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Timestamp: 2018-01-17 15:03:14+00:00

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Nº 9 - 01 enero 2001
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Los interdictos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
Letrado de la Comunidad de Madrid. Letrado-Jefe en la Consejería de Empleo y Mujer
1. Regulación en la LEC 1881
La LEC de 1881, en sus arts. 1663 a 1675 recogía una tramitación en la que quedaban nítidamente diferenciadas dos fases:
La primera tendía a la paralización de la obra, que podía ser solicitada por cualquiera que, teniendo capacidad procesal, ostentase la propiedad, posesión o derecho real afectado por la obra nueva.
La segunda, se contraía a la discusión y estudio de la pretensión del actor en el juicio interdictal subsiguiente e inmediato a fin de acordar si la paralización había de mantenerse o por el contrario, debía ser levantada, en atención a si el sujeto protegible estaba investido o no de razón jurídica.
La primera fase, sumarísima, estaba destinada a obtener la suspensión inmediata y provisional de la obra de suerte que presentada la demanda de interdicto de obra nueva, dictaba el Juez providencia, acordando que se requiriese al dueño de la obra para que la suspendiera en el estado en que se hallase, bajo apercibimiento de la demolición de lo que se edificase, y que se citase a los interesados a juicio verbal, señalando para su celebración el día más próximo posible, pasados los tres días siguientes al de la notificación de aquella providencia, previniéndoles que en él debían presentar los documentos en que intentasen apoyar sus pretensiones.
A la demanda se acompañaba copia de la misma en papel común, que era entregada al demandado cuando se le hacía la citación. (Artículo 1.663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Inmediatamente se hacía el requerimiento al dueño de la obra, si en ella era hallado, y en otro caso, al director o encargado de la misma, y a falta de éstos a los operarios, para que en el acto suspendieran los trabajos.
Para cuidar que esta orden se cumpliese quedaba un Alguacil en el lugar de la obra hasta que se hubiesen retirado los operarios. (Artículo 1.664 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El dueño de la obra podía pedir que se le permitiese hacer las que fuesen absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado y el juez lo concedía de plano con toda urgencia, si lo consideraba justo, sin que contra esta resolución cupiese ulterior recurso. (Artículo 1.665 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Y una segunda fase de carácter sumario, a fin de lograr la suspensión definitiva de la obra, comenzando por la celebración de juicio verbal en la forma prevenida para el interdicto de adquirir.
El juicio verbal se celebraba en la forma establecida en los artículos 1.644 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo presentar los interesados los documentos en que fundasen sus respectivas pretensiones (Artículo 1.666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Podía el Juez acordar, para mejor proveer, la inspección ocular de la obra, para lo cual, si lo estimaba necesario, nombraba un perito.
A esta diligencia, que había de practicarse dentro de los tres días siguientes al de la celebración del juicio, a no exigir mayor dilación alguna causa insuperable, podían asistir los interesados, acompañados de sus defensores y de un perito de su elección, si lo estimaban conveniente. (Art. 1667 LEC).
Dentro de los tres días siguientes al de la celebración del Juicio Verbal o al de la diligencia de inspección, en su caso, el Juez dictaba sentencia. (Artículo 1.668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La sentencia que mandase alzar la suspensión de la obra era apelable en ambos efectos; la que acordaba la ratificación, lo era sólo en uno. (Artículo 1.668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La sentencia no tenía ni tiene efectos de cosa jugada debido a la limitación de la cognitio judicial y al correlativo carácter sumario del proceso, de ahí que, para el dueño de la obra, contemplasen los arts. 1671 y siguientes, la posibilidad de que pudiese iniciar un proceso declarativo plenario para que se declarase su derecho a efectuar la obra íntegramente, y, para el promotor del interdicto disponía el art. 1675 lo siguiente:
"El que hubiere promovido el interdicto podrá ejercitar en el juicio declarativo correspondiente el derecho de que se creyere asistido para obtener la demolición de la obra, si la sentencia del interdicto hubiere sido contraria a sus pretensiones, o para pedir la demolición de lo anteriormente edificado, en el caso de haberse confirmado la suspensión".
2. Regulación en la Nueva LEC
Señala el art. 250.1.51:
"Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:...Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva".
Por tanto, al igual que los demás interdictos, el de obra nueva seguirá los cauces marcados para el juicio verbal en los arts. 437 a 447, estando contenidas las peculiaridades más relevantes para el mismo en el art. 441.2., relativo a las actuaciones previas a la vista en casos especiales:
" Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes incluso de la citación para la vista, dirigirá inmediata orden de suspensión del dueño o encargado de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial o conjunto antes de la vista.
La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de esta Ley".
La nueva regulación presenta como variación respecto de la anterior:
1) La nueva redacción es más categórica que la anterior en cuanto al requerimiento de suspensión que aquí se califica de "inmediata orden de suspensión".
2) Esta orden de suspensión podrá hacerla el tribunal, antes incluso de la citación para la vista, mientras que según el art. 1663 la misma providencia que citaba para juicio verbal contenía la orden suspensión.
3) El requerimiento puede hacerse al dueño o encargado de la obra, cuando el art. 1664 preveía también, para el caso de que estos no se hallasen, que se practicase a los operarios, lo que a nuestro juicio, debe entenderse que continúa siendo de aplicación.
4) Tanto el dueño como el encargado de la obra podrá ofrecer caución para continuarla, debiendo entender, como ya expusimos al tratar de la legitimación pasiva, que esto no implica una ampliación de la misma, que seguirá residiendo en el dueño de la obra.
Por contra, la regulación anterior, sólo contemplaba la posibilidad de autorización para continuar la obra, después de finalizado el proceso mediante sentencia y una vez firme ésta.
Para ello, los arts. 1671 a 1874 regulaban un proceso declarativo plenario, iniciado por el dueño de la obra, siempre que alegase y probase que para él se derivaban graves perjuicios de la suspensión y ofreciese fianza para responder de la demolición y de la indemnización a que pudiere ser condenado.
Hoy la petición de continuación de la obra viene regulada dentro de las actuaciones previas a la vista.
5) También contempla la nueva Ley que se solicite la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado.
Esta posibilidad la recogía el art. 1665, temporalmente con anterioridad a la celebración del juicio verbal, si bien, a mi entender, en términos más estrictos que la nueva LEC, ya que sólo podían autorizar las "absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado", mientras que el art. 441 suprime el término "absolutamente", con lo que minora el rigor de la anterior redacción y amplía los límites a valorar por el juzgador de lo que sea indispensable para la conservación de la obra.
6) El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de la vista, a diferencia de lo que preveía el art.1667, conforme al cual la inspección ocular, así como en su caso, el reconocimiento pericial, se efectuarían después de celebrado el juicio verbal, como diligencia para mejor preveer.
La nueva Ley exige que, caso de ordenarse por el tribunal el reconocimiento, éste se lleve a cabo antes de la vista.
7) La sentencia no tiene efectos de cosa juzgada por mandato del art. 447.2 de la nueva Ley.
Finalmente, queremos hacer referencia a un sector de la doctrina, extremadamente crítico a la pervivencia de este interdicto, así GARNICA MARTÍN:
"Con la nueva regulación sigue siendo regla general que se lleve a cabo la suspensión cautelar de una obra inaudita parte y sin necesidad de afianzamiento alguno de los daños y perjuicios que se puedan causar.
Si a ello se une el hecho de que no se establezca con claridad hasta cuándo debe subsistir esa suspensión, particularmente si debe mantenerse a pesar de que la sentencia de primera instancia desestime el interdicto, o bien levantarse como parece más razonable, creo que la conclusión es bien clara, se está manteniendo en nuestra legislación un instrumento muy peligroso, un instrumento del que se abusa con frecuencia y que no aparece bien diseñado.
... En cualquier caso, lo que estimo como absolutamente indeseable es la pervivencia del interdicto de obra nueva, que es un instrumento distorsionador, cuya función puede ser absorbida en términos mucho más razonables por el sistema de medidas cautelares".
XII. INTERDICTO DE OBRA RUINOSA
Señala el Art. 250,1.61 de la nueva LEC que:
"Se decidiría en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:...Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quién demande".
A este interdicto se referían, los arts. 1676 a 1685 de la derogada Lec, Sección Cuarta, del Título XX del Libro II.
Siempre se le llamó denuncia o interdicto de obra vieja, sin duda en contraposición al de obra nueva, hasta que la LEC de 1881 le dio la denominación más adecuada de obra ruinosa.
Los romanos lo denominarondanno infecto.
La cautio damni infecti llenaba la misma finalidad en el Derecho de Roma que, en el nuestro, el actual interdicto de obra ruinosa, sin perjuicio de la diversidad de efectos que se provocan en uno y otro. Nos importa destacar que en el Derecho de Roma podían exigir la caución tanto el propietario de la finca amenazada como los que gozaban de un derecho real sobre ésta; también los que, en virtud de una relación de obligación, tenían interés en la conservación de la cosa. La exigencia de la caución recaía sobre el propietario y el poseedor del edificio defectuoso, así como podía ser dirigida contra todos los que sobre él tenían un ius in re, si bien cuando eran muchos los demandados sólo estaba cada uno obligado por su parte y porción.
Como ya puso de manifiesto García Goyena, la legislación romana en esta materia fue recogida en lo fundamental en Las Partidas. Si bien esa legislación, frente a la romana, muestra el derecho del vecino no sólo a pedir la caución, y, subsidiariamente, la posesión del bien peligroso, sino que el amenazado tanto puede pedir la caución como, respecto al edificio "que lo derribase o lo endereçasse". De aquí pasa al artículo 535 del Proyecto de Código Civil de 1851, y por último, a los 389 y 390 del vigente.
La Ley de Las Partidas declaraba que para los efectos de este interdicto, ha de entenderse por obra vieja, no sólo los "edificios antiguos que fallecen, e quiérense derribar por vejes" sino también los edificios o "labores nuevas que se abren, porque se fienden en los cimientos, o porque fueron fechas falsamente o por flaqueza de labor". Esta exacta y natural explicación de lo que debe entenderse por obra vieja, basta, a juicio de MANRESA, para justificar la nueva denominación del interdicto de obra ruinosa.
Además equiparaba a los efectos de dicho interdicto Alas paredes flacas e árboles grandes mal raigados, son a las vegadas cerca de heredades o de casas ajenas, que se temen los vecinos que si cayeren, que les farán daño@. Este criterio, es el mismo sostenido por la Lec de 1881 y por la nueva Lec.
No puede decirse que el interdicto de obra ruinosa sea un juicio de naturaleza posesoria, ya que su objeto no es resolver acerca de la posesión sino evitar un daño, teniendo, al igual que el de obra nueva, un carácter cautelar conservativo y un fuerte entronque administrativo.
Al efecto, podemos aludir a la STS de 18 de Abril de 1996:
"En la doctrina procesal predomina la idea de que el interdicto de obra ruinosa no es posesorio y tiene el carácter de juicio cautelar innovativo. La cautela tiende a eludir peligros y se consigue con las medidas que toma el órgano judicial para evitar la ruina incluso acordando el derribo total del inmueble que los produce.
En la tramitación y decisión del proceso, el principio de aportación de parte se desvanece en aras del interés superior de evitar peligros y por ello se potencia en la ley la intervención del juez apoyado en su propio criterio y en la pericia emitida por técnicos que él mismo escoge".
Largamente ha discutido la Doctrina sobre la pertinencia de mantener viva esta figura, toda vez que debido al celo de las Administraciones públicas, su repercusión es mínima y pocas veces el particular se ve obligado a entablar esta demanda, puesto que los Agentes de la Autoridad Administrativa, en su constante función de vigilancia, al darse cuenta de una posible ruinosidad de una finca, o del peligro que pueden significar los árboles, paredes, vallas, columnas, etc., actúa en forma conveniente y capaz para evitar el posible daño, sin que el particular afectado se vea precisado a formular la acción interdictal ante la Autoridad Judicial.
Lo cierto es que la nueva Ley mantiene esta figura refiriéndose a ella en el art. 250.1.61.
Para VÁZQUEZ IRUZUBIETA:
"Está claro que este interdicto constituye más bien un procedimiento que, por su objeto, tiende a dar solución a una materialidad administrativa porque se trata de la protección de personas y cosas, no solamente vecinos o colindantes con la cosa materia del interdicto, sino que la protección abarca a personas indeterminadas que de alguna manera puedan verse amenazadas por este riesgo".
Para comprender exactamente cuál sea la naturaleza de dicho interdicto, debemos antes repasar el Código Civil, en el cual y en sus artículos 389 y 390, en relación con el 391, 1.907 y 1,908 del mismo cuerpo legal, encontramos la confirmación de las normas procesales que luego se verán y declaran los derechos y responsabilidades relacionados con la materia.
El citado art. 389 CC, dice:
"Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída; y si no lo verificase el propietario de la obra ruinosa, la autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo".
El art. 390 CC, establece que:
"Cuando algún árbol corpulento amenazase caerse de modo que pueda causar perjuicio a una finca ajena o a los transeúntes por vía pública o particular, el dueño del árbol, está obligado a arrancarlo y retirarlo; y si no lo verificare, se hará a su costa por mandato de la autoridad".
Por su parte, el art. 391 CC, establece que en el caso de los dos artículos anteriores, si el edificio o árbol se cayere, se estará a lo dispuesto en los arts. 1.907 y 1.908, los cuales imponen al propietario del árbol o edificio, la responsabilidad de los daños que resulten.
Al hacer referencia a los artículos del Código Civil, se observa que la Ley habla de Autoridad, sin determinar si se trata de Autoridad administrativa o judicial. De aquí que deben entenderse las dos clases. Ahora bien, sólo cuando la cuestión se promueva entre particulares, o la inminencia del daño afecte sólo a intereses o derechos privados, la autoridad judicial es la única competente para conocer de la cuestión.
La finalidad de este procedimiento es eminentemente preventiva, ya que, al igual que su antecedente romano, la cauti damni infecti, tiende a impedir que se cause daño con una obra en estado de ruina.
Este es el fin del interdicto de obra ruinosa: "impedir que cause daño una obra ruinosa", sirviéndonos de la propia terminología legal. Es decir, impedir o evitar el daño temido.
No repugna, por tanto, calificar a este interdicto como de daño temido, al estilo de la terminología consagrada en Italia, al hablarse de denunzia di danno temuto, cuando el artículo 1.172 del Codice civile otorga al propietario, al titular de otro derecho real de goce o al poseedor, que tengan razón de temer de algún edificio, árbol u otra cosa que amenace peligro, un daño grave y próximo sobre la cosa que constituye el objeto de su derecho o de su posesión, el poder denunciar el hecho a la autoridad judicial y obtener, según las circunstancias, que se provea para evitar el peligro.
Decía el art. 1676 de la anterior LEC:
"El interdicto de obra ruinosa puede tener dos objetos:
1) La adopción de medidas urgentes de precaución, a fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de algún edificio, árbol, columna o cualesquiera otro objeto análogo, cuya caída pueda causar daños a las personas o en las cosas.
2) La demolición total o parcial de una obra ruinosa".
Hoy, el art. 250.1.61,hace referencia, sólo a la demolición o derribo y en cuanto al elemento material, introduce expresamente que también puede ser objeto de este proceso una obra en estado de ruina.
Se plantea por tanto con la nueva regulación, si es posible solicitar del Tribunal la adopción de medidas urgentes de precaución.
A nuestro entender, la Ley ha limitado el objeto de esta modalidad procesal, que ya no podrá pretender exclusivamente la adopción de medias urgentes de precaución, sino que deberá necesariamente, ir encaminada a la demolición o derribo.
Ahora bien, también creemos que el actor podrá solicitar la adopción de medias urgentes, de forma acumulativa a la pretensión principal de derribo o demolición a través del sistema de medidas cautelares, contenido en los arts. 721 y siguientes.
Así, el art. 721 dice que:
"Bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional(aquí sólo el principal ya que como vimos en los interdictos no cabe reconvención), podrá solicitar del tribunal, conforme a los dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare".
Si el actor considera que, la obra u objeto análogo que amenaza ruina, requiere de la adopción de medidas preventivas urgentes, deberá solicitarlas del tribunal que conozca del interdicto.
Deberá pedirlo el actor, ya que el art. 721 prohíbe que las medidas cautelares sean acordadas de oficio por el tribunal, con la excepción de lo que se dispone para los procesos especiales.
Deberá pedir las medidas en el grado que estime suficiente, ya que este mismo precepto veda que el tribunal pueda acordar medidas más gravosas que las solicitadas.
Y deberá pedirlo al Juez que esté conociendo del asunto, salvo, que se soliciten estas medidas con anterioridad a que el proceso se haya iniciado, en cuyo caso se solicitarán al que sea competente para conocer de la demanda principal; por mandato del art. 723, ya que la nueva Ley ha optado por no separar la competencia para el enjuiciamiento de la medida cautelar del órgano jurisdiccional competente para conocer del proceso principal.
Finalmente, podemos aludir como límite a la solicitud de medidas cautelares, a lo dispuesto, en el art. 728.1 de la nueva Ley:
"No se acordaría medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que este justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces".
Ya se desprendía del art. 1631.4 de la anterior Lec, que a los efectos de este interdicto no bastaba la realidad de una obra ruinosa para su promoción con éxito, sino que era necesario que de este estado de ruina, entendido como estado de una cosa que amenaza caída, según previene el art. 389 del Código Civil, tanto si se origina en el transcurso del tiempo o por los vicios de construcción que contempla el artículo 1.591 del Código Civil, se vaya a derivar presumiblemente daño a las personas o a las cosas.
Resulta contundente la SAP Cuenca de 18 de diciembre de 1986:
"Señala la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 1.631 que los interdictos sólo pueden intentarse: 11 para adquirir la posesión; 21 para retenerla o recobrarla; 31 para impedir una obra nueva, y 41 para impedir que cause daño una obra ruinosa; englobando bajo el mismo concepto diversos supuestos que responden a juicios de distinta naturaleza, pues evidente parece que el denominado interdicto de obra ruinosa no tiene naturaleza posesoria, ya que no protege directa ni exclusivamente la posesión, y sí tiene una finalidad aseguratoria, según claramente se infiere del artículo 1.676 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o más concretamente del artículo 1.677 que establece la legitimación para promover este tipo o modalidad de acción interdictal; pudiendo concretarse los requisitos para su viabilidad en dos: la existencia de un edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo que por su mal estado ofrezca peligro de causar daño con su caída a las personas o en las cosas, y, otro, embebido en el anterior, cual la existencia de propiedad contigua o inmediata que pueda resentirse o padecer por aquella situación anterior, o simplemente que esa situación de riesgo se concrete en personas que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio, árbol o construcción".
En la LEC de 1881 los arts 1677 y 1678 determinaban qué personas ostentaban la legitimación activa indispensable para promover el juicio interdictal de obra ruinosa, señalando el primero de ellos que:
"Sólo podrán intentar dicho interdicto:
1 Los que tengan alguna propiedad contigua o inmediata que pueda resentirse o padecer ruina.
2 Los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio, árbol o construcción que amenazare ruina".
Se entiende por necesidad para los efectos del artículo 1.677 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que no puede dejar de satisfacerse sin quedar privado el denunciante del ejercicio de un derecho, o sin que se le siga conocido perjuicio en sus intereses, o grave molestia, a juicio del Juez. ( Artículo 1.678 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Algunos autores criticaron que la legitimación para promover este interdicto se había recogido en la LEC de 1881 con una excesiva extensión de suerte que lo que se debió concebir para proteger la posesión se había relajado hasta proteger unas situaciones de hecho que nada tienen que ver con la posesión de bien alguno, hasta el punto de verse protegido por el interdicto el mero transeúnte.
La nueva Ley ha limitado sustancialmente los preceptos dedicados a las distintas especialidades procedimentales, y dentro de ellas las que atañen a los interdictos y, en particular, para el de obra ruinosa no existen apenas referencias expresas.
La legitimación activa se desprende de lo dispuesto en el art. 250.1.61, que exige que la obra edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina, amenace causar daños a quien demande.
De esta forma, entendemos será requisito sine qua non para acudir a este procedimiento la amenaza de daño.
Daño que habrá que acreditar y probar, tanto en su realidad como en la medida en que, de producirse, vaya a afectar al actor.
Por tanto, la legitimación es incluso más amplia que la recogida en la derogada Lec, ya que el daño puede provenir de un elemento que no sea la propiedad de un predio colindante que pueda resentirse o padecer ruina, así como de algo diferente de la necesidad de pasar por las inmediaciones.
En la práctica, difícil es pensar en daños distintos de los anteriormente mencionados, pero caso de darse, también legitimarían activamente a la persona que hubiere de sufrirlos para acudir al interdicto de obra ruinosa.
Especial atención habrá de prestarse al elemento del daño, debiendo, a nuestro parecer, evitar los tribunales que prosperen acciones de este tipo cuando no tengan por objeto proteger de un peligro real e inmediato y por contra se limiten a daños de los que el actor crea que pueda verse afectado en un futuro, más o menos próximo por un peligro hipotético, aún no demostrado o comprobado y dependiente en su desencadenamiento de otras causas.
En la Lec de 1881 sólo podían ser demandados en el juicio interdictal de obra ruinosa:
1 El propietario de la finca que amenazaba ruina, y
2 El dueño del árbol, pared, valla, columna, cuyo estado de conservación hiciese abrigar racionales temores de posible daño por caída o desplome.
El art. 1679 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalaba, que no sólo el dueño, sino también el administrador o apoderado, y en su defecto, el arrendatario o inquilino, podían ser compelidos, en caso de ausencia del dueño, a ejecutar las medias urgentes que el Juez tomase, en vista del estado de la obra o de lo que amenazase ruina o desplome.
La nueva Ley no contiene referencia alguna al respecto, por lo que habrá que estar a la regla general contenida en el art. 10 de la misma, considerando como parte legítima a los titulares de la relación jurídica un objeto litigioso, y por tanto, de la obra, edificio, árbol, columna u objeto análogo en estado de ruina.
Habrá supuestos, por ejemplo la copropiedad, en que haya de darse un litisconsorcio pasivo necesario, remitiendonos a lo expuesto al respecto al tratar del interdicto de obra nueva.
"Salta a la vista la irregular constitución de la relación jurídico-procesal al ser demandado en el proceso únicamente el dueño del edificio ruinoso, denunciado de oficio en la sentencia recurrida, impeditiva de un pronunciamiento sobre el fondo, pues que si "prima facie" está legitimado pasivamente en el singular y sumario proceso que nos ocupa, quien tenga la obligación de conservar la cosa y evitar su ruina, esto es, en el caso, el dueño de la edificación y no quienes inmediatamente la poseen, sin parar mientes en sus títulos posesorios, pues que no estarían obligados a realizar, por vía de imperio, las obras necesarias, a fin de proceder a la demolición total o parcial de la obra, que constituye una de las modalidades del proceso a que hace relación el art. 1.676 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es indudable que esas personas poseedoras en el caso por título obligacional de la cosa, están tan intima y directamente relacionadas con el objeto del proceso, y a ellas habría de afectar de tal suerte la decisión que en él recayere, que su vocación al proceso, por existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, derogador del principio basado en el de rogación, que impera en nuestro ordenamiento procesal, según el cual el actor es árbitro de dirigir su pretensión contra quién quiera, resulta inexcusable, y su defecto, origina, sin género de duda, la defectuosa e irregular constitución de la relación jurídico-procesal ya mencionada, conforme a reiterada y copiosa doctrina jurisprudencial que, con base en la doctrina del interés que domina en materia de legitimación, contienen entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo 1911, 6 marzo 1946, 12 marzo 1964, 17 diciembre 1968 y 16 junio 1969". (S. Audiencia Provincial de Sevilla, 25 enero 1973).
1. Regulación en la Lec de 1881
La LEC de 1881, en sus arts. 1676 a 1685 recogía una tramitación en la que se diferenciaba un doble procedimiento, el primero, dirigido a adoptar las medidas urgentes de precaución que se estimasen necesarias, contenido en los artículos 1679 a 1681 y el segundo para la demolición total o parcial del objeto ruinoso, en los artículos 1682 a 1685.
Cuando se trataba de adoptar medidas urgentes de precaución se seguía un procedimiento sumarísimo, sin audiencia al demandado y por tanto carente de contradicción procesal, que se iniciaba por demanda, seguida de un reconocimiento judicial y pericial y finalizaba mediante auto irrecurrible que otorgaba o denegaba tales medidas.
Cuando el objeto de interdicto era la adopción de medidas urgentes de seguridad, acordaba el Juez el reconocimiento de lo que amenazare ruina, lo que ejecutaba inmediatamente por sí mismo, acompañado de actuario y de un perito que nombraba al efecto.
Del resultado del reconocimiento judicial se extendía la oportuna acta, en la que se insertaba el dictamen del perito, y sin dilación dictaba el Juez auto acordando las medias que estimaba necesarias para procurar interina y prontamente la debida seguridad.
A la ejecución de estas medidas eran compelidos el dueño de la obra ruinosa, su administrador o apoderado, y en su defecto, el arrendatario o inquilino, por cuenta de las rentas o alquileres. En defecto de todos éstos, supliría los gastos, el actor, a reserva de reintegrase de ellos, exigiéndose su importe del dueño de la obra por el procedimiento establecido para la vía de apremio en el juicio ejecutivo, artículos 1.481 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (Artículo 1.679 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El juez podía denegar las medidas de precaución solicitadas, si del reconocimiento que hiciese con el perito no resultaba la urgencia. (Artículo 1.680 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los autos que el Juez dictaba otorgando o denegando las medidas urgentes de precaución no eran apelables. (Artículo 1.681 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuando se perseguía la demolición de la obra ruinosa se seguía un procedimiento sumario, con audiencia al demandado y la pertinente contradicción procesal.
Este procedimiento se iniciaba por demanda, seguida de convocatoria y celebración de juicio verbal tras el que se podía acordar reconocimiento judicial y pericial, finalizando mediante sentencia apelable en ambos efectos, si bien, cuando la demolición ordenada fuese urgente, el Juez podía adoptar las medidas precautorias necesarias, incluso la demolición parcial si no podía demorarse sin grave e inminente riesgo.
"Si el interdicto tuviere por objeto la demolición de alguna obra ruinosa, el Juez mandará convocar a las partes a juicio verbal, con la urgencia que el caso requiera, al que podrán asistir sus respectivos defensores, oirá sus alegaciones y testigos y examinará los documentos que presentaren, uniéndolos a los autos". (Artículo 1.682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
"Si por el resultado del juicio el Juez lo creyere necesario, podrá practicar por sí mismo un reconocimiento de la obra, acompañado de perito que nombre al efecto; los interesados concurrirán, si quieren, a esta diligencia, acompañados de sus defensores y de peritos de su nombramiento".(Artículo 1.683 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
"Dentro de los tres días siguientes al que hubiera terminado el juicio verbal o la práctica de la diligencia de reconocimiento, sí esta hubiera tenido lugar, el Juez dictará sentencia, la cual será apelable en ambos efectos". (Artículo 1.684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
"En el caso de ordenarse la demolición y de resultar su urgencia del juicio y diligencia de reconocimiento, deberá el Juez, antes de remitir los autos a la Audiencia, decretar de oficio y hacer que se ejecuten las medidas de precaución que estime necesarias, incluso la demolición de parte de la obra si no pudiere demorarse sin grave e inminente riesgo, procediendo al efecto en la forma prevenida en el párrafo último del artículo 1.679 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".(Artículo 1.685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por mandato del art. 250.1.61 se seguirán los trámites del juicio verbal, sin que para el de obra ruinosa se recoja peculiaridad alguna en las actuaciones previas a la vista.
1) Sólo puede pretenderse la demolición o derribo de la obra, y, al seguirse los trámites del juicio verbal, este procedimiento sigue teniendo carácter sumario.
2) Como ya hemos expuesto, cuando se pretenda la adopción de medidas urgentes de precaución habrá de acudir el actor a las disposiciones relativas a las medidas cautelares, arts. 721 y siguientes.
Podrán solicitarse, incluso antes de la presentación de la demanda, si quién la pide y alega acredita razones de urgencia o necesidad, según el art. 730 de la nueva Ley.
Estas medidas cautelares podrán acordarse, cuando concurran razones de urgencia, sin previa audiencia del demandado, en cuyo caso estaríamos ante una medida que se adoptaría, de modo similar a lo que disponía la antigua Lec, con carácter sumarísimo.
Pero en la nueva regulación esta falta de audiencia constituye la excepción y no la regla, que para esta modalidad de interdicto, recogía la derogada Lec.
De esta forma, tanto el interdicto de obra ruinosa propiamente dicho, en todo caso, como la adopción de medidas preventivas, por regla general, se realizará con audiencia del demandado en procedimiento de carácter sumario.
Al igual que la normativa anterior, el interdicto termina mediante sentencia sin eficacia de cosa juzgada, debido al carácter sumario de la pretensión de tutela objeto del mismo, que expresamente consagra el art 250.1.61 de la nueva Ley, en relación con el mandato contenido en el artículo 447.
La adopción de medidas preventivas, que ya no es interdicto, sino medida cautelar, termina mediante auto.
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References: resolución 
 artículo 64
 artículo 535
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 447