Source: http://carloslozanoguillen1.blogspot.com/2008/07/
Timestamp: 2020-08-10 16:05:10+00:00

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Carlos Lozano Guillén: julio 2008
Salvamento de voto del Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jaime Araújo donde dice que, en el caso de la reelección del presidente Uribe
Salvamento de voto del Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jaime Araújo donde dice que, en el caso de la reelección del presidente Uribe, se ha refrendado el crímen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
i) Texto del salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo fundamentando que en el caso de la reelección del presidente Uribe se ha refrendado el crímen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
Referencia: Expediente D-5645 Solicitud de Revisión contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005
Para fundamentar mi posición jurídica me permitiré a continuación hacer referencia a los siguientes temas:
i) en primer lugar, a la filtración del proyecto de fallo y la decisión que se adoptaría;
(ii) en segundo lugar, a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y su valor jurídico;
(iii) en tercer lugar, a las consecuencias jurídicas que se derivan de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a la comprobación de la comisión de un delito para conseguir la aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004;
(iv) en cuarto lugar, a la procedencia de la nulidad de la sentencia C-1040 del 2005, de conformidad con la propia jurisprudencia de esta Corte;
(v) en quinto lugar, sobre la petición elevada por los ciudadanos como solicitud de nulidad;
(vi) en sexto lugar, a la dialéctica entre la seguridad jurídica y la justicia;
(vii) en séptimo lugar a las debidas constancias de mis propuestas de nulidad y mi inconformidad con el reparto hecho en Sala Plena;
(viii) en octavo lugar, a la nulidad de la sentencia sobre la reelección presidencial y del presente fallo de esta Corte debido a las inhabilidades e impedimentos de cuatro de los magistrados de esta Corte; y (vii) finalmente a las consecuencias de este fallo que convalida una situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal.
Como en la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabo, "El día en que lo iban a matar"; o mejor, en el que esta Corte mató al Estado de Derecho, me levante a las 5:30 de la mañana del 2 de julio y el diario El Tiempo decía: "No revisar sentencia que validó la reelección propone ponencia que estudia la Corte Constitucional". "Según Fuentes consultadas por EL TIEMPO, en el tribunal predomina la premisa de que sus sentencias hacen tránsito directo a cosa juzgada sin posibilidad de revisión". Era obvio que el proyecto del Magistrado Escobar y la decisión se habían filtrado; y que los medios conocían no sólo el sentido de la ponencia que se presentó a Sala Plena, sino la posición que adoptaría la mayoría de los Magistrados de esta Corte, situación que en concepto del suscrito magistrado no sólo atenta sino que vulnera la dignidad, credibilidad y legitimidad de esta Corporación.
Los presagios eran negros. La intervención de los mismos Magistrados que ya habían votado a favor de la reelección, incluida la Magistrada que en una reciente entrevista concedida en la revista Credencial Edición No. 255 del mes de febrero de 2008 (páginas 33 y 34) manifestó al responder la pregunta "¿Qué perfil debe tener el siguiente Presidente? – "Me gustaría una persona con el corte del presidente Uribe; más moderada en el gasto militar, que invierta más en educación y salud, pero con su talante de autoridad, que mantenga la seguridad democrática, que es lo que la gente necesita en este momento. No necesariamente tiene que ser Uribe pero si una persona que siga su política. Un cambio abrupto en este momento sería fatal para el país…"
2. 2. La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -No. 173 del 26 de junio del 2008- y su valor jurídico.
De este modo, en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – No. 173 del 26 de junio del 2008- se evidencia que existió una maniobra para no aceptar el impedimento de Yidis Medina para votar acerca del proyecto de reelección, dejándola entonces habilitada para votar (págs. 13 y 14); así mismo que ministros del presidente Uribe Vélez -tanto el Ministro del Interior como el Ministro de la Protección Social-, le ofrecieron un consulado y otras prebendas a cambio de su voto de apoyo al entonces proyecto de reelección (págs. 19 y 19); de otra parte se prueba que otras personas allegadas a Yidis Medina recibieron prebendas por conducto de Yidis y su apoyo al proyecto de reelección (págs. 20-30); también se deja constancia de que posteriormente a la aprobación del proyecto de reelección presidencial, el Secretario General de Presidencia, ante el anuncio de la publicación de un libro de Yidis, la citó al Palacio de Nariño para "prevenirla sobre el perjuicio que podría ocasionar al Gobierno Nacional".
Así mismo, se deja en claro en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que sin el voto de Yidis Medina, el entonces proyecto de reelección no habría tenido futuro, por cuanto si la entonces representante hubiera votado a conciencia, esto es, libre y voluntariamente, tal y como lo había manifestado y se había comprometido públicamente tanto con sus compañeros de célula como con la opinión pública, el proyecto de Acto Legislativo no habría sido aprobado. De lo anterior concluye la Corte Suprema que "el voto de YIDIS MEDINA resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional o, dicho de otra forma, sin su voto el Acto Legislativo después del 4 de junio de 2004 habría sido historia porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto. Sin embargo, el "SI" expresado mediante el voto de esta Congresista permitió el curso de los restantes debates en el Congreso, para convertirse finalmente en una reforma constitucional". (pág. 33).
De esta manera, evidencia la Corte Suprema que el voto de Yidis Medina no se debió al valor de los argumentos o la capacidad de convencimiento, sino a las dádivas y promesas burocráticas aceptadas por la excongresista, esto es, "… en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones". (pág. 38).
Así mismo, realiza la Corte Suprema de Justicia una reflexión sobre la importancia de la labor legislativa y los actos corruptos como el cohecho que terminan minando la estabilidad institucional y destruyendo el Estado constitucional de Derecho, expresando su total estupefacción y preocupación porque desde las altas esferas del poder político "se impulse la desistitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegara hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice. Cobra fuerza en este momento la frase de Thomas Jefferson: Los fines políticos no justifican medios inmorales" (pág. 43). (resaltado fuera de texto).
En consecuencia, sostiene la Corte Suprema que se encuentra "(d)emostrado de manera inconcusa e inobjetable que:
i) la Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (Acto Legislativo No. 02 de 2004);
ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada". (pág. 42). (resaltado fuera de texto).
Concluye la Corte Suprema que un "acto jurídico" desviado, como el de aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004, que tiene connotaciones delictivas, no puede tener vigencia ni ejecutividad, por cuando "(a)sí como:
i) la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho de propiedad 1,
ii) que la contratación pública ejecutada con desconocimiento de las reglas que la regulan conlleva severas sanciones 2 y
iii) asumiendo en serio y hasta las últimas consecuencias que la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional
3la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho 4 que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad". (pág. 43 y s.). (resaltado fuera del original).Por todas estas razones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que el delito nunca puede originar validez o legitimidad jurídica, ya que " … el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal …" (pág. 44) y en razón de ello decide remitir copia de su sentencia a esta Corte y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia (pág. 44 y 60); en el caso de esta Corte, para que de conformidad con la función constitucional que le ha sido asignada, restablezca el ordenamiento jurídico quebrantado por la vulneración a la Constitución Nacional derivada de la aprobación de un Acto Legislativo mediante la comisión de un delito.La sentencia de la Corte Suprema es la verificación de hechos nuevos, delictuales, que esta Corte Constitucional no puede ignorar y que conllevan la nulidad de la sentencia C-1040 del 2005.
Lo que tenemos entonces con la sentencia de la Corte Suprema es una prueba de actos de corrupción, como lo fue el fabuloso "combo", a que se refirió Yidis Medina, ofrecido a quien votara la reelección: Notaría, mas Consulado o embajada, mas Dirección de órganos de salud, según lo expuesto por la propia Yidis Medina. Actos de corrupción que están debida y judicialmente comprobados. En la propia sentencia se habla de seducción, soborno y apoyo a un acto de reelección con base en acciones delictivas.
De todo lo expuesto en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el suscrito Magistrado concluye:
(i) que existieron múltiples y comprobadas irregularidades en la actuación de la entonces congresista Yidis Medina y de algunos altos funcionarios del Gobierno de ese entonces, durante el proceso de aprobación del proyecto del acto legislativo que proponía la reelección presidencial, configurándose plenamente el delito de Cohecho con la finalidad de que la excongresista cambiara su voto y apoyara el proyecto de reelección, como efectivamente ocurrió, a cambio de dádivas y prebendas burocráticas;
(ii) que el voto de Yidis Medina fue determinante para la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que terminó con la aprobación de la reelección presidencial, y que por tanto existe un vínculo directo, inmediato y consustancial entre este voto y la aprobación de la reelección presidencial, de manera tal que sin el voto de la excongresista Yidis Medina, el Acto Legislativo No. 02 del 2004 nunca hubiera sido aprobado;
(iii) que se configuró la comisión de un DELITO DE COHECHO, y que tal actuación ilícita y criminal fue determinante para la aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004; es necesario concluir que el Acto Legislativo se encuentra viciado por la comisión de un delito, lo cual genera una NULIDAD que es por lo demás una NULIDAD ABSOLUTA, INSUBSANABLE E IMPRESCRIPTIBLE.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es claro para el suscrito magistrado la derivación de las siguientes conclusiones:
(i) que el Acto Legislativo que aprobó la reelección presidencial es nulo de nulidad absoluta y por tanto inexistente, al igual que la sentencia de la Corte que lo declaró constitucional;
(ii) que no se puede predicar la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de un Acto Legislativo nulo e inexistente, lo cual vicia de nulidad a la sentencia C-1040 del 2005 que se pronunció sobre la constitucionalidad de dicho Acto Legislativo;
(iii) que el actual Gobierno Nacional es ilegal y se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto es posible la desobediencia civil;
(iv) que es imposible subsanar un Acto Legislativo NULO de pleno derecho con votos, los cuales no borran delitos que son insubsanables; y finalmente
(v) que es procedente el estudio de nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional.
En consecuencia, considero necesario enfatizar de manera categórica, de conformidad con un principio universal del derecho, que la corrupción, el crimen o el DELITO, no pueden ser NUNCA y bajo ninguna justificación o circunstancia, FUENTE DE DERECHO, y que por tanto los "actos jurídicos" que se produzcan a partir de alguna de estas circunstancias son NULOS DE PLENO DERECHO o INEXISTENTES o INEFICACES, por cuanto nunca puede ser derecho lo que está viciado ab initio de corrupción, ilicitud, de injusticia extrema o de criminalidad.
Uno de los argumentos utilizados por esta Corte para evadir su obligación jurídica de estudiar la nulidad de la sentencia C-1040 del 2005, es la existencia de cosa juzgada constitucional, argumento frente al cual discrepo categóricamente, ya que en primer lugar y una vez sentada la premisa de que el Acto Legislativo que aprobó la reelección es nulo de nulidad absoluta, o inexistente jurídicamente al ser la clara consecuencia de un delito sin el cual no habría sido aprobado tal Acto Legislativo, no es posible desde el punto de vista lógico-jurídico, predicar la constitucionalidad de un Acto Legislativo nulo de pleno derecho y más allá inexistente.
Así las cosas, si de este Acto Legislativo se afirma que es Nulo o inexistente, esto es, que nunca nació a la vida jurídica, no puede considerarse de ninguna manera como constitucional, so pena de incurrir en una contradicción lógico-jurídica, aunque exista una sentencia judicial que así lo diga, sentencia que también adolece de nulidad e inexistencia, al no conocer esta Corte al momento de fallarla los hechos que vician de nulidad tal Acto Legislativo.
Otra consecuencia clara de la corroboración por la Corte Suprema de Justicia de que el Acto Legislativo No. 02 del 2004 fue originado en un "acto jurídico" ilícito y delictual, y por tanto también inconstitucional siendo nulo de pleno derecho, es el hecho que la REELECCIÓN PRESIDENCIAL aprobada por tal Acto Legislativo es NULA DE PLENO DERECHO y por tanto la reelección del actual gobierno es INCONSTITUCIONAL E ILEGAL.
Henry David Thoreau, el apóstol y padre de la Desobediencia Civil decía: "Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor".
4.1 La Corte se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia sobre la posibilidad de revisar sus fallos tanto de tutela como de constitucionalidad, por vicios ocurridos durante el proceso como también al momento de fallar la sentencia 5.
Así, la Corte ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma, ya que esta Corporación ha precisado que tiene "el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas" 6.
5. Independientemente de que los ciudadanos hayan mencionado una "revisión", se trata de una solicitud de nulidad
En relación con la petición presentada por los ciudadanos, de lo que se trata es de una solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 del 2005, aunque se hable de manera poco precisa de una "revisión".
Así debo recordar aquí, que de conformidad con un principio universal del derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. Así las cosas, un contrato de trabajo es un contrato de trabajo así se le dé el nombre que se le quiera dar, o una compraventa es una compraventa así se le dé otro nombre, y un delito es un delito así se le quiera dar la apariencia de otra cosa. De este modo, no se puede exigir de los ciudadanos que no tienen por qué saber de derecho, que llamen las cosas por su nombre, de manera tal que póngale el nombre que se le quiera poner "a", "b" o "c", de todas maneras, el Acto Legislativo No. 02 del 2004 se originó en un acto de corrupción y por tanto lo que se solicita es la NULIDAD de la sentencia que erróneamente lo declaró constitucional.
A este respecto, la posición jurídica del suscrito magistrado ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la prevalencia de la justicia frente a la seguridad jurídica, en aquellos casos en que entren en colisión, como por ejemplo, en el caso de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales 7,o frente a casos como el que hoy nos ocupa.
Por esta razón no comparto tampoco el argumento de la Corte en el sentido de que no somos competentes para conocer de este asunto, ya que por orden del art. 241 de la Carta "a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución". Somos competentes para restablecer el orden constitucional cuando este ha sido violado por hechos gravísimos como un delito, por la vía de la nulidad de nuestras propias sentencias. Quienes dicen que no hay competencia de esta Corte para estudiar la nulidad de su sentencia, lo que en realidad proponen es que el delito perdure, no que el orden jurídico se restablezca. Quienes dicen que no se puede hacer nada, hacen mucho pero a favor del delito y de los delincuentes, protegen a los delincuentes y al delito.
4. Luego se decide mediante votación. La explicación de estas normas es muy simple:
Por segunda vez la Corte Constitucional con una decisión judicial nula, "convalida" un acto que tuvo como causa un delito probado por la Corte Suprema de Justicia y que en consecuencia es nulo. Decimos que por segunda vez porque la primera vez también la sentencia C-1040 del 2005, que declaró la constitucionalidad del Acto Legislativo No. 02 del 2004, fue nula.
De conformidad con el artículo 40, numeral 7 de la Constitución Nacional: "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. (…)" (resaltado fuera de texto).
El otro magistrado es el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra porque lo prohíbe el artículo 233 de la Constitución Política. Este artículo prescribe: "Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso." (resaltado fuera del original).
Definido que dos(2) magistrados no podían votar, en realidad sólo podían votar a favor de la constitucionalidad del Acto Legislativo que aprobó la reelección presidencial, cuatro (4) magistrados a favor y tres (3) magistrados en contra. En realidad la decisión que adoptó esta Corte mediante la Sentencia C-1040 del 2005 fue de cuatro (4) votos jurídicamente válidos, contra tres (3) votos jurídicamente válidos.
En síntesis, el acto delictual nulo de la reelección fue "convalidado" por esta Corte con una sentencia también nula que obtuvo cuatro (4) votos jurídicamente válidos a favor, y tres (3) votos jurídicamente válidos en contra.
Si sumamos todos los magistrados que estaban inhabilitados e impedidos para votar esta providencia nos da como resultado cuatro (4) magistrados inhabilitados e impedidos, razón por la cual sólo quedan cuatro (4) votos jurídicamente válidos a favor de la decisión, de manera que el delito que dio origen al Acto Legislativo ha sido "convalidado" con una decisión nula, pues no es cierto que haya tenido ocho (8) votos jurídicamente válidos a favor, ya que jurídicamente sólo valen cuatro (4) votos a favor y uno (1) en contra.
El suscrito Magistrado considera que con este fallo la Corte Constitucional,
(i) está faltando a su suprema función constitucional de guardar la integridad y supremacía de la Constitución;
(ii) está refrendando un delito y un fallo viciado de nulidad absoluta, lo cual la hace incurrir en un exabrupto jurídico, ya que constituye un imposible lógico-jurídico la refrendación de lo inexistente, lo inválido, lo injusto, lo ilícito y del delito; y aún más allá
(iii) que con este fallo se está haciendo una apología del delito, se está mandando un mensaje perverso a la sociedad en el sentido de que la delincuencia paga, de que la justicia es selectiva, y
(iv) finalmente se está refrendando una anti-moralidad pública maquiavélica según la cual no importan los medios utilizados para conseguir los fines políticos propuestos, todo lo cual da al traste con toda la labor jurisprudencial de esta Corte y más allá con el Estado constitucional y democrático de derecho. Como lo manifesté en la Sala, la tesis de que la Corte no puede hacer nada contra el delito; que no puede restablecer la supremacía e integridad de la Constitución frente al crimen, es más que absurda, es demencial, es una vesania constitucional.
Como pregunté en la Sala ¿Qué pasaría, hipotéticamente, si no sólo Yidis se hubiera "encombado" con el Gobierno para recibir notarías o consulados o embajadas o direcciones de salud, y si algún Magistrado también se "encombó" para fallar favorablemente el acto legislativo a cambio de embajadas, notarías o cualquier otra canonjía, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo comprobara?. ¿Quiere decir que esta Corte no podría hacer nada después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Sería posible un tal exabrupto jurídico?. A juicio del suscrito magistrado no podría ser posible ni sostenible tal tesis, pero según se ha fallado en esta providencia, al parecer esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
1. Corte Constitucional, sentencia C-374 /97Volver]
2. El Código Penal prevé penas de 64 a 216 meses de prisión para los eventos previstos en los artículos 408, 409 y 410. [Volver]
3. Corte Constitucional, Sentencia C-709/96 Volver]
4. Artículo 1 de la Constitución Política [Volver]
5. Sobre este tema ver Auto 08 de 1993, M.P.: Jorge Arango Mejía, Auto 033 de 22 de junio de 1995, M.P.: José Gregorio Hernández; Auto 035 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz; Auto 197 del 2006, M.P.: Jaime Córdoba Treviño; Auto 360 del 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, entre otros. [Volver]
6. Auto 08 de 1993, doctrina reiterada en los autos del 27 de junio de 1996 y 035 del 2 de octubre de 1997.[Volver]
7. Ver Araújo Rentería, Jaime, "Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales", en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2005. [Volver]
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 8:37 No hay comentarios:
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En Universidad de Antioquia
En el auditorio Camilo Torres Restrepo” de la Universidad de Antioquia con lleno completo de docentes, estudiantes y activistas de derechos humanos, se llevó a cabo el viernes 25 de julio pasado, un conversatorio por la paz y la solidaridad con la presencia de las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, el representante a la Cámara Wilson Borja, el director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén y la filósofa Lilia Solano en representación del senador Alexander López, quienes intervinieron ante un público entusiasta y comprometido con la causa del acuerdo humanitario y la salida política del conflicto colombiano.
Los participantes, que colmaron el auditorio “hasta las banderas”, rechazaron la judicialización de los activistas del canje humanitario y la paz y rechazaron el autoritarismo y las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe Vélez. Los invitados intervinieron con exposiciones muy aplaudidas y al final se realizó un breve intercambio de opiniones con los participantes. “Es la demostración de que no estamos solos”, declaró Wilson Borja. Actos similares se han realizado en otras regiones del país y para las próximas semanas están proyectados otros en universidades y auditorios sindicales.
Partido Comunista de España / 28 jul 08
El Partido Comunista de España considera necesario salir al paso de la detención de la activista de la solidaridad Remedios García Albert, ya que consideramos que la información que se ha dado desde los medios de comunicación ha sido claramente parcial.
En nota publicada por su Abogado, Enrique Santiago se señala que:
La detención de R.G.A. se produjo bajo la acusación de un delito de ³integración en banda armada², acusada de ser la responsable de las FARC en Europa así como de estar integrada en la estructura de esta organización.
Tras el interrogatorio a que fue sometida en sede judicial, estando presente el fiscal y el abogado defensor Enrique Santiago, el juez rebajó la acusación a un delito de ³colaboración con banda armada², procediéndose a realizar la vista judicial que decide sobre la situación personal del imputado
En la celebración de la vista el fiscal solicito que se acordara prisión provisional eludible bajo una fianza de 20.000.- euros, mientras que la defensa solicito la libertada de la imputada, subsidiariamente la imposición de una mediada cautelar no pecuniaria ­a tendiendo a la situación económica de la imputada, trabajadora de escasos recursos y sin patrimonio personal- y subsidiariamente, ante la reducción de la fianza solicitada por la fiscalía hasta una cantidad proporcionada a la capacidad económica de la imputada.
Finalmente el Juzgado Central de instrucción nº 5, tras establecer que podría tratarse de un posible delito de ³colaboración con banda armada², acordó la puesta en libertad de la detenida, decretando prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000.- euros que deberá ser depositad en siete días, y en caso de no ser depositada, con al obligación de ingreso en prisión.²
En función de esta información, para el PCE estamos ante un claro intento de criminalizar a los Movimientos Sociales alternativos, toda vez que esta noticia se mezcla con la no confirmadas relaciones entre las FARC y ETA, y de forma muy concreta se trata de deslegitimar a quienes tratan de plantear una salida negociada del conflicto colombiano.
De esta manera tras el 11-S y la posterior política de restricción de las libertades civiles y publicas que invade el planeta, todos los defensores de la paz y la resolución negociada de los conflictos en estricta aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario corren el riesgo de ser criminalizados, como ya está haciendo el gobierno colombiano con toda la comisión de autoridades que intervinieron en el ultimo intento de intercambio humanitario de rehenes de las FARC y presos del estado colombiano. Los hechos imputados a RGA son claramente una criminalización gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz, de los compromisos de actuación humanitaria dentro del conflicto y de los esfuerzos por poner en contacto a las partes implicadas. Cada vez aparece mas difusa la línea separadora entre las practicas dialogadas para la resolución de conflictos y la ³colaboración² con organizaciones terrorista, tendencia que de seguir así provocara mas temprano que tarde que nadie esté dispuesto en el planeta a realizar tarea alguna de mediación o interlocución para la resolución conflictos armados².
En consecuencia desde el PCE mostramos nuestra solidaridad con RGA y con quienes en todas las partes del mundo trabajan para frenar el imperialismo que intenta imponer una única vara de medir, mediante la que quienes son sus aliados pueden cometer todo tipo de crímenes, caso del terrorista Posada Carriles, mientras quienes no se someten a sus intereses son tratados como terroristas, por mas que defiendan la salida pacifica de cualquier conflicto, y en consecuencia pedimos al Gobierno de España que no se deja arrastrar por quienes tratan de situar al actual Gobierno de Colombia como la punta de lanza del imperialismo para frenar el avance popular que se esta dando en toda Latinoamérica.
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 8:26 No hay comentarios:
(VIDEO) Se filtra un video de Bush burlándose de la crisis financiera en EEUU
Bush: "Wall Street se emborrachó"
"Se emborrachó y ahora tiene resaca", dijo el mandatario George W. Bush sobre el mercado de valores en EEUU, durante un evento privado para recaudar fondos en Houston, Texas, donde no fue invitada la prensa y se prohibió a los presentes grabar el discurso. Pero alguien sí lo hizo con un celular y puso el video en Internet. En las imágenes, Bush se burla, además, de la crisis inmobiliaria generada por el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo.
23 de julio de 2008 / El presidente de Estados Unidos George W. Bush, explicó la crisis crediticia de los mercados financieros del país diciendo que "Wall Street se emborrachó".
Los medios de prensa no fueron invitados y se le pidió a la audiencia apagar sus cámaras fotográficas.
Pero alguien grabó la declaración con la cámara de un teléfono celular y lo publicó en internet.
El comentario fue hecho el viernes y el martes siguiente se lo encontró en la red.
"La pregunta es: ¿Cuánto tiempo le llevará estar sobrio y tratar de no utilizar todos esos instrumentos financieros sofisticados?", cuestionó el presidente.
Versión "colorida":
La Casa Blanca se vio obligada a dar una explicación acerca de los comentarios de Bush. "Él dijo antes que Wall Street está lidiando con instrumentos financieros muy complejos, y que los mercados no entienden completamente los riesgos que esos instrumentos significan para el sistema", dijo la portavoz Dana Perino.
"Es ciertamente una forma más colorida de decir lo que él dijo antes, pero lo que él ha descrito de esa manera está basado en sus observaciones de lo que le pasó al mercado", añadió.
En las imágenes, Bush también bromeó sobre la crisis inmobiliaria generada por el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo.
"No pasa en Houston, evidentemente no en Dallas, porque Laura (Bush, su esposa) está allí tratando de comprar una casa hoy", dijo el presidente ante la carcajada de la audiencia.
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 10:16 No hay comentarios:
Los periodistas llegaron al lugar de los hechos, donde poco antes dos soldados habían resultado muertos en un enfrentamiento armado. Cuando intentaron tomar imágenes y recoger información sobre lo sucedido, un soldado avisó por radioteléfono a su superior.
Éste, sin saber que el volumen del radio estaba alto, ordenó categóricamente: “mandé a esos HP para la mierda”. En seguida, los soldados maltrataron a los periodistas e intentaron retirarlos del lugar.
Por último, la FLIP rechaza el acto de los integrantes del Ejército de hacer disparos con el propósito de intimidarlos, y recuerda que no es la primera vez que sucede.
Es deber del Ministerio de Defensa desarrollar programas de formación para que los integrantes de todas las fuerzas respeten el derecho a la información.
Tomado de la Fundación para la Libertad de Prensa
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 10:41 No hay comentarios:
A pesar del júbilo nacional por la liberación de Ingrid Betancourt, los tres estadounidenses y los once integrantes de la Fuerza Pública, la crisis política del país continúa. Los esfuerzos del Gobierno de cabalgar sobre el éxito de la «Operación Jaque», con exagerado triunfalismo, para debilitar los hechos de la «parapolítica» y la «Yidispolítica», no han borrado del todo la contundencia de las pruebas que comprometen al presidente Uribe Vélez y al Gobierno Nacional en esos actos de vergüenza.
La inaudita presión a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien los procesos contra los congresistas y personalidades señalados de tener vínculos con las FARC, es la manera de buscar el equilibrio de las cargas y una especie de chantaje a la oposición, porque «en todas partes hay rabo de paja». Es la maniobra gubernamental, apoyada por los grandes medios de comunicación, que difunden los supuestos correos electrónicos del computador de Raúl Reyes, filtrados a diestra y siniestra por el Ministerio de Defensa, hasta el punto que han sido dirigidos contra Francia y Suiza, países colocados ahora como cómplices de las FARC. Fue la manera de suspender su facilitación, igual que lo hizo el Gobierno antes con el delegado de la ONU y con el presidente Chávez.
El Gobierno Nacional no quiere facilitadores sino «comisiones de bolsillo », que actúen domesticadas y al vaivén de sus «inamovibles». Más que mediadores busca mensajeros, siempre a su servicio y sin ningún tipo de autonomía e independencia. Es una actitud irrespetuosa y prepotente, que demuestra poco interés en las salidas pacíficas y negociadas.
El Gobierno vuelve a equivocarse, porque como lo ha explicado el consejero José Obdulio Gaviria, el contacto directo al que aspira con las FARC es para negociar su rendición y desmovilización. La paz de los vencidos o de los sepulcros no es viable en un conflicto de naturaleza política y social como el de Colombia. Aquí no existe un simple conflicto armado, porque la guerrilla no surgió porque sí o debido de forma exclusiva a factores subjetivos. Las causas objetivas están latentes y el Gobierno Nacional las niega en su ceguera reaccionaria y belicista. Son las que se deben remover para abrirle paso a la solución política negociada.
La guerrilla debe asumir con realismo las nuevas condiciones de la lucha democrática. El escenario principal de las mismas es el político y por ello su accionar está en él, junto a las masas populares, que a la hora de la verdad son el principal factor de los cambios y de las transformaciones revolucionarias. La paz es en la actualidad un objetivo democrático y humanista.
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 9:18 No hay comentarios:
Partido Comunista Colombiano--COMITÉ REGIONAL DE SANTANDER
COMITÉ REGIONAL DE SANTANDER
CALLE 37 N° 14-10, BUCARAMANGA
Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas” José Martí-UN NUEVO CRIMEN DE ESTADO SUMADO A UNA ACCIÓN PÉRFIDA Ayer se conoció del asesinato en el Tolima de nuestro camarada Guillermo Rivera, destacado dirigente sindical de los trabajadores de la Contraloría General de la República, quien fuera desaparecido el 22 de abril, en una céntrica zona de Bogotá aledaña a su vivienda, y quien según informaciones de testigos fue introducido en un carro patrulla de la Policía.
El camarada fue salvajemente torturado y asesinado en Ibagué como NN. Es otro asesinato que se suma a la interminable cadena de crímenes de Estado, perpetrado por agentes encargados de velar por la vida detodos los residentes en el territorio nacional. A este nuevo asesinato se suma el acto de perfidia reconocido por el propioPresidente de la República, ejecutado durante la llamada ‘Operación Jaque’. Aunque Uribe Vélez pretenda además de exculpar a sus ejecutores, justificar las razones que motivaron semejante vulneración a las normas del Derecho
Internacional Humanitario, y en especial los Convenios Adicionales de los Protocolos de Ginebra, el acto calificado como perfidia por la legislación internacional y por el Código Penales una muestra más de la índole canallesca que rige a este Gobierno.
Es este un acto considerado como crimen de guerra, que puede llevar al juzgamiento por la Corte Penal Internacional, pues el uso de símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja conlleva a la pérdida de credibilidad por uno de los combatientes acerca de la ecuánime e imparcial labor de entidades de tanta respetabilidad como el CICR. Pero lo más grave es que seguramente la desconfianza que genera este acto de verdadero filibusterismo y felonía va a llevar a que los intentos de asistencia humanitaria y en salud sea desestime al no saberse con certeza si quien usa los símbolos protegidos es la entidad o es una estratagema de pérfida astucia.
El Estado debe responder por el nuevo asesinato que se suma a los crímenes de Estado y debe informarle a la opinión nacional cuántos chalecos más, cuántos símbolos del CIRC y de otros organismos multilaterales se llevaban en el helicópteropintado para la ocasión y enmascarado como de organismos humanitarios.
PCC REGIONAL SANTANDER
Bucaramanga, julio 16 de 2008.
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 9:03 No hay comentarios:
Carlos Lozano, director del semanario Voz fue hostigado por la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto Eldorado
Carlos Lozano,denuncia acoso de las autoridades
Carlos Lozano, mediador ante las Farc, denuncia acoso de las autoridades
El periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, mediador ante las Farc, fue hostigado por la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto Eldorado, cuando iba a emprender un viaje a Brasil, denunció la ONG Corporación Reiniciar. Esta organización no gubernamental precisó que Lozano, minutos antes de subir ayer a un avión con destino a la ciudad de Río de Janeiro para cumplir con una invitación a un Foro Académico, "fue abordado por miembros de la Policía Antinarcóticos".
Los agentes, añade la denuncia, "lo detuvieron y condujeron a una habitación donde lo requisaron, pasaron sus objetos personales por Rayos Equis y contaron el dinero que llevaba en una actitud agresiva e intimidatoria".
Lozano ha sido uno de los facilitadores para los acercamientos con vistas a un proceso de paz y en la búsqueda de la puesta en libertad de los secuestrados de las Farc.
Asimismo, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Reiniciar considera que la actitud policial fue "persecutoria, puesto que Lozano había pasado ya por todos los controles aduaneros".
Los agentes antinarcóticos "lo detuvieron estando ya en la sala de espera listo para abordar su avión" y, "ante la protesta razonable, los agentes lo dejaron en libertad", añade la ONG.
Fuentes de Voz, por otra parte, dijeron que ignoraban esa situación, pero recordaron que hace dos años Lozano "sufrió la misma persecución" cuando iba a asistir a un foro similar que se celebró, también en Río de Janeiro.
La ONG señaló que en esa ocasión, el propio Lozano "se percató de que un hombre lo seguía y le tomaba fotografías insistentemente".
Las personas que lo invitaron al foro "se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y procedieron a detener al sospechoso. La serie de fotografías que le encontraron daban cuenta de que ese individuo lo venía siguiendo desde el aeropuerto de Bogotá, dentro del mismo avión y en la ciudad de Río de Janeiro". La Corporación Reiniciar expresó "su más enérgica voz de protesta" y exigió "al Gobierno cesar la persecución" contra el periodista.
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 12:56 No hay comentarios:
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References: artículo 40
 artículo 233
 Artículo 1
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