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Timestamp: 2019-10-18 19:21:25+00:00

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﻿ SENTENCIA SL9390-2017/76688 DE JUNIO 28 DE 2017
SENTENCIA SL9390-2017 DE 28 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:REGLAS PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS SINDICALES POR PARTE DE LOS ÁRBITROS. EL ALTO TRIBUNAL SEÑALO QUE PARA CONCEDER PERMISOS SINDICALES SE DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: (I) ATENDER RESPONSABILIDADES INHERENTES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN(II) SEAN RAZONABLES Y PROPORCIONADOS(III) NO AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA(IV) TENGAN UN CARÁCTER TRANSITORIO, Y (V) ESTÉN PLENAMENTE JUSTIFICADOS. DE IGUAL FORMA, LOS ÁRBITROS PUEDEN CONSTRUIR LAS FÓRMULAS QUE SU RECTA RAZÓN Y SENTIDO DE JUSTICIA LES INDIQUE PARA DESATAR EL CONFLICTO COLECTIVO Y POR LO CUAL NO ES SU OBLIGACIÓN OTORGAR PRERROGATIVAS BAJO LA ÉGIDA DE UNA SIMPLE PROPORCIÓN NUMÉRICA REGLA DE TRES, FRENTE A LO DISPUESTO EN OTROS INSTRUMENTOS COLECTIVOS, COMO LO ENTIENDE EL CENSOR, PUES SE REITERA, LA FUNCIÓN DE ESTOS ES SERVIR DE REFERENCIA PARA LA DECISIÓN ARBITRAL. ASI MISMO, LA SALA DETERMINO QUE LOS PERMISOS OTORGADOS SON LO SUFICIENTEMENTE DETERMINADOS CONFORME A SU DURACIÓN, PORQUE EN CADA LITERAL SE ESPECIFICÓ POR CUÁNTO TIEMPO SE OTORGARONFRENTE AL NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE ELLOS Y LA CUALIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y, EN LO QUE SE REFIERE A SU OBJETIVO, PUES TODOS ESTÁN DIRIGIDOS A ATENDER LAS TAREAS PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA LABORAL, SINDICATO, TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL, ÁRBITRO, ASOCIACIONES SINDICALES, DERECHOS DEL SINDICATO, PERMISO TEMPORAL
Sentencia SL9390-2017/76688 de junio 28 de 2017
Rad.: 76688
Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil diecisiete.
Procede la Sala a resolver el recurso de anulación que interpusieron ambas partes contra el laudo arbitral emitido el 31 de octubre y aclarado el 24 de noviembre de 2016, para resolver el conflicto colectivo que se suscitó entre UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la Unión Sindical Grupo Empresarial E.P.M. —UNIGEEP—.
El 11 de marzo de 2013, el colectivo denominado Unión Sindical Grupo Empresarial E.P.M. —Unigeep— presentó a consideración de la empresa UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P., el pliego de peticiones que dio origen al conflicto colectivo (f. 9 a 14).
Adelantadas las conversaciones en la etapa de arreglo directo surtida entre el 11 y el 30 de mayo de 2015, las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la organización sindical decidió someter el diferendo laboral al Tribunal de Arbitramento, cuya constitución e integración fue ordenada por el Ministerio del Trabajo mediante resoluciones 3783 y 5544 de 22 de septiembre y 21 de diciembre de 2015, respectivamente, y 3099 de 9 de agosto de 2016.
El día 28 de septiembre de 2016, el Tribunal se instaló e inició sus deliberaciones. Surtido el trámite arbitral, el 31 de octubre de 2016 se profirió el laudo (f. 440 a 456), el cual se aclaró el siguiente 24 de noviembre (f. 457 a 461) y se notificó personalmente a las partes (f. 524 a 527).
II. Los recursos de anulación
Dentro del término previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, los apoderados de las partes interpusieron y sustentaron el recurso de anulación (f. 462 a 471 y 517 a 518); dentro del término que otorgó la corporación, únicamente presentó memorial de oposición la organización sindical (f. 16 a 33 cdo. Corte).
III. Recurso de anulación de UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
3.1. Alcance del recurso
La empresa recurrente señala que el recurso tiene como finalidad la anulación de los artículos 2º a 7º del Laudo Arbitral, relativos, en su orden, a: «incremento salarial, actualización de beneficios, permisos sindicales, auxilio sindical, bonificación, publicación de folletos».
3.2. Disposiciones del Laudo Arbitral cuya anulación se persigue
UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P. cuestiona las siguientes disposiciones arbitrales que, para un mejor entendimiento, se relacionan con los correspondientes puntos del pliego de peticiones, así:
Anulación del artículo segundo de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Incremento salarial
Texto del pliego de peticiones Texto del Laudo Arbitral
“ART. 7º—Incremento Salarial. LA EMPRESA, aumentará los salarios básicos mensuales de todos los afiliados a El SINDICATO, en la siguiente forma:
A partir del 1º de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 (primer año de vigencia de la Convención) se incrementarán en 5 puntos por encima del IPC, causado en el año 2012.
A partir del 1º de enero del año 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo. Año (segundo año de vigencia de la Convención) se incrementarán en 5 puntos por encima del IPC, causado en el año 2013.
PAR.—Los aumentos de salarios ordenados en este artículo, serán “ART. 2º—Incremento salarial. La empresa incrementara (sic) los salarios de los trabajadores beneficiarios del presente laudo durante su vigencia así:
A partir del 1º de enero de 2017, los salarios básicos de los trabajadores beneficiados con el presente laudo se incrementarán en un porcentaje igual al Índice Nacional de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el periodo del 1º de enero al 31 diciembre de 2016, más uno punto cinco por ciento (1.5%).
A partir del 1º de enero de 2018, los salarios básicos de los trabajadores beneficiados con el presente laudo se incrementarán en un porcentaje igual al Índice Nacional de Precios al Consumidor
imputables a los que por ley o decreto sean ordenados durante la vigencia de esta Convención así:
Si el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional fuera mayor al pactado en la presente Convención, LA EMPRESA realizará el reajuste necesario hasta completar el monto de estos, teniendo en cuenta los aumentos aquí dispuestos. Si el incremento del salario mínimo fuera igual o inferior, se aplicará lo establecido en la presente convención. En todo caso se aplicará el incremento que resulte mayor.
certificado por el DANE para el periodo del 1º de enero al 31 diciembre de 2017, más uno punto cinco por ciento (1.5%).
La sociedad recurrente pretende la anulación del citado artículo, en tanto afirma que tal imposición es desproporcionada e inequitativa, pues el Tribunal no consideró las dificultades financieras por las que atraviesa la compañía y, en esa medida, con su decisión amenaza la fuente de empleo de los trabajadores. Resalta que existen unas particularidades propias del mercado de las comunicaciones que, pese a que las expuso, no fueron acogidas por los árbitros y, además, que el acrecentamiento decretado «sería la base de partida para solicitud de incrementos de las otras organizaciones sindicales, así como personal no sindicalizado».
Aduce que la alta depreciación del peso colombiano en el último bienio, impacta los costos de su operación y genera «presión sobre los márgenes operacionales», y que la inflación del 2016 influye de forma directa en los costos que requiere para la prestación de los servicios de televisión, internet y telefonía fija, y en los gastos de administración y ventas, entre otros —en un 80%—.
Refiere que la reforma tributaria presentada por el Gobierno, incluye una elevada carga dirigida a la industria de las telecomunicaciones, «lo cual puede representar un incremento en las tarifas de servicios del 16% al 19%», lo que, en su sentir, reduce «la capacidad de gasto de los hogares destinada a telecomunicaciones como un desincentivo en el consumo de la industria de las telecomunicaciones».
Insiste en que la imposición del incremento salarial no corresponde a la realidad económica por la cual atraviesa el sector de las telecomunicaciones, así como tampoco las condiciones financieras de la empresa. Para afianzar su postura, realiza lo que denomina una «estimación del impacto financiero para el año 2017» en el cual, afirma, se evidencia «un rompimiento del equilibrio de equidad».
Asevera también que el Tribunal no advirtió que los trabajadores afiliados a Unigeep se favorecen por extensión de los beneficios convencionales otorgados a SINTRAEMSDES, quienes tuvieron un aumento salarial del IPC más 1.35 puntos. Finalmente, advierte que en la actualidad cuenta con 7 organizaciones sindicales y que con cuatro de ellas está en proceso de negociación, lo que significa que la base para concertar tal prerrogativa sería la decretada por el Tribunal de Arbitramento, lo cual impacta «negativamente los costos laborales de la organización, sin que exista una correlación entre las ganancias y los pasivos de esta, afectando el desarrollo ordinario de las actividades de la Empresa».
El sindicato expone básicamente, que las dificultades financieras que alega la empresa como sustento de su recurso no son ciertas, en tanto afirma que en el año 2015, los ingresos de aquella se incrementaron en un 5%, a la par que sus gastos operativos disminuyeron. Aduce que los altibajos en las tasas cambiarias deben solucionarse con coberturas financieras que le corresponde a la empresa planearlas periódicamente, pero no en detrimento de sus trabajadores.
En cuanto a la reforma tributaria señala que su impacto es global y, en consecuencia, su costo será asumido por el consumidor final a través del incremento en las tarifas de los servicios que presta la empresa y que las cifras que exhibe para sustentar el supuesto impacto económico, se soportan en hipótesis inciertas y poco probables, como cuando parte de una inflación del 6.5%, pese a que la del año 2016 ascendió a 5.75% y cuando supone que todos los trabajadores de Une E.P.M. se afiliarán a Unigeep.
Afirma además, que el aumento del IPC más el 1.5% decretado por el Tribunal no es desproporcionado, de hecho, resalta que es inferior al solicitado en el pliego de peticiones, por lo que considera que los árbitros obraron en equidad al tener en cuenta —para efectos de fijar tal incremento— el valor de la inflación más un porcentaje adicional que le permita al trabajador mejorar su capacidad adquisitiva.
Sostiene el recurrente que el incremento salarial decretado es desproporcionado e inequitativo, en la medida que el Tribunal no tuvo en cuenta las dificultades financieras por las que atraviesa la empresa, situación que se agrava debido a la alta depreciación del peso colombiano y la reforma Tributaria presentada por el Gobierno Nacional, que impactan la industria de las telecomunicaciones. A lo anterior, agrega el hecho de que en la actualidad existen al interior de la empresa 7 sindicatos y que con 4 de ellos se encuentra en proceso de negociación, por lo que la obligación que hoy rebate será la base sobre la que deberá negociar con ellos.
Sobre el particular, sea lo primero señalar que en materia de incremento salarial, ha dicho la Corte que los árbitros no están sujetos a los porcentajes que las partes propongan en el curso de las conversaciones de un conflicto de trabajo, en la medida que la ley no los obliga a dirimir el disenso conforme a lo pedido por una de ellas, o por ambas, sino en tanto que dichas pretensiones permitan una solución basada en el principio de la equidad, lo cual también ha llevado a la Sala a afirmar, «que no le es dable injerir en las determinaciones de los árbitros en materia salarial, a menos que la decisión de estos resulte abierta, clara y notoriamente inequitativa, o que desconozca derechos mínimos de los trabajadores, o se vulneren derechos constitucionales y legales» (CSJ SL55501, 12 dic. 2012).
Pues bien, en el sub lite, de entrada advierte la Sala que tales circunstancias no se evidencian y, en esa medida, la decisión que se cuestiona no se muestra inequitativa.
En efecto, la pretensión del sindicato en este tema salarial, conforme al pliego de peticiones, se traducía en un incremento a partir del 1º de enero de 2013 y 2014 igual a la variación de la inflación certificada por el DANE más cinco (5) puntos porcentuales, mientras que los árbitros decretaron un incremento del IPC más 1.5 puntos tanto para el primero, como para el segundo año de vigencia del laudo.
Para tal efecto, el Tribunal, en su función de fallador en justicia y equidad, verificó las condiciones para su concesión. Fue así que en el mismo texto del laudo, consignó que para su decisión final «analizó (…), la situación económica de la empresa, así como las pretensiones de la organización sindical su número de afiliados, su calidad de multiafiliados a otras organizaciones sindicales al interior de la empresa, salario actual, prestaciones y beneficios extralegales contemplados en otras convenciones que se les aplica, y el impacto de la decisión de las peticiones en el futuro de las relaciones de las partes».
De ahí, que debido al número de afiliados al sindicato —163— frente al total de empleados de la empresa —1200, como ella misma lo afirma en su escrito impugnatorio—, el impacto económico no puede pregonarse de tal magnitud que ubique a la sociedad en una dificultad financiera amenazadora de la fuente de empleo de los trabajadores como lo quiere hacer ver la recurrente en el cálculo matemático que denominó «estimación del impacto financiero», y donde incluye valores de referencia respecto de todos los trabajadores que integran su planta de personal.
Lo anterior, por cuanto es la ley la que fija el campo de aplicación forzoso de un acuerdo colectivo, en primer lugar, a los propios contratantes, esto es, a los afiliados al sindicato que lo celebró, a los adherentes al convenio y a quienes con posterioridad a su firma se afilien a aquel (art. 471 del CST), así como a los trabajadores de la empresa cuando el sindicato pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal y en el evento de que un acto gubernamental así lo disponga, previo cumplimiento de los presupuestos indicados en el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero, resulta evidente que la organización sindical en conflicto, no tiene la calidad de mayoritaria al interior de la empresa y, en esa medida, es a sus afiliados a quienes se les aplicará tal beneficio.
En este punto, vale recordar que la incidencia económica de un laudo aplicable a un sindicato minoritario se mide en función del número real de afiliados, y no frente a la totalidad de trabajadores o los que a futuro considere la empresa que lleguen a afiliarse. De ahí que, se reitera, las proyecciones de la empresa en cuanto al costo de aumento salarial, no sean reales, sino inciertas, en tanto las liquida frente a la universalidad de los trabajadores. Sobre este tema, esta Corte en providencia CSJ SL5887-2016 explicó:
No comparte la Corte la postura del recurrente, en la medida que la determinación de los efectos económicos del laudo en una empresa, debe realizarse sobre factores reales, ciertos y actuales, más no sobre factores inciertos, hipotéticos o conjeturales.
Se asevera lo anterior, como quiera que en este asunto, la empresa realizó las proyecciones financieras teniendo en cuenta la totalidad de sus trabajadores, lo cual es inapropiado, pues en la actualidad, según se informa en el recurso, se encuentra afiliado a la organización sindical SINTRAIMAGRA solamente un empleado. Luego, el costo real y actual de la empresa no puede cuantificarse sobre 43 trabajadores sino sobre 1.
De otro lado, la alegada inequidad tampoco surge por la depreciación del peso colombiano, la inflación correspondiente al año 2016 y la «nueva reforma tributaria», que refiere la sociedad recurrente, pues el derecho de asociación sindical y, por ende, los privilegios que él pueda reportar —como la posibilidad de disfrutar las conquistas laborales—, tiene respaldo constitucional y legal, por lo que, en principio, no puede verse afectado por las vicisitudes que impacten la economía nacional, máxime cuando las repercusiones que eventualmente se deriven de ello, no están debidamente acreditadas.
Incluso en el evento de que se encuentren demostradas las dificultades económicas por las que atraviesa una empresa, que no es el caso, lo cierto es que tal circunstancia no puede, prima facie, justificar la exclusión de cualquier incremento en el salario, en tanto ello sería atentar contra el fin último de la negociación colectiva. Así lo sostuvo la Sala en Sentencia CSJ SL12443-2015, donde adoctrinó:
En lo que atañe al incremento salarial que el Tribunal de arbitramento fijó para los trabajadores sindicalizados en un porcentaje equivalente al IPC del 2014 más 1 punto a partir del 1º de enero de 2015 y hasta que termine la vigencia del laudo, en sentir de la Corte no luce manifiestamente desproporcionado o inequitativo, aun teniendo en cuenta la difícil situación financiera de la empresa, por su monto y porque se decretó hacia el futuro desde el 1º de enero de 2015.
La sola circunstancia de estar una empresa en crisis económica no puede ser enarbolada como razón justificativa para excluir todo aumento salarial, pues esto iría contra la finalidad de la negociación colectiva que es la mejora de los mínimos legales reconocidos a los trabajadores, debiendo en todo caso mediar un juicio de proporcionalidad y razonabilidad respecto del incremento, que en este caso conduce a que el ajuste salarial aquí decretado sea bajo esa óptica perfectamente razonable y proporcionado.
Y como puede colegirse, el Tribunal no decretó el incremento salarial en el porcentaje solicitado por la organización sindical, sino el que en equidad consideró era el que convenía a las partes para la mejor solución del diferendo colectivo, sin que ello signifique que los árbitros hubiesen rebasado el límite de sus competencias.
Tampoco son de recibo los otros argumentos del recurrente para socavar la decisión que en equidad profirió el Tribunal, relativos a que en su interior confluyen 7 sindicatos, de los cuales 4 se encuentran en proceso de negociación y que, por tanto, sobre esa base —incremento salarial del IPC más 1.5 puntos— deberá comenzar a negociar con ellos, pues como lo ha sostenido esta corporación reiterada y pacíficamente, los beneficios contenidos en un estatuto colectivo que exista en determinada empresa, pueden servir de referencia o de parámetro a las partes o a los árbitros cuando a ello hay lugar, para solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empleadora y otro sindicato que en ella también funcione; empero, ello no significa que se deba adoptar en la convención o en el laudo —si fuera el caso—, exactamente las disposiciones de aquel, como lo entiende el recurrente.
Entonces, a juicio de la Corte, la cláusula cuestionada no se exhibe manifiestamente inequitativa y, en consecuencia, no se anulará.
Anulación del artículo tercero de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Actualización de beneficios
“ART. 5º—Continuidad de Derechos y Beneficios LA EMPRESA mantendrá el reconocimiento y respeto de todas las normas, beneficios y derechos concedidos a los afiliados a EL SINDICATO con anterioridad a la firma de la presente Convención colectiva.
En esos términos, todas las normas, beneficios y derechos concedidos por LA EMPRESA los afiliados de El SINDICATO que no hayan sido expresa o tácitamente modificadas o sustituidas a la firma de esta Convención continúan vigentes y forman parte integrante de la Convención Colectiva de Trabajo.
En caso de conflicto o duda sobre la interpretación y aplicación de las normas legales y convencionales vigentes prevalecerá la norma más favorable al trabajador. La norma más favorable que “ART. 3º—Actualización de beneficios. UNE Telecomunicaciones S.A. mantendrá el reconocimiento y respeto de todas las normas, beneficios y derechos que hoy cobijan a los trabajadores afiliados a UNIGEEP, derivados de la convención colectiva que en la actualidad se les aplica y los laudos arbitrales que estén vigentes y que no hayan sido derogados por convención colectiva, en tal sentido se elevaran (sic) a la categoría de norma colectiva de trabajo.
En estos términos, todas las normas, beneficios y derechos concedidos por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. a los afiliados a UNIGEEP continúan vigentes en los mismos términos en que están concedidos y forman parte integrante del presente Laudo.
se adopte se aplicará en su integridad. El principio de la condición más beneficiosa al trabajador y demás principios laborales se tendrán igualmente en cuenta en los conflictos de interpretación y aplicación de las normas laborales.
“ART. 9º—Actualización de beneficios. LA EMPRESA reconocerá a todos los afiliados a EL SINDICATO la actualización económica de los beneficios convencionales que no hayan sido modificados por el presente acuerdo. Los valores económicos de las cláusulas que consagran dichos beneficios se incrementarán, para el primer año de vigencia de la Convención, en el IPC correspondiente al año 2012, más cinco puntos adicionales. Para el segundo año de vigencia de la Convención el incremento será del IPC correspondiente al año 2013, más cinco puntos adicionales.
Pretende el impugnante la anulación total de la cláusula en mención, en tanto afirma que el Tribunal se extralimitó en sus facultades, pues decidió sobre la vigencia de otras convenciones «sin tomar en cuenta que se trata de una definición que toma la ley cuando existe una multiplicidad de convenciones». Además, asevera que conforme la jurisprudencia el trabajador solo puede ser beneficiario de un instrumento colectivo, empero, que tal postulado se desconoce en esta cláusula, en la medida que «se están aplicando dos, contraviniendo el mandato legal y generando un cuerpo normativo mixto, situación diametralmente diferente a la armonización de los cuerpos normativos».
La asociación sindical solicita desestimar la petición de anulación elevada por la empresa, pues refiere que al ser Unigeep una asociación minoritaria y «relativamente nueva» dentro de la empresa, no poseía instrumento colectivo que beneficiara a sus afiliados; luego, a estos les era aplicable la convención suscrita por el sindicato mayoritario y que, por tal razón, en el pliego de peticiones incluyeron las aspiraciones contenidas en los artículos 5º y 9º, pues «no tenía (...) sentido, firmar una convención colectiva entre UNIGEEP y UNE que no recogiera todos los beneficios que hasta la fecha tenían los afiliados a dicho sindicato, por cuanto en la práctica, sin los beneficios, no generaría ningún interés para sus afiliados, y quedaría limitada solo a las garantías y prerrogativas sindicales pactadas para los dirigentes sindicales (…)».
Señala entonces que lo concedido por el Tribunal no significa la creación de «un cuerpo mixto», en la medida que no otorgó beneficios distintos de los que ya gozan los afiliados a Uniggep, solo que este ya tiene su propia convención, de ahí que sus afiliados quedarán en libertad de decidir si se acogen a esta o a otra más favorable.
Para resolver lo pertinente, cabe recordar que esta Sala en reciente Sentencia CSJ SL 4865-2017, en torno a la multiplicidad de varias organizaciones sindicales que puede llevar a la posibilidad de coexistencia de más de un acuerdo colectivo en una misma empresa, reiteró que los trabajadores solo podrían beneficiarse de uno de ellos.
Para el efecto, rememoró la ya citada providencia CSJ SL 55501, 4 dic. 2012 —que a su vez trajo a colación la CSJ SL 33998, 29 abr. 2008—, donde sentó:
Desde luego, no puede perderse de vista, que frente a la suscripción de diversas convenciones colectivas por parte, no solo de sindicatos minoritarios, sino de cualquier organización sindical, cada afiliado en principio será beneficiario de la convención que suscriba el sindicato al cual pertenezca, y que eventualmente le sea más favorable como adelante se explicará.
(…) La precedente conclusión obliga a la Corte al estudio de otros puntos que se consideran esenciales frente a la posibilidad que abrió el artículo 19 de la Ley 584 de 2000 y las decisiones de inexequibilidad atrás traídas a colación, es decir la coexistencia de varias convenciones colectivas de trabajo suscritas por sindicatos minoritarios y las obligaciones que de ellas se emanan.
Para abordar tales temas debe empezar la Corte por precisar que en la actualidad los trabajadores pueden ser afiliados a diversas organizaciones sindicales, ya que la prohibición que al respecto disponía el artículo 360 del C. S. del T., desapareció como consecuencia de la declaración de inexequibilidad que sobre dicho precepto profirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-797 de 2000.
Por tanto, aun cuando es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, en caso de que existan diversas convenciones colectivas suscritas por las organizaciones que integra, y de las cuales un mismo trabajador sea beneficiario de todas ellas, ello no significa que pueda aprovecharse simultáneamente de cada una, pues la libertad sindical debe entenderse para tales efectos, como que el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que el trabajador reciba duplicidad o más beneficios convencionales.
Así pues, en cuanto a la extensión de los beneficios derivados de los instrumentos colectivos cuyos efectos les son aplicables a los trabajadores de la empresa, se ha de observar que aún cuando la pretensión de comprenderlos de esa manera fue planteada por la organización sindical en el pliego de peticiones, no significa de por sí que se genere una controversia de las que deba ser resulta por el Tribunal de Arbitramento.
En efecto, la composición de intereses que le corresponde realizar al Tribunal es el de las partes comprometidas en la negociación; luego, el desacuerdo relevante para determinar el campo de competencia de los árbitros es el que versa sobre los intereses de los trabajadores representados por el sindicato y la empresa.
De ahí que aquel no puede promover en el pliego de peticiones genéricas extensiones de beneficios de otras convenciones existentes, pues ello de por sí riñe con la autonomía de la negociación que le permite a la agrupación sindical luchar por obtener sus beneficios y, al empleador, la posibilidad de discutirlos, no solo para provecho de estos sino para el eventual fortalecimiento de la organización gremial cuando logra su cometido, al consignar lo pretendido en el texto de una convención colectiva —o laudo arbitral cuando a ello haya lugar—, pero a condición de que, previamente, haya sido objeto de negociación directa.
En esa medida, los intereses del sindicato no pueden ser remitidos al producto de otras negociaciones de las cuales ni él ni su empleador fueron parte o en la cual no estuvieron representados, aun cuando el instrumento colectivo corresponda al primero de su futura lista, como ocurre en este caso.
Ahora bien, no puede perderse de vista que el Decreto 89 de 2014 que se emitió con el ánimo de mitigar «(…) las serias complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos de negociación colectiva (…)», dadas con ocasión de la expedición de las sentencias de la Corte Constitucional C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, busca la implantación de mecanismos que permitan la «(...) unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, de racionalidad y economía en el procedimiento, para que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados y representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión negociadora».
Esto es, la mencionada norma reconoce que es deseable y necesario adoptar medidas que, sin desconocer la autonomía sindical, promuevan la unidad de los trabajadores y la negociación colectiva concertada, de manera que se evite la atomización del movimiento sindical y se generen las condiciones necesarias para fomentar procesos de diálogo social más racionales y eficientes, con negociaciones colectivas armónicas y concentradas.
En esa dirección, el artículo 1º de dicho decreto prevé la posibilidad de que las organizaciones sindicales operantes en una misma empresa decidan libremente «(…) comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical», además de que, para lograrlo, dispone, en su parágrafo 2º, que «En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo».
Empero, lo dispuesto por tal normativa no puede asimilarse bajo ningún punto de vista a lo que ocurrió en este preciso asunto donde, se reitera, lacónicamente el sindicato optó por incluir en su pliego de peticiones la extensión de beneficios de otras disposiciones colectivas que le son aplicables a los trabajadores de la empresa, pues lo que la citada norma contiene es una directriz en búsqueda de la articulación y conciliación razonable de los términos de vigencia de los diferentes instrumentos colectivos reinantes en el interior de una misma empresa, de manera progresiva y gradual, con el ánimo de hacer posible la negociación colectiva concertada y concentrada, con todas las organizaciones sindicales.
Además de lo anterior, tal disposición más allá de generar armonía en las relaciones obrero-patronales, eventualmente puede ser causante de discordias, en la medida que no concreta las prerrogativas que beneficiarán a cada integrante de la agremiación.
Por lo tanto, en el laudo bajo estudio, la disposición del Tribunal de incluir genéricamente los beneficios de otros compendios colectivos, se anulará.
Anulación del artículo cuarto de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Permisos sindicales
“ART. 14.—LA EMPRESA reconocerá a favor de la directiva sindical permiso remunerado para atender labores sindicales así:
a. LA EMPRESA otorgará permiso sindical remunerado de carácter permanente a tres (3) miembros de la Junta Directiva de EL SINDICATO para la realización de trabajos relacionados con la atención y funcionamiento de la Organización Sindical. Dichos permisos serán concedidos por LA EMPRESA, una vez entre en vigencia la Convención Colectiva de Trabajo, y en la forma como lo apruebe la Junta Directiva de El SINDICATO.
b. A la Junta Directiva por tres (3) días al mes para reuniones ordinarias de la misma.
c. A la Junta Directiva por dos (2) días al mes para reuniones extraordinarias o urgentes de la misma.
d. LA EMPRESA otorgará permisos sindicales remunerados a tres (3) miembros de la Junta Directiva de EL SINDICATO para la asistencia a eventos sindicales, académicos y culturales, hasta por cinco días, por dos veces al año.
e. Permiso para las negociaciones colectivas. LA EMPRESA concederá permisos sindicales remunerados a la Comisión Negociadora elegida por la Asamblea de EL SINDICATO, por el tiempo que duren las negociaciones.
LA EMPRESA concederá a los afiliados a EL SINDICATO los siguientes permisos sindicales remunerados.
f. A los afiliados para asistir a dos
“ART. 4º—Permisos sindicales. LA EMPRESA reconocerá a favor de la directiva sindical de UNIGEEP, permiso remunerado para atender labores sindicales así:
a) Permiso sindical remunerado por cuarenta y cinco (45) horas semanales totales, no acumulables, las cuales serán utilizadas hasta por tres (3) miembros de la Junta Directiva, para la realización de trabajos relacionados con la atención y funcionamiento de la Organización Sindical. Dichos permisos serán concedidos por UNE Telecomunicaciones, una vez entre en vigencia el laudo arbitral.
b) Permiso sindical remunerado por media (1/2) jornada de trabajo, por dos (2) veces al mes, a los trabajadores miembros que pertenezcan a la Junta directiva de UNIGEEP, para reuniones de la Junta Directiva del sindicato.
c) Permisos sindicales remunerados para tres (3) de sus miembros de la Junta Directiva de UNIGEEP para la asistencia a cursos y congresos sindicales, hasta por tres (3) días semestrales.
d) Permiso sindical remunerado por el día de la reunión de la mesa de negociación durante la etapa de arreglo directo y su respectiva prórroga, a tres (3) de los miembros de la Junta Directiva que hagan parte de la Comisión Negociadora del pliego de peticiones.
LA EMPRESA concederá a los afiliados al sindicato UNIGEEP los siguientes permisos sindicales remunerados.
e) A los Delegados, para asistir a dos (2) Asambleas Generales de
asambleas generales de EL SINDICATO por año.
Para la asistencia a eventos sindicales, académicos y culturales, LA EMPRESA otorgará permisos sindicales remunerados a tres (3) miembros de EL SINDICATO, hasta por cinco días, por dos veces al año.
PAR. 1º—LA EMPRESA otorgará anualmente a EL SINDICATO y para los miembros que designen la Junta Directiva, 3 pasajes aéreos de ida y regreso dentro del territorio nacional, estos pesajes son para asistencia a congresos, seminarios o eventos de carácter sindical y no constituyen salario.
PAR. 2º—Los permisos sindicales serán sin menoscabo de los derechos y prestaciones legales y/o extralegales que le correspondan al trabajador y se entenderá que no ha habido solución de continuidad para la liquidación de dichas prestaciones. Delegados del sindicato por año, sean estas ordinarias o extraordinarias.
f) Permisos sindicales remunerados para tres (3) de los miembros del sindicato UNIGEEP para la asistencia a cursos y congresos sindicales, hasta por tres (3) días semestrales.
PAR.—Los anteriores permisos deberán ser tramitados por la organización sindical con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles con el fin de no perjudicar la continuidad del servicio.
Expone la empresa empleadora como fundamento de su posición, que el número de los permisos sindicales no son proporcionales frente a los otorgados en otras convenciones colectivas suscritas con los demás sindicatos, lo que, en su sentir, rompe el principio de equidad. Alude a que Unigeep cuenta con 163 afiliados al sindicato y SINTRAEMSDES con 657 asociados y que, sin embargo, el Tribunal dispuso la entrega de permisos similares.
Refiere también que el Tribunal no advirtió que dentro de la empresa existen 7 organizaciones sindicales, lo que le implica un esfuerzo adicional para llevar a cabo el cumplimiento de su objeto social, pues cada una de aquellas cuenta con su propio régimen de permisos, lo cual no le permite realizar «una planificación real y efectiva de las actividades laborales».
Aduce que en la debida oportunidad presentó la lista de trabajadores multiafiliados que se encuentran asociados a Uniggep, sin que el Tribunal se haya pronunciado sobre el particular.
Luego de transcribir el artículo 33 —que contiene el régimen de los permisos sindicales— de la convención colectiva de trabajo suscrita con Sintraemsdes y vigente para el periodo 2014-2016, afirma el opositor que si el juicio que realiza la empresa se trata de proporcionalidad entre los permisos concedidos en tal precepto y en la cláusula del laudo en estudio, se advierte que el Tribunal no concedió «permisos permanentes remunerados» y eliminó expresiones como «ni por el tiempo que sea» o «el que estrictamente sea necesario», lo que significa que, en realidad, los árbitros actuaron en perjuicio de Unigeep, pues los limitó «en el tiempo, en el número y cualificación de los trabajadores que pueden disfrutarlos».
En relación con la concesión de permisos sindicales por parte de los árbitros, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que estos pueden otorgarse, siempre y cuando: (i) su finalidad sea exclusivamente para atender responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho de asociación; (ii) sean razonables y proporcionados; (iii) no afecten el normal funcionamiento de la empresa; (iv) tengan un carácter transitorio, y (v) estén plenamente justificados.
Así, en Sentencia SL9347-2016, sobre esta temática se indicó:
La Corte ha sostenido que los árbitros gozan de facultades para pronunciarse sobre el otorgamiento de permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical, en la medida que resulten razonables y proporcionados. En Sentencia de Anulación CSJ SL17654-2015, 24 nov. 2015, al respecto se precisó:
(…) ha de recordarse que desde la sentencia de anulación del 28 de octubre de 2009 rad. 40534, reiterada en sentencias SL8693-2014 y CSJ SL 8896-2015, ha señalado la Sala que los árbitros pueden regular permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada.
Se dijo en la última de las citadas, que el Tribunal de Arbitramento deberá tener en cuenta, en cada caso particular, entre otros aspectos, «que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea solo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo.
Ahora, los árbitros pueden construir las fórmulas que su recta razón y sentido de justicia les indique para desatar el conflicto colectivo y, por ello, no es su obligación otorgar prerrogativas bajo la égida de una simple proporción numérica —regla de tres—, frente a lo dispuesto en otros instrumentos colectivos, como lo entiende el censor, pues se reitera, la función de estos es servir de referencia para la decisión arbitral.
Aunado a lo anterior, la Corte encuentra que los permisos otorgados son lo suficientemente determinados para darles una adecuada aplicación: (i) en cuanto a su duración, porque en cada literal se especificó por cuánto tiempo se otorgaron; (ii) frente al número de trabajadores beneficiarios de ellos y la cualificación de los mismos y, (iii) en lo que se refiere a su objetivo, pues todos están dirigidos a atender las tareas propias de la organización sindical.
Sin embargo, el juicio de equidad cuya verificación es obligatoria, no sale avante respecto de la totalidad de los permisos otorgados por el Tribunal, pues, encuentra la Sala que el concedido para atender «trabajos relacionados con la atención y funcionamiento» de la organización sindical dispuesto en el literal a) de la cláusula en estudio, luce injustificado y desproporcionado.
En efecto, en dicho aparte se confiere un permiso de 45 horas semanales para 3 miembros de la junta directiva, esto es, a escasas 3 horas de la jornada máxima legal —48—, lo que en la práctica significa el establecimiento de un permiso permanente que conlleva a que no exista la prestación del servicio por parte de los trabajadores a quienes se designe para el disfrute de tal beneficio, lo cual resulta contrario a la finalidad de esta clase de prerrogativas.
Lo dicho, no obsta para que la empresa en aras del principio de lealtad, otorgue permisos sindicales remunerados a los miembros de la junta directiva, para atender las responsabilidades inherentes al funcionamiento del derecho de asociación y libertad sindical, cuando lo requieran y en los términos que encuentre razonablemente concederlos.
De otra parte, encuentra la Sala que, a diferencia de lo que afirma la recurrente, el Tribunal no omitió pronunciarse frente a la alegada multiafiliación de los trabajadores y proliferación de normas colectivas producto de la multiplicidad de organizaciones sindicales, pues en su decisión refirió, textualmente, que para arribar a esta tuvo en cuenta tales aspectos (f. 443).
Lo anterior, permite reiterar la ilustración que en punto a la coexistencia de varias organizaciones sindicales y a la posibilidad de los trabajadores de afiliarse a varias de ellas, quedó expuesto en precedencia, esto es, que en tales eventos, aquellos solo podrán beneficiarse solo de un instrumento colectivo.
Como consecuencia de lo anterior, se anulará el literal a) del artículo 4º cuestionado.
Anulación del artículo quinto de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Auxilio sindical
“ART. 15.—Auxilio Sindical. LA EMPRESA otorgará por cada año de vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, un auxilio de $ 150.000.000 a EL SINDICATO, cantidad esta que se pagará dentro del primer mes de cada año. “ART. 5º—AUXILIO SINDICAL LA EMPRESA otorgará al sindicato UNIGEEP, la suma de setenta y cinco millones de pesos ($ 75'000.000) por cada año de vigencia del presente laudo, en total, ciento cincuenta millones de pesos ($ 150'000.000) por la vigencia total de este Laudo Arbitral; suma que se pagará dentro del primer mes de cada año de vigencia.
Expone la empresa empleadora como fundamento de su posición que el Tribunal excedió su facultad legal, pues el auxilio sindical que le impuso a favor de Unigeep no guarda proporción con el otorgado a SINTRAEMSDES en la convención colectiva, con relación al número de afiliados de cada organización —163 y 657 respectivamente—, lo cual vulnera el principio de equidad, pues conforme el ejercicio matemático que realiza, el valor de tal beneficio debió ser máximo de $ 62.000.000 por la vigencia del laudo.
Así mismo, recalca que los árbitros no consideraron los perjuicios económicos que le irroga a la empresa tal beneficio; que ha sido respetuosa del derecho de asociación sindical, por cuanto siempre ha otorgado las garantías necesarias para el cabal y oportuno funcionamiento de la organización sindical, tanto que durante la etapa de negociación colectiva asumió todos los gastos derivados de tal proceso, y que siempre ha otorgado los permisos que han sido requeridos para el buen funcionamiento de la asociación.
Finalmente, manifiesta que el auxilio sindical impuesto «representa una clara inequidad frente a la mayoría de los trabajadores de la compañía pues destina recursos a los que ellos no pueden acceder con destino a la organización sindical que representa a una minoría absoluta al interior de la organización».
Sostiene el sindicato que la cifra otorgada por el Tribunal es razonable en la medida que el conflicto colectivo se ha prolongado por más de 3 años, por lo que «la proporcionalidad directa y aritmética» que propone la empresa «no es matemáticamente cierta», en la medida que se trata de dos cifras «que no están sincronizadas en el tiempo en condiciones de igualdad para ser comparadas». Además, resalta que Unigeep fue creada hace 6 años, sin que haya logrado llegar a un acuerdo con la empresa, de ahí que el auxilio solicitado «no hace otra cosa que ayudar a la organización sindical a cubrir en parte los costos del conflicto legal que aún mantiene».
Tal como se expuso al desatar la controversia planteada frente a la cláusula anterior, los árbitros no tienen la obligación de verificar matemáticamente las proporciones de los beneficios que reconozcan frente a los que sobre el mismo punto contengan otros instrumentos colectivos, pues lo que en realidad le corresponde es realizar un juicio de equidad que consulte las circunstancias propias de cada conflicto.
Luego, la omisión en la realización de tal ejercicio numérico no puede conllevar, per se, a la anulación de una clausula arbitral, para ello es necesario probar y verificar la posible inequidad que conlleva, circunstancia que no se evidencia en el sub lite, por cuanto de cara a los resultados financieros (f. 344 y 345) no se ve cómo un auxilio sindical de $ 150.000.000, pagaderos por partes iguales en cada año de vigencia del laudo arbitral, pueda desequilibrar económicamente a la empresa.
De ahí que las afirmaciones del recurrente en el sentido que la imposición de esta obligación le irroga graves perjuicios económicos, no proviene de una base cierta. Con todo y a pesar de su innegable costo financiero, tal como lo ha sostenido esta Sala, «el establecimiento de razonables cargas laborales es una cuestión que las empresas están en condiciones de administrar e incluso aprovechar para su crecimiento social y económico, de modo que sus intereses y los de los trabajadores sean compatibles e interactuantes en la construcción de modelos empresariales sólidos» (CSJ SL 14879-2016).
En cuanto al argumento de que los árbitros no tuvieron en cuenta a la hora de establecer el auxilio sindical que la empresa es respetuosa del derecho de asociación sindical, tanto, que asumió los costos de la negociación colectiva, es un aporte que no contribuye en nada a la hora de determinar si una cláusula arbitral es manifiestamente inequitativa o no, como tampoco significa que a futuro el sindicato no necesite un flujo de caja para la realización de las actividades inherentes a su objeto. Además, que la empresa garantice y respete los derechos de sindicación y negociación, no constituyen una prebenda o un regalo, sino una obligación que la ley y la Constitución le imponen.
En tales condiciones, no se anulará la disposición en comento.
Anulación del artículo sexto de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Bonificación
“ART. 16.—Bonificación por firma de la Convención. LA EMPRESA reconocerá a cada uno de los afiliados a El SINDICATO una bonificación por firma de la Convención Colectiva de Trabajo, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Esta bonificación se pagará por una sola vez, a los tres (3) días de firmada la Convención Colectiva de Trabajo. “ART. 6º—Bonificación. LA EMPRESA reconocerá a cada uno de los afiliados a UNIGEEP, beneficiarios de este Laudo, una bonificación por valor de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000), por una sola vez, no constitutiva de salario. Esta bonificación se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Laudo.
Expone la empresa que la imposición de este beneficio «representa un impacto financiero lo cual puede generar un riesgo en la actividad desarrollada por la Organización», pues afecta la continuidad de las actividades que desarrolla. Insiste en la multiafiliación sindical de las trabajadores afiliados a Unigeep, y resalta que tal situación «tiene una gran relevancia» —que no fue analizada por el Tribunal—, en la medida que aquellos ya recibieron la bonificación que se le impone en la cláusula bajo estudio, lo cual rompe el principio de equidad.
Repara en que el beneficio por firma del laudo es una decisión ultra petita, que no podía ser analizada por el Tribunal, «pues el mismo sería reconocido por la firma de la convención, situación que no ocurrió al haberse proferido el laudo arbitral». En esa medida, concluye que el Tribunal excedió sus competencias legales pues la petición «ya había perdido su naturaleza, otorgándole una diferente».
Reitera que la incidencia económica del beneficio se debe medir en función del número real de afiliados, y no frente a la totalidad de trabajadores o los que considere la empresa que pueden llegar a afiliarse, y que de la disposición acusada se infiere que el beneficio que ella contempla solo se reconocerá a los afiliados a Unigeep que se beneficien del laudo, por lo cual queda desvirtuado «el temor de la empresa de que la bonificación concedida se extienda a otros trabajadores beneficiarios de otras convenciones por el solo hecho de estar multiafiliados».
En lo que concierne a cláusulas de similares características, esta corporación ha dicho que si de manera expresa en el pliego de peticiones se supeditó su reconocimiento a la firma de la convención, se entiende que tal beneficio sería otorgado solamente por el empleador en el evento en que las partes pusieran fin directamente al conflicto con la firma del acuerdo colectivo, condición que al no presentarse, en razón a que el diferendo se solucionó mediante la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio, los árbitros no pueden concederlo (sentencias de anulación CSJ SL 22322, 9 sep. 203, y CSJ SL17654-2015).
Así pues, en este asunto, de la simple lectura del pliego de peticiones elevado por la organización sindical y de lo resuelto en el laudo arbitral, se evidencia que el Tribunal de arbitramento desbordó la competencia al otorgar el precitado auxilio, cuando es sabido que las partes en conflicto no llegaron a acuerdo alguno, sino que, por el contrario, los trabajadores optaron porque un tribunal de arbitramento resolviera el conflicto económico, en desarrollo del principio de la heterocomposición.
Por lo brevemente explicado, no le era dable jurídicamente al Tribunal imponer esta carga al empleador y, en consecuencia, la cláusula que la contiene se anulará.
Anulación del artículo séptimo de la parte resolutiva del Laudo Arbitral – Publicación de folletos
“ART. 18.—Publicación. LA EMPRESA publicará dos mil ejemplares de la Convención Colectiva de Trabajo resultante de la presente negociación colectiva que entregará a EL SINDICATO dentro de un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la firma de la Convención.
“ART. 7º—Publicación de folletos. UNE EPM Telecomunicaciones S.A., publicará trescientos cincuenta (350) ejemplares con la recopilación de las normas que integraran la Convención Colectiva de Trabajo de UNIGEEP, incluidas las del presente laudo que entregará a la organización sindical dentro de un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Laudo.
Expone la empresa empleadora, como fundamento de su posición:
Se solicita la ANULACIÓN de este punto, por cuanto los días 60 correspondientes a la entrega de los folletos solicitados no obedecen a un tiempo prudencial para iniciar el proceso interno para la adquisición de bienes y servicios y por ende resulta imposible a acceder a la petición de la entrega de los folletos, situación que rompe el principio de equidad.
Sostiene el opositor que no resulta viable la anulación de la cláusula, en tanto 60 días «para imprimir un laudo arbitral que máximo llevara cuatro páginas, es suficiente tiempo para que pueda cumplir la empresa con esta obligación».
Las decisiones que toman los árbitros en el marco del conflicto colectivo del trabajo, por tratarse de aspectos de contenido económico, se enmarcan dentro de criterios de equidad; por lo tanto, la facultad de la Corte para corregir desvíos en la actividad arbitral está legitimada en aquellos casos en que la previsión aparezca como manifiestamente inequitativa, o desvirtuada de manera evidente por los elementos probatorios acreditados en el curso de la actuación.
En tal perspectiva la previsión de los árbitros al disponer la publicación del instrumento colectivo en número de 350 cincuenta ejemplares, en un término de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia del laudo, además de estar razonablemente justificada en la necesidad de dar a conocer los derechos y las obligaciones de quienes se benefician de él; ni el número de copias que se autorizó ni el término concedido para el efecto, luce desproporcionado o inequitativo.
En realidad, el plazo que otorgó el Tribunal no desconoce la necesidad que la empresa pueda tener en punto a adelantar las gestiones administrativa y financieras que conlleven el otorgamiento de este beneficio, en tanto considera la Sala que 60 días corresponde un lapso prudencial para tales efectos.
Se mantendrá la cláusula séptima del laudo.
IV. Recurso de anulación de UNIGEEP
4.1. Alcance del recurso
La Unión Sindical Grupo Empresarial E.P.M. —Unigeep— aduce que el recurso tiene como finalidad que esta Sala «aclare y/o adicione el artículo tercero del laudo, de manera que a la vez que se eleva a normas colectiva de trabajo todos los beneficios de los que actualmente gozan los afiliados a UNIGEEP por la convención que les aplica, también incluya hacer la recopilación de las mismas, especificando a las partes la forma y plazo para hacerla».
La Sala se abstiene de reproducir la disposición cuestionada, en tanto ya fue referenciada en el acápite correspondiente al recurso de anulación presentado por la empresa.
Pues bien, sostiene el sindicato que la decisión adoptada por el Tribunal en este artículo, reviste de gran importancia pues constituye la solución al primer conflicto colectivo de trabajo que planteó a la empleadora y dota a sus afiliados de un estatuto que consagra beneficios propios y concretos.
Señala que su petición se encamina a «que se module el artículo mencionado, en el sentido de que quede establecida la forma como (sic) se deba materializar lo allí decidido por el tribunal y llegar a que efectivamente UNIGEEP tenga una recopilación de normas colectivas de trabajo sistematizada y propia», y señala que tal solicitud «no implica mayor complejidad dada que ya existe recopilación completa de las normas que rigen con las organizaciones mayoritarias y de las cuales por extensión son las que están beneficiando a los afiliados a UNIGEEP en la actualidad».
Solicita también que en la pretendida recopilación se especifique «la forma y plazo para hacerla, de manera que se eviten en este sentido, conflictos futuros».
Dado que el recurso que presentó la empresa empleadora respecto de este mismo artículo, concluyó en su anulación, por sustracción de materia, la Corte se abstiene de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos que exhibe.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
1. ANULAR los artículos tercero, cuarto, literal a) y quinto del laudo arbitral emitido el 31 de octubre y aclarado el 24 de noviembre de 2016, para resolver el conflicto colectivo se suscitó entre UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la Unión Sindical Grupo Empresarial E.P.M. —UNIGEEP—.
2. NO ANULAR las demás disposiciones del Laudo controvertidos por la empresa UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Cópiese, notifíquese y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.
Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.

References: artículo 143
 artículo 472
 artículo 19
 artículo 360
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 4