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Sentencia T.S.J. Madrid 1660/2006 de 22 de noviembre
Impuesto sobre el Valor Añadido: Repercusión. Inexistencia de la obligación de la Comunidad de Madrid de soportar el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por el titular de la Oficina Liquidadora, sobre la base imponible del importe total del premio de cobranza o premio de liquidación.
SENTENCIA: 01660/2006
SENTENCIA 1660
RECURSO NÚM.: 567/2003
PROCURADOR: D. JACINTO GÓMEZ SIMÓN
LETRADA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: D.ª ROCÍO GUERRERO ANKERSMIT
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 567-2003 interpuesto por la COMUNIDAD DE
MADRID representada por la letrada D.ª ROCIO GUERRERO ANKERSMIT contra fallo del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 28 de octubre de 2002, reclamación n.º
28/10815/2001 interpuesta por el concepto de IVA habiendo sido parte demandada la
Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía. En este
procedimiento se ha personado como parte codemandada D. Imanol representado por el procurador D. Jacinto Gómez Simón.
Tercero.-No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo la audiencia del día 21/11/2006 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. J. Ignacio Parada Vázquez
Primero.-Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el 28 de octubre de 2002 en las que acuerda desestimar la reclamación económico administrativa interpuesta por la Comunidad de Madrid contra acto de repercusión tributaria del titular de la Oficina Liquidadora de Fuenlabrada, D. Imanol, en la factura n.º 2 de la serie OL, emitida con fecha 10-05-01 por el premio de liquidación del año 2000 e importe de 70.841,77€.
La resolución recurrida declaró la obligación de la Comunidad de Madrid de soportar el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por el titular de la Oficina Liquidadora, sobre la base imponible del importe total del premio de cobranza o premio de liquidación.
Segundo.-La Comunidad de Madrid solicita en su demanda que se declare no ajustada a Derecho la resolución recurrida y, por tanto, los actos de repercusión tributaria del Impuesto sobre el Valor Añadido efectuado por el titular de la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario en relación a los servicios de gestión y liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión, que el carácter de órgano administrativo de la Oficina Liquidadora ya resultaba, con anterioridad a la Ley 30/1983 de Cesión de tributos, del art. 144.2.3.º del Decreto 176/1959 de Reglamento del Impuesto de Derechos Reales y Transmisión de Bienes que configuraba a la Oficina Liquidadora como parte integrante de la Administración Provincial y del art. 77 del Real Decreto 3494/1981 que le hacía depender orgánicamente de la Dependencia de Relaciones con el Contribuyente, del Delegado de Hacienda del Director General de Tributos y del Ministerio de Hacienda, subrogándose las Comunidades Autónomas en todos los derechos y obligaciones de la Hacienda Estatal respecto de los impuestos cedidos por la Ley 30/1983 de Cesión de Tributos, siendo la competencia para la gestión y liquidación de las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o, en su caso, de las Oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tenga cedidas la gestión del tributo, según el art. 34 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el art. 56 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 y previamente la Ley 29/1991 de Adaptación de las Directivas Comunitarias, estableciendo tanto el Texto Refundido como el Real Decreto 828/1995 y el Real Decreto 422/1988, que las Comunidades Autónomas podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad, las funciones de gestión y liquidación de los impuestos cedidos, todo lo que pone de relieve que las Oficinas Liquidadores actúan como órganos propios de la Administración, en este caso dependientes de la Comunidad de Madrid, ejerciendo las funciones que a ésta le son propias, reconociendo la resolución recurrida la naturaleza administrativa de los actos de liquidación, tratándose de una encomienda de gestión de carácter propiamente administrativo, entendiendo que es de aplicación la excepción contenida en el apartado 5.º del art. 4 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, siendo aplicable la no sujeción establecida en el art. 7.5 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, citando la sentencia del T.J.C.E. de 12 de septiembre de 2000. Subsidiariamente alega, conforme a los arts. 78 y 88 de la Ley del Impuesto, que el pago realizado por la Comunidad de Madrid conforme al Convenio incluiría la cantidad que procediera por I.V.A. y no el importe de la compensación incrementado en un 16% de I.V.A.
Tercero.-El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, alega que aunque no hay duda sobre la naturaleza administrativa de los actos de liquidación tributaria así como tampoco sobre el carácter funcionarial de los Registradores de la Propiedad, éstos realizan por sí mismos y bajo su responsabilidad la liquidación recibiendo a cambio una contraprestación, ejerciendo las funciones a través de unos medios materiales y humanos que dependen de ellos y que no están integrados en la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma, siendo una dependencia funcional de la Comunidad Autónoma y no jerárquica, debiendo quedar sujeta y no exenta del Impuesto por tratarse de una prestación de servicios con contraprestación y respecto al cálculo de la base dependerá de las estipulaciones del Convenio celebrado entre la Comunidad y el Registrador y en el caso de no haberse estipulado cantidad distinta del denominado premio de liquidación, se entenderá que en dicho premio está incluida la correspondiente cuota del Impuesto, pero en el Convenio vigente de 17 de noviembre de 1.998 sólo se permite la retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estableciéndose que en el caso de que estuviera sujeto a otros impuestos, éstos correrían a cargo de la Comunidad de Madrid, por lo que la base imponible viene determinada por el premio de liquidación.
El Registrador de la Propiedad formula contestación a la demanda y alega, en síntesis, similares fundamentos a los argumentos expresados en el escrito de demanda por la Comunidad de Madrid, salvo en lo referido al importe de la base imponible que considera viene determinada por el premio de liquidación.
Cuarto.-La cuestión controvertida en el presente recurso se centra en determinar la eventual sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios prestados por los Registradores de la Propiedad, en el ejercicio de sus funciones de liquidadores de tributos en los Distritos Hipotecarios.
Sobre dicha cuestión se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 12 de julio de 2003 dictada en el recurso de casación en interés de la ley, número 42/2002, siendo ponente D. José Mateo Díaz, en la que desestima el recurso de casación en interés de ley, interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el día 8 de noviembre de 2001, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-León, en su sede de Burgos.
Pues bien, como determina en la sentencia del Tribunal Supremo referida, para resolver el problema lo decisivo es esclarecer si las Oficinas Liquidadoras de los Distritos Hipotecarios actúan en régimen de dependencia de las Comunidades Autónomas, y en consecuencia, sus actos de liquidación y recaudación estarían no sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, por tratarse de prestaciones de servicios de una Administración Pública o, por el contrario, tal dependencia no existe, y en consecuencia, el impuesto indicado es exigible. Señalando que "El juego de los preceptos que disciplinan la cesión de los tributos indicados a las Comunidades autónomas, pone de manifiesto que, utilizando la vía de la delegación, y posteriormente, ya en uso de ésta, la de la encomienda a las Oficinas Liquidadoras, la liquidación, recaudación y revisión de los tributos cedidos, que se realizada por el Estado, ha pasado a otra Administración Pública, las Comunidades Autónomas receptoras de la delegación, y a través de éstas, es llevada a cabo por otro órgano administrativo, esto es, las Oficinas Liquidadoras, cuya índole de tal es indiscutible, como repetidamente subraya la sentencia recurrida. En definitiva, se cumple lo exigido por el art. 5.6.º de la Ley 30/85, que declaraba exentas "las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas directamente por el Estado, las Entidades en que se organiza territorialmente y sus organismos autónomos, cuando se efectúen sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria". Y es que el requisito de la realización "directa" del servicio por el Estado, o ente territorial una vez cedido el tributo, lo cumple la Comunidad Autónoma, a través de una oficina administrativa conectada a ella, cumpliendo así la exigencia del precepto". Precisando la sentencia indicada la tesis contraria no puede encontrar apoyo en la STJ de la Unión Europea, de 8 de noviembre de 1993, en la que se declaró sujeta al impuesto la actividad de los Recaudadores Municipales, pues los actos de éstos son puramente contractuales y de índole privada, de suerte que no se traducen en actos administrativos, que sólo pueden serlo los de los respectivos Ayuntamientos que los refrenden.
En consecuencia, siguiendo el criterio expresado en la sentencia referida del Tribunal Supremo, debe concluirse que actuando los Distritos Hipotecarios en régimen de dependencia de la Comunidad de Madrid, se encuentra comprendida la actividad cuestionada en la exención establecida en la vigente Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su art. 7 apartados 5 y 8, por lo que procede la estimación del recurso contencioso administrativo, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como los actos de repercusión tributaria efectuados por el Impuesto sobre el Valor Añadido por el titular de la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario en relación a los servicios de gestión y liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En base a lo expresado no procede entrar en el análisis de la argumentación formulada en forma subsidiaria en la demanda sobre el importe de la base imponible a considerar.
Quinto.-No procede imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al no apreciarse en la actuación de las partes temeridad o mala fe.
Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el 28 de octubre de 2002, sobre acto de repercusión tributaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como los actos de repercusión tributaria efectuados por el Impuesto sobre el Valor Añadido por el titular de la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario en relación a los servicios de gestión y liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sin imposición de costas.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el dia en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.

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 Real Decreto 
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