Source: http://www.lamoncloa.gob.es/espana/historico/eh15/medioambiente/Paginas/index.aspx
Timestamp: 2019-03-21 20:03:47+00:00

Document:
La Moncloa. 13/03/2017. Medio Ambiente [España/Ediciones de "España Hoy"/Medio Ambiente]
​​​​Artículo 45 de la Constitución:
​La conservación de las costas y la protección del medio marino
El informe de revisión del comportamiento medioambiental de España, elaborado por la OCDE y presentado a principios de marzo de 2015, reconoce los grandes avances realizados por nuestro país en este sector a lo largo de los últimos años. Pone de manifiesto el progreso espectacular logrado en muchos aspectos del comportamiento medioambiental, incluyendo una economía menos intensiva en carbono, en energía y en recursos, una expansión significativa de las zonas naturales protegidas, así como la puesta en marcha de una nueva legislación eficaz que reduce significativamente la carga burocrática para empresas y ciudadanos, y refuerza la coordinación entre administraciones.
La evaluación ambiental es el conjunto de estudios que, articulados dentro de un procedimiento administrativo, tienen por objeto la identificación, predicción y valoración de los impactos ambientales que un plan, programa o proyecto produciría en caso de ser ejecutado, de modo que, mediante las oportunas medidas preventivas y correctoras, no se produzcan impactos adversos significativos y que el medio ambiente y los recursos naturales queden adecuadamente protegidos.
La normativa básica en materia de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos se encuentra recogida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am​biental, la cual acometió una profunda reforma procedimental de este instrumento jurídico de control previo, con el fin de simplificar y agilizar los procedimientos, a la vez reforzando la protección ambiental.
Con el fin de garantizar la transparencia del proceso y la colaboración pública, los ciudadanos pueden participar en la fase de consultas y de información pública, tanto en la evaluación ambiental de proyectos como en la de planes y programas, pudiendo formular alegaciones y observaciones a los diferentes documentos ambientales generados a lo largo de los procedimientos de evaluación ambiental.
El Gobierno aprobó en abril de 2013 el Plan Nacional de Calidad el Aire y ​​Protección de la Atmósfera 2013-2016: PLAN AIRE, con el objetivo de impulsar medidas que permitan mejorar la calidad del aire que respiramos y, de esta forma, se proteja la salud y el medio ambiente.
Como consecuencia de las medidas implantadas, desde el año 1990 hasta 2014, última serie temporal reportada por el Sistema Español de Inventarios, las emisiones a la atmósfera de los principales gases acidificantes y eutrofizantes (óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVNM) han experimentado notables disminuciones. En 2014 las emisiones nacionales de SOx y COVNM se situaron dentro de los límites máximos de emisión establecidos por la normativa comunitaria (Directiva 2001/81/CE de Techos Nacionales de Emisión) al igual que lo hicieron, por primera vez, las emisiones de NOx.
Otra de las medidas principales del Plan AIRE es mejorar la información que se ofrece al público sobre la calidad del aire que respira. Por ello, durante los tres últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante para recibir en tiempo real todos los datos que miden las estaciones de calidad del aire, de forma que se pueda enviar también esta información al público a través de la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Con este objetivo se ha desarrollado un visor que permite consultar la información de calidad del aire a nivel nacional de los contaminantes con valores regulados para protección de la salud en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire: SO2, NO2, PM10, PM2,5, O3, Pb, C6H6, CO, As,​ Cd, Ni y B(a)P, incluyendo datos en tiempo real y la evolución histórica de la evaluación de la calidad del aire. Además, se ha mejorado y añadido información relativa a la calidad del aire disponible al público de una manera más comprensible en la página web del Ministerio. Según el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la evaluación de la calidad del aire del año 2015 realizada a partir de los datos generados por las redes autonómicas, locales y nacionales de calidad del aire, pone de relieve que respecto al SO2 se mantuvieron los buenos resultados experimentados en los tres años precedentes, ya que en 2015 no se superó ninguno de los dos valores límite legislados. En lo que respecta al NO2, aumentó el número de aglomeraciones metropolitanas que superaron los valores legislados y en cuanto a la concentración de material particulado (PM10), esta se incrementó, en parte por el aporte natural de partículas saharianas y en parte por la contribución humana. Finalmente, hay que resaltar que en 2015 entró en vigor el valor límite de PM2,5 (25 μg/m3) que hasta ahora era un valor objetivo.
El Gobierno español ha sido en todo momento constructivo en el largo proceso hasta llegar a este nuevo acuerdo del Marco sobre Clima y Energía a 2030. Desde el comienzo de la negociación, España ha defendido, de manera reconocida por otros países, que es imprescindible avanzar hacia una Europa interconectada energéticamente. El avance logrado en materia de interconexiones de la Península Ibérica con el resto de Europa no sólo va a beneficiar a España y a Portugal, sino a toda la Unión y hará realidad un mercado interior de la energía que aportará seguridad de suministro y más capacidad de introducción de energías limpias.
En el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), España cumplió con las obligaciones del primer periodo del Protocolo de Kioto (años 2008-2012), está en la senda para cumplir con los objetivos del segundo periodo de compromiso (2013- 2020) y ya está comprometida con el cumplimiento de sus compromisos desde 2020 a 2030 en el marco del Acuerdo de París.
La Cumbre del Clima de París (COP21), siglas de la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC), celebrada en diciembre 2015, dio lugar a un acuerdo mundial histórico -Acuerdo de París- que vincula jurídicamente a los países a limitar el incremento de la temperatura global en 2ºC a final de siglo, y a un mecanismo de revisión de su implementación cada cinco años. El acuerdo fue fruto del impulso y las negociaciones lideradas por la Unión Europea, a las que España contribuyó firmemente.
España, durante la Cumbre de París, participó en varias iniciativas paralelas que muestran la colaboración del sector público y privado en esta materia, como la iniciativa 4x1000 para el incremento del contenido del carbono orgánico en los suelos agrícolas; la iniciativa franco-luso-española de impulso del vehículo eléctrico; y la del Pacto de París sobre el Agua y la Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de reivindicar el papel de los organismos de cuenca en la gestión sostenible de las políticas de agua y de adaptación al cambio climático.
El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 tras la ratificación de un número de países que suponen más del 55% de las emisiones mundiales. En España está culminándose el proceso de ratificación tras haber sido autorizado el Acuerdo por las Cortes Generales el 14 de diciembre de 2016.
En noviembre 2016 se celebró la COP22 en Marrakech, cuya declaración política ha mostrado la determinación de la comunidad internacional en la lucha global contra el cambio climático. La cumbre tenía por objeto definir un programa de trabajo que posibilite la puesta en marcha del Acuerdo de París. Además se ha reafirmado el objetivo de financiación de 100.000 millones de dólares para reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático.
España está comprometida con la financiación para la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. En este sentido, ha anunciado una contribución significativa al Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC, que se espera que se convierta en el futuro en el principal instrumento de financiación climática.
Por otro lado, debe apuntarse que en 2015 se preparó la presentación del Segundo Informe Bienal (tras el Primer Informe Bienal en diciembre 2013) a la CMNUCC. Se trata de una compilación de información sobre emisiones, tendencias, objetivos, proyecciones, medidas, financiación, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades durante los años 2013 y 2014, a fin de reportar sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones.
En lo que respecta al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se ha dado seguimiento con la AECID al proyecto denominado REGATTA, que está financiado por España y otros donantes y que tiene como objetivos: la promoción de la cooperación en materia de cambio climático en la región iberoamericana; el desarrollo de una plataforma online de conocimiento; y la identificación de centros de tecnología y conocimiento de referencia.
En cuanto al ámbito iberoamericano, gracias a la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), que nació en 2004, España mantiene un diálogo fluido permanente para conocer mejor las prioridades, retos y experiencias de los países de la región iberoamericana en materia de cambio climático., a través de los Encuentros anuales. Desde 2015 la gobernanza de la red es copresidida por España y otro país de manera voluntaria y rotatoria. El Ministerio, con el apoyo de AECID y otros actores internacionales, ha impulsado diversas actividades de la RIOCC para fortalecer políticas y actividades de lucha contra el cambio climático en los países de la región:. Así, a través de talleres regionales de capacitación técnica sobre experiencias y herramientas para la mitigación y adaptación al cambio climático y sobre financiación climática.
Ya en el ámbito europeo, España ha dado cumplimiento con las obligaciones de información establecidas en el Reglamento (UE) nº 525/2013 relativo al Mecanismo de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (MMR, Monitoring Mechanism Regulation). A lo largo de 2015 España presentó el Inventario Nacional de gases de efecto invernadero serie 1990-2012 (que recopila la información relativa a las emisiones y sumideros de gases de efectos invernadero según lo previsto en el Protocolo de Kioto y dicho Reglamento), las políticas y medidas puestas en marcha, las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030, las contribuciones financieras en materia de cambio climático, las acciones de transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades a países en desarrollo.​
Finalmente, en el ámbito nacional, se ha continuado con el desarrollo del Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación. Junto con las actividades sectoriales de evaluación de impactos y vulnerabilidad en recursos hídricos, costas, bosques, biodiversidad, agricultura, medio marino, energía y turismo, se han desarrollado otras, como la organización de seminarios sectoriales y la dinamización y mejora de la plataforma AdapteCCa, que es una herramienta de intercambio de información y de coordinación entre las administraciones y otros agentes activos en adaptación al cambio climático.
Paralelamente, han continuado los trabajos de elaboración de la Estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático que incluye distintos tipos de actuaciones a poner en marcha en los diversos tramos de costa para aumentar la resiliencia de las zonas costeras a los efectos del cambio climático.
Conviene destacar que en 2015 se creó una partida presupuestaria sobre adaptación al cambio climático bajo el formato de Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA, que se mencionará más adelante), el PIMA Adapta. Su objetivo es desarrollar proyectos concretos de adaptación al cambio climático en costas, en gestión hídrica, en medio natural y rural. En 2015 se identificaron 46 actuaciones. Para los presupuestos de 2016 se aprobó una nueva partida para este concepto por 17 M€.
En suma, el Gobierno ha priorizado una política de crecimiento económico bajo en carbono y emisiones y resiliente al cambio climático, orientando el presupuesto a la puesta en marcha de numerosas iniciativas y proyectos con un doble objetivo: reducir emisiones y, a la vez, crear empleo y actividad económica.
En lo que respecta a las medidas tomadas para fomentar la reducción de emisiones en los últimos años, hay que empezar señalando que las emisiones de la industria, el sector de generación eléctrica y el tráfico aéreo, están reguladas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Se trata de un régimen de ámbito europeo que cubre aproximadamente el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En él se implementa el principio de quien contamina paga, poniéndose un precio a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En lo que respecta a su aplicación en España, cabe señalar:
Existen más de 900 instalaciones industriales incluidas en el sistema y en torno a 30 operadores aéreos.
En el año 2015 las emisiones se habían reducido un 31% respecto a 2005, año de lanzamiento de este régimen.
Desde que se iniciaron las subastas de derechos de emisión, a finales del año 2012 España ha recaudado más de 1.500 millones de euros, que se destinan al fomento de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
El nivel de cumplimiento por parte de los agentes afectados es elevadísimo (cercano al 100%). ​
Siguiendo en el ámbito estrictamente nacional, deben destacarse las siguientes iniciativas:
Son proyectos de mitigación en los "sectores difusos" cuyas reducciones adquiere el Fondo de Carbono durante los cuatro primeros años de vida del Proyecto. Hasta la fecha, se han lanzado cinco convocatorias: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Se han aprobado alrededor de 200 proyectos de reducción de emisiones desde 2012. Esta iniciativa contribuye a que España avance hacia una sociedad y economía verde y baja en carbono, constituyendo un instrumento eficaz para lograr la reducción de emisiones de CO2.
B.1.- PIMA Aire
Forma parte del conjunto de medidas incluidas en el Plan AIRE 2013-2016. El objetivo principal ha sido el de reducir de forma significativa las emisiones de gases contaminantes, principalmente partículas y CO2, mediante la renovación del parque de vehículos comerciales y turismos por modelos más eficientes y de menor impacto ambiental disponibles en el mercado español, y promover modos de movilidad más sostenible como la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido. Mediante reales decretos en 2013 y 2014, su aplicación ha supuesto la renovación de cerca de 35.000 vehículos, que sustituyen así a un parque con una antigüedad media superior a los 15 años. Además, los Planes PIMA Aire han facilitado la adquisición de motocicletas y ciclomotores eléctricos y de cerca de 5.000 bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.​
En el sector hotelero, el PIMA Sol aprobado por Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, es una iniciativa destinada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector turístico español. Promueve la reducción de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en las instalaciones hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética de éstas.
El Ministerio de Agricultura​ y Pesca​, Alimentación y Medio Ambiente compra las reducciones de emisiones directas de GEI que se produzcan en los hoteles mediante los proyectos de renovación.
Incentiva la renovación de tractores anteriores al 1/1/1999 a través de 70 € por CV de potencia del tractor o tractores achatarrados. Si el tractor nuevo pertenece a las clases A o B de eficiencia reciben un incentivo adicional de 1000 o 2000 €. El Plan se articuló a través del Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo.
Con una muy positiva respuesta entre los agricultores, se han tramitado 796 solicitudes de ayuda. Este Plan ayuda a renovar un parque muy envejecido de tractores por otros más eficientes.
B.4.- PIMA Transporte
Aprobado por Real Dec​reto 1081/2014, de 19 de diciembre, el Plan fomenta el achatarramiento de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías con más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada y con una antigüedad mayor de ocho años. En 2015 se cerraron 1.551 solicitudes (54% de camiones y 46% autobuses).
Iniciativa destinada a fomentar a) la separación en origen de los biorresiduos para su posterior tratamiento biológico, y b) mejorar el comportamiento ambiental de los vertederos, mediante proyectos que reduzcan las emisiones de efecto invernadero asociadas. Está dotado con 8,2 M€ en 2015.
Se recibieron numerosas solicitudes de mejora ambiental de vertederos y de recogida selectiva y tratamiento de biorresiduos. La recogida selectiva se financia entre 5 y 11€/habitante, y la captación de biogás en vertedero a 9,7€/t CO2eq.
Se estiman unas reducciones de 500.000 t CO2eq/año en mejora de vertederos y 10.000 t CO2eq/año en fomento de compostaje, además de cumplir con los objetivos de la jerarquía de residuos.
Promueve la puesta en marcha de actuaciones y obras que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, en aquellas empresas que estén inscritas en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. A través del Real Decreto 1007/2015, de 16 de noviembre, se articula la compra de los créditos de carbono por parte del Fondo de carbono para una economía sostenible, FES-CO2.
Así permitirá adquirir 500.000 t CO2eq e incentivar inversiones del orden de 50 M€ en instalaciones eficientes, energía renovables o mejoras en los procesos.
El objetivo de esta Hoja de Ru​​ta es planificar medidas adicionales, su grado de aplicación y coste con el fin de conseguir el objetivo de reducir en 2020 un 10% de nuestras emisiones en sectores difusos respecto a 2005 de una manera eficiente.
El modelo utilizado se orienta al grado de aplicación de dichas medidas necesario para cumplir de manera eficiente con los compromisos adquiridos. Consecuentemente, se evaluará el coste de cumplimiento para España del objetivo, así como otros parámetros como la generación de empleo y actividad económica.
Las emisiones difusas de los años 2013 y 2014 han estado en el entorno de los 21Mt CO2 por debajo de los objetivos marcados por la Decisión de Reparto de Esfuerzos para España, lo cual indica que se está en el buen camino de cumplir los objetivos a 2020.
Actualmente se está avanzando en la Hoja de Ruta actualizada y extendida a 2030 donde se tendrán en cuenta los futuros objetivos que establezca la nueva regulación..
El Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 es una iniciativa plasmada en el Real Decreto 163/2014. Vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales, de manera que, aquellas empresas que deseen compensar su huella de carbono lo hagan a través de la adquisición de unidades de absorción de origen nacional.
El Registro se estructura en tres secciones: una sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una sección de proyectos de absorción de CO2 y una tercera sección de compensación de huella de carbono. A finales de 2016 el Registro cuenta con 367 organizaciones que han inscrito un total de 611 huellas.​
España también ha hecho un importante esfuerzo de divulgación y sensibilización. Entre estas iniciativas merece destacarse el proyecto "Un Millón de Compromisos por el Clima​", que consiguió en 2015 el reto de sumar más de un millón de adhesiones contra el cambio climático por parte de ciudadanos, empresas y, organizaciones administrativas y sociales, ONGs, universidades, etc. Esta iniciativa consistía en asumir compromisos de acciones para reducir emisiones de CO2, ofreciéndose en la página web del proyecto más de 80 acciones posibles. En la Cumbre de París (COP21) la Ministra entregó a la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC más de un millón cien mil compromisos asumidos por ciudadanos y entidades. Tras esta iniciativa, a finales de 2016 se ha creado la comunidad #PorElClima en la página web www.porelclima.es, a la que pueda unirse cualquier persona y entidad para crear su plan de acción contra el cambio climático.
Se han realizado otros trabajos de divulgación y sensibilización, como convocatorias y participación en numerosas jornadas, congresos y talleres.
Además, se ha completado el importante trabajo de comunicación y divulgación de los resultados de los informes que comprenden el Quinto Informe de Evaluación por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), abarcando materias como las bases científicas del cambio climático, impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, y mitigación.
El agua es un bien público ligado al desarrollo socioeconómico del país. Por eso el primer objetivo del Ministerio de Agricultura y Pesca​, Alimentación y Medio Ambiente en esta materia es asegurar el suministro en cantidad y calidad suficiente para todo el territorio y para todos los usos.​
Todo ello conforme a la política del agua de la Unión Europea, cuya pieza clave es la Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua, y que persigue los siguientes objetivos principales: ampliar el alcance de la protección del agua a todas las aguas, esto es, las aguas superficiales (incluidas las de transición y costeras) y aguas subterráneas; alcanzar el buen estado para todas las aguas en unos plazos determinados (a 2021 y a 2027); gestión del agua basado en cuencas; enfoque combinado de los valores límite de emisión y normas de calidad para reducir y controlar la contaminación en las aguas; conseguir un nivel adecuado de recuperación del coste de los servicios del agua y hacer del precio un incentivo económico para un uso eficiente del agua; involucrar a los ciudadanos en la gestión y planificación; simplificación de la legislación y coordinación de objetivos con la legislación medioambiental.
La herramienta fundamental para la consecución de estos objetivos es la planificación hidrológica, y particularmente los Planes Hidrológicos de demarcación hidrográfica, desarrollados por los organismos de cuenca. Estos planes se redactan según lo dispuesto en el marco normativo español, que a su vez traspone la Directiva Marco del Agua, principalmente a través del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y los reglamentos que desarrollan los aspectos relacionados con la planificación hidrológica (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio) y la protección del dominio público hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), modificados recientemente por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.
Embalse (MAPAMA)
Durante el año 2015 se ha finalizado la redacción de los Planes del segundo ciclo de planificación hidrológica (2016-2021), para comenzar con su seguimiento a lo largo del año 2016. La redacción de dichos planes se ha realizado de acuerdo con el calendario marcado por Europa, contando con una amplia participación pública y habiendo recibido el informe favorable del Consejo Nacional del Agua. Los 12 Planes de las cuencas intercomunitarias, cuyos organismos de cuenca dependen de la Dirección General del Agua, fueron aprobados por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Por su parte, el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, aprueba los Planes Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas intracomunitarias cuyos organismos de cuenca están transferidos a las Comunidades Autónomas.
Los Planes Hidrológicos del segundo ciclo (2016-2021) dan un avance significativo frente a los Planes del primer ciclo (2009-2015) en cuestiones clave para la consecución de los objetivos de la planificación en el territorio español, tales como:
Caracterización de las masas de agua: Se han caracterizado 5162 masas de agua superficial y 761 subterráneas.
Inventario de recursos hídricos: Los recursos renovables suman un total de 109233 hm3/año como media de la serie 1940/41 - 2011/12 (inferiores en un 9% si se toma como referencia la serie desde el año 1980/81), a los que se suman una media de 694 hm3/año de recursos no convencionales procedentes de la reutilización y la desalación.
Transferencias de recursos: Se ha calculado una media de 922 hm3/año de recursos trasvasados en 21 trasvases, fundamentalmente para el abastecimiento urbano.
Identificación de presiones significativas: De acuerdo con la cuantificación de dichas presiones para cada masa de agua, la mayor presión procede de alteraciones hidromorfológicas, fundamentalmente debida a las extracciones superficiales y subterráneas para el suministro a los distintos usos; seguida de la presión por contaminación de origen puntual, fundamentalmente procedente de los vertidos urbanos, y de la presión por contaminación de origen difuso, fundamentalmente procedente de la actividad agraria, siendo esta última presión la que más afecta a las masas de agua subterránea.
Caracterización de los usos y demandas: Se ha estimado una demanda actual de 31123 hm3/año, con una estimación de 32083 hm3/año al año 2021 para usos urbano, agrario e industrial repartido entre 15%-80%-5% del total.
Asignación y reserva de recursos: Ésta es una de las piezas centrales de la planificación hidrológica española, con la particularidad de que no está explícitamente contemplada en la norma europea, y que establece los criterios para el reparto del recurso. Esta parte de la planificación permite identificar los desequilibrios existentes entre la oferta y la demanda del recurso en los sistemas de explotación que componen las demarcaciones hidrográficas, así como de identificar las medidas que permiten una mejora de las garantías del suministro sin deteriorar el estado de las masas de agua afectadas. Se han identificado las asignaciones y reservas para cada uso en función de las demandas estimadas, de los consumos realmente medidos y de los derechos existentes para cada uso. Para el horizonte 2021 se han calculado las garantías de suministro para cada uso en distintos escenarios de explotación de los recursos, así como se han chequeado estas garantías en un escenario de cambio climático a partir de la información disponible en el año de referencia de la redacción de los planes. A partir de las estimaciones de la demanda y las asignaciones realizadas se han calculado los índices de explotación y consumo del recurso por cada demarcación, siendo del 21% la media del índice de consumo peninsular frente a los recursos renovables, sufriendo grandes variaciones intraanuales y superando, ampliamente en algunos casos, el 100% en verano.
Determinación de caudales ecológicos: En este ciclo de planificación se ha realizado un avance significativo en cuanto al aumento de masas de agua con fijación de los componentes de los caudales ecológicos, situándose dese un mínimo en torno a un 20% en caudales mínimos caudales generadores, a duplicarse en tasas de cambio y hasta cuadruplicarse en fijación de caudales máximos frente a los fijados en los planes del primer ciclo.
Identificación de las zonas protegidas: En particular, en lo que se refiere a los espacios de la Red Natura 2000, y en la medida en que ha habido información disponible, los objetivos establecidos en la normativa específica de cada zona protegida se han asumido en los planes hidrológicos como requerimientos adicionales para las masas de agua implicadas.
Seguimiento y control de masas de agua y zonas protegidas: Se ha contado con un total de más de 20500 estaciones, para todas las categorías de masas de agua, que permiten identificar los impactos que sobre las masas de agua ejercen las distintas presiones a través del control de los elementos de calidad fisico-químicos, biológicos e hidromorfológicos. Con el objeto de asegurar ​el mismo nivel de exigencia y la misma metodología para el control de las masas de agua, se ha aprobado el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre​, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Evaluación del estado de las masas de agua: El estado de las masas de agua superficial se obtiene como el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico; y como el peor valor de su estado químico y su estado cuantitativo en el caso de las subterráneas. Se han evaluado un 54% de masas de agua superficial en estado bueno o mejor y un 56% masas de agua subterránea en estado bueno.
Recuperación del coste de los servicios del agua: Se fija el nivel de recuperación de costes de acuerdo con el régimen económico-financiero vigente establecido en el art.111bis.3 del TRLA, según el cual, se obtiene un nivel medio en torno a un 65% de recuperación, considerando el conjunto de todos los usos urbano, agrario e industrial.​
Fijación de objetivos ambientales y exenciones: Los objetivos generales requeridos para las masas de agua, bajo determinadas circunstancias, pueden ser objeto de prórrogas, de la definición de objetivos menos rigurosos o, incluso, es posible aceptar nuevas modificaciones físicas de las masas de agua que impidan el logro de los mencionados objetivos ambientales generales. Para 2027 se han fijado que el 95% de las aguas superficiales y subterráneas se encontrarán en buen estado, en un 3% se establecen objetivos menos rigurosos y queda un 2% de masas de agua con objetivos por definir.
Las inundaciones son los fenómenos extremos que más impacto económico y social producen en España. Desde los últimos días del mes de enero y durante buena parte del mes de febrero de 2015 tuvieron lugar sucesivos temporales de lluvia, nieve y viento que afectaron a la práctica totalidad del territorio nacional, nevadas de excepcional intensidad y lluvias persistentes que provocaron inundaciones y desbordamientos. A ello se añade la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos de viento y mar que azotaron las costas del litoral mediterráneo y atlántico peninsular, así como las Islas Baleares.
Mención especial requieren las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante el mes de febrero y los primeros días de marzo. Tras un primer episodio provocado por las intensas precipitaciones registradas Tras un primer episodio provocado por las intensas precipitaciones registradas entre el 31 de enero y el 6 de febrero y una primera fase de deshielo, que ocasionó importantes aumentos de los caudales de varios afluentes de la margen izquierda del Ebro, las intensas lluvias acaecidas el 25 de febrero y un deshielo acelerado por el aumento de las temperaturas generó un segundo episodio de avenidas en la última semana de febrero y primeros días de marzo, afectando fundamentalmente a la provincia de Zaragoza. El río llegó a alcanzar niveles desconocidos en los últimos 20 años y anegó más unas 20.000 hectáreas de terreno. Se tuvo que desalojar a unas 1.500 personas, resultando afectadas numerosas poblaciones de la ribera alta y baja del Ebro.
Para paliar el daño provocado por dichas inundaciones, una vez cuantificadas, se dotó un crédito extraordinario de 22.425.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Real Decreto 1059/2015, de 20 de noviembre).
En el mes de octubre de 2015 las precipitaciones registradas en el archipiélago canario fueron importantes desde el día 20 de octubre, pero alcanzaron niveles de particular intensidad los días 22, 23 y 24. Los episodios de intensa lluvia y, en algún caso, de viento, afectaron prácticamente a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para paliar el daño provocado por dichas inundaciones, una vez cuantificadas, se dotó un crédito extraordinario de 19.700.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones.
Con el objeto de prevenir y tener una mayor preparación ante fenómenos tan impactantes como las inundaciones, la Directiva 2007/60/CE obliga a los Estados europeos a la elaboración, aprobación e implantación de Planes de gestión del riesgo de inundación y así se regula a nivel nacional por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de gestión de riesgos de inundación (recientemente modificado por el Real Decreto 638/2016, de diciembre). Los Planes de gestión del riesgo de inundación tienen como objetivo el lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.
La mayor parte de los Planes de gestión del riesgo de inundación (16 demarcaciones hidrográficas) fueron aprobados por el Gobierno el 15 de enero de 2016. Posteriormente, el 15 de abril de 2016 se aprobó el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears.
Los objetivos perseguidos por estos planes son los siguientes: Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos; mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo; mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación; mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones; contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables; conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables; mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.
Los programas de medidas de la planificación hidrológica y de los planes de gestión de riesgos de inundación
El programa de medidas de los planes hidrológicos y de los de gestión de riesgos de inundación para cada demarcación hidrográfica permite identificar las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos fijados en los mismos, a ejecutar por las distintas administraciones. Las medidas se clasifican en 19 tipos, que suman unos 16.250 millones de euros para las medidas destinadas a la planificación hidrológica, y unos 1200 millones de euros para hacer frente al riesgo de inundaciones, para el período 2016-2021.
De entre estas medidas destacan casi 7500 millones de euros para destinados a la lucha contra la contaminación por vertidos puntuales, particularmente destinados a actuaciones de depuración y saneamiento. Asimismo destacan los 2200 millones de euros destinados a medidas para promover la reducción de las presiones por extracción de agua. Cabe destacar previsión de inversión de unos 101 millones de euros, que permitirá el seguimiento de más de 5.000 masas de agua a través de 4.400 estaciones de control de la contaminación; así como los 130 millones de euros destinados a medidas de preparación frente a las inundaciones, entre las que se encuentran la mejora de los sistemas de alerta hidrológica (SAIH), herramienta imprescindible en la gestión de las inundaciones.
La sequía es un fenómeno natural caracterizado por una reducción de las precipitaciones en una cuantía tal que puede dar lugar a impactos importantes debidos a la disminución de la disponibilidad de agua para los usos y los ecosistemas. Son fenómenos que tardan un cierto tiempo en manifestarse, por lo que para minimizar sus impactos se dispone de los Planes Especiales de Sequía, que permiten no sólo paliar situaciones de emergencia, sino gestionar en cada momento el riesgo existente.
La escasez de precipitaciones que se viene arrastrando desde el año hidrológico 2013/14 en el levante español ha dado lugar a una situación de sequía que lleva prolongándose durante más de un año. La precipitación acumulada en ese año en la cuenca hidrográfica del Júcar fue de unos 281 mm mientras que el valor medio anual en esos años es de unos 439 mm, ha motivado un descenso tanto de la aportación a los embalses lo que dio lugar que algunos sistemas de explotación entraran en escenario de emergencia a final del año 2014. En la cuenca hidrográfica del Segura, la falta de precipitaciones en la primera mitad del año hidrológico 2014/15 fue de una media de 130 mm frente a un valor medio anual de 365 mm, que ha motivado un descenso tanto de la aportación a los embalses así como del volumen que éstos almacena. Para paliar los impactos de la sequía en la cuenca del Segura, se ha realizado la extracción de hasta 15 hm3 en el acuífero ​El Molar, la extracción de un volumen de 30,7 hm3 en el acuífero del sinclinal de Calasparra, en los pozos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 (adicionales al volumen ya extraído en pozos ajenos y propios durante el año 2015 y que se cifra en 36,22 Hm3). El Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, concede créditos extraordinarios por importe total de 50.185.000 en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para atender necesidades derivadas de la situación de sequía en las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura.
En la cuenca del Júcar, a fecha de octubre de 2016, los sistemas del Serpis, Marina Alta y Marina Baja se encuentran en situación de emergencia, existiendo riesgo alto en los sistemas del Palancia y Vinalopó-Alacantí. Por su parte, en la cuenca del Segura, el estado es de alerta.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados incorporó al derecho interno la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Esta ley constituye el marco jurídico actual para la gestión de los residuos en España. La ley consagra el principio de jerarquía de residuos que ha de ser aplicado en la política de residuos. Dicho principio prioriza las opciones de gestión de residuos con el siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización, incluida la energética y, por último, la eliminación, por ejemplo mediante depósito en vertedero. Al objeto de avanzar en la gestión eficiente de los recursos, la Ley incorporó un objetivo de prevención (en 2020 reducción del 10% en peso de los residuos generados en 2010) y objetivos de reciclado y valorización a alcanzar en 2020 para los residuos municipales (50% de preparación para la reutilización y reciclado) y para los residuos de construcción y demolición (70% de preparación para la reutilización, reciclado y otra valorización de materiales).
Contenedores de basura (MAPAMA)En aplicación de las prioridades de la política de residuos, en diciembre de 2013 se aprobó en Consejo de Ministros, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Este programa se configura en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos (reducción de la cantidad de residuos, reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los residuos generados) incorporando medidas de prevención. La puesta en práctica de estas medidas depende de acciones múltiples en distintos ámbitos en las que están implicados fabricantes, distribuidores, el sector servicios, los consumidores y usuarios finales y las Administraciones Públicas.
Otro elemento esencial para desarrollar las políticas comunitarias de residuos son los planes de gestión de residuos que deben dar cobertura a todo el territorio geográfico español. El Gobierno aprobó en noviembre de 2015, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular y cumplir los objetivos comunitarios en materia de residuos. Se trata de un instrumento clave para aplicar la jerarquía de gestión de residuos y para avanzar hacia la economía circular, planteamiento económico que reincorpora al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para la elaboración de nuevos productos. Este Plan estatal de gestión de residuos impulsa​, además, la coordinación entre administraciones, la mejora de la transparencia e información en materia de residuos, la inspección, el control y la sensibilización social.
También, en marzo de 2015, se aprobó el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, relativo a los traslados de residuos, que desarrolla el artículo 25 de la Ley 22/2011 y regula los traslados de residuos en el territorio del Estado siguiendo las orientaciones en el Reglamento Europeo 1013/2006 relativo al traslado de residuos, para garantizar el objetivo último de asegurar la trazabilidad y la correcta gestión de los residuos.
En julio de 2015 se aprobó el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, a través del cual se traspuso la Directiva 2013/56/UE, de 20 de noviembre de 2013, que modifica a la Directiva 2006/66/CE de pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores. La modificación del Real Decreto afecta fundamentalmente a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y además adapta el contenido del mismo a las previsiones de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Por último, está finalizando la tramitación de la sustitución del vigente Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la gestión de vehículos al final de su vida útil, para su adecuación a lo dispuesto en la Ley 22/2011​. Igualmente se está tramitando el proyecto de Real Decreto para la transposición de la Directiva (UE) 2015/720, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
El 19 de enero de 2012, el Parlamento Europeo en su propuesta de "Resolución sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE", instó a los Estados miembros a que abordasen urgentemente el problema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) a lo largo de la cadena de suministro y de consumo y formulasen directrices para la mejora de la eficiencia de la cadena agroalimentaria sector por sector.
La comunicación de 2014 de la Comisión Europea "Hacia una economía circular: programa de cero residuos para Europa" amplía este mandato, al exigir a los Estados miembros la elaboración de planes nacionales de prevención y reducción, y marcando objetivos claros de reducción en los sectores de la fabricación, comercio minorista, distribución, servicios de alimentación y hostelería, así como en los hogares, que deberá ser de al menos un 30 % para 2025.
Como consecuencia de todo ello, y en ausencia aún de unas directrices comunes europeas, la mayor parte de los Estados Miembros han puesto en marcha Estrategias, o iniciativas que buscan reducir las PDA en el conjunto de la cadena alimentaria. En España, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha desarrollado, desde 2013 la Estrategia "Más alimento, menos desperdicio", que aborda la problemática desde un enfoque multisectorial, multidisciplinar, y multifactorial, en el marco de la jerarquía que inspira la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, estableciéndose un orden de prioridad en las actuaciones que se lleven a cabo: Prevención, Reutilización, Reciclado.
Se incorpora sin embargo una cuarta R, la de la Redistribución, que da respuesta al problema ético que supone el desaprovechamiento de recursos considerados de primera necesidad, y permite involucrar a la sociedad civil en su conjunto, no solo en el objetivo de la eficiencia en la utilización de los recursos limitados, sino en la necesidad de desarrollar pautas de consumo respetuosas con el medio ambiente y solidarias con la sociedad y con los grupos más vulnerables.
La Estrategia se desarrolla bajo cinco grandes áreas de actuación, que se centran en el conocimiento del problema, el establecimiento de buenas prácticas, su difusión y promoción, los aspectos normativos que pueden afectarle, colaboración con otros agentes, y fomento y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar el problema.
Conocer cuánto, donde y porqué se desperdicia es crucial para poder estipular unas medidas claras para reducir el desperdicio de alimentos, para ello se han realizado diferentes estudios para conocer en qué etapas y procesos se producen las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena de suministros de alimentos.
Además, se está realizando un modelo para cuantificar las pérdidas y el desperdicio de alimentos cuyo objetivo es que permita realizar una evaluación global de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, permitiendo la cuantificación de las mismas, a partir de datos estadísticos disponibles. Se prevé que en el 2016 esté publicado en la Web del MAPAMA.
Por otra parte y con el fin de concienciar a la población sobre el aprovechamiento de alimentos, se realizan diferentes campañas, conferencias, semanas de reducción de desperdicios que incluyen diversas acciones informativas, talleres infantiles, jornadas especializadas sobre temas de interés dentro del ámbito de las áreas de la Estrategia, guías para concienciar y prevenir el desperdicio alimentario dedicadas al consumidor, centros educativos, minorista y restauración en la que se dan pautas de buenas prácticas y consejos para reducir el desperdicio de alimentos.
Existe una plataforma dedicada exclusivamente a la Estrategia menosdesperdicio.es, que contempla toda la información de interés y materiales elaborados en el marco de la Estrategia. Además en la plataforma alimentación.es, que es una página de promoción agroalimentaria, existe un apartado de alimentación responsable donde tiene colgada mucho material divulgativo sobre la Estrategia.
En el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la protección del medio natural se lleva a cabo mediante diferentes instrumentos, como son las distintas figuras de Espacios Naturales Protegidos y, a nivel europeo, la Red Natura 2000, compuesta a su vez por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y las áreas protegidas declaradas por instrumentos internacionales. Entre estos últimos destacan las Reservas de las Biosfera, dentro del programa MaB de la UNESCO: en España existen 48 (10,9% del territorio español), lo que nos coloca como el primer país del mundo en número de Reservas declaradas, por delante de Estados Unidos que tiene 47.​
El mayor nivel de protección sobre un territorio lo otorga su declaración como Parque Nacio​nal. Actualmente son 15 los espacios naturales que poseen este reconocimiento en nuestro país, abarcando un total de 384.592,29 hectáreas (368.604,09 terrestres y 15.988,20 marinas). Constituyen un sistema coordinado por el Estado, la Red de Parques Nacionales, que alberga los principales sistemas naturales en España y una selección de lo mejor de nuestro patrimonio natural.​
En 2013 se incorporó a la Red el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie de alto valor ambiental de 33.960 ha, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León. También se ha aumentado recientemente la Red mediante las ampliaciones llevadas a cabo de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel (1.102 ha) y de los Picos de Europa (2.467,59 ha). En 2014 se promulgó la nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, reforzando y consolidando notablemente su protección, y en 2016 se ha aprobado un nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales mediante el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre.​
Por su parte, la Red Natura 2000 tiene como finalidad asegurar, en todo el territorio de la Unión Europea, la supervivencia a largo plazo de los hábitats naturales y seminaturales y de las especies silvestres más destacadas y amenazadas de Europa. En 2016 la Red Natura 2000 ocupa un total de 22.356.379,50 hectáreas en España, de las cuales 13.822.829,81 hectáreas corresponden al medio terrestre (el 27,31 % de la superficie terrestre de España) y 8.533.549,68 hectáreas al medio marino (el 8 % de las aguas españolas). Está compuesta por 1.467 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los cuales 1.062 ya han sido declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 644 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Las reservas marinas pesqueras, figuras de protección del recurso pesquero, que se crean al amparo de la política sectorial de pesca en el marco de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado modificada por la Ley 33/2014, forman, actualmente, una Red que en 2016 ha cumplido 30 años.
Gestionadas por la Secretaría General de Pesca, las reservas marinas cubren 101.965,59 ha, de las cuales 10.008,26 son reservas integrales, donde no se permite ningún uso, salvo muestreos científicos debidamente justificados. Actualmente, existen 10 reservas marinas de interés pesquero: 5 de gestión exclusiva del Estado y 5 de gestión compartida con las Comunidades Autónomas.
La experiencia acumulada y los resultados obtenidos muestran que el recurso pesquero mejora y, como espacios protegidos que son, con todos los requerimientos exigibles (vigilancia, zonificación, normativa adaptativa, seguimiento y sensibilización), mejoran igualmente, los hábitats, comunidades, fondos y ecosistemas. Todas las reservas son zonas de "buen estado ambiental" si bien, igualmente, muestran los efectos del cambio global rindiendo un servicio de áreas marinas centinelas, como se viene comprobando en áreas protegidas de otras zonas y latitudes.
El objetivo de estas figuras de protección es gestionar los recursos pesqueros inspirándose en el enfoque ecosistémico, con el fin último de alcanzar el conocido como "efecto reserva", concepto que define la exportación de biomasa desde una zona protegida hacia fuera de sus límites. Son un ejemplo por su trayectoria, que implica un esfuerzo económico importante pero necesario para cumplir con los compromisos tanto de la agenda nacional (apoyo a la pesca tradicional, Red Natura 2000 en la mar, estrategias marinas, vigilancia de fenómenos ambientales como cambio global, avances de especies foráneas invasoras), como internacional (objetivos de desarrollo sostenible 2020, promesas de Sydney, compromisos de Hawaii y Declaración de Tánger) y en las que queda patente que el apoyo a la pesca artesanal tradicional no solo es compatible con la conservación del medio sino que es precisamente la fórmula a seguir en zonas litorales y costeras.​​
Buque oceanográfico Miguel Oliver (MAPAMA)La política de costas constituye un instrumento esencial del Gobierno de España. La gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) tiene como objeto la defensa de la integridad del medio litoral, de su equilibrio y de su progreso físico, mediante la protección y conservación de sus valores; la garantía de su uso y disfrute público abierto a todos; y el aprovechamiento racional de sus recursos, a través de las actividades económicas, turísticas, etc., compatibles con su preservación. La nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 876/2014, de 10 d​e octubre, por el que se prueba el Reglamento General de Costas, tienen como objetivo fundamental la protección de la costa española, que constituye un deber inexcusable para los poderes públicos. La reforma del régimen jurídico del litoral concilia una elevada protección de la costa con el desarrollo sobre el mismo de actividades ambientalmente sostenibles capaces de generar empleo y riqueza. Las citadas normas concretan los bienes que integran el Dominio Público Marítimo-Terrestre estatal de acuerdo con criterios técnicos, regulan los títulos de ocupación del DPMT, así como su régimen económico y financiero; establecen una serie de limitaciones de uso de los terrenos colindantes con el DPMT para garantizar la protección ambiental y el uso público de éste y, además, regulan el régimen sancionador para fortalecer la protección física y jurídica de este valioso espacio.
Uno de los objetivos de la reforma llevada a cabo en 2013 fue el de garantizar la transparencia y el acceso a la información relativa al deslinde de la totalidad de la costa española, por lo que, en cumplimiento de este objetivo se publicó en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en julio de 2015, la línea de deslinde del litoral español a la que se puede acceder de manera gratuita por todos los ciudadanos.
En el ámbito concreto de la protección y mejora del litoral, el Ministerio de Agricultura y Pesca​​, Alimentación y Medio Ambiente viene trabajando en medidas preventivas para el control de los procesos de erosión y degradación del borde costero; la protección y recuperación de los ecosistemas litorales; la regeneración y rehabilitación de espacios litorales que han sido degradados; la corrección de aquellas actuaciones que están impidiendo o limitando una utilización racional y pública del litoral; la realización de actuaciones que mejoren la calidad ambiental y el uso público de la costa; y la dotación de infraestructuras vinculadas con el medio ambiente, como senderos litorales, infraestructuras de educación ambiental e interpretación de la naturaleza, la gestión del dominio público marítimo terrestre y la protección del mar. Para su ejecución, el Ministerio ha destinado durante 2015 un presupuesto de 64 millones de € y durante 2016 un presupuesto de 60 millones de €.
Además, para hacer frente a los efectos del cambio climático, en particular el incremento del nivel del mar y el aumento de la erosión, se ha redactado la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático, prevista en la Disposición Adicional octava de la citada Ley 2/2013, en la que se indican los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se proponen medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Además se han redactado igualmente Estrategias para la Protección de la Costa en cuatro zonas: Huelva, Maresme (Barcelona), Sur de Castellón (entre el puerto de Castellón y el de Sagunto en Valencia) y Sur de Valencia (entre el puerto de Valencia y el de Denia en Alicante), que tienen como objetivo prevenir los efectos de la erosión.
Durante 2015 se ha aprobado el Plan PIMA Adapta, que, por lo que respecta al litoral ha supuesto una inversión adicional de 9,5 millones de € en actuaciones de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Su ejecución ha continuado durante 2016.
Cabe destacar igualmente la ejecución del Plan Litoral 2015, puesto en marcha con la aprobación del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 y que, asimismo, supuso una inversión adicional de 21,4 millones de € para atender los daños causados en nuestro litoral.
Asimismo destacable es la ejecución durante 2016 de obras de emergencia en el litoral de Huelva y Cádiz, por un importe de 922.000 euros, cuyo objetivo fue la reparación de los daños ocasionados por los temporales registrados en las primeras semanas del mes de mayo que, al coincidir con mareas de alto coeficiente, provocaron incidencias notables por las pérdidas de arena en numerosas playas.
Como actuación especialmente relevante cabe igualmente señalar el inicio, en octubre de 2016, de las obras de regeneración de la Bahía de Portmán en Murcia, gracias a las cuales, mediante una inversión superior a los 32 millones de €, se recuperará ambientalmente esta zona, dando respuesta a una actuación largamente demandada.
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino es el marco jurídico fundamental sobre el que se apoyan las distintas actuaciones orientadas a proteger y a mejorar el estado ambiental del medio marino español. Esta norma se deriva de la transposición al sistema normativo español de la Directiva 2008/56/CE, por la que se establece un marco de acción comunitario para la política del medio marino (Directiva Marco sobre la Estrategia Marina).
El principal objetivo de dicha normativa es lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino antes de 2020, para cuya consecución se crean las Estrategias Marinas como herramienta de planificación del medio marino. En España se está elaborando una Estrategia para cada una de las cinco demarcaciones marinas establecidas: noratlántica; sudatlántica, Estrecho y Alborán; levantino-balear; y canaria. Una vez concluidas las 5 fases de las estrategias marinas (evaluación inicial, definición de buen estado ambiental, establecimiento de objetivos ambientales, diseño de programas de seguimiento y de medidas), éstas se aprobarán mediante Real Decreto.
Reserva de la Isla de Tabarca (MAPAMA)La Ley de Protección del Medio Marino también establece medidas encaminadas específicamente a proteger la biodiversidad marina, completando así el marco jurídico establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Destaca la creación de la Red de Áreas Marinas ​Protegidas de España (RAMPE), que estará constituida por distintos tipos de áreas y figuras, entre ellas, las reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal, las Zonas Especiales de Conservación marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000, y el Área Marina Protegida y Zona Especial de Conservación de El Cachucho.
Otro de los cometidos en relación con la protección de espacios marinos consiste en la ampliación y gestión de la Red Natura 2000 marina, que incluye la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves marinas (ZEPA) y la aprobación de sus planes de gestión. Se ha aprobado en julio 2014 la Orden ministerial por la que se declaran 39 Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, todas ellas de competencia estatal, y para las que se aprobarán planes de gestión. También, la Orden ministerial por la que se declaran 7 ZEC en el Mediterráneo y se aprueban sus planes de gestión se ha aprobado y publicado en agosto de 2016. Además, durante 2014 y 2015 se propusieron a la Comisión Europea 10 nuevos LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) marinos de competencia estatal: Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, Canal de Menorca, Volcanes de fango del Golfo de Cádiz, Banco de Galicia, Sistema de cañones submarinos de Avilés, Sur de Almería-Seco de los Olivos, Espacio marino de Alborán, Espacio marino de Illes Columbretes, Banco de la Concepción y el Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura. Durante 2015 han sido ya declarados LIC 9 de estos espacios.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente elabora y actualiza el Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM), instrumento esencial para evaluar el estado de conservación y ampliar el conocimiento sobre el patrimonio marino. En este ámbito, se ha desarrollado una Lista Patrón de Referencia Estatal de los tipos de hábitats marinos que pueda servir de referencia a todas las administraciones e interesados, y actualmente se está finalizando la elaboración de la Lista Patrón de las especies marinas españolas.
En relación con la protección de especies marinas que se encuentran incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se está realizando un análisis de toda la información científica disponible para la posterior elaboración de los preceptivos Planes de conservación y recuperación. Se ha iniciado el Plan de gestión de la orca en el Estrecho y se están preparando, entre otros, la Estrategia para la conservación de las tortugas marinas y la actualización de la Estrategia de conservación de la pardela balear.
Asimismo, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se llevan a cabo tareas relacionadas con la protección del litoral frente a la contaminación marina accidental, en particular mediante el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, aprobado mediante Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre.
En desarrollo de ese sistema, se ha aprobado la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. (Plan Ribera). Este plan complementa los planes territoriales establecidos por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa cuando el episodio de contaminación tenga carácter supra autonómico o supranacional, o en aquellos casos de especial necesidad en que el peligro de daños irreparables sea inminente. En 2015 se han añadido dos nuevas bases de material de lucha contra la contaminación del Plan Ribera en las islas, una en Canarias y otra en Baleares, que han venido a sumarse a las tres ya existentes en la península.
España es uno de los 25 "puntos calientes" de biodiversidad en el mundo y representa uno de los países con mayor biodiversidad en la Unión Europea, gracias a las especiales condiciones de nuestra orografía, extensión y situación geográfica. Se estima que, tan sólo en el ámbito terrestre de España, existen unas 91.000 especies, de las que 8.000 son de flora, lo que representa más del 80% de las existentes en la ​Unión Europea y el 59% de las existentes en el continente europeo. De estas 8.000, 1.500 son endemismos, es decir, que tan sólo existen en nuestro territorio. Por otra parte, de las especies de fauna que se pueden encontrar en España, entre 50.000 y 60.000, suponen más del 50% de las presentes en Europa.
​​Nº taxones solo en el Listado ​ ​ ​Catálogo Español (categorías de amenaza)
​Vulnerable ​ ​En peligro de extinción
​171 ​34 ​ ​112 ​317
​57 ​14 ​ ​17 ​88
​19 3​ 10​ ​ ​32
​20 6​ 2​ ​ ​28
​53 ​6 ​ ​7 ​66
​245 ​31 ​ ​21 ​297
​43 ​26 ​ ​7 ​76
​608 ​120 ​ ​176 ​904
Linces (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)En cuanto a la conservación de las especies autóctonas silvestres, en el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno de los instrumentos más importantes es la catalogación de las mismas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Así, para los taxones o poblaciones amenazadas incluidas en el mencionado Catálogo en las categorías "en peligro de extinción" y "vulnerables", se precisa la redacción, puesta en marcha y seguimiento de Planes de conservación y recuperación, así como la evaluación periódica de su estado de conservación.
En el plano internacional cabe destacar la participación de España en la COP13 (13ª sesión de la Conferencia de las Partes) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas en Cancún (Méjico) en diciembre 2016, y sus dos protocolos, el de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (COP-MOP8) y el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos (COP-MOP2). En esta cumbre mundial se cerraron 72 acuerdos, abarcando temas como la integración de la biodiversidad en actividades productivas y de servicios (sectores de agricultura, pesca, forestal y turismo), polinizadores y seguridad alimentaria, protección de ecosistemas y especies en riesgo, contaminación marina y cambio climático. España además se adhirió a la "Coalición para la conservación de los polinizadores", pues estas especies son vitales para los procesos de polinización de la flora silvestre y de los cultivos.
En el periodo 2007-2013, el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, donde se incluyeron las directrices nacionales para las actuaciones de desarrollo y se establecieron determinadas medidas a desarrollar con carácter horizontal en todo el territorio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los programas regionales de desarrollo rural.
Estas medidas se aplicaban en España a través de diecisiete programas de desarrollo rural de ámbito autonómico (uno por Comunidad Autónoma), y del Programa de la Red Rural Nacional. Los programas de ámbito autonómico incluyen las medidas horizontales del Marco Nacional, siendo el Ministerio el organismo de coordinación. Dichos programas cuentan con cofinanciación del FEADER, de la Administración General del Estado a través del Ministerio y de las Administraciones autonómicas.
El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como meteoalerta, se encuentra plenamente consolidado en España, siendo un elemento clave para la salvaguardia de vidas y bienes ante los fenómenos meteorológicos extremos que regularmente nos afectan. Está integrado en el sistema europeo EMMA/meteoalarm, un portal de avisos al que contribuyen los sistemas de alerta temprana de los Servicios Meteorológicos Nacionales de más de 35 países europeos en 28 idiomas, entre ellos las cuatro lenguas oficiales en España.
En 2016 (hasta final de año incluido) se han producido un gran número de situaciones meteorológicas adversas, aunque ligeramente inferior en número al año 2015. En concreto se han emitido 11.960 avisos, 28 de nivel rojo, 1.314 de nivel naranja y 10.618 de nivel amarillo. Si agrupamos por fenómenos meteorológicos, destacamos los avisos por rachas máximas 2.725; temperaturas máximas 1976; fenómenos costeros 1.963; precipitación acumulada en una hora 1.550; acumulación de nieve en 24 horas 1.213; tormentas 1.128, y precipitación acumulada en 12 horas 955. Respecto a la distribución espacial destacan los avisos de nivel rojo asociados a fenómenos costeros en Galicia y área cantábrica, nevadas en área cantábrica y precipitaciones acumuladas en 1 y 12 horas en Cataluña y en 12 horas en Málaga.
En el transcurso de 2016 se han contabilizado 600 millones de accesos a la predicción por municipios en la página web institucional, en sus distintas versiones lingüísticas. A ellos habría que añadir 120 millones de accesos en los que se ha utilizado la widget al efecto proporcionada en la página web de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).
En 2016 se recibieron 68.577 visitas, el doble que en 2015, y se introdujeron 159 reportes, entre los que destacan 42 tornados, 27 tubas, 24 reventones/frentes de racha 23 granizadas singulares, 19 precipitaciones súbitas severas, etc. De ellos 141 fueron validados con fiabilidad alta. Las provincias desde donde más informes se introdujeron fueron Illes Balears con 15 informes, Barcelona con 14 y Huesca con 13.
Durante el año 2016 se generaron 2.928 mapas de riesgo para el territorio nacional y 17.568 mapas del resto de índices del sistema FWI.
Un elemento básico en relación al apoyo meteorológico y climático a la gestión sostenible de los recursos naturales en temas como prevención de incendios forestales, evaluación de las necesidades de riego o estimación anticipada del riesgo de sequías, es la estimación de la humedad del suelo. En España se lleva a cabo la evaluación y seguimiento a escala diaria de los valores de la humedad del suelo, a partir de los productos generados por la aplicación del Balance Hídrico Nacional. Dicha aplicación se actualizó en el año 2013, permitiendo una estimación más precisa de los diversos términos del balance (precipitación, evapotranspiración, reserva de humedad estimada a distintas profundidades de suelo…) y un incremento de la resolución espacial del mismo que es actualmente de 5 Km.
En España se ubica el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI), Tenerife, que gestiona una de las 29 estaciones que componen el programa de la Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial. En el CIAI se lleva a cabo la vigilancia e investigación de los componentes atmosféricos capaces de propiciar un cambio en el clima de la Tierra (gases de efecto invernadero y aerosoles) y un deterioro de la capa de ozono mundial, así como el de aquellos componentes que juegan un papel fundamental en la calidad del aire, tanto a escala local como global. En 2015 y 2016 se llevaron a cabo actividades relevantes en el ámbito internacional entre las que caben ser destacadas las siguientes: 1) se culminó el desarrollo de un nuevo sistema fotométrico solar y lunar que ha sido adoptado por NASA como nuevo instrumento estándar de la red AERONET para la medida de aerosoles, con el fin de validar sensores satelitales y evaluar el impacto de los aerosoles en el clima de la Tierra; 2) se realizaron aportaciones relevantes sobre validación de nuevos sensores que vuelan a bordo de satélites de EUMETSAT y que miden la composición atmosférica de la atmósfera; 3) se publicó un nuevo índice climático (NAFDI) que da cuenta de la variabilidad interanual del transporte de polvo mineral del Sahara hacia el océano Atlántico; y 4) se reconstruyeron series de más de 70 años de radiación solar y aerosoles atmosféricos, inéditas a nivel internacional, que permitirán mejorar el conocimiento actual sobre el papel que juegan los aerosoles en el clima.
En 2014 se creó también el "Barcelona dust Forecast Center", primer centro en el mundo reconocido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para generar y distribuir de forma operativa predicciones del contenido de polvo en la atmósfera. Ambos centros están gestionados de forma conjunta por AEMET y el Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación).
El liderazgo mundial de España en este campo se manifiesta en la presidencia del Comité Directivo de SDS-WAS, ejercida por un meteorólogo de AEMET, así como por el papel destacado que se ha desempeñado en la redacción del informe "Evaluación Global de Tormentas de Polvo y Arena", publicado conjuntamente por la OMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, con prólogo del Secretario General de Naciones Unidas y presentado en la 71ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 13 de septiembre de 2016.
Difusión de la información meteorológica y climática
En noviembre de 2016 AEMET ha puesto a disposición del público el sistema "AEMET OpenData", que permite la difusión y la reutilización de la información meteorológica y climatológica de la Agencia, de acuerdo con la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El nuevo centro de descargas está disponible en https://opendata.aemet.es.
Este sistema posibilita a todo tipo de usuarios el acceso gratuito a unos conjuntos de datos determinados mediante un API utilizando estándares abiertos.
El servicio está enlazado desde la web institucional de AEMET, donde ​se publica la información meteorológica y climatológica. En la web institucional de media se han servido diariamente 6.700.000 páginas y descargado 68.000.000 archivos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 25
 Real Decreto 
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 resolución