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Timestamp: 2019-02-20 20:00:12+00:00

Document:
Casación 15428. Adriana Prias
Casación 15428.
Adriana Prias.
Proceso No 15428
Aprobado acta No. 24
Bogotá, D. C., veintiuno de febrero del dos mil dos.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 20 de febrero de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a los procesados FERNANDO JOYA CRUZ a la pena principal privativa de la libertad de 52 meses de prisión, y ADRIANA PRIAS, MARIA GILMA AREVALO MARTIN y QUILIAN FERNANDO GALINDO FORERO a 48 meses de prisión, como autores de los delitos de concierto para delinquir, y estafa agravada.
En los primeros meses de 1993, Adriana Prias, en condición de agente colocador de planes de la firma “VEHIPLAN S. A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COMERCIALES”, con sede en Bogotá, ofreció a los esposos Octavio Rodríguez López y Blanca Marina Sastoque, un plan para la adquisición de vehículos automotores, consistente en un préstamo por setenta millones de pesos, con intereses favorables, para lo cual debían diligenciar la solicitud de suscripción, y cancelar $1’136.000.oo, como aporte. Rodríguez López aceptó ingresar al plan, y canceló la suma indicada, quedando a la espera del otorgamiento del préstamo. Días después fue notificado de su aprobación por cincuenta millones de pesos, y la necesidad de consignar cuatro millones de pesos más para continuar con el trámite. Realizado este nuevo pago, le informaron que el préstamo había sido aprobado, pero solo por valor de treinta millones de pesos, y días más tarde, que por veinte. Posteriormente (con nota de 21 de abril), le hicieron saber que el comité de crédito lo había rechazado por razones que eran motivo de “reserva comercial”, y que podía acercarse a las oficinas principales a “finiquitar la devolución del dinero aportado”, gestiones que realizó, con resultados infructuosos. En vista de ello, y del conocimiento que tuvo de que la empresa había engañado a otras personas utilizando idéntico procedimiento, entre ellas a Gustavo Parada Méndez y Alfonso Rodríguez Castro, decidió formular denuncia penal, por el delito de estafa, el 18 de junio siguiente (fls.1-5, 19/1).
Iniciada la investigación, la Fiscalía vinculó al proceso mediante indagatoria a Fernando Joya Cruz, en condición de Gerente y Representante Legal de la empresa (fls.188/1, 181/2), Gloria Mercedes Villanueva de Rivera (fls.60/2), Yolanda Torres González (fls.108 A/2), y José Venancio García Mora (fls.114/2), en calidad de miembros de la Junta Directiva; y, mediante declaración de persona ausente, a Adriana Prias (agente colocador de planes), Quilián Fernando Galindo Forero (Gerente Comercial), y Gilma Arévalo Martín -Subgerente-(fls.28, 29, 30, 50/2).
El 18 de diciembre de 1996 la Fiscalía declaró cerrada la investigación respecto de Fernando Joya Cruz, María Gilma Arévalo Martín, Adriana Prias, y Quilian Fernando Galindo Forero (fls.212/2), y mediante resolución de 20 de enero de 1997, profirió resolución de acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 356 y 372.1 del Código Penal -Decreto 100 de 1980- (fls.354-363/4). Esta decisión causó ejecutoria el 4 de marzo siguiente (fls. 363 vuelto/4).
Rituada la causa, el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Fernando Joya Cruz a la pena principal privativa de la libertad de 52 meses de prisión, y María Gilma Arévalo Martín, Adriana Prias y Quilian Fernando Galindo Forero a 48 meses, en calidad de autores de los delitos imputados en la resolución de acusación (fls.636-663/4). Apelado este fallo por los defensores de los procesados y Fernando Joya Cruz, el Tribunal Superior, mediante el suyo de 20 de febrero de 1998, lo confirmó en todas sus partes (fls.62-81/5).
Contra este fallo recurrieron en casación todos los procesados, pero la impugnación solo fue sustentada por el defensor de Adriana Prias. Es de precisarse que a su nombre fueron presentadas dos demandas de casación. La primera, el 6 de noviembre de 1998, por el doctor Libardo Rodríguez Leuro, a quien la procesada otorgó poder el mismo día para tales efectos (fls.167 y 287/5). La segunda, el 9 de noviembre, es decir 3 días después, por el doctor Germán Cortés Huertas (fls.201/5), quien venía desempeñándose como defensor suyo, pero que había dejado de serlo por haber sido reemplazado por el doctor Rodríguez Leuro. Por esta razón la Corte prescindió de la última.
Dos cargos, ambos al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, presenta el demandante contra la sentencia impugnada.
Después de transcribir el contenido del artículo 186 del Código Penal, que define el delito de concierto para delinquir, sostiene que el tipo penal se compone de tres elementos: (1) existencia de una organización con carácter permanente que tenga por objeto lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados; (2) que exista acuerdo de voluntades entre sus integrantes; y, (3) que la expectativa de realización de las actividades que la organización se ha propuesto ponga en peligro o alteren la seguridad pública, la tranquilidad, “y el interés ilícito predicable de los sujetos activos”.
La inexistencia de todos estos elementos refulge evidente en el proceso, como también la del interés ilícito, y la ausencia de violación del bien jurídico. El primero, implica que varias personas se unan con carácter permanente para ejecutar actos ilícitos, no lícitos, puesto que el interés lícito no es punible. El segundo (acuerdo de voluntades) es un elemento previo e indispensable para la conformación de la organización, e implica que exista consentimiento para permanecer en ella, con el propósito de realizar actos ilícitos. Se descarta pues, que la organización pueda llegar a ser de aquellas reconocidas por la ley. El tercero, supone que los actos realizados produzcan en la sociedad situaciones que alteren la seguridad pública, o pongan en peligro los intereses colectivos, y que “la conducta desplazada con el hecho punible… sea ejecutada de manera simultánea con lo propuesto por quienes intervienen para lograr su materialidad”.
A continuación transcribe el contenido del artículo 356 ejusdem, que define el delito de estafa, para indicar que se compone de cuatro elementos: (1) Empleo malicioso de artificios o engaños; (2) inducción en error al sujeto pasivo, o persuasión de verdad de algo falso; (3) obtención de un provecho ilegítimo para el agente o un tercero, derivado del error; y, (4) causación de un perjuicio patrimonial a la víctima o un tercero.
El primero (artificios o engaños), significa que el agente debe realizar maquinaciones sutiles o refinadas, verbales o escritas, orientadas a producir un error. Estas maquinaciones deben ser aptas para lograr el objetivo propuesto, y debe existir entre ellos relación de causalidad. La simple mentira verbal, no acompañada de antecedentes o circunstancias que refuercen el poder de convencimiento del discurso, no es suficiente, según la opinión dominante, para estructurar el elemento exigido por el tipo penal.
El segundo (inducción en error), es el efecto sicológico de la maquinación del agente, y debe ser de tal naturaleza, que determine al engañado a realizar la prestación patrimonial que se le pide. Las afirmaciones que el Tribunal consignó en la sentencia, relacionadas con las dificultades financieras de la empresa, y su estado de iliquidez, según lo afirmado por el procesado Joya Cruz, no son ciertas, puesto que éste jamás afirmó que VEHIPLAN S. A. registraba dificultades económicas durante el primer trimestre de 1993 (época de los hechos), ni realizó transacción comercial con el denunciante a sabiendas de encontrarse en dicho estado. Lo manifestado por el procesado, a folios 6 de la indagatoria, fue lo siguiente: “VEHIPLAN entró en una crisis financiera de alta iliquidez debido a que la Superintendencia de Sociedades, por intermedio de sus visitadoras entre mayo y julio de 1993, informaron la necesidad de parar todo tipo de actividades”, siendo esta una época diferente a la de suscripción de los contratos.
En el plenario existen pruebas, que de haber sido observadas, habrían permitido acercarse a lo verdadero, a la perfecta evidencia. No se observaron balances, informes, comprobantes, estados financieros, y otros documentos, que hubieran evitado que el juzgador utilizara el estado mental “AL PARECER”. No se comparte el texto de la sentencia, porque la convicción del Juez debe formarse a partir de las pruebas, que son el fundamento de todo juicio, pero aquí no aparece un razonamiento lógico que lleve a la certeza de “un estado de iliquidez para la época de los hechos y la realización del negocio para subsanar gastos de la sociedad”, ni por ende, “el engaño”. Sus argumentaciones parten de suposiciones, “o de principios abstractos ‘al parecer’, ‘posiblemente’, ‘parece ser’, etc”.
El tercer elemento (obtención de un provecho), constituye el fin perseguido por el agente, y el que perfecciona o concreta el delito. Por provecho ilícito se entiende todo beneficio ilegítimo o ventaja sin causalidad jurídica, y puede ser directo o indirecto, y consistir en prestaciones de dar, hacer, o no hacer. En el presente caso, aunque la legalidad de la persona jurídica denominada VEHIPLAN S. A. no fue objeto de debate, el juzgador creyó que había funcionado legalmente solo hasta determinado momento. Este raciocinio es equivocado, porque frente “a la existencia de personas jurídicas los actos lícitos o ilícitos de ellas se predican única y exclusivamente de su capacidad, es decir de los negocios previstos en su objeto social, además no debemos olvidar que el derecho penal nunca es extensivo a las personas jurídicas como de manera equivocada lo entendió el juzgador”.
El Tribunal omitió tener en cuenta las siguientes pruebas, que demuestran la licitud del negocio jurídico celebrado por la empresa VEHIPLAN S. A., con el denunciante OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, incurriendo, de esta manera, en varios errores de hecho por falsos juicios de existencia:
1. La Escritura Pública No.668, otorgada el 31 de julio de 1991 en la Notaría 40 del Círculo de Bogotá, en la que consta el contrato social que da vida jurídica a la empresa VEHIPLAN S. A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COMERCIALES. De su análisis se infiere que se trata de una empresa lícita, constituida conforme a las disposiciones del Código de Comercio. Esta prueba descarta la ilicitud de las actividades realizadas por ella, y demuestra que no podía ser una organización creada para cometer delitos (fls.117-137 del anexo No.1).
2. Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde consta que VEHIPLAN S. A. se encontraba debidamente matriculada en el Registro Mercantil. Esta prueba demuestra que la sociedad, como persona jurídica, cumplía las exigencias legales, y descarta que los trabajadores o administradores hubiesen podido tener “intención” de ocultar a terceros las actividades previstas en el objeto social, o de evitar la identificación de sus directivas, y representante legal (fls.12 y 13/1).
3. Acta No.38 del 21 de julio de 1992, expedida por la Superintendencia de Sociedades, donde consta la posesión del señor FERNANDO JOYA CRUZ como representante legal. Con ella se establece que el mencionado ciudadano se desempeñó en su cargo con el lleno de las solemnidades legales, y que “la entidad gubernamental acreditaba su condición para todos los efectos” (Anexo 2). Este documento, y los mencionados anteriormente, prueban la personificación jurídica de VEHIPLAN S. A. para ser sujeto de derechos y obligaciones, pues la doctrina reconoce que con ellos “las sociedades comerciales son personas jurídicas independientes”.
4. Contratos Nos.2749 y 2751 de 10 de febrero de 1993, donde consta la vinculación de los esposos BLANCA MARINA SASTOQUE DE RODRIGUEZ, y OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, al sistema de consorcio comercial que desarrollaba la empresa.
5. Los recibos de caja Nos.001470 y 0425 de 16 de febrero y 9 de marzo de 1993, respectivamente, que le fueron expedidos por VEHIPLAN S. A. a OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ (fls.17 y 18/1), de donde surge que los dineros fueron entregados a la empresa, y no a otra persona. Así mismo, que el cliente conservó el documento que daba cuenta de los pagos.
6. Escrito de fecha 18 de febrero de 1993, donde consta que VEHIPLAN S. A. comunicó a RODRIGUEZ LOPEZ lo relacionado con el sistema de consorcio comercial, y que fue informado de su aceptación como suscriptor del Grupo A-10, como también de la realización de la asamblea que se llevaría a cabo el 23 de febrero siguiente. Esta comunicación demuestra que RODRIGUEZ LOPEZ sabía cómo era el funcionamiento del sistema de consorcio (fls.16/1).
7. Escrito de 21 de abril de 1993, mediante el cual los señores JULIO CESAR CADAVID y FERNANDO JOYA CRUZ, informan al suscriptor OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ que podía acercarse a las oficinas de VEHIPLAN S. A. a finiquitar la devolución del dinero aportado (fls.19/1). Con este documento, y los relacionados en los numerales 4), 5), y 6), se demuestra que lo ofrecido por la empresa fue exactamente lo señalado en los contratos de suscripción.
8. Comunicación de la Superintendencia de Sociedades donde consta que mediante auto No.323-1438, dicha entidad archivó las diligencias administrativas relacionadas con el acta de vista No.023 de 13 de febrero de 1992. Explica que la Superintendencia practicó una visita a VEHIPLAN S. A., en cuyo desarrollo fueron elaborados unos informes, que por resultar acordes con las exigencias de la entidad, determinaron el archivo de las diligencias (fls.46 anexo 1).
9. Oficio de la Dirección de Rifas, Juegos y Espectáculos, de 17 de junio de 1993, donde consta que la División de la Oficina de Rifas, Juegos y Espectáculos de Bogotá, estuvo presente en las asambleas de suscriptores que realizaba VEHIPLAN S. A. en desarrollo de su objeto social (fls.108 anexo 1).
10. Lista de suscriptores de la sociedad VEHIPLAN S. A., a quienes se hicieron adjudicaciones por el sistema de consorcio comercial (fl.509/4). Este documento demuestra que la empresa adjudicaba los bienes conforme a las reglamentaciones del sistema de consorcio, y descarta las afirmaciones de los juzgadores, que se dedicaba a “atraer incautos para recoger dinero a sabiendas de no cumplir lo ofrecido”, pues allí se muestran los vehículos ofrecidos, adjudicados y entregados para la época en que se realizaba la negociación con OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ.
11. Indagatorias de YOLANDA TORRES GONZALEZ y JOSE VENANCIO GARCIA MORA (fls.108 A- 119), quienes describen el procedimiento de los negocios realizados por VEHIPLAN S. A. .
12. Los “cassettes y el video” que FERNANDO JOYA CRUZ aportó en la diligencia de audiencia pública, relacionados con el funcionamiento de la empresa.
13. La declaración rendida por FABIO TOLOSA DIAZ, liquidador designado a VEHIPLAN S. A. por la Superintendencia de Sociedades, de la cual se desprende que la empresa se encuentra en disolución y estado de liquidación, y que sus acreedores como el señor OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ disponían de todas las garantías para comparecer a dicho proceso.
14. Certificados del Banco Popular, y constancias sobre el destino del cheque de $4’000.000.oo, que muestran que estos dineros fueron utilizados en transacciones comerciales propias de VEHIPLAN S. A, y no en beneficio del patrimonio personal (fls.38 y 39).
De la reseña que viene de hacerse, se deduce lo siguiente: (1) Que el juzgador dejó de lado prácticamente toda la prueba que demuestra que VHIPLAN S. A. fue constituida lícitamente, y que el negocio jurídico realizado con OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ se hizo de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que regulan el funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales. (2) Si es comparada la prueba que los juzgadores analizaron, con la que “no quisieron tener en cuenta”, se concluye que la observada por ellos no es suficiente para condenar. También, que las afirmaciones del denunciante en cuanto a un supuesto préstamo por setenta millones de pesos, no son ciertas. Por tanto, que el engaño, y la inducción en error, no fueron probados, ni por ende, la tipicidad de las conductas imputadas. (3) Los errores de existencia por omisión puestos de presente, llevaron a los juzgadores a aplicar indebidamente los artículos 186 y 356 del Código Penal.
Dentro de la misma censura, pero en capítulo separado, el demandante se refiere al bien jurídico, para indicar que, independientemente de si el problema es de tipicidad o antijuridicidad, lo cierto es que para que exista hecho punible es necesario que se presente una “ruptura sensible, material del mismo”, que se cause un daño, o se ponga en riesgo. Dicho en otras palabras, más allá de la antijuridicidad formal, es menester la antijuridicidad material. Mientras ello no ocurra, “no es posible aludir al principio de vulneración o lesividad, por su aspecto positivo”.
Después de traer a colación doctrina y jurisprudencia sobre el punto, sostiene que el tribunal se queda en la parte puramente formal, de desobediencia simple del precepto, en lo inasible e inmaterial del bien jurídico, tal como se desprende de los términos que usa (procurar, adolecer, distorsionar, engañar, evidenciar, dilucidar, colegir, enlazar, exigir, predicable, disfrazar). Es decir, acogió el concepto meramente formal de la antijuridicidad, y por este motivo solo reseñó la prueba que conduce a ella, “sin detenerse en la observación probatoria que llevaría a concluir si, efectivamente, materialmente, se había causado daño o riesgo serio al patrimonio económico y la seguridad pública”.
Aquí el juzgador también incurrió en falso juicio de existencia, al dejar de lado la presencia inocultable de pruebas que demuestran que los procesados, con su conducta, no vulneraron el patrimonio económico, ni la seguridad pública. Los medios no observados fueron las siguientes: (1) Indagatoria de FERNANDO JOYA CRUZ, en cuanto se refiere a la existencia, representación, y actividad desarrollada por VEHIPLAN S. A; al negocio jurídico realizado con los esposos OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ y BLANCA MARINA SASTOQUE; a la relación de carácter laboral que mantenía con la empresa; y la subordinación y dependencia de MARIA GILMA AREVALO MARTIN, ADRIANA PRIAS y QUILIAN FERNANDO GALINDO. Además, es enfático en afirmar que los denunciantes entregaron los dineros a la empresa, y no a persona alguna natural. (2) Las indagatorias de YOLANDA TORRES y JOSE VENANCIO GARCIA. Y (3) la resolución No.11746 de 21 de noviembre de 1988, expedida por la Superintendencia de Sociedades, donde aparece descrita de manera nítida la actividad y funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales, como era el caso de VEHIPLAN.
De estas pruebas, y de las señaladas en el punto donde se estudian los elementos tipificadores del delito de estafa, se concluye que los procesados no causaron ningún deterioro económico al señor RODRIGUEZ LOPEZ, pues todo el mundo sabía que la negociación se estaba realizando con una persona jurídica. Esto, y las anotaciones precedentes, dejan en claro lo siguiente: (1) Que el Tribunal desechó en su totalidad la prueba que demostraba la transparencia de la actuación de los procesados. (2) Que circunscribió sus argumentaciones a las palabras de los esposos OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ y BLANCA MARINA SASTOQUE, quienes objetivamente no pueden ser atendidas, “porque no son testigos de los hechos del hipotético delito, sino intervinientes en el contrato realizado con la sociedad”. (3) Si son confrontadas cuantitativa y cualitativamente las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal, y las que no percibió, se concluye que las apreciadas resultan insuficientes para dar por demostrada la violación del bien jurídico. (4) Los errores de existencia por omisión cometidos, llevaron al Tribunal a afirmar el quebrantamiento del bien jurídico protegido a través de los dos tipos penales (artículos 186 y 356).
A manera de conclusión, sostiene que la prueba ignorada, permite aseverar tres cosas: (1) Que no hubo ilicitud en la gestación, celebración, firma y ejecución del contrato celebrado por la firma VEHIPLAN S. A. con los esposos OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ y BLANCA MARINA SASTOQUE. (2) Que no hubo incremento patrimonial de los procesados. Y (3) que no hubo ofensa alguna al bien jurídico del patrimonio económico y la tranquilidad pública.
Con fundamento en estas consideraciones solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y en su lugar, dictar una de carácter absolutorio. .
La Procuradora Cuarta Delegada para la Casación Penal solicita a la Sala desestimar los cargos presentados contra la sentencia impugnada, por las siguientes razones:
Cargo primero: Considera que este reparo adolece de total ausencia de claridad y concreción, pues no obstante haber el casacionista anunciado que se presentaban errores graves en la apreciación de la prueba, no precisa en qué radica su inconformidad, ni señala si el error cometido fue de hecho o de derecho. Tampoco relaciona los medios de prueba sobre los cuales habría recaído el error, ni indica la manera como llegó a concretarse.
Un planteamiento de esta naturaleza, donde no se eleva censura alguna en concreto, impide a la Corte abordar el estudio del cargo, en virtud del principio de limitación que informa el recurso. Cierto es que en algunos apartes de la demanda, concretamente donde califica de mentirosas las afirmaciones del Tribunal en el sentido de que Joya Cruz habría aceptado en indagatoria que la empresa se encontraba en estado de iliquidez para el primer trimestre de 1993, pareciera estar planteando un error de hecho por falso juicio de identidad, por tergiversación del contenido de la referida prueba, pero el ataque, en los términos en que se encuentra planteado resulta incompleto, porque cuando se invoca esta clase de error en casación es imperativo demostrar no solo su existencia, sino sus efectos o incidencia en la decisión impugnada, y en el presente caso el demandante omite cumplir dicha labor, no obstante ser fundada la crítica que hace a la apreciación de la prueba.
No tuvo en cuenta, por ejemplo, que el Tribunal, al dar por sentado que VEHIPLAN S. A. atravesaba una difícil situación económica cuando se firmó el contrato con el denunciante, acudió a los informes rendidos por los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, de donde concluyó que para el 31 de junio de 1993 la empresa había anulado 12 de las 22 adjudicaciones realizadas en el grupo A-10, situación que revelaba los inconvenientes de tesorería que se venían presentando. Y, de otra parte, a la circunstancia de hallarse el citado grupo incompleto para el mes de enero de dicho año, lo cual los llevó a ofrecer créditos en condiciones y por cuantías que no se ajustaban a la naturaleza y modalidades de los verdaderos planes, y presentar a los clientes una imagen distorsionada y poco clara del real funcionamiento de sistema de consorcio comercial.
Refiriéndose al mismo asunto (ausencia de demostración del estado de iliquidez de la empresa), el casacionista sostiene que en el proceso existen pruebas “que al ser observadas permitirían acercarse a lo verdadero”, relacionando como elementos probatorios no tenidos en cuenta, balances, informes, comprobantes, estados financieros, con lo cual podría pensarse que dirige la censura por los senderos del falso juicio de existencia por omisión de prueba. Empero, no indica cuáles balances, informes o comprobantes en concreto dejaron de ser tenidos en cuenta, ni qué trascendencia pudieron haber tenido en el fallo impugnado.
En otro aparte del libelo, sostiene que el Tribunal se equivoca cuando afirma que la empresa solo funcionó legalmente hasta cierto momento, y que a partir de la suscripción del contrato con el demandante perdió su legalidad, y que el derecho penal, además, no es extensivo a las personas jurídicas, afirmaciones de las que no se desprende censura alguna que haya de ser absuelta por la Corte, pues aunque sostiene que las conclusiones del fallo son equivocadas, no precisa el error cometido, siendo su intención simplemente la de cuestionar sin fundamento alguno, y con apoyo en afirmaciones que no consultan la realidad, los razonamientos del ad quem.
Obsérvese cómo, de manera fraccionada, recoge las argumentaciones del Tribunal para llegar a conclusiones que no surgen de su contexto, pues éste, por el contrario, sostuvo que la sociedad dejó de tener un funcionamiento correcto, debido a que “dentro de VEHIPLAN S. A. las personas aquí procesadas, y otras más por identificar, habían conformado un grupo cuya voluntad colectiva se dirigía a la realización de actividades fraudulentas en perjuicio de particulares y en beneficio de los mismos integrantes del grupo o de la empresa a la cual servían”. Es decir, “que el Tribunal se refiere a los actos ilícitos de los procesados, para cuya ejecución utilizaron como fachada la razón social de la compañía, sin que sea posible atribuir a los razonamientos del juzgador, analizados dentro de su contexto, las conclusiones a que llega el demandante”.
Cargo segundo: Argumenta que en la formulación y desarrollo de la censura se advierten diversas inconsistencias de orden técnico que la tornan inidónea para remover los fundamentos del fallo. Destaca, en primer término, la violación del principio de no contradicción, pues asegura que el censor, dentro del mismo reparo, plantea atipicidad de la conducta, y ausencia de lesión del bien jurídico, sin tener en cuenta que este segundo aspecto hace referencia directa a la antijuridicidad de la conducta, y que dentro de la sistemática escalonada de definición del hecho punible que acoge el ordenamiento penal colombiano, no puede hablarse de antijuridicidad sin admitir previamente la tipicidad.
Adicionalmente advierte que el censor, en procura de fundamentar sus asertos, acude en algunos casos a denunciar falsos juicios de existencia que no se presentaron, y en otros omite demostrar la importancia de la prueba en la decisión impugnada, siendo factor común de sus argumentaciones la pretensión de oponer su criterio particular al del sentenciador, y la ausencia de razón en sus planteamientos. Analizadas, por ejemplo, de manera independiente, las pruebas que en su criterio dejaron de ser apreciadas por los fallos, se advierte lo siguiente:
a) La escritura pública No.668 de 31 de julio de 1991, contrario a lo sostenido por el censor, fue tenida en cuenta por el Tribunal, al sostener que a través suyo se había constituido como entidad comercial la empresa VEHIPLAN S. A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COMERCIALES”, indicando su razón social. Además, en la sentencia, en parte alguna se afirma que las actividades previstas en el objeto social de la empresa fuesen ilícitas, ni que la empresa hubiese sido establecida para cometer delitos. Lo que allí se dijo fue que la firma dejó de tener un funcionamiento correcto cuando los procesados decidieron “conformar un grupo cuya voluntad colectiva se dirigía a la realización de actividades fraudulentas”.
b) El certificado expedido por la Cámara de Comercio, mediante el cual se acredita la matrícula en el registro mercantil de la sociedad, si bien es cierto no fue tenido en cuenta expresamente por el Tribunal, si fue considerado en el fallo de primer grado (fls.646/4). Además, se observa que esta prueba en nada modifica la situación de los acusados, pues el hecho que la empresa aparezca inscrita en el registro mercantil, no desvirtúa que en el caso analizado el denunciante hubiese sido objeto de engaños (fls.75 Tribunal).
c) En relación con el acta No.38 de 21 de julio de 1992 de la Superintendencia de Sociedades, donde consta la posesión de FERNANDO JOYA CRUZ como representante legal de la empresa, el demandante no indica la importancia que la prueba tiene para la situación jurídica de la procesada, ni demuestra su incidencia en la decisión de condena, siendo dicho reproche, por tanto, intrascendente.
d) Los contratos Nos.2749 y 2751 de febrero 10 de 1993, aunque no fueron expresamente mencionados, se los tomó de todas maneras en cuenta (fls.646/4), pues el Tribunal admitió implícitamente que los esposos OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ y BLANCA MARINA SASTOQUE se encontraban vinculados al sistema de consorcio comercial (fls.68 a 70 y 73 del cuaderno del Tribunal).
e) Los recibos de Caja Nos.001470 y 0425 de 16 de febrero y 9 de marzo de 1993, donde consta que el dinero fue entregado a VEHIPLAN S. A., fueron tenidos en cuenta en el fallo de primer grado, junto con otras pruebas, para dar por acreditado el aspecto objetivo de la conducta investigada (fls.645 y 646/4).
f) El escrito de 18 de febrero de 1993, mediante el cual VEHIPLAN S. A. informó al denunciante que había sido aceptado como suscriptor del grupo A-10, y lo invitaba a participar de la asamblea que debía realizarse el 23 de ese mes, fue también tenido en cuenta por el ad quem (fls.70). Lo que ocurre, es que no le otorgó a dicha prueba el alcance que el casacionista pretende, es decir, que RODRIGUEZ LOPEZ tenía pleno conocimiento del sistema de consorcio, para aceptar, en cambio, la versión de los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE, en el sentido de que lo ofrecido por la empresa fue la posibilidad de un crédito por una suma elevada de dinero.
g) El escrito de 21 de abril de 1993, mediante el cual se informa a RODRIGUEZ LOPEZ que puede acercarse a finiquitar la devolución del dinero aportado, fue igualmente tenido en cuenta por el Tribunal, como consta a folios 71 de la sentencia. Solo que el fallador no le otorgó los alcances que el casacionista le atribuye, de ser demostrativa que lo ofrecido al denunciante guardaba absoluta correspondencia con lo estipulado en los contratos de suscripción.
h) Los otros elementos de juicio que el actor menciona (la comunicación de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la visita administrativa 023 de 13 de febrero de 1992; el oficio de la Dirección de Rifas, Juegos y Espectáculos; la lista de suscriptores; las indagatorias de YOLANDA TORRES Y JOSE VENANCIO GARCIA; los “cassettes y video sobre el funcionamiento de VEHIPLAN S. A.” ; la declaración de Fabio Tolosa; los certificados del Banco Popular sobre el destino del cheque por cuatro millones de pesos), que acreditan, en su criterio, que la empresa fue constituida lícitamente, y que el negocio con RODRIGUEZ LOPEZ se realizó de acuerdo con la reglamentación del sistema de consorcio comercial, no fueron ciertamente mencionadas de manera expresa en el fallo de segundo grado, pero el reproche, en tal sentido, no cuenta con la entidad suficiente para modificar las conclusiones del fallo, pues el censor no realiza ningún esfuerzo por demostrar en qué forma se vería afectado el fallo, de haber sido valoradas las pruebas que señaló omitidas.
La simple afirmación consistente en que la prueba estimada por el funcionario es deficiente para condenar, mientras que la omitida es suficiente para absolver, resulta inidónea para cumplir dicho objetivo, puesto que no se trata de enfrentar el particular punto de vista al criterio del juzgador, en procura de revivir un debate ya agotado, sino de demostrar la trascendencia del error en la decisión impugnada. Además, ninguna de las pruebas omitidas, aisladamente consideradas, ni en su conjunto, cuentan con la virtualidad de modificar las conclusiones del fallo.
Nada aportan, por ejemplo, la comunicación de la Superintendencia de Sociedades, y el oficio de la Dirección de Rifas, Juegos y espectáculos, al esclarecimiento de los hechos, pues estos documentos ninguna relación guardan con el negocio realizado por el denunciante, en el cual los encargados de la venta de los planes se apartaron de las disposiciones que regulan el funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales.
A su turno, la situación que según el demandante evidencian las indagatorias de YOLANDA TORRES y JOSE VENANCIO GARCIA, y los “cassettes y video” aportados por FERNANDO JOYA CRUZ, en nada difieren de lo estimado por los juzgadores, porque en ambos fallos se realizó un análisis pormenorizado sobre las particularidades del sistema de consorcio comercial, y el procedimiento utilizado por la empresa VEHIPLAN S. A. . Tampoco modifica las conclusiones de la sentencia, la afirmación de FABIO TOLOSA relativa a que la empresa se encontraba en “disolución y en estado de liquidación”, ya que precisamente las actuaciones ilícitas de los procesados, fueron las que dieron origen a la suspensión de sus actividades, y posterior proceso de liquidación. Y el destino del cheque de $4’000.000.oo nunca fue entendido de manera distinta a como lo plantea el casacionista.
La censura encaminada a acreditar un falso juicio de existencia en el análisis de las pruebas que llevaron a los juzgadores a afirmar la antijuridicidad de la conducta, tampoco satisface las exigencias técnicas del recurso, puesto que el demandante parte de una falacia, en cuanto la mayor parte de las pruebas fueron tenidas en cuenta por los juzgadores, y las que dejaron de serlo, en nada difieren de lo estimado por ellos al proferir la decisión de condena. La indagatoria de FERNANDO JOYA CRUZ, y la resolución No.11746 de 21 de noviembre de 1998, expedida por la Superintendencia de Sociedades, fueron apreciadas por el ad quem en los términos que echa de menos el actor, es decir, en cuanto demuestran la existencia, representación y actividades de VEHIPLAN S. A., y el funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales (fls.72 a 74). Las indagatorias de YOLANDA TORRES y JOSE VENANCIO GARCIA, realmente no lo fueron, pero la situación que según el demandante surge de su contenido, fue valorada por el Tribunal, no quedando duda alguna sobre las particularidades del sistema de consorcios comerciales, ni sobre el procedimiento utilizado por VEHIPLAN en sus negocios.
Como puede verse, ninguna incidencia tendría en la decisión impugnada la circunstancia de haber o no los juzgadores hecho mención expresa a dichas pruebas en los fallos, puesto que ellas solo demuestran aspectos ya valorados frente a otros elementos de juicio. Además, no aparece claro en qué forma podrían demostrar que la conducta de los procesados no causó “deterioro económico al señor OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, porque lo que revelan las referidas indagatorias, es que el denunciante hizo entrega a la empresa de un dinero que nunca le fue devuelto.
Aunque el casacionista expresamente no lo dice, del contenido de la censura se desprende que plantea dos clases de error de hecho en la apreciación de las pruebas: Uno de identidad por distorsión del contenido fáctico de la versión del procesado Fernando Joya Cruz, y otro de existencia por omisión, derivado de la falta de apreciación de algunos documentos, como informes, balances, comprobantes, estados financieros y otros. Separadamente la Corte se referirá a cada uno de ellos.
1. Error de hecho por falso juicio de identidad: Argumenta el actor que el Tribunal consignó una mentira en el fallo de segundo grado al sostener que Fernando Joya Cruz, en su indagatoria, admitió que para finales del primer trimestre de 1993, VEHIPLAN S. A. se encontraba abocada a una situación de iliquidez monetaria (fls.15 del fallo), porque el procesado no hizo dicha afirmación, al menos no con referencia al primer trimestre de 1993, como se constata de la lectura del siguiente aparte de su dicho, de donde surge que la época a la cual aludió es distinta: “VEHIPLAN S.A. entró en una crisis financiera de alta iliquidez debido a que la Superintendencia de Sociedades, por intermedio de sus visitadoras en el transcurso de la visita realizada por parte de ellas, entre mayo y julio de 1993, informaron la necesidad de parar todo tipo de actividades” (fls.193 del cuaderno No.1).
La crítica del casacionista a la apreciación de esta prueba no admite discusiones. Del estudio de la indagatoria de Fernando Joya Cruz, y su confrontación con el contenido de la sentencia, se establece que el Tribunal hizo una lectura equivocada de su dicho, puesto que el procesado en ningún momento aceptó que la empresa hubiese registrado situaciones de iliquidez durante el primer trimestre de 1993, como equivocadamente lo sostiene el ad quem, situación que vendría a ser constitutiva de un claro error de hecho por falso juicio de identidad, producto de la distorsión de su contenido fáctico.
Pero este reparo, como acertadamente lo sostiene la Delegada en su concepto, resulta incompleto, porque cuando se plantean en casación errores de apreciación probatoria compete al demandante demostrar no solo la existencia del yerro, sino sus efectos o incidencia en las conclusiones del fallo, labor que implica valorar el conjunto probatorio en la forma como correspondía hacerlo de no haber existido el error denunciado, con el fin de evidenciar que de no haberse presentado, el sentido de la decisión sería distinto, obligación que el casacionista omite cumplir en el caso sub judice.
Sus alegaciones en este punto se circunscriben a dos argumentos: (1) que el Tribunal alteró el contenido material de la prueba, como quiera que puso en boca del procesado Joya Cruz manifestaciones que no hace, lo cual, como viene de ser visto, es cierto; y, (2) que el error sirvió de soporte para afirmar que la empresa se encontraba en estado de iliquidez durante la época de suscripción de los contratos con los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE (primer trimestre de 1993), cuestión que tampoco se discute, pero este no fue el único elemento de prueba tenido en cuenta por el Tribunal para llegar a dicha conclusión, ni el único sustento fáctico en que se apoyó para afirmar la mala fe de su administradores, y de la procesada Adriana Prias, en la referida transacción.
También fueron tenidos en cuenta los informes de las visitas practicadas a la empresa en el año 1993, que llevaron a la Superintendencia de Sociedades a proferir la resolución de primero de octubre de dicho año, mediante la cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades comprendidas dentro de su objeto sociales. De igual manera, la circunstancia de haber sido el número de afectados bastante significativo (45 quejas se presentaron a la Superintendencia por el mismo motivo). Y finalmente, el hecho de haber ofrecido Adriana Prias, en condición de agente colocador, un plan que la empresa no estaba en condiciones de cumplir, no solo por la situación económica por la que atravesaba, sino porque resultaba ser distinto del que correspondía a su objeto social (fls.15, 16 y 17 de la sentencia).
Si el demandante pretendía, por tanto, derruir los fundamentos fácticos de la decisión, debió haber demostrado que las consideraciones probatorias que el Tribunal esgrimió adicionalmente para afirmar que la empresa atravesaba serias dificultades financieras para la época de la suscripción de los contratos con los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE, resultaban también equivocadas, o cuando menos insuficientes para dar por demostrado ese hecho, y que esta situación, por sí sola, descartaba la configuración del delito de estafa por ausencia de engaño en relación con la procesada Adriana Prias, lo cual tampoco resultaba posible afirmar frente a las consideraciones del fallo impugnado, porque en relación con ella, los argumentos que sirvieron para deducir su mala fe y actitud fraudulenta, fueron de contenido distinto, lo que patentiza lo desenfocado del planteamiento del demandante.
2. Error de existencia por omisión: Este reproche no amerita respuesta de la Corte, pues el casacionista se limita a sostener que el Tribunal dejó de considerar balances, informes, comprobantes, estados financieros y otros documentos, sin indicar, en concreto, a cuáles pruebas contables se refiere, y sin aludir en lo más mínimo a su contenido, a sus implicaciones probatorias, o la incidencia que pudieron haber tenido en la condena de Adriana Prias.
En su lugar, se dedica a expresar su inconformidad con el texto de la sentencia, por considerar que no contiene un razonamiento lógico que permita llegar a la certeza del estado de iliquidez de la empresa, sorprendiendo, de esta manera, con un planteamiento de corte instancial, como quiera que termina oponiendo a las conclusiones probatorias del Tribunal las suyas propias, por considerar que resultan más razonables, y mucho más coherentes, sin esforzarse en demostrar error alguno de hecho o de derecho en el juicio valorativo que el ad quem realizó de la prueba.
Igual acontece cuando se refiere a las afirmaciones que el Tribunal hace en el sentido de que lo importante, más allá de si la empresa disponía o no de permiso oficial para su funcionamiento, era observar que a partir de un determinado momento había pasado a convertirse en un ente que bajo el disfraz de una razón social, captaba dineros fraudulentamente, pues en su pretensión de desvirtuarlas, sostiene que este raciocinio es equivocado, sin decir por qué, y sin demostrar la existencia de error alguno en el análisis probatorio que precedió dicha conclusión. Solo afirma que el derecho penal no es extensivo a las personas jurídicas, y que el carácter lícito o ilícito de sus actividades se predica única y exclusivamente de su capacidad, alegación que además de responder a una apreciación muy personal, sin argumentos que la sustenten, resulta totalmente divorciada del planteamiento inicial.
En esta censura el casacionista presenta también dos reparos: (1) Errores de existencia por omisión, producto del desconocimiento de pruebas que demuestran que la empresa VEHIPLAN S. A. fue constituida legalmente, y que el negocio jurídico con los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE fue celebrado de acuerdo con las disposiciones que regulan el funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales. (2) Errores de existencia por omisión, derivado de la falta de apreciación de pruebas que acreditan que los procesados, con su conducta, no vulneraron el patrimonio económico, ni la seguridad pública. Por separado serán analizados estos reparos.
1. Haber sido ignoradas pruebas que demuestran que VEHIPLAN S. A. fue constituida legalmente, y que el contrato celebrado con los esposos Rodríguez Sastoque se sujetó a las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades: Este reproche tampoco está llamado a prosperar. Del examen de los fallos de instancia se establece que la mayor parte de las pruebas que el casacionista afirma ignoradas fueron tenidas en cuenta por los juzgadores de instancia, y las que dejaron de serlo, no tienen la entidad probatoria que el casacionista reclama, ni conducen a las conclusiones que sirven de sustento a la censura.
Dentro del grupo de pruebas que el actor relaciona como omitidas, y que no lo fueron, se encuentran la escritura pública No.668 de 31 de julio de 1991, mediante la cual se constituyó de la empresa (página 8 del fallo de segunda instancia); el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre existencia y representación de la empresa (página 11 del fallo de primer grado); los documentos relacionados con el nombramiento y posesión de FERNANDO JOYA CRUZ como Gerente General (página 8 y 9 del fallo de segunda instancia); los contratos suscritos por los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE (página 11 del fallo de primer grado y 9 del de segunda instancia); los recibos de caja que da cuenta de los pagos por valores de $1’136.000.oo y $4’000.000.oo que los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE hicieron a VEHIPLAN S. A. (página 11 del fallo de primer grado y 9 del de segundo grado); el escrito de 18 de febrero de 1993, donde consta que VEHIPLAN S. A. le informó a OCTAVIO RODRIGUEZ SILVA de su aceptación como suscriptor del grupo A-10, y lo invita a la asamblea de suscriptores a realizarse el 23 del mismo mes (página 9 del fallo de segundo grado); la comunicación de 21 de abril de 1993, mediante la cual VEHIPLAN S. A. informa a OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ que el comité de crédito rechazó su solicitud, y que podía acercarse a las oficinas a finiquitar la devolución de los dineros entregados (página 10 del fallo de segunda instancia); los documentos que acreditan que a las asambleas de suscriptores de VEHIPLAN S. A. asistían representantes de la Oficina de Rifas, Juegos y Espectáculos (página 12 del fallo de segunda instancia); y, la declaración rendida en audiencia pública por FABIO TOLOSA DIAZ, empleado de la Superintendencia de Sociedades y liquidador de VEHIPLAN S. A. (página 25 de la sentencia de primera instancia).
Aparte de haber sido estas pruebas tenidas en cuenta por los juzgadores, y que la censura, por tanto, en cuanto dice relación con ellas, carece de fundamento, se tiene que los hechos que el casacionista pretende probar a través suyo (que la empresa fue constituida legalmente, que fue debidamente inscrita en la Cámara de Comercio, que FERNANDO JOYA CRUZ fungía como Gerente de la misma, que a las asambleas de suscriptores asistían representantes de la Oficina de Rifas y Espectáculos, que los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE firmaron contratos de suscripción con la empresa, que hicieron pagos por valor de $5’136. 714.oo, que fueron aceptados como suscriptores, y que finalmente se les rechazó el crédito solicitado), fueron todos reconocidos y aceptados por los juzgadores de instancia, de suerte que, cualquier omisión que hubiese podido presentarse en relación con ellas, sería intrascendente.
Dentro del grupo de las pruebas que los juzgadores dejaron de apreciar, se encuentran los documentos donde consta que la Superintendencia de Sociedades realizó una visita a VEHIPLAN S. A. en los primeros meses de 1992, y que mediante auto No.323-1438 decidió archivar las diligencias (fls.46 anexo 1 y 90/3); la lista de adjudicatarios allegada en la audiencia pública (fls.509/4); las indagatorias de YOLANDA TORRES GONZALEZ (fls.108 A/2) y JOSE VENANCIO GARCIA MORA (fls.114/2); los cassettes que FERNANDO YOJA CRUZ aportó también en la audiencia (fls.495, 500, 501/4); y, los certificados del Banco Popular sobre el destino del cheque de $4’000.000.oo (fls.42, 43, 97/1).
Esto significa, que en relación con dichas pruebas, se habría presentado el error denunciado. Empero, el casacionista no se esfuerza en demostrar por qué razón, de haber sido ellas apreciadas y confrontadas con los medios de prueba en los cuales se soportó la decisión de condena de Adriana Prias, habrían modificado su sentido. Solo atina a precisar que la evidencia “observada” por los juzgadores no es suficiente para condenar, pero este aserto, sin argumento alguno que lo sustente, y menos como concreción del juicio demostrativo de la trascendencia propia de los errores enmendables en casación, carece de virtualidad para remover los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión impugnada.
Más aún. Si se analiza el contenido de estas pruebas, se establece, sin mayores esfuerzos, que nada importante con capacidad para afectar las conclusiones probatorias de los juzgadores de instancia aportan. La decisión de la Superintendencia de archivar las diligencias iniciadas con fundamento en la visita realizada a VEHIPLAN S. A. en el mes de febrero de 1992 (fls.90/3 y 46 del anexo No.1), no descarta, por ejemplo, que la empresa no entrara en crisis en los meses subsiguientes, ni prueba que las inconsistencias que lograron ser detectadas en las visitas realizadas en el año de 1993, y que condujeron a la suspensión de sus actividades sociales por la Superintendencia, no existan; y no se advierte qué relación pueda existir entre el contenido de dichas pruebas, y la veracidad de los testimonios de los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE.
Situación similar se presenta con los otros elementos de prueba. Del estudio de la lista de adjudicatarios que el procesado Joya Cruz allegó en audiencia pública, se concluye que el número de personas beneficiadas durante el año de 1993 (5 en total) resulta insignificante frente al número de quejas presentadas a la Superintendencia (45 en total). Y las grabaciones que aportó en la misma diligencia, no contienen información sobre los hechos investigados, ni contradicen los planteamientos de los juzgadores de instancia, como quiera que se trata, según lo afirmado por el mismo implicado, de charlas dirigidas a los vendedores sobre la estructura y funcionamiento de la empresa, y de una grabación de la fiesta de aniversario, donde la junta directiva habría condecorado a varios de los procesados (fls.500/4).
Finalmente se encuentran las indagatorias de Yolanda Torres González (fls.108 A/2), y José Venancio García Mora (fls.114/2), personas que tampoco suministran información relacionada con los hechos investigados. Por el contrario, aseguran que para la época que se presentaron, ya no hacían parte de la Junta Directiva, y que además nada tenían que ver con la parte operativa de la empresa. Y no es cierto, como lo sostiene el casacionista, que en sus relatos se refieran a su funcionamiento, o hagan un recuento del procedimiento que normalmente se cumplía en el ejercicio de su actividad social.
2. Falta de apreciación de pruebas que acreditan que los procesados con su conducta no vulneraron los bienes jurídicos del patrimonio económico, ni la seguridad pública: Sostiene el casacionista que los juzgadores pasaron por alto la versión del acusado Fernando Joya Cruz (donde se refiere a la existencia, representación y actividad desarrollada por la empresa, al negocio jurídico realizado con
los esposos RODRIGUEZ SASTOQUE, y su vinculación laboral con la empresa); las indagatorias de Yolanda Torres González y José Venancio García Mora; y, la resolución No.11746 de la Superintendencia de Sociedades, de 21 de noviembre de 1988, donde aparece descrita la actividad y funcionamiento de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales.
Este cargo carece también de fundamento, pues no es cierto que los juzgadores hubiesen omitido considerar la versión del procesado Joya Cruz, ni la resolución 11746 de la Superintendencia de Sociedades. Ambas sentencias hicieron alusión expresa a las explicaciones suministradas por el acusado (fls.22, 23 y 25 del fallo de primer grado y 72 de segunda instancia), y también al contenido de la citada resolución, al igual que a las cláusulas de los contratos suscritos por los denunciantes, para explicar la forma como las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales debían operar, y la manera como lo hicieron los procesados en el caso sub judice (páginas 22 del fallo de primer grado y 12 de segunda instancia). Aparte de ello, no se advierte vínculo alguno entre el contenido de estas pruebas, y la conclusión que el casacionista obtiene de ellas: que no existió lesión a los bienes jurídicos del patrimonio económico y la seguridad pública.
En cuanto dice relación con las indagatorias de Yolanda Torres González y José Venancio García Mora, cierto es que no fueron objeto de análisis en los fallos de instancia, pero estos procesados, como ya se dejó expuesto, manifestaron no tener conocimiento de los hechos investigados, y el casacionista nada dice sobre el alcance probatorio de sus dichos, ni explica porqué su contenido desvirtúa la prueba que sirvió de sustento para afirmar la antijuridicidad de la conducta.
Estas consideraciones, y las expuestas por la Delegada en su concepto, que la Sala comparte, resultan suficientes para desestimar el cargo.
En escritos de 11 y 13 de febrero último, los procesado Fernando Joya Cruz y Adriana Prias, y el defensor de Quilian Fernando Galindo Forero y María Gilma Arévalo Martín, solicitan a la Corte ordenar la cesación de todo procedimiento, por prescripción de la acción penal. Argumentan los memorialistas que el fenómeno prescriptivo para los delitos de concierto para delinquir y estafa se consolidó el 27 de enero del presente año, porque ambos, de acuerdo con las normas que regulan la materia, prescriben en cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, y que esta decisión adquirió firmeza el 27 de enero de 1997.
La Sala no entrará a establecer el término requerido para que opere el fenómeno prescriptivo de la acción para los delitos de estafa y concierto para delinquir, porque prima facie se advierte que la petición de los memorialistas se sustenta en un supuesto que no corresponde a la realidad revelada en el proceso. Del examen de la actuación se desprende que la última notificación de la resolución de acusación (por estado) se surtió el 27 de febrero de 1997, según constancia secretarial dejada a folios 363 vuelto del cuaderno original No.4, y que la decisión, por tanto, causó ejecutoria el 4 de marzo siguiente (no el 27 de enero como ellos lo sostienen). Esto permite concluir, a su vez, que el término mínimo de prescripción requerido en la etapa del juicio (cinco años) no se ha cumplido, y que la Corte mantiene competencia para proferir la decisión de fondo.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto de la Procuradora Cuarta Delegada, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,
Devuélvase al Tribunal de origen. CUMPLASE.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 186
 artículo 356
 resolución 
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