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⭐DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
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Miguel Rivero Caballero
1 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO GABINETE TÉCNICO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Coordinador: D. Juan Pedro Quintana Carretero. Magistrado Decano del Gabinete Técnico de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Autor: D. Felipe Vilches García. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo2 ÍNDICE I. TASAS... 3 I.1. Hecho imponible... 3 I.1.1. Tasas locales... 3 I.1.2. Tasas de telecomunicaciones... 7 I.1.3. Otras tasas I.2. Sujeto pasivo I.2.1. Tasas locales I.2.2. Tasas de telecomunicaciones I.2.3. Otras tasas I.3. Devengo I.4. Cuantificación de la cuota de la Tasa I.4.1. Tasas locales I.4.2. Tasas de Telecomunicaciones I.4.3. Otras tasas I.5. Reserva de ley tributaria I.6. Procedimiento de aprobación I.6.1. Tasa locales I.6.2. Tasas aeroportuarias I.7. Devolución I.7.1. Por declaración de inconstitucionalidad del gravamen I.7.2. Por anulación de la liquidación I.8. Distinción con otras figuras II. CONTRIBUCIONES ESPECIALES II.1. Hecho imponible III. CÁNONES III.1. De vertido III.2. De Saneamiento III.3. De regulación de aguas III.4. Telecomunicaciones III.5. Distinción con otras figuras IV. PRECIOS PÚBLICOS IV.1. Naturaleza IV.2. Sujeto Pasivo IV.3. Reserva de ley3 I. TASAS I.1. Hecho imponible I.1.1. Tasas locales Aprovechamiento especial de caminos municipales para el transporte de áridos. Validación del hecho imponible. STS de 15 de septiembre de 2011 (2078/2009). ( ) Por ello, y pasando a dar respuesta al motivo alegado, debemos comenzar señalando que el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece: "1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local..." Por su parte, el apartado 3 establece: "Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes...". La expresión utilizada por el legislador pone de relieve que la enumeración que después se realiza no es taxativa, como esta Sala puso de manifiesto en la Sentencia de 12 de febrero de 2009 (recurso de casación nº 6385/2006), en relación con los cajeros automáticos instalados en las fachadas de las entidades financieras, utilizables por el público desde la vía pública, al señalar en el Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: "A raíz de la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Tasas y Precios Públicos, se dictó la Ley 25/1998, de 13 de julio, que modificó los arts a) de la Ley General Tributaria 230/1963, 6 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 20 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL), precepto este último que pasó a disponer que las Entidades locales --cualquiera que sea la naturaleza del sujeto activo: municipios, provincias, entidades supramunicipales y entidades de ámbito territorial inferior al municipio-- podían establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, añadiéndose que, en todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades locales por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local... El que la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local diese origen al abono de una tasa constituyó sin duda la innovación más significativa de la tesis de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, que sacó del campo de los precios públicos este supuesto, retornando así a la tradicional doctrina que arranca de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, 34 que conceptuó la utilización del dominio público como generadora del pago de una tasa, habiéndose mantenido así en toda la normativa posterior hasta la promulgación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en la cual esta actividad pasó a conceptuarse como generadora del abono de un precio público. Como ha puesto de relieve la doctrina, la Ley 25/1998, de 13 de julio, al dar nueva redacción al art. 20 de la LRHL, señaló que las Entidades locales pueden establecer tasas --remarcándose así el carácter potestativo y voluntario de estos tributos, cuyo establecimiento depende exclusivamente de la voluntad de la Entidad local respectiva, pudiéndose exigir únicamente previo acuerdo expreso de imposición y ordenación-- por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los que aparecen expresamente configurados con carácter no taxativo, sino meramente enunciativo, en el referido precepto, del que se desprende que para que la utilización del dominio público pueda generar tasas locales es necesaria la concurrencia de estas tres circunstancias: a) Que se trate de un aprovechamiento especial o privativo; b) Que su uso sea legítimo, y c) Que los bienes sean de dominio público local. En rigor, no es necesario ninguna relación de supuestos, ni abierta ni cerrada, en base a los que las Entidades locales puedan exigir tasas, ya que la configuración en la Ley de la categoría genérica de la tasa local y la regulación, también genérica, de todos sus elementos esenciales, es suficiente como para dar por adecuadamente cumplido el principio de reserva de ley. De esta forma, el legislador, trató de evitar la crítica que se le había dirigido, al promulgarse tanto la Ley de Tasas y Precios Públicos como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de que la definición genérica de tasas podía implicar una vulneración del principio de reserva de ley, al no venir luego desarrollado el concepto general por una serie de supuestos concretos que motivasen el cobro de este tributo."y tras exponer las circunstancias concurrentes en el caso planteado, la Sentencia de referencia concluye que "no ofrece dudas que la instalación de cajeros por una entidad bancaria, en línea de fachada y orientados hacia la vía pública, con la evidente finalidad de posibilitar su utilización por todo usuario que posea la tarjeta magnética imprescindible para acceder a la serie de servicios que prestan, tiene como efecto inmediato la realización de operaciones bancarias desde la vía pública a través de tales instrumentos, con la consiguiente ocupación de la vía pública por los clientes receptores de los servicios bancarios, cuya prestación es trasladada así desde el interior de la oficina bancaria a la vía pública. Todo ello permite apreciar que la existencia de esos cajeros automáticos comporta un aprovechamiento, no privativo pero si especial de la vía pública por parte de la entidad bancaria titular del cajero automático, que es la que obtiene con dicha instalación un beneficio económico específico y exclusivo, subsumible en el art. 20 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, donde se contiene una relación no cerrada sino abierta, es decir, meramente enunciativa, de los conceptos concretos que motivan el cobro de una tasa..." Esta doctrina fue reiterada en la Sentencia de 22 de octubre de 2009 (recurso de casación número 5294/2006). Pues bien, partiendo de la doctrina expuesta, cabe únicamente resolver si en caso de utilización de vehículos para el transporte de áridos se produce o no el aprovechamiento especial, que sería el hecho imponible de la tasa. En este sentido, el artículo 1 de la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Fontanar determina que "La intensidad del tránsito de vehículos que transportan áridos 45 por los caminos municipales, el tonelaje con el que transitan y el deterioro permanente que por tal motivo sufren dichas vías públicas, son circunstancias que hacen que sea especial este aprovechamiento de los caminos e implica restricciones de su uso para los vecinos y ciudadanos". Por su parte, la sentencia de instancia aprecia y valora el carácter de aprovechamiento especial de los caminos públicos, que no siendo vías habituales para su utilización por vehículos, han de soportar los utilizados para el transporte de áridos, lo que sin duda alguna provoca, a la par que una ventaja singular para quien lleva a cabo el mismo, una restricción del uso general y una generación de coste para el Ayuntamiento, razón por la que se exige la correspondiente autorización, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de Bienes y según la previsión de los artículos 3.1, 7, 10 y 11 de la Ordenanza Municipal. No puede por menos que confirmarse el criterio de la sentencia en la medida en que el transporte de áridos por caminos públicos municipales supone un uso de los mismos que excede del uso general y determina a la par que una restricción de éste último, la obtención de una utilidad o ventaja que justifica la imposición de una tasa (F.J. 4º). La depuración y tratamiento de aguas residuales puede estar sujeto a tasa aunque el servicio se preste, indirectamente, por una entidad privada. STS de 1 de marzo de 2012 (RC 2133/2008). ( ) en el caso que aquí enjuiciamos se cumplen los requisitos expresados en la doctrina expuesta y que resultan de la aplicación conjunta y armónica de la legislación tributaria y local: nos encontramos ante una actividad administrativa de competencia municipal contemplada en el articulo 20.4.r) de la LHL -tratamiento y depuración de aguas residuales- cuya contraprestación a abonar por el servicio publico prestado ha de revestir el carácter de tasa con independencia de que sea prestado por una entidad privada, -como es el caso-, en régimen de concesión. Apuntar, por ultimo, que resulta irrelevante a los efectos pretendidos por el Ayuntamiento recurrente el argumentar que como la depuración de aguas residuales tiene por origen el abastecimiento de agua, resultaría de aplicación preferente lo dispuesto en el apartado t) del citado articulo 20.4, en cuanto prevé que se sujetara a tasa la distribución de agua únicamente cuando tal servicio o suministro sean prestado por una entidad local, pues la voluntad del legislador en este punto no da lugar a tal interpretación, ya que si hubiera querido que el servicio de depuración de aguas únicamente estuviera sujeto a tasa cuando se hubiera prestado por una entidad local así lo habría dispuesto y no siendo así resulta indiferente quien depure las aguas pues, con independencia de su forma de gestionar, dicho servicio publico inexorablemente ha de abonarse mediante una tasa (F.J. 2º). Servicios prestados a los concesionarios de licencias de taxi. STS de 5 de junio de 2012 (RC 1870/2008) ( ) Por último, y refiriéndonos ya al supuesto que hemos de resolver, debemos precisar también que en Barcelona los servicios de taxi dependen del Instituto Metropolitano del Taxi, organismo dotado de personalidad jurídica propia, y respecto del cual la Entidad Metropolitana del Transporte ostenta potestades de dirección, control y tutela. Dicho Instituto es el que, entre otras funciones (como las disciplinarias), presta los servicios que ahora se indicarán a los titulares de licencia del taxi y en virtud de tal condición. Tales servicios eran los de tramitación, estudio y verificación de los documentos de transmitente y adquirente; utilización de paradas de taxis; servicio de 56 revisión anual de los vehículos autotaxis; servicio de promoción del taxi; servicio de información, asesoramiento y documentación y servicio de inspección. Como puede verse, se trata de servicios iguales o análogos a los contenidos en el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal núm. 1 aprobada el 28 de diciembre de 2006 y objeto del presente recurso. Pues bien, sobre estas premisas debe estimarse correcta la regulación contenida en una sola Ordenanza de tasas diferentes, correspondientes también a distintos servicios, y que han de satisfacerse por quienes en cada caso sean solicitantes o beneficiarios de la prestación de los mismos. Pero siempre a partir de la caracterización como servicio público impropio determinante de una relación de sujeción especial, no puede considerarse tampoco que suponga una violación del principio de igualdad el hecho de que la exigencia del pago se produzca en el momento de otorgamiento de la licencia y no solo por el servicio que ello comporta, sino por razón de todos aquellos que, debidamente especificados, se prestan al titular de la misma una vez que tiene acceso a esa relación de sujeción especial a la que nos hemos referido. En definitiva, se exige la tasa en el momento de la adquisición de la licencia por razón de todos los servicios que como consecuencia de ello se prestan al titular de la misma, pero ello no comporta violación del principio de igualdad con relación al resto de titulares porque éstos, en la misma situación, es decir, en el momento de tener acceso a la relación jurídica de sujeción especial mediante la obtención de la licencia, abonaron también la correspondiente tasa (F.J. 4º). Tasa por la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos de centros sanitarios. Validación del hecho imponible de la tasa pues la prestación de tal servicio le corresponde al Ayuntamiento. STS de 27 de noviembre de 2012 (RC 989/2010). ( ) los preceptos de la ley 5/2003 que se consideran indebidamente interpretados no permiten mantener la improcedencia de exigir la tasa respecto a residuos urbanos que derivan de los establecimientos sanitarios. En efecto, no cabe desconocer que la Ley Autonómica de Madrid viene a desarrollar la ley básica de residuos de 21 de Abril de 1998 que clasificaba estos en dos grandes grupos, los residuos urbanos y los residuos peligrosos, definiendo a aquéllos, en contraposición a los peligrosos, como los que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, como son los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios, así como los no identificados como peligrosos y que por su naturaleza o composición pueden asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. No cabe, pues, identificar los residuos urbanos con los peligrosos, modalidad que incluía a todos los que figuraban en el listado de residuos peligrosos del Real Decreto 952/1997, entre otros, los residuos sanitarios, para los que el Capitulo IV de la ley estatal establecía unas normas especificas en la producción y gestión, aunque jugaba un papel esencial la normativa de cada Comunidad Autónoma. Así por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el Decreto 83/1999, de 3 de Junio, clasificó los residuos sanitarios en residuos generales, sin ningún tipo de contaminación especifica, que no presentaban riesgo de infección ni en el interior ni en el exterior de los centros, que estaban compuestos por "papel, cartón, metales, vidrio, restos de comida, así como otros tipos de residuos que normalmente se generan en estancias o 67 áreas de un centro sanitario donde no se realizan actividades propiamente sanitarias, tales como oficinas, comedores, cafetería, almacenes, salas de espera y similares", y también "los residuos de jardineria, mobiliario y, en general, todos los residuos que, de acuerdo con el artículo 3, apartado b), de la ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, tiene la consideración de residuos urbanos o municipales"; y los restantes residuos. Esta normativa y la existente con anterioridad fue completada por la ley Regional 5/2003, de 20 de Marzo, cuyo art. 4 clasifica los residuos, en urbanos y peligrosos, que son objeto de regulación separada, aunque existen normas comunes para los dos tipos, como los relativos a los de gestión,refiriéndose al art. 28 sólo a las obligaciones en materia de entrega de residuos urbanos. Pues bien, esta normativa autonómica fue la que tuvo en cuenta el Ayuntamiento de Madrid al aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, y que fue modificada por el acuerdo plenario de 28 de Noviembre de 2007, pero sin afectar al presupuesto de hecho de la tasa respecto a los residuos urbanos que derivan de los establecimientos sanitarios, como venía a reconocer la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, al señalar que el art. 4.1 ofrece una "nueva configuración del hecho imponible al suprimirse el inciso "incluso de carácter meramente social, aun cuando se efectúen sin contraprestación", y añadirse a la relación de actividades sujetas a la tasa las sanitarias que, no obstante, no se considera novedad al estar antes incluidas en la locución "cualesquiera otras", que ahora se suprime". Por otra parte, el art. 4 de la referida Ordenanza al definir el hecho imponible del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos sólidos urbanos establece que no solo queda comprendida la recogida de tales residuos, sino también las actuaciones relativas a su tratamiento, que incluye su valoración y eliminación, definición que, no obstante, es completada con la previsión de distintos supuestos de no sujeción. Así, en el art. 5 se recogen tales supuestos de alojamiento, locales y demás establecimientos a que se refiere el hecho imponible: a) Aquellos en los que no se pueda ejercer actividad sujeta, por carecer de licencia de primera ocupación y funcionamiento. b) Aquellos que hayan sido declarados en estado de ruina. c) Aquellos en los que no se preste el servicio de recogida por la Administración municipal, por haberse autorizado expresamente por ésta su realización, sin perjuicio de la obligación de abonar, en su caso, la tarifa correspondiente a los servicios de tratamiento y eliminación de residuos en el Vertedero Municipal, en los términos recogidos en el anexo de esta Ordenanza". Resulta conforme a derecho, por tanto, que respecto a los residuos urbanos producidos en inmuebles en los que se ejerzan actividades comerciales industriales, profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias, públicas o privadas, pueda establecerse un gravamen con la naturaleza jurídica de tasa, en cuanto constituye un servicio de recepción obligatoria sin que la no sujeción que se establece para aquellos sujetos que opten por acudir a gestor privado, pueda extenderse al tratamiento y eliminación, en cuanto el servicio necesariamente ha de ser prestado por el Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio del tratamiento especial, establecido para la gestión de los residuos sanitarios calificados como peligrosos (F.J. 5º) I.1.2. Tasas de telecomunicaciones Tasa por utilización del dominio público radioeléctrico. La reserva del espacio radioeléctrico supone el cumplimiento del hecho imponible y justifica la sujeción a 78 gravamen. STS de 16 enero de 2012 (RC 1104/2005). En el mismo sentido STS de 7 de junio de 2012 (RC 6437/2008) ( )Sostiene que, si como hemos concluido, está sujeto a la tasa, sólo se puede girar a partir del 30 de septiembre de 2002, día en el que se le notificó la resolución administrativa otorgando el correspondiente título habilitante para la reserva de las frecuencias necesarias a las emisiones terrestres de TVE 1 y La 2. Entiende que las actuaciones anteriores no son sino actos preparatorios de esa resolución final, por lo que procedería anular las liquidaciones de los años 2000 y 2001, limitando la del 2002 al periodo que discurrió entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, por una cuantía de ,68 euros. La resolución de este segundo motivo de casación requiere de unas precisiones previas: 1ª) El proceso de liberalización de las telecomunicaciones conllevó, entre otras consecuencias, que el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (Ente Público RETEVISIÓN), que estaba encargado de proporcionar el transporte y la difusión de las señales de televisión y radio, dejase el 2 de abril de 2000 de suministrar tal servicio con el carácter de monopolio con que lo hacía. A partir de esa fecha, el uso del dominio público radioeléctrico se atribuía a cada titular de la licencia para la explotación de una red pública de telecomunicaciones, siendo uno de ellos RETEVISIÓN, S.A., ya como un operador más [artículo 42 y disposición transitoria cuarta del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998 en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 9 de marzo de 2000 (BOE de 15 de marzo)]. 2ª) Por ello, antes de que llegara esa fecha (el 26 de noviembre de 1999), RETEVISIÓN, S.A. interesó que, una vez transformados los títulos habilitantes que ostentaba el Ente Público RETEVISIÓN y consolidada la titularidad de las frecuencias que le eran atribuidas, ya como un operador más, le fuesen giradas en la parte proporcional que le correspondiese las tasas por la reserva del dominio público radioeléctrico [véanse el artículo 11 de la ya citada Ley 10/1988 y la disposición transitoria segunda de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicaciones (BOE de 25 de abril)]. 3ª) En virtud de lo anterior, la Secretaría General de Comunicaciones, mediante una circular de 27 de abril de 2000, dispuso que correspondía al Ente Público RETEVISIÓN las liquidaciones-notificaciones de las tasas de periodicidad anual por, en lo que aquí interesa, reserva del dominio público radioeléctrico devengadas hasta el 2 de abril de 2000, y a RETEVISIÓN, S.A., a partir del día siguiente. En la misma circular se indicaba que se efectuarían de oficio las modificaciones en el Registro Nacional de Frecuencias para inscribir las asignaciones de frecuencias de difusión a los titulares de los servicios de difusión de televisión, practicándose también de oficio las liquidaciones-notificaciones de las tasas exigibles sobre dichas frecuencias. Esta circular se notificó al Ente Público RETEVISIÓN, a RETEVISIÓN, S.A., y a las distintas entidades prestadoras del servicio público de difusión de televisión, entre ellas a «RTVE» el 31 de mayo de ª) El 11 de octubre de 2000 se notificó a «RTVE» las inscripciones de oficio en el Registro Nacional de Frecuencias de las reservas del dominio público radioeléctrico a su favor y, ante las discrepancias existentes, se inició una fase de alegaciones (evacuadas el 15 de noviembre de dicho año), que el 3 de julio de 2002 aún no se había cerrado, de modo que en esta última fecha se le dio un nuevo plazo de alegaciones, indicando que si no manifestaba oposición se procedería a actualizar las inscripciones de reserva del 89 dominio público radioeléctrico en el ya mencionado Registro conforme a los datos que se especificaban en el anexo 1 que se adjuntaba. «RTVE» evacuó el traslado el 24 de julio de º) El 3 de septiembre del mismo año, el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 61 de la Ley 11/1998, asignó a «RTVE» para la difusión de su programación los canales radioeléctricos que para cada estación de televisión se relacionaban en el listado adjunto. Esta resolución fue notificada el 30 del mismo mes. 6º) Se ha de subrayar que mucho antes, el 19 de diciembre de 2000, «RTVE» solicitó la exención del pago de la tasa, petición que fue rechazada y que, en la vía administrativa, recibió una última respuesta denegatoria en la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central de 19 de junio de 2003, decisión confirmada en la vía jurisdiccional por la sentencia objeto de este recurso y criticada en el primer motivo de casación. El ente público recurrente considera que las frecuencias le fueron atribuidas el 3 de septiembre de 2002 y que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1750/1998, el devengo de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico no se pudo producir antes del 30 de dicho mes, en que se notificó el acto de atribución, por lo que han de anularse las liquidaciones giradas por el periodo discurrido entre el 3 de abril y el 31 de diciembre de 2000 y por el año 2001, debiendo limitarse la del 2002 al tiempo que medió entre el 1 de octubre y el último día del año. La Sala de instancia resuelve, sin embargo, en sentido contrario. En primer lugar considera obvia la existencia de la reserva del dominio público radioeléctrico a favor de «RTVE», pues de otra forma no habría solicitado la exención. A lo anterior añade que la mencionada circular de 27 de abril de 2000 evidencia que el ente público recurrente ostentaba ya un título habilitante desde el día 3 de dicho mes. Esta Sala comparte las atinadas conclusiones del Tribunal a quo. Para empezar, resulta, en efecto, muy significativo que ya el 19 de diciembre de 2000 «RTVE» solicitara la exención de la tasa. En aquel momento ya se le había notificado (el 11 de octubre de 2000) las inscripciones de oficio en el Registro Nacional de Frecuencias de las reservas del dominio público radioeléctrico a su favor, iniciándose un intercambio de pareceres para solventar determinadas discrepancias en orden a determinadas estaciones y frecuencias, que quedaron definitivamente solventadas el 13 de septiembre del Difícilmente puede solicitar la exención de la tasa el sujeto pasivo respecto del que no se ha producido el devengo de la misma. El artículo 73 de la Ley 11/1998 nos enseña que quedan sujetos a dicho tributo los titulares de reservas del dominio público radioeléctrico (apartado 1), si bien las Administraciones públicas en las que concurran determinados requisitos (que ya hemos examinado en el anterior fundamento) quedan exentas (apartado 7). Por consiguiente, si se solicita la dispensa es porque se tiene la titularidad de una de esas reservas. El principio que prohíbe actuar en contra de los propios actos impide a «RTVE» sostener que, hasta el 30 de septiembre de 2002, no era titular de reserva alguna del dominio público radioeléctrico. Es verdad que el artículo 16 del Real Decreto 1750/1998 dispone que el devengo inicial de la tasa se produce el día del otorgamiento del título habilitante, pero se confunde «RTVE» al fijar ese momento en el 30 de septiembre de 2002, día en el que se le notificó el acuerdo del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por el que se le asignaron los correspondientes canales radioeléctricos. En 910 el proceso de liberalización del sector y de apertura del mercado, esa atribución tuvo lugar en virtud del juego combinado del artículo 42 y de la disposición transitoria cuarta del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998 en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, en relación con el artículo 11 de la Ley 10/1988 y la disposición transitoria segunda de la Ley 12/1997. La atribución se plasmó mediante las pertinentes inscripciones de oficio en el Registro Nacional de Frecuencias. La fase de alegaciones abierta después no tuvo por objeto discutir la procedencia de la concesión, que ya estaba otorgada, sino concretar puntos de detalle, relativos a determinadas estaciones o radiofrecuencias. Nadie dudaba de que a partir del 3 de abril de 2000 «RTVE» tenía atribuida la concesión de frecuencias del espacio radioeléctrico, ni siquiera el propio ente público, que, por tal razón, pidió que se le reconociera la exención prevista en el artículo 73.7 de la Ley 11/1998. No otro alcance cabe otorgar a la resolución de 13 de septiembre de 2002, notificada el 30 del mismo mes, mediante la que se asignó a «RTVE» los canales que aparecen en el listado adjunto en uso de «las competencias atribuidas por el artículo 61 de la Ley 11/1998», esto es, no sólo para la atribución del derecho de uso de las radiofrecuencias, que, como hemos indicado, en este caso se realizó ministerio legis, sino también para la comprobación técnica de las emisiones (aparado 2). En suma, «RTVE» venía utilizando las frecuencias desde el 3 de abril de 2000, por lo que, acudiendo a las palabras de la sentencia recurrida, su pretensión «no puede prosperar por una pura razón de equilibrio económico que debe existir entre la reserva de frecuencias del dominio público radioeléctrico y las liquidaciones». El segundo motivo de casación debe, pues, desestimarse también y con él todo el recurso (F.J. 3º). Tasa por utilización privativa del dominio público radioeléctrico. El hecho imponible viene determinado por la reserva del espacio a favor del sujeto pasivo, no por su ocupación o utilización. STS de 21 de junio de 2012 (RC 5421/2008). En el mismo sentido SSTS de 21 de junio de 2012 (RC 486/2009), 28 de junio de 2012 (RC 5452/2006). ( ) el hecho imponible de la tasa -como afirmó la Sentencia de instancia- está constituido por la «reserva para uso privativo de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico», y no por la ocupación del mismo como afirma la recurrente en el primer motivo, afirmación que sustenta el resto del razonamiento sobre el que mantiene la falta de realización del hecho imponible de la tasa. En consecuencia, la definición del hecho imponible como "ocupación" del espacio radioeléctrico que realiza la recurrente no se corresponde con la configuración legal del mismo que lo define por la "reserva" de frecuencias a favor de persona o entidad, y no por la utilización de las mismas por éstas. De ahí que el art. 14 del Real Decreto 1750/1998 de 31 de julio, por el que se regulan las tasas establecidas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, desvincule la consideración de sujeto pasivo de la efectiva utilización del espacio radioeléctrico a favor de él reservado. Tal precepto establece: «Serán sujetos pasivos de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico las personas o entidades en cuyo favor se realice, independientemente de que hagan o no uso de ella». Lo anterior nos conduce inevitablemente a la desestimación del motivo. No obstante conviene poner de manifiesto que la Sentencia de instancia no tiene como hecho probado la existencia de las anomalías en el espacio radioeléctrico que sustentan 1011 fácticamente el primero de los motivos de casación, lo que supone que en la instancia la recurrente ni presentó ni solicitó la práctica de prueba alguna para acreditar dichos extremos. De hecho, ni siquiera solicitó la apertura de periodo de prueba alguno. En conclusión, ni el hecho imponible de la tasa está constituido por la ocupación de las frecuencias del espacio radioeléctrico reservado, sino por la reserva de las mismas a favor de persona o entidad, ni consta como hecho probado en la Sentencia impugnada o justificado en autos la existencia de las anomalías denunciadas por la recurrente que sustentan la alegación, lo que nos conduce a la desestimación del primero de los motivos (F.J. 3º). I.1.3. Otras tasas Tasa sobre rifas. Sorteos de TV entre los espectadores que mandan SMS o hacen llamada telefónica. STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2444/2009). ( ) Dicho lo anterior, pasamos a dar respuesta al segundo motivo, en el que la parte recurrente trata de impugnar la calificación de "rifa" llevada a cabo en la sentencia y para ello, primeramente, pone de relieve que ésta, a la hora de definir el hecho imponible de la tasa sobre "rifas", utiliza una legislación todavía no vigente, pues la que debía aplicarse solo exige la tributación por el importe de los boletos o billetes ofrecidos, lo que conduce a sostener la tesis de que el legislador estatal exigió que las rifas se llevaran a efecto mediante boletos o billetes. Pues bien, preciso es reconocer que, en cuanto al hecho imponible, hasta el 31 de diciembre de 2001, el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley de Tasas, aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, expresaba escueta, pero precisamente, que: "Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias" y, por consiguiente, que solo a partir de 1 de enero de 2002, la redacción fue la siguiente: "Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias cuyo ámbito territorial de participación sea nacional o, en todo caso, superior al de una Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el medio manual, técnico, telemático o interactivo a través del que se realicen"(según redacción del artículo 24 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). También es cierto que bajo el título de "Bases y Tipos", en los ejercicios a que se refiere el presente recurso, el artículo 38.1.a) señalaba que "Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 35 por 100 del importe total de los boletos o billetes ofrecidos." Y que la Ley 24/2001, añade un párrafo en el apartado 4 del artículo 38, en el que, con referencia a la base, se dispone: "En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos o interactivos y la base debiera determinarse en función de la misma, estos medios deberán contener el procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen su completa exactitud. Por lo tanto, no cabe duda que la sentencia transcribe legislación que, al menos parcialmente, no estaba vigente en los años que ha de considerar. Sin embargo, no por ello incurre en infracción del ordenamiento jurídico, por dos razones fundamentales: En primer lugar, antes y después de los años 2001 y 2002, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 3059/1966, el hecho imponible del tributo es la "autorización", "celebración" u "organización" de "rifas", lo que resulta trascendente, porque como se señaló en la Sentencia de esta Sala de 31 de enero de 2005 ( recurso de casación número 181/2003), se trata en realidad de "un impuesto especial que grava la actividad consistente indistintamente en la «autorización, celebración u organización de 1112 combinaciones aleatorias» (art. 36 Decreto 3059/1966, en lo sucesivo TR). Se subraya así la intención de someter al tributo la actividad en sí, con independencia de su autorización, como lo confirma el artículo 40.1.a) del mismo TR que, en el caso de no haber sido autorizadas, identificaba el devengo de la sedicente «tasa» en la celebración, lo que evidencia que la obligación tributaria nacía aunque no existiera la actividad administrativa autorizatoria." Y si la actividad es la de sorteo de una cosa entre varias personas, surge el hecho gravable, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para su realización. Otra cosa sería interpretar la norma sin atender a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, como dispone el artículo 3.1 del Código Civil. En segundo lugar, y como se deduce lo que acabamos de exponer, la Ley 24/2001, no incorpora o adiciona al hecho imponible de las rifas aquellas que se lleven a cabo por medios técnicos, telemáticos o interactivos, sino que partiendo de la calificación como "rifa" y de que el gravamen se hace inexcusable a partir de su "autorización", "organización" o "celebración", se limita a indicar que cuando se utilicen aquellos deberán "contener el procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen su completa exactitud." Y a partir de lo expuesto no existe extensión analógica del hecho imponible, porque antes de llegar a la integración de la norma interpretamos que lo esencial en su delimitación, y ello desde el Decreto de 3059/1966, es la existencia de "autorización", "organización" o "celebración" de rifas con el concepto que de las mismas hemos dado con anterioridad (F.J. 3º). I.2. Sujeto pasivo I.2.1. Tasas locales Tasa Municipal por retirada y depósito de vehículos. STS de 11 de julio de 2012 (RC 438/2010). ( ) Ahora bien, esta conclusión no nos puede llevar a la estimación del motivo, ya que el elemento subjetivo del hecho imponible implica que la relación de referencia, beneficio o afectación a que aluden los preceptos que se consideran infringidos se ha de dar de modo particular con respecto a una persona capaz de ser sujeto pasivo, no siendo posible admitir como afectado a la Administración Autonómica por el mero hecho de que las competencias de justicia se encuentren asumidas por la misma, al no ser determinante esta circunstancia, sino sólo la conducta de la persona que esté en el origen de la situación de necesidad que genera la inmovilización y el depósito judicial del vehículo. Llama la atención que la Ordenanza de Madrid contemple como sujeto pasivo al titular del vehículo, excepto en el caso del vehículo robado, en los supuestos de vehículos estacionados de tal forma que impidan la circulación, constituyan un peligro para la misma, la perturban gravemente o no puedan ser conducidos en las debidas condiciones por sus usuarios, o cuando se trate de vehículos abandonados, y que se aparte de esta regla general en los casos en los que el servicio se preste a requerimiento de cualquier autoridad judicial o administrativa, cuando resulta también afectado el titular del vehículo, y puede considerarse que la actuación de la Administración generadora de la tasa ha sido provocada por el particular con su actuación. Por ello, parece más lógico exigir la tasa a quien en definitiva provoca la prestación del servicio en virtud de una decisión judicial o administrativa, máxime cuando nada impide esta solución, cuando la 1213 autoridad competente ordena la devolución aunque en el marco de un procedimiento penal. Por supuesto, todo ello no implica que no pueda ser sujeto pasivo una Administración Pública, pero no si la prestación no se refiera, afecte o le beneficia de modo particular. En definitiva, la obligación de proveer de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia por parte de la Comunidad Autónoma, por tener asumidas las competencias en materia de justicia resulta insuficiente para considerar conforme a Derecho la definición del sujeto pasivo que realiza la regla impugnada. Finalmente, resulta patente que la doctrina de esta Sala sobre la tasa establecida por la Comunidad Autónoma de Madrid por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos nada tiene que ver con la tasa por retirada y depósito de vehículos de la vía publica (F.J. 3º). Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público local por las empresas explotadores de servicios de telefonía móvil. No están sujetos los operadores que utilicen medios guiados de los que no son titulares. STS de 10 de octubre de 2012 (RC 4307/2009). En el mismo sentido, entre muchas otras, SSTS de 15 de octubre de 2012 (RC 1085/2010 y 861/2009), 8 de noviembre de 2012 (RC 4170/2009), 30 de noviembre de 2012 (RC 3969/2009, 3757/2009, 3835/2009 y 4342/2009), o de 21 de diciembre de 2012 (RC 2821/2010, 4943/2010 y 4445/2010). ( )Razona al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo siguiente: 26. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si dentro del ámbito de la posibilidad que ofrece a los Estados miembros el artículo 13 de la Directiva autorización, de imponer un canon por «los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma», que refleje la necesidad de garantizar el reparto óptimo de esos recursos, está incluida una normativa nacional que impone una tasa por la utilización del dominio público local no sólo a los operadores que son propietarios de las redes de telefonía desplegadas en dicho dominio, sino también a los operadores titulares de derechos de uso, de acceso o de interconexión con esas redes. 27. En particular, dicho órgano jurisdiccional interroga al Tribunal de Justicia acerca de si puede gravarse con una tasa como ésta no sólo al operador que, conforme al artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco, es titular de los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública, o por encima o por debajo de la misma, y que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de dicha Directiva y en el artículo 12 de la Directiva acceso, puede verse obligado a compartir esos recursos, sino también a los operadores que prestan servicios de telefonía móvil utilizando tales recursos. 28. Con carácter preliminar, ha de observarse que, en el marco de la Directiva autorización, los Estados miembros no pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en ella (véanse, por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Rec. p. I-6917, apartado 35, y de 10 de marzo de 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, Rec. p. I-0000, apartado 21). En este apartado, el TJUE, ampliando a la Directiva 2002/20/CE lo ya dicho para la Directiva 97/13/CE, acepta que la Directiva de autorización se configura como una 1314 directiva de máximos, de modo que en el marco de dicha directiva, los Estados miembros no pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en ella. El marco común que la Directiva pretende instaurar carecería de eficacia si los Estados miembros pudieran determinar libremente las cargas fiscales que deben soportar las empresas del sector. 29. Según se desprende de los considerandos 30 a 32 y de los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización, los Estados miembros únicamente están facultados, pues, para imponer o bien tasas administrativas destinadas a cubrir en total los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general, o bien cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias o números, o también por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma. 30. En el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente parece partir de la idea de que las tasas controvertidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 12 de dicha Directiva ni en el concepto de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias o números en el sentido del artículo 13 de la misma. Por lo tanto, la cuestión radica únicamente en determinar si la posibilidad que tienen los Estados miembros de gravar con un canon los «derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma» en virtud del citado artículo 13 permite la aplicación de cánones como los del procedimiento principal, en tanto en cuanto se aplican a los operadores que, sin ser propietarios de esos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público. 31. Si bien en la Directiva autorización no se definen, como tales, ni el concepto de instalación de recursos en una propiedad pública o privada o por encima o por debajo de la misma, ni el obligado al pago del canon devengado por los derechos correspondientes a esa instalación, procede señalar, por una parte, que resulta del artículo 11, apartado 1, primer guión, de la Directiva marco que los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, se conceden a la empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones, es decir, a aquella que está habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo, el subsuelo o el espacio situado por encima del suelo. 32. Por otra parte, como señaló la Abogado General en los puntos 52 y 54 de sus conclusiones, los términos "recursos" e "instalación" remiten, respectivamente, a las infraestructuras físicas que permiten el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física en la propiedad pública o privada de que se trate. 33. De ello se desprende que únicamente puede ser deudor del canon por derechos de instalación de recursos contemplado en el artículo 13 de la Directiva autorización el titular de dichos derechos, que es asimismo el propietario de los recursos instalados en la propiedad pública o privada de que se trate, o por encima o por debajo de ella. 34. Por lo tanto, no puede admitirse la percepción de cánones como los que son objeto del procedimiento principal en concepto de "canon por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma", puesto que se aplican a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público. 1415 En aplicación de esta doctrina habrá que entender que sólo los operadores de telefonía móvil quedarán liberados del pago de la tasa municipal cuestionada; no así, el resto de operadores de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía fija, televisión, servicios de datos...). El alcance de la sentencia de 12 de julio de 2012 del TJUE se limita a la telefonía móvil, pues sólo sobre la misma versaba la cuestión prejudicial planteada por este Tribunal Supremo y sólo a este tipo de telefonía se refiere la sentencia (F.J. 2º). I.2.2. Tasas de telecomunicaciones Tasa por utilización del dominio público radioeléctrico. No cabe la exención por obtener contraprestación por los servicios. STS de 16 de enero de 2012 (RC 1104/2005). En el mismo sentido, SSTS de 16 de enero de 2012 (RC 1674/2007, 1760/2005 y 204/2005), 18 de junio de 2012 (RC 742/2009). De entrada, se ha de reparar que nos encontramos en el ámbito de una exención que, como imponía el artículo 23.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre), ha de ser objeto de una interpretación estricta. Los términos de la norma legal, precisados en la disposición reglamentaria que la desarrolla y complementa, son claros y precisos. El legislador ha querido para que la dispensa opere que la Administración pública que gestiona un servicio de interés general para el que se reservan frecuencias del dominio público radioeléctrico no reciba retribución alguna por su prestación; y el titular de la potestad reglamentaria, moviéndose en el marco previamente diseñado por aquél, ha precisado que se incluye en la noción todo servicio de interés general que, circunstancial o permanentemente y de manera directa o indirecta, tenga como soporte el uso del dominio público radioeléctrico. Así las cosas y a juicio de esta Sala, la voluntad de legislador fue que sólo quedasen dispensadas de la tasa las Administraciones públicas que, disfrutando de una reserva de frecuencias del dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios de interés general, únicamente se financiasen vía presupuestaria, sin obtener rendimientos por otros cauces, que de forma directa o indirecta retribuyesen el servicio para cuya prestación la reserva de frecuencias es herramienta. De entenderse, como defiende «RTVE», que el beneficio fiscal alcanza a situaciones en las que el usuario del servicio no paga directamente un precio al prestador por su suministro, también debería hacerse extensivo a todas las cadenas de televisión que prestan ese servicio público de interés general [así se cataloga en nuestro ordenamiento jurídico, desde la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada (BOE de 5 de mayo) artículo 1, hasta la vigente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE de 1 de abril) artículo 22.1 ] sin exigir al usuario un canon y que se financian, como lo hacía en parte «RTVE» [al amparo del artículo 32 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y de la Televisión (BOE de 12 de enero)], mediante ingresos publicitarios. El dato decisivo para que opere la exención no es la condición subjetiva del prestador del servicio (Administración pública, que en cualquier caso es un requisito indispensable para obtenerla) sino las notas objetivas atinentes a la naturaleza de servicio y a su financiación. De otro modo, se estaría otorgando una ventaja anticompetitiva al ente público «RTVE», que, operando en el mismo mercado que las cadenas privadas de televisión y financiándose en parte como ellas, quedaría dispensada de una carga tributaria a la que sus competidores deben hacer frente. De este modo, se desconocería el mandato del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13/CE (vigente durante los ejercicios a que se refiere este litigio), conforme al que los gravámenes sobre recursos 1516 escasos que los Estados pueden imponer, aparte de no ser discriminatorios, deben potenciar la competencia. Conviene añadir que la retribución por publicidad lo es por un servicio (la publicidad misma) que requiere para su prestación el uso del dominio público radioeléctrico, debiendo recordarse que el artículo 28 del Real Decreto 1750/1998 excluye de la exencción a las Administraciones públicas que reciben contraprestación por los servicios de interés general que usen como soporte, circunstancial o permanentemente, de manera directa o indirecta, las radiofrecuencias. Las anteriores reflexiones no se ven obstaculizadas por la circunstancia de que la vigente Ley General de Telecomunicaciones (Ley 32/2003) expresamente excluya de la dispensa, en el apartado 7 del epígrafe 3 del anexo I, a las Administraciones públicas que, prestando servicios obligatorios de interés general, no perciben contrapartida económica directa o indirecta, como tasas, precios públicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestación, como los ingresos en concepto de publicidad. Esta previsión no quiere decir que antes no fuera así, sino que viene a corroborar precisamente que allí donde el legislador de 1998 hablaba de inexistencia de contraprestación sin más se estaba refiriendo, según hemos interpretado, a la ausencia de todo tipo de contrapartida económica. No puede ser de otra forma si, como ya hemos apuntado, el objetivo central del marco regulador en la Unión Europea del sector de las telecomunicaciones (tanto del que estaba en vigor al tiempo de las liquidaciones impugnadas como del nuevo paquete de directivas aprobado en el año 2002, que los Estados miembros debieron trasponer antes del 25 de julio de 2003) es lograr su liberalización, creando las condiciones para la entrada de nuevos operadores en el mercado, instaurando la libre competencia en el mismo. Téngase en cuenta que, con arreglo al artículo 49.3 de la Ley 32/2003, las tasas como la aquí analizada, además de no ser discriminatorias, deben enderezarse a satisfacer los objetivos señalados en el artículo 3 de la propia Ley, el primero de los cuales es, precisamente, fomentar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Las razones hasta aquí expuestas conducen a la desestimación del primer motivo de casación (F. J. 2º). I.2.3. Otras tasas Tasa sobre rifa realizada en Televisión. El sujeto pasivo es el propio canal. STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2444/2009). ( ) No mejor suerte puede correr el tercer motivo, pues la sentencia resulta conforme a derecho cuando confirma el carácter de organizador, y por ello de sujeto pasivo, que corresponde a RTVE. En efecto, en los contratos incorporados al expediente administrativo se hace constar que es el Ente Público el que contrata los servicios telefónicos y SMS necesarios para la realización de los sorteos y el que puede suspender la realización de los programas y también quien expide las facturas para percibir el importe de la recaudación, y proceder, posteriormente, al reparto en la forma convenida, tras descontar el importe de los premios. Por ello, no puede tenerse en cuenta la alegación de que Televisión Española retransmite y da a conocer al público el programa en que se produce el sorteo, pues si sólo concurriera esta única circunstancia no adquiriría la condición de sujeto pasivo, como ocurre en los casos en que se produce la retransmisión de sorteos organizado por otras personas o entidades (ONCE, Lotería Nacional etc...). 1617 Tiene por ello razón la sentencia cuando señala en el Fundamento de Derecho Cuarto: "La siguiente cuestión es la relativa a la condición de sujeto pasivo de la parte actora. Dice la demanda que la organización de rifas no forma parte de su actividad. Estamos ante un juego que es emitido a través de un programa de televisión que permite a los participantes conocer las bases del juego o sorteo y optar a conseguir el premio, pero RTVE no es el organizador del sorteo. Que son las plataformas telefónicas las encargadas de establecer las bases, gestionar las llamadas o los mensajes, repartir los premios, etc... TVE solo se encarga de emitir el programa en el que se dan a conocer las características y condiciones del sorteo, pero no es la organizadora. Además RTVE y TVE son entidades distintas y personalidad jurídica diferente que desarrollan actividades diferenciadas, y la actora solo contrata con las plataformas telefónicas los servicios de coordinación de los servicios de teléfono y mensajería SMS. Esta cuestión ya ha sido abordada por este Tribunal en sentencia de 2 junio 2008 y decíamos: "CUARTO: En cuanto a la condición de sujeto pasivo del Ente Público Radio Televisión Española, se ha de tener en cuenta lo preceptuado en el art. 37 del Decreto: "1. Son sujetos pasivos de las tasas los organizadores de rifas y tómbolas y las Empresas cuyas actividades incluyan la celebración de apuestas o desarrollen combinaciones aleatorias con fines publicitarios. (...)" Pues bien, obran en el expediente los contratos celebrados por RTVE, representada por su Director Gerente Comercial con diversas empresas (TELEPHONE PUBLISHING, SA, EUROSTAR PRODUCCIONES, SL, TELEFÓNICA MOVILES INTERACCIONA, SA,, STA AUDIOTEX,SA) en virtud de los cuales las empresas contratantes se obligan a prestar a RTVE sus servicios de audiotex, Línea de Valor Añadido, en base a instalación de líneas telefónicas LVA, servicios de SMS, para participar en diferentes programas a emitir por TVE, SA, y optar a una serie de premios, carga de Script o mensajes de salida correspondientes, para su inclusión en la línea telefónica, llamadas de teléfono que se facturarán en la forma que se indica en los contratos, o instalación de una plataforma de mensajería. Las empresas se comprometen a remitir a la Subdirección de Gestión y Contratación de la Dirección de Ventas y Operaciones Comerciales de RTVE las liquidaciones de las cantidades facturadas por la Compañía Telefónica, con el fin de que RTVE pueda expedir las correspondientes facturas. Se acuerda la repartición entre RTVE y las empresas contratantes del importe de la facturación, una vez descontado el importe de los premios. Asimismo, se reserva RTVE la posibilidad de suspender, por motivos organizativos, la producción-emisión de los programas, sin que las empresas puedan reclamar indemnización. A tenor de lo expuesto y estipulado en los referidos contratos, no cabe acoger los razonamientos de la recurrente tendentes a desvirtuar la condición de sujeto pasivo que se le atribuye, condición que está debidamente acreditada en el expediente". En el caso presente, la propia administración en el acuerdo liquidatorio de 21 abril 2006 ya distingue entre TVE y RTVE y señala que al analizar los contratos consta que RTVE utiliza los servicios de su filial TVE para poner en conocimiento del público, a través de los programas de televisión que emite, la existencia de rifas y las bases de participación. Y de esos contratos resulta que el perceptor de los ingresos de esos sorteos es RTVE, y esos ingresos constituyen la base imponible de la tasa. En definitiva, RTVE contrató los servicios de las plataformas telefónicas, giró las liquidaciones mensuales para percibir los ingresos accesorios generados con motivo de la participación en los sorteos, y se benefició económicamente de los resultados de las rifas, por lo que ostenta esa condición de sujeto pasivo que discute." 1718 La sentencia, pues examina los contratos celebrados entre RTVE y las distintas plataforma telefónicas, llegando a la conclusión de que la organización de las rifas corresponde a aquella, apreciación que motiva adecuadamente (F.J. 4º). I.3. Devengo Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Hecho imponible de carácter continuado. Devengo anual. STS de 19 de julio de 2012 (RC 5204/2006 y 321/2006). ( ) la premisa de la que la recurrente parte para formular este motivo resulta errónea según se desprende del fundamento anterior, pues como dijimos en nuestra Sentencia de 12 de abril de 2012 (cit.), «siendo una tasa de esta clase de carácter periódico, cabe situar el devengo al comienzo de cada período impositivo». Con lo que se ha de rechazar que exista un solo devengo, como afirma la recurrente, sino que se produce cada uno de enero de cada año durante el tiempo que dure la reserva otorgada. Confunde la parte el hecho imponible de la tasa, pues éste no está constituido por la concesión de la reserva del espacio de dominio público radioeléctrico, sino por la reserva en sí, hecho de carácter continuado que le habilita de forma constante a su utilización para el desarrollo de su actividad. Y como tal hecho imponible se produce de forma continuada, resulta necesario que su devengo sea periódico, en este caso, anual, como se ha indicado. Este es precisamente el sentido del párrafo primero del art. 73 de la LGTel, tanto en su redacción anterior a la concesión, como en su redacción posterior que indicaba: «La reserva de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual en los términos que se establecen en este artículo». De tal redacción se desprende que el hecho imponible es la propia reserva, no su concesión, siendo tal reserva un hecho que se produce de forma continuada en el tiempo y que le permite a la entidad disponer, también de forma continuada, de determinado espacio radioeléctrico para la prestación de sus servicios. Por ello, la ley fija una periodicidad anual en el devengo, como este Tribunal tiene indicado, lo que resulta concordante con la naturaleza jurídica del tributo tratado (art de la LGT de 1963) y está previsto en relación a la tasas como se desprende del contenido del art de la LTPP. Pues bien, siendo que el devengo de tasa se produce anualmente a principio de cada ejercicio, y teniendo presente que el hecho imponible se produce de forma continuada en el tiempo mientras permanezca la reserva de espacio público radioeléctrica otorgada, ha de concluirse que el hecho imponible siguió produciéndose durante el año 2001, y que el devengo se produjo para dicho periodo el 1 de enero, por lo que han de considerarse aplicables por razón de la fecha de su entrada en vigor -compartiendo los razonamientos a este respecto realizados por la Sala a quo-, tanto la redacción del art. 73 de la LGTel vigente en el momento del devengo (Disposición Final Segunda de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social), como los parámetros de cuantificación de la cuota de la tasa aplicables en dicho momento, en particular los coeficientes aprobados mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001 (art de la Constitución) (F.J. 5º). I.4. Cuantificación de la cuota de la Tasa La tasa no tiene carácter remunerativo por lo que la cuantía se puede calcular atendiendo a la utilidad derivada que aprovecha al sujeto pasivo. STS de 23 de 1819 marzo de 2011 (RC 1895/2006). En el mismo sentido STS de 12 de mayo de 2011 (RC 7417/2005). ( ) El otro grupo, del que está ausente la idea remunerativa propia de la tasa, participa de la naturaleza de los precios públicos, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público (artículo 24 de la Ley 8/1989), cuya cuantía puede determinarse en función de la utilidad que resulte para el sujeto pasivo (F.J. 3º). I.4.1. Tasas locales Modificación de la Ordenanza Fiscal. Validez de la actualización a IPC sin necesidad de nueva memoria económico-financiera. STS de 10 de mayo de 2012 (RC 1622/2008). En el mismo sentido SSTS de 14 de mayo de 2012 (RC 2188/2008) y de 27 de noviembre de 2012 (RC 989/2010). ( ) En efecto, el error se produce en el propio recurrente al considerar el presente supuesto como si se tratara de la implantación o establecimiento de una tasa mediante una nueva Ordenanza Fiscal, o la alteración de alguno de sus parámetros económicos, cuando lo cierto es que estamos ante la modificación de una Ordenanza preexistente, que es actualizada en sus valores económicos mediante la aplicación del IPC, sin resultar necesario que cada ejercicio cuente con una nueva y completa Memoria o estudio económico-financiera de los valores de mercado y de los costes del servicio, valiendo los iniciales, a los que deberá aplicárseles los coeficientes anuales de actualización, manteniendo con ello el principio de equivalencia de las tasas (F.J. 3º). La propia Exposición de motivos de la normativa autonómica reguladora de la tasa por dirección e inspección de obras públicas, aclara que en la base imponible de la tasa se ha de incluir la revisión de precios de la concesión de obra pública. No hay duplicidad con la Tasa por tramitación de expediente de revisión de precios. STS de 20 de junio de 2012 (RC 410/2012). En el mismo sentido SSTS de 14 de septiembre de 2012 (RCUD 235/2010) y de 18 de septiembre de 2012 (RCUD 6196/2011). ( ) La discusión se centra en la interpretación que ha de darse a la expresión utilizada en el apartado b) del artículo cuarto del Decreto 137/1960, de 4 de febrero en cuanto establece que la base de la tasa por "dirección e inspección de obras" es el: "importe liquido de las obras ejecutadas". La interpretación de la expresión "importe líquido de las obras ejecutadas" centra el núcleo de la discusión, pues en tanto que la resolución recurrida y la originaria incluyen en ese "importe liquidado" la revisión de precios, la recurrente sostiene que tal concepto no conforma ese "importe liquido". TERCERO.- Entendemos que la solución de la problemática planteada la ofrece el texto citado que en su Exposición del Motivos de modo meridiano afirma que en la "Tasa de Dirección de Obras" se comprende: "incluso las revisiones de precios...". Por tanto, y en la interpretación del propio autor del reglamento la discusión aquí cuestionada está cerrada pues éste incluyó en el concepto de "importe liquido" la "revisión de precios" controvertidos. No se opone, válidamente, a la conclusión precedente la existencia en el apartado c) del artículo cuarto del Decreto 137/1960 de una tasa específica por "Revisión de Precios", pues si se examinan los elementos que integran la base imponible de la tasa por revisión 1920 de precios es patente que se contemplan parámetros distintos de los descritos en el apartado b), lo que excluye toda posibilidad de doble imposición. En este mismo orden de ideas hay que subrayar que las sentencias del Tribunal Supremo que se invocan por el actor no contemplan el específico elemento de la "Revisión de Precios" que es lo que constituye la individualidad y esencia de este litigio (FF.JJ. 2º y 3º). La utilidad derivada de la utilización de caminos públicos cabe hallarse sobre el precio actualizado a IPC acordado en los años 80 por el paso de vehículos por fincas patrimoniales. STS de 15 de septiembre de 2011 (RC 2078/2009). ( ) Por otra parte, el artículo 24.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local dispone que "el importe de las tasa se fijará, como regla general, tomando como referencia el valor que tendrían en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización, si los bienes afectados no fuesen de dominio público...." Pues bien, la sentencia constata la existencia en el expediente administrativo del correspondiente informe técnico-económico, en el que se indica que "siendo infrecuente encontrar en el mercado este tipo de aprovechamientos tomaremos como referencia del valor en mercado, el precio que a finales de la década de los 80 se pagó por el paso de vehículos utilizados para el transporte de áridos a través de una finca patrimonial de este Ayuntamiento, que ascendió a un millón y medio de pesetas, equivalentes a 9.015,18 euros", a lo que se añade la necesidad de actualizar dicho importe mediante la aplicación del índice general de precios al consumo con el resultado de un valor actualizado de ,37 euros. Debe precisarse que en el expediente administrativo figura el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa ARITESA, por el que se convenía el paso por la finca patrimonial del primero, al sitio de "El Sagar", a cambio del pago del precio antes indicado de un millón y medio de pesetas anuales. No pasa desapercibido para la sentencia de instancia el importe de la tasa, pero lo cierto es que frente a los datos tan precisos que acabamos de reseñar, en el escrito de demanda, amén de insistir en la ilegalidad de aquella, solo se indicaba que del informe obrante en el expediente se deduce que "no existe valor de mercado, por la sencilla razón de que no existe una utilidad individualizable por parte de los usuarios de los caminos públicos municipales". Ni se solicitó recibimiento a prueba ni se aportó dictamen pericial alguno que pudiera ser valorado por la Sala. Por ello, ésta reprocha a la entidad recurrente que el valor de mercado y la actualización pudo ser objeto de contradicción y sin embargo no fue desvirtuado en forma alguna, sin que este defecto pueda ser subsanado en casación (F.J. 5º). Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por parte de las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. Invalidez del sistema de cuantificación atendiendo a la previsión de ingresos a obtener por las operadoras no titulares de los medios guiados que utilizan para la prestación del servicio. STS de 15 de octubre de 2012 (RC 1085/2010 y 861/2009). En el mismo sentido, entre otras muchas, SSTS de 23 de noviembre de 2012 (RC 6820/2010, 6998/2010, 6427/2011 y 6718/2010) o de 21 de diciembre de 2012 (RC 2821/2010, 4943/2010 y 4445/2010). ( ) la anulación tiene que alcanzar también al art. 4 de la Ordenanza, al partir la regulación de la cuantificación de la tasa de la premisa de que todos los operadores de 20 Mostrar más
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