Source: https://www.miteco.gob.es/va/ministerio/medidas-covid19/energia/
Timestamp: 2020-08-11 04:37:17+00:00

Document:
Medidas ante el brote del coronavirus COVID-19 - Energía
Resto de supuestos para acceder al bono social
Prórroga del bono social a quienes se les caduca la prestación en estas fechas
Suspensión de la revisión de precio de GLP envasado y TUR de gas
Lectura de contadores de gas durante el estado de alarma
Inspecciones periódicas en las instalaciones de combustibles gaseosos y GLP
Compatibilidad de las diferentes medidas dirigidas a autónomos, pymes y empresas
Medidas de apoyo a empresas comercializadoras
Aplazamiento del pago de préstamos concedidos por IDAE
La medida ha sido recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Su periodo de aplicación ha sido ampliado hasta el 30 de septiembre por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
En el caso de los puntos de suministro de gas natural, solo se podrá suspender el suministro de instalaciones receptoras de gas natural si el plazo de ejecución de la inspección hubiera vencido con anterioridad al inicio del estado de alarma sin que dicha inspección hubiera sido realizada y existiera un riesgo cierto para la seguridad de las personas, a juicio de la empresa distribuidora.
En el caso de electricidad y gas natural, la normativa prevé que deben pasar 2 meses desde el requerimiento fehaciente de pago hasta poder cortar el suministro. En el caso de electricidad, el plazo se amplía a 4 meses en el caso de consumidores vulnerables que sean beneficiarios del bono social.
Además, la normativa actual impide interrumpir el suministro eléctrico en caso de impago a los consumidores en riesgo de exclusión social (consumidores vulnerables cuyas facturas hayan sido atendidas por los servicios sociales), así como a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
Las medidas aprobadas en relación con el COVID-19 paralizan estos plazos, de modo que hasta el próximo 30 de septiembre, no computan. Esto significa que, si el primer requerimiento fehaciente de pago ocurre durante el estado de alarma, el plazo de 2 meses (o de 4 meses en caso de consumidores vulnerables) empezará a contar a partir del 1 de octubre.
El bono social es un descuento directo en la factura eléctrica, dirigido a usuarios en situación de vulnerabilidad.
Con carácter excepcional, podrán solicitar el bono social:
- Los trabajadores autónomos que, tras la entrada en vigor del estado de alarma, hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Los criterios de renta para acceder al bono social se estipulan mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A los efectos del bono social, se tiene en cuenta la última renta anual disponible por la Agencia Tributaria correspondiente, a la que se accede a través de la plataforma informática desarrollada por el Ministerio para que las comercializadoras de referencia puedan comprobar el requisito de renta y que, en estos momentos, es la de 2018.
Aquellos trabajadores autónomos que cumplan con los requisitos podrán solicitar el bono hasta el último día del mes en que finalice el periodo de alarma declarado por el RD 463/2020.
Estos beneficiarios del bono social serán considerados usuarios en situación vulnerable, que supone un descuento directo de un 25% antes de impuestos en el recibo de la luz con contrato a precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC), con un límite sobre la energía consumida (que depende del tamaño del hogar). Puede consultar todos los requisitos en esta tabla.
Se tendrá la condición de vulnerable en tanto no reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. En todo caso, la ayuda se prestará por un periodo máximo de 6 meses desde la fecha de devengo del bono social.
En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 40% en la factura de electricidad (aplicando el mencionado límite de energía).
El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria. Por ejemplo, si la solicitud completa se presenta el 15 de abril y la resolución es favorable, si la facturación de ese consumidor es del día 10 del mes hasta el día 10 del mes siguiente, el consumidor percibiría el bono social desde el 10 de abril.
El descuento se aplica exclusivamente sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando el contrato de suministro esté a nombre del autónomo que sea persona jurídica, este deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure la persona física que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación o en cuya unidad familiar haya algún miembro en dichas circunstancias.
Además, en todos los supuestos, es preciso tener contratado el precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC). El cambio a PVPC se puede solicitar en el mismo momento en el que se tramita el bono social a través del propio modelo de solicitud.
Si se halla en uno de los supuestos de vulnerabilidad, puede tramitar su petición para percibir el bono social. Como requisito inicial, es imprescindible que el contrato aplicable en su recibo de electricidad de su vivienda habitual sea la de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aunque también se podrá tramitar el paso a dicho precio en el momento en el que se solicite el bono social a la comercializadora de referencia si el consumidor se encuentra en mercado libre.
- El PVPC es el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.
- Sólo puede contratarse el PVPC si se tiene una potencia contratada igual o inferior a 10kW.
- El PVPC se contrata con las comercializadoras de referencia.
Con carácter general, las comercializadoras de referencia cuentan con diferentes vías (teléfono, correo postal, correo electrónico, etc) para cursar las solicitudes de bono social eléctrico y deben contestar al usuario en un plazo estimado de 15 de días para comprobar que se cumplen los requisitos.
Comercializadora de referencia Teléfono Dirección web Dirección postal Fax Correo electrónico
ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 800 760 333 ENERGÍAXXI Apartado de correos 1167, 41080 Sevilla No disponible bonosocial@energiaxxi.com
CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. 900 200 708 CURENERGÍA Apartado de correos 61.017, 28080 Madrid No disponible bonosocial@curenergia.es
Comercializadora regulada Gas & Power S.A. 900 100 283 GAS & POWER Apartado de correos 61.084, 28080 Madrid 934630906 bonosocial@comercializadoraregulada.es
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. 900 902 947 BASER Apartado postal 190, 33080 Oviedo (Asturias) 984115538 bonosocial@basercor.es
RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U 900 10 10 05 RÉGSITI Calle Isabel Torres nº 19 -39011 Santander 910911464 bono-social@regsiti.com
COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. 900 814 023 CORENERGÉTICO Apartado de Correos: F. D. Nº 90 // 3300010 - 33080 Oviedo 984115538 bonosocial@corenergetico.es
Teramelcor, S.L (Solo Melilla) 800 00 79 43 TERAMELCOR Apartado de correos, 6, 52006 Melilla 951481180 bonosocial@teramelcor.es
ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A. (Solo Ceuta) 900 106 004 ENERGÍACEUTAXXI Aptdo. Correos 13, 51080 Ceuta 956517684 bonosocial@energiaceutaxxi.com
Excepcionalmente, para agilizar y simplificar la tramitación, los trabajadores autónomos que pidan el bono social como consecuencia del brote de COVID-19 deberán solicitarlo únicamente por correo eléctrónico y las comercializadoras de referencia dispondrán de un plazo máximo de 5 hábiles para responderle. En caso de que su solicitud no sea completa, el comercializador deberá responder en ese plazo indicando al potencial beneficiario la documentación acreditativa que debe subsanar.
Si el trabajador autónomo ha completado su solicitud, la comercializadora tendrá un máximo de 5 días hábiles para comprobar los datos facilitados en la plataforma informática disponible a tal efecto en la Sede Electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, en su caso, comunicar mediante correo electrónico al consumidor el resultado de la comprobación del cumplimiento de los requisitos.
El plazo de 5 días para la comprobación de datos en la plataforma informática no será exigible hasta que la mencionada plataforma haya sido adaptada a lo previsto en el artículo 28 del RDL 11/2020. La Secretaría de Estado de Energía comunicará a los comercializadores de referencia la efectividad de la adaptación de dicha plataforma informática, cuestión que se prevé que ocurra en los próximos días.
¿Desde cuándo se percibe el bono social?
Si el bono es concedido, se considerará al usuario beneficiario del bono social desde el día en el que lo solicitó. Desde entonces, queda acreditada la condición de vulnerabilidad y el derecho que se aplique el descuento directo en su factura de la luz. Más información, en este enlace
Será necesario que el consumidor remita al comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, este modelo de solicitud.
– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar.
– Copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio (mayores de 14).
Toda la información estará disponible en la página web bonosocial.gob.es
NOVEDAD: Fecha límite para solicitar el bono social para los autónomos afectados por la Covid-19
El derecho a solicitar el bono social para el colectivo de profesionales por cuenta propia o autónomos recogido en el artículo 28.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se extinguió el 30 de junio de 2020.
Desde el 1 de julio de 2020, las Comercializadoras de Referencia no aceptan las nuevas solicitudes que se presenten para dicho colectivo (sí continúan tramitándose las solicitudes que hayan sido presentadas con anterioridad al 1 de julio y para las que la comercializadora requiera aclaración o documentación complementaria).
La aplicación telemática disponible en la Sede Electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para llevar a cabo la consulta de los requisitos de renta, permanecerá habilitada con posterioridad a dicha fecha el tiempo que resulte necesario para garantizar que las Comercializadoras de Referencia puedan tramitar las solicitudes que estén pendientes y hayan sido presentadas con anterioridad al 1 de julio.
Se señala que resultan de aplicación a estas solicitudes los plazos recogidos en el artículo 1.2. de la Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
1. Estos son los requisitos:
1.1 Consumidor vulnerable
A) Aquella persona o unidad familiar cuya renta anual conjunta no supere:
- 11.279€. (≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas) si no hay ningún menor en la unidad familiar
- 15.039€ (≤ 2 x IPREM de 14 pagas) en el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar
- 18.799€ (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas), en el caso de que haya 2 menores en la unidad familiar
B) Todas las familias numerosas (con 3 o más menores en la unidad familiar), con independencia de su renta anual.
C) En el caso de las familias monoparentales unidad familiar está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor, los umbrales de la renta anual para acceder a la prestación son:
- Cuando haya 1 menor en la unidad familiar: 18.799€
- Si hay 2 menores en la unidad familiar: 22.559€
D) Si el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tiene discapacidad reconocida igual o superior al 33% o se encuentra en situación de dependencia reconocida de grado II o III, los umbrales de la renta anual conjunta para acceder a la prestación son:
- Si no hay ningún menor en la unidad familiar: 15.039€
- En el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar: 18.799€
- Si hay 2 menores o más en la unidad familiar: 22.559€
E) Si el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tiene acreditada su condición de víctima de violencia de género o víctima del terrorismo, los umbrales de la renta anual conjunta para acceder a la prestación son:
F) Si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación o incapacidad permanente), percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento, para dichas clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
1.2 Consumidor vulnerable severo
- 5.639€, si no hay ningún menor en la unidad familiar
- 7.519,5€, en el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar
- 9.399,5€, si hay 2 menores en la unidad familiar
B) Si es una familia numerosa y la unidad familiar percibe una renta anual no superior a 15.039€
C) En el caso de las familias monoparentales -unidad familiar está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor-, los umbrales de la renta para acceder a la prestación son:
- En el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar: 9.399,5€
- Si hay 2 menores en la unidad familiar: 11.279,5€
- Si no hay ningún menor en la unidad familiar: 7.519€
- Si hay 2 menores o más en la unidad familiar: 11.279,5€
F) En el caso de que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar perciban pensión mínima, y no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros, se considera vulnerable extremo si la renta anual no es superior a 7.520€.
1.3 Consumidor en riesgo de exclusión social
Para ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social, el titular del contrato debe cumplir con los requisitos para ser considerado vulnerable severo y, además, ser atendido por los servicios sociales de una Administración Pública (autonómica o local) que financien al menos el 50% del importe de su factura de la luz con contrato PVPC antes de aplicar el bono social eléctrico.
2. ¿Cómo solicitar el bono social eléctrico, si aún no es beneficiario?
Si se halla en uno de los supuestos de vulnerabilidad expuestos en esta página, puede tramitar su petición para percibir el bono social. Como requisito inicial, es imprescindible que el contrato aplicable en su recibo de la luz sea el de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aunque también se podrá tramitar el paso a dicho contrato en el momento en el que se solicite el bono social a la comercializadora de referencia si el consumidor se encuentra en mercado libre.
- Solo puede contratarse el PVPC si se tiene una potencia contratada igual o inferior a kW.
- El PVPC se contrata con las comercializadoras de referencia
Las comercializadoras de referencia deben contestar al usuario en un plazo estimado de 15 de días para comprobar que se cumplen los requisitos. Si el bono es concedido, se considerará al usuario beneficiario del bono social desde el día del ciclo de facturación en el que se aportó toda la documentación completa. Desde entonces, queda acreditada la condición de vulnerabilidad y al consumidor se le aplica el descuento director en su factura de la luz. Más información, en este enlace.
Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 prorroga de forma automática todos los bonos que expiren hasta el 30 de septiembre de 2020, al haber sido extendido el plazo por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Los precios regulados del GLP envasado (“bombona de butano”) son revisados cada dos meses de acuerdo con determinados parámetros. Asimismo, el precio de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, a la que tienen la posibilidad de acogerse los consumidores domésticos, se revisa trimestralmente.
Con el fin de que los consumidores no vean incrementadas sus tarifas durante la situación provocada por el COVID 19, se ha suspendido la actualización de precios regulados de GLP envasado y la tarifa de último recurso de gas natural durante tres bimestres y dos trimestres respectivamente, estableciendo una salvaguardia sobre su suspensión.
Ante el descenso acusado del precio del barril de Brent durante el mes de marzo, que es uno de los elementos fundamentales en la determinación de ambos precios regulados, se ha optado por proteger al máximo a los consumidores de ambas formas de energía, permitiendo que se actualicen ambos precios regulados sólo en caso de que el nuevo precio resultante sea inferior al actualmente vigente.
Por todo ello, durante el segundo semestre los precios regulados del GLP envasado y la tarifa de último recurso de gas natural no sufrirán ningún incremento, y solo serán actualizadas en aquellos casos en que el precio suponga una bajada del mismo.
Estas medidas han sido establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
¿El precio del GLP canalizado se encuentra también afectado por las medidas adoptadas?
No, en el caso del GLP canalizado no se ha suspendido la revisión, ya que la última actualización suponía un descenso del precio beneficiando de esta forma a los consumidores.
¿El precio del gas manufacturado por canalización se ve afectado por las medidas anteriores?
El artículo 54 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, atribuye al gas manufacturado por canalización la misma categoría de gas combustible que tiene el gas natural, mientras que en la disposición transitoria vigésima se habilita al titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (referencia que en la actualidad se debe entender dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) para establecer los valores concretos de dichas tarifas o un sistema de actualización y determinación automática de los mismos en los territorios insulares que no cuenten con conexión a la red de gasoductos.
Esta habilitación se materializó en la disposición adicional única de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural.
Como consecuencia de lo anterior, las medidas referentes a la tarifa de último recurso de gas natural, aprobadas en el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se deben entender aplicables también al suministro de gas manufacturado por canalización referido en la disposición transitoria vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
¿Se van a leer los contadores de gas durante el periodo de alarma?
La lectura de contadores no se considera una actividad necesaria para garantizar la prestación del servicio esencial de suministro de gas natural, por lo que la lectura de contadores de gas que precisen de un desplazamiento al punto de suministro estará suspendida durante el periodo de vigencia del estado de alarma en el que sea preciso aplicar esta medida para reducir el riesgo de contagio.
En el marco del Plan de Desescalada y atendiendo a la asimetría geográfica y gradualidad de la misma, la lectura de contadores se realizará en las siguientes condiciones:
• Fase 0: estará suspendida la lectura de los contadores ubicados en el interior de viviendas. Asimismo, quedará suspendida la lectura de los contadores centralizados en los casos en los que la actuación no se pueda considerar incluida entre las excepciones establecidas en la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, debido a que puedan producirse interferencias con las personas no relacionadas con la actividad.
• Fases 1, 2 y 3: en lo referente a los contadores cuya lectura esté suspendida durante la Fase 0, se estará a lo dispuesto por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad para dicha fase, así como por las Comunidades Autónomas en las medidas particulares aplicables a cada territorio. En cualquier caso, la lectura de los contadores en el interior de viviendas deberá realizarse con la aceptación del consumidor.
La empresa distribuidora será la responsable de asegurar la provisión a los trabajadores de los equipos de protección individual y de la adopción de las medidas de protección sanitaria e higiene.
¿Puedo enviar la lectura directamente a la empresa distribuidora?
Sí, la empresa distribuidora está obligada a mantener el teléfono de recogida de lecturas, así como los medios telemáticos habituales, incluida entre otras, la aplicación “YoLeoGas”.
Recuerde que para los consumos inferiores a 100.000 kWh/año la lectura es bimestral, por lo tanto, los consumidores domésticos pueden conocer la fecha aproximada de lectura sumando dos meses a la fecha de lectura de la última factura.
En atención a las medidas de contención adoptadas para mitigar la crisis sanitaria, durante la vigencia del estado de alarma no se podrá facilitar la lectura mediante medios escritos en el portal de la vivienda.
¿Cómo afecta esta medida a las empresas o autónomos que se hayan acogido a las medidas de flexibilidad de suministro?
Las comercializadoras que suministren a empresas que se hayan acogido a alguna de las medidas de flexibilidad incluidas en el artículo 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, deberán comunicar este hecho a las empresas distribuidoras para que esta circunstancia se tenga en cuenta en la estimación del consumo.
¿Qué cantidad me va a facturar la empresa comercializadora?
En los casos en que el consumidor no haya facilitado la lectura por medios telefónicos o telemáticos, la empresa distribuidora va a realizar una estimación personalizada del consumo de cada consumidor conforme a su perfil de consumo histórico, tal como se establece en el artículo 51.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.
En todo caso, las empresas distribuidoras podrán adaptar dichas estimaciones a la situación excepcional del estado de alarma, especialmente en lo referente a aquellos puntos de suministro que puedan identificarse con actividades que quedaron expresamente suspendidas de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y, por tanto, no han podido consumir gas desde ese momento. Adicionalmente, las estimaciones podrán incorporar el efecto de las temperaturas realmente registradas en el periodo de estimación respecto al perfil de consumo histórico.
La empresa comercializadora emitirá la factura correspondiente a dicha estimación de consumo.
¿Qué ocurre si la estimación es superior o inferior al valor real?
La estimación que va a realizar la empresa distribuidora nunca va a coincidir con el consumo real. En estos casos, la empresa comercializadora debe aplicar lo dispuesto en el artículo 51.5 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre:
Si como consecuencia de una regularización en base a la lectura real se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas la diferencia a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron desde la última lectura real.
Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, la devolución se producirá en la primera factura desde la lectura real, sin que pueda producirse fraccionamiento en los importes a devolver. En este caso, se aplicarán a las cantidades adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la refacturación. En el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya sido superior a la real no se aplicarán los intereses.
En atención a las medidas de contención adoptadas para mitigar la crisis sanitaria, no se podrá facilitar la lectura mediante medios escritos en el portal de la vivienda.
¿Qué ocurre con los contadores de los suministros a presiones superiores?
En los puntos de suministro a presiones superiores a 4 bar que no cuenten con telemedida, cuando el titular del punto de suministro no haya dado la lectura por medios telefónicos o telemáticos, la empresa distribuidora podrá realizar también una estimación.
Si como consecuencia de una regularización con base en la lectura real se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas la diferencia a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron desde la última lectura real.
¿Se van a realizar inspecciones periódicas durante el estado de alarma?
Las inspecciones periódicas se realizan cada cinco años conforme al Real Decreto 919/2006, de 18 de julio. Al no ser considerada esta una actividad necesaria para la correcta prestación del servicio esencial de suministro de combustibles gaseosos y GLP, las inspecciones periódicas estarán suspendidas durante el periodo de vigencia del estado de alarma en el que sea preciso aplicar esta medida para reducir el riesgo de contagio.
En el marco del Plan de Desescalada y atendiendo a la asimetría geográfica y gradualidad de la misma, las inspecciones periódicas se realizarán en las siguientes condiciones:
Fase 0: estarán suspendidas las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras individuales ubicadas en el interior de viviendas. Asimismo, quedarán suspendidas las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras comunes con centralización de contadores o llaves centralizadas y de las salas de calderas comunitarias en los casos en los que la actuación no se pueda considerar incluida entre las excepciones establecidas en la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, debido a que puedan producirse interferencias con las personas no relacionadas con la actividad.
• Fases 1, 2 y 3: en lo referente a las instalaciones cuya inspección periódica esté suspendida durante la Fase 0, se estará a lo dispuesto por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad para dicha fase, así como por las Comunidades Autónomas en las medidas particulares aplicables a cada territorio. En cualquier caso, las inspecciones periódicas de instalaciones receptoras individuales en el interior de viviendas deberán realizarse mediando cita previa con el consumidor.
La empresa distribuidora o instaladora habilitada de gas será la responsable de asegurar la provisión a los trabajadores de los equipos de protección individual y de la adopción de las medidas de protección sanitaria e higiene.
¿Qué ocurre con las inspecciones que han sido ya comunicadas?
Se suspenden los plazos para la ejecución de inspecciones que hubieran sido comunicadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como los plazos de subsanación de anomalías secundarias detectadas.
Los plazos anteriores se reanudarán cuando finalice el estado de alarma.
Todo ello sin menoscabo de que, en caso de que la inspección periódica sea compatible con las medidas vigentes en dicho territorio y mediando cita previa, se realice durante la fase de desescalada.
¿Qué ocurre con las inspecciones que se comuniquen durante la desescalada?
Se suspenden los plazos para la ejecución de inspecciones que se comuniquen durante el estado de alarma, así como los plazos de subsanación de anomalías secundarias detectadas.
¿Durante el periodo de alarma puedo solicitar la conexión de la instalación, una vez solucionada una anomalía principal?
Sí, una vez que la empresa instaladora acredite la resolución de las anomalías principales que ocasionaron el precintado de la instalación, la empresa distribuidora estará obligada a desprecintar y dejar la instalación en condiciones de funcionamiento, salvo que existan riesgos para la seguridad de las instalaciones y las personas.
Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas empresas y, así, aliviar la carga financiera que están soportando de forma transitoria, estos usuarios podrán suspender el pago de la factura de electricidad, gas natural, otros gases manufacturados o GLP canalizado mientras dure el estado de alarma.
A los autónomos, que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable.
A las PYMES, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea.
En el caso del suministro de gas natural la medida se aplicará con independencia de la presión de suministro, nivel de consumo y red a la que se conecte el consumidor.
¿Afecta a cualquier CUPS a nombre del autónomo, puede solicitarse para la vivienda habitual y para un local u oficina?
Sí, siempre y cuando sean el titular del mismo. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de Suministro (CUPS).
Estos usuarios podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
La medida ha sido recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.
En el caso de suspensión de facturas, ¿es posible el cambio de comercializadora en los 6 meses en los que el consumidor está saldando su deuda?
No, ya que en el artículo 44.5 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece que “los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha regularización”.
Los comercializadores deben remitir a los distribuidores un listado con los titulares que han solicitado la suspensión, y sus CUPS asociados. Con esta información, el distribuidor debe oponerse al cambio solicitado por la comercializadora entrante.
La norma indica que, en caso de que un consumidor se acoja a la medida relativa a la suspensión de facturas, las comercializadoras quedarán eximidas de la obligación de abono de los peajes de acceso y cargos. ¿incluye también el alquiler de contadores?, ¿cómo debe regularizar la comercializadora los pagos correspondientes a los peajes y cargos que dejará de abonar?
No incluye el alquiler de contadores. La exención de las comercializadoras en relación con las distribuidoras únicamente afecta al abono de peajes y cargos, de conformidad con el artículo 44 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En el caso del gas natural, la comercializadora solo queda eximida del pago del término de conducción del peaje de transporte y distribución y, en su caso, al cargo que se puedan aplicar en el mismo punto. En cambio, no está eximida del pago de los peajes y cánones aplicados en plantas de GNL (incluidos los cargaderos de cisternas), almacenamientos subterráneos y peaje de salida en las conexiones internacionales por gasoducto.
La comercializadora aplaza el cobro de facturas al cliente y el pago del peaje al distribuidor, sin embargo, al reanudar el cobro lo hace fraccionando en importes iguales en las facturas de los 6 meses siguientes al fin del estado de alarma, no abonando nada de peajes hasta que haya cobrado completamente las facturas aplazadas. ¿Cuál sería la razón para no abonarlo de forma similar al distribuidor las correspondientes fracciones de los peajes y conceptos aplazados esos 6 meses?
Efectivamente, el artículo 44.3 exime a las comercializadores de abonar peaje alguno hasta que las facturas hayan sido completamente abonadas:
Si un consumidor que pide aplazamiento de pago de facturas y al cabo de los 6 meses no las paga, ¿el comercializador está obligado al pago de peajes en cualquier caso?
El artículo 44 ha regulado cómo se abona el peaje cuando se da una situación de pago que atiende a lo previsto en la norma:
“2. En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa.”
Si se produce un impago por parte el consumidor transcurridos los 6 meses, la comercializadora tendrá la obligación de abonar el peaje, “con independencia de su cobro del consumidor final” tal y como establece la Ley del Sector Eléctrico.
Lo anterior es extensible en idénticos términos al caso del gas natural, puesto que el Real Decreto 984/2015 establece que “el impago del contrato de suministro suscrito entre el consumidor y el comercializador no exime a este de su obligación de pago por el acceso a las instalaciones”.
Asimismo, en estos casos serán igualmente aplicables las previsiones normativas generales en relación con la suspensión del suministro y la posibilidad de reclamación de las cantidades pendientes al consumidor por cualquier medio válido en derecho.
Se permite a autónomos y empresas, sin excepción, flexibilizar las condiciones de contratación de electricidad y gas natural, para adaptarlas a sus necesidades y reducir los costes que soportan mientras dure el estado de alarma.
¿Qué alcance tiene la suspensión de los contratos a que hace referencia las medidas de los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020?
La suspensión tendrá los siguientes efectos:
1) La suspensión afectará tanto al contrato de suministro celebrado con la comercializadora, como al contrato de acceso de terceros a la red celebrado con la distribuidora (que haya sido celebrado directamente entre distribuidora-consumidor o bien por la comercializadora como mandatario).
2) La suspensión supondrá una interrupción del suministro de energía, e igualmente implicará la suspensión de la facturación al consumidor final de todos los conceptos incluidos en el contrato de suministro, incluida la facturación de los peajes de acceso y cargos.
3) No se extingue la relación contractual entre comercializador, distribuidora y el consumidor. Finalizado el estado de alarma, el consumidor podrá reactivar su contrato de suministro (incluido el contrato de acceso a la red) en los términos previos a la suspensión.
¿La suspensión del contrato, permite ahorrar el 100% de la facturación durante el plazo de suspensión, reanudando posteriormente el contrato?
La suspensión del contrato permite ahorrar el importe íntegro de la factura, pero los consumidores tampoco recibirán servicio alguno. La reactivación del contrato podrá realizarse durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
Las reactivaciones del contrato de suministro se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida.
Los pagos de estos derechos se realizarán de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
¿A qué usuarios está dirigida la medida?, ¿Cómo deben acreditar su condición?
A los autónomos, que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable), y a las empresas, con independencia de su tamaño.
En el caso del gas natural, la medida se aplicará con independencia de su nivel de consumo, presión de suministro o tipo de red a la que se encuentre conectado (red de transporte o distribución).
En el caso de los suministros de electricidad, y en cualquier momento mientras se prolongue el estado de alarma, se podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos.
Los autónomos y empresas titulares de puntos de suministro de gas natural podrán solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, con la consiguiente inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno. No se puede aplicar ninguna penalización (por ejemplo, penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.
Las reducciones de caudal se aplicarán sobre los productos de capacidad ya contratados, sin que se pueda considerarse que se trata de un nuevo producto de capacidad de duración inferior.
No se podrá aplicar ninguna penalización (por ejemplo, penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.
Las reducciones de caudal, anulación de contratos de capacidad o suspensión de contratos de acceso indefinidos solo serán aplicables al peaje de salida al consumidor final, concretamente al término de conducción del peaje de transporte y distribución. En ningún caso se podrán aplicar al término de reserva de capacidad del mismo peaje ni a los peajes o cánones cargados al uso de plantas de regasificación (incluyendo cargaderos de cisternas), almacenamientos subterráneos o conexiones internacionales
Tanto en el caso de la electricidad como del gas y en el plazo de tres meses desde el fin del estado de alarma, los usuarios podrán solicitar una nueva modificación del contrato sin coste alguno, salvo que la nueva potencia eléctrica o caudal diario que se contrate sea superior a la que el usuario tenía previamente o que, en el caso del gas, sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo al estado de alarma, y una puesta en seguridad de la instalación.
En el caso de los suministros de electricidad, una vez finalizado el estado de alarma y en el plazo de tres meses, el consumidor podrá, bien solicitar la reactivación de su contrato en caso de que éste haya sido suspendido, o bien solicitar una nueva modificación de los contratos de suministro y de acceso de terceros a la red.
El pago de estos derecho se realizará de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la reducción del caudal contratado de podrá solicitar el incremento de caudal sin ninguna limitación temporal o coste alguno.
La disminución de consumo consecuencia de la reducción de caudal o de la suspensión del suministro realizada durante el estado de alarma no se tendrá en cuenta a la hora de regularizar o reubicar los contratos de capacidad una vez concluidos o en el caso de los contratos de capacidad indefinidos.
En el caso de contratos indefinidos, los cambios realizados durante el estado de alarma y hasta la primera modificación realizada durante los tres meses posteriores no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los 12 meses que han de transcurrir para las siguientes modificaciones de caudal. Este plazo contará desde la última modificación realizada con anterioridad al inicio del estado de alarma.
En caso de suspensión temporal del contrato de suministro, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.
Las empresas que hubieran incrementado el caudal diario contratado durante el periodo de alarma como consecuencia del incremento de actividad por el desarrollo de tareas esenciales, podrán reducir el caudal contratado durante los tres meses siguientes bajo las mismas condiciones aplicadas a los incrementos de capacidad.
¿Cuántas modificaciones de los contratos sucesivas se admiten?
Mientras se encuentre en vigor el estado de alarma, todas las solicitudes del consumidor se encuentran amparadas por lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Finalizado el estado de alarma, y durante el periodo de tres meses, la primera solicitud de modificación del contrato quedará amparada por lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Las modificaciones posteriores que, en su caso, se realicen, se regirán por la normativa sectorial general.
Finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, ¿se permitirá realizar cualquier modificación de potencia o caudal diario contratado hasta llegar a los valores contratados antes del inicio del estado de alarma?
Finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, los preceptos establecidos en los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa sectorial de general aplicación.
En todo caso, a los efectos del cómputo del plazo de doce meses establecido en los artículos 79.6 del Real Decreto 1955/2000, y 37.6 del Real Decreto 1434/2002, no se tendrán en cuenta las modificaciones de los contratos realizados al amparo de lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, debiendo considerarse la última modificación realizada con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Gracias al despliegue de contadores inteligentes en nuestro país, en la mayoría de casos los cambios de potencia eléctrica se pueden realizar de forma telemática.
Esto será también de aplicación al sector gasista cuando la reducción de caudal exija un cambio de contador.
Finalizado el estado de alarma, en el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del inicio del estado de alarma, las instalaciones de baja tensión de más de 20 años quedan eximidas del control previsto en la normativa.
No obstante, finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, los preceptos establecidos en el artículo 42 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa sectorial de general aplicación, por ejemplo, a las nuevas solicitudes de incremento de potencia a partir de ese momento.
Si una empresa o autónomo al amparo del RD-ley 11/2020 solicita la modificación de potencia o caudal diario, ¿qué sucede con los derechos de acceso o enganche?
En caso del suministro eléctrico, las modificaciones de los contratos se realizarán sin coste alguno, a excepción de los derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en la normativa.
Por tanto, con la medida del RD-l, un autónomo o empresa que volviese a contratar un nivel de potencia similar al anterior a la crisis (o inferior) no deberá abonar los derechos de acceso, ni de verificación de las instalaciones, ni por actuaciones en los equipos de medida y control. Tampoco deberá abonar derechos de enganche al ya estar conectada previamente. Es importante señalar que, si no supera la potencia que originalmente tenía contratada, tampoco procederá el abono de los derechos de extensión ya que con la normativa actual (RD 1048/2013) estos se conservan hasta el nivel de potencia previo durante tres años en baja tensión y durante cinco años en alta tensión.
En caso del suministro de gas natural tampoco será aplicable ningún cargo por la reducción del caudal diario, la anulación de productos de capacidad o la suspensión temporal del contrato de suministro. Tampoco se aplicará cargo alguno a las operaciones destinadas a incrementar el caudal diario o a reactivar el contrato de suministro.
¿Debe tenerse en cuenta, a los meros efectos de los plazos previstos, lo establecido en la disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?
La disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en su apartado primero que, con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
Dado que las medidas recogidas en los artículos 28, 29, 42 y 44 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, cuentan todas ellas con un plazo determinado de duración, no resultará de aplicación el plazo definido con carácter general en la citada disposición.
En el caso de los contratos de gas natural, ¿sería factible, en base al texto aprobado, realizar varios ajustes de caudal diario contratado durante el estado de alarma?
El artículo 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se refiere a la modificación de caudal en singular. Sin embargo, en ningún momento se ha incluido una limitación expresa al número de modificaciones de caudal que se pueda realizar durante el período de alarma, por lo que las medidas propuesta se pueden aplicar, de manera racional, las veces que sean necesarias sin coste alguno.
¿Durante la suspensión temporal del contrato se puede facturar el término fijo a los usuarios?
No, durante el tiempo que dure la suspensión temporal del contrato no se facturará el término fijo.
¿Pueden solicitar la suspensión temporal del contrato los consumidores de GLP por canalización?
No, la medida únicamente aplica a los titulares de puntos de suministro de gas natural. Los titulares de los puntos de suministro de GLP por canalización no contratan capacidad y únicamente abonan un término fijo de 1,57 €/mes conforme a la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. En todo caso, siempre pueden solicitar la rescisión del contrato conforme a la normativa vigente y/o los términos establecidos en el mismo.
¿Se puede solicitar, por ejemplo, una baja de potencia o caudal diario, y además la suspensión del pago de facturas?
Sí. En el caso de autónomos y PYMES, se puede pedir una suspensión del pago de facturas y una modificación del contrato para ajustarlo a menores o mayores consumos, en función de las necesidades. Si se solicita una suspensión temporal del contrato de suministro, solo será posible pedir suspensión de pagos de las facturas que correspondan a consumos durante el estado de alarma y antes de la suspensión del suministro.
¿Puede un autónomo solicitar bajada de potencia o caudal diario de gas natural en vivienda habitual y/o local, bono social por autónomo en su vivienda habitual, y suspensión del pago de facturas en vivienda habitual y/o local?
En el caso de que el autónomo sea una persona física, en su vivienda habitual podrán combinarse el bono social, la bajada de la potencia y la suspensión del pago de la factura. En los locales que no sean su vivienda habitual, no podrá aplicarse el bono social y sólo podrá acogerse a las medidas de modificación de potencia y suspensión de pagos.
En el caso de que el autónomo sea una persona jurídica, para poder aplicar todas las medidas en su vivienda habitual, debe quedar acreditada la relación entre la persona física titular del contrato de suministro para poder percibir el bono social, y la persona jurídica que aparecerá en la acreditación de la condición de autónomo que sea exigible ante la comercializadora (inscripción en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable).
En relación con las medidas que afectan a los autónomos, ¿si se solicita en abril, la facturación de marzo debe ser inferior al 75% con respecto a la media mensual de los 6 meses anteriores, es decir, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y septiembre?
Sí. Si la medida se solicita en abril, el autónomo debe presentar su facturación de marzo y demostrar que ha facturado un 75% menos que el promedio de lo que ha facturado en los últimos seis meses anteriores (es este ejemplo, el periodo comprendido entre septiembre y febrero).
Con el fin de evitar que los comercializadores de energía eléctrica y gas natural asuman mayores cargas de tesorería y facilitar su papel en la aplicación de las medidas de protección a los hogares, empresas y autónomos, se han establecido las siguientes medidas dirigidas a estas comercializadoras:
a) exención del pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los autónomos y PYMES que suspendan sus pagos durante el estado de alarma, hasta que éstos abonen la factura completa.
b) exención de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido, hasta que éstos abonen la factura completa o transcurran 6 meses.
c) Una vez acabado el estado de alarma, las PYMES o los autónomos que se hayan acogido a la suspensión de pagos no podrán cambiarse de comercializadora hasta abonar las deudas pendientes
d) Acceso a avales por la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.
Para ello se podrán acoger a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.
Las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tras el estado de alarma dotarán un crédito por el importe equivalente a la reducción de ingresos para los sistemas eléctrico y gasista atribuible a las modificaciones y suspensiones temporales de los contratos que se produzcan en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Por otro lado, y dado que la rotación de los tanques de almacenamiento de gasolina es más lenta como consecuencia del descenso del consumo de gasolina desde la declaración del estado de alarma, se permite excepcionalmente, hasta el 30 de junio, la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal, con un máximo de 80kPa. De esta manera, se asegura que el cambio de combustible se produce con las necesarias garantías.
Más información en idae.es

References: resolución 
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 4
 artículo 43
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 46
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 43
 Resolución 
 artículo 29