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Timestamp: 2017-05-22 17:29:12+00:00

Document:
22 de mayo de 2017 | 07:29
Tania Bernaldo de QuirósJefa de la Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente - Pamplona Directiva Europea & Ley Estatal & Ley Autonómica & Ordenanza Municipal: el ruido
En numerosas ocasiones recibo llamadas tanto de particulares como de entidades locales preguntando sobre la legislación aplicable en materia de medio ambiente, y sobre todo en materia de ruido. Y es que es más que comprensible no saber qué legislación concreta aplicar, cuando sobre una misma materia hay normativa europea, estatal, autonómica e incluso municipal.
esta cuestión hay que acudir a las reglas estructurales del sistema normativo:
el principio de jerarquía de normativa, el principio de distribución de
competencias y de prevalencia, el principio de procedimiento, y el principio de
sucesión cronológica. La Constitución
Española garantiza la jerarquía normativa en el artículo 9.3. Este principio ya se recogía en el Código Civil al regular las fuentes del derecho: Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango
eficacia del principio de jerarquía normativa se puede ver afectada por la
distribución de competencias, y en materia de medio ambiente, quizá este sea el
principio más importante, porque va a ser el que determine la aplicación y
eficacia del resto de principios. En materia de
medio ambiente la distribución de competencias es la siguiente:
competencia compartida con los Estados miembros.
compartida: la UE y los Estados miembros están autorizados a aprobar actos
vinculantes en estos ámbitos. No obstante, los Estados miembros solo pueden
ejercer su competencia en la medida en que la UE haya determinado no ejercer la
exclusiva: son aquéllas en las que un ente aglutina todas las facultades
posibles sobre una misma materia
Comunidades Autónomas: normas adicionales de protección y la gestión en materia de
Municipios: competencia propia en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónoma en medio ambiente urbano, que incluye la
protección contra la contaminación acústica. Por tanto, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de medio ambiente y concretamente en materia de ruido y, salvo
excepciones (como es el caso de Navarra que tiene competencia exclusiva por
ejemplo en materia de caza, pesca fluvial, montes públicos de Navarra y vías
pecuarias), corresponde a las CCAA el
desarrollo legislativo y ejecución, siempre en el marco de lo regulado por
la legislación básica estatal en dicha materia. Así, una vez
establecido el sistema de distribución
de competencias en materia de medio ambiente, habrá que estar al resto de principios expuestos
anteriormente para determinar qué norma hay que aplicar en cada caso concreto. EL RUIDO
En materia de ruido hay que tener en cuenta que la Unión
Europea ha hecho uso de sus competencias compartidas y ha aprobado la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
La transposición de esta Directiva, se ha efectuado de
manera parcial por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido que configura la normativa marco sobre el ruido a
previsto en la citada Ley están sujetos a las prescripciones de la misa todos
los emisores acústicos, ya sean de
titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de
receptores acústicos. No obstante, excluye
de su ámbito de aplicación, al igual que hace la Directiva, las actividades domésticas o los
comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida
por aquéllos se mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad con
las ordenanzas municipales y los usos locales (fiestas patronales, otros
determinar la normativa de aplicación en materia de ruido hay que distinguir
entre la contaminación acústica emanada
de las actividades sometidas a intervención de las Administraciones Públicas
y la producida por las actividades
domésticas o por los comportamientos de los vecinos.
Contaminación acústica producida por
actividades sometidas a intervención de las administraciones públicas.
referencia es la Ley 37/2013, de 17 de
noviembre, del Ruido. Esta Ley establece una nueva clasificación de las
áreas acústicas (las cuales habrán de ser determinadas por las Comunidades
Autónomas) y unos objetivos de calidad acústica aplicables a cada una de esas
áreas acústicas. Asimismo, establece una serie de medidas para la prevención y
corrección de la contaminación acústica. En desarrollo
de la citada Ley, para facilitar su aplicación y completar la transposición de
la Directiva 2002/49/CE, se han aprobado dos Reales Decretos:
El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2013, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
existir normativa autonómica en materia de ruido a la entrada en vigor de la
Ley 37/2003 y de los citados Reales Decretos, dicha normativa autonómica debe interpretarse a la luz de los nuevos
requerimientos legales aplicables, por su carácter de normativa básica.
no se haya derogado la normativa propia de la Comunidades Autónomas, como es el
caso de Navarra, hace que exista una cierta
confusión en cuanto al régimen aplicable a las actividades sometidas a
intervención de la Administración. En ese caso se deberá realizar un
análisis del marco normativo estatal y del marco autonómico para determinar qué
aspectos que regula la normativa autonómica han sido redefinidos por la legislación
estatal, y así, en base a los principios
indicados al principio, establecer que aspectos siguen vigentes y cuáles han
sido derogados tácitamente. Quizá lo más
fácil es que las Comunidades Autónomas que no se han adaptado a la normativa
europea y estatal siguieran el ejemplo de Madrid que mediante el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, y con solamente dos artículos deroga la normativa entonces
vigente y establece que:
régimen jurídico aplicable en la materia será el definido por la legislación
Contaminación acústica producida por las
actividades domésticas o por los comportamientos de los vecinos.
Las actividades domésticas o los
comportamientos de los vecinos quedan excluidos del ámbito de aplicación de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y por tanto no tiene la consideración de
ruido ambiental y se excluye expresamente del ámbito de
aplicación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, y del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre.
Por tanto, corresponde a los Ayuntamientos, en su
caso, regular a través de sus ordenanzas
los índices de ruido de las actividades domésticas o los comportamientos de los
artículo 28.5 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, dispone que las ordenanzas
locales podrán tipificar infracciones en relación con el ruido procedente de
usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias y el ruido producido
por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites
tolerables de conformidad con los usos locales. Por otra parte,
el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, impone la obligación a los
Ayuntamientos de aprobar ordenanzas
en relación con las materias objeto de dicha Ley, así como a adatar las
ordenanzas ya existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de
dicha Ley y de sus normas de desarrollo. En
consecuencia, un Ayuntamiento
únicamente podrá sancionar a un vecino
por la contaminación acústica de sus actividades domésticas o derivada de
su comportamiento cuando así expresamente se haya regulado y previsto en la ordenanza municipal. En caso contrario,
la contaminación acústica que emane de actividades domésticas o de las
relaciones de vecindad, quedan en el ámbito de lo privado, siendo objeto de protección a través de la dispensada al derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario y al derecho a
la integridad física y moral. En conclusión,
los Ayuntamientos deberán:
tienen ordenanza en materia de ruido no adaptada a la Ley del Ruido y a sus
normas de desarrollo: adaptarse a la citada normativa. Si
no tienen ordenanza en materia de ruido: aprobar la citada Ordenanza.

References: artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

artículo 28
 artículo 6