Source: https://issuu.com/pablokairuz/docs/1260
Timestamp: 2017-03-29 21:06:57+00:00

Document:
1260 by Pablo Kairuz - issuu
Procedimiento Administrativo | Provincia de Santa Cruz
Ley 1260 – Procedimiento Administrativo
Art. 1º - Las normas de procedimiento aplicables ante la Administración pública provincial.
centralizada y descentralizada, y ante los entes autárquicos. Con excepción de los organismos de
seguridad, se ajustaran a lo dispuesto por la presente ley y conforme los siguientes requisitos:
a) Impulsión e instrucción de oficio. sin perjuicio de la participación de los interesados en las
b) Celeridad, economía. sencillez y eficacia en los trámites, quedando facultado el Poder Ejecutivo
para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el buen orden procesal. Este régimen
comprende la potestad de aplicar multas de hasta pesos veinte mil ($ 20.000), mediante
resoluciones que, al quedar firmes. tendrán fuerza ejecutiva.
c) Excusación de la inobservada por los interesados de exigencias formales no esenciales y que
puedan ser cumplidas posteriormente. Días y horas hábiles
d) Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de
oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren.
2. Se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación
resuelta de oficio o a petición de parte.
3. Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a
actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el art. 2º del Cód. Civil.
4. Cuando no se hubiera establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones
y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e
informes, aquél será de 10 días.
5. Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado,
disponer su ampliación por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre
que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo
menos con 2 días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiera solicitado.
Interposición de recursos fuera de plazo
6. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el
derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de
ilegitimidad por el superior, salvo que éste resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurídica
o que, por estar excedidas razonables pautas temporales se entienda que medió abandono
7. Sin perjuicio de lo establecido en el art. 12, la interposición de recursos administrativos
interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos hubieran sido mal calificados, adolecieren de
defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente por error excusable.
8. La administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo
correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin
retrotraer etapas, siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente.
9. Transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el
órgano competente le notificará que si transcurrieren otros 30 días de inactividad, se declarará de
oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad
los tramites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar
por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la
caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en
que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con intervención de
órgano competente producirán la suspensión de los plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto
declarativo de caducidad.
1. De exponer los fundamentos de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se
refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y
representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede
administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio letrado será no
obstante, obligatorio si se plantearen o debatieran cuestiones jurídicas.
2. De ofrecer prueba y que ellas se produzcan si fuera pertinente, debiendo la Administración
requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo
con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y
3. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y cuestiones
propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.
Art. 2º - El Poder Ejecutivo determinará cuales serán los procedimientos especiales, actualmente
aplicables, que continuarán vigentes, queda asimismo facultado para:
a) Sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estrictamente procesal de los regímenes
especiales que subsistan, con miras a la paulatina adaptación de éstos al sistema del nuevo
procedimiento y de los recursos administrativos por él implantados, en tanto ello no afectare las
normas de fondo a las que se refieran o apliquen los citados regímenes especiales. La presente ley
será, de todos modos, de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes
b) Dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos de seguridad, a
propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la presente ley y su reglamentación.
c) Determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o
secretas las actuaciones, diligencia, informes o dictámenes que deban tener ese carácter aunque
estén incluidos en actuaciones públicas.
Art. 3 - La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de las
Constituciones Nacional y Provincial, de las leyes nacionales y provinciales y, asimismo, de los
reglamentos y disposiciones dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de
la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o
sustitución estuvieren expresamente autorizadas. La avocación será procedente a menos que una
norma expresa disponga lo contrario.
Art. 4º - El Poder Ejecutivo resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los
ministros y las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen
su actividad en sede de diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen
entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos
departamentos de Estado.
Art. 5º - Cuando un órgano, de oficio a petición de parte, se declare incompetente, remitirá las
actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las rehusare, deberá someterlas a la
autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se consideraren competentes, el
último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la
autoridad que deba resolverla.
La decisión final de las cuestiones de competencia se tomarán, en ambos casos, sin otra
sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad,
con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para la remisión
de actuaciones serán de 2 días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de 5 días.
Recusación y excusación de funcionarios y empleados
Art. 6° - Los funcionarios pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, debiendo darse intervención al superior
inmediato dentro de los dos (2) días. La intervención anterior del funcionario en el expediente no se
considerará causal de recusación.Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, el superior inmediato le designará
reemplazante. Caso contrario resolverá dentro de los cinco (5) días; si se estimare necesario
producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de los funcionarios se regirá
por el Código citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin
sustanciación dentro de los 5 días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la
desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite,Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que
los resuelvan, serán irrecurribles.Titulo III
Art. 7° - Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:
a) Ser dictado por autoridad con atribuciones suficientes y en ejercicio de las funciones que le son
propias.Causa
b) Deberá sustentarse razonablemente en los hechos y antecedentes verificados invocando el
c) El objeto debe ser físicamente cierto y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones
formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre
que ello no afecte derechos adquiridos.Procedimientos
d)Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los
que resulten implícitamente del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras
normas especiales, considerase también esencial el dictamen de los servicios permanentes de
asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.
e)Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,
consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo.Finalidad
f)Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades
pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados,
distintos de los que justifiquen el acto, su causa y objeto.
Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por
sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente
título, si ello fuere procedente.Forma
Art. 8° - El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará lugar y fecha
en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las
circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.
Art. 9° - La Administración se abstendrá:
a) De comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o
b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en
virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o cuando
desestimada la impugnación no se hubiere notificado el rechazo o denegatoria de la misma.Silencio o ambigüedad de la Administración
Art. 10° - El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieren de
ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa.Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo.Sí las normas especiales no previeren un plazo no determinado para el pronunciamiento, el mismo
no podrá exceder de 60 días. Vencido el término que corresponda, el interesado requerirá pronto
despacho y si transcurrieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay
silencio de la Administración.Eficacia de acto: Notificación y publicación
Art. 11° - Para que el acto Administrativo de alcance particular adquiriera eficacia debe ser objeto
de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. Los administrados podrán
antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho
de terceros.Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
Art. 12° - El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza
del acto exigieren la intervención judicial -e impide que los recursos que interpongan los
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo
contrario. Sin embargo la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte mediante resolución
fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al
interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.Retroactividad del acto
Art. 13° - El acto Administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesionaren
derechos adquiridos - cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al
administrado.Nulidad
Art. 14° - El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:
a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo en cuando se
tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral
ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta.b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo
o del grado, salvo, en éste último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas;
falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por violación de la ley
aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.Anulabilidad
Art. 15° - Sí se hubiere incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente o en un vicio que
no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en
sede judicial.Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias
Art. 16° - La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no
importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.Revocación del acto nulo
Art. 17° - El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser
revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante si el
acto hubiere generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento sólo se podrá impedir
su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.Revocación del acto regular
Art. 18° - El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de
los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez
notificado.Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el
interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece
sin causar perjuicios a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título
precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito
o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.-
Art. 19°.- El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:
a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en
razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes.Confirmación
b) Confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte, Los efectos del
saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.Conversión
Art. 20° - Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitiesen integrar otro que
fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el administrado. La conversión
tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.Caducidad
Art. 21° - La Administración podrá declarar unilateral mente la caducidad de un acto
administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá
mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.Revisión
Art. 22° - Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme:
a) Cuando resultaren contradicciones en su parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración.b) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia
se ignoraba o cuya presentación como prueba no pudo efectuarse por fuerza mayor o por obra de
terceros.c) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se
desconocía o cuando se la declarare después de emitido el acto.d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia, fraude o grave
irregularidad comprobada.El pedido de revisión deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto en el caso del
inciso a). En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los 30 días de recobrarse
o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero; o de comprobarse en legal
forma los hechos indicados en los incisos c) y d).- .
Impugnación judicial de actos administrativos
Art. 23° - Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular:
a) Cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias
administrativas,b) Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del
reclamo interpuesto.c) Cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10°.d) Cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9°.Art. 24° - El acto de alcance general será impugnable por vía judicial.
a) Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus
derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado le
fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10°.b) Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante
actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas.Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción o recurso)
Art. 25° - La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo
perentorio de 90 días, computado de la siguiente manera:
a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado.b) Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto
negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria.c) Si se trata re de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales, desde que
se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa.d) Sí se trata re de vías de hecho O de hechos administrativos, desde que ellos ocurrieren.Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba formularse por vía
de recurso, el plazo para deducirlo será de 30 días desde la notificación de la resolución definitiva
que agote las instancias administrativas.Art. 26° - La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter
definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el articulo 10° y sin perjuicio de lo que
corresponda en materia de prescripción.Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos
Art. 27° - No habrá plazo para accionar cuando el Estado o sus entes autárquicos fueren actores,
sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.Amparo por mora de la Administración
Art. 28° - El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre
orden de pronto despacho.- Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa
hubiere dejado vencer los plazos fijados -y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un
plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de
fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio , si la justicia lo estimare procedente en
atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo
que le fije, informe sobre la causa de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el
plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden
si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el
plazo prudencial que se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites
pendientes.Art. 29° - La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto por el
artículo 12° de la ley n° 1.Art. 30° - Fuera de los supuestos previstos en los artículos 23 y 24, el Estado Provincial no podrá
ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, dirigido al Ministerio o Jefatura que
corresponda.El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por el Poder Ejecutivo, o por las autoridades citadas, si mediare delegación
de esa facultad.Art. 31º - El pronunciamiento acerca del reclamo deberá pronunciarse dentro de los 90 días de
requerido. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y transcurridos otros 45 días,
podrá iniciar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia
de prescripción.Art. 32° - El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será
necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:
a) Un acto dictado de oficio pudiere ser ejecutado antes de que transcurran los plazos del artículo
31°.b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere
presentado expresando su pretensión en sentido contrarío.c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen
pagado indebidamente.d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra
él o una acción que no tramite por vía ordinaria.e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento,
transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil.f) Se demandare aun ente descentralizado con facultades para estar en juicio.Art. 33° - Derógase el Capítulo I de la ley n° 22, sus modificatorias y toda otra norma que se
oponga a la presente.Art. 34° - La presente ley entrará a regir a los 120 días de su publicación en el Boletín Oficial.Art. 35° - Comuníquese al Ministerio del Interior, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.FIRMANTES
JUAN CARLOS FAVERGIOTTI- PABLO HECTOR DRAGAN -CRICOR VARTANIAN
MAYORGA- RAUL ADOLFO BARCALLA -CARLOS MARIA CAMPOS URIBURU
DECRETO 181/1979
Fecha: 22 febrero 1979.
Publicación: B. O. 27/IV/79.
La ley 1260, denominada de procedimientos administrativos, y
Que la citada norma legal establece el nuevo régimen de actuaciones ante la Administración
pública, incorporando a la legislación positiva local un sistema procedimental moderno y en relación
con las actuales necesidades que en la materia se presentan;
Que para lograr los fines del régimen puesto en vigencia se hace imprescindible reglamentar sus
diferentes aspectos para hacer efectiva y eficiente su interpretación y posterior aplicación,
pormenorizando las abstracciones genéricas propias de cada ley;
Que para mantener la unidad de criterio lo que otorgará mayor certeza y seguridad jurídica, es
conveniente seguir los lineamientos trazados en el orden nacional como fuera hecho para la
elaboración de la norma legal a reglamentar.
El gobernador de la Provincia en acuerdo general de Ministros.
Art. 1º - Aprúebase el cuerpo de disposiciones adjunto, que constituye la reglamentación de la ley
provincial de procedimientos administrativos (ley 1260).
Art. 2° - La reglamentación aprobada entrará a regir a los 120 días de su publicación en el Boletín
Oficial y se aplicará a los trámites administrativos que se inicien de oficio o a pedido de parte, a
Art. 3° - El Ministerio de Gobierno convocará de inmediato a los titulares de los distintos servicios
y asesorías jurídicas de la Administración pública provincial centralizada y descentralizada, inclusive
entes autárquicos, para que reunidos en comisión. propongan cuáles serán los procedimientos
especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Sus conclusiones serán elevadas al
Poder Ejecutivo, junto con las normas proyectadas.
Art. 4° -Cada uno de los titulares de los servicios jurídicos antes mencionados deberá ir sugiriendo
paulatinamente al Poder Ejecutivo por conducto del departamento de Estado u organismo de que
dependa, las medidas a que se refiere el art. 2°, inc. a) de la ley. A su vez los titulares de los
servicios jurídicos de los organismos de seguridad, harán lo propio a través de sus respectivas vías
jerárquicas, respecto de los procedimientos administrativos a que se refiere el inc. b) del mismo
Art. 5º - Comuníquese. etc. - Barcala - Favergiotti - Mayorga - Dragan. - Campos Uriburu
Art. 1º - Los expedientes administrativos tramitarán y serán resueltos con intervención de los
órganos a los que una ley o un decreto hubieren atribuido competencia. En su defecto actuarán los
organismos que determine por reglamento internó el ministerio o cuerpo directivo del ente
Art. 2° - Los ministros y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la
acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos
internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; delegarles
facultades; intervenirlos, y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior.
Todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que
Art. 3º - El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física
o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legitimo; éstas serán
consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter
aquellos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos
y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario,
espontáneamente. o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su existencia
durante la sustanciación del expediente.
Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos
administrativos, como parte interesada en la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses
Art. 4 ° -Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano
competente, lo cual no obstará a que también el interesado Inste el procedimiento. Se exceptúan
de este principio aquellos trámites en los que medie solo el interés privado del administrado, a
menos que, pese a ese carácter la resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el
Art. 5º - El órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:
Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en
estado de resolver. La alteración de orden de tramitación y decisión solo podrá disponerse mediante
Proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su
impulsión simultánea y concretar en un mismo acto o audiencia las diligencias y medidas de prueba
Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, os defectos de que adolezca, ordenando
que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la
misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades.
Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus
representantes legales o apoderado para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aún
para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre cuestiones de hecho o de derecho,
labrándose acta. En la citación se hará constar concretamente el objeto de comparecencia.
Art. 6º - Para mantener el orden y el decoro en las actuaciones, dicho órgano podrá:
Excluir de las audiencias a quienes las perturben;
Llamar la atención o percibir a los responsables;
Aplicar las multas autorizadas por el art. 1º, inc. b) “in fine”, de la ley, así como también las
demás sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las multas firmes serán
ejecutadas por los respectivos representantes judiciales del Estado, por vía de apremio.
Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite,
intimando al mandante para que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo
apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según
correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la Administración se regirán por sus leyes
De los expedientes: Identificación
Art. 7º - La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las
actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite. Queda
prohibido asentar en el expediente otro número o sistema de identificación que no sea el asignado
por el organismo iniciador.
Art. 8º - Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de
doscientas fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que
constituyen un solo texto.
Art. 9º - Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso
cuando se integren con más de un cuerpo de expediente. Las copias de notas, informes o
disposiciones que se agreguen junto con su original, se foliarán también por orden correlativo.
Art. 10º - Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen no
pueden ser incorporados se confeccionarán anexos, los que serán numerados y foliados en forma
Art. 11º - Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la foliatura de éstos. Los que se
soliciten al solo efecto informativo deberán acumularse sin incorporar.
Art. 12º – Los desgloses podrán solicitarse verbalmente y se harán bajo constancia.
Art. 13º - Cuando se incide un expediente o trámite con fojas desglosadas, estas serán precedidas
de una nota con la mención de las actuaciones de las que proceden de la cantidad de fojas con que
se inicia el nuevo y las razones que haya habido para hacerlo.
Oficio y colaboración entre dependencias administrativas
Art. 14º - Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o informes de terceros o de
otros órganos administrativos, se los podrá solicitar directamente o mediante oficio, de lo que se
dejará constancia en el expediente. A tales efectos, las dependencias de la Administración,
cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y
recíproca. El expediente solo podrá remitirse a otros organismos administrativos, siempre que les
corresponda dictaminar o lo requiera indispensablemente el procedimiento.
Art. 15º - Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en
idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la parte
superior una suma o resumen del petitorio.
Serán suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el
encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse
la identificación del expediente a que corresponda y en su caso, contendrá la indicación precisa de
la representación que ejerza. Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o
visitas e interponer recursos.
Art. 16º - Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante la Administración
pública deberá contener los siguientes recaudos:
Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilios real y constituido del interesado;
Relación de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales;
Firma: Firma a ruego
Art. 17º - Cuando un escrito fuera suscripto a ruego por no poder o no saber hacerlo el
interesado, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del firmante y también
que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización exigiéndole la acreditación
de la identidad personal de los que intervienen.
Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a darle lectura y
certificará que éste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.
Art. 18º - En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad administrativa
llamar al interesado para que en su presencia y previa justificación de su identidad ratifique la firma
o el contenido del escrito.
Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o citado personalmente por
segunda vez no compareciere se tendrá al escrito por no presentado.
Art. 19º - Toda persona que comparezca por derecho propio o en representación de terceros ante
autoridades administrativas con sede en ciudades o pueblos, constituirá en el primer escrito, o acto
en que intervenga, un domicilio especial dentro del radio urbano del asiento de aquella. Lo hará en
forma clara y precisa indicando calle y número, y en su caso, piso, número y letra del escritorio o
departamento, no podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la parte
interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la autoridad
Si se tratare de organismos o dependencias con asiento en la campaña, las resoluciones quedarán
notificadas a los recurrentes o interesados por ministerio de la ley, a los diez días de pronunciadas y
conforme se expresa en la última parte del art. 23. En tal caso no regirá la obligación de constituir
Art. 20º - Si debiendo hacérselo no se constituyere domicilio conforme lo dispuesto en la primera
parte del artículo anterior, o si el que se constituyere no existiere o desapareciere el local o sede en
el edificio elegido, o resultare inexistente o dudosa la numeración indicada –y ello obstare a la
normal prosecución de los trámites- transcurridos sesenta días de la última notificación fallida,
podrá decretarse la caducidad de los procedimientos mediante resolución fundada y en los términos
del art. 1º, inc. c) apart. 9 de la ley.
Art. 21º - El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se
reputará subsistente mientras no se designe otro.
Art. 22º - El domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado con toda exactitud en la
primera presentación que haga aquella o por apoderado o representante legal.
En caso contrario –así como también el supuesto de denunciarse su cambio- y habiéndose
constituido domicilio especial se intimará a que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de
notificar en este último todas las resoluciones, aún las que deban efectuarse en el real.
Art. 23º - Si en las oportunidades debidas no se constituyere domicilio especial ni se denunciare el
real, será de aplicación lo dispuesto en el art. 20 del presente decreto, con relación a la caducidad
de los trámites.
Las providencias ordenando las intimaciones quedarán firmes a los diez días de notificadas
automáticamente, a cuyo fin se considerarán de nota los días martes y viernes o el siguiente hábil si
alguno de ellos fuere inhábil administrativo. Lo expresado rige igualmente para los trámites
cumplidos ante las autoridades no urbanas, a que se alude en el art. 19, última parte.
Art. 24º - Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se tratare de
asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a juicio de la autoridad
administrativa no existiere la conexión implícita o explícitamente alegada por el interesado o la
acumulación trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, se lo emplazará para que
presente las peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas
individualmente si fueren separables, o en su defecto disponerse el archivo del expediente.
Art. 25º - Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso deberá presentarse en mesa de
entradas o receptoría del organismo competente o podrá remitirse por correo. Los escritos
posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentre el expediente.
La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere
presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.
Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de su imposición en la
oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador o bien en la que
conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a
quien se hubiere exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de ser despachado por expreso
Art. 26º - El proveído de mero trámite deberá efectuarse dentro de los tres días de la recepción
de todo escrito o despacho telegráfico.
Art. 27º - Los documentos que se acompañen a los escritos y aquellos cuya agregación se solicita
a título de prueba podrán presentarse en su original en testimonios expedidos por autoridad
competente o en copia que certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el original, el
que se devolverá al interesado.
Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente en cuyo
caso se procederá a su guarda bajo constancia.
Documentos de extraña jurisdicción legalizados. Traducción
Art. 28º - Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente
legalizados si así lo exigiere la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero
deberán acompañarse con su correspondiente versión en idioma nacional realizada por traductor
Art. 29º - Los documentos y planos que se presenten, excepto los croquis, deberán estar
firmados por profesionales inscriptos en matrícula nacional, provincial o municipal, indistintamente.
Art. 30º - De toda actuación que se inicie en mesa de entradas o receptoría se dará una
constancia con la identificación del expediente que se origine. Los interesados que hagan entrega
de un documento o escrito podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique una copia de
los mismos. La autoridad administrativa así lo hará, estableciendo que el interesado ha hecho
entrega en la oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia
suscripta.
Art. 31º - La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés
que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá
acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada. Sin embargo, los padres que
comparezcan en representación de sus hijos y el cónyuge que lo haga en nombre del otro, no
tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente le fueran
Art. 32º - Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que
hagan en nombre de sus mandantes con el instrumento público correspondiente, o con cartapoder
con firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público.
En caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite ante la misma repartición bastará
la pertinente certificación.
Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, o un contrato de sociedad civil o
comercial otorgada en instrumento público o inscripto en el Registro Público de Comercio, se lo
acreditará con la agregación de una copia íntegra, firmada por el letrado patrocinante o por el
apoderado. De oficio o a petición de parte interesada podrán intimarse la presentación del
testimonio original. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación
deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado
a su trámite.
Art. 33º - El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, la que
contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la
persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se
le confiere. Cuando se faculte a percibir sumas mayores de $ 100.000, se requerirá poder otorgado
Art. 34º - Cesará la representación en las actuaciones:
a) Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento no importará
revocación si al tomarla no lo declara expresamente;
b) Por renuncia, después de vencido el término del emplazamiento al poderdante o de la
comparecencia del mismo en el expediente;
En los casos previstos por los tres incisos precedentes, se emplazará al mandante para que
comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su
intervención o disponerse el archivo del expediente, según corresponda.
Estos hechos suspenden el procedimiento hasta que los herederos o representantes legales del
causante se apersonen al expediente, salvo que se tratare de trámites que deban impulsarse de
oficio. El apoderado entretanto solo podrá formular las peticiones de mero trámite que fueren
indispensables y que no admitieren demoras para evitar perjuicios a los derechos del causante.
Art. 35º - Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad administrativa y ésta
admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y
sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Está obligado a
continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato --con la limitación,
prevista en el inc. d) del artículo anterior-- y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y
notificaciones, incluso las de los actos de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que
disponga se notifique al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparecencia personal.
Art. 36º - Cuando varias personas se presentaren formulando un petitorio del que no surjan
intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la representación
dando para ello un plazo de 10 días bajo apercibimiento de designar un apoderado común de entre
los peticionantes. La unificación de representación también podrá pedirse por las partes en
cualquier estado del trámite. Con el representante común se entenderán los emplazamientos,
citaciones y notificaciones, incluso las de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa
que disponga se notifique directamente a las partes interesadas o las que tengan por objeto su
Art. 37º - Una vez hecho el nombramiento del mandatario común podrá revocarse por acuerdo
unánime de los interesados o por la Administración, a petición de uno de ellos, si existiere motivo
Vistas, actuaciones
Art. 38º - La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del
expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o
dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del servicio jurídico
correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión fundada del respectivo
secretario de Estado o del titular del ente descentralizado de que se trate.
El pedido de vista podrá formularse verbalmente y se concederá de resolución expresa al efecto, en
la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o receptoría.
Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para tomar la vista, aquél se dispondrá por
escrito rigiendo a su respecto lo establecido por el art. 1º, inc. e), aparts. 4º y 5º de la ley.
Art. 39º - Deberán ser notificados a la parte interesada:
Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivos y los que, sin
serlo, obsten a la prosecución de los trámites:
Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o
Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados;
Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la
agregación de actuaciones;
Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta la naturaleza o
Art. 40º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 47, in fine, las notificaciones se diligenciarán
dentro de los 10 días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e
indicarán los recursos de que puede ser objeto dicho acto y el plazo dentro del cual los mismos
deben articularse.
La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación no perjudicará al
interesado ni permitirá darle por decaído su derecho.
Art. 41º - Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes medios:
Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,
dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia
íntegra del acto, si fuere reclamada;
Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de
la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Cód. Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Santa Cruz;
Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega;
Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción.
En este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal
habilitado, antes del despacho, quien los señalará juntamente con las copias que se agregarán al
Art. 42º - El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio
se ignore se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial por tres veces consecutivas y se
tendrán por efectuadas a los 8 días, computados desde el siguiente al de la última publicación.
Art. 43º - Las cédulas y oficios transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte dispositiva
del acto objeto de notificación; los telegramas y edictos transcribirán íntegramente solo la parte
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y
autenticada de la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.
Art. 44º - Toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá
de validez. Sin embargo, si del expediente resultare que la parte interesada ha tenido conocimiento
del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurriere el agente que la practicó.
Art. 45º - Cuando válidamente el acto no esté documentado por escrito, se admitirá la
Art. 46º - La Administración de oficio o a pedido de parte podrá disponer la producción de prueba
respecto de los hechos invocados o que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo para
su producción y su ampliación, si correspondiere. Se admitirán todos los medios de prueba salvo los
que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Art. 47º - La providencia que ordene la producción de prueba se notificará a las partes interesadas
indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieren fijado. La
notificación se diligenciará con una anticipación de 5 días, por lo menos, a la fecha de la audiencia.
Art. 48º - Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio según
normas expresas que así los establecen, podrán recabarse, mediante resolución fundada, cuantos
otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. En la tramitación de
los informes y dictámenes se estará a lo prescripto en el art. 14.
El plazo máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será de 45 días pudiendo
ampliarse, si existiere motivos atendibles y a pedido de quien deba producirlos, por el tiempo
razonable que fuere necesario. Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el
plazo máximo de 20 días.
Si los terceros no contestaren los informes que les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado
o de la ampliación acordada conforme a lo dispuesto por el art. 1º, inc. e), aparts. 4º y 5º de la ley
o se negaren a responder se prescindirá de esta prueba.
Art. 49º - Los testigos serán examinados en la sede del organismo competente por el agente a
quien se designe al efecto.
Art. 50º - Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de que
no concurran a la primera; ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad,
pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de
éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia
de la parte interesada no obstará al interrogatorio de los testigos presentes.
Art. 51º - Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del organismo competente y la parte
interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública
ubicada en el lugar de la residencia del propuesto por el agente a quien se delegue la tarea.
Art. 52º - Los testigos serán libremente interrogados sobre los hechos por la autoridad, sin
perjuicio de los pliegos de las partes interesadas, los que pueden ser presentados hasta el momento
mismo de la audiencia.
Art. 53º - Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en el Cód. Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Santa Cruz.
Art. 54º - Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa.
La Administración se abstendrá de designar peritos por su parte debiendo limitarse a recabar
informes de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros salvo que resultare necesario designarlos
para la debida sustanciación del procedimiento.
Art. 55º - En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el
cuestionario sobre el que deberá expedirse.
Art. 56º - Dentro del plazo de 5 días del nombramiento del perito aceptará el cargo en el
expediente o su proponente agregará una constancia autenticada por el oficial público o autoridad
competente de la aceptación del mismo. Vencido dicho plazo y no habiéndose ofrecido
reemplazante se perderá el derecho a esta prueba; igualmente se perderá si ofrecido y designado un
reemplazante éste no aceptare la designación o el proponente tampoco agregare la constancia
aludida dentro del plazo establecido.
Art. 57º - Corresponderá al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables que
requiere el perito según la naturaleza de la pericia; la falta de presentación del informe en tiempo
importará el desistimiento de esta prueba.
Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en el Cód. Procesal Civil y Comercial de la
Art. 58º - En materia de prueba documental se estará a lo dispuesto por los arts. 16 y 27 a 30 de
Art. 59º - Sin perjuicio de lo que establecieren las normas relativas a la potestad correctiva o
disciplinaria de la Administración, no serán citados a prestar confesión la parte interesada ni los
agentes públicos, pero estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado como testigos,
informantes o peritos.
La confesión voluntaria tendrá sin embargo, los alcances establecidos en el Cód. de Procedimiento
Civil y Comercial de la provincia de Santa Cruz.
Art. 60º - Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por 20 días a la parte interesada
para que, si lo creyere conveniente presente un escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que
alegue también sobre la prueba que se hubiere producido.
El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba.
b) A pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un nuevo hecho.
Dicha medida se notificará a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se
dará otra vista por 5 días a los mismos efectos precedentemente indicados.
Si no se presentaren los escritos --en uno y otro caso-- se dará por decaído este derecho.
Art. 61º - De inmediato y sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si éste correspondiere
conforme a lo dispuesto por el art. 7º, inc. d) "in fine" de la ley, se dictará el acto administrativo
que resuelva las actuaciones.
Art. 62º - En la apreciación de la prueba se aplicará lo dispuesto en el Cód. Procesal Civil y
Art. 63º - Los trámites administrativos concluyen por resolución expresa o tácita, por caducidad o
por desistimiento del procedimiento o del derecho.
Art. 64º - La resolución expresa se ajustará a lo dispuesto según los casos, por los arts. 1º, inc. f),
aparts. 3º, 7º y 8º de la ley, y 82 de la presente reglamentación.
Art. 65º - La resolución tácita y la caducidad de los procedimientos resultarán de las
circunstancias a que se alude en los arts. 10 y 1º, inc. e), apart. 9 de la ley, respectivamente.
Art. 66º - Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente por la parte interesada, su
representante legal o apoderado.
Art. 67º - El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el estado
en que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual pretensión, sin
perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el desistimiento se
refiera a los trámites de un recurso, el acto impugnado, se tendrá por firme.
Art. 68º - El desistimiento del derecho en que se fundó una pretensión impedirá promover otra por
el mismo objeto y causa.
Art. 69º - Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento de solo alguna de ellas al
procedimiento o al derecho no incidirá sobre las restantes, respecto de quienes seguirán
sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.
Art. 70º - Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés administrativo
o general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura de los trámites,
lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta que recaiga la
decisión pertinente.
Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.
Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de los
Art. 71º - Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de
tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el
procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos.
La queja se resolverá dentro de los cinco días sin otra sustanciación que el informe circunstanciado
que se requerirá, si fuere necesario, del inferior, procurando evitar la suspensión del procedimiento
principal. Las resoluciones que se dicten serán irrecurribles, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
28 de la ley.
Art. 72º - El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por la ley y por esta
reglamentación, genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o
diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento. Esa
responsabilidad se hará efectiva en la forma prevista por el art. 6º, última parte.
Art. 73º - Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados
por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el título
presente. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la
oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público.
Art. 74º - Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho
subjetivo o un interés legítimo.
Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no podrán recurrir los actos
del superior; los agentes de la Administración podrán hacerlo en defensa de un derecho propio. Los
entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otros de igual carácter ni de la
Administración central, sin perjuicio de procurar al respecto un pronunciamiento del ministerio en
cuya esfera común actúen o del Poder Ejecutivo, según el caso.
Art. 75º - Serán competentes para resolver los recursos administrativos contra actos de alcance
individual, los organismos que se indican al regularse en particular cada uno de aquellos. Si se
tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será competente el
organismo que dictó la norma general, sin perjuicio de la presentación del recurso ante la autoridad
Art. 76º - Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitara dar
vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le
conceda al efecto, en base a lo dispuesto por el art. 1º, inc. e), aparts. 4º y 5º de la ley. La mera
presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la suspensión
que cause el otorgamiento de la vista.
Art. 77º - La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y
recaudos previstos en los arts. 15 y sigts., en lo que fuere pertinente, indicándose, además, de
manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como legítima para sus derechos e
intereses. Podrá ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en término, en cualquier
momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a
subsanarla dentro del término perentorio que se le fije bajo apercibimiento de desestimarse el
Art. 78º - El organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la
producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son
suficientes para resolver el recurso.
Art. 79º - Producida la prueba se dará vista por 10 días a la parte interesada y al órgano que dictó
el acto impugnado, si se estimare necesario --a los mismos fines-- de lo dispuesto en el art. 60. Si
no se presentare alegato, se dará por decaído este derecho.
Por lo demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los arts. 46 a
Art. 80º - Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración,
no son recurribles.
Art. 81º - Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el
interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo.
Art. 82º - Al resolverse un recurso el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo, o a
ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al
art. 19 de la ley; o bien a aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de
Art. 83º - Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente
y reemplazarlos por otros de oficio o a petición de parte y aun mediante recurso en los casos que
éste fuera procedente. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas
anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por la Administración.
Art. 84º - Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo
o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los
interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberán
interponerse dentro de los diez días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual
será competente para resolver lo que corresponda, conforme a lo dispuesto por el art. 82.
Art. 85º - Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será
resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la
delegación hubiere cesado al tiempo de decidirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.
Art. 86º - El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta días,
computados desde su interposición o en su caso, de la presentación del alegato --o del vencimiento
del plazo para hacerlo-- si se hubiere recibido prueba.
Art. 87º - Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado
podrá reputarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho. Denegada la
reconsideración expresa o tácitamente se podrá reducir, según el caso:
Recurso de apelación para ante el órgano inmediato superior, si el acto dictado por
autoridad inferior al director general o de jerarquía equivalente a la de éste, fuere interlocutorio o
de mero trámite. La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días de notificada la
resolución del recurso de reconsideración o de vencido el plazo del art. 86, debiéndose elevar las
actuaciones de inmediato y de oficio, para ser resueltas dentro de los 15 días de recibidas por el
superior, sin más sustanciación que el dictamen jurídico si correspondiere.
Los actos interlocutorios o de mero trámite emanados de directores generales, autoridades de
jerarquía equivalente o mayor y las decisiones dictadas en los recursos de apelación serán
irrecurribles;
Recurso jerárquico si el acto impugnado fuere definitivo o impidiere totalmente la tramitación
del reclamo o pretensión del interesado, cualquiera fuere la jerarquía del órgano emisor. El
recurrente podrá optar por deducir previamente recurso de apelación para ante el director general,
director provincial o funcionarios de jerarquía equivalente, si el acto hubiere emanado de agentes de
jerarquía inferior reservado el jerárquico para el supuesto de que aquellos desestimaren su
pretensión. Este recurso de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco días de
notificado el acto que lo motiva, deberá sustanciarse y resolverse en un plazo que no exceda de
treinta días, vencido el cual se reputará denegado tácitamente.
Art. 88º - El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos y el de
apelación previsto en el artículo anterior, inc. b) llevan implícito el recurso jerárquico --y en su caso
el de alzada-- en subsidio. Cuando expresa o tácticamente hubiere sido rechazada la
reconsideración y en su caso la apelación, las actuaciones deberán ser elevadas de inmediato de
oficio o a petición de parte según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro
de los cinco días de recibidas por el superior podrá el interesado, mejorar o ampliar los
fundamentos de su recurso.
Art. 89º - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber
deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable
fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo
Art. 90º - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado
dentro de los 15 días de notificado y será elevado de inmediato y de oficio al ministerio en cuya
jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros resolverán definitivamente el recurso si
se tratare de una materia vinculada al régimen económico y administrativo del respectivo
departamento; en los demás supuestos, como también cuando el acto impugnado emanare de un
ministro, el recurso será resuelto por el Poder Ejecutivo.
Art. 91º - El plazo para resolver el recurso jerárquico será de sesenta días a contar desde la
recepción de las actuaciones por la autoridad competente o en su caso, de la presentación del
alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo --si se hubiere recibido prueba
Art. 92º - Cualquiera fuere la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico, el mismo
tramitará en sede del ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto; en aquél se
recibirá la prueba estimada pertinente y se recabará obligatoriamente el dictamen de su servicio
jurídico permanente. Si el recurso se hubiere interpuesto contra resoluciones del ministro o
subsecretario intervinientes, si mediaren cuestiones jurídicas complejas o estuviese comprometido el
erario público, será también de requerimiento obligatorio el dictamen del fiscal del Tribunal
Art. 93º - Salvo normas expresas en contrario, los recursos deducidos en el ámbito de los entes
autárquicos se regirán por las normas generales que para los mismos se establecen en esta
reglamentación: Las normas particulares de los de reconsideración y apelación les serán asimismo
aplicables en lo que fuere compatible.
En cuanto el recurso jerárquico contra actos definitivos o asimilables a ellos emanados de
autoridades inferiores del ente, se lo sustanciará de acuerdo a los arts. 89 y 91, entendiéndose que
deberán interponerse y elevarse las actuaciones al órgano superior de dicho ente en el tiempo y
forma prevenidos en el art. 90 y que el resto del trámite y prueba serán diligenciados internamente;
el órgano superior dictará resolución, previo obligatorio requerimiento de dictamen de su servicio
jurídico permanente.
Art. 94º - Contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del recurrente --emanados del órgano superior de un ente autárquico-procederá a opción del interesado el recurso administrativo de alzada o la acción judicial,
Art. 95º - La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del
recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial ni
obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.
Art. 96º - El Poder Ejecutivo será competente para resolver el recurso de alzada a menos que una
norma expresa acuerde esa competencia a otro órgano de la Administración.
Art. 97º - El recurso de alzada podrá deducirse en base a los fundamentos por el art. 73, in fine.
Si el ente descentralizado autárquicamente fuere de los creados por la H. Legislatura en ejercicio de
sus facultades constitucionales el recurso de la alzada solo será procedente por razones vinculadas
a la legitimidad del acto salvo que la ley autorice el control amplio. En caso de aceptarse el
recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado pudiendo sin embargo modificarlo o
sustituirlo con carácter excepcional si fundadas razones de interés público lo justificaren.
Art. 98º - Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los arts. 89, última parte; 90,
1° parte; 91 y 92.
El recurso de alzada podrá interponerse contra los actos administrativos definitivos o que impidan
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente, emanados del órgano superior de
una empresa del Estado, de una sociedad mixta y de economía mixta, de una sociedad anónima
con participación estatal mayoritaria o una sociedad del Estado.
Art. 99º - Tratándose de actos producidos en ejercicio de una actividad jurisdiccional, contra los
cuales estén previstos recursos o acciones ante la justicia o ante órganos administrativos especiales
con facultades también jurisdiccionales, el deber del superior de controlar la juridicidad de tales
actos se limitará a los supuestos de mediar manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación
de derecho. No obstante, deberá abstenerse de intervenir y en su caso, de resolver, cuando el
administrado hubiere consentido el acto o promovido --por deducción de aquellos recursos o
acciones-- la intervención de la justicia o de los órganos administrativos especiales, salvo que
razones de notorio interés público justificaren el rápido restablecimiento de la juridicidad.
Recursos contra decisiones definitivas
Art. 100º - Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el Poder Ejecutivo o los ministros
dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos, solo serán
susceptibles de la reconsideración prevista en el art. 84 de esta reglamentación y de la revisión
prevista en el art. 22 de la ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos
establecidos en el art. 25 de la ley.
Art. 101º - En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Art. 102º - Dentro de los cinco días computados desde la notificación del acto definitivo podrá
pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva, o entre su motivación y la
parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna de las peticiones o cuestiones
planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de diez días.
De los actos administrativos de alcance general y los proyectos de decretos reglamentarios
Art. 103º - La implementación de actos de alcance general y la elaboración de proyectos de
decretos será realizado por el órgano o ente de la Administración que corresponda según las leyes o
por disposición del Poder Ejecutivo.
Art. 104º - El órgano o ente deberá realizar los estudios y obtener los informes previos que
garanticen la juridicidad, acierto y oportunidad de la iniciativa acumulando los dictámenes y
consultas evacuados, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuántos datos y documentos
fueren de interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o tiendan a facilitar su
Art. 105º - Toda iniciativa que suponga modificar o sustituir normas reglamentarias, deberá ser
acompañada de una relación de las disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecerá
expresamente las que han de quedar total o parcialmente derogadas.
Cuando la reforma afecte la sistemática o estructura del texto, se proyectará asimismo, su
reordenamiento íntegro.
Art. 106º - Los proyectos de actos administrativos de alcance general serán sometidos, como
trámite final, al dictamen jurídico del fiscal de Estado. Los proyectos de leyes, en cambio, serán
sometidos a estudio del Ministerio de Gobierno en las condiciones que determina la ley de
Art. 107º - Las iniciativas podrán ser objeto de información pública y difusión cuando su
naturaleza así lo justifique. Asimismo podrá requerirse el parecer de personas o entes de indiscutida
autoridad, ajenos a la Administración.
Art. 108º - Los actos administrativos de alcance general producirán efectos a partir de su
publicación oficial y desde el día que en ellos se determine; si no se designa tiempo, producirán
efectos después de los ocho días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.
Art. 109º - Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior los reglamentos que se refieren a la
estructura orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que
entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación.
Art. 110º - Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su reconstrucción
incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes
y dictámenes producidos haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiere dictado
resolución, se agregará copia autenticada de la misma prosiguiendo las actuaciones según su
Art. 111º - El Cód. Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Cruz, será aplicable
supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere
incompatible con el régimen establecido por la ley de procedimientos administrativos y por esta
Art. 112º - Comuníquese, etc. - Favergiotti. - Dragan. - Mayorga. - Campos Uriburu - Barcala.
RIO GALLEGOS, 22 de Febrero de 1979 BOLETIN OFICIAL, 24 de Abril de 1979
Pablo Kairuz
Procedimiento Administrativo Provincia de Santa Cruz

References: resolución 
 resolución

 artículo 10
 artículo 9
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 12
 artículo
31
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
in fine
 resolución