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Timestamp: 2018-03-21 12:24:54+00:00

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FS #207 – Violación denunciada | Dr. POLÍTICO
FS #207 – Violación denunciada
por Luis Enrique Alcalá | Ago 12, 2008 | Fichas, Política | 0 Comentarios
En el día de ayer, a partir de las cinco y diez minutos de la tarde, el suscrito remitió un total de cuarenta y dos correos electrónicos, a otras tantas direcciones del Tribunal Supremo de Justicia, con el texto que reproduce esta Ficha Semanal #207 de doctorpolítico. Es este texto una denuncia, bien fundamentada, ante el TSJ de la violación a un principio jurídico fundamental contenido en la Constitución, a los efectos del Numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este numeral explica que es una facultad del Tribunal “Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución” y “avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución… aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.
La denuncia demuestra que la sección de la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional que se contrae a dilucidar “la presunta contradicción entre el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 42 constitucional” es ilógica y falsa, y configura una violación tipificada por el numeral antes citado, al cercenar el alcance del Artículo 42 de la Constitución mediante procedimiento falaz. En pocas palabras, la decisión, redactada por el magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, sostiene que cuando la Constitución dice que el caballo es blanco no significa tal cosa, sino que el cochino es rojo. (Rojito).
Sostuvo Delgado Rosales “que cuando el artículo 42 de la Constitución pauta que ‘el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos, solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley’, esta refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza), con fundamento en los artículos 35 de la Constitución y 36 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía; y así se declara”.
La denuncia referida, de considerable longitud (es el archivo más largo que esta publicación haya llevado alguna vez), desmenuza la argumentación de Delgado Rosales expresada en ocho párrafos. A pesar de lo larga, la lectura de la denuncia sirve para percatarse de cómo un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia emplea conscientemente la ambigüedad y la inexactitud para arribar a una conclusión falsa, claramente inconstitucional.
Toca al Tribunal Supremo de Justicia revisar la decisión a tenor del numeral mencionado. De no hacerlo, cohonestaría una gravísima violación al texto supremo de la República. Como dice el Artículo 25 de la Constitución: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
En síntesis, es nula la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional del TSJ del 5 de los corrientes, al menos en lo tocante a su interpretación del Artículo 42 de la Constitución.
Con ocasión de interpretar el alcance del Artículo 350 de la Constitución—el 22 de enero de 2003—el magistrado Iván Rincón, entonces Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y autonombrado ponente de la interpretación, escribió:
“…debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada de la norma objeto de la presente decisión, la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por ‘cualquier régimen, legislación o autoridad’, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima si y solo si—como se ha indicado precedentemente—se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene”.
Por ahora no han sido agotadas todas las instancias. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, tiene una última oportunidad de enderezar el entuerto producido por su Sala Constitucional.
Caracas, 11 de agosto de 2008
A la Honorable Presidenta y los demás Honorables Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
En ese sitio web puede leerse el texto completo de la decisión (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1265-050808-05-1853.htm), que dilucida también otros puntos elevados por el “recurso de nulidad por inconstitucionalidad, ejercido conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de medida de suspensión de efectos”, interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana Ziomara del Socorro Lucena Guédez. A los fines de esta denuncia, para cotejar la interpretación de la Sala Constitucional y la sostenida arriba en la transcripción de la publicación mencionada, procedo primeramente a transcribir solamente la sección completa de la Decisión #1.265 que discute la relación entre el Artículo 42 de la Constitución y el Artículo 105 de la Ley de Contraloría. Dicha sección dice:
Y lo más “importante para determinar el alcance” del Artículo 42 no es que no esté “en el Capítulo IV”, sino que esté donde esté. Dado que para el ponente parece ser más importante donde no esté una cosa que donde esté, es oportuno recordar que el Artículo 42 no está en la sección de la Nacionalidad, sino en la sección de la Ciudadanía.
La conclusión es absurda. Para percibir su monstruosidad conviene reproducir otra vez el texto completo del Artículo 42, que dice: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.

References: Artículo 5
 artículo 105
 artículo 42
 Artículo 42
 artículo 42
 Artículo 25
 Artículo 42
 Artículo 350
 Artículo 42
 Artículo 105
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 42