Source: https://es.scribd.com/doc/54286760/GARANTIAS-PROCESALES
Timestamp: 2016-02-08 21:40:00+00:00

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en la cual existía una sala denominada Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. como aparece en América lo que. en las Leyes Supremas americanas. El debido proceso contiene la tutela judicial efectiva. LA TUTELA JUDICIAL Y EFECTIVA Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. las garantías procesales constitucionales son vinculantes y obligatorias para los ciudadanos y ciudadanas aún cuando sean o no ejercidas. Por otra parte. con acierto. la renuncia al ejercicio de la garantía procesal constitucional no implica la renuncia al derecho constitucional establecido. Esta es la tesis que sostiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. DIFERENCIA ENTRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Ahora bien. Para algunos la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos y garantías constitucionales procesales contenidos en la norma que contiene el debido proceso. Es así. al interpretar los artículos 2. Para ellos tutela judicial efectiva y debido proceso son garantías procesales constitucionales diferentes. Estas son medios procesales para hacer efectivos los derechos constitucionales. ustedes han denominado: “Óptica constitucional de las garantías procesales”. Estos consideran que la tutela judicial efectiva se encuentra dentro del debido proceso. se incorporaran normas para limitar el poder del Estado cuando dicho poder se propusiera dejar sin efecto libertades y/o derechos ciudadanos. 49 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Para otros.
. una cosa son los derechos constitucionales y otra las garantías contenidas en la Carta Magna. es a la inversa. el primer tribunal constitucional de Latinoamérica nació en Cuba en 1949 y tuvo su origen en la Constitución de ese país de 1940. 26. En todo caso. posiblemente sustentado en un órgano similar que en 1931 se encontraba en la Constitución Española de la Segunda República.2
Por cierto. La constitucionalización de las garantías procesales en Europa trajo como consecuencia que.
mediante el cual se manifiesta la protección y la relevancia evolutiva de esos derechos. diferentes y.3
La tutela judicial efectiva comporta el derecho al acceso a los tribunales. Su comprensión. La igualdad debe comprenderse en conexión con la libertad. es inseparable de la dignidad. sin vacilaciones ni variaciones perjudiciales. el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales y el derecho al ejercicio de los recursos previstos en la ley y se la debe tener en cuenta desde el momento en el cual se accede al órgano jurisdiccional y hasta el instante en el cual se procede a la ejecución de la decisión tomada. indivisible e interdependiente. a todas las personas. ALGUNAS MUESTRAS DE ESTA PROGRESIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA Garantía de la no discriminación. que la ley se aplique de manera uniforme. No solo se trata de prohibir discriminaciones fundadas en raza. derechos cuyo desarrollo debe ser continuado e irreversible. la lesión al debido proceso no implica la lesión de ésta y viceversa. por que entre una y otra existe una relación totalmente complementaria. la tutela judicial efectiva y el debido proceso son garantías autónomas. por ello. interpretación y aplicación es indispensable para que se la entienda como tal. el goce y ejercicio irrenunciable.
. independientes. Progresividad significa avance. en todos los casos donde las situaciones sean sustancialmente análogas. por lo demás. La igualdad. sino de todas las que impidan el goce o ejercicio de las libertades de la persona. Para nosotros. Es necesario para que no existan discriminaciones. GARANTÍA SOBRE LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza. condición social y aquellas otras que menoscaben o impidan el goce o ejercicio de los derechos. sin discriminación alguna. Es el desenvolvimiento sostenido -con fuerza extensiva en los derechos fundamentales. de los derechos humanos. La no discriminación se fundamenta en la igualdad y su propósito es que la ley sea real y efectiva. sexo. credo. conforme al “principio de progresividad”.
razonable.4
Garantía de la irrenunciabilidad a los derechos constitucionales. son integralmente indivisibles y. La irreversibilidad a la cual hicimos referencia. Los derechos. Ello significa. de inmediato. que tanto la defensa como la acusación deben contar con iguales oportunidades y recursos para hacer valer sus alegatos y recursos. Tampoco es posible. por lo tanto. Ello implica que no podrá establecerse la perdida de ningún derecho. La irrenunciabilidad debe entenderse en el sentido de que ninguna persona está obligada. Es un compromiso de ambos que implica el equilibrio. ni siquiera de forma parcial pueden ser renunciados. desarrollando con mayor especificidad el carácter irrenunciable de los derechos constitucionales. como lo pregona la igualdad ante la ley. Nos referimos a un proceso judicial y a un proceso administrativo. considerar a estos con efectos parciales ni en porciones. Garantía del principio de la interdependencia. automática y prácticamente. ni podrá ser conminada. El DEBIDO PROCESO Todo proceso judicial debe ser justo. tanto los constitucionales como los legales. ni por iniciativa propia. cuando nos referimos a la progresividad. Debe prevalecer para las partes y para el órgano decisor que intervienen en el proceso.
. ni por imposición ni por decisión o mandato de algún ente del Estado. a renunciar a los derechos que le son propios. se repite otra vez. Debe entendérsela como la sintonía y la mutua reciprocidad entre el ciudadano y el Estado. pasa ese derecho a ser irreversible y se le debe tener como inscrito en la enumeración constitucional que lo hace irrenunciable. En cuanto a la interdependencia. confiable y estar rodeado de un mínimo de garantías constitucionales procesales que eviten la lesión a los derechos materiales de los ciudadanos y ciudadanas. El juzgador es solo un vigilante activo que debe mantener la igualdad y el estado de equilibrio entre las partes. esta característica es inherente a cada derecho. Ella y la irrenunciabilidad guardan estrecha relación toda vez que formalmente reconocido el derecho constitucional de la persona.
a través de un verdadero y eficaz contradictorio donde se brinde a la persona la oportunidad de ejercer plenamente su defensa. un elenco de garantías procesales 1.
BREVES NOTAS SOBRE ALGUNOS DE ESTOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL DEBIDO PROCESO El tiempo limita y esta conferencia apenas permite abordar algunos de los derechos concentrados en el debido proceso. Atiende. El derecho al juez natural 5. Nace en el principio de la legalidad procesal. Al derecho a la reparación del Estado por errores judiciales. los bienes y demás derechos del ciudadano o ciudadanas. Al Principio de nulla crimen nulla poena sine lege 8. idóneo. Aglutina la suma de los derechos y garantías procesales constitucionales que permiten una justicia pronta y efectiva así como la notificación adecuada de los hechos imputados. La presunción de inocencia 3. confiable y garantizar la defensa de la vida. El derecho a ser oído 4. el debido proceso. Todo juicio debe ser imparcial. Al principio de la validez de la confesión sólo cuando se ha realizado sin coacción 7. la libertad.5
El debido proceso tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley y debe garantiza los límites al poder jurisdiccional del Estado para que no se convierta en una forma de atropellar a los ciudadanos y ciudadanas. El debido proceso es un derecho complejo que encierra dentro de si un conjunto de garantías que. El derecho a no ser constreñido para confesarse culpable contra sí mismo 6. se traducen en derechos para el procesado. El justiciable no puede renunciar al debido proceso y este no se articula de manera aislada. Nos referiremos a los más comunes. puesto que se encuentra vinculado a otros derechos constitucionales fundamentales. a la vez. transparente.
. El derecho a la defensa 2.
ni excepcionales y deben ser imparciales. a que se les tenga o presuma inocentes. independientes. catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y profesor honorario de 14 universidades de América Latina afirma que los primeros indicios del amparo constitucional actual tienen su origen en la Carta del Estado Mexicano de Yucatán del 16 de marzo de 1841. no es una mera declaración de ideas y la moldea un ideal que en conjunto debe proyectar todo el devenir procesal. Otra garantía constitucional contenida en el debido proceso es EL DERECHO A SER JUZGADO POR JUECES NATURALES. el quehacer material y técnico-jurídico de la justicia. alegatos de hecho o de derecho y excepciones que le sirvan para beneficiar sus intereses o bien para producir pruebas que le favorezcan. la Revolución Francesa dio origen al PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en lo que fue la primera declaración sobre derechos humanos. Es decir con rostro visible y descubierto. idóneos e identificables. directamente o a través de quien con asistencia letrada opere. lo que equivale a un trato adecuado a la libertad y a la integridad personal de quien se somete a juicio. cuyo pilar fundamental era la presunción de culpabilidad. con antelación a la ocurrencia del o los hechos por el cual o por los cuales se produce el juzgamiento. hasta tanto no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. Puede ejercerse el derecho a la defensa. EL AMPARO CONSTITUCIONAL Fernández Segado. A partir del oprobio que significaron los tribunales del Santo Oficio. La presunción de inocencia se mantiene en todo estado y grado de la causa. e incluso para contradecir. anular o modificar los hechos que se le atribuyen.6
Dentro de las garantías procesales constitucionales mínimas en todo proceso jurisdiccional o administrativo se encuentra EL DERECHO A LA DEFENSA. La Presunción de Inocencia es el derecho de aquellos. No son ad hoc. a quienes se les imputa la comisión de un hecho punible. en procesos judiciales.
. Es un derecho de rango constitucional según el cual toda persona en las oportunidades legalmente previstas se le permite realizar acciones. Estos jueces son los que han sido constituidos legítimamente y están predeterminados por la ley. Ellos se hallan investidos de jurisdicción y competencia para actuar.
. el amparo comenzó a conocerse en la Asamblea nacional Constituyente de 1947 aunque la Carta Magna de esa fecha solo consagró. La nueva Constitución agregó a esta protección constitucional los derechos y garantías inherentes a la persona aún cuando no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. gratuito. La promulgación de esta ley se llevó a cabo el 22 de enero de 1988 y con la Constitución de 1999 esa Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales sufrió modificaciones. que en los textos más antiguos de Castilla y Aragón se conoció como Amparo Colonial. Afirma Fernádez Segado que la denominación de amparo la extrajo de un instituto jurídico hispano de la familia de los interdictos posesorios. amenaza de lesión o bien por omisión de los ya referidos derechos y garantías constitucionales. En Venezuela. En Venezuela. para ese momento. el amparo constitucional es una acción autónoma de carácter extraordinaria destinada a proteger los derechos y garantías contenidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales a través de un procedimiento oral. No fue sino en la Constitución de 1961 cuando la Comisión Bicameral de esa época incorporó el artículo 49 que establecía el amparo “a todos los habitantes de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en conformidad con la ley”. estableció para su ejercicio todo el tiempo y la preferencia a cualquier otro asunto así como la no afectación del mismo por la declaración de estado de excepción o restricción de garantías. para adaptarla al nuevo Texto Constitucional.7
Según el profesor Fernández Segado fue el jurista mexicano Manuel Crescencio Rejón quien diseñó los rasgos fundamentales del juicio de amparo. solamente el hábeas corpus. la cual trasplantó al ordenamiento constitucional de Mexico. breve. no sujeto a formalidad alguna. con base a la “revisión judicial” norteamericana. que en ausencia de medios ordinarios destinados a esa protección tiende a restablecer el orden jurídico infringido por alguna lesión.
Finalmente. La legitimación para el ejercicio de esta garantía corresponde al afectado. usurpando funciones o extralimitándose en sus atribuciones o abusando de su autoridad. a sus familiares. por ante tribunales unipersonales competentes o afines con la materia cuya violación o amenaza de violación se denuncia. Igualmente protege contra la incomunicación y contra la ausencia del examen forense que deja constancia del estado físico de la persona para el momento de la aprehensión. en la última de ellas. asimismo. EL HABEAS CORPUS En Venezuela comenzó a tener expresión constitucional en la Constitución de 1947 y rango expreso en la disposición transitoria quinta de la Constitución de 1961. contra la falta de identificación de las autoridades que ejecutan las medidas privativas de libertad.8
Cuando tiene por objeto la libertad y seguridad personal se interpone por ante los tribunales de control. Puede intentarse el amparo incluso contra decisiones judiciales cuando el órgano jurisdiccional ha actuado fuera del ámbito de su competencia.
. No corresponde su competencia al control concentrado de la constitución y puede ser interpuesto ante tribunales ordinarios. Es una de las especies del derecho al amparo constitucional mediante el cual se protege a la persona frente a la arbitrariedad del arresto o detención sin orden judicial. la decisión puede ser revisada de oficio o a petición de parte por la Sala Constitucional. estas deben carecer de un medio ordinario de impugnación o que dicho medio no sea el adecuado para la protección constitucional que se pretende. y en los casos de materias que nada tengan que ver con la pena. En aquellos casos donde se interponga contra decisiones judiciales. En la de 1999 pasó a tener estructura de garantía procesal constitucional idónea para proteger la libertad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. protege contra las penas infamantes y contra las que excedan los treinta años. al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. así como contra la falta de información sobre los motivos de la detención. o con orden judicial ilegítima o ilegal. Se tramita en doble instancia y. Protege.
Debe tener como fundamento la violación a un derecho constitucional o la inminencia de que esto pueda ocurrir. confidencialidad y personalidad de los ciudadanos y ciudadanas mediante la obtención de oportuna y adecuada información que se encuentre registrada en archivos del Estado o de particulares. imagen. la Constitución Brasileña La denominó “corpus data”. decoro. Los antecedentes de esta garantía se están en el amparo constitucional y en el habeas corpus. vida privada. El bien jurídico protegido por el hábeas data es el derecho a no divulgar datos que puedan causar perjuicio a las personas naturales o jurídicas y tiene eficacia aún después de fallecida la persona natural. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo.
. El recurso con ocasión a esta garantía es extraordinario. así como para los otros tribunales de la República. frente a la manipulación de datos o informaciones inexactas o incorrectas. Hay jurisprudencia en Venezuela en la cual a través de esta acción se protege la memoria de personas que han dejado de existir. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.9
EL HÁBEAS DATA Es la garantía procesal constitucional para tutelar los derechos personalísimos al honor. El no acatamiento de la decisión se sancionará conforme a derecho. El TRIBUNAL SUPREMO COMO GARANTE DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES El artículo 335 de la Constitución venezolana establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. con el propósito de dar privacidad a los ciudadanos y ciudadanas. Se ejerce en forma absolutamente gratuita y procede cuando se han agotado las vías ordinarias que impidan u obstaculicen la reparación al daño o a la garantía infringida.
lo dispuesto en la citada disposición legal respecto al carácter vinculante de las interpretaciones que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pueda realizar sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales. La Sala Constitucional no tiene el monopolio del rechazo de una ley por inconstitucional. y señalar. a través del amparo constitucional.10
El principio de la supremacía de la Constitución requiere. Tal labor implica prudencia y sensatez para sortear el riesgo de no actuar irreflexivamente al momento de tomar esa decisión de sancionar a los infractores. sancionar a quienes no acaten la supremacía de esta jerarquía. igualmente. por parte de los operadores constitucionales. Cualquier juez competente puede ejercer esa facultad. mientras que la Sala Constitucional puede anular la ley o la norma. Todos los tribunales tienen. Este artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la única norma del texto Fundamental venezolano que establece el carácter vinculante de las sentencias que resuelven asuntos relacionados con la interpretación de normas y principios constitucionales. a través del control difuso de la Constitución y del propio ejercicio jurisdiccional de administrar justicia. como un monopolio de la Sala Constitucional. Esto no debe entenderse. el carácter vinculante de tales interpretaciones aún para las demás Salas de dicho Tribunal. aun con la brevedad del caso. La diferencia entre la decisión del juez de instancia y la decisión de la Sala Constitucional está en que el juez de instancia solo tiene competencia para desaplicar la norma. la voluntad de hacer cumplir esta norma y. en consecuencia. Sólo que cuando esa interpretación llega a la Sala Constitucional es ésta la que acoge o desecha la interpretación que ha realizado el tribunal de instancia. la necesidad en algunos casos de interpretar leyes a la luz de la Constitución. Estas actuaciones exigen siempre un ejercicio de ponderación para que no altere los supuestos de la norma constitucional. CARÁCTER VINCULANTE DE ESTAS INTERPRETACIONES Debemos señalar. sin embargo.
LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA La revisión de sentencias definitivamente firmes es una potestad inédita. por mandato constitucional. Ya antes el legislador venezolano había limitado el carácter definitivamente firme de las sentencias mediante el recurso de invalidación (Código de Procedimiento Civil).11
Todo este procedimiento nada tiene que ver con la institución de la revisión constitucional mediante la cual la Sala Constitucional puede. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo es la máxima instancia para interpretar la Constitución para concluir algunas decisiones. diferentes a la Sala Constitucional. ya no revisar las interpretaciones de las Salas del Tribunal Supremo. mediante el amparo constitucional contra sentencias definitivamente firmes. pero como todo derecho tiene limitaciones. a la competencia de dicha Sala como instancia jurisdiccional legítima para uniformar la constitución y. Es una garantía de seguridad jurídica. sus interpretaciones se imponen sobre las demás Salas del Tribunal Supremo. excepcional y extraordinaria de control constitucional creada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV). el ejercicio de la revisión es un mero acto de lógica jurídica. la decisión puede expresarse con otro contenido. mediante la revisión. Está claro que el carácter vinculante al que nos referimos deviene de la jerarquía atribuida por el artículo 335 de la Constitución venezolana y en lo que se refiere a las demás Salas del Máximo Tribunal. por tal razón. Estas interpretaciones estarán sujetas.
. como anular la decisión de las Salas. sino que. Sin dudas constituye un límite a la cosa juzgada que hace estable e inatacable la sentencia. en atención a la competencia y no a la jerarquía. para ajustarlas al propósito del constituyente. a través del recurso penal de revisión (Código Orgánico Procesal Penal) y con la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
(Esta potestad de revisión se halla establecida en Venezuela en el artículo 336.12
En la teoría procesal la certeza jurídica que da justificación a la cosa juzgada tiene límites. que la finalidad de la revisión es uniformar la interpretación de las normas y principios de la Constitución. a solicitud de parte interesada o por remisión judicial. el equilibrio y la coherencia que deben existir entre las normas y la Constitución. sólo podrá ser ejercida excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución. en determinadas condiciones. La Constitución establece. que la potestad extraordinaria de revisión de sentencias con carácter de cosa juzgada. Pueden ser objeto de revisión las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes. Procede la revisión. ni puede ser estático sino. Esa potestad es restringida porque de lo contrario se podría perder la integración. ni mucho menos una tercera instancia.que el derecho no es. No cuenta aún Venezuela con una ley orgánica que establezca los métodos. supuestos y limitaciones a la citada potestad revisora y toda la doctrina sobre esta materia se ha construido con base a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. aún cuando existen figuras similares en EEUU (certiorari). De esta manera -nos señala el maestro. Alemania (amparo constitucional). Eduardo Couture considera necesario que la cosa juzgada no se acepte como un dogma o valor absoluto. garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales y la eficacia del Texto Fundamental y de la seguridad jurídica. además. Colombia (revisión de sentencia de tutela) y Argentina (recurso extraordinario federal).
. “La razón aconseja –afirma el teórico uruguayoque el escrúpulo de verdad tenga más fuerza que la certeza judicial por cuanto la firmeza del fallo debe. por el contrario. Por ello la revisión no debe considerarse como una instancia más dentro del proceso. numeral 10 de la Constitución). tanto en Venezuela como en otros países. ceder ante la necesidad de la verdad”. bien dinámico y en consecuencia tener como primer fin la justicia verdadera más que el culto a los dogmas formales. Claro está. dictadas por los Tribunales de la República. Esta potestad revisora o de revisión carece de antecedentes. razón por la cual no existe un amplio marco teórico acerca de dicha institución.
B) contra cualquier otra sentencia siempre y cuando el fallo a revisar contraríe la interpretación vinculante dictada por la Sala. (Sentencia 1582 del 12 de junio del 2003)
. incluyendo las de las Salas del Tribunal Supremo.93 del 06-02-05 -caso Corpoturismo. según la jurisprudencia venezolana consiste “…en el incumplimiento de un acto o conducta de una autoridad en menoscabo de lo ordenado por la Constitución. No. 409 del 19-05-200. 2815 del 14-11-2002) Se entiende que en todos los casos señalados las sentencias contra las cuales pudiera proceder la revisión son aquellas dictadas con posterioridad a la Constitución de 1999. que haya sido constatado la falta de cumplimiento de la actividad constitucionalmente prevista. bastando para ello. sea total o parcialmente y.y la No. No. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN El órgano competente para ello en Venezuela es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En la doctrina. haya incurrido en un error grotesco (criterio establecido en varias sentencias: No. Vale recordar que en estos casos de control de la constitucionalidad por omisión son inseparables tanto el tema de la decisión a tomar. La omisión constitucional. el control sobre las omisiones constitucionales dispone recomponer el imperio de la Carta Fundamental en todos los casos en los cuales temporalmente se ha bloqueado la acción funcional. siempre y cuando no haya culminado”. o cuando la decisión. independientemente de que el acto haya o no comenzado a concretarse. No.13
¿Contra quien puede proponerse? A) contra las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de control de constitucionalidad. como el espíritu y propósito del Texto Fundamental que se expresa en una norma suprema. y el órgano competente. no ha podido cumplir lo que la Carta Magna le ordena. No. motivo suficiente para que la Sala Constitucional actúe. 520 de 07-06-2000. por esa razón. El ejercicio de esta actividad debe desarrollarse de manera que no se la entienda como invasión jurisdiccional temeraria respecto de las atribuciones de los demás Poderes Públicos. 1250 del 24-10-2000. 33 del 2501-2001.
en razón de no haber designado.14
COMPETENCIA PARA LA ACCIÓN POR OMISION CONSTITUCIONAL En Venezuela esta actividad compete exclusivamente al control concentrado de la Constitución el cual se ejerce a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. con el fin de sistematizar didácticamente la manera como se expresa esta institución. el vacío causado por el Poder legislativo. los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral). pedagógicamente.
. Los hechos: en mayo del año 2003 dos abogados. provisoriamente. El propósito de estas acciones estaba destinado a que la Sala Constitucional llenara. en fechas distintas. hasta tanto se diera cumplimiento a la obligación constitucional. estadal o nacional. tal como lo ordena la Constitución. respecto de las leyes y actos del Poder Público que se dictan en ejecución directa de la Constitución. cuando hayan dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo. Ambas acciones tenían idénticos supuestos y por lo tanto fueron acumuladas. y de ser necesario los lineamientos de su corrección”. La jurisprudencia data del 12 de junio del 2003 y fue recogida en la Sentencia 1582 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. VISUALIZACIÓN DE LA OMISIÓN CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA Veamos. La inconstitucionalidad por omisión está prevista en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal. Un ejemplo sencillo nos permitirá visualizar la experiencia. interpusieron ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por “omisión constitucional” contra la Asamblea Nacional venezolana (Poder Legislativo).
razón por la cual para desarrollar el régimen constitucional es necesaria la presencia de esos cinco poderes. Previo a la decisión la Sala consideró: 1. al sustanciar el caso. Que cualquier correctivo decidido por la Sala sería de carácter provisorio hasta tanto el Poder Legislativo ejerciera sus atribuciones constitucionales 10. Que el Poder Público venezolano está integrado por 5 poderes. debió haberse realizado en los 10 días continuos al momento de haberse recibido por secretaría las postulaciones entregadas por el Comité respectivo 5. la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo 6. Señaló.
. uno ellos el Poder Electoral. de inmediato cesarían las medidas provisorias de la Sala. la Procuraduría General. para dictar sentencia. Notificar al Presidente de la Asamblea Nacional. Un lapso de 30 días contado a partir de la admisión de las acciones. más no la legalidad y la validez de los actos que con ocasión a la decisión de la Sala se hubiesen cumplido provisoriamente. Ratificar la acumulación de las causas 2. Declarar de urgencia la causa. Negar el trámite de las acciones como de mero derecho 4. igualmente. la Sala que la elección debió escoger los rectores principales y sus suplentes 6. Establecer los términos para que las partes y los interesados alegaran y probaran lo que estimasen conveniente y 7. para lo cual redujo los lapsos 5. conforme a su competencia. Constató la Sala los pasos cumplidos por el Poder Legislativo para dar cumplimiento a la disposición transitoria supuestamente incumplida 3. de declarar la omisión. Que tomada la decisión por el Poder Legislativo. acordó: 1. Que la omisión del nombramiento era un hecho que se constataba por si solo 7. ésta podía hacer uso de la competencia para delinear los correctivos correspondientes 9. 4. conforme a la ley respectiva.15
La Sala. Admitir las acciones de inconstitucionalidad por “Omisión legislativa” contra la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) 3. Que la omisión parcial –aún sin ser ilegítima. el mismo. Detectó su cumplimiento parcial y que. no produjo la designación de los rectores electorales. 2. Que si el plazo otorgado por la Sala no era cumplido. la Sala que esa elección. así como para establecer un plazo para corregir la omisión 8.conducía a que la Sala estaba en capacidad. Indicó.
Garantizó la autonomía al Poder Electoral provisorio electo por la Sala y procedió a su designación y juramentación. ella lo haría en un término de diez días continuos. El 25 de agosto del 2003 la Sala explicó que la Asamblea nacional no había designado a los Rectores del Poder Electoral en el lapso establecido y procedió a tomar la decisión con base a los siguientes supuestos: 1. para que la Asamblea Nacional venezolana designara. no dio cumplimiento a su atribución. los actos realizados por los Comités de Postulaciones Electorales anteriormente constituidos ante el Poder Legislativo. para adaptarlo a las nuevas realidades sociales. así como el más amplio catálogo de derechos humanos. 4. Concluyó la Sala que si. así como los nombres asomados por dichos Comités. Creemos de esta manera haber visualizado en un caso concreto la manera de aplicar en Venezuela el control de la omisión constitucional por parte de la autoridad que. con menoscabo de lo ordenado por la Constitución. económicas y políticas del país. a partir de la resolución adoptada. Fundó su decisión en la supremacía constitucional para evitar el vacío institucional resultante de la omisión en que había incurrido el Poder legislativo 3.
Con base a estas consideraciones la Sala constató la omisión y. debidamente pautado. Fue hecha para el cambio social y aún no lo ha concretado plenamente. dejando a salvo la facultad para elegir a alguien no propuesto por estos. Los nombramientos serían provisionales 2. trascurrido el lapso de 10 días. Nuestra Constitución expresa el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. otorgó al Poder legislativo un lapso de 10 días continuos. Tomó en cuenta para la decisión. en transición que se debe revisar continuamente. Ella reivindica un concepto integral de soberanía y la necesidad de promover una democracia donde haya una nueva y mejor relación entre el Estado y la sociedad. tomando en cuenta los candidatos postulados por el respectivo Comité de Postulaciones los Rectores Electorales y sus suplentes. no se producían los nombramientos aludidos. Es un texto inconcluso. con fundamento en los artículos 335 y 336 (numeral 7) de la Constitución.
. Caracas. 4. 3. BELLO TABARES Humberto y JÍMENEZ RAMOS. El valor de la Constitución. 2.
. Democracia y Estado de Derecho. Venezuela 2004. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del 2001. Tomo II. 2004. la solidaridad. España. “Tutela Judicial Efectiva y otras Garantías Constitucionales Procesales”. profundizar la democracia participativa. la democracia. 2006. Varios autores. Jesús María.453. la ética y el pluralismo político. Editorial DYKINSON. 10. Buenos Aires. Caracas. 6. Universidad Católica Andrés Bello. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. propugnar valores superiores en el ordenamiento jurídico. 2002.r. Madrid.l. Alianza Editorial S.
Gaceta oficial Nº 5. Madrid. La jurisdicción Constitucional. 2005. ir a un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Las Constituciones de Ibero América.17
En ese sentido el artículo 2 de nuestra Constitución está dirigido a democratizar el poder político y económico. Uruguay. Argentina. Venezuela. Colección de Estudios Penales 2. BLANCO VALDÉZ. 2002. “Tendencias Actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal”. 8. Manuel. RONDÓN DE SANSÓ. mejorar la vida individual y colectiva. 5.A. “Constitución y Justicia Constitucional”. Venezuela. Ediciones Paredes. Editorial Ad-Hoc s. Editorial Exlibris. Extraordinario del 24 de marzo del 2000. Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. la igualdad. 2000. la libertad. BIBLIOGRAFÍA
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References: artículo 19
 artículo 49
 artículo 335
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 artículo 336
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 resolución 
 artículo 2