Source: http://studylib.es/doc/8761202/pdf---congreso-de-los-diputados
Timestamp: 2018-09-20 22:12:48+00:00

Document:
Proposiciones no de ley: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Sobre la reforma institucional de la ONCE. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001443.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Sobre permiso de conducir y expectativas de trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000583.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Relativa al disfrute del permiso de maternidad por los funcionarios, según se contempla en el
Plan integral de apoyo a la familia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001554.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Relativa a la adopción de medidas que ayuden a paliar la situación de los trabajadores afectados por la exposición al amianto. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001740.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 DE DICIEMBRE DE 2002.—NÚM. 660
— Relativa al análisis de la necesidad o no de contar con un profesional auditor para la realización del informe económico-financiero obligatorio para la presentación de los expedientes de
regulación de empleo. Presentada por el Grupo Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001684.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— SOBRE LA REFORMA INSTITUCIONAL DE
LA ONCE. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001443)
Me parece que el señor Ruiz quería plantear una
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Sí, con brevedad. Retiramos la proposición no de ley relativa a la
reforma de la ONCE. Sencillamente vamos a dar una
oportunidad a este Gobierno y al nuevo ministro, puesto que se han comprometido a crear una especie de
comisión, que es lo que más o menos veníamos planteando. Si en un plazo razonable no hubiera resultados,
desde luego les puedo garantizar que este portavoz y
este grupo parlamentario volveríamos a la carga con
este tema. Pero en este momento retiramos esta proposición no de ley por lo que acabo de explicar.
El señor PRESIDENTE: Retirada por el grupo
autor de la iniciativa, naturalmente se elimina del orden
del día el punto primero, que era la proposición no de
ley sobre la reforma institucional de la ONCE. Dicha
iniciativa ya no quedará pendiente de ser tramitada,
puesto que no se trata de un aplazamiento, sino de la
retirada de la misma.
— SOBRE PERMISO DE CONDUCIR Y EXPECTATIVAS DE TRABAJO. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000583)
El señor PRESIDENTE: Seguimos sobre el punto
segundo, sobre permiso de conducir y expectativas de
trabajo, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
Señalo a SS.SS. que la votación, teniendo en cuenta
la retirada del primer punto, no tendrá lugar antes de
las doce de la mañana, hora a la que probablemente
hayamos terminado el orden del día.
Para exponer la proposición no de ley a la que me he
referido, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para
mandatar al Gobierno que elabore y ponga en marcha
un plan en virtud del cual se facilite la obtención del
permiso de conducir en sus diferentes categorías, con
el objetivo de preparar en mejor forma a dos colectivos
de los más afectados en cuanto al desempleo. Como
todos sabemos, el desempleo en nuestro país sigue
siendo la primera preocupación de los españoles. En
los últimos meses estamos viendo cómo, aunque en
cantidades no muy grandes pero sí preocupantes, el
desempleo está creciendo y afecta nuevamente a estos
dos colectivos a que hace referencia la iniciativa, al
colectivo de jóvenes y al colectivo de mujeres.
Paralelamente, nuestro país está transformando el
empleo, el empleo industrial está en declive y se está
creando nuevamente empleo en el sector de servicios.
Y en ese sector de servicios, señorías, a la hora de
encontrar empleo, uno de los factores importantes es
Estamos asistiendo al debate, de los autónomos
dependientes, y ustedes saben que en un porcentaje
altísimo es gente que se dedica al reparto y a la distribución y que para poder conseguir un empleo es cuestión sine qua non tener carnet de conducir. En ese sentido, lo que planteamos en esta iniciativa es que desde
el Gobierno se elabore un plan para que, a través de la
formación profesional ocupacional, se facilite a estas
personas, la posibilidad de obtener el carnet en las distintas modalidades, bien sea el común, el más básico,
que facilita la posibilidad de que las personas tengan
movilidad, máxime en las grandes ciudades, donde el
empleo que se está generando no es en la propia ciudad, sino en los alrededores. Las modalidades C y D
permiten conducir furgonetas, incluso en algunos casos
cabría la posibilidad de que, aquellos parados que tengan el carnet normal, que sirve para vehículos y pequeñas furgonetas, pudieran tener acceso a esa formación
y obtener así el carnet de primera, a efectos de que
pudieran conducir autobuses o pudieran acceder a un
empleo de transporte por carretera.
En ese sentido plantea mi grupo la iniciativa. Creo
que el peso del empleo en el sector de servicios, como
decía con anterioridad, hace especialmente necesario
este aspecto. Sé que en algunas comunidades se han
tomado algunas iniciativas en este sentido destinadas a
algunos colectivos, pero, dada la situación que tenemos, creo que sería interesante hacerlo a mayor nivel.
Pienso que toda la sociedad está convencida de que
en estos momentos la formación continua, la formación ocupacional debe ser un objetivo prioritario de
empresarios y trabajadores, pero también nosotros,
como legisladores, al igual que el Gobierno como tal,
debemos tener como objetivo el mejorar esa calidad de
la formación y también adaptar esa formación en función de las necesidades. Yo siempre he dicho que en
nuestro país estamos haciendo dos tipos de formación:
una, que es la formación continua, que con todos sus
aspectos mejorables, que los hay, es una formación de
calidad muy adecuada. El acuerdo de formación continua del año 1994 fue un paso histórico para los trabajadores en este país; hay que ir mejorándola cada día,
pero que es una formación válida y está demostrando
su eficacia por una sencilla razón, porque es una formación a medida, sucede como con aquel señor que se
va a hacer un traje a medida, evidentemente le queda
bien el traje porque lo han hecho expresamente para él.
Con la formación continua pasa lo mismo. Como se
adecua a la empresa, al colectivo de trabajadores, al
sector al que va destinado, es una formación eficaz.
¿Qué tenemos que mejorar? La formación ocupacional, porque en los últimos años nos hemos dedicado a
hacer formación tipo, nos hemos dedicado a elaborar
un plan y a tener varios tipos de formación, para torneros, audiovisual, informática, etcétera. Siguiendo con
el mismo ejemplo del traje, es como si fuéramos al El
Corte Inglés a comprar un traje que se hace en serie.
Pues bien, señorías, creo que cada vez debemos hacer
un mayor esfuerzo para adecuar la formación ocupacional a los parados y a las deficiencias que esos parados tienen para volverse a insertar en el mundo laboral.
Y la obtención del carnet de conducir en estos momentos creo que es fundamental, que ayudará a que los
parados tengan una posibilidad mayor de encontrar una
oferta de trabajo adecuada. Hemos de decir que en las
demandas de empleo del INEM, en un porcentaje muy
elevado es condición sine qua non tener carné de conducir.
Por ello, mi grupo parlamentario, viendo esa necesidad, hemos presentado esta iniciativa, que tiene dos
objetivos fundamentales: para acceder a su actividad
profesional conduciendo su propio vehículo, que creo
que es fundamental, como argumentaba anteriormente,
no sólo para poder desarrollar el trabajo, sino incluso
para su propia movilidad; y para acceder a un empleo
que requiera carné de conducir como condición indispensable.
Por eso la proposición no de ley consta de tres puntos, donde se expone con claridad. Se insta al Gobierno
para que elabore y ponga en marcha un plan en virtud
del cual se contemple facilitar la obtención del carné de
conducir en sus diversas modalidad a los jóvenes en
busca de su primer empleo y a las mujeres que estén en
ese supuesto o en el de paro de larga duración. A todos
nos preocupa el empleo de las mujeres, porque el paro
se está incrementando en los últimos meses. Las tasas
de actividad femeninas, son menores y es imprescindible que las fomentemos, y creemos que ésta es una
forma de hacerlo. En el segundo punto nosotros hablamos de que se instrumentará esta fórmula en colaboración con la Federación nacional de autoescuelas de
España, firmando los convenios necesarios para que los
cursos correspondientes de formación teórica y práctica puedan ser incluidos en planes de formación profesional ocupacional, y obtener así parte de la financiación necesaria para la obtención de los permisos
correspondientes. Y como tercer aspecto, que se establezca la condición de acceso a esta financiación en
función de las circunstancias que concurren en cada
caso, asegurando que se trata de parados registrados en
el INEM con dificultades objetivas de inserción laboral, fracaso escolar, etcétera, y valorando el aumento de
la empleabilidad que ofrecería esta formación. En ese
sentido, creo que está bien detallado lo que pretendemos en esta iniciativa. No creo que necesitemos explicitar más cuáles son las necesidades. Creo que debemos empezar todos a preocuparnos por las tasas de
desempleo, que están nuevamente creciendo en nuestro
país. Todas aquellas fórmulas que ayuden a la mejor
empleabilidad de los parados creo que debería merecer
el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Señorías, con esta iniciativa seguro que no lograremos eliminar o rebajar las tasas de desempleo de forma
significativa, pero estaremos arrimando el hombro,
como se dice socialmente, para conseguir que esas
tasas de desempleo no crezcan, sino que disminuyan.
Ésa es la intención que tiene mi grupo al traer esta iniciativa aquí hoy a debate. Espero que el grupo mayoritario, el Grupo Popular, tenga sensibilidad para tomar
en consideración esta iniciativa; al fin y al cabo, señorías, estamos hablando de mandatar al Gobierno para
que elabore un plan y tome una serie de medidas. Tampoco es un compromiso táctico, una cosa son los mandatos y luego está en la voluntad política del Gobierno
el cumplirlos.
Espero conseguir los votos del Partido Popular para
que por lo menos esta iniciativa se tome en consideración, y el Gobierno, en estos términos o en otros que
considere oportunos, que establezca esta medida dentro de los planes de formación ocupacional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Con brevedad, señor presidente. Simplemente voy a apoyar la
proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista, convencidos de que en estos momentos
el paro nos golpea de manera brutal.
Ayer, en una moción que se debatió había en la
Cámara, di algunos datos. Un dato significativo es que
en los últimos cuatro meses la media de puestos de trabajo que estamos destruyendo es de mil diarios. Yo creo
que éste es un problema que no solamente hay que
afrontar con palabras, sino con hechos. No cabe duda
que el carnet de conducir facilita el acceso al mercado
de trabajo, sobre todo a un sector de población, el de
los jóvenes. No cabe duda que la situación económica
de esta juventud impide en muchos de los casos el
acceder a ese carnet de conducir. Yo creo que éstas son
las pequeñas cosas que nos pueden hacer creíbles y que
pueden hacer que cambie la tendencia que en estos
momentos hay en los parámetros y las tasas que se nos
facilitan mes a mes. Repito, creo que son estas pequeñas cosas las que nos pueden hacer creíbles y cambiar
esa tendencia. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, pensando que efectivamente se necesitan iniciativas de estas características para acabar en
estos momentos con la lacra que nos sacude a la sociedad, de una manera brutal, que es el paro, como he
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unión, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, esta iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista y en concreto la diputada señora López i Chamosa, incide sobre un aspecto de la vida cotidiana de los
ciudadanos del Estado español que es importante para
mejorar las posibilidades de muchas personas que pretenden incorporarse al mercado de trabajo, como es el
tener el carnet de conducir. Por lo tanto, cualquier
medida que mejore lo que hoy ya se ha convertido en
una necesidad social, en un aspecto central de la vida
cotidiana de las personas, cualquier acción del Gobierno que dé respuesta a los problemas que tienen determinados colectivos tienen para acceder a este instrumento tan fundamental, va a contar con nuestro apoyo,
coincidiendo con los aspectos de fondo que se han
planteado por parte del grupo proponente.
Mi grupo hace un momento acaba de facilitar una
enmienda, que ahora formulo in voce, a los grupos parlamentarios, para incorporar a esta proposición no de
ley a otro colectivo de ciudadanos con otro tipo de dificultades para acceder al carnet de conducir; también
para estos ciudadanos el carnet de conducir es un elemento central para su incorporación al mercado de trabajo. Estoy hablando de los ciudadanos extranjeros con
permiso de residencia que provienen de Estados con
los que España no tiene convenio de homologación del
carnet de conducir. Personas que en su país pueden
haber obtenido un carnet de conducir, pero que el
marco legal vigente tan solo les da una validez de seis
meses. Una vez superados los seis meses, estas personas, para poder conducir con carnet de manera legal,
necesitan sacarse el carnet de conducir español.
En Cataluña se ha planteado ya desde hace tiempo
una inquietud por parte de estos colectivos de ciudadanos extranjeros, especialmente personas que trabajan
en sectores como la agricultura, la construcción y la
hostelería, que tienen necesidad de desplazarse y que
muchas veces se desplazan sin carnet de conducir, con
todos los problemas de orden legal y orden práctico que
se derivan de esta situación. En el caso de Cataluña,
tanto el Gobierno de la Generalitat como diversos consejos comarcales de diverso signo y orientación política, por ejemplo, el consejo comarcal de mi comarca,
gobernado por el Partido Socialista, han puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a facilitar esa obtención del carnet de conducir. Hoy, por ejemplo, en el
marco de Cataluña, la Delegación Territorial del
Gobierno de la Generalitat en Girona, la Prefectura de
Tránsito, dependiente del Estado, en Girona y la Asociación catalana de autoescuelas de las comarcas de
Girona están elaborando un convenio que pueda permitir que esas personas, con un poco de conocimiento de
la lengua castellana o de la lengua catalana, puedan
acceder a mecanismos para superar esas pruebas de
acceso al carnet de conducir en igualdad de condiciones que los ciudadanos del Estado español. Se trata de
impulsar una política que pueda permitir también a
estos colectivos de personas que tienen el carnet de
conducir en su país de origen, pero que no se les ha
homologado, o que su país no tiene un convenio de
homologación del carnet de conducir con España, el
acceso a dicho carnet; se trata de introducir una política, en colaboración con las autoescuelas, que pueda
permitir el acceso al carnet de conducir en condiciones
de igualdad, reconociendo la dificultad que tienen para
utilizar en estos primeros tiempos de presencia en
España el catalán, el castellano u otra de las lenguas
oficiales que se hablan en el Estado español.
En este sentido planteamos esta enmienda in voce,
que plantea añadir al final del primer punto lo siguiente: y los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia de los Estados con los que España no tenga convenio de homologación del carnet de conducir. Añadir
al final un nuevo punto que dijese que el Gobierno promoverá con las comunidades autónomas todas aquellas
medidas que permitan superar, en igualdad de condiciones, las correspondientes pruebas para acceder al
permiso de conducir para aquellos ciudadanos extranjeros con permiso de residencia y con dificultades en el
uso de las diversas lenguas que se hablan en España.
Nos parece que esta enmienda complementa una problemática que nos plantea el Grupo Socialista y que
afecta a la vida cotidiana de muchas personas trabaja-
doras y que, por tanto, es bueno que desde las Cortes se
impulse una determinada acción de Gobierno.
Yo espero que el conjunto de los grupos, y especialmente el Grupo Socialista, puedan aceptar nuestra
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Buenos días a
todos. Yo querría decir en primer lugar, como no puede
ser de otra forma, que coincidimos con la esencia de
todo lo dicho aquí. Coincidimos con la esencia de que,
cómo no, debemos incorporar cada vez más la formación específica a los desempleados, en general a toda la
sociedad, pero a nosotros nos corresponde en este caso
a los desempleados, a las personas que buscan su primer empleo. Incorporar, como digo, más formación y
más formación específica para los cada vez más complejos puestos de trabajo especializados. Tampoco
puedo dejar pasar la oportunidad de decir que la proposición no de ley que hoy plantea el Grupo Socialista es
extraordinariamente floja. Lo digo con total respeto al
Partido Socialista y, cómo no, a su proponente. Es bienintencionada, no lo pongo en duda, pero extraordinariamente floja.
Antes de entrar en el contenido de la proposición,
querría hacer una matización. En uno de los párrafos,
porque no sólo es bueno leer la parte dispositiva de las
proposiciones no de ley sino también las frases que se
van adicionando en la exposición de motivos, se dice:
Todos los índices de desempleo en nuestro país indican
que el mismo golpea de una manera especial a los jóvenes y mujeres, tanto por lo que respecta a la búsqueda
de primer empleo como a la larga duración del paro.
También nos lo recordaba el portavoz de Izquierda
Unida, insistiendo con especial vehemencia en que el
paro golpea a nuestro país.
¿Cuál debiera ser la declinación superlativa de los
datos de hace ocho o diez años, con tasas de desempleo
juvenil de menores de 35 años, como ustedes conocen,
superiores al 44 por ciento, que hoy están cerca del 20
por ciento? Que no es el mejor de los mundos, estamos
totalmente de acuerdo, pero estamos convencidos de
que vamos por el buen camino, que estamos deslizándonos por el camino correcto y que estamos reduciendo de una manera notable las tasas de desempleo en
general, en todos los tramos de edades, y por supuesto
por debajo de los 35.
Yo quiero manifestar que no podemos aceptar de
ninguna manera verbos como los expuestos. El paro
nos afecta a todos, pero no es la manera adecuada de
explicarlo en estos momentos, con expresiones tales
como que el paro golpea a nuestro país. Para ello únicamente les pido que hagan una relectura de los datos
de afiliación a la Seguridad Social para, en la búsqueda
de una mejor sintaxis, encontrar el verbo adecuado.
Entrando en la proposición no de ley, la portavoz del
Partido Socialista nos mandata que elaboremos un
plan. Existe un plan, inscrito en la mejora de la formación profesional ocupacional de los trabajadores
desempleados, que se llama, para aquel que no lo sepa,
Este Plan nacional de formación e inserción profesional promueve acciones formativas que tengan por objeto proporcionar a los trabajadores desempleados las
cualificaciones requeridas por el sistema productivo e
insertarles laboralmente cuando los mismos carezcan
de formación profesional específica o su cualificación
resulte insuficiente o inadecuada. Es decir, en tres frases bien montadas, bien escritas, se reduce la esencia
de la intervención de los anteriores portavoces parlamentarios de los Grupos Socialista, Izquierda Unida y
Convergència i Unió. Es decir, ya tenemos un plan que
proporciona a los trabajadores desempleados las cualificaciones requeridas por el sistema productivo para
insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan
resulte insuficiente o inadecuada.
¿Cómo se programan estos cursos? Anualmente, el
INEM o, en su caso, las comunidades autónomas con
esta competencia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valencia; es decir, todas menos País Vasco, Ceuta y Melilla)
elaboran la programación de los cursos con sujeción,
en todo caso, a los objetivos establecidos en la planificación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de acuerdo con las necesidades de formación en las
diferentes regiones y sectores productivos. Es decir, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, las comunidades autónomas plantean planes, porque para eso
tienen la competencia, salvo que el federalismo quiera
quitar la competencia a las comunidades autónomas
actuales, sobre un marco que plantea el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Entre otros muchos cursos
de toda suerte y razón, este plan que ya ha puesto en
marcha el Gobierno, tiene cursos como los siguientes.
Los resumiré para no ser muy extenso: conductor de
autobuses (grupo C2), conductor de autocares (grupo D),
y conductor de camiones (grupo C1). Es decir, C1, C2,
D y autobuses. Se dirá que que no tiene mucho éxito,
que a casi nadie le interesa este tipo de cursos. Pues el
año pasado, con relación al curso de conductor del
grupo C2, fueron 639 las personas que acudieron y
accedieron a este curso, de los cuales se colocaron en
seis meses 534, con un 83,7 de porcentaje de éxito en
la colocación. En cuanto a conductor de autocares,
grupo D, 790 fueron los formados, se colocaron 656,
con un 83,04 de porcentaje de colocación. Y con relación a conductores de camiones, grupo C1, 664 fueron
los formados, 516 los colocados, con un 77,71 de porcentaje de colocación. Mayor éxito, si cabe, hubo en el
curso de conductor de autobuses, habida cuenta de que
éste ya se inscribe en las especialidades de alta inserción, donde la contratación mayoritaria se produce no a
los seis, sino a los tres meses: de 190 formados en conducción de autobuses se contratan 166, con un 87,4 de
inserción. Es decir, hay un plan que es específico justamente en aquello que plantea la proposición no de ley
que hoy nos presenta el Partido Socialista. Por eso
decía, y lo digo con total respeto una vez más, que la
proposición era bastante floja.
Con relación a la segunda cuestión que es de interés
en la proposición que nos plantean, ustedes hacen especial hincapié en dos colectivos: los jóvenes en la búsqueda del primer empleo y las mujeres. Nosotros no
podemos entender por qué hacen esta discriminación o
esta restricción, habida cuenta de que el plan que ya
está en vigor tiene un abanico mucho más amplio; por
lo tanto, parece poco razonable restringirlo. El plan en
vigor plantea los cursos para todos los trabajadores
desempleados, teniendo especial preferencia aquellos
desempleados perceptores del subsidio por desempleo,
los desempleados mayores de 25 años, en especial los
que lleven inscritos más de un año como parados, los
desempleados menores de 25 que hubiesen perdido un
empleo anterior de al menos seis meses, los demandantes de primer empleo cuando las empresas se comprometan a contratar, como mínimo, al 60 por ciento de
los alumnos afectados —de ahí los convenios entre las
comunidades autónomas y las distintas empresas— o
los desempleados con especiales dificultades para su
inserción o reinserción laboral, en especial mujeres que
quieran reinsertarse a la vida activa, minusválidos o
emigrantes. Por lo tanto, el debate relativo a intentar
incorporar factores de especialización en la búsqueda
de empleo ya está recogido en el plan que en estos
momentos está en vigor en nuestro país.
Poco más queda por decir. En la búsqieda de datos
—porque les puedo comentar que ha sido extraordinariamente sencillo preparar esta respuesta a su proposición no de ley— pensamos que a lo mejor es que el Partido Socialista ha detectado una caída en picado del
número de carnets de conducir que se van expidiendo
cada año, pero no es así. En el año 2001 se ha expedido
idéntico número de carnets que, por ejemplo, en el año
1994. En 1994 se expidieron 564.000 carnets de conducir y en 2001, 561.000. Por lo tanto, la diferencia en
ocho años es prácticamente inexistente, es decir, los
ciudadanos siguen resolviendo su inquietud de tener el
carnet de conducir para las múltiples funciones de la
vida y, por lo tanto, lo vienen haciendo con normalidad.
Sí quiero decir, ya para finalizar, que hay una cuestión que no es menor. No es menor que de las 560.000
personas que consiguen el carnet de conducir, más del
50 por ciento tienen menos de 29 años. Es decir, como
la mayoría de nosotros, las personas que hoy siguen
sacándose el carnet de conducir lo hacen en una edad
muy temprana. Muchos chavales de 16 ó 17 años están
deseando tener 18 ó 20 años para sacar su carnet de
conducir. Y esto es lo que sigue ocurriendo en el día de
hoy, como digo, con un porcentaje superior al 50 por
ciento. Pero no es menos importante darse cuenta,
desde luego con enorme tristeza y con enorme preocupación desde los cargos de responsabilidad política, de
la sangrante siniestralidad de los jóvenes. Por lo tanto,
con relación a la propuesta de abaratar de una manera
extraordinaria la consecución del carnet del conducir,
debemos de ser extraordinariamente prudentes, porque
no nos parece en este momento que sea una extraordinaria idea, no nos parece que sea encontrar la arcadia
feliz el que toda suerte de chavales jóvenes tengan un
acceso fácil y extraordinariamente sencillo a un carnet
de conducir que, desgraciadamente, por culpa probablemente de todos nosotros, por culpa de la sociedad,
por culpa de múltiples factores, está produciendo una
sangrante tasa de siniestralidad que creo que a todos
nos debe preocupar muy profundamente.
Sin más, tengo que decirles que, por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular no podrá aprobar la
propuesta que hoy nos hace el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar exclusivamente si acepta o no la enmienda planteada por el
Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Aceptamos la
enmienda del portavoz de Convergència i Unió. Y al
portavoz del Grupo Popular quiero decirle que debería
conocer un poco mejor la realidad, en lugar de leer lo
que le escriben, y así no diría las barbaridades que ha
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa,
no reabra el debate.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Sí, señor presidente, pero por lo menos deberíamos de atenernos a la
El señor PRESIDENTE: No, señoría, no volvamos
a abrir el debate. Ha terminado, señoría, y ahí queda
hecha su manifestación.
— RELATIVA AL DISFRUTE DEL PERMISO
DE MATERNIDAD POR LOS FUNCIONARIOS, SEGÚN SE CONTEMPLA EN EL
PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001554.)
El señor PRESIDENTE: Abordamos el tercer punto
del orden del día, que es la proposición no de ley relati-
va al disfrute del permiso de maternidad por los funcionarios, según se contempla en el Plan integral de apoyo
a la familia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Moreno.
Por todo lo expuesto, mi grupo se congratula y nos
felicitamos de que esta iniciativa haya tenido consecuencias positivas, y por lo tanto, dejo en este momento la iniciativa sin efecto por cumplimiento de su objetivo.
La señora MORENO SIRODEY: Muy brevemente
voy a exponer que el Real Decreto 1251/2001, de 16 de
noviembre, que desarrolla el Plan integral de apoyo a la
familia, recoge la posibilidad de disfrutar de 10 de las
16 semanas de descanso de maternidad retribuido a
tiempo parcial. Es decir, que tras las 6 semanas postparto de descanso obligatorio, la madre trabajadora
puede optar por continuar otras 10 semanas de baja
maternal, o bien incorporarse al trabajo en horario de
media jornada durante 20 semanas. La medida intenta
compatibilizar la vida familiar y laboral, y evitar la desvinculación respecto al empleo mientras se atiende al
bebé. No obstante, hay que tener en cuenta que para el
disfrute de este permiso de maternidad a tiempo parcial
es imprescindible el acuerdo previo entre el empresario
y la trabajadora afectada, porque este permiso no es un
derecho automático. Pero con todas las condiciones
expuestas anteriormente, los funcionarios y las funcionarias eran excluidos de este permiso a tiempo parcial,
pues en el real decreto al que hacíamos alusión antes
sólo se alude al Estatuto de los Trabajadores y no menciona a los funcionarios que, como todos sabemos, se
rigen por la Ley de reforma de la Función pública
Ante esta injusticia que se comete en el decreto, en
el que se excluye al funcionariado de la posibilidad de
disfrute de este permiso de maternidad a tiempo parcial, mi grupo planteó la iniciativa que estamos viendo
ahora mismo. Tengo que decir que me congratula el
haber podido comprobar que el Gobierno ha sido sensible a la iniciativa del Grupo Socialista, y un año después reconoce el derecho a los funcionarios de poder
disfrutar del permiso de maternidad a tiempo parcial,
igual que el resto de los trabajadores, incluyendo en el
proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y
de orden social para el año 2003 la modificación del
apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la Función pública. De esta manera los funcionarios podrán disfrutar
del permiso de maternidad a tiempo parcial en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Nada
que objetar, salvo que durante más de un año el funcionariado ha sido excluido, en manifiesto quebranto del
principio de igualdad de trato, de la posibilidad de
compatibilizar la vida familiar y laboral, privándole de
la posibilidad del disfrute de este permiso. De esta
manera, más de dos millones de empleados públicos,
entre los que hay una gran mayoría de mujeres, se han
visto discriminados y limitados a la hora de poderse
acogerse al plan de apoyo a la familia.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Catalán de
Convergència i Unión desea intervenir? (Pausa.) Señor
El señor CAMPUZANO I CONADÉS: El hecho
del anuncio del decaimiento de la iniciativa por parte
de la portavoz del Grupo Socialista quizá nos ahorraría
a los grupos el poder intervenir, pero, señor presidente,
mi grupo no puede dejar de recordar que en su momento el Gobierno de la Generalitat, en uso de sus competencias, aprobó una ley orientada a facilitar esta compatibilidad de la vida familiar y laboral para los
funcionarios de las administraciones catalanas. Esta ley
permite que los funcionarios catalanes con hijos menores de un año puedan reducir una tercera parte su jornada laboral, sin que ello les suponga recorte salarial.
Además la ley permite reducir la jornada cobrando el
80 por ciento del salario a quienes tengan un familiar
discapacitado o un anciano con invalidez a su cargo.
Esta ley va a tener un coste para las administraciones
públicas de cerca de 120 millones de euros y va a afectar a las más de 200.000 personas que son funcionarios
de las administraciones catalanas, la Administración
nacional de Cataluña, la Generalitat, la Administración
municipal y las administraciones de las provincias.
Todo ello nos indica, junto con las decisiones que toma
el Estado en su marco normativo, que el conjunto de
los instrumentos públicos a nuestro alcance se orienta
precisamente a facilitar y a compatibilizar esa vida
Yo creo que la ley que aprobó en su día el Gobierno
de la Generalitat era una ley potente, una ley activa y
una ley que puede inspirar al conjunto de las administraciones públicas del Estado en esa materia.
La señora REYES MIRANDA: En principio, dado
que se retira la proposición no de ley, no pensaba intervenir, pero dado el motivo de esa retirada, quiero decir
simplemente unas palabras, porque el Grupo Popular
no puede permitir que el Grupo Socialista o los demás
grupos se estén adjudicando que la concesión a los funcionarios de la jornada a tiempo parcial por permiso de
maternidad sea gracias a la intervención, al apoyo o a
las ideas que han presentado anteriormente el Grupo
Socialista o cualquier otro grupo. El Partido Popular
lleva mucho tiempo, desde el principio, trabajando por
mejorar la calidad de vida de todos los españoles, y por
lograr la estabilidad de todos ellos. Ha sido una acción
continuada del Grupo Popular desde un principio,
desde el Plan de apoyo a la familia 2001-2004. La última reforma vigente es el Estatuto de la Función pública, en el cual se establece que la jornada parcial la pueden también disfrutar los funcionarios.
Yo creo que adjudicarse hechos en los que lleva trabajando el Partido Popular desde hace muchos años no
es lo correcto. Por eso quería dejar claro que, aunque
nosotros no pensábamos intervenir, queremos defender
el trabajo del Grupo Popular durante muchos años, un
trabajo continuado. Según la sociedad vaya cambiando
y vaya mejorando, iremos llevando a cabo poco a poco
todas las reformas necesarias para conseguir la conciliación de la vida familiar y laboral.
— RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
QUE AYUDEN A PALIAR LA SITUACIÓN DE
LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA
EXPOSICIÓN AL AMIANTO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001740).
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del
orden del día, abordamos el siguiente, que es la proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la adopción de medidas que ayuden a paliar la situación de los trabajadores afectados
por la exposición al amianto. Para la defensa de la
misma, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señorías, voy a
comenzar mi intervención con una afirmación dura
pero real y que está aceptada ya universalmente por
todos los especialistas y organismos oficiales: El
amianto mata, es sólo cuestión de tiempo. Por desgracia, esta frase, que ha sido eslogan durante mucho tiempo por parte de sindicatos y trabajadores de multitud de
empresas, hoy, como hemos dicho al principio, está
totalmente aceptada por los especialistas en la materia.
La Agencia americana de protección del medio
ambiente, el Centro internacional de investigación
sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud
y el Comité científico sobre toxiocología, ecotoxicología y medio ambiente de la Comisión Europea reconocen que todos los tipos de fibra de amianto son un agente cancerígeno de primera categoría para el hombre.
Después de su inhalación, el polvo de amianto es o
puede ser el origen de enfermedades pulmonares, de
mesoteliomas malignos de la pleura y del peritoneo,
del cáncer de laringe o de asbestosis, por citar sólo las
afecciones más graves. Y si insistimos en esto es porque durante mucho tiempo, en nuestro país, jueces,
abogados, médicos especialistas y médicos de empresa
han negado, creemos que fundamentalmente por cuestiones económicas, la relación entre la exposición al
amianto y este tipo de enfermedades.
El día 7 de diciembre de 2001 se aprobó la orden por
la que se prohibía la utilización, la producción y la
comercialización del amianto en España, orden que
apareció en el BOE del 14 de diciembre del año pasado. No obstante, esta prohibición sólo soluciona una
parte del problema, ya que en la actualidad existen
miles de trabajadores que han estado e incluso que
están aún expuestos a esta sustancia cancerígena como
consecuencia de su actividad laboral. En España hay
más de 60.000 trabajadores que han estado expuestos
directamente a importantes niveles de concentración de
fibra de amianto. Según el Centro Nacional de Epidemiología, esta exposición está produciendo un promedio de más de 1.000 muertes al año por cáncer de pulmón, pleura o asbestosis. En el año 2000, por poner un
ejemplo, fallecieron 150 personas por cáncer de peritoneo, 345 por cáncer de pleura, 215 por cáncer de pulmón, 120 por cáncer de tracto gastrointestinal y 200
por asbestosis. En total fallecieron 1.030 personas. Los
expertos aseguran que, dado que el período de latencia
promedio es de 30 años y teniendo en cuenta que fue
en 1973 cuando en nuestro país se produjo la mayor
cantidad de amianto importado, es de esperar un progresivo aumento de la mortalidad en los próximos años.
Prevén que en los próximos 30 años se pueden producir alrededor de 50.000 fallecimientos debido a la exposición de este agente cancerígeno. En el conjunto de
Europa se esperan alrededor de 500.000 fallecimientos
en los próximos 30 años. Por eso hay bastantes países,
la mayoría de los países de nuestro entorno, que ya
están tomando medidas para paliar esta situación.
Nosotros, ante esta situación, creemos que es necesario que el Gobierno adopte medidas de acompañamiento, medidas complementarias a la prohibición,
para ayudar a paliar la situación de esos miles de trabajadores afectados y la de sus familias. Con ello reconocemos que no somos originales; nos unimos al acuerdo
adoptado por la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el pleno celebrado el pasado día
26 de junio, que leo textualmente y que me gustaría que
el grupo parlamentario que apoya al Gobierno tuviese
en cuenta. En el acta de dicha comisión se dice textualmente: La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo estima conveniente transmitir a los órganos
competentes de las administraciones públicas la necesidad de que se adopten las medidas pertinentes que
redunden en minimizar el impacto económico y social
derivado de la prohibición de la utilización y comercialización del amianto crisotilo establecida en la orden
del Ministerio de la Presidencia de 7 de diciembre
de 2001, publicada en el BOE de 14 de diciembre
de 2001».
En este sentido, desde el Grupo Socialista instamos
al Gobierno a que adopte ya, de manera inmediata, una
serie de medidas que, según el Gobierno, en respuesta
a una pregunta escrita de un diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dice tener
previstas y que están debatiéndose en el denominado
grupo de trabajo amianto, creado en el seno de la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nosotros no sabemos si será cierto o no que las tiene
previstas. La forma de averiguarlo será la votación final
de esta proposición no de ley, viendo si el grupo que
apoya al Gobierno aprueba estas iniciativas que, vuelvo
a repetir, son prácticamente las mismas que el Gobierno dice tener previstas. No sabemos si es cierto o no
que las tiene previstas, pero lo que no es cierto es que
se estén debatiendo en el grupo de trabajo. Creemos
que no es honesto mentir o engañar a un colectivo de
personas que, yo personalmente he comprobado in situ,
están profundamente preocupadas por algo tan importante como es su salud, y que saben que tienen un final
El día 8 del pasado mes de enero, en respuesta a la
pregunta mencionada antes, el Gobierno afirma —y lo
pueden comprobar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales número 298, de 4 de febrero—, que se están
tratando tres temas directamente relacionados: un programa nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos al amianto, una serie de
medidas de acompañamiento a dicha prohibición y el
desarrollo normativo adecuado a esa nueva situación.
Pero unos días después, el día 23 de enero, en la reunión del grupo de trabajo, y según consta en el acta, el
portavoz representante de la Administración general
del Estado, señor don Enrique González Fernández,
expresó —vuelvo a leer palabras textuales del acta—
que no era adecuado hacer un tratamiento pormenorizado de todos los puntos propuestos como medidas de
acompañamiento a la prohibición del amianto por ser
este grupo de trabajo eminentemente técnico. Nosotros, desde luego, no entendemos el porqué de esta actitud y no entendemos por qué en un grupo de trabajo
creado ad hoc no se puedan debatir, no se puedan hacer
propuestas o, dicho de otra forma, no se puedan tener
en consideración, las propuestas que tanto fuerzas sindicales como empresarios hacen en él. De todas formas, nosotros nos inclinamos a creer que realmente el
Gobierno sí tiene previstas tales medidas y, por ello, le
instamos a que las ponga en marcha.
Le instamos, en primer lugar, a que ponga en marcha
con carácter urgente el programa nacional de vigilancia
de la salud para los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Para lo cual es necesario, primero, identificar la población de alto riesgo para detectar situaciones sobre las que actuar preventivamente y,
posteriormente, descubrir el posible daño en la salud
producido por su exposición y desarrollar métodos de
tratamiento, rehabilitación y prevención. Para ello es
necesario crear unidades específicas destinadas a realizar controles médicos preventivos en todas y cada una
de las comunidades autónomas a las que puedan acudir
los trabajadores para realizar los reconocimientos
periódicos que obliga la normativa.
La Orden ministerial de 26 de julio de 1993 establece en su artículo 13, apartado 5, que, habida cuenta del
largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con antecedentes
de exposición al amianto que cese en la actividad con
riesgo, ya sea por jubilación, cambio de empresa o
cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo mediante reconocimientos periódicos
realizados con cargo a la Seguridad Social en servicios
de neumología que dispongan de medios adecuados de
exploración funcional respiratoria u otros servicios
relacionados con la patología del amianto. Creemos,
como ya hemos dicho, que para cumplir con este mandato legal es necesario la creación de dichas unidades,
dotándolas, por supuesto, de los medios humanos y técnicos adecuados para que se puedan realizar estos reconocimientos médicos ajustándose al protocolo de vigilancia sanitaria específica para el amianto elaborado
Asimism,o instamos al Gobierno a que adopte una
serie de medidas de reparación e indemnización de las
personas afectadas a través de tres dispositivos básicos:
primero, flexibilizando los criterios para el reconocimiento de enfermedad profesional. En la actualidad
determinadas enfermedades relacionadas directamente
con la exposición al amianto, como derrames pleurales,
engrosamientos y placas en la pleura, determinados
enfisemas, bronquitis crónica, etcétera, no están reconocidas como causa de incapacidad y, sin embargo,
todas ellas suelen provocar una merma importante de
la capacidad funcional en el trabajador post-expuesto.
Es necesario, por lo tanto, modificar el cuadro de enfermedades profesionales e incluir en él las provocadas
por el amianto. Tenemos que recordar que el cuadro de
enfermedades profesionales vigente en la actualidad es
del año 1978, año en que todavía prácticamente no se
sabían o no se estaban viendo las consecuencias de los
trabajos expuestos al amianto.
Segundo, la promulgación de una norma que permita la jubilación anticipada de los trabajadores expuestos al amianto. La mayoría de los países de nuestro
entorno, como Francia o Italia, tienen promulgadas
desde hace tiempo normas que posibilitan el adelanto
de la edad de jubilación para los trabajadores de este
colectivo atendiendo a la peligrosidad y toxicidad en el
uso y manipulación de las fibras. Incluso en nuestro
país sabemos que en determinadas profesiones, por su
riesgo y por su peligrosidad, ya existe la posibilidad de
Tercero, el establecimiento de un sistema público de
indemnizaciones para los afectados y la creación de un
organismo oficial, lo que nosotros denominamos el instituto para los afectados del amianto, que sería el encargado de tramitar y gestionar esas indemnizaciones. En
Holanda, por ejemplo, hace unos meses se creó un
organismo oficial de este tipo, el Instituto para las Víctimas del Amianto, en respuesta a las múltiples demandas que comienzan a presentarse como consecuencia
de exposiciones en las décadas de los años sesenta y
setenta. Consideramos que ante esta nueva y problemática situación de dimensiones aún desconocidas es
necesario homogeneizar las políticas reparadoras y
compensadoras, y sin lugar a dudas este organismo oficial sería el instrumento más válido para ello.
En síntesis, todas estas actuaciones se dirigen a
paliar en lo posible las consecuencias de esta actitud
relajada. Aquí no estamos haciendo culpable a ningún
gobierno, pero sí es cierto que hay que reconocer una
actitud relajada, que es lo que intentamos paliar, una
actitud relajada del Estado español durante mucho
tiempo en relación con esta sustancia cancerígena, al
no haber actuado bajo el principio de precaución en la
elaboración de alarmas proteccionistas que deberían
haber sido fundamentalmente preventivas.
Por último debemos tener en cuenta que, aunque se
haya prohibido el uso, la producción y la comercialización de este mineral, en la actualidad hay multitud de
trabajadores expuestos a él, sobre todo por los trabajos
de desamiantado, de retirada del amianto instalado, y
que los potenciales afectados no son sólo los trabajadores que manipulan este material, sino que se pueden ver
afectadas también personas expuestas a la contaminación ambiental al vivir cerca de un lugar donde se utiliza el amianto o por trabajar en zonas en las que los productos del amianto están liberando fibras. Por ello es
necesario desarrollar una normativa adecuada a la
nueva situación, en la que se contemple, como mínimo,
la protección de los trabajadores dedicados a trabajos
de retirada y confinamiento del amianto, la protección
del medio ambiente y la protección de poblaciones contra la exposición pasiva. Nosotros confiamos en que,
dada la gravedad del asunto y dada la sensibilidad que
ante él está teniendo la mayoría de los países europeos
de nuestro entorno, todos los grupos de esta Comisión,
y fundamentalmente el grupo que con su mayoría tiene
el poder decisorio, la apoyen. Insisto en que el Grupo
Socialista no ha recogido en su propuesta todas las
medidas que creemos convenientes; sólo hemos recogido las medidas previstas por el Gobierno, porque creemos que si se aprueban, si se apoyan éstas y se ponen
en práctica van a ser muy importantes, y desde luego
creo que el Grupo Popular tiene una oportunidad de
demostrar esa frase que tanto el presidente del Gobierno como otros altos dirigentes en los últimos tiempos
están poniendo de moda, que es eso de predicar y dar
En el tema del amianto, documentalmente —insisto,
documentalmente— el Gobierno ha predicado y hoy
toca decidir si realmente da trigo o todo se queda en
simples palabras que, en definitiva, serían un gran
engaño a todo este colectivo afectado por el amianto.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, por el
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Una iniciativa
similar a la que acaba de defender el Grupo Parlamentario Socialista fue registrada el 9 de febrero de 2001
en la Cámara y debatida unos meses más tarde, con
resultado negativo debido a la mayoría del Gobierno.
En aquel momento la iniciativa se refería específicamente a los astilleros de carácter público, en concreto a
los dependientes de la SEPI, porque daba la casualidad
de que los trabajadores del antiguo Bazán, en particular
los de Ferrol, hoy IZAR, estaban muy preocupados por
los casos de asbestosis de amianto que se producían en
el centro de trabajo. Incluso los jueces de la ciudad
comenzaron a reconocer que la muerte o la grave enfermedad de algunos ex trabajadores de la factoría tenían
que ver con el amianto.
Las consecuencias de la inhalación del polvo de este
producto se comprueban 15 ó 20 años después de estar
sometidos a su contacto. Desde la esfera médica se
reconoce que es alta la incidencia de determinados
tipos de cáncer, en concreto en la comarca de Ferrol,
muy en particular los casos de mesoteliomas, y que
pueden tener que ver con determinadas actividades
laborales. El Comité de salud laboral de la factoría
ferrolana, a la altura de 9 de febrero del año 2001, había
reconocido 300 casos de asbestosis, de los cuales más
de 200 eran personas en activo. El uso del amianto,
como se sabe, fue desechado en la construcción de barcos en 1980, pero sigue habiendo trabajo en buques que
Hoy sabemos, es cierto, que existe una batería de
normas de seguridad y de manipulación, pero lo ocurrido antes, en 1986 específicamente, es lo que provoca
fundamentalmente los casos actuales de enfermedad o
muerte. Las centrales sindicales que conforman el
pleno del comité de empresa de IZAR, antigua Bazán,
aprobaron un plan de choque sobre la asbestosis que
trasladaron a la dirección del astillero. Es importante,
por lo tanto, que la Administración pública empiece
practicando con el ejemplo y, al tratarse de astilleros
dependientes de SEPI, tomara una serie de medidas
para enfrentar las consecuencias sanitarias creadas por
asbestosis y garantizara una política preventiva en la
salud laboral de sus trabajadores.
En aquel momento, cuando presentamos la proposición no de ley, nos referíamos específicamente a la
empresa IZAR. Afortunadamente la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista viene a generalizar algunas de las medidas que nosotros proponíamos,
pero tenemos que decir que a esta altura del año 2002,
en concreto finales de 2002, acabamos de recibir una
respuesta del Gobierno según la cual los astilleros de
Ferrol y Fene reúnen 448 de los casos del total de 561
registrados en el Estado español, según informa el
Gobierno en esta respuesta a la que acabo de aludir. El
Gobierno además, de forma temeraria, desecha toda
hipótesis de indemnizar a los trabajadores afectados, a
pesar de haberse producido su enfermedad por estar
expuestos a un material altamente peligroso en instalaciones estatales. No es suficiente, como se propone en
las respuestas del Gobierno, que se reconozcan las
prestaciones de la Seguridad Social, a las que obviamente tienen derecho, por enfermedades de carácter
profesional. Hay que indemnizar, y no es posible que la
única vía de conseguir indemnizaciones sea la judicial,
como ha ocurrido hasta ahora, con graves casos de discriminación, porque en unos casos los jueces sentencian una cosa y en otros, otra. El Gobierno tiene, por lo
tanto, que compensar a los trabajadores porque es una
cuestión de justicia elemental.
En este caso se dan la mano hasta ahora la insensibilidad del Gobierno ante un grave problema de salud
pública con la marginación en particular de los trabajadores de astilleros públicos, y muy en particular, como
vimos, en el caso de Ferrol, con 378 casos, en el caso
de Fene, con 70, en el caso de Cartagena, con 8, y en el
caso de San Fernando, con 5, según la respuesta del
Gobierno. Todos estos datos empíricos no justifican la
autocomplacencia de un gobierno y nos produce intranquilidad que en sus respuestas por escrito afirme que
existen suficientes medidas en la legislación vigente
para prevenir el peligro del amianto.
Por todo esto vamos a apoyar la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, que además nos
parece adecuada por su extensión a todos los casos de
trabajadores que puedan verse afectados por esta enfermedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda
Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: El Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unidad tiene registrada en esta
Comisión una proposición no de ley sobre esta materia
que, a tenor de lo visto y de lo aprobado posteriormente, quizás en su primer apartado se ha quedado obsoleta, puesto que efectivamente la Orden de 7 de diciembre prohibiendo la utilización del amianto hace que el
primer apartado de esa proposición esté desfasado.
Ahora bien, en todo lo que respecta al segundo apartado, que es a lo que hoy nos estamos refiriendo, tiene
plena vigencia, ya que se refiere a las consecuencias
que el amianto ha causado en un número importante de
trabajadores de España y de Europa. En ese sentido
debemos decir que la Unión Europea asegura, como se
cita en la proposición que hoy debatimos, que el amianto causará en los próximos 30 años 500.000 muertos en
Europa, 250.000 por cáncer de pleura y el resto por
cáncer broncopulmonar. Además de los trabajadores
que manipulan amianto o lo han hecho en el pasado, la
población que vive cerca de las fábricas y astilleros
donde el amianto se utiliza o que ocupa edificios que
tienen amianto en su estructura está expuesta a los
daños de este material.
El problema del amianto no genera mucho interés en
España, aunque sí preocupa mucho en otros países
europeos y se ha convertido en una epidemia. Nuestro
Gobierno tiene la obligación de atender la situación
sanitaria de los más de 30.000 trabajadores expuestos
al amianto durante su vida profesional, pero también
debe compensar a las víctimas y a las familias. Es necesario elaborar un plan para desmantelar las instalaciones y las fábricas de amianto que permita identificar las
instalaciones afectadas por este material y realizar las
operaciones en condiciones de seguridad para que no
se añadan más afectados a las cifras de entre 30.000 y
40.000 que ya han sufrido exposiciones peligrosas.
No es menos relevante denunciar a las empresas, a
las mutuas y a los médicos de empresa que han negado
de forma reiterada la relación que existe entre el amianto y la muerte de muchos trabajadores. El amianto
supone un grave problema que afecta de tres modos:
por un lado están los trabajadores en activo que continuarán manipulando amianto hasta 2005, pero también
se encuentran los trabajadores que han estado expuestos ya durante su vida profesional a este producto o los
trabajadores y la población en general que conviven
con el amianto instalado en edificios, en vagones, etcétera. Estos efectos hacen que el amianto sea, además de
un problema de salud laboral, un problema de salud
pública y de medio ambiente. Más de 50 millones de
toneladas de amianto recubren hoy tejados, paredes,
techos y tubos en edificios de toda Europa. En Francia
3 universidades permanecen cerradas por la presencia
de materiales de amianto; en Suiza se han detectado
más de 4.000 edificios con amianto en sus estructuras;
en España, sin embargo, se desconoce el número total
de edificios afectados por el amianto, lo que exigiría la
realización de un censo de edificios como paso previo a
su sustitución, así como un registro de empresas autorizadas para su retirada. De esta forma se evitaría que el
amianto sea retirado de forma peligrosa para los trabajadores, como ya ha ocurrido en instalaciones ferroviarias, estudios de televisión y radio o centros comerciales. Además de los edificios, basta un simple paseo para
descubrir multitud de objetos que utilizamos en la vida
cotidiana y que están fabricados con amianto, como
pastillas de freno, secadores, estufas, embragues, etcétera. En cuanto a sectores productivos, prácticamente
no hay ninguna actividad en la que pueda asegurarse
que los trabajadores no están expuestos al amianto,
aunque hay grupos profesionales en los que el riesgo es
mayor, especialmente entre los trabajadores de la
industria naval, los de fábricas de fibrocemento y los
dedicados a la reparación y retirada de material ferroviario. Los sindicatos han elaborado un censo de 314
empresas distribuidas por todas las comunidades autónomas que se dedican a la manipulación del amianto.
Pero además del uso habitual de este producto, afirman
que el amianto ha protagonizado alguno de los grandes
escándalos en materia de salud pública. Instalación de
fábricas y astilleros junto a núcleos poblados, acumulación de residuos, transporte inapropiado, sustitución
peligrosa de piezas de amianto son algunos de los usos
incorrectos que han expuesto a muchas ciudades a riesgos muy graves.
Pese a los efectos probados del amianto sobre la
salud, rara vez los trabajadores afectados consiguen
que se les reconozca la enfermedad profesional. Las
enfermedades más frecuentes derivadas de la exposición al amianto son: la fibrosis intersticial pulmonar, la
silicoasbestosis (combinación de dos tipos de fibrosis)
y distintos tipos de cáncer de pulmón y de tracto gastrointestinal. Muchas de estas enfermedades provocan
una muerte rápida, por lo que en el caso de que el trabajador inicie un proceso judicial, lo más probable es
que fallezca antes de que se produzca el fallo. Las dificultades para establecer la relación entre la actividad
profesional y la enfermedad y el tiempo que transcurre
entre la exposición al riesgo y el desarrollo de la enfermedad son obstáculos añadidos en un proceso en el
que, cuando acaban con el reconocimiento del daño, se
suelen fijar indemnizaciones muy pequeñas.
En consecuencia, y para finalizar, además de las
cuestiones señaladas en la proposición que se nos trae
hoy, a nuestro entender debería plantearse (y tómese
como una enmienda in voce; si el portavoz del Grupo
Socialista lo estima oportuno, que la recoja, y si no, en
cualquier lugar, este portavoz va a votar a favor de esta
proposición no de ley), por un lado, un programa de
cierre de empresas y sustitución de actividades y, por
otro, un tratamiento específico de este riesgo laboral.
Grau, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor GRAU BULDÚ: Entendemos que la Orden
ministerial de diciembre del año pasado es el primer
paso para tomar conciencia sobre el gran problema del
amianto y buscar una solución.
Realmente, el tiempo transcurrido hasta ahora hace
pensar que el problema es relevante y que, paralelamente, obliga a considerar muchos aspectos antes de
tomar una decisión. Pero no es menos importante la
necesidad social; hay que responder a la ciudadanía con
la protección social de los trabajadores expuestos anteriormente y resolver una situación sanitaria y de asistencia social a la que creemos que tienen todo el derecho. La propuesta del Grupo Socialista se presenta con
la intención de al menos estimular a la comisión de
estudio para que evacue lo más prontamente posible
una solución de este problema. Estamos de acuerdo con
los enunciados genéricos de cada uno de los cuatro
apartados que nos propone la proposición no de ley,
estaríamos dispuestos a aceptar que ésta fuera una recomendación a la comisión de estudio y además en introducir una quinta, en el sentido de que se fijara por el
acuerdo de hoy una fecha para que esta comisión de
estudio evacuara a este Congreso una proposición de
ley para resolver los problemas que aquí se detallan.
No podemos dar la espalda a esta situación y, por lo
tanto, frente a este problema es necesario un consenso
de todos los grupos, por eso proponemos una refundición de las posturas del grupo del Gobierno y del
Grupo Socialista, un entendimiento para que éste no
sea un debate político sino un compromiso parlamentario para encontrar una solución.
Si por parte del grupo del Gobierno la identificación
de determinados pormenores en cada uno de los
artículos puede tergiversar, alterar sus perspectivas de
solución del problema o alterar el programa de gestión
de la comisión de estudio, entenderíamos que sería
bueno al menos aceptar los principios que se proponen
en esta proposición no de ley y adquirir aquí un compromiso. Creo que sería un ejercicio de corresponsabilidad parlamentaria encontrar al menos una fecha tope
para buscar una solución. Y a partir de aquí, en base al
estudio, definir una ley que cubriera socialmente a
estos trabajadores afectados. Lógicamente, un grupo
parlamentario no puede estar ajeno a esta problemática
y nosotros no podemos votar en contra de la ley. Nuestro voto es más bien favorable a esta proposición, en el
bien entendido de que se produzca la coordinación de
esta voluntad del Gobierno, y la voluntad parlamentaria de buscar una solución. Y es por ello que, en una
posición de entendimiento, nuestro grupo se abstendrá
en esta votación.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, la señora Caracuel, por el Grupo Popular.
La señora CARACUEL DEL OLMO: En primer
lugar, señorías, debo decirles que la proposición no de
ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista debe de
enmarcarse y relacionarse con el conjunto de manifestaciones sociales, estudios, informes, etcétera, que
sobre este tema viene produciéndose en España y Europa desde hace ya algunos años. Esta inquietud que,
debo decirles, señorías, ha sido, sigue siendo preocupación de este Gobierno del Partido Popular, provocó la
creación de un grupo de trabajo sobre el amianto, un
grupo de trabajo que fue creado en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
en su reunión del 19 de septiembre de 2002 aprobó por
unanimidad el documento propuesto del programa
nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores
que han estado expuestos al amianto. Dicha propuesta
está pendiente del pronunciamiento que pueda hacer la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; precisamente sobre esto es sobre lo que vamos a
basarnos en nuestra negativa a la hora de apoyar esta
He de recordarles, por otra parte, que dicho documento ha considerado las aportaciones de los representantes de UGT y Comisiones Obreras. Asimismo, la
propuesta fue debatida y enriquecida con las aportaciones de los representantes de las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, en el grupo de
trabajo de salud laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, y con los representantes de los interlocutores
sociales de las comunidades autónomas y de la Administración general del Estado, en el grupo de trabajo
del amianto de la Comisión Nacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. En esta propuesta se recogen las
siguientes actividades: primero, la elaboración de un
registro de trabajadores expuestos. Segundo, establecer
y facilitar los procedimientos de acceso a los exámenes
de salud postocupacionales por exposición al amianto.
Tercero, examen de salud postocupacionales iniciales
por exposición al amianto. Cuarto, establecer la continuación de la vigilancia de la salud postocupacional.
Quinto, favorecer el reconocimiento médico legal de
las enfermedades derivadas de la exposición al amianto. Sexto, evaluar el programa de vigilancia de la salud.
Asimismo, el programa de vigilancia propuesto justifica su naturaleza por la necesidad de efectuar un
seguimiento de los trabajadores expuestos al amianto,
seguimiento que persigue como objetivos fundamentales los siguientes: identificar poblaciones de alto riesgo; identificar situaciones sobre las que se pueda actuar
preventivamente; descubrir posibles daños para la salud
producida por el trabajo y desarrollar métodos de tratamiento, rehabilitación o prevención.
En cuanto al punto 2 de su proposición no de ley, que
propone adoptar una serie de medidas de reparación o
indemnización a las personas afectadas a través de tres
dispositivos básicos, como es el de la flexibilización de
los criterios para el reconocimiento de enfermedad profesional, he de decirles que el concepto de enfermedad
profesional está definido, como se sabe, en la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994,
concretamente en el artículo 116. A su vez, el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social está contenido en el Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo. En el anexo de este real
decreto se recoge precisamente la asbestosis como
enfermedad debida a los trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto. No hay duda, pues, de que
la exposición al amianto puede ser causa de enfermedad profesional. Siendo esto así, no se entiende muy
bien la medida cuya implantación se insta, a no ser que
lo que se pretenda sea que los reconocimientos para
determinar la existencia o no de enfermedad profesional se sometan a unos protocolos médicos menos exigentes que para el resto de los trabajadores. Se estima,
no obstante, que la aplicación del procedimiento para
el reconocimiento de enfermedades profesionales debe
ser igual para todos los trabajadores y para cualquier
clase de enfermedad profesional. Cabe recordar, en
todo caso, que la competencia para efectuar la declaración de incapacidad permanente en sus distintos grados
y el procedimiento para llevar a cabo tal declaración se
encuentran regulados por el Real Decreto 1300/1995,
de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de
incapacidades laborales del Sistema de Seguridad
Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, pudiendo
ser iniciado a instancias del trabajador o su representante legal, a tenor del artículo 4 de dicho real decreto.
En cuanto a la promulgación de una norma que posibilite la jubilación anticipada, señoría, se supone que lo
que se pretende con esta medida es la promulgación de
una norma con rango de real decreto, al amparo de lo
previsto en el artículo 161.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, en el que se dispone que la edad
mínima para la jubilación podrá ser rebajada por el
Gobierno. Al respecto de esto tengo que señalarles que
la aludida fórmula de habilitación, a pesar de estar prevista desde el año 1966, no ha tenido aplicación en relación con el régimen general. Y el desarrollo restrictivo
de la citada previsión podría encontrar su justificación
en que la misma implica un cierto trato de favor para
unos asegurados en detrimento del resto, que debe
soportar un mayor esfuerzo contributivo. Pero además
también debe tenerse en cuenta, señorías, que en este
momento una medida como la pretendida no se acomodaría fácilmente a otro principio básico de nuestro sistema de la Seguridad Social, fortalecido por medio de
la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del Sistema de Seguridad Social, cual
es el de la proporcionalidad. Es decir, que los importes
de las pensiones guarden estrecha relación con las cotizaciones realizadas a través de toda vida laboral.
En cuanto al establecimiento de un sistema público
de indemnizaciones para afectados, a falta de una
mayor precisión en la formulación de las medidas, he
de decir que nos parece que se trata de una medida
ajena. Se estima que no procede efectuar ninguna
observación a este respecto salvo lo ya reiterado de la
elaboración de un estudio comparativo con otros sectores laborales.
Al punto 3 de su proposición no de ley tendría que
decir que, por las mismas razones expuestas en el
número anterior, no estimamos necesaria la creación de
un organismo distinto al previsto en la normativa de la
Seguridad Social para el reconocimiento y pago de las
indemnizaciones establecidas en la misma.
En cuanto al punto 4 de su proposición no de ley, que
propone desarrollar una normativa adecuada a la nueva
situación, he de decirles que el grupo de amianto en el
seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo está trabajando en documentos prácticos para
desarrollar las labores de retirada de amianto u operaciones de mantenimiento en las que exista amianto o
materiales que lo contengan como apoyo técnico a la
normativa vigente, como son las órdenes ministeriales
complementarias del reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto, y de 26 de julio de 1993, por la que
se modifican los artículos 2 y 3 y 13 de la Orden ministerial de 30 de octubre de 1984. En estos documentos se
contemplan las acciones pertinentes enfocadas al control de la posible liberación de fibra de amianto al medio
ambiente en ámbitos laborales. En cualquier caso, tendremos que tener en cuenta que existe un proyecto de
directiva para la modificación de la Directiva 83/477 de
la Comunidad Económica Europea, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a amianto durante el trabajo. El proyecto,
que probablemente será aprobado durante el próximo
año, contempla, entre otras cuestiones, la relativa a los
trabajos de retirada de amianto. Por razones obvias,
cualquier modificación de nuestra actual normativa en
esta materia deberá de contemplarse en el marco de la
transposición de la futura directiva.
También tengo que decirles, señorías, que en base a
la normativa de la Unión Europea que regula esta materia constituida por la Directiva del Consejo 76/769, ya
el Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, estableció una serie de limitaciones a la comercialización y
uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. La mencionada directiva ha sido modificada en
varias ocasiones, siendo la última de ellas la operada
por la Directiva 1999/77 y conforme a la cual es necesario prohibir definitivamente la utilización del amianto. Dicha prohibición se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a través de la orden de 7 de diciembre
de 2001. Por lo tanto, señorías, tal y como establece la
mencionada orden de 7 de diciembre de 2001, queda
prohibida la utilización, así como la producción y
comercialización, de las fibras de amianto y de los productos que la contengan, no sólo de las variedades que
ya venían prohibidas por la legislación anterior, sino
también respecto de las variantes de fibra de crisotilo,
que era la única permitida.
Hay que hacer constar asimismo que en lo que concierne a la creación de fondos destinados a indemnizar
a todos los posibles afectados por haber trabajado en
contacto con el amianto, el grupo de trabajo acordó, en
la reunión celebrada el 14 de marzo de 2002, que el
pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo diese traslado de tales asuntos a los órganos competentes de las administraciones públicas para
Por último, he de decirles que el grupo de trabajo
considera fundamental que el programa garantice una
intervención uniforme y armonizada en todo el territorio nacional y que implique una movilización de recursos sanitarios de las comunidades autónomas, tales
como los servicios de atención primaria, de atención
especializada y de sistemas de prevención de riesgos
laborales. Todo lo cual exige una adecuada coordinación entre diferentes ámbitos administrativos y competenciales, así como que participen los agentes sociales
para garantizar su eficacia.
Por lo tanto, señorías, como he dicho en un principio, no podemos apoyar su proposición no de ley, ya
que el referido programa de vigilancia de la salud está
actualmente pendiente del pronunciamiento al respecto
que pueda efectuar la Comisión Nacional de Seguridad
— RELATIVA AL ANÁLISIS DE LA NECESIDAD
O NO DE CONTAR CON UN PROFESIONAL
AUDITOR PARA LA REALIZACIÓN DEL
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACIÓN DE
EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001684.)
El señor PRESIDENTE: Vamos ya a abordar el último punto del orden del día, que es la proposición no de
ley del Grupo Popular, relativa al análisis de la necesidad o no de contar con un profesional auditor para la
realización del informe económico-financiero obligatorio para la presentación de los expedientes de regulación de empleo. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Efectivamente el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley relativa a la valoración de la necesidad
o no de contar con un profesional auditor para la realización del informe económico-financiero obligatorio
para la presentación de los expedientes de regulación
de empleo por causas económicas, que regula el Real
Decreto 43/1996, de 19 de enero. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia).
El texto de nuestra proposición no de ley dice así:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que,
dentro del marco que considere oportuno, presente un
estudio que permita conocer la necesidad o no de un
profesional auditor para la realización del informe económico-financiero obligatorio para la presentación de
los expedientes de regulación de empleo, que no sea el
mismo que aquel que en su día fiscalizó las últimas
cuentas anuales de la sociedad presentadas y cuyo expediente de regulación de empleo se desea promover».
Señorías, el artículo 6 del real decreto antes citado
regula el contenido mínimo de la solicitud de inicio del
expediente. Pero ese contenido mínimo se limita a exigir una memoria explicativa y la documentación debidamente auditada de los últimos tres años; es decir, la
documentación económica relativa al estado financiero
de la empresa, a la situación patrimonial de la misma
durante los tres últimos años y algunos otros aspectos,
aspectos que se encuentran seguramente contenidos en
las cuentas anuales de la sociedad que, debidamente
auditadas, son presentadas en el Registro Mercantil.
Pero ni el Estatuto de los Trabajadores ni el reglamento
ni el real decreto determinan de manera específica qué
profesionales han de hacer este informe o han de presentar esta documentación debidamente auditada, cómo
debe realizarse esta labor, cómo ha de realizarse el nombramiento de los auditores, o del auditor, de manera que
se mantenga y se justifique su independencia.
Nosotros creemos que garantizar la fiabilidad (creo
que es una convicción compartida) de la documentación
acreditativa de la situación financiera de las empresas
que inician procedimientos administrativos de regulación de empleo por causas económicas para asegurar
que la información económico-financiera que se valore
sea fidedigna, es importante, es necesario y es, sobre
todo, deseable. Por lo tanto, nuestra proposición no de
ley se dirige fundamentalmente a que el Gobierno elabore un estudio y que, a partir de ese estudio, se determine la necesidad o no de contar con ese auditor profesional independiente y sobre todo distinto del que haya
revisado las cuentas anuales de la empresa. A nadie se
le escapa que nos movemos en un contexto de preocupación, un contexto de preocupación no sólo española
sino que se extiende al ámbito de la política económica
internacional. Creo que no es necesario que recuerde
los casos Enron o WordCom sucedidos en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra proposición se dirige fundamentalmente a asegurar la transparencia de la información financiera.
Si SS.SS. me lo permiten, me gustaría hacer un repaso sobre la regulación legal actual de la materia, la evolución jurisprudencial de este asunto, los proyectos de
reforma que están en curso en el ámbito del ordenamiento jurídico español y también de la Unión Europea.
Empezando por la regulación legal existente y actualmente en vigor, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece los aspectos básicos del procedimiento de regulación de empleo, pero después de estos
aspectos básicos se remite, en su apartado 2, al desarrollo reglamentario de la norma. Dentro de los aspectos
básicos dice que el inicio del expediente comienza con
la solicitud de extinción de los contratos de trabajo por
el empresario, una solicitud dirigida a la autoridad
laboral. Simultáneamente se contempla la apertura de
un período de consultas con los representantes legales
de los trabajadores. Tanto en un caso como en el otro,
tanto en la comunicación a la autoridad laboral como
en la comunicación a los representantes legales de los
trabajadores, se debe acompañar esta comunicación de
toda la documentación necesaria para acreditar las causas motivadoras del expediente y la justificación de las
medidas a adoptar. Pero no determinan nada más sobre
el contenido de esa documentación, ya que nos remite,
como les decía, al reglamento, aunque deja claro en el
apartado 1 que si se trata de una regulación de empleo
por causas económicas, las medidas propuestas deberán contribuir, en todo caso, a superar una situación
económica negativa de la compañía.
En el apartado 9 del artículo 51 se contempla la posibilidad de que sean los trabajadores, a través de sus
representantes legales, los que soliciten la iniciación
del expediente. El apartado 10, que contempla los
supuestos de declaración de quiebra y cese de la actividad por declaración judicial, es una materia que, como
SS.SS. saben, en estos momentos está en vía de reforma, ya que se prevé esa reforma en el actual proyecto
de ley concursal. Siguiendo con la regulación legal, ya
hemos hablado del artículo 6.1 del Real Decreto
43/1996, aunque quisiera abundar diciendo que contempla como requisito inicial la presentación de la
documentación económica, pero con una cierta flexibilidad. Y a pesar de esta flexibilidad, nada obsta para
que el contenido haya de ser interpretado de acuerdo
con lo dispuesto en la vigente legislación mercantil
sobre contabilidad de empresas y su revisión. En el
caso de que sean los trabajadores quienes inicien el
expediente de regulación de empleo, se exige también
una memoria explicativa de las razones, las pruebas del
perjuicio que se les pueda ocasionar y la comunicación
del inicio del expediente efectuada al empresario. Todo
ello sin perjuicio de que la autoridad laboral, desde
luego, pueda recabar de ambas partes cuanta documentación considere necesaria.
Respecto de la doctrina jurisprudencial, he de decir
también que nos encontramos con una concepción flexible de la apreciación de la concurrencia de las causas. Se manifiesta una exigencia estricta del cumplimiento de los requisitos de forma. Así, las sentencias
de 6 de abril de 2000, 24 de abril de 1996 y 14 de mayo
de 1998 nos dicen que las pérdidas han de ser de entidad suficiente, que la situación económica ha de ser
negativa, aunque no es preciso que sea crítica o irreversible, y que afectará a la empresa en su conjunto y no
sólo a sus secciones autónomas o centros de trabajo. La
sentencia de 14 de junio de 1996 establece que la carga
de la prueba corresponde al empresario, que ha de probar los factores que inciden en la rentabilidad de la
empresa y la concreción de su incidencia. De nuevo, la
sentencia de 24 de abril de 1996 nos dice que debe
existir una conexión entre la extinción de las relaciones
laborales y la superación de la situación económica
desfavorecedora. Dicha sentencia de 14 de junio de
1996 nos dice que, una vez probada la concurrencia de
la causa económica, la valoración de la proporcionalidad de la decisión empresarial se basa más en la conducta razonable del empresario, valorada conforme a
las reglas de la experiencia, que en los hechos sometidos a prueba.
Respecto de los aspectos procedimentales, son escasos los pronunciamientos jurisprudenciales relativos a
la fase de iniciación del procedimiento y únicamente
encontramos sentencias que nos hablan de la nulidad
de pleno derecho por falta de motivos de fondo en el
momento del inicio del expediente.
¿Qué reformas legales se están abordando? En estos
momentos, señorías, el proyecto de ley de medidas de
reforma del sistema financiero, que incluye modificaciones normativas que afectan a la auditoría de cuentas;
el proyecto de ley concursal, que prevé la modificación
del apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, como antes les he indicado. En el ámbito de
la Unión Europea, la Comisión ha creado en estos
momentos un grupo de expertos de derecho mercantil
para la elaboración de un estudio de medidas dirigidas
a favorecer la transparencia financiera y reforzar el
control de las empresas, que incluyen acciones en
materia de auditoría legal, como el empleo en normas
internacionales de auditoría, la vigilancia pública de la
profesión de auditor, la capacitación e independencia
de los auditores o un código ético de la profesión.
En base a todo ello, señorías, consideramos importante que se elabore este estudio y que se pueda determinar si es o no necesario el contar con un auditor independiente. Nosotros inicialmente creemos que sí, pero
ese estudio ha de tener en cuenta, evidentemente, la
regulación legal y reglamentaria en su conjunto, la doctrina jurisprudencial a la que he hecho referencia y los
procesos de reforma que se están adoptando de las normas reguladoras de contabilidad y auditorías, sobre
todo en el ámbito comunitario. Todo ello sin perjuicio,
desde luego, de que además se deba constatar cuál es la
posición y la opinión de los agentes sociales en esta
materia, porque, como todas las materias de índole
social o de derecho laboral, consideramos que debe ser
sometida también a los procesos de diálogo social.
De cualquier manera, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera importante que se elabore este
estudio y que de ahí podamos obtener las conclusiones
oportunas para incluir en nuestra legislación, o no, la
necesidad de contar con esta auditoría independiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip):
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
El señor GRAU BULDÚ: Nuestro grupo ve con
muy buenos ojos la presentación de esta proposición
no de ley que insta al análisis de la necesidad o no de
contar con un auditor para la presentación de los expedientes de regulación de empleo por parte de la autoridad laboral. La propuesta de objetivar los documentos
que permitan a la autoridad laboral dictaminar la procedencia o no de este expediente de regulación de
empleo siempre es favorable y, por lo tanto, nuestra
posición respecto a esta propuesta es absolutamente
positiva. También lo es en el sentido de que va a permitir de alguna forma que las partes negociadoras dispongan en su momento de un estudio coherente o al menos
objetivo sobre las cuentas de la empresa.
Sin embargo, dado que se trata de un estudio, nos
gustaría incluir algunas cuestiones al hilo de la exposi-
ción que ha hecho el portavoz del Partido Popular respecto a esta proposición no de ley, que lógicamente
Entendemos, en primer lugar, que se suscita el problema de la validez o no de las cuentas y de los auditores y que lógicamente puede crear en el futuro la necesidad de contraauditorías frente a determinados actos,
como son operaciones de opciones de compra, etcétera.
Por lo tanto, creo que podríamos entrar en una jurisprudencia realmente complicada a la hora de duplicar
acciones que la empresa realiza de acuerdo con las normas, como es la de auditar sus cuentas. Por lo tanto,
entendemos que hay que escuchar a los auditores en
este estudio para que al menos argumenten su objetividad y profesionalidad. También es cierto que la situación, como ha citado el portavoz del Grupo Popular,
generada en Estados Unidos por empresas en la que los
autores a la vez tenían el carácter de asesores de la
empresa propiciaba seguramente prácticas que han
resultado en la realidad fraudulentas, porque han encubierto en las cuentas determinadas acciones del consejo
de administración o de la gerencia en contra de los
accionistas y de la empresa. Es por ello que las nuevas
normas para que los auditores no puedan ser a la vez
asesores de la empresa van a propiciar que las cuentas
tengan una independencia respecto de la gestión de la
empresa y no van a hacer más que una inspección o una
auditoría independiente respecto de la gestión, respecto
de los accionistas y también de los trabajadores.
Esta proposición solicita un estudio y he hecho estas
acotaciones para que se tengan en cuenta: Es por ello
que a la proposición nos gustaría añadir, si lo admite el
grupo proponente, que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, dentro del marco que considere oportuno, presente un estudio que permita determinar las normas de presentación de las cuentas y a la vez
conocer la necesidad o no de un profesional auditor
para la realización del informe económico-financiero.
Digo esto porque de alguna forma este estudio lo tiene
que ver un inspector de trabajo que, en base a un informe de los trabajadores, en base a un informe de la
empresa, tiene que dictaminar y constatar determinadas cifras. Y en segundo lugar, una autoridad laboral
tiene que dictaminar en base a este informe. Si a esto le
añadimos que la multiplicidad o las formas de presentación de este estudio puede generar un nueva confusión a la autoridad laboral que se designe, creemos que
sería conveniente que en este estudio se dictaminara a
la vez la necesidad de generar un sistema de presentación de las cuentas homogéneo, para que las personas
ajenas a este problema pero que sí dictaminan sobre la
solución sepan a que atenerse. Con esta propuesta facilitamos el camino en un doble sentido: primero, se
objetiviza la propuesta para que sea un auditor externo;
segundo, se propone un sistema de presentación de
cuentas objetivo y a satisfacción tanto de la parte
empresarial como de la parte de los trabajadores. Con
esto creo que de alguna forma respetaríamos la audición de las cuentas tal como las presenta la empresa,
pero, cara a la presentación de las cuentas por parte del
auditor externo, dispondría de una forma de presentación. Esto lo digo como base de estudio y lo propongo
para que mejore la necesidad de este segundo auditor
en base a la empresa. De todas formas, si no se acepta,
también la votaremos favorablemente, pero nos gustaría que se justificara esta acción; este auditor sería el
que adaptaría en nombre de la administración, en nombre de la inspección laboral, las cuentas para poder presentar esta regulación de empleo. Además, existiría una
posibilidad de comparar entre una empresa y otra para
que se pudiera justificar el porqué a una empresa se le
concede un expediente de regulación de empleo y a
otra se le deniega. No debe ser el informe del auditor
un elemento discordante. Esta es nuestra aportación.
Entendemos que es un paso positivo para la solución
del problema de las regulaciones de empleo, pero en
todo caso nuestro voto será favorable, tal y como he
dicho al inicio de mi intervención.
el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Debo confesar
que al analizar y estudiar la proposición que estamos
considerando en estos momentos me he encontrado con
una cierta sensación de estupefacción, porque, si se me
permite la metáfora, lo que se intenta con esta proposición es algo parecido a lo que trataríamos de lograr
reparando nuestra casa pero pegando los martillazos en
Aquí lo que se plantea es un problema de auditoría,
no un problema de legislación laboral. Si aceptáramos
que se está planteando un problema de legislación laboral, habría que decir que se ha abordado de una manera
absolutamente inadecuada. Y si de lo que se trata es de
un problema de auditoría —y, como indica la exposición de motivos de la proposición que estamos considerando, es un problema de auditoría— referido a aquellos expedientes de regulación de empleo en los que la
parte empresarial es una sociedad anónima, estamos
también acotando extraordinariamente el terreno del
derecho laboral que el Grupo Popular ha elegido como
propio para el debate de esta proposición no de ley.
En segundo lugar, estupefacción también porque nos
da la sensación de que estamos ante la larga mano de
los auditores; da un poco la impresión de que se quieren sumergir en el mismo tipo de fenómenos inflacionarios que estamos acostumbrados a contemplar con
otros profesionales, como son los registradores de la
propiedad, que van ensanchando sus competencias e
introduciéndose en numerosos ámbitos del ordenamiento jurídico.
Estupefacción también por el inicio de lo que es la
parte resolutiva de la proposición no de ley que se plantea, que literalmente dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro del marco que considere oportuno, presente un estudio... Esto, señorías,
desde el punto de vista parlamentario podría ser calificado como el título de aquella película sensacionalista
que se llamaba Una proposición indecente. No está el
Parlamento ni esta Comisión ni ninguno de sus componentes para realizar una tarea tan vaga, tan etérea, como
contribuir a que el Gobierno haga un estudio en el
marco que considere oportuno, porque entre otras cosas
es que no sabemos ni siquiera si este tema tan proceloso a estudiar se va a traer dentro de la presente legislatura. ¿Para qué estamos dando nosotros nuestro aval a
un cheque en blanco de esta naturaleza?
Pero si aceptáramos que el tema tiene una conexión
evidente con el de los expedientes de regulación de
empleo, habría que redactar la proposición no de ley de
otra manera completamente diferente, porque ya he
dicho antes que parece que se pretende acotar a aquellos casos de expedientes de regulación de empleo en
que interviene como parte una empresa que tiene la
forma de sociedad anónima. Y naturalmente que los
expedientes de regulación no afectan sólo a las empresas con forma mercantil de sociedad anónima; pueden
afectar también a las que tienen forma colectiva o
comanditaria, o forma de sociedad de responsabilidad
limitada con un único socio, o simplemente un empresario individual con la responsabilidad patrimonial universal que le es característica.
Eso no se dice, ni siquiera resulta claro en esta proposición no de ley. No se puede deducir implícitamente
con cierta claridad. Y por otra parte, sistemáticamente
y con una adecuada técnica, tampoco se puede hablar
de los expedientes de regulación de empleo, porque los
expedientes de regulación de empleo por causas económicas no incluyen aquellos en que la causa de la regulación de empleo es organizativa, o técnica, o de producción, ni incluye a los de extinción o suspensión por
fuerza mayor, ni incluye a los de extinción por desaparición de la personalidad jurídica contratante, ni incluye tampoco a los de traslados colectivos. (Rumores.)
Y, por otra parte, la fórmula empleada excluye a otra
cosa muy parecida a los expedientes de regulación, que
son los despidos por causas objetivas debido a causas
económicas, aquellos casos en que, si fuera mayor el
número de trabajadores afectados, quedarían...
Un momento, señor Navarrete. Por favor, guarden
El señor NAVARRETE MERINO: Decía que si
fuera mayor el número de trabajadores afectados, quedarían dentro del ámbito de los expedientes de regulación, pero por tener un número de trabajadores igual o
menor a cinco van al procedimiento previsto para los
despidos por causas objetivas. Todas esas cosas están
verdaderamente ausentes de un rigor metodológico con
el que debiera haberse elaborado esta proposición. (El
señor presidente ocupa la presidencia)
¿Qué es lo que interesa en los expedientes de regulación de empleo? Y para ello sí que es sede propia esta
Comisión. Lo que interesa es que no se produzcan más
casos Sintel ni otros similares, que nos encontremos
ante unos supuestos de anomalía o de patología de las
relaciones laborales que conducen a su suspensión o a
su extinción por causas que pueden ser constatadas
como veraces. (Rumores.)
Si se hubiera referido la proposición al fortalecimiento de la prueba de las causas que llevan a la situación de extinción, de suspensión de relaciones laborales, nosotros lo entenderíamos, pero eso está ausente.
Parece que lo que se ha querido más bien resolver es el
problema de credibilidad que los auditores tienen en
estos instantes. Y ésa sería una pretensión verdaderamente razonable, siempre que el Parlamento no se
ponga al servicio de las reivindicaciones profesionales
o de los problemas de imagen que coyunturalmente
pueda tener dicha profesión en estos momentos por
causa como la que mi oponente y defensor de la proposición...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Además, esta sala, supongo que por la tendencia a
ser de prensa, es más ruidosa.
El señor NAVARRETE MERINO: No sabemos,
señor presidente, si podremos competir ventajosamente
Voy a terminar ya diciendo que vamos a votar negativamente esta proposición no de ley, que desearíamos
que en el Parlamento no se presentaran más proposiciones de este corte melifluo y ambiguo y que verdaderamente se hiciera una proposición (el Gobierno tiene
los medios necesarios para ello, tiene sus secretarías
generales técnicas en los ministerios, tienen sus equipos de estudio) en la que se incluyan las conclusiones
de esas comisiones de estudio. En algunos casos excepcionales es útil la realización de ponencias, subcomisiones o subponencias de estudio para temas que sean
muy novedosos, como puede ser la violencia en el
deporte, etcétera, donde es importante que se maduren
los conceptos. Pero éste no es el caso de esta proposición no de ley ni de otras que estamos acostumbrados a
contemplar; da la impresión de que, mientras que asuntos de verdadera importancia están en la lista de espera
de este Parlamento, otros, como el que ahora nos
ocupa, no tienen más objetivo que entretenernos a los
diputados, por si nos estábamos aburriendo.
Poniendo de manifiesto la necesidad de que se haga
un estudio más a fondo para autentificar las causas que
llevan a la suspensión o a la extinción de las relaciones
laborales, y no sólo por el motivo concreto a que se
alude en esta proposición no de ley, y esperando que en
lo sucesivo proposiciones tan difuminadas y tan abstractas como ésta no nos sirvan de entretenimiento, reiteramos nuestro propósito de votar negativamente.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las
votaciones le pediría al señor Pérez Corgos que aclare
a la Mesa si acepta la enmienda y en qué términos.
Quería hacerle notar que, según lo que la Mesa ha recogido, lo que se incorporaría al texto de la proposición
no de ley sería lo siguiente, y leo: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, dentro del marco
que considere oportuno, presente un estudio que permita determinar las normas de presentación de las
cuentas y conocer... Y seguiría. ¿Se votaría en esos términos? Si su señoría tiene que hacer alguna matización, le rogaría que lo haga en el momento de decir si
acepta la enmienda propuesta por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor presidente, a los
efectos únicamente de referirme a la enmienda, el texto
de la proposición no de ley que nosotros hemos presentado es lo suficientemente amplio para recoger también
las opiniones del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En consecuencia el contenido de la
enmienda formulada está también incluido dentro de
esa instancia a la elaboración de un estudio. Por lo
tanto y para no complicar el texto dispositivo de la proposición, nosotros no vamos a aceptar la enmienda,
participando de las conclusiones que el portavoz del
grupo catalán ha expresado esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Para que en el «Diario de
Sesiones» quede el tema con claridad, señor Grau,
supongo que los términos estaban bien recogidos. Era
eso lo que su señoría proponía. En todo caso, queda
rechazada, pero era para que quedara la concreción de
lo que había sido la enmienda que su grupo sometía a
la consideración del grupo autor de la iniciativa.
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar,
la subcomisión constituida en el ámbito de esta Comisión, con el fin de formular medidas legislativas que den
una respuesta integral frente a la violencia de género,
tuvo un debate en relación con lo que era el plazo en el
que debía emitir su dictamen. Y sin que signifique en
absoluto la propuesta de una prórroga, que debería acordar la Comisión y someterse a la consideración del
Pleno, la subcomisión sí que hizo un examen real, fruto
de lo que fue el debate en la sesión plenaria en la que se
acordó su constitución, en el sentido de que, aunque se
expresó unos plazos concretos en fechas, lo realmente
acordado era no la fecha, que en definitiva se determinó, sino un plazo que concluía precisamente, siendo el
mismo, en otra fecha diferente. Ese plazo no sería el 1
de febrero de 2003, sino que concluiría en el 1 de marzo
de 2003. Lo que someto a la consideración de la Comisión es rectificar el plazo otorgado a la subcomisión con
el fin de formular esas medidas, para adaptarlo a los términos en que fue previsto en la moción originaria que
dio lugar a la creación de dicha subcomisión y en ese
sentido rectificar, que no prorrogar ese plazo, en el sentido de que termina el 1 de marzo de 2003.
Lo someto por asentimiento a la votación de la
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado en estos
términos la rectificación del plazo a que me he referido.
Seguidamente vamos a proceder a las votaciones de
lo que ha sido objeto del debate esta mañana. Retirada
como fue la proposición no de ley sobre la reforma institucional de la ONCE, no debe ser objeto de votación.
Y procedemos ya a la votación del segundo punto del
orden del día, sobre permiso de conducir y expectativas
de trabajo, que es a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, en los términos resultantes del debate y concretamente de la incorporación al texto inicial de la
enmienda de Convergència i Unió, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
votos a favor, 12; en contra, 21.
La proposición no de ley relativa que figuraba en el
punto tercero del orden del día ha sido retirada en el
curso del debate por el grupo proponente. No puede ser
objeto de votación y no lo es.
Votamos a continuación el punto cuarto, proposición
no de ley del Grupo Socialista, relativa a la adopción
de medidas que ayuden a paliar la situación de los trabajadores afectados por la exposición al amianto.
Y finalmente votamos el último punto del orden del
día, proposición no de ley del Grupo Popular, relativa
al análisis de la necesidad o no de contar con un profesional auditor para la realización del informe económico-financiero obligatorio para la presentación de los
expedientes de regulación de empleo, en los términos
iniciales, al haber sido rechazada por el grupo proponente la enmienda planteada por el Grupo de Convergència i Unió.
votos a favor, 22; en contra, 12.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del
Nota.–El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del miércoles, 11 de diciembre de 2002, no
guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.
toxicología la trama del amianto dra. vanessa párraga quiroz
El amianto, un viejo peligro conocido.pdf
provoca enfermedades pulmonares mortales. Su uso debería ser
Nueva ventana:Ficha para comunicar la baja en RERA cuando la empresa finalice su actividad con riesgo de exposición al amianto (pdf, 9 Kbytes)
En el caso particular de que los trabajadores se vean expuestos a
Se detectarán los edificios con amianto de Errenteria
O22 12
ANEXO IV EXPOSICIÓN EN LOS TRABAJOS CON AMIANTO
Proyecto ABClean ABClean pretende mejorar la prevención

References: Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 30
 artículo 13
 artículo 116
 Real Decreto

 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 161
 Real Decreto 
 artículo 6
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 6
 Real Decreto

 artículo 51