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Timestamp: 2018-08-20 04:56:02+00:00

Document:
ANÁLISIS SOBRE EL INFORME DE
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA
Ramón Romero y Rodil Rivera
Siete tesis sobre la reconstrucción democrática postgolpe a partir de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Honduras: La reconstrucción democrática post golpe y las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
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Análisis sobre el informe de la Comisión de
la Verdad y la Reconciliación.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo
financiero de la Foundation Open Society Institute (FOSI) y la coordinación y edición del Centro
de Documentación de Honduras (CEDOH).
Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de sus
autores y no necesariamente reflejan la opinión
de FOSI.
parcialmente, en cualquier forma o por cualquier
medio, siempre y cuando se cite la fuente.
Miroslava Meza, CEDOH
Impresos Cerrato, septiembre 2011
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El día 26 de julio de 2011, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) organizó un Foro
público para debatir y analizar el contenido del
reciente Informe final presentado por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sobre los
acontecimientos que tuvieron lugar antes, durante
y después del golpe de Estado del 28 de junio del
El interés de los participantes estuvo centrado,
primordialmente, en el contenido de las recomendaciones, numerosas en verdad, que el Informe
incorporó como uno de sus anexos y componentes esenciales. Los expositores explicaron su
valoración de esas recomendaciones, clasificaron
su importancia, destacaron la jerarquía legal de
las mismas y, finalmente, nos presentaron un
cuadro completo de interpretación y análisis muy
útil y valioso.
Hoy, en esta ocasión, el CEDOH ha decidido publicar en su versión de Documento de Análisis el
texto de dos de las exposiciones presentadas
durante el Foro público ya mencionado. Se trata
de los trabajos preparados por los abogados Rodil
Rivera Rodil y Ramón Romero Cantarero. Desde
una óptica variada, con énfasis en el análisis jurídico y político de las citadas recomendaciones,
los autores nos presentan su visión crítica sobre
las diferentes propuestas que la CVR formula ante
la sociedad hondureña a fin de evitar que los
hechos acontecidos en junio de 2009, es decir el
golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, puedan volver a repetirse.
Los documentos aquí publicados nos permitirán
conocer mejor el contenido de las recomendaciones sugeridas, su viabilidad práctica, su utilidad
posible y, sobre todo, ayudarán en el diseño de la
agenda de reformas y transformaciones que el
país necesita y su sistema político reclama. Los
autores hacen una disección analítica muy precisa
del enorme listado de recomendaciones, atribuyéndoles distinta valoración jerárquica y clasificándolas de acuerdo a su efectiva viabilidad funcional.
Estos textos, estamos seguros, serán de mucha
utilidad para la ciudadanía y, en especial, para
aquellas organizaciones políticas y sociales que
están convencidas de la urgente necesidad que
tiene nuestro país de asumir con decisión y voluntad el desafío de una reforma profunda de su sistema político y su arquitectura jurídica.
El CEDOH, en atención a estas consideraciones,
publica este Documento de Análisis en la confianza de que despertará el interés de nuestros lectores y, lo que es más importante, se convertirá en
un oportuno instrumento para el debate político de
cara a eventuales reformas constitucionales o
discusiones más profundas en una posible Asamblea Nacional Constituyente.
Centro de Documentación de Honduras.
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POST GOLPE A PARTIR DE LAS
En Honduras, después del golpe de Estado y
pese a los daños que el mismo ocasionó a la
nación, las distintas fuerzas políticas, golpistas y
no golpistas, no están valorando en suficiente
medida las lamentables experiencias a que
nuestro país fue arrastrado, y tampoco se están
deduciendo las valiosas lecciones y aprendizajes
que del golpe se derivan. No se evidencia una
voluntad política generalizada en los partidos,
fuerzas y movimientos, de aprender de lo vivido y
reformar la práctica política imperante, para
avanzar en la reconstrucción democrática.
Muchos indicadores sugieren que los actores
políticos ejecutan sus actividades de espaldas a la
reconstrucción democrática del país, inmersos
más bien en sus quehaceres e intereses políticos
tradicionales y cotidianos, repitiendo lo que
únicamente saben hacer, como si aquí nada
hubiera pasado o nada hubiese que reformar.
Desde los polos generados por el golpe de Estado
tradicionalistas, más impera el afán de
hegemonía, de someter al adversario, que la
revitalización del tejido democrático que conduzca
a más elevadas formas de convivencia y
desarrollo. La reforma democrática, siendo el
asunto que la realidad política sugiere con mayor
contundencia, no es el tema central de las fuerzas
en conflicto. Por esta vía es muy probable que se
siga cometiendo los mismos errores, no se
asuman las lecciones aprendidas, los políticos se
mantengan ciegos y sordos a la reforma
democrática, pretendan prolongar el autoritarismo
subdesarrollante que impera, y en consecuencia
acerquen el país a una situación imprevista y de
tal magnitud que pueda erosionar las propias
estructuras tradicionales de poder.
El Informe de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación marca un hito en la historia de
Honduras. Es el trabajo más sistemático,
profesional y objetivo de interpretación de los
hechos que llevaron al golpe de Estado y de
las vivencias y consecuencias del mismo. De
cara al futuro la parte más decisiva del Informe
constituyen propuestas para reasumir la
construcción de la democracia, y más
precisamente para reconstruir la convivencia
y la Reconciliación han sido ordenadas en
siete grupos temáticos. El primero de ellos se
refiere a la reforma constitucional e incluye
propuestas sobre mecanismos de solución de
conflictos entre los poderes del Estado, sobre
las limitaciones a las facultades del Congreso
Nacional en materia de interpretación de la
restricciones a las competencias, derechos y
obligaciones de las Fuerzas Armadas, sobre
el fortalecimiento de los mecanismos de pesos
y contrapesos dentro del Estado y sobre la
reducción de los alcances del delito de traición
a la patria, contenido en la Constitución de la
República, para adecuarlo a la moderna
tipificación internacional de dicho delito. El
segundo grupo de recomendaciones se
concentra al área de los derechos humanos e
incluye medidas para satisfacer el derecho a la
justicia, para ejecutar el derecho a la
reparación, satisfacer el derecho a la verdad y
medidas de prevención y adecuación a los
estándares internacionales de derechos
humanos. El tercer grupo de recomendaciones
es sobre el combate a la corrupción, y propone
medidas para mejorar la coordinación
institucional y recomendaciones en los casos
de corrupción relacionados con la crisis del 28
de junio de 2009. El cuarto grupo son las
recomendaciones para fortalecer el Estado
democrático de derecho y la democracia
durante una crisis, proponiendo acciones en
los siguientes campos: nuevo mecanismo para
el nombramiento de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y fiscales del Ministerio
Público; transparencia y legitimidad de la
acción judicial; acciones contra la impunidad;
recomendaciones en el ámbito político
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electoral; cambios en el sistema político electoral;
cambios en los partidos políticos y en la
institucionalidad electoral. El quinto grupo de
internacional, y propone medidas para desarrollar
capacidades de prevención de crisis y respuestas
internacionales y medidas en el plano
internacional para la resolución de las crisis. El
sexto grupo son las recomendaciones en el
ámbito de los medios de comunicación social, con
propuestas respecto al marco jurídico regulatorio,
responsabilidades del gobierno de la República
regulaciones respecto a las competencias de los
propietarios de los medios de comunicación, de
los periodistas y comunicadores sociales, de las
organizaciones de la sociedad civil, de la relatoría
especial de la libertad de expresión y de opinión
de la OEA y la ONU, de los organismos
internacionales y multilaterales de comunicación.
El séptimo y último grupo de recomendaciones
está referido al ámbito de la memoria y se
orientan a que “el país pueda trascender el simple
recuerdo de los hechos, para identificar las
principales lecciones de todo en perspectiva de la
búsqueda de las transformaciones necesarias
para ello y el avance del país.”
Las 85 propuestas de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación posibilitan, en mi criterio,
construir el andamiaje o plataforma de
lanzamiento de la democratización de la
Honduras post golpe, y avanzar colectivamente
por esta vía, previniendo que se reduzca
considerablemente el riesgo de otra regresión
antidemocrática. Por ello es prioritaria su
La ejecución de las 85 recomendaciones requiere
de la voluntad política favorable del Estado. Esta
voluntad política se puede medir con indicadores
Decretar en el Congreso de la República la
obligatoriedad de cumplimiento de las
ordenando que son
responsables de su ejecución: el Estado en
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hallazgos
y recomendaciones. Julio, 2011. P. 50.
su conjunto, los partidos e instituciones
políticas y la sociedad civil.
Incluir en los planes del Estado y en los
presupuestos de las instituciones los
proyectos y recursos financieros para
Instalar la Comisión de Seguimiento de las
integrándola
dimensiones de la democracia moderna,
con criterio político independiente y alta
responsabilidad ciudadana y dotando a
dicha Comisión de la autoridad suficiente
para ordenar medidas de ejecución,
evaluar los procesos de cumplimiento,
sistematizar lo actuado e informar a la
nación y a la comunidad internacional
Someterse al seguimiento y supervisión
internacional sobre la ejecución de las
Las recomendaciones del Informe de la
están llamadas a ser una fuente ineludible de
las propuestas democratizadoras de las
distintas fuerzas, movimientos, partidos y
candidaturas. Los programas y planes de
instituciones políticas, nuevas candidaturas,
frentes y fuerzas políticas emergentes, deben
incluir las propuestas hechas por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación, no solo como
concretizadas en proyectos, con mecanismos
que garanticen su ejecución. Además las
fuerzas políticas deben rendir cuentas a la
ciudadanía respecto a su gestión en materia
de cumplimiento de las recomendaciones. Por
su parte, la ciudadanía, la sociedad civil, las
fuerzas sociales proclives a la democratización
del Estado y la sociedad hondureña tienen el
deber ético y político de apoyar a los partidos,
candidaturas y grupos políticos que asuman
con compromiso la responsabilidad de
concretar sus propuestas de reconstrucción
democrática en programas asentados en las
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recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
organizaciones que no asuman con seriedad el
compromiso de la reforma democrática a partir de
tales recomendaciones deben ser descalificados
por la ciudadanía como opciones válidas de
poder. El instrumento más inmediato y efectivo
con el cual los políticos pueden entender el
mensaje y aprender la lección es el voto
ciudadano de castigo. Al voto de castigo se
suman otras acciones ciudadanas como la
generación de opinión pública y el cese del
voluntariado o activismo político.
Los medios de comunicación, en su mayoría, se
han referido al Informe de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación en una perspectiva
que enfatiza las actuaciones de personas e
instituciones reportadas en dicho Informe,
derivando de ellas, en muchos casos, rumores y
prejuicios, sin conceder la debida relevancia a las
recomendaciones que el mismo contiene. Esto es
una evidencia del estilo tradicional de manejar la
información, que conduce al desentendimiento
político respecto a la reforma democrática. Por
esta vía se pretende distraer la atención pública
de los asuntos decisivos y centrarla en lo
cotidiano, cercenando así el derecho ciudadano a
tener acceso a la información completa, que
incluya las propuestas transformadoras. Esta es
una práctica constante en muchos medios de
comunicación, aplicada con frecuencia a diversos
asuntos de interés público, en los cuales se
sobredimensiona lo menos importante, incluso en
ocasiones lo trivial, para invisibilizar y hacer pasar
desapercibidos los grandes asuntos. Tales
prácticas suelen responder al interés de los
poderes invisibles que conforman el circuito extra
institucional del poder.
Tales realidades justifican las recomendaciones
sobre los medios de comunicación en el sentido
de respetar en su labor el derecho de
ciudadanía a la información completa y libre de
prejuicios y distorsiones. Tampoco es posible que
en un proceso de reconstrucción democrática
sean los dueños de los grandes medios de
comunicación quienes en forma concertada
decidan las agendas informativas que van a
trasladar a la nación.
Las 85 recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación son condición
necesaria pero no suficiente para la reforma
democrática. Todas deben incluirse en un
programa democratizante, y además dicho
programa requiere de otras propuestas en una
diversidad de áreas. Los temas de desarrollo,
económicas, sociales, culturales y ambientales
son parte sustancial de un proceso de
democracia en una sociedad en la cual más
del 60% de la población enfrenta condiciones
de pobreza y en donde el nivel de vida de la
gran mayoría está deteriorándose en forma
acelerada. En consecuencia, la transformación
de la sociedad solo puede sucederse de
manera integral, con avances simultáneos y
económico-social, respeto a la diversidad
cultural y acciones efectivas en materia
ambiental. En tales condiciones, la reforma
democrática debe ser concebida como una
parte decisiva del plan de nación.
SEPTIMA TESIS
La reforma democrática que Honduras
ciudadana se logra a través de un proceso
complejo, con dimensiones políticas, jurídicas,
económicas y sociales, en el cual están
involucrados, como sujetos decisivos, el
Estado, los partidos políticos, la sociedad civil
y los sectores económicos. El factor
cohesionador de todos estos actores, que les
da coherencia y unidad en la acción es la
cultura política democrática.
Entendemos por cultura democrática las
orientaciones y actitudes a favor de la
democracia que constituyen el comportamiento
político colectivo en un país. Sus principales
componentes son el respeto al pacto social y a
las decisiones colectivas, a la institucionalidad
y al ordenamiento jurídico, a la legítima
representación, a la diversidad y a las
deliberación como único medio para lograr
acuerdos y tomar decisiones en la vida
pública, la integración por la que cada persona
se concibe en su doble dimensión de
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individualidad libre y a la vez miembro de una
colectividad en la cual todos tienen igualdad de
derechos y deberes y todos son corresponsables
por el bienestar colectivo, la necesidad y
posibilidad de participar en la vida pública, de
proponer, representar y ser representado, y la
construcción colectiva de condiciones de vida
buenas para todos los miembros de la sociedad.
Cuando tales actitudes son asumidas por una
colectividad se está en presencia de una sociedad
con cultura política democrática y, en
consecuencia, de una ciudadanía política.
punto de partida. Ahí reside, en alto grado, el
futuro de la democracia hondureña.
La relación entre reforma democrática y cultura
política democrática es compleja. A la pregunta
sobre qué es primero, la reforma democrática o la
creación de cultura política democrática se
responde, apelando a la dialéctica, que ambos
son simultáneos, se refuerzan
mutuamente y forman parte de una totalidad que
los contiene y los supera: la sociedad
Así, a mayor cultura política
democrática más profunda es la reforma
democrática, y entre más profunda es esta, más
posibilidades de desarrollo tiene aquella.
En la situación actual de la Honduras post golpe,
crear cultura política democrática debe ser el
objetivo principal de los sujetos políticos que han
optado por la democracia, pues la cultura política
democrática no solo hace factible y viable la
reforma democrática, también la hace irreversible.
Una ciudadanía formada en la cultura democrática
es el recurso más decisivo para la existencia y
profundización de una sociedad democrática, que
es el fermento político necesario para generar
procesos de desarrollo y superación de los
grandes problemas de pobreza, inseguridad y
deterioro general de la calidad de vida que hoy
padece la sociedad hondureña. En la medida en
que se induzca en la sociedad las actitudes
individuales y colectivas propias de la cultura
política democrática, en esa medida estaremos
los hondureños más alejados de las regresiones
antidemocráticas y más cercanos a una sociedad
con superior calidad de vida. Ese debe ser
nuestro más profundo objetivo de la acción
En ese marco, la construcción de ciudadanía y de
cultura política democrática en la Honduras post
golpe debe enfatizar en el conocimiento
ciudadano de las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como
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HONDURAS: LA RECONSTRUCCIÓN
DEMOCRÁTICA POST GOLPE Y LAS
El trabajo de la primera comisión de la verdad de
la historia de Honduras (debieron haber sido varias), fue complejo y difícil. No olvidemos que fue
creada por el gobierno que sucedió al régimen
golpista, con extranjeros que no conocieron de
primera mano los acontecimientos y con dos hondureños, uno de los cuales es miembro prominente del partido nacional, partícipe del golpe de estado.
De otro lado, es sabido que los comisionados,
principalmente su coordinador, doctor Eduardo
Stein, ex vicepresidente de Guatemala, tuvieron
que hacer grandes esfuerzos para lograr el consenso en medio de enormes presiones de los
golpistas. El resultado, por tanto, fue precario,
aunque decantado, no tanto a la verdad, tan espinosa, como a su interés por hacer algo, como
ellos mismos lo dicen, “para que los hechos no
se repitan”.
Ello sería la razón de que sus recomendaciones
sólo se refieran al ámbito institucional y no a los
factores sociales y económicos relacionados con
la crisis, y explicaría, asimismo, la singular conclusión a la que arribaron, y la cito: “todos los
actores gubernamentales y estatales involucrados en los eventos de junio del 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución de
varias maneras”.
señor de la villa de Fuenteovejuna, fue muerto
por el pueblo por sus terribles abusos. El juez
enviado por el rey torturó a más de trescientos
de sus habitantes intentando descubrir al asesino. Y todos, valerosamente fueron unánimes
en declarar que había sido “Fuenteovejuna”,
es decir, el pueblo entero.
Una vez que el rey comprobó la justicia de la
causa de los vecinos de Fuenteovejuna, pronunció la siguiente sentencia:
“pues no se puede averiguar
por fuerza he de perdonar”.
En el caso de Honduras, como en el de “Fuenteovejuna”, si todos los involucrados en los
sucesos del 28 de junio fueron culpables, todos también tuvieron que haber sido perdonados. Sin embargo, los únicos que se beneficiaron con la amnistía fueron los propios autores
RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO
Primera: que por la existencia de los artículos
373 y 374, los llamados pétreos, “pareciera
imposible reformar integralmente la Constitución”. De paso, la comisión crítica acremente
la existencia de estas disposiciones en nuestra
Constitución. Leámosla:
“un grupo de constituyentes, en una
etapa específica de la historia y de la
evolución de la sociedad hondureña, le
fijaron a esa sociedad, unas normas inmodificables para la eternidad. Es criterio de los comisionados que un grupo de
ciudadanas y ciudadanos hijos de su
tiempo no le pueden imponer a las futuras generaciones de una sociedad en
constante evolución una camisa de fuerza constitucional que la propia sociedad,
en el futuro, no pueda modificar para
adecuarla a las necesidades de sus
propios cambios”.
En otras palabras, todos fueron culpables. Cuando leí esto, me vino a la mente el célebre drama
“Fuenteovejuna” de Lope de Vega, basado en
un hecho real ocurrido en tiempos de los reyes
Quienes conocen la obra, recordarán que Fernán
Gómez, comendador de la orden de Calatrava y
Este foro, realizado en Tegucigalpa el 26 de julio de 2011,
fue posible gracias al apoyo del Foundation Open Society
Institute (FOSI) y el Programa Regional de Consolidación del
Apoyo a la Democracia y los Derechos Humanos en Centroamérica, ProDemocracia.
Aparte de que la anterior apreciación es completamente cierta, es claro que fue redactada
antes de la reforma del artículo 5 constitucional
sobre el plebiscito, pues con ella quedó supri-
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mido el obstáculo apuntado por los comisionados,
por lo que actualmente la Constitución puede ser
revisada en su totalidad.
nos en cerrarlos de manera definitiva; lo
que se quiere, por el contrario, es avanzar en la definición de un nuevo sistema político, semiparlamentario o, si
se quiere, semipresidencialista, que
sin prescindir totalmente de las ventajas
que otorga el esquema centrado en el
poder ejecutivo, fortalezca el contrapeso
democrático del órgano legislativo para
salvar circunstancias críticas de ingobernabilidad, como las que se están viviendo hoy en el continente.
Segunda: “que para evitar las confrontaciones
interinstitucionales del tipo que concluyó con la
captura y expulsión del ex presidente Manuel
Zelaya Rosales”, se instituya el “juicio político” o
“impeachment” y se fije “escrupulosamente su
procedimiento”, agregando que “el proceso de
destitución de un presidente en ejercicio deberá
ser desarrollado en tal forma que se cautelen los
abusos potenciales por otros poderes del estado, debiéndose determinar, en su caso, las
responsabilidades respectivas del poder judicial
y del poder legislativo”.
Estoy de acuerdo con el juicio político que recomienda la comisión, pero difiero con la insinuación, para llamarla así, de que el golpe de estado
se debió a las “confrontaciones interinstitucionales” ocurridas en Honduras antes del 28 de junio
del 2009. El golpe de estado tuvo su razón de
ser fundamental en la feroz oposición de la
extrema derecha nacional e internacional a los
cambios que intentó llevar a cabo el ex presidente Zelaya.
Tercera: que se defina claramente la “atribución
de improbar la conducta administrativa y de interpelar a los titulares de los otros poderes del estado y altos funcionarios públicos conferida al congreso nacional, “adoptando un sistema de interpelación con voto de censura vinculante y
sancionatorio”.
Esta propuesta, con la que igualmente me manifiesto de acuerdo, se inspira, me parece, en una
de las conclusiones del “primer encuentro de ex
presidentes latinoamericanos” llevado a cabo en
marzo del 2001, en Cartagena de Indias (entre
quienes figuró el ex presidente Carlos Roberto
Reina), y durante el cual se examinaron las condiciones de gobernabilidad de la región en aquel
En el evento, llamado “Consenso de Cartagena
de Indias”, en contraposición al “consenso de
Washington”, se debatió, entre otros temas, “la
crisis de los congresos, de los partidos políticos y
el avance del presidencialismo de corte autoritario”, y se formuló la propuesta siguiente:
El nuevo diseño fortalecería la función
de control político del congreso mediante la consagración del denominado “voto constructivo de censura”, que exige una mayoría calificada para relevar al
presidente, acompañada de otra mayoría demostrada para designar a su sucesor, y establecería la facultad presidencial equivalente para convocar a
elecciones mediante la disolución anticipada del parlamento”.
Hasta donde conozco, el único país que ha
seguido, casi al pie de la letra, esta iniciativa
del “Consenso de Cartagena” es el Ecuador al
introducir en su actual Constitución la famosa
“muerte cruzada”, la que, muy resumida,
consiste en que por determinadas causales,
expresamente consignadas en la misma, la
asamblea legislativa puede destituir al
presidente de la república mientras que éste,
por similares motivos, puede disolver la
asamblea. Esta prerrogativa, sin embargo, sólo
puede ser ejercida una vez por cada parte en
los tres primeros años de los cuatro del
período constitucional y nunca en el último.
Pero si cualquiera de ellos hace uso de tal
potestad, el consejo nacional electoral, en un
plazo máximo de siete días, debe convocar,
simultáneamente, a elecciones legislativas y
presidenciales y señalar la fecha de toma de
posesión de las nuevas autoridades.
En otras palabras, si la asamblea
destituye al presidente ella queda disuelta y si el
presidente disuelve la asamblea él queda
destituido. De ahí el nombre de “muerte
cruzada” con que el pueblo ecuatoriano la
"la solución a estas dificultades no consiste
en debilitar los parlamentos, ni mucho me-
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Cuarta: que en virtud de que el congreso nacional
carece de la facultad de interpretar la Constitución
de la república, éste debe publicar la sentencia
que en tal sentido emitió la Corte Suprema de
Justicia el 7 de mayo del 2003, lo que hasta ahora
se ha negado a hacer.
Como dato interesante, el 20 de enero del 2004,
es decir, ocho meses después de la sentencia de
la Corte, el congreso aprobó la “ley sobre justicia
constitucional”, cuyo artículo 74 dice textualmente:
“del conocimiento exclusivo. Únicamente la
Corte Suprema de Justicia, por medio de la
sala de lo constitucional, como intérprete
último y definitivo de la Constitución, en
los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad conforme a los artículos 184,
313 numeral 5) y 316 de la Constitución, y
del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma”.
Pero todo indica que esta disposición resultó de
un compromiso al que habrían llegado el congreso y la Corte reconociéndose ambos como interpretes de la Constitución: el primero en una suerte
de primera instancia y la segunda como “último y
definitivo”, pues ese mismo 20 de enero del
2004 fue ratificada la reforma del artículo 205 que
faculta al congreso para “interpretar la Constitución en sesiones ordinarias, en una sola
legislatura, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros”
En mi opinión, la recomendación es correcta, por
lo que debe ser suprimida la mencionada facultad,
la cual, como afirma la comisión, conduce a que
“el congreso esté por sobre la Constitución”.
Quinta: que sean restringidas las competencias,
derechos y obligaciones de las fuerzas armadas,
con lo que también coincidimos, pues como lo
vimos en otro foro de CEDOH, es urgente que
éstas sean despojadas de la función de “defender el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia de la república”,
que actualmente les otorga la Constitución.
Sexta: que “se cree un tribunal constitucional
para conocer la defensa de la Constitución
contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los poderes del esta-
do y velar por la protección de los derechos
Lo que nos parece bien, siempre y cuando
dicho tribunal goce de absoluta independencia
política o, lo que es igual, que no sea electo
por el congreso nacional sino directamente
Séptima: que sea “transformado el sistema
constitucional constitutivo en un sistema constitucional declarativo”,
La comisión aclara que el sistema constitutivo, seguido por Honduras, estriba en que la
declaración de inconstitucionalidad de una ley
por la Corte Suprema de Justicia sólo tiene
efectos para el futuro, por lo que sugiere que
sea sustituido por el declarativo que produce
la nulidad desde que la ley fue promulgada,
es decir, con efecto retroactivo.
La propuesta me parece valedera, siempre
que no comprenda actos ya consumados e
irreversibles o cuya nulidad pueda acarrear
más perjuicio que el que se pretende evitar
con la declaración de inconstitucionalidad.
Octava: la revisión de la “ley del estado de
sitio” para limitar de treinta días a 48 horas la
suspensión por el poder ejecutivo de los derechos individuales fundamentales consagrados
en la Constitución, con lo cual, asimismo, nos
declaramos conformes.
Novena: la reforma del artículo 45 constitucional que declara punible “todo acto por el cual
se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”, en concordancia con el código penal, para evitar que
“sea utilizado para fines no previstos en la
Por mi lado, discrepo con esta sugerencia
porque en este campo tan sensible es mejor
pecar de amplio que no de restrictivo.
Décima: que se eliminen las medidas cautelares previstas en el artículo 58 de la ley sobre
justicia constitucional por contradecir claramente el artículo 326 de la Constitución que
ordena que la acción para perseguir a los
infractores de los derechos y garantías constitucionales, “se ejercitará sin caución ni formalidad alguna por simple denuncia”.
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Mi comentario es que la acción para “perseguir”
a los infractores de las garantías constitucionales,
a que se refiere el artículo 326, es de naturaleza
penal y se halla regulada en los capítulos III y IV,
del título XII, del código penal, que tipifican precisamente los “delitos cometidos por los particulares y por los funcionarios excediéndose en
el ejercicio de los derechos que les garantiza
la Constitución” y, por consiguiente, no tiene
que ver con las medidas cautelares contempladas
en el artículo 58 de la ley sobre justicia constitucional en las demandas de amparo, que es de
Undécima: que se limite el delito de traición a la
patria, “se reduzca únicamente a lo que “internacionalmente se ha tipificado como tal” y se
unifiquen los artículos constitucionales 2, 4 y 19
que lo tipifican.
La comisión no aclara lo que quiso decir con reducirlo a lo que “internacionalmente se ha tipificado como tal”, pues, hasta donde sé, el delito de
alta traición no aparece tipificado internacionalmente, al menos en el derecho penal internacional, pues los únicos que figuran en él son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la agresión.
No obstante, si esta sugerencia implica que sea
suprimida la usurpación del poder como delito de
traición a la patria, como dispone el artículo 2
constitucional, estoy decididamente en contra ya
que el calificativo conlleva la degradación y la
estigmatización que ya están sufriendo los golpistas y que puede desalentar a los que en el
futuro se sientan tentados a repetir este crimen de
Doceava: que se modifiquen las normas presupuestarias, concretamente el artículo 218 de la
Constitución y el artículo 22 de la ley orgánica del
presupuesto, para asegurar la prórroga automática del presupuesto del año anterior y para excluirla de la sanción o veto presidencial, con el fin de
impedir que el poder ejecutivo demore la presentación del presupuesto y limite los recursos a
otros poderes del estado.
También podría estar de acuerdo con esta recomendación, siempre que se introduzcan las medidas correspondientes para evitar que el congreso
nacional pueda hacer lo mismo.
Las que me parecen torales:
Primera: que “el estado de Honduras en cumplimiento de sus obligaciones internacionales
debe investigar, procesar y sancionar todas
las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el
27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como
principales causantes de las violaciones,
sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, garantizando
a los acusados el debido proceso”.
Segunda: que “las y los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia deben someter su
actuación ante las violaciones a los derechos
humanos derivadas del 28 de junio de 2009 a
un consenso nacional de la legislatura para
determinar si se contrarió el derecho a la
“protección judicial” reconocido por el artículo 25 de la convención americana sobre derechos humanos”.
Tercera: que “el comisionado nacional de los
derechos humanos debe someter su actuación a una investigación independiente, comisionada por el congreso de la república, para
determinar si cumplió con sus obligaciones
con la imparcialidad y diligencia que requería la situación”.
Cuarta: que “el gobierno y el congreso nacional de Honduras deben comprometerse públicamente con las víctimas a reparar el daño
que sus agentes les causaron, con criterios de
restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición,
debiendo establecer un plan nacional de reparaciones para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política
posterior al 28 de junio de 2009”.
Quinta: que “el estado de Honduras debe
tomar medidas de reconocimiento público a
las víctimas individual y colectivamente, tales
como dar su nombre a lugares o instalaciones públicas, monumentos o placas conmemorativas, u otras pertinentes”.
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Sexta: que los comisionados, y copio, “vemos
como positivo que el decreto de amnistía en su
artículo no. 1, excluye los delitos de lesa humanidad; en tal virtud, recomendamos al poder judicial que asegure su estricto cumplimiento y evitar
cualquier interpretación que genere impunidad”.
Si esta satisfacción de la comisión significa que
considera que las violaciones a los derechos
humanos cometidas en Honduras a raíz del golpe
de estado constituyeron delitos de lesa humanidad, las mismas podrían caer bajo la jurisdicción
de la corte penal internacional, la cual, dicho sea
de paso, parece que ya está conociendo de una
denuncia contra Honduras relacionada con el
En fin ¡qué puedo decir sobre estas propuestas
sino que baje un ángel del cielo y haga el milagro
de que sean puestas en práctica!
RECOMENDACIONES EN EL COMBATE
Y finalmente, la comisión recomienda en este
ámbito que “el tribunal superior de cuentas
continúe con las investigaciones relacionadas
con actos de corrupción durante la administración de Zelaya y Micheletti vinculadas a la
crisis del 28 de junio del 2009”.
Hasta donde conozco, no existe ninguna investigación sobre actos de corrupción del régimen de facto de Roberto Micheletti, a menos
que lo que quisieron decir los comisionados es
que tal investigación debe ser llevada a
Por mi parte, me manifiesto escéptico en cuanto a que, sin una voluntad política a toda prueba, sin controles efectivos y sin sanciones
verdaderamente drásticas, se pueda iniciar
seriamente la lucha contra la corrupción que
azota a Honduras desde hace mucho tiempo.
Se necesitará, tal vez, volver a un pasado como el que relato enseguida:
En este apartado, la comisión señala que “han
encontrado que en la crisis del 28 de junio existieron elementos de corrupción que influyeron y
agravaron directamente el conflicto”, sin señalar en qué consistieron.
Después de la victoria de Boyacá, el general
Francisco de Paula Santander dictó una ley el
23 de octubre de 1819, cuyo artículo primero
Por mi parte, pienso que era fundamental que la
comisión diera a conocer esos elementos de
corrupción y quiénes son sus autores. O expresado de otro modo, que la comisión de la verdad
publicara justamente “la verdad” sobre este aspecto del golpe de estado.
“el empleado de la hacienda nacional
a quien se le justificare sumariamente fraude o malversación de los intereses públicos o resultare alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la
pena de muerte, sin necesidad de
formar más procesos que los informes de los tribunales”.
A continuación se extienden los comisionados en
una serie de recomendaciones sobre la introducción de mejoras en todos los organismos de control gubernamental para conformar lo que denominan “un sistema nacional de integridad contra la corrupción”.
Simón Bolívar ratificó sin vacilar esta decisión
y más tarde, el 12 de enero de 1824, la confirmó una vez más con el siguiente agregado:
He aquí una de estas recomendaciones, que
habla por sí sola: “los comisionados consideramos
que el fiscal especial contra la corrupción del ministerio público debe rendir cuentas y ser sometido a una evaluación objetiva e imparcial por su
actuación, debiendo definirse la permanencia
en su cargo, de acuerdo a los resultados de dicha evaluación y respetando lo establecido en el
estatuto de la carrera del ministerio público y su
O seguiremos igual que hasta ahora, como
dice el conocido verso:
“los jueces a quienes, según la ley,
compete este juicio, que en su caso
no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma
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del pecho del ladrón cuelgan las cruces”.
RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DERECHO Y LA DEMOCRACIA DURANTE UNA CRISIS
Primera: que debe crearse “el consejo nacional
de la magistratura, permanente, autónomo y
con patrimonio propio”, para que elija a los
magistrados de todas las instancias del poder
judicial, al fiscal general, adjunto y fiscales de
todas las instancias del ministerio público.
Esta recomendación, por razones obvias, no tendrá ningún efecto si el consejo será de elección
del congreso nacional. Sólo podrá ser verdaderamente independiente si se le transforma en un
poder o función del estado que tenga a su cargo, entre otras atribuciones, la de elegir a los
mencionados funcionarios y a los titulares de los
órganos contralores del estado a través de procesos de selección organizados por medio de
concurso público de oposición y méritos, con
postulación, audiencia pública y derecho a
Segunda: que se elimine la secretividad en los
procesos judiciales y dejarla solamente por la vía
Esta recomendación asume que los juicios contra
Zelaya fueron promovidos antes del 28 de junio
del 2009 y se mantenían en secreto, lo cual sólo
puede provenir de un error, pues es de notorio
conocimiento que fueron fabricados después del
Tercera: que la ONU establezca una instancia
internacional de investigación para actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no
debe ser inferior a cinco años.
No creo que esta instancia sirva para gran cosa,
pero tampoco que pueda causar daño.
Enseguida tres recomendaciones de trascendental importancia:
Primera: que se modifiquen los procedimientos de nombramiento de los funcionarios del
tribunal supremo electoral y del registro nacional de las personas reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos
tienen en la designación.
Segunda: que se “asegure y preserve la independencia y autonomía del tribunal supremo
electoral respecto a la influencia de los partidos políticos y la política, para lograr la
legitimidad y la confianza en los procesos políticos electorales.
Tercera: que se “reforme el procedimiento
para seleccionar a los candidatos a magistrados al tribunal supremo electoral y titulares del
registro nacional de las personas para fortalecer la independencia de los mismos, de forma
que no sean integrados por activistas o
dirigentes de los partidos políticos”.
Pienso que, al igual que con el consejo nacional de la magistratura, que antes vimos, la
recomendación para despolitizar el tribunal
supremo electoral únicamente se podrá alcanzar si sus magistrados son electos directamente por el pueblo y dicha institución es elevada
también a la categoría de poder o función del
La recomendaciones de la comisión en este
campo, particularmente para la OEA, de que
necesita invertir más en la creación de sistemas de alerta temprana eficaces, o de “diplomacia preventiva”, me temo que caerán
en saco roto dada la tradicional incapacidad de
este organismo para contribuir efectivamente a
la solución de las innumerables crisis que se
han dado en América Latina a lo largo de su
Primera: que se adopten medidas para la
transparencia de la contratación de publicidad
oficial; la eliminación de la práctica de pagos
dudosos a los medios de comunicación; la
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reforma de la ley de la comisión nacional de telecomunicaciones sobre el otorgamiento de frecuencias y la prohibición de cadenas radiales y de
televisión impuestas por el estado, salvo en caso
de calamidad y emergencia nacional.
Segunda: a los propietarios de los medios de
comunicación: “que fortalezcan la libertad de pensamiento y promuevan las medidas que coadyuven a preservar la ética profesional de sus trabajadores de la comunicación (periodistas, camarógrafos, editores, diseñadores, caricaturistas, etc.),
entre ellas la adopción de códigos de ética formulados y discutidos con la participación de todos
sus miembros y la aceptación de la “cláusula de
conciencia” para normar la relación profesional
entre propietarios y comunicadores”.
Sobre esta recomendación, con el respeto que me
merecen los miembros de la comisión, debo contarles que al leerla recordé lo que Hamlet le contestó a Polonio cuando éste le preguntó: “¿qué
estáis leyendo señor?” A lo que el príncipe de
Dinamarca replicó: “palabras, palabras, palabras…
Segunda: que se “realicen ejercicios de relato
compartidos que sirvan para interpretar los
acontecimientos fundamentales de la crisis
política, procuren significado a la misma y
precisen las opciones de futuro”.
Sin menoscabo de estos consejos, puedo asegurar que el pueblo hondureño jamás olvidará
ni perdonará a quienes se opusieron por la
fuerza de las armas a las transformaciones
que demanda su evolución histórica y violentaron salvajemente sus derechos humanos.
Y en cuanto a la reconciliación nacional, si,
ésta vendrá algún día, quizás más pronto que
tarde, pero sólo cuando se hagan realidad las
recomendaciones que propone la comisión y
los cambios sociales que por tanto tiempo le
han sido negados.
Tercera: sin embargo, sí tengo fe -y mucha- en
la posibilidad de la siguiente recomendación que
formula la comisión a las organizaciones de la
“crear organismos sociales de monitoreo del derecho a la libertad de expresión, incluso dentro de los propios medios (como la figura del defensor de los
lectores) y asumir las violaciones a la libertad de expresión como parte de sus
líneas de trabajo” y “exigir que las normas como las contenidas en la ley de
pública se cumplan y no sean utilizadas
como un instrumento político que contravenga su propósito original”.
La comisión concluye con las siguientes recomendaciones sobre la memoria nacional:
Primera: que “se elabore de forma participativa
y consensuada una política de la memoria, en un
contexto de pluralismo y de libertad”, y,
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cientes de CEDOH
CEDOH en
www.cedoh.org
CEDOH 18
PARTIDO POLÍTICO: UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA
carta-pueblo
DECLARACION DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL
Marzo Justicia Que brota de la fe, frente a la exclusión y a lasa
FORMATO DE SOLICITUD DE ESPACIOS DEL CENTRO DE

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 74
 artículo 216
 artículo 205
 artículo 45
 artículo 58
 artículo 326
 artículo 326
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 218
 artículo 22
 artículo 25