Source: http://loquelaleyregula.blogspot.com/2013/02/
Timestamp: 2020-01-26 08:14:47+00:00

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Lo que la ley regula: febrero 2013
Medidas de apoyo a los jóvenes emprendedores
El Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, ha aprobado una serie de medidas de apoyo a los emprendedores tendentes a fomentar el autoempleo como forma de dinamizar la economía, generar empleo y creación de valor. En cualquier caso, y a la espera de que den sus frutos, sólo cabe reprochar que se dediquen básicamente a jóvenes emprendedores, menores de 30 años en el caso de hombres o de 35 en el caso de mujeres, y no se haya extendido su aplicación a otros colectivos.
Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social para nuevos jóvenes autónomos
Se establece para los nuevos autónomos menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia, una “tarifa plana de 50 euros” en la cotización a la Seguridad Social durante los 6 primeros meses.
En realidad, se trata de un sistema de incentivos escalonado que puede prolongarse durante un máximo de treinta meses, consistente en la reducción o bonificación sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la de incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, aplicándose una reducción del 80% durante los primeros 6 meses; del 50% los 6 meses siguientes; del 30% los siguientes 3 meses y del 30% los siguientes 15 meses.
En caso de que los autónomos no opten por la anterior bonificación, podrán beneficiarse durante los 15 meses siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) de una reducción del 30% de la cuota de la Seguridad Social y de una bonificación de igual cuantía durante los 15 meses siguientes, hasta alcanzar también un máximo de 30 meses.
Compatibilidad de la prestación por desempleo y el trabajo autónomo
También dedicada a menores de 30 años se contempla la posibilidad de compatibilizar la situación de alta en el RETA con la percepción de la prestación por desempleo, hasta un máximo de 9 meses (270 días), siempre y cuando sea beneficiario de la prestación contributiva de desempleo (no aplicable al subsidio) y no se tengan trabajadores a cargo. Requisito ineludible para poder disfrutar de esta compatibilidad es comunicarlo a la entidad gestora en el plazo inexorable de 15 días desde el inicio de la actividad por cuenta propia, pues en caso contrario no se podrá optar por la compatibilidad.
Se amplían los supuestos para la capitalización de la prestación por desempleo para los menores de 30 años, que podrán capitalizar el 100% de su prestación para realizar una aportación de capital social a una sociedad mercantil, siempre y cuando se establezcan con ella una vinculación profesional de carácter definitivo o laboral con un contrato que deberá mantenerse un mínimo de 18 meses. No obstante, esta posibilidad está vedada para las personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades y para los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
El otro nuevo supuesto de capitalización del desempleo es para cubrir los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, tales como servicios de asesoramiento, formación e información, pago de tasas y demás relacionados con la actividad de emprender.
Se amplia de dos a cinco años la duración del ejercicio de una actividad por cuenta propia que permite la interrupción y posterior reanudación del cobro de la prestación por desempleo. De este modo, se suspenderá el derecho mientras se realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 24 meses o inferior a 60 meses en el caso de trabajadores menores de 30 años que se den de alta en el RETA.
Para las sociedades de nueva creación se establece una tributación en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo reducido del 15% para la base comprendida entre 0 y 300.000 euros, tributando al 20% el resto de la base imponible, durante los dos primeros ejercicios en que se obtengan resultados positivos.
Paralelamente, en el IRPF, los autónomos que inicien su actividad podrán beneficiarse de una reducción del 20% en los rendimientos netos de las actividades económicas que obtengan durante los dos primeros ejercicios en que obtengan resultados positivos.
Finalmente, se establece otro incentivo fiscal para los desempleados que decidan darse de alta como autónomos mediante la capitalización de la prestación por desempleo en forma de pago único, que estará exenta del IRPF en su totalidad, no como hasta ahora que sólo estaba exenta con un límite de 15.500 euros.
Publicado por Carmen Anciano Pardo en 17:02 No hay comentarios:
Etiquetas: desempleo, emprendedores, Impuesto sobre Sociedades, IRPF, Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal
Embargo telemático de cuentas bancarias por deudas de cualquier importe con la AEAT y la Seguridad Social
Con objeto de evitar la ralentización que ocasionaba el sistema de personación del agente ejecutivo en la oficina bancaria donde estaba abierta la cuenta, desde hace más de una década se instauró un procedimiento para la realización centralizada del embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para deudas de menor cuantía.
El procedimiento de embargo telemático se basaba en la presentación en una misma oficina de las diligencias de embargo de toda una entidad de depósito, contemplándose, además, que dicha presentación pudiera ser efectuada no sólo en papel, sino también en soporte informático, lo que dotaba al sistema de una agilidad aún mayor.
Así se dotó al procedimiento de medios informáticos, optándose por la incorporación de los usuales en el tráfico bancario tales como la comunicación vía teleproceso, permitiéndose que a través de EDITRAN se documentasen las diligencias de embargo, se centralizase la operación de ingreso en el Tesoro o en la Tesorería General de la Seguridad Social de las cantidades recaudadas por las entidades colaboradoras y el envío a la AEAT o a la Tesorería de la documentación necesaria para la gestión y seguimiento de las diligencias.
Este procedimiento, en su origen, estaba diseñado para efectuar por medios telemáticos, a través de EDITRAN, el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de embargo de pequeña cuantía.
Concretamente, en el caso de deudas con la AEAT, la Resolución de 14 de diciembre de 2000, estableció el límite de deudas de cuantía igual o inferior a 4.000 euros, incluidos recargos, intereses y costas. Sin embargo, mediante Resolución de 20 de diciembre de 2007, este límite se elevó a 6.000 euros, que se incrementó hasta los 20.000 euros por la Resolución de 10 de julio de 2009, para generalizarse y extenderse a deudas de cualquier importe por la Resolución de 16 de diciembre de 2011.
En el caso de las deudas con la Seguridad Social, el proceso ha sido similar. Hasta el 28 de febrero de 2013, el importe de las diligencias de embargo, incluidos recargos, intereses y costas estaba establecido en 6.000 euros. No obstante, mediante Resolución de 4 de febrero de 2013, el procedimiento de embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de depósito por medios telemáticos se ha extendido a deudas de cualquier importe a partir del 1 de marzo de 2013.
Publicado por Carmen Anciano Pardo en 11:14 No hay comentarios:
Etiquetas: AEAT, Seguridad Social, sistema tributario
Activos del “banco malo” para cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras
De cara a la formulación antes del 31 de marzo de 2013 de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, el Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero (BOE 2-2-2013) ha decidido regular la inversión de las entidades aseguradoras en valores o derechos mobiliarios emitidos por la SAREB.
En este sentido se permite que los activos del SAREB, el conocido como “banco malo” puedan ser utilizados por las entidades aseguradoras para cubrir hasta un 3% de las provisiones técnicas que se les exige el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privado.
El artículo 5 del citado Real Decreto-ley 2/2013 determina que a efectos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los valores o derechos mobiliarios emitidos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se valorarán por su coste o coste amortizado tal y como se define en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras. Estos activos se considerarán aptos para la cobertura de provisiones técnicas, no excediendo el límite a computar del 3% de las provisiones técnicas a cubrir.
Además, a efectos del tratamiento de estas inversiones en el margen de solvencia de las entidades aseguradoras, se determina que las plusvalías y minusvalías derivadas de activos emitidos por la SAREB no se computarán. Así, no se computarán con signo positivo las plusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de activos emitidos por la SAREB, y, de igual modo, no se deducirán con signo negativo las minusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de activos que hayan sido emitidos por la SAREB.
Esta medida podrán aplicarla las entidades aseguradoras que participan en el capital del banco malo como Mapfre que participa con un 1,1% en el capital del Sareb; AXA, que tiene una participación del 0,2%; la Mutua Madrileña que participa con el 0,7% y Catalana Occidente que tiene el 0,3% del capital del Sareb.
Publicado por Carmen Anciano Pardo en 13:59 No hay comentarios:
Etiquetas: entidades aseguradoras, provisiones técnicas, SAREB
Declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720)
En el marco de la lucha contra el fraude, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, introdujo dos importantes medidas: una tendente a la limitación de los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros y otra destinada al establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero: cuentas, depósitos e imposiciones en entidades financieras situadas en el extranjero, valores o derechos situados en el extranjero, acciones y participaciones en capital social o fondos propios pertenecientes a IIC situadas en el extranjero, seguros de vida e invalidez con entidades aseguradoras situadas en el extranjero, rentas temporales o vitalicias obtenidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero y bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
La obligación de declaración de los bienes y derechos en el extranjero se regula en la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria (introducida por la citada Ley 7/2012) y se desarrolla en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio (introducidos por RD 1558/2012, de 15 de noviembre) y cuyo modelo de declaración (modelo 720) ha sido aprobado por la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero.
Estas normas obligan a los titulares de cuentas, títulos, activos, valores o bienes inmuebles situados en el extranjero a realizar una declaración informativa anual (modelo 720) a presentar en el primer trimestre de cada año (entre el 1 de enero y el 31 de marzo, respecto a los datos del año anterior), si bien en el ejercicio 2013, primer año de su aplicación, el plazo se ha ampliado hasta el 30 de abril (entre el 1 de febrero y el 30 de abril, respecto de los datos del ejercicio 2012).
La declaración informativa no será obligatoria cuando el importe total no supere, conjuntamente, los 50.000 euros, si bien en caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todas las cuentas, activos y bienes. La presentación de la declaración informativa en años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto para todos los valores hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto a la última declaración.
En primer lugar debe indicarse que se trata de una obligación formal, es decir, consiste simplemente en una declaración informativa que debe remitirse telemáticamente a la Administración Tributaria y que, en principio, no tiene carga fiscal adicional. No obstante, en caso de incumplimiento de la obligación de declaración, la sanción mínima por la falta de presentación del modelo 720 oscilará entre los 10.000 y los 1.500.000 euros. Además el incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado como una infracción tributaria por ocultación de bienes o derechos en el extranjero, que puede llevar aparejada una sanción de hasta el 150% del valor del bien no declarado. Finalmente, en caso de que la Administración detecte que los bienes y derechos en el extranjero proceden de rentas no declaradas, se procederá a la regularización fiscal correspondiente que consiste en considerar tales bienes o derechos como ganancia patrimonial no justificada, lo que implicaría su integración en la base liquidable general del período impositivo en el que se descubran, tributando al tipo marginal del IRPF, que puede llegar a alcanzar el 52%.
Publicado por Carmen Anciano Pardo en 14:25 No hay comentarios:
Etiquetas: fraude fiscal, IRPF, sistema tributario
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