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Timestamp: 2018-05-27 01:25:25+00:00

Document:
Junta Departamental de Salto | VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 86 – 39ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
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11 Ago VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 86 – 39ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
39ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Salto, a los ocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo la hora veinte, se reúne la JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO en SESIÓN EXTRAORDINARIA, bajo la Presidencia de su titular señor Edil José Alberto VILLAS BOAS, y con la asistencia de los siguientes señores ediles:
EDUARDO GODOY JESSICA AÑASCO
LILIANA FILONENKO GONZALO MORAES
GRACIELA BEPPO CARLOS BEASLEY
SONNIA RODRÍGUEZ MARÍA GIMÉNEZ
CESAR BENTOS PEREIRA SILVIO TRINDADE
JORGE PINTOS MIGUEL GIRARD
FERNANDO IRABUENA AGUSTINA VIERA
JOAQUÍN SOUZA GRACIELA DELGADO
GERMÁN MILICH GUSTAVO GRASSI
GABRIEL DUARTE HUGO PREVIALE
LUIS PRESENTADO MENALVINA PEREIRA DAS NEVES
ALBERTO SUBI
Mª DE LOS ÁNGELES MÁRQUEZ
MARTÍN BURUTRÁN
Siendo la hora veinte, se constituye la 39ª Sesión Extraordinaria, Acta No. 86.
La Junta fue convocada para tratar el siguiente
INFORMES COMISIÓN PREINVESTIGADORA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 12/2017, RELACIONADO A PRESUNTAS PERSECUCIONES HACIA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA INTENDENCIA DE SALTO POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE Y OTROS JERARCAS.
Indudablemente la Comisión Preinvestigadora en tiempo y forma ha expedido dos informes, uno en mayoría y uno en minoría. Cuando hablamos de mayoría hablamos de dos, porque la Preinvestigadora estaba constituida por tres ediles y el informe en minoría de un solo edil.
Los dos informes ya están aquí en la Mesa y van a ser leídos por el Secretario General, Doctor Manuel Barreiro.
También me interesa informarles que a la Mesa llegaron dos denuncias en sobre cerrado, las cuales las voy a hacer firmar por el Secretario General, por el Asesor Jurídico y por mí. En el caso de afirmativamente votarse la Comisión, estos sobres los van a abrir los integrantes de la Comisión. En el caso que no se vote, serán devueltos a las personas que hicieron las denuncias porque así entendemos que se guarda la confiabilidad de la situación.
Por lo tanto, primero voy a proceder a que firmen los sobres.
Acá están los dos sobres con las correspondientes firmas, que serán entregados a la Comisión de ser aprobada.
Muchas gracias, pasamos a dar lectura de los dos informes, tanto en mayoría como en minoría.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Salto, 26 de julio de 2017.
(Este es el informe en mayoría)
Señor ¨Presidente de la Junta Departamental de Salto.
Señor José Alberto Villas Boas.
Motiva la presente elevar el informe de la Comisión Preinvestigadora constituida por Resolución de Presidencia N° 12/2017, en cuanto a la solicitud planteada por los señores ediles Martín Pertusatti, María de los Ángeles Márquez, Mauricio Silea y Dayana Añasco.
Considerando: La inexistencia de denuncia particular de funcionario municipal bajo firma correspondiente de su autor o representante.
Atento: a las facultades establecidas por el Reglamento Interno de la Corporación.
La Comisión Preinvestigadora, resolución 12/2017,
Elevar informe en mayoría a los ediles de la Junta Departamental de Salto diciendo que:
A) Entidad de la denuncia: no es posible establecer, al no existir denuncia particular.
B) Seriedad de su origen: no está dada en cuanto no existe denuncia firmada de origen alguno.
C) Oportunidad y procedencia de la investigación: no procede investigar, y no es oportuno, puesto que no se reúnen los dos requisitos anteriores.
En este sentido manifestamos que la voluntad de los ediles, es la de investigar, siempre que se cumpla con las condiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Y que en este caso, el criterio mayoritario de la Comisión Preinvestigadora es desfavorable a la creación de una Comisión Investigadora a los efectos de estudiar hechos que todavía no han sido denunciados.
Señor Martín Burutarán –Edil-. Señor Carlos Beasley –Edil-.
Informe en minoría:
Presidente Junta Departamental de Salto.
Quien comparece, en mi calidad de integrante de la Comisión Preinvestigadora creada por Resolución de Presidencia No. 12/2017, procede a realizar informe en minoría a los efectos de que se proceda a crear Comisión Investigadora al amparo del Artículo 286 de la Constitución de la República y Artículos 109 y 110 del Decreto 6.376/08, en merito a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
Habiendo recibido nota por varios ediles de la Corporación denunciando que se investigue presuntas persecuciones de funcionarios públicos de la Intendencia por parte del Intendente de Salto, Doctor Andrés Lima, consideramos que es de recibo hacer lugar a la conformación de una Comisión Investigadora a tales efectos.
La sola solicitud de varios ediles debe ser valorada por la Corporación, máxime cuando se trata de asuntos de suma delicadeza, atendiendo que los funcionarios públicos son temerosos en denunciar tales situaciones por temor de represalias.
Esta situación se ve agravada aún más ante un gremio (Adeoms) que ha demostrado en varias oportunidades actuar en connivencia con el Intendente Lima.
En el rol de contralor que debe cumplir la Junta Departamental ante el Ejecutivo, es de vital importancia investigar sobre la veracidad y hechos denunciados por los respetables ediles denunciantes de esta Corporación.
Por los motivos expuestos consideramos que la denuncia es de “entidad”, “seria”, “oportuna” y “precedente”, cumpliéndose los extremos previstos en el Artículo 108 del decreto 6.376/08 para crear una Comisión Investigadora.
Por lo expuesto al señor Presidente de la Junta Departamental de Salto pido:
Que se apruebe la conformación de una Comisión Investigadora, que tenga como objetivo el estudio de presuntas persecuciones políticas a los funcionarios de la Comuna, por parte del Intendente de Salto, Doctor Andrés Lima, con las más amplias facultades a tales efectos.
Alberto Subí –Edil-.
SEÑOR PRESIDENTE.- Leído los dos informes, indudable que vamos a poner a consideración y queda abierto el debate.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Martín Burutarán.
SEÑOR BURUTARÁN.- Gracias, señor Presidente.
La bancada del Partido Nacional apoyó el informe en mayoría por lo expuesto en el Artículo 108 del Reglamento de esta Junta Departamental.
No voy a leer todo el Artículo 108 pero si me voy a remitir a lo que dice en el segundo párrafo: El Edil que solicite la Preinvestigadora deberá pedirlo por escrito al Presidente y este sin más trámite nombrará la Comisión Preinvestigadora que se constituirá dentro de cuarenta y ocho horas. Eso estuvo perfecto, se hizo como se debía, en los plazos que se debía.
A efectos de recibir del mocionante la exposición correspondiente con la articulación de las denuncias bajo su firma. La articulación de las denuncias. El informe en minoría dice que recibieron por nota de varios funcionarios de la Intendencia las denuncias de persecución. Los ediles que recibieron esas notas tienen la posibilidad de saber a ciencia cierta si existe persecución o no; pero nosotros, señor Presidente, no recibimos nada. Recibimos la comunicación de ediles que firman el pedido de investigadora donde dice que hay presuntas persecuciones; pero yo como edil no tengo nada para saber si eso es real o no. No tengo forma de saber la entidad de la denuncia porque no vi, no tuve la posibilidad de evaluar ninguna de esas notas; no tuve la posibilidad como integrante de esa preinvestigadora de saber la seriedad del origen de la denuncia, porque no vi ninguna nota presentada. Si se quiere salvaguardar la identidad del denunciante, bueno, perfecto, los ediles mocionantes pueden hacer un informe redactando cuáles son los hechos sucedidos o cuáles son los hechos denunciados por estas personas, sin dar nombres, sin identificarlos, pero sí contarnos a los otros ediles que no tuvimos la posibilidad de ver esas notas escritas, para así saber si existe entidad, seriedad y oportunidad de denunciar. No tuvimos esa posibilidad, como dice el Artículo 108, para poder apoyar firmemente una comisión investigadora. Como bien dice el informe en mayoría, es voluntad de estos ediles investigar, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Acá no se cumplieron esas condiciones, no llegaron nunca a la preinvestigadora esas notas.
Después, de la preinvestigadora tuvimos la posibilidad de conversar con algún funcionario municipal que, trascendido en medios de prensa, nos dijo “Ché, ¿pero cómo no van a investigar?”. “Bueno, ¿pero hay alguna denuncia?, ¿vos tenés alguna denuncia?”. Esa persona nos dijo que sí, que se sentía perseguido en la Intendencia. Cuando le pedimos que nos haga llegar una nota a nosotros -no pública ni al plenario-, esa persona se rehusó. Fue el único intento de poder obtener información que tuvo esta bancada a lo que son presuntas persecuciones políticas. Entonces, cuando pasa esto, da la impresión de que hay algo más detrás de todo esto.
Entonces vuelvo a insistir, la preinvestigadora fue formada como debió ser: dentro de las cuarenta y ocho horas; pero lamentablemente no se le otorgaron los materiales o las herramientas necesarias para poder determinar la entidad, la seriedad y la oportunidad de la investigación.
El Partido Nacional siempre tuvo como meta investigar, e investigar siempre es bueno. Pero si apoyamos una comisión investigadora en las condiciones de esta preinvestigadora, estamos generando un antecedente que me podrán decir mejor los ediles letrados, abogados, si me equivoco, pero estamos sentando un antecedente que creo que no es bueno. Y es una preinvestigadora que apoya una investigadora sin saber qué es lo que se está investigando.
Como bien lo dijimos después en los medios de prensa, si aparecen las denuncias en estos días que faltaban en ese plazo entre la preinvestigadora y el día de hoy, por supuesto que esa comisión investigadora iba a ser apoyada. Bueno, las denuncias están en sobre cerrado. Entiendo perfectamente que se quiera salvaguardar la identidad de esas personas, y en este caso, vamos a hacer fe en lo que están firmando presidente y secretario y que en esos sobres realmente hay denuncias que valen la pena ser investigadas. Entonces, para esto quiero que quede claro que el Partido Nacional no está de acuerdo en el procedimiento que se llevó a cabo en este caso para la preinvestigadora; no se proporcionaron los insumos necesarios y creo que es un antecedente bastante complicado se podría decir, no sé si grave es la palabra adecuada, de llegar a investigar habiendo pasado por alto una preinvestigadora que prácticamente no pudo trabajar, no tuvo las herramienta, no tuvo los insumos, no tuvo nada, se reunió y no tenía sobre qué discutir, porque los ediles mocionantes no fueron capaces de hacernos llegar los materiales necesarios para poder expresarnos.
Así que en este caso, habiendo aparecido un par de denuncias, estaríamos a favor de la investigación con esas salvedades que acabo de aclarar en cuanto al procedimiento de la preinvestigadora que está bien redactado en el Artículo 108 y que, lamentablemente, cuando debió ser no teníamos las herramientas necesarias para determinar la entidad, la seriedad y la oportunidad de la investigación.
Por una aclaración tiene la palabra la señora Edila María de los Ángeles Márquez.
Cuando el señor edil cita el Artículo 108 se olvida de citar la última parte del Artículo 108: Si la comisión preinvestigadora le solicitare ampliación de sus manifestaciones, lo hará verbalmente, labrándose acta que firmarán con él, los miembros de la Comisión.
Como miembro denunciante, por lo menos en mi caso y pienso que los demás compañeros que fueron tres más, los demás colegas no recibimos nunca una citación para ampliar información. Se lo habilitaba el Artículo 108, lo podían haber hecho, no lo hicieron. Y en ningún lugar del Artículo 108 ni del 109 dice que la denuncia tiene que ser del que se siente perseguido: se presentaron denuncias, denuncias de señores ediles. Para nosotros, eso es serio y con eso basta.
Por una aclaración tiene la palabra el señor Edil Carlos Beasley.
De los dichos del señor Edil Burutarán y en aplicación del Artículo 108, cabe apenas aclarar a los señores ediles que la comisión preinvestigadora, por el voto conforme de la totalidad de sus miembros, tres de tres –un representante del Partido Colorado, uno del Partido Nacional y quien les habla por el Frente Amplio-, ofició directamente desde la comisión a todos los miembros mocionantes de la generación de la preinvestigadora, en el plazo establecido por la ley y el Reglamento, a presentar documentación que amplíe la información que disponíamos para la investigación. Cumplido ese plazo y reunidos a las cuarenta y ocho horas nuevamente en comisión preinvestigadora, no recibimos ampliación alguna ni miembro alguno de los mocionantes ni denuncia alguna bajo firma de los que se sienten perseguidos o de sus representantes o de ediles que lo hagan en forma particular. Cabe aclarar que el Artículo 108 se cumplió en los extremos que explicaba el señor Edil Burutarán, que tuvimos sí en cuenta este último párrafo y lo hicimos mediante oficio, que además pedimos a la Secretaría de la Junta Departamental que lo hiciera mediante correo electrónico, y para reforzar y que llegara en tiempo y forma, porque los tiempos establecidos en reglamento son muy exiguos, que lo hiciese también mediante llamado telefónico a cada uno de ellos para que estuviesen atentos a este extremo.
Para decirle al señor Edil Burutarán que el Artículo 108 no hace mención de que hay que traer las denuncias de los que están supuestamente perseguidos. El Artículo 108, como lo leyó la compañera Edila Márquez, dice que se puede hacer ampliación de la denuncia por los miembros, los que fuimos los ediles denunciantes. Así que, en ningún lugar dice que haya que traer denuncias escritas de los perseguidos.
Era eso nomás, señor Presidente, muchas gracias.
SEÑOR BURUTARÁN.- Aclarar exactamente eso, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Esperen un poquito.
El Edil Mauricio Silea no pidió aclaración, pidió hacer uso de la palabra.
SEÑOR BURUTARÁN.- Por una alusión entonces, Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaración por aclaración, no se puede. Yo pensé que habías pedido uso de la palabra. Entonces fuerte decime “aclaración” porque estoy sordo.
SEÑOR BURUTARÁN.- ¿Por una alusión?
SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe señor edil, no le puedo dar; aclaración por aclaración no puedo. ¿Usted aduce…?
SEÑOR BURUTARÁN.- …una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Personal?
SEÑOR BURUTARÁN.- Sí, me nombró directamente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Bien, tiene la palabra.
La Preinvestigadora se reunión a las veinticuatro horas y a las cuarenta y ocho horas de haber sido conformada, estando presente el Edil Alberto Subí…
SEÑOR PRESIDENTE.- Se ampara en el uso de la palabra al señor Edil Martín Burutarán.
SEÑOR BURUTARÁN.- Muchas gracias.
A las veinticuatro horas de haberse conformado la Preinvestigadora, se solicitó la ampliación. A las cuarenta y ocho horas estuvo reunida nuevamente la Comisión Preinvestigadora y no fueron presentadas, ni estaban aguardando ser llamados a la comisión los ediles mocionantes.
Y en segundo lugar, en ningún momento dije que los denunciantes tenían que presentar denuncia firmada por ellos, sino que el mocionante –o sea, usted- podía haber perfectamente informado cuál era la situación y haber redactado bajo su firma cuáles eran las denuncias que se estaban articulando. Nada más que eso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor Edil Burutarán.
Voy a comenzar por algo que no tenía pensado hacer hincapié, en un principio por lo menos, y lo voy a hablar ya que mi colega del Partido Nacional, con el cual integramos la Preinvestigadora conjuntamente con el otro edil del Frente Amplio, hacía hincapié en que se trabajó en una situación de falta de seriedad, que no había material con qué trabajar. Yo, lo que voy a agregar a este respecto, es que desde el momento mismo –por lo menos a mí me pasó- en que me presento en una lista y me postulo a la ciudadanía para que me vote, o no, para que los represente en este recinto, mi trabajo es serio; y cuando levanto la mano u opino, es serio. Capaz que el edil no se siente representado de la misma manera y por eso ve las cosas así. Pero el solo hecho de que un curul, que tuvo su votación y que salió electo para estar en este recinto, su trabajo es serio, por lo menos el mío y de mis colegas del partido.
Ahora me refiero al tema.
La norma, señor Presidente, la norma mencionada, como bien lo dijo el Edil Silea, no establece, en ninguna parte del texto, recibir previamente y por escrito las denuncias de los funcionarios. Porque acá hay una confusión de escenarios: se confunde el escenario de la Preinvestigadora con el escenario de la Investigadora. La Preinvestigadora no debe investigar, no tiene por qué investigar; la Preinvestigadora, como lo dice la ley, tiene cuarenta y ocho horas para definirse si promulga o no una Investigadora. Y es en esta Investigadora, en el escenario de la Investigadora, donde se deben presentar las denuncias correspondientes.
El solo hecho de haber recibido por los ediles de esta Corporación la intención de que se investiguen presuntas persecuciones, ya debe ser un hecho relevante y de notoriedad para tenerlo en cuenta. La sola solicitud de señores ediles debe ser valorada por la corporación, máxime cuando se trata de un tema grave y de esa delicadeza.
Es el rol nuestro, el rol del legislativo departamental, que tiene que cumplir para controlar al Ejecutivo, para investigar sobre la veracidad de los hechos denunciados.
Es por estos motivos que nosotros consideramos, por el contrario a lo que se dijo, que la denuncia es de entidad, o sea de valor y de gran importancia; que es seria pues se obra responsablemente, con responsabilidad y rigor; que es sumamente oportuna porque se realiza en momentos adecuados para producir el efecto deseado, que es nada más que investigar. Después se verá si hubo o no hubo. ¿Qué tiene de malo investigar? Y sumamente, por sobre todas las cosas, es procedente pues está conforme a la lógica, la moral y a la ley de estos artículos, el 108, 109 y 110.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil Subí.
Voy a ir un poquito más atrás, cuando ya hace un tiempo pedíamos también la creación de otra comisión investigadora. Por Resolución No. 45, en octubre del 2015, los ediles del Partido Colorado: Mauricio Silea, Carmen Ortiz, Agustina Viera, Stella Magnín, Lourdes Acevedo, Amalio Silva, Héber Giménez y José Alberto Villas Boas junto con quien habla, le solicitamos a esta Junta conformar una comisión investigadora. También era por presuntas persecuciones a funcionarios del gobierno departamental.
La misma lamentablemente no se aprobó el 6 de noviembre de 2015, a pesar de haber tenido informe en positivo de parte de los tres integrantes de la Preinvestigadora: los ediles Carlos Beasley, Gustavo Grassi y Gustavo Coronel.
Hace unos días atrás realizamos la misma solicitud conociendo realidades de funcionarios que se sienten perseguidos desde aquel entonces, y nuevos casos. Hay funcionarios que no están pasando bien, que se sienten perseguidos, y por eso entendemos, y solo por eso, que ya posee una entidad y que amerita la investigación de hechos. El traslado sin motivos, varios traslados en un solo año, bajan la cantidad de horas de manera arbitraria, quita de beneficios. Para nosotros, eso es la entidad de la denuncia, y la tiene.
Sobre si el origen de la denuncia es serio, entendemos que es muy serio. Si un funcionario se acerca a un representante de los salteños, a un edil, y está dispuesto a exponer su situación en una comisión investigadora, a presentar testimonios, testigos, documentos, resoluciones, debemos tomarlo en serio y considerar investigar. Además si las personas se acercan a los ediles, es porque otras vías para reclamar, administrativas y gremiales, no les brindan confianza para hacerlo.
Acerca de la oportunidad y de la procedencia de la investigación. Oportunidad era en el 2015, cuando solicitamos investigar, y oportunidad es ahora también; donde solo un funcionario se sienta perseguido, ya hay oportunidad y hay que proceder a investigar.
Nos piden nombres. Nos piden nombres, quieren caras, y la verdad que no entendemos para qué. ¿Para marcarlos más? ¿Para perseguirlos más? ¿Qué garantías nos puede dar un Intendente que cesó doscientos cincuenta y dos funcionarios porque pensaban distinto? ¿Qué garantías pueden darnos si a los dos días uno de estos funcionarios que se siente perseguido hizo una reunión política en su casa -porque lo puede hacer fuera de horario de trabajo- y a los dos días fue trasladado? ¿Qué garantías tenemos de que no los van a perseguir más, a reducir más horas, a expulsarlos del gremio –como ha pasado-, a no asignarles tareas –como hay varios funcionarios sin asignación de tarea-? Ninguna garantía, señor Presidente. Ya lo han hecho repetidas veces.
Votemos la investigadora y vendrán los que se sienten perseguidos a contar sus verdades, con la garantía sí ahora que les da una comisión integrada por todos los partidos, como es una comisión investigadora. Es lo mínimo que merecen los funcionarios para garantizar esos derechos individuales.
Por lo tanto, hoy hay funcionarios en la Intendencia de Salto que se sienten víctimas de la injusticia, se sienten discriminados por pensar distinto, no se sienten defendidos, amparados, necesitan un espacio de investigación.
¿Cuál es el objetivo de perseguirlos, de acosarlos de esta manera, de trasladarlos reiteradamente, de no asignarles tareas? ¿De hacer una resolución mordaza para que no hablen en los medios? Y no es otra cosa, señor Presidente, que la represión, el terror, sembrar el miedo, y si no lo echo, por lo menos anulo sicológicamente, le aplico la violencia simbólica, lo identifico y lo anulo para tenerlo debilitado en las próximas elecciones. Y se empieza a ver como enemigo a todo funcionario que cuestiona, a todo funcionario que tiene iniciativa propia, que no se somete sumisamente. Y así va ingresando el miedo, la mordaza, la amenaza. Y la familia se preocupa. Y la familia les pide a los funcionarios que se callen si ven que un superior realizó un acto ilegal, porque no quieren que su madre o su padre tengan un nivel de estrés tremendo y terminen con licencia psiquiátrica –como hay unos cuántos-. No se puede permitir que se intimide a los funcionarios, porque no son solo las personas perseguidas, acá son sus familias también, y es el círculo cercano que también sufre la persecución. Y la realidad por lo general supera las estadísticas, y seguramente serán muchos más los que se sienten perseguidos que los que han denunciado.
En una comisión preinvestigadora difícilmente se presenten elementos de prueba, se narran hechos. Las pruebas se presentan en la Comisión Investigadora, como muy bien lo decía mi colega. Por eso se habla cada vez que se va a votar una comisión investigadora que en primer lugar debería primar el criterio de amplitud y de buena voluntad, y solo por eso ya habría que votarla, solo con la duda de que hay presuntas persecuciones ya habría que votarla.
Hoy la Junta Departamental, el órgano más representativo y democrático si lo hay, nos da una nueva oportunidad como en aquel 2015, la de demostrar que queremos que las dudas se aclaren, que estamos dispuestos a investigar. Y que si no es verdad que algunos funcionarios están siendo perseguidos, y bueno, quedará en evidencia que son caprichos o que son comentarios malintencionados. Si no votamos la comisión investigadora generamos y aumentamos más dudas todavía, y si no votamos la investigadora es porque evidentemente la persecución es real, no hay otra interpretación. La mejor prueba de que las persecuciones no existen solo en dictaduras sino también en democracia es si no investigamos, y demuestra además una falta total de valentía política. La persecución inevitablemente, señor Presidente, siempre va a generar desconfianza, odio, violencia, intolerancia, y un montón de resentimientos que venimos viviendo hace años, y por eso hay que denunciar, si no se denuncian los atropellos y excesos, estamos avalando por omisión, y esta bancada no va a ser omisa a la persecución en la Intendencia de Salto.
¿Quién va a defender a estos funcionarios si nosotros no investigamos? Si no investigamos los estamos acorralando, los estamos empujando a algunos incluso a la depresión. La persecución solo demuestra la soberbia y la incapacidad de los que persiguen, los problemas de autoestima que tienen los que persiguen.
A la Junta se nos da constitucionalmente la potestad de controlar, entonces, no entiendo por qué hoy no podríamos habilitar una comisión investigadora, por eso en mi caso voy a apoyar el informe en minoría que presentó mi colega, el Edil Alberto Subí.
No pensaba, al menos con lo que voy a empezar esta exposición, nombrarlo, porque creíamos que al menos aquí adentro entre nosotros no nos íbamos a mentir.
El 25 de julio de 2017 a los ediles denunciantes se nos manda un correo electrónico donde entre otras cosas decía “haciéndoles saber que deben enviar a esta comisión las denuncias que originan la solicitud”, “…las denuncias que originan la solicitud”. Entendiendo primero que nada que “las denuncias que originan la solicitud” ya habían sido enviadas con la firma de cuatro ediles, pero también poniéndonos a las órdenes de la Comisión Preinvestigadora se le envía una nota: “Presidente de la Comisión Preinvestigadora. Alberto Subí. Presente. Quiénes comparecemos en representación de los denunciantes solicitamos ser recibidos por la Comisión Preinvestigadora que analiza nuestra denuncia conforme a lo previsto en el Artículo 108 Inciso 2 del Decreto 6.376/08, que establece que la Comisión deberá recibir a los denunciantes la exposición correspondiente. La norma mencionada no establece en ninguna parte de su texto recibir previamente y por escrito denuncias de funcionarios que se sientan perseguidos por el señor Intendente de Salto. Esta función corresponde para la Comisión Investigadora. Debe tenerse en consideración que la Comisión Preinvestigadora no debe investigar sino que sumariamente debe expedirse al respecto en un plazo máximo de dos días hábiles, por lo que de no tomar resolución a la brevedad la misma estaría incumpliendo en el Reglamento Interno. Consideramos que la petición de la Preinvestigadora no se ajusta a lo previsto en el Decreto 6.376/08, motivo por el cual se solicitará que a la mayor brevedad se fije día y hora para poder ser recibidos”. Firman los señores ediles María de los Ángeles Márquez, Mauricio Silea y quien habla.
Parece que no les servía que asistiéramos, porque en ningún momento se nos llamó. Algunos ediles mencionaban aquí que necesitaban ver las denuncias, y así mismo decían que habían hablado con un funcionario municipal que se sentía perseguido, “pero no la vamos a votar porque no la tenemos por escrito”, -que se sentía perseguido “pero no la vamos a votar porque no la tenemos por escrito”-. Es la conclusión que saco.
La Edila Márquez decía que en noviembre del 2015 se presentaba algo similar porque tampoco se dieron nombres, a diferencia de dos situaciones que hoy no se están dando. La primera, es que hubo un único informe -en este caso hay dos- y ese único informe venía firmado por los tres partidos políticos del momento: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. En aquel entonces integraba el Frente Amplio. Y cuánta razón tenía en aquel entonces, más allá que hoy no lo quiera reconocer, el Edil Beasley, cuando argumentaba, en la propia bancada, de que no era necesario tener las denuncias de los funcionarios que se sentían perseguidos. Pero la situación era diferente: había mayorías para que no saliera. ¿Y qué pasaría, o qué sería del gobierno en ese momento, si realmente se comprobaba que había persecución política?
Fue por eso que después, en una larga oratoria, el Edil Beasley tuvo que hacer una aclaración, de por qué lo había firmado.
Ese mismo día, en la sesión, el Partido Nacional termina votando negativamente la resolución –porque llegó una resolución a la Mesa- de que no se daba lugar a la Preinvestigadora. Es decir que ese día, el Partido Nacional votó junto con el Partido Colorado en una situación similar, por no decir igual porque no existe nada igual, y ese mismo día el Edil Coronel -que fue también el miembro de la Preinvestigadora por el Partido Nacional- decía, entre otras cosas: La Junta es parte primera, si se quiere, del gobierno departamental y su administración. Y segundo, la misma Constitución le da, más abajo, la potestad, entre otras cosas, de controlar. Y una de las formas de controlar es lógicamente las comisiones investigadoras. Ese día, el Partido Nacional, en una situación similar -porque no había denuncias formales, no se manejaban nombres- entendía que sí se debía investigar. Hoy no.
Si vamos un poco más atrás en el tiempo, allá por el año 2010, cuando el Partido Colorado era gobierno y también presentó presuntas irregularidades, por el extinto Edil Senisa, ahí el Partido Colorado proponía crear una comisión especial. Y entre los argumentos del Frente Amplio, partido al cual yo integraba, podría haber sacado muchos pero es preferible hablar de quienes estamos hoy aquí y no de quienes ya no están, el Edil Beasley justamente, en el 2010, decía –entre otras cosas-: La única manera que reúne las garantías necesarias para las personas y familias que van a ser involucradas en este tema, que se dé el tratamiento del tema en una comisión investigadora y no una comisión especial… y así seguía.
Obviamente que, para haber una investigadora, se debe pasar por una preinvestigadora. Preinvestigadora que, en esta situación, los ediles firmantes nos pusimos a las órdenes; no se puede decir que no nos pusimos a las órdenes, no se puede decir que no quisimos brindar información. Lo único que pueden decir es que las denuncias de los funcionarios que se sienten perseguidos, no se las íbamos a dar. En este caso, hoy se están presentando dos en sobres cerrados. No es potestad de la comisión preinvestigadora entender si hay persecución o no hay persecución. Porque acá no se está diciendo que hay persecución, acá se cree que puede llegar a haber persecución, y ese es trabajo de la Investigadora.
Tiene la palabra el señor Edil Carlos Beasley, por una aclaración.
El edil preopinante dio lectura a una nota que enviaron los mocionantes a la Comisión Preinvestigadora, pidiendo ser recibidos.
Es cierto, la presentaron, presentaron esa nota. Pero todos los mocionantes son ediles de esta Junta Departamental y, por lo tanto, se supone conocedores de la Constitución, la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interno, que indica específicamente que la comisión preinvestigadora tiene cuarenta y ocho horas para expedirse sobre los tres puntos, el abc de las denuncias presentadas. Y la nota fue presentada justamente cuando se cumplían las cuarenta y ocho horas.
Si nosotros, desde la comisión, librábamos oficio, señor Presidente, a los mocionantes para recibirlos, íbamos a quedar fuera de tiempo, no había tiempo. Nosotros, en tiempo y forma, por unanimidad de la comisión –vuelvo a repetir la misma aclaración que hice hoy- enviamos mediante oficio, con voto unánime de la Preinvestigadora, la citación a todos los proponentes o mocionantes de la Preinvestigadora, a que se presentaran, a que presentaran la documentación ampliatoria de las denuncias.
Y como dice el Artículo 108, que tanto lo nombran, y se lo voy a leer, señor Presidente, en uso de esta aclaración: “…recibir del mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de las denuncias, bajo su firma”.
¿Cómo puede alguien firmar algo que no está escrito? No lo sé. El Artículo 108 lo dice claro. La articulación de un documento quiere decir que se desglose artículo por artículo la denuncia. Acá dice articulación de las denuncias, bajo su firma; que puede ser la firma del denunciante, del perjudicado, de un ciudadano cualquiera o de un edil o de un representante legal, de cualquiera. Pero tiene que venir, según el Artículo 108, que no habla de las Investigadoras, habla de las Preinvestigadoras porque aparte así es su título: Comisiones Preinvestigadoras. …Presentar, a efectos de recibir el mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de las denuncias, bajo su firma.
Nosotros, en la comisión, en el término de las cuarenta y ocho horas, no recibimos ninguna denuncia, ni articulada ni desarticulada, y mucho menos luciendo firmas que denunciare hecho particular alguno. A esto hay que dejarlo claro porque se deja ver que había voluntad de presentarse.
Es más: nos consultamos entre los miembros de la Comisión reunidos, e hicimos memoria, si habíamos cruzado en la Junta Departamental, previo al ingreso a la Preinvestigadora, con algunos de los mocionantes que estuviesen esperando fuera de la sala de reuniones, para hacerlos pasar. ¡No había nadie, señor Presidente! Ni lo presentaron por escrito ni se presentaron a ampliar su denuncia.
Hay que dejarlo bien claro, porque se deja entrever que tienen la voluntad de ampliar mediante exposición y de presentar, pero en realidad la voluntad no existe porque ni la escribieron ni se presentaron a decirla verbalmente para que conste en actas, como dice el Reglamento, que llama a la 9.515 y que llama al 286 de la Constitución. A eso hay que dejarlo meridianamente claro: no se pueden decir cosas que en realidad no son como se dicen.
SEÑOR PERTUSATTI.- Por una alusión.
Tiene la palabra el señor Edil Martín Pertusatti, por una alusión.
SEÑOR PERTUSATTI.- Al comenzar su alocución y decir el edil preopinante, entiendo que me está aludiendo.
Simplemente aclarar nuevamente, porque no se pueden decir cosas que no son porque nos seguimos mintiendo a nosotros mismos.
A texto escrito: “…haciéndoles saber que deben enviar –¡enviar!- a esta Comisión las denuncias que originan esta solicitud”, si bien sabía que había cuarenta y ocho horas, y si bien es muy conocedor de la Constitución, hizo trampa. Porque acá dice “enviar” en ningún momento se nos dijo o se nos citó que fuéramos.
Habiendo escuchado el informe en mayoría y el informe en minoría y después las aclaraciones de los ediles que participaron en la Comisión Preinvestigadora donde daban a entender sus interpretaciones en los distintos Reglamentos de estos artículos en el Reglamento Interno de nuestra Junta Departamental, y habiendo recibido el informe de Presidencia, donde usted nos hace saber que hay denuncias, quiero decirles que desde esta banca, como edil independiente, voy a defender el derecho de los trabajadores -que considero que los represento- apoyando que se forme la Comisión Investigadora donde de ahí recién va a salir si realmente hubo persecución o no, y que quede aclarada la situación de estos funcionarios tanto como de los jerarcas a los cuales se denuncia.
Vamos a empezar por lo que parece el final, pero que en realidad es el principio. Es el final del informe en mayoría, pero es el principio que quieren las cosas.
Dice en la redacción: “en este sentido manifestamos que la voluntad de los ediles es la de investigar siempre que se cumpla con las condiciones constitucionales legales y reglamentarias vigentes”, dicho esto hay que aclarar algunas puntualizaciones en cuanto a lo constitucional, legal y reglamentario. La Constitución de la República en el Artículo 286 dice con claridad que la Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación. También así lo llama la 9.515 que es la Ley Orgánica Municipal en su Artículo 18 y copia a texto expreso. Y el Decreto 6.376/2008, que es nuestro Reglamento Interno, en su Capítulo XVII, De las Comisiones Asesoras, y en el Artículo 108 y 109 detalla específicamente cuándo, cómo y con qué cometido se generan las comisiones preinvestigadoras. Con qué tiempos cuentan para expedirse y en qué términos y acerca de qué.
Ahí lo dice con claridad, lo dice formalmente y a texto expreso: “recibir del mocionante la articulación de las denuncias bajo su firma”. Las denuncias no existieron, ni por parte de los mocionantes ni por parte de los que se sienten perseguidos ni de sus representantes legales.
El Artículo 109 habla del informe que debe elaborar esta preinvestigadora y dice que tiene el término de dos días hábiles y deberá expedirse. Y el cometido se concretará: A) a establecer la entidad de la denuncia. B) la seriedad de su origen y C) la oportunidad y procedencia de la investigación. Dice demás: que el o los informes deberán entregarse al presidente quien llamará en un plazo no mayor a ocho días en Sesión Extraordinaria para tratar el tema en esta Junta Departamental.
La Comisión Preinvestigadora trabajó con seriedad. Lo primero que vimos cuando nos reunimos los tres miembros representantes de los tres partidos políticos que tienen representación en la Junta Departamental, es que no existían denuncias. Y los tres miembros concordamos en eso. Por lo que votamos por unanimidad, como lo hacía en uso de alguna aclaración, enviar un oficio a los mocionantes para que nos acercaran esa articulación, dentro por supuesto de los plazos establecidos por reglamento que obviamos emitirlos porque todos los mocionantes son ediles de la Junta Departamental y se suponen conocedores de este Reglamento.
El tema, señor Presidente, es que si bien la suposición o la presunción de que pueda existir alguna denuncia de persecución…
SEÑOR SUBÍ.- Pido la palabra, por una interrupción.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil, le están pidiendo una interrupción, ¿la concede o no?
SEÑOR BEASLEY.- Sí, señor Presidente, la concedo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Alberto Subí, por una interrupción.
SEÑOR SUBÍ.- Muchas gracias señor Presidente. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, señor Edil.
Lo interrumpo por esto: usted hizo hincapié en que los tres ediles reunidos en la Comisión notamos que no había denuncia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil diríjase a la Presidencia no al Edil.
SEÑOR SUBÍ.- Perdón. Tiene razón señor Presidente.
Lo que sí, señor Presidente, fue claro y estuvimos de acuerdo con esto, aclaré que en mi caso me había entrevistado con más de un denunciante al respecto en donde expresé la existencia real bajo mí conocimiento y mí lectura de la denuncia.
Está amparado en el uso de la palabra el Edil Carlos Beasley. Puede continuar.
Es cierto que la Constitución de la República en el 286 dice: “que sin ninguna otra condición las juntas podrán nombrar comisiones de investigación”. Eso es lo que estamos haciendo hoy.
Pero también es cierto que en lo que es ley departamental se le asigna a las comisiones asesoras, y la preinvestigadora es una comisión asesora, un cometido específico, para el cual no se nos brindó ninguna información. Es más, señor Presidente, a confesión de parte relevo de pruebas, había un miembro de la Comisión que poseía información que no la brindó al resto de la Comisión para ser valorada. Por lo tanto, la Comisión en forma primaria consideró que no tenía objeto para investigar y estábamos todos de acuerdo ese día. A las cuarenta y ocho horas después de haber solicitado y de no haberse presentado nada, se dividieron las opiniones y en mayoría se decidió que no había objeto para investigar.
La presunción o la suposición de ilícitos, irregularidades y en este caso de persecuciones siempre sobrevuela, pero eso no genera automáticamente la providencia y la votación de una investigadora. Porque alguien presuma no se genera automáticamente, hay pasos previos, formales que cumplir que en esta Junta Departamental no se cumplieron.
Resulta que se habla con insistencia de preservar la seguridad, la integridad de los denunciantes, pero de los propios mocionantes salen a la prensa a tirar nombres al aire ventilando funcionarios, familias, y haciendo caso omiso del estilo, porque no es una obligación, de no divulgar los nombres, porque el carácter de secreto de la investigación es en la Investigadora, en la Preinvestigadora ese carácter no se da pero es de estilo que uno salvaguarde los nombres de quienes están involucrados, y los propios mocionantes lo tiran al viento en la prensa pero no proporcionan bajo su firma absolutamente ningún indicio de cuáles son los tipos de persecuciones ni de en qué dirección o qué departamento, ni por cuál motivo se sienten perseguidos.
Señor Presidente, cuál es el secreto de los nombres de los funcionarios que se sienten perseguidos cuando hay procesos administrativos que son claros y que seguramente se debieron cumplir. Y estoy hablando de garantías que ni siquiera en la actividad privada se dan, porque si bien están legisladas, de hecho no se dan. Y en la actividad pública, sí se dan. Porque si un funcionario público se siente agredido en su labor, primero lo conversa informalmente con su superior inmediato o con su jerarquía. Paso seguido, establece algunos mecanismos que existen y que salvaguardan la seguridad de su puesto de trabajo. Puede presentar descargos por las decisiones de la autoridad en cuanto a su puesto de trabajo. Si a usted lo trasladan de este escritorio al otro, usted puede decir “mire, yo pienso que usted me trasladó mal porque aquel lugar no es ergonómico, aquel sillón me gusta más, el aire no da la corriente, porque mi columna”, y de repente, la autoridad revé la situación, y usted presenta un recurso. O en su defecto, se presenta en la oficina de recursos humanos o ante la propia autoridad y presenta un recurso administrativo donde usted dice con claridad que se siente menoscabado en su función por tal, tal y tal, lo expresa, y la autoridad le va a decir claramente cuál es el motivo o de su traslado o de la situación por la cual usted se siente perseguido. Se puede llegar a un acuerdo de acuerdo a la voluntad del funcionario o de la autoridad o un punto medio de ambas partes.
Si estos extremos se cumplieron –que es lo natural en la actividad, que se cumplan-, ¿salvaguarda de qué nombres estamos hablando? Porque el funcionario se presenta con su nombre, su documento, su número de funcionario y establece un recurso administrativo. Y si así no fuese, tiene todavía un tribunal superior, que es el de lo Contencioso Administrativo para presentar descargos. Ninguno de estos extremos está relatado siquiera por los ediles mocionantes de la preinvestigadora. O sea, tienen oídas de que alguien se quejó que no le gusta que de ser secretario de la oficina de informes lo trasladaron a secretario en el mismo cargo administrativo, en el mismo escalafón, a semovientes, con el mismo sueldo, con la misma carga horaria, y no le gusta. ¿Y el Intendente qué tiene que hacer en su resolución? Decir “Por razones de mejor servicio se traslada al funcionario fulano de tal de tal repartición a tal, con tal carga horaria, papapá”, y eso se puede recusar. Y si los ediles tenían conocimiento de esto cuando mocionaron la creación de una preinvestigadora, tendrían que haber dado conocimiento al resto de los ediles o por lo menos a los representantes de los partidos políticos que teníamos que analizar el tema. Y acá vengo a lo que se dijo en sala, porque si la seriedad está dada solamente por la firma de un edil al presentar una presunción, señor Presidente, le quiero decir con claridad que la seriedad también está dada por los ediles que integramos la comisión preinvestigadora y que tenemos la misma seriedad que los ediles mocionantes y que tenemos el mismo derecho a tener toda la información para valorar como lo dice la ley y el Reglamento que lo debemos valorar. Entonces, los ediles mocionantes, ¿piensan que solo ellos son los serios y los representantes de los partidos políticos electos que fueron nombrados por el presidente para generar la preinvestigadora no tenemos la seriedad suficiente para tratar este tema? ¿De qué estamos hablando?, ¿de ediles categoría A y categoría B? Como se dijo acá en sala, ¿a qué volvemos?, ¿a la dictadura?, ¿categorizamos a los ciudadanos, categorizamos a los representantes del legislativo?
Señor Presidente, el caso es concreto: la Junta Departamental y este plenario es soberano de investigar, más allá del asesoramiento de la comisión preinvestigadora. Usted sabe y yo sé -porque en sala también lo han explicado- que los votos están para generar la investigadora. Pero no porque los votos estén uno puede hacer cualquier cosa y tiene que dejar de exponer los argumentos válidos de acuerdo a la ley y al Reglamento que deben exponerse.
Señor Presidente, cuando se extraen algunos fragmentos de versiones taquigráficas anteriores, hay que leer toda la versión taquigráfica, hay que acordarse de todo el argumento esgrimido y hay que leerlo completo, porque cada vez que se mocionó una investigación o una preinvestigadora en esta Junta Departamental, la voluntad siempre fue la misma: de investigar y de cumplir en forma cabal el Reglamento de la Junta Departamental, que es la única ley-decreto departamental que nos asegura igualdad de condiciones a todos los ediles.
Señor Presidente, si esto se aprueba, veremos si hubo o no hubo alguna denuncia –expresiones de un edil que apoya la investigación en sala-, o sea que no sé muy bien, porque lo escuché decir que él había recibido denuncias pero después dice “veremos si hubo o no hubo”, entonces no me queda claro si en realidad hay o no hay; no sé si creerle cuando dice que hay o si creerle cuando dice que veremos si no hubo, o si hubo, porque le queda la duda de lo que le denunciaron. O no confía en lo que él recibe o no confía de quién lo recibe.
Señor Presidente, la comisión investigadora va a tener todas las garantías. Usted dijo al inicio de esta sesión que fueron presentadas a la Mesa dos denuncias en sobre cerrado, que usted no las abrió y que les iba a hacer entrar dentro del tema bajo firma suya, del Secretario General y del Asesor Letrado. Estas dos denuncias pueden ser la llave que destrabe toda esta situación, y acá hay tres cosas que se pueden hacer: romper con el famoso secreto y salvaguarda de los funcionarios y darle lectura en sala, porque ahí, todos los ediles vamos a poder valorar la entidad de esas denuncias –si es que los sobres contienen algo- y una vez dada la entidad, la oportunidad se da sola, porque ¿cuál es la mejor oportunidad? En el momento en que se denuncia es la mejor oportunidad para investigar.
El segundo paso es que esas denuncias sean las generadoras de una nueva preinvestigadora, que las valore y que asesore a este plenario, con otros miembros, que no necesariamente deben ser diferentes pero que es aconsejable que sean diferentes a los que formamos la primera, para que las valoren y nos asesoren a todos a ver si la entidad es suficiente para generar una investigadora.
El primer paso que le decía, señor Presidente, seguramente, si contiene denuncias serias, expone nombres, expone familias sobre todo, porque el nombre del trabajador, del funcionario, uno se hace cargo y enfrenta, pero la familia es diferente. Y vaya si se lo digo con conocimiento de causa de estos últimos años. Y como yo no era funcionario público, como yo no estaba siendo agredido por un patrón sino por otras cosas, me la tuve que aguantar y mi familia también.
Pero hay un tercer paso que se puede hacer y que también está consagrado en el Reglamento Interno, este famoso Decreto 6.376 del año 2008, y que habla en su Capítulo III, De las Sesiones, y en su Artículo 30, de cuando la naturaleza así lo requiera, por dos tercios de sus integrantes, se puede declarar una sesión secreta. En el 31 y en el 35 explica cuáles son los alcances, quiénes la integran y cómo debe expedirse. ¿O acaso todos los ediles que estamos en sala no somos lo suficientemente serios para levantar la mano por unanimidad y declarar secreta esta sesión, abrir esos sobres, leer las denuncias, valorar la entidad, y automáticamente se dé la oportunidad y la procedencia de investigar?
Creo, señor Presidente, y confío en la seriedad del trabajo de los señores ediles. Todos llegamos a nuestras bancas por el voto de ciudadanos de nuestro departamento. Todos representamos y tenemos que hacer lo mejor que consideremos para la mayoría o para todos los ciudadanos de nuestro departamento, incluidos los funcionarios públicos, funcionarios de la Intendencia Departamental de Salto.
¿Acaso alguien, señor Presidente, en este recinto considera que alguno de los señores ediles que estamos sentados en sala no somos dignos de conocer el contenido de las denuncias? ¿Por qué se nos niega la posibilidad de conocerlo? ¿Acaso se duda de nuestra seriedad, de nuestra capacidad, de nuestro carácter político para mantener la reserva debida y necesaria? Porque en el momento que conozcamos la denuncia, votemos la investigadora, esto pasa al secreto de la investigación, porque además esa declaración de sesión secreta pone bajo secreto absolutamente todos estos temas hasta que termine la investigación, por lo que todos nos vamos a ver inhibidos de manejar nombres, de manejar números. Sí podremos hablar del titular y de la generalidad pero no de las especificidades.
Vuelvo al final que fue el principio: es voluntad de los ediles la de investigar. Yo acudí a la Preinvestigadora con la decisión y la resolución de la bancada del Frente Amplio y en representación de mi fuerza política, con la voluntad de valorar las denuncias y ver la posibilidad constitucional, legal y reglamentaria de que procediera una investigación. Fui delegado con la voluntad de investigar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil, le queda un minuto.
SEÑOR BEASLEY.- Los términos en que fue mocionada o peticionada, no fueron los formales, esto no sienta precedentes para esta. Y recuerdo que la última vez que se generó una resolución de este tipo, generamos una Investigadora por persecución sin denuncias particulares…
SEÑOR DUARTE.- Por una cuestión de orden, señor Presidente, pido la palabra.
SEÑOR DUARTE.- Quisiera solicitar, que ponga a consideración del cuerpo, una ampliación en el tiempo que tiene el señor Edil Beasley para hacer uso de la palabra.
Están solicitando ampliación para el señor edil Beasley; creo que es justo.
SEÑOR BEASLEY.- Gracias señor Presidente, gracias señores ediles. Fue treinta en treinta y uno porque yo no voté.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil, reglamentario es así: tiene veinte minutos para exponer, por eso le dije del minuto.
SEÑOR BEASLEY.- Sí, es correcto, gracias señor Presidente.
Hubo un precedente en esta Junta Departamental, en que se generó una Investigadora sin denuncias concretas. Y yo decía en aquel momento: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la caza de brujas y a hablar con todos los funcionarios, a ver quién presenta una denuncia? Y efectivamente fue lo que sucedió.
Salimos a la caza de brujas y resultó que la famosa Investigadora por presunción de persecuciones políticas por el que había sido Intendente (el Maestro Ramón Fonticiella) terminó con una serie de denuncias que, en más de un noventa por ciento, eran contra jerarcas y mandos medios pertenecientes al Partido Colorado, casi todos ellos dirigentes y cabezas de lista para las próximas elecciones; lo que hizo que esa Investigadora terminara con un resultado no deseado, que es el desgaste de una herramienta fundamental que tenemos los ediles de las juntas departamentales, brindada por la Constitución, que es la de controlar al Ejecutivo y la de investigar. Desgastamos una herramienta en hacer caza de brujas por si encontramos algo. Y resulta que quien mira lo que no debe, lee lo que no quiere. Y salimos en aquel entonces -o salieron los ediles mocionantes- a cazar brujas queriendo cazar la cabeza del exintendente Fonticiella y terminaron con la cabeza en el cadalso, de los altos dirigentes del Partido Colorado.
Yo, señor Presidente, como miembro de la Comisión Preinvestigadora, firmé el informe en mayoría que aconseja a este Cuerpo no generar una Investigadora. Creo que cuento con el aval de los colegas ediles del Frente Amplio para mocionar a usted, señor Presidente, formal y reglamentariamente, lo que di como la tercera posibilidad en cuanto a las denuncias que usted dice que obran en poder de la Mesa.
Quiero hacer la moción concreta, señor Presidente: que usted ponga a consideración del Cuerpo la declaración de secreta de esta comisión, a efectos de tomar contacto directo con las lecturas de las denuncias en esta sesión. Para así poder valorar la entidad de las denuncias y proceder, seguramente, si está dada, al voto unánime de esta Junta Departamental.
Quiero hacer esa moción concreta, señor Presidente.
SEÑOR DUARTE.- Es por una cuestión de orden.
El señor Edil Beasley presentó una moción, que me parece que es trascendente para el curso de la discusión. Pediría un cuarto intermedio de cinco minutos, a los efectos de evaluar la procedencia de la misma.
SEÑOR PRESIDENTE.- Está a consideración un pedido de cuarto intermedio de cinco minutos.
(SIENDO LA HORA VEINTIUNA Y VEINTIDÓS MINUTOS SE PASA A CUARTO INTERMEDIO)
(SIENDO LA HORA VEINTIUNA Y VEINTINUEVE MINUTOS SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO)
Terminado el cuarto intermedio, reiniciamos la sesión.
¿Usted había pedido la palabra, señor Edil Duarte? ¿Quería mocionar algo o no?
SEÑOR DUARTE.- Estaba presentada la moción por el señor Edil Beasley, que está consagrado en los Artículos 30 y 31 del Reglamento, y hay que proceder en consecuencia, supongo yo. Yo no había pedido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil Beasley, ¿puede fundamentar nuevamente la moción de orden que usted está pidiendo al plenario?
SEÑOR BEASLEY.- Sí, señor Presidente.
En el Capítulo III de nuestro Reglamento Interno, de las Sesiones, Artículos 30 y 31, se especifica la posibilidad, si la naturaleza así lo requiera y por el voto conforme de 2/3 (dos tercios) de sus integrantes, de declarar una sesión secreta. Esa es la garantía, señor Presidente, que se les da a los denunciantes de esas supuestas denuncias en sobres cerrados que usted tiene en su Mesa, de que los nombres y las situaciones no van a trascender. Porque en el Artículo 31 además específicamente dice quiénes van a poder asistir y en qué condiciones, a esta sesión secreta.
Le pediría, señor Presidente, que se dé lectura por parte de la Mesa, a estos dos artículos, para quienes no están con el Reglamento Interno en la mano y para que todos sepamos, de manera específica, qué es lo que vamos a votar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, señor Edil, procederemos a su solicitud, de que se dé lectura a los dos artículos, y después pondremos a consideración su moción.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- ARTICULO 30.- Sesiones públicas y secretas) Las sesiones serán públicas, pudiendo la Junta declararlas secretas, cuando su naturaleza así lo requiera y por el voto conforme de 2/3 (dos tercios) de sus integrantes.
Toda vez que se consideren venias para destitución de funcionarios del Gobierno Departamental, la Junta Departamental deberá sesionar en régimen de sesión secreta.
ARTICULO 31.- (Asistencia a las sesiones secretas) A las sesiones secretas podrán concurrir, además de los Ediles/as, los secretarios/as y los funcionarios/as que el Presidente/a determine, previo compromiso de guardar secreto.
Al iniciarse una sesión secreta, la Mesa hará presente la obligatoriedad para todos los que asisten a ella, de guardar celosamente el secreto sobre lo actuado en la misma, así como la responsabilidad en que incurrirán en caso de violarlo.
Las versiones taquigráficas de las sesiones secretas no serán públicas, salvo resolución en contrario de dos tercios o más del total de componentes de la Junta, a solicitud de cualquier Edil/a.
La transcripción de la versión taquigráfica que deba permanecer secreta, así como el original de taquígrafos/as, se guardarán dentro de un sobre que será debidamente cerrado, en el cual se anotará el día, mes y año en que se celebró la sesión y el tema objeto de la sesión secreta.
Después de firmado por el Presidente/a y el Secretario/a, dicho sobre se depositará en el archivo en el lugar destinado a las actas de las sesiones secretas.
Toda vez que se acuerde la apertura de un sobre, conteniendo actas de sesiones secretas y después de llenado el objeto, se procederá nuevamente en la forma y con las garantías establecidas, anotándose, además, el año, mes y día en que se hizo la apertura.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Secretario.
Está a consideración la solicitud del señor Edil Beasley, de transformar esta sesión en secreta.
Los que estén por la afirmativa de transformarla en secreta, pueden votar ahora.
Negativa, tiene que ser dos tercios.
SEÑOR GRASSI.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Grassi.
SEÑOR GRASSI.- Gracias, señor Presidente.
Yo voy a tratar de ser bastante breve porque a veces las extensas consideraciones en este punto no solo en esta sesión sino que en otras anteriores, como lo decía el mismo Edil Beasley sobre el fundamento, la seriedad o la entidad de la denuncia ya se han manejado bastante.
Yo soy, como hombre de derecho, básicamente muy respetuoso de las formalidades de las normas constitucionales, legales y reglamentarias a las cuales reiteradamente por algunos ediles se ha hecho referencia. Por supuesto que soy muy respetuoso. Por supuesto también que tratándose de temas políticos he escuchado reiteradamente, no ediles de esta Junta, pero actores políticos del Frente Amplio, reiteradamente, a varios expresar que en realidad más allá de las formalidades y el sistema republicano de gobierno y las normas constitucionales y legales muchas veces debe primar lo político y no lo jurídico, todos lo hemos escuchado en este país y no precisamente de actores políticos, nos los quiero tildar de que tengan menor categoría que otros, pero del expresidente Mujica, en algún momento cuando yo era edil en esta Junta del Frente Amplio, allá por el año 2006, 2007, el entonces Presidente de la Mesa Política del Frente Amplio, me lo dijo expresamente a mí, que a veces tenía que primar la cuestión política y no la jurídica.
Por eso, la verdad que me alegro que por lo menos los ediles de esta Junta que pertenecen al sector Frente Amplio hagan tanto hincapié en estas formalidades y respetos de las normas. Lo que no me gusta, aunque a veces pretende diferenciarse lo que se piensa por la fuerza política Frente Amplio sea una cosa a nivel nacional y sea otra a nivel departamental.
Y decía, soy muy respetuoso de las formalidades, y por supuesto que no debemos formar comisiones investigadoras por formarlas de por sí y con fines nada más que políticos, porque más allá de que esta Junta Departamental tenga, quiérase o no, un carácter político, esencialmente político, tampoco debemos prestarnos a que prácticamente juguemos con estas facultades que nos otorga a los ediles la Constitución, las leyes y los decretos de esta propia Junta.
Pero también, en mi modesto entender, creo que es cierto que ese respeto por las normas de cualquier jerarquía legal no debemos llevarnos al extremo de cercenar algunas garantías que en este caso tienen en mí entender los funcionarios de la Intendencia de Salto en este órgano legislativo departamental.
Y algún edil hacía referencia a que el funcionario cuenta con todas las garantías para instaurar o poner en movimiento los mecanismos legales en la misma Intendencia, y cuando lo trasladan o cuando sienten que son objeto de persecución política plantear allí una petición, eventualmente cuando esa petición no resuelve en su favor un recurso u otros medios legales que posee. Pero vamos a ser realistas: la Intendencia de Salto, así como digo que esta Junta Departamental es un órgano esencialmente político, la Intendencia de Salto, sus jerarquías, sus mandos superiores, los cargos de confianza, que son los que resuelven más allá de un informe jurídico que pueda haber a favor o en contra del funcionario, quienes firman la resolución definitiva son el Intendente y el Secretario, o eventualmente algún director cuando se plantea el recurso solamente ante el director. Pero no es cierto que el funcionario tenga todas esas garantías legales y constitucionales y que necesariamente no tiene por qué recurrir a esta Junta Departamental para plantear sus denuncias por supuestas persecuciones o porque la famosa frasecita de “traslado por razones de servicio” no está fundamentada, como es un acto administrativo no tiene la motivación que tiene que tener.
Yo creo –y repito, modestamente- que esas garantías no son ciertas y reales porque en definitiva, el que resuelve, el intendente y el secretario, es, o son esencialmente, esas resoluciones, de tinte político. Y seguramente si acá todos –lo repito por cuarta o quinta vez- somos realistas, vamos a concordar en que se deja de lado generalmente todo lo que es el tema jurídico y se adopta una resolución política. Porque… ¿vamos a pensar que algún intendente –y hablo en general aquí, no solo de este gobierno, de todos- va a firmar alguna resolución donde admite que algún funcionario de confianza, de los de ellos, está haciendo persecución política? Seguramente que todos, más allá de que no lo digamos, para nuestros adentros estaremos de acuerdo en eso.
Y es cierto sí que tiene un órgano superior. Porque el funcionario plantea el recurso ante la Intendencia y desde hace muchísimos años a esta parte, la gran garantía que tenían los funcionarios municipales era que, al denegársele un recurso administrativo o cualquier tipo de petición ante la Intendencia, tenía el recurso de apelación ante esta Junta Departamental. Hace muchísimos años que los funcionarios municipales, cuando son objeto de una sanción –ni siquiera hablamos de persecución política- no tienen más el derecho de recurrir, cuando la Intendencia le deniega su recurso a esta Junta, mediante el recurso de apelación. Y la única manera que tienen de recurrir a esta Junta, en este caso que hoy estamos tratando, es mediante denuncias a los ediles, que más allá de que no sean escritas, las trasladan y nosotros las traslademos al Cuerpo. Y yo creo que ahí, y por qué explicaba estos pasos anteriores, es donde realmente allí sí el funcionario puede tener garantías, en una junta departamental, que una comisión investigadora no tiene los efectos jurídicos que puede tener, por supuesto, una resolución del Intendente.
Pero repito: el recurso de apelación, desde que no existe más recurso de apelación ante la Junta, de las decisiones contrarias al funcionario, que se tenían por el estatuto y fueron derogadas, el funcionario termina su paso jurídico ante la resolución del Intendente y del Secretario. Y me van a decir: “No, no termina porque tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. ¿Qué funcionario de la Intendencia de Salto va a incurrir en gastos, de hacer una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Que solo para empezar –solo para empezar- debe arrancar con cuatro o cinco mil pesos, abonando, no son timbres, es un impuesto que le cobra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego otras diversas etapas, donde tiene que presentar sucesivos escritos y tiene que volver a pagar. Eso podrá ser muy bonito y podremos decir que es una garantía constitucional, pero como en muchas cosas, las garantías constitucionales y legales, cuando no se tiene el dinero suficiente ni siquiera para afrontar los gastos de un trámite de ese tipo y que además este Tribunal tiene su sede física en Montevideo y debe contratar no solo un abogado en Salto sino otro abogado en Montevideo que le siga el trámite, ahí se le termina la garantía al funcionario municipal, de recurrir ante un órgano superior, que no sea el Intendente.
Entonces, más allá de que comencé diciendo que soy muy respetuoso de esas formalidades, creo que debemos tener cierta discrecionalidad, esa famosa frasecita que se les otorga, por Constitución o por Ley, a todos los organismos públicos. La famosa discrecionalidad para decidir en algunas cuestiones, tan amplia, y que da lugar a veces, esa discrecionalidad, a tantas prerrogativas, que incluso perjudican al funcionario seriamente.
Ahora, yo no puedo dejar pasar cuando acá algún edil del Frente Amplio hace alusión al Artículo 18 de la Ley Orgánica del gobierno y administración de los departamentos, la Ley 9.515. El Artículo 18 no tiene nada que ver con las comisiones investigadoras de las que hoy estamos tratando. El Artículo 18 de la Ley 9.515 no tiene nada que ver con una comisión investigadora de las que hoy estamos tratando.
Ese artículo dice que La Junta podrá nombrar de su seno comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Reitero: podrá nombrar de su seno comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y eso no es una comisión investigadora, ese artículo no es aplicable. No lo digo yo, lo dice nada menos que José Korseniak en su Curso de Derecho Constitucional. No vamos a decir quién es Korseniak, creo que todos lo conocen; además de una figura jurídica notable, un público adherente desde hace muchísimos años al Frente Amplio.
Y Korseniak nos dice, en la página 496, que no es lo mismo la comisión que se crea para suministrar datos con fines legislativos que las comisiones de investigación. Son absolutamente diferentes; si bien el tratamiento para nombrarlas puede ser el mismo, la finalidad es absolutamente distinta.
Por eso –dice Korseniak- que no se debe tener el mismo rigor técnico y se debe tener presente esa tajante discusión que se efectúa. Acá está hablando, en realidad, del Artículo 120 del Reglamento del Parlamento Nacional pero que básicamente se traslada aquí con las mismas características.
En tanto las comisiones llamadas de investigación no son lo mismo que las comisiones para suministrar datos con fines legislativos, las primeras –las de investigación- tienen como tarea la de investigar, es decir, averiguar la verdad sobre determinados hechos, mientras que las otras son justamente de requerir informaciones a los órganos públicos para el mejor desempeño de la Junta Departamental. Eso, esto último, es a lo que se refiere el Artículo 18.
Y además -dice Korseniak- cuando hablamos de las comisiones de investigación, no de las comisiones de investigación para suministrar datos sino de las comisiones investigadoras -como la que hoy estamos tratando-, dice que su fin es justamente investigar y no se debe tener tanto rigor como en las otras porque estas (las investigadoras) tienen como motivo la presunción de la existencia de irregularidades de cierta gravedad. La presunción de existencias de irregularidades de cierta gravedad. Y la presunción, creo que debemos tenerla muy en cuenta cuando apreciamos la entidad, la seriedad de la que nos habla sí el Reglamento de la Junta Departamental. Y me pueden decir “el Reglamento no dice eso”. Sí, el Reglamento dice que se debe apreciar la entidad y la seriedad. Pero nada menos que un catedrático de nuestra Facultad de Derecho dice que en realidad se debe investigar cuando hay presunciones.
No se necesita ser abogado ni mucho menos para saber diferenciar cuando hablamos de presunciones y cuando se hace referencia a que prácticamente, para nombrar una comisión investigadora, se debe tener casi la certeza absoluta de que existe una denuncia de un funcionario. Pueden estar mis apreciaciones en lo cierto o en lo equivocado –reitero- más allá del tema jurídico y de esa casi contundente posición de los señores ediles del Frente Amplio, en cuanto a que tenemos que tener allí la denuncia a la vista para formar esta comisión investigadora u otras eventualmente.
Yo creo, guiándome por lo que dice Korseniak, que las presunciones las tenemos. Y que, por el contrario, si esta Junta no investiga, esos derechos a que se hacía referencia, que tienen los funcionarios de la Intendencia de Salto ante los jerarcas de la misma, se tornan absolutamente inútiles. Y la última esperanza que tienen, de que se investigue, nada más que eso: que se investigue, la tienen ante esta Junta Departamental, que anteriormente –ya lo dije- la tenían por un recurso jurídico, por una tutela jurídica, y hoy lo tienen por este medio político.
Y lo que menos podemos hacer los ediles, con cierta seriedad, es formar una Comisión Investigadora que además no le veo por qué tanta oposición a formarla, cuando esa comisión más allá que tiene un plazo máximo de funcionamiento y para expedirse podría, si no hay ninguna denuncia seria y de entidad, culminar rápidamente su tarea. Por eso es que yo estoy completamente de acuerdo que en este caso en específico esto no es una posición general ni generalizada para todos los casos, se vote la Comisión Investigadora.
SEÑOR BEASLEY.- Pido la palabra, por una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias señor Edil.
La petición de la conformación de la Preinvestigadora fue hecha basada en el Artículo 286 de la Constitución, así reza el asunto.
El Artículo 286 de la Constitución de la República dice: …que la Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Dice exactamente lo mismo, en las mismas palabras, con la misma redacción absoluta que el Artículo 18 de la Ley 9.515, que es la Ley Orgánica Municipal en la que se fundamentó que no tenía nada que ver con la procedencia de la investigación. Si la 9.515, de acuerdo a los constitucionalistas más destacados, no habilitan y no hablan absolutamente de este caso de investigadoras, por qué el Artículo 286 de la Constitución que tiene absolutamente y textual las mismas palabras si lo habilitan.
Aclarar también, señor Presidente, que se dijo en Sala, que se cercenan garantías. Dejar bien claro que en esta Sala solo diez ediles votamos por las integridad de las garantías intentando que esta Sesión se declarara secreta.
Aclarar, señor Presidente, que se argumentó en Sala que los funcionarios no tienen las garantías administrativas y formales porque la Intendencia se conforma de jerarquías y de cargos de confianza políticas, y por lo tanto esas jerarquías y cargos de confianza política no les dan las garantías.
Entonces, qué le hace pensar que la Junta Departamental, también definido acá en Sala, señor Presidente, y dejarlo bien claro, fue definido como un órgano esencialmente político, ¿por qué aquel órgano político nos las da y este órgano político sí las da?
Señor Presidente, aclarar que se dijo en Sala que la ley no brinda garantías. Para mí la ley sí brinda garantías porque es la única que nos brinda garantías, y no este órgano político. Porque ahí sí, y me queda claro de dónde proviene y quienes dicen las famosas palabras que lo político está sobre lo legal. Las garantías no están dadas por lo político de este órgano esencialmente político, que quede claro, señor Presidente, las garantías están dadas por lo legal. Lo que nos hace a todos iguales es la ley, es la Constitución y en el caso de nuestro funcionamiento es el Reglamento Interno.
He escuchado con atención el curso de las alocuciones que se hicieron en Sala. Creo que hay un elemento que es fundamental para activar el proceso de una investigación, o mejor dicho hay un elemento que es fundamental para que la competencia de investigación que tiene la Junta se active. Y ese elemento fundamental es la denuncia, en los términos que el propio Reglamento de la Junta así lo solicita.
Acá se decía -por parte de algunos ediles- que los funcionarios pedían que se investigue, muy bien, nosotros pedimos que se denuncie. Me parece que eso es una cuestión absolutamente elemental, pero lo peor de todo es que aparentemente las denuncias están y no se quieren dar a conocer. Es una investigación la que se quiere realizar muy sui generis porque incluso un compañero edil dice “bueno no están dadas las condiciones, es para resguardar la reserva del denunciante”, y proponemos que se haga la sesión secreta y la sesión secreta no se vota.
Empiezo a advertir que todo esto es un mero circo político, porque los que pretenden que se investigue no muestran el material que se quiere investigar, y les damos las garantías de que sea secreto y tampoco acceden. Entonces es muy difícil en ese juego poder llevar adelante un proceso de investigación.
Debo confesar que me llamó poderosamente la atención porque el Edil Beasley lo aclaró con mucha elocuencia, se solucionaba el problema. Se declaraba secreta la sesión, el Presidente instruía de acuerdo a lo que dice el Reglamento, se daba lectura y cada uno asumía la responsabilidad del hecho de que se mantuviera en reserva. Y se daba curso si había mérito a la investigación. Pero esa alternativa fue cercenada.
A mí me genera cierta contradicción porque por un lado se argumenta que el tema es grave, es muy grave, que hay que acceder rápidamente. Pero por otro lado, cuando se mocionan los instrumentos para que eso sea garantista se dice que no. Esa contradicción justamente es la que me lleva a pensar que en el fondo me parece que esto es más una jugada para buscar un titular de prensa que para buscar la verdad de los hechos que quieren denunciar.
Creo que el tema en sí, la persecución a un funcionario, o a un trabajador creo que de por sí es un elemento que tiene una alta sensibilidad. Nosotros además en el Frente Amplio tenemos un peso histórico en eso, porque no vamos ni podemos prescindir de la historia y todos sabemos la persecución que se generó a trabajadores militantes de la izquierda en años difíciles que pagaron con prisión, exilio, tortura y muerte.
Por lo tanto, para nosotros la persecución es un tema sensible, pero creo que deben darse los elementos necesarios para poder llevar adelante. La persecución es tan preocupante para nosotros en el tema que lo hicimos saber incluso en el período pasado de gobierno, cuando en el año 2012 se celebraron las elecciones internas del Frente Amplio y en la puerta de un local de votación había jerarcas municipales controlando si los trabajadores iban a adherirse o no al Frente Amplio. Vimos e hicimos esa denuncia, naturalmente, sin eco alguno. Porque los que están preocupados ahora por la persecución, en aquel momento se ve que no les llegaba tanto. A nosotros nos preocupa por sobremanera el tema, pero exigimos que se muestren las condiciones elementales.
Si no se tiene confianza en este mecanismo y por eso se genera tanta reserva, una excesiva reserva en el tema, existen otros mecanismos también previstos en la legislación. Acudir a la Institución Nacional de Derechos Humanos, no requiere ni asistencia letrada ni tributación. Recurrir por la vía jurisdiccional no contencioso administrativa porque en el gobierno del Frente Amplio se legisló específicamente contra el instituto de la persecución, la discriminación por razones de religión, de sexo, por razones filosóficas. Ese instituto de la discriminación fue objeto de una legislación laboral especial que el Frente Amplio después de muchísimos años de lucha instauró en este país y está al alcance de cualquier trabajador y no tienen que viajar a Montevideo ni nada por el estilo, es más, pueden hacerlo por defensores de oficio y litigar con auxiliatoria de pobreza, porque si quedan dudas que es el único método, si se quiere traer acá la idea de que este es el único método para salvaguardar los derechos, yo me permito discrepar: no es el único, porque yo también digo que si hay tanta desconfianza en la Junta, si no confían en nuestro trabajo, todos tienen derecho en no confiar porque la verdad es que la Junta, últimamente, no ha dado muchos ejemplos de honestidad ni de cristalinidad, así que yo entiendo que no confíen en nosotros, porque entre nosotros tenemos cada modelo que, ¡por favor! Entonces está bien que no confíen en la Junta, y tampoco utilizan esos otros mecanismos. Y es esa cuestión justamente que a mí me lleva a pensar que no existe o que por lo menos se desliza la posibilidad de tener en esto un hecho de prensa. En cualquier instancia de investigación, sea judicial o sea administrativa, en toda oportunidad que una persona somete un hecho a consideración de un tercero independiente, sea una comisión investigadora, sea un tribunal, sea un sumariante, sea lo que fuere, la persona que recibe la denuncia tiene lo que en Derecho se llama el estudio in límine, tiene la obligación de verificar quién denuncia, cuáles son los hechos mínimos. Y acá lo requiere expresamente el artículo que habla de la comisión preinvestigadora; lo decía con claridad el señor Edil Beasley: se necesita un relato, se necesita una articulación, se necesita una síntesis. No se puede investigar el hecho que no se denuncia y no se puede activar un mecanismo de investigación por una presunción de pasillo.
Entonces, me parece que, justamente, como la gravedad del hecho de la persecución lo amerita, porque es un hecho penoso y es un hecho doloroso que un funcionario se vea menoscabado y perseguido en su tarea, me parece que, justamente, por esa razón, es que la denuncia tiene que hacerse en forma. La trascendencia del hecho obliga a que la denuncia sea bien hecha y acá se quiere prever que el hecho es muy trascendente, pero lo denunciamos así nomás a ver si pasa, y me parece que eso es una contradicción. Si realmente hay interés, si realmente la convocatoria a la investigación es de interés, tienen que seguirse todos esos procedimientos.
Creo, señor Presidente, además, porque se ha hablado de la vocación de investigar, de la vocación de decir la verdad, de averiguar la verdad material, se ha hablado acá –lo dijo el señor Edil Grassi- que hay una contradicción entre lo que actúa a nivel departamental la fuerza política y lo que actúa a nivel nacional, yo veo esas contradicciones también. Mire, señor Presidente, yo debo reconocer que el Senador Bordaberry fue un activo legislador en la Comisión Investigadora de ANCAP; no coincido con su actitud parlamentaria pero creo que su trabajo fue denodado. Y acá, en esta Junta, el Partido Colorado, algunas investigaciones que no le conviene que salgan adelante, se trancan. Y voy a recurrir al mismo argumento que el señor Edil Grassi: sí, señor, hay contradicciones. Y a usted, señor Presidente, le quepan responsabilidades como conductor por segunda vez consecutiva de la Presidencia. ¿O acaso no sabemos que hay denuncias sobre conductas aparentemente delictivas que tienen como prueba investigaciones administrativas, declaraciones? Y hay otras denuncias de ediles que tienen como pruebas informes del Tribunal de Cuentas, informes de la Junta Anticorrupción. Hay pruebas y, sin embargo, duermen el sueño de los justos, porque acá, se investigan las cosas que políticamente le interesa al Partido Colorado que se investigue, y las cosas que políticamente le interesa al Partido Colorado que queden solapadas, soterradas, enterradas, no se investigan. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento de que hay que saber la verdad, no, no, no, no, no es la verdad: es la verdad que electoralmente les conviene, porque se han dedicado entre otras cosas…
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil, lamento pero usted está fuera de tema de su argumentación, porque lo que está diciendo no es correcto y usted sabe que no es correcto.
No me suba la palabra, yo le estoy hablando bien. En la comisión que se encuentra esto, la mayoría la tiene el Frente Amplio, y usted sabe bien.
(Dialogados) (Interrupciones)
No, no le doy la palabra. No, no le doy. Que siga en la palabra el señor Edil Duarte.
No, no, no, no es nada cuestión de… Prosiga con su lectura pero no se aparte de la…
SEÑOR DUARTE.- A mí me llama la atención que el Presidente intervenga en el debate cuando es quien tiene que administrarlo. Y me llama…
SEÑOR PRESIDENTE.- No intervine en el debate, simplemente le contesté, nada más.
SEÑOR DUARTE.- …Y me llama la atención que algunos otros ediles pueden hablar de lo que dijo Mujica, sobre qué es jurídicamente lo que está por encima del Derecho y la política, que se salen notoriamente del objeto, que puedan hacerlo, y que yo no pueda hacerlo. Me llama la atención. Porque usted, entre otras cosas, aplica el Reglamento con varas distintas. Y me parece que llegó la hora de que usted asuma las responsabilidades también, porque para eso está, en las buenas y en las malas. Y es por esa razón, es por esa razón, porque yo veo que cuando los aprieto un poquito, saltan enseguida, porque no aguantan, entre otras cosas.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Por favor, señores ediles!, está amparado en el uso de la palabra el señor edil, ¡por favor!
SEÑOR DUARTE.- No aguantan, no aguantan el cimbronazo, ha quedado claro que no aguantan, porque se han dedicado a usar de las comisiones investigadoras un elemento de proselitismo electoral, y a mí me parece que eso, sin lugar a duda que lo que hace es perjudicar el mecanismo de la investigación, lo hace perjudicar para casos futuros. Entonces, creo que el hecho de… Yo voy a acompañar lo que dice la mayoría de la comisión, que no hay mayoría del Frente Amplio en la comisión, es una comisión variopinta con equidad de representación de todos los partidos. Simplemente, puntualmente en este caso se ha coincidido con el Partido Nacional y con el Frente Amplio. Entonces, me parece que no hay elementos para llevar adelante la investigación. Creo además, adelanto que, si se presentan en condiciones las denuncias con argumentación suficiente, el Frente Amplio no va a negar de dar curso a una investigación cuando se trata de determinar si hubo responsabilidad en asuntos de persecución política, no podemos hacerlo. Pero para que eso ocurra, deben darse algunos requisitos que en este caso están ausentes. Y nosotros seguiremos intentando que en esta Junta no exista el mundo del revés, que para aquello que hay prueba para investigar, esté parado, y aquello de lo que no existe prueba, se quiera promover. Y eso me parece que es una cuestión que yo no me voy a cansar de decirlo, ni en esta sesión ni en ninguna otra que se me ocurra.
SEÑOR MILICH.- Pido la palabra.
Tiene la palabra el señor Edil Germán Milich.
SEÑOR MILICH.- Muchísimas gracias, muy amable.
Voy a tratar de ser breve, porque ya estamos medio pasados de hora y viene el sueño y el apetito. Pero por momentos me sentí como frente al Guernica, porque lo que me dejaban ver era algo espantoso. Cuando se habló de la Intendencia de Salto, de las persecuciones, de yo qué sé cuántos disparates se dijeron, en realidad me sentí mal, me sentí mal como integrante de un cuerpo político, como hombre político que soy, que somos todos.
De Derecho no voy a hablar porque ya hace tiempo que colgué los guantes y no quiero ni acordarme de ese tema, pero me parece que todo el mundo en este recinto sabe perfectamente que si un grupo humano que se reúne para estudiar una situación no recibe la correspondiente denuncia, nada, absolutamente nada podrá investigar porque no sabe de qué se trata. Entonces, es evidente que los votos están para que la comisión surja.
Pero -como decía el colega del Partido Nacional a primera hora- es un defecto formal importante que queda como precedente; las cosas se van a hacer mal, va a constar en actas, los integrantes de la Mesa que preside el Cuerpo saben que se están haciendo las cosas mal y –como dijo el amigo Duarte- miran para otro lado. Entonces me parece que no es éticamente lo mejor, que esto siga adelante en estos términos.
Por alguna razón, en la Preinvestigadora, se votó en mayoría no designar una Investigadora porque eso se ajustaba a derecho; lo demás es de otro costal. Lo que aquí se sabe fehacientemente es que no corresponde formar investigadora porque no hay denuncia que lo amerite. Por esa razón, debemos coincidir en que estamos procediendo de forma equivocada, de forma errónea, de forma antijurídica. A mí no me importa si Mujica, Juan o Pedro dijo una cosa o dijo la otra. Yo entiendo modestamente que en esta Junta se está obrando de forma equivocada porque lo que se va a hacer no es lo que está dispuesto en lo que nos regula.
Las denuncias que van a ser presentadas algún día a la Investigadora, tendrían que ser conocidas por la Preinvestigadora. Si no, piensen, razonen, imaginen una situación en que deban juzgar algo y no tienen en qué fundamentarse. No se puede emitir un juicio así. No es humano, es absurdo, es desquiciar; entonces acá se está haciendo eso. Es lamentable pero ¡es lo que hay, valor!
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor Edil Milich.
Tiene la palabra ¿por una alusión?
SEÑOR SUBÍ.- Por una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Por una aclaración, sobre el señor Edil Milich? No, ya no puede; después que otro edil tiene la palabra, no puede pedir.
Por una cuestión de reglamento, tiene la palabra el señor Edil Subí.
SEÑOR SUBÍ.- Estoy amparado en el uso de la palabra, muchísimas gracias.
Debido a que el tema está suficientemente debatido, ambos informes (en mayoría y minoría) solicito, de ser posible, la aplicación del Artículo 50 y que pasemos a votar.
SEÑOR BURUTARÁN.- ¿Me permite?
SEÑOR PRESIDENTE.- Pero usted no pidió la palabra, usted pidió por una aclaración.
SEÑOR BURUTARÁN.- Por una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, por una alusión, el señor Edil Burutarán.
Quiero agradecerle al señor Edil Milich por haber recordado mis palabras en primera instancia. Quiero aclarar que, dada la situación de que aparecieron presuntas denuncias en sobres cerrados y es extraña la situación de que bajo la intención de salvaguardar la identidad de las denuncias, el Partido Colorado y el resto de los ediles que no votaron, no quisieron votar el secreto de la Junta Departamental, quiero aclarar que el Partido Nacional va a hacer confianza, como dije en un principio, en esa firma que depositaron usted, Presidente, y el Secretario, en esos sobres, y que bajo lo que ya dijimos, como bien recordó Milich, sobre el antecedente que se está creando, de esta forma de crear una Comisión Investigadora, vamos a acompañar la votación de esta Investigadora. Y ya le adelanto que queremos formar parte también de esa Comisión Investigadora, si es que termina siendo formada en la noche de hoy.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien señor Edil, muchas gracias a usted.
Hay una moción de orden, que hay que ponerla a consideración: la aplicación del Artículo 50. No hay más lista de oradores y se pone a votación.
A la Mesa ha llegado un proyecto de resolución. Después que se ponga a consideración esa moción, se va a presentar el proyecto de resolución que ha llegado a la Mesa y se va a dar lectura.
Está a consideración la moción propuesta por el señor Edil Alberto Subí, de aplicar el Artículo 50.
Afirmativa. MAYORÍA (19 en 30)
Se cerró la lista de oradores.
Pasamos a dar lectura al proyecto de resolución que llegó a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Proyecto de Resolución.
VISTO: Resolución de Presidencia No. 12/2017, que crea una Comisión Preinvestigadora conforme a lo previsto en los Artículos 109 y 110 del Decreto 6.376/08.
RESULTANDO: I) Que conforme a lo establecido en el Artículo 108 del Decreto 6.376/08 y Artículo 286 de la Constitución de la República, un grupo de ediles de la Corporación ha solicitado a la Presidencia la conformación de una Comisión Preinvestigadora a los efectos de investigar presuntas persecuciones de funcionarios públicos de la Intendencia de Salto, por parte del Intendente Dr. Andrés Lima.
II) Que en la misma se hace referencia a la “Entidad de la denuncia”, “Seriedad de su origen” y “Oportunidad y procedencia de la investigadora”.
III) Que por Resolución de Presidencia No. 12/2017 se procedió a conformar la Comisión Preinvestigadora relacionada, por lo que habiéndose constituido en debida forma, ha elaborado dos informes al respecto.
CONSIDERANDO: I) Que la Junta Departamental de Salto, luego de haber estudiado ambos informes de la Comisión Preinvestigadora, ha llegado a la conclusión de que es procedente crear una Comisión Investigadora al amparo de lo previsto en el Artículo 286 de la Constitución de la República y Artículos 109 y 110 del Decreto 6.376/08.
II) Que la denuncia presentada a la Junta Departamental lleva la firma de varios ediles de la Corporación, solicitando que se investiguen presuntas persecuciones de funcionarios públicos de la Intendencia de Salto por parte del Intendente Dr. Andrés Lima; este hecho de por sí ya es de entidad y seriedad para proceder a la misma.
III) Que la sola solicitud de varios ediles debe ser valorada por la Corporación, máxime cuando se trata de asuntos de suma delicadeza, atendiendo que los funcionarios públicos son temerosos en denunciar tales situaciones por eventuales represalias.
IV) Que esta situación se ve agravada aún más ante un gremio (ADEOMS) que ha demostrado en varias oportunidades actuar en connivencia con el Intendente Lima.
V) Que en el rol de contralor que debe cumplir la Junta Departamental ante el Ejecutivo, es de vital importancia, por lo que es oportuno y procedente investigar sobre la veracidad y hechos denunciados por los respetables ediles denunciantes de esta Corporación.
VI) Que por los motivos expuestos, la denuncia presentada por un grupo de Ediles es de “entidad”, “seria”, “oportuna” y “procedente”, cumpliéndose los extremos previstos en el Artículo 108 del Decreto 6.376/08 para crear una comisión investigadora.
ATENTO: A ello, conforme a lo previsto en el Artículo 286 de la Constitución de la República y Artículos 109 y 110 del Decreto 6.376/08,
1º.- Crear una Comisión Investigadora que tenga como objetivo el estudio de presuntas persecuciones políticas a los funcionarios de la Intendencia de Salto por parte del Intendente Dr. Andrés Lima y/o jerarcas o mandos medios, con las más amplias facultades legales a tales efectos.
Firman: Mauricio Silea, Stella Magnín, Héber Giménez, Graciela Beppo, José L. Presentado, Alberto Subí, María Márquez.
SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Gabriel Duarte.
Yo creo que en atención a lo que había intervenido y a lo manifestado por el señor Edil Burutarán, atento a la propuesta que llegó a la Mesa, quizás se pudiera analizar su contenido en razón de negociar algunos extremos del mismo y en consecuencia buscar un consenso que en este tipo de casos es importante.
A mí me parece, señor Presidente, que hay algunas cuestiones que menciona el articulado que no es competencia de la Junta valorar. Me refiero a modo de ejemplo, que no es competencia de la Junta valorar la posición del sindicato que es una organización que representa a los trabajadores, no me parece en absoluto que nosotros más allá de lo que opine cada uno individualmente, cada uno puede opinar lo que estime conveniente, no me parece que la Junta resuelva calificar la actitud de una organización sindical en el sentido de estar a favor o no de los trabajadores, en connivencia o no con la administración, me parece que es un acto de injerencia que los trabajadores no se lo merecen y serán ellos por su institución que puedan definir esos temas, nosotros no tenemos por qué hacer ese tipo de calificativos que me parecen absolutamente fuera de lugar.
También hay algunos extremos del articulado, no pude retener la totalidad de su contenido, que merecen una redacción diferente, y es por esa razón que sería pertinente que se pudiera determinar en la Junta un cuarto intermedio a los efectos de buscar una redacción que contemple el apoyo de todos, habida cuenta de nuevos elementos que fueron traídos a la Mesa y que en este momento son de conocimiento de usted y del señor Secretario. Y es por eso que concretamente estoy proponiendo un cuarto intermedio de veinte minutos para poder definir internamente esa cuestión a la bancada y después hacer alguna propuesta que en definitiva pueda reunir los consensos, y que se nos remita una copia de la resolución.
SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una propuesta del Edil Gabriel Duarte de solicitar un cuarto intermedio de veinte minutos para conversar y hacer algunas correcciones en el proyecto de resolución.
Está a consideración la propuesta. Los que estén por la afirmativa, pueden manifestarse ahora.
Dado que no existe la cortesía parlamentaria para poder estudiar un texto que está complicado y plagado de errores en este proyecto de decreto, y no existe tampoco repartido alguno ni de este proyecto ni de las supuestas denuncias que llegaron a la Mesa, yo le voy a solicitar, señor Presidente, por segunda vez en la noche, que se dé lectura a las denuncias presentadas para poder valorarlas y así tomar contacto, conocimiento y poder resolver en esta Junta Departamental sobre algo en concreto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil, ya fue contestado con relación a las denuncias.
Está a consideración el proyecto tal cual vino a la Mesa, el cual se dio lectura.
Afirmativa. MAYORÍA (21 en 30)
SEÑOR DUARTE.- Quisiera fundamentar el voto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos votando, señor Edil.
Votamos en general.
¿Usted quiere fundamentar?
Terminamos la votación y usted fundamenta todo lo que quiera.
Tiene la palabra el señor Edil Duarte, para fundamentar el voto.
Mi voto es negativo porque de alguna forma se confirma en la votación lo que dije en la intervención: esto es un circo político. Se demuestra en primer lugar por esa necesidad que tiene siempre el Partido Colorado de cortar la discusión, es típico de las personas que tienen un agote en los fundamentos y como se les agotan los fundamentos no tienen mejor remedio que cortar la discusión, porque carecen del conocimiento, de las habilidades y de la vocación necesaria para mantener un intercambio con el conjunto de los ediles, y recurren a esa herramienta de excepción que para ellos se ha vuelto regla.
La segunda cuestión que demuestra aún más todavía que esto se trata de una operación mediática del Partido Colorado que intenta también tapar algunos chanchullos que ellos mismos cometieron con hechos verdaderos de presunta corrupción, se da en la negativa, ni siquiera la negativa, presentan un proyecto que no lo conocía nadie y se niegan a tener un intercambio con los ediles para tratar de tener una resolución en común, es decir, primero dicen que este es tema que toda la Junta tiene que votar, que todos tenemos que investigar, pero cuando se le pide el acceso a la negociación como fruto natural de la actividad política, se niegan, y eso es porque el único interés es que esto mañana sea tapa de los diarios.
Y lo último, señor Presidente, para terminar, ojalá tan solo una vez y por un minuto tomen el ejemplo del diputado Amado que ha demostrado que la política sirve para negociar y para intercambiar en términos maduros. Ojalá pudieran seguir más a Amado que a Bordaberry, y eso le va a hacer mucho bien a este país.
SEÑOR IRABUENA.- Para fundamentar el voto.
SEÑOR IRABUENA.-Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha atención escuché la cátedra que nos dieron y que me dieron sobre la transparencia. Lástima que los que me dieron cátedra fueron los que no votaron y no integraron una comisión investigadora sobre hechos de corrupción ocurridos en esta Junta Departamental.
Por eso y porque está plagado de errores el proceder voy a votar negativo, pero no solo por eso, voy a votar negativo porque acá se está etiquetando y se está inmiscuyendo la Junta Departamental en algo que no tiene por qué meterse, lo voy a decir así. Están hablando y etiquetando a un sindicato, a una asociación de trabajadores que entre ellos tienen la libertad de resolver lo que pueden hacer y lo que quieren hacer, esta corporación no puede y no debe inmiscuirse en asuntos internos de un sindicato.
SEÑOR BEASLEY.- Para fundamentar el voto, señor Presidente.
Lo dije al principio de mi oratoria. Es vocación de los ediles y en particular de este edil investigar. Pero el voto a esta farsa fue negativo porque es nada más que eso. Es una farsa donde tenemos que investigar algo que nunca fue denunciado. Porque tenemos que investigar a quien nunca fue denunciado.
Porque el proyecto de resolución que se presenta ante la Mesa se presenta entre gallos y medianoches, en desconocimiento absoluto del Cuerpo y porque además con una falta absoluta de cortesía legislativa se nos priva del derecho natural y de estilo de poder leerlo, analizarlo y proponer en consecuencia modificaciones al mismo o acordar un consenso con el mismo para ser votado por unanimidad en la Junta Departamental.
Mi voto no fue negativo a investigar, señor Presidente. Mi voto fue negativo a hacer chicle la Constitución, la ley y el Reglamento Interno, a aplicarlas de manera sesgada, a interpretar antojadizamente las herramientas que tenemos y que nos garantizan la igualdad a todos los ciudadanos en este país.
En esta Junta Departamental con hechos de este tipo, lo que hacemos es decir con claridad contundente y digo “hacemos” porque la resolución va a ser por mayoría y va a ser expresión de todo el Cuerpo aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero la mayoría, los que levantaron la mano sí están de acuerdo que en esta Junta Departamental, en este período legislativo, lo político prima sobre lo legal, y para mí, señor Presidente, lo legal está por sobre los político. Son dos herramientas fundamentales y que las tenemos que utilizar bien. Utilizamos de mala manera estas herramientas, desgastamos herramientas poderosísimas que nos brinda la Constitución y la ley en generar estos circos políticos donde las minorías en la Junta Departamental no tenemos absolutamente ninguna garantía porque se atropella y se pasa con una aplanadora por encima de las minorías no respetándosele el derecho a conocer los temas, a conocer las denuncias, a opinar sobre los mismos, y otra vez se aplica el Artículo 50, el artículo mordaza y usted señor Presidente, me induce esta noche junto con las mayorías de esta Junta Departamental a votar en forma negativa, porque interpretó el Reglamento en forma antojadiza, porque no me otorgó la palabra cuando yo se la pedí y por las mismas cuestiones a otros ediles sí se la otorgó en un par de oportunidades en esta sesión, y si bien yo públicamente he reconocido su ecuanimidad, hoy usted la ha dejado por tierra en un tema de trascendente vitalidad para la vida democrática de nuestro departamento.
Comunico señor Presidente, que mi voto fue negativo por esos motivos pero que la bancada del Frente Amplio sí va a integrar la Comisión Investigadora de acuerdo a la proporcionalidad de la representatividad que usted tiene que hacer uso al nombrar la conformación de la misma. Nosotros la vamos a investigar y en el caso que se presenten las denuncias vamos a actuar en consecuencia, vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a fallar para que esta Junta Departamental después tome nuestro consejo.
SEÑOR SUBÍ.- Para fundamentar el voto, señor Presidente.
SEÑOR SUBÍ.- Gracias.
Nosotros votamos porque no tenemos miedo a lo que se viene, porque no tenemos nada que ocultar, porque no nos molesta el trabajo ni encarar todo lo que se viene.
Se dijo por cortesía política.., hace dos horas y medias que estamos debatiendo, si no hay cortesía ahí, la cortesía dónde está.
Y termino con esto, Presidente, le cuento a usted, ningún edil con exceso de hormona masculina me va a enseñar a mí si debo apoyar a Amado o a Bordaberry.
(SIENDO LA HORA VEINTIDÓS Y TREINTA MINUTOS SE RETIRAN DE SALA LOS SEÑORES EDILES)
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 107 – 61ª SESIÓN ORDINARIA
Sr. Alberto Villas Boas Presidente de la Junta Departamental de Salto ,recibió a la flamante Cónsul de la República Argentina en Salto Sra. Debora Kunst
61ª SESIÓN ORDINARIA – ACTA Nº 107

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