Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/ANOTACIONES-PREVENTIVAS-DE-EMBARGO-PRORROGADAS-CON-ANTERIORIDAD-AL-8-DE-ENERO-DE-2001-boe06112017-rDGRN13102017.aspx
Timestamp: 2020-07-11 00:45:28+00:00

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Resolución de 13 de octubre de 2017 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Aldaia, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una serie de anotaciones preventivas de embargo, por encontrarse prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Aldaia el día 2 de junio de 2017, fue objeto de la siguiente nota de calificación: "Título: cancelación anotación de embargo. Fecha: 29/05/2017. Asiento de presentación 1667. Diario:73. Fecha del asiento de presentación: 02/06/2017 Presentante: Gabinete Jurídico Calvo & Escudero SC Previo examen y calificación del documento arriba referenciado, por lo que resulta del mismo y de los libros del archivo a mi cargo, he acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes legales y reglamentarios, denegar la inscripción del mismo por los siguientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos: 1.-En instancia privada suscrita el día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por don I. U. M., con D.N.I. n.º (...) titular registral de la finca 2.195 de Picanya, se solicita, la cancelación por caducidad de la anotación letra A -prorrogada por la anotación letra Ll-, la anotación letra B -prorrogada por la anotación letra M-, la anotación letra E -prorrogada por la N-, la anotación letra G -prorrogada por la anotación letra O-, la anotación letra H -prorrogada por la P-, la anotación letra K -prorrogada por letra R-; la anotación letra T -prorrogada por la X-, y la anotación letra U -prorrogada por letra X-, que recaen sobre la misma, en aplicación del art. 86 de la Ley Hipotecaria. 2.-Del registro resulta que las anotaciones cuya cancelación se solicita, fueron prorrogadas con anterioridad a la vigencia del art. 86, en redacción dada por Ley 1/2000 de 7 de enero, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 8 de Enero de 2.001. Fundamentos de Derecho: Único: De conformidad con la Resolución de la D.G.R.N. de 30 de noviembre de 2005 (BOE 15 de Diciembre de 2.005), la cuestión de la vigencia de la anotación prorrogada antes de la entrada en vigor de la L.E.C., se viene a zanjar definitivamente en el sentido de que dicha anotación tiene duración indefinida, no pudiendo cancelarse por caducidad, sino en virtud de mandamiento de cancelación de cargas firme, expedido por la autoridad judicial o acreditando la terminación del procedimiento mediante resolución judicial firme, siempre que haya transcurrido 6 meses desde la emisión de dicha resolución. Se vuelve pues al criterio de la Instrucción de 13 de octubre de 2000, de considerar aplicables a las mismas el régimen anterior del art. 199.2 del Reglamento Hipotecario. Esta doctrina resulta reiterada en resoluciones 16, 17, 18, 21 y 23 de febrero, 4 de marzo, 5, 7, 17, 18 y 21 de abril, 14 de junio, 20 de octubre y 5 de diciembre de 2006, 2 de febrero y 16 de octubre de 2007, 13 de mayo y 19 de septiembre de 2008, 4 de junio de 2010, 18 de junio de 2011, 8 de junio de 2012, y 4 de noviembre 2014. Por todo lo cual deniego la cancelación solicitada por señalado, que tiene carácter insubsanable. La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria. Contra esta decisión (...) Aladaia, a veintidós de junio del año dos mil diecisiete. La registradora (firma ilegible). María-Rosa Navarro Díaz".
III Contra la anterior nota de calificación, don I. U. M. interpuso recurso el día 21 de julio de 2017 mediante escrito en el vierte las siguientes alegaciones: "Primera.-(...) Segundo.-Sin embargo, a juicio de esta parte, el presente supuesto tiene unas especialidades y connotaciones propias que hacen que no le pueda ser de aplicación la doctrina general expuesta en la resolución recurrida, sino que obligan a un nuevo juicio pormenorizado de las circunstancias concurrentes. Así, debemos partir de la base de que todos los embargos que pesan anotados sobre el inmueble de referencia y que son los que se enumeran en la alegación anterior fueron acordados, anotados y prorrogados con anterioridad a la reforma operada en el art. 86 de la Ley Hipotecaria a través de la disposición final novena de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Por lo que antes de la entrada en vigor de la referida modificación los embargos trabados debían tener el carácter de perpetuos. Sin embargo, la actual redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece que Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado . Es decir, el legislador introdujo un cambio en el sistema de prórrogas de las anotaciones preventivas de embargo, eliminando el carácter perpetuo de las mismas una vez efectuada la primera prórroga a los cuatro años de su anotación y sustituyéndolo por un sistema de prórrogas constantes cada cuatro años. Obligando con ello al acreedor titular del embargo a un continuo y constante ejercicio de confirmación de la ejecución y anotación del embargo cada cuatro años, a fin de evitar, entre otras cuestiones, situaciones aberrantes como las que nos ocupa en el presente supuesto, en el que acreedores desaparecidos, a excepción lógicamente de la T.G.S.S., los cuales han perdido completamente su personalidad jurídica desde hace años, en su mayoría más de 15 años, y en procedimientos de ejecución archivados judicialmente y sin actividad desde hace más de 30 años en algunos casos y 20 en todos ellos; mantienen inalterados y vigentes sus respectivas anotaciones de embargo. En definitiva, se requiere una mínima actividad por parte de los acreedores a fin de consolidar su derecho de embargo sobre un inmueble determinado. Por tanto, no cabe duda que en aquellas anotaciones de embargo efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de la actual redacción del art. 86 de la L.H. les será de aplicación el nuevo régimen de prórrogas constantes cada cuatro años. Sin embargo, existen no pocas dudas sobre cómo debe operar el referido cambio en aquellas anotaciones de embargo que, como es el caso de las que nos ocupan, fueron prorrogadas por primera y única vez mucho antes de la entrada en vigor de la actual redacción del artículo de referencia. La cuestión introducida se alimenta en virtud del supuesto silencio que sobre la materia que nos ocupa guarda la actual legislación, según la propia Dirección General de los Registros y del Notariado a la que nos dirigimos, al no introducir la Ley 1/2000 ningún régimen transitorio que contemple esta problemática. Este supuesto silencio ha dado lugar a severas contradicciones, también en el seno de la propia DGRN, entre la posición que sostiene la resolución objeto del presente recurso, partidaria de mantener el carácter perpetuo de las anotaciones preventivas de embargo prorrogadas bajo la anterior redacción del art. 86 de la L.H. y con apoyo en el art. 199 del Reglamento Hipotecario y las posiciones que sostienen, como es nuestro caso, que una vez entrada en vigor la nueva redacción del artículo 86 L.H., los acreedores titulares de anotaciones de embargo debieron prorrogar sus respectivos embargos antes del transcurso de cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo de constante referencia. Nuestra postura no es arbitraria ni gratuita, sino que la misma se sostiene en el sentido común y la lógica, y parte de la consideración de que el legislador cuando introdujo la nueva redacción del art. 86 de la L.H. lejos de guardar silencio como se interpreta desde la DGRN, sí que se manifestó de forma expresa sobre la cuestión que nos ocupa. Así, al comienzo del artículo de referencia se expone Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, y es precisamente esta última frase, "cualquiera que sea su origen" la que debe ser interpretada desde un punto de vista amplio y genérico, no sólo restringido a una interpretación material, sino también desde un punto de vista temporal, englobando con ello a aquellas anotaciones preventivas ya prorrogadas con anterioridad al cambio de redacción operado, dado que de la referida redacción se desprende un evidente efecto aglutinador y de vis atractiva sobre todo tipo de anotaciones preventivas de embargo, incluidas la que ya se encontraban en vigor, al objeto de unificarlas en un único procedimiento. Es por ello que a la vista de la situación de inactividad de los procedimientos y, a su vez, unida a la pérdida de personalidad jurídica de la mayoría de los acreedores titulares de los embargos que dieron lugar a las anotaciones preventivas que nos ocupan, interesa a mi derecho que con carácter subsidiario en caso de no acordarse la cancelación directa de las anotaciones en virtud del resto de alegaciones del presente recurso se remita oficio a cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos al objeto de que se informe del estado en que se encuentra cada uno de los mismos y si dicho expediente hubiera sido archivado. A fin de verificar que, efectivamente, todos ellos se encuentran finalizados por inactividad y archivados desde hace más de 6 meses, y en consecuencia, comprobado que sea el transcurso de dicho plazo, se proceda a la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo de cada uno de ellos. Cuarto [sic].-Sin perjuicio de lo expuesto en las alegaciones anteriores, entiende esta parte que al presente supuesto debe serle de aplicación lo establecido en el artículo 1.964.1 del Código Civil: La acción hipotecaria prescribe a los veinte años . Efectivamente, a la vista de las circunstancias concurrentes en el presente supuesto en el que consta la paralización e inactividad procesal de los acreedores desde hace décadas, debe ser de aplicación, a falta de un plazo específico sobre la materia, el plazo de prescripción previsto para la acción hipotecaria a las anotaciones de embargos fruto de ejecuciones de títulos judiciales que nos ocupan, dado que no existiendo en la actualidad un límite temporal máximo para el mantenimiento de las inscripciones que son anteriores a la modificación del renombrado art. 86 de la L.H. dada la falta de claridad y concreción de la nueva redacción de dicho artículo al respecto de las anotaciones ya prorrogadas, procede fijar un plazo, por extenso que sea, para finiquitar anotaciones que, de contrario, se mantendrían "por los siglos de los siglos" a pesar de la desaparición de sus titulares. Cosa que evidentemente la redacción introducida con la Ley 1/2000 de 7 de enero trató de evitar. Por lo que es necesario acudir al plazo prescriptivo de la acción de naturaleza más cercana y que, además, tiene un plazo de prescripción lo suficientemente amplio para que los acreedores puedan acomodar su anotación al nuevo sistema de prórrogas de las anotaciones sin verse perjudicados ni sufrir indefensión, pero al mismo tiempo, impidiendo que circunstancias como las que concurren en mis acreedores, perjudiquen, a los ejecutados titulares de inmuebles con anotaciones de embargo que ven bloqueados a perpetuidad dichos inmuebles sin el más mínimo atisbo de resarcimiento o de segunda oportunidad precisamente por la inactividad y pasividad de sus acreedores. Es evidente que un sistema garantista como el nuestro no puede permitirse, mantener un anacronismo como el que nos ocupa sin darle una salida jurídica que lo equipare al actual sistema de renovación de las anotaciones, que obliga a los acreedores a una constante actividad. A falta de una solución legislativa sobre la cuestión es dable que sean los órganos públicos encargados de la aplicación legislativa quienes deben dar a los ciudadanos respuestas que superen situaciones de bloqueo como la expuesta en el presente recurso, acudiendo, por analogía, a plazos y supuestos que se asemejen al que nos ocupa. De ahí que un plazo de 20 años para que los acreedores llevaran a cabo, la más mínima actuación resulta más que razonable, por lo que habiendo transcurrido el mismo en todos los casos solicitados, procede la cancelación, sin más, de las anotaciones interesadas".

References: artículo 18
 Resolución 
 resolución 
 artículo 323
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 1
e contrario