Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
Timestamp: 2019-05-24 18:37:17+00:00

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Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE)
REGLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2006/2004
El Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) dispone normas y procedimientos armonizados para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales que son responsables de la aplicación de la legislación transfronteriza en materia de protección de los consumidores. El artículo 21 bis del Reglamento (CE) n.o 2006/2004 prevé una revisión de la eficacia de dicho Reglamento y de sus mecanismos de funcionamiento. Tras la citada revisión, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 no es suficiente para hacer frente eficazmente a los retos de aplicación que plantea el mercado único, incluidos los desafíos del mercado único digital.
La comunicación de la Comisión de 6 de mayo de 2015, «Una Estrategia para el Mercado Único Digital en Europa», identificó como una de las prioridades de dicha estrategia la necesidad de reforzar la confianza de los consumidores mediante una aplicación más rápida, ágil y coherente de las normas relativas a la protección de los consumidores. La comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2015, «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», reiteró que la aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores debe reforzarse aún más mediante la reforma del Reglamento (CE) n.o 2006/2004.
La aplicación ineficaz de la legislación en casos de infracciones transfronterizas, incluyendo las infracciones cometidas en el entorno digital, permite a los comerciantes eludir la aplicación de la legislación trasladando su actividad dentro de la Unión. Ello también da lugar a una distorsión de la competencia para los comerciantes respetuosos de la ley que operan en su propio país o a escala transfronteriza (en línea o fuera de línea) y perjudica directamente, por lo tanto, a los consumidores, mermando su confianza en las transacciones transfronterizas y el mercado interior. Un mayor nivel de armonización que incluya una cooperación efectiva y eficaz en materia de ejecución entre las autoridades públicas competentes es, por tanto, necesario para detectar, investigar y ordenar el cese o la prohibición de las infracciones reguladas por el presente Reglamento.
El Reglamento (CE) n.o 2006/2004 establece una red de autoridades públicas competentes responsables de la aplicación de la legislación en toda la Unión. Es necesaria una coordinación eficaz entre las diferentes autoridades competentes que participan en dicha red, así como una coordinación eficaz entre otras autoridades públicas a escala de los Estados miembros. La labor de coordinación de la oficina de enlace única debe confiarse a una autoridad pública en cada Estado miembro. Dicha autoridad debe tener facultades suficientes y recursos necesarios para desempeñar esa función clave. Se invita a cada uno de los Estados miembros a designar a una de las autoridades competentes como oficina de enlace única en virtud del presente Reglamento.
También debe protegerse a los consumidores de las infracciones reguladas en el presente Reglamento que ya hayan cesado pero cuyos efectos perjudiciales puedan continuar. Las autoridades competentes deben disponer de las facultades mínimas necesarias para investigar y ordenar el cese de tales infracciones o su prohibición en el futuro a fin de impedir que se repitan, y garantizar con ello un alto nivel de protección de los consumidores.
Las autoridades competentes deben disponer de un conjunto mínimo de facultades de investigación y ejecución con el fin de aplicar el presente Reglamento, cooperar entre sí de forma más rápida y eficiente y disuadir a los comerciantes de cometer infracciones reguladas en el presente Reglamento. Esas facultades deben ser suficientes para afrontar de forma eficaz los retos de aplicación de la legislación que plantean el comercio electrónico y el entorno digital e impedir que los comerciantes infractores aprovechen las lagunas del sistema de ejecución de la normativa trasladando su actividad a otros Estados miembros cuyas autoridades competentes no estén equipadas para hacer frente a prácticas ilícitas. Dichas facultades deben permitir a los Estados miembros garantizar que la información y las pruebas necesarias puedan ser válidamente intercambiadas entre las autoridades competentes para lograr un mismo nivel de aplicación efectiva de la legislación en todos los Estados miembros.
Cada Estado miembro debe garantizar que todas las autoridades competentes que se hallen dentro de su ámbito de competencia dispongan de todas las facultades mínimas que sean necesarias para garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros deben poder decidir no otorgar todas las facultades a cada autoridad competente siempre que cada una de esas facultades pueda ser ejercida de manera efectiva, según sea necesario, respecto de cualquier infracción regulada en el presente Reglamento. Los Estados miembros deben también poder decidir, conforme al presente Reglamento, conferir ciertas funciones a organismos designados, u otorgar a las autoridades competentes la facultad de consultar a organizaciones de consumidores, asociaciones de comerciantes, organismos designados u otras personas interesadas acerca de la eficacia de los compromisos propuestos por un comerciante para el cese de una infracción regulada en el presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros no deben estar sujetos a obligación alguna para hacer participar a organismos designados en la aplicación del presente Reglamento ni a disponer que se consulte a organizaciones de consumidores, asociaciones de comerciantes, organismos designados u otras personas interesadas acerca de la eficacia de los compromisos propuestos para el cese de la infracción regulada en el presente Reglamento.
Las autoridades competentes deben poder abrir investigaciones o procedimientos por iniciativa propia si tienen conocimiento de infracciones reguladas en el presente Reglamento por medios distintos de las reclamaciones de los consumidores.
Las autoridades competentes deben tener acceso a cualesquiera documento, datos e información pertinentes relacionados con el objeto de una investigación o de investigaciones concertadas de un mercado de consumo (en lo sucesivo, «barridos») con el fin de determinar si se ha cometido, o se está cometiendo una infracción de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores, y en particular para identificar al comerciante responsable, con independencia de quién esté en posesión de los documentos, datos o información y con independencia de su forma o formato, su medio de almacenamiento o el lugar donde estén almacenados. Las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar directamente que terceros que participen en la cadena de valor digital faciliten todas las pruebas, datos e información pertinentes, de conformidad con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y de conformidad con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
Las autoridades competentes deben poder solicitar cualquier información pertinente a cualquier autoridad pública, organismo o agencia de su Estado miembro o a cualquier persona física o jurídica, incluidos, por ejemplo, los proveedores de servicios de pago, los proveedores de servicios de Internet, los operadores de telecomunicaciones, los registros y registradores de dominios y los proveedores de servicios de alojamiento de datos, a los efectos de determinar si se ha cometido o se está cometiendo una infracción regulada en el presente Reglamento.
Las autoridades competentes deben poder llevar a cabo las inspecciones necesarias in situ y estar facultadas para acceder a todos los locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante afectado por la inspección utilice para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Las autoridades competentes deben poder requerir a cualquier representante o empleado del comerciante afectado por la inspección que dé explicaciones sobre hechos, información, datos o documentos relativos al objeto de la inspección, y deben poder dejar constancia de las respuestas ofrecidas por dichos representantes o empleados.
Las autoridades competentes deben estar facultadas para comprobar el cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y para obtener pruebas de las infracciones reguladas en el presente Reglamento, incluidas aquellas que tengan lugar durante o después de la compra de bienes o servicios. Por ello, las autoridades competentes deben tener la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba, cuando sea necesario bajo una identidad encubierta, para detectar infracciones reguladas en el presente Reglamento, como la denegación del derecho de desistimiento que asiste al consumidor en el caso de los contratos a distancia y para obtener pruebas. Esta facultad debe comprender también la posibilidad de inspeccionar, examinar, analizar, desmontar o ensayar un producto o servicio adquirido a tales fines por la autoridad competente. La facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba puede comprender la facultad de las autoridades competentes de garantizar la devolución de cualquier pago efectuado en caso de que dicha devolución no sea desproporcionada y sea conforme por lo demás con el Derecho de la Unión y nacional.
En el entorno digital, en particular, las autoridades competentes deben poder poner fin a las infracciones reguladas en el presente Reglamento rápidamente y de manera eficaz, en particular cuando el comerciante que vende bienes o servicios oculta su identidad o se traslada dentro de la Unión o a un tercer país para evitar las medidas de ejecución. En el caso de que exista un riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores, las autoridades competentes deben poder adoptar, de conformidad con el Derecho nacional, medidas provisionales como la supresión de contenidos de una interfaz en línea o la orden de que se muestre expresamente un aviso a los consumidores que accedan a una interfaz en línea. Las medidas provisionales no deben exceder de lo necesario para lograr el objetivo perseguido. Además, las autoridades competentes deben tener la facultad de ordenar que se muestre expresamente un aviso a los consumidores que accedan a una interfaz en línea o de ordenar la retirada o modificación de contenido digital cuando no existan otros medios eficaces de impedir una práctica ilícita. Tales medidas no deben exceder de lo necesario para lograr el objetivo de poner fin o prohibir la infracción regulada en el presente Reglamento.
Con el fin de alcanzar los objetivos del presente Reglamento, a la vez que se destaca la importancia de la disposición del comerciante a actuar conforme a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y a reparar las consecuencias de sus infracciones reguladas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deben tener la opción de llegar a acuerdos con los comerciantes sobre compromisos que contengan los pasos que han de dar y las medidas que han de tomar en relación con dichas infracciones, especialmente para que cese una infracción.
Las sanciones por infracciones del Derecho en materia de protección de los consumidores constituyen una parte importante del sistema de control para su cumplimiento, ya que tienen un impacto directo en el grado de disuasión que se logra gracias a las medidas públicas de ejecución. Habida cuenta de que los regímenes nacionales de sanciones no siempre permiten tener en cuenta la dimensión transfronteriza de una infracción, las autoridades competentes, como parte de sus competencias mínimas, deben tener la facultad de imponer sanciones por las infracciones reguladas en el presente Reglamento. No se debe exigir a los Estados miembros que establezcan un nuevo régimen de sanciones para las infracciones reguladas en el presente Reglamento, sino únicamente requerir a las autoridades competentes que apliquen el régimen vigente para la misma infracción nacional, teniendo cuenta en la medida de lo posible la amplitud y el alcance efectivos de la infracción. Podría considerarse necesario reforzar el nivel de las sanciones por incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión sobre control de la adecuación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores y comercialización.
Los consumidores deben tener derecho a ser resarcidos por los perjuicios causados por infracciones reguladas en el presente Reglamento. En función de cada caso, la facultad de las autoridades competentes de recibir del comerciante, por iniciativa de este, con carácter adicional, compromisos de medidas correctoras a favor de los consumidores afectados por la presunta infracción regulada en el presente Reglamento, o, en su caso, de intentar obtener del comerciante compromisos que ofrezcan medidas correctoras adecuadas a los consumidores afectados por dicha infracción, debe contribuir a eliminar los efectos negativos sufridos por los consumidores como consecuencia de una infracción transfronteriza. Entre esas medidas correctoras podrían incluirse, en particular, la reparación, la sustitución, la reducción del precio, la terminación del contrato o el reembolso del precio abonado por los bienes o servicios, según corresponda, para mitigar las consecuencias negativas que la infracción regulada en el presente Reglamento haya tenido para el consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Lo anterior no debe afectar al derecho del consumidor a buscar resarcimiento por los medios adecuados. Cuando proceda, las autoridades competentes, utilizando los medios adecuados, deben informar a los consumidores que aleguen haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracción regulada en el presente Reglamento, sobre cómo obtener compensación en virtud del Derecho nacional.
El desempeño y el ejercicio de las facultades en aplicación del presente Reglamento deben ejercerse de manera proporcionada y acorde con la naturaleza y el perjuicio global real o potencial que suponga la infracción de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores. Las autoridades competentes deben tomar en consideración todos los hechos y circunstancias de cada caso y elegir las medidas más apropiadas que sean esenciales para hacer frente a la infracción regulada en el presente Reglamento. Dichas medidas deben ser proporcionadas, efectivas y disuasorias.
El desempeño y el ejercicio de las facultades en la aplicación del presente Reglamento deben también cumplir con las demás disposiciones del Derecho de la Unión y nacional, en particular las garantías procedimentales aplicables y los principios de los derechos fundamentales. Los Estados miembros deben poder establecer libremente las condiciones y los límites del ejercicio de las facultades en su Derecho nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión. Cuando, por ejemplo, en virtud del Derecho nacional se exija la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate para entrar en los locales de personas físicas y jurídicas, la facultad de entrar en dichos locales solo debe ejercerse tras haberse obtenido tal autorización previa.
Los Estados miembros deben poder decidir si las autoridades competentes ejercen esas facultades directamente, en virtud de su propia autoridad, recurriendo a otras autoridades competentes u otras autoridades públicas, dando instrucciones a los organismos designados o previa solicitud a los órganos jurisdiccionales competentes. Los Estados miembros deben garantizar que dichas facultades se ejerzan de manera efectiva y en tiempo oportuno.
Al responder a las solicitudes presentadas a través del mecanismo de asistencia mutua, las autoridades competentes deben hacer uso también, cuando corresponda, de otras facultades o competencias que les hayan sido otorgadas a nivel nacional, incluida la facultad para iniciar acciones penales o remitir un asunto a la jurisdicción penal. Es de la máxima importancia que los órganos jurisdiccionales y otras autoridades, en particular aquellas que intervienen en las acciones penales, dispongan de los medios y facultades necesarios para cooperar con las autoridades competentes de manera eficaz y en tiempo oportuno.
Debe mejorarse la efectividad y la eficiencia del mecanismo de asistencia mutua. La información solicitada debe proporcionarse dentro de los plazos señalados en el presente Reglamento y las necesarias medidas de investigación y ejecución deben adoptarse a su debido tiempo. Las autoridades competentes deben responder a las solicitudes de información y ejecución dentro de plazos señalados, a menos que se acuerde de otro modo. Las obligaciones de la autoridad competente en el mecanismo de asistencia mutua deben mantenerse intactas, a menos que sea probable que las medidas de ejecución y las decisiones administrativas adoptadas a escala nacional fuera del mecanismo de asistencia mutua garanticen el cese o prohibición rápidos y efectivos de una infracción dentro de la Unión. A este respecto, por decisiones administrativas deben entenderse las decisiones que otorguen efecto a las medidas adoptadas para hacer que cese o se prohíba la infracción dentro de la Unión. En tales casos excepcionales, las autoridades competentes deben tener el derecho de negarse a atender una solicitud de medidas de ejecución presentada con arreglo al mecanismo de asistencia mutua.
La Comisión debe estar más capacitada para coordinar y hacer el seguimiento del funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua, ofrecer orientación, formular recomendaciones y emitir dictámenes para los Estados miembros cuando surjan problemas. La Comisión también debe tener mayor capacidad de prestar asistencia eficaz y rápidamente a las autoridades competentes para resolver controversias sobre la interpretación de las obligaciones derivadas del mecanismo de asistencia mutua.
El presente Reglamento debe disponer normas armonizadas que establezcan el procedimiento de coordinación de las medidas de investigación y de ejecución con respecto a las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión. Las acciones coordinadas contra las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión deben garantizar que las autoridades competentes puedan elegir los instrumentos más adecuados y eficaces para poner fin a dichas infracciones y, cuando proceda, recibir o intentar obtener por parte de los comerciantes responsables compromisos sobre medidas correctoras a favor de los consumidores.
Como parte de una acción coordinada, las autoridades competentes afectadas deben coordinar sus medidas de investigación y ejecución a fin de combatir eficazmente la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión y hacerla cesar o prohibirla. A tal fin, las autoridades competentes deben intercambiar todas las pruebas e información necesarias y debe prestarse la asistencia precisa. Las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión deben adoptar las medidas de ejecución necesarias de forma coordinada para hacer cesar o prohibir dicha infracción.
La participación de cada autoridad competente en una acción coordinada, y en particular las medidas de investigación y ejecución que deba adoptar una autoridad competente, deben ser suficientes a fin de hacer frente eficazmente a la infracción generalizada o a la infracción generalizada con dimensión en la Unión. Las autoridades competentes afectadas por dicha infracción deben estar obligadas a adoptar únicamente las medidas de investigación y ejecución que sean precisas para obtener todas las pruebas e información necesarias relativas a la infracción generalizada o a la infracción generalizada con dimensión en la Unión y para hacerla cesar o prohibirla. Sin embargo, la falta de recursos disponibles por parte de la autoridad competente afectada por dicha infracción no debe considerarse justificación para que no participe en una acción coordinada.
Las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión que participan en una acción coordinada deben poder tomar medidas de investigación y ejecución a escala nacional en relación con la misma infracción y contra el mismo comerciante. No obstante, al mismo tiempo, ello no debe afectar en modo alguno a la obligación de la autoridad competente de coordinar sus actividades de investigación y ejecución en el marco de la acción coordinada con las demás autoridades competentes afectadas por dicha infracción, a menos que sea probable que las medidas de ejecución y las decisiones administrativas adoptadas en el plano nacional, fuera del marco de la acción coordinada, garanticen que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión. A ese respecto, por decisiones administrativas deben entenderse las decisiones que otorguen efecto a las medidas adoptadas para hacer que cese o se prohíba la infracción. En tales casos excepcionales, las autoridades competentes podrán declinar su participación en la acción coordinada.
Cuando haya una sospecha razonable de una infracción generalizada, las autoridades competentes afectadas por dicha infracción deben emprender, mediante acuerdo, una acción coordinada. Para determinar qué autoridades competentes se ven afectadas por una infracción generalizada procede analizar todos los aspectos pertinentes de dicha infracción, en particular el lugar de establecimiento o residencia del comerciante, la ubicación de sus activos, el lugar en que se encuentran los consumidores perjudicados por la presunta infracción y la ubicación de los puntos de venta del comerciante, es decir, las tiendas y los sitios web.
La Comisión debe cooperar más estrechamente con los Estados miembros para evitar que se cometan infracciones a gran escala. Por ello, cuando la Comisión sospeche que se ha cometido cualquier infracción de las reguladas en el presente Reglamento debe notificarlo a las autoridades competentes. Si, por ejemplo, al realizar el seguimiento de las alertas emitidas por las autoridades competentes, la Comisión tuviese la sospecha razonable de que se ha cometido una infracción generalizada con dimensión en la Unión, debe notificárselo a los Estados miembros, a través de las autoridades competentes y de las oficinas de enlace únicas a las que afecte la presunta infracción, exponiendo en la notificación los motivos que justifican una posible acción coordinada. Las autoridades competentes afectadas deben realizar las investigaciones oportunas a partir de la información de la que dispongan o a la que puedan acceder fácilmente. Deben notificar los resultados de sus investigaciones a las demás autoridades competentes, a las oficinas de enlace únicas afectadas y a la Comisión. Si las autoridades competentes afectadas llegan a la conclusión de que tales investigaciones revelan que podría estar cometiéndose una infracción, deben poner en marcha la acción coordinada mediante la adopción de las medidas establecidas en el presente Reglamento. Toda acción coordinada para hacer frente a una infracción generalizada con dimensión en la Unión debe estar coordinada siempre por la Comisión. Si es manifiesto que esa infracción afecta a un Estado miembro, este debe participar en una acción coordinada para ayudar a recopilar todas las pruebas e información necesarias relacionadas con la infracción y para hacerla cesar o prohibirla. Por lo que respecta a las medidas de ejecución, la aplicación del presente Reglamento no debe afectar a los procesos penales y civiles de los Estados miembros. Debe respetarse el principio non bis in idem. No obstante, si el mismo comerciante reincide en actos u omisiones que constituyan una infracción regulada en el presente Reglamento que ya haya sido objeto de un procedimiento de ejecución con resultado de cese o prohibición de la infracción, debe considerarse que se trata de una nueva infracción y las autoridades competentes deben hacerle frente.
Las autoridades competentes afectadas deben tomar las medidas de investigación necesarias para determinar los pormenores de la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión, en particular la identidad del comerciante, los actos u omisiones en los que este ha incurrido y los efectos de la infracción. Las autoridades competentes deben tomar medidas de ejecución basadas en el resultado de la investigación. En su caso, el resultado de la investigación y la valoración de la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión deben reflejarse en una posición común acordada entre las autoridades competentes de los Estados miembros que participan en la acción coordinada, y deben remitirse a los comerciantes responsables de dicha infracción. La posición común no debe constituir una decisión vinculante de las autoridades competentes. No obstante, debe dar al destinatario la oportunidad de manifestarse sobre las cuestiones que se tratan en ella.
En el contexto de las infracciones generalizadas o de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, debe respetarse el derecho de defensa de los comerciantes de que se trate. Para ello es necesario, en particular, conceder al comerciante el derecho a ser oído y a utilizar, durante el procedimiento, la lengua oficial o una de las lenguas oficiales empleadas a efectos oficiales en el Estado miembro de establecimiento o residencia del comerciante. También es esencial garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión sobre protección de los conocimientos técnicos (know-how) y la información empresarial no divulgados.
Las autoridades competentes afectadas deben tomar dentro de su ámbito de competencia las medidas de investigación y de ejecución necesarias. Sin embargo, los efectos de las infracciones generalizadas o de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión no se limitan a un solo Estado miembro. Por consiguiente, se requiere la cooperación entre las autoridades competentes para hacer frente a dichas infracciones y hacerlas cesar o prohibirlas.
La detección efectiva de las infracciones reguladas en el presente Reglamento debe estar respaldada por el intercambio de información entre las autoridades competentes y la Comisión mediante la emisión de alertas en caso de que exista una sospecha razonable de que se han cometido tales infracciones. La Comisión debe coordinar el funcionamiento del intercambio de información.
Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel fundamental al informar a los consumidores sobre sus derechos, educarlos y proteger sus intereses, incluida la resolución de litigios. Debe animarse a los consumidores a cooperar con las autoridades competentes para reforzar la aplicación del presente Reglamento.
También debe permitirse que las organizaciones de consumidores y, en su caso las asociaciones de comerciantes, puedan notificar a las autoridades competentes presuntas infracciones reguladas en el presente Reglamento y compartir con ellas la información precisa para detectar, investigar y poner fin a las infracciones, dar su opinión sobre las investigaciones o las infracciones y notificar a las autoridades competentes el incumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores.
A fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben facultar a organismos designados, Centros Europeos del Consumidor, organizaciones y asociaciones de consumidores, y en su caso, asociaciones de comerciantes, que tengan la experiencia necesaria, la facultad de emitir alertas externas a las autoridades competentes de los Estados miembros pertinentes y a la Comisión de las presuntas infracciones reguladas en el presente Reglamento y para que proporcionen la información necesaria de que dispongan. Los Estados miembros pueden tener motivos legítimos para no facultar a dichas entidades para que tomen las mencionadas acciones. En este contexto, si un Estado miembro decide no permitir a una de las mencionadas entidades emitir alertas externas, debe proporcionar una explicación debidamente motivada.
Los barridos son otra forma de coordinación de la ejecución que ha demostrado ser una herramienta eficaz contra las infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y que debe mantenerse y reforzarse en el futuro, tanto para el sector en línea como para el sector fuera de línea. En particular, deben realizarse barridos allí donde las tendencias del mercado, las reclamaciones de los consumidores u otras indicaciones sugieran que pueden haberse cometido o se están cometiendo infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores.
Los datos relativos a las reclamaciones de los consumidores pueden ayudar a los responsables políticos de la Unión y nacionales a evaluar el funcionamiento de los mercados de consumo y a detectar infracciones. Debe promoverse el intercambio de esos datos a escala de la Unión.
Es esencial que, en la medida necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos del presente Reglamento, los Estados miembros se informen mutuamente e informen a la Comisión de las actividades que realicen para proteger los intereses de los consumidores, incluido el apoyo que presten a las actividades de los representantes de los consumidores, a las actividades de los organismos responsables de la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo y al acceso de los consumidores a la justicia. Los Estados miembros deben estar facultados para llevar a cabo, en cooperación con la Comisión, actividades conjuntas relacionadas con el intercambio de información sobre la política de protección del consumidor en los ámbitos antes mencionados.
Los retos que existen en materia de ejecución trascienden las fronteras de la Unión, y es necesario proteger los intereses de los consumidores de la Unión frente a los comerciantes desaprensivos establecidos en terceros países. Por lo tanto, deben negociarse acuerdos internacionales con terceros países sobre asistencia mutua para la aplicación de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores. Dichos acuerdos internacionales deben incluir las materias reguladas por el presente Reglamento y deben negociarse a nivel de la Unión para garantizar una protección óptima de los consumidores de la Unión y una cooperación fluida con terceros países.
La información intercambiada entre las autoridades competentes debe estar sujeta a garantías estrictas de confidencialidad y secreto profesional y comercial para garantizar que las investigaciones no se vean comprometidas o se perjudique injustamente la reputación de los comerciantes. Las autoridades competentes deben tomar la decisión de divulgar la información únicamente cuando sea apropiado y necesario, de conformidad con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el interés público, como la seguridad pública, la protección del consumidor, la salud pública, la protección del medio ambiente o el correcto desarrollo de las investigaciones penales, y en función del caso concreto.
Con el fin de aumentar la transparencia de la red de cooperación y concienciar a los consumidores y al público en general, la Comisión debe elaborar cada dos años una síntesis de la información, estadísticas y desarrollos registrados en relación con la aplicación del Derecho en materia de protección de los consumidores que se hayan recopilado en el contexto de la cooperación prevista en el presente Reglamento, y hacerla pública.
Las infracciones generalizadas deben resolverse con eficacia y eficiencia. Para lograr este objetivo debe ponerse en práctica un sistema bienal de intercambio de información sobre las prioridades de ejecución.
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer las disposiciones prácticas y operativas para el funcionamiento de la base de datos electrónica. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sectoriales de la Unión que rigen la cooperación entre los organismos reguladores sectoriales y las normas sectoriales aplicables de la Unión sobre la compensación a los consumidores por los perjuicios causados por las infracciones de dichas normas. El presente Reglamento se entiende también sin perjuicio de otras redes y sistemas de cooperación establecidos en la legislación sectorial de la Unión. El presente Reglamento promueve la cooperación y la coordinación entre la red de protección de los consumidores y las redes de organismos reguladores y autoridades establecidas por la legislación sectorial de la Unión. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación en los Estados miembros de las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal.
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho a reclamar una indemnización individual o colectiva, que esté sujeto al Derecho nacional, y no prevea medidas de ejecución aplicables a tales reclamaciones.
El Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) deben aplicarse en el contexto del presente Reglamento.
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas aplicables de la Unión sobre las competencias de los organismos reguladores nacionales establecidos por la legislación sectorial de la Unión. Cuando proceda y sea posible, estos organismos deben ejercer las facultades de que disponen, en virtud del Derecho de la Unión y nacional, para hacer que cesen o se prohíban las infracciones reguladas en el presente Reglamento y para asistir a las autoridades competentes para hacerlo.
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la función y las facultades de las autoridades competentes y de la Autoridad Bancaria Europea en lo que se refiere a la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores en asuntos relativos a los servicios de cuentas de pago y los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial con arreglo a la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).
Habida cuenta de los mecanismos de cooperación existentes en virtud de la Directiva 2014/17/UE y la Directiva 2014/92/UE, el mecanismo de asistencia mutua no debe aplicarse a las infracciones de dichas Directivas dentro de la Unión.
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Reglamento n.o 1 del Consejo (11).
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y presentes en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relacionados con la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En el ejercicio de las facultades mínimas establecidas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deben encontrar un equilibrio adecuado entre los intereses protegidos por los derechos fundamentales, tales como un alto nivel de protección de los consumidores, la libertad de empresa y la libertad de información.
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, ya que estos no pueden garantizar la cooperación y la coordinación actuando por sí solos, sino que, debido a su ámbito de aplicación territorial y personal, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) n.o 2006/2004.
5. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12).
se originó o tuvo lugar el acto u omisión;
en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión, o
en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante relacionados con el acto u omisión;
todo acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en al menos dos Estados miembros distintos de aquel en el que:
se originó o tuvo lugar el acto u omisión,
en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante relacionados con el acto u omisión; o
cualquier acto u omisión que sea contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores y tenga características comunes, incluyendo la misma práctica ilícita, el mismo interés vulnerado, y sea cometido simultáneamente por el mismo comerciante en al menos tres Estados miembros;
Notificación de los plazos de prescripción
Autoridades competentes y oficinas de enlace únicas
Cooperación para la aplicación del presente Reglamento en los Estados miembros
Función de los organismos designados
el organismo designado no logre obtener la información necesaria o no consiga hacer cesar o prohibir la infracción regulada en el presente Reglamento sin dilación, o
las autoridades competentes afectadas por una infracción regulada en el presente Reglamento no estén de acuerdo en que se puedan dar instrucciones al organismo designado con arreglo al apartado 1.
Información y listas
la identidad y los datos de contacto de las autoridades competentes, de la oficina de enlace única, de los organismos designados y de las entidades que emitan alertas externas con arreglo al artículo 27, apartado 1, y
la información sobre la organización, facultades y responsabilidades de las autoridades competentes.
Facultades mínimas de las autoridades competentes
la facultad de acceder a todo documento, dato o información pertinentes relacionados con una infracción regulada en el presente Reglamento, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado;
la facultad de exigir a cualquier autoridad, órgano u organismo público de su Estado miembro o a cualquier persona física o jurídica que proporcione toda información, dato o documento pertinentes, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin de determinar si una infracción regulada en el presente Reglamento se ha cometido o se está cometiendo, y de determinar los pormenores de tal infracción, incluido el rastreo de los flujos financieros y de datos, la determinación de la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, y la averiguación de información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web;
la facultad de llevar a cabo las inspecciones in situ necesarias, incluida la facultad de acceder a cualesquiera locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante afectado por la inspección utilice para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, o de requerir a otras autoridades que lo hagan, para examinar, incautar, aprehender u obtener copias de información, datos o documentos, con independencia de su soporte de almacenamiento; la facultad de incautarse de cualesquiera información, datos o documentos durante el tiempo necesario y en la medida necesaria para la inspección; la facultad de requerir a cualquier representante o empleado del comerciante afectado por la inspección que dé explicaciones sobre los hechos, información, datos o documentos relativos al objeto de la inspección, y consignar las respuestas;
la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba, cuando sea necesario, bajo una identidad encubierta, con el fin de detectar infracciones reguladas en el presente Reglamento y obtener pruebas, incluida la facultad de inspeccionarlos, examinarlos, analizarlos, desmontarlos o probarlos.
la facultad de adoptar medidas provisionales para evitar el riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores;
la facultad de intentar obtener o de aceptar los compromisos por parte del comerciante responsable de la infracción regulada en el presente Reglamento para poner fin a dicha infracción;
la facultad de obtener del comerciante, por iniciativa de este, con carácter adicional, compromisos de medidas correctoras a favor de los consumidores afectados por la presunta infracción regulada en el presente Reglamento, o, en su caso, de intentar obtener del comerciante compromisos que ofrezcan medidas correctoras adecuadas para los consumidores afectados por dicha infracción;
cuando sea de aplicación, la facultad de informar, por los medios adecuados, a los consumidores que aleguen haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracción regulada en el presente Reglamento sobre los medios de que disponen para obtener resarcimiento en virtud del Derecho nacional;
la facultad de ordenar por escrito al comerciante que ponga fin a la infracción regulada en el presente Reglamento;
la facultad para hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en el presente Reglamento;
cuando no se disponga de otro medio eficaz para hacer que cese o se prohíba la infracción regulada en el presente Reglamento y para evitar el riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores:
la facultad de suprimir contenidos de una interfaz en línea o restringir el acceso a ella u ordenar que se muestre expresamente un aviso a los consumidores al acceder a la interfaz en línea,
la facultad de ordenar a un proveedor de servicios de alojamiento de datos que suprima o desactive una interfaz en línea o que restrinja el acceso a ella, o
cuando proceda, la facultad de ordenar a registros y registradores de dominios que supriman un nombre de dominio completo y que permitan a la autoridad competente afectada registrarlo,
incluso solicitando a un tercero u otra autoridad pública que aplique dichas medidas;
la facultad de imponer sanciones, como multas o multas coercitivas, por infracciones reguladas en el presente Reglamento o por el incumplimiento de cualquier resolución, orden, medida provisional, compromiso del comerciante u otra medida adoptada en virtud del presente Reglamento.
Ejercicio de las facultades mínimas
directamente por las autoridades competentes en virtud de su propia autoridad;
en su caso, recurriendo a otras autoridades competentes u otras autoridades públicas;
dando instrucciones a organismos designados, en caso de ser de aplicación, o
mediante solicitud a los órganos jurisdiccionales competentes para que adopten la resolución necesaria, incluso, cuando corresponda, mediante un recurso en caso de que no se estimase la solicitud de que se dicte la resolución necesaria.
Solicitudes de medidas de ejecución
si se han impuesto medidas provisionales;
si ha cesado la infracción;
las medidas adoptadas y si tales medidas han sido aplicadas;
en qué medida se han propuesto a los consumidores afectados por la presunta infracción compromisos de medidas correctoras.
Procedimiento para las solicitudes de asistencia mutua
Negativa a cumplir con una solicitud de asistencia mutua
tras haber consultado con la autoridad solicitante, se ponga de manifiesto que la información solicitada no es necesaria para que la autoridad solicitante determine si se ha cometido o se está cometiendo una infracción dentro de la Unión, o si cabe presumir razonablemente que pueda cometerse;
la autoridad solicitante no esté de acuerdo en que la información esté sujeta a las normas sobre confidencialidad y secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 33;
ya se hayan iniciado investigaciones penales o procesos judiciales ante las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad solicitada o de la autoridad solicitante respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante.
se hayan ya iniciado investigaciones penales o procesos judiciales, o las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad solicitada ya hayan dictado una sentencia o una resolución judicial o aprobado una transacción judicial respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante;
en el Estado miembro de la autoridad solicitada se haya iniciado ya el ejercicio de las facultades de ejecución necesarias o se haya adoptado ya una resolución administrativa respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante para hacer que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción dentro de la Unión;
tras una investigación adecuada, la autoridad solicitada concluya que no se ha cometido una infracción dentro de la Unión;
la autoridad solicitada concluya que la autoridad solicitante no ha proporcionado la información necesaria con arreglo al artículo 13, apartado 1;
la autoridad solicitada haya aceptado el compromiso propuesto por el comerciante de hacer cesar la infracción dentro de la Unión en un plazo determinado que aún no haya expirado.
Procedimiento para las decisiones entre los Estados miembros
Puesta en marcha de una acción coordinada y designación del coordinador
Razones para no participar en la acción coordinada
que en su Estado miembro ya se haya iniciado una investigación penal o un proceso judicial, se haya dictado una sentencia o se haya alcanzado una transacción judicial respecto de la misma infracción y contra el mismo comerciante;
que en su Estado miembro ya se haya iniciado, con anterioridad a la emisión de una alerta con arreglo al artículo 17, apartado 3, el ejercicio de las facultades de ejecución necesarias o se haya adoptado ya una resolución administrativa respecto a la misma infracción y contra el mismo comerciante a fin de que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión;
que, al término de una investigación adecuada, se ponga de manifiesto que las consecuencias reales o potenciales de la presunta infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión en la Unión en su Estado miembro son insignificantes y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna;
que la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión no se haya dado en el Estado miembro de la autoridad competente y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna;
que la autoridad competente haya aceptado compromisos propuestos por el comerciante responsable de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión en la Unión para hacer cesar dicha infracción en el Estado miembro de la autoridad competente y que dichos compromisos se hayan respetado y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna.
Medidas de investigación en las acciones coordinadas
Compromisos en el marco de las acciones coordinadas
Medidas de ejecución en las acciones coordinadas
cuando sea necesaria una acción de ejecución inmediata para hacer que cese o se prohíba la infracción de manera rápida y efectiva;
cuando sea improbable que la infracción cese como consecuencia de los compromisos propuestos por el comerciante responsable de la misma;
cuando el comerciante responsable de la infracción no haya propuesto compromisos antes del vencimiento del plazo fijado por las autoridades competentes afectadas;
cuando los compromisos que haya propuesto el comerciante responsable de la infracción resulten insuficientes para garantizar el cese de la infracción o, en su caso, para resarcir a los consumidores perjudicados por ella, o
cuando el comerciante responsable de la infracción no cumpla los compromisos propuestos para hacer cesar la infracción o, en su caso, para resarcir a los consumidores perjudicados por ella, dentro del plazo a que se refiere el artículo 20, apartado 3.
Cierre de las acciones coordinadas
Función del coordinador
garantizar que todas las autoridades competentes afectadas y la Comisión estén debidamente informadas, en tiempo oportuno, de los progresos de la investigación o de las medidas de ejecución, según corresponda, y de los siguientes pasos previstos y las medidas que deban adoptarse;
coordinar y hacer el seguimiento de las medidas de investigación adoptadas por las autoridades competentes afectadas de conformidad con el presente Reglamento;
coordinar la preparación y la puesta en común de toda la documentación necesaria entre las autoridades competentes afectadas y la Comisión;
estar en contacto con el comerciante y otras partes interesadas en las medidas de investigación o de ejecución, según corresponda, salvo disposición en contrario de las autoridades competentes afectadas y del coordinador;
en su caso, coordinar la evaluación, las consultas y el seguimiento por parte de las autoridades competentes afectadas, así como otras medidas necesarias para la tramitación y r aplicación de los compromisos propuestos por los comerciantes afectados;
en su caso, coordinar las medidas de ejecución adoptadas por las autoridades competentes afectadas;
coordinar las solicitudes de asistencia mutua presentadas por las autoridades competentes afectadas de conformidad con el capítulo III.
Régimen lingüístico para la comunicación con los comerciantes
una descripción del acto u omisión constitutivo de la infracción;
las características del producto o del servicio objeto de la infracción;
los nombres de los Estados miembros afectados o que pueden verse afectados por la infracción;
la identidad del comerciante o comerciantes responsables o presuntamente responsables de la infracción;
la base jurídica de posibles acciones en virtud del Derecho nacional y las correspondientes disposiciones de los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo;
una descripción de cualesquiera proceso judicial, medidas de ejecución u otras medidas adoptadas en relación con la infracción, así como sus fechas y duración, y el estado en que se encuentran;
la identidad de las autoridades competentes que inicien un proceso judicial u adopten otras medidas.
Intercambio de otra información pertinente para la detección de las infracciones
Coordinación de otras actividades que contribuyan a la investigación y la ejecución
la formación de los funcionarios que intervengan en la aplicación del presente Reglamento;
la recogida, clasificación e intercambio de datos sobre las reclamaciones de los consumidores;
la constitución de redes específicas sectoriales de funcionarios;
la creación de herramientas de información y comunicación, y
en su caso, la elaboración de normas, metodologías y orientaciones sobre la aplicación del presente Reglamento.
Intercambio de funcionarios entre las autoridades competentes
Uso y divulgación de la información y secreto profesional y comercial
probar las infracciones reguladas en el presente Reglamento;
hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en el presente Reglamento.
Utilización de las pruebas y de los resultados de la investigación
una autoridad solicitada notifique a la Comisión, con arreglo al artículo 12, apartado 2, que una infracción dentro de la Unión ha cesado;
el coordinador notifique el cierre de la acción coordinada con arreglo al artículo 22, apartado 1;
la información se haya introducido en la base de datos, en todos los demás casos.
Renuncia al reembolso de gastos
Prioridades en materia de ejecución
información sobre las tendencias de los mercados que pudieran afectar a los intereses de los consumidores en el Estado miembro de que se trate y en otros Estados miembros;
una descripción de las acciones realizadas en el marco del presente Reglamento en los dos años anteriores y, en particular las medidas de investigación y ejecución relativas a infracciones generalizadas;
las estadísticas intercambiadas por medio de alertas a que se refiere el artículo 26;
los ámbitos prioritarios planificados con carácter provisional, para los dos años siguientes, para el control del cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores en el Estado miembro de que se trate, y
los ámbitos prioritarios propuestos, para los dos años siguientes, para el control del cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores a escala de la Unión.
Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 con efectos a partir del 17 de enero de 2020.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 2017 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 de noviembre de 2017.
(3) Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).
(5) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(8) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(9) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
(10) Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).
(11) Reglamento n.o 1 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
(12) Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67): artículos 86 a 100.
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37): artículo 13.
Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
Reglamento (CE) n.o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1).
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21): artículo 1, artículo 2, letra c), y artículos 4 a 8.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36): artículo 20.
Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).
Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3): artículos 22, 23 y 24.
Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (DO L 33 de 3.2.2009, p. 10).
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1): artículos 9, 10, 11 y 19 a 26.
Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1).
Reglamento (UE) n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 1).
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63): artículo 13.
Reglamento (UE) n.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1): artículo 14.
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34): artículos 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capítulo 10 y anexos I y II.
Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214): artículos 3 a 18 y artículo 20, apartado 2.
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (DO L 326 de 11.12.2015, p. 1).
Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (DO L 168 de 30.6.2017, p. 1).

References: artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 17
 resolución 
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 20