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Timestamp: 2019-05-21 09:06:14+00:00

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Al día- Legislación y jurisprudencia | E&J
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Se modifica el procedimiento para la participación por vía telemática en enajenaciones de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Resolución de 4 de junio de 2018, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018)
En virtud de lo anterior, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera han acordado disponer la modificación de la Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Se ratifica por España el Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal
Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001. (BOE núm. 133, de 1 de junio de 2018)
El día 9 de octubre de 2015 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001.
Vistos y examinados el preámbulo y los treinta y cinco artículos de dicho Protocolo, Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución, se manifiesta el consentimiento de España en obligarse por este Protocolo y se expide el presente instrumento de ratificación firmado y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatario del presente Protocolo, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud del Estatuto del Consejo de Europa, deseosos de contribuir más aún a proteger los derechos humanos, a defender el Estado de derecho y a apoyar el tejido democrático de la sociedad; considerando que es deseable a esos efectos reforzar su capacidad individual y colectiva para reaccionar ante la delincuencia; decididos a mejorar y a completar en ciertos aspectos el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, así como su Protocolo Adicional, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978; teniendo en cuenta el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, así como el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, han convenido lo estipulado en el presente Protocolo.
Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. (BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018)
Se modifica la Compilación de Derecho Civil de Navarra en materia de filiación
Ley Foral 9/2018, de 17 de mayo, de Reforma de la Compilación de Derecho Civil de Navarra en Materia de Filiación. (BOE núm. 139, de 8 de junio de 2018)
El TC declara la inconstitucionalidad del Fuero por no prever la legitimación del progenitor para reclamar la filiación no matrimonial con base en la infracción de los citados preceptos constitucionales, instando al legislador navarro a dar respuesta normativa a la situación planteada en el plazo de un año; más concretamente, a regular «con carácter general la legitimación de los progenitores para reclamar la filiación no matrimonial, con inclusión, en su caso, de los requisitos que se estimen pertinentes para impedir la utilización abusiva de dicha vía de determinación de la filiación, siempre dentro de límites que resulten respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)».
De esta manera, la presente Ley Foral tiene por objeto el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer dicha respuesta normativa.
En dicho cometido legislativo, la regulación que constituye el contenido de la presente Ley no puede limitarse a una modificación puntual de la Ley 71 b.
A la hora de fundamentar de forma coherente con las especialidades del derecho civil navarro esa respuesta normativa, se ha considerado esencial mantener la ya referida admisión amplia por parte del texto legal navarro del reconocimiento como forma de determinación de la filiación no matrimonial, puesto que la declaración de ciencia en que el mismo consiste, está basada en el conocimiento de hechos correspondientes a la intimidad de las personas, en la estabilidad familiar y en la seguridad que reclama el estado de filiación.
Por ello, el cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Constitucional tiene lugar confiriendo legitimación al padre y a la madre para el ejercicio de la acción de declaración en la filiación no matrimonial, pero requiriendo, como presupuesto de procedibilidad, en aquellos supuestos en que la filiación no estuviera todavía determinada, el previo reconocimiento, el cual, se amplía, además, al del hijo ya fallecido, hasta ahora no contemplado en caso alguno, y que ahora se posibilita para aquellos supuestos en que el mismo dejara descendientes.
De esta manera, sólo en el supuesto de que el reconocimiento no llegará a ser eficaz para determinar la filiación, el progenitor podrá acudir a la correspondiente acción de declaración de la filiación con inclusión de la del hijo ya fallecido en tales circunstancias.
A su vez, y dentro de las limitaciones que el propio Tribunal Constitucional refiere, «para impedir la utilización abusiva de dicha vía de determinación de la filiación» y, fundamentalmente, para garantizar el necesario equilibrio entre la estabilidad familiar, el superior interés del hijo y la verdad biológica, y dentro del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, se ha considerado ponderado el establecimiento de plazo de caducidad de la acción, en un año, así como la posibilidad de que, motivadamente, la autoridad judicial pueda limitar los efectos de la filiación así determinada.
También la propia regulación del reconocimiento es objeto de modificación. Concretamente, en lo que se refiere a la posibilidad de impedir su eficacia en aquellos supuestos en que no se requiera el consentimiento de la persona reconocida y con la finalidad de lograr una regulación más acorde a la naturaleza de lo que hasta ahora se ha denominado «impugnación». Y así, la misma pasa a configurarse como una «oposición», que deberá fundarse en el superior interés de la persona reconocida (en lugar de en «justa causa»), que se articulará por los trámites de la jurisdicción voluntaria y que, además, conlleva un sustancial acortamiento del plazo para su formalización, un año, en sintonía con el resto de las modificaciones de las acciones de filiación que también se operan en la presente Ley. Junto a ello, y en asunción del criterio de la indisponibilidad del estado civil, se suprime la discrecionalidad de la persona reconocida para oponerse al reconocimiento una vez alcanzada la mayoría de edad o recuperada su capacidad.
Ya en relación a las acciones de filiación, y en sede de sus disposiciones generales, se establece explícitamente que toda persona legitimada para la acción de declaración de la filiación tiene también acción para impugnar la misma, ya no sólo como necesario complemento de la recién creada acción del progenitor para la declaración de la filiación no matrimonial, sino, así mismo, para disipar las dudas hasta ahora suscitadas en torno a esa doble legitimación.
En las acciones de impugnación, la nueva regulación del reconocimiento y de la acción de declaración ha hecho que se manifieste la necesidad de la creación de acción para el representante legal de la persona menor o con la capacidad judicialmente modificada cuya oposición al reconocimiento hubiera sido desestimada y con el fin de demostrar la falta de paternidad del reconocedor o de lograr la limitación de los efectos de la filiación así determinada. De la misma manera, se establece acción de impugnación a favor de la persona reconocida durante su minoría de edad o en período en que tuviera la capacidad judicialmente modificada al alcanzar o recuperar la capacidad cuando no lo hubiera hecho ya su representante legal. Las referidas acciones se contemplan igualmente en relación a los descendientes de la persona reconocida una vez fallecida.
Ha sido también consecuencia de tal regulación, y más concretamente, de la creación de la denominada oposición al reconocimiento, la necesidad de distinguir entre la acción de impugnación del reconocimiento, en sí mismo y por vicio del consentimiento, y la acción de impugnación de la filiación determinada por dicho medio.
Otras disposiciones han sido objeto de modificación en sede de acciones de impugnación. Y así, se ha incluido la excepción del régimen general del Registro Civil con el fin de no impedir la invalidez del título y en aras de armonizar ambas legislaciones; se ha incluido el desconocimiento de la paternidad biológica como parámetro de determinación del «dies a quo» de la acción de acuerdo al principio de cognoscibilidad (SSTC 138/2005 y 156/2005), también recogido en la nueva redacción de la Ley 71; y se ha creado la acción de impugnación de la paternidad del marido a favor de la madre siempre que la misma se fundamente en interés del hijo.
Por último, el resto de modificaciones se llevan a cabo en sede de acciones de declaración, y han consistido, por un lado, en establecer que el hijo podrá ejercitar la acción de declaración de la filiación no matrimonial durante toda su vida suprimiéndose las circunstancias en que anteriormente tenía que fundar la acción y explicitándose, ante las dudas que pudo haber suscitado la legitimación de sus descendientes, que durante su minoría puede ejercitarla su representante legal, y, por otro lado, en extender la legitimación reconocida a los terceros para la acción de la filiación matrimonial con posesión de estado a la filiación no matrimonial.
LA MAQUINACIÓN FRAUDULENTA CONCURRE TAMBIÉN CUANDO CONSTA QUE TAL OCULTACIÓN, Y LA CONSIGUIENTE INDEFENSIÓN DEL DEMANDADO, SE PRODUJO POR CAUSA IMPUTABLE AL DEMANDANTE Y NO AL DEMANDADO
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 14/02/2018
El nuevo plazo de ingreso voluntario del IAE de 2018 de las cuotas nacionales y provinciales será desde el 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2018
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE núm. 139, de 8 de junio de 2018)
La Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, establece el procedimiento para la realización de los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social en el marco del nuevo sistema de liquidación directa de las cuotas, mediante la expedición de las propuestas de pago a favor de agentes mediadores en el pago, en virtud de lo dispuesto en el punto 2 del apartado Séptimo de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Además, esa resolución contiene la autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para realizar el pago en firme de la cuota patronal a través de las habilitaciones o pagadurías, en virtud de lo dispuesto en apartado Séptimo 2.e) de la citada Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio.
De acuerdo con dicho procedimiento, los importes correspondientes a las cuotas obrera y patronal de las nóminas de personal funcionario o laboral de los departamentos ministeriales se deben transferir a las cuentas bancarias de las habilitaciones o pagadurías de nóminas de dichos departamentos para que se puedan efectuar desde dichas cuentas los pagos por los importes de las liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
No obstante, es necesario establecer algunas excepciones para los pagos de las cuotas de determinados colectivos como el caso de nóminas de personal destinado en el exterior. Adicionalmente el sistema de liquidación directa de las cuotas a la Seguridad Social afecta a otros colectivos, como los receptores de determinadas becas u otras ayudas, para los que es necesario establecer las especialidades para realizar los pagos de las correspondientes cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social junto con el resto de las cuotas del ministerio.
Se modifican la Ley de Defensa de los consumidores y usuarios y la Ley del Contrato de Seguro para declarar nulas cláusulas discriminatorias a pacientes con determinadas enfermedades
Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018)
La sistemática de la ley resulta sencilla. Comprende un artículo único, con dos apartados. El primero añade una disposición adicional al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, donde se establece la nulidad de estas cláusulas. El segundo apartado añade una nueva disposición final cuarta, en la que se establece un plazo de un año para que el Gobierno presente un proyecto de ley en el que determine la aplicación de esta ley a otras enfermedades, con respecto a las que se puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.
LA FALTA DE REALIZACIÓN DEL TEST DE IDONEIDAD LLEVA A PRESUMIR EN EL CLIENTE LA FALTA DEL CONOCIMIENTO SUFICIENTE SOBRE EL PRODUCTO CONTRATADO Y SUS RIESGOS DERIVADOS
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 03/05/2018
Igualmente, denuncia la infracción del art. 72 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, argumentando, en relación al último contrato suscrito, la falta de realización del test de idoneidad por parte de la entidad bancaria produjo el error vicio del consentimiento prestado.
El cómputo del plazo transcurrido para acordar la ampliación de actuaciones no puede corregirse con dilaciones atribuibles al contribuyente
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 03/05/2018
El supremo entiende, que no responde al objetivo de la ordenación legal una práctica administrativa que, sin hacer uso de la facultad de ampliar el plazo de las actuaciones inspectoras, se excede del legalmente previsto , para después descontar en concepto de dilaciones no imputables a la Administración y de interrupciones justificadas un número de días que manifiestamente sobrepasan aquellos que, en el decir de la Administración, pudieron efectivamente dedicarse a la tarea de acopiar los elementos de hecho necesarios para practicar la correspondiente
PARA APRECIAR LA EXISTENCIA DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN ES NECESARIA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO EN ASUNTO ADMINISTRATIVO, QUE SEA OBJETIVAMENTE CONTRARIA AL DERECHO
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 25-04-2018
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca del Delito de prevaricación administrativa, en un caso de falsedad documental.
Se tipifican los hechos como delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP en lugar de la condena del Tribunal de instancia por delito de falsedad documental en concurso medial con fraude a la Administración Pública cometido por un alcalde.
Ante esto, se determina que se ha producido una resolución arbitraria, porque se llevaba a cabo “a sabiendas” de su injusticia, porque no eran esas las bases de la adjudicación y esa firma de ese contrato alteraba el pliego de condiciones de forma consciente y dolosa. Este dolo viene probado por la propia referencia de la sentencia al traslado del secretario del Ayuntamiento de la incorrección de lo que se estaba haciendo.
El delito de prevaricación sanciona supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado, o a los intereses generales de la Administración Pública, en un injustificado ejercicio de abuso de poder. No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se sanciona.
El Alto Tribunal concluye que para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario, en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo, que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal.
En este sentido, la contradicción con el derecho o ilegalidad puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, y debe ser de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable.
Asimismo, deberá ocasionar un resultado materialmente injusto y que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70537537
Se modifica la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, modificando para ello la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de asistencia jurídica gratuita
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. (BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018)
La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, se basa en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea. La Directiva, propuesta bajo presidencia española fruto de un proceso lento y complejo de negociación, regula la orden europea de investigación, que se expedirá a efectos de obtener una o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo en el Estado de ejecución de la misma, con vistas a la obtención de pruebas o a recabar las que ya están en posesión de la autoridad de ejecución.
La orden europea de investigación crea un régimen único para la obtención de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro. En este sentido, la orden europea de investigación comprende también medidas que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado período de tiempo, previendo que cuando sea necesario los Estados de emisión y de ejecución podrán acordar entre sí disposiciones prácticas, a fin de compatibilizar las diferencias existentes entre sus Derechos internos.
La solicitud y práctica de una medida de investigación se podrá llevar a cabo en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participación del interesado, a efectos de la obtención de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una orden europea de investigación a efectos del traslado temporal de la persona en cuestión al Estado de emisión, o para la realización de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusión de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deberá emitirse una orden europea de detención y entrega.
Esta Ley aborda, en consecuencia, el mandato de transposición de la citada Directiva y, a tal fin, modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con el fin de incorporarla al Derecho español. También se prevén una serie de pequeños ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha Ley y que era necesario actualizar o corregir.
La primera reforma incorporada a la parte final está encaminada a completar la adecuación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita a la Directiva (UE) 2016/1919 citada.
La segunda reforma, con motivo de la aplicación desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. Dada la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico español al procedimiento que prevé la orden de retención de cuentas, se introduce una nueva disposición final en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas para facilitar la aplicación de la orden europea de retención de cuentas a continuación de las que ya se han adoptado para la aplicación de otros instrumentos europeos.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (es decir, el 2 de julio de 2018).
Como excepción, la disposición final primera (que modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) entrará en vigor el 1 de octubre de 2018.
Las garantías en la obtención de la prueba de ADN en el procedimiento penal
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal se ha pronunciado en relacion a las garantías necesarias para la obtención de la prueba de ADN en el procedimiento penal.
Se determina que cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal y, por tanto, la colaboración del imputado, el consentimiento de éste actuará como verdadera fuente de legitimación.
Si el imputado se hallare detenido, ese consentimiento precisará la asistencia letrada. Esta garantía no será exigible, a un detenido, cuando la toma de muestras se obtenga, no a partir de un acto de intervención que reclame el consentimiento del afectado, sino valiéndose de restos o excrecencias abandonadas.
Se concluye que en aquellas ocasiones en que la policía no cuente con la colaboración del acusado o éste niegue su consentimiento para la práctica de los actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten precisos para la obtención de las muestras, será indispensable la autorización judicial.
No obstante, es válido el contraste de muestras obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos obrantes en la base de datos policial procedentes de una causa distinta, aunque en la prestación del consentimiento no conste la asistencia de Letrado, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de esos datos en fase de instrucción.
Se hace referencia a la LO. 10/2007, que crea la base de datos de perfiles genéticos para su utilización no solo en el marco de una investigación penal concreta, sino para las futuras.
De este modo, se parte de la presunción de legalidad y veracidad de los resultados que constan en la base de datos de ADN con relación a su utilización en otras causas. Ahora bien esa presunción de veracidad es “iuris tantum”, de forma que el imputado puede acreditar en el procedimiento la ilicitud del acceso de esa reseña genética indubitada a la indicada Base de datos.
Determina el Supremo, que la identificación entre la muestra de la base de datos y la obtenida en otra nueva causa diferente “es suficiente para la investigación inicial, y puede ser suficiente también como prueba de cargo bastante en el juicio”. Esto sucederá en tanto que el acusado se niegue a practicar otra prueba en el proceso enjuiciado o cuando no cuestione la toma de muestras realizada en otra anterior.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70447037
La relación que une a los profesores con las academias que imparten cursos de formación profesional ocupacional es laboral
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 10/04/2018
El Tribunal Supremo ha establecido, en una reciente sentencia, que tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que, además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70543881
SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL SECTOR AGRARIO
Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario. (BOE núm. 112, de 9 de mayo de 2018)
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será el que se establezca en la correspondiente convocatoria
Plazo de presentación: Será el plazo fijado en la correspondiente convocatoria
SE CONCEDEN SUBVENCIONES PARA LA ADQUSICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA USO COMERCIAL, PARA TAXI, Y OTROS SERVICIOS
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social. En caso de transformación de contratos temporales, el plazo de un mes se contará a partir de la fecha de inicio del contrato indefinido
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de la solicitud de subvención se fijará en cada convocatoria

References: Resolución 
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 Artículo 94

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