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Timestamp: 2020-07-16 03:03:31+00:00

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La Constitución Española de 1978, la Ley de Defensa de la Competencia y el control de concentraciones y fusiones de empresas. - Anticipando la crisis desde el TDC - FAMILY WITHOUT BORDERS - FAMILIA SIN FRONTERAS
Así podemos decir que toda la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe en su artículo 1 los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas que tengan por efecto restringir la competencia fijando precios o repartiéndose los mercados por ejemplo; que en su artículo 6 prohíbe los abusos que se cometen desde posiciones dominantes; que en su artículo 7 prohíbe los actos de competencia desleal relevantes que afecten al interés general y al interés público del mercado; y que en su capítulo II se refiere a las concentraciones económicas que afecten o puedan afectar al mercado español y especialmente mediante la creación o reforzamiento de una posición de dominio, le son de aplicación directa los principios expresados en la exposición de motivos de la citada Ley donde se dice que «la competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad y constituye en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa.»
De acuerdo con las exigencias de la economía general, la defensa de la competencia se concibe en la Ley como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el artículo 38 de nuestra Constitución. Pero también lo hace con el artículo 33 y con el artículo 10, primero y fundamental del Título Primero «De los Derechos y Deberes Fundamentales» donde se dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Así, el ejercicio de la libertad de empresa y de la empresarialidad personal es manifestación consustancial de las libertades individuales fundamentales.
Es preciso ahora señalar que el control de concentraciones lo presenta la Ley como una necesidad preventiva insoslayable para evitar «a priori», en los distintos mercados, las transgresiones legalmente establecidas en otros artículos de la misma. La Ley de Defensa de la Competencia se asienta, por lo tanto, en la confianza de la capacidad de los mercados competitivos para armonizar preferencias diversas y en la sospecha, fundada en la multisecular experiencia constatada de la naturaleza humana, de que la acumulación de poder económico, financiero o político en pocas manos es una tentación, difícilmente vencible, para ambicionar mayor poderío aún a costa de no respetar las reglas del juego competitivo.
Así, también son de aplicación a todo el articulado de la Ley de Defensa de la Competencia, matizando y potenciando los citados anteriormente, los principios expresados en la reciente Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley 16/1989, que culmina el proceso de reforma iniciado con el Real Decreto ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, en materia de control de concentraciones, al decir que «La orientación de la política económica española descansa sobre el convencimiento de que el crecimiento estable y no inflacionario de la economía y, consecuentemente, la creación de empleo, requieren otorgar un papel preponderante al buen funcionamiento de los mercados. Junto a ello, la integración de la economía española en el contexto comunitario y, en concreto, en la Unión Económica y monetaria condiciona el margen de actuación del Gobierno sobre el diseño de la política macroeconómica, fundamentalmente sobre la política monetaria. En este contexto, cobran especial relevancia las políticas de corte microeconómico y, en especial, la política de defensa de la competencia.»

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 33
 artículo 10
 Real Decreto