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Timestamp: 2019-01-23 20:29:03+00:00

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«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del perindopril, medicamento destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones de referencia y genéricas — Decisión en la que se declara una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE — Acuerdos que tienen por objeto retrasar, incluso impedir, la entrada en el mercado de versiones genéricas del perindopril — Participación de una filial en la infracción cometida por su sociedad matriz — Imputación de la infracción — Responsabilidad solidaria — Límite de la multa»
3 La patente relativa a la molécula del perindopril (patente EP0049658; en lo sucesivo, «patente 658») se registró en la Oficina Europea de Patentes (OEP) el 29 de septiembre de 1981. La patente 658 debía expirar el 29 de septiembre de 2001, pero su protección se prolongó en varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, hasta el 22 de junio de 2003, como permitía el Reglamento (CEE) n.º 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 1992, L 182, p. 1). En Francia, la protección de la patente 658 se prolongó hasta el 22 de marzo de 2005 y, en Italia, hasta el 13 de febrero de 2009.
30 El 15 de enero de 2008, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió iniciar una investigación sobre el sector farmacéutico sobre la base de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), con el objetivo de identificar, por un lado, las causas de la menor innovación en el citado sector, medida por el número de nuevos medicamentos que entran en el mercado y, por otro lado, las razones de la entrada tardía de determinados medicamentos genéricos en el mercado.
34 En agosto de 2009, y posteriormente de diciembre de 2009 a mayo de 2012, la Comisión dirigió varias solicitudes de información tanto a Servier como a Niche. Tras dos negativas de Servier a remitir información relativa al acuerdo Biogaran, la Comisión adoptó una decisión basada en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, requiriendo que se le remitiera diversa información. La respuesta a dicha solicitud fue proporcionada el 7 de noviembre de 2011.
127 A este respecto, del artículo 2 del Reglamento n.º 1/2003 y de reiterada jurisprudencia se desprende que, en el ámbito del Derecho de la competencia, en caso de litigio sobre la existencia de una infracción, incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de los hechos constitutivos de la infracción (sentencias de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, apartado 58, y de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, apartado 86; véase también la sentencia de 12 de abril de 2013, CISAC/Comisión, T‑442/08, EU:T:2013:188, apartado 91 y jurisprudencia citada).
167 En primer lugar, en la respuesta a la exposición de los hechos, Biogaran alegó que «la falta de reembolso de las cantidades [que ella había abonado] [...] en caso de no obtener autorizaciones de comercialización era deliberada por parte de Niche y tenía por objeto [que Biogaran hiciera] lo necesario para obtener tales autorizaciones a fin de generar un volumen de negocios provechoso para Niche».
247 La demandante alega que la Comisión infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 al condenar solidariamente a Biogaran a pagar una multa de 131,5 millones de euros, es decir, casi el 18 % de su volumen de negocios total, por haber presuntamente «incentivado» a Niche a celebrar el acuerdo de transacción.
265 En segundo lugar, no puede acogerse la alegación relativa a la existencia de una práctica de la Comisión según la cual esta se abstiene de imponer multas o se limita a imponer multas simbólicas cuando examina cuestiones jurídicas complejas que los órganos jurisdiccionales de la Unión no han resuelto nunca. En efecto, pese a la novedad de algunas de las cuestiones planteadas en el contexto del presente asunto, Biogaran no podía ignorar en el caso de autos que el plan estratégico de Servier era contrario a la competencia (anteriores apartados 229 a 234), ni el hecho de que, al ser propiedad al 100 % de Servier, sus actuaciones como filial podían imputarse a la empresa constituida por Servier y su filial. Del mismo modo, la Comisión puntualiza fundadamente, en el apartado 80 de la dúplica, que la extensión de la Decisión y la duración del procedimiento administrativo sí reflejan la complejidad de los hechos, pero no prueban el carácter imprevisible de la infracción.
266 En cualquier caso, según la jurisprudencia, la Comisión dispone de un margen de apreciación en la fijación del importe de las multas con el fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas de la competencia. El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinada cuantía por ciertos tipos de infracciones, en este caso, multas simbólicas a infracciones inéditas, no puede privarla de la posibilidad de aumentar esa cuantía, dentro de los límites indicados en el Reglamento n.º 1/2003, si ello es necesario para garantizar la ejecución de la política de la Unión en materia de competencia. La aplicación eficaz de las normas de la Unión en dicha materia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar la cuantía de las multas a las necesidades de esa política (sentencia de 8 de septiembre de 2016, Lundbeck/Comisión, T‑472/13, recurrida en casación, EU:T:2016:449, apartado 773).
267 En tercer lugar, la demandante no puede alegar el hecho de que su asesor jurídico se equivocó al calificar jurídicamente su comportamiento, en el que se basa la declaración de la infracción. En efecto, el error cometido por el asesor de la empresa incriminada no puede tener como efecto eximirla de la imposición de una multa, por cuanto dicha empresa no podía ignorar que tal comportamiento era contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2013, Schenker & Co. y otros, C‑681/11, EU:C:2013:404, apartado 38).
282 La demandante alega que la Comisión infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 al imponerle una multa cuyo importe es superior al 10 % de su volumen de negocios anual y que considera el valor de las ventas de su sociedad matriz, Servier (es decir, 476 millones de euros), cuando ella misma no ha realizado venta alguna.
283 Sobre este particular, es preciso recordar que el límite establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 debe calcularse a partir del volumen de negocios acumulado de todas las sociedades integrantes de la unidad económica única que actúa como empresa a efectos del artículo 101 TFUE (véanse las sentencias de 8 de mayo de 2013, Eni/Comisión, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, apartado 109 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión, C‑444/11 P, no publicada, EU:C:2013:464, apartados 172 y 173 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 56).
286 Como dicho volumen de negocios ascendía a algo más de 4 millones de euros, el Tribunal considera que la multa de 131 532 600 euros impuesta a la demandante, solidariamente con su sociedad matriz, no excedía manifiestamente dicho límite.

References: artículo 17
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 101