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Timestamp: 2020-08-04 10:20:40+00:00

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Propuestas e iniciativas | Francesc Ràfols
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La información en los programas electorales del 21-D
Catalunya, Legislación, Propuestas e iniciativas 18 diciembre 2017 1 comentario
Los programas electorales de las diferentes candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre incluyen varios aspectos relacionados con la información y la comunicación. En general, como podréis ver, al margen de unas pocas excepciones, hay muy pocos compromisos concretos. En este artículo no pretendo incluirlos a todos, ya que me centraré en los que están más directamente vinculados al periodismo y al derecho a la información. Hay otros aspectos igualmente importantes –los medios públicos como vehículo de difusión lingüístico, la CCMA como dinamizador industrial, la industria audiovisual, los diferentes planteamientos sobre el espacio de comunicación catalán…– pero quedan fuera del objeto de este blog, centrado esencialmente en el derecho a la información. Pero lo podéis encontrar todo en este documento que recoge el conjunto de los programas electorales en información y comunicación, elaborado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).
Así, me dedicaré a repasar, pues, que propone cada candidatura sobre las cuestiones para mí más importantes:
1.– Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)
• Promoveremos unos medios de comunicación y de información públicos y de gestión pública como herramienta necesaria para garantizar el derecho a la información y el pluralismo político y social. Para asegurar su independencia y calidad, hay que alejarlos del control de los partidos políticos y de los intereses de los lobbies empresariales capitalistas. Por eso los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos tienen que ser elegidos por amplias mayorías parlamentarias que eviten su gubernamentalización. Así mismo, para consolidar la profesionalidad e independencia hay que promover la participación de los trabajadores en los órganos de dirección a través de la cogestión.
• Defendemos la independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes políticos y económicos y por eso apostamos por la desgubernamentalización de los medios públicos.
• Reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para blindar la independencia, neutralidad e imparcialidad de la televisión de las emisoras de radio y de todas las plataformas de comunicación de la Generalitat.
• Asegurar el respeto a la independencia de los medios, tanto de los públicos como de los privados, ante los poderes políticos y económicos, y, en este sentido desgubernamentalizar TV3 y los otros medios de la CCMA, como también la ACN, como condición imprescindible para garantizar la independencia, la profesionalidad, la pluralidad, el rigor y la imparcialidad.
• Establecer mecanismos de cogestión para incorporar las personas trabajadoras en los espacios de decisión y gestión.
• La elección del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno con mayoría cualificada y a través de un procedimiento de hearing o examen público.
• La garantía que la CCMA recibirá los recursos necesarios para hacer una programación de calidad, competir con los grandes medios privados y afrontar las transformaciones tecnológicas. El sistema de financiación tiene que ser transparente y fijado por contrato programa y una evaluación de rendimientos que no se base sólo en las audiencias y los costes, sino también en indicadores de rentabilidad social.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la participación de la audiencia con fórmulas como el registro de usuarios únicos y, sobre todo, el ejercicio efectivo del derecho de acceso, cosa que exige la reforma de la Ley 11/2007.
• Garantizaremos la pluralidad e independencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Llevaremos a cabo una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística. Modificaremos el sistema de elección del Presidente y el Consejo de Gobierno de la CCMA para tener una televisión y una radio públicas de todos los catalanes y no de un Gobierno, tal y como Cs ha defendido también en la reforma de la Corporación de RTVE en el Congreso de los Diputados.
• Aseguraremos unos medios basados en la neutralidad, la pluralidad y lo respeto. TV3 y Catalunya Ràdio son la televisión y la radio de todos los catalanes y eso debe reflejarse en su programación y en su gestión. Todas las opiniones deben tener cabida, pero también debe quedar claro qué es opinión y qué es información para garantizar un servicio público neutral y libre de sesgo político.
• Garantizaremos la despolitización de la programación dirigida a los menores de edad. Se inadmisible que se uso la programación infantil de los medios de comunicación públicos cono el objetivo de manipular a los menores de edad cono propaganda independentista explícita o encubierta en supuestos contenidos educativos. Garantizaremos que la programación infantil esté libre de ideologías partidistas.
• Dotaremos a la Corporación catalana de medianos públicos audiovisuales (CCMA) con los recursos suficientes para un proceso de actualización necesario. La aportación pública se tenderá a equiparar a la media europea que se destina a las corporaciones audiovisuales nacionales, tomando como referencia los indicadores que periódicamente publica el observatorio Europeo del Audiovisual. Esta aportación tendría que garantizar, a través de la mejora de la eficiencia organizativa, el equilibrio financiero de la CCMA y su sostenibilidad preservando siempre las misiones de servicio público encargadas.
• Continuar dando preferencia a unos de los compromisos de servicio público de la CCMA: unos servicios informativos de calidad y equilibrada desde un punto de vista territorial todo incluyente indicadores de seguimiento específicos a través del contrato-programa.
• Fijar como prioridad estratégica el área de contenidos infantiles como uno de los grandes valores añadidos de la CCMA.
• Dar un salto cuantitativo en la difusión específica de contenidos culturales y musicales de nuestro territorio y a los más alternativos o minoritarios.
• Profundizar en los criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de gobierno de la Corporación.
• Un contrato-programa tendría que recoger el compromiso explícito de elaborar un nuevo plan estratégico de la CCMA que establezca las prioridades para los próximos años.
• Los medios públicos de comunicación deben cumplir siempre con su vocación de servicio público planteando una oferta plural, de calidad y en catalán que tenga como ejes principales la información, la cultura, el entretenimiento y la educación.
• Potenciar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que continúe siendo referente y líder en la sociedad catalana y siga siendo gestionada con criterios de independencia, profesionalidad y viabilidad económica.
• Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto en los medios de comunicación públicos y las retribuciones de sus altos directivos; limitaremos también la producción externa de su presupuesto.
• Elaboraremos un plan estratégico de la CCMA que responda a los objetivos iniciales de la Corporación.
• Trabajaremos para garantizar el rigor informativo y el pluralismo especialmente de los medios de comunicación de titularidad pública, dando valor a la autoridad profesional como elemento básico de la profundización democrática. Trabajaremos para que los recursos humanos y técnicos propios de los medios públicos estén en condiciones de ofrecer una programación y una información de calidad y plural.
2.– Regulación de la comunicación. Artículo 52 del Estatuto
• Garantizar los derechos a la información y la comunicación. Respetar y aplicar el principio consagrado al artículo 52 del Estatuto que establece que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni trabas, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respecto a la libertad y los derechos humanos.
• Los medios de comunicación producen información de interés general que tiene que ser considerada un bien público y, por lo tanto, sometida a algún tipo de protección para garantizar su profesionalidad, pluralidad y diversidad.
3.– Política Audiovisual. Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)
• Reformar la Ley 22/2005 de medios audiovisuales de Cataluña y aprobar el decreto que la desarrolle, para garantizar de manera efectiva el principio que “todas las personas tienen el derecho que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos y comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
• Blindar la plena independencia del CAC y, a la vez, impulsar un acuerdo parlamentario para poner en marcha un órgano que garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, siguiendo modelos como los de Alemania, Reino Unido y Noruega. El nuevo órgano, que podría sustituir el CAC y asumir las competencias, determinaría la composición y funciones de los consejos de administración de los medios públicos, fijaría los criterios de concesión de ayudas de la Administración al conjunto de los medios y formularía propuestas de promoción del tercer sector de la comunicación, entre otras funciones.
B) Ciudadanos
• Cerraremos el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Hasta hoy el CAC se ha comportado como un órgano político en el espacio de comunicación catalán frente a los medios que no comulgan cono el nacionalismo y lo independentismo y no ha estado a la altura en las numerosas ocasionas en las que se han producido situaciones de falta de neutralidad y de pluralidad en los medios de comunicación públicos de Cataluña.
• Un Pacto Nacional del Audiovisual que propicie la Ley del Instituto Catalán del Audiovisual (…) y la creación de un Instituto Catalán del Audiovisual para apoyar a la industria audiovisual.
• Reforzaremos las instituciones de garantía del pluralismo y la diversidad en el ámbito de los medios públicos.
• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña por, entre otros cuestiones incorporar los adelantos de la Ley estatal 7/2010 y de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual en su última formulación.
4.– Medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro y Tercer Sector
• Otra herramienta comunicativa para garantizar el derecho a la información y promover el pluralismo son los medios de comunicación comunitarios. (…) Tenemos que alentar y potenciar la creación de estos espacios cooperativos, defender su independencia y facilitar su acceso a la información interna y externa.
• Defenderemos que el espacio radioeléctrico sea ocupado por los tres tipos de medios (públicos, comunitarios y privados) a partes iguales, un tercio para cada uno.
• Apostamos para promover y proteger los medios sin ánimo de lucro y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y a constituir y gestionar medios de comunicación propios por cualquier de las plataformas existentes.
• Apoyar el emprendimiento en el sector de la comunicación para contribuir a aumentar la diversidad de la oferta y apostar por nuevas fórmulas empresariales y de gestión, como las cooperativas de periodistas y usuarios, los medios con vocación de servicio público y los sistemas de financiación mixta vía micromecenazgo.
• Fomentar y proteger los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, que tienen una función insustituible en el amparo de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, en el fomento de la alfabetización mediática y en la reflexión crítica.
• Hay que intentar reflejar las nuevas realidades empresariales aparecidas en el ámbito del medios de comunicación como por ejemplo el asociacionismo y cooperativismo.
• Habrá que reflejar las medidas de fomento previstas en el proyecto de Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro impulsado en la última legislatura desde la Secretaría de Comunicación y su Dirección general de medios de Comunicación para la plena incorporación de estos medios del Tercer Sector a la realidad comunicativa del país.
• Terminar definitivamente el Decreto de los Medios de comunicación Comunitarios de Iniciativa Social una vez superados los últimos trámites interrumpidos por el final de la legislatura.
• Promoveremos una nueva Ley de Comunicación de mediados de Comunicación Audiovisual de Cataluña para velar para que los procesos de otorgamiento y renovación de licencias sean efectivamente abiertos, transparentes y competitivos, y garanticen la igualdad de condiciones para las diferentes voces, así como la reserva de un espacio para el Tercer Sector.
5.– Transparencia
• Reformar el sistema de publicidad institucional, para poner fin al reparto basado con el amiguismo y el modelo de clickbaits, para garantizar criterios objetivos de transparencia y equidad y para hacer que las subvenciones estructurales para el uso del catalán incluyan todos los medios.
• Hace falta, al mismo tiempo, que el colectivo de los y las periodistas tengan garantizados sus derechos laborales, puesto que sólo así podrán ejercer plenamente su función social con independencia y espíritu crítico.
Europa, Propuestas e iniciativas 1 marzo 2017 Deja un comentario
«Hay que repensar la información como bien público y lo tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de los medios por parte de quienes hacen la información y de los que la consumen. Que los medios sean más participativos es indispensable para la democracia». Esto lo dijo el pasado lunes la economista francesa Julia Cagé en la conferencia que pronunció en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) con el título Democratizar los medios, salvar Europa del Populismo. Cagé es profesora del Instituto de Estudios Políticos de París. Es autora de un libro que en su traducción al castellano se llama Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 2016) pero que en su original francés se titulaba Sauver les médias. Capitalisme, financement participative et démocratie. No deja de ser significativo como se ha encogido en España. Supe de este libro por el comentario que Joan Vila hizo ena Media.cat. y entre la conferencia y la lectura del libro se desprenden unos planteamientos bastante innovadores por parte de Cagé.
La economista francesa aboga por «unos medios de comunicación gestionados por entidades sin ánimo de lucro», preferentemente bajo la fórmula de fundaciones. En su intervención afirmó que en materia informativa «estamos volviendo atrás, hacia el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX en que no sabíamos como defender la independencia de los periodistas». También aludió a la situación que se da actualmente y que se refleja perfectamente a las encuestas de opinión sobre la enorme desconfianza ciudadana hacia los medios de comunicación y que esto «pone en peligro la democracia». Entre otras cosas les acusó de tener una gran responsabilidad en el auge de los populismos en varios países, entre los que citó a Estados Unidos.
En una conferencia de poco más de una hora, el discurso es irremediablemente más esquemático, sin tiempo para muchos matices. Por eso, cuando se refiere a que la información es un bien público que lo tiene que financiar el Estado, esto no quiere decir que también lo tenga que producir. En su libro apunta que «a pesar de que la información es un bien público, es un bien público que no puede ser producido directamente por el Estado, como pasa con otros muchos bienes culturales. Por ello, hay que repensar el modelo económico de los medios de comunicación en la encrucijada del mercado y del Estado, del sector público y del sector privado. Las soluciones al igual que los problemas son los de la economía del conocimiento en el siglo XXI. Varios sectores productores de conocimientos y de cultura han desarrollado desde hace tiempo modelos que permiten superar la ley del mercado y del beneficio y a la vez escapar del control del Estado. Los medios de comunicación pueden inspirarse en ellos para ampliar el campo de posibilidades y salir de la crisis».
En definitiva, los planteamientos de Julia Cagé insisten en la cuestión que la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía. Y cómo que es un bien público, hay que gestionarlo de acuerdo con el interés público al que se tienen que supeditar medios y periodistas. Ya nos hemos referido en este blog en alguna ocasión a la sandez que soltó Juan Luis Cebrián en los inicios de la transición cuando dijo que «la mejor ley de prensa es la que no existe». De este modo, sin ningún tipo de regulación, gana, como en la selva, el más fuerte, que son los medios, que, mayoritariamente, han supeditado la información a sus intereses empresariales, económicos y políticos. El periodista *Dardo Gómez, ex presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), rebatía este viejo axioma que de manera cíclica reproducen periodistas afines a las estructuras de poder de los medios de comunicación españoles en un artículo publicado en la web CTXT Contexto y acción, en el que afirma que «la mejor ley de prensa es la que protege a la ciudadanía». En este escrito aporta todo tipo de doctrina jurídica emitida por varios tribunales internacionales, como esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en relación a una demanda contra Italia, en la cual señalaba que «además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad».
Dardo Gómez también recuerda lo que establece el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Europa en 1993, que en su artículo 11 establece que «las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.» Si se repasa con atención este texto del Consejo de Europa se verá que con los tiempos que corren puede considerarse casi como revolucionario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 dice que «los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos». Una afirmación que se enmarca en la línia de pensamiento de lo afirmó Cagé en su conferencia y que escribió en su libro.
América Latina, Catalunya, España, Europa, Propuestas e iniciativas 16 abril 2015 Deja un comentario
Entre los años 1990 y 2013 son más de 80 los países que, por varias razones, han impulsado regulaciones del derecho a la información. En 1989 sólo ocho de los 47 miembros del Consejo de Europa disponían de normativas sobre esta materia. El 2011 eran 40 y el Estado español y sus comunidades autónomas no formaban parte de esta lista. España, lo único que ha hecho, ha sido regular, en 1997, la cláusula de conciencia. Estos son algunos de los datos de salida del informe que he elaborado para el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) para contribuir en la tarea de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
El pasado mes de junio, el Parlamento catalán aprobó una moción de ICV-EUiA que instaba al Gobierno a desarrollar este artículo. El SPC se interesó para saber como el Gobierno pensba hacerlo. Como miembro de la dirección del sindicato participé en el encuentro que mantuvimos con miembros del Gobierno catalán en la cual acordamos que pondríamos a disposición del Ejecutivo la información que teníamos sobre experiencias en otros países para tenerlas como referente para impulsar una nueva normativa en Catalunya. A partir de poner en evidencia que Catalunya y el Estado español son casi la excepción en el entorno europeo a la hora de disponer de regulaciones sobre la información y la actividad de los medios y de los profesionales, se nos pidió si podíamos aportar ejemplos de lo que había en otros países, a lo que obviamente respondimos que sí. El sindicato decidimos entonces aprovechar la ocasión para actualizar y mejorar nuestros datos por lo que se me encargó hacer un informe sobre la cuestión. Con más tiempo del que habría sido deseable y gracias a aportaciones de mucha gente de quienes dejo constancia en el documento, esta tarea se ha terminado. Ya se ha hecho llegar al Gobierno catalán y ahora toca difundirlo.
En este trabajo se destacan las experiencias en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia porque ofrecen un abanico bastante amplio de regulaciones para tenerlas en conjunto como referencia. También se menciona los casos de Dinamarca y Noruega por su papel líder en la regulación de los medios comunitarios o del Tercer Sector. Igualmente se repasan las experiencias en América Latina donde en algunos países se han vivido procesos muy interesantes, como a veces ya me he referido en este blog. Finalmente hay un par de apuntes sobre Estados Unidos y la India para acabar de dibujar la soledad con la que cada vez más se encuentran Catalunya y España en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía.
Nueva lección del Consejo de Europa
España, Europa, Legislación, Propuestas e iniciativas 20 febrero 2015 Deja un comentario
La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (PACE, en sus siglas en inglés) aprobó el pasado 12 de enero un informe sobre la situación de la libertad de información en el continente en el que advierte de las serias amenazas que esta padece. Este documento –que había sido aprobado inicialmente por la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de la Asamblea el 4 de diciembre de 2104– fue redactado por el diputado socialista croata Gvozden Srećko Flego. El dictamen destaca especialmente la grave situación en países como Azerbaiyán, Hungría, Rusia, Turquía o Ucrania. Pero detalla vulneraciones en casi todos los estados europeos. En el caso español, por ejemplo, se refiere a la «violencia e intimidación por parte de la policía contra los periodistas que cubrían las manifestaciones en Madrid del 29 de marzo [de 2014] y que fue denunciada por la representante de la OSCE y las organizaciones de periodistas españolas». Este apunte del informe se refiere a la declaración hecha por la representante sobre Libertad de medios de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatović, a raíz de las protestas por la actuación policial durante una manifestación contra la monarquía donde pusieron graves trabas a la tarea de los profesionales de la información. Esta actitud fue también denunciada por varias organizaciones profesionales y sindicales, entre las cuales está la FeSP, que hizo público un comunicado criticado la actitud de los agentes.
En este informe se afirma que «la libertad de prensa constituye un índice importante para la democracia, las libertades políticas y el estado de derecho en un país o región. En vista del deterioro de la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en Europa, el Consejo de Europa insta a los Estados a intensificar sus esfuerzos nacionales y multilaterales para el respeto de los derechos humanos a la libertad de expresión y de información, así como a la protección de la vida, la libertad y la seguridad de los que trabajan por y con los medios de comunicación.» Entre otros aspectos, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros «prestar especial atención a la total implementación por parte de los Estados miembros de las resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ocupan de las graves violaciones de la libertad de prensa, e incrementar la cooperación y el apoyo a las actividades en este campo».
En las conclusiones, el Consejo de Europa afirma que «son pocos los estados miembros que muestran un número importante de posibles violaciones de la libertad de prensa, pero todos ellos deben reforzar la protección de la libertad de prensa a nivel nacional a través de legislación y la práctica, así como a nivel internacional a través del Consejo de Europa.» El organismo anuncia que para hacerlo posible, impulsará una plataforma en internet «para registrar y dar a conocer las posibles infracciones de los derechos garantizados en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.» El Consejo, ya hace algunos años, lanzó esta idea para convertirla «en un importante interfaz estructural para mejorar la cooperación con las principales organizaciones no gubernamentales de la libertad de información.»
No es esta la primera vez que el Consejo de Europa muestra su preocupación por la situación del periodismo y el derecho a la información. Ha sido una constante, apelando siempre a las disposiciones en esta materia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una de las iniciativas más importantes sucedió hace ahora ya 22 años, el 1 de julio de 1993, cuando aprobó por unanimidad el Código Europeo de la Deontología del Periodismo, a partir del informe presentado por el diputado español y catedrático de Filosofía del Derecho Enrique Núñez Encabo.
El informe Protección de la libertad de prensa en Europa ha sido muy recibido por las organizaciones del sector que no han omitido las advertencias que incluye. La Federación Europea de Periodistas (FEP), constata como «se cuestiona la concentración de medios» y pide medidas «para regular los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad». Así recoge con satisfacción la propuesta planteada por el diputadp Gvozden Srećko Flego de creación de una «Tarjeta de Identidad de Medios» que obligaría a las empresas de comunicación a proporcionar información sobre los propietarios, «incluyendo los llamados dueños sombra que contribuyen sustancialmente a sus ingresos, como los grandes anunciantes o los donantes.»
Un mes de noviembre para denunciar la impunidad de los ataques contra periodistas
Ataques al derecho a la información, Europa, Global, Propuestas e iniciativas 8 noviembre 2014 Deja un comentario
Varias organizaciones internacionales impulsan este mes de noviembre distintas iniciativas para reclamar que los gobiernos pongan fin a la impunidad en los ataques contra los periodistas, vengan de donde vengan, sean desde los cuerpos de seguridad de los estados, en conflictos bélicos o como resultado de acciones instigadas desde diferentes estructuras de poder político, económico o criminal. Asociaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la asociación Abogados Europeos Demócratas (AED) o la Red IFEX de defensa de la libertad de expresión son las que convocan las principales iniciativas. Tanto la FIP como RSF forman parte de la Red IFEX que es quien coordina la mayoría de las convocatorias.
A pesar de que la campaña se desarrolla durante todo el mes, el 23 de noviembre está fijado como el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra periodistas. En esta fecha se recuerda la masacre más grande producida nunca en un solo ataque contra profesionales de la información que sucedió en 2011 en las Filipinas y dejó el trágico balance de 32 muertos. La ONU fijó este día en una resolución aprobada el 18 de diciembre del año pasado. El 18 de diciembre de pasado año, la ONU designó para idéntica causa el 2 de noviembre, con motivo del asesinato de dos periodistas de RFI, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, sucedidos en Kidal (Mali) en 2013.
Con la referencia de estas dos fechas, la FIP ha pedido a sus sindicatos asociados que desde el pasado día 2 y hasta el 23 vayan difundiendo a través de las redes sociales la necesidad que se implementen las normativas internacionales que protegen la tarea de los periodistas y, por lo tanto, el derecho a la información de la ciudadanía. El citado día 23 se haría especial hincapié en los países que hoy en día son los más peligrosos para los profesionales de la información –obviando, lógicamente, aquellos donde hay conflictos bélicos abiertos– y que son Filipinas, México y Somalia. RSF ha diseñado una página web en la quel detalla diez casos de crímenes contra periodistas que todavía permanecen en la impunidad. Según esta organización, puede tratarse «de desapariciones, como la de la periodista de investigación mexicana María Esther Aguilar Cansimbe, el periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, el iraní Pirouz Davani y el analista político y caricaturista de Sri Lanka Prageeth Eknaligoda. La lista incluye casos de periodistas asesinados, como el del pakistaní Syed Saleem Shahzad, la joven periodista serbia Dada Vujasinovic, el columnista franco-libanés Samir Kassir y el periodista de Daguestán Akhmednabi Akhmednabiev, que perdió la vida enl 2013. También se muestran otro tipo de crímenes, como el encarcelamiento del periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, que se encuentra encerrado en un lugar secreto de las infernales prisiones de Eritrea del régimen de Isaías Afewerki desde hace 13 años, o como los actos de tortura que sufrió la reportera bahreiní Nazeeha Saeed a manos de la policía por haber cubierto las manifestaciones a favor de la democracia.
Desde el año 1992 casi 800 periodistas han perdido la vida en todo el mundo en el ejercicio de su tarea profesional. En este 2014 ya se ha alcanzado la cifra de 100 informadores y asistentes asesinados. La Red IFEX –de la que forman parte 17 organizaciones internacionales y un gran número más a nivel local– basa su iniciativa en este dato. Así, la entidad explica que «no todos los secuestros o asesinatos de periodistas se encuentran en los titulares internacionales, tampoco la mayoría de las muertes se producen en zonas de guerra. En la mayoría de los casos, las víctimas son periodistas locales, reportando en sus propios países. Cada vez más, aquellos dispuestos a traernos la verdad, cubrir el crimen, el conflicto o la corrupción, son atacados y silenciados. Pero aunque se trate de un grupo yihadista ultra violento como ISIS, un sindicato del crimen, o figuras en la sombra haciendo el trabajo sucio de las corporaciones o los gobiernos, los motivos detrás de los intentos de silenciar a los medios de comunicación son claros, y es igualmente claro por qué no podemos permitir que eso suceda.» La Red denuncia que los asesinos «se están saliendo con la suya. La realidad de la impunidad sistémica por los delitos cometidos contra los periodistas no está en cuestión. De acuerdo con las últimas cifras de la UNESCO, desde el 2006 se han aplicado condenas en menos del 10% de los casos de periodistas asesinados».
La iniciativa de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) tiene un perfil diferente puesto que su objetivo es conseguir que los agentes policiales lleven placa identificativa en todos los países del continente para poder depurar responsabilidades en caso de abusos que puedan cometer los agentes. La campaña consiste en una recogida de firmas para pedir al Comisario Europeo, a la Comisión Europea y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que adopten una directiva europea sobre la identificación de los agentes de policía a partir de la resolución que la Eurocámara adoptó en enero del año pasado en la que expresaba su preocupación por la ausencia de esta placa. La entidad ha iniciado la captación de firmas este mes de noviembre con la voluntad de obtenerlas en todos los países de la UE y entregarlas a las autoridades comunitarias el mes de febrero del 2015. AED pide que se inicien «los procedimientos y los debates necesarios para adoptar una directiva o una decisión marco en esta materia y dar una respuesta al problema de la identificación visible de los agentes de policía para evitar la infracción de derechos fundamentales, salvaguardar los derechos de la defensa, la independencia del poder judicial y su rol de control, con el objetivo de desterrar del día a día la impunidad de las acciones delictivas de las fuerzas policiales y de sus responsables administrativos y políticos».
La Red Ciudadana por el Derecho a la Información se presenta en público, 17 años después del primer intento
Catalunya, Propuestas e iniciativas, Red ciudadana por el derecho a la información 8 octubre 2014 Deja un comentario
El próximo 22 de octubre se presenta en público, en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación (XCDIC en sus siglas en catalán). Es una iniciativa impulsada por casi una docena de entidades catalanas y a la que hay otras más que ya han sido invitadas a añadirse. Es una propuesta que viene de lejos. El primer intento data de 1997, cuando se aprobó la Declaración de Barcelona Compromiso con el Derecho a la Información de la Ciudadanía y se constituía lo que entonces se bautizó como Plataforma por la Democracia Informativa (PDI). La declaración había sido redactada por el periodista Manuel Vázquez Montalbán y firmada por una veintena de organizaciones que querían expresar su preocupación ante una serie de síntomas inquietantes que afectaban a los derechos de la ciudadanía a la información. Entre las que entonces lo firmaron estaba el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), CCOO, UGT, CGT, USOC, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, la Associació de Dones Periodistes, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya /(FAPAC) o la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD). Esta iniciativa finalmente no tuvo exito, entre otras razones y sin rehuir las causas organizativas propias, porque el derecho a la información ha costado que sea percibido socialmente como una cuestión de primer orden para disponer de un buen nivel de calidad democrática. Soy testigo directo, pero, de como el SPC lo ha intentado en varias ocasiones.
Ahora, todo apunta que es la definitiva. También por varias razones. La primera, porque el amigo y compañero Vicent Canet ha dedicado esfuerzo, tiempo y acierto a construir los apoyos necesarios para hacerlo. Lo ha tenido más fácil porque el proceso de deterioro democrático generalizado empieza a ser tan evidente que ha hecho más fácil asumir la necesidad de recuperación que hay en este ámbito. Y también porque, en Catalunya, el Estatuto ofrece una herramienta que antes no estaba: el artículo 52, que determina las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Todo ello ha servido para construir las complicidades precisas para que la XCDIC, ahora sí, vea finalmente la luz. Sus objetivos son, por un lado, generar conciencia social alrededor del derecho a la información y la comunicación «que deben tener la misma consideración social que los derechos a la salud o a la educación.» Por otro lado se pretende generar una red de colaboración entre entidades y abierta a la ciudadanía que articule esta reivindicación de cara a los poderes públicos para «poder plantear propuestas concretas de legislación y políticas públicas al respeto».
Catalunya siempre ha presumido de ir por delante el resto de España en una serie de cuestiones. En esta no podrá ser porque en Andalucía ya hace unos meses impulsaron una iniciativa similar, el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Es una plataforma para articular «a los agentes sociales andaluces de educación para el desarrollo y comunicación encontrados y enlazados en un mismo desafío: posicionar la comunicación como elemento central en la construcción de una ciudadanía informada, activa, crítica, participativa y transformadora de su entorno, desde la defensa del ejercicio del derecho a la comunicación». En algunos países de América Latina iniciaron hace años procesos similares que han derivado al cabo del tiempo en leyes de comunicación, algunas de ellas muy envidiables, especialmente, dicen los expertos, en Uruguay.
Así, la XCDIC dará sus primeros pasps el 22 de octubre. De su éxito –es decir, que la ciudadanía catalana y el mundo asociativo a través del cual se organiza la haga suya y le de vida– dependerá que en el ámbito comunicativo Catalunya se acerque a los referentes europeos y latinoamericanos que –unos con más años que otros– hace tiempo que ensenñan el camino. En este acto se presentará el manifiesto de la plataforma dode, entre otros cosas, se afirma que «la información no es una mercancía sino un derecho ciudadano». También se reclama que «es necesario un organismo independiente de los intereses políticos y económicos que vele por el derecho a la información y la comunicación».
Un 1 de Mayo que, en el periodismo, muestra todas las miserias laborales
Demasiadas asignaturas pendientes

References: Artículo 52
 artículo 52
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 52
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 artículo 52