Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000029268
Timestamp: 2019-12-15 07:28:59+00:00

Document:
CPLT Jurisprudencia | Jael Morales Inostroza con
Jael Morales Inostroza con Rol: C5717-18
Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, atendido que la grabación de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia ubicadas en el acceso a sus dependencias institucionales, implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar su protección conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la garantía constitucional respectiva.
DECISIÓN AMPARO ROL C5717-18
Entidad pública: Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.
Requirente: Jael Morales Inostroza.
Se aplica lo resuelto por este Consejo respecto de similares requerimientos, a modo ejemplar, los amparos Roles C3006-17, C4217-17, C292-18, C385-18, C775-18, C5026-18, entre otros.
Hay un voto de minoría del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo podría ser acogido, mediante un juicio de ponderación y la aplicación conjunta de los principios de máxima divulgación con el de divisibilidad de la información, si concurriera un interés legítimo para ello.
Hay voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien estima que el caso en análisis versa en antecedentes propios de la peticionaria, respecto de los cuales ha ejercido un habeas data impropio ante la Administración, cuya entrega habría sido posible de mediar los mecanismos suficientes para dar aplicación al principio de divisibilidad contemplado en la Ley de Transparencia.
En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5717-18.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de octubre de 2018, doña Jael Morales Inostroza solicitó a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género "los videos de vigilancia y seguridad de la entrada y salida de los funcionarios de la subsecretaría de la mujer y equidad de género, desde el mes de junio hasta el mes octubre, con hora y fecha por favor. Específicamente de los funcionarios del DAF, si es que hubiesen cámaras en el área DAF, sino los videos de vigilancia que captan las entradas y las salidas de los usuarios y funcionarios (...) Necesito probar que yo cumplía horarios como trabajadora a honorarios".
2) RESPUESTA: Mediante oficio N° 887, de 20 de noviembre de 2018, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que deniega el acceso a lo pedido fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto las grabaciones de las cámaras de seguridad constituyen datos personales que se encuentran protegidos, tanto por la Constitución Política como por la Ley de Protección de Datos. Agregan, que el lugar en el cual se encuentran las cámaras de seguridad cuyas grabaciones se solicitan, captan imágenes de todas las personas que ingresan y se retiran del 2° y 3° piso del edificio en el cual se ubica la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Por tal motivo, entregar lo requerido, afectaría no sólo el derecho a la imagen, a la privacidad e intimidad de los funcionarios, sino que también de las personas externas al organismo que han transitado por allí.
3) AMPARO: El 20 de noviembre de 2018, doña Jael Morales Inostroza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente: "Ellos dieron por cerrada mi solicitud, dando una respuesta como entregada, sin embargo no me entregaron nada, a lo cual creo que es una negativa clara a entregarme información".
En razón de lo anterior, este Consejo al lograr acceder a la respuesta otorgada por el organismo, por oficio N° E231 de 11 de enero de 2019, remitió a la recurrente copia de la misma, procediendo la reclamante, por presentación de fecha 17 de enero de 2019, a objetar la negativa a su solicitud, aseverando que "todos los trabajadores cuando se les olvida marcar la huella para entrar o salir piden este material y se les entrega, jamás a nadie se le ha negado (...) son videos cortos o imágenes donde sale la fecha y hora de sólo el funcionario que lo está solicitando" (sic).
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, mediante Oficio N° E1482 de 4 de febrero de 2019, a fin de que se pronunciara sobre lo siguiente:
(1°) se refiera específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) precise si obra en su poder la grabación solicitada, en el periodo que se indica. En el evento que deba disponer su eliminación, se solicita que ello no se verifique hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; (4°) detalle si el video consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; y, (5°) en el evento de existir personas naturales identificables en el referido video, indique si el órgano que usted representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación.
El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, mediante Ord. N° 101 de 14 de febrero de 2019, señalando, en síntesis, lo siguiente:
a) La entrega de imágenes captadas por cámaras de vigilancia implica un tratamiento de datos personales, como también de aquellos de carácter sensible, lo que puede producir vulneraciones concretas, por una parte, al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y por otra, en lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
b) La captación de imágenes de personas en lugares públicos como es un pasillo, el hall de entrada de un edificio, o el ascensor del mismo, al cual acceden no solo funcionarios sino público en general, y difundir luego dichas imágenes sin el consentimiento de éstas, constituye una vulneración a la privacidad de las personas involucradas, lo cual configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
c) El sistema de grabación y resguardo de imágenes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se encuentra a cargo de la Unidad de Informática, la cual cuenta con 3 funcionarios, incluyendo a la jefatura. La referida unidad, tiene la obligación, entre otras, de prestar soporte informático de manera constante a todos los funcionarios del Ministerio, a nivel nacional, por lo que la revisión de imágenes captadas solo la ejecuta a requerimiento de la jefatura respectiva cuando existen situaciones de seguridad que lo ameriten.
d) Durante el mes de diciembre de 2018, se realizó una renovación del sistema de grabación del Ministerio, lo que implicó la instalación de nuevos DVR, y nuevas cámaras de seguridad, quedando por tanto en desuso los sistemas anteriores. Los antiguos DVD se encuentran custodiados, sin embargo, la revisión de imágenes que resguarda dicho sistema implicaría la dedicación exclusiva de un funcionario de la Unidad de Informática, en primer lugar, para la instalación provisoria del sistema antiguo y luego, para la revisión exhaustiva de las grabaciones.
e) Finalmente, el registro de los videos consultados contiene imágenes tanto de otros funcionarios del Ministerio, como de personas externas al organismo, cuya identidad debe ser resguardada, no contando con dispositivos técnicos que permitan tarjar o anonimizar rostros de personas.
1) Que, las cámaras de seguridad instaladas en espacios de acceso público como el consultado, registran imágenes tanto del entorno, como también de personas naturales que, por diversas razones -ya sea laborales o de otra índole-, allí circulan. En tal sentido, cabe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo 2° letra f), son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y su literal g) define como datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por tanto, de conformidad con lo expuesto, a juicio de este Consejo, la entrega de imágenes captadas por cámaras de vigilancia implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente también, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de dichos datos conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628.
3) Que, en cuanto a la afectación al derecho a la privacidad, es menester señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso cuarto, y 5°, inciso segundo, sea que esos derechos se encuentren expresamente fijados en la Carta Fundamental, o bien, que se establezcan en los tratados internacionales, aprobados por Chile y que se encuentren vigentes. Así, el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada de sí misma y de su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; mientras que los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares indican que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
8) Que, en lo que respecta a la directa vinculación del derecho a la privacidad con el derecho a la propia imagen, que en el presente caso se verían directamente afectados de accederse a la entrega de la información solicitada, este Consejo estima que no sólo estamos ante datos personales, relativos a la imagen de una persona, sino que además eventualmente ante datos sensibles, que conforme a la definición legal, son los referidos a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, pues las grabaciones que se captan no sólo dan cuenta de las características físicas de determinadas personas, sino que también de sus conductas o hábitos personales.
11) Que en aplicación de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo.
I. Rechazar el amparo deducido por doña Jael Morales Inostroza en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a doña Jael Morales Inostroza y a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.
La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo podría ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:
1) Que, el organismo requerido cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia emplazadas en el acceso a su edificio institucional, cuya existencia es conocida por los usuarios (no son cámaras ocultas). A su vez, la solicitud tiene por objeto la obtención de información útil y relevante para la solicitante, como es el acreditar su ingreso y salida de su jornada laboral.
2) Que, no existe un texto legal que autorice expresamente la instalación y uso de este tipo de cámaras de video vigilancia. Pero es un hecho que muchas de ellas existen desde hace años, y han sido validadas por numerosa jurisprudencia, incluso en ámbitos donde el espacio de privacidad es mayor que el de la vía pública, como por ejemplo lo es el espacio de trabajo (bajo la condición de que se cumplan una serie de requisitos).
3) Que, el acceso a la información en análisis podría permitir esclarecer situaciones que involucren faltas funcionarias relativas al control de asistencia de funcionarios públicos, como otras similares. Ahora bien, para que este noble propósito sea cumplido, los potenciales infractores deben saber que su acción podría ser grabada y registrada efectivamente, y además consultada y acompañada como prueba en procedimientos administrativos sancionatorios o en juicios de naturaleza diversa si las referidas cámaras hubieran captado ilícitos penales. Estos objetivos, ciertamente legítimos y relevantes, obligarían a soportar ciertas afectaciones a la privacidad y a otros derechos.
4) Que, para enfrentar este conflicto, conviene recordar el amplio consenso y el uso generalizado respecto de una serie de criterios: i) por su propia naturaleza, los derechos fundamentales ofrecen un amplio espacio de soluciones interpretativas legítimas, derivados de su carácter abierto e indeterminado. ii) Pueden presentarse conflictos reales o aparentes entre ellos, o más bien, entre personas que reclaman la protección de ciertas acciones o estados de cosas, argumentando estar bajo el amparo de estos derechos. iii) Lo anterior obliga al intérprete a delinear adecuadamente su contenido y correcto ejercicio para el caso analizado. Si quien lo hace tiene las facultades legales para que su decisión tenga fuerza obligatoria, puede incluso ordenar la primacía de un derecho sobre el otro, cuando la protección de ambas resulta incompatible, siempre en el caso analizado. iv) En los casos en que esta especificación o delimitación no está hecha en forma previa y genérica (mediante una ley), corresponde resolver los conflictos planteados caso a caso y en base a los derechos constitucionales invocados. v) La doctrina y práctica mayoritaria a nivel mundial considera que estas situaciones de "conflicto de pretensiones amparadas constitucionalmente" deben resolverse mediante el uso de la técnica de la ponderación, que invita a "balancear" todos los elementos relevantes del caso, tanto jurídicas como fácticas, para ver qué derecho debe prevalecer en las circunstancias analizadas. Este análisis nos permitiría acercarnos a la solución que más se ajuste a la Constitución, compatibilizando de mejor modo la vigencia de todo aquello que busca promover. vi) De esta forma, se reafirma la idea de que no existen derechos absolutos y que todos ellos, en algunas circunstancias concretas, podrían enfrentar restricciones a su ejercicio.
5) Que, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle o una cámara instalada en un edificio público, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos (artículo 4), no existe obligación de guardar secreto (artículo 7°), y no es exigible el criterio de finalidad único (art 9). Incluso, si el video considerase a personas transitando, bien podría permitírsele el acceso sólo a las imágenes que no constituyeran vulneraciones a otros derechos. Cabría, en todo caso, un juicio de ponderación y la aplicación conjunta de los principios de máxima divulgación con el de divisibilidad de la información.
6) Que, respecto de la protección de datos sensibles, en el caso que los hubiera, caben los mismos argumentos arriba dichos, sumándose el que ellas bien podrían protegerse siguiendo el criterio de la divisibilidad de la información.
7) Que, asimismo, resulta interesante recordar que estamos especificando derechos de pretensión universal, de máximo nivel jerárquico y normativo, y reconocidos en forma muy similar en numerosos ordenamientos jurídicos. Es interesante señalar que los marcos normativos existentes para estas materias en Alemania, Inglaterra, España y otros países consultados, llevarían a resolver el caso mediante el uso de la técnica del balanceo, y a juicio de quien suscribe este voto minoritario, hubiesen permitido, en todos los casos, acoger el amparo y facilitar el acceso a la grabación solicitada, al menos en forma parcial. Para ilustrar lo anterior, basta tener a la vista el fallo de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea de 24 de noviembre de 2011, y citada reiteradamente por la Agencia Española de Protección de Datos Personales (ver por todos, Informe del gabinete Jurídico 0156/2014).
8) Que, desde el punto de vista procesal, y aplicando el principio de facilitación señalado por la propia ley, resulta interesante considerar algunas situaciones adicionales, que también podrían inclinar la balanza hacia acoger, al menos parcialmente, la solicitud. De hecho, es probable que si la solicitante hubiese reclamado la información como una medida prejudicial en un juicio civil, laboral o dentro del contexto de un juicio penal, las podría obtener. Ante ello, podemos asumir dos posiciones: sostener que precisamente existiendo esos caminos, establecidos por el legislador, debería optarse por ellos. O bien, que con el objetivo de facilitar la tarea y evitar dilaciones, gastos y trámites innecesarios, y tratándose de información que legítimamente puede ser obtenida, este Consejo debe facilitar el acceso a la misma, máxime si con ello podría facilitar la protección y promoción de algún bien jurídico para el requirente, aunque siempre respetando todos los derechos en juego.
9) Que una situación similar podría darse si la reclamante hubiese recurrido al "habeas data" (artículo 12 ley 19.628) para acceder al registro. Incluso la recomendación del CPLT relativa a los sistemas de video vigilancia con fines de seguridad, considera el deber de asegurar el acceso a las grabaciones en que aparezca el titular, difuminando las del resto (Punto II.7).
10) Que conviene recordar que el artículo 5° inciso segundo parte final de nuestra Constitución Política de la República, tantas veces recordado por nuestra jurisprudencia, obliga a todos los órganos del Estado a proteger y promover los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales amparan. La misma norma obliga a todos los intérpretes a resolver las controversias jurídicas buscando la promoción de estos derechos, especialmente necesaria cuando no existe una ley que rija la situación o conflicto analizado.
11) Que, es deber de todos los órganos estatales, entre los que se encuentra este Consejo, facilitar el acceso a la información que está en su poder, no habiendo razones poderosas y de mayor peso que las que justifican su entrega. Cabe recordar que dicha información se encuentra en manos de un ente público, y que ha sido generada con recursos públicos, para beneficio de la comunidad e incluso la ley 20.285, en su artículo 1, repite estos criterios.
12) Que, a juicio de este Consejero, los riesgos de daños y afectaciones de derechos que pueden generarse en caso de permitir el acceso a las grabaciones que se solicitan, son mínimos, y existe un interés legítimo y tutelable en la solicitud planteada, al menos en forma parcial. Es decir, en base a los antecedentes tenidos a la vista, considero que los eventuales beneficios de permitir la vista de dichas grabaciones, bajo la condición de que ésta no incluya su difusión masiva y se realice con las medidas y cuidados arriba reseñados, son mayores que los de no hacerlo.
13) Que, finalmente, quien suscribe considera necesario llamar la atención sobre la conveniencia de regular en forma adecuada y expresa estas materias, dando directrices claras sobre los derechos, facultades y responsabilidades que a cada cual corresponden. Demás está decir que esta norma debería ser de tipo general y haber sido precedida de un amplio proceso deliberativo, de carácter legislativo. Mientras ella no exista, este órgano administrativo deberá seguir resolviendo los casos planteados con las precarias herramientas de que dispone.
La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien, sin perjuicio de concurrir con la mayoría en rechazar el presente amparo, estima lo siguiente:
1) Que, en el caso en análisis nos encontramos frente a la solicitud de antecedentes a los cuales la peticionaria tiene derecho a acceder, por tratarse de información propia, respecto de la cual ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud del cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la citada ley.
2) Que, en razón de lo anterior, de haber dispuesto el órgano reclamado con los mecanismos suficientes para reservar en el registro pedido las imágenes de aquellas personas distintas de la reclamante, la entrega de las grabaciones solicitadas habría sido posible, a través de la aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia.

References: artículo 21
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 11