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Timestamp: 2020-08-04 06:22:42+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 93, de 04/06/2020
cve: DSCD-14-CO-93
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 93
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Ratificación del acuerdo de la Mesa, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión), a efectos del artículo 44 del Reglamento:
- Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000237) ... (Página2)
- Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000269) ... (Página2)
- Para que explique las medidas adoptadas por su departamento en el marco de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000326) ... (Página2)
- Para informar sobre el proceso de desescalada en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000340) ... (Página2)
Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión):
- A petición propia, para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. (Número de expediente 214/000052) ... (Página3)
Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página3)
El señor PRESIDENTE: Bona tarda.
No podemos empezar una reunión aquí, en el Congreso de los Diputados, sin tener en cuenta las especiales circunstancias en las que estamos, en las que vivimos y también en las que nos encontraremos. Y más ahora, cuando, gracias al esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, estamos venciendo ya la crisis sanitaria, pero nos estamos adentrando y vamos viendo cada vez con más claridad la crisis económica y social que tenemos por delante, y todavía menos lo podría hacer una Comisión como esta, que tiene los fines que tiene. En la primera reunión de la recién creada Comisión de Reconstrucción Social y Económica, su presidente vino a decir algo así como que su objetivo era construir una red de solidaridad entre todos para cuidar de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, fin que -no hace falta decirlo- coincide exactamente con los fines que tiene esta Comisión. Así que me permitirán que, tras recordarles y además afirmar, que esta es la casa de la libertad de expresión y es por encima de todo la casa del acuerdo, les pida a todos dos cosas. En primer lugar, que tengan presente en sus intervenciones lo que los ciudadanos esperan de nosotros, de los miembros de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad. Seguramente no esperan grandes frases ni que ganemos dialécticamente al adversario ni esperan que utilicemos palabras gruesas, creo; no creo que sea lo que más esperan. Seguramente, esperan que nos pongamos de acuerdo en conseguir que las personas que todavía no disfrutan de los derechos que nuestra Constitución les reconoce los puedan ejercer. Esperan soluciones a sus problemas, esperan -o así me gusta pensarlo- que les demos motivos para sentirse orgullosos de quienes les representamos. La segunda cosa que les pido es que, en recuerdo y homenaje de todas las víctimas de la pandemia, de todas -aunque me permitirán citar con especial énfasis a las personas con cualquier tipo de discapacidad y especialmente también a las que nos dejaron en soledad-, y de sus familiares, mantengamos un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (IGLESIAS TURRIÓN), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:
- PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000237).
- PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000269).
- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR SU DEPARTAMENTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19. DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000326).
- PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE DESESCALADA EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000340).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a tramitar el orden del día. En primer lugar, hemos de ratificar el acuerdo de la Mesa sobre las solicitudes de comparecencia que figuran en el orden del día. ¿Queda aprobado por asentimiento la ratificación? (Asentimiento).
- A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. (Número de expediente 214/000052).
El señor PRESIDENTE: A continuación, explicaré cómo transcurrirá la comparecencia del señor vicepresidente en grandes líneas. En primer lugar, intervendrá el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Iglesias Turrión, sin tiempo límite; en segundo lugar, lo harán los portavoces de los diferentes grupos siguiendo el orden de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto; a continuación, cada grupo tendrá para exponer o preguntar lo que crea conveniente un tiempo de diez minutos e intentaré avisarles cuando lleven nueve, en el bien entendido de que si en un grupo interviene más de un portavoz no por ello dispondrán, sumando sus tiempos, de más minutos; después, contestará el compareciente sin tiempo límite tampoco; a continuación, cada grupo que lo desee dispondrá de hasta tres minutos para pedir algún tipo de aclaración, ampliación o para añadir lo que crea conveniente y el orden de intervenciones será también de menor a mayor; y, finalmente, intervendrá el vicepresidente segundo sin límite de tiempo. ¿Está claro? (Pausa). Muy bien.
Por tanto, señor vicepresidente, bienvenido ya por segunda vez a esta su Comisión en el Congreso los Diputados. Tiene usted la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Moltes gràcies, president.
Letrado, señorías, es un honor comparecer como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 -dos mil treinta-. Perdonen que insista en esta matización. Por desgracia, se dice mucho Agenda 2030 -veinte treinta-, que es una equívoca traducción del inglés, twenty thirty; en inglés puede significar dos mil treinta, en castellano no. Se trata de Objetivos de Desarrollo Sostenible pensados para una década. Por tanto, como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 -dos mil treinta-, discúlpenme que sea tan quisquilloso y que insista en que no digan veinte treinta; digan, por favor, dos mil treinta.
Es un honor tomar la palabra en esta Comisión que se reúne en la sala Constitucional. Es hermoso ver el cuadro, El abrazo, de Juan Genovés. Quisiera comenzar esta comparecencia expresando en nombre del conjunto del Gobierno nuestro pésame a las familias que han perdido algún ser querido a causa del COVID-19, así como nuestro reconocimiento a la enorme responsabilidad y el compromiso de la población en el seguimiento de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social imprescindibles para frenar al virus. Y permítanme insistir en nuestro apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales que se han dejado la piel y se han jugado la vida y la salud por el bien común durante esta emergencia.
Son muchas las personas cuya labor se ha demostrado imprescindible en estas semanas: personal sanitario, de seguridad, de transporte, de limpieza, de abastecimiento y de venta de productos de primera necesidad, y me gustaría poner en valor especialmente en esta Comisión a las trabajadoras y los trabajadores de los servicios sociales, que están dando lo mejor de sí mismos en condiciones muy difíciles, muchas veces trabajando con una enorme precariedad, para proteger y cuidar a los que más lo necesitan. Tienen, como decía, no solo el reconocimiento de este Gobierno sino del conjunto de la sociedad.
No son momentos fáciles para nadie, pero menos aún para aquellos que menos tienen y para los que están en una posición más débil. A La dimensión sanitaria de esta emergencia, marcada por la tragedia de los más de 27 000 compatriotas fallecidos, por el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía para cumplir con el confinamiento y por el ejemplo de colaboración que han dado los profesionales sanitarios, hay que sumar también evidentemente el impacto económico y social que genera la pandemia de la COVID-19.
Por desgracia, nos estamos enfrentando a una crisis económica y social de enormes dimensiones cuando mucha gente aún no había conseguido recuperarse de la última crisis. Las economías más frágiles, las empresas más pequeñas, los trabajadores más precarios, las familias más humildes, los autónomos, los parados, los más vulnerables están obviamente mucho más expuestos al impacto de esta crisis. La pandemia de la COVID-19, por desgracia, sí distingue de clases sociales.
Cuando llega una crisis, es función de lo público, de las instituciones y del Estado proteger algo que consagra nuestra Constitución: el interés general. Creo que puedo decir con toda la modestia que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió después de la crisis de 2008, el Gobierno ha cumplido y está cumpliendo con el papel de poner por delante el interés general. Tras la crisis de 2008, se optó por abordar la situación económica devaluando los salarios, recortando el Estado del bienestar, haciendo más precario aún el mercado laboral y rescatando con los recursos de todos únicamente a una minoría de privilegiados. Las consecuencias no solo fueron el sufrimiento de millones de personas en España, la destrucción de los negocios de miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas, el aumento de la desigualdad y la pobreza y la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas, además la receta demostró ser un absoluto fracaso en términos económicos. Por el contrario, creo que la gestión que estamos haciendo de esta crisis, con todos los errores que hayamos podido cometer, va en la dirección contraria. Esta vez la movilización de recursos por parte de las instituciones se ha hecho para proteger a la mayoría social. El escudo social que hemos decidido construir y seguir reforzando contiene un abanico de medidas laborales, de igualdad, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y sostenimiento de la actividad económica y de apoyo a los colectivos más vulnerables que no tienen precedentes en España en términos de protección social frente a una crisis económica.
Procedo a explicarles a sus señorías algunas de las medidas fundamentales que hemos impulsado desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante esta emergencia, tanto las medidas específicas que se enmarcan en el ámbito de mis competencias como las que tienen que ver con el papel de coordinación del conjunto de la política social del Gobierno que me encargó el presidente del Gobierno. Una de las primeras decisiones que tomamos, como saben, fue poner en marcha un plan de choque de 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales. Se ha articulado en torno a dos elementos: por una parte, un fondo social extraordinario de 300 millones de euros destinado a paliar las consecuencias sociales de la COVID y cuyo reparto ya fue discutido y aprobado en consenso con las comunidades autónomas y, por otro lado, la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos pudieran disponer de otros 300 millones de euros provenientes de su superávit para destinarlo a partidas de atención social. Este plan de choque ha sido fundamental para reforzar la atención a personas mayores, a dependientes, a personas sin hogar y a grupos especialmente vulnerables, y se ha visto complementado con los protocolos y las recomendaciones que hemos hecho desde esta vicepresidencia a los servicios sociales para intervenir en los barrios con índices más altos de exclusión social.
En este punto quisiera en el día de hoy hacer una mención especial a la situación de la población gitana durante esta emergencia, un colectivo de compatriotas que a menudo queda invisibilizado en los discursos políticos, que ha sufrido particularmente las consecuencias del confinamiento sobre sus ingresos y que, no obstante, ha demostrado una enorme responsabilidad y solidaridad. Tan pronto como se declaró el estado de alarma, el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento muy significativo de la población gitana y que se inscribe en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la propia pandemia. Hemos estado en contacto con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estas familias y hemos elaborado protocolos y recomendaciones para que los servicios sociales intervinieran en casi mil barrios de toda España habitados en su mayoría por personas gitanas y que presentan altos índices de pobreza y de extrema pobreza para garantizar alimentación y suministros básicos. Somos conscientes, evidentemente, de que es muchísimo lo que queda por hacer para ampliar los derechos y las oportunidades de la población gitana en España. Eso es algo que esta vicepresidencia se toma muy en serio y que por eso no quería dejar de mencionar en el día de hoy.
En segundo lugar, hemos tomado medidas para garantizar el derecho básico a la alimentación de los niños y niñas afectados por el cierre de los centros educativos y comedores escolares con la transferencia de 25 millones de euros a las comunidades autónomas para que los destinaran a tal fin. El reparto de los fondos entre las comunidades autónomas lógicamente ya se completó. Hubo, como saben, ciertos problemas con la parte que correspondía a la Comunidad de Madrid a raíz de la desafortunada decisión, a mi juicio, de recurrir a empresas de comida rápida para alimentar a los niños y niñas vulnerables en Madrid. Afortunadamente -y así se lo agradecí a la señora Ayuso-, los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid decidieron dejar de dar menús de comida rápida y buscar una alternativa más saludable y esos fondos ya fueron transferidos. Sin embargo, tengo que decir hoy que en las últimas horas nos hemos vuelto a encontrar, según parece, con decisiones de la Comunidad de Madrid en la línea de
excluir de estas ayudas a los niños y niñas vulnerables de cero a seis años. Hay familias de estos niños que están denunciando que van a recoger los alimentos que les corresponden pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación. Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación, máxime después de que el Gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho.
Por otro lado, les informo de que en el marco de sus competencias el Instituto de la Juventud se ha coordinado con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas y con las entidades juveniles para consensuar la normativa que va a permitir los campamentos de verano, que va a permitir que estos campamentos se desarrollen en condiciones de seguridad, facilitando así una mínima desconexión y descanso durante este verano a los más pequeños. Puede parecer un asunto menor, pero hay que recordar que el sector del ocio educativo beneficia a 4 millones de jóvenes y emplea a 200 000 monitores y monitoras en todo el territorio de nuestro Estado. Y sobre todo, hay que tener presente que han sido más de dos meses muy duros para niños, niñas y adolescentes que lógicamente afectan a su proceso de crecimiento y desarrollo y que, por tanto, el ocio educativo este verano va a ser más esencial que nunca, no solo por una cuestión de facilitar la conciliación familiar a muchos a padres y madres que continúan trabajando en verano, sino también porque la educación no formal puede reforzar el aprendizaje de habilidades y valores que se vieron paralizados por la pandemia y puede contribuir también a recuperar la socialización entre iguales, tan necesaria después de tantas semanas de confinamiento.
Hemos tomado también algunas medidas vinculadas a esta situación de emergencia para proteger a las personas con discapacidad. Desde que se decretó el estado de alarma, trabajamos junto al Ministerio de Sanidad para que a las personas con discapacidad, a las que el confinamiento les supusiera alteraciones conductuales -como, por ejemplo, las personas con autismo-, se les permitieran paseos terapéuticos. Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y sus entidades estatales asociadas han participado activamente en el diseño de las medidas de desescalada, priorizando los servicios de rehabilitación física, psicosocial y los servicios de atención temprana. Y más allá de la vigencia de la alarma por la emergencia sanitaria, quiero reiterar hoy, como ya he hecho en anteriores comparecencias en el Congreso y también en el Senado, que tenemos pendiente aprobar en Consejo de Ministros la modificación del Código Civil, iniciada en 2018, que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que permitan a estas personas tomar sus propias decisiones. También vamos a colaborar en la propuesta del Senado para erradicar la esterilización forzosa. En materia educativa, es clave la propuesta del Ministerio de Educación de dotar a los centros ordinarios de recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a la vez que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial. Y, por último, tenemos previsto abordar, junto al Ministerio de Justicia y al de Sanidad, la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la supresión de los internamientos forzosos por razón de trastornos psíquicos, cumpliendo de una vez lo que señala la Organización de las Naciones Unidas.
Otro de los colectivos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19 ha sido lógicamente el de las personas mayores y dependientes. Por desgracia, el coronavirus ha afectado con especial virulencia a la población que vive en centros de mayores. Como saben, las competencias sobre la gestión de estos centros corresponden a las comunidades autónomas, cuya responsabilidad sobre las mismas se vio además reforzada por la orden del Ministerio de Sanidad que puso bajo el mando de las consejerías de las comunidades autónomas también las residencias privadas, que suponen el 75 % del total de centros residenciales del país. Desde el Gobierno, como he podido explicar en varias ocasiones ya, adoptamos una serie de medidas urgentes para apoyar a las comunidades autónomas en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias; medidas como la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales; la declaración como prioritaria de la distribución de equipos de protección individual y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias; la flexibilización de los criterios de contratación, como se hizo también en el caso de los sanitarios para poder reforzar la atención de los mayores durante la emergencia; la aprobación del fondo social extraordinario de 300 millones de euros, que era precisamente para reforzar las plantillas de los centros de servicios sociales y centros residenciales y también para poder adquirir equipos de protección individual; o la autorización del Ministerio de Sanidad de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, previa petición de las autoridades autonómicas competentes, para llevar a cabo labores de desinfección. Puedo decirles que la UME ha actuado en más de 5000 centros en todo el país. Sin embargo, es evidente que estas medidas extraordinarias de apoyo a
las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis no abordan las carencias estructurales, que son las que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia, y creo que es necesario emprender medidas de fondo. En este sentido, creo que digo la verdad si afirmo que es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5000 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia acumulados desde el año 2012 han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad. La reconstrucción económica y social, señorías, creo que debe incorporar este consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia que sea público, que sea de calidad y con trabajadores que trabajen en condiciones dignas y con sueldos dignos.
Quiero ahora hablarles brevemente de algunas de las medidas más importantes del escudo social que hemos impulsado en colaboración con otros ministerios en las últimas semanas; en primer lugar, en relación con la vivienda. La vivienda ha sido la trinchera desde que la gente ha resistido al virus. En estos meses más que nunca ha quedado en evidencia que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que los poderes públicos tenemos la obligación constitucional de proteger, y creo que no miento si digo que hemos tomado algunas medidas muy importantes para garantizar este derecho. Tras la crisis de 2008, hubo cientos de miles de desahucios que representaron una vergüenza para España. En esta ocasión, hemos prohibido los desahucios sin alternativa habitacional y hemos puesto en marcha moratorias en el pago de hipotecas para todas aquellas personas que tuvieran dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del coronavirus al haberse visto en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida; hemos establecido también la prórroga automática por seis meses de todos los contratos de alquiler que estuvieran a punto de caducar, lo que en la práctica ha supuesto impedir que se pudiera subir el alquiler a ningún inquilino durante esta situación de emergencia; hemos puesto en marcha moratorias y quitas al pago de los alquileres para personas en situación de vulnerabilidad, protegiendo al mismo tiempo a los pequeños arrendatarios y haciendo que los grandes tenedores de vivienda y los fondos de inversión tuvieran que arrimar el hombro un poquito más y asumir hasta cierto punto parte del impacto de la medida; hemos implementado líneas de crédito público a interés cero para todos los arrendatarios vulnerables a devolver en seis años ampliables hasta diez y con la garantía de que el Estado asumirá esas deudas en el caso de que los inquilinos finalmente no logren salir de esa situación de vulnerabilidad, para lo cual se ha creado un programa de ayudas de 700 millones de euros con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Además, hemos prohibido los cortes de suministros básicos a ningún hogar durante esta emergencia, hemos establecido moratorias para el pago de los mismos y hemos puesto en marcha una prórroga automática hasta septiembre del bono social para todos los hogares beneficiarios.
Más allá de estas medidas extraordinarias, es evidente que uno de los principales problemas sociales que seguimos teniendo como país tiene que ver precisamente con el acceso a la vivienda. En estos días, el propio Banco de España se ha manifestado a favor de una necesidad que para mí es evidente: la intervención en el mercado de la vivienda, como ya sucede en muchos países de Europa -por cierto, con Gobiernos de signo político muy diferente-. Creo que lo que hemos vivido en estos meses debería servir para que todas las fuerzas políticas y todos los actores institucionales y sociales nos comprometamos juntos para asumir nada más que el mandato del artículo 47 de la Constitución española y hacer políticas públicas que garanticen que en España el derecho a disfrutar de una vivienda digna sea un derecho plenamente efectivo y del que no pueda quedar excluido ningún compatriota.
Por otra parte, hemos trabajado junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social para impulsar mecanismos de protección a los trabajadores y a las empresas como parte fundamental del escudo frente a esta crisis. Tras el estallido de la crisis de 2008, hubo despidos masivos y una reforma laboral que desplomó los salarios y llevó la precariedad a las vidas de millones de trabajadores; esta vez, por contra, hemos establecido mecanismos para impedir despidos relacionados con la COVID-19 y hemos impulsado el instrumento de los ERTE para proteger a miles de empresas y a millones de trabajadores del impacto de esta crisis. En el mes de mayo han sido casi seis millones de personas las que han tenido acceso a una prestación del Servicio Estatal Público de Empleo. Desde el 16 de marzo el SEPE ha reconocido y ha abonado más de 5,2 millones de prestaciones, de las que 3,7 millones corresponden a expedientes de ERTE, de cuyo pago se ha hecho cargo el Estado sin que los trabajadores consumieran su propia prestación por desempleo y ha cubierto también a los trabajadores que no tenían cotizado el tiempo mínimo exigido para recibir una prestación por desempleo ordinaria. En números, es el mayor nivel de
protección social jamás alcanzado en España. Nunca antes en nuestro país se había reconocido tal volumen de prestaciones en tan poco tiempo, y me quiero sumar a la puesta en valor que viene haciendo la ministra Yolanda Díaz del trabajo impresionante que han hecho los trabajadores y trabajadoras del SEPE para que esa protección social haya podido llegar a millones de personas en estas semanas. Hemos creado además, como saben sus señorías, prestaciones sin precedentes en España para los trabajadores autónomos: 660 euros como mínimo para todos los autónomos que hayan tenido que cesar la actividad o hayan visto drásticamente reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria, así como para trabajadores con contratos temporales y para personas trabajadoras del hogar. Y ha habido también otras medidas, más allá de las distintas prestaciones económicas, que han protegido a los trabajadores durante esta emergencia, y permítanme mencionar el Plan Mecuida, pensado para que los trabajadores y trabajadoras con menores o personas dependientes a su cargo pudieran adaptar y reducir su jornada, incluso hasta el cien por cien para poder atender esas necesidades de cuidado familiar. Creo que ha sido una medida que ha ayudado a mucha gente trabajadora a poder conciliar mínimamente en estas semanas tan duras, pero sobre todo tiene que servir para que nos pongamos a recorrer en serio el largo camino que tenemos por delante en España para lograr garantizar la conciliación de la vida familiar y los cuidados con la vida laboral. Quiero subrayar hoy una vez más el compromiso de este Gobierno, que figura en el acuerdo del Gobierno de coalición, de universalizar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años.
Por otro lado, hace pocos días se ha producido el que seguramente es el mayor avance en derechos sociales en España desde la Ley de dependencia de 2006: la aprobación del ingreso mínimo vital, un nuevo derecho social que va a ayudar a millones de compatriotas a salir de situaciones de pobreza intolerables y que además va a ser clave para la recuperación económica porque va a estimular el consumo. Ya tuve ocasión de explicar los detalles de esta nueva prestación hace pocos días junto al ministro de Inclusión, pero hoy me gustaría subrayar en esta Comisión la importancia que va a tener esta medida en términos de lucha contra la pobreza infantil. España, que es la cuarta economía de la zona euro, es también, según los datos de Eurostat, el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil. Es una situación con la que ningún demócrata puede estar conforme, porque anula uno de los fundamentos de la democracia, que es que exista una mínima igualdad de oportunidades entre niños y niñas. No existe la igualdad de oportunidades si hay niños y niñas que no pueden ir bien vestidos y bien comidos al colegio, que no tienen acceso a recursos culturales o que tienen que crecer en hogares sin unos mínimos niveles de bienestar.
También tengo un anuncio que hacerles en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes: el próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que muchos ya llaman la ley Rhodes por el trabajo ingente de este gran pianista. Como saben, esta ley está llamada a ser el primer proyecto que iba a sacar adelante esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia, aunque ya estaba prácticamente lista. Pues bien, les anuncio que los equipos de la vicepresidencia segunda están trabajando en estos momentos para que este mismo martes, como les estoy diciendo, vea la luz esta ley, que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno. Les recuerdo algunos aspectos que van a ser los elementos fundamentales de esta ley. Se va a establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Se creará una nueva figura, la del coordinador de bienestar y protección, que estará presente en todos los centros educativos y se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Se van a crear unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se va a dar formación específica y especializada a jueces y fiscales. Se van a fijar protocolos de prevención obligatoria en todos los centros de menores con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad. Se va a crear un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y, muy importante, el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido treinta años. La aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia. Con ella nuestro país adopta los estándares internacionales más exigentes en lo tocante a la protección de la infancia, a la que nos obliga la Convención sobre los Derechos
del Niño, el Tratado de Lisboa y el propio artículo 39 de nuestra Constitución, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No solo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que esta realidad tiene sobre quienes la sufren. Es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentran muchas veces detrás de su propia reproducción. Creo que el marco de seguridad y capacidad de desarrollo personal que esta ley establece se va a convertir en una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes en España.
Por último, señorías, me gustaría informarles de algunas de las medidas adoptadas durante estas semanas por la Dirección General de Derechos de los Animales y que tuve ocasión de explicar también hace pocos días cuando comparecí en el Senado. Como saben, cuando se creó esta vicepresidencia se creó también bajo su competencia y por primera vez en la historia de España una Dirección General de Derechos de los Animales. A raíz de la emergencia de la COVID-19 hemos trabajado con otros departamentos ministeriales para que durante esta crisis existiese la cobertura legal necesaria para que las personas pudieran seguir cuidando de sus animales en las mejores condiciones. Hemos colaborado con colegios de veterinarios, entidades de protección, asociaciones y profesionales del sector privado, para que no se viera disminuida la atención y el cuidado de animales durante el estado de alarma. Hemos elaborado protocolos para la atención de animales de personas afectadas por la COVID-19 y de personas sin hogar, brindando recursos de acogida para estos animales. Y en coordinación con el Ministerio de Igualdad se ha puesto en marcha un plan de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañía, el proyecto Viopet. En torno al 30 % de mujeres víctimas de violencia machista tienen animales de compañía y los recursos de atención no admiten dichos animales, lo que contribuye a que un porcentaje muy amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor para no tener que abandonar a su animal de compañía. Bajo el plan que se ha puesto en marcha estos animales son alojados en casas de acogida. Esto facilita que estas mujeres que no quieren dejar a sus animales atrás puedan efectivamente abandonar la vivienda que comparten con el agresor. Además, les informo de que la Dirección General de Derechos de los Animales continúa trabajando en la puesta en común, con todos los colectivos profesionales y sociales, de una ley integral que será presentada en los próximos meses y que servirá para reducir el abandono de animales, para eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato a los animales, así como para dotar a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de instrumentos para avanzar hacia la erradicación del maltrato y el abandono de animales.
En definitiva, señorías, creo que las medidas que he detallado en esta exposición hablan de una gestión de esta crisis que va en la dirección opuesta a la gestión que se hizo tras la crisis de 2008, que provocó un enorme sufrimiento a la mayoría social de nuestra patria y que contribuyó a minar la recuperación económica. Es evidente que habremos cometido errores y los seguiremos cometiendo porque somos humanos, y estaré encantado, lógicamente, de escuchar las críticas que, legítimamente, ustedes tengan que hacer a continuación; pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que el escudo social que hemos construido juntos frente a esta crisis es un hito en la historia de la política social en España y ya un patrimonio de nuestra democracia.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tal y como hemos dicho antes, intervendrán los portavoces de menor a mayor. Por el Grupo Mixto tendría la palabra el señor Botran, pero creo que no está. Por tanto, pasamos al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. En su nombre tiene la palabra el señor Matute.
Señor vicepresidente, en primer lugar, quisiera agradecerle las explicaciones que ha dado, así como las medidas que ha puesto en marcha y el enfoque que las acompaña. Nos parecía necesario, y así lo veníamos señalando en más de una ocasión, que se tuviera un enfoque radicalmente diferente, por no decir antagónico, del que se tuvo en la gestión de la crisis de 2008. Por tanto, nos resulta grato oírle decir que en esta ocasión no se van a seguir los parámetros de actuación que se siguieron para salir de la crisis de 2008, porque -y tiene usted razón- hizo mucho daño a su patria, pero también a las gentes de la mía, ya que estamos dentro de la misma Administración.
Yo quería señalar no solo el enfoque, porque también creo, al igual que usted, que esta pandemia sí entiende de clases, por desgracia, y se ceba más en unas que en otras, pero me parece interesante aterrizar en las medidas concretas que ha planteado. Usted nos ha hablado de una serie de iniciativas antes de llegar a las medidas contempladas dentro del escudo social que me parecen importantes, y quisiera que me aclarase algunas de ellas. Nos parece interesante la iniciativa del plan de choque para las entidades locales, dotado con 600 millones, pero nos gustaría saber si hay posibilidades de desarrollarlo más. Creo recordar que en un acuerdo que mi formación ha suscrito con otras formaciones, incluida la suya, se habla de la posibilidad de que cualquier ayuntamiento que tenga remanentes o superávits, es decir, que tenga una situación financiera saneada, pueda invertir esos 600 millones de euros en aquello que usted ha señalado como destino de gasto, es decir, en lo que tiene que ver con las oficinas de atención local en términos de protección social. A veces se nos olvida -seguramente a usted no y habrá más gente a la que no, pero a muchas gente sí parece que se le olvida- que los ayuntamientos suelen ser la primera ventanilla a la que acude un ciudadano cuando tiene un problema de necesidad urgente. Por tanto, creemos que es importante que se les dote de recursos.
Ha planteado también alguna medida respecto al alumnado que nos parece interesante, y nos gustaría saber, si es posible, qué lectura se hace desde el Gobierno, en este caso en su conjunto, no tanto desde su ministerio, de todos esos alumnos que, a día de hoy y con las medidas que han puesto en marcha -que, como he señalado, ni desmerezco ni denostó-, se han quedado fuera del ritmo educativo ordinario, porque hay mucha gente a la que la brecha digital ha dejado fuera. No creo que sea una excepción esto que voy a señalar, es decir, cualquier profesor o profesora con la que uno tiene la oportunidad de hablar te dice que tiene a una parte significativa de su alumnado desconectado del todo de la evolución de este curso por problemas telemáticos. Por tanto, vamos a tener un problema en septiembre, porque por mucho que uno entienda que, por las circunstancias especiales o anómalas que hemos vivido con esta pandemia, se tenga un rigor diferente al que se tendría en un curso académico normal, no es menos cierto que en septiembre no todos van a arrancar habiendo tenido las mismas oportunidades. En consecuencia, nos gustaría conocer qué tipo de iniciativas se pueden llevar a efecto.
En cualquier caso, como le decía, es importante poner en valor lo que se ha realizado, si lo que se ha realizado tiene sentido y coherencia con lo que es el enfoque, que creemos que lo tiene, no lo digo con ningún atisbo de crítica, porque seguramente así trabajamos más en el campo de la solidaridad que en el de la caridad; es decir, trabajamos más en medidas que equilibren una sociedad absolutamente desigual y desequilibrada, como esta, en lugar de dar leche y aceite para tapar nuestro gen caritativo, nuestra alma caritativa; puestos a regalar leche, las vacas suizas seguro que darían mucho más que la que han donado.
Usted también hablaba de una cuestión que nos preocupa sobremanera, y es cómo sostener el impulso. No creemos que haya sido pequeño, pero tenemos dudas sobre la capacidad que tiene el Estado, si mantiene sus actuales vías recaudatorias, para poder sostener el impulso. Es decir, que todo este esfuerzo enorme que ha puesto el Estado en funcionamiento, y que usted ha detallado con diferentes iniciativas y números, puede tener un efecto meramente balsámico y coyuntural si no se sostiene en el tiempo; y para que se sostenga en el tiempo, no somos tan ingenuos ni ingenuas en Euskal Herria Bildu para saber que se necesitan vías recaudatorias complementarias a las que hay o modificar las que hay. Seguramente, tendríamos que hablar de política fiscal, porque si no queremos tocar los derechos de los y las trabajadoras -y parece evidente que tampoco queremos hacerlo y, por eso, hablamos de derogar aspectos lesivos de la reforma laboral o de derogar la reforma laboral que, en su conjunto, es un aspecto lesivo- tendremos que ver cómo podemos hacer que quien más tiene, más pague. Para que quien más tenga más pague, generalmente, el Estado no tiene que limitarse a pedir su ayuda, sino que tiene que obligarle a que dé lo que tiene que dar, a que no utilice la ingeniería fiscal -que es un término que suena muy bien, pero que esconde realidades bastante turbias- para seguir eludiendo su responsabilidad con el Estado del que forman parte y del que, probablemente, se sienten muy orgullosos, a tenor de las pulseras que, en muchas ocasiones, les adornan.
Pero, como decía, si quiere sostener este impulso, a nosotros nos parece importante que nos detallen -o que se vaya detallando, no digo hoy, no digo usted en concreto, desde el conjunto del Gobierno- cómo conseguimos igualar a la sociedad. Porque hay dos maneras de hacerlo: se les puede igualar por arriba, que es mucho más costoso, lleva cambios más profundos, probablemente lleva confrontación con poderes establecidos, y otra más sencilla, que es igualar por abajo, es coger a quienes menos derechos tienen y rebajar por ahí. En algunos lugares, no necesariamente en este Gobierno, pueden estar planteando cosas parecidas. Si alguien se plantea que los trabajadores esenciales, como ha citado usted,
o parte de esos trabajadores esenciales, por ejemplo, los sanitarios o, por ejemplo, el personal de educación, tengan ahora que apretarse el cinturón y tengan ahora que ver reducido su salario o, incluso, tengan que volver a dejar de percibir salarios extraordinarios para ser solidarios, lo que estamos haciendo es igualando por abajo si a la vez no hacemos una reforma fiscal profunda y progresiva o, como dirían quienes más saben de esto, equidistributiva. Y eso se puede estar planteando o se está planteando ya. De hecho, no se lo pregunto desde lo etéreo; se lo pregunto desde lo concreto. Si eso se está planteando, me gustaría conocer también su opinión.
En definitiva -y usted ha aludido antes al Banco de España y a una información suya-, si el Banco de España dice que en el periodo 2008-2014, que es el de la implosión y el desarrollo inicial de la crisis anterior, el poder adquisitivo de los hogares españoles descendió en un 16 % y lo que se tomaron entonces fueron medidas de igualación por abajo -es decir, retraimiento de derechos, pérdida de poder adquisitivo- para no tener que tocar a las élites, aquí tenemos un problema y podemos volver a repetir ese problema. Me gustaría que no sucediera eso y que se mantenga la coherencia de la que usted hablaba.
Pero, para ir aterrizando en tiempo, usted ha hablado también de medidas concretas para las personas mayores que nos parecen interesantes, y ahí también me gustaría hacer una pregunta. Seguramente, podemos coincidir en que hay quien decidió que, tras el trasunto de la anterior crisis, hacer negocio con el ladrillo era menos beneficioso que hacer dinero con las personas mayores, y entonces decidió generar eso que se llama en el mundo empresarial moderno 'divisiones de negocio' en el ámbito de las residencias. Me gustaría saber qué posición va a tener el Gobierno para con aquellos holdings empresariales que, gestionando residencias, están pidiendo indemnizaciones millonarias al propio Gobierno porque han dicho que han tenido que invertir más en cuidar mejor la salud de las personas. Sobra decir que me parece una barbaridad, pero me gustaría saber si el Gobierno va a ceder a esas pretensiones o, por el contrario, si me permiten la expresión, va a poner pie en pared y va a dejar de permitir que algunos especulen hasta con la vida de nuestros mayores.
Hablaba de los cuidados -también me parece importante- y quisiera conocer qué plan y con qué cronograma -fundamentalmente el cronograma, porque entiendo que pedir un plan ahora es ir demasiado lejos-, qué tiempos tiene el Gobierno, por ejemplo, para recuperar eso que antes de la anterior crisis era considerado como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar para fortificarlo, para hacerlo más fuerte, que era el de los cuidados. Es decir, todo el mundo sabe que un Estado del bienestar sin sanidad y sin educación no se sostiene. Parece que antes de la anterior crisis, o cuando todavía estábamos surfeando el inicio de la anterior crisis, la economía del cuidado debía tener ese carácter de valor fundamental o de pilar fundamental en el Estado del bienestar, y nos gustaría saber en qué tiempos querían hacerlo.
Y ya para finalizar, usted ha hablado de diferentes medidas con el escudo social; yo puedo estar de acuerdo con muchas de ellas. Me gustaría que se pusiera especial atención en la infravivienda, porque es verdad que el hogar ha sido el principal bastión o elemento defensivo de la gente para hacer frente a la pandemia, para hacer frente al COVID-19, pero no es menos cierto que no todos los bastiones eran iguales y que no todos tenían terrazas, que no todos tenían espacios luminosos y que no todos tenían una realidad habitacional siquiera digna y que ahí lo han tenido que soportar y sufrir. Creo que en materia de infravivienda se puede y se debe hacer mucho más.
Ha hablado del empleo, y creo que ya me he referido a ello. El tema del ingreso mínimo vital me parece muy interesante. Le estuvimos escuchando atentamente el otro día y nos parece interesante la reflexión que acompaña al ingreso mínimo vital, pero nos vuelve a surgir nuevamente la duda. No queremos que sea coyuntural, queremos que sea estructural, y para que sea estructural -que seguramente es algo que compartimos- se volverán a necesitar recursos. Y sobre todo queremos que sea estructural no porque sea asistencial ni caritativo, sino porque creemos que es un elemento de dignificación de un Estado que se dice democrático y social de derecho. Este debate no es nuevo, por lo menos en Euskal Herria no es nuevo.
El señor PRESIDENTE: Ya ha superado los diez minutos.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Ya termino.
Nosotros venimos de una experiencia, la Carta de Derechos Sociales de Gogoa, que dio lugar a una renta de garantía de ingresos que no era exactamente eso, pero que era algo o más que nada, y en cualquier caso creemos que por ahí hay terreno que recorrer.
Y termino con una última cuestión. Hablaba de las medidas en torno a los derechos de los animales, que me parecen muy interesantes. Seguramente, para quienes no tenemos un trato directo con los animales, en algunas de esas medidas nos cuesta más aterrizar, pero no por eso exhibimos falta de sensibilidad hacia algo que entendemos que tiene que darse. Pero sería importante que para que todas estas medidas de los derechos de los animales tuvieran pleno efecto no se subvencionaran, por ejemplo, fiestas que tienen en el maltrato animal una de sus principales -si no la principal- característica.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV), Iñigo Barandiaran.
Señor vicepresidente, muchas gracias por su intervención y su comparecencia. Empezaré diciendo que casi casi tengo un hándicap, porque buena parte de lo que hoy nos ha contado lo contó el pasado día en la Comisión de reconstrucción -le escuché; ya participé en ella-, así que simplemente, si no le importa, le haré unos breves comentarios añadidos a los que ya en su momento pude hacer y que espero que le sirvan para mejorar la cuestión.
Usted ha señalado -y estoy de acuerdo en ello- que quizá la principal diferencia entre el abordaje de esta situación de crisis con la crisis económica derivada del año 2008 a 2012 es precisamente implantar -o pretender hacerlo- un escudo social en forma de múltiples manifestaciones de ámbitos de intervención en materias concretas precisamente por los problemas de desamparo que podrían crear, y el abordaje también de medidas en el ámbito laboral y de protección del empleo o del salario, que también se han tratado desde otro punto de vista.
Creo que esa es una cuestión fundamental. Es decir, no es baladí que en un momento dado no se tomaran en cuenta y ahora se tomen en cuenta determinados derechos sociales que han debido ser objeto de protección en todo momento y que no han sido objeto de tratamiento primordial, precisamente porque entiendo que en un momento dado se hizo un tratamiento casi dogmático -entendiendo que debería ser casi exclusivamente tratado desde el punto de vista económico- de aquella crisis que se produjo con anterioridad, frente a esta, que efectivamente ha necesitado también, con otros caracteres, otro tipo de soluciones, pero sobre la que -y permítame una ligera crítica- también es necesario hacer una pequeña reflexión.
De la misma manera que aquella crisis creemos que fue abordada de una mala manera o con un mal tratamiento, precisamente porque se hizo solo desde determinada posición o perspectiva, tanto política como ideológica y seguramente también desde el punto vista de los recursos, en este momento tampoco es excesivamente adecuado pretender proyectarla solo desde un punto de vista ideológico o desde el tratamiento de un determinado ámbito político solamente. Es bueno -sería bueno- que, a diferencia de otras situaciones, se ampliara el abanico del acuerdo que debe existir en este elemento que es estructural y además estructurante de la situación social, de las medidas que se derivan de ese escudo, y sería bueno -estando de acuerdo con las que se han comentado- que tuvieran además un amplio espectro de apoyo parlamentario y, por tanto, en el ámbito político. Eso, en primer lugar.
Segundo, hace unos días se lo comenté y me dio una respuesta que no me gustó demasiado y era que muchas de las medidas que se han proyectado en el ámbito del escudo social y que se proyectan también ahora en materias concretas hacen referencia a aquellas que son competencia de comunidades autónomas y a las que efectivamente hacía mención el señor Matute, y en algunas de las que han venido para quedarse con carácter permanente y que son de carácter estructural deben de ser tenidos en cuenta otros ámbitos competenciales, no solo para proponerlas, sino para que a futuro, cuando se queden, se haga atendiendo a esa distribución competencial que actualmente existe.
Usted me decía: hombre, los del PNV no os podéis quejar teniendo precisamente la cuestión del ingreso mínimo vital. Pues bien, creo que se equivocó en aquella respuesta, señor Iglesias. No es baladí, por el contrario, creo que es una anomalía que cuarenta años después de la existencia de un estatuto se entienda como un favor, casi como un trofeo, el que se pueda completar el ordenamiento jurídico de una forma adecuada, y mucho menos que se entienda como el trofeo de un partido, como si fuera solo un partido el que debiera de acudir a completar el ordenamiento de esa manera. No es algo sano; entiéndame que crea que se deba de completar no como un favor, sino como una cuestión de mera justicia.
Para terminar, y con respecto a las medidas que ha comentado, estamos de acuerdo con ellas, si bien seguramente haya cuestiones en las que tendremos matices que limar y en las que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero sí hay una cuestión que me gustaría comentar respecto de esas medidas.
Usted ha hecho referencia a dos proyectos legislativos; el segundo, en el ámbito animal, pero en cuanto al primero, el que se supone que va a aprobar el martes en el Consejo de Ministros, estamos, como usted sabe, en un ámbito de colaboración permanente con el Gobierno y, sin embargo, no tenemos conocimiento de los textos legales ni de los proyectos. No es lógico, no es sano, no es adecuado que se pretenda aprobar ningún proyecto legislativo en Consejo de Ministros sin tener en cuenta la opinión, sin contar con la colaboración y con las aportaciones que en su momento podamos hacer quienes participamos en el apoyo al Gobierno tanto en el momento en que empezó como a lo largo de esta legislatura. Me gustaría que lo tuviera muy en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes y gracias por su intervención y sus explicaciones.
Comenzaré agradeciéndole la mención específica a la comunidad gitana que ha realizado, que en algunas ocasiones parece que brilla por su ausencia. Sí me parece importante que se incluya dentro de los grupos que son vulnerables y cómo le ha afectado el COVID, como ya hemos hablado en la propia Comisión de Reconstrucción hoy. A este respecto, quiero comentarle algunos retos pendientes que me parecen importantes. Hoy estamos haciendo un enfoque que no es el propio de una comisión de reconstrucción, sino que tiene una mirada un poquito más amplia y creo que sería importante incidir en este tema. También se ha hablado de cuestiones educativas y de inclusión educativa. Sé que hay veces que hay que entrelazar determinadas materias, por ejemplo, la propia reforma a la que nos podemos enfrentar ahora de la ley de educación. Y a este respecto hay determinadas circunstancias -que creo que usted ya conoce- que afectan de una manera específica a determinados grupos de población, y en este caso al pueblo gitano. Que el 64 % del alumnado gitano tenga una tasa de fracaso escolar no es algo que pase entre los niños y las niñas de otros grupos. Creo que deberíamos aprovechar esta gran oportunidad en la que hablamos del derecho fundamental a la educación desde un punto de vista inclusivo y apostar por un plan de choque -que es lo que desde mi grupo parlamentario estamos defendiendo- contra el fracaso escolar, porque hay desigualdades estructurales que me parece que ya es el momento de superar.
Por otro lado, cuando se ha hablado de la situación del COVID y de la crisis, queremos alzar un poco la voz y en el ámbito del empleo inclusivo hablar también de la situación de los vendedores ambulantes. Lo estuvimos viendo el otro día en la Comisión porque nos han hecho saber desde distintas ciudades que determinadas ayudas no les han llegado a los vendedores ambulantes y ahora hay una gran preocupación porque son muchas las familias que dependen de este sector económico que no saben cómo se van a enfrentar ahora al futuro. O sea, que hay que establecer protocolos, hay que garantizar la seguridad y hay que hacer que este sector económico y social sea viable. Lo que no podemos es ir aplazando, ir dejando imprecisiones y esperar a que se resuelvan. Sé que es competencia municipal, pero creo que deberíamos detenernos en cómo coordinamos realmente este sistema para que los vendedores ambulantes puedan ejercer su actividad.
Junto a ello, se ha hablado igualmente de vivienda, y me parece importante destacar, con respecto a la comunidad gitana, la infravivienda y el chabolismo que a veces nos ha gustado mirar de perfil, pero que con la pandemia del COVID hemos tenido que mirar de frente. Me parece clara -lo he comentado en el ámbito de vivienda- la necesidad de esa ley estatal de vivienda que contemple un abordaje de la infravivienda y el chabolismo, porque en un país desarrollado como el nuestro los índices de chabolismo e infravivienda que tenemos, mínimos, pero los tenemos, me parece que nos hacen peores como sociedad. Sería importante tener la mirada puesta en una ley de vivienda que supusiera disponer de un parque público de vivienda y abordar la infravivienda y el chabolismo. Serían cuestiones relevantes.
Unido a ello -ya se lo comenté en la Comisión de reconstrucción- está la importancia del papel del tercer sector, un tercer sector clave para la ejecución de los proyectos sociales que están dentro del trabajo de las propias políticas públicas y que son de interés social. Yo sé que el sector en general ha tenido más financiación, pero sé que han previsto una reducción. Me refiero al tramo estatal del IRPF para las entidades estatales, que se ha reducido del 20 % al 14 %. La previsión era del 20 % y ellos han recibido el 14 %. Junto a estas cuestiones de si ha habido reducción o no y cuál sería el enfoque adecuado, creo que el sector merece tener esa mirada amplia hacia su sostenibilidad, y aquí le elevaría una propuesta. Dado que son un sector fundamental -aquí nadie duda de la importancia de contar don este tipo de
aliados en todas las acciones que emprendamos de intervención con grupos vulnerables, bien sean discapacitados, gitanos, migrantes, personas sin hogar, todos los colectivos-, un punto esencial del desarrollo de la Agenda 2030, creo que deberíamos avanzar hacia un marco más estable de sostenibilidad, porque también hay veces que en esta materia estamos viendo cómo dependen de subvenciones finalistas, del porcentaje de IRPF, de que exista el impuesto de sociedades. Pero imagínense que luego no exista... ¿Por qué no avanzar hacia un nuevo modelo de financiación del tercer sector que sea más estable, basado en la concertación social y con una dotación estructural e independiente de las propias contingencias políticas, de tal forma que pensemos en garantizar la sostenibilidad de estas actividades? Por eso me gustaría saber cuál es su opinión respecto a ese nuevo modelo en el que podríamos empezar a trabajar para generar más sostenibilidad del sector.
Por otro lado, la Ley del Tercer Sector. Tenemos una Ley del Tercer Sector del año 2015. Mi opinión es que ha servido de poco y no está ejecutada, con lo cual, me gustaría conocer su opinión al respecto. Hemos hablado del ingreso mínimo vital, de la importancia de que nadie se quede atrás y que las personas que están en situación de pobreza tengan un sustento para poder paralelamente salir de la situación de pobreza. Me gustaría saber qué papel se plantea en el trabajo de los propios itinerarios con el tercer sector. Siempre he pensado, por propia trayectoria de trabajo, que la salida de la pobreza estructural la va a dar que de manera paralela trabajemos muy bien los itinerarios de inserción social e inserción laboral. Si no, generaremos masas estructurales de las que la gente no va a salir. Me parece muy importante, dentro del ingreso mínimo vital, dar coherencia, dar coordinación a esos itinerarios y saber cuál es la opinión respecto a la participación del propio sector, porque también soy consciente de que determinados grupos de población no van a ir a servicios generalizados y formalizados; van mucho a servicios que están especializados en cuál es la situación de las personas sin hogar, cuál es la situación de las minorías, cuál es la situación de los migrantes, y esos sectores los ocupan distintas entidades del sector.
Por otro lado, en el ámbito del sistema de los propios servicios sociales, me parece que la crisis ha dejado clara la necesidad crucial de disponer de unos servicios sociales fuertes, de un buen servicio de cuidados. Agradezco el trabajo que han realizado todos los profesionales implicados en la materia. Hacia donde deberíamos mirar es a que es necesario que los recursos y servicios se presten no de una manera fragmentada, sino que haya una coordinación entre las distintas administraciones. Actualmente, incluso entre administraciones del mismo ámbito territorial, existe descoordinación. Deberíamos mirar hacia esa ley estatal de servicios sociales que nos ayudaría mucho como paraguas marco para mejorar la prestación de estos servicios.
En el ámbito de vivienda, ya le he hablado de esa problemática: 40 000 personas sin hogar; más de 1,5 millones de personas en infravivienda -teniendo en cuenta que una de cada tres personas que viven en infravivienda son mayores de 65 años-, y los problemas de habitabilidad y salubridad. En estos momentos de desescalada lo que me planteo es: ¿tenemos previsto que puede haber rebrotes y que tenemos que disponer de una garantía habitacional para aquellas personas que viven en situación de exclusión residencial? Tenemos que tener esa mirada y, por otro lado, la mirada de esa ley general de vivienda que establezca un marco efectivo en todo el territorio para avanzar hacia esa vivienda digna, tal y como le he dicho anteriormente. Si nos vamos a poner en marcha con esa ley, me gustaría conocer si hay calendario de trabajo.
Las personas con discapacidad es otro de los grupos de población que nos ocupa. Tenemos que ser conscientes de que son un 9 % de la población española. Tenemos claro que se han visto ante situaciones de desventaja en la crisis igualmente. Me han llegado incluso posibilidades de tratos discriminatorios. La discriminación directa o indirecta en el acceso a los servicios afecta no solo a discapacitados, sino a otros grupos de población. El marco de la discriminación lo dejo para la Comisión adecuada, que es la de Igualdad y la vamos a celebrar próximamente, pero sí me gustaría conocer si se han abordado de una manera adecuada las necesidades sanitarias en el ámbito de la discapacidad durante esta situación de crisis, si tenemos constancia de situaciones de trato discriminatorio.
El señor PRESIDENTE: Lleva diez minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Agradezco, además, que en su intervención -porque era una de las cuestiones que traía- se avance en esa ley, esa modificación de la esterilización forzosa que presentó Ciudadanos. Sé que se ha apoyado y, dada la unanimidad y el apoyo que hay, deberíamos impulsarla lo antes posible.
Para terminar, únicamente aludiré al fracaso que creo que hemos tenido en la atención a nuestros mayores y al porcentaje de fallecidos que ha habido. Es muy importante que avancemos hacia una reorientación de los servicios de atención a nuestros mayores, si pensamos en medicalizar las residencias, si pensamos en tener una orientación del servicio más centrada en la atención a la persona en su propio entorno y que no esté todo tan institucionalizado. Serían preguntas para avanzar en el trabajo sobre los mayores.
Como ya me he pasado del tiempo, dejo alguna cuestión relacionada con la infancia para el siguiente turno.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Plural, Genís Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, usted empezaba diciendo que el Gobierno ha cumplido. Yo creo que han hecho mucho y se lo reconozco. En la Comisión de Trabajo anterior le manifesté también a la ministra de Trabajo que no me gustaría estar en su piel. Es evidente que esta es una situación sobrevenida para cualquier Gobierno y, por tanto, tenemos que partir de esta premisa a la hora de afrontar toda esta situación, pero esto no quita para que no seamos exigentes. Por tanto, no creo que haya que vender que se ha hecho mucho, que se ha hecho perfecto y se ha cumplido. Considero que hay algunas cuestiones que sí merecen que las pongamos sobre la mesa, con luz y taquígrafos, en esta comparecencia; una comparecencia que, permítame que se lo diga, me ha parecido un totum revolutum de varias cuestiones. El ámbito de esta Comisión es el ámbito de los derechos sociales y las políticas de discapacidad, y aquí han salido hasta los ERTE. Por tanto, si es un totum revolutum, yo también me permito entrar en estas materias.
En relación con los ERTE, hemos denunciado varias veces que todavía hay gente que no ha cobrado, todavía hay prestaciones que se aprueban con un periodo que va del 14 de marzo al 10 de junio, y si se aprueban con este plazo, quiere decir que no ha habido pagos anteriores por parte del SEPE de estas prestaciones. O incluso aparecen en los medios de comunicación prestaciones que cobra gente cuando no se ha aprobado el ERTE por parte de la empresa y, por tanto, hay un nivel de incidencias que ahora aflora y se van a producir prestaciones reconocidas que no se tenían que haber reconocido. Habrá tiempo para analizar todo esto, pero es imposible negar que todo esto ha existido.
En este totum revolutum usted nos habla también del ingreso mínimo vital -y nos alegramos de la medida-, pero no sé si sabe que justo hoy nos han adelantado que el lunes a las cuarto de la tarde comparecerá el ministro Escrivá para explicarnos el ingreso mínimo vital. Por tanto, uno se plantea qué coordinación hay en este Gobierno cuando usted ahora nos dice todo este paquete de medidas y nos convocan ahora para el lunes a las cuatro en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para hablar de esta medida.
Una cuestión que sí que nos interesa -si esto va de totum revolutum- es qué calendario prevén ustedes como Gobierno de transferencia a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de la financiación para activar todas las medidas de reactivación derivadas del COVID, especialmente, como se ha dicho anteriormente, las de liberar los remanentes de tesorería en los ayuntamientos. Usted antes hacía referencia a los servicios sociales, pero para que los servicios sociales puedan funcionar correctamente los ayuntamientos necesitan disponer de este dinero.
Entrando en el ámbito de la discapacidad propio de la Comisión, ha apuntado usted el Plan Mecuida y la figura de las reducciones de jornada. Nosotros planteamos en su momento una proposición no de ley para hacer una prestación ya no tanto en el ámbito de la discapacidad, sino en el ámbito general. A la gente se le ha impuesto el teletrabajo con los niños en casa, tienen que hacer de profesor con los deberes que llegan de la escuela y hay veces que la gente no puede hacer teletrabajo y ocuparse de los suyos, y menos todavía de las personas con discapacidad. Una prestación para cubrir este cuidado de los hijos o, especialmente, este cuidado de las personas con discapacidad no ha aparecido todavía en todo el paquete de medidas que se han aprobado. Por tanto, creemos que sería bueno que el Gobierno se lo planteara seriamente y me gustaría saber si tiene algún planteamiento a ofrecer en esta cuestión.
En el ámbito de la discapacidad también -yo mismo se lo comenté- tenemos que hablar de las dificultades que padecían los centros especiales de trabajo con el aumento del salario mínimo. Las ayudas y subvenciones que tienen los centros especiales de trabajo con el aumento del salario mínimo no han aumentado. Ahora se añade un agravio más, necesario: todas las medidas, los EPI, la contratación de
personal, la desinfección de espacios; todo esto suma más costes a unos centros especiales de trabajo que van orientados a dar la posibilidad a personas con discapacidad de poder trabajar y no a ser una empresa perfectamente rentable. Por tanto, si se suman costes y costes a esta situación, va a ser imposible conseguir aquello que hemos defendido siempre, que la mejor medida para facilitar la dignidad a las personas es que tengan una ocupación, que tengan trabajo y no un subsidio.
Hay un par de cuestiones que sí que quería plantearle. En este ámbito de la discapacidad usted apuntaba que se van a hacer las reformas pendientes solicitadas por Naciones Unidas en materia de derecho civil, tutela, etcétera. Bienvenidas sean, pero ¿en serio, van a ir a golpe de real decreto-ley? Llevan ustedes ya veinte reales decretos-leyes -comprensible por la presencia del coronavirus-, pero todas estas medidas, como la medida relativa a la nueva ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, que usted apuntaba, ¿de verdad va a ir todo por real decreto-ley? Tiene una ventaja, es cierto, es de aplicación inmediata, pero ningunea de una forma flagrante a los otros grupos parlamentarios a la hora de construir de inicio estas iniciativas.
Finalmente, también tengo que apuntarle una cuestión muy demandada por parte de la Taula del Tercer Sector en Cataluña en el ámbito de las entidades sociales. Como conocerá usted, y si no se lo comento, se ha producido un aumento del 7 % en la recaptación del IRPF con respecto al año anterior. Esto supone alrededor de 283 millones de euros más. No obstante, en Cataluña las entidades del tercer sector van a recibir la misma cantidad que tenían asignada en los últimos cuatro años. ¿Se prevé algún incremento, algún cambio de criterio? ¿Es razonable que, aunque haya un aumento de recaptación en la casilla de la declaración de la renta para fines sociales, en cuatro años se cobre el mismo importe, aunque el Estado reciba 283 millones de euros más? Le planteo estas preguntas, que agradeceré que me pueda ir contestando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, por su premura en el tiempo.
Por parte del Grupo Parlamentario Republicano tiene ahora la palabra su portavoz, Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president.
Quisiera empezar mi intervención mostrando todo el apoyo y solidaridad de nuestro grupo con las personas que desgraciadamente han perdido a sus seres queridos en los últimos meses a causa de la COVID-19. Por otra parte, también agradecerte mucho, vicepresidente, todas tus explicaciones en esta Comisión.
Los últimos días hemos visto que el anuncio del ingreso mínimo vital protagonizaba gran parte de los debates de esta Cámara. Nos congratulamos de ello, puesto que, como sabe, compartimos con usted los objetivos que dice perseguir con dicha medida, que hará frente a las desigualdades y las altas tasas de pobreza que hay en el conjunto del Estado. Creemos que la posibilidad de tener una renta estatal de suelo social permite incrementar todas las herramientas de inclusión social, erradicación de la pobreza y promoción de los derechos de la ciudadanía. De hecho, como conoce, desde la Generalitat de Catalunya, pese a los déficits históricos de financiación a los que nos vamos a referir a continuación, hace tiempo que se trabaja en la renda garantida de ciutadania. Creemos en la compatibilidad y complementariedad de la renda garantida de ciutadania con el ingreso mínimo vital. Así que, compartiendo el qué, permítame unas observaciones sobre el cuánto y el cómo. Porque, señor vicepresidente, hay que hablar de números también.
La semana pasada usted nos presentó el ingreso mínimo vital, exponiendo que tendría una cuantía de 462 euros al mes para cada persona adulta que viviera sola. Con eso no basta. ¿Cree usted que alguien puede cubrir sus necesidades básicas, puede vivir, puede salir de la pobreza con estos ingresos? No estamos despreciando su trabajo, justo al contrario, pero sabe tan bien como nosotros que el ingreso mínimo vital anunciado no alcanza para cubrir todas estas necesidades. Y, al margen de las cantidades, señor Iglesias, también queda por ver cómo se va a gestionar esta prestación, porque usted sabe que se trata de una competencia que es autonómica y no es de recibo que en algún momento se quiera delimitar esta competencia. Durante la sesión plenaria celebrada ayer, su compañero de grupo parlamentario, el señor Asens, recordó en la Cámara que había que profundizar en la descentralización porque era garantía de una buena gestión. Esperamos que haga suyas sus palabras; a nosotros, independentistas, es evidente que no nos basta solo esto.
En segundo lugar, queríamos referirnos también a los servicios sociales. En su primera intervención en esta Comisión, cuando vino a presentarnos las líneas básicas de su ministerio, se refirió repetidamente
a la importancia de los servicios sociales y destacó que era como la cuarta pata del Estado del bienestar. Pues bien, ahora creemos que es hora de pasar de las palabras a los hechos, porque, como bien sabe, la situación exige respuestas urgentes por parte de los poderes públicos. Hay que ofrecer apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis de la COVID-19 y debemos combatir el aislamiento no voluntario, las secuelas psicológicas de la pandemia y los duelos por las personas. No pueden dar la espalda a los nuevos retos en la educación de los niños y niñas, a una necesidad de conciliación más dificultosa que nunca ni a la creciente lacra de la violencia machista, que sé que la tienen más que presente. Para poder reforzar este cuarto pilar del Estado del bienestar es necesario no solo disponer de la financiación justa y necesaria, sino reforzar también las profesiones sociales, considerarlas, más allá de durante el estado de alarma, profesiones esenciales. Hemos aplaudido todos y todas cada tarde a las 8, puntualmente, a las profesionales sanitarias, que han hecho un esfuerzo titánico, esto es indudable, pero sería también importante acordarnos de las profesionales sociales, que, al lado de las sanitarias, han asegurado la autonomía de las personas que han atendido. Desde la Generalitat de Catalunya se está trabajando en todos estos retos, pero le corresponde también a su departamento hacer posible la ejecución de las soluciones con la financiación adecuada, justa y necesaria que comentaba. Le quería preguntar si tienen algunas medidas para concretar estos puntos de los servicios sociales.
Y, en tercer lugar, debemos seguir hablando de financiación de las comunidades autónomas, más concretamente de la financiación de la Ley de Dependencia, que ya lo hablamos en la última Comisión. Esto no es un asunto nuevo desgraciadamente, hace años que arrastramos este problema, pero, como bien conoce, los sectores más vulnerables son los que más sufren la falta de inversión pública, y uno de los ejemplos más claros, que se ha puesto más de relieve que nunca en los últimos tiempos, es la gestión de las residencias de atención a las personas mayores. Este sistema de la Ley de Dependencia, como bien conocemos todos, fue concebido para una asunción por mitades de financiación: 50 % por parte del Estado y 50 % por parte de la Generalitat y, no obstante, a día de hoy es tal el desequilibrio que no llega al 15 % la aportación total del Estado. Como se puede imaginar, esto es insuficiente y va cargando cada vez más a las comunidades autónomas. Por el contrario, el presupuesto de la Generalitat destinado a esta partida se ha incrementado en 542 millones, alcanzando una cifra que nunca se había alcanzado, 3448 millones. Como ve, desde el resto de administraciones se intenta paliar este flagrante incumplimiento, pero resulta imposible compensarlo y esto repercute en el servicio y, por tanto, también en las personas usuarias. Yo le quería preguntar hasta cuándo lo van a permitir, cuándo se va a poder revertir esta situación que está costando tanto compensar. ¿No ha quedado suficientemente claro durante esta crisis sanitaria y social que los servicios de atención y cuidado son servicios esenciales y hay que priorizarlos? Pasen a la acción, confiamos en que lo podrán hacer, en su voluntad y capacidad de lograrlo.
Otro elemento claramente relacionado con la capacidad de la atención a las personas más vulnerables por parte de las entidades sociales y del tercer sector: es necesario cumplir con el traspaso efectivo del 0,7 % del IRPF, como comentaba alguno de mis compañeros, porque es de justicia y porque revertirá directamente en una mejor atención a quien más lo necesita ahora mismo. Las personas en situación de vulnerabilidad social y las entidades que trabajan a favor de la cohesión social no deben pagar los incumplimientos del Estado una y otra vez, y seguro que usted estará de acuerdo con ello. No entendemos cómo Cataluña queda fuera cuando es una de las comunidades autónomas que más recauda.
También le quería comentar, y usted lo sabe -lo ha comentado también con una breve pincelada-, que debido a la crisis vivida durante estos meses otro colectivo que se ha visto muy afectado y con sus derechos recortados es la infancia. Han pasado mucho tiempo encerrados en casa -algunos lo han vivido mejor y otros peor, dependiendo de las circunstancias de cada núcleo familiar- y está claro que ahora hay un trabajo por hacer, ya que esto en los niños y las niñas ha supuesto una afectación emocional y psicológica muy importante. Por eso, el trabajo en todas aquellas actividades socioeducativas y lúdicas con la infancia, la adolescencia y juventud, que es siempre muy importante por todo lo que conlleva a nivel de valores, de desarrollo personal, de experiencias vitales, se convierte este verano en imprescindible. Nuestro grupo, el Grupo Republicano, presentó una enmienda donde pedíamos que se hicieran efectivos unos fondos para las comunidades autónomas para poder financiar este tipo de actividades complementarias de verano. Le quería preguntar si lo ve viable y si podría ser efectivo.
Me queda algún tema más que lo voy a dejar para la réplica. No quiero más que agradecerle que me pueda contestar a todas estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Pilar Garrido.
Bienvenido, vicepresidente, otra vez a esta Comisión. Empezaba diciendo usted que vivimos tiempos difíciles. Es verdad, estamos viviendo quizá la crisis más fuerte de la que tenemos memoria en la historia reciente. No es solo una crisis sanitaria, una pandemia, sino que ya vemos que va a ser una crisis económica y social que va a impactar duramente sobre las mayorías sociales. El otro día, en mi ciudad, en Donostia, hablaba con una amiga, que tiene poco más de treinta años, y me comentaba que siendo tan joven ya había vivido dos grandes crisis. También recordaba cómo salimos de esa crisis de 2008: ella acababa de terminar la carrera y la crisis truncó su ilusión de entrar en el mercado laboral; también me preguntaba por cómo vamos a salir ahora, con cierta esperanza, viendo que había un cambio de rumbo. Yo pienso que sí, que hay un cambio de rumbo, pero creo que es oportuno también recordar cómo se hicieron las cosas en 2008 y cómo se están haciendo ahora, para que todos y todas saquemos algunas conclusiones; que tomemos algunas notas y quizá no hablaríamos tan a la ligera.
Creo que de 2008 se puede sacar una conclusión, y es que se salió protegiendo a las élites económicas, a la banca y a sus intereses; en esta, se está viendo que se está construyendo, medida a medida, un escudo social para sostener a las mayorías sociales. El cambio es de 180 grados. La crisis de 2008 fue distinta, sí, es verdad, era una crisis inmobiliaria, una crisis financiera y no la provocó un virus, pero es peor, la provocó -se veía de manera muy clara- la mano humana. En ese sentido, lo que se hizo es que la insensatez y la avaricia de un capitalismo salvaje creó una triple alianza, diría, entre el capital financiero, el negocio inmobiliario y las élites políticas que nos llevaron a la ruina, que llevaron a este país a la quiebra. Algunos diputados y diputadas de algunos partidos políticos deberían tener memoria cuando ponen encima de la mesa algunos argumentos tan duros y, diría yo, cínicos. El Partido Popular tuvo mucho que ver con esa crisis. Fueron sus políticas liberalizadoras, esa Ley del Suelo del señor Aznar que decía que todo el suelo era urbanizable, que había que construir y construir vivienda y que había que vender y vender vivienda a cualquier precio, a precios abusivos. Eso supuso el sobreendeudamiento de muchas familias, mientras el Banco de España miraba de perfil y permitía que las familias firmaran hipotecas basura. Eso llevó, como sabemos, a una situación muy, muy grave, a una situación realmente de desahucios, de deudas perpetuas, de paro, donde el Partido Popular -se puede decir así- fue un cooperador necesario; es decir, no fue un virus, no fue una catástrofe natural, sino que fueron las políticas que se pusieron encima de la mesa. Pero, no contentos con esto, remataron la faena con una salida de la crisis en clave, como sabemos, de austeridad y de recortes. Pero no acaba ahí. Una vez que el negocio de la construcción y que las corruptelas urbanísticas tampoco daban para más, pasaron a hacer negocio con los servicios esenciales para la vida: con la sanidad, con las residencias de nuestros mayores, privatizando esos servicios esenciales, esos servicios públicos y remercantilizando los cuidados.
La Comunidad de Madrid es un fiel reflejo de esto que estoy contando. Madrid ha sido una capital que en este último siglo ha tenido un desarrollo económico muy potente y produce cierta tristeza y cierto malestar que ese poderío económico de Madrid no haya servido para crear bienestar para la ciudadanía, para los madrileños y las madrileñas. (Rumores). Al revés, al revés. (Rumores). Desde hace muchos años -sigo- sus instituciones están carcomidas por la corrupción. Podría hacer ahora mismo la lista de presidentes autonómicos y creo que dejan mucho que desear: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, y si hablamos de Isabel Díaz Ayuso, pues aspirante a 'trumpista'. (Rumores). La realidad es esa, la realidad está ahí. Madrid está a la cola en inversión por alumno en educación. Madrid está a la cola en inversión por habitante en sanidad. Es decir, han dejado unos servicios sociales raquíticos, un Estado del bienestar en los huesos, y eso es lo que se ha encontrado el coronavirus. Podríamos hablar de las residencias de mayores, podríamos hablar de ese espectáculo tan bochornoso. El coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales, un modelo insostenible, de remercantilización de los cuidados, un modelo que quiere hacer negocio de todo y con todo. Los años de recortes y privatizaciones han dejado que el 75 % de las residencias de mayores estén en fondos de inversión, en fondos buitre. Se ha impuesto la lógica neoliberal de sacar negocio, de acumular ganancias, sobre un modelo que garantice el cuidado nuestros mayores. Además, son fondos no especializados que igual cuidan de nuestros mayores que comercializan con hamburguesas. Eso es así. El modelo de bienestar y de servicios sociales en Madrid es raquítico y eso es lo que se ha encontrado el coronavirus. Como decía hace poco el geógrafo David Harvey, esta pandemia exhibe las características de una crisis
de clase, de género y de raza -no lo voy a explicar porque ya lo sabemos-. Pero también decía algo más, decía que el impacto de esta crisis en la ciudadanía depende directamente y está relacionada con las vulnerabilidades de nuestro sistema. Madrid es un ejemplo de ello, de cómo realmente no se deben hacer las cosas. Es un agujero negro.
Eso es lo que se ha hecho, y ahora -se trataba de comparar- ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Pues se ha visto claramente desde el minuto cero que el Gobierno y la Vicepresidencia se han posicionado al lado de la gente, al lado de la ciudadanía. Han ido construyendo medida a medida un escudo social para sostener a esas familias que peor lo estaba pasando. En ese sentido, podría hacer una enumeración de diferentes medidas. Por ejemplo, algo tan importante y tan esencial como la prohibición de los desahucios. Es la primera vez que el Estado español respeta las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una gran medida. También se han prohibido los despidos y se han aprobado los ERTE, así como ayudas a los autónomos, a las pequeñas empresas y a las empleadas de hogar. Y lo último, el ingreso mínimo vital. No solo se trata de recuperar derechos, sino de aprobar otros nuevos y este, seguramente, es un instrumento muy eficaz para luchar contra la pobreza extrema.
Quiero tener la mirada un poquito más larga y hacer alusión no solo a las urgencias, sino también a las cosas que creo que habría que seguir haciendo. Hay que pensar en el medio plazo y ver cómo sacamos los cuidados de ese mercado que tanto le gusta a los señores del PP, cómo articulamos sinergias entre la Administración pública, el tercer sector y la comunidad para ofrecer un modelo distinto de protección social. Se ha constatado durante esta crisis la necesidad de cambiar de modelo, de repensar el modelo de residencias de mayores, por ejemplo, pero no solo porque no hay recursos, porque hay una infrafinanciación o porque no tienen recursos ni económicos ni personales para hacer frente al cuidado de las personas mayores, sino porque es un modelo que realmente hay que repensar de arriba abajo para dirigirnos hacia un modelo de atención a la persona, hacia un modelo con un enfoque comunitario que sea lo más parecido a un hogar y no a una factoría de atención despersonalizada. También hay que mirar con mirada larga el tema del acceso a la vivienda. Es una asignatura pendiente, lo decía el vicepresidente. El artículo 47 de la Constitución recoge un derecho que realmente nadie ha sido capaz de hacerlo realidad. Además, tenemos que trabajar para entender que la vivienda no es un activo, un bien con el que se pueda especular, sino un bien de primera necesidad. Quiero recordar aquí un artículo de la Constitución que se cita poco, el 33.2, que habla de la función social de la propiedad. Señores, señoras, no toda la propiedad está protegida en la Constitución, sino solo aquella que cumple una función social, así que ojalá pronto tengamos esa ley de vivienda que haga realidad ese acceso a la vivienda.
Acabo. Por no hablar solo de cuestiones que quizá no gusten, quería hablar también de cosas buenas. Me gustaría recordar aquí las redes de apoyo mutuo que se han creado en muchos barrios. En el mío, el barrio de Gros de Donosti, se ha creado una gran red intergeneracional donde las jóvenes ayudan y colaboran en muchas cuestiones, en pequeños trabajos, para que los mayores se sientan más acompañados. Eso quiere decir que tenemos una sociedad solidaria y una comunidad muy viva. Aprovechemos que tenemos esa sociedad y esa comunidad y, cuando pensemos en un nuevo modelo de protección social, tengamos en cuenta que el enfoque comunitario está ahí.
El señor PRESIDENTE: Lleva ya diez minutos.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, acabo.
Cuando hablemos de vivienda, hablemos de cohousing o, cuando hablemos de cuidar a nuestros mayores, pensemos en redes comunitarias de apoyo que hemos visto que pueden funcionar.
Termino simplemente agradeciendo al vicepresidente que nos haya comunicado que la ley de protección integral de los niños y de las niñas, de la infancia, va estar en el próximo Consejo de Ministros. Es también algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que tener niños y niñas protegidas, niños y niñas con igualdad de oportunidades, y niños y niñas felices. Me alegro mucho de que esa medida salga adelante.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias.
Señor Iglesias, le agradecemos su comparecencia hoy aquí, pero entenderá que no estemos muy contentos después de los últimos improperios que nos ha dedicado desde la tribuna del Congreso:
inmundicia, parásitos, que tenemos que desaparecer... En fin, le recuerdo que también los miembros de VOX tenemos derecho a ser tratados con dignidad.
Ahora vamos a lo que venimos hoy a esta Comisión, que es a hablar de su gestión al frente del Ministerio de Derechos Sociales. Es evidente que usted y nosotros no tenemos concepciones iguales, más bien tenemos concepciones totalmente distintas, sobre lo que significan esos derechos sociales. No tenemos tiempo de enzarzarnos aquí a debatir sobre ello y nos vamos a limitar a comprobar algo sobre lo que en teoría usted y yo deberíamos estar de acuerdo: la vigencia de unos derechos individuales y sociales que están proclamados en nuestra Constitución. Le voy a poner dos ejemplos. El primero es el artículo 15, que proclama el derecho a la vida, y el segundo es el artículo 43, que consagra el derecho a la protección de la salud. Usted es el vicepresidente del Gobierno y, por tanto, la persona encargada a día de hoy de garantizar estos derechos. ¿Recuerda que se emocionó cuando alcanzó el cargo que ocupa en la actualidad? Yo le quiero recordar que ya no está usted dando mítines en las barricadas ni en las herriko tabernas y, por tanto, no está en posición de esgrimir la utopía para atizarle a la casta, porque ahora, señor Iglesias, la casta es usted. Ahora el ministro de Derechos Sociales es usted y a usted es a quien hay que pedirle cuentas de su gestión. Así que, como diputada que soy, le pregunto a usted, como ministro que es, por el cuidado y la atención que los poderes públicos han prestado a miles de ciudadanos para los cuales las residencias se han convertido en una cárcel y en una tumba colectiva. Se lo preguntamos no por importunarle, como usted comprenderá, sino porque eso es competencia suya y también nuestra, de todos los diputados y de los miembros de esta Comisión de Derechos Sociales que estamos aquí hoy. Lo de las residencias es un escándalo, un verdadero escándalo. En una comparecencia en Pleno celebrada el pasado 29 de abril usted eludió su responsabilidad en este asunto argumentando que los propietarios de las principales residencias de ancianos en España son fondos buitres de inversión, multimillonarios sin escrúpulos y algún empresario corrupto. Incluso tuvo la desvergüenza de decir que los de VOX -¡cómo no!- somos los que defendemos los intereses de estos malvados. Pero usted, como ministro, supongo que tendrá acceso especial a todos esos datos y, si es verdad lo que dice, ya está tardando en actuar en vía administrativa y judicial, porque estaría usted prevaricando si no lo hace. Por lo tanto, le agradeceríamos que se deje de calumniar y culpar a bulto a la propiedad privada o a las empresas y haga un poco de examen de conciencia de cuáles han sido los frutos de su gestión.
No nos venga con trampas, no me haga trampas con ese esquema simplista que suelen utilizar ustedes, los de la ultraizquierda, según el cual lo público siempre es bueno y lo privado siempre es malo. Solo le voy a poner un ejemplo, y es que ahora mismo uno de los pocos servicios que están asegurados en España es el de alimentación, el suministro de servicios de primera necesidad, y está al cien por cien en manos privadas, a diferencia de lo que ocurre en Cuba y en Venezuela que, como usted bien sabe, tienen cartilla de racionamiento. ¿Ve usted como lo privado no es tan malo? Aquí de lo que se está hablando es de eficacia y eficiencia para el bien común de los ciudadanos y no de sus teorías, más propias del siglo XIX. Señor Iglesias, nos acordamos perfectamente de lo que dijo usted, por ejemplo, cuando la crisis del ébola, en la que murieron una persona y un perro. Compare usted eso con los más de 40 000 fallecidos, que parecen ser las cifras reales si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por las comunidades autónomas, por los registros civiles o por las funerarias. Pero no vamos a ir por ese camino. En VOX nos vamos a limitar a los hechos y a comparar su gestión con la que han realizado otros países.
Ya sabemos que ser ministro no da una varita mágica para resolver situaciones inesperadas, ya sabemos que es prácticamente imposible aislar al cien por cien un país como España, que es un lugar de tránsito y recibe -o más bien recibía- diariamente a miles de viajeros procedentes de todo el mundo, pero es que resulta que Portugal y Grecia también son países turísticos que reciben millones de visitas al año y sus servicios sanitarios no son mejores que los nuestros, con todos los respetos. Sin embargo, es evidente -reconózcalo, señor Iglesias- que los Gobiernos de estos países lo han hecho infinitamente mejor que el nuestro. Puede que Portugal esté un poquito más al oeste, como dijo su compañera, la ministra Teresa Ribera, pero Grecia resulta que está justamente al este de España y más cerca del foco de origen de la pandemia. Puede que esta crisis sorprendiera a más de uno, pero teníamos el ejemplo de Italia muy cerquita de aquí, un país en el que la crisis iba con un par de semanas de antelación. Reconozca usted que habría que haber cerrado fronteras antes. Cerrar fronteras no es xenofobia, como se nos dijo a los de VOX cuando propusimos esa medida, cerrar fronteras era la única manera de proteger a los españoles porque el virus venía de fuera. Al final han tenido que cerrar las fronteras, pero yo le pregunto, ¿cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos cerrado las fronteras a tiempo?
Reconozca usted que había que haber suspendido eventos masivos, incluidos esos en los que nos iba la vida en participar, como afirmaba su compañera de Gobierno, la ministra Carmen Calvo, y también el acto de Vistalegre de VOX y otros eventos, como partidos de fútbol que se celebraron en aquellos días y que se celebraron porque su Gobierno nos ocultó los datos que al parecer tenían desde finales de enero. Nosotros hemos pedido perdón, pero su Gobierno ayer aplaudió al presidente Pedro Sánchez cuando se jactó de celebrar el 8 de marzo en vez de pedir perdón, y dijo, palabras textuales: viva el 8 de marzo. Un poco de humildad, por favor.
Reconozca que habría que haber hecho acopio de material sanitario. ¿A quién hay que pedir responsabilidades de que España haya llegado desabastecida de dosis masivas de antivirales como Remdesivir o Kaletra? Al parecer, estos son los medicamentos más adecuados para combatir la enfermedad a fecha de hoy. Desde el 19 de marzo, día de San José, usted se hizo cargo de la coordinación de los servicios sociales de las residencias de ancianos, casi al principio de la pandemia. Usted asumió esa responsabilidad y nos gustaría saber cuáles han sido las gestiones que ha hecho al respecto, cuántas residencias ha visitado, cuántas han sido desinfectadas, expedientadas o desalojadas. Queremos saber también si son verdad las atrocidades que dijo usted respecto a los fondos buitre. A día de hoy, todavía no tenemos ni siquiera datos oficiales del terriblemente alto número de residentes que han fallecido en ellas, pero un periódico como El País, del que supongo usted no tendrá muchas dudas, cifra en casi veinte mil ancianos los que han perdido la vida durante la pandemia, la mayoría de ellos en circunstancias dramáticas, aislados, sin apoyo de sus familias, sin consuelo espiritual, negándoles el derecho a ser tratados en un hospital porque no había sitio para ellos debido a su edad. Tenemos datos por escrito de una circunstancia que es pública y notoria, y que resulta estremecedora: los protocolos de hospitales públicos rechazaban a pacientes procedentes de residencias por tener las UCI masificadas y, mientras tanto, los hospitales de otras comunidades autónomas contaban con múltiples camas libres. Sin entrar a discutir ahora sobre los cortijos autonómicos, ¿quién tenía que haber coordinado todo eso?
En documento público emitido por la Consejería de Sanidad de la Generalidad de Cataluña, que aquí les muestro, titulado Recomendaciones de apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzos terapéuticos para personas con sospecha de COVID-19, prácticamente se desahucia a los mayores de setenta y cinco años o a los menores de esa edad con patologías previas. Se trata de una práctica contraria a toda deontología médica y a las normas éticas del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué no hizo usted nada al respecto y permitió condenar a muerte a miles de personas? También los medios se han hecho eco de que las residencias solo recibían morfina y otros fármacos de sedación para pacientes terminales. ¿Qué explicación racional nos puede dar de todo este horror? Venimos a hablar de responsabilidades políticas, señor Iglesias. Sea sincero por un momento y respóndame si desde la oposición haríamos bien en disculparle, en atribuir al destino, a la mala suerte o a la incompetencia de los demás lo que es responsabilidad suya.
España está viviendo un momento muy amargo y los derechos sociales van a sufrir un retroceso de décadas con ustedes al mando. En la medida en que apliquen sus recetas bolivarianas, los derechos sociales de los españoles se van a ver enormemente mermados. Pero ahora estamos aquí para hablar de lo que ya ha pasado, del daño que ya han causado. En este sentido, le pregunto, señor Iglesias, ¿cree usted que es de justicia que estas personas...
La señora ROMERO VILCHES: ... fallecidas en residencias -acabo enseguida-, la mayoría de las cuales cotizaron durante años para que hoy tengamos un excelente sistema de salud, hayan muerto sin asistencia y ni siquiera hayan tenido el derecho a un sepelio digno? ¿Diría usted que estas personas que han muerto por millares, en soledad, han tenido garantizado el derecho a la protección de la salud que reconoce el artículo 43 de la Constitución? ¿Lo que ha pasado está en la línea de lo que marca la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿No considera usted que esas personas a las que se les negó el derecho a ser tratadas en un hospital han sido víctimas de una discriminación por razón de edad, prohibida en el artículo 14? ¿Dónde queda en todo esto, señor vicepresidente, el artículo 15 de la Constitución que consagra el derecho a la vida, el primero, el más fundamental de todos los derechos?
Señor vicepresidente, si tuviera usted un mínimo de decoro, dimitiría inmediatamente a la vista de los estragos que ha causado su gestión, y dejaría de presumir de defender los derechos sociales, cuando es la persona que más los ha pisoteado en la historia de la democracia española.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Quiero manifestar, en primer lugar, mi respeto por los fallecidos y mi reconocimiento a los profesionales sanitarios y trabajadores esenciales. Un recuerdo muy especial hacia los 19 000 mayores fallecidos en residencias, hacia sus familias y hacia los profesionales que trabajan en ellas.
Ha tardado mucho en comparecer -las tres vicepresidentas vinieron hace casi quince días-, casi tanto como en aprobar el ingreso mínimo vital. El 13 de enero publicaba el Boletín Oficial del Estado sus competencias, señor Iglesias, en materia de bienestar social, familias, infancia, mayores, dependientes, discapacidad, juventud y animales. Se lo recuerdo simplemente.
Señor ministro de Derechos Sociales, usted debería saber que las comunidades de Madrid y Castilla y León tienen los mejores resultados en el informe PISA, que evalúa la educación, y que Castilla y León es la comunidad que mejor gestiona los servicios sociales de España. Castilla y León y Madrid tienen hoy el mayor presupuesto de su historia en sanidad. Así, de entrada. El coronavirus se ha encontrado a un Gobierno de coalición al que le han sobrado arrogancia, errores, mentiras y disputas internas que alimentaba usted, y al que le han faltado anticipación, acierto y transparencia.
Incapacidad de anticipación. En febrero la OMS hacía cinco llamadas al Gobierno de España para que hiciese: acopio de material, cuando más efectivo era, al inicio de la crisis; adoptar medidas urgentes; impedir el movimiento de la población, y llevar a cabo test masivos. Y alertaba, además, de la vulnerabilidad de las personas mayores, que son su competencia, señor Iglesias. Mientras esto ocurría en el mes de febrero no ejercía sus responsabilidades como ministro de Derechos Sociales, y se dedicaba a hablar de república, de dictadura, de Franco, de Chile, de fascismo, de Podemos, de eso, de sus sueldos y de las limitaciones de mandatos. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades llamaba a evitar actos multitudinarios, y usted llamaba a participar en las manifestaciones del 8-M. Esta semana hemos conocido el engaño masivo: la ministra de Igualdad reconocía en un vídeo que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio y que, por entonces, otros países habían tomado medidas superdrásticas; lo decía ella, ¿eh? Si usted lo sabía, si el ministro de Derechos Sociales también lo sabía, ese día, el 8-M, el coronavirus ya campaba a sus anchas en algunas residencias de mayores. Una vez más antepuso la ideología por encima de la salud; la ideología por encima de proteger a los mayores.
Reaccionaron tarde, el 14 de marzo, arrastrados por las comunidades autónomas del Partido Popular, de Madrid, de Galicia, de Castilla y León. ¿No cree que su Gobierno debería de haber tomado decisiones políticas a la altura de las circunstancias, oyendo las alertas y las recomendaciones de la OMS y de la Comisión Europea? ¿No cree usted, ministro de Derechos Sociales, que debería de haber tomado medidas para proteger a los españoles más vulnerables, a los ancianos que viven en las residencias, a las personas con discapacidad y a la infancia? Su actitud, como ministro de Derechos Sociales, ha sido de vuelo bajo, negando el problema, primero, y no ejerciendo de ministro de Derechos Sociales, después.
La OMS, el 16 de marzo, lanzaba un mensaje muy sencillo: test, test, test. ¿Qué hicieron ustedes? Una gestión errónea e ineficaz; primero, la centralización de las compras en el Ministerio de Sanidad fue un fracaso. El Gobierno, señor ministro, ha sido incapaz de adquirir equipos de protección individual y material sanitario y distribuirlo a las residencias de mayores. Usted, junto con el ministro de Sanidad, en una comparecencia pública, se comprometió públicamente a enviar este material a las residencias de mayores. Mientras, las residencia de mayores, como no llegaba, estaban desabastecidas de material y acudían al mercado privado, mientras el Gobierno confiscaba las compras; y, mientras, fallecían las personas mayores en las residencias. Compraron, su Gobierno, sí, 640 000 test de diagnóstico rápido defectuosos, y muchas mascarillas fake. ¿Cuántos, de los 19 000 fallecidos en las residencias, estarían vivos hoy si no hubieran cometido tantos errores?
Sin duda, su gestión en la crisis de las residencias ha sido nefasta y negligente. Las medidas para prevenir y proteger a los mayores llegan tarde, convirtiendo algunas residencias en una verdadera trampa mortal. Deberían de haber adoptado medidas preventivas, al amparo de la Ley General de Sanidad. Deberían haber abordado la situación como un problema de salud pública, con el mando único, pero hicieron cosas bien distintas: protocolo del 5 de marzo; recomendaciones a residencias de mayores, que decían que tenían que abordar el coronavirus como si fuera una gripe. Ese es el protocolo que ustedes ocultaron y quitaron de la web; un protocolo que estuvo vigente hasta el 24 de marzo; y el 19 de marzo usted se salta la cuarentena, una vez más se cuela en una rueda de prensa, porque no estaba prevista su
asistencia, junto con el ministro de Sanidad, y dice que se pone al mando de los servicios sociales de España; promete 300 millones de euros a las comunidades autónomas, para todo, para medicalizar residencias, para alimentación, para suministros, para prestaciones. Esos 300 millones suponen el 0,15 % de los 200 000 millones que dijo Pedro Sánchez que iba a movilizar, el 0,15 % para proteger a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a la infancia, a las familias vulnerables. Blindó su sillón en el CNI y olvidó blindar a las residencias de mayores y a las personas vulnerables. (Aplausos). En más de ochenta días se aprueban tres órdenes; toda una vicepresidencia para dictar tres órdenes que no paliaron ni mejoraron la situación; la situación fue a peor y dramática. No han enviado material a las residencias para proteger a las personas mayores, ni batas, ni EPI, nada de nada. Ordenaban aislar a los positivos, pero no enviaban los test. La sanidad colapsada por la falta de anticipación de su Gobierno, y las residencias sin medios para poder contener la enfermedad. Resultado, 19 000 fallecidos; 19 000 familias rotas.
Pero, además, a esto le añadimos la falta de transparencia; bueno, dejó de funcionar el portal de transparencia... Basta ya de mentir y ocultar los datos de los fallecidos. El INE reconoce hoy 44 000 fallecidos; Sánchez ayer reconoció 28 000. ¿Usted cuántos fallecidos reconoce, los 44 000 del INE o los 28 000 de Pedro Sánchez? Ayer fallecían en Castilla y León cuatro personas, mientras el presidente Sánchez venía aquí a decirnos que no había fallecidos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuándo piensan decir la cifra de fallecidos en las residencias? Se debe conocer la verdad por dignidad, por justicia, por respeto.
Señor ministro, si no hay diálogo difícilmente hay consenso. Usted apela a un consenso transversal que es falso, está en su imaginario; el único consenso ha sido el de los servicios sociales de España reclamando al Gobierno test, material de protección y material sanitario. Los geriatras, el tercer sector, los sindicatos, los profesionales de los servicios sociales, el sector residencial solicitaban al Gobierno que tomara el control de la situación desde el punto de vista de la salud, y no lo hicieron.
En materia de infancia hoy saca de la chistera la ley de infancia que el Gobierno del PP acordó con las organizaciones de infancia hace ya dos años. Si se hubiera aprobado durante estos dos años, habríamos evitado situaciones de desprotección durante la pandemia. ¿En qué situación se encuentran las menores tuteladas víctimas de explotación sexual de Baleares durante la pandemia? ¿Nos puede informar, por favor?
En materia de juventud, los jóvenes -con menor riesgo sanitario, es cierto- están siendo afectados por el desempleo. ¿Qué solución han dado a los despidos improcedentes, a la finalización de contratos temporales, a los jóvenes que han perdido su contrato en prácticas?
En materia de familias, el Partido Popular le solicita que articule un plan de medidas de conciliación de manera urgente dirigido a las familias que tengan dificultades para ello como consecuencia del coronavirus. Señor ministro, no ponga a las familias ante la difícil situación de tener que elegir entre trabajar o cuidar a sus hijos o a las personas mayores. Atienda las demandas del sector de campamentos de verano, pero de verdad, no con las medidas del Injuve, que no les han gustado. Atienda las peticiones de las guarderías, de las escuelas infantiles. Aparte de conciliar también hay muchos empleos que están en juego. ¿Cómo va a universalizar la educación de 0 a 3 años?
En materia de discapacidad, rectifique, rectifique los recortes de Podemos al 0,7 del IRPF y al impuesto sobre sociedades, que atacan directamente a las entidades de la discapacidad y al tercer sector; es inadmisible. Estas entidades han sufrido el impacto del coronavirus en sus propias carnes. Con sus recursos han comprado material de protección y sanitario, y ahora los recortes de Podemos quieren quitarles los fondos del 0,7 que les corresponden.
En materia de exclusión, las colas del hambre y las bolsas de comida son una foto de su gestión, señor Iglesias, de su gestión. Se ha creado una vicepresidencia, un ministerio, un alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, una secretaría de Estado para la Agenda 2030, una dirección general de políticas palanca; una estructura incapaz de evitar las colas del hambre y el sufrimiento de las familias por no poder dar de comer a sus hijos, pero muy capaz para incrementar el gasto durante el estado de alarma, creando nuevos altos cargos o creando, como hoy, nuevas direcciones generales para sus mejores amigos. Señor vicepresidente, le pregunto, ¿qué diría sobre esto el Pablo Iglesias de hace un año, de hace tan solo un año?
Un ruego, señor Iglesias: pague el subsidio a las 27 815 empleadas de hogar que siguen sin cobrar. Y varias preguntas: ¿cómo puede decir que no han dejado a ninguna persona en desamparo? ¿Cuánto dinero va a destinar al Programa VECA para garantizar alimentos en verano a los menores? ¿Qué medidas ha tomado su Gobierno dirigidas a los 600 000 hogares que como consecuencia del estado de
alarma se han quedado sin ingresos? Señor Iglesias, señor ministro, señor vicepresidente, baje a la tierra, deje de asaltar los cielos. Sus medidas han sido claramente insuficientes para evitar las colas del hambre y paliar las situaciones de pobreza durante esta crisis.
Señor Iglesias, y llegamos al ingreso mínimo vital, que por eso comparece usted hoy aquí, porque hasta que no se ha aprobado en Consejo de Ministros no ha querido venir.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Ya termino, presidente.
Ha sido tantas veces anunciado que llega tarde y mal. Saca pecho de las más de 5 millones de prestaciones cuando no pagan ni la mitad. Por recortes de Podemos el mejor escudo social es el empleo, señor Iglesias, y van ustedes y meten un rejonazo de 2400 millones de euros a las políticas activas de empleo, pero aprueban el ingreso mínimo vital, de espaldas a las comunidades autónomas y a la oposición, y discriminando a las comunidades autónomas, porque unas comunidades autónomas sí lo van a gestionar y otras no. Usted dijo que el ingreso mínimo vital beneficiaría a 1,1 millones de hogares, a 5 millones de personas, hace un mes. Ahora dicen que beneficiará a 850 000 hogares, a 2 300 000 personas. ¿Qué ha cambiado para que excluyan a 250 000 hogares en un mes? Mucho no ha mejorado la cosa para que ustedes excluyan del ingreso mínimo vital a 250 000 hogares y a 2 700 000 personas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, vicepresidente, por comparecer en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, y rendir cuentas de la acción que el Gobierno ha llevado a cabo durante estas once semanas que han pasado desde que se declarase el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Antes de nada, me gustaría sumarme a las personas que me han precedido en el uso de la palabra para transmitir, en este noveno día de luto oficial, en nombre de mi grupo y en el mío propio, nuestro más sentido pésame a los seres queridos de las personas fallecidas en esta pandemia. También quiero agradecer el trabajo de los y las profesionales que han combatido el virus en primera persona. Ellas y ellos -y permítanme que subraye el ellas, puesto que ellas constituyen el 60 % del personal sanitario y el 84 % del que trabaja en residencias-, ellas y ellos, decía, son quienes nos han defendido del virus a todos y a todas, especialmente a nuestros mayores y a nuestras personas dependientes. Y es importante remarcar el ellas, señorías, porque hacerlo nos sitúa ante uno de los retos pendientes que debemos afrontar para construir y consolidar nuestro Estado del bienestar: la economía de los cuidados o, lo que es lo mismo, el derecho de todas las personas a ser cuidadas, un derecho que no debe pasar por la división sexual del trabajo impuesta por el sistema patriarcal, y lo saben bien las mujeres, madres, hijas, hermanas, cuidadoras eternas, que lo han vuelto a vivir y a sentir durante el confinamiento con el cierre de los centros educativos, de las escuelas infantiles, de los centros especiales de trabajo, de los centros de día, etcétera. Cuidadoras eternas, les decía, de sus familiares dependientes, ya sea por edad o por discapacidad. Después volveré sobre ello, pero antes me gustaría detenerme en la respuesta del Gobierno de España a la crisis del COVID, una respuesta ejemplar.
El Gobierno ha luchado desde el primer día en contra de la pandemia a tres niveles: sanitario, económico y social. Nunca antes en la historia de nuestro país se había hibernado la economía para proteger la salud de las personas y al mismo tiempo sostener los empleos, estableciéndose medidas económicas y sociales que han permitido construir un escudo social para proteger a los españoles y a las españolas. Citaré solo algunas a modo de recordatorio: ERTE, subsidios extraordinarios por desempleo de trabajadores temporales, también para las trabajadoras del hogar, moratorias de hipotecas y alquileres, suspensión de desahucios, garantía de suministros, garantía alimentaria, habilitación de espacios para personas sin hogar, y recomendaciones de actuación a los servicios sociales para las familias gitanas, así como el ingreso mínimo vital. Señorías, permítanme que me detenga porque la ocasión, pero sobre todo el derecho, se lo merecen. Estamos ante un nuevo derecho de ciudadanía, un sueño hecho realidad para todas las personas que creemos en la justicia social, un sueño que el actual presidente del Gobierno empezó a anunciar en el año 2014, en Mérida.
Sí, señorías del PP, eso que ustedes llaman paguita y sus socios de la ultraderecha, cartillas de racionamiento, es una prestación que desde hace años diversos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, la ONU o el propio Fondo Monetario Internacional, recomiendan al Gobierno de España que desarrolle. Nuestra tasa de pobreza es la mayor de los países de nuestro entorno y duplica la media de la Unión Europea. En España el porcentaje de hogares por debajo del 30 % de la renta mediana roza el 7 %, lo que tiene un impacto en más de dos millones de niños y niñas. Contra esa pobreza estructural es contra la que lucha el Gobierno de España, con un amplio abanico de ayudas públicas, para no dejar a nadie atrás. Son respuestas urgentes para situaciones sobrevenidas, y decisiones y priorizaciones políticas a corto, medio y largo plazo, que se han tomado, señorías, a contrarreloj, en plena pandemia. Y el Gobierno no lo ha hecho solo, efectivamente, lo ha hecho con el apoyo de muchas fuerzas políticas y con la deslealtad a la que nos tienen acostumbrados algunas otras, aquellas que aman tanto España que, en lugar de unirse al Gobierno y a la sociedad española en la lucha contra la pandemia, decidieron fortalecer el coronavirus con su propio virus: el del engaño y el odio en formato de fake news, un virus que nace del miedo al otro, un miedo que nace el 1 de junio de 2018, cuando en España triunfó la democracia y, a través de la Constitución y gracias a la mayoría de las fuerzas parlamentarias, se devolvió la dignidad a nuestro país. Como decía, señorías, su virus nace del miedo, miedo al ver en el Gobierno de España a un equipo conectado con la realidad de su país y las necesidades de sus gentes, a un Gobierno que defiende y defenderá, antes, durante y después del COVID, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la ecología y el feminismo.
Ese era nuestro contexto pre-COVID y es importante recordarlo, de la misma forma que es importante recordar la primera intervención del vicepresidente en esta Comisión, el pasado mes de febrero, cuando destacó seis líneas estratégicas que iban a configurar la hoja de ruta del Gobierno de España en materia de derechos sociales y discapacidad en los próximos cuatro años: la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Diversidad Familiar, el reimpulso del sistema público de atención a la dependencia, la Estrategia nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y, sí, señorías, el ingreso mínimo vital. Las seis han formado parte en mayor o menor medida de la respuesta que el Gobierno ha tenido que dar a la crisis del COVID.
Desgraciadamente el COVID nos ha hecho tomar conciencia de que en algunos casos comentaba el vicepresidente y alguna de sus señorías el hogar ha sido el bastión. Desgraciadamente en algunos casos el hogar es un espacio de dolor y sufrimiento, y en algunos casos el hogar se ha convertido en un espacio de violencia y de muerte. Lo saben bien las mujeres víctimas de la violencia machista, así como los menores víctimas de la violencia familiar. Por eso hoy, 4 de junio, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, es importante señalar con preocupación las más de 1441 atenciones que la Fundación ANAR ha realizado a menores durante el confinamiento. Esta situación, así como la recomendación que desde el año 2011 nos hace el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, nos urge a avanzar sin dilación en la aprobación de esta ley iniciada ya en la XII Legislatura, de la mano de María Luisa Carcedo.
El COVID también nos ha mostrado la importancia que tienen las administraciones locales, los ayuntamientos como Gobiernos de proximidad a la hora de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, como también hacen de manera incansable las entidades del tercer sector. Por eso es necesaria una cartera común de servicios sociales que evite inequidades territoriales y permita avanzar en la prevención y en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como en la unificación de un expediente único para evitar la victimización secundaria de las ciudadanías, sobre todo aquellas que padecen patologías o enfermedades crónicas. Y para ello, para configurar y consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar, un nuevo derecho de ciudadanía, una prestación que llegará aproximadamente a 850 000 hogares y a más de dos millones de personas, amparando a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza extrema, está el ingreso mínimo vital.
Pero si algo ha puesto de manifiesto el COVID, señorías, es cuán necesario es nuestro sistema de atención a la dependencia, un sistema que ha sufrido recortes desde el año 2012, fruto de las políticas austericidas del Partido Popular, mientras que la población mayor de sesenta y cinco años se ha incrementado en más de dos millones en los últimos quince años, a la par que se quintuplicaba el fenómeno conocido como envejecimiento del envejecimiento. Precisamente los mayores de ochenta años conforman el 75 % de las personas que viven en centros residenciales. Urge, por tanto, repensar, redefinir y reforzar el modelo de residencias para personas mayores y para personas con discapacidad, adaptándolo a los nuevos perfiles y necesidades, tanto a nivel de políticas sanitarias como asistenciales.
También debemos analizar la viabilidad de nuevos modelos residenciales en el entorno comunitario, fomentando recursos como el asistente personal o la teleasistencia avanzada, y urge sobre todo, señorías, enviar al ostracismo las múltiples carencias que se han evidenciado en esta pandemia, como consecuencia de las políticas inhumanas de la derecha, al ostracismo las políticas sin alma, pero no las víctimas. Nuestros fallecidos siempre estarán presentes y siempre tendrán nuestro mayor respeto, cariño, atención y admiración.
Señorías, todos y todas somos conscientes de que la pandemia ha tenido efectos devastadores para nuestro país, pero debemos tener la capacidad de salir mucho más fuertes de esta tragedia. Solo lo conseguiremos si apostamos de manera decidida y contundente por fortalecer nuestro Estado del bienestar, adaptándolo a las nuevas realidades y necesidades existentes. Afirma Rob Riemen que la creación de una sociedad justa exige políticas que no sean conservadoras, porque las necesidades sociales reclaman cambios.
La señora GUERRA LÓPEZ: Ahora acabo, presidente.
Está claro que este Gobierno se está dejando la piel para hacer de España un país mucho más justo e igualitario. Y sí, señorías, ¡viva el 8 de marzo!
Gracias, vicepresidente. Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para responder a lo que los portavoces le han planteado.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchas gracias, presidente.
Señorías, voy a tratar de seguir el orden de sus intervenciones y responder a las preguntas que me han hecho. Señor Matute, hablaba usted de patria. Yo me identifico con una patria plurinacional, y creo que hoy va a estar usted de acuerdo conmigo en que, por encima de cualquier símbolo con el que los ciudadanos de diferentes lugares del territorio del Estado se puedan emocionar, en función también de circunstancias muy coyunturales -las emociones son emociones-, a día de hoy creo que hay un uniforme que emociona a todos los ciudadanos de este Estado, independientemente de la lengua que hablen o con qué sentimiento nacional se identifiquen, que es el uniforme de los profesionales sanitarios. Creo que el uniforme de los profesionales sanitarios -que te pueden atender en euskera, en catalán, en castellano, en galego- es hoy un significante de una noción de patria que cuida y que se identifica con lo común, y ese puede ser un mínimo común denominador excelente para trabajar en todo lo que nos une.
Hablaba usted de la necesidad de utilizar el superávit de los ayuntamientos para hacer políticas sociales. Estamos completamente de acuerdo, y creo que rechazamos lo que significó la Ley Montoro. Somos conscientes de la importancia que tiene una de las administraciones del Estado más olvidadas, cuando hablamos de los repartos competenciales, como son los ayuntamientos, que son determinantes a la hora de establecer la mayor cercanía con los ciudadanos. Yo sería partidario de una mayor descentralización de nuestro Estado, que no mirara solo a las comunidades autónomas, sino que mirara particularmente a los ayuntamientos.
Estoy completamente de acuerdo con usted respecto a la brecha educativa tecnológica. Lo que ha provocado el confinamiento es precisamente reducir al mínimo el carácter redistributivo de la educación. En una casa pequeña -usted hablaba de la infravivienda-, sin recursos económicos, sin recursos culturales, sin recursos digitales, muchas veces los padres y las madres, que no han tenido la suerte de tener una formación cultural adecuada, tienen que pasar por situaciones muy incómodas porque no pueden en ningún caso sustituir a lo que hace la educación pública. No es mi competencia, pero le diré que hemos aumentado las becas un 22 %, que hemos bajado las tasas universitarias, que hay un compromiso programático de universalizar la educación infantil de 0 a 3 años, y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Hablaba usted de la caridad que es, efectivamente, impropia de las sociedades avanzadas. Ciertamente, en las sociedades avanzadas la solidaridad no es una suma de gestos individuales altruistas; en las sociedades avanzadas la solidaridad se expresa a través de un sistema fiscal redistributivo, y en este caso hay un texto constitucional, que a unos les gustará más y a otros menos, pero que es inequívoco respecto al carácter redistributivo que tiene que tener. Y con esto voy a tratar de responder a la que creo
que ha sido su pregunta más importante: cómo se sostiene este impulso. Usted apuntaba claramente a la necesidad de hacer una política fiscal. Claro que sí, y esto no solamente porque estuviera en el programa del Gobierno de coalición; en el programa del Gobierno de coalición hay una voluntad inequívoca de hacer una reforma fiscal, de hacer que nuestro sistema fiscal tenga el carácter redistributivo que fija la Constitución española. Los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición hemos hablado explícitamente de los siete puntos de desventaja competitiva que tiene nuestro país con respecto a los países europeos de nuestro entorno en lo que se refiere a justicia social, y a partir de ahí es evidente cuál es el camino que hay que seguir.
Con esto voy a adelantarme a una de las cosas que quería señalarle al señor Barandiaran a propósito de lo que él señalaba como una cierta ideologización en la manera en la que estamos afrontando la salida de la crisis. Fíjese, le digo honestamente que no. Todos los demócratas europeos somos ahora neokeynesianos, todos. Y quiero pensar que su formación política, de tradición democristiana, también. Y no por razones ideológicas, sino porque la manera en la que históricamente se ha demostrado que se responde a situaciones de reconstrucción como la que estamos viviendo, como lo que ocurrió después de 1929, como lo que ocurrió con el constitucionalismo europeo de posguerra, que estableció las bases constitucionales para una reconstrucción económica, es apostar por la macroeconomía y por entender cuál tiene que ser el papel del sector público, fíjese, y esto es una victoria ideológica, para hacerlo sostenible con la vida y que no colapse la economía de mercado. En ese sentido, se están produciendo en Europa movimientos con respecto a los cuales creo que nadie puede dejar de ser ingenuo, pero que son impresionantes. Para que hagamos una lectura de lo verdaderamente importante que nos estamos jugando en este país en los próximos meses y que no tiene nada que ver con el ruido parlamentario: se está hablando de eurobonos emitidos por la Comisión Europea -es verdad que tiene que haber una reunión del Consejo Europeo y vamos a ver qué dice Austria y qué dice Holanda-, y se está planteando que se devuelvan con impuestos europeos, con una garantía de los Estados fijada hacia 2058. Y de esto es de lo que tendríamos que estar hablando en el Congreso de los Diputados, porque esto -tampoco hay que hacerse ilusiones respecto a lo que implican los Estados del norte- es el inicio de un cambio de paradigma y, probablemente, la condición para la posible supervivencia del proyecto europeo en una situación mundial que se está redefiniendo, no solamente por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del COVID, pero que, desde luego, la crisis del COVID está contribuyendo a acelerar. Y en el marco de ese debate, le vuelvo a decir, todos los demócratas europeos tenemos que ser neokeynesianos por pura racionalidad respecto a los intereses de nuestros Estados y el interés de Europa.
A propósito -y continúo con la intervención del señor Matute- de los acuerdos necesarios para afrontar una política fiscal expansiva, yo creo que hay que poner en valor una realidad parlamentaria muy interesante en esta legislatura casi, casi inédita, y es la existencia de un Gobierno parlamentario. El Gobierno de coalición, las formaciones políticas que sustentamos al Gobierno de coalición, no tenemos mayoría absoluta. Eso quiere decir que el papel del Poder Legislativo se ha revalorizado de una forma que no tiene precedentes en nuestra historia democrática reciente y que, por lo tanto, se pueden tener verdaderos debates de gobierno en el marco de la discusión parlamentaria. Pongámoslo en valor. Yo creo que hay muchos elementos que unen a un conjunto de formaciones políticas que hicimos posible la investidura y el actual Gobierno de coalición. Pongamos en valor los debates de Estado y los debates para afrontar una situación histórica sin precedentes como esta, y uno de ellos es, sin lugar a dudas, la cuestión de la política fiscal.
Mencionaba usted la cuestión de las residencias, de la economía de los cuidados y de la infravivienda. Responderé a estas cuestiones cuando dé respuesta a otros portavoces. Se refería usted a si el ingreso mínimo vital es estructural o coyuntural. Es estructural. Se ha acelerado por una razón coyuntural, pero era un compromiso de legislatura para tratar de poner algunos límites a la situación vergonzosa de pobreza que vive nuestro país y por la que nos tuvo que sacar los colores el relator especial de la Organización de Naciones Unidas. Hoy celebramos que Naciones Unidas feliciten al Gobierno español por el ingreso mínimo vital y nos pidan que demos más pasos. Es una medida que se aceleró por las consecuencias económicas y sociales de la COVID, que hicieron todavía más urgente, si cabe, la necesidad de implementar un ingreso mínimo vital, pero que ya es un nuevo derecho social en España. Como decía la diputada de Esquerra Republicana, ¡claro que 462 euros no sirven! Es un avance no menor y para quien no los tiene, le aseguro que es importante, pero soy perfectamente consciente de que no es nada cómodo tener que salir adelante con 462 euros al mes. Con respecto al maltrato animal, estoy de acuerdo con usted. Es, por desgracia, una praxis cultural que ha existido en muchos territorios del conjunto
del Estado, en Navarra y en Euskadi también, como bien sabe usted, y creo que estamos de acuerdo en que se están produciendo avances sociales, en particular en las generaciones más jóvenes, que apuntan a que tenemos que seguir caminando en la dirección de que maltratar animales no forme parte de ningún orgullo cultural.
A propósito de la intervención del señor Barandiaran, ha hecho una reflexión sobre la crisis. Hablaba de las competencias autonómicas. Le pido perdón por mi comentario del otro día. Tiene usted razón, desarrollar lo que dice un estatuto no es ningún privilegio. Creo que la broma que le hice se podía entender en el contexto, pero soy federalista y extremadamente escrupuloso con respecto a lo que implican tanto las competencias reales como las vías estatutarias de desarrollo de estas. Así que, discúlpeme. Sí le diré que, desde la vicepresidencia, hemos tenido cuatro reuniones con el Consejo territorial, es decir, no caminamos solos. En el caso del Gobierno, el presidente se reúne más con los presidentes autonómicos que con su Consejo de Ministros. Yo creo que estamos en una realidad de cogobernanza e incluso, en muchos aspectos, de soberanías compartidas, que a mí me parece muy positiva; la propia crisis lo ha puesto encima de la mesa y ha revelado que Estado somos todos. ¿Estado es el Gobierno y la Administración central? Claro que sí, pero también las comunidades autónomas y las entidades locales. A propósito de la ley de infancia, no es una ley nueva. De hecho, lo que estamos haciendo es acelerarla. Creo que es conocida por parte de todos los grupos. Además, habrá un proceso de enmiendas para mejorarla, pero tomo nota y me comprometo a que mi secretario de Estado se ponga en contacto con su grupo para informarles y dialogar con ustedes todos los aspectos de la ley.
Señora Giménez, a mí -y usted lo sabe- usted me gusta mucho, pero, básicamente, porque se parece poco al partido que representa. Lo que dice usted sobre educación, cuando hablaba del 64 % del alumnado gitano condenado por razones estructurales al fracaso escolar, lo comparto, pero tengo la impresión de que su partido, con sus alianzas en Andalucía, en Madrid y en otras comunidades autónomas, contribuye a un modelo educativo que favorece lo privado y que, en general, ha aportado escasos rendimientos a la hora de facilitar la inclusión. Lo mismo le diría con respecto a la vivienda. Lo que usted dice me suena bien; sin embargo, las alianzas de su partido han implicado que ustedes estén en contra de la intervención del mercado de la vivienda, en particular en las zonas tensionadas de las grandes ciudades, lo cual impide, a mi juicio, hacer una política de vivienda democrática y acorde con lo que dice la Constitución. Pero estoy de acuerdo con lo que usted dice y creo que me voy a quedar con ello y no con lo que dice o hace su partido. Tomo nota de lo que dice respecto a la venta ambulante, porque tiene usted toda la razón y apunto la necesidad de aclarar algunas imprecisiones. Creo que este Gobierno, con las últimas medidas que ha tomado, está contribuyendo a limitar los espacios de la economía informal, facilitando la inclusión de todos los sectores sociales. ¿Lo podemos hacer mejor? Seguro que sí, y ahí estamos dispuestos a colaborar.
Ha planteado usted la cuestión del tercer sector, que ha salido en otras intervenciones. Aquí hay un dato con el que quiero ser claro. Este Gobierno ha aumentado la financiación del tercer sector autonómico y también del tercer sector estatal, más la financiación del tercer sector estatal, un 37 % más -20 millones-, y también la del tercer sector autonómico. Este año hay 131 millones de euros más recaudados para esta cuestión que en 2019. Y donde se ha producido un debate, pero aquí tengo que defender nuestra posición, es en incluir en la financiación a las entidades de cooperación y a las organizaciones ecologistas. Pues, como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 -les agradezco que ya no digan 'veinte-treinta'-, para nosotros era una obligación dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoyar también a las organizaciones ecologistas y a las organizaciones de cooperación internacional. Ha mencionado usted también la cuestión de las residencias, que comentaré ahora. Le diré que creo que su partido ha sido valiente en la Comunidad de Madrid con respecto a esta cuestión, y ahora haré una cita literal de alguien de su partido sobre este tema.
A propósito de la intervención del Señor Boadella, hablaba de totum revolutum. Yo he hecho una exposición de las competencias y de lo que hemos llevado a cabo en base a las competencias de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero también de las tareas que me tocan como coordinador de la política social del Gobierno, que es una tarea encargada por el presidente, y creo que era razonable explicar ambas cosas. A propósito del ingreso mínimo vital, ¿quién lo explica? Pues los dos ministerios proponentes. Es una propuesta de dos ministerios, del Ministerio de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión, y por lo tanto lo explicamos el ministro Escrivá y yo mismo. Por eso creo que tenía todo el sentido hacerlo aquí.
En relación con los datos de los ERTE, se han reconocido un 98,5 % de las solicitudes presentadas. En el mes de mayo han sido 6 millones de personas las que han tenido acceso a una prestación del Servicio Estatal Público de Empleo. Desde el 16 de marzo, el SEPE ha reconocido y ha abonado 5,2 millones de prestaciones, de las cuales 3,7 millones corresponden a expedientes de ERTE. Usted sabe cuál es la situación que este Gobierno ha heredado de los trabajadores del SEPE, que muchos de ellos han tenido que robarle horas al sueño para sacar adelante un programa de prestaciones sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿Se puede hacer mejor? Seguro que sí, pero nunca se había llegado tan lejos como en los últimos meses.
En cuanto al Plan Mecuida, el plan está bien pero yo soy consciente de que no llega a todo el mundo. ¿Está bien que un trabajador, que una trabajadora -porque casi siempre en este caso son mujeres- pueda reducir la jornada de trabajo y el sueldo para cuidar a un dependiente o para cuidar a un niño o a una niña? Está bien, pero eso se lo pueden permitir las clases medias. La gente que tiene sueldos muy pequeñitos no se puede permitir perder el 5, el 10 o el 15 % de su sueldo. Soy perfectamente consciente, y creo que es verdad que cada vez vamos añadiendo más capas de protección al escudo social y poco a poco vamos llegando más lejos. ¿A mí me gustaría llegar más lejos? Se lo puede usted imaginar. También soy consciente de que no me toca ser ministro de Hacienda, y comprendo que dar pasos que seguramente a todos los que estamos aquí nos gustaría dar, implica negociaciones complejas, negociaciones también con las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, la gran negociación que se está produciendo en el marco europeo, que es el gran tema político en el que, por desgracia, el ambiente de ruido que se ha generado últimamente opaca el debate.
¿Irá todo por decreto-ley? No, lo que sea urgente. Creo que hay cosas que es de cajón que tenían que ir por decreto-ley por las urgencias propias de la pandemia, pero, como le decía al señor Matute, esta es una legislatura de Gobierno parlamentario, es una legislatura en la que el Poder Legislativo tiene un poder que prácticamente no ha tenido nunca en la historia democrática reciente de España. En un país acostumbrado a mayorías absolutas o a mayorías parlamentarias en los últimos tiempos de amplia estabilidad, en el Parlamento se podía discutir de muchas cosas pero lo importante se hablaba en otro sitio. Eso ha cambiado por completo y yo creo que eso no es una mala noticia en términos democráticos, y que, por lo tanto, los demócratas, los que asumimos las tareas históricas que toca hacer en este momento, creo que nos tenemos que poner a hablar y a discutir de las cuestiones políticas importantes y avanzar. Y habrá cosas en las que, lógicamente, no estemos de acuerdo, pero creo que hay que aprovechar una coyuntura como la actual para afrontar los grandes retos democráticos de nuestro país.
Señora Pujol, efectivamente, estoy de acuerdo con usted: 462 euros no bastan, pero es que las comunidades autónomas en el marco de sus competencias no solo pueden, sino que, a mi entender, deben..., iba a usar la palabra complementar, pero parecería que eso da un papel secundario a las misma, no, no; es decir, tienen que intervenir en el marco de sus competencias para mejorar las condiciones de vida de gente que lo está pasando muy mal. Además, hay algunos argumentos como que esto no favorece la creación de empleo y que provoca paro. Miren, en el País Vasco ha existido una de las rentas de inclusión mejor dotadas del conjunto de nuestro Estado y es uno de los sitios con menos paro. Es decir, es mentira que las rentas de inclusión y que el ingreso mínimo vital contribuyan a que se genere menos empleo, al contrario, y ahí creo que tenemos que colaborar y que cada Administración tiene que cumplir con su papel. Nosotros hemos fijado un suelo; hemos cumplido un compromiso electoral y fijamos un suelo de 469 euros, que va subiendo en función de cuántos miembros hay en la familia, si es familia monoparental..., y llega hasta más de 1000 euros para algunos núcleos familiares. Sigamos trabajando juntos, porque, además, la realidad territorial del Estado es diversa y no es lo mismo 462 euros en Madrid o Barcelona que en otros lugares. A propósito de la descentralización, ya le digo que soy federalista y que en este Gobierno podremos hacer algunas cosas más, pero la voluntad de cogobernanza con las comunidades autónomas, con las lógicas e inevitables tensiones que tiene que haber en toda organización administrativa descentralizada, creo que es obvia.
Plantea usted una cuestión muy importante: la Ley de dependencia. La Ley de dependencia fue, hasta la llegada del ingreso mínimo vital, quizá uno de los grandes avances democráticos en nuestro país, todo un derecho social. Si una persona está en una situación de dependencia, lo lógico es que haya unas administraciones públicas que le garanticen atención y cuidado. Se estableció una financiación equilibrada entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Como usted sabe, a partir de 2012 empezaron los recortes a la dependencia, que han llegado hasta 5000 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, y le vuelvo a insistir en la idea de Gobierno parlamentario? Tenemos que sacar adelante unos
Presupuestos Generales del Estado, y eso no depende solamente de las formaciones políticas que sustentan al Gobierno, y nos estamos jugando cosas tan importantes como la financiación de la dependencia. No es por presionar, es por asumir que si hay un Gobierno parlamentario tiene que haber corresponsabilidad y es muy difícil asegurar que la financiación que prevé la ley, que es una financiación equilibrada de la Ley de dependencia, se lleva a cabo si no sacamos de una vez adelante unos Presupuestos Generales del Estado y nos quitamos de encima los de Montoro.
Creo que ya he respondido a la cuestión del tercer sector. Respecto a si los servicios sociales son esenciales, no solamente nos parecen esenciales, sino que solicitamos a la autoridad del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad, que declarara a los servicios sociales esenciales y así fue; en este momento los servicios sociales son servicios esenciales. Respecto a la financiación adicional de los campamentos de verano, somos favorables. Tendré que hablar con quien corresponda. A propósito del reparto de fondos, tengo que decirle que se establece por votación en el consejo territorial, donde están presentes todas las comunidades autónomas. Esas son las normas de las que nos hemos dotado y las tenemos que cumplir.
En relación con la intervención de la señora Garrido, de Unidas Podemos, me quedo con el diagnóstico sobre la crisis del 2008, que comparto. Es verdad que David Harvey hacía un análisis muy lúcido de lo que significaba esa manera de afrontar la crisis y creo, en la línea de lo que decía antes a propósito del neokeynesianismo, que esta crisis, en su dimensión económica y social, está poniendo fin a un paradigma. Hubo una época, no tan lejana -su amiga de treinta años lo ha vivido también-, en la que las ideas de figuras políticas muy relevantes, como Tony Blair o Gerhard Schröder, tuvieron un cierto éxito en Europa, una especie de evolución soft de los planteamientos thatcherianos. Creo que eso está felizmente muerto y enterrado, y que va a ser una cuestión de tiempo reconocer que todos los demócratas europeos después de la COVID-19 son neokeynesianos.
A propósito de las intervenciones de las diputadas de VOX y del Grupo Popular, que han ido en una dirección similar, primero quiero hacer una reflexión a propósito de la lectura. Me han leído ustedes sus intervenciones, lo cual es muy legítimo, pero para la gente que nos esté viendo puede ser algo extraño. Quizá es legítimo que el compareciente traiga su primera intervención preparada, pero imagínense que ahora yo respondo a sus preguntas leyéndoles otro papel. Creo que gana el debate parlamentario si las intervenciones, hasta cierto punto, se estructuran en base a lo que uno expone y no en base a una suerte de diálogo de sordos, en el que nos vamos leyendo papeles. (La señora González Guinda: ¡Pero si no ha contestado!). Pero me centro en lo que dicen ustedes. Ya han visto que no les he interrumpido en ningún momento, señorías. La diputada de VOX hacía una reflexión interesante cuando decía que la distribución de alimentos es privada y que es la más eficaz de las posibles. ¡Claro, si puedes pagar los alimentos! ¿Y si no los puedes pagar, señoría? ¿Qué ocurriría si también toda la sanidad fuera privada y toda la educación fuera privada, exactamente igual que la distribución de alimentos? ¿Habría que acudir a la caridad? Si tienes dinero, te puedes hacer un trasplante y si no tienes dinero, no. Si tienes dinero, te pueden dar clases de matemáticas, de historia, de filosofía o de física y si no tienes dinero, no o acudes a la caridad. A lo mejor el problema de la distribución de alimentos, cuando es algo estrictamente privado, para alguien que no tenga dinero es darle limosna. En las sociedades avanzadas, el papel de lo público sirve para limitar los desequilibrios que provocan determinadas dinámicas económicas que se producen. Es más, la condición para que se dé la posibilidad de que la economía de mercado no colapse es que haya un sector público que hasta cierto punto limite injusticias y desequilibrios.
A propósito de las residencias, voy a ser muy claro. Ha dicho usted algo que es completamente cierto: lo de las residencias es un escándalo. Le voy a leer algo que dice el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos; un Gobierno que ustedes sostienen en la Comunidad de Madrid, que no existiría sin ustedes. Dice que Ayuso le quitó las competencias en residencias. Y este señor, que es su aliado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, calificó de inmoral, y puede que hasta de ilegal, la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales y lamentó el consejero de Servicios Sociales que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su Consejería de Políticas Sociales. ¿Esto usted lo sabía? Porque ustedes sostienen al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y dijo el consejero de Ayuso estar absolutamente a favor de crear una Comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante la pandemia. Dijo este consejero-cito literalmente-: La derivación a hospitales debe basarse en criterios médicos, pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que haber medicalizado las residencias. O el residente va al hospital
o el hospital va al residente. ¿Sabe quién dijo esto? El consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso. Un documento del Hospital Infanta Cristina, de Madrid, demuestra, señoría, que había órdenes del Gobierno que ustedes sostienen de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia. ¿De quién es la responsabilidad, señoría? ¿De quién? Ante la situación de saturación actual y por indicación de la dirección -estoy leyendo literalmente el documento del Hospital Infanta Cristina-, no se permite el ingreso de pacientes de residencias en el hospital. Esto es lo que indica un parte de alta de las urgencias del Hospital Infanta Cristina, en Parla, fechado el 25 de marzo. Y ahora vamos a preguntarnos: ¿De quién son las competencias? ¿Del mando único?
Le voy a leer literalmente la orden. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma -autoridad competente de la comunidad autónoma-, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden. ¿Ustedes saben leer, señorías? Lo que hizo este Gobierno fue... (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Se lavaron las manos!).
Pero, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, no interrumpan. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Yo les pido que no me interrumpan, porque yo no les he interrumpido.
Lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los Gobiernos autonómicos, y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias reforzadas y pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. ¿Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio Gobierno como posiblemente ilegal? Creo que a lo mejor en este asunto podrían ustedes intentar ayudar, porque se ha hecho mucho daño.
Le sigo leyendo parte de la orden, señoría. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento. ¿Qué pasó con esas inspecciones? ¿O es que había muchos corruptos al mando de esas residencias? (La señora García Rodríguez se da palmaditas en la mejilla con la mano). Se toca usted la cara, señoría, y hace usted bien. Sigo leyéndole. (Rumores). Efectivamente, señoría, ¡qué poca vergüenza!
Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar, en su esfera específica de actuación, las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente orden. Lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de las comunidades autónomas, darles 300 millones para contratar personal para las residencias de mayores y darles la instrucción de repartir equipos de protección individual en las residencias de mayores con el mismo criterio que en los hospitales. ¿Y qué es lo que hizo la señora Ayuso? No lo digo yo, lo dice su propio consejero de Políticas Sociales: probablemente, una ilegalidad que ha costado muchas vidas. Y ustedes tienen la desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso.
La diputada de VOX decía literalmente que yo he dicho atrocidades sobre los fondos buitre -ya les ha salido una abogada defensora a los fondos buitre- y pedía que diera los datos. Pues, se los doy: 5000 millones de recortes en dependencia desde el año 2012; el 75 % de las residencias son privadas, algunas en manos de corruptos y fondos buitre -algunos de los que aparecen en papeles de la Gürtel, señoría-, y precariedad de sus profesionales. Hay una necesidad, que es de lo que tendríamos que estar hablando aquí; no solamente de la nefasta gestión de la Comunidad de Madrid, sino del fracaso de un modelo de residencias privatizado y precarizado. Quizá de lo que tendríamos que estar hablando aquí, señorías, es de parecernos un poquito más a los países nórdicos y apostar por un modelo de atención domiciliaria, que es lo que haría falta de una vez.
Y para terminar, a propósito de las intervenciones de la derecha, reflexiono en estos días -lo decía ayer en el hemiciclo- sobre su estrategia colectiva: el berrinche, la interrupción, el ruido, la pataleta, la mentira o el que no hagan propuestas. Lo lógico es que ustedes vinieran aquí y dijeran: Somos la oposición
y tenemos una propuesta diferente para hacer las cosas. Ni siquiera han mantenido el decoro patriótico que sí han mantenido otras oposiciones de la derecha, como la de Portugal, cuando el Gobierno tiene que afrontar una pandemia sin precedentes diciendo: Oiga, aquí hay algo por delante de los intereses de partido y, por una mínima noción de decoro patriótico, no vamos a tratar de aprovechar esto políticamente, sino de ayudar a nuestro país. Yo ya no espero eso de ustedes, señoría. Me conformaría con que hicieran propuestas propias de una oposición de Estado. Pero ustedes han decidido ser una oposición de pancarta y cacerola. Creo que esto es básicamente -se lo decía ayer al señor García Egea- porque ustedes son perfectamente conscientes de que no van a sumar, no van a sumar con Ciudadanos y VOX para tener una mayoría de Gobierno en este país ni dentro de unos meses, ni dentro de cuatro años. Por lo tanto, ya les queda solamente la oposición de pancarta, cacerola y provocación. Y si alguna vez me he equivocado, ha sido precisamente entrando al trapo de sus provocaciones, y no lo voy a hacer más.
A propósito de la intervención de la señora Guerra, me quedo con algo que es muy importante. Ha puesto el acento en la feminización de los cuidados. Creo que hay algo que va a ser necesario plantear en la Comisión de Reconstrucción que tendría que ir en la dirección de un acuerdo de Estado que ponga a la economía de los cuidados en el centro no solamente de la acción de gobierno, sino en el centro de una acción concertada de país donde estén las organizaciones sociales, los sindicatos, los empresarios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria.
Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a todos y a todas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, iniciamos un nuevo turno de intervenciones por un tiempo de hasta tres minutos de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que lo deseen. Por lo que veo continúa sin aparecer nadie del Grupo Mixto. Por tanto, por parte del Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra Oskar Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidente.
Señor vicepresidente, usted nos lanzaba un envite, nos ofrecía la posibilidad de construir una realidad de cambios estructurales a través de una mayoría legislativa. Nosotros vamos a recoger ese guante, vamos a trabajar para construir cambios profundos, y es verdad que lo hacemos con una dificultad inicial. Nosotros no tenemos sentido de Estado español, pero creemos que nos sobra sentido común viendo determinadas lógicas que se ven en este hemiciclo. Porque se habla mucho de las colas del hambre, pero nosotros vemos una aberrante práctica de los juegos del hambre, y eso es algo que desde luego hay que denunciar. Vamos a participar de esos debates de Estado que usted señala porque creemos que es el momento de tomar decisiones estructurales, porque podemos hacer realidad que los derechos se igualen por arriba y no por abajo, que es como se ha venido haciendo sistemáticamente, que eso no consiste sino en rebajar los derechos de quien ya los tiene adquiridos para que la sociedad parezca más equilibrada en una falsa fotografía. Pero no le voy a negar que, como decía una persona que seguramente ambos admiramos, Daniel Bensaid, en su autobiografía, nos devora una lenta impaciencia por que todo esto se empiece a hacer y se haga de verdad y de manera clara. Y también le diremos que vamos a participar de ese debate con una máxima, y es que nadie nos va a robar la memoria, porque si nos roban la memoria -se lo dije en una ocasión-, nos roban la dignidad en la rebeldía y creemos que no es el momento de renunciar a ni uno solo de nuestros principios.
Usted me decía algo -y espero con esto no generarle un problema añadido a los que ya veo que le generan atendiendo a determinados medios de comunicación-, que podíamos emocionarnos juntos con el color de los uniformes de los sanitarios y de las sanitarias. Por supuesto que sí, pero no lo hacemos porque tengamos un mismo sentimiento o un mismo sentimiento de pertenencia nacional, sino que probablemente lo hacemos porque tenemos un mismo sentimiento de pertenencia de clase. Yo me emociono con cualquier sanitario en cualquier lugar del mundo que está dando lo mejor de sí para salvar vidas, pero eso no hace que yo renuncie a mi sentimiento vasco, como no le pediría a usted que renunciara a su sentimiento español.
Termino con una cuestión, porque no lo he hecho en la primera intervención y creo que es de justicia hacerlo ahora. Me parece una buena noticia que se lleve hacia delante la ley de protección de la infancia y la adolescencia. Creo que ha pasado demasiado tiempo hasta que se pueda materializar, ojalá sea pronto y se haga bien y de manera inclusiva, porque así seguramente no tendremos que lamentar, por ejemplo, lo que hemos tenido que lamentar en Nafarroa hace dos días con el suicidio de un niño de nueve años en un centro de internamiento. Como le decía, nos devora una lenta impaciencia por que se
empiecen a hacer muchas cosas para que de verdad podamos creer que se puede construir una realidad más justa, más libre y más igualitaria.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Íñigo Barandiaran.
Señor Iglesias, créame que me gustan mucho por lo general sus intervenciones, pero también tengo que decirle que me gustan mucho más aquellas que suponen un plano de elaboración ideológica que aquellas de confrontación en las que entra en otro terreno. Por eso, es verdad, me ha congratulado de alguna manera su aproximación al mundo de la economía a través de la visión del neokeynesianismo. Esa doctrina, la de la humanización del capitalismo, es aquella que permitiría cierto grado de regulación en los medios de producción, pero no su intervención. Esa es la base de la doctrina política del nacionalismo vasco, cuyo contenido se incorpora después de la Segunda Guerra Mundial. Y el keynesianismo lo que incorpora es ese plano territorial, no vasco, sino de otra dimensión, el global, y, en nuestro caso concreto, el europeo; es decir, aquel en cuya medida, en cuyo espacio entendemos que se deben producir las soluciones a los problemas que se dan a los ciudadanos de nuestro entorno, que son europeos, que no son ni vascos ni españoles, sino de otro entorno cultural y político. En ese sentido, creo que sus respuestas aproximan las soluciones a esa medida, vistas desde un plano diferente, no solo estrictamente local.
Me alegro de que su doctrina política se aproxime en eso a la nuestra, en el sentido de proponer que se produzca a través de ámbitos de soberanía compartida. Si el ejercicio del poder se produjera de esa forma en este Estado, seguramente el cisma político en el ámbito territorial y la completación del ordenamiento jurídico, tal y como se encuentra regulado actualmente, se hubiera producido de otra forma y con otro nivel de satisfacción para muchas doctrinas políticas, que hoy, sin embargo, no son coincidentes. Esa concreción de ese espacio social o de humanización del capitalismo es la que ha llevado a que la RGI se haya implantado en Euskadi. Una dosis de realismo y de conciencia social ha hecho de ella un modelo de éxito. Como usted ha manifestado, no se trata de una cuestión de caridad, no se trata de una limosna, se trata de garantizar que aquellos que se encuentren desfavorecidos accedan a todos los servicios en las mismas condiciones que el resto de la población. Señor Iglesias, esta es mi participación respecto a esta cuestión.
Antes me ha llegado una noticia de la que me gustaría advertirle. Viene a decir que hoy el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la audiencia balear en la que se denegaba la nacionalidad española a una persona nacida en el Sáhara Occidental en el momento en que era colonia española. La conciencia de solidaridad con determinados colectivos desfavorecidos debe llevar también a ser conscientes de que esa es una deuda histórica de un país que, formalmente, aún sigue siendo potencia no solo colonizadora sino administradora del proceso de descolonización, a pesar de que muchas decisiones de los sucesivos Gobiernos hayan ido en dirección contraria y a pesar también de que la Unión Europea, en sus últimas intervenciones y en el ámbito de determinados derechos que debían haber sido gestionados por los representantes del pueblo saharaui, haya juzgado...
El señor PRESIDENTE: Ha superado ya los tres minutos.
El señor BARANDIARAN BENITO: ... su valor y no lo haya tenido en cuenta. Señor Iglesias, me gustaría que prestara atención a esta noticia para que pueda ser tratada por su Gobierno, porque me parece que es realmente grave.
El señor PRESIDENTE: A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente.
Vicepresidente, quisiera decirle que Ciudadanos tiene un corazón basado en la igualdad, que me parece que desconoce, una igualdad territorial y una igualdad que no quiere dejar a nadie atrás, a ningún grupo vulnerable. Tenemos un corazón social. Defendemos dos premisas de trabajo en nuestro programa y en todas nuestras iniciativas. De lo que me voy a encargar es de que las conozca bien. Además, quisiera comentarle que cuando se refiere a mí se está refiriendo a Ciudadanos, y quiero que lo tenga muy presente. Vamos a seguir defendiendo el corazón social de Ciudadanos en cada una de nuestras
iniciativas. A este respecto, también me gustaría decirle -antes no lo he comentado en el ámbito de infancia- que nos parece muy importante que la ley del menor salga adelante. Nos parece totalmente vital. Ahí estaremos para trabajar en ella y, sobre todo, por algunas alusiones anteriormente. En Andalucía hemos estado trabajando de una manera muy dura desde la consejería, y me consta, por parte de mi compañera Rocío, que, en la consejería de Andalucía, incluso, hemos asumido todo el trabajo que había que realizar con menores no acompañados, habiendo recibido una reducción presupuestaria por parte del Gobierno central, por ejemplo. Eso también hay que mirarlo.
En cuanto a los menores tutelados, en su momento cuestionamos la posición de su partido en relación con esa comisión de investigación de menores. Creo que tenemos diferencias en algunos puntos de vista, pero mi planteamiento siempre va a ser el de trabajar; trabajar por los más vulnerables, defender la igualdad desde la perspectiva de nuestro partido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Plural, el señor Genís Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Señor vicepresidente, yo le agradezco el tono, pero usted tiende a contestar lo que quiere; es una práctica parlamentaria. Antes apelaba usted al parlamentarismo; yo creo que usted esta práctica la tiene muy interiorizada, porque, cuando nosotros le planteamos lo de los ERTE es porque también nos informamos y leemos los periódicos. A mí me parece bien que la respuesta siempre sea el número de prestaciones aprobadas y el número de dinero abonado, el reconocimiento, al que me sumo, de los funcionarios del SEPE; pero a nosotros nos interesan datos evaluables, tantos por ciento, cuántas incidencias. Es evidente que la persona que tiene la prestación reconocida ha cobrado, pero le preguntamos por los que no tienen ni la prestación reconocida, porque esto es lo que aflora; porque en el colapso que se produce hay gente que no tiene la prestación reconocida. ¡Solo faltaría que el que la tiene reconocida no la cobrara!
De hecho, yo no le pregunto por sus intenciones. Cuando le pregunto por el Plan Mecuida, y si se plantean hacer una prestación para aquellas familias que tienen hijos en casa y que no pueden compaginar el teletrabajo con los hijos, y que puedan coger algo similar a una baja, usted me dice que le gustaría, pero no me dicen si lo van a hacer o no. Y cuando le digo que esto es especialmente grave en el caso de las familias con una persona con discapacidad en casa, tampoco saco nada en claro, no sé si lo van a hacer o no. Por tanto, sepa que no le pregunto para que las cosas consten en acta, le pregunto porque me interesa no solo su opinión, sino saber si lo van a hacer o no lo van a hacer; y hay cosas que ya ni me las contesta.
Las transferencias a las comunidades autónomas o liberar los remanentes a los ayuntamientos, ¿lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Es justo que con un aumento del 7 % en la recaudación del IRPF en la casilla social, durante cuatro años se siga cobrando la misma cantidad en las entidades del tercer sector en Cataluña? También le pregunto por los sobrecostes de los EPI en los centros especiales de trabajo, y los sobrecostes por medidas de desinfección. En definitiva, cuestiones concretas.
Antes le decía a la oposición que no le decía cuestiones concretas. Yo se las planteo, y me gustaría saber si son sí o si son no. Que le gustaría; a mí también me gustaría; yo creo que a todos nos gustaría, pero necesitamos saber si esto forma parte del objetivo a corto plazo del Gobierno, o si está en una lista de cosas que se van a intentar hacer.
Vuelvo al tema de los reales decretos-leyes, que son urgentes y necesarios, se aplican desde el minuto cero, pero no pedimos la tramitación parlamentaria porque sí, sino porque creemos que podemos aportar y que puede haber muchas mejoras que se pueden introducir. Pero sepa que también estamos a su disposición por si quieren comentar estas medidas con nosotros antes de aprobarlo como real decreto-ley. Cuando hacen los borradores nadie llama a los grupos de la oposición para ver si tenemos alguna aportación que realizar; y quizá nos ahorraríamos la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, y podríamos conseguir que, ya de inicio, salieran con muchas mejoras en este trabajo parlamentario, que estoy seguro de que los dos compartimos.
Entiéndalo desde esta perspectiva, con auténtica ansia de construcción, pero también con auténtica ansia de saber la certeza de si las cosas se van a hacer o no se van a hacer, si se asumen o no se asumen.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, su portavoz, Norma Pujol.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, president.
Intervendré de manera muy breve. Señor vicepresidente, cuando hablábamos del ingreso mínimo vital, yo he insistido mucho en que lo celebrábamos y sabíamos que era una medida complementaria y a la vez compatible, por ejemplo, con la renta mínima garantizada que tenemos en Cataluña. Por lo tanto, creemos que esta complementariedad da lugar a una cosa, y es que entre todos vamos a hacer que las personas puedan tener un ingreso mínimo digno para que su vida pueda ser lo mejor posible. Y relacionado con el ingreso mínimo vital, hablando de los colectivos de discapacitados, más allá del programa Mecuida, que es una de las medidas y un recurso que puede ayudar en cierta medida -no en todos los casos-, quisiera preguntarle si tiene pensado algún mecanismo para que los discapacitados intelectuales puedan cobrar el ingreso mínimo vital. Por otra parte, también ha hecho hincapié en que decretaron que los profesionales sociales durante el estado de alarma sean servicio esencial. Es un primer paso, creo que es muy importante, pero insistimos en que los profesionales sociales deberían ser considerados personal esencial de por vida.
En cuanto a la ley de protección a la infancia que antes no he podido comentar, evidentemente también lo celebramos. Tenemos ganas de ver, leer y estudiar el documento definitivo que no hemos podido ver aún. Tenemos ganas de tenerlo y de que vea la luz y esté aprobado cuanto antes para garantizar la protección de los derechos de los niños y las niñas porque es básico, importantísimo, y más vale tarde que nunca, pero creo que ya va siendo hora, algo que creo compartimos todos los miembros de esta sala.
Para terminar, en cuanto a la Ley de dependencia, por un momento ha sido como vivir un déjà vu en esta Comisión, porque ya lo habíamos hablado en la primera sesión y usted también me respondió que para hacer posible esta cofinanciación al 50 % era necesario aprobar unos presupuestos. Y sin ánimo de presionar -tampoco a usted, como me ha dicho usted también-, debe saber que para llegar a nuevos acuerdos es imprescindible cumplir los previos, y sabe usted que tenemos un acuerdo sobre una mesa de diálogo que para nosotros es una línea importantísima, y a partir de ahí y de que veamos que todo sigue su curso, tal y como tenemos acordado, podremos llegar a otros acuerdos.
Si nada más que decir, muchas gracias por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, Pilar Garrido.
Me queda un tema por tocar que para mí es importante. Cerraba la intervención el vicepresidente hablando de la economía de los cuidados. A mí me gustaría hacerle en ese sentido una petición, y quizás, volviendo a retomar lo que decía Harvey de que esta crisis exhibe todas las características de ser una crisis de clase, de raza y de género, me quiero acordar de las personas que han estado en primera línea de lucha contra este virus, trabajadoras precarias, y lo digo en femenino porque han sido mujeres. Eran sectores feminizados: eran limpiadoras, eran cajeras, eran enfermeras, eran cuidadoras. En ese sentido -ironías de la vida-, el BOE las transformó en servicios esenciales cuando nadie había pensado en ellas. Entonces, esperamos que esto no se quede ahí y que sigamos trabajando para protegerlas y para que las condiciones laborales en las que desarrollen su trabajo hagan que pueda hacerse adecuadamente. Y aquí quiero hacer mención a Euskadi. En este caso tenemos a las trabajadoras de las residencias primero en Vizcaya y ahora en Guipúzcoa. Llevaban mucho tiempo en huelga. Yo he hablado con ellas y no solo hablan de condiciones laborales; hablan de poder desempeñar su trabajo dignamente y te cuentan cómo tienen que cuidar a los mayores. En ese sentido, yo creo que se pueden hacer cosas y pediría -sé que la vicepresidencia lo tiene en la cabeza- avanzar por ese camino.
También es verdad que se ha aprobado la prestación para trabajadoras domésticas -la primera vez, enhorabuena-, pero también hay que seguir amparando y protegiendo a esas personas que en las cadenas de cuidados cumplen las tres características de las que habla Harvey: son mujeres, son pobres normalmente y son migrantes. Por lo tanto, humildemente pedimos que se den pasos.
Y me voy a tomar la licencia de intervenir en un pequeño debate que se daba entre el compañero Oskar Matute y la vicepresidencia, y diría que no creo que haya que elegir entre reconocimiento y redistribución. Y siguiendo a Nancy Fraser en este caso, diría que tenemos que aunar las dos miradas de reconocimiento de las diferentes identidades y de redistribución de la riqueza, y creo que una de las cosas bonitas que tiene Unidas Podemos es que lo tiene muy interiorizado.
La señora ROMERO VILCHES: Señor Iglesias, nos ha llamado la atención por traer escrito nuestro discurso, seguramente usted tendrá muy interiorizado su mantra y ya no necesita, a base de repetirlo, escribirlo. Me dice que la gestión de las residencias sería de las comunidades autónomas y, efectivamente, la gestión, sí, pero la titularidad, no, que pasa a ser estatal porque estamos en un estado de alarma y a partir del día 19 usted asumió la responsabilidad. Por tanto, es usted únicamente el responsable de no haber gestionado bien este asunto de las residencias.
Yo no quiero proteger a Ayuso, me saca usted el tema de la Comunidad de Madrid, pero no sé por qué no hace referencia al documento al que he eludido en mi intervención anterior sobre la Generalidad de Cataluña titulado "Recomendaciones de apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzos terapéuticos para personas de más de 75 años con sospecha de COVID". Quería decirle también que, si usted quiere que hablemos de la Gürtel, yo también le puedo hablar del dinero que se ha malgastado en Andalucía por sus socios de Gobierno, aquellos que han gobernado durante casi cuarenta años la Comunidad andaluza, la mía, que se han gastado el dinero de los parados, el dinero destinado a derechos sociales, en drogas y en prostitutas. Tanto usted como la 'miembra' de su partido han tratado de desviar la atención de sus responsabilidades culpando a las empresas privadas y a las comunidades autónomas, pero al menos reconoce que se han hecho mal las cosas. Ahora mismo, hay abiertos infinidad de procedimientos judiciales que delimitarán perfectamente quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido en las residencias y nosotros queremos que se depuren responsabilidades, todas, nos da igual que sean privadas, públicas o mediopensionistas.
Quiero decirle también, señor Iglesias, que nosotros hemos perdido toda esperanza de enmienda con usted y quiero que usted pierda toda esperanza de que va a conseguir amedrentar, ya sea con sus amenazas directas o veladas, a los cincuenta y dos diputados de VOX, que vamos a hacer todo lo que esté legalmente permitido -se lo reitero, todo lo que esté legalmente permitido- para que no nos acuse de intentar dar un golpe de Estado y para sentar en el banquillo a los responsables de causar más de 43 000 muertos por su mala gestión y entonces puede que no sea usted el que tenga que decir a nadie que cierre la puerta al salir, sino más bien que algún funcionario le diga, señor Iglesias, entre y se cerrará la puerta al entrar usted.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Mire, he leído mi intervención, pero lo que es peor es que usted ha leído la intervención que realizó el 14 de mayo en el Senado. Además, no me ha contestado a por qué decía hace un mes que un millón de familias se iban a beneficiar del ingreso mínimo vital y ahora dicen que son 850 000 familias; es que no toma nota cuando yo hablo, señor Iglesias.
Habla del Gobierno parlamentario para debatir asuntos de Estado, pero viene a abrir debates con la Comunidad de Madrid. Convoque al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, reúna a las comunidades autónomas y escúchelas, porque las ha dejado solas durante esta crisis, y pague los 300 millones que prometió el 19 de marzo. El 19 de marzo, usted, junto con el ministro de Sanidad, anuncia que Sanidad le delega la coordinación de los servicios sociales y cuando las residencias ya estaban desbordadas y colapsadas, usted dicta la orden que viene hoy aquí a leerme. En realidad, usted encomendó el papel de intervenir a las comunidades autónomas cuando estaban colapsadas y la UME colaboró de manera muy loable; usted, en cambio, hizo lo contrario. Y recuerde, mayor tasa de letalidad en España: Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Deje en paz a la Comunidad de Madrid, señor Iglesias.
Si nada es suyo y todo es de las comunidades autónomas, ¿para qué sirve su vicepresidencia? ¿Para qué sirve el mando único? El secretario de Estado Garcés, del Partido Popular, acumulaba las responsabilidades de dos ministerios, el del Ministerio de Servicios Sociales y el de la ministra de Igualdad; el señor Garcés, por el trabajo de los dos, cobraba un sueldo. Si reniega de sus competencias, si sus competencias son de las comunidades autónomas, ya sabe dónde está la puerta, señor Iglesias.
Una cosa es reconocer el derecho y otra cosa es pagarlo, como ha ocurrido con los ERTE. Ustedes reconocen el derecho en mayo -y es un caso real-, pero le dicen al afectado que lo va a cobrar a finales de julio. Esa es su realidad.
Señor Iglesias, habla de residencias de mayores, pero la realidad es que usted ha dejado abandonadas a las personas mayores y a las residencias. Unidas Podemos, es decir, su partido, propone la gestión pública de las residencias apartando a las empresas privadas. ¿Sabe qué propone la alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau? El Ayuntamiento de Barcelona confía a un grupo privado la gestión de las residencias de titularidad municipal. ¿Qué modelo de residencias quiere Podemos, el de la señora Colau o el del señor Iglesias? ¿Cuál es su modelo, señor Iglesias? Usted no nos va a callar, porque pasaron del 'solas y borrachas' a querer a los españoles sumisos y callados. Los recortes, señor Iglesias, fueron de Zapatero, que congeló las pensiones, bajó el sueldo a los funcionarios, quitó los 1500 euros de ayuda a las familias y dejó un agujero de 1000 millones de euros de deuda impagada a la Seguridad Social por las cuidadoras familiares.
Señor ministro, habla de recortes. Empiece por usted mismo, porque ya existen los recortes de Podemos en tan pocos meses: primero, calla ante las 265 000 personas dependientes con derecho a prestación que no reciben la ayuda; calla ante las 27 000 empleadas de hogar que no reciben el subsidio por desempleo...
El señor PRESIDENTE: Lleva tres minutos.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Termino enseguida.
Calla ante los 900 000 trabajadores sujetos a ERTE que llevan meses sin cobrar, calla ante los 400 000 autónomos que llevan pagando dos meses y sin actividad. Ha convertido la Agenda 2030 en un pin en la solapa. El hachazo a las políticas de empleo tiene su nombre: Unidas Podemos. Sí se puede, señor Iglesias, recortando 2400 millones en las políticas activas de empleo. ¿Sabe a quién van dirigidos los 2400 millones para las políticas activas de empleo? A las personas vulnerables, a las personas con discapacidad, a los parados de larga duración, a las víctimas de violencia de género, a los jóvenes de difícil empleabilidad. Para ellos van los 2400 millones que usted ha recortado. Estos son los recortes de Podemos. También, a las organizaciones no gubernamentales, que usted ha dicho que les ha subido la financiación, pero ellos lo niegan con notas de prensa que envían a todos los medios de comunicación. Ese es el verdadero señor Iglesias, el que recorta hasta en políticas de empleo y a las personas vulnerables. Esa es su realidad, no venga aquí a contarnos milongas, señor Iglesias. (Aplausos).
La señora GUERRA LÓPEZ: Gràcies, president.
La verdad es que estoy emocionada y contenta de escuchar a algunos diputados y diputadas en el Día Internacional del niño y la niña víctimas inocentes de agresión comentar felices y esperanzadores la importancia que tiene la ley de protección de infancia y adolescencia que ha comentado el vicepresidente. Para mí es un motivo de orgullo también recordar que en Cataluña tuvimos esa ley gracias al president Montilla y la consellera Carme Figueras, lo que indica que únicamente cuando las izquierdas estamos en los Gobiernos conseguimos crear instrumentos que sirvan para transformar las realidades de las personas más vulnerables.
Comentaba la diputada del Partido Popular que José Luis Rodríguez Zapatero hizo recortes. José Luis Rodríguez Zapatero lo que hizo fue la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Los recortes son de 2012 y ya gobernaban ustedes. Nuestra propuesta presupuestaria para el año 2019, aquel proyecto presupuestario que no vio la luz, era de un incremento de 900 millones de euros para la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia precisamente.
Con el tema de las residencias me parece que las señorías del Partido Popular no tienen muy claro cuáles son las competencias. Ayuso -dice la prensa; el titular era de ayer- no quiere investigar las residencias porque es politizar el dolor de las víctimas. Eso es lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo comentaba en mi primera intervención, ante la pandemia ustedes decidieron no sumarse a la lucha contra el coronavirus, sino atizarlo con mentiras y más mentiras para generar odio y más odio. Lo decía el vicepresidente en su segunda intervención, ustedes no presentan soluciones, aunque son oposición. Ustedes no están realmente interesados en ofrecer soluciones, señorías; tampoco tienen ideas reales y, en el fondo, no quieren encontrar soluciones para los problemas sociales, ya que necesitan de esos problemas para insultar y generar odio, insultar por insultar y odiar por odiar. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Despedir a los profesores? La presidenta Ayuso ha dicho que el curso que viene reduciría 14 000 plazas en las escuelas públicas de Madrid. ¿Despedir a los sanitarios en la fase pre-0? ¿Dejar de garantizar la suficiencia alimentaria a los menores de Madrid después de ofrecerles telepizzas?
¿Esa es la buena práctica de gestión del COVID con la que quieren convencer a los españoles y españolas de que ustedes gestionarían mejor esta crisis? ¿Esa? ¿La señora Ayuso y la Comunidad de Madrid? ¿De verdad lo creen? ¿O quizá prefieren que hagamos mención al legado que nos han dejado? Escuchen, en 2018, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, el gasto total en comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4 % más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por el impacto de la misma.
La diputada del Partido Popular pedía datos del ingreso mínimo vital; un nuevo derecho de ciudadanía que se acaba de aprobar en el Congreso de los diputados y las diputadas.
La señora GUERRA LÓPEZ: Acabo, presidente.
La realidad es que en la Comunidad de Madrid, aunque la tasa de pobreza severa se duplicó en diez años -del 3 % al 7,8 % en 2017-, su sistema de renta mínima proporciona apenas 400 euros que solo percibía el 1,5 % de la población. Ese es su legado y vienen aquí con sus socios de la ultraderecha a darnos lecciones no sabemos bien de qué; de ejemplaridad está claro que no, porque son sus expresidentes los que se han saltado el confinamiento durante el COVID. Son el partido que utiliza las víctimas para intentar hacer de la política un circo mediático, como hizo la semana pasada el diputado del Partido Popular por Ciudad Real, Juan Antonio Callejas. ¿Lo recuerdan increpando al ministro de Sanidad y pidiéndole que diese el pésame a la familia de una persona exitus por coronavirus? (La señora García Rodríguez: Yo he tenido dos). La familia ha contestado; ha contestado a su diputado y contesta a todos y todas ustedes: No solo es oportunista y de la más remota vileza de una mente retorcida y sin escrúpulos, sino que sus palabras están llenas de falsedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias Turrión.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señor presidente.
Señor Matute, agradezco el sentido común; no sobra en los tiempos que corren. Efectivamente, Daniel Bensaïd hablaba de impaciencia. Como usted sabe, el viejo topo recorre la historia debajo de la tierra, no se le ve y se le espera impacientemente, pero termina apareciendo. A propósito de los símbolos, a mí es que me gusta compartir Estado con gente que piensa como usted, como el señor Boadella o la señora Pujol; no tengo ningún problema. Y pienso que, si desde la fraternidad avanzamos en una dirección federal y confederal, creo que con las tensiones lógicas propias de la política y del funcionamiento democrático, seguro que nos podremos entender y que eso será bueno para los ciudadanos del conjunto del Estado.
Señor Barandiaran, le diré que son tiempos de compromiso histórico, y creo que con eso le estoy diciendo mucho. No puede haber compromiso histórico sin democristianos, ¿verdad? Y creo que son tiempos también de soberanías compartidas. Mi posición sobre el Sáhara Occidental y la de mi partido la conoce usted, pero hoy comparezco como vicepresidente del Gobierno y no me corresponde entrar en materias sobre las que debe opinar la ministra de Exteriores, pero se puede imaginar usted lo que pienso al respecto.
Señora Giménez, hay algo de lo que no dudo y es que usted, al menos usted, es el corazón social de Ciudadanos, y la mano de esta vicepresidencia va a estar siempre tendida porque creo que, si trabajamos juntos, eso solo puede producir resultados positivos.
Señor Boadella, hombre, no me diga usted que no soy específico. He detallado el pago de los ERTE; he detallado el número de intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias en residencias de mayores; he detallado el reparto de fondos sociales a las comunidades autónomas. Lo que tiene usted que entender es que en áreas que no son específicamente de mi competencia tenga que reservar a los ministros comparecientes algunos datos que, legítimamente, pedía usted, pero que se están dando en tiempo real. Planteaba usted algo importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que está puesto en el programa del Gobierno de coalición lo vamos a hacer, todo. A partir de ahí, ¿la emergencia económica y social provocada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 implica que el Gobierno no puede funcionar con piloto automático y que, por lo tanto, habrá que tomar otras decisiones? Sí. ¿Esas otras decisiones están en discusión? Como es normal, el Gobierno discute muchas cosas. Mi posición respecto a la prestación que debería existir para la gente que no se puede acoger al programa Mecuida o mi opinión respecto a lo que puedan hacer los
ayuntamientos con su superávit, se la puede usted imaginar, pero más allá de lo que haya acordado en un programa de Gobierno, a mí no me gusta hacer promesas; prefiero venir con resultados y con realidades. De momento, todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer lo hemos ido haciendo y, seguramente, algunas cosas las podríamos haber hecho mejor, pero para los pocos meses de Gobierno que llevamos, para la situación que hemos tenido que afrontar, creo que en este país se están haciendo cosas que no se habían hecho nunca. Le tiendo la mano, no somos autosuficientes. Este Gobierno necesita dialogar y hablar de todo, y cuando usted dice que tenemos que colaborar y escuchar lo que ustedes piensan antes de que lleguen algunos decretos-leyes, estoy de acuerdo con usted y tomo nota. En lo que estaremos de acuerdo también es en que los recortes de trabajadores públicos revelan su fracaso cuando viene una situación difícil en la que las administraciones tienen que responder, y esto vale para la Administración del Estado, pero estará usted de acuerdo conmigo en que vale también para la Administración catalana.
Señora Pujol, a propósito del trabajo que hemos hecho con personas con discapacidad, a partir de una intervención nuestra se permitieron los paseos terapéuticos para personas con problemas de autismo. Este Gobierno permitió la presencia de representantes de colectivos de discapacidad en el comité de desescalada para que sus criterios se tuvieran en cuenta. Vamos a seguir trabajando en esa dirección y vamos a hacerles llegar -daré instrucciones al secretario de Estado- el documento de la ley de infancia para hablarlo con ustedes. La mesa de diálogo es un compromiso de este Gobierno y el presidente lo ha dejado claro hace pocos días en sede parlamentaria.
Señora Garrido, señora Guerra, gracias por sus intervenciones, por incidir en lo que representa la economía de los cuidados, en la situación de precariedad de las trabajadoras de las residencias. Gracias por defender al Gobierno, se agradecen mucho sus palabras.
Señoría de VOX, le voy a leer una cosa: Que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Pedro Sánchez es un insulto. Quizá se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios e, incluso, confinar poblaciones. (La señora Romero Vilches pronuncia palabras que no se perciben). ¿Sabe quién lo dijo? Rocío Monasterio. Impresionante, ¿verdad? ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que a ustedes les da igual una cosa que otra; son capaces de decir una cosa y su contrario con tal de defender los intereses que defienden ustedes: los intereses privados, los intereses de los corruptos y los intereses de los privilegiados que no quieren pagar los impuestos que les corresponden.
Señoría del Partido Popular, el problema de traer las cosas escritas es que a veces se traen cosas de hace mucho tiempo. Me ha dicho usted literalmente: Pague los 300 millones que prometió. (La señora García Rodríguez: No los ha pagado). Repítalo otra vez para que se oiga bien en el vídeo. (La señora García Rodríguez: No los ha pagado). ¿No lo hemos pagado? (La señora García Rodríguez: En su totalidad, no). Le aseguro que sí, que están transferidos, señoría. Llame usted a la Comunidad de Madrid, le aseguro que están transferidos. No pasa nada, le puede pasar a cualquiera. Uno dice una cosa mal...Yo muchas veces digo cosas mal o me pasan un dato mal o me equivoco yo. Pide uno disculpas y no ocurre nada. Creo que queda usted peor si en lugar de... (La señora García Rodríguez: Es la información que tengo). Eso es diferente. Ya le digo yo que su información es incorrecta. Soy vicepresidente del Gobierno y le aseguro que la transferencia está hecha, pero, usted misma.
Hay una cosa... (La señora García Rodríguez: Lo importante son los ERTE). No me interrumpa, señoría, que yo a usted no la he interrumpido en ningún momento. Me sorprende su línea discursiva, que diga que nosotros hacemos recortes. Yo pensaba que lo que ustedes decían de nosotros es que gastábamos de manera desmesurada, pero que ustedes digan que nosotros hacemos recortes cuando, además, estamos hablando de dependencia, creo que es algo imprudente por su parte, señoría. Ustedes recortaron 5000 millones en dependencia desde 2012. Ustedes recortaron el 13 % del nivel mínimo y eliminaron el nivel acordado. ¿No le parece un poco imprudente, señoría, que venga usted a decir aquí que hay dependientes con problemas para cobrar su prestación? Quizás es imprudente, señoría.
El señor PRESIDENTE: Primero, muchas gracias, señor Iglesias, por sus explicaciones y también y, sobre todo, muchas gracias a todos los portavoces, porque quiero creer el esfuerzo que han hecho en demostrar que se puede hablar, incluso con dureza, porque hablar es el primer paso para después poder llegar a acuerdos.
Como no hay ningún asunto más a tratar, s'aixeca la sessió. Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.

References: artículo 44
 ARTÍCULO 44
 artículo 763
 artículo 47
 artículo 39
 artículo 47
 artículo 15
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 14
 artículo 15