Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-sistema-electrico-nacional-15381909
Timestamp: 2019-05-20 21:41:51+00:00

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LEY 40/1994, de 30 de Diciembre, de Ordenacion del Sistema electrico nacional. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15381909
Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Enero de 1995
Marginal: BOE-A-1994-28966
TITULO III. - arts. 15 a 20
CAPITULO II. - arts. 26 a 30
TITULO V. - arts. 31 a 33
TITULO VI. - arts. 34 a 37
TITULO VII. - arts. 38 a 41
CAPITULO I. - arts. 42 a 45
CAPITULO II. - arts. 46 a 50
TITULO IX. - arts. 51 a 57
TITULO X. - arts. 58 a 66
Norma citada en: 469 sentencias, 41 artículos doctrinales, 31 resoluciones administrativas
El objeto de la presente Ley es regular las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, consistentes en su generación, transporte, explotación unificada del sistema eléctrico nacional, intercambios internacionales, y distribución, con carácter general y básico en todo el territorio del Estado.
La regulación de dichas actividades tiene por finalidad asegurar:
La racionalización, eficiencia y optimización de las mismas, teniendo en cuenta especialmente los objetivos de política energética previstos en la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.
El Sistema Eléctrico Nacional comprende un sistema integrado y un sistema independiente.
Artículo 2 Régimen de las actividades.
Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica desarrolladas en el sistema integrado constituyen un servicio público, que se extiende a la garantía de suministro que dicho sistema presta en favor de los usuarios que en el territorio nacional utilicen energía del sistema independiente.
Se reconoce la libre iniciativa de las empresas para el ejercicio de las actividades, que están sometidas al régimen establecido de acuerdo con la presente Ley.
Artículo 3 Competencias administrativas.
Ejercer las facultades de planificación eléctrica en los términos establecidos en el artículo siguiente.
Establecer mediante tarifa el precio de prestación del servicio y la remuneración de tales actividades en cualquiera de sus modalidades en el sistema integrado.
Ejercer las funciones de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional previstas en el Título II.
La explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional.
La intervención en los procedimientos para la autorización de instalaciones.
La ordenación unificada de la distribución conforme a lo dispuesto en el artículo 38.
Sancionar, de acuerdo con la Ley, las infracciones cometidas en el ámbito de su competencia.
Establecimiento de los requisitos mínimos de calidad y seguridad del suministro en el sistema integrado.
Son instalaciones de competencia estatal aquéllas cuyo aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga del ámbito territorial de una de ellas.
Emplazamiento y trazado de las instalaciones.
Sometimiento de las mismas a la explotación unificada o incidencia en la misma, a cuyos efectos se considerarán, entre otros factores, la potencia o tensión de las instalaciones y su repercusión en dicha explotación unificada.
Otorgar las autorizaciones en los términos y condiciones establecidas en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
Impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas, para la adecuada prestación del servicio y la continuidad en el suministro.
Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, a través, en su caso, de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, y con la colaboración de los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen las instalaciones, las condiciones técnicas y económicas y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas en relación con cualquier aspecto de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Sancionar, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, las infracciones cometidas.
El desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa básica del Estado en materia eléctrica.
Autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o el transporte no salga de su ámbito territorial, así como ejercer las competencias de inspección y sanción que afecten a dichas instalaciones.
Impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de su competencia, para la adecuada prestación del servicio.
Inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de su competencia, las condiciones técnicas y económicas de las empresas titulares de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas.
Artículo 4 Planificación eléctrica.
La planificación eléctrica, que tendrá carácter básico y cuyo ámbito se extiende a todo el Sistema Eléctrico Nacional, será realizada por el Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas, conforme a criterios de garantía del suministro eléctrico, gestión integrada de los recursos energéticos a escala nacional, de ahorro y gestión de la demanda, mejora de la eficiencia, rendimiento y desarrollo tecnológico de las instalaciones eléctricas, protección del medio ambiente y de los derechos de los consumidores y usuarios, y de racionalización y objetiva retribución de los costes incurridos en el ejercicio de las actividades eléctricas.
La planificación eléctrica será sometida al Congreso de los Diputados.
Dicha planificación tomará en consideración los siguientes aspectos:
Previsión de la demanda de energía eléctrica a lo largo del período contemplado.
Estimación, con criterios de optimización a escala nacional, de la potencia que debe ser instalada para cubrir la demanda prevista y de su reparto entre los distintos tipos de centrales y, en su caso, de la energía primaria que debe ser utilizada para la producción de la energía eléctrica.
Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución de acuerdo con la previsión de la demanda de energía eléctrica y el emplazamiento de las centrales de generación.
El establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final, como en las áreas que, por sus características demográficas y tipológicas del consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.
Las actuaciones sobre la demanda que fomenten la mejora del servicio prestado a los usuarios así como la eficiencia y ahorro energéticos.
La ordenación del mercado para la consecución de la garantía de suministro.
Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos.
La planificación de las instalaciones de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica deberá tenerse en cuenta en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística y del territorio, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en su caso, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
Cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía eléctrica aconsejen el establecimiento de instalaciones de producción, transporte o distribución, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-ley 1/1992, de 26 de junio, o texto autonómico que corresponda. El acuerdo a que se refiere dicho precepto será adoptado por el órgano correspondiente de la Administración competente para autorizar la correspondiente instalación eléctrica.
Artículo 6 Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Como ente regulador del Sistema Eléctrico Nacional y con objeto de velar por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, se crea la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional como entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar. La Comisión sujetará su actividad a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando ejerza potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad al derecho privado.
La Comisión estará regida por un Consejo de Administración, compuesto por el Presidente, que ostentará la representación legal de la Comisión, y por seis Vocales. Tanto el Presidente de la Comisión como los Vocales serán nombrados entre personas de reconocida competencia técnica y profesional.
El Presidente y los Vocales serán nombrados mediante Real Decreto por el Gobierno a propuesta del Ministro de Industria y Energía previa comparecencia del mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los Diputados, para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos de las condiciones indicadas en el apartado anterior.
El Presidente y los Vocales cesarán por las siguientes causas:
Incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, incompatibilidad producida con posterioridad a su nombramiento como miembro de la Comisión o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Industria y Energía y cese por el Gobierno, a propuesta motivada del Ministro de Industria y Energía.
El Presidente y los Vocales de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Los recursos de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional estarán integrados por:
Los ingresos generados de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1.f) de esta Ley.
En su caso, las transferencias efectuadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 7 Consejo Consultivo de la Comisión.
Como órgano de asesoramiento de la Comisión se constituirá un Consejo Consultivo, integrado por un número máximo de treinta miembros, en el que estarán representadas las diferentes Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado, representantes de las compañías del sector eléctrico, de los consumidores y usuarios y otros agentes sociales y de defensa de la preservación del medio ambiente, siendo presidido por el Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
El Consejo Consultivo podrá informar respecto a las actuaciones que realice la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional en el ejercicio de sus funciones atribuidas por el artículo 8. Este informe será a su vez preceptivo sobre las actuaciones a desarrollar en ejecución de las funciones segunda, tercera, cuarta y séptima.
Artículo 8 Funciones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional tendrá las siguientes funciones:
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional podrá recabar de los sujetos del sistema eléctrico cuanta información requiera en el ejercicio de sus funciones.
Las decisiones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional como ente regulador del funcionamiento de dicho Sistema serán susceptibles de recurso ordinario ante el Ministro de Industria y Energía.
Por razones de interés general, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, podrá acordar la suspensión de la aplicación de decisiones de la Comisión de Energía Eléctrica Nacional, mediante resolución motivada y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 9 Sistema Eléctrico Nacional.
El Sistema Eléctrico Nacional comprenderá las actividades de producción e intercambios internacionales, explotación unificada, transporte y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio del Estado.
Para garantizar la seguridad del suministro eléctrico se mantendrá, conforme a los principios de planificación, la necesaria diversificación de las fuentes de energía primaria y de tecnología de generación. Los costes de esta diversificación serán distribuidos, de forma no discriminatoria, entre los sujetos que integran el Sistema Eléctrico Nacional, de conformidad con lo dispuesto en este Título y en el Título III de la presente Ley.
En los casos previstos en el artículo 12 de esta Ley, la energía objeto de las actividades comprendidas en el Sistema Eléctrico Nacional no se integrará en la forma dispuesta en el apartado anterior.
Artículo 10 Sujetos del Sistema Eléctrico Nacional.
Las actividades comprendidas en el Sistema Eléctrico Nacional serán desarrolladas por los siguientes sujetos:
Los generadores de energía eléctrica tendrán la función de construir, operar y mantener las centrales de producción.
Quienes realicen la incorporación al Sistema Eléctrico Nacional de energía procedente de otros sistemas exteriores mediante su adquisición en los términos previstos en el artículo 13.
La sociedad, a la que hace referencia el Título V de esta Ley, gestionará el servicio público de explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional.
Los transportistas tienen las funciones de construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.
Los distribuidores tendrán la función de construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y proceder a su venta a los usuarios finales.
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional velará por la transparencia y objetividad del funcionamiento del sistema y realizará las funciones derivadas de la integración de la energía reguladas en la presente Ley.
Artículo 11 Sistema integrado.
Se establece, dentro del Sistema Eléctrico Nacional, un sistema integrado, que tendrá las siguientes características:
Planificación conjunta de la generación, intercambios internacionales, transporte y distribución a los efectos de cobertura de la demanda de energía eléctrica.
Explotación unificada de todos los elementos de producción y transporte, así como de los intercambios internacionales de energía eléctrica, con las salvedades que para el régimen especial de producción resultan de la presente Ley.
Integración económica de la energía, de acuerdo con el número 3 de este artículo.
Aplicación de una tarifa única para cada tipo de consumo de energía eléctrica.
Se integrará en este sistema la totalidad de la energía producida en territorio nacional, así como la sometida a intercambios internacionales, salvo la autoconsumida y la que, de acuerdo con el artículo 12, forma parte del sistema independiente. No obstante, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, podrá también incorporarse al sistema integrado energía procedente del sistema independiente.
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional procederá, en los términos del Título III y sus normas de desarrollo, con la colaboración de la sociedad gestora de la explotación unificada, a la liquidación de la energía y determinará, teniendo en cuenta el valor integrado de dicha energía y el de las actividades que tienen como finalidad la puesta a disposición para su uso, el importe correspondiente a cada sujeto del sistema integrado, el concreto destinatario del pago y la forma en que éste deberá realizarse.
Artículo 12 Sistema independiente.
La Administración General del Estado podrá autorizar, previo informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y teniendo en cuenta los criterios de planificación energética y la incidencia en el funcionamiento del sistema integrado como servicio público de suministro, que la energía producida por instalaciones determinadas quede excluida del sistema integrado, sin perjuicio de las competencias para la autorización de las instalaciones.
El sistema integrado prestará los servicios que la adquisición de tal energía requiera y garantizará la cobertura del suministro alternativo a los usuarios del sistema independiente, que compensarán adecuadamente los costes resultantes.
Las actividades realizadas en el sistema independiente no deberán afectar negativamente a la explotación unificada ni al transporte y distribución del sistema integrado. Quienes realicen tales actividades estarán sujetos a las instrucciones concretas que a tal fin se les impartan por la sociedad gestora de la explotación unificada.
Artículo 13 Intercambios internacionales de electricidad.
Podrán realizarse intercambios internacionales de electricidad tanto en el sistema integrado como en el sistema independiente.
Los intercambios a corto plazo que tengan por objeto la optimización y apoyo del normal funcionamiento del sistema integrado serán realizados por la sociedad gestora de la explotación unificada.
Las importaciones a largo plazo para el sistema integrado podrán ser realizadas por los generadores cuando la garantía de potencia provenga de instalaciones de generación y por la sociedad gestora de la explotación unificada cuando la garantía de potencia sea proporcionada por el conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico integrado, previa autorización administrativa otorgada por el Ministerio de Industria y Energía en los términos que reglamentariamente se establezcan y que podrá ser otorgada mediante un procedimiento que asegure la concurrencia y responda a los principios establecidos en la presente Ley para la adjudicación de unidades de producción mediante concurso.
Las exportaciones de energía a largo plazo del sistema integrado serán realizadas por la sociedad gestora de la explotación unificada en el marco de la planificación eléctrica y previa autorización administrativa otorgada por el Ministerio de Industria y Energía.
Los intercambios internacionales de electricidad en el sistema independiente serán libres conforme a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 14 Separación de actividades en el sistema integrado.
Las sociedades mercantiles que desarrollen actividades comprendidas en el sistema integrado deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de estas actividades, sin que puedan, por tanto, actuar en el régimen especial regulado en el Título IV, o en el sistema independiente, ni realizar actividades eléctricas en el exterior ni en otros sectores económicos.
Ninguna sociedad podrá tener como objeto social el desarrollo simultáneo de actividades de producción y de distribución. En el caso en que tengan también actividades de transporte éstas deberán desarrollarse con la adecuada separación contable y de gestión.
No obstante, en un grupo de sociedades podrán desarrollarse actividades incompatibles de acuerdo con la Ley, siempre que sean ejercitadas por sociedades diferentes. A este efecto, el objeto social de una entidad podrá comprender actividades incompatibles conforme a los apartados anteriores, siempre que se prevea que una sola de las actividades sea ejercida de forma directa, y las demás mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades que, si desarrollan actividades eléctricas, se ajusten a lo regulado en los apartados 1 y 2.
Las sociedades que desarrollen actividades de producción en el régimen especial regulado en el Título IV podrán desarrollar actividades en otros sectores económicos.
Deberán ser aprobadas por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional las participaciones realizadas por sociedades con actividades eléctricas en cualquier entidad que realice actividades de naturaleza mercantil, así como las transacciones económicas entre sociedades del mismo grupo cuando afecten a una sociedad que desarrolle estas actividades. Sólo podrán denegarse las autorizaciones como consecuencia de la existencia de riesgos significativos o efectos negativos, directos o indirectos, sobre las actividades reguladas en esta Ley, pudiendo por estas razones dictarse autorizaciones que expresen condiciones en las cuales pueden realizarse las mencionadas operaciones. Se exceptúan las sociedades que desarrollen actividades eléctricas de producción exclusivamente en el régimen especial.
TITULO III Artículos 15 a 20
Artículo 15 Retribución de las actividades reguladas en la Ley.
Las actividades comprendidas en el Sistema Eléctrico Nacional serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley.
Las actividades desarrolladas dentro del sistema integrado serán retribuidas con cargo a las tarifas satisfechas por los usuarios.
Las actividades comprendidas en el sistema independiente serán retribuidas en las condiciones acordadas por quienes las desarrollen y los adquirentes de la energía. Dichas condiciones serán comunicadas a la Administración.
Artículo 16 Actividades del sistema integrado.
Para la determinación de las tarifas que deberán satisfacer los usuarios del sistema integrado, el Gobierno establecerá la retribución global y conjunta de las actividades de dicho sistema, mediante el reconocimiento de los costes imputables a cada una de ellas con criterios objetivos y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia de dichas actividades y la calidad del suministro eléctrico, conforme a un método uniforme que responderá a los siguientes principios:
Los costes reconocidos a las diferentes actividades se calcularán de forma estándar en función de fórmulas y parámetros transparentes y objetivos fijados por el Ministerio de Industria y Energía.
Los costes reconocidos para la actividad de generación incluirán costes de inversión, de combustible y demás costes de explotación.
Los costes reconocidos para las actividades de transporte y distribución comprenderán costes de inversión y otros costes de explotación.
La explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional tendrá reconocido un coste estándar como retribución para la cobertura de sus costes.
Las incorporaciones de energía de sistemas eléctricos exteriores o del sistema independiente se retribuirán conforme a su coste reconocido.
La retribución del sistema incluirá como costes los que a estos efectos se reconozcan a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Las instalaciones e importaciones que, de conformidad
Los costes de la energía cedida al sistema integrado por los productores en régimen especial se reconocerán de acuerdo con su régimen retributivo.
La retribución global y conjunta del sistema integrado estará constituida por la suma de los costes definidos en el número 1, deducidos los ingresos derivados del acceso a la red por terceros, los que se deriven de la garantía de suministro y otros servicios en favor del sistema independiente a los que se refiere el artículo 12.2, los resultantes de la venta de energía a otros sistemas exteriores y aquellos otros ingresos que reglamentariamente se determinen.
La relación entre la retribución global definida en el número anterior y la previsión de la demanda fijada por el Ministerio de Industria y Energía determinará el coste medio del kilowatio/hora previsto y tendrá el carácter de tarifa de referencia del Sistema.
Igualmente, el Gobierno establecerá el procedimiento por el cual a partir de la retribución global y conjunta pueda determinarse el valor integrado de la energía, antes de la imputación de costes de transporte y distribución, pudiendo establecerse a partir del mismo un valor referido a concretos períodos de tiempo.
El Gobierno establecerá el procedimiento para la retribución de quienes realicen cada tipo de actividad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores. Dicha retribución se realizará con cargo a los ingresos procedentes de la recaudación de las tarifas conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
El Gobierno establecerá el régimen de los derechos por acometidas y demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos de suministro de los usuarios.
Artículo 17 Aprobación de las tarifas.
Anualmente, o cuando circunstancias especiales lo aconsejen, previos los trámites e informes oportunos, el Gobierno, mediante Real Decreto, procederá a la aprobación o modificación de la tarifa de referencia a que se refiere el artículo anterior, aplicando para ello el método uniforme para la fijación de la retribución global y conjunta de las actividades comprendidas en el sistema integrado.
En la forma que reglamentariamente se determine, se fijarán las diferentes tarifas a satisfacer por los usuarios.
Artículo 18 Contenido y carácter de las tarifas.
Las tarifas que deberán ser satisfechas por los usuarios del suministro eléctrico tendrán el carácter de únicas en todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades; responderán, en la forma que reglamentariamente se determine, a una estructura básica compuesta, al menos, de un elemento fijo y un elemento variable, e incluirán complementos en razón de la forma de consumo.
Las tarifas aprobadas por el Gobierno tendrán el carácter de máximas.
Los consumidores, en los que concurran consumos de entidad localizados territorialmente, que se determinen de manera objetiva y no discriminatoria, podrán adquirir energía por su valor integrado, determinado conforme al artículo 16.6, satisfaciendo además las cantidades que correspondan a su acceso a las redes de transporte y distribución, conforme a los artículos 37 y 41, o alternativamente según las tarifas que a estos efectos determine el Gobierno.
Si como resultado de las inspecciones practicadas se determinara que la calidad del servicio es inferior a la reglamentariamente establecida, podrá acordarse por la Administración competente una reducción en la facturación a abonar por el usuario en la forma que disponga el Reglamento que se dicte de acuerdo con el artículo 46.
Las tarifas aprobadas por la Administración para cada categoría de consumo no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro tributo que no responda a principios uniformes para todo el territorio nacional.
Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del suministro de energía eléctrica, se desglosarán en la facturación al usuario, en la forma que reglamentariamente se determine, los importes correspondientes al coste del servicio, la imputación de los costes específicos a los que se refiere la disposición adicional cuarta y los impuestos que graven el consumo de electricidad.
Artículo 19 Cobro y liquidación de las tarifas.
Las tarifas eléctricas serán cobradas por las empresas que realicen las actividades de distribución de la energía eléctrica mediante su venta a los usuarios.
El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de reparto de los fondos recaudados por los distribuidores entre quienes realicen las actividades incluidas en el sistema integrado, de acuerdo con la retribución que les corresponda de conformidad con los artículos 11.3 y 16.7.
Artículo 20 Contabilidad e información.
Las entidades que desarrollen actividades reguladas en esta Ley, llevarán su contabilidad de acuerdo con el capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, aun cuando no tuvieran tal carácter.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de contabilidad a las empresas que realicen actividades reguladas por esta Ley o sus sociedades dominantes, el Gobierno podrá establecer para las mismas las especialidades contables y de publicación de cuentas que se consideren adecuadas, del tal forma que se reflejen con nitidez los costes e ingresos de las actividades eléctricas y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo, si alguna de ellas realizase actividades eléctricas en el sistema integrado.
Las entidades deberán explicar en la memoria adjunta a las cuentas anuales los criterios aplicados en el reparto de costes respecto a las otras entidades del grupo que realicen actividades eléctricas diferentes.
Las empresas deberán proporcionar a la Administración la información que les sea requerida, en especial en relación con sus estados financieros, que deberá ser verificada anualmente mediante auditorías externas a la propia empresa. La obligación de información se extenderá, asimismo, a la sociedad dominante de la que realiza actividades eléctricas o a aquellas del grupo que realicen operaciones con la misma.
Deberá incluirse información en las cuentas anuales, relativa a las actuaciones empresariales que se materialicen en proyectos de ahorro, eficiencia energética y de reducción del impacto medioambiental para los que se produzca la deducción por inversiones prevista en la presente Ley.
TITULO IV Artículos 21 a 30
Artículo 21 Actividades de producción de energía eléctrica.
La construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida al régimen de autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de producción de energía eléctrica deberán acreditar los siguientes extremos:
Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
Las circunstancias del emplazamiento de la instalación.
Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones necesarias, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, para establecer las centrales e instalaciones precisas.
Las autorizaciones de construcción, explotación y modificación substancial de las instalaciones serán concedidas preferentemente mediante concurso cuando se trate de instalaciones comprendidas en el sistema integrado, en la forma regulada en el artículo 23. El concurso podrá ser promovido a solicitud de los interesados.
Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener la capacidad de producción prevista en las mismas y a proporcionar a la Administración información periódica de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento.
La actividad de producción incluirá la transformación de energía eléctrica, así como, en su caso, el transporte hasta la red de transporte o de distribución.
Los titulares de autorizaciones de instalaciones de producción deberán revestir la forma de sociedad mercantil de nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea con establecimiento permanente en España.
Artículo 22 Aprovechamientos hidráulicos necesarios para la producción de energía eléctrica.
Cuando el establecimiento de unidades de producción eléctrica requiera autorización o concesión administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se estará a lo establecido en la citada Ley, en el presente artículo y en sus correspondientes disposiciones de desarrollo.
Cuando, tanto en materia hidráulica como energética, sea competente el Estado, el otorgamiento de la autorización de unidades de producción y de la concesión para el uso de las aguas que aquéllas han de utilizar podrá ser objeto de un solo expediente y de resolución única mediante concurso público, con la participación de los Departamentos ministeriales o, en su caso, organismos de cuenca competentes, en la forma y con la regulación que reglamentariamente determinen, sin perjuicio de las competencias propias de cada Departamento.
En el procedimiento de otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el uso de las aguas para la producción de energía eléctrica o necesario para el funcionamiento de unidades de producción no hidráulicas instado por particulares, será preceptivo el informe previo de la Administración competente en materia energética que deba autorizar, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las citadas unidades de producción. El Ministerio de Industria y Energía podrá promover la transformación del procedimiento en el de concurso al que se refiere el apartado 2 de este artículo, para instalaciones cuya potencia instalada supere los 5.000 KVA.
Las autorizaciones y concesiones para los usos señalados en los apartados anteriores no podrán ser otorgadas cuando sea desfavorable el informe emitido por la Administración competente para autorizar las unidades de producción.
Artículo 23 Adjudicación de unidades de producción mediante concurso.
Las autorizaciones de construcción, explotación y modificación substancial de unidades de producción serán otorgadas preferentemente mediante un procedimiento, que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por la Administración competente.
Los criterios que determinarán la adjudicación de la autorización atenderán, entre otras circunstancias, a la calificación técnica de los solicitantes, al régimen económico propuesto, a la incidencia de la instalación en el Sistema Eléctrico Nacional, a los objetivos de diversificación de las energías primarias para el sistema integrado y al impacto ambiental de la instalación, a cuyos efectos se podrán establecer mecanismos para evaluar el coste atribuible a dicho impacto ambiental.
Adicionalmente, las bases del concurso incorporarán condiciones relativas al destino de la instalación para el caso de cese en la explotación de las mismas por su titular y que podrán suponer su transmisión forzosa o desmantelamiento.
Artículo 24 Transmisión de unidades de producción y cambio de sistema.
La transmisión de unidades de producción que hayan sido autorizadas conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes requerirá autorización administrativa. El adquirente deberá reunir las condiciones exigidas al transmitente y se subrogará en cuantas obligaciones pendientes de cumplimiento hubiera asumido éste.
Las unidades de producción deberán operar dentro del sistema para el que fueron autorizadas. Excepcionalmente, el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, podrá autorizar el cambio de sistema a centrales autorizadas siempre que ello sea acorde con la planificación eléctrica y no resulten perjuicios para el servicio público de suministro eléctrico.
Artículo 25 Contenido de la autorización de unidades de producción.
La autorización de unidades de producción contendrá todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación.
En particular, los titulares de estas autorizaciones estarán obligados a:
Incorporarse al sistema integrado y someterse a los principios del mismo conforme al Título II, salvo las instalaciones autorizadas para la producción en el sistema indepediente.
Someterse a las órdenes e instrucciones de las autoridades competentes.
Cumplir la normativa técnica de generación, así como las normas de explotación unificada y transporte que al efecto se dicten.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
CAPITULO II Artículos 26 a 30
Artículo 26 Régimen especial de producción eléctrica.
Las actividades de producción de energía eléctrica en el sistema integrado tendrán la consideración de producción en régimen especial en los siguientes casos:
Cogeneración y otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas siempre que supongan un alto rendimiento energético.
Cuando se utilicen como energía primaria, energías renovables no hidráulicas, o residuos agrícolas, industriales o urbanos o todo tipo de biocarburantes.
Cuando se refieran a instalaciones de producción hidráulica cuya potencia total no supere los 10 MVA y su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario.
Las instalaciones a que se refieren los apartados a) y b) de este artículo no superarán los 100 MVA de potencia instalada.
La producción en régimen especial se regirá por sus disposiciones específicas y, en lo no previsto en ellas, por las generales sobre producción eléctrica en lo que le resulten de aplicación.
Las actividades de producción a que se refiere el apartado 1 podrán realizarse en el sistema independiente conforme a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 27 Autorización de la producción en régimen especial.
La construcción, explotación, modificación y transmisión de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial estará sometida al régimen de autorización administrativa previa, siempre que esté de acuerdo con los objetivos de planificación energética relativos al régimen especial, que serán fijados mediante Real Decreto.
Los solicitantes de estas autorizaciones deberán acreditar las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas, el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y la capacidad legal, técnica y económica adecuada al tipo de producción que van a desarrollar y, una vez otorgadas, deberán proporcionar a la Administracion información periódica de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento.
La construcción, explotación y modificación de determinadas unidades de producción en régimen especial podrán ser autorizadas por procedimientos que garanticen o promuevan la libre concurrencia entre los interesados.
Artículo 28 Destino de la energía producida en régimen especial.
Artículo 29 Obligaciones y derechos de los productores en régimen especial.
Serán obligaciones generales de los productores de energía eléctrica en régimen especial:
Someterse a las órdenes e instrucciones que, de conformidad con la presente Ley, dicten las autoridades competentes en relación con sus actividades reguladas en la misma.
Adoptar las normas de seguridad, reglamentos técnicos y de homologación de las instalaciones e instrumentos que establezca la Administración.
Cumplir con las normas técnicas de generación así como con las normas de explotación unificada, en su caso, y transporte.
Mantener las instalaciones en un grado óptimo de operación, de forma que no puedan causar daños a las personas o instalaciones de terceros.
Facilitar a la Administración información sobre producción, consumo, venta de energía y otros extremos que se establezcan.
Cumplir adecuadamente las condiciones establecidas de protección del medio ambiente.
Los productores en régimen especial gozarán, en particular, de los siguientes derechos:
Incorporar su energía excedentaria al sistema integrado en los términos establecidos en la presente Ley, percibiendo la retribución que se determine conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3.
Conectar en paralelo sus instalaciones a la red de la correspondiente empresa distribuidora.
Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones la energía que produzcan y la suministrada por la empresa distribuidora.
Recibir de la empresa distribuidora el suministro de energía eléctrica que precisen en las condiciones que reglamentariamente se determine.
Artículo 30 Obligación de información a efectos de retribución.
TITULO V Artículos 31 a 33
Artículo 31 La explotación unificada.
Artículo 32 Funciones de la explotación unificada del sistema eléctrico.
Las funciones que integran la explotación unificada del sistema eléctrico son las siguientes:
Determinar y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad del sistema integrado a corto y medio plazo.
Realizar la explotación conjunta de las instalaciones de producción y transporte tendente a la consecución de los costes mínimos del sistema integrado, de forma que contribuya a la obtención de un mínimo coste del suministro de electricidad teniendo en cuenta las directrices de política energética nacional.
Son funciones, de carácter instrumental, necesarias para la adecuada gestión de la explotación unificada del sistema eléctrico, las siguientes:
Prever a corto y medio plazo la utilización coordinada del equipamiento de generación, de los tipos y consumos de combustible y del uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de la demanda, la disponibilidad del equipamiento eléctrico y las distintas condiciones de hidraulicidad que pudieran presentarse dentro del período de previsión.
Determinar el funcionamiento del equipo de generación, el uso de las interconexiones internacionales, establecer los programas de intercambio de electricidad con los sistemas eléctricos exteriores al Sistema Eléctrico Nacional y gestionar los intercambios de electricidad del sistema integrado y el sistema independiente, así como otros sistemas.
Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de las instalaciones de producción y transporte y autorizar la interrupción voluntaria del servicio de dichas instalaciones, teniendo en cuenta las condiciones de la explotación del Sistema Eléctrico Nacional.
Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y transporte, afectando a cualquier elemento del sistema eléctrico que sea necesario, así como los planes de maniobras para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y controlar su ejecución.
Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte, incluidas las interconexiones internacionales, constituida por el conjunto de instalaciones contempladas en el artículo 34.1, para su maniobra en tiempo real.
La explotación unificada incorporará, asimismo, aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean convenientes para la prestación del servicio, así como cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes, siempre que, en relación con las actividades de la sociedad gestora de la explotación unificada, produzcan efectos positivos sobre el Sistema Eléctrico Nacional y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.5.
Artículo 33 Gestión de la explotación unificada.
La gestión del servicio público de titularidad estatal a que se refiere el presente Título, corresponderá a una sociedad mercantil, en cuyo capital será mayoritaria la participación pública directa e indirecta.
La suma de participación directa o indirecta de cada accionista en el capital de la sociedad mencionada en el número anterior no podrá ser superior al 30 por 100. Estos límites no operarán para las participaciones directas o indirectas del sector público que no se verifiquen a través de empresas que realicen actividades eléctricas. A los efectos de la obtención de la mayoría pública exigida en el apartado 1 de este artículo, la participación adicional necesaria se ostentará directa o indirectamente por una entidad de Derecho público.
La actuación de dicha sociedad estará sometida a las directrices que, conforme al desarrollo reglamentario en materia de explotación unificada y de transporte, se dicten en materia de política energética por el Ministerio de Industria y Energía y a las decisiones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el artículo 8.1. séptima.
La sociedad gestora de la explotación unificada desarrollará sus actividades de explotación unificada y transporte con la adecuada separación contable.
TITULO VI Artículos 34 a 37
Artículo 34 La red de transporte de energía eléctrica.
La red de transporte de energía eléctrica está constituida por las líneas, subestaciones, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 KV y aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que cumplan funciones de transporte e interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos españoles extrapeninsulares.
La sociedad gestora de la explotación unificada será responsable del desarrollo de la red de transporte en alta tensión definida en este artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogéneos y coherentes. Dicha sociedad podrá realizar actividades de transporte en los términos establecidos en la presente Ley, así como actividades complementarias de la red de transporte, especializadas en la regulación de las cargas del sistema, mediante instalaciones que, consumiendo energía eléctrica, no estén destinadas a la producción neta de energía ni tengan carácter de regulación estacional o formen parte de una unidad de explotación de carácter mixto.
Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para garantizar la fiabilidad del suministro del Sistema Eléctrico Nacional y de las instalaciones eléctricas de la red de transporte y las a ella conectadas. Estas normas se atendrán a criterios de general aceptación, y serán objetivas y no discriminatorias.
Artículo 35 Autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica.
La construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre de las instalaciones contempladas en el artículo 34.1 requerirá autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de transporte de energía eléctrica deberán acreditar suficientemente los siguientes extremos:
Las características del emplazamiento de la instalación.
Las autorizaciones a las que se refiere el apartado 1 serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones necesarias, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, para establecer las instalaciones precisas.
Los titulares de autorizaciones de instalaciones de transporte deberán revestir la forma de sociedad mercantil de nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea con establecimiento permanente en España.
Artículo 36 Contenido de las autorizaciones de instalaciones de transporte.
Las autorizaciones de instalaciones de transporte contendrán todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación.
Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo con las instrucciones y directrices a las que hace referencia el apartado e) del artículo 32.2.
Exigir que las instalaciones conectadas a las de su propiedad reúnan las condiciones técnicas establecidas y sean usadas en forma adecuada.
Artículo 37 Acceso de terceros a la red de transporte.
Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por terceros para los movimientos de energía del sistema independiente, para el tránsito de electricidad por las grandes redes y en los demás casos en los que el acceso de terceros a las mismas sea necesario conforme a lo dispuesto en la presente Ley, siempre que no resulten perjuicios para el servicio público prestado por el sistema integrado.
El acceso de terceros a las líneas de transporte se realizará en condiciones transparentes y objetivas para los mismos. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional resolverá las cuestiones que se planteen en relación con las condiciones de acceso.
TITULO VII Artículos 38 a 41
Artículo 38 Ordenación unificada de la distribución.
La distribución de energía eléctrica se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y será objeto de ordenación unificada dentro del sistema integrado.
La ordenación unificada de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar principios comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes actividades eléctricas, la suficiente igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el territorio y el establecimiento de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios de la energía.
Los criterios de ordenación unificada de la distribución de energía eléctrica, que se establecerán atendiendo a zonas eléctricas con características comunes y vinculadas con la configuración de la red de transporte y de ésta con las unidades de producción, serán fijados por el Ministerio de Industria y Energía, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas, con el objeto de que exista la adecuada coordinación del desarrollo de las actividades de distribución.
En todo caso, corresponderá al Ministerio de Industria y Energía la evaluación de las inversiones a realizar en actividades de distribución y actuar respecto de aquellos aspectos relativos a la misma que tengan transcendencia en su retribución, previo informe de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos territoriales, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 39 Autorización de instalaciones de distribución.
Estarán sujetas a autorización administrativa la construcción, modificación, explotación y transmisión y cierre de las instalaciones de distribución de energía eléctrica, con independencia de su destino o uso.
La Administración podrá establecer un régimen de adjudicación de autorizaciones de instalaciones de distribución por un procedimiento de concurso, acorde con la planificación eléctrica establecida, que promueva la concurrencia entre empresas distribuidoras, especialmente, en los casos en que las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio requieran la ampliación o sustitución de las instalaciones de distribución.
Artículo 40 Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras.
Realizar el suministro de energía a los usuarios en los términos previstos en el Título siguiente.
Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica.
Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las acometidas eléctricas.
Comunicar al Ministerio de Industria y Energía las autorizaciones de instalación que les concedan otras Administraciones, así como las modificaciones relevantes de su actividad, a efectos del reconocimiento de sus costes en la determinación de la tarifa y la fijación de su régimen de retribución.
Tomar la energía necesaria para sus actividades y someterse al procedimiento de liquidación correspondiente dentro del sistema integrado.
Comunicar al Ministerio de Industria y Energía y a la Administración competente la información que determine sobre precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por categorías de consumo, así como cualquier información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico.
Serán derechos de las empresas distribuidoras:
El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución por el ejercicio de su actividad dentro del Sistema Eléctrico Nacional en los términos establecidos en el Título III de esta Ley.
Tener aseguradas sus necesidades de energía eléctrica en los términos establecidos en la presente Ley.
Recibir la energía eléctrica en condiciones no discriminatorias.
Artículo 41 Acceso a las redes de distribución.
Las empresas de distribución no podrán negar la utilización de una red a quienes actúen en el sistema independiente y a quienes actúen en el sistema integrado, salvo cuando ello impida el uso de la misma necesario para el cumplimiento de sus obligaciones como distribuidor.
El acceso de terceros a las redes de distribución se realizará en condiciones transparentes y objetivas para los mismos. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional resolverá las cuestiones que se planteen en relación con las condiciones de acceso.
TITULO VIII Artículos 42 a 50
CAPITULO I Artículos 42 a 45
Artículo 42 Suministro.
En el sistema integrado el suministro de energía eléctrica a los usuarios será realizado por las correspondientes empresas distribuidoras, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional décima.
En el sistema independiente los usuarios adquirirán directamente la energía, pactándose las condiciones del suministro entre las partes.
Artículo 43 Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras en relación al suministro.
Serán obligaciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica:
Atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos suministros eléctricos en las zonas en que operen y formalizar los contratos de suministro de acuerdo con lo establecido por la Administración cuando se trate del sistema integrado.
Proceder a la medición de los suministros en la forma que reglamentariamente se determine.
Aplicar a los usuarios la tarifa que, conforme a lo dispuesto por la Administración General del Estado dentro del sistema integrado, les corresponda.
Informar a los usuarios en la elección de la tarifa eléctrica más conveniente para ellos.
Asegurar el nivel de calidad del servicio que, de acuerdo con los criterios de diferenciación por áreas y tipología del consumo a que se refiere el siguiente capítulo, se establezca reglamentariamente.
Las empresas distribuidoras tendrán derecho a:
Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen, así como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad para otros usuarios.
Facturar y cobrar el suministro realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.
Artículo 44 Programas de gestión de la demanda.
Las empresas distribuidoras, en coordinación con los diversos agentes que actúan sobre la demanda, podrán desarrollar programas de actuación que, mediante una adecuada gestión de la demanda eléctrica, mejoren el servicio prestado a los usuarios y la eficiencia y ahorro energéticos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar medidas que incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energéticos, directamente o a través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción de la mayor eficiencia en el uso final de la electricidad.
Artículo 45 Planes de ahorro y eficiencia energética.
Mejorar el rendimiento o sustituir el tipo de combustible en empresas o sectores de alto consumo energético, a tenor de los intereses a nivel nacional.
CAPITULO II Artículos 46 a 50
Artículo 46 Calidad del suministro eléctrico.
El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley con las características y continuidad que reglamentariamente se determinen para el territorio nacional, teniendo en cuenta la diferenciación por áreas a la que se refiere el número siguiente.
Será objeto de planificación energética básica el establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final como en las áreas que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.
Si la baja calidad de la distribución de un área es continua, o pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración competente podrá establecer los mínimos de personal y medios materiales que la empresa distribuidora deba tener para restablecer la calidad del servicio.
Artículo 47 Potestad inspectora.
Los órganos de la Administración competente dispondrán, de oficio o a instancia de parte, la práctica de cuantas inspecciones y verificaciones se precisen para comprobar la regularidad y continuidad en la prestación de las actividades necesarias para el suministro, así como para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes.
Las inspecciones a que alude el párrafo anterior cuidarán, en todo momento, de que se mantengan las características de la energía suministrada dentro de los límites autorizados oficialmente.
Artículo 48 Interrupción del suministro.
El suministro de energía eléctrica a los usuarios sólo podrá interrumpirse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro o por causa de fuerza mayor, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes. En ningún caso podrá interrumpirse o suspenderse suministro a los usuarios invocando problemas de orden técnico o económico que lo dificulten.
Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento, seguridad del suministro, reparación de instalaciones o mejora del servicio. En todos estos supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previa y comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine.
En las condiciones que reglamentariamente se determinen por la Administración General del Estado, el suministro podrá ser interrumpido cuando los usuarios,
Artículo 49 Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones eléctricas.
Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, así como las destinadas a su recepción por los usuarios y los equipos de consumo, deberán ajustarse a las normas técnicas y de seguridad que, con carácter uniforme para todo el territorio nacional, apruebe el Gobierno reglamentariamente.
Establecer reglas de normalización para facilitar la inspección de las instalaciones, impedir una excesiva diversificación del material eléctrico y unificar las condiciones del suministro.
Obtener la mayor racionalidad y aprovechamientos técnico y económico de las instalaciones.
Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y la mejora de la calidad de los suministros de energía.
Proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Conseguir los niveles adecuados de eficiencia en el uso de la electricidad.
Sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas en la presente Ley y a los efectos previstos en el presente artículo, la construcción, ampliación o modificación de instalaciones eléctricas requerirá, con carácter previo a su puesta en marcha, la correspondiente autorización administrativa en los términos que reglamentariamente se disponga.
Artículo 50 Seguridad y calidad industriales.
TITULO IX Artículos 51 a 57
Artículo 51 Utilidad pública.
Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales y de acuerdo con los principios de la planificación eléctrica sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.
Artículo 52 Solicitud de la declaración de utilidad pública.
Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.
Artículo 53 Consecuencias.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Artículo 54 Derecho supletorio.
Artículo 55 Servidumbre de paso.
La servidumbre de paso de energía eléctrica gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo anterior.
La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía.
Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para atender a la vigilancia, conservación y reparación de la misma.
Artículo 56 Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso.
Artículo 57 Relaciones civiles.
La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente. Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación.
La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación y de los perjuicios ocasionados.
TITULO X Artículos 58 a 66
Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que supongan incumplimiento o inobservancia de lo dispuesto en esta Ley o en las normas que la desarrollen.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que puedan incurrir las empresas titulares de actividades eléctricas y sus usuarios, se considerarán infracciones administrativas las establecidas en la presente Ley, que podrán ser precisadas y completadas por los Reglamentos que la desarrollen.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos aplicables a instalaciones, de manera que se ponga en peligro manifiesto a las personas y los bienes.
El incumplimiento de los actos ejecutivos dictados en la gestión del servicio público de explotación unificada o de las disposiciones sobre adquisición y liquidación de energía contenidas en el Título II.
La utilización de instrumentos o materiales no normalizados y homologados.
La interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica para una zona o grupo de población sin que medien los requisitos legales que lo justifiquen.
La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin que existan razones que lo justifique.
La negativa a admitir verificaciones o inspecciones reglamentarias o acordadas en cada caso por la Administración, o la obstrucción de su práctica.
La aplicación de tarifas o la percepción de precios no autorizados por la Administración.
La aplicación irregular de las tarifas autorizadas, de manera que se produzca una alteración en el precio superior al 15 por 100.
El incumplimiento de las obligaciones resultantes de la aplicación del sistema tarifario y de su recaudación.
Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica, que suponga una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 15 por 100.
El incumplimiento de los deberes de información a la Administración y de verificación y control contable legalmente establecidos.
La realización de actividades incompatibles de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
El desarrollo de actividades eléctricas sin las debidas autorizaciones o en instalaciones que carecen de ellas.
El incumplimiento habitual de las instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas, para la adecuada prestación del servicio y la continuidad del suministro, impartidas por la Administración competente.
La negativa a facilitar a la Administración la información que reclame.
El incumplimiento de las medidas de seguridad.
El incumplimiento de las instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas, para la adecuada prestación del servicio y la continuidad del suministro, impartidas por la Administración competente.
Artículo 62 Calificación de las infracciones.
Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.
La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración.
Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio cuantificable, la multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad y a las circunstancias especificadas en el artículo anterior.
Si prosiguiera la conducta infractora una vez transcurrido el lapso suficiente para el cese de la misma, podrán imponerse nuevas multas, previa la instrucción de los correspondientes procedimientos sancionadores.
La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o suspensión de la autorización administrativa. La revocación o suspensión de las autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente para otorgarlas.
Artículo 65 Competencia para imponer sanciones.
En el ámbito de la Administración General del Estado, las sanciones muy graves serán impuestas por el Consejo de Ministros y las graves por el Ministro de Industria y Energía. La imposición de las sanciones leves corresponderá al Director general de la Energía.
Disposición adicional primera Intervención administrativa de empresas eléctricas.
La suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización con interrupción del suministro a los usuarios.
La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas.
En los supuestos anteriores, si las empresas que desarrollan actividades eléctricas lo hacen exclusivamente mediante instalaciones cuya autorización sea competencia de una Comunidad Autónoma, la intervención será acordada por ésta.
Disposición adicional segunda Ocupación del dominio público marítimo terrestre para líneas aéreas de alta tensión.
Disposición adicional tercera Efectos de la falta de resolución expresa.
Disposición adicional cuarta Costes específicos.
Disposición adicional quinta Modificación de los artículos 2 y 57 de la Ley de Energía Nuclear.
El apartado 9 del artículo 2 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la Energía Nuclear, queda redactado de la siguiente forma:
El primer párrafo del artículo 57 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, queda redactado en la forma siguiente:
En el caso de instalaciones nucleares, la cobertura exigible, de acuerdo con el artículo 55 de la presente Ley, será de 25.000 millones de pesetas. No obstante, el Ministerio de Industria y Energía podrá imponer otro límite, no inferior a 1.000 millones de pesetas, cuando se trate de transportes de sustancias nucleares o de cualquier otra actividad, cuyo riesgo, a juicio del Consejo de Seguridad Nuclear, no requiera una cobertura superior. Estas cifras serán elevadas por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, cuando los compromisos internacionales aceptados por el Estado español lo hagan necesario o cuando el transcurso del tiempo o la variación del índice de precios al consumo lo impongan para mantener el mismo nivel de cobertura.
Disposición adicional sexta Modificación del capítulo XIV de la Ley de Energía Nuclear.
Disposición adicional séptima Fondo para la financiación del segundo ciclo del combustible nuclear.
Disposición adicional octava Paralización de centrales nucleares en moratoria.
Se declara la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo con extinción de las autorizaciones concedidas.
Queda derogado el Real Decreto-ley 12/1982, de 27 de agosto, por el que se regula la intervención del Estado en la central nuclear de Lemóniz.
Como valor base para dicha compensación se establece el de 340.054.000.000 de pesetas para la central nuclear de Valdecaballeros, 378.238.000.000 de pesetas para la central nuclear de Lemóniz y 11.017.000.000 de pesetas para la unidad II de la central nuclear de Trillo. Dicho valor está referido a la fecha de entrada en vigor de la Ley. La distribución de la compensación correspondiente a cada uno de los proyectos entre sus titulares se llevará a cabo en la cuantía y forma que éstos acuerden. Los acuerdos adoptados a tal efecto deberán ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Industria y Energía.
El importe anual que represente la compensación prevista en la presente disposición deberá alcanzar al menos la cantidad de 69.000.000.000 de pesetas en 1994. Dicho importe mínimo se incrementará cada año en un 2 por 100, hasta la íntegra satisfacción de la cantidad total a compensar. Para el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el 31 de diciembre de 1994, la cantidad a la que se refiere este apartado será la resultante de aplicar a la cantidad prevista para el año 1994 un porcentaje equivalente al representado por el número de días comprendidos en el mencionado período en relación con el número total de días del año.
El porcentaje de facturación por venta de energía eléctrica afecto a la compensación, que a los efectos de la disposición adicional cuarta tendrá el carácter de coste específico, se determinará por el Gobierno y será, como máximo, el 3,54 por 100.
En el supuesto de producirse cambios en el régimen tarifario o cualquier otra circunstancia que afectase negativamente al importe definido en el apartado 6 o a la percepción por los titulares de los derechos de compensación de los importes establecidos en los párrafos primero y tercero del apartado 5, el Estado tomará las medidas necesarias para la efectividad de lo dispuesto en dichos apartados y la satisfacción en el plazo máximo de veinticinco años citado en el párrafo segundo del apartado 3 de esta disposición adicional.
El activo de los fondos estará integrado por los derechos a la compensación que se les cedan y los rendimientos producidos por éstos y su pasivo por los valores que sucesivamente se emitan y, en general, por financiación de cualquier otro tipo.
No resultará de aplicación a estos fondos lo dispuesto en el punto 2.º del número 2 y en el párrafo segundo del número 6 del artículo 5 de la Ley 19/1992, de 7 de julio.
Las sociedades gestoras de Fondos de Titulización Hipotecaria podrán ampliar su objeto social y ámbito de actividades al efecto de poder administrar y representar Fondos de Titulización de Activos resultantes de la moratoria nuclear, pudiendo sustituir, a tal fin, su denominación legal actual por la de «Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización». Podrán, además, constituirse otras sociedades para la gestión de los fondos de titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear en los términos que reglamentariamente se determinen.
La amortización correspondiente a los activos afectos a los proyectos cuya construcción se paraliza definitivamente se realizará como máximo en el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición citada en: 7 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Disposición adicional novena Modificación de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Se modifica el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que queda redactado en los siguientes términos:
d) Llevar a cabo la inspección y control de las instalaciones nucleares y radiactivas durante su funcionamiento, con objeto de asegurar el cumplimiento de todas las normas y condicionamientos establecidos, tanto de tipo general como los particulares de cada instalación, con autoridad para suspender su funcionamiento por razones de seguridad. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear, iniciado un procedimiento sancionador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, emitirá, con carácter preceptivo, informe en el plazo de dos meses, para la adecuada calificación de los hechos objeto de procedimiento. Este informe se emitirá cuando dicha iniciación lo fuera a instancia de otro organismo, o en el supuesto de que habiéndose incoado como consecuencia de petición razonada del propio Consejo de Seguridad Nuclear, consten en dicho procedimiento otros datos además de los comunicados por dicho ente.
Se modifica el artículo 10 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, añadiendo los siguientes apartados:
3.m) Los servicios de inspección y control que sea necesario realizar para garantizar al máximo la explotación y funcionamiento adecuados, así como la seguridad de las instalaciones nucleares de fabricación de combustible y la fabricación adecuada del mismo.
5.m) Los servicios de inspección y control reseñados en el apartado m) del número 3 de este artículo quedarán gravados con la cuota única mensual resultante de aplicar el tipo del 0,8 por 100 al valor de la facturación por ventas de elementos combustibles fabricados en la instalación.
El tributo se devengará mensualmente y deberá autoliquidarse por el sujeto pasivo durante el mes siguiente a cada mes vencido.
Disposición adicional décima Comercialización.
El Gobierno, previo informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, teniendo en cuenta la evolución tecnológica, la regulación y experiencias de otros países, y el objetivo de conseguir la mejora en la calidad del servicio y atención a los usuarios, podrá regular la actividad de comercialización de energía eléctrica que estarán facultadas para desarrollar las sociedades que reúnan las características exigidas aunque no ejerzan la actividad de distribución. La comercialización consistirá en la venta a los usuarios y en las actuaciones relativas a la medición de consumos, facturación, cobro y demás aspectos relacionados con el uso final de la energía eléctrica.
La actividad de comercialización de energía eléctrica requerirá autorización administrativa previa. En ningún caso se entenderá concedida en régimen de monopolio ni concederá derechos exclusivos.
Los solicitantes deberán acreditar la suficiente capacidad legal, técnica y económica para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la autorización solicitada y reunirán los requisitos que reglamentariamente se determinen.
Será aplicable a las sociedades comercializadoras la regulación prevista en la presente Ley, en especial la del capítulo I del Título VIII, en lo que sea de aplicación a la naturaleza de actividad.
Disposición adicional undécima Sociedades cooperativas.
Disposición adicional duodécima Legislación especial en materia de energía nuclear.
Disposición adicional decimotercera Actualización de sanciones.
Disposición adicional decimocuarta Sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
A los efectos de los costes reconocidos a los sistemas insulares y extrapeninsulares, se establecerá la previsión anual de funcionamiento de las instalaciones de generación, de acuerdo con la demanda prevista, que será realizada por el Ministerio de Industria y Energía, con la participación de las Comunidades Autónomas competentes.
Las funciones atribuidas a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional en el artículo 8.1, séptima, serán desempeñadas con la participación de las Comunidades Autónomas en el caso de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares no interconectados al sistema peninsular.
Disposición adicional decimoquinta Deducción por inversiones.
Las inversiones en activos fijos materiales nuevos, a excepción de la inversión en terrenos, de las empresas que realicen actividades destinadas al suministro de energía eléctrica desarrolladas en el sistema integrado, y cuyo objetivo sea el de mejora medioambiental y el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito de suministro de la energía eléctrica, tendrán igual consideración que las previstas en el artículo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en aquello que le sea de aplicación.
El Ministerio de Industria y Energía, a través de la Dirección General de la Energía, será el órgano competente para informar las solicitudes de inversiones que se quieran acoger a los beneficios fiscales contemplados en el apartado 1 de esta disposición.
Disposición transitoria primera Aplicación de disposiciones anteriores.
Disposición transitoria segunda Efecto de autorizaciones anteriores.
Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley sean titulares de instalaciones autorizadas podrán continuar en el ejercicio de sus actividades dentro de los términos de la autorización. Estas autorizaciones se entenderán transferidas a las sociedades que deban constituirse en su momento de acuerdo con la disposición transitoria tercera.
Los expedientes de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior.
Disposición transitoria tercera Separación de actividades.
La exigencia de separación de actividades de generación y distribución mediante su ejercicio por sociedades mercantiles diferentes regulada en el artículo 14 de la presente Ley será de aplicación a las sociedades que en el momento de entrada en vigor de la Ley realicen actividades eléctricas de generación y distribución conjuntamente, cuando el Gobierno así lo disponga por Real Decreto, que deberá ser de aplicación antes del 31 de diciembre del 2000. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional emitirá un informe antes del 31 de diciembre de 1998 sobre los efectos que se puedan producir en las sociedades afectadas derivadas de circunstancias o compromisos existentes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley, así como sobre la incidencia de la separación jurídica en el tratamiento retributivo de las sociedades, proponiendo una fecha para su efectividad. En cualquier caso, entre la emisión del informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y la decisión del Gobierno por Real Decreto prevista, deberá mediar un
A las aportaciones de los activos afectos a las diferentes actividades eléctricas que se efectúen en cumplimiento de la exigencia de separación de actividades en esta Ley se les aplicará el régimen previsto para las aportaciones de ramas de actividad en la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, aun cuando se realicen con anterioridad al acuerdo del Gobierno referido en el apartado 1.
Hasta que de acuerdo con el apartado 1 de esta disposición se decida la exigencia de separación de actividades, las empresas eléctricas deberán proceder a separar contablemente sus actividades eléctricas.
La separación jurídica para que las empresas eléctricas realicen actividades en el régimen especial, en el sistema independiente, en otros sectores económicos o efectúen actuaciones eléctricas en el exterior, de acuerdo con el artículo 14 de la presente Ley, deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses.
Disposición transitoria cuarta Traspaso de funciones de OFICO.
Disposición transitoria quinta «Red Eléctrica de España, S. A.».
, continuará desempeñando la gestión de la explotación unificada en la forma desarrollada en el Título V.
Disposición transitoria sexta Beneficios de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre.
Disposición transitoria séptima Distribuidores no sujetos al Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre.
A la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán derogadas sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias:
Igualmente quedarán derogadas las disposiciones dictadas en desarrollo o ejecución de las anteriores y cualquier otra en cuanto se oponga a lo dispuesto en esta Ley.
La presente Ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ªde la Constitución. Tiene, asimismo, carácter básico, en lo que proceda, el desarrollo reglamentario de los Títulos o preceptos de esta Ley sobre disposiciones generales y planificación, ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, régimen económico, retributivo y tarifario y explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional
Se excluyen de este carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos, que serán regulados por la Administración competente, ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los preceptos del Título IX, relativos a expropiación forzosa y servidumbres, son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª y 18. de la Constitución.
Las instalaciones de competencia exclusiva del Estado a que se refiere el artículo 149.1.22.ª de la Constitución se regirán, en todos sus aspectos, por lo dispuesto en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo normativo y la ejecución sobre las instalaciones de producción, transporte y distribución de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en la normativa básica estatal.
Disposición final segunda Delegación del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico.
LEY 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto...
DECRETO 263/1986, de 18 de Noviembre, por el que se extiende la aplicación del Decreto 44/1986, de 25 de Febrero, a todo aquel personal que preste sus servicios, directa e indirectamente, al Cuerpo de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

References: Artículo 2

Artículo 3
 artículo 38

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 244

Artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 16

Artículo 7
 artículo 8

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9
 artículo 12

Artículo 10
 artículo 13

Artículo 11
 artículo 12

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 12

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 16
 artículo 46

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 23

Artículo 22
 resolución 

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 12

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 16

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 34
 artículo 14

Artículo 33
 artículo 8

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 34

Artículo 36
 artículo 32

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 19

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 62

Artículo 65
 resolución 
 artículo 2
 artículo 57
 artículo 55
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 94
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 26
 resolución 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 149
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