Source: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-11-14 03:31:07+00:00

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Costas procesales - Estonia
Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Estonia.
Las retribuciones de los asesores jurídicos no están reguladas en Estonia.
Las retribuciones de los abogados no están reguladas en Estonia.
Las retribuciones de los procuradores no están reguladas en Estonia.
Los honorarios de los oficiales de justicia están regulados en Estonia por la Ley de agentes judiciales. Pueden incluir una tasa de inicio de proceso, la tasa procesal y una tasa adicional por trabajos de ejecución de la sentencia. Los agentes judiciales también tienen derecho a cobrar una tasa por la prestación de un servicio profesional.
Las retribuciones de los abogados defensores no están reguladas en Estonia, se fijan en el contrato con el cliente. El responsable de un gabinete de abogados o el abogado hacen una primera oferta motivada al cliente. El cliente reembolsa los gastos ocasionados al abogado o al gabinete por la prestación de servicios.
Gastos fijos para los litigantes en el proceso civil
Los costes determinados para los litigantes en los procedimientos civiles se establecen en el Código de Procedimiento Civil, en las secciones 139-144 y en los costes de litigación y extrajudicial. Las tasas judiciales son tasas estatales, fianza y control. En cada caso, el órgano jurisdiccional debe llevar un registro de los gastos procesales en que se haya incurrido en el caso, incluidos los gastos de examen del asunto.
Fase del proceso civil en la que deben pagarse tasas judiciales
La parte que solicite la apertura de un procedimiento o la ejecución de actos de procedimiento deberán pagar por adelantado los gastos siguientes:
las tasas judiciales;
la fianza por presentación de un recurso de casación;
la fianza por solicitar la anulación de una sentencia en rebeldía;
la tasa por reapertura del proceso o reposición del plazo establecido;
los gastos de entrega de documentos procesales por los oficiales de justicia;
los gastos de publicación de anuncios y notificaciones en el Ametlikud Teadaanded o en periódicos;
otros gastos relacionados con el examen de un caso en la medida determinada por el órgano jurisdiccional.
A menos que el tribunal resuelva lo contrario, las retribuciones de peritos y los honorarios de intérpretes y traductores deben ser pagados por adelantado por la parte que haya interpuesto la demanda que origine los gastos.
El tribunal decide definitivamente el reembolso y los gastos procesales que deben reembolsarse, así como los gastos procesales que deban efectuarse en la decisión final o tras la entrada en vigor de la decisión final del asunto principal.
Gastos fijos en el proceso penal
Gastos fijos para las partes en un procedimiento penal
Los costes determinados por las partes en el proceso penal corren a cargo del Código de Enjuiciamiento Criminal, artículos 175 a 179, y se dividen en costes de procedimientos, costes específicos, costes accesorios.
Si una de las partes en el procedimiento tiene varios asesores o representantes, la remuneración que se les paga se incluirá en los gastos procesales, en la medida en que no exceda un nivel razonable de remuneración normalmente abonado a un asesor o representante.
Si un sospechoso o un acusado se defiende por sí mismo, se incluirán en los gastos procesales los costes necesarios de la defensa. Los costes excesivos que no habría habido si hubiera participado un asesor jurídico no se incluirán en los gastos procesales.
Los gastos en que hayan incurrido las personas que no sean parte en el procedimiento y que se refieran a la realización de análisis de expertos se reembolsarán de conformidad con las condiciones y normas establecidas en la Ley de examen forense.
Fases de los procesos penales en las que deben pagarse tasas judiciales
En caso de absolución, el Estado reembolsa los gastos procesales. Si es condenatoria, las costas procesales van a cargo del condenado. En caso de absolución parcial, los costes son reembolsados por el Estado en función de la medida en que se absuelve al acusado. La obligación de reembolsar los gastos procesales nace una vez que la decisión final ha entrado en vigor.
Si se desestima la acción civil, el demandante debe pagar las costas procesales relacionadas con el ejercicio de la misma. Si se estima plenamente la acción civil, el condenado debe reembolsar las costas procesales relacionadas con el ejercicio de la misa. Si se estima solo en parte la acción civil, el tribunal ha de repartir las costas procesales entre el demandante y el condenado, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Si se rechaza la acción civil, el Estado debe reembolsar las costas procesales relacionadas con el ejercicio de la misma.
Gastos fijos en procesos de Derecho constitucional
En Estonia, los particulares no pueden interponer recurso de anticonstitucionalidad. En los recursos que se admiten, las costas corren a cargo del presupuesto del Estado. Los derechos de peritos corren a cargo de los presupuestos del Estado en las mismas condiciones que en los procesos civiles.
Fase de procedimiento constitucional en la que deben pagarse costes fijos
En los procesos constitucionales, los litigantes no tienen que pagar tasas judiciales.
Información previa que deben aportar los representantes legales
Los abogados deben explicar a sus clientes todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios jurídicos y todas las costas asociadas. El responsable de un gabinete de abogados o el abogado hacen una primera oferta motivada al cliente.
Costas incluidas
Costas a cargo de la parte ganadora
La parte ganadora sufragará los costes de la remuneración del abogado o asesor jurídico en relación con los costes que el tribunal considere razonables y no sufragados por la parte perdedora.
Costas de la parte perdedora
Según la jurisprudencia sobre la determinación de los costes, la parte que pierda el proceso deberá reembolsar los gastos en que haya incurrido la parte ganadora, que podrán incluir:
los gastos relativos a testigos, peritos, intérpretes y traductores, así como los gastos de un análisis pericial efectuado por una persona que no sea parte en el procedimiento y que deba ser reembolsado en virtud de la Ley de examen forense;
los gastos de obtención de pruebas documentales y materiales;
los gastos de las tareas de inspección, incluidos los gastos de desplazamiento necesarios en que incurra el tribunal;
los gastos de emisión, envío y entrega de documentos procesales;
los gastos relacionados con la determinación de la cuantía del asunto;
los gastos relacionados con los representantes y asesores de las partes en el proceso;
los gastos de viaje, correos, comunicaciones, alojamiento y otros similares efectuados por las partes en el procedimiento;
ingresos u otros ingresos permanentes no percibidos por las partes en el procedimiento;
los gastos de la instrucción sumarial establecidos por ley, salvo que la demanda se presente más de seis meses después de finalizar la instrucción sumarial;
los honorarios de los oficiales de justicia relacionados con el ejercicio de acciones y los gastos de ejecución de las sentencia resultantes del ejercicio de esas acciones;
la tasa del agente judicial por la entrega de documentos procesales;
los gastos de tramitación de una solicitud de asistencia procesal en relación con los gastos procesales;
los costes del proceso acelerado de proceso monitorio;
los gastos de participación en procedimientos de conciliación si el tribunal ha obligado a las partes a participar en virtud del artículo 4 (4) de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, si el procedimiento es obligatorio, de un procedimiento de conciliación en virtud del artículo 1 (4) de la Ley de conciliación.
Solo los gastos necesarios y razonables serán reconocidos como partes en el procedimiento en favor de una parte que esté justificada en razón de las costas procesales.
¿Dónde puedo encontrar información sobre la fuente jurídica de las costas en Estonia?
Las bases jurídicas para la determinación de los costes se establecen en los siguientes actos jurídicos:
El Código civil;
La Ley de oficiales de justicia;
La Ley de tasas del Estado;
los actos jurídicos basados en el Código de procedimiento civil.
¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas de las costas en Estonia?
La información sobre las fuentes de costes está disponible en estonio.
Las traducciones al inglés de los instrumentos jurídicos estonios que contienen información sobre los costes y sus fuentes están disponibles en el sitio web del Riigi Teataja (Boletín Oficial).
Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?
El Ministerio de Justicia es responsable de la aplicación de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Las cuestiones generales relativas a la mediación pueden enviarse a la dirección de correo electrónico del Ministerio de Justicia: Info@just.ee.
Los procedimientos de conciliación en materia civil están regulados por la Ley de conciliación, que establece los derechos y obligaciones de los mediadores y también proporciona directrices para la aplicación y ejecución de los acuerdos celebrados con la ayuda de un mediador. Con arreglo a la Ley, están autorizados los siguientes procedimientos de conciliación:
la persona física a la que las partes en el procedimiento hayan encomendado la tarea de llevar a cabo el procedimiento;
notarios;
en el caso previsto en la Ley, un organismo estatal o local de conciliación.
Por lo que se refiere al recurso a la mediación en Derecho de familia, el Ministerio de Asuntos Sociales está fomentando el desarrollo de las actividades de los mediadores de familia. El sitio web de la Asociación estonia de mediadores contiene información tanto en estonio como en inglés. Del mismo modo, la Unión Estonia para el Bienestar de los Niños — una asociación sin ánimo de lucro que apoya los derechos de los niños- ofrece asesoramiento a los padres que deseen separar o divorciar y les anima a utilizar los servicios de los conciliadores con el fin de proteger los intereses de sus hijos. La asociación organiza la formación que se imparte en el ámbito de la mediación familiar.
Los costes relacionados con los procedimientos judiciales y su importe dependen del tipo, la duración y la complejidad del caso. Las principales fuentes de información sobre los gastos relativos a los procedimientos judiciales son los códigos que regulan los procedimientos judiciales y la Ley de tasas estatales. El Ministerio de Justicia emite y administra el Boletín Oficial del Riigi Teataja (Boletín Oficial), que facilita el acceso a:
Las leyes y reglamentos;
Las resoluciones del Tribunal Supremo y los tratados internacionales;
Los reglamentos de la Administración local.
Riigi Teataja contiene versiones oficiales consolidadas de actos, reglamentos y órdenes gubernamentales, reglamentos ministeriales, reglamentos del presidente del Eesti Pank (Banco de Estonia), reglamentos del Comité Electoral Nacional, reglamentos del Parlamento, reglamentos del Parlamento municipal y municipal y reglamentos de gobierno municipal y municipal. La legislación y otros documentos publicados en el Boletín Oficial están disponibles desde 1990.
El sitio web de los tribunales da estadísticas sobre los procedimientos en los tribunales de primera y segunda instancia desde 1996.
La tasa estatal que debe pagarse por un tipo determinado de procedimiento está establecida en la Ley de tasas estatales.
La retribución de los oficiales de justicia está regulada por la Ley de oficiales de justicia.
No se dispone de estadísticas sobre el coste agregado medio para determinados tipos de procedimientos.
¿Cómo se facilita la información?
Los honorarios de los agentes judiciales están también sujetos al IVA, con un tipo del 20 %.
Para ser reembolsado el IVA añadido a los gastos procesales, el declarante debe confirmar que no está registrado a efectos del IVA o no puede recuperar el IVA por cualquier otro motivo.
¿Cuáles son los tipos aplicables?
A 1 de julio de 2009, el tipo del IVA era del 20 % en Estonia.
La justicia gratuita es uno de los métodos de concesión de la ayuda y el procedimiento de concesión de ayudas estatales en el marco del procedimiento civil se rige por las normas de procedimiento del Código de Enjuiciamiento Civil.
No se concederá ninguna asistencia procedimental a las personas físicas que:
no se espera que los costes del proceso superen el doble de los ingresos medios mensuales del solicitante de la ayuda procedimental, calculados sobre la base de la renta media mensual de los cuatro meses anteriores a la presentación de la solicitud, menos los impuestos y el seguro obligatorio y el importe previsto para las obligaciones de alimentos, así como los costes razonables de la vivienda y el transporte;
el solicitante de una ayuda de procedimiento puede cargar con las costas del proceso en detrimento de los activos existentes y más fácilmente vendidos que, de acuerdo con la ley, puedan ser celebrados;
Al evaluar la situación económica del solicitante, se tendrán en cuenta sus activos y sus ingresos, así como los bienes de los miembros de la familia que vivan también con ellos, el número de sus supervivientes, los costes razonables de alojamiento y otras circunstancias razonables.
Otras condiciones asociadas a la concesión de asistencia jurídica gratuita a las víctimas
El Estado puede conceder asistencia procesal de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Civil. los tipos de asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado y las condiciones y normas para la obtención de este tipo de justicia están regulados por la Ley de asistencia jurídica gratuita del Estado.
La asistencia jurídica gratuita se concederá a las personas físicas que residan en la República de Estonia o en otro Estado miembro de la Unión Europea o que sean nacionales de la República de Estonia o de otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo en el caso especificado en el apartado (2) de esta sección. A efectos de determinar la residencia a efectos del presente Acto, el artículo 62 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1-32). La asistencia jurídica gratuita se concederá a cualquier otra persona física únicamente si resulta de una obligación internacional vinculante para Estonia.
Los motivos de denegación de la asistencia jurídica gratuita del Estado figuran en el artículo 7 de la Ley de asistencia jurídica estatal.
Más información sobre la ayuda estatal en el sitio web del Colegio de Abogados de Estonia.
Otras condiciones de la concesión de asistencia jurídica gratuita a sospechosos y demandados
Las condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita son las mismas para demandados que para demandantes.
Procesos judiciales gratuitos
Las bases para la exención del pago de tasas estatales y para la reducción de las tasas estatales se enumeran en el capítulo 3 de la Ley de tasas estatales.
El tribunal que conozca en materia civil, en la resolución o en la resolución que ponga fin al proceso, indicará el reparto de las costas procesales entre las partes en el procedimiento. El órgano jurisdiccional indicará, cuando proceda, la proporción de las costas de los procedimientos a cargo de cualquiera de las partes. Si un tribunal de nivel superior modifica la sentencia o dicta otra nueva sin necesidad de celebrar vista, deberá también considerar, en su caso, el pronunciamiento anterior sobre el reparto de las costas procesales.
El órgano jurisdiccional decidirá el importe del procedimiento que deba pagarse por las costas del proceso, en favor de la parte procesal justificada por el fondo del procedimiento:
una sentencia o procedimiento que ponga fin al procedimiento, o
tras la conclusión del procedimiento judicial, mediante un Reglamento por el que se fijan los gastos procesales.
La concesión de asistencia procesal, incluida la asistencia jurídica gratuita, no excluye ni limita la obligación del destinatario de reembolsar los gastos de la otra parte sobre la base de una transacción judicial. La parte contra la que se haya dictado la resolución correrá en su totalidad con las costas del procedimiento, aun cuando la parte esté exenta de los gastos procesales o se le haya concedido una ayuda de procedimiento para las costas del proceso.
En caso de resolución del recurso, el órgano jurisdiccional trate a la parte demandada en las costas del procedimiento respecto de las cuales el demandante esté exento o obligado a pagar fraccionadamente, proporcionalmente a la parte del procedimiento que haya dado lugar al recurso.
Si la transacción judicial ha entrado en vigor o el órgano jurisdiccional ha declarado ejecutiva de inmediato, el acreedor puede interponer un recurso ante el agente judicial para la ejecución de la resolución. Si no se asigna el plazo para la ejecución voluntaria de un mandamiento de ejecución en una resolución judicial, el agente judicial lo determinará. Dicho período no será inferior a 10 días ni superior a 30 días. Con el consentimiento del receptor, el agente judicial podrá ordenar el período de ejecución voluntaria del documento de ejecución durante un período superior a 30 días.
Honorarios de expertos
Si el tribunal no especifica otra cosa, el perito pagará, en la medida determinada por el órgano jurisdiccional, a la parte que haya solicitado la condena en costas. Si ambas partes han solicitado la intervención de peritos o si es el tribunal quien ha solicitado sus servicios, las costas se reparten entre ellas por igual.
Se pagará a un experto la tarifa horaria establecida por un reglamento del Gobierno, dentro del límite de la tarifa horaria fijada por la tarifa horaria. La tasa aplicada por el experto para el análisis de expertos es entre 10 y 40 veces la tarifa horaria mínima. Al determinar las retribuciones por hora, el tribunal debe tener en cuenta:
las cualificaciones del perito;
el nivel de complejidad del trabajo;
todos los gastos inevitables en que haya incurrido;
cualesquiera circunstancias especiales en las que el perito haya tenido que realizar el trabajo.
También se reembolsarán los gastos relativos a la preparación y el montaje de un peritaje, incluidos los gastos correspondientes a los materiales e instalaciones utilizados en el estudio, hasta un máximo del 20 % de los gastos de los expertos, así como los gastos de viaje y los gastos necesarios derivados del ensayo, en particular los gastos de alojamiento y manutención.
La tasa que debe pagarse a un perito y los gastos que deba sufragar el experto se determinarán mediante resolución del mismo órgano jurisdiccional que haya implicado al experto.
Los expertos solo reciben una remuneración previa solicitud. Una vez que el perito ha concluido su trabajo, el tribunal ha de pagarle sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.
El coste de los servicios forenses llevados a cabo por la autoridad estatal y el coste del organismo experto se establecen en el equipo forense.
Los honorarios de los expertos y los gastos relativos a la realización de una evaluación por parte de una institución de policía científica pública forman parte de los gastos procesales y son reembolsados por la parte perdedora del mismo modo que los gastos procesales.
Honorarios de los intérpretes y traductores
Los honorarios de los intérpretes que intervengan en procesos judiciales pueden variar entre 2 y 40 veces el salario mínimo legal por hora en caso de interpretación normal. Los honorarios de los traductores por la traducción escrita se calculan por página y pueden llegar a ser hasta 20 veces el salario mínimo por hora. El salario mínimo por hora se establecerá mediante reglamento del Gobierno de la República.
Los honorarios de los intérpretes o traductores y las costas reembolsadas se determinan por resolución del tribunal que haya solicitado sus servicios.
Una vez determinados los honorarios por hora, el tribunal debe considerar las cualificaciones del intérprete o traductor, la complejidad del trabajo, los gastos ineludibles en que haya incurrido y las circunstancias especiales en las que se hayan realizado la interpretación o la traducción.
El intérprete también tendrá derecho al reembolso de los gastos de viaje y otros gastos ocasionados por un procedimiento judicial, en particular los gastos de alojamiento y restauración.
Los intérpretes y traductores solo reciben remuneración previa solicitud. El tribunal ha de pagarles sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.
Los honorarios de los intérpretes y traductores forman parte de los gastos procesales y son reembolsados por la parte perdedora a la parte vencedora, del mismo modo que los gastos procesales.

References: artículo 4
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución