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Timestamp: 2019-12-09 20:26:00+00:00

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STC 78/1999, 26 de Abril de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354668
STC 78/1999, 26 de Abril de 1999
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.066/1996
1. Según reiterada doctrina constitucional que se sintetiza en el fundamento jurídico 3.o de la STC 62/1998, «la estimación de un recurso de amparo por la existencia de infracciones de las normas procesales "no resulta simplemente de la apreciación de la eventual vulneración del derecho por la existencia de un defecto procesal más o menos grave, sino que es necesario acreditar la efectiva concurrencia de un estado de indefensión material o real". Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, siendo necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (STC 149/1998, fundamento jurídico 3.o), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados (SSTC 155/1988, fundamento jurídico 4.o, y 112/1989, fundamento jurídico 2.o)». 2. Dado que un pronunciamiento de inadmisión fundado en causa legal expresamente prevista no empece a la satisfacción de la tutela judicial efectiva que en el art. 24.1 C.E. se reconoce, y como quiera que no todo defecto procesal es bastante para causar una indefensión constitucionalmente relevante, que en el presente supuesto pueda otorgarse o no el amparo es cuestión enteramente dependiente de una constatación previa, cual es la de determinar si tras la deficiencia de la notificación practicada en el domicilio aportado a tal efecto se oculta o no una indefensión lesiva del derecho constitucional alegado. A la vista de las actuaciones, queda aquí de manifiesto que la demandante tuvo la posibilidad, no aprovechada, de formular algo más que afirmaciones carentes de base probatoria, por cuanto ni ha acreditado la solicitud por escrito de copia certificada de la pretendida «segunda notificación» ni se ha solicitado tampoco certificación alguna del servicio de correos que, de haber coincidido con la tesis actora, aun hubiese posibilitado a la demandante acreditarla en el escrito de conclusiones.
Sentencia citada en: 1076 sentencias, 12 artículos doctrinales, 42 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 3.066/96, interpuesto por don Saturnino E. R. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad «S.A.T. SANT N. 675-CAT», asistido del Letrado don José María Moragues Serna, contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de junio de 1996, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo núm. 246/93, interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, de 28 de julio de 1992, sobre liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en materia de exención de sociedades agrarias de transformación. Han comparecido el Abogado del Estado y la Letrada doña Mercè Varias i Madurga, en representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 25 de julio de 1996, y registrado de entrada en este Tribunal el siguiente día 29 de julio de 1996, el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación de la entidad «S.A.T. SANT N. 675-CAT», interpuso recurso de amparo contra la Sentencia, de 13 de junio de 1996, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (T.S.J.) de Cataluña, dictada en el procedimiento contencioso-administrativo núm. 246/1993, sobre liquidación de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en materia de exención de sociedades agrarias de transformación.
a) La entidad ahora demandante presentó ante la Delegación Territorial de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, en fecha 6 de septiembre de 1989, autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la adquisición, en escritura pública, de varias fincas rústicas por un precio total y alzado de 17.000.000 de pesetas, solicitando la exención de dicho impuesto, en aplicación del art. 48.1 B) 12.del texto refundido de 1980, entonces vigente, en relación con lo establecido en el Decreto 1.515/1970 y en el Real Decreto 1.776/1981, por tratarse de bienes destinados al cumplimiento de los fines sociales de la entidad.
b) Previa denegación de la exención solicitada, la oficina liquidadora giró, por su parte, liquidación del Impuesto, con una base imponible comprobada de 26.306.000 pesetas y a un tipo de gravamen del 6 por 100, por un importe a ingresar de 1.806.945 pesetas. Contra dicha liquidación se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por Resolución, de 1 de septiembre de 1991, del mencionado Servicio de Gestión de la Delegación Territorial de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña.
c) Contra dicha Resolución se interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (T.E.A.R.) de Cataluña, que fue desestimada por Resolución de 28 de julio de 1992, en la que se declaró que la actora no tenía derecho a la exención prevista en el art. 48.1b) 12., del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
d) Contra la última Resolución citada interpuso la representación procesal de la ahora demandante recurso contencioso-administrativo, resuelto por Sentencia, de 13 de junio de 1996, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña, que declaró su inadmisibilidad por haberse interpuesto «transcurridos los dos meses previstos en el art. 82.f y 58.1 de la L.J.C.A.» (fundamento de Derecho tercero).
Aduce la entidad demandante, en efecto, que no habiendo recibido notificación alguna, ni a través de su Presidente ni de su Abogado, de la resolución impugnada en vía contencioso-administrativa, sólo mediante gestiones personales ante el T.E.A.R. llegaron realmente a saber de la existencia de una resolución desestimatoria de su reclamación, frente a la que interpusieron de seguido el recurso contencioso-administrativo.
Concluye suplicando en la demanda que se dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado, declarando la nulidad de la resolución recurrida y restableciendo a la demandante en la integridad de su derecho, así como, por otrosí, que se acuerde la suspensión de su ejecución -atendido que el importe de la liquidación se hallaría garantizado mediante aval en el recurso contenciosoadministrativo-a fin de salvar la finalidad del recurso de amparo.
4. Mediante providencia de 25 de noviembre de 1996, la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, acordó requerir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña para que, en el plazo de diez días, remitiese testimonio de las actuaciones relativas al recurso contencioso-administrativo núm. 246/1993, interesando al tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, excepción hecha de la demandante de amparo, para su posible comparecencia en este proceso constitucional.
Por providencia de la misma fecha, la Sección Primera acordó tener por formada la pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder al Ministerio Fiscal y a la solicitante del amparo un plazo común de tres días para las correspondientes alegaciones. La misma fue finalizada por Auto de 10 de marzo de 1997 de la Sala Primera de este Tribunal, que acordó denegar la suspensión solicitada, por no haberse evidenciado «el carácter irreparable necesario para aplicar una excepción a la regla general de no suspensión en casos como el presente» (fundamento jurídico 2.).
7. Mediante providencia de 3 de febrero de 1997, la Sección Segunda acordó tener por recibido el testimonio de actuaciones remitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del T.S.J. de Cataluña. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado, al Procurador Sr. Estévez Rodríguez y a la Letrada de la Generalidad de Cataluña, Sra M. i Puig, a fin de que en el plazo común de veinte días pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
No obstante la imprecisión y vaguedad de las peticiones complementarias a la pretendida nulidad de la Sentencia dictada por el T.S.J. de Cataluña, a los efectos del art. 49.1 LOTC, entiende el Abogado del Estado que la pretensión anulatoria se ciñe a una disconformidad de la recurrente con el pronunciamiento de inadmisibilidad, por considerar interpuesto el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo legal. A la objeción formal achacada por la entidad demandante a la notificación, opone el Abogado del Estado, tanto la presunción de un posible desplazamiento de las firmas de sus casillas propias, cuanto la falta de constancia documental, mediante la correspondiente solicitud escrita de la entrega de la copia de la resolución, de una supuesta «segunda notificación». Y, según se ha señalado en la STC 155/1989, «los actos de comunicación procesal y, en concreto, las notificaciones se acreditan mediante diligencias debidamente autorizadas por el funcionario actuante y frente a ellas las simples manifestaciones de las partes o sus Procuradores carecen de valor». Habiendo conocido, pues, el acto a través de la notificación cuestionada y no por otra vía extraña e indemostrada, la demandante no habría sido inducida a error alguno por lo que a la interposición del recurso se refiere.
El Abogado del Estado concluye su argumentación desechando la interpretación que hace la demandante de la posición sostenida por la representación procesal de la Generalidad de Cataluña en la contestación a la demanda y descartando la lesión de regla interpretativa alguna favorable al proceso, por cuanto la Sala falló sobre la base de «una convicción acerca de los hechos... en virtud de consideraciones lógicas y de acreditada experiencia».
Tras un relato sumario de los antecedentes en los que se destaca cómo, en el trámite de conclusiones sucintas, la propia demandante entendió subsanado el defecto en la notificación en virtud del principio de economía procesal, el alegato del Ministerio Fiscal concluye que «lo suscitado en este recurso de amparo no rebasa los límites de la legalidad ordinaria», por cuanto a la negativa de la demandante de haber recibido notificación alguna de la Resolución recurrida se habría de oponer la existencia de un aviso de recibo que «identifica al destinatario, contiene la expresión se remite copia-resolución, y en su anverso consta una fecha -23 de octubre de 1.992- y dos firmas, ciertamente sin expresar la identidad de cada firmante».
El aviso de recibo fue considerado por la Sala acreditación suficiente de haberse practicado la notificación. Entiende así el Ministerio Fiscal que ninguna probatio diabolica habría supuesto para la parte «solicitar una certificación del servicio de Correos acreditativa de la realidad o no de la entrega de dicha carta, que hubiese desvirtuado la consideración de que el aviso de recibo demostraba que la resolución había llegado a su destinatario».
Debe tenerse en cuenta, a tal efecto, que, según consta en los Antecedentes, la inadmisión se produjo por no haberse interpuesto temporáneamente el recurso contencioso-administrativo, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la Resolución que cerraba la vía administrativa, en aplicación de lo previsto en los arts. 82 f) y 58.1 de la L.J.C.A (entonces en vigor). Tomando, en efecto, como dies a quo el siguiente al de la notificación -practicada el día 23 de octubre de 1992-, estima la Sentencia que su interposición el día 30 de diciembre de ese mismo año se produjo ya extemporáneamente.
Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal, como el Abogado del Estado y la Letrada de la Generalidad de Cataluña, solicitaron en sus respectivos escritos de alegaciones la denegación del amparo. A juicio del primero, la cuestión planteada no trascendería el plano de la legalidad por cuanto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña, a la vista de un acuse de recibo, que, pese a no expresar la identidad de los firmantes, identifica al destinatario, remite copia de la resolución y está fechado el 23 de octubre de 1992, estimó suficientemente acreditada la notificación cuya existencia niega la recurrente, mediante una respuesta judicial razonada y fundada en Derecho. En opinión del Abogado del Estado, no cabe suponer en este caso sino la existencia de una anomalía presumiblemente derivada del desplazamiento de las firmas de sus casillas propias, de modo que, no habiéndose acreditado lo contrario, participa de la convicción de la Sala que entiende basada en «consideraciones lógicas y de acreditada experiencia». La Letrada de la Generalidad de Cataluña insiste también en la razonabilidad de una resolución judicial de inadmisión, que parte de la existencia de una notificación practicada en el domicilio que la propia recurrente aportó a tal efecto.
En cuanto al derecho a obtener una resolución judicial sobre el fondo del asunto, se recordará que, como reiteradamente se ha dicho, el art. 24.1 C.E. «garantiza a todos los ciudadanos su derecho a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y congruente con sus pretensiones, siempre que éstas se hubieran ejercido con cumplimiento de los requisitos de procedibilidad legalmente establecidos. No obstante, este derecho no es absoluto ni incondicionado, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos que legalmente se impongan, de tal modo que no conculca el derecho a la tutela judicial efectiva la resolución judicial de inadmisión que, comprobando la inexistencia de un requisito procesal, se ve impedida de conocer del fondo y así lo declara fundadamente (SSTC 18/1996 y 55/1997, entre otras)» (STC 235/1998, fundamento jurídico 2.). Y es que el principio pro actione, si bien «impone ``la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que se sacrifican'', no implica ``la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan''» (STC 38/1998, fundamento jurídico 2.; así como, entre otras muchas, SSTC 184/1997 y 207/1998).
Así pues, según reiterada doctrina constitucional que se sintetiza en el fundamento jurídico 3. de la STC 62/1998, «la estimación de un recurso de amparo por la existencia de infracciones de las normas procesales ``no resulta simplemente de la apreciación de la eventual vulneración del derecho por la existencia de un defecto procesal más o menos grave, sino que es necesario acreditar la efectiva concurrencia de un estado de indefensión material o real'' (STC 126/1991, fundamento jurídico 5.; STC 290/1993, fundamento jurídico 4.). Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, siendo necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (STC 149/1998, fundamento jurídico 3.), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados (SSTC 155/1988, fundamento jurídico 4., y 112/1989, fundamento jurídico 2.)».
Más específicamente, en relación con la relevancia constitucional de la práctica de las notificaciones, este Tribunal ha dicho, que «(l)a notificación defectuosa no siempre produce vulneración del art. 24 C.E., sino solamente cuando impide el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico frente a dicha resolución. Los actos de comunicación procesal y, en concreto, las notificaciones se acreditan mediante diligencias debidamente autorizadas por el funcionario actuante y frente a ellas las simples manifestaciones de las partes o sus Procuradores carecen de valor» (STC 155/1989, fundamento jurídico 3.). Por tanto, sin perjuicio de deficiencias procesales eventualmente detectadas, no existirá indefensión material lesiva del art. 24.1 C.E., a no ser que se demuestre la falsedad de su acreditación (por todas, STC 9/1992, fundamento jurídico 4.; ATC 157/1996).
En suma, así como «no existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando ésta sea debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o profesionales que les representen o defiendan (SSTC 112/1993, 364/1993, 158/1994 y 262/1994)» (STC 18/1996, fundamento jurídico 3.), no cabría descartar que, por causas no imputables a los interesados, una notificación correctamente practicada en el plano formal no sirviese para poner en conocimiento de éstos una determinada resolución. En tal hipótesis, se ha dicho, «no pueden los órganos judiciales prescindir de cualquier enjuiciamiento de los motivos alegados por la parte sobre la no recepción de la notificación -STC 275/1993, fundamento jurídico 4.-» (STC 59/1998, fundamento jurídico 3.).
Según sostiene la demandante, la vulneración de su derecho a la obtención de una resolución sobre el fondo ex art. 24.1 C.E. se habría producido al no entrar a conocer el Tribunal acerca de la cuestión de fondo planteada en el recurso en virtud de un pronunciamiento de inadmisión, que adolecería de un defecto esencial por haber desconocido que la notificación de la Resolución recurrida se practicó de forma irregular, sin que de su acuse de recibo pudiera concluirse otra cosa que el desconocimiento de su verdadero destinatario, pues ni su Presidente, ni su Abogado, la habrían recibido, y, si alcanzaron a interponer el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución desestimatoria de su reclamación, únicamente fue debido a sus propias gestiones personales ante la Administración.
Como subraya en particular la Fiscalía, el aviso de recibo, no obstante no expresar la identidad de los firmantes, está dirigido al domicilio designado para notificaciones por la demandante, aunque identificando como destinatario, no a su Letrado director, sino a su Presidente y representante legal, contiene la expresión «se remite copia de resolución» y, en su anverso, consta la fecha 23 de octubre de 1992. En atención a ello, la Sala estimó suficientemente acreditada la práctica de la notificación y, en consecuencia, extemporáneamente presentado -el día 30 de diciembre de 1992- el recurso.
Ciertamente, y en esta apreciación coinciden los demás intervinientes, a la vista de las actuaciones y en virtud de consideraciones lógicas y de acreditada experiencia, la Sala alcanzó una convicción acerca de los hechos controvertidos, que desembocó en una respuesta razonada y fundada en Derecho, ante la cual -por no hallarse incursa en error patente, arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad, ni considerarse tampoco en exceso rigorista o aquejada de un formalismo enervante y desproporcionado- cabe oponer en esta jurisdicción de amparo, por cuanto, según hemos dicho, ni siquiera en virtud del principio pro actione se vería impelido este Tribunal a «la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas... ya que esta exigencia (le) llevaría... a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios» (STC 207/1998, fundamento jurídico 3.).
Obviamente, este Tribunal no podría dejar pasar una desatención palmaria por parte del órgano judicial a las alegaciones, en este caso, de la entidad interesada. Pero, a la vista de las actuaciones, queda aquí de manifiesto que la demandante tuvo la posibilidad, no aprovechada, de formular algo más que afirmaciones carentes de base probatoria, por cuanto ni ha acreditado la solicitud por escrito de copia certificada de la pretendida «segunda notificación» ni, como bien dice el Ministerio Fiscal, se ha solicitado tampoco certificación alguna del servicio de Correos que, de haber coincidido con la tesis actora, aun hubiese posibilitado a la demandante acreditarla en el escrito de conclusiones.
SAP Santa Cruz de Tenerife 441/2008, 3 de Octubre de 2008
ATS 299/2014, 13 de Febrero de 2014
STSJ País Vasco , 4 de Abril de 2001

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