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Timestamp: 2017-08-19 20:30:05+00:00

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09/19/11 | IurisCivilis
En Propiedad Horizontal por Joseraloga // 19.9.11 // Dejar un Comentario
A la finalización de una junta de propietarios, legamente constituida, aparece el denominado libro de actas, en el que se reflejará lo debatido y aprobado con los detalles del caso, tal como dispone el artículo 19.1 de la LPH: “los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga”.
Esta última exigencia de diligenciamiento por el Sr. Registrador de la Propiedad no tiene otro objetivo que dotar de autenticidad al libro de actas – antiguamente se diligenciaba ante el Notario o el Juzgado. Fue la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que reformó el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, con el único objetivo de descargar a los órganos jurisdiccionales de funciones que no tenían la condición de tales, encomendando a los Registradores de la Propiedad la tarea de diligenciar los libros de actas.
Aunque la ley señale expresamente que el libro de actas será presentado al Registro por el Presidente de la comunidad de propietarios, resulta evidente que cuando se constituya la comunidad, será el propietario único o promotor quien debe efectuar la diligencia.
El artículo 415 del Reglamento Hipotecario (redacción según Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario y del Reglamento Notarial) desarrolla detalladamente el modo de proceder del Registrador de la Propiedad, en cuanto al diligenciamiento del libro de actas, imponiéndole dos tareas: la práctica de la diligencia en sí, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para efectuarla, y el control sucesivo del número de orden de los libros, todo ello referido, con un amplio criterio, a comunidades, subcomunidades y conjuntos inmobiliarios, tanto para el caso de que tales entidades aparezcan inscritas, o como para las no inscritas (obsérvese el párrafo 3. b) y el último inciso del párrafo 7 del citado precepto legal) mediante la extensión de una nota marginal en el folio abierto en el libro de inscripciones al edificio o conjunto sometido a propiedad horizontal en el primer caso, o bien consignando los datos del libro en un libro fichero, cuando no apareciera inscrita la comunidad.
Las reglas impuestas por este precepto son las siguientes:
1. Los libros deberán diligenciarse necesariamente antes de su utilización. No podrá diligenciarse un nuevo libro mientras no se acredite la íntegra utilización del anterior. En caso de pérdida o extravío del libro anterior, podrá diligenciarse un nuevo libro siempre que el Presidente o el Secretario de la comunidad firme, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que ha sido comunicada la desaparición o destrucción a los dueños que integran la comunidad o que ha sido denunciada la substracción.
c. Las fechas de la apertura y cierre del último libro de actas. No serán necesarias estas circunstancias si el solicitante afirma, bajo su responsabilidad, que no ha sido antes diligenciado ningún otro libro.
d. Todas las hojas del libro que se presente para diligenciar habrán de estar numeradas con caracteres indelebles. El libro podrá ser de hojas móviles.
El sello del Registrador se pondrá mediante impresión o estampillado, perforación mecánica o por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la diligencia. Si los libros se componen de hojas móviles habrá de hacerse constar con caracteres indelebles en todas ellas, además del sello, la fecha, a no ser que se emplee un procedimiento de sellado que garantice que cada una de las hojas pertenece al libro diligenciado.
6. El Registrador practicará la diligencia dentro de los cinco días siguientes a la solicitud realizada en debida forma, o de los quince días si existiere justa causa. Contra la denegación cabe recurso directamente durante quince días hábiles ante la Dirección General.
Por otra parte, el acuerdo debe constar en un acta debidamente firmada por el presidente y quien actúe de secretario, que puede ser el propio administrador o el mismo presidente, tal como dispone el artículo 19.3 de la LPH: “El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la Ley previene lo contrario.” Por tanto, no hay ninguna necesidad de que firmen los propietarios, por no venir exigido en el citado precepto.
Este aspecto formal en la adopción de los acuerdos es verdaderamente relevante, pues los mismos no pueden ser adoptados de palabra y deben constar por necesidad en la oportuna acta, En caso contrario, los acuerdos no serían válidos, por la imposibilidad de probarlos en el caso de la existencia de una controversia entre los distintos propietarios.
Los acuerdos adoptados sin los requisitos legales podrían ser impugnados por ser contrarios a la Ley – cfr. arts. 18.a) y art. 19 de la LPH, salvo que se tratase de defectos subsanables. En este último supuesto dispone el art. 19.3 in fine que: “Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que respectivamente suponga y se encuentre firmada por el presidente y el secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación.”
De conformidad con el apartado 2 del art. 19, el acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las siguientes circunstancias:
Una copia del acta deberá ser remitida a cada propietario. El envío de esta acta debe hacerse tal como manda el artículo 9 letra h) de la LPH: “ Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.
Por último, indicar que de conformidad con el apartado 4 del art. 19 de la LPH, el secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.
· Ver una solicitud de diligenciamiento de un libro de actas en el Registro de la Propiedad.
En CGPJ, Derecho Hipotecario por Joseraloga // 19.9.11 // Dejar un Comentario
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha solicitado hoy a los jueces que en un momento de crisis económica como el actual apliquen la ley en materia hipotecaria "con cierta sensibilidad", atendiendo a los problemas que envuelvan a los afectados.
De Rosa, que ha inaugurado las jornadas jurídicas "Resolución de la compra-venta en tiempos de crisis", ha lamentado el aumento las ejecuciones hipotecarias en los últimos años y ha destacado los "incidentes" que se han registrado en algunos desahucios y los "profundos problemas sociales" que subyacen.
En ese sentido, ha defendido "por encima de todo" la aplicación de la ley, porque "no puede ser de otra manera", pero ha reclamado a los jueces que actúen con "cierta sensibilidad" y "atendiendo a los problemas que puedan tener determinadas personas".
Ha pedido además a los responsables de los juzgados españoles que traten de "buscar alternativas" para resolver los "casos dramáticos". En julio, el Gobierno subió al 60% el valor mínimo de adjudicación de las casas embargadas, una medida que busca aminorar la deuda que arrastre un embargado con una entidad financiera una vez se haya quedado sin la vivienda. Valencia: más embargos que en el resto
Preguntado por si considera que la Comunitat Valenciana necesita más jueces, el vicepresidente ha afirmado que en esta comunidad los jueces trabajan "por encima de la media" y con "un esfuerzo importantísimo".
"En los juzgados de la Comunitat está entrando un número de asuntos por encima de la media española. Hay que evitar el binomio que se está dando aquí de más asuntos y menos jueces, para lo que son necesarios más jueces", ha señalado.
A las jornadas jurídicas, organizadas por el CGPJ y desarrolladas en la Ciudad de la Justicia, han acudido también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart.
( Fuente:El Mundo)

References: artículo 19
 artículo 17
 artículo 415
 Real Decreto 
 artículo 19
in fine
 artículo 9