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Los estudiantes universitarios, organizados en la CONFECH, y a través del presente documento, proponemos al país nuestra visión acerca de cómo estimamos debería organizarse y funcionar el sistema educativo del Estado Chileno, en sus distintos niveles y modalidades, para que este sea más inclusivo y solidario, así como también para que se haga cargo de los desafíos del país y la humanidad en este siglo.
Documento emanado por la CONFECH modificado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso 08/09/2011
I.- PREÁMBULO II.- DIAGNÓSTICO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENO 1. Principios Fundamentales del Actual Modelo Educativo. 2. Institucionalización del Modelo: Cronología de sus Procesos Legales.
III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CHILE Y SUS CONTENIDOS ESENCIALES.
IV.- FUNDAMENTOS POLÍTICOS SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA CONFECH 1. Los Principios. 2. La Misión. 3. La Visión. 4. Los Roles. A. Rol del Estado en la educación. B. Rol de las Universidades. C. Rol del sistema escolar público. D. Rol de los profesores y profesoras. E. Rol del estudiante. F. Rol del profesional.
V.- NUESTRA DEMANDA: EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA SIN FINES DE LUCRO. VI.- LAS BASES TÉCNICAS. 1. Estado Económico Actual del País. 2. ¿Qué proporción educación? de la riqueza nacional se dedica a la
3. ¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación?
4. El aporte personal: ¿Cuánto gastan las familias en educación? 5. ¿Cuánto cuesta financiar las universidades tradicionales? VII.- ¿CÓMO FINANCIAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA? 1. Los recursos del cobre chileno. 2. Reforma Tributaria para financiar la educación. A. Terminar con la elusión y evasión Tributaria. B. Reforma para evitar la elusión y evasión tributaria en la minería. a. Los precios de transferencia. b. Pérdidas en los mercados de futuro. c. Los gastos financieros. C. Impuesto Adicional a la Renta. D. El Impuesto de Primera Categoría. E. Impuesto a las empresas. F. Relación existente entre los impuestos percibidos por el Estado y su posibilidad de transformarse en un mecanismo para financiar la educación Chilena. 3. Reducción del gasto en defensa. VIII.- AVANCES PARA EL CORTO PLAZO. 1. Aumento de los aportes basales de libre disposición. 2. Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales.
3. Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto. 4. Eliminación del CAE y creación de un sistema único de Fondo Solidario. 5. Reestructuración integral del sistema de becas. 6. Tarjeta nacional estudiantil única y estatal. 7. Prohibición efectiva del lucro.
I.- PREÁMBULO Los estudiantes universitarios, organizados en la CONFECH, y a través del presente documento, proponemos al país nuestra visión acerca de cómo estimamos debería organizarse y funcionar el sistema educativo del Estado Chileno, en sus distintos niveles y modalidades, para que este sea más inclusivo y solidario, así como también para que se haga cargo de los desafíos del país y la humanidad en este siglo. La educación es un derecho fundamental, y no una “expectativa”. Por lo tanto, como Estado y como país debemos velar por que todas la personas tengan acceso a ella, independientemente de su situación económica y paradigma socio-cultural. Entendemos la educación como un proceso complejo, diverso y emergente, que debe ser tratado de manera integral, pluralista, inclusiva, intercultural y democrática; debe enseñar la condición humana1, el respeto y la comprensión; enseñar lo incierto y lo pertinente, alimentar el espíritu del aprendizaje autónomo, enseñar a los ciudadanos y ciudadanas a crear y decir su palabra auténtica2 y que esta sea capaz de transformar su realidad en búsqueda del bien común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política. Declaramos que la educación debe erigirse en función del desarrollo humano, social y económico del país en toda su diversidad, respetando y potenciando todos los talentos, culturas y opciones de cada persona, en relación al bienestar que toda la comunidad pueda obtener, permitiendo que los chilenos avancemos hasta acabar con los problemas más profundos de nuestra sociedad. Entendemos que una población con un buen nivel de educación y formación no puede sino traer como consecuencia el bienestar social y económico de los países. La función de la educación es clave, ya que proporciona a la población los conocimientos, las habilidades y las competencias que le permitirá participar eficazmente en la vida social y económica. La educación contribuye igualmente a la expansión del conocimiento científico y cultural. El nivel de educación de la ciudadanía se utiliza habitualmente como indicador del capital humano, es decir, de las cualificaciones disponibles de la población y de la mano de obra.
Desde la conceptualización de Edgar Morín en su libro “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” 2 Desde la conceptualización del educador brasileño Paulo Freire.
La composición del capital humano disponible varía de país en país, dependiendo de la estructura de la industria y del nivel general de desarrollo económico. Uno de los factores que han afectado a los sistemas de trabajo han sido las innovaciones tecnológicas. En muchos casos, un requisito previo para la adopción de nuevas tecnologías ha sido un nivel más alto de educación y formación.
II.- DIAGNÓSTICO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENO.
Durante la vigencia de la Constitución Política de la República del año 1925 y en los años posteriores a su dictación, se estableció en nuestro país el denominado “Estado Docente”, en virtud del cual se contemplaba una participación directa por parte del Estado en materia de educación, lo que implicaba incidencias en el ámbito de acceso, calidad, participación y financiamiento. Así se proyectaban las siguientes temáticas, bajo la principal premisa: Educación como deber del Estado, la que comprendía: • • • • Control de la enseñanza. Papel subsidiario del particular. Educación gratuita. Democracia.
Esta situación prevaleció hasta el año 1973, la cual se vio interrumpida por el golpe de Estado, a la que prosiguió una dictadura militar, que arrasó con la realidad chilena hasta 1990. Una vez “recuperada” la lejana democracia de los consensos, y durante los gobiernos de la concertación, el sistema educativo –y económico- actual no sufrió mayores modificaciones a nivel constitucional, manteniéndose y profundizándose a nivel legal el modelo instaurado por las ideas neoliberales que inspiraron nuestra actual carta fundamental hecha en la dictadura. De esta manera, el sistema de educación superior existente se ha establecido de acuerdo a principios fundamentales radicalmente opuestos a los garantizados por la Constitución de 1925, los cuales a nuestro juicio, después de treinta años de implementación han llevado a todo el modelo educacional (primaria, secundaria y universitaria) a una profunda crisis, la cual se ha masificado y hecho evidente en todo nuestro país, a raíz del estado de movilización estudiantil a nivel nacional.
Principios Fundamentales del Actual Modelo Educativo.
A. Principio de Subsidiaridad del Estado.
La base para comprender el proceso de liberalización de las áreas estratégicas experimentada en Chile, la cual significó una apertura económica extrema de sectores que antes no se regían de acuerdo a la
lógica del mercado (educación y salud principalmente), es el principio de subsidiaridad, concepto clave de la ideología neoliberal, que ha incidido en el desmantelamiento del Estado, trasladando la gestión y responsabilidad educativa del Estado al Mercado. Este principio, establece que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias, sino que, por el contrario, su función debe consistir en sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de los demás componentes del cuerpo social a fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos. En pocas palabras, el neoliberalismo establece que el Estado tendrá un rol bastante limitado, y deberá participar sólo en aquellas actividades en las que puede desempeñarse en forma más eficiente que el sector privado. ¿Cuáles son estas funciones? A grandes rasgos, las funciones económicas del Estado se resumen en cinco principales: el gasto, los impuestos, la regulación, la función estabilizadora y la gestión de empresas públicas.
La principal consecuencia que tuvo la aplicación de este principio en el ámbito educativo, fue la mercantilización de la educación (la cual comenzó a ser vista como un campo fértil para la iniciativa privada de lucro), que se fundamentó a su vez en dos nuevos principios inherentes al modelo de educación neoliberal, como lo es la libertad de enseñanza y, en el ámbito de la educación superior, la lógica de autofinanciamiento de las instituciones educacionales.
B. Libertad de Enseñanza.
Una vez que el Estado logró desprenderse de su responsabilidad docente, se comenzó a privilegiar la actividad privada y lo individual en el esquema neoliberal. Lo anterior se comprende, cuando analizamos más en detalle el concepto de libertad de enseñanza, el cual para el Estado Chileno es entendido como la libertad de los privados para instalar escuelas, colegios y centros de educación superior, sin el menor ápice de concentrar en ello el verdadero espíritu de la educación. De esta manera, la Constitución de 1980, consagró la libertad de enseñanza como una libertad de empresa más que como una libertad de cátedra, es decir: libertad para el que puede pagar. Comienzan a aparecer
en forma sorprendente universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, que tienen como objetivo principal el LUCRO, y sólo como actividad secundaria el servicio educativo que prestan. Se impone la concepción norteamericana de que lo esencial es la educación en manos de la iniciativa privada, cuyos programas de aprendizaje deben ser resueltos por las necesidades del trabajo, las empresas y el capital, es decir, los capitalistas determinan lo que los maestros deben enseñar y los alumnos deben aprender, cambiando el sentido de nuestra formación educativa, orientándola hacia el mercado y no hacia el desarrollo social integral.
C. Autofinanciamiento.
El actual modelo de educación superior, no descansa solamente en al aumento de la cobertura educacional por vía privada, sino que también en la política de disminución de los recursos que el Estado destinaba a las instituciones educacionales tradicionales, las cuales cada vez en un nivel mayor, debieron recurrir al autofinanciamiento para recaudar los ingresos básicos que les permiten seguir operando. La lógica del autofinanciamiento acabó con la educación superior gratuita y el sistema de arancel diferenciado existente, traspasándose de esta manera el costo de la educación desde el Estado hacia las familias. La disminución del aporte económico estatal destinado a la educación superior en Chile, ha empujado a las Universidades Tradicionales a obtener sus propios recursos, principalmente, a partir del pago de aranceles y derechos de inscripción por parte de los estudiantes. Las consecuencias directas de este sistema son el fomento al endeudamiento de las familias chilenas, y la quiebra de muchas universidades estatales, las cuales se han visto obligadas a funcionar como una empresa, con el objetivo de seguir sobreviviendo.
D. Competencia.
En base a lo recién planteado, es que el sistema educativo en su conjunto ha pasado a comprenderse como un nuevo mercado, regulado principalmente por la competencia, la cual ha permitido expandir la oferta educativa y asegurar una mayor cobertura (como lo demuestra el hecho de que actualmente existan 140 instituciones educativas), sin necesariamente asegurar la calidad del producto recibido.
Al existir una total desregulación del “mercado educativo”, evidenciada en la inexistencia de un control sobre la calidad de la enseñanza de las instituciones educativas, y el surgimiento de nuevas empresas educacionales sin planificación estatal, el Estado se encontró en la obligación de realizar “ajustes de mercado” –los cuales aún se encuentran en curso-, principalmente a partir de la creación de un Sistema de Acreditación de la Enseñanza, y mediante la reformulación del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior. Ambas medidas, han intentado “regular y ordenar” los problemas que el acceso masivo ha propiciado en el sistema, principalmente aquellos referidos a la homogeneización de la calidad, la deserción y la empleabilidad, haciendo más “eficiente”, de cara al mercado, al sistema de educación superior.
E. Educación como Bien de Consumo
La Educación Superior de nuestro país, en lo que respecta a su carácter, hemos de entenderla como una Educación Privada, ya que, bajo el actual modelo imperante, ésta ha sido transformada en una mera mercancía que no se asume en beneficio del conjunto de la sociedad. Se traspasa la responsabilidad educativa, y con ello el gasto económico, a las familias, transformando el derecho a la educación en un deber y preocupación individual, en vez de comprenderlo como una responsabilidad social, asumida por el Estado.
Identificamos la educación como mercancía en el sentido de entenderla como objeto de transacción o bien de consumo, de la misma manera que un jeans o un computador, y en segundo lugar como inversión en capital cultural o humano. El concebir a la educación como un bien de consumo, implica reconocer que ésta se transa en el mercado, de manera individual, y de acuerdo a las posibilidades de compra. Las expresiones de una educación convertida en un objeto de transacción en relación a la oferta las encontramos en la creación de nuevas instituciones de educación superior, y dentro de ellas la creación de nuevas carreras para ampliar el mercado; en el desarrollo académico y la investigación orientada a los requerimientos del mercado por sobre su función social; y en la necesidad de invertir en mayor publicidad para competir de mejor manera con otras instituciones de educación superior. Por otra parte, las expresiones de una educación
convertida en objeto de transacción en relación a la demanda las encontramos en la concepción del estudiante cliente, el “mejoramiento” de los sistemas crediticios y de becas, o los servicios asociados prestados por la institución respectiva (servicio médico, bibliotecas, etc.) Sin embargo, el pensar la educación como un bien de consumo, e incluso como una inversión que a futuro traerá réditos económicos individuales (siendo, supuestamente, un factor de movilidad social), en realidad esconde el hecho de que nuestro sistema educacional, por estar estructurado de acuerdo a clases sociales, contribuye a la reproducción de las desigualdades de la sociedad. Lo anterior, debido a que no todos los individuos poseen un acceso igualitario a la educación, precisamente por no poder costearla. La principal consecuencia de comprender a la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado de manera individual, ha sido la potente irrupción de la BANCA en el sistema educacional (mediante sus créditos), la que, avalada por la lógica de autofinanciamiento, ha conllevado al endeudamiento de numerosas familias, y de los propios estudiantes, quienes deben recurrir a sus distintos créditos, para poder costear sus estudios.
Institucionalización del Modelo: Cronología de sus Procesos Legales.
A continuación presentamos un cuadro descriptivo que señala una cronología de los procesos legales que provocaron la condición actual de la educación superior:
Procesos Constitucionales y Legales
Comienzo de políticas privatizadoras sustentadas en premisas económicas
Inicio del proceso privatizador legalizado, emanan los DLF.
1 Reestructuración de Universidades Públicas
Descentralización de la Diversificación
Creación de Fondech
LOCE; 2 mecanismos de financiamiento: financiamiento institucional (FONDECYT, MECESUP, AFD), y financiamiento por los estudiantes: AFI
Reforma educacional (jornada escolar completa, subvenciones, cambio de contenidos curriculares).
Se paraliza la Ley Marco en el Congreso debido al asesinato por parte de carabineros del estudiante de la Universidad de Tarapacá, Daniel Menco durante las movilizaciones contra dicha Ley.
200 3200 5
Aprobación Ley de financiamiento y Ley de Acreditación (ambas corresponden a la misma Ley Marco indicada anteriormente).
Aprobación de LGE.
III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CHILE Y
SUS CONTENIDOS ESENCIALES. El derecho a la educación, se inscribe dentro de un género más amplio que son los «derechos sociales»3, los cuales tienen como fin garantizar, las condiciones básicas, para el desarrollo de la persona humana. En Chile actualmente existen ratificados, es decir derecho vigente, diferentes pactos e instrumentos internacionales destinados a tutelar y hacer efectivos estos derecho, pero por la abundante legislación sobre el derecho a la educación, identificaremos el contenido normativo esencial de este derecho, contenido principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4 (en adelante PIDESC), para dotarlo de contenido, es necesario hacer particular referencia a el Comité DESC, órgano encargado de realizar un seguimiento efectivo, sobre la protección de los derechos consagrados en PIDESC. El pacto DESC, dispone: Artículo 13: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.” 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; Artículo 14: “Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios
3 La expresión «derecho sociales» pertenece por sobre todo al ámbito de la filosofía política y jurídica y del derecho constitucional. En el derecho internacional se suele utilizar más la formula «derechos económicos, sociales y culturales». 4 El PIDESC fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. Fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de febrero de 1972. Sin embargo, solo se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de mayo de 1989, fecha en que se publica en el Diario Oficial (Decreto Nº326, Ministerio de Relaciones Exteriores).
sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.” En este sentido, es necesario señalar que Chile se encuentra en mora respecto de sus obligaciones internacionales, y desde hace bastante tiempo5. El Comité DESC6, ha expresado que el derecho a la educación, consagrado en el Pacto internacional, en sus art. 13 y 14 establece el deber de cumplir con 4 tipos de obligaciones a los Estados parte. Dentro de los cuales pondremos atención a la disponibilidad y a la accesibilidad. El primer elemento normativo esencial es: a) Disponibilidad: se entiende el deber, de crear instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte. Como segundo elemento normativo esencial del derecho a la educación se encuentra la: b) Accesibilidad: “las instituciones y los programas de enseñanza, han de ser accesibles a todos sin discriminación en el ámbito del Estado parte”. Por su parte la accesibilidad, consta de 3 dimensiones: i) No discriminación: La educación debe ser accesible a todo especialmente, a los grupos vulnerables, de hecho y de derecho. ii) Accesibilidad material: La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable o por medio de tecnología. iii) Accesibilidad económica: La educación ha de estar al alcance de todos. Mientras la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente enseñanza secundaria y superior gratuita. La realización gradual, de la educación superior gratuita, quiere decir que los estados partes, tienen la obligación concreta y permanente, de proceder lo “lo más expedita y eficazmente posible”, para la plena realización del art. 13. Del contenido normativo esencial, se coligen, obligaciones generales del derecho a la educación que el estado debe cumplir: jurídicas
i) Obligación de avanzar progresivamente en la realización del derecho a la
educación.7 Un trabajo en este sentido es, “el informe de chile ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales: El Papel Del Derecho”, de Domingo Lovera, disponible en: http://www.estadodederechocdh.uchile.cl/media/publicaciones/documentos/Chile%20y %20desc_LOVERA_FINAL.doc 6 Véase, Comité DESC, Observación General N° 13: “El derecho a la educación”, adoptada en el 21° periodo de sesiones, 1999, párrafo 6 a). 7 Según el Comité DESC “El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir, gradualmente, no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las obligaciones de los estado parte.”, véase: “Manual sobre justiciabilidad de Derechos Sociales para jueces de Iberoamérica, de Nicolás Espejo Yaksic, ed, OXFAM, 2009, p. 131.
ii) Obligaciones de respeto, garantía y cumplimiento en materia del derecho a la
educación.8
iii) Obligaciones mínimas en materia de derecho a la educación.9
Después de esta somera exposición, del derecho a la educación, desde el punto de vista normativo, queda claro que son obligaciones, emanadas del propio tratado ratificado por Chile, y que se debe cumplir. Implementado los mecanismos, herramientas, y garantías, para que este derecho sea satisfecho íntegramente por el Estado, pues, no existe ninguna razón jurídica para considerar a los «derechos sociales» como axiológicamente subordinados a los derechos civiles y políticos. Se debe dejar de lado percepción de que estos son solo un conjunto de disposiciones programáticas, o declaraciones de principios, sino que por el contrario, derechos plenamente exigibles y que el estado debe tutelar.
III.- FUNDAMENTOS POLÍTICOS SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA CONFECH 1 1. Los Principios.
A. La Educación como bien común y social. Las Instituciones de Educación son las entidades llamadas a la creación del conocimiento en las distintas áreas del saber y su transferencia a la sociedad, por lo que deben velar responsablemente por el libre acceso de la comunidad al conocimiento. 3 B. Es obligación del Estado garantizar la educación como derecho fundamental, en todos sus niveles, para todas las personas, sin discriminaciones arbitrarias, es decir, que no se tomen en cuenta requisitos como la etnia, nación a la que pertenecen, la condición sexual, el pensamiento ideológico, el aspecto físico, la religión ni mucho menos el nivel socioeconómico. En el mismo sentido, le compete al Estado la total responsabilidad jurídica, económica y social de resguardar las oportunidades de acceso y la estabilidad académica en el sistema educativo, debiendo contar con la infraestructura adecuada para permitir el desempeño óptimo en la extensión, investigación y desarrollo académico en todos sus niveles. 4 5 C. La educación como proceso formativo, complejo, diverso y emergente, es la herramienta de avance social, humano y económico por lo que tiene que encargarse de promover el desarrollo del pensamiento crítico, la vinculación con el medio, participación comunitaria y velar por la formación plena e integral del ser humano capaz de desenvolverse en las distintas aéreas del conocimiento ya sea político, cultural, científico y humanista entre otros, fomentando la libertad de expresión y el respeto por la diversidad de pensamiento. 6
D. La Educación como principio reciproco, debe ser un mecanismo de crecimiento personal y colectivo, donde el pueblo, estudiantes, docentes, co-docentes y paradocentes puedan nutrirse de los conocimientos que fluyan en el sistema educativo chileno de manera bidireccional posibilitando, la entrega y llegada de conocimientos con pleno respeto a la libertad de cátedra. 8
Comité DESC, Observación General N° 189, párrafo 47. Op. cit, párrafo 57.
E. La educación no es un derecho sujeto al mercado. Esto, desde un punto de vista, implica la prohibición y fin efectivo del lucro, y por ende, de las instituciones de educación que se constituyen con miras de obtener utilidades de los excedentes propios de las ejecuciones presupuestarias de cada institución de educación para sus integrantes; y desde otro, significa que las destinaciones de recursos obtenidos por las casas de estudio se reinvertirán en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad. 1 2 F. El proceso formativo debe ser sostenido y sustentable. Lo que se traduce en el deber de los Gobiernos presentes y futuros de adoptar todas las medidas tendientes a mantener el sistema de educación que se propone, a modo de fomentar el desarrollo económico social y cultural en todo el territorio nacional. 3 4 G. Educación debe ser intercultural. Se deben integrar, fomentar, promover y potenciar todas las formas de cultura y nación sin exclusión, acorde al contexto sociocultural de cada región dentro del país, tanto en la creación, acceso y gestión de las instituciones educativas, como en los contenidos impartidos por ellas. 5 6 H. La educación debe ser pluralista. La educación debe ser una instancia donde se escuchen y respeten las posturas todos los sectores sociales e ideologías en una misma institución, siempre en igualdad de condiciones. 7 2. La Misión.
A. El desarrollo pleno e integral de las capacidades de las personas, tanto en
el ámbito cognitivo como espiritual. Deben integrarse todas las áreas del conocimiento (artísticas, científicas, deportivas, técnicas y tecnológicas) para el desarrollo tanto individual de las personas, como también para el desarrollo colectivo de la sociedad.
B. La auto-constitución de las personas como sujetos activos, política y
moralmente autónomos, con las capacidades académicas necesarias para trabajar en pos del desarrollo, dignidad y la emancipación social y humana.
C. La apropiación crítica del conocimiento existente, para ampliar la comprensión de sí mismos, del mundo, y las posibilidades de transformar las presuposiciones, vistas como dadas para siempre, acerca de la forma en que vivimos.
D. Promover la autoeducación, en el sentido de que el proceso educativo
trasciende las fronteras de la educación formal y que se vincula necesariamente con la vida cotidiana y comunitaria de las personas, dándole así una adecuada lectura al artículo 19 n°10 de la Constitución Política.
E. Promover el respeto a los derechos humanos, a la diversidad de todas las
formas de expresión, cultura, pueblos y cosmovisiones existentes en el país. F. Democratizar el conocimiento.
G. Impulsar la autodeterminación de los pueblos como herramienta de avance
para el desarrollo social, participativo, cooperativo, humano, científico, económico, medioambiental e intercultural, entendiendo que la autodeterminación implica la elección libre del sistema político, económico y social en el ejercicio de su soberanía
H. Responder a los requerimientos de la producción material en una
perspectiva humanista y cooperativa, del mismo modo, debe formar en la cultura de la participación ciudadana y de la solidaridad social y propiciar el diálogo intercultural y el reconocimiento a la diversidad étnica.
I. Impatir el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, democracia y
tolerancia para sus tres estamentos, académicos , estudiantes y funcionarios, utilizando su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados, en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad (Unesco 1998)* 10 3. La Visión.
Entendemos la educación como un bien social común y un Derecho Fundamental, inherente al ser humano e inalienable, por lo tanto es rol del Estado garantizar el acceso igualitario y gratuito a ella, con independencia de la situación económica y paradigma sociocultural del estudiante. Se consigue así, un doble objetivo: por un lado, se asegura la libre elección del postulante a la institución de educación superior que pueda y prefiera ingresar; y por otro, se resguarda la estabilidad estudiantil. Se debe comprender la educación como un proceso formativo permanente, complejo, diverso y dinámico, que debe ser integral, pluralista, inclusivo, intercultural, democrático y gratuito, en donde el rol del Estado, de la Universidad, de la docencia, del estudiante y de la comunidad quede determinado como un principio reciproco y conjunto en pos del bien común.
4. Los Roles. A. Rol del Estado en la educación. El Estado es garante del derecho social y humano a educarse otorgando los bienes y condiciones que son necesarios en el proceso educativo en todos sus niveles y formas. En consecuencia, debe:
Propiciar las condiciones necesarias para que el sistema educacional no reproduzca las desigualdades y a su vez, ayude a reducirlas.
Dar garantías constitucionales para el aseguramiento y la protección del derecho a la educación. Establecer sistemas educativos públicos y gratuitos en todas las modalidades y niveles. Respetar y promover la autonomía de las instituciones y las comunidades educativas, reconociéndolos como actores fundamentales en los procesos educativos y en el desarrollo del país. Cumplir un rol regulador y fiscalizador en función del proyecto país. Generar las condiciones óptimas para que se produzcan los procesos de enseñanza- aprendizaje, dando énfasis en las condiciones laborales de los y las docentes, reconociendo la importancia de su labor en este sistema.
B. Rol de las Universidades. i
La Universidad debe ser el espacio principal donde se produce y desarrolla el conocimiento con y para la sociedad. Debe estar al servicio de las comunidades para afrontar conjuntamente a los desafíos sociales, económicos, científicos y medioambientales, haciendo uso de sus facultades y de la investigación libre. Debe ser las encargadas de democratizar el conocimiento y en su relación recíproca con la sociedad, debe impulsar el desarrollo equitativo para hacer frente a las grandes problemáticas, como la desigualdad, formando relaciones directas con la comunidad a través de sus investigaciones y en los programas de formación y práctica profesional.
Debe ser también conciencia crítica de la sociedad, pudiendo influir desde su reflexión y acción, en las políticas públicas. Debe promover la democratización del conocimiento. Debe asegurar la participación democrática en las decisiones institucionales de todos los estamentos que conforman la universidad. Debe responder a los principios básicos mencionados anteriormente, dejando de lado toda intención de lucro, atendiendo a las necesidades de crecimiento social y desarrollo integral de las personas. C. Rol del sistema escolar público.
El sistema escolar público se constituye como la forma de promover y garantizar el derecho a la educación gratuita, de todas y todos.
Debe ser un sistema pluralista, inclusivo y sin fines de lucro, que no tenga mecanismos de selección, asegurando así la no discriminación arbitraria ni marginación de ninguna persona bajo ningún criterio. Debe ser un lugar de encuentro entre toda la diversidad de paradigmas socioculturales y por lo tanto debe ser un espacio en el que se desarrolla el aprendizaje social de la convivencia democrática
D. Rol de los profesores y profesoras. Tienen, como deber principal, ser consientes de su importante rol en el sistema educativo y promover los principios que este persigue. Deben procurar llevar a cabo su labor con un alto nivel de profesionalidad, demostrando su compromiso con la educación y con los estudiantes.
E. Rol del estudiante. El rol del estudiante consiste en ser un agente activo dentro da la sociedad. Debe participar en todas los ámbitos para ayudar al desarrollo de vínculos conocimientosociedad. Este vínculo favorecerá la propia formación del estudiante, constituyéndose como una formación en y para la sociedad cumpliendo además el objetivo de contextualizar y democratizar el conocimiento.
F. Rol del profesional. Bajo el sistema gratuito de educación, el profesional tendrá el deber de retribuir a la sociedad, para ello la gratuidad de la educación debe ser retornada por ejemplo, por medio de la entrega de 1 año de servicio gratuito de los estudiantes titulados a la sociedad por medio de los canales que el Estado estime conveniente, enfocando tal aporte a las necesidades profesionales con que carece la sociedad.
IV.- NUESTRA DEMANDA: EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA SIN FINES DE LUCRO. La problemática en torno al financiamiento estudiantil sin duda es una de las aristas que como nación nos compete a todos. Las deficiencias estructurales en el sistema educacional chileno han posado sobre los hombros de sus cuerpos intermedios una carga patrimonial enorme. Por hoy, el sólo hecho de que la educación superior sea financiada en un 80% por las familias chilenas nos convoca a revertir y replantear la situación en conjunto, ya no como Gobierno, ya no como Estudiantes, sino como sociedad. Postulando una línea de acción para acabar con el endeudamiento y autofinanciamiento por parte de las familias de Chile, la educación como derecho que es, debe ser garantizada y financiada en su totalidad por la sociedad organizada en el Estado.
V.- LAS BASES TÉCNICAS. 1. Estado Económico Actual del País. Chile, el 11 de enero del 2010, firmó el convenio de adhesión a la OCDE. Chile con esto se convirtió en el miembro número 31 y primero de América de Sur. Esta adhesión representa un momento histórico en su misión por construir una economía más fuerte, más limpia y más justa. Actualmente en Chile solo el 1,0% de la población posee educación terciaria, según estudios de la OCDE: “El desarrollo social y económico creciente que ha tenido Chile durante los últimos años ha implicado avanzar en bienestar social y garantía de derechos para porciones cada vez mayores de su población. La política social ha dado respuesta a las necesidades de una ciudadanía que evoluciona a un mayor desarrollo humano. Sin embargo, las políticas que sirvieron para responder a las necesidades de una primera fase de reformas, requieren ahora de una revisión y puesta al día para responder a los nuevos desafíos que el propio desarrollo impone, particularmente a través de la educación. Los desafíos educativos que aquí se plantean son producto de la reflexión y análisis colectivo producido con ocasión de un encuentro de expertos organizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) y la UNESCO (Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile, en Santiago en enero del 2010. Contiene breves planteamientos frente a los siguientes desafíos del sistema educacional chileno: DESAFIO 1. Sistema Educativo Centrado en la Calidad para Todos. DESAFIO 2. Fortalecimiento de la educación pública. DESAFIO 3. Promoción de una educación integral DESAFIO 4: Seguir avanzando en políticas para la Educación y Cuidado de la Primera Infancia. DESAFIO 5. Nueva política para la Educación Secundaria. DESAFIO 6. Rediseño de la Formación Técnico Profesional. DESAFIO 7. Nuevo Marco para la Educación Superior. DESAFIO 8. Construcción de una nueva carrera profesional docente para crear ambientes efectivos de enseñanza y aprendizaje. DESAFIO 9. Fortalecer la movilidad de la investigación y el conocimiento así como la innovación en educación DESAFIO 10. Liderazgo Escolar.
2. ¿Qué proporción educación?
Según el estudio realizado por la OCDE el gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB muestra la prioridad que un país otorga a la educación con relación al reparto general de sus recursos. El pago de las tasas de matrícula y la inversión educativa realizada por entidades privadas que no sean las propias familias tienen un fuerte impacto sobre las diferencias en la cantidad global de recursos económicos que los países de la OCDE invierten en sus sistemas educativos, especialmente en el nivel de educación terciaria. Actualmente Chile invierte un equivalente del 2,0 % del PIB en instituciones terciarias del 6,2% total que se invierte en educación y de este 2% sólo el 0,3% del PIB es invertido por el estado en las universidades pertenecientes al CRUCH, y el 1,7% restante queda como responsabilidad de las familias. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB, para todos los niveles de educación (1995, 2000, 2007)
Este gráfico muestra la inversión en educación mediante la proporción de la renta nacional que cada país destinó al gasto en instituciones educativas en 1995, 2000 y 2007. Refleja tanto el gasto directo como el indirecto en instituciones educativas proveniente de fuentes de financiación públicas y privadas.
Los países de la OCDE deben gastar el 6,2 % de su PIB colectivo en instituciones educativas. El aumento del gasto en educación entre 1995 y 2007 descendió por debajo del crecimiento de la renta nacional en más de la mitad de los 27 países de la OCDE y países asociados de los que se dispone de datos. Este indicador muestra el gasto en centros educativos, universidades y otras instituciones públicas y privadas implicadas en la oferta de servicios educativos y en el apoyo a los mismos (por ejemplo, servicios educativos ofrecidos por empresas como parte de programas duales). El gasto en instituciones no se limita al gasto en servicios de enseñanza, sino que también incluye el gasto público y privado en servicios complementarios para alumnos y familias (como alojamiento y transporte), cuando estos servicios se ofrecen a través de instituciones educativas.
En cuanto a la educación terciaria, este indicador incluye el gasto en investigación y desarrollo, que también puede ser significativo, cuando son las instituciones educativas las que llevan a cabo la investigación. No todo el gasto en bienes y servicios de educación tiene lugar en las instituciones educativas. Por ejemplo, las familias pueden comprar libros de texto y materiales educativos en comercios o buscar profesores particulares para sus hijos fuera de las instituciones educativas. En la educación terciaria, los gastos de alojamiento y mantención de los alumnos y los ingresos no percibidos también pueden suponer una proporción significativa de los costes de la educación. Sin embargo, los gastos que se hacen fuera de las instituciones educativas están excluidos de este indicador, aunque se subvencionen con fondos públicos.
3. ¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? Este indicador analiza qué proporción de recursos públicos y privados se asigna a instituciones educativas en cada nivel de educación. Desglosa asimismo el financiamiento privado, distinguiendo entre gasto familiar y gasto
de otras entidades privadas. Este indicador aporta algo de luz a la tan debatida cuestión del reparto de la financiación de las instituciones educativas entre sector público y entidades privadas, particularmente en la educación terciaria. Por último, analiza la financiación pública en relación con el tamaño de los sistemas educativos y la distribución de los fondos públicos entre instituciones públicas y privadas.
Proporción del gasto privado en instituciones educativas (2007)
El gráfico muestra el gasto privado en instituciones educativas como porcentaje del gasto total en instituciones educativas. Incluye todo el dinero transferido a tales instituciones procedente de fuentes privadas, incluyendo financiación pública mediante subvenciones a las familias, tasas privadas de servicios educativos u otro gasto privado (por ejemplo, alojamiento) que pase por la institución
En los países de la OCDE, una media de más del 90% y nunca menos del 80% de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (excepto
en Chile, Corea y Reino Unido) se cubre con fondos públicos. Sin embargo, en la educación terciaria la proporción de financiación privada varía ampliamente, desde menos del 5% en Dinamarca, Finlandia y Noruega a más del 40% en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y los países asociados Federación Rusa e Israel, y por encima del 75% en Chile y Corea. Al igual que en los porcentajes de titulación y acceso a la educación terciaria, la proporción de financiación privada puede estar influida por la presencia de estudiantes internacionales, que constituyen una proporción relativamente elevada en Australia y Nueva Zelanda.
4. El aporte personal: ¿Cuánto gastan las familias en educación?  Arancel promedio: $223.650 (cifra en relación al sernac)  Ingreso promedio per cápita familiar: $193.250. (Esta cifra está calculada tomando el índice del PIB y dividiéndola por cantidad de habitantes)  Sueldo mínimo: $172.000
5. ¿Cuánto cuesta financiar las universidades tradicionales? Es una pregunta que todo estudiante se hace al entrar en la educación superior, es una de las barreras más difíciles de sortear al momento de elegir la carrera a la cual se desea optar. Haciendo un análisis de la realidad actual de la educación chilena con respecto a la densidad de alumnos que desean elegir entre una universidad tradicional o una privada se tiene lo siguiente:
En este gráfico se puede apreciar que la cantidad de estudiantes que optan por universidades tradicionales en la educación superior llega a alrededor de 300.000 estudiantes aproximados para el año 2010. Ahora bien, cada universidad tiene un arancel que debe ser costeado por el alumno, los costos son variables dependiendo de la carrera a la que se quiera optar y también en la cantidad de años. A continuación se mostrará los valores de los promedios ponderados de los aranceles del sistema universitario.
En la tabla anterior, se observa como el arancel de las universidades alcanza un promedio de 2.481.027. Haciendo una estimación, se toma como
referencia para el año 2010 un valor de $3.000.000 para realizar un análisis de los recursos necesarios para financiar la educación superior en las Universidades del CRUCH. Por otra parte, si analizamos el valor del dólar, se sabe que este fluctúa en valores que van desde 400 a 600 pesos, trabajando con los valores que se obtienen en el banco central el 2010 el promedio del dólar quedaría alrededor de los $510,25. En resumen para conocer el total de recursos que se deben designar a la educación superior se considera lo siguiente:  Cantidad de alumnos en todo chile que entran a las universidades tradicionales.  Costo de arancel por alumno al entrar a la universidad.  El valor del dólar. Teniendo en cuenta lo anterior se hace la siguiente hipótesis: 1) 300.000 estudiantes en Universidades tradicionales. 2) Un arancel promedio de $3.000.000 por cada estudiante. Entonces financiar las universidades tradicionales costaría: Costo total= (300.000 estudiantes)*($3.000.000/estudiantes) Costo total= $900.000.000.000 El precio promedio del dólar el año 2010 fue de $510,25: Nota: Si el dólar Costo total=$900.000.000.000/$510,25 de los $500 a año fuese calculado según el promedio 2010, la cifra en duro sería de 1800 millones= $900.000.000.000/500= 1.800.000.000. Por lo tanto, financiar el arancel de los estudiantes de las universidades tradicionales habría costado el 2010 menos de 1.800 millones de dólares
VI.- ¿CÓMO FINANCIAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA? 1. Los recursos del cobre chileno.
Uno de los orgullos más grandes que tiene el país es el cobre, metal que es utilizado en grandes áreas de la industria internacional. Para analizar este tema, debemos analizar el precio del cobre con respecto al índice del dólar:
“Desde los años 70’ hasta la fecha chile ha crecido el doble en cuanto a población, pero también ha crecido un 80% en cuanto a utilidades del cobre”.
Los elementos financieros continúan dando a la trayectoria del precio. Desde ese punto de vista, la senda del valor del dólar ha sido un importante determinante en la evolución del precio del cobre, fundamentalmente a través de la preferencia de los metales como refugio de valor para los inversionistas ante la depreciación del dólar en los mercados internacionales. Esto significa que la demanda del cobre aumente y provoca que el precio del cobre aumente (debido a las características propias del Mercado) y se reevalúe el peso y, puesto que el cobre se taza en dólares, esto se traduce en una relación inversa entre el precio del cobre con el valor del dólar. Siguiendo el análisis macroeconómico en tema internacional podremos ver que chile como país se sitúa en los más grandes productores de cobre.
CLAUDE, Marcel. Entrevista CNN http://www.cnnchile.cl/nacional/2011/06/14/este-es-el-unico-pais-queprivilegia-libertad-de-empresa-sobre-derecho-a-educacion/
Con una producción mayor que 5.300 toneladas métricas de cobre chile supera enormemente a países tan grandes como Estados Unidos y Perú, dando a conocer que chile es un país en crecimiento económico.
Por otra parte, analizando el medio microeconómico del país se tiene se tiene
Codelco es la empresa chilena que entrega la mayor cantidad de recursos al país, cerca del 30% del ingreso que este percibe. La explotación de este mineral en los años 70 era en su mayoría producida por esta empresa. Actualmente produce casi un 27% de la producción total del país. Estas variaciones las podemos ver reflejadas en los siguientes gráficos:
El año 2008 CODELCO aporto al estado de chile la suma de US$6.829 MILLONES DE DOLARES EN UTILIDADES. Ese mismo año las cupríferas privadas produjeron el 73,76% del cobre y CODELCO solo el 26,24%. Por medio de la regla de tres simple se tiene lo siguiente: US$6.829 = 26,24% X = 73,76% X= US$ 19.196 millones de dólares en utilidad por parte de las cupríferas privadas
Para poder financiar las universidades tradicionales se necesitaría que las cupríferas privadas aporten solo un 9,3% de sus utilidades.
2. Reforma Tributaria para financiar la educación.
Queremos demostrar que una reforma tributaria puede generar miles de millones de mayor tributación sin aumentar para nada los impuestos. Para ellos se proponen las siguientes reformas:
A. Terminar con la elusión y evasión Tributaria. Se llama elusión tributaria al no pago de impuestos que es autorizado por ley. Todos los años los Informes de Finanzas de la Dirección de Presupuesto, reportan que existen más de 5 mil millones de dólares que se le llama Gasto Tributario, pero que en realidad llamarlo de este manera no es más que una forma de ocultar que este gasto tributario no es otra cosa que verdaderos “subsidios” que el Fisco otorga a los más ricos de Chile, mediante exenciones tributarias. Es decir, el Fisco no les cobra el impuesto a la renta por una serie de diversas ganancias, como en la compra venta de ciertas acciones en Bolsas de Comercio, inversiones en fondos mutuos, APV de las AFP, DFL 2, etc. Por esta razón, sin necesidad de aumentar ningún impuesto, bastaría que el Estado ponga término a los “subsidios” a los ricos, eufemísticamente gasto tributario, para que se puedan recaudar alrededor de 5 mil millones de dólares para la Educación Gratuita y sobraría plata. Pero el Fisco pierde también alrededor de 5 mil millones de dólares anuales por causa de la evasión tributaria, que es el no pago de impuesto por fraude a la ley, pero que en realidad es la misma ley que deja abierta las brechas para que esta evasión se produzca, sobretodo por aquellas empresas o contribuyentes que pueden pagar asesores tributarios para evadir el pago de los impuestos. En los países OCDE la evasión tributaria es muy baja en relación a la que se observa en Chile, en razón que se han aplicado medidas que en Chile no se quieren realizar. ¿Cuáles son estas medidas? En esos países los balances y declaraciones de impuestos de las empresas son públicos, mientras que en Chile son absolutamente secretos para impedir que se conozcan las empresas que no pagan impuesto a la renta. En los países de la OCDE no existe el secreto bancario mientras que en Chile este secreto es un incentivo a la evasión y por cierto al lavado de dinero.
Fuente: Julián Alcayaga, economista, año 2011.
En los países de la OCDE existe un Plan Contable Único Nacional, mientras que en Chile a pesar que desde hace más de una década se discute sobre su importancia para mejorar la gestión de las propias empresas y desalentar la evasión, pero nada se hace para que efectivamente se implemente.
En los países de la OCDE las empresas no pueden arrastrar pérdidas superiores a la mitad del capital propio, mientras que en Chile las pérdidas no tienen límite y en consecuencia tampoco tiene límite la evasión tributaria. Es decir, en Chile existe evasión tributaria no porque los chilenos sean evasores innatos sino porque la ley deja abierta las brechas por donde fluye la evasión tributaria, sobretodo de aquellas grandes empresa que pueden pagar asesores tributarios. Si se quisiera terminar con la evasión tributaria, se pondrían otros 4 mil millones de dólares, sin aumentar ningún impuesto.
B. Reforma para evitar la elusión y evasión tributaria en la minería. Gracias a maniobras evasivas, según informes del S.I.I., hasta el año 2003, la totalidad de las grandes mineras extranjeras no pagaron un solo peso de impuesto a la renta, salvo Minera Escondida. En la actualidad, con el alto precio del cobre, pagaron poco más de 3.000 millones de dólares de impuestos produciendo el 70% del cobre chileno, mientras que Codelco, con sólo el 27% de la producción, aportó cerca de 7.000 millones de dólares al Estado. Esta nula o escasa tributación de las mineras extranjeras, puede ser considerablemente aumentada, si se eliminan las brechas tributarias que hoy existen, entre las cuales destacamos las siguientes:
a. Los precios de transferencia. Los precios de transferencia son los que se practican entre empresas relacionadas que pertenecen a un mismo grupo económico financiero, precios de transferencia que se observan tanto en las compras como en las ventas. Una de las mayores fuentes de evasión se encuentra en la exportación de concentrados, gracias a lo cual las mineras extranjeras perciben por cada libra de cobre, a lo menos un 30% menos que Codelco. Con ello bajan los ingresos por ventas, y consecuentemente las utilidades y el pago del impuesto a la renta. Para terminar o disminuir la evasión mediante los precios de transferencia en la venta de concentrados, bastaría con agregar el siguiente inciso, como inciso tercero o último del art. 38 de la Ley de la Renta:
"En la exportación de cobre y sus subproductos, los cargos por fundición y refinación, que se apliquen en deducción del precio existente en la Bolsa de Metales de Londres, serán fijados trimestralmente por el Presidente de la República, en base a los costos promedios que Codelco y Enami tengan por dichos procesos, más un margen razonable de rentabilidad, que también será fijado en este reglamento. Por todos los otros cargos que se apliquen en descuento del precio de la Bolsa de Metales de Londres, el reglamento fijará estos valores en función de un promedio de la industria internacional. Los cargos y descuentos que no figuren en ese reglamento, serán considerados gastos no necesarios para producir la renta". Una disposición como esta puede permitir aumentar los retornos de exportación de parte de las mineras privadas en alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, lo que permite una tributación a favor del Fisco de 41% en total, es decir sobre los 1.600 millones de dólares anuales. Para una modificación como esta, le sobraría apoyo en el Parlamento al Presidente Piñera, y las mineras no pueden oponerse a su establecimiento, porque una medida como esta no está comprendida en la invariabilidad tributaria.
b. Pérdidas en los mercados de futuro. Las empresas mineras pierden varios miles de millones de dólares en los Mercado de Futuros del Cobre, “que casualmente ganan” operadores o empresas relacionadas. Es tan fraudulenta esta forma de traspasar ganancias a empresas relacionadas, que es incluso el FMI (Fondo Monetario Internacional) el que desde hace más de tres décadas viene recomendando a los países del Tercer Mundo, que legislen para declarar que las pérdidas en los mercados de futuro sean declaradas como “gastos no necesarios para obtener la renta”. Para terminar con este tipo de evasión, bastaría que en el artículo 31 inciso primero de la Ley de la Renta a partir del párrafo: "No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa"; se agregue la siguiente frase: "incluidas las perdidas en los mercados de futuros de metales, o del mercado de futuros de cualquier otro producto, o mercados similares que determine el Servicio".
Una medida como esta es mucho más radical en su alcance que la que proponemos para los precios de transferencia, porque es más acotada, y además serviría para terminar con las pérdidas en estos mercados por parte de mineras extranjeras, sino que también en Enami y Codelco. Durante el año 2010 Codelco perdió en esto mercados 1.042 millones de dólares, y cerca de 3 mil millones, entre el 2006 y el 2010. Todos esos miles de millones de dólares ya no se perderían si se aprobara una medida como la propuesta.
c. Los gastos financieros. Todos los años, las empresas extranjeras del cobre transfieren cientos de millones de dólares en intereses financieros al extranjero, por lo general a filiales financieras de sus propias casas matrices, domiciliadas en islas del Caribe, que son paraísos tributarios porque no se paga impuesto a la renta. Estos gastos financieros representan en la mayoría de estas empresas más del 20% de los costos operacionales, puesto que la ley chilena les permite endeudarse hasta 3 veces el patrimonio, siendo que los países desarrollados el endeudamiento no puede sobrepasar la mitad del patrimonio. Por esta razón, si realmente se quisiera poner término a esta forma de elusión tributaria, se deben implementar las siguientes medidas: a) Hasta 1978 el DL 600 no permitía la “inversión” extranjera mediante créditos, menos aún con financieras relacionadas, entonces volver a prohibir este tipo de créditos, solo nos haría volver al DL 600 original. b) Pero si no se prohíbe este tipo de endeudamiento, a lo menos que se le ponga un límite y no sobrepase del 20 % de la inversión directa. c) Y principalmente, modificar el Nº 1 del art. 59 de la Ley de la Renta (DL 824) para aumentar el impuesto adicional a los intereses de 4 a 20%. En la actualidad todas estas modificaciones se pueden hacer porque no se encuentran dentro de la invariabilidad tributaria.
C. Impuesto Adicional a la Renta. Se puede aumentar Impuesto Adicional a la Renta de 35 a 40%. Este es el impuesto que pagan las personas o empresas extranjeras que tienen renta de fuente chile, por ejemplo, las mineras, los bancos, las AFP, etc. Este impuesto era de 40% hasta 1987, y nada impide que vuelva a ser de 40%. No existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros se nieguen a pagar 40% de impuesto a la renta, puesto que esa es la tasa máxima que deben pagar todos los empresarios chilenos en el Impuesto Global Complementario. Es una discriminación arbitraria que los empresarios extranjeros paguen menos impuestos que los chilenos, y en consecuencia que se les aumente a 40% no solo es éticamente justo sino constitucionalmente justificado, por la igualdad ante la ley. Un aumento como este generaría un aumento en la recaudación solamente de parte de las empresas mineras, de alrededor de alrededor 1.000 millones de dólares anuales, los que podrían sobrepasar los 2.000 millones si además se aplican otras modificaciones para frenar la evasión tributaria.
D. El Impuesto de Primera Categoría. Algunos políticos han propuesto aumentar el Impuesto de Primera e actualmente es de 17%. Pero esta reforma es “un golpe de espada en el agua” que no aporta mayores recursos al Fisco, porque este impuesto es a la vez un crédito al impuesto personal, Global Complementario o Adicional, y en consecuencia se les devuelve a los dueños de las empresas. En efecto, desde la ley 18.293 de 1984, que suprimió el verdadero impuesto a la renta de las empresas, y se le reemplazó por un muy sui géneris Impuesto de Primera Categoría, que obliga a las empresas a pagar un impuesto que actualmente es de 17 %, pero que, en el mismo momento que se declara y se paga, se le devuelve a los socios y accionistas de la empresa. En los hechos, este es sólo un impuesto artificial o virtual, pero que como toda imagen virtual tiene la gran virtud de hacer creer a la casi totalidad de los chilenos, que el Impuesto a la Renta de las Empresas existe, siendo que a la vez es un crédito. El Fisco nada gana con aumentar este impuesto, puesto que lo que recibe por un lado lo devuelve por otro.
Por estas razones, si realmente se desea que los grandes empresarios paguen más impuestos, el impuesto de primera categoría podría incluso ser rebajado a 15% o incluso a 10%, pero siempre que a la vez deje de ser un crédito al impuesto personal. Entonces, si se quiere aportar más recursos para la educación bajemos el Impuesto de Primera Categoría a 10%, pero que a la vez ya no sea un crédito. Pero lo que realmente le puede enorme recursos al Estado es sin duda alguna la renacionalización de la gran minería. En el año 2010, el Estado percibió poco más de 10 mil millones de dólares de las empresas de la minería del cobre, sumando los aportes de Codelco y los impuestos del conjunto de la minería privada. Si toda la gran minería extranjera fuera nacionalizada: ¿Cuánto percibiría el Estado? Basta sacar la cuenta. Actualmente Chile produce 5,5 millones de toneladas de cobre, y al precio promedio de este año de 4 dólares la libra, las exportaciones alcanzarían la fantástica suma de 49 mil millones de dólares, y como el costo es alrededor de un quinto de esa cifra, el Estado percibiría de toda su minería del cobre nacionalizada una suma cercana a los 38 mil millones de dólares, es decir el equivalente al total de los ingresos fiscales actuales. Pero al estar todo el cobre nacionalizado, y poseer Chile el 60% del cobre que se comercializa en
el mundo, puede fijar su precio, y si lo fija en 5 dólares la libra, los aportes netos al Fisco alcanzarían la fantástica suma de 50 mil millones de dólares.
Es decir, los chilenos estamos perdiendo alrededor de 40 mil millones de dólares anuales por no nacionalizar toda la gran minería extranjera.
E. Impuesto a las empresas. En Chile, las empresas pagan un impuesto que equivale al 17% de las utilidades que perciben al año. Lo que en consideración de otros países es muy bajo y peor aún este impuesto es más bajo que el mismo impuesto que paga cualquier ciudadano, que en chile es el 19% (puntualizar que este impuesto al valor agregado IVA y afecta a las personas de menor ingreso, debido a que ataca principalmente el consumo, por lo que significaría una reducción directa al presupuesto familiar, en base a que gastan todo su ingreso.
OCDE Estudio económico de chile 2010.
Grandes empresarios, médicos, dentistas, abogados y arquitectos crean sociedades para pagar menos impuestos. Es un mecanismo extendido, que incrementa la inequidad tributaria y abusa de un vacío legal que la OCDE criticó fuertemente. “El gobierno debiera poner fin a su existencia”, fue su recomendación.
“No tributan por los beneficios que tuvieron en un año, sino por lo que retiran y si no lo hacen, no pagan ese 40%. Con eso se genera un estímulo para dejar el dinero dentro de la empresa”, explica el ex jefe de Estudios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michael Jorratt. El Ministerio de Hacienda ha calculado que las pérdidas de ingresos fiscales asociadas a la postergación del pago de impuestos por estas utilidades retenidas sería cercano al 2% del PIB.
De ese total, los mayores montos estarían concentrados en la utilización por parte de grandes empresarios, que mantienen sus dividendos en estas empresas. Considerando las utilidades que se pueden obtener de este impuesto a las empresas se llega a la siguiente conclusión: US$20.200.000 fueron las utilidades de 31 grandes empresas el año 2007
Para poder financiar las universidades tradicionales, se requeriría un 8,91% de las utilidades de las grandes empresas privadas. Cabe destacar que las utilidades empresariales crecieron un 28% en el primer trimestre 2011. Un total de 323 de las principales empresas del país tuvieron ganancias por US$ 8.566 millones en el primer trimestre de 2011, 50% más que igual período del año pasado, según los resultados que entregaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Las compañías del comercio, en tanto, se favorecieron de las mejores condiciones de la economía local y regional, y, según un informe de CorpResearch, registraron un aumento del 23,4% de su Ebitda (utilidad antes de impuestos).
Al excluir a las mineras “Codelco” y “Escondida” -que aportaron el 33% de los beneficios-, las ganancias de las 350 firmas restantes subieron 21,4%.
Los expertos en el tema dicen que hubo grandes triunfadores, como la tienda “Falabella” que tuvo utilidades por casi US$ 200 millones, con un crecimiento anual de 43%. El sector eléctrico continuó presionado por el déficit hidrológico, lo que afectó con mayor fuerza a Colbún. AES Gener, en tanto, debido a una matriz más concentrada en la generación térmica, aumentó sus utilidades en 78,95%.
F. Relación existente entre los impuestos percibidos por el Estado y su posibilidad de transformarse en un mecanismo para financiar la educación Chilena. La regla general en estas materias lo constituye el artículo el art. 19 N° 20 inc. 3 CPR, establece: “los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.” La excepción se configura en la misma disposición, al establecer, en su inciso 4 que: “sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.”
De la lectura de los preceptos indicados, podemos concluir lo siguiente: Los impuestos son tributos destinados a financiar los gastos generales del Estado. El contribuyente obtiene un beneficio indeterminado. Los dineros que se obtengan por la recaudación de impuestos, no pueden dirigirse a una actividad determinada, por ejemplo: “educación”. Sin embargo, la Constitución Política de la República establece sólo dos excepciones:  Defensa nacional.  Obras de desarrollo regional o local.
Frente a esta situación y contexto normativo actual, se propone lo siguiente: La modificación al art. 19 N° 20 inc. 3 CPR, por: “Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la educación pública chilena”.
Es necesario recordar que para modificar este artículo se requieren 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Asimismo, el único facultado para presentar un proyecto de
Pero además se propone la posibilidad de discutir a nivel doctrinario, la procedencia técnica de considerar a la educación dentro del concepto de desarrollo regional o local, que contempla el propio artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental, toda vez que la educación puede ser comprendida como obra de desarrollo social.
3. Reducción del gasto en defensa. El en el caso de Chile, la cifra alcanza el 3,5% del PIB 12, unos 5.683 millones de dólares, siendo el tercero a nivel Latinoamericano; esta cifra puede compararse a la suma de los gastos militares de sus dos vecinos Argentina y Perú (4.110), no obstante que ambos son de mayor extensión y con más población que la de Chile.
Por otro lado, en un periodo similar, según La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), el gasto nacional en Ciencia y Tecnología es del 0,75% según el documento. • US$5.683.000.000 que corresponde al 3,5% del PIB de Chile el 2009
Fuente: SIPRI Yearbook, 2010.
• Si sacamos un 1% Tendríamos US$1.600 Millones de Dólares, pero se considera como un tema más complejo por el análisis político internacional.
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 Artículo 14
 artículo 19
in fine
IN FINE
 artículo 31
 artículo 19