Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20022270
Timestamp: 2019-05-24 17:03:41+00:00

Document:
C-343 de 2007
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020022270CC-SENTENCIAC343200709/05/2007CC-SENTENCIA_C_343__2007_09/05/2007200222702007Sentencia C-343/07 DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Imposibilidad de controvertir los medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia en el juicio oral/ TESTIGOS EN JUICIO ORAL -Imposibilidad de interrogarlos por la víctima del delito Es claro que aún cuando en el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 no existe previsión expresa que le permita a la víctima del delito interrogar a los testigos, también es cierto que, en armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues -se reitera- en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas. Procede, entonces, desestimar la acusación y declarar la exequibilidad del artículo 390 de la Ley 906 de 2004, en lo referente al cargo examinado. Como quedó consignado, en relación con el artículo 395, acusado en su integridad, ordenará la Corte estarse a la resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión "La parte que no está interrogando o el Ministerio Público" que fue declarada exequible y, en atención a que por las razones analizadas no se observa inconstitucionalidad alguna en el resto del artículo, la Corte extenderá la declaración de exequibilidad para que cobije el segmento sobre el cual no hay pronunciamiento anterior, pero aclara que la declaración de exequibilidad se circunscribe al cargo analizado. DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA- Facultades probatorias DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Posibilidad de solicitar pruebas en audiencia preparatoria COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración Referencia: expediente D-6474
RODRIGO ESCOBAR GILD6474CONSTITUCIONALIDADMAURICIO PAVA LUGOAsunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 ".Identificadores20020022271true37431Versión original20022271Identificadores
Norma demandada: Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 ".
Es claro que aún cuando en el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 no existe previsión expresa que le permita a la víctima del delito interrogar a los testigos, también es cierto que, en armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues -se reitera- en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas. Procede, entonces, desestimar la acusación y declarar la exequibilidad del artículo 390 de la Ley 906 de 2004, en lo referente al cargo examinado. Como quedó consignado, en relación con el artículo 395, acusado en su integridad, ordenará la Corte estarse a la resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión "La parte que no está interrogando o el Ministerio Público" que fue declarada exequible y, en atención a que por las razones analizadas no se observa inconstitucionalidad alguna en el resto del artículo, la Corte extenderá la declaración de exequibilidad para que cobije el segmento sobre el cual no hay pronunciamiento anterior, pero aclara que la declaración de exequibilidad se circunscribe al cargo analizado.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Posibilidad de solicitar pruebas en audiencia preparatoria
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 ".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Mauricio Pava Lugo demandó los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
"LEY NÚMERO 906 DE 2004
ARTÍCULO 395. OPOSICIONES DURANTE EL INTERROGATORIO. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada."or losopsdkkddkdk
Así las cosas, el actor sostiene que existe una omisión legislativa relativa, pues, sin justificación alguna, en los artículos demandados no se les otorgó a las víctimas la potestad para que intervinieran en la práctica probatoria dentro de la audiencia de juicio oral. En su opinión, esta situación resulta asimilable a la planteada en la Sentencia C-454 de 2006, en la cual se declaró la inexequibilidad de las normas que impedían a las víctimas solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, pues, según el demandante, en aquella ocasión la Corte consideró que para que la víctima pudiese ejercer realmente el derecho a la verdad y la justicia "(…) no tendría sentido lógico que pudiera solicitar pruebas pero no intervenir en su producción y práctica"[1].
Por lo anterior, el interviniente sostiene que, dentro de una concepción material del derecho a la igualdad, las víctimas en su condición especial dentro del proceso no pueden intervenir de la misma manera como intervienen los demás sujetos del proceso, sin que por ello se les esté desconociendo sus derechos, pues si en algunas ocasiones participan directamente, en otras lo hacen a través del Ministerio Público, que es "(…) el responsable expreso que el constituyente señaló para la tarea de velar por los derechos fundamentales de las víctimas"[2].
Para sustentar la anterior afirmación, el Ministerio del Interior y de Justicia hace un breve recuento de las funciones del Ministerio Público y de su participación dentro del proceso penal, para concluir que no se presenta la inconstitucionalidad de las normas que se alega en el presente caso, toda vez que a las víctimas no se les está excluyendo de participar en el trámite probatorio, pues "(…) tienen en el Ministerio Público (…) la oportunidad de interrogar y contra interrogar a los testigos y peritos del proceso."[3]. De esta manera el interviniente afirma que no hubo una omisión del legislador, pues se encargó al Ministerio Público de proteger los derechos de las víctimas dentro del proceso y de actuar en nombre de ellas cuando no lo hagan directamente.
No obstante lo anterior, el interviniente aduce que, como ocurre en las disposiciones demandadas, las víctimas no pueden intervenir por cuanto, dado el carácter "adversarial" del nuevo proceso penal, sólo son sujetos procesales el ente acusador, la defensa y el Ministerio Público, quienes pueden intervenir en todas las etapas, mientras que las víctimas únicamente pueden participar cuando tienen interés directo, de modo que, respecto de los testimonios solicitados por otros sujetos procesales, cabe entender que no son de su interés y, en este sentido, no puede hablarse de una vulneración de los derechos ya mencionados.
4.Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Destaca el interviniente que, como se indicó en la citada sentencia, no había una razón objetiva y suficiente que justificara la exclusión de la víctima de los trámites referidos en las disposiciones entonces acusadas, por lo que "(…) se encuentra incumplimiento del legislador para la configuración de una verdadera intervención de la víctima, en los mismos términos del canon internacional"[5].
De acuerdo con lo expuesto, la Comisión Colombiana de Juristas solicita a la Corte que declare constitucionales las normas demandadas, pero en el entendido de que las víctimas estén facultadas "(…) para interrogar, contrainterrogar y preguntar sobre las respuestas en aquellos casos en los que sea procedente"[6]
El señor Procurador General y el señor Viceprocurador se declararon impedidos para rendir concepto en el presente asunto, pues habían participado en la expedición de las normas objeto de control constitucional y, mediante auto del 4 de octubre de 2006, la Sala Plena de esta Corporación resolvió aceptar los impedimentos propuestos, así que el señor Procurador General de la Nación designó a la Doctora Carmenza Isaza Delgado, Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para que rindiera el concepto de rigor, en el cual se solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos demandados "bajo el entendido que la víctima cuenta con la posibilidad de interrogar al testigo que ha solicitado, contrainterrogar al citado por otro, y de oponerse a cualquier pregunta que viole las reglas del interrogatorio, y que se tomará declaración a los testigos solicitados por la víctima en el orden que desee y en todo caso antes de que sean interrogados los de la defensa".
El ciudadano demandante le ha solicitado a esta Corte declarar la inconstitucionalidad de los artículos 390, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", pues los estima contrarios al acceso a la justicia, a la igualdad ante los tribunales, a la defensa en el proceso y a la efectividad ante los tribunales que la Constitución contempla en los artículos 229, 13, 29 y 228, respectivamente, así como al artículo 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Respecto de acusaciones idénticas, la Corte Constitucional ya tuvo oportunidad de pronunciarse y es así como en la Sentencia C-209 de 2007[8] examinó la constitucionalidad del artículo 391 de la Ley 906 de 2004, así como de la expresión "La parte que no está interrogando o el Ministerio Público" del artículo 395 y resolvió declarar la exequibilidad "en lo demandado y por los cargos analizados" de los referidos artículos, entre otros.
En esas condiciones, a la Corte le corresponde ahora examinar la constitucionalidad del artículo 390 y de la parte del artículo 395 sobre la cual no recayó el pronunciamiento de exequibilidad que reza: "…podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada".
Respecto de esta audiencia la Corporación señaló que "constituye, dentro del nuevo sistema, el acto procesal por excelencia para el trámite de las solicitudes de pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral" y después de verificar que el artículo 357 sólo le permitía solicitar pruebas al fiscal y a la defensa, la Corte concluyó que el legislador había omitido "incluir al representante de las víctimas dentro de las partes o intervinientes con facultad para realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria"[10].
A juicio de la Corporación, el derecho a acceder a la justicia "se encuentra en una relación directa con el derecho a probar", el derecho a conocer la verdad "está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar", el derecho a la justicia "resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades" y el derecho a la reparación "se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el hecho punible"[11].
En razón de la interdependencia de los mencionados derechos, la Corte estimó que la solicitud de pruebas sobre el hecho mismo, así como sobre las circunstancias, la determinación de los autores y partícipes y la magnitud del daño constituye "un presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia", motivo por el cual, precisó la Corporación que no era razonable excluir a las víctimas de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias y, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, indicó que la "naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado", además, porque los intereses defendidos por el Ministerio Público en el proceso penal "son muy distintos a los intereses que agencia el representante de las víctimas"[12].
En términos generales, la Corte precisó que carecía de justificación objetiva impedirle a la víctima solicitar pruebas anticipadas, pedir el descubrimiento de las pruebas, participar en la audiencia preparatoria, solicitar la exhibición de los elementos probatorios materiales o de evidencia física y solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba y que, en cada una de esas hipótesis, el legislador había incurrido en una omisión generadora de una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio, lo que, a su turno, evidenciaba que el legislador había incumplido el deber de asegurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal en contra del derecho a la verdad y del derecho a "ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas" que, según el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, corresponde a las víctimas[14].
Como quedó consignado, en relación con el artículo 395, acusado en su integridad, ordenará la Corte estarse a la resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión "La parte que no está interrogando o el Ministerio Público" que fue declarada exequible y, en atención a que por las razones analizadas no se observa inconstitucionalidad alguna en el resto del artículo, la Corte extenderá la declaración de exequibilidad para que cobije el segmento sobre el cual no hay pronunciamiento anterior, pero aclara que la declaración de exequibilidad se circunscribe al cargo analizado.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-209 de 2007 en relación con la acusación formulada en contra del artículo 391 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión "La parte que no está interrogando o el Ministerio Público" contenida en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" y declarar EXEQUIBLE la parte restante del referido artículo que reza: "podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada", por el cargo analizado en esta sentencia.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 391 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible Artículo 390 LEY_906_2004_31/08/2004
Estarse a lo resuelto ... Artículo 395 LEY_906_2004_31/08/2004

References: artículo 390
 artículo 390
 artículo 395
 artículo 390
 artículo 390
 artículo 395

ARTÍCULO 395
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 391
 artículo 395
 artículo 390
 artículo 395
 artículo 357
 artículo 11
 artículo 395
 artículo 391
 artículo 395
 Artículo 391
 Artículo 390
 Artículo 395