Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92770
Timestamp: 2020-02-24 18:48:07+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-115/92770
El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción VII, del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
México es un país democrático, el cual tiene mecanismos de transparencia en el nombramiento de diversos servidores públicos de cierto rango, tal como lo es la designación del Fiscal General de la República, del Ombudsman, de Ministros y Magistrados Electorales, Coroneles, Oficiales Superiores, entre otros. Sin embargo, es momento de preguntarnos si los procesos de designación son lo suficientemente transparentes y gozan de plena legitimidad.
Considero que es evidente para todos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones, a no ser que se trate de una resolución de un órgano internacional que la vincule. Por lo anterior, es preciso analizar a profundidad y determinar si los requisitos exigidos para la designación de los Ministros de nuestra Suprema Corte, son o no idóneos para designar a los mejores perfiles que puedan ocupar dicho cargo, así como desvincularlos de los grupos parlamentarios y partidos políticos.
Ahora bien, el proceso de la designación de Ministros, que se encuentra en el artículo 96 de la Constitución Política, establece que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Senado, dentro del plazo de treinta días, y si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente.
Hoy en día, la Constitución Política en su artículo 95, establece los requisitos que deben cumplir para poder ser Ministro de la Suprema Corte, se encuentran: ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, ser licenciado en derecho y con una antigüedad mínima de diez años al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación y por último, no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
Evidentemente nos podemos dar cuenta que existen diversos requisitos para poder ser Ministro del Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que aquellos ciudadanos que deseen ocupar un cargo de juez federal o magistrado de circuito, es necesario que aprueben un examen de conocimientos que debe poseer un juez de esta índole.
Con referencia a ello, se realizan convocatorias con las plazas vacantes a concursar y los ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios, pueden presentar un examen que consta de etapas. La primera es un examen de conocimientos de los temas que pudieran llegar a resolver si ocupan el cargo de juez o magistrado. La Segunda etapa consta de la elaboración de un proyecto de sentencia, para poder evaluar sus conocimientos respecto a la capacitación y experiencia que tienen para resolver algún asunto. Y por último un examen oral en donde se les realizan diversos cuestionamientos relativos a la función que podrán desempeñar en caso de pasar con la calificación mínima que el Consejo de la Judicatura Federal fija para ello.
Como se puede inferir de lo anterior, toda vez que una persona que quiere ostentar el cargo de juez federal o magistrado de circuito debe demostrar que cuenta con los conocimientos necesarios para resolver los problemas que se puedan llegar a suscitar y brindar una justicia pronta y expedita a los gobernados.
Ahora bien, si la Suprema Corte puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y amparos directos en revisión, entre otros, tiene la capacidad de revocar o dejar insubsistente una sentencia dictada por un juez federal o magistrado de circuito, por tanto, es necesario que los Ministros cuenten también con los conocimientos que les son requeridos a sus inferiores, máxime que ellos conocen de las sentencias que dictaron sus inferiores y pueden revocarlas e instruirles para dictar una distinta resolución con diverso sentido o efectos.
Dentro de esta perspectiva, surge la necesidad de que la terna de aspirantes a Ministro de la Suprema Corte, deban contar con conocimientos superiores a los que se les pide a jueces federales y magistrados de circuito, pues el hecho de que no se les haga un examen de conocimientos para ocupar el gran cargo que ocuparán, deja en estado de indefensión a miles de Mexicanos que enfrentan un proceso judicial y que pudiera ser resuelto en última instancia por la Suprema Corte.
Para robustecer lo anterior, es indispensable recordar que en ellos recae la interpretación última de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, toda resolución emitida por la Suprema Corte tiene un impacto trascendental en el país Mexicano, se crean criterios y jurisprudencia que sirven como guía a los jueces y magistrados para resolver los asuntos de su competencia.
La labor de un Ministro de la Suprema Corte es importantísima, pues ellos garantizan la supremacía del orden constitucional no solo frente a los actos de otras autoridades o de algún particular, sino que salvaguardan los derechos fundamentales de los justiciables ejerciendo uno de los medios de control constitucional contra los jueces que realizan la función jurisdiccional, por ello que se vuelve de vital importancia el procedimiento mediante el cual se accede a estos cargos. Como lo dijo el Maestro Luigi Ferrajoli, un Juez Constitucional debe de ser el protector de los derechos fundamentales y esta función la desempeña aún en contra de los legisladores, por ello la interpretación de la ley es al mismo tiempo un juicio acerca de la propia ley, ya que el Juez Constitucional debe escoger entre los significados que sean acordes con la Constitución y con los derechos fundamentales que protegen.
En ese orden de ideas, es menester señalar que debe de existir un proceso de transparencia, deliberación y participación ciudadana en la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, para brindarle a los gobernados que enfrentan un procedimiento judicial, la seguridad de que los últimos intérpretes de la Constitución cuentan con los conocimientos iguales o mayores a los que les resolvieron en otra instancia su asunto, es menester que la terna que proponga el Presidente, cuente con los conocimientos que para ello se requiere.
Como resultado de lo señalado, es necesario que los aspirantes a Ministro de la terna que presente el Presidente en turno, antes de que sea seleccionado por el Senado, acrediten tener los conocimientos que para tal cargo se necesita. Por ello es por lo que se propone que la Suprema Corte a petición del Ejecutivo Federal, integre una comisión, la cual será la encargada de realizar el examen de conocimientos que deberán de presentar los aspirantes a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte.
Al mismo tiempo, la Suprema Corte que es un contrapeso para el sistema federativo de nuestro país, gozará de una mayor legitimidad en los procedimientos de selección de los Ministros, pues si bien la legitimidad del poder ejecutivo y legislativo emana del voto del pueblo, la legitimación de los Ministros, recae en el Presidente que fue electo por el pueblo.
De esta manera, estaremos contribuyendo con la transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso de nombramiento de Ministros, es un tema que se debe mejorar para que nuestra Suprema Corte de Justicia se fortalezca con abogadas y abogados que tengan una carrera judicial demostrada y que, incluso algunos estén actualmente en ejercicio de las más altas Magistraturas.
ÚNICO. Se adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Haber acreditado el examen que para tal efecto realizará la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

References: artículo 95
 resolución 
 artículo 96
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
 artículo 95