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Timestamp: 2019-01-17 13:32:18+00:00

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﻿ SENTENCIA T-639 DE OCTUBRE 17 DE 2017
SENTENCIA T-639 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:ALCANCE DE LA SENTENCIA T-480 DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DE SU DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL AUTO 186 DE 2017. SE PRECISA QUE NO RESULTA PROCEDENTE EXTENDER LA PROTECCIÓN RESPECTO DEL DERECHO AL TRABAJO, EN LA MEDIDA EN QUE NO SE LOGRE ACREDITAR EL ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN (RELACIÓN DE DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN) COMO UNO DE LOS REQUISITOS SINE QUA NON QUE PERMITE CONFIGURAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL (CONTRATO REALIDAD) ENTRE LAS MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN APLICACIÓN DEL PRECEDENTE SENTADO EN EL AUTO 186 DE 2017 Y EN PROCURA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SE ADVIERTE QUE EN EVENTUALES Y FUTURAS RESOLUCIONES DE CASOS QUE INVOLUCREN CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS Y PROBATORIAS DISTINTAS A LAS QUE AHORA SON OBJETO DE DECISIÓN EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS, Y EN VIRTUD DE LOS EFECTOS INTER PARTES DE ESTA PROVIDENCIA, LOS OPERADORES JUDICIALES PODRÁN VALORAR LA EVENTUAL EXISTENCIA DE CONTRATO REALIDAD ENTRE EL ICBF Y LAS DEMÁS CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE DESEMPEÑARON LA LABOR DE MADRE O PADRE COMUNITARIO ANTES DEL 12 DE FEBRERO DE 2014, CON LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA A QUE HAYA LUGAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CONTRATO DE TRABAJO, ICBF, APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MADRE COMUNITARIA, CONTRATO DE TRABAJO PARA MADRE COMUNITARIA
Sentencia T-639 de octubre 17 de 2017
Expedientes: T-6.190.251, T-6.193.730, T-6.196.094, T-6.201.064, T-6.203.162, T-6.208.901
Demandantes: Gloria Solano, Neris Aponte Ariza y otros, Flor Vargas Salas y otros, Claribel Múnera Pereañez, María Edilma González y otros, Ángela Parra Gamboa y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.
Bogotá, D. C., diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.
Dentro del trámite de revisión de los siguientes fallos proferidos:
Expediente Primera instancia Segunda instancia
T-6.190.251 Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017
t-6.193.730 Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar
T-6.196.094 Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral;
T-6.201.064 Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento
Auto interlocutorio del 15 de marzo de 2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la causa pasiva
T-6.203.162 Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja
Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión Nº 5;
T-6.208.901 Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (Norte de Santander)
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia;
Estos procesos fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional, mediante auto de treinta de junio de 2017 y repartidos a la Sala Cuarta de Revisión.
Por presentar unidad de materia, se ordenó su acumulación, para que fueran decididos en una misma sentencia.
1. Hechos y pretensiones comunes en los expedientes acumulados.
Nombre Cédula de ciudadanía Edad Nombre Cédula de ciudadanía Edad
1 Gloria Solano 37.934.508 57 45 Flor Avicena Sepúlveda 40.008.629 60
2 Neris del Carmen Aponte Ariza 49.691.027 53 46 Angela Parra Gamboa 60.317.036 51
3 Nohora Alba Ramos Rosado 42.403.505 54 47 Adriana Laudice Rodríguez Vega 60.442.353 40
4 Levith del Socorro Márquez de Mejía 26.877.461 64 48 Gema Socorro Hernández Aparicio 60.400.179 54
5 Yadis Mercedes Guerra Ustariz 26.877.854 53 49 Liliana Correa 60.443.898 34
6 Yenitza María Ramos Torres 26.877.769 56 50 María Stela Jaimes Miranda 60.318.708 53
7 Adis María Murgas Murgas 42.403.512 62 51 Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez 60.369.983 44
8 Mariely Julio Orozco 49.749.712 51 52 Zoraida Mojica Jaimes 27.897.484 47
9 Miriam Rosa Blanquicet Coneo 49.749.730 45 53 Norys Sánchez Galván 60.441.815 38
10 Delvis Leonor Rosado Amaya 49.742.226 49 54 Edilia Flórez Villamizar 60.250.169 59
11 Aura María Padilla Padilla 26.877.812 55 55 Feglei Abril Otálora 60.378.740 41
12 Digna Rosa Banquez Torres 36.516.185 51 56 Ana Liduvina Villamizar Ramírez 60.422.188 45
13 Margarita Rosa Murgas Guerrero 42.404.498 39 57 Rosa Elena Carrero Cala 60.321.290 52
14 Fanny María Becerra Arzuaga 42.403.628 49 58 Belcy Parada Perez 27.673.304 53
15 Caridad Meza Martinez 41.789.534 58 59 Luz Yaneth Páez Sanchez 27.897.796 46
16 Maricela Muñoz Oñate 42.404.177 46 60 Ericilda Lizcano 63.321.180 53
17 Rosalba Padilla Zapata 42.496.587 65 61 Adela Amaríz Santos 60.422.498 43
18 Liseth Cecilia Noya de la Hoz 22.590.133 39 62 Carmen Aleyda Leal Suarez 60.440.671 41
19 Yomaira Ustariz Liñan 36.516.148 48 63 Marta Leal Suarez 60.252.670 56
20 Marlys Zeira Aguilar Barona 49.737.305 55 64 Eleonora María Villasmil Bernal 60.303.171 53
21 Flor Elisa Vargas Salas 23.781.254 50 65 Myriam Hernández Vera 60.385.400 39
22 Miriam Ocación Gallo 40.017.925 60 66 María Regina Santos Prada 28.677.803 74
23 Susana Patarroyo de Cuervo 23.271.965 --- 67 Blanca Cecilia Bohórquez Herrán 37.234.216 67
24 María Alejandrina Cuchivague Camargo 40.023.942 --- 68 Gloria Melsa Quintero Jaimes 60.275.018 58
25 Elsa María Reyes Reyes 24.078.440 59 69 Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez 37.243.836 60
26 Yolanda Moreno Mariño 40.013.943 61 70 Olga Vargas Rojas 60.285.396 58
27 María Preselia Higuera Rodríguez 40.021.388 53 71 Gladys Flórez González 27.847.614 50
28 María Elicenia Guzmán Rodríguez 21.200.436 64 72 Marcelina Carvajal de Peña 60.250.790 59
29 Amanda Suarez Vanegas 40.014.782 57 73 Noraima Ortiz Zambrano 60.365.348 43
30 María Elizabeth González de Barón 23.272.482 67 74 Omaira Ortiz Zambrano 60.400.263 52
31 María Irene Tenza de DeSalvador 24.068.209 82 75 July Mayerly Leon Arias 1.093.753.159 27
32 Claribel Múnera Pereañez 39.208.514 48 76 Martha Laura Velasco Pita 60.404.125 47
33 María Edilma González Rodríguez 40.025.746 51 77 Rosalba Briceño Hernández 60.382.812 40
34 Agueda García Rodríguez 40.023.480 54 78 Carmen Elena Carvajal Quintero 31.915.849 53
35 María Ernestina Martínez de Pinzón 23.267.340 72 79 Erika María Rodríguez Collantes 60.440.727 41
36 Rogelia Panche Suesca 24.069.244 67 80 Norida Yasmin Suarez Ortiz 1.093.736.612 31
37 María Rita Nope Cuchivaguen 23.544.417 71 81 Alba Luz Contreras Contreras 60.422.762 42
38 Ana Silde Suárez de Quintero 40.010.214 63 82 Nancy Sepúlveda Contreras 1.093.734.128 32
39 Rosa María Aguilar de Molina 23.262.903 73 83 Velkys Vianney Díaz Cruz 60.421.539 46
40 Blanca Elvira Aguirre de Aguirre 23.399.349 64 84 Sandra Milena Villamizar Lamus 60.441.048 40
41 María Ines Ríos Bernal 24.201.652 63 85 Omaira Molina Rodríguez 60.385.237 39
42 Miriam Estela Suárez Cárdenas 40.022.878 54 86 María Elena Villamizar Ruiz 60.349.666 45
43 María Carmenza Viasus Molina 40.014.590 --- 87 Blanca Elena Dávila Montañez 60.344.474 47
44 Flor Nelly Yanquen Valentín 51.624.451 56 88 Emilce Riveros Torrado 60.379.174 40
1.1. Las 88 ciudadanas anteriormente referidas formularon acciones de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad, con fundamento en los siguientes hechos comunes a los expedientes acumulados:
Mediante Ley 89 de 1988, el Gobierno Nacional implementó los Hogares Comunitarios de Bienestar, cuya sostenibilidad económica se surte a través de becas del ICBF “a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres”.
Las accionantes indicaron que las labores que desempeñaban como madres comunitarias son: (i) cuidar a los 15 o más niños y niñas asignados al hogar comunitario, (ii) alimentarlos, (iii) organizar y realizar actividades pedagógicas con ellos, y (iv) estar al tanto de su salud e higiene personal de los infantes.
Explicaron que su jornada laboral diaria iniciaba a las 5:00 a.m. con el alistamiento de la casa y la preparación de los alimentos para las niñas y niños beneficiarios. A partir de las 8:00 a.m. los reciben para dar inicio con las actividades lúdicas, las cuales supuestamente deberían culminar a las 4:00 p.m. pero realmente finalizan horas más tarde, hasta que el último padre de familia recoge a su hijo.
Manifestaron que han desempeñado su trabajo de manera personal, permanente, y con carácter de subordinación ante el ICBF, puesto que sus funciones (ya referidas) son asignadas y supervisadas por dicha entidad, conforme a los estándares establecidos por la misma. Algunas agregaron que, como prueba de ello, continuamente se han clausurado hogares comunitarios por incumplir las exigencias para su funcionamiento.
Afirmaron que, desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, por sus servicios prestados como madres comunitarias han recibido el pago mensual de una suma de dinero denominada “beca”, la cual, por su continuidad y características se constituye en salario. Situación particular toda vez que sólo a partir del 1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal vigente. Sostuvieron que con la asignación y pago de la “beca” como salario, quedaba en evidencia la vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa, su jornada laboral diaria superó las 8 horas legales, negándoles el pago de un salario mínimo mensual legal vigente, desconociéndoles sus derechos laborales y sometiéndolas a una desigualdad económica por todos esos años.
Alegaron que su vínculo con el ICBF constituía contrato realidad, por cuanto se encontraban reunidos los elementos esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio; (ii) la continua subordinación o dependencia; y (iii) un salario como retribución del servicio, el cual, según ellas, sería la denominada “beca” que recibían como pago de la labor desempeñada.
Adujeron que, desde la creación de los hogares comunitarios, el ICBF se ha preocupado por crear diferentes estrategias jurídicas para desvirtuar la relación laboral existente entre las madres comunitarias y ese instituto. En esa medida, indicaron que ese instituto ha omitido pagar a su favor los aportes parafiscales al sistema de seguridad social en materia pensional.
Señalaron que la omisión del deber legal del ICBF de realizar los correspondientes aportes a seguridad social lleva consigo al incumplimiento de las semanas cotizadas requeridas para que en el futuro puedan acceder a una pensión de vejez. Aunado a ello, manifestaron que lo que recibían por el pago de la beca no alcanzaba para sufragar los costos de sus necesidades básicas, menos para asumir el aporte a pensión.
Advirtieron que sólo a partir del 1º de febrero de 2014 el ICBF, a través de las Entidades Administradoras del Servicio, empezó a pagar los correspondientes aportes a seguridad social.
1.2. Con base en esos hechos, solicitaron que: (i) sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad; (ii) sea declarada la existencia de contrato realidad entre las accionantes y el ICBF, en aplicación del precedente constitucional de la Sentencia T-480 de 2016; (iii) se ordene al ICBF pagar los aportes pensionales no pagados, junto con los intereses moratorios causados desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa; y (iv) se ordene al ICBF reconocer y pagar las acreencias laborales correspondientes (salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, subsidio, dotación, subsidio de transporte, sanciones moratorias, indemnizaciones, etc.).
2. Pruebas pertinentes y relevantes.
2.1. Expediente T-6.190.251.
Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 12 al 16 del cuaderno 1 del expediente:
• Certificaciones de capacitaciones como madre comunitaria.
• Constancia por parte de la Coordinadora del Centro Preventivo Yariguies del ICBF en Barrancabermeja, acreditando su tiempo en ejercicio de la labor como madre comunitaria, así:
Gloria Solano 24. Jul. 1987 04 Mayo 2004
2.2. Expediente t-6.193.730.
Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 40 al 109 del cuaderno 1 del expediente:
• Poderes y documentos de identidad de las 19 peticionarias.
• Certificaciones del HOGAR respectivo sobre el tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de las 19 peticionarias. A continuación se relacionan las 4 no reportadas por el ICBF(1), así:
1 Neris del Carmen Aponte Ariza 1995 1999
2 Mariely Julio Orozco 1991 Oct. 1995
3 Liseth Cecilia Noya de la Hoz Jun. 2006 Jun. 2007
4 Marlys Zeira Aguilar Barona 01 Abr. 1997 18 Jun. 2005
• Según pruebas decretadas mediante auto del 2 de febrero de 2017 (visibles a folios 152 al 166 del cuaderno 1 del expediente), el ICBF certificó el tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 15 peticionarias, así:
1 Nohora Alba Ramos Rosado 01 Abr. 1997 Jul. 2012
2 Levith del Socorro Márquez de Mejía Feb. 1995 Dic. 2006
3 Yadis Mercedes Guerra Ustariz Nov. 1988 Jun. 1992
4 Yenitza María Ramos Torres Ene. 1998 Mar. 2006
5 Adis María Murgas Murgas 09 Nov. 1984 15 Dic. 2004
6 Miriam Rosa Blanquicet Coneo Feb. 1995 Jun. 2009
7 Delvis Leonor Rosado Amaya 02 Sep. 2002 14 Nov. 2007
8 Aura María Padilla Padilla 01 Mar. 1997 09 Dic. 2011
9 Digna Rosa Banquez Torres 11 Ene. 1993 02 Mayo 2000
10 Margarita Rosa Murgas Guerrero Oct. 1997 Mar. 2012
11 Fanny María Becerra Arzuaga Dic. 1988 Ene. 2001
12 Caridad Meza Martínez 08 Nov. 1997 02 Sep. 2002
13 Maricela Muñoz Oñate Abr. 2004 Jun. 2009
14 Rosalba Padilla Zapata Oct. 1982 Dic. 2000
15 Yomaira Ustariz Liñan Jul. 2003 Abr. 2010
2.3. Expediente T-6.196.094.
2.3.1. Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 268 (tomo 1) del cuaderno 1 del expediente:
• Poderes, documentos de identidad e historia Laboral emitida por Colpensiones de las 11 peticionarias.
• Certificaciones de la Junta Administradora de Hogares Comunitarios del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 2 peticionarias, así:
Flor Elisa Vargas Salas Ene. 1997 25 Ago. 2015
Miriam Ocación Gallo 01 Jun. 1997 activa
• Certificaciones de Asopadres de Familia del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 5 peticionarias, así:
Susana Patarroyo de Cuervo 08 Feb. 1988 15 Feb. 2012
María Alejandrina Cuchivague Camargo 18 Sep. 1988 01 Ago. 2014
Elsa María Reyes Reyes 02 Jun. 1987 Activa
Yolanda Moreno Mariño 02 Ago. 1985 Activa
María Elicenia Guzmán Rodríguez 02 Oct. 1987 Activa
• Informe de reporte de semanas cotizadas en pensiones de:
María Preselia Higuera Rodríguez 01 Feb. 1997 31 Mayo 2009
• Declaración de personas naturales sobre el tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria en el Hogar Comunitario de Sote Panelas (Motavita, Boyacá) de:
Amanda Suárez Vanegas Ene. 1980 Feb. 1996
• Certificación del ICBF, de Asopadres de Familia y declaración de personas naturales que coinciden en el tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria de:
María Elizabeth González de Barón 01 Jul. 1989 31 Ago. 2010
2.3.2. Caso especial Maria Irene Tenza De Desalvador. Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 269 a 300 (tomo 1) y a folios 301 al 360 (tomo 2) del cuaderno 1 del expediente:
• Historia Laboral emitida por Colpensiones.
• Solicitud de Indemnización Sustitutiva elevada ante el ISS.
• Resolución 00708 del 26 de agosto de 2002, emitida por el ISS.
• Resolución 0210 del 8 de noviembre de 2007, proferida por el Concejo Municipal de Tunja, “Por la cual se hace un reconocimiento a una Madre Comunitaria de la ciudad de Tunja”, mediante la cual se exalta la labor desempeñada por María Irene Tenza De Desalvador como madre comunitaria por casi 22 años.
• Peticiones suscritas por María Irene Tenza De Desalvador, de fecha abril de 2012, dirigidas al ISS solicitando el desarchive del expediente y reconocimiento de la indemnización sustitutiva por pensión de vejez.
• Oficio del ISS, de fecha 27 de abril de 2012, en el que le informa que habiendo prescrito el tiempo para el cobro de la prestación reconocida en el 2002, deberá presentar una solicitud para la “realización de un nuevo estudio de indemnización sustitutiva por pensión de vejez”.
• Certificación de la Asociación de Padres de Familia del sector Cooservicios, Hunza y Jordán, y carta de renuncia voluntaria, del que se determina los extremos de tiempo en ejercicio de labores como madre comunitaria, así:
María Irene Tenza De Desalvador 16 Ago. 1988 01 Jun. 2010
2.4. Expediente T-6.201.064.
Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 19 al 63 del cuaderno 1 del expediente:
• Poder y documento de identidad.
• Contrato de trabajo a término fijo de 2014 con la Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia y comprobantes de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.
• Constancia por parte de la Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia, acreditando su tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria, así:
Claribel Múnera Pereañez 15 Sep. 2003 30 Ene. 2015
2.5. Expediente T-6.203.162.
Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 415 del cuaderno 1 del expediente:
• Poderes y documentos de identidad de las 13 peticionarias.
• Certificaciones de Asopadres del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 10 peticionarias, así:
1 María Edilma González Rodríguez 2 Ago. 1991 31 Dic. 2015
2 Agueda García Rodríguez 1992(2) Activa
3 María Ernestina Martínez de Pinzón 10 abr. 1988 31 Ene. 2004
4 Rogelia Panche Suesca 04 Feb. 1989 04 Feb. 2011
5 María Rita Nope Cuchivaguen 04 Feb. 1989 04 Feb. 2011
6 Rosa María Aguilar de Molina 25 Sep. 1989 27 Oct. 2000
7 Blanca Elvira Aguirre de Aguirre 18 Sep. 1989 30 Jun. 1998
8 María Inés Ríos Bernal 15 años: No registra extremos
9 Miriam Estela Suárez Cárdenas 02 Ago. 1992 30 Sep. 2010
10 Flor Nelly Yanquen Valentín 11 Mar. 1997 11 Ago. 2011
• Declaraciones de personas naturales sobre el tiempo en cumplimiento de labores como madres comunitarias de 3 peticionarias, así:
1 Ana Silde Suárez de Quintero 08 Ago. 1989 Dic. 2003
2 María Carmenza Viasus Molina Sep. 1988 Ene. 2004
3 Flor Avicena Sepúlveda Mar. 1989 Ene. 2004
2.6. Expediente T-6.208.901.
Fueron aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples, visibles a folios 1 al 265 del cuaderno 1 del expediente:
• Poderes, documentos de identidad e historias laborales emitidas por Colpensiones de las 43 peticionarias.
• Certificaciones de Asopadres del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de las 43 peticionarias, así:
1 Ángela Parra Gamboa (2 periodos) 07 Feb. 1997 Ju. 2008 Dic. 2006 Dic. 2010
2 Adriana Laudice Rodríguez Vega 05 Mar. 2004 Activa
3 Gema Socorro Hernández Aparicio 02 Feb. 2001 Activa
4 Liliana Correa 02 Feb. 2009 Activa
5 María Stela Jaimes Miranda 16 Mar. 1998 Activa
6 Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez 18 Mayo 1995 Activa
7 Zoraida Mojica Jaimes 05 Mar. 2012 Activa
8 Norys Sánchez Galván 15 Mar. 2011 Activa
9 Edilia Flórez Villamizar Sep. 1993 31 Dic. 2003
10 Feglei Abril Otálora 10 Ago. 2009 31 Dic. 2015
11 Ana Liduvina Villamizar Ramírez Feb. 1994 Dic. 1994
12 Rosa Elena Carrero Cala(3) 01 Mar. 1990 28 Feb. 2003
13 Belcy Parada Pérez 02 Ago. 1995 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31. Oct. 2016
14 Luz Yaneth Páez Sánchez 22 Sep. 1989 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31. Oct. 2016
15 Ericilda Lizcano 05 Feb. 1995 05. Mayo 2008
16 Adela Amaríz Santos “durante el año 2001”
17 Carmen Aleyda Leal Suárez Feb. 1996 Jun. 1997
18 Marta Leal Suárez Jul. 1997 Nov. 1999
19 Eleonora María Villasmil Bernal 01 Nov. 1999 01 Ago. 2003
20 Myriam Hernández Vera 23 Feb. 2005 18 Ago. 2011
21 María Regina Santos Prada 11 Abr. 1987 Dic. 1992
22 Blanca Cecilia Bohórquez Herrán 01 Oct. 1987 Dic. 2001
23 Gloria Melsa Quintero Jaimes 02 Feb. 1992 10. Mar. 2013
24 Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez 22 Mayo 1995 24 Nov. 2006
25 Olga Vargas Rojas 1987 1992
26 Gladys Flórez González (2 periodos) 22 Mayo 1995 18. Ago. 2006 Mar. 2004 Feb. 2009
27 Marcelina Carvajal de Peña Abr. 1988 Abril. 2003
28 Noraima Ortiz Zambrano 01 Abr. 1997 Activa
29 Omaira Ortiz Zambrano 19 Feb. 2001 Activa
30 July Mayerly León Arias 03 Jul. 2012 Activa
31 Martha Laura Velasco Pita 12 Feb. 1996 10. Feb. 2010
32 Rosalba Briceño Hernández (3 periodos) 01 Nov. 1999 15 Sep. 2008 01 Abr. 2011 15. Abr. 2001 31 Mar. 2011 01 Feb. 2012
33 Carmen Elena Carvajal Quintero 2010 2016
34 Erika María Rodríguez Collantes
(2 periodos)
02 Feb. 2012 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31. Oct. 2016
35 Norida Yasmin Suárez Ortiz 17 Jul. 2007 Activa
36 Alba Luz Contreras Contreras 01 Oct. 1995 30 Nov. 2004 01 Ene. 2006 31 Dic. 2005
37 Nancy Sepúlveda Contreras 2004 2007
38 Velkys Vianney Díaz Cruz Ene. 1989 Ago. 2004
39 Sandra Milena Villamizar Lamus (2 periodos) 01 Nov. 2000 01 Ago. 2012 15 Ene. 2009 05 Ago. 2015
40 Omaira Molina Rodríguez 09 Mar. 2012 Activa
41 María Elena Villamizar Ruiz 01 Sep. 1993 Activa
42 Blanca Elena Dávila Montañez 05 Feb. 2003 2004
43 Emilce Riveros Torrado 01 Ago. 2010 Activa
3.1. En los expedientes T-6.190.251(4), t-6.193.730(5), T-6.196.094(6), T-6.201.064(7), T-6.203.162(8) y T-6.208.901(9), los juzgados respectivos admitieron las acciones de tutela y ordenaron ponerla en conocimiento de las entidades demandadas y vinculadas para que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteadas en ella.
3.2. En los expedientes T-6.190.251(10), t-6.193.730(11), T-6.196.094(12), T-6.203.162(13) y T-6.208.901(14), la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF dio respuesta a las respectivas acciones de tutela, en los siguientes términos comunes para los expedientes relacionados:
• Precisó que en virtud del desarrollo legal y jurisprudencial en torno a los Hogares Comunitarios de Bienestar, la labor de las Madres Comunitarias no ha involucrado ninguna vinculación laboral con el ICBF, siendo las EAS (entidades administradoras del servicio) quienes tienen la condición de único empleador, erigiéndose como trabajadoras dependientes de las mismas.
• Por otra parte, advirtió que “las madres comunitarias no son funcionarias o empleadas del Instituto y ni siquiera contratistas, son nombradas y dependen de la Asociación de Padres de Familia de la cual hace parte su Hogar de Bienestar. Las Asociaciones de Padres de Familia que administran los hogares de bienestar tampoco hacen parte de la estructura administrativa del Instituto”. Seguidamente, señaló que “la madre comunitaria jamás podría tener la condición de empleado público o de trabajador oficial del Estado, al haber sido definida por la Ley una relación contractual entre dichas madres y la persona jurídica Asociación”.
• Adicionalmente, realizó un recuento de la jurisprudencia constitucional consolidada respecto del reconocimiento de la existencia de un régimen jurídico especial aplicable a las madres comunitarias alrededor de la relación (surgida entre la entidad sin ánimo de lucro de beneficio social y la madre) contractual de carácter civil, conmutativo, remunerado, no laboral –donde el ICBF no es parte–.
Por lo argumentado, la entidad solicitó la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela acumuladas.
3.3. En el Expediente T-6.201.064, el ICBF guardó silencio.
3.4. En el Expediente T-6.201.064, la entidad vinculada Asociación de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia, solicitó que se le desvinculara del proceso, en razón a que: (i) seguían “órdenes y lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”; (ii) la asociación no se encuentra en funcionamiento, ya que el contrato con el ICBF terminó el 31 de octubre de 2016 y (iii) en la actualidad, “es otro operador quien trabaja de la mano con el ICBF”.
4. Decisiones judiciales que se revisan en los expedientes acumulados.
T-6.190.251 Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja; 4 de enero de 2017: Declara la improcedencia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017: Revoca, tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.
t-6.193.730 Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar; 3 de febrero de 2017: Tutela los derechos fundamentales de las 19 accionantes, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones. Sin impugnación.
T-6.196.094 Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; 25 de enero de 2017: Declara la improcedencia de la acción de tutela presentada por las 11 accionantes. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral; 3 de marzo de 2017: Revoca, tutela los derechos fundamentales de 10 accionantes(15), declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones.
T-6.201.064 Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento; 31 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones. Auto interlocutorio del 15 de marzo de 2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la causa por pasiva(16).
T-6.203.162 Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja; 24 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 13 accionantes. Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión Nº 5; 1º de marzo de 2017: Modifica la sentencia, amparando a seis(17) (deja por fuera una(18)) y declara improcedente a seis (por edad)(19).
T-6.208.901 Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Norte de Santander); 13 de febrero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 43 accionantes. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia; 29 de marzo de 2017: Confirma.
5. Escritos allegados en sede de revisión.
5.1. ICBF.
En el Expediente T-6.201.064, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, mediante escrito recibido el 31 de agosto de 2017, solicitó la adopción de medidas provisionales a efectos de suspender las órdenes impartidas en el fallo del 31 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, quien –con fundamento en la Sentencia T-480 de 2016– declaró la existencia de una relación laboral entre la madre comunitaria Claribel Múnera Pereañez y el ICBF.
Informó que luego del trámite del incidente de desacato, el 16 de agosto de 2017, el juzgado sancionó a la Directora de la Regional Antioquia con tres días de arresto y una multa de dos (2) S.M.L.M.V.
Manifestó que, de cumplir y acatar el fallo señalado, se desconocería el precedente y los parámetros establecidos en el Auto 186 de 2017 y, además, afectaría gravemente el erario público, así como la seguridad jurídica y la igualdad.
5.2. Apoderado Luis Carlos España Gómez.
Mediante oficio recibido el 11 de septiembre de 2017, el apoderado Luis Carlos España Gómez –en los expedientes T-6.196.094 y T-6.203.162– solicitó lo siguiente:
• Que se decreten las pruebas solicitadas en sede de instancia y que se comisione a los juzgados de instancias respectivos, a fin de realizar la inspección judicial a los Centros Zonales del ICBF para verificar “los datos pertinentes en cuanto a los extremos de la relación laboral, jornada de trabajo y demás aspectos contentivos en la Base de Datos de las Madres Comunitarias de Boyacá”.
• Que se declare la existencia de un contrato realidad entre sus poderdantes y el ICBF.
En subsidio a lo anterior y en aplicación del Auto 186 de 2017 (que declaró la nulidad parcial de la Sentencia T-480 de 2016) solicitó que se ordene al ICBF el pago de los aportes en seguridad social para pensión de todas las accionantes.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar las sentencias que decidieron las controversias dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 30 de junio de 2017 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional que ordenó la selección y acumulación respectiva.
2. Verificación, en conjunto, del cumplimiento de los requisitos de procedencia de las acciones de tutela acumuladas que se revisan.
En consecuencia, de manera preliminar, la Sala analizará, de manera conjunta para los seis asuntos acumulados, si ¿Resultan procedentes las acciones de tutela instauradas por Gloria Solano (T-6.190.251); Neris Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Múnera Pereañez (T-6.201.064); María Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, con las cuales solicitan, principalmente, se ordene el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que realizaron desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
Para ello, se reiterará las reglas jurisprudenciales que determinan los requisitos que se deben acreditar para la procedibilidad del amparo pedido por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y, luego, se verificará, de forma conjunta, si en este caso acumulado se cumplen cada uno de esos presupuestos de procedibilidad.
2.1.1. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en los casos específicamente previstos por el Legislador, y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección efectiva. En este sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela, determina que:
En este orden de ideas, la legitimación en la causa por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de los representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso.
2.1.2. Por un lado, la Sala observa que, (i) de las 88 accionantes, sólo la señora Gloria Solano (T-6.190.251) presentó la acción de tutela de manera directa y (ii) en los escritos de tutela se indica que los abogados Madelaine Zabaleta Daza y Edwin Alberto Montoya Montes, actúan como apoderados judiciales en los expedientes t-6.193.730 y T-6.201.064, respectivamente; que el abogado Luis Carlos España Gómez, actúa como apoderado judicial en los expedientes T-6.196.094 y T-6.203.162; y que los abogados Andrés Fernando Silva Vergel, José Vladimir Silva Vergel y Isidoro Velasco Cobos de la sociedad Colectivo de Abogados Velasco Tarazona SAS, actúan como apoderados judiciales en el Expediente T-6.208.901. Y, por otro, las poderdantes son las presuntas víctimas de la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.
También se advierte que, para cada caso, se anexaron los poderes especiales suscritos por las accionantes y los mencionados abogados(20). En esa medida, es claro que tales circunstancias se enmarcan en una de las reglas fijadas por esta Corte para acreditar la legitimación por activa, esto es, cuando la acción de tutela es promovida por un tercero (apoderado judicial) en representación del titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado. En consecuencia, se constata el cumplimiento de este requisito de procedibilidad.
2.1.3. Respecto del Expediente T-6.196.094, la Sala advierte que a folios 362, 366 y 367 del cuaderno 2, se enuncian como accionantes a las señoras Lucila Ocasión Gallo (CC 40.018.331) y a María Elsa Desalvador Tenza (CC 40.013.122).
Sin embargo, una vez revisados los anexos aportados, la Sala encuentra que no obra poder conferido al abogado Luis Carlos España López, ni las pruebas documentales señaladas en el escrito de la tutela o prueba documental alguna que respalde sus pretensiones; por lo tanto, la Sala Cuarta de Revisión se abstendrá de pronunciarse de fondo respecto de las ciudadanas señaladas.
No obstante, se instará a que, en caso de acudir a la administración de justicia, a futuro, el operador judicial competente deberá aplicar las reglas jurídicas determinadas en esta providencia, condicionado al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y de que las accionantes logren acreditar los supuestos de hecho y de derecho que respaldan sus pretensiones.
2.2.1. La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada; la cual procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares, según el artículo 86 superior.
Inicialmente, se debe poner de presente lo siguiente: (i) todas las acciones de tutela están dirigidas contra el ICBF, y (ii) en algunos de los trámites de los asuntos acumulados de la referencia se vinculó a las siguientes entidades: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado(21); a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones(22); a la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar el Futuro de Colombia(23); a las Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar Once de Noviembre, La Sabana, Patio Centro, La Cordialidad, Tierra Linda, Doce de Octubre, La Esperanza, Las Cumbres y El Progreso(24). De esta manera, se tiene una entidad pública como accionada y dos de esa misma naturaleza pero en calidad de vinculadas y varias personas jurídicas de carácter privado como vinculadas (Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar).
2.2.2. La Sala advierte que en el marco normativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se establece taxativamente las funciones atribuidas a dicha entidad, entre las cuales, no se encuentra la de pagar los aportes en pensión a favor de las personas que hayan desempeñado la labor de madre o padre comunitario en desarrollo del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. En términos generales, la función de este ente público consiste en “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de Defensa Jurídica de la Nación y del Estado; formular, evaluar y difundir las políticas de prevención de las conductas antijurídicas, del daño antijurídico y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren una adecuada defensa de los intereses litigiosos de la Nación”(25). En esa medida, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado carecería de aptitud legal para responder por el presunto desconocimiento iusfundamental alegado en esta oportunidad, por lo que se dispondrá la improcedencia de la acción de tutela T-6.193.730 frente a la misma.
2.2.3. La Sala observa que Colpensiones (anteriormente ISS), también vinculada en el trámite de la acción de tutela T-6.193.730, no tenía a su cargo el contenido obligacional de haber efectuado el pago de los aportes parafiscales, pues sólo se trata de uno de los fondos de pensiones al que supuestamente se debieron haber consignado las aludidas contribuciones, si ello hubiese sido del caso. Por tanto, igualmente se declarará improcedente la solicitud de amparo T-6.193.730 en lo que respecta a la mencionada entidad.
2.2.4. En cuanto a las Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar, vinculadas en el trámite de las acciones de tutela T-6.201.064 y T-6.208.901, la Sala tampoco las encuentra con aptitud legal de ser efectivamente la llamada a responder por el amparo reclamado, por cuanto estas organizaciones se conforman por “los padres de los menores beneficiarios del programa o las personas que los tengan bajo su responsabilidad y las madres comunitarias”(26) y, así mismo, las Madres Comunitarias “podrán ser elegidas como delegadas a la Asamblea de Delegados y en consecuencia como miembros de las Juntas Directivas”(27); lo cual podría implicar que se compartiría la calidad de demandante y demandado. Por ende, la Sala dispondrá la improcedencia de las acciones de tutela T-6.201.064 y T-6.208.901, en relación con las referidas asociaciones de padres.
2.2.5. Frente al ICBF, cabe señalar que el numeral 5º del artículo 1.2.1.1 del Decreto 1084 de 2015 establece que dicho instituto es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado por la Ley 7ª de 1979 y mediante Decreto 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); por lo tanto, de acuerdo con el artículo 5º y el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, lo cual, lo hace sujeto por pasiva tutelar si con su accionar (positivo o negativo) vulnera o amenaza cualquier derecho fundamental.
Ahora bien, por un lado, el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 89 de 1988 señala que: “(…) Se entiende por Hogares Comunitarios de Bienestar, aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres del país” y, por otro, el artículo 8º de ese cuerpo normativo dispone que el mismo “rige a partir de la fecha de su promulgación”, esto es, el 29 de diciembre de 1988(28). De la lectura de esas normas legales, resulta válido afirmar que: (i) la labor de madre comunitaria que desempeñaron las accionantes se desarrolló de conformidad con la implementación del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar que efectuó el ICBF con base en lo previsto en la Ley 89 de 1988; y (ii) la implementación legal de dicho programa tuvo lugar el 29 de diciembre de 1988, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 89 de 1988.
Estas circunstancias son suficientes para inferir que, dadas las particularidades verificadas en el presente caso acumulado, el ICBF podría haber tenido la obligación de realizar el pago de los aportes parafiscales en pensión que reclaman las accionantes. Por consiguiente, la Sala encuentra que esa entidad sí cuenta con aptitud legal de ser el posiblemente llamado a responder por el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados.
2.2.6. En conclusión, la Sala constata el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva, pero únicamente respecto del ICBF, de conformidad con lo verificado anteriormente.
2.3.1. Esta corporación ha señalado en la Sentencia SU-617 de 2014 que este presupuesto de procedibilidad se cumple cuando se demuestra que el caso involucra algún debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental. En cuanto a este aspecto, la Sala encuentra que el debate jurídico del presente asunto acumulado radica en que 88 ciudadanas solicitan, en común, la protección constitucional frente a la supuesta negativa del ICBF de pagar, durante un lapso prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.
2.3.2. Así las cosas, resulta evidente que el asunto en discusión se encuentra inmerso en una controversia iusfundamental que gira en torno al presunto desconocimiento sistemático por parte de una autoridad pública frente a los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de personas que pertenecen a uno de los sectores más deprimidos económica y socialmente del país. Lo anterior sin duda alguna amerita un análisis detallado por parte del juez de tutela en cuanto al contenido, alcance y goce de dichos derechos.
Dada esa importancia constitucional, para la Sala es claro que el proceso objeto de revisión de la referencia también se ajusta a lo establecido por esta corporación respecto a la exigencia de procedencia en cuestión.
2.4.1. La Corte también ha considerado que para constatar el cumplimiento de este requisito, el juez de tutela debe comprobar cualquiera de estas situaciones:
• si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela; y/o
• si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo tutelar.
Además de las dos pautas referidas en precedencia, tratándose de asuntos en donde se reclama el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas relacionadas con derechos pensionales, como es el caso de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social, esta corporación ha sido enfática al precisar lo siguiente:
“en virtud de su naturaleza, los derechos prestacionales, como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, son imprescriptibles(29). Es decir, pueden ser reclamados en cualquier tiempo, por lo que se descarta la posibilidad de que un juez se abstenga de reconocerlos bajo el argumento de que la acción de tutela resulta improcedente por razones de inmediatez, al no haber sido instaurada en un término razonable, pues tales derechos siempre serán actuales”.(30) (Negrilla fuera del texto original).
2.4.2. Como se dijo anteriormente, en esencia, las demandantes reclaman el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social a cargo del ICBF, prestaciones periódicas que no fueron asumidas por dicha entidad durante un tiempo prolongado, lo cual, según ellas, trunca sus posibilidades de cumplir todos los requisitos necesarios para adquirir una pensión de vejez a futuro.
Esta Sala observa que el presente caso se enmarca sin dificultad alguna en la referida regla constitucional y, bajo tal pauta jurisprudencial, la Sala considera que por ser un asunto acumulado donde se solicita el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social, dicho reclamo puede efectuarse en cualquier tiempo, debido al carácter imprescriptible del derecho pensional involucrado (pensión de vejez) y por tratarse de una presunta afectación actual y continua de los derechos invocados por las 88 madres comunitarias, especialmente frente al derecho fundamental a la seguridad social.
En vista de lo anterior y al igual que los tres requisitos analizados en precedencia, la Sala también halla satisfecha la exigencia de inmediatez.
2.5.1. En cuanto a esta exigencia, la Corte ha reafirmado que, conforme al artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(31). En desarrollo de ello, este tribunal ha precisado que la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto(32), pues la acción tutelar no puede desplazar los mecanismos judiciales específicos previstos en la correspondiente regulación común(33).
2.5.2. Respecto a las acciones de tutela promovidas por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, en múltiples pronunciamientos, esta corporación ha encontrado procedentes dichas solicitudes de amparo, por cuanto ha considerado a las accionantes como sujetos de especial protección constitucional, al verificar cualquiera de las siguientes condiciones particulares:
• Encontrarse en una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente(34);
• ser parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica y socialmente(35);
• hallarse en el estatus personal de la tercera edad(36);
• afrontar un mal estado de salud(37);
• ser madre cabeza de familia y/o víctima del desplazamiento forzado(38).
La sala precisa que tan sólo una de las anteriores circunstancias impone al juez de tutela el deber de implementar un examen flexible de procedibilidad de la acción de tutela instaurada por aquellas personas que han cumplido o realizan la labor de madre comunitaria en el ICBF, estudio que se debe ajustar a las condiciones físicas, sociales, culturales o económicas que han puesto en estado de debilidad manifiesta a ese grupo de personas por un tiempo considerablemente prolongado.
2.5.3. Ahora bien, la Sala advierte que si bien las accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de sus derechos, lo cierto es que esta Sala de Revisión, siguiendo la postura adoptada por la Corte, considera que ese medio ordinario resulta ineficaz para resolver el reclamo iusfundamental que emerge de un contexto donde las demandantes, por sus condiciones físicas, sociales, culturales o económicas, se han encontrado en estado de debilidad manifiesta por un tiempo considerablemente prolongado. Así, someterlas bajo esas circunstancias a un trámite común resultaría riesgosamente tardío y desproporcionado para ellas.
Tal determinación se debe a que no hay duda que las 88 madres comunitarias son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto se verifica que todas ellas cumplen con las siguientes dos condiciones especiales:
(i) Encontrarse en una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. En efecto, desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, por sus servicios prestados como madres comunitarias, las 88 accionantes recibieron el pago mensual de una suma de dinero denominada “beca”, la cual, únicamente a partir del 1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal vigente para quienes continuaban vinculadas. Es decir, recibieron un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, lo cual claramente constituyó una afectación a su mínimo vital que se perpetuó por todos esos años.
(ii) Ser parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica y socialmente. No existe dificultad alguna para demostrar que todas las madres comunitarias tienen esta condición especial, por cuanto, en los siguientes términos, así lo establece el artículo 2º del Acuerdo 21 de 1996(39): “(…) Los Hogares Comunitarios de Bienestar deberán funcionar prioritariamente en los sectores más deprimidos económica y socialmente y definidos dentro del SISBEN como estratos 1 y 2 en el área urbana y en sectores rurales concentrados”.
Esta segunda condición especial es quizá la razón principal que sustenta el válido reclamo iusfundamental que –en esta oportunidad– solicitan las madres comunitarias ante el juez de tutela, en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta corporación en el Auto 186 de 2017.
(iii) Adicionalmente, algunas de las peticionarias se hallan en el estatus personal de la tercera edad. Como se evidenció en la tabla visible en la página 2 de la presente sentencia, algunas de las accionantes se hallan en el estatus personal de la tercera edad o adulto mayor, de conformidad con lo establecido y definido en los artículos 1º y 7º (literal b) de la Ley 1276 de 2009(40), toda vez que según las respectivas cédulas de ciudadanía obrantes en los expedientes acumulados, de las 88 demandantes en total, 19 cuentan con 60 años de edad o más. Incluso, de esas 19 madres comunitarias, 5 de ellas cuentan con 70 años o más.
2.5.4. En conclusión, dado el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva (únicamente respecto del ICBF), trascendencia iusfundamental, inmediatez y subsidiariedad, la Sala Cuarta de Revisión encuentra procedentes las seis solicitudes de amparo, por lo que, de forma conjunta para los casos acumulados, procederá con el análisis de los problemas jurídicos formulados en el siguiente acápite.
3. Problemas jurídicos a resolver y metodología de resolución.
De encontrar procedentes las acciones de tutela, la Sala de Revisión procederá con el estudio de los siguientes problemas jurídicos que a continuación se plantean:
• ¿Es aplicable la solución jurídica resuelta en la Sentencia T-480 de 2016 como precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88 demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
•¿Vulnera el ICBF los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251); Neris Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Múnera Pereañez (T-6.201.064); María Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); al negarse a pagar durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madres comunitarias desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014(41), o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
Para resolverlos, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) el derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres comunitarias: evolución normativa y jurisprudencial del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, implementado por el ICBF; y (ii) el alcance de la Sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y del Auto 186 del 17 de abril de 2017 que declaró su nulidad parcial.
Con base en lo anterior, se solucionará el caso concreto de forma conjunta para los asuntos acumulados.
4. El derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres comunitarias: evolución normativa del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF.
El alcance y contenido del derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas se han definido, de manera progresiva, con cada uno de los pronunciamientos (tutela y constitucionalidad) que esta Corte ha proferido al interpretar y aplicar sistemáticamente el preámbulo(42) y los artículos 1º(43) y 48 (seguridad social)(44) de la Constitución.
La Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar que la seguridad social es aquel derecho de todas las personas que se concreta en virtud del vínculo establecido con arreglo a la ley(45), el cual tiene una relación directa con el derecho fundamental al trabajo(46), por cuanto ella constituye una garantía a favor de quienes contraen o han mantenido una relación laboral(47).
De igual manera, este tribunal ha indicado que el derecho fundamental a la seguridad social ampara a las personas que se encuentran en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de contingencias como la vejez, el desempleo, la enfermedad, la incapacidad laboral y/o la muerte(48); aclarando que, si bien el derecho a la seguridad social tiene un carácter prestacional o económico, ello no da lugar para excluirlo de su reconocimiento como fundamental, ya que todo derecho que esté consagrado en la Constitución, sin distinción alguna, ostenta esa calidad(49).
El origen data del año 1972 cuando fueron creados los denominados centros comunitarios para la infancia CCI. Durante los años 1979 a 1981 fue responsabilidad de padres y vecinos y, mediante el Conpes (1986) se aprobó el proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar.
Mediante la Ley 89 de 1988 se asignaban recursos a los hogares comunitarios a través de Becas. Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2019 de 1989 dispuso que el programa “Hogares de Bienestar” se fundamenta en el trabajo solidario de la comunidad encaminado a garantizar a los niños, la atención de sus necesidades básicas, especialmente en los aspectos de nutrición, protección y desarrollo individual.
En efecto, el Decreto 1471 de 1990, estableció que los programas que adelante el ICBF, en cumplimiento del servicio público de Bienestar Familiar, se fundamentarán en: a) responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos(50); b) participación de la comunidad(51); y c) determinación de la población prioritaria(52).
El Decreto 1340 de 1995 estableció que la vinculación de las madres comunitarias (así como la de las demás personas y organismos de la comunidad, que participen en el programa de “Hogares de Bienestar”), mediante su trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de la sociedad y la familia; por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades públicas que participen.
Ahora bien, la Ley 100 de 1993 creó el fondo de solidaridad pensional “como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley”.(53) El objeto de ese fondo es “subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, lasmadrescomunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”.(54) (Subraya fuera de texto original).
En consonancia con las anteriores disposiciones legales se expidió la Ley 509 de 1999(55) y las madres comunitarias fueron vinculadas al SGSS en salud a través del régimen subsidiado, a partir del 3 de agosto de 1999. Posteriormente, la Ley 1023 de 2006(56) modificó la afiliación y dispuso que las madres comunitarias del programa de Hogares Comunitarios del ICBF se afiliarán con su grupo familiar al régimen contributivo, adquiriendo las mismas prestaciones asistenciales y económicas y obligadas al pago de una cotización mensual. De esta forma, se establecieron beneficios en materia de Seguridad Social en favor de las madres comunitarias. Entre tales prerrogativas se destacan las siguientes:
• Las madres comunitarias serán titulares de las prestaciones asistenciales y económicas de que gozan los afiliados del régimen contributivo establecido por la Ley 100 de 1993.
• El Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al régimen general de pensiones de las madres comunitarias, sin importar su edad y siempre que se acredite un (1) año de servicio como tales.
• El valor del subsidio equivaldrá al ochenta por ciento (80%) del total de la cotización para pensión y su permanencia se mantendrá por el lapso en que la madre comunitaria realice esta actividad.
• El Fondo de Solidaridad Pensional administrará los recursos que cubren el subsidio a los aportes de las madres comunitarias.
Posteriormente, el artículo 2º de la Ley 1187 de 2008(57) dispuso que el Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al Régimen General de Pensiones de las madres comunitarias, sin importar su edad y tiempo de servicio. Adicionalmente, el referido precepto legal prevé: “El Gobierno Nacional garantizará la priorización al acceso de las Madres Comunitarias al subsidio de la Subcuenta de Subsistencia de que trata la Ley 797 de 2003, cuando no cumplan con los requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de Solidaridad, o cuando habiendo cumplido la edad en los términos de la ley no alcancen a completar el requisito de semanas de cotización exigido”. En su artículo 4º estableció que la bonificación mensual de las madres comunitarias se incrementaría al 70% del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de enero de 2008, sin perjuicio de los posteriores incrementos que se realicen.
Tres años después, se sancionó la Ley 1450 de 2011(58) con la cual el legislador dispuso: (i) las personas que dejen de ser madres comunitarias y no cumplan los requisitos para acceder a la pensión, ni sean beneficiarias del programa de asignación de beneficios económicos periódicos del régimen subsidiado en pensiones y por tanto reúnan las condiciones para acceder a la misma, tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional; (ii) el ICBF efectuará la identificación de las posibles beneficiarias a este subsidio; y (iii) las madres comunitarias que tuvieron esta condición entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no accedieron al fondo de solidaridad pensional durante este período, podrán beneficiarse del pago del valor actuarial de las cotizaciones para el citado período.
Luego, con el Decreto Reglamentario 605 de 2013, el ejecutivo estableció las “condiciones para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de las personas que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los requisitos para obtener una pensión, ni sean beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS); y definir las reglas para la determinación del cálculo actuarial establecido en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011”.
Finalmente, a través de la Ley 1607 de 2012(59) se otorgó a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Allí se estipuló que –de manera progresiva– (en el 2013) se diseñarían y adoptarían diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que ello implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas.
La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias inició en el 2014, el Gobierno atendió el compromiso en cuanto a que todas las madres comunitarias estarían formalizadas laboralmente y, a través del Decreto 289 del 12 de febrero de 2014(60), el Presidente de la República reglamentó que la vinculación laboral de las madres y padres comunitarios se llevaría a cabo mediante contrato de trabajo, el cual comprendería “todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social”.
5. Línea jurisprudencial del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF.
5.1. Sentencia SU-224 de 1998.
En esta providencia, la Sala Plena de la Corte constitucional reiteró lo dicho en la tutela T-269 de 1995, específicamente que “el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil”.
El problema jurídico sometido a revisión en esa ocasión versaba sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso de la demandante, quien venía desempeñándose como madre comunitaria dentro del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en relación con la orden de cierre del hogar que dirigía, por parte de la asociación comunitaria de familias de su barrio.
Ante lo cual, la Sala examinó si las decisiones proferidas por los jueces de instancia, al negar la primera el derecho al trabajo y conceder el amparo respecto del derecho a la igualdad y al revocar la segunda esta decisión y, en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso, se ajustan al material probatorio que aparece en el expediente y a la doctrina constitucional expedida sobre los mismos.
En el análisis del caso concreto de la Sentencia SU-224 de 1998, la Corte manifestó que los requisitos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, subordinación y salario) no se encontraban reunidos, lo cual descarta la existencia de “una vinculación contractual de carácter laboral”. Por consiguiente, con respecto al posible desconocimiento del derecho al trabajo, invocado por la peticionaria, por la terminación de la relación vigente y la suspensión de la actividad del hogar comunitario a su cargo, es pertinente concluir que, si de la relación existente entre la demandante y la accionada no se desprende una vinculación de carácter laboral, no es posible deducir la amenaza o violación de dicho derecho, razón por la cual no prospera la tutela para los efectos de la protección del mismo.
De la posición de Sala Plena –que constituye precedente constitucional– se extracta lo siguiente:
Al entrar al análisis de las consideraciones para la solución del caso concreto se reiteró lo dicho en la Sentencia T-269 de 1995 de esta corporación, que determinó que el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es “de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente”, así:
Sin duda, alrededor de la relación surgida entre ambas partes –una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular que nunca ostentó la calidad de empleado–, se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente: la madre, a la satisfacción del interés de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usuarios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por el ICBF; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad; onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.
No sobra agregar que los anteriores razonamientos son obligatorios y por tanto vinculantes, por cuanto forman parte de la ratio de la sentencia, en la medida en que sujetan y constituyen la base de la decisión, adoptada en el fallo de Sala Plena SU-224 de 1998. En ese sentido, esta Corte ha señalado el carácter vinculante de la ratio, pues, al tener un nexo causal con la parte resolutiva, es obligatoria, debe ser observada por las distintas autoridades y corrige la jurisprudencia(61).
En efecto, se puede concluir que el legislador en el ejercicio de sus competencias puede cambiar el régimen jurídico de las madres comunitarias, tal como se explicó en el acápite anterior. Sin embargo, la realidad fáctica y jurídica antes de la vigencia de esa ley resulta muy diferente. En atención a lo dispuesto en la Sentencia SU-224 de 1998, en íntima conexidad con la Sentencia T-269 de 1995, a la cual expresamente remite, al verificar los elementos del contrato realidad(62) se determinó que los presupuestos no se configuraban en los vínculos entre madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar.
5.2. Jurisprudencia en vigor.
5.2.1. jurisprudencia contenida en la sentencias T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001. En la citada línea jurisprudencial, la Corte Constitucional ha sostenido que no existe contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil.
5.2.2. Jurisprudencia acorde al avance legislativo, contenido en las sentencias T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015. A partir de la providencia T-628 de 2012, esta corporación empieza a señalar las transformaciones que se han presentado en cuanto a la naturaleza de la relación entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones que hacen parte del mencionado programa, en los siguientes términos:
Podría argumentarse que la diferencia que se acusa de discriminatoria tiene una justificación debido a que las madres comunitarias no tienen, por regla general, una relación laboral con el ICBF ni con las instituciones que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y por esta razón el Estado no está obligado a tratarlas de la misma forma que a los trabajadores subordinados.
Sin embargo, el anterior argumento no es de recibo al tener en cuenta que, como se vio, el régimen jurídico de las madres comunitarias no es el de las personas que trabajan por contrato de prestación de servicios, sinounointermedioentreeltrabajosubordinadoyelindependiente,elcualfueconfiguradoautónomamenteporelICBF. Al hacerlo, esta entidad escogió dotarlo de una jornada máxima igual a la de los trabajadores subordinados y al hacerlo no podía, al mismo tiempo, excluir el salario mínimo mensual, sin incurrir en discriminación sexual en el sentido ya indicado.
Explicó la Corte que el análisis del régimen jurídico actual de las madres comunitarias revela, de un lado, características propias del trabajo subordinado tales como la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias y, de otro, divergencias importantes con los trabajadores independientes en lo que toca con la seguridad social pues no están obligadas a asumir la totalidad de los aportes al sistema de salud y de pensiones sino que el Estado asume una parte de los mismos, lo cual obedece a la lógica misma del programa, cual es la responsabilidad conjunta entre el Estado, la familia y la sociedad en la asistencia y protección de los niños y niñas. De modo tal que, hoy en día, las madres comunitarias tienen un régimen jurídico intermedio entre el trabajo subordinado e independiente.
Lo dicho no contradice la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica de la relación de las madres comunitarias con las entidades y asociaciones que participan del programa ya que las sentencias expedidas sobre el asunto se han limitado a indicar que no se trata de trabajo subordinado(63), lo que se reitera en esa decisión.
En la Sentencia T-478 de 2013, esta corporación revisó los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de tutela formulada por una madre comunitaria que exigía el restablecimiento de sus derechos que estimaba vulnerados, porque se le dejó de pagar el subsidio a los aportes a pensión. En ese caso, la Corte analizó el régimen legal aplicable a las madres comunitarias y encontró que el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 había establecido medidas progresivas tendientes a mejorar la situación de quienes realizan actividades como madres comunitarias, entre otras, la asignación gradual de una remuneración que llegue a equivaler al valor del salario mínimo legal vigente y finalmente, la formalización laboral.
La Sala de Revisión encontró que el régimen jurídico de las madres comunitarias se encontraba en un período de transición, ya que en el año 2014 debe pasar de ser un régimen jurídico especial, a una relación laboral por la que devengarán un salario mínimo legal vigente. Finalmente, debe destacarse que durante 2013, la beca o bonificación que reciben las madres comunitarias debe ser equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
Con la expedición de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 que reglamentó el artículo 36 de la mencionada ley, se contrajo que las madres comunitarias serían vinculadas mediante contrato de trabajo, que no tendrían la calidad de servidoras públicas, que prestarían sus servicios a las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y que no se podía predicar solidaridad patronal con el ICBF. Así lo explico la Corte en la Sentencia T-130/2015:
Dentro de esta secuencia, la Corte encuentra que entre los años 2013 y 2015 y particularmente, a partir del año 2014, el régimen jurídico de las madres comunitarias pasó de ser un régimen jurídico especial a convertirse en un régimen laboral con ciertas especificidades. El primer paso estuvo en la citada Ley 1607 de 2012 que dispuso que durante el año 2013 la beca o bonificación que recibían las madres comunitarias debía equivaler al valor de un salario mínimo legal mensual vigente; además, se mantuvo el subsidio especial otorgado a las madres comunitarias para sus aportes al Sistema General de Pensiones por medio del Fondo de Solidaridad Pensional. El segundo avance se produjo con la expedición del Decreto 289 de 2014 reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar(64), de manera que cuenten con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social(65).
De lo expuesto, la Sala concluye –reiterando lo precisado por esta corporación en la Sentencia T-508/2015– que:
i) si bien, inicialmente, se aceptó la exclusión de las madres comunitarias de la relación laboral por mandato legal, desde las primeras medidas diferenciadas se advertía la intención legislativa de conceder a esa actividad prerrogativas particulares,
ii) la actividad de madre comunitaria ha sufrido una transformación progresiva en su tratamiento legal, en procura de acercarla a la relación laboral,
iii) en el escenario actual, la actividad de las madres comunitarias se formalizó laboralmente y tienen asegurado un ingreso correspondiente a un salario mínimo legal vigente.
En efecto la jurisprudencia constitucional ha evolucionado, de cara al desarrollo legislativo: En un principio, la Corte consideraba que se trataba de un vínculo contractual de índole civil entre las madres y el operador y que no se trata de trabajo subordinado ante el ICBF (T-269/1995, SU-224/1998, T-668/2000, T-978/2000 T-990/2000 y T-1173/2000).
Luego, determinó que se trataba de un contrato intermedio entre el subordinado y el independiente, “que no genera relación laboral” (T-628 /2012); para finalmente ir acorde al avance legislativo de formalizar la vinculación laboral a partir de febrero de 2014, regulada con la Ley 1607 de 2012 y Decreto 289 de 2014 (T-130/2015 y T-508/2015).
6. Alcance de la Sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y de su declaratoria de nulidad parcial y de las medidas adoptadas en el Auto 186 de 2017.
6.1. Sentencia T-480 de 2016.
En la providencia T-480 de 2016, la Sala Octava de Revisión estudió el asunto acumulado de 106 madres comunitarias que instauraron acción de tutela contra el ICBF, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo, ante la negativa del pago de los aportes pensionales, con ocasión de la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad estuvieron vinculadas a dicho programa.
Para resolverlo, la Sala abordó varios ejes temáticos, a saber: (i) el alcance y contenido de los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social en condiciones dignas y justas; (ii) los elementos esenciales del contrato de trabajo y la primacía de la realidad sobre las formalidades como uno de los principios constitucionales más relevantes en materia laboral; (iii) la prohibición de discriminación de género en el trabajo como garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras; (iv) los aspectos generales del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF; (v) el marco normativo y jurisprudencial de la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF; (vi) los desarrollos legales y jurisprudenciales que dan cuenta del avance progresivo en materia de seguridad social de las personas que desempeñan la labor de madre o padre comunitario del ICBF; (vii) la prohibición de invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, como una de las garantías constitucionales que erigen el modelo de Estado Social de Derecho; y (viii) el alcance del principio de progresividad en el derecho fundamental a la seguridad social.
En la Sentencia T-480 de 2016 la Sala encontró que entre el ICBF y las 106 madres comunitarias sí se cumplieron los elementos del contrato de trabajo realidad, demostrando que: (i) las actoras sí prestaron personalmente sus servicios como madres comunitarias; (ii) sí recibieron por parte del ICBF el pago de una suma de dinero periódica, fija y constante como retribución (sin importar su denominación); y (iii) el ICBF siempre tuvo poder de dirección para condicionar el servicio personal que prestaron las demandantes (lugar de trabajo, jornada y horario, medidas y sanciones). Bajo el postulado de que el pago de los aportes a pensión es una obligación inherente a una relación laboral, la Sala Octava de Revisión observó que el ICBF había vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de las 106 madres comunitarias, ante la negativa de pagar los aportes pensionales, resultando en un trato discriminatorio de género teniendo connotaciones particulares por ser de índole público, compuesto, continuado, sistemático y de relevancia constitucional.
De conformidad con lo evidenciado, la Sala Octava de Revisión dispuso revocar los fallos de única instancia proferidos en los procesos de tutela acumulados, para en su lugar, otorgar el amparo de los derechos fundamentales invocados. Con la finalidad de materializar la efectividad de los derechos de las 106 madres comunitarias, se adoptaron varias medidas protectoras sintetizadas a continuación:
(i) Se declaró la existencia de contrato realidad entre el ICBF y las 106 accionantes;
(ii) se ordenó al ICBF adelantar el respectivo trámite administrativo para que reconociera y pagara a favor de cada una de las demandantes los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir durante un tiempo determinado, en cuanto no estuvieren prescritos;
(iii) se ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite administrativo para que reconociera y pagara a nombre de cada una de las accionantes los aportes pensionales causados y dejados de pagar en un lapso específico;
(iv) se exhortó al ICBF promover e implementar medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtuviera, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario durante un tiempo determinado; y
(v) se remitió copia de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que brindaran la asesoría jurídica y el acompañamiento legal adecuado que llegaren a requerir las demandantes, para el cumplimiento de ese fallo, a efecto de materializar la eficacia de los derechos fundamentales.
6.2. Auto 186 de 2017, proferido por la Sala Plena.
Inconforme con la decisión contenida en la Sentencia T-480 de 2016, el 30 de noviembre de 2016, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF solicitó se declarara su nulidad(66).
Mediante Auto 186 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió la solicitud de nulidad presentada, declarando la nulidad parcial de la T-480 de 2016, por configurarse la violación al derecho al debido proceso, bajo la causal denominada cambio de jurisprudencia, por desconocimiento de la sentencia de unificación 224 de 1998, en relación con la inexistencia de un contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar; así como de la jurisprudencia en vigor (línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica sobre el tema(67)); sin haber observado los requisitos que le permiten apartarse del precedente.
Esto es, la Sala Plena concluyó que tal circunstancia conduce a la declaratoria de nulidad de la providencia T-480 de 2016, decisión con alcance parcial, toda vez que la Corte consideró que era necesario mantener el amparo del derecho de las 106 madres comunitarias a que se realicen los aportes faltantes al sistema de seguridad social, con el propósito de permitirles acceder a pensión, de conformidad con los términos de la legislación aplicable, en los siguientes términos:
14. En virtud de la anterior normatividad [Ley 100 de 1993, Ley 509 de 1999 y Ley 1187 de 2008], es claro entonces que a las 106 accionantes les asiste el derecho a la seguridad social en materia pensional con las especificaciones previstas en ese régimen jurídico especial. Al respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre comunitaria y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones, fondo al cual estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en un tiempo determinado.
15. Descendiendo al asunto sub examine, el tribunal advierte que las 106 demandantes son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto se verifican las siguientes condiciones especiales:
15.1. Serpartedeunsegmentosituadoenposicióndedesventaja,comoporejemplo,lossectoresmásdeprimidoseconómicaysocialmente. (…)
15.2. Hallarseenelestatuspersonaldelaterceraedad. (…)
15.3. Afrontarunmalestadodesalud. (…)
En consecuencia, dada la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran todas las 106 demandantes y ante la ausencia del pago de los aportes pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988(68) y el 12 de febrero de 2014(69), para la Sala Plena resultó imperativo mantener la protección concedida a las 106 accionantes en el fallo T-480 de 2016, pero sólo en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital. Explicó la Corte que “dicho amparo no puede extenderse respecto del derecho al trabajo invocado por las demandantes, en la medida que como se ha dicho no se acreditó la existencia de una relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar”(70).
En virtud de la protección iusfundamental mantenida en la decisión del Auto 186 de 2017, la Sala Plena ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ciento seis (106) demandantes relacionadas en la providencia T-480 de 2016, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su petición por vía ordinaria.
A la luz del precedente constitucional expuesto, la Sala Cuarta de Revisión analizará los casos concretos acumulados a la presente acción de tutela a fin de resolver los problemas jurídicos planteados.
7. Análisis de los casos concretos acumulados.
7.1. Primer problema jurídico:
¿Es aplicable la solución jurídica resuelta en la Sentencia T-480 de 2016 como precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88 demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
En primera medida, la Sala advierte que las accionantes solicitaron a esta corporación que al amparar sus derechos fundamentales, declare la existencia de un contrato-realidad de trabajo entre ellas y el ICBF y, en consecuencia, ordene el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones, en aplicación del precedente determinado en la Sentencia T-480 de 2016.
Al respecto, la Sala precisa que el precedente constitucional vinculante en esa materia, ha de ser comprendido y aplicado acorde con la posición sentada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 186 del 17 de abril de 2017, que declaró la nulidad parcial de la Sentencia T-480 de 2016. Así lo explicó la Corte:
9.3. De conformidad con las reglas establecidas en el presente auto relacionadas con los presupuestos que deben acreditarse para que se configure un cambio de jurisprudencia, es claro que los fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001 sí constituían precedente aplicable al asunto resuelto en la Sentencia T-480 de 2016.
(i) En efecto, los referidos pronunciamientos realmente componen una línea jurisprudencial en vigor sobre un determinado tema, esto es, la inexistencia de contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil.
(ii) En oposición a lo anterior, en la Sentencia T-480 de 2016 se determinó que entre el ICBF y las accionantes sí existió contrato de trabajo realidad durante un lapso específico, toda vez que, con ocasión de la observancia y aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, se encontraban reunidos los tres elementos esenciales del contrato realidad. Aunado a ello, en la providencia censurada tampoco se expuso razón alguna que diera cuenta del apartamiento de la mencionada línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica en la materia.
(iii) En suma, este tribunal encuentra que la Sala Octava de Revisión de esta corporación vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que al proferir la tutela T-480 de 2016 también desconoció la jurisprudencia en vigor contenida en los fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001. (Negrilla fuera de texto original)
Como ya se explicó, pese a que la realidad jurídica ha cambiado drásticamente desde el 12 de febrero de 2014, con la formalización del vínculo laboral entre las madres comunitarias, la Sala no puede aplicar la solución jurídica resuelta en la Sentencia T-480 de 2016, en razón a la declaratoria parcial de nulidad contenida en el Auto 186 de 2017. En otras palabras, la Sala Cuarta de Revisión concluye que no resulta procedente extender la protección respecto del derecho al trabajo invocado por las demandantes, en la medida en que las accionantes –entre el 29 de diciembre de 1988 y el 12 de febrero de 2014– no lograron acreditar el elemento de subordinación (relación de dependencia o subordinación) como uno de los requisitos sine qua non que permite configurar la existencia de una relación laboral (contrato realidad) entre las madres comunitarias y el ICBF.
No obstante lo anterior, en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta corporación en el Auto 186 de 2017 y en procura de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala advierte que en eventuales y futuras resoluciones de casos que involucren circunstancias fácticas y probatorias distintas a las que ahora son objeto de decisión en los asuntos acumulados, y en virtud de los efectos inter partes de esta providencia, los operadores judiciales podrán valorar la eventual existencia de contrato realidad entre el ICBF y las demás ciudadanas y ciudadanos que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario antes del 12 de febrero de 2014, con la estricta observancia de los elementos materiales de prueba a que haya lugar.
Ahora bien, en lo que respecta a la protección de las 88 accionantes, en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, la Sala Cuarta de Revisión encuentra que la vulneración iusfundamental alegada por las demandantes específicamente se enmarca en la falta de pago de contribuciones pensionales causadas en un tiempo específico (desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa), por lo que resulta apropiado e imperativo la observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de seguridad social en pensiones de las madres comunitarias, lo cual será estudiado a continuación.
7.2. Segundo problema jurídico:
¿Vulnera el ICBF los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251); Neris Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Múnera Pereañez (T-6.201.064); María Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); ante la negativa de pagar, durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
7.2.1. A partir de la reseña fáctica expuesta y de las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala Cuarta de Revisión encuentra acreditado lo siguiente:
En el Expediente T-6.190.251
Nombre Cédula de ciudadanía Desde Hasta Certificado por
Gloria Solano 37.934.508 24 Jul. 1987 04 Mayo 2004 ICBF
En el expediente t-6.193.730.
1 Nohora Alba Ramos Rosado 42.403.505 01 Abr. 1997 Jul. 2012 ICBF
2 Levith del Socorro Márquez de Mejía 26.877.461 Feb. 1995 Dic. 2006 ICBF
3 Yadis Mercedes Guerra Ustariz 26.877.854 Nov. 1988 Jun. 1992 ICBF
4 Yenitza María Ramos Torres 26.877.769 Ene. 1998 Mar. 2006 ICBF
5 Adis María Murgas Murgas 42.403.512 09 Nov. 1984 15 Dic. 2004 ICBF
6 Miriam Rosa Blanquicet Coneo 49.749.730 Feb. 1995 Jun. 2009 ICBF
7 Delvis Leonor Rosado Amaya 49.742.226 02 Sep. 2002 14 Nov. 2007 ICBF
8 Aura María Padilla Padilla 26.877.812 01 Mar. 1997 09 Dic. 2011 ICBF
9 Digna Rosa Banquez Torres 36.516.185 11 Ene. 1993 02 Mayo 2000 ICBF
10 Margarita Rosa Murgas Guerrero 42.404.498 Oct. 1997 Mar. 2012 ICBF
11 Fanny María Becerra Arzuaga 42.403.628 Dic. 1988 Ene. 2001 ICBF
12 Caridad Meza Martinez 41.789.534 08 Nov. 1997 02 Sep. 2002 ICBF
13 Maricela Muñoz Oñate 42.404.177 Abr. 2004 Jun. 2009 ICBF
14 Rosalba Padilla Zapata 42.496.587 Oct. 1982 Dic. 2000 ICBF
15 Yomaira Ustariz Liñan 36.516.148 Jul. 2003 Abr. 2010 ICBF
16 Neris del Carmen Aponte Ariza 49.691.027 1995 1999 Hogar
17 Mariely Julio Orozco 49.749.712 1991 Oct. 1995 Hogar
18 Liseth Cecilia Noya de la Hoz 22.590.133 Jun. 2006 Jun. 2007 Hogar
19 Marlys Zeira Aguilar Barona 49.737.305 01 Abr. 1997 18 Jun. 2005 Hogar
En el Expediente T-6.196.094
1 Flor Elisa Vargas Salas 23.781.254 Ene. 1997 25 Ago. 2015 Hogar
2 Miriam Ocación Gallo 40.017.925 01 Jun. 1997 Ago. 2015 Hogar
3 Susana Patarroyo de Cuervo 23.271.965 08 Feb. 1988 15 Feb. 2012 Hogar
4 María Alejandrina Cuchivague Camargo 40.023.942 18 Sep. 1988 01 Ago. 2014 Asopadres
5 Elsa María Reyes 24.078.440 02 Jun. 1987 Ene. 2014 Asopadres
6 Yolanda Moreno Mariño 40.013.943 02 Ago. 1985 No Registra Asopadres
7 María Preselia Higuera Rodríguez 40.021.388 01 Feb. 1997 31 Mayo 2009 Colpensiones
8 María Elicenia Guzmán Rodríguez 21.200.436 02 Oct. 1987 Activa Asopadres
9 Amanda Suárez Vanegas 40.014.782 Ene. 1980 Feb. 1996 Declaración
10 María Elizabeth González de Barón 23.272.482 01 Jul. 1989 31 Ago. 2010 ICBF
11 María Irene Tenza de DeSalvador 24.068.209 16 Ago. 1988 1º Jun. 2010 Asopadres
En el Expediente T-6.201.064.
Claribel Múnera Pereañez 39.208.514 15 Sep. 2003 30 Ene. 2015 Hogar
En el Expediente T-6.203.162.
1 María Edilma González Rodríguez 40.025.746 2 Ago. 1991 31 Dic. 2015 Asopadres
2 Agueda García Rodríguez 40.023.480 1992(71) Activa Asopadres
3 María Ernestina Martínez de Pinzón 23.267.340 10 abr. 1988 31 Ene. 2004 Asopadres
4 Rogelia Panche Suesca 24.069.244 04 Feb. 1989 04 Feb. 2011 Asopadres
5 María Rita Nope Cuchivaguen 23.544.417 04 Feb. 1989 04 Feb. 2011 Asopadres
6 Ana Silde Suárez de Quintero 40.010.214 08 Ago. 1989 Dic. 2003 Declaración
7 Rosa María Aguilar de Molina 23.262.903 25 Sep. 1989 27 Oct. 2000 Asopadres
8 Blanca Elvira Aguirre de Aguirre 23.399.349 18 Sep. 1989 30 Jun. 1998 Asopadres
9 María Inés Ríos Bernal 24.201.652 15 años: No registra extremos Asopadres
10 Miriam Estela Suárez Cárdenas 40.022.878 02 Ago. 1992 30 Sep. 2010 Asopadres
11 María Carmenza Viasus Molina 40.014.590 1988 Ene. 2004 Declaración
12 Flor Nelly Yanquen Valentín 51.624.451 11 Mar. 1997 11 Ago. 2011 Asopadres
13 Flor Avicena Sepúlveda 40.008.629 1989 Ene. 2004 Declaración
En el Expediente T-6.208.901
1 Ángela Parra Gamboa (2 periodos) 60.317.036 07 Feb. 1997 Julio 2008 Dic. 2006
2 Adriana Laudice Rodríguez Vega 60.442.353 05 Mar. 2004 Activa Asopadres
3 Gema Socorro Hernández Aparicio 60.400.179 02 Feb. 2001 Activa Asopadres
4 Liliana Correa 60.443.898 02 Feb. 2009 Activa Asopadres
5 María Stela Jaimes Miranda 60.318.708 16 Mar. 1998 Activa Asopadres
6 Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez 60.369.983 18 Mayo 1995 Activa Asopadres
7 Zoraida Mojica Jaimes 27.897.484 05 Mar. 2012 Activa Asopadres
8 Norys Sánchez Galván 60.441.815 15 Mar. 2011 Activa Asopadres
9 Edilia Flórez Villamizar 60.250.169 Sep. 1993 31 Dic. 2003 Asopadres
10 Feglei Abril Otálora 60.378.740 10 Ago. 2009 31 Dic. 2015 Asopadres
11 Ana Liduvina Villamizar Ramírez 60.422.188 Feb. 1994 Dic. 1994 Asopadres
12 Rosa Elena Carrero Cala 60.321.290 01 Mar. 1990 28 Feb. 2003 Junta MC
13 Belcy Parada Pérez 27.673.304 02 Ago. 1995 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31. Oct. 2016 Asopadres
14 Luz Yaneth Páez Sánchez 27.897.796 22 Sep. 1989 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31 Oct. 2016 Asopadres
15 Ericilda Lizcano 63.321.180 05 Feb. 1995 05 Mayo 2008 Asopadres
16 Adela Amaríz Santos 60.422.498 “durante el año 2001” Asopadres
17 Carmen Aleyda Leal Suárez 60.440.671 Febrero. 1996 Jun. 1997 Asopadres
18 Marta Leal Suárez 60.252.670 Jul. 1997 Nov. 1999 Asopadres
19 Eleonora María Villasmil Bernal 60.303.171 01 Nov. 1999 01 Ago. 2003 Asopadres
20 Myriam Hernández Vera 60.385.400 23 Feb. 2005 18 Ago. 2011 Asopadres
21 María Regina Santos Prada 28.677.803 11 Abr. 1987 Dic. 1992 Asopadres
22 Blanca Cecilia Bohórquez Herrán 37.234.216 01 Oct. 1987 Dic. 2001 Asopadres
23 Gloria Melsa Quintero Jaimes 60.275.018 02 Feb. 1992 10 Mar. 2013 Asopadres
24 Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez 37.243.836 22 Mayo 1995 24 Nov. 2006 Asopadres
25 Olga Vargas Rojas 60.285.396 1987 1992 Asopadres
26 Gladys Flórez González (2 periodos) 27.847.614 22 Mayo 1995 18. Ago. 2006 Mar. 2004 Feb. 2009 Asopadres
27 Marcelina Carvajal de Peña 60.250.790 Abr. 1988 Abr. 2003 Asopadres
28 Noraima Ortiz Zambrano 60.365.348 01 Abr. 1997 Activa Asopadres
29 Omaira Ortiz Zambrano 60.400.263 19 feb. 2001 Activa Asopadres
30 July Mayerly León Arias 1.093.753.159 03 Jul. 2012 Activa Asopadres
31 Martha Laura Velasco Pita 60.404.125 12 Feb. 1996 10 Feb. 2010 Asopadres
32 Rosalba Briceño Hernández (3 periodos) 60.382.812 01 Nov. 1999 15 Sep. 2008 01 Abr. 2011 15 Abr. 2001 31 Mar. 2011 01 Feb. 2012 Asopadres
33 Carmen Elena Carvajal Quintero 31.915.849 2010 2016 Asopadres
60.440.727 02 Feb. 2012 01 Ene. 2016 Dic. 2015 31. Oct. 2016 Asopadres
35 Norida Yasmin Suárez Ortiz 1.093.736.612 17 Jul. 2007 Activa Asopadres
36 Alba Luz Contreras 60.422.762 01 Oct. 1995 30 Nov. 2004 01 Ene. 2006 31 Dic. 2005 Asopadres
37 Nancy Sepúlveda Contreras 1.093.734.128 2004 2007 Asopadres
38 Velkys Vianney Díaz Cruz 60.421.539 Ene. 1989 Ago. 2004 Asopadres
39 Sandra Milena Villamizar Lamus (2 periodos) 60.441.048 01 Nov. 2000 01 Ago. 2012 15 Ene. 2009 05 Ago. 2015 Asopadres
40 Omaira Molina Rodríguez 60.385.237 09 Mar. 2012 Activa Asopadres
41 María Elena Villamizar Ruiz 60.349.666 01 Sep. 1993 Activa Asopadres
42 Blanca Elena Dávila Montañez 60.344.474 05 Feb. 2003 2004 Asopadres
43 Emilce Riveros Torrado 60.379.174 01 Ago. 2010 Activa Asopadres
7.2.2. La Sala encuentra que la vulneración iusfundamental alegada por las 88 demandantes específicamente se enmarca en la falta de pago de contribuciones pensionales causadas en un tiempo específico, por lo que resulta apropiado e imperativo la observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de seguridad social en pensiones de las madres comunitarias. Si bien para el lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 1988(72) y el 12 de febrero de 2014(73) tanto la ley como la jurisprudencia no establecieron una relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, lo cierto es que el ordenamiento jurídico sí prevé el derecho a la seguridad social de las madres comunitarias bajo unas particularidades especiales, tal como se explicó en el fundamento jurídico Nº 4 de esta providencia.
En virtud de la anterior normatividad, en aplicación del derecho a la igualdad, es claro entonces que a las 88 accionantes se les podría extender excepcionalmente las especificaciones previstas en dicho régimen jurídico especial con el fin de garantizarles su derecho a la seguridad social en materia pensional. Al respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre comunitaria y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones, fondo al cual estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en un tiempo determinado.
7.2.3. Descendiendo al asunto sub examine, la Sala observa que las 88 demandantes son sujetos de especial protección constitucional y se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección ante la ausencia del pago de los aportes pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988(74) y el 12 de febrero de 2014(75).
En consecuencia, para la Sala Cuarta de Revisión resulta imperativo conceder la protección a las 88 accionantes, pero sólo en relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, tal como se explicó al resolver el primer problema jurídico.
7.2.4. En virtud de la protección iusfundamental contenida en esta decisión, se ordenará al ICBF que adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ochenta y ocho (88) demandantes relacionadas en esta providencia, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su petición por vía ordinaria.
Para efectuar lo anterior, sin más condiciones que las verificadas en esta providencia y en aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta corporación en el Auto 186 de 2017, el ICBF deberá gestionar los trámites necesarios para que:
• Las ochenta y ocho (88) accionantes sean reconocidas como beneficiarias del subsidio pensional previsto en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008. Dicha afiliación tendrá cobertura para el período comprendido desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.
• El Fondo de Solidaridad Pensional, en ejercicio de su deber legal, transfiera a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones –AFP– en la que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada una de las ochenta y ocho (88) demandantes según la legislación aplicable, los aportes pensionales faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en el período comprendido desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Para tal efecto, se deberán observar las siguientes precisiones:
(i) Dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las ochenta y ocho (88) accionantes, aunado al propósito de evitar cargas económicas desproporcionadas que generen mayores traumatismos y que obstaculicen la obtención de su pensión, y con la finalidad de que efectivamente se materialice plenamente la protección iusfundamental contenida en el presente pronunciamiento, para la Sala Cuarta de Revisión resulta razonable que el monto del subsidio pensional a reconocer y transferir no sea equivalente al 80% sino al 100% del total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en ejercicio efectivo y comprobado de su labor de madre comunitaria, en el período comprendido entre la fecha en que se hayan vinculado como tales al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.
(ii) Esas cotizaciones pensionales faltantes deberán realizarse tomando como referencia el salario mínimo legal mensual vigente con la respectiva indexación en los casos en que hubiere lugar.
(iii) En atención a las excepcionales y especiales circunstancias que rodean el presente asunto, se advierte que la transferencia de los recursos correspondientes al subsidio pensional que se realizará a las respectivas administradoras de pensiones con ocasión de esta decisión no causará intereses moratorios de ninguna índole.
Dicho trámite administrativo (Esquema de financiamiento del subsidio pensional) fue ilustrado por la Sala Plena de esta corporación, en el ya citado Auto 186 de 2017, de la siguiente manera:
Una vez se efectúe lo anterior, cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes podrán adelantar ante la correspondiente administradora de pensiones las gestiones pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. En la eventualidad en que alguna o algunas de ellas no reúnan las exigencias para acceder al referido derecho pensional, y si así lo llegaren a considerar, deberán seguir cotizando al sistema de seguridad social hasta que las cumplan a cabalidad, para lo cual, serán beneficiarias de todas las prerrogativas habidas en el ordenamiento jurídico para tal efecto, en especial, las establecidas en las leyes 509 de 1999, 1187 de 2008 y 1450 de 2011.
La Sala concluye que el ICBF sí vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251); Neris Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Múnera Pereañez (T-6.201.064); María Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); al negarse a pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.
En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión (i) En el Expediente T-6.190.251: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia, de fecha 14 de febrero de 2017 que revocó el fallo del 4 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, que declaró improcedente la acción de tutela; en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante Gloria Solano, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo.
(ii) En el Expediente T-6.193.730: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 3 de febrero de 2017; en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
Nombre Cédula de ciudadanía Fecha nacimiento
1 Neris del Carmen Aponte Ariza 49.691.027 26 Mayo 1964
2 Nohora Alba Ramos Rosado 42.403.505 08 Mar. 1963
3 Levith del Socorro Márquez de Mejía 26.877.461 01 Nov. 1953
4 Yadis Mercedes Guerra Ustariz 26.877.854 03 Jun. 1964
5 Yenitza María Ramos Torres 26.877.769 28 Oct. 1961
6 Adis María Murgas Murgas 42.403.512 31 Jul. 1955
7 Mariely Julio Orozco 49.749.712 30 Oct. 1966
8 Miriam Rosa Blanquicet Coneo 49.749.730 13 Dic. 1972
9 Delvis Leonor Rosado Amaya 49.742.226 28 Jul. 1968
10 Aura María Padilla Padilla 26.877.812 20 Jun. 1962
11 Digna Rosa Banquez Torres 36.516.185 23 Nov. 1966
12 Margarita Rosa Murgas Guerrero 42.404.498 29 Nov. 1978
13 Fanny María Becerra Arzuaga 42.403.628 04 Jun. 1968
14 Caridad Meza Martínez 41.789.534 12 Jun. 1959
15 Maricela Muñoz Oñate 42.404.177 17 Mayo 1971
16 Rosalba Padilla Zapata 42.496.587 31 Mar. 1952
17 Liseth Cecilia Noya de la Hoz 22.590.133 03 Nov. 1978
18 Yomaira Ustariz Liñan 36.516.148 11 Jun. 1969
19 Marlys Zeira Aguilar Barona 49.737.305 26 Jun. 1962
(iii) en el Expediente T-6.196.094: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, de fecha 3 de marzo de 2017, que revocó el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; de fecha 25 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
1 Flor Elisa Vargas Salas 23.781.254 04 Ene. 1967
2 Miriam Ocación Gallo 40.017.925 01 Mayo 1957
3 Susana Patarroyo de Cuervo 23.271.965 No Registra
4 María Alejandrina Cuchivague Camargo 40.023.942 No Registra
5 Elsa María Reyes Reyes 24.078.440 21 Ago. 1958
6 Yolanda Moreno Mariño 40.013.943 08 Dic. 1956
7 María Preselia Higuera Rodríguez 40.021.388 01 Ene. 1964
8 María Elicenia Guzmán Rodríguez 21.200.436 26 Ago. 1953
9 Amanda Suárez Vanegas 40.014.782 04 Sep. 1960
10 María Elizabeth González de Barón 23.272.482 19 Mar. 1950
11 María Irene Tenza de DeSalvador 24.068.209 28 Mayo 1935
En cuanto a la señora María Irene Tenza de DeSalvador, la Sala advierte que su eventual derecho a recibir la pensión de vejez por los casi 22 años en ejercicio de labores como madre comunitaria deberá prevalecer sobre el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la que podría tener derecho. Así las cosas, en caso de que haya iniciado el trámite para su reconocimiento, Colpensiones deberá suspenderlo. En caso de que la señora Tenza de DeSalvador haya recibido la suma consistente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, Colpensiones no podrá exigirle la devolución de la suma recibida y, en su lugar, deberá descontarlo periódicamente, en procura de la garantía a su mínimo vital.
(iv) En el Expediente T-6.201.064: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, de fecha 31 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante Claribel Múnera Pereañez, revocando lo concerniente al amparo a su derecho al trabajo.
(v) En el Expediente T-6.203.162: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nº 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
1 María Ernestina Martínez de Pinzón 23.267.340 20 Nov. 1945
2 Rogelia Panche Suesca 24.069.244 06 Sep. 1950
3 María Rita Nope Cuchivaguen 23.544.417 19 Ago. 1946
4 Ana Silde Suárez de Quintero(76) 40.010.214 17 Ene. 1954
5 Rosa María Aguilar de Molina 23.262.903 18 Mayo 1944
6 Blanca Elvira Aguirre de Aguirre 23.399.349 03 Abr. 1953
7 María Inés Ríos Bernal 24.201.652 08 Oct. 1954
De otra parte, revocará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nº 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017, en cuanto a que declaró improcedente la acción de tutela; para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
1 María Edilma González Rodríguez 40.025.746 15 Feb. 1966
2 Agueda García Rodríguez 40.023.480 6 Ene. 1963
3 Miriam Estela Suárez Cárdenas 40.022.878 10 Jul. 1963
4 María Carmenza Viasus Molina 40.014.590 No Registra
5 Flor Nelly Yanquen Valentín 51.624.451 08 Mayo 1961
6 Flor Avicena Sepúlveda 40.008.629 27 Mar. 1957
(vi) En el Expediente T-6.208.901: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia, de fecha 29 de marzo de 2017, que confirmó el fallo pronunciado por el Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Norte de Santander), de fecha 13 de febrero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
1 Ángela Parra Gamboa 60.317.036 06 Dic. 1966
2 Adriana Laudice Rodríguez Vega 60.442.353 19 Feb. 1977
3 Gema Socorro Hernández Aparicio 60.400.179 20 Jun. 1963
4 Liliana Correa 60.443.898 08 Abr. 1983
5 María Stela Jaimes Miranda 60.318.708 31 Dic. 1964
6 Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez 60.369.983 18 Ago. 1973
7 Zoraida Mojica Jaimes 27.897.484 11 Feb. 1970
8 Norys Sánchez Galván 60.441.815 19 Ago. 1979
9 Edilia Flórez Villamizar 60.250.169 26 Oct. 1958
10 Feglei Abril Otálora 60.378.740 08 Ago. 1976
11 Ana Liduvina Villamizar Ramírez 60.422.188 26 Jun. 1972
12 Rosa Elena Carrero Cala 60.321.290 18 Oct. 1965
13 Belcy Parada Pérez 27.673.304 25 Ago. 1964
14 Luz Yaneth Páez Sánchez 27.897.796 25 Mar. 1971
15 Ericilda Lizcano 63.321.180 05 Mayo 1964
16 Adela Amaríz Santos 60.422.498 28 Mar. 1974
17 Carmen Aleyda Leal Suárez 60.440.671 05 Jul. 1976
18 Marta Leal Suárez 60.252.670 29 Mayo 1961
19 Eleonora María Villasmil Bernal 60.303.171 26 Ago. 1964
20 Myriam Hernández Vera 60.385.400 05 Feb. 1978
21 María Regina Santos Prada 28.677.803 07 Sep. 1943
22 Blanca Cecilia Bohórquez Herrán 37.234.216 11 Nov. 1950
23 Gloria Melsa Quintero Jaimes 60.275.018 12 Dic. 1959
24 Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez 37.243.836 22 Nov. 1957
25 Olga Vargas Rojas 60.285.396 10 Oct. 1959
26 Gladys Flórez González 27.847.614 13 Dic. 1967
27 Marcelina Carvajal de Peña 60.250.790 14 Jul. 1958
28 Noraima Ortiz Zambrano 60.365.348 17 Jul. 1974
29 Omaira Ortiz Zambrano 60.400.263 19 Feb. 1965
30 July Mayerly León Arias 1.093.753.159 02 Abr. 1990
31 Martha Laura Velasco Pita 60.404.125 12 Oct. 1970
32 Rosalba Briceño Hernández 60.382.812 15 Oct. 1977
33 Carmen Elena Carvajal Quintero 31.915.849 16 Jul. 1964
34 Erika María Rodríguez Collantes 60.440.727 06 Dic. 1976
35 Norida Yasmin Suárez Ortiz 1.093.736.612 13 Jun. 1986
36 Alba Luz Contreras Contreras 60.422.762 28 Ago. 1975
37 Nancy Sepúlveda Contreras 1.093.734.128 30 Ago. 1985
38 Velkys Vianney Díaz Cruz 60.421.539 17 Mayo 1971
39 Sandra Milena Villamizar Lamus 60.441.048 27 Abr. 1977
40 Omaira Molina Rodríguez 60.385.237 01 Feb. 1978
41 María Elena Villamizar Ruiz 60.349.666 10 Jul. 1972
42 Blanca Elena Dávila Montañez 60.344.474 10 Feb. 1970
43 Emilce Riveros Torrado 60.379.174 10 Feb. 1977
Consecuentemente, se ordenará al ICBF que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes relacionadas en este proveído, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.
En mérito de lo expuesto, la Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia, de fecha 14 de febrero de 2017 que revocó el fallo del 4 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, que declaró improcedente la acción de tutela (Expediente T-6.190.251), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se haya vinculado como madre comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya estado vinculada a dicho programa, en los términos expuestos en este fallo– de la accionante:
Gloria Solano 37.934.508 05 Ene. 1964
2. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familia –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de Gloria Solano (Expediente T-6.190.251) los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madre comunitaria, a efecto de que obtenga su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este proveído; desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se haya vinculado como madre comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya estado vinculada a dicho programa. Tales aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse la referida accionante.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 3 de febrero de 2017 (Expediente T-6.193.730), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa– decisión que cobija a las siguientes accionantes:
4. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las diecinueve (19) accionantes relacionadas en este proveído (Expediente T-6.193.730), los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.
5. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, de fecha 3 de marzo de 2017, que revocó el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; de fecha 25 de enero de 2017 (Expediente T-6.196.094), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa– decisión que cobija a las siguientes accionantes:
Parágrafo. En cuanto la señora María Irene Tenza de DeSalvador, Colpensiones deberá tener en cuenta que su eventual derecho a recibir la pensión de vejez prevalecerá sobre el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la que podría tener derecho. En consecuencia, en caso de que haya iniciado el trámite para su reconocimiento, deberá suspenderlo. De haber recibido la suma consistente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, Colpensiones no podrá exigirle la devolución de la suma recibida y, en su lugar, deberá descontarlo periódicamente, en procura de la garantía a su mínimo vital.
6. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las once (11) accionantes relacionadas en este proveído (Expediente T-6.196.094), los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.
7. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, de fecha 31 de enero de 2017 (Expediente T-6.201.064), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa– de la accionante:
Claribel Múnera Pereañez 39.208.514 20 Abr. 1969
8. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de Claribel Múnera Pereañez (Expediente T-6.201.064), los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madre comunitaria, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se haya vinculado como madre comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse la referida accionante.
9. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nº 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017 (Expediente T-6.203.162), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa– decisión que cobija a las siguientes accionantes:
4 Ana Silde Suárez de Quintero(77) 40.010.214 17 Ene. 1954
Así mismo, REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nº 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de enero de 2017, en cuanto a que declaró improcedente la acción de tutela; para, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
10. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las trece (13) accionantes relacionadas en este proveído (Expediente T-6.203.162), los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.
11. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia, de fecha 29 de marzo de 2017, que confirmo el fallo pronunciado por el Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Norte de Santander), de fecha 13 de febrero de 2017 (Expediente T-6.208.901), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital –desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa– decisión que cobija a las siguientes accionantes:
12. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las cuarenta y tres (43) accionantes relacionadas en este proveído (Expediente T-6.208.901), los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre comunitaria.
13. SE INSTA a que, en caso de que las señoras Lucila Ocasión Gallo (CC 40.018.331) y a María Elsa Desalvador Tenza (CC 40.013.122) acudan a la administración de justicia, a futuro, el operador judicial competente deberá aplicar las reglas jurídicas determinadas en esta providencia, condicionado al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y de que las accionantes logren acreditar los supuestos de hecho y de derecho que respaldan sus pretensiones.
14. Por Secretaría General de esta Corte, REMITIR copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que brinden la asesoría jurídica y el acompañamiento legal adecuado que requieran las ochenta y ocho (88) accionantes identificadas en este auto, para el cumplimiento de este fallo, a efecto de materializar la eficacia de los derechos fundamentales reclamados.
15. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por las accionantes en la tutela T-6.193.730, en relación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, o quien hiciere sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
16. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por las accionantes en las tutelas T-6.201.064 y T-6.208.901, en relación con las Asociaciones de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar en ellas vinculadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
17. LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
1 Obra a folio 152 del cuaderno 1 del expediente, Oficio del 3 de febrero de 2017, mediante el cual el ICBF manifestó que no se encontró información en la base de datos del instituto.
2 Según declaración de personas naturales que obra a folio 21 del cuaderno 1 del expediente.
3 Certificación expedida por la Junta de Madres Comunitarias.
4 Mediante auto del 23 de diciembre de 2016, obra a folio 19 del cuaderno 1 del expediente.
5 Mediante auto del 26 de enero de 2017, obra a folio 111 del cuaderno 1 del expediente.
6 Mediante auto del 13 de enero de 2017, obra a folio 374 del cuaderno 1 del expediente.
7 Mediante auto del 18 de enero de 2017, obra a folio 64 del cuaderno 1 del expediente.
8 Mediante auto del 12 de enero de 2017, obra a folio 418 del cuaderno 1 del expediente.
9 Mediante auto del 30 de enero de 2017, obra a folio 22 del cuaderno 1 del expediente. Mediante auto del 31 de enero de 2017, el juez acumula 2 acciones de tutela a la principal, obra a folio 267 (tomo 2) del cuaderno 1 del expediente.
10 Obra a folios 21 al 44 del cuaderno 1 del expediente.
11 Obra a folios 117 al 134 del cuaderno 1 del expediente.
12 Obra a folios 382 al 392 del cuaderno 1 del expediente.
13 Obra a folios 425 al 435 del cuaderno 1 del expediente.
14 Obra a folios 299 al 320 del cuaderno 1 del expediente.
15 Excluye de protección a María Elizabeth González de Barón, por no estar incluida en el texto de la demanda y por no haberse formulado pretensión alguna en su nombre, pese a haber concedido el poder al abogado. Sin embargo, la Sala pudo constatar que, si bien no se encuentra incluida en el listado inicial de accionantes, sí obra poder en el expediente y sí quedó incluida en la demanda en la relación del acervo probatorio.
16 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala Constitucional del Decisión; mediante auto del 15 de marzo de 2017, rechazó la impugnación presentada por la Oficina asesora jurídica - ICBF y por el Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional Antioquia - ICBF, por no acreditar su legitimación para actuar en representación del ICBF.
17 Ampara los derechos de María Ernestina Martínez de Pinzón, Rogelia Panche Suesca, María Rita Nope Cuchivaguen, Rosa María Aguilar de Molina, Blanca Elvira Aguirre de Aguirre y María Inés Ríos Bernal.
18 Ana Silde Suárez de Quintero fue amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.
19 Declara improcedente la acción de tutela de María Edilma González Rodríguez, Agueda García Rodríguez, Miriam Estela Suárez Cárdenas, María Carmenza Viasus Molina, Flor Nelly Yanquen Valentín y Flor Avicena Sepúlveda.
20 El magistrado sustanciador verificó que los poderes especiales obran al interior de los respectivos expedientes.
21 Vinculada en el Expediente T-6.193.730.
22 Vinculada en el Expediente T-6.193.730.
23 Vinculada en el Expediente T-6.201.064.
24 Vinculadas en el Expediente T-6.208.901.
25 Ley 1444 de 2011, reglamentada por el Decreto 4085 de 2011.
26 Acuerdo 21 de 1989, “Por el cual se dictan procedimientos para el desarrollo del programa hogares comunitarios de bienestar”; ARTÍCULO QUINTO (parágrafo), modificado por el Acuerdo 43 de 1993.
27 Acuerdo 21 de 1989, “Por el cual se dictan procedimientos para el desarrollo del programa hogares comunitarios de bienestar”; ARTICULO SÉPTIMO, modificado por el Acuerdo 17 de 25 de 1999.
28 Según consta en el Diario Oficial Nº 38.635 del 29 de diciembre de 1988.
29 “Al respecto ver T-681 de 2011, T-037 de 2014, T-292 de 2014 y T-324 de 2014, entre otras”.
30 Consultar T-262 de 2014, T-292 de 2014 y T-350 de 2015.
31 Ver las sentencias T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015, T-379 de 2015 y T-291 de 2016, entre otras.
32 Ver, entre otros, los Fallos T-742 de 2002 y T-441 de 2003, reiterados en T-291 de 2016.
33 Cfr. SU-622 de 2001, reiterada recientemente en las sentencias T-135 de 2015 y T-291 de 2016.
34 Ver Providencias T-978 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001 y T-159 de 2001, reiterada en la T-480 de 2016.
35 Ver los Fallos T-018 de 2016 y T-480 de 2016 y consultar Auto 186 de 2017.
36 Consultar Auto 186 de 2017.
37 Consultar Auto 186 de 2017.
38 Ver la Sentencia T-628 de 2012.
39 “Por el cual se dictan lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar”.
40 “A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida”.
Artículo 7º. Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: (…)
b) Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen; (…)”.
41 A partir del 12 de febrero de 2014, la vinculación laboral de las madres comunitarias fue reglamentada con el Decreto 289 de 2014, cuyo artículo 2º establece: “Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social”.
42 El preámbulo de la Carta Política consagra, como uno de los fines del Pueblo de Colombia, el de asegurar el trabajo a todos sus integrantes bajo un contexto específico, esto es, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.
43 El artículo 1º Superior instituye al trabajo en uno de los cuatro pilares fundantes del Estado Colombiano como un Estado social de derecho, el cual se encuentra organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista.
44 El artículo 48 de la Carta Política dispone que la seguridad social puede ser concebida desde dos posturas diferentes: la que la define como un servicio público de carácter obligatorio y la que la cataloga como un derecho irrenunciable.
45 Providencia T-352 de 1996.
46 El artículo 25 de la Constitución establece que el “trabajo es un derecho” (derecho fundamental) “y una obligación social” (deber) “y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado” (garantía).
48 Fallo T-730 de 2012.
49 Sentencia SU-769 de 2014.
50 Las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no sustituirán la responsabilidad de la familia. Sólo cuando los padres o demás personas legalmente obligadas al cuidado del menor, no estén en capacidad probada de hacerlo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumirá la responsabilidad dentro de su competencia, con criterio de subsidiariedad.
51 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asesorará y promoverá la forma organizativa requerida para lograr la participación mediante el trabajo solidario y contribución voluntaria de la comunidad. Dicha participación en ningún caso implica relación laboral con los organismos o entidades responsables por la ejecución de los programas.
52 Los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estarán dirigidos prioritariamente a la población que se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica nutricional, psicoafectiva, moral y en las situaciones irregulares previstas en el Código del Menor.
53 Artículo 25.
54 Artículo 26.
55 “Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las Madres Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional”.
56 “Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
57 “Por la cual se adiciona un parágrafo 2º al artículo 2º de la Ley 1023 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.
58 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
59 Artículo 36 - “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. Cfr. el Decreto Reglamentario 289 de 2014.
60 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, publicado en el Diario Oficial Nº 49.062 de 12 de febrero de 2014.
61 Mención especial de la Sentencia C-1516/2000 que si bien resolvió declararse inhibida para decidir de fondo, en su parte considerativa explicó: La circunstancia de que cierto porcentaje de los recursos asignados al programa de hogares comunitarios, pueden ser utilizados por las asociaciones de padres de familia u otros organismos sociales para retribuir en parte la actividad desarrollada por las madres comunitarias no significa, en manera alguna, que la norma acusada tenga por finalidad determinar la clase de relación que surge entre estas últimas y el Estado. Como se indicó en el parágrafo anterior, a través suyo sólo se persigue incrementar los aportes del ICBF con destino a la atención y cuidado de los menores en extrema pobreza, razón por la cual hay que entender que la expresión “becas” hace referencia específica a esos recursos, con total independencia de la manera como puedan distribuirse las diferentes partidas y sin hacer referencia o fijar directrices en torno al presunto vínculo laboral que se crea entre las personas que trabajan para el programa y las instituciones públicas o privadas que lo patrocinan.
62 Corolario de lo anterior, la evolución de la jurisprudencia colombiana observa una directriz clara frente a los elementos que configuran un contrato realidad (C-614/2009), a manera de ejemplo se encuentra la T-014/2015 (sector privado) y T-426/2015 (sector público).
63 SU-224 de 1998, T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000 y T-1173 de 2000
64 Artículo 3º y 4º.
65 Artículos 2º, 5º y 6º.
66 El 02 de diciembre de 2016, la Directora General del ICBF presentó escrito con el cual (i) pidió se estudiara la solicitud de nulidad referida en precedencia y (ii) dio alcance a la misma. El 07 de diciembre de 2016, la Directora General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito con el fin de coadyuvar al ICBF en su solicitud de nulidad del fallo T-480 de 2016.
67 Jurisprudencia en vigor, contenida en la línea jurisprudencial T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001, T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015.
68 Se reitera que a partir de esa fecha se implementó el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de 1988.
69 Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
70 Sala Plena, Auto 186 de 2017.
71 Según declaración de personas naturales que obra a folio 21 del cuaderno 1 del expediente.
72 Fecha en la cual se implementó el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de 1988.
73 Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
74 Se reitera que a partir de esa fecha se implementó el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de 1988.
75 Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
76 Ana Silde Suárez de Quintero fue amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.
77 Ana Silde Suarez de Quintero fue amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.

References: Decisión Nº 
 artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 Decisión Nº 
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 166
 artículo 36
 artículo 36
 Decisión Nº 
 Decisión Nº 
 Decisión Nº 
 Decisión Nº 
 artículo 36

Artículo 7
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 25
 Artículo 25
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 Artículo 36
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