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Timestamp: 2019-10-20 06:35:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 15854 DE OCTUBRE 20 DE 2005
SENTENCIA 15854 DE 20 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. IMPUTABLE A TÍTULO DE FALLA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS OCURRIDOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN VÍAS PÚBLICAS, POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES CONSISTENTES EN PREVENIR RIESGOS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ADMINISTRADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESPACIO PÚBLICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DERECHO A LA SEGURIDAD, EVENTO DEPORTIVO, SEGURIDAD EN EL EVENTO DEPORTIVO
Sentencia 15854 de octubre 20 de 2005
Rad.: 76001-23-25-000-1995-01478-01 (15854)
Actor: Wilson Osorio Vargas y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Policía Nacional, municipio de Buga, Defensa Civil, Instituto Nacional de la Juventud y el Deporte.
La Sala modificará la decisión de primera instancia con fundamento en que el daño solo es imputable al municipio de Buga.
Está plenamente demostrado que el día 11 de julio de 1993, Jhon Jader Osorio Estrada, de seis años, falleció a las 12:30 horas, “a consecuencia directa de múltiples lesiones en órganos vitales, comprometidos gravemente” (copias auténticas del registro de defunción y del acta de necropsia 0177, fls. 103, 332 a 334, cdno. 5).
Igualmente, se acreditó que la muerte del menor causó daños a sus padres, señores Wilson Osorio Vargas, María Julieta Estrada Obando, a su menor hermana Johanna Osorio Estrada, a su abuela paterna María Oliva Vargas y a sus abuelos maternos Antonio Jesús Estrada y Flor María Obando, quienes demostraron su parentesco mediante documentos auténticos (registros civiles de matrimonio de Wilson Osorio y María Julieta Estrada, fl. 7, cdno. 4, y de los padres de cada uno de estos, fls. 10, 12 y 13, cdno. 4; y registros civiles de nacimiento de Jhon Jader y de Johanna Osorio Estrada, fls. 8 y 9, cdno. 4, como también de Wilson Osorio fl. 11, cdno. 4, y de María Julieta Estrada, fl. 14, cdno. 4).
2. La responsabilidad por daños ocurridos en competencias deportivas en vías públicas.
La Sala considera que las competencias deportivas, tales como las de automovilismo o de motociclismo, que se realizan en vías públicas, entrañan el cumplimiento de las funciones especiales que están a cargo de la entidad que las autoriza, en su condición de administrador de los bienes de uso público y como máxima autoridad de tránsito y de policía en el territorio donde las ejerce.
De esta manera se advierte que el daño causado por el ejercicio de una de tales actividades deportivas, a pesar de su licitud y del beneficio que puedan generar a los administrados, puede imputarse al Estado a título de falla cuando el daño deviene de la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes consistentes en prevenir los riesgos y garantizar la seguridad y el bienestar de los administrados.
Al respecto resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 26 de octubre de 1951:
“en tratándose de actividades privadas, cada cual puede ejecutar acciones peligrosas asumiendo el riesgo que pueda correr en su aventura, mientras con ella no quebrante derechos ajenos, pero en tratándose de bienes del Estado, cuyo uso y goce corresponden por derecho a los particulares (C.C., art. 674), el Estado tiene el deber de mantenerlos en condiciones de ser usados sin riesgos innecesarios y previsibles, sin que valga la excusa de que haciendo la advertencia de ese riesgo se libra de responsabilidad culposa; eso lo veda el primordial deber de velar por la seguridad de las personas y de su patrimonio, que es más imperiosa en lo que se refiere a la administración de los bienes que forman el dominio público y que están destinados para el uso o servicio público” (resalta la Sala).
En un caso similar al que se analiza, la Sala Plena de la corporación (1) al decidir la responsabilidad de los demandados por la muerte de un joven ocurrida cuando presenciaba una competencia automovilística realizada en las calles del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), afirmó:
“La autoridad pública administra las rutas. Un adecuado servicio impone que estas se mantengan en condiciones de uso para todas las personas según sus necesidades. Condiciones que no solo se refieren al buen estado de las vías sino a una adecuada señalización de las zonas o lugares de peligro. Estas son medidas para la utilización normal y ordinaria y su ausencia o deficiencia puede comprometer la responsabilidad estatal. En cambio, cuando se permita una utilización excepcional, en especial cuando esta excepcionalidad revista ciertas condiciones de peligrosidad, deben esas mismas autoridades extremar las medidas de seguridad. Estas, y es apenas lógico, deben concordar o armonizar con el mayor o menor riesgo que se corra según sean las circunstancias reales. La obligación constitucional de velar por la vida, honra y bienes de las personas exige un eficaz, adecuado, permanente y proporcional desarrollo” (se resalta).
3. La imputación jurídica del daño en el caso concreto.
A efecto de establecer este elemento constitutivo de la responsabilidad demandada, la Sala encuentra procedente referir los hechos probados en relación con la muerte del menor.
3.1. El accidente.
Está debidamente acreditado que el menor
John Jader Osorio Estrada de 6 años, murió a consecuencia de las numerosas lesiones que padeció a consecuencia del accidente ocurrido en la calle 21 Nº 14B-43, cuando fue arrollado “y arrastrado hasta la ventana del inmueble demarcado con el Nº 14B-0” por un motociclista que participaba en la primera válida departamental de motociclismo realizada en la ciudad de Buga, Valle del Cauca (acta de levantamiento del cadáver, fl. 2, cdno. 4).
Del informe contenido en el acta de levantamiento del cadáver, remitido en copia auténtica por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalías Delegadas ante los jueces penales de circuito y de las declaraciones rendidas (2) por Leonelia Restrepo Barbosa, Fernando Barbosa, Alberto Vallejo Escobar, Blanca Oliva Tascón y Julieta Estrada, la Sala encuentra demostrado lo siguiente (fl. 47, cdno. 2; fls. 100 a 119, 140 a 143, cdno. 2, 316 y 317, 327 cdno. 5, fls. 56 a 58, cdno. 2):
• La señora Julieta Estrada que vive en la ciudad de Cali, viajaba con frecuencia a casa de sus familiares en Buga, con sus menores hijos quienes acostumbraban jugar con otros niños vecinos, en el andén o en casa de estos.
El 11 de julio de 1993, al medio día, la señora Julieta Estrada llegó a Buga con sus dos niños, a la residencia ubicada en la calle 21 Nº 14B-54 y mientras saludaba a sus familiares, el niño y su hermanita de 11 años salieron a la calle (declaraciones de Julieta Estrada, madre del niño fls. 316, 327, cdno. 5 y de Nancy Díaz vecina de Buga, fl. 260, cdno. 4).
• Mientras la madre se encontraba dentro de la residencia, el menor, ubicado en el andén, trató de cruzar la calzada derecha de la calle 21, por la que subían las motos a gran velocidad desde la carrera 18, cuando fue arrollado por el motociclista Jorge Grisales, afiliado a la Liga de Motos del Valle.
• La moto lo arrastró unos 20 o 30 metros desde la residencia ubicada en la calle 21 14B-43 hasta la identificada como 14B-00 y el cuerpo quedó en la mitad de la calzada, donde fue recogido por el señor Alberto Vallejo Escobar, que lo llevó al hospital San José de Buga donde llegó sin vida.
• El conductor de la motocicleta, se levantó, prendió su moto y siguió “el camino”.
• La vía en la que se produjo el accidente está dentro de la zona urbana y residencial de la ciudad de Buga, es recta, plana, con aceras, de doble sentido de dos carriles, de concreto y estaba en buen estado. El día del accidente la vía estaba seca, el tiempo era normal (gráfico de la competencia aportado en copia auténtica, fl. 5, cdno. 4.1; informe de tránsito elaborado por el Intra, en copia auténtica a fls. 318 y 319, cdno. 5; certificación del Secretario de Planeación de Buga, fl. 8, cdno. 4.1).
3.2. La competencia de motociclismo.
Fue realizada por el Club Deportivo Los Vikingos de Buga que, mediante Resolución 641 de 12 de septiembre de 1988, obtuvo el reconocimiento deportivo de la junta administradora seccional de deportes del Valle del Cauca, por cumplir los requisitos previstos en el Decreto 2166 de 1986. El reconocimiento fue renovado en forma sucesiva cada dos años y, para la época de la competencia, mediante Resolución 75 del 29 de marzo de 1993 (fl. 95, cdno. 2).
En relación con la programación y realización de la competencia se demostró lo siguiente:
• El 7 de junio de 1993, el secretario de gobierno del municipio de Buga autorizó a Marino Gómez, presidente del Club Los Vikingos, para que realizara la “Primera válida departamental de motociclismo”, en la modalidad de velocidad, para el día 11 de julio de 1993, a partir de las 10:00 a. m., con el siguiente recorrido: “Sale de la carrera 8ª con calle 20, por la carrera 8ª hasta la calle 23, por esta a la carrera 15, por esta a la calle 21, por esta hasta el rompoint (sic), para subir por la calle 21 hasta la carrera 9ª, por esta a la calle 18 para subir por esta a la carrera 8ª con calle 20 donde finaliza”.
Se indicó en el mismo documento que los interesados “deben llevar copia de este permiso a: Transporte y tránsito municipal, cuerpo de bomberos, defensa civil” (copia auténtica del permiso suscrito por el secretario de gobierno de Buga, fls. 88 y 127, cdno. 2).
Sobre esta autorización, el secretario de gobierno que autorizó la competencia precisó: “en el caso concreto se les expidió el respectivo permiso con días suficientes para que diligenciaran ante los diferentes organismos de seguridad y socorro como policía nacional, defensa civil, secretaría de tránsito y transporte, Cruz Roja, es decir a todos los organismos de seguridad que están dentro del municipio de Buga (...) se expidió con antelación a fin de que la entidad responsable contara con el tiempo suficiente y pidiera adelantar las autorizaciones a cada una de estas entidades, las cuales con el mismo permiso se les anuncia el deber de hacer entrega ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, es decir, hasta ahí llega la competencia de carácter administrativo y posteriormente vienen los controles de carácter operativo como control y vigilancia”. Y al ser preguntado si esa dependencia municipal verificó o controló el cumplimiento de las obligaciones que estaban a cargo de los organizadores de la competencia contestó: “Considero que sí se hizo teniendo en cuenta que a los organizadores les asistía el deber de presentarlo con antelación a la secretaría de tránsito y transporte, dependencia que desplegó el día de la válida todo su personal de guardas bachilleres al mencionado evento” (declaración de Einar Sanín, fls. 51 y 52, cdno. 2).
• El Club Los Vikingos, mediante oficio del 22 de junio de 1993, comunicó al director de transporte y tránsito de Buga, que había sido encargado por la Liga Vallecaucana de Motociclismo para realizar la válida departamental, a cuyo efecto solicitó la colaboración de esa dependencia, mediante documentos en los que relacionó el recorrido, la fecha y hora de la competencia, las categorías y los premios que se darían a los ganadores (fl. 89, cdno. 2).
Marino Gómez, presidente del club para la fecha del accidente, declaró al efecto que solicitaron permiso a la secretaría de gobierno “para con este solicitar a las autoridades de vigilancia, control y seguridad para llevar a cabo dicha competencia (...) para esa competencia nos colaboraron la Policía Nacional, la Cruz Roja colombiana, grupo de guardas bachilleres, la Liga Vallecaucana de Motociclismo e integrantes del moto Club Los Vikingos, no recuerdo muy bien si la defensa civil, pero tengo copias de las peticiones que se le hicieron en esa época a estas personas y por conducto de la Liga Vallecaucana de Motociclismo la puedo aportar (...) luego de dado este permiso escrito al club (...) nos solicitan que nos dirijamos a la policía, inspección de tránsito, defensa civil y otras entidades de seguridad para realización de esta competencia, en nuestros archivos reposan los permisos y colaboraciones”. Manifestó también que se hicieron anuncios por la emisora Radio Guadalajara y que se realizaron “perifoneos” en la ciudad por las calles que se habrían de recorrer y antes de la competencia, en los que “solicitamos al público que por favor mucho cuidado y en especial con los niños para que bajo ningún momento ni motivo se presentaran accidentes”.
Señaló además que el diseño de la ruta de competencia lo realizó el Club Los Vikingos, en consideración a la amplitud y estado de las vías y que por causa de los accidentes no volvieron a realizar competencias de ese tipo en Buga (fl. 321, cdno. 5, fls. 49 a 53, cdno. 2).
Sobre las medidas adoptadas para la realización de la competencia, se probó lo siguiente:
• Estuvieron presentes los 11 guardas bachilleres disponibles en la ciudad, que tuvieron la función de cerrar la vía y desviar los vehículos, a cuyo efecto se ubicaron lazos en algunos tramos de la competencia (declaraciones rendidas ante esta jurisdicción por los guardas bachilleres Orlando Navia Morales, Gerardo León Cedano, fls. 69 y 71, cdno. 2).
3.3. La imputación del daño al municipio de Buga.
Mediante la valoración de los medios de prueba la Sala deduce que la muerte del menor John Jaider Osorio Estrada, es imputable al municipio de Buga porque autorizó la actividad deportiva e incrementó las obligaciones a su cargo, sin contar con los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los administrados.
3.3.1. La falla del servicio.
El Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigente a la fecha en que ocurrió el accidente, establece que, en los municipios, las autoridades encargadas de expedir las normas y adoptar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, son el alcalde y los secretarios de tránsito municipal (arts. 3º, 6º y 236).
El mismo estatuto establece restricciones a la circulación de peatones, animales y vehículos por las vías públicas y privadas abiertas al público, “para garantía de la seguridad y comodidad de sus habitantes” (art. 1º), de las cuales se destacan las contenidas en el artículo 138, que dispone la reducción de velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, entre otros, en los lugares de concentración de personas y cuando transiten cerca de las aceras; el artículo 148, que dispone que el máximo de velocidad en zonas urbanas es de 60 km y el 156, que regula las obligaciones que están a cargo de los motociclistas.
Tales deberes se justifican en que el alcalde municipal es la autoridad encargada de administrar las vías urbanas con sujeción a la ley, a cuyo efecto debe tener en cuenta que son bienes de uso público que, de conformidad con lo dispuesto en la ley, están destinados “a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (L. 9ª/89 art. 5º “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”).
Cabe igualmente señalar que el alcalde municipal es la primera autoridad de policía del municipio y en tal condición, está facultado para impartir órdenes a la Policía Nacional, por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces (L. 62/93, arts. 12 y 16).
Por todo lo anterior la Sala considera que, cuando el municipio de Buga, encargado de la administración de los bienes de uso público y suprema autoridad de tránsito y policía de la ciudad, autorizó la realización de la primera válida departamental de motociclismo, sometió a los ciudadanos a un riesgo mayor e incrementó para sí las obligaciones de garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
Está igualmente demostrado que el municipio no dispuso del personal ni de los recursos materiales necesarios para la realización de este evento en las vías urbanas.
Así se deduce de la declaración del guarda bachiller Gerardo León Cedano:
“los sistemas de seguridad eran muy pobres, no habían manilas, solo en los puntos claves, nosotros los guardas somos once en totalidad, no se alcanza a cubrir, más la colaboración de la Policía Nacional, pero yo creo que se deben tomar dispositivos mejores para esta clase de eventos (...) esas actividades no deben hacerse en la parte urbana (...) no hubo una medida de seguridad, lo que me correspondía era no dejar pasar los vehículos, a uno se le sale de las manos el que los espectadores se atraviesan la calzada, a los espectadores que están cerca de uno les llama la atención (...) eso debería ser en un recinto cerrado que haya seguridad tanto para los espectadores como para los motociclistas” (fl. 72, cdno. 2; en forma similar declaró el guarda bachiller Orlando Navia Morales, fls. 69 a 71, cdno. 2).
También, de lo manifestado por el supervisor general de la secretaría de tránsito municipal:
“para garantizar la seguridad de esta clase de eventos se necesitan aproximadamente cuarenta (40) hombres (personal uniformado), más los grupos de apoyo como Defensa Civil, Cruz Roja y cuerpo de bomberos voluntarios y nuestra entidad que cuenta con doce (12) guardas bachilleres y diez (10) auxiliares (...) personalmente le hice saber al señor Marino Gómez, presidente y organizador de dicho evento que hacía falta personal uniformado y no le garantizaba seguridad total” (informe del evento presentado el 12 de julio de 1993 a la directora de tránsito municipal, fls. 6 y 7, cdno. 4.1).
En igual sentido el cuerpo de bomberos voluntarios de Buga, informó que no colaboró en la realización de la competencia “por no tener disponibilidad de personal voluntario, especialmente maquinista” (Oficio 124, sin fecha, suscrito por el comandante, fl. 102, cdno. 4).
Respecto de los efectos que la insuficiencia de recursos produjo en la realización del evento que se realiza, se probó que no se colocaron ni vallas, ni lazos, ni obstáculos para asegurar a los peatones (declaración rendida por Blanca Oliva Tascón de Tintinago, fls. 46 y 47, cdno. 2); que la competencia de motociclismo produjo tres accidentes de tránsito, “con dos homicidios y lesiones personales. Igualmente daños contra vehículos” (Informe de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buga, fl. 7, cdno. 4.1) y que en el lugar del accidente no había guardas asegurando a los espectadores (declaraciones de los guardas bachilleres Gerardo León Cedano y Orlando Navia Morales, en la que indican que se encontraban en calles cercanas fls. 69 a 71, cdno. 2).
En el aparte 7.9 del informe de tránsito se dejaron en blanco los espacios indicativos de controles en la vía, tales como los relativos a: agente, semáforo, señales o demarcación (fl. 319, cdno. 5).
Además de lo anterior, la Sala advierte que la alcaldía no solo otorgó el permiso sin considerar su precaria situación respecto de los recursos necesarios, sino que autorizó la realización de otros dos eventos para la misma fecha. En efecto, el 11 de julio de 1993, las autoridades y cuerpos voluntarios, a quienes normalmente se solicita el apoyo para estos programas, debieron atender: el realizado en la plaza de toros de la ciudad y el circuito de ciclismo nacional (declaraciones rendidas ante esta jurisdicción por los guardas bachilleres Orlando Navia Morales, Gerardo León Cedano, fls. 69 y 71, cdno. 2; informe del supervisor general de la secretaría de tránsito y transporte, fl. 7, cdno. 4.1).
No es por tanto explicable que el municipio autorice el evento y deje en manos del club organizador, la obtención de la colaboración de las autoridades de tránsito y policía, cuando lo correcto hubiera sido condicionar la aprobación del evento, precisamente a la existencia de recursos eficientes, propios o de los órganos operativos, que actúan en el municipio.
Convertir las calles de la ciudad en pistas de carreras, es una decisión que acarrea para el municipio la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes y visitantes de la ciudad. Y si bien es cierto que el Motoclub Los Vikingos fue quien diseñó el recorrido de la competencia, el municipio debió tener en cuenta, antes de su autorización, que algunos tramos de la competencia se realizarían por zonas pobladas y considerar que si el citado artículo 138 del Código Nacional de Tránsito, vigente al momento de ocurrir el accidente, establece como velocidad máxima 30 kilómetros por hora, “en los lugares de concentración de personas”, adoptar una excepción a esta regla imponía la adopción de las mejores medidas de seguridad.
Máxime que, como se indicó precedentemente, los factores tenidos en cuenta por los organizadores del evento atendían únicamente las necesidades de la competencia, no las de la comunidad; pues la escogencia de las vías estuvo determinada por el estado de la vía: sin huecos, plana, con pocas curvas y de doble calzada; sin que contara la circunstancia de que muchas de esas vías urbanas, óptimas para la competencia, cruzan los barrios más poblados de la ciudad.
La Sala resalta lo anterior, toda vez que el accidente en que perdió la vida el menor se produjo precisamente en un barrio residencial, donde habían muchas personas, adultos y niños, interesados en ver la competencia deportiva. Esta circunstancia conocida por el municipio y los organizadores, debió ser determinante a la hora de resolver sobre la autorización de la válida deportiva, toda vez que su aprobación debía estar condicionada por la garantía de la seguridad de los habitantes de los barrios.
Si como quedó dicho, cuando el municipio autorizó la realización de la competencia, asumió las obligaciones tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de los bugueños y visitantes, su compromiso era aún mayor con los menores de edad.
Por todo lo anterior la Sala concluye que el municipio de Buga incurrió en falla al autorizar la competencia sin disponer el personal y los recursos materiales suficientes para garantizar la seguridad de las personas.
3.3.2. La culpa de la víctima.
3.3.2.1. El municipio, entre otros argumentos, fundó su petición de revocatoria de la sentencia, en que esta jurisdicción desconoció los efectos de cosa juzgada derivados de la providencia del 9 de agosto de 1994, por medio de la cual, la fiscalía seccional segunda especializada, unidad única de vida, resolvió declarar extinguida la acción penal seguida a Jorge Alfonso Grisales Ruiz, por los hechos ocurridos el 11 de julio de 1993, en que perdió la vida el niño John Jader Osorio, con fundamento en que se presentó una causal excluyente de culpabilidad, el caso fortuito.
En dicha providencia el ente investigador consideró que la muerte se produjo por la imprudencia del menor, que cruzó la calle cuando se desarrollaba la competencia; como también que los padres de la víctima son altamente responsables porque no tomaron las medidas necesarias a pesar de que sabían que la carrera pasaba por el frente de la casa en que se encontraban (copia auténtica, fls. 165 a 172, cdno. 2, 337 a 345, cdno. 5).
Al respecto la Sala reitera lo manifestado en anteriores oportunidades (3) y precisa que, como los juicios relativos a la responsabilidad penal se rigen por normas, principios y objetivos diferentes a los de la responsabilidad patrimonial del Estado, los fallos proferidos por el juez penal no sustituyen las decisiones del juez administrativo, pues este juzga —no la responsabilidad del sujeto involucrado en el hecho— sino la institucional del demandado por la ocurrencia del daño producido.
Por lo anterior, la circunstancia de que se hubiera extinguido la acción penal seguida al motociclista Jorge Alfonso Grisales Ruiz por la muerte del menor, no impide el análisis y la definición de la responsabilidad de los entes demandados. Y más aún, la consideración del ente investigador respecto de la participación del menor, produce efectos en relación con la responsabilidad penal del citado motociclista, pero no en relación a la imputación jurídica del daño a los demandados, que se edifica en fundamentos y títulos que difieren sustancialmente de aquellos y, en muchos eventos, no responden a criterios de mera causalidad física o material.
3.3.2.2. En lo que respecta al otro argumento expuesto por el municipio, consistente en que la única causa de la muerte del menor fue su propia imprudencia y la de sus padres, la Sala advierte previamente que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad que lo invoca, se revela una falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor” (4) .
El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (5) .
“Para constituir una casa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresistible” (6) .
La Sala, en numerosas sentencias, ha exigido la imprevisibilidad e irresistibilidad del suceso invocado por la entidad demandada como eximente de responsabilidad, bajo la modalidad de hecho exclusivo de la víctima (7) .
En efecto, en sentencia del 30 de noviembre de 2000, expediente 13329, se excluyó la responsabilidad que se demandó contra la Nación, por el suicidio de un conscripto dentro del batallón al cual prestaba sus servicios, con fundamento en que su conducta fue del todo imprevisible e irresistible para la entidad; se dijo entonces:
“En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno psíquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o del retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el momento en que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida (sic) las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería solo imputable a su autor por ser imprevisible irresistible para la administración” (8) (resalta la Sala).
Así también, en sentencia proferida el 4 de marzo de 2004, expediente 14340, la Sala, con fundamento en la previsibilidad del suicidio de un soldado conscripto, consideró que no estaba configurado el hecho de la víctima como causa extraña del daño y dedujo una falla del Estado, porque no adoptó las medidas necesarias para evitarlo.
“... consta en el referido informe, que coincide con las declaraciones recepcionadas durante la actuación penal militar, que Tirado manifestó varias veces que estaba aburrido por el maltrato y que quería suicidarse, que en oportunidad anterior consumió pastillas con ese propósito, luego de lo cual el único ‘tratamiento’ que recibió fue con el capellán. Lo anterior es muestra del incumplimiento de los deberes del Estado para con sus soldados, pues frente a las manifestaciones de malestar de Tirado Vargas debió proporcionarle el correspondiente tratamiento especializado e impedir su contacto con armas o actividades que implicaran su proximidad a elementos peligrosos” (9) .
De igual manera, en sentencia proferida el 12 de abril de 2002, expediente 13122, se imputaron a la demandada los daños derivados del suicidio de una menor con trastornos mentales, con fundamento en que era incapaz de autodeterminarse y en que su proceder era previsible y resistible para la demandada:
“Tampoco puede afirmarse que se trató de una acción impulsiva, imposible de prever y evitar, cuando es claro que presentaba una psicosis, con conducta agresiva y con una amenaza de suicidio, factores que implicaban un alto riesgo de intento o consumación del suicidio. Frente a esta situación previsible no se tomó medida alguna para evitarla, cuando se tuvo el tiempo suficiente para hacerlo. Sin duda, en el momento en que Ivonne Paola advirtió que se iba a ahorcar, su situación cambió, pues además de requerir atención por la psicosis maniaca que padecía, se presentaba un nuevo síntoma, el del suicidio, que era necesario afrontar. No se dio aviso alguno a los médicos del hospital sobre el asunto, no se tomó ninguna medida de seguridad para evitar que se ahorcara, como la de retirar los objetos que lo facilitaran y no se vigiló de manera estrecha a la paciente, cuando se trataba de un riesgo inminente” (10)(11) .
En el caso concreto la Sala encuentra que, por tratarse del ejercicio de una actividad altamente riesgosa, que habría de desarrollarse en una zona urbana y residencial —como lo es el desplazamiento de motocicletas a velocidades comprendidas entre los 100 y los 150 kilómetros por hora— resultaba normal y previsible la presencia de menores y jóvenes, en su condición de principales espectadores, toda vez que son ellos los más atraídos por este tipo de eventos.
Es natural que las personas, mayores y menores, no se comporten en consideración a los altos riesgos derivados de tales competencias, pues las calles de la ciudad no son los escenarios apropiados para válidas deportivas de alta velocidad. Dicho en otras palabras, lo natural es que los niños, jóvenes y adultos circulen por las vías públicas, que quieran ver de cerca una competencia deportiva, rara e importante para ellos y que confíen en que cuentan con la protección debida de las autoridades y organizadores del evento. Dicha situación, permite inferir que la presencia del menor en la vía no era imprevisible para el municipio y por ende, debió adoptar todas las medidas tendientes a su protección y a la de todos los ciudadanos.
En efecto, si la ciudad y los organizadores hubiesen concebido mecanismos eficientes de control, tales como graderías, barreras, separadores, policías, acomodadores, bomberos, o cualquier otro elemento humano o material idóneo para controlar la presencia cierta y real de personas, particularmente de los más interesados en ver el espectáculo, como lo son los menores de edad, la imprevisibilidad no sería tan evidente.
Lo anterior permite a la Sala negar la ocurrencia del hecho exclusivo de la víctima, como causa extraña, en consideración a que su proceder no fue imprevisible, ni irresistible para el municipio que lo invocó. Conclusión que conlleva además a deducir, como se indicó precedentemente, la falla en que incurrió el municipio al no adoptar las medidas de protección que ameritaba el evento.
Cabe además señalar que, si bien es cierto que la limitación que establece el artículo 2346 del Código Civil solo cobija eventos en los que se imputan los daños a menores (12) , también lo es que dicha interpretación no permite trasladar a los menores el incumplimiento de reglamentaciones y normas que por razón de su edad no estaba en el deber de conocer, como lo pretende el municipio respecto de las normas del Código de Tránsito, que imponen obligaciones a los peatones.
3.4. La imputación del daño a las otras entidades.
No obstante haber concluido que el daño es imputable al municipio de Buga, la Sala encuentra pertinente exponer razones adicionales, que impiden imputar los daños a los otros sujetos demandados, previo a lo cual precisa que no se juzgó la responsabilidad del club Los Vikingos de Buga, organizador del evento, porque no fue demandado en este proceso.
3.4.1. La Junta Administradora Seccional de Deportes y el Instituto Colombiano de la Recreación y el Deporte.
Los clubes deportivos privados, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2845 del 23 de noviembre de 1984 y en el Decreto-Ley 1228 del 18 de julio de 1995, están vigilados y controlados por el Estado; pueden vincularse al sistema nacional del deporte, cuando sean reconocidos por el ente deportivo municipal correspondiente.
En el caso concreto se probó que la junta administradora seccional de deportes del Valle otorgó el reconocimiento deportivo al Club Los Vikingos, que realizó la competencia (certificación de la Junta Administradora Seccional de Deportes del Valle del Cauca, fl. 146, cdno. 4). No obstante, la Sala no encuentra demostrados los supuestos fácticos y jurídicos que permitan deducir que fue la decisión de esa junta la causante de la muerte del menor John Jader Osorio.
En efecto, las juntas administradoras seccionales de deportes (13) , para la época en que ocurrieron los hechos aquí analizados, tenían a su cargo, entre otras, las funciones de ejecutar planes y programas sobre educación física, deportes y recreación; fomentar, impulsar y coordinar la educación física, los deportes y la recreación; planear y ejecutar programas sobre la educación física, los deportes y la recreación, en coordinación con las entidades públicas y privadas; realizar obras de instalaciones deportivas, administrar escenarios deportivos, coadyuvar económicamente las actividades realizadas por entidades oficialmente reconocidas y prestarles asesoría técnica y administrativa (L. 49/83, art. 5º).
Por su naturaleza y el tipo de funciones que cumplen, claramente se infiere que el accidente no se produjo por haber otorgado el reconocimiento deportivo al Club Los Vikingos o por haberlo autorizado para promover competencias deportivas, pues son hechos que carecen de aptitud para causar el daño objeto de análisis.
Idénticas razones impiden imputar la realización del daño al Instituto Colombiano de la Recreación y el Deporte (14) , hoy Coldeportes, en su condición de máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del sistema nacional del deporte. Pues no se demostró que el accidente se hubiese producido por una omisión o incumplimiento de este órgano, en el ejercicio de sus funciones.
3.4.2. La Nación. Ministerio de Transporte.
Quedó probado que el accidente en el que perdió la vida el menor se produjo en una vía urbana y residencial del municipio de Buga.
Al respecto cabe señalar que el Código Nacional de Tránsito Terrestre (15) establece que los alcaldes municipales son las autoridades de tránsito (art. 3º), que tienen a su cargo la aplicación de las normas que regulan el tránsito terrestre en las correspondientes vías urbanas, con el objeto de garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes (art. 1º).
Se tiene por tanto que son los municipios los que aplican las normas que regulan el tránsito terrestre en su área urbana, dentro de las cuales se encuentran las que consagran la obligación de adoptar las medidas necesarias para la prevención de accidentes, como un mecanismo que tiene por objeto advertir a los usuarios de la existencia de un peligro; que deben instalarse, por estas autoridades o por autorización suya, en la forma reglamentaria y en cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y comodidad ciudadana.
El incumplimiento de tales regulaciones configura una falla del servicio de la autoridad que tiene a su cargo la aplicación de las mismas, que conduce a la declaratoria de responsabilidad demandada si se demuestra también que fue la causa, o una de las causas del accidente (16) .
Se tiene además que el Decreto 2171 de 1992, vigente para la fecha del accidente, estableció funciones a cargo de dicho ministerio, como ente regulador, planificador y normativo en el área del transporte y no señala entre las funciones del mismo, el mantenimiento de vías y carreteras.
Iguales consideraciones cabe adoptar frente al Invías, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del precitado Decreto 2171 de 1992, sus objetivos son “ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras”, lo que permite inferir que esta entidad no tenía a su cargo la conservación, adecuación, mantenimiento y señalización de la calle 21 Nº 14B-43 de la ciudad de Buga (fl. 28, cdno. 3).
3.4.3. La Defensa Civil colombiana.
La Defensa Civil colombiana es un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional (certificación expedida por el Ministerio de Defensa Nacional el 15 de septiembre de 1995, fl. 65, cdno. 4).
Mediante Resolución 278 del 9 de julio de 1973, la dirección general de la Defensa Civil otorgó personería jurídica a la Junta de Defensa Civil de Buga (fl. 68 cdno. 4), que colaboró con la realización de la primera válida departamental de motociclismo realizada el 11 de julio de 1993 en Buga, con equipo de primeros auxilios, camilleros, paramédicos y dos ambulancias (certificación de 13 de julio de 1993 emanada de la Defensa Civil colombiana, Seccional Valle, fl. 128, cdno. 2, reporte de actividades del comité ejecutivo del Motoclub Los Vikingos e informe de la secretaría de tránsito municipal, fls. 134, cdno. 2 y 7, cdno. 4.1.) (17) .
No obstante la participación de este sujeto en la realización de la válida deportiva, la Sala advierte que la misma estaba encaminada a proporcionar primeros auxilios a las potenciales víctimas de accidentes y quedó probado que la muerte del menor no se produjo por deficiencias en este tipo de servicios.
3.4.4. Nación. Ministerio de Defensa. Policía Nacional.
A pesar de que está demostrado que este organismo prestó servicio de vigilancia y control en la competencia de motociclismo realizada el 11 de julio de 1993 (certificación original expedida el 19 de octubre de 1996 por el comandante de la Policía de Buga, fl. 83, cdno. 2), no se probó que el daño se hubiera causado por fallas en el cumplimiento de las funciones a su cargo, o porque hubiese omitido injustificadamente los procedimientos a su cargo.
Como bien lo afirma la propia entidad, a la Policía Nacional no se le podía exigir la atención de tres eventos, dos de ellos altamente peligrosos, realizados en la misma fecha y en tres puntos distintos de la ciudad.
Y probado como está, que el daño no se habría producido si el municipio de Buga no hubiese autorizado la realización del evento o si hubiese cumplido cabalmente las funciones de seguridad y vigilancia derivadas de dicha autorización para este tipo de competencias, resta concluir que la Policía Nacional no concurrió en la producción del daño.
Todo lo anterior resulta suficiente para concluir que el municipio de Buga es el único responsable por la muerte del menor John Jader Osorio Estrada y por tanto, está obligado a reparar los perjuicios derivados de la misma.
El a quo, en consideración a que la víctima concurrió en la producción del daño, redujo la indemnización dispuesta por este concepto, en tanto que la demandante, como se indicó, solicitó el incremento de la condena a los máximos reconocidos por la corporación, con fundamento en que la víctima no pudo determinar el accidente.
De conformidad con lo expuesto precedentemente la Sala accederá al incremento de la condena solicitado por la parte actora, en consideración a que el daño solo es imputable al municipio de Buga.
Ahora bien, en cuanto a la falta de prueba del perjuicio moral que alegó el municipio de Buga al sustentar la alzada, la Sala acoge lo afirmado en numerosas providencias y considera que la prueba de la condición de padres y hermanos del occiso resulta suficiente para inferir el dolor moral que padecieron con la muerte del menor de 6 años.
Respecto del perjuicio causado a los abuelos, la Sala destaca las declaraciones rendidas por los vecinos y amigos de la familia, Nancy Díaz, José Lawrence Caicedo, quienes afirmaron que padres, abuelos, hermana e incluso la comunidad de sus vecinos, padecieron tristeza y congoja por la muerte tan lamentable del niño, que era el consentido de toda la familia, por su amabilidad y simpatía (fls. 260, 267, 271, cdno. 5).
Se advierte que, para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó un máximo de cien salarios mínimos legales mensuales.
Así las cosas, y dado que el demandante pidió por este concepto “el equivalente en pesos a un mil gramos oro fino, al precio que se encuentre el metal en la fecha de ejecutoria de la sentencia” (fl. 19, cdno. 4) habrá de calcularse el número de salarios mínimos a que tiene derecho cada uno de los damnificados en consideración a ese tope de la pretensión.
• 1.000 gramos de oro a la ejecutoria de esta sentencia equivale a $ 32.549.530.
• El salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia es de $ 381.500.
• El valor máximo de la condena corresponde entonces a 85.31 salarios mínimos legales mensuales ($ 32.549.530 / 381.500).
Se reconocerá por tanto a favor de los padres el equivalente en pesos a 85.31, esto es $ 32.549.530 para cada uno.
A favor de la hermana y de los abuelos demandante, para quienes se pidió igualmente el equivalente en pesos a mil gramos oro al precio de la ejecutoria de la sentencia, procede la condena a 50 salarios mínimos legales mensuales, que corresponden a $ 19.075.000 para cada uno, en consideración a que este es el valor que jurisprudencialmente se ha fijado para compensar el dolor de estos familiares y a que esta suma no es incongruente con el tope de $ 32.549.530, fijado en la demanda.
Con fundamento en todo lo anterior la Sala modificará la sentencia para declarar que el municipio de Buga es el responsable de los daños derivados de la muerte del menor John Jaider Osorio Estrada.
MODIFÍCASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle el 27 de marzo de 1998; quedará así:
1. Declárase al municipio de Buga, responsable de la muerte del menor John Jaider Osorio ocurrida el 11 de julio de 1993, en esa ciudad.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al municipio de Buga a pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales, los siguientes valores:
A los señores Wilson Osorio Vargas y María Julieta Estrada Obando, la suma de treinta y dos millones (sic) de pesos moneda corriente ($ 32.549.530 / 85.31 salarios mínimos legales mensuales) para cada uno de ellos.
A la hermana del occiso Johanna Osorio Estrada y los abuelos María Oliva Vargas, Antonio Jesús Estrada y Flor María Obando la suma de diecinueve millones setenta y cinco mil pesos moneda corriente ($ 19.075.000 / 50 salarios mínimos legales mensuales), para cada uno de ellos.
3. Se deniegan las demás pretensiones de la demanda.
(1) Sentencia del 30 de agosto de 1983, expediente 10.763.
(2) La Sala precisa que las declaraciones tenidas en cuenta obran en el expediente adelantado por la fiscalía y remitido a este proceso en copia auténtica, a solicitud de las partes, quienes también se refirieron a ellas en sus alegatos (fl. 350, cdno. 5) y fueron ratificadas ante esta jurisdicción.
(3) Sentencia del 22 de abril 2004, expediente 13.820.
(4) Luis Josserand, Derecho Civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosh y cia., Buenos Aires, 1950, pág. 341.
(5) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1960, págs. 332 y 333.
(6) Ob. cit. pág. 318.
(7) En similares condiciones se ha pronunciado la Sala al evaluar el hecho del tercero; así en sentencia proferida el 20 de septiembre de 2001, expediente 13553, M.P. Alier Hernández, consideró que un ataque guerrillero en que perdieron la vida varias personas no podía considerarse como hecho del tercero porque se probó que era previsible para la entidad demandada: “En efecto, no obstante que altos mandos de la Policía Nacional tenían conocimiento de la inminencia de un ataque guerrillero a la subestación de El Calvario, a la cual se encontraba adscrito dicho agente, aquellos no tomaron medida alguna para garantizar que los miembros de la institución estuvieran preparados para afrontarlo; así, por ejemplo, no reemplazaron el armamento, ni los equipos de comunicaciones a pesar de haber advertido que era necesario, y no aumentaron el pie de fuerza, ni diseñaron mecanismos especiales para enviar refuerzos, en caso de urgencia. No puede la Sala establecer cuál era el plan específico o la estrategia que debía ejecutar la institución mencionada; es ella la que, en cada situación y con fundamento en labores de inteligencia, debe adoptar la decisión más adecuada; sin embargo, es claro que, en el caso objeto del presente proceso su actitud fue omisiva, puesto que era evidente que la subestación de El Calvario podía ser objeto de un ataque guerrillero en cualquier momento y, en las condiciones en que se encontraba, no estaba preparada para afrontarlo, y, por lo tanto, que el comandante y los agentes a ella adscritos tendrían una alta probabilidad de resultar muertos o gravemente lesionados sin que, por lo demás, su valerosa actuación sirviera, finalmente, para proteger a los habitantes del municipio. En estas condiciones, el hecho de las FARC no era imprevisible para la entidad demandada” (se resalta). En igual sentido, la sentencia del 29 de agosto de 1996, expediente 9616, M.P. Carlos Betancur: “En el sub lite, haya ido o no en contravía la máquina de la entidad demandada, el accidente se habría producido porque el peatón fue lanzado por un tercero identificado hacia la, en ese momento, exclusiva zona de tránsito de la máquina barredora. No cabe duda de la situación imprevista e invencible en que se vio el conductor del aparato que además iba a baja velocidad, lo que confirma lo sorpresivo de la caída de la víctima, tanto que aquel no pudo hacer maniobra alguna para evitar atraparla”.
(8) M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(9) M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(10) M.P. Alier Hernández Enríquez.
(11) Estas consideraciones fueron reiteradas en sentencia proferida el 15 de diciembre de 2004, expediente 14250, M.P. Ruth Stella Correa; en esta oportunidad se dedujo una falla del servicio de la entidad demandada por no evitar el daño que podía causarse a sí mismo o a los demás un paciente que reveló esta tendencia: “... se concluye que el suicidio del señor Saúl Arenas Carmona es imputable al servicio seccional de salud de Risaralda, porque en el Hospital Mental de Pereira, a cargo de esa entidad, no se le brindaron las medidas de seguridad que su situación ameritaba, de acuerdo con su historia clínica, examen mental, manifestaciones externas de su enfermedad y conducta reciente”.
(12) Sentencia del 25 de mayo de 2000, expediente 11.253 dijo la Sala: “Es claro que, dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad, poco importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o no. Por la misma razón, es claro que la norma citada (C.C., art. 2346) se refiere a hechos ilícitos considerados fuentes de obligaciones, por lo cual se aplica al menor que causa daño, mas no al que lo sufre”.
(13) Fueron creadas mediante Ley 49 del 22 de diciembre de 1983, como unidades administrativas especiales, con personería jurídica y patrimonio propio, subordinadas al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.
(14) Creado mediante Decreto-Ley 2743 del 6 de noviembre de 1968, como un órgano asesor y consultor del Gobierno Nacional en todo lo relacionado con la política de bienestar y recreación de la juventud y con el desarrollo de la educación física y el deporte en todo el territorio nacional (art. 1º). Que fue reorganizado como Coldeportes, mediante Ley 181 del 18 de enero de 1995 y reestructurado por el Decreto-Ley 1230 del 18 de julio de 1995, como un establecimiento público del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonio independiente.
(15) Decreto-Ley 1344 del 4 de agosto de 1970.
(16) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 6 de septiembre de 2001; expedientes acumulados 13232 y 15646; actores: Belén González y otros - William Alberto González y otra.
(17) La Sala no acoge la afirmación realizada por la Junta de Defensa Civil de Buga, en oficio de 20 de septiembre de 1996, ni la declaración rendida por su representante de la época (fls. 2 a 8, 52 cdno. 2,), en los que se afirma que esa entidad no prestó el servicio en la competencia, toda vez que los tres medios de prueba tenidos en cuenta, en forma seria y objetiva demuestran lo contrario y ameritan más credibilidad porque se produjeron dentro de los días siguientes al accidente y porque dos de ellas emanan de sujetos ajenos a la entidad cuestionada.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 artículo 148
 artículo 138
 artículo 2346
 artículo 53
 Resolución