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Timestamp: 2018-11-14 22:06:57+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13275-2016/47797 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016
SENTENCIA SL13275-2016 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA TERMINAR CONTRATO DE MUTUO ACUERDO CON TRABAJADOR AFORADO. RESULTA IRRELEVANTE DETERMINAR SI UN TRABAJADOR GOZA O NO DE GARANTÍA FORAL EN LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL DE MUTUO ACUERDO. EL EMPLEADOR NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE OBTENER AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA DESPEDIR A SU TRABAJADOR AFORADO CUANDO SE HA CONCERTADO DE MANERA COMÚN FINIQUITAR LA RELACIÓN CONTRACTUAL. SI BIEN EL FUERO BUSCA IMPEDIR QUE EL EMPLEADOR PUEDA PERTURBAR INDEBIDAMENTE LA ACCIÓN LEGÍTIMA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LE RECONOCE A LOS SINDICATOS, MEDIANTE EL DESPIDO, EL TRASLADO O EL DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, EL EMPLEADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR EL PERMISO JUDICIAL EXCEPTO CUANDO ESTE CONTRATO CONCLUYA DE MUTUO ACUERDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERO SINDICAL, FUERO SINDICAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA, TRABAJADOR AFORADO, DESPIDO DEL TRABAJADOR, AUTORIZACIÓN PARA EL DESPIDO DEL TRABAJADOR, RECONOCIMIENTO DEL FUERO SINDICAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:539 DE NOVIEMBRE DE 2016, PÁG.2076
Sentencia SL13275-2016/47797 de septiembre 14 de 2016
Rad.: 47797
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso el demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2010, en el proceso ordinario que Pedro Antonio Díaz Pinzón adelanta contra Bavaria S.A.
Con la demanda inicial, solicitó el actor que se declare la existencia de un contrato de trabajo con la accionada desde el 21 de mayo de 1974 hasta el 1º de octubre de 2000, fecha en la que fue despedido sin justa causa. Así mismo, que se decrete que el acta de conciliación celebrada entre las partes es nula, toda vez que Bavaria S.A. no se encontraba autorizada para despedirlo injustamente y sin previa autorización judicial, en tanto era beneficiario de la garantía de fuero sindical; que la demandada “incurrió en faltas contempladas en la violación de la Convención Colectiva de Trabajo y las normas constitucionales”, pues no le estaba permitido despedirlo a través de un acta de conciliación “simulada” ante el Ministerio de Trabajo.
En consecuencia, pretendió que se condene a la reliquidación de sus prestaciones sociales conforme lo establece el instrumento colectivo y al pago de perjuicios causados por lucro cesante y daño emergente desde el 30 de septiembre de 2000 hasta la fecha, la indemnización por despido sin justa causa, la pensión de jubilación convencional, las mesadas pensionales y adicionales dejadas de percibir, los intereses moratorios, la indexación de las sumas adeudadas, lo que resulte probado extra o ultra petita y las costas del proceso.
En forma subsidiaria, solicitó el reintegro al cargo que desempeñó junto con el pago de los salarios dejados de percibir.
Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que laboró en Malterías de Colombia S.A. del 21 de mayo de 1974 al 1º de octubre de 2000, entidad que fue absorbida por Bavaria S.A.; que hizo parte de la organización sindical Sintrabavaria; que el último cargo que desempeñó fue el de operario de almacén con un salario mensual de $ 914.351; que nació el 10 de febrero de 1950; que laboró por más de 26 años, 5 meses y 20 días; que la empresa Malterías de Colombia S.A. fue cerrada el 13 de julio de 2001; que la demandada decidió por intermedio del Ministerio de Trabajo celebrar un acuerdo conciliatorio con el actor con el fin de pactar un retiro voluntario, lo que redundó en una simulación de despido; que como consecuencia de dicho acuerdo la convocada a juicio lo despidió injustamente; que en el mes de febrero de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, la cual fue negada el 12 de mayo de la misma calenda, pese a que cumple con los requisitos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, pues tiene más de 56 años, prestó servicios para la accionada por un tiempo superior a 26 años y fue despedido sin justa causa.
Igualmente, manifestó que fue “presionado y engañado” al suscribir el acta de conciliación, pues él nunca solicitó la celebración de dicho acuerdo sino que quien lo hizo fue la empresa; que para la época en que fue despedido era directivo de la junta del sindicato de Bavaria S.A. y, por tanto, gozaba de fuero sindical; que la accionada no efectuó trámite alguno para el levantamiento de dicha protección ni tampoco notificó al sindicato de su despido, y que el 8 de agosto de 2003 el demandante presentó demanda ordinaria laboral contra Maltería de Colombia S.A. filial de Bavaria S.A., que por reparto correspondió al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que a través de proveído de 2 de marzo de 2004 dio por contestada la demanda y señaló fecha para la audiencia de conciliación obligatoria, lo que demuestra que interrumpió el término de prescripción.
Adujo que la Convención Colectiva “y la Ley” prohíben la terminación de los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho años o más de servicios continuos y que en caso de que ello tenga ocurrencia debe darse aplicación al artículo 8º del Decreto 2351 de 1965; que la demandada realizó un recorte de personal debido a que iba cerrar intempestivamente la planta de “Malterías de techo” y por ello lo “presionó para que se acogiera a un plan de retiro voluntario, conforme a la Resolución 15 de 10 de enero de 2003” la cual fue declarada en firme el 24 de febrero de 2004 (fls. 1 a 8).
Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones elevadas en su contra; en cuanto a los fundamentos de hecho que las soporta, aceptó los extremos de la relación laboral del actor con Malterías de Colombia S.A., la absorción de la que esta empresa fue objeto por parte de Bavaria S.A. y el último cargo y salario del demandante.
Propuso como excepciones previas la de prescripción de la acción laboral por haber transcurrido más de tres años desde la fecha en que se suscribió el acta de conciliación —25 de septiembre de 2000— y el día en que presentó la demanda —6 de junio de 2006—, y la de cosa juzgada. Como medios exceptivos de fondo planteó los que denominó: validez y eficacia de la conciliación, del acogimiento del actor al plan de retiro voluntario ofrecido por Malterías de Colombia S.A., pago, cumplimiento de la demandada de las obligaciones, falta de aplicación de las normas legales, buena fe, compensación de todo lo pagado, cosa juzgada, inexistencia de las obligaciones que se demandan, cobro de lo no debido, indebida aplicación e interpretación de las normas convencionales en que la parte actora fundamenta sus pretensiones, total imposibilidad de pronunciarse sobre algunas pretensiones por falta de legitimación en la causa activa y pasiva y prescripción de la acción laboral (fls. 168 a 194).
II. Trámite y sentencia de primera instancia
En audiencia de trámite de 25 de septiembre de 2006, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta por la convocada a juicio, dio por terminado el proceso y ordenó el archivo de las diligencias, al considerar que lo solicitado por el actor fue el pago de prestaciones sociales, la indemnización por despido, el reconocimiento y pago de una pensión convencional y la reliquidación de la misma, pretensiones que fueron objeto de conciliación.
Contra dicha decisión el mandatario del promotor del litigio interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Este último fue desatado el 24 de septiembre de 2007 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, quien revocó la decisión impugnada, tras considerar que no hay constancia en el expediente que acredite que el acta de conciliación cuya nulidad se persigue en este asunto, hubiese sido sometida a estudio por parte de alguna autoridad judicial (fls. 327 a 329).
Surtido el trámite de ley, el juzgado de conocimiento, a través de sentencia calendada 27 de febrero de 2009, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la accionada y la absolvió de las peticiones incoadas por el demandante, a quien le impuso el pago de las costas procesales (fls. 420 a 426).
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el promotor del litigio, el 31 de mayo de 2010, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó el numeral primero del fallo impugnado y lo confirmó en todo lo demás. Sin costas en la alzada (fls. 440 a 457).
Para tal decisión, comenzó por señalar que eran dos los motivos de inconformidad del actor: (i) que al momento de suscribir el acta de conciliación gozaba de fuero sindical y no se obtuvo permiso para su despido y, (ii) que el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional, “no esta (sic) sometida a prescripción como lo dedujo el juez primigenio”.
Así, al ocuparse del primero de los cuestionamientos, señaló que resultaba irrelevante en el sub judice, si el trabajador era o no aforado al momento de la terminación del contrato de trabajo, puesto que “aun así, en el caso de terminación del contrato por mutuo acuerdo, el empleador, no requiere autorización previa del juez laboral, porque son las partes quienes voluntariamente manifiestan su deseo de terminar el vínculo por mutuo acuerdo, razones suficientes, para denegar este motivo de inconformidad”.
Respecto del segundo reproche, determinó que el a quo incurrió en error al declarar probada la excepción de prescripción “en cuya envoltura se fue la pensión de jubilación convencional”, pues señaló que conforme lo ha determinado esta sala “el derecho a la pensión no es susceptible de prescripción”. En consecuencia, procedió al estudio de dicha pretensión, para lo cual comenzó por analizar el acta de conciliación 49, suscrita el veinticinco 25 de septiembre de 2000 ante el Ministerio de Trabajo, cuyo texto reprodujo para concluir que el contrato de trabajo entre las partes no terminó de manera injusta sino por mutuo acuerdo entre las partes.
Resaltó que la conciliación es la manera más eficaz de precaver conflictos laborales y de conseguir arreglos amigables, rápidos y justos. Agregó, que en el sub judice, el acuerdo se efectuó de conformidad con la ley, en tanto no se violaron derechos ciertos e indiscutibles y “no probó la parte actora tal como le correspondía que el consentimiento dado en este acto por el trabajador estuviera viciado en error, fuerza o dolo”.
De igual forma, indicó que al momento de suscribir el acuerdo, el actor “tuv[o] presente no solo el acta en sí, sino la bonificación que por la terminación del contrato de trabajo, a manera voluntaria le concedió la entidad demandada y sobre ese acto no hizo ninguna manifestación”, y que la oferta realizada por la empresa no constituye por sí misma un acto de coacción contra el actor, por lo que la conciliación suscrita por las partes tiene fuerza de cosa juzgada. Apoyó su postura con la reproducción de apartes de la Sentencia CSJ SL, de 9 marzo de 1995, radicado 7088.
Explicó que el Código Civil tipifica tres clases de errores como generadores de vicios del consentimiento “a saber: error en la naturaleza del acto o negocio y en la identidad del objeto (art. 1510); error en la calidad del objeto (art. 1511) y error en la persona (art. 1512). En el primero el error debe recaer sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, en el segundo se refiere al error en la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el cual verse el acto, y en la tercera y última tiene que ver con la persona con quien se tiene la intención de contratar”, y que ninguno de estos supuestos aparecían demostrados en el sub lite, puesto que al concurrir las partes al Ministerio de Trabajo a celebrar la conciliación, “se sabía de antemano que el acto y la razón del objeto era poner fin a cualquier tipo de controversia”.
Explicó el contenido del artículo 1523 del Código Civil, que define la fuerza o violencia en la celebración de un acto jurídico, para agregar que en este asunto no se demostró que la empleadora hubiere ejercido apremio alguno que “le infundiera al trabajador un justo temor coartándole así el grado de libertad requerido por la ley para el ejercicio de su voluntad jurídica por una coacción física o moral para inducirlo a la celebración de la conciliación”.
Luego de reproducir apartes de una sentencia de fecha 27 de septiembre de 2004, proferida por esa misma magistratura, concluyó que la demandada acreditó que la terminación de la relación laboral fue por mutuo acuerdo y señaló que el reconocimiento de una bonificación ofrecida a cualquier trabajador independientemente si es o no aforado, “no constituye en forma alguna un acto de coacción”.
En esa medida, determinó que no era procedente acceder al pago de la pensión convencional reclamada con base en los artículos 51 y 52 del acuerdo colectivo, en tanto las dos prestaciones se encuentran condicionadas a que el despido se presente sin justa causa, lo cual no aconteció en el sub lite.
V. (sic) Recurso de casación
Pretende el accionante que la Corte “case PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de Descongestión, Sentencia impugnada y, en cuanto confirmó los numerales segundo y tercero de la del Juzgado, para que, en sede de instancia, revoque dichos numerales de la parte resolutiva de la del a quo y, en su lugar, se condene a Bavaria S.A., y se acceda a las súplicas de la demanda inicial, condenando en costas como es de rigor”.
Con tal objeto, por la causal primera de casación, formuló dos cargos que dentro de la oportunidad legal fueron replicados y que la Corte procede a estudiar en su orden.
Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de “los artículos 20 y 78 del CPL y de la SS, y “como violación de medio, a través de la cual se violó la ley sustancial” esto es, los artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1746 del C.C, en concordancia con el 61 del CST, subrogado por el 5 literal b) de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 25, 55, 140, 467, 468, 469, 470 y 476 del CST; 51, 58 y 61 CPL, “dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991””.
Refiere que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que del acervo probatorio no existe medio de convicción que evidencie vicio en el consentimiento (FI. 451 a 452 sentencia del ad-qem (sic) en relación en error en la persona.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la acta de conciliación que aparecen suscritas (sic) entre Bavaria S.A. y el demandante, (FI. 449 sentencia del ad-qem (sic) en relación que no se violaron derechos ciertos e indiscutibles.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo del demandante cesó por mutuo acuerdo, se torna improcedente la pensión convencional (Cláusula 51a y 52a).
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo consignado en el acta de conciliación hace alusión a un común acuerdo de las partes.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, sobre un pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, negó la Nulidad de la Conciliación.
6. No dar por demostrado, estándolo, que mi mandante como beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1999/2000, le era aplicable al momento del retiro las cláusulas 1, 2, 3, 13, 14, 15, 51a, 52a, 59 y 60 que contienen derechos y sumas superiores a las que se incluyeron en la conciliación.
7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada con el retiro que le generó al actor, está desconociendo derechos ciertos e indiscutibles de origen convencional para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
8. No dar por demostrado, estándolo, que la confesión de la parte demandada en el interrogatorio de parte practicado al representante legal a (fl. 349 -Respuesta al preguntado Nº 3), es prueba contundente que da por cierto que al demandante lo amparaba la convención colectiva de trabajo que existe en Bavaria S.A.
9. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes, no se discutió acerca de la relación laboral que vinculó al demandante, ni los extremos de la misma, mucho menos el salario.
Afirma que a tales yerros arribó el ad quem debido a la errónea apreciación del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada (fl. 349) y del acta de conciliación celebrada entre las partes (fls. 22 y 23).
Para su demostración, señala que las actas de inspección administrativa realizadas por el Ministerio de Trabajo acreditan la calidad de aforado que tenía el demandante, dada su pertenencia a la junta de la organización sindical; que tales documentos fueron indebidamente valorados por el ad quem en tanto afirmó que el empleador no requería autorización previa del juez laboral para dar por terminado su contrato de trabajo por mutuo acuerdo, y que con ello, se vulneraron los derechos plasmados en las cláusulas 51 y 52 de la convención colectiva de trabajo, así como el derecho a una libre asociación sindical, por lo cual considera que se generó un despido indirecto.
Aduce que en el acuerdo de voluntades existió “un vicio en el consentimiento, en relación en error en la persona, pues está probado error de apreciación de los documentos provenientes del Ministerio de Trabajo a (fls. 29 al 41) del cuaderno principal, de que el demandante se encontraba afiliado y directivo al Sindicato de Trabajadores de Bavaria S.A.”, y que al tener fuero sindical, previo a despedirlo sin justa causa, era menester adelantar el proceso de levantamiento de tal garantía.
Señala que la pensión convencional no fue objeto de acuerdo; que esta Sala ha sostenido que lo que prescribe son las mesadas mas no el derecho jubilatorio, e insiste en que el sentenciador de segundo grado se equivocó al concluir que la conciliación que suscribieron las partes para finalizar la relación laboral fue libre y voluntaria, “de manera que en estas condiciones se da el supuesto de la disposición extralegal que contempla la pensión reclamada por el demandante, para que se consolidara en cabeza de ellas tal derecho, esto es, las Cláusula 51a y 52 a, en cuanto no una mera expectativa”.
Finalmente, manifiesta que a la fecha no existe sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso que haga tránsito a cosa juzgada en cuanto a la prestación pensional que reclama.
El opositor trae a colación apartes de la Sentencia CSJ SL, 3 dic. 1997, radicado 10169, en la que se establece que los planes de retiro compensado en dinero, que voluntariamente acepten los trabajadores y que sean promovidos por los patronos, son actuaciones legítimas. De ahí, afirma que en este asunto la demandada no forzó al actor para que se retirara del servicio, pues no se demostraron vicios en su consentimiento y que, por lo tanto, lo acordado es plenamente válido, máxime si no se demostró la existencia de objeto o causa ilícita en lo pactado.
Se ocupa de la renuncia voluntaria presentada por el actor —en la que este señala que se acoge a la oferta de retiro compensado—, del acta de conciliación y de la liquidación definitiva de prestaciones, para señalar que resulta evidente que la dimisión del actor obedeció a su decisión de acogerse al plan de retiro ofrecido por su empleadora, que incluía el pago de una bonificación. Luego, aduce que el Tribunal apreció correctamente el elenco probatorio, pues tampoco se demostró la existencia de vicios en el consentimiento.
Conforme lo anterior, expone que como la norma convencional exige para acceder a la pensión de jubilación, entre otras, que el trabajador haya sido despedido sin justa causa, el actor no tiene derecho a tal prestación.
Como se relató en precedencia, la negativa del ad quem para acoger las súplicas de la demanda, se fundamentó en las siguientes premisas:
a. Dado que la terminación del contrato entre las partes fue de mutuo acuerdo, el empleador no estaba obligado a iniciar el juicio de levantamiento del fuero sindical. Por tanto, en este asunto resulta intrascendente la calidad o no de aforado del actor.
b. El a quo incurrió en error al declarar probada la excepción de prescripción respecto de la pretensión relacionada con la jubilación convencional, pues el derecho a la pensión no es susceptible de tal fenómeno.
c. El acta de conciliación firmada por las partes, lo fue con apego a la ley, en tanto no se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles, y por cuanto al momento de suscribirla, el demandante no efectuó manifestación alguna en punto a la bonificación que voluntariamente le concedió la empresa, por la terminación del contrato de trabajo.
d. Conforme el Código Civil, existen tres tipos de errores que generan vicios en el consentimiento: error en la naturaleza del acto, en la calidad del objeto y en la persona. Ninguno de ellos se demostró en el sub lite.
e. Tampoco se probó que la empleadora ejerciera algún tipo de apremio físico o moral sobre su trabajador, en aras de obligarlo a suscribir la conciliación.
f. Los planes de retiro o las bonificaciones ofrecidos a los trabajadores, sean o no aforados, no constituyen per se un acto de coacción en su contra.
g. Como quiera que la relación laboral que unía a las partes terminó por mutuo acuerdo, no hay lugar a reconocer la pensión de jubilación convencional deprecada, pues uno de sus requisitos es que el trabajador haya sido despedido sin justa causa.
Ahora bien, con el firme propósito de invalidar el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes y así acreditar la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador —para de ahí dar paso a la pensión reclamada—, el censor básicamente expone que el tribunal se equivocó en la apreciación de las actas del ministerio del ramo que dan cuenta que el actor tiene la calidad de aforado sindical por ser miembro de la junta directiva de la organización sindical, lo que afirma, llevó al juzgador a concluir que la empresa no requería autorización judicial para dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo.
Empero, lo cierto es que el ad quem nunca se ocupó de estudiar los medios de convicción aportados para efectos de determinar si el actor gozaba o no de la garantía foral, pues sobre el particular simplemente adujo que, en este preciso asunto, tal condición era irrelevante, pues como quiera que la terminación del vínculo fue de común acuerdo, la demandada no estaba en la obligación de obtener la autorización judicial para despedir a su trabajador. Entonces, era esta premisa jurídica la que debía derruir el censor, claro está, por la senda que corresponde.
De todas maneras, el tribunal no se equivocó en su razonamiento, se repite, de orden jurídico, pues como es sabido, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar indebidamente la acción legítima que la Carta Política le reconoce a los sindicatos. Luego, para proceder conforme a esos tres eventos, es que el empleador está en la obligación de solicitar el permiso judicial a través del proceso especial contemplado en el artículo 113 del CPL y SS, más no para aquellos casos donde, como en el sub judice, el contrato de trabajo concluye de mutuo acuerdo.
Así mismo, cuando el empleador despide, traslada o desmejora a un trabajador aforado, sin que medie autorización del juez, el trabajador puede acudir a la jurisdicción laboral en acción especial de reintegro, donde le corresponderá al operador judicial, determinar si el empleador estaba obligado a solicitar el permiso respectivo, y si cumplió con tal deber.
Entonces, en realidad resulta vano examinar los documentos que supuestamente acreditan la calidad de aforado del actor, no solo por cuanto tal condición resulta intrascendente en este asunto, sino porque ese corresponde a un tema propio del proceso especial de fuero sindical, y no del ordinario, que es el que puede llegar a casación, en los eventos legales, donde no pueden abordarse aspectos que atañen al especial reseñado.
Ahora bien, como el tribunal no halló prueba de vicio alguno del consentimiento que llevara a invalidar el acto de renuncia del actor o la conciliación que celebró con Bavaria S.A., le correspondía al impugnante precisar los medios de prueba que acreditaban lo contrario, y que le dieran a la sala la certeza de la existencia de algún apremio que sufriera el trabajador, al emitir el consentimiento que lo condujo a suscribir dichos documentos, para de ahí, pregonar su nulidad. No obstante, el recurrente no procedió de esa manera, por lo que la decisión confutada permanece incólume.
En esa misma línea, los cuestionamientos que tangencialmente propone el censor en punto a que el derecho pensional no prescribe y, que la pensión convencional no fue objeto de conciliación ni tampoco existe sentencia ejecutoriada que haga tránsito a cosa juzgada en punto a dicha petición, tampoco resultan aptos para efectos de derruir la sentencia confutada, pues de las inequívocas expresiones del juez de la alzada resulta claro para la Corte que tales aseveraciones no constituyeron la base del fallo recurrido.
Por el contrario, el Tribunal fue enfático al reconocer el equívoco del juez de primer grado al declarar probada la excepción de prescripción respecto de todas las pretensiones de la demanda —incluida la pensión—, pues sostuvo que tal como lo ha adoctrinado esta sala, el derecho pensional no prescribe, y solo fue a partir de tal aserto que procedió a verificar si al actor le asistía el derecho a obtener el reconocimiento de la jubilación convencional.
Tampoco concluyó en momento alguno que, respecto de la mencionada prestación, hubiera operado el fenómeno de la cosa juzgada por haber sido materia de conciliación o sentencia judicial ejecutoriada, por cuanto lo que en verdad adujo para negar su precedencia fue que uno de los requisitos para acceder a ese derecho contemplado en los artículos. 51 y 52 del acuerdo colectivo, era que el trabajador hubiese sido despedido sin justa causa, por tanto, dedujo que el actor no era beneficiarlo de la pensión convencional en la medida que halló demostrado que el vínculo laboral que unió a las partes, concluyó por el mutuo acuerdo plasmado en el acta de conciliación, cuya nulidad pretendida tampoco salió avante.
Planteadas así las cosas, el cargo luce totalmente desenfocado por no atacar los verdaderos razonamientos del Tribunal para concluir en la improsperidad de las pretensiones de la demanda inicial y, en consecuencia, aquel se desestima.
Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por aplicación indebida “los artículos 20 y 78, del Código Sustantivo Procesal de Laboral” y, por infracción directa, del mismo elenco normativo relacionado en la primera acusación, “toda vez que lo que en este asunto se está reclamando, son prerrogativas derivadas de una convención colectiva de trabajo, vigente para los años 1999 - 2000 cláusulas 51a y 52a”.
En la sustentación del cargo, inició por referirse al contenido del contrato de trabajo, del acta de conciliación suscrita entre las partes, de las cláusulas 51 y 52 de la Convención Colectiva de Trabajo, de la reclamación administrativa elevada por el actor y de la decisión del juez de primera instancia, para señalar que el ad quem omitió observar que una de las pretensiones de la demanda era el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, la que “por su naturaleza de periódica, no podía ser afectada por el fenómeno de la prescripción como lo declaró el Tribunal Superior de Bogotá, al revocar el Fallo de primera instancia”.
Refiere que como dicha prestación no prescribe, el juez de apelaciones debió condenar a la demanda al pago de la misma, en tanto el demandante contaba con 26 años de servicios y cumplió los 55 años de edad el 1º de marzo de 2005, fecha en la cual elevó reclamación por tal concepto.
Afirma que no resulta pertinente declarar el fenómeno de cosa juzgada respecto de aquellos derechos que no fueron objeto de conciliación, como es el caso de la pensión de jubilación convencional y, finalmente, expone:
En definitiva, conforme a la libre apreciación de las pruebas que consagra el artículo 61 del C. P. del T. y de la S.S., , el contrato de trabajo terminó por un motivo distinto, esto es, por mutuo consentimiento de las partes, en virtud de que el actor renunció voluntariamente, la empresa lo aceptó y ambos llegaron a un acuerdo conciliatorio mediante acta, sin que transcendiera concederle al extrabajador una pensión de jubilación de Bavaria S.A. conduce a que no fuera procedente en el examine la aplicación de tal precepto convencional, que es exclusivo para casos de cumplimiento de los requisito (sic) convencional.
La parte opositora refiere que dado que el censor dirigió su ataque por la vía directa, aceptó las conclusiones del Tribunal, luego estas permanecen intactas y, por tanto, la sentencia atacada “debe preservarse incólume”.
Además, sostiene que como quiera que el vínculo laboral concluyó por mutuo consentimiento entre las partes plasmado en el acta de conciliación, la condición del despido injustificado para acceder a la prestación pensional, nunca se dio, por lo que su reconocimiento no resulta procedente.
Lo primero que debe advertirse es que la acusación que se plantea, persigue que la Sala verifique el contenido de algunos medios de convicción, circunstancia que lleva a suponer que el recurrente pretende acreditar un desacierto fáctico, cuando ello es propio de la vía indirecta y no de la jurídica escogida en este caso.
Además del defecto de técnica descrito, se tiene que el censor nuevamente incurre en el error de cuestionar conclusiones ajenas a las que realmente consideró el Tribunal en su decisión. Se dice lo anterior por cuanto reitera sus planteamientos en punto a que los derechos pensionales no puede ser objeto de prescripción y que respecto de la pensión de jubilación convencional pretendida no operó el fenómeno de la cosa juzgada, aspectos de los cuales ya se ocupó la Sala al estudiar la acusación anterior.
Por tanto, el cargo se desestima.
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la demandante. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000), que se incluirá en la liquidación que se efectuará conforme el art. 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2010, en el proceso ordinario que Pedro Antonio Díaz Pinzón adelanta contra Bavaria S.A.

References: artículo 8
 Resolución 
 artículo 1523
 artículo 51
 artículo 113
 artículo 61