Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A102-01.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:08:11+00:00

Document:
Auto 102/01
Referencia: expediente ICC-253. Conflicto de competencia entre la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela promovida por José Luis Mantilla Pérez contra el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Bucara­man­­ga y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil uno (2001)
1. El 1º de diciembre de 2000 José Luis Mantilla Pérez presentó, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, una acción de tutela en contra del Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Bucaramanga y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga.
2. El Tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela en cuestión, por considerar que según el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 la autoridad judicial competente es el respectivo superior funcional del accionado. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
3. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a quien correspondió el asunto, inaplicó el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y se declaró incompetente. En consecuencia, ordenó remitir la actuación a la Corte Constitucional, por considerar que es ésta la autoridad judicial competente para dirimir el conflicto de la referencia.
1. Esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha manifestado que le corresponde dirimir “los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, por ser el superior funcional común, como máximo tribunal en asuntos constitucionales”[1], o cuando de conformidad con las reglas generales sobre conflictos de competencia no exista superior funcional común como sucede en este caso, ya que aunque los órganos judiciales pertenecen a la jurisdicción ordinaria, no comparten un mismo superior funcional y son de especialidad jurisdiccional diferente[2], lo cual hace inaplicable el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
3. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en auto de febrero 27 de 2001, señalo que:
4. Posteriormente, el Presidente de la República decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, mediante el Decreto 404 de 2001[5]
5. En consecuencia, conforme lo ordena el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se dispone que quien debe conocer, en primera instancia, de la acción de tutela de la referencia, es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, ante el cual fue presentada originalmente la acción de tutela.
Primero.- Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Sala de Casación Civil de la Corte Supre­ma de Justicia, para conocer de la acción de tutela promovida por José Luis Mantilla Pérez contra el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Bucara­man­­ga y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los citados despachos judiciales.
Segundo.- Remitir el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para lo de su competencia y comunicar lo aquí decidido a la Sala de Casación Civil de la Corte Supre­ma de Justicia, para los fines legales pertinentes.
Salvamento de voto al Auto 102/01
REF. Expediente ICC-253
Peticionario: José Luis Mantilla Pérez
[2] ICC-207 de 24 de Enero de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] En dicho Decreto, el Presidente de la República considerando, entre otros, "que la Corte Constitucional, mediante auto del 27 de febrero de 2001, resolvió "otorgar efectos inter pares a la decisión de inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, para que en aquellos casos que sean semejantes todos los jueces de tutela apliquen la excepción de inconstitucionalidad en el mismo sentido", y "que frente a la aplicación del Decreto Nº 1382 de 2000, se han presentando innumerables conflictos de competencia derivados de las diversas interpretaciones dadas al mismo, lo que ha generado una situación de incertidumbre jurídica", decidió en su artículo 1º lo siguiente: "Suspéndase por un año la vigencia del Decreto Nº 1382 del 12 de julio de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo".

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 1