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Timestamp: 2020-07-08 11:15:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 221, de 09/02/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 221
Sesión plenaria núm. 209
celebrada el miércoles, 9 de febrero de 2011
Preguntas ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para poner freno al abandono escolar prematuro en España provocado por la ineficacia de su política de educación.
(Número de expediente 172/000231.) ... (Página 20)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las bases de la reforma de las políticas activas de empleo y las medidas a adoptar para desarrollarlas. (Número de expediente 172/000232.) ... (Página 25)
Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la pérdida de poder adquisitivo de los españoles? (Número de expediente 180/001327.) ... (Página 4)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Valora el presidente del Gobierno el acuerdo social y económico como un pacto de Estado? (Número de expediente 180/001337.) ...
De la diputada doña M.ª Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno cuando habla de empleo? (Número de expediente 180/001328.) ...
Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Qué opinión le merece que en el informe policial correspondiente a las investigaciones iniciales del "Caso Faisán" no se considerara relevante el número de teléfono utilizado por el secretario de Estado de Seguridad, con el que se puso en contacto el entonces director general de la Policía antes y después del chivatazo? (Número de expediente 180/001329.) ... (Página 7)
Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Por qué motivo rechaza el Gobierno socialista la propuesta del Partido Popular de imponer por ley la austeridad? (Número de expediente 180/001330.) ... (Página 9)
De la diputada doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Considera la vicepresidenta segunda que la creación de "entre 50.000 y 100.000 empleos" este año hará que España salga de la crisis? (Número de expediente 180/001331.) ... (Página 10)
Del diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Está de acuerdo con las declaraciones del ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, en las que afirma que la intervención de la caja por parte del Banco de España fue una "cuestión política"? (Número de expediente 180/001332.) ... (Página 11)
Del diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Tiene algo que ver la nueva situación administrativa del secretario de Estado de Seguridad con la reactivación del "Caso Faisán"? (Número de expediente 180/001333.) ... (Página 12)
Del diputado don Joseba Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Qué acciones va a emprender el Gobierno en la defensa de las tres denominaciones de origen de txakoli-chacolí tal y como se recoge en la proposición
no de ley (n.º expte. 161/001925) aprobada por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de este Congreso? (Número de expediente 180/001324.) ... (Página 13)
De la diputada doña M.ª Nuria Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Qué consecuencias cree el Gobierno que va a tener la supresión de la medida de los 80 km/h en Barcelona sobre el incremento de la contaminación atmosférica ante la posible sanción de la Unión Europea? (Número de expediente 180/001326.) ... (Página 14)
Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de la Presidencia: ¿Qué datos tiene el ministro de la Presidencia para afirmar que no hay que depurar responsabilidades políticas en el Ministerio del Interior por el "Caso Faisán"? (Número de expediente 180/001336.) ... (Página 15)
Del diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Cuál es el papel de las políticas de innovación en el pacto social recientemente alcanzado entre Gobierno y agentes sociales y económicos? (Número de expediente 180/001339.) ... (Página 16)
Del diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo valora el Gobierno el brusco descenso de afiliación a la Seguridad Social registrado el pasado mes de enero? (Número de expediente 180/001334.) ... (Página 17)
Del diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo valora el ministro de Trabajo la red de prejubilaciones irregulares puesta en marcha por la Junta de Andalucía que se ha descubierto recientemente? (Número de expediente 180/001340.) ... (Página 18)
Interpelaciones urgentes ... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para poner freno al abandono escolar prematuro en España provocado por la ineficacia de su política de educación ...
Formula la interpelación el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta el señor ministro de Educación (Gabilondo Pujol), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Gómez Trinidad y duplica el señor ministro de Educación.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las bases de la reforma de las políticas activas de empleo y medidas a adoptar para desarrollarlas ... (Página 25)
Formula la interpelación el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Contesta el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Se levanta la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001327.)
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Mariano Rajoy. (Rumores.) Por favor, silencio.
(Pausa.) Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, le pregunto sobre un asunto que constituye una preocupación fundamental de muchísimos millones de españoles, sobre el poder adquisitivo de los mismos, sobre su nivel de bienestar y riqueza. El último informe del Banco de España, el Boletín Económico del mes de enero, dice que la riqueza financiera neta de las familias ha caído en lo que va de legislatura un 20 por ciento y que la renta disponible desde el principio de la crisis -último trimestre del año 2007- ha caído el 9 por ciento en términos nominales y un 14 por ciento si tenemos en cuenta la subida de los precios. Son datos -no se le escapa a usted ni a nadie- muy duros. Me gustaría saber su valoración de los mismos, su valoración sobre el hecho de que el nivel de bienestar de los españoles haya disminuido durante su etapa en el Gobierno y su valoración sobre la eficacia de su política económica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, he de recordarle, por esa afirmación que ha hecho en la última parte de su intervención, que la renta per cápita de los españoles desde el año 2003 es 4.300 euros superior. Por tanto, sobre el nivel de vida y sobre la renta en el periodo global de la acción de este Gobierno debe introducir ese matiz, que supongo que será reconocido por su señoría.
En relación con las repercusiones de la crisis en la riqueza financiera, es evidente que, como en nuestro país, en todos los países que han sufrido la crisis cuyo origen está en el sistema financiero, ese efecto se ha producido y esperemos que, con el nuevo modelo económico, la productividad y la ganancia que esperamos tenga nuestro país en competitividad, nos recuperemos en un plazo razonable.
Por último, sobre la evolución de los precios y la inflación he de recordarle -algo que también estaba implícito en su pregunta- que la inflación, que en estos últimos meses ha tenido un incremento preocupante, es fruto de la evolución del precio del petróleo y de la evolución de las materias primas, porque la inflación subyacente aparece absolutamente controlada y en términos razonables. Como también sabe, el Banco de España acaba de afirmar que lo razonable es que a finales de 2011 la inflación se pueda situar en torno al 1,7 por ciento, lo que nos situaría en los niveles medios de 2010, siempre que el precio del petróleo se mantenga en los 97 dólares actuales y, por tanto, es razonable pensar que a medida que avance el año tengamos una moderación en la evolución de los precios.
Señor Rajoy.
Señor presidente del Gobierno, los españoles pagan las consecuencias de sus errores: una política económica que nos ha llevado a unos niveles de paro por encima del 20 por ciento; más de 4.700.000 españoles quieren trabajar y no pueden y más de un 40 por ciento de los jóvenes españoles de menos de 25 años no puede trabajar. Usted ha subido los impuestos, los de las rentas del trabajo, los del ahorro y los del consumo; ha subido el IVA y los impuestos especiales; ha eliminado transferencias a familias, el cheque-bebé y las deducciones por compra de vivienda, y ha reducido las prestaciones no contributivas por hijo a cargo. Usted ha congelado las pensiones; usted ha bajado los sueldos de los funcionarios; usted ha subido los precios regulados, 49 por ciento el precio de la luz bajo su mandato, y también el gas, el año pasado la bombona de butano un 19 por ciento, un 3 por ciento en lo que va de año. Además, han subido las tarifas de Renfe un 16 por ciento en esta legislatura. Y el dato de inflación, señor presidente, es del 3,3 por ciento, con un crecimiento económico negativo el año pasado. Estas son las consecuencias de sus errores en la gestión de la política económica. Usted no ha estado a la altura de las circunstancias, usted no ha gestionado bien la economía española, y las consecuencias de una política equivocada, de la que fue advertido en esta Cámara y fuera de ella en numerosas ocasiones, las pagan millones y millones de ciudadanos españoles.
Señor Rajoy, es evidente que usted piensa que este Gobierno es responsable de la subida del precio del petróleo y cualquier día les oiremos decir...
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...que somos responsables del huracán Katrina, a tenor de su razonamiento. Le recordaré que la presión fiscal es hoy más baja que hace seis años en España, que hemos suprimido el impuesto sobre el patrimonio...
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...bajado el impuesto sobre sociedades y bajado el impuesto sobre la renta, cosa que usted no recuerda, y que el gasto social es un 40 por ciento superior a cuando llegamos al Gobierno y lo mantenemos a pesar de la crisis.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Ustedes no hicieron nada en gasto social ni en prestaciones sociales. ¿Cómo puede hablar ahora del cheque bebé... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...si ni siquiera la Ley de Dependencia ni becas ni ayudas a la vivienda... (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO COMO UN PACTO DE ESTADO? (Número de expediente 180/001337.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno.
Para formularla tiene la palabra don Josep Duran i Lleida. Silencio, por favor.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Ayer el Gobierno informó, aunque tarde, casi una semana después, del contenido del acuerdo económico y social suscrito con los sindicatos y con la patronal. ¿Considera el presidente del Gobierno que este acuerdo puede valorarse como un pacto de Estado?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
Señor Duran, el Gobierno valora que es un pacto social y económico de gran importancia. Luego, cada uno le podrá poner el calificativo que estime.
¿Por qué? Primero, porque supone un acto de responsabilidad colectivo, de suma de esfuerzos para la recuperación económica, para la creación de empleo y para la estabilidad a largo plazo de las cuentas públicas, y esto tiene una gran importancia para generar confianza y credibilidad en la sociedad española y más allá de nuestras fronteras. Y de manera singular, porque ha habido muy pocos países en Europa en los que una reforma de las pensiones de largo alcance como la que se ha hecho aquí se ha producido con acuerdo de los agentes sociales. Tiene una gran importancia, es un gran testimonio de responsabilidad colectiva y espero que los grupos parlamentarios lo valoren, que aprecien esta circunstancia y se sumen a un acuerdo que, sin duda alguna, para la sociedad española supone una garantía de las pensiones públicas, de la Seguridad Social, de nuestra fortaleza en el sistema de protección social. Estoy convencido de que su grupo así lo hará.
Señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
El Parlamento no debe sumarse, el Parlamento debe ser el protagonista de cualquier acuerdo (Muy bien.). Pero en cualquier caso quisiera, en primer lugar, comentar brevemente nuestra posición respecto a los contenidos de ese acuerdo económico y social. Evidentemente compartimos el esqueleto básico del acuerdo de pensiones, y además... (Rumores.)
El señor DURAN I LLEIDA: Además -así lo he puesto de relieve- hemos felicitado públicamente a los sindicatos por el esfuerzo que significa en ese sentido positivo, bajo el prisma del desarrollo y de la proyección externa que usted acaba de relatar. Pero nosotros entendemos, y así ayer se lo explicábamos al Gobierno, que a ese acuerdo le faltaba también el concurso de las fuerzas políticas, y creo que se ha perdido una gran oportunidad, la oportunidad de que todas las
fuerzas políticas parlamentarias pudieran no simplemente sumarse, sino intervenir en la negociación de los acuerdos que acompañan fundamentalmente al de pensiones. El de pensiones evidentemente tiene un origen, y son las propias conclusiones del Pacto de Toledo elaborado por esta Cámara. Además, recordará el señor presidente que fue fundamental el voto particular que en su día pactamos con el Grupo Socialista y que permitió una flexibilidad que fue bien aprovechada por los agentes sociales. Lo reitero: nosotros echamos en falta la participación de las fuerzas políticas para que realmente pueda ser aquel pacto de Estado que desde el principio de la legislatura ha solicitado este grupo parlamentario.
En aquellas materias que no son pensiones, especialmente en energía, el acuerdo prevé una comisión para seguir una serie de condicionantes que estipula como bases del propio acuerdo con sindicatos y patronales, entre ellos el mix energético de futuro. Aquí hay una variación, en la subcomisión se aprobó un mix hasta 2020, ahora se amplía a 2035. No se quería por parte del Grupo Socialista hablar más allá del año 2020, porque entraríamos a hablar de la energía nuclear. Señor presidente, ¿extender ese mix hasta el año 2035 significa que está usted cambiando, en línea con los cambios que ha hecho en los últimos tiempos, también su posición en materia de energía nuclear? Esa es la gran asignatura pendiente y me gustaría que de una vez por todas usted dijera a la Cámara cuál es su posición al respecto.
Señor Duran, no puedo estar de acuerdo con su primera afirmación. En más de una ocasión su grupo y otros grupos han exigido al Gobierno responsabilidad y toma de decisiones. Lo hemos hecho con el acuerdo, informando antes, durante y después del acuerdo económico y social a los grupos. Tanto es así que algún sindicato, señor Duran, ha reconocido su papel. Entonces, ¿cómo es posible que haya un sindicato que reconozca su papel constructivo para favorecer el acuerdo y luego usted diga que no ha tenido protagonismo? Claro que lo ha tenido, señor Duran. Y le quiero decir que el Gobierno ha ejercido su responsabilidad, ha dado la información, ha logrado un acuerdo importante, que tiene en su desarrollo toda la traducción y protagonismo parlamentario, como siempre ha sido. Ya sé que a veces es difícil reconocer las cosas, pero este acuerdo ha sido una muy buena acción política y un ejercicio importante de responsabilidad de todos. Deberíamos reconocerlo y espero que su grupo esté a la altura de lo que supone ese acuerdo, como ha estado en otras ocasiones, y trabajar en el contenido.
Por último, sobre cualquier cuestión que el acuerdo contenga, desde luego el Gobierno siempre es flexible para buscar el consenso. Nosotros no tenemos posiciones...(Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ CREDIBILIDAD TIENE EL GOBIERNO CUANDO HABLA DE EMPLEO? (Número de expediente 180/001328.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente primero del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, cuando un Gobierno promete empleo y no hace nada para crearlo acaba generando dos cosas: paro y frustración. Por eso en España hay casi 5 millones de parados y 47 millones de españoles que ya no esperan nada del Gobierno. Porque cada cifra negativa de paro ustedes siempre nos dicen lo mismo: que es la última, que ese mes se ha producido el ajuste final y que pronto se va a crear empleo. La primera vez que lo dijeron pudo ser un error; la segunda torpeza; a partir de la tercera es reincidencia en el engaño, y todas ellas una falta de respeto. ¿Hasta cuándo van a seguir faltando a la verdad y al respeto a los españoles? (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Señoría, su grupo, el mío y el Gobierno compartimos que el desempleo es el primer problema de los españoles. Trabajamos para reactivar la economía y sobre todo para conseguir que esa reactivación se traduzca lo antes posible en la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor Rubalcaba, los españoles no necesitan palabras bonitas de su vicepresidente, necesitan un puesto de
trabajo y a ser posible estable. (Rumores.) La falta de credibilidad su Gobierno se la está ganando a pulso, y usted, el vicepresidente primero, hace en ello una contribución decisiva. Repasemos la agenda de sus engaños. El viernes se dedica usted en Moncloa a vender como un gran avance social lo que todo el mundo sabe, porque le afecta a su bolsillo: un acuerdo de pensiones. Los sábados se va usted a los mítines a decir que la crisis no la van a pagar los que menos tienen. ¿A quién pretende engañar? Que ya lo están pagando, señoría; lo están pagando con impuestos, con recortes y 4.700.000 con su puesto de trabajo. ¿O le parece bajo el precio? El resto de la semana, señoría -los miércoles también-, se dedica usted a tratar de echar la culpa de la crisis a todos los demás y a negar las propuestas del PP. ¿O qué pasa, que la estabilidad presupuestaria sólo les gusta a ustedes el día que está en España la señora Merkel? Hasta he oído decir de su boca, señor Rubalcaba, que algunos se alegran de la crisis.
¿Y qué me va a decir usted en esta Cámara ahora que toda España sabe que algunos socialistas andaluces se han aprovechado del paro? Explique a todos esos españoles a los que van a recortar su pensión que la Junta de Andalucía se ha gastado 700 millones de euros en un fondo de reptiles.
Explíqueles que se han aprobado expedientes de regulación de empleo ficticios y sin control. (Protestas.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Explique a todos los españoles que se han hecho prejubilaciones falsas. ¿O cómo explicarían ustedes que personas se están jubilando de empresas para las que no han trabajado nunca? (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Mire, señoría, es gravísimo que el Gobierno haya renunciado a crear empleo, pero es repugnante que algunos socialistas hayan hecho negocio con él.
Muchas gracias, (Aplausos.)
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Le decía que hemos tomado medidas y le recordaré algunas. Hicimos un plan, el PlanE. (Risas.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Fue un plan que ustedes combatieron con saña aquí y aplicaron con denuedo en sus ayuntamientos. Hemos hecho una reforma laboral para crear empleo; sin su apoyo. Hemos modificado los impuestos de las pequeñas y medianas empresas para que den empleo. Hemos puesto orientadores en las oficinas de empleo y hemos modificado la regulación sobre las oficinas de empleo para que haya un sector privado que permita que los desempleados encuentren trabajo. Hemos firmado finalmente un acuerdo, del que hablaré después un minuto, y hemos hecho todo eso manteniendo una tasa de cobertura altísima para los desempleados, del 75 por ciento, que nunca ha habido en España.
Respecto al acuerdo social y económico, el objetivo fundamental es crear empleo. Y hemos hablado de reforma de la negociación colectiva, de las políticas activas de empleo y también de la creación de un plan de choque específico para jóvenes y parados de larga duración que incluye subvenciones a los empresarios del cien por cien en sus cotizaciones.
Este plan de empleo juvenil seguro que le interesa al líder de la oposición, dadas las dificultades que tiene, primero, para entender su letra y, luego, para formular ninguna propuesta más allá de aquella de que los jóvenes deben -¿cómo era aquello, señor Rajoy?- vivir mejor o vivir más, algo así. Por cierto, señor Rajoy, notable no; en empleo juvenil, suspenso a usted y a todo su grupo.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE QUE EN EL INFORME POLICIAL CORRESPONDIENTE A LAS INVESTIGACIONES INICIALES DEL "CASO FAISÁN" NO SE CONSIDERARA RELEVANTE EL NÚMERO DE TELÉFONO UTILIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, CON EL QUE SE PUSO EN CONTACTO EL ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ANTES Y DESPUÉS DEL CHIVATAZO? (Número de expediente 180/001329.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor vicepresidente primero.
Para formularla tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro. (Rumores.)
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para dificultades notables y sangrantes, las que tiene usted para explicarle a los españoles la verdad del caso Faisán.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) ¿Qué opinión le merece que en el informe correspondiente a la investigación inicial de este caso no se mencionara el número de teléfono utilizado por el secretario de Estado de Seguridad?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Me ha cambiado la pregunta y lo entiendo porque seguramente la hizo usted sin conocer que hay un auto del juez que exculpa radicalmente al secretario de Estado de Seguridad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Rumores.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor vicepresidente, que se ocultara ese teléfono en el informe induce a pensar que pudieron ocultarse muchos otros para tapar pistas o limitar daños. Y desde luego es pura patraña que desde su ministerio en estos días se haya querido hacer creer que el teléfono del secretario de Estado de Seguridad estaba, cuando menos, a disposición del primero que pasaba. No saque usted conclusiones falsas, como ya he visto que ha anticipado alguna. Su responsabilidad política en el chivatazo no viene determinada porque testifique o no ante el juez este o aquel hoy, mañana o nunca, sino por el gravísimo escándalo que supone que su director general de la Policía permanezca judicialmente imputado por un delito de colaboración con organización terrorista.
Pongamos las cosas en su sitio. Lo que usted aún se atreve a llamar el incidente -es decir, el chivatazo- el juez lo llama delación policial y es impensable que esa delación pudiera articularse sin orden superior al nivel político del principal imputado. Pero su osadía es tal que el pasado viernes aún se atrevió a reclamar a otros que pidan perdón. Señor vicepresidente, el único que tiene que pedir perdón es usted a tenor de cinco hechos irrefutables. Primero, porque es responsable político de la mayor bajeza cometida en Interior después de la guerra sucia. (Rumores.) Segundo, porque no ha abierto jamás una investigación interna. Tercero, porque ha intentado engañar a esta Cámara y a los españoles. Cuarto, porque ha tratado de impedir que la justicia actuase y que paguen los culpables. Y, quinto, porque ha enfrentado a policías con policías, como volvió a suceder ayer en la Audiencia Nacional. (Rumores.) En definitiva, el caso Faisán es el precio político que ustedes pagaron en ese sucio y mal llamado proceso de paz. El caso Faisán apesta a cloaca de Estado. Por eso, señor presidente, el caso Faisán pende sobre su cabeza. (Aplausos.)
Señor vicepresidente primero.
Ya sé que usted no quiere hablar del secretario de Estado, pero yo sí, para defender en esta Cámara su honor, que muchos de ustedes mancillaron cuando creían que efectivamente, fíjese, le iban a llamar como testigo; como testigo. Por eso dije en público y digo en esta Cámara que exijo de algunos de ustedes que pidan disculpas públicas al secretario de Estado de seguridad. (Protestas.-Aplausos.) Se lo pido aquí, en esta Cámara.
Le voy a decir más. El mismo viernes, poco antes de conocer al auto que exculpaba radicalmente al secretario de Estado de Seguridad, para frustración suya...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba):... oí a uno de sus dirigentes hablar de unos imputados que tienen ustedes en Galicia, y decía: Hasta que no haya una sentencia firme no voy a decir nada. Y pensé: Es verdad, si ustedes celebran fiestas, alborozan con imputados, con procesados, con prescritos, con proscritos. (Rumores.) Dicen ustedes que son los ejemplos de gobernantes.
¿Y por qué esa doble vara de medir? ¿Qué tienen los policías que luchan contra ETA o el secretario de Estado, que, por cierto, no está imputado, ni procesado, ni nada de nada, para que sean objeto de sus sospechas, de sus insidias y de sus calumnias? ¿Qué tienen? Usted va contra mí, por eso hace preguntas patéticas, 200 por escrito, tratando de pescar al ministerio con cambios para esta noche lucirse por las cadenas de extrema derecha criticando a la Policía. (Protestas.-Aplausos.-Varios señores diputados: Sí.) Por eso lo hace usted, por eso lo hace usted. (Continúan las protestas y los aplausos.) Sí, sí. Le voy a decir más. Ha formulado aquí 34 preguntas (Rumores.), a usted no le interesa la verdad, porque la verdad se está dilucidando en los tribunales -donde usted está personado, por cierto-, a usted lo que le interesa es poner sordina a la lucha antiterrorista, eso es lo que le interesa. (Rumores.) Usted quiere ponerle sordina, cubrirla de una pátina, porque en el fondo a ustedes, a usted, no le gusta lo que está pasando, y yo se lo voy a recordar aquí día tras día: estamos ante el principio del fin de ETA. Esta semana mejor que la anterior y la semana que viene todavía mejor, y se lo recordaré una
y otra vez en esta Cámara. (Prolongados aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. (Rumores.) Silencio, por favor.
El Gobierno comunica a la Presidencia que, por enfermedad del señor ministro de Industria, solicita el aplazamiento de sus preguntas. Esta es una facultad de los diputados y diputadas preguntantes. ¿Renuncian a efectuar la pregunta, que es su derecho, por enfermedad del señor ministro? ¿Señora Oramas? (Asentimiento.) ¿Señora Muñoz? (Asentimiento.) Muy bien. Como saben, si no hubiesen renunciado, cualquier otro miembro del Gobierno estaría en la obligación de contestarles. Les agradezco su disposición.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ MOTIVO RECHAZA EL GOBIERNO SOCIALISTA LA PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR DE IMPONER POR LEY LA AUSTERIDAD? (Número de expediente 180/001330.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señora vicepresidenta, en esta Cámara muchas veces resuenan aplausos que lo que están celebrando son políticas que nos llevan a la auténtica ruina del país. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.
El señor MONTORO ROMERO: Eso es lo que pasó con los planesE y eso es lo que hemos oído otra vez esta mañana en esta Cámara, donde el propio presidente del Gobierno se ha jactado del mayor hundimiento de recaudación tributaria que ha vivido el Estado español en su historia para presentarlo como la menor presión fiscal producida por una política tributaria. Señora vicepresidenta, ¿puede explicarnos el motivo por el que el Gobierno socialista ha rechazado la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre una proposición de ley que devuelva la estabilidad presupuestaria a los españoles ordenando las finanzas públicas del conjunto de sus administraciones públicas?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, cuando en el año 2003 entró en vigor la Ley Presupuestaria del año 2001 se fijan desde ese momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de estabilidad de cada Administración y también el límite máximo de deuda fijado anualmente a cada comunidad autónoma. Lo hacen todas las comunidades autónomas por acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así que no es necesario iniciar ninguna modificación legislativa para establecer ese límite de endeudamiento.
En cuanto a la introducción de límites o techos de gasto, le recuerdo que el artículo 156.1 de la Constitución establece que las comunidades autónomas gozan de autonomía fiscal y financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Por tanto, tienen la capacidad de adoptar las medidas que sean precisas para cumplir ese objetivo de déficit máximo, bien sea mayores ingresos, bien sea menores gastos. Por eso, señoría, la normativa vigente de estabilidad presupuestaria no contempla de manera obligatoria los techos de gasto, pero no es que no la contemple la aprobada en el Gobierno del Partido Socialista, es que tampoco la contemplaba la que aprobaron ustedes en el año 2001. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señorías, fue un Gobierno del Partido Popular el que trajo a esta Cámara la Ley de Estabilidad Presupuestaria, inédita en la historia de la Hacienda pública española y pionera en el mundo. Y fue un Gobierno socialista, en la Legislatura I, el que agujereó y quebró la naturaleza de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que ha provocado estos problemas de déficit del Estado, de déficit de las comunidades autónomas, de falta de un procedimiento suficientemente ordenado para que todos entiendan que no está en la discrecionalidad del presidente del Gobierno conceder el endeudamiento a nadie, sino que estamos ante procedimientos reglados y derivados de leyes de estabilidad en nuestro país, como se hace en Alemania, el gran país europeo de concepción federal, que en su Constitución ha puesto freno al conjunto de la deuda de las administraciones públicas de los Estados federales, lo que necesita el Estado de las autonomías español: disciplina, rigor y austeridad compartidas por todas las administraciones. Eso tendría el beneficio de la transparencia del Gobierno allá donde se ejerza, en las diferentes administraciones, y traería fiabilidad y seguridad, confianza
en España para recuperar el crédito bancario que necesitan quienes nos tienen que sacar de la crisis, los emprendedores, y para recuperar también el crédito europeo e internacional, y no tienen que ser los organismos europeos... (Aplausos.)
Señoría, siempre celebro que pongan ustedes de ejemplo a Alemania. Como saben, la reforma de las pensiones que vamos a traer a esta Cámara, después de ese gran acuerdo con los agentes sociales, también trata de seguir la senda de lo que otros, en particular Alemania, hicieron antes: jubilación a los 67 años. Por cierto, allí para cobrar el cien por cien con un número mayor de años de cotización de los que vamos a exigir aquí.
Pero, señoría, en todo caso, creo que es mucho más razonable la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobamos nosotros que la que aprobaron ustedes, porque permite flexibilidad, permite adaptarse al ciclo. No puede usted poner el ejemplo del déficit cuando alguna de sus comunidades autónomas son las que han tenido más déficit en este año 2010 que ha terminado. En cuanto a esa discrecionalidad que usted ha mencionado del presidente del Gobierno, supongo que se refiere al caso de Cataluña, a esa autorización que el Consejo de Ministros, siguiendo procedimientos reglados, le va a dar para poder refinanciar su deuda. Señoría, discriminación ninguna. Ese es un argumento que utilizan ustedes siempre cuando hablamos de Cataluña, siempre por cierto... (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA QUE LA CREACIÓN DE "ENTRE 50.000 Y 100.000 EMPLEOS" ESTE AÑO HARÁ QUE ESPAÑA SALGA DE LA CRISIS? (Número de expediente 180/001331.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Rudi Úbeda.
La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, de sus declaraciones de los últimos días, cuando dice que en el segundo semestre de 2011 se van a crear entre 50.000 y 100.000 puestos de trabajo, ¿podemos deducir que está afirmando que a finales de este año habremos salido de la crisis?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Rudi.
Señoría, su pregunta me sorprende y me lleva a pensar que no ha entendido nada de lo que ha ocurrido en el último año. En este año 2010 ya no ha habido ningún trimestre de crecimiento negativo y, por tanto, estamos saliendo de la crisis en términos de crecimiento. Este Gobierno ha admitido siempre -lo vuelve a hacer hoy- que el problema fundamental al que se enfrenta nuestra economía, nuestra sociedad, es el problema del paro, y que el Gobierno no va a descansar hasta poner las bases para un crecimiento también en esa variable, la variable del empleo, como estamos haciendo en este momento. Así que, señoría, más escuchar lo que digo y menos interpretaciones torticeras. (Aplausos.)
Señora Rudi.
La señora RUDI ÚBEDA: Muchísimas gracias.
Señora vicepresidenta, precisamente porque escuchamos atentamente lo que dice es por lo que le planteamos estas preguntas. Entiendo que le resulte incómodo al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero hablar de empleo cuando el año pasado la cifra de parados estaba en 4.600.000 o, por quedarnos más cerca, cuando en el mes de enero -que acaba de terminar- han mandado al paro con su política económica a 4.223 personas cada día. Señora vicepresidenta, entenderá que tomemos con cautela todas sus afirmaciones a la vista de lo que ha sido la evolución de los acontecimientos desde mayo de 2009 -cuando usted hablaba de brotes verdes- hasta todas las declaraciones que ha venido haciendo a lo largo del año 2010. La última ha sido en noviembre de este año y decía: creo que de verdad ahora podemos decir que estamos saliendo de la crisis. A partir de ahí y viendo los datos que tenemos, entenderá nuestra cautela. Señora Salgado, usted decía eso hace cuatro días y ayer el señor presidente del Gobierno, en sede Parlamentaria en el Senado, decía que esos puestos de trabajo netos no se crearán hasta 2012. ¿Sabe lo que ocurre, señora vicepresidenta? Que con su política económica ni generan confianza ni tienen credibilidad. No pueden tener credibilidad cuando se han negado a hacer las reformas necesarias
a lo largo de los dos últimos años y medio. No pueden tener credibilidad cuando sus reformas las aprueban hace unos meses, la reforma laboral, rechazan reformar la negociación colectiva y rechazan reformar la política de convenios colectivos, y ahora están diciendo que lo van a hacer. Señora Salgado, no pueden tener credibilidad cuando las declaraciones de su Gobierno son permanentemente contradictorias. Ayer tenían ustedes al secretario de Estado de Economía, señor Campa, en Alemania, intentando justificar y prometiendo las políticas de control del gasto y de control de déficit y la deuda de su Gobierno y, al mismo tiempo, ayer, como consecuencia de la protesta de los presidentes de las comunidades autónomas de todo signo político han tenido que rectificar su política de control del déficit.
Señora vicepresidenta, para finalizar quiero decirle una cosa. Estamos de acuerdo con usted en que la movilidad laboral en Europa es buena, pero no confunda usted que nuestros jóvenes titulados tengan que emigrar porque no tienen puestos de trabajo aquí con que haya una movilidad económica.
Con eso lo que estamos haciendo es quitar y perder recursos humanos de este país. Señora vicepresidenta, el principal problema es la credibilidad y la confianza que son incapaces de generar ustedes en el entorno de los países europeos. (Aplausos.)
Señoría, convendría que algún día ustedes reconocieran que la razón del 40 por ciento del paro que tenemos en este momento, esos empleos que se han perdido en el sector de la construcción, se deben a su política económica,... (Protestas.-Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, silencio.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): ... se deben a la Ley del Suelo que ustedes aprobaron que produjo un crecimiento desmesurado de la inversión en construcción residencial. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora vicepresidenta.
Señorías, guarden silencio si quieren atender a la respuesta que han requerido de la vicepresidenta del Gobierno. (Rumores.) Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): En este momento, señorías, se están reduciendo los desequilibrios macroeconómicos. Estamos reduciendo el peso del sector de la construcción residencial a la mitad de lo que era cuando ustedes gobernaban. Estamos reduciendo nuestros desequilibrios externos y estamos, por supuesto, poniendo en marcha reformas para crear empleo y para cambiar de modelo productivo; reformas que, por supuesto, no han contado nunca con su aprobación, salvo la reforma del sector financiero.
Así que, ya ven, la reforma del sector financiero es un buen principio.
Apúntense al resto de las reformas y, en particular, al acuerdo que se ha firmado con los agentes sociales. Entre todos, señoría, conseguiremos sentar las bases para una creación de empleo sostenido y de calidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES DEL EX PRESIDENTE DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA, EN LAS QUE AFIRMA QUE LA INTERVENCIÓN DE LA CAJA POR PARTE DEL BANCO DE ESPAÑA FUE UNA "CUESTIÓN POLÍTICA"? (Número de expediente 180/001332.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado, señor Aguirre Rodríguez.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias.
Señora vicepresidenta, el pasado 1 de febrero compareció ante la Audiencia Nacional el antiguo presidente de Caja Castilla-La Mancha como imputado por razones de falsedad y de estafa. En la declaración judicial que pronunció vino a decir que los motivos de la intervención estaban fundamentados en una crisis reputacional, que estaban fundamentados en la crisis de las cajas de ahorros, pero añadió una cuestión bastante delicada, decía que la intervención del Banco de España había sido por una cuestión política. ¿Comparte su señoría que hay una cuestión política en la intervención de Caja Castilla-La Mancha?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirre.
Señoría, resulta siempre sorprendente que ustedes hablen de imputados, tienen una larga lista entre sus filas. (Rumores.) En todo caso, señoría, como sabe, no tengo por costumbre comentar los procesos judiciales. Este asunto está en este momento sub iúdice y por tanto deberíamos todos -usted y yo- esperar a su resolución. (Aplausos.)
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Ya esperaba que usted volviera a irse por las ramas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Pero yo creo que la declaración del señor Moltó es una declaración que tiene calado. Fueron políticos socialistas los que impidieron la investigación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha; ha sido un político al frente del Banco de España quien ha estado mareando la perdiz y finalmente ha tenido que acabar interviniendo la caja. Ayer pudimos conocer en esta sede parlamentaria que el Banco de España se felicita porque ya han conseguido cifrar el tamaño de los créditos tóxicos de bancos y cajas, pero que no nos podía decir la cifra precisamente porque el Banco de España no había inspeccionado todavía esas cifras, y estamos en febrero de 2011. Ayer conocimos también en sede parlamentaria que el Banco de Castilla-La Mancha no se puede integrar en la SIP creada al afecto por Cajastur, porque ha sido una decisión también de un político socialista que dirige Cajastur. Por tanto, está todo entre juegos de políticos socialistas. Al final aquí han desaparecido 7.000 millones en ayudas públicas, aquí al final han desaparecido 1.000 puestos de trabajo, y ustedes sin dar explicaciones. Parece que en el afán de afanar no quieren saber nada.
Señoría, le he dicho que no iba a comentar las declaraciones del señor Hernández Moltó, a las que usted ha hecho referencia, como tampoco me voy a pronunciar sobre la aseveración del ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, el señor Hernández Moltó, cuando dice que todas las decisiones financieras e inversoras se adoptaron por unanimidad del consejo de administración, incluidos los miembros del Partido Popular. Aseveración sobre la que por cierto, señor Aguirre, no le he escuchado pronunciarse, pese a que si usted habla de cuestiones judiciales y de las declaraciones del señor Hernández Moltó dándole credibilidad, supongo que le dará la misma credibilidad a una parte de su declaración que a la segunda. Así que, señoría, menos insinuaciones sin base alguna porque el Banco de España ha intervenido esa entidad siguiendo absolutamente los criterios y los procedimientos incluidos en la Ley de Disciplina e Intervención. Por tanto, respete usted a la verdad y deje de hacer acusaciones falsas.
- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿TIENE ALGO QUE VER LA NUEVA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD CON LA REACTIVACIÓN DEL "CASO FAISÁN"? (Número de expediente 180/001333.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia que formula el diputado señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Orden ministerial 2913, de 2 de noviembre de 2010, es manifiestamente irregular. ¿Cuál es la razón por la que su departamento la ha aprobado?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, su pregunta nunca debió haberse formulado, y después del auto del juez que deja las cosas bien claras debieron haberla retirado. Pero compruebo una vez más que anteponen la insidia al honor de las personas y el mezquino e interesado falseamiento de las cosas al conocimiento de la verdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz.
Señor ministro, don Antonio Camacho Vizcaíno fue nombrado secretario de Estado de Seguridad en abril de 2004 y en esa misma fecha solicitó el pase a la situación administrativa de excedencia voluntaria, que inmediatamente le fue concedida. En esa situación administrativa ha permanecido hasta ahora en que, cuando menos sorprendentemente porque han transcurrido siete años, solicita el pase a una nueva situación administrativa, la de servicios especiales y con efectos retroactivos.
Pero he calificado de manifiestamente irregular esa orden de concesión porque sabe perfectamente que las normas jurídicas que regulan el personal al servicio del Poder Judicial, jueces y magistrados en particular, y supletoriamente del ministerio público, del ministerio fiscal, en particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera literal dice que esa situación administrativa de servicios especiales solo se puede conceder para aquellos miembros del Poder Judicial o del ministerio público que sean nombrados para altos cargos a desempeñar bien en el Ministerio de Justicia, bien en las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas. Es evidente que don Antonio Camacho en estos siete años ha prestado servicio como alto cargo en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Justicia. Aquí no cabe margen ni siquiera para la interpretación, porque la dicción literal de la ley es muy clara. Tan es así, que la propia Asociación de Fiscales, como sabe, señor ministro, ha planteado recurso de reposición contra esa irregular orden de concesión.
Lógicamente, dadas las circunstancias de todo tipo que concurren en el caso tenemos derecho a pensar que por qué se ha hecho eso. Da la sensación de que en la medida en que los servicios especiales, como sabemos, permiten computar como años en activo los ejercidos como alto cargo, se le está facilitando la salida para destinos futuros y, en consecuencia, más que un pase a servicios especiales usted le está pagando servicios políticos especiales. Señor ministro, mucho me temo que con cosas como esta usted no va a poder evitar que le caigan encima las plumas del faisán.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, está adulterando la realidad para justificar una pregunta injustificable. El cambio de la situación administrativa del secretario de Estado de Seguridad trae causa de una reforma legislativa aprobada por esta Cámara, concretamente en la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, que modificó los supuestos en los que los jueces y magistrados pasan a la situación de servicios especiales. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su transitoria octava -bueno es leerla- que los miembros de la carrera judicial o de otros cuerpos que a la entrada en vigor de la reforma se encontrasen en situación de excedencia voluntaria y conforme a la nueva regulación les correspondiese la de servicios especiales, pasarán a esta última situación. Como su señoría bien sabe, el nuevo régimen se aplica también a los miembros de la carrera fiscal en virtud de lo previsto en el artículo 47 de su estatuto orgánico, que equipara las situaciones administrativas a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados. Basándose en la nueva regulación legal, el señor Camacho solicitó la actualización de su situación administrativa, la Inspección Fiscal la informó favorablemente y el Ministerio de Justicia ha reconocido su nueva situación; así de claro y así de sencillo. Solo una visión ruin de la política, solo una falsa moral puede moverles a utilizar un mero cambio de situación administrativa para difamar a un servidor del Estado por el solo hecho de ser su oponente político.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEBA AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿QUÉ ACCIONES VA A EMPRENDER EL GOBIERNO EN LA DEFENSA DE LAS TRES DENOMINACIONES DE ORIGEN DE TXAKOLI-CHACOLÍ TAL Y COMO SE RECOGE EN LA PROPOSICIÓN NO DE LEY (Número de expediente 161/001925) APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA DE ESTE CONGRESO? (Número de expediente 180/001324.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En primer lugar, la que formula el diputado señor Agirretxea Urresti.
Señora ministra, ¿qué acciones va a emprender el Gobierno en la defensa de las tres denominaciones de origen de txakoli, tal y como se recoge en la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de este Congreso?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Señoría, sabe usted que el Gobierno viene adoptando todas las medidas que le corresponden en aras de su competencia para la protección y defensa de las denominaciones de origen del txakoli, y lo hacemos de acuerdo con la normativa aplicable.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Como usted bien sabe, el término txakoli es una palabra de origen vasco que a lo largo de los años se ha asimilado e incluido en el léxico de la lengua española y que procede de la palabra txakolina, identificada con un vino producido en la zona geográfica del País Vasco desde tiempos históricos. El vino txakoli está vinculado al País Vasco con su historia y sus raíces como pueblo sin que dicho término pueda ser apropiado por otra zona geográfica. Tres denominaciones de origen txakoli, de Álava, Vizcaya y Guetaria han establecido ya las normas para generar la regulación del producto txacoli o chacolí -con ch- con el fin de proteger el fondo de comercio elaborado al amparo de dichas normas, con el objetivo de preservar la calidad y el prestigio del vino txacoli. Como usted bien sabe, mi grupo pidió en esta Cámara por medio de una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad, que el Gobierno hiciera las gestiones oportunas para proteger el término txakoli como uso exclusivo en el ámbito territorial correspondiente a las tres denominaciones de origen citadas. El PNV no se ha inventado nada que no fuera conocido y comúnmente compartido, que el txakoli responde a una zona geográfica y a una denominación de origen. Pero es que acto seguido a aprobarse este texto una institución pública, una administración de un territorio español concreto, ha interferido y ha mostrado su obstinación en colaborar con un fraude. Sí, señores, con un fraude, el fraude que supone la suplantación y el engaño: decir que se apoyará la producción y comercialización de un vino que no es txakoli como si lo fuera. Como usted bien sabe -así lo han demostrado tanto los representantes de las tres denominaciones de origen como el propio Gobierno vasco-, sólo aquel vino que está dentro de la denominación de origen arabako, bizkaiko o getariako txacolina puede hacerlo como tal.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, sabe bien que en el Gobierno estamos haciendo todo aquello que debemos para proteger y defender las denominaciones de origen txakoli, y en este sentido hemos atendido las solicitudes de colaboración del Gobierno vasco relativas al uso presuntamente indebido en zonas de Castilla y León y de Cantabria. Hemos actuado remitiendo sendos oficios a las autoridades de ambas comunidades autónomas en materia de control, en los que se les informaba de la denuncia hecha por el Gobierno vasco, hablábamos de la protección de las denominaciones de origen y se les solicitaba información, y bien es verdad que no han remitido todavía esa información y por eso se la hemos vuelto a requerir. Seguimos trabajando con el Gobierno vasco; de hecho de inmediato va a haber una reunión en la que estará el Gobierno vasco, el ministerio y también los representantes de las tres denominaciones de origen, porque queremos colaborar y cooperar para salvaguardar lo que significan las denominaciones de origen del txakoli. En este sentido le tengo que recordar una cuestión que usted y yo sabemos, que las competencias en materia de control contra el fraude y el uso indebido de la denominación las tienen las comunidades autónomas, y aquí estamos exigiendo a Castilla y León y a Cantabria que den la información debida y que actúen para no permitir que las denominaciones de origen del txakoli sean usadas indebidamente. Eso es lo que está haciendo el Gobierno en aras de sus competencias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA NURIA BUENAVENTURA PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUYNA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿QUÉ CONSECUENCIAS CREE EL GOBIERNO QUE VA A TENER LA SUPRESIÓN DE LA MEDIDA DE LOS 80 KM/H EN BARCELONA SOBRE EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ANTE LA POSIBLE SANCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/001326.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Buenaventura Puig.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señora ministra, ¿qué consecuencias cree va a tener sobre el incremento de la contaminación atmosférica la supresión de la medida de circular a 80 kilómetros por hora en el entorno del área metropolitana de Barcelona, y fundamentalmente ante la posible sanción de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva relativa a la calidad del aire?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.
Quiero expresar, en primer lugar, señoría, el respeto a las decisiones que adoptan en el marco de sus competencias los Gobiernos. Ahora bien, de llevarse a cabo definitivamente la supresión de esa medida el Gobierno considera que estamos ante un paso atrás que impacta negativamente la calidad del aire y por tanto suma y agrava la situación de la contaminación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias.
Sí, señora ministra, coincidimos en este caso con el Gobierno en estas consideraciones. Para nuestro grupo parlamentario el tema de la contaminación atmosférica en la calidad del aire es importante y nos debe ocupar y preocupar al conjunto de la sociedad, al conjunto de las instituciones y al conjunto de las administraciones. No es solo una cuestión ambiental, es también de salud pública. Hay estudios que verifican que la causa de determinadas muertes -en concreto en Cataluña se cuantifica en 1.200 muertes- está relacionada con la contaminación atmosférica, y en el conjunto de España hay estudios que dicen que causa 16.000 muertos al año. Por tanto, como decía, es un tema que nos debe ocupar y preocupar. En la pasada legislatura el Gobierno catalán aprobó un plan de actuación con 73 medidas que iban dirigidas a luchar contra la contaminación atmosférica, y una de ellas era la de 80 kilómetros por hora en el entorno del área metropolitana. Ha sido una medida que durante los dos años que se ha realizado ha sido exitosa, ha bajado la contaminación y, además, algo importante, ha bajado también los accidentes de tráfico. Por tanto, no entendemos que el Gobierno catalán actual la haya suprimido, de hecho esta semana ha empezado a suprimir esta medida. Entendiendo que es competencia de la Administración autonómica, pediríamos al Gobierno que tomase medidas, sobre todo, ante las posibles sanciones que así ha anunciado la Comisión Europea que ha elevado al Tribunal de Justicia la posible sanción al Estado español por los problemas de contaminación en Catalunya, pero también en otros entornos metropolitanos como el de Madrid. Por tanto, pediríamos a la Administración central que también tomase medidas, evidentemente sin pisar competencias.
Señoría, la calidad del aire y la contaminación es un tema que ocupa y preocupa al Gobierno de España y por eso precisamente estamos trabajando en ello. Prueba de ello es que el 28 de enero el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para la mejora de la calidad del aire donde habilita al Gobierno para redactar planes nacionales que incidan directamente en esa mejora de la calidad del aire y, por tanto, en menos contaminación, por cierto, planes en los que ya está trabajando de manera decidida y determinada el Gobierno. En relación con la supresión de la medida de limitación de velocidad de 80 kilómetros/hora usted ponía de manifiesto una cuestión que es cierta, que esta medida formaba parte de un plan global de 73 medidas para la mejora de la calidad del aire, algo esencial y fundamental de cara también a dar datos y resultados ante la Unión Europea; una medida que ha sido evaluada por expertos y que ya en el primer semestre se dijo por esos expertos que había una reducción del 12 por ciento de partículas PM 10. También la Universidad Politécnica de Cataluña ha evaluado esta medida y nos ha dicho que reducía la contaminación, que había un ahorro de 93.400 toneladas/año, y que había un beneficio equivalente a que 20.200 coches dejaran de circular. Por lo tanto, estamos ante una medida que sin lugar a dudas mejora la calidad del aire, y por eso al Gobierno de España le preocupa mucho su supresión porque cree que va a impactar muy negativamente en la contaminación. De ahí que desde aquí yo quiera tender la mano de la colaboración y cooperación al Gobierno de la Generalitat para que podamos trabajar de manera determinada y decidida, mejorar la calidad del aire y evitar más contaminación en toda la zona a la que le afectaba. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ DATOS TIENE EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PARA AFIRMAR QUE NO HAY QUE DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL "CASO FAISÁN"? (Número de expediente 180/001336.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de la Presidencia, que formula el diputado señor Cosidó Gutiérrez.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, todos sabemos bien en esta Cámara quién es su candidato a las próximas elecciones generales.
Por tanto, todos nos explicamos que usted intente protegerle en momentos de dificultad. Con el caso Faisán se ha metido usted a abogado de un caso imposible porque el chivatazo a ETA fue un chivatazo político, tiene una motivación política, tiene unos actores políticos y solamente puede explicarse con la existencia de una orden política. Mi pregunta, señor ministro, es si usted puede asegurar aquí que ningún responsable político del ministerio del Interior tiene vinculación con el caso Faisán.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosidó.
Señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Gracias, señora presidenta.
Me pregunta usted por qué afirmé hace unos días que no había responsabilidad política en este asunto. Lo hice porque sencillamente, en mi opinión, no hay ningún dato, ninguna resolución judicial, ninguna novedad en los hechos que permita hacer o decir lo contrario; es más, si usted me pregunta cuál es mi opinión -eso es lo que usted me pregunta- le digo que no hay responsabilidad política en este asunto y me atrevo a decirle que no habrá responsabilidad política en este asunto.
Señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor ministro, con el afecto que sabe que le tengo, su trayectoria política no merece que usted se queme con este asunto. Le voy a hacer dos advertencias para lo que usted vaya a decir a continuación: en primer lugar, que cada vez que el vicepresidente primero del Gobierno oculta en esta Cámara de dónde salió la orden política sobre el chivatazo lo que está haciendo es proyectar una sombra de sospecha sobre una policía que no merece esa sombra de sospecha por la lucha que ha tenido contra ETA. Y cada vez que usted, como ha hecho ahora mismo, elude la responsabilidad política del Gobierno sobre este caso, lo que está haciendo es echar la culpa a unos policías que, en todo caso, respondieron a una orden y cuya responsabilidad es mucho mayor de quien dio la orden que de los policías que la obedecieron. Le pido, por tanto, que por respeto, que sé que lo tiene, a los policías que durante décadas se han jugado la vida en el País Vasco en la lucha contra ETA, por respeto a los que han caído en esa lucha, le pido que tengan el coraje político de decir la verdad, porque con esta estrategia que ustedes están practicando de intentar eludir su responsabilidad política para tratar de esconder posibles responsabilidades penales, lo único que están haciendo es un daño inmenso a nuestro Estado de derecho, es un daño inmenso al Cuerpo Nacional de Policía que, señor ministro, no lo merece.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosido.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Señora presidenta.
Mi versión, sin embargo, es muy diferente, señoría. Aquí hay dos hechos que sí son claros: el primero es que hubo una operación policial, efectivamente hace cinco años, de la cual todos los implicados están en la cárcel o ante la justicia -punto número uno-, y años después se produjo una investigación judicial que no ha determinado ninguna responsabilidad, digámoslo claramente, ninguna responsabilidad. Por el contrario lo que hay es una campaña tan obsesiva, tan innecesaria, tan injusta y tan sectaria por su parte, contra la Policía y contra el Ministerio del Interior que no se corresponde con la realidad de estos hechos; una política de infamia y de difamación contra el Ministerio del Interior y contra la Policía, mientras este Gobierno les está reclamando que, por favor, respeten a las instituciones, respeten a la Policía, a la Policía de la que usted tanto habla; respeten a los jueces, déjenles trabajar, y respeten sus resoluciones, inclusive aunque sean contrarias a sus intereses, como ocurrió la semana pasada cuando se resolvió que no había ninguna repercusión con el secretario de Estado como usted sabe.
Señoría, quiero decirle simplemente una cosa, que en su política de oposición nunca debiera de incluirse la política antiterrorista. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No hay ninguna razón para incluir la política antiterrorista en la política de oposición y de desgaste al Gobierno. Yo simplemente le quiero decir que, además, es muy sospechoso que eso se haga sobre un hecho, sobre una actuación que no tuvo ninguna repercusión en la lucha antiterrorista, ninguna, y que se haga precisamente en este momento, contra el Ministerio del Interior que nos está colocando en el momento más interesante y más cercano a la paz que nunca hemos tenido en la historia. Nunca. (Prolongados aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN EL PACTO SOCIAL RECIENTEMENTE ALCANZADO ENTRE GOBIERNO Y AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS? (Número de expediente 180/001339.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Ciencia e Innovación que formula el diputado señor Tabuyo Romero.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el acuerdo social y económico recientemente firmado, definido por el presidente como un compromiso de confianza colectivo, reconoce y consolida las políticas de I+D+i como el único camino para instalar un nuevo modelo de crecimiento económico caracterizado por la sostenibilidad y por la mejora de la competitividad como piezas clave para lograr la creación de un empleo de calidad y avanzar en la salida de la crisis. Decía Descartes que solo dos cosas ayudan a avanzar: Una, ir más aprisa que los demás y, otra, seguir el buen camino. Pues bien, señora ministra, tanto en el ritmo como en la selección la apuesta del ministerio y del Gobierno del presidente Zapatero por la innovación es clara y evidente. El acierto en la elección del camino es notoria, ya que con este acuerdo el Gobierno mantiene el carácter prioritario de las políticas de I+D+i y respalda los objetivos previstos en la estrategia estatal de innovación. A lo largo de la pasada década muchos han hablado de la importancia de la innovación y de las políticas de I+D como motor de crecimiento, pero ha sido un Gobierno socialista, y su ministerio, señora Garmendia, los que han pasado de las musas al teatro, dedicándole las inversiones necesarias, duplicándolas desde 2004, priorizando sus políticas como ejes básicos para la vertebración de un nuevo modelo económico y diseñando las acciones y los programas de ayudas que permitirán multiplicar el número de empresas innovadoras, lo que generará la creación de un empleo cualificado.
Señorías, si alguna palabra puede resumir el desarrollo de las políticas de innovación bajo este Gobierno esta es la coherencia tanto en los planteamientos como en la búsqueda de las palancas que deberán permitir la interactuación entre todos los actores implicados para afianzar la cultura innovadora y la no menos importante evidente cohesión del sistema alcanzado gracias a la articulación de todo el entramado de medidas, de planes, de programas, de incentivos fiscales, diseñados con precisión y con un objetivo claro: potenciar nuestra capacidad de competir con nuestro talento y con nuestros productos. Por eso, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es el papel de las políticas de innovación en el pacto social recientemente alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tabuyo.
Señora ministra de Ciencia e Innovación.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, presidenta.
Señoría, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales y económicos supone un paso importante para recuperar la senda de crecimiento de una forma más sostenible, como ha sido en el pasado. El acuerdo es importante tanto por la amplitud del consenso alcanzado como por la relevancia de las reformas que de él se derivan, como las pensiones o las políticas activas de empleo. Además, es un acuerdo ejemplar, pionero, diría yo, por cuanto que trata las políticas de ciencia e innovación y las vincula claramente al desarrollo económico, y además apoya con determinación algunas medidas sobre las que el Gobierno ya venía trabajando, pero que ahora cuentan con el aval también de los agentes sociales y económicos desde el pasado miércoles.
Afortunadamente, la prioridad que el Gobierno ha otorgado a las políticas inversoras del Ministerio de Ciencia e Innovación nos va a permitir cumplir con estos acuerdos alcanzados en este pacto y sobre los que ya estamos trabajando. Se trata de un paquete de medidas muy extenso, pero me va a permitir que me ciña a aquellas que tienen vinculación con la generación más inmediata y más directa del empleo. Me refiero, por ejemplo, al refuerzo del programa Incorpora, que supone la apertura a un amplio colectivo de perfiles profesionales, como los técnicos o los gestores de la innovación; o también al impulso de un nuevo capital riesgo, que va a permitir acompañar el crecimiento y la consolidación de las empresas de base tecnológica con el consiguiente impacto en sus previsiones de empleo. Además, aquellas pequeñas empresas de base tecnológica que se han venido constituyendo en los últimos años van a contar con el apoyo del futuro estatuto de joven empresa innovadora, que va a suponer un nuevo catálogo de beneficios e incentivos. En el ámbito del empleo público, el Gobierno se compromete también mediante este acuerdo a priorizar la convocatoria de plazas públicas. Esas son, señorías, una parte de las medidas que contempla este pacto en materia de innovación, un acuerdo que es extenso y transformador o, dicho en palabras del ministro de Trabajo, es un gran acuerdo pero sobre todo es un buen acuerdo.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL BRUSCO DESCENSO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL REGISTRADO EL PASADO MES DE ENERO? (Número de expediente 180/001334.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar, la que formula el diputado señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias.
Señor ministro, este Gobierno, con el desprendimiento y la generosidad que le caracteriza, se aplica ahora a garantizarnos las pensiones en el año 2050, con recortes, exigencias, condiciones más duras, sacrificios y obligaciones para todos. Hace más de un año las garantizaban sin necesidad de tocar nada, ahora las garantizan moviéndolo todo a peor, y cada responsable socialista se atribuye el mérito de garantizarnos esas pensiones. Pero todos olvidan que las pensiones futuras, sean cuales sean las condiciones de acceso, no serán reflejo desde luego de la infinita bondad de este Gobierno, sino que serán reflejo del empleo, de los salarios y de la cotización de hoy, y aquí se desbarata su cuento de la lechera, señor ministro. Ustedes no pueden garantizar nada, nunca han podido y ahora menos, con 2.132.000 afiliados perdidos en estos meses a la Seguridad Social, con la peor relación entre pensionistas y cotizantes desde hace más de una década y con números rojos al acabar 2010 en las administraciones de la Seguridad Social. Desde 1998 no había déficit en esta partida. En este contexto, ¿cómo valora el Gobierno además el brusco descenso de afiliación a la Seguridad Social registrado el pasado mes de enero? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Burgos.
Señor ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, presidenta.
Estoy seguro de que su señoría conviene conmigo en que, efectivamente, el dato de enero no es una buena noticia. Se han perdido en el mes de enero alrededor de 223.000 afiliados a la Seguridad Social. Pero su señoría, que es un buen conocedor de esta materia, reconocerá que en 2010 se perdieron muchos más, prácticamente 260.000 afiliados, y sobre todo que en 2009 se perdieron nada menos que 350.000 afiliados. En todo caso, lo que refleja este dato es que nuestra economía todavía no crea empleo suficiente como para que la afiliación crezca en términos anuales. Ello es lo que está justificando las reformas acometidas por el Gobierno en el mes de junio y aquellas que hemos contemplado en el acuerdo económico y social que hace hoy una semana el Gobierno y los interlocutores sociales han firmado. (Aplausos.)
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor ministro, no nos diga que son datos menos malos que en anteriores meses de enero, primero, porque sería mal consuelo y, segundo, porque sería falso, y usted lo sabe, porque a 31 de enero de 2011 se han destruido 108.000 empleos más que hace un año, que en enero de 2010. A 31 de enero de 2011 hay solo 17.276.530 afiliados, es decir, una caída de más de 200.000 respecto a diciembre. Hace un año, la caída mensual fue solo de 93.000 afiliados. Si quieren pensiones mañana, actúen para que se cree empleo hoy, porque no se podrá compensar sin empleo el extraordinario agujero negro en derechos de pensión que están creando ustedes, para muchos ciudadanos una auténtica tragedia para el día de mañana, y se deberá a un Gobierno que fue incapaz de estar a la altura de las circunstancias ni en ideas ni en actitud ni en voluntad cuando fue necesario, y para eso no hará falta explicarlo en una gran campaña... (Aplausos.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor Burgos, la afiliación está cayendo en el último año a un ritmo del uno por ciento. Hace dos años caía al 6 por ciento. Quiero decirle una cosa importante. En este momento hay 43.000 ocupados cotizantes más que hace un año en el sector servicios, hay ya treinta y cinco ramas de actividad, más del 40 por ciento de todas ellas, que están aumentando su afiliación en términos anuales; es decir, en esas ramas ya se está creando empleo neto. Esto ocurre -la destrucción de empleo en términos netos- porque en gran medida todavía la construcción está detrayendo afiliación. Sin ella la afiliación ya sería neta, ya habría más crecimiento de la afiliación durante el último año.
Señoría, las reformas que hemos emprendido son reformas importantes, intensas, para afrontar la crisis, para crear empleo, para aumentar la base de afiliación de nuestro sistema de Seguridad Social. Son reformas que por primera vez en mucho tiempo cuentan con el respaldo del Gobierno y de los interlocutores sociales. Pero le diré una cosa. Durante los últimos años tenemos por fortuna un sistema de la Seguridad Social que está resistiendo bien la crisis, con un fondo de reserva importante. Para sostenerlo, para fortalecerlo, es necesario que ustedes también se sumen a esas reformas por una vez por el bien del país. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DE TRABAJO LA RED DE PREJUBILACIONES IRREGULARES PUESTA EN MARCHA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE SE HA DESCUBIERTO RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/001340.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, se acaba de destapar una trama por la que la Junta de Andalucía desvió 700 millones de euros, más de 100.000 millones de pesetas, de los fondos de empleo. Después de la presión de los medios de comunicación, de esta Cámara y del Partido Popular, la Junta acaba de reconocer treinta y siete nuevos casos de falsos prejubilados que están cobrando sin tener derecho alguno, por cierto, algunos militantes de su partido. Usted, como ministro de Trabajo, también es corresponsable de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social. ¿Va a adoptar usted alguna iniciativa para investigar este escándalo? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señoría, debo entender que usted se refiere a las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas públicas para la prejubilación de trabajadores en el marco de los expedientes de regulación de empleo, que son competencia de la Junta de Andalucía, algo de lo que vienen haciéndose eco los medios de comunicación, especialmente en los últimos días. Como usted sabe, este asunto está siendo objeto de investigación por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Sevilla y por la Policía judicial. Hay, por tanto, un procedimiento judicial en marcha y habrá que esperar a que se complete su instrucción y, en su caso, se diluciden las responsabilidades correspondientes. (Aplausos.)
Señor Moreno.
Señor ministro, resulta sorprendentemente paradójico que mientras su Gobierno ha congelado las pensiones, con el pretexto de ahorrarse 1.500 millones de euros, la Junta de Andalucía crea un fondo de reptiles de 700 millones de euros para pagar prejubilaciones irregulares. Y no lo digo yo, lo dice un destacado dirigente socialista que durante una década fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.
Señoría, los hechos que se están investigando judicialmente tuvieron lugar cuando el señor Griñán era ni más ni menos que vicepresidente económico de la Junta de Andalucía y el señor Chaves presidente de la comunidad autónoma. ¿Quién se puede creer a estas alturas que no supieran nada de esta situación? ¿Por qué no quieren investigar en el Parlamento andaluz? José Antonio Griñán y Manuel Chaves han permitido y amparado el uso de fondos públicos para el empleo fuera de la legalidad administrativa. Es que el PSOE, señoría, se ha empeñado en convertir la Junta en una gran factoría de irregularidades, trapicheos y abusos. Señor Gómez, estamos ante el mayor escándalo de la historia de Andalucía, y fíjese que en mi tierra ya ha habido escándalos. (Rumores.) Es el mayor escándalo por ausencia de controles y por vulnerar la legalidad, y es el mayor escándalo porque significa un nuevo récord de abuso frente al triste récord del paro en Andalucía. Resulta especialmente bochornoso y dramático que mientra el paro arrasa literalmente Andalucía, algunos, al calor de las instituciones, se enriquezcan con pensiones ilegales. Señor ministro, no existe peor manera de ofender a los 1.100.000 parados andaluces que comisionistas e intermediarios -por cierto, cercanos al Partido Socialista- se lucren de las penurias y del grave drama que tiene esta crisis social. (Aplausos.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señoría, como ministro de Trabajo e Inmigración no puedo más que recordarle, y usted lo sabe perfectamente, que la competencia para la tramitación y resolución de los expedientes de regulación de empleo que afectan a empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde efectivamente a esa comunidad autónoma, y es así como resultado de un proceso de transferencias desde el Ministerio de Trabajo al conjunto de las comunidades autónomas. Estos fondos existen en el Ministerio de Trabajo y existen en prácticamente todas las comunidades autónomas. No son fondos de reptiles, son fondos que están en el presupuesto, son públicos y están sometidos al escrutinio público. (Aplausos.) De manera que mi respuesta debe limitarse a exigir la máxima transparencia de todas las partes implicadas en este asunto, máxima transparencia para el esclarecimiento de los hechos y reiterar un absoluto respeto a la independencia judicial y a las actuaciones en curso en el ámbito de la Administración de Justicia. Esto es lo que nos corresponde a los servidores públicos, respetar el procedimiento en la Administración de Justicia. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro de Trabajo.
(Número de expediente 172/000231.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VI del orden del día, Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar para poner freno al abandono escolar prematuro en España provocado por la ineficacia de su política de educación.
Para defender la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, presidenta.
Una vez más me subo a esta tribuna para debatir sobre uno de los problemas más serios que tenemos en estos momentos en el Estado, que es el problema educativo. Bien es cierto, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta mañana, que el principal problema es el paro, pero me atrevería a decir que tan importante como ese, puesto que de capital humano estamos hablando, es el problema educativo español. Una semana sí y otra también recibimos llamadas de atención de instancias internacionales, además de saber ya sobradamente, a través de nuestro propio diagnóstico y de lo que se percibe en el ambiente social, que la educación española no va bien.
Señor ministro, se lo voy a decir de entrada. Ustedes, el Partido Socialista, con la política educativa que se ha llevado en este país desde hace veinticinco años, son los responsables de una generación perdida (Varios señores diputados: ¡Hala!); así de claro. Han presumido incluso de que teníamos los jóvenes mejor preparados de toda la historia y han alardeado de ello. Ciertamente podemos estar todos contentos de que son los jóvenes en los que hemos invertido más recursos económicos gracias al esfuerzo de la sociedad española, pero lamentablemente no son motivo de satisfacción los resultados que hemos obtenido con esa inversión tan fuerte, especialmente en algunas comunidades regidas por el Partido Socialista y donde no se ha movido ni un solo ápice en veinticinco años.
Cuatro de cada diez jóvenes en España -es decir, un 43 por ciento de jóvenes- están en paro. Estamos en estos momentos triplicando la media mundial. Solo esto sería objeto de un replanteamiento muy serio de qué estamos haciendo con nuestros jóvenes. El 43 por ciento de nuestros jóvenes hoy no tienen trabajo y voy a decir de una forma muy clara que hay una estrechísima relación entre el nivel de preparación de los jóvenes y su inserción en el mercado laboral. No olviden que sin capital humano no se puede salir de ninguna crisis económica. De la crisis económica podremos salir con o sin ayuda del exterior -no lo sé; expertos hay en esta Cámara que nos hablan un día sí y otro también-, pero les puedo asegurar, y usted, señor ministro, lo sabe, que de la crisis educativa que tenemos no podemos salir si no es con nuestro empeño, cambiando el rumbo en el que llevamos instalados veinticinco años. La generación ni-ni podemos decir que es fruto de la generación Logse. Ya es triste que una generación reciba el nombre de una ley educativa precisamente para marcar su pésima calidad educativa, pero la generación ni-ni de los jóvenes que ni estudian ni trabajan representa ya casi un 15 por ciento en nuestro país. En palabras del director gerente del Fondo Monetario Internacional, nos enfrentamos a la perspectiva de una generación perdida de gente joven que sufrirá toda su vida lo peor del desempleo y sus condiciones sociales.
Señores socialistas, señor ministro, siempre he entendido -y a mí desde luego es lo que me ha animado a participar en política- que la mayor responsabilidad que tengo como padre, como profesor y en estos momentos como diputado es no dejar a la próxima generación una situación educativa peor que la que yo recibí de mis padres. Señor ministro, aquí no estamos hablando de tiritas educativas, de retórica parlamentaria, de buenas palabras, de llamadas al consenso, de hacernos trampas unos a otros y de quedar bien ante una foto; aquí estamos hablando de que por primera vez con este sistema educativo vamos a dejar a nuestros hijos una sociedad peor que la que hemos heredado de nuestros padres. Eso es inasumible para cualquier generación, especialmente la que en estos momentos tenemos, y en esto tienen ustedes una enorme responsabilidad. (Rumores.)
El principal problema para la sociedad española, para su economía y para su mercado laboral -aparte de las coordenadas económicas que debaten los especialistas- es la gran cantidad de jóvenes que no logran alcanzar una titulación que les permita desarrollarse con garantías. El informe de la OCDE sobre el panorama de la educación en 2010 destaca que la educación secundaria superior es el requisito mínimo para acceder al mercado laboral; es decir, que los jóvenes que no tengan al menos un título de formación profesional o bachillerato son jóvenes en situación de riesgo social. Sepan ustedes que muy poco vamos a hacer en el futuro si no solucionamos lo que actualmente tenemos: un 31 por ciento de jóvenes en situación de riesgo social. El 48 por ciento de los españoles no tienen este título y un 31,2 por ciento de los jóvenes no tienen este título.
Por tanto, en estos momentos con esta situación estamos sentando las bases de lo que va a ser una fractura social de primer orden. Y estos no son datos manipulados.
Recientemente hemos recibido el informe de la Comisión Europea que nos vuelve a decir la importancia que tiene que los jóvenes europeos alcancen al menos la preparación establecida. Bastaría -nos dice la comisaria Vassiliou- con reducir la proporción de personas que abandonan prematuramente los estudios en Europa en un punto porcentual para que se produjera un aumento de casi medio millón en el número de jóvenes cualificados cada año. Y añade: la mayoría de los países de la Unión Europea ha avanzado en la reducción del número de jóvenes que abandonan los estudios con una baja cualificación, pero aún queda mucho por hacer.
¿Saben ustedes quién está tirando de esta media hacia abajo? España. Se acaban de cumplir diez años desde que se enunciaron los objetivos que nos planteamos alcanzar en Lisboa 2000, hemos llegado a 2010 y la Comisión Europea nos ha preguntado: ¿qué han hecho ustedes con los objetivos que se pusieron para los siguientes diez
años? ¿Y saben ustedes lo que hemos conseguido? ¿Lo saben? ¿A quién le vamos a echar la culpa, al Partido Popular? ¿Le echamos la culpa a las instancias internacionales?
Vamos a tomar como referencia los países más próximos del entorno. En 1998 el abandono temprano en España era del 29,6. Diez años después ha aumentado el abandono, estamos en el 31,2. Países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, que estaba en la mitad, en un 14,9, ha mejorado y está ahora en un 12,3; Italia también ha mejorado pasando de un 28 a un 19,2; Portugal ha pasado de un 46 a estar como nosotros, con un 31,2. Es decir, en diez años todos los países han mejorado, el único que ha empeorado ha sido España, y no será por falta de recursos económicos.
Pero ocurrió una cosa, y es que después de conocer este compromiso el Partido Popular, actuó con un sentido de Estado, que ustedes han demostrado que no tienen nada -ustedes no entienden lo que es un pacto-, y encima terminan diciendo que por culpa del Partido Popular no se ha hecho un pacto. Ustedes no saben lo que es un pacto. (Rumores.) El primer pacto que hay y que se debe respetar -sí, señores diputados- es una ley orgánica, una ley orgánica que ustedes se cargaron y donde por primera vez se intentaba enderezar moderadamente... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Pueden comentar lo que quieran, pero esto es así. Nosotros introdujimos a través de una ley orgánica una serie de modificaciones que ustedes se cargaron al día siguiente en un acto legal pero profundamente equivocado. Y ahora, por la puerta de atrás, ustedes están retomando medidas que estaban en la LOCE, como los itinerarios, denostados entonces y ahora puestos por la puerta de atrás; como los PCPI, que ahora ustedes los adelantan a los quince años; como el reconocimiento a través de un certificado de estudios cuando ustedes sabían que eso se podía haber conseguido a través de los PIP; y así sucesivamente. Las medidas que se adoptaron ustedes las abortaron, y haciendo lo mismo no podemos obtener unos resultados distintos. Por eso no solamente no hemos obtenido unos resultados distintos, sino que hemos empeorado.
Señorías, esta es la situación. Ustedes son los responsables. ¿Qué han hecho ustedes? Señor ministro, ¿qué ha hecho usted -y ahora me centro en la última etapa-? Lamentablemente, nada. Usted quemó el último recurso, la última bala, por decirlo en términos cinematográficos, la esperanza.
Usted lo apostó todo a un pacto pensando que, si se pactaba, se podían solucionar las cosas. Usted quiso hacer una tortilla sin romper los huevos, y eso no es posible. Usted estaba hipotecado, usted realmente no quiso modificar el sistema educativo. Y no me venga con que aquel pacto que no se hizo por el Partido Popular -ni por ninguno-, ahora se está haciendo con las comunidades. No vuelva usted a utilizar esta trampa.
Usted sencillamente está haciendo lo ordinario, al menos desde los años 1999-2000, cuando se hace el traspaso pleno de competencia. Vea usted las actas de la Conferencia Sectorial de Educación, están llenas de acuerdos con todos los ministros del Partido Popular o del Partido Socialista. Lo que usted presenta como novedad no es más que lo ordinario, que el ministerio permanentemente esté estableciendo pactos, acuerdos puntuales.
Es que para eso está, excepto en una etapa legislativa, donde por cierto también realiza un gran pacto. No aportó nada nuevo. Es más, como le he dicho muchas veces, usted ha hecho dejación de responsabilidades. Sí, señor ministro, dejación de responsabilidades. Hay reales decretos que han sido modificados por sentencia, y usted aún no ha completado. Hay sentencias judiciales que están diciendo que se implante la tercera hora de castellano y usted mira para otro lado. Hay un desorden en la formación del profesorado, y usted deja que se discuta como si fuera un asunto más. Lo único que ha hecho ha sido dar un bonito envoltorio a cosas que ya se estaban haciendo, y ahí podríamos entrar en la Escuela 2.0 o en los trescientos mil ordenadores. Eso no es lo esencial; es ridículo en estos momentos en el sistema educativo español. Podíamos hablar de Educa3 o podíamos hablar de la hoja de ruta.
Señor ministro, esto es lo que tenemos, pero aquí no nos podemos quedar.
Usted siempre termina diciendo que nos tiende la mano, yo también.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señor Gómez Trinidad, ha acabado su tiempo.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Espero que esta vez usted se lo tome en serio y con su grupo parlamentario sea capaz de tomar iniciativas que conduzcan a un mejor puerto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gómez.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Educación.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver si hablamos de lo que nos hemos propuesto, que es del abandono escolar prematuro. Vamos a hablar menos de mí, que no soy nada interesante para que sea asunto de debate en este espacio público tan importante, y vamos a centrarnos en lo que nos importa, que es la educación de este país. Yo no soy lo interesante.
Aquí se dice que no hablamos de buenas palabras. Nosotros sí defendemos las buenas palabras, pero decimos y, además, hacemos, y hacemos lo que decimos. Y hacemos lo que decimos porque lo que decimos nos lo pensamos mucho, y antes de decirlo lo compartimos con el diagnóstico de otros organismos internacionales, con los análisis que hace toda la comunidad educativa,
con los análisis que hace la sociedad. Por tanto, se conocen los motivos; los hemos analizado juntos, señor Gómez Trinidad, concretamente con usted. En los meses de la negociación del pacto analizamos también las medidas y estábamos sustancialmente de acuerdo. ¿Que ahora conviene que no estemos de acuerdo? Lo que le parezca, pero le puedo asegurar que estábamos sustancialmente de acuerdo. A mí me gusta estar de acuerdo con ustedes, no me da ningún bochorno hacerlo.
Nuestro principal problema es el abandono escolar, lo he subrayado en más de una ocasión. He debatido con el grupo al respecto y considero que la mejora del éxito educativo de todos los estudiantes es nuestro objetivo educativo. Pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo en sus afirmaciones sobre que el mal del sistema educativo obedece a la legislación o al Partido Socialista. Yo lo veo de otra manera. El abandono de la formación es el resultado de un largo proceso, responde a causas que no son solo educativas, sino también sociales y económicas. Esta sociedad es mucho más compleja y mucho más intercultural que antes y, si mira usted los datos del abandono y fracaso escolar desde esta perspectiva compleja e intercultural, entenderá claramente qué es lo que ha podido pasar en España en estos años. Además, esto explica en cierta medida las diferencias de abandono escolar en las diferentes comunidades autónomas, que, por cierto, tienen la misma legislación. Usted ha dicho con contundencia que esto pasa especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Pues no es así, porque el mapa del abandono no es el mismo que el mapa político. Si uno analiza el abandono, enseguida comprueba que tiene que ver con la estructura socioeconómica, con la complejidad de la composición de la sociedad, con el sistema productivo. No tiene que ver solo con el sistema educativo. ¿Le vamos a atribuir a la Logse la razón última del abandono escolar hoy, que tiene estas raíces tan profundas? Para abordar los temas conviene analizar y diagnosticar claramente cuáles son las causas, y es lo que hemos hecho. Nosotros creemos en esta dimensión social, universal y equitativa del sistema educativo; nos tomamos muy en serio los informes nacionales e internacionales y en ellos hemos basado nuestros diagnósticos y nuestras propuestas, y les puedo asegurar que no nos ha sorprendido nada que la comisaria de Educación de la Unión Europea haya instado a nuestro país y a todos los países a abordar este reto. ¿Sabe por qué? Porque fue una propuesta nuestra. Presidiendo la Unión Europea, el Consejo de Ministros, quien propuso eso fue este señor que está aquí.
Además lo propuse porque entendía que era una necesidad para toda Europa, y fue asumida por los veintisiete países. También se hizo un diagnóstico, una evaluación con respecto al abandono; e igualmente por primera vez se cuantificaron los objetivos, y se decidió -porque había mucha resistencia a cuantificar los objetivos- que algunos países partieran de la situación en la que estaban. Y como había objetivos que ya teníamos cumplidos -sobre lo que no se habla- y otros en los que estábamos más lejos, se habló del 10 por ciento para toda Europa; cada país señaló sus objetivos para que la media final fuera el 10 por ciento, aunque al final ha sido el 15 por ciento. Decir que España no cumplía los objetivos de Lisboa es tan verdad como decir que no los cumplió nadie; nadie en Europa cumplió estos objetivos, porque además no se hizo la gobernanza de los objetivos.
Y lo que aprendimos en Europa es que los europeos lo habíamos hecho mal a la hora de planificar, y ahora lo que queremos es hacerlo de otro modo.
Trabajando con el conjunto de las comunidades autónomas y con la comunidad educativa en la lucha contra el abandono desde 2005 la Unión Europea se ha planteado este objetivo por primera vez, bajo Presidencia española. Cuando pasados unos meses la comisaria Vasiliu -con la que tenemos extraordinaria relación- nos cuenta aquello que decidimos conjuntamente para nosotros no ha sido ninguna sorpresa, pero el día en que me reuní con los ministros hice una rueda de prensa donde conté esto mismo. Me alegra mucho que lleguen antes a España las declaraciones de la comisaria Vasiliu. En todo caso les puedo decir que trabajar con las comunidades autónomas fue uno de los objetivos de la ley orgánica de 2006, compartido como objetivo de Estado y que figuraba en el plan de acción con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa, y partiendo de los objetivos -repito- nacionales e internacionales, esa es una de las prioridades. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Se habla de la flexibilidad. No empecemos a comparar itinerarios. Estamos hablando de pasarelas entre diversos niveles, de acreditación de competencias, de impulso a la formación profesional, de políticas sociales combinadas con políticas educativas. Esto es de lo que me gustaría hablar. No estamos hablando de falta de exigencia o de falta de seriedad. No nos apropiemos las palabras. Vamos a dejar claro de una vez para siempre en esta Cámara que todos somos defensores de la exigencia y del esfuerzo. ¡A ver si vamos a patrimonializar algunas palabras! Si hace falta decirlo lo digo públicamente: el Partido Socialista, el Gobierno socialista, yo como ministro de Educación, todos somos defensores del esfuerzo y de la exigencia para lograr objetivos educativos. Pero hay que ser también exigentes con uno mismo, porque veo que algunos tienen tendencia a exigir a los demás y les cuesta un poco más ser exigentes, rigurosos y mesurados consigo mismos. (Aplausos.)
También quiero decir que entre 2000 y 2009 el abandono en nuestro país se incrementó en un 7,2 por ciento. Fíjense en que digo entre 2000 y 2009, fechas que no coinciden con periodos electorales, por lo tanto no estoy haciendo un juicio político de ningún partido. Tiene que ver con que el boom inmobiliario, un modelo económico basado en la construcción y en sectores que empleaban a personas con baja cualificación, un modelo cortoplacista, hizo que muchos jóvenes españoles abandonaran prematuramente su formación en busca de un empleo fácil. Hoy muchos de estos jóvenes ya adultos se encuentran
en paro y sin formación. En 2007 había en España 2.700.000 empleados en la construcción; hoy se han perdido 1.300.000 de esos empleos, de los cuales un 30 por ciento corresponde a jóvenes menores de 30 años. ¿Esto tiene que ver con el sistema educativo o con la Logse? ¿Esto es un asunto de la Logse? A esto hay que añadirle condiciones sociales y también educativas.
En este sentido existe un consenso amplio sobre la excesiva rigidez de nuestro sistema educativo, que no permite seguir estudiando a jóvenes si no han obtenido un título de graduado en secundaria; se les cierran las puertas para que regresen al sistema, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que tienen otras vías de formación. Los datos de PISA nos dicen que el 20 por ciento de nuestros jóvenes tiene rendimiento suficiente, y sin embargo un 30 por ciento de alumnos españoles acaban abandonando los estudios. Esto en cierto modo es una paradoja. Nosotros desde el plan de acción trabajamos en la estrategia 2020 para garantizar que con estos programas -y en diálogo con las comunidades autónomas- de refuerzo, orientación y apoyo, como el Plan PROA, o con programas integrales dotados con financiación suficiente, podamos abordar las causas que compartimos cuando las hemos analizado, así como las medidas que juntos también decidimos imponer. Este plan fue aprobado en 2008, se sigue desarrollando en la actualidad, y para el año 2011 el programa cuenta con un presupuesto de 90 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Educación aporta 45 millones y las comunidades autónomas el resto. El Plan PROA tiene 60 millones de euros por parte del ministerio.
Ahora quería añadir también un elemento. Un día deberíamos hablar seriamente -y hemos pedido al Consejo Escolar del Estado que lo analice- sobre qué pasa en España con los repetidores. Se hace el discurso de que esto es un coladero, pero es un coladero rarísimo, porque España es el país de la Unión Europea que más repetidores tiene, el 36,3 por ciento, y además esto hay que vincularlo también a una sociedad intercultural. Lo que no podemos hacer son los dos discursos a la vez: el discurso de que tenemos que ser exigentes y luego decir que somos un coladero, mientras el 36 por ciento repite. ¿Y sabe lo que significa que repitan? Que en general los repetidores tienen peores resultados incluso que el año anterior. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando llegan a una determinada edad -en algunas comunidades existe la cultura de ponerse a trabajar- se ponen a trabajar sin tener los estudios concluidos. Por eso en el proyecto de ley de economía sostenible nosotros queremos dar flexibilidad en el acceso a los programas de cualificación profesional, queremos reforzar el carácter orientador del cuarto curso de la ESO -no son los itinerarios-, junto con las políticas de información y orientación profesional. También en el Plan estratégico de FP hemos hecho una convocatoria para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, junto con el Ministerio de Trabajo, para ver qué formación complementaria necesitan para lograr, también a través de los cien títulos de la plataforma a distancia elaborada por el Ministerio de Educación, una preparación y poder trabajar sin necesidad de que los jóvenes abandonen prematuramente el sistema educativo y se encuentren en situación de desempleo.
Para ir finalizando también quería señalar que hay que tener en cuenta que los datos de abandono se obtienen de la encuesta de población activa y de los niveles educativos alcanzados por las personas que tienen entre 18 y 24 años. Este es el ámbito en el que se encuentra este dato. Usted me ha hablado de datos de 2009, de las personas que tenían entre 18 y 24 años en 2009. Por cierto, cuando se hizo el informe PISA yo era rector, me hago responsable de lo que se hiciera. Pero como se personaliza en mi, yo sería más partidario de que no se centrara en mi porque ni siquiera entonces era ministro de Educación. Por tanto no hablemos de mí, hablemos de la educación. Habría que remontarse por tanto a que estos jóvenes abandonaron sus estudios como consecuencia del boom inmobiliario, como he dicho, a principios del siglo XXI. Quiero pedirles a su grupo y a toda la Cámara que trabajemos juntos en estas líneas de actuación. El Gobierno asume su responsabilidad impulsando estos programas desde el consenso y el diálogo, pero hoy más que nunca el futuro de nuestra educación y nuestra formación dependen de un esfuerzo colectivo como país.
El señor Gómez Trinidad tiene la palabra.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo no vengo aquí a hablar de usted; usted me cae muy bien y sabe usted que además admiro cómo habla y la capacidad que tiene de convencer. Se lo he dicho muchas veces, su persona me cae muy bien, pero yo vengo aquí a hablar de la política educativa que ha dado como resultado lo que ha dado, y de un ministro que tiene un oficio y una obligación que es tomar decisiones, no dar lecciones. Eso es lo que le echo en cara al ministro, y por tanto en eso es en lo que estoy. Yo a usted no le he responsabilizado como persona de nada, pero como ministro le responsabilizo de que en su periodo no se haya hecho absolutamente nada, más allá de buenos propósitos y más allá de envolver bien lo que es un producto ya manido y usado que no da más de sí.
Usted solicita que nos pongamos de acuerdo y que usted en este caso, asumiendo la responsabilidad del Partido Socialista, asume la exigencia y el esfuerzo; bienvenido sea, esto es patrimonio de la humanidad, excepto un paréntesis de algunos socialistas durante algunos años en el ámbito educativo. Lo aceptamos y nos alegramos. De la misma forma le digo que no hay partido más comprometido con la equidad que el Partido Popular, pero también con la libertad y con la calidad.
Por tanto, si en la libertad, en la calidad, en la educación, en la exigencia y en el esfuerzo estamos de acuerdo -como parece que lo estamos-, pongamos los medios, pero -se lo vuelvo a decir en lenguaje castizo- no se puede hacer una tortilla si no se rompen los huevos, y usted quiere seguir contemplando los huevos y hacer una tortilla, y así no se puede; no estamos en tiempo de tunear el sistema educativo. ¿Que nos lo ha dicho la comisaria porque usted se lo había dicho? Me está hablando de usted, yo no lo he dicho; es usted el que está hablando de usted mismo. Lo que tiene que hacer es tomar medidas ajustadas a este modelo. ¿Que hay un contexto social que influye en la educación? Nadie lo duda, ¿pero es que ahora, señor ministro, me va a salir usted determinista? ¿Me va a decir que no se puede hacer nada desde el Ministerio de Educación mientras no cambie el contexto? ¿Ahora resulta que el fracaso y el abandono escolar son del ladrillo? ¿Pero no habíamos quedado en que en este país era obligatoria la escolarización hasta los 16 años, y que a los 16 no había nadie trabajando en el ladrillo? ¿O sí? Porque si era así, díganlo. Pero resulta que había un fracaso escolar; que con 16 y 17 años, sin trabajar, sin estar en el ladrillo, el 31 por ciento no obtenía el título, y ahora le echamos la culpa al ladrillo.
¡Venga, hombre! Como dice usted, seamos rigurosos, señor ministro.
Indudablemente en educación concurren muchos factores, pero uno muy importante es el modelo educativo establecido por las leyes vigentes y por las leyes orgánicas, y por eso digo que en este país prácticamente desde la democracia no se ha conocido otro que el modelo educativo Logse, con unos principios de sobra conocidos especialmente por sus nefastos resultados; dicho lo cual, señor ministro, realmente estamos en una situación en la que hay que poner medidas. Nosotros hemos presentado aquí numerosísimas medidas; jamás el Partido Socialista nos ha apoyado. Empecé en esta misma tribuna con una tan de derechas, tan ideológica, tan imperialista -como dirían algunos nacionalistas- como era que a partir de los 3 años todos los niños en España estudiaran inglés. Desde eso al plan nacional de bilingüismo, al plan para la autoridad del profesorado, al plan para adquisición y conocimientos, etcétera, a todo nos han dicho que no, y luego vienen con cara angelical y dicen: apóyennos. ¿A qué le vamos a apoyar? Pero si le estamos pidiendo lo que a veces ustedes mismos han puesto en un documento, como es el documento al que usted ha hecho mención y que habíamos debatido, por ejemplo, la revisión del decreto de derechos y deberes de los alumnos, que le pide el Consejo Escolar del Estado, y aquí sus representantes directos, es decir, el Grupo Socialista, dice que no. ¿Dónde está la coherencia, señor ministro? El Partido Popular tiene claro que si queremos conseguir otros resultados debemos cambiar, por eso apostamos por algunas medidas urgentes que impliquen a las familias, que incentiven la formación del profesorado, su reconocimiento social, que se replantee incluso el proceso de selección, que se fomente la autonomía de los centros y se incentiven las buenas prácticas. Evidentemente estamos por potenciar todo aquello que pueda mejorar la educación, por eso presentamos esta interpelación y la moción consecuente de la semana que viene.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.
Cuando entramos en las propuestas y hacemos una relación de las mismas, nadie mejor que usted resume lo que estaba en el pacto. Al menos ya sabemos que el pacto ha servido para una cosa: para que una vez leído sepamos qué cosas proponer. Efectivamente todo lo que tiene que ver con los idiomas, con la formación del profesorado, con la incorporación de las familias, está en las 153 ideas suscritas en el pacto. Yo comprendo que ahora, una vez no firmado el pacto, lo interesante es ir sacando lo que hay ahí e ir proponiéndolo como ideas propias. Pues bien, si se han interiorizado tanto es que estamos mucho más cerca de lo que parece.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
También les quería decir que no voy a hacer aquí ahora una exhibición de lo que hemos hecho en el ministerio, ni desde luego en el plan de acción, con todas las medidas concretas de su aplicación, ni de las universidades -que es una competencia también de este ministerio-; no le voy a hablar de lo que pasa con el espacio europeo de Educación Superior, lo que ocurre con el estatuto del estudiante o qué ha pasado con el decreto de doctorado, de eso ya hablaremos en otro lugar, porque esos espacios serían más bien los de la comparecencia; tampoco les voy a hablar de la ley de economía sostenible y de las medidas que hay en ella sobre educación. Lo último que voy a hacer aquí es una especie de ostentación de lo que he hecho durante estos meses, no, porque eso no tiene ningún interés. Yo prefería hablar del abandono y del fracaso escolar, y hablando de esto lo que sí les puedo decir es que en la LES, junto con los programas antes descritos, se trata de reducir una media del 3 por ciento. Nos proponemos una reducción del 3 por ciento en los próximos tres o cuatro años, y lo lógico es que lleguemos a una reducción del 15 por ciento de estas tasas de abandono en 2020. Los datos de desempleo entre jóvenes menores de 30 años nos invitan a pensar que va a haber en estos próximos años -y de hecho ya se está produciendo un retorno a las aulas- un incremento del número de estudiantes de FP y de estudiantes universitarios, que han crecido en más de 100.000 este año, lo que coincidirá además con esta implementación de las medidas de flexibilidad y de permeabilidad entre las distintas etapas -medidas incluidas en la ley de economía sostenible-, y supondrá un cambio claro.
Usted ha hablado también de las edades, pero tenemos que saber lo que significó el paso de 14 a 16 años en la enseñanza obligatoria con la incorporación de miles de chicos jóvenes. Tenemos que saber lo que significa que cuando se hace el análisis del abandono, el 42 por ciento se corresponde con personas que vienen de otros ámbitos y nos enriquecen también con su llegada, pero hay que saberlo. O lo que significa el hecho de que una y otra vez cuando se analiza nuestra situación se señala como una riqueza esta diversidad y pluralidad que tenemos que fortalecer.
Hemos de saber lo que significa que hemos pasado de 200.000 universitarios a 1.600.000, y es lógico que esto vaya también acompañado de mayores tasas de abandono. Le reitero que algunas de las medidas -básicamente las contempladas en la ley y en su ley de acompañamiento- tendrán un efecto en el corto espacio de tiempo, en los próximos tres o cuatro años. Sin embargo hay otras medidas cuyos efectos tardarán algo más, no sé quién disfrutará de ellos, quién presumirá de ellos, a quién le tocará hacer ostentación de los logros alcanzados, pero estas medidas -por ejemplo los contratos-programa para centros o la autonomía de los centros- están en el pacto de educación, como usted conoce bien; también el impulso en la educación infantil, escolarizada ahora universalmente de 3 a 6 años, o que ha crecido tan claramente de 0 a 3 años, o los planes contra el abandono, todos ellos son planes estructurales -insisto, estructurales- que recorren los diferentes niveles educativos y que hay que sostener en el tiempo -por eso creíamos en el pacto- no para quedar bien, sino porque la sostenibilidad de las medidas, la estabilidad normativa y el compromiso común garantizan lo mejor para el país.
Pensemos en los estudiantes, en la gente joven, pensemos en los ciudadanos, y si pensamos en los ciudadanos concluiremos que es necesario el pacto. Yo no hablo del pacto porque me divierta, sino porque creo que es el único camino posible para dar estabilidad al sistema educativo, para dar confianza a los ciudadanos, y para dar también la garantía de que no vamos a jugar a ver quién es más original en la educación, y como creo en esto, no hagamos risas con la palabra pacto, porque esta palabra está indicando el único camino posible para ir lejos.
También quería decirles que para conseguir durante la próxima década el objetivo del 15 por ciento para 2020 tendremos que trabajar coordinada y conjuntamente. Por eso, una vez más, lo único que quiero es llamar a la comunidad educativa, llamar a los profesores y profesoras y decirles que su actividad, junto con la de los padres, es determinante para proseguir en la lucha y en la mejora del sistema educativo, que no es solo una cuestión del Parlamento -que es un lugar determinante de la posición de los ciudadanos-, sino que también es necesaria la ayuda de toda la comunidad educativa y de todos los ciudadanos para afrontar el reto de la lucha contra el abandono, como reto -como usted muy bien ha dicho- de país. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS BASES DE LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA DESARROLLARLAS. (Número de expediente 172/000232.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las bases de la reforma de las políticas activas de empleo y las medidas a adoptar para desarrollarlas. Para la defensa de su interpelación tiene la palabra don Carles Campuzano. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, esta es la primera interpelación que Convergència i Unió le plantea, la centramos en la reforma de las políticas activas de empleo, y vaya de entrada la coincidencia en la iniciativa del Gobierno, del nuevo equipo ministerial de poner en marcha esa reforma, así como felicitarnos de que esa propuesta de reforma haya formado parte del paquete acordado con la CEOE, UGT y Comisiones hace unos cuantos días. Se lo hemos dicho en las comparecencias que se han producido en la Comisión, lo hemos dicho en los medios de comunicación, es una reforma que llega tarde, que estaba pendiente. En todo caso, bienvenida. Desde Convergència i Unió algunos de los aspectos de esta reforma los venimos planteando desde el inicio de esta legislatura, especialmente la necesidad de flexibilizar los programas de las políticas activas de empleo. Incluso en los debates parlamentarios de la reforma laboral insistimos en esa idea.
Creo recordar que en mi intervención, cuando convalidamos el real decreto correspondiente, insistía en la idea de que un mercado de trabajo justo era aquel que estaba acompañado por políticas activas que permitían a una persona, a un trabajador si perdía su empleo reincorporarlo al mercado de trabajo, y que eso exigía políticas públicas robustas, más sólidas, más eficaces, que acompañasen a esos trabajadores. Si mirábamos los mercados de trabajo más flexibles y más dinámicos del resto de Europa, mercados de trabajo donde era fácil la entrada y la salida de los trabajadores del empleo, eran también mercados de trabajo con políticas activas sólidas y muy potentes, y que ese no era el caso de España. Planteábamos entonces que esa reforma del mercado de trabajo que estaba planteando el Gobierno, que introducía flexibilidad en la salida del empleo, si queríamos que fuese justa debía precisamente reforzar esas políticas. Ahí estábamos.
Además hoy, cuando ya estamos abordando la fase decisiva de este proceso de reforma de las políticas activas de empleo, también somos muy conscientes de
que es necesario que esta política, que esta reforma que ahora se va a poner en marcha se haga bien, se haga de manera adecuada, no la hagamos de manera precipitada. Si la hacemos, señor ministro, de manera precipitada quizá vamos a perder la ocasión de aprovechar lo que es hoy una oportunidad. En este sentido mi grupo, siendo consciente de la urgencia de esta reforma, no es partidario de que la misma la resolvamos de manera precipitada en los próximos días. Hemos tenido ocasión de trasladarle al Gobierno nuestra impresión ayer mismo; los borradores del Gobierno que conocemos sobre esta materia a mi grupo le preocupan, muy especialmente por lo que hace referencia a la reforma de la Ley de Empleo, una Ley de Empleo aprobada en el año 2003, que entonces Convergència i Unió no compartió en sus planteamientos, y mi grupo es partidario de darnos unos cuantos días, con el conjunto de las comunidades autónomas, pero también con los grupos parlamentarios, para intentar acercar posiciones sobre ese contenido.
El Gobierno ha planteado quizá en su filosofía una reforma muy importante y muy significativa de las políticas de empleo; bienvenida. En la filosofía que el Gobierno ha expresado dudo mucho que mantengamos posiciones discrepantes; en la concreción legislativa de la reforma, y por lo que hace referencia a la necesidad de dotar a las comunidades autónomas de la libertad y la flexibilidad necesarias para permitir que esas políticas sean útiles, existen hoy por hoy puntos de vista diferentes que exigen un planteamiento más pausado. Sabiendo además, señor ministro, que hoy nuestro problema de desempleo -un 20 por ciento de desempleo, un 40 por ciento de desempleo juvenil- tiene que ver fundamentalmente con la falta de demanda de empleo por parte de las empresas, hay destrucción de empleo por parte de las empresas, y por la falta de una dinámica económica que ayude a generar empleo, pero, señor ministro, nos tememos que también -y quizá en los próximos años en parte vinculado con el debate que el ministro de Educación hacía hace unos minutos con el portavoz del Grupo Popular- con un problema de oferta de trabajadores cualificados. Es bueno recordar que hoy tan solo el 6 por ciento de los desempleados está recibiendo algún tipo de formación para el empleo; y en el caso de los trabajadores mayores de 55 años tan solo el 3 por ciento de esos trabajadores está recibiendo algún tipo de formación. Por cierto, modificamos un sistema de pensiones para prolongar la vida activa de los trabajadores y tan solo podemos formar a un 3 por ciento de trabajadores de esas edades para recualificarlos y volverlos a reincorporar al mercado de trabajo. Además, si uno analiza el contenido de esta política de formación, vemos que la estamos concentrando en la formación de aquellos trabajadores desempleados más formados, y a aquellos trabajadores con menores aptitudes, con menores competencias básicas no les está llegando esa formación. Y eso, señorías, configura un mercado de trabajo que no es justo para esos trabajadores y que en el medio plazo nos va a crear enormes contradicciones. Esas cifras del 6 por ciento de trabajadores desempleados que recibe algún tipo de formación las podríamos ampliar hasta el 14 o el 15 por ciento cuando estamos hablando de ciudadanos desempleados que reciben algún tipo de ayuda pública.
A raíz de la crisis ha descendido en un porcentaje del 7 por ciento el número de desempleados que participa en ese tipo de actividades, en un contexto, señorías, en el que estamos gastando más de 30.000 millones de euros en políticas pasivas de protección a los desempleados, y unos 9.000 millones de euros en las políticas activas, en las políticas de reincorporación de esos desempleados; y fruto de ese aumento del desempleo aumenta el gasto en la política pasiva y porcentualmente disminuye el gasto en la política activa. Por tanto, necesidad de proceder a esta reforma, desde la convicción además de que las políticas activas donde deben poner el acento es en las políticas de formación, en las políticas vinculadas a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, y que en eso las cifras son las que son: tan solo un 6 por ciento de desempleados participa en algún tipo de formación, que estamos formando a los trabajadores más cualificados, que no estamos formando a los trabajadores más maduros, y que incluso mucha de esa formación para esos desempleados no está vinculada a nuestras necesidades del mercado de trabajo.
Señor ministro, desde la perspectiva de Convergència i Unió la reforma que el Gobierno debe de promover, en primer lugar, desde la convicción de que necesitamos la proximidad a los ciudadanos y a las empresas, debe ser capaz de garantizarla, que dé flexibilidad y libertad a las comunidades autónomas para gestionar adecuadamente los recursos de las políticas activas. El Gobierno comparte ese discurso; en las intervenciones públicas que he escuchado del señor ministro y de la secretaria de Estado se han utilizado esos propios calificativos: más flexible y con más libertad. Por tanto seamos capaces de concretarlo. Coincidimos con el Gobierno en que una modernización de los enfoques en estas políticas debe de poner el acento en la personalización de la atención a los desempleados. Poco o mucho, eso nos lo viene exigiendo la Unión Europea desde hace unos cuantos años, y poco o mucho, más o menos, en nuestra legislación figuran orientaciones en ese sentido. Seamos capaces de concretar esa personalización. Estamos convencidos de que esta reforma exige un refuerzo de los servicios públicos de empleo. El Gobierno en los últimos tiempos ha tomado algunas medidas en esa dirección, pero también estamos convencidos de que debe avanzarse claramente en esa colaboración del sector público con la iniciativa privada en la línea de los países más avanzados de nuestro entorno. El Gobierno recientemente, y fruto de la reforma laboral, ha aprobado por fin la regulación de las agencias privadas de colocación; Convergència i Unió también viene insistiendo en ello, y esta reforma debe ser capaz de vincularse claramente a esa colaboración público-privada.
Hace un instante le decía que esa reforma debe garantizar una formación que sea útil, o sea directamente vinculada a las necesidades de los sectores que pueden ser emergentes en la generación de nueva ocupación en los próximos tiempos. El señor ministro en su anterior vida, la reciente, elaboró un documento muy bueno de reflexión, con propuestas de análisis del funcionamiento de la política de formación en España; mi grupo comparte esa filosofía e invitamos al señor ministro a ser capaz de trasladar esa visión a esta reforma. Una reforma, además, que debe ser capaz de vincular claramente las políticas pasivas con las políticas activas. Convergència i Unió viene también insistiendo en esta idea desde el inicio de esta legislatura, incluso a finales de la pasada legislatura.
Hemos configurado un sistema donde quien gestiona la protección al desempleo y donde gastamos esos 30.000 millones de euros poco tiene que ver con quien gestiona el acompañamiento de las personas desempleadas a la recolocación, a la reinserción, a la reincorporación, y con quien gestiona esos 9.000 millones de euros. Hay que romper esa dicotomía, hay que superar la diferencia entre pasiva y activa, hay que considerar que la protección al desempleado es también su reimpulso al mercado de trabajo, hay que ser capaces de que ese modelo de traspaso competencial en políticas de empleo del año 1997 se supere y que quien gestiona la política activa sea capaz de gestionar el conjunto de la protección que afecta al desempleado. Estamos convencidos, además, señor ministro, de que esta reforma debe poner el acento en la evaluación de las políticas; hemos de ser una sociedad que evalúe los impactos de las políticas y que, en función de esa evaluación, decida si esas políticas se mantienen o se activan; esa reforma debe priorizar determinados colectivos y hemos de ser capaces de movilizar más recursos. Un mayor número de desempleados exige mayor esfuerzo para que esas políticas reorientadas a la recaudación tengan más fortaleza para poder actuar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, ha acabado su tiempo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Espero poder discutir con usted estas cuestiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Señoría, las consideraciones que usted ha formulado en su interpelación me permiten abordar sin demasiado preámbulo alguna explicación acerca de las bases de la reforma que en este momento está emprendiendo el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, y que quiere someter al próximo Consejo de Ministros para su aprobación por decreto-ley. Las bases de la reforma son el diálogo social y la concertación territorial. Si no me equivoco, su propia interpelación está planteando precisamente estas dos cuestiones, la relación entre estas dos cuestiones, y entiendo también que para atenderlas, para hacerlo, es muy importante atender también a las conclusiones del Acuerdo Económico y Social que, como su señoría conoce, acaba de ser suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales.
Porque precisamente en la primera parte de este acuerdo es donde se sientan las bases para concretar la reforma de las políticas activas de empleo.
Hemos tenido también ocasión, en los distintos órganos del Sistema Nacional de Empleo, para que Gobierno y comunidades autónomas hayan debatido las líneas generales de la reforma de las políticas activas y hemos alcanzado -debo señalarlo- un alto grado de sintonía para su desarrollo, una sintonía, en mi opinión, sobre al menos los aspectos centrales de las medidas. De hecho, yo creo que podemos afirmar que compartimos enfoques generales sobre las tres funciones básicas de la política activa: la orientación, la intermediación y la formación profesional. Compartimos también posiciones en la manera de mejorar el rendimiento de la política activa de empleo, por una parte dando más flexibilidad a la adopción de esas políticas en cada territorio, flexibilidad naturalmente dentro de un marco común, un marco común de objetivos, que tienen que ser concretos, que tienen que ser medibles y que tienen que ser obviamente evaluables, tanto en términos de resultados como en términos de eficiencia.
Compartimos, por otra parte, el hecho de que la configuración del sistema debe estar volcada hacia sus protagonistas, hacia las empresas y hacia los trabajadores desempleados. Y compartimos, por supuesto, la necesidad de reforzar esto que llamamos gobernanza del Sistema Nacional de Empleo.
Se trata de lograr que los órganos de ese sistema se conviertan en foros donde confluyan el diálogo social y la propia concertación territorial.
Esta debe ser la dinámica de un modelo en el que el diálogo social se produce en el ámbito del Estado con el Gobierno, pero hay también una necesaria concertación, dado que la política activa de empleo es una política desarrollada, ejecutada, por las comunidades autónomas. También se ha tratado -usted lo sabe bien- en el ámbito del diálogo social y en la concertación territorial la necesidad de configurar un plan de choque ambicioso, con objetivos concretos a corto plazo, un plan que aproveche, en términos de empleo, desde su más temprano inicio la recuperación económica y que consolide, además, esa recuperación, obteniendo el máximo rendimiento de ella en términos de empleo.
Pues bien, señoría, sobre este conjunto de cuestiones -insisto, cuestiones ampliamente tratadas también con las comunidades autónomas- es, en síntesis, sobre el que se basa el acuerdo alcanzado primero con los interlocutores sociales y que tendrá plasmación en un amplio
proyecto normativo que tenemos previsto abordar en los próximos días. En el citado proyecto de decreto-ley estamos ultimando algunas cuestiones importantes. Se trata obviamente de conjugar las competencias del Estado con las de las comunidades autónomas; se trata de combinar visiones a corto plazo y visiones en el medio y largo plazo; se trata de complementar actuaciones de los agentes públicos pero también de los agentes privados, que ya intervienen activamente en el mercado de trabajo, en el desarrollo de las acciones y de las medidas de intermediación. El proyecto recoge, como decía, un plan de choque destinado a cumplir con tres objetivos fundamentales: en primer lugar, mejorar la empleabilidad de las personas; en segundo lugar, mantener un buen nivel de cobertura de la protección por desempleo y, en tercer lugar, animar, impulsar e intensificar las decisiones de contratación de las empresas en aquellas ramas económicas donde ya existen hoy posibilidades de creación de empleo.
Para atender a estos tres objetivos, el plan de choque cuenta con cuatro programas de actuación, dirigidos prioritariamente a los colectivos más afectados por el desempleo. En primer lugar, un programa excepcional durante el primer año de vigencia del plan para el empleo en transición, desde la contratación, temporal también, hacia la contratación estable, un programa destinado a los menores de 30 años y a los desempleados de larga duración, que consiste en implantar bonificaciones de hasta el cien por cien en las cuotas empresariales para la contratación a tiempo parcial de estos dos grandes grupos, desempleados de larga duración, insisto, jóvenes. En segundo lugar, un programa de recualificación profesional para aquellos desempleados que hayan agotado sus prestaciones, programa que tendrá seis meses de vigencia y que está dirigido en lo esencial a esos mismos colectivos, desempleados que hayan agotado sus prestaciones, con dos tipos de actuaciones: medidas activas, especialmente de formación, medidas para posibilitar la inserción en sectores con mayor potencial de crecimiento, y, junto a ello, un soporte de rentas equivalente al 75 por ciento del Iprem mensual, del índice público de rentas con efectos múltiples. En tercer lugar, un programa de acciones que combine orientación y formación para el empleo, dirigido también a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes con baja formación, con baja cualificación. Junto a ellos, también los mayores de 45 años que sean además parados de larga duración y sobre todo personas que proceden de ese sector de la construcción, un sector que ha visto reducido su volumen de empleo de forma drástica, de forma intensa, durante la crisis.
A estos grupos se les propondrán itinerarios de inserción laboral elaborados por los servicios públicos de Empleo de carácter individual y personalizado. Por último, en cuarto lugar, un programa para la inclusión -esto es algo importante a lo que usted ha hecho referencia en su interpelación- de alrededor de un 30 por ciento de personas desempleadas en acciones formativas para los ocupados y que tendrá que desarrollarse en el año 2011. Se trata de insertar a desempleados en los programas de formación que las empresas, bien en demanda o bien en oferta, ya realizan para sus trabajadores ocupados.
Respecto al contenido del proyecto de real decreto-ley de reforma de la Ley de Empleo, tiene varios objetivos fundamentales: en primer lugar, fortalecer los servicios de empleo; en segundo lugar, regular los derechos básicos para todos los ciudadanos, que permitan garantizar en todo el Estado los principios de igualdad de trato y, naturalmente, de unidad de mercado; en tercer lugar, una estrategia española de empleo, coordinada con la estrategia europea de empleo; en cuarto lugar, una transformación de la definición de las políticas activas, conjugando, eso sí, las actuales competencias en la materia. El Estado debería fijar los criterios comunes en cuanto a orientación, en cuanto a promoción del autoempleo y en formación, pero las comunidades autónomas deben proceder a su propia definición de esas políticas y a la ejecución de las acciones en la medida en que ellas mismas deben instrumentarla en función de la situación de sus propios territorios -no es lo mismo, siempre lo diré, hacer política activa de empleo en el País Vasco o en La Rioja que hacerlo en la Comunidad Autónoma de Canarias o en la de Extremadura-; y, en quinto lugar, la nueva política activa de empleo tiene que incorporar la reforma del sistema de formación profesional. Es una reforma que tiene que ser consecuente con la revisión de su funcionamiento prevista en los acuerdos de formación profesional que periódicamente actualizan los interlocutores sociales.
Junto a ello, el proyecto de real decreto-ley plantea también la necesidad de implantar una nueva estrategia de empleo para los mayores. Hay, sin duda, para este asunto un mandato expreso de una estrategia global de empleo por parte de las comunidades autónomas y también del pacto que acabamos de firmar con los interlocutores sociales. Es una estrategia que debe elaborarse en un plazo de seis meses, es una estrategia que también debe constituir una pieza importante para un buen despliegue de los efectos positivos que queremos extraer de la reforma del sistema de pensiones, porque, cuando queremos y cuando planteamos la necesidad de prolongar la edad de jubilación, al mismo tiempo estamos necesitando la formulación de estrategias que mantengan a los trabajadores de más edad vinculados con el empleo. De esta reforma asimismo en buena medida dependerá que logremos traducir ese aumento en la edad legal de salida del mercado de trabajo en un aumento de la edad real de salida del empleo.
Hasta aquí, señoría, la exposición de este conjunto de aspectos que configurarían la reforma de las políticas activas de empleo que ha planteado el Gobierno. Constituyen una reforma de la que usted ha dicho bien que es una reforma absolutamente necesaria, una reforma de un conjunto de políticas que tienen en nuestro país prácticamente ya un cuarto de siglo de antigüedad, una reforma que en este caso es fruto del diálogo y de la concertación y que pretende adoptar con flexibilidad y
con capacidad de adaptación políticas mucho más eficaces, políticas eficaces para las que se necesitarán también mayores esfuerzos. Usted lo ha dicho bien, necesitamos una mejor combinación de políticas activas y de políticas pasivas, sin renunciar a mantener un fuerte tono en la capacidad de protección, de apoyo económico, a las personas que están en el desempleo, pero sabiendo que tenemos que dinamizar su permanencia en el empleo, con más formación, con más recualificación, con más capacidad de intermediación por parte de los servicios públicos de empleo. Para esta reforma, sin duda, al Gobierno le gustaría poder contar con el apoyo de su grupo y de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Señor Campuzano, su turno de réplica.
Señor ministro, sobre el plan de choque y a la espera de algunas conversaciones que tenemos abiertas con su equipo, creo que hay coincidencia en lo fundamental. Quizá hemos notado la ausencia de medidas específicas para trabajadores autónomos -usted sabe que es una cuestión que ha preocupado a Convergència i Unió- y también para personas con discapacidad. Sería bueno que de alguna manera se diese respuesta en ese plan de choque a esos dos colectivos.
Existe coincidencia en la filosofía global de la reforma de la Ley de Empleo, en la necesidad de garantizar itinerarios individuales, de compartir objetivos y de rendir cuentas sobre los avances que se pueden producir; son enfoques que podemos compartir. Lo que no podríamos aceptar es que, bajo un discurso de dar mayor capacidad a las comunidades autónomas, en la práctica, el texto legal de la nueva ley de empleo supusiese un retroceso respecto a la ley de 2003, ley que no solo no pudimos votar favorablemente en ese momento, sino que tuvimos que recurrir ante el Tribunal Constitucional. Algunos de los borradores que hemos visto desde el punto de vista del autogobierno -al menos del autogobierno de Cataluña- no son aceptables por parte de Convergència i Unió. El nivel de concreción que se propone en esos borradores es tan exhaustivo que, en la práctica, podría convertir a las comunidades autónomas -en este caso, a la Generalitat de Catalunya- casi en una simple delegación del Ministerio de Trabajo. Y ese no es el objetivo.
Repito, por tanto, existe coincidencia en el enfoque filosófico de la política y en la necesidad de que la plasmación en el texto legal sea escrupulosa con el respeto a las competencias ejecutivas en materia de empleo que tiene el Gobierno de la Generalitat.
Tenemos también la convicción de que una política de empleo más robusta, más eficaz, exige dotar, al menos a la Generalitat de Catalunya, creo que también a otros territorios, de dos instrumentos. Por un lado, la posibilidad de gestionar las bonificaciones y los incentivos a la contratación indefinida a cargo de las cuotas de la Seguridad Social.
Acertadamente, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, en la negociación presupuestaria para este año, alcanzaron sendos acuerdos que van a permitir a esas dos comunidades gestionar esas bonificaciones; no sé el resto de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña estamos convencidos de que sería una buena opción que pudiesen ser gestionadas por el Gobierno de la Generalitat. Quien gestiona la recolocación tiene un instrumento que incentiva al empresario a la colocación de ese desempleado. Esa combinación reforzaría las políticas activas de empleo.
Esa separación tan tajante entre la prestación por desempleo y la política activa no termina, por otro lado, de funcionar. Tiene incluso problemas prácticos en el día a día de las oficinas de empleo cuando coinciden funcionarios que dependen de una administración y de otra y a veces también provocan desconcierto en el ciudadano. Sería bueno que el desempleado que se aproxima a esa oficina de empleo donde va a recibir su prestación por desempleo, definida por una regulación de ámbito estatal, tuviese como único interlocutor una administración, la administración más cercana, en nuestro caso, la Administración de la Generalitat. No cuestionamos ni el principio de caja única ni el principio de igualdad del conjunto de los trabajadores. Son las normas del Estado las que marcan el acceso al derecho y el reconocimiento del derecho, pero la gestión de la prestación, el control de la prestación y la vinculación de la prestación con la política activa con el objetivo de facilitar la reincorporación del desempleado al mercado de trabajo deberían formar parte de una misma unidad de acción y de gestión. Es más, antes de la reforma de la Ley de Empleo del año 2003, la capacidad sancionadora en materia de control de prestaciones por desempleo estaba de hecho en manos de las comunidades autónomas y funcionaba razonablemente bien. Deberíamos volver a ese escenario.
En todo caso, señor ministro, le agradezco la actitud política con nuestro grupo en relación con esta cuestión. A mi grupo le gustaría en la próxima semana poder alcanzar un acuerdo concretado en una moción que pudiese aprobar este Pleno y que acompañase, también en sede parlamentaria, el acuerdo social en materia de políticas activas de empleo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sería bueno que el Congreso de los Diputados participase de esa política.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor Campuzano, señorías, el proyecto del Gobierno o los borradores conocidos son naturalmente derivados del acuerdo social, pero son proyectos mantenidos desde la intención de respetar plenamente la distribución de competencias. La primera visión que el Ministerio de Trabajo trasladó a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial -ha habido varias conferencias sectoriales, una de ellas destinada específicamente a discutir esta nueva estrategia de política activa de empleo- fue siempre con un planteamiento de respetar plenamente sus competencias y sus capacidades. Más allá aún, fue siempre un planteamiento de tratar de impulsar una estrategia insertada plenamente en las distintas políticas activas que pueden y deben ser desarrolladas en función de la evolución de la situación del desempleo en cada territorio. Un país que tiene comunidades autónomas con prácticamente el cuádruple de tasa de desempleo en unas respecto de otras es un país que obviamente no puede aplicar la misma política de empleo en unos y otros casos.
Se ha referido usted a las bonificaciones en las cotizaciones como mecanismo de política activa, de estímulo al empleo. Por parte del Gobierno obviamente no hay ninguna dificultad, ninguna presunción incompatible con el hecho de que estas bonificaciones, esta política de bonificaciones pueda ser también ejecutada en el ámbito de las comunidades autónomas.
Me referiré asimismo en esta contestación a un asunto crucial, la vinculación de las políticas activas y pasivas. Este es un asunto importante, porque tenemos un modelo de distribución competencial en el que el Estado asume la prestación por desempleo, gestiona la prestación por desempleo, y las comunidades autónomas gestionan la política activa.
En su origen, la política activa era también naturalmente una forma de dinamizar el volumen de beneficiarios que percibían la prestación por desempleo; era y es sobre todo una política que invierte, que invierte en los desempleados, y es muy importante para un modelo como el que tenemos en nuestro país tratar de vincular mucho más la política activa y la política pasiva. Durante mucho tiempo uno ha tenido la impresión de que las comunidades autónomas pensaban en estos términos de una forma yo creo inadecuada; también el Estado, por cierto. Era que aquellos desempleados que ya tienen prestación por desempleo ya están atendidos, tienen algo; mi labor, mi tarea, es dedicarme al resto de los desempleados que no tienen prestación desempleo. Esto puede tener un sentido en términos de prestación, sí, en términos de orientación, sí, pero no tiene ningún sentido en un momento en el cual prácticamente el 80 por ciento de nuestros desempleados tiene cobertura al desempleo.
Ahora es muy importante también concentrar la atención de la política activa de empleo ejecutada en las comunidades autónomas sobre el conjunto de perceptores de prestaciones por desempleo. De ahí que este sea un tema crucial, diseñar fórmulas para que las comunidades autónomas también obtengan rendimientos en forma de nueva disponibilidad de gasto para sus propias políticas activas de empleo, tratando de que reduciendo el volumen medio, el periodo medio, de percepción de prestaciones, también ellas puedan disponer de mayores recursos en el ámbito de la política activa de empleo. Este es un tema esencial en un momento en el que efectivamente hay también una cierta distribución de fondos, de tal forma que respondamos a las necesidades presupuestarias. Tenemos en este momento destinados a política activa algo más de 7.300 millones de euros.
Es una cifra importante, pero es también una cifra que debemos tratar de aumentar reduciendo, porque el rendimiento de la política activa sea mayor, lo que ahora destinamos a prestación por desempleo. Esta es la orientación de la política activa, dinamizar más nuestro mercado de trabajo reduciendo el periodo medio de permanencia en el desempleo, adelantar decisiones de contratación para las empresas en este programa de choque. Y yo estoy seguro de que lo conseguiremos. (Aplausos.)
Eran las once y treinta minutos de la mañana.

References: artículo 156
 artículo 47
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 resolución 
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