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Timestamp: 2020-08-06 22:51:35+00:00

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Fraude en La Disposicion o Gravamen de Bienes de La Sociedad Conyugal | Nulo (ley) | Instituciones sociales
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Nulidad d.civil
Lectura Sobre Nulidades
FRAUDE EN LA DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Milushka Felícitas Rojas Ulloa
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas UNMSM. Docente en la Universidad de San Martín de Porres y Escuelas de Postgrado a nivel nacional.
Marco Antonio Bonett Hermoza
Magíster en Derecho Civil y Comercial UNFV. Especialista en Derecho de Familia, Derecho Civil y Derecho Administrativo.
Recibido: 23 .0 8.13
Aceptado: 28.08.13
1. Introducción. 2. Consideraciones generales. 3. El fraude. 4. Fraude a la Ley. 5. Fraude a la sociedad conyugal. 6. Acto jurídico. 7. Elementos del acto jurídico. 8. Acto Jurídico Nulo. 9. Acto Jurídico Ineficaz. 10. Anulabilidad del acto jurídico. 11. Posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. 12. Conclusiones.
El tema materia de estudio tiene como principal fuente de motivación el fraude en la disposición o gravamen de bienes de la sociedad conyugal. La disposición por uno de los cónyuges de los bienes adquiridos en la sociedad de gananciales no es ningún problema; claro está que para ello debe contar con un poder especial. Sin embargo, cuando el registro se efectúa con el DNI donde él o la cónyuge figuran como solteros, entonces encontramos un hecho reñido con la buena fe, es decir que se registra un bien como propio, vale decir como soltero, cuando en realidad es un bien social adquirido dentro del matrimonio. En ese sentido, es importante determinar si el fraude en la disposición o gravamen de bienes de la sociedad conyugal, sin poder especial del otro, es un acto jurídico nulo, anulable o ineficaz.
Matrimonio, fraude, disposición, bienes, sociedad conyugal, gravamen, bien social, acto jurídico, nulidad, ineficacia, invalidez, inexistencia.
The subject matter of study whose main source of motivation fraud in the disposition or encumbrance of conjugal society. The provision for a spouse of property acquired in joint property is no problem, it is clear that for this you must have a special power.
VOX JURIS (25) 1, 2013
mrojasu@usmp.pe
VOX JURIS, Lima (Perú) 25 (1): 111-120, 2013
Milushka Felícitas Rojas Ulloa, Marco Antonio Bonett Hermoza
However, when the record is made with the DNI, where he or the spouse listed as single, then find a fact at odds with the good faith, i.e. an asset is recorded as its own, i.e. as single, when in fact acquired social good within marriage. In that sense, it is important to determine whether fraud disposition or encumbrance of assets of the conjugal partnership, without special power of the other is a legal void, voidable
Marriage, fraud, disposition, real, community property, assessment, social well, legal act, nullity, ineffective, disability, absence.
Antes de tratar este tema y sus respectivos alcances jurídicos, es importante recordar que el matrimonio como institución social crea un vínculo conyugal y es reconocido en disposiciones legales; por lo tanto, el marido y la mujer tienen en el hogar la autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades por igual.
El enlace matrimonial reconocido a nivel social y cultural se lleva
a cabo a través de distintas costumbres y tradiciones, e incluso
lo que antes era celebrado como algo exclusivo entre el hombre y la mujer, hoy, en algunos países, es aceptado entre personas del mismo sexo.
En nuestra sociedad, es decir, en sociedades de tipo occidental, encontramos dos tipos o clases de matrimonio: el matrimonio religioso, que es legitimado ante los ojos de Dios, y el matrimonio civil, reconocido y administrado por el Estado, que al mismo tiempo debe encargarse de velar por el cumplimiento de los deberes.
El régimen patrimonial del matrimonio, regulado por nuestra legislación, contempla a su vez el régimen de sociedad de gananciales o la separación de patrimonios. Este último, solo surte efecto con la inscripción en los registros públicos y bajo sanción de nulidad; en cambio, en la sociedad de gananciales pueden existir bienes propios de cada cónyuge como bienes de la sociedad, es decir, bienes comunes que pueden ser obtenidos indistintamente por
cualquiera de ellos y que les serán atribuidos en porcentajes iguales
al disolverse dicha comunidad.
Manifiesto respecto del matrimonio y el régimen patrimonial, precisamos con meridiana claridad que uno de los problemas que
mrojasu@usmp.pe VOX JURIS, Lima (Perú) 25 (1): 111-120, 2013
se suscitan en nuestra sociedad, motivo del régimen de la sociedad
de gananciales, es precisamente el que corresponde a la disposición
o gravamen de bienes de la sociedad conyugal, no obstante estar
regulado en el artículo 315 del Código Civil, que refiere expresamente
que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro.
No obstante tratarse de una norma de carácter imperativo y que,
como tal, impone una determinada conducta, lo dispuesto en el art. 315 de nuestro marco jurídico sustantivo no se cumple a cabalidad, situación que lleva a los órganos jurisdiccionales civiles
a resolver conflictos de disposición o gravamen arbitrario de bienes
sociales por uno de los cónyuges sin tener poder especial del otro, consumándose así el fraude a la sociedad conyugal. Es más, en
algunos casos, el fraude es simulado por ambos cónyuges, hecho que nos lleva consiguientemente al terreno de la nulidad del acto jurídico y al supuesto de ineficacia.
Consideramos como agravante del fraude a la sociedad conyugal por uno de los consortes, especialmente en nuestra sociedad, el hecho de que los documentos nacionales de identidad (DNI) no se encuentran totalmente actualizados. Esto significa que algunos ciudadanos figuran como solteros cuando son casados, en tanto que otros se encuentran registrados como casados cuando ya son divorciados, e incluso encontramos solteros cuando en realidad son viudos. En pocas palabras, enfrentamos la desactualización de este registro y la falta de redes de integración de sistemas informáticos a nivel nacional para que los notarios y registradores de bienes se encuentren debidamente interconectados e integrados con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
En consecuencia, todavía no tenemos la seguridad y confianza necesarias que debe tener todo registro de bienes inmuebles. Si esto es así, y la norma materia de investigación solo regula pero no sanciona, y peor aún, no precisa si el acto jurídico es nulo o ineficaz, termina convirtiéndose en un evidente agravio en menoscabo de la sociedad conyugal y por ende de la familia. Ergo, algo no anda bien
y requiere una inmediata modificación para superar o corregir la
deficiencia motivo de controversia.
Consecuentemente, queda claro que la solución va por prevenir el fraude, vale decir que es al Estado a quien le compete en primera instancia cumplir con este deber. No olvidemos que es al Estado al que le toca prevenir en primer lugar los actos ilícitos, y solo después y supletoriamente a los individuos.
Por otro lado, el sistema registral, en este caso el Registro Personal, debe ser un instrumento eficaz con el propósito de constituir derechos y obligaciones de indubitable factura. ¿Que este sistema es complejo y costoso? Posiblemente lo sea, pero más complejo y costoso para la sociedad es el fraude matrimonial de quien dispone o grava bienes sociales abusando de la buena fe del cónyuge.
Aclarado el tópico precedente, y antes de pasar al tema de si el acto jurídico en el caso particular es nulo, anulable o ineficaz, primero debemos tener en claro lo que es el fraude per se y en qué situación se encuentra el fraude a la sociedad conyugal respecto del fraude
La noción de fraude implica una inmediata referencia al engaño, al acto contrario a la verdad, al recto proceder (Cabanellas, 1946). Se interpreta mejor esta acepción concibiendo que “el fraude supone, en este sentido, una conducta tendiente a eludir los efectos de una norma imperativa o de origen convencional, abstrayéndose del cumplimiento de ellas, con auxilio de otra vía negocial, receptada a su vez por la ley. Se configura el fraude por medio de actos reales, serios y no aparentes, no simulados. No diverge de la voluntad declarada. Es precisamente esta realidad la que, amparada en la norma legal, elude las disposiciones de otra o perjudica a un tercero.
Generalmente, el fraude se estructura a través de acciones, no de omisiones, que en el caso de reflejar la pasividad del deudor en el ejercicio de sus derechos, caerán en el ámbito de la Acción Subrogatoria. El fraude puede penetrar en el campo de la invalidez negocial y sancionarse con la correspondiente nulidad, o alejarse de ese ámbito para constituir un supuesto de ineficacia parcial por la vía de su oponibilidad al acreedor legitimado que triunfa en el ejercicio de la Acción Pauliana” (Santos Cifuentes, 1986).
4. FRAUDE A LA LEY
El vocablo “fraude” viene de las locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad, engaño, malicia, abuso de confianza que produce un daño, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilícita (Vidal, 2005), es decir, no tiene un significado inequívoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el ardid, y en una acepción más amplia una conducta desleal; en fin, toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero.
5. FRAUDE A LA SOCIEDAD CONYUGAL
Si bien es cierto que nuestra legislación no regula expresamente este tipo de fraude, la doctrina lo define como solución contraria a la buena fe que debe regir las relaciones jurídicas y lo ubica en el contexto del fraude a la ley.
El texto materia de análisis corresponde al art. 315 del Código Civil, referente al acto jurídico de disposición o gravamen conjunto de los bienes de la sociedad conyugal, salvo facultad expresa por medio de poder especial del otro.
En consecuencia, nos corresponde definir preliminarmente el acto jurídico en general y el acto jurídico nulo, anulable e ineficaz en particular, como temas discrepantes en el ámbito doctrinario y jurisprudencial.
6. ACTO JURÍDICO
Es el acto humano, lícito, con manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas (Betti, 1959, p. 51).
Tradicionalmente se define al acto o negocio jurídico como una o más declaraciones (o manifestaciones) de voluntades orientadas a producir efectos reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. El acto o negocio jurídico en general y el contrato en particular eran los instrumentos para que se realice la voluntad, de modo que cada uno sea legislador en su propia esfera jurídica (Taboada, 1996).
7. ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO
Los elementos esenciales son los componentes imprescindibles que le dan carácter definitorio al acto jurídico, o sea, que han de estar
presentes para que el acto jurídico alcance existencia jurídica, sin que la autonomía de la voluntad pueda soslayarlos o enervarlos. Todo acto jurídico los necesita como requisitos para su validez y eficacia (Vidal, 2005).
Deben distinguirse dos clases de elementos esenciales: los de carácter general y los de carácter especial. Los primeros son imprescindibles en la formación del acto jurídico, y su presencia es indispensable en la generalidad de los actos jurídicos; los segundos lo son en cada acto jurídico en particular, para que adquieran su concreción, por lo que también se les llama elementos constitutivos.
8. ACTO JURÍDICO NULO
El acto jurídico nulo es aquel que se da por la falta de un elemento sustancial. Está destituido de todo efecto jurídico; es inválido
e ineficaz desde el inicio, salvo que el ordenamiento jurídico, excepcionalmente, le confiera algunos efectos (Torres, 2007).
Se produce ipso iure, sin necesidad de impugnación previa. Para que
la nulidad opere como causal de ineficacia no tiene necesidad de ser
declarada judicialmente; las partes se pueden comportar como si
ese evento nunca hubiese tenido lugar.
9. ACTO JURÍDICO INEFICAZ
Si el acto jurídico no produce sus efectos normales (todos o algunos de
ellos), es calificado de ineficaz. El acto es ineficaz tanto cuando no se dan los efectos (sociales, económicos. etc.) perseguidos como cuando se
hacen cesar, o los efectos no pueden hacerse valer frente a ciertas personas.
10. ANULABILIDAD DEL ACTO JURÍDICO
La anulabilidad es, en Derecho, una causa de ineficacia de un acto jurídico, que deriva de la ausencia de alguno de los requisitos imprescindibles para que dicho acto tenga validez.
No hay que confundir la anulación con la derogación o la denuncia de un acto. La anulación implica que el acto nunca ocurrió y, por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos. Se asemeja en gran medida
a la figura jurídica de la nulidad, pero tiene importantes diferencias:
puede ser subsanable, y para que tenga efecto debe existir un acto de parte del interesado.
Para una mejor ilustración, presentamos algunas diferencias entre Acto Jurídico Nulo, Anulable e Ineficaz:
Acto Jurídico Nulo
Acto Jurídico Anulable
Carece de elementos esen- ciales o tiene un contenido ilícito. Nace muerto, nunca pro- duce efectos. La acción la pueden inter- poner las partes, el tercero con legítimo interés econó- mico y moral, el Ministerio Público o el Juez de oficio (artículo 220 del Código Civil). Tutela intereses públicos. No puede ser confirmado. La sentencia que declara la nulidad es declarativa, solo constata que se ha producido una nulidad de causal y que el acto jurí- dico nunca ha producido efectos. Puede ser expreso o tácita. Prescribe a los 10 años.
No produce sus efectos normales. Nace con vida, pero no produce efectos. Es ineficaz tanto cuando no se dan los efectos (so- ciales, económicos, etc.) perseguidos como cuando se hacen cesar, o los efec- tos no pueden hacerse valer frente a ciertas per- sonas. No produce los efectos que le son propios, los que se deducen de su contenido o de las normas supleto- rias que lo regulan.
Tiene todos los elementos y su contenido es lícito; solo presenta vicios es- tructurales. Nace con vida y produce sus efectos pero por conte- ner un vicio en su confor- mación puede ser confir- mado o declarado judicial- mente nulo. Solo puede solicitar la de- claración de nulidad por anulabilidad la parte agra- viada (artículo 222 del Có- digo Civil). Tutela intereses privados. Puede ser confirmado. La sentencia que declara la nulidad por anulabili- dad es constitutiva y sus efectos se retrotraen al momento de la celebración del acto jurídico. Siempre es expreso. Prescribe a los 2 años.
11. POSICIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES SOBRE LA DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SIN CONSENTIMIENTO DE UNO DE LOS CÓNYUGES
La Teoría de la Nulidad refiere que el acto
nació muerto, sin ninguna posibilidad de
subsanación, y en consecuencia no goza
de existencia ni despliega efectos jurídi-
cos, lo que también lo hace ineficaz. Este
planteamiento que sustenta la nulidad
se encuentra amparado en la falta de
manifestación de voluntad sustentada
en el art. 140 del C.C. Si no hay manifes-
tación de voluntad, entonces no hay acto
jurídico, condición que además consti-
tuye un requisito sine qua non para su
existencia y validez.
La CAS. Nº 336-2006 Lima, que considera
este tema como un Acto Jurídico Nulo nos
dice entre sus considerandos lo siguiente:
La Teoría de la Ineficacia nos dice que todo
acto jurídico nace para ser eficaz; no obstan-
te, no siempre es así, pues no llega a produ-
cir sus efectos jurídicos por que ha nacido
muerto o porque los efectos jurídicos que
producía dejaron de existir.
La CAS Nº 111-2006 Lambayeque, que con-
sidera este tema como ineficacia de acto ju-
rídico, nos dice en sus considerandos lo si-
Tercero: (…) con esta Sentencia Suprema, se
procede a variar criterios anteriormente esta-
blecidos, a fin de concluir que el supuesto pre-
visto en la referida norma sustantiva no recoge
un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino
uno de ineficacia, el mismo que origina que el
Cuarto: Que, en tal virtud, para disponer bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo 315 del Có- digo Civil, por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o los bienes muebles registra- bles sin intervención de ambos cónyuges, de modo tal que si, contraviniendo dicha norma, se practican actos de disposición de bienes sociales por uno solo de los cón- yuges, se incurrirá en la causal de nuli- dad absoluta de acto jurídico prevista en el artículo 219 inciso 1º del Código Civil, por falta de manifestación de voluntad de los titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que interesan al orden público, según el artículo V del Título Pre- liminar del Código Civil 2 .
acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales. Cuarto: A mayor abundamiento, conforme lo establece el artículo 292 del Código Civil (…), lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposi- ción o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar. Quinto: Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un re- quisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica” (Bian- ca, 1998). Tal supuesto resulta plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser encontrado también en el artículo 161 del Código Civil, a propó- sito de los efectos realizados por el denomi- nado falsus procurator. La diferencia con el caso materia de autos es que, en la celebra- ción del contrato de constitución de garantía hipotecaria, la demandada se presentó ante el Banco demandado como única propieta- ria del bien inmueble y además declarando su calidad de soltera 3 .
La manifestación de voluntad es el primer requisito esencial y de existencia de un acto jurídico. Si no hay manifestación de voluntad, no hay acto jurídico alguno. Y este elemento no es otra cosa que la pre- sencia de una voluntad interna o voluntad exteriorizada, vale decir de un querer in- terno dado a conocer. Así pues, la mani- festación de voluntad es el resultado de un proceso que va de lo subjetivo a lo objetivo. En este sentido, es necesario que entre la voluntad interna y la voluntad manifesta- da exista una correlación, de forma que la manifestación responda a la verdadera in- tención del sujeto (Vidal, 2005).
El contrato que celebra un cónyuge sin asentimiento del otro cónyuge es perfecta- mente válido porque no hay ninguna causal de invalidez, pero sí existe un problema en los efectos jurídicos del contrato, cual es la ausencia de legitimación. “La legitimación la ostenta la sociedad de gananciales” (Mora- les, 2006, p. 511).
“Al respecto, el suscrito se inclina a consi- derar que si la ley establece la intervención de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes sociales, la ausencia de uno de ellos en el acto dispositivo determina su nulidad al convertirse en un acto jurídi- camente imposible de consumarse, siendo de aplicación los artículos 140, inciso 2, y 219, inciso 3 del Código Civil. Es por lo tanto un acto nulo conforme a los disposi- tivos antes citados.
“El negocio jurídico de disposición de bienes sociales celebrado por uno de los cónyuges es un negocio jurídico completamente váli- do pero ineficaz, correctamente inoponible porque cumple con todos los requisitos de validez del negocio jurídico y tiene todos los elementos esenciales. Si los sujetos que manifiestan voluntad (cónyuge culpable o tercero) son sujetos de derecho capaces y el objeto de la relación o situación que nace del negocio jurídico es física y jurídicamente posible, el fin del negocio es completamente lícito. Respecto a la forma, esta es solamente exigible en tanto el negocio sea ab solemni- tatem” (Castillo, 2007).
Respecto de “la legitimación como requisito de eficacia, es el poder de disposición que tie- ne el sujeto en relación a una determinada situación jurídica” (Bianca, 1998, pp. 65-66). La legitimación no es un requisito de validez sino más bien de eficacia.
2 CAS Nº 336-2006 Lima. Nulidad del Acto Jurídico. 3 CAS Nº 111-2006 Lambayeque. Ineficacia del Acto Jurídico.
Antes de arribar a una conclusión, debemos enfatizar que existen serias discrepancias entre los tratadistas y la propia jurisprudencia, que han analizado en detalle el supuesto de hecho previsto en el artículo 315 del código sustantivo, considerando para el efecto que el fraude en la sociedad conyugal respecto a la disposición o gravamen arbitrario de bienes de la sociedad conyugal no recoge un supuesto de nulidad de acto jurídico sino más bien de ineficacia, en virtud a que el artículo 292 del C.C. establece que la sociedad conyugal se encuentra representada por los dos cónyuges, la misma que además debe ser ejercida de manera conjunta.
Por esta razón, el artículo 315 del C.C. precisa que para disponer o gravar un bien social se requiere la intervención de ambos cónyuges, supuesto que no quita la posibilidad de que uno de ellos pueda entregar poder al otro, y supuesto que a su vez nos lleva a colegir que la presencia de ambos cónyuges en una acto de disposición o gravamen de bienes inmuebles no supone un requisito de validez del acto jurídico sino más bien supone una adecuada legitimidad para contratar, vale decir, supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado por la doctrina como una adecuada legitimidad para contratar, situación que implica el poder de disposición o gravamen que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica.
Expuestos en detalle los conceptos básicos sobre el tema de análisis, queda en el lector formar su propio criterio y arribar a una conclusión sobre el fraude de la disposición o gravamen de bienes de la sociedad conyugal, en el sentido de si es un acto ineficaz o un acto nulo.
Belaúnde Moreyra, Martín (1999). Nulidad o resolución de compraventa de bien social. Diálogo con la Jurisprudencia, octubre
Betti, Emilio (1959). Teoría General del Negocio Jurídico. Revista de Derecho Privado.
Bianca, Massimo (1998). Diritto Civile 3. II Contratto. Milán: Giuffré Editore.
Cabanellas, Guillermo (1946). Diccionario de Derecho usual. Buenos Aires: Atalaya, 1946.
Castillo Luna, Luis M. (2007). Disposición de bienes sociales por uno de los cónyuges. Disponible en:
http://catedrajudicial.blogspot.com/2007/12/disposicin-de-
bienes-sociales-por-uno.html
Morales Hervias, Rómulo (2006). Estudios sobre teoría general del contrato. Validez y eficacia de los actos de disposición de bienes y gravámenes de la sociedad de gananciales. Lima: Editorial Grijley.
Santos Cifuentes (1986). Negocio Jurídico. Bs. As.: Astrea.
Taboada Córdova, Lizardo (1996). La causa del Negocio Jurídico. Lima: Grijley.
Torres Vásquez, Aníbal (2007). Acto Jurídico. Tercera edición. Lima:
Vidal Ramírez, Fernando (2005). El Acto Jurídico. 6ta. edición revisada. Lima: Gaceta Jurídica.
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References: artículo 315
 artículo 315
 artículo 219
 artículo 292
 artículo 161
 artículo 315
 artículo 292
 artículo 315
 resolución