Source: http://alvaroledo.com/alvaro-ledo-proteccion-datos-personales/
Timestamp: 2018-05-22 00:06:05+00:00

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ALVARO LEDO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Álvaro Ledo
El considerando 41 de la Directiva en cuestión, nos arroja luces a la hora de interpretar esa importantísima facultad de los interesados. Así, el mismo señala: “…Considerando que cualquier persona debe disfrutar del derecho de acceso a los datos que le conciernen y sean objeto de tratamiento para cerciorarse, en particular, de su exactitud y de la licitud de su tratamiento; que por las mismas razones cualquier persona debe tener además el derecho a conocer la lógica que subyace al tratamiento automatizado de los datos que la conciernan (…)”.
De ahí la enumeración taxativa del artículo 13, de las causas justificadoras de las limitaciones aludidas, señalándose expresamente en el encabezado del artículo 12 que consagra el derecho de acceso mismo, una expresión que puede y debe servir como barómetro interpretativo de la facultad estudiada: “Los Estados miembros garantizarán…libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable…”. La contundencia de esta expresión sólo nos puede llevar a una única conclusión, y es que la Directiva ha querido establecer un muro de contención a posibles interpretaciones extensivas de las limitaciones expresas y literalmente enunciadas sobre el derecho de acceso.
Aunque la norma al configurar el derecho de acceso se refiera a obtener información sobre sus datos “sometidos a tratamiento” es lógico que ello no libra al responsable del fichero a dar respuesta formal a las peticiones de acceso de los solicitantes aún cuando dicha respuesta consista exclusivamente en la información de que no existen datos personales del solicitante en el fichero del cual es responsable. Así ha sido establecido en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de noviembre de 1999, según la cual “el silencio o falta de respuesta a la petición de información del denunciante…equivale a una negativa de suministrar la información, conducta tipificada como infracción grave”.
Sin embargo se reconoce de igual modo, una cierta problemática a la disposición normativa bajo análisis: “la excepción está diseñada en términos tan amplios que se corre el riesgo de desnaturalizar la cautela convirtiendo dicha excepción en regla general (…) Por otra parte, es difícil concebir el propio derecho de acceso sin que responda a un interés legítimo. No es irrazonable pensar que la idea de interés legítimo subyace en el propio ejercicio del derecho pues, como es natural, carecen de sentido las peticiones caprichosas”.
En primer lugar, señalamos al estudiar en el epígrafe anterior, la doctrina del Tribunal Constitucional referida al derecho de acceso, que el mismo era enumerado como integrante del haz compositivo de facultades esenciales del derecho a la protección de datos. En concreto señaló el Tribunal Constitucional que: “…el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos (…) y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: … el derecho a acceder…”
La anterior afirmación, fue completada contundentemente en el fundamento jurídico séptimo de la sentencia, al señalarse: “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales…que también permite al individuo saber quien posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales…”. Incluso consideró el Tribunal Constitucional que el capital consentimiento para la recogida y tratamiento de datos personales “requiere como complemento indispensable” la facultad de saber en todo momento quien dispone los datos, a que uso los está sometiendo y a verificar la exactitud de los datos.
En definitiva, resulta indispensable para hacer efectivo el núcleo esencial del derecho fundamental a la protección de datos, la posibilidad de exigir al titular del fichero que informe que datos posee sobre la persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos.
Al ser el derecho de acceso parte del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos, la limitación temporal que impide su ejercicio a intervalos inferiores a doce meses, se configura como una limitante arbitraria, que lesiona tal contenido esencial, y por ende, resulta inconstitucional.
La tesis del núcleo esencial del derecho, es recogida en el artículo 53.1 de la Constitución española, y ha sido objeto de numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. De todos, el mas emblemático viene representado por la sentencia 11/1981 de 8 de abril, la cual señala en el FJ 8, lo siguiente:
“Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de “contenido esencial”, que en el artículo 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales, cabe seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se puede llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y en general, los especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho pre-existe conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales.
El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.
Los dos caminos propuestos para tratar de definir lo que puede entenderse por “contenido esencial” de un derecho subjetivo no son alternativos ni menos todavía antitéticos, sino que, por el contrario, se pueden considerar como complementarios, de modo que, al enfrentarse con la determinación del contenido esencial de cada concreto derecho, pueden ser conjuntamente utilizados para contrastar los resultados a los que por una Universidad otra vía pueda llegarse”.
Si traspolamos la doctrina anteriormente citada, al caso de la Protección de Datos, y tal y como fuera ratificado por el propio Tribunal Constitucional Español en la sentencia 292/2000 de 30 de noviembre, si la persona interesada fuera privada de aquellas facultades de disposición y control sobre sus datos, entre las cuales debe incluirse necesariamente el acceso en todo momento a los mismos como fuente principal de control de su exactitud, lo estará también de su derecho fundamental a la protección de datos, puesto que se rebasaría o desconocería el contenido esencial al estar el derecho sometido a limitaciones que lo harían impracticable, o lo dificultarían mas allá de lo razonable o al menos, lo despojarían de protección.
En el estado actual de la tecnología, bastan apenas segundos para alterar los datos contenidos en un fichero, e igualmente bastan segundos para permitir al interesado el acceso sobre sus datos, por ello, extender la restricción del acceso de manera general y abstracta a cualquier tipo de ficheros, a períodos de tiempo no inferiores a doce meses, resulta manifiestamente desproporcionado, y sujeta al interesado a un estado de incertidumbre por un año completo, acerca de la exactitud de sus datos, o la posibilidad de tratamiento no consentido de los mismos.
Cada vez que el particular pretenda acceder a sus datos en períodos inferiores a doce meses, tiene la carga de demostrar un interés legítimo, que además la Ley sujeta su verificación al propio responsable del fichero. De manera pues, que el ejercicio de un derecho fundamental del afectado, indispensable además para hacer efectivo su poder de disposición y control sobre sus datos, está sometido al libre arbitrio y discrecionalidad, ni siquiera de un organismo público exclusivamente, ya que si se tratara de un fichero de titularidad privada, será otro particular quien tenga la decisión definitiva sobre el acceso.
Se soslaya el derecho de acceso sometiéndolo a una limitación tan extensa, y sobre todo, tan lejana al estado actual de la sociedad, donde el acceso o el manejo de datos puede realizarse en segundos. El interesado ve limitadas sus posibilidades de control sobre elementos que forman parte de su propio patrimonio jurídico, y además, tiene que soportar la carga de la prueba de demostrar su interés legítimo en ejercer su propio derecho. No es razonable separar la titularidad de un derecho fundamental como el de acceso, con el interés legítimo de ejercerlo, ya que la vinculación de ambos debe presuponerse.
De lo anterior resulta claro que la limitación contenida en el artículo 15.3 de la Ley 15/99 resulta atentatoria del núcleo esencial del derecho de acceso, ya que precisamente el interés jurídico que el mismo busca proteger, y que le da vida real y concreta, como lo es el poder de control sobre los datos personales, se hace inútil e impráctico. En otras palabras, eliminar las limitaciones temporales de acceso de los individuos a sus datos, o al menos reducirlas sustancialmente, adaptándolas a la realidad, resulta absolutamente necesario para que el derecho de acceso, y por ende el de la protección de datos, resulte practicable.
En otro orden de ideas, es indudable que la situación de incertidumbre e imposibilidad de acceso y control sobre los datos del individuo, genera una situación de inseguridad jurídica al mismo, que se ve adicionada con la necesidad de desplegar una actividad probatoria adicional y gravosa, si quiere tener posibilidad de acceder a sus datos, ya que la misma no le garantiza el acceso, que podría ser denegado en el plazo de un mes, a lo cual deberá el individuo desplegar una actividad nuevamente gravosa de recurrir ante la Agencia de Protección de Datos, y en último caso ante la jurisdicción contencioso administrativa.
El ejercicio de un derecho fundamental, y su eficacia no puede estar sometida a la presentación de recursos administrativos, o de recursos ante el responsable del fichero, ya que los recursos son precisamente los medios del individuo para protegerse ante violaciones de su derecho, y no para hacer efectivo en cada momento la facultad. El derecho fundamental debe poder ser ejercido plenamente, dejando a los recursos como medio excepcional de tutela de los mismos. En el caso del artículo 15.3 de la Ley, este somete el ejercicio del derecho a una situación excepcional, y a su denegación, en la regla general.
Ello no puede menos que considerarse como un atentado a la seguridad jurídica de los interesados, resultando en consecuencia inconstitucional el referido precepto.
Por último, es menester señalar que la previsión del artículo 15.3 de la Ley, vulnera la reserva legal en materia de limitación de los derechos constitucionales, ya que se circunscribe a apoderar al responsable del fichero (que puede ser un particular o un órgano del Poder Público) para fijar y decidir las restricciones al derecho de acceso del interesado, decidiendo en cada caso si este cuenta o no con un interés legítimo para poder acceder a sus datos.
El artículo 15.3 en cuestión, no sólo frustra la función de garantía propia de toda reserva de ley relativa a derechos fundamentales, al renunciar a fijar por si misma las situaciones específicas que permitirán el acceso del individuo antes del cumplimiento del plazo de 12 meses, sino que además, permite que el derecho fundamental de acceso, ceda ante intereses o bienes jurídicos de rango infraconstitucional como sería la comodidad del responsable del fichero, o la presunción de mala fe en contra de los afectados.
En conclusión, mas allá de toda interpretación razonable, el artículo 15.3 de la Ley no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, menoscabando así tanto la eficacia del derecho fundamental, como la reserva legal en materia de restricción de derechos, la seguridad jurídica de los interesados y por último, el núcleo esencial del derecho limitado.
El factor histórico resulta determinante para conocer y comprender el catálogo de derechos fundamentales de una sociedad democrática en particular. En la actualidad éstos presentan rasgos novedosos que permiten hablar de una tercera generación de derechos humanos, complementaria de dos fases anteriores.
La primera generación se refiere a las libertades individuales y sus derechos de defensa a través de la autolimitación y la no injerencia de los Poderes Públicos en la esfera privada; y el segundo catálogo -surgido tras el desarrollo de luchas sociales-, representa derechos de participación que requieren de políticas activas de los poderes públicos encaminadas a garantizar su ejercicio, es decir, son derechos de tipo económico, social y cultural.
Por su parte, para PÉREZ LUÑO los derechos de tercera generación responden al fenómeno de la “contaminación de las libertades”, que alude a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de la tecnología. Dentro de los rasgos innovadores de esta fase menciona el hecho de que la solidaridad constituye el valor guía de los derechos, porque se hallan aunados entre sí por su incidencia universal en la vida de todos, y para realizarse exigen esfuerzos y responsabilidades comunes a escala mundial.
Es indudable que a través de un análisis funcional de los derechos fundamentales, es posible distinguir sus dos cometidos complementarios: por una parte, reconocen determinadas facultades o posibilidades de actuación a los ciudadanos; y por la otra, propenden hacia un equilibrio de poderes políticos, sociales y económicos al interior de las sociedades democráticas a que pertenecen.
En definitiva, los derechos fundamentales gozan de un régimen de protección jurídica reforzada, manifestada en una serie de instrumentos de tutela diversos, dentro del que destacan las garantías normativas. A través de ellas, la Constitución busca asegurar su cumplimiento, evitar su modificación y mantener la integridad de su sentido y función.
Mientras más desarrolladas tecnológicamente se encuentren las sociedades, es posible prescindir cada vez más de la coacción física, para dar paso a complejas amenazas a los derechos y libertades mediante el uso de la información para influir y controlar la conducta de las personas. Por lo tanto, la armonía que se busca a través del reconocimiento constitucional de los derechos de las personas, en este tema, pasa por el establecimiento de un sistema de protección de datos personales, considerado como garantía básica para cualquier comunidad que descanse en la libertad e igualdad de sus integrantes.
Es así como, advirtiendo sobre las posibilidades que la informática ofrece para tratar datos personales y los riesgos que ello puede entrañar, el Tribunal Constitucional español, en su sentencia 292/2000, reconoce un nuevo derecho constitucional autónomo, contenido en el artículo 18.4 CE: el derecho a la protección de datos. Sostiene como argumento que el derecho a la intimidad que recoge el artículo 18.1 CE no aporta por sí sólo una protección suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico, y que sí lo haría el apartado 4 al incorporar un instituto de garantía tanto de ciertos derechos fundamentales –entre ellos, la intimidad- como del pleno ejercicio de los derechos de la persona, respondiendo de manera más apropiada a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y los derechos que le son inherentes, garantía que también es, en sí misma, un derecho fundamental, según ya había declarado en la sentencia 254/1993.
Aún cuando la sentencia 292/2000, está redactada en términos categóricos a favor de un derecho fundamental autónomo, es lo cierto que no ignora la vinculación con el derecho a la intimidad en sentido amplio, porque en su fundamento jurídico Nº 5 reitera lo expresado en las sentencias 11/1998 y 94/1998, en el sentido de indicar que la intimidad de las personas es parte del bien jurídico a tutelar frente a las posibilidades de manejo de información que aporta la tecnología, aunque, debemos advertir, que también se señala que la protección que arroja la intimidad no es suficiente para tutelar al individuo frente a los ataques a su autodeterminación informativa. En concreto se señala:
“La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (artículo 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada “libertad informática” es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención.”
Lo cierto es que, bien se adopte la tesis del Tribunal Constitucional español, sobre la existencia de un derecho a la protección de datos personales, o bien se acepte el concepto de “autodeterminación informativa” acuñado por el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania en 1983, ha nacido una nueva forma práctica de tutelar la libertad individual en la era informática, y esa libertad ha germinado como un derecho de tercera generación, cuyo problematismo principal, ya no es su categorización autónoma, la cual es ampliamente aceptada en los actuales momentos, sino su implementación práctica, o lo que es lo mismo: sus limitaciones.
Si la protección de datos, o la autodeterminación informativa, según el término que se use, implica “el poder de control y disposición sobre los datos personales”, en los términos de la Sentencia 292/2000, de manera de que, la misma encuentra su razón de ser, ya no en el resguardo del ámbito íntimo de la vida privada, sino en la posibilidad de controlar esa información para asegurar al individuo frente al riesgo que supone el acopio y la transmisión de sus datos de un modo que lo vuelvan un ser transparente, de “cristal”, toda limitación de dicho derecho que sobrepase los términos de su significado o contenido “esencial”, radicaría en la inconstitucionalidad.
Nos referimos a ello, en virtud de que, cuando ese poder de control y disposición sobre los datos personales propios se recoge en el derecho positivo, las normativas que se dictan suelen seguir dos grandes líneas según SUÑÉ LLINÁS. La primera de ellas obedece a la búsqueda de equilibrio entre los derechos fundamentales que se encuentran en juego. De este modo, sea cual fuere la posición doctrinal que se tenga sobre el bien jurídico tutelado por las leyes de protección de datos, los derechos individuales de los titulares se ven limitados en aras del interés general, en particular, por las necesidades de información del Estado para resguardar la seguridad y defensa, y en los derechos y libertades de los demás.
El segundo rasgo común que se observa, consiste en establecer a partir de un concepto amplio de datos personales distintas clases con arreglo a las cuales se fijarán grados diferentes de protección. Es así que frente a un dato nominativo propiamente tal u ordinario, al que se le aplican las normas generales correspondientes, aparecen otros más trascendentes que ven morigerado el resguardo legal del secreto, cuya cesión para que terceros los conozcan y traten, es más compleja y delicada. Estos datos, requieren de una protección reforzada que garantice la reserva y el secreto de un modo por el que se prohíba su tratamiento si no se cuenta con habilitación legal o del propio titular, denominándose como datos sensibles.
Pero la existencia de un sistema de protección de datos personales, y aquí volvemos con el tema de las limitaciones, no sólo puede estar dirigida al tutelaje de datos sensibles de la persona humana. Un aspecto de mucho más cuidado se observa, por ejemplo, en el caso del Estado, como uno de los agentes potencialmente más peligrosos para los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la medida en que trate ilegítimamente sus datos personales. En efecto, como almacena millones de datos de distinta clase a propósito del desarrollo de sus funciones públicas, es necesario distinguir si sus actuaciones se enmarcan o no dentro de su ámbito de competencia, ya que de ser así, sería legitima y esencial la restricción de los derechos individuales del titular de los datos, por ejemplo, a su vida privada, en favor de un derecho a acceder a la información por parte del sector publico, con miras a satisfacer fines colectivos que, en último termino, reflejan crecimiento y desarrollo del país.
Sin embargo, también es fácil que se produzca un tratamiento ilegítimo de datos en el sector público a través de diversas vías, unas más evidentes que otras. Ciertamente nos referimos, por una parte, al Estado que, en regímenes totalitarios como el nacionalsocialista alemán durante la Segunda Guerra Mundial, utiliza los datos personales para identificar y oprimir a sus opositores. En el ejemplo citado, Hitler –probablemente con el apoyo de los directivos de IBM de esa época, según algunas investigaciones recientemente publicadas-, facilitó su búsqueda de judíos para conducirlos a los campos de concentración y exterminio tras revisar en los padrones municipales datos tan simples como el nombre y los apellidos de origen semita.
Ahora bien, independientemente del cuidado que deba ponerse a la hora de permitir el manejo de datos por el Estado, y la necesaria proporcionalidad que debe existir en las limitaciones a las facultades inherentes al derecho a la protección de datos, es innegable que la convivencia en justa libertad al interior de una sociedad democrática provoca que estos derechos tengan límites que, lejos de imponerles una carencia, los dimensionan y precisan. Por una parte, la dignidad de la persona es uno de los criterios para la delimitación de estos derechos, ya que se considera como la fuente de obligatoriedad del derecho configurado y un límite infranqueable para cualquier acción limitadora del Estado.
Otro límite se encuentra en el respeto y tolerancia al ejercicio de los derechos de terceros, especialmente los que se derivan de la propia naturaleza del derecho; de la existencia de otros derechos que eventualmente pueden entrar en conflicto con el que se invoca; o de circunstancias temporales, personales u objetivas, como puede ser respecto del derecho a la vida, del derecho de sindicación o del mantenimiento del orden público protegido por ley, respectivamente.
A manera de recapitulación, no cabe ninguna duda de la necesaria existencia de un sistema de protección de datos personales frente a la nueva era tecnológica, no existe ningún resquicio de asombro frente al surgimiento de un derecho autónomo a la protección de datos personales, que se erija en bandera de salvaguarda de la libertad de disposición sobre nuestra información personal, ya que sólo la autonomía permite alcanzar el nivel adecuado de protección que se requiere en las condiciones actuales de la sociedad de la información; y a su vez, es innegable que este derecho a la protección de datos personales debe tener limitaciones que garanticen su interrelación armónica con los demás bienes jurídicos de naturaleza constitucional que sirven de fundamento al Estado de Derecho.
El problema radica en la justificabilidad y proporcionalidad de ciertas limitaciones. Nos referimos a la limitación temporal del derecho de acceso contenida en el artículo 15.3 de la Ley 15/99.
Si los Datos forman parte de la esfera de los bienes jurídicos propios de cada quien, es indudable que existirán desde el plano de la pura lógica, dos extremos vitales de este derecho. En primer lugar la necesidad de que cada sujeto aporte su consentimiento para que puedan ser tratados sus datos personales, puesto que en definitiva están siendo tratados bienes de su propia esfera jurídica, y en segundo lugar, la obligatoriedad de este sujeto de poder acceder a sus datos, en virtud de que, si los mismos forman parte de su esfera propia autodeterminable, es indudable que el particular debe contar con la posibilidad de ingresar a sus datos tratados o en poder de terceros, a los efectos de verificar el cumplimiento del principio de calidad de los datos, de manera que, si sus propios bienes jurídicos están siendo utilizados por terceros, dichos bienes sean empleados en la forma exacta en como éste otorgó su consentimiento para que dicho manejo se produjese.
De esta manera, dos son los extremos que hacen posible el poder de disposición sobre los datos personales, que en palabras de la Sentencia 292/2000 de 30 de noviembre del Tribunal Constitucional español, constituye el núcleo esencial de la protección de datos: el primero, el consentimiento del titular, y el segundo, el acceso y control de tales datos. Uno no puede existir sin el otro, y la protección de datos no puede existir sin ambos.
Por ello, la imposibilidad del titular de acceder a sus datos personales, más de una vez por cada año, nos parece no sólo una limitación que no tutela bienes jurídicos de naturaleza constitucional (a menos claro está que la comodidad y la ausencia de constantes solicitudes al responsable del fichero, sean bienes jurídicos de tal naturaleza), con lo que se hace contraria al artículo 53.1 de la CE, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y a la doctrina del Tribunal Constitucional español, establecida en la sentencia 292/2000 de 30 de noviembre; y además, aún en el caso en que respondiera a la necesidad de proteger una situación jurídica relevante, nos parece totalmente desproporcionada y arbitraria.
Tomando en cuenta que existen ficheros con duración inferior a un año (los listados telefónicos son un ejemplo) la imposibilidad de acceder a los datos personales en un período tan extenso, no es sino una manifestación de la arbitrariedad de la Ley 15/99 que proscribe con contundencia el artículo 9.3 de la CE.
Cabe advertir, recordando el ejemplo de la utilización de datos de mera identificación por el régimen nazi, que no existen datos inocuos y que los peligros a que se expone la persona frente a un tratamiento desleal e ilegítimo no se refieren sólo a datos sensibles, sino al cruce de datos en general. Por ello, este cruce de datos debe contar con un método de control de su calidad, que garantice un elevado nivel de eficacia (sino el mas alto), siendo que, no puede haber duda que tal horizonte es sólo alcanzable mediante el acceso del propio titular a sus datos.
No existe ningún individuo, grupo, Agencia u organismo independiente, que puede controlar el cumplimiento del principio de calidad de los datos, mas eficientemente que el propio titular de los mismos. Ello, complementado con una labor del órgano de control, para verificar posibles cesiones, así como los mecanismos y procedimientos de seguridad, garantizaría el sistema de protección de datos a que se refieren tanto la sentencia 292/2000, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Resulta excesivamente preocupante, que el Estado legislador haya regulado la materia otorgando privilegios excesivos para los responsables de los ficheros, bajo la forma de excepciones que desnaturalizan esos mismos derechos que viene reconociendo, porque queda encubierta la injerencia ilegítima bajo una apariencia de legalidad en la que confía la ciudadanía.
Una norma que choque tan contundentemente con el “haz de certeza” o “núcleo duro” de la protección de datos, no puede, ni debe tener una larga vida jurídica. Desde estas breves y humildes líneas, nos hacemos eco de la voz de la justicia, para llamar la atención de quienes ostentan la cualidad jurídica, académica y moral, para plantear su inconstitucionalidad.
El Derecho es unitario, de eso no hay dudas, y se inserta en un ordenamiento jurídico que no se reduce a un conjunto de preceptos abstractos, sino que funcionaliza los mismos, en un sistema social. En definitiva, “…el Derecho es una función social de articulación de un conjunto social con sus miembros y de éstos entre sí, y esa función no puede separarse –seguimos hablando de los hechos, no de posturas ideales- de una concepción material de la justicia, informulada en su totalidad, pero arraigada profundamente en el corazón de los hombres…”. (Resaltado nuestro).
Ese sentimiento de justicia que vive y fecunda en el corazón de los hombres, se materializa en un Estado Social de Derecho, en el conjunto de principios y valores democráticos, encabezados por la libertad, que se concretiza en su concepción más pura, en el núcleo esencial de los derechos constitucionales.
Por ello, una disposición que invada el núcleo esencial de un derecho constitucionalizado, como lo es la limitación temporal del derecho de acceso a los datos personales, no sólo lesiona el derecho fundamental que restringe, ni la supremacía constitucional que irrespeta, sino además, penetra en la esfera infranqueable de libertad y certeza, que la sociedad, en ejercicio de su libre voluntad ha configurado, paradójicamente, para proteger su propia libertad, frente a las Instituciones y Reglas que ella misma ha creado.
NoticiasAlvaro Ledo, Petróleo

References: artículo 13
 artículo 12
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 53
 artículo 9