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Timestamp: 2019-12-10 07:09:48+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 601, de 24/10/2002
Año 2002 VII Legislatura Núm. 601
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA
Sesión núm. 72
celebrada el jueves, 24 de octubre de 2002
Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores.
(Número de expediente 122/000135.) ... (Página 19600)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. (Número de expediente 122/000135.) ... (Página 19600)
- Sobre modificación del reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, incluyendo en este supuesto a los descendientes hasta tercer grado de consanguinidad de ciudadanos españoles de origen.
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001458.) ... (Página 19602)
Página 19600
- Relativa a la ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001491.) ... (Página 19604)
- Sobre medidas para garantizar la seguridad ciudadana de los extremeños.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, (Número de expediente 161/001492.) ... (Página 19610)
- Relativa al reconocimiento del honor y de los derechos de los presos políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadura franquista.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001497.) ... (Página 19613)
- Sobre creación de una fiscalía especial de medio ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001511.) ... (Página 19618)
- Relativa a la implantación de delegaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña en Santiago de Compostela y Ferrol. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/0001552.) ...
(Página 19622)
- Para el acceso al permiso de conducir por parte de los extranjeros.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001556.) ... (Página 19625)
- Sobre incremento de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001567.) ... (Página 19625)
(Número de expediente 122/000135.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Buenos días, señoras y señores diputados. Comenzamos la sesión prevista para el día de hoy con el primero de los puntos, que es la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores.
¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. (Número de expediente 122/000135.)
El señor VICEPRESIDENTE: La Mesa ha recibido un escrito por el que se comunica que hay un acuerdo sobre unas enmiendas transaccionales relativo al debate de este asunto. En cualquier caso, voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios para que se manifiesten sobre la retirada o permanencia de sus enmiendas.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Señorías, en primer lugar, en este nuevo abril de los ya casi añejos -desde octubre de 2000- proyectos que teníamos de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otros, sobre el secuestro familiar o retención ilícita de menores, quiero anunciar que retiramos todas nuestras enmiendas que, de una manera formal, venían de los primeros actos procedimentales. En segundo lugar, nos ratificamos en este escrito que acabamos de proponer conjuntamente como enmienda transaccional, porque mejora y da un sentido de mayor racionalidad a los actos que tratamos de corregir legal y jurídicamente a este respecto. Debemos tener en cuenta que hay tanto un derecho de paternidad como un derecho de maternidad y de sangre sobre la criatura, sobre el hijo habido de esa pareja que ha roto el vinculo matrimonial, que subyace fundamentalmente
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una condición humana, que son los sentimientos humanos, sobre los cuales el legislador tiene que tener el respeto y no digamos lo que constituye un acto sencillamente de humanidad. Interpretándolo así, si hay un arrepentimiento, si hay una devolución, la conducta humana es muy variable según las circunstancias, se mejora y se humaniza la ley, se da un sentido jurídico de restitución del daño causado con la devolución.
Por tanto, mi grupo se ratifica en esta idea conjunta, nos felicitamos por ella y lo proponemos como una enmienda para dejar el texto de acuerdo con las circunstancias a las que me he referido. En consecuencia, lo votaremos favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría, por el Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URÍA UTXEBARRÍA: Como se trata de una ley orgánica que va a ser vista inevitablemente en Pleno, mi formación política renuncia en este momento a hacer alegación alguna, como no sea la de felicitar a quienes fueron proponentes de la iniciativa, porque efectivamente detectaban la existencia de un problema que con frecuencia se produce en la ruptura de relaciones de pareja habiendo hijos de por medio. Quiero felicitar a esos grupos y también a todos quienes hemos sido ponentes -de vez en cuando no está mal el fomentarnos la autoestima- por el talante manifestado en el deseo de llegar a un acuerdo. Finalmente, con la enmienda transaccional que hemos firmado y que se terminó de urdir en el día de ayer, creo que el texto queda más que razonablemente correcto. Quiero manifestar igualmente que mi formación política retira cuantas enmiendas se pudiesen considerar vivas de las que mantenía hasta este trámite.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Urán, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Quiero felicitar a los grupos parlamentarios proponentes de esta iniciativa y al trabajo realizado por la ponencia, que ha sido capaz de llegar a un acuerdo consensuado en un problema que tenía graves repercusiones en la vida familiar, sobre todo de los menores, y que se haya podido restablecer desde el Código Penal. Por tanto, mi grupo parlamentario retira las enmiendas que le puedan quedar vivas hasta este momento y terminará de fijar su posición en el próximo Pleno del Congreso.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Pigem, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: Quisiera también formalmente retirar las enmiendas que en su día presentó mi grupo parlamentario Convergència i Unió. Reservaré también mi intervención para el Pleno, ya que va a pasar al Pleno por ser ley orgánica. Únicamente quiero que quede constancia de que me sumo a la felicitación que han expresado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, porque ha habido una voluntad expresa por parte de todos los grupos por acordar un texto al que se ha llegado sin ninguna dificultad y gracias a la generosidad y a la flexibilidad que han mostrado -y quiero reconocerlo- los grupos proponentes y especialmente sus ponentes, la señora Alberdi y la señora Barrios. Nos hemos de felicitar todos por haber llegado con esta enmienda transaccional a un texto que, en definitiva, no tiene más objeto que el de ser un instrumento eficaz en protección del interés de los menores y del derecho que estos tienen a relacionarse libremente con sus dos progenitores.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Alberdi, por el Grupo Socialista.
La señora ALBERDI ALONSO: Como han dicho los portavoces que me han precedido, no vamos a entrar aquí en el debate sobre el fondo del asunto y la trayectoria que ha tenido este proyecto, puesto que vamos a tener ocasión de hacerlo en el Pleno al tratarse de una ley orgánica. También quiero reiterar ese agradecimiento a los grupos que han facilitado el que hayamos podido llegar a un acuerdo a través de esta enmienda transaccional que mejora el texto del informe y que permite una cierta flexibilización en el tipo. Por supuesto, anuncio la retirada de todas las enmiendas que teníamos. Por último, quiero manifestar que con este texto esa pretensión que hemos tenido todos de proteger los derechos del menor queda debidamente cumplida.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Barrios, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora BARRIOS CURBELO: Al igual que han indicado anteriores intervinientes, debemos felicitarnos todos los miembros de esta ponencia, porque hemos llegado a un texto común y se han incorporado la mayoría de las enmiendas, hasta 19, que se habían presentado al mismo. Con este texto se intenta paliar un grave problema que tienen muchos niños en España respecto a su sustracción por uno de sus progenitores o por familiares cercanos. Esto estaba produciendo tan grave dolor en la familia y sobre todo en el menor que, conociendo todos el interés superior del menor que así lo dice no sólo nuestro ordenamiento jurídico, sino convenios internacionales, nos ha parecido a todos los ponentes que era importante tener en cuenta no sólo la ideología que defendemos, sino sobre todo el interés del menor. Es por ello que en todos los integrantes de la ponencia ha habido un acuerdo unánime para la mejor regulación del mismo, no sólo a nivel penal sino también civil para prevenir este tipo de delitos, este tipo de conductas. Queremos dejar la intervención sobre el fondo, sobre el contenido de esta modificación tan
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importante del Código Penal y del Código Civil para la próxima semana en el Pleno cuando se debata como proposición de ley orgánica. En consecuencia, retiramos las enmiendas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE: A los efectos de ordenación de los trabajos de la Comisión en el día de hoy, quiero comunicar a las señoras y señores diputados que ahora vamos a proceder a la votación de la proposición de ley que acabamos de debatir y, a continuación, entraremos en el debate de las proposiciones no de ley, haciéndoles saber que la número 8 no va a ser debatida, porque va a ser objeto de la Comisión de Defensa, sólo por un error ha estado en el orden del día de esta Comisión, y que el Grupo Mixto ha retirado la número 9.
Les comunico que las votaciones se producirán no antes de la una y media de la tarde.
Procedemos a la votación de las enmiendas transaccionales firmadas por todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001458.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto, sobre modificación del reglamento de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señoras diputadas, señores diputados, en el segunda mitad del siglo XIX y primera del XX se produce un proceso migratorio muy importante en Cataluña, al igual que en otras partes del Estado. Pese a que, lamentablemente, no tenemos datos suficientes sobre su volumen o los países de destino, sabemos que fueron mayoritariamente los países latinoamericanos como Argentina y Cuba, o posteriormente Venezuela, Brasil y Uruguay. Este proceso se produce básicamente por dos motivos. En primer lugar, económico, porque el aumento de la población hace que un país basado en la economía agraria no pueda asumirlo y, en segundo lugar, social, por la cadena migratoria derivada de la acción de los emigrantes que explica la mejora de la calidad de vida por agentes reclutadores para captar mano de obra y, finalmente, por la evasión del servicio militar.
Ya en el segundo tercio del siglo XX la guerra española y la dictadura franquista provocan el exilio de refugiados políticos que tienen como principal destino Francia. Hemos señalado así las dos principales causas de emigración de la población peninsular a lo largo del último siglo y medio. Son exactamente las mismas causas por las cuales siguen llegando diariamente inmigrantes a nuestros países: el exilio por causas económicas o el exilio por causas políticas. Es, pues, una cuestión de justicia y de reparación histórica el hecho de que hoy acojamos a esos inmigrantes y más cuando son de descendencia de aquella población que hace tiempo marchó de Europa a países latinoamericanos expulsados por la miseria y en beneficio así del progreso de nuestras sociedades o fruto de una represión política que les obligó a marchar a otros países como alternativa al presidio o a la muerte.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya nos preguntamos si esta gente tiene derecho a regresar a la tierra de la que fueron expulsados directa o indirectamente y con la que colaboraron a su desarrollo enviando divisas. Nosotros respondemos que sí. Si nos comparamos con la legislación de la Unión Europea veremos en que la mayoría de países predomina el ius sanguinis, que en el caso italiano llega hasta la quinta generación, por ejemplo. A pesar de ello, la generalización de la inmigración ha provocado en la Unión Europea la modificación de las leyes para incorporar el ius soli, de manera que la mayoría de países tienen una legislación que combina ambos derechos. Sólo los Estados español y francés se escapan a la regla. El agravio comparativo todavía es mayor si nos comparamos con el Reino Unido donde la ciudadanía procedente de la Commonwealth tiene garantizado casi automáticamente el acceso a la nacionalidad, mientras que en el Estado español el hijo de un republicano exilado a Rusia tiene que acreditar 10 años de residencia para acceder a la ciudadanía.
La proposición no de ley que presentamos basándonos en criterios de igualdad, solidaridad, justicia social y subsidiariedad pretende el apoyo a la población emigrante y sus descendientes que quieran retornar.
Coincide además esta demanda de justicia con una demanda
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de mano de obra en nuestra tierra, que es también la tierra de aquellos expulsados y sus descendientes. En este sentido, solicitamos la modificación de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para incluir a los descendientes hasta tercer grado de consanguinidad de ciudadanos de nacionalidad española en origen. Con esta modificación se permitiría que la ciudadanía expulsada por motivos económicos o políticos de nuestras sociedades pudiera regresar para cubrir las plazas ofrecidas a contingentes extranjeros por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Es una cuestión de justicia facilitar el retorno de aquellas personas que hoy se ven empujadas a huir del país donde residen exactamente por las mismas causas económicas y/o políticas por las cuales hace tiempo emigraron de su tierra de origen. Una tierra que nunca han olvidado, como lo demuestran las organizaciones de casas de nuestra tierra que hay por toda América Latina. Hace falta señalar que esta proposición está basada en una proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya donde se reconocen una serie de medidas dirigidas a facilitar la integración sociolaboral de los emigrantes a los que he estado haciendo referencia. No obstante, dicha proposición quedaba en una situación de alegalidad porque el Parlamento catalán todavía no tiene competencias en inmigración y no puede regular los contingentes de personas que entran en nuestro país, pero se hizo patente la voluntad legitima del Parlament de Catalunya de apoyar a aquellas catalanas y catalanes que marcharon forzados por las circunstancias de nuestro país y hoy quieren regresar.
En conclusión, presentamos la siguiente proposición no de ley para facilitar el acceso de emigrantes o descendientes a los contingentes extranjeros establecidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por tres motivos: uno, saldar una deuda histórica, dos, un deber solidario y, tres, cubrir la necesidad de mano de obra existente en nuestras ciudades. Por estas razones Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado hoy esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Mi formación política coincide con el tenor de lo presentado por el representante de Esquerra Republicana en la idea de que cuanto antes es menester pasar al reconocimiento y a la reparación de todos los daños que el exilio político y el exilio económico produjeron respecto de ciudadanos que nosotros quisiéramos que pudieran obtener la nacionalidad.
Cuantas veces se ha debatido en esta Cámara proposiciones no de ley, en esta misma Comisión en fecha reciente, y en el Pleno al modificarse el Código Civil, nos hemos mostrado partidarios de que exista la posibilidad de recuperación de la nacionalidad española, no sólo respecto de los hijos de quienes tuvieron forzosamente que abandonar España, sino también respecto de sus nietos, para no sufrir la condición más vergonzante -o de peor condición, si se me permite manifestarlo así- a la que lleva el ordenamiento vigente y la falta de generosidad que finalmente se ha plasmado, fruto de la opción legislativa de la mayoría de esta Cámara, de sólo reconocer esa posibilidad a la primera generación y no así a los nietos, que deben entrar por la puerta de la extranjería.
Si se hubiera producido lo que desde nuestra perspectiva era lo deseable, no tendría sentido la iniciativa del señor Puigcercós, porque como hijos de españoles esta cuarta generación, los biznietos, podría acceder a la nacionalidad española de origen sin ningún tipo de problema. Cuando no ha sido así, cuando ya se ha consumado definitivamente que la modificación de la nacionalidad en el Código Civil se ha producido con la cortedad de miras de que ya nos quejamos en los correspondientes trámites parlamentarios, nos parece que es enormemente interesante la sugerencia que el señor Puigcercós hace, repito, encuadrándola simplemente en la idea de reparación de lo que fue un pasado al que todavía se le debe no sólo el recuerdo sino también el reconocimiento, por lo que mi formación política es absolutamente partidaria de que la modificación que se pide se pueda llevar a efecto cuanto antes.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos buena parte de los motivos que ha dado el señor Puigcercós para justificar la iniciativa que acaba de presentar. En la reciente modificación que ha habido en el Código Civil respecto a nacionalidad, mi grupo parlamentario formuló toda una batería de enmiendas tendentes a que se reconociera la nacionalidad de origen, no sólo a los hijos sino también a los nietos de todos aquellos emigrantes que habían salido de España por motivos de exilio y a raíz de los supuestos a los que se ha hecho mención por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Desde mi formación política, desde mi grupo parlamentario, compartimos, repito, gran parte de las razones que se han dado para apoyar esta iniciativa. Pero yo creo que esta iniciativa no tiene como objetivo el facilitar la recuperación de la nacionalidad, y esto se vio en la iniciativa que les acabo de mencionar. En este caso concreto, lo que se está viendo es si en estos supuestos de los descendientes hasta el tercer grado es o no de
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aplicación la previsión que se hace en el Plan nacional de empleo, la aplicación del contingente.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que para pronunciarnos sobre este tema tendríamos que disponer de datos más concretos para saber a cuántas personas alcanzaría esta medida, porque cada persona tiene ocho bisabuelos, si vamos a la tercera generación, y esto sin nacionalidad de por medio. Por tanto tendríamos que tener un cálculo aproximado para saber a cuántas personas alcanzaría esta medida, repito. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque si esto se aplica a países iberoamericanos, de alguna manera, se superpone con el tema del contingente, por lo que probablemente se estaría desnaturalizando la previsión del contingente.
No decimos que no pueda ser, pero, entonces, la medida que estamos considerando tiene un mayor calado organizativo del que a primera vista parece. Si esto lo ponemos en relación con que actualmente las ofertas de trabajo han iniciado un camino descendente, han disminuido, pensamos que una norma de prudencia elemental hace que hoy no podamos apoyar esta iniciativa que se nos ha presentado.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Blanco, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BLANCO TERÁN: Mi grupo parlamentario comparte lo expuesto por el representante del Grupo Parlamentario Mixto, así como la posición del Partido Nacionalista Vasco. La verdad es que la cicatería con la que se ha trabajado en la reforma del Código Civil no ha llenado las aspiraciones que tenía mi grupo parlamentario. No compartimos la idea de que el número de descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad sea el que en algún momento el Gobierno planteó, con unas cifras de varios millones de personas. Además, consideramos que se trata de una deuda histórica con aquellos refugiados, exiliados, emigrantes económicos, que tuvieron que dejar nuestro país, por razones que todos conocemos, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años cincuenta del siglo XX.
Se han abierto pequeñas brechas en la Ley de extranjería y podríamos ir por ahí, puesto que vamos a perder esta votación como perdimos la del pasado día 24 de septiembre, en que debatimos una proposición no de ley, no exactamente igual pero sí bastante parecida, que también presentaba el Grupo Mixto. Las brechas que se abrieron en la Ley de extranjería, el artículo 40, en concreto y el artículo 22.2.f) de la Ley 8/2000, creo que pueden ser una fórmula y la posición de nuestro grupo es apoyar esta proposición no de ley.
Los contingentes, tal y como están planteados al día de hoy, no colisionarían para nada. Son contingentes que, como sabemos, han servido para muy poco y los descendientes de españoles se merecen esto, tal como ha explicado el señor Puigcercós, sobre todo teniendo en cuenta otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido, donde los ciudadanos de la Commonwealth tienen prácticamente acceso inmediato a la nacionalidad británica, o algunos otros países europeos, no sólo el italiano sino también el francés con sus ex colonias, etcétera.
No me quiero alargar más, pero repito que vamos a apoyar esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en sustitución de mi compañera Ángeles Muñoz, para fijar la posición de mi grupo en esta proposición no de ley.
Esta proposición no de ley insta al Gobierno a modificar la letra g) del artículo 71, del reglamento de ejecución de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El artículo 71 de este reglamento, bajo la rúbrica: Supuestos específicos para la concesión de permisos de trabajo, incluye una serie de supuestos en los que se otorga preferencia a los extranjeros que acrediten encontrarse incluidos en algunos de estos supuestos, al no ser considerados en la situación nacional de empleo. Concretamente, la letra g) contempla como en uno de estos supuesto, el ser hijo o nieto de español de origen. Lo que se pretende en esta proposición no de ley es que se incluya una generación más, es decir, los biznietos.
Tengo que decir que por primera vez no se ha considerado la situación nacional de empleo para los hijos y nietos de españoles de origen, pero consideramos que no procede ampliar esta excepción una generación más, es decir, hasta los biznietos, ya que la lejanía en el vínculo supone, en cierta medida, una desvinculación de hecho con España, por lo que no tiene sentido otorgarles una preferencia respecto a otros extranjeros.
No obstante, hay que señalar que la condición de extranjero descendiente de español es una circunstancia que la legislación vigente en materia de extranjería tiene en cuenta para facilitar la concesión del permiso de trabajo y residencia en España. Por tanto, consideramos que la inclusión de estos descendientes en la excepción prevista en la letra g), del artículo 71 del reglamento de ejecución de la Ley 4/2000 supone una excesiva aplicación del principio ius sanguinis, por lo que vamos a votar en contra de esta iniciativa.
- RELATIVA A LA EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001491.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la ejecución en España de las sentencias
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del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, España ratificó el 26 de septiembre de 1979 el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre las estipulaciones de este convenio se incluye la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de asegurar el respeto de los compromisos que los Estados firmantes adquieren por el mero hecho de la firma y ratificación de este convenio.
Sin embargo, las sentencias de este tribunal, como declara también el propio convenio, aunque son definitivas y obligatorias, también obligan a que sean los propios Estados miembros los que, a través de su propia jurisprudencia, tengan que llevarlas a cabo. En el caso de España, señorías, esta afirmación además se corrobora por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. De este modo el Estado español está obligado a acatar esas sentencias en las que se declare que se ha producido la violación de alguno de los derechos fundamentales contenidos en el convenio. De lo contrario, señorías, se incurriría en la contradicción de por un lado firmar y ratificar el compromiso internacional en materia de derechos humanos, y por otro no hacerlo efectivo. Desgraciadamente esta es la situación que se está produciendo en no pocos casos de condenas contra España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la Administración general del Estado quien se niega a ejecutar de forma plena y total las sentencias del citado tribunal. En esta situación se produce una indefensión por parte de las personas que han acudido al Tribunal Europeo de Derechos humanos.
Hay que reconocer que en estos momentos esto se está produciendo en nuestro Estado, en el Estado español, a pesar de que ya han transcurrido 20 años de la ratificación de este instrumento y que el derecho interno aún no se ha adecuado al mismo, precisamente para poder aplicar de manera veraz las condenas a que pueda estar sometido el Estado español. Todo ello a pesar de que se han producido advertencias por el propio Tribunal Europeo y que existen sentencias del Tribunal Constitucional que indican claramente que el Poder Legislativo debería establecer cauces procesales adecuados a través de los cuales sea posible articular ante los órganos del Poder Judicial la eficacia de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Defensor del Pueblo, señorías, también viene denunciando desde el año 1996 estas irregularidades. Más concretamente en una declaración pública de 18 de diciembre de 2001, elevó a 15 el número de casos en los que el Estado español todavía no ha puesto fin a la violación de un derecho fundamental en la que el propio Estado incurrió contra un particular.
Como ejemplo más reciente, en el que se ha visto lamentablemente condenado el Estado español, puede citarse la sentencia de 29 de febrero de 2000, donde se declara la violación por parte del Estado español de la libertad de expresión de un particular. Ello supuso el despido de esta persona de un organismo público, como es Radiotelevisión Española, donde prestaba sus servicios laborales. El Estado español estaba obligado a poner término a la violación de ese derecho fundamental y a restituir al perjudicado en la situación inmediatamente anterior a la violación. En este caso se exigiría la declaración de nulidad del despido, junto a la inmediata aplicación de los efectos jurídicos que tal declaración acarrea en el derecho interno español y esto, señorías, tampoco se ha producido.
Existen interpretaciones del artículo 41 del Convenio Europeo en las que el propio Tribunal Europeo declara que la satisfacción, para que sea realmente equitativa y justa, ha de tener los mismos efectos que produciría la restitución al sujeto afectado por parte del derecho interno en la situación inmediatamente anterior a la violación del derecho. En caso contrario, las consecuencias de la violación continúan desplegándose, de manera que sigue sin lograrse la restitución que exige el Tribunal Europeo. Por tanto, tampoco se restituye la violación con una indemnización económica cuando ésta no acarrea esa equidad o justeza que debe de tener.
Estimamos que es necesario, y de ahí que hayamos presentado esta iniciativa, a fin de que en el Estado español se cumplan efectivamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; por ello instamos al Gobierno a que se inicie el procedimiento necesario para llevar a cabo las reformas legislativas precisas para la ejecución plena y satisfactoria de las sentencias del Tribunal Europeo. También instamos al Gobierno a que solucione lo antes posible los casos que están pendientes, así como que a los efectos del apartado b) de nuestra proposición no de ley se puedan solucionar de forma inmediata aquellos casos en los que el incumplimiento de la obligación del Estado español ha producido un grave deterioro en las condiciones de vida del ciudadano o ciudadana que se haya visto afectado por esta actuación indebida del Estado o el incumplimiento de los derechos humanos.
Transcurridos 20 años y a la vista de los datos de que se disponen del propio Defensor del Pueblo, es prácticamente urgente que se modifique la legislación en la forma necesaria para que se pueda hacer un cumplimiento justo y estricto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso hemos presentado esta iniciativa, que esperamos sea respaldada por la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
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El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque es un asunto que mi grupo ha propuesto también, en la Mesa del pacto de Estado por la justicia.
Insistimos en ello basándonos fundamentalmente en dos valores. Hace 23 años durante el Gobierno de UCD en la transición en 1979, cuando votamos en este Congreso de los Diputados la ratificación por España del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, estábamos en una especie de euforia de amanecer en la defensa de los derechos humanos y de las libertades y así se plasmaba en el "Diario de Sesiones" de aquel año 1979, a poco de un año de haberse aprobado la Constitución española de 1978. Aquel espíritu y letra del legislador tienen una continuidad en estas últimas legislaturas ya con el Gobierno popular, cuando hemos ratificado y aprobado en este Parlamento la Corte Penal Internacional. Aunque son jurisdicciones distintas tiene esa misma proyección de España de vincularse a una serie de compromisos imperativos por la Constitución española en su artículo 96, de obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales que se ratifican y que no queden en una pura retórica sino que vayan al ordenamiento jurídico español. El problema con que nos encontramos no es solamente en un posicionamiento teórico-político sino de una situación de tener que acatar, como no podía ser menos en un Estado democrático de derecho como es España, las sentencias que se han dado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, hasta tal punto que ha hecho bien el grupo proponente en recordar en su exposición de motivos las sentencias que dictó en el año 1990 la Sala de los Penal del Tribunal Supremo, así como la que en 1996 dictó la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo a este respecto. A mayor abundamiento debemos adecuar la norma procesal española, con las dificultades que esto tiene y que ahora comentaré, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, motivándonos ni más ni menos que en el magnífico texto de justificación del Tribunal Constitucional en su sentencia de 16 de diciembre de 1991.
Ya señalo una dificultad, que es la adecuación de todo el proceso para restituir los derechos a la persona a la que está obligada España por pertenencia no solamente a la Unión Europea sino por obligatoriedad constitucional de haber aprobado precisamente en 1979 el Convenio Europeo para la protección de estos Derechos Humanos y estar obligada fundamentalmente por una situación de imperativo legal que emana de esta sentencia que he dicho del Tribunal Constitucional. Hay que hacer una revisión de todo este procedimiento no solamente para la restitución de los derechos que tuviera la persona que ha merecido la sentencia favorable del Tribunal Europeo, sino para ver la reconstitución de todo el proceso. Últimamente en tribunales europeos se ha visto el caso de sentencias en tribunales militares que estaban contaminados, porque un juez en la casación final había estado en el proceso incoatorio en la primera instancia y se ordena una restitución. Lo que ocurre es que se ordena también procesalmente la adecuación de todo el proceso a un nuevo juicio, para que se respeten los supuestos derechos constitucionales que no habían sido tenidos en cuenta por el Tribunal de la jurisdicción territorial española.
Nosotros queremos perfeccionar y mi grupo va a hacer todas las aportaciones posibles en colaboración con el Ministerio de Justicia español y creemos que tenemos el escenario adecuado, como bien ha señalado el señor ministro de Justicia, señor Michavila, y lo había señalado antes el anterior ministro, señor Acebes, al estipular con los grupos parlamentarios el pacto de Estado por la justicia, que había que hacer también una adecuación con las altas instancias extraterritoriales españolas en el sentido puramente geográfico jurisdiccional, pero ampliamente contemplados en lo que es un convenio internacional suscrito por el Reino de España.
Por esta razón y por parecernos de interés esta pieza que hoy trae la propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en este reconocimiento a un valor permanente a nuestra democracia en la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo el acatamiento de un ordenamiento jurisdiccional constitucional como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el acatamiento a la sentencia de 1991 de dicho Tribunal Constitucional español, magníficamente razonada a nuestro juicio, no cabe sino establecer los cauces procesales adecuados, como dice el alto tribunal, a través de los cuales sea posible articular ante los órganos del Poder Judicial la eficacia de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Procesalmente de esto es de lo que se trata sencillamente, de buscar la eficacia de las resoluciones del Tribunal como garantía suprema de los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: El Grupo Vasco también votará a favor de esta iniciativa que nos parece detecta o señala un problema realmente existente. Es por tanto oportuna y está presentada con corrección jurídica bastante para merecer nuestro apoyo, puesto que estamos hablando de una situación, y a todos nos han llegado quejas de distintos beneficiarios de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no consideran reparado aquello a lo que creen tener lugar, no ya en términos de indemnización sino de reponer a las situaciones concretas.
Estaríamos por tanto ante supuestos que por deficiencia en la normativa interna se produce o puede producirse una violación del artículo 24 de la Constitución, en la medida que garantiza la tutela judicial efectiva, es decir la eficacia del pronunciamiento judicial que se pretende.
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En la legislatura pasada, la formación política a la que represento intentó en varias ocasiones poner en marcha una iniciativa de este estilo, comenzando por la formulación de pregunta parlamentaria por escrito a la señora ministra entonces, para que manifestase casos de sentencias habidos y en qué términos se habían producido durante esa legislatura la ejecución de las sentencias.
Mucho me temo que la respuesta, estando bien fundada en derecho, no fue suficientemente satisfactoria, en la medida que haciendo referencia al artículo 54 del anterior texto del convenio, hablaba de que las sentencias definitivas del tribunal serán tramitadas al Comité de ministros que velará por su ejecución y en los once casos a los que ella se refería, once entonces perdidos por el Estado español, si se me permite utilizar esta expresión coloquial, se decía que se había valorado como suficiente la actuación del Gobierno español.
Debo manifestar que la sensación que me quedó es la de que el Comité de ministros controla la mera formalidad de que se ha producido la ejecución en boletín. Durante muchos años he sido directora de lo contencioso, y sé que una cosa es dictar una resolución, diciendo cúmplase la sentencia del Tribunal, y otra muy distinta que esta ejecución llegue realmente a ser efectiva en los términos de tutela judicial y de reponer a la persona beneficiaria de una sentencia en las circunstancias que se encontraba antes de producirse la violación del derecho que la propia sentencia considera violado.
No tendría otro sentido, si esto no fuese así, que el Defensor del Pueblo anterior, una y otra vez incluyese en sus memorias la necesidad de procederse a una regulación en esta materia, y que incluso en su comparecencia en esta Cámara en la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando se iba a efectuar un informe para valorar, celebrar o conmemorar el 50.º Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos nos insistió una y otra vez para que se incluyese dentro de los llamamientos que la Cámara hacía al Gobierno una regulación para posibilitar la tutela judicial efectiva respecto de la resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No pudo ser así por la fuerza de las mayorías, y en la resolución definitivamente aprobada votada por unanimidad, eso sí, la recomendación del Defensor del Pueblo que en persona nos lo pidió a quienes éramos ponentes de esta iniciativa no quedó plasmada. Repito, si desde una instancia que goza del prestigio que tiene el Defensor del Pueblo se señala una y otra vez; si todos conocemos supuestos numerosos de quienes no se dan o no consideran restituido su derecho una vez que se ha producido la formal inclusión en el boletín oficial del ejecútese, algo está fallando, algo debe requerirse en cuanto a la ordenación interna de esta materia.
Es efectivamente cierto que el señor Mardones ha pedido que dentro de las modificaciones que se van a incluir en la reforma del llamado pacto de Estado para la reforma de la justicia pueda atenderse a esta circunstancia de procurar la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales internacionales y desde luego mi grupo se va a sumar a esa iniciativa.
Nos parece por tanto que la llamada que hoy supone la iniciativa que nos presenta Izquierda Unida es oportuna, y en tal sentido la votaremos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Antes de fijar la posición, me gustaría trasladar también unas breves consideraciones.
Es cierto que en España no hay un procedimiento legislativo y procesal específico para corregir lo dispuesto en resoluciones que para el derecho interno son firmes, pero que en cambio han sido declaradas contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal de Estrasburgo. Es cierto también que el Tribunal Constitucional así lo ha reconocido y ha sugerido que se haga este desarrollo normativo en el ámbito procesal; pero a nuestro entender esto no quiere decir, y es un punto en el que discrepamos con el contenido de la proposición no de ley, que en España no se estén ejecutando las sentencias del Tribunal, y tampoco a nuestro juicio quiere decir que las sentencias de Estrasburgo obliguen siempre a la restitución íntegra, es decir que obliguen siempre a la perfecta recomposición de la situación anterior. Muchas veces reconocen un derecho e imponen una indemnización a cargo del Estado, sin más. Prueba de ello, tal como se recoge en la propia proposición no de ley el Convenio europeo ya prevé en su artículo 41 que si el Tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos, y si el derecho interno de la alta parte contratante no permite borrar las consecuencias de esta violación más que de manera imperfecta, el Tribunal concederá a la parte lesionada una satisfacción equitativa. Podríamos discutir qué se entiende por equitativa, pero lo que quiero subrayar es que el principio es bien claro de que no siempre se condena a una restitución íntegra.
Por otra parte, lo ha señalado ya la señora Uría pero lo quiero volver a expresar, el Consejo de Europa, concretamente su Comité de ministros que está formado por los embajadores de los Estados que lo componen destinados en Estrasburgo, se ocupa de hacer el seguimiento de la ejecución de las sentencias del Tribunal, y la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa debate periódicamente todo lo que el Comité de ministros le dice al respecto, y nos dice nuestra representante en esa Asamblea parlamentaria que no constan críticas en este momento sobre la actuación de España en la implementación de las decisiones del Tribunal.
Seguramente algo falla, pero el mecanismo no demuestra que existan estas críticas. Por tanto, nosotros pediríamos al señor presidente que sometiera en la proposición no de ley a votación separadamente el primer párrafo de los dos
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restantes, porque mi grupo parlamentario sí quiere apoyar el punto primero porque considera correcta la petición que se hace en la proposición no de ley de pedir que se hagan las reformas legislativas que sean necesarias para asegurar la perfecta ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Para manifestar, en primer lugar, que el Grupo Socialista va a votar favorablemente en su integridad la proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por cuanto considera que es enormemente ajustado a la realidad de lo que está ocurriendo con la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Resulta a estas alturas del debate difícil intervenir sin reiterar los argumentos jurídicos establecidos ya en intervenciones anteriores, pero no por ello voy a dejar de hacer una breve referencia a lo que desde el Grupo Socialista entendemos que es la situación actual al respecto.
Hay que tener en cuenta que aquí es donde ser produce la situación peculiar en cuanto al posible vacío legal, que creemos existe vacío legal en el ordenamiento jurídico interno español, que tanto el Convenio de Roma como su propia creación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un convenio o un órgano supranacional sino estrictamente internacional en el sentido más clásico del término del derecho internacional público.
Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una instancia superior a los de instancia jurisdiccional interna española, sino una jurisdicción internacional que compromete la responsabilidad internacional del Estado español en cuanto sea condenado por dicho tribunal. En este sentido, el convenio establece la obligación del acatamiento por parte del Estado que haya sido condenado o de todas las altas partes contratantes en su caso del contenido de las sentencias, pero no hay una posibilidad de ejecución directa de estas sentencias por cuanto el indicado Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede modificar la situación de cosa juzgada establecida por un órgano jurisdiccional interno. Ante esta situación, los Estados (en nuestro caso nos interesa el Estado español, no las cuestiones del Comité de ministros o lo que se diga en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) pueden perfectamente no aplicar directamente la sentencia. De hecho, la situación es tal que en nuestro sistema penal -quizá el más afectado por el tema- no es posible basar en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso de revisión ni un recurso de nulidad de sentencia. Ello lleva normalmente a los ciudadanos a tener que instar nuevamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto es malo para los ciudadanos, malo para el sistema de protección de derechos humanos en España y malo para el Tribunal Constitucional. Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia de 16 de diciembre de 1991, conocida como la del caso Bultó, establece que el Legislativo debiera establecer algún cauce procesal ante la jurisdicción interna para dar cumplimiento a estas sentencias, que si bien deben ser acatadas no es obligatorio que sean ejecutadas directamente por el Estado.
A este respecto, cuando el Convenio de Roma establece la alternativa de la indemnización fijada directamente por el Tribunal internacional no está diciendo que ello sea una ejecución suficiente de la sentencia, sino que la establece para aquellos casos en que el derecho interno de las altas partes contratantes no establezca una posibilidad real de ejecución.
Lo cierto es que esta situación nos plantea un vacío legal, un vacío de protección de derechos humanos en España. Este vacío, detectado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Defensor del Pueblo, por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, a nuestro entender puede tener respuesta por parte del Legislativo y la proposición no de ley que hoy debatimos ofrece la posibilidad de iniciar el camino.
Además, nosotros entendemos que es posible fijar ya cuál debiera ser el camino, cuestión absolutamente pacífica en la doctrina internacional publicista. En nuestro sistema, el recurso de casación, que tiene la virtualidad de corregir tanto el error in iudicando como el error in procedendo, tiene tradicionalmente dos funciones, la primera, satisfacer los derechos e intereses legítimos de las partes y la segunda, la famosa función nomofiláctica de establecimiento de la recta doctrina de la interpretación de las normas existentes, positivas, y se añade por el artículo 5.4 de la vigente Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 -creemos que es enormemente importante-, la función de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. En cuanto hagamos coincidir garantías constitucionales con derechos humanos, y a ello nos obliga tanto el contenido de la Constitución como la interpretación de la misma a que estamos obligados por el artículo 10.2 de la Constitución y a la luz de los convenios internacionales suscritos, entre ellos el Convenio de Roma del que estamos hablando, queda claro que el Tribunal Supremo, por el cauce procesal adecuado, debiera velar por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado infringidos por el Estado español. Por ello, entendemos que hay que explorar en el pacto de Estado y en todas las vías necesarias, a través de la oportunidad que nos ofrece la proposición no de ley presentada y debatida hoy, la posibilidad de establecimiento de un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que sirviera para dar la efectividad necesaria para mantener la integridad del derecho humano, e insisto en derecho humano porque no se trata de puros intereses legítimos, sino
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de derechos humanos infringidos a los ciudadanos y que hayan sido declarados como tales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Compartiendo determinados argumentos jurídicos de los dichos aquí esta mañana, hay una lectura distinta que nos lleva a esta conclusión.
En principio, podría parecer que aquí se está produciendo una vulneración sistemática de derechos fundamentales y que hay una ignorancia absoluta de lo que está decidiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; más o menos algo parecido a los casos que se han conocido a lo largo de la historia en el Reino Unido, a raíz de casos de malos tratos, o en Grecia, a raíz de la pugna entre el Estado y la Iglesia ortodoxa. Nada más lejos de la realidad. El propio grupo proponente ha cifrado en 15 los casos que tiene contabilizados, y efectivamente -por no reiterar otro tipo de argumentos- queda claro que no se trata de un problema de vulneración sistemática y de falta de atención de los poderes públicos españoles, sino más bien de ajustar unos cauces procesales a la hora de ejecutar determinadas sentencias.
Es claro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene la posición que tiene y una cosa es que en su momento el Estado español haya visto que en el seno de su territorio se ha producido una vulneración de derechos y otra que exista una falta de reparación. Efectivamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene los cauces que tiene para reparar y hay veces que la fijación de un montante, de una compensación de carácter económico es suficiente para la restitución de ese derecho.
Por otra parte, no quisiera dejar escapar algunos argumentos de carácter jurídico que se han dado y que pueden tener alguna otra lectura. Hay que partir de la base de que el artículo 50 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo tiene naturaleza declarativa. La propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es clara al señalar que el convenio no atribuye competencia a su propio tribunal para anular sentencias ni para ordenar desautorización de los temas objeto de queja. Nuestro Tribunal Supremo ha recibido sin ningún problema este tipo de jurisprudencia y -lo que importa aquí- el más alto tribunal de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, en esa sentencia que se ha traído a colación esta mañana, la 245/1991, ha seguido la línea del Tribunal Supremo cuando afirma el tema de la resolución meramente declarativa y señala que desde la perspectiva del derecho internacional y de su fuerza vinculante, a tenor del artículo 96 de la Constitución, el convenio no ha introducido en el orden jurídico interno una instancia superior, supranacional en el sentido técnico del término, para revisar o controlar directamente las decisiones judiciales administrativas internas, así como tampoco se han impuesto a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter anulatorio para asegurar la reparación de la violación del convenio declarada por el tribunal. La doctrina ha sido rectificada hace poco, en abril del año pasado, por el propio alto tribunal de garantías, el Tribunal Constitucional.
España puede incrementar esa breve lista de Estados que han adoptado una previsión legal para la ejecución de las sentencias, pero conviene recordar un dato que no se ha puesto sobre la mesa esta mañana y que es importante en orden a la imbricación constitucional de la fuerza de las resoluciones del tribunal. Cuando España ratifica el convenio se sigue el trámite del artículo 94 de la Constitución; es decir la previa autorización de las Cortes Generales, debido a que por el convenio no se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Los efectos jurídicos y materiales en el orden interno de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, van a depender exclusivamente del ordenamiento de nuestra nación. Por tanto, pasar a esa segunda fase sin haber resuelto previamente la forma que en su momento se recibió el convenio podría traer problemas. El artículo 50 del Convenio ha dejado a los Estados libertad para ordenar su sistema interno en orden a la reparación de las consecuencias de las resoluciones judiciales, permitiéndoles, como dije al principio de mi intervención, cumplir una prestación sustitutoria señalada por el propio tribunal que satisfaga equitativamente a la parte lesionada cuando el derecho interno del Estado demandado sólo permita reparar de manera imperfecta las consecuencias de aquella resolución o medida. Por tanto, ¿está diciendo mi grupo que nada se puede hacer, que existe un vacío? Creemos que más que un vacío lo que existen son unos resortes, puede que escasos, pero existen. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentre en esta situación, que preocupa, yo creo que con lógica, al resto de los grupos políticos que hayan podido decidir avalar esta iniciativa? Lo que puede hacer la víctima es reclamar la cantidad fijada en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puesto que no plantea ninguna dificultad nuestra legislación. La fuerza normativa de los tratados internacionales ratificados por España permite acudir a la vía administrativa y subsidiariamente a la contencioso-administrativa para reclamar el pago establecido en la sentencia. Por otra parte, la constatación de que existe la vulneración de un derecho fundamental por actos u omisiones de las autoridades del Estado implica un funcionamiento anormal de un servicio público o de la
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Administración de justicia, resultando en unos casos de aplicación el artículo 106 y en otros el artículo 121 de la Constitución. En el caso del artículo 106, el reconocimiento del derecho del perjudicado a una indemnización, lo cual puede seguir a un procedimiento que se tramitará conforme a los artículos 138 y 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo, o bien fundarse, cuando se trata del caso del anormal funcionamiento de la Administración de justicia, en la tramitación prevista en los artículos 292 a 297 de la Ley orgánica del Poder Judicial, que permite a la parte perjudicada reclamar directamente el pago de la indemnización al Ministerio de Justicia.
Respecto de la propuesta que ha realizado la portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), no tenemos ningún inconveniente en la votación separada, pero sí decir que tanto en un caso como en otro al primer punto nos vamos a oponer por entender que ya existe un cauce para la reparación si bien hay más posibilidades, algunas de ellas muy interesantes y con una fundamentación muy destacada como la que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que bien se pudieran proponer por su grupo en el seno del pacto de reforma de la justicia.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (Número de expediente 161/001492.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar la seguridad ciudadana de los extremeños. Para su defensa tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley, centrada en una preocupación que embarga a muchos ciudadanos extremeños y que constituye una fuente de inquietud que nos gustaría pudiera ser paliada mediante las medidas que proponemos.
En Extremadura, al igual que en el resto del país, el incremento de la delincuencia es un fenómeno desgraciadamente al alza, y los ciudadanos extremeños muestran la misma preocupación y están requiriendo el mismo tipo o parecidas salidas a las que se están pidiendo tanto a escala nacional como por parte de las comunidades autónomas y el Grupo Parlamentario Socialista ha traído a esta Cámara este mismo problema con soluciones parecidas.
Para fundamentar nuestra demanda de adopción de medidas por parte del Gobierno, hacemos una exposición en la que se ve de manera clara y rotunda cómo los datos, aportados por el propio Ministerio del Interior, demuestran que nos encontramos ante una situación realmente preocupante.
El número de delitos ha crecido en el año 2001 en la provincia de Cáceres el 12,22 por ciento; teniendo en cuenta que la media española es del 10,52 por ciento podemos apreciar que desgraciadamente estamos en una situación por encima de la media para nuestra población. En Badajoz, sin embargo, el crecimiento ha sido más bajo, pero la situación media en la región es bastante más alta y más preocupante.
La situación ha empeorado en los últimos meses. Los datos que tenemos del año 2002 ponen en evidencia que durante los tres primeros meses del año la criminalidad creció en la provincia de Cáceres el 26,3 por ciento (sigo utilizando datos oficiales) y el 4,2 por ciento en Badajoz, siendo el 10,2 por ciento la media de la región, teniendo en cuenta, además, que en nuestra región existen nueve poblaciones que superan la ratio de criminalidad media anual, que está establecida en este momento en 48,80 por mil habitantes. De esas nueve poblaciones, cinco pertenecen a la provincia de Cáceres y cuatro a la provincia de Badajoz, dándose la circunstancia que es preciso subrayar que es en la provincia de Cáceres donde se produce con mayor énfasis el crecimiento de la criminalidad en la región extremeña, lo cual aparentemente puede sorprender teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres tiene una menor población que la provincia de Badajoz.
Desde esta perspectiva hemos analizado con distintas fuerzas sociales de la región cuáles son los problemas fundamentales y desde nuestro punto de vista se deduce claramente que son los siguientes. En primer lugar se ha producido una reducción progresiva, a lo largo de los últimos años, del número de agentes hasta tal punto que se había producido una baja aproximada de 400 agentes, de tal suerte que las plantillas tienen una reducción media del 25 por ciento inferior a lo que realmente debieran tener según catálogos. También se observa una elevada edad media por parte de los agentes de la policía (50 años) lo cual hace que el rendimiento de estas personas sea inferior a si tuvieran menor edad. Es preciso tener en cuenta que hay una carencia importantísima en lo que se refiere a unidades de investigación, unidades especializadas, actualmente imprescindibles para la lucha contra determinado tipo de delitos, precisamente los más peligrosos y los que están poniendo de manifiesto una emergencia superior, como son los de la droga, redes de inmigración ilegal, falsificación de documentos, crimen organizado, delincuencia organizada y violenta, etcétera. Se observa también un envejecimiento de las instalaciones policiales en toda la región, con instalaciones que sufren carencias importantes, envejecidas y algunas prácticamente inservibles como las que ofrecen las comisarías de Plasencia, Don Benito, Villanueva, Cáceres y Mérida. En este sentido, quisiera detenerme un segundo en la situación de la comisaría de Plasencia, una comisaría que tiene 300 metros útiles para el trabajo, situada en la
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parte histórica de la población, donde es difícil la movilidad inmediata sobre todo en situaciones de emergencia, por las circunstancias que rodean el sistema de aparcamiento y de tráfico de aquella zona. Por otra parte, es un lugar donde en la misma sala pueden concurrir en un momento determinado tanto las víctimas como los agresores, los menores, etcétera, sin la separación que obviamente debe haber entre el distinto tipo de personas que puedan concurrir en una comisaría.
Otro problema importante que se observa es la falta de coordinación en la actuación de los distintos elementos que tienen que actuar relativos a la acción contra el delito. Concretamente, las juntas locales de seguridad, tienen desde nuestro punto de vista un funcionamiento errático, discontinuo y desde luego poco eficaz en la medida que casi siempre se reúnen y actúan para tratar problemas que ya han ocurrido, con lo cual es una acción preventiva poco fuerte la que pueden realizar.
Teniendo en cuenta este conjunto de problemas que ponemos en evidencia, planteamos una serie de peticiones al Gobierno, que serían las siguientes. En primer lugar conseguir el funcionamiento estable de las juntas locales de seguridad en todas las poblaciones mayores de 30.000 habitantes, coordinando tanto al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a la Policía local, así como todos aquellos servicios de carácter local o autonómico que tengan dimensión social (sanitario, educativo, etcétera), y desde luego exigencia de que estas juntas locales de seguridad sean capaces de abordar la elaboración de planes locales de seguridad ciudadana para conseguir la máxima optimización de los recursos existentes en cada localidad. En segundo lugar, pedimos la creación de equipos especiales de policía, que no existen en la región o que existen de manera insuficiente: las UDYCO (unidades contra la droga y crimen organizado), las UCRIF (unidades contra redes de inmigración ilegal y falsificación de documentos), las UDEV (unidades contra la delincuencia especializada y violenta) y de Fronteras y Atención de documentación de extranjeros. Pedimos que se creen unidades de este tipo en la región y también que se preste atención a las unidades que se dedican al menor, a la mujer y a la familia. En tercer lugar, pedimos la construcción de nuevas comisarías en las ciudades de Plasencia, Don Benito, Villanueva, Cáceres y Mérida para sustituir las insuficientes y vetustas que en este momento existen. En cuarto lugar, nos parece necesario que se proceda, de una manera gradual, pero en todo caso secuenciada, durante los años 2002, 2003 y 2004, a un incremento del número de efectivos policiales en la región, en una cifra aproximada de 400, y con las especificaciones y el reparto que establecemos en nuestra proposición no de ley. Por último, consideramos necesario que se incrementen los servicios policiales durante las noches y fines de semana, ampliando el número de coches-patrulla durante las franjas horarias y días más sensibles respecto a la producción de conductas delictivas.
Es posible que, en relación con algunas de estas medidas, el portavoz que actúe en nombre del Partido Popular diga que ya están en trámite, que se van a realizar o que se han ejecutado -posiblemente las últimas que acabo de mencionar- como consecuencia de la aprobación por el Gobierno del Plan de lucha contra la delincuencia. Pues bien, si eso es así, nosotros nos alegraremos mucho y, si no, como ocurre con la mayor parte de las peticiones que contiene nuestra proposición no de ley, pedimos al Gobierno que se lo tome en serio y al Partido Popular que sea sensible ante la situación, que sean capaces de ofertar una expectativa razonable de tiempo y de recursos para mejorar la situación de la inseguridad ciudadana en la región, que, aunque no es de las peores de España, porque hay situaciones obviamente más fuertes y negativas, sin embargo configura en su conjunto un espectro de datos que hacen que sea conveniente actuar a tiempo, considerando que es mejor prevenir que curar y mejor adoptar decisiones a tiempo que no esperar a que las situaciones se deterioren y tengan más difícil remedio.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor Mayoral, soy consciente, al igual que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno, de que últimamente están muy preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, pero también sabe S.S. que desde un primer momento su grupo ha rechazado claramente la búsqueda de un diálogo y de un consenso en esta materia; lo han puesto y lo siguen poniendo de manifiesto cada vez que tienen la más mínima oportunidad. Además, al tratarse de un tema que a todos nos preocupa, porque aquí no cabe hacer triunfalismos, ustedes utilizan los datos y las estadísticas a su antojo con el único fin y ánimo de dañar al Gobierno del Partido Popular, haciendo discursos catastrofistas, manifestando que todo está mal y que nada se puede mejorar nada. Usted sabe que es muy fácil hacer demagogia con este tema, un tema, como digo, muy sensible para los ciudadanos.
Entrando en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, antes de dar respuesta a cada uno de los puntos que contiene la misma, me gustaría concretar algunos aspectos de su exposición de motivos. En la misma se dice que, en el año 2001, los delitos sufrieron un incremento en la provincia de Cáceres del 12,22 por ciento y en la de Badajoz de un 2,18 por ciento. Tenemos que señalar aquí que la criminalidad no se limita al número de delitos, sino al número de delitos y faltas. Las cifras reales del año 2001 en el conjunto de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura son las siguientes. La delincuencia subió el 0,41 por ciento, con una disminución en la provincia de Badajoz
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de un 0,47 por ciento y un aumento en la de Cáceres del 2,70 por ciento.
Para que esta exposición de motivos fuera totalmente clarificadora, debería haber añadido que la delincuencia general descendió en el año 2000 en Extremadura un 13,73 por ciento, descenso que se tradujo en un 16,34 por ciento en la provincia de Badajoz y en un 6,8 por ciento en la de Cáceres. Asimismo, hubiera sido más objetivo señalar que, mientras que la tasa delictiva por 1.000 habitantes a nivel nacional en el año 2000 fue del 53,29 por ciento, en la Comunidad Autónoma de Extremadura fue del 42,55 por ciento y que, mientras que en el año 2001 la tasa nacional subió el 57,08 por ciento, la correspondiente a Extremadura se redujo al 41,77 por ciento. Es cierto -nosotros no lo vamos a cuestionar aquí porque ahí están los datos- que en el presente año la delincuencia sube en Extremadura, pero también es cierto que, a medida que avanza el año, se van reduciendo esas cifras negativas. En el primer trimestre se alcanzaron las tasas que usted cita en la exposición de motivos, el tercer trimestre ha arrojado un incremento del 9,08 por ciento y, en los primeros 20 días del presente mes de octubre, ya viene siendo ejecutado el Plan de lucha contra la delincuencia (ese plan en relación con el cual el día que compareció aquí el ministro del Interior se dijo que era un plan vacío de contenido y que no iba a servir para nada), mientras que la provincia de Cáceres el incremento es de un 15,09 por ciento, en la de Badajoz es del 3,8 por ciento. Mi grupo parlamentario espera que la puesta en funcionamiento en todas y cada una de las plantillas, competencia del Cuerpo Nacional de Policía, de los dispositivos nocturnos con policía local lleve a una reducción importante de la criminalidad, lo que tenderá a consolidarse próximamente.
Respecto a las medidas que se contemplan en la proposición no de ley, la primera de ellas, referida a las juntas locales de seguridad, usted sabe que en el día de ayer se ha celebrado una en el Ayuntamiento de Mérida entre el alcalde y el delegado del Gobierno de Extremadura y, tras el análisis de diferentes cuestiones relativas al control de establecimientos públicos y de diversos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, se firmó un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo principal la coordinación y el establecimiento de dispositivos conjuntos entre el Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de Policía Local. En el día de hoy se llevará a cabo una reunión entre los máximos responsables de ambos cuerpos, al objeto de diseñar el dispositivo conjunto nocturno que de forma inmediata se pondrá en funcionamiento en la ciudad. Sabe también que el próximo lunes, día 28, el Ayuntamiento de Badajoz va a celebrar una junta local de seguridad, que ya la había firmado en el año 2001, y se aprobará un anexo al acuerdo de colaboración, como antes he dicho. Este acuerdo se ha materializado en diferentes actuaciones conjuntas entre ambos cuerpos desde la firma del mismo, entre ellas el control de establecimiento y actividades de aparcacoches ilegales, controles mixtos en barriadas conflictivas y dispositivos de prevención en los mercadillos que se celebran en la ciudad.
En la actualidad, los responsables de las comisarías de policía y los concejales de seguridad ciudadana de las localidades de Don Benito, Almendralejo, Cáceres y Plasencia trabajan en la redacción de los acuerdos de colaboración de las mismas, que, una vez finalizados, tras su adaptación a las características específicas de cada una de ellas, serán aprobados en las juntas locales de seguridad. En todos los acuerdos mencionados, como ocurre con los de Badajoz y con los de Mérida, se va a primar la colaboración y la planificación de dispositivos conjuntos entre ambos cuerpos, con especial interés en el dispositivo conjunto nocturno.
Tras la aprobación del Plan de la lucha contra la delincuencia, la Jefatura Superior de Policía de Extremadura elaboró un dispositivo de seguridad para cada una de las plantillas de la región policial, dispositivo que, una vez aprobado por la Dirección General de la Policía, contará con el refuerzo de 1.558 jornadas extraordinarias, abonadas para el cuarto trimestre del presente año. Estas jornadas extraordinarias serán materializadas por funcionarios en horas extras y permiten la puesta en funcionamiento del Plan de lucha contra la delincuencia hasta tanto se vayan incorporando los funcionarios a las diferentes plantillas en los próximos concursos vacantes. Finalizado este cuarto trimestre, cada jefatura presentará el dispositivo correspondiente al próximo año en base a los resultados obtenidos.
En relación con la segunda medida, no existen en Badajoz ni unidades contra la droga y el crimen organizado ni contra redes de inmigración ilegal y falsificación de documentos ni contra delincuencia especializada y violenta; no existen sencillamente porque no han sido necesarias hasta la fecha. En los primeros nueve meses del presente año, en el ámbito territorial del Cuerpo Nacional de Policía, exclusivamente se han cometido cuatro atracos a entidades bancarias y dos homicidios. En todos estos supuestos que menciono, los autores fueron identificados, detenidos e ingresaron en prisión tras su puesta a disposición judicial. Los funcionarios de investigación que integran las distintas brigadas de Policía judicial en las diferentes plantillas asumen perfectamente la incidencia de la delincuencia en las modalidades más graves que se cometen en Extremadura.
Respecto a la atención a los menores y a la familia, tiene también su formulación en grupos comprendidos en las mismas brigadas de la policía judicial, no existiendo hasta la fecha merma alguna de eficacia investigadora en dicha materia. En Badajoz, existe un servicio de atención a la familia, que engloba las funciones de atención a menores, mujeres y ancianos y, en cumplimiento de los compromisos que se adoptaron en el primero y segundo Plan integral contra la violencia doméstica, así como para dar respuesta de la responsabilidad
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de los menores, se contempla la posibilidad de abordar la creación de grupos especializados en la investigación de los delitos relacionados con menores y mujeres en aquellas plantillas en el momento en que los recursos humanos lo permitan.
En cuanto a la tercera medida, la de construir nuevas comisarias en las ciudades de Plasencia, Don Benito, etcétera, desde hace dos años la delegación del Gobierno en Extremadura viene impulsando una más completa infraestructura policial en cuanto al Cuerpo Nacional de Policía en lo que se refiere a nuestra comunidad. Al día de hoy, se trabaja ya en el proyecto de la obra de una comisaría de nueva planta en Don Benito, tras la cesión por su Ayuntamiento de una parcela con localización y superficies adecuadas a las necesidades de esta población. Próximamente entrarán en funcionamiento las instalaciones policiales en Villanueva de la Serena, tras la remodelación que se ha hecho en un edificio público propiedad del Ayuntamiento, que permitirá disponer en las mismas de un grupo de prevención e investigación en módulo integral de proximidad, un equipo expedidor del DNI y pasaporte, y una oficina de denuncias. Las obras de remodelación fueron asumidas por la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de esta ciudad. En las ciudades de Mérida y Plasencia, para tranquilidad de S.S., en lo que respecta a Plasencia, en la actualidad se lleva a cabo la tramitación documental de la cesión de parcelas, que ya están perfectamente definidas en cuanto a su situación y superficie, y en las que se ubicarán las nuevas comisarías de las dos ciudades.
En relación a la medida cuarta, el pasado mes de septiembre se aprobó ya el nuevo catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y la cobertura de dicho catálogo supondrá la llegada a nuestra región de 234 funcionarios a través de concursos de vacantes para los próximos años ya aprobados por el Gobierno.
La medida quinta queda suficientemente contestada con lo que hemos dicho respecto al primer punto, cuando señalamos que los dispositivos conjuntos con policía local a ejecutar durante los turnos de noche son las piedras angulares del control de la delincuencia, puesto que durante este horario nocturno se cometen más del 50 por ciento de los delitos.
Por tanto, nuestro voto será negativo a esta proposición no de ley. El Plan de la lucha contra la delincuencia se está poniendo en marcha, se está poniendo en negro sobre blanco, esperemos a ver sus frutos -creemos que algunos de ellos ya se están visualizando- y contribuyamos todos desde la responsabilidad y seriedad a lograr los objetivos marcados en él. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Quería hacer alguna observación, si me permite.
El señor VICEPRESIDENTE: No hay un turno de observaciones. En todo caso, sería para aceptar o no enmiendas que se hubieran presentado, y no me consta que se haya enmendado usted a sí mismo. Por tanto, de acuerdo con el artículo 195 del Reglamento, no hay turno.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy duro le veo esta mañana señor presidente.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001497.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida, relativa al reconocimiento del honor y de los derechos de los presos políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadura franquista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, nuestra iniciativa pretende desagraviar y honrar la memoria de decenas de miles de presos republicanos que entre 1937 y 1970 fueron explotados laboralmente y sometidos a un régimen de trabajo forzado.
El Gobierno de Franco dictó en Salamanca el Decreto 281, de 28 de mayo de 1937, por el que se establecía un sistema de explotación laboral de los presos republicanos. Un año después, en octubre de 1938, se creó el patronato para la redención de penas, el organismo gestor que se encargaría de catalogar a estos presos y manejar los rendimientos económicos generados por su trabajo forzado. El patronato elaboró una gran base de datos -el fichero fisiotécnico- que permitió catalogar laboralmente a más de 100.000 presos y presas en apenas un año. En septiembre de 1939, cinco meses después de aprobarse el I Plan de obras públicas, se crearon las colonias penitenciarias militarizadas. El sistema de explotación laboral de los presos adoptó diversas formas: los talleres penitenciarios y los destinos dentro de las prisiones; los destacamentos penitenciarios, las colonias penitenciarias militarizadas y los batallones disciplinarios para la ejecución de trabajos exteriores.
Aunque el sistema franquista de trabajos forzados nació con carácter provisional, perduró hasta 1970 -bastantes años duró para ser de carácter provisional-, año en el que el último destacamento penitenciario del que se tiene constancia finalizó la construcción de la colonia de chalés de lujo de Mirasierra, en Madrid, por cuenta del constructor José Banús. De esta mano de obra barata se sirvieron ministerios, diputaciones y ayuntamientos, instituciones y cientos de empresas privadas en todo el país. El Valle de los Caídos,
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señorías, es el símbolo de la explotación de mano de obra reclusa, pero hubo cientos de valles de los caídos a lo largo y nacho del país. Los presos republicanos realizaron trabajos forzados para responder a las necesidades del nuevo Estado: edificaron más de 30 embalses y canales de riego; levantaron cárceles, como la de Carabanchel, en Madrid; construyeron viaductos y líneas férreas, como las de Madrid-Burgos y Madrid-Galicia; levantaron importantes fábricas, como la de Sniace, en Cantabria, o la de cementos Porland Iberia, en Castillejo; trabajaron en los pozos de las principales cuencas mineras del país; reconstruyeron lugares emblemáticos destruidos en Belchite, Brunete, Guernica, Teruel, Oviedo y otras ciudades. Cientos de empresas vinculadas al régimen obtuvieron ingentes beneficios de la explotación del trabajo forzado de estos presos, entre ellas, Dragados y Construcciones, Banús, Duro Felguera, Portland Iberia y Asland; son las más conocidas aunque hubo muchas más empresas.
Aunque en teoría deberían recibir el mismo salario que cobraban los obreros libres, en el mejor de los casos los presos apenas recibían la cuarta parte de su salario, y el otro 75 por ciento se ingresaba en las arcas públicas a beneficio del Estado. Además, los reclusos trabajaban horas extraordinarias que, si bien al principio eran cobradas íntegramente, muy pronto el Estado les descontó un 25 por ciento como donativo reglamentario para el fondo de educación de hijos desvalidos de penados; es decir, señorías, además de construir las cárceles, de hacer que este país creciera durante la dictadura, también ellos tenían que educar a los hijos desvalidos de los penados que el propio régimen dejaba desvalidos.
Se desconoce el beneficio que el Estado y las empresas obtuvieron con la explotación de decenas de miles de presos republicanos y la expropiación de gran parte de sus salarios. En 1939, el patronato para la redención de penas preveía obtener un beneficio, según cálculos prudentes, de más de 1.500 millones de pesetas en los próximos diez años -figúrense ustedes lo que en diez años, de 1939 a 1949, podían suponer esos 1.500 millones de pesetas de beneficio-, lo que ahora podría equivaler a alrededor de 1.322 millones de euros.
La presente iniciativa, señorías, no pretende que abramos viejas heridas ni nada por el estilo, al contrario, precisamente lo que pretende es cerrarlas con la rehabilitación de las víctimas en su triple dimensión humana, histórico-cultural y política.
Señorías, tenemos que decir que esto se ha hecho también en otros países europeos. Alemania, por no ir muy lejos, ya ha reconocido este, si quieren ustedes, reconocimiento moral, pero también reconocimiento económico, a aquellas personas que, aunque no fueran naturales del país sino que fueran extranjeros, habían sido sometidas a trabajos forzados.
Con esta iniciativa también estaríamos contribuyendo no solamente a ese reconocimiento moral, sino a atender las demandas del congreso de personas sometidas a trabajos forzados, que concluyó ayer en Barcelona con una serie de ideas parecidas o similares a las que hoy presentamos en nuestra iniciativa.
Señorías, la transición pacífica de la dictadura a la democracia fue posible gracias a la voluntad negociadora de las fuerzas políticas, pero también y fundamentalmente a la generosidad de las innumerables víctimas del régimen. Pasados 25 años, señorías, bien merecen ese reconocimiento de las instituciones democráticas, no solamente ese reconocimiento moral, que es necesario e imperioso, a estas víctimas, sino también para que no se cierren los ojos a la justicia y que se pueda pasar esta página de la historia negra de España.
Señorías, a pesar de que el Congreso de los Diputados ya ha reconocido y honrado a otros colectivos, ya sean presos políticos o guerrilleros, es necesario que se reconozca a aquellas personas que fueron sometidas a trabajos forzados su rehabilitación moral y también, como demandamos en nuestra iniciativa, derechos económicos y sociales, entre otras cosas porque las personas que fueron sometidas a trabajos forzados no tienen ese reconocimiento social y económico; el reconocimiento moral, es necesario, pero aquellos que continúan con vida necesitan ese reconocimiento a los derechos sociales que se les niega por esos períodos que se vieron forzados a unos trabajos que no solamente no les repercutía económicamente, sino que además se veían obligados, además de prestar su trabajo con menores salarios, a aportar dinero a las arcas del Estado por el mero hecho de ser presos políticos y estar bajo condena. Es necesario que cerremos heridas pero que las cerremos dignamente para quienes sufrieron estas vejaciones durante la época de la represión franquista.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en cuya exposición de motivos, y en la intervención que acaba de hacer la señora Urán, se recuerda la transición política española y el papel de las instituciones democráticas para rescatar del olvido la memoria de las víctimas no sólo de la guerra civil, sino de la represión que siguió en el régimen autoritario posterior, pero partiendo de que se considera insatisfactorio, según la intervención que se acaba de hacer y el tenor de la iniciativa, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo por las instituciones democráticas, lo relativo a los presos republicanos -así se dice literalmente en su iniciativa- que fueron explotados laboralmente y sometidos a un régimen de trabajos forzados entre los años 1937 y 1970.
Esta mañana se han ofrecido -y
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figura en la exposición de motivos de la iniciativa- una serie de datos que forman parte de la memoria histórica de nuestro país.
A la vista de esta iniciativa y en pura coherencia con lo que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido cuando se han planteado iniciativas similares relativas a situaciones producidas de forma discriminatoria, no sólo durante la guerra civil, sino especialmente en el régimen posterior, hemos presentado una enmienda en la que proponemos que el Congreso de los Diputados reafirme una vez más su pleno reconocimiento moral de todos los hombres y las mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas.
Asimismo, quiere honrar -dice literalmente nuestra enmienda- la memoria de los prisioneros políticos que fueron víctimas de explotación y sometidos a trabajos forzados por la dictadura. Por tanto, proponemos instar al Gobierno a que, de acuerdo con la iniciativa que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, se haga este reconocimiento moral, esa rehabilitación moral que hoy se propone, igual que se ha propuesto respecto a otros grupos, como pudieran ser los guerrilleros antifranquistas o los maquis, o como ha tenido intención de hacer este grupo parlamentario el pasado mes de febrero, cuando se discutió una iniciativa de los demás grupos de la Cámara relativa a todas las personas que hayan sufrido represión en el régimen franquista y presentamos una iniciativa a ese tenor, reiterando lo que ya había hecho el Congreso de los Diputados en otras ocasiones, pero que no pasaba nada por volver a hacerlo, y específicamente refiriéndose a los que sufrieron represión. En este momento, y de acuerdo con el tenor de la iniciativa, es oportuno instar al Gobierno a garantizar la protección y clasificación de los documentos relativos a la explotación que sufrieron los presos políticos sometidos a trabajos forzados durante la dictadura.
Éste es el texto de nuestra iniciativa, pero en la iniciativa de Izquierda Unida se alude a otros aspectos, como son derechos económicos y sociales.
Conviene recordar algo que nuestro grupo ha tenido oportunidad de recordar; otros grupos lo han hecho en otras intervenciones en otros debates sobre situaciones similares, no idénticas a las que hoy se debaten, y yo personalmente he tenido oportunidad de hacerlo en esta misma Comisión, en la Comisión de Defensa, en el Pleno del Congreso, en esta legislatura. Señorías, como ustedes muy bien saben, desde la recuperación de las libertades en España y desde la ejemplar transición política que entre todos hemos hechos posible, se han analizado en el Parlamento español, en el Congreso fundamentalmente, después en el Senado, todas las cuestiones que afectaban al proceso de reconciliación nacional. Como consecuencia de esto se ha aprobado un conjunto de disposiciones normativas que atendieron no sólo a la equiparación de los derechos de los afectados como consecuencia de la guerra civil, sino que también se compensaron, al menos parcialmente, las situaciones discriminatorias producidas con posterioridad a la guerra.
En este sentido, ya he tenido oportunidad de recordar en diversas ocasiones todas las normas que se han ido aprobando desde la recuperación de las libertades relativas a la amnistía o leyes que se aprobaron en el año 1984 o posteriormente el alcance que los tribunales, tanto los tribunales de justicia en su conjunto como el Tribunal Constitucional, habían dado a cada una de esas decisiones. Así nos encontramos además, señor presidente, con que hay una disposición en la Ley de Presupuestos del año 1990 que tiene que ver con ese apartado tercero de la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida en la que se insta al Gobierno a arbitrar las medidas pertinentes para la compensación moral y el reconocimiento de los derechos económicos y sociales de los afectados y que al menos se haga mención expresa a los trabajos forzados realizados para la construcción de todas aquellas edificaciones levantadas en el régimen franquista. Como decía, hay que recordar que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos de 1990 y concretamente con lo establecido en su disposición adicional decimoctava, aquellos que hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de amnistía (ley aprobada ya por las Cortes Constituyentes, Cortes democráticas) tendrán derecho a percibir una indemnización económica. Es de suponer que una gran parte del colectivo que se alude en la proposición ya ha podido acceder a esa indemnización.
Por otra parte, la incorporación de nuevos colectivos al ámbito de aplicación de la legislación de amnistía ha de realizarse de manera muy cuidadosa y estudiando minuciosamente el conjunto de hechos causantes y circunstancias que justifican la protección que se les va a otorgar, pues de lo contrario se puede provocar, como hemos tenido oportunidad de analizar en distintas ocasiones, efectos no deseados e incluso incurrir en trato discriminatorio respecto de los beneficiarios de estas indemnizaciones. Desde el punto de vista del Grupo Popular, esta consideración exige una propuesta con mayor concreción y precisión de la que acompaña a la presente proposición. En consecuencia, en lo relativo a este apartado, el Grupo Popular no puede respaldar la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
El Grupo Parlamentario Popular está absolutamente de acuerdo con el espíritu que anima la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, es decir, de hacer un reconocimiento, una rehabilitación, si se quiere, desde el punto de vista moral, político, de los presos políticos que durante el régimen franquista no sólo estuvieron en prisión, que han tenido su reconocimiento, sino que además sufrieron trabajos forzados y sufrieron explotación laboral como consecuencia de tener que trabajar en obras públicas o en obras privadas. Entendemos que esta Cámara debe hacer ese reconocimiento y por eso
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la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado va en esa línea. Además, para tener bien clasificados, archivados, los documentos que se refieren a esta situación es oportuno instar al Gobierno a que así lo haga. En cualquier caso, nos parece que el tratamiento que hay que dar a esta situación tiene que estar enmarcado en el cuadro general de la legislación de la regulación de las libertades que, con distintas mayorías -de la Unión de Centro Democrático en su momento, del Partido Socialista posteriormente- se ha dictado en nuestro país. Además, la solución que hay que dar debe ser equiparable a la que se ha dado a otros grupos o colectivos, en esta misma legislatura, como es el reconocimiento de los guerrilleros antifranquistas. El Grupo Parlamentario Popular plantea la enmienda en esos términos y esperamos de la generosidad del Grupo de Izquierda Unida que sea admitida.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren intervenir en el debate? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Mi formación política podría decir en este caso, como se suele decir en los procedimientos judiciales, que asumimos la iniciativa de Izquierda Unida en sus propios términos y por sus mismos fundamentos, de la misma manera que asumimos íntegramente la exposición que de la misma ha hecho la señora Urán.
No me extenderé, pero quiero reiterar lo que ha sido la postura constante de mi formación política en relación con la necesidad de reconstruir el pasado, de dar a estos represaliados políticos el tributo merecido del recuerdo, el reconocimiento de su contribución a la defensa de los derechos y libertades y del Estado de derecho frente a lo que fue un alzamiento militar, el pago de su sufrimiento y también homenaje a unas vidas destrozadas, las suyas y las de sus familias en aquellos tiempos.
Nunca ha sido suficiente ni entero el reconocimiento que respecto de determinados afectados por la guerra civil se ha hecho en esta Cámara. Me ha parecido particularmente sangrante la referencia hecha por el representante del Grupo Popular al defender su enmienda a la indemnización concedida a quienes padecieron prisión. Es ya hoy un lugar común que aquellos tres años exigidos de prisión fueron extraordinariamente injustos en relación con las personas que habían padecido prisión y además se ha instado en esta Cámara numerosas veces para que se complete, teniendo además en cuenta que la carga económica no sería excesiva puesto que por ley de vida estas personas van desapareciendo, y han tenido que ser las comunidades autónomas, sin título competencial -que en este caso eso no ha importado mucho-, las que, como asistencia social y no como reconocimiento de un pasado, han tenido que ir suplantando la voluntad que desde estas Cortes no se ha tenido en ningún momento. Es un lugar común que esta cifra quedó ridícula, fue una indemnización elemental que entonces se justificó en la idea de que no se sabía a cuántas personas podía afectar y cuál iba a ser la carga presupuestaria, cuando en determinadas cuestiones de reconocimiento de honores, de trayectorias y reconocimiento de sufrimientos pasados en defensa de los derechos y libertades parecería que el componente económico sería el que menos pesase. Teniendo en cuenta que -repito- por ley de vida no es un número excesivo, en cuanto al reconocimiento moral a esas personas, en cuanto al tributo cultural, al que también se refiere la iniciativa de Izquierda Unida y también, por supuesto, en cuanto a las compensaciones económicas, mi formación política va a votar a favor de esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Mi grupo parlamentario Convergència i Unió comparte también el objetivo de la iniciativa que estamos viendo, de reconocimiento no sólo del honor sino también de los derechos de los presos políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadura franquista. Por tanto, anuncio el voto favorable a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Mi grupo parlamentario ha votado favorablemente diversas iniciativas a lo largo no sólo de esta legislatura, sino también de legislaturas pasadas, que han ido goteando bien en esta Comisión, bien en el Pleno y que tenían también por objeto el reconocimiento y la rehabilitación de personas que sufrieron, incluso muchos de ellos murieron, en su lucha por la libertad.
Se trataba de colectivos distintos al que hoy estamos haciendo referencia, colectivos como los guerrilleros, los homosexuales y otros casos individuales. Quiero recordar aquí una vez más supuestos como el del presidente Companys de la Generalitat de Catalunya o el del fundador de un partido de mi federación política, Carrasco i Formiguera, que fue fusilado en el año 1938.
Además de hacer este reconocimiento puntual de colectivos o de personas, sería bueno hacer algún tipo de actuación o de reconocimiento global y, por tanto, presentamos a finales de junio una proposición de ley de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y de la transición a la democracia que pretendía precisamente eso, que se efectuase ese reconocimiento a las personas que han luchado por el pluralismo político, por el reconocimiento de los derechos y que sacrificaron buena parte de su vida y en algunos casos su vida entera.
Como ha dicho la señora Urán, la reforma de la transición fue un instrumento político que permitió en un momento determinado a la sociedad española ir hacia
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una transición pacífica, pero el sosiego, la serenidad y la tranquilidad que nos dan ya todos estos años de democracia deberían permitirnos efectuar este cierre, que en ningún caso significa olvido, de esa página triste, gris, de la historia de España y de la historia de Cataluña y que podamos afrontar el futuro con la tranquilidad de conciencia que nos dará haber cumplido con justicia con el pasado, con el reconocimiento y restitución no sólo del honor, sino también de los derechos de todas estas personas.
A mi grupo parlamentario le gustaría, señor presidente, señorías, que esta iniciativa pudiera salir adelante. Sería bueno conseguir una enmienda transaccional a la enmienda que ha propuesto el Grupo Popular. En todo caso, si eso no se consigue, anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, agradezco que, por lo que he podido apreciar por el funcionamiento de esta Comisión, no se haya puesto de manifiesto esa nueva estrategia parlamentaria que nos anuncia el PP como represalia a la intervención de nuestro secretario general el pasado martes. Estamos siendo tratados con equidad y lo que desearíamos es que rebus sic stantibus, que permanecieran las cosas tal como hasta ahora.
Los daños que produce una guerra, sea civil o internacional, o una dictadura, y más aun cuando confluyen las características que se dieron en la guerra civil al contribuir, por una parte, a hacer un ensayo de la Segunda Guerra Mundial y, por otra, a cimentar una dictadura que duraría desgraciadamente tantos años, son incontables. Tomemos como objeto de nuestro análisis la propia historia de nuestro país, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que podemos constatar hoy que los bandos contendientes se han visto obligados unos a abonar y otros a recibir indemnizaciones por diferentes conceptos, desde la más global, las indemnizaciones de guerra de que Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, a los casos más individualizados de responsabilidad económica o de responsabilidad penal o política por fallecimiento, por expoliación, como el caso del patrimonio judío, por la explotación, sea a través de trabajos forzosos o de las llamadas esclavas sexuales, por el confinamiento o el destierro, por haber sido combatientes, etcétera. Todo esto exige una cierta casuística y exige una perspectiva general, una ley escoba que recoja todos los supuestos no contemplados con anterioridad. Evidentemente, aunque el pasado es también el presente y también de alguna manera el futuro, los gobiernos tienen que atender las necesidades del presente, pero sin olvidar el pasado para que no se vuelva a producir.
Tal vez el procedimiento mejor no es saldar las cuentas con la dictadura de una sola vez, pero hay que ir saldando todas las cuentas de la dictadura, incluidas las que se derivan del hecho de la obligación de realizar trabajos forzados. Sería muy malo para la conciencia de los ciudadanos de nuestro país que pudiéramos contemplar cómo Alemania indemniza a los españoles que fueron obligados a trabajar forzosamente en aquellos países, cómo las empresas privadas indemnizan a los ciudadanos españoles o de otros países que fueron obligados a trabajar en aquellas fábricas y, sin embargo, en nuestro país no tuviéramos la suficiente sensibilidad histórica ni la suficiente sensibilidad democrática como para colocarnos en el mismo nivel. Hoy, que tanto se habla de la españolidad y de las banderas, una de las maneras más dignas de ser español y más respetuosas con el pasado y con lo contemporáneo es equipararnos en sensibilidad democrática, con las consecuencias económicas que de ello se derive, a lo que son los ejemplos más preclaros que en esta materia se hayan podido dar.
Dicho esto, seguramente muchas cosas no se van a poder pagar nunca. El que haya leído esa magnífica novela de quien fue nuestro secretario general Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, podrá preguntarse quién indemnizará a los personajes que se vieron obligados a habitar aquel tiempo histórico tan miserable, tan mezquino, tan cutre, tan injusto, tan falsamente puritano que se describe en esa novela. Desde luego, nunca se podrá indemnizar a la ejecutiva federal del Partido Socialista, que fue tirada en Asturias a un pozo, aunque tal vez sí a sus herederos.
Todo esto, no lo expreso -este es un sentimiento que compartimos todos los grupos- con el propósito de huir de las necesidades del presente o de tener una mirada atenta hacía lo que puede ocurrir en el futuro, refugiándonos en el pasado, rebuscando de una manera obsesiva en las heridas; no se trata de eso. Se trata de lo contrario, de fortalecer el presente y de despertar la conciencia de los jóvenes para que en el futuro no vuelvan a repetirse estas cosas que nos avergüenzan que hayan sucedido en la historia de España, que para nuestra generación todavía tienen un sentido, pero que seguramente si no hay monumentos, si no hay pensiones, si no hay un recordatorio, para los jóvenes será como si hubiera desaparecido ese componente fascista que, por formar parte de la naturaleza humana, hay que estar permanentemente evitando.
Nada más, sino, como se deduce de mis palabras, manifestar nuestro pleno apoyo a la proposición no de ley presentada.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Urán, a los efectos de aceptar o no la enmienda, tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Antes de aceptar la enmienda propondría al Grupo Parlamentario Popular que además de lo que ellos plantean en la enmienda se incluyera como transaccional, un segundo punto en el que suavizáramos un poco el reconocimiento de los
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derechos económicos y sociales, porque estas personas, que cada vez van siendo menos, necesitan no sólo el reconocimiento moral y la honra a su memoria sino solucionar su situación económica para los pocos años que les puedan quedar de vida. Como un segundo punto, les presentamos una enmienda transaccional que diría: Elaborar en el plazo más breve posible un estudio que recoja la situación económica de los presos políticos sometidos a explotación laboral por trabajos forzados y los posibles derechos económicos y sociales a que hubiera lugar. Ese es el planteamiento que hacemos al Grupo Parlamentario Popular, esperando que pueda ser aceptado para que de una manera consensuada no sólo reconozcamos su derecho al honor sino algunos derechos económicos que también les corresponden.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, entiendo que la señora Urán acepta nuestra enmienda, pero ofrece una transaccional respecto al resto de las cuestiones que se plantean en su iniciativa. En cualquier caso, le agradezco que se acepte nuestra enmienda, pero como habrá tiempo antes de votar preferiría fijar nuestra posición justo en ese momento, por si es posible encontrar acomodo en ese texto o en otro parecido respecto a la situación que se plantea.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001511.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que trata sobre la creación de una fiscalía especial de medio ambiente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, en nuestro país se van produciendo hechos que, aunque en estos momentos ya no sean tan novedosos en cuanto al ordenamiento jurídico, han venido siendo novedosos y se han ido recogiendo de una manera específica a lo largo de los años. Además de que los delitos medioambientales se puedan recoger en el Código Penal y hayan quedado recogidos en el de 1995, también es necesario que se adecue la estructura judicial a estos nuevos hechos que se contemplan en el Código Penal y que necesitan esa respuesta especial y específica por parte de la Administración de justicia. Por eso, señorías, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley sobre la creación de una fiscalía especial de medio ambiente. Señorías, en nuestro país en estos momentos existen fiscales específicamente dedicados a investigar delitos medioambientales en 13 de las 50 provincias que componen el Estado español. En total son 21 fiscales asignados a las audiencias provinciales de Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, Asturias, Gran Canaria, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Baleares, Badajoz, Navarra y Sevilla.
Asimismo, en el Tribunal Supremo hay un fiscal dedicado a tiempo parcial a los temas medioambientales.
También hay que tener en cuenta que los fiscales están adscritos normalmente a las audiencias provinciales o a los tribunales superiores de justicia, así como que hay fiscalías en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional y en la Audiencia Nacional. Los efectivos de la carrerra fiscal, tal como recoge el Real decreto 1/2001, por el que se fija la plantilla del ministerio fiscal, ascienden a 1.658 fiscales. La práctica totalidad de los fiscales que hemos mencionado anteriormente compaginan su dedicación a investigar los delitos medioambientales con su trabajo ordinario en las fiscalías. Por tanto, señorías, su dedicación no es exclusiva sino bastante parcial. Hay algunas excepciones, aunque son bastante contadas las que tienen esa dedicación exclusiva. En algunas audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia el encargado de llevar estos temas o denuncias es el propio fiscal jefe y las asume directamente en aquellos procesos penales abiertos en los juzgados por delitos ecológicos.
Señorías, hay que añadir que hay una situación desigual en el territorio español. Destacan por su mayor estructuración y por su experiencia de muchos años Valencia, Barcelona y Madrid, donde los fiscales de medio ambiente están ubicados en secciones o servicios específicos. En Valencia en concreto la sección de Medio Ambiente está compuesta por cinco fiscales, uno de los cuales actúa como coordinador, y están ayudados por un ecotoxicólogo forense contratado por la Consejería de Justicia pero adscrito a la Fiscalía para la realización de los informes periciales; en Barcelona hay tres, y uno de ellos, el que hace las veces de coordinador, tiene dedicación exclusiva para estos temas. En el resto de las provincias, como hemos dicho anteriormente, su dedicación está compatibilizada con el resto de sus obligaciones como fiscales. La verdad, señorías, es que la mayoría de estos fiscales realiza su actuación con bastante voluntariedad y, desde luego, con gran interés y enorme dedicación, pero en algunos casos se encuentran con difíciles situaciones y con bastantes presiones en algunas otras ocasiones, y no parece que vayan a mejorar de una manera clara y precisa.
La modificación que se introdujo en el Código Penal en 1995 mejoró sustancialmente la regulación de los delitos contra el medio ambiente, que hasta ese momento era insuficiente y bastante dispersa, pero las expectativas que se levantaron con aquella reforma se pueden ver frustradas -ya se están viendo en determinados aspectos- por muchos factores, entre otros porque hay un estancamiento de efectivos del Seprona,
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porque hay dificultades con los agentes forestales en el ejercicio de competencias de Policía judicial o porque hay una reducción de inspecciones -y eso es claro y constatable- en las confederaciones hidrográficas. Hay una falta de medios periciales y técnicos adscritos a los juzgados, por lo que hay dificultades a la hora de poder ejercitar las acciones penales por parte no sólo de organizaciones ecologistas sino de cualquier otro particular. Cuando a esto hay que añadir que los delitos ecológicos tienen una situación mucho más específica y son más difíciles de probar (no existen testigos por decirlo de alguna forma) y la iniciativa tiene que partir de la propia Fiscalía, dado el coste económico que puede suponer para un particular o para una organización ecologista estar permanentemente haciendo denuncias ante los juzgados, lo hace prácticamente imposible, lo que hace de todo punto necesaria esa especialización que desde nuestra proposición no de ley estamos demandando para la persecución de los delitos ecológicos que tienen unas características mucho más especificas.
Para terminar, mi grupo parlamentario plantea la creación de una fiscalía especial para la represión de los delitos ecológicos. Señorías, puede no parecer necesario, aduciendo que con las actuaciones que en otras comunidades autónomas se están llevando a cabo podría ser suficiente, pero, como hemos dicho anteriormente, esta fiscalía especial o los fiscales que tendrían que tener una dedicación exclusiva para estos delitos necesitan no sólo de esta especialización en delitos ecológicos, sino además de una infraestructura que les permita tener técnicos especialistas que ayuden a hacer las pruebas periciales, para que sea mucho más efectiva la persecución de los delitos ecológicos. Cuando se comete un daño contra el medio ambiente no hay una persona que haya sufrido directamente ese daño, por tanto, no puede presentar la denuncia en Medio Ambiente, porque en este caso no tiene voz para denunciar; al hacerlo los particulares la necesidad de la actuación directa de la fiscalía parece imprescindible. De ahí que hayamos propuesto la creación de esta fiscalía esperando recibir el respaldo del resto de los grupos de la Cámara, en una situación que cada vez se hace mucho más necesaria y desde luego imprescindible para perseguir y castigar los delitos que se cometen contra el medio ambiente.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos en buena medida lo que aquí ha dicho la señora Urán en cuanto a la exposición de la situación, pero discrepamos en que la mejora de esta situación -que consideramos absolutamente necesaria- no vendrá precisamente por la vía de las fiscalías especiales. Por un lado, el propio Consejo Fiscal no se ha mostrado partidario de esta vía porque la fiscalía especializada supone una alteración de las normas ordinarias de competencia dentro de la propia Fiscalía y, por otro, el Comité de ministros del Consejo de Europa no se ha pronunciado a favor de fiscalías especiales sino de secciones especializadas, que es lo que tenemos tanto en Barcelona como en los otros lugares a los que ha hecho mención la señora Urán. Por tanto, los que se han pronunciado a favor ha sido de estas secciones especializadas de la Fiscalía y no tanto de fiscalías especializadas.
En cualquier caso en la exposición de motivos se alude a que hay otro tipo de delitos, y se destaca los delitos económicos relacionados con la corrupción y los delitos con el tráfico ilegal de estupefacientes; se señala que para este tipo de delitos sí hay una fiscalía especializada.
Lo que queríamos señalar es que en estos casos los principios que han determinado la creación de estas fiscalías especiales, son diferentes del tema que ahora nos ocupa. Tanto en la Fiscalía que tiene por objeto la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción como en la de tráfico ilegal de estupefacientes nos encontramos ante la persecución de actuaciones que se realizan a través de bandas organizadas, que suelen afectar al territorio de varias audiencias provinciales, por lo cual el lugar ordinario de enjuiciamiento es precisamente la Audiencia Nacional.
De ahí que algunos hayan propuesto que estas fiscalías especiales debieran ser suprimidas justamente en favor de la competencia de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional. En cambio los delitos medioambientales, en principio -no digo que no se puedan cometer-, no se cometen a través de organizaciones y tampoco afectan -aunque es verdad que pueden afectar- necesariamente al territorio de diversas audiencias.
Por lo tanto, nos encontraríamos con que si se crease una fiscalía especial tendría que actuar ante órganos judiciales absolutamente territoriales y no centralizados y con fiscales delegados que además de estas competencias de medio ambiente tendrían que realizar las funciones que incumben a la Fiscalía de la Audiencia Provincial en la que prestan servicios, por tanto, ante fiscales que iban a tener una doble dependencia, de una fiscalía territorial y de la fiscalía especial. A nuestro juicio este no nos parece el mejor de los sistemas.
Desde nuestro punto de vista debe seguir impulsándose una actuación coordinada y una dirección desde la Fiscalía General del Estado de las diversas secciones especializadas de las fiscalías de las distintas audiencias, la potenciación de la Policía judicial y la coordinación con la propia Administración gestora de medio ambiente. Por tanto, desde esta base nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
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La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No quisiera repetir la intervención de mis dos compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, pero me gustaría especificar en nombre del Grupo Socialista que nuestra sensibilidad está en que efectivamente hay que tener un tratamiento especial para los delitos que se cometan dentro de lo que genéricamente llamamos delitos ecológicos. Nos mostramos muy conformes con la exposición de motivos a la que tanto mi compañera de Izquierda Unida como doña Mercedes Pigem, en nombre de Convergència i Unió, han hecho referencia. Al igual que se ha puesto de manifiesto en esta última intervención, hay una seria de matices que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría poner de relieve, pero antes quisiera adelantar que nuestra posición no es favorable a la toma en consideración de esta proposición no de ley, por lo que nos abstendremos en este punto del orden del día porque hay que tener dos consideraciones en cuenta.
Es cierto que en algún momento ya hemos hecho referencia a que nuestra Constitución enumera en el artículo 124 las funciones que le corresponden al ministerio fiscal, entre las que lógicamente, y sin perjuicio de todas las funciones que el ministerio fiscal tiene, se encuentra la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. En este último aspecto podían estar incorporados los delitos ecológicos a los que nos hemos venido refiriendo. Es verdad también que el artículo 45 de la Constitución tiene cierto interés en que se pueda introducir una serie de cambios en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para crear en consonancia con él una fiscalía o unas secciones dentro de las fiscalías que puedan prestar atención determinada a ciertos aspectos que puedan alterar la sociedad y la vida de los ciudadanos. En Es necesario que existan en las secciones de las audiencias provinciales unas secciones especiales de fiscales, que se dediquen exclusivamente a lo que no sólo es la persecución de los delitos, sino a la prevención de los delitos que pudieran cometerse; es decir, que puedan tener las dos actuaciones (que conforman además la propia identidad del ministerio fiscal), que no sólo es la persecución, sino en cierta medida también que puedan prevenir con otros medios que también están a su alcance -aquí ya hemos hecho referencia a ello-, como son la policía judicial y otro tipo de elementos, que puedan ayudar a que esta situación se pueda ir paliando.
En este sentido, nos parece interesante la creación de esas secciones dentro de las audiencias, porque entendemos que existen determinadas acciones penales en las que la coordinación es imprescindible -lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y en este tema mucho más- y necesaria para que efectivamente no se desgaje de lo que es la estructura de la Fiscalía en general. No obstante, a nosotros también nos parece interesante un segundo aspecto. En este momento, si todos los grupos políticos que conforman esta Cámara y todos los agentes colaboradores de la Administración de justicia -lógicamente no están ajenos los fiscales, sino todo lo contrario ya que forman parte de ella y con un papel relevante- nos estamos planteando que debemos mejorar la calidad a la Administración de justicia, deberíamos tener la posibilidad de hacer un estudio mucho más pormenorizado, mucho más concreto de cuál es el papel del ministerio fiscal en la actuación de este tipo de delitos, y que esta reforma y estas consideraciones se lleven a cabo dentro de la modificación del Estatuto fiscal. Es decir, si es cierto (como lo es) que estamos en una fase donde todos los grupos políticos estamos dispuestos a hacer esa revisión del Estatuto fiscal, creo que sería el momento -y mi grupo así lo entiende- de hacer un estudio más claro, más específico y más pormenorizado dentro de la Fiscalía, para prestarle mucha mayor atención a este tipo de delitos, y que cualquier modificación que haya de hacerse habría de hacerse en ese contexto. En este momento nos parece que la mejor actuación que puede hacerse es crear (donde no estén creadas y donde lo estén mantenerlas) esas secciones dentro de la Fiscalía de las audiencias provinciales y mantener la coordinación de actuación tanto de los fiscales como de otros agentes que conforman la investigación de ese tipo de delito, su persecución, así como la colaboración con el órgano judicial para y la posterior condena, para que realmente sea efectiva la persecución de ese tipo de delitos que hoy por hoy es cierto que también tenemos que reconocer que va en aumento.
Por tanto, la posición del Grupo Socialista en este punto sería la de abstenernos por entender que, a pesar de que tenemos esa sensibilidad, a pesar de que estamos de acuerdo con la exposición de motivos que se realiza por la proponente de la proposición no de ley, actualmente la manera de tomar cartas en el asunto sería con la propuesta que nosotros hacemos, con la creación de las secciones en donde no las haya y en donde estén mantener la coordinación con el resto de los agentes y hacer un estudio mucho más profundo y más pormenorizado de cuál puede ser la actuación posterior, en caso de que así lo podamos considerar en la modificación que se hace sobre el Estatuto del ministerio fiscal, que ahora mismo se encuentra en marcha, y en consideración al resto de los grupos políticos que conforman esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Pol.
La señora POL CABRER: Señorías, he escuchado muy atentamente la exposición de los grupos parlamentarios que me han precedido. Igualmente el Grupo Popular está de acuerdo en el fondo y en la exposición de motivos que ha hecho la señora Urán, pero en modo alguno podemos aceptar una fiscalidad en exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que anuncio que
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el Grupo Popular va a votar desfavorablemente. Por el contrario, sí que hemos atendido la postura del Grupo de Convergència i Unió, quien dice que ya existen en la actualidad fiscalías con secciones, y esta es la postura que nosotros vamos a exponer y motivar.
Según se desprende de la actual estructura orgánica del ministerio fiscal, la existencia como tal de fiscalías especiales es una situación excepcional en el seno de esta institución, pues solamente existen dos fiscalías especiales, la de delitos económicos relacionados con la corrupción y la de represión del tráfico ilícito de drogas, que fueron creadas mediante ley en base a las especiales características que revisten estos ámbitos de ilicitud penal. A salvo de estos dos casos excepcionales, hay que decir que la organización del ministerio fiscal, a similitud de la judicial, está basada en criterios de carácter territorial, siendo lo extraordinario la especialidad de materias. Así, dentro de cada fiscalía de Tribunal Superior de Justicia o audiencia provincial, incluyendo en su caso las adscripciones permanentes que puedan existir para ámbitos territoriales concretos y determinados, los distintos fiscales ejercen su función en relación con todas y cada una de las distintas materias que son susceptibles de ello. Ello se lleva a cabo además en aplicación de un principio organizativo que resulta sumamente valioso para el adecuado funcionamiento del ministerio fiscal, y es el de la flexibilidad en la organización del trabajo de cada fiscalía. En efecto, dentro de la estructura orgánica básica delimitada por el estatuto orgánico del ministerio fiscal, es esta misma norma la que atribuye al fiscal jefe de cada fiscalía la capacidad para determinar su organización interna, ostentando facultades para distribuir el trabajo y asignar efectivos al conocimiento específico de determinados asuntos cuando así se considere necesario y conveniente en función de las circunstancias propias que concurren a cada órgano. Esto permite, según se ha dicho, que el ministerio fiscal adapte su organización a las necesidades existentes en cada lugar y en cada momento.
Ciertamente han existido a lo largo del tiempo propuestas de variado origen en demandas de creación de fiscalías especiales para ámbitos como los menores, la violencia doméstica, la siniestralidad laboral, los delitos contra la propiedad intelectual, la emigración, etcétera. Una aceptación generalizada de estas propuestas supondría una alteración sustancial de la organización funcional del ministerio fiscal para la que en cualquier caso no existe actualmente habilitación legal, al igual que no existen tampoco juzgados especializados en estas materias, con la excepción de los juzgados de menores, ni por supuesto juzgados especializados en delitos de medio ambiente. Por lo demás, únicamente existen cuatro órdenes jurisdiccionales, pese a la multitud de grupos de asuntos que podrían delimitarse siguiendo un criterio de especialidad de procedimiento. De hecho, en el caso, por ejemplo, de los asuntos de menores (único supuesto en el que junto con las dos fiscalías especiales ya mencionadas se ha contemplado en una norma con rango de ley una cierta especialización orgánica en las fiscalías por razón de la materia mediante la constitución de las denominadas secciones de menores) dichas secciones no se configuran como unidades predeterminadas en donde hayan de prestar servicios un número fijo y preestablecido de fiscales, sino que se organizan igualmente en base a criterios flexibles, en aplicación de los cuales cada fiscal jefe asigna estas tareas al personal que en cada momento resulta oportuno y necesario. Para otros casos en los que cabe hablar también de una cierta especialización por razón de la materia, como pueden ser los servicios de violencia familiar de las fiscalías o incluso de los propios asuntos medioambientales que se citan en esta proposición no de ley, ha sido por la vía de las instrucciones o circulares especialmente dictadas por la Fiscalía General del Estado como se ha llevado a cabo la práctica, por la conveniencia de prestar especial atención a la persecución de determinados ámbitos de criminalidad, dada su importancia o relevancia social, pero siempre en base a los criterios de flexibilidad anteriormente expuestos, sin entorpecer estructuras orgánicas predeterminadas y que ello vaya en detrimento de una eficaz persecución de los delitos. Se quiere decir con todo esto que en principio compartimentar por materias la actuación del ministerio fiscal o centralizar en un solo órgano el conocimiento de todos los asuntos relativos a una materia, que es lo que supondría la creación de una fiscalía especial para la represión de los delitos ecológicos de ámbito estatal que se propone, no siempre ha de ser la mejor o única solución para que la institución dé respuesta adecuada a la necesidad de luchar contra hechos delictivos concretos, pues la misma dispone para estos fines de otros instrumentos igualmente valiosos.
De hecho, señorías, compartiendo plenamente los razonamientos expuestos en esta proposición no de ley sobre la importancia y trascendencia que revisten los delitos medioambientales, el propio ministerio fiscal como institución ha venido manifestando su especial preocupación por estos temas, como lo demuestra el hecho de que sistemáticamente las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado incluyan un amplio apartado dedicado específicamente a esta materia, en donde se destaca el trascendental papel que el ministerio fiscal desempeña en la lucha contra la degradación medioambiental o la que desde el año 1990 existe a este respecto, una circular específica de la Fiscalía General del Estado.
Fruto de todo ello, es precisamente la existencia de las unidades especializadas en esta materia que existen en distintas fiscalías y que se citan en la proposición, habiendo supuesto que los correspondientes fiscales jefes hayan constituido servicios concretos, atribuidos con carácter permanente a determinados fiscales. En el resto de fiscalías de menor envergadura o con
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menor incidencia de este fenómeno la investigación sobre delitos medioambientales se realiza por fiscales que sin merma de sus cometidos al respecto simultanean esta función con otras encomiendas profesionales.
Por otro lado, cabría señalar, en cuanto a los efectos que puede tener la creación de una fiscalía especial de ámbito estatal para delitos ecológicos, que quizá (ante temas que por su propia naturaleza tienen siempre un componente territorial) lo más aconsejable sea que las fiscalías de los distintos ámbitos sean quienes los afronten desde la perspectiva propia de cada territorio y puedan, por lo tanto, tener en consideración las circunstancias que concurren en cada lugar, actividades económicas predominantes, implicación de administraciones autonómicas o locales y circunstancias orográficas y climatológicas. Si esta cercanía y conocimiento y la situación real de cada zona se conjuga con la aplicación de los criterios dictados por la Fiscalía General del Estado sobre la necesidad de prestar especial atención a la persecución de estos hechos delictivos, quizás estemos ante una solución más eficaz que la que aportaría la creación de un órgano centralizado.
Por los motivos que hemos expuesto consideramos que debemos informar desfavorablemente la proposición.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE DELEGACIONES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE A CORUÑA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y FERROL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/0001552.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la implantación de delegaciones de la Jefatura provincial de Tráfico de A Coruña en Santiago de Compostela y Ferrol.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, que es el autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, creo que no es necesario que ponga de manifiesto ante esta Comisión la importancia que tiene la actividad en materia de tráfico y seguridad vial para muchísimos sectores de la población y cómo afecta a sus vidas, tanto desde el punto de vista del bienestar social como del económico. No es concebible hoy una sociedad al margen de los muchos problemas que pueda crear este tipo de cultura, al margen, como dije, de los vehículos y de los conductores. Es por esto que hay un importante servicio público que cumplir que tiene relación con la expedición de las matriculaciones de vehículos, con sus adaptaciones técnicas, con la gestión de los cambios en su titularidad, con la expedición de licencias y permisos de conducir, con los exámenes y pruebas para la obtención de los permisos y, por supuesto, con el capítulo de expedientes sancionadores y cobro de sanciones.
Todo este conjunto de actividades administrativas hacen que no sea indiferente que la gestión de todos estos problemas de carácter administrativo esté centralizada o bien esté descentralizada. El hecho de que cada capital de provincia tenga una Delegación Provincial de Tráfico puede ser suficiente en algunas provincias del Estado español que por su densidad de población o por su tamaño requieren solamente este tipo de nivel de dotación de servicios. Pero hay otros casos en que por la densidad de población, por su dispersión la gestión centralizada se convierte en un gravísimo problema de gasto y de molestias precisamente para aquellos que hoy están vinculados muy directamente como conductores a la necesidad de hacer uso de sus vehículos y las gestiones que todo esto lleva añadido. En el caso particular de la provincia de A Coruña, la más poblada de Galicia, la gestión aún está totalmente centralizada, ya que solamente existe la Delegación Provincial de Tráfico de la capital de la provincia. Esta oficina provincial obliga, en muchos casos, a desplazamientos entre 120 y 150 kilómetros, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Ribeira, uno de los municipios del sur de la provincia, con prácticamente 30.000 habitantes, o de Mañón, en el norte de la provincia.
Sin embargo, da la casualidad de que hay tres ciudades con una población importante que están situadas de forma equidistante: una, totalmente al norte, que es Ferrol, que tiene 85.000 habitantes y una comarca que superaría los 200.000 habitantes si contamos con Ortegal, Eume y la propia Ferrol-Terra; la ciudad de A Coruña, que abarcaría las comarcas limítrofes de As Mariñas, Bergantiños y a costa da morte, y la comarca que rodea a Santiago de Compostela, con 85.000 habitantes y un hinterland que superaría los 350.000 habitantes. Este tipo de estructura poblacional, de distancias, hace que sea no solamente estudiable, sino ejecutable ya la descentralización de esta gestión, de todos los asuntos que tienen que ver con la administración de la seguridad vial y la materia de tráfico. En concreto, la ciudad de A Coruña y su zona de influencia abarcan el 48 por ciento de la población de la provincia y Santiago y Ferrol abarcan el 52,12 por ciento.
La realidad es tan evidente y tan clara que la propia Dirección General de Tráfico informó ya hace tiempo de que se iba a dotar de una delegación local de Tráfico a la ciudad de Santiago, ya que, según ellos mismos reconocen, su área de influencia abarcaría el 33,15 por ciento de la provincia. Esto no se materializó. Pero, además, quiero darles el dato sintomático de que hay 60 autoescuelas que estarían afectadas por esta medida y más de 10.000 alumnos al año.
En el caso de Ferrol, las distancias son considerables en relación con la capital si tomamos como punto de referencia la comarca de Ortegal y el municipio de Mañón. La población es menor pero abarca el 18,97
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por ciento del conjunto de la provincia, una cantidad algo superior a 200.000 personas, con 40 autoescuelas y 7.000 alumnos anuales. Si a todo esto añadimos que los ingresos de la Dirección Provincial de Tráfico en el caso de la provincia de A Coruña son sustanciosos y no provocarían costes adicionales por parte de la Administración para montar cada una de las delegaciones locales a que me he referido, se justifica ampliamente la petición que hacemos en la proposición no de ley.
Es importante recordar los datos económicos. Por tasas, la Dirección Provincial de Tráfico de A Coruña ingresó, en 1999, 1.527.363.850 pesetas; en el año 2000, 1.442.366.475 pesetas, y en el año 2001, 1.402.838.650 pesetas. Es decir, que en tres años el total de tasas fueron 4.372.588.975 pesetas. Si añadimos las sanciones, el montante global por los tres años fue de 2.199.078.817 pesetas, y si sumamos otros ingresos mucho menores, el total de ingresos para la provincia de A Coruña sería de 6.582.464.612 pesetas. Comparando esta cantidad con los gastos, veremos que en los tres años los gastos no llegan a 1.200 millones de pesetas. Semejante descompensación debería llevar al estudio de la medida de descentralización, y más teniendo en cuenta el clima, las condiciones orográficas, las condiciones del hábitat en Galicia, y en particular en la provincia de A Coruña, que hacen que los desplazamientos sean especialmente dificultosos, muchas veces incluso por cuestión de infraestructuras, que no está terminada desde el punto de vista de la vertebración del territorio.
Pensamos que es posible allegar este servicio a los ciudadanos y sin coste adicional. Es posible llevar a la práctica, ejecutar estas dos delegaciones de carácter local. Por eso, nuestra proposición no de ley tiene dos puntos, señalando las diferencias entre el caso de Santiago de Compostela y el de Ferrol. En el caso de Santiago, la promesa está hecha y sólo se trata de agilizar su efectiva implantación para este 34 por ciento de la población de A Coruña, más de 300.000 habitantes -muchas provincias del Estado español no tienen esta población-, y en el caso de Ferrol, pedimos que se estudie el asunto, ya que afecta a más de 200.000 habitantes. Les recuerdo que la provincia de A Coruña tiene prácticamente 1.300.000 habitantes, más de lo que tiene, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Asturias.
Son muchas consideraciones y se trata no tanto de que se cumpla lo prometido, que esperamos que así sea, como de que se estudie algún otro caso, como el de Ferrol, que, repito, tiene potencialidades para ser considerada dentro de las prioridades del conjunto del Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Voy a fijar brevemente la posición de mi grupo al respecto.
Anuncio que vamos a votar a favor de la proposición no de ley que ha traído a la Comisión el Bloque Nacionalista Galego porque entendemos que es razonable cualquier intento de acercamiento de la Administración a los ciudadanos; el principio de descentralización y proximidad de la Administración es un buen principio. La Administración debe estar al servicio de los ciudadanos en las mejores condiciones posibles y, así, poder desarrollar razonablemente bien el servicio y que este sea lo más cómodo posible para el ciudadano, al que no debe someterse a situaciones de incomodidad añadida por el hecho de realizar trámites administrativos.
Por tanto, porque nos parece razonable y porque el representante del BNG ha expuesto motivos respecto a la densidad de población, número de alumnos que correspondería a cada una de las delegaciones, etcétera, vamos a votar a favor, en el bien entendido de que también somos favorables a que el principio de descentralización, cuando sea razonable y posible económicamente, se amplíe a todas aquellas otras jefaturas provinciales en que esto sea posible.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular coincide en algunos planteamientos de fondo señalados aquí por el portavoz del BNG y por el señor Pedret. Desde luego, nuestro grupo apoya los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en aras de la modernización de la Administración, a fin de conseguir una gestión más ágil y eficaz y prestar un servicio de mayor calidad. También apoyamos los esfuerzos que está haciendo para aproximar a los ciudadanos estos servicios. Después de estas consideraciones iniciales, hay que hacer referencia a que cuando se realizan esos esfuerzos de descentralizar la Administración, de aproximarse a los ciudadanos, hay que acompañarlos de las correspondientes dotaciones de recursos materiales, personales, y hay que hacer estudios para que cualquier medida que se tome responda a criterios de racionalidad. Hay que tener en cuenta criterios objetivos y, en función de los mismos, ir estableciendo las prioridades. Así se está haciendo en el caso concreto de las oficinas locales de Tráfico.
Actualmente se encuentran en funcionamiento siete jefaturas locales de tráfico dependientes de las correspondientes jefaturas provinciales y en todas ellas, a la hora de implantarlas, se han tenido en cuenta criterios como la dificultad en la accesibilidad a la jefatura provincial correspondiente de esa provincia, bien por la lejanía de la misma o bien a veces porque existen otro tipo de dificultades en la comunicación como pueden ser las derivadas de las condiciones de insularidad. De hecho, de esas siete oficinas a que estoy haciendo referencia, cuatro de ellas se han instalado en territorios insulares que tenían esa dificultad de acceso a su
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correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico. Junto con estas dificultades en el acceso, en la comunicación o en las distancias hay otros criterios, como son la evolución de los índices de población de la localidad de que se trate, así como de toda la zona de influencia de la misma. Éste sería fundamentalmente el criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de acordar por parte de la Dirección General de Tráfico dos nuevas oficinas locales en Vigo y en Santiago de Compostela, cuya puesta en funcionamiento ya se ha acordado y se han iniciado los trámites. Creo que respecto a la de Vigo ya se ha comprado un local y respecto a la de Santiago de Compostela ha habido una serie de dificultades que han hecho que después de ese acuerdo se haya retrasado de alguna manera. En cuanto a estos trámites, no voy a hacer mención a todos ellos pero, como sabrá el señor Rodríguez, ha habido muchísimas visitas por parte del jefe provincial de Tráfico de A Coruña a una serie de locales para encontrar el más acorde por su tamaño y distribución con las prestaciones que se quieren dar a los ciudadanos.
He podido recabar información y son muchísimos los locales que se han visitado; en algunos casos la Delegación de Hacienda correspondiente no daba el informe adecuado porque el precio no respondía a las condiciones de mercado, sino que se solicitaba un precio muy superior, en otros casos no se habían recibido los planos de los locales, con lo cual tampoco se podían solicitar los informes ni realizar los trámites oportunos.
Afortunadamente, ya se ha llegado a un acuerdo sobre un local, ya hay una oferta de compra y existe un informe favorable de la Delegación de Hacienda sobre el precio que se solicita y se ha remitido a la Dirección General de Patrimonio el expediente correspondiente para que se pueda adquirir al objeto de obtener la autorización prevista en el artículo 46 de la LOFAGE. Se ha iniciado toda la tramitación correspondiente. Una vez emitido el informe favorable por parte de la subdirección general de Patrimonio, a finales de julio de 2002, se ha remitido la documentación correspondiente a la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior para que emita informe sobre los aspectos jurídicos de la operación. Una vez finalizada la tramitación con la fiscalización del gasto y firma de las escrituras habría concluido lo que es la adquisición del local y se pasaría a lo que es el expediente de acondicionamiento de los locales, donde también, en función de la Ley de contratos del Estado, hay una serie de trámites y de plazos que no se pueden evitar, como es la convocatoria del concurso y publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y otra serie de trámites que todos conocemos y que lamentablemente a veces no son tan rápidos como quisiéramos, pero nos parece que hay que ser respetuosos con la Ley de contratos del Estado.
Una vez que se tiene la oferta de ese local, las gestiones son imparables y en el momento que corresponda entrará en funcionamiento este nuevo centro local de tráfico en la ciudad de Santiago de Compostela.
Respecto al segundo punto de la proposición no de ley, que se refiere a la apertura de una jefatura local en Ferrol, los criterios objetivos son distintos. En este caso, como ha señalado el señor Rodríguez en su exposición de motivos, la población del área de influencia de Santiago es de más del 33 por ciento mientras que la de Ferrol es del 18 por ciento; la distancia en kilómetros de estas dos ciudades A Coruña también son distintas, de Santiago A Coruña son 70 kilómetros y de Ferrol A Coruña son 50. Es cierto que dentro de esa área de dependencia hay unas distancias mayores. De todas formas, creo que los gallegos y los españoles podemos estar contentos de cómo se han mejorado las comunicaciones entre Ferrol y A Coruña. Quedan nueve kilómetros por culminar de una autopista, que según tengo entendido libres de peaje, y por otra parte, por las condiciones morfológicas, son los más caros de toda España. Con esta nueva infraestructura, Ferrol se va a acercar A Coruña, lo que hace unos años era completamente impensable, redundando en una mejor calidad en todos los aspectos, también, por supuesto, en el acceso a los servicios que prestan las administraciones públicas.
En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia el esfuerzo inversor en materia de tráfico está siendo realmente espectacular. El pasado mes de marzo se inauguró el centro de gestión de tráfico, precisamente también en A Coruña, donde la inversión ha sido de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas), con un montón de cámaras que vigilan por la adecuada ordenación, gestión y fluidez del tráfico en el noroeste de España. Además, como decía, en Vigo ya se ha comprado ese local para poner en funcionamiento una nueva jefatura local, dependiente de la Jefatura Provincial de Pontevedra, y en Santiago, se continúa con esa tramitación para que se pueda poner en funcionamiento.
En este contexto y viendo además que en infraestructuras de comunicación, específicamente en lo que se refiere al tráfico, se está haciendo un gran esfuerzo en Galicia, no se puede hablar de déficit de inversiones, de infraestructuras o de esfuerzo. De insistir en que se ponga en marcha de forma inminente la nueva jefatura local de Ferrol ello entraría en clara contradicción con el principio constitucional de solidaridad interterritorial. Por ello, en este punto, señor Rodríguez, le ofrecería una transacción, que sería sustituir el punto segundo de su proposición no de ley por la siguiente redacción: realizar un estudio sobre las prioridades relativas a la apertura de nuevas oficinas locales de tráfico. En este caso, volviendo al planteamiento inicial, nosotros también creemos que hay que apostar por esa aproximación a los ciudadanos y por unos servicios cada vez de mayor calidad, pero siempre teniendo en cuenta las prioridades en todo el territorio español.
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En cuanto al primer punto, también le ofrezco una transacción, teniendo en cuenta la fase de la tramitación en la que nos hallamos respecto a la oficina local de Santiago de Compostela, que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento efectivo en el plazo más breve posible de la delegación de tráfico en la ciudad de Santiago de Compostela. Entendemos que con esta transacción que le ofrecemos se da cumplimiento a los objetivos que podemos compartir los tres grupos que hemos intervenido, relativos a agilizar la tramitación y dar una mayor accesibilidad a los ciudadanos, pero también teniendo en cuenta cuando se realizan esos esfuerzos de aproximación a los ciudadanos una serie de prioridades, una serie de criterios objetivos a tener en cuenta en todo el territorio español.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rodríguez, para manifestar su posición sobre las transaccionales ofrecidas por el Grupo Popular.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, nosotros no tendríamos ningún problema en el primer punto, la discrepancia está en el segundo, puesto que ya hicimos ver a la señora portavoz del Grupo Popular que estábamos dispuesto a aceptarlo con una redacción que dijese: estudiar el caso de Ferrol dentro de las prioridades del conjunto del Estado español.
Que fuese para estudiar el caso de Ferrol en ese conjunto de prioridades, no para estudiar las prioridades en abstracto, porque, si no, no tiene mucho sentido y se desvirtuaría la intención que dimos a nuestra proposición cuyo segundo punto iba destinado a que se estudiase el caso concreto de Ferrol. Si desde el punto de vista del conjunto del Estado es un tema estudiable, pues muy bien; si después, estudiando el tema, se ve que no lo es, los resultados estarían ahí y serían resultados objetivos, pero se trata de centrar la atención en un caso particular, lógicamente dentro del conjunto general, pero para nosotros es vital que figurase el caso particular ejemplificado y después contextualizado.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001556.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre el acceso al permiso de conducir por parte de los extranjeros. Es una iniciativa del Grupo Mixto.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: La damos por defendida porque creemos que es de Joan Saura, que no está en la sala.
El señor VICEPRESIDENTE: Entonces se da por defendida. (La señora Torme Pardo pide la palabra.)
La señora TORME PARDO: Señor presidente, quería hacer una consulta. Yo tenía una transacción que ofrecer al señor Saura, pero entiendo que si no está no cabe este trámite.
El señor VICEPRESIDENTE: Al no estar presente y no poder aceptarla o rechazarla, no procede.
- SOBRE INCREMENTO DE EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001567.)
El señor VICEPRESIDENTE: Último punto del orden del día. Proposición no de ley sobre incremento de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra su portavoz.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En los últimos años se ha producido un incremento de la delincuencia en la provincia de Cádiz y ese incremento coincide curiosamente con un decrecimiento importante de la presencia de efectivos de los cuerpos de seguridad, especialmente de la Policía Nacional.
Según datos del propio Gobierno, en la provincia de Cádiz se ha pasado de tener 1.600 policías nacionales en el año 1995 a tener a fecha de hoy 1.342, es decir, en siete años se han perdido cerca de 300 efectivos de la Policía Nacional. ¿Qué ocurre? Pues que en numerosos municipios de la provincia de Cádiz se comienza a percibir esa falta de efectivos policiales y así nos encontramos con que en municipios grandes de más de 50.000 habitantes, como San Fernando, La Línea, Algeciras, Puerto Real, Chiclana y otros más, las manifestaciones de colectivos sociales, de empresarios, de comerciantes, de asociaciones vecinales, de alcaldes, de responsables políticos y de los propios policías empiezan a ser numerosas. Tengo que decir aquí que, si para nosotros todas las provincias son importantes, en este caso, en el ámbito de la seguridad ciudadana, la provincia de Cádiz lo es el doble, puesto que se trata de una provincia fronteriza, una provincia que limita con el norte de África, existiendo un enorme problema derivado del tráfico del tabaco y de las drogas, así como de la inmigración; en definitiva, de la delincuencia. Además de eso, es una provincia que linda con la Costa del Sol, en donde se producen también incidencias en el ámbito del blanqueo de capitales y de otros delitos, lo que hace más que justificable no sólo que se produzcan incrementos de efectivos de la Policía Nacional, sino que los mismos sean significativos. ¿Y qué es lo que nos plantea el Gobierno del Partido Popular? Pues un aumento de la seguridad privada, con un decrecimiento espectacular de la seguridad pública, en este caso concreto de la Policía Nacional. Nosotros creemos
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que esto hay que corregirlo, que no se puede continuar con esta situación y nos preocupa que en el nuevo catálogo de la Policía Nacional para los próximos años no se contempla hasta ahora de una manera importante un incremento de sus efectivos. Por eso, solicitamos en esta proposición no de ley que se incrementen los efectivos de la Policía Nacional en torno a 300 policías más para garantizar la seguridad ciudadana en todo el ámbito territorial de Cádiz y que se cree y se dote de mayor especialización a la Policía Nacional, puesto que han aparecido nuevos delitos, además de haber aumentado delitos cuyos índices vienen siendo realmente preocupantes en los últimos años, como los malos tratos o la violencia de género. También hay un incremento de mafias con métodos muy sofisticados, lo que hace que la Policía Nacional cada vez tenga que tener una mayor especialización para hacerles frente.
Pedimos asimismo que se creen nuevas comisarías en Puerto Real y Chiclana.
Se trata de poblaciones con cerca de 100.000 habitantes y no tienen comisaría de Policía, siendo necesario dotarlas de una. También solicitamos un mayor refuerzo de la estructura de coordinación de la Policía Nacional con la Policía local y la Guardia Civil. Y por último, de cara al próximo año, puesto que esta iniciativa se presentó antes del verano, pedimos al Gobierno que planifique, ya que hay municipios costeros en Cádiz cuya población se incrementa de una manera espectacular en la época estival y los efectivos policiales no pueden verse mermados en dicha época. Queremos que planifique mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora no para el año 2002, sino para el 2003, para que en municipios costeros como San Fernando, La Línea y el Puerto de Santa María no nos encontremos con un alarmante déficit de Policía Nacional, puesto que ello redunda en la seguridad ciudadana, llevándose los visitantes una imagen negativa ante tanta inseguridad.
En síntesis, esta es nuestra proposición no de ley, esperando, como no puede ser de otra manera, el apoyo de los diputados del Partido Popular para que pueda salir adelante.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Efectivamente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley.
Con el debido respeto, señor De la Encina, tengo que decirle que esta es la segunda parte de la película. La primera parte ha sido haber presentado iniciativas que ya han sido debatidas en esta Cámara durante esta legislatura: iniciativas individualizadas solicitando las mismas cosas que hoy se piden en la parte expositiva de esta proposición no de ley. Ya hemos visto en esta legislatura iniciativas que han instado al Gobierno a incrementar los medios humanos en distintas comisarías de la provincia de Cádiz, así como iniciativas para crear la comisaría de Policía de Chiclana y creo que esta es la tercera vez que se debate en esta legislatura la creación de la comisaría de Puerto Real. Pues bien, resulta que hoy se plantea de forma conjunta exactamente la misma iniciativa. A mí no me duelen prendas reconocer que en la provincia de Cádiz hay un déficit de personal con respecto a la previsión del catálogo de puestos de trabajo del año 1995. En efecto, la media provincial de ocupación alcanza actualmente el 87,45 por ciento de la plantilla, existiendo comisarías que están mejor dotadas y otras en peores condiciones. La de Algeciras, por ejemplo, está al 95 por ciento, la de Jerez al 96 por ciento y la de Cádiz al 80 por ciento y otras no alcanzan estos niveles. Pero permítame que le diga algunas cosas, señor De la Encina.
En primer lugar, estamos sufriendo las consecuencias de unos años -precisamente, no gobernaba el Partido Popular- en los no se convocaron plazas suficientes y no se preveía que cada año se iban a ir produciendo bajas. Para paliar esta situación, el Gobierno ya ha anunciado la convocatoria de un total de 20.000 nuevas plazas: Concretamente, en el presente ejercicio y el día 30 de abril la Dirección General de Policía ha convocado 4.200 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 2.280 para la Guardia Civil mediante resolución del día 8 de abril. En segundo lugar, quiero manifestar que la plantilla de la provincia de Cádiz viene siendo incrementada en su conjunto en la medida de las posibilidades existentes, habiendo sido aumentada con motivo del último concurso general de méritos en 30 funcionarios y habiendo sido destinados a la escala de subinspección, con motivo de la última promoción de ascensos, 19 funcionarios. Precisamente, en el Puerto de Santa María, una de las plazas que peor está dotada, se han agregado 10 policías, dos subinspectores y dos oficiales de policía y en época de verano, algo que también se pide en la proposición no de ley, la provincia de Cádiz ha recibido importantes refuerzos, como por ejemplo Chiclana, lugar al que han sido destinados más de 100 guardias civiles. En definitiva, el Gobierno está tratando de solucionar en la medida de sus posibilidades los problemas de personal existentes en Cádiz .
Se solicita también en la proposición no de ley la creación de unidades especializadas en relación con la violencia de género, los malos tratos y la mafia organizada. Tengo que decirle que en los últimos años se han empleado en Algeciras -S.S. lo sabrá bien, puesto que es de allí- sendas unidades, UDYCO y UCRIFD, especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal.
Asimismo, se solicita la creación de las comisarías de Chiclana y Puerto Real y aquí me limito a remitirme a lo que ya le he manifestado en anteriores ocasiones. Ahora bien, por lo que respecta a Chiclana, no me
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resisto a recordarle que fue precisamente el Gobierno socialista en el año 1982 quien desmanteló la comisaría allí existente. Pasó a la Guardia Civil y sabe que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no permite que haya coexistencia en materia de seguridad, por lo que, si pretenden crear la comisaría de Chiclana, hará falta que la Guardia Civil abandone las tareas de seguridad ciudadana que viene realizando allí, que por cierto lo hace muy bien y no lo digo yo, sino el propio alcalde socialista de Chiclana.
Por último, se solicita la mejora en los sistemas de coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, y estoy seguro de que S.S. conocerá que en el año 1996 se firmó un convenio marco de colaboración en materia policial entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha reeditado el día 19 de septiembre de este mismo año, y en cuyo desarrollo se vienen firmando convenios con distintos ayuntamientos.
En base a todo ello nuestro grupo va a votar desfavorablemente a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Con el debate de este asunto damos por finalizado el orden del día, y suspendemos la sesión hasta el momento de la votación.
El señor VICEPRESIDENTE: Teniendo en cuenta que las votaciones correspondientes a la proposición de ley orgánica fueron votadas esta mañana al comenzar y aprobadas por unanimidad de todos los grupos, pasamos a las votaciones de las proposiciones no de ley debatidas en la sesión del día de hoy.
La primera es sobre modificación del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La señora PIGEM I PALMÉS: Habíamos pedido votación separada.
El señor VICEPRESIDENTE: Cierto, señora Pigem.
Vamos a votar en primer lugar el párrafo primero de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Se rechaza este párrafo primero.
Votación de la misma iniciativa, excepto el párrafo primero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra; 21; abstenciones, una.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre mejora de la seguridad ciudadana en Extremadura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE: Se rechaza la iniciativa.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento del honor y de los derechos de los presos políticos sometidos a trabajos forzados durante la dictadura franquista.
Señor Atencia, quedó pendiente la enmienda transaccional. ¿Puede brevemente decirnos su posición?
El señor ATENCIA ROBLEDO: El Grupo Popular mantiene la enmienda que ha presentado en sus propios términos y como tal, de acuerdo con el debate, queda así ofrecida a la proponente. (La señora Urán González pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Aceptamos la enmienda en los términos planteados por el Grupo Parlamentario Popular, aunque no se acepte la transaccional, dejando bien claro que continuaremos instando al Gobierno para que se reconozcan los derechos económicos y sociales, y desde luego apoyando a las víctimas en su lucha en los tribunales. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Por tanto, señor presidente se vota estrictamente el texto de sustitución del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Eso es lo que iba a decir en este momento. En los términos de la transaccional, procedemos a la votación.
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Efedctuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la iniciativa.
Iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la creación de una fiscalía especial de medio ambiente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, 13.
Iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la implantación de delegaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en determinadas localidades de Galicia.
Iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acceso al permiso de conducir por parte de extranjeros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa. (El señor Gil Lázaro.)
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quisiera intervenir para una brevísima explicación de voto de diez segundos.
Quiero señalar que esta iniciativa no ha sido defendida, sino que se ha dado por defendida por no estar presente el autor de la misma; por tanto no hemos podido presentar y debatir la enmienda transaccional que teníamos intención de hacerlo, y eso condiciona nuestro voto negativo.
El señor VICEPRESIDENTE: Efectivamente, señor Gil Lázaro así lo hizo notar la señora Torme en el momento de su intervención.
Por último la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz.
Eran la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

References: artículo 40
 artículo 22
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 41
 artículo 96
 artículo 24
 artículo 54
 resolución 
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 50
 resolución 
 artículo 96
 artículo 94
 artículo 50
 resolución 
 artículo 106
 artículo 121
 artículo 106
 artículo 195
 Real decreto 
 artículo 124
 artículo 45
 artículo 46
 resolución