Source: https://solopregunteros.wordpress.com/2011/10/21/preguntero-obligaciones/
Timestamp: 2017-09-25 00:40:46+00:00

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Preguntero Obligaciones | solopregunteros
1. Obligación: concepto, análisis del mismo.
La obligación o derecho de crédito, si la observación es centrada en su lado activo; o derecho personal, si se la opone al derecho real, puede ser definida en los siguientes términos: Es la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto, denominado deudor, tiene el deber jurídico de realizar a favor de otro, denominado acreedor, una determinada prestación.
Se trata de una relación jurídica, esto es una relación humana regulada por el Derecho. La expresión resulta preferible a la de vínculo por su mayor precisión técnica, y porque la relación jurídica obligacional es una de las varias relaciones jurídicas que surgen de la conducta humana (p. ej. relaciones jurídicas reales, de familia, etc.). Se la elige, además, en vez de situación jurídica, porque denota adecuadamente la conexión de los sujetos activo y pasivo de la obligación.
Se trata, asimismo, de un deber, de la necesidad jurídica mencionada en la definición romana, que precisamente nace de esa relación jurídica. Es un deber específico y calificado en virtud del cual el cumplimiento de la obligación no es un acto libre, de concesión o de gracia por parte del deudor.
Existe un sujeto pasivo, o deudor, que debe cumplir frente a un sujeto activo, o acreedor. Aquél tiene una deuda y éste un crédito. Ello no impide que en ciertas circunstancias existan créditos y deudas recíprocos, como por ejemplo, si C compra un libro a V: en tal situación C es deudor del precio y acreedor de la entrega del libro, y correlativamente V, acreedor del precio, es deudor de dicha entrega. Tampoco excluye la momentánea indeterminación de uno u otro sujeto.
Aparece además la prestación, que implica el comportamiento o actitud debidos. Cabe señalar aquí que tal prestación puede tener diversas manifestaciones: una entrega, o dar, como en la compraventa; una actividad, o hacer, como cuando D se obliga a pintar la casa de A; una abstención, o no hacer, si por ejemplo se pacta la obligación de no establecerse con un comercio competitivo en determinado radio.
2. Naturaleza Jurídica de la Obligación. Concepción Subjetiva.
El criterio subjetivo concibe a la obligación teniendo en cuenta, exclusivamente, la posición del acreedor: la obligación le conferiría poderes sobre la persona o el comportamiento del deudor. Su máxima expresión se dio en el criterio clásico romano, que otorgaba al acreedor una actio in personam dirigida contra la entidad física del deudor y destinada a posesionarse —con poderes amplísimos— del sujeto vinculado que no cumpliera su obligación: así el deudor podía ser muerto o sometido a la esclavitud por el acreedor insatisfecho. Tal situación de potestad atribuida al acreedor aparece también, atenuada en el pensamiento jurídico del siglo XIX. Para esta escuela el derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad conferido por el ordenamiento jurídico. Correlativamente, afirma que el crédito, uno de los derechos subjetivos, somete el comportamiento del deudor a la voluntad del acreedor, pues así como el derecho real proporciona señorío sobre las cosas, el derecho de crédito brindaría señorío sobre ciertos actos del deudor.
3. Naturaleza Jurídica de la Obligación. Concepción objetiva.
Esta teoría contradice a la concepción subjetiva. En ésta concepción al derecho subjetivo, se lo redefine como el interés jurídicamente protegido. De allí surgió la concepción del crédito en términos objetivos: tiende a la satisfacción de un interés privado del acreedor, y la prestación es sólo un medio para ello.
Algunos sostienen que el deudor tendría un “deber libre” de cumplir o no cumplir: desde que la norma jurídica no manda pagar, el deudor no tiene el deber jurídico de cumplir; por ello no se aplica sanción alguna al incumplidor.
Según otra postura afín, “Deber in patiendo” el deudor no tendría el deber jurídico de cumplir, ni el acreedor derecho a obtener la prestación; sólo incumbiría al deudor el deber jurídico de soportar o tolerar la acción del acreedor tendiente a tomar para sí la cosa sobre la cual recae la obligación y, recíprocamente, el crédito sólo legaría el derecho a tomar para sí esa cosa.
Estas concepciones diluyen el efectivo deber de cumplir y además resultan negatorias del derecho subjetivo en cuanto desconoce las virtualidades, éticas y jurídicas del deber de cumplir que genera un correlativo derecho del acreedor.
Porque la obligación no presenta al deudor una alternativa entre cumplir y no cumplir para que obre a su arbitrio. El deudor debe cumplir; éste es su deber y, si no cumple, por haber infringido tal deber, se lo sanciona con la indemnización.
4. Naturaleza Jurídica de la Obligación: Concepción Apropiada.
Al explorar la naturaleza jurídica de la obligación no pueden ser ignorados estos dos términos: deber del deudor y facultad del acreedor. El deudor está sujeto a cumplir y el acreedor está investido de poderes conferidos por el Derecho, relativos al patrimonio del deudor, para obtener la satisfacción de su interés.
En la deuda el acreedor tiene una expectativa a la prestación, es decir, al cumplimiento exacto por parte del deudor; en la responsabilidad tiene, en cambio, una expectativa a la satisfacción, por medio de la ejecución forzada, o por otro, o la indemnización. Así, por ejemplo, cuando el deudor de la entrega de un piano lo da en los términos en que debía hacerlo, cumple su deuda; cuando el acreedor tiene que obtener esa entrega por vía judicial, o procurarse el piano de un tercero, o tiene que conformarse con la indemnización, ejercita la responsabilidad de su deudor.
5. Distinción entre Derechos Reales y Personales: características de cada uno.
El criterio dualista establece diferencias entre la obligación y el derecho real a tenor de sus respectivas características. El criterio monista a su vez intenta asimilar el derecho real a la obligación, o a explicar al crédito como un derecho real.
Criterio dualista:
a) Caracteres típicos de la obligación.
ü Patrimonialidad.
ü Relatividad
ü Alteridad (bilateralidad), en cuanto la relación se enlaza con otro sujeto, confiriendo a uno (el acreedor) derecho a obtener determinado comportamiento del otro (el deudor), es decir, a obtener la prestación, con una coercibilidad típica del vinculum juris obligacional.
ü Autonomía de la voluntad creadora, que se denota en cuanto el Derecho no da moldes rígidos para las figuras de obligación (el CC admite contratos “innominados”), y porque las normas que la regulan son sustancialmente supletorias y no imperativas;
ü Temporalidad, pues la relación jurídica no es perpetua y se agota en un tiempo limitado, a lo que se agrega que la inacción del titular puede derivar en la prescripción extintiva de la acción
b) Caracteres típicos del derecho real
ü Patrimonialidad, que es la única común con la obligación.
ü Carácter absoluto, en cuanto a la oponibilidad erga omnes ya señalada.
ü Relación directa e inmediata con la cosa, el titular de un derecho real puede decir “tengo”, en tanto el titular de un derecho personal (el acreedor) sólo puede afirmar “he de tener”.
ü Creación legal exclusiva, pues “los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como tal pudiese valer”.
ü Perpetuidad, en el sentido de que el titular del derecho real no lo pierde por su inacción, tanto que si alguien adquiere el derecho real ajeno por prescripción adquisitiva o usucapión, lo hace en virtud de su acción, no de la sola inacción del propietario.
ü Adquisición por tradición, salvo el caso de sucesión hereditaria y sin perjuicio de la exigencia de la inscripción en ciertos supuestos aunque sea de observar que la tradición, en rigor, es necesaria sólo cuando se trata de derechos reales ejercibles por la posesión (en sentido lato), y de allí que no se la requiera en la hipoteca.
ü Posibilidad de usucapir cuando transcurre cierto plazo de posesión.
ü jus persequendi, o facultad de perseguir la cosa aunque esté en manos de terceros.
ü jus preferendi, o sea preferencia a favor del titular más antiguo cuando concurren varios pretendientes sobre la misma cosa, lo que no ocurre en materia de derechos crediticios, pues entonces las preferencias obedecen a otras razones.
Criterio Monista: Derecho real como obligación: desde que la relación jurídica enlaza relaciones entre sujetos, se ha pretendido que sería impropio caracterizar al derecho real como una relación entre la persona y la cosa. Así surgió la teoría que explica al derecho real como una obligación pasivamente universal. El derecho real, a tenor de dicho criterio, no sería sino una obligación, que incumbe a todo miembro de la comunidad, de respetar el derecho (real) de una persona; por ello, porque todos deben respetar el derecho de otro sobre una cosa, tal obligación de no hacer sería pasivamente universal.
Crítica: este criterio distorsiona los conceptos. La oponibilidad erga omnes, con el consiguiente deber de todos de respetarlos, es propia de los derechos subjetivos. A veces éstos son oponibles directamente a persona o personas determinadas (así el derecho creditorio y el de familia), y otras veces no tienen sujeto determinado como destinatario del poder del titular (como los dé la personalidad o los reales); pero todos los derechos subjetivos, aun los caracterizados como relativos (creditorios y de familia), importan el deber de la comunidad de no inmiscuirse en ellos. Por ello la caracterización del derecho real como una obligación de todos hacia el titular del derecho no resulta convincente, pues tal deber general es, en mayor o menor medida, propio de todos los derechos subjetivos y no específico de los derechos reales.
El crédito como un derecho real: según se sabe, la deuda genera la responsabilidad del deudor, y a manera de garantía, el acreedor está investido del poder de agresión patrimonial con el fin de satisfacer su crédito. Para algunos autores este poder importaría el ejercicio de un derecho real de prenda, y para otros, si bien no se trataría de una prenda, dicha potestad respondería a una noción genérica de garantías reales, incluida en la categoría del derecho real.
Crítica: Es cierto que la voluntad del deudor sea en cierta medida incoercible, porque el derecho del acreedor no recae sobre ella. Pero este derecho del acreedor, que se concreta en “emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado”, y termina por recaer en “las indemnizaciones correspondientes”, no implica un derecho sobre el patrimonio del deudor o cosas determinadas que le pertenezcan.
Es por ello que, si el acreedor pretende la entrega en especie de la cosa que le es debida, no tiene derecho a tomarla por si, y debe acudir a los medios de ejecución principiando por embargarla.
En cambio el titular de la hipoteca, un derecho real de garantía, no precisa del embargo para lograr la ejecución del inmueble sobre el cual asienta su privilegio, porque tiene un derecho sobre dicha cosa.
La situación es todavía más clara cuando el deudor incumple una deuda de dinero, o tiene que pagar la indemnización en dinero, pues en estos casos el acreedor sólo tiene derecho a reclamar el valor de los bienes ejecutados para satisfacer su crédito, y no esos bienes mismos, lo cual demuestra que carece de un derecho sobre ellos.
6. Compare los derechos de crédito con los derechos de familia.
Entre la obligación y los derechos de familia se advierten las siguientes diferencias esenciales:
En el Derecho de familia hay deberes, tales como la fidelidad debida entre esposos, ajenos al contenido patrimonial propio del Derecho de obligaciones.
En los derechos de familia predomina la idea de institución, concebida como de regulación imperativa y trascendente en medios y fines a los sujetos titulares, en tanto la obligación está regida en buena medida por la idea de la autonomía de la voluntad.
En los derechos de familia se exige una conducta personal, en tanto ello no ocurre necesariamente en la obligación. Así, por ejemplo, un hijo no podría pretender que otro lo sustituyera frente al padre en el cumplimiento de sus deberes emanados de la patria potestad; pero en principio, es aceptable que un tercero satisfaga al acreedor siempre que no exista un interés legítimo de éste en que actúe personalmente el obligado.
Las sanciones son distintas en una y otra órbita: la indemnización es así ajena, en principio, a las relaciones de familia, cuyas sanciones son de otra índole (p. ej., el divorcio, la pérdida de la patria potestad, etc.).
7. Obligaciones “propter rem”. Concepto. Tratamiento en el CC Ejemplos (al menos dos).
En ciertas obligaciones la persona del deudor es determinada por su relación con una cosa; se trata de las obligaciones propter rem. Son obligaciones que descansan sobre determinada relación de señorío sobre una cosa, y nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. Es decir: resulta deudor quien es actualmente dueño o poseedor de una cosa. Por esa dependencia de una relación real, la obligación propter rem es también denominada real, y en virtud de que el sujeto pasivo es uno u otro, según sea el titular de la relación real, se la designa como ambulatoria o cabalgante.
En nuestro CC un artículo, rechaza este tipo de obligaciones. Sin embargo otros establecen obligaciones “respecto de la misma cosa”, y “Obligaciones que pasan del autor al sucesor”.
Ejemplos: la obligación del condómino de pagar proporcionalmente los gastos de la cosa común, y en el crédito por medianería.
8. Sujetos de la obligación: determinación, quienes pueden ser sujetos de la obligación. Transmisión de la calidad de sujeto. Pluralidad de sujetos.
El sujeto de la relación jurídica resulta de la respuesta a la pregunta quién. Hay un sujeto activo, titular de la facultad que, en la obligación, es el acreedor.
Y un sujeto pasivo, a cuyo cargo está el deber que, en la obligación, es el deudor.
Establecido que la existencia de sujetos es imprescindible en toda relación jurídica, va de suyo que también lo es en la obligación. En toda relación obligacional debe haber, pues, un sujeto acreedor y otro deudor, o varios de ellos.
La calidad de sujeto corresponde a la persona, sea ésta física ó jurídica, y aun en el caso de “sujetos de Derecho”.
Cuando la obligación surge de un acto jurídico (como un contrato), es indudable que el sujeto debe ser capaz de Derecho; si fuera incapaz de hecho, tal incapacidad sería suplible por representación.
En esta cuestión inciden, también, las habilitaciones para obrar que surgen de la emancipación o de otras circunstancias, e inversamente, las inhabilitaciones.
La calidad de acreedor y la de deudor pueden ser transmitidas, esto es, puede haber sucesión en ellas (de suceder: sustituir, reemplazar). La transmisión o sucesión puede darse por acto entre vivos, o por acto de última voluntad o mortis causa.
La relación obligacional no se enlaza necesariamente entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Puede haber pluralidad en una u otra parte, o en ambas, desde el nacimiento de la relación {pluralidad originaria), o surgir con ulterioridad (pluralidad sobreviniente, p. ej. Si muere el deudor o el acreedor singular, y la deuda o el crédito se dividen entre varios herederos).
9. Objeto de la Obligación: concepto, distinción con el contenido.
El objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica, es el qué de la relación.
Puede ser definido como el bien apetecible para el sujeto activo, sobre el cual recae el interés suyo implicado en la relación jurídica. El contenido de la relación jurídica es cierta conducta humana: el comportamiento del sujeto pasivo destinado a satisfacer el interés del titular activo respecto del objeto.
El objeto de la relación de entregar la cosa vendida que tiene a su cargo el vendedor, es la cosa misma; esta cosa es, precisamente, lo que pretende el comprador, acreedor de aquella obligación. El contenido consiste en la conducta o comportamiento del vendedor tendiente a suministrar al comprador la cosa vendida que es el objeto, el centro de su interés. En la obligación el contenido es denominado técnicamente como prestación.
10. El contenido de la obligación: a que nos referimos cuando hablamos de contenido de la obligación, cuáles son sus especies.
El contenido consiste en la conducta o comportamiento del vendedor tendiente a suministrar al comprador la cosa vendida que es el objeto, el centro de su interés. En la obligación el contenido es denominado técnicamente como prestación. Se trata de una conducta o actitud, de dar, hacer o no hacer, que sólo versa sobre entrega de cosas, sobre prestación de actividad, o sobre abstenciones, y es típica de la obligación. La deuda, o sea es el deber jurídico del deudor emergente de la obligación, tiene contenido patrimonial pues recae sobre bienes “susceptibles de valor”, y sujeta el patrimonio del deudor a la satisfacción del crédito del acreedor.
Especies: hay prestaciones positivas (que implican hechos positivos) y negativas (que consisten en una abstención). Y, a su vez, la prestación positiva puede ser real (entrega de una cosa) o personal (realización de una actividad).
11. Caracteres típicos del deber obligacional.
Patrimonialidad: porque dan derecho a exigir una conducta de dar, hacer o no hacer susceptibles de apreciación económica;
Relatividad: por cuanto confieren facultad al acreedor para reclamar tan solo a su deudor (no erga omnes) el cumplimiento de la prestación.
Alteridad (bilateralidad), en cuanto la relación se enlaza con otro sujeto, confiriendo a uno (el acreedor) derecho a obtener determinado comportamiento del otro (el deudor), es decir, a obtener la prestación;
Autonomía de la voluntad creadora, que se denota en cuanto el Derecho no da moldes rígidos para las figuras de obligación ya que se admite contratos “innominados”, y porque las normas que la regulan son sustancialmente supletorias y no imperativas;
Temporalidad, pues la relación jurídica no es perpetua y se agota en un tiempo limitado, a lo que se agrega que la inacción del titular puede derivar en la prescripción extintiva de la acción.
12. Caracteres típicos del vínculo obligacional.
La libertad del deudor hoy sólo queda limitada en lo que concierne al comportamiento que debe como prestación y, en caso de no llevarla a cabo, a soportar los poderes de agresión patrimonial del acreedor.
El vínculo se manifiesta, concretamente, en dos aspectos, pues da derecho al acreedor: a) para ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento, y b) para oponer una excepción tendiente a repeler una demanda de repetición (devolución) que intente el deudor que pagó. Pero, por cierto, el derecho a demandar el cumplimiento no significa que las deudas pagadas espontáneamente (que son la inmensa mayoría) correspondan a una obligación que carece de vínculo: aunque no haya coerción efectiva, el vínculo se manifiesta en la medida en que la relación jurídica obligacional es coercible, esto es, en que habría dado derecho a demandar si el deudor no se hubiera avenido a cumplir.
13. Requisitos de la Prestación.
a) Posibilidad: la prestación debe ser física y jurídicamente posible. Hay imposibilidad física cuando materialmente no es factible de realizar, como en el clásico ejemplo de “tocar el cielo con las manos”. Pero tal imposibilidad, para tener virtualidad, debe ser absoluta, esto es, debe existir con relación a cualquier sujeto y no respecto del propio deudor; así, quien no tenga habilidad manual, puede sin embargo obligarse a construir un mueble, de manera que si no logra que un tercero lo construya, queda sometido al pago de indemnización.
Hay imposibilidad jurídica cuando el obstáculo proviene del Derecho (como si alguien se obliga a hipotecar un automóvil, que sólo es susceptible de prenda). La imposibilidad física o jurídica, para tener relevancia, debe ser actual, no sobreviniente a la constitución de la obligación. En caso contrario rigen las reglas de la imposibilidad de pago: la obligación es válida, pero se extingue porque la prestación es física o legalmente imposible. Hay imposibilidad jurídica cuando el obstáculo proviene del Derecho (como si alguien se obliga a hipotecar un automóvil, que sólo es susceptible de prenda). La imposibilidad física o jurídica, para tener relevancia, debe ser actual, no sobreviniente a la constitución de la obligación. En caso contrario rigen las reglas de la imposibilidad de pago: la obligación es válida, pero se extingue porque la prestación es “física o legalmente imposible.
b) Licitud: Cabe expresar este requisito con una negación: la prestación no puede consistir en un hecho ilícito (como si D promete a A matar a N por un precio). A diferencia de la imposibilidad jurídica, aquí no juega un obstáculo legal, sino directamente un comportamiento contrario a la ley; en aquel caso el hecho está impedido, en éste, está sancionado.
c) Determinabilidad: Es menester que el comportamiento del deudor recaiga sobre algo concreto. Este algo puede estar determinado ab initio, pero basta con que sea determinadle, en’ tiempo anterior o simultáneo al del cumplimiento.
La obligación de dar cosa cierta plantea un ejemplo de prestación determinada; en la de dar cosa incierta, en cambio, es indeterminada, pero determinable por medio de la elección. Ahora bien, la prestación puede ser determinable aunque el objeto no exista aun materialmente; es el caso de la venta de cosa futura (como, p. ej. una cosecha), en que la prestación depende de un hecho condicionante suspensivo: “si llegase a existir”.
d) Patrimonialidad: El problema se plantea en estos términos: ¿puede la obligación tener una prestación extrapatrimonial? La susceptibilidad de un valor económico es la nota distintiva de los bienes patrimoniales, y su falta, la de los bienes extrapatrimoniales.
Ha de advertirse, empero, que la consideración de patrimonialidad depende muchas veces del ambiente jurídico-social; verbigracia en Roma, y aun en el siglo pasado, no se consideraba patrimonial la prestación de actividad literaria, científica o artística, criterio que hoy es insostenible.
14. Las distintas fuentes de obligaciones: breve explicación de cada una.
Fuentes nominadas:
1. El contrato, que es acto jurídico bilateral o plurilateral;
2. La voluntad unilateral, que es acto jurídico unilateral;
3. Los hechos ilícitos, comprensivos de los delitos y de los cuasidelitos, o “hechos ilícitos que no son delitos”;
4. El ejercicio abusivo de los derechos, que se da cuando se los actúa de un modo irregular;
5. El enriquecimiento sin causa, que existe cuando alguien se enriquece indebidamente a expensas de otro;
6. La gestión de negocios, o sea cuando alguien se encarga, sin tener mandato, de un negocio ajeno.
Fuentes innominadas: en ellas quedan comprendidos todos los hechos generadores carentes de una denominación especial. Por eso se dice que la obligación nace ex lege (de la ley), implicando de tal manera que nace de un hecho dotado por el ordenamiento jurídico de energía bastante para generar una obligación.
Caso de la obligación inválida: La obligación putativa, esto es, la creada por error. En la norma se prevé que si tanto el acreedor como el deudor incurrieron en error al constituir la obligación, tal relación carece de virtualidad: el acreedor “queda obligado a restituirle al deudor el respectivo instrumento de crédito, y a darle liberación por otro instrumento de la misma naturaleza”.
15. Causalismo y Anticausalismo. Causa de las Obligaciones: fuente y finalidad: arts. 499, 500, 501 y 502 del C.Civ.
Causalismo: separa la causa de la obligación de las motivaciones individuales de las partes. La causa, vacía así de contenido, estaba implicada por la naturaleza del contrato, y era invariable cualesquiera fueren los intervinientes en el acto; los motivos, esencialmente variables, eran referidos a las intenciones de cada sujeto. Estos motivos carecían de virtualidad jurídica, pero la obligación debía tener causa (causa-fin) para ser válida.
Anticausalismo: sostiene que la noción de causa final resulta superflua y que sus problemas pueden ser resueltos a través de la regulación del objeto. La noción clásica de causa-fin, por lo demás, se confundiría: 1) con el objeto, en los contratos bilaterales; 2) con la pausa eficiente, en los unilaterales; y 3) con el consentimiento, en los gratuitos.
Art.499. No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.
Este artículo expresa que toda obligación deriva de un hecho jurídico, fuente de un derecho; ese hecho jurídico origina el crédito, con su correlato necesario, la deuda, que constituyen los dos términos de la relación obligacional.
Art.500. Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.
La razón de ser de tal presunción parece evidente, pues corresponde suponer que los hechos ocurren como normalmente suceden, que no han ocurrido de manera extravagante o excepcional. Además la presunción es lógica: los hombres normales ejercen su voluntad en forma razonable, ya que sólo de un demente cabe esperar que se obligue sin razón ni motivo. Pero quien aparece como deudor puede, sin embargo, probar que no la tiene porque lo contrarío de lo normal es objeto de prueba.
Art.501. La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera.
Se implica así la causa-fin simulada, siempre que la simulación sea relativa y lícita puesto que “cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero”.
Art.502. La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.
Es posible invalidar el acto probando la ilicitud de la finalidad; pero tal alegación no es admitida a quien, al plantearla, invoca su propia torpeza.
La causa-fin es ilícita en las siguientes circunstancias: 1) si es contraria a una disposición legal imperativa; 2) si es contraria al orden público, aunque no exista una disposición expresa de la ley; y 3) si es contraria a la moral y las buenas costumbres.
Resumen de Finalidad
El acto es inválido si carece de causa-fin, si ella es ilícita, o si es falsa. En este último caso, sin embargo, el acto vale si subyace otra causa-fin verdadera y licita;
Se presume que el acto tiene causa-fin, que ella es lícita, y que la expresada es verdadera. Pero el interesado, en todos los casos, puede probar eficazmente lo contrario, pues tales presunciones sólo son jurís tantum.
16. Reconocimiento: Definición Legal. Efectos.
“El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona”. Superando la tautología de definir por lo definido, cabe definir al acto de reconocimiento como aquel por el cual el deudor admite estar obligado.
Naturaleza jurídica: la mayoría de la doctrina entiende que se trata de un acto jurídico, en el sentido que se acaba de expresar: quien reconoce tiene un “fin inmediato” que es admitir la existencia de la obligación preexistente, y someterse a las consecuencias jurídicas derivadas de ella.
Como lo que caracteriza al acto jurídico es un “estar a Derecho” es irrelevante que se le atribuya al reconocimiento un efecto más extenso que el concretamente querido: quien reconoce admite que está obligado, pero su “estar a Derecho” involucra que deje interrumpida la prescripción liberatoria, aunque esta interrupción no haya constituido su fin inmediato; basta con haber querido un efecto jurídico para que haya un acto jurídico, que de rebote produce también efectos jurídicos, no necesariamente queridos, pero congruentes con el querer generador.
Efectos: en nuestro régimen los efectos del reconocimiento son dos: sirve como prueba de la obligación reconocida, e interrumpe la prescripción pendiente.
Prueba de la obligación: El reconocimiento no modifica la obligación original: no agrava la situación del deudor si no existe “una nueva y lícita causa de deber”, ni lo libera aunque el reconocimiento sólo sea parcial. En este último caso el acreedor puede prevalerse de la obligación en los términos primitivos, más amplios por hipótesis, a menos que promedie un modo extintivo del saldo (p. ej. renuncia parcial, o novación).
Interrupción de la prescripción en curso: Se ha discutido si el reconocimiento incide sobre la prescripción cumplida, cuestión que debe ser decidida negativamente. Por lo pronto porque la interrupción de la prescripción sólo tiene sentido si el plazo respectivo no se ha cumplido y, si ese plazo ya se ha agotado, sólo subsiste la obligación como natural, de manera que el reconocimiento, que nada agrega a la obligación originaria, la admite sólo como obligación natural. La solución sería distinta (pero no por virtualidad del reconocimiento mismo, sino por otras causas) si el deudor renunciara indudablemente a la prescripción ganada, o realizara una novación (conversíón) por la cual renaciera una obligación civil ya prescripta
17. Efectos de las obligaciones con relación al acreedor (“auxiliares”).
Los efectos auxiliares (o secundarios) tienden a mantener la incolumidad del patrimonio del deudor. Abarcan:
ü Las medidas precautorias o cautelares, que pueden ser solicitadas antes o después de deducida la demanda judicial, y cuya finalidad es “asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia” que se vaya a dictar más adelante, y evitar que el acreedor sufra “un perjuicio inminente o irreparable”.
ü Las acciones de integración y deslinde del patrimonio que, respectivamente, tienden a recomponer un patrimonio desintegrado por un acto simulado (acción de simulación) o fraudulento (acción revocatoria), o a reemplazar al deudor inactivo en la percepción de sus propios créditos (acción subrogatoria, indirecta u oblicua); o, en el caso del deslinde, a evitar que se confundan dos patrimonios distintos, con desmedro de los acreedores de uno de sus titulares(acción de separación de patrimonios).
18. Efectos de las obligaciones con relación al acreedor (“principales”).
Los efectos principales llevan a la satisfacción del acreedor, en especie o por equivalente. Cuando el acreedor se satisface en especie el efecto principal es normal. Es lo que comúnmente ocurre, por eso es lo normal o necesario, pues se da en todas las obligaciones civiles. Y cuando lo hace por equivalente, mediante la indemnización o reparación, el efecto es anormal denominado también accidental o subsidiario; en los hechos sólo por excepción se acude a este modo de satisfacción del acreedor. Efectos normales:
1) Por lo general el deudor cumple de modo espontáneo, esto es, adecuándose al imperativo ético de acatar su deber respectivo, lo cual no tiene regulación legal concreta, pues, en realidad, el ordenamiento jurídico permanece en estado latente cuando el deudor cumple sin precisar otro incentivo que el moral.
El acreedor, de cualquier manera, como titular del crédito, se apropia de lo que le es pagado; esto es suyo.
2) O, en caso contrario, el acreedor puede “emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado”, expresión que la doctrina corrige reemplazando la expresión “se ha” por “está”, con lo cual se abarcan más precisamente todas las obligaciones, y no sólo las contractuales, como podría deducirse del empleo de aquel modo verbal reflexivo. Esta es la que se denomina ejecución forzada;
3) Todavía el acreedor tiene derecho “para hacérselo procurar por otro a costa del deudor”, aludiéndose así a la ejecución por otro o por un tercero.
Efecto anormal. el acreedor tiene derecho “para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes”; este efecto, por oposición a los anteriores que, de una manera u otra llevan a la satisfacción en especie, es denominado anormal, pues sólo mediante un equivalente de la prestación debida e incumplida (la indemnización o reparación) se restablece el equilibrio en el patrimonio de aquél.
19. Efectos de las obligaciones con relación al deudor.
El deudor tiene, no obstante su carácter pasivo en la relación obligacional, ciertos derechos. Es lógico que se lo faculte a cumplir, allanando los obstáculos que encuentre para ello y que, ulteriormente, se lo libere definitivamente de la deuda cumplida. Los derechos del deudor pueden ser sistematizados de la siguiente manera:
1) Derechos previos al cumplimiento: está facultado para obtener la recepción o la cooperación del acreedor. Por ejemplo, si tiene que entregar un cargamento de hierro puede contar con que el acreedor está dispuesto a recibirlo en un depósito adecuado. La falta de cooperación del acreedor puede derivar en la figura denominada mora del acreedor.
2) Derechos al tiempo de intentar cumplir, está facultado para hacer el pago por vía judicial, o pago por consignación.
3) Derechos al cumplir, el deudor que cumple efectivamente tiene derecho a “obtener la liberación correspondiente” y, como derivación de ello, a exigir el recibo, o instrumento en el cual consta tal liberación.
4) Derechos ulteriores al cumplimiento: el cumplimiento exacto da derecho al deudor para repeler las acciones del acreedor, lo que es consecuencia de que, al haber cumplido, se liberó de la deuda, la cual se halla extinguida. Independientemente de ello, el deudor podría rechazar las acciones del acreedor en otro supuesto de extrema evidencia: si la deuda “se hallase extinguida o modificada por una causa legal”, verbigracia, si prescribió, y así quedó limitada a su virtualidad de obligación natural.
20. Pago: objeto del pago: principio de identidad.
El CC establece: “El deudor debe entregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor”; y el segundo, que “si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la obligación”.
Tales disposiciones son especialmente categóricas pues ni siquiera siendo lo ofrecido de “mayor valor” puede imponérsele al acreedor la recepción de una prestación distinta de la debida; claro está que él puede aceptarla, o puede contentarse con menos, o con otra prestación, pero entonces no habría pago sino dación en pago, que es una figura distinta.
Seudo excepciones: a veces el deudor no cumple, en los hechos, lo mismo que debe.
Pero ello ocurre porque incide otro modo de extinción, y no porque exista una cabal excepción al principio de identidad.
ü Dación en pago: la hay “cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía prestar”
ü Acuerdo por cesión de bienes en el concurso: en el concurso, que es un mecanismo para la ejecución colectiva del deudor, o un preventivo de tal ejecución, “el deudor puede proponer la cesión de todos o parte de sus bienes a los acreedores” y, si éstos lo aceptan, están facultados para “disponer de los bienes, ya sea formando sociedad por acciones entre ellos, vendiéndolos en conjunto o separadamente, o, por cualquier otro medio”. Tal acuerdo produce efectos con relación a la masa de acreedores, de manera que cada uno de éstos no podrá reclamar su respectivo crédito, debiendo atenerse a los términos del acuerdo.
ü Pago con cheque: a pesar de que el acreedor no está constreñido a aceptar un cheque del deudor de dinero, es muy común que ello suceda. Pero la entrega de un cheque no es un pago, porque no se produce la liberación del deudor, sino que ella está sujeta a que, cuando el cheque sea presentado al cobro en el banco girado, haya fondos suficientes en la cuenta corriente
ü Depósito en cuenta bancaria: tampoco es pago el depósito de dinero por el deudor en la cuenta bancaria del acreedor, para los salarios, por lo pronto porque éste tiene sólo un crédito contra el banco, depositario de los fondos; y, además, porque puede haber un embargo sobre esa cuenta que frustre el efectivo derecho del acreedor a percibir el dinero debido.
ü Pago con otros títulos de crédito: es también común que el acreedor reciba pagarés o letras de cambio entregadas por el deudor. Tales documentos instrumentan una promesa de pago, no un pago, y su recepción no significa novación de la deuda. El deudor sólo queda liberado cuando el acreedor del pagaré o de la letra de cambio recibe el importe respectivo.
21. Pago: objeto del pago: principio de integridad.
Conforme al CC “cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación”. Entonces, el acreedor no tiene el deber de recibir pagos parciales, pero puede aceptarlos y, correlativamente, el deudor no tiene el deber de pagar parcialmente. El pago es íntegro sólo cuando incluye los accesorios.
También el principio de integridad tiene excepciones y, en tales casos, el deudor está legalmente autorizado a pagar fraccionada mente su deuda:
ü Deuda sólo parcialmente líquida: una deuda es líquida cuando su existencia es cierta y su cantidad se encuentra determinada: la deuda de 1 Tn. de trigo es líquida; la de lo que resulte de una pericia arbitral, es ilíquida. “Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor, y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea”. Como el total de lo debido es lo líquido más lo ilíquido, el deber de pagar y recibir, de ese total, lo que sea actualmente líquido, comporta otra excepción al principio de integridad.
ü Deuda reducida: cuando se produce una reducción legal de la deuda, hay otra excepción al principio. Tal situación se plantea en diversas hipótesis: la de pago con beneficio de competencia, que faculta a ciertos deudores a no “pagar más de lo que buenamente puedan”; la reducción de la indemnización por razones de equidad. Sobre el impedimento de hecho que surge de la insuficiencia del activo patrimonial del deudor.
ü Pago parcial del cheque: cuando no haya provisión de fondos en la cuenta corriente contra la cual se libra un cheque el banco tiene derecho a realizar el pago parcial, que el portador no puede rehusar. Es decir: el banco puede rechazar el cheque en esas circunstancias u optar por pagarlo hasta la concurrencia de la provisión de fondos; en este último supuesto también se pasa por alto el principio de integridad del pago, sin perjuicio de la ulterior acción del tenedor por el saldo.
ü Pago parcial de la letra de cambió o el pagaré: el obligado cambiario está facultado para pagar parcialmente el importe de la letra de cambio o el pagaré que le sea presentado al cobro. El portador no puede negarse a recibir ese pago parcial, por el que debe dar recibo, y al cual debe hacerse constar en el documento.
ü Por cierto que el tenedor del documento podrá ejecutarlo por el saldo, pero en la medida de ese pago parcial se configura otra excepción al principio de integridad.
22. Pago: Imputación del pago.
Concepto: conforme al CC la imputación del pago es el mecanismo por el cual se lo asigna a una u otra deuda cuando lo que se paga no alcanza para cubrir todas las que existen entre el deudor y el acreedor. Dicha norma exige que concurran estos requisitos: a) pluralidad de deudas; b) con prestaciones de la misma naturaleza; y c) pago insuficiente para cubrirlas a todas.
La imputación puede ser hecha: 1) por el deudor; 2) por el acreedor, si aquél no imputó; y 3) por la ley, si no imputó ninguno de ellos.
Modificación: una vez hecha la imputación, en cualquiera de los casos indicados, el pago tiene carácter definitivo y aquélla no puede ser modificada un unilateralmente, salvo que haya habido vicios. Si ambas partes (deudor y acreedor) se ponen de acuerdo en cambiar la imputación, pueden hacerlo siempre que no perjudiquen derechos de terceros fundados en dicha imputación.
23. Pago: Legitimación Activa.
El deudor (sujeto pasivo en la relación jurídica obligacional) es sujeto activo del pago, pues es quien debe v realizarlo. Pero, además del deudor, pueden pagar otros sujetos: los terceros interesados y los terceros no interesados; de todos éstos, el deudor y los terceros interesados no sólo pueden pagar, sino que tienen además derecho de pagar, pues están investidos de jus solvendi.
Con relación al deudor, se dan estas distintas situaciones:
ü Si el deudor es singular, no existe dificultad alguna, pues él debe pagar;
ü Si hay pluralidad de deudores, le corresponde hacer el pago a cada uno de ellos si la obligación es de solidaridad pasiva, o de objeto indivisible; en cambio la deuda se fracciona entre los varios deudores sí el objeto es divisible.
ü Si el deudor singular muere, la deuda se fracciona entre sus herederos siempre que la prestación sea divisible;
ü El deudor puede pagar por medio de un representante, salvo que el acreedor tenga interés legítimo en que el cumplimiento lo realice personalmente el deudor;
ü Si la deuda se ha transmitido, el nuevo deudor toma la situación jurídica del anterior.
24. Efectos del pago por terceros.
El pago extingue el crédito y libera al deudor. Sin embargo, cuando paga un tercero, sea o no interesado, esos efectos se reducen a la extinción del crédito, pues el acreedor cobra, pero no se produce la liberación del deudor, que continúa obligado hacia el solvens.
Relaciones del tercero con el deudor: los derechos del tercero que pagó respecto del deudor son distintos según haya obrado “con asentimiento del deudor”, “ignorándolo éste”, o “contra la voluntad del deudor”.
1) Pago por un tercero con asentimiento del deudor: dispone de la acción de mandato y de subrogación legal en los derechos del acreedor.
2) Pago por un tercero en ignorancia del deudor: dispone de la acción de gestión de negocios y de subrogación legal en los derechos del acreedor.
3) Pago por un tercero contra la voluntad del deudor: dispone sólo de la acción de enriquecimiento, y carece de subrogación legal.
25. Pago: Legitimación Pasiva.
El acreedor (sujeto activo en la relación jurídica obligacional) es sujeto pasivo del pago, pues es quien debe recibirlo. Pero, además, del acreedor, pueden recibir el pago otros sujetos: su representante y los terceros habilitados (sobre el pago en caso de embargo del crédito). Se dan, con relación al acreedor, estas distintas situaciones que son paralelas pero inversas con respecto al deudor:
ü Si el acreedor es singular, no existe dificultad alguna pues debe pagársele a él;
ü Si hay pluralidad de acreedores, puede recibir el pago cualquiera de ellos si la obligación es de solidaridad activa o de objeto indivisible, siempre que “el deudor no estuviese demandado por alguno de ellos”; en cambio el crédito se fracciona entre los varios acreedores si la prestación es divisible;
ü Si el acreedor singular muere, el crédito se fracciona entre sus herederos siempre que la prestación sea divisible;
ü El acreedor puede cobrar por medio de un representante;
ü Sí el crédito ha sido transmitido, el nuevo acreedor toma la situación jurídica del anterior (en caso de cesión o de subrogación, y de legado de crédito).
Capacidad para recibir pagos
1) Capacidad de hecho. El acreedor debe ser capaz de hecho, con aptitud para administrar sus bienes al tiempo de recibir el pago. Tienen, pues, ineptitud para recibir pagos los incapaces de hecho con incapacidad absoluta, los quebrados, los concursados en ciertas circunstancias, los inhabilitados en cuanto el pago exceda los actos de administración, etcétera.
Ante la incapacidad del acreedor, el deudor está habilitado para consignar. No obstante la regla expresada, el Código admite la eficacia del mandato conferido a un incapaz “respecto de terceros con los cuales éste hubiese contratado”. De allí que, como excepción, sea válido el pago si el accipiens incapaz es representante voluntario del acreedor.
2) Capacidad de Derecho; la exige genéricamente para los actos jurídicos el CC. Así, por ejemplo, un juez no podría recibir válidamente la cosa que hubiera comprado, si con relación a ella hubiese habido un litigio ante el tribunal a su cargo.
26. Pago hecho a un incapaz, concepto y efectos.
La regla es que el pago hecho al acreedor incapaz es nulo, de nulidad relativa, habida cuenta del interés primordial mente privado comprometido en la sanción de invalidez. La nulidad no podría ser aducida por el solvens capaz.
El pago resulta eficaz:
ü Por lo pronto, “en cuanto se hubiese convertido en su utilidad”. En este caso, no obstante la invalidez del pago, le ha resultado provechoso, por ejemplo si el incapaz destinó el dinero recibido a alimentarse. Y si el deudor prueba la utilidad en que ha redundado lo entregado por él al incapaz, hasta esa medida el pago es liberatorio.
ü El pago es también válido si concurren estas dos circunstancias; si el acreedor era capaz al nacer la obligación y se incapacitó ulteriormente; y si el deudor ignoraba esta pérdida de capacidad. Es decir, la incapacidad ha de ser sobreviniente, y el solvens actuar de buena fe, como ocurriría si hubiese contratado con un cuerdo, que luego perdió la razón, sin él saberlo.
27. Terceros habilitados para recibir el pago
Son terceros habilitados aquellos a quienes el deudor puede hacerles el pago, liberándose de la deuda, aunque no resulte extinguido el crédito. Aquí se desdoblan los efectos principales del pago. Los terceros habilitados para recibir el pago son: el tercero indicado, el tenedor de un título al portador, y el acreedor aparente.
Tercero indicado. El pago debe ser hecho al tercero indicado, que es quien ha sido señalado para percibir el crédito.
El adjectus se diferencia del mandatario porque éste tiene poder para recibir el pago, en tanto aquél está simplemente investido de una cualidad para percibirlo. Puede ser, en realidad, mandatario del acreedor; o el beneficiario de un acto indirecto, por el cual sea el verdadero titular activo del crédito; etcétera.
Tenedor de un título al portador. El pago debe también ser hecho “al que presentase el título del crédito, si éste fuese de pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves sospechas de no pertenecer el título al portador”. Ese precepto abarca diversos documentos propios del Derecho comercial (cheque, letra de cambio y pagaré) y factura conformada, que han modificado parcialmente el sistema.
Por lo pronto, el documento de que se trata puede haber sido extendido “al portador”, o haber sido “endosado en blanco”, es decir, sin individualización del beneficiario. En cualquiera de esos supuestos el deudor paga bien a quien le presenta el documento, salvo: si sabe que el documento ha sido perdido o sustraído, caso en el cual debe hacer el pago por consignación; o si tiene graves sospechas de que no pertenece al portador.
Acreedor aparente. “El pago hecho al que está en posesión del crédito es válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda”, precepto que alude al acreedor aparente, es decir, a quien al momento del cobro reviste ostensiblemente el carácter de acreedor, sin serlo.
28. Pago: lugar y tiempo del pago.
Regla general para el lugar de pago: el domicilio del deudor: conforme al CC el lugar del pago es, salvo excepciones el “domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación”.
Se trata del domicilio actual del deudor, en el momento en que la deuda se hace exigible. Pero el CC confiere un derecho al acreedor: “si el deudor mudase de domicilio, en los casos en que el lugar de éste fuese el designado para e! pago, el acreedor podrá exigirlo, o en el lugar del primer domicilio, o en el del nuevo del deudor”. El domicilio histórico del deudor funciona como lugar de pago en un supuesto excepcional.
1º excepción: Lugar convenido o de uso. La primera excepción a esa regla está dada por el mismo CC: “el pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación”. En defecto de convención, rige el lugar de uso. Así, por ejemplo, en materia de compraventa, se entiende que si los usos locales no indican al domicilio del vendedor como lugar de pago, según los casos, el animal vendido deberá ser entregado en el corral de la estancia y no a campo abierto.
2º excepción: Ubicación de la cosa cierta. “Si no hubiese lugar designado, y se tratase de un cuerpo cierto y determinado deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación”. Por lo pronto ese precepto se aplica a las cosas inmuebles, que son cosas ciertas y cuya situación es fija, y a las cosas muebles ciertas que, al tiempo de nacer la obligación, se hubieran encontrado habitualmente en un lugar determinado.
3º excepción: Precio de la compra al contado. “Si el pago consistiese en una suma de dinero, como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, debe ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, no habiendo lugar designado, salvo si el pago fuese a plazos”.
Esta regla es extensiva a los demás contratos en los cuales se deba un precio pagadero al contado, como por ejemplo una locación de obra por la cual se haya contratado la construcción de una máquina, caso en el cual el precio debe ser abonado contra su entrega.
4º excepción: Lugar en que fue contraída la obligación. Como última excepción, que rige si no hay lugar convenido o de uso, o la cosa debida no es cierta, o no se trata del precio de contado el pago debe ser efectuado en el lugar “en que el contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después mudare de domicilio o falleciere”.
Es decir: el lugar de contracción de la obligación rige si coincide con el domicilio histórico del deudor, esto es el que tenía en ese momento. El cambio ulterior de domicilio, o el fallecimiento, son irrelevantes, pero de cualquier manera el acreedor puede optar por exigir el pago en el nuevo domicilio del deudor.
Exigibilidad inmediata: Las obligaciones puras y simples no están sometidas a modalidad alguna, de manera que deben ser pagadas inmediatamente, en la primera oportunidad que su índole consiente.
Obligaciones con plazo determinado: el pago debe realizarse el día del vencimiento del término. Como los días se cuentan por entero, el plazo se cumple a las 24 hs. de ese día.
Obligaciones sin plazo señalado: si las partes no se ponen de acuerdo, lo fijará el juez.
Obligaciones a mejor fortuna: o sea cuando tuviese medios para pagar o cuando pudiese, los jueces fijan el tiempo de cumplimiento de la obligación, a pedido de parte.
29. Astreintes: concepto, régimen legal, caracteres. Relación con la indemnización.
Concepto: son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario, que los jueces aplican a quien no cumple un deber jurídico impuesto en una resolución judicial. La denominación astreinte proviene del francés, y su etimología indica que deriva del latín astringere (compeler).
Naturaleza jurídica: constituyen un medio de compulsión del deudor. Dicha concepción excluye que se trate: 1) de una multa civil, porque tal sanción se aplica a una conducta ya obrada, y la astreinte persigue que, en lo futuro, el deudor deje de resistir el cumplimiento de sus deberes; y 2) de una indemnización de daños.
Régimen Legal: el CC dispone: “Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”.
Caracteres: 1) Discrecionales; 2) Provisionales, o sea no definitivas; 3) Conminatorias, lo cual denota su propia finalidad de vencer la resistencia de un deudor recalcitrante, mediante el incentivo económico; 4) Pecuniarias, pues sólo pueden consistir en dinero; 5) Ejecutables; 6) Pronunciables a favor del acreedor, y a su pedido; 7) Aplicables al deudor o a un tercero.
Relación con la indemnización: En tanto la indemnización corresponde a un daño efectivamente sufrido por el acreedor, y guarda equivalencia con él, las astreintes responden a otras ideas: no se precisa la existencia de daño para que sean impuestas y, si lo hay, se independizan de su cuantía. Por otra parte, las astreintes se relacionan con la fortuna del destinatario de la imposición, la cual, en principio, es ajena a la determinación del daño.
30. Principios de la responsabilidad civil. Órbitas contractual y extracontractual. Presupuestos.
1. Relatividad de los derechos subjetivos. Ningún derecho es ilimitado. No lo fueron ni el dominio ni la patria potestad en Roma, a pesar de la amplitud que allí tenían, y el Código Civil argentino siguió iguales pautas.
2. Principio de reserva. Otro principio es el de reserva: no hay deber ni transgresión sin norma que lo imponga; principio que deriva directamente del art. 19 de la Constitución Nacional.
3. Principio de no dañar. Es norma implícita de los sistemas que incriminan el daño injusto; rige con independencia de cualquier estipulación al respecto, por la mera convivencia social; es una garantía de paz en ella.
4. Se debe responder por actos propios, no ajenos. Esto aparece consagrado respecto de los actos positivos y de los actos negativos; atañe al problema de la causalidad como respuesta a quién o qué ha desencadenado un consecuente; y rige, inclusive, en la responsabilidad indirecta en que, por lo general, hay como subsuelo cierta acción u omisión de la persona en quien se refleja la responsabilidad y a quien se le exige el deber de reparar.
5. Imputabilidad subjetiva. Según este principio no hay responsabilidad sin culpabilidad; a la vez que no puede haber culpabilidad sin que el acto principie por ser voluntario en sentido jurídico, esto es obrado con discernimiento, intención y libertad. Pretender armar la responsabilidad sin culpabilidad, semeja a un hombre sin cabeza, a un automóvil sin motor, o a un silogismo sin premisas.
6. Agravación del tratamiento para el dolo. El Derecho no puede tratar igualmente a quien comete un entuerto por descuido y a quien lo comete con la conciencia del mal que quiere causar, o con un obrar deliberado, que normalmente va a llevar a ese daño.
7. Las convenciones tienen fuerza obligatoria equivalente a la ley general. Hay en esto un profundo contenido ético: hacer honor a la palabra empeñada; y evitar, mediante el cumplimiento exacto de la obligación asumida, que a través de ese incumplimiento se dañe a otro.
8. Buena fe. Hay buena fe-creencia cuando versa justificadamente acerca de la titularidad de un derecho. La apariencia implica el estado objetivo del que deriva el estado subjetivo de la creencia que, cuando es generalizada, se convierte en error común; La buena fe-probidad importa el comportamiento leal, el comportamiento honesto, en la celebración y cumplimiento del acto y es, desde otro enfoque, presupuesto del reconocimiento de ciertas facultades, o derechos subjetivos
La responsabilidad contractual: abarca, sin duda, el incumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato, especie de acto jurídico. También, por analogía de situación, se aplican los mismos preceptos, en cuanto sean compatibles, para los actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial, involucrando así las obligaciones emergentes de la declaración unilateral de voluntad. Los llamados cuasicontratos también reciben semejante regulación, y así lo establece el Código Civil en cuanto a la gestión de negocios, regida por las acciones del mandato en la medida en que la actividad del caso resulte útil. En determinados supuestos los terceros respecto del pacto tienen derecho a prevalerse de las normas atinentes al contrato: se trata de los contratos a favor o en nombre de terceros. Es decir: la responsabilidad contractual rige también supuestos en los cuales no hay contrato.
La responsabilidad extracontractual: existe cuando hay un deber preexistente que es genérico (deber general de no dañar), e indeterminado en cuanto a los sujetos pasivos, que viene impuesto por la ley, y que rige por el mero hecho de la convivencia social.
La responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos:
1) El incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber general de no dañar.
2) Un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo (culpabilidad) u objetivo.
3) El daño, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la victima del incumplimiento jurídicamente atribuible.
4) Una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa (fuente) de tal daño.
31. Causalidad: teorías que no distinguen entre las condiciones.
A partir de las enseñanzas de MILL se puso en tela de juicio la noción de causa, considerando que es tal sólo “la suma de las condiciones”.
En semejante línea de ideas apareció, en el plano jurídico, la teoría de la condictio sine qua non o equivalencia de las condiciones: todas y cada una de las condiciones provocan el efecto, de manera que cada una de ellas tiene función de causa del resultado. Pero esta teoría es criticable: por ejemplo, respondería de homicidio quien infirió a otro una lesión en virtud de la cual debió ser llevado a un hospital, en el que murió víctima de un incendio.
Tesis correctoras. Esta teoría recibió varios retoques doctrinarios que modificaron la primitiva versión. Veamos algunos.
1) Se admitió el corte de la cadena causal cuando la supresión del movimiento corporal no hubiera modificado en nada la producción del resultado. Por ejemplo, si A hiere mortalmente a B, patrón de una lancha, pero éste se ahoga antes de que la herida haya producido la muerte porque la lancha naufraga por un golpe de viento inesperado, A no puede ser responsabilizado por homicidio . . .
2) Se computó sólo las condiciones positivas: si alguien quiere apuñalar a otra persona por !a espalda, y un tercero desvía el golpe de manera que sólo lo rasguña, la acción de ese tercero (aun siendo condición del rasguño) es jurídicamente una condición negativa, que lo hace irresponsable.
3) Se sostuvo que corresponde cortar la cadena de condiciones cuando interfiere en ella la acción dolosa de un tercero: si el cazador deja su escopeta cargada en una taberna en que varios disputan, no es responsable en el caso de que alguno de los partícipes en la controversia use el arma para matar dolosamente a uno de los contrincantes.
32. Relación de Causalidad: Teorías que distinguen entre las condiciones.
Causa próxima. En este criterio, se atribuye el efecto al último suceso, con el cual aparece conectado de manera inmediata. Claro está que ello puede derivar en soluciones irritantes, como en el caso de la enfermera que aplica una inyección que, en realidad, contiene veneno, habiendo cargado la jeringa de un frasco rotulado como antibiótico por el laboratorio farmacéutico: la causa próxima del daño habría sido puesta por dicha enfermera.
Condición más eficaz. Arranca de la idea de que el resultado es atribuible a la más activa de las condiciones. Hay dos modos de computar esa actividad:
Cuantitativamente, pero la relación de cantidad no siempre conduce a resultados justos: si el domador encierra a un hombre en la jaula del león y éste lo mata, la condición cuantitativamente más activa la pone el león, pero el imperativo de justicia exige asignar virtualidad de causa al hecho del domador.
Cualitativamente, lo cual merece objeciones parecidas, la causa de una herida sería la propia víctima, porque la calidad de la consecuencia no está determinada por el golpe sino por aquello que la recibe, esto es el cuerpo de la víctima.
Causa eficiente. Este punto de vista retoma vigorosamente la distinción entre causa, condición y ocasión. Pero de lo que se trata es no sólo de caracterizar precisamente qué es causa, sino a cuál de los hechos relacionados se le asigna categoría causal.
Causa adecuada. Esta teoría, la de mayor predicamento, niega la equivalencia de las condiciones y preconiza un criterio generalizador: el acto humano debe haber sido, conforme a la experiencia, propio para producir el resultado. Es decir, en términos generales, un efecto es adecuado a su causa cuando “acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas”. Para determinar la probabilidad o posibilidad de un efecto según las leyes del mundo de la naturaleza, la teoría presenta tres versiones:
La subjetiva que hace un juicio de previsibilidad respecto de las condiciones que el agente conocía o podía conocer.
La objetiva, que toma en cuenta las condiciones que el sujeto normal (en abstracto) debe prever.
Otra posición realiza el juicio de probabilidad según la captación de un hombre muy perspicaz. Toma en cuenta, así, una suerte de superhombre, pues el modelo es un perito en la actividad de que se trate.
33. Causas de justificación
Ciertas circunstancias justifican una conducta que, de no haber mediado ellas, sería ilícita. Se trata de las denominadas causas de justificación que, por consiguiente, excluyen la ilicitud de la conducta en el caso dado.
Ejercicio regular de un derecho: el daño causado en ejercicio regular de un derecho está justificado y, por lo tanto, no da lugar a resarcimiento a favor de quien lo sufre.
Legítima defensa: El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: 1) Agresión ilegítima; 2) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 3) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Estado de necesidad: Se justifica la conducta de quien causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño.
Existen otros casos, como la desobediencia de una orden injusta, la lesión con permiso del damnificado y los correctivos de los padres hacia sus hijos.
34. Mora: concepto, efectos, elementos, casuística del art. 509 CC, factores impeditivos de la mora. Diferencia con la demora.
Concepto. Mora y demora. Entendemos por mora el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante. Para ello deben concurrir tres requisitos: 1) dicho incumplimiento; 2) que sea imputable al deudor; 3) que el deudor esté constituido en mora. La demora, o retardo del deudor es, así, un elemento material de la mora, pero no la mora misma. Y puede haber mora, con mayor razón, cuando el deudor no está solamente demorado en su cumplimiento, sino que ha incurrido directamente en inejecución absoluta y definitiva.
Por ejemplo, si D debía pagar el 10 de junio, el día 11 estará demorado, y será moroso si, además de ese retardo, concurren los otros requisitos enunciados; pero habrá también incumplimiento material antecedente de la mora si D destruyó lo que debía dar como pago, e incurrió de tal modo en inejecución absoluta y definitiva.
Casuística del art. 509
Obligaciones con plazo expresamente determinado: “En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento”. Se trata de un plazo determinado expresamente, que a su vez puede ser cierto o incierto; es cierto “cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta”, e incierto si “fuese fijado con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice”.
Obligaciones con plazo cierto. Cuando el plazo expresamente determinado es cierto, resulta indudable que, en los términos de la ley vigente, la mora se produce automáticamente por el “solo vencimiento” de ese plazo. Si el deudor debe pagar el 14 de julio, el día 15 ya está en mora; su retardo material es, por el solo retardo, moroso.
Obligaciones con plazo incierto. Un sector de la doctrina estima que, cuando el plazo expresamente determinado es incierto, el cumplimiento del término por sí solo no deja al deudor en mora.
Casos de las obligaciones puras y simples. Son exigibles en la primera oportunidad que su índole consiente.
Incidencia del lugar de pago. Aun cuando la obligación tenga plazo expresamente determinado y cierto, y a pesar de la literalidad del primer párrafo del artículo 509, la mora no debiera producirse automáticamente cuando el lugar de pago es el domicilio del deudor. Porque si el deudor tiene que pagar allí le bastaría al acreedor con no concurrir para dejarlo en mora, obligándolo así a realizar gestiones, que pueden llegar hasta el pago por consignación.
Obligaciones con plazo tácitamente determinado. “Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora”.
Obligaciones con plazo indeterminado: “Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación”.
Factores impeditivos de la mora: “Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable”. Este apartado denota las diferencias entre el incumplimiento material y la mora. Implica que al deudor demorado en el cumplimiento se lo presume culpable, pero puede igualmente probar que el retardo “no le es imputable”; la responsabilidad queda excluida cuando la demora “fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor”.
35. Efectos de la mora del deudor.
Los efectos de la mora del deudor son varios y de suma trascendencia en orden a su responsabilidad, lo cual explica el esmero con que debe ser tratada la cuestión. Son éstos:
Apertura de las acciones por responsabilidad. Ante la mora del deudor, el acreedor tiene derecho a: I) pretender su ejecución forzada; II) obtener la ejecución por otro; y III) reclamar indemnización.
Indemnización del daño moratorio. “El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación”. La indemnización del daño derivado del retardo puede ser acumulada: a) al cumplimiento espontáneo tardío; b) a la ejecución especifica, aunque tardía; y c) a la indemnización por el daño compensatorio que deriva de la inejecución absoluta y definitiva.
Imputación del caso fortuito. Él moroso soporta el caso fortuito a menos que la mora sea irrelevante; pero no puede prevalerse de esta irrelevancia (y consiguientemente carga de todos modos con el caso fortuito) el poseedor de mala fe.
Inhabilidad para constituir en mora. En las obligaciones correlativas la parte morosa no tiene derecho a constituir en mora a la otra.
Operatividad de la cláusula resolutoria. En los contratos con prestaciones recíprocas el contratante inocente puede pedir la disolución del vínculo con los daños a cargo del moroso; es decir, la mora de un contratante autoriza al otro a disolver el contrato.
Pérdida de la facultad de arrepentirse. Se puede pactar una seña mediante la cual cualquiera de los contratantes puede arrepentirse del contrato, y dejar así de cumplirlo, con lo cual se lo disuelve.
De tal facultad puede usar quien no está en mora, de manera que la mora propia es un impedimento para arrepentirse del contrato. Entiéndase bien: en el caso, se pierde la facultad de arrepentirse, el contrato queda en firme, pero no se pierde la seña misma.
Facultad de exigir la prestación o la pena. Cuando existe una cláusula penal, el acreedor puede “a su arbitrio” demandar el cumplimiento de la prestación o el pago de la pena, de modo que la mora del deudor autoriza al acreedor a ejercitar esa opción.
Imposibilidad de invocar la teoría de la imprevisión. La parte que estuviese en mora no puede argüir la rescisión del contrato cuya obligación se ha hecho “excesivamente onerosa”.
El derecho de pagar durante el estado de mora. Principio. Es indudable que el deudor moroso tiene derecho de pagar, con tal que anexe a la prestación debida los accesorios derivados de la mora (p. ej. los intereses moratorios). Tal solución es obvia, y deriva del derecho que tiene el deudor a liberarse de su deuda y, correlativamente, impide que el acreedor obtenga pingües beneficios de la mora de aquél mediante el simple expediente de no recibirle el pago, con lo cual se aumentaría indefinidamente la deuda por daño moratorio.
36. Dolo: Concepto. Especies.
Tiene distintas acepciones, dos de las cuales surgen de definiciones del Código Civil, y una tercera deriva de la interpretación doctrinaria.
1) Como vicio de la voluntad se trata del dolo-engaño: “acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin”. Se trata, pues, de la acción de un sujeto que provoca error en el otro, y destruye así su voluntad jurídica.
2) Como elemento del delito civil es el hecho ilícito cometido “a sabiendas y con intención de dañar”.
3) Como causa de incumplimiento contractual, que compromete la responsabilidad del deudor doloso, no está definido. Se interpreta que consiste en la intención deliberada de no cumplir, para quienes también en este caso sería necesaria la intención de dañar. En tal especie de dolo el querer jurídicamente relevante se endereza hacia no cumplir, pudiendo hacerlo; no es menester, a diferencia del delito civil, que haya intención de dañar, pero, claro está, si el incumplidor contractual quiere el daño, actúa con dolo.
La malicia en el incumplimiento contractual, dentro del género de la mala fe, consiste pues en la inejecución deliberada de la deuda.
Especies de dolo.
1) Hay dolo directo cuando existe la voluntad concreta de dañar. Este dolo es cierto con relación al daño concretamente querido: e incierto respecto de aquellos daños hipotéticamente inseparables de la inconducta, como es el caso de la muerte de todos los ocupantes de un automóvil cuando se arroja una bomba queriendo matar solamente al conductor.
2) Hay dolo indirecto o eventual cuando el sujeto no tiene la voluntad concreta de dañar, pero no descarta que se pueda producir daño y, a pesar de ello, continúa adelante. En este caso, si se hubiera representado la efectividad del daño, igualmente habría continuado su obrar, desentendido de aquél; es el caso del conductor de ómnibus que se despreocupa de la circunstancia de que algún peatón se cruce en su camino y, si se imagina tal cruce, continúa igualmente conduciendo con exceso de velocidad.
Prueba del dolo: La prueba del dolo incumbe al acreedor por aplicación de las reglas generales en materia de prueba. Para ello se puede acudir a cualquier medio de prueba de los hechos, siendo de agregar que a diferencia de la culpa en ciertas situaciones, el dolo no es presumido.
37. Dispensa del dolo
Concepto La cláusula de dispensa de dolo es aquella por la cual el deudor se reserva la facultad de incumplir dolosamente sin cargar, total o parcialmente, con responsabilidad.
El Código Civil prohíbe tal dispensa: “El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación”.
Alcances de la prohibición: Lo que el Código Civil prohíbe es la dispensa anticipada del dolo. Nada impide, sin embargo, que con posterioridad a la inejecución dolosa, el acreedor renuncie a obtener indemnización.
La prohibición de dispensa anticipada abarca: 1) la dispensa total y la dispensa parcial de responsabilidad; y 2) la dispensa del dolo propio y la del dolo del subordinado, en cuanto sea extensión del dolo del principal.
38. Opción Aquiliana: Concepto. Régimen legal: su tratamiento en el Código Civil.
“Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidas en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal”. De ese modo queda marcada una frontera entre los ámbitos contractual y extracontractual de la responsabilidad civil. No obstante se da un pasaporte, para transitar del primero hacia el segundo, cuando el incumplimiento del contrato implica un delito penal. Por ejemplo, la venta de una cosa gravada que implica incumplimiento contractual y configura defraudación penal; la usurpación por el locador del inmueble alquilado que es, simultáneamente, infracción a las leyes civil y penal.
La opción aquiliana implica que, en el caso de producirse un incumplimiento contractual que derive en un delito del Derecho Penal, el acreedor podrá optar por reclamar la indemnización por los daños que le correspondieren según las reglas de la responsabilidad contractual o tomará las de la responsabilidad extracontractual. Pero deberá optar por todo el régimen, no podrá tomar aquello que le sirva de cada uno de ellos.
39. Factor de Atribución Subjetivo: culpa y dolo, concepto de cada uno de ellos, régimen del CC.
Culpa. Definición legal: “La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”. La culpa proviene de un acto voluntario, es decir, realizado con los necesarios elementos internos: discernimiento, intención y libertad.
La culpa se presenta en dos versiones:
ü Como negligencia, caso en el cual el sujeto omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso; hace menos de lo que debe.
ü Como imprudencia, caso en el cual el sujeto obra precipitadamente o sin prever por entero las consecuencias en las que podía desembocar su acción irreflexiva; hace más de lo que debe.
Elementos de la culpa. La culpa tiene dos elementos, ambos negativos:
1) Hay carencia de la diligencia debida, lo cual surge de la propia definición legal;
2) Hay carencia de malicia. Porque si el sujeto obró con intención de no cumplir una obligación contractual, o de dañar extracontractualmente, esos procederes maliciosos configuran dolo, categoría distinta de la culpa y más grave que ella.
Dolo. Concepto. El dolo es otro factor subjetivo de atribución. Tiene distintas acepciones, dos de las cuales surgen de definiciones del Código Civil, y una tercera deriva de la interpretación doctrinaria.
1) Como vicio de la voluntad se trata del dolo-engaño: “acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin.
Se trata, pues, de la acción de un sujeto que provoca error en el otro, y destruye así su voluntad jurídica.
2) Como elemento del delito civil: el delito civil es el hecho ilícito cometido “a sabiendas y con intención de dañar”.
3) Como causa de incumplimiento contractual, que compromete la responsabilidad del deudor doloso, no está definido. Se interpreta que consiste en la intención deliberada de no cumplir.
40. Abuso del Derecho.
“El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal ‘al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”
Desde el enfoque de la responsabilidad civil (en que nos interesa el análisis de la teoría del abuso del derecho) existe un acto ilícito, que da lugar a indemnización si hay daño y si concurren los demás presupuestos de la responsabilidad civil.
Pero no un acto ilícito típico, sino un acto ilícito abusivo, que es una especie dentro del género, porque en el acto ilícito común (el delito o el cuasi delito) La transgresión es franca, es a cara descubierta: se viola el derecho subjetivo ajeno cuando, con un automóvil, se atropella a un peatón, pues nunca se tuvo derecho para hacerlo. En cambio, en el ejercicio abusivo de los derechos, la transgresión es solapada: bajo la máscara de una facultad, se la exorbita; se invoca una facultad determinada, y se va más allá de ella. Como, por ejemplo, se cortan las raíces de los árboles del terreno vecino: se tiene el derecho de cortarlas, a menos que se exorbite esa facultad y, mediante el corte, se provoque un daño injusto. Si aquellas raíces no molestaban tanto como para cortarlas y se las corta igualmente, se está abusando del derecho e ingresando en la zona de la ilicitud a través de una transgresión solapada del ordenamiento jurídico, mediante la pantalla del facultamiento para obrar.
41. Daño: concepto; especies. Requisitos del daño resarcible.
El concepto daño puede ser comprendido con dos significados de distinta extensión:
2) En sentido estricto, la lesión debe recaer sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera, en determinadas circunstancias, una sanción patrimonial. Este último significado es relevante en materia de responsabilidad civil.
El daño en sentido estricto es pues la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad. En la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento, y en el campo extracontractual no hay acto ilícito punible “si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar”, sea que recaiga “sobre un objeto exterior, o bien se confunda con la existencia de la persona”
Actual y futuro. Daño actual o presente es el ya ocurrido al tiempo en que se dicta la sentencia. Daño futuro, por lo contrario, es el que todavía no ha sucedido, aunque su causa generadora ya existe. Puede ser: 1) cierto, que es el que se presenta como indudable o con un alto margen de probabilidad (p. ej. la privación de ulteriores ganancias de un viajante de comercio a causa de su incapacidad); o 2) incierto, que es el eventual, hipotético o conjetural.
Patrimonial y extrapatrimonial. El daño es patrimonial cuando repercute en el patrimonio, de manera directa o indirecta: “Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades”.
El daño extrapatrimonial o moral, en cambio, se caracteriza por su proyección moral, sea que el hecho generador lesione un derecho subjetivo patrimonial o extrapatrimonial, pues “si lo que se quiere clasificar es el daño resarcible, no hay por qué atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo, esto es a los efectos o consecuencias de la lesión”
El daño patrimonial comprende: 1) el daño emergente (pérdida sufrida) y 2) el lucro cesante (ganancia dejada de percibir).
Por otra parte, el daño moral aparece como género de una categoría específica: el agravio moral, que se configura cuando el daño moral es causando con dolo, “es decir con conocimiento del mal moral que se podía producir, y que de hecho se habría producido”. El daño moral, además, debe ser distinguido del daño patrimonial indirecto: aquél tiene proyección moral, éste, proyección patrimonial.
Por ejemplo, la lesión deformante del rostro que sufre una modelo publicitaria genera daño moral (la lesión a sus sentimientos estéticos) y daño patrimonial indirecto (el lucro cesante).
Daño a la persona. La persona es un proyecto de vida, y todo lo que afecte a ese proyecto configura daño a la persona. Se lo denomina también daño no patrimonial, biológico, a la salud, extraeconómico, a la vida de relación, inmaterial, a la integridad sicosomática, no material.
Común y propio. El daño es común cuando lo habría sufrido cualquier persona a causa del incumplimiento. Es propio cuando lo sufre un acreedor determinado.
En principio sólo es reparable el daño común, pues se asigna responsabilidad por el daño propio únicamente en caso de haber sido conocido o conocible por el deudor.
Verbigracia, el daño común derivado de la pérdida de un libro es el valor del libro; el daño propio puede derivar del hecho de que se hallara dedicado, y el deudor solamente responderá por esto último en las circunstancias ya indicadas.
Intrínseco y extrínseco. El daño intrínseco se proyecta en el bien sobre el cual recae la prestación; el extrínseco se refleja en otros bienes del acreedor.
Se la explica con un proverbial ejemplo: si se vende una vaca enferma, el daño intrínseco se circunscribe al valor de la vaca; si contagia a otras vacas del rebaño del comprador, el daño es extrínseco.
Moratorio y compensatorio. El daño derivado del cumplimiento tardío es denominado moratorio; se trata del daño derivado exclusivamente del estado de mora, por la insatisfacción temporaria del acreedor. Es, en cambio, daño compensatorio el que corresponde a la inejecución definitiva.
Por ejemplo, si V vende a C una máquina, y no la entrega en fecha, hay daño moratorio; si su inejecución es definitiva, genera daño compensatorio. El daño moratorio puede ser anexado al cumplimiento tardío de la prestación, a su ejecución específica, o a la indemnización del daño compensatorio.
Daño inmediato, mediato y remoto. Es daño inmediato el que deriva del incumplimiento en sí mismo, es decir, aquél del cual el incumplimiento es la causa próxima. Dado que la inmediatez en el caso es lógica y no cronológica, es también inmediato el daño que deriva de la conexión de un hecho que invariablemente acompaña al incumplimiento. Es daño mediato, el que resulta “solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto”. Y es daño remoto el que tiene una conexión más lejana que ésa con el hecho generador.
En síntesis: si la conexión con el hecho generador es de primer grado, el daño es inmediato; si es de segundo grado, es mediato; si es de tercer grado o ulterior grado, es remoto.
Previsible e imprevisible. El daño es previsible “cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, [se] haya podido preverlo”. Por lo contrario, es imprevisible cuando no ha podido ser previsto.
La previsibilidad es, pues, la aptitud para prever. Cuestión distinta es la previsión: 1) un daño es previsto cuando, efectivamente, se tuvo en cuenta su producción, y 2) es imprevisto en el caso inverso. Si un daño previsible es imprevisto por el sujeto, tal falta de previsión demuestra su negligencia.
Daño al interés positivo y al interés negativo. El daño al interés positivo involucra aquello con que contaba el acreedor para el caso de que el deudor cumpliera (interés de cumplimiento).
El daño al interés negativo versa sobre lo que el acreedor no habría sufrido si la obligación se hubiese constituido.
42. Acción Directa: Concepto, caracteres, condiciones de ejercicio, efectos.
Acción directa es la que compete al acreedor para percibir de un tercero lo que éste adeuda a su deudor: A, acreedor de D, tiene derecho a percibir de T lo que éste le debe a D. La razón de ser de esta facultad del acreedor se encuentra en el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Esto se ve con particular claridad en materia de subcontratos: el locador A puede accionar directamente contra el subinquilino T por lo que le adeuda, en concepto de alquileres, el inquilino D; de esa manera se impide que el inquilino D se enriquezca sin causa usando y gozando de la cosa, sin pagar el alquiler, y no obstante ello perciba los subarriendos del subinquilino T.
Caracteres. La acción directa es:
1) Un medio de ejecución, pues el acreedor obtiene lo que debe el tercero sin que el bien objeto de su obligación pase por el patrimonio del deudor de aquél;
2) Una vía excepcional, pues constituye una restricción al efecto relativo de la relación obligacional. Sólo hay, pues, acción directa cuando la ley la concede expresamente.
Condiciones de ejercicio. Para que proceda la acción directa deben concurrir estas circunstancias:
1) Un crédito exigible, lo cual es coherente con su carácter ejecutivo;
2) Una deuda correlativa;
3) La deuda de un tercero, homogénea con relación a aquélla (p. ej., que ambas sean de dar dinero), y disponible. No es necesario citar al deudor al proceso seguido por el acreedor contra el tercero.
Respecto del acreedor. El acreedor tiene acción contra el tercero, la cual está sometida a un doble tope: no puede reclamar más que su crédito, ni más de lo que debe el tercero al deudor de aquél. Es decir: 1) si A es acreedor de D por 100, y T le debe 80 a D, la acción procede por 80; 2) si A es acreedor de D por 20, y T le debe 50 a D, la acción procede por 20. El acreedor obtiene para sí el bien debido, de manera que la acción directa resulta ejercida en su provecho (comparándo con acción subrogatoria, en que dicho bien pasa al patrimonio del deudor del accionante).
Respecto del deudor. Cuando el acreedor obtiene resultado de la acción directa, su deudor se libera en la medida que corresponda al pago efectuado por el tercero.
Respecto del tercero. Por lo pronto, el tercero puede oponer al demandante todas las defensas que le compitieran contra su propio acreedor: si A demanda a T, éste puede excepcionarse como lo habría hecho si lo hubiese demandado D.
43. Ejercicio de las acciones indemnizatorias: legitimación activa y pasiva.
Legitimación activa: es la aptitud para demandar por indemnización.
La acción indemnizatoria corresponde al damnificado, sea que reclame por daño directo o indirecto. Es decir, por el sufrido “directamente en las cosas de su dominio o posesión”, o “por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades”.
La noción de daño indirecto, que también confiere acción para reclamar indemnización, abarca, en otro sentido, a quien lo “hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta”, caso en el cual se toma en cuenta quién padece el daño, que es distinto de aquél “damnificado directamente”; en esa acepción, pues, se considera indirecto el daño que rebota sobre un tercero.
En el Derecho actual ha tomado expansión la idea de conferir legitimación activa a los titulares de intereses simples, de intereses colectivos y de intereses difusos. En algunos casos, para reclamar daños; en otros, para promover otro tipo de acciones, por ejemplo las preventivas.
Caso de muerte: Los herederos forzosos: ascendientes, descendientes y cónyuge, son damnificados directos, ya que la muerte del causante les provoca un daño a ellos, y se computa su situación, no la del muerto. Pero también existen damnificados indirectos que tienen acción: son aquellos .que, no siendo herederos forzosos, reciben de rebote el daño derivado de dicha muerte.
a) Responsabilidad directa o indirecta: pueden ser demandados por indemnización el responsable directo y el indirecto. O sea, quien realizó el acto dañoso personalmente, o quien debe responder de él en virtud de tratarse de un hecho ajeno que lo compromete, o de un daño causado con intervención de una cosa suya o de la que es guardián.
b) Sucesión mortis causa: la víctima tiene acción contra los sucesores universales, salvo el beneficio de inventario. La deuda se divide a prorrata entre los herederos.
ü El asegurador. La compañía de seguros puede ser demandada por la víctima del daño en las siguientes situaciones: 1) si ella es !a aseguradora, en virtud del contrato de seguro; y 2) si se trata de la aseguradora del causante del daño.
ü La línea de transporte. Un problema bastante común se planteaba cuando se causaba un daño con un vehículo perteneciente a una línea de transporte. ¿Tenía la victima acción contra la línea? La jurisprudencia respondió afirmativamente: asignó responsabilidad al concesionario por tratarse de una sociedad de hecho, o por aplicación de la responsabilidad refleja por acto del dependiente.
ü Hecho con pluralidad de intervinientes. La jurisprudencia dominante sostiene que la víctima del daño en el cual intervino una pluralidad de sujetos no tiene por qué investigar su mecánica y puede demandar a cualquiera de aquéllos. La sola circunstancia de que haya habido relación de hechos de varios, involucra a todos en el proceso, con el alcance de que todos sean condenados a la reparación.
44. Daño Moral: Concepto. Tratamiento en el Cód. Civil. Órbitas contractual y extracontractual.
Concepto. El daño moral es el causado a la persona “molestándole en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas”. El daño moral, que se proyecta sobre derechos subjetivos extrapatrimoniales (sea que el hecho generador actúe sobre un derecho patrimonial, o sobre un derecho extrapatrimonial), consiste en el sufrimiento causado como dolor, o como daño en las afecciones; el daño al honor constituye claro ejemplo de esta última categoría.
Órbita contractual: “En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”.
Órbita extracontractual: “La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si de! hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos”.
45. Influencia recíproca entre sentencia civil y criminal.
Incidencia de la acción civil: En principio, “la sentencia del juicio civil sobre el hecho no influirá en el juicio criminal, ni impedirá ninguna acción criminal posterior, intentada sobre el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación”.
Ciertas cuestiones son prejudiciales respecto de la acción criminal, y constituyen una limitación al principio expresado, puesto que ellas deben ser decididas antes de que sea viable el proceso penal.
“Si la acción criminal dependiese de cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, no habrá condenación en el juicio criminal, antes que la sentencia civil hubiere pasado en cosa juzgada”.
Debe señalarse que la jurisprudencia entiende que, habiendo cuestiones prejudiciales no decididas, se impide lisa y llanamente la iniciación del proceso penal.
Las que versan sobre la validez o nulidad de los matrimonios, la cual es decisiva, por ejemplo, para juzgar la existencia o inexistencia de adulterio, de bigamia, o de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Las que versan sobre la calificación de las quiebras de los comerciantes. Pero esto ha perdido actualidad: “la acción penal que correspondiere es independiente de la calificación de la conducta”, y “la resolución dictada por el juez en lo comercial no obliga al juez penal ni importa cuestión prejudicial”.
Incidencia de la acción criminal: El proceso penal puede concluir por condenación del acusado, por absolución o por sobreseimiento. Tales pronunciamientos se interrelacionan con el proceso civil cuando han sido anteriores a la sentencia del juez en lo civil; porque, en el supuesto inverso, “cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasada en cosa juzgada, conservará todos sus efectos”, expresión legal que, en principio, es exacta.
Caso de condenación. “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado”. Vale decir, la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada: 1) en cuanto al hecho y 2) en cuanto a la culpa, E1 juez en lo civil no podrá, pues, desconocer el hecho como no realizado, o considerar que el condenado no tuvo culpa; y adviértase que, como se ha visto, ha debido postergar su sentencia a las resultas del proceso criminal pendiente.
La sentencia de condena dictada en sede penal no constituye obstáculo para que el juez en lo civil decida que hay culpa concurrente de la víctima, ni para que tenga plena libertad en la determinación del monto indemniza torio. Por otra parte, aunque el fundamento de la responsabilidad civil sea de carácter objetivo, la solución no varía, pues la existencia de culpa, o de dolo, juzgados en sede criminal, puede incidir en los límites de la reparación debida.
Caso de absolución. “La sentencia absolutoria recaída en el juicio criminal no hace cosa juzgada en el juicio civil (…) respecto a la culpa del autor del hecho en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados”.
Cuando promedia absolución, por consiguiente, la sentencia criminal: 1) hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia del hecho; 2) no la hace en cuanto a la inexistencia de culpa.
De tal manera, el juez en lo civil estaría impedido de tener por cierto un hecho que el juez en lo penal, al absolver, consideró inexistente; pero la absolución recaída por inexistencia de culpa (penal) no lo ata, y puede decidir que, no obstante, ha habido culpa (civil) del demandado. Por cierto que cuando la culpa es irrelevante para asignar el deber de reparar (responsabilidad objetiva), nada obsta a que el juez en lo civil fije el monto indemnizatorio con prescindencia de esa absolución.
Caso de sobreseimiento. No hace cosa juzgada “en absoluto”. O sea, la inoperancia del sobreseimiento versa sobre: 1) el hecho criminal, y 2) la culpa del sobreseído. De tal manera el juez en lo civil queda en plena libertad para decidir que hubo tal hecho, y que existió culpa del demandado, con independencia de lo resuelto por el juez del crimen.
46. Cláusula Penal: Concepto. Inmutabilidad de la cláusula penal.
La cláusula penal es un instituto polivalente:
a) proporciona un incentivo para la conducta debida del deudor, esto es el cumplimiento especifico de su obligación (función compulsiva o estimulativa) y
b) fija de antemano el monto indemnizatorio para el caso de incumplimiento (función indemnizatoria), sea éste definitivo (cláusula penal compensatoria) o temporario (cláusula penal moratoria).
“Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación”, y esta pena o multa “entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora”
Uno de los caracteres que define a la cláusula penal es la inmutabilidad: en principio, el acreedor no puede alegar útilmente que la pena es insuficiente, ni el deudor se puede liberar de pagarla arguyendo que excede el efectivo daño irrogado por su incumplimiento. Este carácter responde adecuadamente a los intereses del acreedor y del deudor, y se explica porque la cláusula penal fija forfait el monto indemnizatorio.
47. Extensión del resarcimiento en las obligaciones que tienen por objeto el dinero.
Incumplimiento culposo: “En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación”.
Incumplimiento doloso: “Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas”.
48. Acción revocatoria
Todo acreedor cuyas acreencias no se hayan respaldadas por ninguna garantía específica, puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos. Es decir, pueden atacar un acto celebrado por su deudor tendiente a sacar bienes de su patrimonio para perjudicarlo; no sería el caso de actos celebrados con anterioridad por el deudor, salvo en caso de quiebra; en tal caso juegan las normas de la ley de quiebras: todo acto realizado por el deudor durante el “periodo de sospecha” (hasta dos años de la declaración de quiebra hacía atrás) o bien es ineficaz de pleno derecho cuando, por ej. se realiza a título gratuito o se beneficia a un acreedor en perjuicio de otros, o bien es susceptible de ser declarado ineficaz cuando el tercero que contrató conocía el estado de cesación de pagos del deudor, pero aquí estamos frente a la acción revocatoria concursal.
Los requisitos de ejercicio de la acción revocatoria son distintos según se trate de actos a título gratuito o de actos a título oneroso. Para los primeros, basta el perjuicio, en tanto para los segundos es menester el fraude.
El Código Civil consagra requisitos generales, aplicables a toda clase de actos, sean a título gratuito o a título oneroso.
Para ejercer esta acción es preciso: 1) Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se encuentra fallido; 2) Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente; 3) Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior al acto del deudor”.
Lógicamente, si de lo que se trata es de resguardar el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores, éstos sólo tienen acción respecto de actos posteriores a su crédito, pues tomaron en consideración el patrimonio de aquél en el estado en que se hallaba al nacer la obligación.
49. Privilegios
Concepto: Es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. La importancia de la materia se advierte en caso de que el patrimonio del deudor no alcance, una vez convertido en dinero, para pagar todos los créditos.
1) Tienen fuente legal exclusiva; el artículo 3876 del Código Civil establece que “el privilegio no puede resultar, sino de una disposición de la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los acreedores”.
2) Esto no obsta a que ciertos derechos reales como los de garantía, otorguen privilegio: por ejemplo, la hipoteca y la prenda. En estos casos no se viola el precepto que impone la fuente legal exclusiva, pues si bien se accede a un privilegio en virtud de un contrato (constitutivo de la hipoteca, o de la prenda), el sentido de esa norma es que la ley fija el rango del privilegio, que es inamovible por las partes. Para adquirir el privilegio, la ley toma en cuenta circunstancias diversas: a veces un gasto (de justicia, de última enfermedad, funerario), otras una especial naturaleza del crédito (como el del Fisco por impuestos), etc.
3) Son excepcionales, porque son concedidos para ciertos créditos y lo normal es que el crédito no goce de privilegio alguno. Atento dicho carácter corresponde interpretarlos restrictivamente, estando, por lo tanto, vedada la extensión analógica.
4) Son accesorios, desde que sólo es concebible un privilegio en razón de un crédito determinado, y además son transmitidos con él.
5) Son indivisibles. Afectan íntegramente el bien o bienes en que se asienta el privilegio, subsistiendo la preferencia hasta la total extinción del crédito.
Pueden ser generales o especiales según el privilegio recaiga sobre el producido de la venta de todos los bienes del deudor (ej. impuestos) o sobre el producido de la venta de un bien determinado (ej. Hipoteca). Como ve, “recae” quiere decir que, una vez vendido el bien o los bienes, del dinero obtenido por la venta, primero cobrará el acreedor que tenga un privilegio especial, si lo hay, y después cobrarán los que tienen privilegio general.
Clasificación: Pueden ser clasificados en a) generales, que pueden recaer sobre todos los bienes muebles e inmuebles; o sobre todos los muebles y b) especiales, sobre ciertos inmuebles, o sobre ciertos muebles.
50. Incumplimiento inimputable: caso fortuito y fuerza mayor. Teoría de la imprevisión
Caso fortuito: Es un caso de incumplimiento inimputable. En el derecho comparado se advierten dos grandes líneas de criterio: la que introduce como componentes del caso fortuito a la imprevisibilidad y a la irresistibilidad, y la tendencia más moderna, que toma en cuenta a la causa extraña o no imputable al deudor.
En ciertas circunstancias un hecho puede ser considerado caso fortuito. Para que ello suceda deben cumplirse varios requisitos:
1) Imprevisibilidad. El hecho configurativo del caso fortuito, por lo pronto, debe ser imprevisible. Es tal cuando resulta imposible de prever, porque no hay razón para pensar que sucederá. El parámetro para determinar la previsibilidad es la diligencia que exige la obligación de que se trata. El Código Civil impone una diligencia in concreto.
2) Irresistibilidad o inevitabilidad. Asimismo, el hecho de que se trata debe ser irresistible o inevitable. Un hecho es irresistible cuando, aunque haya sido efectivamente previsto, no puede ser evitado, a pesar de la diligencia que haya sido puesta para ello. Para evaluar esta diligencia es menester tener presente que el Derecho no le requiere al deudor poseer aptitudes extraordinarias.
3) Extraneidad. El hecho debe ser además, extraño al deudor, vale decir, ha de producirse “en el exterior de la esfera de acción por la cual el deudor debe responder”. Desde otro punto de vista, la extraneidad implica también que el hecho fortuito no debe resultar de la culpa del deudor.
4) Actualidad. El hecho, asimismo, debe tener incidencia actual; se trata de actualidad lógica antes bien que cronológica.
Por ejemplo, si la cosa cierta vendida se pierde por un hecho fortuito antes de la fecha prevista para la entrega, el vendedor queda liberado de su obligación, porque ese hecho provoca el incumplimiento aunque éste se consume con posterioridad.
Teoría de la imprevisión: Puede ocurrir que las circunstancias fácticas imperantes al ser celebrada la obligación varíen al tiempo de su cumplimiento, de modo imprevisto o imprevisible para las partes, tornando excesivamente oneroso el pago de la prestación que es contenido de la obligación. En tal supuesto no es justo que el deudor siga obligado a pagar idénticamente la prestación debida, lo que puede llegar a implicar su ruina patrimonial, solamente por haberse equivocado en no haber previsto lo imprevisible. Obsérvese que no se trata de una imposibilidad de pago, como en el caso fortuito, sino de una dificultad en el pago, por ser desmesuradamente oneroso.
Requisitos: El deudor podrá invocar la imprevisión cuándo: 1) el hecho que ocasione la dificultad en el pago de la obligación reúna los caracteres del caso fortuito; 2) no haya ni mora ni culpa determinantes de la mayor onerosidad; y 3) el evento fortuito provoque una excesiva onerosidad en el cumplimiento obligacional.
51. Obligaciones divisibles e indivisibles
Las obligaciones de pluralidad conjunta, de acuerdo con la naturaleza de la prestación, son clasificadas en divisibles e indivisibles. El fraccionamiento propio de las obligaciones mancomunadas no rige en los supuestos de: 1) obligaciones indivisibles y 2) obligaciones solidarias.
Concepto: “Las obligaciones son divisibles, cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial”. Pero para que la divisibilidad sea relevante, es preciso que haya más de un acreedor o más de un deudor.
La divisibilidad debe ser material física, lo cual descarta que una prestación físicamente indivisible pueda ser dividida intelectualmente; pero lo contrario es viable: se puede pactar que una prestación divisible deba ser cumplida íntegramente por el deudor (indivisibilidad voluntaria, intencional o convencional). En ciertos casos, por voluntad de partes o por imperio de la ley, la prestación divisible es considerada indivisible, no rigiendo entonces el principio de fraccionamiento (división). Por ejemplo: D y E deben entregar a A un terreno compuesto por dos lotes para destinarlo en su totalidad a la construcción de una casa; en tal situación, a pesar de que el terreno compuesto por dos lotes es en sí mismo divisible, no se admite que el cumplimiento de la obligación sea regido por el principio de fraccionamiento: no hay división a pesar de haber divisibilidad.
En síntesis: la indivisibilidad puede ser material o voluntaria; la divisibilidad sólo puede ser material.
Requisitos de la divisibilidad: se exige como requisitos esenciales para admitir la divisibilidad de una obligación de sujeto plural:
Que la prestación sea divisible: ello es factible siempre que cada una de las partes componentes del bien debido tengan la misma calidad del todo.
Que la división no afecte el valor económico de la cosa. Por ejemplo, la obligación de dar un diamante de 20 kilates no es divisible, por cuanto en caso de ser fraccionado en diez partes de 2 kilates cada una, ellas en conjunto no representarían el mismo valor que el diamante inicialmente debido.
Que la división no convierta en antieconómico el uso y aprovechamiento de la cosa,
El principio de división: En las obligaciones divisibles la prestación debida se fracciona en tantas partes como acreedores o deudores existen, teniendo aquellos derecho a percibir, y éstos deber de pagar, sólo la parte que les corresponda en el crédito o en la deuda, respectivamente.
Presupuestos. Para que las soluciones relativas a la divisibilidad sean aplicables, es menester que la obligación presente pluralidad subjetiva, activa y/o pasiva;
por lo contrario, si ambos sujetos son singulares, a pesar de ser fraccionable la prestación, no hay posibilidad de hacer jugar el principio de división.
52. Obligaciones simplemente mancomunadas: concepto, régimen legal.
Concepto. Las obligaciones de sujeto plural son denominadas mancomunadas: “La obligación que tiene más de un acreedor o más..de un deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria”.
La pluralidad de sujetos puede estar referida a ambas partes de manera separada (unidad de acreedor y pluralidad de deudores, o unidad de deudor y pluralidad de acreedores) o simultánea (pluralidad de acreedores y de deudores).
1) Pluralidad de sujetos: que puede ser originaria (p. ej., cuando varias personas se obligan mediante un contrato) o derivada (p. ej., cuando por fallecimiento de uno de los sujetos singulares lo suceden en el nexo obligacional sus herederos).
2) Unidad de objeto y de prestación.
3) Unidad de causa: la causa de la obligación contraída por los deudores es única (p. ej., D y E deben a A $ 150.000 como precio de la compraventa de un inmueble),
4) Pluralidad de vínculos: existen tantos vínculos como sujetos intervienen en la obligación, pudiendo darse de manera independiente (obligaciones simplemente mancomunadas) o coligada (obligaciones solidarias).
1) Simplemente mancomunadas, en las que cada deudor debe pagar su cuota-parte de la deuda, y cada acreedor tiene derecho a reclamar sólo su cuota-parte del crédito.
2) Solidarias, en las que cualquiera de los deudores debe pagar íntegramente la deuda, o cualquiera de los acreedores está facultado a la percepción íntegra del crédito.
Obligaciones simplemente mancomunadas son aquellas en que, habiendo pluralidad de deudores y/o de acreedores, cada uno de ellos debe cargar con la cuota-parte del crédito que le corresponde, o tiene derecho a pretenderla.
53. Obligaciones solidarias. Nociones. Distintos tipos de solidaridad. Efectos.
Concepto. Las obligaciones solidarias, una especie de las obligaciones mancomunadas,
“La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores”.
Caracteres. Las Obligaciones solidarias tienen los caracteres propios de todas las obligaciones mancomunadas. Pero son caracteres típicos de la solidaridad:
ü Es excepcional y debe ser expresa: la regla general en las obligaciones mancomunadas es la división de la deuda; por lo tanto la solidaridad, siendo excepcional, debe ser expresamente establecida por la voluntad de las partes o la ley.
ü Cualquier acreedor tiene derecho a demandar el pago total de la prestación a cualquiera de los deudores; y viceversa.
ü Hay pluralidad de vínculos coligados: la obligación solidaria tiene, como todas las mancomunadas, pluralidad de vínculos, lo que implica que el deudor común se relaciona con cada acreedor, o que el acreedor común se relaciona con cada deudor, en forma independiente; pero tal independencia no es absoluta.
54. Obligaciones a plazo: concepto de plazo, distintos tipos.
La obligación está sujeta a plazo cuando su exigibilidad depende del acaecimiento de un hecho futuro y cierto, que ocurrirá fatal o necesariamente. Se debe distinguir el plazo del término: plazo es el lapso durante el cual no puede exigirse la obligación [decurso del tiempo), y término es el punto final del plazo, que puede durar un día, una hora, etcétera.
El decurso de] tiempo es un hecho jurídico, como acaecer susceptible de producir efectos en la vida jurídica.
Caracteres. Es un hecho: 1) futuro, lo cual lo asemeja a la condición; 2) cierto o necesario, que fatalmente ocurrirá; a veces no se sabe cuándo (plazo incierto), pero indudablemente acontecerá; por ejemplo, te entregaré $ 500 cuando llueva en Buenos Aires; y 3) sus efectos no son retroactivos, opera ex nunc (desde ahora) y no ex tune (desde entonces).
A quién favorece. El CC establece que el plazo se presume (juris tantum) establecido en favor de ambas partes (ni el acreedor puede pretender cobrar, ni el deudor pagar antes de vencido el plazo), “a no ser que, por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo”.
Clases: Inicial y Final. El plazo inicial, designado también como suspensivo, implica la postergación de los efectos de la obligación (exigibilidad) hasta que advenga el término, como punto final del plazo: te pagaré $ 1.000 el 30 de noviembre.
El plazo final, denominado también resolutorio o extintivo, es aquél a cuyo vencimiento se extingue ex mine un derecho: te pagaré $ 2.000 mensuales hasta el 30 de noviembre. La designación de plazo Final, tiene la ventaja de eliminar cualquier confusión con otra modalidad obligacional, la condición; asimismo se descarta la de plazo resolutorio, por cuanto no opera retroactivamente (ex tune) sino para el futuro (ex nunc).
Cierto e incierto. El plazo es cierto cuando se conoce el momento en que vencerá, como “cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta”: te pagaré $ 2.000 dentro de 30 días.
En el plazo incierto, aunque el hecho sea fatalmente cierto (ocurrirá indefectiblemente), no se sabe cuándo va a llegar el término; es “fijado con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice”: te pagaré $ 500 cuando llueva en Buenos Aires, o cuando muera Fulano, etcétera.
En realidad, es más apropiada la denominación de plazo de cumplimiento incierto, por cuanto con ella se evitan posibles equívocos con la condición, en la cual, según sabemos, la incertidumbre no consiste en saber cuándo va a ocurrir el hecho futuro, sino si acaecerá o no.
Accidental y esencial. Hay un plazo esencial cuando el tiempo en que debe ser cumplida la obligación es un motivo determinante para el acreedor. Por lo contrario, el plazo accidental (que es el empleado más frecuentemente) no ha determinado la contracción de la obligación.
Expreso o explícito, y tácito o implícito. “En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento”. “Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora”
Legal, judicial y convencional. El plazo legal es el establecido por la ley; judicial, el determinado por el juez; y convencional, el fijado por las partes, ya sea expresa o tácitamente.
Efectos. Antes del vencimiento. El plazo, como modalidad, supedita la exigibilidad de la obligación, pero ésta existe plenamente. De ello surgenlas siguientes consecuencias:
En el plazo suspensivo el acreedor no tiene derecho a pedir el cumplimiento de la obligación; asimismo le están impedidas las medidas de carácter ejecutivo contra el deudor.
El acreedor puede ejercer toda clase de actos conservatorios de su crédito.
El deudor que paga el crédito no tiene derecho a repetir lo pagado.
Los derechos, en las obligaciones sujetas a plazo cierto, son transmisibles, ya sea por actos entre vivos como de última voluntad. En las sujetas a plazo incierto, sólo por actos entre vivos, pues cuando provienen de actos de última voluntad no son transmisibles sí el legatario muere antes de llegado el término, salvo que el legado haya sido instituido a favor del legatario y sus herederos.
Después del vencimiento. La obligación se convierte en pura y simple, por lo que es exigible y, ante el incumplimiento del deudor, reclamable en juicio. Por su parte, el deudor tiene el derecho de pagar, y si el acreedor es renuente está facultado para consignar.
Pago anticipado. El deudor “que ha pagado antes del plazo no puede repetir lo pagado”, porque en tal situación no hay error esencial.
55. Régimen legal de las obligaciones facultativas.
Concepto. “Obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra”.
La obligación facultativa presenta los siguientes caracteres:
Su objeto es plural (contiene una prestación principal y una prestación accesoria);
Las prestaciones que integran el objeto obligacional se encuentran en relación de interdependencia;
Hay unidad de causa-fuente;
Hay unidad de vínculo;
El deudor tiene la posibilidad de sustituir la prestación principal por otra accesoria que es también apta para el pago
Opción. La opción es el derecho que tiene el deudor para sustituir, al tiempo de cumplimiento de la obligación, la prestación debida (principal) por otra apta para el pago (accesoria). La facultad de sustitución corresponde únicamente al deudor; la acción del acreedor está sólo circunscripta a demandar el cumplimiento de la prestación principal, que es la única debida
56. Obligaciones alternativas.
La obligación alternativa es de objeto plural disyunto: “obligación alternativa es la que tiene por objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas, quede desde el principio indeterminada”.
En realidad, hay un solo vínculo referido a varias prestaciones, todas las cuales son debidas desde un principio, pero sujetas a la condición resolutoria de que sea elegida alguna de las otras; cumplido ese hecho condicionante, las no elegidas desaparecen con efecto retroactivo al tiempo de haberse contraído la obligación, como si nunca hubiesen sido debidas.
Caracteres: 1) Inicialmente se deben varias prestaciones; 2) El vínculo es único; 3) La causa es única; 4) La obligación se cumple con una sola de las prestaciones debidas;
5) Las prestaciones que contienen al objeto obligacional, distintas e independientes entre sí, se encuentran en pie de igualdad; 6) Las prestaciones debidas están sujetas a una elección posterior, que puede quedar a cargo del deudor o del acreedor y, aun, de un tercero; 7) Realizada la elección, la obligación se concentra en la prestación elegida, debiendo considerársela como única desde el principio.
La elección: “En las obligaciones alternativas, corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la obligación”. Pero las partes tienen derecho a convenir que la elección sea hecha por el acreedor. En tal supuesto hay una obligación alternativa irregular. El derecho de elegir, es transmisible por acto entre vivos o mortis causa. La elección también puede ser dejada a cargo de un tercero designado por las partes.
57. Obligaciones condicionales: concepto, distintos tipos de condición.
Concepto de condición. Acepciones impropias. En términos jurídicamente apropiados para el Derecho creditorio, una obligación es condicional cuando su existencia depende del acaecimiento de un hecho futuro e incierto. La condición, estrictamente, implica la subordinación de la existencia de la obligación a un acontecimiento futuro e incierto.
Condición y hecho condicionante. El hecho futuro e incierto al cual la condición supedita la existencia de un derecho es, en sí, el hecho condicionante; éste no integra el acto jurídico (como la hace la condición), sino que se encuentra fuera de él.
Clases. Positivas y negativas. Son tales según el hecho condicionante consista respectivamente, en una acción o en una omisión.
Posibles e imposibles. La imposibilidad puede ser material (tocar el cielo con las manos) o jurídica (prendar un Inmueble). El hecho condicionante debe ser imposible de manera objetiva (para todos) y no subjetiva (para el deudor); así, es posible establecer como condición que el deudor pinte un cuadro, aunque no sea pintor. Cuando una obligación es subordinada al acaecimiento de un hecho condicionante imposible positivo, la obligación es ineficaz.
Pero cuando el hecho condicionante imposible es negativo (p. ej., te daré un libro si no tocas el cielo con las manos), hay una obligación eficaz, que es pura y simple, y no condicional.
Licitas e ilícitas. La condición es ilícita cuando supedita la existencia de la obligación a un hecho condicionante que, en sí mismo, es ilícito: por ejemplo, te daré un libro si matas a Fulano. En tal caso la obligación carece de validez.
1) Corresponde distinguir empero, en la condición suspensiva, si está previsto que el hecho condicionante ilícito sea llevado a cabo:
Por el acreedor: la obligación es nula (te pagaré X si matas a Fulano).
Por el deudor: la obligación sería nula, por cuanto se considera deshonesto respetar el Derecho para no pagar algo, y no por un sentimiento de deber (te pagaré X si mato a Fulano).
Por una tercera persona: la obligación es válida por cuanto es una especie de seguro para el supuesto de que un tercero cometa un acto ilícito (D le promete pagar a A $ 30.000 sí un tercero le hurta su automóvil).
2) Cuando la condición referida a un hecho ilícito es resolutoria, la obligación es válida: te pagaré $ 1.000 mensuales mientras no delincas.
3) La obligación condicional, en cambio, seria nula si el hecho condicionante ilícito fuera negativo: te pagaré X sí no matas a Fulano.
Ello deriva de que si ésta, como acto, no puede tener un objeto inmoral, tampoco la condición, como cláusula del acto, puede estar referida a un hecho condicionante inmoral: por ejemplo: te pagaré $1,000 si me embriago.
Sobre el particular también deben ser efectuadas las distinciones ya analizadas, aplicables según quién tenga a su cargo el hecho inmoral; las soluciones son análogas a tas allí expuestas.
Casuales, potestativas y mixtas. Según este criterio son:
1) Casuales: cuando el hecho condicionante depende del azar o del hecho de un tercero: te daré X si hoy llega al puerto un carguero de Europa,
2) Potestativas: el hecho condicionante depende sólo de la voluntad del deudor: te pago $ 3.000 si quiero. La ley le quita eficacia, por cuanto no es serio obligarse de tal modo que cumplir o no con la obligación quede librado al arbitrio del deudor.
Se distingue la condición puramente potestativa (dependiente de la mera voluntad del deudor) de la simplemente potestativa, en la que el hecho condicionante puede ser ejecutado por el deudor, o no serlo, independientemente de su voluntad, ya que se conecta con circunstancias ajenas a él (p. ej., te prestaré mi casa si me radico en EE.UU.); en tal supuesto la obligación es válida.
3) Mixtas: el hecho condicionante depende en parte de la voluntad del deudor, y en parte le es ajeno: si hoy se juega el partido de tenis, y concurro a presenciarlo, te llevaré conmigo; son, así, una combinación de las condiciones casuales y las potestativas.
58. Obligaciones de dar cosas ciertas. Desarrolle. Inmuebles. Transferencia de derechos reales.
Concepto. De acuerdo con la naturaleza de la prestación las obligaciones se clasifican así: de dar, de hacer y de no hacer. La obligación de dar entraña un hecho positivo, a semejanza de la de hacer, pero mientras en la primera dicho hecho consiste sustancialmente en la entrega de una cosa, en la segunda recae sustancialmente sobre una actividad.
La obligación de dar consiste en la entrega de una cosa; cosas son “los objetos materiales susceptibles de tener un valor”.
Las obligaciones de dar son subclasificadas en obligaciones de dar cosas ciertas y de dar cosas inciertas, según que la prestación sea determinada: 1) ab initin, desde el mismo nacimiento de la obligación; o 2) con posterioridad, por una elección o por una individualización.
Clasificación según la función económico-jurídica de la prestación. Hay: 1) obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales; 2) para restituirlas a su dueño; 3) para transferir su uso; y 4) para transferir su tenencia.
Deberes del deudor. Los deberes fundamentales del deudor son: 1) conservar la cosa y 2) entregarla al acreedor en el lugar y tiempo que corresponda, con todos sus accesorios. El deber de conservar la cosa no está contemplado expresamente en el capítulo del Código Civil que legisla sobre las obligaciones de dar cosas ciertas, sino que surge implícitamente y explícitamente.
El deber de entregar la cosa con todos sus accesorios:”el deudor de la obligación es responsable al acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias para la entrega de la cosa en el lugar y tiempo estipulados, o en el lugar y tiempo que el juez designare, cuando no hubiese estipulación expresa”.
Diligencias necesarias. El deudor está precisado a comportarse diligentemente en el cumplimiento de su deber de entregar, es decir, debe adoptar las medidas necesarias propias de cada caso.
Sistemas de transmisión de derechos reales. Concepto. Antes de la tradición (entrega) no se adquiere derecho real sobre la cosa. En el sistema argentino existe un derecho a la cosa (jus ad rem), que se convierte en derecho sobre la cosa (jus in re) recién después de producida la entrega. Antes de ella el acreedor de la obligación de dar para constituir derechos reales tiene un jus ad rem, un derecho a que se le entregue la cosa, pero no un derecho real sobre ella.
Sistema argentino. “Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real”. “todos los derechos que una persona transmite por contrato a otra persona, sólo pasan al adquirente de esos derechos por la tradición, con excepción de lo que se dispone respecto a las sucesiones”. No se instituye el sistema de los registros, limitándose a hacerlo respecto de las hipotecas.
Inmuebles: “la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas”.
De esa manera fue introducido un nuevo requisito, aparte de la tradición y la escritura pública, para que la transmisión de derechos reales sobre una cosa inmueble sea oponible a terceros: la inscripción de los títulos en los registros inmobiliarios.
Dicha inscripción tiene efecto meramente declarativo, es decir, no constitutivo, por cuanto solamente hace oponible a terceros la adquisición del derecho.
59. Obligaciones de dar dinero: concepto, régimen legal. El dinero: funciones, características, distintas clases de moneda. Obligaciones en moneda nacional y obligaciones en moneda extranjera. Intereses.
La obligación es de dar dinero cuando, desde su mismo nacimiento, el deudor está obligado a entregar una determinada cantidad de moneda.
El dinero. Concepto. ” es aquella cosa mueble que el comercio utiliza como medida de valor para toda clase de bienes, pudiendo por lo tanto emplearse como medida general de cambio”. En definitiva, el dinero es el denominador común de los valores e instrumento idóneo para la cancelación crediticia.
Funciones: El dinero desempeña dos funciones económicas esenciales: sirve 1) como medio de cambio, pues puede ser utilizado para proporcionar otros bienes al poseedor del dinero, que son obtenidos a cambio de él; y 2) cómo medida del valor de tales bienes.
Caracteres. El dinero es: 1) cosa mueble; 2) fungible, pues las unidades monetarias pueden ser intercambiadas por otras unidades de la misma especie y calidad que representen igual cantidad; 3) consumible, porque desaparece para su propietario con el primer uso que haga de él; 4) divisible, pues admite el fraccionamiento; 5) tiene curso legal lo cual significa que el acreedor no se puede rehusar jurídicamente a recibirla en pago cuando le es ofrecida por el deudor en cumplimiento de su obligación: 6) tiene curso forzoso, que significa en cambio “la calidad de curso legal aplicada al papel moneda inconvertible”.
60. Obligaciones de medios y de resultados.
Concepto. En la obligación de resultado el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, consecuencia o resultado. En la obligación de medios el deudor sólo compromete una actividad diligente, que tiende al logro de cierto resultado esperado, pero sin asegurar que éste se produzca.
Por ejemplo, un abogado se obliga a defender a su cliente en un juicio mediante las actuaciones necesarias para lograr un resultado positivo, pero nunca puede prometer útilmente ganar el pleito (resultado), porque ello también depende de imponderables que escapan a su control.
Obligaciones de resultado. Casos. Han sido encontradas obligaciones de resultado en diversas relaciones contractuales:
Locación de obra. La obligación del locador es realizar una obra determinada (p. ej. construir una máquina), y la del locatario, pagar un precio en dinero; ambas son de resultado. Tal contrato, en lo aquí pertinente, se diferencia de la locación de servicios porque en ésta la finalidad perseguida es el trabajo en sí del locador (medios) y no el resultado u obra.
Compraventa. La obligación del comprador de pagar el precio, y la del vendedor de entregar la cosa.
Transporte. La obligación del porteador de transportar al pasajero sano y salvo a destino (obligación de seguridad de resultado), y la de este último de abonar el precio.
Comodato. La obligación del comodatario de restituir la cosa objeto del contrato a su terminación.
Depósito y locación, de cosas. La obligación de restitución de la cosa a cargo del depositario y del locatario, respectivamente.
Régimen. En la obligación de resultado al actor le basta acreditar su calidad de acreedor. Para liberarse, al demandado también le incumbe producir cierta prueba.
Obligaciones de medios. Casos. Han sido consideradas obligaciones de medios:
Locación de servicios. La obligación del empleado de prestar su trabajo como tal, sin prometer la realización de un resultado.
Comodato. La obligación del comodatario de conservar la cosa en buen estado.
Depósito. La obligación del depositario de guardar diligentemente la cosa ajena.
Servicios profesionales. La obligación del abogado de actuar con pericia y diligencia en la defensa de su cliente en un pleito, sin que sea dable garantizar el éxito; la obligación del médico de brindar un tratamiento idóneo a su paciente.
Administración. La obligación del administrador de bienes ajenos de tomar las precauciones para conservarlos.
Locación de cosas. La obligación del locatario de conservar la cosa locada.
Régimen. Conforme a la comprensión corriente, en toda obligación de medios incumbiría al acreedor la prueba del incumplimiento y de la culpa del deudor.
61. Renuncia y Remisión.
Renuncia. Concepto. Este modo extintivo se da cuando el acreedor abdica un derecho subjetivo que el ordenamiento le ha concedido únicamente en su interés particular. El Código Civil lo legisla con una generalidad omnicomprensiva de los derechos patrimoniales: personales y reales.
Especies. La renuncia puede ser hecha por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad. La renuncia, hecha por actos entre vivos, puede ser: 1) a título gratuito; y 2) a título oneroso, si “se hace por un precio o una prestación cualquiera”.
Elementos. Como acto jurídico, la renuncia requiere la concurrencia de estos elementos: 1) la capacidad del otorgante; 2) un objeto, consistente en un derecho susceptible de ser renunciado; 3) la forma, en los casos en que es exigida (aunque por regla no es acto formal); y 4) la correspondiente prueba.
Las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales
Son renunciables, por lo general, los derechos subjetivos patrimoniales (reales o personales), por ejemplo procede la renuncia del derecho al cobro de indemnizaciones por incumplimiento de contratos.
Son irrenunciables: El derecho a alimentos futuros, que tampoco puede ser cedido.
El derecho a renunciar una herencia futura. El derecho de pedir en cualquier tiempo la división del condominio En materia laboral: no se pueden renunciar los derechos previstos en las leyes de Contrato de Trabajo.
La renuncia, como acto jurídico, no es formal. Puede ser exteriorizada verbalmente o por escrito y, en este último caso, a través de un instrumento público o privado. La prueba de la renuncia puede ser hecha por cualquier medio, incluso testigos o presunciones. La prueba de la renuncia puede ser hecha por cualquier medio, incluso testigos o presunciones.
Remisión. Concepto. Este modo extintivo (por naturaleza acto jurídico unilateral) consiste en la abdicación gratuita y por acto entre vivos de su propio crédito realizada por el acreedor, que conlleva la liberación del vínculo jurídico al que se hallaba constreñido el deudor.
62. Transacción: concepto, formas, requisitos, efectos.
Si bien comúnmente el sustantivo transacción alude a cualquier tipo de convención, jurídicamente significa un “acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”.
Para que se configure la transacción es necesaria la concurrencia de dos requisitos: las concesiones recíprocas que se deben hacer las partes, y la finalidad de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas.
Los autores agregan también la necesidad de un acuerdo de partes, y la capacidad de ellas para concertar la transacción, que son comunes a todo acto jurídico bilateral.
Concesiones recíprocas. La ley exige que las partes se hagan concesiones y que éstas sean “recíprocas”. Cada una deberá, pues, sacrificar en alguna medida sus derechos o pretensiones. No hace falta, sin embargo, que las concesiones que cada parte realiza sean equivalentes o de igual valor que las ventajas obtenidas a cambio.
Extinción de obligaciones litigiosas o dudosas. La transacción debe estar encaminada a extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Los derechos de las partes deben estar en tela de juicio, ha de tratarse por lo tanto de derechos contestados, inciertos.
a) Es indivisible.
b) De interpretación restringida no caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de duda se debe concluir que sólo afectan a los derechos que inequívocamente hayan sido transados.
c) En principio tiene efecto declarativo y no traslativo de derechos. “Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella interviene”.
d) Como contrato es bilateral, oneroso y consensual.
La transacción puede ser: 1) Judicial, cuando tiene lugar en juicio y se refiere a obligaciones litigiosas 2) Extrajudicial, cuando es realizada respecto de obligaciones dudosas, sin intervención de los tribunales.
Efecto declarativo: principio. La transacción no tiene efecto traslativo sino declarativo de derechos. Quien transige, al admitir el derecho de su cocontratante no se lo transmite, sino que se reputa que ese derecho ya existía desde el principio en la titularidad de quien elimina discusiones por medio de la transacción.
Efecto extintivo: principio. “La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada”.
Limitaciones al efecto extintivo. A pesar de dicho efecto extintivo, “la transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles”
63. Novación: concepto, distintos tipos o especies, efectos.
La novación es la transformación de una obligación en otra. Esta definición legal es incorrecta porque no describe apropiadamente el fenómeno novatorio. Es preferible caracterizarlo con la idea del reemplazo de una obligación preexistente por otra nueva que la sustituye.
La novación funciona como modo extintivo de la primitiva obligación, y opera como causa de la nueva obligación que es creada por la sola virtualidad novatoria. Los elementos de la novación son:
a) Obligación anterior: no hay novación si la obligación anterior era nula (de nulidad absoluta), o si era condicional, y se frustra por fracasar el hecho condicionante al cual se hallaba supeditada o por cumplirse la condición resolutoria; puede haber novación si la obligación anterior era natural.
b) Obligación nueva: no puede ser nula (de nulidad absoluta), pero sí de nulidad relativa y luego confirmada. No habrá novación si una obligación pura se convierte en otra obligación condicional y si llega a faltar la condición puesta en la segunda; en este caso quedará subsistente la primera.
c) Animus novandi: “La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva”.
d) Capacidad: “Sólo pueden hacer novación en las obligaciones, los que pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar”.
La novación es objetiva cuando el cambio involucra a algunos de los elementos objetivos de la obligación: la prestación o la causa. Sin embargo, habrá novación siempre que se produzca un cambio fundamental, de resultas del cual se configure una nueva obligación. Hay 2 clases:
Cambio de prestación: Se configura cuando, por ejemplo, una obligación de dar dinero se convierte en una de dar cosas ciertas: o una obligación de hacer se convierte en una de dar; etcétera,
Cambio de causa: Se utiliza aquí la palabra causa en su sentido de fuente, como generadora de obligaciones; y así habrá novación cuando un contrato de compraventa sea convertido en locación y sean imputadas a alquileres las cuotas abonadas a cuenta del precio; o cuando un depósito sea convertido en préstamo.
La novación es subjetiva cuando cambia alguno de los sujetos de la relación obligatoria, o cambian ambos. La novación será, pues, subjetiva: 1) por cambio de acreedor; 2) por cambio de deudor; y 3) por cambio conjunto de deudor y acreedor.
Efectos: consisten en la extinción de la obligación primitiva y la creación de una nueva. La novación extingue pues, conjuntamente con la obligación primitiva, los accesorios tales como prendas o hipotecas, intereses o privilegios que tuviere; y las obligaciones accesorias, como cláusulas penales o fianzas. “el acreedor sin embargo puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva” siempre y cuando sea realizada en el acto mismo de la novación, y sea expresa.
64. Compensación: Concepto. Clases. Requisitos de la compensación legal.
“La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir”.
1) Convencional o voluntaria, cuando nace de la libre decisión de los interesados.
2) Legal, si funciona ministerio legis.
3) Facultativa, cuando la parte favorecida por la ausencia de un requisito de la compensación legal declara su voluntad de renunciar.
4) Judicial, que opera por ministerio del juez, al pronunciarse sobre la demanda y la eventual reconvención.
Compensación legal: Es la que dispone la ley, aun contra la voluntad de alguna de las partes, a lo cual no obsta que sólo funcione mediante la alegación de parte interesada
a) Reciprocidad de los créditos. Las partes deben reunir recíprocamente las calidades de acreedor y deudor. Las causas de una y otra deuda son indiferentes. Y así —por ejemplo— pueden ser compensadas obligaciones nacidas de transacciones mercantiles y de actos civiles, indistintamente,
b) Título diferente. Los créditos deben tener título diferente: no podrían ser compensadas obligaciones correlativas nacidas de un mismo contrato bilateral. Quien vende, por ejemplo, un departamento es deudor de dicha cosa y acreedor del precio estipulado, pero no podría pretender eximirse de entregar lo prometido, compensando la indemnización por el incumplimiento con el abandono del precio, ya que el contrato es celebrado para proveer a cada parte la prestación convenida. Es decir: las obligaciones deben ser recíprocas aunque no correlativas.
c) Fungibilidad y homogeneidad. Las cosas comprendidas en las prestaciones deben ser fungibles (dinero, maíz, etc.) y pertenecer al mismo género; han de ser “fungibles entre sí”, o sea, recíprocamente fungibles.
No es compensable, por lo tanto, una deuda de cosa fungible con otra deuda de cosa igualmente fungible, pero de otro género (p. ej. una deuda de una tonelada de maíz con otra de una tonelada de trigo). No basta, pues, que las prestaciones sean equivalentes bajo el aspecto económico, si no son fungibles desde el punto de vista funcional.
d) Liquidez. Modernamente se entiende que el crédito es líquido cuando es determinado en su consistencia y en su monto, e incontrovertido en su título, vale decir, no susceptible de controversias o excepciones.
e) Exigibilidad. El crédito es exigible cuando el acreedor dispone de la posibilidad inmediata de accionar judicialmente para obtener el cumplimiento. No son exigibles: 1) Las obligaciones bajo condición suspensiva, en las cuales todavía no se sabe si van “a existir o no existir”, 2) Las obligaciones a plazo, mientras esté pendiente, y 3) Las obligaciones naturales (p. ej., las prescriptas), puesto que se exige que ambas deudas sean subsistentes civilmente.
f) Créditos y deudas expeditos. Son aquellos de los cuales las partes pueden disponer libremente, sin afectar derechos de terceros. La compensación legal, por lo tanto, no se da cuando hay terceros con derechos adquiridos por los cuales tengan derecho a oponerse legítimamente al pago. Ello sucede, por ejemplo, cuando el crédito se halla embargado o prendado.
65. Prescripción: Concepto. Interrupción y Suspensión, efectos, diferencias y ejemplos. Plazos. Relación con la caducidad.
“Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo”. La prescripción liberatoria se da, pues, cuando transcurre cierto tiempo sin que el titular de un derecho lo ejercite. Extingue la relación jurídica que tiene virtualidades en orden al Derecho positivo, pero deja subsistente una relación de Derecho natural; esto es, extingue la acción, o facultad de demandar judicialmente, pero deja intacta la obligación natural existente. La prescripción liberatoria exige la concurrencia de los siguientes elementos:
1) el transcurso del tiempo que prescribe la ley;
2) la inacción del titular del derecho creditorio; y
Efectos: Por lo tanto, y sin perjuicio de la subsistencia de la obligación natural, la prescripción opera con efecto extintivo de la obligación civil.
El principio de prescriptibilidad: excepciones. Como regla, todos los derechos son prescriptibles, con excepción de aquellos que la ley excluye, ya sea expresamente o por surgir la imprescriptibilidad del propio carácter de la acción.
“La prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla”. La ley exige, pues, que quien intente beneficiarse de una prescripción ganada la oponga en su primera presentación en el juicio. De otra manera se presume que renuncia a prevalerse de ella.
Interrupción: La interrupción de la prescripción se produce cuando se extingue su curso antes de llegar su término, por efecto de las causales previstas por la ley. No se tiene en cuenta el tiempo transcurrido antes de la interrupción pero, una vez producido el acto interruptivo, se computa a partir de él un nuevo plazo completo de prescripción.
Causas: a) Promoción de demanda judicial; b) Reconocimiento; c) Compromiso arbitral.
Suspensión. Efectos. La suspensión de la prescripción consiste en la paralización de su curso por causas contemporáneas o sobrevenientes a su comienzo, establecidas por la ley. Se computa el período transcurrido hasta la aparición de la causal de suspensión, pero se prescinde del tiempo en que ella opera, y el curso de la prescripción se reanuda una vez que cesa el motivo por la cual fue suspendido. Se contabiliza, pues, el tiempo anterior a la suspensión, sumado al posterior a ella.
Causas. Las causas de suspensión del curso de la prescripción son las siguientes:
Matrimonio, Aceptación de la herencia con beneficio de inventario, Tutela y curatela, Querella criminal
Plazos: En principio, la prescripción comienza su curso desde que el crédito puede ser exigido. No corre mientras no es posible ejercer la acción respectiva, por no haber ésta nacido.
El plazo de la prescripción de la acción civil de responsabilidad extracontractual comienza a correr, conforme lo ha decidido la jurisprudencia, desde que se produce el hecho generador del daño, y el damnificado tiene conocimiento de él; y cuando se produce un daño continuo el curso de la prescripción comienza a partir de cada uno de los perjuicios. Sin embargo, pueden incidir para postergar la iniciación del curso de prescripción algunas circunstancias que determinan su suspensión.
Las dificultades o imposibilidad de hecho que llegue a padecer el titular de un derecho no son computables para demorar la iniciación de los plazos de prescripción. Ello no obstante, los jueces están investidos de la facultad de purgar la prescripción cumplida en tales condiciones.
Los plazos de prescripción liberatoria relativos a obligaciones pueden ser agrupados en este orden decreciente:
De diez años: toda acción personal por crédito exigible que no tenga plazo menor, y la acción entre tutor y pupilo respecto de la administración de la tutela;
De cinco años: acción por cobro de prestaciones periódicas que no sean cuotas de capital, y de cobro de honorarios del abogado por pleito no terminado;
De dos años: acción por simulación, por cobro de honorarios no regulados de abogados, médicos y otros profesionales, y por responsabilidad civil extracontractual;
De un año: acción pauliana; de cobro por hoteleros, fonderos, colegios, maestros, artesanos, proveedores y criados; y en el contrato de transporte terrestre interno;
De tres meses: acciones redhibitorias y quanti minoris;
De sesenta días: la acción del dueño contra el empresario, cuando no ha advertido los vicios aparentes al recibir la obra.
Caducidad: En el mecanismo de la caducidad también incide el transcurso de cierto tiempo en el cual el titular permanece inactivo. Pero, en este caso, se extingue el derecho, no la acción, y, consiguientemente, no subsiste obligación natural alguna.
Comparación entre prescripción y caducidad:
a) La prescripción afecta a la acción, y la caducidad al derecho;
b) En principio, todas las acciones prescriben, en tanto la caducidad sólo es aplicable a situaciones especiales;
c) Por lo común los plazos de prescripción liberatoria, que en general llegan hasta diez años en materia de obligaciones, son más prolongados que los de caducidad;
d) La prescripción puede ser suspendida, o interrumpida, alternativas que no sufre la caducidad.
66. Hechos Ilícitos: delito, cuasidelitos: desarrolle. Elementos del acto ilícito.
Dentro de la clasificación de hechos jurídicos, son hechos ilícitos los hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos. Por ser hechos humanos se los denomina actos, que por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, son ilícitos. Comprenden dos categorías tradicionales: delitos y cuasidelitos. Los primeros están caracterizados por el dolo con que son ejecutados; o sea “el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito”, mientras que los segundos presentaban como elemento subjetivo la culpa. También son cuasidelitos los hechos imputados a título de riesgo creado, o aun por la garantía debida a la víctima.
El acto ilícito generador de responsabilidad civil está integrado por los siguientes elementos:
Transgresión legal (incumplimiento objetivo);
Su imputación al autor por un /actor de atribución suficiente: a) subjetivo (dolo o culpa); o b) objetivo (riesgo, garantía);
Cuasidelitos. Nociones previas
Concepto. El CC no los define. Se limita a legislar sobre “las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”, sin precisar su concepto. Los califica, empero, por omisión, en cuanto considera dos tipos de hechos ilícitos: los que son delitos, y los que no lo son.
Se define al delito por la “intención de dañar” que exige para su tipificación, todo hecho ilícito que no sea obrado con dolo es un cuasidelito, que presenta como elemento subjetivo la culpa, o como factor de imputación de responsabilidad el riesgo creado, o aun la garantía.
67. Responsabilidad por el hecho propio: régimen del art. 1109 CC
“Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.”. En este artículo se sienta la regla: cada uno es responsable de sus propios actos. En el CC se redujo considerablemente la aplicabilidad del artículo 1109, porque todos los daños causados con intervención de cosas han quedado excluidos de su ámbito de operatividad. El damnificado tiene derecho a demandar al autor del daño
68. Responsabilidad por el hecho de otro. (Responsabilidad indirecta o refleja)
Existe responsabilidad por el hecho de otro en los casos en que la ley autoriza al damnificado a reclamar a quien, sin haber obrado el acto que causa daño, debe indemnizarlo, en atención a su particular vinculación con el victimario. Esta responsabilidad es refleja o indirecta, y está regulada en el CC: “la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia”. De tal manera, el CC hace responder por hechos de los dependientes, de los incapaces, y aun por hechos de extraños.
69. Responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos menores.
El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.
ü Menores de hasta 10 años de edad: los padres tienen responsabilidad directa; el hijo no responde porque carece de discernimiento, salvo por razones de equidad.
ü Menores de 10 a 21 años de edad: los padres tienen responsabilidad indirecta, y los hijos responsabilidad directa, con una obligación concurrente entre ellos. La víctima tiene acción contra los padres y contra el hijo, pero cuando los padres pagan la indemnización, disponen de acción recursoria contra el patrimonio del hijo.
1) Que el hijo sea menor de edad.
2) Que se halle bajo patria potestad. El ejercicio de la patria potestad corresponde, en el caso de los hijos matrimoniales: “al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado”.
Si los padres están separados de hecho, se han divorciado, o su matrimonio ha sido declarado nulo, la responsabilidad recae al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia. En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro”. En el caso de los hijos extramatrimoniales: I) si fueron “reconocidos por uno solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido”; si ambos los reconocieron, a los dos, siempre que “convivieren, y en caso contrario a aquel que tenga la guarda”; II) si no hubo reconocimiento voluntario, “a quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo”.
Los padres no tienen responsabilidad por los hechos de los hijos emancipados, porque la patria potestad concluye con la emancipación.
3) Que habite con sus padres. Ello deriva de que la responsabilidad de los padres está fundada en una culpa in vigilando presumida, por lo cual es menester, en principio, que ellos estén en condiciones de hecho de ejercer dicha vigilancia. Cuando el hijo no convive con los padres por una razón ajena a él (p. ej., si los padres lo abandonaron, ellos responden igualmente). Pero su responsabilidad puede ser excusada cuando ese alejamiento se debe a un motivo legítimo.
4) Que el hecho le sea imputable al menor. Se trata de la imputación objetiva, que concierne al autor material. Sólo cuando el menor cuenta con más de 10 años de edad tiene aptitud para obrar culposamente, pero la atribución de responsabilidad depende en todo caso del factor (subjetivo u objetivo) que corresponda aplicar al hecho dañoso.
70. Responsabilidad del director de colegios y maestros.
Régimen legal: Lo establecido sobre los padres “rige igualmente respecto de los directores de colegios, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices, mayores de diez años, y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su deber poner”.
Sin embargo, la ley marca una importante diferencia literal con el régimen de responsabilidad indirecta concerniente a los padres, puesto que la adjudica a los directores de colegio por el daño causado por alumnos mayores de 10 años, y no por los menores de esa edad. La doctrina minoritaria se atiene a una interpretación literal, y concluye que el director de colegio no responde por los hechos de los alumnos menores de 10 años. La mayoría admite, con fundamentos muy diversos, que los directores de colegio también son responsables por los daños que causen esos alumnos.
71. Responsabilidad del dueño y del guardián.
En primer término, es responsable el dueño, porque la cosa está sometida a su “voluntad” y a su “acción”, y porque se sirve de ella; es por lo tanto su guardián natural y pesa sobre él “una presunción de guarda”.
Guardián, en sentido material, es quien tiene la cosa en su poder, con facultades de dirección y de mando, sea el dueño o no lo sea; y cuando la guarda es ejercida por un tercero, aquél pasa a ser nudo dueño. En los accidentes de automotores se entiende por dueño al titular registral.
El dueño y, en su caso, el guardián responden concurrentemente
72. Responsabilidad del principal por los daños ocasionados por sus dependientes. Explique cómo es tratado en el CC y clarifique el concepto de “dependencia”.
La responsabilidad indirecta es un corolario del distingo entre deuda y responsabilidad. Y así, mientras el dependiente sería el deudor, el principal asumiría el carácter de responsable. El fundamento de la responsabilidad varía según sea la hipótesis de aplicación de la responsabilidad por hecho ajeno.
El damnificado tiene derecho a demandar al autor del daño; o bien “puede perseguir directamente ante los tribunales civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar obligado a llevar a juicio a los autores del hecho”. Nada impide, tampoco, que la acción sea entablada contra ambos.
La ley, empero, le reconoce al principal una acción de repetición: “El que paga el daño causado por sus dependientes o domésticos, puede repetir lo que hubiese pagado, del dependiente o doméstico que lo causó por su culpa o negligencia”
La relación de dependencia presupone: 1) cierta autoridad del principal, y 2) cierto deber de obediencia por parte del dependiente. No son esenciales al efecto ni el efectivo ejercicio del poder de elección, ni la subordinación económica del dependiente.
73. Responsabilidad derivada por daños causados con y por las cosas. Régimen del art. 1113 del C. Civil
Se liberan, por lo tanto, de responsabilidad:
c) El nudo dueño (propietario que no posee la guarda), cuando el guardián usa la cosa contra su voluntad expresa o tácita. Cuando el dueño se ha desprendido voluntariamente de la guarda de la cosa, corresponde presumir, salvo prueba en contrario, que ésta ha sido usada por el guardián de acuerdo con la voluntad de aquél, si tal uso ha sido hecho conforme al destino al que regularmente sirve la cosa según su naturaleza, salvo que la entrega haya tenido una finalidad determinada.
d) El guardián, sea el dueño o no, si es desplazado de la guarda por un tercero.
En este último supuesto la responsabilidad pesa exclusivamente sobre el tercero .que asume por sí, con los caracteres de la fuerza mayor, la guarda de la cosa. Sin embargo, no promedia tal eximente por carencia del requisito de extraneidad, si el guardián no ha adoptado la diligencia necesaria para evitar ser desplazado de la guarda (p. ej. si le hurtan un automóvil que había dejado estacionado con las llaves puestas).
74. Régimen de los delitos en nuestro Código Civil.
“El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código ‘delito’. El CC asigna responsabilidad civil por los delitos en atención a un factor de atribución de índole subjetiva: el dolo, que debe ser directo.
Elementos. El factor de atribución subjetivo (dolo) es, precisamente, el elemento que diferencia a los delitos de los cuasidelitos, cuyos restantes elementos son comunes: la transgresión legal, el daño causado y la adecuada relación causal.
Los delitos penales son claramente diferenciabas de los delitos civiles:
ü En el delito civil es inexcusable la presencia del dolo, esto es, la intención nociva; el delito criminal, en cambio, puede ser cometido dolosa o culposamente. Y así, por ejemplo, un homicidio por imprudencia es un delito del Derecho penal, pero desde el punto de vista del Derecho civil es un cuasidelito;
ü El delito civil, para configurarse como tal tiene que causar un daño a otro; en el delito criminal tal recaudo es innecesario, lo cual sucede en los delitos de peligro (tenencia de explosivos, abuso de armas) y en los que quedan en grado de tentativa.
ü Es diferente la sanción que recae sobre uno y otro. Es resarcitoria para el delito civil y represiva para el delito criminal, en consonancia con la finalidad perseguida por cada ordenamiento;
ü En cuanto a la transmisibilidad, como consecuencia de lo anterior, la acción de daños de la víctima de un delito es transmisible a sus herederos; la acción penal, en cambio, no es transmisible y la muerte del imputado la extingue;
ü El delito penal está tipificado.
Disparidad de régimen entre delitos y cuasidelitos
1) Solidaridad. Se consagra, la solidaridad de los cointervinientes (no “coautores”) en un cuasidelito, sin perjuicio de la correspondiente acción de regreso. En materia de delitos obrados con participación plural existe solidaridad, sin acción de regreso y en materia de cuasidelitos existe, en general, solidaridad, con acción de reintegro salvo los casos de simple mancomunación.
2) Extensión del deber de reparar. Con mucha menos nitidez subsiste la diferencia de régimen en cuanto a los límites asignados a la responsabilidad delictual y cuasidelictual.
3) Atenuación de la indemnización. Es aplicable sólo en los casos de cuasidelitos, en los que cabe atenuarla por razones de equidad.
75. Enriquecimiento sin causa: concepto, acción in rem verso, pago de lo indebido.
Concepto. El patrimonio de una persona puede tener variaciones. Siempre que esas modificaciones tengan como antecedente una causa jurídica, el ordenamiento aprueba los cambios y les asigna los efectos consiguientes. Pero si la transformación operada en el patrimonio no reconoce una causa jurídica, el beneficiado tiene el deber de restituir lo mal habido.
Los requisitos de la acción IN REM VERSO son los siguientes:
ü Enriquecimiento del demandado. El enriquecimiento ha de ser de tipo patrimonial, o extrapatrimonial susceptible de valoración pecuniaria. Puede derivar de un lucro emergente o de un daño cesante (enriquecimiento positivo o negativo). El lucrum emergens se configura con un provecho o una disminución del pasivo, cuando algo es incorporado a un patrimonio, o una disminución del pasivo, mediante el pago de una deuda; el darnnun cesans, cuando se evita que el patrimonio tenga una pérdida, conservando un bien. Como se ve, también se puede dar el enriquecimiento a través de un ahorro, aunque no se traduzca en un aumento visible de la masa patrimonial.
ü Empobrecimiento del demandante. Para dar lugar a la acción el enriquecimiento debe producir un detrimento del demandante; esto es, un empobrecimiento correlativo en su patrimonio.
ü Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Debe mediar entre ambos una relación de causa a efecto. Lo más corriente es que no haya estricta equivalencia entre el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento de otro, pues rara vez sucede que alguien se enriquezca en 10 y provoque un empobrecimiento de 10. No obstante ello, y cualquiera sea la incidencia negativa en el patrimonio del empobrecido, éste debe acreditar el nexo causal como recaudo para accionar.
ü Ausencia de causa. El desplazamiento patrimonial debe haberse realizado sin causa jurídica que lo justifique, con el alcance definido al tratar la causa-fuente de las obligaciones.
ü Carencia de toda otra acción. La acción de in rem verso exige que no se tenga a disposición ninguna otra acción, o vía de Derecho, por medio de la cual pueda ser determinada la indemnización del perjuicio sufrido.
ü Que la ley no obste a la acción. Es decir, que no resulte prohibida la restitución, o no sean atribuidos otros efectos al enriquecimiento.
Pago de lo indebido. Concepto. Cuando se habla de pago indebido se utiliza una elipsis para denominar a la traslación patrimonial que, con aspecto de pago, no es tal. En efecto: el pago supone el cumplimiento de una obligación, y es un acto jurídico cuyos elementos son los sujetos (solvens y accípiens), el objeto (aquello que se paga) y la causa (entendiendo por tal tanto la fuente deuda anterior que sirve de antecedente al pago, cuanto el fin u objetivo al que se orienta el solvens: la extinción de la deuda).
El denominado pago indebido, por lo contrario, adolece de la falta de alguno de esos elementos, que lo despojan del carácter de pago.
si el solvens no es deudor, a menos que actúe como tercero;
si el accipiens no es acreedor;
si la traslación patrimonial (dar, hacer, no hacer) carece de objeto, porque se paga algo distinto, y no hay acuerdo en la sustitución;
si carece de causa-fuente, porque nada se debe;
si carece de causa-fin, porque, por ejemplo, pretendiéndose cancelar una obligación, se cancela otra; etcétera.
Efectos. Repetición. En general, el pago de lo indebido genera una acción de repetición que la ley autoriza a entablar contra quien lo ha recibido, a efectos de que se restituya lo que fue materia del pago. La ley distingue la buena o mala fe del accipiens, con el fin de fijar los alcances de la acción.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 509
 resolución 
 artículo 3876
 artículo 1109