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Varesi El gobierno de Néstor Kirchner: características y alcances de la recomposición hegemónica Espacio Critico n12
Varesi El gobierno de Néstor Kirchner: características y alcances de la recomposición hegemónica Espacio Critico n12Uploaded by Gastón Ángel VaresiRelated InterestsSalaryInflationUnemploymentPoverty & HomelessnessAntonio GramsciRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: El artículo analiza las acciones estatales desplegadas por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) en el marco de una estrategia de recomposición hegemónica. En este sentido, proponemos pensar l...View MoreEl artículo analiza las acciones estatales desplegadas por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) en el marco de una estrategia de recomposición hegemónica. En este sentido, proponemos pensar la crisis que afectó el final del modelo de la convertibilidad (1991-2001) como un principio de crisis orgánica, dilucidando algunos de sus componentes centrales. Luego analizaremos las principales políticas desplegadas por el gobierno en relación a las distintas dimensiones de la crisis, en tanto propuestas resolutorias.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentISSN 1794 - 8193 No.12, enero - junio de 2010 América Latina
El gobierno de Néstor Kirchner: características y alcances de la recomposición hegemónica
Sociólogo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Becario del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) dirigido por Ana Castellani y codirigido por Aníbal Viguera. Investigador del Centro de Investigaciones Socio Históricas. Coordinador del equipo de investigación sobre estructura de clase, modelo de acumulación y políticas económicas de FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Correo: gastonvaresi@hotmail.com.
El gobierno de Néstor Kirchner: características y alcances de la recomposición hegemónica.
El presente artículo propone analizar las acciones estatales desplegadas por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) en el marco de una estrategia de recomposición hegemónica. En este sentido, propondremos pensar la crisis que afectó el final del modelo de la convertibilidad (1991-2001) como un principio de crisis orgánica, dilucidando algunos de sus componentes centrales. Luego analizaremos las principales políticas desplegadas por el gobierno en relación a las distintas dimensiones de la crisis, en tanto propuestas resolutorias. En ese camino, indagaremos aspectos del discurso presidencial, los cambios en el escenario político y el impacto de las políticas económicas en el marco de la configuración del modelo postconvertibilidad, centrándonos con mayor profundidad en esta dimensión con el fin de analizar cómo se distribuyen las “cargas” y “beneficios” del nuevo modelo. De este modo, examinaremos en términos generales, las características y alcances de las acciones estatales desarrolladas observando la capacidad de resolución de las mismas frente a la crisis de hegemonía que alcanzara su punto álgido en 2001, y, en términos particulares cómo se constituye el modelo de acumulación postconvertibilidad observando las relaciones entre políticas económicas y fracciones de clase. Entendemos que es de suma importancia profundizar el análisis y el debate acerca del gobierno de Néstor Kirchner, debido a que sus prácticas y desarrollo han presentado varias innovaciones respecto de las gestiones gubernamentales anteriores que han generado un amplio debate en distintos sectores de la sociedad. En este sentido, pretendemos aportar algunas reflexiones indagando acerca del contexto de surgimiento del gobierno de Kirchner y analizando las acciones desplegadas a partir de la pregunta por la hegemonía en la Argentina posterior a la crisis de 2001, así como aportar también, de modo subyacente, al debate acerca de la distribución del ingreso que va cobrando fuerza en la Argentina actual.
Un principio de crisis orgánica
El gobierno de Kirchner surge en medio de un principio de crisis orgánica, en tanto diversos elementos se conjugan en detrimento de la hegemonía de los grupos sociales
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dirigentes. Podemos entender el concepto de crisis orgánica de Antonio Gramsci como una crisis que abarca tanto la pérdida de supremacía intelectual y moral como la capacidad de los dominantes de hacer avanzar la economía 1 afectando a la estructura y a la hegemonía creada, implicando un sacudimiento del “bloque histórico” (Campione, 2007). El bloque histórico representa la articulación de las dimensiones socio-económicas y ético-políticas, la articulación de las categorías de estructura y superestructura del marxismo clásico. La hegemonía se refiere a la capacidad de dirección intelectual y moral, a la incidencia en la construcción de concepciones de mundo, implicando un proceso de universalización de intereses y valores particulares que aparecen como generales, universales en tanto logran la adhesión y la conducción de los distintos grupos sociales. La hegemonía aparece entonces como la dirección cultural e ideológica que opera de legitimadora de la dominación económica y política. Durante las crisis de hegemonía los grupos dirigentes devienen meramente dominantes. Consideramos que el período de crisis que tuvo en 2001 su momento más intenso, expresó una crisis de hegemonía generalizada, que se manifestó en distintas dimensiones:
Como crisis ideológico-cultural, que aparecía insinuada en la deslegitimación de algunos de los patrones conductuales promovidos por las usinas de pensamiento neoliberal relacionados a la no participación pública, el mercado como mejor distribuidor de recursos y las ideas de “Estado mínimo”. Esto se expresó en las exigencias de “más Estado”, en formas de participación popular tales como asambleas, movilizaciones, piquetes y ollas populares, así como en el proceso de recuperación de empresas por parte de los trabajadores. La crisis se expresa en esta dimensión hegemónica en tanto se agrietan los consensos instalados en el período anterior, deteriorando el alcance las concepciones de mundo propias del llamado pensamiento único neoliberal. Como crisis de la política. Referimos a la política como el “terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades legislativas y gubernamentales de elecciones y representación territorial y, en general, del tipo de actividades, prácticas y procedimientos que se desarrollan en el entramado institucional del sistema o régimen político” (Arditi, 1995: 342-343). En este sentido, la crisis de la política se produjo a partir del desgaste de legitimidad de los partidos como canales de representación, y como crisis del bipartidismo en tanto fórmula de gestión de la gobernabilidad del período postdictadura. Esta crisis expresa un elemento clave que Gramsci identifica en los períodos de crisis orgánica: una situación de contraste manifiesto entre “representados y representantes” (Gramsci, 2003: 62). Como crisis económica, debido a que el agotamiento del modelo de la convertibilidad, la caída en términos generales de la tasa de ganancia y la continuidad de la recesión expresaron las dificultades de los dominantes de hacer avanzar a la economía afectando la estructura, expresándose “por arriba” en una fractura de intereses entre distintos sectores del capital que buscaban mejorar sus posiciones en base a dos propuestas diferentes de “salida” al modelo de la convertibilidad (Basualdo 2001; Castellani y Szkolnik, 2005; Schorr y Wainer,
Debemos tener en cuenta que la economía argentina había entrado en recesión desde 1998 hasta el fin del modelo de la Convertibilidad.
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2005). Las propuestas divergentes de salida se relacionaban con las posiciones diferentes ocupadas en la estructura así como en las estrategias de acumulación de distintas fracciones del capital. Unos procuraban la devaluación, aglutinando al capital productivo-exportador, tanto agropecuario como industrial, buscando mejorar su competitividad y capacidad de exportación, así como valorizar las ingentes masas de capitales que los agentes más concentrados mantenían fugadas en el extranjero. Otros, el capital financiero y las empresas privatizadas, exigían la dolarización, principalmente para mantener el valor de sus activos en dólares y garantizar la perpetuación de los beneficios de la convertibilidad de la moneda, como el envío de remesas dolarizadas al exterior.
Como crisis social, porque el fuerte avance de la desocupación y el subempleo producido por las reformas neoliberales había creado un panorama de exclusión social nunca antes conocido, generando una Argentina fracturada con una minoría de incluidos (desde los sectores del capital hasta los sectores de clase media y trabajadores que lograron mantener ingresos como para participar del auge de consumo de los 90) y una mayoría de excluidos (principalmente desocupados, subocupados y buena parte de los trabajadores informales, así como sectores de la clase media que vinieron a engrosar las filas de los nuevos pobres). Esta crisis afectó al conjunto de las clases subalternas, aún a sus elementos incluidos, a través de la flexibilización laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo, la desocupación como realidad o amenaza, etc. y se fue traduciendo en un proceso de conflictividad que tuvo al movimiento de desocupados, a sectores del movimiento obrero (CTA y MTA)2 y el movimiento estudiantil, como sus actores más dinámicos, a los que se sumarían los sectores medios en reclamo por la devolución de sus ahorros afectados por el “corralito” 3. Encontramos aquí otro elemento señalado por Gramsci en las crisis orgánicas, expresado en tanto “crisis de autoridad” producida cuando se expresan una serie de reivindicaciones que conllevan un alto grado de movilización.
El paso de clase dirigente a clase meramente dominante que observa Gramsci como propio de los períodos de crisis orgánica puede observarse en la escalada represiva que se extendió tanto en 2001 como en 2002. Esta tuvo sus exponentes más altos en la instauración del Estado de sitio y en la represión que cobró decenas de muertos durante los conflictos del 19 y 20 de diciembre de 2001 que culminaran con la renuncia del presidente De la Rúa, y en la “masacre de Avellaneda”, el 26 de junio de 2002, desplegada por el gobierno de Duhalde sobre el movimiento de desocupados intentando una fallida salida represiva al creciente conflicto social, que forzara el adelanto del llamado a elecciones. Sin embargo, hablamos de principio de crisis orgánica, y no de crisis orgánica en su sentido pleno, ya que no se logró configurar una fuerza antagonista alternativa emergida de la subalternidad con capacidad de articular el amplio abanico de reclamos particulares en pos de una salida que
CTA = Central de los Trabajadores Argentinos; MTA = Movimiento de los Trabajadores Argentinos El corralito era la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de De La Rua con el objetivo de frenar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una corrida bancaria y el colapso del sistema
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lograra fundar un nuevo bloque histórico. La expresión “que se vayan todos”, característica del momento, si bien cumplió un papel de aglutinante a partir de la negación y de la delimitación provisoria de un adversario, “la clase política gobernante” a la que se asociaba con la corrupción, no alcanzó a dar lugar a la construcción de un nosotros, de una voluntad colectiva con permanencia en el tiempo, que lograra articular los reclamos de los sujetos subordinados en una dimensión propositiva, en una nueva fuerza social y política. De este modo el “que se vayan todos” fue una consigna que mostraba la emergencia generalizada y disruptiva de lo político, en tanto antagonismo que alcanzó a delimitar un exterior constitutivo, un “ellos” (Mouffe, 2007), pero que mostró sus limitaciones ante la ausencia de una articulación de las heterogéneas demandas de los diversos actores en un “nosotros” emergido de la subalternidad misma, aunque sin dejar de golpear la hegemonía de los grupos sociales dirigentes. El gobierno de Kirchner emerge en este contexto, luego de las jornadas de diciembre de 2001, la masacre de Avellaneda del 2002, y el llamado a elecciones de Duhalde, quien apadrinó su presentación como candidato, y logrando un modesto segundo lugar, alcanzando la presidencia luego de que Carlos Menem decidiera retirarse del ballotage. Sostendremos como tesis que el gobierno Kirchner surge como producto de esta crisis de hegemonía y se plantea como un proyecto de resolución particular de la misma. Debemos tener en cuenta que la salida del modelo de la convertibilidad –operada a través de la fórmula devaluación + pesificación asimétrica4– ya había dado paso a un principio de resolución de los conflictos al interior de la clase dominante que se relacionaba con cambios en la correlación de fuerzas en dicha clase. Los agentes productivos exportadores conquistaron condiciones favorables para fortalecer sus posiciones con base en una estrategia exportadora cuya recomposición de la tasa de ganancia estaba ligada a la disminución del salario real, la explotación intensiva de recursos naturales y los elevados precios internacionales de los productos de exportación. Algunas acciones estatales también habían sido desarrolladas en el gobierno de Duhalde para recomponer la posición del capital financiero, afectado por la pesificación asimétrica y la salida devaluacionista, vía estrategia de salvataje a través de “compensaciones” realizadas con la emisión de nueva deuda pública. Además, el gobierno se había hecho de herramientas legales para congelar y rediscutir las tarifas de las empresas privatizadas, efectuando cambios en los precios relativos, alejando a estas empresas de las ganancias extraordinarias obtenidas en los años 90 y beneficiando a las restantes fracciones del capital. Aún así, este principio de reordenamiento, parecía lejos de su consolidación y permanecían la mayor parte de las características del principio de crisis orgánica, señaladas previamente. Los primeros desafíos de gobierno de Néstor Kirchner estuvieron ligados a conquistar la legitimidad, constituir una fuerza política propia y garantizar la estabilidad y el crecimiento económico.
La pesificación asimétrica implicaba, sintéticamente, que los bancos deberían devolver los depósitos en dólares a $1,40 por cada u$s1, mientras que los deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a $1 por u$s1. Cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a sacar el techo impuesto inicialmente para la pesificación (US$ 100.000), la pesificación asimétrica se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del capital productivo y las empresas privatizadas.
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Sobre la crisis ideológico-cultural y la crisis de la política. Discurso y gobernabilidad.
El plano del discurso oficial nos provee una dimensión que nos permite captar el vínculo entre el gobierno y la crisis de 2001 en tanto este la asume como desafío y se propone como momento resolutorio de la misma. De este modo el gobierno confronta los avatares de la crisis ideológico-cultural, incorporando al discurso oficial una parte considerable de los reclamos expresados durante la crisis y se propone como momento de clausura en tanto se plantea como su superación dando respuesta a dichas demandas, en un doble movimiento que procura comenzar a saldar también aspectos de la crisis de la política. En este camino, el gobierno se presenta como lo “nuevo” que permite la clausura y superación de lo “viejo”: “El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia (...) Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro”5. En este mismo discurso en el Parlamento el día de su asunción presidencial, Néstor Kirchner llama a construir un “capitalismo nacional” que permita la movilidad social ascendente, volviendo a la senda del progreso social. Para esto, dice, se deberán implementar políticas activas para el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y una más justa distribución de la riqueza, recuperando el Estado un rol central 6. Podemos observar un discurso que capta varios aspectos de la crisis de hegemonía señalada: la propuesta de dar fin a la crisis económica a través del proyecto de “capitalismo nacional”, atendiendo a las consecuencias de dicha crisis que habían sido traducidas en crisis social, tales como el desempleo, la pobreza, etc., y, por último, una respuesta a la crisis ideológico-cultural, rechazando la idea de Estado mínimo a favor de la exigencia de “más” Estado. Kirchner construye en su discurso un adversario, un “ellos”, que refiere al conjunto de actores identificados con las políticas neoliberales encarnadas en las prácticas de los 90: “En la década de los 90, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular, en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo”7. También opone la recta gestión frente a la corrupción y la impunidad. Este es otro de los sentidos por los cuales planteamos la necesidad de pensar al gobierno de Kirchner como una propuesta “resolutoria” particular de la crisis del 2001, principalmente porque discute con las figuras deslegitimadas frente a los cuales se alzaron
Discurso de Kirchner ante la Honorable Asamblea Legislativa el día de su asunción presidencial. Página web de la Presidencia de la Nación: www.presidencia.gov.ar/discursos.aspx 6 Ibíd. 7 Ibíd.
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los reclamos en ese entonces: Kirchner se propone a sí mismo como momento de ruptura frente al neoliberalismo y en su discurso recopila las diversas aristas que caracterizaron aquel principio de crisis orgánica. En este camino, el gobierno saldría a construir una imagen novedosa que, amplificada por los medios masivos de comunicación, lograría un alto impacto. Muestra de esto es, entre otros, el discurso dado en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (2005) donde sostuvo que Argentina, que vivió en 2001 la peor crisis económica y social de su historia, ejemplifica el fracaso del neoliberalismo y la conveniencia de seguir un camino propio, ajeno a las recetas de los organismos internacionales. También se aprontaba a criticar al FMI como coresponsable de la debacle argentina. Este es otro de los momentos rupturistas del discurso de Kirchner que generó amplia adhesión popular; el presidente, que llamaba a construir “lo nuevo”, (“una Argentina en serio” sería su eslogan), se plantaba a denunciar “lo viejo” usufructuando todo lo que significaba el haber acelerado el retiro de su primer rival electoral, Carlos Menem, uno de los principales símbolos encarnados del paradigma neoliberal. En tanto Kirchner se plantea a sí mismo como “lo nuevo”, convoca la figura del outsider, invoca el modelo de la llegada, desarrollado por E. Verón y S. Sigal en “Perón o muerte: Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista”8, posibilitado también por el desconocimiento generalizado en otras partes del país de sus gestiones en la provincia de Santa Cruz. Kirchner provenía de largas experiencias en el poder ejecutivo, primero como intendente de Río Gallegos desde 1987 a 1991 y desde entonces como gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, el desconocimiento de sus gestiones pasadas permite a Kirchner aparecer como la principal figura del recambio. Lo nuevo emerge desde la exigencia de cambio, de dar vuelta una página de la historia al reclamo de 2001, como Kirchner mismo identificaba en su discurso. Además Kirchner añade otro elemento fuerte del discurso peronista original. Él proclama que viene a trabajar por los argentinos: “Yo y quienes me acompañan seremos sus servidores, trabajaremos con mucho esfuerzo y, para terminar, les quiero decir qué es lo que sentimos que somos: hombres comunes con responsabilidades muy importantes”9. Kirchner se presenta entonces como lo nuevo opuesto a las viejas prácticas corruptas y a las políticas neoliberales que devastaron el nivel de vida del pueblo, y esto nuevo responde a la “llamada” del pueblo perjudicado para encarnar el elemento reparador a partir de una vocación de servicio desinteresada. Estos elementos irán desactivando la impugnación generalizada del “que se vayan todos”, desdoblando su contenido de modo de apartar al gobierno de la negación implicada en dicha consigna. Muñoz y Retamozo, analizando la producción discursiva del gobierno de Kirchner a partir de una indagación acerca de los usos de “pueblo” en el marco del proceso de recomposición hegemónica, aportan interesantes claves para pensar la desactivación previamente mencionada. Los autores destacan una serie de operaciones discursivas que
Un desarrollo más completo de esta idea puede encontrarse en Slipak, Daniela (2006) “Más allá y más acá de las fronteras políticas: apuestas de reconstrucción del vínculo representativo en el discurso kirchnerista” 9 Discurso de Néstor Kirchner en la ceremonia de juramento del gabinete nacional, 25/5/2003. Página web de la Presidencia de la Nación: www.presidencia.gov.ar/discursos.aspx
parten del reconocimiento de la crisis, la identificación del pueblo como entidad dañada, pero al mismo tiempo como fuente de soberanía de la que emerge el presidente y su gobierno como parte de ese sujeto e intérpretes de sus intereses. Al tiempo que se construye al Estado como instancia reparadora del pueblo dañado, retomando símbolos del peronismo original, se identifica al enemigo con los actores del neoliberalismo y se desata así su asociación con el conjunto de la clase política mientras que simultáneamente se apropia del enemigo construido por los distintos movimientos populares. Pero como también señalan ambos autores, “para generar el consentimiento de la población, los gobiernos deben traer al presente pequeños retazos de la promesa futura” (Muñoz y Retamozo, 2008: 143). En este sentido, como parte de la estrategia resolutoria, el gobierno de Kirchner logró recuperar algunos reclamos sentidos de las clases subalternas, que habían cobrado fuerza en el proceso previo de conflictividad, y dar cauce a distintos niveles de resolución. Sus acciones progresistas más destacadas refieren a su política de Derechos Humanos, los cambios en la Corte Suprema de Justicia, sus discursos críticos frente al FMI, el descabezamiento de la cúpula militar y su acercamiento a gobiernos populares de América Latina. Estas medidas producirían amplias adhesiones, incluyendo personalidades y organizaciones previamente opositoras. Con respecto a la política de Derechos Humanos, produjo algunas escenas de alta trascendencia como el apoyo a la anulación de las leyes de perdón a los represores de la última dictadura militar (ley creada y promovida originalmente por diputados de izquierda), así como la transformación de la ESMA en un museo para la memoria. “Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como Presidente de la Nación Argentina y de todos los argentinos (...) seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer. Pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Dejaremos todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del ’90 como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir”10. Kirchner aparece en su discurso como un compañero más, que no ha claudicado en la lucha de su juventud setentista por un mundo mejor, repudia el genocidio junto con las reformas neoliberales. Con su estilo personal, plebeyo, desenfadado, alejado de todo convencionalismo, procura un contacto directo con el pueblo (Borón, 2005), del que es tan sólo un servidor. Los medios amplificaban el eco del “estilo K”11. Además, el gobierno iba generando una simbología que recuperaba elementos del peronismo original, tales como una fuerte reivindicación del trabajo en alianza con la industria como base del “capitalismo nacional”, la idea de un Estado fuerte, preocupado por el bienestar y la justicia social, entre otros, y retomaba algunas reivindicaciones que iban dotando de legitimidad su gobierno, apelando a un imaginario de profundo arraigo popular.
“Palabras del presidente de la nación, doctor Néstor Kirchner, en el acto de firma del convenio de la creación del museo de la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos”, 24/03/2004, en www.presidencia.gov.ar/discursos.aspx 11 Así fue denominado en los medios masivos de comunicación su estilo.
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La estrategia hegemónica, tuvo también un capítulo importante en su armado político, el Frente para la Victoria que, jugando desde dentro y desde fuera del Partido Justicialista (PJ), realizó un despliegue que articulaba transversalidad, abriendo espacios a sectores progresistas, y acumulación de fuerzas para la progresiva conquista de las lealtades y la estructura del PJ. Esta contienda por la conducción del aparato tuvo en su disputa con Eduardo Duhalde, quien originalmente lo había apadrinado para las elecciones presidenciales, un capítulo fundamental, en el que el kirchnerismo terminó imponiéndose en el marco de las elecciones del 2005 con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner sobre “Chiche” Duhalde por el senado de la provincia de Buenos Aires. Hacia el arco de la transversalidad, el gobierno de Kirchner inauguraba una política de acercamiento a sectores populares con políticas activas (desde Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con la política de DDHH, hasta la inclusión de líderes piqueteros como funcionarios del Estado). El nivel de éxito de esta estrategia se expresó en la incorporación de organizaciones populares y de izquierda, con distinto grado de posicionamiento crítico al gobierno, en la gestión oficial y la creciente marginación de las organizaciones de similar perfil político que quedaron en oposición al gobierno. De este modo el gobierno logró mitigar el impacto de la crisis social dotando con elementos novedosos el proceso de recomposición hegemónica en marcha. En términos del escenario político más general, el gobierno planteó una estrategia que reconfigurara el bipartidismo erosionado en dos nuevos polos, de centro-izquierda y centroderecha12, que fue tomando forma de coalición donde el PJ, los transversales y otras fuerzas políticas aliadas (principalmente sectores de la UCR y PS)13 ampliaran su legitimidad, marginando a la izquierda opositora y confrontando con espacios de una nueva derecha electoral que tiene en Mauricio Macri14 a su principal referente y una variante más heterogénea y republicana que se nuclea en torno a Elisa Carrió 15. De este modo, el gobierno asumía plenamente el desafío abierto en materia de crisis de la política, que señalábamos al comienzo, buscando recomponer el vínculo entre “representados y representantes”, reformulando el par PJ-UCR característico de las décadas del 80 y 90 para dar lugar a un esquema que rearticulaba fuerzas y actores de manera singular. Otro aspecto que ha resultado positivamente valorado por distintas organizaciones progresistas y que manifestaba la intención del gobierno de ocupar ese espacio de centroizquierda en la nueva configuración política, ha sido el plano de la política internacional. Lejos de proseguir con las relaciones carnales con EEUU, Argentina comenzó a aparecer cada vez más como una pieza importante del proceso de integración en América Latina, como una variante moderada junto a Lula da Silva y Tabaré Vázquez, pero confluyendo con los procesos transformadores de Bolivia, Venezuela y luego, Ecuador. Momento importante de este desempeño han sido el rechazo al ALCA en Mar del Plata, 2005, la incorporación de Venezuela al Mercosur y la firma del Banco del Sur, en el último día del gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo debemos señalar que esta estrategia no se encuentra en contradicción con las estrategias de acumulación de las empresas
Este esquema no es una reproducción del europeo en tanto es atravesado por las lógicas particulares de las tradiciones políticas argentinas que tienen en el peronismo su eje fundamental. 13 UCR = Unión Cívica Radical; PS = Partido Socialista. 14 Empresario y Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007. Líder del PRO. 15 Líder del ARI y la Coalición Cívica.
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transnacionales, ya que analizando los intercambios concretos entre los bloques económicos podemos observar, por los montos comerciados, que el Mercosur se encuentra en primer término, mientras que el NAFTA se encuentra en último lugar, después de la Unión Europea y el bloque asiático. Además, el gobierno continuó disputando con los bloques más poderosos (NAFTA y UE) desde la exigencia de más apertura comercial, criticando las medidas proteccionistas de los mismos. También la aprobación de leyes “antiterroristas” exigidas por los EEUU y el mantenimiento de tropas en Haití señalaron eventos de respuesta efectiva a exigencias del gobierno de los EEUU. Para dotar de mayor integralidad el análisis es necesario evaluar otras dimensiones del proyecto de sociedad para el cual se fueron generando estos consensos. En este sentido, debemos indagar cómo se repartieron los beneficios del nuevo ciclo expansivo de acumulación y gobernabilidad que caracterizó el período de gobierno de Néstor Kirchner y cuáles son los principales agentes económicos de este proceso. ¿Cómo se dio el avance en la resolución de la crisis económica? ¿Cómo se distribuyen las “cargas” y “beneficios” del nuevo modelo? ¿Qué ocurre con la crisis social? Para abordar estas preguntas debemos realizar un breve análisis de las principales características del nuevo modelo de acumulación que surge con la crisis de la convertibilidad. Un análisis que articule una perspectiva estructural con la dimensión de las acciones estatales en materia de políticas económicas nos permitirá abordar la forma de resolución de la crisis económica y pensar el estado de la crisis social, en tanto, parte de sus emergentes habían estado ligado a características propias del modelo de la convertibilidad, como el caso de la desocupación y la pobreza que conformaron condiciones habilitadoras de amplios movimientos territoriales de desocupados y pobres enrolados bajo la nomenclatura de “piqueteros” en referencia al método de lucha característico o las luchas de trabajadores contra los despidos o el empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Crisis económica y crisis social. La configuración del modelo postconvertibilidad.
La modificación en el tipo de cambio, que marcó el fin de la convertibilidad, dio lugar a la dinamización de las exportaciones, y a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, a la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica ha conllevado un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora e incluyendo un fenómeno de sustitución de importaciones producto de la “protección” que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. El bajo costo salarial, la explotación intensiva de los recursos naturales, el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los precios internacionales favorables y el nuevo tipo de cambio internacionalmente competitivo permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. El gobierno ha desarrollado una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de recuperación económica a partir del crecimiento de las exportaciones, que aumentan un 120% entre los años 2002 y 2007.
Pero, ¿cómo se conforma el frente exportador? Las principales actividades que motorizan a la Argentina exportadora se encuentran en el complejo de oleaginosas, que participa del 23,3% del valor total exportado (2005)16. La mayor parte de la producción de este complejo se vincula a las actividades sojeras, que explican cerca del 21% de las exportaciones argentinas. Si al complejo se las oleaginosas le sumamos el cerealero, el de origen bovino y el frutihortícola, el conjunto de estas actividades primarias y productoras de manufacturas de bajo valor agregado representan el 41,7% del valor total exportado. El segundo complejo exportador es el petrolero-petroquímico con un 19,1% de las exportaciones, pero centrando sus actividades en la venta de petróleo crudo y otros bienes escasamente elaborados. Esta descripción de las exportaciones argentinas nos permite observar cuál es la estructura productiva que sustenta el actual modelo. El núcleo dinámico de la economía argentina está representado en el actual modelo por agentes productivos orientados a la exportación, cuya composición las muestra basadas en la explotación de los recursos naturales, marcando, en su perfil, una fuerte continuidad con el modelo anterior: un alto grado de primarización productiva. Esto se debe a que la Argentina continúa siendo exportadora de productos primarios y de manufacturas con escaso valor agregado. En tanto el discurso oficial, de Duhalde a Kirchner, hace un fuerte hincapié en que la Argentina ha adoptado un modelo basado en la industria, se esperaba que por la nueva protección cambiaria, se estableciera desde el 2002 un cambio en el perfil de las exportaciones argentinas, volcándose más hacia las manufacturas de origen industrial. Sin embargo, la participación de este sector se mantuvo constante, igual al modelo de la convertibilidad, en torno a 31-32% de ventas al exterior. Debemos aclarar también que la industria automotriz continúa con una fuerte presencia representando el 8,6% de las exportaciones, en el marco de las políticas de promoción a dicho sector que continuaron desde la década de los 90, aunque sus principales actividades están vinculadas al ensamble de los automotores y no a la producción de partes de alto valor agregado17. Otro factor a destacar es que el 52% de las ventas al exterior están protagonizados por la suma de manufacturas de origen agropecuario y productos primarios, bienes de naturaleza dual (Tolón, 2005), que al ser al mismo tiempo productos de exportación y de consumo masivo de la población repercute negativamente en el nivel de inflación y, por ende, en las condiciones de vida de los sectores populares18. Esto se debe a la tendencia del empresariado a “dolarizar” el precio de estos productos para equipararlos con los precios de exportación. También debemos destacar que continúa al igual que en el modelo de la convertibilidad, un perfil altamente concentrado del sector exportador. Esto se puede ver claramente en que el núcleo reducido de las grandes empresas realiza ventas al exterior que representan
Datos del INDEC publicados por Informe Industrial nº 208. Un dato interesante es que las exportaciones presentan características de aguda concentración regional: sólo una región, la pampeana, concentra el 72,6% del valor exportado total, dentro de la cual la provincia de Buenos Aires aporta más de la mitad de dicho valor. Mientras que en el otro extremo el NEA participa tan sólo del 1,6%. 18 Si bien la soja no es un producto de consumo masivo de la población su crecimiento por sobre los otros cultivos destinados a alimentos restringe las tierras destinadas a los mismos aumentando sus precios vía limitación de la oferta. Además el auge sojero ha conllevado la expansión de la frontera agraria hacia tierras menos fértiles, aumentando la renta diferencial de la tierra impactando en un incremento de costos para todos los cultivos.
valores cercanos al 90% del total de las exportaciones realizadas. La concentración económica llegó a tal nivel, que sólo las veinticinco primeras empresas líderes en exportación explican el 62,9 % del valor total las exportaciones del país (Schorr y Wainer, 2005). El dinamismo y concentración de estos actores nos permiten pensar en la configuración de una fracción productiva-exportadora del capital como núcleo dinámico del modelo postconvertibilidad, que tiende a presentar niveles de rentabilidad y ventas superiores al resto de los sectores de la economía. La denominación “productivoexportadora” de esta fracción, no refiere a que sea “únicamente” exportadora, sino a que en la configuración del modelo postconvertibilidad, el impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones a las exportaciones, configuran los dos pilares de estabilidad del modelo. En términos generales, la fuerte concentración económica puede advertirse en tanto las ventas de las primeras 200 empresas, la “cúpula empresaria”, que en 1997 representaban el 31,6% del PBI, pasaron a explicar, en 2005, el 51,3%. También debe notarse una concentración dentro la concentración, en tanto las primeras diez empresas de la cúpula crecen y acumulan a ritmos muy superiores al resto (Lozano et al, 2007). La concentración aparece también como una característica del agro en tanto sólo el 4,2% de las explotaciones agropecuarias (que poseen más de 2500 hectáreas) poseen el 62,8% de las hectáreas totales, a esto se suman otros procesos de concentración de capital vinculados tanto al desdoblamiento creciente entre propietarios devenidos en rentista19 y contratistas dueños de la maquinaria como la concentración de la agroindustria en seis grandes que tienen el 80% de capacidad de refinado de granos. La estructura económica argentina posee un alto grado de concentración y extranjerización, que permiten cuestionar la idea de la “burguesía nacional”, mito apelado tanto por el gobierno como por los grupos más concentrados del capital productivo, que podría establecer una alianza virtuosa con los trabajadores. En primer lugar, la extranjerización se ha profundizado durante todo el gobierno de Kirchner: “en el año 2005, la utilidad de las empresas con participación extranjera se duplicó respecto a 2003.” 20. De las 500 mayores empresas, el 90% de las utilidades son apropiadas por empresas cuya composición del capital es más del 50% extranjera. Esto no implica la desaparición de capital local, sino su subordinación a las lógicas transnacionalizadas de acumulación y al liderazgo de empresas de envergadura global. Las empresas extranjeras no sólo han recompuesto sus ganancias sino que superan ampliamente las obtenidas en promedio durante el modelo anterior, y a pesar de la alta renta obtenida es muy poco lo que dejan en el país: “Aún hacia 2004, en un contexto de apreciable recuperación de la economía y con una renta de la IED21 que resultó un 55% superior al promedio observado en la década del 90, las ETs22 remitieron utilidades por un monto mayor al obtenido en dicho año, y fue sólo en 2005, y con una renta que superó en un 120% al promedio de los 90 a pesar de la pérdida de valor del peso, que las utilidades reinvertidas cambiaron su signo: las ETs
Esto se explica en parte por el aumento de escala de producción que impone la aplicación del “paquete tecnológico” que genera que los pequeños productores dejen de serlo para alquilar sus tierras y devenir en rentistas. 20 INDEC Enero 2007 Grandes empresas en la Argentina 21 Inversión Extranjera Directa 22 Empresas Transnacionales
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dejaron en el país el 9% de la renta obtenida” (Sacroisky, 2006: 41). Resulta difícil imaginar una “burguesía nacional” independiente, mercado-internista, “aliada” a la clase trabajadora, cuando sus intereses se encuentran fuertemente transnacionalizados, e incluso su composición está extranjerizada. Por otra parte, la orientación exportadora del capital productivo, lejos de encontrar en el salario un factor fundamental (como consumo en el mercado interno) para la realización del capital, aparece como un costo para la empresa que busca ser reducido para ganar rentabilidad; esto puede observarse que una de las claves de la competitividad y ganancias empresarias en la postconvertibilidad se encuentran en que, en un contexto de aumento de la productividad laboral, la limitada evolución del salario real generó una reducción del costo salarial: salarios bajos en pesos que son aún mucho más bajos en dólares, constituyendo un factor de competitividad internacional. El momento de máximo deterioro del tejido social se sintió en 2002 con los efectos del estallido inflacionario, que se perpetúa con aumentos que afectan principalmente, por la estructura misma de las exportaciones, los componentes de la canasta básica. Como señalan Costa, Kicillof y Nahón (2004) “la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el período 2001-2003”, a lo que se sumaron la explosión de los índices de desocupación, pobreza e indigencia. En este contexto y con la finalidad de actuar efectivamente sobre la crisis social, el gobierno de Kirchner ha desplegado determinadas acciones tendientes a apuntalar los ingresos mínimos, de las clases subalternas de modo de impedir la profundización del empeoramiento de las condiciones de vida de estas clases, y aumentar los salarios en los sectores más dinámicos de la economía. De este modo el gobierno ha incorporado cuatro mecanismos para detener la caída del salario real, que alcanzara un piso histórico en 2002: a) el aumento del salario mínimo, b) el impulso a los convenios colectivos, c) el aumento y extensión de las jubilaciones mínimas y d) algunos acuerdos de precios para limitar la inflación. Sin embargo hay que evaluar que el impacto y alcance de estas medidas sobre la clase trabajadora ha sido dispar. Puede percibirse una fractura correspondiente a los distintos tipos de trabajo asalariado. Por un lado, los trabajadores del sector privado, en blanco, bajo convenio colectivo, con obra social, aguinaldo, etc. que han conseguido aumentos equivalentes o superiores al índice inflacionario, aunque debe relativizarse el alcance de las políticas mencionadas, ya que involucran sólo a cerca de dos millones y medio de trabajadores, lo que representa apenas el 14,7% de la fuerza laboral del país (Gambina et al: 2006). Por otro lado se encuentra la masa de trabajadores informales, que superan el 40% del total de trabajadores, en negro, sin obra social, a merced de los deteriorados sistemas de salud y educación pública, etc. a los que se les suman los trabajadores estatales cuyos salarios quedaron sepultados por la inflación, viendo deteriorado su nivel de vida. Es necesario recalcar un aspecto clave con fuerte influencia en la situación de crisis social referido a que la recuperación económica con su perfil productivo-exportador ha tenido un impacto positivo sobre el empleo, reduciendo significativamente la desocupación, de 26.6% en 2002 a llegar a estar por debajo de los dos dígitos en 2007. Aún así debemos señalar que no ha habido avances significativos en la redistribución progresiva del ingreso. En la distribución funcional del ingreso, los trabajadores, si bien mejoraron sus salarios en
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relación a 2002, quedaron en términos generales por debajo de su participación de 2001, presentando además una creciente fragmentación salarial. También observamos un fuerte aumento de la productividad del trabajo (un 25,7% entre 2003 y 2005), lo que implica que cada trabajador genera mayores beneficios al capital, no remunerados vía salario. Mientras el crecimiento del PBI logró sobrepasar el de 1998, los indicadores sociales, si bien han mejorado en los últimos años, se encuentran aún por debajo de los de ese año: la tasa de desocupación (sin contabilizar a quienes reciben planes sociales) creció un 2,4% (significando 400.000 desocupados más), la tasa de pobreza se expandió en un 33,5% (4.300.000 pobres más), la tasa de indigencia explotó en un 114% (aumentando en más de 2.700.000 personas); el ingreso medio de los ocupados descendió en términos reales un 25,4%. Este ingreso medio que superaba en un 34,1% al valor de la canasta de pobreza para la familia tipo en 1998 actualmente está por debajo en 6,7% al valor de dicha canasta (lo que implica un deterioro de la relación equivalente a casi un 120%) (Lozano et al, 2006). Los mecanismos señalados parecen dar cuenta de las principales estrategias desplegadas para afrontar la crisis social y que irían configurando una de las características del modelo actual: un modelo de capitalismo normalizado, que genera inclusión a través del descenso de la desocupación y que mantiene una estructura salarial que garantiza elevadas ganancias al capital concentrado al mismo tiempo que pone un piso salarial que, sin implicar una fuerte distribución del ingreso, recompone márgenes de inclusión y legitimidad. A esto se le agrega la recuperación del poder adquisitivo de una minoría de los sectores asalariados y el consenso proveniente de la recuperación del consumo. El nuevo modelo ha mostrado su capacidad de avanzar en la recuperación de la economía y niveles de vida relativamente similares a los del modelo de la convertibilidad, pero vale recordar que incluso en sus mejores momentos representan la consolidación de una Argentina desigual, con una clase trabajadora fragmentada por la dispersión salarial y sus distintas formas de inserción (o no) al mercado laboral. Otro aspecto de las políticas desplegadas por el gobierno de Kirchner y que tuvo un alto impacto en cuanto a las relaciones y posiciones de las fracciones de clase se refiere a la deuda pública23. Este es un aspecto fundamental para pensar la situación del capital financiero, que había visto perjudicadas sus posiciones relativas con la salida devaluacionista y pesificadora y que había comenzado a ser compensado ya en el gobierno de Duhalde a través de la emisión de nueva deuda. El gobierno reconoció la totalidad de la deuda pública como “deuda soberana”, es decir, que rechazó toda posibilidad de dar cauce a la investigación o auditoría de la deuda. Además debe considerarse que si en el plano discursivo el FMI era denostado, en el plano económico era reconocido por el gobierno como acreedor privilegiado, y que la decisión de ganar soberanía pagándole al FMI el total de la deuda 24 se correspondía con la política de desendeudamiento que este último impulsaba para reducir sus riesgos financieros. En este camino, el gobierno se convertiría en el que más deuda pagó a los organismos
El análisis detallado del enfoque expresado sobre deuda pública puede verse en Varesi, 2008. El gobierno canceló por adelantado el total de su deuda de US$ 9.810 millones con el FMI, utilizando para esto el 35% de las Reservas Internacionales del Banco Central.
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multilaterales de crédito en la historia argentina. Al mismo tiempo, el fin de los acuerdos con el FMI limitó sus presiones, otorgando mayores márgenes de acción estatal. Con respecto a la salida del default, el gobierno comenzó proponiendo fuertes quitas, que fueron moderándose con el correr de las negociaciones. El canje, que con una aceptación superior al 76%, representó una quita final del 43,4% sobre el total canjeado. Uno de los elementos más novedosos del canje son las Unidades Ligadas al PBI, cupones que, en las condiciones de crecimiento actual de la economía, vienen arrojando ganancias que se multiplican año tras año25. El segundo elemento que se destaca es que aproximadamente el 40% de la deuda se encuentra pesificada e indexada a la inflación, que año a año se acerca los dos dígitos26, generando superganancias al capital financiero, efectuando un doble saqueo al bolsillo de las clases subalternas: el traspaso de riquezas que implica la inflación y la carga interminable de la deuda pública. La indexación de deuda a la inflación debe ser entendida como una medida que garantiza al capital financiero no perder más posiciones respecto del capital productivo, principal beneficiario del ciclo inflacionario y la salida devaluacionista y pesificadora. Los nuevos bonos comenzaron a otorgar altas rentabilidades, que promedian el 20% para los bonos en pesos indexados a la inflación y que arrojan una tasa cercana al 12% para los bonos en moneda extranjera, casi tres veces más que la tasa de interés internacional, y que con la cuasi convertibilidad de 3 a1 del peso permite un gran negocio especulativo al capital extranjero. ¿Qué implicancias tiene esto? En principio amenaza con volver a impulsar la valorización financiera, una de las características fundantes del neoliberalismo argentino, ya que representa un negocio financiero a tasas sumamente elevadas respecto de los estándares internacionales27. Aún con la importante quita del canje, queda un pesado calendario de pagos que conlleva desembolsos anuales de entre US$ 10.000 millones y US$ 20.000 millones. La magnitud del endeudamiento es tal que ya en 2007, sólo dos años después de realizado el canje, el Estado sólo pudo afrontar con los recursos del superávit fiscal sólo poco más de un tercio de los pagos, debiendo profundizar el endeudamiento con el sólo fin de pagar deuda28. Endeudarse a un ritmo mayor de lo que se paga, endeudarse para pagar como clave del círculo vicioso del endeudamiento público. El canje y la continuidad del ciclo de endeudamiento representan la cristalización de una nueva transferencia masiva de ingresos de asalariados a capitalistas, ya que recompone las relaciones en la clase dominante a costa del conjunto de la sociedad. También vale recordar que el canje de deuda presentado como una causa nacional nos enfrenta con que finalizado el canje, la deuda total quedó aún por sobre los valores el 2001 y crece año tras año. El superávit fiscal de entre el 3% y el 4% que se ha destinado principalmente a deuda supera a la suma de las partidas presupuestarias de Salud, Educación, Vivienda y Agua potable, es decir el gasto social que define la calidad de vida de los sectores populares. El
El Estado debió pagar en materia de las Unidades Ligadas al PBI $1.242 millones adicionales de deuda en 2006 que se duplicarían en 2007, alcanzando los $2.450 millones. 26 El gobierno mantiene intervenido al INDEC con el fin de manipular el índice de inflación buscando, de este modo, limitar el impacto de la deuda sobre las cuentas públicas. 27 A su vez las altas rentabilidades de los bonos generan pisos crecientes para que el Estado pueda pedir nuevos préstamos. 28 Datos obtenidos en Estrategia y Programa financiero 2008 de la Secretaría de Finanzas, MECON, 2007.
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gobierno de Kirchner mantuvo el ajuste en el gasto primario real29, es decir, el total del gasto sin contar los interés de deuda y ajustado por índices de evolución de precios, derivando estos recursos al pago de deuda. Se debe indicar también que mientras el presupuesto real para educación se ha elevado en relación a lo destinado por gobiernos anteriores, el de salud presenta un profundo deterioro30. Otro aspecto donde las políticas del gobierno no han mostrado avances significativos es en materia de estructura impositiva. El IVA, impuesto de naturaleza regresiva ya que afecta al consumidor final y posee un mayor peso relativo sobre el ingreso de los que menos tienen, explica cerca de un tercio de la recaudación impositiva nacional (2006). El IVA se convierte así en el principal alimento de las cuentas públicas que acrecienta el superávit fiscal, seguido por el impuesto de Ganancias, que hasta la reforma de 2007 afectaba a amplios sectores de trabajadores. Esta estructura genera una brutal “paradoja” de desigualdad: mientras los trabajadores, siendo la amplia mayoría de la población, no perciben más del 30% de la riqueza generada (gravitando cerca de su piso histórico) pagan diversos impuestos que representan más del 50% del total recaudado31. Recién en cuarto lugar, luego del tributo de Seguridad Social, aparecen las Retenciones (principal insumo del tributo de Derechos al comercio exterior), que con el creciente dinamismo de las exportaciones, llega a representar un 12,9% de la recaudación. Este impuesto marca una novedad en la acciones del Estado: por un lado, busca desdoblar los precios del mercado externo y el interno procurando limitar la inflación que afecta principalmente a las clases subalternas; por otro lado, se grava a la fracción más dinámica del capital, los agentes económicos productivo-exportadores, para derivar riqueza, vía deuda, a la otra fracción de peso: el capital financiero. De este modo asistimos a un intento de construir gobernabilidad a partir de la garantía de los distintos intereses de clase. Por una parte, las retenciones, como medida que procuran limitar el proceso inflacionario, acompañan las medidas de apuntalamiento del salario. Por otra parte, las retenciones como medida que permite incrementar el superávit primario que será destinado a deuda acompaña otro conjunto de acciones: tanto las compensaciones a los bancos (en el gobierno de Duhalde) y la salida del default, que incluye cupones atados al crecimientos y bonos en pesos indexados a la inflación, representan momentos de este proceso conciliatorio; las retenciones a las exportaciones capturan divisas que ha permitido al Estado balancear sus cuentas y volver a pagar la deuda pública apareciendo, en este sentido como un mecanismo de redistribución “por arriba” del ingreso. Otro aspecto de la política del gobierno a evaluar es su relación con las empresas privatizadas, otros de los actores que vieron perjudicadas sus posiciones relativas al interior de la clase dominante con el fin de la convertibilidad. Si en el gobierno de Duhalde se habían establecido las herramientas legales y dado inicio al congelamiento y renegociación de tarifas, durante el gobierno de Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea respecto de los servicios públicos consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, “reestatización” y creación empresarial. Esta estrategia fue
Según el MECON, el gasto primario real promedio del período 2002-2006 representa $ 44.745 millones, comportando un descenso del 15% del período recesivo 1999-2001, de $ 52.165 promedio. 30 Según IEF-CTA, el presupuesto de salud de la administración Kirchner presentaban una reducción de más del 40%, en valores constantes, respecto del asignado en 1998. 31 Clarín 7/2/2006
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desplegada persiguiendo tres objetivos: 1) desmantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevan adelante en el CIADI32 (organismo del Banco Mundial que arbitra en los litigios entre los inversores extranjeros y los Estados nacionales), que a inicios del 2005 implicaban juicios por US$ 17.000 millones; 2) evitar un “tarifazo” que debilite su credibilidad pública y afecte negativamente la recuperación económica y el nivel de inflación; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas. Con respecto a las renegociaciones, el gobierno ha utilizado como herramienta la prórroga de la Ley de Emergencia que dispuso el congelamiento tarifario y la renegociación de las privatizaciones, para revisar los contratos y discutir el ajuste tarifario. Este instrumento legal que el gobierno ha ido prorrogando le permitió demorar las renegociaciones33. En los casos en que se han llevado a cabo las renegociaciones éstas culminaron en aumentos entre el 15 y el 30%, (por ej. Edesur, Edenor, Gas Natural Ban, entre otros) muchos de los cuales se dirigieron principalmente a los grandes consumidores, evitando la impresión del tarifazo directo, pero impactando igualmente en la población por la transferencia parcial del aumento de los costos a los precios que efectúan los sectores empresariales. Las “reestatizaciones”, entre comillas, fueron realizadas por fuera de las figuras legales para empresas estatales evitando una serie de controles, sino que se crean como sociedades anónimas consignadas bajo la ley nº 19.550 que regula y tipifica las sociedades comerciales. Aquí encontramos casos como el del Correo Argentino, Aysa, la reestatización del espacio radioeléctrico, y las reestatizaciones parciales de los Aeropuertos, participando junto a capitales privados y del ferrocarril San Martín, cuya administración del servicio quedó en manos de un consorcio que incluye a tres empresas ferroviarias. Esta acción estatal parece una clara ruptura con las del paradigma de gestión de los años 90. La tercera variante de la estrategia heterogénea del gobierno respecto de los servicios públicos es la de creación empresarial. Esta opción implica la creación de una empresa “estatal”34. Este es el caso de ENARSA, creada como parte de la política energética del gobierno, para incidir en esta área clave, cuya composición accionaria prevé incluir un 35% de participación del capital privado. A pesar de las similitudes con las experiencias señaladas en el punto anterior (se crea una empresa comercial donde el Estado es el principal accionario), ENARSA representa ciertos aspectos de continuidad de las políticas de entrega de los años 90. Esto se debe a que ENARSA se ha convertido en una herramienta de cuño estatal para la penetración de las corporaciones petroleras, posibilitándoles acceder a la explotación de riquezas previamente vedadas. Es en este sentido, que ENARSA abre las puertas al gran capital a explotar “conjuntamente” las riquezas de la cuenca marítima, el último reducto de reserva petrolera sin privatizar. Al mismo tiempo, ENARSA permitió recuperar incidencia estatal en el sector energético promoviendo también planes de acción junto a otras petroleras estatales latinoamericanas como vía de integración. El gobierno, si bien ha asumido una postura de mayor firmeza frente a las privatizadas que los gobiernos anteriores, se ha cuidado de no desarrollar una prédica nacionalista respecto de los recursos naturales, ni en reactivar la antinomia “estatal/privado” (Svampa, 2006). Es
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Muchas de las negociaciones no llegaron a finalizarse en nuestro periodo de estudio. 34 Bajo la misma figura legal que las “reestatizadas”.
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importante señalar que en la actualidad las empresas de servicio 35 privatizadas ocupan una posición “subordinada” respecto de las superganancias que acaparaban en los años 90, cuando representando sólo el 13% de las empresas de la cúpula empresaria, explicaba aproximadamente el 57% de las ganancias totales de la misma. Si bien en el modelo actual las empresas de servicios públicos privatizadas han perdido posiciones al interior de la cúpula empresaria, el gobierno de Kirchner, ha desplegado una política de subsidios “compensatorios”, por ejemplo, con subsidios que alcanzan los $6.700 millones anuales para el sector transporte y más de $9.230 millones al sector energético, en 2007 (Bermúdez, 2007).
El gobierno de Kirchner ha avanzado en la resolución de la crisis de hegemonía, entendida como principio de crisis de orgánica, a partir de distintas estrategias que abordaban las distintas dimensiones de la crisis. Observamos un discurso que apunta a afrontar la crisis ideológico-cultural, asumiendo algunas de las demandas centrales del 2001. El gobierno se propone como lo “nuevo”, como momento de clausura y superación, polemizando con un adversario construido alrededor de las figuras deslegitimadas de la década de los 90, como discurso de ruptura frente al neoliberalismo. Al mismo tiempo apela al imaginario del peronismo original a través del “modelo de la llegada”, del servicio desinteresado y el discurso del de la alianza entre industriales y trabajadores. La identificación del pueblo como víctima y soberano que dotaba de legitimidad al gobierno en tanto emergente e intérprete de sus intereses, habilitaban en la figura del Estado reparador un distanciamiento de las figuras impugnadas a través del “que se vayan todos” en tanto se diferenciaban del enemigo identificado con los actores del neoliberalismo. Por otra parte apuesta a resolver la crisis de la política también desde una estrategia que acumula aliados progresistas previamente opositores, en el armado de la transversalidad, a partir de la cual el kirchnerismo se fortalece para reconquistar el PJ e incluirlo una política de coalición más amplia. De este modo busca renovar la gobernabilidad a partir de un esquema que suplante el erosionado bipartidismo PJ-UCR para dar lugar a dos grandes coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha, manteniendo la marginación de la izquierda opositora. La política de la transversalidad se produce también a partir de la recuperación de una serie de reclamos populares enunciados durante la crisis de 2001 y a los que el gobierno responde generando innovaciones en materia de política de derechos humanos, política internacional, relaciones con la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Luego abordamos las dimensiones económica y social de la crisis preguntándonos por su resolución en el marco del modelo postconvertibilidad. Señalamos que el proyecto oficial se vincula a la reactivación del crecimiento económico a partir de un modelo con perfil productivo-exportador, principalmente de materias primas, manufacturas con escaso valor
Aquí debe tenerse en cuenta la diferencia entre las empresas productivo-exportadoras privatizadas (por ej. exYPF, exSomisa) que mantienen altas rentabilidades y las empresas de servicios privatizadas, cuya rentabilidad tuvo una evolución menor
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agregado, centrado en la explotación de los recursos naturales, pero que ha permitido, por el tipo de cambio, desarrollar distintas actividades industriales, dando lugar al descenso del desempleo. De este modo el capitalismo normalizado encontraría su legitimación en la inclusión a través del trabajo, el aumento de ingresos mínimos y la recuperación del salario de un minoría de trabajadores, dando una respuesta parcial a la crisis social y en la gestión de un modelo estabilizado “por arriba” en base a garantizar el impulso de la acumulación de las distintas fracciones del capital concentrado, en el marco de crecimiento del nuevo modelo que parece resolver la crisis económica previa dando lugar a un nuevo ciclo expansivo. La recuperación de algunos de los indicadores sociales, como la baja en la desocupación y la pobreza, es acompañada de un aumento considerable de la explotación del trabajo mediante un amplio incremento de la productividad no remunerada del mismo. Además, la puja distributiva se expresa en perjuicio de los trabajadores día a día con el aumento de la inflación, que constituye en sí mismo un mecanismo para redistribuir regresivamente el ingreso, de asalariados a capitalistas. Es en este sentido que podemos plantear que la resolución de la crisis social es parcial, ya que los niveles de vida de la mayor parte de la población continúan siendo inferiores a los del modelo anterior y el remanente de dicha crisis, ahora en condiciones de mayor empleo, se expresa en la puja distributiva abriendo espacio para las luchas por aumento salarial que ponen en primer plano a los actores del movimiento obrero. También es inestable el equilibrio conformado por las políticas de armonización de la clase dominante, en tanto los traspasos de ingresos “por arriba” vía intervención estatal dejan latente una disputa de intereses siempre posible de reactualizarse al interior de la clase dominante. Este es un factor clave que constituye la principal fuente de inestabilidad del modelo: la armonización se constituye en base al despliegue de una serie de mecanismos impulsados primordialmente a través de acciones estatales, por lo que el Estado, al mismo tiempo que cumple un rol activo en un proceso compensatorio que expresa nuevas relaciones de fuerza entre las fracciones de clase, queda expuesto ante los agentes económicos en tanto grava y favorece en un contexto donde los principales agentes económicos (principalmente productivos-exportadores) continúan fortaleciendo sus posiciones en un acelerado proceso de concentración económica. En síntesis, el proyecto kirchnerista se expresa, en materia económica, como normalizador de la acumulación del capital concentrado y transnacionalizado, minimizando las disputas interburguesas, con un tipo de cambio que genera protección para la recuperación de algunas actividades industriales vulneradas en los años 90 y que garantiza la legitimación del modelo a través de la inclusión por aumento del empleo y la vuelta al consumo en un contexto de estabilidad económica. Esto lo hace reforzando la imagen del Estado, no ya como mero habilitador de las superganancias del capital como en los 90´, sino como árbitro (nunca neutral) que articula y compensa diferencialmente los intereses de distintas fracciones y clases, resolviendo, al menos transitoriamente buena parte de las dimensiones de la crisis señaladas al inicio del presente trabajo. Estas interacciones entre las acciones estatales y las estrategias desplegadas por los agentes económicos en el marco de la configuración del modelo postconvertibilidad señalan transformaciones al interior del “bloque histórico”, relacionadas a cambios en la correlación de fuerzas de las distintas fracciones del capital y las formas particulares de vinculación con el poder político. De este modo arribamos a una recomposición hegemónica del orden sin que esto haya implicado la
emergencia de “voluntades colectivas”, en el sentido gramsciano, que lograra impulsar la construcción de un nuevo “bloque histórico”. Es por esto que no se ha desarrollado una fuerte redistribución del ingreso, salvo los mecanismos señalados para poner un piso límite al salario, la recomposición salarial de un núcleo de trabajadores ligados a los sectores más dinámicos de la economía y una redistribución entre las fracciones burguesas. Por otra parte deja caer sobre los trabajadores, principalmente a través del IVA, el peso de la estructura impositiva que terminará, en buena parte, financiando al gran capital vía deuda, subsidios y mantenimiento del tipo de cambio alto. En este sentido, a pesar de expresarse algunas políticas novedosas respecto del modelo anterior, no se vislumbró un cambio de orientación de las acciones estatales lo suficientemente marcado que pudiera promover o habilitar transformaciones profundas en el bloque histórico, ya que en un período de alza de la economía y de crecimiento del PBI a tasas del 9% promedio durante cinco años, con abultados superávit fiscales, no se ha desarrollado una política decidida que favorezca a las clases subalternas (como parece expresarse en el ajuste del gasto social, la estructura impositiva regresiva, el financiamiento al gran capital financiero y productivo, etc.) que pudiera generar una fuerte distribución progresiva del ingreso, el aliento a formas de producción alternativas o la recuperación de los principales recursos naturales. Por último, es necesario tener en cuenta que una redistribución progresiva del ingreso no se alcanza sólo con aumento salarial, ya que en un contexto de crecimiento económico los salarios pueden crecer al mismo tiempo que la ganancia del capital crece aún más rápidamente. Una distribución progresiva requiere que el ingreso de las clases subalternas crezca a un ritmo mayor que la rentabilidad del capital de modo de ir recuperando al menos parte de las superganancias empresarias, reduciendo el excedente apropiado por los sectores más concentrados del capital. Una distribución de este tipo implicaría también un Estado que privilegie las partidas presupuestarias que hacen al nivel de vida de la población por sobre las partidas destinadas al gran capital (deuda, subsidios, promociones, etc.), con un correlato progresivo en políticas de salud, educación, vivienda, trabajo, etc., y que aliente formas productivas asociativas y vías de participación popular que aporten a cimentar las bases de un poder desde las grupos sociales subalternos. Pero esto nos retrotrae a la pregunta inicial por la hegemonía. Nos llama, de este modo, a reflexionar sobre la capacidad de construcción de “voluntades colectivas”, de sujetos de la subalternidad que logren articular sus demandas e impulsar acciones materiales y espirituales con el fin de transformar el orden de “fundar un nuevo Estado” (Gramsci, 2003).
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