Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1111/18295
Timestamp: 2020-02-19 18:34:02+00:00

Document:
Amigas y amigos, Senadoras y Senadores:
El Estado, de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, debe garantizar el primer derecho de todo ser humano: la vida, pues no es para ignorar que el derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y en general todas las garantías fundamentales, son consecuencias y derivan de la existencia de la vida.
Por ese motivo el derecho a la vida forma parte de las normas imperativas del derecho internacional, que no puede ser objeto de extinción por ningún motivo o circunstancia, haciendo de él un derecho fundamental y necesario para colocarlo en el primer plano de protección.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció, en su artículo 3, el derecho que tiene todo individuo a la vida, misma declaración a la que México ya se ha adherido.
También México, en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que abrió un panorama jurídico más claro, pues esta Convención establece la obligación que tiene el Estado para reconocer a todo niño el derecho intrínseco a la vida, en su artículo 6.
De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo 1, como el primer derecho humano el derecho a la vida y más importante aún, resulta de claridad que la Declaración Americana sobre Derechos Humanos establece el momento en que se adquiere el derecho a la vida, al ordenar, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción.
Es por ello que en nuestro país, como Estado, parte de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos desde el año 1981 y debe respetar, proteger, garantizar y promover el derecho humano a la vida desde la concepción, es decir, México debe reconocer y garantizar este derecho como el primer derecho consagrado en nuestra Constitución.
Un sinnúmero de instrumentos internacionales sobre derechos humanos protegen la vida y además protegen el derecho humano a la salud y seguridad social.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 1, establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de su persona.
Por su parte, el artículo 1 de nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, como lo he venido repitiendo.
Desde ese punto de vista, en materia de derechos humanos es inexcusable que el derecho a la vida no se encuentre literalmente reconocido por la Constitución, siendo que este derecho no puede restringirse ni suspenderse por ninguna causa.
Los derechos humanos, además de ser inalienables e intransferibles, son irrenunciables.
Por eso estas inconsistencias se convierten en un obstáculo para garantizar el derecho a la vida, por lo tanto, no deben existir en nuestro derecho mexicano y mucho menos en nuestra Constitución.
En este sentido, debemos retomar de manera sistemática y armoniosa el derecho internacional de los derechos humanos, de los cuales México forma parte, en el sentido de modificar o armonizar su derecho interno a lo previamente pactado.
Por ser la vida el bien más preciado que posee el ser humano, se tiene la necesidad de establecer un marco jurídico-político de protección que atienda el derecho natural que le es consustancial por el solo hecho de ser persona.
Esta misma naturaleza nos lleva a demandar al Estado el reconocimiento, la protección y la garantía del derecho a la vida, siendo fundamental su conservación por ser la base de todos los demás derechos.
Desde esta perspectiva, el Estado está obligado a diseñar las normas jurídicas necesarias para que cada persona, bajo los lineamientos previstos por la ley, esté obligada a respetar a los otros.
En términos prácticos, el Estado tiene la obligación moral y jurídica de implementar, conforme a las normas internacionales que regulan el derecho humano a la vida, un desplegado de medidas de tipo político, legislativo, judicial y administrativo, para que se reconozca, garantice y proteja el derecho a la vida, para evitar condiciones que propicien el ejercicio de acciones negativas que causen daños irreversibles a la dignidad humana de cualquier etapa de la vida.
De ahí que para la preservación de la vida humana es necesario el reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, no obstante que internacionalmente se reconoce el derecho a la vida, como se ha venido sosteniendo, por instrumentos internacionales de derecho que son vinculantes para el Estado mexicano, pero la falta de protección establecida por escrito en nuestra Constitución da lugar a interpretaciones que pudieran no estar apegadas al respeto irrestricto del derecho humano a la vida.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante señalar que esta iniciativa no busca de ninguna manera criminalizar a la mujer o a ningún otro grupo, es más, reconoce y deja a salvo las excepciones establecidas en la ley, fortaleciendo así la rectoría del Estado en esta materia.
Por eso en esta iniciativa se reconoce explícitamente que las leyes federales y locales contemplan algunos casos en los que el aborto está despenalizado, lo que además de respetar y fortalecer el Pacto Federal, garantiza que no haya penalidad para las mujeres que se ven en la necesidad de abortar, dentro de los casos que en los estados se prevé.
Como lo he dicho repetidamente en esta exposición, mi iniciativa está a favor del derecho a la vida, mas no de criminalizar a las mujeres.
Por eso, se propone plasmar en la Constitución que el Estado deberá garantizar y proteger el derecho a la vida, de conformidad con las leyes aplicables, en las que se establecen, como todos sabemos, las excepciones y salvedades en las que el aborto está despenalizado.
En conclusión, esta iniciativa busca plasmar el derecho a la vida en la Constitución, fortalecer el entramado jurídico de los derechos humanos en nuestro país, armonizar nuestra Carta Magna con los diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado, y reconocer la existencia de salvedades legales en esta materia, garantizando la no criminalización de la mujer.

References: artículo 3
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1