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Timestamp: 2020-05-29 03:57:43+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 67, de 30/11/2016
cve: DSCD-12-CO-67
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 67
- Sobre el cese del jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000155) ... (Página2)
- Sobre el traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el Parque Natural de la Albufera y la total regeneración de la franja dunar de El Saler. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000299) ... (Página2)
- Sobre el cuerpo de Policía Portuaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000260) ... (Página5)
- Sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000344) ... (Página8)
- Sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000571) ... (Página13)
- Sobre la revocación de la concesión a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de la formación de los policías nacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000669) ... (Página19)
- Relativa a combatir los delitos de odio como nueva forma de violencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000710). ... (Página21)
- SOBRE EL CESE DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000155).
Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior. Quiero anunciarles que las votaciones no se producirán antes de las dieciocho horas y treinta minutos. Vamos a procurar ajustarnos a los tiempos, lo cual todos ustedes agradecerán y a mí me facilitará mucho la labor.
Señorías, en primer lugar, quiero comunicarles que ha sido retirado el punto 1.º del orden del día. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra). Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, quería plantearle una cuestión previa. ¿Ha decaído el punto 1.º del orden del día?
El señor PRESIDENTE: No, no ha decaído. Compromís ha retirado el punto 1.º del orden del día a última hora.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente. No lo sabía.
- SOBRE EL TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) EN EL PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA Y LA TOTAL REGENERACIÓN DE LA FRANJA DUNAR DE EL SALER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000299).
El señor PRESIDENTE: Como no está presente el portavoz del Grupo Ciudadanos, en lugar de debatir el punto 2.º del orden del día, debatiremos el 3.º punto: proposición no de ley sobre el traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en el Parque Natural de la Albufera y la total regeneración de la franja dunar de El Saler.
La proposición no de ley que defiendo plantea una cosa muy sencilla. El Parque Natural de la Albufera fue el primer parque natural que declaró la Generalitat Valenciana cuando tuvo competencias. Está muy próximo a la ciudad de Valencia y es de suma importancia en un ecosistema con un fuerte componente, además, agrícola y de antropización humana. Ha tenido a lo largo de los años y de la historia diversos usos y diversas aplicaciones, algunos más compatibles con su calificación como parque natural que otros, que definitivamente son muy poco compatibles, por no decir absolutamente incompatibles. Con los años se han ido corrigiendo algunos de estos usos absolutamente incompatibles con el parque natural. Me refiero a determinadas instalaciones que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia han ido retirando de ese ámbito. Es un asunto complicado, puesto que es una zona donde las administraciones públicas tienen todavía una importante cantidad de terreno que se ha dedicado a diversos usos. Por eso, a veces es complicado ir reubicando estas cuestiones.
En el caso que planteamos en esta proposición no de ley se trata de las instalaciones que tiene la Dirección General de Tráfico. Muchísimos valencianos nos hemos examinados del carné de conducir en esas instalaciones, pero, como todos ustedes comprenderán, resulta muy poco compatible con un parque natural tener unas instalaciones donde se efectúan los exámenes del carné de conducir y demás. Está cerca de una zona donde vive población, porque dentro del Parque Natural de la Albufera conviven diferentes usos, pero sería bueno y positivo para el futuro de esta importante zona natural valenciana que nos fuéramos adaptando y corrigiendo esos usos impropios que durante muchos años han existido.
En este sentido, nosotros planteábamos en principio un pronunciamiento de retirada inmediata, porque es lo que a nosotros nos hubiese gustado. Nosotros desearíamos que la Comisión hubiese aprobado esa retirada inmediata de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico, pero el Partido Popular y el Partido Socialista nos han planteado sendas enmiendas para que la propuesta fuera tratada de una forma más contemporizada entre la Administración General del Estado, la Administración local valenciana y la
Administración de la Generalitat Valenciana. A mi grupo le parece correcto no ir hacia un posicionamiento unilateral, porque además podría poner en peligro la aprobación de esta proposición no de ley. La voluntad de este grupo es que esta proposición no de ley salga adelante y que quede un pronunciamiento de la Cámara para instar al Gobierno de España a que busque un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valencia para el desplazamiento de estas instalaciones de la Dirección General de Tráfico fuera del parque natural.
Por eso, proponemos una transacción que haremos llegar a la Mesa que plantea que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de la nación a que, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, inicie las negociaciones conducentes al traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico fuera del entorno del Parque Natural de la Albufera. En principio incorporamos la enmienda del Grupo Popular que plantea que sea en el término municipal de la misma ciudad de Valencia y en terrenos cedidos, como están actualmente, por parte de la Generalitat Valenciana. Por nuestra parte, no hay ningún problema en incorporarlo así. La transaccional termina diciendo "y a una posterior regeneración integral de la franja dunar de El Saler".
Hablando de la franja dunar de El Saler, acabamos de padecer un episodio de tormentas y de invasión marina de la costa que ha puesto patas arriba prácticamente algunas playas valencianas. Hace un año el Estado invirtió cantidades importantes de dinero en regenerar determinadas playas y un año después han desaparecido prácticamente por este temporal de Levante que acabamos de padecer. Por eso, las actividades de regeneración de las franjas dunares con medios lo más naturales posibles son absolutamente necesarias para mantener esa integridad de nuestras playas y nuestro entorno natural. Ahora pasaremos la enmienda transaccional a la Mesa para su votación.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Quiero que me disculpen porque el compañero que tenía que defender la enmienda ha tenido que ausentarse por motivos de salud. Por eso, me ha resultado imposible llegar antes y no he podido escuchar la intervención del anterior diputado.
Nuestra enmienda proponía que al ser un tema que dependía de la Dirección General de Tráfico podía plantearse a través de la Dirección Regional de Tráfico. Nosotros no entendíamos que viniera esta proposición no de ley al Congreso de los Diputados para proponer esta cuestión, sin que se hubiera planteado previamente allí y sin haber concedido el margen de resolución que pueda tener la propia Dirección General de Tráfico. Por eso, planteábamos esta enmienda, en el sentido de que se evaluara la conveniencia del traslado de la instalación que la dirección general tiene en el parque natural, que se llevara a cabo en un plazo razonable y que una vez realizado el traslado se procediera a la total regeneración dunar, pero haciendo un poco hincapié en que se cuente con la Dirección General de Tráfico. Ese era el sentido de nuestra enmienda.
El Grupo Popular ha presentado también enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García-Pelayo.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Quiero agradecer al portavoz del Grupo de Unidos Podemos, titular de la iniciativa, la generosidad que ha tenido para facilitar que haya una transaccional en relación con el punto 1 de la propuesta. Creo que es importante porque al final se va a conseguir el objetivo que todos perseguimos, y sobre todo los vecinos y vecinas de la zona afectada, es decir, que se trasladen las instalaciones de la Dirección General de Tráfico a unos nuevos terrenos. Evidentemente, esos terrenos deben ser cedidos por la Administración competente, ya sea ayuntamiento o Comunidad Valenciana. En eso no creo que debamos de entrar, pero lo cierto es que se tiene que trasladar a algún espacio y este tiene que ser cedido por las administraciones. No podemos olvidar que la Dirección General de Tráfico permite que los ciudadanos y ciudadanas se examinen del carné de conducir. Por tanto, tanto el traslado de las instalaciones como la ocupación de un nuevo espacio deben coordinarse. Estamos apostando por el cuidado y la protección del medio ambiente de todo lo que significa el entorno del Parque Natural de la
Albufera. Es incompatible esa protección del medio ambiente con la presencia masiva de vehículos, porque provocan una contaminación atmosférica y acústica de todo tipo totalmente incompatibles con la tranquilidad y sobre todo con el entorno de un parque natural. Por tanto, creo que estamos todos de enhorabuena por conseguir este acuerdo.
Entiendo que el punto 2 de la iniciativa se queda en el mismo tenor en el que esta redactado que dice que las administraciones competentes regeneren esa franja dunar. Lo que no podemos olvidar es que esta Comisión se está pronunciando sobre una cuestión que no es competencia del Ministerio del Interior. Creo que eso es importante destacar que el Ministerio del Interior no va a regenerar ningún espacio medioambiental. Sin embargo, vamos a apoyar la proposición no de ley porque tiene una fórmula abierta, pero me parecía correcto hacer esa matización. El punto 1 que está transaccionado contará con nuestro apoyo y el punto 2 contará con nuestro apoyo también, en los propios términos de la iniciativa.
El señor BATALLER I RUIZ: Buenas tardes. Soy Enric Bataller, diputado de Compromís, adscrito al Grupo Mixto y vengo en representación de mi compañera la señora Beitialarrangoitia, quien amablemente me ha cedido el turno de intervención por tratarse de un asunto que afecta a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Como ustedes saben, La Albufera es el mayor lago de España, es la tercera zona húmeda del Estado español y además es -si no me equivoco- el único lago urbano que existe en España, ya que este espacio está incluido en el término municipal de la ciudad de Valencia. Desde hace mucho tiempo venimos sufriendo la problemática derivada de las instalaciones de las que ahora se está hablando: un espacio donde se hacen exámenes de carné de conducir, de vehículos y de motos que es incompatible con los usos y con el nivel de protección que debe tener este paraje natural. Además, es un espacio donde confluye la protección a diversos niveles administrativos porque la protección la dispensa tanto el ayuntamiento como la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Del mismo modo, la protección la dispensa también la Administración estatal por varias vías, al ser, por un lado, un parque natural, y por otro, al depender el caudal de sus aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar que depende del ministerio correspondiente, y asimismo al ser un lago colindante con el mar propicia que la Dirección de Costas también tenga mucha participación porque los avances de la intrusión marina están comprometiendo la supervivencia del lago por los niveles de salinidad que se introduce. Por tanto, cualquier actuación que se haga para la conservación de este paraje debe ser fomentada y bienvenida.
Nosotros apoyamos plenamente la proposición no de ley que se ha presentado por el Grupo de Unidos Podemos. Es imprescindible que se analice este traslado porque las prácticas que se hacen con vehículos, además, se realizan a menos de 700 metros de la playa dentro del parque natural. Por tanto, nosotros secundamos los dos puntos de la proposición no de ley, en cuanto a la necesidad del traslado de estas instalaciones y la búsqueda de una reubicación conveniente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller. Quiero anunciarle que se ha acordado una transaccional entre todos los grupos.
Habiéndose acordado entre el proponente y el Grupo Popular una transaccional, no haré uso de la palabra y me adheriré a ella en el periodo de votaciones.
Con respecto al traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico del parque natural, entendemos que se puede buscar otra localización entre todas las administraciones para poder desempeñar esa fantástica labor. Cuando uno habla con las personas que conocen perfectamente de primera mano
cuál es la situación actual de la Dirección General de Tráfico en el parque natural, nos transmiten que lo que se está produciendo a día de hoy son los exámenes internos de motociclismo. Por tanto, nosotros en este asunto tenemos claro que lo que tiene que introducirse es un acuerdo entre las distintas administraciones para buscar una nueva localización. Es cierto que se trata de un parque natural que tiene que ser protegido, pero también debemos buscar una solución para unas instalaciones que están actualmente en uso y que deben seguir prestando su servicio.
- SOBRE EL CUERPO DE LA POLICÍA PORTUARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000260).
El señor PRESIDENTE: Como no estaban presentes los miembros del Grupo Parlamentario Ciudadanos, habíamos saltado el punto 2.º del orden del día: proposición no de ley sobre el cuerpo de la Policía portuaria. ¿Ahora están en condiciones de intervenir? (Asentimiento). Tiene la palabra, señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente. Agradezco a la Mesa la consideración que han tenido por nuestro retraso.
Señorías, el personal de Policía portuaria, que asciende actualmente a unos 2.500 agentes aproximadamente, está prestando servicio en veintiocho autoridades portuarias y desde años viene arrastrando numerosos problemas, todos ellos derivados de la carencia de un único marco regulador claro y concreto que deja de abordar con la firmeza que debería la figura pública del cuerpo de Policía portuaria. Resulta de obligado cumplimiento reconocer la importante transformación que ha protagonizado la Policía portuaria, pues ha ido extendiendo sus competencia más allá de las que inicialmente le habían sido atribuidas, en beneficio de la seguridad de nuestros ciudadanos, de los bienes y del propio inmovilizado y bienes inmuebles del propio puerto, convirtiéndose así en un verdadero cuerpo policial. Pese a estar actuando en la esfera de servicio público, la Policía portuaria sigue sin ver reguladas las funciones que vienen desarrollando en los últimos años, sumiendo así a un colectivo de 2.500 agentes en una situación de alegalidad permanente que deberíamos resolver cuanto antes.
Si bien es cierto que el Real Decreto 2/2011 garantiza en régimen de gestión directa la prestación del servicio de policía en el dominio público portuario, así como a su personal la condición de agentes de la autoridad de la Administración portuaria en ejercicio de las potestades públicas, resulta imprescindible reglamentar la actual figura de la Policía portuaria, a fin de definir con toda claridad su figura, sus competencias, sus funciones, sus medios, su formación o su imagen corporativa.
Así pues, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos manifestado en diversas ocasiones que mediante un marco normativo propio se debe dotar al cuerpo de Policía portuaria de la regulación definida y específica que vienen demandando desde hace años sus agentes, pues armonizarían en un solo texto legal los diferentes servicios que han venido prestando en el ámbito de la seguridad ciudadana, tráfico marítimo y terrestre, protección portuaria, control del medio ambiente, control del cumplimiento de ordenanzas y demás normativa administrativa, también su formación, los requisitos de acceso, estructura, así como su dependencia orgánica y funcional sobre una base común que evite discriminaciones y subjetividades.
Señorías, desde el Grupo Ciudadanos abogamos por un modelo de Policía portuaria innovador con pleno reconocimiento de sus funciones y capacidades y que aspira a una mayor profesionalización de sus miembros, como vienen reclamando sus sindicatos desde hace tiempo. Son muchas las preocupaciones que ha venido manifestando la Policía portuaria por falta de seguridad de sus agentes, ante los riesgos a los que son expuestos y que le son impuestos de afrontar con las garantías necesarias. Un caso reciente lo tenemos en el ocurrido hace unos días en el puerto de Valencia cuando un agente de policía portuaria al dar el alta a un conductor de un vehículo pesado estuvo a punto de ser atropellado por este bajo las amenazas de, o te apartas, o te arranco.
Por todo ello, señorías, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos presentado esta proposición no de ley que esperamos poder transaccionar mediante una enmienda conjunta con el resto de grupos parlamentarios e instar así al Gobierno a que cumpla con lo siguiente: uno, proceder a elaborar un marco legislativo para la coordinación de los cuerpos de Policía portuaria de las autoridades portuarias en las
que queden refundidas las competencias que las distintas normas otorgan de manera genérica a la Policía portuaria, así como a su organización; dos, coordinar y unificar criterios para potenciar los servicios locales de policía portuaria, entendidos en el sentido más amplio de servicios públicos de seguridad, dotados de plena capacidad funcional y organizativa para que puedan convertirse en instrumentos válidos que permitan a las autoridades portuarias ejercer las competencias que la ley les encomiendan; tres, contar con una doble dependencia para que dependan de las autoridades portuarias, Ministerio de Fomento, y de un órgano coordinador de Policía portuaria perteneciente al Ministerio del Interior, para la correcta coordinación orgánica y funcional de los diferentes cuerpos de Policía Portuaria. Dejemos ya de diferenciar entre policías de primera y policías de segunda y reconozcamos de una vez al cuerpo de Policía portuaria como un verdadero cuerpo policial, pues es lo que ha venido desarrollando en los últimos años en beneficio de todos los ciudadanos.
Se han presentado enmiendas por parte de diversos grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, presidente.
Nosotros estamos sensibilizados con la situación actual de definición de la Policía portuaria. Por tanto, tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que saldar esa deuda que tenemos también con otras policías. La proposición no de ley del Grupo Ciudadanos habla de coordinación, competencia, doble dependencia ministerial. Eso a mí me lleva a otra situación actual porque de alguna manera ha abierto la caja de Pandora. Lo que tenemos que hacer en realidad, por eso hemos presentado una enmienda, es crear una comisión para saber qué modelo policial queremos. ¿Queremos seguir parcheando o queremos coger -como se suele decir- el toro por los cuernos y saber qué modelo policial queremos? Tenemos que abrir la Ley Orgánica 2/1986 que regula el modelo de los diferentes cuerpos de policía y sus competencias. En España tenemos cinco cuerpos de Policía diferentes, tenemos 5,1 policías por cada 1.000 habitantes, es decir, superamos en mucho la media europea; policías que no comparten bases de datos, policías con unidades duplicadas, con competencias indefinidas. Yo creo que es el momento para que podamos crear esa comisión con la participación de sindicatos, de asociaciones, de departamentos ministeriales, con todos aquellos que tengan competencia en esta área y podamos ponernos a trabajar para no poner parches y saber qué modelo policial queremos para este país.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista y para su defensa, tiene la palabra la señora Cantera.
El Grupo Parlamentario Socialista al que represento también presentó una proposición no de ley precisamente sobre este tema, en algunas de las cuestiones coincidimos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero en otras obviamente discrepamos. No obstante, como han presentado una transaccional y vamos a estudiar un posible acuerdo, me gustaría que quedara constancia de cuál era la proposición no de ley que había planteado el Partido Socialista. Por tanto, solo voy a leerla íntegramente y a leer las enmiendas que hemos presentado.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Socialista decía que entre las importantes funciones que actualmente viene ejerciendo la policía portuaria se encuentran: la vigilancia, control y protección de las instalaciones portuarias; el mantenimiento de la seguridad en las zonas portuarias; la vigilancia y control del tráfico y la aplicación de la normativa de seguridad vial en las zonas de dominio público, denunciando las infracciones; funciones en materia de protección civil y como agentes actuantes en los planes de protección. Para el ejercicio de sus funciones según establece el artículo 317.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, la policía portuaria podrá acceder, entre otros, a las instalaciones otorgadas en concesión o autorización demanial. Estas funciones se realizan en un ámbito competencial de inseguridad jurídica manifiesta, sujeta a interpretaciones y jurisprudencia de distinta índole, siendo necesaria la reordenación de un marco normativo claro que ofrezca cobertura legal a esta realidad funcional tan importante para la seguridad de los puertos de titularidad estatal.
El vigente artículo 296 del citado decreto legislativo establece, en relación al servicio de policía portuaria, que las funciones de policía especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, atribuidas a la autoridad portuaria, se ejercerán, en la forma que se determine reglamentariamente, por el personal de la autoridad portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrá la consideración de agente de la autoridad de la Administración portuaria en el ejercicio de las potestades públicas recogidas en la ley, sin perjuicio de la obligación de colaborar siempre que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La falta de una regulación expresa que deje claro lo recogido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, respecto a ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad marítima, genera una gran inseguridad en el sector. La importancia de las funciones atribuidas, la eficacia y profesionalidad demostrada en el ejercicio de las citadas funciones y el importante número de trabajadores -más de 2.000- sobre los que en este momento se cierne una gran incertidumbre sobre su futuro profesional, exigen que el Gobierno evite la inseguridad jurídica y despeje las dudas que en este momento se ciernen sobre un cuerpo de profesionales que lleva prestando sus servicios en los puertos españoles desde hace más de trescientos años.
Por tanto, la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presenta dice lo siguiente: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a normalizar el estatuto jurídico y funcional de la Policía portuaria en los puertos de titularidad estatal, reforzando, sistematizando y regularizando normativamente las competencias atribuidas al Cuerpo de Policía Portuaria en materia de seguridad portuaria y garantizando el mantenimiento de su carácter público, su figura como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como que la prestación adecuada de los servicios de policía, seguridad y vigilancia en dichos puertos, encomendados a las autoridades portuarias, se realice a través de sus trabajadores adscritos al Servicio de Policía Portuaria". Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos que va en la línea de la proposición no de ley que tiene registrada el Grupo Parlamentario Socialista. Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que se ha presentado una transacción, nosotros pasaremos a evaluarla y en ese momento determinaremos la posición de nuestro voto.
Hay una enmienda presentada también por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Blanco.
Intervendré de manera muy breve para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Quiero expresar en nombre de este grupo, en primer lugar, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, como no podía ser de otra manera, a la magnífica labor que desarrollan los aproximadamente 2.500 agentes que prestan su servicio en las veintiocho autoridades portuarias, una labor no conocida o a veces no lo suficientemente reconocida en muchas ocasiones por la sociedad en general, no ya solamente por los grupos parlamentarios, porque hay que decir que la Policía portuaria, a pesar de tener muchísimos años de existencia, sigue siendo todavía una gran desconocida, como decía, para nuestra sociedad. Además, debo de manifestar al portavoz del Grupo Ciudadanos que pese a que podamos compartir determinadas cuestiones, recogidas y expresadas en la exposición de motivos que son prácticamente las que nos manifestaron los propios sindicatos en una reunión mantenida con ellos, y así se lo trasladamos a ellos personalmente, debo hacer algunas aclaraciones al petitum de la propia iniciativa.
En primer lugar, quiero manifestar que tanto el artículo 149 de nuestra Constitución, como el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encomiendan al Estado el mantenimiento de la seguridad pública. Asimismo, el artículo 2 de esta citada ley establece qué se entiende por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: los dependientes del Gobierno de España, los cuerpos de Policía autonómicos y la Policía local. Por tanto, desde el punto de vista estrictamente legal el servicio de la Policía portuaria carece de tal consideración, no pudiendo desempeñar funciones de seguridad pública o funciones de seguridad ciudadana.
Por otro lado, en cuanto al régimen de personal aplicable a los agentes de la Policía portuaria este queda determinado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley de puertos y de la marina mercante que atribuye el carácter de personal laboral a la totalidad de todos aquellos dependientes de los organismos
públicos portuarios. Por tanto, también tienen la consideración -algo que me parece muy importante resaltar- de agentes de la autoridad, pero únicamente en el ejercicio de las funciones de policía administrativa.
En relación con las funciones específicas de policía especial, a las que se refiere el Real Decreto Legislativo 2/2011, debe entenderse que son aquellas que tienen por objeto garantizar el correcto funcionamiento de la actividad administrativa y la prestación de los servicios públicos que corresponden a la autoridad portuaria, como son, entre otros, la explotación, coordinación y supervisión de las operaciones portuarias y el cumplimiento de la normativa que regula dichas actividades. En definitiva, dado el carácter que revisten los agentes de la policía portuaria como persona laboral auxiliar o colaborador eventual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con funciones de policía especialmente administrativa en el ámbito territorial comprendido entre los límites de la zona de servicios del puerto y los espacios afectados al servicio de señalización marítima, sus funciones no pueden corresponderse con los de la seguridad pública. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no precisa de una coordinación con el Ministerio del Interior, por lo que tengo que adelantar al portavoz del Grupo de Ciudadanos que viendo la propuesta de enmienda transaccional que han hecho llegar al Grupo Parlamentario Popular, el punto quinto no se lo podemos admitir. En cambio, sí compartimos la idea de la necesidad del reglamento de explotación y policía, tal y como recoge el artículo 295 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, que defina las funciones y regule el servicio a nivel estatal, que englobe a todas las policías portuarias de los distintos puertos de nuestro país. En ese sentido hemos presentado la enmienda.
Finalizo ya, señor presidente, reiterando nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor que desempeña la policía portuaria, manifestando que, por supuesto, hay muchas cosas que se pueden cambiar, y cosas que posiblemente sea necesario cambiar, teniendo en cuenta también el carácter histórico de la propia policía portuaria y adecuando sus funciones a la época actual. Pero esto no se consigue de la noche a la mañana, porque sin duda las prisas nunca han sido buenas compañeras, por lo que vamos a sentarnos a hablar sin prisas pero sin pausa de lo que podemos y debemos hacer. Como inicio de este camino, el desarrollo del reglamento estableciendo las funciones estatales nos parece, sin lugar a dudas, un buen comienzo.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervengo para manifestar que no compartimos nada de la iniciativa que nos presenta Ciudadanos. Consideramos que la policía portuaria es una policía administrativa que nada tiene que ver con las policías de seguridad ni con la seguridad pública, que está encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales, y en nuestro caso tenemos una regulación particular en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que por cierto es una ley orgánica. Por decirlo cordialmente, a esta propuesta no le veo ni pies ni cabeza. Creo que el problema se soluciona desarrollando, como propone el Grupo Popular en su enmienda, el artículo 295 de la Ley de puertos y de la marina mercante. Me parece que el tema de las policías es complicar una cuestión que bastante complicada está ya.
Nos oponemos totalmente.
- SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA SANIDAD PENITENCIARIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000344).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4 del orden del día, proposición no de ley sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Presentamos una proposición no de ley que nos hemos autoenmendado, porque ya se llegó a la unanimidad en el Senado, que parte de una situación a la que nosotros consideramos que debe ponérsele fin, como es la transferencia definitiva de la sanidad llamada penitenciaria a las comunidades autónomas. Lo que ha pasado durante este tiempo es claro. A partir del año 2003 se han
producido diferentes pronunciamientos en relación con ese tipo de transferencia y ha habido una cierta resistencia por parte de la Administración General del Estado a realizarla. Recientemente, se ha producido un giro inesperado y la Administración General del Estado se ha mostrado de repente proclive a hacer la transferencia a las comunidades autónomas. Esto ha sido motivado -si se nos permite decirlo así- por la necesidad de hacer recortes encubiertos. Lo que se está produciendo últimamente es que nadie coge una competencia concreta. El Estado lo ha abandonado, y esto también ha sucedido con el tema de la gestión de las medidas de seguridad penitenciaria, pero singularmente con la sanidad penitenciaria, sobre todo en la prestación de servicios farmacéuticos, etcétera, lo que ha derivado en que no solo ha cambiado la situación en cuanto a que los convenios de colaboración que estaban recogidos en el reglamento penitenciario entre comunidades autónomas y Administración Central del Estado hayan sido denunciados, sino que estamos en un limbo en el que la Administración penitenciaria unilateralmente se niega a pagar algunos medicamentos que no estén recogidos en una lista que ellos mismos hacen, transfiriendo de facto ese pago a las administraciones y generando una deuda que en muchos casos está siendo objeto de litigio.
Estamos en una situación bastante complicada. Uno puede tender a pensar que la prioridad es administrativa, y nosotros tenemos que pensar concretamente en la prestación que se debe dar a las personas que están privadas de libertad, pero que no están privadas del derecho a la salud, según el artículo 25 de la Constitución. Por tanto, si pensamos en estas personas debe procederse cuanto antes a realizar la transferencia a las comunidades autónomas, con el fin de darles sin más dilación una prestación como la que tienen el común de los ciudadanos que están en esas comunidades autónomas, porque se están dando situaciones como la de no poder acceder a la historia clínica, que no se pueda acceder a especialistas o que se reduzcan las consultas o las prestaciones que precisan, cosa que no ocurriría si estuvieran libres. A esto hay que darle un impulso, y hay que hacerlo ya.
¿Qué ocurre? Que en el Senado todos los grupos parlamentarios llegamos a la conclusión de dar un impulso a estas transferencias, que deben hacerse calculando el coste real de las prestaciones penitenciarias, pero ayer en el Senado oímos al ministro del Interior echando balones fuera y diciendo que durante todo este tiempo -recordemos que hablamos del año 2003- la responsabilidad de que no se hubieran realizado las transferencias en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco -supongo que el compañero diputado Jesús María Fernández, que participó directamente tiene más información al respecto-, fue una acción concertada, parece, de todas las comunidades autónomas. Esto nos lleva a ser más exhaustivos en el ámbito de la proposición que pretendemos aprobar aquí.
Aceptamos la enmienda que el Grupo Socialista ha presentado a nuestra autoemienda, que pretendía que fuera consensuada por todos los grupos. También aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, no porque aporte nada exclusivo a esta cuestión, sino porque dada la situación y la reticencia, la litigiosidad en este asunto, entendemos que, como lo que es excesivo tampoco daña, no está mal instar al Gobierno del Estado a que si no negocia directamente por lo menos se palíen algunas de las consecuencias que se están produciendo, que son graves, y que están explicadas en la enmienda de Ciudadanos. Repito que aceptamos las dos enmiendas de adición y pedimos la aprobación de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santos.
El señor IGEA ARISQUETA: Señorías, esta es una de esas iniciativas parlamentarias que nunca deberían producirse, entre otras cosas, porque ya no debería ser necesaria como consecuencia de que se hubiese resuelto el objetivo de esta proposición no de ley. Desgraciadamente no es así. El Gobierno se ha dedicado a mirar hacia otro lado, a no cumplir con su obligación, a no hacer los deberes, en definitiva, a marear la perdiz y a no cumplir con las leyes que emanan de este Congreso de los Diputados. Como diría Mariano Rajoy: Fin de la cita. Perdónenme este momento Melania Trump, pero estas frases no son mías, las pronunció el señor Martínez Soriano, diputado del Grupo Popular en la Legislatura del año 2008, hablando de este mismo tema en esta misma sala.
Es verdad que hay razones legales que obligaban a este cambio, pero hay 60.000 razones más, que son los 60.000 reclusos, que son seres humanos, que están en nuestras prisiones. Están condenados a penas privativas de libertad, pero no de supresión de su derecho a la salud en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. El Estado es, pues, aún más responsable al encontrarse estos bajo su tutela. La prisión, decía Michel Foucault, es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma
desnuda en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. Pues bien, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular en esta legislatura? No solo no se ha justificado, sino que, efectivamente, ha actuado de manera excesiva; ha practicado, voy a decirlo para que se entienda claramente, la más vergonzante política sanitaria penitenciaria de los últimos lustros: se ha deteriorado el sistema, hay malas condiciones de los trabajadores y en los botiquines, se dificultan los traslados, han cesado los convenios entre la Administración penitenciaria y las administraciones autonómicas durante dos años, con lo que se ha entrado en un periodo de litigiosidad por impago que ha deteriorado la asistencia a los reclusos. No podemos pasar por alto el tratamiento del virus C en la población reclusa. Según el plan de Sanidad para el tratamiento del virus C la población reclusa era objetivo número 1 porque es la que más grado de infectocontagiosidad tiene, y son, por razones obvias, los que más se transmiten el virus. Esta población que era objetivo número 1 no ha llegado a tratarse ni un el 3%. Esto es simplemente una vergüenza. No sabemos si la historia clínica que se ha sacado a concurso -no sabemos cómo, porque todavía no hemos conseguido acceder al concurso público ni a las condiciones de litigio- será compatible o no con la historia clínica informatizada del Sistema Nacional de Salud. Todas estas cosas han pasado mientras ha estado este Gobierno. Por eso presentamos esta enmienda, porque no queremos volver aquí dentro de otros cuatro años sin transferir la sanidad y encontrarnos con que los presos siguen sin ser tratados del virus C, con que la historia sigue sin estar compartida y con que seguimos litigando entre sanidad penitenciaria y comunidades autónomas.
No hay excusa posible, no es posible decir hoy en día, como dijo el ministro ayer en el Senado, que son las comunidades autónomas. Aragón, Andalucía y Extremadura han aprobado ya iniciativas parlamentarias en este sentido, todas ellas con el voto favorable de Ciudadanos. Madrid, Castilla y León, Valencia, Murcia y La Rioja tienen iniciativas registradas por Ciudadanos que se votarán en breve y que reproducirán, sin duda, el sentido del voto de la mayoría de esta Cámara.
¿Por qué esta es una iniciativa ciudadana? Porque es una cuestión de igualdad de derechos constitucionales. Sí, señores, esa Constitución de 1978 que esta mañana algunos denostaban y de la que otros presumían. Es la Constitución de 1978 la que dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que el condenado a penas de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales. No basta con presumir de la Constitución en los plenos del Congreso, hay que hacerla efectiva hasta en el último rincón del país, porque si no nos encontraremos con que cargaremos de argumentos a aquellos que denostan la Constitución de 1978. Señores diputados, esta iniciativa efectivamente nunca debería haberse presentado. Es hora de tener un Gobierno y unas autonomías garantes de la ley, pero no partidos que digan blanco cuando están en el Gobierno y negro cuando están en la oposición ni Gobiernos autónomos que son autonomistas para reclamar derechos y centralistas para las responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda.
Tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Damos la bienvenida a la proposición de Unidos-Podemos y también al talante demostrado al aceptar la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista. No va a haber un grupo parlamentario más interesado que el Grupo Socialista en que esta iniciativa sea una realidad y esté operativa cuanto antes. Personalmente, como ha comentado el compañero señor Santos, participé en la única transferencia de la competencia de la sanidad penitenciaria entre el Estado y una comunidad autónoma, que se hizo en junio de 2011, con un Gobierno de la nación socialista y con un Gobierno también socialista en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Creo que ese es el ejemplo de una historia de éxito. Los resultados, cinco años después, son que se ha normalizado completamente la atención sanitaria a la población reclusa en los tres centros penitenciarios de Euskadi; la continuidad asistencial entre el hospital y la atención primaria es completa; hay acceso a la información clínica; la calidad de la atención farmacéutica ha mejorado, etcétera. Sobre todo, no se han hecho realidad algunos de los temores que todos teníamos cuando abordamos esta primera transferencia; por ejemplo, los profesionales de los centros penitenciarios no han huido a otros puestos de trabajo y no se han quedado vacías esas plazas. Por tanto, son muchos los beneficios, y como están en la exposición de motivos de la proposición de Unidos-Podemos no voy a incidir en ellos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas en esta legislatura. En los cuatro meses que llevamos hemos registrado dos relativas a la transferencia de la sanidad penitenciaria y también
-algo que ha mencionado el señor Santos- sobre el acceso a medicamentos. Hemos solicitado, y esperamos poder debatirlo pronto en la Comisión de Interior, la derogación de la instrucción de junio de 2016 que limita drásticamente el acceso de la población reclusa a medicamentos eficaces. Asimismo, hemos planteado iniciativas relacionadas con el abordaje de la hepatitis C, a lo que también se ha referido el señor Igea, porque nos parece un escándalo que el Ministerio de Sanidad anuncie que quiere extender el tratamiento de la hepatitis C a las pacientes en fase 0 y en fase 1, cuando tenemos sin tratar enfermos graves en las prisiones con un alto riesgo de que transmitan este virus. Repito que nos parece un escándalo y por eso vamos a pedir, y lo registramos hace meses, la derogación de esa instrucción.
No quiero que esta casa se convierta en una Cámara de disposiciones huecas, que no sirven para nada. Me parece muy bien la unanimidad que todos los grupos alcanzamos en el Senado, pero si la sanidad penitenciaria no se ha transferido no ha sido por falta de voluntad, me atrevo a decir, del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos, sino que no se ha producido porque hay mucho desconocimiento, algunos temores, algunos razonables y otros no, sobre lo que puede ocurrir con la transferencia de la sanidad penitenciaria -se ha hecho referencia a algunos de ellos y creo que se pueden evitar-, por ejemplo, cómo se gestionan las especificidades médico-legales de la sanidad penitenciaria, cómo se asegura la provisión de puestos de trabajo o las condiciones en las que se traspasa a estos funcionarios y funcionarias que tienen unas condiciones laborales muy especiales, lógicamente.
Hay un tema fundamental, que es el de la financiación sanitaria. Me parece de un tremendo cinismo que ayer el ministro del Interior dijera en el Senado que si no se había producido la transferencia de la sanidad penitenciaria era porque las comunidades autónomas no la quieren. No la quieren porque no se fían del Gobierno de la nación; y no se fían porque el Gobierno de la nación hasta ahora lo único que ha hecho ha sido mandar cartas pidiendo abrir la negociación para transferir la sanidad, pero mientras tanto deja de conveniar con las comunidades autónomas, retira tarjetas sanitarias a una buena parte de la población reclusa -quiero recordar que un 30% de la población reclusa es extranjera y, por tanto, seguramente el día que abandonen la prisión residirán en España y no tendrán cobertura sanitaria-, deja de reembolsar facturas y recurre a los tribunales facturación o disposiciones de las comunidades autónomas. Quiero mencionar -voy concluyendo- dos sentencias muy recientes: una del Tribunal Superior de Andalucía, del día 13 de octubre pasado, hace un mes, que deja claro que la atención primaria en las prisiones debe correr a cargo de las instituciones penitenciarias, pero la atención sanitaria especializada se debe dar preferentemente a través de centros del Sistema Nacional de Salud y deben facturarse de acuerdo a los convenios de colaboración. En el caso de no existir, como ha sucedido desde 2014, debe ser financiada por la Administración sanitaria cuando se trate de asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social. Reitero que un alto porcentaje de la población reclusa no tiene tarjeta sanitaria. Hay otra sentencia reciente del Tribunal Superior de Castilla y León que ante un recurso de la Abogacía del Estado dictaminó que los tratamientos de dispensación hospitalaria, en concreto hacía referencia al tratamiento de la hepatitis C, deben ser financiados por la Administración Penitenciaria.
Por tanto, sí a la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero con una financiación a coste real, que no es la financiación actual que dedica Instituciones Penitenciarias a este servicio porque no tiene cubierto el 100% de las plazas de la RPT de sanidad penitenciaria, ya que actualmente existen 75 plazas vacantes, no paga por los tratamientos contra la hepatitis C y no paga los convenios por la atención especializada a población no asegurada, como sería su obligación.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Valmaña.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señor presidente.
En esta proposición no de ley creo que vamos a encontrar muchos puntos de acuerdo, a menos que lo que algunos quieran sea favorecer el desencuentro. Desde luego, por parte del Grupo Popular no va a quedar a la hora de estar de acuerdo en lo que es justo y en lo que tiende a garantizar de manera más eficaz el bienestar de la población reclusa en España. Por tanto, estamos de acuerdo en muchas cosas. Comienzo enumerarlas. Estamos de acuerdo en el marco legal, estamos de acuerdo en cuáles son las leyes a las que nos tenemos que acoger para poder llevar a efecto aquello que plantea la proposición no de ley; estamos de acuerdo, entiendo también, a menos que se desconozcan, en los antecedentes fácticos. Pero por si acaso hay alguno que no los conozca, me voy a permitir concretarlos, porque todos ellos son constatables. Desde febrero de 2005 hasta diciembre de 2006 -no gobernaba el Partido Popular- hubo reiterados intentos de transferir esta competencia a las comunidades autónomas. Se
celebraron cuatro sesiones informativas multilaterales con todas las comunidades autónomas para poder conseguir estos traspasos. Las funciones y los servicios, los medios personales, materiales y económicos. A partir de ahí, se ofertó a cada comunidad autónoma iniciar la negociación bilateral del traspaso de estas funciones y servicios, negociaciones que no fructificaron, excepto en el único caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Cataluña quedó excluida porque ya disponía de esa competencia. Este es el motivo por el que en la mayor parte de las comunidades autónomas la sanidad penitenciaria se sigue articulando a través de la suscripción de esos convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y la correspondiente Administración sanitaria autonómica.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en todos los foros, cualquiera que fuera la clase, en los que ha participado ha manifestado de forma constante su interés por comenzar con las negociaciones que conduzcan a tal traspaso. Como último botón de muestra, diré que en agosto de 2015 el propio secretario general envió una carta a todos los consejeros de sanidad de las respectivas comunidades requiriéndoles para iniciar las necesarias reuniones que favorezcan, que faciliten, que posibiliten, que hagan real la transferencia de dichas competencias. Desconozco de dónde puede venir la desconfianza, a no ser que se refiera a las anteriores de 2005 y de 2006, y no sé si esa dificultad a la hora de obtener los fondos que corresponderían a las comunidades autónomas en virtud de esta transferencia se debe a la situación en la que los últimos Gobiernos socialistas dejaron a España. Supongo que de ser esa la razón. Ahora mismo no hay motivos para el temor, porque el Partido Popular se caracteriza por cumplir sus compromisos, los suyos y los adquiridos por los diferentes Gobiernos. Supongo que también convendremos, porque así obliga la lógica, en que los acuerdos de transferencia son eso, acuerdos, y que, por tanto, necesitan la concurrencia de las voluntades de las partes que integran ese acuerdo, en este caso, la autoridad del Estado y la autoridad autonómica.
Bienvenida sea, por tanto, esta iniciativa si supone un impulso, un revulsivo para incentivar a la Administración autonómica a aceptar el traspaso de esa competencia, tal y como el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha ofrecido recientemente. Pero invitar, incentivar no es imponer, y el Grupo Popular apoya los esfuerzos de la Administración Penitenciaria para realizar de forma rápida y adecuada la transferencia de la competencia que hoy nos ocupa. Este compromiso se hace desde el máximo respeto a las decisiones que las comunidades autónomas puedan tomar en el ámbito de la responsabilidad que les es propio. Ese es el marco jurídico que nos hemos dado, y la buena voluntad y las buenas intenciones en ningún caso pueden suplirlo. Reitero que es desde el máximo respeto a la decisión libremente adoptada de las comunidades autónomas, y desde el deseable compromiso de todos, desde donde puede partir el desarrollo de estas transferencias. Para ello, el Grupo Popular ha propuesto una enmienda, y está abierto al acuerdo, a un acuerdo que busque como única ventaja -subrayo, como única ventaja- la mejor atención sanitaria de los reclusos y la satisfacción de las legítimas aspiraciones de los profesionales.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Aunque Euskal Herria Bildu votará a favor de la propuesta, no podemos dejar pasar la ocasión para poner el acento sobre lo verdaderamente importante y solicitar a los proponentes que busquen objetivos más ambiciosos. Aunque Navarra no, la comunidad autónoma ya tiene transferida la sanidad penitenciaria y de poco nos sirve si no viene acompañada de la transferencia de la competencia de prisiones de manera integral y del traslado de los presos a las cárceles más cercanas a su lugar de origen, que en el caso de los presos vascos es una excepción que dificulta que puedan recibir una buena asistencia sanitaria. Lo verdaderamente importante es que las personas presas puedan ser adscritas a su sistema de salud y que este pueda hacer un seguimiento de los tratamientos médicos que puedan precisar. Me explico, de poco les sirve a los presos tener la transferencia de la sanidad penitenciaria si, por ejemplo, de los 11 presos políticos vascos gravemente enfermos apenas 2 pueden ser tratados por Osakidetza, e incluso estos 2, Txus Martín y Aitzol Gogorza pudieran ser trasladados como el resto a cárceles alejadas de Euskal Herria. Y no solo eso, también es importante reseñar la vulneración del principio de equivalencia que se da en la actualidad en las cárceles y que supone que los presos reciban una peor asistencia sanitaria. Ello se debe a que prima el régimen carcelario sobre la salud, lo que conlleva la mencionada vulneración, por cuanto no se garantiza que los presos tengan el mismo derecho a la salud que tenemos cualquiera de nosotros; es decir, cualquiera en situación de libertad.
Que el sistema penitenciario actual supone una vulneración del principio de equivalencia mencionado lo vienen denunciando médicos que tratan a los presos en las cárceles. Por tanto, es necesaria la transferencia integral para poder afrontar la mejor manera de garantizar en su integridad el derecho a la salud que asiste a toda persona que esté en prisión, y que esta sea, insisto, equivalente a la que reciben las personas en libertad.
Pese a todo ello, como he anunciado al inicio, vamos a apoyar la iniciativa, incluso después de las modificaciones incorporadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para manifestar que apoyaremos la proposición. Entendemos que el título prevalente ha de ser la sanidad y no Instituciones Penitenciarias, porque los reclusos están privados de sus derechos ambulatorios, pero son unos ciudadanos más que deben ser atendidos por el sistema general. En ese sentido, apoyaremos la iniciativa, confiando en que llegue a buen puerto la transferencia.
Para finalizar, quiero hacer un pequeño matiz a lo que ha dicho nuestro compañero del Grupo Parlamentario Socialista. Considero que la negociación en el País Vasco no fue entre dos Gobiernos socialistas, en realidad fue un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Vasco y el Gobierno del Estado que ejecutaron la Administración General del Estado y la Administración General de la comunidad autónoma.
Corresponde intervenir al portavoz de Esquerra Republicana pero no está. Por tanto, damos por finalizado el punto 4.º del orden del día.
- SOBRE CONCESIÓN DE CONDECORACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000571).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, proposición no de ley sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Trevín.
Trataré de resumir cuáles son los tres elementos fundamentales de la iniciativa que presentamos. El primero se podría concretar con la frase dime de qué presumes y te diré de qué careces; el segundo se refiere a la multitud, la opacidad y los agravios comparativos; y el tercero, a la policía política, una camarilla al copo. Empiezo por el primero, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. El 14 de enero del año del año 2012, el que fuera director general de la Policía, el señor Cosidó, prometió en esta Cámara muy solemnemente despolitizar el Cuerpo Nacional de Policía y acabar con la concesión arbitraria de condecoraciones. Lo dicho, señorías; dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Resulta que en estos años en los que la economía española controló la inflación, donde no se controló fue en la concesión de medallas por parte del Ministerio del Interior. Señorías, hubo una inflación de medallas nunca vista, un aumento que desborda cualquier previsión e, incluso cualquier pesadilla de una persona razonable. Este año se han entregado 600 medallas a personas que no pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si a estas se añaden las que se entregaron a responsables de la Policía y la Guardia Civil, comprobamos que lo que nunca fue tan claro es el principio de que para conseguir una medalla lo importante no es estar donde se gana, sino estar donde se reparten. Efectivamente, los agraciados estaban mucho más en los despachos que en la calle. Fueron miles de medallas las que se entregaron en el Cuerpo Nacional de Policía y el de la Guardia Civil en estos casi cinco años del señor Fernández Díaz como ministro del Interior.
El problema que tenemos es que fueron una multitud las personas condecoradas; había guardias, sí; había policías, sí; había mandos, sí, pero también había de todo; empresarios, comerciantes, responsables de empresas de seguridad, personas del ámbito de la publicidad. Sería muy interesante conocer la justificación de algunas de las medallas entregadas. No renuncio a intentarlo algún día, el problema es que para intentarlo tendría que haber una cierta transparencia y no fue posible, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista pidió desde el Congreso en numerosas ocasiones información por escrito sobre
qué criterios se habían seguido para la adjudicación de ciertas medallas, y no hubo forma de conseguir respuesta. Les indicamos que calculábamos que serían más de 3.000 las condecoraciones concedidas -algunas llevan aparejadas un 10% o un 15% más del sueldo, que también se cobra como pensión vitalicia cuando llega la jubilación-, y que teníamos interés en poder reconocer el valor de las personas que recibieron tan alta consideración. No fuimos capaces, el Gobierno siempre fue renuente. No solo nosotros nos encontramos con la imposibilidad de acceder a esta información, también los sindicatos policiales. El SUP lo intentó de dos maneras diferentes: primero se dirigió al director general de la Policía, el señor Cosidó, que les negó el acceso requerido. Y ante su respuesta acudieron al denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, donde debería estar toda la información sobre el Gobierno, y les indicaron que el acceso a esos datos solicitados podría perjudicar el derecho a la protección de datos de carácter personal de los condecorados y no les contestaron. Señorías, me van a perdonar que utilice una expresión mejicana muy aplicable a esta contestación: desde que se inventaron las excusas se acabaron los pendejos. Cómo se puede decir que el acceso a lo solicitado podría perjudicar el derecho a la protección de datos de carácter personal de los condecorados cuando su identidad ya había sido publicada. Qué dato personal requería ser preservado en el ámbito de la seguridad. No sabemos cómo se puede justificar esta opacidad. Por otra parte, la entrega de estas medallas o condecoraciones ocasionó muchos agravios comparativos y, por tanto, malestar en el cuerpo. Señorías, había mucha gente de fuera, ya les digo que repasen la lista porque es muy amplia y las profesiones son de lo más variopinto, se lo puedo asegurar. Pero es que no solamente tuvimos ese problema, uno de los problemas más importante dentro de cada cuerpo fue el reparto, muy diferente según las escalas. Me refiero a que el porcentaje de medallas que recibieron los policías o guardias civiles de a pie -sobre todo de las pensionadas, aquellas que dan derecho a 10% más del sueldo para toda vida- no fue el mismo que el de otras escalas de ambos cuerpos. Les indico el porcentaje en el ámbito de la Policía, estas condecoraciones con distintivo rojo y, por tanto, pensionadas suponen un 78,6% en la escala superior y un 14,7% en la escala ejecutiva. Como ven, hay bastante diferencia entre una y otra. La diferencia en el porcentaje entre los mandos que las reciben, sobre todo altos mandos, y los policías que patean nuestras calles es de uno a cincuenta. Ese es el porcentaje de diferencia entre quienes están en puestos de alta responsabilidad y recogen estas medallas pensionadas y los policías que patean nuestras calles. Es una paradoja porque la concesión de este tipo de medallas en un principio se pensó para aquellos policías que desarrollaban una labor extraordinaria y heroica, es decir, para personas que, por ejemplo, saltan a una vía para salvar una vida, o se lanzan al mar con el mismo objetivo, y que en muy pocos casos pudieron acceder a este tipo de medallas pensionadas. Es más, en algunos de esos actos heroicos que conllevaron una propuesta de concesión de los superiores inmediatos de ese guardia civil o de ese policía para recompensarles, sin embargo, el cupo no les llegó y se quedaron fuera.
Por último, si el policía que está exponiendo su vida y que nos interesa queda fuera, ¿quién estuvo al copo? ¿Quién estaba detrás de estas medallas que se repartían a troche y moche y que, además, conllevan un 10% o un 15% de aumento del sueldo? Pues estaba al copo una camarilla, señorías, que se dedicó básicamente a ser policía política en los últimos cinco años. Esos fueron los que estuvieron al copo. Dirán que volvemos a contarles lo de siempre, pero yo voy a dar datos. La semana pasada nos enteramos de que el Partido Popular, el señor Cosidó, antes ya de llegar al Gobierno, en campaña electoral, intenta montar un Watergate falso al PSOE con un señor que se llamaba don Pedro Aguado, su jefe de gabinete y que tiene que dimitir por un escándalo a los pocos meses. Pues bien, don Pedro Aguado tiene medalla roja pensionada. Ahí tienen la primera medalla de la camarilla de la policía política. Pero no piensen que es la única, personas relaciones políticas privilegiadas, como el jefe de seguridad del Ejecutivo de Castilla-La Mancha hasta tres meses antes de las elecciones del 24 de mayo de 2015, vuelve a la Policía e inmediatamente recibe una medalla roja pensionada con el 10% del sueldo. Lógicamente, quién lo nombró para jefe de seguridad del Ejecutivo de Castilla-La Mancha fue el Gobierno de Castilla-La Mancha del Partido Popular en esos años. Y esto no queda aquí, si hubo un puesto clave en todo el proceso que llevó a aprobar por primera vez en once años la creación de una Comisión de investigación en este Congreso, fue el del director adjunto operativo de la Policía, don Eugenio Pino. Pues don Eugenio Pino está jubilado y ¿saben con qué lo jubilaron? Con una medalla de plata al mérito policial y esta no lleva aparejado el 10%, no, significa otro incremento vitalicio del 15% de su sueldo y jubilación. ¿Y se acuerdan de las grabaciones del señor ministro que nos llevaron a pedir una Comisión de investigación? ¿Se acuerdan que encargó su investigación a un policía que a los quince días se jubiló? Curiosamente, a ese también se le concedió con la jubilación una medalla roja pensionada, el 10% más del sueldo. No me
digan que es normal que esto suceda con la cantidad de policías que no son capaces de obtener esa medalla roja pensionada tras exponer su vida. Podríamos seguir y seguir con muchos más casos concretos, se lo aseguro, pero no quiero abusar de la paciencia del señor presidente, que suele ser paciente conmigo pero todo tiene un límite.
Es verdad que con todos estos casos de concesión de medallas que conllevan un 10% o un 15% más, da la sensación de que se trata más del pago de favores que del trabajo que tuvieron que realizar esas personas como policías constitucionales. Esa es la sensación y hay que evitarla, señorías. No me quiero instalar en el apartado de denuncia. Creo que hay que empezar a resolver problemas y, para ello, tenemos que hacer un esfuerzo todos los grupos parlamentarios. Nosotros planteamos una enmienda transaccional que hemos repartido ahora entre los grupos parlamentarios, básicamente para cambiar el modelo de los últimos cincuenta años en el reparto de condecoraciones a Policía y Guardia Civil en España. Señorías, es hora de hacerlo porque se trata de una ley preconstitucional, de la época franquista, que no hemos tocado en todo este tiempo. Por tanto, creo que es bueno hacerlo, y solicitamos al Gobierno que remita a la Cámara un proyecto de ley más actualizado y acorde con los tiempos sobre la materia. En segundo lugar, se deben respetar los criterios legales en el reparto de medallas, y sobre todo que se primar y reconocer la labor y los servicios extraordinarios de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de la mayor y mejor seguridad de los ciudadanos, de modo que sea esto lo que más se resalte. En tercer lugar, queremos que haya galardones sin aportación económica para reconocer el apoyo que prestan a nuestros policías y guardias civiles personas ajenas al cuerpo que, por tanto, tendrán una posibilidad de obtener un tipo de reconocimiento singular para gente de fuera del cuerpo de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, pero que están haciendo una labor meritoria que debe ser reconocida. En cuarto lugar, hay que establecer cauces administrativos reglados a nivel concreto, pero sobre todo para organizaciones, asociaciones, de tal manera que la sociedad civil pueda hacer propuestas para la concesión de medallas. Imagínense el caso de un pequeño pueblo en el que hay un sargento de la Guardia Civil que realiza una labor encomiable que no es difícil reconocer. Las asociaciones deben saber que tienen un cauce reglado administrativo donde hacen su propuesta y explican el porqué, incluso para personas ajenas a estos cuerpos. Se trata de establecer un nivel de propuestas abierto a la sociedad para que quien tenga que conceder las medallas pueda conocer estos casos. Y por último, que una vez que se esté tramitando la propuesta, antes de concederse se informe a los consejos de personal de la Policía y de la Guardia Civil para que haya transparencia donde hasta ahora había opacidad. Creo sinceramente que con esto, además de hacer una propuesta constructiva, hacemos un favor al Gobierno. Ahora que no nos escucha nadie, tengo que decirles que si yo llego en estos momentos al ministerio y me encuentro con todo esto, me pongo a temblar. Esta puede ser la solución para que el actual equipo ministerial esté mucho más tranquilo de cara al futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín. En plan cariñoso le diré que se ha llevado usted mi regalo de Navidad, el de Reyes, el de cumpleaños y el del santo del año que viene por su exceso en el tiempo consumido. Solo quiero solicitarle que retire la palabra pendejo del Diario de Sesiones.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Por supuesto. Es verdad que es una palabra mejicana y no tiene la misma traducción en Méjico que aquí, pero por supuesto la retiro.
A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado.
Coincido en parte con el diagnóstico del señor Trevín respecto a la concesión de medallas y otras recompensas tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Hoy hablar en estos cuerpos de medallas es hablar de amiguismo, de enchufismo, de arbitrariedad, de medallas concedidas a dedo, de falta de objetividad y de otras muchas cuestiones. Pero esto no pasa porque sí, sino porque llevamos muchísimos años, de este Gobierno y de Gobierno anteriores, con dos normas preconstitucionales, una del año 1964 que afecta a la Policía y otra a la Guardia Civil del año 1976. Pero, además, con todos los excesos, por no decir abusos, que se han cometido en lo que se refiere a la concesión de medallas tanto en la Policía
como en la Guardia Civil, se ha deteriorado totalmente ese objetivo inicial que es premiar los servicios extraordinarios o destacados que realizan los agentes. Es obvio que no se puede primar más a alguien que trabaja en servicios burocráticos dentro de la Guardia Civil. Con esto no quiero decir que no tengan mérito también y que no puedan ser reconocidos, pero no puede ser mayor el porcentaje de medallas que se quedan en los despachos que el de las que se conceden a compañeros que trabajan en un coche de patrulla día y noche, jugándose la vida y haciendo un servicio importante.
Además, hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, no estamos hablando solo de medallas, algunas conllevan un incremento retributivo y son valoradas a efectos de ascensos y destinos. Tenemos que volver a una asignación de medallas como premio a la motivación y a los servicios especiales. Nosotros hemos trabajado en esta enmienda transaccional y de todos los puntos que son muy importantes, quiero resaltar que tanto el Consejo de la Guardia Civil como el de la Policía tengan que saber con carácter previo las asignaciones de estas recompensas, porque al final estamos hablando de transparencia, de mecanismos de control y de participación, de sindicatos, de asociaciones y, por supuesto, de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía y del ministerio. Participación y transparencia son lo más importante en esta materia. Por tanto, como nosotros hemos participado en la elaboración de esa enmienda transaccional, lógicamente vamos a apoyarla.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
Señorías, durante años los ministerios del Interior de los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular han estado concediendo medallas policiales a personas ajenas a la institución policial; personas relevantes que si bien han podido colaborar o contribuir en determinados momentos a la seguridad de nuestros ciudadanos, nadie ha explicado sus méritos, creando así un gran malestar entre los agentes policiales y sindicatos, pues muchas de estas distinciones no han estado exentas de polémica. Ejemplo de ello fue la condecoración realizada recientemente al exalcalde de Algeciras y senador, el señor Landaluce, que coincidió con la investigación de sus posibles vinculaciones con el caso Acuamed; o la tan polémica concesión de la medalla policial a la Virgen del Amor, concedida por el tan recordado exministro, señor Fernández Díaz. Como ejemplos fueron también algunas de las condecoraciones policiales otorgadas por el último Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, es el caso de la concedida por el señor Rubalcaba al polémico juez Bermúdez, por el que el señor Rubalcaba es de todos conocido que sentía especial devoción, a pesar de su intento de desviar la atención durante la instrucción del caso del chivatazo del bar Faisán. A ello se suma que la ley 5/1964, de 29 abril, de reglamentación de la orden del mérito policial y que regula estas condecoraciones, es una ley preconstitucional que, como tantas otras leyes preconstitucionales -ayer tuvimos un ejemplo en el Pleno con la Ley sobre Secretos Oficiales-, sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico sin sentido alguno. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la presidencia).
A la vista de lo expuesto, creemos necesario derogar la ley de 1964 y elaborar una actualizada a estos tiempos, en la que consten los criterios a seguir, así como los méritos a alcanzar por los funcionarios basados en su capacidad, estudios, destinos, servicios y peligrosidad de dichos servicios. Asimismo, las condecoraciones atribuidas a personas ajenas a la institución deben venir justificadas por los méritos, dejando atrás las condecoraciones basadas en amiguismos o afinidad política. Consideramos imprescindible, además, que este tipo de condecoraciones a personas ajenas a la institución policial se realicen a través de una distinción con un rango diferente a las que se entregan a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Abogamos por unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de España y de nuestros ciudadanos que dejen de ser dependientes y al servicio del partido del Gobierno de turno. Solo de esta manera alcanzaremos la independencia y servicio que nuestros ciudadanos merecen, en el que prime un sistema de condecoraciones basado en criterios de mérito en el cumplimiento del deber de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Señorías, aceptaremos la enmienda transaccional que nos acaba de facilitar el Grupo Parlamentario Socialista porque creemos que cumple todas las medidas que hemos reclamado en esta exposición, y confío en que también sea aceptada por el resto de los grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra don Jaime Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. La verdad es que la generosidad del presidente con el señor Trevín ha sido tremenda, parece que solamente ellos han concedido las medallas policiales basándose en el cumplimiento de los requisitos objetivos. Parece mentira que ahora mismo se cuestionen y se pongan en solfa los méritos de las personas que han sido acreditadas con ese gran honor que es pertenecer a la orden del mérito policial. Creo que no ha sido justo en sus apreciaciones, señor Trevín, ¿por qué? Porque hay que tener un respeto escrupuloso con un partido que se tacha de constitucionalista y que es también defensor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como es el Partido Popular, como creo que lo son los demás partidos aquí presentes. Usted no ha sido respetuoso con las personas que han sido galardonadas para entrar en ese prestigioso estamento de la orden del mérito policial, ¿por qué? Porque todos han reunido los requisitos establecidos en la legislación vigente. Legislación que, por otra parte, ustedes califican como preconstitucional. Evidentemente, la Ley 5/1964, en la que se regula la orden del mérito policial, es preconstitucional, pero nadie ha mencionado la Instrucción del año 2012 que complementa, garantiza y da mayor objetividad a dicha ley en cuanto a los méritos que hay que reunir para la concesión de estas condecoraciones. Mutatis mutandi, lo mismo se puede aplicar al cuerpo de la Guardia Civil y a la Ley del año 1976, pero también hay otra instrucción del propio Ministerio del Interior que complementa, objetiva y establece el procedimiento necesario y adecuado para otorgar las cruces del mérito de la Guardia Civil. Insisto, ustedes, señor Trevín, también tuvieron la oportunidad de conceder cruces tanto a personas de la Guardia Civil como a miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y nosotros nunca lo hemos criticado, ¿por qué? Porque siempre hemos entendido que desde el Ministerio del Interior, ese ministerio de tan alta responsabilidad para la defensa y seguridad de los intereses de España, en el momento en que estaba regido por el ministro Rubalcaba, se otorgaron una serie de condecoraciones, respecto a las que todos podíamos tener o no nuestras propias reservas, pero por respeto absoluto institucional y por respeto a las personas que las recibieron, no se abrió el pico, si me permiten esa expresión vulgar que es la que viene a cuento ahora mismo.
Después de esto, quiero decirle, señor Trevín, que su intervención ha sido muy profusa y nos ha vuelto a repetir los nombres de las personas condecoradas que ya nos dijo - y permite la frase, como decíamos ayer- en la pasada legislatura. Prácticamente ha nombrado a todos, se ha olvidado del jefe de alguna escolta que fue destinado a Panamá y de su cónyuge, que entre ambos reúnen una soldada importante de cerca de 18.000 o 19.000 euros. Y se ha olvidado también de un periodista que, con su nombramiento de comisario honorífico, es también garante y defensor de los miembros de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado. La pena es que no lo haya sacado aquí a colación porque no está completa la sesión. Insisto, nosotros hemos tenido un respeto escrupuloso con las condecoraciones que ustedes han otorgado, ténganlo ustedes con el procedimiento que se ha empleado por otro Gobierno porque en la alternancia está precisamente la esencia y la virtud. Y desde luego en un tema como este, de condecoraciones a personas que se jugaron la vida, que tienen unos méritos profesionales excepcionales adquiridos a lo largo de su carrera, siempre en silencio, con discreción, entregándolo todo por los demás, no es de recibo, señor Trevín, el planteamiento que ustedes han hecho, ni el de los otros grupos políticos que apoyan determinados puntos de su exposición. Quiero decirles que él Partido Popular que sustenta al Gobierno actual y el que sustentó al Gobierno de la X Legislastura y la prórroga de la misma, ha actuado siempre en el Ministerio del Interior con un escrupuloso respeto al procedimiento establecido en la normativa tantas veces citada en esta sala. Evidentemente, son leyes constitucionales, pero matizadas con una actualización a través de instrucciones. Así en la Instrucción de 2012 de la Policía se daba participación a las organizaciones sindicales representativas, puesto que tenían algo que aportar. Y lo mismo puede decirse en el ámbito de la Guardia Civil. Seamos respetuosos con esas personas porque yo sé por experiencia personal lo que implican y significan esas condecoraciones y los méritos que hay que tener para ser agraciado con alguna de ellas. Además, también quiero recordarles que parece que ustedes se fijan nada más en el informe de las condecoraciones policiales con distintivo rojo del SUP. Podrían haberse asesorado también por algún otro sindicato y haber tenido el detalle de hablar con alguna otra asociación u organización. Su exposición quizás hubiera sido más objetiva, porque dentro del saco de garbanzos ustedes han mencionado nada más aquellos que a ustedes les parece que son garbanzos
negros. No señor, ustedes no se han referido a otro tipo de condecoraciones que no se ponen en sofá porque parece que han sido otorgadas con la legitimidad que ustedes pretenden.
Por tanto, no voy a seguir hablando sobre este tema. En la enmienda que hemos propuesto, que creo que ya tienen todos ustedes, lo que hacemos es precisamente adjetivar para que en los expedientes de concesión de condecoraciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se primer el reconocimiento a la labor y a los servicios extraordinarios prestados, es decir, ajenas a polémicas innecesarias, señor Trevín. Nosotros no queremos ningún tipo de polémica.
También se ha referido usted a las condecoraciones a personas ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero tampoco han mencionado aquí -y creo que usted lo conoce perfectamente- el artículo cuarto de la Ley 5/1964, que permite con carácter excepcional otorgar condecoraciones a personas ajenas a estos cuerpos. También me he basado en una información que usted ha utilizado, señoría, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Parece ser que desde dicho Consejo, por cuestiones de defensa del interés personal, se niega la información de las personas que han sido condecorados, pero se da un argumento jurídico fenomenal sobre cómo es el proceso de otorgamiento de estas condecoraciones. Yo sé que usted lo ha leído, pero también aquí se dice que por razones extraordinarias pueden ser otorgadas condecoraciones a personas ajenas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Yo no quiero seguir reiterándome en esta cuestión porque, a pesar de la generosidad de la presidenta, me va a sacar la campana roja. Sencillamente quiero decirles que el Grupo Parlamentario Popular quiere dar un paso más dando mayores garantías, si cabe, dentro del cumplimiento de la legalidad, que es lo que estamos haciendo, objetivando nuestro interés en los méritos para que las personas sean acreedoras de esas condecoraciones. Por eso, insisto, nosotros votaremos en contra de la enmienda transaccional porque recoge puntos con los que no estamos de acuerdo. Eso no significa que no adjetivemos e insistamos en la profesionalización, revisando los méritos que concurren en las personas para que puedan ostentar esas condecoraciones. Sin más, anuncio que votaremos en contra de esta PNL.
Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad y permitir extenderme en mi exposición. (Aplausos).
A continuación, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia. (Denegación). No hace uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, señora presidenta, intervendré muy brevemente.
He escuchado la intervención del señor Trevín. Creo que con la transacción a la que se ha llegado, desde mi punto de vista tampoco se va a evitar lo que se pretendía evitar, parece que hay un doble régimen en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. En la transacción se argumenta que no se ha cumplido adecuadamente a la hora de interpretar esta normativa. El texto que se nos propone parece que afecta a la Ley 5/1964 que regula los reconocimientos para la Policía Nacional, pero no aborda la cuestión que también se critica de la aplicación de la normativa que rige las condecoraciones de la Guardia Civil, la Ley 19/1976 y sus modificaciones.
No obstante, ya anuncio que apoyaremos la enmienda transaccional, pero quería hacer algún comentario.
Por otra parte, parece que se reclama una nueva ley en el ámbito de la Policía Nacional que regule una serie de aspectos y que los siguientes puntos se refieren a los criterios que inspirarán la normativa, aunque me sorprende el segundo apartado, relativo a la inicial propuesta por la PNL, porque creo que encubre una contradicción o una repetición. Dice: respetar los criterios legales, y a continuación añade: primando y reconociendo con las mismas especialmente la labor. Por tanto, o bien se trata de un criterio legal y supone una redundancia, o bien es un criterio de oportunidad, que no sé qué pinta si se han invocado los criterios legales.
En fin -y concluyo-, entiendo que la transacción tiene muy buena voluntad pero que no va a cumplir con los fines que se pretenden.
- SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA (UCAV) DE LA FORMACIÓN DE LOS POLICÍAS NACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000669).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada también por el Grupo Socialista, la número 669, para cuya defensa tiene la palabra el diputado David Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que presenta mi grupo afecta a una de los criterios fundamentales que nuestro partido viene defendiendo desde hace años, que es la defensa de la educación pública, y máxime teniendo en cuenta que a quien se forma es a funcionarios públicos, y máxime teniendo en cuenta que a quien se forma es a aquellos funcionarios que tienen la obligación de hacer cumplir los textos legales que en este Parlamento aprobamos. Señorías, la Universidad de Salamanca cumple dentro de dos años ochocientos, tiempo en que esta universidad ha venido prestando de forma ininterrumpida formación, tiempo en que esta universidad ha pasado por monarquías absolutas, monarquías parlamentarias, dictaduras, repúblicas e, incluso, ha pasado también por el mandato del anterior ministro, Jorge Fernández Díaz. Ha pasado por muchas cosas esta universidad y desde hace treinta años se viene prestando un acuerdo con la Escuela de Policía Nacional en Ávila para su formación a través de ella, con sus profesores titulares y programas acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, la Aneca.
Pues bien, este acuerdo se rompe este mismo año y por parte del Ministerio se decide que esta formación pase a manos de la Universidad Católica de Ávila. Les voy a leer, simplemente, lo que la declaración de identidad de esta universidad propone: Al comunicar la universidad los saberes y promover la práctica de la investigación científica lo hace desde la concepción del hombre y de la convivencia que dimana de la revelación y contribuye al desarrollo de la justicia social y la configuración de la sociedad según el plan de Dios. Y continua: Forma parte de la vida universitaria la acción pastoral de la Iglesia y la expresión litúrgica de la vida cristiana de la comunidad universitaria. Su objetivo es dar consistencia a la fe de sus miembros y servir a su mejor desarrollo y vivencia, estimulando el testimonio público de Cristo que profesores y alumnos están llamados a dar. En este caso, de los alumnos que estamos hablando es de futuros policías nacionales. Con esto les quiero decir que, cuando el señor ministro del Interior decía que dándose la formación a la Universidad Católica de Ávila se va a garantizar la aconfesionalidad de esta formación, creo que el señor ministro no estaba bien informado de qué es lo que sucede en esta universidad, algo que nos parece un poco extraño dados los vínculos personales que tenía con ella.
Pero, más allá de esto, lo que en nuestro grupo consideramos importante en esta cuestión es que se cumpla lo que recoge el artículo 39 de la Ley Orgánica de 9/2015, es decir, que la Policía Nacional cuente con un centro universitario de formación adscrito a una universidad. Esto es lo más importante, este es el núcleo fundamental de lo que nosotros solicitamos, ya que la Policía Nacional no cuenta con ningún centro adscrito, y no ocurre lo mismo con las Fuerzas Armadas ni con la Guardia Civil. En estos momentos la Policía Nacional no tiene ninguna universidad ni ningún centro adscrito. Por eso, lo que planteamos desde nuestro grupo es que se llegue a un gran acuerdo en esta Comisión con el que todos nos podamos sentir cómodos, un acuerdo en el que todos podamos formar parte en el sentido, en primer lugar, de que se resuelva ese recurso que está interpuesto por la Universidad de Salamanca, y, en segundo, para que, de verdad, se cumpla ese criterio específico que nosotros defendemos, cual es que se adscriba ese centro de formación a una universidad.
En este sentido y a instancias de otros grupos, creo que podemos trabajar y llegar a un acuerdo, que espero que se pueda alcanzar a lo largo de esta Comisión.
No habiéndose presentado enmiendas, abrimos un turno de fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar, ¿por parte del Grupo Parlamentario Mixto, no va a haber intervención? (Denegación).
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra Mikel Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muy brevemente, señora presidenta.
Suena un poco raro todo este asunto, pero, la verdad, no he tenido acceso al expediente de contratación y, por tanto, no tengo criterio que formarme. En definitiva, me abstendré.
En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador.
Por un lado, nos ha gustado la intervención, sobre todo en la parte final, del portavoz del Grupo Socialista, porque, cuando vimos esta iniciativa observamos que entraba en cuestiones diferentes a lo que terminaba proponiendo, porque no tiene nada que ver precisamente lo que ha denunciado finalmente, con lo que además estamos de acuerdo, es decir, que sería deseable que la formación de la Policía estuviera prevista para un centro adscrito a una universidad; eso es algo que parece razonable, podría haber sido una iniciativa de esta Comisión en cualquier momento y estamos completamente de acuerdo en ello.
Otra cuestión es si se hizo bien o mal a la hora de adjudicarlo a la universidad a la que se adjudicó, pero existe una cosa que se llama normativa, y lo que hay que ver es si cuando se adjudicó se hizo de manera legal y, por tanto, esa adjudicación ha respetado el principio de legalidad. De este modo, no podemos pedir, graciablemente, por otro tipo de conceptos, de índole religioso o cualquier otro tipo de consideración, como universidad pública o privada, que se revoque algo que probablemente ha seguido unos trámites que lo han convertido en legal.
Y nos alegra -ya nos lo había dicho anteriormente y le respondimos que nos parecía muy bien- que, en contacto con el Grupo Popular, nos propusieran una transaccional para poder dar un paso adelante en el sentido de lo que el portavoz ha comentado, de que se resuelva ese recurso y, sobre la base de lo que diga dicha resolución del recurso, se actúe en consecuencia. Pero debemos separar, por una parte, el debate sobre universidad pública o privada, el debate religioso, el debate sobre la formación, y, a partir de ahí, aplicar la legalidad. ¿Y que es deseable que sea un centro adscrito a una universidad? Ahí nos van a encontrar, porque entendemos que eso es mejorar y perfeccionar el sistema.
A continuación, tiene la palabra el diputado don Marcelo Expósito.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente, en la medida en que parece que se han modificado los términos en que se presentó la PNL y lo que inicialmente proponía.
Nosotros asumimos en su práctica generalidad la proposición del Grupo Socialista. Nos parece que la exposición de motivos pone sobre la mesa un caso que es claramente para preocuparse. Estamos hablando nada más y nada menos que de la formación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Como digo, compartimos la exposición de motivos en sus cuestiones de fondo y, desde luego, la preocupación por la involución que ha tenido en los últimos años la preeminencia que, a nuestro modo de ver, debería tener la educación pública superior, al tiempo que también compartimos la preocupación por unos procesos de privatización que el Gobierno ha puesto en funcionamiento durante estos años y que, efectivamente, nos parece que atentan contra algunas de las cuestiones que deberían ser vertebrales y de sostenimiento de una sociedad que se considera democrática y, en este caso, aconfesional, y que garantice justamente que el conjunto de la ciudadanía se vea representada con unos derechos objetivos. Por tanto, el caso que expone esta PNL -que no conocíamos, ni mucho menos- nos parece especialmente grave.
Sí nos parece importante, como plantea el portavoz del Grupo Socialista, instar al Gobierno a que ese recurso que se ha interpuesto por parte de la Universidad de Salamanca sea resuelto con la máxima inmediatez por parte del Gobierno, en tanto que es un tipo de recurso que hace que corresponda al Gobierno justamente decidir sobre su resolución y que sea de la forma más inmediata posible. Y si la resolución es favorable, como nos parece -a tenor del caso, sin conocer detalles del expediente-, a favor de las tesis de la Universidad de Salamanca, efectivamente, que de una manera lo más rápida posible se proceda a que la Escuela Nacional de Policía quede dentro del ámbito de la universidad pública; pero no de cualquier universidad pública, sino de una universidad con el prestigio histórico perfectamente contrastable e indiscutible que tiene la de Salamanca.
Por tanto, nuestra posición es absolutamente favorable a apoyar esta proposición no de ley y, como decimos, no solo compartimos lo que plantea con respecto al caso en cuestión, sino también varias de las cuestiones de fondo que plantea la exposición de motivos.
A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora María Jesús Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Desde el Grupo Popular manifestamos nuestra satisfacción por que al final se haya podido llegar a una transaccional, porque lo que queríamos hacer ver en el día de hoy al portavoz socialista, señor Serrada, es que realmente no podíamos votar a favor de algo que realmente fuera ilegal, que es instar al Gobierno a que no admita el resultado de una resolución de un acuerdo de una mesa de contratación. Además, quiero decir al señor Serrada que hay que ser serios en los planteamientos. Aquí no vamos a entrar en si universidad pública o privada -nosotros creemos en la calidad de la educación-, pero no es justo decir que se adjudicó directamente y que fue un criterio arbitrario. Usted sabe muy bien -y así lo conoce el expediente- que antes se hacía por convenio y que a partir de 2009 y tras la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se ha venido sacando a licitación pública el contrato de formación por parte de una universidad a los alumnos dependientes de la Escuela Nacional de Policía ubicada en Ávila. Esto fue así y fueron varias las adjudicaciones, pero luego tuvo lugar otra contratación, y fue entonces cuando se adjudicó a la Universidad Católica de Ávila. Estamos hablando de un tema administrativo y de un tema jurídico. Hay una mesa de contratación, en la que, por cierto, usted sabe muy bien que no hay ningún político, como sabe también que del resultado de esa adjudicación hay un recurso interpuesto por la Universidad de Salamanca. Por tanto, punto primero, lo que podemos hacer, por respeto a la legalidad, es esperar e instar al Gobierno a que resuelva lo antes posible, porque es un tema urgente e importante.
A usted le preocupa y al Grupo Popular también le preocupa mucho la calidad de la educación en la formación y la legalidad. De hecho, los dos diputados salmantinos desde el minuto uno estuvieron en contacto con la Universidad de Salamanca, y ahí está la hemeroteca, donde se pueden ver las declaraciones que hacen y que, desde luego, confían en que el recurso se ha resuelto de una manera ecuánime, esto es, legal, que es lo que queremos todos.
Y dicho eso, nosotros creemos que lo bueno es el acuerdo al que se ha llegado aquí, que se inste a que el Gobierno se pronuncie al respecto con carácter urgente y, en segundo lugar, efectivamente, solicitar que el Ministerio del Interior, una vez que concluya el procedimiento -porque hay que dejarlo terminar- y sea firme, mantenga conversaciones con la Universidad de Salamanca al objeto de que la escuela de formación de policías con sede en Ávila pueda convertirse en un futuro en un centro adscrito a la Universidad de Salamanca.
Por tanto, señorías, creo que es una buena noticia, primero, el sentido y el respeto a la legalidad y, segundo, que el Ministerio continúe con las negociaciones por si en su día pudiera ser así.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Gracias a usted, señoría. (Aplausos).
Para finalizar, nos gustaría que nos hicieran llegar a la Mesa la enmienda transaccional, por favor, que es aceptada por parte del grupo proponente.
- RELATIVA A COMBATIR LOS DELITOS DE ODIO COMO NUEVA FORMA DE VIOLENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000710).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Pasamos a la última proposición no de ley, relativa a combatir los delitos de odio como nueva forma de violencia. Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
Señorías, desde el Grupo Popular entendemos que los delitos de odio, que se fundamentan en los prejuicios hacia determinados colectivos, muchos de ellos en situación muy vulnerable, son un grave atentado al principio de libertad y al principio de igualdad, garantizados por nuestra Constitución, y deben
ser objeto de una política activa de prevención, fomento de la denuncia y castigo ejemplar, todo ello en un espíritu de diálogo y consenso entre los diferentes agentes que participan en la lucha contra este tipo de delitos. Esta lucha requiere un enfoque integral, que supere con mucho el ámbito de las políticas de seguridad del Ministerio del Interior. En particular, requiere incidir preventivamente en la educación, en la sensibilización de la sociedad y en políticas de inclusión. Los delitos de odio no constituyen actuaciones que se puedan contemplar de manera aislada con respecto al conjunto de actos discriminatorios que se producen en la realidad social, a infracciones de la normativa antidiscriminación administrativa y penal, sino que el conjunto de estas infracciones constituyen un todo, contra el que hay que luchar.
Sobre esta base y puesto que tenemos una enmienda del Grupo Socialista solicitando una ley integral referida a los delitos de odio, el Grupo Popular entiende que debe haber un protocolo integral, una política integral al respecto. En estos momentos nos podemos comprometer al estudio acerca de si es más adecuado un protocolo integral o una ley integral, pero no podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista. Nos comprometemos, porque sabemos que hay otra iniciativa en la Comisión de Igualdad, a estudiarla con detenimiento, con cariño y ver qué es lo más adecuado para lo que entre todos intentamos conseguir, que es la protección de estos segmentos vulnerables de población, que sufren unos delitos que, aunque en el conjunto de infracciones penales no suponen un número muy elevado, sí generan preocupación y cierto grado de malestar social. Por eso, debemos cortar de raíz su crecimiento mediante políticas de educación, políticas de prevención y políticas de sensibilización.
En este sentido, hay que decir que en nuestra proposición no de ley se refleja toda una serie de importantes medidas ya adoptadas, porque desde diferentes Gobiernos se han venido dando pasos en la línea de promover una política de prevención y detección de estas conductas, a fin de poder evitarlas y corregirlas. Ya existe una política bastante integral entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior y en esa línea debemos continuar. Por tanto, no voy a relatar todos los pasos que legalmente se han ido introduciendo, todos los protocolos que están en vigor, todos los que también han desarrollado otras comunidades autónomas y ayuntamientos, pero esta es una lucha que debe implicarnos a todos. Por tanto, la vamos a estudiar, aunque en estos momentos no podamos aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
Sin embargo, rechazamos de plano la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, porque introducir la catalanofobia entre los delitos de odio no nos parece correcto. No creemos que pueda ser bueno, porque incluso podría conllevar una banalización de los verdaderos delitos de odio y de los verdaderos segmentos de población, como inmigrantes, personas de orientación sexual diferente, etcétera, que sufren permanentes o continuos acosos o delitos de odio, incluso despidos, por estas razones.
Es decir, existe una casuística muy amplia que nos debe unir a todos y es esto lo que quiero recalcar. Independientemente, de que en estos momentos no aceptemos aquella enmienda y que tenemos tiempo para poder estudiarla, apelaría a ese sentimiento de que todos los grupos políticos presentes en esta Cámara estamos comprometidos con la prevención y la lucha contra los delitos de odio.
Por parte de los enmendantes, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Señorías, estoy seguro de que si el señor Martín-Toledano habla cinco minutos más se convence a sí mismo de que es necesaria esa ley integral por la que hemos enmendado la proposición no de ley presentada por su grupo, pero, en fin, habrá tiempo y así lo veremos.
Creo que todos rechazamos, sin ningún género de dudas, la proliferación de los llamados delitos de odio y todos sabemos lo que entraña esa terminología, la categoría de conductas que vienen a señalar ese factor significativo y común donde se producen esos elementos vertebradores del odio y la discriminación dirigidos contra personas a causa de distintas razones.
Me gustaría centrarme en por qué mi grupo considera que es bueno abordar esta problemática desde esa visión global que se llama ley, y no desde un protocolo integral o un plan integral, no porque sean malos, pero sí insuficientes. Y la información en que intento basar mi argumentación le va a resultar muy propio, porque es precisamente la información que nos suministra el Ministerio del Interior, que a través del tercer informe sobre delitos de odio pone de manifiesto que en España, al igual que en el resto de Europa, no solo persisten estas situaciones, sino que inundan peligrosamente los hechos cotidianos.
Señorías, detrás de los delitos de odio, de los delitos de incitación al odio o la violencia subyace algo muy básico: formas de intolerancia, ya sea el racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, misoginia, sexismo, homofobia, en definitiva, el desprecio al otro por cualquier causa. Y esto lo pone de relieve el tercer informe al que me vengo refiriendo y solo las cifras -que se las voy a ahorrar a sus señorías- son lo suficientemente significativas para decir que estamos ante una situación preocupante. Basta, por tanto, ver el informe y los datos que refleja, que les ahorro. Pero este abordaje que pretendemos desde el Grupo Socialista es una cuestión que viene auspiciado no solo por este informe, sino también por parte de las instituciones internacionales, como la FRA, la Agencia de Derechos Fundamentales que creó la Unión Europea, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el ECRI, o el ODIHR, en la OSCE, así como Naciones Unidas, y ello ante la preocupación evidenciada sobre el discurso y los delitos de odio que estamos viendo en cualquier manifestación, ya sean conciertos musicales, gradas de fútbol, etcétera.
Por tanto, desde el Grupo Socialista vemos con preocupación este movimiento, que ya digo que no es genuino de España y que está presente en todos los países de nuestro entorno, y que no es suficiente con las buenas medidas que se abordaron en el Código Penal, artículo 510, o en Estatuto de la Víctima del Delito. Es necesario avanzar y eso solo se puede hacer desde un concepto unitario de los delitos de odio y el discurso del odio y a partir de ahí impulsar un plan de intervención, también desde el ámbito del lenguaje frente al discurso del odio y la discriminación, con esa ley integral a la que vengo haciendo referencia, donde debería haber unos contenidos mínimos, que son los relativos a mecanismos de prevención, sensibilización y detección en todos los ámbitos, sin descartar ninguno, como las redes sociales en Internet. Y es ahí donde debe incorporarse la idea del plan integral que tanto le gusta a mi compañero Martín-Toledano, es ahí donde creo que debemos poner el acento para erradicar esta manifestación, que, en efecto, según el informe, supone, cuantitativamente, cuatro delitos al día, y debemos ser muy firmes en su combate. Y eso lo debemos hacer desde esta Cámara con lo que es propio del Poder Legislativo, una ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchísimas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ustedes saben, el Grupo Mixto está representado en esta Comisión por dos portavoces. Por tanto, mi intervención no va a ir dirigida, evidentemente, a defender la enmienda que ha presentado otro partido, cuyo portavoz no ha podido asistir y está en otra comisión y, por tanto, no va a poder defenderla, y no soy quien para decir nada más al respecto.
Muy brevemente, quiero fijar mi posición. Nos vamos a abstener porque, aunque estamos en contra de los delitos de odio entendiendo como tales los de xenofobia y otras discriminaciones, no estamos de acuerdo con el intento de mezclar otros muchos sucesos y la tendencia que tiene el Partido Popular a criminalizar todo tipo de acto, iniciativa o protesta que no es de su agrado, llegando incluso a etiquetar como sucesos de otro tipo otros delitos de odio. Por tanto, en aras de ese consenso y considerar el tema con seriedad, creemos que no ayuda demasiado precisamente la actuación del Partido Popular, que, aun sin ser en muchos casos de los que se pudieran tipificar en este tipo, los viene manifestando así, como lo hemos vivido recientemente con el tema de Alsasua, hasta el punto de que se ha sentido criminalizado y se ha visto obligado a salir a la calle todo un pueblo, con sus autoridades municipales a la cabeza.
Por tanto, entendiendo que, evidentemente, como decía el portavoz del Grupo Popular, no hay que restar importancia a este tipo de agresiones, precisamente mezclar e intentar introducir otro tipo de cuestiones tampoco ayuda a que realmente podamos trabajar todos de la mano en contra de este tipo de delitos, y por eso es por lo que Euskal Herria Bildu hoy se va a abstener.
En primer lugar, esta iniciativa, la hubiese presentado quien la hubiese presentado, nos gusta, porque entendemos que todo lo que se avance y se profundice contra los delitos de odio es algo absolutamente
necesario en una sociedad como la nuestra, principalmente, pero también en cualquier sociedad del mundo. Por eso, existen los derechos humanos y organismos internacionales que los han de promover, razón por la que hay que garantizarlos en la vida cotidiana de cada ciudadano.
El portavoz del Grupo Popular se ha referido a la prolija serie de medidas puestas en marcha para ir combatiendo estos delitos de odio, demostrando que ha de afrontarse de una manera totalmente transversal, desde muy distintos ámbitos e implicando a todo tipo de instituciones, también ministerios de muy diferente función social, y estamos contentos de que presente una serie de propuestas para continuar ampliando las garantías para combatir los delitos de odio. (Rumores). Señorías, pido al Grupo Popular que, ya que estoy hablando de él, por lo menos, escuche, como hemos escuchado anteriormente a su portavoz. Repito, estando contento con que el Grupo Popular presente eso, pienso que han sido un poco temerosos ante la propuesta del Grupo Socialista, porque si algo se está demostrando dentro de toda esta complejidad es que esa ley integral que están proponiendo y, por tanto, entendemos que por nuestra parte sería deseable, perfectamente puede recoger y darle una mayor tipificación y un mejor instrumento para poder combatir y actuar para erradicar los delitos de odio de nuestro país. Vamos a apoyar esta propuesta que hace el Grupo Popular. No entendemos que no acepte la enmienda del Grupo Socialista, aunque también nos ha gustado que ha dejado la puerta abierta a trabajarlo para intentar hacerlo todos juntos a partir de ahí. Lo del Partido Demócrata me parece una broma de mal gusto a la Cámara. Intente tipificar como delito de odio la catalanofobia en una comunidad autónoma donde cualquier persona que se define simplemente como ciudadano de este país y que quiere ser tan catalán como español sufre acoso en muchos sitios y véase la sede de Hospitalet y la cantidad de veces que la han destrozado como otros tantos sitios, carpas, etcétera, manifestaciones en la calle y con una presión social importante, muchas veces fomentada desde la política, que intente tipificar como delito de odio la catalanofobia por las redes sociales, invito a cualquiera a que lea las redes sociales y los mensajes de las personas que defienden a su partido y que encima no venga aquí ni siquiera a defender su enmienda. Me parece -repito- una broma de absoluto mal gusto que en este momento está fuera de lugar.
Nosotros vivimos en un Estado democrático, social y de derecho, un Estado donde los poderes públicos y los partidos tenemos que dar ejemplo y donde el trato que nosotros nos demos en esta Cámara se traslada a la calle y si nosotros nos respetamos y respetamos las reglas y las normas, simplemente la cortesía, el ser educados, cuando a alguien le sucede algo malo, entender que a quien le ha pasado está por encima de aquello que esté representando. Si no incitamos el odio desde dentro de esta Cámara en el exterior, si no utilizamos el populismo para tener un recurso fácil de movilización electoral, estaremos haciendo una ayuda a nuestra sociedad para intentar vivir más pacíficamente, para vivir con más armonía y para no cargar a la sociedad de ese odio que intentamos desterrar con propuestas como esta. Quisiera animarnos a todos, a que ese fair play que tiene que existir entre todos los partidos políticos y luego el libre ejercicio del voto y la democracia se traslade desde el interior también al exterior, porque si en la sociedad hay odio también nosotros somos responsables si desde aquí en algún sentido se puede cultivar en algún momento. Muchas gracias.
A continuación cerramos con el Grupo Unidos Podemos, Eduardo Santos, tiene la palabra.
Adelanto que nos abstendremos a esta petición del Grupo Popular, porque entendemos que hay una serie de puntos que son perfectamente prescindibles. Creemos que muchas de las cosas que se instan al Gobierno, tanto en la exposición de motivos, como en el resto de fundamentos que se plantean, son cosas que parece que el Gobierno ya está haciendo, con lo cual parece más una forma u otra de un ensalzamiento de lo que está haciendo el Gobierno que una serie de medidas proactivas cuando en la propia exposición del portavoz del Grupo Popular al hablar de la petición del Grupo Socialista de que haya una ley integral se reconoce específicamente que no estamos siquiera en el momento de definir o de tener definido muy bien cuál es la situación actual para elaborar esa ley integral. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Me trae a la memoria un poco la reflexión que hacía el otro día el fiscal general del Estado, ya nombrado, en la Comisión de Justicia, que hablaba de que a él le gustaría que en adelante cualquier medida que se tomara desde el ámbito penal tuviera por fin un estudio de criminalidad adecuado y una memoria de incidencia real de lo que es la legislación como transformación de la realidad. Creemos que estamos en un momento muy anterior. Nada de esto pasa y desde luego lo que nosotros podemos de alguna manera rechazar es el uso exclusivo del Código Penal para combatir los delitos de odio. Es decir, ya sé que no y
es que es diferente lo que usted ha dicho de lo que hay en la proposición y eso es lo que a nosotros de alguna manera nos provoca algún tipo de desconfianza. Vamos a decirlo así tranquilamente. Porque ustedes en la exposición de motivos empiezan hablando de delitos de odio, lógicamente, es rechazable o condenable en cuanto a la creación de cualquier tipo de clima de violencia que vaya con cualquier tipo de minoría y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Como decía el representante de Ciudadanos, todos debemos poner de nuestra parte para que eso no exista, pero el delito de odio y como tal el Código Penal, como última ratio, tiene varios problemas. El delito de odio tiene un problema con la libertad de expresión, los delitos de opinión. Tiene un problema porque adelanta la barrera de protección de derecho penal al no exigir resultado alguno y, por tanto, es un delito de peligro abstracto. Corremos el riesgo, como parece que indiciariamente se apunta aquí, de no definir siquiera cuáles son los colectivos vulnerables que puedan ser sujetos pasivos de ese delito de odio. No lo digo en términos de legislación actual. También podemos rechazar una serie de reformas penales que ustedes apuntan bajo el principio de tolerancia cero, etcétera, que suponen una exacerbación de la respuesta penal con respecto a este sentido. Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos explica y dice que es conveniente la tipificación de los delitos de odio también está reconociendo todos estos límites. Por tanto, nosotros apostamos por otro tipo de medidas que pueden ser más integrales en el momento en que ustedes entiendan que pueda haber un efectivo estudio del origen, colectivos vulnerables y cuál es la situación real que se está dando en estos momentos en la sociedad. A partir de ahí podemos pensar en medidas. Lo que ocurre es que claro cuando leía su exposición de motivos me ilusionaba y decía venga a ver cuándo empiezan las otras medidas sociales y educativas. Leyendo el último párrafo, que dice, en el ámbito educativo y tal. Lo que aquí se mantiene son charlas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual vuelve a llevar al ámbito educativo cuestiones de tipo policial o penal.
No nos oponemos a que el Gobierno si entiende que tiene que tomar todas estas medidas de hacer protocolos, continuar su implicación al más alto nivel, etcétera, lo haga. Si nos hace saber en algún momento cuáles son las conclusiones de esto y si tenemos que adoptar algún tipo de medida concreta, legislativa o de otra índole, estamos dispuestos a examinarlos en su momento. Gracias.
Señor Martín-Toledano, para aceptar o rechazar enmiendas.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Como ya he anunciado, no vamos a aceptar ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Habíamos fijado la votación a las seis y media, quedan veinticinco minutos. Si los portavoces de los grupos están en disposición de que adelantemos la votación, hacemos un receso de dos minutos por si lo necesitan. Pediría para la votación que se agruparan por grupos parlamentarios, porque si no nos complica mucho el recuento de votos como nos pasó en la última Comisión. (Pausa).
¿Estamos en disposición de iniciar las votaciones? (Pausa). Vamos a votar en el mismo orden que viene en el orden del día, comenzando por el punto número 2, que fue el primero que debatimos, la proposición no de ley sobre el Cuerpo de Policía Portuaria. Se ha presentado a la Mesa una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada
Punto siguiente, que sería el número 3 del orden del día, presentado por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Hay una transaccional.
Punto número 4 sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Presentado también por el Grupo de Unidos Podemos. Se vota la autoenmienda de Podemos, más la enmienda de Ciudadanos más la enmienda del Grupo Socialista.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Queríamos votación por puntos.
El señor PRESIDENTE: Al haber enmienda no se puede votar por puntos. Empezamos la votación.
Punto número 5, proposición no de ley sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aquí hay presentada una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 1.
Punto 6, proposición no de ley sobre la revocación de la concesión a la universidad católica de Ávila de la formación de los policías nacionales. Hay una transaccional presentada.
Punto 7, proposición no de ley relativa a combatir los delitos de odio como nueva forma de violencia. Se somete en sus propios términos.
Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 317
 Real Decreto 
 artículo 296
 artículo 4
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 47
 Real Decreto 
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 25
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 510