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Timestamp: 2018-08-15 12:25:13+00:00

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﻿ SENTENCIA T-664 DE JULIO 9 DE 2004
SENTENCIA T-664 DE 09 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES. MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR. LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES ESTÁN FACULTADAS PARA REQUERIR AL EMPLEADOR CUANDO NO HA EFECTUADO LOS PAGOS QUE LE CORRESPONDEN Y SI DESPUÉS DE 15 DÍAS DE REALIZADO EL REQUERIMIENTO EL EMPLEADOR NO SE PRONUNCIA, LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO PARA INICIAR LA ACCIÓN DE COBRO CORRESPONDIENTE ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL, DEBERES DEL EMPLEADOR, MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUCIÓN EN MORA AL DEUDOR
Sentencia T-664 de julio 9 de 2004
Sentencia T-664 de 2004
Ref.: Expediente T-853422
Acción de tutela instaurada por Mery Borrero Caballero contra Colfondos S.A. y edificio Multifamiliar Catalán.
Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil cuatro.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araújo Rentería, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado 51 Penal Municipal de Bogotá, en primera instancia, y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, en segunda, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por Mery Borrero Caballero contra Colfondos S.A. y el edificio Multifamiliar Catalán
En escrito presentado el 5 de agosto de 2003, la señora Mery Borrero Caballero, en representación de su nieta, la menor de edad Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la vida digna y de los niños, presuntamente vulnerados por Colfondos S.A. y el edificio Multifamiliar Catalán. Como sustento de la solicitud de amparo, la actora invoca los siguientes:
Relata la señora Borrero Caballero que su hijo Luis Alexander Gómez Borrero, padre de la menor Ginna Gasbleidi, prestó sus servicios a la empresa Soluciones Industriales en Mantenimiento, Simat, desde el 15 de septiembre de 2000 hasta el 30 marzo de 2001, efectuando las cotizaciones correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones en la administradora Colfondos S.A. Señala que a partir del 1º de abril de ese mismo año, su hijo laboró para el Multifamiliar Catalán y que prestó sus servicios a dicho empleador hasta el día anterior a la fecha de su deceso, el 12 de noviembre de 2001. Indica que con la muerte de Luis Alexander, la niña Ginna Gasbleidi quedó huérfana de padre y madre, pues esta última había muerto el 29 de agosto de 2001. Indica que ante dicha circunstancia, y de común acuerdo con los abuelos maternos de la menor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le concedió la custodia de la niña, asumiendo en su totalidad los costos de alimentación, vestido, educación y recreación de esta.
Narra que el 15 de abril de 2002 solicitó a Colfondos S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de su nieta. Indica que mediante comunicación de 26 de septiembre de 2002 la entidad demandada negó el reconocimiento de dicha pensión, aduciendo que el señor Luis Alexander no se encontraba cotizando al momento de ocurrir el siniestro y que, por consiguiente, no acreditaba las veintiséis (26) semanas de cotización que exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para que el sobreviviente que tiene derecho pueda hacerse a la pensión. Señala que Colfondos le explicó que ello se debía a que el empleador, edificio Multifamiliar Catalán, se encontraba en mora en el pago de los aportes al sistema.
La demandante narra que al requerir al empleador para que le diera una explicación acerca de las razones esgrimidas por la entidad administradora de fondos de pensiones para negarle la pensión a su nieta, aquel manifestó que era cierto que se había encontrado en mora, pero que ya había subsanado dicha situación efectuando los pagos correspondientes.
La señora Borrero hace manifiesta su inconformidad ante los hechos narrados y afirma estar indignada porque su nieta se ve obligada a soportar las consecuencias de la negligencia del empleador de su hijo y la mala voluntad de la administradora de pensiones que, pudiendo adjudicar la pensión y repetir judicialmente contra quien está obligado a efectuar los pagos al sistema, se abstiene de hacerlo, optando por privar a una menor de edad de los recursos necesarios para su subsistencia.
Por último pone de presente la crítica y precaria situación económica por la que atraviesa, indicando ser pobre de estrato dos y conseguir recursos apenas suficientes para alimentarse y pagar los servicios públicos.
Con base en los anteriores hechos, hace la siguiente:
La señora Mery Borrero Caballero exhorta al juez de tutela para que ampare los derechos de su nieta a la vida, en conexidad con el mínimo vital, a la seguridad social y de los niños; también que en consecuencia ordene:
(...) al representante legal de Colfondos para que de forma inmediata reconozca y pague la pensión solicitada con el respectivo retroactivo, debiendo descontar de dichos valores el monto recibido por devolución de saldos y que repita contra el empleador (...).
Avocado el conocimiento de la presente acción mediante auto de 6 de agosto de 2002, el Juzgado 51 Penal Municipal de Bogotá dispuso correr traslado de veinticuatro (24) horas a las partes demandadas para que se pronunciaran en relación con la solicitud de tutela.
3.1. Corrido el traslado, la administradora Colfondos S.A. expone lo motivos que la llevaron a negar la pensión de la nieta de la demandante. Luego de una detallada exposición del funcionamiento del régimen de ahorro individual con solidaridad en pensiones y de explicar por qué reconocer una pensión de sobrevivientes cuando los aportes no han sido efectuados en el momento oportuno rompe con el equilibrio financiero del sistema, la administradora de fondos de pensiones indica que, toda vez que el empleador del padre de la menor afectada hizo los pagos a los que estaba obligado por ley de forma extemporánea, es él quien debe asumir la carga de la pensión de sobrevivientes a favor de la niña Ginna Gasbleidi.
Además precisa que aunque el empleador haya pagado lo que adeudaba más los intereses de mora causados hasta el momento, dichas sumas de dinero no resultaban suficientes para causar la pensión de supervivencia. Para dar claridad a los argumentos hasta aquí expuestos, cita abundante jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Por último alega la improcedencia del mecanismo de la tutela para el reconocimiento de acreencias derivadas de relaciones laborales.
3.2. Mediante escrito radicado el 13 de agosto de 2004, la administradora del edificio Multifamiliar Catalán se pronuncia frente a los hechos y solicitudes de la demanda de tutela incoada por Mery Borrero Caballero en representación de su nieta.
Para definir la situación del edificio Multifamiliar frente al caso en estudio, la administradora indica que el señor Luis Alexander Gómez Borrero efectivamente trabajó para este durante el período comprendido entre abril de 2001 hasta diciembre del mismo año. Señala que en reiteradas oportunidades le solicitó a su trabajador que le indicara en qué fondo de pensiones quería que se hiciera su afiliación, sin que este le indicara nunca haber aportado con anterioridad a Colfondos, ni su deseo de una afiliación con una nueva administradora.
Indica que fue solo hasta el mes de septiembre cuando el empleado manifestó su deseo de cotizar a Pensiones y Cesantías Santander, y que realizó los pagos a esta AFP hasta el mes del deceso del señor Gómez, cuando se enteró de su afiliación anterior a Colfondos y acudió a esta entidad para efectuar los pagos correspondientes a los meses en los que dejó de cotizar.
Concluye la administradora del edificio Multifamiliar Catalán que la situación de la menor es culpa exclusiva de su padre, al no haber señalado este en qué fondo de pensiones quería que se hicieran los aportes. Indica que al edificio no le asiste ninguna responsabilidad.
Aportadas por la demandante:
— Copia del registro civil de nacimiento de Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas (fl. 16).
— Copia del registro civil de defunción de Luis Alexander Gómez Borrero (fl. 17).
— Copia del registro civil de defunción de Paola Jimena Cárdenas, madre de Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas (fl. 18).
— Copia de instrumento provisional de clasificación socioeconómica de la Secretaría Distrital de Salud (fl. 19).
— Copia del acta de conciliación 45 del 11 de julio de 2002 del ICBF (fls. 20-21).
— Copia de respuesta dada por Colfondos a la solicitud hecha por la señora Mery Borrero Caballero en nombre de su nieta, la niña Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas, para la adjudicación de una pensión de sobrevivientes (fls. 225-23).
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Mery Borrero Caballero (fl. 24).
Aportadas por Colfondos S.A.:
— Copia del oficio DCO-43390-2002 del 22 de octubre de 2002 con formato de requerimientos a nombre del edificio Multifamiliar Catalán (fls. 45-46).
— Copia de comunicación de 17 de septiembre de 2002 del edificio Multifamiliar Catalán en la que este informa sobre el fallecimiento del trabajador Luis Alexander Gómez Borrero el 12 de noviembre de 2001 (fl. 47).
— Copia del oficio DCO-433-2002 del 4 de enero de 2002 con formato de requerimientos a nombre del edificio Multifamiliar Catalán (fls. 48-49).
— Copia de comunicación de 27 de diciembre de 2001 del edificio Multifamiliar Catalán en la que este aclara el error involuntario cometido al haber efectuado los aportes del trabajador Luis Alexander Gómez Borrero a Pensiones y Cesantías Santander. Con formularios de autoliquidación mensual correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001 (fls. 50-55).
Aportadas por el edificio Multifamiliar Catalán:
— Copia de unos sobres de pago con el nombre y la firma de Alexander Gómez correspondientes al período de abril a diciembre de 2001 (fls. 59-65).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Pensiones y Cesantías Santander, correspondiente al mes de noviembre de 2001, pagado el 9 de noviembre de 2001 (fl. 66).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Pensiones y Cesantías Santander, correspondiente al mes de septiembre de 2001, pagado el 10 de septiembre de 2001 (fl. 67).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Pensiones y Cesantías Santander, correspondiente al mes de octubre de 2001, pagado el 10 de octubre de 2001 (fl. 68).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Colfondos, correspondiente al mes de julio de 2001, pagado el 28 de diciembre de 2001 (fl. 69).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Colfondos, correspondiente al mes de junio de 2001, pagado el 28 de diciembre de 2001 (fl. 70).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Colfondos, correspondiente al mes de mayo de 2001, pagado el 28 de diciembre de 2001 (fl. 71).
— Formulario de autoliquidación mensual al sistema general de pensiones, Colfondos, correspondiente al mes de abril de 2001, pagado el 28 de diciembre de 2001 (fl. 72).
Mediante sentencia de 22 de agosto de 2003, el Juzgado 51 Penal Municipal de Bogotá negó el amparo de los derechos invocados por la actora.
En su fallo, el juzgado señaló que, si bien tanto el empleador como la AFP demandados en tutela habían sido negligentes en relación con el pago y el recaudo de los aportes destinados a pensiones del trabajador fallecido, el primero por no haberlos hecho de forma oportuna y el segundo por no haber requerido su pago al empleador, saltaba a la vista que lo que se perseguía con la acción de tutela era la satisfacción de un interés económico para cuya exigencia procedían las acciones propias de la jurisdicción ordinaria.
Por ello, consideró, la acción de tutela resultaba improcedente.
El 22 de agosto de 2003, la demandante dentro de la presente acción de tutela impugnó la decisión proferida por el Juzgado 51 Penal Municipal de Bogotá. Señaló que el juez de instancia había ignorado la situación de especial desprotección en la que se encuentra su nieta al ser huérfana de padre y madre y al contar tan solo con dos años de edad. Indicó que busca la obtención del amparo de los derechos invocados para que, a través de la mesada pensional, se pueda garantizar el mínimo vital de la niña Ginna.
En sentencia de 21 de enero de 2004, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la proferida por el a quo, basando su fallo en los mismos argumentos expuestos por este.
En oficio recibido por la Corte Constitucional el 23 de marzo de 2004, el defensor del pueblo insistió ante esta corporación para que el expediente de la referencia fuera seleccionado para su revisión.
El defensor consideró que los jueces de instancia habían desconocido la precedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el reconocimiento y pago de pensiones cuando existe afectación de los derechos constitucionales del solicitante o cuando este se encuentra en riesgo de sufrir un prejuicio irremediable.
Además señaló que la doctrina constitucional de la Corte ha precisado que los efectos de las omisiones en las que incurren tanto el empleador como la AFP no las debe soportar el trabajador y, en el caso concreto, tampoco la menor beneficiaria de la pensión. Indica que la aceptación del pago extemporáneo por parte de la administradora que estando facultada para sancionar la mora puede ejercer acciones de cobro y no lo hizo, constituye un pago efectivo y, por tanto, se traduce en tiempo de cotización para acceder a la pensión.
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela dictado en la acción iniciada por la señora Mery Borrero Caballero en representación de la menor Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por lo dispuesto en auto de la Sala de Selección Número Tres de 29 de marzo de 2004, que aceptó la insistencia presentada por el defensor del pueblo para la revisión del caso.
En el presente caso la Sala debe establecer si se vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la vida digna y de los niños de la menor Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas por parte de Colfondos S.A., al negarle la pensión de sobrevivientes amparada en que el empleador no realizó de manera oportuna los aportes del trabajador Luis Alexander Gómez Borrero, padre de la menor.
Para ello, la Sala efectuará una síntesis de la doctrina constitucional relacionada con la pensión de sobrevivientes y las reglas que de los casos que ha estudiado la Corte se derivan. Por último efectuará un estudio del caso concreto que plantea la acción que revisa.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes cuando la negativa de la entidad administradora del régimen de seguridad social en pensiones se debe a la mora en el pago de los aportes por parte del empleador.
3.1. La Corte Constitucional ha fijado una regla en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones en general, que se hace extensible al reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes. En este sentido ha señalado que, en principio, la acción —residual y subsidiaria por definición— no puede ser usada para el reconocimiento de dicho tipo de prestaciones(1). Ello, porque la controversia generada en torno a la adjudicación de estas se genera entre la entidad administradora y el eventual pensionado, lo que se traduce en un derecho de carácter litigioso que ha de ser resuelto por la autoridad judicial ordinaria.
La regla anteriormente anotada, ha dicho la Corte, debe ceder ante la hipótesis de que la falta de reconocimiento de la pensión derive en una clara violación de los derechos fundamentales del solicitante. Así pues, el reconocimiento de la prestación social de pensión debe ser decretada por el juez de tutela cuando este avizore la existencia de un perjuicio irremediable o los mecanismos ordinarios de protección judicial redunden inanes ante la gravedad del evento. Ello ocurre, por ejemplo, cuando la negativa de la entidad competente para reconocer la pensión signifique una afectación del mínimo vital de la persona de tal manera que esta vea comprometida su subsistencia. En aquel caso el juez deberá conceder el amparo como mecanismo transitorio.
Es necesario tener en cuenta que por expreso mandato constitucional (art. 44) son fundamentales los derechos de los menores que el mismo indica y prevalecerán sobre los de otros sujetos en caso de existencia de conflicto de intereses. Esto en virtud del principio pro infans, establecido por la Carta Política, que implica dar prioridad a los intereses de los menores.
3.2. Cabe anotar que la pensión de sobrevivientes fue regulada por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y modificada con posterioridad por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003(2). Esta corporación ha considerado en reiteradas oportunidades que se constituye en un derecho de contenido fundamental, en tanto mediante ella se garantiza el mínimo vital de las personas que se encontraban al cuidado del causante(3).
3.3. En relación con el pago extemporáneo de las cotizaciones al sistema de seguridad social para efectos del reconocimiento de las pensiones de invalidez, esta Corte ha indicado en reiteradas oportunidades que no es aceptable hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas que se puedan derivar de la mora del empleador en el pago de los aportes en salud o en pensiones, toda que vez que, no obstante la falta de transferencia de dichas sumas a las entidades promotoras de salud y a las entidades administradoras de pensiones, al trabajador se le hicieron las deducciones respectivas, de suerte que resulta ajeno a la situación de mora que, por otra parte, debe ser subsanada por dichas entidades mediante el uso de los instrumentos que la ley les concede para el recaudo de los aportes(4).
La corporación ha precisado(5) que, estando la entidad administradora facultada para efectuar el cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador y no habiéndolo hecho, una vez aceptado el pago de forma extemporánea se entenderá como efectivo y, por tanto, se traducirá en tiempo de cotización. Las eventualidades como la mora del empleador están contempladas en la ley, que crea los mecanismos para su cobro y sanción(6). De manera esquemática se puede señalar que si el empleador no efectúa los pagos que le corresponden en los términos señalados por la ley, la AFP deberá requerirlo por escrito y vencido un plazo de quince (15) días siguientes al señalado requerimiento, si el empleador no se ha pronunciado, la liquidación de la deuda que efectúe aquella prestará mérito ejecutivo para adelantar la acción de cobro ante la justicia ordinaria.
Ahora bien, la regla anteriormente anotada se extiende al reconocimiento y pago de la pensión de superviviente, dado que los recursos de financiación de esta tienen la misma fuente que los de la pensión de invalidez, y quienes están llamados a beneficiarse de ella se encuentran en igual estado de indefensión, por constituir la pensión la posibilidad única que tienen para sufragar los costos de su existencia. La anterior situación se hace más clara aún cuando el beneficiario de la pensión es un menor de edad.
4.1. En el caso sub examine la señora Mery Borrero Caballero, en representación de su nieta la niña Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas, pretende que se le conceda el amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la vida digna y de los niños presuntamente vulnerados por Colfondos S.A. y el edificio Multifamiliar Catalán, al negarle el primero la pensión de sobrevivientes a la que considera tiene derecho. Ante todo observa la Sala que del material probatorio allegado al proceso, se establece que Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas es hija del señor Alexander Gómez Borrero(7) y que al momento de efectuar el reclamo de la pensión de sobrevivientes la entidad demandada Colfondos S.A. había aceptado el pago de aportes correspondiente a un período superior a las 26 semanas requeridas por la normatividad vigente en la época en la que se desarrollaron los hechos, es decir, el artículo original de la Ley 100 de 1993(8). Con ello queda establecido que la única objeción que la administradora del sistema de seguridad social en pensiones puede oponer al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la menor de edad, es la forma extemporánea en la que fueron hechos los aportes, como lo planteó.
4.2. Así pues, para evacuar el estudio del presente caso, visto lo definido en el numeral 3º de esta sentencia, la Sala debe establecer si: i) las entidades demandadas desvirtuaron la presunción de afectación de los derechos alegados que amparan a la menor al habérsele negado el beneficio de pensión de sobrevivientes; y ii) si hay prueba de la ocurrencia de los supuestos fácticos que tornan procedente la protección, es decir, que la administradora no haya ejercido su facultad para efectuar el cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador, para que de tal manera la falta de pago no se traduzca en tiempo de cotización.
4.3. En relación con el primer punto a examinar, es claro para esta Sala que ambos demandados en sede de tutela efectuaron consideraciones que resultarían relevantes en el evento de que el presente caso se estuviera evacuando ante la jurisdicción ordinaria laboral, mas no así en relación con la materia constitucional que se ventila. Así pues, la Sala halla que la presunción de afectación en favor de la menor a la que le fue negada la prestación social resiste incólume la valoración de las alegaciones hechas por los demandantes y de las pruebas aportadas por estos al proceso.
4.4. Además, desea indicar la Sala que la entidad Colfondos S.A. no efectuó los actos que le autoriza la ley para el recaudo de lo que el empleador del señor Gómez Borrero adeudaba por concepto de aportes. En el folio 42 del expediente de tutela la misma entidad pone de presente que sus actuaciones para aclarar los aportes relacionados con dicho trabajador se iniciaron el 4 de enero de 2002, es decir días después de que el edificio Multifamiliar Catalán efectuara extemporáneamente los pagos debidos más los intereses de mora correspondientes, esto es, el 28 de diciembre de 2001.
4.5. Por lo demás, esta Sala debe indicar que los descargos planteados por dicha entidad en relación con el equilibrio financiero del sistema y cómo este se vería afectado por el reconocimiento y pago de la pensión a la que como sobreviviente tiene derecho Ginna Gasbleidi, no son de recibo por parte de esta corporación. Este argumento no puede ser excusa para permitir la vulneración de los derechos fundamentales de una menor de edad que, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, goza de especial protección por parte del Estado. Tal y como quedó expuesto en las consideraciones generales de la presente sentencia, en caso de existencia de un conflicto de intereses, debe entenderse que siempre ha de prevalecer el derecho del menor.
Además desea anotar la Sala que la aplicación de la cláusula del estado social de derecho que prevé la Constitución Política de Colombia no tolera que, por las disputas surgidas entre el empleador y una o varias administradoras del sistema de seguridad social, el usuario de dicho sistema se vea afectado. El sistema de seguridad social tiene por fin establecer beneficios en cabeza de la población, por lo que debe entenderse, tal y como ya lo ha hecho esta Corte en múltiples oportunidades(9), que el resultado de las controversias que se generen en el funcionamiento del sistema no puede afectar a la parte más débil de la relación: el usuario.
La Sala debe volver entonces al punto que evidencia con mayor claridad el estado de vulneración de los derechos de Ginna Gasbleidi Gómez, y es que la afectada en este caso es una menor de edad que goza de especial protección constitucional. La doble condición de beneficiaria del régimen de seguridad social en pensiones y de menor de edad, hacen patente que si la administradora Colfondos creía no estar en la obligación de reconocer y pagar la pensión de la niña, habiendo aceptado los pagos extemporáneos del empleador, lo que debía hacer era reconocerla, pagarla y acudir con posterioridad a la jurisdicción ordinaria para, ante esta, formular las pretensiones que determinare contra el empleador de Alexander Gómez Borrero o contra Pensiones y Cesantías Santander. La alternativa por la que optó en este caso la administradora del régimen en pensiones Colfondos es contraria a la Constitución y desconoce los derechos fundamentales de la menor, abocándola a una situación de desamparo que es, a todas luces, injustificable.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional procederá a reiterar la jurisprudencia de la corporación según la cual cuando el empleador no efectúa el pago de los aportes a la entidad administradora de pensiones o lo hace en forma extemporánea, la Corte ha ordenado a esta última que reconozca y pague la pensión que le ha sido solicitada.
Como consecuencia de ello revocará el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá y en su lugar concederá el amparo a la menor Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas y ordenará a Colfondos S.A. que dentro de un plazo perentorio de quince (15) días reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a aquella. Además ordenará que la secretaría general de esta corporación expida y envíe copia de la presente sentencia al Ministerio de la Protección Social para que investigue las posibles irregularidades cometidas por el edificio Multifamiliar Catalán en el cumplimiento de sus obligaciones legales de carácter laboral. Ahora bien, resta dejar en claro que, siempre que así lo considere, la administradora Colfondos S.A. puede acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener un pronunciamiento en relación con la eventual responsabilidad que deban asumir el edificio Multifamiliar Catalán, como empleador, o la AFP Pensiones y Cesantías Santander.
1. REVOCAR el fallo proferido el 21 de enero de 2004 por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, por medio del cual se negó el amparo a la menor Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas y, en su lugar, CONCEDER la tutela de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida digna.
En consecuencia ORDENAR a Colfondos S.A. que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a la menor de edad Ginna Gasbleidi Gómez Cárdenas, respecto del señor Luis Alexander Gómez Borrero.
2. ORDENAR a la secretaría general de la Corte Constitucional que expida y envíe copia de la presente sentencia al Ministerio de la Protección Social para que investigue las posibles irregularidades cometidas por el edificio Multifamiliar Catalán en el cumplimiento de sus obligaciones legales de carácter laboral.
3. LÍBRESE por secretaría general la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—José Manuel Cepeda Espinosa.
(1) Ver sentencias T-301 de 1998, T-582 de 1998, T-637 de 1998, T-074 de 1999, T-969 de 2001, T-634 de 2002, T-179 2003, entre otras.
(2) El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 establecía:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común que fallezca, y
1. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
2. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes términos:
“Requisitos para obtener pensión de sobrevivientes:
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
1. Muerte causada por enfermedad: si es mayor de veinte años de edad, haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de fallecimiento.
Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento...”.
(3) Ver sentencias T-1229 de 2003, C-1247 de 2001, T-081 de 2003, T-205 de 2002, T-829 de 1999, T-173 de 1994, entre otras.
(4) Ver sentencias T-272 de 2004, SU-430 de 1998, C-177 de 1998, entre otras.
(5) Se hace referencia a la Sentencia T-205 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(6) Ver artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 5º del Decreto 2633 de 1994.
(7) Folio 16.
(8) Folios 66-72.
(9) Ver las sentencias T-390 de 2004, T-165 de 2003, T-904 de 2002, T-494de 2002 y C-177 de 1998, entre otras.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 44
 artículo 36
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 5