la ley reglamentaria, la resolución judicial ya no es necesaria para el decomiso de un bien, pues basta con la sola presunción de la comisión de un delito o con la asociación del mismo, para que una autoridad pueda decomisar el bien.
La extinción de dominio se define como la pérdida de los derechos de una persona respecto a sus bienes, de los cuales no puede comprobar la legalidad de su procedencia.
La reforma al 22
El artículo 22 de la Constitución Política consta de cinco párrafos, de los que el segundo fue reformado y tres fueron adicionados.
El párrafo segundo se refiere a lo que no considera confiscación: cuando se decrete el pago de multas o impuestos, “ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito”. Tampoco se considera para confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito; la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
El tercer párrafo del artículo 22, señala que la extinción de dominio la ejercitará el Ministerio Público mediante un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.
Por último, el cuarto párrafo sostiene que será procedente “sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
La ley reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política está conformada por ocho títulos con 251 artículos. El primer título describe el catálogo de delitos aplicables para la extinción de dominio; el segundo título, el proceso ante la autoridad judicial. En este apartado, el ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público.
El título tercero se refiere al litigio y las formalidades generales del proceso; el cuarto, a las pruebas reconocidas por la ley y que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. El título quinto, de la transferencia, administración y destino de bienes. El sexto habla de que las fiscalías contarán con unidades especializadas en materia de extinción de dominio, con el objeto de lograr una mayor eficiencia en los procedimientos de extinción de dominio de los bienes destinados a estos.
El titulo séptimo señala la existencia de un registro nacional de extinción de dominio, en una base de datos, y el título octavo hace referencia a la cooperación internacional.
Visión empresarial y legislativa
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, Taydé Fávila Soriano, precisó que a pesar de que tiene puntos positivos la ley como el hecho de que se incrementaron los delitos a las que será aplicable, entre ellos la corrupción de servidores públicos, robos de vehículos, de hidrocarburos, delincuencia organizada, secuestros y extorsión, la arista es que se pude aplicar sin una sentencia condenatoria. Al inculpado no solo se le embargarán los bienes, sino que se puede dar la venta anticipada, agregó.
Sostuvo que por ello es muy importante que al comercializar una propiedad se tomen las medidas preventivas, contar con la documentación que los acredite como dueños del inmueble, estar en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y los contratos de arrendamiento se realicen a través de un notario, además de asesorarse en materia fiscal y legal con un agente inmobiliario matriculado, para minimizar los riesgos que implica las modificaciones de la Ley.
Damian Gerberoff, director comercial de Vivanuncios, una de las plataformas más populares sobre oferta inmobiliaria en línea, indicó que lo que se debe buscar es precisamente aumentar los esquemas preventivos y contratar un asesor inmobiliario que esté capacitado para dar certeza a los propietarios de que no estarán en riesgo, la idea es establecer los esquemas preventivos, para ello se deben unificar criterios.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, por su parte, aseguró que no hay nada que temer con relación a la ley, pues se trata de una ordenanza que va contra el crimen organizado, no contra quienes actúan en el marco de la legalidad; va dirigida a quienes hacen mal uso de las propiedades en renta o venta y forma parte de la legislación contra la corrupción y la impunidad.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial en agosto pasado, fue impugnada en septiembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerarla violatoria a los derechos humanos.
Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que espera que el recurso interpuesto ante la SCJN con relación a la ley progrese dado que tiene buenas intenciones como agilizar la recuperación de bienes ligados al crimen organizado, sobre todo del narcotráfico.
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No obstante, mencionó, tiene algunos efectos que pueden causar injusticias difíciles de reparar y es ahí que surge la controversia, pero esa ambigüedad puede subsanarse y conservar el sentido de la ley, pues la idea no es crear incertidumbre, sino impedir el avance del crimen organizado y que no haya impunidad. (Jazmín Ramos y César Muñoz para IMMO MAGAZINE REAL ESTATE)
Category: Real EstateBy Cesar Muñoz diciembre 17, 2019 1 Comment
Tags: Bienes inmueblesExtinción de DominioQuintana RooRegistro Público
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 resolución 
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