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Timestamp: 2020-04-06 09:43:08+00:00

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Derecho colectivo de los consumidores y usuarios servicios públicos / accion popular derechos de los consumidores y usuarios
título Derecho colectivo de los consumidores y usuarios servicios públicos / accion popular derechos de los consumidores y usuarios
MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Principio constitucional / DERECHO COLECTIVO DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Norma en blanco
La Sala ha reconocido que la moralidad administrativa es un principio constitucional cuya aplicación supone un especial método de interpretación que permita garantizar, de una manera eficaz, la vinculación directa de la función administrativa al valor de los principios generales proclamados por la Constitución. Se trata de una tarea compleja y difícil, en tanto que requiere de la aplicación directa de dichos principios, “cuyo contenido, por esencia, es imposible de definir a priori, es imposible de concretar de manera genérica, pues de hacerlo se correrá el riesgo de quedarse en un nivel tan general que cada persona hubiera podido entender algo distinto y dar soluciones diversas”. La moralidad administrativa, como todos los principios constitucionales, informa una determinada institución jurídica; por esta razón, para definir su contenido en un caso concreto es necesario remitirse a la regulación de esta última. De lo dicho se infiere que los principios constitucionales y las instituciones jurídicas se sirven los unos a los otros, dado que aquéllos constituyen la fuente de regulación de éstas y la definición del contenido de estas últimas implica regresar a dicha regulación. Esta Sala, teniendo en cuenta la textura abierta del principio de moralidad administrativa y con la finalidad lograr su aplicación esbozó una solución que propone la concreción del mismo, mediante ejemplos, de manera que dicha concreción se convierte en el elemento que hace reaccionar al principio con un alcance determinado. Ahora bien, con el objeto de precisar aún más la aplicación del principio que se estudia, esta Sala en la sentencia AP-170 de 2001, señaló “que la regla que concreta a la moralidad administrativa como derecho colectivo, esto es, el art. 4 de la ley 472 de 1998, es asimilable a lo que en derecho penal se ha denominado norma en blanco, pues contiene elementos cuya definición se encuentra, o se debería encontrar, en otras disposiciones, de manera que para aplicar la norma en blanco, el juez deberá estarse a lo que prescribe la norma remitida respecto del concepto no definido en aquella.” Para la Corte Constitucional, la moralidad, “en su acepción constitucional, no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad”. Lo expuesto por la Corte pone en evidencia la estrecha relación entre los derechos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, que, en ocasiones, los hace inescindibles, aunque cada uno de ellos posea una naturaleza distinta e independiente. Nota de Relatoría: Ver las sentencias AP- 170 y 166 de 2001 y AP-0787 de 2002
DERECHO COLECTIVO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS - Servicios públicos / ACCION POPULAR - Derechos de los consumidores y usuarios
El artículo 4 de la ley 472 de 1998, reconoce la naturaleza de colectivos de los derechos de los consumidores y usuarios, con lo cual los hace susceptibles de protección a través de la acción popular, claro está, a partir de dicho reconocimiento. El fundamento constitucional de los derechos de los consumidores y usuarios, en lo que atañe a los servicios públicos, se encuentra en el artículo 369 de la Constitución Política. Dicha norma, defiere a la ley la regulación de los deberes y derechos de los usuarios y con base en ella, el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los artículos 334 y 189 ordinal 11 de la Constitución, expidió el Decreto Reglamentario 1842 del 22 de julio 22 de 1991, Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, el cual consagra los deberes y derechos de dichos usuarios y los procedimientos para hacer efectivos estos últimos. Siendo ello así, cuando a través de la acción popular se invoquen como vulnerados o amenazados los derechos de los consumidores y usuarios, el juez está obligado a estudiar si, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso, dichos derechos están siendo desconocidos. Nota de Relatoría: Ver sentencias AP-0527/03, AP-0156 de 2001 y C-493/97 de la Corte Constitucional
COPIA SIMPLE - Mérito probatorio / DOCUMENTO PRIVADO - Valor probatorio
El informe de la “Comisión Evaluadora de la situación eléctrica y sus perspectivas”, órgano consultivo de la Presidencia de la República, creado mediante Decreto 600 de 1992, se allegó en copia simple, por lo que carece de mérito probatorio teniendo en cuenta que de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos se presumen auténticos, mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad (art. 252), y pueden ser aportados en originales o en copias (art. 253); sin embargo, éstas últimas sólo tendrán el mismo valor probatorio del original cuando: a) hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia auténtica; b) cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, y c) cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa (art. 254). Y debe advertirse que la reforma tácita que introdujo la Ley 446 de 1998, respecto de los artículos 252 y 254 del C. de P. C. (hoy expresa en relación con la primera de dichas normas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 794 de 2003), sólo se refiere a los documentos privados, y no a los documentos públicos, lo que se desprende claramente del artículo 11 de la misma, conforme al cual “[e]n todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación...”.
ACCION POPULAR - Condena en costas / CONDENA EN COSTAS - Acción temeraria o de mala fe / TEMERIDAD EN ACCION POPULAR - Concepto / MULTA EN ACCION POPULAR - Mala fe
El demandante no acreditó los hechos que presentó como vulnerantes y amenazantes de los derechos de los consumidores y usuarios, de la moralidad administrativa y del patrimonio público, como era su deber, conforme al artículo 30 de la Ley 472 de 1998 que se establece que “la carga de la prueba corresponderá al demandante”. En las acciones populares, conforme al artículo 38 de la Ley 472 de 1998, se puede condenar en costas al demandante cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. La temeridad es producto del ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, la cual surge de la formulación de la pretensión sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los cuales se infiere la absoluta improcedencia de la acción. En el presente caso, el análisis de los hechos y el material probatorio evidencia que la actuación del demandante es “absolutamente superflua”; adicionalmente, la sola lectura de las pretensiones pone de presente la ausencia de bases legales para las mismas. Esas circunstancias permiten concluir que lo perseguido en este caso es la obtención del incentivo económico que la ley previó para las acciones populares, más, si se tiene en cuenta que en la demanda se solicitó el reconocimiento del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, y, además, como si se tratara de un incentivo distinto, el contenido en el artículo 40 ibídem. Todo lo anterior, demuestra el ejercicio arbitrario de la acción popular y su absoluta improcedencia y, permite concluir que el demandante actuó de forma temeraria. Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, prevé que “en caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”; de ahí que, cuando el juez advierta tal conducta en cualquiera de las partes debe ejercer la potestad que le otorga la norma. Teniendo en cuenta que la mala fe se define como "el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título", la Sala concluye que la conducta del demandante no sólo es temeraria, sino, además, de mala fe, en tanto que, resulta evidente que la falta de fundamento de los hechos y pretensiones de la demanda era conocida por él. En efecto, pese a que las acciones populares se previeron para proteger derechos colectivos, ninguna de las pretensiones está encaminada a esa finalidad; por el contrario, lo solicitado en las mismas es ajeno a la naturaleza de dicha acción y a su objeto, su sola lectura evidencia que con ellas se busca la satisfacción de intereses particulares y no la protección de los derechos colectivos invocados en la demanda, razón por la que, carecen de todo fundamento a la luz de la acción popular. El actor a sabiendas del objeto de la acción popular, hizo uso de ella para obtener fines, totalmente, diversos a aquél; es decir, conocía la falta de fundamento de sus pretensiones y pese a ello ejerció la acción en comento. Nota de Relatoría: Ver las sentencias SU-253/98 y C-544/94 de la Corte Constitucional y sentencia de mayo 24 de 1980 de la Corte Suprema de Justicia
Sentencia 04017(AP) DEL 04/04/15. Ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ. Actor: WILLIAM MARÍN CIFUENTES. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 76001-23-31-000-2001-04017-01(AP)
Actor: WILLIAM MARÍN CIFUENTES
Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2003, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Asociacion de defensa de los consumidores usuarios
Entender la industria aseguradora y saber su funcionamiento, vital para los usuarios
De los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros
Tema las promociones: concepto, percepciones de los consumidores, aspectos economicos y legales

References: artículo 4
 artículo 369
 artículo 26
 artículo 11
 artículo 30
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 38