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Timestamp: 2019-03-22 10:18:43+00:00

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8.7. Título VII: Presupuesto y Finanzas - Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci
8.8. Título VIII: Disposiciones modificatorias, finales y transitorias
8.8.1.2. Reformas a la Ley General de Salud
8.8.1.3. Reformas a la Ley sobre Estupefacientes, Nº 8204
8.8.2. Capítulo II. Disposiciones Finales
8.8.3. Capítulo III. Disposiciones Transitorias
8.7. Título VII: Presupuesto y Finanzas
8.7.1. Capítulo I. Financiamiento
El artículo 61 “Financiamiento del IIRCA” en su inciso c) tiene problemas de seguridad jurídica puesto que asigna un porcentaje indeterminado que destine la CCSS de los fondos que administra el Consejo Oncológico, para alimentar el presupuesto del Iirca. Tómese en cuenta, señoras y señores diputados, que en la Ley Nº 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, de 17 de febrero de 2009, en el Transitorio III, se señaló:
Tres (3) meses a partir de la vigencia de esta Ley, el ministro o la ministra de Salud deberán haber tomado las medidas necesarias para asegurar una ordenada transición administrativa de todos los recursos humanos y materiales, así como los derechos, las obligaciones y el patrimonio del Instituto Costarricense contra el Cáncer, creado mediante la Ley Nº 7765 y declarado inconstitucional mediante la resolución de la Sala Constitucional Nº 2008-001572, a la Caja Costarricense de Seguro Social. La CCSS procederá a la administración de los recursos financieros transferidos en una cuenta contable, presupuestaria y bancaria separada, y los destinará exclusivamente al fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional; además, dispondrá de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley para elaborar un plan de acción para su implementación. La Contraloría General de la República verificará la ejecución de los gastos, de conformidad con lo aquí dispuesto, las demás leyes y los reglamentos vigentes.”
No obstante la cita anterior, la utilización de los fondos encuentra respaldo en la Ley Nº Ley 9028 “Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud”, donde se indica que serán utilizados para el diagnóstico, el tratamiento, y la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo; así como al fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, en lo que se refiere a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos de los pacientes con cáncer99.
De otra mano, el inciso c), a diferencia del resto de incisos del artículo 61, establece un destino de financiamiento, que no es precisamente para apalancar financieramente al IIRCA, sino, para que esa Institución adquiera (compre) medicamentos elaborados con cannabis y cáñamo, sus extractos y cannabinoides que sirvan para curar enfermedades del cáncer y “otras”. Obviamente las compras de medicamentos, si así lo requiere la CCSS lo haría directamente, sin necesidad de otra Institución intermediaria, de tal suerte que este inciso hace que la consulta a la Caja Costarricense de Seguro Social sea absolutamente obligatoria en este particular, pues de los fondos para contrarrestar el cáncer por tabaquismo y para crear la Red Oncológica Nacional, ahora se distraen a otro fin distinto.
Se recomienda eliminar el inciso d) por innecesario, pues el tema está siendo subsumido en el inciso f), aunque este último inciso tiene problema de redacción. Debería indicarse que el Instituto, por ser órgano del Ministerio de Salud, estaría incluido en las partidas anuales ministeriales, y no genéricamente, sin mención a título presupuestario, al indicar “f) Las partidas que anualmente se asignen en los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y en sus modificaciones”.
El inciso e), también tiene deficiente redacción, pues dice “Cualquier otra forma de ingresos u operaciones crediticias autorizadas en la presente ley.” Este inciso no nos dice nada, no hay relación con fuente cierta de financiamiento.
En el inciso h), hay que revisar el uso del concepto de empréstito interno” pues normalmente los empréstitos son mecanismos de financiamiento externo, pues lo otro sería crédito interno. El empréstito es un financiamiento que se brinda a los gobiernos por un Estado extranjero, por organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Eximbank, Banco Mundial, entre otros), o por instituciones privadas de crédito extranjeras. Sin embargo, el artículo 121.15, inciso de la Constitución nos inquiere: “Artículo 121 Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: /…/15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa….”
En el inciso i) se recomienda variar “registros financieros” por “inversiones financieras”. El registro como tal es una partida contable, más no un acción de rentabilizar los fondos del Instituto, que en ese caso serian inversiones financieras.
En el artículo 62 se exonera al IIRCA del pago de toda clase de impuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de contribución. Este artículo hace indelegable la iniciativa de Ley a una Comisión con Potestad Legislativa Plena en aplicación del artículo 124 de la Constitución Política.
El encabezado del artículo 63 se recomienda cambiarlo. El contenido del numeral trata dos cuestiones, la primera, ligada someramente con liquidación presupuestaria y, la segunda, con inventarios separados del Ministerio de Salud respecto de lo que vendría a ser su órgano desconcentrado, el IIRCA, y a lo interno del Instituto, donde todo bien debe ser debidamente individualizado. Entonces, el encabezado debería hacer mención al contenido, en ese sentido, se recomienda “Artículo 63. Liquidación presupuestaria e inventarios”
8.8.1. Capítulo I. Disposiciones modificatorias
8.8.1.1. Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud
En cuanto a la reforma a la Ley Nº 5412, lo que hace el legislador en el artículo 64 fue agregar en el artículo 5, un nuevo inciso h), lo que vendría a ser el nuevo Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis Medicinal y el Cáñamo. Respecto del otro cambio a dicha ley, cual es afectar el artículo 18, esta asesoría observa futuros problemas de yuxtaposición de competencias entre la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes, en relación con las competencias, ya que al IIRCA se le dota de atribuciones similares a las que ya desempeña la Junta100, sobre todo en el tema de la exportación o importación de fármacos estupefacientes.
El artículo 65 plantea reformar veinticuatro artículos de la Ley No. 5395 que pasaremos a analizar brevemente.
En la reforma al artículo 95 se elimina el establecimiento farmacéutico de botiquín y en su lugar se incluye en el inciso d) el establecimiento de dispensario. Esta asesoría recomienda no eliminar el establecimiento de botiquín101 puesto que es un tipo en uso en actividades importantes como en las empresas, en relación con salud ocupacional y riesgos de trabajo102, en clínicas veterinarias103, en actividades taurinas104, en vehículos paramédicos, entre otros. El botiquín de medicamentos es de uso interno, no para venta al público y utilizados para las prescripciones de pacientes, corrientemente, en caso de accidentes. En otras palabras, el botiquín sigue teniendo vigencia, no debería ser eliminado de la ley. En ese caso, si se va a introducir el establecimiento de dispensario debería correrse la numeración y dejar incólume el botiquín.
La misma observación la hacemos para que no se elimine “botiquines” en el artículo 96, ni en el párrafo primero del artículo 140 de la Ley General de Salud.
La modificación al artículo 97 lo que hace el legislador es adicionar un tercer párrafo que dice: “La instalación y operación de los dispensarios necesitan de la inscripción y cumplir con los requisitos para la adquisición de la licencia respectiva de parte del Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo (Iirca) de conformidad con su ley de creación y su reglamento.”, lo cual es conteste con la intención del Proyecto de Ley. No obstante esta asesoría recomienda que la inscripción de los dispensarios también se sujete supletoriamente a lo establecido en la Ley General de Salud.
La reforma al artículo 100, separa que, el tiempo de vigencia de los establecimientos farmacéuticos es por dos años y solo en el caso de dispensarios sería de cuatro años. Ahora bien, el párrafo final que se agrega no es necesario pues se puede introducir lo pretendido en el párrafo vigente. Por técnica legislativa el artículo respetuosamente debería quedar así:
“Artículo 100.- El permiso de operación que se conceda a los establecimientos farmacéuticos será válido por dos y solo para el caso de los dispensarios será por cuatro años, a menos que la falta de regente o las infracciones que se cometan ameriten su clausura por el Colegio de Farmacéuticos, por el Ministerio, o por Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo (IIRCA) de conformidad con las respectivas leyes y sus reglamentos. La fiscalización de estos establecimientos será hecha por el Colegio de Farmacéuticos y por el IIRCA cuando se trate de dispensarios, sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia del Ministerio.”
El añadido “por las instituciones competentes” que se hace al artículo 101 es absolutamente innecesario.
En el artículo 102 se adiciona un segundo párrafo que dice: “La distribución de medicamentos producidos en el país con la planta cannabis por parte de personas jurídicas o físicas solo podrán hacerse previa obtención de la licencia respectiva otorgada por el Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo (IIRCA) de conformidad con lo establecido en la ley de creación y su reglamento.” El texto lo que pretende es abstraer a los licenciatarios de dispensario de cannabis y cáñamo medicinal de tener que ser autorizados y registrados en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, sino que las licencias operarían a partir del otorgamiento de licencia en el (IIRCA). Otro asunto a comentar, es que el artículo no deja en claro si la distribución de medicamentos producidos con la planta cannabis es en el nivel nacional o también en la escala internacional, pareciera que esa es la intención, aunque no queda claro.
La reforma al artículo 103, lo que hace es colocar al IIRCA (órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental) con las mismas facultades del Ministerio en lo que a aprobaciones se refiere, cuando el Gobierno Central o una instituciones públicas, con funciones de salud (v.gr. la CCSS, SENASA, etc.) directamente importen, elaboren, manipulen, almacenen, vendan o suministren medicamentos, materias primas o materiales médico-quirúrgicos, cuando el cumplimiento de sus programas o situaciones de emergencia lo requieran. El agregado no es procedente pues el rector del sector es el Ministerio y en cuanto a las funciones acotadas del IIRCA, ya las tendría en su ley de creación, específicas para los supuestos que ese cuerpo normativo contenga. En este tipo de reforma es cuando se observa que el propósito del Instituto va más allá de la naturaleza jurídica de un órgano adscrito.
La reforma al artículo 106 tampoco es procedente, puesto que la farmacopea para ser declarada oficial debe ser accionada únicamente por el Poder Ejecutivo; en ese sentido, el IIRCA debería hacer propuestas pero quedar supeditado a lo que el Ministerio finalmente incluya en los Reglamentos. Esta misma sugerencia aplicaría para la reforma al artículo 124. En esta reforma da la impresión que además del Ministerio de Salud habría otra Institución (como si fuese separada del Ministerio), en los asuntos de rotulación o etiquetaje de todo envase o embalaje de medicamentos o productos medicinales. Aquí nuevamente ponemos de relieve que el competente para emitir Reglamentos es el Poder Ejecutivo, léase, Ministro/a con la Presidencia de la República y no un órgano adscrito a la cartera ministerial.
El párrafo segundo que se adiciona al artículo 120 está bien planteado, pues es conteste con los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el país, mismos que ya hemos mencionado en este Informe, ya que agrega “Los medicamentos producidos con las plantas cannabis y cáñamo no podrán ser declarados como de venta libre.”
El artículo 127 está bien planteado, esta asesoría no tiene ningún reparo.
El párrafo tercero que se agrega al artículo 128 autoriza al IIRCA la importación de plantas cannabis indica, cannabis sativa y cannabis rudelaris así como el cáñamo. Lo lógico es que se excepcione, en caso que esa sea la intención, la importación de semillas, no las plantas como tales. Ciertamente este artículo es parte del ejemplo de yuxtaposición de funciones que tendría la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud respecto del IIRCA.
El artículo 65 del Proyecto de ley que en el encabezado menciona los artículos que serian reformados en la Ley General de Salud, indica la reforma al artículo 129, pero no aparece texto relacionado, hay un vacío en la propuesta de ley.
Esta asesoría ve muy peligroso el párrafo segundo que se agrega al artículo 130, en virtud que desaplica la prohibición de la venta o suministro al público de drogas estupefacientes o sustancias y productos psicotrópicos capaces de producir dependencia física o psíquica en las personas. Ya se ha dicho reiteradamente que en algunos grupos de personas como los pre adolescentes y los adolescentes, son profundamente sensibles al uso o consumo de la planta cannabis indica, cannabis sativa y cannabis rudelaris así como el cáñamo, pues podría generar efectos psicológicos –psicoactivos- de dependencia y daños en la salud física y mental. A criterio de esta asesoría, el artículo 130 de la ley vigente, debería quedar como está, pues, de todos modos, la regulación del cannabis medicinal y el cáñamo para uso industrial y alimentario estaría regulado en la “Ley para la Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo para uso Medicinal, Alimentario e Industrial”. En otras palabras, la redacción como está planteada podría ser contraproducente.
Hay una supuesta reforma al artículo 131; sin embargo, el texto propuesto no modifica nada respecto del numeral vigente. Es una reproducción exacta, sin cambio alguno.
La reforma al artículo 133 está bien diseñada, no se tienen observaciones.
La reforma al artículo 134 consiste en agregar un segundo párrafo. La técnica utilizada no es la mejor debido a que desaplica el contenido de lo que vendría a ser el párrafo primero donde están las prohibiciones. Lo que se propone es que la redacción debería estar diseñada en forma asertiva. Por ejemplo: “En relación con la planta cannabis indica, cannabis sativa y cannabis rudelaris así como el cáñamo, se deberá estar a lo dispuesto en la Ley para la Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial.”
Sobre la reforma al artículo 135 no se tienen comentarios, solo se adiciona la palabra “competente”.
En la reforma al artículo 136, la propuesta elimina la posibilidad de ingreso a establecimientos “industriales”, cuestión perniciosa para las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud. Luego injerta lo que líneas abajo se ve resaltado que es acondicionar el texto vigente a las nuevas funciones que tendría el IIRCA. Se trata de funciones de inspección y fiscalización en sitios o bienes inmuebles privados. La reforma a este artículo implica que la ley bajo análisis deba ser aprobada por dos tercios del total de los diputados, pues se le está otorgando a un nuevo órgano de la Administración Pública ingresar a bienes privados, controlar procesos, por ende, solicitar documentos, es decir, regulación y vigilancia para conseguir los fines públicos que pretende el Proyecto de Ley. Como se ve abajo, el artículo propuesto quedaría así:
En el artículo 137 lo único que se modifica es el inciso d), para añadir al final “salvo que estén regulados en una ley”, lo cual se ajusta a la intención del legislador proponente de legalizar el cannabis medicinal y el cáñamo. Incluso, es innecesario que se reproduzca todo el artículo, cuando solamente se modifica un inciso.
En el artículo 140 se adiciona la palabra publicidad al título del Párrafo VI, cambia la palabra botiquín por dispensario, en ese sentido deberían coexistir ambos tipos de establecimiento, recomendación que líneas arriba habías hecho. Y, se elimina la palabra propaganda, además se adiciona el párrafo final en que se prohíben las muestras gratuitas de medicamentos derivados del cannabis, lo cual es una medida satisfactoria a introducir, pues un fármaco, y con mucho más razón, uno producido a partir de una planta que se considera droga, es una sustancia que introducida en el organismo, puede modificar una o más de sus funciones y que al interactuar con él, altera algunas de sus funciones normales. El consumo debe ser totalmente controlado y recomendado por un médico especialista.
Evidentemente los fármacos de control especial, en sus distintas franjas de color, por ser, algunos de ellos, medicamentos que crean dependencia, no son susceptibles de venta al público ya que su uso, sin prescripción, conlleva manejo ilícito puesto que contienen sustancias sometidas a fiscalización, seguimiento, vigilancia y control por parte del Estado.
En el artículo 141 se cambia la palabra propaganda por publicidad, cuestión que esta asesoría resalta. La publicidad va dirigido a los anuncios para el público con el fin de promover el consumo de un servicio o producto; mientras que la propaganda es la difusión de información (ideas) para inducir actitudes y acciones con la intención de convencer a un público para que adopte la actitud que el representa (consumo de un producto o servicio), a traves del sentimiento o la razón. Ambos pretenden influenciar al consumidor para que compren en un caso o para convencer en el otro105.
La reforma al artículo 371, trata de adicionar otras conductas al tipo penal existente106, dejando la misma sanción de prisión de 6 a 12 años. El proyecto, al párrafo vigente (véase nota de pie), le agrega la frase abierta, genérica, o indeterminada “…o que no se encuentres regulados y permitidos por una ley”; es decir, una remisión vaga que causa incertidumbre al aplicador y al operador de la ley penal y que violenta el principio constitucional de legalidad penal.
Asimismo, el proyecto contiene dos nuevos párrafos, carentes de técnica en la elaboración de tipos penales. Por ejemplo, el segundo párrafo que se propone, tiene una virtud, empero muchos yerros; la virtud consiste en que el actual artículo 371, en cuanto al sujeto de la acción penal, solo contempla a quien por cualquier titulo cultivare, dejando despenalizado al propietario, o usufructuario o arrendatario o poseedor a cualquier título del inmueble donde se halle la plantación. Eso está bien intencionado, sin embargo, las conductas subsumidas en el tipo están enredadas, cuáles son, veamos:
si enterado del destino que se le da a los terrenos, no presenta de inmediato la denuncia ante los tribunales comunes o ante las autoridades de policía correspondientes.
Como se lee, esta conducta no es activa, en el sentido que el propietario o poseedor, se supone, no participa del ilícito, siendo que “no conoce” lo que sucede en su terreno, y solo hasta que se entera tiene el deber de presentar denuncia, en caso de no hacerlo, se le aplica el tipo.
no destruyere las mencionadas plantas.
Según el artículo 95 de la Ley Nº 8204, son los miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Control de Drogas, los facultados para realizar las investigaciones y la erradicación de las plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta a partir de la cual puedan producirse drogas ilícitas. Ergo, no son los propietarios o poseedores de los terrenos los que hacen esa labor, con lo cual el tipo penal propuesto contradice la legislación vigente.
Por otro lado, el párrafo añade otras conductas o acciones, como “el que exportare, importare, traficare o poseyere para estos fines, las plantas mencionadas en este artículo y sus semillas cuando tuvieren propiedad germinadora”. Sobre esto, hay que recordar que en el Código Penal existen los “Delitos de carácter internacional” en el artículo 380, imponiéndose prisión de diez a quince años a quienes dirijan organizaciones de carácter internacional dedicadas a (…), drogas y estupefacientes, o formen parte de ellas,…”.
Finalmente, el párrafo que dice: “Cuando el propietario, o usufructuario o arrendatario lo fuere una persona jurídica, persona (sic) responderá el administrador de dicha persona (sic), que conociendo el destino que se le daba al terreno no hiciere la correspondiente denuncia u ordenare la destrucción de la mencionada planta.”. El párrafo tiene serias deficiencias de redacción, además, no hace mención a sanción alguna, vale decir, no hizo mención a la pena del párrafo primero. Cabe también decir otra vez que los propietrios o poseedores no son los que ordenan la destrucción de las plantas, sino las autoridades competentes, incluso, previa recolección de muestras para llevar adelante los análisis y consignar bien la prueba.
En el artículo 376 cambia la palabra autorizaciones por concesión, se adiciona la palabra permiso y aumenta la pena de días multa, de treinta a ciento veinte actual a noventa a doscientos días. El rango más alto está mal planteado, pues, si el rango menor es noventa, por técnica, se suelen imponer múltiplos de tres. Es decir, que en el rango alto, en lugar de “doscientos” días multa, debería indicar “doscientos setenta” días multa.
En el artículo 382 aumentan la pena de días multa. Actualmente son veinte a sesenta días multa, mientras que, con la propuesta aumenta a sesenta a ciento veinte, “el que hiciere publicidad o propaganda engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las personas o que pueda inducir a error al público en asuntos relativos a la conservación o recuperación de la salud, a menos que el hecho constituya delito.”
En la reforma al artículo 1 , esta asesoría advierte que en el tema de la regulación de las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares ilícitos, los países como Costa Rica, dependen de las listas anexas en los instrumentos internacionales. En nuestro caso, hemos ratificado, la Convención Única sobre Estupefacientes de (1961), la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas de (1972), y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988).
Dicho lo anterior, cuando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares lícitos, que se deben publicar obligatoriamente en La Gaceta, deben seguir las pautas que dichos instrumentos internacionales disponen, previo análisis de los márgenes de maniobra, que las mismas convenciones dejan soberanamente a cada país. Ciertamente, hay un rango de apreciación de condición propia interna.
Sin embargo, indicamos a las señoras y señores diputados, no convendría que un tema tan delicado, que ahora es concentrado, sobre todo en el Ministerio de Salud, se convierta en difuso, y que sea otro órgano, con desconcentración máxima –el IIRCA-, el que también haga regulaciones por separado cuando se trata de plantas de cannabis y de cáñamo, habida cuenta que los registros y permisos sanitarios de medicamentos lícitos elaborados a base de drogas estupefacientes, finalmente los otorga el Ministerio como tal. Asimismo, ya hemos dicho líneas arriba, que el órgano encargado de la relación directa con los organismos internacionales como la JIFE (organismo de Naciones Unidas en cuestiones de estupefacientes) es la Junta de Vigilancia de Estupefacientes del Ministerio de Salud. Por ende, esta asesoría recomienda que las regulaciones y publicaciones las siga concentrando el Ministerio de Salud y que sea el IIRCA el que recomiende y el Ministerio el que autorice, regule y publique.
En el párrafo primero del artículo 2107 se cambia la palabra “limitadas” por reguladas, se adiciona la palabra “calidades” y el agregado donde se incluye al IIRCA como ente regulador que establece los parámetros y regulaciones vinculadas con la planta cannabis y la planta cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial. No debe perder de vista el legislador que el Ministerio de Salud tiene otros órganos con competencias singulares que participan en procesos (el Consejo Nacional de Salud; el Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social; la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes; el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Salud y Nutrición), en ese sentido, si se le otorgan al IIRCA competencias o facultades que ya desarrollan otros órganos ministeriales, se estaría ante duplicidad de funciones, por ello, debería primar el principio de coordinación, en lugar de abstraer competencias que ya tienen otros órganos del Ministerio.
Por otro lado, el párrafo además de referirse al tratamiento médico, también toca temas como los análisis toxicológicos y químicos, el entrenamiento de los animales detectores utilizados por los cuerpos de policía y los análisis fármaco-cinéticos en materia médica o deportiva; que competen al Ministerio de Seguridad Pública, al ICD y al Poder Judicial, que no deberían ser competencia del IIRCA, aun tratándose de la planta cannabis y cáñamo, pues si bien éstas sirven para uso medicinal, también pueden ser utilizadas como droga sintetizada o en crudo.
Se adiciona en el párrafo primero del artículo 3 la palabra regular y se agrega un nuevo párrafo final que dice “La investigación, regulación y control del cannabis y el cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial estará a cargo del Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis y del Cáñamo.”
Sobre el párrafo que se adiciona no hay razón para incorporarlo puesto que el numeral se centra en el tema del tratamiento, la educación, el pos-tratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas por estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica. Incluso, se menciona a la CCSS, al Ministerio de Salud y al IAFA para encargarse de esa labor y, cuando hay menores actúa también el PANI. Como el IIRCA en el articulado no tiene funciones de la naturaleza que contiene el artículo 3, no hay razón para hacer el injerto que se pretende.
La reforma al artículo 5 de la Ley 8204, lo que hace es sacar de todo tipo de intervención al ICD y al IAFA en las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, el tráfico y el consumo de drogas (entiéndase el cannabis sin proceso farmacéutico). En otras palabras excepciona las plantas de cannabis y de cáñamo de las acciones de esos dos Institutos y las reserva únicamente en el IIRCA. Ya hemos dicho reiteradamente que el cannabis y el cáñamo pueden servir como base para la producción de medicamentos y alimentos (industrialización), pero también, como droga, y es en este último estadio, donde no se deberían sacar a los Institutos de control y de prevención de drogas.
En el artículo 58, segundo párrafo que se modifica, se recomienda eliminar el paréntesis, con el objeto de hacer la redacción corrida.
Las disposiciones finales de este capítulo solamente consta de un artículo 67 que pretende operativizar el IIRCA. No se admite que se abra una cuenta a favor de una Institución y se hagan depósitos, si en el Presupuesto Ordinario del Ministerio, o bien un Extraordinario, contenga las partidas respectivas que lo autoricen.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la redacción de premura con que está redactado el siguiente párrafo, donde, sin iniciar funciones el IIRCA, se habilita que sea el Ministerio de Salud, aún sin Reglamentos a realizar la invitación a interesados en participar y obtener una concesión o licencia. Esto realmente no encuentra asidero, pues para eso justamente es que se crea el nuevo Instituto.
Asimismo, no es adecuado que en la primera convocatoria, se conforme “un Consejo Empresarial de Apoyo a la Junta Directiva”, que no es más que la intervención de sectores interesados en los actos y en las decisiones de naturaleza administrativa, y mucho menos valorando la visión y los potenciales adjudicatarios.
Esta norma que pretende participar a sujetos privados en el proceso de adjudicación violentaría los principios de la contratación administrativa que están suficientemente aprovisionados en la Sentencia Nº 0998-98 de la Sala Constitucional, al indicar, en resumen, que en los procesos concursales se deben respetar un conjunto de principios (v.gr., libre concurrencia, igualdad de oportunidades, publicidad, entre otros) a los que debe sujetarse el Estado, en el sentido más amplio, para poder realizar su actividad de contratación, siguiendo, el órgano o ente, un procedimiento legal técnico de invitación a los interesados, para que, conforme a las bases preparadas al efecto, llamadas pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales, se elige y acepta la más ventajosa (moral, técnica y financiera) mediante la adjudicación, que perfecciona el contrato. Por lo anterior, esta asesoría recomienda eliminar la mención al Consejo Empresarial de Apoyo, que es una figura extraña al proceso.
En el Transitorio I no se debería admitir la ventaja del depósito reembolsable de un diez por ciento del monto de concesión, pues se supone no se ha abierto el período de convocatoria a concursar. Lo propio es que la Junta Directiva integre todos los miembros (Ministerio de Salud, MAG, Oficina Nacional de Semillas, UCR, Colegio de Médicos y Cirujanos y Colegio de Farmaceúticos), y son cuando ya estén adjudicadas las concesiones, licencias y permisos, se proceda con posterioridad a integrar el representante privado.
El Transitorio II hay que eliminarlo, puesto que el contenido del Transitorio III es el técnicamente correcto. Un órgano inferior de un Ministerio no tiene competencia o capacidad para dictar Reglamentos como si lo tiene el Poder Ejecutivo (Ministro/Presidencia), de acuerdo al artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política.
Sobre el Transitorio IV, no se tienen comentarios.

References: artículo 61
 resolución 
 artículo 61
 artículo 121
 artículo 62
 artículo 124
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 65
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 140
 artículo 97
 artículo 100
 artículo 101
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 106
 artículo 124
 artículo 120
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 65
 artículo 129
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 131
 artículo 133
 artículo 134
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 137
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 371
 artículo 371
 artículo 95
 artículo 380
 artículo 376
 artículo 382
 artículo 1
 artículo 2107
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 58
 artículo 67
 artículo 140