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Timestamp: 2019-06-19 14:59:26+00:00

Document:
Procedimientos monitorios - Portugal
Se recurre a este procedimiento siempre que una parte pretenda conferir fuerza ejecutiva a un requerimiento de pago de obligaciones pecuniarias nacidas de contratos por una cuantía igual o inferior a 15 000 EUR o de obligaciones derivadas de transacciones comerciales, con independencia de su cuantía.
A los efectos de este procedimiento, se considera transacción comercial cualquier negocio «entre empresas o entre empresas y entidades públicas que dé origen al suministro de bienes o a la prestación de servicios contra el pago de una remuneración» (artículo 3, letra b), del Decreto Ley nº 62/2013, de 10 de mayo de 2013, que transpone la Directiva nº 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, al Derecho de portugués.
No están cubiertos por el citado procedimiento relativo a las transacciones comerciales los «contratos celebrados con consumidores», «los intereses por otros pagos distintos de la remuneración de transacciones comerciales» o «los pagos efectuados en concepto de indemnización por responsabilidad civil, incluidos los realizados por compañías de seguros» (artículo 2, apartado 2, del mismo Decreto Ley).
Como ya se ha indicado en la respuesta a la pregunta anterior, las obligaciones pecuniarias resultantes de contratos pueden reclamarse a través del procedimiento monitorio portugués, siempre que su cuantía no exceda de 15 000 EUR.
No obstante, como se ha mencionado, en el caso de las transacciones comerciales no existe ese límite máximo.
El uso de este procedimiento es facultativo, es decir, no se obliga al acreedor a utilizar esta vía procesal.
El régimen jurídico del proceso monitorio no prevé una excepción en el caso de que el deudor resida fuera del territorio portugués.
La demanda de requerimiento de pago se puede presentar en papel o en formato electrónico en cualquier lugar del país, ante los tribunales de distrito competentes para recibirla. En estos casos, los tribunales remiten la demanda por vía electrónica a la oficina nacional de requerimiento de pagos [Balcão Nacional de Injunções].
Los abogados y los procuradores deben presentar las demandas de requerimiento de pago por vía electrónica y pueden hacerlo desde cualquier lugar del país —no necesitan personarse en ninguna secretaría o tribunal para presentarlas (véase el artículo 19, apartado 1, de las disposiciones adjuntas al Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998, modificado por el Decreto Ley nº 34/2008, de 26 de febrero de 2008)—.
Ahora los usuarios pueden realizar un seguimiento del progreso del procedimiento por Internet gracias a la instauración de una oficina nacional de requerimientos de pago, una secretaría exclusiva que canaliza la tramitación de las demandas de requerimiento de pago. Los abogados y procuradores pueden acceder al formulario electrónico en http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Se puede crear un título ejecutivo por vía electrónica en relación con la demanda de requerimiento de pago. El demandante puede acceder a él a través de la página web del Ministerio de Justicia.
A cada título ejecutivo se le asigna una referencia única, que permite al demandante consultarlo, o bien a cualquier otra entidad a quien facilite la referencia.
El procedimiento se rige de conformidad con disposiciones específicas contempladas en la legislación pertinente y, en los ámbitos no cubiertos por tales disposiciones, en virtud de disposiciones generales sobre jurisdicción.
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del anexo del Decreto Ley nº 169/98, de 1 de septiembre de 1998, se instauró una nueva secretaría general denominada Oficina nacional de requerimientos de pago en virtud del Decreto ejecutivo nº 220-A/2008, de 4 de marzo de 2008, a la que se concedió competencia exclusiva para tramitar los requerimientos de pago en todo el territorio nacional.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del anexo del Decreto Ley nº 269/98, anteriormente mencionado, en la demanda de requerimiento de pago el demandante debe:
a) mencionar la secretaría del tribunal a la que se dirige;
b) identificar a las partes;
c) indicar el lugar en el que debe realizarse la notificación, indicando si se trata de un domicilio convenido en un contrato escrito;
d) exponer sucintamente los hechos en los que fundamenta su pretensión;
e) formular la petición, especificando el valor del capital, los intereses devengados y otras cantidades adeudadas;
f) confirmar que se han pagado las tasas judiciales;
g) indicar, si procede, que la pretensión versa sobre una «transacción comercial» cubierta por la disposición por la que se establece el régimen especial relativo a los atrasos de pago en las transacciones comerciales (Decreto Ley nº 32/2003, de 17 de febrero de 2003);
h) indicar su domicilio;
i) indicar su dirección de correo electrónico, si desea recibir comunicaciones o notificaciones por este medio;
j) indicar si desea que el proceso se tramite como acción declarativa en caso de no poder realizarse la notificación;
k) indicar el tribunal competente para valorar los documentos en el caso de que el asunto tenga que continuar como acción declarativa;
l) señalar si desea que la notificación la haga un procurador de ejecución o un agente judicial y, en caso afirmativo, indicar su nombre y su domicilio profesional;
m) firmar la petición de requerimiento.
El Decreto ejecutivo nº 220-A/2008, de 4 de marzo de 2008, establece los siguientes requisitos en cuanto a la presentación o envío de demandas de requerimiento de pago:
«1. Por cuanto atañe al medio:
a) archivo informatizado en formato XML, con las especificaciones publicadas en el Portal de Citius;
b) en papel, según el formulario aprobado en el Decreto ejecutivo nº 808/2005, de 9 de septiembre de 2005;
c) en formato electrónico.
2. Por cuanto atañe al método de envío:
2.1. En un archivo informatizado
a) a través de internet si se trata de usuarios del sistema Citius (actualmente, solo abogados y procuradores);
b) personalmente, en la Oficina nacional de requerimientos de pago, en un soporte físico apropiado (disquete, CD-ROM, unidad USB), solo en el caso de los trámites en el distrito de Oporto, de conformidad con el artículo 8 del Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre, y solo cuando los demandantes no estén representados por abogados o procuradores;
c) personalmente en la secretaría judicial competente, en virtud del artículo 8 de las disposiciones adjuntas al Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998. Solo los demandantes que no estén representados por abogados o procuradores podrán presentar peticiones de requerimientos de pago en los archivos de estas secretarías judiciales.
2.2. En papel y entregada personalmente
En las secretarías judiciales competentes, en virtud del artículo 8 de las disposiciones adjuntas al Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998.
2.3. En formato electrónico
A través de internet ( http://citius.tribunaisnet.mj.pt/), si se trata de usuarios del sistema Citius (actualmente, solo abogados y procuradores).
Debe utilizarse un formulario de demanda de requerimiento de pago aprobado por el Decreto ejecutivo del Ministerio de Justicia.
El formulario puede descargarse en dos formatos electrónicos de uso general a través del portal de Citius.
El formulario tipo también se encuentra disponible, previa petición, en las secretarías de los tribunales competentes para la recepción de las peticiones de requerimientos de pago.
El formulario electrónico se encuentra a disposición de los abogados y procuradores en http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.
La asistencia letrada no es obligatoria en este procedimiento aunque nada impide al demandante designar un representante legal, si así lo desea.
El instrumento jurídico que regula el proceso monitorio sólo exige que el demandante exponga sucintamente los hechos en los que fundamenta su pretensión.
No es obligatorio presentar una prueba escrita de la pretensión.
La demanda de requerimiento solo podrá rechazarse si:
a) no va dirigida a la secretaría judicial competente o si el demandante no hubiera especificado «el tribunal competente para valorar los documentos», si estos se entregan para su traslado;
b) no indica quiénes son las partes, el domicilio del demandante o el lugar de notificación del deudor;
c) no está firmada, solo en el caso de que no se haya presentado en formato electrónico;
d) no está redactada en portugués:
e) no se ha utilizado el modelo aprobado por el Decreto ejecutivo del Ministerio de Justicia;
f) no se indica el pago de las tasas procesales;
g) la suma reclamada excede de 15 000 EUR y no se indica que se trata de una transacción comercial, como se señala en la respuesta a la pregunta 1.1;
h) la petición no se corresponde con el importe o la finalidad del procedimiento.
No se lleva a cabo una evaluación previa de los fundamentos de la demanda, ya que de acuerdo con este procedimiento, la demanda no se somete a un órgano jurisdiccional, es decir a un tribunal en el sentido propio del término, sino que es simplemente examinada por un funcionario de la Administración de Justicia.
Cabe interponer recurso contra la decisión de inadmisibilidad ante el juez o, en el caso de los órganos jurisdiccionales compuestos por más de un juez, ante aquél que estuviere de guardia.
Si la demanda de requerimiento de pago se admite a trámite, el deudor requerido dispondrá de un plazo de 15 días (contado a partir de la fecha en que se le considere válidamente notificado) para oponerse a la pretensión.
El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado.
Cuando haya más de un demandante, el deudor requerido deberá presentar tantas copias de su escrito de oposición como demandantes vivan en domicilios diferentes, a menos que tengan el mismo representante legal.
Si el deudor requerido impugna la pretensión del solicitante dentro del plazo establecido, no se podrá apostillar la fórmula ejecutoria, es decir, no se constituye el pretendido título ejecutivo.
En este caso el proceso monitorio se convertirá automáticamente en un proceso declarativo.
Si, una vez notificado, el deudor requerido no presenta oposición, el secretario apostillará en el requerimiento de pago la siguiente fórmula: «Este documento tiene fuerza ejecutiva.» (artículo 14, apartado 1, del anexo del Decreto Ley nº 269/98). Esto significa que el documento podrá utilizarse como base para proceder al cobro judicial coercitivo del crédito.
No sucederá así únicamente en el caso de que la petición no se ajuste al importe o a la finalidad del procedimiento, en cuyo caso el secretario no incluirá la fórmula ejecutiva.
La inclusión de la fórmula ejecutiva anteriormente mencionada por el secretario no está supeditada a una acción específica del demandante, sino que es automática en cuanto se tiene constancia evidente de la entrega de la notificación y una vez comprobada la falta de oposición en el curso del procedimiento.
No cabe recurso contra esta decisión (la orden para atribuir fuerza ejecutiva).
Sin embargo, hay que tener presente que la atribución de fuerza ejecutiva no reviste naturaleza de acto jurisdiccional, es decir, de intervención de un tribunal con el fin de resolver un litigio entre particulares, sino que se trata simplemente de una intervención por la que se expide un título extrajudicial.
Dirección General de Política Judicial
Base de datos de documentos legales
Última actualización: 30/04/2018

References: artículo 19
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 8
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