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Id Cendoj: 28079330092003100297
Nº de Resolución: 1335/2003
En la Villa de Madrid a quince de diciembre de dos mil tres.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo nº 1927/2002, seguidos por los trámites del proceso
especial regulado en los artículos 114 y s.s. de la Ley de la Jurisdicción, de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. José Antonio Sandin Fernández, en
nombre y representación de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, contra la resolución dictada por el Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) de fecha 12 de septiembre de 2002.
Ha sido parte la Administración demandada, el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones representado por la
Procuradora Dña. Blanca Berriatua Horta y el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad.
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia solicitando la nulidad del acto impugnado.
SEGUNDO.- La defensa jurídica del Ayuntamiento de Torrelodones y el Ministerio Fiscal dentro del
plazo oportuno presentan las oportunas alegaciones. El Ministerio Fiscal solicita la nulidad de la resolución
TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba y tras su practica se señalo para votación y fallo,
teniendo lugar el día 2 de diciembre de 2003.
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la
vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, determinar si la
resolución administrativa impugnada es o no adecuada al ordenamiento jurídico.
Tal como se relata en el escrito de interposición del presente recurso jurisdiccional este se interpone
contra la resolución dictada por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
de fecha 12 de septiembre de 2002, que confirma en reposición la resolución de 15 de julio de 2002 por la
que se ordenaba a Izquierda Unida la retirada de la bandera tricolor conocida como republicana del chiringuito
donde ondeaba en las fiestas patronales celebradas en el mes de julio. Y ello porque atendiendo a la cantidad
de personas que acuden al recinto ferial del Parque de Pradogrande durante la celebración de las fiestas
así como el consumo habitual de bebidas alcohólicas que tiene lugar en dicho recinto, la posibilidad de
símbolos políticos puede generar eventualmente alguna situación de riesgo y de alteración del orden publico
que aconsejan la retirada de la bandera tricolor conocida como republicana del chiringuito que fue adjudicado
SEGUNDO.- En la demanda presentada la parte actora, Izquierda Unida Comunidad de Madrid,
considera que la actuación administrativa anteriormente relatada vulnera sus derechos fundamentales
contenidos en los artículos 14, 16.1 y 20.1 de la Constitución.
Afirma que con motivo de las Fiestas Patronales de Torrelodones el Grupo Municipal de Izquierda Unida
resulta adjudicatario de un chiringuito en el denominado recinto ferial Parque de Pradogrande. Y que como
simbología propia de dicha coalición política coloca en el chiringuito una bandera Republicana (rojo, amarillo
y gualda o morado), bandera que las resoluciones impugnadas ordenan retirar.
Señala que Izquierda Unida es una formación política legalmente constituida y que respeta los valores
democráticos, si bien es un movimiento social que propugna desde los mencionados valores democráticos
la consecución de un Estado de Derecho federal y republicano, circunstancias que así se recogen en sus
Estatutos Federales aprobados por la VI Asamblea federal en octubre del año 2000. Por ello entiende que la
resolución del Alcalde de Torrelodones vulnera el derecho de Izquierda Unida a expresar y difundir libremente
sus pensamientos, ideas y opiniones, derecho reconocido y protegido por el articulo 20.1 y articulo 16.1 de la
Ce, mas aun cuando dicha expresión se realizaba de forma pacifica y respetuosa.
Que las razones que se recogen en la resolución impugnada para justificar la orden de retirar la señalada
bandera restringen gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales. No se motiva la existencia de
peligro para el orden publico por el hecho de exhibir una bandera republicana en un chiringuito aludiendo a
la cantidad de gente que acude a los chiringuitos los días de las fiestas así como el consumo frecuente de
bebidas alcohólicas por lo que, la simple manifestación y exhibición de una bandera republicana no puede
entenderse que altere gravemente el orden publico que si podría verse alterado, en cambio, por el consumo
habitual y en grandes cantidades de bebidas alcohólicas en las fiestas.
Asimismo, considera que la prohibición que se impuso al concederle la instalación del referido chiringuito
no hacia referencia a los símbolos políticos del tipo de la bandera Republicana pues lo único que se prohibía
era "... la exhibición de objetos o símbolos, manifestaciones verbales o escritas que inciten a la violencia,
el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana". Y
entiende que, la exhibición de una bandera republicana no puede suponer una incitación a la violencia, el
racismo, la xenofobia o cualquier otro atentado contra la dignidad humana.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal en su escrito de contestación a la demanda solicita la estimación del
presente recurso. Entiende que la recurrente no ha vulnerado ni ha desconocido norma alguna sino que se
ha limitado a ejercer un derecho constitucionalmente consagrado y reconocido. Que a la luz de los Estatutos
de Izquierda Unida aprobados en su Asamblea Federal de 29 de octubre de 2000 se observa que establece
como enseña la bandera republicana, lo que no admite discusión alguna acerca de que esta optando como
organización política por una determinada ideología y que respecto de sus símbolos no entra en contradicción
con el articulo 4 de la CE ni con el articulo 6 de la Ley de Partidos Políticos al desenvolver su actividad en
el marco constitucionalmente establecido por la Constitución. Asimismo afirma que la Administración local
demandada ha desconocido lo que realmente significan los derechos constitucionales en juego, en la medida
en que, apela para restringir un derecho fundamental a razones pocos fundadas.
QUINTO.- Centrada la cuestión sometida a debate se trata de analizar si la resolución administrativa
impugnada vulnera el derecho de expresar y difundir libremente ideas y opiniones en cuanto ordena al partido
político recurrente que retire la bandera Republicana que había colocado en el chiringuito que se le había
concedido en el Parque ferial de la localidad de Torrelodones para su uso durante la celebración de las fiestas
En este sentido conviene destacar que el valor del pluralismo político, que implica, en lo que ahora
importa, libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones
de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica
pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse, siempre que esa
expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás.
En el caso examinado resulta que Izquierda Unida de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos
aprobados en la Asamblea Federal de 29 de octubre de 2000 recoge en el articulo 5.3 entre sus enseñas la
bandera Republicana (roja, amarilla y morada) por lo que como organización política esta optando por una
determinada ideología que debe respetarse y protegerse pues no entra en contradicción ni con el articulo 4
de la Constitución ni con el articulo 6 de la Ley de Partidos Políticos al desenvolver su actividad en el marco
Derecho que se ha limitado en el caso analizado pues el Ayuntamiento de Torrelodones ha impedido
que la actora pudiera manifestar y expresar su ideología política con la exhibición de la bandera Republicana
en el chiringuito instalado en el Parque de Pradogrande de Torrelodones. Además se le ha impedido el ejercicio
de dicho derecho sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente como para poder restringir el
uso de un derecho fundamental reconocido en el articulo 20.1 en relación con en el articulo 16.1 de la Ce.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio
de un derecho fundamental ha de estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras habrán de ser
necesarias para conseguir el fin perseguido. Esta afirmación general ha sido matizada por la sentencia núm.
51/1986 de 24 de abril, en el sentido de que "la motivación será insuficiente cuando no permita (...) conocer a
qué intereses concretos se ha sacrificado el derecho. Pero lo anterior no resulta frustrado "en aquellos casos en
que la justificación necesaria es de tal naturaleza que, excepcionalmente pertenece al general conocimiento".
En este sentido el Ayuntamiento de Torrelodones ordena retirar la bandera Republicana señalando que
la exhibición de la bandera Republicana en el lugar referido puede alterar el orden publico dada la multitud de
personas que concurren al Parque ferial durante la celebración de las fiestas patronales lugar en que, además,
se consume bastante alcohol.
Esta Sala entiende que no es suficiente la razón que expone el Ayuntamiento de Torrelodones para
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales aludidos. Resulta difícil entender que la alteración del orden
publico aludido por el Ayuntamiento de Torrelodones se produzca por la mera exhibición de una enseña que
muchos de los ciudadanos que acuden al señalado Parque ferial, en su mayoría jóvenes, desconocen. Por
otra parte, por si misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o
cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran
las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a puestos
de bebidas durante las fiestas patronales.
Es comprensible la preocupación del Ayuntamiento por la posible alteración del orden publico durante la
celebración de las fiestas, alteración que es fácil que se produzca por el lugar en sí, dado que en el mismo se
venden bebidas alcohólicas, que se esta celebrando las fiestas patronales y que acuden al mismo multitud de
personas, circunstancias estas que por si solas pueden fomentar situaciones propias de alteración del orden
publico correspondiendo al Ayuntamiento mantener el orden y la seguridad ciudadana. Pero ello no puede
justificar el que se haga referencia a dicha situación como motivo que prohíba a Izquierda Unida exhibir la
bandera Republicana que, por otra parte, como manifestación de su ideología política respeta el orden jurídico
Por lo expuesto esta Sala concluye que la resolución impugnada ha vulnerado a la recurrente el ejercicio
del derecho de libertad de expresión en cuanto manifestación de su libertad ideológica.
SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el articulo 139 de la LJCA no se hace un especial
pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia.
Que DEBEMOS ESTIMAR el presente recurso seguido por los trámites del proceso especial regulado en
los artículos 114 y s.s. de la Ley de la Jurisdicción, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
de la persona, interpuesto por el Procurador D. José Antonio Sandin Fernández, en nombre y representación
de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, contra la resolución dictada por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) de fecha 12 de septiembre de 2002, y, en consecuencia, DEBEMOS
DECLARAR Y DECLARAMOS que la citada resolución es contraria al ordenamiento jurídico en cuanto vulnera
los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a) de la Constitución Española.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Iltma.
Sra. Dña. Berta Santillán Pedrosa, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso
administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretaria de la misma,

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