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LAS INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN.
EL MERCOSUR JURÍDICO
ADRIANA DREYZIN DE KLOR∗
Doctora en Derecho y Cs. Sociales. Catedrática de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; ex Consultora Jurídica de la Secretaría del MERCOSUR; árbitro por Argentina de MERCOSUR; Codirectora de DeCITA (Revista de Derecho del Comercio Internacional, Buenos Aires/Florianópolis). Esta publicación toma como base la ponencia presentada por la autora en el Seminario “El Derecho de la Integración Suramericano en su contexto” realizado en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 6 y 7 de diciembre de 2007. 31
Sumario: El siglo XX ha actuado de escenario en la conformación de numerosos procesos de integración de los cuales, sin que exista espacio para el debate, la Unión Europea es el más exitoso y trascendente. No es casual que se haya desarrollado ese afán por crear asociaciones regionales; entre los motivos que obran como detonante de la aparición de estos fenómenos la dimensión que se instala del agotamiento de los modelos de autosuficiencia estatal reviste un carácter significativo. En este artículo abordamos el MERCOSUR como fenómeno de integración a partir de su creación, transitando por los momentos que, dados los hechos que se van sucediendo en los años que lleva de vida, implican pasos esenciales en su desenvolvimiento. Nuestro acento está puesto en el devenir jurídico del espacio subregional aunque sin perjuicio de ello, debamos introducirnos en algunos aspectos político-sociales y económicos, pues como resultó de los análisis llevados a cabo en el Seminario en que presentamos este trabajo, el MERCOSUR, al igual que todos los procesos regionales se identifica por un objetivo específico. El propósito se centra en instrumentar los medios para mejorar la calidad de vida de los pueblos para lo cual todo estudio e investigación que aspire a coadyuvar en esta opción aportando metodologías, descubriendo opciones que posibiliten profundizar la integración, a la vez que la interacción de los Estados en esa dirección, debe ser desde una perspectiva multidisciplinaria contemplando las diversas aristas que confluyen a tal efecto. Los principios aplicados por los Tribunales del MERCOSUR también cumplen un papel muy importante en orden a los enunciados efectuados, por lo que su consideración hace parte de este trabajo, así como la emisión de opiniones consultivas por las que se tiene a avanzar en la interpretación uniforme del derecho mercosureño.
El MERCOSUR: su actualidad desde la perspectiva jurídica
El MERCOSUR, como todo proceso de integración regional es un fenómeno multidisciplinario que se lleva adelante a partir de un emprendimiento político fundado en necesidades sociales, con miras a avanzar en un desarrollo económico. A tal efecto, se plasman en normas jurídicas las acciones y conductas sobre las cuales construir el esquema. Nuestra visión ceñida a la faz jurídica requiere acotar la perspectiva, dado su alcance y desarrollo. A nuestro entender, comprender el MERCOSUR hace necesario situarnos en la coyuntura en que se genera el proceso y efectuar un breve recorrido por su evolución para centrarnos en la actualidad y analizar que sucede hoy en este fenómeno particular que se lleva a cabo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tiene como asociados a Bolivia, Chile y a los otros países de la Comunidad Andina; en tanto ocupa un lugar peculiar Venezuela
A. DREYZIN DE KLOR
que no es aún parte pero tiene una posición diferente a la de los Estados asociados. En consecuencia el criterio que seguimos para efectuar la selección temática se basa en efectuar un recorrido que abarca desde la firma del Tratado de Asunción hasta la actualidad, destacando los hechos más importantes a sabiendas que quedan sin abordar un importante numero de cuestiones que no podemos abordar en estas clases conforme el tiempo asignado. Nuestros temas serán: 1. 1991: El punto de partida 2. 1994: POP un documento esencial 3. 1998 / 2003: El Protocolo de Brasilia como marco de los laudos arbitrales a) Los principios orientadores. Derecho internacional y derecho de la integración b) ¿Precedente jurisprudencial sin tribunal supranacional? 4. 2006-2007: Avances: el POP. Opiniones consultivas 5. 2007/2008: Más opiniones consultivas 6. ¿Y ahora qué? 1. 1991: El punto de partida Conocer el marco jurídico sobre el cual se construye el MERCOSUR requiere retrotraernos a mediados de la década de los ochenta, que es cuando comienza a gestarse el proceso. Las profundas transformaciones producidas en la configuración del mundo por la aparición de complejos problemas globales afectando a la comunidad internacional en su conjunto, como la escasez o mala distribución de los alimentos, las presiones demográficas, la competencia por el control de los recursos, o toda la gama de problemas económicos como la inflación, el desempleo y el endeudamiento, hasta las cuestiones tales como la inestabilidad de los mercados y de productos básicos1, decidió a los países a interrelacionarse mediante alianzas e integraciones como un medio de afrontar este difícil panorama.
Carrillo Salcedo, J., señala una lista interminable de problemas mundiales que de forma impresionante atacan el sistema. El Derecho Internacional en un mundo en cambio, Tecnos, Madrid, 1985, p.13. 34
Madrid. Concientes de las vicisitudes que atravesaban. La primera plantea como se moderniza e industrializa un país alcanzando niveles de vida. Luego de la Segunda Guerra Mundial. observar el proceso en el viejo continente y los resultados que poco a poco comienzan a vislumbrarse. N°68. Dependencia y desarrollo en América Latina. vol. O. argumentos exclusivamente en aspectos económicos de la integración relegando las fases políticas y sociales a un plano de menor importancia. En esa línea es que los Estados de la región reafirman la idea de que a los fines de la inserción mundial de Latinoamérica. Chile. 531-542. Westview Press. H. Toward a Resolution of the Debate”. Acerca de la teoría de la dependencia. Bonn. H. 1993. E... 1967. la mecánica económica solamente e incluyendo otros. México. Siglo XXI.EL MERCOSUR JURÍDICO La influencia externa fue asimismo./ Faletto. “Latin America and the Third World: Similarities and Differences in Development Concepts”. en Comercio Exterior. cambio social y urbanización en Latinoamérica”. “Dependencia externa y teoría económica”. Conf. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. “Cuestiones de método en la teoría del desarrollo”. fundamental en la conformación del MERCOSUR en tanto los profundos cambios que se suceden en el mundo repercuten en la región sudamericana imponiendo de algún modo la gestación del proceso. S. 3 Afirma Rostow en La economía del despegue. Sünkel. México. “Dependency and Marxism.119-135. crecimiento y prosperidad económica. 1997. como herramienta propulsora de modernización. n° 2. en El Trimestre Económico. 1982. El MERCOSUR: generador de una nueva fuente de Derecho internacional privado. Colorado. n° 150. vol. algunos doctrinarios. salarios y otros aspectos que propenden a una existencia humana próspera y eficiente enfocando. 1977. Buenos Aires. que no se puede perder de vista las discusiones teóricas planteadas en las ciencias sociales en torno a: la “teoría del desarrollo” y “teoría de la dependencia”. Configuraciones del mundo actual. ps. el impacto y pertinencia de lo social. 1982. educación. puede consultarse Cardoso F. ps. en Vierteljahresberichte.no sin sorpresa la aparición en el escenario internacional del mercado común europeo que desde sus mismos inicios comienza a ejercer una marcada influencia en esta región. lo jurídico y lo político. no es posible prescindir de efectuar un encuadramiento histórico-cronológico que nos ubique en el contexto en que se desenvuelven las relaciones intrazona. “Teorías sobre la integración aplicables a la unificación de los países latinoamericanos”. acelera la idea integracionista de los gobiernos de turno2. México.. Furtado. C. comenzó una nutrida discusión gubernamental y teórica producida principalmente por economistas e intelectuales sobre los méritos de la integración entre Estados.. Zavalía. núm 5. sobre todo. “Dependencia. 35 2 .. Kalmanovitz. De esta suerte cabe consignar que Latinoamérica observó . Alianza Editorial. A. es necesario un replanteo de la política a adoptar en un futuro inmediato. Si bien nuestras miras se ciñen a la perspectiva jurídica. México. ILPES. Ver Dreyzin de Klor. Cabe señalar que en América Latina esta opción estuvo asociada a un recetario de desarrollo económico que pregonaba la ampliación del mercado regional y la elaboración de una estrategia común de industrialización3. 1967. Boulder. A. Ver también: Mansilla. año 1. 1979. aproximadamente a partir de 1945-50. XXXVIII. La elaboración teórica que se fue desarrollando paralelamente produjo.Frambes Buxeda. 32.
país designado a tal efecto. ante el Gobierno de la República de Paraguay. Argentina y Brasil. unida a las circunstancias por las que atravesaban las economías de los países latinoamericanos. En 1941. se propuso la Unión Aduanera del Plata.UU. en 1939. Conf. caracterizada por la creación de nuevos espacios geográficos con clara definición unificadora de sus intereses y de su accionar. es la de estar basadas en la eficiencia de la “revolución científico técnica” que se produce de la siguiente forma: -con una especialización.. América del Norte -(EE. podemos contabilizar las dificultades para compatibilizar las diversas políticas desde la faz económica. cooperación científico-técnica. Se revitaliza de este modo el proceso de integración regional sustentado en el apoyo político de los Estados miembros concientizados del significado de la integración como medio viabilizador del crecimiento7. Canadá y Australia). los sentimientos nacionalistas que acompañaban esas políticas y el recurrente cuadro de inestabilidad institucional en la región4. desarrollo de una red de ventas.. 7 El Tratado entró en vigencia el 29 de noviembre de 1991. Este documento se firma en Asunción el 26 de marzo de 19915. pero las circunstancias coyunturales por las que atravesaba la región no dieron cauce a las iniciativas. y vecinos con relaciones estrechas con E. a saber: República Argentina: Carlos Saúl Menem-Guido Di Tella. (nota 2) p.Alexis Frutos Vaesken.A.A. Los factores existentes impulsaron a los gobiernos a imprimir al proceso de adecuación a la nueva conformación del escenario internacional una dinámica particular planteándose una alianza que les garantizara la supervivencia en el mercado mundial globalizado6. La característica que se observa en la integración de zonas como las mencionadas. cooperación y cierta división de trabajo entre regiones. República Federativa de Brasil: Fernando Collor de Melo-Francisco Rezek.U. 5 El Tratado de Asunción se firma por los Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países. por ejemplo. -entrelazamiento de capital. el 30/10/91. cooperación en el comercio y el suministro de materias primas-. DREYZIN DE KLOR Con anterioridad al nacimiento del entonces Mercado Común Europeo se intentó conformar entre los Estados Latinoamericanos distintos tipos de asociaciones económicas. fueron marco propicio para la firma del Tratado de integración económica. Canadá y México) y la Región del Pacífico (Japón. República de Paraguay: Andrés Rodriguez. procedieron en forma simultánea a depositar el instrumento de ratificación. En tanto que la alineación universal al iniciarse la década de los noventa. 6 A la fecha de la firma del Tratado de Asunción se evidencia la integración de varias supraregiones económicas siendo las principales: Europa Occidental. desarrollo de red extranjera de servicios financieros. Frambes Buxeda. entre Argentina y Brasil. República Oriental del Uruguay: Luis Alberto Lacalle Herrera-Héctor Gros Espiell. Entre las causas que impidieron crear las condiciones necesarias para que emprendimientos de esa naturaleza pudieran concretarse.287. se intentó la concertación de un acuerdo de complementación de actividades industriales nuevas dentro de un marco de libre comercio. Así. A. Paraguay 36 4 .
entre los esquemas posibles se optó por constituir y apuntalar un “verdadero espacio económico común que potencie las ventajas competitivas del conjunto. 37 . fue también notoria en la elección del objetivo de fundar un mercado común. Este tipo de asociación era el que mejor respondía a la ambición de quienes participaron activamente en las negociaciones9. a la vez que la esperanza de arribar en esa oportunidad al logro del tan deseado medio para alcanzar un desarrollo solidario y sustentable de los países involucrados en el esquema regional. coincidieron en enfatizar que el Tratado de Asunción. también cumplieron el requisito de depósito del instrumento. Lipovetzky afirma que las experiencias integracionistas anteriores de América Latina. 8 Denominación que recibe conforme establece el art. desde otro costado.cit. no una etapa de un proceso. p. canciller argentino. o por lo menos intentarlo. en la misma fecha: el 1° de agosto de 1991. desde su inicio. Ver MERCOSUR / MERCOSUL. en su primera etapa. Pero no de un todo escalonado en el tiempo. 17. intereses sectoriales favorables al proyecto. La influencia de la experiencia europea. Ver ob. programas convergentes de políticas externas. cuadros técnicos preparados y sensibilizados para la cooperación y la integración. voluntad política favorable a la integración. y Uruguay. tanto Gomes Chiarelli. En este sentido. ver Simonsen y Asociados.es solamente una parte del todo. La firma de este instrumento jurídico significó una superación de la serie de fracasos que en materia de integración regional venían sucediéndose en la zona.EL MERCOSUR JURÍDICO Con anterioridad a la firma del Tratado de Asunción8 se instaló el debate acerca del modelo de integración que convenía adoptar. 55. Embajador Alieto Guadagni. Es así que el esfuerzo llevado a cabo por los Estados se enmarca en una serie de factores estructurales. mientras que. el bajo nivel de intercambio comercial. como Di Tella. pp. viene a colación que. MERCOSUR: El Desafío del Marketing de Integración. Sao Paulo. Siguiendo los lineamientos plasmados en los convenios que precedieron al Tratado cuatripartito hubo consenso en centrar el proceso. no faltan opiniones de quienes sostienen que el “Tratado de Asunción estableció fundamentalmente un compromiso entre los cuatro países para la formación de una zona de libre comercio”. ex Ministro brasileño de integración. objetivo y plazos. sino un segmento integrativo de un conjunto concebido como un todo “ab initio”. para lograr una inserción más adecuada a los mercados internacionales”. Por otra parte. condiciones beneficiosas de proyección subregional y la elaboración de medidas de confianza en temas estratégicos.139-140. 9 Así lo sostuvo el ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. Makron Books do Brasil Editora Ltda. revisión y modificación de pautas del comercio bilateral. pero totalmente definida en su naturaleza jurídica. y no otra zona de libre comercio. dio nacimiento institucional a una estructura orgánica perfectible. tales como: la asimetría económica. sirvieron para extraer conclusiones y evitar nuevos errores. En el mismo sentido. en el aspecto económico. incluyendo las más cercanas de ALALC y la ALADI.. 23 del mismo Tratado. una agenda conflictiva de temas comerciales. 1992. p. La zona de libre comercio del Mercosur -decía Gomes.
Si bien se insiste permanentemente en el necesario apoyo político sustentado en la voluntad que debe guiar a los protagonistas. Involucrarse en una empresa como el MERCOSUR requiere no mentirse. es imprescindible alentar la especialización. de empresas binacionales y una correcta asignación geográfica de las diferentes ramas industriales. Política y Cultura. Entrevista publicada en “La integración: un proyecto supranacional solidario”. en sus inicios. con base en la asociación de capitales. funciones y caracteres. Uruguay. N°2. hacer y competir. poniendo mayor énfasis en nuevas radicaciones que concurran a desarrollarse en el espacio económico. junio de 1992. hay que destruir ciertas industrias en los países que sean menos rentables y reforzarlas en otros. Antes bien. Su naturaleza. agosto de 1994. 13 Calificar el TA como tratado marco. 17. Argentina. enero de 1994. serán determinados al abordar la estructura institucional prevista para el esquema subregional. diciembre de 1994. se torna necesario un desarrollo solidario. Se trata de una calificación 38 10 . año 1. lo problemático es hacerlo del modo más equilibrado y racional posible. Las Leñas. conjunto.A. para que se configure el proceso es menester que se entrelacen economías desiguales12. noviembre de 1991. julio de 1993. DREYZIN DE KLOR En cuanto al principal soporte político. conduce necesariamente a recordar el significado que tiene esta categoría de acuerdo internacional. Las sucesivas reuniones del Consejo Mercado Común (CMC)10 de las que participan los presidentes de los EP son marco para que los mandatarios reiteren la firme voluntad política que los anima en el sentido de apuntalar la unión económica y afianzarla en sus objetivos11. ante una pregunta referida a la viabilidad de la integración en América Latina. Ruy Mauro Marini por Beatriz Stolowicz. el Profesor Marini respondió según la idea vertida supra. vocación que también se pone de relieve en oportunidad de la ratificación del Tratado por los parlamentos de los cuatro países intervinientes sin ningún tipo de reservas. UNAM. p. Buenos Aires. y Ouro Preto. No hay que olvidar que no se está integrando economías iguales. El Tratado de Asunción El Tratado de Asunción nace como un reto a la capacidad de los países que lo suscriben de crear. en relación al proyecto del Mercosur. Colonia. como un instrumento imprescindible para el logro de un “desarrollo económico con justicia social”. 12 En una entrevista efectuada al Dr. éste se exterioriza en los enunciados preliminares del TA en los que se reafirma la “voluntad política de dejar establecidas las bases para una unión cada vez más estrecha entre sus pueblos”. diciembre de 1992. 11 Los Presidentes de los cuatro países se reunieron durante el período de transición en: Brasilia. la elucidación deviene de las vicisitudes que conlleva la experiencia sobretodo. De esta suerte. Es un “tratado marco”13 El CMC es el órgano superior del MERCOSUR. Asunción del Paraguay.
U. se ha generalizado la costumbre de denominarlos tratados -marco”. se creó el Parlamento Andino y el Tribunal de Justicia). señala: “Cuando obvian el detalle. Obviamente en la CE. sino que se llega a él luego de un largo proceso. 16. del Servicio Exterior de Montevideo. p.C. la brindó Gamio. 1991. Gustavo MAGARIÑOS en: Uruguay en el Mercosur. Los tres Tratados nacen como definitivos. Vera. Montevideo. En doctrina. Se regula un período de transición14 previendo que una vez concluido cederá espacio a nuevos muy utilizada en la actualidad que no se encuentra facilmente en el derecho positivo. este tipo de acuerdos internacionales se denominan “acuerdos-marco”. Empero. En tanto que Abreu Bonilla.. Lo mismo puede decirse de la experiencia del Pacto Andino que nace con un texto definitivo.. Su desarrollo queda librado a las decisiones que dicten sus órganos siendo su contenido directrices generales que es necesario concretar por convenios. afirman que la característica que define al tratado marco es que “los instrumentos que se indican en el mismo. I. / Vaillant. pues sólo contienen un conjunto de directivas generales.. M. principios genéricos no desarrollados minuciosamente y orientaciones sobre políticas a seguir. lo que no obstaba a realizar posteriormente las modificaciones necesarias. (En 1979.. en La construcción del Mercosur: Diagnóstico y evaluación de lo acordado. p. tienen escasas normas obligatorias y sus textos contienen básicamente enunciados pragmáticos. Por su parte. Para DI GIOVAN. para alcanzar el objetivo del tratado. F.” Mercosur e Integración. muy breve. J. constituída sólo por la Comisión y la Junta. INTAL. los tratados marco son de una “fuerza ejecutoria relativa. Una caracterización del concepto de acuerdo o tratado marco. lo diferencia de las demás experiencias integracionistas conocidas. tienen un valor y alcance más bien programáticos y orientadores”. se incorporan nuevos órganos a su estructura primitiva. T../Bizzorero.. protocolos específicos o actos jurídicos vinculantes. bajo el título de Tratado marco dice: “El Tratado de Asunción no debe considerarse como un tratado final constitutivo del Mercosur. 1991. expresando que: “Existe un acuerdo bastante general en el sentido de que el Tratado de Asunción consiste en lo que se conoce como “tratado marco”. constituyen conjuntos de principios y enunciados. es decir. un acuerdo general. 14 Esta peculiar característica del Tratado de Asunción. los cuales las partes se comprometen a lograr mediante acuerdos posteriores utilizando la estructura o siguiendo los mecanismos allí establecidos”. deben ser desarrollados en otros convenios y actos jurídicos vinculantes”. con sus instituciones definidas. principios.M. y con los Tratados de Roma (1957) que crean la CEE y la CEEA. aunque la estructura se mantiene practicamente desde sus orígenes. FCU. referida expresamente al Tratado de Asunción. L. a la fecha de los acuerdos no queda constituído el mercado común. Si se piensa en la CE. Ed. en la conferencia dictada en el Simposio “Evaluación del Mercosur” realizado en el Instituto Artigas. las que deben ser ulteriormente desarrolladas y concretadas por convenios especiales.. enunciados programáticos. sin embargo luego del Acuerdo de Cartagena celebrado en 1969. al igual que en el Mercosur.EL MERCOSUR JURÍDICO que al estar ideado como una plataforma de lanzamiento no crea un mercado común sino que establece el procedimiento para llegar a su constitución. cuyo desarrollo quedará librado a las resoluciones que dicten sus órganos”. expuso sobre la naturaleza jurídica del Tratado de Asunción. Al desarrollar el tema sobre los aspectos jurídico-institucionales. Perez Otermin propone como definición de acuerdosmarco “aquéllos acuerdos en los cuales se establecen orientaciones. u objetivos precisos. ello no significa que el 39 .47. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no hace referencia a este tipo de tratados. se recordará que se origina con el Tratado de Paris (1951) dando nacimiento a la CECA. sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer posible su concreción.
La comunidad jurídica se abocó al análisis del mercado en ciernes con la finalidad de actualizar y adecuar. en vez de ir creando las instituciones. En nuestra opinión el diseño y construcción del área integrada requiere una serie de recaudos técnicos irremplazables. diseñados en base a las peculiaridades y necesidades de los países asociados15. etc. en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. la absoluta confianza de los miembros que se comprometen pues esto hace a la esencia de la integración. Así se pronunciaron el Embajador argentino del Mercosur. el que se denominará “Mercado Común del Sur” (Mercosur). pp.A.13-14. 40 . 15 Señala Perez Otermín que la intención de los negociadores fue respetar la “transitoriedad. las instituciones son su andamiaje más Tratado constitutivo. nos animamos a afirmar que estos vicios iniciales son los que permiten que el sistema pueda desmoronarse frente a la actitud unilateral de uno de los socios. el esquema subregional despertó un justificado interés. cree sus instituciones con carácter transitorio. a la ALADI. El criterio intergubernamental adoptado implica poner en tela de juicio la sincera voluntad política de integrarse. El hecho de que los Estados se hayan comprometido y el haber establecido un plazo para la conformación del Mercado Común. fue errónea la opción efectuada. Ob. desobedeciendo una decisión comunitaria. se debe a la rigidez de los instrumentos generadores y al hecho de adelantarse a los tiempos de entrada. al MCCA. en el art. respetando las necesidades que se observan en las diversas etapas. no cesión de soberanía. A nuestro juicio.” pues no se podía reconocer claramente. la soberanía. En el mismo sentido podríamos referirnos a la ALALC. cit. constituyó un verdadero desafío cumplir una planificación en la elaboración de los tan mentados instrumentos. Estimamos inherente a la experiencia. tanto científica como académicamente. DREYZIN DE KLOR instrumentos. que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994. se afirma que el fracaso de numerosas experiencias de integración. al CARICOM. organismos e instituciones. ausencia de obligatoriedad. No solamente en función de su estructura sino en todos los órdenes. 16 El Tratado de Asunción. (31 de diciembre de 199416) obró con un doble efecto. el 14/6/95. 1 del Capítulo I: “Propósitos. Herrera Vegas y el Licenciado Mayoral. en las conferencias celebradas en el marco de la actividad organizada por la International Law Association. a la vez que repercutió de incentivo. principios e instrumentos” expresa: “Los Estados partes deciden constituir un Mercado Cómún. ni en un mínimo. desde sus inicios. Tratando de buscar una justificación al carácter de Tratado marco que reviste el Acuerdo de Asunción. En este sentido. los respectivos contenidos y así elaborar las bases sobre las cuales construir la integración regional. No admitirlo apareja una consecuencia muy grave cual es no ceder. o al NAFTA. Secretario de Relaciones Económicas del Mercosur. las particularidades que sustentarán aspectos definitivos.
Calceglia. Revuelta. El Nuevo Orden Económico Internacional. orientada a obtener la Ya tuvimos oportunidad de pronunciarnos en este sentido en “La viabilidad del Mercosur en relación al sistema de solución de controversias”. The New International Economic Order. de Derecho Privado y Comunitario. J. el logro de los objetivos propuestos. 18 La determinación del concepto del nuevo orden económico internacional. en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolution 35/166.EL MERCOSUR JURÍDICO delicado porque deben responder a las necesidades que plantea el modelo y principalmente. y las regulaciones de las relaciones económicas internacionales en la compleja y sofisticada sociedad mundial que nos toca vivir. 1984 pp 7-15. Los principios y normas existentes en el derecho internacional que pueden relacionarse con el nuevo orden económico internacional. p. la eficiencia y las ventajas competitivas de la región. para quien el éxito del proyecto está intimamente relacionado a su estructura institucional. el incremento de las diferencias entre las naciones altamente industrializadas y los países en desarrollo. El derecho económico internacional es un sujeto amorfo. conf. 1998.T. S. El Cid. a las entidades de Derecho Internacional Público y a las actividades de las corporaciones transnacionales. 1993. N° 9. al grado real de desarrollo de las bases materiales. The United Nations General Assembly -UNGA-.. o que las causas estructurales del subdesarrollo en los países llamados del Tercer Mundo se han agravado. asomaba en el horizonte el nuevo orden económico mundial en el cual urgía posicionarse. 15/12/80). Mc Graw Hill. J. ps. Santa Fe. La Ley. Ver Integración – El desafío de las instituciones. Entre éstos cobraba especial relevancia el trabajo permanente de los gobiernos y los grupos técnicos no sólo en aras de la implementación de acuerdos establecidos conforme al Tratado que incrementen la productividad. Madrid.”Interpretaciones del concepto Nuevo Orden Económico Internacional” en Temas de Organización Económica Internacional. lo social y lo político. Rabinovich. a las organizaciones internacionales. inter alia. y el éxito de este emprendimiento regional.17 Desde otra perspectiva. se encontraba condicionado por una serie de factores. Gonzalez coord. No puede desconocerse por ejemplo. No era ajeno a quienes construyeron el esquema que la viabilidad. Press. Referirnos al nuevo orden económico mundial implica un análisis de sus principales características ya que muestra la existencia de tensiones y situaciones críticas anteriormente desconocidas. dentro de un contexto en el cual las situaciones coyunturales son de manejo más difícil en lo económico. Buenos Aires. 1977.160-173. son los referidos a las relaciones económicas entre los Estados. sino en la concientización de los pueblos de alcanzar la “cultura comunitaria basada en una voluntad solidaria. 1-30. En apoyo de lo expresado también I. las cuales están contenidas. Bhagwati. 1.18 La implementación de esta asociación económica se genera como respuesta constructiva a los veloces cambios en el escenario internacional. 41 17 . Rev. 1995. ps. que varían según los objetivos que se hayan tenido en mira. The North-South Debate. The M.I. E. presenta numerosas dificultades. Rubinzal Culzoni. La posición tomada por los diferentes autores que han trabajado en el tema difiere sustancialmente en cuanto a las prioridades que le asignan cada uno de ellos. ha sido uno de los grandes desafíos de los últimos tiempos.
a pesar de no haberse concretado la asociación económica según el modelo inicialmente proyectado. se aprueba el proyecto del Protocolo que en la VII Reunión del CMC es suscripto por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Presidentes de los Estados Partes. Si acudimos a sus normas. El encuentro es de vital trascendencia para el proceso de integración regional pues en su transcurso se aprueban importantes instrumentos que coadyuvan a dinamizar y avanzar hacia la puesta en marcha de una Unión Aduanera entre los PM a partir del 1° de enero de 1995. Así.la implementación de la unión aduanera como etapa para la construcción de un mercado común”. DREYZIN DE KLOR justicia solidaria”. aunque esté literalmente incorporado. que la idea es establecer un Mercado Común. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del TA se firma el “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur”.. 52. 20 De conformidad a su art. El documento de Ouro Preto no deja espacio para dudar sobre la voluntad de continuar con el objetivo establecido por el Tratado de Asunción de conformar un mercado común22. ambas Ver B. denominado: “Protocolo de Ouro Preto”20. Buenos Aires.A. art. 42 19 .se celebra durante los días 16 y 17 de diciembre de 1994. 22 Tanto en el Preámbulo del Protocolo de Ouro Preto como a lo largo de su articulado se lee.3°.21 que se conoce como “Conferencia Diplomática sobre Aspectos Institucionales del Mercosur”. En dicha reunión. ED. en el art. 21 Se llevó a cabo en Brasilia entre el 5 y 7 de diciembre de 1994. expresamente en algunos casos o se deduce en otros. se destaca la “importancia de los avances alcanzados”.19 Todo ello no se condice. “Como lograr facilmente la armonización de las legislaciones sobre sociedades mercantiles en los países del Mercosur”. 26/3/93. también se contempla dicha finalidad. “. la normativa esencial correspondiente a los factores relacionados. 2. II y 14 inc. El documento es producto de la labor desarrollada por el Grupo Ad-hoc sobre Aspectos Institucionales que celebró cinco reuniones de trabajo y una reunión preparatoria de la Conferencia Diplomática. 1994: POP un documento esencial En la ciudad de Ouro Preto -República Federativa de Brasil. 8° inc. IV. con la naturaleza jurídica de un tratado marco que no brinda la posibilidad de establecer. Kaller de Orchansky. dice el Preámbulo que se reafirman los principios y objetivos del Tratado de Asunción. Sin embargo se logra entre los EP una combinación de asociación de libre comercio y de unión aduanera. por ejemplo. ab initio. la VII Reunión del Consejo Mercado Común con la presencia de los Presidentes de los cuatro EP.
24 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN) que crea desde el inicio una asociación de libre comercio.EL MERCOSUR JURÍDICO imperfectas. Hablamos de asociación de comercio y de unión aduanera imperfectas. Estar anclados en esta circunstancia sui generis de asociación de libre comercio imperfecta y de unión aduanera imperfecta. 18 que “antes del establecimiento del Mercado Común. aunque con características distintas a las que señaláramos al referirnos al Tratado de Asunción. según lo acordado en la reunión de Buenos Aires del 5/8/94. el Tratado de Asunción expresa en su art. los Estados Partes convocarán a una reunión extraordinaria con el objeto de determinar la estructura institucional definitiva de los órganos administrativos del Mercado Común. 43 23 . de este modo. sino también la vocación de los cuatro países de asumir los desafíos del proceso de integración enfrentando decididamente las realidades cambiantes de la economía regional y global. la libre circulación intrazona no lo es sobre la totalidad del universo arancelario sino en un 80% aproximadamente. sobre todo en un lapso corto de tiempo sin antes transitar por los anteriores. porque al 31 de diciembre de 1994. Estos tipos de asociación pueden ser concebidos como el modelo de organización regional que se pretende instalar entre determinados países24. se alcanzaría en el 1/1/2006 (Bien conocemos que esto no se ha logrado). y el arancel externo común. pero también funcionan como paso previo al Mercado Común ya que no es fácil alcanzar este estadio. las bases del mercado común. El Protocolo de Ouro Preto: su calidad Como ya ha sido expuesto. es una etapa intermedia hacia la conformación de un sistema integrado que constituya verdaderamente un mercado común. a la vez que se consolidan los procesos democráticos de las naciones integradas. así como las atribuciones específicas de cada uno de ellos y su sistema de adopción de decisiones”. el comunicado no sólo destaca los hechos que conducen a lograr un significativo avance para la puesta en marcha de una unión aduanera y sentar. En apoyo de lo que venimos afirmando resulta ilustrativa la lectura del Comunicado Conjunto emitido por los presidentes en tanto reitera la “convicción que la integración contribuye a promover el desarrollo y la justicia social y a desterrar el atraso económico”. El instrumento aprobado en la antigua ciudad brasileña incurre nuevamente en el defecto de adoptar un sistema transitorio.23 que es mucho más que lo alcanzado en anteriores experiencias zonales. el 31 de diciembre de 1994. En tal sentido. Estimamos que es la idea que late en quienes tienen a su cargo avanzar en el desenvolvimiento del proceso subregional según parecen demostrar las conductas que exteriorizan reiteradamente.
coexistiendo en el futuro ambos cuerpos normativos. Respecto a este instrumento jurídico. se produce con la entrada en vigencia del Protocolo de Ouro Preto. Establecer órganos definitivos -afirman.25 A nuestro entender. Finalmente. Buenos Aires. se consideró que resultaría más práctico mantener su vigencia aunque se dividieron los criterios entre quienes sostenían que era beneficioso actualizar su articulado y quienes consideraban la conveniencia de dejarlo tal como estaba y elaborar un nuevo texto que incluyera una cláusula derogatoria general de todas las normas que se le opusieran. organizadas por la ILA. DREYZIN DE KLOR Quienes participaron en la redacción del Protocolo argumentan en defensa del criterio adoptado.Exportar. Aunque pequemos de reiterativos. sustituyéndolo por un nuevo Convenio. “El Mercado .”. Alejandro Mayoral en las disertaciones pronunciadas en el Colegio de Abogados de Bs. se hace necesario y más a esta altura. 5328. la posibilidad de derogar el Tratado de Asunción. 26 Ver Actas y Documentos de las Reuniones Preparatorias del Protocolo de Ouro Preto. Como ya ha sido Así se pronunciaron el Embajador del Mercosur Dr. Como demuestran los hechos.27 y la aplicación del art. 27 Su vigencia se producirá treinta días después de la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación. p.As. el 14/6/95. uno de los mayores errores en que se incurre es precisamente. un verdadero símbolo del proceso de integración26. ello si queremos un MERCOSUR que funcione de manera efectiva. cabe consignar que fue también objeto de debate en los encuentros preparatorios a la reunión de Ouro Preto. Dicho esto cabe preguntarse ¿qué valor revisten las Decisiones modificatorias del Tratado originario aprobadas por el CMC durante el período de transición? No olvidemos que el CMC es un órgano intergubernamental y que el Tratado de Asunción fue debidamente ratificado por los Parlamentos de los Estados vinculados. siendo nuevamente la depositaria de los mismos.es poner vallas que impiden ir acompasando las instituciones a los momentos por los cuales discurre el proceso. la falta de firmeza en la toma de una decisión tan importante cual es definir la estructura institucional del Mercosur. Asimismo...A. la posición que prevaleció fue la señalada en segundo término. 71. reemplazar los órganos intergubernamentales que están hoy comandando el proceso por órganos con competencia legisferante y jurisdiccional asumida en virtud de la delegación parcial de competencia que deben efectuar los EP. Oficina de Mercosur dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia el saneamiento jurídico de esta situación convalidando las Decisiones relacionadas. la necesidad de potencializar la dinámica que es propia del Mercosur. PEREZ OTERMIN. Herrera Vegas y el Lic. ello motivado en que el Tratado de Asunción se consideró instrumento fundacional de la asociación subregional y por lo tanto. es necesario volver sobre el punto del modelo: uno de los postulados que sostenemos con mayor vigor para el éxito del Mercosur. la República 44 25 .
las resoluciones del GMC y las directivas de la CCM. Durante los primeros años. 3. tal como fuera reglamentado. el arbitraje es la última y definitiva instancia contemplada por el sistema. pp. El sistema plasmado en el Protocolo de Brasilia y su Reglamento. 28 Dicho artículo textualmente reza: “Quedan derogadas todas las disposiciones del Tratado de Asunción. inc. Téngase presente que los dos últimos laudos emanados de los TAHM se corresponden con la vigencia del PO. Estimamos que la norma es innecesaria y redundante pues sabido es que un tratado posterior puede derogar a otro anterior en cualquier momento29. 30. Si bien la instancia arbitral ha sido de Paraguay. que estén en conflicto con los términos del presente Protocolo y con el contenido de las Decisiones aprobadas por el Consejo del Mercado Común durante el período de transición”. los Estados partes optaron por la vía directa de los entendimientos. de los acuerdos celebrados en el marco del mismo. 49). como es de sobra conocido. aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el TA. amén de las atribuciones específicas de cada uno de los órganos de la zona integrada. En realidad. habiéndose dictado también dos laudos del TPR a consecuencia de la apelación del décimo primer laudo y de una demanda de Argentina vinculada con la sustanciación del décimo segundo. A partir de entonces y hasta la fecha31. Midón. LL. así como de las decisiones del CMC. Otro aspecto que nos resulta llamativo es la versatilidad que creemos que se desprende del Protocolo. 25/VIII/99. 31 25/3/07. aparecía sumamente azaroso para las partes30. después de agotadas sin éxito las etapas previas de las negociaciones directas y de la intervención del GMC. estuvo destinado a resolver las discrepancias que surgieran de la interpretación. en la comprensión de que el procedimiento arbitral. 29 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. “El debut jurisdiccional en el Mercosur”. del 26 de marzo de 1991. art. Ello en virtud de la disposición del Capítulo IX Revisión . 1-3.3°. 45 .que faculta a los Estados Partes “cuando lo juzguen oportuno” a convocar una conferencia diplomática que revise la estructura institucional que el Protocolo establece. 30 M. que deberá comunicar a los demás Estados miembros la fecha de los depósitos de las respectivos instrumentos de ratificación así como la de entrada en vigor del Protocolo (art. de todos modos cabe apuntar que durante el lapso transcurrido entre la aprobación y la ratificación del instrumento no se suscitaron conflictos sobre lo relacionado.EL MERCOSUR JURÍDICO ratificado y está en vigor el problema desaparece. fueron doce los conflictos laudados. 1998 / 2003: El Protocolo de Brasilia como marco de los laudos arbitrales Tuvieron que transcurrir más de seis años desde la entrada en vigencia del mecanismo establecido por el PB para que viera la luz el primer laudo del MERCOSUR.
la falta de tutela suficiente de los intereses de los particulares.. algunas formalidades resultaban inevitablemente exigidas32. A tenor de lo expuesto. Sobre las formalidades exigidas en el PB. Marzoratti. según la materia de que se trate34. A. t. se entiende que no pocas voces se alzaran para sostener que tal como estaba estructurado el sistema. Derecho aplicable por el tribunal arbitral El art. Boldorini. y pueden ser resultado de actos escritos o no escritos. agregándose los principios y las disposiciones del derecho internacional aplicables. ni en su número ni en su forma. Sin embargo. para que resulte oponible. 34 Es necesario tener presente que toda norma internacional. Entre las fuentes enunciadas no se mencionan expresamente los laudos arbitrales. pero siempre con un contenido de reciprocidad expresivo de consentimiento. puede verse M. Com. Rev. Dilex. 475 y ss. aunque también en algunos de los pronunciamientos optan por una hermenéutica diferente. 2002. efectúan el control de admisibilidad de tales reclamos.C. 2003. Derecho de los negocios internacionales. 41 del POP identifica las fuentes jurídicas del MERCOSUR. 46 32 . Jiménez García. la jurisprudencia refleja que el ámbito preferente de manifestación de los comportamientos o conductas recíprocos de los países se centra en las situaciones objetivas de despliegue de las competencias soberanas de los Estados. Der.I. Astrea. Los comportamientos recíprocos en derecho internacional – A propósito de la aquiescencia. pp. 1. expresos o tácitos. no puede negarse el valor tanto político como jurídico que acompaña a los laudos ya que en numerosos casos. el reclamo presentado por el particular no tendría incidencia y desarrollo sino como una simple denuncia en razón de que los Estados dominan los órganos actuales del MERCOSUR (órganos intergubernamentales) y son los que en definitiva. El procedimiento adoptado refleja una vez más. simples o complejos. el estoppel y la confianza legítima.A. De esta suerte. 1994-6. 19-20. Priv. 58. p. con acierto se ha señalado que las formas de manifestación del consentimiento. DREYZIN DE KLOR diseñada buscando que la misma opere del modo más sencillo. los tribunales arbitrales han acudido a las decisiones anteriores para fundar sus decisorios. solemnes o informales. O. En esta normativa deben basarse los TAHM para fundar sus decisiones. Prólogo a F. Madrid. 33 Conf. Ahora bien. con lo cual los posteriores paneles arbitrales pueden dejar de lado lo establecido en decisiones anteriores. Sánchez Rodríguez. pp. Buenos Aires. el fallo arbitral no sienta precedente obligatorio. aceptación o reconocimiento no están tasadas. aceptándolos o rechazándolos. En el contexto internacional. Ver L. dispositiva o imperativa. podría llegar a considerarse que se trata de una denegación de justicia por los Poderes Ejecutivos33. Es cierto que por su propia naturaleza. aceptada o reconocida por los Estados y demás sujetos del derecho internacional. rápido y económico posible. en este último caso. debe ser consentida. “Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias”.
La no admisión de los votos en disidencia se basa en la necesidad de preservar la independencia de los árbitros respecto al país del cual son nacionales37. si bien los laudos constantemente se valen de este ordenamiento jurídico. B. ThomsonCivitas. cuarto. 37 Arts. Los TAHM están autorizados a adoptar medidas cautelares o provisorias necesarias para evitar perjuicios irreparables. Barcelona. Las partes están facultadas. 38 La aclaratoria fue interpuesta en los laudos tercero. asimismo. método y finalidad específica35. lo ideal sería que nunca se tuviera que recurrir a medidas compensatorias en el seno de un sistema de integración. 3ª ed. Es bien sabido que el derecho comunitario no es ni derecho internacional ni derecho interno de los Estados miembros de la CE. octavo y undécimo. Manual de Derecho de la Unión Europea. para el caso de incumplimiento. Ariel. sea sobre el laudo en sí mismo. Entre las publicaciones disponibles en castellano pueden consultarse. 36 Obviamente. Sistema jurídico de la Unión Europea. en el cual la regla debería ser la del acatamiento espontáneo de las decisiones de sus órganos. Isaac. G. a someterse a un arbitraje ex aequo et bono. previéndose. que puede ser por mayoría aunque la regla ha sido la unanimidad. Pero el mundo de lo ideal y la realidad no siempre coinciden. 2006. Se admite sin embargo la aclaratoria. F. 1995. tales como la suspensión de concesiones u otras equivalentes. entre otras: R. quinto. la falta de mención puede llevar a omitir el empleo de un ordenamiento jurídico cuya aplicación resulte idónea a los fines de resolver el conflicto. así como de doctrina y de jurisprudencia comunitaria para sustentar los laudos. Díez Moreno. El laudo arbitral La decisión adoptada por el TAHM debe estar debidamente fundamentada. Cizur Menor. El número de obras disponibles sobre el ordenamiento jurídico comunitario es muy extenso. Manual de derecho comunitario general. En consecuencia. Alonso García. tendientes a obtener su cumplimiento36. debiendo el tribunal expedirse sobre ésta dentro de los plazos establecidos38. 228 CE). El laudo es inapelable y obligatorio para los Estados partes en la controversia a partir de la notificación y se le reconoce el valor de cosa juzgada. 15 y 16 RPB.EL MERCOSUR JURÍDICO Tampoco aparece en la enunciación el derecho comunitario europeo y sus principios. la posibilidad de que los Estados partes afectados obtengan medidas compensatorias. Hasta en la Unión Europea. es un derecho autónomo con objeto. Thomson-Civitas.. 2007. Cizur Menor. 47 35 . ha aparecido la figura de la multa coercitiva para los Estados miembros refractarios a la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia declarando el incumplimiento por dicho Estado del derecho comunitario (art. después de décadas de integración. imponiéndose al mismo la confidencialidad de la votación. sea sobre la modalidad de su cumplimiento.
En función de lo dispuesto en cuanto al derecho aplicable por los TAHM. desde una óptica integradora con las normas y principios que regulan el derecho internacional”.resulta insuficiente. en tanto que el PO lo hace en el art. como fundamento de los decisorios. Asimismo. 19). 34. Analizando la jurisprudencia mercosureña hasta la fecha. y el POP. DREYZIN DE KLOR C. antes de cualquier consideración al respecto. Los principios jurídicos como parámetro: ¿Qué principios? Numerosos principios plasmados normativamente en el derecho originario y derivado han servido de sustento a los tribunales a la hora de pronunciarse a través de los laudos arbitrales dictados en el bloque. y hasta podría calificarse de ineludible en el fenómeno de la integración40. con acertado criterio. En algunos casos. conviene distinguir entre los principios propios del derecho internacional y los que inspiran el derecho de la integración. sea bajo la vigencia del Protocolo de Brasilia. pues los objetivos de los procesos regionales necesariamente conllevan principios autónomos que responden al propósito que los informa. Pero. los tribunales echan mano de axiomas no incorporados expresamente en el catálogo del derecho mercosureño. son principios propios de los procesos de integración. cuya diferenciación puede servir para calibrar las diversas actitudes frente a la búsqueda de una interpretación uniforme. sea a partir de la entrada en vigor del sistema actual. pueden agruparse como sigue: a) los asuntos en que los tribunales han coincidido en valerse de los mismos principios reconociéndoles carácter de precedente. en no pocas oportunidades. b) los casos en que introducen postulados no empleados por los tribunales que les precedieron. Empero. Dichos supuestos. y c) los supuestos en que acuden a una hermenéutica diferente frente a las mismas reglas o principios. se incluyen los principios y disposiciones de derecho internacional junto a las decisiones. § 56) al sostener que: “La aplicabilidad de las normas y fines del Tratado de Asunción debe realizarse además. amén del TA. en tanto que en otros. incluso. 40 En esta línea se pronunció el TAHM (laudo 2°. Va de suyo que el empleo de los principios y las reglas de derecho internacional es necesario39. es posible diferenciar varios supuestos dentro de la actividad de los tribunales arbitrales en relación con la consideración que brindan a los principios en el contexto del sistema de solución de controversias subregional. resoluciones y directivas. En algunos casos se trata de principios de derecho internacional. la interpretación de una norma de acuerdo a los principios propios del derecho de la El PB los consagra expresamente entre las fuentes normativas aplicables (art. 48 39 .A. la sola argumentación basada en los principios de derecho internacional -únicos axiomas contemplados en la norma referida al derecho aplicable a los laudos.
151 (1976-III). en sentido de un estándar jurídico abierto. 44 El art. En aquélla tiene. las negociaciones o los actos relacionados con organizaciones internacionales. Presidente de la Conferencia de Naciones Unidas en la que se adoptó la Convención de Viena. NILR. Kolb. P. 2002. Entre otros instrumentos jurídicos internacionales. pp. concretamente. 22. Ver también. al no agregar nada al concepto de cumplimiento de las obligaciones de que se trate. 218-219. El principio admite. por ejemplo. distintas definiciones (según las aproximaciones: en sentido subjetivo. lo que le otorga una cierta superioridad. Principios de derecho internacional Principio de buena fe Este principio ha sido objeto de importantes desarrollos doctrinales. Dupuy. lo mencionan la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969 (CVDT)42 y la Carta de las Naciones Unidas43. la buena fe es una noción imprecisa y que los tribunales no podrían pronunciarse dictaminando que Roberto Ago. Droit international public. En orden a su contenido.K. En uno y otro caso. Cabe decir al respecto que.EL MERCOSUR JURÍDICO integración puede llevar a soluciones diferentes (o directamente contrarias) a las que se obtendrían utilizando los principios tradicionales de derecho internacional. prohibitiva de abuso del derecho. Recueil des cours. vol. se refirió en la ocasión a la cuestión de la interpretación de los tratados como “una de las más controvertidas y más difíciles de todo el derecho de los tratados”. 2000. si bien la exigencia de buena fe es omnipresente en todos los ámbitos de las relaciones internacionales46. t. 2. 2006. Dalloz. Paris. Droit international public. 1-36. Paris. se ha considerado que. 49 41 . pese a que la Convención no establece ninguna jerarquía entre los principios45. al cumplimiento de los tratados. “Principles as Sources of International Law (with Special Reference to Good Faith)”. p. 5ª ed. 31 CVDT establece. 47 Ver R. 276. además.. el estatus de regla de base para la interpretación de los tratados44. “L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”. 45 Ver M. Su tratamiento ha dado lugar a posiciones divergentes según se lo considere autónomo o vinculado siempre a determinados actos. sobre la base del sentido corriente de los términos del tratado. el contexto y su objeto y finalidad. p. a. además. la cuestión es compleja41. M. despliega un rol muy singular en el concreto ámbito de la interpretación de los tratados.2. 42 Arts. 43 Art. en tanto principio general del derecho) y distintas aplicaciones prácticas (protectora de las expectativas legítimas de las partes. 62. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados. Dailler / A. p. 53. en efecto. segunda sesión. fuente de desarrollo jurídico e integración de lagunas)47. pp. 46 P. LGDJ. 26 y 31. que “un tratado debe ser interpretado de buena fe…”. Pellet. Yasseen.
49 J. Derecho internacional público. Considerando § 6. P. D. Coincidencias entre los fundamentos jurídicos invocados por el Paraguay y el Uruguay §1. surge claramente de la Convención de Viena55. §10. Laudo 4: §27 y Aclaratoria III. señala A. Objeto de la controversia §3. pp. Conforme ha sido interpretado en los laudos arbitrales del MERCOSUR52. Zavalía. de 3/2/1994 (diferendo territorial entre Libia y Chad). aunque la concreción de la buena fe en los casos concretos puede resultar difícil. 52 Laudo 1. 31 CVDT. se pronuncia el tercer TAHM. 55 Art. Sin embargo. Laudo 10. DREYZIN DE KLOR un Estado actúa de mala fe48. por la más calificada doctrina y por la práctica de los Estados51. IV. 46. 26 CVDT: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.A. 54 Art. cualquiera sea su fuente50-. Laudo 9. §56. es con esta intención que fue aplicado por los TAHM56. En algunos laudos. 56 Laudo 11. 50 Ver. donde la buena fe aparece con carácter imperativo para determinar el modo de cumplimiento de los tratados. §2. Buenos Aires.3. § 56. si bien no se lo conceptualiza expresamente. 51 Ver las referencias de M. 2001.1. de 25/9/1997 (sistema de diques sobre el Danubio). t. Barboza. la mala fe de los negociadores no ha sido invocada jamás sino. 53 Laudo 1. Su vinculación con la norma fundamental de todo el derecho de los tratados. 20 y 24. en todo caso. el concepto de buena fe incluye “[…] no sólo la honestidad de los actos de ejecución y su apego formal a la letra de los textos. pp. Yasseen (nota 45).10 y §8. entre otras. 1987. 76. inducida implícitamente de su comportamiento. 295-299.12. Laudo 3.. la realidad muestra que el carácter jurídico del principio de buena fe ha sido repetidamente confirmado por la jurisprudencia de los tribunales internacionales -la CIJ entiende así que la buena fe es uno de los principios básicos que presiden la creación y ejecución de las obligaciones jurídicas. 50 48 . Así por ejemplo.-M. III. Citando a Zoller. p. existe una vieja idea de considerar que se trata de un “principio moral” o “un precepto tan general que no puede tener efectividad jurídica”49. II (Derecho de los tratados). Dupuy. 1956. (nota 46). §21. Laudo 7: §8.”. sino también “[…] la idoneidad de la actividad de las partes para dar cumplimiento a los fines y objetivos de las normas convencionalmente adoptadas”53. III. sea por respeto al honor de los Estados o por la dificultad de probarla. t. Laudo 5. Aclaratoria 1. Laudo 8. Remiro Brotons que en la práctica. 1) 2). se le reconoce el alcance atribuido por la Convención de Viena entendiendo que la interpretación se realiza teniendo en cuenta “[…] el sentido corriente a dar a los términos del Tratado”54. el pacta sunt servanda. Derecho internacional público. La remisión corresponde a la Aclaratoria a dicho laudo. 297. p. IDI. Madrid. En un sentido similar. Tecnos. En idéntico sentido. §24 y §34. Laudo 6. sentencias de 20/12/1974 (ensayos nucleares).K.. Ver ya las discusiones reflejadas en el Ann.
d). La eficacia del control queda sujeta a un gran número de variables.15.§ 8. el carácter de norma fundamental aceptada de forma unánime por la doctrina internacionalista y la jurisprudencia de los tribunales internacionales que consideran a esta regla “pilar indispensable en todo proceso de integración”. En el noveno pronunciamiento..12 . como axioma unido al “principio de cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas en los tratados internacionales”64. En el P.11 . p. en cuanto sostuvo que en su accionar.10 . en esta línea que se trata de una regla de derecho internacional que “fija un criterio de principio. Pellet. 26 CVDT. afirmando que estos principios “adquieren más relevancia y profundización en los procesos de integración”63.un rasgo netamente axiomático o categórico del principio59. presentándolo como complementario (en realidad. El séptimo TAHM echa mano de la regla en diversos párrafos. 59 Ibid. 63 Laudo 6. § 24. p. Se ha sostenido. aparece cuando el tribunal refiere las argumentaciones esgrimidas por Argentina. E. 65 Laudo 8. 274. p.-M. en el sexto decisorio. 64 Laudo 7. al establecer que los tratados en vigor “obligan a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe”. Varios de los tribunales arbitrales del MERCOSUR se han valido de esta regla. el control se halla totalmente judicializado garantizándose de este modo. 218 y las citas a la “jurisprudencia constante que confirma esta vinculación”. serían dos aspectos del mismo principio) al principio de buena fe60. 66 Laudo 9. 60 Ver P. además de vinculada con el principio de buena fe62. ha sido considerada por este cuerpo.194. El enunciado del art. que puede traducirse por la fórmula […] de que un Estado no debe engañar a otro”58. § 8. Dailler / A. 8/00”. (nota 46).EL MERCOSUR JURÍDICO Pacta sunt servanda No se discute al principio pacta sunt servanda su naturaleza de norma con alcance universal o “ley de leyes […] con alcance estructuralmente imperativo”57. su significación como principio de cumplimiento de los tratados y demás compromisos internacionales. entre las que importa destacar la calidad de órgano judicial o parajudicial que ejerce dicha función61. así. 58 57 51 . § 56.§ 8. Derecho de los tratados internacionales. 1987. IV. Abaco. § 1. cuando sostiene su aplicabilidad al objeto de la controversia. entrañan –en cuanto a su contenido. el respeto a la regla. 61 En organizaciones de integración avanzadas como la CE. De La Guardia. Uruguay violenta este principio66. 62 1° Laudo. Dupuy. (nota 51). § 8. Buenos Aires. En tanto que el octavo tribunal lo cita al reseñar las coincidencias entre los fundamentos jurídicos esgrimidos por las partes65. También. La misma se acoge en el primer laudo como “norma fundamental” y principio consagrado en relación al cumplimiento de los tratados. se la recepta a la hora de señalar los principios generales de derecho internacional que se ven afectados por “la Portaria No.
Córdoba. Drnas-Lerner. se construyen sobre la base de distinguir entre los Estados partes del esquema y terceros Estados72. Principio de reciprocidad El principio de reciprocidad tiene mucho tiempo de existencia en el derecho internacional68. Salas. (nota 51). Revista INTAL. DREYZIN DE KLOR décimo primer laudo -primer pronunciamiento dictado al amparo del PO– es acogido al rescatar la admisión de la regla por considerar su inclusión entre las fuentes jurídicas consideradas como derecho aplicable por los tribunales arbitrales según el PO67.A. Ver E. 1401-1402.-M. Por nuestra parte. 2002. en la medida en que los Estados están cada vez más interesados en respetar los derechos de los demás69. en el cual sostuvo: “el acceso de las empresas de transporte marítimo de los países o comunidades de países extrasubregionales al transporte de cargas de importación y exportación que los países de la subregión generan. Ver § 21. 69 P. El aumento de la interdependencia entre los Estados ha hecho crecer la importancia de la reciprocidad. Paris. 68 67 52 . 3 de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena71. entendemos que existiría una cierta contradicción entre la reciprocidad y los procesos de integración regional que. Dupuy. 3: “La reciprocidad es la mutua concesión que países o comunidades de países se otorgan entre sí para permitir el acceso a las cargas que deben transportarse por vía marítima”. 382. 1993. se concederá en similares condiciones y proporción de acceso al que se conceda a las empresas de transporte marítimo de la subregión o a las naves fletadas u operadas por ellas”. el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia acerca de una cuestión prejudicial por la que debía interpretar el art. “Discriminación y no discriminación en los esquemas de integración económica. En este contexto. 314. 1980. 71 Dec. 70 G. en: Estudios de Derecho Internacional en homenaje al Profesor Ernesto Rey Caro. pp. art. El caso del MERCOSUR”. justamente. La réciprocité en droit international. p. Decaux. lo cual puede llevar tanto a una aplicación “virtuosa” (concesión mutua de ventajas) como “viciosa” (represalias o retaliaciones). LGDJ. Hacia el interior del MERCOSUR. cabe traer a colación como ejemplo de la primera posibilidad (aplicación ad extra de la reciprocidad). “El principio de reciprocidad en los procesos de integración”. frente a lo cual cabe preguntarse si el principio sólo puede jugar en las relaciones ad extra del bloque o también tiene un ámbito de aplicación ad intra70. 72 M. Responde a la idea de dar a los demás el mismo trato que se recibe de ellos. nº 11. Halperín. La reciprocidad es invocada a menudo tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la integración. el TA lo consagra expresamente como base de los derechos y obligaciones constitutivos del mercado común.
1) c. y en el “convencimiento de que el mismo serviría para fortalecer las relaciones entre las partes basadas en la justicia y la equidad. pp. en sus respectivos territorios. § 65. Otras veces. no deja de ser inadmisible por ser contraria a una actitud adoptada anteriormente por la parte que realiza la alegación”78. p. c) un efecto confirmativo –por el que se reconoce al menos inter partes. doblegándose ante la dificultad de la definición del principio. §5. “El principio del ‘estoppel’ en derecho internacional público”. Cuestiones de derecho invocadas por el Uruguay: §2. Coincidencias entre los fundamentos jurídicos invocados por Paraguay y Uruguay § 1. en particular respecto de normas en vigor entre los Estados en conflicto: el estoppel impediría a los Estados partes de un texto internacional la 73 Art. E. que se extenderá desde la entrada en vigor del presente Tratado hasta el 31 de diciembre de 1994. Pecourt García. 76 “Durante el período de transición.8 (Es esgrimido en las alegaciones de las partes). 77 El TAHM hace referencia expresa en este punto al art. la validez de la ‘actitud secundaria’. se ha preferido contentarse con la definición de sus efectos79.EL MERCOSUR JURÍDICO asimilándolo en cierto modo al principio de igualdad de los Estados partes73. parece claro que el principio en cuestión aparece en la práctica estrechamente vinculado con el de buena fe. b) un efecto obstativo –en tanto impide la validez o efectividad de las alegaciones efectuadas en contra de los actos propios o declaraciones-. 97-139. 38 POP. Laudo 8: Cuestiones de derecho invocadas por el Paraguay: §2. III y IV al presente Tratado”. 2 TA: “El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de los derechos y obligaciones de los Estados partes”. Estoppel El estoppel ha dado lugar a opiniones muy divergentes en cuanto a su calidad y alcance. 158. Una definición bastante aceptada. y los laudos. 1962. t. Université de Genève. el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR previstos en el artículo 2 de este Protocolo”. y a fin de facilitar la constitución del Mercado Común. que constan como Anexos II. REDI. § 21. § 4. que establece: “Los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar.4. 78 P. los Estados partes adoptarán un Régimen General de Origen. Más allá de estas disquisiciones de orden más bien teórico. el Tribunal. lo receptan con igual alcance74. al referirse al PB. 53 . en el estoppel pueden distinguirse: a) un efecto probatorio –de la ‘actitud primaria’ de la parte estopped-. señala que el estoppel se configura como “una excepción basada en la inadmisibilidad oponible a toda alegación que. señala que este instrumento jurídico fue adoptado para dar cumplimiento formal a lo dispuesto en el art. 74 Laudo 1. aunque pueda estar conforme con la realidad de los hechos. En el noveno laudo75. Laudo 6. 79 En este sentido. Genève. 1954. 376 y en el Anexo III del TA. un Sistema de Solución de Controversias y Cláusulas de Salvaguardia. Traité de droit international public avec mention de la pratique suisse international. 75 Laudo noveno. Cuestiones de derecho invocadas por Uruguay en sus contra-razones: § 3. así como en la reciprocidad entendida desde la lealtad hacia el sistema de integración”77. Guggenheim. haciéndose eco de tal disposición. II. Laudo 7.
En el cuarto laudo. La demanda uruguaya considera que el estoppel resulta de aplicación al caso. 275. McGraw-Hill. Ver A. Argentina “niega que su acción posterior signifique reconocer una obligación emanada de la DEC/ CMC/ Nº 11/97.425. Se han distinguido principalmente dos concepciones que responden a criterios analíticos y sistemáticos aplicados al estudio de sus presupuestos y de sus distintas funciones: una concepción amplia y otra estricta o restrictiva. 1997. Acuerdo OMC” y Brasil “No incorporada. Laudo cuarto. 179. Laudo cuarto. Droit international public. El país sólo manifestó que no hay contradicción entre la ley 24.. Una interpretación diferente haría aplicable a Argentina el principio de estoppel o sea la prohibición de venire contra factum proprium. Jímenez García. p. pp. Argentina ha admitido en la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) la vigencia de la DEC CMC N° 11/97 al responder con una nota técnica a una consulta de Brasil. se señala: “En el cuadro de la SAM sobre normas incorporadas. La comparación de los textos del MN y del AD-OMC muestra que por su coincidencia no se requiere incorporación como lo indica Argentina en su nota para el cuadro SAM de incorporaciones”. 54 . en lo relativo a la DEC CMC N° 11/97. 83 En la fundamentación jurídica. (nota 34). Combacau / S. § 26. § 69. El laudo once también es marco de tratamiento de este principio. y al negar este país el argumento sostenido por el Estado reclamante84. Derecho internacional. allegans contraria non audiendus est”. al plantearse la presente controversia cambió la anotación a “Status de norma bajo solución de controversias”. Para su incorporación se requiere la aprobación del Reglamento Común”. basta el sólo hecho de constatar una conducta concluyente. Ley 24. Esta concepción mantiene el principio en el ámbito procesal operando en la prueba y la interpretación de la postura jurídica por el Estado que adoptó la conducta contradictoria asumida81. En cuanto a la primera -estoppel interpretativo-. 89. O sea. Argentina consigna: “Incorporada.el estoppel obligatorio impide que un Estado niegue. 1997.425 y el MN. para que pueda invocarse una situación de estoppel. La Nota Técnica argentina en respuesta a la consulta brasileña en la CCM no reconoció la vigencia de tal Decisión. Luego. Se ha entendido que subyace en este principio el adagio: “nemo potest venire contra factum propium. 81 Conf. p. Madrid. 274 ss.A. Remiro Brotons y otros. ha confiado legítimamente en la autenticidad del comportamiento claro e inequívoco del primer Estado82. Paris. 3ª ed. clara e inequívoca que haya inducido a la otra parte a estimar como ciertas y verosímiles las consecuencias jurídicas que derivan de ella. DREYZIN DE KLOR adopción de un comportamiento contrario a las disposiciones que ellos mismos han aceptado80. la exactitud de un estado de cosas concreto o de un régimen particular que dicho tercer Estado. el principio está contenido en el relato que efectúa el tribunal. Para la otra concepción -restrictiva. Montchrestien. en relación con un tercer Estado. Sur. en tanto que Argentina 80 J. que para Brasil la incorporación sólo será necesaria cuando se apruebe el Reglamento. 82 Ibid. Esto y la indicación de Argentina para el cuadro SAM de incorporación de normas constituyen práctica subsiguiente en los términos de la Convención de Viena sobre los Tratados. F. p. 84 En efecto. de buena fe. No procede la aplicación del estoppel a la conducta de Argentina”. sobre el reclamo de la República Federativa del Brasil a la Argentina83.
al obligarse la administración a cumplir con la finalidad. Como ejemplo cita “doctrina de los actos propios”. 55 . Los principios generales de derecho: el estoppel” (los signos de puntuación entre paréntesis los introducimos para hacer inteligible el párrafo redactado por el TAHM). “doctrina de la apariencia”. sin distinguir que sean o no convencionales85.) justifican la invocación del principio del estoppel que realiza la Parte Reclamante”88. b) al referir que del comportamiento de un Estado surge que “ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación. en el que se menciona el principio do estoppel y se admite su aplicación en circunstancias en que existe una declaración de hecho clara -no ambigua. se afirma que el estoppel queda captado indirectamente por la CVDT en el art 45 inc. Para el TAHM que entendió en este primer caso resuelto bajo las normas del PO. Laudo 11. § 84. consecuentemente. certeza y continuidad a las obligaciones internacionales. Destaca la trayectoria jurisprudencial internacional del principio. declaraciones oficiales(-). puesto que quien afirma u omite algo consagra la afirmación o la omisión y. “adversus factus suum quis venire non potest”. a más de los concordantes actos concluyentes de órganos del Estado(. 88 Laudo 6. “preclusión”. no puede contradecir ese comportamiento89. 87 En materia de decisiones relacionadas al comercio. afirmando que no goza de unanimidad en orden a su alcance y a su determinación. Principio de la finalidad Este principio es recogido en el cuarto laudo. según el caso”. 89 Laudo 11.incondicional y autorizada y admitida de buena fe. el Tribunal entiende que la señalada concurrencia de elementos contestes –tráfico comercial87. trae a colación el laudo sexto sobre “Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldeados (Remolded) procedentes de Uruguay”. se está queriendo expresar que la misma se subordina a dicho axioma. cuando refiere que “en el marco de las opiniones doctrinarias citadas por la Reclamante. “venire contra factum proprium non valet or non licet”. entendida como conducta primaria. Para el TAHM. el estoppel debe contar como mínimo con tres elementos esenciales: a) una situación creada por un Estado. 86 Laudo 11. entre otras86. “c. No se trata de una consecuencia de la 85 Asimismo. el tribunal hace referencia al Panel Report del caso Argentina – Derechos Anti-Dumping relativos a Pollos de Brasil (WT/DS241/R .mayo de 2003).EL MERCOSUR JURÍDICO niega que pueda ser considerado por el TAHM. Señala el cuerpo colegiado que el principio ha venido aplicándose como un modo de brindar estabilidad. §83. § 53. b) una conducta seguida por otro Estado entendida como conducta secundaria y c) la imposibilidad por parte del Estado que adopta la actitud primaria de comportarse o manifestarse en sentido contrario a ella. A partir de este dato. Hace hincapié en que la propia denominación estoppel reconoce otras denominaciones equivalentes vinculadas a los efectos aunque no a su naturaleza. Se trata de un principio directamente vinculado a la buena fe.
el Laudo 1: § 60 y el Laudo 4. es indispensable que las normas y políticas que adoptan no se erijan en obstáculos injustificados a los intercambios dentro del bloque. la desviación de la finalidad viola la ley de modo peculiar pues. DREYZIN DE KLOR legalidad. Art. la desviación de poder burla la ley so pretexto de cumplirla90. al analizar las posiciones de los Estados frente a un caso concreto. servicios y factores de producción Este principio. forzoso es. servicios y factores productivos entre los países”. agrega el decisorio. Varios decisorios mercosureños se han preocupado por este principio. Para que el sistema pueda funcionar y para que las obligaciones asumidas por los Estados no se conviertan en papel mojado. Si se parte de la idea de que el sistema de integración tiene como objeto primario la constitución de un mercado común y que el primer instrumento necesario para ello91 es “la libre circulación de bienes. tener en cuenta la incidencia que el problema puede tener en cuanto obstáculo a la libertad de circulación. Las justificaciones admisibles. 166. sino que va más lejos. no arancelarias. Por tanto. El Laudo 9: “La frustración del propósito inicial y las dificultades notorias en el funcionamiento de la Unión Aduanera no privan de contenido ni de vigencia a las normas que determinaron la libre circulación de bienes en el área. Considerarlo inherente a la legalidad es equivalente a la exigencia de cumplir la ley tal cual es. 167: “ En esa situación y a la luz de las consideraciones efectuadas corresponde al Tribunal Arbitral decidir si la investigación por dumping y las medidas antidumping tomadas como culminación del procedimiento en el caso de autos y establecidas en la resolución ME 574/2000 constituyen una restricción a la libre circulación de bienes consagrada en la normativa MERCOSUR”.A. la postergación de los plazos reconocida en el Régimen de Adecuación Final trasladó esa fecha al 31-12-99 cuando los Estados partes debían tener eliminadas totalmente las restricciones con las excepciones expresamente admitidas de los regímenes especiales para azúcar y automotores. 56 . en tanto que excepción al principio general de libre circulación. eliminando las restricciones arancelarias. b. juega como parámetro básico a la hora de interpretar la conducta de las partes en litigio. Principios de la integración Libre circulación de bienes. así como las medidas de carácter no comercial previstas en el Tratado de 90 91 Laudo 4. considerado con razón axioma rector de los procesos de integración económica. para-arancelarias u otras de efecto equivalente que afecten el comercio intrazona. Sólo a modo de ejemplo. Previsto el fin de esas restricciones inicialmente para el 31-12-94. si bien obedece a su forma. siempre deben ser interpretadas restrictivamente respecto de su admisibilidad y de la proporcionalidad que guardan con el fin pretendido. 1 TA.
así como la prudencia. quedó habilitado y consagrado de derecho el principio de la libre circulación de bienes en el territorio del MERCOSUR. La conclusión es la misma aun en los casos en los que según esa decisión (art. que disciplina el procedimiento de incorporación. consideradas condiciones 92 Laudo 4. 50). 5) no se requiere incorporación: normas relativas al funcionamiento interno del MERCOSUR y normas cuyo contenido estuviera contemplado ya en la legislación nacional. y en esa fecha. La disputa planteada entre Argentina y Brasil ante el cuarto TAHM por esta causa. ratifica esa posición dominante de los Estados partes en la apreciación de cuándo procede la incorporación y de cómo se realiza. la causalidad y la proporcionalidad. La SAM por consiguiente se limita a registrar en el cuadro de vigencias las notificaciones de los Estados partes al respecto. esas conductas no pueden ser arbitrarias y tampoco violentar los principios de la libre circulación. La necesidad de incorporar la norma al respectivo ordenamiento y la forma de hacerlo dependerá del correspondiente sistema constitucional cuya interpretación es una potestad de cada Estado no delegada a los órganos del MERCOSUR o a los demás Estados partes. La DEC CMC Nº 23/00. como es natural en la estructura institucional del MERCOSUR. resultó favorable a la Argentina. la garantía de los valores protegidos por las normas fundacionales del MERCOSUR. 57 . En consecuencia. Principio de razonabilidad La razonabilidad implica considerar que las acciones de las autoridades de los Estados partes no pueden exceder el margen de lo necesario para alcanzar los objetivos propuestos. Principio de la previsibilidad comercial También recibió tratamiento el principio de la previsibilidad comercial como sustento de la certeza jurídica. sostuvo que “la apreciación de cuándo es necesario proceder a la incorporación queda en definitiva en manos de cada Estado. encontrando sustento en el principio enunciado. 119. De esta manera.EL MERCOSUR JURÍDICO Montevideo de 1980 (art. En las segundas se necesita la notificación del propio Estado a la SAM de que la norma MERCOSUR está contemplada por una norma nacional e indicando cuál es ésta”92. El TAHM entendió que había transcurrido un plazo más que razonable para proceder a la internalización de las normas adoptadas y en consecuencia. El principio de razonabilidad es recogido por los tribunales ante la falta de incorporación de normativa aprobada por los órganos con facultades decisorias. claridad y objetividad. El principio de la razonabilidad debe orientar las acciones de los Estados pues en el subyacen la seguridad jurídica del proceso de integración. En las primeras para excluir la incorporación se necesita el entendimiento conjunto de los Estados partes formalmente consignado en la misma norma.
Ahora bien. sea las que requieren incorporación por la vía legislativa en cada uno de los Estados conforme los mecanismos constitucionales establecidos. adoptando principios consagrados en el modelo europeo. También merece un espacio especial el tratamiento que dan los árbitros a la teoría de los actos propios (como se ha expresado al referir el estoppel) en orden a la responsabilidad internacional en que incurren los Estados al no incorporar las normas aprobadas. a la vez que elementos esenciales para la confianza en el mercado común. el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos con potestades decisorias. circunstancia que también ha sido puesta de manifiesto por algunos tribunales. Pareciera.A. 58 . el hecho de que los jueces hayan elaborado una serie de construcciones basadas en principios de derecho internacional. se resalta que los Estados partes en función de haber ratificado los instrumentos originarios tienen una obligación de hacer: incorporar el derecho derivado a sus legislaciones internas y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar. si eso es posible. a estar por las resoluciones analizadas. el equilibrio entre las ventajas y obligaciones que derivan de la integración y la formación gradual del mercado compartido. sea por no haber notificado a la SAM su vigencia. en sus respectivos territorios. observamos que en su mayoría. en este fenómeno subregional no hubo cesión de soberanía. se ha reiterado hasta el cansancio lo que se enuncia en el TA y se reafirma en el POP en cuanto a su calidad intergubernamental. han receptado como propios del esquema mercosureño principios de la UE. También se destaca la existencia de una obligación de no hacer. la reciprocidad en condiciones de igualdad. No constituye un tema menor. DREYZIN DE KLOR imprescindibles y reglas generales para las actividades comerciales de los Estados partes. D. Sin embargo. aún en los laudos que destacan este carácter. Empero. Así. en función de una interpretación finalista y teleológica. Dicho a la manera que lo que estableció el tribunal que intervino en el cuarto laudo. considerados los laudos en su conjunto. consistente en el deber de no obstaculizar o trabar dicha incorporación. por cierto. vienen cubriendo lagunas en supuestos en los cuales no hay normativa vigente y en muchos casos argumentan los decisorios directamente imbuidos de una perspectiva comunitaria. esta obligación de no hacer consiste en abstenerse de realizar acciones que por su naturaleza se opongan o frustren el propósito de la norma aprobada pero aún no incorporada. son innumerables las fuentes que no han sido internalizadas. que los tribunales estiman que esa es la dirección conveniente. El interrogante que nos planteamos es si frente a esquemas estructural e institucionalmente tan diferentes dicha transpolación es acertada. Valoración conjunta Este catálogo de axiomas jurídicos abona la cooperación entre los Estados partes. Sin embargo.
mientras el segundo laudo prioriza la primera (aunque sin olvidar que hay una remisión normativa a dichas reglas).EL MERCOSUR JURÍDICO Desde otra arista. el Tribunal que se pronunció en la cuarta controversia. mientras el primer tribunal declara expresamente su apartamento de las argumentaciones vertidas por las partes y crea derecho en función de la hermenéutica finalista en que se enrola. para sustentar los fallos. por el contrario. Es evidente que el contenido de los fallos revela de alguna manera la dificultad actual de los Estados partes para definir el alcance de sus obligaciones recíprocas y. el interrogante que queda planteado a la luz de estas reflexiones es si nos enfrentamos a un esquema que se va delineando a través de las directrices fijadas en los laudos o si. otro de los pronunciamientos decide atenerse exclusivamente a las normas del MERCOSUR. y en la actualidad está siendo objeto de negociación el Tratado de Lisboa. sin ir más lejos –como el de la primacía del derecho comunitario sobre los ordenamientos estatales. la función del ordenamiento jurídico del MERCOSUR en la definición de las mismas. Sin embargo tal naturaleza no obró. Algunos de los principios esenciales del derecho comunitario. Otro tema que suscita dudas es el que gira en torno a la directriz que debe seguirse en orden al modo de resolver los conflictos. destacando que no le corresponde crear derecho. El Tratado constitucional (“Constitución europea”) lo incorpora por primera vez pero. 59 93 . el mismo ha experimentado algunos inconvenientes para su entrada en vigor. debe considerarse que los tribunales arbitrales que establecen tales directrices se exceden en sus atribuciones al manifestar la pretensión de crear derecho. resultan aplicables con carácter general. así. no olvidamos que fue el TJCE quien construyó los principios fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario -y que no sin razón es llamado el motor de la CE-. hay contradicción respecto a la “jerarquía” de la regulación establecida por la OMC y el ordenamiento mercosureño. como se sabe. el carácter superior de éste con respecto a la normativa OMC. se plasmen o no posteriormente en normas positivas. la constante es acudir a las argumentaciones vertidas por quienes les precedieran en la tarea de juzgar. al elaborar principios que. atribución que no le ha sido otorgada por el derecho mercosureño originario. fundándose en la naturaleza intergubernamental del proceso. y consecuentemente. Del mismo modo. pues como se ha visto. avala la especificidad del derecho del MERCOSUR. La mayor crítica que suscita esta instancia es el carácter ad hoc que se les asignara. Los tribunales del MERCOSUR son el único poder que goza de cierta independencia. No obstante. ejerciendo en cierto modo funciones legislativas. es evidente la diferencia que se observa entre el primer laudo arbitral que atribuye al conjunto normativo del MERCOSUR el efecto de su aplicación inmediata y el cuarto laudo que la niega expresamente. también se plantean ciertas contradicciones.nunca ha estado como tal en vigor en el derecho comunitario positivo93. en general. En consecuencia. de barrera para sentar precedentes. Por ejemplo.
sus especificidades y cualidades. finalidad que debe ser tenida en cuenta de modo primordial al sopesar los diferentes criterios de interpretación posibles en cada caso. Es precisamente la soberanía de los Estados lo que funda y da sentido a dichas obligaciones y a la existencia misma del MERCOSUR. 2. En un sentido más general. de un derecho pergeñado con una finalidad integracionista. Los tribunales reiteradamente han aseverado que los Estados deben tener presente que las razones invocadas por las autoridades nacionales. como por ejemplo. Trascendencia de los principios sentados en los laudos Por tratarse de un planteo fundamental en la integración. podría aseverarse como punto de partida. es decir que la lógica del proceso de integración no admite trabas al comercio para la protección de bienes que podría ser obtenida por medios menos restrictivos. es de la existencia de un ordenamiento jurídico propio del sistema (laudo 9). el análisis efectuado a lo largo de este trabajo requiere un pronunciamiento referido a las posibilidades que tienen las diferentes y teóricamente aisladas decisiones de los TAHM de conformar un cuerpo jurisprudencial coherente y armónico en el cual se vayan desarrollando los principios básicos del sistema jurídico mercosureño. que el sistema de solución de controversias es 60 . no pueden tener aplicación directa en el ordenamiento mercosureño. DREYZIN DE KLOR Ahora bien. esto es. por relevantes que ellas sean. habida cuenta de las particulares características de dicha organización. Es cierto que las normas y principios forjados en el seno de la Unión Europea. Como contrapartida se ha sostenido también que la lógica integracionista admite la existencia de una reserva de soberanía que permite a los Estados partes la imposición de barreras por decisión unilateral. como precedentes dotados de autoridad. por el contrario. Se trata.A. si la falta de un tribunal supranacional de carácter permanente constituye un obstáculo ineludible para avanzar en la interpretación uniforme de las normas del bloque y de su articulación con los ordenamientos de los Estados partes conduce a una valoración matizada. de lo que no pueden quedar dudas. Pero no es menos cierto que las normas. La soberanía de cada uno de los Estados partes del sistema de integración no queda en entredicho por la asunción de ellos del compromiso de honrar las obligaciones contraídas en el marco integrado. resulta destacable el tratamiento que recibió la cuestión referida a la compatibilidad entre el libre comercio intrazona y las normas internas de comercialización de productos. a esta altura del desarrollo normativo y jurisprudencial de nuestro sistema de integración. informar al consumidor acerca del producto que está comprando. Esto. Más que una respuesta en un único sentido. planteado así. El cuestionamiento formulado. resulta tan inadmisible como contradictorio con los objetivos básicos de la integración. los derechos y las obligaciones consagrados por el derecho del MERCOSUR no pueden ser interpretados como si se tratara de derecho internacional puro y duro. sin hacer hincapié a la excepcionalidad de ese ejercicio. están sujetas al principio de proporcionalidad.
El avance en esta dirección exige un “cambio cultural”. aunque lejos está de ser una corte de justicia supranacional. que aunque no se trate de un procedimiento semejante al que se conoce como “la cuestión prejudicial” en otros sistemas de integración. lo que implica derogaciones parciales del principio de soberanía absoluta de los Estados. tiene la posibilidad de contribuir decisivamente a la uniformidad de la interpretación del derecho dentro de los cánones establecidos por el mismo Protocolo. 579-621. Finalmente digamos que la entrada en vigor del PO y de las consecuentes normas reglamentarias han introducido una nueva oportunidad con la conformación de un Tribunal que.) siendo receptada en el PO bajo los siguientes términos: “El Consejo del Mercado Común podrá establecer mecanismos relativos a la solicitud de Se ha señalado que la valoración de los mecanismos de solución de controversias del proceso de integración exige algún tipo de transferencia de competencias de los Estados partes a instituciones permanentes creadas especialmente. se encauza la actividad de tal institución por el cumplimiento de estrictas normas de derecho. el cual necesitará de un largo período para su concreción. esta tarea puede llevarse a cabo con el mecanismo de la opinión consultiva. Argentina. 3. Martínez Puñal. que en el caso del MERCOSUR. particularmente de cultura política de los diligentes. En particular –aunque no exclusivamente-. aunque lejos está de poder ser asimilado a la conocida cuestión prejudicial. hemos realizado una investigación cuyos resultados adjuntamos a este trabajo a través de cuadros que reflejan los resultados. 2003-1. presenta los elementos germinales para sentar las bases necesarias a tal fin. Es a través de la opinión consultiva que puede desarrollarse una hermenéutica que acerque a las partes a comprender más acabadamente qué es un proceso de integración. 2006-2007: Avances: Opinión consultiva El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR (PO) aprobado en la ciudad que le da su nombre95.EL MERCOSUR JURÍDICO una dimensión indispensable del proceso de integración para avanzar y profundizar los objetivos que aspira alcanzar el MERCOSUR94. cómo se avanza y cuáles son los principios en que debe sustentarse para cumplir sus objetivos. p. Rubinzal Culzoni. pp. El interrogante central en todo caso pasa por conocer la efectividad de los laudos esto es: ¿Se cumplen o no se cumplen los laudos arbitrales dictados en MERCOSUR? Al respecto. en Revista de Derecho Privado y Comunitario. Al dotarse de poder de decisión a las instituciones que se creen al amparo de dicha transferencia. La herramienta a la que nos referimos es la denominada “opinión consultiva” (OC/OCs. están claramente consignados en sus instrumentos fundacionales. A. 61 94 . 24. se inspira en los mismos fines. abrió las puertas a un mecanismo que. 95 Analizamos este instrumento normativo en: “El Protocolo de Olivos”.
“O Direito do MERCOSUL: Direito oriundo do MERCOSUL. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana n° 28. 14. Fernández Arroyo.61 y ss. 2002. “Algunas reflexiones sobre la cooperación jurisdiccional internacional en torno a la calidad del derecho de la integración”. 267-286. 581 y ss. 101 Por las razones señaladas en la nota anterior.A. pp. Rey Caro en un enriquecedor estudio sobre el PO. Marcos Lerner. entre Direito Internacional Clássico e novos caminhos de integração”. Ver: A. ver: D. durante las negociaciones preliminares a la elaboración del PO se reconoció a la interpretación uniforme del acervo normativo del MERCOSUR significativa importancia en aras de dotar al esquema subregional de previsibilidad y certeza98. RDIM. El MERCOSUR tiene como gran motor de PO. las fuentes jurídicas del MERCOSUR no integran el ordenamiento jurídico nacional mientras el EP no procede a depositar el instrumento de ratificación y se cumpla el procedimiento para su vigencia establecido en el POP. 2000. 98 Ver A. año 7 n° 1. 102 Sobre el tema. 3. C. DeCITA 1. 100 La complejidad del derecho del bloque se suscita como consecuencia de la estructura institucional. 97 96 62 . pp. en vez de dejar la materia sujeta a la discrecionalidad del CMC. salvo las que expresamente se establecen en el POP. Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 22. Cap. Como puede apreciarse. III. pp. determinar el tenor de la facultad que se acuerda el Consejo Mercado Común (CMC)99. señaló que habría sido más adecuado la regulación de la cuestión en el mismo Protocolo determinando el carácter o valor de las opiniones consultivas. antes bien. Buenos Aires. pp. art. 92-109. 1998. Encontrar el método más idóneo para lograr este propósito no resultaba tarea sencilla y tampoco lo era. 2003. en las negociaciones previas a la firma del RPO se planteó la cuestión sobre el alcance de la atribución conferida al órgano superior del bloque. Sin embargo. Jurídica. El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR. el legislador mercosureño no ha sido muy explícito a la hora de abordar el mecanismo. Dreyzin de Klor. para solucionar las controversias se adoptaron instancias en las que la interpretación uniforme del derecho pergeñado en el seno del esquema era impensable. DREYZIN DE KLOR opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión definiendo su alcance y sus procedimientos”96. Zavalía.y las particularidades institucionales y jurídicas que detenta el modelo102. p. Téngase presente que dadas las características del ordenamiento normativo mercosureño complejo100 y asistemático101 . “Los laudos arbitrales del MERCOSUR: Una visión prospectiva”. la enunciación es altamente abstracta quedando su alcance diferido a la regulación que el órgano superior del bloque considerase a posteriori97. Dreyzin de Klor. “La nueva configuración del Derecho internacional privado del MERCOSUR: Ocho preguntas contra la incertidumbre”. En definitiva.2004. El CMC goza de gran autonomía para la adopción de decisiones válidas que encuentran sustento en un tratado y por lo tanto no estarían condicionadas por los Estados partes ni por otras entidades comunitarias. tiene mayores facultades en orden a la capacidad decisoria a la vez que es innegable la fuerza vinculante de algunos productos derivados de dicha capacidad. E. Lima Marques. Córdoba. Las normas no gozan de efecto directo y tampoco son de aplicación inmediata. 99 De esta suerte. destacándose su amplitud.
4. pero no referidas a las jurisdicciones nacionales104. El estreno del “mecanismo” Previo a la reglamentación del mecanismo para solicitar OCs. a través de una hermenéutica que suscita divergentes resultados en supuestos equivalentes103.EL MERCOSUR JURÍDICO desarrollo la voluntad política de quienes ejercen los gobiernos de los Estados partes y el hecho de incorporar la OC al sistema de solución de controversias. sua ligação com o common law e algumas idéias para o futuro”. Argentina. 107 Art.105 se acude a las respectivas legislaciones nacionales y a los principios de jerarquía reconocidos en el ordenamiento nacional y el internacional.MERCOSUR. de Araujo. convalidó tal legislación. siguiendo una posición consolidada en la judicatura de Brasil.org. las referencias efectuadas en los laudos son respecto a lo actuado por los tribunales arbitrales ad hoc. Los laudos arbitrales de MERCOSUR pueden verse en la página www. El cuerpo colegiado se pronuncia el pasado 3 de abril de 2007 emitiendo su parecer en ejercicio de la competencia que le reconoce el PO107 y el RPO108. 106 MERCOSUR/CMC/DEC N° 37/03. 104 N. el 9/2/02 el Tribunal Federal de la 4ª Región (RS). 2004. Siendo la interpretación uniforme del ordenamiento de la integración tema prioritario. empero también.2. se plantea en Asunción del Paraguay un pedido a la Cancillería de ese país a través de la Corte Suprema de Justicia a efectos de que sea remitido al TPR. no sorprende que al tiempo de aprobado el PO se complementara con un Reglamento que dedica buena parte de su articulado a las opiniones consultivas106. provenientes de los TSJ. A. sin embargo. se han apartado de los mismos. 63 103 . eventualmente con parámetros distintos al tribunal arbitral en casos semejantes. “O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e as opiniões consultivas: análise dos laudos arbitrais.3. Reconocemos que los tribunales arbitrales han acudido en numerosas oportunidades a los precedentes sentados por los laudos anteriores para basar sus argumentaciones. consideró que las normas brasileñas que restringen la importación de neumáticos recapados son contrarias al Tratado de Asunción. Rubinzal Culzoni.uy. es un signo latente que refleja el afán de independizar gradualmente la faz jurisdiccional. 3. 108 Arts. Revista de Derecho Privado y Comunitário. Cuando son los tribunales nacionales los que interpretan y aplican el derecho mercosureño. Además. 105 El 9/1/02 el TAHM que decidió sobre la “Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldeados (Remolded) Procedentes de Uruguay”.
la sociedad sita en Asunción demanda ante los tribunales de su país a la sociedad argentina por daños y perjuicios oponiendo esta última. o cualquier contrato que en adelante surja del presente. alega el carácter irrenunciable de la legislación paraguaya y agrega que siendo un contrato de consumidores quedaría excluida la aplicación del PBA debiendo Este Protocolo fue aprobado el 5/8/94 en la ciudad de Buenos Aires por el CMC bajo Decisión N° 1/94. la magistrada María Angélica Calvo. La demandante contesta la excepción rechazando los términos de la misma. será exclusivamente establecido en los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina”. Asimismo puede acordarse la prórroga a favor de tribunales arbitrales. siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva. Los hechos Se trataba de un contrato de naturaleza comercial firmado entre una sociedad argentina y una sociedad paraguaya.A. expresan en el acuerdo que “cualquier controversia o petición que surja del contrato o esté relacionada con el mismo. 4 reza: “en los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales del estado parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito. excepción previa de incompetencia basada en la existencia del acuerdo de elección de foro efectuado mediante cláusula contractual. El PBA recepta la autonomía de la voluntad permitiendo en consecuencia. o todo lo referido al período de finalización o validez del mismo.” 64 109 . B. DREYZIN DE KLOR La OC surge como resultado de la solicitud efectuada por una jueza de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Asunción. acordando plena vigencia a las normas incorporadas por el MERCOSUR reguladoras de la contratación internacional. Los contratantes quedan sujetos al Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual (PBA)109 pactando expresamente el sometimiento de cualquier conflicto a la competencia de los tribunales de la República Argentina. Ahora bien. al entender que prevalece la aplicación del PBA sobre el derecho paraguayo de fuente interna receptado en la Ley 194/93. o a un agravio. la elección de foro que las partes realizan en favor de los tribunales argentinos110. que las partes someten en todos sus términos a la ley sustantiva argentina. En efecto. invocada por la actora para justificar la jurisdicción paraguaya. ya sea referente a la contratación. 110 El art. Se encuentra vigente entre los cuatro Estados partes del MERCOSUR.
De ser este el cuestionamiento ¿respondería al que el PO y su Reglamento habilitan a plantear como opinión consultiva? A efectos de estar en condiciones de proporcionar una respuesta es menester calificar la OC. C.. Fernández Arroyo (coord. pp. 113 Acerca de las reformas introducidas al Protocolo de Brasilia sobre el sistema de solución de controversias del MERCOSUR. R. Zavalía.en la que cobra fuerte incidencia el carácter de las cláusulas de la ley nacional en tanto considerarlas o no de orden público internacional112.y derecho interno . Academia de Ciencias Políticas y Sociales.. puede verse A. según parece surgir de la respuesta del TPR. Caracas. 112 Acerca de la noción de orden público internacional puede verse: T. según adelantáramos. solicita la opinión consultiva acerca de la normativa mercosureña invocada en autos.Ley Paraguaya 194/93 . “El Protocolo de Olivos: Sus reformas esenciales y su significado en el régimen de solución de controversias del MERCOSUR”. No esta vigente por la falta de ratificaciones necesarias. D. Dreyzin de Klor. Buenos Aires. Es importante destacar el punto en tanto refleja que son el particular y el operador jurídico quienes toman la iniciativa de valerse de este mecanismo con las consecuencias que conlleva. Cabe consignar que es a solicitud de la parte actora que el tribunal de primera instancia solicita la OC. pp. junto a otras innovaciones113 como una herramienta para “garantizar la correcta 111 El Protocolo de Santa María fue signado por el CMC como Decisión N° 10/96.EL MERCOSUR JURÍDICO acudir en cambio al Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo (PSM)111. En la demanda se incluyó expresamente un apartado por el cual se establece que frente a cualquier duda sobre la interpretación de la norma de derecho MERCOSUR deberá elevarse un pedido de OC al TPR. ¿Qué es la OC? La opinión consultiva es un instrumento jurídico que ha sido introducido en el sistema de solución de controversias de MERCOSUR adoptado en el año 2002. esto es el PBA y el PSM.PBA . 315-319. B. de Maekelt.). La solicitud propiamente dicha La jueza de primera instancia. Derecho internacional privado de los Estados Partes del MERCOSUR. 2003. 2005. no se había reglamentado aún su operatoria. Teoría General del Derecho Internacional Privado. 576 y ss. cit. en: Solução de 65 . Se plantea un problema de interpretación de la ley mercosureña a partir de una cuestión de prevalencia de aplicación de fuentes acotada a la primacía entre derecho derivado de MERCOSUR . Puceiro Ripoll. al enfocar las herramientas institucionales mercosureñas como parte del acervo jurídico común cuando. D.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conforme dispone el art. pp. 189-208. al pasar a integrar el acervo del derecho de la integración117. 2003. EL TPR es el órgano con competencia para emitir OCs. A partir de lo que “no es” sobreviene como lógica la pregunta: ¿qué es la OC? Controvérsias no MERCOSUL. 2004.C. A fin de encontrar una categoría legal que la comprenda se ha efectuado un recorrido por las posibilidades de encuadrarla. Muy acertadamente el legislador mercosureño incluyó a los TSJ de los Estados partes (TSJ) con jurisdicción nacional entre los legitimados116. Respetada doctrina ha tratado la cuestión de la naturaleza jurídica de la OC.). por ejemplo. Aunque reconoce antecedentes en tribunales internacionales. Pontificia Universidad Católica. como por los órganos con capacidad decisoria. t° 2. Córdoba. “La opinión consultiva en el sistema de solución de controversias del MERCOSUR”. las que pueden ser solicitadas tanto por los Estados partes en conjunto. la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) con competencia para emitir opiniones a partir de lo dispuesto en el Protocolo 2 de la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. 2002. 66 . (AA.211. 116 Art. la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cuya competencia consultiva surge del art. 117 J. DREYZIN DE KLOR interpretación. Brasilia. Derecho Internacional Público. 114 Así reza el PO en su único considerando. Perú. al ser diferente el marco en que se desarrolla. Sujetos del Derecho internacional. pp. 96 de la Carta de las Naciones Unidas. esto es el CMC. en Estudios en homenaje a la doctora Berta Kaller Orchansky. Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. 14 de la Convención Interamericana esta facultada para emitir opiniones sobre la interpretación de la Convención y otros tratados referidos a la protección de los Derechos Humanos aplicables en los Estados Americanos. Ver F. p. 96 y ss. 2. el Grupo Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).Rivera. Novak Talavera / l. Tribunal Superior de Justicia. vol. 115 En esta línea. descartando su asimilación a una sentencia o a un dictamen de expertos solicitado como prueba del derecho o pericia. de forma consistente y sistemática”114.VV. García – Corrochano Moyano. RPO. aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del MERCOSUR. Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. deviene distinto el mecanismo y sus efectos teniendo en común con su historial solamente la denominación115. 2. Tampoco puede asimilarse a una “interpretación auténtica” ya que no emana del mismo órgano del que proviene la norma ni es interpretación obligatoria dado su carácter no vinculante aunque se le reconozcan efectos que exceden el caso para el cual se dicta.A. Nuestro desarrollo es sobre esta alternativa por ser la que da lugar a la primera OC.
las mismas podrán versar sobre “cualquier cuestión jurídica” comprendida en la normativa supra enumerada. que para analizar a la OC mercosureña hay que hacer especial hincapié en las particularidades del tribunal que la emite y las exigencias normativas establecidas en torno al cuerpo colegiado. qué empleo se realiza de este mecanismo en la práctica y si la finalidad que le da origen es alcanzada en este primer pronunciamiento o. como inclusiva o no de las cuestiones de validez y jerarquía o prevalencia normativa. Voto de R. 211. de las Decisiones del CMC. El objeto de la opinión consultiva solicitada por los TSJ. de los protocolos y acuerdos celebrados en el ámbito del TA. circunstancia que implica introducirnos en aspectos un tanto inextricables como son la razonabilidad de las argumentaciones vertidas en relación con el pronunciamiento que deviene en declaración para la jueza y la autoridad que invisten los miembros del TPR119 en función del efecto no vinculante de las OCs. parafraseando a los médicos en ese diagnóstico incierto. se acota en su campo con relación a las provenientes por otras vías. si por el contrario. En el supuesto se referirán exclusivamente a la “interpretación jurídica” del Tratado de Asunción (TA). del Protocolo de Ouro Preto (POP).EL MERCOSUR JURÍDICO Cuando no se conoce a ciencia cierta la enfermedad que afecta al paciente suele decirse que padece un “virus”. En tanto que la facultad otorgada a los Estados partes conjuntamente o a los órganos decisorios MERCOSUR para solicitar opiniones consultivas. Sólo para traer el pensamiento de uno de los árbitros que integran el TPR pues coadyuva a incursionar en alguna característica preponderante. pues según el art. 3 RPO. J. 67 . la determinación de su naturaleza jurídica se convierte en un tema secundario. resulta esencial avanzar hacia una respuesta a interrogantes tales como para qué se crea. Pareciera entonces. (nota 117) p. diríamos que la OC es un instrumento “sui generis” no pasible de ser encasillado en un modelo jurídico conocido. 118 119 OC 1/2007. aunque descartando toda connotación negativa de los “virus”. Rivera. será menester que se sucedan varias OCs. Olivera. las OCs son “dictámenes jurídico-técnicos del TPR que carecen de efecto vinculante”118. En la medida que podamos operativizar el propósito para el cual se concibió. En consecuencia es menester precisar el alcance a otorgar a la expresión “interpretación jurídica”. más que definirla o encuadrar a la OC en una categoría jurídica conocida. De todos modos. para avanzar en los logros pretendidos. está redactada en términos evidentemente más amplios.C. de las Resoluciones del GMC y de las Directivas de la CCM.
(en prensa). 2007. 121 Art. Sobre este Tribunal. se lo conoce como árbitro del consenso. Véase J. Referirnos sucintamente a este órgano jurisdiccional .A.120 . Se integra por cinco miembros a cuyo fin los Estados partes designan un árbitro y su suplente122.es paso obligado para comprender el pronunciamiento dictado. Interesa conocer qué tipo de cuerpo colegiado es y cuáles son sus competencias para introducirnos expresamente en la que asume en este ejercicio y analizar la razón de la exigencia en cuanto a su conformación plenaria para pronunciarse. El TPR y la competencia para emitir OCs El máximo tribunal de MERCOSUR responde a ciertos caracteres que influyen notoriamente en la calidad de la OC. Marcial Pons.aunque no ejerce esa función cuando emite OCs. (nota 117). dos por país123. DREYZIN DE KLOR E. Wilfrido Fernández de Brix (Paraguay) y Roberto Puceiro Ripoll (Uruguay). Acerca de las OCs. De esta aseveración deviene que hace a su competencia “interpretar el derecho de integración mercosureño” en tanto que “la aplicación de tal interpretación así como la interpretación y aplicación del derecho nacional” compete en forma exclusiva a los órganos judiciales nacionales que elevan la consulta. considerándose su creación. 122 Por CMC/DEC Nº 26/04 se designaron miembros del TPR a los siguientes juristas: Nicolás Eduardo Becerra (Argentina). 19 PO. se designó por unanimidad a José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay). la innovación más trascendente del texto de Olivos121. F. pp. peticionadas por los órganos judiciales nacionales deben ser consideradas como “interpretaciones prejudiciales consultivas”.C. al quinto árbitro. 123 Como quinto árbitro del TPR. 210. Aún no se encuentra vigente entre los Estados partes. un estudio pormenorizado y completo puede verse en A. Madrid. Tribunal Permanente de Revisión y Estado de Derecho en el MERCOSUR. João Grandino Rodas (Brasil). En el primer acápite se pronuncia el Tribunal sobre la naturaleza de la OC afirmando de manera categórica que: Las OCs. La doctrina no es conteste en considerar que el TPR asume función jurisdiccional al emitir OCs. agregando seguidamente que “aún” no se les reconoce carácter vinculante. Este tribunal surge luego de trece años de iniciado el proceso de constitución del MERCOSUR. al ser elegido por unanimidad de los Estados partes. 68 120 . su nombre surge de una lista de ocho candidatos que los países deben elevar a la SM. Rivera. Durante la Reunión Cumbre celebrada en Río de Janeiro el 17/1/2007 se aprobó el Protocolo de Río de Janeiro que modifica a Olivos. Perotti.
Así: ¿Es conveniente la caracterización efectuada por el TPR en esta primera OC? En realidad. OC: B. W. la calificación realizada no agrega ni desagrega a lo ya dicho sobre este instrumento.que podría considerarse una extralimitación en el ejercicio de su función . naturaleza y el objetivo de lo que debe ser un correcto sistema de interpretación judicial”126. ap. que permitan el contacto más directo y expedito posible entre el TPR y los jueces nacionales consultantes. otro de los miembros se enrola de forma terminante en desconocer dicha calidad prejudicial del instrumento en razón de descartar que “[l]as normas de MERCOSUR constituyan Derecho comunitario”125. denota el interés de promover una reforma del sistema hacia el reconocimiento del mismo a las OCs. 126 W.señala su disconformidad con el nombre de “opinión consultiva” que recibe esta herramienta en el sistema MERCOSUR. Así. a las autoridades orgánicas a fin de que mejoren las características establecidas en las normas actuales en un lapso corto de tiempo. 125 124 69 . manifiesta cierta inconsistencia con las afirmaciones que unilateralmente realizan en sus respectivos pareceres además de dejar asentado las diferencias conceptuales que existen en el seno del Tribunal. En todo caso.EL MERCOSUR JURÍDICO El adverbio “aún” que informa el voto emitido por el TPR en orden a la falta de efecto vinculante. Sostiene el árbitro. Concepto. Además de reiterar a lo largo de su voto la posición que asume con respecto a las falencias de que adolece la OC en el sistema MERCOSUR avanza instando.llamándoles la atención sobre la importancia de elaborar mecanismos de solicitud de OCs. 4. Frente al tenor del primer apartado surgen de inmediato una serie de interrogantes que pueden conjugarse con las nociones expuestas en la primera parte de este trabajo. el miembro coordinador de la redacción luego de un pormenorizado relato acerca de la naturaleza de la OC y una exposición comparativa con otros sistemas . en tanto que por otra.1. contrarían la característica de imperatividad que todo tribunal detenta. Fernández de Brix. por una parte.las Cortes Supremas de Justicia de los Estados partes . Mientras uno de los árbitros insiste en la calidad prejudicial de la OC124. Fernández de Brix. Considera asimismo que al no cumplir con esos recaudos “se desnaturaliza por completo el concepto. se dirige a los órganos nacionales . Señala R. Olivera que siendo así se explica que “[l]os dictámenes de opinión consultiva no sean aún prejudiciales respecto del fuero nacional. destacando que el hecho de no ser obligatoria y su falta de efecto vinculante. que de seguir esta línea se respetará y observará la naturaleza y objetivo de las consultas. en el sentido que no son vinculantes para el juez consultante”. naturaleza y objetivo de las OC.
En tanto que los dos árbitros que emiten conjuntamente sus argumentaciones antes citados . Acerca del esquema del razonamiento judicial resulta insoslayable la lectura de la obra de R. sino a la dilucidación del aparente conflicto de fuentes normativas aplicables”. Un esquema supranacional130 genera un derecho impregnado de los principios que el TJCE fue sentando con relación al acervo jurídico de la Unión. puerta al MERCOSUR. DREYZIN DE KLOR Otro detalle a tener en cuenta es que en uno de los razonamientos se considera que la “[c]onsulta planteada no refiere estrictamente a la interpretación de las normas contenidas en el PBA. Opertti Badán. Teoría de la decisión judicial: fundamentos de derecho. 128 127 70 .uy 130 Téngase presente que cuando afirmamos este carácter no señalamos que la supranacionalidad del modelo sea el único carácter de un proceso de integración.entienden a la OC como “un formidable instrumento de armonización” que si bien no tiene efecto vinculante contribuye a reconocer cierta esfera de supranacionalidad en el proceso.183 y ss. 129 Es muy ilustrativa la visión sobre los laudos arbitrales en orden a estos factores que brinda D.A. Argentina. Los laudos de los TAHM y los del TPR pueden consultarse en: www. es emitida mediante voto unánime. la aplicación inmediata de ese ordenamiento normativo y su efecto R. en “Solución de controversias en el MERCOSUR y la experiencia uruguaya”. plasmado luego en la Declaración. una sucesión argumentativa en el razonamiento legal. OC: B) Competencia del TPR para emitir la opinión consultiva. pp.mercosur. G. Rubinzal Culzoni. Instituto Suizo de Derecho Comparado. sino combinado con adecuadas dosis de intergubernamentalidad. 2007. Congreso sobre las Inversiones en el Atlántico Sur: Uruguay. No existe un esquema solamente supranacional. a los fines de alcanzar la necesaria armonización en aras de la interpretación uniforme que se requiere128. De todos modos el árbitro encuentra en el “principio de colaboración con la justicia” fundamento para evacuar la consulta127. ALADI. L. Olivera.org. esto es la primacía del derecho comunitario por sobre el derecho interno de los Estados miembros. Lorenzetti. a la jurisprudencia y al operador en general. No obstante las disquisiciones enunciadas la definición de la OC. Ni en punto a la definición de la OC ni en los que siguen advertimos entre las posiciones mentadas. 2006. Prevalencia del derecho de la integración sobre el derecho interno de los Estados Partes: La calidad de derecho del MERCOSUR El debate sobre este tema existe desde los albores del proceso subregional preocupando in extenso no tan sólo a la doctrina. sino que fue abordado por los tribunales ad-hoc de MERCOSUR (TAHM) de cara al modelo de integración regional129.
132 Aunque no se lo califica así en el voto. Aplicabilidad en el derecho del MERCOSUR. En nuestra comprensión. dada su naturaleza netamente intergubernamental y el procedimiento de incorporación de las normas aprobadas. 2007. Los principios del derecho comunitario y el derecho interno en Europa y la Comunidad Andina.EL MERCOSUR JURÍDICO directo131. en un extremo se reconoce la primacía del derecho del MERCOSUR por encima de las fuentes nacionales al ubicar el ordenamiento jurídico mercosureño por su propia naturaleza en grado de derecho comunitario132 – posición que no compartimos – en tanto que ubicado en último término se encuentra el voto por el cual se llega a aclarar que la aplicación del PBA no implica un pronunciamiento respecto a la jerarquía de fuentes sino responde al “sistema general de razonamiento que en materia de fuentes debe privar en un caso de tráfico jurídico externo”133. La fuente de producción: el derecho de la integración se genera en el ámbito de los órganos con facultades decisorias del MERCOSUR. a los Estados asociados. (en prensa). También en la CAN se encuentran los caracteres mencionados acordes con la naturaleza del derecho. La finalidad: el acervo normativo del proceso de integración en formación se elabora con las miras puestas en la conformación de un mercado común.a reconocerle ab initio esos caracteres. La construcción de un modelo jurisdiccional para la Unión. En efecto. radican principalmente en los factores que seguidamente enunciamos. Perotti. todo reflejado en las sentencias del Tribunal de ese sistema de integración. Ver A. Poder judicial e integración europea. las diferencias con el derecho comunitario por un lado y con el ordenamiento convencional por otro. 2004. 133 Del voto de R. Sarmiento. Olivera. El ámbito subjetivo: las normas jurídicas de MERCOSUR están acotadas en cuanto a su vigencia a los Estados partes y en su caso. Muy interesante estudio sobre los principios en la jurisprudencia comunitaria realiza D. Madrid. 71 131 .bajo nuestra óptica . hasta un desconocimiento acendrado de la calidad de derecho de la integración – aunque se mencione como categoría asimilándolo en un todo al derecho internacional de fuente convencional. aunque lejos esté MERCOSUR aún de poder considerarse como tal. Civitas. Fernández de Brix. En tanto en MERCOSUR. si en cambio en el razonamiento en el cual se funda W. Córdoba. así como el modo de su entrada en vigor. Los árbitros del TPR muestran un abanico de posiciones que van desde atribuir a rajatabla los caracteres propios del derecho comunitario europeo o andino al derecho MERCOSUR. Jurídica. no autorizan .
Luego. los instrumentos creados por el PO y las normas que lo complementan cumplen un rol esencial. como mecanismo armonizador. si bien niega la 72 . No pueden entrar en vigencia hasta tanto se dicte la ley pertinente y se cumplan los recaudos establecidos expresamente en el Protocolo de Ouro Preto sobre Estructura Institucional. Es particular de este ordenamiento normativo distinguir entre un derecho originario (los tratados fundacionales y su sistema de solución de controversias) y un derecho derivado que nace al amparo de ese conjunto legal que lo respalda.A. en gran medida del impacto que esta primer OC despliegue entre los operadores jurídicos. 2007/2008: Más Opiniones consultivas A la fecha se encuentran ante los tribunales nacionales para ser elevadas al TPR nuevas solicitudes de opiniones consultivas. Sin embargo. El Reglamento. las mismas requieren incorporación legislativa. estimamos que es un primer paso válido y sobre todo. con un pronunciamiento que a nuestro parecer. más que por su resultado. A efectos que los ciudadanos se sientan progresivamente respaldados por la justicia en el MERCOSUR. EL MERCOSUR inauguró el sistema de OCs. Lejos de considerar que esas falencias perjudican el sistema de solución de controversias y la posibilidad de avanzar en la interpretación uniforme del ordenamiento mercosureño. existen también normas que entran directamente en vigor sin más referidas por ejemplo. El progresivo mejoramiento del sistema dependerá. perfectible. Una importante cantidad de fuentes elaboradas por los órganos referidos no deben someterse al procedimiento señalado aunque deban efectuarse otros procedimientos a través de órganos administrativos de los Estados partes para su internalización por tratarse de cuestiones que hacen en el ámbito interno de los países a las facultades de regulación en dichos ámbitos. entendemos que no provocará tal resultado. a la estructura orgánica. DREYZIN DE KLOR Factores propios Por no contar con órganos legisferantes en los cuales se haya delegado legítimamente competencia para elaborar normas pasibles de aplicación inmediata y efecto directo. padece falencias en orden a cumplir los objetivos previstos en las normas que dan origen y reglamentan el instrumento jurídico. Estos caracteres parecieran bloquear en gran medida el sistema. entonces. Las opiniones consultivas no tienen efecto vinculante y no son obligatorias.
El mayor o menor grado de aceptación que reciban las OCs.la nacional y la mercosureña . por principio. congruencia y secuencia argumental entre los fundamentos y las declaraciones que resulten del pedido. 13 RPO su publicación en el BOM. 10. deben intentar combatir las deficiencias de tipo estructural que plantea el modelo ante sus propios tribunales y siendo de la esencia de la integración el ámbito de la arquitectura judicial. Una respuesta sólida e inequívoca tendrá menos posibilidad de ser descartada. y a todos los tribunales superiores (no sólo al que solicitó la opinión consultiva). Tomando como punto de partida que los particulares. el principio de cooperación leal entre ambas instancias . es una pieza relevante del entramado existente. aunque la OC no sea vinculante. El art. En este orden de ideas. Sin embargo. investido de facultades decisorias.2 RPO ordena la notificación a todos los Estados partes y el art. 73 134 .con plenas competencias para velar por el debido respeto del esquema de integración a la vez que garante de todo el acervo normativo que requiere de interpretación común cualquiera sea el territorio de aplicación dentro del bloque. se considere la importancia de dinamizar la opinión consultiva solicitada por las judicaturas nacionales por un lado. hoy consideramos que no estuvo errado el legislador del MERCOSUR pues el hecho de no contar con un tribunal de justicia con los caracteres que implican estabilidad y dedicación exclusiva así como una mayor autonomía financiero-operativa. y la emisión de la misma por el TPR conforme a principios de coherencia. La cuestión prejudicial es un valioso instrumento que el MERCOSUR debe mirar con especial atención siendo la opinión consultiva una suerte de esbozo o primer estadio hacia la adopción de un mecanismo que se acerque más a los El art. germen de un Tribunal de Justicia que contará – en función de su desenvolvimiento y del que muestre el sistema . Se estaría restando autoridad a un tribunal que en pleno interpreta el derecho mercosureño y que no deja de ser independiente.requieren que como centro de atracción en torno al cual gire el desarrollo del modelo. por su parte. Si bien nos hemos pronunciado con anterioridad criticando el efecto no vinculante. por los magistrados se articulará con la confianza que amerite el sistema y la claridad o el “peso moral” que vayan ganando los pronunciamientos. ordena la notificación a todos los Estados partes. trae consigo la conveniencia de respetar el principio de gradualidad que observa en general el modelo mercosureño. El TPR no puede ser considerado un órgano jurisdiccional que cubre las necesidades que el esquema de integración amerita.EL MERCOSUR JURÍDICO obligatoriedad. se preocupa por la difusión de la decisión134. Piénsese en una situación hipotética en la que los tribunales decidan apartarse de lo dispuesto por el TPR. con copia a la SM. se plantea la imperiosa necesidad de una visión de conjunto nucleando al TPR y a los tribunales de los Estados partes. 10 ROC.
74 135 . Artículo 53: “Revisión del sistema. a la luz de los objetivos consignados . a fin de adoptar el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción”. Antes de finalizar el proceso de convergencia del arancel externo común. ¿Y ahora qué? Este interrogante con el que finalizamos nuestro esquema no es sino para abrir a las reflexiones que surjan de aquí en adelante. los Estados Partes efectuarán una revisión del actual sistema de solución de controversias. Podríamos adelantar nuestra posición respecto a como avizoramos que continuará el proceso pero no es nuestro objetivo hacer futurología sino extraer del debate serio y científico los lineamientos que una vez presentados los argumentos de los juristas y estudiosos de la integración regional puedan resultar útiles a la investigación que realizamos y a la formulación que pueda presentarse a quienes comandan los destinos de este fenómenos subregional. II. Será necesario a tal efecto.principalmente la uniformidad hermenéutica sin dejar de considerar la experiencia ganada hasta el momento. Ello. DREYZIN DE KLOR caracteres de la figura europea.A. que las condiciones estructurales se desarrollen avanzando hacia un sistema de solución de conflictos que reemplace el actual modelo provisorio conforme se deja expresamente plasmado en el Protocolo de Olivos para la solución de controversias135.
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References: resolución 
 artículo 18
sui generis
 artículo 2
 resolución 
sui generis
 Artículo 53