Source: http://ababolivia.org/historia3.asp
Timestamp: 2017-09-24 21:00:55+00:00

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La fiscalización del seguro en Bolivia arranca en 1904, con la Ley de 27 de septiembre, bajo la presidencia de Ismael Montes. Su artículo 1º. señala que ninguna compañía podrá funcionar sin estar legalmente constituida, debiendo invertir en el país el 40 % de sus primas. Su artículo 2º. señala que la inversión puede hacerse en inmuebles, títulos o acciones de crédito público o instituciones privadas, o en efectivo, en depósito bancario. Su artículo 3º. señala que "el gobierno designará el funcionario respectivo que fiscalice a las compañías de seguros, en orden a la exactitud de la inversión del cuarenta por ciento de las primas. El comprobante de esta inversión será el balance debidamente autorizado de las operaciones efectuadas en el país, en que consta la efectividad de aquellas". Su artículo 4º. somete a las compañías nacionales y sucursales extranjeras al pago de impuestos nacionales y municipales. Su artículo 5º. somete al fallo de tribunales bolivianos toda cuestión sobre los contratos de seguros efectuados en Bolivia. Su artículo 6º. Invalida los contratos de compañías extranjeras que no hayan dado cumplimiento a esta Ley.
El historiador José Roberto Arce dice: "La función de la Superintendencia de Bancos como órgano fiscalizador del seguro se consolidó en años posteriores mediante la creación, primero, de la Inspección de Compañías de Seguros y Cajas de Previsión Social (D.S. de 11 de febrero de 1941) y, luego, de la Intendencia de Sociedades Anónimas, Seguros y Cajas de Previsión Social (D.S. de 30 de junio de 1942). El decreto de creación de esta Intendencia le encomendó, además de las tácitas funciones de fiscalización técnica y económica, el control del pago de impuestos que hasta entonces se hallaban a cargo de la Comisión Fiscal Permanente. La aparición de la Intendencia de Seguros se puede considerar como uno de los hitos en la evolución jurídica del seguro en Bolivia, por haber abierto un cauce para el órgano específico de supervisión del seguro, separado de la rama bancaria".
Con la aparición de compañías de capitales nacionales en 1946, los años siguientes hasta la década de los sesentas, fueron de expansión de entidades aseguradoras que pasaron de la veintena, siempre bajo fiscalización de la Superintendencia de Bancos, y normativa diversa por decretos supremos. En 1970 el gobierno determinó incorporar a la Superintendencia de Bancos a la estructura orgánica del Banco Central de Bolivia, a través del D.L. 09428 de 28 de octubre, conocido también como "Ley del Sistema Financiero Nacional", convirtiéndose en la División de Fiscalización dependiente del Banco Central.
El desarrollo de la actividad aseguradora y la adecuación del funcionamiento del órgano fiscalizador a las exigencias del momento, llevaron a desprender la rama de seguros de la División de Fiscalización del BCB, creándose la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros - SNSR -, mediante Decreto Ley No. 12926 de 13 de octubre de 1975. Posteriormente la Ley de Entidades Aseguradoras, D.L. 15516 de 2 de junio de 1978, la define como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, encargada de ejercer el control, la regulación y la fiscalización de las entidades de seguros y reaseguros, de sus intermediarios y auxiliares, así como de las operaciones del ramo que se efectúen en territorio nacional, funcionando bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas. El Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros era nombrado por el Presidente de la República de la terna elevada por el Ministro de Finanzas, no pudiendo ser destituído sin previo proceso y sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia. El Intendente era designado por el Ministro de Finanzas, de la terna elevada por el Superintendente.
Veinte años después, habiéndose producido cambios sustanciales en el espectro económico del país, se crea, por la Ley No. 1864 de Propiedad y Crédito Popular de 15 de junio de 1998, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros - SPVS -, fusionando la Superintendencia de Pensiones creada mediante la Ley de Pensiones, la Superintendencia de Valores creada mediante la Ley de Valores, y la Superintendencia de Seguros creada por Decreto Ley No. 15516 de 2 de junio de 1978, como órgano autárquico y persona jurídica de derecho público, con autonomía de gestión técnica y administrativa y jurisdicción nacional, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda. El Superintendente de Pensiones Valores y Seguros debe ser designado por el Presidente de la República de la terna propuesta por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores (Ley No. 1600 del Sistema de Regulación Sectorial) y, según la Ley de Propiedad y Crédito Popular, lo será por un período de seis años y gozará de caso de corte.
También en junio de 1998, el 25, se promulga la Ley No. 1883 de Seguros, que reemplaza a la Ley de Entidades Aseguradoras de 1978. En ella se indica que La Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros es una institución autárquica de derecho público, de duración indefinida, con jurisdicción nacional y competencia privativa e indelegable, que forma parte del Sistema de Regulación Financiera - SIREFI -, sujetando a su jurisdicción a las personas y entidades que realicen actividades normadas en dicha Ley. Se dispone, además, que el Intendente de Seguros deberá tener nacionalidad boliviana, poseer título universitario en provisión nacional, y tener por lo menos diez años de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar al menos cinco años de experiencia en el ámbito asegurador.
En nuestro continente la entidad correspondiente a la IAIS es la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina - ASSAL -, cuya XVI Asamblea Anual y VI Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina tuvo lugar en Cochabamba, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2005, detentando Bolivia la Presidencia del organismo.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6