Source: http://eltelescopio.com.uy/que-ha-hecho-pedro-parte-iii-educacion-y-cultura/
Timestamp: 2017-07-27 08:45:44+00:00

Document:
¿Qué ha hecho Pedro? Parte III – Educación y cultura | El Telescopio
Viernes, 5 de mayo de 2017 MENUInicioNoticiasInternacionalesEspectáculosCulturaTecnologíaDeportesOpinando
¿Qué ha hecho Pedro? Parte III – Educación y cultura
Opinando » ¿Qué ha hecho Pedro? Parte III – Educación y cultura	-A
A+ Publicado por Leonardo Veiga el 05/05/2017 | Este es el cuarto de una serie de artículos que procura realizar una revisión de todos los proyectos de ley que ha presentado el Senador Pedro Bordaberry en este período de gobierno. En los artículos previos hemos abordamos los proyectos referidos a temas referidos a la seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción, y preservación del medio ambiente.
En esta área el Senador Bordaberry presentó ocho proyectos, los cuales hemos agrupado en las categorías de marco institucional (seis proyectos) y requisitos educativos (dos proyectos). Es claro que los contenidos de una política educativa no son objeto de ley, los que sí se encuentran contenidos en el programa de gobierno para el período 2015-2020, Uruguay Integrando y Educando (http://vamosuruguay.com.uy/uruguay-educado-e-integrado/) que presentó el Senador Bordaberry en ocasión de la campaña electoral pasada.
Marco institucional Centros Educativos Públicos de Gestión Comunitaria
Este proyecto propone declarar de interés nacional la instalación y desarrollo de centros educativos públicos de gestión comunitaria que impartan educación media básica y superior y que brinden servicio de alimentación en zonas de contextos desfavorables en todo el territorio nacional. A los efectos de esta ley se entiende por centro educativo público de gestión comunitaria todo emprendimiento gestionado por personas físicas o jurídicas de derecho privado, habilitado por la Administración Nacional de Educación Pública, que imparta educación media básica y superior de tiempo completo (como mínimo 8 horas diarias) y que brinde un servicio de alimentación, en las zonas que al efecto se determinen. Las zonas serán determinadas por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Cultura, sobre la base de que se trate de contextos desfavorables.
Se dispone que los centros educativos públicos de gestión comunitaria amparados podrán obtener financiamiento público a través de los recursos públicos, los cuales se destinarán a los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social con hijos menores de edad a su cargo, que se encuentren en condiciones de asistir a la educación media y que hayan manifestado expresamente su voluntad de que los mismos concurran a dichos establecimientos educativos.
La prestación económica por Financiamiento Educativo por alumno que asista a un centro educativo público de gestión privada se fija en la suma de $ 5.500 (cinco mil quinientos pesos uruguayos) mensuales durante doce meses por cada año lectivo, valor que se reajustará considerando los ajustes del Grupo 16 “servicios de enseñanza” Subgrupo 02 “enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior. La obtención de este financiamiento no es incompatible con el cobro por parte del centro educativo a la familia del menor de otra suma adicional. El crédito mensual de financiamiento público será acreditado en las respectivas tarjetas y será de uso exclusivo para solventar los costos en que se incurra por la asistencia de él o de los menores al centro educativo público de gestión privada elegido. Este beneficio será acumulable al resto de los beneficios otorgados a los demás tenedores de la Tarjeta Uruguay Social.
Agencia Nacional para la Calidad y Desarrollo de la Educación
Se crea la Agencia Nacional para la Calidad y Desarrollo de la Educación como persona jurídica de derecho público no estatal, la cual tendrá su domicilio en Montevideo y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El objeto de la Agencia será evaluar, orientar, acreditar y asesorar en planificación y planeamiento educativo propiciando acciones para la promoción y aseguramiento de la calidad y la equidad de la educación generando nuevas y mayores oportunidades, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas que se impartan en el país de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación en cada caso y en esta ley. Para el cumplimiento de su objeto tendrá en cuenta los siguientes fines: a) la consideración de la educación como un derecho humano fundamental y un bien público y social cuyo goce y efectivo ejercicio se debe promover en todos sus niveles y en todo el territorio de la República; b) el respeto y salvaguarda permanente de los principios rectores de la educación y de la educación pública en particular; c) la promoción de mayores y mejores niveles de calidad, pertinencia y equidad en la educación, con corresponsabilidad de todos los miembros de la sociedad y en particular de los que integran las distintas comunidades educativas; d) el desarrollo y profesionalización de instancias de planificación y planeamiento educativo a nivel de la Agencia, apoyando a la vez, a las reparticiones dedicadas a dichas tareas en las entidades que integran el gobierno de la educación nacional; e) la democratización y facilitación del acceso permanente a la información sobre el Sistema Nacional de Educación, y en particular sobre la calidad de la educación, favoreciendo la rendición de cuentas de todos los actores con diversas responsabilidades ante la sociedad, especialmente aquellos a quienes se les asignan tareas de conducción y dirección; f) la transparencia en los procesos de promoción y aseguramiento de la calidad de la educación, con instancias de autoevaluación y evaluación externa en todos los niveles, en particular de los institutos que integran la Agencia; g) la protección de los intereses de los educandos, titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación, así como de los demás actores sociales; h) en general, propiciar y asesorar en cuanto al efectivo cumplimiento de los fines de la política educativa nacional establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 18.437 de 12 de diciembre de 2008.
En cuanto al ámbito de competencias de la Agencia, la misma actuará respecto de la educación formal y no formal, de acuerdo a los principios y objetivos establecidos en la Ley N° 18.437 de 12 de diciembre de 2008 y operará mediante un conjunto de políticas y acciones que implemente de acuerdo con los fines y funciones establecidos en la presente ley en coordinación con las autoridades educativas del país.
Para el cumplimiento de su objeto la Agencia desarrollará las siguientes funciones: a) Evaluar al sistema educativo en su conjunto y en particular los logros de aprendizaje de los alumnos y de los establecimientos educativos, b) Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad en general y promover su correcto uso, desarrollando – en coordinación con las autoridades educativas – mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad, c) Diseñar, implementar y aplicar un sistema nacional de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en coordinación con las autoridades de la educación, d) Coordinar y propiciar la participación del país en mediciones y pruebas de carácter internacional sobre logros de aprendizaje de los alumnos, apoyando en lo pertinente a las autoridades de la educación. e) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación y acreditación de la educación terciaria en el marco de lo que establece la presente ley, f) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos e impartir instrucciones de aplicación, en las materias de su competencia, g) Elaborar informes evaluativos, basados en los estándares indicativos de desempeño mencionados precedentemente, incorporando recomendaciones que estime del caso en el marco de la política nacional educativa, h) Sugerir, de acuerdo con las consultas y en el marco de su competencia, al Ministerio de Educación y Cultura y a las entidades autónomas de la educación acciones y medidas que se consideren necesarias y convenientes para el desarrollo de la política educativa nacional, i) Coordinar y dirigir, en lo pertinente, a los Institutos que funcionen en su órbita, impartiendo las directivas correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, j) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su Asimismo, elaborará informes acerca de los planes y programas de estudio, formulando las sugerencias que estime del caso, k) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y Cultura así como a otras entidades, públicas y privadas, en materia de su competencia y a solicitud de éstas, m) Propiciar y desarrollar convenios con entidades nacionales e internacionales para la implementación de estudios y la formulación de sugerencias que contribuyan a la consolidación de una política educativa nacional. En dicho marco, generar insumos y propiciar junto con las autoridades educativas, la elaboración de un Plan Nacional de Educación, n) Convocar a consultas públicas en temas de su competencia promoviendo la más amplia participación de la sociedad e integrando actores de distintos ámbitos en la temática de su competencia, elaborando los informes y recomendaciones que estime del caso de acuerdo al objeto de la convocatoria realizada, ñ) Convocar e integrar consejos asesores en materia educativa y de acuerdo lo que se establezca en cada caso para elaborar informes y/o acompañar procesos de transformación, o) Propiciar la generación de redes a nivel internacional, nacional, regional o local apoyando las iniciativas que se desarrollen en este sentido por las autoridades educativas y especialmente las comunidades a través de sus respectivos centros educativos, p) Establecer el régimen del personal dependiente de acuerdo con lo que disponga la respectiva reglamentación, q) Ejercer las demás atribuciones que determine la ley o la reglamentación en lo pertinente.
La dirección y administración de la Agencia estará a cargo de una Comisión Directiva integrada por miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo previa venia de la Cámara de Senadores: uno propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura que lo presidirá; uno propuesto por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; uno propuesto por las universidades públicas, uno por las universidades privadas, uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada, uno por las entidades organizadas de trabajadores, otro por las entidades organizadas de empresas y un representante propuesto por cada partido político con representación parlamentaria. Éstos deberán ser designados entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período, manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deban sucederlos.
Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia contará con dos institutos especializados en sus respectivas áreas de acción, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNEd) y el Instituto Nacional de Acreditación Educativa (INNAEd).
Consejo de la Laicidad
Se crea el Consejo de la Laicidad, como persona jurídica de derecho público no estatal, el cual tendrá su domicilio en la capital de la República y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. La ley conceptualiza el principio de laicidad como el respeto por la pluralidad e integridad intelectual de todos aquellos que asisten a los centros educativos públicos del país. En aplicación del principio de laicidad se asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Se considera ilícito el empleo de los medios a disposición de la educación pública nacional con el fin de brindar una visión interesada, parcial o que procure obtener prosélitos para una causa ideológica, política o religiosa en el marco de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución de la República.
El Consejo de la Laicidad funcionará en forma autónoma con independencia técnica y funcional y estará integrado por cinco miembros: uno designado a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura que lo presidirá; uno a propuesta de las Universidades públicas, uno a propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública, uno a propuesta de los centros educativos privados habilitados de educación inicial, primaria y media y otro a propuesta de las Universidades Privadas autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Las entidades mencionadas remitirán al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para que éste, previa venia de la Cámara de Senadores, proceda a la designación de los integrantes del Consejo entre los integrantes de las ternas que obtengan la venia.
Será requisito para la integrar el Consejo de la Laicidad haber ejercido la docencia o estar vinculados a la educación del país por un término de, al menos, cinco años , valorándose especialmente la formación en educación, debiendo ser personalidades que, por su posición en el ámbito político, cultural o social, sean garantía de imparcialidad y de tolerancia. Los integrantes del Consejo de la Laicidad serán designados por un término de cinco años, pudiendo ser designados por un nuevo y único período de igual duración, previa venia de la Cámara de Senadores.
Los miembros del Consejo de la Laicidad estarán impedidos de emitir, en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean de competencia del Consejo de la Laicidad sin expresa autorización previa de éste. La prohibición no aplicará respecto de casos en que sus resoluciones ya sean públicas.
Se dispone que el Consejo de la Laicidad será competente para: a. La elaboración de dictámenes, evaluaciones y recomendaciones tendientes a preservar, en el ámbito de la educación pública, la aplicación de los derechos consagrados en los artículos 5 (neutralidad del Estado en materia religiosa), 29 (libertad de comunicación), 58 (neutralidad política de los funcionarios públicos) y 68 (libertad de enseñanza, preservación de la higiene, moralidad, seguridad y orden público) de la Constitución de la República, b. La promoción de la convivencia, la integración social, la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos en todo el Sistema Nacional de Educación, c. La sustanciación de denuncias sobre el empleo de los procesos o de instituciones educativas públicas o privadas en lo pertinente como medio para la difusión proselitista de carácter ideológico, religioso o político, con particular prevención en el caso de que los destinatarios del mismo sean menores estudiantes que asisten a centros educativos.. Las resoluciones de Consejo de la Laicidad tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales, por lo que tampoco inhibirá los procedimientos que correspondan en dichos ámbitos, d. La proposición de medios correctivos tendientes a evitar las conductas que se consideren indebidas en el marco de los derechos y valores sustentados y protegidos por la esta ley, así como en toda normativa complementaria y concordante con la presente, e. La emisión de dictámenes, conclusiones o recomendaciones de oficio o a pedido de las entidades públicas o privadas de la educación, ante situaciones específicas que se generen y que estén dentro del ámbito de su competencia.
Se establece asimismo que el dictamen, conclusión o recomendación del Consejo de la Laicidad, podrá referir también a planes o programas aplicables en el Sistema Nacional de Educación Pública y a las instituciones de educación reconocidas o habilitadas en el país. Los procedimientos seguidos por el Consejo de Laicidad concluirán con una declaración sobre si existió afectación a los principios y valores tutelados por esta ley, así como su gravedad y su denuncia ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales pertinentes a los efectos que puedan corresponder. En el caso de que el acto persista, el Consejo de la Laicidad estará facultado a disponer su suspensión, con carácter cautelar hasta tanto la autoridad con competencia adopte decisión y la comunique a éste.
En ejercicio de sus funciones, el Consejo de la Laicidad estará facultado para: a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, quedando habilitado a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes que estime del caso, b) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos, recabar declaraciones o emplear cualquier tipo de medio pertinente, siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas, c) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos, sin perjuicio de la potestad conferida en el artículo anterior.
El proyecto también dispone que cualquier persona podrá formular denuncias ante el Consejo de la Laicidad, sobre la afectación de los principios mencionados en el artículo anterior, quedando garantizada la reserva sobre su identidad, salvo dispensa expresa por parte del denunciante o mandato judicial. La denuncia podrá efectuarse en forma escrita u oral. En este último caso, el funcionario receptor labrará acta conteniendo la misma, cumpliendo con las formalidades que la reglamentación establezca. El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contados a partir del conocimiento de los actos o hechos que la motivan.
El proyecto dispone la creación de la Universidad de Educación, como una persona jurídica pública que funcionará como ente autónomo según lo establecido por los artículos 202 al 205 de la Constitución de la República. Integrará el Sistema Nacional de Educación Pública como institución de enseñanza terciaria universitaria y el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Desarrollará actividades en todo el territorio nacional para la formación de profesionales de la educación de nivel universitario a través de las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
La Universidad de Educación tendrá los siguientes fines: a) La formación universitaria de profesionales de la educación en todos los niveles y modalidades que requiera la educación nacional, b) Contribuir a la conformación de una educación de calidad con igualdad de oportunidades, propiciando la equidad en todo su ámbito de acción, c) Jerarquizar la formación de profesionales de la educación como factor clave del mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación, d) Desarrollar la formación en educación con compromiso social y con el quehacer educativo, para actuar en contextos socio-culturales diversos, promoviendo el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en su conjunto, e) Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional, f) Contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los principios de justicia, libertad, laicidad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.
A los efectos del cumplimiento de los fines antes detallados, se le establecen los siguientes cometidos: a) Formar profesionales universitarios de la educación, b) Impulsar la investigación y la producción de conocimientos en educación y contribuir al estudio de los problemas de interés público, c) Desarrollar extensión universitaria en contextos sociales e institucionales diversos, d) Integrar, desde el diseño curricular, la enseñanza con la investigación y la extensión, propendiendo a un desarrollo integral de las funciones universitarias, e) Impulsar la formación permanente contribuyendo a la actualización de los conocimientos, f) Relacionarse y cooperar con otras instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública, con instituciones terciarias y universitarias, nacionales o extranjeras y con otras instituciones, con el fin de promover programas conjuntos de enseñanza, investigación y extensión en el área de su competencia, g) Revalidar y reconocer estudios, títulos, créditos o trayectos educativos de otras instituciones terciarias o universitarias extranjeras, h) Promover la articulación y convergencia curriculares, con las instituciones del Sistema Nacional de Educación, sin perjuicio de su diversidad y misiones específicas, i) Promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todos los profesionales universitarios de la educación, j) Participar en las instancias de autoevaluación, evaluación externa, acreditación y en general, de aseguramiento de la calidad, a nivel nacional, regional o internacional, que establezca la ley y, en cualquier caso, generar instancias periódicas de autoevaluación y mejora continua.
La Universidad de Educación otorgará títulos universitarios de grado y postgrado en educación. Las formaciones de grado serán licenciaturas. Otorgarán respectivamente títulos de Maestros, Maestros Técnicos, Educadores Sociales, Profesores de Educación Media y Profesores de Educación Física, así como otras titulaciones que la educación nacional requiera. Los títulos de postgrado serán Especialización, Maestría y Doctorado. La Universidad de Educación podrá ofrecer otras formaciones terciarias no universitarias en el campo de la educación, otorgando los certificados y títulos correspondientes.
La Universidad de Educación estará dirigida por un Consejo Directivo Central y por un Rector que lo presidirá. A su vez se integrará un Consejo Asesor y Consultivo compuesto por los Coordinadores Regionales y los Directores de los Centros Universitarios de Educación. Los Centros Universitarios de Educación serán las unidades académicas y administrativas para el cumplimiento de las funciones de enseñanza, investigación y extensión, las que estarán dirigidas por un Equipo de Dirección (Director y Subdirector eventualmente) designado por el Consejo Directivo Central de acuerdo con las resultancias de los concursos públicos convocados por éste. Se establecerán Regionales Académicas de acuerdo con las regiones que oportunamente defina el Consejo Directivo Central.
El Consejo Directivo Central es el órgano jerarca de la Universidad de Educación y se integrará por siete miembros los que deberán poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación, con la siguiente composición: a) Tres de sus miembros serán designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas fundadas, por un número de votos equivalentes a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del artículo 94 de la Constitución de la República. Si la venia no fuera otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta del Senado. Estos miembros integrarán el Consejo Directivo con voz y con voto y serán designados a comienzo de cada período de gobierno, debiendo permanecer en sus cargos hasta tanto no hayan sido designados quienes les sucedan, b) Por igual procedimiento será designado, entre los propuestos por el Poder Ejecutivo, el Rector de la Universidad de Educación el que también presidirá el Consejo Directivo Central. El Rector en su función de presidente del Consejo Directivo Central tendrá doble voto para el caso de empate, c) Tres miembros electos, uno por el cuerpo docente, uno por los egresados y otro por los estudiantes, según la reglamentación que oportunamente apruebe el Poder Ejecutivo. El control de la elección estará a cargo de la Corte Electoral y se deberá realizar en el año anterior al año en que se celebran las elecciones nacionales. Los miembros electivos integrarán el Consejo Directivo Central con voz y con voto. El miembro representante de los docentes y el representante de los egresados, electos directamente por dichos órdenes, durarán en sus funciones cinco años y el representante de los estudiantes permanecerá en su cargo dos años, pudiendo ser –todos- reelectos solamente por un período subsiguiente, d) Un Coordinador Regional electo por sus pares en la instancia especialmente convocada al efecto, de acuerdo a la reglamentación a establecer por el Consejo Directivo Central. Este representante tendrá voz y no tendrá voto.
El Consejo Directivo Central tendrá las siguientes atribuciones: a) Establecer la orientación general de la Universidad a través de la planificación estratégica que desarrollará al efecto en el marco de la presente ley, b) Establecer los criterios, orientaciones y políticas de los diseños curriculares en general de las formaciones que se impartan en la Universidad, c) Determinar y crear las Regionales Académicas y designar a los Coordinadores Regionales de acuerdo a concursos públicos de oposición o de oposición y méritos que se convocarán al efecto, d) Coordinar la investigación y la enseñanza impartida por las distintas Regionales Académicas, así como en los Centros Universitarios de Educación, e) Aprobar los Planes de estudio de las formaciones que dictará la Universidad, previa opinión de las Comisiones Asesoras de Formación, de acuerdo con la normativa que aprobará, f) Revalidar títulos y certificados de estudios terciarios y universitarios en el marco de sus competencias, g) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y el estatuto de todos los funcionarios de la Universidad de Educación, de conformidad con los artículos 58 y 61 de la Constitución de la República, h) Relevar las necesidades de formación de profesionales en las áreas de competencia de la Universidad de Educación, i) Diseñar la organización universitaria, así como la creación y estructura de Departamentos Académicos a nivel nacional y regional, j) Seleccionar a los Directores y Subdirectores de los Centros Universitarios de Educación por concurso público de oposición y méritos o de oposición, k)Designar a los funcionarios de su directa dependencia, l) Destituir, con las garantías del debido proceso al personal docente y no docente. No se reputa destitución la no reelección de un docente al vencimiento del plazo para el que fue designado, de acuerdo con lo que establezca la normativa que se dicte, m) Fijar las directivas generales para la preparación de las propuestas relativas a las normas presupuestales que deben enviar las Regionales Académicas y las Coordinaciones Nacionales y aprobar, luego, el proyecto de presupuesto definitivo de la Universidad de Educación, que será presentado ante la autoridad nacional correspondiente, n) Destituir por ineptitud, omisión o delito a los miembros de los Consejos de Centro de los Centros Universitarios de Educación, por mayoría absoluta de sus miembros, previo ejercicio del derecho constitucional de defensa, ñ) Resolver los recursos administrativos que correspondan, o) Expresar la opinión de la Universidad cuando le sea requerida de acuerdo con lo estatuido en el artículo 202 de la Constitución de la República, p) Designar a propuesta del Rector, al Secretario General de la Universidad con carácter de cargo de particular confianza, q) Delegar, por resolución fundada y bajo su responsabilidad, las atribuciones que estime conveniente, a excepción de aquellas que se requiere una mayoría especial para su adopción, r) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de los cometidos establecidos en la presente ley orgánica, en particular lo concerniente a la organización y al funcionamiento de todos los servicios a su cargo. En especial deberá propiciar la descentralización de funciones y de la toma de decisiones, procurando dotar a los centros universitarios de potestades que faciliten el cumplimiento de sus funciones, s) Diseñar e implementar procesos para el desarrollo de la gestión administrativa en general, así como para la generación, transferencia y difusión de información, t) Implementar procesos de auditoría interna, debiendo rendir cuentas a la sociedad de lo actuado una vez al año, presentando resultados de gestión en general, u) Generar y propiciar ámbitos de intercambio con distintos actores sociales -empresarios, sindicatos- para que, en el marco de la elaboración de ofertas educativas, los mismos participen activamente haciendo conocer sus necesidades y perspectivas, v) Desarrollar instancias de coordinación con otras entidades universitarias nacionales y/o extranjeras.
Para ser Rector se requiere ciudadanía natural o legal en ejercicio, poseer título universitario, una trayectoria relevante en materia de educación, investigación, innovación y extensión para el cumplimiento de la función inherente a dicho cargo. Para ser integrante del Consejo Directivo Central designado por el Presidente de la República, previa venia del Senado, se requiere poseer título de nivel universitario, una trayectoria relevante en materia de educación, investigación, innovación, extensión y/o en el campo tecnológico.
Para ser electo representante de los docentes se deberá acreditar una actuación no inferior a diez años en el ámbito de la formación de docentes o en el ámbito universitario, para el caso de los egresados contar con título de grado docente expedido por la Universidad de Educación o por su antecesor el Consejo de Formación en Educación, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente o entidades anteriores. Para el caso de los estudiantes estar cursando una de las carreras universitarias que se impartan en la Universidad de Educación.
Serán atribuciones del Rector de la Universidad de Educación: a) Presidir el Consejo Directivo Central, dirigir las sesiones, cumplir, hacer cumplir y comunicar sus resoluciones, b) Representar a la Universidad y al Consejo Directivo Central de ésta, c) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las leyes y las ordenanzas y disponer los pagos por erogaciones debidamente autorizadas, dando cuenta al Consejo en la forma que al efecto dicho órgano establezca, d) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias, dando cuenta al Consejo Directivo Central en la primera sesión ordinaria, e) Dictar todas las resoluciones que correspondan de acuerdo con las ordenanzas que dicte el Consejo Directivo Central, f) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Directivo Central, g) Refrendar los títulos y certificados de estudio, h) Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan, dando cuenta al Consejo en la forma señalada en el inciso precedente, i) Preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente, en especial estará a su cargo la coordinación y elaboración de todo lo relativo a los proyectos de Presupuesto y de Rendición de Cuentas que se deberán llevar adelante en el marco de lo establecido en la presente ley y demás normativas de aplicación, j) Presentar al Consejo Directivo Central para su consideración la memoria anual de las actividades. De la misma se dará la más amplia difusión y se remitirá copia a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin perjuicio de otras acciones que se dispongan al efecto.
Habrá un Secretario General que dependerá del Rector y será el responsable de la gestión de la Universidad correspondiéndole las siguientes tareas: a) Ejercer las funciones inherentes a la Secretaría General del Consejo Directivo Central, asegurando el cumplimiento de sus resoluciones, b) Coordinar la gestión administrativa del Ente e instrumentar su correspondiente evaluación y mejora continua.
El Consejo Asesor y Consultivo estará integrado por los Coordinadores Regionales y por los Directores de los Centros Universitarios de Educación. El mismo sesionará por lo menos cuatro veces al año, debiendo realizarse dichas instancias plenarias en el interior del país en un 60% (sesenta por ciento) o más. El Consejo Asesor y Consultivo tendrá los siguientes cometidos: a) Pronunciarse preceptivamente y en forma previa a la aprobación de planes de estudio correspondientes a carrera de grado o de postgrado, así como en todo lo concerniente a la aprobación de normas de carácter general inherente a éstos. Ejercer iniciativa como entidad asesora del Consejo Directivo Central en toda temática técnico‑pedagógica, solicitando la información que considere pertinente para el cumplimiento de tal cometido, b) Elegir, entre sus integrantes, un Secretario Ejecutivo el que durará en sus funciones un año lectivo, pudiendo renovarse su función por decisión del Consejo Asesor y Consultivo, c) Pronunciarse en todos los temas de carácter técnico-pedagógico que el Consejo Directivo Central someta a su consideración e informe.
En cada formación y carrera universitaria de grado y postgrado se constituirá una Comisión Asesora que se regirá por la reglamentación que dicte el Consejo Directivo Central. Estas Comisiones tendrán una integración amplia y deberán estar representados los Departamentos Académicos Nacionales involucrados, así como docentes, estudiantes y egresados de cada formación, todo de acuerdo con la reglamentación que dicte el Consejo Directivo Central. Las Comisiones tendrán un funcionamiento regular y deberán ser preceptivamente consultadas para la aprobación de planes, programas y criterios de evaluación a los docentes de su respectiva formación, debiendo establecerse el plazo correspondiente para su pronunciamiento por parte del Consejo Directivo Central. Al vencimiento del mismo, sin que exista pronunciamiento de parte de las mismas, se considerará que la propuesta ha sido aprobada.
El Consejo Directivo Central establecerá Departamentos Académicos a nivel nacional y de cada una de las regiones, que se estructurarán por áreas de conocimiento. Los mismos serán ámbitos académicos y de elaboración de proyectos, asesorando y proponiendo a las direcciones y coordinaciones respectivas, con el propósito de reforzar la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión en su área respectiva y en general. El Consejo también aprobará, previo asesoramiento del Consejo Asesor y Consultivo, la normativa concerniente a su funcionamiento. En todos los casos que la misma deba modificarse o complementarse deberá requerir el asesoramiento previo referido. El Consejo definirá asimismo las regiones a nivel de todo el país que constituirán ámbitos territoriales de coordinación entre los Centros Universitarios de Educación, y de articulación con otras ofertas terciarias existentes en la región. En cada región se designará un Coordinador Regional. Otra de las atribuciones del Consejo Directivo Central será definir los Centros Universitarios de Educación que integrarán cada región.
El Coordinador Regional tendrá las siguientes atribuciones: a) Planificar las actividades académicas de la Región, coordinando las acciones de los diversos Centros Universitarios de Educación que prestan servicios en la región, b) Designar a los docentes para cada Centro Universitario de Educación, a propuesta fundada del Director del Centro. En caso de desacuerdo, deberá elevar los antecedentes al Consejo Directivo Central para su decisión definitiva, c) Implementar los procesos de evaluación de los docentes de su región a partir de los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo Central, d) Desarrollar proyectos de enseñanza, investigación o extensión que vinculen a más de una formación, asegurando la participación del mayor número posible de Centros Universitarios de Educación de la región, e) Coordinar el trabajo de los Departamentos Académicos que operen a nivel regional, f) Promover modificaciones de los planes de estudio y modificaciones de programas, sobre la base de propuestas tanto de los Centros en la región, como de los Departamentos Académicos, g) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las ordenanzas y disponer los pagos por erogaciones debidamente autorizadas, h) Representar a la Universidad de Educación en la región, i) Articular la oferta educativa de la Universidad de Educación con otras instituciones educativas que desempeñan tareas en la región, j) Ejercer las atribuciones que le delegue el Consejo Directivo Central, k) Promover la celebración de convenios con organizaciones públicas, productivas y sociales en la región, l) Participar en las Comisiones Departamentales de Educación en su región.
Los Coordinadores Regionales serán designados por el Consejo Directivo Central previo concurso público de oposición y méritos entre las personas que cumplan los siguientes requisitos: a) Poseer título universitario válido en el país o título docente expedido por los Institutos de Formación Docente públicos o habilitados, b) Una trayectoria de cinco años en alguna institución de formación docente o universitaria nacional o extranjera, valorándose especialmente el haber desempeñado cargos de gestión en entidades de este nivel educativo, c) Se valorará el contar con títulos de postgrado: Especialización, Maestría y Doctorado, d) Su permanencia estará sujeta a procesos de evaluación cada tres años, lo que será reglamentado por el Consejo Directivo Central.
En cada región se conformará una Comisión Consultiva con el fin de asesorar en las funciones enseñanza, investigación y extensión y el desarrollo de las Formaciones y de los Centros en la región respectiva. La creación e integración de la comisión será propuesta por el Coordinador Regional y su funcionamiento será reglamentado por el Consejo Directivo Central. Se establecerá la presencia de un representante de las Intendencias Departamentales comprendidas en la región. Participarán de las Comisiones Regionales Consultivas todos los Directores de Centros Universitarios de Educación que pertenezcan a la región y deberá reunirse al menos cuatro veces por año. También podrán participar otros actores sociales que se considere del caso incorporar a las mismas, en el marco de la reglamentación que dictará el Consejo Directivo Central.
Los Centros Universitarios de Educación serán unidades administrativas y académicas que cumplan las funciones de enseñanza, investigación y extensión; los mismos serán definidos por el Consejo Directivo Central. Cada centro tendrá un Director que será seleccionado por medio de concurso público de oposición o de oposición y méritos siendo aplicables los extremos señalados en la presente ley en lo pertinente, en caso de corresponder habrá un Subdirector que será designado por igual procedimiento.
La selección de docentes universitarios estará a cargo de las Direcciones de los Centros Universitarios de Educación a través de concursos o llamados a aspiraciones públicos convocados al efecto. Las propuestas de designación serán remitidas al Coordinador Regional para su homologación y demás efectos.
En cada Centro Universitario de Educación se instalará un Consejo Asesor y Consultivo (CAC). Su integración y organización será definida por el Consejo Directivo Central, en un plazo no mayor a los ciento veinte días de promulgada la presente ley. Existirán representantes de los docentes, de los egresados y de los estudiantes, los que serán electos en forma simultánea a la elección de delegados al Consejo Directivo Central, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de esta ley. Asimismo, se establecerá que en los CAC participen actores sociales o productivos relevantes. El CAC de cada centro tendrá como cometido asesorar a la Dirección del Centro sobre los aspectos académicos y de funcionamiento general del centro universitario y sobre todos los asuntos que la Dirección solicite su pronunciamiento. De igual forma, tendrán capacidad de iniciativa en la propuesta de nuevas opciones de formación y de carreras universitarias, así como de modificación de las existentes, incluyendo el cambio de los programas de estudio, lo que será remitido a la Coordinación Regional para su consideración y prosecución del trámite en lo pertinente.
La gestión de los centros se orientará por los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y calidad. Para ello deberá: a) Diseñar procesos de trabajo colaborativo, b) Implementar sistemas ágiles y eficientes de generación, transferencia y difusión de información, c) Implementar procesos de auditoría, evaluación y autoevaluación, d) Optimizar el uso de recursos públicos, promoviendo relaciones de cooperación con otras instituciones del Estado.
El personal docente de la Universidad de Educación deberá contar con título docente o título universitario de grado o de postgrado vinculado con la especialidad en la que se desempeñará. El sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo en la Universidad de Educación. Las designaciones del personal docente serán prorrogables mediante sistemas de evaluación, que ofrezcan las debidas garantías a todos los interesados. Se establecerá una carrera docente. Para ascender se tendrá en cuenta la evaluación de desempeño, la asiduidad, la formación y capacitación -formación permanente-, las investigaciones y publicaciones de interés que el docente desarrolle. Se propiciará la dedicación total de un número importante de docentes de la Universidad de Educación, debiendo establecerse el régimen a que estará sometido el personal docente que realice actividades con dedicación total, así como la remuneración a percibir. Para el personal profesional, técnico, administrativo y de servicios se establecerá un período inicial de contratación no superior a los cinco años, pudiéndose renovar el plazo por períodos sucesivos de mediar evaluaciones favorables. La reglamentación que dicte el Consejo Directivo Central deberá considerar las mayorías especiales para el caso de las designaciones o renovaciones. La reglamentación que dicte el Consejo Directivo Central determinará el régimen a que estará sometido el personal docente y no docente que realice actividades de dedicación total, así como los criterios de selección y la remuneración a percibir dentro de los rubros que se afecten a tal fin.
Todos los servicios de enseñanza e instituciones vinculadas a las formaciones impartidas por la Universidad de Educación deberán prestar su colaboración para el desarrollo de las prácticas educativas previstas en los planes de estudio, de conformidad con los convenios que oportunamente se celebren entre las respectivas instituciones.
Agencia Nacional de la Cultura
Se crea la Agencia Nacional de la Cultura, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, como asesor de dicha Secretaría de Estado y del Poder Ejecutivo el que cumplirá sus funciones con autonomía técnica y funcional en lo pertinente.
La Agencia Nacional de la Cultura tendrá los siguientes fines: a) Apoyar y propiciar la amplia participación cultural, la creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas como de las organizaciones que éstas forman y de la colectividad nacional en su conjunto, b) Generar mecanismos que permitan y faciliten el acceso a las manifestaciones culturales y a las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del país y al uso de las tecnologías para la producción, reproducción y difusión de objetos culturales en forma coordinada y propiciando la descentralización funcional y territorial, c) Impulsar la construcción, ampliación y habilitación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales del país, y promover la capacidad de gestión asociada a esa infraestructura, d) Proponer medidas para el desarrollo de las industrias culturales y la colocación de sus productos tanto en el mercado interno como externo, e) Establecer una vinculación permanente con todos los niveles del sistema educativo nacional, coordinándose para ello con las autoridades de cada uno de ellos, f) Establecer vínculos de coordinación y colaboración con reparticiones públicas que, sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente con éste, cumplan también funciones en el ámbito de la cultura, g) Fomentar y profesionalizar el desarrollo de capacidades de gestión cultural en los ámbitos internacional, nacional, regional, departamental y local, h) Coordinar las acciones que se lleven adelante propiciando la regionalización del país para la mejor y mayor difusión de todas las expresiones culturales existentes y las que se desarrollen a futuro, i) Diseñar y proponer políticas culturales a ser aplicadas en el ámbito internacional explorando y desarrollando vínculos internacionales en materia cultural en coordinación con las autoridades correspondientes, j) Desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas/comunitarias propiciando la celebración de convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común.
Para el cumplimiento de sus fines la Agencia tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Poder Ejecutivo y a otras entidades vinculadas con la Cultura que lo requieran en todo lo relativo a los fines que se le asignan por la presente norma, desarrollando las acciones que en tal sentido correspondan, b) Proponer la aprobación y dictado de normas de carácter nacional, regional o local que fomenten el desarrollo de la cultura, así como la protección, promoción y gestión de las expresiones culturales y del patrimonio cultural del Uruguay, remitiendo los proyectos a consideración del Poder Ejecutivo o de la autoridad que corresponda, c) Promover la creación de un Sistema Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Culturales del Uruguay asesorando al Ministerio de Educación y Cultura en tal sentido.
La Agencia Nacional de la Cultura estará integrado por: a) El Director Nacional de Cultura, que lo presidirá, b) Los Directores de Cultura de cada uno de los 19 gobiernos departamentales, c) Cinco personalidades de la cultura que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en distintas actividades, tales como creación artística, patrimonio, industrias culturales y gestión cultural. Las mismas deberán ser representativas de tales actividades, aunque no tendrán el carácter de representantes de las mismas. Serán designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones culturales del país, que posean personalidad jurídica vigente, las que elevarán una terna a consideración de éste, d) Dos académicos del área de la creación artística, del patrimonio o de la gestión cultural, designados por el Poder Ejecutivo, uno a propuesta de las Universidades Públicas y otro a propuesta de las Universidades Privadas del país. Estas entidades también remitirán una terna a consideración del Poder Ejecutivo.
Corresponderán a la Agencia Nacional de la Cultura las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas para el efectivo desarrollo de los fines asignados por la presente norma; b) Aprobar anualmente el plan de trabajo del Consejo, el que será remitido al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, para su aprobación y asignación de presupuesto en lo pertinente; c) Aprobar para su remisión los proyectos de normas nacionales, regionales, departamentales o locales que se consideren pertinentes; d) Asesorar en cuanto a la distribución de los recursos que se asignan a la Cultura nacional, proponiendo y sugiriendo la distribución de los mismos en lo pertinente; e) Convocar a Consejos Consultivos que estime del caso de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
La Agencia Nacional de la Cultura será establecido por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros y previa designación de los miembros integrantes propuestos por las organizaciones respectivas. El mismo se renovará cada cinco años y los miembros integrantes que ocupen los cargos públicos referidos lo integrarán mientras tal circunstancia continúe, al cesar en cualquiera de los cargos dejarán de integrar el Consejo. Los restantes miembros podrán ser designados por otro período de igual duración de acuerdo al mecanismo previsto en el referido artículo. La Agencia Nacional de la Cultura podrá constituir comisiones consultivas para el cumplimiento de sus fines realizando convocatorias públicas al efecto y asegurando la más amplia y democrática participación en las mismas.
En forma anual, la Agencia Nacional de la Cultura procederá a realizar un informe de las actividades cumplidas y resoluciones alcanzadas el que será remitido a la Asamblea General, y al Ministerio de Educación y Cultura y será publicado en el Diario Oficial, además de toda otra difusión que se estime corresponda.
Instituto Nacional del Deporte (I.Na.De.)
Se crea el Instituto Nacional del Deporte (I.NA.DE.) como persona jurídica de derecho público no estatal, el cual tendrá su domicilio en la capital de la República y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El INADE será dirigido por un Directorio compuesto por cinco miembros: un representante del Poder Ejecutivo con reconocida solvencia y trayectoria en la materia que lo presidirá, un representante de las Federaciones Deportivas, un representante del Comité Olímpico Uruguayo, un representante de los profesores de Educación Física y un deportista de reconocida trayectoria. Durarán cinco años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período, manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos.
El INADE presentará ante el Ministerio de Educación y Cultura, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente según objetivos diseñados en un Plan Estratégico con líneas de acción, medición de resultados, y un balance de ejecución por el ejercicio anterior. Esto deberá ser acompañado de un informe de auditoría contable y de gestión de resultado por profesionales independientes. El Poder Ejecutivo, previa verificación, los incluirá a título informativo en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal al ejercicio respectivo.
El INADE tendrá como cometido el desarrollo de una política nacional del deporte, la actividad física, la recreación, a través de la propuesta y gestión de políticas deportivas dirigidas a toda la población, promoviendo la articulación, evaluación, organización y coordinación de las acciones deportivas en todo el territorio nacional, bajo todas sus formas y sin distinción de especie alguna. Asimismo tendrá a su cargo la administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios públicos deportivos y recreativos que mantenía bajo su órbita la Dirección Nacional de Deporte, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte, antes de la promulgación de la presente ley. Para ello podrá realizar acuerdos, sea bajo el régimen de derecho público o privado, para el apoyo a Federaciones, Instituciones deportivas, o directamente con deportistas de alta competencia, Intendencias Departamentales, Instituciones de Enseñanza, organizaciones, asociaciones y agrupaciones privadas sin fines de lucro que estén vinculadas a disciplinas deportivas a nivel nacional, entre otras.
La política nacional de deporte tendrá en cuenta los siguientes fines: a) Promover al deporte como elemento fundamental para la salud y el combate al sedentarismo, la droga y la violencia, así como elemento para la formación de valores, esfuerzo, disciplina, respeto, solidaridad, igualdad, trabajo en equipo y superación personal, b) Propiciar el desarrollo de la educación física y del deporte en todos los centros educativos del país en coordinación con la autoridad nacional respectiva, c) Propiciar la coordinación de los deportes federados, apoyando a los deportistas de alta competición, y a las organizaciones que tiendan al mejoramiento del deporte de alto rendimiento, elaborando políticas para el desarrollo de la infraestructura y financiamiento adecuado, d) Propender el incremento de la oferta deportiva como sistema integrador de la sociedad y de inclusión social en todos los aspectos, del desarrollo y mejora de las infraestructuras para la práctica de los deportes, de la educación física y la recreación, e) Promover la descentralización funcional y territorial, fortaleciendo los espacios deportivos existentes como las plazas de deportes de todo el país, f) Fomentar la inclusión y participación de la mujer en todos los deportes.
El INADE integrará la Fundación Deporte Uruguay (FDU), con el mismo porcentaje de participación, gobierno y competencias que la que detentaba la Dirección Nacional de Deporte (DINADE dependiente del M.T. y D.) antes de la promulgación de esta ley y desde su creación conjunta. Por tanto todas las acciones de apoyo a las Federaciones y al Alto Rendimiento, así como las políticas antidopaje y la erradicación de la droga en el deporte a través de la educación, control, análisis y poder disciplinario, se mantendrán dentro de la órbita de la Fundación Deporte Uruguay.-
Requisitos educativos Nuevo requisito para obtener licencia de conducir
Se establece como requisito adicional para obtener la habilitación para conducir por primera vez, el aspirante deberá acreditar haber culminado y aprobado el ciclo básico de enseñanza. La ley no afectará a quienes hayan obtenido la habilitación para conducir con anterioridad a la vigencia de la misma.
Cantidad de días efectivos de clase que tendrá el año lectivo en educación inicial, primaria y media
El proyecto dispone que el año lectivo de educación inicial, educación primaria, educación media básica y educación media superior contará, como mínimo, con doscientos días (200) efectivos de clase. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) adoptará las medidas tendientes para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto a partir del año lectivo 2018.
Para el caso de que no se logren, en cada año lectivo, los días efectivos de clase prescriptos por la presente ley, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) deberá disponer la forma en que se compensarán los días perdidos a fin de alcanzar el mínimo establecido.
Se considera “día efectivo de clase” toda jornada escolar a la que hayan asistido los alumnos y en la que se hayan impartido las horas docentes correspondientes de acuerdo con la modalidad educativa de que se trate. Se considerarán también como días efectivos de clase aquellos en los que la ausencia del docente esté amparada por alguna de las causales establecidas en el Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establecerá mecanismos tendientes a la sustitución inmediata de los docentes cuya inasistencia está motivada en las causales referidas, de forma de posibilitar el efectivo dictado de cursos en cada caso.
Las autoridades de cada centro educativo serán responsables, en el ámbito de su competencia y ante sus jerarcas naturales, por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de su reglamentación.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) publicará, diez días después de finalizado el año lectivo, la cantidad de días efectivos de clase impartidos en cada establecimiento educativo, así como las acciones desarrolladas para compensar los días perdidos y las horas docentes recuperadas.

References: artículo 13
 artículo 58
 artículo 94
 artículo 202
 resolución 
 artículo 9
in fine