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Timestamp: 2018-01-18 05:34:35+00:00

Document:
Madrid (España), 18 de junio de 2012
Año 9, Núm. 372
[DOCE] Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de abril de 2012, por la que se determina el segundo grupo de regiones para la puesta en marcha del Sistema de Información de Visados
[DOCE 24 - 5 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Notificación de la entrada en vigor, entre la Unión Europea y la Confederación Suiza, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza sobre la participación de estos Estados en los trabajos de los Comités que asisten a la Comisión Europea en el ejercicio de sus poderes ejecutivos por lo que se refiere a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen
[DOCE 2 - 6 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la aplicación de determinadas disposiciones del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, y del Protocolo al mismo, de 2001
[DOCE 14 - 6 - 2012] [Texto completo]
[BOCG] Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.
[BOCG 24 - 5 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español.
[BOE 4 - 6 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentación.
En todo caso, la declaración tributaria especial tendrá carácter reservado y deberá presentarse antes de 30 de noviembre de 2012. [BOE 4 - 6 - 2012] [Texto completo]
[TS][Contencioso-Advo] Visado de reagrupación familiar. Colombiana. No aporta prueba que acredite la "necesidad" de su madre de venir a España.
Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo numero 833/2010 , interpuesto contra la Resolución del Consulado General de España en Bogotá (Colombia), de 15 de abril de 2010, confirmada en reposición por resolución del citado Consulado de 28 de abril de 2010, denegatoria de la solicitud de visado de residencia para reagrupación familiar interesada por Dña. Gregoria .
La Sentencia de instancia, desestimando el recurso mencionado, confirma la resolución impugnada en consideración a que la recurrente no ha acreditado la concurrencia del requisito de necesidad de que su madre tenga que venir a vivir a España con ella, puesto que su madre, aún siendo viuda, tiene otros cuatro hijos residentes en Colombia que pueden atenderla.
[TJUE] Las infracciones penales comprendidas en ámbitos delictivos especialmente graves enunciados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pueden justificar una medida de expulsión de un ciudadano de la Unión, incluso si ha vivido más de diez años en el Estado miembro de acogida
No obstante, tal medida está condicionada a que el comportamiento de la persona interesada represente una amenaza real y actual para un interés fundamental de ese Estado
La Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros prevé las condiciones para el ejercicio de ese derecho y sus limitaciones por motivos de orden público, de seguridad pública o de salud pública. De este modo, el Estado miembro de acogida no puede tomar una decisión de expulsión del territorio contra un ciudadano de la Unión que haya adquirido un derecho de residencia permanente (al término de un período ininterrumpido de cinco años al menos), excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública. Cuando un ciudadano de la Unión haya residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores, no se puede adoptar una decisión de expulsión excepto por motivos imperiosos de seguridad pública.
El Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunal superior de lo contencioso-administrativo del Land de Renania del Norte-Westfalia), que conoce del recurso de apelación, pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» que pueden justificar la expulsión de un ciudadano de la Unión que haya residido en el Estado miembro de acogida más de diez años.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda ante todo que ya ha juzgado que la lucha contra la criminalidad asociada al tráfico de estupefacientes mediante banda organizada puede estar comprendida en el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública».
Seguidamente, el Tribunal de Justicia puntualiza que el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» supone no sólo la existencia de un ataque a la seguridad pública, sino, además, que tal ataque presente un nivel particularmente elevado de gravedad, como lo refleja el uso de la expresión «motivos imperiosos».
Para determinar si infracciones como las cometidas por el Sr. I. pueden incluirse en el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública», el Tribunal de Justicia destaca que debe tenerse en cuenta el hecho de que la explotación sexual de niños forma parte de los ámbitos delictivos de especial gravedad y dimensión transfronteriza expresamente previstos por el Tratado en los que puede intervenir el legislador de la Unión.
Pues bien, según el Tribunal de Justicia, los Estados miembros están facultados para considerar que infracciones penales como las previstas en el artículo 83 TFUE constituyen un ataque especialmente grave a un interés fundamental de la sociedad, capaz de representar una amenaza directa para la tranquilidad y la seguridad física de la población, y que por consiguiente cabe incluir en el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública». Sin embargo, esas infracciones pueden justificar una medida de expulsión únicamente si su forma de comisión presenta características especialmente graves, lo que incumbe verificar al tribunal remitente basándose en un examen individualizado del asunto del que conoce.
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35 y DO 2007, L 204, p. 28).
Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Tsakouridis (C-145/09).
Conforme al artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, esos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.
[TS][Mercantil] El titular de una marca no registrada en España no puede oponerse a una denominación social que el mismo acordó con un distribuidor local. El productor pretende la nulidad tras romper las relaciones comerciales con el distribuidor.
La sociedad italiana Kemika SpA, en la afirmada condición de titular del nombre comercial "Kemika ", no registrado ni solicitado su registro en España, pretendió - con apoyo en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 23 de marzo de 1883, revisado en diversas fechas y enmendado el 28 de septiembre de 1979 - la condena de Kemika Productos de Limpieza, SL a eliminar la palabra "Kemika " de su denominación social, a fin de evitar el riesgo de confusión generado por la coexistencia de ésta con el signo de la demandante.
En las dos instancias fue desestimada la referida pretensión.
[TS][Contencioso-Advo] Inspección de Hacienda. Plazo máximo de interrupción cuando se requiere colaboración de la Administración Tributaria de otro Estado
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, mediante sentencia de 21 de abril de 2010 , desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de mayo de 2008, que a su vez desestimó el recurso de alzada contra resolución del TEAR de Canarias de 31 de agosto de 2006, referente a liquidación por IRPF ejercicios de 1997 y 1998 y 1999 y 2000.
En lo que en este interesa, y los efectos del plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria por parte de la Administración, se recoge en la sentencia que se formuló por parte de la Inspección peticiones de datos o informes a otros órganos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales y a otras Administraciones Tributarias de Estados miembros de la Unión europea, produciéndose los siguientes supuestos determinantes de interrupciones justificadas del procedimientos:
- Desde el 20 de junio de 2002 hasta el 30 de abril de 2004, como consecuencia del requerimientos de información efectuado a la Administración Tributaria portuguesa.
- Desde el 26 de junio de 2002 hasta el 22 de abril de 2003 como consecuencia del requerimiento de información efectuado a la Administración Tributaria alemana.
- Desde el 10 de junio de 2004 hasta el 22 de diciembre de 2004 como consecuencia del requerimiento de información efectuado al Ayuntamiento del municipio de Tías (Lanzarote).
Recoge la sentencia de impugnada que el recurrente no objetó nada respecto del cómputo de doce meses de paralización justificada por la solicitud de informes a otros Estados, por lo que se computa como período de paralización del 20 de junio de 2002 a 20 de junio de 2003.
[TS][Contencioso-Advo] Visado de estudios. Denegado porque no se acredita la admisión el el Centro escolar para la ESO, ni disponer de medios económicos para su estancia en España y regreso al país de origen.
El recurso de casación que enjuiciamos tiene por objeto la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de octubre de 2009 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Doña Evangelina contra la resolución del Consulado General de España en Bogotá de 19 de noviembre de 2008, que confirmó la resolución denegatoria del visado Schengen de estudios solicitado por Doña Mariola , de nacionalidad colombiana. [Texto completo]
[TJUE] La legislación neerlandesa, que somete la financiación de los estudios en el extranjero al requisito de residencia, establece una desigualdad de trato entre los trabajadores neerlandeses y los trabajadores migrantes.
Los Países Bajos no han probado que el requisito de residencia de «tres de los últimos seis años» no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo consistente en promover la movilidad de los estudiantes
La ley neerlandesa sobre la financiación de estudios define quién puede recibir financiación para estudiar en los Países Bajos y en el extranjero. Para la educación superior en los Países Bajos, la financiación de los estudios se ofrece a los estudiantes entre 18 y 29 años de edad que posean la nacionalidad neerlandesa o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Para la financiación de estudios superiores cursados fuera de los Países Bajos, los estudiantes deben tener derecho a la financiación para cursar estudios superiores en los Países Bajos y, además, deben haber residido regularmente en los Países Bajos durante al menos tres de los seis años anteriores al inicio de los estudios en un centro educativo en el extranjero. Este requisito, denominado «tres de los últimos seis años», se aplica con independencia de la nacionalidad del estudiante.
La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra los Países Bajos, alegando que el requisito de «tres de los últimos seis años» constituye una discriminación indirecta de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias, prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y contraria al Reglamento europeo relativo a la libre circulación de los trabajadores.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia afirma que el TFUE dispone que la libre circulación de los trabajadores supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Además, de dicho Reglamento se desprende que en el territorio de otros Estados miembros, el trabajador nacional de un Estado miembro se beneficia de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales. Este precepto beneficia indistintamente tanto a los trabajadores migrantes que residen en un Estado miembro de acogida, como a los trabajadores fronterizos que, pese a ejercer su actividad asalariada en este último Estado miembro, residen en otro Estado miembro.
El Tribunal de Justicia recuerda que una ayuda concedida para la manutención y para la formación con objeto de seguir estudios universitarios sancionados por una cualificación profesional constituye una ventaja social, en el sentido de dicho Reglamento. La financiación de estudios concedida por un Estado miembro a los hijos de los trabajadores constituye, para un trabajador migrante, una ventaja social, en el sentido de dicho Reglamento, cuando el trabajador continúa sufragando los gastos de manutención del hijo.
A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que el principio de igualdad de trato prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado. Éste es el caso, en particular, de una medida que exige una duración de residencia muy concreta, pues existe el riesgo de que actúe en detrimento principalmente de los trabajadores migrantes y de los trabajadores fronterizos nacionales de otros Estados miembros, en la medida en que los no residentes son, en la mayor parte de los casos, no nacionales.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que el requisito de «tres de los últimos seis años» instaura una desigualdad de trato entre los trabajadores neerlandeses y los trabajadores migrantes que residen en los Países Bajos o que desarrollan su actividad asalariada en dicho Estado miembro como trabajadores fronterizos. Una desigualdad de este tipo es una discriminación indirecta prohibida, salvo que esté objetivamente justificada.
A este respecto, el Tribunal de Justicia desestima la alegación de los Países Bajos de que el requisito de residencia es necesario para evitar una carga económica excesiva que puede tener consecuencias sobre la propia existencia de dicho régimen de ayudas. En efecto, elTribunal de Justicia recuerda que el objetivo de evitar una carga económica excesiva no puede ser considerado una razón imperiosa de interés general que pueda justificar una desigualdad de trato entre los trabajadores neerlandeses y los trabajadores de los demás Estados miembros.
Además, los Países Bajos ponen de manifiesto que, dado que la normativa neerlandesa pretende promover los estudios fuera de los Países Bajos, el requisito de residencia garantiza que la financiación portátil beneficie únicamente a los estudiantes que, de no existir dicha financiación, cursarían sus estudios en los Países Bajos. En cambio, los estudiantes que no residen en los Países Bajos estudian instintivamente en sus Estados miembros de residencia y, con ello, no se estimula la movilidad.
El Tribunal de Justicia observa que el objetivo de favorecer la movilidad de los estudiantes guarda relación con el interés general y constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. No obstante, recuerda que sólo se puede justificar válidamente una normativa que pueda restringir una libertad fundamental garantizada por el Tratado, como la libre circulación de los trabajadores, si es adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
En este contexto, los Países Bajos ponen de manifiesto que dicha normativa presenta el mérito de de favorecer la movilidad de los estudiantes mediante el enriquecimiento que los estudios fuera de los Países Bajos aportan no sólo a los estudiantes, sino también a la sociedad y al mercado laboral neerlandeses. Por consiguiente, los Países Bajos confían en que los estudiantes que se beneficien de dicho régimen regresen a los Países Bajos una vez finalizados sus estudios para residir y trabajar allí.
El Tribunal de Justicia admite que los elementos indicados tratan de reflejar la situación de la mayoría de los estudiantes y, por tanto, que el requisito de residencia es adecuado para realizar el objetivo de promover la movilidad de los estudiantes. No obstante, los Países Bajos deberían haber expuesto, al menos, por qué optaron por la regla de «tres de los últimos seis años» excluyendo cualquier otro elemento representativo. En efecto, este requisito presenta un carácter demasiado exclusivo. Al imponer períodos concretos de residencia en el territorio del Estado miembro de que se trate, el requisito de «tres de los últimos seis años» privilegia un elemento que no es necesariamente el único representativo del grado real de conexión entre el interesado y dicho Estado miembro. Por tanto, el Tribunal de Justicia concluye que los Países Bajos no han probado que el requisito de residencia no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por su normativa.
Artículo 45 TFUE y artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2), en la versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992 (DO L 245, p. 1).
[TS][Contencioso-Advo] IRPF. Residencia en España del contribuyente de profesión cantante, que la declara en Venezuela. Información de otros Estados. Prescripción.
Se interpone recurso de casación contra una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de enero de 2009 , desestimatoria del recurso interpuesto por don Justiniano contra una resolución del TEAC de 14 de septiembre de 2006, relativa a liquidación por el IRPF, ejercicio 1997.
De las actuaciones resultan como hechos más relevantes en orden a la resolución de este recurso que el 29 de junio de 2004, la Oficina Nacional de Inspección formalizó Acta de disconformidad num. NUM000 en relación con el aquí recurrente, por concepto IRPF ejercicio 1997, en la que se hacia constar que el sujeto pasivo no había presentado declaración por este concepto y período y que a partir de los antecedentes obtenidos en las comprobaciones realizadas tanto al contribuyente como a CANTERBURY OPERATIONS, S.A. (Sucursal en España), la Inspección consideró probada la residencia fiscal en España de don Justiniano . Se menciona en el Acta que la información disponible sobre consumos, viajes y trabajo desarrollado en España permitía entender que el contribuyente había permanecido en nuestro país durante mas de 183 días y que por otra parte radica también en su territorio el núcleo principal y base de sus actividades profesionales, sin que haya quedado acreditado la residencia en Venezuela alegada por el Sr. Justiniano ; se hace referencia a la presentación de una declaración de rentas en Venezuela, como no residente en aquel país y por un importe inferior a las obtenidas en España durante el ejercicio.
Otro dato relevante a tener en cuenta y que consta en el Acta, es que el rendimiento neto comprobado por el sujeto pasivo en su actividad de cantante y presentador de programas de televisión, se fija en estimación directa, siendo ello consecuencia directa de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2002 , que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Penal nº 17 de Madrid de 21 de diciembre de 2001, en la que se declaraba la nulidad del contrato celebrado entre el contribuyente y la entidad CANTERBURY OPERATIONS, S.A. (Sucursal en España), así como las sucesivas renovaciones del mismo y se resalta la utilización instrumental de la misma. Ello provoca la traslación de la cifra de ingresos y gastos propios de la actividad artística del sujeto pasivo (contenidos en la contabilidad de la entidad mercantil) al ámbito del contribuyente, al igual que determinados elementos patrimoniales que hasta entonces figuraban como titularidad de la entidad.
De esta forma se determinan los ingresos de la actividad artística del contribuyente en 1.200.621,46 Euros a partir de la contabilidad de CANTERBURY OPERATIONS, S.A. y, también según ésta, los gastos imputable al mismo, que alcanzan la cifra de 508.886,15 euros, descontándose en la base imponible lo declarado en Venezuela, arrojando una cuota final de 414.269,73 y unos intereses de demora de 146.756,47 Euros.
Una vez efectuadas alegaciones al Acta, el Inspector Jefe dictó con fecha 30 de julio de 2004 acto administrativo de liquidación tributaria, en el que se confirma la propuesta contenida en el Acta, salvo una mínima modificación en los intereses de demora, que quedaban finalmente fijados en 147.358,01 Euros, pasando a ser la deuda tributaria de 561.627,75 Euros.
[TS][Contencioso-Advo] Denegación visado reagrupación familiar en Régimen Comunitario. Gemelos. Documentos de contenido duduso expedidos en Gambia
Imposibilidad de determinar, a través de la documentación aportada, la identidad de los solicitantes del visado. Las dudas mostradas por la Administración en orden a la identidad de los solicitantes de visado y que motivaron la denegación del mismo, bien podían haber quedado despejadas con otros medios probatorios que acreditaran en sede judicial la verdadera y real fecha de inscripción de nacimiento en el registro de Gambia, por cuanto no nos hallamos ante una mera cuestión de inscripción tardía, sino ante una diferencia en la fechas de inscripción de nacimiento de Victorino y José Ángel, que ha sido valorada por la Sala de instancia expresando dudas razonables sobre los documentos presentados, que se extienden al hermano gemelo, lo que no es sino cuestión de prueba que no puede ser discutida en el presente recurso de casación, y nos lleva a confirmar que ciertamente las diferencias advertidas en los documentos aportados inducen a pensar que se deben a un propósito fraudulento por parte de quienes han interesado la obtención de un visado para su reagrupación familiar. [Texto completo]
Despedida porque sus pechos son demasiado grandes y provocan distracción
Lauren O, que trabajaba para una empresa de lencería de judíos ortodoxos en Manhattan, los ha demandado por discriminación sexual y religiosa [23 - 5 - 2012] [Texto completo]
El Gobierno está dispuesto a poner orden en el caos económico del futbol español, al menos en lo que se refiere a sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Considera que es inadmisible que deban 1.000 millones a las arcas públicas, mientras continúan realizando fichajes con cifras astronómicas de dinero. Y se plantea 'vetar' esas operaciones para forzarles a que paguen la deuda con el Estado. [28 - 5 - 2012] [Texto completo]
El PP ha presentado esta mañana en el Congreso una enmienda transaccional, apoyado por todos los grupos parlamentarios, donde exime a todos los licenciados en Derecho, independientemente de cuando empezaran o acaben sus estudios, de realizar ningún tipo de acceso a la abogacía según establecía la Ley 34/2006. [31 - 5 - 2012] [Texto completo]
Extranjería tramitó un 28 % menos de solicitudes de reagrupación familiar
Las oficinas de Extranjería de Cataluña tramitaron en 2011 un 28 por ciento menos de solicitudes de reagrupación familiar que en el año 2010, según informa en un comunicado la delegación del Gobierno en Cataluña. [6 - 6 - 2012] [Texto completo]
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, agradeció ayer el "regalo adicional" de la virgen del Rocío "en nuestra salida de la crisis", tras la concesión del año jubilar mariano para la aldea de Almonte (Huelva). En un discurso recogido por la Cadena Ser, Báñez aseguró que "de la virgen un capote siempre llega". [7 - 6 - 2012] [Texto completo]
Nueva y espectacular ofensiva de Hacienda. Si en el pasado la Agencia Tributaria persiguió a Lola Flores, y aquello alcanzó gran eco, el ministerio ha puesto en su punto de mira a famosos como Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Jorge Javier Vázquez. Pero no son los únicos. Acaban de entrar también en la lista de investigados deportistas de élite, como los jugadores extranjeros de Real Madrid y Barça. [12 - 6 - 2012] [Texto completo]
En España peligran cada vez más los derechos económicos y sociales, advierten los expertos
El Centro por los Derechos Económicos y Sociales ha advertido a España de que los recortes presupuestarios aprobados "ponen en peligro" los derechos económicos, sociales y culturales, y aumentan las desigualdades entre la población. Los recortes, que se han adoptado sin realizar una evaluación previa de su impacto y afectan especialmente a niños y jóvenes, habrían sido menores si España hubiera realizado "mayores esfuerzos para generar recursos de forma no discriminatoria". [13 - 6 - 2012] [Texto completo]
Inmobiliarias españolas se van al extranjero a colocar sus viviendas
El sector inmobiliario ha encontrado en el mercado extranjero un parche para tratar de contener la sangría de datos domésticos que lo golpean casi a diario. [13 - 6 - 2012] [Texto completo]
El Gobierno va a extender la lucha antifraude a la Seguridad Social y al cobro de la prestación por desempleo. Ultima una nueva Ley Orgánica que castigará con sanciones y duras penas a los trabajadores y empresas que defrauden al Estado. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la medida en las próximas semanas. [13 - 6 - 2012] [Texto completo]
La canciller alemana pide mayor unión política para acabar con la crisis de la deuda, aunque sea una tarea hercúlea [14 - 6 - 2012] [Texto completo]
Sanidad deja sin tarjeta sanitaria a los ciudadanos con rentas superiores de 100.000 euros que no coticen
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los requisitos del asegurado del Sistemas Nacional de Salud, donde se fija en cien mil euros de renta el límite para obtener asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos. [14 - 6 - 2012] [Texto completo]
Desde julio será obligatorio llevar un etilómetro para circular por las carreteras francesas
El Departamento vasco de Interior ha recordado que, a partir del próximo 1 de julio, será obligatorio para circular por las carreteras de Francia llevar un etilómetro homologado en función de la normativa francesa. Sólo los ciclomotores están exentos de esta obligación. [15 - 6 - 2012] [Texto completo]
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References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 8
 resolución 
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 resolución 
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Artículo 45
 artículo 7
 resolución 
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