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Timestamp: 2017-07-25 08:51:45+00:00

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Ley Tasas y Precios Publicos by pepe diaz - issuu
LEY 8/1989, DE 13 DE ABRIL DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOSArtículos o párrafos que han sido objeto de modificación durante el ejercicio de 2003:
Artículo 6. Modificado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Vigente
desde 1 de julio de 2004, conforme la Disposición Final undécima de la Ley 58/2003.LEY 8/1989, DE 13 DE ABRIL DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS∗
(Boletín Oficial del Estado de 15 de abril)
Ley:EXPOSICION DE MOTIVOS
El proceso de ordenación de las tasas en la historia fiscal española no puede decirse que
haya sido sencillo ni siquiera que se encuentre terminado. Ello se debe a causas complejas
y sobradamente conocidas, derivadas de la génesis, características y peculiar función que
estos tributos cumplieron en el sistema tributario, en la financiación de los Entes públicos
dotados de cierta autonomía dentro de la estructura del Sector Público e, incluso, en la política retributiva de los funcionarios públicos.
A partir de 1958 aparecen, sin embargo, una serie de disposiciones de muy diversa naturaleza que avanzan notablemente en la reconducción de la tasa –y de su utilización- a los
parámetros propios de la técnica presupuestaria y fiscal. Entre ellas cabe destacar la Ley de
Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio de 1964 y la fundamental Ley de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, de 4 de mayo de 1965, que acabaron con la
parafiscalidad española al establecer la aplicación de los principios de legalidad e integración presupuestaria de los tributos y exacciones parafiscales.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 26/1977, de 24 de marzo, suprimió una treintena de
antiguas tasas o exacciones parafiscales, transvasó otras diez al régimen de precios o recursos propios de Organismos Autónomos y realizó algunas refundiciones.
También, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/1985, de 2 de agosto,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se han derogado otras diez antiguas exacciones o cánones parafiscales.
En esta misma línea de racionalización y simplificación del sistema de tasas hay que
anotar la supresión en los últimos tiempos de una serie de ellas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como la supresión de las Tasas judiciales por la Ley
25/1986, de 24 de diciembre.
∗Actualizado a 1 de enero de 2004
2El importante esfuerzo realizado en los años citados para refundir, sistematizar y ordenar
la presencia de estos tributos en nuestro sistema tributario no ha podido impedir, sin embargo, que la regulación de las tasas continúe ofreciendo una dispersión y complejidad que
dificulta su conocimiento y aplicación, incidiendo, por tanto, en la seguridad jurídica de los
administrados, ni tampoco que se arrastren todavía ciertas manifestaciones parafiscales.
Es patente, además, que nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea y las
exigencias derivadas de ello para nuestro país, en materia de armonización fiscal, han influido directamente en el peculiar mundo de las tasas y sobre todo en sus relaciones de compatibilidad y exclusión con el Impuesto sobre el Valor Añadido que rechaza las tasas de estructura equivalente a la de un impuesto sobre ventas.
La entrada en vigor de la Constitución y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad tributaria han incidido notablemente en la configuración del sistema tributario español implantado a partir de 1979, pero no han tenido proyección apenas
en la regulación de las tasas, cuya legislación básica es preconstitucional.
Por todo ello resulta conveniente afrontar la revisión de esta legislación, insertándola en
el nuevo marco jurídico creado por la Constitución Española, de forma que las tasas puedan
ocupar un lugar efectivo entre los ingresos no financieros de los Entes públicos, absolutamente concentrados en estos momentos más que en la figura del tributo en general, en la
del impuesto. Sólo de esta manera puede aspirarse a conseguir una estructura más diferenciada de los ingresos públicos coactivos, que haga recaer sobre los beneficiarios directos de
ciertos servicios y actividades públicos el coste de su prestación, en lugar de financiarlos
con impuestos generales aplicables a todos los ciudadanos. Con esta asociación del principio básico de capacidad económica y del de equivalencia o beneficio para articular determinados tributos, se espera mejorar no sólo la suficiencia del sistema en su conjunto sino los
componentes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de
contención de la presión fiscal individual presente en las leyes fiscales aprobadas en esta
La presente Ley no se limita, sin embargo, a la regulación básica de las tasas en el conjunto de los ingresos tributarios, sino que aborda, también, la de los precios públicos: figura
mal definida en nuestro ordenamiento y, sobre todo, insuficientemente regulada, respecto de
la cual, con esa diferencia, cabría realizar prácticamente las mismas consideraciones expuestas respecto a la necesidad de acometer su reforma legislativa.
La distinción entre precio y tasa es una cuestión clásica de la Hacienda Pública, minimizada jurídicamente por la escasa significación de los ingresos procedentes del precio en el
conjunto de los ingresos públicos. Sin embargo, tanto la tasa como el precio público arrancan de un mismo supuesto de hecho como es que el Ente público entrega directamente
ciertos bienes o presta ciertos servicios por los que es posible obtener a cambio un ingreso.3En ambos casos tendremos ingresos públicos, pero mientras que en el precio la relación
que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota
de coactividad propia del tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio
constitucional de legalidad para su creación y aplicación.
Resulta, por tanto, igualmente necesario acometer a nivel legal la regulación del régimen
jurídico del precio público y su delimitación con las tasas, ya que la teoría jurídica de la distinción entre ambas figuras se encuentra poco desarrollada en España a todos los niveles.
Las Tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos. Consciente la norma de que, en ciertos supuestos, pueden prestarse servicios o realizarse actividades que, por sus características, no implican las notas propias
de la tasa, la delimitación o acotamiento del campo de la misma se efectúa con dos notas: la
solicitud o recepción del presupuesto de la tasa debe ser obligatoria para el obligado a satisfacerla y, además, el servicio o actividad que se presta por parte del Ente público no debe poder
ser prestado por el sector privado (no puede existir concurrencia entre el sector público y el
sector privado). Cuando concurran en la prestación del servicio o realización de la actividad
las dos notas comentadas (obligatoriedad y no concurrencia) estaremos ante una tasa. Por el
contrario, si el servicio o actividad es susceptible de ser prestado por el sector privado o bien
en su solicitud no existe obligatoriedad, estaremos ante el precio público. También estaremos
ante un precio público cuando la actividad consista en la concesión de la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público.
A las razones expuestas en los apartados anteriores para justificar la necesidad de esta
Ley hay que añadir la que deriva de la inexcusable cohesión que debe existir entre la regulación de estas figuras a efectos del sistema tributario general y la aplicable en el de las Haciendas Territoriales. Mientras que la tasa y el precio son figuras prácticamente residuales
en la financiación del Estado, su importancia es evidente en los presupuestos de las Corporaciones locales, donde han alcanzado notable desarrollo. De aquí que la promulgación de
la Ley de Financiación de las Haciendas Locales haga necesario unificar las soluciones
normativas de ordenación de las tasas y los precios públicos contenidas en el sistema tributario del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, para garantizar la máxima coherencia en la técnica fiscal de los tres niveles territoriales de organización
a) Disponer de un instrumento legal para la racionalización y simplificación del sistema
tributaria y, en concreto, del subsistema de tasas y exacciones parafiscales, que permita, al
4mismo tiempo, diferenciar la financiación presupuestaria mediante ingresos tributarios en
base a la combinación del principio de equivalencia con el de capacidad contributiva.
b) Flexibilizar legalmente la utilización de este instrumento de financiación pública, mediante la incorporación al régimen tributario general de los criterios de la legislación reguladora de las Haciendas Locales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio
de legalidad en materia tributaria.
c) Delimitar los conceptos de tasa y precios públicos, así como el régimen de exigencia
de estos últimos. Con ello dejarán de producirse confusiones entre una y otra institución y
podrán aplicarse adecuadamente los distintos supuestos que vayan apareciendo en la realidad.TITULO PRIMERO
Artículo 2.º Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley
a) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social y las de naturaleza idéntica que se
recauden conjuntamente con aquéllas.
b) La contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que presten las
Entidades u Organismos públicos que actúen según normas de derecho privado.
c) Los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que continuarán
regulándose por su legislación específica.
Artículo 3.º Medidas presupuestarias
1. Los recursos regulados en esta Ley correspondientes al Estado y sus Organismos
autónomos, se ingresarán en las cajas del Tesoro Público o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
2. La recaudación, custodia e ingreso de los derechos correspondientes a otros Entes se
regirá por las normas que sean de aplicación a los mismos.
3. El rendimiento de los recursos a que se refiere el artículo primero de esta Ley se aplicará íntegramente al Presupuesto de ingresos que corresponda, sin que pueda efectuarse
detracción ni minoración alguna, salvo lo dispuesto en el artículo 12.54. El Ministro de Economía y Hacienda podrá proponer al Gobierno o al Ministro del ramo
el establecimiento de ingresos de Derecho público regulados en la presente Ley, por parte
de aquellos Organos de la Administración del Estado, Organismos o Entes que no los apliquen, así como su actualización, cuando proceda.
Artículo 4.º Responsabilidades
Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados que de forma voluntaria
y culpable exijan indebidamente una tasa o precio público, o lo hagan en cuantía mayor que
la establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación.
Artículo 5.º Servicios públicos esenciales
(Derogado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter
Artículo 6.º Concepto. (Redacción vigente hasta 30 de junio de 2004)
Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de
actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida
privada o social del solicitante.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente.
Artículo 6.º Concepto. (Redacción vigente desde 1 de julio de 2004)
Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción
voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Artículo 7.º Principio de equivalencia6Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho
Artículo 8.º Principio de capacidad económica
En la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del
tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas.
Artículo 9.º Fuentes normativas de las tasas
a) Por los Tratados o Convenios Internacionales que contengan cláusulas en materia de
tasas, publicados oficialmente en España.
b) Por la presente Ley, por la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria, en
cuanto no preceptúen lo contrario.
2. La presente Ley se aplicará supletoriamente respecto de la legislación que regula las
tasas de las Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.
Artículo 10. Establecimiento y regulación
1. El establecimiento de las tasas, así como la regulación de los elementos esenciales de
cada una de ellas, deberá realizarse con arreglo a Ley.
3. Cuando se autorice por Ley, con subordinación a los criterios o elementos de cuantificación que determine la misma, se podrán concretar mediante norma reglamentaria las
cuantías exigibles para cada tasa.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su
hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.CAPITULO II
Podrán establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en
régimen de Derecho público consistentes en:7a) La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones administrativas.
d) Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación,
estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección.
d) Valoraciones y tasaciones.
l) La participación como aspirantes en oposiciones, concursos o pruebas selectivas de
acceso a la Administración Pública, así como en pruebas de aptitud que organice la Administración como requisito previo para el ejercicio de profesiones reguladas de la Unión Europea.
m) El ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte en los órdenes civil y
n) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas
determinadas o que hayan sido motivados por éstas, directa o indirectamente.
Las tasas por servicios o actividades públicos se exigirán por el hecho de la prestación o
realización de los mismos, sin que tenga relevancia a estos efectos que el lugar donde se
preste el servicio o se realice la actividad se encuentre fuera del territorio nacional.
a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial o cuando se
inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, sin perjuicio de la posibilidad
de exigir su depósito previo.
2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».8Artículo 16. Sujeto pasivo
1. Serán sujetos pasivos de las tasas, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen su
2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria en materia de responsabilidad
y garantías de la deuda tributaria, responderán solidariamente de las tasas, las Entidades o
Sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos
que constituyan el hecho imponible de una tasa.
2. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los
usuarios u ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general de inmuebles, serán responsables subsidiarios los propietarios de dichos inmuebles.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8, no se admitirá en materia de tasas, beneficio
tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 19. Elementos cuantitativos de las tasas
1. El importe de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de
la utilidad derivada de aquélla.
2. En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto,
del valor de la prestación recibida.
3. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su
caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio
o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia
del presupuesto con cargo al cual se satisfagan.
4. La cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija señalada al efecto, determinarse
en función de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos que sirvan de
base imponible o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.9Artículo 20. Memoria económico-financiera
1. Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de
las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos
para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o
actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.
La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones
reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas.
2. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público lleve
aparejada una destrucción o deterioro del mismo no prevista en la memoria económicofinanciera a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo de la tasa, sin perjuicio del
pago de la misma, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables, la indemnización consistirá en
una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.CAPITULO III
3. En la gestión de las tasas se aplicarán, en todo caso, los principios y procedimientos
de la Ley General Tributaria y, en particular, las normas reguladoras de las liquidaciones
tributarias, la recaudación, la inspección de los tributos y la revisión de actos en vía administrativa.
Artículo 23. Autoliquidación
Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro, cuando así se prevea
reglamentariamente.10TITULO III
Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se
satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el
sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
1. Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes
económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o
a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo
aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas
para la cobertura de la parte del precio subvencionada.
Artículo 26. Fijación
1. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios público se hará:
2. Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos
deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe de
los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.
Artículo 27. Administración y cobro de los precios públicos
1. La administración y cobro de los precios públicos se realizará por los Departamentos y
organismos públicos que hayan de percibirlos.
2. Los precios públicos podrán exigirse desde que se inicie la prestación de servicios que
justifica su exigencia.
3. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo o mediante el empleo de
4. Podrá exigirse la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de los
precios públicos.115 Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste
el servicio o no se realice la actividad, procederá la devolución del importe que corresponda
o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible.
7. En lo no previsto expresamente en la presente Ley, la administración y cobro de los
precios públicos se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación a los mismos.DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Modificación de la Ley General Tributaria
(Derogada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las
Segunda. Exacciones reguladoras de precios
El establecimiento de exacciones con finalidad exclusiva de regular el precio de productos determinados podrá efectuarse por medio del Real Decreto, en el que se contendrán las
Tercera. Aranceles de funcionarios públicos
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las percepciones fijadas en Arancel
aprobado legalmente que se cobren directamente por el funcionario se sujetarán en su establecimiento, modificación y exacción, a los preceptos contenidos en esta Disposición Adicional y en sus demás normas reguladoras que no resulten contrarias a lo previsto en la misma.
2. En general, los Aranceles se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los
gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o
servicios de los funcionarios, incluida su retribución profesional.
Los Aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de los hechos,
actos o negocios jurídicos y, a falta de aquéllos, sobre los consignados por las partes en el
correspondiente documento, salvo en aquellos casos en que las características de las actividades de los correspondientes funcionarios no lo permitan.12La liquidación del Arancel quedará incorporada al documento público correspondiente. La
base de aplicación de los Aranceles, con mención del número del Arancel y honorarios que
correspondan a cada acto se reflejarán por el funcionario al pie de la escritura o documento
matriz y de todas sus copias y del asiento, certificación o nota extendidas y, en su caso, del
documento entregado al interesado.
3. Los funcionarios públicos que, mediando dolo o culpa grave, infrinjan lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado anterior incurrirán en falta disciplinaria muy grave que, sin
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación,
será sancionada con suspensión por plazo de cinco años y, en caso de reincidencia, con la
baja definitiva del funcionario en el correspondiente Cuerpo o Escala o, en su caso, separación del servicio.
4. Los fedatarios públicos retribuidos mediante Arancel efectuarán, con ocasión de la
autorización de documentos públicos o de su intervención en todo tipo de operaciones, las
advertencias que procedan sobre las consecuencias fiscales o de otra índole de las declaraciones o falsedades en documento público o mercantil.
5. Los Aranceles se aprobarán por el Gobierno mediante Real Decreto propuesto conjuntamente por el Ministro de Economía y Hacienda y, en su caso, por el Ministro del que
dependan los funcionarios retribuidos mediante el mismo.
Al proyecto de Real Decreto se acompañará una Memoria económico-financiera y será
informado por el Consejo de Estado.
6. Sin perjuicio de las competencias propias de los Ministerios de que dependan los funcionarios retribuidos mediante Aranceles, los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda comprobarán la aplicación que efectúen de los mismos con ocasión de la que corresponda, en su caso, realizar de la situación tributaria de dichos funcionarios, dando cuenta de las
anomalías advertidas al Ministerio del que dependan, a los efectos disciplinarios que procedan.
7. El importe de los Aranceles queda afectado a la cobertura directa de los gastos de
funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios
de los funcionarios, así como a su retribución profesional.
Cuarta. Tratamiento fiscal de las diferencias de valor resultantes de la comprobación
(Derogada por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados).
Quinta. Adaptación de la Ley Orgánica 11/1983
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas académicas y demás derechos a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgánica 11/1983,13de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, tendrán la consideración de precios públicos y se
fijarán y regularán de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.
Sexta. Modificación del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, quedará redactado en los siguientes términos:
«Art. 32. 1. A los fines previstos en el artículo anterior, la Hacienda del Estado gozará,
entre otras, de las prerrogativas reguladas en los artículos 71, 73, 74, 75, 111, 112 y 126 de
2. Los mismos derechos asisten a los Organismos autónomos del Estado. Cuando éstos
concurran con la Hacienda del propio Estado tendrán preferencia para el cobro los créditos
de esta última.»
Séptima. Aplicación supletoria de la regulación de los precios públicos
Octava. Modificación de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor
El artículo 5.º, apartado 6.º, de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, quedará modificado en su redacción en los siguientes términos:
«Tampoco estará sujeta al Impuesto la constitución de concesiones y autorizaciones administrativas, excepto las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o
instalaciones en puertos y aeropuertos.»
1. Las tasas, incluidas las de origen parafiscal y las denominadas exacciones parafiscales vigentes, continuarán exigiéndose, según las normas aplicables a la entrada en vigor de
esta Ley, hasta que operen las previsiones contenidas en los artículos 10 y 26 de la misma.
2. Lo previsto en el apartado anterior será aplicable igualmente respecto de los precios
de carácter público actualmente vigentes.
3. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno
elaborará nuevos Aranceles de los funcionarios públicos por el procedimiento previsto en el
apartado 5 de la disposición Adicional Tercera.14DISPOSICION DEROGATORIA
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 13 de abril de 1989.15All pages:123456789101112131415InfoSaveLikeShareDownloadMoreLey Tasas y Precios Publicos Published on Jul 7, 2011 Artículo 6. Modificado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Vigente desde 1 de julio de 2004, conforme la Disposición...See Morechorreon1FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 8

Artículo 19

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 5
 Artículo 6