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Timestamp: 2020-07-14 22:11:48+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00181 de noviembre 7 de 2013
SENTENCIA 2011-00181 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:FAVORABILIDAD EN CASO DE DUDA DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO. DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO SI NO ES POSIBLE DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL HECHO ACUSADO CON PRUEBAS QUE INCONTROVERTIBLEMENTE LLEVARAN AL JUZGADOR DISCIPLINARIO A LA CERTEZA DE LA COMISIÓN, Y POR EL CONTRARIO, SOLAMENTE SE DAN UNA SERIE DE INDICIOS QUE EN MOMENTO ALGUNO TIENEN LA CAPACIDAD DE PRODUCIR CERTEZA DEL HECHO ACUSADO. TAL GRADO DE DUDA, SOLO PUEDE LLEVAR AL INVESTIGADOR DISCIPLINARIO A ABSOLVER LA RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADO, EN APLICACIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, FAVORABILIDAD, DEBIDO PROCESO Y BUENA FE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PRÁCTICA DE PRUEBA, PENA DE DESTITUCIÓN, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2011-00181 de noviembre 7 de 2013
Rad.: 11001-03-25-000-2011-00181-00(0623-11)
Actor: Wilson Elayner Garcia Mayorga
Se trata de establecer la legalidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 11 de septiembre de 2009 y 1º de febrero de 2010 por la Inspección Delegada Regional Seis de la Inspección General de la Policía Nacional y la Inspección General, Grupo Procesos Disciplinarios de la misma institución, respectivamente, mediante los cuales se declaró responsable disciplinariamente al señor Wilson Elayner García Mayorga y se le impuso la sanción principal de destitución del cargo y la accesoria de inhabilidad por el término de 10 años en el ejercicio de funciones públicas. Así mismo, el Decreto 1171 de abril 14 de 2010 mediante el cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
El proceso disciplinario seguido contra el actor tuvo origen en el informe administrativo 221 de agosto 13 de 2008, que da cuenta de los hechos ocurridos el 9 de agosto del mismo año relacionados con el hurto de una camioneta que transportaba electrodomésticos que fue encontrada por el demandante y tres patrulleros y en la que se advirtió acerca del faltante de algunos de los electrodomésticos transportados. Sin embargo, dicha mercancía fue recuperada tres días después.
Los cargos que de conformidad con el concepto de violación se endilgan a los actos acusados se fundan en la presunta violación del derecho al debido proceso del demandante, por las siguientes razones: i) la falta de notificación oportuna de la práctica de la inspección judicial y omisión de informar que durante ella se recibiría prueba testimonial, que impidió controvertir la prueba; ii) la falta de suficiencia de pruebas que demostraran con certeza la comisión de la conducta e inconsistencias en la prueba testimonial que sirvió de base para la imposición de la sanción; iii) la falta de prueba de la apropiación, que impide demostrar la responsabilidad en la comisión de la conducta y que conlleva presumir su inocencia.
La sanción disciplinaria que se impuso al actor consistió en haber incurrido en la conducta típica descrita en el numeral 14 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que es del siguiente tenor literal:
Numeral 14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencia de la institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”.
De conformidad con lo que se adujo en los actos acusados, los hechos que rodearon la presunta comisión de la falta disciplinaria, ocurrieron de la siguiente forma:
Mediante informe 221 de agosto 13 de 2008 suscrito por el subintendente Arturo Franco Osorio, se hizo alusión al hurto de una camioneta marca Chevrolet Dimax, placa SNO-339 que transportaba electrodomésticos y que fue encontrada por el demandante y unos patrulleros abandonada en la diagonal 67 con avenida 40 altos de Niquía y al verificar con su propietario los electrodomésticos que en ella se transportaban, se registró el faltante de algunos de ellos.
Dos días después del hallazgo, el propietario de la camioneta realizó una llamada en horas de la tarde, en la que aseguró haber recibido una llamada anónima en que le informaron que fueron los policías quienes se quedaron con la mercancía extraviada.
Tal situación se puso en conocimiento del demandante, quien unas horas más tarde realizó una llamada informando que la mercancía había sido recuperada por una patrulla.
Según la versión del subintendente Edwin Arturo Franco Osorio, quien rindió el primer informe ya mencionado, en el sector en donde encontraron la mercancía, una fuente humana les indicó que el garaje en donde fue encontrada la camioneta es utilizado por varias personas para guardar vehículos(1).
En la exposición rendida por el patrullero Jhofre Cardona Calderon, se indica que al llegar al sitio en que se encontró la camioneta hurtada, estaba una patrulla panel en la que se movilizaba el demandante y una patrulla motorizada y la camioneta estaba ubicada frente a un garaje que se encontraba abierto. Al realizar labores investigativas en el lugar, encontraron la versión de una persona de una tienda, quien informó lo siguiente:
“...que el vehículo lo encontraron los policiales, que antes había estado dentro del parqueadero y que había llegado una patrulla panel donde pusieron la patrulla al lado del parqueadero y que habían montado parte de la mercancía, que los policiales que conocieron el caso les manifestaron que el vehículo lo habían encontrado afuera del parqueadero”(2).
A su turno, el patrullero Gil Miller Restrepo Avendaño, expuso que al llegar al lugar en donde había sido encontrada la camioneta hurtada, encontraron una panel de la policía, una motocicleta de la policía y la camioneta con la mercancía; así mismo, señaló que al hacer averiguaciones, como consecuencia de la llamada en que se informó que habían sido los policías quienes se habían quedado con la mercancía, se contactaron con una fuente humana cercana al lugar en donde fue encontrado el vehículo, quien les manifestó:
“...que para esa fecha y esa hora vio cuando una motocicleta de la policía llegó hasta el garaje donde fue encontrada la camioneta, miraron al interior del mismo y hablaron, pero no sabe si fue por radio o celular y al momento llegó una panel de la policía, la cual ingresaron al parqueadero y salió a los quince minutos, posteriormente unos policías sacaron una camioneta blanca del parqueadero y la parquearon al frente del mismo y pasado un rato volvió la panel de la policía y posteriormente llegó un taxi con personas de civil...”(3).
El otro patrullero entrevistado, narró los hechos en que se recuperaron los electrodomésticos, así:
“...para el día 120808 a eso de las ocho de la noche la central les dio un caso relacionado que al parecer de un camión cargaban unos electrodomésticos en la parte alta del barrio Niquía, de inmediato se trasladaron al sitio y encontraron unas cajas y unos televisores afuera, sobre una de ellas había un control, el sitio era desolado, de inmediato procedieron a llamar al teniente García Mayorga para informarle sobre el caso, pero el oficial estaba en reunión por lo cual se comunicaron con su conductor, al llegar al comando con la mercancía le entregaron el caso a la patrulla que recibió cuarto y primer turno dejando la respectiva constancia en el libro de anotaciones...”(4).
En la versión rendida por el propietario de la camioneta y los electrodomésticos señaló:
“...le pareció un poco extraño la forma como se recupera la mercancía por que todo (sic) los policías le daban una versión diferente, que un policía le dijo que la habían recuperado por el mismo sector donde habían recuperado el carro, otro le dio el nombre de otro barrio. Que les dijo a los de la Sijín que le colaboraran con la mercancía diciéndoles que al parecer eran los policías uniformados lo cual no sabe si es verdad...”.
Y en la declaración jurada rendida por el señor Jhon Álvaro Martínez Ocampo, quien se encontraba en una tienda frente al lugar en que ocurrieron los hechos, narró lo siguiente:
“...estaba en el negocio de al frente y al garaje llegaron dos policías uniformados y ya pidieron que abriera el garaje y se lo abrieron, la camioneta estaba en el interior del garaje, al momento llamaron la patrulla y la ingresaron al garaje en reversa y volvieron a cerrar el garaje, por ahí a los quince minutos sacaron la patrulla y la camioneta blanca, la camioneta la dejaron afuera y la patrulla se fue, ya cuando al momento llegaron policías de civil y llego la patrulla uniformada otra vez y se quedaron tanto policías uniformados como los de civil y al rato se fueron llevándose la camioneta, que cuando la patrulla se fue del sitio en la misma iban dos policías...”(5).
Otra versión recibida fue la del mayor Marino Andrés Lozano Salazar, comandante de la estación de policía de Bello, quien dentro de su versión manifestó acerca del procedimiento de la recuperación de la mercancía, de acuerdo a lo que escuchó por el radio de comunicaciones; sin embargo, no fue enterado por parte del demandante de que presuntamente estaban involucrados los policías en la pérdida de la mercancía.
Con las anteriores pruebas testimoniales el juzgador disciplinario de primera instancia arribó a las siguientes conclusiones:
“Después de analizar en forma conjunta las pruebas que obran en el proceso, se tiene que para el día 9 de agosto del año 2008 en el municipio de Bello, Antioquia es hurtada una camioneta marca Dimax de placas SON-339 la cual transportaba electrodomésticos varios de propiedad del señor Gonzaga Giraldo, que el hurto fue cometido por delincuentes que se movilizaban en motocicletas y utilizaron armas de fuego para intimidar a los ocupantes del vehículo, pero momentos después dicho rodante es encontrado abandonado en parte alta del barrio Niquía ubicado en el municipio antes mencionado, que el conductor del rodante fue dejado en calidad de rehén mientras otros delincuentes se llevaron el rodante, pero momentos después la patrulla del sector de indicativo gama 4-1 conformada por los patrulleros Melo Cataño Andrés Felipe y Galarza Adarbe Carlos Andrés, encuentran dentro de un garaje a dicho rodante con los electrodomésticos, por lo que proceden a llamar al señor subteniente García Mayorga Wilson quien cumplía funciones de comandante de sección de vigilancia, y después de que hace presencia el propietario de la mercancía con un personal de la Sijín, el rodante junto con la mercancía es trasladado hasta la estación de policía Bello donde los policiales patrulleros Melo Cataño y Galarza Adarbe proceden a hacer entrega del vehículo y la mercancía recuperada al señor Gonzaga Giraldo, y ya para el día 120808 en horas de la noche en la parte alta del mismo barrio es encontrada la mercancía faltante.
Pero se tiene pro (sic) probado que el señor subteniente García Mayorga como jefe de sección de vigilancia no puso en conocimiento de sus superiores tanto el procedimiento del día 090808 como el del día 120808, cuando era su función de acuerdo a su cargo, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el reglamento de vigilancia urbana y rural (...) establece como función para el comandante de la sección de vigilancia: informar al superior sobre las actividades del servicio y las novedades presentadas durante el mismo.
Lo anterior nos indica claramente que el señor subteniente García Mayorga Wilson Elayner omitió un acto propio de sus funciones cual era dar a conocer a sus superiores la novedad relacionada con el hurto de un vehículo con su respectiva mercancía, la recuperación posterior del rodante y parte de la mercancía, y mucho menos la información que le suministró a los funcionarios de la Sijín respecto de que al parecer eran los policiales uniformados que habían conocido el caso los que se habían quedado con la mercancía faltante, como tampoco dio a conocer la recuperación del resto de la mercancía el día 120808, debiéndose recordar que ser comandante o jefe no es simplemente dar órdenes, por cuanto quien las imparte también debe cumplir unos parámetros, más como en el caso en comento cuando las funciones son inherentes al cargo que se desempeña en el momento del insuceso...
En colofón el señor subteniente García Mayorga se apropió para su beneficio propio, de parte de una mercancía de propiedad de un particular y la cual había sido hurtada el día 090808, mercancía que el día 120808 aparece abandonada en un sitio despoblado del barrio Niquía Quiitasol después de ser indagado por los de la Sijín, configurándose además de la prueba testimonial, la prueba indiciaria, concurriendo en el caso en comento los indicios de presencia y oportunidad, presencia por cuanto estuvo en el lugar de los hechos y de oportunidad por cuanto según el señor Jhon Álvaro los policías se encerraron en el recinto donde estaba la camioneta hurtada, es decir hubo tiempo para sacar los elementos de la camioneta hurtada y pasarlos a la patrulla panel en que usted se movilizaba para la fecha de hechos y por ende apropiarse de los mismos, sacando posteriormente el vehículo y lo dejaron abandonado en la vía para hacer creer que el rodante había sido encontrado en plena vía pública”.
Así mismo, al resolver el recurso de apelación, el inspector general (E) del grupo de procesos disciplinarios, al analizar las mismas pruebas que daban cuenta de los hechos materia de investigación disciplinaria, consideró:
“...El indicio juega un papel importante en el sub examine, pues qué sentido tenía ingresar el vehículo policial al garaje y cerrar la puerta si no era otro que el de apoderarse de parte de la mercancía, como efectivamente sucedió, igualmente, sacar empujada la camioneta para hacer ver que había sido encontrada en vía pública, y así la abogada argumente que por tener la camioneta un sistema satelital no podía ser movida, esta sí fue sacada empujada por los policiales, y el sistema era para que no prendiera y en ninguna parte de las diligencias se dice que había sido prendida para poder ser saca (sic) sino que fue empujada y es creíble por la posición en que quedó, tanto así que esta quedó atravesada.
Igualmente se encuentra estructurado el indicio del comportamiento de los implicados, cuando los policiales de la Sijín, le manifiestan al ST. García, que el procedimiento con el vehículo de donde se había perdido un (sic) mercancía, no había sido como lo manifestaron ellos, ya que el propietario de la misma había recibido una llamada en donde le informaron que los policiales que habían llegado al garaje se habían quedado con la mercancía y posterior a dicho diálogo aparece esta abandonada en un paraje solitario, lo que nos demuestra que era conocedor de su paradero, puesto que era el que la había trasladado en el vehículo policial.
En cuanto a que el despacho se contradice por prevaricato por apropiación los exonere y extrañamente ahora resulta que sí son responsables de apropiación sin tener prueba alguna, toda vez que en escasos minutos que llegaron antes de la Sijín no pudieron haber hecho todo lo que argumenta el supuesto testigo y al único que el despacho le da credibilidad sin encontrar en manos de sus prohijados ni un solo televisor porque en ese orden de ideas el del parqueadero sería cómplice y porque los policiales de la Sijín no hicieron labor investigativa en ese momento comoquiera que dicen que el dueño de la mercancía manifestó que había un faltante y dice que será que sus prohijados son magos y desaparecieron los televisores y luego los hicieron aparecer en otro lado.
Argumentos que no tienen acogida por esta instancia, toda vez que el despacho en ningún momento le formuló cargos por prevaricato por apropiación y es más este tipo penal ni siquiera existe en nuestra legislación penal, lo que hizo el a quo fue endilgarle el cargo por un tipo autónomo de la ley disciplinaria vigente al momento de los hechos, como fue la de apropiarse de bienes de particulares, entonces la que incurre en imprecisiones es la profesional del derecho, al argumentar aspectos que no fueron expuestos por el fallador de primer grado y en cuanto a que no existe pruebas, se equivoca la defensa por cuanto sí quedó debidamente demostrado que los policiales se apoderaron de la mercancía, y no se necesitaba encontrar los elementos en manos de los policiales, para concluir, que de acuerdo a las maniobras adelantadas fueron los que se apoderaron de dicha mercancía, entonces lo que trata la defensa es anteponer su propio criterio a las del fallador de primer grado, pero huérfano de demostración...”.
Las conclusiones anteriores, a que arribaron los juzgadores disciplinarios de primera y segunda instancia, a juicio de la Sala, no surgen de las pruebas recaudadas dentro de la actuación.
La Sala considera que si bien existía un testimonio de un tendero vecino del sector en que fue hallada la camioneta hurtada, de dicha declaración no se desprendía que el actor se hubiera apropiado de los electrodomésticos faltantes en la camioneta encontrada con la intención de obtener un beneficio propio.
Es más, de conformidad con la información recaudada en la visita especial realizada en el lugar de los hechos por parte del subintendente Edwin Arturo Franco Osorio, el testigo Jhon Álvaro Martínez Ocampo, que fue clave para declarar la responsabilidad disciplinaria del demandante, declaró que:
“No le consta que los hoy disciplinados que atendieron el caso policial en ese lugar se hubiesen apropiado de elemento alguno...”(6).
De tal forma, no entiende la Sala cómo sirvió tal declaración para que el juzgador disciplinario considerara que existía certeza acerca del apoderamiento por parte del actor, de los electrodomésticos extraviados en la camioneta hurtada.
A juicio de esta corporación, las pruebas aportadas en la investigación no permitían llegar a la convicción de que el demandante hubiera cometido la falta que se le endilgaba, es decir, haberse apropiado de la aludida mercancía y fue solo con base en conjeturas carentes de fuerza probatoria que se arribó a la conclusión de que el actor fue quien se apropió de tales electrodomésticos.
En el expediente disciplinario no había una sola prueba irrefutable de que el actor se hubiera apropiado de los electrodomésticos en cuestión y a pesar de que la declaración del señor Jhon Álvaro Martínez Ocampo única que da cuenta de que los hechos ocurrieron de la forma en que el juzgador disciplinario dio por sentado que habían ocurrido, es decir, que la camioneta había sido encontrada al interior del garaje y posteriormente retirada de él por parte de los uniformados y abandonada en la calle, esa sola declaración no era concluyente del presunto apoderamiento de los electrodomésticos, por el que se investigó y sancionó al actor.
Por el contrario, al haberse afirmado en esa misma declaración que no se había observado que el actor se apoderó de tales elementos, debió hacerse prevalecer la presunción de su inocencia, en garantía de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y aplicando el principio in dubio pro disciplinario, contenido en el artículo 9º de la Ley 734 de 2002 que consagra:
“ART. 9º—Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.
En el proceso disciplinario bajo análisis no se demostró el apoderamiento de los electrodomésticos en que habría incurrido el actor, con pruebas que incontrovertiblemente llevaran al juzgador disciplinario a la certeza de la comisión del hecho; por el contrario, las declaraciones recaudadas como prueba solo daban lugar a una serie de indicios que en momento alguno tenían la capacidad de producir certeza del apoderamiento de tales elementos; en consecuencia, la duda en torno a ese aspecto solo podría llevar al investigador disciplinario a absolver de responsabilidad al investigado, en aplicación del principio de favorabilidad.
Ante la falta de certeza de la realización de la conducta, el investigador disciplinario debió realizar una labor más activa tendiente a recaudar una mayor cantidad de pruebas que le permitieran establecer fehacientemente la realidad de los hechos, como por ejemplo, recibir declaración del propietario o administrador del parqueadero en el que, según el testigo, se había encontrado el vehículo robado, tomar huellas en el vehículo encontrado y en la mercancía recuperada y cualquier otro elemento probatorio que le llevara a la demostración de la comisión de la falta por parte del investigado y no tomar una decisión sancionatoria a partir de conjeturas y suposiciones de lo que presuntamente pudo ocurrir dentro del mencionado garaje y del actuar que desarrolló el demandante dentro de él; es más, debió asegurarse con otros medios de prueba, de que los hechos habían ocurrido realmente como lo sostuvo el testigo, pues se trataba de una única declaración, en contraste con la versión de los policías que intervinieron en la recuperación del vehículo hurtado.
Valga resaltar que en declaración extra procesal(7) y en declaración rendida en este proceso por el testigo Jhon Jairo Martínez Ocampo,(8) cuya declaración en sede administrativa fue pieza clave para resolver el proceso disciplinario sancionando al actor, sostuvo que la versión dada al momento de ser interrogado por los policías de la Sijín, obedeció a presiones recibidas por los delincuentes que habían hurtado el vehículo en que se trasladaban los electrodomésticos, quienes lo amenazaron y presionaron a decir que habían sido los policías quienes se habían apropiado de los electrodomésticos.
Así mismo, ha de tenerse en cuenta la versión recibida en este proceso por parte del administrador del garaje en que presuntamente ocurrió el apoderamiento de los electrodomésticos, quien afirmó que la camioneta hurtada jamás estuvo dentro de ese establecimiento, así como tampoco la patrulla panel de la policía, en que se transportaba el demandante(9).
Si bien es cierto, tales versiones no fueron conocidas por el juzgador disciplinario, ello viene a reforzar la tesis del demandante, quien afirmó que jamás se apoderó de los electrodomésticos y que fue cierta la versión por él rendida en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que encontró la camioneta hurtada.
Así las cosas, al haberse probado que en la actuación disciplinaria se incurrió en violación del debido proceso del demandante, pues dada la duda que existía acerca de la comisión de la falta disciplinaria endilgada, debió declararse su inocencia, ello conlleva anular los actos demandados mediante los cuales se declaró responsable disciplinariamente al demandante y se dispondrá su reintegro al mismo cargo desempeñado o a uno de similar o superior categoría al que desempeñaba al momento en que se hizo efectiva su destitución, con el consecuente pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir durante su desvinculación.
No hay lugar a declarar la nulidad del Decreto 1171 de abril 14 de 2010, toda vez que se trata del acto de ejecución mediante el cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta al actor y como tal no es susceptible de control de legalidad ante esta jurisdicción, toda vez que el mismo pierde efectos al declararse nulos los actos que le sirvieron de sustento.
No hay lugar al reconocer el pago de los daños inmateriales causados, a razón de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según se solicitó en la demanda, toda vez que no se probó la causación de los mismos.
1) DECLÁRASE la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos el 11 de septiembre de 2009 por la Inspección Delegada Regional Seis de la Policía Nacional y el 1º de febrero de 2010 por la Inspección General - Grupo Procesos Disciplinarios de la Policía Nacional mediante los cuales se impuso al demandante Wilson Elayner García Mayorga, la sanción disciplinaria principal de destitución en el cargo de subteniente y la accesoria de inhabilidad especial por el término de diez (10) años para desempeñar funciones públicas.
En consecuencia, DÉJASE sin efecto el Decreto 1171 de abril 14 de 2010, mediante la cual se hizo efectiva la sanción, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.
2) A título de restablecimiento del derecho, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá reintegrar al señor Wilson Elayner García Mayorga al cargo de subteniente o a otro de igual o superior jerarquía, teniendo en cuenta el mismo grado en que se encuentren sus compañeros de curso; en el evento en que estos se encuentren en un grado superior al que el demandante tenía al momento del retiro, la incorporación se hará en el mismo grado del que fue retirado, pero inmediatamente será llamado a curso para ascenso y este estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que exige la ley.
Así mismo, deberá reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de la desvinculación y hasta que se haga efectivo el reintegro.
3) DECLÁRASE que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte del señor Wilson Elayner García Mayorga.
4) La suma que se debe pagar a favor del demandante, se actualizará en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula:
La Policía Nacional dará cumplimiento a este fallo dentro del término establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y observará lo dispuesto en el inciso final del artículo 177 ibídem, y el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
6) DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por la entidad demandada.
(1) De acuerdo a lo manifestado en el fallo de primera instancia (fls. 30 y 31).
(2) Según lo narrado en el fallo disciplinario de primera instancia (fl. 31).
(3) Según lo narrado en el fallo de primera instancia (fls. 31 y 32).
(4) Resumen de la declaración del patrullero Anderson Jovanny Hernández Martínez, visible de folios 32 a 33, que hace parte del fallo disciplinario de primera instancia.
(5) Según resumen que se hizo de tal declaración en el fallo de primera instancia (fl. 33).
(6) Folios 14 del cuaderno 2.
(7) Folio 352 del cuaderno 3.
(8) Folios 381 a 383 del cuaderno principal.
(9) Folios 384 a 386 del expediente principal.

References: artículo 34
 artículo 29
in dubio
 artículo 9
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 60