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Timestamp: 2018-12-12 01:13:55+00:00

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﻿ AUTO 19202 DE ABRIL 2 DE 2002
AUTO 19202 DE 02 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:REFORMAS AL SISTEMA PENAL POR LA LEY 733 DE 2002. NO OBEDECEN AL DISEÑO RACIONAL DE UNA POLÍTICA CRIMINAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, AUTO, MODALIDADES DE PROCESO PENAL, PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POLÍTICA CRIMINAL Y CARCELARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:369 DE SEPTIEMBRE DE 2002, PÁG.1831
Auto 19202 de abril 2 de 2002
REFORMAS AL SISTEMA PENAL POR LA LEY 733 DE 2002
NO OBEDECEN AL DISEÑO RACIONAL DE UNA POLÍTICA CRIMINAL
Colisión de competencias 19.202
Bogotá D.C., dos (2) de abril de dos mil dos (2002).
Resuelve la Sala la colisión negativa de competencias presentada entre los juzgados 4º penal del circuito y 2º penal del circuito especializado de Bucaramanga para conocer del proceso que por el delito de extorsión se adelanta contra E...
El día 8 de noviembre de 2001 el señor C... recibió en su residencia de Piedecuesta (Santander) una carta del comandante de un supuesto grupo denominado “Movimiento Jaime Bateman Cayon”, en la cual le exigía la entrega de la suma de treinta millones ($ 30.000.000) de pesos como impuesto de guerra, y amenazaba con tomar represalias de negarse a ello.
El 23 de ese mismo mes y año, agentes del Gaula de Bucaramanga capturaron en una residencia de esta ciudad a E... cuando telefónicamente amenazaba al afectado con atentar contra su vida sino entregaba la suma de dinero exigida, lo cual se logró por labores de inteligencia.
2. Declarada la apertura de instrucción por la Fiscalía delegada con funciones ante el Gaula Bucaramanga, se vinculó mediante indagatoria a E... (fls. 61 a 66).
Al definirle la situación jurídica, la fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por el delito de extorsión en el grado de tentativa (fls. 71 a 73).
3. Como E... expresó su deseo de acogerse a sentencia anticipada, la fiscalía le formuló cargos el 22 de enero del presente año como autor de esa ilicitud, los cuales fueron aceptados por el procesado.
4. Las diligencias, entonces, fueron enviadas a los juzgados penales del circuito de Bucaramanga, correspondiéndole en reparto al Juzgado 4º, cuyo titular se negó a asumir el conocimiento del proceso al considerar que el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 (enero 29) asignó la competencia para conocer del delito de extorsión, sin consideración a la cuantía, a los juzgados penales del circuito especializados.
Ordenó en consecuencia remitir la actuación al juzgado de esa especialidad de la misma ciudad, precisando que de no aceptar sus planteamientos proponía conflicto negativo de competencias.
5. Por su parte, el juzgado penal del circuito especializado aceptó el conflicto, y dispuso la remisión del expediente a esta corporación para que lo dirimiera.
Expresó el remitente que, si bien la disposición citada por el proponente adscribe la competencia para conocer del delito de extorsión a los juzgados penales del circuito especializados, no conlleva la derogatoria del artículo 5-7 transitorio de la Ley 600 de 2000, que establece su competencia a partir de los ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales, y no resulta contrario al espíritu de la nueva ley.
2. La Ley 733 de 2002, vigente a partir del 31 de enero de la presente anualidad (fecha de publicación), por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, expresamente señala en su artículo 14 que “el conocimiento de los delitos señalados en esta ley le (sic) corresponde a los jueces penales del circuito especializados”.
Entre los delitos allí contemplados se encuentra el de extorsión (arts. 5º y 6º), respecto del cual se señalan penas mayores y aumentan las causales de agravación, con lo cual quedan modificados en lo pertinente los artículos 244 y 245 de la Ley 599 de 2000.
En punto de lo anterior, la Sala considera que dicha competencia quedó asignada definitivamente a los juzgados penales del circuito especializados, sin consideración a la cuantía, por las siguientes razones:
2.1. El citado artículo 14 ninguna distinción hace al respecto, resultando en ese sentido de una claridad meridiana; por lo que si la siguiente norma señala que la ley deroga todas las disposiciones que sean contrarias, debe entenderse que entre ellas se incluye la expresión final del artículo 5-7 transitorio de la Ley 600 de 2000.
2.4. Diferentes conductas delictivas que antes eran de competencia de otras autoridades, como por ejemplo el secuestro simple que aparece descrito y sancionado en el artículo 1º, pasaron a conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados, en tanto que el artículo 14 es claro en señalar que son de su competencia “los delitos señalados en esta ley”; y no por ello se puede afirmar que la nueva ley hace distinciones en razón a la naturaleza del hecho, mientras que respeta las reglas generales de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Penal atendiendo el factor de la cuantía.
2.5. Si se revisa la exposición de motivos que guió la presentación de la reforma por el ejecutivo, sin dificultad se establece que la nueva normatividad tuvo como propósito general atacar la estructura delictiva de las organizaciones criminales que se dedican fundamentalmente a esta especial forma de criminalidad, considerando que tanto el secuestro como la extorsión siguen consolidándose “como una verdadera industria y un negocio de gran rentabilidad para los grupos subversivos, narcotraficantes y delincuencia común”, que golpea no sólo a las personas dedicadas a actividades económicas, sino también en forma indiscriminada a cualquier persona, poniendo en peligro de esta manera la convivencia nacional y la estabilidad del Estado (Cfr. Gaceta del Congreso 380, 21 de septiembre 2000, págs. 10 a 12).
En forma específica se pretendió no sólo imponer un tratamiento punitivo aleccionador y preventivo a los responsables de este tipo de delito, sino también establecer un procedimiento ágil y oportuno para la investigación y juzgamiento de los responsables, para lo cual estimó necesario unificar en los juzgados especializados la competencia para su juzgamiento, sin consideración a otros factores, precisamente con el fin de evitar que en el trámite del proceso se presenten discusiones del tipo que ahora ocupa a la Corte, y buscando de esta manera celeridad y eficiencia en la lucha contra esta especial forma de criminalidad; de allí que en la parte final de la exposición de motivos se aluda a la necesidad que el proceso sea adelantado “con mayor celeridad… hasta su culminación, por los jueces de circuito especializados, dando efectividad y concreción a otro derecho fundamental, como es el de una pronta y cumplida justicia”.
Tales razones de política criminal y estatal aparecen como justificantes de la unificación de la competencia antes dispersa en función de la trascendencia social del hecho, sin atender a factores tales como la cuantía de la ilicitud.
“El sistema legislativo colombiano —se dijo en aquella oportunidad— ha tenido como elemento preponderante en su estructuración, la carencia de análisis científico. Se legisla para el momento, para solucionar de forma temporal una crisis presentada en la sociedad, en fin, para calmar las expectativas de la presencia del poder punitivo del Estado, lo que ha llevado a una desproporción de penas entre los diversos bienes jurídicos, cuando aquellos de mayor valor deben implicar, por su transgresión, una sanción superior”. (Cfr. Gaceta del Congreso 189, agosto 6 de 1998).
A simple vista, sin profundizar en los efectos negativos que podría traer su aplicación, la Corte encuentra algunos aspectos que confirman su aserto, en el sentido que la nueva ley es más fruto de la improvisación que del diseño racional de una política criminal.
Además de no ser fruto de un consenso colectivo, sino un recurso contingente que el poder político utiliza discrecionalmente para hacer frente a las dificultades del momento, no se conocen estudios empíricos que indiquen la necesidad de reformar los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal en esta materia, pues ni siquiera han alcanzado aplicación suficiente para que puedan conocerse sus resultados.
Las desproporciones que la nueva ley ofrece, de otro lado, no dan espera a la necesidad de que sean sucintamente advertidas por la Corte; así, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con el quantum punitivo fijado para el delito de secuestro, éste no guarda correspondencia con el bien jurídico que se pretende tutelar frente a otros de igual o mayor trascendencia, como la vida e integridad personal; dígase al respecto que por razón de la nueva ley el homicidio (C.P. art. 103) termina con una sanción menor al delito de secuestro extorsivo (L. 733/2002, art. 2º) y similar al secuestro simple (art. 1º).
Desde luego que estas críticas no impiden el efectivo cumplimiento de la ley por parte de los juzgadores, mientras se encuentre vigente; pero su obedecimiento no obsta para que la Corte advierta que la política criminal tendiente a garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de las personas residentes en el país a través de la expedición de nuevas leyes, no puede continuar siendo el fruto de situaciones coyunturales, ni de criterios subjetivos de quienes representan la autoridad del Estado, sino de estudios empíricos y juiciosas reflexiones sobre las manifestaciones de criminalidad, sus causas, significados y la forma de combatirlas, donde participen de manera articulada el Congreso de la República, la opinión pública y demás actores con autoridad para intervenir.
La competencia para conocer del delito de extorsión, sin importar la cuantía del ilícito, por virtud de la nueva ley que empezó a regir el 31 de enero de la presente anualidad, entonces, corresponde por expresa disposición legal al juzgado remitente.
1. Asignar la competencia para conocer del proceso seguido contra E... al juzgado 2º penal del circuito especializado de Bucaramanga;
2. Comunicar esta decisión al juzgado 4º penal del circuito de esa misma ciudad, y a los sujetos procesales.
Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Hernán Galán Castellanos—Édgar Lombana Trujillo—Carlos E. Mejía Escobar—Nilson Pinilla Pinilla.

References: artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 14