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Timestamp: 2018-08-19 00:37:32+00:00

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﻿ Sentencia 38988 de agosto 31 de 2010
SENTENCIA 38988 DE 31 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:TRABAJADOR DE APUESTAS PERMANENTES. PRESUNCIÓN LEGAL RESPECTO A ESTA CLASE DE SUJETOS, EN CUANTO AL NEXO QUE LOS UNE CON LOS EMPLEADORES QUE DESARROLLAN TAL ACTIVIDAD, ADQUIRIENDO DICHOS SERVIDORES UNA PROTECCIÓN ESPECIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR INDEPENDIENTE, CONTRATO DE TRABAJO, PRESUNCIÓN LEGAL, TRABAJADOR DE APUESTAS PERMANENTES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR JUEGOS DE AZAR, LOTERÍA, TRABAJADOR DEPENDIENTE
Sentencia 38988 de agosto 31 de 2010
Rad. 38988
Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diez.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia calendada 26 de septiembre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por Clemente Antonio Chaurra Vargas contra Tristán María Ochoa Arango y Claudia Ochoa Lotero.
El citado accionante demandó en proceso laboral a Tristán María Ochoa Arango y Claudia Ochoa Lotero, procurando se le condenara a pagar a su favor, en forma solidaria, conjunta o separada, la cesantía de todo el tiempo de vinculación, los intereses a la misma y la sanción por la no cancelación oportuna, vacaciones, indemnización por despido indirecto, remuneración en dominicales y festivos, pensión de jubilación, indemnización moratoria, lo que resulte ultra o extra petita, y a las costas.
Como fundamento de esos pedimentos argumentó, en resumen, que laboró para los demandados desde el 23 de agosto de 1968 hasta el 14 de julio de 2003, en el establecimiento de comercio denominado “Comercializadora de apuestas” de propiedad del accionado Tristán María Ochoa Arango y luego de su hija codemandada Claudia Ochoa Lotero, quien le sucedió en el negocio; que el cargo desempeñado fue el de vendedor de “chance” o “apuestas mutuas”, incluso desde antes de que ese juego fuera legalizado; que como retribución se le pagaba una comisión sobre las ventas brutas realizadas que siempre era superior a cuatro (4) veces el salario mínimo legal; que nunca se le canceló el valor de los descansos obligatorios en días dominicales y festivos; que la única prestación social que se le reconoció era la prima de servicios semestral; que no fue afiliado a la seguridad social, aun cuando se le prestó directamente servicio médico hasta finales de 1998; que a mediados del año 2003 fue sometido a una prostatectomía que lo tuvo incapacitado por tres meses; que se vio obligado a poner fin al contrato de trabajo, por el sistemático incumplimiento de los deberes legales por parte del empleador, en especial la no afiliación a seguridad social y la falta de pago de derechos sociales como del valor de la caseta donde expendía las ventas, a lo cual se agrega la rebaja de la comisión del 23% al 20% sobre las ventas brutas; y que tiene derecho a la pensión de jubilación por haber prestado servicios por más de 35 años continuos y tener 76 años de edad por haber nacido el 27 de junio de 1928.
II. Respuestas a la demanda
El accionado Tristán María Ochoa Arango al contestar la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones; al referirse a los supuestos fácticos que las soportan, admitió que era propietario del establecimiento de comercio denominado “Comercializadora de apuestas”, que el actor recibía un porcentaje del 20% sobre las ventas realizadas, aclarando que solo en el caso de que optara por colocar las mismas, que nunca afilió a la seguridad social al demandante por no tener la calidad de trabajador, y que fue este quien optó por no seguir colocando apuestas, y en cuanto a los demás hechos expresó que unos no le constaban y que otros no eran ciertos; propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, prescripción, mala fe del accionante y buena fe de la parte demandada.
En su defensa adujo, en síntesis, que entre las partes no existió ningún contrato de trabajo verbal o escrito para la venta de apuestas permanentes u otra labor y menos en los extremos de tiempo señalados en el escrito de demanda, y por consiguiente no se le adeuda suma alguna por prestaciones sociales y demás derechos reclamados; que con el demandante se acordó un contrato comercial de colocación independiente de apuestas permanentes, donde aquel obraba por su cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad; que el accionante obtenía por la venta de apuestas, no un salario mensual básico sino una suma variable correspondiente a un porcentaje de lo que hubiera colocado, modalidad autorizada por los artículos 42 a 45 del Decreto 033 de 1984, 13 de la Ley 50 de 1990 y 56 de la Ley 643 de 2001, que regulan lo referente a los juegos de suerte y azar; y que siempre la parte demandada ha actuado de buena fe.
A su turno la codemandada Claudia Ochoa Lotero, dio respuesta al libelo demandatorio por conducto del mismo apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones; frente a los hechos fueron contestados en similares términos que lo hizo el otro demandado; y propuso las mismas excepciones.
Como hechos y razones de defensa, también argumentó la inexistencia del contrato de trabajo para con el demandante, y que en tales condiciones no hay causa legal o convencional que determine el pago de prestaciones sociales y demás acreencias reclamadas, agregando que nunca fue propietaria del establecimiento de comercio denominado “Comercializadora de apuestas”, cuyo dueño en una época fue el accionado Tristán María Ochoa Arango.
La primera instancia la desató el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de mayo de 2007, en la que absolvió a los demandados de todas las pretensiones formuladas en su contra, y condenó en costas al demandante.
Para arribar a esa decisión, el a quo apoyado principalmente en la prueba testimonial, concluyó que el demandante era un colocador de apuestas independiente, sin asomos de relación laboral alguna para con los demandados.
Apeló el actor y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con sentencia que data del 26 de septiembre de 2008, confirmó íntegramente el fallo absolutorio del a quo y se abstuvo de condenar en costas de la alzada.
El ad quem luego de referirse a las reglas de la carga de la prueba, en especial a lo consagrado en los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por analogía en materia laboral, abordó el estudio de las pruebas obrantes en el expediente, y de ellas infirió que al inicio del vínculo efectivamente se dieron los presupuestos de un verdadero contrato de trabajo, pero que las condiciones laborales fueron cambiando con el transcurrir del tiempo, a tal punto que desapareció la subordinación y el actor se convirtió en colocador independiente de apuestas permanentes, cuyo vínculo se rige por lo dispuesto en el artículo “1º” (sic) de la Ley 50 de 1990, figura propia del derecho mercantil e independiente del laboral, a más que no se probó la fecha de finalización de la relación para el reconocimiento de cualquier concepto salarial o prestacional, quedando desvirtuada la presunción legal prevista en el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, lo que conduce a que no se acreditó la existencia del contrato de trabajo durante los extremos temporales alegados.
La colegiatura textualmente soportó su decisión en lo siguiente:
“(...) Recurrimos entonces a la prueba documental y testimonial allegada al proceso, consistente en las certificaciones obrantes de folios 11 a 13 del expediente, historia clínica, y las declaraciones de los señores Juan Crisostomo Farley Uribe (fl. 59), Lilian Garzón Osorio (fl. 61), Gonzalo de Jesús Maya Maya (fl.61) y el señor Miguel Ángel Vargas Ortiz (fl. 63), de igual manera se recepcionaron los interrogatorios de parte.
La Sala descartará el valor probatorio del testimonio del señor Juan Crisostomo Farley Uribe, pues se dejó constancia de que su versión no fue libre y mucho menos espontánea, evidenciada en que para dar respuesta a las preguntas, observaba un papel donde tenía sus respuestas, lo que denota que su testimonio fue preparado, y por tanto, no es susceptible de credibilidad.
Ahora bien, los señores Liliam (sic) Garzón Osorio, Gonzalo de Jesús Maya Maya, y Miguel Ángel Vargas Ortiz, compañeros de trabajo del actor, son unánimes en advertir que el demandante laboró para el demandado desde el año de 1971, desempeñándose como vendedor de chance, y que para el cumplimiento de sus labores, estaba sometido a órdenes, cumplimiento de horario por parte del demandado; de igual manera se establece que era su empleador quien inicialmente le suministraba las herramientas de trabajo tales como los talonarios, lapiceros e incluso la caseta en la que laboraba; sin embargo también indican que a lo último le cobraban el talonario, y si el actor no lo adquiría, no trabajaba, igualmente que era él quien debía tener su propio lapicero.
No obstante estar probado que al inicio del vínculo se daban los prepuestos de un verdadero contrato de trabajo, para la fecha en que finalizó la relación no es posible aseverar que se trató de una única relación laboral, pues las condiciones laborales fueron cambiando a tal punto, que era el mismo actor quien debía comprar el talonario, proporcionarse los lapiceros, y al finalizar el presunto vínculo, no cumplía horario ni órdenes. En estas condiciones, las versiones allegadas impiden llegar a la certeza de la subordinación del actor como elemento determinante del contrato laboral. Por tanto, no es posible derivar un vínculo contractual en los términos peticionados en la demanda, debiendo advertir que aunque al inició de la relación sí se dieron los presupuestos de un contrato de trabajo, lo cierto es que no se pudo establecer cuál fue la fecha de finalización de este; razón por la cual no hay lugar a reconocer ningún concepto salarial o prestacional.
Debe tenerse en cuenta que si bien el inciso primero del artículo 2º de la Ley 50 de 1990 dice que, “...Se presume que toda relación de trabajo personal está regido por un contrato de trabajo...”, dicha presunción legal admite prueba en contrario”.
Transcribió lo dicho por la Corte sobre dicha presunción legal, en sentencias del 31 de mayo de 1955 y 1º de diciembre de 1981, y continuó diciendo:
“(...) Concluye la Sala que el demandante no acreditó la existencia de la relación laboral durante los extremos afirmados en la demanda, y por demás, del acervo probatorio no se colige con exactitud el segundo extremo de la relación inicialmente afirmada, circunstancia que impide establecer y liquidar prestaciones laborares con exactitud, así como analizar la excepción de mérito denominada prescripción de la acción, propuesta oportunamente por la parte demandada. Lo anterior, habida consideración que, la relación inicial fue cruzada en el tiempo por la contratación al actor en calidad de colocador independiente de apuestas permanentes, figura consagrada en el artículo 1º (sic) de la Ley 50 de 1990, propia del derecho mercantil e independiente del derecho laboral. En consecuencia habrá de confirmarse la sentencia recurrida”.
Persigue la parte actora con el recurso extraordinario, que esta corporación case totalmente la sentencia del tribunal, y en sede de instancia, revoque el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar condenar a los demandados de acuerdo con lo pedido en la demanda inicial, proveyendo lo que corresponda por costas.
Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y formuló dos cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.
Atacó la sentencia del tribunal por la vía directa, en el concepto de infracción directa del artículo 13 de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 2º de la misma ley y los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para la sustentación del cargo, propuso a la Corte la siguiente argumentación:
“El tribunal absolvió de las pretensiones de la demanda, al estimar que no se demostraron los extremos temporales, al haberse desarrollado la relación durante el último tiempo como colocador independiente de apuestas permanentes.
El artículo 13 de la Ley 50 de 1990, norma aplicable al caso, dispone:
“ART. 13.—Adicionase (sic) al capítulo II del título III parte primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo:
‘Colocadores de apuestas permanentes. Los colocadores de apuestas permanentes, al igual que los agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de capitalización, podrán tener el carácter de dependientes o independientes. Son colocadores de apuestas permanentes dependientes los que han celebrado contratos de trabajo para desarrollar esa labor, con una empresa concesionaria. Son colocadores de apuestas permanentes independientes las personas que por sus propios medios se dediquen a la promoción o colocación de apuestas permanentes, sin dependencia de una empresa concesionaria, en virtud de un contrato mercantil. En este evento no se podrán pactar cláusulas de exclusividad.
PAR.—Los colocadores de apuestas permanentes que con anterioridad a la vigencia de la presente ley estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, mantendrán tal vinculación de idéntica naturaleza’”.
EI tribunal al desatar la segunda instancia ignoró el contenido del parágrafo del artículo 13 de la Ley 50 de 1990 cuando pretendió encuadrar la presunción de la relación laboral a lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, pues la primera de las normas citadas reviste claridad suficiente al disponer específicamente una presunción respecto a los colocadores de apuestas permanentes en cuanto al vínculo que los une a las empresas que desarrollan el objeto social en mención, es de naturaleza laboral.
El contenido del artículo 2º de la Ley 50 de 1.990 en el que se apoyó el tribunal no puede servir de sustento para decidir y no puede restringir o desvirtuar el precepto legal invocado en el artículo 13 pluricitado.
Se considera de nuestra parte que es posible concluir que para las personas que al momento de expedirse la Ley 50 de 1990 desempeñaban labores de colocadores de apuestas permanentes, el Legislador al expedir la misma en su artículo 13 parágrafo, quiso darle una protección especial frente al vínculo que lo unía con anterioridad a su empleador. Si el legislador no hubiese querido dar tal protección, no se habría aprobado tal disposición.
Por lo anterior, se estima que el Tribunal Superior de Medellín desconoció el artículo 13 de la Ley 50 de 1990 al concluir que la relación inicial fue cruzada en el tiempo por la contratación al actor en calidad de colocador independiente de apuestas permanentes.
De haberse tenido en cuenta por el Honorable Tribunal lo establecido el artículo 13 de la Ley 50 de 1990, se habría llegado a una conclusión diferente a la que arribó para decidir la segunda instancia.
Ante la prosperidad del cargo, debe proceder la Corte de acuerdo con lo pedido en el alcance de la impugnación”.
El cargo está orientado a que se determine jurídicamente, que el tribunal al estimar que la relación entre las partes “fue cruzada en el tiempo por la contratación al actor en calidad de colocador independiente de apuestas permanentes”, dejó de aplicar el artículo 13 de la Ley 50 de 1990 que reguló lo referente a los colocadores de apuestas permanentes, por virtud de que en su decir, la decisión recurrida ignoró el contenido del parágrafo de ese ordenamiento legal que reza: “Los colocadores de apuestas permanentes que con anterioridad a la vigencia de la presente ley estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, mantendrán tal vinculación de idéntica naturaleza”, lo que constituye una presunción legal respecto a esta clase de sujetos, en cuanto al nexo que los une con los empleadores que desarrollan tal actividad, adquiriendo dichos servidores una protección especial, sin que sea de recibo encuadrar la situación dentro de la presunción consagrada en el artículo 2º de la citada Ley 50 de 1990; todo lo cual configura para el censor un yerro jurídico.
La norma que según el recurrente fue dejada de aplicar, no es otra que el mencionado artículo 13 de la Ley 50 de 1990, que regula lo concerniente a las calidades que pueden tener los colocadores de apuestas permanentes, y cuyo tenor literal es el siguiente:
‘Colocadores de apuestas permanentes. Los colocadores de apuestas permanentes, al igual que los agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de capitalización, podrán tener el carácter de dependientes o independientes. Son colocadores de apuestas permanentes dependientes los que han celebrado contratos de trabajo para desarrollar esa labor, con una empresa concesionaria. Son colocadores de apuestas permanentes independientes las personas que por sus propios medios se dediquen a la promoción o colocación de apuestas permanentes, sin dependencia de una empresa concesionaria, en virtud de un contrato mercantil. En este evento no se podrán pactar cláusulas de exclusividad (resalta y subraya la Sala).
PAR. Los colocadores de apuestas permanentes que con anterioridad a la vigencia de la presente ley estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, mantendrán tal vinculación de idéntica naturaleza’”.
Pues bien, como primera medida cabe anotar, que mirando en su contexto la motivación de la sentencia impugnada, al considerar el tribunal que la calidad de “colocador independiente de apuestas permanentes”, era una figura consagrada en la “Ley 50 de 1990” propia del derecho mercantil y ajena al régimen laboral, aunque equivocadamente aludió a su artículo 1º, es claro que se refería era al artículo 13, que como quedó visto, contempla las clases de vinculación para estos sujetos, lo que indica que si tuvo en cuenta dicha normatividad.
Lo anterior se corrobora, con la circunstancia de que el fallador de alzada, con sometimiento al citado ordenamiento legal, estimó que el actor en un principio tuvo la condición de colocador de apuestas permanentes ‘dependiente’ de los demandados al reunirse los presupuestos de un verdadero contrato de trabajo, pero que con el transcurrir del tiempo había desaparecido la subordinación, pasado a tener la calidad de colocador de apuestas permanentes ‘independiente’, sin que los extremos temporales de esa primera relación laboral hubieran quedado acreditados en la litis.
Además, el juez colegiado al no encontrar probado en el sub lite “...el segundo extremo de la relación inicialmente afirmada” y por ende acreditado “el vínculo contractual en los términos peticionados en la demanda”, no resulta dable establecer ante el desconocimiento del extremo final del nexo contractual laboral del demandante, los presupuestos del parágrafo de la norma en comento, valga decir, que se encontrara establecido que al entrar en vigencia el aludido artículo 13 de la Ley 50 de 1990 aún se estuviera ejecutando el contrato de trabajo, que diera cabida a la aplicación del parágrafo de marras para poder mantener su calidad de colocador de apuestas permanentes dependiente, descartando una eventual transformación a una relación ulterior independiente de índole mercantil.
En este orden de ideas, no se presentó la infracción directa de la ley invocada, que tiene ocurrencia cuando el sentenciador por ignorancia de la norma o por rebeldía contra ella, no la aplica al asunto sometido a su consideración.
Por último, conviene precisar, que cuando el tribunal hizo alusión a la presunción contenida en el artículo 2º de la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no pretendió desconocer el contenido del artículo 13 de la citada Ley 50, sino que al hallar con el material probatorio recaudado en especial la prueba testimonial, que las condiciones laborales del accionante fueron cambiando, hasta el punto que con el tiempo desapareció la subordinación y este dejó de cumplir horario o recibir órdenes para pasar a actuar de manera independiente, en su criterio quedaba desvirtuada la presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo dentro de los extremos temporales demandados, por cuanto aquella admitía prueba en contrario.
Bajo esta perspectiva, se tiene que el ad quem no cometió los yerros jurídicos endilgados por la censura, y por consiguiente el cargo no puede prosperar.
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos “13 de la ley 50 de 1990, en relación con los artículos: 22, 23, 24 del Código Sustantivo del Trabajo y 186, 189 numerales 2º y 3º, 249, 260, 306, 64; 65, 67, 68, 69 y 70 ibídem; 1º de la Ley 52 de 1975 y 51, 54, 54A, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral”.
Violación que afirmó se produjo por la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho en que incurrió el juez colegiado:
“1. Dar por demostrado sin estarlo que entre las partes existió inicialmente una relación de trabajo dependiente y posteriormente una de carácter independiente en labores propias de colocador de apuestas.
2. No dar por demostrado estándolo que las labores desplegadas por el señor Clemente A. Chaurra V. al servicio de los demandados, siempre se desarrollaron bajo la modalidad de un contrato de trabajo.
3. Dar por demostrado no estándolo que no se acreditaron los extremos de la relación laboral.
4. No dar por demostrado estándolo que entre Clemente A. Chaurra V. y los accionados existió un contrato de trabajo que perduró entre el 23 de agosto de 1968 y el 14 de julio de 2003.
5. No dar por demostrado estándolo que el contrato de trabajo que vinculó a Mariela Quintero con Susuerte S.A. tuvo como fecha de iniciación el 26 de abril de 1968 y de terminación el 31 de agosto de 2001.
6. No dar por demostrado estándolo que el vínculo laboral entre las partes perduró por más de veinte años”.
Sostuvo que los anteriores yerros fácticos tuvieron ocurrencia por la falta de apreciación de los siguientes documentos: “Certificados expedidos por la Beneficencia de Antioquia con los cuales se demostró que el demandado inscribió ante ellos al actor como su empleado; y la partida eclesiástica de bautismo del señor Chaurra V. con la cual se acredita su edad” y del testimonio de Juan Crisóstomo Farley Uribe (fls. 59); así mismo, por la errónea valoración de las siguientes pruebas testifícales: “Liliam (sic) Garzón Osorio (fIs. 61), Gonzalo de Jesús Maya Maya (fls. 62) y Miguel Angel Vargas O. (fls. 62 vto y s.s.)”.
Para su desarrollo, luego de reproducir lo dicho por el Tribunal, efectuó el siguiente planteamiento:
“(...) Para arribar a esa conclusión, el Honorable Tribunal Superior de Medellín omitió evaluar certificados de la Beneficencia de Antioquia , con los cuales se acredita la inscripción del demandante como vendedor de apuestas permanentes por parte del demandado Tristán Ochoa Arango, desde cuando se legalizó este juego.
Si la honorable corporación hubiese tenido en cuenta los documentos citados y le hubiera dado su valor probatorio, habría revocado la sentencia de primera instancia y condenado a las pretensiones de la demanda, debido a que en consonancia con lo expresado por el artículo 13 de la Ley 50 de 1990, prescribe como las personas vinculadas con anterioridad a la expedición de la misma en oficio de colocadores de apuestas permanentes, mantendrán esta naturaleza.
En efecto, con los documentos que contienen certificados de la Beneficencia de Antioquia, se probó que el actor fue empleado directo de los accionados, habiéndolos inscrito en tal calidad.
Por su parte con la partida de bautismo del demandante, se demostró la edad del mismo, por lo que si el honorable tribunal lo hubiese tenido en cuenta, habría llegado a la conclusión que al actor le asistía el derecho a la pensión de jubilación debido al tiempo que prestó sus servicios a los accionados.
Finalmente estructurado el error de hecho atribuido a la sentencia producto de la falta de apreciación de la prueba mencionada, obrante en el cuaderno principal, permite a la Corte apreciar los testimonios de los señores Juan Crisóstomo Farley Uribe (fls 59), Liliam (sic) Garzón Osorio (fls. 61), Gonzalo de Jesús Maya Maya (fls 62) y Miguel Angel Vargas O. (fls.62 vto y s.s.); los cuales son contestes en afirmar las labores desplegadas al servicio de los demandados como colocador de apuestas permanentes, así como los periodos durante los cuales lo hizo; declaraciones que fueron ciaras, precisas y sinceras, las cuales fueron apreciados indebidamente por el tribunal con excepción de la del primero descartada de plano, debiendo ser analizada y apreciada en su conjunto con los demás medios probatorios.
Por lo anteriormente expuesto, se estima que el Tribunal Superior de Medellín violó indirectamente y por error de hecho el artículo 13 de la Ley 50 de 1990 en relación con los artículo 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del T., al no apreciar de manera íntegra la prueba aportada al proceso; no dando por demostrado estándolo que las labores desplegadas por el señor Clemente A. Chaurra V. al servicio de los demandados, siempre se desarrollaron bajo la modalidad de un contrato de trabajo, toda vez que de haberse estimado el documento por medio del cual la Beneficencia de Antioquia certifica como el demandado Tristán Ochoa Arango inscribió ante esa entidad al señor Chaurra Vargas como vendedor de apuestas permanentes, desde cuando se legalizó este juego, diferente hubiese sido la decisión que habría tomado, revocando en su totalidad la decisión del a quo”.
Debe la Sala comenzar por recordar que conforme a lo normado en el artículo 7º de la ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.
Este cargo encauzado por la vía indirecta, persigue demostrar que el tribunal se equivocó al inferir que entre las partes existió inicialmente una relación de trabajo dependiente y posteriormente una de carácter independiente en labores propias de colocador de apuestas, cuando en la realidad esas actividades siempre se desarrollaron bajo la modalidad de un contrato de trabajo, cuyos extremos temporales alegados en la demanda introductoria aparecen debidamente acreditados en el plenario, siendo la duración del nexo contractual por más de veinte (20) años; para lo cual propuso la comisión de seis (6) errores de hecho y denunció tanto la falta de apreciación de unas pruebas como la errónea valoración de otras.
Al remitirse la Sala a los medios de convicción enlistados por la censura, se encuentra objetivamente lo siguiente:
1. De los certificados expedidos por la Beneficencia de Antioquia obrantes a folios 11 a 13 del cuaderno del juzgado y el testimonio del señor Juan Crisóstomo Farley Uribe visible a folio 59 a 60 ibídem, que se acusan de no haberse apreciado, el fallador de alzada no pudo cometer tal omisión probatoria, si se tiene en cuenta que vista la motivación de la sentencia acusada esas probanzas si fueron valoradas.
En efecto, el tribunal al referirse al material probatorio recaudado manifestó que para resolver la controversia se debía acudir a “...la prueba documental y testimonial allegada al proceso, consistente en las certificaciones obrantes de folios 11 a 13 del expediente, historia clínica, y las declaraciones de los señores Juan Crisóstomo Farley Uribe (fl. 59), Lilian Garzón Osorio (fl. 61), Gonzalo de Jesús Maya Maya (folio 61) y el señor Miguel Ángel Vargas Ortiz (folio 63), de igual manera se recepcionaron los interrogatorios de parte” (resalta la Sala).
Es más, la circunstancia de que el juez de apelaciones al analizar la declaración del señor Juan Crisóstomo Farley Uribe, le hubiera restado toda credibilidad a sus dichos, por cuanto su versión “no fue libre y mucho menos espontánea, evidenciada en que para dar respuesta a las preguntas, observaba un papel donde tenía sus respuestas, lo que denota que su testimonio fue preparado”, no significa la inapreciación de ese medio de convicción, sino que no le dio valor probatorio, lo cual debió atacarse por la vía adecuada que lo es la directa o del puro derecho, dado que al desestimarse por los requisitos que la ley exige para su producción, aducción o validez, no se está en presencia de un yerro fáctico, sino de la violación medio de las normas o reglas procesales que gobiernan esos aspectos.
Por consiguiente, el recurrente debió denunciar la errónea apreciación de las citadas documentales y no su falta de estimación.
Adicionalmente, si se pasara por alto lo anterior y la Corte actuara con amplitud, se encontraría que frente al contenido de las mencionadas certificaciones expedidas por la Beneficencia de Antioquia, aun cuando ellas dan fe que el actor había sido inscrito ante esa entidad como vendedor o colocador de apuestas permanentes de la firma comercial representada por el demandado Tristán Ochoa Arango, la verdad es que, esas documentales en rigor no prueban la forma de vinculación o la manera en que se prestó el servicio, esto es, si bajo la calidad de dependiente o independiente, ni los extremos temporales alegados en la demanda con que se dio apertura a la contienda, pues sobre estos puntuales aspectos no se dice nada.
2. En lo que atañe a la partida eclesiástica de bautismo del demandante de folio 9 del cuaderno principal, lo único que acredita es su edad, más no lo cuestionado en sede de casación que corresponde a la demostración de la relación laboral subordinada o dependiente durante todo el tiempo demandado, y por tanto su falta de valoración no logra quebrar la sentencia impugnada.
3. Finalmente, en lo que incumbe al resto de la prueba testimonial, que para el Tribunal no demuestra la relación laboral en los términos demandados, mientras que para el recurrente si acreditan la existencia de un contrato de trabajo que perduró entre el 23 de agosto de 1968 y el 14 de julio de 2003, no es posible que la Sala aborde su estudio, por no haberse acreditado previamente alguno de los yerros fácticos enrostrados con cualquiera de las tres pruebas calificadas en casación, valga decir, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Colofón a todo lo expresado, el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, calendada el 26 de septiembre de 2008, en el proceso adelantado por Clemente Antonio Chaurra Vargas contra Tristán María Ochoa Arango y Claudia Ochoa Lotero.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 60
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 7