Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831021.html
Timestamp: 2019-11-12 09:28:07+00:00

Document:
as201831021
Auto Supremo Nº 21
Expediente : 445/2016
Demandante :Yussef Arnez Téllez, Marina Salazar Vela de
Hannover y Rossi Iris Luna Parra.
Demandada : Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda.
VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 1005 a 1007 vta., interpuesto por Noel Carlos Blacut Peredo en representación de COTEOR Ltda., contra el Auto de Vista N° 105/2016 de 27 de septiembre, cursante a fs. 1000 a 1003 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales, seguido por el ahora recurrente Yussef Arnez Téllez, Marina Salazar Vela de Hannover y Rossi Iris Luna Parra contra la entidad ahora recurrente, Auto de concesión del recurso de fs.71 vta., antecedentes procesales, y:
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO: SENTENCIA Y AUTO DE VISTA
Que tramitado el proceso laboral por nivelación de salario, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la Capital de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 009/2016 de 15 de enero de 2016, declarando Improbada la demanda de nivelación salarial.
Interpuesto el Recurso de Apelación por la parte demandante y corrido el traslado, se concedió el mismo ante la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, misma que pronunció el Auto de Vista Nº 105/2016 de 27 de septiembre, Revocando Totalmente la Sentencia apelada, ordenando a la entidad demandada que se proceda a la nivelación salarial de la demandante y pagar todos los derechos que le correspondiere.
La resolución de segunda instancia, motivó que la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro (COTEOR), mediante memorial de fs. 1005-1007 vta., interponga Recurso de Casación, bajo los siguientes argumentos:
a) Manifiesta que al Auto de Vista impugnado carece de eficacia jurídica toda vez que el tribunal de apelación aplica incorrectamente el art. 256 del Código Procesal Civil y el 205 del Código Procesal del Trabajo.
b) Señala que la resolución recurrida adolece de omisiones, errores y desaciertos; puesto que, trata de forzar agravios que no existen, nunca fueron invocados, señalando de manera textual: “de los presuntos agravios se concluye…”, y denuncia que los agravios para ser considerados como tal, deben encontrarse debidamente fundamentados, sustentados y probados y que no existe la posibilidad de ser sujetos de presunción; es decir, no debe existir duda de su existencia.
c) Denuncia que el Tribunal de segunda instancia, aplicó incorrectamente el art. 153 del Código Procesal del trabajo y que incongruentemente señaló que las recurrentes demandaron nivelación de salario al nivel 9.
d) Denuncia la aplicación errónea de los arts. 180, 48.VI y 14.II de la CPE, que todo acto de discriminación, debió ser denunciado a la Fiscalía del Distrito, para iniciar un proceso legal y que tenga un efecto sancionador y no correspondía aplicar el principio Indubio Pro Operario. Señala que el Tribunal de apelación debió confirmar la Sentencia apelada, al no estar debidamente probada la discriminación laboral por Sentencia Ejecutoriada.
El recurrente concluye su memorial solicitando que una vez concedido el recurso, el Tribunal superior en grado, Anule el Auto de Vista impugnado y se mantenga firme la sentencia Nº 009/2016 de 15 de enero.
Que, los Tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad de analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.
Al respecto, corresponde precisar que, según la uniforme jurisprudencia de este Tribunal Supremo, el Recurso de Apelación constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, por ser el medio procesal a través del cual las partes pretenden que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que estiman errónea en cuanto a la interpretación, aplicación del derecho, o en la apreciación de la prueba y la consideración de los hechos; es decir, el Recurso de Alzada se constituye en un nuevo juicio respecto a aquellos puntos resueltos por el inferior y que fueron impugnados por la parte recurrente.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene la inexcusable obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores observaron las leyes y plazos que rigen su tramitación y resolución, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 17. I de la Ley 025 LOJ que prevé: “Artículo 17. (NULIDAD DE ACTOS DETERMINADA POR TRIBUNALES). I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley. ”; y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, de conformidad con el art. 106 del Código Procesal Civil, que a su vez dispone: “ARTÍCULO 106. (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD). I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”
En este contexto, la motivación y congruencia de las resoluciones judiciales se constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. Esto implica que todo administrador de justicia que resuelva una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción; sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos, ya que la motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.
De lo anterior se tiene que el incumplimiento de las exigencias de motivación y congruencia expuestas, ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, con la finalidad de resguardar el debido proceso en aras de una correcta administración de justicia, esto en sujeción a lo previsto por el propio Código Procesal Civil, que en sus arts. 218 y 213, establece, respectivamente:
Esta normativa impone taxativamente que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el artículo 218 del Código Procesal Civil.
En ese marco, de la revisión de obrados se advierte que el Tribunal Ad quem a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, soslayó observar el principio de pertinencia previsto por el art. por el art. 265.I del Código Procesal Civil.
Así entonces una vez identificados concretamente los agravios contenidos en el memorial de recurso de Apelación, le corresponderá al Tribunal de Apelación absolver los mismos. Esto es, juzgar nuevamente los hechos y decidir si, conforme a la prueba obrante en el expediente, le corresponde o no al actor los derechos reclamados. Al no haber actuado de esta manera, el Tribunal de Apelación vulneró una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, como es el art. 5 del Código Procesal Civil, además del Principio a la Seguridad Jurídica a través del cual las partes buscan en el proceso la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley sustantiva, omisión que acarrea la nulidad de obrados. En tal razón, corresponde a dicho Tribunal, pronunciarse al respecto, otorgando a las partes recurrentes una respuesta razonada, motivada y fundamentada respecto a los agravios llevados en apelación en cumplimiento al principio de pertinencia.
En esa línea, el Tribunal de Apelación, deberá identificar de manera clara y precisa cuales son los agravios acusados por la parte recurrente y posteriormente apreciar, analizar y resolver con la debida pertinencia las denuncias de violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas constitucionales, sustantivas o procesales de la materia. Pero además es esencial que la resolución de alzada cuente con una debida motivación, entendida esta como la manifestación de las razones que sustentan la decisión asumida; igualmente es esencial que dicha motivación tenga lugar a través de la apreciación de todo el material probatorio dentro del marco de la racionalidad.
En conclusión, se advierte que el Tribunal de Apelación no cumplió con la previsión contenida en el art. 265.I del Código Procesal Civil, norma procesal que es de orden público y cumplimiento obligatorio, cuya inobservancia importa la nulidad del fallo impugnado, por cuanto evidentemente la omisión anotada, vulnera derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, conforme se precisó anteriormente.
V. PETITORIO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184. 1 de la CPE y el art. 42. I. 1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 205 inclusive, disponiendo que el Tribunal de Apelación, sin espera de turno y bajo responsabilidad administrativa, emita nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Sin responsabilidad de multa por ser excusable. En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo.

References: resolución 
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 artículo 218
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