Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-28-julio-2016-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-negativa-registrador-propiedad-coruna-n-2-practicar-anotacion-preventiva-denuncia-inicia-procedimiento-penal-n24719924
Timestamp: 2019-07-19 20:47:13+00:00

Document:
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de A Coruña n.º 2 a practicar anotación preventiva de denuncia que inicia un procedimiento penal. | Iberley
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de A Coruña n.º 2 a practicar anotación preventiva de denuncia que inicia un procedimiento penal., - Boletín Oficial del Estado, de 21 de Septiembre de 2016
Presentado el citado mandamiento en el Registro de la Propiedad de A Coruña número 2, fue objeto de calificación negativa en atención a los siguientes razonamientos: «Hechos: El mandamiento fue expedido el día 1 de diciembre de 2015 por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción N. 6 de A Coruña, donde se sigue el procedimiento Diligencias Previas Proc. Abreviado 0001700/2015, por un supuesto delito de desobediencia grave, y por un supuesto delito de alzamiento de bienes, contra las sociedades (…), entre otros, en el que se acordó comunicar la existencia del procedimiento para su constancia en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria número 318/14 que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia N.º 9 de A Coruña y para que se proceda a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la presente denuncia y del procedimiento a cuya incoación ha dado lugar, en relación a la finca registral número 76959.-Examinado el Registro, resulta que la citada finca figura inscrita a favor de la entidad (…), por título de adjudicación judicial, motivado por resolución firme dictada en el mencionado procedimiento de Ejecución Hipotecaria.-Fundamentos de Derecho: De la documentación presentada no resulta que se esté ejercitando una acción real con transcendencia inmobiliaria que pueda conllevar la rectificación del contenido de los libros del Registro -Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resoluciones de 6-octubre-2005, 19-septiembre-2006, 19-12-2006 y 26-11-2014-. El Registrador que suscribe, teniendo los defectos señalados el carácter de subsanables, acuerda suspender la anotación solicitada. (…). A Coruña, 28 de marzo de 2016, El Registrador (firma ilegible)».
Contra la anterior calificación, don A. F. M., letrado adjunto de la Diputación Provincial de A Coruña, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por medio de escrito de fecha 11 de mayo de 2016, en el que se alega lo siguiente: «Antecedentes. Primero.-El 11.06.2015, la representación procesal de la Diputación Provincial de A Coruña, presentó en el Juzgado de guardia de A Coruña, escrito de denuncia (…), en lo que aquí interesa, por presunto delito de alzamiento de bienes -que se concreta en la finca registral respecto a la que se ordenó la anotación preventiva indicada-, solicitando medidas cautelares, una de las cuales era la «inscripción, en el Registro de la Propiedad, de la correspondiente anotación preventiva de la presente denuncia, a efectos de dar seguridad jurídica a terceros posibles adquirentes del inmueble embargado -finca registral …» Ya anticipamos que la actuación presuntamente delictiva denunciada, consiste en maniobras que dieron lugar al alzamiento de dicho bien inmueble, de ahí la necesidad de anotar en el Registro, la incidencia que supone la existencia del procedimiento penal, que podría derivar, en su caso, en la anulación de la ejecución hipotecaria realizada y de la cancelación del embargo de la Diputación sobre dicho inmueble. Segundo.-Mediante Auto de 22.06.2015, se acuerda incoar diligencias previas, remitiendo la causa al Ministerio fiscal, para informe sobre la pertinencia de las medidas cautelares (…) Tercero.-El Ministerio fiscal emite informe, de 06.07.2015, manifestando que «no se opone a las medidas cautelares solicitadas por el denunciante en tanto se determina la realidad de los hechos denunciados y la posible responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los autores...» (…) Cuarto.-Mediante Auto de 01.12.2015 (…), se acuerda la medida cautelar antes reproducida, sobre la base de unos fundamentos jurídicos, en los que se hace una síntesis de las conductas presuntamente delictivas, entre las que se incluye el alzamiento del bien inmueble señalado, en perjuicio de la Diputación: «Sobre la citada finca registral se inscribió una hipoteca en garantía de un importe de (…) € en fecha 6 de octubre de 2008, objeto de novación en escritura de fecha 9 de enero de 2009, inscrita el 25 de febrero de 2009; y otra hipoteca en favor del Banco de Caja España Inversiones Salamanca y Soria, S.A., formalizada en escritura de 5 de septiembre de 2012, inscrita el 4 de diciembre de 2012, por importe principal de (…) €. Recordar que el inmueble había sido declarado usurpado por resolución judicial firme de fecha 20 de junio de 2006 (una parte del terreno sobre el que se ubica la construcción es propiedad de la Diputación Provincial de A Coruña). La segunda hipoteca fue cedida a la entidad (…), según cesión formalizada en escritura de fecha 30 de junio de 2014. Según hace ver la entidad denunciante ambas empresas se hallan vinculadas por razón del parentesco de sus administradores y un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago de cuotas daría lugar a la desaparición de las cargas posteriores (concretamente el embargo de la Diputación), manteniendo las anteriores cargas reales. Dicha ejecución hipotecaria ya se está tramitando ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 9 de A Coruña, con el número 318/14. Se eliminaría así la garantía de cobro para la Diputación que, en la práctica, se vería imposibilitada de cobrar lo adeudado. Se concluye que la cesión del crédito y la ejecución hipotecaria forman parte de una actuación fraudulenta realizada por parte de las empresas vinculadas, cuyo fin último sería alzarse con un bien inmueble en perjuicio de un concreto acreedor, la Diputación Provincial de A Coruña... Segundo.-... Los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes por la constitución de gravámenes una vez declarada la usurpación y la cesión fraudulenta de la segunda hipoteca en favor de una entidad estrechamente vinculada a la ejecutada. Así las cosas, ha de comunicarse la existencia del procedimiento al Juzgado de la Instancia n.º 9 de A Coruña para su debida constancia en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria n.º 318/14 y ordenar la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la presente denuncia y del procedimiento a cuya incoación ha dado lugar en relación con la finca registral n.º (…)». Quinto.-En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de 01.12.2015, el Letrado de la Administración de Justicia dirige al Registro de la Propiedad, el oportuno Mandamiento (…), al que responde el registrador con la nota de calificación negativa objeto del presente recurso, que fundamenta del siguiente modo: (…) Fundamentos de derecho: El registrador entiende que, de la documentación presentada (el Mandamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción), no se deriva que la acción ejercitada pueda dar lugar a una rectificación de los asientos registrales. El citado Mandamiento no sólo ordena la anotación preventiva, sino que, además, indica que el procedimiento de instrucción penal en tramitación, se sigue «por un supuesto delito de alzamiento de bienes» Aunque entendemos más que suficiente dicha referencia para justificar la procedencia de la anotación preventiva ordenada, resulta procedente efectuar las siguientes consideraciones: 1.ª La SAP de León núm. 127/2010 (Sección 1.ª, de 31 de marzo -JUR 2010\175072), declara que es posible la anotación preventiva de denuncia, con la finalidad de no hacer ineficaz los efectos civiles que se pueden derivar del procedimiento penal (…): «Segundo. Aunque no resulte controvertida la posibilidad de la anotación preventiva de la denuncia o de la querella, o incluso de las acciones civiles ejercitadas en un momento procesal ulterior, el fundamento de la posibilidad de la anotación es, en todo caso, el artículo 42.1 de la Ley Hipotecaria, cuando al tratar sobre la anotación preventiva de los derechos en el Registro correspondiente comprende el supuesto del que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, en relación con el artículo 139 del Reglamento Hipotecario. Por lo tanto, con la anotación de la denuncia o de la querella no se persigue la genérica publicidad del proceso penal, sino la referida a la concreta pretensión que se hace valer en relación con los derechos inscritos, cuya titularidad o configuración jurídica pudiera verse alterada por la resolución que se dicte en el proceso penal. Esa eventual contradicción de la inscripción con la sentencia que pudiera dictarse es el fundamento de la viabilidad de la anotación preventiva, y su objeto dejar constancia registral de la situación controvertida con el ejercicio de unas concretas pretensiones.» 2.ª La SAP de Murcia núm. 29/2008 (Sección 3.ª), de 6 de marzo (JUR 2008\339997), con cita de la Resolución de la DGRN de 19.12.2006, da por sentado que es admisible la anotación preventiva de denuncia, siempre que pueda tener trascendencia real y que el procedimiento penal se dirija contra el titular registral (…): «Sentado que es admisible la anotación preventiva de denuncia siempre que de la misma se pueda derivar una mutación jurídica inmobiliaria con reflejo registral (la propia Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 19 de diciembre de 2006 [RJ 2006, 9688], ha venido admitiendo la anotación preventiva de querella siempre que se ejerza una acción personal de las que pueda eventualmente resultar una modificación jurídica real, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria [RCL 1946, 886], pues siendo el objeto de la anotación de demanda el ejercicio de una acción de trascendencia real inmobiliaria, es indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella), es preciso verificar si el procedimiento penal se dirige contra el titular registral de la finca sobre la que se pretende la anotación,(…).» 3.ª En el supuesto que nos ocupa, se cumplen los presupuestos básicos exigidos para la anotación, cual son: -que el procedimiento penal se dirija contra el titular: en este caso, se dirige contra el titular registral anterior -administradores societarios de la entidad ejecutada …(y contra el titular registral actual -administradores societarios de la entidad …), tal y como consta en el mandamiento y, con mayor detalle, en el Auto que ordena la anotación, que también acuerda la citación de éstos como investigados. -que del procedimiento penal se deriven consecuencias con trascendencia real inmobiliaria: el presunto delito de alzamiento de bienes, tipificado en el art. 257 del Código Penal, se produce, precisamente, por una maquinación consistente en eliminar la garantía del embargo de la Diputación, mediante la ejecución de la 2ª hipoteca de la finca, realizada entre ambas entidades vinculadas. Así, en caso de que se produzca una condena penal, la necesaria e ineludible consecuencia civil derivada de la misma, será la nulidad de los actos constitutivos del alzamiento, realizados en perjuicio de la Diputación, es decir, la ejecución hipotecaria, la consiguiente transmisión y la cancelación del embargo de la Administración provincial. 4.ª Consideramos que la procedencia de la anotación es evidente, si tenemos en cuenta que, una hipotética transmisión del inmueble, a un tercero hipotecario de buena fe, podría intentar frustrar la finalidad anulatoria de los supuestos actos de alzamiento, buscada por esta Administración denunciante, tratando de imposibilitar la reposición del embargo cancelado, a nuestro entender, de un modo fraudulento y, en consecuencia, intentando debilitar la responsabilidad civil derivada del delito, en un nuevo intento de perjudicar a la Diputación Provincial de A Coruña. Sin embargo, lo más probable es que, en caso de transmisión, se causaría un evidente perjuicio a un hipotético adquirente de buena fe, en el supuesto de que se dicte sentencia condenatoria, anulando los actos fraudulentos anteriores, con la responsabilidad que ello generaría. En este sentido, no debe perderse de vista que la anotación preventiva tiene como fin informar del procedimiento penal a posibles adquirentes, rompiendo la buena fe que, a su favor, propugna el art. 34 LH. Se trata, en definitiva, de dotar de publicidad registral a una posible causa de nulidad, que implicaría la inoperancia de lo que figure inscrito, por constituir una mutación jurídico inmobiliaria con repercusión de carácter registral».
- La finca registral 76.959 figura inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 8 de marzo de 2016, a favor de una sociedad mercantil quien la adquirió por adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria 318/2014, seguido a su instancia, como acreedora de la hipoteca que gravaba la finca y de que era titular por cesión, ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña contra otra sociedad mercantil anterior titular de la finca y deudora del crédito hipotecario.
- Testimonio del decreto de adjudicación dictado con fecha 21 de octubre de 2015, se presentó en el Registro el día 19 de noviembre de 2015, junto con el preceptivo mandamiento de cancelación de cargas.
- Como consecuencia de la citada ejecución se canceló la anotación preventiva de embargo que obraba extendida con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, a favor de la Diputación Provincial de A Coruña.
- La Diputación Provincial de A Coruña interpuso, durante el desarrollo del procedimiento de ejecución, denuncia relativa a la posible comisión de una serie de delitos, entre los que se encuentra el presunto alzamiento de bienes llevado a cabo por las sociedades acreedora y deudora, solicitando la suspensión del procedimiento y la anotación de la querella en el Registro de la Propiedad.
- Por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña se libró el día 1 de diciembre de 2015, el oportuno mandamiento en el marco de las diligencias previas en el procedimiento abreviado número 1700/2015. Dicho mandamiento, respondiendo a lo solicitado en el escrito de denuncia dispone: «Comuníquese la existencia del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña para su debida constancia en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria n.º 318/14 y procédase a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la presente denuncia y del procedimiento a cuya incoación ha dado lugar, en relación con la finca registral n.º (…9)».
- Aparecen demandados todos los titulares registrales anteriores y actual, al ser los intervinientes en el procedimiento de ejecución.
Madrid, 28 de julio de 2016.-El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.
Sentencia Civil Nº 7/2011, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 686/2009, 14-01-2011
Orden: Civil Fecha: 14/01/2011 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Valdivieso Polaino, Jose Luis Num. Sentencia: 7/2011 Num. Recurso: 686/2009
NOTA: Tal y como dispone el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se e...
RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Bose, S. A.» contra la negativa del registrador de la propiedad, n. º 11, de Madrid, a practicar determinadas cancelaciones, ordenadas en virtud de mandamiento judicial.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 10/02/2005

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 139
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 578