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Querella contra el PP por delito fiscal y electoral / Petición de disolución (...) - Papeles de Sociedad.info
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Más claro Agua. El plan de saqueo del Canal de Isabell II (libro) Plataforma contra su privatización
Martes 2 de mayo de 2017, por Redacción
Tal es el cúmulo de desaguisados y tropelías que un día sí y otro también (presuntamente, por supuesto) se perpetran, es tal el nivel de corrupción y podredumbre del carcomido estado de desecho español, que apenas llama ya la atención ni escandaliza cuanto a diario acontece. Con la certeza casi absoluta, además, de que lo que aflora a la superficie representa tan sólo una parte —nadie en su sano juicio se atrevería a cuantificarla— de la (presunta) responsabilidad e implicación, política y judicial, realmente existente; es decir, que nos enteramos y conocemos únicamente aquéllo que, por diferentes motivos, quién o quiénes sean quieren que sepamos. La corrupción no es algo coyuntural o esporádico; (presuntamente) forma parte, por el contrario, de la propia estructura orgánica del aparato e instituciones directamente emanadas de la mal llamada transición española: sin ruptura con el poder económico y político, militar y policial, eclesiástico y judicial, ... característicos de y pergeñados bajo la dictadura fascista, a nadie debe extrañar el (presunto) engendro surgido. Y porque tenemos la certeza de que no podemos siquiera ser república bananera —(presunta) monarquía constitucional somos y tampoco contamos con el número suficiente de bananos—, nos resta exigir la disolución judicial del PP, dada la (presunta) aplicabilidad de la ley de partidos a ésta (presunta) organización criminal —sin olvidar, claro está, que otros artífices transicionales no le andan (presuntamente) muy a la zaga en cuanto a responsabilidades e implicaciones, políticas y penales. Pese a sospechar y/o intuir que la referida ley se elaboró cuasi ex profeso con el fin de dejar fuera de juego a la en su momento denominada izquierda abertzale, cabe esperar con todo que la marca españa, y la modernización y el desarrollo tecnológico que se le atribuyen, sea capaz de darle la vuelta a la (presunta) imposibilidad de pedir peras al olmo. En el plano de ciencia ficción, o virtual, en el que todo se desenvuelve, queremos creernos que el olmo puede llegar a proporcionar jugosas peras: la modificación genética prácticamente carece de límites, por lo cual aplíquese tan infausta ley a cuanta (presunta) mafia pulula por estos pagos. O, dicho de otro modo, ¡¡¡que ya basta!!!, que (presuntamente) estamos todos y todas hasta ... ahí.
ecologistas en acción, 26-04-2017
Organizaciones de la Querella Bárcenas [1] y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han presentado una querella en la que se suman a las diligencias que está desarrollando el juez Velasco en la Operación Lezo. Pero además aportan una argumentación consistente como para imputar a Esperanza Aguirre y otras personas, e incluso al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública, delito electoral y otros.
Éste es el motivo que lleva a buena parte de las organizaciones que están manteniendo la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas, ligada a los papeles del extesorero, a presentar una nueva querella en la que se recogen y documentan muchos de estos hechos. A la querella se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Las organizaciones firmantes de la querella son: Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.
Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado presuntamente a cabo destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia [2] y [3]) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.
Cabe señalar el presunto papel nuclear y de auténtico capo del expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del expresidente y directivo de la empresa pública Mercasa, Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, exgerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid ICM. A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentar la acusación popular. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, por reiteración delictiva.
La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal [4] (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre [5]), los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita. Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la hacienda pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a esta organización.
Querella Caso Lezo.
El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio GonzálezLa víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo (Cadena SER)
La propuesta, lanzada en Change.org [6] por un grupo denominado Indignad@s!!, solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe en aplicación de la Ley de Partidos.
lamarea.com, 25-04-2017
“Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del PP en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras ‘Tramas‘, apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ‘organizada’ o partido llamada Partido Popular” [7], continúa.
La propuesta, que lleva casi 39.000 firmantes, incide en la responsabilidad de la Justicia y acusa directamente al PP de usarla en su propio beneficio: “¿Qué opinión les merece el hecho de que (un) fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular?”.
Antonio Hernando y Rajoy en el Congreso. EFE(PSOE y Ciudadanos impiden que Rajoy explique en el Congreso la Operación LezoPúblico 28-04-2017)
ecologistas en acción, 24-04-2017
El impacto mediático que ha alcanzado la trama Lezo, y que ha provocado una importante alarma social, se debe tanto a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político (con Ignacio González a la cabeza), empresarial (OHL, Licuas e Indra, entre otras) y al específico de directivos de la empresa (el ex director general de la empresa Adrián Martín, la anterior directora financiera María Teresa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios).
La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participa Ecologistas en Acción, exige la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa.
canal de alí babá
ecologistas en acción, febrero 2013
Hasta ese momento, estos defensores del liberalismo económico que realmente han vinculado totalmente sus intereses y negocios a la piñata de bienes y servicios públicos habían logrado, aprovechándose de sus cargos políticos, un record de colocaciones a dedo en el área pública de amigos y familiares sin mayor experiencia ni competencia en las tareas encomendadas y de afloramiento como setas de supuestos emprendedores –también amigos y familiares- que simplemente y jugando a lo seguro eran meros "concesionistas" de lo público.
En 2008, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas [8] que abría la posibilidad de la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A. Empresa que empezó a operar el 1 de julio de 2012, tras ser aprobada su constitución por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Canal Gestión tiene como cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad comercial. Fracasada la operación presidencia Bankia, el Canal se mostraba como la bussines-plataforma más rentable.
Más grave. Álvaro de Ulloa y Suelves –marqués de Castro Serna y uno de los pocos ex consejeros de Bankia que no ha sido, hasta ahora, imputado- fue repescado tras dejar la entidad financiera como director gerente del ente público Canal de Isabel II por Ignacio González. Anteriormente ocupó distintos cargos en Banco de Extremadura, Banca Garriga Nogués y en Banco de Madrid. Fue consejero y director general de la Sociedad de Crédito Hipotecario Mutual. Álvaro Ulloa es amigo de otro noble, el conde de Murillo, o sea Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, quien actuó como testigo de la boda de Ulloa con su primera mujer, Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Arcos. Entre gentes de sangre azul anida la paloma del PP madrileño y también el negocio de los solares, la banca, los casinos y el agua.
Y mientras, ausencia de transparencia: no conocemos ni los criterios de valoración de los activos del Canal ni tampoco los entresijos jurídicos del Plan B. Quizás no hubo inicialmente compra-venta porque las cuentas no cuadraban pues en las empresas gestoras del agua el factor multiplicador que se paga en el mercado se sitúa entre 7 y 9 veces su ebdita. En 2011 el Canal tuvo un ebdita de 260 millones de €, lo que supondría un valor de mercado de entre 1.820 y 2.340 millones de euros; o sea en el mejor de los casos un 22% por debajo de los 3.000 millones de € que se "filtró" de la muy secreta tasación. Pero también es posible que el capital haya temido a la inseguridad jurídica que provoca las dudas sobre la legalidad de la operación puesta en cuestión por un dictamen de la Junta Consultiva de Madrid en 2009 que ha creado divisiones al respecto en el seno del propio PP. Tampoco la nueva fórmula de sociedad anónima que podría colocar un 49% en el mercado a operadores o inversores privados tiene respaldo jurídico suficiente.
Todas las operaciones se hicieron desde la presidencia del Consejo de Administración ostentada por Ignacio González en dos fases distintas. Una primera en la que el Canal –todavía totalmente público- funcionaba con las normas y composición del consejo de administración del Decreto 51/2002 de 4 de abril [9] que ofrecía un inconveniente para los planes privatizadores: demasiada gente implicada, 20 miembros, entre los cuales además había dos miembros nombrados por el Comité de Empresa. El Decreto 68/2012 de 12 de julio [10], inaugura la segunda etapa; González preside un Consejo de Administración con 9 miembros –solo 7 con voto- y sin sindicalistas. Pero la dimisión de Aguirre como Presidenta de la Comunidad y el nombramiento de González en su lugar, obligó al nuevo presidente regional a remodelar el recién nombrado consejo, en primer lugar con su cese como presidente del Consejo de Administración del Canal.
El Acuerdo del 15 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se pone al frente del Canal a Salvador Victoria Bolívar como presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II [11] a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno (o sea del mismo Sr. Victoria), es la pieza clave para el futuro control de Ignacio González de lo que ocurra en el Canal en las procelosas aguas de la andadura de la sociedad anónima Canal Gestión en ausencia de ventas ni salidas a bolsa cercanas.
* Presidente, consejero y apoderado: Salvador Victoria Bolívar (PP)
* Vicepresidente y consejero: José Manuel Serra Peris (PP)
* Secretario del Consejo: Fernando José de Cevallos Aguarón (PP, con voz sin voto).
* Consejero: Antonio de Guindos Jurado (PP)
* Consejero: Enrique Ossorio Crespo (PP)
* Consejero: David Pérez García (PP)
* Consejero: Agapito Ramos Cuenca. Antiguo directivo del Canal, fue activo miembro del PSOE del que fue diputado regional, colaboró con el gobierno Leguina; perteneció a Consejos anteriores, pero actualmente no representa a su partido en el órgano del Canal. Su presencia en el actual Consejo es injustificable desde un punto de vista democrático y progresista.
David Pérez García, comprometido con el aberrante proyecto de Euro Vegas, es uno de los exponentes de lo que Ana Botella ha denominado, sin dar nombres, las nuevas generaciones de los partidos. De profesión, sus cargos en el PP y los institucionales aparejados. Actualmente es miembro de la dirección del PP, Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y Alcalde de Alcorcón, en cuya candidatura aterrizó desde Madrid. Cursó según su CV Ciencias de la Información y tras un fugaz paso por la universidad, no se le conocen actividades profesionales "civiles" anteriores a su dedicación a la política. Ha ligado su futuro al del PP de Madrid.
Fernando José de Cevallos Aguaron, secretario del Consejo. Es marido de Regina Plañiol de la Calle, viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales en uno de los gobiernos de Aguirre, ha sido director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II y Director de la Secretaría General Técnica en Canal de Isabel II. Ha estado vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua SA, que en el CNAE se inscribe en el epígrafe 3600 "Captación, depuración y distribución de agua". Esta sociedad define su campo en la gestión del ciclo integral del agua en toda la región de Madrid.
Antonio de Guindos Jurado representa al Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, es un puente en los necesarios pactos entre ambas instituciones encabezadas por sectores del PP en abierta diferenciación. Economista y funcionario, tiene buenos lazos familiares con el actual gobierno de España. Debido a su imputación en el caso Arena ha dimitido de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid. Con ello se abren varios interrogantes: ¿sigue representando a una corporación a la que ya no pertenece?, si continúa, y más allá de consideraciones formales sobre la legalidad de su pertenencia al organismo y atendiendo solo al punto de vista político, cabe preguntarse ¿su permanencia en el Consejo supone una salida económica para el individuo y mantener un hilo de relación entre Ayuntamiento y Comunidad?. En los próximos días conoceremos la respuesta a éstas y otras preguntas sobre el futuro de Antonio de Guindos.
El Vicepresidente, José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado y consejero de Auna Telecomunicaciones. Con los gobiernos de Aznar ocupó diversos cargos: Secretario General Técnico del Ministerio de Industria y Energía, Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y Secretario de Estado de Industria y Energía, Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), entidades que han ejecutado el proceso de privatización de las sociedades públicas. Igualmente ha sido miembro del Consejo de Administración de IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A. y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de ENDESA, Red Eléctrica Española. Consejero independiente del Grupo Empresarial ENCE, Grupo en el que asumió la Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Además a temporadas simultaneaba el ejercicio libre de la abogacía. Agotador o su día tiene más de 24 horas.
Amistades, militancias, lazos familiares y … negocios compartidos en torno al núcleo del PP madrileño sellan la alianza de la vieja y rancia nobleza propietaria de la tierra –hoy solares-, los altos funcionarios de la administración, las patronales bancarias y de la construcción y los nuevos negociantes plebeyos de las también viejas y rancias clases medias conservadoras madrileñas, ayer franquistas hoy demócratas de toda la vida.
Buena parte de los nombres aludidos son familiares y amigos, se deben favores y forman parte de una pequeña elite que accede desde la cuna a cargos de dirección de forma "natural". Forman parte de la clase dirigente.
Son la gente que considera normal que su trayectoria "profesional" sea una sucesión de cargos políticos, consejos de administración y oportunidades de hacer negocio a partir de la información que circula en su exclusivo club. Pertenecer al mismo es un seguro de vida, una vía para acceder es afiliarse al PP.
El PP de Madrid, una vez estalló la burbuja inmobiliaria y se secaron los pozos de la obra pública y en espera de dar la bienvenida a míster Adelson, está intentando ocupar directamente y en compañía de algunos socios capitalistas los nichos de negocio de la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos. Tal es el caso también del agua [12].
espegolf
(Libro) Más claro el agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II
ecologistas en acción, noviembre 2014
Quienes formamos la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II [13] y la Marea Azul surgida del 15M hemos asumido el compromiso de analizar, documentar y denunciar el plan de saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II (CYII) y de promover la movilización social que lo impida. Este libro quiere contribuir a la toma de conciencia ciudadana con este fin.
Más claro Agua. El plan de saqueo del Canal de Isabell IIPlataforma contra la privatización del CYII / Marea Azultraficantes de sueños Madrid 2014
Carlos Girbau, Sin Permiso, 23/04/2017
Podemos tener democracia en este país o podemos tener mucha riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas cosas. Louis D. Brandeis
La capital del Reino lleva unos días de vértigo. El miércoles 19 era detenido Ignacio González, expresidente de la Comunidad autónoma y ex secretario general del PP, acusado de organización criminal, blanqueo de dinero, prevaricación, malversación, cohecho, fraude y falsificación documental. Tras él fueron su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del diario La Razón [14] y uno de los máximos responsables del Canal de Isabel II [15] en Latinoamérica. Se trataba del primer desenlace de la Operación Lezo, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a través de la Guardia Civil, la cual se saldó con la detención provisional de 10 personas y la realización de 30 registros.
El jueves 20, la otrora todo poderosa lideresa del PP madrileño, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, condesa consorte de Murillo, nieta del conde de Sepúlveda y Grande de España [16], declaraba en los juzgados en calidad de testigo por la trama Gürtel, trama que ha llevado al gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, a prisión y ha puesto al descubierto uno de los entramados más importantes de corrupción y de financiación ilegal de este partido. Es este mismo caso el que hará que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deba declarar como testigo [17] ante los juzgados.
Aguirre, a la salida del juzgado lloró (sin lágrimas) y se mostró desolada por la “nueva rana”, Ignacio González, surgida en la charca de su equipo en el PP [18].
El viernes 21, Ignacio González pasaba de la comisaría a la cárcel de Soto del Real. Fernando Granados, también ex secretario del PP como él y ex-consejero de casi todo con Esperanza Aguirre, lleva ya desde finales de 2014 durmiendo en la prisión de Estremera. El primero como jefe de la trama “Lezo” el segundo, de la “Púnica” [19]. Edmundo Rodríguez Sobrino también ingresaba en prisión, reforzando así la constatación de que el Canal de Isabel II representaba la empresa matriz de la que surgió la trama Lezo.
Una jornada después, el sábado 22, salía a la luz que el hermano de González, Pablo González, también en la cárcel, y uno de los jefes, en su momento, de la empresa pública Mercasa se había entrevistado en marzo con José Antonio Nieto, Secretario de Estado y número dos del Ministerio del Interior. Fuentes oficiales han señalado que se trató de una visita protocolaría; la prensa se inclina a pensar que fue en esa entrevista en la que se comunicó a los González que la Audiencia les estaba investigando. Un tiempo precioso para destruir pruebas, cosa que parece han hecho al menos en el Canal de Isabel II. Se repetía la jugada que ya vimos cuando Rodrigo Rato acudió a entrevistarse con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El goteo de noticias, detenciones, idas y venidas a los juzgados, los intensos rumores sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, así como la creciente sombra de sospecha que se cierne sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consejera también durante años en el Canal de Isabel II, dibujan un panorama que expresa con claridad cómo se ha alimentado el robusto pilar con el que el PP ha venido construyendo sus mayorías parlamentarias en la Comunidad desde el año 2003: el dinero ilegal de las grandes empresas. Entre otros delitos, a González se le acusa de organizar a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) un entramado para recaudar un millón de euros con el fin de sanear las cuentas del PP madrileño, maltrechas por las elecciones de 2011.
A nadie se le escapa ya que los miembros de esa sociedad de atracos limitada a unos pocos (una parte nada despreciable de los jefes del PP) han empleado los distintos gobiernos (municipales, autonómicos o estatales) para robar, robar y seguir robando. Ahora bien, el aluvión de abusos, el retorcimiento de leyes, el amaño de contratos, las privatizaciones a espuertas y el vaciado de las arcas públicas, todo ello barnizado de una ideología neoliberal que les permitiera ser más y más ricos, no pueden tapar el fondo y el precio político que toda la ciudadanía estamos pagando. Un precio muy superior al tamaño de sus cuentas corrientes, un precio que se contabiliza en democracia.
Abrir el camino a una moción de censura debe huir de la lógica del boxeador sonado, que repite lo que aprendió hace tiempo y que apenas le da ya resultado. Abrir ese camino para desalojar al PP tendría, en consecuencia, que buscarse en la calle, definiendo un plan unitario de recuperación de derechos (sociales y políticos) que se forje por la confluencia de las entidades sociales, empezando por los sindicatos, siguiendo por la PAH, las asociaciones vecinales, las mareas de todos los colores, los gobiernos municipales del cambio y los partidos en la Asamblea de Madrid. Es decir por las resistencias. No existen muchas más vías que llamar a la máxima unidad de todas las voluntades que quieran regenerar y recuperar la democracia ante aquellos que la atracan, la jibarizan y la secuestran a cuenta del gran capital.
Altos cargos de Aguirre salpicados por corrupción, El País, Madrid, 22-04-2017
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BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última modificación: 31 de marzo de 2015): Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, «BOE» núm. 154, de 28 de junio de 2002
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BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última modificación: sin modificaciones): Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, «BOE» núm. 312, de 28 de diciembre de 2012
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BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última actualización publicada: 28 de abril de 2015): Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995
Querella Criminal, como Acusación Popular, contra 13 cargos del PP y contra el PP, Madrid, 26-04-2017
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Texto de la Querella Bárcenas PP, 28-02-2013
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Resolución de la admisión a trámite de la querella, Juzgado Central de Instrucción nº 3, Madrid, 11-03-2013
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Circular 2/2011, de 2 de junio, de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales, Unidad de Apoyo. Fiscalía General del Estado
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Actualización: La Disolución Judicial del Partido Popular conforme a la ley de Partidos Políticos & El fiscal jefe de anticorrupción continúa su lucha contra los que investigan la corrupción, 27-04-2017 & Las conversaciones revelan la intervención del ministro de justicia a través de Moix, 25-04-2017 & Un gran problema, el PP - Eduardo Zaplana y el Marqués de Villar Mir imputados en la operación Lezo, 24-04-2017 & El PP robaba dinero público del Canal de Isabel II para su financiación, 23-04-2017, change.org
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Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, Comunidad de Madrid, «BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2009
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Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del Canal de Isabel II, BOCM 17 de abril de 2002
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Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II, BOCM de 18 de Julio de 2012
Acuerdo de 15 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Salvador Victoria Bolívar Presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II, Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, B.O.C.M. de 19 de noviembre de 2012
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Quién es quién en el jugoso negocio de la privatización del Canal de Isabel II, Ciudadanas y ciudadanos por el cambio en Leganés, 11-03-2013
Estimación del Recurso Contencioso-Administrativo, Nº 1723/2013, interpuesto por La Asociación Parque Sí Chamberí contra la Resolución de 31-07-2013, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se hace publico el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial "Definición de Redes Públicas Depósito Nº 3 del Canal de Isabel II y Regulación de condiciones de protección", en el término municipal de Madrid, promovido por Canal de Isabel II Gestión, S.A; Sentencia 580/2016, TSJM, Sala de lo Contencioso, Madrid, 26-07-2016 (CENDOJ, CGPJ)
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La Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2015, previo debate de la Proposición No de Ley 16(X)/2015 RGEP.2569, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobó la Resolución Núm. 1/2015: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la transformación de las instalaciones del campo de prácticas de golf existente sobre el Depósito número 3 del Canal de Isabel II en el municipio de Madrid, en un nuevo parque público para el Distrito de Chamberí, pág. 837 BOAM (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid) Nº 18, de 22-10-2015
El Supremo falla que el campo de golf de Chamberí no es legal, José Marcos, El País, Madrid, 21-01-2013
El TSJM da un mes a Cifuentes para que derribe el campo de golf que hizo Aguirre, David Fernández, El Confidencial, 06-01-2017
[1] - Querella contra Bárcenas
Imputado todo el anterior equipo de (...)
25 de febrero: El despilfarro en grandes obras tiene una explicación
28 de febrero: Razones para querellarse en el caso Bárcenas
4 de marzo: Queréllate tú
5 de marzo: Apoyo masivo a la querella
11 de marzo: La ruina de las autopistas de peaje: efecto colateral de papeles de Bárcenas
11 de marzo: Admitida a trámite la querella contra Bárcenas
3 de abril: Todos pagamos la ruina de las autopistas de peaje
14 de mayo: Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama
24 de mayo: Constructoras en el banquillo
27 de mayo: Presidentes de grandes constructoras, imputados
6 de junio: El PP demanda a los querellantes de los papeles de Bárcenas
1 de diciembre: Razones ecologistas para querellarse contra Bárcenas
26 de marzo: Autopistas, rescates y papeles de Bárcenas
14 de mayo: Petición de cárcel por tratar de esclarecer el caso Bárcenas
[2] La Justicia anula el plan especial que legalizó el campo de golf de Chamberí
ecologistas en acción, setiembre de 2016
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso de la Asociación Parque Sí en Chamberí y anula el plan especial, aprobado en 2013, para legalizar el campo de golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II. La organización muestra su satisfacción y agradece el apoyo recibido de Ecologistas en Acción, de la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí y del Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde en Chamberí. Tras el fallo judicial esperan que el Ayuntamiento de Madrid paralice la concesión de licencia, piden a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II que no recurran la sentencia e invitan a Esperanza Aguirre a seguir plantando madroños en el campo de golf.
Una sentencia del 26 de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), comunicada a las partes el 2 de septiembre, anula el plan especial denominado "Definiciones de redes públicas depósito nº 3 del Canal de Isabel II y regulación de condiciones de protección". Este planeamiento fue aprobado en julio de 2013 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, siendo consejero Borja Sarasola y presidente Ignacio González. El promotor del plan especial es Canal de Isabel II Gestión S.A.
Con este plan especial, el promotor pretendía legalizar los campos de golf (campo de prácticas y Pitch & Putt) construidos en 2007 sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II, en la avenida de Filipinas, en el distrito de Chamberí. Estas instalaciones habían quedado sin cobertura legal después de que el Tribunal Supremo, en diciembre de 2012 (tras un recurso interpuesto por la Asociación Vecinal El Organillo), anulase la declaración de interés general aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El plan especial ahora anulado fue recurrido en 2013 por la asociación Parque Sí en Chamberí, aunque todo el proceso se ha realizado en colaboración con Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde en Chamberí. La sentencia del TSJM que da respuesta al recurso anula el plan especial por varios motivos, entre los que caben destacar dos: la ausencia de motivación de la implantación de campo de golf sobre unos terrenos destinados a zona verde y la desviación de poder cometidas por Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid.
La desviación de poder es el uso de las competencias de una administración para fines diferentes a los que justifica. En determinadas circunstancias este vicio administrativo puede dar lugar a delito de prevaricación. Por tanto, el motivo de nulidad es grave. La sentencia recoge textualmente que "los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular de la legalización, con claro desvío de poder, lo que invalida el ejercicio de la potestad planificadora en la aprobación del plan especial".
Además piden al Canal de Isabel II y a la Comunidad de Madrid que no recurran la sentencia y cumplan con la resolución de 13 de octubre de 2015 de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea de Madrid que, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y por mayoría (con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios excepto del Popular), insta al Gobierno regional a transformar las instalaciones de golf en parque público.
[3] - El TSJM da un mes a Cifuentes para que derribe el campo de golf que hizo Aguirre, David Fernández, El Confidencial, 06-01-2017
[4] - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última actualización publicada: 28 de abril de 2015).
[5] - Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, «BOE» núm. 312, de 28 de diciembre de 2012. BOE Legislación Consolidada (Texto Consolidado. Última modificación: sin modificaciones).
[6] «Dirigida a Cualquiera de sus miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)»
La Disolución Judicial del Partido Popular conforme a la ley de Partidos Políticos
La densidad de casos de corrupción está creciendo tanto, que much@s de l@s que dudaban de la naturaleza criminal de las estructuras clientelares formadas por el Partido Popular de José María Aznar, y defendían el milagro económico de Rodrigo Rato, empiezan a dudar de la existencia de tal milagro.
En los últimos años hemos presenciado cómo periodistas de diversos medios, sociólogos, politólogos ..., con ayuda de juristas realmente independientes y asociaciones populares de todo tipo, tratan de denunciar, aportar pruebas y dar a conocer los delitos cometidos por la clase política de nuestro país.
En una sociedad "avanzada" la vigilancia y denuncia de la corrupción debería emanar de las propias instituciones democráticas. En algunas incluso se recompensa económicamente la denuncia de casos de corrupción, en un intento por premiar al que se arriesga a ser "decente" con una generosa recompensa.
Desgraciadamente, la sociedad española en su conjunto está aún en esa transición hacia una sociedad avanzada, que desea con todas sus fuerzas, sin terminar de creerse tal cambio, ser realmente democrática. Recordemos que la "separación de poderes" es un requisito indispensable para que un sistema pueda considerarse democrático.
Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del Partido Popular en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras "Tramas", apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ’organizada’ o partido llamada Partido Popular.
En esa misma operación, se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal y del gobierno (el ministro de justicia, ni más ni menos), el único con capacidad para semejante maniobra. Estamos, sin duda, ante uno de los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente.
España debe avanzar hacia una democracia real, donde realmente exista separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otr@ ciudadan@ o persona jurídica.
Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos.
Pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.
Pasamos a explicar los motivos de tal afirmación. El artículo 10 de dicha ley, en su segundo punto expone:
b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.
c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.
Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, están obviamente contemplados en los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad, como casos en los que el órgano jurisdiccional competente debería disolver judicialmente el partido político.
Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un fiscal para "facilitar las cosas". ¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? ¿Qué opinón les merece que en esas conversaciones se hable de que Rafa Catalá, el ministro de Justicia, iba a remplazar a fiscal anticorrupción por Moix? La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, vulnerando la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo. Este hecho se encuadra dentro del caso explicado en el apartado c) del punto 2 del artículo 10 de la Ley de Partidos, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principio democrático básico como es la separación de poderes. Por tanto, es un insulto a la democracia y a la justicia que el órgano jurisdiccional competente no haya decidido de forma inmediata la disolución judicial del partido político en cuestión, el Partido Popular.
Saben tan bien como el resto de l@s español@s que éstas son las prácticas habituales de dicha organización, como ha confirmado en una entrevista el ex-fiscal jefe de anticorrupción, ya jubilado.
Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en los que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra vulneración flagrante de la separación de poderes. En Galicia el PP desvía fondos de las ayudas Europeas en su propio beneficio. Podríamos seguir indefinidamente nombrando los casos de Valencia, de Murcia, etc.
Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la disolución judicial del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial. Dejen ya de tratar esto como un conjunto de casos aislados, tiren de la manta y, caiga quien caiga, juzguen al Partido Popular como lo que es, antes de que se lo lleven todo.
Cualquiera de sus miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
La Disolución Judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la ley orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.
En esa misma operación, se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal, el único con capacidad para semejante maniobra. Estamos, sin duda, ante uno de los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente.
Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta ruptura flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente.
Pedimos la suspensión judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.
Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, vulneran los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad.
Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un fiscal para "facilitar las cosas". ¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, rompiendo la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo. Este hecho conlleva la vulneración del apartado c) del punto 2 del artículo 10, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principios democrático básico como es la separación de poderes.
Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en el que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra ruptura flagrante de la separación de poderes.
Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la ilegalización del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial.
El fiscal jefe de anticorrupción continúa su lucha contra los que investigan la corrupción, 27-04-2017
Las conversaciones revelan la intervención del ministro de justicia a través de Moix, 25-04-2017
Un gran problema, el PP - Eduardo Zaplana y el Marqués de Villar Mir imputados en la operación Lezo, 24-04-2017
El PP robaba dinero público del Canal de Isabel II para su financiación, 23-04-2017)
[7] Caso Canal de Isabel II: ¿es el PP una organización criminal?
Pablo Elorduy, Saltamos.net, 26-04-2017
Un plato es un plato, y una mafia es una mafia. Pero ¿es el Partido Popular una banda mafiosa? Es una afirmación que resuena desde hace años y una consigna en muchas manifestaciones. Desde la “barbacoa de chorizos” en Génova el 18 de julio de 2013 hasta la cacerolada de ayer en el mismo escenario. Pero la indignación ciudadana va muy por delante de la interpretación de la Justicia. Por eso, desde hace unos años, algunas organizaciones plantean dar un pequeño empujón a distintos casos.
1. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso. Solo en esta semana son al menos 11 las personas relacionadas con el Partido Popular que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid por posibles delitos de corrupción. Entre ellas, además de Ignacio González y varios miembros de su familia, delegados de Gobierno, como la madrileña Concepción Dancausa o Luis Vicente Moro –delegado de Gobierno en Ceuta.
Los distintos casos en los que se investigan las posibles adjudicaciones de contratos públicos a cambio de dinero para el partido ya tenían como precedente el caso Naseiro (1989), que tuvo como implicado al tesorero de Alianza Popular entre los años 1987 y 1990.
Empresarios que dan comisiones a cambio de contratas más tesorero como principal investigado más cargos varios del partido que hacen de intermediarios con los empresarios. El esquema se repite desde hace al menos 28 años.
2. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas. Por definición, un partido político establece rígidas normas y una jerarquía clara. El debate interno, no obstante, es mayor –al menos en teoría– que en una organización criminal. En el caso de Madrid, la escalada hasta las partes superiores de la pirámide también se ha producido desde abajo.
3. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida. El primer apunte de las notas de la contabilidad B del partido de Génova se remonta al año 1990. Probar que la actuación delictiva que se investiga se produjo de forma “constante e ininterrumpida” es una de las claves para que no prescriban una serie de delitos supuestamente cometidos en ese periodo.
4. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública. Actos delictivos graves: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude (Púnica). Blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias (Gürtel). Apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas (Caso Bankia). Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios (Lezo).
Las técnicas o métodos de ejecución van desde las rudimentarias anotaciones en los libros de contabilidad hasta el uso de teléfonos durante cortos periodos de tiempo para evitar las escuchas. Esta táctica, que ha salido a la luz durante la instrucción del caso Lezo y que, según la Cadena SER tuvo un coste de más de cien mil euros para la población madrileña, fue el medio usado para eludir las escuchas telefónicas que, finalmente, han salido a la luz.
Las sospechas de que estos métodos de precaución ya se habían plasmado en las investigaciones del espionaje político en la Comunidad de Madrid, un caso que fue reabierto en 2016 tras su archivo en 2008. El propio partido reconoció, después de años negándolo, que se produjo una “operativa antijurídica” por parte de personas de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid “que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”.
5. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado. Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití son algunos de los países en los que se llevaron a cabo operaciones que están siendo investigadas en el marco del caso Lezo.
En cuanto a la movilidad territorial, quedan pocos vacíos en la larga lista de casos de corrupción en los que está implicado el PP, vacíos que se justifican en una premisa simple: los casos brotan allí donde el partido ha gobernado. Baleares (Andratx, Funeraria, Palma Arena), Galicia (Baltar, Pokemon, Campeón), País Valenciano (Brugal, Taula, Fabra) o Madrid (Guateque, Fundescam, Púnica o Lezo) son los territorios principales. Aunque la especialidad del partido ha sido la transversalidad, aquellos casos que afectan a varios territorios, entre los que los papeles de Bárcenas o Gürtel son los más sonados.
6. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave. Un terreno pantanoso. Las denuncias públicas de misteriosas muertes apenas han llegado a sede judicial. La prensa ha especulado en varios artículos sobre la relación de fallecimientos y casos de corrupción. Desde 2009, como publicó El Español, ya se han producido nueve muertes de personas relacionadas con el caso Gürtel. La muerte del fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, encargado de los casos Pokemon y Campeón, también tiene que ser anotada en esta relación.
En el caso de Álvaro Lapuerta, pieza clave en el caso Bárcenas, durante un tiempo se especuló con las circunstancias de dos caídas que tuvieron lugar en su domicilio. Caídas “extrañas”, en palabras de sus hijos, que han quedado como muestra de la torpeza del extesorero del partido.
La divulgación ayer por parte de El Independiente de una conversación entre Ignacio González y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, incluía una presunta broma del ya entonces expresidente acerca de la investigación de su ático: “Exactamente, no, yo ya les he dicho: ‘Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros al juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?”. Por supuesto, cualquier parecido con una película de gángsters es pura coincidencia.
7. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas. Special Events, Orange Market o Pasaneda Viajes son algunas de las estructuras, a nombre del exsecretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, utilizadas en el caso Gürtel. En el caso de la Operación Lezo no hacía falta crear nada: la gran empresa pública madrileña Canal de Isabel II le habría servido a Ignacio González para embolsarse –y embolsar a su partido, pasando antes por paraísos fiscales– importantes sumas de dinero a través de adjudicaciones infladas o compras muy por encima del precio debido, con la complicidad de alguno de sus altos directivos.
8. Actividades de blanqueo de capitales. Pese a su tono de eterno bronceado, el exministro Eduardo Zaplana ha aparecido en el caso Lezo como presunto asociado de Ignacio González para una operación de blanqueo de capitales que González quiso llevar a cabo. Zaplana ha negado toda relación con los hechos.
Las técnicas de blanqueo más depuradas, no obstante, son las que –presuntamente– diseñó Luis Bárcenas para hacer legales las donaciones en B a la caja del partido. Las mismas que, según la Guardia Civil, utilizaba el PP de Valencia. En Suiza se estableció que Bárcenas era un PEP –persona expuesta políticamente–, la nomenclatura usada por el Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero para identificar fondos procedentes del blanqueo cuando éste no alcanza únicamente el dinero de sobornos o robos, sino también el que pueda proceder de activos del Estado, de instituciones, partidos o sindicatos.
9. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción. Ana Garrido Ramos fue técnica del área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Boadilla hasta que, en 2007, se resistió a “entrar en la rueda”, según explicaba a Diagonal en septiembre de 2016. Garrido denunció en una carta enviada a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cómo, con Arturo González Panero como alcalde de este municipio, se presionaba a los técnicos para realizar “adjudicaciones a dedo y para elaborar pliegos de condiciones a medida”. Destapó el caso Gürtel, pero no le hicieron caso, perdió su empleo y sufrió una campaña de desprestigio.
Noticia relacionada: “Yo destapé un caso de corrupción”.
En todos los casos de corrupción que salpican al Partido Popular hay cargos públicos implicados de manera activa o pasiva. Pero en el caso Lezo destacan también los medios de comunicación implicados: el director y el presidente de La Razón –que habrían presionado a Cristina Cifuentes para que no desvelara las irregularidades que desde la Comunidad de Madrid ya habían detectado en cuanto al Canal de Isabel II, investigación archivada provisionalmente a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
10. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica. Cuando la influencia política ya se tiene, la finalidad primordial pasa a mantenerla y a la obtención continuada de beneficios. Hasta ahora, el agujero en las arcas públicas ocasionado por el caso Lezo se calcula en más de 23 millones de euros, aunque esta cifra solo parte de la compra irregular de la empresa brasileña Emissao por parte de Canal de Isabel II. En el caso de la Gürtel son al menos 863 los millones de euros robados.
Parte del (supuesto) botín habría ido a parar a bolsillos particulares, pero otra parte cumpliría con el objetivo de mantener la influencia política, es decir, volver a ganar elecciones, mediante financiación ilegal de campañas electorales.
En el caso Lezo, González habría utilizado contratos inflados con hasta nueve empresas para pagar las deudas de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid de 2011. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Gürtel habría pagado las campañas electorales de Esperanza Aguirre –la misma que, compungida, acaba de dimitir al sentirse traicionada– de los años 2003 y 2007; y hasta habría ideado el lema de la campaña electoral que perdió Rajoy en 2004, ese que decía “Juntos vamos a más”, justo después de la tragedia del 11M. El Fundescam también habría pagado la campaña de Aguirre de 2003, según confesó Francisco Correa en octubre de 2015. El caso Taula habría aupado a Rita Barberá … y así seguimos.
[8] - Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, «BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2009.
[9] - Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del Canal de Isabel II, BOCM 17 de abril de 2002.
[10] - Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II, BOCM de 18 de Julio de 2012.
[11] - Acuerdo de 15 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Salvador Victoria Bolívar Presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II, Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, B.O.C.M. Núm. 276 de 19 de noviembre de 2012
[12] - Quién es quién en el jugoso negocio de la privatización del Canal de Isabel II, Ciudadanas y ciudadanos por el cambio en Leganés, 11-03-2013
[13] Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II:
[14] Diario derechista perteneciente al grupo Planeta.
[15] Canal de Isabel II: Empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada del suministro de agua y resto del ciclo del agua.
[16] El gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, un ejemplo impecable de neoliberalismo: la lideresa, el legado, el heredero y la izquierda
Carlos Girbau, Sin Permiso, 30/09/2012
El pasado 17 de septiembre, Esperanza Aguirre, Presidenta de La Comunidad de Madrid presentaba su dimisión por sorpresa. Nueve días después el hasta ese momento Vicepresidente y mano derecha de Aguirre, Ignacio González, ha sido elegido por la Cámara parlamentaria como nuevo presidente de la Comunidad. La dimisión pone fin a una etapa que se inició de manera polémica hace ya casi 10 años. Su sucesor es el cuarto presidente de Madrid, el tercero del PP y el primero que llega al cargo sin haber concurrido como cabeza de lista en las elecciones. Se da el caso que hoy en la alcaldía de Madrid ciudad y en la presidencia de Madrid Comunidad hay dos personas no escogidas por la ciudadanía para ese puesto.
Esperanza Fuencisla Aguirre Gil de Biedma, Condesa consorte de Murillo, nieta del Conde de Sepúlveda y Grande de España llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en octubre de 2003 tras lo que se conoció como el Tamayazo. La operación supuestamente organizada por el capitalismo inmobiliario, al que Aguirre por cierto ha estado siempre muy ligada, y gracias al cual supuestamente se compraron las voluntades de dos diputados del Partido Socialista madrileño, Eduardo Tamayo y María Teresa Saez. Ambos decidieron no votar a Rafael Simancas, candidato socialista que, con los votos de Izquierda Unida, iba a hacerse con los mandos de la Comunidad tras 8 años de gobierno conservador. Ese día marcó cosas fundamentales. La primera de ellas que en la Comunidad, el gran capital, en particular el relacionado con la construcción, estaba en condiciones de dominar la voluntad de los electores y, la segunda, que el modelo neoliberal necesitaba para imponerse una democracia de baja intensidad y una izquierda desarmada.
En su biografía, Esperanza Aguirre se presenta como liberal y partidaria de la reducción de lo público. A pesar de ello, no dudó en empezar su vida laboral agarrándose al Estado al llegar por oposición al Cuerpo de Técnicos en Información y Turismo dependiente hoy del Ministerio de Industria.
Bajo su mandato Madrid se transformó en el conejillo de indias favorito de todos los experimentos neoliberales. El modelo de crecimiento seguido en la época de bonanza se basó claramente en el ladrillo, el uso extensivo y depredador del territorio, el endeudamiento privado, la reducción de la industria y el crecimiento de un trabajo precario, mal pagado y de escaso valor añadido, centrado en los servicios, incluido el doméstico.
La política pública que se hizo con un presupuesto de 20 mil millones fue de sistemática rebaja de impuestos a los sectores más pudientes y de transferencia del dinero público al sector privado, gracias a un sistema de privatizaciones que se ha cebado, especialmente, en la sanidad, la educación y las políticas sociales. El aparato del Estado ha sido exprimido a fondo para tales fines. No ha habido reparos. El Estado ha dejado de cumplir en muchos campos su función de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y sus derechos, para pasar a ser una maquinaria potentísima capaz de doblegar, junto a las grandes empresas, al conjunto de la sociedad. En manos de la lideresa, lo público, el común, ha pasado a ser, sobre todo, patrimonio y garantía para el 3,5% de los censados en la Comunidad, los más ricos.
Tras exprimir el limón de las cuentas públicas la lideresa no ha resuelto nada de lo que supuestamente se proponía. En Madrid hay más desempleo, más deuda, peores servicios y menos industria. En su último debate del Estado de la región sólo defendió cuatro propuestas: Dar facilidades a la juventud para que emigre a Alemania, defender la reducción del número de parlamentarios, la desaparición, entre otros organismos, del Consejo Económico y Social; transferir directamente el dinero de las políticas de formación a las empresas, quitándoselo a los sindicatos y solicitar, por último, devolver al Estado competencias como el derecho universal a la justicia
a saquear!!!
La Comunidad de Madrid, según los datos de su página web oficial es la autonomía más rica de España. Su peso en el PIB español es del 19,6% sobre el total. Según Eurostad, el PIB de la Comunidad es más del 135% del promedio de la UE y su PIB por habitante (según el INE) es de 29.731 (Andalucía 17.587).
A pesar de ello, el gasto social de Madrid es únicamente de 207,39 por habitante (72,64 por debajo de la media estatal). El número de sus camas hospitalarias por mil habitantes es de las más bajas de España (3,5), por debajo incluso de regiones españolas con un PIB sustancialmente menor. Pensemos que la media de la UE en este campo está en 7,5, muy cerca de las recomendaciones de la OMS que son entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes. Cáritas, en su último informe sobre la pobreza en España, señala que la tasa de pobreza en Madrid está situada en una franja de entre el 10 y el 15% de su población y que el riesgo real de exclusión social se eleva al 22% del conjunto de sus habitantes. Por su parte, las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que los desempleados son ya más de 600 mil personas. Es decir, 500 personas pierden diariamente su empleo y 35 familias sus casas, víctimas de los deshaucios. Cáritas concluye que en Madrid la pobreza es más intensa, más extensa y más crónica que nunca.
En cuanto a políticas de igualdad y participación, el legado de Aguirre es un retroceso significativo. A finales de 2011 desaparecieron los más de 80 órganos de participación ciudadana existentes. Entre ellos, el Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, las ayudas y las subvenciones a las asociaciones de mujeres. Así mismo, se ha frenado la puesta en marcha de planes de igualdad o contra la violencia de género. Ahora, a todo ello se suma la ya mencionada desaparición del CES, la Oficina de Protección de datos y se privatiza TeleMadrid así como el Canal de Isabel II.
En política fiscal, Madrid ha renunciado a recursos presupuestarios básicos, valorados en aproximadamente 2.821 millones de euros. Se han suprimido impuestos directos dentro del tramo autonómico del IRPF además del impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Patrimonio. Se han otorgado rebajas fiscales para quienes usan la educación privada en conceptos como la escolaridad y vestuario que llegan hasta los 900€ por hijo.
A partir de 2012 se han extendido las tasas, se han creado 35 nuevas, el doble de las existentes. Ya se paga por todo.
Completa el legado el que el Presupuesto y la distribución de sus partidas son usadas de manera sistemática como un instrumento en el que se potencia y se protege, por encima de cualquier otro concepto, el pago de las externalizaciones de servicios y el coste de los recursos privatizados por encima de los estrictamente públicos.
Hoy en la Comunidad, más del 50% de los actos médicos no se realizan con medios públicos y más del 50% de alumnos no van ya a una escuela 100% pública, si bien el pago de todo ello sigue saliendo de los fondos públicos.
Pero sin duda alguna, dos datos resaltan por encima de todos los demás en estas últimas fechas. El primero, la quiebra de Bankia, medio prevista por el Banco de España en el año 2006. Bankia pagó la primera fase de la borrachera neoliberal. Fue el financiador por excelencia del empeño por enladrillarlo todo y la cultura del pelotazo en la Comunidad. Su política de préstamos, su sobre-exposición a los financiadores extranjeros, sus preferentes ... Todo eran medidas que, de la mano del presidente que puso Aznar, Blesa, engordaban la cuenta de la fiesta. El precio de la misma ya lo conocemos: 23 mil millones que hemos de poner todos los ciudadanos. Ese es el saldo de eficacia en la gestión y la gestión que hicieron los técnicos.
El segundo dato, no menos preocupante, es la defensa acérrima de la llegada del macro complejo Eurovegas, de la mano del turbio financiador del Tea Party americano, Adelson. De un lado, porque la receta neoliberal que se propone es la misma que nos llevó a la ruina de hoy. Del otro, por el propio modelo en sí. Un modelo que el propio alcalde de Las Vegas, Nevada, no ha dejado de criticar y señalar que, si se quiere cohesión y progreso social, abrir casinos no es precisamente el camino a seguir.
El heredero y la izquierda
Ignacio González González es, como su mentora, funcionario por oposición; en este caso, del Ayuntamiento de Madrid. Su carrera política ha transcurrido a la sombra de la Lideresa.
A lo largo de los últimos años se ha visto envuelto en todo tipo de escándalos. Varios de ellos relacionados con la creación de su importante patrimonio o el de su familia. Otro escándalo fue el del espionaje del que no se sabe si sólo fue víctima o partícipe y que tuvo su centro en los despachos de la Comunidad. Hay denuncias de viajes de placer, por ejemplo a Sudáfrica, pagados por empresarios a los que se dio contratos en empresas públicas. Es conocido su sonoro fracaso en el intento por hacerse con la presidencia de Bankia antes de que lo hiciera Rodrigo Rato o los dosieres nunca investigados sobre comisiones y pelotazos urbanísticos. En resumen, un digno sucesor que en su discurso de investidura no ha dudado en llorar a su predecesora y aplicarse, más si cabe, en la tijera y las privatizaciones.
Tras el Tamayazo, la izquierda sufrió importantes heridas que la han dejado por años como un boxeador sonado que no sabe bien qué le ocurre y que, a la vez, se siente incapaz de responder a los golpes que recibe. Por otra parte, en estos años, el panorama político ha pasado de ser un escenario con tres actores (PP, PSOE e IU), a ser uno de cuatro debido a la entrada de UPD.
El desgaste provocado por la crisis y unos ataques que ya no distinguen entre trabajadores industriales, pequeños propietarios, mujeres, desempleados, médicos, profesores o jóvenes han provocado un conjunto de respuestas, de mareas de todos los colores que con su empeño por frenar la podadora del recorte están abriendo la puerta a cambios en el campo de las organizaciones sociales y que seguro forzarán mudas en la política. Mudas que van aún lentas y que no está claro, precisamente tras la entrada en liza de UPD, que señalen obligadamente hacia la izquierda.
Caminar hacia la izquierda necesita, además del desgaste y división de una derecha que domina claramente la escena en la Comunidad que alberga la capital, de varios elementos que deben conducir a formar una mayoría social que permita sostener una alternativa de gobierno anti-recortes y a favor de dignificar y usar lo público como verdadero eje vertebrador de cohesión, de derechos, de avance y progreso social.
Para que ello ocurra, además de seguir animando la movilización social siempre que ésta sea posible y a la ciudadanía a ocupar tiempo en la defensa del común, debe sostenerse (contra el PP) el municipalismo y la propia autonomía madrileña. El cerco financiero al que están sometidos los ayuntamientos y el intento de devolver competencias al Estado, deben ser respondidos profundizando los mecanismos de democracia participativa, a la par que se pide la reforma del Estatuto madrileño con el objetivo de que éste dé cabida, garantía y blindaje a los derechos de los ciudadanos ahora en plena venta.
Forzosamente, regenerar la izquierda y lograr una nueva mayoría social que permita frenar los recortes, implica más cambios que los aquí indicados, empezando por el esbozo de un cierto acuerdo programático común. Ahora bien, no por ello, lo antes indicado, dejará de estar en el fondo de los retos de esa nueva mayoría por ganar.
[17] Mariano Rajoy dirigió 5 campañas electorales financiadas en parte con dinero de la trama Gürtel.
[18] En este gráfico se muestra a los principales encausados que han tenido importantes responsabilidades en la Comunidad de Madrid y que demuestran que a la caza-talentos del PP le ha salido más de una rana:
[19] Red de financiación ilegal del Partido Popular y enriquecimiento ilícito de los máximos cargos del PP.

References: Resolución 
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 artículo 10
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