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Timestamp: 2017-09-23 20:30:59+00:00

Document:
Cargado por Flor Zulema Campos
Descripción: TRABAJO PRESENTADO POR ESTUDIANTES DE LA U.G.B USULUTAN
TRABAJO PRESENTADO POR ESTUDIANTES DE LA U.G.B USULUTAN
UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS CENTRO REGIONAL DE USULUTÁN
RELACION DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CON EL DERECHO TRIBUTARIO. PRESENTADO POR: FLOR ZULEMA CAMPOS DE GUEVARA COD USCJ 006607 JOSÉ MEDARDO MIRANDA SIBRIAN CATEDRÁTICO: COD USCJ 036799
LIC. DANIEL ENRIQUE VEGABUIZA HERNANDEZ.
14- DE AGOSTO -2010
La jurisdicción contencioso administrativa tiene a su cargo el análisis de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública. Para ello, la aplicación de medidas cautelares como la suspensión de los efectos del acto administrativo reclamado se encuentra condicionada a una serie de requisitos procesales, tales como el agotamiento de la vía administrativa y la interposición de la demanda dentro del plazo legal. En el juicio contencioso administrativo, dicha medida puede decretarse luego de analizar los supuestos establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ésta señala en el artículo 16 que la suspensión sólo procede respecto de actos que produzcan o puedan producir efectos positivos. Además, el Art. 17 de la misma ley establece que procede ordenar la suspensión provisional del acto impugnado, cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva. Es decir que a fin de evitar un perjuicio a un evidente interés social, la Sala de lo Contencioso Administrativo puede ordenar la suspensión provisional del acto administrativo que está siendo impugnado a través de la demanda por parte del agraviado, al cual no se le exige anexar al escrito de la demanda documentación que pruebe la existencia del acto, sino que es la administración demandada la encargada de señalar en su primer informe si ha emitido o no la resolución que se le atribuye, según el artículo veintiuno de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Es asegurar la integridad de la situación que se debate, en tanto se produce una decisión definitiva sobre la legalidad del acto o actos impugnados. En el juicio contencioso administrativo, dicha medida puede decretarse luego de analizar los supuestos establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ésta señala en el artículo 16 que la suspensión sólo procede respecto de actos que produzcan o puedan producir efectos positivos. Además, el Art. 17 de la misma ley establece que procede ordenar la suspensión provisional del acto impugnado, cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva. Es decir que a fin de evitar un perjuicio a un evidente interés social, la Sala de lo Contencioso Administrativo puede ordenar la suspensión provisional del acto administrativo que está siendo impugnado a través de la demanda por parte del agraviado, al cual no se le exige anexar al escrito de la demanda documentación que pruebe la existencia del acto, sino que es la administración demandada la encargada de señalar en su primer informe si ha emitido o no la resolución que se le atribuye, según el artículo veintiuno de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello, en el desarrollo de esta investigación el establecimiento de la situación actual de la suspensión provisional del acto administrativo impugnado y específicamente del caso tomado en estudio permite el análisis del marco legal interviniente y la forma en como ha sido aplicado. A través del establecimiento de objetivos y metas se enfocará el trabajo investigativo de manera que se pueda llegar a la comprobación de la hipótesis de trabajo planteada, válida para este caso.
OBJETIVO GENERAL • Conocer la relación de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa con el derecho tributario.
OBJETIVOS ESPECIFICOS • Identificar la función pública que ejerce la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa con el derecho tributario. • Describir que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo en relación al derecho tributario.
• Relacionar la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa con el derecho tributario. • Interpretar la relación del derecho tributario con la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa. • Combinar los artículos de la ley primaria con las leyes secundarias, con la relación a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa con el derecho tributario.
RELACION JURIDICA DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINITRATIVA CON EL DERECHO TRIBUTARIO.
La Relación Jurídico Tributaria puede definirse como:
Un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite el fisco como el sujeto activo, (El Estado) la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un sujeto pasivo (El Ciudadano) que está obligado a la prestación. En relación jurídico tributario la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se da en el sentido que es la instancia encargada de revisar los recursos de apelación incoados por el sujeto pasivo o contribuyente ante el tribunal de apelaciones de los impuestos internos del Ministerio de Hacienda , cuando dicho tribunal a confirmado las resoluciones . Existiendo entre la ley y el derecho tributario relación jurídica en el sentido que es la instancia facultada para conocer de las resoluciones en cuanto a las apelaciones de los impuestos internos del Ministerio de Hacienda , cuando dichas resoluciones le ocasionan agravio al contribuyente , siendo pues la sala de lo contencioso administrativo la que decreta la obligación de pago de la multa e interés impuesto al contribuyente según la ley del tribunal de apelaciones en art. 2 1y con relación a la ley de lo contencioso administrativo en su art. 92. Así mismo con el derecho de dirigir peticiones por escrito ante las autoridades establecidas regulada en el art. 18 3de la Constitución de la República en cuanto a los derechos de los ciudadanos , relacionando esto al
Art. 2 ley del tribunal de apelaciones Si el contribuyente no estuviere de acuerdo con la resolución mediante la cual se liquida de oficio el impuesto o se le impone una multa, emitida por la Dirección general de Impuestos Internos o Dirección General de Aduanas, podrá interponer recurso de apelación ante el tribunal, dentro del termino perentorio de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. 2 Art. 9. ley de lo contencioso administrativo. Podrá demandar la declaración de ilegalidad de los actos de la administración pública, los titulares de un derecho que se considere infringido y quien tuviere un interés legítimo y directo en ello. 3 Art. 18 Constitución de la Republica. Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto.
art. 24 de la ley orgánica de la dirección general de impuestos internos al mismo tiempo se relaciona con el art. 1835 del código tributario en cuanto a la liquidación de oficio del tributo mediante una resolución . Relacionando también los art. 2- 3 y 5 de la ley del funcionamiento del tribunal de apelaciones de los impuestos internos del Ministerio de Hacienda. Vinculando su relación con la ley de organización y funcionamiento del tribunal de apelaciones de los impuestos internos y aduanas en su art. 2 en el termino perentorio dentro de los 15 días hábiles. Finalmente lo relacionamos con los art. 16 -2- 9-10, y siguientes de la ley de lo contencioso administrativa en cuanto a materia tributaria.
Finalidad del derecho tributario: El Derecho Tributario tiene por objeto: el establecimiento y aplicación de los impuestos y el estudio de la obligación tributario y de las accesorias.
El Derecho Tributario material: estudia las normas que establecen el tributo y los elementos y características del mismo. El derecho tributario formal: se refiere al procedimiento para definir y valorar el tributo.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACION JURIDICA TRIBUTARIA:
• Surte efectos con el Nacimiento de la obligación tributaria.
Art. 2 Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos. Es un organismo de carácter técnico independiente, en consecuencia no podrá ser controlada ni intervenida por ninguna dependencia del estado en lo que respecta a sus actuaciones y resoluciones que pronuncia, las cuales admitirán únicamente los recursos señalados por las leyes que determinan los impuestos cuya tasación y control se le encomendado. 5 Art. 183 Código tributario. Procedencia la administración tributaria deberá proceder a la liquidación de oficio del tributo, mediante resolución razonada 6 Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Erígese la jurisdicción contencioso administrativa como atribución de la corte suprema de justicia. La potestad de hacer juzgar y ejecutar lo juzgado en esta materia corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La Relación Jurídica existente es: La Justificación de la reforma, el nuevo texto legal comienza definiendo el ámbito propio, el alcance y los límites de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definición del ámbito de la Jurisdicción ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales. En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administración pública válido a los efectos de la Ley, en atención a los cambios organizativos que se han venido produciendo y en conexión con lo que disponen otras Leyes. También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de actos y disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la Administración, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Sin intención de inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones públicas. En segundo término, es evidente que a la altura de nuestro tiempo histórico el ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si aquélla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto. Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdicción Contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuación administrativa, como es notorio, se expresa a través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones materiales, las
inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contenciosoadministrativos estas otras manifestaciones de la acción administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones. Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicción, la actividad de la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas. En esta línea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relación no sólo con los contratos administrativos, sino también con los actos separables de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la vía contencioso-administrativa a la legislación de contratos, evitando que la pura y simple aplicación del Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad pública se realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infracción de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos públicos. La garantía de la necesaria observancia de tales principios, muy distintos de los que rigen la contratación puramente privada, debe corresponder, como es natural, a la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Los principios de su peculiar régimen jurídico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza pública y hoy en día la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a través de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, evitando la dispersión de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial, salvo, como es
lógico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisión de una infracción penal. La delimitación del ámbito material de la Jurisdicción lleva también a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribución dé ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros órdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragmáticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la más reciente legislación sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad, llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección políticaexcluida del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de “acto político” se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho. Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala -en términos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes.
LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. CON RELACION AL DERECHO TRIBUTARIO.
La relación Jurídica Tributaria que existe respecto a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Estriba en el sentido que es la instancia facultada para conocer las revisiones de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Cuando dicha resolución le ocasiona agravio al contribuyente, pues es la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia quien decreta la obligación, ó exoneración del pago de multa e intereses ó impuestos al contribuyente, según el Art. 2 de la ley de organización y funcionamiento del tribunal de apelaciones de los impuestos internos y aduanas. Dice el Art. 2 si el contribuyente no estuviera de acuerdo con la resolución mediante la cual se liquida de oficio el impuesto o se le impone una multa emitida por la Dirección General Impuestos Internos ó dirección genera de aduanas, podrá poner recursos de apelación ante el tribunal, dentro del término perentorio de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. Y con relación al art. 9 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, así mismo este derecho de apelación esta basado en el art. 18 de la Cn, que dice: Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto. Consagrando así los derechos de ciudadano. Respecto a: a) Derecho de Petición. b) Derecho a que se le informe con prontitud la petición. Así mismo el Derecho Tributario, como regulador con la normativa jurídica vigente, el establecimiento de los Tributos, poderes y deberes del Estado en materia tributaria. El Estado, por medio del Ministerio de Hacienda, de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos en sus Art. 1 y 2, se
relacionado con el Código Tributario en su Art. 183, Así mismo la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, en sus Art. 1- 2 - 3 - 5, están íntimamente relacionados con los Art. 1 - 2 - 9 - 10 iy siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. El Art 1 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas en el cual se establece el objeto de la ley haciendo mención que la presente Ley tiene por finalidad establecer los objetivos y funciones de la Dirección General de Aduanas, así como definir su estructura orgánica y funcional, establecer su competencia y autonomía. Cuando en las leyes se haga referencia a la Dirección general de la renta de aduanas.
HISTORIA DEL NACIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
En Francia a inicios del siglo XIX se busca separar la función legislativa de la ejecutiva para poder limitar así los poderes del Rey. Luego con Montesquieu se inicia el principio de separación de poderes para evitar la acumulación del poder en una sola institución. La Administración napoleónica pretendió adoptar medidas de reforma que fueron bloqueadas y neutralizadas por el poder judicial, que en aquella época se encontraba compuesto por jueces nombrados por el Rey. El resultado fue una deformación total del principio, que provoca que sea la Administración Pública quien controle sus propios actos.
De este modo, los propios órganos administrativos resuelven las controversias que enfrentan a los particulares con la Administración, quedando exentos e inmunes al control judicial. Este acaparamiento por parte de la Administración de sus asuntos litigiosos, y la impunidad judicial que comporta, son sencillamente inadmisibles en un Estado de Derecho. La solución que se va articulando en el Derecho francés es proclamando un sistema de justicia delegada y la independencia de los órganos judiciales contencioso-administrativos. Es importante conocer que el modelo de control jurisdiccional contencioso administrativo francés, inspiró a todos los ordenamientos jurídicos administrativos imperantes en España, Italia, Alemania, Bélgica, Colombia, Argentina y El Salvador. En España, tras experimentar diversas fórmulas que se fueron revelando insatisfactoriamente, se dictó la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1956, consistente en la inserción de la jurisdicción contencioso administrativa en el corazón mismo del sistema jurisdiccional, encontrándose integrada por jueces y magistrados pertenecientes a los mismos cuerpos funcionariales que el resto de componentes del Órgano Judicial. Este sistema es valorado mundialmente como el mejor de los posibles, por cuanto que logra conciliar todas las necesidades desatadas por el problema que imperaba en un inicio en Francia, por lo que entre los beneficios encontramos:
No supone una jurisdicción paralela del Estado, sino un simple orden jurisdiccional, cuyos miembros accedan de acuerdo con los mismos mecanismos y procedimientos que el resto que componente de la carrera judicial.
Los jueces y magistrados de lo contencioso-administrativo están por tanto sujetos a las mismas facultades disciplinarias que el resto de jueces y magistrados, y ejercidas por el mismo órgano. Este orden jurisdiccional se caracteriza por su especialización por razón de la materia, de tal manera que sus integrantes han de especializarse en Derecho Administrativo, lo que redunda en una mejora técnica de la justicia que se imparte. En El Salvador
En un principio la Corte Suprema de Justicia salvadoreña estaba conformada por tres Salas:  De lo civil,  De lo penal y  De lo constitucional. Era la Sala de lo Civil la encargada de resolver los asuntos que se suscitaban en torno a la Administración Pública. Ante la necesidad de separar la jurisdicción contencioso administrativa fue creada la Sala de lo Contencioso Administrativo y con ello la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en mil novecientos setenta y ocho. A lo largo de la existencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, se han venido emitiendo resoluciones donde se suspende provisionalmente el acto administrativo impugnado por ser una medida que de alguna forma protege intereses y derechos de las personas, la cual ha de tomarse siempre que dicha suspensión produzca un efecto positivo. En el caso del problema suscitado entre la Alcaldía de San Salvador y los casinos en el dos mil uno, la Alcaldía Capitalina es la encargada de conceder permisos, pero ante las propuestas hechas por diputados de la Asamblea
Legislativa se pide que se prohíba la existencia de casinos o que exista una ley que regule su funcionamiento. Comienza entonces el proceso para lograr el cierre de estos establecimientos. Siendo el caso quela Alcaldía capitalina solamente estaba facultada en año dos mil para conceder los permisos para el funcionamiento de dichos establecimientos, decide no renovar los permisos correspondientes a los casinos en ese mismo año, aunque dichos permisos fueron solicitados con anterioridad a su vencimiento. Quedan entonces los casinos funcionando en la ilegalidad, y a manera de tener un fundamento legal para ordenar el cierre de estos casinos que la misma Alcaldía había llevado a la ilegalidad, se emite el decreto numero veintisiete del año dos mil que hace una interpretación auténtica del artículo cuatro del Código Municipal, permitiéndole a la Alcaldía ser la facultada para decretar el cierre de dichos establecimientos, ya que esta facultad no se la daba el Código Municipal. Ante dicho acto, los agraviados piden la revocatoria del acto a la Alcaldía, pero esta no se los concede, por lo que los propietarios de los casinos interponen una demanda ante el acto administrativo emanado de la municipalidad en la Sala correspondiente impugnando el acuerdo donde la Alcaldía decide cerrar los negocios y el acuerdo donde se declaró sin lugar la revocatoria solicitada por los agraviados. La Sala ordena la suspensión provisional del acto administrativo impugnado a efecto que los dueños de los casinos o la Alcaldía no vean afectados sus intereses económicos de no darse dicha suspensión, ya que si en sentencia definitiva se falla a favor de la parte actora, la Alcaldía estaría obligada a pagar la cantidad de dinero que los dueños de estos negocios dejaron de percibir durante el tiempo que dure el proceso en la Sala (pueden ser años) y ya que muy difícilmente se pueda dar la cancelación de ese dinero, la Sala suspende provisionalmente el acto. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL SALVADOR
En el mes de agosto de 1978, por iniciativa del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia a través del Ministro de Justicia, con fundamento en el articulo 47 ordinal 13o de la Constitución Política de 1962, presentó un proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Secretaría de la Asamblea Legislativa, constituyéndose expediente de formación de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la referencia 202-8-78, del cual se ha extraído como información relevante:
Exposición de Motivos Proyecto de L.J.C.A. Proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial
El 22 de Agosto de 1978, la Secretaria de la Asamblea Legislativa entregó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el expediente 202-8-78 para que dictaminara sobre la iniciativa de Ley presentada, en el sentido de que se aprobaran dichos proyectos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho.
Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que:
la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principios en los que se inspira y por la excelencia de su técnica, que combina a la perfección rigor y sencillez, acertó a generalizar el control judicial de la actuación administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que imponía el régimen político bajo el que fue aprobada Ratificó con énfasis el carácter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido por la legislación precedente, preocupándose por la especialización de sus Magistrados Y dio luz a un procedimiento simple y en teoría ágil, coherente con su propósito de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y prácticas formalistas que pudieran enervar su buen fin De esta manera, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 abrió una vía necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y limitaciones históricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina española del Derecho Administrativo
Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no está ajustada a la evolución del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administración de Justicia Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitución de 1978.
Si bien algunos de los principios en que ésta se funda son los mismos que inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es evidente que las consecuencias que el texto constitucional de pará en punto al control judicial de la actividad administrativa son muy superiores. Sólo a raíz de la Constitución de 1978 se garantizan en nuestro país plenamente los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, el sometimiento de la Administración pública a la Ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa por los Tribunales
La proclamación de estos derechos y principios en la Constitución y su eficacia jurídica directa han producido la derogación implícita de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que establecían limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificación en un sistema democrático Pero el alcance de este efecto derogatorio en relación a algunos extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de polémica, lo que hacía muy conveniente una clarificación legal
Además, la jurisprudencia, tanto constitucional como Contenciosoadministrativa, ha extraído de los principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas, que imponen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades y actuaciones judiciales no contempladas expresamente en su texto. Por último, la influencia de la Constitución en el régimen de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no se reduce a lo que disponen los artículos 9.1, 24, 103.1 y 106.1 de la constitución de El Salvador. De manera más o menos mediata, la organización, el ámbito y extensión material y el funcionamiento de este orden jurisdiccional se ve afectado por otras muchas disposiciones constitucionales, tanto las que regulan principios sustantivos y
derechos fundamentales, como las que diseñan la estructura de nuestra Monarquía parlamentaria y la organización territorial del Estado. Como el resto del ordenamiento, también el régimen legal de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa debe adecuarse por entero a la letra y al espíritu de la Constitución. Por otra parte, durante los últimos lustros la sociedad y la Administración españolas han experimentado enormes transformaciones La primera es hoy incomparablemente más desarrollada, más libre y plural, emancipada y consciente de sus derechos que hace cuarenta años Mientras, la Administración reducida, centralizada y jerarquizada de antaño se ha convertido en una organización extensa y compleja, dotada de funciones múltiples y considerables recursos, descentralizada territorial y funcionalmente Al hilo de estas transformaciones han variado en buena medida y se han diversificado las formas jurídicas de la organización administrativa, los fines, el contenido y las formas de la actividad de la Administración, los derechos que las personas y los grupos sociales ostentan frente a ella y, en definitiva, el sistema de relaciones regido por el Derecho Administrativo Todos estos cambios repercuten de una u otra forma sobre la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Concebida en origen como jurisdicción especializada en la resolución de un limitado número de conflictos jurídicos, ha sufrido hasta la saturación el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos y Administraciones y de éstas entre sí que se ha producido en los últimos tiempos. En este aspecto los problemas son comunes a los que los sistemas de control judicial de la Administración están soportando en otros muchos países. Pero además, el instrumental jurídico que en el nuestro se otorga a la Jurisdicción para el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente desfasado En particular, para someter a control jurídico las actividades materiales y la inactividad de la Administración, pero también para hacer ejecutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso.
De ahí que, pese al aumento de los efectivos de la Jurisdicción, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la Jurisdicción Contencioso-administrativa esté atravesando un período crítico ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afrontándose por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han modificado o que complementan en algún aspecto el régimen de la Jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían de por sí una refundición La reforma que ahora se aborda, que toma como base los trabajos parlamentarios realizados durante la anterior Legislatura -en los que se alcanzó un estimable grado de consenso en muchos aspectos-, va bastante más allá. De un lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o indirectas, pero no sólo para incorporarlas a un texto único, sino también para corregir aquellos de sus elementos que la práctica judicial o la crítica doctrinal han revelado inapropiados o susceptibles de mejora De otro lado, pretende completar la adecuación del régimen jurídico del recurso contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales, tomando en consideración las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la nueva organización del Estado y la evolución de la doctrina jurídica. Por último, persigue dotar a la Jurisdicción Contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su función, a la vista de las circunstancias en que hoy en día se enmarca Desde este último punto de vista, la reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contenciosoadministrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursos y a la defensa de las partes, sin concesión alguna a tentaciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolución de los litigios La preocupación por conseguir un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego como del acierto y calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de lo
juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución. Bien es verdad que lograr una justicia ágil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. También es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, insustituible en su doble función garantizadora y creadora de jurisprudencia, debe adaptarse a las condiciones del momento para hacer posible aquel objetivo En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez continuista y profundamente renovadora Continuista porque mantiene la naturaleza estrictamente judicial que la Jurisdicción Contencioso-administrativa ya tenía en la legislación anterior y que la Constitución ha venido a consolidar definitivamente; porque mantiene asimismo el carácter de juicio entre partes que el recurso contenciosoadministrativo tiene y su doble finalidad de garantía individual y control del sometimiento de la Administración al derecho, y porque se ha querido conservar, conscientemente, todo aquello que en la práctica ha funcionado bien, de conformidad con los imperativos constitucionales No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las que la institución debe acomodarse hacían inevitable una revisión general de su régimen jurídico, imposible de abordar mediante simples retoques de la legislación anterior Además, la reforma no sólo pretende responder a los retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aquí y allá preceptos y cláusulas generales que a la doctrina y a la jurisprudencia corresponde dotar de contenido preciso, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdicción
II. Ámbito y extensión de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Fiel al propósito de no alterar más de lo necesario la sistemática de la Ley anterior, el nuevo texto legal comienza definiendo el ámbito propio, el alcance y los límites de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definición del ámbito de la Jurisdicción ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administración pública válido a los efectos de la Ley, en atención a los cambios organizativos que se han venido produciendo y en conexión con lo que disponen otras Leyes. También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de actos y disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la Administración, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Sin intención de inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones públicas En segundo término, es evidente que a la altura de nuestro tiempo histórico el ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si aquélla se limitará a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdicción Contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuación
administrativa, como es notorio, se expresa a través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la Ley La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contenciosoadministrativos estas otras manifestaciones de la acción administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicción la actividad de la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas En esta línea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relación no sólo con los contratos administrativos, sino también con los actos separables de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la vía Contencioso-administrativa a la legislación de contratos, evitando que la pura y simple aplicación del Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad pública se realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infracción de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos públicos La garantía de la necesaria observancia de tales principios, muy distintos de los que rigen la contratación puramente privada, debe corresponder, como es natural, a la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Los principios de su peculiar régimen jurídico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza pública y hoy en día la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a
través de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, evitando la dispersión de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial, salvo, como es lógico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisión de una infracción penal. La delimitación del ámbito material de la Jurisdicción lleva también a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribución de ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros órdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragmáticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la más reciente legislación sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956 Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida per se del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto político se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.
Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala en términos positivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes. III. Los órganos de la Jurisdicción y sus competencias Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdicción Contencioso-administrativa se enfrenta a un gravísimo problema por la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma de sus aspectos organizativos debía considerarse prioritaria La novedad más importante en este capítulo consiste en la regulación de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo La creación de estos órganos judiciales, que previó la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue recibida en su día con división de opiniones. Si, por un lado, parecía imprescindible descongestionar a los Tribunales de lo Contenciosoadministrativo de un buen número de asuntos, por otro surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juzgados, órganos unipersonales, para afrontar el ejercicio de las competencias que habrían de corresponderles en virtud de la cláusula general establecida en la citada Ley Orgánica. Ciertamente, la complejidad técnica de muchos de los asuntos y la trascendencia política de otros que habrían de enjuiciar a tenor de dicha cláusula ha dado origen a una larga controversia, que era necesario resolver para implantar definitivamente los Juzgados.
CONCEPTOS BASICOS Acción:
Es un derecho autónomo, subjetivo público concreto y potestativo para obtener justicia dirigida al estado atráves del juez.
Administración Pública es:  La actividad administrativa de los órganos del estado en toda su jerarquía. Esta constituye función típica del poder ejecutivo, nacional o de los municipios que tienen por actividad regular el derecho administrativo. Derecho Positivo:
Sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo.
Erario:  Tesoro público del estado. Erigir es: crear Fondos:  Son los necesarios en efectivo. Fondos Privados:
Ingresos de propiedad independiente que buscan obtención de beneficios atraves de organizaciones no lucrativas para el estado. Son entidades de la economía que toman decisiones propias y que no forman parte del gobierno estatal. Es parte del sistema económico integrado por empresas y consumidores distintos del estado y sus dependencias.
Fondos Públicos son:  Los que pertenecen a los entes públicos dinero o valor dados a estos entre por los que entran, a pertenecer a la administración pública; como origen y fuentes de los ingresos al erario público del estado. Gastos públicos:  Son los gastos que hace el estado para satisfacer sus propias necesidades y los de la población en general. Traslación del poder de compra de manos de los contribuyentes a favor de los servidores y productores del estado (coplan).
Hacienda Pública: Art. 223 Cn:  Es el conjunto de bienes que pertenecen al estado con su consiguiente administración. Ingresos Públicos:  Entradas que obtiene el estado en valores o en dinero para la atención de erogaciones o gastos para la exigencia administrativa de índole económica social. Ingresos Tributarios:  Es el poder del estado con facultad para exigir determinados recursos de los particulares tanto en valor como económico atraves de los tributos, tasas, impuestos y contribuciones. Art. 223Cn.  Es un derecho positivo necesario que rige la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conociendo las controversias que suscitan de la relación con la legalidad de actos de la administración pública. Como decreto legislativo N° 81 fue creada en el año 14 de Noviembre de 1978 y publicada en el diario oficial el 19 de Diciembre de 1978 junto con la sala de lo contencioso administrativo. Juicio Contencioso Administrativo:  Es aquel en que uno de los litigantes es la administración pública; como: El estado, un municipio, etc., y el otro un particular o una autoridad que reclama contra las resoluciones definitivas de aquella. Jurisdicción:  Se conoce como: función pública, extensión territorial y competencia. acción de administrar justicia y derecho siendo esta función de los jueces. Jurisdicción Contencioso Administrativa:
 Es la función jurisdiccional que tiene por objeto resolver los conflictos litigiosos ó contiendas que surgen por virtud de la acción administrativa y que se suscitan entre la administración pública y los administrados, administrativas. “Según Bielsa diccionario Manuel Ossorio”. Ley. Art. 1 del Código Civil.  Es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe ó permite. Presupuesto:  Es el cálculo que se hace de los ingresos y los gastos que habrá durante un periodo. Es un plan de acción que contiene las estimaciones de los ingresos y de los gastos totales a obtener y realizar durante un período de tiempo determinado. En El Salvador el Presupuesto General del Estado se hace para un ejercicio financiero fiscal, el cual cubre un año calendario, es decir que: Inicia el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre. entes ó entidades
Sujeto Activo:  Es el Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado potestad tributaria por ley expresa. El Estado en virtud del Jus imperium recauda tributos en forma directa y a través de organismos públicos a los que la ley le otorga tal derecho.
Sujeto Pasivo o El Deudor Tributario:
 Es aquel respecto del cual se verifica el hecho generado de la obligación tributaria, es toda persona física o natural y jurídica obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes formales según lo establecen las leyes tributarias del país.
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