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Timestamp: 2017-08-21 23:50:39+00:00

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En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 242 de la Constitución colombiana que autoriza la participación de los ciudadanos en el debate sobre el control jurídico y político de los proyectos de reforma constitucional, nos permitimos presentar, dentro de los términos legales, un documento de impugnación de la Ley 1354 de 2009 “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”.
En un estado democrático la forma cómo se hacen las cosas es tan importante como las cosas mismas. Y no se trata de validar meros formalismos que den apariencia de legalidad a los procesos decisorios o de cambio, sino que en un sistema de leyes la sujeción del ciudadano a los procedimientos legales constituye un freno constante a la arbitrariedad del poder y garantiza las condiciones para la existencia de una mínima paz social.
De allí se colige, por ejemplo, que los medios para hacer efectivo un derecho fundamental son tan definitivos como el derecho mismo de que se trate. Pues de nada valdría la consagración de un derecho cuya realización sea imposible en la realidad por la ausencia de medios eficaces, a menos que la realidad misma sea transformada; lo que planteado en otros términos significa que la mera consagración de un derecho fundamental autoriza al ciudadano a desplegar todos los medios para que su ejercicio sea posible.
Desde esta perspectiva, la confianza que el constituyente primario depositó en la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución es una garantía insustituible de que el estado de derecho prevalecerá frente a las asechanzas y embates que a diario recibe de sus enemigos. Y lo expresamos así, porque uno de los mayores peligros que amenaza a una democracia es su propia destrucción a través de procedimientos formalmente democráticos como sucedió, para citar un caso emblemático, con la República de Weimar a través del ascenso de Hitler al poder por las vías electorales.
En consecuencia, surgen algunas preguntas inevitables que debemos formularnos los colombianos: ¿cómo se defiende una democracia de las propias mayorías (relativas) que un día afirman un interés específico y otro día, lo niegan? ¿Qué hacer frente a la utilización perversa de los mecanismos democráticos que pretenden burlar el espíritu de las leyes y socavar la integridad de la Constitución? ¿Cuáles son los tesoros que los magistrados guardianes están obligados a cuidar en la casa constitucional? Las respuestas no son fáciles pero es necesario para la salud de la república debatir con amplitud la problemática planteada.
Si bien la decisión de las mayorías es la regla de oro de la democracia, en particular, para la toma de decisiones políticas, esta es una regla de la que se derivan varias consecuencias, entre ellas, la garantía del derecho de existencia de las minorías y la posibilidad de que a través del libre ejercicio de la oposición éstas puedan convertirse en alternativa de gobierno, así como la sujeción de la voluntad mayoritaria a unos condicionamientos legales que no pueden ser sobrepasados sólo por el hecho de ser mayoría. Si no fuera así estaríamos condenados a la imposición autoritaria de un poder sobre sus adversarios y al surgimiento de una especie de derecho de resistencia a la opresión como el que formularon los revolucionarios franceses en su primera Declaración de derechos.
La mayoría no es un tumulto ni una encuesta, sino la expresión libre y consciente de unas voluntades que concurren a través de unas reglas de juego acordadas para todos y logran que determinada política se imponga a la sociedad. Pero la mayoría sólo en algunos casos se convierte en cualidad, como por ejemplo en el momento que se cuentan los votos y gana una de las opciones políticas en liza o se soluciona una controversia pública. Ahora bien, si en un caso la mayoría resuelve tomarse la justicia por cuenta propia y decide linchar a unos delincuentes capturados en flagrancia, o si en otro vía referendo decide establecer la abolición de la propiedad privada, estaríamos frente a una destrucción de la democracia por las propias mayorías llamadas a caracterizarla. Aquí la cualidad (el valor o principio) es el límite que la mayoría no puede traspasar, porque entonces el asunto ya no sería de quien tiene la mayoría sino quien posee la fuerza para imponer sus intereses como si estuviésemos en el estado de naturaleza de que hablara Hobbes.
En otras palabras, la mayoría no es sólo la mitad más uno de los votos emitidos ni tampoco los porcentajes que se exigen en votaciones calificadas como en el caso de las reformas constitucionales; la mayoría es, sobre todo, una relación que se establece entre la libertad de los ciudadanos y los medios previstos en la ley para que dicha libertad se materialice. Si esto es así, nace una primera condición sine qua non para la legitimidad y legalidad de las decisiones mayoritarias: que su libre expresión no haya sido obstruida o manipulada por intereses espurios o coacciones insalvables.
Si bien una democracia debe albergar múltiples intereses y opiniones, lo mismo que mecanismos idóneos para que se expresen, no es menos cierto que la democracia va construyendo un edificio de legalidad al que deben atenerse dichos intereses si quieren hacerse valer de manera legítima. Pero la historia demuestra de modo prolijo que en casi todas las sociedades, grupos de poder quieren torcerle el cuello a la legalidad para que prevalezcan sus oscuros intereses. El dique contra esa amenaza es la legalidad, no sólo lo que ella prescribe en la esencia de un asunto, sino también (y no es menos esencial), la manera misma cómo las normas y los procedimientos pueden ser cambiados. Porque puede ocurrir —y ocurre— que una ley, cuya razón de ser es que sea acatada por todos los ciudadanos, tenga vicios ocultos en su formación de tal naturaleza que desvirtúen su propósito general y abstracto y sólo sirva en la práctica para garantizar esos mismos intereses subalternos que la desnaturalizaron en su proceso de formación.
De manera similar ocurre con la columna principal del edificio legal: la constitución política. Grupos poderosos la tienen en su mira con el propósito de que les sirva de manera exclusiva a sus propios intereses. Y no es el ciudadano de a pie el que se entera ni participa en los procesos de reforma a la constitución, aun cuando en la retórica de esos grupos se apela siempre al ciudadano del común para legitimarlos con un barniz democrático. Y aquí vamos a un punto central en el debate constitucional: ¿qué significa que la Corte Constitucional sea la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución? Pues ni mas ni menos que debe vigilar que las cosas se hagan como la Constitución prevé y de acuerdo con unos valores y principios que ella misma consagra. La Corte no puede limitarse a revisar el ropaje exterior de los proyectos de reforma, como lo sostienen algunos con una visión ortodoxa del control constitucional, porque de la noche a la mañana y sin que nadie se percate caballos de Troya pueden dar al traste con los cimientos, o expresado en términos literarios, nos encontraríamos con la casa tomada, como de hecho ha ocurrido con el paulatino desmoronamiento de la Constitución del 91 a través de una serie de reformas reaccionarias destinadas a liquidarla. Los magistrados no se pueden convertir en guardianes de una casa de grillos y de fantasmas; su deber es cuidar los tesoros que, entre otras cosas, le dan forma y contenido a su propia existencia y funciones, porque de lo contrario se convertirían en rey de burlas cuidando una casa cuyos tesoros fueron saqueados en sus propias narices. Si bien la Corte debe examinar los actos reformatorios de la constitución sólo por los vicios de procedimiento en su formación, ello no quiere decir que deban limitarse a los requisitos visibles que exigen la Constitución y las leyes para su perfeccionamiento. Deben aguzar sus sentidos para evitar el ingreso de ejércitos invisibles ocultos en los caballos de Troya. Y como en el caso que nos ocupa se trata de reformar sólo un “articulito” para hacer posible la segunda reelección del Presidente, vamos a poner un ejemplo que nos ayude a entender el problema: una reforma del artículo 12 de la Constitución vía referendo que incluya un segundo inciso en este sentido:
Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En los casos de terrorismo y con el único propósito de salvar vidas humanas, la tortura podrá ser aplicada como método de interrogatorio judicial.
Señores magistrados: nos preguntamos ¿en que quedaría nuestra Constitución si se aprobase dicha reforma? ¿Podríamos hablar sin sonrojarnos de una democracia y de un estado de derecho, a pesar de que se hubiesen cumplido, en gracia de discusión, todos los procedimientos en la formación del acto reformatorio?
Podríamos seguir haciendo alarde de nuestra imaginación reformista pero creemos que con ese solo ejemplo basta para justificar nuestro argumento de que la Corte Constitucional debe ir mucho más allá de las formalidades y procedimientos en su control de los actos reformatorios. Incluso el magistrado que salvó su voto en la sentencia C-1040-05 respecto de la facultad de la Corte Constitucional de examinar una reforma por vicios de competencia admite esa posibilidad tratándose de un proyecto de reforma vía referendo: “Cabe adicionalmente señalar que la teoría de los vicios de competencia fue inicialmente formulada para un procedimiento específico de reforma constitucional, aquél que tiene lugar mediante una ley convocatoria a un referendo constitucional, y que tal vez, en gracia de discusión, tendría alguna justificación por las características propias de este procedimiento, el cual no se perfecciona sin la participación popular, razón por la cual el control que efectúa la Corte Constitucional tiene lugar sobre un texto normativo de carácter legal más no constitucional”
La Ley 1354 de 2009 “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional” generó en su proceso de formación vicios de procedimiento y vicios de competencia que violan los requisitos consagrados en el titulo XIII de la Constitución Política de Colombia
Los vicios de procedimiento en el proceso de formación del acto reformatorio de la Constitución Política son de diversa naturaleza y se evidencian en dos instancias: la recolección de firmas y el tramité en el Congreso de la República.
La recolección de firmas. Está demostrado que se violaron los topes previstos en las normas para la financiación de la recolección de firmas ciudadanas por parte de los promotores del referendo y así lo constató el Registrador Nacional y lo fallaron los conjueces del Consejo Nacional Electoral al anular el proceso de recolección de dichas firmas. Además se comprobó también que más de uno de los aportantes de dinero son contratistas del Estado y que los promotores del referendo utilizaron una serie de artilugios para confundir a las autoridades al respecto. Este vicio que en apariencia no es relevante y que hubiese podido ser subsanado ―repitiendo el proceso conforme a la ley― tiene unas profundas implicaciones en la expresión libre de la voluntad del pueblo. En un país como Colombia con altos índices de concentración de la riqueza y desigualdad son relativamente pocas las personas y grupos ―además del Estado― que están en condiciones de financiar procesos de participación popular, por esta razón y con el fin de preservar la iniciativa legislativa en manos del pueblo y la igualdad de los ciudadanos, es que se han establecido unos topes en la financiación de la recolección de firmas, pues de lo contrario, como en efecto ha ocurrido, se presentaría una distorsión de la voluntad popular al permitir que sectores plutocráticos y grupos vinculados a la contratación del Estado inclinen la balanza a su favor. Si la voluntad de los ciudadanos es cooptada por esos intereses particulares el mecanismo de participación popular dejaría de serlo y se transformaría en una forma de cabildeo de dichos intereses.
El trámite legislativo. Los vicios de procedimiento de la ley que autorizó el referendo en su paso por el Congreso de la República son de diversa naturaleza y de tal gravedad que invalidan el proceso legislativo.
El primero de ellos es que si bien el Registrador Nacional del Estado Civil certificó sobre el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos, no lo hizo sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo, tal y como lo exigen los artículos 24, 27 y 30 de la ley 134 de 1994, constancia, a nuestro juicio, necesaria para que la cámara de Representantes pudiera avocar el conocimiento de dicha iniciativa.
El segundo de ellos es la modificación por parte del Senado de la República del texto del inciso del artículo 197 de la Constitución que se pretende reformar. La propuesta original que firmaron los ciudadanos señalaba de modo expreso lo siguiente: “quien hubiese ejercido la presidencia por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”, y dado que esa propuesta dejaba por fuera la posibilidad de que el actual Presidente se pudiera presentar para reelegirse en el 2010, como se suponía que deseaban los ciudadanos que firmaron la propuesta, esta fue modificada y finalmente aprobada por el Congreso en la siguiente forma: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”, quedando subsanado el error de redacción de los promotores del referendo reeleccionista. El interrogante que aquí se asoma es ¿hasta qué punto el Congreso puede modificar una propuesta de reforma a la Constitución hecha por el pueblo vía referendo? Si bien concurren dos poderes en este proceso: los ciudadanos presentando la propuesta y el Congreso aprobándola o negándola, lo que no estaría claro es si es admisible que el legislativo modifique la propuesta de los ciudadanos como ocurrió con el primer inciso del artículo 197 que se pretende cambiar. Y no se trata de una modificación cualquiera, porque en la redacción original de la propuesta se dejaba un período constitucional abierto a otra opción de gobierno y no autorizaba la reelección con nombre propio por dos períodos consecutivos como se pretende con la modificación realizada. Pero el asunto no para allí. La norma constitucional es clara e inequívoca al consagrar los modos en que puede ser reformada. Sólo hay tres posibilidades de acuerdo con el artículo 374 que reza: “La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo vía referendo”. Lo que quiere decir que cada poder tiene su propia vía para hacerlo. Si el Congreso quiere reformar la Carta Política debe hacerlo siguiendo los procedimientos previstos en el artículo 375 de la misma, como por ejemplo, lo hizo a través del acto legislativo que autorizó la reelección del actual Presidente. Lo que no puede hacer es sustituir la facultad que al pueblo le ha sido asignada de reformar la Constitución vía referendo. Aun admitiendo que el Congreso pueda negar u aprobar una propuesta de reforma a la Constitución hecha por el pueblo vía referendo por razones de conveniencia o legalidad, resultaría a todas luces una usurpación de la atribución constitucional, modificar la propuesta de los ciudadanos, como efectivamente ocurrió, pues lo que los ciudadanos firmaron no fue lo que finalmente se aprobó. Si el Congreso consideraba que debía corregirle la plana a lo que firmaron los ciudadanos, debió entonces negar la propuesta para que los promotores del referendo hubiesen podido corregir el supuesto error en que habían incurrido repitiendo el proceso de recolección de firmas con el texto modificado. Ahora si el argumento que se esgrime es que no había suficiente tiempo para que se repitiera el proceso, esa es una cuestión irrelevante para los efectos del debate constitucional. Si abundáramos en el espíritu de la Constitución lo que logramos vislumbrar es que más bien es el Congreso el que tiene un límite, cuando, por ejemplo, aprueba reformas constitucionales que afecten el capítulo de los derechos fundamentales, pues el pueblo podría ejercer una especie de control material que incluso le permitiría echar abajo el acto legislativo a través de un referendo (Artículo 377 de la Constitución).
A los vicios anteriores se agregan la expedición del decreto por parte del gobierno citando a sesiones extraordinarias cuando aún no había concluido las sesiones ordinarias violando las normas que regulan la materia, así como los impedimentos negados por los mismos congresistas que se encontraban impedidos y que por tal razón no podían participar en la conciliación de la iniciativa popular sin incurrir en el delito de prevaricato.
Vicios de competencia.
En consonancia con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional que admite la existencia de vicios de competencia nos permitimos señalar que la reforma que se pretende aprobar vía referendo supone un grave atentado contra la Carta política (sustitución de Constitución).
La Corte Constitucional, en la Sentencia número C-551 de 2003 definió algunos criterios en relación con la sustitución de Constitución:
“Que el poder de reforma definido por la Constitución colombiana está sujeto a límites competenciales.
Que sólo el constituyente primario tendría la posibilidad de producir una tal sustitución.”
Todas las anteriores reglas jurisprudenciales fueron reiteradas por la Corte en las sentencias C-1200 de 2003, C-970 y C-971 de 2004 y en la sentencia C-1040 de 2005 que declaró exequible el acto legislativo que permitió la reelección del actual Presidente.
La Corte Constitucional realizó un examen detallado de los vicios de competencia en la sentencia C-1040-05 y llegó a la conclusión que la reelección presidencial por sí misma no constituye una sustitución de la Carta Política; señala que la estructura democrática se mantiene, lo mismo que la necesaria división entre los poderes públicos:
“Para la Corte permitir la reelección presidencial —por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria para garantizar los derechos de la oposición y la equidad en la campaña presidencial— es una reforma que no sustituye la Constitución de 1991 por una opuesta o integralmente diferente. Los elementos esenciales que definen el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana no fueron sustituidos por la reforma. El pueblo decidirá soberanamente a quién elige como Presidente, las instituciones de vigilancia y control conservan la plenitud de sus atribuciones, el sistema de frenos y contrapesos continua operando, la independencia de los órganos constitucionales sigue siendo garantizada, no se atribuyen nuevos poderes al Ejecutivo, la reforma prevé reglas para disminuir la desigualdad en la contienda electoral que será administrada por órganos que continúan siendo autónomos, y los actos que se adopten siguen sometidos al control judicial para garantizar el respeto al Estado Social de Derecho”. (El subrayado es nuestro)
Y la Corte insiste que para establecer si se ha producido una sustitución de la Constitución: “habría que mostrar que los poderes que la Constitución confiere al Presidente de la República dentro de un sistema de frenos y contrapesos, resulta remplazado por un esquema de equilibrios integralmente diferente u opuesto a raíz del establecimiento de la reelección presidencial inmediata, de tal manera que si se reformase la Constitución en ese punto, se habría producido en realidad una verdadera sustitución de la Constitución”
Finalmente la Corte concluye que “la reforma por medio de la cual se permite la reelección presidencial no comporta una sustitución de la estructura básica de la Constitución en cuanto a forma de Estado, sistema de gobierno y régimen político, y por consiguiente no cabe afirmar que el Congreso haya incurrido en un vicio competencial por este concepto en la expedición del Acto Legislativo No. 02 de 2004”.
Un análisis pormenorizado de la sentencia C-1040-05 deja en evidencia que el conjunto de las reflexiones de la ponencia mayoritaria que dio luz verde a la reelección está fundado en el hecho de que se trata de una sola reelección presidencial, por lo que muchos de los juicios y afirmaciones que allí se hacen para demostrar que una sola reelección no vulnera la Constitución se vuelven en contra de la posibilidad de una segunda reelección presidencial y mucho más cuando su tramite ha estado plagado de graves e insubsanables vicios de forma como se ha demostrado y es de conocimiento público.
Nuestros argumentos se dividen en dos: los que afirman que se ha producido una violación grave del principio de igualdad y los que sostienen que la segunda reelección presidencial inocula un germen autoritario y antidemocrático que amenaza con demoler el edificio constitucional.
Violación del principio de igualdad. La intervención del Congreso modificando la propuesta ciudadana y la convocatoria del referendo tal y como quedó aprobada, no sólo sustituye la potestad del pueblo de reformar la Constitución vía referendo, como ya se argumentó, sino que se producen “un acto de naturaleza individual y concreta, contrario al carácter general que debe tener la ley y que, por consiguiente, subvierte el principio de igualdad, como elemento definitorio de la identidad de la Constitución”. En un Estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley como principio general de interpretación y aplicación de la misma.
La reforma constitucional que se pretende tiene nombre propio porque salvo que Rafael Núñez y Alfonso López Pumarejo regresaran de sus tumbas a la vida, nadie, excepto el actual Presidente, cumple con los supuestos fácticos que están planteados en el proyecto de reforma. La fórmula prevista en la convocatoria del referendo no deja duda alguna: “quien hubiese ejercido la presidencia por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”. Veamos más en detalle la norma constitucional que se pretende cambiar. Se trata del inciso 1 del artículo 197 que dice: “Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos”. Se cambia un pronombre indefinido (nadie) por un “prohombre” definido (quien hubiese ejercido la presidencia por dos períodos constitucionales). Es tan errática la redacción y sólo expresa el deseo de que la reforma sirva a una persona en particular, contrariando el carácter general de la ley que, por lo menos, si se quería construir una fórmula abstracta y general en la norma constitucional se hubiese podido redactar así: Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de tres períodos. Pero no puede quedar en el texto constitucional una norma hecha a la medida de un interés particular, independientemente de la importancia del mismo, porque no se puede poner la institucionalidad al servicio de las ambiciones de poder de un grupo político o de un líder cualquiera. La Corte de modo sutil argumenta frente a la primera reelección que ésta no rompe el equilibrio democrático, sino que cambia el punto de equilibrio y que este a su vez dependerá de múltiples factores, dado que antes de la reforma —cuando estaba prohibida la reelección presidencial— el balance de las posibilidades de los candidatos presidenciales no estaba determinado por un solo e inmodificable punto de equilibrio. Pero lo más paradójico de esta argumentación es que la Corte señala que “no puede anticiparse a los efectos prácticos de las nuevas reglas” creadas por la posibilidad de la reelección, sino que su control se limita a “verificar si estas sustituyeron el principio de la democracia pluralista”. Y remata con esta perla que, a nuestro juicio, no puede ser desconocida por la Corte en el examen de la segunda reelección que se pretende vía referendo: “como quiera que sólo puede haber una reelección, de todas maneras, en el período siguiente el juego se dará entre ciudadanos iguales, con lo cual el sistema, tal como está previsto en el Acto Legislativo 2 de 2004, atiende a la necesidad de garantizar la alternancia en el poder, no solo mediante el expediente de establecer un pronunciamiento periódico del electorado, sino, adicionalmente, estableciendo un límite absoluto al término durante el cual una misma persona puede ejercer como Presidente de la República”.
Germen autoritario.
De aprobarse la reforma constitucional, tal y como ha sido formulada la propuesta en la convocatoria del referendo estaríamos inoculando a la Constitución un germen autoritario que liquidaría el carácter democrático de la misma. Dadas las amplias atribuciones y facultades que la Carta Política coloca en cabeza del poder ejecutivo es evidente que una modificación que le permita a un Presidente ejercer sus funciones durante tres períodos consecutivos de gobierno crea un serio desbalance entre los poderes públicos que pone en peligro la existencia de uno de los elementos constitutivos del régimen político democrático y del Estado de derecho como tal. Si bien no hay una sustitución total de la forma de Estado, ni del sistema de gobierno, ni del régimen político previsto en la Constitución del 91, sí hay un resquebrajamiento institucional de esos tres elementos definitorios sin que se pueda afirmar, como en el caso de la primera reelección, que se trata de un reforma ordinaria y posible dentro de los parámetros constitucionales. La misma Corte Constitucional en la sentencia C-1040-05 admite que una sola reelección inmediata “implica introducir una modificación importante en algunos aspectos del diseño de la distribución del poder del Estado. No solamente se permite que la influencia del Presidente se proyecte, eventualmente, durante un período adicional de cuatro años, con todo lo que ello implica sobre su posibilidad de conseguir y mantener adhesiones en términos de gobernabilidad, sino que, además se afectan ciertos elementos puntuales de la arquitectura constitucional, cuyo sentido podía estar, en cierta medida, vinculado a la duración del mandato presidencial, como podría ser, por ejemplo, la participación del presidente en la integración de otros órganos del Estado, como la Junta Directiva del Banco de la República, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación o la propia Corte Constitucional. La reelección del Presidente proyectaría por un período más su influencia en la conformación de esos órganos. Sin embargo, esas modificaciones en la distribución del poder son eventuales”.
Curiosamente y a renglón seguido la sentencia pone un ejemplo para demostrar cómo en la elección de los propios magistrados de la Corte Constitucional, una sola reelección no afectaría la independencia de la misma: “…como el período de los magistrados es de ocho años, no reelegibles, un presidente, incluso en la eventualidad de que sea reelegido, ejerce su mandato durante el período de una Corte elegida en un momento diferente al del mandato presidencial. El período de seis de los actuales magistrados de la Corte Constitucional va de 2001 a 2009 y el de uno de ellos de 2004 a 2008. Así, el Presidente elegido en 2010, en el evento de que sea reelegido en 2014, gobernará 7 de los 8 años durante un lapso coincidente con el período de 8 años de los magistrados elegidos para el período 2009-2017”. ¿Pero qué pasa en el caso de un Presidente que pretende gobernar durante doce años seguidos? ¿Se puede sostener la misma argumentación que en el caso de la primera reelección?
Sin abundar en las consecuencias prácticas que acarrearía una segunda reelección en el proceso democrático, nuestra argumentación es que la aprobación de un tercer mandato en cabeza del actual Presidente, en sí misma entraña un grave quebrantamiento de la Constitución como si alguien hubiese empujado una ficha de la escalera de un dominó llevándose consigo una tras otra toda esa armadura institucional; ese es el riesgo que se quiere evitar con la prohibición de la reelección que, dadas las puertas del autoritarismo que ya se abrieron con la primera reelección, podríamos estar incubando una reelección indefinida, prestándose entonces la Corte Constitucional al juego refinado de otorgarle periódicamente una fachada de legalidad a un propósito y unos intereses antidemocráticos.
En nuestro régimen presidencialista hay un notorio contraste entre las atribuciones del ejecutivo y la responsabilidad política que se derivan de las mismas. De acuerdo con la Carta Política las facultades del Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y como Suprema Autoridad Administrativa se expresan, entre otras, en materia de orden público, relaciones internacionales, crédito público, seguridad exterior, potestad reglamentaria, contratación estatal, inspección de la educación y los servicios públicos. Ese alto grado de concentración de funciones en el Ejecutivo y por tanto de intervención en casi todos los órdenes de la vida nacional no tiene un contrapeso institucional adecuado, dado que los electores le otorgan mandato para un período fijo de cuatro años sin posibilidad de revocatoria del mismo. Ese fue el diseño de la figura presidencial por parte de los constituyentes del 91 que atendiendo a esa realidad, por lo menos, prohibieron la reelección del Presidente como un freno a la posibilidad de que el abuso de poder se convirtiera en el motor del propósito de perpetuarse en el gobierno. Con la aprobación del acto legislativo que autorizó la reelección presidencial, ese andamiaje comenzó a tambalearse, a pesar de lo expresado por la Corte, en el sentido de que una sola reelección no vulneraba el equilibrio de poderes ni implicaba un quebrantamiento de la Constitución. Pero ya una segunda reelección no deja dudas sobre la amenaza que se cierne sobre la democracia colombiana. Aun, en gracia de discusión, si se aceptara como legítima la propuesta de una segunda reelección presidencial y que su trámite hubiese estado ceñido a los requerimientos constitucionales y legales, dicha propuesta sería incompleta, pues serían de tal naturaleza los cambios y desajustes que introduce en la Constitución que sin otros elementos que los atenúen y corrijan de manera decisiva, como por ejemplo la consagración de la revocatoria del mandato presidencial, estaríamos ad portas de una nueva constitución con una simiente autoritaria que terminaría devorando la Constitución del 91.
Ustedes tienen en sus manos y en su conciencia una delicada tarea y una gran responsabilidad histórica que no deben eludir bajo ninguna circunstancia. Cualquiera que sea el sentido del fallo sobre la propuesta reeleccionista afectará de manera profunda las relaciones políticas y la paz social entre los colombianos. No deben olvidar las lecciones de la historia: la pretensión de edificar reinos milenarios o de transformar en políticas de Estado los intereses de un grupo en el gobierno fueron la antesala de guerras y enfrentamientos que desembocaron en la barbarie y la intolerancia. Si nos asomamos a nuestra propia historia encontraremos que allí donde un grupo político intentó apoderarse de las palancas del poder excluyendo a muchos otros sectores generó siempre hondas divisiones y catapultó al país a confrontaciones interminables con su trágico saldo de atraso, pobreza, destrucción y muerte.
C.C. 19.338.805
C.C.79.522.426
Edil Localidad de Barrios Unidos (Bogotá) PDA
Susana Schuster Rodríguez
C.C. 41.572.152
Edil Localidad de Teusaquillo (Bogotá) PDA

References: artículo 242
 artículo 12
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 374
 artículo 375
 artículo 197