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julio 2015 - Blog Jurídico | Lefebvre
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España, el tercer país con más infracciones abiertas por no aplicar bien las normas europeas en 2014
España, al que más denunciaron los ciudadanos, empresas y otras organizaciones ante Bruselas en 2014
BRUSELAS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –
España es el tercer país de la Unión Europea con 86 expedientes de infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía, según refleja el informe anual de la Comisión Europea correspondiente al año pasado.
Sólo Grecia e Italia, con 89 expedientes cada uno, tenían más casos abiertos a finales de 2014 que España, mientras que los países más cumplidores y con menos casos abiertos por no aplicar bien la normativa europea son Croacia y Estonia, que apenas tienen 10 y 16 expedientes abiertos.
En total, la Comisión Europea mantiene un total de 1.347 expedientes sancionadores abiertos contra todos los Estados miembro a finales de 2014, más que los 1.300 en 2013.
El mayor número de casos de infracción se dan por no aplicar bien las normas relativas a transportes y movilidad (223), medioambiente (322), aunque también destacan las infracciones respecto al mercado interior (162), política fiscal y aduanas (130) y salud y consumo (94) o bien no trasponerlas bien al ordenamiento jurídico nacional o fuera de plazo.
En cambio, el menor número de infracciones a nivel europeo se dan en las áreas de comunicación (14), empresa e industria (43), energía (71), empleo (72), Interior (79) y justicia (82), mientras que en otras áreas diversas hay otros 55 expedientes abiertos.
ESPAÑA, EL SEXTO CON MÁS CASOS NUEVOS ABIERTOS EN 2014
Por lo que se refiere a los 893 nuevos casos de infracción iniciados en 2014 por la Comisión Europea contra los diferentes países, España es el sexto más con más casos nuevos, con 42, sólo por detrás de Bélgica (53), Bulgaria y Grecia (52 cada uno), Rumanía (50) y Alemania (46).
En cambio, los países a los que la Comisión Europea abrió menos casos nuevos en 2014 fueron Países Bajos (13) y Suecia (14).
El mayor número de nuevos casos abiertos en 2014 se refieren a infracciones en normas medioambientales (174), de transporte y movilidad (171), salud y consumo (134) y mercado interior (112), mientras que en otras áreas se abrieron otros 302 en total.
España, con 553, es el país contra el que más nuevas quejas remitieron los ciudadanos, empresas, ONG y otras organizaciones a la Comisión Europea en 2014, por delante de Italia (475) y Alemania (276), los otros dos países más denunciados por el público en general.
En total, el Ejecutivo comunitario recibió 3.715 nuevas quejas en 2014. De las 553 quejas contra España, la mayoría de ellas está relacionada con el empleo (222), medioambiente (111) y justicia (76).
Por lo que se refiere a ‘los casos pilotos’, aquellos en los que la Comisión Europea da 70 días o diez semanas a los Estados miembros para remedir los problemas antes de incoar un expediente sancionador, Bruselas mantenía abiertos a finales de 2014 un total de 1.348 casos.
Italia (139) y España (91) son los países donde más casos se mantienen abiertos en 2014, junto con Grecia y Polonia (73 cada uno). La mayor parte de los casos se refieren a problemas potenciales en las áreas medioambiental (390 casos), justicia (157) y transporte y movilidad (157).
España logró resolver el 69% de los casos pilotos, una de las tasas más bajas y por debajo de la media del 75%. Sólo Hungría, Luxemburgo y Portugal (62% cada uno), República Checa (64%) y Croacia (65%) tienen tasas de resolución más bajas que España, que también responde en 74 días de media, frente al plazo objetivo de 70 días.
El Gobierno eleva un 3,6% el presupuesto de Muface para 2016, según CSI-F
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS)
El Gobierno elevará un 3,6% el presupuesto de Muface –la mutua que presta atención sanitaria y social a los funcionarios– para el año 2016, hasta los 1.672 millones de euros, según CSI-F.
El sindicato de funcionarios ha avanzado que esta cifra, que se recogerá en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, “va en la buena dirección y garantiza las prestaciones sanitarias y farmacéuticas” de los mutualistas.
No obstante, recuerda que Muface mantiene un remanente de apenas 100 millones de euros, lo que puede implicar problemas puntuales de liquidez.
El comercio minorista aumenta sus ventas un 3,8% en junio y encadena diez meses de ascensos
Este avance interanual de las ventas del comercio minorista es dos puntos superior al logrado en mayo, cuando se registró un crecimiento del 1,8%.
Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,3% en tasa interanual, tasa ocho décimas inferior a la de mayo y undécimo incremento interanual consecutivo.
El empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1% en junio respecto al mismo mes de 2014, con lo que ya encadena 14 meses consecutivos de ascensos. La tasa de junio es dos décimas superior a la de mayo, cuando la ocupación repuntó un 0,8% interanual.
En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del comercio minorista descendieron un 0,8%, frente al estancamiento del mes anterior y del de hace un año.
LAS GRANDES CADENAS Y LAS GRANDES SUPERFICIES DISPARAN SUS VENTAS.
Por modos de distribución, todos ellos elevaron sus ventas en junio, especialmente las grandes cadenas, donde aumentaron un 6% en tasa interanual, y en las grandes superficies (+5,3%). En las pequeñas cadenas y en las empresas unilocalizadas lo hicieron un 2,2% y un 2,9%, respectivamente.
Según los datos del organismo estadístico, las ventas de los productos alimenticios repuntaron un 2,1% interanual en junio, mientras que las de los no alimenticios avanzaron un 4%. Entre estos últimos, el mayor incremento de la facturación lo experimentó el equipo del hogar (+5,4%), seguido de otros bienes (+3,9%) y del equipo personal (+2,1%).
Las ventas del comercio minorista, sin incluir las estaciones de servicio, crecieron en junio un 3,5% en comparación con el mismo mes de 2014, mientras que las ventas en estaciones de servicio aumentaron un 6,4% en tasa interanual.
La facturación del comercio minorista se incrementó en todas las comunidades autónomas respecto al mismo mes de 2014. Los mayores repuntes se registraron en Baleares (+7,4%), Comunidad Valenciana (+6,5%), Cantabria (+6,4%) y Canarias (+5%), mientras que los menores se dieron en Navarra (+1,1%) y País Vasco (+0,8%).
EL EMPLEO, 14 MESES EN POSITIVO.
El empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1% en junio respecto al mismo mes de 2014, con lo que ya encadena 14 meses consecutivos de ascensos. No obstante, la tasa de junio es dos décimas superior a la de mayo, cuando la ocupación repuntó un 0,8% interanual.
Este incremento de la ocupación en el comercio minorista se debió al comportamiento de las empresas unilocalizadas, las grandes superficies y las grandes cadenas, que aumentaron el empleo un 2%, un 1,7% y un 1%, respectivamente. En contraste, las pequeñas cadenas recortaron su ocupación un 0,9%.
El CGPJ vio el programa de Díez-Picazo más adecuado para afrontar el reto del nuevo recurso de casación del TS
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS)
La mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que el programa presentado por el magistrado Luis María Díez-Picazo, elegido para presidir la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, era el “más adecuado” para afrontar el reto del nuevo recurso de casación que asumirá el alto tribunal tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“El programa presentado por Díez-Picazo es el que ofrece los elementos de análisis más desarrollados y (…) los criterios más adecuados para afrontar la situación”, indica el escrito que defendió el vocal José María Macías en el Pleno que eligió a Díez-Picazo por 12 votos frente a los 8 que obtuvo el hasta ahora presidente de la Sala Tercera, José Manuel Sieira.
El escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que fue avalado por la mayoría y que en el que se basará el acta del acuerdo de nombramiento, precisa que las necesidades de la Sala Tercera han variado desde la última elección de su presidente de manera “sustancial y radical”.
De una situación en la que lo primordial era conseguir la reducción de la pendencia de la Sala y la normalización de su funcionamiento, se ha pasado a otro escenario en el que –según Macías– lo fundamental es abordar el nuevo recurso de casación que supone un reto jurídico e intelectual histórico y organizativo.
Otra de las prioridades para los próximos cinco años es la presencia del Tribunal Supremo en el contexto internacional y sus relaciones con sus homólogos de otros países, especialmente de la Unión Europea, indica el escrito.
El Gobierno permitirá a los funcionarios de baja médica o maternal cambiar la fecha de sus vacaciones
Las ausencias de los empleados públicos por enfermedad, accidentes o permisos no les restarán días de vacaciones
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dictado una resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que permite aplazar sus vacaciones a los empleados públicos que se encuentren de baja por incapacidad temporal o disfrutando de su permiso de maternidad o paternidad.
En concreto, cuando el periodo de vacaciones previamente fijado o autorizado no se haya iniciado y pueda coincidir con una baja por enfermedad, con situaciones de riesgo durante la lactancia o el embarazo o con los permisos de maternidad, paternidad o acumulado de lactancia, se permitirá a los empleados públicos disfrutar de sus vacaciones en una fecha distinta.
Aunque el periodo de vacaciones no hubiera sido fijado o autorizado previamente, los empleados públicos que no puedan iniciar sus vacaciones en el año natural correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones anteriores, podrán aplazarlas al año siguiente.
No obstante, en el supuesto de encontrarse de baja por incapacidad temporal, el periodo de vacaciones podrá disfrutarse una vez finalizada dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final de año en que éstas se hayan originado.
Si el permiso de paternidad o maternidad o una situación de riesgo durante el embarazo se produjera mientras los empleados públicos disfrutan de su periodo de vacaciones, éste quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse el resto en un periodo distinto dentro del mismo año o al año siguiente.
En el caso de sufrir una incapacidad temporal durante su periodo de vacaciones, éste también quedará interrumpido y podrá disfrutarse una vez finalizada la incapacidad temporal y siempre que no hayan pasado más de 18 meses a partir del final de año en el que las vacaciones se hayan originado.
Asimismo, según la resolución dictada por Hacienda, a efectos de calcular el periodo anual de vacaciones, no se descontarán del mismo las ausencias de los empleados públicos derivadas de enfermedad, accidentes o permisos y licencias, ya que éstas se considerarán como tiempo trabajado. El Gobierno asegura que con ello se suple el vacío normativo que existía al respecto y se garantiza una mayor seguridad jurídica.
BRUSELAS EXPEDIENTÓ A ESPAÑA POR ESTE ASUNTO.
El Gobierno explica en su resolución que estas instrucciones sobre jornadas y horarios responden, entre otros factores, a la necesidad de adaptar el régimen actual al ordenamiento jurídico comunitario.
El pasado mes de mayo, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no estaba aplicando correctamente las normas de la UE sobre tiempo de trabajo, y en particular sobre vacaciones, a los trabajadores del sector público.
En concreto, Bruselas instaba a España a “respetar el derecho de los trabajadores del sector público a aplazar unas vacaciones anuales no disfrutadas por motivo de enfermedad y a que estas vacaciones pendientes les sean abonadas en caso de extinción del contrato de trabajo”.
El Ejecutivo comunitario argumentaba que en España, estos derechos no estaban garantizados para los trabajadores del sector público. Este dictamen motivado enviado en mayo seguía a una carta de emplazamiento que se remitió a las autoridades españolas en julio de 2014.
Las autoridades españolas disponían de un plazo de dos meses, a contar desde el 28 de mayo, para corregir la situación, plazo que estaba a punto de cumplirse ya. En caso contrario, la Comisión podría haber llevar este caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
CSIF: UNA RESOLUCIÓN ‘IN EXTREMIS’.
La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha señalado en un comunicado que esta resolución ha visto la luz ‘in extremis’, por lo apurado de su publicación, y ha recordado que con ella se quiere dar respuesta al “ultimátum” que dio Bruselas a España hace dos meses.
En la resolución se incluye también el día adicional de permiso que Hacienda reconoció el año pasado a los empleados públicos. CSIF ha recordado que el Gobierno aún les debe ‘moscosos’ y ‘canosos’, eliminados en 2012, y ha insistido en que los reclamará la próxima semana, en una nueva reunión con Hacienda.
ATA plantea más de 20 medidas para el colectivo de autónomos de cara a las elecciones generales
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado este jueves en la reunión de su junta directiva más de una veintena de propuestas para el colectivo de trabajadores por cuenta propia que considera “prioritarias” de cara a las próximas elecciones generales.
Articuladas en cuatro ejes y bajo el título ‘Solucionar la vida a los autónomos’, las propuestas de ATA pasan por introducir cambios en la fiscalidad, en la cotización a la Seguridad Social y en la protección social de los autónomos, entre otros ámbitos de actuación.
Así, para fomentar el trabajo autónomo, ATA propone extender el periodo de la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a un año y que de ella se puedan beneficiar también los autónomos societarios. De la misma forma, plantea que aquellos autónomos que se hayan acogido al procedimiento de segunda oportunidad, puedan volver a establecerse como trabajadores autónomos haciendo uso de esta tarifa.
En el ámbito tributario, la organización cree que ahora hay margen para bajar aún más los impuestos y, en este sentido, considera “esencial” reducir el IVA a aquellas actividades a las que este impuesto se les subió 13 puntos, como es el caso de las peluquerías.
COTIZAR TRIMESTRALMENTE.
En materia de Seguridad Social, ATA ve “excesivo” el recargo del 20% que se aplica por retrasarse en el pago de cotizaciones y propone que sea progresivo y penalice la reincidencia. Así, para el primer retraso, plantea un recargo del 5%, para el segundo del 10% y a partir del tercero, del 20%.
La organización pretende que los autónomos coticen en función de lo que trabajan y que las altas y bajas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que se producen cierto día de un mes no conlleven pagar el mes completo de cotización.
También aboga por que los autónomos puedan cambiar la base de cotización trimestralmente para adaptarla a los ingresos e incluso que puedan abonar las cotizaciones trimestralmente en vez de mensualmente, como sucede en la actualidad.
BUZÓN ANÓNIMO PARA DENUNCIAR LA MOROSIDAD.
En sus propuestas, ATA reclama además que exista “tolerancia cero con la morosidad”, de manera que se establezca un 20% de recargo automático, no negociable, para cualquier factura que se pague fuera del plazo legal establecido, sea el pagador una administración o una empresa.
También en este ámbito, la organización apuesta por implantar un “buzón anónimo de denuncia de la morosidad”, en el que también podrían efectuarse denuncias por fraude fiscal y competencia desleal, y un Cuerpo de Inspección en Hacienda.
En materia de protección social, ATA reclama el establecimiento de una ayuda de 426 euros mensuales durante al menos seis meses para aquellos autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad.
La organización asegura que “solucionar la vida a los autónomos es una de las mejoras formas de promover la creación de empleo” y que “la mejor política para autónomos es que se les dé voz propia y participación en el diseño de la misma”.
El juez Velasco pide la reforma de la Ley de Justicia Universal para que ningún genocida quede impune
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha afirmado este miércoles que se debería “modificar la actual redacción” de la Ley de Justicia Universal para que ningún genocida pueda refugiarse en España y no ser juzgado.
Así, ha abogado por “volver a un sistema de justicia universal pura en el que no se condicione de ninguna manera el ejercer la justicia universal”, como el modelo que España tenía en 1985.
Ha explicado que en la actual ley española se ha suprimido la figura de la “acusación popular”, es decir, que personas que no son directamente agraviadas no podían ser acusación en las denuncias, que normalmente eran las Organizaciones de Derechos Humanos. Por ello, ha añadido, sin que esas Organizaciones puedan presentarse como acusación popular el “poder probar un delito que ha ocurrido en Ruanda, que ha ocurrido en El Salvador, como ha ocurrido en el Líbano es mucho más difícil desde España”, porque estas ayudaban a los jueces a conseguir pruebas.
Para Velasco, que ha asistido al curso “Justicia en el mundo globalizado” en los Cursos de Verano Complutense de El Escorial, cuando un genocida mata “no está matando solo a esa persona, nos está matando a un poco a toda la Humanidad”. Por ello, ha defendido que la justicia universal es “una exigencia internacional” porque esta justicia “trata de combatir los crímenes más duros, más execrables de la Humanidad”.
“Si los tribunales penales internacionales no responden ante esas masacres, pues tenemos que responder las legislaciones internas de todos los Estados, de manera que ningún dictador, ningún asesino, ningún masacrista pueda refugiarse en nuestro país y no ser juzgado”, ha añadido. Así, ha pedido al Gobierno de España que “no condicione de ninguna manera la posible persecución a los genocidas, a las personas que masacran o persiguen sistemáticamente a la población civil o hacen crímenes horribles con excusa de la guerra”.
Asimismo ha defendido la admisión a trámite de la querella contra los crímenes de ETA por motivos de Lesa Humanidad porque ha tenido la ocasión de leer esa querella, ya que, estuvo un periodo sustituyendo al juzgado número 3, porque “está muy bien montada”. En los crímenes de Lesa Humanidad tiene que haber una persecución sistemática de la población civil o de parte de ella y ETA “perseguía sistemáticamente a toda la parte de la población civil que no comulgaba con sus postulados abertzales”.
No obstante, ha reconocido que aunque estos crímenes son imprescriptible “ahora”, pero en la legislación española antes de 1975 sí prescribían, por ello la querella “no baja hasta los inicios” de la banda terrorista.
El Congreso aprueba las dos leyes que pretenden acabar con el papel en los trámites administrativos
El PSOE saluda que el grueso entre en vigor un año después de su publicación porque así se podrá “derogar” antes de que se aplique
MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) – La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, ha aprobado este martes el proyecto de ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y el de Régimen Jurídico del Sector Público, las dos normas con las que culmina la reforma de la administración impulsada por el Gobierno y que persigue, entre otras cosas, acabar con el uso del papel en los trámites administrativos mediante la implantación de una administración totalmente electrónica.
Los dos textos, que ahora se remiten al Senado para concluir allí su tramitación antes del final de la legislatura, han salido adelante únicamente con los votos de la mayoría absoluta del PP y el ‘no’ del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y los nacionalistas catalanes y vascos, mientras que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha optado por la abstención.
Durante el trámite en comisión se han aprobado todas las enmiendas planteadas por el PP, muchas de las cuales modifican otras leyes ajenas a este proyecto y varias transaccionales pactadas con otros grupos.
En concreto, en la relativa al Régimen Jurídico del Sector Público se ha introducido una enmienda del PSOE de carácter técnico y nueve enmiendas transaccionales entre la que destaca una, pactada entre PP y UPyD, que deja claro que los subdirectores generales serán nombrados “respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
ABUNDA EN LA “RECENTRALIZACIÓN”
El PP también ha transaccionado tres enmiendas con el PSOE, dos con CiU y tres con el PNV, lo que no ha impedido el voto en contra de los nacionalistas que han criticado la invasión de competencias en la que, a su juicio, vuelve a incurrir en Ejecutivo con estas dos normas en las que abunda, a su juicio, en su proyecto “recentralizador”.
Entre las enmiendas parciales presentadas por el PP que ya se han incorporado al texto figuran una para que las personas condenadas por delitos como terrorismo, financiación ilegal de partidos, prevaricación o trata de seres humanos no puedan contratar con las administraciones públicas, que además tendrán vetadas las relaciones contractuales con personas jurídicas en cuyo capital participen ascendientes o parientes de segundo grado de cualquier cargo público.
Asimismo, ha salido adelante otra enmienda por la que los procedimientos para restituir o compensar económicamente a los partidos políticos cuyos bienes o derechos fueron incautados como consecuencia de la Guerra Civil seguirán suspendidos hasta que mejore la situación económica y el Estado pueda hacer frente a esas reclamaciones “sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias”.
Esta norma modifica numerosos artículos de la Ley del Gobierno, un aspecto que ha sido duramente criticado por el PSOE que considera que debería haberse hecho en una reforma específica para ello. Aunque el grueso de la nueva ley entrará en vigor al año de su publicación en el BOE, lo que ha saludado el PSOE alegando que el nuevo Gobierno que surja de las generales la podrá derogar antes de que se aplique, se han probado dos excepciones.
ALTOS CARGOS EN LOS CONSEJOS DE MINISTROS
Así, la parte que afecta a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Ejecutivo entrará en vigor a los seis meses de la publicación y la que hace referencia a los cambios en la ley del Gobierno lo hará a los veinte días de que se publique. A partir de entonces, por ejemplo, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Ministros “excepcionalmente otros altos cargos” distintos a los secretarios de Estado, cuya participación ya estaba prevista siempre que fueran expresamente convocados.
Respecto a la ley de Procedimiento Administrativo del Sector Público, la Comisión de Hacienda y Administraciones además de las enmiendas del PP, ha aprobado siete de la oposición (tres de Izquierda Plural, dos del PSOE y otras dos de UPyD) y una decena que han sido objeto de transacciones.
Éstas últimas entre otras cosas hacen referencia a aclaraciones relativas a los plazos, así como a la posibilidad de que los ciudadanos sean “asistidos en el uso de los medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas”.
El Congreso aprobará este miércoles su Presupuesto para 2016, con un aumento previsto de entorno al 1,5%
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) – La Mesa del Congreso aprobará este miércoles los Presupuestos de la Cámara para 2016 con un incremento previsto del 1,51% respecto a los del presente ejercicio, con lo que se situarán en torno a los 85,51 millones de euros, 1,27 millones más que en 2015, según han avanzado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de la institución.
Para 2015 el presupuesto se incrementó en un 0,32% hasta los 84,24 millones experimentando la primera subida desde el inicio de la crisis económica. En concreto, con el aumento para el ejercicio vigente, aunque fue mínimo, se puso fin a seis años de recortes anuales consecutivos, que en 2011 y 2012 llegaron a ser del 6,6 y el 5,2 por ciento respectivamente.
Además, está previsto que el mismo miércoles las Mesas del Congreso y el Senado, en sesión conjunta, aprueben también los presupuestos de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central (JEC).
Las mismas fuentes han informado de que el Presupuesto de las Cortes Generales experimentará un aumento aún mayor que 1,51% previsto para las cuentas del Congreso. El año pasado las Cortes contaron con un total de 51,53 millones de presupuesto, con lo que, según estas previsiones, en 2016 podrán superar los 52,31 millones.
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS
Ese incremento incluirá una subida en las retribuciones de los funcionarios del Congreso y el Senado que se incluyen en los Presupuestos de las Cortes Generales.
Dado que las Cámaras aprueban sus cuentas de forma autónoma antes de que el Gobierno dé luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cualquier modificación en este sentido estaría a expensas de la decisión que adopte el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya reconoció la semana pasada que negocia con los representantes de la función pública un “escenario de creciente retribución en 2016”.
Eso sí, las mismas fuentes ya avanzan que el incremento en las retribuciones de los funcionarios –que tienen el sueldo congelado tras el recorte que se les aplicó en 2010– se reflejaría también en las de los diputados.
Un juez respalda a unos padres que no escolarizaron a su hijo por problemas de dislexia
JAÉN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén, Emilio García- Rueda, ha absuelto a unos padres que no escolarizar a su hijo por los problemas de dislexia que presentaba y que le impedían seguir el ritmo normal del resto de sus compañeros de clase. De esta forma, el magistrado avala la decisión de estos padres y los absuelve del delito de abandono de familia del que venían acusados por el Ministerio Fiscal.
Por todo ello, el magistrado entiende que “los padres en pro del beneficio de su hijo no han cesado en buscar alternativas para que su hijo pueda formarse y al mismo tiempo se recupere emocional y psicológicamente”. De esta forma, entiende que por parte de los progenitores no ha habido “ni desidia ni pasividad” en lo referente a la educación del menor.

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