Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=684803
Timestamp: 2019-08-24 01:06:20+00:00

Document:
INFORMANTE : Adriana Munoz D' Albora
DECLARACIÓN DE 7 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL SÍNDROME DE TOURETTE
INCENTIVOS PARA TITULACIÓN DE MÉDICOS GERIATRAS Y MEDIDAS PARA AGILIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS DE MÉDICOS EXTRANJEROS RADICADOS EN CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
MEDIDAS PARA RESGUARDO Y FOMENTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE. PROYECTO DE ACUERDO
EXTENSIÓN DE BONO ESPECIAL DE DESEMPEÑO EN ZONAS EXTREMAS A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE OTRAS REGIONES. PROYECTO DE ACUERDO
ATENCIÓN PERMANENTE DE SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y REINSERCIÓN AQUEJADOS POR ENFERMEDADES CRÓNICAS. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Cecilia Rincon Gonzalez
PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Alejandro Soria Quiroga
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. BOLETÍN N° 11.534-24.
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China, hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015. BOLETÍN Nº 11.480-10.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES LETELIER, LAGOS Y PIZARRO CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESCENARIOS EDUCATIVOS (11.797-04)
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la concienciación del síndrome de Tourette. BOLETÍN Nº 11.258-11.
PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN, ALLENDE, ARAVENA, GOIC, MUÑOZ, ÓRDENES Y PROVOSTE Y SEÑORES ARAYA, CASTRO, CHAHUÁN, COLOMA, DE URRESTI, ELIZALDE, GALILEA, GARCÍA, HARBOE, HUENCHUMILLA, INSULZA, KAST, LAGOS, LATORRE, LETELIER, MONTES, NAVARRO, OSSANDÓN, PIZARRO, PUGH, PROHENS, QUINTANA Y QUINTEROS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE, SI LO TIENE A BIEN, ADOPTE UN DISPOSITIVO PERMANENTE DE ATENCIÓN DE SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN O DE REINSERCIÓN JUVENIL AQUEJADOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE SITUACIONES MÉDICAS COMPLEJAS, EN CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO POR LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (S 1.988-12)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (11.245-17) (se aprueba en general)................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette (11.258-11) (se aprueba en general y en particular)..................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Von Baer, y señores Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Quintana, por medio del cual, solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos geriatras y adopte medidas para agilizar el reconocimiento de títulos médicos geriatras y adopte medidas para agilizar el reconocimiento de títulos de médicos extranjeros radicados en Chile (S 1.983-12) (se aprueba)................................................................................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Ossandón, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Castro, Durana, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Prohens, Quintana, Sandoval y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para resguardar y fomentar la producción nacional de leche (S 1.985-12) (se aprueba)...............................................................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Chahuán, señoras Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe, y señores Araya, Bianchi, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Lattorre, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, haga extensivo a las manipuladoras de alimentos de las regiones que indica, el bono especial de desempeño en zonas extremas, mediante su inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019 (S 1.986-12) (se aprueba).............................
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Rincón, Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Prohens, Quintana y Quinteros, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte un dispositivo permanente de atención de salud para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en los sistemas de protección o de reinserción juvenil aquejados de enfermedades crónicas o de situaciones médicas complejas, en cumplimiento a lo preceptuado por la Convención de los Derechos del Niño (S 1.988-12) (se aprueba).............................
Concurrieron, además, los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz.
Las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ordinarias, en 5 y 6 de junio de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los seis primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).
2) La que modifica el Código Civil y otras leyes, para regular el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (boletines números 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).
3) La que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia (boletín N° 8.851-18).
4) La que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala (boletín N° 9.656-15).
5) La que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumenta las penas y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
6) La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Con los siete últimos retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
2) El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
3) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletín N° 9.692-07).
4) El que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción (boletín N° 11.441-07).
5) El que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior (boletín N° 11.687-04).
6) El que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).
7) El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o de salida (boletín N° 9.612-06).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
Artículo 195, inciso tercero, parte final, de la ley N° 18.290.
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley N° 18.290.
Artículo 196 ter, inciso segundo, primera parte, de la ley N° 18.290.
Envía antecedentes sobre las siguientes materias, consultadas en nombre del Honorable señor Bianchi:
-Existencia de respuesta por parte de ese organismo fiscalizador a la solicitud de investigación del actuar del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, requerida por la Comisión de Economía, Fomento, Mipymes, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados.
-Petición de fiscalización al Director Zonal de Pesca de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, por un eventual conflicto de intereses.
Atiende asunto relativo a la legalidad de los concursos públicos para cargos directivos del Servicio de Salud Arauco, a requerimiento del Honorable señor Navarro.
Adjunta información sobre proyectos de inversión de la Región del Maule y presupuesto destinado a este objetivo, materia consultada en nombre del Honorable señor Castro.
Da cuenta respecto de posibilidad de incorporar cirugía de implantación de manga gástrica y abdominoplastía en el sistema GES, asunto planteado por el Honorable señor Navarro.
Entrega respuesta a consulta de la Honorable señora Allende sobre proceso de licitación y construcción de los Servicios de Alta Resolución (SAR) comprometidos para la Región de Valparaíso.
Informa petición del Honorable señor De Urresti acerca de antecedentes del acuerdo sobre vigilancia espacial terrestre, suscrito por Chile, Brasil, Colombia y la Comisión Europea, respecto del uso y acceso a los datos satelitales Sentinel, del Programa Europeo de Observación de la Tierra.
Contesta consulta, formulada en nombre del Honorable señor Sandoval, relativa a regularización de predio que se individualiza, localizado en la comuna de Chile Chico, Región de Aisén.
Atiende preocupación del Honorable señor De Urresti en cuanto a protocolo de acuerdo atinente a la Ruta Patrimonial Archipiélago de Chiloé.
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre de la Honorable señora Rincón, concerniente a la eliminación del ajedrez como juego deportivo escolar.
Informa sobre medidas paliativas adoptadas para resolver carencia de agua potable en sectores rurales de la Región de Los Lagos, materia requerida en nombre del Honorable señor Quinteros.
Aporta antecedentes sobre recursos destinados a reparación y construcción de aceras, consulta efectuada en nombre del Honorable señor Navarro.
Contesta inquietud del Honorable señor De Urresti con relación a fiscalizaciones efectuadas a empresas de servicios móviles que expresa, por fallas en uso de señales que afectan a los usuarios de la localidad de Casablanca, comuna de Valdivia.
Consigna datos relativos a abandono de obras de jardín infantil en localidad de Puerto Aisén y situación de trabajadores de empresa contratista que se indica, solicitados por el Honorable señor Sandoval.
Responde petición, formulada en nombre del Honorable señor Chahuán, para informar de medidas adoptadas ante derrames de hidrocarburo en la bahía de Quintero.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Honorable señor Bianchi, referente a la factibilidad de crear un cuartel institucional en la comuna de Porvenir.
Del señor Director de Tránsito de la Municipalidad de Concepción:
Adjunta respuesta a consulta, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, sobre instalación de un semáforo en lugar que se señala.
De la señora Jefa de la División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones:
Consigna datos sobre estado de avance de concurso público del proyecto "Fibra Óptica Austral", solicitados en nombre de la Honorable señora Órdenes.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:
Informa solicitud, expresada en nombre del Honorable señor De Urresti, con el objeto de asesorar a voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos "Esmeralda", de Los Lagos, a fin de declarar monumento nacional una bomba de vapor perteneciente a dicha institución.
Remite antecedentes, solicitados en nombre del Honorable señor De Urresti, acerca de las siguientes materias:
-Resultados de estudio de prefactibilidad y avance de corredor ferroviario Temuco-Loncoche-Lanco y La Unión-Osorno-Llanquihue-Puerto Montt.
-Estado de conservación de piezas ferroviarias de estación de Valdivia.
De la Comisión Revisora de Cuentas, sancionado por la Comisión de Régimen Interior, mediante el cual comunica que ha aprobado las cuentas de la Tesorería del Senado correspondientes al año presupuestario 2016 y acompaña una síntesis de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Se toma conocimiento y se manda publicar la síntesis de las cuentas del año 2016 en el Diario Oficial.
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 15 de abril de cada año como Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio (boletín N° 11.534-24).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China", hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015 (boletín N° 11.480-10).
De los Honorables señores Letelier, Lagos y Pizarro, con la que dan inicio a un proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en escenarios educativos (boletín Nº 11.797-04).
Del Comité Socialista, mediante la cual se informa que sus representantes son los Honorables señores Rabindranath Quinteros y José Miguel Insulza.
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos.
1.- Incorporar en la tabla de la presente sesión ordinaria, siempre que estuviere el informe, el proyecto de ley que declara "Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette" el 7 de junio de cada año (boletín N° 11.258-11).
2.- Incluir en el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de acuerdo sobre la situación de salud en que permanecen veintiocho niños internados en centros del Sename y sus colaboradores privados.
3.- Tratar en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 13, el proyecto aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Perú sobre Reconocimiento recíproco y Canje de Licencias de Conducir , suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 7 de julio de 2017 (boletín Nº 11.612-10).
4.- Citar a sesión especial para el próximo miércoles 20 de junio, de 15 a 16, a fin de analizar el dramático incremento del número de familias que viven en campamentos, luego de darse a conocer las cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda y Techo-Chile, las cuales establecen que han aumentado un 48 por ciento en los últimos seis años.
5.- Modificar el acuerdo de 9 de diciembre de 2008, en que se designó integrantes de la Comisión Mixta que debe resolver las discrepancias producidas durante la tramitación del proyecto de ley sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03) a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para nombrar nuevos integrantes de la Comisión Mixta, en representación del Senado, a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública.
6.- Iniciar un proceso de reemplazo del uso de papel para el tratamiento de los asuntos en la Sala.
Esto último significa que el material en el escritorio será reemplazado y que se facilitará el acceso en la pantalla. Habrá personas que proporcionarán explicaciones por un par de semanas, como plan piloto.
Quedó en estudio, en todo caso, lo que se hará en las Comisiones, donde también se usa mucho papel. Queremos encontrar la manera de sustituirlo.
Señor Presidente , pido aumentar el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley sobre la obligación de disponer desfibriladores externos portátiles en los centros comerciales, el cual se halla en la Comisión de Salud.
El Ministerio de Salud ha pedido siete días adicionales para hacer llegar las indicaciones que requieren patrocinio del Ejecutivo.
Antes de pasar al Orden del Día, saludo a los alumnos de quinto año básico del Colegio Presbiteriano David Trumbull que nos visitan, dirigidos por el señor Alberto Gajardo.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.245-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 22ª, en 6 de junio de 2018.
El objetivo principal de la iniciativa es designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos en dicha función, organismo que actuará a través del Comité de Expertos que se crea. Ello da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país, en especial al Protocolo Facultativo, ratificado en 2008, y a la Convención contra la Tortura, en 1988.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Muñoz y señores Latorre y Navarro, aprobó la idea de legislar.
Cabe tener presente que los artículos 9 y 10 revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos para ser acogidos.
Por su parte, el artículo 12 es de quorum calificado, por lo que necesita 22 votos para ser sancionado.
Se ha solicitado autorización para que asista a la sesión el Subsecretario General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado.
Puede intervenir la Honorable señora Muñoz, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos .
Señor Presidente , tengo el honor de presentar la iniciativa que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entidad que actuará a través del Comité al cual se ha hecho referencia, para dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, ratificado por Chile el 12 de diciembre de 2008.
Cabe consignar que en la sesión en que la Comisión se abocó al estudio del proyecto se escuchó a las señoras Subsecretaria de Derechos Humanos y Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos , y que en la ocasión se expusieron los siguientes puntos:
1.- El Estado se comprometió en el año 2009 a designar al Instituto como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al satisfacer todos los requisitos por tratarse de una institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos y contar con independencia funcional y financiera, así como con personal.
2.- En atención a lo anterior, se crea, dentro de la esfera del Instituto, el Comité de Prevención contra la Tortura, cuya principal finalidad será prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3.- Para ello, el Comité examinará periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben, y podrá realizar visitas de distinta índole, de acuerdo con la metodología y el plan de trabajo que se haya diseñado. Asimismo, requerirá de las autoridades correspondientes toda la información necesaria asociada al objetivo perseguido.
4.- El Comité dirigirá recomendaciones a las autoridades relacionadas con el tratamiento de personas privadas de libertad. Además, elaborará un informe anual para dar cuenta de los principales aspectos que demandarán la adopción de medidas específicas para prevenir la tortura.
5.- El Comité estará compuesto de nueve expertos, además de contar con personal de apoyo para dar soporte al desarrollo de su mandato de prevención. Ellos gozarán de independencia funcional. La selección y el nombramiento de sus miembros recaerán en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Durarán cuatro años en su cargo y podrán ser reelegidos.
6.- El Ejecutivo manifestó su intención de avanzar en la tramitación del proyecto de ley, a pesar de mantener algunas discrepancias en cuanto al texto aprobado por la Cámara de Diputados, las que hará presentes durante la discusión particular.
Asimismo, informó que el Estado de Chile deberá rendir a fines del mes de julio, ante el Comité Contra la Tortura (CAT), el examen oral sobre la implementación del Protocolo contra la Tortura.
7.- La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos consideró satisfactoria la iniciativa, pues resulta concordante con las obligaciones contraídas en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
8.- El artículo 10, sobre el fuero que se concede a los integrantes del Comité, fue informado favorablemente por la Corte Suprema.
9.- El proyecto cuenta con un informe financiero, el cual detalla que el costo en el primer año será de 572 millones 517 mil pesos; en el segundo, de 781 millones 278 mil pesos, y en el tercero, de un millón 67 mil 784 pesos, en régimen.
10.- Los miembros de la Comisión coincidieron en la necesidad de aprobar la iniciativa, pues el país registra casi diez años de retraso en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que ha sido advertido por los organismos internacionales. Sin embargo, algunas observaciones al articulado se tratarán, por cierto, durante la discusión particular.
Por lo anterior, la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico aprobó la idea de legislar.
Tiene la palabra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Larraín.
Señor Presidente , saludo a los integrantes de esta Corporación, a la que concurro con especial afecto.
Quiero sumarme a las informaciones que han dado la señora Presidenta de la Comisión, quien acaba de intervenir, y el señor Secretario.
El proyecto fue ingresado a trámite en el Congreso en mayo de 2017 y reviste especial valor ante una situación que afecta no solo a nuestro país, sino que también se observa internacionalmente.
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes constituye un imperativo internacional, contemplado ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, cuyo artículo 5 proclama que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.".
Lo mismo dispone el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que significa que media un compromiso internacional desde hace ya bastante tiempo.
En 1987, avanzando en la lucha contra esta práctica, entró en vigor la Convención contra la Tortura, que exhibe un amplio respaldo internacional: 162 Estados la han ratificado. Chile lo hizo en el año 1988.
Sin embargo, pese al alto grado de consenso en el rechazo a la tortura y a las penas crueles, inhumanas o degradantes, ellas persisten, en diversos contextos, en la mayoría de los países. Por ese motivo, los Estados signatarios han resuelto adoptar nuevas medidas que permitan hacer efectiva la Convención.
Así fue como en 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificado por Chile en 2008.
El nuevo enfoque del Protocolo obedece a una especial preocupación por el hecho de que las personas privadas de libertad, en un sentido amplio, corren el mayor riesgo de ser objeto de torturas y otros malos tratos. En los lugares de encierro, como cárceles, centros de larga estadía para adultos mayores, hogares de menores, hospitales psiquiátricos y diversos ámbitos de esta naturaleza, se generan abusos con más fuerza que en otros espacios.
En definitiva, si se aplica una política estatal de represión o hay negligencia, falta de recursos, formación deficiente del personal a cargo o sistemas inadecuados de supervisión, se pueden dar tales abusos.
Para evitar que ocurran situaciones de esa índole, surge la conveniencia de una vigilancia independiente y externa.
El objetivo del Protocolo, como lo señala su artículo 1º, es "establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Dicho instrumento internacional se perfecciona por dos vías: una, por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de carácter internacional, y dos, por Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura .
Hoy día discutimos, precisamente, sobre ese Mecanismo Nacional, cuya misión es estar encima de los lugares de privación de libertad, con visitas de distinta naturaleza (expertos y otros personeros), para verificar las situaciones que ahí se viven.
En el año 2009 Chile comunicó formalmente que designaría al Instituto Nacional de Derechos Humanos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En materia de lucha contra la tortura, cabe destacar que nuestro país ha jugado un rol de liderazgo importante a nivel internacional. En 2014, fue uno de los cinco Estados, junto con Dinamarca, Ghana , Indonesia y Marruecos, que lanzaron la Iniciativa Convención contra la Tortura, cuyo objetivo es asegurar la ratificación universal y una mejor implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Nuestro prestigio y liderazgo se han podido verificar hace poco, entre los días 4 y 6 de junio, en un seminario en el cual Chile fue invitado a promover entre los Estados del Caribe la ratificación de dicha Convención. Participamos a través de un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien dio testimonio de lo que hemos hecho en ese ámbito.
Hoy día nos convoca lograr la aprobación del Instituto Nacional de Derechos Humanos -ya de manera formal y por ley- como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cumpliendo así el compromiso adquirido en 2008 al ratificar el Protocolo Facultativo correspondiente.
El contenido del proyecto ya ha sido debidamente señalado.
Solo quiero completar la información manifestando que han surgido algunas inquietudes a propósito de la discusión de la iniciativa, las cuales han modificado en cierto sentido algunos artículos que, a nuestro juicio, es necesario revisar.
Por ejemplo, se enmendó el concepto de "lugar de privación de libertad". Pero, dada la forma en que fue cambiado, se aleja de algún modo de la propuesta original del Protocolo Facultativo, por lo que estimamos conveniente revisar ese planteamiento.
Del mismo modo, se sugirió aumentar la autonomía en la reglamentación de la organización interna y el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; incluir modificaciones relativas a las causales de cesación en el cargo de los expertos y las expertas en dicho Mecanismo, y consagrarles el reconocimiento de prerrogativas e inmunidades.
Todas esas materias las haremos presentes mediante la formulación de indicaciones en el plazo que este Senado tenga a bien acordar a ese efecto.
Finalmente, se procura garantizar la naturaleza preventiva del sistema de visitas periódicas a lugares de privación de libertad y asegurar la autonomía funcional y del personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, respecto de todo órgano del Estado, de acuerdo a las normas vigentes y a las directrices que se han dado para la operación de dicho Mecanismo.
Reitero mi agradecimiento por la posibilidad para referirme a esta materia, e instamos a esta Corporación a aprobar la iniciativa de ley en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Derechos Humanos.
Deseo informar a la Sala que el Senador señor Rafael Prohens está hoy día de cumpleaños.
Lo saludamos como corresponde.
Tiene la palabra el Honorable señor Latorre.
Señor Presidente , me dirijo a esta Corporación para manifestar la importancia de este proyecto de ley, que pude revisar y aprobar en la Comisión de Derechos Humanos, recientemente.
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentra reconocida hoy en múltiples tratados, pactos y declaraciones de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal y regional.
El Protocolo Facultativo aprobado en 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que motiva la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, es uno de ellos, y su principal objetivo es dotar a los Estados de una herramienta práctica adicional que les ayude a cumplir con las obligaciones que ellos mismos se comprometieron a respetar y que se recogen a partir del desarrollo del derecho internacional para la erradicación de la tortura.
Sin perjuicio de que Chile ha adecuado su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales y ha suscrito la mayoría de estos instrumentos internacionales, lo cierto es que, a pesar de que hoy vivimos en democracia, en nuestro país todavía se tortura.
El Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile entre los años 2014 y 2015, presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en mayo pasado, da cuenta de las visitas realizadas a 43 unidades penales de las diversas regiones de Chile. El principal enfoque se centró en las condiciones materiales en las que viven las personas privadas de libertad. Entre otras cosas, se midieron los niveles de ocupación de los recintos, su infraestructura, su higiene y salubridad, las condiciones de preparación y distribución de la alimentación, la aplicación de regímenes disciplinarios, la segmentación de la población penal, las riñas y agresiones entre los privados de libertad, las muertes de personas bajo la custodia del Estado y la asistencia médica para quienes están en la cárcel.
Quiero detenerme, señor Presidente, en algunos de los alarmantes resultados.
1) En materia de higiene y de acceso a agua potable, se observa que no hay disponibilidad de agua las veinticuatro horas en 22 cárceles; es decir, en la mitad de los recintos visitados.
2) Se evidenciaron una inadecuada circulación de aire en las celdas, instalaciones eléctricas artesanales, colapso de infraestructuras sanitarias, limpieza insuficiente y plagas.
3) Se constató que las personas privadas de libertad muchas veces son obligadas a orinar en botellas plásticas y defecar en tarros, debiendo soportar los malos olores y las enfermedades que eso genera.
4) Asimismo, en 24 de las unidades penales visitadas (es decir, en el 61,5 por ciento de ellas) no existían camas para toda la población penal.
5) En materia de seguridad, el informe arrojó que aún subsisten al interior de las cárceles malos tratos y el uso de la violencia por parte de algunos funcionarios y funcionarias, quienes utilizan diversas prácticas de amedrentamiento y castigo, sumado a una falta de confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos.
6) El Instituto constató, además, que existe una carencia en la dotación general de médicos y especialistas, y que las dolencias de los internos no son tomadas en cuenta con la debida seriedad, siendo frecuente el que vuelvan a sus celdas sin ningún tipo de tratamiento -por ejemplo, para el dolor-, a lo que se agrega la casi nula atención de salud mental con que cuentan.
Tales conclusiones no solo son preocupantes, sino que hablan de condiciones de encierro inhumanas, las que se ven reforzadas por informes de la Excelentísima Corte Suprema que han dado cuenta de la misma realidad en el último tiempo.
Por otra parte, es necesario que nuestras policías se ajusten a estándares correctos en el ejercicio de la facultad que todos los chilenos y las chilenas delegamos en ellos, cual es, en el del uso de la fuerza institucionalizada.
Este año un suboficial de Carabineros fue formalizado por torturas luego de que cuatro detenidos fueran golpeados violentamente en una comisaría de Estación Central, el cual ya presentaba otras denuncias por golpear a otras personas, entre ellas, a una mujer embarazada. Además, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte investiga a 10 uniformados por tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia en contra de vendedores ambulantes e inmigrantes. Por otra parte, en marzo, dos carabineros fueron condenados por torturas en contra de un detenido en Arica.
¡Esas situaciones deben acabar y debemos aportar para que no ocurran nunca más en Chile!
Todas esas condiciones dan cuenta de un sistema carcelario que no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad ni mucho menos procesos efectivos de reinserción social.
Por lo mismo, es preocupante y absolutamente irresponsable el populismo penal que está impulsando el Gobierno de Derecha del Presidente Piñera en su agenda de seguridad pública. Hoy las personas que salen de la cárcel presentan un daño psicosocial mayor que cuando ingresaron.
Señor Presidente, sabemos que por el solo hecho de aprobar una institucionalidad no se solucionan los problemas, pero estimamos que es un gran paso para erradicar la tortura en nuestro país.
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , desafortunadamente la tortura, como práctica lamentable y condenable, no ha estado ajena a nuestra historia. Hubo víctimas durante la dictadura, cuando aquella se transformó en un mecanismo sistemático de control de poder. Sin ir más lejos, el propio Presidente de esta Corporación fue objeto de tales prácticas.
Pero, recuperada la democracia, se hace necesario establecer sistemas que permitan que en Chile se deje atrás no solo la época en que eso era algo propio del Estado -se aplicaba con apoyo institucional-, sino también cualquiera forma de tortura. Si ya no es una práctica sistemática ni una expresión de política estatal, debe ser erradicada de nuestro país.
El proyecto de ley que se somete a nuestra consideración establece el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, radicando esta tremenda responsabilidad en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Tenemos un desafío enorme: todas las sociedades democráticas, incluso las de larga data, deben suprimir toda forma de tortura.
Por eso, es muy importante que la iniciativa se refiera no solo a los actos de tortura propiamente tal, sino también a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, porque no es posible establecer un distingo entre unos y otros.
El hecho de tolerar alguna de esas acciones, sin duda, es una mala señal, pues permite que se realicen prácticas crueles e inaceptables en una sociedad democrática, en donde los derechos fundamentales y humanos son el eje central sobre el cual se basa la convivencia.
Por cierto, Chile ha dado pasos importantes, como la suscripción y ratificación de tratados internacionales en la materia.
Es el caso de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrito por Chile el 30 de septiembre de 1988. ¡Hace ya tres décadas! Lamentablemente, no se aplicó en forma inmediata. Todos sabemos por qué: el contexto político de aquel entonces.
Asimismo, está el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Tortura, del 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3 dispone: "Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
En el ámbito interno, según el artículo 19, número 1°, de la Constitución Política de la República, se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas y, expresamente, "Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo".
Además, el 22 de noviembre de 2016 se publicó la ley Nº 20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Con la entrada en vigencia del referido cuerpo legal se incorporaron al Código Penal los delitos de tortura, apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a objeto de que puedan ser perseguidos penalmente y sancionados sus responsables cuando así lo determine la justicia.
La presente iniciativa radica en el Instituto Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad de llevar adelante la prevención de este tipo de prácticas por medio de visitas y de un proceso de diálogo con el fin de erradicar toda forma de tortura en nuestro país.
Como lo dijo el Senador Latorre, este proyecto por sí solo no va a resolver los problemas que existen en esta materia, pero, sin duda, es un paso relevante para construir una sociedad en la que la tortura quede definitivamente eliminada.
El desafío es enorme, más aún cuando tenemos un pasado doloroso que no debemos olvidar, pero, por sobre todo, cuando queremos construir un futuro entre todos con el propósito de que en Chile se respeten siempre los derechos humanos y toda forma de tortura sea definitivamente erradicada.
Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto que voy a respaldar este proyecto de ley.
Quiero decir con mucha fuerza que la creación de este Comité, en el marco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, busca que Chile cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección de derechos fundamentales.
En todo caso, yo habría estado mucho más a favor si hubiésemos instaurado una entidad independiente, como lo han hecho muchos países de la región al optar por la figura del " Defensor del Pueblo ".
Avalo lo anterior en función a la necesidad de realizar un análisis previo del cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y una evaluación de las labores que ha cumplido, a efectos de determinar la conveniencia de la dependencia de la entidad que se crea; sobre todo, considerando que el mencionado Instituto tiene, a la fecha, nueve años de existencia. Es recomendable evaluar su eficacia en la protección de los derechos humanos antes de decidir que crezca su envergadura o, por el contrario, pensar a lo mejor en dar vida a un organismo independiente, con absoluta y total autonomía presupuestaria y de gestión.
Finalmente, creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en sus nueve años de gestión, se ha cargado a un solo sector político.
Señor Presidente , aprovecho de tomar las palabras del colega que me antecedió, pues algunos de nosotros somos firmes partidarios de que en Chile haya un defensor del pueblo o defensor público, que se ocupe no solo de situaciones de esta naturaleza (tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes), sino también de maltratos en general.
La institucionalidad del referido Instituto para algunos es parcial en función de lo que nos gustaría: un ente autónomo, capaz de resguardar garantías y actuar en favor de los ciudadanos cuando ve que son violentados sus derechos fundamentales.
Pero, dado que no tenemos esa institucionalidad y que lo que existe es quizá de una generación menor (el Instituto Nacional de Derechos Humanos), entendemos que lo correcto es alojar en este organismo, a través de la creación del Comité de Expertos, la responsabilidad de cumplir las obligaciones internacionales de que se trata.
Quiero decir que la tortura, en la práctica, no partió ni terminó, por desgracia, con la dictadura. El abuso de poder, la tortura, los tratos degradantes son previos y también posteriores a dicho período. Podemos tener una discusión de naturaleza política en cuanto a si la tortura, durante la dictadura, era una política de Estado y si era sistemática.
Pero ese no es el debate de este proyecto, sino cómo erradicamos el abuso de poder de parte de agentes públicos.
Hago presente que ese problema ocurre en todas las sociedades. No es solo de Chile ni de Occidente; es de la humanidad.
Ello dice relación a determinar cómo damos un salto cualitativo en esta materia, que implica que los países -¡todos!- comprendan que deben controlar a los agentes del Estado, siendo unos pocos -el Senador Latorre destacó algunos casos de carabineros, pero también ha habido otros- los que han caído en esas prácticas.
Personalmente, creo que quienes hoy son carabineros desean que se separen las manzanas podridas, que usan esas prácticas, de aquellos que actúan de acuerdo a la ley en un Estado de Derecho, al cual se han comprometido.
Por ello, es tan importante esta institucionalidad.
Cuando un carabinero o un policía de investigaciones abusa del poder, ¿qué ocurre antes, durante y después? Se cuestiona a todo el Estado, al conjunto de nosotros, al pacto social que existe en una sociedad. Y lo que queremos es un Estado que vele por el bien común.
La institucionalidad que consagra el proyecto es tremendamente importante, aunque creo que amerita que se abra plazo para la presentación de indicaciones.
Aprovecho de saludar -por su intermedio, señor Presidente - al Ministro de Justicia , que nos acompaña en esta ocasión, cuya convicción en esta materia es sincera: cómo generar un pacto social en que el Estado vele por un equilibrio adecuado entre lo colectivo y los derechos individuales. A veces en nuestra sociedad faltan, a mi juicio, más intereses colectivos y mejor acentuados. Pero eso corresponde a otro debate.
Lo cierto es que la iniciativa ayuda y, a través del Comité de Expertos, nos permite abordar ciertas prácticas. Todos sabemos que nuestro sistema carcelario presenta déficits. Y es una realidad que no hace más que reflejarnos como sociedad.
Por ello, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, convencido de que contar con mecanismos nacionales de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es algo que nos hace bien como sociedad. Es un salto cualitativo que requerimos y que significa comprometernos con una institucionalidad eficaz para sancionar efectivamente a quienes ejecutan estas prácticas.
Señor Presidente , quiero iniciar mis palabras rindiendo un sincero homenaje a un gran hombre y amigo.
Hace unos días partió Patricio Bustos , producto de un paro cardiorrespiratorio, después de una larga lucha contra un cáncer.
Rindo el presente homenaje con ocasión de la votación de este proyecto, porque creo que la lucha por los derechos humanos, por construir una cultura de la paz y por consolidar la democracia a partir del simple pero difícil gesto de ver a cada persona en su dignidad y como un legítimo otro, fueron las características que siempre distinguieron a Patricio Bustos .
Sufrió, como otros miles de chilenos, la persecución de la dictadura, la tortura y la detención ilegal. Luchó por recuperar la democracia y fue siempre un puente para la construcción de acuerdos, para avanzar y dejar atrás una de las épocas más tristes de la historia de nuestro país. Como servidor público, destacó siempre en cada uno de los espacios en que desarrolló sus funciones, instalando el diálogo y el bien común como instrumentos para avanzar y como metas a seguir.
Gracias, Patricio , por habernos acompañado y enseñado a tantos y tantas que la vida vale la pena vivirla, y que la huella del sufrimiento se puede superar sirviendo a los demás. Tu recuerdo seguirá vivo entre nosotros, y tu vida servirá de ejemplo para las futuras generaciones.
Como país, vivimos un dramático período de nuestra historia, donde la tortura y la persecución política se hicieron cotidianas. El miedo se instaló en la sociedad producto de un Estado que perseguía por pensar distinto. Entre 1973 y 1988 vivimos ese desvarío histórico donde en Chile se torturaba y se perseguía a mujeres y hombres de las grandes ciudades, pero también en los sectores rurales. El miedo instalado en la sociedad por parte del Estado y las instituciones armadas violentaban los derechos de una sociedad civil que solo quería vivir en libertad y en democracia.
En esa época, de modo valiente reaccionó la comunidad política. Y desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos se creó, el año 1981, la Comisión Nacional contra la Tortura.
Me alegro de que el Ministro de Justicia esté acá, para que ojalá nos escuche en esta conversación.
Aquel fue el grito de un Chile digno, de un Chile humanista que le decía a una dictadura militar que no correspondía violentar los derechos humanos ni menos torturar e intimidar a quienes se organizaban y pensaban distinto.
Ese Chile dictatorial fue rechazado mayoritariamente. La mayoría quiere vivir en una sociedad de libertades y de dignidades.
Esa es nuestra misión. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será siempre.
En el año 2003, recuperada la democracia, vino el acto reparatorio mediante la Comisión Valech, donde cerca de 30 mil chilenos y chilenas obtuvieron una mínima reparación material y simbólica ante lo dramático de lo vivido.
Es por eso que hoy lamentamos que el Gobierno haya retirado de tramitación en el Parlamento el proyecto de ley que otorga un bono, pagadero en tres años, a las víctimas acreditadas por la Comisión Valech. Si hay voluntad política, claramente podemos seguir adelante con esa iniciativa, porque se requiere seguir avanzando en tareas de reparación y de reconocimiento de lo vivido.
El presente proyecto constituye, a mi juicio, un pequeño reconocimiento en una coyuntura donde la gente torturada ha sido agraviada por el actual Gobierno al haber retirado, en la Cámara de Diputados, la iniciativa mediante la cual se le otorgaba al menos una reparación material.
Hoy, quienes fueron acreditados como torturados en la Comisión Valech reciben una pensión promedio de 180 mil pesos mensuales, mientras que algunos condenados por la Justicia por secuestro, desaparición o tortura tienen pensiones superiores a los 2 millones de pesos.
Nunca más en Chile pueden reinar el miedo, la persecución y menos la tortura contra las personas.
Por eso, apoyo con entusiasmo este proyecto de ley, que permite prevenir la tortura. Y llamo a todos los Senadores y Senadoras a respaldar transversalmente una iniciativa que nos hace bien como país y que nos permite recuperar el reconocimiento a la dignidad de la persona humana.
Señor Presidente , hoy estamos aprobando la idea de legislar para designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En cuanto a la independencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es un órgano con autonomía constitucional. Es un tema que debemos revisar en este Parlamento. También lo ha señalado el Ministro de Justicia . Se trata de una cuestión que me encantaría abordar y ver si hay espacio en el Ejecutivo para conversar. Su Consejo Directivo está compuesto por once miembros, seis de los cuales son designados por el Estado.
Sin embargo, el Instituto no ha cumplido, hasta la fecha, con la actualización de sus estatutos desde el año 2013. De hecho, este proyecto de ley, a través de su artículo segundo transitorio, le exige a actualizarlos para la regulación del Comité de Expertos, pero antes debe exigírsele que complete sus estatutos con normas mínimas de respeto interno a los derechos humanos, del debido proceso, de prevención de conflicto de intereses, entre otros temas.
Señor Presidente , estamos legislando en una materia muy sensible, algunos de cuyos aspectos deberemos abordar en la discusión particular. Para ciertas indicaciones se requerirá la anuencia del Ejecutivo, por lo que esperamos contar con el respaldo del señor Ministro para poder avanzar.
Señor Presidente, como todos los Senadores y Senadoras que me precedieron, anuncio mi voto a favor de la iniciativa, que en realidad tiene un sentido muy práctico.
Hay diversos tratados y compromisos internacionales, suscritos libre y soberanamente por Chile, que prohíben de manera expresa la tortura, las penas crueles y los tratos inhumanos o degradantes.
La verdad es que casi todos los países del mundo han firmado la Convención contra la Tortura. Es muy raro encontrar uno que no esté adscrito a ella. Chile la suscribió y la ratificó, curiosamente, a fines de la dictadura militar, al término del año 1987.
Es un imperativo internacional para los Estados, que no admite excepción ni pacto en contrario, y que nos vincula con toda la comunidad internacional. Por lo demás, es un sistema que exige a los países no solo abstenerse de la tortura -o sea, no solo un deber negativo-, sino también tomar acciones concretas y medidas positivas para evitarla.
Sin embargo, en el mundo se sigue torturando. Esa es la realidad. A pesar de ser una obligación internacional antigua, suscrita por muchos Estados, continúan existiendo la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se hacen equivalentes a la tortura.
Ahora, se han buscado diversas modalidades para supervisar que los países cumplan con la obligación que han contraído. Y a eso se debe la decisión, adoptada recién el año 2008, de firmar el Protocolo Facultativo de la Convención general, precisamente para ayudar a los Estados a crear e implementar mecanismos nacionales de prevención.
Dicho sea de paso, las Naciones Unidas tienen un Comité Contra la Tortura. Lo presidió durante varios años y hasta hace poco el distinguido jurista chileno Claudio Grossman .
Pero se necesitaba algo más, una entidad que se preocupara explícitamente, no de perseguir a los países, porque esta no es una comisión investigadora, sino un Comité que pretende ayudar, apoyar a los Estados y hacerles ver cuáles son los problemas que tienen, que muchas veces ni siquiera están calificados como tortura, como los tratos muy degradantes que sufren no solo las personas privadas de libertad, sino también aquellas privadas del uso de la razón (en los manicomios, en los asilos), las de la tercera edad, etcétera, todas las cuales son maltratadas, en distintos países, de manera degradante e inhumana.
Por eso se ideó un protocolo que Chile suscribió. Lo aceptó y lo ratificó este Congreso. Y, por lo tanto, ahora tenemos que cumplir con la obligación de crear un mecanismo nacional de prevención.
Reitero que este mecanismo no es un órgano de denuncia; busca establecer un diálogo con las autoridades. Y por esa razón creo que tal vez no correspondería que el asunto estuviera a cargo de un defensor.
El defensor se hace cargo de denuncias concretas; el Comité busca promover la vigencia y el respeto a la Convención, aconsejando a los países sobre cómo proceder en las cárceles, en los establecimientos donde hay gente recluida, cómo atender a los adultos mayores, cómo atender a los niños en instituciones como el SENAME, etcétera. A eso debe dedicarse este Comité de Prevención contra la Tortura, que debe tener una contraparte.
Ahora bien, aquí se ha decidido que la contraparte sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo discutiremos en particular en la Comisión especializada del Senado. Yo no estoy particularmente obsesionado con que sea una institución. Sí me preocupa que no creemos pronto el mecanismo que nos obligamos a establecer el año 2008. Ya han pasado diez años de aquello, y el mecanismo debe ser creado.
Así que ojalá, señor Presidente , en la discusión particular se analicen las cosas estrictamente necesarias, para así despachar pronto el proyecto, pues, a mi parecer, estamos en mora con la comunidad internacional y, como he dicho, estamos involucrados con este mecanismo desde hace mucho tiempo y deberíamos estar dando el ejemplo y no arrastrando los pies en esta materia.
Señor Presidente , quiero partir sumándome a las palabras de homenaje que la Senadora Provoste expresó por quien fuera un gran servidor público, amigo cercano nuestro, defensor de los derechos humanos, pero, por sobre todo, una víctima. Sus derechos humanos fueron violados; estuvo preso; fue torturado y sometido a todos los tratos degradantes que uno pudiera imaginar. Sin embargo, fue una persona que contribuyó muchísimo y puso lo mejor de sí en momentos tan tremendos como la identificación de restos de detenidos desaparecidos, de los cuales tenemos un historial que no nos deja bien como país ni nos hace felices. Al contrario, creo que deja bastante que desear.
Me refiero a Patricio Bustos , quien procuró crear una unidad más profesional, especializada, que permitiera llevar a cabo las tareas con mucho mayor rigor y certeza de lo que se había hecho hasta entonces y, sobre todo, no cometer errores tan dramáticos como los que ocurrieron.
Por último, quiero relatar una experiencia personal.
Nosotros tuvimos que realizar la exhumación del Presidente Allende para tener certeza jurídica acerca de su muerte. Y quiero reconocer el trato humano y afectuoso que nos brindó el doctor Patricio Bustos en momentos tan duros como ese. Por ello, contará por siempre con nuestra gratitud y recuerdo.
Señor Presidente , no puedo dejar de señalar que este proyecto llega en un momento bien especial. Nos acompaña en la Sala el Ministro Hernán Larraín , quien hace unos días fue interpelado en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, por la omisión que el Gobierno hizo del proyecto que otorgaba una reparación a las víctimas de torturas durante la dictadura.
Sin previo aviso y de forma intempestiva, cuando la iniciativa ya se iba a discutir en la Sala, se decide retirarlo, dando un portazo a las cientos de personas que sufrieron tormentos por parte de agentes estatales y que han tenido -no en todos los casos- exiguas reparaciones por parte del Estado, recursos básicos para su vejez, mientras muchos de los torturadores, como se explicitó, mantienen cuantiosas pensiones.
En Chile vivimos situaciones terribles de tortura por parte del Estado. Golpes, muerte, violencia sexual fueron parte del legado de los diecisiete años de dictadura.
Pese a esta violencia y antes de esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya cumple setenta años, establecía que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Chile suscribió la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que busca impedir el uso de la tortura, sin excusa alguna de los Estados, adquiriendo con ello la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas que impidan efectuar actos de tal naturaleza.
En el 2002 se aplica el Protocolo de dicha Convención, el cual -como se ha recordado- fue incorporado a nuestra legislación en 2008. En él se establece la obligación del Estado de designar un órgano que realice visitas periódicas a los centros de privación de libertad para analizar la situación de los reos o de las personas que estén privadas de libertad y observar si se aplican tratos vejatorios o inhumanos en contra de ellos.
Esto es muy importante, toda vez que el mecanismo de prevención, que se va a radicar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, permitirá realizar visitas periódicas a los centros de privación de libertad o visitas especiales en casos de denuncia, requerir información de los diversos órganos, efectuar recomendaciones y relacionarse con el Subcomité internacional.
Creo en la necesidad de llevar a cabo esta labor preventiva, para lo cual debemos enfocarnos en la educación de los derechos humanos y en internalizar dentro de las prácticas de los funcionarios de Gendarmería y de las policías la proporcionalidad y la responsabilidad en el uso de la fuerza, la cual nunca debiera pasar por arriba de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Tenemos que eliminar todo foco de riesgo de violencia al interior de los recintos penitenciarios y policiales. Esta violencia muchas veces es invisibilizada -como hemos dicho- al constituirse en prácticas no denunciadas por el miedo a represalias que tienen las personas privadas de libertad.
Con este mecanismo se aseguran la reserva y la confidencialidad de la información.
Me preocupa, sí -como se ha mencionado en esta Sala-, la situación de muchos adultos mayores; y también, sobre todo en casos de instituciones como el SENAME, lo que sucede con los niños infractores de ley.
Me pregunto si una institucionalidad como la que estamos creando tendrá realmente la capacidad de anticipar si el mecanismo de prevención que nos ocupa va a permitir realizar este tipo de visitas, trabajar de manera preventiva y evitar que ocurran situaciones bastante dramáticas y horrendas, como las que nos tocado conocer, de tratos graves, inhumanos y degradantes, incluso violaciones, al interior del SENAME o en el caso de niños infractores de ley que no gozan de libertad, aun cuando su tratamiento sea diferente.
Por eso, señor Presidente, creo que estamos dando un paso.
Sin embargo, también hemos afirmado con claridad que nos falta bastante más como sociedad para llegar a decir que el país está libre de prácticas lamentables como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
-Se aprueba en general el proyecto (34 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Honorable señor Kast.
En lo que respecta al plazo para la presentación de indicaciones, la Mesa sugiere el lunes 9 de julio.
Señor Presidente , solo quiero testimoniar la enorme satisfacción con que el Gobierno recibe la votación unánime del Senado en relación con un proyecto tan importante.
Para nosotros, los compromisos con los derechos humanos son de primera prioridad.
La nueva agenda que proponemos en materia de derechos humanos busca hacerse cargo no solo de la justicia transicional, cuyos objetivos apuntan a la verdad, la justicia y la reparación por hechos ocurridos en el pasado, sino también de la realidad que hoy día existe.
Como señalaron aquí varios señores Senadores, hay informes de la Corte Suprema o del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que dan cuenta de situaciones graves que afectan a personas en distintos lugares, como pueden ser las cárceles o, en otros momentos, los centros que albergan a menores vulnerables.
Por eso, el compromiso que genera un mecanismo de prevención de la tortura es del todo importante para la realidad que, aunque sea muy circunscrita, lamentablemente vivimos en Chile.
También hemos oído inquietudes en torno a cuál será la conformación de este mecanismo y la necesidad de contar con la mayor autonomía posible.
Es por ello que -ya lo manifesté pero quiero reiterarlo- esperamos incorporar algunas indicaciones que permitan hacerse cargo de las interrogantes que los señores Senadores han planteado, de manera de garantizar que el mecanismo en cuestión podrá funcionar de la forma más libre, autónoma e independiente posible, para asegurar el cumplimiento de su cometido, que es, básicamente, contribuir a la prevención de cualquier acto de tortura que se pretenda llevar a cabo en nuestro país.
Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette. (boletín N° 11.258-11).
Por acuerdo de Comités, queda para la tabla de hoy.
Conforme a lo señalado precedentemente, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.258-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 22ª, en 6 de junio de 2018 (se da cuenta).
Salud: sesión 23ª, en 12 de junio de 2018.
El objetivo fundamental de la iniciativa es propender a hacer visible este padecimiento para que la ciudadanía entienda que todas las personas son diferentes, a fin de evitar a quienes lo sufren el dolor adicional de no ser comprendidos y de ser objeto de burlas.
La Comisión de Salud coincidió con la finalidad del proyecto, y lo aprobó con los votos de los Senadores señoras Carolina Goic y Jacqueline van Rysselberghe y señores Francisco Chahuán y Rabindranath Quinteros.
El texto de la iniciativa, que consignaré a continuación, fue aprobado en general y en particular por la Comisión, la cual propone a la Sala proceder en los mismos términos.
El artículo único del proyecto dice: "Establécese el día 7 de Junio de cada año como el `Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette'.".
Señor Presidente , yo partí de la base de que alguno de los señores Senadores que aprobaron el proyecto iba a explicar en qué consiste el síndrome de Tourette.
Yo confieso que tengo cierta idea sobre el particular, pero no la suficiente.
Desde ya, anuncio que no me voy a oponer a la iniciativa en debate, a pesar de que el 7 de junio coincide con la celebración del Día de las Glorias de la Infantería en Arica.
Fuera de eso, no tengo inconveniente alguno.
Eso sí, en aras de la seriedad de nuestra Corporación, pienso que algún colega debería explicar -y ello ha de quedar consignado en la Versión Oficial- en qué consiste la conmemoración que estamos estableciendo.
Comparto ese criterio, Su Señoría.
De hecho, la Senadora señora Goic le pidió a la Mesa, específicamente al Presidente , que, una vez emitido el informe, se colocara el proyecto en tabla en el día de hoy.
Lo deseable, obviamente, sería que se explicaran los alcances de su texto.
De todas maneras, la Secretaría va a dar una pequeña cuenta de la iniciativa a la Sala.
El proyecto se inició en la Cámara Baja, en virtud de una moción que presentaron los Diputados señoras Karol Cariola , Marcela Hernando y señores Juan Luis Castro , Manuel Monsalve , Guillermo Teillier y Víctor Torres , y los ex Diputados señoras Clemira Pacheco y Karla Rubilar y señores Pedro Browne y Lautaro Carmona .
La Comisión de Salud analizó el proyecto, coincidió con su objetivo, el cual ya señalé, y lo aprobó por unanimidad con los votos de las Senadoras señoras Goic , Van Rysselberghe y los Senadores señores Chahuán y Quinteros .
Senador señor Insulza, imagino que habrá escuchado el relato del señor Secretario, para poder votar el proyecto.
¿Estamos en la iniciativa relativa al Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Presidente?
Ya la votamos, señor Senador.
¿Usted desea hacer uso de la palabra respecto al proyecto que nos ocupa?
No. Deseaba referirme al anterior, señor Presidente .
¡Tiene que estar más despierto, Senador Navarro...!
Señor Presidente , quiero sugerir lo siguiente.
Efectivamente, la Senadora Goic pidió a la Mesa, en nombre de la Comisión de Salud, que viéramos en Comités que este proyecto se pusiera sobre tabla. Pero me parece que su tratamiento requiere mayor explicación, más allá de lo que todos hemos leído en el informe.
Sin embargo, como ya está en discusión, propongo que se abra la votación para fundamentar el voto, mientras llegan algunos colegas a la Sala.
Efectivamente, Su Señoría, vamos a abrir la votación.
El señor Secretario ya ha hecho la relación del proyecto. En el intertanto, mientras estamos en votación, si alguna señora Senadora o algún señor Senador desea argumentar, en buena hora que así sea. Pero ya se ha dado lectura al informe.
Señor Presidente , ¿quién va a explicar el proyecto? No he visto el informe.
¿Han votado todas las señoras Senadoras y señores Senadores?
Señor Presidente , estoy de acuerdo en aprobar la iniciativa que declara el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette.
Sin embargo, coincido con lo señalado por el Senador Insulza, porque los ariqueños y los parinacotenses tenemos nuestro día: el Día del Asalto y Toma del Morro de Arica.
En lo personal, me voy a abstener, porque por lo menos en mi Región no quiero fijar otra festividad ese día.
Entonces, ¿autoriza la Sala que el señor Secretario lea el informe?
Los antecedentes que figuran en el informe que se acaba de recibir en la Mesa son, en síntesis, los siguientes:
El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, crónico y genético que comienza a manifestarse en la infancia y la adolescencia, habitualmente alrededor de los 5 años o incluso antes, que afecta a una de cada mil personas.
Se caracteriza por la manifestación de múltiples tics: a) Físicos como doblar el cuerpo, realizar movimientos bruscos o saltar, entre otros. b) Fónicos, como emitir sonidos, palabras o frases completas, que generalmente la persona afectada no puede refrenar o suprimir.
En ocasiones el enfermo puede presentar trastornos asociados, como el obsesivo compulsivo, el déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del sueño y de la alimentación.
El año 2013 la Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette propuso que se fijara el 7 de junio para celebrar el Día de la Concienciación del Síndrome.
No obstante que en Chile se estima que 18.006 personas sufren el Síndrome o pueden estar afectadas por él, nuestro país no ha adherido todavía a este reconocimiento y a la campaña de concienciación. Es por ello que los autores de la iniciativa, que fue respaldada unánimemente en la Cámara de Diputados por 142 votos, han propuesto aprobar este proyecto.
Se ha dado lectura, entonces, a los antecedentes del informe. Y, reitero, este llegó hace pocos minutos a la Secretaría.
--Se aprueba el proyecto en general (24 votos a favor, una abstención y un pareo) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y se despacha en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
No votó, por estar pareada, la señora Órdenes.
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Von Baer y señores Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Quintana.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.983-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos geriatras y adopte medidas para agilizar el reconocimiento de títulos de médicos extranjeros radicados en Chile.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Insulza, Latorre, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Ossandón, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Castro, Durana, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Navarro, Pérez, Pizarro, Pugh, Prohens, Quintana, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.985-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 6 de junio de 2018.
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para resguardar y fomentar la producción nacional de leche.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y señores Araya, Bianchi, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Latorre, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.986-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, haga extensivo a las manipuladoras de alimentos de las regiones que indica el bono especial de desempeño en zonas extremas, mediante su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Lagos.
Conforme a los acuerdos de Comités, se verá el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Rincón, Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Quinteros.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.988-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 23ª, en 12 de junio de 2018.
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República, dentro de las medidas que adoptará su Gobierno respecto de la infancia en el área de la salud, un dispositivo permanente de atención para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el Sistema de Protección o en el Sistema de Reinserción Juvenil, aquejados de enfermedades crónicas y/o situaciones médicas complejas, para su debida y oportuna atención, en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, García, Guillier, Insulza, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores De Urresti y Lagos.
Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, procederé a levantarla, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que se informe acerca de NÚMERO, UBICACIÓN TERRITORIAL Y FUNDAMENTOS DE AUTORIZACIONES PARA INTERVENCIÓN DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS.
Al señor Ministro de Salud, a fin de que se dé a conocer ESTADO DE REENCASILLAMIENTO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR.
Al señor Jefe de la Oficina Regional de Valparaíso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el objeto de consultar por POSIBILIDAD DE AUTORIZACIÓN DE PASO PARA AGUA POTABLE RURAL DE LAGUNA VERDE A ZONA DE EXTENSIÓN URBANA.
Y al señor Capitán de Puerto de Quintero, para que se informe sobre RESULTADO DE SUMARIO POR VERTIMIENTO DE CARBÓN EN BAHÍA DE VENTANAS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole considerar EFECTOS PREOCUPANTES DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN LOCALIDAD DE MELEFQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI, PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA ZONA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a la señora Ministra del Deporte y al señor Intendente de Los Ríos, solicitándoles remitir ESTUDIOS SOBRE REDISEÑO DE PROYECTO DE PARQUE NÁUTICO Y PISTA DE AGUAS QUIETAS PARA PRÁCTICA DE REMO EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura y a la señora Directora Nacional del SERNAPESCA subrogante, haciéndole presente OBSERVACIONES EFECTUADAS POR AGRUPACIÓN DE BOTEROS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PESCA DEPORTIVA DE LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO, RESPECTO DE CALIDAD DE EQUIPAMIENTO RECIBIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO.
A la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones, pidiéndole estudiar INCORPORACIÓN DE REGIÓN DE LOS RÍOS EN PROCESO DE LICITACIÓN DE REDES 5G Y FIBRA ÓPTICA y a fin de que indique MEDIDAS Y PLAZOS DISPUESTOS PARA QUE ENTEL, CLARO Y MOVISTAR SUBSANEN PROBLEMAS DE BAJAS O NULAS CAPACIDADES DE TRANSMISIÓN E INTERMITENCIA DE ALGUNOS SERVICIOS EN SECTORES DE COÑARIPE, LIQUIÑE Y POCURA, REGIÓN DE LOS RÍOS.
A los Intendentes y Presidentes de los Consejos Regionales de todo el país, pidiéndoles remitir diversos antecedentes acerca de LICITACIONES EFECTUADAS POR GOBIERNOS REGIONALES EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
A los Alcaldes de Hualpén, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Coronel, Tomé, Penco y Lota, con el propósito de que envíen DATOS DE PROYECTO "LA RUTA DEL AGUA", SURGIDO DEL TRABAJO DE LA MESA DE HUMEDALES.
A los Alcaldes de Paillaco, Valdivia, La Unión, Río Bueno, Corral, Lago Ranco, Futrono, Los Lagos y Panguipulli y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, para que remitan CATASTROS O ESTADÍSTICAS COMUNALES, PROVINCIALES O REGIONALES SOBRE VIVIENDAS CON TECHOS DE ASBESTO CEMENTO.
A los señores Superintendente de Servicios Sanitarios y Secretario Regional Ministerial de Salud de los Ríos, para que envíen información sobre RECAMBIO, MANTENCIÓN, REPARACIÓN O INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ASBESTO CEMENTO EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EMPRESAS SANITARIAS EN COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS, A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN DECRETO N° 656, DE 2000, DEL MINISTERIO DE SALUD.
Al señor Director Nacional de Vialidad, solicitándole antecedentes relativos a VIABILIDAD DE PLANTEAMIENTO DE COMITÉ DE APR "LOS COLIHUES", A TRAVÉS DE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PARA PEDIR HOMOLOGACIÓN O ENROLAMIENTO DE CAMINO ENTRE RUTA DE LOS RÍOS Y CAMINO T-55 LOS LAGOS-FUTRONO y para que remita información acerca de POSIBILIDAD DE MEJORAMIENTO DE MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA COYUNDA, DESDE SECTORES VIVANCO-EL MELI HASTA RUTA CAYURRUCA-TRAPI.
Al señor Director General de Aguas subrogante, pidiéndole NÓMINA DE DECLARACIONES DE AGOTAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES EMITIDAS POR DGA DESDE 2008.
Y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, solicitándole ANTECEDENTES ACERCA DE USO Y OBJETIVOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN EN SECTOR LA ROMAZA DEL PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO Y EN RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUENCO.
A los señores Intendente de la Región del Maule y Director subrogante del Servicio de Salud del Maule, requiriéndoles diversa información relativa a REAPERTURA DE PLANTA COEXCA (FAENADORA DE AGROSUPER EN FREIRINA).
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole información detallada a raíz de ANUNCIO PRESIDENCIAL DE EXTENSIÓN DE CARRETERA AUSTRAL, DESDE PUERTO MONTT A VILLA O'HIGGINS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de manifestarle su inquietud y solicitarle información en torno a CRITERIOS MINISTERIALES PARA APLICACIÓN DE POLÍTICA HABITACIONAL Y SU FINANCIAMIENTO, SOBRE TODO EN REGIÓN DE AISÉN, y al objeto de pedirle REVISIÓN DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN COIHAIQUE.
Y al señor Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, formulándole requerimiento en cuanto a EVENTUALES ESTUDIOS O INVESTIGACIONES SOBRE CAMBIO DE MATRIZ ENÉRGETICA EN REGIÓN DE AISÉN.
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, pidiéndoles solución para PROBLEMA DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE JUNAEB DE TARAPACÁ; ARICA Y PARINACOTA, Y AISÉN POR EXCLUSIÓN DE PAGO DE BONO DISPUESTO EN LEY DE PRESUPUESTOS DE 2018.
--Se levantó a la 17:39.
Vuestra Comisión de Educación y Cultura viene en informar en particular el proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción de la ex Diputada señora Pacheco, doña Clemira y de los ex Diputados señores Andrade, Lemus y Poblete; y Honorables Diputadas Álvarez, doña Jeny, Fernández, doña Maya, y Vallejo, doña Camila; y Honorables Diputados señores Auth, Jiménez y Soto.
A la sesión en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron:
- Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: el Subsecretario de las Culturas, señor Juan Carlos Silva; el Asesor Legislativo, señor Raimundo Varela.
- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Asesor, señor Cristóbal Kubick.
- De la Biblioteca del Congreso Nacional: la Analista, señora Pamela Cifuentes.
- De la oficina de la Honorable Senadora señora Provoste: el Asesor, señor Rodrigo Vera.
- De la oficina del Honorable Senador señor García: el Asesor, señor Rodrigo Fuentes.
- De la oficina del Honorable Senador señor Quintana: el Asesor, señor Jaime Mondría.
- Del Comité Partido por la Democracia: los Asesores, señorita María Jesús Mella y señor Marcelo Pérez y el Periodista, señor Gabriel Muñoz.
- Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente: la Periodista, señorita Karely Lütte.
- Del Comité Partido Demócrata Cristiano: el Asesor, señor Julio Valladares.
- De Instituto Libertad y Desarrollo: el Asesor, señor Esteban Ávila.
- De Fundación Jaime Guzmán: la Asesora, señorita Macarena Bravo
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:
1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: no hay.
2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: la signada con el número 1).
3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: no hay.
4.-Indicaciones rechazadas: no hay.
5.-Indicaciones retiradas: no hubo.
6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.
El Senado aprobó, en el primer trámite reglamentario – en general - un proyecto de ley de artículo único que junto con declarar el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, autoriza para tal efecto, a izar la Bandera de la Paz en los monumentos históricos, museos, organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad, y en los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional.
La única indicación formulada a la iniciativa, de autoría del Honorable Senador señor Pugh, recae en el inciso segundo del referido artículo único, y reemplaza la expresión “Bandera de la Paz” por “Bandera de las Naciones Unidas”.
Sobre el particular, la Comisión debatió sobre la admisibilidad de la misma, en razón de si acaso su contenido está dentro de las ideas matrices del proyecto, en consideración a los antecedentes y argumentos que se plantearon en la moción presentada en la Honorable Cámara de Diputados y en concordancia con las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la discusión en particular de toda iniciativa de ley. [1]
En efecto y como se recordará, la moción destaca que la conmemoración de este día tiene su antecedente directo en la firma del “Tratado de Protección a las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos” — (Pacto Roerich), suscrito en Washington el día 15 de abril de 1935, el cual Chile firmó junto a otros Estados del continente americano, en el marco de lo que entonces era la Unión Americana, momento el cual, y con el ánimo de respetar, proteger y preservar el patrimonio cultural y educativo de la humanidad, se acordó enarbolar la "Bandera de la Paz" propuesta por Roerich, como un símbolo de protección de ese patrimonio tanto en tiempos de paz, y, frente a los conflictos bélicos en todos aquellos lugares en los que los Estados firmantes de este Tratado albergaran su patrimonio cultural y educativo
En este mismo orden de consideraciones, la Secretaría de la Comisión sostuvo que la idea matriz o argumental de este proyecto de ley relaciona directamente la conmemoración del día de la paz con el izamiento de la bandera de la paz y que, teniendo en consideración las normas señaladas y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reseñada en la referencia, las indicaciones deben guardar correspondencia con la razón principal o motivo de un proyecto de ley, los cuales estarán contenidos en el mismo documento que se presenten, ya sea un mensaje o una moción, por lo que plantear un cambio de la naturaleza que propone indicación presentada sería apartarse de la referido sustento argumental del proyecto, explicación que fue compartida por la señora Presidenta de la instancia, por lo cual declaró inadmisible la referida indicación.
Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y a proposición del Honorable Senador señor García, la Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Provoste, sometió a votación la admisibilidad de la indicación.
- Puesta en votación, la indicación fue declarada admisible con el voto favorable de la Honorable Senadora señora Von Baer y Honorables Senadores señores García Ruminot y Latorre. Votó por la inadmisibilidad de la indicación la Honorable Senadora señora Provoste.
- A continuación, puesta en votación la indicación, resultó aprobada por mayoría de votos. Por la afirmativa se pronunciaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señores García Ruminot y Latorre. Votó en contra la Honorable Senadora señora Provoste.
Al fundamentar su voto, los Honorables Senadores señora Von Baer y señor García, expresaron que la bandera de la Organización de las Naciones Unidas simboliza de mejor forma el objeto que persigue el proyecto, que es celebrar el día de la paz, puesto que dicha organización es reconocida a nivel mundial por sus misiones en esta línea como asimismo por dedicar gran parte de sus esfuerzos a la mantención de la misma.
De conformidad al acuerdo anterior, vuestra Comisión de Educación y Cultura os propone aprobar el texto despachado en general con la siguiente enmienda:
Reemplazar la expresión “Bandera de la Paz” por “Bandera de las Naciones Unidas”
(Mayoría de votos. 3x1).
Consecuentemente con lo anterior el texto del proyecto de ley quedaría como sigue:
Autorízase, para tal efecto, a izar la Bandera de las Naciones Unidas en los monumentos históricos, museos, organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad, y en los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional.
Tratado y acordado en sesión celebrada el día 6 de junio de 2018, con asistencia de los Honorables Senadoras señoras Yasna Provoste Campillay (Presidenta) y Ena Von Baer Jahn, y Honorables Senadores señores José García Ruminot y Juan Ignacio Latorre.
Sala de la Comisión, a 11 de junio de 2018.
Francisco Javier Vives Dibarrart
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, QUE ESTABLECE EL 15 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA PAZ A TRAVÉS DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO.
(BOLETÍN Nº 11.534-24)
I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Establecer el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el objeto de izar la bandera de la paz en los monumentos históricos, museos, organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad, y en los establecimientos escolares públicos y privados del territorio nacional.
II. ACUERDOS: aprobar la indicación presentada al proyecto aprobado en general.
(Mayoría de votos, 3x1).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único.
IV. URGENCIA: no tiene.
V. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Moción de la ex Diputada señora Pacheco, doña Clemira y de los ex Diputados señores Andrade, Lemus y Poblete; y Honorables Diputadas Álvarez, doña Jeny, Fernández, doña Maya, y Vallejo, doña Camila; y Honorables Diputados señores Auth, Jiménez y Soto.
VI. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 10 de abril de 2018.
VIII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.
IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- El Tratado de Protección a las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos (Pacto de Roerich), de 15 de abril de 1935.
Francisco Javier Vives Dibarrart.
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República, de fecha 5 de octubre de 2017.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 9 de enero de 2018, donde se dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.
A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, del Ministerio de Relaciones Exteriores: el Subdirector de la División Jurídica, señor Álvaro Arévalo, y el Jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de esa misma División, señor Juan de Dios Urrutia.
Asimismo, concurrieron de la Secretaría General de la Presidencia, el asesor, señor Cristián Barrera. De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor parlamentario, señor Juan Pablo Jarufe. Del Comité Unión Demócrata Independiente, la periodista, señora Karelyn Lüttecke. Del Comité del Partido Socialista, el asesor, señor Nicolás Godoy. De la oficina del Senador Jorge Pizarro, la asesora, señorita Joanna Valenzuela. De la oficina del Senador Manuel José Ossandón, la Jefa de Gabinete, señora M. Angélica Villadangos y el asesor, señor José Tomás Hughes. De la oficina del Senador José Miguel Insulza, las asesoras, señoras Ginette Joignant y Lizzy Seaman. De la Oficina del Senador Ricardo Lagos, la asesora, señora Leslie Sánchez. De la oficina del Senador Alejandro García-Huidobro, el asesor, señor Ignacio Morandé
a) Constitución Política de la República. En su artículo 54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".
b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.
c) Código Procesal Penal, Libro IV, Título VI, Extradición.
2.- Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República.- Señala el Mensaje que el año 2016 se cumplieron cuarenta y seis años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre la República de Chile y la República Popular China, las que se han profundizado, particularmente luego de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, herramienta fundamental en el comercio bilateral entre ambos países.
Agrega que el Tratado de Extradición se enmarca en este escenario favorable de amistad, el cual permitirá fortalecer los vínculos de cooperación mutua en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, y que tiene por objeto hacer más efectiva la cooperación entre las dos Repúblicas en la represión del delito, basándose en el respeto recíproco de la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo.
Asimismo, señala que este convenio recoge los principios generales del Derecho Internacional en materia de extradición y su texto es concordante con los criterios contemplados en los tratados bilaterales que Chile ha celebrado sobre la misma materia.
3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, de 17 de octubre de 2017, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana estudió la materia en sesión efectuada el día 7 de noviembre de 2017 y aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, el proyecto en informe.
Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 4 de enero de 2018, aprobó el proyecto, en general y en particular, por ochenta votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
4.- Instrumento Internacional.- El Tratado se encuentra estructurado por un preámbulo y veinticuatro artículos en los cuales se contienen las normas dispositivas del mismo.
El artículo 1 señala que las Partes se comprometen a entregarse mutuamente a las personas que se encuentren en su territorio y que sean reclamadas por la otra Parte para ser juzgadas o para la ejecución de una condena impuesta por sus Tribunales, por un delito que dé lugar a la extradición, de acuerdo con las disposiciones de este Tratado.
Luego, el artículo 2 recoge los principios de la doble incriminación y de la mínima gravedad. Dispone que sólo se concederá la extradición por los delitos que se encuentren tipificados penalmente por la legislación de ambas Partes, cuando cumplan una de las condiciones que se señalan en el artículo 2, numeral 1, del Tratado.
Establece que, para efectos de determinar si los hechos constituyen delito conforme a la legislación de ambas Partes, no tendrá relevancia el hecho de que las respectivas legislaciones incluyan el acto dentro de la misma categoría de delitos; o que el delito reciba la misma denominación. Asimismo, tampoco tendrá relevancia que los elementos constitutivos del delito sean distintos en la legislación de una y otra Parte, siempre y cuando se tenga en cuenta la totalidad de los actos, tal como hayan sido calificados por la Parte requirente.
El artículo 3 expresa que darán lugar a la extradición los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Partes.
A su vez, el artículo 4 dispone que cuando se solicite la extradición de una persona por un delito que entrañe la infracción de una disposición legal en materia tributaria, arancelaria o cambiaria, o de cualquier otra disposición de carácter fiscal, no podrá denegarse la extradición so pretexto de que en la legislación del Estado requerido no se establece el mismo tipo de impuesto o gravamen ni son iguales que en el Estado requirente sus disposiciones fiscales, arancelarias o cambiarias.
El artículo 5 establece siete casos de denegación obligatoria. Estos son los siguientes: (a) cuando la solicitud de extradición verse sobre delitos políticos, (b) cuando haya sido presentada por motivos discriminatorios, (c) cuando se trate de delitos exclusivamente militares, (d) cuando la acción penal o la pena estén prescritos, de conformidad con la legislación de la Parte requerida, (e) cuando la Parte requerida ya haya dictado sentencia firme o concluido un procedimiento judicial contra la persona reclamada (principio “non bis in idem”), (f) cuando se trate de delitos juzgados en ausencia, y (g) cuando el delito por el cual se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte.
Por su parte, el artículo 6 norma los casos de denegación discrecional, a saber: (a) cuando la Parte requerida posea jurisdicción, de acuerdo con las leyes nacionales, respecto del delito por el que se solicita la extradición; y, (b) cuando la Parte requerida, pese a tener en cuenta la gravedad del delito y los intereses de la Parte requirente, considera que la extradición es incompatible con consideraciones humanitarias, a la vista de la minoría de edad de la persona, su edad avanzada, su salud u otras circunstancias.
El artículo 7 señala que las Partes estarán facultadas para denegar la extradición de sus nacionales. No obstante, en dicho caso, la Parte requerida deberá juzgar a la persona reclamada y la Parte requirente proporcionará a la Parte requerida los documentos y pruebas necesarias relacionadas con el caso. De esta forma, se da cumplimento al principio “aut dedere aut iudicare” (se entrega o se juzga).
Enseguida, el artículo 8 establece que las Partes se comunicarán por conducto diplomático, sin perjuicio de que a futuro puedan acordar la designación de otras autoridades para recibir y transmitir las solicitudes de extradición.
El artículo 9 dispone que la solicitud de extradición deberá ser por escrito e incluir o ir acompañada de:
b) El nombre, la fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, documento de identidad y domicilio de la persona reclamada, así como cualquier otra información que pueda ayudar a determinar la identidad de la persona y su posible paradero.
Además de lo anterior, la solicitud de extradición deberá ir acompañada de una copia de la orden de detención emitida por la autoridad competente de la Parte requirente. Asimismo, en caso que la solicitud tenga como objeto el cumplimiento de una pena ya impuesta, también deberá acompañarse una copia de la resolución judicial y una descripción del periodo de condena que ya ha sido cumplido.
Finalmente, la solicitud de extradición y los documentos que se envíen en apoyo de ésta deberán ir firmados o sellados y acompañados de una traducción en la lengua de la Parte requerida, indicándose que no se requerirá la legalización de los documentos solicitados.
Luego, el artículo 10 señala que en caso que la información proporcionada en la solicitud de extradición no sea suficiente, la Parte requerida podrá solicitar información adicional en los cuarenta y cinco días siguientes a ésta, plazo que podrá ampliarse por otros treinta días por motivos debidamente justificados.
El artículo 11 faculta a las Partes, en caso de urgencia, para solicitar la detención provisional de la persona reclamada, a la espera de la solicitud de detención, cumpliendo los requisitos estipulados. Se dispone, asimismo, que la Parte requerida deberá informar con prontitud el curso dado a la solicitud. Cabe señalar que se pondrá fin a la detención provisional si, en el plazo de dos meses a contar desde la detención de la persona reclamada, la Parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición, plazo que se podrá ampliar por treinta días más, a solicitud de la Parte requirente, por motivos debidamente justificados. Sin embargo, la puesta en libertad de la persona se entenderá sin perjuicio de la extradición de la persona reclamada si la Parte requerida recibe con posterioridad la solicitud formal de extradición.
A continuación, el artículo 12 norma que la decisión sobre la solicitud de extradición será resuelta de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación interna de la Parte requerida, la cual informará su decisión con prontitud. En caso de ser denegada total o parcialmente, deberá informar a la Parte requirente los motivos de tal denegación.
El artículo 13 regula las tres hipótesis en cuanto a la entrega de la persona requerida. En primer lugar, y en caso de concederse la extradición, ambas Partes acordarán la fecha, el lugar y cualquier otra circunstancia relativa a la ejecución de la entrega. Luego, en segundo lugar, si la Parte requirente no ha recogido a la persona en un plazo de quince días después de la fecha acordada para la ejecución de la entrega, la Parte requerida pondrá a la persona en libertad inmediatamente y podrá rechazar una nueva solicitud de extradición de la Parte requirente que se refiera a la misma persona y por los mismos hechos. Finalmente, si una de las Partes no entrega o no va a recoger a la persona dentro del plazo acordado por razones ajenas a su voluntad, la otra Parte será notificada con prontitud, y las Partes acordarán nuevamente los términos de la ejecución de la entrega.
Por su parte, el artículo 14 faculta a las Partes para aplazar la entrega de la persona requerida, cuya extradición fue concedida, cumpliendo los requisitos señalados en este Tratado. A fin de evitar que el aplazamiento provoque prescripción de la acción o dificultades en la investigación, se contempla la posibilidad de entregar temporalmente a la persona reclamada, de acuerdo a los términos y condiciones acordados por ambas Partes.
El artículo 15 contempla la posibilidad de conceder la extradición si la persona reclamada, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda, presta su conformidad a ser entregada al Estado requirente.
A su vez, el artículo 16 norma que, en caso de concurrencia de solicitudes de extradición de distintos Estados, la Parte requerida deberá tener en cuenta circunstancias tales como la gravedad de los delitos, el lugar de comisión de éstos, las fechas de las respectivas solicitudes de extradición, la nacionalidad de la persona reclamada y la posibilidad de una posterior extradición a otro Estado.
El artículo 17 dispone que la persona extraditada de conformidad con el presente Tratado no será procesada o sometida a la ejecución de una condena en la Parte requirente, por delitos cometidos con anterioridad a su entrega, distintos a aquel por el que se concedió la extradición, ni podrá ser reextraditada a un tercer país. No obstante, se establecen tres excepciones: (a) que la Parte requerida haya prestado su consentimiento previo; (b) que la persona no haya abandonado el territorio de la Parte requirente en el plazo de treinta días después de haber sido puesta en libertad; y (c) que la persona haya regresado voluntariamente al territorio de la Parte requirente después de haberlo abandonado.
Seguidamente, el artículo 18 señala que si la Parte requirente lo solicita, la Parte requerida deberá asegurar los productos e instrumentos del delito, en la medida que su legislación interna lo permita. Si la extradición es concedida, los bienes señalados podrán ser entregados aunque no se realice la entrega de la persona reclamada.
La Parte requerida podrá, para llevar a cabo otro procedimiento penal pendiente, aplazar la entrega de los bienes señalados hasta la conclusión del mismo, o bien, entregarlos temporalmente, con la condición de que sean devueltos por la Parte requirente. La entrega de bienes se entenderá sin perjuicio de los legítimos derechos de la Parte requerida o terceros.
El artículo 19 dispone que si una de las Partes debe extraditar a una persona desde un tercer Estado a través del territorio de la otra Parte, solicitará a esta última la autorización para el tránsito, salvo que éste sea por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio de dicha Parte. El tránsito solicitado será autorizado en la medida en que no resulte contrario a la legislación de esa Parte.
A continuación, el artículo 20 establece que la Parte requirente facilitará con prontitud a la Parte requerida la información relativa al procedimiento o la ejecución de la condena contra la persona extraditada, o información relativa a la reextradición de dicha persona a un tercer país.
El artículo 21 norma que la Parte requerida asumirá los gastos que se deriven del procedimiento de extradición, y la Parte requirente asumirá los de transporte y de tránsito relacionados con la entrega o recogida de la persona extraditada.
Luego, el artículo 22 señala que el presente Tratado no afectará los derechos y obligaciones asumidos por las Partes de conformidad a cualquier otro tratado.
El artículo 23 dispone que cualquier controversia que surja entre las Partes será resuelta mediante consultas diplomáticas.
Finalmente, el artículo 24 establece que el Tratado entrará en vigor sesenta días después de la fecha de la última Nota Diplomática. Tendrá una duración indefinida y podrá ser modificado por acuerdo de las Partes. Asimismo, podrá ser denunciado en cualquier momento y será aplicado a cualquier solicitud presentada con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando los hechos u omisiones a los que se refiera hayan ocurrido antes de ésta.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Lagos colocó en discusión el proyecto.
El Subdirector de la División Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Álvaro Arévalo, señaló que el proyecto en estudio se enmarca en una creciente intensificación de la relación bilateral con China, con la cual existe una relación de más de cincuenta años. Añadió que, en ese contexto de mayores lazos, se hace necesario dotar de nuevos instrumentos a dicha relación, como es el caso de la extradición.
Destacó que, a diferencia de otros países, China no extradita sin tratado. Indicó que existen otros países que lo hacen sin convenio, sobre la base de los principios generales de derecho aplicable en materia de extradición, lo que también releva la importancia de este instrumento.
Agregó que, desde el punto de vista de su estructura y de su contenido, es un instrumento que se asemeja fuerte y claramente a un tratado de extradición común y corriente. Añadió que no tiene particularidades que lo hagan especialmente diferente de los convenios que, sobre esta materia, se han suscrito con otros países.
Luego, recordó que nuestra nación fue el primer país sudamericano que reconoció a China y el primer país no asiático que celebró un Tratado de Libre Comercio con ellos. Añadió que, actualmente, existen importantes proyectos con ellos, y que ese incremento de la relación hace necesario un instrumento como el que aquí se propone.
Destacó que el tratado contempla los siguientes principios: el de mínima gravedad; es decir, se aplica respecto de delitos con una pena privativa de libertad superior a un año; el “non bis in ídem”, es decir no se puede sancionar a una persona dos veces por el mismo delito; excluye delitos políticos; incluye terrorismo, y deja afuera, a su vez, delitos exclusivamente militares. Añadió que también recoge el principio de especialidad, y muy importante, el principio de no aplicación de la pena de muerte, que fue uno de los temas que fue importantes para nuestro país.
A continuación, el Honorable Senador señor Insulza consultó si China, no obstante tener contemplada en su legislación la pena de muerte, se compromete a no aplicarla en virtud de este tratado.
El Subdirector Jurídico de la Cancillería, señor Arévalo, respondió que la extradición puede ser denegada obligatoriamente si el delito por el cual se solicita la extradición puede ser castigado con la pena de muerte según las leyes del país requirente, a menos que dicha Parte ofrezca garantías, consideradas suficientes por la parte requerida, de que la pena de muerte no se impondrá o de que si se impone no será ejecutada. Agregó que, en ese caso, si no se extradita a un nacional, porque su orden interno no lo permite, se compromete a juzgarlo internamente.
El Honorable Senador señor Insulza manifestó que lo que se excluye es la posibilidad de aplicar la condena de muerte y, por tanto, se aplicaría la pena que sigue, lo cual le satisface.
Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Lagos, Moreira y Ossandón.
En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo, en los mismos términos propuestos por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China”, hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015.”.
Acordado en sesión celebrada el día 5 de junio de 2018, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber (Presidente), José Miguel Insulza Salinas, Iván Moreira Barros y Manuel José Ossandón Irarrázabal.
Sala de la Comisión, a 5 de junio de 2018.
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China, hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015.
(Boletín Nº 11.480-10)
I.PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: las Partes se comprometen a entregarse mutuamente a las personas que se encuentren en su territorio y que sean reclamadas por la otra Parte para ser juzgadas o para la ejecución de una condena impuesta por sus Tribunales, por un delito que dé lugar a la extradición, de acuerdo con las disposiciones de este Tratado.
II.ACUERDO: aprobado en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (4x0).
III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Convenio que consta de un preámbulo y veinticuatro artículos.
IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V.URGENCIA: no tiene.
VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República, enviado a la Cámara de Diputados.
VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado, en general y particular, por ochenta votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de enero de 2018.
X.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.
XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.
Valparaíso, 5 de junio de 2018.
La reciente "ola feminista" o también conocida como el "mayo feminista" en nuestro país, ha puesto en primera línea una serie de demandas que por muchos años fueron invisibilizadas, esta incipiente manifestación de las mujeres chilenas ha dejado al descubierto las distintas vulneraciones que las mujeres sufren día a día en distintos ámbitos, pero es en el ámbito educacional donde las denuncias por acoso o abuso lamentablemente han develado una cruda verdad que fue ignorada por décadas.
Cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico solo tipifica el acoso en materia laboral a través de la ley 20.005 en su artículo 2 definiendo: " acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo." Nuestras leyes no han regulado el acoso en otros escenarios, esto sumado a que nuestro país ha ratificado una serie de tratados internacionales que eliminan toda forma de discriminación contra la mujer, destacando entre ellos la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" en el año 1989, la "Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do para) de 1996 donde el Estado de Chile se obliga a establecer mecanismos legales que prevengan o regulen todo tipo de discriminación contra la mujer, siendo en este contexto el acoso una medida de discriminación.
Es preocupante que sea en el ámbito educativo donde se produce un gran porcentaje de acoso contra las mujeres, siendo que las Universidades, Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales son estamentos reconocidos y avalados por el Estado de Chile, donde la convivencia entre estudiantes, profesores y trabajadores debe ser lo más armónica en pos de la enseñanza, siendo hoy fundamental y necesario legislar en torno a este tema y sobre todo en torno a la prevención de estos lamentables hechos.
PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESCENARIOS EDUCATIVOS
1.- Regúlese el acoso en al escenarios educativo en los siguientes términos, teniendo como ejes principales, la dignidad humana y el principio de no discriminación establecido en la Constitución y las leyes. Se establece la obligación de todos los estamentos educativos en todos sus niveles de sancionar el acoso sexual, promoviendo así mismo su prevención a través de los mecanismos establecidos en este cuerpo legal.
2.- Se entiende por acoso sexual en el ámbito académico toda insinuación de carácter sexual o física que avalada en una posición de poder o superioridad tenga como objetivo el otorgamiento de favores de índole sexual, provocando en la víctima una intimidación o inhibición en su actuar, cuando se trate de conductas aisladas o repetitivas en el tiempo.
3.- Se entiende como relaciones en el ámbito educativo todas aquellas la existente entre profesor/a- alumno/a, docente guía-tesista, supervisor/a- estudiante en práctica, compañeros de universidad o cátedra y todas aquellas relaciones que se enmarquen dentro del ámbito educativo. Contemplándose como ámbito educativo el desarrollado en Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de educación superior.
4.- Se establece la obligación para todos los establecimientos educacionales nombrados en el artículo anterior de contar con un protocolo que en su génesis debe contar con la participación de todos los estamentos el que deberá tener como contenido mínimo los siguientes puntos:
a.- La existencia de un mecanismo de denuncia a acoso sexual, donde se resguarde la identidad del/la denunciante.
b.- La creación una comisión que investigue estas denuncias la cual debe estar conformada por a lo menos un integrante de cada estamento educativo.
c.- La existencia de una investigación de los hechos denunciados la que no puede tener una extensión de más de 60 días.
c.- Sanciones administrativas a quien la comisión encuentre culpable de acoso sexual en el ámbito educativo, las que deben ir aumentando en su gravedad cuando exista habitualidad o repetición en el acoso sexual.
d.- La existencia de un equipo psicológico y jurídico especializado de acompañamiento para la víctima o denunciante.
5.- La obligación para las instituciones educativas de realizar de jornadas semestrales en la que deben participar todos los estamentos, de reflexión y análisis de políticas educativas en pro de prevenir el acoso sexual en el ámbito educativo.
6.- La obligación de otorgar el apoyo jurídico necesario a la víctima cuando se trate de las situaciones de abuso sexual contempladas en el código penal y que se hayan verificado en un contexto educativo.
7.- Las obligaciones establecidas en los artículos anteriores deben cumplirse en un plazo no superior a 160 días desde la publicación de esta ley y su cumplimiento debe ser verificado por la Superintendencia de Educación correspondiente.
8.- El no cumplimiento de las obligaciones establecidas será condicionante al otorgamiento de beneficios estatales a los establecimientos antes señalados o cualquier reconocimiento otorgado por el Estado.
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.
La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca del proyecto de la suma, iniciado en moción de los Honorables Diputados señoras Karol Cariola Oliva, Marcela Hernando Pérez y señores Juan Luis Castro González, Manuel Monsalve Benavides, Guillermo Tellier del Valle y Víctor Torres Jeldes, y de los ex Diputados señoras Clemira Pacheco Rivas y Karla Rubilar Barahona y señores Pedro Browne Urrejola y Lautaro Carmona Soto.
El proyecto no contiene normas de quórum especial y no se vincula con la organización y atribuciones de los tribunales.
OBJETIVO FUNDAMENTAL Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Al tenor de la moción que le da origen, esta iniciativa de ley propende a hacer visible este padecimiento, para que la ciudadanía entienda que todas las personas son diferentes, de manera de evitar a quienes lo sufren el dolor adicional de no ser comprendidos y de ser objeto de burlas.
El proyecto está conformado por un artículo permanente, lo que hace posible su discusión en general y en particular a la vez, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del Senado.
Señala la moción que el Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, crónico y genético que comienza a manifestarse en la infancia y adolescencia, habitualmente alrededor de los 5 años o incluso antes, que afecta a una de cada mil personas y en mayor grado a niños que a niñas.
Se caracteriza por la manifestación de múltiples tics, que pueden ser de dos tipos: a) Físicos como doblar el cuerpo, realizar movimientos bruscos o saltar, entre otros y, b) Fónicos, como emitir sonidos, palabras o frases completas, que generalmente la persona afectada no puede refrenar o suprimir.
El año 2013 la Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette propuso el día 7 de Junio para celebrar el Día de la Concienciación del Síndrome, en honor a la doctora Mary Robertson, la profesional más destacada en la investigación y el desarrollo en esta materia, quien también jugó un papel central en la formación de la referida Sociedad. Además, se ha consagrado como mes de la concienciación del Síndrome en cuestión el lapso de tiempo entre el 15 de mayo y el 15 de junio.
No obstante que se estima que en Chile 18.006 personas lo sufren o pueden estar afectadas por el Síndrome, nuestro país no ha adherido a este reconocimiento y a la campaña de concienciación. Es por ello que los autores de la iniciativa, que fue respaldada unánimemente en la Cámara de Diputados por 142 votos, han propuesto el proyecto en informe.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN GENERAL
La Comisión de Salud coincidió plenamente con la finalidad perseguida por esta iniciativa, que servirá para estimular la inclusión y la tolerancia, por lo que la aprobó en forma unánime, en general y en particular a la vez, y propone al Senado proceder de igual manera.
- Acordado por los Honorables Senadores señoras Carolina Goic Boroevic y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y señores Francisco Chahuán Chahuán y Rabindranath Quinteros Lara.
Se consigna a continuación el texto del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, cuya aprobación en general y en particular en los mismos términos propone la Comisión:
Artículo único.- Establécese el día 7 de Junio de cada año como “el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette”.
Acordado en sesión de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Carolina Goic Boroevic (Presidente accidental) y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y señores Francisco Chahuán Chahuán y Rabindranath Quinteros Lara.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA EL 7 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL SÍNDROME DE TOURETTE.
(BOLETÍN Nº 11.258-11).
I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: esta iniciativa de ley propende a hacer visible este padecimiento, para que la ciudadanía entienda que todas las personas son diferentes, de manera de evitar a quienes lo sufren el dolor adicional de no ser comprendidos y de ser objeto de burlas.
II ACUERDOS: aprobado en general y en particular. (Unanimidad 4x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: un artículo permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto no contiene normas de quórum especial y no se vincula con la organización y atribuciones de los tribunales.
VI. ORIGEN E INICIATIVA: moción de los Honorables Diputados señoras Karol Cariola Oliva, Marcela Hernando Pérez y señores Juan Luis Castro González, Manuel Monsalve Benavides, Guillermo Tellier del Valle y Víctor Torres Jeldes, y de los ex Diputados señoras Clemira Pacheco Rivas y Karla Rubilar Barahona y señores Pedro Browne Urrejola y Lautaro Carmona Soto.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 6 de junio de 2018.
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe; se propone a la Sala su aprobación en general en particular a la vez, por tratarse de una iniciativa de artículo único.
1. Que el Fiscal Regional de los Lagos señor Marcos Emilfork ha informado al Fiscal Nacional señor Jorge Abbott y a la Directora Nacional del SENAME hace pocos días atrás la existencia de 28 niños en centros del SENAME y sus colaboradores privados "que se encuentran en condición médica compleja".
2. Que esta información fue recogida dentro del marco de la investigación que el Ministerio Público realiza respecto de los casos de muerte de 856 menores en custodia del Estado, que se habrían producido en razón de apremios ilegítimos con resultado de muerte, como ocurrió a la pequeña Lísate Villa, y otros, justamente, por la falta de asistencia médica debida y oportuna. Y el Fiscal Marcos Emilfork, informó de esto al Fiscal Nacional señor Jorge Abbott y alertó a la directora del Servicio Nacional de Menores señora Susana Tonda para la pronta adopción de las medidas adecuadas.
3. Que es deber de esta Corporación en virtud de la obligación ineludible que nos impone el artículo 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Más si sus titulares son niños, niñas y adolescentes respecto de los cuáles el Estado tiene un deber especialísimo de cuidado.
4. Que conforme al artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, Chile reconoce a todo niños el derecho "al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud"; y se ha comprometido a "esforzarse por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios" y a "asegurar la plena aplicación de este derecho".
5. Que en el artículo 25 de la misma Convención, Chile reconoce el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
6. Que por consiguiente es para todas luces ley de estado atender especialmente a los niños, niños, niñas y jóvenes que padecen enfermedades crónicas, VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano, cáncer cérvico uterino, requeridos de transplantes, con enfermedades respiratorias crónicas, etc.
7. Que, no obstante, a partir de los diagnósticos existentes hace años en el país, la Honorable Senadora presentó el día jueves 7 de junio al Ministro de Desarrollo Social señor Alfredo Moreno Charme un conjunto de 60 medidas para la infancia, que en lo relativo a la salud, incluye la adopción permanente de dispositivos que prevengan y atiendan situaciones como éstas.
8. En razón de lo anterior, y para dar debido cumplimiento a las obligaciones del Estado de Chile que establecen los artículo 24 y 25 de la Convención de los Derechos del Niño, en los que reconoce el derecho del niño a la salud, a ser internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, y a un examen periódico del tratamiento al que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación", los abajo firmantes venimos en solicitar la adopción del siguiente Proyecto de Acuerdo:
I. Solicitar a S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE que cumpla las obligaciones del Estado de Chile que establecen los artículo 24 y 25 de la Convención de los Derechos del Niño, en los que reconoce el derecho del niño al más alto nivel de salud, a ser internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, y a un examen periódico del tratamiento al que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación".
II. Requerirle instruya a sus Ministros el urgente cumplimiento de estos deberes respecto de los 28 niños que se encuentran en situación médica compleja dentro de centros de protección del SENAME y sus organismos colaboradores privados, y la permanente supervisión de sus tratamientos y condición de salud.
III. Solicitarle el envío urgente a esta Corporación, y en particular a la Comisión Especial de Infancia y a la Comisión de Salud, de la información acerca de los 28 reconoce el derecho del niño al más alto nivel de salud, a ser internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, y a un examen periódico del tratamiento al que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación".
III. Solicitarle el envío urgente a esta Corporación, y en particular a la Comisión Especial de Infancia y a la Comisión de Salud, de la información acerca de los 28 niños antes referidos, su condición de salud, las medidas adoptadas respecto de cada uno de ellos, el lugar en el que se encuentran, el centro del SENAME o colaboradores privados que los tiene bajo su cuidado y la identificación de los Directores de dichas instituciones.
IV. La inclusión en sus medidas para la infancia en materia de salud, si lo tiene a bien, de las siguientes propuestas realizadas por la Honorable Senadora Ximena Rincón al señor Ministro de Desarrollo Social:
1. Dispositivo permanente de notificación; obligación de derivación de los Directores de los Centros; y deber de atención prioritaria para las autoridades centrales de todo caso de niños en protección o en reinserción a cargo del Estado que se halle en situación médica compleja.
2. Unidades hospitalarias especializadas para internación, tratamiento, y rehabilitación físico-sicológica de niños, niñas y adolescentes en situación médica compleja debido, entre otras situaciones, a enfermedades crónicas, VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano, cáncer cérvico uterino, requeridos de transplantes, con enfermedades respiratorias crónicas, etc.
3. Provisión estatal de insumos como oxígeno, medicamentos y alimentos especiales de muy alto costo, o que no se encuentren en el mercado nacional para el tratamiento de condiciones especiales de salud o enfermedades infantiles catastróficas, mediante la suscripción de convenios internacionales de ser necesario.
4. Plan de Acción obligatorio "SOS Salud" con línea telefónica de emergencia para la atención de urgente y traslados al hospital público o clínica y privada más cercana ante emergencias médicas de niños de centros SENAME y Centro de Internación.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Carmen Gloria Aravena Acuña, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Ximena Órdenes Neira, Senadora.- Yasna Provoste Campillay, Senadora.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Juan Castro Prieto, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Álvaro Elizalde Soto, Senador.- Rodrigo Galilea Vial, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador.- José Miguel Insulza Salinas, Senador.- Felipe Kast Sommerhoff, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Juan Ignacio Latorre Riveros, Senador .- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Kenneth Pugh Olavarría, Senador.- Rafael Prohens Espinosa, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.

References: artículo 3

Artículo 1

Artículo 17

Artículo 195

Artículo 196

Artículo 196
 Resolución 
 artículo 68
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 124
 artículo 25
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
e contrario
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 127
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 24