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noviembre | 2010 | Periódico Digital Puertorriqueño La Nación
Fortuño criticó a Chávez por las mismas cosas que hoy hace
Martes, 9 noviembre 2010 La Nación.pr	Deja un comentario
ESCRITO POR OSCAR J. SERRANO / CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO
Presidente Hugo Chávez Frías, criticado cuando Fortuño era Comisionado Residente en Wáshington
Como representante de Puerto Rico en el Congreso, el Gobernador Luis Fortuño introdujo dos medidas, y coauspició una tercera, para que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fuera censurado por llenar el Tribunal Supremo venezolano de jueces “fieles” y por “severamente lisiar la independencia de la judicatura”.
El acto específico que motivó la preocupación sobre la judicatura fue que Chávez decidió aumentar la composición del Tribunal Supremo de Venezuela de 20 jueces a 32, o lo mismo que dos jueces nuevos por cada una de las seis salas en las que está dividido ese foro. La atención al récord congresional de Fortuño circuló en correos electrónicos después de que este fin de semana la Legislatura aprobara en sesiones nocturnas la medida que aumenta la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico de siete a nueve jueces.
“La polarización, que impregna la sociedad venezolana, ha irrumpido también en el Tribunal Supremo… Hoy en día, la amenaza más grave para los derechos humanos en Venezuela es la posibilidad de control político sobre el Tribunal Supremo facilitada por la nueva ley que pretende llenar de aliados al Tribunal”, indicó el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que Fortuño se basó para pedir las expresiones de censura en el Congreso.
Fortuño hizo sus solicitudes al Congreso entre 2005 y 2007. “Por cuanto el Presidente Chávez ha empaquetado al Tribunal Supremo y los tribunales menores con jueces fieles, severamente lisiando la independencia judicial”, consigna la Resolución Concurrente 328 del 18 de duciembre de 2005 que Fortuño coauspició.
Como ha ocurrido en otros casos bajo la Administración Fortuño, la reconfiguración del Tribunal Supremo venezolano estuvo precedida por una ley que declaraba a ese sistema judicial en “estado de emergencia”. Igual que ocurrió acá, en Venezuela la justificación oficial para aumentar la composición de su Alto Foro fue la “carga de trabajo”, pero amplios sectores de dentro y fuera de la sociedad venezolana lo catalogaron como una medida de consolidación de poder partidista.
“[I]ndependientemente de la justificación, el fuerte impacto de esta Ley sobre la independencia del sistema judicial es incuestionable. Permitirá que la coalición mayoritaria en la Asamblea Nacional altere radicalmente el equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país, logrando que cada una de sus salas sea controlada por magistrados adeptos a su agenda política”, expresó HRW.
La resolución mediante la que los jueces del Tribunal Supremo nombrados por Fotuño solicitaron el aumento de ese foro el viernes pasado indica que su plan es operar en salas de tres, para un total de tres salas. Si cada uno de los tres jueces nombrados en administraciones anteriores es asignada a una de las nuevas salas, cada sala estará dominada dos a tres a favor de jueces nombrados por Fortuño.
El estudio de 2004, llamado “Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela”, pidió directamente al presidente Chávez que “los asuntos tratados en el presente informe no se reduzcan a una discusión político partidista y que nuestras críticas no se malinterpreten como objeciones políticas”.
HRW pidió a los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que condicionen sus ayudas a que “Venezuela adopte medidas inmediatas y concretas para enfrentar las amenazas contra la independencia judicial que se documentan en este informe”.
Resolución Concurrente 224
Resolución Concurrente 328
Resolución Concurrente 50
La saga del Tribunal Supremo “Jumbo”
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido cambiar su composición de 7 a 9 jueces.
La semana en que la marea azul finalmente arropó el Olimpo judicial comenzó el lunes con la aparición de sobres marcados “confidencial” en los despachos de los jueces y terminó el viernes con escritos en los que se alude a la judicatura Nazi, a golpes de estado, y a que pedir dos jueces más es sólo el comienzo de los planes de la nueva mayoría para el Tribunal Supremo “Jumbo”.
Cambiar el reglamento “profundamente”, hacer más vistas orales, operar en salas de tres, darle oportunidad a las partes que pierdan para que pidan la revisión de otra sala de tres, y abrirle las puertas de par en par a las controversias de permisos que ahora pueden ver directamente por la Reforma de Permisos, son algunos de los planes que los cuatro jueces nombrados por el Gobernador Luis Fortuño incluyeron en la resolución que mandaron a la Legislatura el viernes.
“El lunes en la tarde llegó a mi oficina un sobre sellado y rotulado como “confidencial”. Éste contenía copia de una Resolución y un corto memorando de trámite que informaba que, de obtener la mayoría, se procedería a certificar la resolución el viernes siguiente, es decir, hoy. No habían transcurrido dos horas cuando ya estaban también en mi oficina tres sobres confidenciales, cada uno con el timbre de los jueces que, con el cuarto, componen la Mayoría”, escribió en su voto disidente la jueza asociada Liana Fiol Matta sobre la movida.
“No estoy diciendo que mis compañeros jueces y compañeras juezas no deliberaron antes de tomar esa decisión. Estoy segura que le dieron mucho pensamiento, pues no es una decisión sencilla o rutinaria. Pero esa deliberación tuvo lugar estrictamente entre ellos. Lo que no hubo fue la deliberación del Tribunal Supremo”, añadió.
Desde las entrevistas a candidatos
El Centro de Periodismo Investigativo supo que la pregunta de si estarían de acuerdo con amplíar el número de jueces del Supremo era una constante en las entrevistas de candidatos a jueces que realizó en Fortaleza un grupo que incluyó al ex juez federal Héctor M. Laffitte, el ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Melecio, el ex candidato a la gobernación Baltasar Corrada del Río, y la ex presidenta cameral, Zaida “Cucusa” Hernández.
Harry Padilla, ex abogado del ex gobernador Pedro Rosselló, fue uno de los entrevistados que dijo que no estaba de acuerdo. Padilla rehusó confirmar el dato y sólo dijo que fue a una entrevista cuyo contenido estima “estrictamente confidencial”, y que, tras la misma, “yo mandé una carta”. Sobre la ampliación, dijo que “mientras más personas ven un asunto mejor es para el que lo trae”, pero también que “si lo amplían a nueve, que no trabajen en paneles de tres, los paneles de tres no funcionaron en Puerto Rico”.
La resolución de la mayoría vino de la oficina del juez asociado Rafael Martínez Torres, quien jugó un papel importante en la reforma judicial que impulsó Rosselló y que incluyó un intento fallido, mediante referéndum, de cambiar la Constitución para hacer desde afuera lo que ahora se logró desde adentro: aumentar la cantidad de jueces. Martínez fue también ayudante de la ex presidenta cameral Hernández quien, a su vez, es hoy mentora y asesora por contrato de la presidenta cameral Jennifer González. Otro que tramitará la solicitud de aumento de jueces es el hijo de la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, quien es el funcionario enlace entre La Fortaleza y la Legislatura.
Una ola de coincidencias
El envío del viernes a la Legislatura fue el formal, pero desde el mismo martes los argumentos y estadísticas de la resolución mayoritaria estaban teniendo eco en las declaraciones escritas de los presidentes legislativos y del mantenedor radial Luis Dávila Colón, quien, el jueves en la noche, divulgó en vivo los memorandos que a esas horas se circulaban los jueces en un tono eufórico creciente que culminó con la declaración de que “¡los negritos se liberaron!”. Erick Kolthoff, uno de los jueces nuevos y quien regularmente realiza servicios religiosos a mediodía en el jardín frente al Supremo, es negro.
Las coincidencias entre la resolución de los jueces nuevos y las expresiones políticas se multiplicaron durante toda la semana. De hecho, el mismo viernes, cuando ya la minoría había circulado sus combativas opiniones disidentes, la mayoría enmendó su resolución para responder a los ataques con la frase de que “los que lanzan esos ataques olvidan que también habrá quien le adjudique el mismo propósito inadecuado a la oposición a esta medida”. El día siguiente, sábado, el presidente senatorial le cumplió la profecía señalándole a los jueces de la minoría popular que “hay un refrán que dice que el ladrón juzga por su condición. El pueblo podrá examinar si realmente los que tienen una motivación política son las que la denuncian”.
Pero los cumplimientos de profecías no se reducen a la coincidencia entre el lenguaje de la resolución y el del presidente del Senado. Los jueces disidentes, particularmente el Juez Presidente Federico Hernández Denton, citaron extensamente de la discusión que se suscitó en la Asamblea Constituyente hace 50 años sobre cómo era que podía cambiar de tamaño el Supremo. La Asamblea acordó lo que hay ahora, que es que sería a solicitud del mismo tribunal. Pero el delegado Leopoldo Figueroa Carreras alertó que “¿qué garantía podría haber con un ejecutivo poco escrupuloso que empieza a maniobrar con los señores del Supremo y jueces que pudieran…? […] Suponed una situación como ésta, con un ejecutivo poco escrupuloso, que metiera su mano pecadora en el Supremo y que los jueces del Supremo resultaran jueces flojos y que viniere entonces la petición a la Asamblea Legislativa”.
¿Dónde hacen falta más jueces?
Hernández Denton estimó en al menos $1 millón anual el costo de cada uno de los dos nuevos jueces, sin contar que la sede del Supremo no tiene espacio de oficinas y sin contar con el costo de la pensión vitalicia que reciben jueces y sus viudos o viudas.
“Irónicamente, tres de los compañeros Jueces Asociados que ahora reclaman la millonaria inversión de fondos públicos que supondría incorporar jueces adicionales propuestos, hace poco tomaban ‘conocimiento judicial’ de la crisis fiscal local para sumariamente imponer una medicina de austeridad a miles de trabajadores puertorriqueños; ‘conocimiento’ que súbitamente se ha desvanecido”, dijo en referencia al caso que avaló la implantación de la Ley 7.
La mayoría dijo que va a obtener los recursos que necesitan para cubrir esos jueces y se enfrascó en una lucha de estadísticas con los disidentes sobre cuántos casos hay pendientes.
Pero la realidad es que sólo una fracción de las controversias de los ciudadanos llegan al Supremo y que mientras más cercano al Pueblo está el tribunal, menos recursos tienen para bregar con la carga. Por ejemplo, en el Centro Judicial de San Juan hay sólo siete oficiales jurídicos para todos los jueces que están allí (civil, criminal, familia, menores, recursos extraordinarios). En primera instancia la cantidad de casos resueltos anualmente oscila entre 350,000 y 390,000.
Luego a nivel de apelaciones, cada uno de los 39 jueces tiene un oficial jurídico y cada uno de los 10 paneles tiene otro oficial para 49 ayudantes. La resolución de casos allí ronda los 5,000 anuales y los nuevos cambios a las reglas de procedimiento auguran una reducción porque limitan aún más la cantidad de asuntos que ese tribunal está obligado a ver.
En el último escalón, el Supremo, se resuelven unos 1,300 casos anualmente, pero cada juez tiene tres oficiales (cuatro el Juez Presidente) y, además, tiene un panel de abogados para hacer un cernimiento de las solicitudes.
La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, resaltó en su disidente un estudio del Departamento de Justicia federal, ante el cual los jueces de la mayoría no dijeron nada en su resolución, en el que queda claro que sólo cinco estados tienen nueves jueces en sus máximos tribunales. Incluso, el estudio revela también que sólo siete estados tienen tribunales apelativos con más jueces que Puerto Rico.
Los planes de la mayoría, intimó la jueza Rodríguez, no son sólo los que están plasmados en la resolución.
“El tiempo nos dirá si este vaivén judicial traerá consigo otras modificaciones -tal vez para reducir el número de jueces del Tribunal- a finales del año 2012, ante un resultado electoral desfavorable para ciertos sectores del país. Ello, aunque entonces se justifique con el “éxito” del aumento a nueve jueces, logrando disminuir la carga de trabajo y mejorar la eficiencia de la Institución, en realidad sería una forma burda de manipular nuestro Foro para impedir que la siguiente administración del gobierno pudiera ejercer sus facultades constitucionales de nominación y confirmación de jueces y de darle curso a su proyecto de país”, expuso.
En concreto, pedir que el Supremo vuelva a siete jueces después de una hipotética derrota del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendría el efecto de que, cuando Hernández Denton y Fiol Matta se tengan que retirar entre 2013 y 2016, sus posiciones no son llenadas con jueces nuevos sino que desaparecen. Sobreviviría, entonces, un tribunal de seis jueces nombrados por Fortuño y una, Rodríguez, nombrada por una administración popular.
Al discutir los métodos aplicados para tramitar la resolución y sus efectos a largo plazo, Rodríguez usó dos notas al calce para recomendar la lectura “con detenimiento y preocupación”, de varios libros que abundarían sobre sus argumentos. Entre éstos, “Los Juristas del Horror, La Justicia de Hitler: El pasado que Alemania no puede dejar atrás”, “El Golpe de Estado como forma de Intervención Política”, y “Técnicas de golpe de Estado: Cómo los dictadores alcanzan el poder”.
Disidente de Federico Hernández Denton
Disidente de Anabelle Rodríguez Rodríguez
Disidente de Liana Fiol Matta
Estudio del Departamento de Justicia Federal sobre las estructuras judiciales en los estados
Los designados uno a uno y caso a caso
Los strikes de los nominados al Supremo
Such is life en el Supremo
Designado al Supremo y su caso “no tradicional”
Gobernador extiende su influencia en el Poder Judicial
Editorial,Nacionales,Política
Columna Editorial – A dos años del Cambio
Jueves, 4 noviembre 2010 La Nación.pr	Deja un comentario
POR: EDDIE LÓPEZ LUGO, Editor del Periódico Digital Puertorriqueño La Nación
Gobernador Luis Fortuño. (©Reuters)
Hoy, 4 de noviembre, se cumplen dos años desde que Luis Fortuño fuera electo como el 9º Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todos recordamos como esa noche, en su mensaje, el entonces Gobernador Electo mencionó con mucho entusiasmo que “el cambio” había llegado a Puerto Rico. Lo que no mencionó fue que ese cambió también le había llegado a él.
Desde su primer día en funciones, el Gobernador Luis Fortuño experimentó un cambio que consistía en pretender que todas sus propuestas y promesas de campaña desaparecían al ser electo: que todo lo dicho durante meses al pueblo de Puerto Rico eran sólo ideas, en vez de compromisos. Durante su campaña, era común que dijera que “al único que voy a botar es a [Aníbal] Acevedo Vilá”. Eran frecuentes sus comentarios de que “no tomaría ningún préstamo o emisión de bonos” porque hacer eso “endeuda a nuestra isla”. También, constantemente criticaba la construcción de un gasoducto por “atarnos al gas natural por décadas” en referencia al Gasoducto del Sur. Además, insistía en que no permitiría ni un solo impuesto más porque “la clase media no aguanta más”.
Pero, fiel a su promesa de cambio, al llegar al poder, cambió. En vez de no despedir más que a Acevedo Vilá, Fortuño firmó la Ley de Emergencia Fiscal (mejor conocida como la Ley 7) que provocó el despido de casi 30 mil empleados públicos. En su primer mes como Gobernador, hizo una emisión de bonos de unos 4,000 millones de dólares, endeudando más al país. Después de este verano propuso un gasoducto, de nombre “Vía Verde”, más largo y costoso que el propuesto el cuatrienio anterior, y con la misma Ley 7 le aumentó los impuestos a esa clase media atropellada, para pagar las políticas fiscales austeras del nuevo gobierno. Es evidente que todos estos “cambios” harían al Candidato Fortuño no apoyar al Gobernador Fortuño.
Policía se moviliza ante manifestación en el Capitolio.
Aunque estos cambios de postura le restan credibilidad al Gobernador; es su visión neoliberal la que más daño le ha hecho al país. Quitarle casi 200 millones a la UPR para crear una crisis que justificara medidas del gobierno que resultaran en un debilitamiento de la autonomía universitaria que resultara en la desestabilización de la Universidad no sólo pone en peligro la educación pública accesible, sino que fomenta que más puertorriqueños sean ignorantes y rompe con la promesa de no aumentar contribuciones al pueblo trabajador. El usar la Policía y la fuerza del Estado de manera indiscriminada y burda durante manifestaciones pacíficas rompe con el espíritu de sana convivencia y violenta los derechos de Libre Expresión, la Dignidad, Reunión Pacífica, entre otros establecidos a nivel constitucional.
Sangre derramada por manifestante en el Capitolio
Querer quitarles el derecho a las comunidades especiales de tener vistas públicas antes de expropiar terrenos sólo causaría que los desarrolladores sigan ampliando la brecha económica. Prohibir las protestas en construcciones limita el poder del pueblo a expresarse y defenderse de lo que los afecta adversamente. Querer aumentar a nueve los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico sólo consigue que la justicia sea decidida por su partido político, aplastando las voces disidentes dentro del mismo. Querer hacer una autopista a través del área del karso, y desarrollar el Corredor Ecológico del Este sólo causa que nuestra isla sea menos sustentable y menos responsable energética y ambientalmente.
En fin, estas políticas del gobierno de Luis Fortuño restringen nuestra democracia y limitan nuestros derechos fundamentales; su propósito es facilitar el proceso de venderle el país, mediante privatizaciones o APP, a los que le financiaron su campaña. Sólo uniéndonos todos los que nos oponemos al neoliberalismo del gobernador Luis Fortuño, y protestando como colectivo, ante cualquier atropello de este gobierno, podemos recobrar nuestra democracia participativa, y tener un Puerto Rico más equitativo y justo.

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