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Timestamp: 2018-07-22 08:50:49+00:00

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Rompiendo Cadenas : 2015
ENTREVISTA A DIEGO MARTINEZ
Tomado de Semanario Voz
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"La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia"
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras -si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación.
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 04:09 1 comentario:
SE CAYO EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA SU DIRECTOR Y LA AGENCIA DE NOTICIAS NUEVA COLOMBIA - ANNCOL.
La Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme la sentencia absolutoria a favor de JOAQUIN PEREZ BECERRA, director de ANNCOL. La Delegada de la Fiscalía, interpuso recurso de insistencia ante la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Delegado para la Casación Penal, decidió abstenerse acceder a la petición de insistir ante la Sala de Casación Penal para la admisión de la demanda presentada por la Fiscalía.
De esta forma queda libre de cualquier responsabilidad penal el Director de ANNCOL y queda por el piso el montaje judicial orquestado por el gobierno colombiano, como también los mezquinos señalamientos en contra de la Agencia de Noticias Nueva Colombia – ANNCOL, como “El órgano de información del Terrorismo”.
En el Proceso penal, la Defensa, explicó y probó que la Agencia de Noticias Nueva Colombia - ANNCOL es una agencia de noticias no comercial situada en ESTOCOLMO, SUECIA, fundada en 1995, por los ciudadanos suecos señor JENS HOLM, ex-parlamentario Europeo y Parlamentario de Suecia, señor DICK EMANUELSSON Escritor y Periodista y JOAQUÍN PEREZ BECERRA, ingeniero y periodista exiliado político de Colombia, víctima del genocidio de la UNION PATRIOTICA, ahora nacionalizado en Suecia, que este medio de comunicación mantiene un portal de noticias en Internet donde informa temas políticos y en relación con el cruel conflicto armado Colombiano, que es un medio de denuncia pública de violación de los derechos humanos contra los partidos de izquierda, destacando la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y movimientos populares, sindicatos y comunidades campesinas e indígenas y que también tiene cubrimiento noticioso sobre hechos de violación de derechos humanos en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y África.
Razones de la existencia de ANNCOL que reitero, fueron probadas por la defensa en el juicio público en contra de su director y que no fueron desvirtuadas por la Fiscalía General de la Nación y hoy la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, le han dado todo el crédito a la Defensa y el reconocimiento a ANNCOL, como una Agencia de Noticias legalmente constituida.
La Defensa técnica, nos sentimos orgullosos con nuestro trabajo profesional y complacidos con el deber cumplido, pues en este voluminoso y complejo proceso penal, apostamos todo nuestros conocimientos jurídicos, demostramos con experiencia y calidad profesional en el campo del Derecho que los Falsos Positivos judiciales se pueden enfrentar, combatir y ganar.
El gobierno de Colombia, debe reconocer públicamente al daño que le causó a JOAQUIN PEREZ BECERRA y a ANNCOL y el gobierno de Venezuela, igualmente debe reconocer que cuando deportó al director de ANNCOL, actuó con ligereza sin miramiento alguno y por tal razón, merecen excusas públicas.
RODOLFO RIOS LOZANO
Abogado Defensor de Derechos Humanos y Presos Políticos
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 04:03 No hay comentarios.:
DEBATE DE CONTROL POLITICO SALUD Y CARCELES
Comisión VII del Senado
Senador citante: Alberto Castilla - POLO DEMOCRÁTICO
El día de ayer 3 de diciembre tuvo lugar este importante debate sobre salud y cárceles. Dada la importancia del tema éste continuará en una próxima fecha.
Además de la participación de varios congresistas asistieron el Ministro de Justicia Yesid Reyes, la viceministra de salud Cármen Dávila y el Director General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón.
Fue importante la denuncia que desde las cárceles hicieron varios presos y presas políticos y sociales y entre la audiencia hicieron presencia varias organizaciones defensoras de derechos humanos y presos políticos como la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, la Red INSPP, familiares de presas y presos políticos y ex prisioneras y ex prisioneros políticos.
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 03:39 No hay comentarios.:
Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia
Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia con representantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, la Federación de Estudiantes Universitarios FEU y los estudiantes universitarios ex prisioneros políticos Jorge Eliécer Gaitán y Liliany Obando.
En la Universidad Nacional de Colombia, diciembre 3 de 2015
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 03:27 No hay comentarios.:
Uldarico Florez
Noviembre 16 de 2015,prisioneros de Palogordo en girón Santander.
Informamos a la opinión pública que hoy lunes 16 de noviembre desde las 00:00 horas se han vinculado 23 internos más a la huelga de hambre indefinida, en total 44 internos están en huelga de hambre con los compañeros que iniciaron el 9 de noviembres, estos son:
1. Frank Rueda
2. Jeison Quirama
3. Sergio Alexander silva
4. Freddy Caliche
5. WillianQuintero
6. Arnulfo CifuentesMarín
7. Abel NúñezCarrillo
8. ÁlvaroMancilla
9. Néstor Gonzales
10. FaridDíaz
11. Jairo MacualoFernández
12. Juan CarlósAriza
13. Alfonso Moreno Veira
14. Oscar Muñoz Navarrez
15. Juan carlósPérez
16. OrderLeisaChaparro
17. Elkin Pérez
18. George Barbosa Angarita
19. Carlos Estiven Orozco
20. Arnulfo Campos Sanabria
21. Pedro Rolon
22. JoséEstremor
23. Rogelio Vargas
24. Edwin Dávila
25. Iván Jacob Idrob
26. Pablo Antonio Díaz
27. Fabio Serrano pavón
28. Cesar Palacios Gonzales
29. Carlos Iván peña
30. FreedyTobías Polanco
31. Marco tulio Pérez moreno
32. Orlando PérezLinares
33. YormanGélvez castillo
34. Fernando Camacho Riaño
35. Diomarrincón Rangel
36. Luis Guillermo Giraldo
37. Alfredo Danubio Camacho
38. Sergio AndrésMartínez
39. Luis Eduardo RamírezLenis
40. Jesús Antonio Mesa Gélvez
41. OlopreRojas
42. José Gabriel Gómez
43. George augusto Bernal romero
44. Orlando Noguera Mantilla
La huelga es en solidaridad y apoyo a los 81 prisioneros gravemente enfermos,lisiados de guerra e igualmente por la excarcelación de 11 prisioneros de la FARC-EP,que se encuentran en estado terminal y que se están muriendo en las cárceles del país.
Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y al estado colombiano para que en un gesto humanitario y de paz le dé la oportunidad a estos 11 prisioneros de morir dignamente en compañía de sus seres queridos y el alivio a los 70 restantes de ser atendidos por una entidad u organismo serio que les garanticen los procedimientos y tratamientos que su salud exige.
Resaltamos que los camaradas GeorgeAugusto Venal Romero y Orlando Noguera Mantilla, Quienes hoy completaron 8 días de huelga de hambre únicamente les han suministrado dos bolsas de suero, en razón de que no hay en la farmacia de sanidad del penal.
Ni un prisionero más muerto tras las rejas por falta de atención médica.
LOS PRISIONEROS DE LAS FARC-EP SOMOS PUEBLO TRAS LAS REJAS.
La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, informa a la opinión publica, que los presos políticos y Prisioneros de Guerra de las FARC- EP, continúan firmes y resistiendo, en la Jornada Nacional de Desobediencia Civil y Huelga de Hambre por la libertad de los enfermos, heridos, madres lactantes y lisiados de Guerra.
"Todos los heridos,enfermos y náufragos,hayan o no participado en el conflicto armado, serán respetados y protegidos"
Articulo 7 Titulo II Numeral 1 PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 05:03 No hay comentarios.:
INFORME CÁRCEL DE GIRON SANTANDER
ULTIMA HORA BRIGADA JURÍDICA
El prisionero de Guerra mas antiguo de Colombia JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO "ROBINSON", quien lleva 22 años de prisión nos informa que aun continua junto con otro prisionero en Huelga de Hambre, en la Jornada Nacional de desobediencia Civil por la libertad de los prisioneros de las FARC-EP, heridos, enfermos, mujeres lactantes cabezas de familia y lisiados de guerra.
El dia lunes todo el personal de ese establecimiento se unirá a la Jornada, esperando que el Gobierno de la Paz de Juan Manuel Santos, haga un gesto de humanitario y libere a los prisioneros.
Exigen la presencia del CICR, Naciones Unidas, Defensoria del Pueblo, Comisiones de paz y DDHH del Congreso dela República.
Han dado sendas declaraciones a los medios masivos de comunicación RCN y CARACOl, pero estos no publican dichas denuncias, por eso se requiere que los medios alternativos lancen una gran operación de visibilizaciòn y denuncia.
"SOLÓ GRACIAS A AQUELLOS SIN ESPERANZA NOS DA LA ESPERANZA"
Publicadas por Rompiendo Cadenas a la/s 04:00 No hay comentarios.:
Bogotá, D.C. Noviembre 9 de 2015.
Dr. SERGIO JARAMILLO CARO.
REF: Liberación de prisioneros de guerra
Caso: JAIRO ALFONSO LESMES BULLA y otros.
ULDARICO FLOREZ PEÑA, colombiano mayor de edad, vecino y residente de esta ciudad e identificado tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, muy respetuosamente me dirijo a su despacho a través del presente escrito para el asunto de la referencia por lo siguiente:
1.El pasado miércoles 4 de noviembre de 2015, estuve en su Despacho reunido con la Doctora ELSA GALERA, atendiendo una cita que previamente ustedes me habían fijado para analizar el caso del prisionero JAIRO ALFONSO LESMES BULLA, quien se encuentra privado de la libertad en la Cárcel de Girón Santander por el punible de Rebelión.
2. En ese sentido me permito allegar a su despacho un informe de prisioneros de guerra de algunas cárceles para que se estudie la posibilidad de liberarlos atendiendo su grave estado de salud y dado que en los diálogos que se adelantan en la Habana –Cuba se ha presentado dicha solicitud en el punto correspondiente de la Agenda.
3. Los prisioneros políticos han venido realizando varias acciones para visibilizar esta grave situación como lo fue la pasada huelga de hambre de 24 horas en el mes de octubre de 2015, precisamente en el marco del II seminario sobre el DELITO POLITICO y la situación de los presos políticos que se celebró el pasado 16 de octubre de 2015 en el centro de memoria de Bogotá, donde personalidades nacionales e internacionales se refirieron sobre este grave situación humanitaria de los prisioneros de Guerra.
4. Teniendo en cuenta que se está negociando el fin del conflicto armado interno, se debe inmediatamente poner fin al cautiverio a todos los prisioneros de guerra incluida la solicitud de repatriación de SIMON TRINIDAD, la cual debe adelantarse ante el gobierno de los EEUU de América por parte de la cancillería.
5. Se destacan varios puntos de reivindicación inmediata así:
* Liberación de los prisioneros de guerra heridos, enfermos o lisiados.
*Reconocimiento del delito político.
* El derecho a la salud, muchos presos están enfermos, en un estado crítico, producto del mismo conflicto algunos llegan a las cárcel con heridas de bala y no son atendidos debidamente, otros están mal, producto de epidemias que no son atendidas a tiempo.
* Rechazo a la extradición.
En ese sentido respetuosamente solicito al señor ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, de conformidad con sus competencias y atribuciones las siguientes:
1. Se ordene a quien corresponda para que se de aplicación al DIH, el Protocolo II Adicional a los convenios de Ginebra y el bloque de constitucionalidad del artículo 93, para que se adelanten todos los tramites constitucionales y legales y se libere lo más pronto posible a los prisioneros de guerra heridos, enfermos, lisiados y demás, como un gesto humanitario del Gobierno Nacional antes de la firma de los acuerdos de la Habana-Cuba.
2. Se coordine con el CICR la posibilidad de trasladarlos a la Habana –Cuba para que sean atendidos por especialistas y se entreguen a las partes garantes de los diálogos.
3. Se coordine con el INPEC y permita una visita humanitaria de una comisión interdisciplinaria a todas las cárceles y penitencias del país a fin de verificar la situación de los prisioneros políticos.
Fundo esta peticionen lo preceptuado en el artículo 23 de la carta Política del 91, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, el DIH y el bloque de constitucionalidad del artículo 93 así como las demás normas concordantes sobre la materia. Especialmente el artículo 5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra en su numeral 4 que dice:
“Si se decide liberar a personas que estén privadas de la libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas”
1. Listado de prisioneros
2. Informe del caso JAIRO ALFONSO LESMES BULLA
3. Informe eurodiputados y demás
4. Petición de ingreso a las cárceles.
5. Documento violaciones a los DDHH.
Las recibiré en la calle 12 B No. 6-21 Oficina 403 Correo electrónico uldaricoflores@yahoo.com.co, cel. 3158599118.
Cc: CICR, Naciones Unidas, Partes negociadoras de los diálogos de la Habana-Cuba, Comisiones de paz del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, ONG de DDHH y demás
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Fotos: II Seminario sobre Delito Político y Situación de las y los Presos Políticos, Bogotá, Centro de Memoria, Octubre 16 de 2015.
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Carta de prisionero político deja al desnudo la incompetencia de los directores del Inpec y de la cárcel La Picota
Por: Camilo Raigozo. Fensuagro Viernes, 13 Noviembre 2015 00
El profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, víctima de la persecución del régimen terrorista que padece Colombia, le escribió desde el sitio de su reclusión una carta pública al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto General Carcelario y Penitenciario, Inpec y a Cesar Augusto Ceballos, director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá Comeb-Picota, en la que deja al desnudo la incompetencia de estos dos personajes al frente de sus cargos.
La negligencia de Ramírez y de Ceballos ha causado varias muertes de reclusos, graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de las personas privadas de la libertad y alto grado de corrupción en las entidades que dirigen.
A continuación transcribimos apartes de la misiva del profesor Baltran:
Carta pública de un preso político al director general del Inpec y al director del Comeb-Picota
El pasado sábado 31 de Octubre recibimos con dolor y sorpresa la noticia de la muerte cerebral del interno Pablo Javier Gómez Sánchez, un preso social con quien compartíamos reclusión en el patio 14 del Complejo Metropolitano de Bogotá que usted dirige.
Pablo Javier – quien falleció días después- estaba condenado a 37 años de cárcel y era padre de tres hijos que hoy tristemente lo ven retornar a la libertad, a costa de sacrificar el valor más alto que tiene el ser humano: la vida.
A través de sus compañeros de celda pudimos corroborar lo que muchos de nosotros ya presentíamos, esto es, que hubo negligencia en la atención brindada al interno por el Inpec-Caprecom, pese a la pronta reacción de los pabelloneros situación que precipitó el fatal desenlace.
Para empezar, el médico de turno tardó cerca de media hora en atender la emergencia, dejando en claro que el Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional (Eron) no garantiza la atención de urgencias las 24 horas del día.
Como si esto fuese poco el galeno dispuso el traslado del paciente desde guardia interna – en la planta baja – hacia el área de sanidad, ubicada en el séptimo piso.
No se requiere de gran imaginación para comprender las dificultades que supuso desplazar el cuerpo ya casi inerte del interno, en medio de convulsiones y ensopado en agua - sangre; y menos aún cuesta entender una situación que hemos venido denunciando por años y es la falta de infraestructura sanitaria y de personal idóneo para una atención médica adecuada y oportuna, porque:
¿A qué mente lúcida se le ocurre instalar el área de sanidad en un séptimo piso? sin contar con los medios apropiados para trasladar pacientes en delicado estado de salud hasta ese lugar.
A estas limitaciones habría que sumar los múltiples obstáculos interpuestos por el personal de guardia y custodia para atender la urgencia con la celeridad que lo requería, así como la ausencia de una ambulancia para la remisión del interno al Centro Hospitalario del Tunal, con el fatídico desenlace que es del conocimiento de ustedes.
La normatividad vigente establece que las personas privadas de la libertad debemos gozar de una atención médica integral que supone el cuidado, la prevención, la conservación y la recuperación de la salud, y es el Estado quien debe garantizar este derecho, más todavía por las condiciones de sometimiento que tenemos frente al mismo los presos.
No obstante lo anterior, el denominador común de las cárceles y penitenciarias colombianas es la sistemática violación de este derecho expresada en la insuficiencia de personal médico general y especializado, la carencia de medicamentos, la falta de sistematización de las historias clínicas, las irregularidades en la asignación de citas, entre muchas otras.
Suelen ustedes excusar estas falencias, aduciendo que la crisis en la atención médica es un problema de orden nacional que competen a Caprecom desconociendo las responsabilidades que les corresponde como superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria y funcionarios competentes encargados de ejecutar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y concomitante a ello el garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.
De conformidad con el Artículo 52 y los artículos 104 y siguientes de la ley 65 de 1993 y sus desarrollos jurisprudenciales.
Seamos sinceros, General Ramírez, en el Inpec no existe una cultura de respeto a los derechos humanos sino una infame política penitenciaria basada en el cobro de venganza contra quienes – en el contexto del conflicto armado y social que padece el país – han sido sus adversarios tanto en el campo político como en el militar.
Por eso no sorprende que las cárceles colombianas los presos seamos tratados como “enemigos internos” máxime cuando osamos reclamar nuestros derechos o ¿Cómo explica general, que mientras el Inpec manifiesta de manera farisea que no cuenta con presupuesto para remisión de internos-a centros de atención especializada o para que se les practique exámenes diagnósticos y cirugías, al mismo tiempo, adelanta costosos operativos de seguridad para el traslado de esos internos a otros centros penitenciarios, como castigo por exigir atención médica?
De lo anterior puede dar fe el prisionero de guerra de las FARC – EP, Orlando Albeiro Traslaviña quien padece una grave afectación visual.
Ante las reiteradas negativas del Inpec para su remisión a citas de control (esgrimiendo, el falaz argumento que no había trasporte ni personal para adelantar la diligencia) inició una huelga de hambre que se prolongó 14 días, hasta que finalmente las directivas del Inpec se comprometieron a dar solución a su problema.
No obstante, pocos días después entró a su celda un grupo del GRI (Grupo de reacción inmediata) y sin darle tiempo de sacar sus elementos personales, lo condujo a una unidad de castigo donde se le mantuvo por varios días hasta que se ordenó su traslado a otro centro penitenciario.
Actualmente Traslaviña ha perdido el 80% de su visión por falta de controles médicos, comprometiendo la córnea que le fue trasplantada gracia a una acción de tutela.
Y es que el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y Justicia se ha convertido en un Gulag para la vulneración de los derechos fundamentales, donde ni la Corte Interamericana pareciera ya tener injerencia.
No de otra forma se entiende el trato que recibe el prisionero de guerra José Ángel Parra Bernal, quien pese a contar con medidas cautelares de este organismo internacional, se le sigue privando del imatinib hasta por lapsos de un mese, siendo un medicamento que debe ingerir diariamente para controlar su leucemia mellitus crónica, enfermedad terminal que padece hace más de diez años.
Pese a la gravedad de los hechos aquí referidos, la salud no es el único derecho vulnerado en el Eron- Picota de Bogotá, ya que si bien el código penitenciario señala en su artículo 5 que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”, lo que observamos día a día en los centros penitenciarios del país es todo lo contrario.
De esto da cuenta la estructura física que nos sirve como lugar de reclusión, y que desafía los estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, donde la falta de luz natural y ventilación es la característica predominante, generando espacios no aptos para la salud y la convivencia,-
si además de ello tenemos en cuenta que apenas disponemos de un reducido espacio que cumple a un mismo tiempo las veces de comedor, peluquería, zona de tránsito, área de esparcimiento y practica de deporte, sitio de estudio, lugar de secado de ropas y hasta la realización del culto religioso.
En lo que va corrido del año la ESE San Cristóbal a emitido reiteradamente conceptos sanitarios desfavorables contra este centro penitenciario por incumplimiento de las condiciones sanitarias las cuales reúne una serie de factores de riesgo como son las deficiencias en la infraestructura (baños, pisos, paredes, techos, iluminación, ventilación, temperatura).
Todo ello para no hablar de los racionamientos en el suministro del agua, líquido vital del cual solo disponemos tres veces al día para el aseo personal, el lavado de ropa, la limpieza de las celdas y las áreas de uso común. Contrasta esta severa regulación con el desperdicio generado por las averías y filtraciones en las tuberías.
Este fue ¡vaya ironía! el modelo de mejoramiento del sistema penitenciario Colombiano que se diseñó y ejecutó bajo las administraciones presidenciales de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) para dar respuesta a la sentencia T-153 (1998) de la Corte Constitucional, a través de la cual se declaró el “estado de cosas inconstitucional” en los Centro carcelarios y Penitenciario del país.
Dicho modelo incluyó – cabe anotar- el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones de los Estados unidos.
Pero si estas estructuras de concreto no garantizan un ambiente digno para las personas privadas de la libertad, menos lo hacen para familiares y amigos que nos visitan, quienes deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno, siendo su actitud más enconada cuando se trata de niños a quienes se les ha obligado a botar la comida.
De este trato inhumano no escapan las personas de la tercera edad, quienes permanentemente son objeto de insultos porque no se someten a los ritmos que imponen estos profesionales de la represión.
¿Y qué ha hecho señor Ceballos para detener los abusos de sus subordinados contra esta población vulnerable que son los niños y ancianos?
Las numerosas quejas respetuosas que hemos elevado contra el oficial Julián Chaves, comandante de vigilancia del Eron y principal propiciador de estos abusos –a decir del mismo cuerpo de custodia y vigilancia-, ni siquiera han merecido una respuesta suya, lo que nos hace suponer que la vulneración de los derechos humanos a infantes y adultos mayores es una política del establecimiento que usted dirige.
Podría enumerar otros atropellos que diariamente cometen los funcionarios del Inpec en este establecimiento de reclusión, pero ¡Quién lo creyera?
Las restricciones que imponen la guardia para el ingreso del papel bom, las libretas de notas, y hasta los lápices me obligan a ser breve en mis apreciaciones. En la cárcel “todo lo prohibido es negocio” y por estos artículos debo pagar 2,3 y hasta cuatro veces más de su valor real en el mercado.
Y ya que hablamos de prohibiciones, resulta un verdadero adefesio que ustedes invoquen razones de seguridad para prohibir el ingreso de los libros y publicaciones periódicas. Ni en los peores momentos de la inquisición medieval se llegó a tales extremos.
Razón tienen una colega al afirmar que en la mente de muchos funcionarios públicos “existe un procuradorcito Ordoñez”, dispuesto a censurar, perseguir y eliminar toda aquello que parece como divergente.
Hoy en este centro carcelario donde me encuentro resulta mucho más fácil conseguir una papeleta de bazuco que una revista Semana e incluso el Tiempo y el Espectador, cuando un visitante trae consigo algunos de estos ejemplares la guardia tiene el desfachatez de exigirle que lo depositen en la basura so pena de bloquear el acceso del visitante al establecimiento penitenciario.
Ni que decir de la prensa alternativa, la literatura especialidad y los materiales de estudio. Estos sí que no tienen la más mínima oportunidad de circulación, perjudicando a muchos presos que hemos hecho de la lectura un medio privilegiado para nuestra preparación y desarrollo intelectual.
Por supuesto no les niego que en las encomiendas semestrales ustedes autorizan el ingreso hasta de tres libros. Por el contario, tan celosos han sido ustedes en el cumplimiento de esta normativa que cuando los cuerpos contrainsurgentes del Grupo de Reacción Inmediata, GRI-o el Cuerpo de Remisiones Especiales, Cores, ingresa a ser requisas en los patios, y encuentra que un interno cuenta con un número mayor de lo estipulado, le advierten que solo puede dejar tres libros en su celda, los demás son embalados en una bolsa negra enviados a un deposito donde tarde o temprano terminaran alimentando a los roedores.
Sepan ustedes que con esta normativa están vulnerando el derecho de los reclusos a la información y a la comunicación con el mundo exterior, máxime cuando en los patios del Eron la correspondencia de los internos solo es recepcionada una vez a la semana,-aunque en ocasiones puede transcurrir más de tres semanas sin que un preso pueda enviar o recibir una carta como sucedió en el mes de octubre que acaba de concluir. Esto a pesar de encontrarnos la llamada sociedad de la información.
Y no sigan recurriendo al manido sofisma que los internos pueden tener un radio de pilas y que disponen de siete teléfonos para su contacto con el mundo exterior, porque ni los radios ni las pilas las proporciona el Inpec, ni mucho menos los presos están en condiciones de pagar un servicio de telefonía cuyo costo es superior al promedio del mercado, esto sin contar con las deficiente calidad del servicio.
Bien saben ustedes que la gran mayoría de los reclusos que están privados de la libertad en estos centros de reclusión provienen de los estratos económicos más pobres (prueba de ello es que los peligrosos delincuentes de cuello blanco y mente oscura, como los empresarios Nule no hayan pisado un Eron), y apenas si logran sobrevivir en el día a día.
Dicho sea de paso, el sistema carcelario y penitenciario no ofrece condiciones para que el interno genere sus propios ingresos bien sea para él o sus familiares. Esto no obstante contar con un valioso recurso humano con aptitudes para el trabajo en madera, cuero, fibras, papel y telares.
Desafortunadamente el ingreso de estos materiales cuyos costos no solo corren por cuenta del preso sino que están restringidos y sometido a las cadenas de corrupción de los funcionarios del Inpec.
Frente a estas graves situaciones los presos hemos recurrido a mecanismos legales y constitucionales de Protección de derechos de las personas privadas de la libertad. No obstante, cada vez son mayores los obstáculos que interpone el Inpec para limitar e incluso bloquear el acceso a estos recursos.
Así por ejemplo la dragoneante Sandra Franco adscrita a la oficina jurídica no admite derechos de petición en los días regulares desconociendo que este es un derecho que tiene todo ciudadano, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y el cual le posibilita elevar peticiones, quejas, reclamos, consultas y solicitar información.
Pero si los derechos de petición difícilmente son recepcionados, menos aún podemos esperar respuesta a ellos, por lo que en muchos casos nos vemos precisados a entablar acciones de tutela, y cuando a través de ella logramos amparar nuestros derechos fundamentales,-el Inpec se niega sistemáticamente a cumplir con lo ordenado por el juez, por lo que se hace indispensable presentar un incidente de desacato para garantizar su cumplimiento, generando un desgaste en la administración de justicia.
Este procedimiento ha hecho tanta carrera entre los funcionarios del Inpec, que algunos guardias a sabiendas que están afectando el derecho de un interno, en el colmo del cinismo, desafían al preso para que interponga una tutela que ampare dicho derecho.
Entre tanto lo “marcan” (señalan) con sus colegas, y automáticamente suspende los beneficios a los demás internos del patio como mecanismos de presión para que el preso retire la tutela, poniendo incluso en peligro la integridad personal del denunciante.
En una actitud que nos recuerda los comportamientos de los SS alemanes en los campos de concentración Nazi.
La experiencia nos muestra, general Ruíz Ramírez, que son numerosos los recursos que las mismas directivas del Inpec utilizan para castigar a aquellos presos que se atreven a denunciar las arbitrariedades cometidas diariamente en los centros de reclusión, las cuales pueden ir desde el traslado de cárcel –alejando al interno de su núcleo familiar y afectivo- hasta la realización de falsos positivos dentro de los patios.
Este último mecanismo ha sido empleado contra el preso político Willington Villarreal, a quién se le involucro en un supuesto plan de fuga por el hecho de denunciar las agresiones físicas de que fue objeto por parte del personal de guardia y custodia,-sancionándole con la pérdida de 120 días de redención y sometiéndolo a tratos inhumanos y degradantes como el de mantenerlo durante seis días en una celda de tratamiento especial, sin luz eléctrica ni agua potable, sin servicio sanitario, teniendo que defecar en una bolsa plástica.
Otro caso digno de recordarles es el del guerrillero del ELN Isaid Alberto Angulo quién ha librado una titánica batalla jurídica contra el Inpec, razón por la cual se le ha hostigado y estigmatizado al punto que en una comunicación que usted, señor Augusto Ceballos, envió a la Defensora del Pueblo (Regional Bogotá),
lo presenta de manera desobligante y temeraria como un preso “social” que “desde el momento que llegó viene adoptando una actitud desafiante, amenazante y de prevención, comportamiento que no ha sido posible se preste para dialogar”.
¿En qué ha consistido la actitud desafiante y amenazante de este preso político? ¿Acaso, en los centenares de derechos de petición y tutelas que ha interpuesto para solicitar el amparo de sus derechos y el de sus visitas,-
incluyendo una denuncia por delito sexual ante la Fiscalía a funcionarios de las requisas femeninas, que se extralimitaron en las mismas, y en la cual lo vinculó a usted como director del Eron, por ser representante legal y no tomar las más mininas medidas para contrarrestar el problema?
A raíz de esta serie de denuncias se le ha obstruido su clasificación en mediana seguridad, recurriendo también a falsos positivos, porque como le manifestara verbalmente la sargento Sonia del Consejo de Evaluación y Tratamiento, SET, al mencionado presos que si seguía enviando “papeles chimbos a la dirección general lo iba a clasificar cuando ella quisiera.
En mi caso personal no solo he sido objeto de acciones similares sino que mi calidad del Servidor Público ha sido reconocida para aplicar medidas sancionatorias en mi contra (como la de inhabilitarme por trece años para ejercer cargos públicos) mientras dicha condición ha sido desconocida por ustedes para negarme beneficios como el de estar recluido en un Establecimiento de Reclusión Especial (Eres).
Peor aún, he sido confinado en una estructura de máxima seguridad atendiendo no a mi situación jurídica (Absuelto en primera instancia, condenando por rebelión en segunda instancia y actualmente sujeto sud judise) sino a los registros calumniosos de los medios oficiales de-comunicación donde me señalan de ser “alias ´Jaime Cien Fuegos´ Profesor de Sociología que hace parte de la Comisión Internacional de las FARC”, como lo reconoce la subdirectora del Comeb, mayor Magnolia Angulo en su carta de respuesta a una petición impetrada por la Fcspp.
¿Realmente creen ustedes que violando los principios constitucionales e irrespetando la dignidad humana de las personas privadas de la libertad podrán contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el país?
Es hora ya que desde sus puestos de dirección replanteen sus políticas represivas y las reorienten hacia políticas de contenido humanista y social, que privilegien la concreción de los derechos humanos sobre los temas de seguridad y de creación de nuevos centros penitenciarios que desconocen los principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de la libertad.
General Jorge Luis Ramírez, Dr. Cesar Augusto Ceballos:
Como colombiano, como sociólogo, como preso político, pero fundamentalmente como ser humano sensible al dolor y a cualquier injusticia humana, me indigna estos atropellos que se vienen cometiendo en el Eron-Picota y de más cárceles del país, bajo la mirada cómplice e indiferente de ustedes.
Por esta razón expreso mi decisión publica de sumarme a la jornada de desobediencia y huelga de hambre indefinida, iniciada por los prisioneros de guerra de las FARC – EP, que tiene como propósito la liberación inmediata de los enfermos terminales y lisiados de guerra; al mismo tiempo que acepto la responsabilidad que me ofrecen de ser uno de los voceros de esta jornada.
Cárcel de máxima seguridad Eron-Picota
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PRISIONEROS POLITICOS DE 13 CARCELES DE TODA COLOMBIA EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA !
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La Corte Suprema no admitió la demanda de casación por medio de la cual la Fiscalía buscaba que se revocara el fallo absolutorio.
Joaquín Pérez Becerra Foto: Archivo SEMANA
Joaquín Pérez Becerra, uno de los fundadores de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), seguirá en libertad gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal del alto tribunal no admitió la demanda que interpuso la Fiscalía para que se ratificara su condena por supuesta complicidad con las acciones delictivas de las FARC.
Un error en técnica probatoria habría dado al traste con la investigación que adelantó la Fiscalía contra el periodista. La forma como los investigadores de la Dijín incorporaron al juicio el material de prueba que de forma más contundente habría demostrado los nexos del comunicador con la guerrilla frustró las intenciones del organismo acusador.
Pérez Becerra había sido detenido en Caracas (Venezuela), luego de que los organismos de policía judicial hallaron evidencias sobre la supuesta colaboración del periodista en la consecución de recursos para el desarrollo de las actividades ilícitas de las FARC.
A su nombre, fueron encontrados unos 500 correos electrónicos ubicados en la cuenta de Víctor Julio Suárez Rojas, ‘Mono Jojoy’. Las evidencias fueron encontradas en la operación 'Sodoma', la acción que permitió dar de baja al temido líder guerrillero en el 2010.
Los hallazgos de los entes de Policía judicial indicaban que Pérez Becerra tenía la misión de colaborar con las finanzas del grupo armado ilegal.
De hecho, se contaba con evidencias de que el comunicador hacía uso de un chip que le permitía realizar transacciones de cuantiosas sumas de dineros de las que la insurgencia echaba mano para costear sus operaciones, mediante recursos supuestamente obtenidos y administrados fuera de Colombia.
En su momento, las pruebas fueron tan contundentes, que el entonces director de Anncol terminó siendo condenado. En septiembre del 2012, un juez de Bogotá le impuso una pena de ocho años de prisión por estar involucrado en financiación y colaboración con actividades terroristas, concierto para delinquir y rebelión.
Casi dos años después, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia condenatoria. Pérez Becerra fue absuelto, luego de que esa corporación encontró ilegal la incorporación de las pruebas encontradas en el computador del extinto líder de las FARC alias 'Mono Jojoy'.
El error estuvo en la forma como se acreditó el desarrollo de la operación en la que se encontraron los supuestos correos entre 'Jojoy' y el periodista. Según el Tribunal, los agentes de la Dijín que participaron en la acción debieron ser llamados a declarar sobre la manera como se obtuvo el material. Como no se procedió de esa manera, la incorporación de la pruebas al juicio fue ilegal. Lo mismo opinó la Corte, al ratificar el fallo absolutorio.
Aunque la Fiscalía cuenta con otros mecanismos para insistir en que se declare a Pérez Becerra penalmente responsable de colaborar en los delitos de la guerrilla, a ese organismo se le van agotando las posibilidades.
El hecho es que, ante la ratificación de la ilegalidad de las pruebas más contundentes en contra del periodista, el ente investigador se va quedando sin opciones para aspirar a que se case el fallo y se decrete la condena.
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