Source: https://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_es.htm
Timestamp: 2019-04-26 16:50:28+00:00

Document:
Parlamento Europeo: Procedimiento legislativo ordinario
#1Propuesta de la Comisión
La Comisión Europea presenta una propuesta legislativa al Parlamento Europeo.
Actores con derecho de iniciativa
Una cuarta parte de los Estados miembros
No hay un plazo definido para la presentación de las propuestas de la Comisión.
El Colegio de Comisarios adopta las propuestas de la Comisión mediante un procedimiento escrito (sin debate) o un procedimiento oral (con debate). Si se solicita una votación, la Comisión decide por mayoría simple.
Si usted considera que la UE debería iniciar un procedimiento legislativo, tiene varias opciones (…)
leer más: Commission proposal (ciudadanos)
El documento presentado por la Comisión es una propuesta de reglamento (o de directiva, o de decisión) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre [asunto].
El documento de referencia lleva un número con este formato: COM(año en cuatro dígitos) número en cuatro dígitos.
Durante la séptima legislatura (2009-2014) la Comisión presentó 584 propuestas para el procedimiento de codecisión o procedimiento legislativo ordinario, después de las 508 que presentó durante la sexta legislatura (2004-2009) y las 432 durante la quinta legislatura (1999-2004).
En la séptima legislatura, las propuestas para el procedimiento de codecisión o procedimiento legislativo ordinario sumaron el 89% del total de 658 propuestas legislativas de la Comisión, comparado con el 49% registrado en la sexta legislatura (de un total de 1.041 propuestas), 42% en la quinta legislatura (de un total de 1.028 propuestas) y un 21% en la cuarta legislatura (1994-1999).
La Comisión Europea prepara propuestas legislativas por iniciativa propia o a instancias de otras instituciones o países de la UE, o atendiendo a una iniciativa ciudadana, a (…)
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#2 Primera lectura en el Parlamento
En su primera lectura, el Parlamento Europeo examina la propuesta de la Comisión y puede aprobarla o enmendarla.
Para la primera lectura del Parlamento no hay límite de tiempo.
Las comisiones y el Pleno votan por mayoría simple de los votos emitidos.
Cuando se transmite la propuesta al Parlamento, el ponente y los ponentes alternativos (diputados habitualmente designados por cada uno de los grupos políticos para que sigan (…)
leer más: Primera lectura en el Parlamento (ciudadanos)
El Parlamento adopta una posición del Parlamento Europeo en primera lectura.
Durante la séptima legislatura (2009-2014), el 14% de las propuestas de codecisión o procedimiento legislativo ordinario fueron a la Comisión de Medio Ambiente, el 11% a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el 10% a la Comisión de Comercio Internacional, y el 10% a la comisión de Libertades Civiles.
En comparación, la distribución en la sexta legislatura (2004-2009) fue la siguiente: el 20% de los expedientes de codecisión se confiaron a la Comisión de Medio Ambiente; el 18,3%, a la Comisión de Asuntos Jurídicos; y el 11,4%, a la Comisión de Transportes.
El Presidente del Parlamento Europeo transmite la propuesta a una comisión parlamentaria; esta designa un ponente que se encarga de elaborar un proyecto de informe (…)
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#3 Primera lectura en el Consejo
En su primera lectura, el Consejo puede decidir aceptar la posición del Parlamento, en cuyo caso el acto legislativo se considera adoptado, o enmendarla y devolver la propuesta al Parlamento para una segunda lectura.
Para la primera lectura del Consejo no hay límite de tiempo.
El Consejo decide por mayoría cualificada, salvo cuando su posición difiere de la posición de la Comisión, en cuyo caso se requiere la unanimidad.
Infórmese de la posición que su Gobierno adopta ante la legislación propuesta y transmita sus comentarios e inquietudes a las autoridades nacionales competentes.
Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento sin modificaciones, el acto legislativo se considera adoptado y se publica como directiva (o reglamento, o decisión) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Si el Consejo propone modificaciones para la posición del Parlamento en primera lectura, el documento resultante es la posición del Consejo en primera lectura.
Durante la séptima legislatura, el 85% de los expedientes concluyeron en acuerdo en primera lectura (415 de 488), frente al 72% de la sexta legislatura (2004-2009) y el 29% de la quita legislatura (1999-2004).
La media del tiempo transcurrido entre la presentación de una propuesta de la Comisión y la firma subsiguiente a la adopción de un acto en primera lectura fue de 17 meses en la séptima legislatura, frente a los 16 meses registrados en la sexta legislatura y los 11 meses de la quinta legislatura.
El trabajo preparatorio en el Consejo se desarrolla paralelamente a la primera lectura del Parlamento, pero el Consejo solo puede efectuar oficialmente su primera lectura (…)
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Se adopta la propuesta legislativa La gran mayoría de propuestas se adopta en esta fase.
La propuesta legislativa pasa a la siguiente etapa
#4 Segunda lectura en el Parlamento
El Parlamento examina la posición del Consejo y la aprueba, en cuyo caso el acto se considera adoptado, o la rechaza, en cuyo caso el acto decae y el procedimiento concluye, o bien propone enmiendas y devuelve la propuesta al Consejo para una segunda lectura.
El Parlamento dispone de un plazo de tres meses (ampliable a cuatro) para efectuar una segunda lectura.
La comisión parlamentaria competente decide por mayoría simple de los votos emitidos.
El Pleno decide por mayoría simple de los votos emitidos si aprueba sin enmiendas la posición del Consejo en primera lectura. Las enmiendas o el rechazo de la posición del Consejo deben ser aprobados por mayoría absoluta de los diputados al Parlamento Europeo.
Las posibilidades de introducir modificaciones en el texto del proyecto son mínimas. Las enmiendas se limitan a restablecer anteriores enmiendas del Parlamento o a reflejar un compromiso entre el Parlamento y el Consejo o una nueva situación jurídica. No obstante, usted puede ponerse en contacto con sus eurodiputados y pedirles que voten a favor o en contra de cualesquiera enmiendas y del informe.
Si el Parlamento aprueba la posición del Consejo en primera lectura, adopta una resolución legislativa del Parlamento Europeo respecto de la posición del Consejo en primera lectura. El acto legislativo se considera adoptado y se publica como directiva (o reglamento, o decisión) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Si el Parlamento Europeo vota a favor de modificar la posición del Consejo, adopta la posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura.
En la séptima legislatura, 40 de los 488 expedientes del procedimiento legislativo ordinario (el 8%) concluyeron mediante lo que se conoce como acuerdo temprano en segunda lectura: el Parlamento aprueba sin modificaciones una posición del Consejo en primera lectura previamente negociada (entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión), lo que significa que el acto se considera adoptado. La duración media del procedimiento para los acuerdos tempranos en segunda lectura fue de 32 meses.
En la sexta legislatura (2004-2009), el 10% de los expedientes se cerró con acuerdos tempranos en segunda lectura; la media del tiempo necesario para ello fue de 25 meses. En la quinta legislatura, el 25% de los expedientes se adoptaron mediante acuerdos tempranos en segunda lectura, tras una media de 23 meses.
El Parlamento Europeo dispone de un plazo de tres meses (ampliable a cuatro) para examinar la posición del Consejo. Esta va primero a la comisión competente, que prepara (…)
Se adopta la propuesta legislativa
No se adopta la propuesta legislativa
#5 Segunda lectura en el Consejo
El Consejo examina la posición del Parlamento en segunda lectura y aprueba todas las enmiendas del Parlamento, lo que significa que el acto se considera adoptado, o bien no aprueba todas las enmiendas, lo que obliga a convocar al Comité de Conciliación.
El Consejo dispone de un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, para efectuar su segunda lectura.
El Consejo decide por mayoría cualificada sobre las enmiendas del Parlamento para las que la Comisión ha emitido un dictamen favorable, y decide por unanimidad sobre las enmiendas para las que la Comisión ha emitido un dictamen desfavorable.
El Consejo solo puede reaccionar a las enmiendas del Parlamento; usted puede comunicar al Gobierno de su país su posición personal acerca de las distintas enmiendas.
Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento en segunda lectura, el acto legislativo se considera adoptado y se publica como directiva (o reglamento, o decisión) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento en segunda lectura, no existe documento oficial.
Durante la séptima legislatura, el 5% del total de los expedientes de codecisión concluyeron en acuerdos en segunda lectura (excluidos los acuerdos tempranos en segunda lectura), frente al 13% en la sexta legislatura y al 24% en la quinta legislatura.
La duración media del procedimiento para expedientes adoptados en segunda lectura en la séptima legislatura (excluidos los acuerdos tempranos en segunda lectura) fue de 32 meses. La misma duración media registraron los expedientes adoptados en segunda lectura durante la sexta legislatura, frente a los 24 meses de la quinta legislatura.
El Consejo dispone de un plazo de tres meses (ampliable a cuatro) para examinar la posición del Parlamento en segunda lectura. Asimismo, está informado de la posición de (…)
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#6 Conciliación
El Comité de Conciliación, formado a partes iguales por diputados al PE y representantes del Consejo, trata de llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto. Si no lo consigue, el acto legislativo decae y el procedimiento concluye. Si se acuerda un texto conjunto, este se transmite al Parlamento Europeo y al Consejo para una tercera lectura.
El Comité de Conciliación debe ser convocado en un plazo de seis semanas (ampliable a ocho). Dispone de seis semanas (u ocho, si así se decide en común) para acordar un texto conjunto.
La delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación aprueba el texto conjunto por mayoría absoluta (como mínimo por 15 votos de los 28 actuales), mientras que los representantes del Consejo deciden, por lo general, por mayoría cualificada (aunque hay excepciones para las que se requiere la unanimidad).
No hay prácticamente posibilidad de proponer enmiendas, pero usted puede informar a los diputados que forman parte del Comité de Conciliación y al Gobierno de su país de los puntos que, a su juicio, no deberían incluirse en el acto legislativo definitivo.
Si se llega a un acuerdo, el Comité presenta un «texto conjunto», esto es, un texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación.
Durante la séptima legislatura, el 2% de los expedientes (9 expedientes) se tramitaron mediante conciliación, en comparación con el 5% de los expedientes (24 expedientes) en la sexta legislatura y el 20% en la quinta legislatura. Durante los últimos años, la norma ha sido una o dos conciliaciones al año.
El Comité de Conciliación no consiguió aprobar textos conjuntos sobre:
Telefonía vocal en 1994
Comité de valores mobiliarios en 1998
Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, en 2009
Reglamento sobre nuevos alimentos, en 2011
En un plazo de seis semanas (ampliable a ocho semanas) a partir de la negativa del Consejo a aprobar la posición del Parlamento en segunda lectura, los Presidentes del (…)
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#7a Tercera lectura en el Parlamento
El Parlamento Europeo examina el texto conjunto y lo vota en sesión plenaria. No puede cambiar la redacción del texto conjunto. Si lo rechaza o no se pronuncia sobre él, el acto se considera no adoptado y el procedimiento concluye. Si el Parlamento y el Consejo aprueban el texto conjunto, el acto se considera adoptado.
El Parlamento Europeo y el Consejo deben pronunciarse dentro de un plazo de seis semanas (o de ocho, si ambos lo acuerdan así) a partir de la fecha de aprobación del texto conjunto.
El Parlamento aprueba el texto conjunto por mayoría simple de los votos emitidos. El Consejo lo aprueba por mayoría cualificada.
El texto no puede ser modificado. Usted puede pedir a sus diputados al PE o al Gobierno de su país que aprueben o rechacen el texto conjunto.
El Parlamento Europeo adopta una resolución legislativa sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación en la que aprueba o rechaza el texto conjunto.
El Consejo no emite ningún documento oficial.
Si el texto conjunto es aprobado, el acto legislativo se considera adoptado y se publica como directiva (o reglamento, o decisión) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Hasta la fecha, el Parlamento ha rechazado tres textos conjuntos:
Protección de las invenciones biotecnológicas, en 1995
Ofertas públicas de adquisición, en 2001
Servicios postales, en 2003
El Consejo no ha rechazado nunca un texto conjunto.
La media del tiempo necesario para que los expedientes superen la fase de conciliación, desde la propuesta de la Comisión hasta la firma, fue de 43,9 meses en la sexta legislatura, en comparación con los 31,9 meses de la quinta. El procedimiento más breve de la sexta legislatura duró 28,8 meses; el más largo, 159,4 meses.
El texto conjunto se transmite simultáneamente al Parlamento y al Consejo, para su aprobación. El orden en el que deban decidir los colegisladores no está fijado de manera (…)
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#7b Tercera lectura en el Consejo
El Consejo examina el texto conjunto. No puede cambiar su redacción. Si lo rechaza o no se pronuncia sobre él, el acto decae y el procedimiento concluye. Si aprueba el texto y el Parlamento lo aprueba también, el acto se considera adoptado.
La media de tiempo necesario para que los expedientes superen la fase de conciliación, desde la propuesta de la Comisión hasta la firma, fue de 29 meses en la séptima legislatura (2009-2014), en comparación con los 43 meses de la sexta legislatura y los 31 meses de la quinta.
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Propuestas adoptadas
Una vez aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el texto definitivo de una propuesta legislativa, este es firmado conjuntamente por los Presidentes y Secretarios Generales de ambas instituciones. Una vez firmados, los textos se publican en el Diario Oficial y adquieren carácter oficial.
Los reglamentos son directamente vinculantes en toda la UE a partir de la fecha fijada en el Diario Oficial.
Las directivas indican los resultados que deben conseguirse en cada uno de los Estados miembros, pero deja a la discreción de los gobiernos nacionales la decisión sobre cómo adaptar sus legislaciones para ello. En cada directiva se especifica la fecha en que deben adaptarse las leyes nacionales.
Las decisiones se aplican en casos específicos que afectan a autoridades o personas determinadas y son plenamente vinculantes.
Propuestas no adoptadas
Si una propuesta legislativa es rechazada en alguna fase del procedimiento, o si el Parlamento y el Consejo no alcanzan un compromiso acerca de ella, la propuesta se considera no adoptada y el procedimiento concluye. Solo puede iniciarse un nuevo procedimiento con una nueva propuesta de la Comisión.
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#1 Propuesta de la Comisión:
Si usted considera que la UE debería iniciar un procedimiento legislativo, tiene varias opciones:
lanzar una iniciativa ciudadana: si en el plazo de un año recoge usted un mínimo de un millón de firmas de ciudadanos de un mínimo de siete Estados miembros de la UE, puede solicitar a la Comisión Europea que actúe en un ámbito que sea de su competencia. Para más información sobre la iniciativa ciudadana, consulte
ejercer influencia en su eurodiputado, que podrá
iniciar el procedimiento con arreglo al cual el Parlamento pide a la Comisión que proponga normas legislativas. Esto solo es posible cuando el Parlamento considera que se requiere legislación comunitaria para ayudar a aplicar los Tratados. Si la Comisión se niega a presentar una propuesta, debe explicar los motivos su decisión;
pedir a una comisión parlamentaria que elabore un informe de propia iniciativa que, una vez aprobado por el Parlamento, y a pesar de no ser vinculante, pueda ejercer presión en la Comisión para que esta presente nuevas propuestas;
dirigir una pregunta a la Comisión que pueda servirle de base para examinar la conveniencia de elaborar legislación. Para más detalles sobre las preguntas, consulte
emitir una declaración por escrito que, si la firman más de la mitad de los diputados al Parlamento Europeo, se envía a la Comisión con una solicitud de acción. Para más detalles sobre las declaraciones por escrito, vea
presentar una petición al Parlamento Europeo. Para más detalles sobre las peticiones, consulte
Una vez ha comenzado la Comisión a preparar o revisar textos legislativos, suele iniciar una consulta pública que permite a los interesados y a los expertos expresar sus puntos de vista. Para más detalles sobre las consultas públicas, vea
#2 Primera lectura en el Parlamento Europeo:
Cuando se transmite la propuesta al Parlamento, el ponente y los ponentes alternativos (diputados habitualmente designados por cada uno de los grupos políticos para que sigan un procedimiento) suelen empezar recogiendo las opiniones de las partes interesadas. Usted puede enviar su opinión a cualquiera de ellos, a cualquier otro miembro de la comisión parlamentaria o a cualquier diputado al Parlamento Europeo.
En la fase de comisión, las enmiendas pueden ser presentadas por cualquier diputado, pero las enmiendas que habrán de votarse en sesión plenaria deben ser presentadas por la comisión competente, un grupo político o un mínimo de cuarenta diputados.
En ocasiones, las comisiones organizan audiencias públicas en las que usted tiene la posibilidad de participar.
Las reuniones de comisión y las sesiones plenarias se transmiten en directo por webstreaming. Puede usted seguirlas en EPTV
Usted puede aconsejar a su diputado en relación con las enmiendas presentadas que considere ventajosas o desventajosas.
Primera lectura en el Parlamento
Primera lectura en el Consejo
Segunda lectura en el Parlamento
Segunda lectura en el Consejo
Tercera lectura en el Parlamento Europeo y en el Consejo
#1 Propuesta de la Comisión
La Comisión Europea prepara propuestas legislativas por iniciativa propia o a instancias de otras instituciones o países de la UE, o atendiendo a una iniciativa ciudadana, a menudo después de consultas públicas. La propuesta definitiva se transmite simultáneamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Parlamentos nacionales y, en algunos casos, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
El procedimiento ordinario se inicia con la presentación de una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo.
El procedimiento legislativo ordinario se aplica actualmente en 85 ámbitos políticos que abarcan la mayor parte de los ámbitos de competencia de la UE.
El «derecho de iniciativa» pertenece a la Comisión Europea, responsable de la presentación de la mayor parte de las propuestas legislativas. No obstante, el Parlamento y el Consejo pueden pedirle que presente propuestas, y en unos pocos casos muy determinados otras instituciones pueden también presentar propuestas.
El Parlamento, por mayoría de los miembros que lo componen, puede pedir a la Comisión que presente una propuesta si el Parlamento considera que se requieren normas legislativas comunitarias para una mejor aplicación de los Tratados. Si la Comisión se niega a presentar una propuesta, debe justificar los motivos de su negativa.
El Consejo, actuando por mayoría simple, puede pedir a la Comisión que emprenda los estudios que los ministros consideren necesarios para alcanzar objetivos comunes y que le presente propuestas adecuadas.
En las siguientes circunstancias muy concretas, los Tratados permiten que se inicie un procedimiento legislativo ordinario:
por iniciativa de una cuarta parte de los Estados miembros (cooperación judicial en materia penal, cooperación policial);
por recomendación del Banco Central Europeo (determinados artículos del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo);
a petición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (creación de tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de conocer y determinar en primera instancia determinadas clases de recursos interpuestos en materias específicas, determinadas disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea);
a petición del Banco Europeo de Inversiones.
Las propuestas de la Comisión también pueden obedecer a una Iniciativa Ciudadana Europea.
La propuesta de la Comisión es resultado de un extenso proceso de consultas que puede desarrollarse de distintas maneras (evaluación de impacto obligatoria, informes de expertos, consultas con expertos nacionales, organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales, consultas a través de Libros blancos y Libros verdes, etc.).
También se inicia un proceso de consultas entre distintos departamentos de la Comisión para garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos del asunto de que se trate (consultas interservicios).
La propuesta de la Comisión es adoptada habitualmente por el Colegio de Comisarios sobre la base de un procedimiento escrito (sin debates entre Comisarios) o bien de un procedimiento oral (el Colegio de Comisarios debate el expediente), y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La Comisión presenta su propuesta legislativa (normalmente para un reglamento, una directiva o una decisión) al Parlamento Europeo y al Consejo, pero también a todos los Parlamentos nacionales de la UE y, cuando procede, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
El cometido de los Parlamentos nacionales
Con arreglo al Protocolo nº 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales y al Protocolo nº 2 sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incluidos en el Tratado de la Unión Europea, los Parlamentos nacionales disponen de un plazo de ocho semanas para emitir un dictamen motivado si consideran que el proyecto legislativo no se ajusta al principio de subsidiariedad. Cada Parlamento nacional tiene dos votos. En los sistemas parlamentarios bicamerales, cada una de las dos cámaras tiene un voto.
Si una tercera parte, como mínimo, de los Parlamentos nacionales consideran que el proyecto legislativo no se ajusta al principio de subsidiariedad, este debe ser revisado («tarjeta amarilla»). El umbral baja a una cuarta parte para los proyectos de propuesta legislativa presentados sobre la base del artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (cooperación judicial en materia penal y cooperación policial). Después de la revisión de «tarjeta amarilla», la institución impulsora (habitualmente la Comisión) puede decidir mantener, modificar o retirar el proyecto legislativo.
Además, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, si una mayoría simple de los Parlamentos nacionales considera que el proyecto no cumple el principio de subsidiariedad, dicho proyecto debe ser revisado por la Comisión («tarjeta naranja»). Una vez revisado el proyecto, la Comisión puede tomar la decisión de mantenerlo, modificarlo o retirarlo. Si la Comisión decide mantener el proyecto, debe justificar su postura. El Parlamento Europeo y el Consejo deben examinar, entonces, antes de concluir la primera lectura, si la propuesta es compatible con el principio de subsidiariedad. Si el Parlamento (por mayoría simple de la cámara) o el Consejo (por mayoría del 55 % de sus miembros) consideran que el proyecto no cumple el principio de subsidiariedad, el proyecto se abandona.
Dictámenes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social
Cuando el Consejo lo considera procedente, la Comisión y el Consejo deben consultar al Comité Económico y Social (CES) y al Comité de las Regiones (CoR) sobre determinados asuntos. Así, por ejemplo, el CES debe expresar su parecer sobre cuestiones de política económica y social y el CoR debe ser consultado en materia de medio ambiente, educación y transportes. El Consejo y la Comisión pueden fijar un plazo para la presentación de los dictámenes. El Parlamento Europeo también tiene la opción de consultar a los dos Comités. Además, estos pueden emitir dictámenes por iniciativa propia.
El Presidente del Parlamento Europeo transmite la propuesta a una comisión parlamentaria; esta designa un ponente que se encarga de elaborar un proyecto de informe que contiene enmiendas al texto propuesto. La comisión vota este informe y las enmiendas al mismo que hayan presentado otros diputados. A continuación, el Parlamento Europeo examina y vota la propuesta legislativa en sesión plenaria, basándose en el informe y las enmiendas de la comisión parlamentaria. El resultado constituye la posición del Parlamento. El Parlamento puede aceptar la propuesta sin cambios o introducir modificaciones. En casos excepcionales, el Presidente puede pedir a la Comisión Europea que retire su propuesta. La posición del Parlamento en primera lectura se transmite al Consejo.
Cuando una propuesta legislativa de la Comisión Europea llega al Parlamento Europeo, el Presidente, después de consultar con los servicios técnicos, la transmite a la comisión competente.
La elección de la comisión competente depende del asunto del que trate la propuesta.
Puede ofrecerse a otras comisiones la posibilidad de expresar su opinión en caso de que el asunto les concierna.
En caso de conflicto de competencias (por ejemplo, cuando un asunto recae casi por igual en los ámbitos de competencias de dos o más comisiones), la Conferencia de Presidentes decide acerca del procedimiento sobre la base de una recomendación de la Conferencia de Presidentes de Comisión.
Los desacuerdos sobre competencias pueden resolverse mediante procedimientos en los que intervienen comisiones asociadas o mediante reuniones y votaciones conjuntas de comisiones.
Una comisión asociada trabaja sobre la propuesta al mismo tiempo que la comisión competente y con arreglo a un calendario acordado por ambas. Los ponentes de una y otra comisión determinan las partes del texto que son competencia exclusiva o conjunta y acuerdan con exactitud la forma en que cooperarán. Los ponentes se mantienen mutuamente informados del curso de los trabajos y deben acordar conjuntamente los textos que propondrán a sus respectivas comisiones, así como sus posiciones en lo relativo a las enmiendas. La comisión competente debe aceptar, sin votarlas, las enmiendas de una comisión asociada relativas a asuntos que sean competencia exclusiva de esta última.
En caso de desacuerdo en materia de competencias entre una comisión competente y una comisión asociada, la Conferencia de Presidentes puede dictaminar qué competencia corresponde a qué comisión o bien optar por una reunión conjunta de comisiones si el asunto es competencia de las dos por igual.
En el caso de que se convoque una reunión conjunta de comisiones, los ponentes interesados elaboran un único proyecto de informe que es examinado y votado por las comisiones participantes en una reunión presidida por ambas conjuntamente.
La comisión parlamentaria competente verifica en primer lugar el fundamento jurídico de la propuesta; puede solicitar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que también puede decidir verificar dicho fundamento jurídico por iniciativa propia.
Si la propuesta tiene repercusiones financieras, la comisión competente debe verificar asimismo que es compatible con el marco financiero plurianual, es decir, debe cerciorarse de que se dispone de recursos financieros suficientes. La comisión responsable de los asuntos presupuestarios también puede comprobar este extremo por iniciativa propia.
La comisión competente, un grupo político o un mínimo de cuarenta diputados pueden poner objeciones a la propuesta si consideran que esta, en su totalidad o en determinadas partes, no respeta los derechos consagrados en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la UE.
Una vez designada competente una comisión determinada, esta designa un ponente seleccionándolo entre sus miembros. En la práctica, los coordinadores que representan a los grupos políticos deciden qué grupo se ocupará del informe; este grupo propone un ponente seleccionado de entre sus miembros titulares o suplentes permanentes.
Los ponentes pueden ser escogidos de antemano sobre la base del programa legislativo anual de la Comisión Europea, lo que les permite seguir la marcha de la propuesta durante la fase de preparación, antes de que sea presentada al Parlamento.
Otros grupos políticos pueden designar un ponente alternativo que se encarga de preparar la posición del grupo y hacer un seguimiento de la tarea del ponente.
El ponente conduce la propuesta a través de las diversas fases del procedimiento, aconsejando e informando acerca del planteamiento general de la misma a la comisión parlamentaria (durante el examen de la propuesta en la fase de comisión) y al Parlamento en su conjunto (en la fase de examen en sesión plenaria).
El ponente tiene la responsabilidad de presentar a la comisión parlamentaria un proyecto de informe que incluirá sus enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea.
La comisión parlamentaria se reúne en varias ocasiones, por regla general, para examinar el proyecto de informe.
En el caso de expedientes controvertidos o «técnicos», no es infrecuente organizar audiencias con expertos o encargar estudios o evaluaciones de impacto.
Durante los debates en comisión, la Comisión Europea puede defender su propuesta y responder a preguntas de los miembros de la comisión parlamentaria.
Dado que el Consejo recibe la propuesta de la Comisión y empieza su examen al mismo tiempo que el Parlamento, la comisión parlamentaria pide habitualmente a la Comisión y al Consejo que le tengan al corriente de la marcha de la propuesta en el Consejo y sus grupos de trabajo.
Las comisiones asociadas y las comisiones consultadas para opinión transmiten sus opiniones sobre la propuesta a la comisión competente para el fondo.
Todos los diputados al PE pueden presentar enmiendas a la propuesta dentro del plazo fijado por la comisión competente. Todas las enmiendas se someten a votación en esta comisión, que decide por mayoría simple.
Antes de celebrar la votación final sobre la propuesta de acto legislativo, la comisión competente solicita a la Comisión Europea que dé a conocer su posición sobre todas las enmiendas aprobadas en comisión y solicita al Consejo que formule observaciones al respecto. Si la Comisión Europea no está en condiciones de atender a tal solicitud o no está dispuesta a aceptar todas las enmiendas aprobadas en comisión, la comisión parlamentaria puede aplazar la votación final.
Una vez aprobado en comisión, el informe se incluye en el orden del día de la sesión plenaria.
Un grupo político o un mínimo de cuarenta diputados pueden presentar enmiendas al informe y someterlas a votación en sesión plenaria. Por regla general, el plazo para la presentación de nuevas enmiendas expira a mediodía del miércoles anterior a la semana de sesiones.
El Pleno debate la propuesta legislativa basándose en el informe elaborado por la comisión competente y que incluye las enmiendas propuestas, un proyecto de resolución legislativa y, si procede, una exposición de motivos redactada por el ponente.
Durante el debate en sesión plenaria que precede a la votación, el Comisario que asiste al debate presenta y explica la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas presentadas. La posición de la Comisión sobre las enmiendas del PE la prepara la Dirección General encargada del expediente y la aprueba el Colegio de Comisarios. En la práctica, la prepara el Grupo de Relaciones Interinstitucionales (GRI), compuesto por miembros de los servicios de la Comisión responsables de las relaciones interinstitucionales, y la ratifica a continuación el Colegio de Comisarios.
El Parlamento vota en primer lugar las enmiendas a la propuesta de la Comisión. Después vota la propuesta, en su caso modificada, y a continuación las enmiendas al proyecto de resolución legislativa. Por último, el Parlamento vota el conjunto del proyecto de resolución legislativa. La resolución legislativa contiene únicamente una declaración en la que se indica si el Parlamento aprueba la propuesta, la rechaza o la modifica.
Todas las votaciones mencionadas arriba se deciden por mayoría simple, es decir, por mayoría de los votos emitidos.
Si el Parlamento no adopta la resolución legislativa, la propuesta se devuelve a la comisión competente.
a. rechazar el conjunto de la propuesta
b. aprobar la propuesta sin enmiendas
c. aprobarla con enmiendas
Si la propuesta de la Comisión, en su versión modificada, no consigue la mayoría de los votos emitidos, o si se aprueba una propuesta de rechazo de la misma que pueden presentar la comisión competente o un mínimo de cuarenta diputados, el Presidente del Parlamento suspende la votación sobre la resolución legislativa (que normalmente tiene lugar a continuación de la votación definitiva de la propuesta en su versión modificada) y pide a la Comisión que retire su propuesta. Si la Comisión se niega a hacerlo, el asunto se devuelve a la comisión parlamentaria.
Si la propuesta de la Comisión se aprueba en su conjunto, pero con introducción de enmiendas, la votación sobre el proyecto de resolución legislativa se aplaza hasta que la Comisión haya manifestado su posición con respecto a cada una de las enmiendas. Si la Comisión no está en condiciones de manifestar dicha posición al final de la votación del Parlamento sobre su propuesta, comunica al presidente de la comisión parlamentaria competente cuándo espera poder hacerlo; la propuesta se incluye entonces en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones siguiente a esa fecha.
Si la Comisión declara que no acepta todas las enmiendas del Parlamento, el ponente o el presidente de la comisión competente hacen una propuesta formal al Parlamento sobre la oportunidad de votar el proyecto de resolución legislativa. Antes de hacer dicha propuesta, pueden pedir al Presidente que suspenda las deliberaciones. Si el Parlamento decide aplazar la votación, el asunto se devuelve para nuevo examen a la comisión competente. En la nueva fase solamente se admiten las enmiendas de la comisión competente cuyo objeto sea lograr un compromiso con la Comisión.
El Presidente transmite el texto de la propuesta, en la versión aprobada por el Parlamento, y la resolución que lo acompaña al Consejo y a la Comisión, como posición del Parlamento.
Una vez concluida la primera lectura del Parlamento, la Comisión puede adoptar una «propuesta modificada» que incorpora enmiendas del Parlamento.
En el Tratado no está previsto ningún límite de tiempo para la primera lectura del Parlamento.
NB: Desde que entró en vigor el Tratado de Ámsterdam es posible concluir un procedimiento legislativo ordinario en primera lectura. En los últimos años se ha observado una tendencia cada vez más marcada hacia los acuerdos en primera lectura.
El trabajo preparatorio en el Consejo se desarrolla paralelamente a la primera lectura del Parlamento, pero el Consejo solo puede efectuar oficialmente su primera lectura basándose en la posición del Parlamento. El Consejo puede (1) aceptar la posición del PE, en cuyo caso el acto legislativo se considera adoptado, o (2) introducir modificaciones en la posición del Parlamento, lo que da lugar a la posición del Consejo en primera lectura, que se transmite al Parlamento para una segunda lectura.
La propuesta de la Comisión se envía al Consejo al mismo tiempo que es remitida al Parlamento Europeo.
Por tanto, los trabajos preparatorios en el Consejo se desarrollan en paralelo a los del Parlamento Europeo, pero el Consejo no puede adoptar su posición hasta que el Parlamento se haya pronunciado.
Se recomienda que las instituciones intercambien información sobre los progresos y el calendario de las negociaciones en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
Al igual que el Parlamento, el Consejo no está sujeto a un plazo para efectuar su primera lectura.
Las decisiones del Consejo se preparan en grupos de trabajo específicos compuestos por representantes de los Estados miembros y presididos por el representante del país que ejerza la presidencia rotatoria semestral. Estos grupos de trabajo están asistidos por la Secretaría del Consejo. Informan al Comité de Representantes Permanentes (Coreper, partes primera o segunda), que, a su vez, prepara todas las decisiones del Consejo adoptadas a nivel ministerial.
Antes de adoptar su decisión en primera lectura, el Consejo tiene a su disposición dos pasos intermedios:
El Consejo puede llegar a un acuerdo de principio (al que suele denominarse orientación general) antes de que el Parlamento Europeo adopte su posición. Sucede en pocas ocasiones, principalmente cuando existe un fuerte deseo de alcanzar un acuerdo en primera lectura.
Más a menudo el Consejo llega primero a un «acuerdo político» en el que se establecen las líneas generales de su posición en primera lectura. La versión detallada de este acuerdo se ultima en el grupo de trabajo, es verificada por los juristas-lingüistas (juristas de todas las lenguas que verifican la corrección jurídica y lingüística de los textos) y el Consejo la adopta como posición en primera lectura en una reunión posterior.
En ambos casos, el Consejo no ultima su posición hasta recibir las enmiendas en primera lectura del Parlamento y la correspondiente propuesta modificada de la Comisión.
La posición en primera lectura se puede adoptar sin debate cuando se ha alcanzado un acuerdo en la fase preparatoria (punto «A» del orden del día) o con debate (punto «B») o, excepcionalmente, mediante procedimiento escrito. En los dos primeros supuestos, las deliberaciones son públicas.
El Consejo decide por mayoría cualificada, salvo en asuntos de fiscalidad, seguridad social, política extranjera, defensa y cooperación policial operativa, en los que es necesaria la unanimidad.
La primera lectura del Consejo puede encontrarse en una de estas cuatro situaciones:
Si el Parlamento no ha aprobado enmiendas y el Consejo no desea modificar la propuesta de la Comisión, puede aprobar el acto por mayoría cualificada. En ese caso, el acto se considera adoptado.
Si el Parlamento ha aprobado enmiendas, la adopción del acto depende de que el Consejo apruebe todas las enmiendas por mayoría cualificada cuando la Comisión las haya incorporado a su propuesta modificada o, por unanimidad, si no ha sido así. Si el Consejo aprueba todas las enmiendas del Parlamento, el acto se considera adoptado.
Tras la adopción del acto, este se presenta a la firma de los Presidentes y los Secretarios Generales del Parlamento y del Consejo, y se publica en el Diario Oficial.
Aunque no se contemple expresamente en el Tratado, se suele admitir que el Consejo, por mayoría cualificada, puede rechazar la propuesta de la Comisión en su totalidad.
Durante la primera lectura, la Comisión puede decidir en cualquier momento retirar o modificar su propuesta.
Si el Consejo no adopta todas las enmiendas del Parlamento o desea introducir sus propias modificaciones, adopta su posición en primera lectura.
El texto de la posición en primera lectura se envía al Parlamento, acompañado de una exposición de motivos y las declaraciones del Consejo o la Comisión que consten en las actas del Consejo. La Comisión informa al Parlamento de su posición.
La posición del Consejo en primera lectura se suele notificar al Parlamento en el pleno siguiente a su adopción formal. Los plazos establecidos por el Tratado para las siguientes etapas del procedimiento comienzan a correr a partir de la fecha en que el Parlamento acusa recepción de la posición del Consejo en primera lectura en el Pleno (el día siguiente al anuncio, que suele tener lugar en martes).
Cuando resulta posible, suelen producirse contactos informales en el período que media entre el acuerdo político y la notificación formal de la posición del Consejo en primera lectura, con el fin de facilitar un acuerdo temprano en segunda lectura (algo que también se conoce como «posición negociada en primera lectura»).
NB: Si los colegisladores pretenden llegar a un acuerdo en primera lectura, suelen organizarse reuniones informales en las que participan representantes del Parlamento (el ponente y, en su caso, los ponentes alternativos), el Consejo (presidente del grupo de trabajo y/o Coreper), y la Comisión (departamento responsable del expediente y la Secretaría General de la Comisión), el llamado diálogo tripartito o «triálogo».
El objetivo es garantizar que las enmiendas del Parlamento aprobadas en el Pleno sean aceptables para el Consejo. La Comisión suele desempeñar las funciones de mediación y redacción en estos textos de transacción.
El Parlamento Europeo dispone de un plazo de tres meses (ampliable a cuatro) para examinar la posición del Consejo. Esta va primero a la comisión competente, que prepara una recomendación para la segunda lectura del Parlamento. El Pleno vota la recomendación, incluidas posibles enmiendas (posibles, pero sujetas a restricciones). La segunda lectura tiene cuatro posibles desenlaces: (1) el Parlamento aprueba la posición del Consejo y el acto se considera adoptado; (2) el Parlamento no llega a una decisión dentro del plazo preceptivo, en cuyo caso se considera adoptado el acto con las modificaciones introducidas por el Consejo en su primera lectura; (3) el Parlamento rechaza la posición del Consejo en primera lectura, en cuyo caso el acto no se considera adoptado y el procedimiento concluye; (4) el Parlamento propone enmiendas a la posición del Consejo en primera lectura y transmite su posición al Consejo para una segunda lectura.
Si no está de acuerdo con la posición del Parlamento en primera lectura, el Consejo adopta su posición en primera lectura, que se remite al Parlamento. El Parlamento también recibe una comunicación de la Comisión en la que expone su postura acerca de la posición del Consejo y los motivos por los que la apoya o se opone a ella.
La documentación recibida por el Parlamento consta de:
la posición del Consejo en primera lectura;
todas las declaraciones realizadas en las actas del Consejo cuando se adoptó la posición;
los motivos que han llevado al Consejo a adoptar su posición;
la posición de la Comisión.
Tras recibir y verificar la documentación, el Presidente efectúa un anuncio en el Pleno, acusando recibo de la posición del Consejo en primera lectura y de la correspondiente comunicación de la Comisión. El expediente se transmite inmediatamente a la comisión parlamentaria competente, la misma que para la primera lectura. Los documentos están disponibles en todas las lenguas oficiales.
La segunda lectura, a diferencia de la primera, está sujeta a plazos estrictos. El Parlamento debe pronunciarse en 3 meses (el PE o el Consejo pueden solicitar que se amplíen a 4 meses). Mientras el Parlamento considera que el plazo empieza a correr con el anuncio de la posición del Consejo en primera lectura en el Pleno, el Consejo considera que el plazo empieza en la fecha de recepción de la posición del Consejo en primera lectura; en principio, el lunes de la semana de Pleno.
En la comisión parlamentaria, el procedimiento de la segunda lectura es muy similar al procedimiento de la primera lectura, pero el texto que se enmienda es la posición del Consejo en primera lectura, en vez de la propuesta de la Comisión. La comisión parlamentaria competente prepara un informe y no hay opiniones de otras comisiones.
Cabe la posibilidad de invitar al Consejo a que exponga su posición en la primera reunión de la comisión parlamentaria competente.
El ponente (normalmente el mismo diputado que redactó el informe en primera lectura) elabora un proyecto de recomendación, es decir, un informe en segunda lectura.
El proyecto de recomendación incluye enmiendas propuestas por el ponente. Solo pueden presentar enmiendas los miembros titulares o suplentes de la comisión parlamentaria competente.
Existen restricciones a las enmiendas en segunda lectura en comisión y en el Pleno. Solo se admitirán si pretenden:
volver total o parcialmente a la posición del Parlamento en primera lectura;
lograr un compromiso entre el Consejo y el Parlamento;
modificar una parte del texto de la posición del Consejo no incluida en la propuesta inicial de la Comisión o cuyo contenido sea distinto al de la misma;
tener en cuenta un hecho nuevo o una situación jurídica nueva surgidos después de la primera lectura.
El presidente de la comisión parlamentaria competente decide qué enmiendas son admisibles.
Si después de la primera lectura se han celebrado elecciones al PE, el Presidente puede decidir dejar sin efecto las restricciones.
Antes de la votación, la comisión parlamentaria puede solicitar a su presidente y al ponente que las enmiendas sean debatidas ante un representante del Consejo y el Comisario responsable. Tras el debate, el ponente puede presentar enmiendas de transacción.
La comisión parlamentaria decide sobre las enmiendas y la recomendación para la segunda lectura por mayoría simple.
Tras la votación en la comisión parlamentaria, la recomendación pasa al Pleno.
La recomendación puede proponer la aprobación, la modificación o el rechazo de la posición del Consejo en primera lectura e incluye una breve justificación de la decisión propuesta.
La posición del Consejo y la recomendación de la comisión parlamentaria para la segunda lectura se incluyen automáticamente en el proyecto de orden del día del miércoles anterior al final del plazo para la segunda lectura del Parlamento, pero pueden ser tratadas en un Pleno anterior.
Pueden presentar enmiendas para el Pleno la comisión parlamentaria competente, los grupos políticos o un mínimo de cuarenta diputados.
En el Pleno se aplican las mismas restricciones que en la fase de comisión. El Presidente del Parlamento decide qué enmiendas de las presentadas para el Pleno son admisibles y su decisión es definitiva.
Antes de votarse las enmiendas en el Pleno, el Presidente puede pedir a la Comisión que señale si está dispuesta a aceptarlas.
En ese caso, el Comisario responsable expone la posición de la Comisión sobre las enmiendas durante el debate en el Pleno previo a la votación. Al igual que en la primera lectura, el Grupo de Relaciones Interinstitucionales prepara la posición de la Comisión, que es ratificada posteriormente por los miembros de la Comisión.
También se puede invitar al Consejo a que presente sus observaciones.
La segunda lectura puede terminar con los siguientes resultados:
con el rechazo de la posición del Consejo en primera lectura;
sin votación del Parlamento dentro del plazo;
con la aprobación de la posición del Consejo en primera lectura sin enmiendas (acuerdo temprano en segunda lectura);
con la propuesta de enmiendas del Parlamento a la posición del Consejo en primera lectura.
La comisión parlamentaria competente, los grupos políticos o un mínimo de cuarenta diputados pueden proponer el rechazo de la posición del Consejo. La propuesta debe ser aprobada por la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, es decir, por mayoría absoluta. Si se presenta una propuesta en este sentido, se votará antes que las enmiendas.
El rechazo de la posición del Consejo en primera lectura pone fin al procedimiento legislativo: solo podrá reiniciarse con una nueva propuesta de la Comisión. A fecha de enero de 2015, esto solo ha sucedido en una ocasión: en julio de 2005 respecto de la Directiva sobre patentes de software (Directiva relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador). La posición del Consejo fue rechazada por una mayoría abrumadora de diputados (648 votos contra 14 y 18 abstenciones), lo que dejó sin vida a la propuesta. Este caso suscitó la cuestión de si la Comisión puede retirar una propuesta que ha pasado el trámite de la primera lectura. Aunque la Comisión defiende su derecho a retirar una propuesta en cualquier momento, el Parlamento y el Consejo consideran que una vez que el Consejo ha adoptado su posición en primera lectura, la base para el resto del procedimiento ya no es la propuesta de la Comisión sino la posición del Consejo, y, por tanto, la Comisión no puede retirar un texto del que ya no es «propietaria».
Si el Parlamento no adopta una decisión dentro de plazo, se considera que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición del Consejo en primera lectura.
Si el Parlamento aprueba sin enmiendas la posición del Consejo en primera lectura, se requiere una mayoría simple de los diputados que participan en la votación.
Por último, el Parlamento puede proponer enmiendas a la posición del Consejo en primera lectura. Las enmiendas deben cumplir los criterios para la segunda lectura y cada una de ellas debe ser aprobada por mayoría absoluta de los diputados que integran el Parlamento.
El resultado de la votación se notifica al Consejo y a la Comisión.
El Tratado exige específicamente a la Comisión que emita un dictamen escrito sobre las enmiendas del Parlamento que determina la mayoría necesaria en el Consejo: si, por ejemplo, el Consejo desea adoptar una enmienda del Parlamento que ha sido objeto de un dictamen desfavorable de la Comisión, es necesaria la unanimidad.
El Consejo dispone de un plazo de tres meses (ampliable a cuatro) para examinar la posición del Parlamento en segunda lectura. Asimismo, está informado de la posición de la Comisión Europea respecto de las enmiendas del Parlamento en segunda lectura. El Consejo (1) aprueba todas las enmiendas del Parlamento, en cuyo caso el acto legislativo se considera adoptado, o bien (2) no aprueba todas las enmiendas. En tal caso, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del Parlamento, convoca una reunión del Comité de Conciliación.
El plazo del Consejo para la segunda lectura comienza a correr con la recepción oficial de las enmiendas del Parlamento Europeo en segunda lectura en todas las lenguas oficiales.
El Consejo dispone entonces de tres meses (o, en algunos casos, de cuatro) para pronunciarse.
El Consejo puede aceptar o rechazar las enmiendas del Parlamento. Antes de decidir, el Consejo recibe el dictamen de la Comisión sobre ellas.
El procedimiento es similar al de preparación de la posición del Consejo en primera lectura: el grupo de trabajo competente prepara una posición que se traslada al Coreper y es aprobada por el Consejo.
Con el fin de que las negociaciones lleguen a buen puerto, el Parlamento y el Consejo entablan negociaciones en segunda lectura cuando la propuesta se encuentra en el Parlamento, en especial cuando parece posible un acuerdo en segunda lectura.
Estos contactos informales pueden consistir en reuniones bilaterales entre los representantes del Parlamento y la Presidencia del Consejo o, como ocurre con más frecuencia, en reuniones tripartitas que incluyan a la Comisión. Debido a la particularidad de estos contactos no existen normas escritas sobre el formato «estándar» de la representación, pero, por regla general, suelen participar el ponente del Parlamento (acompañado, si se considera necesario, por los ponentes alternativos de otros grupos políticos) y el presidente del grupo de trabajo del Consejo, asistido por la administración del Consejo. La Comisión suele estar representada por los funcionarios que se ocupan del expediente, asistidos por la Secretaría General y el servicio jurídico de la Comisión.
La finalidad de estos contactos es alcanzar un acuerdo sobre un paquete de enmiendas aceptables para el Consejo y el Parlamento. El dictamen de la Comisión también es importante, ya que determina el tipo de mayoría que necesita el Consejo para decidir sobre las enmiendas del Parlamento.
Si las negociaciones culminan con éxito, el presidente del Coreper remite una carta al presidente de la comisión parlamentaria competente en la que el Consejo se compromete a aprobar las enmiendas del Parlamento si se ajustan al compromiso logrado conjuntamente por el Consejo y el Parlamento.
Las enmiendas de transacción se presentan en comisión o, lo más común, justo antes del Pleno. Suelen ir firmadas, en nombre de sus grupos, por el ponente y los ponentes alternativos de los grupos que compartan el acuerdo, de modo que quede asegurada, en la medida de lo posible, la mayoría requerida. Los grupos políticos interesados coordinan sus votos para facilitar la aprobación de las enmiendas negociadas con el Consejo.
El número de votos necesarios para la segunda lectura del Consejo depende del dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento. Las enmiendas que son objeto de un dictamen favorable de la Comisión pueden aprobarse en el Consejo por mayoría cualificada. Para las enmiendas que son objeto de un dictamen desfavorable de la Comisión es necesaria la aprobación del Consejo por unanimidad.
El acto se considera adoptado si el Consejo aprueba todas las enmiendas del Parlamento en segunda lectura. Los Presidentes y los Secretarios Generales del Parlamento y del Consejo firman el texto legislativo y este se publica en el Diario Oficial.
Si el Consejo no aprueba todas las enmiendas del Parlamento, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del Parlamento Europeo, convoca al Comité de Conciliación en un plazo de seis semanas (siendo posible una ampliación de dos semanas) a partir del rechazo del Consejo.
En un plazo de seis semanas (ampliable a ocho semanas) a partir de la negativa del Consejo a aprobar la posición del Parlamento en segunda lectura, los Presidentes del Consejo y del Parlamento Europeo convocan al Comité de Conciliación, formado a partes iguales por diputados al PE y representantes del Consejo. El Comité de Conciliación dispone de un plazo de seis semanas (ampliable a ocho) para adoptar una decisión sobre un texto conjunto basado en las posiciones en segunda lectura del Parlamento y del Consejo. Si el Comité de Conciliación (1) no aprueba un texto conjunto, el acto legislativo propuesto decae y el procedimiento concluye. Si el Comité de Conciliación (2) aprueba un texto conjunto, este se transmite al Parlamento Europeo y al Consejo para una tercera lectura.
Si el Consejo no aprueba todas las enmiendas del Parlamento en segunda lectura, se convoca al Comité de Conciliación.
En el marco del Comité de Conciliación los dos colegisladores, Parlamento Europeo y Consejo, negocian directamente con el objetivo de lograr un acuerdo consistente en un texto conjunto.
El Comité de Conciliación se ha de convocar en el plazo de 6 semanas (o 8 si se acuerda una ampliación) a partir de la conclusión de la segunda lectura en el Consejo y de la notificación oficial al Parlamento de que no acepta las enmiendas de este en segunda lectura.
Cada propuesta legislativa que llega a la fase conciliación se debate por separado en un Comité de Conciliación específico para ella.
El Presidente del Consejo convoca al Comité de Conciliación con el acuerdo del Presidente del Parlamento. El Comité de Conciliación se considera constituido cuando tiene lugar su primera reunión.
A partir del día de la primera reunión dispone de seis semanas (con una ampliación máxima de dos semana a iniciativa del Parlamento o el Consejo y con el acuerdo de ambas instituciones) para negociar y aprobar un texto conjunto.
Antes de que el Comité comience oficialmente su labor, se pueden celebrar diálogos tripartitos preparatorios y reuniones técnicas si resulta evidente que el Consejo no podrá aceptar las enmiendas del Parlamento en segunda lectura. Las reuniones del Comité de Conciliación también pueden verse interrumpidas por negociaciones tripartitas.
El diálogo tripartito y las reuniones técnicas reúnen a equipos reducidos de negociadores del Parlamento, el Consejo y la Comisión, que informan a su respectiva delegación en el Comité de Conciliación.
En el diálogo tripartito, el Parlamento está representado por el presidente de la delegación en el Comité de Conciliación, el presidente de la comisión parlamentaria competente y el ponente, asistidos por miembros de la Secretaría de Conciliaciones y, si resulta necesario, por un miembro del servicio jurídico.
El Consejo está representado por el representante permanente o el representante adjunto (presidentes de Coreper I o II, respectivamente) del Estado miembro que ejerza la Presidencia, que estará asistido por miembros de la Secretaría del Consejo, incluido el servicio jurídico.
La Comisión Europea está representada por el director general del departamento responsable del expediente, asistido por expertos, el servicio jurídico y la administración.
En las reuniones técnicas tripartitas suelen participar expertos y funcionarios de las tres instituciones.
Las negociaciones tripartitas toman como base un «documento de trabajo a cuatro columnas» en las que se recogen las posiciones del Parlamento y el Consejo:
1)	posición del Consejo en primera lectura;
2) enmiendas del Parlamento en segunda lectura;
3) posición del Consejo sobre las enmiendas del Parlamento (aceptación, rechazo o posible texto de transacción);
4) posición de la delegación del Parlamento sobre las propuestas del Consejo.
Durante las negociaciones, las dos delegaciones tratan de llegar a compromisos para las enmiendas sobre las que sigue habiendo discrepancias. Con este fin se puede pedir a grupos de trabajo reducidos, de carácter técnico o político, que redacten nuevos textos.
Los negociadores respectivos someten los resultados de cada diálogo tripartito a la aprobación de las delegaciones del Parlamento y del Consejo. De ser necesario, se organizan nuevos diálogos tripartitos o reuniones informales.
El Comité de Conciliación propiamente dicho se compone de dos delegaciones con igual número de miembros: una del Parlamento Europeo y otra del Consejo.
La delegación del Consejo está integrada por un representante de cada Estado miembro (ministros o, más frecuentemente, representantes de los Estados miembros en el Coreper). La delegación del Consejo está presidida por el ministro que presida el Consejo responsable del expediente. La delegación resuelve por mayoría cualificada (excepto en los expedientes para los que el Tratado exige la unanimidad).
La delegación está compuesta por un número igual de diputados (28) más 28 suplentes (que solo pueden votar en caso de ausencia de un miembro de su grupo político). Tres vicepresidentes del PE son miembros permanentes del Comité de Conciliación y se turnan para ser copresidentes de este. Los grupos políticos designan a los 25 diputados restantes de la delegación de modo proporcional al peso de cada grupo en el Parlamento. La mayoría suelen proceder de la comisión parlamentaria competente para el asunto. En la mayor parte de los casos, la delegación trata de actuar por consenso. En caso de votación, las decisiones de la delegación deben recibir el voto afirmativo de la mayoría de los miembros que la componen (es decir, 15 votos actualmente). En la siguiente sección se puede encontrar más información sobre la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación.
La Comisión, representada en principio por el Comisario responsable del expediente, también participa en los trabajos del Comité de Conciliación para ayudar a reconciliar las posiciones del Parlamento y del Consejo.
Al igual que en los diálogos tripartitos, la herramienta principal es el documento de trabajo a cuatro columnas (véase el apartado 13), traducido a todas las lenguas oficiales. El Comité también tiene entre sus manos la propuesta de la Comisión y su dictamen sobre las enmiendas del Parlamento en segunda lectura.
Un vicepresidente del Parlamento y un ministro del Estado miembro que ejerza la Presidencia presiden conjuntamente el Comité de Conciliación. Se reúne alternativamente en los edificios del Parlamento y del Consejo, principalmente en Bruselas.
La mayoría de las reuniones del Comité de Conciliación comienzan con un diálogo tripartito en el que los dos colegisladores precisan sus posiciones, sobre la base de los mandatos de su institución respectiva. La Comisión cumple la función de facilitador.
La institución anfitriona de la primera reunión del Comité de Conciliación es la encargada de la redacción del texto conjunto y la carta de transmisión y, tras la adopción definitiva del acto legislativo por el Parlamento y el Consejo, de la firma del acto por los Presidentes de ambas instituciones y de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si las delegaciones del Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo en el Comité de Conciliación, termina la vida de la propuesta. Para iniciar un nuevo procedimiento es necesaria una nueva propuesta de la Comisión. Hasta enero de 2015, solo se habían producido cuatro casos en los que el Comité de Conciliación no consiguió acordar un texto conjunto (Telefonía vocal en 1994, Comité de valores mobiliarios en 1998, Directiva sobre el tiempo de trabajo en 2009 y Reglamento sobre los nuevos alimentos en 2011).
Si las delegaciones del Parlamento y del Consejo logran un compromiso, el Comité de Conciliación debe aprobar un «texto conjunto». La delegación del Consejo lo aprueba por mayoría cualificada (o unanimidad en los casos previstos en el Tratado) y la delegación del Parlamento decide por mayoría simple de los miembros que la componen.
En cuanto se acuerda el texto conjunto en el seno del Comité de Conciliación (o posteriormente mediante canje de notas entre los copresidentes del Comité), el Secretario General de la institución en la que se celebró la primera reunión prepara el proyecto de texto legislativo, en principio en la lengua que se empleó para las negociaciones. En el sitio web del Parlamento se publica una versión provisional tras el final de las negociaciones en: http://www.europarl.europa.eu/code/default_es.htm.
Tras la revisión jurídico-lingüística, el documento se da a conocer en todas las lenguas oficiales de la UE.
Los copresidentes del Comité de Conciliación envían el texto conjunto, acompañado de una carta de presentación, al Presidente del Parlamento y al Presidente en ejercicio del Consejo. A la carta se adjuntan las declaraciones que hayan realizado las instituciones. La carta también se remite, a título informativo, al representante de la Comisión que participó en el Comité de Conciliación.
El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación tiene que ser confirmado por el Parlamento en pleno y el Consejo. Ambas instituciones votan por separado el texto conjunto tal como se ha presentado, sin posibilidad de modificarlo.
La delegación del Parlamento en la conciliación
El PE está representado en el procedimiento de conciliación por una delegación compuesta por un número de diputados igual al número de miembros del Consejo. Para cada procedimiento de conciliación se designa una delegación específica. Su función es representar a todo el Parlamento en las negociaciones con el Consejo.
Al principio de cada legislatura, o posteriormente si se producen cambios importantes en la composición política general del Parlamento Europeo, la Conferencia de Presidentes determina la composición política de las delegaciones en el Comité de Conciliación en función del peso relativo de los grupos políticos.
De acuerdo con la composición política del Parlamento a raíz de las elecciones de mayo de 2014, las delegaciones del Parlamento en el Comité de Conciliación tienen la siguiente composición:
PPE: 9 miembros
S&D: 8 miembros
CRE: 3 miembros
ADLE: 2 miembros
GUE/NGL: 2 miembros
Verdes/ALE: 2 miembros
EFDD: 2 miembros
Forman parte de cada delegación, y de la cuota de cada grupo político, los tres vicepresidentes con responsabilidad especial en la conciliación. Cada delegación está presidida por uno de ellos: se ponen de acuerdo entre sí para decidir quién es el responsable de cada procedimiento de conciliación y, por tanto, quién presidirá cada delegación. El ponente o ponentes y el presidente de la comisión parlamentaria competente también son miembros de oficio de la delegación, dentro de la cuota de su grupo político.
Los grupos políticos designan a los demás miembros de la delegación para cada procedimiento de conciliación. La mayoría son miembros de la comisión competente o de las comisiones que emiten opiniones. En caso de que el procedimiento parlamentario sea el de comisiones asociadas, la delegación del Parlamento debe incluir al ponente cada una de las comisiones asociadas. Los grupos políticos también deben designar a un número igual de suplentes, que pueden participar activamente en los trabajos de la delegación, pero que solo pueden votar si sustituyen a un miembro titular.
Organización de la delegación
La delegación del Parlamento celebra una reunión constituyente que da un mandato al equipo negociador —normalmente, el vicepresidente que presida la delegación, el presidente de la comisión competente y el o los ponentes— para que pueda comenzar el diálogo tripartito.
La Comisión asiste a esta y a todas las reuniones posteriores de la delegación del Parlamento. Sus representantes presentan y explican el dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento en segunda lectura y pueden informar sobre la situación en el Consejo en la medida en que la conozcan.
Los miembros de la delegación siguen la evolución del procedimiento de conciliación de forma continuada en reuniones sucesivas.
El principal objetivo de las reuniones de la delegación es poner al día el mandato del equipo negociador y debatir los textos de transacción. La aceptación de enmiendas o propuestas concretas de transacción se supedita a la aceptación del acuerdo global. Si quedan cuestiones sin resolver, la delegación da instrucciones al equipo negociador para las siguientes negociaciones con el Consejo. La delegación del Parlamento también examina cuestiones de procedimiento, por ejemplo si se debe organizar una nueva reunión tripartita o cuándo se puede convocar al Comité de Conciliación.
Al final del procedimiento, la delegación aprueba o rechaza formalmente el acuerdo logrado en la conciliación. La delegación trata de resolver por consenso, pero si es necesaria una votación, es necesario el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros (al menos 15 de los 28 votos posibles).
La delegación está asistida por un servicio específico de la administración del Parlamento, la Secretaría de Conciliaciones y Codecisión, y por servicios especializados, como el servicio jurídico, los juristas-lingüistas y el servicio de prensa.
#7Tercera lectura en el Parlamento Europeo y en el Consejo
El texto conjunto se transmite simultáneamente al Parlamento y al Consejo, para su aprobación. El orden en el que deban decidir los colegisladores no está fijado de manera específica. Los colegisladores disponen de un plazo de seis semanas (o de ocho, si así lo deciden de común acuerdo) para adoptar una decisión, y no pueden modificar el texto. En el Parlamento, antes de la votación sobre el texto conjunto se celebra un debate en sesión plenaria. Si el Parlamento y el Consejo aprueban el texto conjunto, el acto se considera adoptado. Si uno de los dos, o ambos, lo rechazan o no responden dentro del plazo previsto, el texto legislativo decae y el procedimiento concluye. Solo puede reiniciarse con una nueva propuesta de la Comisión.
Si el Comité de Conciliación aprueba el texto conjunto, este debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en pleno y el Consejo en tercera lectura. Las dos instituciones votan el texto conjunto por separado y no hay posibilidad de modificarlo.
Si el procedimiento de conciliación termina con éxito, se prepara un proyecto de texto conjunto a partir del documento de trabajo conjunto y las modificaciones acordadas durante la conciliación. Se redacta primero en una lengua y posteriormente se traduce a las demás lenguas oficiales. Los miembros de la delegación reciben la versión del proyecto de texto conjunto en la lengua original.
Una vez finalizado el texto conjunto, tras la verificación jurídico-lingüística tanto en el Parlamento como en el Consejo, los copresidentes del Comité de Conciliación lo envían formalmente al Presidente del Parlamento y al Presidente en ejercicio del Consejo. Se adjuntan a su carta las declaraciones que hayan podido efectuar las instituciones.
La tercera lectura se desarrolla en un período de seis semanas a partir de esa carta. Este plazo se puede ampliar un máximo de dos semanas a iniciativa del Parlamento y o del Consejo y con el acuerdo de ambas instituciones.
Durante el plazo de seis semanas (ocho, si se ha ampliado), los diputados al Parlamento Europeo reciben el texto conjunto definitivo en su lengua respectiva, junto con un informe en que se describen las diferentes etapas y resultados del procedimiento de conciliación, incluido el resultado de la votación de la delegación sobre la conclusión del procedimiento de conciliación. Los servicios del Pleno reciben el texto conjunto definitivo, el informe elaborado por el ponente y el presidente de la delegación, la carta de presentación y las declaraciones institucionales. En esta etapa se publican en el sitio web del Parlamento las diferentes versiones lingüísticas del acuerdo.
La votación del texto conjunto va precedida de un debate en el Pleno sobre el resultado de las negociaciones y el acuerdo que se ha alcanzado (o no) con el Consejo. El debate suele comenzar con las intervenciones del vicepresidente que ha presidido la delegación y del ponente. El pleno vota el texto conjunto. La aprobación requiere la mayoría simple de los votos emitidos; en caso contrario, se rechaza el texto conjunto.
Hasta finales de 2015, el Parlamento había rechazado 3 textos conjuntos:
Protección de las invenciones biotecnológicas (1995)
Ofertas públicas de adquisición (2001)
Servicios portuarios (2003)
El texto conjunto también debe contar con la aprobación del Consejo, que normalmente prefiere votar tras la tercera lectura del Parlamento. El Consejo decide por mayoría cualificada.
En la práctica, la aprobación del texto conjunto por el Consejo no plantea problemas, ya que la delegación del Consejo en el Comité de Conciliación está integrada por un representante de cada Estado miembro. Hasta la fecha, el Consejo no ha rechazado ningún acuerdo alcanzado durante la conciliación.
Si alguna de las dos instituciones no aprueba el texto conjunto, se pone fin al procedimiento legislativo, que solo podrá reiniciarse con una nueva propuesta de la Comisión.
Si el Parlamento y el Consejo aprueban el texto, este se presenta a la firma de los Presidentes y Secretarios Generales del Parlamento Europeo y del Consejo y a continuación se publica en el Diario Oficial.
Versión Consolidada Del Tratado De Funcionamiento De La Unión Europea : Artículo 294 (antiguo artículo 251 TCE))
Cuando en los Tratados, para la adopción de un acto, se haga referencia al procedimiento legislativo ordinario, se aplicará el procedimiento siguiente.
La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.
El Parlamento Europeo aprobará su posición en primera lectura y la transmitirá al Consejo.
Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento Europeo, se adoptará el acto de que se trate en la formulación correspondiente a la posición del Parlamento Europeo.
Si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento Europeo, adoptará su posición en primera lectura y la transmitirá al Parlamento Europeo.
El Consejo informará cumplidamente al Parlamento Europeo de las razones que le hayan llevado a adoptar su posición en primera lectura. La Comisión informará cumplidamente de su posición al Parlamento Europeo.
Si, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría cualificada:
El Consejo se pronunciará por unanimidad sobre las enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión.
El Comité de Conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo, tendrá por misión alcanzar, en el plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría de los miembros que representen al Parlamento Europeo, sobre un texto conjunto basado en las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en segunda lectura.
Si, en un plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, el Comité de Conciliación no aprueba un texto conjunto, el acto propuesto se considerará no adoptado.
Si, en este plazo, el Comité de Conciliación aprueba un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de seis semanas a partir de dicha aprobación para adoptar el acto de que se trate conforme a dicho texto, pronunciándose el Parlamento Europeo por mayoría de los votos emitidos y el Consejo por mayoría cualificada. En su defecto, el acto propuesto se considerará no adoptado.
Los períodos de tres meses y de seis semanas contemplados en el presente artículo podrán ampliarse, como máximo, en un mes y dos semanas respectivamente, por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Cuando, en los casos previstos por los Tratados, un acto legislativo se someta al procedi­miento legislativo ordinario por iniciativa de un grupo de Estados miembros, por recomendación del Banco Central Europeo o a instancia del Tribunal de Justicia, no se aplicarán el apartado 2, la segunda frase del apartado 6 ni el apartado 9.
En estos casos, el Parlamento Europeo y el Consejo transmitirán a la Comisión el proyecto de acto, así como sus posiciones en primera y segunda lecturas. El Parlamento Europeo o el Consejo podrá pedir el dictamen de la Comisión a lo largo de todo el procedimiento y la Comisión podrá dicta­minar asimismo por propia iniciativa. La Comisión también podrá, si lo considera necesario, parti­cipar en el Comité de Conciliaci����n de conformidad con el apartado 11.
EN C 326/174 Diario Oficial de la Unión Europea 26.10.2012
Este artículo en formato PDF --> Ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario (PDF) Guía del procedimiento legislativo ordinario, Consejo, 2010
Las comisiones parlamentarias pueden organizar audiencias con expertos si lo consideran útil para su trabajo. Las audiencias suelen ser públicas.
El Banco Central Europeo (BCE) gestiona la moneda única de la UE (el euro) y vela por la estabilidad de los precios en la UE. Es responsable de definir y aplicar la política económica y monetaria de la UE. Es una de las siete instituciones de la UE.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoya proyectos en los países de la UE e invierte en los futuros Estados miembros y países asociados. Toma en préstamo fondos de los mercados internacionales de capital y los presta a su vez, a condiciones favorables, para la realización de proyectos acordes con los objetivos políticos de la UE. Es propiedad de los veintisiete Estados miembros de la UE.
Término empleado anteriormente para designar lo que en la actualidad es el procedimiento ordinario; sigue empleándose con frecuencia, aunque no de manera oficial.
El Colegio lo componen los veintisiete comisarios europeos.
La Comisión Europea está formada por comisarios; el Presidente de la Comisión confía a cada uno de ellos la responsabilidad de un ámbito político determinado. En la actualidad son veintisiete, uno por cada Estado miembro.
Cuando un asunto que el Parlamento debe examinar pertenece casi por igual a los ámbitos de competencia de dos o más comisiones, o cuando una o varias partes del asunto son competencia de dos o más comisiones, una de éstas es designada comisión competente y las otras, comisiones asociadas. Las comisiones competentes y las asociadas trabajan con arreglo a un calendario establecido en común; los ponentes se mantienen mutuamente informados y tratan de llegar a un acuerdo sobre los textos que deberán presentar a sus respectivas comisiones y sobre la posición de estas en lo relativo a enmiendas. Las comisiones se reparten los ámbitos de competencia.
La Comisión Europeo es el órgano ejecutivo de la UE y representa los intereses de la UE en su conjunto. Elabora propuestas de legislación comunitaria y vela por su correcta aplicación. Es una de las siete instituciones de la UE.
Las veinte comisiones permanentes del Parlamento Europeo elaboran, enmiendan y aprueban propuestas legislativas que el PE vota en sesión plenaria. La composición política de las comisiones refleja la del Parlamento. El PE puede crear subcomisiones, comisiones temporales especiales y comisiones oficiales de investigación.
El Comité de Conciliación se reúne durante la fase de conciliación del procedimiento legislativo ordinario. Está formado a partes iguales por representantes de los Estados miembros y diputados al PE (en la actualidad, 28 y 28). El Comité es responsable de la elaboración de un texto conjunto que se somete al Consejo y al Parlamento para su aprobación en tercera lectura.
El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la UE formado por 353 miembros que representan a las autoridades locales y regionales. Debe ser consultado durante el proceso comunitario de decisión en los ámbitos de la cohesión económica y social, las redes de infraestructuras transeuropeas, la sanidad, la educación y cultura, la política de empleo, la política social, el medio ambiente, la formación profesional y los transportes.
El Comité Económico y Social es un órgano consultivo de la UE; sus 353 miembros representan a la sociedad civil, los empresarios y los trabajadores. Debe ser consultado sobre el proceso de decisión de la UE en materia de política económica y social.
La conciliación es la tercera y última fase del procedimiento legislativo ordinario. Tiene lugar cuando el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo sobre una propuesta legislativa en las dos primeras lecturas. Las delegaciones del Consejo y del Parlamento buscan un compromiso aceptable para ambas.
La Conferencia de Presidentes organiza la actividad y la planificación legislativa del Parlamento, decide sobre las responsabilidades y la composición de las comisiones y delegaciones y es responsable de las relaciones con las otras instituciones de la UE, los parlamentos nacionales y los países que no pertenecen a la UE. Forman parte de ella el Presidente del PE y los de los grupos políticos.
La Conferencia de Presidentes de Comisión está formada por los presidentes de todas las comisiones parlamentarias permanentes y temporales. Su cometido es mejorar la cooperación entre las comisiones del PE.
El Consejo de la Unión Europea, conocido habitualmente como «el Consejo» (anteriormente Consejo de Ministros), representa a los gobiernos de los Estados miembros. El Consejo, juntamente con el Parlamento Europeo, adopta la legislación propuesta por la Comisión Europea. Es una de las siete instituciones de la UE.
El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE. Adopta decisiones sobre las prioridades políticas generales y las iniciativas más importantes. No posee poder legislativo. Es una de las siete instituciones de la UE.
En las consultas públicas la Comisión Europea solicita a distintas partes interesadas, como las autoridades públicas, las autoridades de los Estados miembros, las empresas, las organizaciones públicas y privadas, las asociaciones industriales o los ciudadanos que le expongan sus puntos de vista sobre la legislación que se propone elaborar. Las consultas suelen hacerse mediante cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas.
Comité del Consejo formado por los representantes permanentes de los Estados miembros y encargado de preparar las actividades del Consejo. El COREPER I está formado por los jefes de misión adjuntos; el COREPER II, por los jefes de misión.
Una decisión es de obligado cumplimiento para aquellos a quienes designa (por ej., un país de la UE o una empresa) y es directamente aplicable.
Una declaración por escrito es un texto de 200 palabras, como máximo, sobre un asunto perteneciente a la esfera de actividad de la Unión Europea, presentado por un máximo de cinco diputados. Los diputados al PE pueden utilizar declaraciones por escrito para lanzar o relanzar debates sobre asuntos que pertenezcan al ámbito de competencias de la UE.
El derecho de iniciativa de la Comisión la faculta para presentar propuestas, bien porque los Tratados lo disponen de manera expresa, bien porque la Comisión lo considera necesario. Asimismo, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden pedir a la Comisión que presente propuestas.
El Derecho de la UE, también denominado «Derecho comunitario», se divide en Derecho primario y Derecho derivado o secundario. Los Tratados (el Derecho primario) son el fundamento de todas las acciones de la UE. El Derecho secundario, que comprende los reglamentos, las directivas y las decisiones, se deriva de los principios y objetivos establecidos en los Tratados.
Reuniones informales en las que participan el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Su finalidad es que se llegue a un acuerdo (sobre un paquete de enmiendas o sobre la redacción de los textos legislativas) aceptable para el Consejo y el Parlamento.
El Diario Oficial de la Unión Europea (DO) contiene la legislación de la UE, información, anuncios y textos relacionados con las tareas legislativas preliminares. Se publica todos los días laborables en todas las lenguas oficiales de la UE. Únicamente los actos jurídicos publicados en el DO son vinculantes.
Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos por sufragio directo para un periodo de cinco años. Los 751 diputados representan a los ciudadanos de la UE.
Acto legislativo que establece un objetivo que deben alcanzar todos los países de la UE, pero que deja el modo de alcanzarlo a la discreción de cada Estado miembro.
Órgano de la Comisión encargado de coordinar las relaciones políticas, legislativas y administrativas con las otras instituciones de la UE, en particular con el Parlamento Europeo y el Consejo. Sus miembros proceden de todos los gabinetes de comisarios encargados de seguir los asuntos interinstitucionales.
Los diputados al Parlamento Europeo no se organizan por nacionalidades, sino por afinidades políticas. En la actualidad existen en el Parlamento Europeo 8 grupos políticos; cada diputado puede pertenecer únicamente a un grupo. Algunos diputados no pertenecen a ningún grupo político: son los «diputados no inscritos».
Cuando una propuesta de la Comisión se transmite a una comisión parlamentaria, ésta designa un ponente encargado de preparar un informe; éste consta habitualmente de enmiendas a la propuesta acompañadas de breves justificaciones, una exposición de motivos y una ficha de evaluación de las consecuencias financieras de la propuesta y de su compatibilidad con el presupuesto del ejercicio.
Además de los informes legislativos, las comisiones parlamentarias pueden elaborar informes de propia iniciativa sobre asuntos pertenecientes a su ámbito de competencia. Estos informes pueden servir para concienciar a la ciudadanía en relación con un determinado asunto.
La iniciativa ciudadana permite que un millón de ciudadanos de una cuarta parte, por lo menos, de los Estados miembros de la UE pidan a la Comisión Europea que presente propuestas de nueva legislación en ámbitos de su competencia.
Las lenguas oficiales de la UE son 24: el alemán, el búlgaro, el croata, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el gaélico irlandés, el griego, el húngaro, el inglés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco. Toda la legislación comunitaria se publica en todas las lenguas oficiales.
Los Libros Blancos de la Comisión son documentos que contienen propuestas de acción de la UE en un ámbito específico. En algunos casos se elaboran como continuación de un Libro Verde publicado para iniciar un proceso de consulta a escala europea. Si un Libro Blanco es acogido favorablemente por el Consejo, puede dar lugar a un programa de acción para la Unión en el ámbito de que se trate.
La Comisión Europea publica Libros Verdes para estimular el intercambio de puntos de vista con las partes interesadas al nivel europeo. Los contenidos de los Libros Verdes pueden desembocar en propuestas de acción comunitaria que se exponen en Libros Blancos.
Mayoría absoluta (en el Parlamento Europeo)
La mayoría absoluta es la mayoría de todos los diputados al Parlamento Europeo, incluidos los que están ausentes o no votan. En su actual composición de 751 diputados, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta son 376 votos.
Mayoría cualificada en el Consejo
La mayoría cualificada en el Consejo corresponde al 55 % de los miembros del Consejo (Estados miembros) por lo menos; comprende un mínimo de 16 países; y representa, por lo menos, el 65 % de la población de la UE. Puede constituirse una minoría de bloqueo con la participación de al menos cuatro miembros del Consejo.
Mayoría simple (en el Parlamento Europeo)
Una propuesta es aprobada por mayoría simple si el número de votos favorables es superior al de votos desfavorables.
Opinión (de una comisión)
La comisión parlamentaria competente para un asunto determinado puede recabar la opinión de otras comisiones. Con frecuencia, el presidente y el ponente de la comisión cuya opinión se solicita son invitados a tomar parte en reuniones de la comisión competente para el fondo. Dicha opinión se presenta a menudo en forma de informe por escrito.
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la UE. Está compuesto por 751 diputados elegidos por sufragio directo en 28 países. Actúa como colegislador con el Consejo para la práctica totalidad de la legislación de la UE y está facultado para pedir cuentas a las otras instituciones de la UE. Es una de las siete instituciones de la UE.
Peticiones dirigidas al Parlamento Europeo
Los ciudadanos de la UE, las personas que residen en ella y las empresas, organizaciones y asociaciones radicadas en la UE pueden dirigir peticiones al Parlamento sobre cualquier asunto que recaiga en el ámbito de competencias de la UE y que les afecte directamente. Las peticiones ofrecen al Parlamento Europeo la posibilidad de llamar la atención sobre la vulneración de los derechos de un ciudadano por un Estado miembro, una autoridad local o una institución europea.
Las sesiones plenarias del Parlamento tienen lugar 12 veces al año en Estrasburgo, con sesiones plenarias más breves en Bruselas. El Pleno reúne a la totalidad de los 751 diputados europeos, que debaten en sesión proyectos de legislación comunitaria, votan sobre los mismos y adoptan posición sobre asuntos políticos.
Diputado al PE que ha sido designado por la comisión parlamentaria responsable de examinar una propuesta legislativa para que conduzca dicha propuesta a través del procedimiento parlamentario y prepare un informe sobre la misma.
Diputado al PE que sigue la evolución de un expediente o de un informe del PE en nombre de un grupo político distinto al del ponente.
Los diputados al PE formulan preguntas parlamentarias a las otras instituciones y órganos de la UE. El destinatario de una pregunta debe responder en un plazo determinado. Las preguntas parlamentarias son una forma de control parlamentario ejercido sobre las otras instituciones y órganos de la UE.
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se confía cada seis meses a un Estado miembro, por turno rotativo. Existen diez configuraciones del Consejo, presidida cada una de ellas por el correspondiente ministro del Estado miembro que ejerce la presidencia, salvo en el caso del Consejo de Asuntos Exteriores, que está presidido de forma permanente por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
El Presidente del Parlamento Europeo preside las sesiones plenarias, la Conferencia de Presidentes y la Mesa (formada por los Vicepresidentes del PE). Representa al Parlamento dentro de la UE y en la escena internacional.
Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (anteriormente denominado «procedimiento de codecisión»), el Parlamento Europeo y el Consejo deciden conjuntamente acerca de las propuestas de la Comisión en una amplia diversidad de ámbitos (por ejemplo, los de gobernanza económica, inmigración, energía, transporte, medio ambiente y protección del consumidor). La mayor parte de la legislación de la UE se adopta de esta manera.
Según el principio de proporcionalidad, la intervención de las instituciones de la UE debe limitarse a lo que sea necesario para lograr los objetivos de los Tratados.
Propuesta modificada (propuesta de la Comisión después de la primera lectura en el PE)
Entre la primera lectura en el Parlamento y la primera lectura en el Consejo, la Comisión puede modificar su propuesta para incorporar en ella las enmiendas del Parlamento que, a su juicio, mejoren la propuesta inicial o puedan facilitar un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo.
Los órdenes del día del Consejo se dividen en puntos A y puntos B. Los puntos A son aquellos sobre los que se ha alcanzado un acuerdo y que pueden aprobarse sin debate. Ello no impide a los miembros del Consejo o de la Comisión expresar sus opiniones cuando estos puntos se someten a votación.
Los órdenes del día del Consejo se dividen en puntos A y puntos B. Los puntos B son aquellos sobre los que no hay acuerdo y que serán objeto de debate. Se refieren con frecuencia a asuntos políticamente sensibles.
Los Reglamentos son una forma de norma jurídica de la UE directamente aplicable y de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros. Para su aplicación no se requiere la intervención de los gobiernos nacionales.
Reuniones conjuntas de comisiones
Si un asunto presentado al Parlamento no puede ser confiado a una sola comisión competente por recaer claramente en los ámbitos de competencia de varias comisiones, los ponentes respectivos elaboran un único proyecto de informe que votan conjuntamente las comisiones interesadas bajo la presidencia conjunta de sus respectivos presidentes.
Jefe de la Secretaría General del Consejo, que presta asistencia al Consejo y al Consejo Europeo. Firma con el Presidente del Consejo todos los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.
Es el funcionario de mayor rango del Parlamento y es responsable de la administración de la institución. Su misión es velar por el desarrollo correcto y eficaz de la actividad parlamentaria, bajo la autoridad del Presidente y de la Mesa. Verifica y firma con el Presidente todos los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.
Según el principio de subsidiariedad, la UE no debe intervenir (salvo en ámbitos de competencia exclusiva) a menos que su acción sea más eficaz que la acción de nivel nacional, regional o local. Se efectúan constantes controles para comprobar que la acción al nivel de la UE está justificada.
Cuando la Comisión presenta una propuesta legislativa nueva, ésta se envía a los parlamentos nacionales. Si un tercio de estos consideran que la legislación propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, la Comisión tiene que revisar su propuesta, decidir si procede mantenerla, modificarla o retirarla, y justificar su decisión.
Cuando la Comisión presenta una propuesta legislativa nueva, ésta se envía a los parlamentos nacionales. Si una mayoría de ellos considera que el proyecto de legislación no respeta el principio de subsidiariedad, la Comisión debe reexaminar la propuesta. Si la mantiene, la Comisión debe justificar su posición mediante un dictamen motivado. Si el Consejo y el Parlamento, en primera lectura, votan en contra de la propuesta, esta se abandona.
Texto aprobado por el Comité de Conciliación durante el procedimiento de conciliación. Se somete a una única votación en el Parlamento y el Consejo y no puede ser objeto de enmiendas.
El Tratado de Ámsterdam entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su finalidad era reformar las instituciones de la UE como parte de los preparativos para la llegada de futuros Estados miembros. Enmendaba, renumeraba y consolidaba los Tratados CE y CEE e incrementaba el uso de la codecisión.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tiene su origen en el Tratado de Roma en 1958, que a lo largo de su historia ha sufrido numerosas modificaciones. Fija detalles de organización y funcionamiento de la UE. Es uno de los dos principales Tratados en los que la UE se fundamenta en la actualidad.
El Tratado de Maastricht, en vigor desde 1993, fue modificado y rebautizado como «Tratado de la Unión Europea» en virtud del Tratado de Lisboa. Establece la personalidad jurídica de la UE y define sus valores, objetivos, instituciones y competencias. Es uno de los dos principales Tratados en los que la UE se fundamenta en la actualidad.
El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Comprende el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo (TFUE). El Tratado de Lisboa confirió mayores poderes al PE, cambió los procedimientos de votación en el Consejo, introdujo la Iniciativa Ciudadana, creó una Presidencia permanente del Consejo, instituyó la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores, creó un nuevo servicio diplomático de la UE y clarificó qué poderes pertenecen a la UE, cuáles a los Estados y miembros y cuáles son compartidos. Cambió el nombre del procedimiento de codecisión, que se convertiría en procedimiento legislativo ordinario, y aumentó el número de ámbitos en los que éste se aplicaría.
El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Estableció la Unión Europea (hasta entonces constituida por las Comunidades Europeas), introdujo la codecisión y la cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros en materia de defensa, justicia y asuntos de interior. Allanó el camino hacia la Unión Económica y Monetaria e introdujo elementos de una unión política (como la ciudadanía o una política común de asuntos exteriores y de interior).
El Tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Su finalidad era reformar las instituciones de la UE para que esta pudiese funcionar con eficiencia después de llegar a los 24 Estados miembros. Introdujo métodos que permitían modificar la composición de la Comisión y redefinió el sistema de votación en el Consejo.
Los Tratados son acuerdos vinculantes entre los Estados miembros de la UE. Establecen los objetivos de la UE, las normas que rigen la actividad de las instituciones de la UE y la manera de adoptar decisiones, y determinan las relaciones entre la UE y sus Estados miembros.
El Tribunal de Cuentas audita las finanzas de la UE. Su misión consiste en mejorar la gestión financiera de la UE e informar acerca de la utilización de los fondos públicos. Es una de las siete instituciones de la UE.
El Tribunal de Justicia (TJUE) interpreta el Derecho de la UE y vela por que se aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros. También resuelve los litigios entre los gobiernos, particulares, empresas u organizaciones de la UE y las instituciones de la UE. Es una de las siete instituciones de la UE.
Unanimidad (en el Consejo)
El requisito de unanimidad exige que todos los Estados miembros reunidos en el Consejo alcancen un acuerdo sobre una propuesta antes de que ésta pueda ser adoptada. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa solo siguen sometidas a la exigencia de votación por unanimidad determinadas políticas que se consideran sensibles.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 76
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 294
 artículo 251