Source: http://oiprodat.com/2013/07/24/la-proteccion-de-datos-personales-derecho-fundamental-del-siglo-xxi/
Timestamp: 2019-07-16 13:10:45+00:00

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La protección de datos personales: derecho fundamental del siglo XXI – Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos
La mutación histórica de los derechos humanos ha determinado la aparición de sucesivas «generaciones» de derechos. Esto es, los derechos humanos como categorías históricas que tienen sentido en unos contextos temporalmente determinados, han nacido con la modernidad en el seno de la atmósfera iluminista.1
Sin embargo, como una estrategia reivindicatoria de los derechos humanos, se presenta una tercera generación de derechos humanos, que ha venido a cumplimentar las fases anteriores. De este modo, los derechos y las libertades de la tercera generación se presentan como una respuesta al fenómeno de lo que se ha denominado «contaminación de las libertades» —pollution des libertés—, término con el que algunos sectores de la teoría social anglosajona hacen alusión a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías.7
La intimidad, marcada por un matiz individualista, era la facultad destinada a salvaguardar un determinado espacio con carácter exclusivo, y que consistía en un derecho del individuo a la soledad y «a tener una esfera reservada en el cual desenvolver su vida sin que la indiscreción ajena tenga acceso a ella».10
Un derecho tal como ha sido reconocido por las normas puede justificarse por su capacidad de promover ciertos bienes básicos para los ciudadanos: como es la libertad, la igualdad, la seguridad y otros semejantes. Por lo que desde esta perspectiva puede justificarse la intimidad como un medio para promover la libertad individual,13 lo que Constan denominó «el goce pacífico y la independencia privada», mientras Stuart Mill estableció que «la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera».14
Esto es, en 1859, Stuart Mill consideraba que los aspectos concernientes al individuo consistían en el derecho a una absoluta independencia, puesto que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y mente, el individuo era soberano.16 Por lo que con Warren y Brandeis, la privacy fue un derecho a la soledad, una facultad «to be lef alone«, esto es, una garantía del individuo a la protección de su persona y su seguridad frente a cualquier invasión del sagrado recinto de su vida privada y domé stica.17
Al tratarse de un derecho con un carácter abierto y dinámico que está frente a una sociedad donde la informática se ha convertido en el símbolo emblemático de la cultura actual, Frossini, señalaba acertadamente que el control electrónico de los documentos de identificación, el proceso informatizado de datos fiscales, el registro de crédito, así como de las reservas de viajes, representan muestras conocidas de la omnipresente vigilancia informática de la existencia habitual de la persona. Por lo que la vida individual y social corre el riesgo de hallarse sometida a un «juicio universal permanente».24
Así, una primera aproximación de protección en la esfera íntima de la persona se encuentra enunciada en el ámbito internacional dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 12 señala: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Todo persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques».
Dicha enunciación, considerada como el derecho a la intimidad en su ámbito estático, se encuentra reconocida en la mayoría de las normas constitucionales. Sin embargo, en cuanto a la intimidad en su ámbito abierto y derivado del desarrollo tecnológico, pueden ser vulnerados otros aspectos de la esfera íntima de la persona, como lo pueden ser «sus datos personales».
Fue en 1967 cuando el Consejo de Europa constituye una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de la información y su potencial agresividad a los derechos de la persona. Ello dio como resultado la Resolución 509 de 1968 sobre «los derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos», lo que sería conocido más tarde como «protección de datos».
Posteriormente, la protección de datos personales se ha llevado a cabo dentro de los diversos Estados que han incorporado a sus textos fundamentales, tal como ha acontecido con Portugal en su Constitución de 1976 que contiene un apartado relativo a la utilización de la informática; esto es, en su artículo 35,29 apartado 1, se estipula «Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que conste en forma de registros mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones y podrán exigir la rectificación de los datos, así como su actualización».
Continúa señalando en su apartado 2: «No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe, religiosas o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no identificables para fines estadísticos». Finalmente, en su apartado 3, contiene una prohibición de atribuir a los ciudadanos un número nacional único.
Por otro lado, en España, en la Constitución de 1978 y dentro del apartado relativo a los derechos fundamentales, se reconoce en el artículo 18.4 que «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
Sin embargo, para conocer los aspectos sociales y políticos derivados de la relación intimidad e informática, España ha recurrido a lo previsto en su artículo 105 b), relativo al gobierno y la administración, en donde se señala que «la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de la persona».
Esto es, «La Ley Fundamental es un ordenamiento comprometido con valores, que reconoce la protección de la libertad y de la dignidad humana como fin supremo de todo derecho».34
Esto es, la Ley Fundamental de Bonn y sus inté rpretes han partido de que el hombre es una «personalidad capaz de organizar su vida con responsabilidad propia», es decir, el individuo tiene que tener la posibilidad de influir sobre su ambiente social, decidiendo él mismo dónde, cuándo, cómo y en qué contexto quiere presentarse ante su ambiente social.36
En una primera aproximación han sido dos países quienes han percibido los riesgos de la informática y por ello, incorporaron en sede normativa el reconocimiento de un derecho a la protección de datos personales. Por un lado, la Constitución Política de Perú39 establece «Toda persona tiene derecho… A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar».
Mientras que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,40 se señala: «Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática».
Para própositos de su definición se recurre a la formulada por Hondius, quien señala que la protección de datos es «aquella parte de la legislación que protege el derecho fundamental de la libertad, en particular el derecho individual a la intimidad, respecto del procesamiento manual o automático de datos».49
Por otro lado, en la normativa de esta materia, específicamente en el ámbito europeo, se entiende por «datos personales«: toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»).50
Continú a señalando «se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación, o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social».51
Todo ello y frente a la tercera generación de derechos, en la doctrina Frosini señala que la sociedad tecnológica ha producido una nueva imagen mental del hombre, que ha sido definido como «hombre artificial». Lo cual no solamente hace referencia al aspecto material de la existencia humana, sino a la dimensión psicológica, en donde un nuevo tipo de hombre que vive en un mundo artificial ha sido producto del mismo hombre y no de la propia naturaleza.53
Esto ha significado que el atributo que tradicionalmente se consideraba el dato definitorio de la condición humana, es decir, su inteligencia, ha sido expropiada por las computadoras quienes han sido capaces de desarrollar una «inteligencia artificial».54
En donde, como se apuntaba, la delimitación conceptual del derecho a la intimidad como facultad de aislamiento, ahora se ha convertido en un poder de control sobre las informaciones que son relevantes para cada sujeto. Como apuntaba Benda, «el peligro para la privacidad del individuo no radica en que se acumule información sobre él, sino, más bien, en que pierda la capacidad de disposición sobre ella y respecto a quién y con qué objeto se transmite».55
Es por ello que a consecuencia de la pollution des libertés en la sociedad informatizada se ha iniciado un movimiento en la doctrina y en la jurisprudencia más avanzada de los países con alto grado de desarrollo tecnológico, tendente al reconocimiento del derecho a la libertad informativa, es decir, a la «facultad de autodeterminación en la esfera informativa y respecto al procesamiento automatizado de datos de carácter personal».58
Así, dicha sentencia ha tenido el mérito de haber configurado el derecho a la intimidad como expresión de un derecho a la autodeterminación informativa. Esto es, la jurisprudencia constitucional germana ha deducido uno de sus atributos, por lo que partiendo del derecho general de la personalidad estable que «es facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede a revelar situaciones referentes a su propia vida».60
De allí que la dignidad y la libertad hayan sido entendidas por el Tribunal alemán como la libre autodeterminación, de donde se deriva la facultad de la persona de «decidir básicamente por sí misma cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a su propia vida.64
Esto es, el ciudadano de un Estado social de derecho no tiene un derecho sobre «sus datos», en el sentido de una soberanía absoluta e ilimitada, sino que es una persona que se desenvuelve en una comunidad social en la que la comunicación y la información resultan imprescindibles. «El individuo tiene, pues, que aceptar determinadas limitaciones de su derecho a la autodeterminación informativa en aras del interés preponderante de la colectividad».68
El Tribunal alemán extrae del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad la competencia de cada individuo «de disponer principalmente sobre la revelación y el uso de sus datos personales».71 Veamos que ha acontecido en el derecho español.
Así, en el ámbito español, de manera expresa e independiente se garantiza la protección del derecho a la intimidad,73 así como el pleno ejercicio de los demás derechos fundamentales frente a los eventuales abusos informáticos, por lo que en su artículo 18.4 de la Constitución Española —CE— se puede leer lo siguiente: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
Aún y cuando el Tribunal Constitucional, desde fechas atrás, había seguido lo dicho por el Tribunal alemán, en su sentencia 254/1993, y tras reproducir el artículo 18.4 CE, señalaría: «nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional como forma de dar respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona».
En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la libertad de la persona proveniente de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama «la informática».75
Ahora bien, al vincular el derecho a la intimidad con el tratamiento de los datos de las personas, el tribunal señaló que «la garantía de la intimidad adopta hoy un contenido positivo en forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática es así un derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data)».76
Sin embargo, fue finalmente con las sentencias 290/200077 y 292/2000 de 30 de noviembre cuando se produce la consagración del derecho fundamental a la protección de datos personales, esto es, «el derecho a la libertad informática».
Toda vez que ya no sólo se podrá leer en la ley suprema mexicana: «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento».86
Por lo que ahora estaría reconocido expresamente que «toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al derecho de acceder a los mismos y, en su caso, obtener su rectificación, cancelación o destrucción en los términos que fijen las leyes».87
Asimismo, con la aprobación de una «Ley Federal de Protección de Datos Personales» se garantizaría la protección jurídica de los derechos de las personas —como es el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos— ante la potencial agresividad de la informática.
ALEXY, Robert, «Los derechos fundamentales en el Estado constitu cional democrático», en CARBONELL, Miguel (ed.),Neoconstitucio nalismo (s), 2a. ed, Madrid, Trotta, 2005.
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DARANAS, Daniel, «Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. Derecho de la personalidad y dignidad humana»,Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, t. IV, núm. 3, 1984.
DENNINGER, Erhard, «El derecho a la autodeterminación informativa», en PÉREZ LUÑO, A. E. (trad.), Problemas actuales de la documentación y la informática jurídica (Actas del Coloquio Internacional Celebrado en la Universidad de Sevilla, 5 y 6 de marzo de 1986), Madrid, Tecnos-Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 1987.
GARZÓN, Clariana, «La protección jurídica de los datos de carácter personal», 1a. Instancia. Revista de Derecho, núm. 2, marzo de 1982, p. 15.
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———, «Dilemas actuales de la protección de la intimidad», en SAUCA, José Ma., Problemas actuales de los derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, 1994.
———, «Las generaciones de derechos fundamentales», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, núm. 10, 1991.
———, «La evolución del Estado social y la transformación de los derechos fundamentales», en OLIVAS, E. de, Problemas delegitimación en el Estado social, Madrid, Trotta, 1991.
———, «Estado constitucional y derechos de tercera generación», Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 9a. época, t. XIII-XVI, 1996-1997.
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2 Sobre estas generaciones de derechos y para un mayor estudio puede consultarse las siguientes obras de Pérez Luño, A. E., «Las generaciones de derechos fundamentales», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, núm. 10; «La evolución del Estado social y la transformación de los derechos fundamentales», en varios autores, Problemas de legitimación en el Estado social, dir. por E. de Olivas, Madrid, Trotta, 1991; «Estado constitucional y derechos de tercera generación», Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 9a. época, t. XIII-XVI, 1996-1997; recientemente, en su obraLa tercera generación de los derechos humanos, Madrid, Thomson-Aranzadi, 2006.
19 Véase Lusky, L., «Invasion of Privacy: a Clarification of Concepts» y C. Fried, citados en Pérez Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 9a. ed., Madrid, Tecnos, pp. 334-336.
21 Cfr. Pérez Luño, A. E., «Dilemas actuales de la protección de la intimidad», en Sauca, José M., Problemas actuales de los derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, pp. 353-359.
22 Instrumento de tutela que se ha equiparado con el tradicional habeas corpus, por lo que ahora en las sociedades tecnológicas corresponde el habeas data, función paralela en el seno de los derechos de la tercera generación, puesto que en los de primera, el habeas corpus hacía referencia a la libertad física o de movimiento de la persona, el habeas data se traduce como una facultad de acceso a los datos de la persona. Por lo que no es difícil establecer un marcado paralelismo entre la «facultad de acceso» en que se traduce el habeas data y la acción exhibitoria del habeas corpus. Véase Pérez Luño, A. E., «Intimidad y protección de datos personales: del habeas corpus al habeas data«, en García San Miguel, Luis, op. cit. , nota 13, pp. 36-45.
28 Cfr. Rebollo Delgado, Lucrecio, op. cit. , nota 11, pp. 299 y ss.; y Pérez Luño, A. E., «Los derechos humanos en la sociedad tecnológica», en Losano, Mario, Libertad informática y leyes de protección de datos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates, núm. 21.
30 Véase Garzón, Clariana, «La protección jurídica de los datos de carácter personal», 1a. Instancia. Revista de Derecho, 1982, núm. 2, marzo, p. 15.
32 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
34 Para esto, el artículo 1.1, GG hace de este objetivo el supremo principio constitutivo de la Ley Fundamental. Textualmente señala «La dignidad del hombre es sagrada y constituye el deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección».
35 Principios que han hallado en la Ley Fundamental de Bonn una clara expresión. Siendo estos: la dignidad humana (artículo 1.1, LF), de la libertad (artículo 2.1, LF), y de la igualdad (artículo 3.1, LF), así como principios relativos a la estructura y los fines del Estado de derecho, democrático y social (artículos 20.1; 28.1; frase 1, LF). Véase Alexy, Robert, «Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático», en Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s) , 2a. ed., Madrid, Trotta.
36 Cfr. Denninger, Erhard, «El derecho a la autodeterminación informativa», en Pérez Luño, A. E. (trad.), Problemas actuales de la documentación y la informática jurídica (Actas del Coloquio Internacional Celebrado en la Universidad de Sevilla, 5 y 6 de marzo de 1986), Madrid, Tecnos & Fundación Cultural Enrique Luño Peña, p. 272.
37 Citado en Benda, Ernesto, «Dignidad humana y derechos de la personalidad», en id. et al., Manual de derecho constitucional, 2a. ed., Barcelona, Marcial Pons, p. 131.
41 Artículo 43. «Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos».
42 Artículo 5, LXXII. «Se concederá «habeas data»: a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; b) para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo.
43 Artículo 15. «Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución».
44 Artículo 94. «Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito».
45 Artículo 31. «Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos».
46 Artículo 26. «Toda persona tiene derecho: A su vida privada y la de su familia; A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo… A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información».
48 Algunos autores, en lugar de hablar del derecho a la protección de los datos personales, prefieren la expresión «derecho a la autodeterminación informativa». Cfr. Lucas Murillo de la Cueva, Pablo, El derecho a la autodeterminación informativa: la protección de los datos personales frente al uso de la informática, Madrid, Tecnos; asimismo, «Informática y protección de datos personales. Estudios sobre la Ley 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal», Cuadernos de Debate, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993; Pérez Luño, A. E., Libertad informática y derecho a la autodeterminación informativa, Congreso sobre Derecho Informático, Universidad de Zaragoza, 22-24 de junio de 1989, pp. 359-381.
49 Véase Hondius, F. W., «A Decade of International Data Protectión», NILR, vol. 30, núm, 2, 1983, p. 105, citado en Pérez Luño, A. E, Problemas actuales… , cit., nota 36, pp. 273 y ss.
55 Benda, Ernesto, «Dignidad humana…», cit., nota 37, p. 131.
56 Véase Denninger, Erhard, «El derecho…», cit., nota 36, pp. 269-274.
59 Con dicha sentencia del Tribunal Federal de Alemania, la ley del censo de población de 4 de marzo de 1982 se declaraba parcialmente contraria a la Grundgesetz. Esto es, en la sentencia del Tribunal germano se señaló que «la proliferación de centros de datos ha permitido, gracias a los avances tecnológicos, producir una imagen total y pormenorizada de la persona respectiva —un perfil de la personalidad—, incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndose así el ciudadano en un hombre de cristal. Para un estudio en profundidad de dicha sentencia, véase la traducción de Daranas, Daniel, «Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. Derecho de la personalidad y dignidad humana», Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados, t. IV, núm. 3, enero de 1984.
62 Cfr. Denninger, Erhard, «El derecho…», cit., nota 36, p. 273.
66 Cfr. Benda, Ernesto, «Dignidad humana…», cit., nota 37, p. 132.
69 Cfr. Denninger, Erhard, «El derecho…», cit., nota 36, p. 271.
73 Artículo 18.1. Constitución Española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
Iberoamérica, Normativa, Protección de datos, Unión Europea

References: artículo 12
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 18
 artículo 105
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 1
 Artículo 43
 Artículo 5
 Artículo 15
 Artículo 94
 Artículo 31
 Artículo 26
 Artículo 18