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Timestamp: 2020-08-09 10:49:07+00:00

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Responsabilidad de la empresa de tarjeta de crédito por el daño moral ocasionado ante la errónea información crediticia publicada – AL DÍA | ARGENTINA
Responsabilidad de la empresa de tarjeta de crédito por el daño moral ocasionado ante la errónea información crediticia publicada
Ed. Microjuris.com Argentina	en 3 julio 2014
Partes: Lijo Alicia María c/ Tarshop S.A. s/ ordinario
Cita: MJ-JU-M-86490-AR | MJJ86490
La empresa de tarjeta de crédito demandada debe abonar el daño punitivo sufrido por la actora como así también suprimir la errónea información vertida en las bases de datos del sistema financiero respecto de su situación crediticia.
1.-Para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar – razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, de querer o sentir del supuesto damnificado para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (conf. CNCom., Sala D, 26.05.1987, in re: ‘Sodano de Sacchi c/ Francisco Diaz S.A. s/ sumario’).
2.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo.
3.-No existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso.
4.-El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido.
5.-La reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio del juez, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta.
6.-A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psíquico.
7.-El daño punitivo se trata de un instituto de sólido predicamento en el derecho anglosajón, donde se lo designa bajo la denominación de punitive damages (también, exemplary damages , non compensatory damages , penal damages , aggravated damages ; additional damages , etc.) y que ha comenzado a proyectarse gradualmente, también dentro del sistema continental europeo, en Canadá y recientemente, entre nosotros, traducido literalmente al español como daños punitivos .
8.-En algunos de los países anglosajones, se ha interpretado que el daño punitivo consiste en una cantidad económica que debe desembolsar el responsable de un daño no para compensar al demandante -víctima del perjuicio sufrido- sino con la finalidad de impedir y de disuadir al demandado y a otras personas de que realicen actividades tales como las que causaron daños al demandante, constituyendo así una especie de pena privada para disuadir a toda la sociedad de la realización de actos particularmente dañosos y graves, como los daños al medio ambiente, a la salud y a la seguridad pública.
9.-Entre nosotros el daño punitivo ha sido definido como las sumas de dinero que los tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que estén destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.
10.-El instituto del daño punitivo participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se condene en calidad de daños y perjuicios y se encuentra destinada, en nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y también, al castigo y al desbaratamiento, a futuro, de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados.
11.-El instituto del daño punitivo cumple una tríada de funciones, a saber: a) sancionar al causante de un daño inadmisible; b) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; y c) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares, al que mereciera la punición.
12.-La finalidad de los daños punitivos es: a) punir graves inconductas; b) prevenir futuras inconductas semejantes, ante el temor de la sanción; c) reestablecer el equilibrio emocional de la víctima; d) reflejar la desaprobación social frente a graves inconductas; e) proteger el equilibrio del mercado.
13.-En la jurisprudencia norteamericana la figura del daño punitivo ha encontrado debido cauce dentro de las llamadas class actions , que se han convertido en el ámbito apropiado para el tratamiento de las cuestiones relativas a casos de responsabilidad donde los daños resultan agravados por la proyección social y la magnitud del perjuicio que causan, éste resulta, quizás un quicio más razonable para la eventual indemnización que el destino individual del beneficio, a poco que se reflexione sobre la teleología disuasoria y ejemplificadora que inspira la razón de ser del resarcimiento en cuestión.
14.-Los daños punitivos ,que hasta hace no mucho tiempo extraños a nuestro derecho, se han convertido en ley positiva en el país a partir de la sanción, en el año 2008, de la Ley 26.361 (modificatoria de la Ley 24.240 ), mediante dicha normativa se ha incorporado el citado instituto en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y la referida norma prevé frente, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, que a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan . Se dispone también que cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley (conf. Ley 24.240, art. 52 bis).
15.-Si bien, para la procedencia del daño punitivo la literalidad de la norma del art. 52 bis de la Ley 24240 solo parecería exigir el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales y así ha sido entendido en algunos precedentes que estiman que lo único que se requiere es la existencia de dicho incumplimiento, lo cierto es que tal postura no puede ser compartida, a poco que se repare en que tan ligera apreciación resulta contraria a la propia esencia del instituto que se recoge y debe entenderse que deviene contraria al espíritu de la norma.
16.-El consenso dominante sobre la figura del daño punitivo tanto en el derecho comparado como en nuestra doctrina, es el de que las indemnizaciones o daños punitivos únicamente proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva.
17.-Cuando los precedentes que han admitido el daño punitivo se refieren a la existencia de culpa grave , shacen referencia a aquella que constituye una falta grosera, esto es, la que consiste en el hecho de no haber tomado una precaución que todo el mundo habría juzgado necesaria. Este tipo de culpa únicamente se configura cuando media una manifiesta y grave despreocupación, identificándose con la voluntad conciente más que con el simple descuido.
18.-La postura de que el daño punitivo no resulta aplicable en cualquier supuesto, también puede ser observada entre los fundamentos esgrimidos durante el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley 26361, donde se ha expresado que con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad .
19.-Resulta contrario a la esencia del daño punitivo y a más de 200 años de historia, sostener que un abogado está habilitado a pedir y el juez a concederlos ante la simple invocación de que el proveedor no ha cumplido sus obligaciones legales o contractuales. Para reconocer daños punitivos hace falta, se reitera, el elemento doloso o la culpa grave .
20.-En el derecho anglosajón se ha exigido para que este resarcimiento proceda un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador y un particular y significativo proceder que es mucho más que una mera negligencia en la comisión del hecho ilícito (tort), en efecto, deben existir circunstancias agravantes relativas a ese obrar que demuestren temeridad, malicia, mala fe, malignidad, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera negligencia.
21.-En los precedentes que han gestado la figura del daño punitivo, se ha admitido su procedencia, por ejemplo, cuando ha quedado demostrada la existencia de un cálculo de probabilidades de costo-beneficio de parte del autor del ilícito, en torno a que sería más barato indemnizar a los eventuales damnificados, que los gastos necesarios para corregir el mismo.
22.-La finalidad perseguida con el daño punitivo debe apuntar a sancionar al causante de un daño inadmisible con eventual proyección social y hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de esa actividad dañosa, con una finalidad ejemplificadora y disuasoria respecto de su reiteración.
23.-La mención que realiza el art. 52 bis de la Ley 24.240 (reforma introducida por el art. 25 de la Ley 26.361) relativa a la exigencia del incumplimiento de una obligación legal o contractual debe ser entendida como una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva, debiendo considerarse que la misma es de interpretación restrictiva, resultando procedente, únicamente, frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño debiendo haberse verificado que el agente dañador ha actuado con dolo o culpa grave , o con un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente, de modo consciente, frente a los derechos de los clientes o agentes gravemente perjudicados.
24.-No puede obviarse que la aplicación de la sanción que justifica el daño punitivo, debe presuponer los extremos exigibles de responsabilidad y que apunta a la clara finalidad de sancionar graves inconductas y a prevenir su repetición, a reflejar la desaprobación social frente a esas graves inconductas y proteger al equilibrio del mercado.
25.-El daño punitivo traído a nuestra legislación no puede pues, ser desligado de la necesaria consideración de la naturaleza misma del instituto, dado que es independiente y funcional a la gravedad del hecho, ya que agrava, con todo rigor, la indemnización que ya se haya estimado procedente. Así pues, cabe solo en el debido contexto que justifique concederlo.
26.-La condena por daño punitivo apunta a la clara finalidad de sancionar graves inconductas y a prevenir su repetición, por lo que para la fijación de su cuantía, resultan parámetros relevantes la gravedad de la conducta desplegada, así como su trascendencia social y no el perjuicio patrimonial efectivamente padecido por el perjudicado.
27.-La finalidad del daño punitivo -entre otras- es la de impedir y disuadir a la demandada, y a otras personas, de realizar actividades tales como las que causaron daños a la demandante, por lo cual la condena debe tener suficiente cuantía como para conseguir tales efectos.
28.-Si bien se ha acreditado la existencia de una negligente y grosera conducta reiterada en el tiempo de la demandada, consistente en cobrar mes a mes tasas superiores a las informadas en los resúmenes de las tarjetas de crédito que le eran remitidos a su cliente, sin contestar ninguno de los reclamos y las impugnaciones efectuadas por la actora y luego de ello, pretender cobrarle una deuda inexistente, lo cierto es que no se encuentra cumplido el presupuesto relativo a que se hubiese afectado a todo el universo de consumidores que contrataron los servicios de tarjeta de crédito, por lo que no se advierte la concreción cabal de los extremos legales exigidos para la procedencia del daño punitivo pedido.
29.-Resulta prudente fijar en $ 10.000 el monto de daño punitivo establecido a la sociedad demandada, la cual se estima como suficiente sanción por la repetición de la conducta indebida seguida en autos por la demandada y acreditada únicamente respecto de la actora. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia del Sr. Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados “LIJO ALICIA MARIA C/ TARSHOP S.A. S/ ORDINARIO” (Expte. n° 101548, Registro de Cámara n° 026704/2010), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 3, Secretaría Nro. 6, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora Isabel Míguez, Doctora María Elsa Uzal y Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers.
Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez dijo:
IV. -LOS ANTECEDENTES DEL LITIGIO.
En la sentencia obrante a fs. 658/75, el magistrado de grado acogió parcialmente la demanda de “daños y perjuicios ” promovida por Alicia María Lijo contra “Tarshop S.A. “, condenando a esta última al pago del importe de pesos cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete con 67/100 ($ 56.537,67) con más sus respectivos intereses, disponiéndose, además, la supresión de la información errónea en las bases de datos del sistema financiero respecto de la situación crediticia de la actora.
Cabe destacar que, del importe de condena, la suma de $ 1.537,67 corresponde a un “saldo acreedor ” a favor de la actora, el importe de $ 15.000, resulta imputable al rubro “daño moral” y el monto de $ 40.000 fue fijado en concepto de “daño punitivo”.
Los hechos relevantes del caso sub examine han sido sintetizados en la resolución señalada en lo que el Sr. Juez a quo estimó razonable consignar, por lo que, a esa referencia cabe remitirse brevitatis causae.
V.-LOS RECURSOS DEDUCIDOS.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes en litigio, haciéndolo en primer lugar la parte demandada mediante la apelación interpuesta a fs. 680, la cual fue fundada con la expresión de agravios que luce agregada a fs. 712/6, escrito que fuera contestado por la actora a fs. 733/5.
De su lado, la accionante articuló su respectivo recurso mediante la presentación de fs. 688, fundando éste con el escrito agregado a fs. 702/10, el cual fue respondido por su contraria a través de la presentación glosada a fs. 724/9.
6) El recurso deducido por “Tarshop S.A.”.
Cuestionó esta recurrente, en primer lugar, el quantum indemnizatorio fijado en concepto de “daño punitivo”, alegando que resultó excesiva la suma de $ 40.000 establecida por el sentenciante de grado.
Explicó, en ese sentido, que el monto fijado no se compadecía con la gravedad del hecho atribuido a su parte, indicando que, en la sentencia, solo se comprobó una deuda a favor de la actora por $ 1.537 – correspondiente al cobro de tasas de interés superiores a las establecidas en los resúmenes de cuenta-.
Destacó que el monto que adeudada su parte resultaba aún inferior al 4 % del importe establecido en concepto de “daño punitivo “, lo cual evidenciaba que este último resulta desproporcionado.
Aseveró que la jurisprudencia resultaba pacífica en sostener que el monto de condena por “daño punitivo” debía guardar proporcionalidad con la gravedad de la falta, que debía considerarse también la cuantía del daño material y el caudal económico de quien debía abonar el importe, motivos por los cuales, correspondía su reducción.
Asimismo, criticó la fecha fijada para el comienzo del cómputo de los intereses reconocidos en el rubro “daño punitivo “, señalando que no resultó procedente concederlos desde la fecha de la demanda, sino que correspondió establecerlos desde la sentencia, ya que se trata de una multa que se fija en dicho acto.
2) Los agravios articulados por la actora.
Objetó, en primer término, el monto de condenaen concepto de “daño punitivo” sosteniendo que, en la especie, se había comprobado la concurrencia de todos los requisitos necesarios para su procedencia, señalando qua la conducta de su contraria no fue desplegada únicamente respecto de su parte, sino en relación a todo el universo de consumidores que contrataron los servicios de tarjeta de crédito.
Sostuvo, en esa línea, que en año 2007 la demandada había obtenido una ganancia de $ 45.000.000 como resultado de la aplicación de intereses exorbitantes e ilícitos, por lo cual el importe de condena resultaba inútil a los efectos de hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos, prevenir el acaecimiento de hechos lesivos similares y aplicar una sanción ejemplificadora y disuasiva.
Agregó que, la aplicación de una multa tan leve, alentaría a la accionada a continuar violando los derechos de los consumidores, pues los beneficios que obtendría de su actividad ilícita le permitirían solventar los gastos de eventuales juicios, consiguiendo igualmente ganancias.
Controvirtió, en segundo lugar, el monto de condena establecido en concepto de “daño moral” sosteniendo que el mismo resultaba exiguo para los perjuicios padecidos.
Enumeró los hechos que, a su juicio, acreditaban la existencia de una campaña de hostigamiento para que abonase un crédito inexistente, indicando, además, que el accionar de la demandada la privó de todo acceso al sistema financiero y significó un descrédito público hacia su persona, todo lo cual le generó múltiples padecimientos, angustias y sufrimientos permanentes.
Agregó que debía ponderarse que su parte permaneció incluida durante, aproximadamente, 4 años en forma errónea en las bases de datos del BCRA y de empresas de información crediticia, asimismo, también debía considerarse la grave campaña de acoso desarrollada por la accionada y las condiciones personales de la actora.
VI. LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
II.El tema a decidir.
Delineado del modo expuesto el cuadro de situación de la controversia a la luz de los agravios vertidos por ambas partes en esta instancia, la cuestión a decidir en esta Alzada ha quedado centrada, en primer lugar, en determinar si resultó acertado, o no, el quantum indemnizatorio fijado por el juez de grado en concepto de “daño moral”. Esclarecido dicho aspecto, corresponderá ingresar en el tratamiento de los reproches de ambas partes relativos al importe concedido en concepto de “daño punitivo “, más allá de analizar también el cuestionamiento en relación al momento a partir del cual deberán contarse los intereses relativos a ese rubro.
Previo a ingresar en el tratamiento de esas cuestiones, se estima necesario efectuar una breve reseña de los aspectos fácticos verificados en el litigio en la medida que se los estima conducente para la solución del conflicto.
7) Antecedentes fácticos relevantes.
Liminarmente, cabe dejar sentado que la accionante articuló la presente demanda por rectificación o arreglo de la cuenta N° 480.739 que poseía con la sociedad demandada, solicitando, por un lado, el reintegro de la suma de $ 1.736,62 indebidamente percibida y, por otro, el pago del importe de $ 20.000 en concepto de “daño moral”, todo ello con más un monto indeterminado en concepto de “daño punitivo “, intereses y costas.
El conflicto entre las partes se encontraba centrado en los intereses y cargos que la accionada había cobrado a la actora por la utilización de la “tarjeta shopping” emitida por esta última, sosteniendo la accionante que su contraria le había aplicado intereses excesivos, había capitalizado indebidamente éstos y había incluido en las liquidaciones gastos inexistentes, concluyendo que al rectificarse la cuenta quedaba a su favor la suma de $ 1.736,62; por el contrario, la accionada aseveró haber procedido de conformidad con lo pactado y que la actora resultaba deudora de su parte por la suma de $ 5.447,16.
En la sentencia de grado el magistrado tuvo por acreditado que lastasas de interés que cobró la demandada a la actora fueron notoriamente superiores a las informadas en los resúmenes mensuales de las liquidaciones, siendo que el saldo correcto -de haber aplicado las tasas de interés pertinentes- ascendía a $ 1.537,67 a favor de la actora.
En ese marco, el a quo ordenó la restitución de las sumas indebidamente percibidas, con más la suma de $ 15.000 en concepto de “daño moral”, disponiendo también la supresión en las bases de datos del sistema financiero de la información errónea respecto de la situación crediticia de la demandante.
Asimismo, el sentenciante entendió que se hallaban cumplidos los requisitos previstos para la aplicación de una sanción en concepto de “dañopunitivo”, justipreciando éste en la cantidad de $ 40.000.
En este punto, cabe dejar aclarado que no se ha cuestionado ante esta Alzada la procedencia de la acción, así como tampoco la viabilidad de las indemnizaciones concedidas en concepto de “daño punitivo” y “daño moral”, siendo que lo único que es materia de controversia es el quantum de los mentados conceptos -así como la fecha a partir de la cual corresponde calcular los pertinentes intereses-.
8) El importe concedido por el rubro ” daño moral”.
Efectuada la breve reseña precedente de los aspectos centrales verificados en el litigio, cabe ingresar primero en el tratamiento de la queja de la actora relativa al importe de condena en concepto de “daño moral “.
Con relación a este punto la accionante criticó la cuantía fijada por el juez de grado, sosteniendo que el monto de $ 15.000 reconocido
resultaba exiguo en proporción a los padecimientos efectivamente sufridos.
Ahora bien, en primer término, cabe recordar que se ha dicho
que, para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral:para que así sea, es menester alegar y probar – razonablemente- la modificación disvalios a del espíritu, de querer o sentir del supuesto damnificado para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (conf. CNCom., Sala D, 26.05.1987, in re: “Sodano de Sacchi c/ Francisco Diaz S.A. s/ sumario”). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (conf. CNCom., Sala B, 12.08.1986, in re: “Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cia. de Seguros s/ ordinario “).
En esta línea de ideas pues, no existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso (conf. CNCom., Sala D, 28.08.1987, in re:”Saigg de Piccione, Betty c/ Rodrtiguez, Enrique “).
El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (conf. CNCom., Sala C, 25.06.1987, in re: “Flehner, Eduardo c/ Optar S.A. s/ ordinario”).
Como consecuencia de lo expresado, la reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio del juez, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta.
A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, empero, la acreditación del “daño moral” no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psíquico (conf.CNCom., esta Sala A,
04.05.2007, in re: “Pérez Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A. s/ ordinario “), que en el caso, igualmente no se han producido.
Ello sentado, debe recordarse que, en la especie, no se encuentra controvertida la procedencia del rubro sino solo su cuantía, motivo por el cual corresponde analizar cuáles fueron los perjuicios efectivamente acreditados a fin de establecer el importe justo de condena.
Ahora bien, en primer término, cabe referir que se encuentra probado que, como consecuencia del accionar indebido de la demandada, la accionante se encuentra informada en situación 5 -irrecuperable- ante diversas entidades de riesgo crediticio (Nosis, Veraz) desde el año 2009 hasta la actualidad (véase fs. 452/3 y 472/3), habiéndose dispuesto recién al momento de dictar sentencia la rectificación de esa información indebida.
También ha sido demostrado que la demandante, mediante la remisión de numerosas cartas documento, realizó múltiples reclamos a su contraria e impugnó varias veces los resúmenes de cuenta solicitando que regularizaran su situación, sin haber obtenido respuesta de ninguna índole (véase misivas de fs. 355/65).
De la misma forma, ha sido acreditado que la actora fue objeto de múltiples y numerosas intimaciones extrajudiciales por el cobro de una deuda inexistente (véase fs. 103 y 387, 108 y fs. 439/40 y 109, 470), habiéndose efectuado, además, reiterados llamados telefónicos, tanto a su domicilio particular, así como al laboral, intimándola al pago de la mentada deuda.
Nótese, en ese sentido, que la testigo Silvia Sara Lijo –
hermana de la actora y Directora de “Erbeli Laboratorios Industriales
S.A. “-, manifestó que en el mes de enero de 2009, “encontrándose en Erbeli Laboratorios” recibió un llamado de un estudio jurídico en la que le comunicaban que la actora tenía una deuda con “tarjeta shopping”, indicando que iban a proceder a iniciarle un juicio e ingresarla en “veraz”, habiendo reiterado dicho llamado en dos o tres oportunidades (véase fs.504/5, respuestas 2a, 5a y respuestas 1a, 2a y 3a a las repreguntas).
Por su lado, la testigo Mirta Estela Chavez -empleada domestica de la accionante- refirió que recibió múltiples llamados de parte de “tarjeta shopping” y luego de un estudio jurídico, indicándole que la actora tenía una deuda y que debía pasar a saldarla o le iban a iniciar un juicio, agregando que, en los primeros tiempos, llamaban una vez por semana y luego era más frecuente, a veces a la mañana y a veces a la tarde, durante aproximadamente un año (véase fs. 508/9, respuestas 2a, 3a y 4a).
Ahora bien, el sólo hecho de verse incluida en bases de datos de riesgo crediticio en forma errónea, a raíz de un obrar, cuanto menos, negligente de la demandada y las consecuencias que derivan de ello, sumados a los restantes inconvenientes precedentemente descriptos (falta de respuesta a los reclamos, múltiples y numerosas intimaciones incausadas), debieron, por necesidad provocar en la actora, zozobras, angustias de espíritu y temores que merecen un resarcimiento adecuado al caso.
En consecuencia, habiéndose acreditado debidamente los perjuicios sufridos y teniendo en cuenta las circunstancias del caso antes apuntadas, estimo que el monto indemnizatorio fijado por el juez de grado para este concepto resultaba exiguo, máxime teniendo en cuenta que la accionante permaneció informada erróneamente en bases de datos de riesgo crediticio por un lapso superior a los cuatro años.
Sobre la base de ello y recurriendo al criterio de estimación prudencial que debe orientar la labor de los magistrados (conf. art.165 CPCCN) considero adecuado elevar el monto indemnizatorio en concepto de “daño moral” a la suma peticionada en la demanda de $ 20.000, ello con más los respectivos intereses fijados en la sentencia de grado.
En ese contexto, corresponde receptar parcialmente el recurso deducido por la accionada, disponiendo la elevación del importe de condena por el rubro “daño moral ” a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000).
9) El quantum del “daño punitivo”.
Encontrándose establecido el monto indemnizatorio correspondiente al “daño moral”, cabe pasar ahora a analizar, los reproches de ambas recurrentes en relación a la cuantía del “daño punitivo”.
En ese marco, corresponde dejar sentado que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las características, el alcance y los requisitos del denominado “daño punitivo” en el derecho argentino en el fallo del 20.12.2011, in re: “Razzini Diego c/ Ford Argentina S.A. s/ ordinario”.
En dicho precedente se comenzó explicando que el “daño punitivo” se trata de un instituto de sólido predicamento en el derecho anglosajón, donde se lo designa bajo la denominación de “punitive damages ” (también, “exemplary damages “, “non compensatory damages “, “penal damages”, “aggravated damages”; “additional damages”, etc.) y que ha comenzado a proyectarse gradualmente, también dentro del sistema continental europeo, en Canadá y recientemente, entre nosotros, traducido literalmente al español como “daños punitivos”.
En algunos de los países anglosajones, se ha interpretado que consiste en una cantidad económica que debe desembolsar el responsable de un daño no para compensar al demandante -víctima del perjuicio sufrido- sino con la finalidad de impedir y de disuadir al demandado y a otras personas de que realicen actividades tales como las que causaron daños al demandante, constituyendo así una especie de “pena privada ” para disuadir a toda la sociedad de la realización de actos particularmente dañosos y graves, como los daños al medio ambiente, a la salud y a la seguridad pública (véase, P. Salvador Cordech; “Punitive Damages”, Indret, septiembre de 2001; E.D’Alessandro; “Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia”, Rivista di diritto civile, 2007, I, pág. 384 y ss; R. Pardolesi; “Danni punitivi: frustrazione da vorrei, ma non posso?”, Rivista critica del diritto privato, 2007, pág. 341 y ss.). Cabe acotar, que se ha señalado, muchas veces, que las cifras que en los Estados Unidos y en Reino Unido se conceden como “daños punitivos” alcanzan proporciones muy significativas y que su impacto social es enorme, de ahí que para su reconocimiento internacional, las sentencias con condenas de este tipo hayan sido sometidas a “tests de proporcionalidad” y “tests de vinculación espacial” (véase al respecto: Alfonso Luis Calvo Caravaca – Javier Carrascosa González; “Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado”, Ed. Comares, Granada 2008, pág. 68/9).
Entre nosotros el “daño punitivo” ha sido definido como las sumas de dinero que los tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que estén destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (conf. Pizarro, Ramón D.; “Derecho de Daños”; Ed. La Rocca, Buenos Aires 1993, pág. 291).
Dicho instituto, como se ha dicho, participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se condene en calidad de “daños y perjuicios ” y se encuentra destinada, en nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y también, al castigo y al desbaratamiento, a futuro, de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (véase, en esta línea, CACiv. y Com. Mar del Plata, Sala II, 27.05.2009, in re:”Machinandiarena Hernández Nicolás c/ Telefónica de Argentina “).
Así, se ha sostenido que el instituto cumple una tríada de funciones, a saber: a) sancionar al causante de un daño inadmisible; b) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; y c) prevenir o evitar el acaecimient o de hechos lesivos similares, al que mereciera la punición (conf. Trigo Represas, Felix; “La responsabilidad . “, supra citado).
En el mismo sentido, ha sido dicho que la finalidad de los daños punitivos es: a) punir graves inconductas; b) prevenir futuras inconductas semejantes, ante el temor de la sanción; c) reestablecer el equilibrio emocional de la víctima; d) reflejar la desaprobación social frente a graves inconductas; e) proteger el equilibrio del mercado (conf. Pizarro, Ramón D.; “Derecho . “; obra supra citada, pág. 302/4).
En la jurisprudencia norteamericana esta figura ha encontrado debido cauce dentro de las llamadas “class actions “, que se han convertido en el ámbito apropiado para el tratamiento de las cuestiones relativas a casos de responsabilidad donde los daños resultan agravados por la proyección social y la magnitud del perjuicio que causan (véase la referencia al litigio del Exxon Valdez en “Manual for Complex Litigation, Third”, Federal Judicial Center, Washintong DC 1995, pág.325), éste resulta, quizás un quicio más razonable para la eventual indemnización que el destino individual del beneficio, a poco que se reflexione sobre la teleología disuasoria y ejemplificadora que inspira la razón de ser del resarcimiento en cuestión.
Continúa explicando el citado precedente que, los “daños punitivos”, hasta hace no mucho tiempo extraños a nuestro derecho, se han convertido en ley positiva en el país a partir de la sanción, en el año 2008, de la Ley 26.361 (modificatoria de la Ley 24.240), mediante dicha normativa se ha incorporado el citado instituto en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.
La referida norma prevé frente, “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, que a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan “. Se dispone también que “cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley” (conf. Ley 24.240, artículo 52 bis).
También en el citado fallo se han determinado cuáles son los presupuestos que deben requerirse como necesarios para autorizar a conceder una indemnización adicional por dicho concepto.
En ese cometido, debe aclararse, en primer lugar, que si bien, para la procedencia del “daño punitivo” la literalidad de la norma solo parecería exigir el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales y así ha sido entendido en algunos precedentes que estiman que lo único que se requiere es la existencia de dicho incumplimiento (conf. CACiv. y Com. Mar del Plata, Sala II, in re: “Machinandiarena.” supra citado), lo cierto es que tal postura no puede ser compartida, a poco que se repare en que tan ligera apreciación resulta contraria a la propia esencia del instituto que se recoge y debe entenderse que deviene contraria al espíritu de la norma.
Asimismo, cabe señalar que el consenso dominante sobre la materia, tanto en el derecho comparado como en nuestra doctrina, es el de que las indemnizaciones o daños punitivos únicamente proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el “dolo o la culpa grave ” del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (véase: Trigo Represas, Felix; “La responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del consumidor”, La Ley On Line; Stiglizt Rubén – Pizarro Ramón; “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009- C, 949).
De otro lado, debe destacarse que, en términos generales, cuando los precedentes se refieren a la existencia de “culpa grave “, se trata de aquella que constituye una falta grosera, esto es, la que consiste en el hecho de no haber tomado una precaución que todo el mundo habría juzgado necesaria. Este tipo de culpa únicamente se configura cuando media una manifiesta y grave despreocupación, identificándose con la voluntad conciente más que con el simple descuido (conf. CNCom., esta Sala A,
06.12.2008, in re: “Valiña Carlos c/ Mercantil Andina Cía de Seguros S.A.s/ ordinario ” ).
Esta postura de que el “daño punitivo ” no resulta aplicable en cualquier supuesto, también puede ser observada entre los fundamentos esgrimidos durante el debate parlamentario que precedió a la sanción de la normativa en cuestión, donde se ha expresado que “con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad” (véase “Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.361. Defensa del Consumidor”, Ed. La Ley, Buenos Aires 2008, pág. 369).
En esa misma dirección, se ha sostenido que “resulta contrario a la esencia del daño punitivo y a más de 200 años de historia, sostener que un abogado está habilitado a pedir y el juez a concederlos ante la simple invocación de que el proveedor no ha cumplido sus obligaciones legales o contractuales” (conf. Cam. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial; 04.06.2010, in re: “De la Cruz Mariano Ramón c/ Renault Argentina S.A. y otra”; Lopez Herrera, Edgardo; “Art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor”, JA 2008-II 1201). Para reconocer “daños punitivos” hace falta, se reitera, el elemento “doloso o la culpa grave”.
Por otro lado, nótese que en el derecho anglosajón se ha exigido para que este resarcimiento proceda un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador y un particular y significativo proceder que es mucho más que una mera negligencia en la comisión del hecho ilícito (tort), en efecto, deben existir circunstancias agravantes relativas a ese obrar que demuestren temeridad, malicia, mala fe, malignidad, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera negligencia (conf. Pizarro, Ramón “Derecho . “; citado supra, pág.298).
En los precedentes que han gestado esta figura, se ha admitido su procedencia, por ejemplo, cuando ha quedado demostrada la existencia de un cálculo de probabilidades de costo-beneficio de parte del autor del ilícito, en torno a que sería más barato indemnizar a los eventuales damnificados, que los gastos necesarios para corregir el mismo (véase “Grimshaw vs. Ford Motor Company” 1981, 174 Cal, Rptr 376).
En la jurisprudencia norteamericana, para la aplicación de este tipo de condena en materia de daños causados por productos elaborados se exige para su procedencia que: a) existan fallas acerca de la utilización o riesgos del producto; b) aparezcan fallas de fabricación después de la venta;
ci) se constaten deficiencias por inadecuados controles de calidad (véase referencia a los fallos “Lipke vs. Celotex Corp. ” “Grimshaw vs. Ford Motor Co. ” y “Deemer vs. A. Robins Co. ” en Pizarro Ramón; “Derecho. “, obra supra referida, pág. 326/9).
También se ha señalado como exigencia de su procedencia la “existencia de lesión o daño”, incluso se ha dicho que deberían exigirse, daños susceptibles de reparación (patrimoniales y extrapatrimoniales).
En esta línea, se ha señalado que, en principio, este resarcimiento no resultaría aplicable en cuestiones vinculadas con incumplimientos contractuales, aunque, en general, se admite su procedencia excepcional cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura contractual va más allá y es acompañada por otro agravio (conf. Pizarro Ramón; “Derecho. “, obra supra referida, pág.301). En nuestro medio, este ámbito está expresamente previsto en el artículo 52 bis Ley 24.240.
En conclusión, la finalidad perseguida con este tipo de instituto debe apuntar a sancionar al causante de un daño inadmisible con eventual proyección social y hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de esa actividad dañosa, con una finalidad ejemplificadora y disuasoria respecto de su reiteración.
Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, debe concluirse pues, en que la mención que realiza el artículo 52 bis de la Ley 24.240 (reforma introducida por el art. 25 de la Ley 26.361) relativa a la exigencia del “incumplimiento de una obligación legal o contractual” debe ser entendida como una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva, debiendo considerarse que la misma es de interpretación restrictiva, resultando procedente, únicamente, frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño debiendo haberse verificado que el agente dañador ha actuado con “dolo ” o “culpa grave “, o con un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente, de modo consciente, frente a los derechos de los clientes o agentes gravemente perjudicados.
Es que, no puede obviarse que la aplicación de la sanción debe presuponer los extremos exigibles de responsabilidad y que apunta a la clara finalidad de sancionar graves inconductas y a prevenir su repetición, a reflejar la desaprobación social frente a esas graves inconductas y proteger al equilibrio del mercado.
El “daño punitivo ” traído a nuestra legislación no puede pues, ser desligado de la necesaria consideración de la naturaleza misma del instituto, dado que es independiente y funcional a la gravedad del hecho, ya que agrava, con todo rigor, la indemnización que ya se haya estimado procedente. Así pues, cabe solo en el debido contexto que justifique concederlo (conf. CNCom. esta Sala A, in re:”Razzini . “, supra citado).
Ahora bien, en la especie, el magis trado de grado ha juzgado acreditado los presupuestos excepcionales antes referidos, sin que dicho aspecto de la decisión hubiese sido apelado por ninguna de las partes, razón por la cual se encuentra vedado a esta instancia verificar el efectivo cumplimiento de tales recaudos.
Así las cosas, siendo que lo único que aquí se encuentra controvertido es la cuantía del importe concedido por tal concepto, únicamente deberá analizarse si resultó adecuado a las circunstancias del caso el monto establecido en la sentencia de grado.
Sentado ello, recuérdase que la actora, en su expresión de agravios, adujo que la suma fijada resultaba exigua toda vez que debía ponderarse que la conducta de su contraria no fue desplegada únicamente respecto de su parte, sino en relación a todo el universo de consumidores que contrataron los servicios de tarjeta de crédito, motivo por el que el importe de condena resultaba inútil a los efectos de hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos, prevenir el acaecimiento de hechos lesivos similares y aplicar una sanción ejemplificadora y disuasiva. De su lado, la accionada alegó que el monto concedido por el citado concepto resultó excesivo, en tanto éste no se compadecía con la gravedad del hecho atribuido a su parte.
Respecto del cuestionamiento de la actora, cabe señalar que, contrariamente a lo sostenido por esta última, en la especie, no se hallaba acreditado que el accionar imputado a “Tarshop S.A.” para con su parte -el cobro de tasas de interés superiores a las informadas en los resúmenes de cuenta-, hubiese sido utilizado con algún otro cliente de la entidad.
En efecto, ninguna probanza se efectuó tendiente a demostrar que las tasas de interés efectivamente cobradas a los restantes usuarios de “tarjeta shopping ” no fuesen las expresamente pactadas e informadas en los respectivos resúmenes de cuenta -con excepción del caso de la actora-, toda vez que en la peritación contable únicamente se analizaron las tasas de interés que fueran cobradas a la demandante y su correlación con las que fueran informadas en los resúmenes (véase fs. 527/40).
No modifica lo expuesto, el hecho de que el perito contador también hubiese informado cuál había sido el total de ingresos por cobro de intereses respecto de todos los plásticos emitidos por la accionada, toda vez que, en dicho punto pericial, simplemente se detallaron los diversos conceptos que componían la facturación total de “Tarshop S.A. “, sin ingresar en análisis alguno, respecto de la procedencia, o no, de los intereses compensatorios y punitorios que componían tal facturación (véase fs. 534/6, punto 12°).
En ese marco, no puede sino concluirse en que no se encontraba demostrado, en forma alguna, el presupuesto en el que sustento el reproche la accionada -esto es, afectación de todo el universo de consumidores que contrataron los servicios de tarjeta de crédito-, razón por la cual, solo se impone la desestimación de la queja en tal sentido.
Respecto del recurso de la accionada, en orden a que el monto fijado no se compadecía con la gravedad del hecho atribuido a su parte, toda vez que solo se había comprobado una deuda a favor de la actora por $ 1.537, cabe señalar que, conforme fuera supra desarrollado la condena por “daño punitivo ” apunta a la clara finalidad de sancionar graves inconductas y a prevenir su repetición (conf. “Razzini.”, supra citado), por lo que para la fijación de su cuantía, resultan parámetros relevantes la gravedad de la conducta desplegada, así como su trascendencia social y no el perjuicio patrimonial efectivamente padecido por el perjudicado.
Recuérdase que la finalidad de este instituto -entre otras- es la de impedir y disuadir a la demandada, y a otras personas, de realizar actividades tales como las que causaron daños a la demandante, por lo cual la condena debe tener suficiente cuantía como para conseguir tales efectos.
En ese contexto, se advierte que si bien se ha acreditado la existencia de una negligente y grosera conducta reiterada en el tiempo de la demandada, consistente en cobrar mes a mes tasas superiores a las informadas en los resúmenes que le eran remitidos a su cliente, sin contestar ninguno de los reclamos y las impugnaciones efectuadas por la actora y luego de ello, pretender cobrarle una deuda inexistente, lo cierto es que, tal como fuera supra expuesto, en el sub lite no se encuentra cumplido el presupuesto relativo a que se hubiese afectado a todo el universo de consumidores que contrataron los servicios de tarjeta de crédito, por lo que no se advierte la concreción cabal de los extremos legales exigidos para la procedencia del daño punitivo pedido.
Asimismo, se observa que se hallan establecidos los resarcimientos materiales y morales con los que corresponde sancionar la conducta culpable de la demandada y se han fijado las respectivas condenas por tales perjuicios.
En este escenario, estimo que no debe confirmarse la suma concedida en el item bajo examen y dado el estrecho margen del recurso, cabe morigerar el importe concedido en concepto de “daño punitivo” a una suma que, dadas las particularidades del caso, estimo prudente fijar en $ 10.000., la cual se estima como suficiente sanción por la repetición de la conducta indebida seguida en autos por la demandada y acreditada únicamente respecto de la actora.
En consecuencia, corresponderá receptar, parcialmente, el reproche de la accionada en lo que al punto tratado se refiere, debiendo morigerarse el monto de condena en concepto de “daño punitivo” a la suma de $ 10.000.
Asimismo, considero que los intereses correspondientes a dicha suma tampoco pueden computarse desde la fecha fijada en la sentencia de grado, es decir, desde la promoción de la demanda, toda vez que, al tratarse la indemnización por “daño punitivo” de una multa o penalización, estimo que ésta debe ser calculada al momento de dictarse la sentencia definitiva, correspondiendo, recién a partir de allí el cómputo de intereses.
Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, también corresponde receptar la queja de la accionada en orden al dies a quo de los intereses respecto del rubro “daño punitivo “, los cuales deberán computarse desde la fecha de este pronunciamiento.
10) Las costas.
Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la modificación parcial del pronunciamiento apelado, tal circunstancia hace que deba revisarse la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, en razón de que incumbe a este Tribunal expedirse sobre ese particular en orden a lo previsto por el artículo 279 CPCC.
Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts.68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).
En la especie, no se advierte fundamento que se aprecie suficiente a los fines de desvirtuar el principio general precedentemente explicado y, por ende, corresponderá imponer las costas de la anterior instancia a la demandada, toda vez que, más allá de no haber progresado la acción en su integridad, esta última a sido sustancialmente vencida en dicha instancia al haberse receptado la acción, así como la totalidad de lo rubros indemnizatorios pretendidos (CPCC: 279 y 68).
En la misma línea, las costas devengadas ante esta alzada, también deberán ser cargadas a la demandada por iguales razones, ya que si bien se ha dispuesto la reducción del monto concedido en concepto de “daño punitivo”, lo cierto es que se ha dispuesto la elevación de la condena en concepto de “daño moral” (CPCC: 279 y 68).
Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo:
f) Receptar, parcialmente, los recursos de apelación deducidos por ambas partes y, en consecuencia;
g) Modificar el pronunciamiento apelado, condenando a “Tarshop S.A. ” al pago de:i) la suma de $ 1.537,67 correspondiente a un “saldo acreedor” a favor de la actora; ii) el importe de $ 20.000, por el rubro de “daño moral” y iii) el monto de $ 10.000 en concepto de “daño punitivo”;
h) Disponer que los intereses correspondientes a la condena por “daño punitivo”, deberán computarse a partir de la fecha de este pronunciamiento;
i) Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;
j) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su condición de sustancialmente vencida en la contienda (CPCC: 279 y 68).
Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Dr. Alfredo Arturo Kolliker Frers y Dra. María Elsa Uzal adhieren al voto precedente.
Alfredo A. Kolliker Frers
Jorge Ariel Cardama
Buenos Aires, 8 de a bril de 2014.
h) Receptar, parcialmente, los recursos de apelación deducidos por ambas partes y, en consecuencia;
i) Modificar el pronunciamiento apelado, condenando a “Tarshop S.A. ” al pago de: i) la suma de $ 1.537,67 correspondiente a un “saldo acreedor” a favor de la actora; ii) el importe de $ 20.000, por el rubro de “daño moral” y iii) el monto de $ 10.000 en concepto de “daño punitivo”;
j) Disponer que los intereses correspondientes a la condena por “daño punitivo”, deberán computarse a partir de la fecha de este pronunciamiento;
k) Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;
l) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su condición de sustancialmente vencida en la contienda (CPCC: 279 y 68).
m) Notifíquese a las partes.
n) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.
Alfredo Arturo Kolliker Frers.
Isabel Míguez.
María Elsa Uzal.
Ante mí, Jorge Ariel Cardama.
Es copia del original que corre a fs. 744/757 de los autos de la materia.
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References: resolución 
 artículo 52
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 279
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