Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/12/
Timestamp: 2019-10-16 09:56:14+00:00

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Justicia en Bolivia: December 2014
Las vacaciones demoran el 60% de procesos penales
Las vacaciones judiciales paralizan cientos de casos de los miles que a diario ingresan al Palacio de Justicia y a los diferentes juzgados en el sistema judicial de Santa Cruz, los días libres que se tomaron los impartidores de justicia esta semana, deben ser los últimos dando curso a la nueva ley de descongestionamiento. El receso deja sin efecto órdenes de aprehensión de algunos casos y los procesos civiles deben aguardar el inicio del nuevo año judicial.
Se reprograman procesos para enero. Hace 2 semana muchos abogados que siguen procesos civiles, entre otros, fueron notificados sobre la pausa que se tomaría en el seguimiento legal y que se deben reprogramar las audiencias los primeros días de enero. Esto perjudica a los implicados y afectados, pues muchas veces se trata de procesos desgastantes que restan dinero y tiempo. Para evitar estos dolores de cabeza a los usuarios del sistema judicial, el Gobierno promulgó a fines de octubre la Ley 334 de descongestionamiento.
Son las últimas vacaciones colectivas. La presidente del colegio de abogados, Angélica Zapata, señala que "tengo entendido que esta ha sido la última vacación colectiva que se toman los jueces, pues se les debía algunos días, pero desde el próximo año deben hacerlo de manera individual".
Gustavo Braschi, comunicador del Palacio de Justicia, dio a conocer que pese al receso, los horarios de atención son los mismos (8:00 a 12:00 y 13:00 a 19:00), sin embargo, la ausencia de juzgadores complica la realización de audiencias en los plazos estimados.
No obstante, existen jueces de turno para atender casos de delitos flagrantes, abusos contra las mujeres y niños y delitos ligados al narcotráfico.
Nuevos jueces para este tipo de delitos
Los primeros días de enero, el sistema judicial de Santa Cruz convocará a nuevos jueces para atender un nuevo juzgado que se encargará de atender los delitos flagrantes y para ello es necesario actualizar a los funcionarios que desempeñen estos cargos.
La idea es dar celeridad a los procesos donde los acusados son encontrados cometiendo el delito y no precisa de morosas investigaciones y acudir a los plazos legales que determinan las leyes bolivianas.
Delitos de violación a menores, mujeres y niños son los casos más recurrentes que se dan en este tipo de situación y la idea es dar justicia en corto plazo a las víctimas.
Cusi oficializa tres demandas contra titular de Salud
El magistrado Gualberto Cusi oficializó ayer tres demandas contra el ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes. Una de las denuncias es penal y las otras dos, administrativas.
El abogado de Cusi, Eduardo León, informó que ayer a las 16:00 horas presentó la denuncia penal contra Calvimontes, ante el juez de sentencia en La Paz, por los delitos de difamación, calumnia e injuria.
También presentó otras dos demandas administrativas; una ante el Colegio Médico de Santa Cruz, donde Calvimontes se inscribió en 2007, y otra ante el Colegio Médico de Bolivia, y solicita que le quiten la matrícula profesional al ministro de Salud.
El lunes 22, el titular de Salud reveló públicamente una enfermedad incurable que padece el magistrado Cusi.
El viernes Calvimontes justificó su declaración indicando que al no tomar sus fármacos Cusi es "doblemente peligroso para la sociedad”.
El abogado también remitió una carta al presidente Evo Morales solicitándole que pida una opinión consultiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad o ilegalidad del juicio de Responsabilidades que se sigue a Cusi.
El viernes, la representación de Cusi presentará una demanda por discriminación contra Calvimontes ante la Fiscalía.
El representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Francisco Tarquino, anunció ayer que se sancionará a los jueces que no asistieron a trabajar el viernes 26 de diciembre, tras el descanso por Navidad, y se dieron un feriado largo.
La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió que los juzgados paceños tomen un feriado largo tras la Navidad. Según el presidente de esa institución, Juan Carlos Berríos, la determinación se dio porque los jueces compensaron horas de trabajo que adelantaron durante los días precedentes.
“Efectivamente, el viernes la mayoría, pese a que algunos jueces vinieron a trabajar, no asistió a su fuente de trabajo y eso es responsabilidad de cada funcionario. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con los instructivos, tomará las acciones correspondientes o las sanciones respectivas”, adelantó Tarquino a La Razón.
Proceso. Explicó que lo que hicieron los jueces paceños es un abandono de la fuente laboral y, de acuerdo con las evaluaciones, se dará el castigo a las personas infractoras. Tarquino informó también que el Consejo de la Magistratura, el 22 de diciembre, emitió una circular en la que indica que no existen razones para que los funcionarios del Órgano Judicial dejen de trabajar el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2015, por eso este mensaje se hizo conocer a todas las autoridades de La Paz, pese a ello decidieron tomar como libre el viernes.
El representante del Consejo sostuvo que el Tribunal Departamental de La Paz, mediante su Sala Plena, determinó también no trabajar el 2 de enero de 2015 arguyendo que iba a presentarse poca actividad laboral en las instancias jurisdiccionales del departamento de La Paz. Además, indicaron que repondrán esas horas de trabajo en días posteriores.
Ante esta determinación, Tarquino remarcó que pusieron en conocimiento la circular en la que instruye trabajar la fecha citada, ya que la decisión de la Sala Plena fue rechazada por las instancias superiores en Sucre.
El 26 de diciembre Berríos anunció que hoy la Sala Plena determinará si este viernes asumirán la misma postura de no trabajar ese día que le sigue al feriado de Año Nuevo. La autoridad remarcó que desde 2015 se regulará la vacación individual, por lo que se espera la instructiva desde el Consejo de la Magistratura, para luego elaborar un cronograma de vacaciones.
El 26 de diciembre, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz puso de turno a seis juzgados en las ciudades de La Paz y El Alto, los mismos que trabajaron también durante el fin de semana. Entre las oficinas que trabajaron estaban las Cautelares y otras de carácter Jurisdiccional, además de una corte de la Niñez y Adolescencia y el personal administrativo en caso de necesitar algún viaje u otro.
Una fuente del Consejo de la Magistratura, que pidió la reserva de su identidad, informó a este diario que La Paz fue el único departamento que no trabajó el 26 de diciembre y que en las otras regiones aplicaron la circular que prohíbe dejar de trabajar el 26 y 2 de enero de 2015. Por eso, para éste último se prevén operativos sorpresa en diferentes regiones.
Avanzan el 80%
El 26 de diciembre, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, informó que en la aplicación de la Ley de Descongestionamiento se avanzó el 80% de los 200 casos identificados.
Advierten consecuencias contra Bolivia por juicio a magistrados
El juicio a dos magistradas y un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) derivaría supuestamente en un juicio contra el Estado de Bolivia, del que el país saldrá “mal parado”, y que podría incluir el pago de un resarcimiento para los procesados, coincidieron la exmagistrada Silvia Salame, el exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) Víctor Hugo Cárdenas y el abogado Eduardo León, defensor de uno de los acusados.
Los señalados indican que la norma no es retroactiva, excepto casos específicos, entre los que no está el de los magistrados. Cuestionan asimismo la imparcialidad de los jueces por la mayoría oficialista en el Senado, además los procedimientos “que violan la independencia de poderes”.
Coinciden en que el cambio de la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades a la mitad del proceso muestra “la admisión de los excesos que se estaban cometiendo y la clara intención política de descabezar el TCP”.
Hace algo más de 25 días se dio inicio al juicio de responsabilidades que el Legislativo instauró a tres magistrados del TCP: Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, quienes son acusados de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, tras determinar la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado.
El tribunal mostró flexibilidad al permitir a cinco testigos por cada magistrado, los cuales se deberán presentar el lunes 5 de enero de 2015, después de las fiestas de fin de año.
La jurista Salame considera que, si este juicio continúa, el Estado deberá enfrentar un proceso internacional del que, a su juicio, saldrá “muy mal parado”. “Los organismos internacionales están observando esto. Yo he recibido consultas hasta de Inglaterra para saber si es verdad lo que está sucediendo en Bolivia. Están sumamente preocupados los organismos internacionales y los juristas a nivel nacional. En este caso lamentablemente se va a dar una sanción al Estado boliviano, porque aquí no es la persona, es el Estado el que no les está dando a estos tres ciudadanos la seguridad jurídica para afrontar un proceso de acuerdo a la norma nacional e internacional”, dijo.
Abogado de Cusi presentará tres denuncias en organismos internacionales
Eduardo León, abogado del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció este lunes que presentará tres denuncias contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La primera denuncia será por la violación de los derechos de Cusi en el juicio de responsabilidades que enfrenta en el Senado por la paralización de la Ley del Notariado, donde se lo acusa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
La segunda demanda será por la enfermedad del magistrado que fue revelada por el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, que conllevó actos de discriminación e imposibilidad de acceso al trabajo. Por último se hará una denuncia por la imposibilidad de restituir a Cusi en su cargo de magistrado del TCP.
"Una es referida al juicio de responsabilidades en cuanto a la violación de los derechos y garantías, la violación del debido proceso, el derecho a la defensa; en segundo lugar el tema relativo a la enfermedad del magistrado Gualberto Cusi que tiene que ver con la violación de sus derechos, actos de discriminación, la negación del acceso al trabajo y algunas porque él está siendo sometido al proceso que vulnera totalmente sus derechos constitucionales, bajo estos extremos se va solicitar, se va pedir los correspondientes demandas ante la Comisión Internacional y ante la Corte Interamericana", explicó León a la ANF
El pasado 22 de diciembre, el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, convocó a una conferencia de prensa para revelar una delicada enfermedad que padece el magistrado Gualberto Cusi desde 2012 e informar, también, que hace cuatro meses el tribuno dejó de recibir la medicación para afrontar la tuberculosis que sufre desde 2013
Con su accionar, el ministro de Salud, a juicio del Colegio Médico, vulneró la Ley 3729 que protege la identidad de personas seropositivas, además de la Declaración de Ginebra referida al juramento hipocrático que todo médico realiza para ejercer su profesión, y que establece el resguardo y respeto a los secretos confiados del paciente hacia el médico.
CIDH pide a Cusi más pruebas para dictar medidas cautelares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con sede en Washington (Estados Unidos), solicitó al magistrado suspendido Gualberto Cusi presente más documentación para emitir una resolución sobre su pedido de medidas cautelares.
Cusi informó que la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi Mershed, organismo perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), le solicitó más pruebas que sustenten la presunta violación de derechos humanos que sufrió.
Los documentos que debe enviar Cusi son: el detalle individualizado de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia; una copia simple de la Resolución 55/2014 que admite la Acción de Libertad interpuesta por Cusi ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, misma que fue denegada por la Cámara de Senadores como Tribunal de Sentencia.
"Además me han consultado si he solicitado protección especial de autoridades y cuál el resultado, todo eso debo enviar”, informó Cusi, quien anunció que también enviará a la CIDH la declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en su contra que emitió el Tribunal de Sentencia conformado por 32 senadores.
"Para demostrar que estaba mal de salud y que por eso no me presente ante el Tribunal de Sentencia tuve que trasladarme a la audiencia judicial en silla de ruedas, con tubo de oxígeno y asistencia externa, pero aún así el Senado emitió orden de aprehensión en mi contra”, sostuvo.
A las pruebas -dijo Cusi- adjuntará las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, quien, en dos oportunidades, reveló el cuadro clínico del magistrado suspendido.
"He acudido a la CIDH porque no fui escuchado y menos atendido por las autoridades judiciales del Estado boliviano; al contrario, éstas han atropellado mis derechos pero no me rendiré”, indicó.
Por otra parte el magistrado suspendido informó que tiene previsto viajar el 15 de enero del próximo año a Washington para solicitar a la CIDH que la resolución de medidas cautelares salga antes que el Tribunal de Sentencia emita la sentencia sobre el juicio de responsabilidades en su contra y de sus colegas Ligia Velás quez y Soraida Chánez.
El 5 de enero próximo se reinstalará el juicio contra los tres magistrados. El presidente del Tribunal, Eugenio Rojas, anunció que el juicio comenzará con o sin la presencia de las exautoridades judiciales.
Antecedentes del juicio a magistrados
Juicio El Tribunal de Sentencia procesa a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, por disponer la suspensión de la Ley del Notariado Plurinacional, cuya víctima es el Estado boliviano.
Delitos La Cámara Baja, que cumple el rol de Ministerio Público, acusa a los tres magistrados por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, y por incumplimiento de deberes.
Audiencia Este 5 de enero se reinstalará el juicio.
Gualberto Cusi Mamani “Un 30% de asambleístas tiene el VIH”
Desconfiado pero con mucho ánimo espiritual, “Tata” Cusi nos recibe en un café. Al principio, se escuda y responde fríamente. Luego vuelve a ser él mismo, humilde y charlador. Pero algo ha cambiado.
¿Qué opina de las declaraciones del ministro de Salud, respecto a su enfermedad?
Es un acto malicioso, doloso, un acto destinado a destruir y eliminar a una persona al revelar los datos de su enfermedad. Obedece a un plan del Gobierno del MAS para que la sociedad me discrimine, me odie y que me aísle, así como en tiempos de la época Medieval, donde a los leprosos se los confinaba en las cuevas o tenían espacios propios donde mínimamente podían sobrevivir.
¿Usted cree que se está actuando igual que antes?
En este caso, es eso. Es darme una muerte civil y con eso, destruir mi proyecto, mi vida y mis aspiraciones como cualquier persona pudiera tener.
¿El juicio contra usted y sus colegas también forma parte de ese plan?
Dentro del juicio de responsabilidades sólo han presentado pruebas que no comprometen a los magistrados. El Gobierno dice que con nuestras resoluciones, el Estado boliviano y la sociedad entraron en un vacío jurídico, que hemos perjudicado. Pero la propia ley nos otorga esa facultad.
Por lo tanto, eso no constituye delito. En el juicio, si fueran jueces imparciales, independientes, no tendrían por qué condenarnos a penas. Al carecer de pruebas, deberían disponer nuestra inocencia y la inmediata restitución a las funciones que antes teníamos en el TCP.
Pero hacen uso de mecanismos muy bajos como en este caso, de revelar un secreto que tenía por temas de salud, simplemente con la idea de desprestigiarme.
Usted mencionaba que también es una venganza política.
Desde mi llegada al TCP e incluso antes, yo era un activista en derechos humanos.
Nuestras resoluciones han estado conforme a la Constitución. Pero afectaron el interés del Gobierno. Es el caso del TIPNIS y de la reelección presidencial.
A partir de allí, tomaron la decisión de que hay que hacer algo con Cusi y están cumpliendo con la idea de eliminarnos a todos, de apartarnos del Tribunal.
Con lo que han hecho, en el futuro, si es que yo quisiera ser candidato a alcalde, gobernador, senador o a la presidencia, como la sociedad ya va a estar estigmatizada, no van a querer a un sidoso como presidente. Pero nosotros tenemos todos los derechos.
¿Qué piensa de la segunda declaración del ministro Calvimontes?
Creí que iba a renunciar. Pero es la revelación de lo que van a hacer. Por la información que me han dado desde Palacio, es que están buscando gente para que me encare, me acuse, me denuncie, de que yo habría generado el peligro en la sociedad al contagiar la enfermedad.
¿Quiénes están con esa estratagema?
Es una estrategia de carácter político donde están involucrados muchos diputados, senadores, el procurador Héctor Arce, gente de la Presidencia y Vicepresidencia.
¿Piensa presentar denuncia por la revelación de su enfermedad?
Todavía confiando en que la justicia pueda responder a mis problemas, por la vía administrativa disciplinaria vamos a presentar la demanda ante el Colegio Médico de Bolivia para que se procese al ministro de Salud. Primero como persona, pero bajo la figura de autoridad del Estado.
También vamos a utilizar el mecanismo de la vía Constitucional con la Acción de Protección a la Privacidad. Y vamos a hacer uso también de la vía penal con la Ley de Discriminación. Una denuncia a nivel internacional dependerá de cómo nos va a nivel nacional.
Usted decía que hay asambleístas con Sida...
Hay mucha gente en el Gobierno que padecen de esta patología. La información que tengo es que por lo menos el 30% de los diputados y senadores, tiene este problema del VIH. Lo lindo sería que el ministro también revele quiénes son. Como dice que somos personas peligrosas, que asuma las medidas pertinentes para que ya no sean peligrosas ¿por qué sólo contra mí?
¿Qué medidas está proponiendo?
Sería interesante que se hagan exámenes de laboratorio, pero no sólo los parlamentarios, sino ministros, viceministros y hasta el propio presidente y vicepresidente. Ellos debieran acreditar su situación de salud, ya que está de moda revelar las enfermedades. Si no lo hacen en ese sentido, entonces quiere decir que es una cuestión política y un acto de venganza, dirigida desde el gobierno como tal
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Año judicial: jueces resuelven 62 mil causas y dejan 77 mil pendientes
Hasta noviembre de 2014, el Tribunal Departamental de Justicia registró un total de 139.089 causas de las cuales 78.083 son remanentes de 2013 y 60.976 son nuevas, sin embargo sólo se logró resolver 62.124, es decir un poco más de la mitad.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, indicó que a pesar de los esfuerzos realizados en los 160 juzgados y los 13 vocales que pertenecen al distrito de Cochabamba, no se pudo subir las cifras de causas resueltas y disminuir la mora procesal que para el 2015 dejó pendiente 77.290 casos judiciales.
“Yo podría evaluar el desempeño como positivo, porque al mirar las cifras nosotros tenemos un número de causas que ha subido con relación a las causas del 2013 y el número de procesos resueltos por materia también han subido, pero es una situación que no se advierte por la ciudadanía”, señaló.
Indicó también que de acuerdo al Plan de Descongestionamiento Procesal en el área penal, que se efectuó por dos meses, del 100 por ciento de casos remitidos el 85 por ciento ha sido resuelto. Es decir, que de las 833 causas penales que estaban en su mayoría archivadas y en muchos casos con detención preventiva, más de 600 fueron resueltas.
Este plan contemplaba que jueces de provincia sean trasladados hasta la ciudad para contribuir en la atención de causas penales.
“Teníamos una previsión de tres meses del 1 de octubre al 31 de diciembre, pero se ha reducido a dos meses, hemos concluido el 1 de diciembre porque la Ley 586 que se ha promulgado ya ha establecido que los Tribunales de Sentencia cuenten con Tribunales Técnicos. Así, en Cochabamba cinco jueces técnicos se habrían desplazado a instrucción, entonces había la necesidad de devolverlos a los Tribunales de Sentencia para que puedan conocer las causas que tenían”, indicó.
Gonzales dijo también que estos resultados se lograron gracias a la participación y compromiso interinstitucional, porque también estuvieron involucrados el Ministerio Público, así como los jueces y el Consejo de la Magistratura.
500 casos saturan el único juzgado de violencia machista
El incremento de causas de violencia contra la mujer en el área judicial de Cochabamba ha provocado que el único juzgado de materia colapse a tan sólo tres meses de su creación con la acumulación de 500 casos. A esto se suma que esa misma instancia judicial conoce también denuncias de corrupción.
Frente a esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una resolución que amplía la competencia de otros dos jueces que a partir de enero conocerán casos de violencia contra la mujer, informaron las autoridades.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, informó ayer que el único juzgado que existe en Cochabamba en materia contra la violencia a las mujeres -según establece la Ley 348- ha sido sobrepasado en su capacidad de atención por la cantidad de casos que se abren casi diariamente.
“Más de 500 causas en actual trámite entre violencia y corrupción desde septiembre, la fecha desde que inició las actividades, pero que evidentemente no es suficiente para atender a toda la cobertura que tiene que ver con corrupción y violencia”, indicó.
Por lo mismo, la autoridad judicial, como una medida paliativa, solicitó en octubre pasado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ampliar la competencia de los juzgados de materia penal y civil que trabajan en la Estación Policial Integral (EPI) tanto del sur como del norte para que conozcan los casos de violencia contra la mujer.
“El TSJ ha autorizado a través de una resolución de sala plena la ampliación de competencias para que el juzgado de la EPI Norte que es el Noveno de Instrucción Penal, a la vez también, se constituya en juzgado especializado que atienda casos de violencia y en la EPI Sur tenemos el Juzgado de Materia Civil que tenía muy poca carga procesal”, agregó.
Dijo que ésta es una medida importante, porque se tendrán tres juzgados de instrucción de violencia, lo que permitirá que la atención sea más oportuna así como lo establece la misma Ley Integral de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.
Gonzales explicó que esta instructiva se hará efectiva a partir del inicio de gestión del Órgano Judicial prevista para enero.
“Esta resolución ha pasado al Consejo de la Magistratura para que de ahí se emitan los nuevos títulos con las competencias ampliadas a esos dos juzgados de modo que desde enero tengamos ya oficialmente trabajando a estos juzgados como tres juzgados de violencia”.
Dijo también que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba está insistiendo en que se creen más juzgados especializados para que pueda dividirse el trabajo de acuerdo a la materia que le compete.
“Existen más casos de violencia que de corrupción, pero lo importante es que los casos de corrupción son más ampulosos y más complejos. En cambio los de violencia son más llevaderos, pero son más numerosos y además se hace énfasis en la atención con mayor calidad y calidez que merece la víctima por las propias circunstancias que involucra la violencia en sus diferentes manifestaciones”, indicó.
Agregó también que la Ley 348 “ha establecido la creación de juzgados especializados en los que todos los funcionarios sean especializados para una atención adecuada para la víctima”.
El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, dijo que tendrá dificultades y obstáculos en su vida diaria y laboral después de las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, sobre su enfermedad.
Aseguró que haber pasado por el Tribunal Constitucional Plurinacional fue un privilegio y que su próximo propósito era incursionar en algún organismo internacional de justicia, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"A partir de esto yo soy una persona muerta, voy a tener muchas dificultades, muchos obstáculos precisamente por la sociedad acomplejada que tenemos, entonces simplemente que se haga la justicia y si dentro de la justicia tiene que disponerse la sanción contra el ministro, que se haga y si se tiene que condenar que se haga", dijo Cusi a la Red UNO.
Antes de tomar cualquier decisión, el tribuno que enfrenta un juicio de responsabilidades en el Senado por la paralización de la Ley del Notariado, pretende culminar con el problema por el cual está atravesando y concientizar a la población sobre la enfermedad que padece y explicar que no puede ser tratado con discriminación, sino que sea visto como algo natural.
El abogado del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, Eduardo León, demandó la restitución al cargo de su cliente, debido a vulneraciones que se cometieron. La Cámara de Senadores rechazó el pedido porque, indican, es inviable.
El martes, el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, reveló la enfermedad que padecía la autoridad del TCP sin el consentimiento de éste, hecho que fue considerado un exceso y un acto manifiesto de discriminación.
“Debo denunciar que tenemos información de que, a raíz de la enfermedad de Cusi, se procedió a su destitución del cargo, hecho que es un acto discriminatorio, porque el Ministerio de Salud conocía de la enfermedad hace dos años y por esa razón determinaron la destitución de Cusi, por eso ahora el motivo de la salud está encubierto en el caso jurídico instaurado”, denunció el abogado León.
Normas. Sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe restituir inmediatamente a Cusi porque, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones internaciones se encuentran por encima de la Constitución Política del Estado (CPE), pese a que hay una ignorancia jurídica alarmante en esta instancia.
No obstante, la presidenta del Comité de Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Senadores, Sandra Soriano, afirmó que todavía no hay una determinación o una sanción del Tribunal de Sentencia en contra de Cusi y, mientras tanto, no puede pedir una rehabilitación a su cargo.
“No es viable una restitución por el momento y más utilizar el argumento de su enfermedad. No se puede porque hay un proceso previo y todavía no hay decisiones. Además, el juicio fue instaurado por actos que fueron contra un ordenamiento y por esa situación se determinó su alejamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, no se lo hizo por su enfermedad que recién se conoció”, aclaró Soriano.
Cusi tiene instaurado un juicio de responsabilidades junto a sus colegas, Rosario Chánez y Ligia Velásquez por admitir un recurso de inconstitucionalidad que obstaculizó, según el Gobierno, la aplicación de la Ley del Notariado. Este proceso entró en receso hasta el 5 de enero de 2015.
León remarcó que el litigio en contra de su defendido tiene una evidente motivación política y de discriminación por la enfermedad que padece y que el único objetivo es el sacarlo del cargo definitivamente. En respuesta, Soriano explicó que el supuesto acto de discriminación es una cuerda separada y diferente, pero recalcó que Cusi no fue alejado por tener su enfermedad, sino fue suspendido por una ley de juicio de responsabilidades que se le instauró.
El martes, el magistrado del TCP suspendido Cusi indicó a los medios de comunicación que luego de que el Gobierno reveló la enfermedad que tiene, la Ley 3729 y varios tratados internacionales le garantizan la restitución de su cargo como magistrado. “Primero, el juicio debe suspenderse y luego restituirme; para esto presentaremos un amparo constitucional”, señaló.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rodolfo Calle, asumirá la dirección de la Comisión de Justicia Plural, que funge como Ministerio Público en el juicio de responsabilidades desde el 5 enero.
Revelación de Calvimontes no afecta el juicio de Cusi
El presidente del Comité de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, afirmó que el juicio contra Gualberto Cusi continúa pese a que el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, haya revelado información confidencial sobre la salud del magistrado. Cusi dijo que el 5 de enero pedirá su restitución en su trabajo.
"Lamentablemente para el ministro (Calvimontes) le viene un proceso penal y será en esa instancia donde debe defenderse”, dijo Calle. Sin embargo, destacó que "eso no significa que se vaya a suspender el proceso”.
Explicó que para que se emita la sentencia falta poco "y esto tenemos que culminarlo. Se tiene que dar una resolución final con sentencia absolutoria o sentencia sancionadora”.
Cusi, junto a otras dos magistradas, es procesado en la Cámara de Senadores por paralizar la Ley del Notariado. El proceso se retomará el 5 de enero.
El titular de la cartera de Salud, Juan Carlos Calvimontes, el lunes, en rueda de prensa, reveló que el magistrado Cusi tiene una enfermedad incurable, vulnerando la norma que establece la confidencialidad de los pacientes. Esas declaraciones afectaron al implicado, quien declaró el martes que ahora se siente "rechazado por la gente”.
Ayer, Cusi declaró al Canal 18 que el 5 de enero pedirá la restitución de su cargo y la anulación del juicio de responsabilidades. "Al develar mi enfermedad, la Ley 3729 me garantiza mi trabajo. Presentaré un amparo”, dijo y añadió que desde que fue suspendido no percibe salario.
Calle recomendó al titular de Salud pedir disculpas a Cusi, "porque le dañó moralmente”.
l magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, informó ayer que pedirá a la Cámara de Senadores, el 5 de enero, la restitución de su cargo como juez y la anulación del juicio de responsabilidades en su contra.
Justicia da credenciales a 169 juristas del valle
El Ministerio de Justicia entregó ayer cartas credenciales a 169 abogados, que juraron ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. “Todos los abogados del país deben estar inscritos en el Registro Público de la Abogacía hasta julio del próximo año, porque de lo contrario no podrán ejercer su profesión. Este registro es obligatorio para los profesionales antiguos como para los que recién están egresando, muy aparte de los registros que puedan hacer en sus respectivos entes colegiados”, explicó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.
Informó que ese registro le permite al jurista ejercer la profesión de la abogacía en todo el territorio boliviano, en el marco de la Ley 387 de Ejercicio de la Abogacía, vigente desde el 9 de julio de 2013.
“La norma y su decreto supremo reglamentario señalan que es el Ministerio de Justicia el que encabeza, con nuevos caracteres, las funciones del registro, ejercicio y control de los abogados de todo el país, por lo que se entregará una nueva credencial de la profesión”, complementó la autoridad.
Añadió que esa ley tiene por objeto regular el ejercicio de esa profesión, además del registro y control de los abogados. El 17 de diciembre, Gutiérrez también tomó juramento a 90 abogados ante autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que ejerzan su profesión.
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Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional “La declaración del ministro me mató. Mi familia no sabía”
Calmado, el magistrado Gualberto Cusi aseguró que el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, lo "mató” con su declaración sobre su salud, y que su familia no sabía los detalles de su dolencia. "La gente ahora me mira raro”, dijo.
"Lamentablemente, la declaración del ministro prácticamente me mató”, indicó Cusi en entrevista con el periódico Oxígeno.
"(El ministro) no habla por hablar. Tiene un objetivo bien claro, que es el de destruirme, desprestigiarme, hacer que la gente me vea como un leproso, como una persona indeseable, que me rechace”, afirmó el magistrado ante un grupo de periodistas, sentado en un sillón de la oficina de su abogado, Eduardo León.
El lunes, el titular de Salud reveló una enfermedad incurable de Cusi, lo que provocó la indignación de varias organizaciones que defienden los derechos humanos, porque vulneró la Ley 3729, que protege el derecho a la confidencialidad del paciente.
Cusi lamentó que su familia se haya enterado de esa forma sobre su enfermedad. "Mi familia no sabía... Es una cuestión de reserva. (Ellos) no tenían por qué saber, ni nadie”, aseguró.
Añadió que las declaraciones de Calvimontes no sólo generaron que la gente le vea raro, sino que "hasta mi familia me ve como bicho raro. Mi familia... mi casa, imagínese”, exclamó.
El magistrado consideró que Calvimontes "recibió órdenes” para hacer la revelación. "Hoy que salgo a la calle la gente me mira. ¿Qué dirá?”, se preguntó.
Cusi aseguró sentirse muy preocupado por cómo se actuó con una información tan confidencial. "Cómo se llega a situaciones extremas. Se supone que somos una sociedad civilizada, donde las ideas, argumentos y fundamentos deben ser los que prevalezcan en cualquier situación”, destacó.
Comentó que el desprestigio que ocasionó Calvimontes obedece a una intención de querer "matarme civilmente”. El magistrado recordó que denunció varias irregularidades del Gobierno. "En esa tarea mucha gente lo apoyó; por lo tanto, mi persona iba en ascenso políticamente y vieron que era un riesgo de que alguien como yo, pueda opacar la figura de Evo Morales”, dijo.
Añadió que en ningún momento se le consultó antes de difundir su enfermedad. "Yo fui el primero en sorprenderme”.
Sin embargo, aseguró que esto le da fuerza para seguir luchando por la restitución de su cargo. "El hecho de que tenga problemas de salud, no es impedimento para seguir trabajando”.
"Creo que ya debería de renunciar, no sé qué está esperando”, opinó de Calvimontes.
Información de salud personal revelada
Lunes El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, reveló una enfermedad incurable del magistrado Gualberto Cusi, vulnerando la Ley 3729.
Críticas Varias organizaciones en defensa de Derechos Humanos reprocharon la actitud de Calvimontes.
Martes Organizaciones pidieron la renuncia del titular de Salud, cuya actitud fue calificada de antiética.
El Presidente Evo Morales lamentó la declaración de Calvimontes y pidió al ministro del área que a nombre del Gobierno colabore a Cusi.
Se obedecieron órdenes del Vicepresidente, asegura Cusi
En un comunicado de prensa el magistrado Gualberto Cuso asegura que Calvimontes hizo revelaciones sobre su salud obedeciendo órdenes del vicepresidente Álvaro García Linera. Añade que no se rendirá.
"Debo recordar a la población que el 7 de diciembre del presente año el vicepresidente del Estado, licenciado Álvaro García Linera, manifestó a los medios de prensa: ‘He pedido al ministro de Salud que explique la situación real de la salud del magistrado…’. Esta orden se concretó el día ayer, con las declaraciones del ministro de Salud, con las cuales afectan mi derecho a la intimidad, al honor, a la confidencialidad y a la reserva de información. El proceder del señor Calvimontes se constituye en una acción calificada como delito por nuestro ordenamiento jurídico y en faltas graves a la ética médica. No puedo olvidar que el ministro de Salud es médico”, dice el comunicado de Cusi.
Tras agradecer las muestras de apoyo, el magistrado asegura: "El Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Colegio Médico de Bolivia y otras instituciones han coincidido y denunciado las violaciones cometidas este 22 de diciembre, un día marcado como en el que se ha violado a un derecho fundamental de la persona, cualquiera que sea ella”.
Denuncia una ataque contra su persona por móviles políticos. "Lo ocurrido contra mi persona y mi condición de salud es una muestra de una política gubernamental, promovida por las más altas autoridades del país. No es un acto aislado, es una política institucionalizada basada en infundir el miedo, en la búsqueda de la destrucción de la persona humana, al margen de su cargo o de sus ideas. Como se ha dicho en las últimas horas, el debido proceso incomoda al Gobierno, que busca el ataque sin respetar la ley y la dignidad de los ciudadanos. Si esta actitud se da con un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, qué pueden esperar los demás ciudadanos. Si este ataque lo hace el ministro de Salud, qué podemos esperar del personal que está sujeto a órdenes superiores. Si la instrucción viene desde la propia Presidencia y del Vicepresidente del Estado, cabeza de la Asamblea Legislativa y responsable de hacer cumplir nuestros derechos, qué podemos pedir del resto de los asambleístas que ahora me juzgan”
MAGISTRADO GUALBERTO CUSI SE DIRIGE A LA OPINION PUBLICA
URGENTE DIFUNDIR ESTE COMUNICADO
En mi defensa y por los derechos fundamentales Tata Cusi
En primer lugar quiero agradecer por la solidaridad de todos las personas que se han comunicado conmigo o se han manifestado públicamente expresando su buena voluntad y adhesión tras las declaraciones del Sr. Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, en el marco del Juicio que me sigue la bancada del MAS a la cabeza de mi amigo el Senador Eugenio Rojas.
Debo recordar a la población que el 7 de diciembre del presente año el Vicepresidente del Estado Lic. Alvaro Garcia Linera, manifestó a los medios de prensa: “He pedido al Ministro de Salud que explique la situación real de la salud del magistrado…”. Esta orden se concretó el día ayer, con las declaraciones del Ministro de Salud, con las cuales afectan mi derecho a la intimidad, al honor, a la confidencialidad y a la reserva de información. El proceder del señor Calvimontes se constituye en una acción calificada como delito por nuestro ordenamiento jurídico y en faltas graves a la ética médica. No puedo olvidar que el Ministro de Salud es médico.
El Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Colegio Médico de Bolivia y otras instituciones han coincidido y denunciado las violaciones cometidas este 22 de diciembre, un día marcado como en el que se violado a un derecho fundamental de la persona, cualquiera que sea ella.
Lo ocurrido contra mi persona y mi condición de salud es una muestra de una política gubernamental, promovida por las más altas autoridades del país. No es un acto aislado, es una política institucionalizada basada en infundir el miedo, en la búsqueda de la destrucción de la persona humana, al margen de su cargo o de sus ideas. Como se ha dicho en las últimas horas, el debido proceso incomoda al gobierno, que busca el ataque sin respetar la ley y la dignidad de los ciudadanos. Si esta actitud se da con un Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, qué pueden esperar los demás ciudadanos. Si este ataque lo hace el Ministro de Salud, qué podemos esperar del personal que está sujeto a órdenes superiores. Si la instrucción viene desde la propia Presidencia y del Vicepresidente del Estado, cabeza de la Asamblea Legislativa y responsable de hacer cumplir nuestros derechos, qué podemos pedir del resto de los Asambleístas que ahora me juzgan.
Las acciones legales que iniciaré en relación a este tema serán presentadas, con el fin de que el gobierno del miedo, no acalle a los ciudadanos. Busco demostrar que los ciudadanos sí tenemos derechos que nos amparan. No busco la venganza, sino establecer y visibilizar ante todo el pueblo de Bolivia los derechos y garantías de la población actualmente discriminada y desprotegida.
Se ha demostrado que me siguen un Juicio Político, que no se ha respetado mi calidad de Autoridad elegida por voto popular del soberano. Se ha demostrado que no es posible hablar idioma aymara en una Asamblea mayoritariamente Indígena, se ha demostrado que la Ley 044 y la Ley 612 es inconstitucional e inconvencional. Se ha demostrado que me siguen un juicio por no ser servil a los intereses del presidente Evo Morales _ no por ladrón, no por flojo, ni mentiroso_. Se ha demostrado que el poder puede acceder a los datos confidenciales de una persona, con una instrucción del poder político. Frente a la incapacidad de la Asamblea Legislativa de condenarme con argumentos jurídicos y ante la evidencia de mi inocencia, han decidido atacar mi dignidad como ser humano.
Estas acciones del Gobierno no me asustan, no conseguirán mi renuncia al cargo para el que fui elegido por la población. No me expulsarán del Tribunal Constitucional Plurinacional, la lucha continúa con más energía y defenderé hasta las últimas instancias nacionales e internacionales el derecho del pueblo boliviano a contar con Magistrado independiente de los designios del Presidente Morales.
Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional
La Paz, 23 de diciembre de 2014.
Abogado de Cusi anuncia juicio a Ministro de Salud
El abogado Eduardo León, quien defiende legamente al magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció que se presentará una demanda penal en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, por develar la verdadera enfermedad de su cliente.
El jurista afirmó que la autoridad de Estado violó la norma aprobada en agosto de 2007, la Ley 3729 que en su artículo nueve prohíbe develar por medios de comunicación la enfermedad de estas personas, a menos que haya el consentimiento del mismo.
MEDICACIÓN El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, dijo ayer que el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), Gualberto Cusi, dejó hace cuatro meses de retirar sus medicamentos del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB), lo cual está poniendo en riesgo su vida.
"Si algo sucede con el señor Gualberto Cusi va ser absoluta y exclusiva responsabilidad de sus abogados defensores y del mismo señor Gualberto Cusi, porque están exponiendo demasiado su vida y el señor Gualberto Cusi no está tomando la medicación que ha sido indicada por los especialistas", destacó en conferencia de prensa.
En enero del 2013, Cusi fue diagnosticado con la enfermedad de tuberculosis ganglionar. Su situación que se agrava con el diagnóstico de otra delicada enfermedad que padece, precisó Calvimontes.
Casas de Justicia de Caracollo y Corque tienen 80 % de avance
La construcción de las casas de Justicia tanto de la localidad de Caracollo como de Corque, tienen un avance físico del 80 % simultáneamente según informó el director administrativo financiero del distrito Judicial de Oruro, Mauro Ramírez.
Pese a que a mediados de esta gestión, la casa de Justicia de Caracollo presentaba un leve retraso por problemas con el terreno donde se emplaza este proyecto, a la fecha, la empresa constructora encargada de su ejecución "AVM Construcciones" y la Empresa Supervisora "Servicio Integral Loaiza Fernández", recuperaron el tiempo perdido.
En Corque la situación es similar, pues la edificación avanza a paso firme y se llegó a la fecha a un 80 %, previendo que ambas construcciones sean entregadas y libradas al servicio público en febrero del próximo año. Afirmó que en el caso de Caracollo la entrega será en enero, de acuerdo a los plazos previstos en el Documento Base de Contrataciones (DBC).
El distrito minero de Huanuni también tendrá una Casa de Justicia, solo que en esta localidad, el proceso comenzó después, es por eso que a la fecha está en la etapa de elaboración del proyecto de inversión y carpeta a diseño final.
"Eso todavía tendrá su tiempo, sin embargo las otras dos casas de justicia vamos a entregar en enero y febrero, se prevé iniciar al año. Estos proyectos de inversión están siendo financiados por el Órgano Judicial netamente, sus presupuestos son similares, Corque tiene el costo de 2.300.000 bolivianos aproximadamente y Caracollo asciende a dos millones y medio", finalizó.
Derechos Humanos lanza críticas Consideran que Ministro vulneró derecho de Cusi
La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) critica que se vulneren los derechos del magistrado Gualberto Cusi.
Resaltan que la ley 3729 estipula la confidencialidad sobre la enfermedad que sufre una persona. El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, especificó ayer en público la enfermedad que padece el magistrado, sometido actualmente a juicio de responsabilidades en el Senado.
Polémica. En la Ley 3729 en su inciso D, del subtítulo de confidencialidad, señala que la condición clínica debe sujetarse a normas de confidencialidad establecidas en los códigos de ética, protocolos médicos y epidemiológicos y en dicha Ley.
Yolanda Herrera, presidente de la APDHB, cuestionó al ministro, al haber vulnerado otro derecho de Cusi, pese a que está penado por las mismas normas.
"Al haber expresado de manera pública una situación penada por ley, el Ministro de Salud vulneró el derecho a la confidencialidad de una persona, independientemente de las justificación política partidaria que tenga, no tiene derecho de haber hecho pública una situación penada por ley", dijo.
Al mismo tiempo, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó su indignación por esta situación. "Todos los bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad", precisó, a tiempo de mencionar que la acción del Calvimontes, obedece a fines políticos que buscan descalificar al magistrado.
Acciones. La APDHB anunció que cursarán una nota al ministro Calvimontes y al presidente del Comité Nacional de Lucha Contra la Discriminación y Racismo para que de oficio se inicie un proceso en contra de la autoridad de manera inmediata. A su turno, el abogado del magistrado suspendido, Eduardo León, quien lo defiende legalmente, anunció que se presentará una demanda penal en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes. "La calificamos de canallesca y totalmente arbitraria e ilegal debido a que él no tenía por qué realizar este tipo de aseveraciones", aseguró León.
Anunció que esto será de conocimiento de las instancias internacionales como Naciones Unidas (NNUU), Organización de Estados Americanos (OEA) y se tenga un precedente negativo sobre el accionar del gobierno boliviano sobre su cliente y de quienes piensan diferente.
Declaraciones. Calvimontes denunció que el magistrado suspendido, desde hace cuatro meses no recoge su medicación para la tuberculosis que padece por lo que estaría exponiendo su salud.
Cusi enfrenta un juicio de responsabilidades junto a sus colegas Soraida Chanez y Ligia Velásquez por la paralización de la Ley del Notariado.
Video La defensa del magistrado Cusi presentará una querella criminal contra el Ministro de Salud
Video El ministerio de salud hizo pública la enfermedad que aqueja a Gualberto Cusi
Calvimontes: Cusi dejó de su medicación hace cuatro meses y se advierte riesgos en su salud
El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, dijo este lunes que el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), Gualberto Cusi, dejó hace cuatro meses de retirar sus medicamentos del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB), lo cual está poniendo en riesgo su vida.
En enero del 2013, Cusi fue diagnosticado con la enfermedad de tuberculosis ganglionar, para esto se le realizó una prueba denominada biopsia, situación que se agrava con el diagnóstico de una delicada enfermedad que padece, precisó Calvimontes.
A través de este manifiesto público del ministro, se pretende, dijo, deslindar toda responsabilidad respecto a la salud del magistrado Cusi, ya que si continúa sin recibir la medicación, será el mismo y sus abogados los responsables de cualquier incidente.
El magistrado suspendido Gualberto Cusi enfrenta junto a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, enfrenta un juicio de responsabilidades en el Senado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y otros al haber paralizado la aplicación de la Ley del Notariado a través de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad.
SEGÚN LA DEFENSA DE CUSI, LA SENTENCIA YA SE REDACTÓ
Los actuales asambleístas solo podrán dictar el fallo y los nuevos deberán juzgar las etapas de apelación y revisión extraordinaria.
Eduardo León, abogado defensor del magistrado suspendido, Gualberto Cusi, afirmó que la sentencia contra él y dos magistradas, que son sometidos a un juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores, "ya está redactada".
Justificó la aseveración al evaluar la marcha del proceso, que según su percepción, no se desarrolla dentro de lo que establece "el debido proceso", toda vez que los derechos de los imputados son vulnerados constantemente.
"El propósito de este mal llamado juicio de responsabilidades es defenestrar a los magistrados. La sentencia ya está redactada".
Explicó que los tribunos, acusados de los supuestos delitos de resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, ven con impotencia la vulneración de sus derechos.
"Una muestra de ello es que el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores ha deshechado las pruebas planteadas por los magistrados, asimismo, no accedían a que la defensa presente a sus testigos, que son centenares, pero al final accedieron a que cada tribuno presente cinco como máximo".
Un complot. De acuerdo con el abogado León, durante la marcha de este proceso se ha podido desnudar la verdadera realidad de lo que sucedió en este caso y que es solo una trama.
"En este caso ha existido un complot armado y al margen, el conjunto de los elementos de prueba no es suficiente para acusar y condenar a estas personas. Una sola prueba se ha utilizado, una sola prueba está utilizando (el Ministerio Público) que determina solamente una posible responsabilidad pero esa única prueba es el expediente de la acción de inconstitucionalidad en el que se puede establecer de que no ha habido ningún tipo de resolución contraria a la ley, menos prevaricato ni mucho menos incumplimiento de deberes".
Dijo que pocos son los miembros del Tribunal de Sentencia que prestan atención al proceso y que la mayoría se dedica "a la papa frita, a la cena".
"Hay otros (senadores) que sí tienen interés y esos son los que están logrando ver de que este proceso no tiene ningún sentido".
Juicio posterior. El representante legal de Cusi advirtió de que este proceso tendrá consecuencias posteriores para los miembros del Tribunal de Sentencia por su accionar erróneo.
"En la emergencia del proceso saben (los senadores) que la responsabilidad no solamente va a ser definitiva y determinante para el Estado sino para quienes ahora levantan la mano de manera muy fácil. A la postre, ojalá tengan la misma capacidad de enfrentarse ante un proceso penal y asumir la responsabilidad como lo están haciendo, ahora, de manera tan sencilla".
el diputado juan carlos Cejas, quien oficia, en este caso, como fiscal, aseguró que el juicio no es político y que busca que se castigue un hecho, que calificó de doloso.
Descartó el hecho de que se trate de un proceso político, pues la Asamblea Legislativa Plurinacional busca sancionar los delitos cometidos por los magistrados sobre quienes pesan denuncias.
Nuevas denuncias. La comisión de Justicia P=ural recibió una denuncia nueva en contra del magistrado Gualberto Cusi y otro de sus colegas, que será procesada de acuerdo con las normas vigentes en el país.
El diputado aseguró que la comisión a su cargo no actúa, en éste ni en otros casos, bajo consignas políticas, sino que se evalúa a fondo los pedidos para que las autoridades judiciales sean sometidas a proceso.
Reiteró, además, que en todo momento, se trata de precautelar el cumplimiento de los derechos que corresponden a los acusados en éste o en cualquier otro caso, por lo que lamentó las versiones en sentido contrario.
EL JUICIO CONTRA LOS MAGISTRADOS SE REINICIARÁ EL 5 DE ENERO DE 2015 CON LA PRESENTACIÓN DE TESTIGOS DE LOS ACUSADOS.
Video Ministra de Justicia advirtió con serias sanciones para ineficientes operadores de justicia
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Juicio a tribunos, síntoma de la crisis de la justicia
Todos hablan de la crisis del sistema judicial; a la par de lo que naturalmente hace la oposición, este año las críticas salieron incluso de boca del oficialismo. El mismo presidente Evo Morales dijo que de nada había servido llevar ponchos y polleras a las altas magistraturas judiciales. El juicio de responsabilidades en curso a los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, Zoraida Chánez y Ligia Velásquez es un síntoma de la crisis del sistema y servicios de justicia.
“Hay que hablar de una crisis del sistema judicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional conforma la justicia constitucional. Es un servicio de justicia. Sí, el juicio puede ser ubicado en el marco de una de las manifestaciones de la crisis de los servicios de justicia por el componente de la independencia de los órganos”, precisa el abogado Carlos Börth.
La Constitución Política del Estado (CPE) en su parte, se puede decir, republicana establece la separación de poderes y que ninguno debe intervenir en el otro, salvo por los mecanismos de equilibrios y contrapesos que están trazados en el mismo texto constitucional.
DEBILIDAD. “En ese sentido, tanto el Órgano Judicial como la justicia constitucional se encuentran muy débiles e influidos por el Órgano Ejecutivo; cualquier manifestación de independencia o decisión contraria al Ejecutivo puede derivar en hechos como el juicio”, juzga Börth. De manera oficial, la raíz del juicio a los tribunos del TCP es la suspensión que hizo su Comisión de Admisión de la Ley del Notariado Plurinacional, hasta que se resuelva la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
“Esto no le agrada al Ejecutivo, cualquiera sea la razón, y plantean el proceso contra los magistrados. Ahí se ve claramente la relación de los dos órganos”, señala. El expresidente Carlos Mesa, en una columna pasada, también nota que el juicio a los magistrados está relacionado a la crisis de la justicia.
“Este conflicto pone en evidencia cuestiones de fondo que son realmente las que nos han llevado a esta lamentable circunstancia. La elección por voto universal del Poder Judicial es un absurdo (que para peor fue mal conducido y sesgado con la preselección de candidaturas) que ha llevado no solo a agravar la histórica corrupción de ese órgano, sino a reducir a grados insospechados su ya cuestionada idoneidad”, escribe.
En efecto, la independencia del TCP es constantemente cuestionada; el pico de esas críticas fue cuando este órgano declaró constitucional la Ley de Aplicación Normativa que permitió la tercera elección consecutiva de Evo Morales.
Para el senador electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Romero, la crisis alcanza al TCP, sin embargo lo dice en un sentido muy diferente a Mesa y Börth. El exministro de Gobierno apunta que se ha incorporado la elección por voto de las autoridades jerárquicas con el “espíritu de dar el mandato popular” a la función de los jueces y magistrados; pero, “desafortunadamente”, esa fórmula, si bien ha servido para “democratizar a los operadores de justicia e incorporar a indígenas y mujeres”, también se ha “distorsionado porque el voto ha sido entendido, por parte de algunos integrantes, como una licencia discrecional para tomar decisiones al margen de las normas y los procedimientos, para politizar la disputa de espacios de poder interno y para politizar sus relaciones con los otros órganos del poder público”.
“Estos mecanismos de distorsión se han expresado en esta polémica en que se han visto involucrados los miembros del Tribunal que actualmente se encuentran procesados”. Börth vuelve al tema de la independencia del TCP: “ante una pequeña manifestación de independencia de criterios (invalidar temporalmente la Ley del Notariado), la reacción (del Ejecutivo) es desproporcionada”.
“Ante esa débil manifestación de independencia, viene una reacción sobredimensionada del Ejecutivo que además de afectar a los magistrados en juicio, debilita aún más la imagen y la capacidad de protección de la Constitución por parte del Tribunal”, observa.
TEMORES. Al final, el juicio significa “más obstáculos” para el Gobierno si tiene la intención de superar su “talón de Aquiles”: la justicia. Con este antecedente “¿quién va a querer ser magistrado, qué profesional calificado se va a animar si por tan poco te hacen un juicio? Entonces, se tendrá que los altos cargos judiciales serán ocupados por profesionales no calificados dispuestos a no incomodar al Ejecutivo. El Gobierno se pone a sí mismo obstáculos para salir de la crisis de los servicios de justicia”. Si se tenía un Tribunal “sin credibilidad, con la suspensión y posible destitución de los tres magistrados el TCP quedará aún más débil”.
En cuanto a lo procedimental del juicio hay tres versiones. La primera la expresa Romero, quien dice que el juicio es parte de las atribuciones del Órgano Legislativo en el marco de controles mutuos que debe existir entre órganos. “Lo que se ha hecho con la Ley del Notariado Plurinacional ha sido un exceso. Dejar sin aplicación una normativa ha expuesto al sistema jurídico boliviano a una alta vulnerabilidad y zozobra a la población y al Estado”.
Mesa, en cambio, en el texto citado, recurre al recurso literario de la imagen para cuestionar el procedimiento. “Se mantiene, además, el contrasentido de que el Órgano controlado (la Asamblea Legislativa) acaba juzgando al Órgano que hace el control de constitucionalidad, lo que desvirtúa las potestades que en teoría tiene el TCP. La Constitución, al consagrar la elección popular de los magistrados y darle al Senado la responsabilidad de enjuiciar al TCP, sigue en la lógica de la serpiente que se muerde la cola”.
Por último, está el constitucionalista Carlos Alarcón, quien es aún más crítico al señalar que las leyes que regulan el juicio tienen “dos grandes aberraciones estructurales que le quitan legitimidad y legalidad y hacen tabla rasa con la independencia de la justicia constitucional en Bolivia”.
Primero —explica— no establece como primer paso la intervención del soberano mediante referendo para definir si a criterio de los ciudadanos existe o no materia justiciable. “No debemos olvidar que el soberano los eligió y no la Asamblea Legislativa, que más bien es controlada por el TCP”.
Segundo, no hay ningún Tribunal Constitucional “en el mundo” que esté sujeto a responsabilidad disciplinaria porque “estaría subordinado a otro órgano y menos a los legisladores que no son superiores jerárquicos de los magistrados, sino más bien constitucionalmente subordinados al TCP”. El juicio penal se volvió “inmanejable para el oficialismo”, utilizando “como kamikazes” a sus legisladores que están de salida, y “para salir de este callejón sin salida buscaron un remedio peor que la enfermedad: la responsabilidad disciplinaria”.
“Resultado de todo este circo y pandemonium es la aniquilación de la independencia de la justicia constitucional en Bolivia y la vía libre para leyes tiránicas y violaciones a los Derechos Humanos”, concluye. Sea como fuere, una cosa es cierta: la crisis de los servicios de justicia que engloba el servicio de la justicia constitucional. El juicio es la manifestación de esa debilidad.
Exigen reformar la elección de magistrados
Ante los cuestionamientos a la administración de justicia, tanto por la oposición como por el oficialismo, surge la idea de buscar nuevas alternativas de elección de magistrados en Bolivia. Por ello, expertos en la rama del Derecho, sugieren cambios profundos en la Constitución Política del Estado (CPE). Aunque la solución a la crisis judicial, sostienen cuatro juristas y un opositor, pasa por la descontaminación a través de una verdadera independencia de poderes, libre de injerencia. Sin embargo, el MAS niega la influencia del Gobierno en las decisiones judiciales.
Fortalecer el sistema de partidos políticos. El constitucionalista Saúl Paniagua, dijo que es de vital importancia el fortalecimiento al sistema de partidos políticos. "La única forma que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a este tipo de elecciones judiciales, es evitar los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)", afirmó. Dijo que se debe apostar a recuperar el derecho de ciudadanía, es decir que el poder político hegemónico no se abrogue la potestad de preselección de los magistrados. Aclaró que mientras no suceda esa situación, vanos serán los esfuerzos en reformar la Carta Magna, ya que la estructura oficialista seguirá teniendo influencias sobre los aspirantes al cargo.
La elección fue un error histórico. Según el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, fue un error histórico la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial en el país. Remarcó que para postular a cualquier cargo, es necesario el examen de competencia y concurso de méritos, si es que se quiere autoridades probas.
Además se debe garantizar el respeto a los derechos a los magistrados, alejando la injerencia del poder político, caso contrario, las autoridades serán sumisas al partido de Gobierno. Advirtió que aquellos que desobedezcan a los designios del Poder Ejecutivo, serán sometidos a procesos de responsabilidades, como lo que está sucediendo con los altos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Justicia colapsada. Para el decano de la Facultad de Derecho de la Udabol, Fernando Cuéllar, la justicia boliviana se encuentra colapsada.
"La causa es la intromisión evidente del Poder Ejecutivo, frente al Legislativo y al Judicial", comentó.
Mencionó que una muestra clara es el juicio a tres representantes del TCP, por el delito de admitir sin resolver, un recurso planteado por el cual consideran que hubo vulneración de derechos. Consideró que la elección que se hizo de magistrados no fue adecuada, porque siempre salen favorecido los afines al partido en función de Gobierno, porque son los legisladores quienes definen.
El problema es la calidad de profesionales. El expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, dijo que la problemática está en la calidad de los postulantes al cargo. Remarcó que normativamente se avanzó y no se requiere mayores reformas a la CPE para tener autoridades idóneas, pero la falla está en los legisladores nacionales. Al igual que los errores en las personas que ejercieron el cargo, profundizando la crisis del Poder Judicial. Además otra de las dificultades, está en la reforma a la Ley del Órgano Judicial, que a previsto en los niveles de vocales y jueces se trunque la carrera judicial, como el reducir a dos años de experiencia.
Proceso irregular. Mientras que el diputado de Convergencia Nacional (CN), Adrián Oliva, dijo que desde el inicio de la elección de magistrados, se manejó de manera irregular.
"En la selección de candidaturas influyó el MAS cuando se los sometió a voto popular, por eso el proceso eleccionario de magistrados nació muerto", expresó el legislador. Manifestó que el manoseo del partido de Gobierno, provocó el rechazo de la población con votos nulos y blancos y la elección de magistrados con baja legitimidad. Por ello, Oliva es partidario de revisar la elección, pero el problema no está solamente en los altos magistrados, sino también en los distintos niveles de organización del Poder Judicial.
Niega injerencia. Por su parte, el diputado masista Franklin Garvizu, negó la injerencia de su partido en el Poder Judicial.
Dijo que es peligroso lo que afirma la oposición y algunos expertos en derecho, en el sentido de la hegemonía del MAS y la sumisión de la justicia boliviana. "Están interpelando la decisión de un pueblo, nunca se pretendió hegemonizar el voto, solo demostrar la buena gestión", explicó. Aclaró que primero se debe esperar que concluya la primera gestión de los magistrados y analizar si han sido eficientes o faltó una mejor forma de aplicar la norma. En base a esa evaluación, explicó Garvizu, se debe tomar la decisión que corresponda.
"La única forma que los ciudadanos puedan acceder a las elecciones judiciales, es evitar los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional".
"Fue un error histórico la elección de los magistrados, porque para postular a cualquier cargo púbico es necesario el examen de competencia y concurso de méritos".
Director del Colegio Deptal. de Abogados de Scz
"En la selección de candidaturas influyó el MAS cuando se lo sometió a voto popular, por eso el proceso eleccionario de magistrados nació muerto".
Diputado de Convergencia Nacional (CN)
"Es peligroso lo que afirma la oposición sobre los magistrados, jamás existió injerencia del MAS, están interpelando la decisión de un pueblo".
Atribuciones de los tribunales de Justicia
CPE, Tribunal Supremo de justicia. ARTÍCULO 184. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: I. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por la ley.
JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL. ARTÍCULO 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley: I. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (CM). ARTÍCULO 195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la Constitución y en la ley:1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales.
Tribunos electos por votación
CPE. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Artículo 182.I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL. ARTÍCULO188.
I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental (TAA) serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. ARTÍCULO 194. I.Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.
"Moraleja eleccionaria y la necesaria reforma constitucional"
"Los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución Política del Estado establecen que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional serán elegidos mediante sufragio universal.
Recordemos que en la elección de los altos cargos del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, existió afluencia de personas a nivel nacional que acudieron a las urnas a votar, con lo cual quedó demostrado que la mayoría hizo uso de su derecho democrático y constitucional al sufragio; sin embargo, esta conducta no significa que todos ellos estuvieran de acuerdo con aquel proceso electoral. Si se recuerda, existió una mayoría de votos nulos siendo por demás evidente que gran parte de la población patentó su desacuerdo con aquel proceso electoral y del mismo modo demostró estar en desacuerdo con los candidatos que fueron ofrecidos en esa oportunidad por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, al haber resultado como mayoría el voto nulo, implícitamente el soberano ha demostrado tener una convicción y una firme decisión por decantarse a favor del rechazo. Por lo tanto, es una expresión libre y voluntaria de un rotundo rechazo a dicho mecanismo y proceso de elección. Con todo ello, considero que lo mejor sería reformar la Constitución y retornar a la elección de los altos cargos del Poder Judicial basados en la meritocracia, incluyendo la prueba psicológica sobre personalidad y aptitud para el desarrollo de las funciones judiciales (sirven de guía para conocer a la persona, pues para ser autoridad se debe contar con ciertas cualidades de la personalidad, las cuales se encuentran basadas en la escala de valores que cada persona decide tener y sobre inteligencia emocional) y no así mediante un proceso electoral que fue rechazado por la sociedad, dado que resulta absurdo que un magistrado haga campaña o haga promesas cuando su única función es administrar justicia conforme a la Constitución y las leyes".
Condenan a 5 años de prisión a un ex juez por primera vez en Bolivia
Tras cinco años de dura batalla legal, el ahora exjuez Juan Antonio Urquidi Bellido se sentó en el banquillo de los acusados en un juicio oral que duró 10 días y un jurado lo halló culpable del delito de prevaricato. Fue sentenciado a pasar cinco años de su vida en la cárcel de San Sebastián.
Mucha gente llamó a su víctima, Juan Belisario Vargas, para felicitarle por haber tenido la valentía de acusar a un juez y de seguir hasta el final pese a las amenazas y a los procesos que le instauraron. Hasta las autoridades de Transparencia de La Paz y el Consejo de la Magistratura reconocieron que la perseverancia de Belisario Vargas y las pruebas que acumuló lograron la primera sentencia contra un juez en Cochabamba y en Bolivia, “lo cual no tiene precio”, le dijeron.
Pero sí tuvo un precio y muy alto. “No soporto las cosas incorrectas y mi pecado fue pedir justicia. Me persiguieron con procesos legales a mí y a mi familia, mi salud se debilitó, viví en los tribunales, tuve que vender tres vehículos que compré con mis ahorros para poder pagar los costos de sostener un proceso en la justicia boliviana, nos han amenazado, ha sido un calvario que no quisiera que nadie pase”, reconoció ayer con la voz quebrada
Sin embargo, Belisario Vargas no está conforme y anunció que apelará. Considera que él y la Fiscalía aportaron suficientes pruebas para que el exjuez Juan Antonio Urquidi Bellido y tres abogados sean sentenciados por tres delitos: prevaricato, consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes.
Empero, el juez del Tribunal Cuarto de Sentencia Henry Mayda y dos jueces ciudadanos resolvieron absolver a los abogados Juan Pablo Romero Mendoza, Verónica Patricia Espinoza Ojeda, Jacqueline Zuemi Mercado Molina y condenar a 5 años de prisión al exjuez por prevaricato.
Belisario Vargas compró un departamento en 85 mil dólares en La Chimba. El juez Juan Antonio Urquidi, que estaba a cargo del proceso de interdicto, lo acusó de no haber pagado esa suma basándose en un documento de Derechos Reales e intentó sacarlo de su vivienda, a pesar de que Vargas probó que sí pagó por el inmueble. El abogado del juez era defensor de la parte que acusaba a Belisario Vargas.
La presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Cristina Mamani, destacó ayer en Cochabamba esta condena “como la primera en Bolivia contra un juez lo que es una buena señal”. Johhny Rocha del Consejo de la Magistratura de la Llajta sostuvo que apelarán porque se aplicó la mínima cuantía de la pena, cuando el delito de prevaricato fue probado contundentemente.
El sentenciado tiene 15 días para apelar y su condena debe ser ejecutoriada para que la cumpla en la cárcel.
Juez sentenciado a 5 años de cárcel por prevaricato
El Tribunal Cuarto de Sentencia condenó a cinco años de cárcel al juez Antonio Urquidi Bellido por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. La sentencia en primera instancia fue emitida el jueves luego de varias horas de deliberación. El juez Urquidi Bellido era titular del Juzgado Onceavo de Instrucción en lo Civil hasta que fue denunciado por litigantes.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó que se trata del primer caso con sentencia a nivel nacional contra un juez. Explicó que en lo que va del año se han destituido a 20 jueces acusados de corrupción y prevaricato.
Otras 400 funcionarios entre vocales, fiscales y personal de apoyo también son investigados por haber cometido faltas gravísimas.
Mamani recomendó a los jueces que actúen con rectitud, impartiendo justicia y no emitiendo resoluciones contrarias a la Ley, porque serán sancionados. “No existe proteccionismo. Muchos dilatan los procesos y recurren hasta amparos, pero la justicia llega”, dijo.
Urquidi fue destituido hace seis meses de sus funciones y denunciado en 2010 por haber emitido fallos para favorecer a un conocido. El procesado aún tiene la opción de apelar a esta decisión del juez.
El representante del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, informó que en el departamento existen 16 jueces sometidos a procesos penales por delitos de incumplimiento, prevaricato, corrupción y otros.
El expresidente afirma que en Bolivia el 80% de los presos no tiene condena definitiva.
Ante la crisis del sistema judicial, el presidente Evo Morales planteó ayer la creación de una comisión jurídica conformada por expertos del ámbito judicial y liderada por el expresidente y actual embajador Eduardo Rodríguez Veltzé, quien calificó de positiva la iniciativa y afirmó que este es un trabajo donde debe participar toda la sociedad boliviana.
El Jefe de Estado participó ayer del encuentro de representantes diplomáticos de Bolivia en el mundo que se realizó en instalaciones de la Cancillería. Los embajadores informaron el trabajo realizado en la gestión que culmina.
En su discurso, Morales se refirió al tema de la justicia boliviana y dirigiéndose al canciller David Choquehuanca y a los embajadores pidió que se conforme una comisión de expertos juristas cuya tarea principal sería elaborar propuestas para transformar el sistema judicial boliviano.
“No sé si puede haber una comisión jurídica (…) yo diría a la cabeza del compañero expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (y que la misma pueda) desarrollar propuestas para hacer una revolución dentro de la justicia boliviana”, afirmó el Presidente del país.
Morales reconoció que el actual sistema judicial es “repudiado” por el pueblo boliviano por lo que es una labor pertinente del Estado y una obligación del Gobierno encaminar una revolución del sistema judicial.
La primera autoridad admitió también que el sistema judicial está corrupto, puso como ejemplo el trabajo de la Policía y el incremento de la actividad del narcotráfico en el país.
“La Policía detiene a grandes narcotraficantes como decimos, mano en masa. Pasa a la justicia, está detenido por dos días y ya está liberado. Pasa una semana o dos, la Policía detiene al mismo narcotraficante. Estos grandes narcotraficantes como tienen plata se contratan expertos abogados que no liberan legalmente. Todo es con plata, plata para el fiscal, plata para el juez (y sale libre)”, indicó.
En ese marco, pidió a los diplomáticos bolivianos respaldar este trabajo de transformar el sistema judicial para mejorar la imagen del país.
Por su lado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, coincidió con Evo Morales al afirmar que la justicia boliviana requiere de una pronta reforma y afirmó que ese trabajo debe ser conjunto.
“Convengo con el Presidente de que el tema de la justicia, la política pública que tiene que ver con un servicio eficiente accesible, eficaz y sobre todo valorado por la población es una agenda pendiente. Celebro que sea el Presidente que lo anuncie de esa manera. Habrá que trabajar de manera conjunta”, afirmó.
El embajador recordó que la problemática en el sistema judicial es complejo y no es reciente y que a partir de ese punto todos los mecanismos estatales se deben articular para plantear y ejecutar una reforma.
“Subsisten las preocupaciones. (Una reforma) tiene que articularse con los mecanismos legislativos, políticos y sobretodo con una decisión de los bolivianos. Es una decisión general no solo de los operadores, de los abogados, de los legisladores, de los políticos y de los ciudadanos que deben acompañar un proceso de revolucionar el sistema judicial”, afirmó.
La carencia en el sistema judicial boliviano también se cuenta en porcentajes y datos, un ejemplo es el citado por Eduardo Rodríguez Veltzé quien refiere que Bolivia es uno de los primeros países de la región que tiene población numerosa pero sin sentencia ejecutoriada.
“Bolivia tiene uno de los índices más altos del continente de presos sin condena definitiva. Tenemos más del 80 por ciento de los presos en las cárceles sin procesos ágiles que permitan arreglar su situación y de las víctimas. Esa falta de procesos ágiles debe terminar”, afirmó.
La Unión Europea (UE) comprometió en noviembre pasado apoyo económico a Bolivia para la reforma judicial. El monto comprometido para una primera fase serían de 15 millones de euros, monto que podría incrementarse de acuerdo a las políticas de transformación que proponga el Gobierno.
La UE y el Gobierno boliviano acordaron en Bruselas el 18 de noviembre el programa plurianual para 2014-2020, con un financiamiento de 281 millones de euros, unos 385 millones de dólares.
Al menos 20 jueces fueron destituidos este año a nivel nacional por faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones, reveló el viernes la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. "Hay varios procesos disciplinarios en contra de varios jueces que tenemos.
El número de destituciones ha llegado a por lo menos 20", dijo. De acuerdo con Mamani, cuatro de los administradores despedidos estuvieron implicados en hechos de corrupción. Por otro lado, Mamani explicó que en el trabajo de fiscalización del Consejo de la Magistratura se emitió también 400 amonestaciones contra jueces y vocales.
La autoridad judicial reveló, además, que cerca de 50 jueces fueron sometidos a procesos penales por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de su labor. La mayoría de los casos están vinculados con figuras legales como prevaricato, retardación de justicia y corrupción y los juzgados sólo podrán ser destituidos si tienen sentencia ejecutoriada, puntualizó.
Senado limita a 5 testigos por acusado y declara receso hasta el 5 de enero
El Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores decidió limitar a cinco la cantidad de testigos que puede presentar cada uno de los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Además declaró el juicio en receso hasta el 5 de enero de 2015. Durante la audiencia realizada esta mañana, el Senado decidió limitar a tres la cantidad de testigos por acusado. Los abogados de los magistrados solicitaron que sean diez los testigos por cada unos de sus defendidos. El Tribunal accedió a darles cinco.
Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chanez están acusados de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a que postergaron la aplicación de la Ley del Notariado con una auto de admisión de un recurso de insconstitucionalidad en contra de esta norma.
Para el juicio, Cusi había anunciado que tenía una lista de 300 testigos. Ahora tendrá que escoger a cinco de ellos para que testifiquen a su favor.
El presidente del Tribunal, Eugenio Rojas, indicó que la nómina de los cinco testigos debe ser presentada hoy mismo, luego determinó el receso.
"Los testigos no pueden comparecer hoy ni mañana. En este sentido, este Tribunal da receso hasta el día 5 de enero de 2015 a horas tres de la tarde", dijo el Senador. Agregó que en esa fecha deben presentarse quienes testificarán.
El abogado Eduardo León pidió que otros testigos puedan declarar por escrito. Rojas no aceptó la propuesta. Para Cusi, el juicio "debería haber continuado". Señaló que no sabe el motivo de la suspensión, pero presume que los senadores tienen algún "plan o estrategia política". "Parece que recién están leyendo la Constitución y se están asesorando.
Entonces violan los derechos. No permiten que los documentos sean incorporados, excluyen a los testigos. Es una muestra vergonzosa", lamentó el acusado. Huelga de hambre Al ingresar a la audiencia, Cusi amenazó con declararse en huelga de hambre en los predios del Senado.
Tras la declaratoria de receso, afirmó que continuará con la medida de hecho cuando se reinstale la audiencia. "Ellos son asesinos. Ya me han matado y todavía me quieren matar. Evo asesino, Álvaro asesino. Mátenme de una vez, liquídenme si es que buscan eso.
Aquí estoy dispuesto. No tengo miedo", dijo. La magistrada también procesada, Ligia Velásquez, no descartó sumarse a una huelga de hambre por "tanta" vulneración de sus derechos. La mediación de la Iglesia Cusi informó que los magistrados visitaron el Arzobispado de La Paz para hacer conocer las "barbaridades" que se están cometiendo.
Aseveró que el Arzobispo se mostró preocupado y se comprometió a hacer una representación ante el Senado y gestionar una mediación.
Los argumentos esgrimidos por el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), Adolfo Chávez y la defensa del suspendido magistrado Gualberto Cusi, para que sea juzgado en la justicia indígena, comunitaria, campesina no sirvieron de nada. El Senado, que funge como Tribunal de Sentencia en el juicio de responsabilidades en contra de los tres exmagistrados del Tribunal Constitucional, negó la solicitud por haberse sentado jurisprudencia. A las 9:30, Cusi llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional en compañía de Adolfo Chávez y sus abogados. “Es totalmente incoherente lo que hace el legislativo por cuanto no pueden ser juez y parte. Nuestra petición se basa en el artículo 197, para que nuestro hermano sea juzgado en su propio ayllu, en su marka, es un hermano indígena que no se le está respetando sus derechos constitucionales y si los senadores no conocen que Bolivia ha firmado tratados internacionales”, dijo Chávez.
El 'vice' raya la cancha. El vicepresidente y presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, dijo que Cusi fue elegido por voto popular para la jurisdicción de la justicia ordinaria, y por tanto, su enjuiciamiento será en ese ámbito.
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