Source: http://www.argenpress.info/2014_06_17_archive.html
Timestamp: 2017-04-30 03:06:30+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 06/17/14
Entrevistamos a Marcelo Ramal (FIT) y a Claudio Katz (EDI): El desarrollo de la izquierda como alternativa política al agotamiento del peronismo (I)
Matías Eskenazi - Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)
Mario Hernández (MH): Como prometimos, con Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), del Partido Obrero (PO) y Claudio Katz de Economistas de Izquierda (EDI), en una mesa para conversar de economía política.
Nos han comunicado que este programa, “¿Sin salida?”, ha recibido el premio a la mejor producción periodista en FM, una distinción que otorga una vez por año a los medios integrantes del Registro de Medios de la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura porteña. El año pasado fuimos premiados por “Fe de erratas” que se emite los miércoles de 9:00 a 10:00 por esta misma emisora.
Días atrás me obsequiaron Los desafíos de una transición histórica, un pequeño folleto con las intervenciones de Jorge Altamira en la apertura y cierre del Congreso de PO realizado en abril. Precisamente, dimos comienzo a este ciclo de charlas con la izquierda con la invitación al máximo referente de ese partido.
Por otro lado, leo un artículo escrito por Claudio Katz el pasado 25 de mayo, “Nuevos escenarios, nuevas posibilidades”, donde también habla de los varios síntomas de esta posible transición. Me gustaría aclarar a qué se refiere el PO cuando habla de transición y qué significa este concepto para Claudio Katz.
Marcelo Ramal (MR): Transición es el pasaje de una etapa o período que concluye a otro que comienza con sus propias características y problemas. Lo de transición tiene un doble sentido, por un lado, el agotamiento del kirchnerismo como tentativa de reconstrucción de un Estado, de una clase social, que sustancialmente después del 2003-4 se abocó a una tentativa muy tortuosa de rescate de los grandes intereses sociales que habían predominado en la década anterior. El kirchnerismo rescató esencialmente las privatizaciones, puso a salvo lo sustancial de la deuda externa llevando a la crisis que tenemos hoy bajo distintas manifestaciones.
Evidentemente, hoy estamos frente a una transición que recorre interiormente al propio gobierno en la medida que el gobierno del desendeudamiento ha salido afanosamente a reabrir un nuevo ciclo de re-endeudamiento internacional. Solo para marcar una característica de esta transición.
Luego hay un sentido más estratégico, más histórico del concepto de transición que tiene que ver con lo siguiente: este final de ciclo, este agotamiento que estamos viendo hoy, de alguna manera confluye con un agotamiento del nacionalismo de tipo capitalista, del peronismo como referencia popular en un sentido relativamente completo y ese agotamiento no solo se verifica negativamente sino que se expresa positivamente en el desarrollo de la izquierda como alternativa política, como polo político. En esto, insisto en la importancia de la votación alcanzada por el FIT en el 2013.
Tenemos una cuestión evidente o inmediata que tiene que ver con el agotamiento del kirchnerismo y lo que se viene, y en un sentido más histórico, el final de una etapa mucho más prolongada del vínculo privilegiado del movimiento de masas con el peronismo, en los últimos años bajo la forma del kirchnerismo, que hoy busca otra identidad política.
Claudio Katz (CK): Creo que es una idea similar. El primer aspecto más o menos evidente es que estamos en el fin de un ciclo político que concluye definitivamente. El fracaso de la reelección de Cristina Kirchner el año pasado, puso punto final a esto y entramos en ese típico proceso argentino donde el declive de un gobierno peronista abre un vendaval con muchísimas alternativas a futuro.
Me parece que en el plano económico también estamos presenciando el comienzo de un giro muy significativo. Concluyen 10 años de una experiencia económica kirchnerista con un giro hacia el ajuste, con todas las tensiones clásicas de un momento de ajuste de la economía argentina: altísima inflación, déficit público, maxidevaluación. Cristina quería traspasarle el ajuste a su sucesor, ese era su plan, pero no lo pudo hacer, quedó arrinconada a fin de año con la presión devaluatoria y terminó aceptando su curso. Ahora estamos viviendo un típico ajuste donde los primeros afectados son los trabajadores. Vamos a ver cómo terminan las paritarias y en cuánto termina la inflación, pero hay un recorte del salario real, otro muy serio de los ingresos de los jubilados y el gobierno no da a conocer los índices de pobreza e indigencia porque demostrarían que al cabo de una década lo que tenemos son niveles promedio semejantes al pasado aunque con ciertos cambios: mayor asistencialismo y más empleo.
Se acabó el sostén de los grupos dominantes a este modelo
Vamos a vivir un año económico de transición, de cambio, en primer lugar porque es un giro acentuado en medio de una fuerte recesión económica, hay gente que se sorprende de que estemos en una recesión tan profunda, con despidos en la industria automotriz, y es el efecto inexorable de la devaluación y veremos si hay una transición suave o fuerte. Creo que esto es lo que vamos a poder observar en los próximos meses.
La transición suave se va a dar si el gobierno consigue efectivamente los dólares que ha salido a buscar al exterior en una política donde se puso fin al desendeudamiento y comenzó un re-endeudamiento explícito con los acuerdos del Ciadi y ahora con el Club de París, el guiño del FMI a los índices de precios y la negociación con los fondos buitres. Vamos a tener una transición en recesión y estanflación, ese sería el escenario suave. Una transición más traumática si el gobierno no logra obtener esos dólares.
Desde el punto de vista de las clases dominantes la transición es que aquí hay un giro estructural. Se acabó este modelo, se acabó el sostén a este modelo y todos los grupos dominantes están de acuerdo hacia dónde tienen que orientarse en el futuro. Hay un documento muy importante de las cámaras empresarias. Por primera vez todos votaron en común fijando cuáles son las pautas a futuro. Hay un acompañamiento de la oposición al acuerdo con el Club de París, al acuerdo con los fondos buitres, hay un modelo que es el fin de un esquema que en algún momento intentó apuntar al consumo y la demanda, hacia una política capitalista más explícita donde los que ya están ganando tienen que hacerlo de forma mucho más nítida. En eso está el gobierno y toda la oposición K y anti-K. Por lo tanto, vamos a un cambio muy importante y, como dijo Marcelo, coincido con él, es un cambio por arriba y por abajo.
El cambio por abajo está dado por la fuerte resistencia social. Hay dos momentos claves este año: la huelga docente y el paro general que nos indican cuál es la correlación de fuerzas real que hay en Argentina y, por supuesto, el hecho más auspicioso de un comienzo de un giro político, ideológico, favorable a la izquierda que es un elemento muy vital en el proceso político como lo demostró la reacción destemplada de la burocracia sindical del sector automotriz contra cualquier presencia sindical de la izquierda. Tenemos cambio por arriba y por abajo, es un momento sumamente interesante para nuestro país.
Primero hagan el ajuste y después van a tener el auxilio del capital financiero
MH: ¿Hablamos de ajuste o Rodrigazo?
MR: Desde el verano se viene viviendo una suerte de dilema o disyuntiva en la política del gobierno. Fijate que la gran devaluación viene después del primer viaje de Kicillof para arreglar con el Club de París y fue el resultado del fracaso de ese viaje o por lo menos de un viaje sin respuestas.
Acá creo que por primera vez se planteó en esa reunión el dilema que todavía recorre la política oficial. En ese viaje Kicillof fue a pedirle financiamiento al capital financiero para llegar al 2015 y para poner en marcha el ajuste, es decir, un colchón de dólares para poder hacer el ajuste, no digo en forma indolora, pero no demasiado cruenta. Ahí por primera vez se hizo este planteo que se sigue sosteniendo hoy: primero hagan el ajuste y después van a tener el auxilio del capital financiero. Entonces se desencadenó la devaluación.
El gobierno fue a pedir financiamiento para luego manejar el ajuste y le dijeron hagan al revés. Hoy todavía tenemos la pregunta, incluso después de Repsol y del Club de París, si el capital financiero internacional considera que el ajuste todavía no ha sido llevado adelante.
Y acá viene la cuestión de las huelgas, porque el resultado del proceso de las paritarias, que todavía no concluyeron, uno podría decir que con una inflación proyectada del 35, 40% va a haber una reducción del salario, pero las paritarias, como resultado de la huelga docente y de otros movimientos posteriores, han ido más lejos de lo que pretendía el gobierno y la burguesía.
Hay una exigencia de un mayor ajuste, de que se liberen las tarifas para que el presupuesto público deje de sostener los subsidios, hay una exigencia de la burguesía industrial de resarcir los resultados de las paritarias con una devaluación mayor y entonces la cuestión del ajuste, en alguna medida, todavía continúa pendiente. Vemos a un gobierno que está buscando hacer los deberes por todos los medios posibles con estos arreglos de la deuda y un capital financiero que de alguna manera corre la cancha y está exigiendo las medidas de ajuste que todavía el gobierno no ha llevado a fondo.
También creo muy significativo, para hacer una evaluación completa del cuadro político, que esta carta y esta visita de los dirigentes de la oposición a EE. UU, al Partido Demócrata, al Departamento de Estado, para avalar la línea oficial de discusión con los fondos buitres, el respaldo al pago de la deuda, está marcando que el re-endeudamiento es una suerte de política de Estado. Lo gracioso es que esta oposición culpa al gobierno de querer dejarle a futuro una mayor hipoteca cuando ella misma está jugando esta carta.
Lo otro que me parece importante señalar es que indudablemente se ha puesto en marcha un ajuste, particularmente a partir de la gran devaluación del verano, pero ese ajuste y devaluación no dejaron la economía en un nuevo equilibrio sino que agravaron todos los desequilibrios pre-existentes.
Por un lado, la carga de la deuda externa sobre la economía nacional ha aumentado, hay una relación contradictoria entre las tarifas y la devaluación que se va a volver explosiva y esto no se menciona mucho. Fijate que muchas veces hablamos de tarifazo y devaluación como si fueran dos medidas convergentes y son contradictorias y, por lo tanto, explosivas. Cuanto más aumentan las tarifas, mayor es la exigencia de la burguesía industrial o exportadora de una devaluación para reducir sus costos. Cuanto mayor es la devaluación, mayor es la exigencia de las empresas de servicios públicos para que el aumento de las tarifas compense en dólares la devaluación de sus ingresos. Este es uno de los tantos elementos explosivos que guarda el cuadro económico actual y, por lo tanto, creo que es importante marcar que no hay mucho equilibrio después de las últimas medidas y se siguen creando contradicciones gravísimas en la economía.
A veces el gobierno dice alegremente, pero también economistas de la oposición como González Fraga, que el otro día dijo que lo único que importa es la deuda en dólares y con privados, lo demás se pulveriza de cualquier manera. La deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central se expresa y se carga de distintas maneras sobre la economía nacional, la absorción de moneda por parte del BCRA a través de letras se está transformando en una bola de nieve. El gobierno tiene que renovar las que emitió en el pasado para absorber moneda cuando además tiene que emitir nuevas letras que absorban las nuevas emisiones. Por supuesto, esto lograría ser reducido como deuda por medio de una inflación todavía mayor y de una desvalorización mayor de la moneda, pero están claras las consecuencias sociales que esto tendría.
Entonces, efectivamente uno podría marcar dos escenarios de un manejo tortuoso y difícil del gobierno de acá al 2015, que el financiamiento internacional le podría dar algún oxígeno o, por el contrario, que estas contradicciones estallen prematuramente y tengamos además de una crisis económica, una crisis política de fondo. La oposición a través de los casos de Boudou, Báez, etc., está todo el tiempo recordándole al gobierno los deberes del ajuste.
MH: Vamos a hacer un pequeño corte y aprovechar para escuchar a “El Bordo” que hoy participó en Plaza de Mayo del festival por la absolución de los trabajadores de Las Heras organizado por la FUBA y que contó con la presencia de 15.000 jóvenes.
MR: Un pequeño comentario sobre el tema. El próximo jueves la Legislatura va a votar una declaración propuesta por el FIT criticando los procedimientos de la fiscalía en el juicio contra los trabajadores de Las Heras que naturalmente luego vamos a adjuntar al expediente judicial. Hubiéramos preferido un pronunciamiento por la absolución pero, de todos modos, se trata de un pronunciamiento político que va a ayudar a la situación procesal de los compañeros.
MH: Veo que hay un compromiso fuerte de las bandas de rock con las luchas de los trabajadores. Hace un par de semanas “Attaque 77” estuvo tocando en las puertas del Hotel Bauen apoyando la autogestión obrera.
Este año hemos entrado en una recesión profunda
MH: ¿Crisis de la industria automotriz o crisis de la industria?
CK: Crisis de la industria, de toda la industria, sin duda. Cualquier índice que uno mire da cuenta que este año hemos entrado en una recesión profunda con despidos, suspensiones, caída del nivel de ventas, es el efecto evidente de la devaluación, nadie puede sorprenderse de esto y vamos a ver cómo se profundiza o no en los próximos meses.
Creo que vamos a tener un test muy ilustrativo en los próximos días según cómo se resuelva el tema de los fondos buitres en la Corte Suprema norteamericana. Ahí vamos a tener un dato clave de cómo vendrán los próximos meses. Una cosa será si le ponen paños fríos y otra si se fuerza algún tipo de default técnico. Me parece que todo indica que van a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. El FMI no quiere que Argentina caiga en un default técnico, Obama tampoco, todos quieren llegar a un 2015 lo más tranquilo posible. En ese sentido, la posibilidad de un Rodrigazo se ha achicado, no es descartable, pero su margen se ha achicado porque hay una intención de acompañar al gobierno para que haga un poco el ajuste, que lo comience, lo desarrolle y lo completen los que vienen.
Acá hay un plan a mediano plazo y creo que el artífice clave es el Papa que va a visitar en el 2016 la Argentina y tiene en mente un gobierno de concertación nacional, del tipo de la Concertación chilena, donde el plan económico que está discutiendo la burguesía sea implementado por todos. No hay que perder de vista que hay muchos negocios que Argentina va a ofrecer en los próximos años al capital internacional, no solo Vaca Muerta, hay mucho dinero que está esperando para empezar a volver a repetir lo que pasó en los ’90.
Lo que no hay que perder de vista en ningún momento es que estamos en el final de un ciclo que me parece que empezó en el 2008/9. La economía argentina está languideciendo desde hace varios años, incluso diría que el punto final del modelo kirchnerista fue cuando perdieron la confrontación con los agro-sojeros. Toda la experiencia económica kirchnerista fue 2003-8. Ahí fue el intento de algo. Una vez que perdieron la posibilidad de tener alguna reapropiación estatal de la soja, una vez que se diluyó ese escenario, comenzó el lento declive y lo que hemos tenido año tras año desde ese momento fue un poco más de inflación con un poco menos de crecimiento y un estancamiento general. Si a eso le sumamos el hecho de que la burguesía argentina ha ratificado su escasísima disposición a invertir dinero sino le dan concesiones mayúsculas, tenemos el panorama completo.
El otro día salió un informe completamente sorprendente del monto de capitales fugados en el exterior, muchísimo más de lo que uno pensaba. Hay tres escenarios, uno dice que hay U$S 200.000 millones en el exterior, otro U$S 379.000 millones y el tercero U$S 440.000 millones. Entonces, toda la política del kirchnerismo y de los que vengan después será lo que empezó el kirchnerismo con el blanqueo de capitales, dos, tres meses, incluso creo que sigue aunque nadie se dé cuenta si estamos en blanqueo o no. Es el primer blanqueo permanente en la historia argentina. La idea es seguir con el blanqueo hasta que regresen esos capitales. Para atraer esos fondos este gobierno y el próximo van a estar dispuestos a todo tipo de concesiones al capital que van a ser muy duras para los trabajadores y un margen muy decreciente para los justificativos porque la credibilidad que tienen está cayendo día a día. ¿Quién cree que el acuerdo con el Club de París fue distinto a los tradicionales porque no intervino el FMI y las condiciones las fijó la Argentina? Uno escucha una tontería de este tipo que unos años atrás hubiera suscitado cierto interés, pero hoy en día es, obviamente, una payasada. O cuando se dice que la devaluación fue distinta porque no impacta sobre los trabajadores.
El fenómeno por abajo del cual estábamos hablando, del crecimiento de la izquierda, del despertar político, de la crisis con la tradición peronista es porque esos argumentos han perdido sostén y credibilidad.
Matías Eskenazi (ME): Retomando lo que planteaba Claudio Katz que desde el 2009 empezó a languidecer el ciclo K, sin embargo, hay una primavera porque en ese contexto tenemos la reelección de Cristian Fernández con el 54% y la nacionalización de YPF, en realidad la adquisición hostil de un paquete accionario, que es exhibida como uno de los logros máximos del modelo. No obstante, poco tiempo después, el pago a Repsol de U$S 5.300 millones que terminarán siendo U$S 8.500 millones, es el inicio de este nuevo ciclo de re-endeudamiento que ahora sigue con el pago al Club de París de una deuda de U$S 6.000 millones de acuerdo a las cifras que se manejaron entre 2007-11 y ahora son U$S 8.700 millones. La nacionalización de YPF sería una especie de punto de inflexión entre esos dos momentos. ¿Cómo podemos tratar de interpretar esta sucesión de gestos y acuerdos buscando atraer capitales como una forma de sostener la economía argentina cuando la inversión y las cuentas externas han languidecido y eso ha vaciado las arcas del BCRA?
MH: Cortamos y seguimos. Aprovecho para comentar que ayer los compañeros de Conlutas de Brasil estuvieron acompañando junto al FIT a los trabajadores de General Motors. Se hizo un acto en Corrientes y Córdoba, en Rosario, contra las suspensiones y despidos en la industria automotriz y en particular en General Motors. Posiblemente mañana, si no se los impide un compromiso previo en el Congreso Nacional, podremos contar con ellos en “Fe de erratas”.
MR: Hablando de ese tema te cuento que el jueves, el día que comienza el Mundial, una delegación de compañeros del FIT vamos a ir al mediodía a la Embajada de Brasil para entregar una carta en solidaridad con las luchas obreras y populares que se están desarrollando en ese país. En apoyo a los trabajadores a los trabajadores de San Pablo, a los sin techo, a los maestros, en una jornada que se va a repetir en muchas embajadas brasileras en todo el mundo haremos llegar nuestro apoyo al pueblo brasilero el mismo día que también habrá demostraciones varias ciudades del Brasil.
MH: También recibimos la misma información el lunes que estuvimos realizando un acto en la puerta de la Cancillería argentina, entregando un documento al canciller Timerman pidiendo el retiro de las tropas argentinas de Haití. Mañana tendremos audios de esa actividad de la que participamos junto a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, la CTA y varias organizaciones más que nos dimos cita en la Cancillería acompañando la presentación de un documento que al mismo tiempo fue entregado en Montevideo y San Pablo. Allí nos informaban que se iban a hacer actividades el próximo 12 de junio en varias ciudades brasileras coincidiendo con la inauguración del Mundial de fútbol. Retomamos el diálogo con Marcelo Ramal y Claudio Katz en instantes.
Convengamos, que si la Corte de Estados Unidos asumía el caso, ello no significaba que la Argentina iba a quedar desobligada de pagos. La expectativa más generalizada en el gobierno y el poder económico local y global era que los máximos jueces del imperio postergaran la decisión hasta fin de año. En ese plazo vence la cláusula que establece que los acreedores ingresados al canje pueden demandar el mejor trato recibido por algún tenedor de títulos en cesación de pagos (default). De este modo, el gobierno ganaría tiempo y, superado el plazo de respetar condiciones de pago, podría negociar con los inversores demandantes (los fondos buitres) cuánto, cómo y cuándo cancelar deudas sin tener que hacer lo mismo con el 93% ingresado a los canjes de deudas del 2005 y 2010.
La hipótesis fue siempre cancelar esa deuda, incluso se reabrió el canje de deuda con ese propósito, sin fecha de cierre en 2013, todo con acuerdo de la oposición sistémica, del mismo modo que viajaron a Estados Unidos para incidir sobre la Justicia del imperio. Como hemos dicho, el pago de la deuda es una política de Estado.
¿Cómo sigue el trámite judicial en Estados Unidos? No alcanza con denunciar la extorsión e incluso repudiar a los inversores demandantes o a la propia justicia de Estados Unidos.
1] La Presidenta aseguró que “Argentina va a respetar su deuda”, pero remarcó que “no aceptará ninguna extorsión”, Lunes, 16 de Junio de 2014, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27625-la-presidenta-aseguro-que-argentina-va-a-respetar-su-deuda-pero-remarco-que-no-aceptara-ninguna-extorsion (consultada el 17/06/2014).
La deuda externa de Argentina es anatocismo, o sea usura: Rechazamos cualquier acuerdo tipo Repsol y Club de París con los 'fondos buitres'”
La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de aplicar el gobierno kirchnerista su propia medicina. El fallo que lo obliga a pagar la totalidad de la deuda que reclaman los 'fondos buitres' será aplicado con la misma metodología usada con los litigios en el Ciadi, con Repsol y con el Club de París: una suma al contado y una nueva emisión de deuda, la cual podría llegar a los u$s 30 mil millones. Es el monto que reclama el conjunto de los acreedores que rechazó la reestructuración de deuda de 2005 y 2010. Se trata de una acumulación abusiva de intereses desde 2001. Los fondos que sí aceptaron la reestructuración podrían reclamar para ellos los mismos beneficios que los 'buitres', esto en virtud de la cláusula del “acreedor más favorecido” introducida por Néstor Kirchner en el primer canje de deuda. Este cláusula y el ofrecimiento de 'cupones de PBI', por u$s 40 mil millones, delata el carácter usurario del arreglo de deuda pergeñado por el gobierno 'nacional y popular'.
Aceptar este fallo y contraer una nueva deuda externa enorme, llevará a corto plazo a una mega devaluación del peso. La única forma de pagar semejante hipoteca es mediante la ruina económica de los trabajadores y los jubilados.
El fallo norteamericano constituye un atropello de primera magnitud. Por un lado violenta los mecanismos regulatorios de quiebras bajo el capitalismo, esto al dar la razón al 7% de los acreedores y forzar a que se les pague de la misma cuenta bancaria que es utilizada para el pago al 93% de los acreedores restantes. El fallo contrasta con las operaciones de rescate de la deuda pública de Grecia y de los bancos de Chipre, donde la Comisión Europea obligó a los acreedores y accionistas, respectivamente, a pagar una parte de la factura. Este “bail-in”, en su expresión en inglés, no privó de beneficios a los acreedores, que compraron deuda pública a precios de remate. Por otro lado, es un respaldo a la llamada 'solución de mercado' de las bancarrotas estatales, a través, precisamente, de la compra de deudas 'en defol' por fondos especializados en estos menesteres.
La Corte de Estados Unidos falló contra las aspiraciones argentinas: Siempre tuvimos razón… los que le decimos no al pago de la deuda
Parece que ahora CFK “se dio cuenta” de que la DEUDA sigue siendo un problema, a pesar de lo que el oficialismo cacareó durante esta dékada nefasta.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó la apelación argentina contra los fondos “buitre” (como si los que entraron en los Canjes no lo fueran), puso blanco sobre negro en la DESASTROSA política kirchnerista respecto de la relación del Estado Argentino con quienes se consideran sus “acreedores”.
b) destinó la enormidad de 174 mil millones de dólares - logrados con el sacrificio del pueblo argentino- a las arcas del Sistema Financiero Internacional, flor y nata del Imperialismo financiero.
c) pergeñó un Canje de Deuda en el 2005, que establecía una “ley cerrojo” que, encima, fue abierto dos veces más.
d) estructuró, en esos canjes, el sometimiento infame a los tribunales del Imperio (que hoy han fallado definitivamente en contra de Argentina).
Así es que, a pesar del cacareo K, el problema de la Deuda no sólo volvió, sino que nunca se fue. Políticas tan mentirosas como negligentes no deberían ser pasadas por alto por un pueblo digno. Los responsables de ellas tienen que pagar su entrega de alguna manera. El país que sólo estaba en sus delirantes discursos, acaba de chocar, una vez más, con la realidad a la que ellos mismos lo fueron llevando. Y es que en el Capitalismo, así son las cosas: pertenecer tiene su precio, las reglas las ponen ellos, y nosotros… el sacrificio, las angustias, la salud y la vida. Quien nos quiera hacer creer lo contrario, simplemente nos estará engañando.
Lástima que hoy, otra vez, tuvimos razón quienes no fuimos escuchados. Quizá algunos ya estén viendo que hubiese sido mejor NO pagar, tal como algunos reclamábamos incluso antes de la década kirchnerista. Hubiésemos ganado 11 años en el camino de la verdadera y definitiva liberación de nuestro pueblo de las garras del Imperialismo.
Con motivo de la denuncia penal efectuada por el Senador Pino Solanas contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge M. Capitanich, efectuó declaraciones indicando que el acuerdo con el Club de Paris era claro y transparente, reuniendo todos los requisitos formales. El mismo día, en la página web del Ministerio de Economía, se publicó un comunicado, descalificando la denuncia donde además de consignarse afirmaciones inexactas, se volvió a insistir sobre el cumplimiento de los procedimientos legales respecto a la negociación, lo que resulta una evidencia más, de cómo no se cumplen las disposiciones legales que rigen el endeudamiento público, manifestándose que judicializar decisiones políticos era una muestra de la falta de ideas de la oposición.
Como he asesorado a Solanas en este tema, que hace tiempo vengo investigando voy a precisar una serie de hechos relacionados, con la denuncia que tramita ante que se efectuara contra el Ministro de Economía, por la negociación llevada a cabo con el Club de París, que terminara el día 29 de mayo mediante un acuerdo secreto, que no ha sido dado a conocer como era obligación de Ministro, ante algo no solo de trascendencia pública, que afecta las finanzas actuales y futuras del país, sino que se ha obviado al Congreso de la Nación, que es el único que tiene competencias específicas para el arreglo de la deuda pública, conforme lo establece la Constitución Nacional. Aunque se ha hecho una costumbre, el reemplazar al Congreso de la Nación, en tales negociaciones, suponiéndose que existe una tácita delegación de facultades, tal situación no solo no es admisible, sino que no puede ser convalidada, poniendo una vez más de manifiesto una situación que repugna al orden legal de la República.
Esta negociación secreta con el Club de París, no es algo nuevo, ya que el secretismo, parece haber imperado de manera categórica en negociaciones que al afectar al conjunto de los ciudadanos deberían ser públicas. El secretismo no solo está relacionado con los documentos secretos, reservados o confidenciales, sino con toda aquella documentación donde se manejan contrataciones del Estado, pre-contratos, información económica sensible, documentos diplomáticos y todos aquellos papeles que por su naturaleza debieran ser públicos como corresponde a un gobierno republicano y democrático. Pareciera que los funcionarios desde hace décadas, se hubieran apropiado de la función pública, no prestando un servicio, sino ejerciendo sus cargos de manera discrecional, decidiendo en cada caso que se informa y que no, lo que permite que los asuntos de Estado que debieran comunicarse, siempre estén sometidos a una suerte de censura, que responde a la arbitraria decisión de un funcionario, sin que exista control alguno sobre tales conductas, ni posibilidad de ejercer reclamos sobre las mismas.
La falta de transparencia permite que se puedan realizar negociaciones lesivas al interés del Estado, contrataciones inconvenientes, actos ilícitos, tramitaciones irregulares y una variada gama de actos administrativos que la ciudadanía ignora y que escapan al control de los organismos públicos, que cantidades de veces no son informados, y en muchos casos ante sus requerimientos se les niega la información que han solicitado.
En la demorada y larga investigación llevada a cabo por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 sobre el endeudamiento externo, que iniciara mi padre en el año 1982, tanto el Banco Central, como el Ministerio de Economía, se negaron a entregar documentos, y a informar lo requerido por el Tribunal, debiendo ser intimados a hacerlo. En otras oportunidades debieron reiterar pedidos que nunca se cumplían, o acceder a pedidos de ampliación de plazos, porque la documentación no se encontraba o resultaba de difícil acceso.
Precisamente en el caso del endeudamiento externo, y con excepción de las normas legales respectivas (leyes y decretos), y las pocas informaciones publicadas en la página web del Ministerio de Economía, es exiguo lo que se conoce, sin que en ningún caso se sepa cómo se instrumentaron los contratos, los que intervinieron en la celebración de los mismos, las comisiones que se pagaron, los cuantiosos honorarios pagados a abogados extranjeros. Todo realizado en el más absoluto secreto sobre operaciones, que aún hoy significan una formidable transferencia de recursos. Pareciera que el comprometer abultados fondos para el pago a los acreedores, debiera permanecer en la oscuridad más absoluta, consagrando así la impunidad de los que negociaron desde siempre el patrimonio público.
Ante la certeza de que se estaban realizando negociaciones que podían afectar el patrimonio de los argentinos debimos recurrir a la Justicia Federal, ante la reiterada negativa de los funcionarios a entregar documentación, quienes utilizaban supuestos argumentos de confidencialidad, que podían ser admisibles en el caso de que el requerimiento partiera de un ciudadano común, pero resultaban injustificables cuando el pedido lo efectuaba una de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
Así como hoy se mantiene en secreto el Acuerdo con el Club de París, lo mismo ha ocurrido con todos los detalles del canje de deuda del año 2010, lo que determinó que se denunciara penalmente al entonces Ministro de Economía, Amado Boudou, en una causa en trámite ante el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del Dr. Ariel Lijo, ya que nunca se dieron los nombres de los acreedores, y excepto los prospectos oficiales de la negociación, nunca se supo a cuando se habían comprado los títulos y el papel de la consultora Arcadia en la negociación. Esto muestra el acostumbramiento a la violación constitucional, a la desinformación constante, y a la ingenua y equívoca creencia, de que un asunto de gran relevancia como el endeudamiento externo del país, son tratados con el rigor que corresponde, lo que ha llevado a tener que aceptar acuerdos y negociaciones inaceptables, encubiertas mediante campañas publicitarias, que han hecho creer sobre los beneficios que encerraban las mismas. En suma se deciden sumas millonarias, burlando la Constitución y unos cuantos funcionarios deciden pagar lo que se les exige, en un país con más de un 25% de personas en situación de pobreza y más de 4 millones de jubilados que cobran 2700, pesos, la mitad de la canasta familiar básica.
Aunque parezca increíble, se le oculta al pueblo que desde la dictadura militar se han pagado casi 400.000 millones de dólares en concepto de amortizaciones e intereses. Solo en los últimos diez años, según informara la Presidenta de la Nación se pagaron 173.000 millones de esa moneda, y seguimos teniendo una deuda pública que excede los 220.000 millones de dólares, mitad de la cual está en manos de acreedores extranjeros. Deuda investigada supuestamente por el Juzgado federal N° 2, donde se siguen acumulando las pruebas, sin que haya decisión alguna del actual Juez interviniente de seguir hasta sus últimas consecuencias., en conocer como se gestaron todas las obligaciones con el exterior.
Este Acuerdo con el Club de París, es la culminación de un nuevo fraude a los intereses públicos, una nueva exacción a los dineros del Estado, es la continuidad de una política comenzada por la dictadura, y seguida escrupulosamente por todos los gobiernos constitucionales desde 1983 en adelante, sin que ninguno de ellos se decidiera a investigar qué es lo que se pagaba, porque se pagaba, identificando a los responsables, de la mayor estafa al pueblo de la Nación
Es por eso, que dado lo oscuro e ilegal de la negociación que ha sido materia de esta denuncia y del porqué de la misma, creo necesario efectuar algunas precisiones, para aventar dudas, y mostrar la razonabilidad de este pedido de investigación.
El día 30 de noviembre del año 2010, se envió una nota al entonces Ministro de Economía Amado Boudou, que fue dejada en su Secretaría Privada, solicitándole información sobre las deudas mantenida con el Club de París, debido a las informaciones que circulaban que la misma se iba a pagar, y que el Ministro estaba realizando negociaciones con los países que lo integraban. En la nota de referencia, se pedía:
1.- Cual era la composición de las obligaciones que la Argentina reconocía como válidas a los fines de la negociación, detalladas por acreedor, y tipo y origen que dieron lugar a las deudas.
2.- Identificación de las deudas contraídas durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
3.- Cuales de dichos compromisos, provenían de transferencias al Estado Nacional de deuda externa privada, identificando a las empresas que originaran dichas obligaciones.
4.- Si lo acuerdos a los que se pensaba llegar, estaban sujetos a la participación y/o supervisión de organismos multilaterales.
5.- Si la participación del Fondo Monetario Internacional a los efectos de colaborar en la elaboración del nuevo índice del INDEC, como en realidad ocurrió, estaba relacionada con el posible acuerdo con el Club de Paris.
6.- Si la normativa de las obligaciones a negociar se superponía con los compromisos asumidos a través de los Tratados Bilaterales de Inversión.
Además de los puntos indicados se le preguntaba al Ministro Boudou, si estaba en conocimiento de que la investigación sobre la deuda con el Club de París y otras, era materia de una investigación por defraudación al Estado, que tramitaba ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, por la Secretaría N° 4, y si además sabía la existencia de una pericia efectuada por auditores del Banco Central de la República Argentina, que demostraba la inexigencia de una deuda reclamada por Holanda, debido a fondos que no fueron ingresados al país. El pedido fue hecho con fundamento en las disposiciones del Anexo VII del Decreto 1172/2003, que determina el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano.
El Ministro Boudou no contestó, y fue por eso que tiempo después le envié una nota al Lic. Francisco Eggers de la Oficina del Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el mes de junio de 2011, solicitándole información sobre los montos de deuda que se estaban negociando, y pidiendo el detalle de las deudas privadas asumidas o garantizadas por el Estado Nacional. Casi dos meses después llegó la respuesta por medio del Contador Jorge Nicolás Amado, Director de Administración de la Deuda Pública de fecha 18 de agosto de 2011, donde se hacía constar que todo lo referente a las deudas privadas asumidas por el Estado debía ser solicitado al Banco Central de la República Argentina, que es quien había intervenido en todas las Rondas de negociación.
Aunque resultaba difícil entender que el Ministro de Economía estuviera renegociando una deuda sin tener los documentos a la vista, se envió a la Presidente del Banco Central, Lic. Marcó del Pont una nota con fecha 2 de septiembre donde se pedía tener acceso a la referida información. Ante la falta de respuesta de la entidad pública, se volvió a insistir con fecha 28 de septiembre sin que tampoco hubiera alguna respuesta. Debido a ello y antes de iniciarse una acción judicial como lo determina el Anexo VII del Decreto 1172/2003, me comuniqué con la Dra. María del Carmen Urquiza, Directora de Asuntos Jurídicos del Banco Central, quien me manifestó que la documentación no la encontraban y posiblemente no se estuviera allí, debido a que en el año 1992 todo el sector externo del Banco había sido transferido al Ministerio de Economía.
Con fecha 29 de febrero de 2012, se recibió una nota firmada por los Sres. Jorge Viviani, Gerente Principal de Asuntos Legales del Banco Central, y Julio Bustamante Loader, Gerente Administrativo Judicial, donde adjuntaban una nota, que les enviara el Ministerio de Economía, con fecha 3 de febrero, firmada por el Director de Administración de la Deuda Pública, Contador Jorge Amado. En la referida nota, se consignaba: que el Banco había transferido a la Dirección de la Deuda Pública del Ministerio de Economía los convenios y saldos pendientes con los acreedores de las Rondas I a V, agregando: “…cabe destacar, que mencionada transferencia consistió en el envío de alguna documentación que no estuvo convenientemente detallada y/o sistematizada para facilitar su archivo ordenado y cualquier búsqueda. En ese marco solo se pudo encontrar registraciones simples (impresas en papel continuo) con las deudas y organismos del Sector Público Nacional y provincial, que permtieron confeccionar la lista que se adjunta” a esa nota se le adjuntaba un listado con nombres de entidades pública deudoras, sin ninguna referencia numérica a las supuestas deudas, es decir un listado que poco tenía que ver con lo que se había solicitado, y que no indicaba, ni montos, ni intereses, no haciéndose referencia a documentación respaldatoria alguna.
Imprevistamente y con fecha 23 de abril, del año 2012, se recibió una nota, del Contador Amado, donde acompañaba un listado igual al anteriormente citado, un detalle de lo pagado desde la Ronda V, hasta el año 2001, se consignaba la deuda existente hasta el default del año 2001, y un listado de obligaciones contraídas con algunos países posterioridad al 31 de diciembre de 1992. Ningún documento aclaratorio, ninguna referencia contractual, solo resúmenes estadísticos sin valor contable.
De todas formas, y a pesar de la reticencia a dar información, he tratado de reconstruir la realidad de la deuda con los países que integran el Club de París, y por supuesto las cifras, no coinciden en absoluto, con las que han sido materia del acuerdo celebrado el 29 de mayo, como tampoco coinciden muchas cifras oficiales entre si. Quizá la falta de acuerdo en los números, está dado por la falta de rigor en la contabilidad pública del Banco Central de la República Argentina, quien es el que llevó adelante las negociaciones con el Club de Paris. Digo esto, fundado en el dictamen emitido por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas en el año 1991, donde expresó terminantemente, que los balances del Banco Central, carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición de patrimonio y resultados. A esto se suma las diferencias de los diferentes sistemas de contabilidad de los diferentes organismos del Estado, tal como fue determinado por la Comisión Investigadora creada por Decreto N° 1901/9
0, que determinó una pérdida de alrededor de CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES (US$ 100.000.000.000) en el Banco Central desde los años 1981 a 1990
Teniendo en cuenta tales deficiencias, no es fácil determinar con exactitud si los montos reclamados se ajustan a la realidad, ya que tampoco parecieran que existen respaldos documentales, tales como se informara.
Ahora bien, yendo a las cifras que surgen de los registros de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, tenemos que, después de la Ronda V, que fue el último acuerdo celebrado con el Club de Paris en el año 1992, la deuda quedó en la suma de 8900 millones de dólares, debiendo recordar que la deuda original dejada por la dictadura militar era de 5.500. El incremento se debió a los atrasos en los que incurriera el gobierno de Alfonsín, y la inclusión de la deuda con Holanda- caso Cogasco- a la que hiciera referencia en mi trabajo anterior. Esos atrasos fueron del orden de los 1200 millones de dólares.
De esos 8900 millones fijados en la ronda V, se pagaron hasta el año 2001:
CAPITAL 9.778.021.891,16 DE DÓLARES
INTERESES 5.174.308.137,42 “ “
TOTAL 14.952.330.028,58 “ “
Discriminados de la siguiente manera
País Capital Interés
Australia 11.861.728,02 556.845,78
Austria 127.830.226,17 48.030.638,17
Bélgica 21.921.324,26 11.758.869,77
Canadá 322.231.757,84 156.415.359,57
Dinamarca 24.236.569,86 12.233.980,46
España 846.644.704,66 411.740.028,31
Estados Unidos 696.966.017,02 417.801.204,09
Alemania 2.079.305.131,82 1.484.842.033,38
Finlandia 17.695.716,21 9.187.985,96
Francia 542.512.548,76 266.848.655,05
Gran Bretaña 137.010.891,47 76.407.006,91
Holanda 1.110.109.221,06 633.325.110,16
Irlanda 35.876,74 100.324,52
Italia 576.289.319,67 273.841.670,13
Japón 2.563.184.671,82 1.026.625.762,79
Rusia 151.024.916,87 42.229.606,33
Suecia 57.983.476,08 28.014.128,89
Suiza 491.177.792,84 274.348.137,42
Habiendo quedado la deuda con el Club de París cuando el default del año 2001 en 2432 millones de dólares, más 173 millones provenientes de la Ronda IV. Cabe apuntar que en la deuda de Holanda, está incluida la deuda de Cogasco- que fue impugnada por los auditores del Banco Central, tal como lo mencione en mi nota anterior, y que se trata de sumas que no fueron ingresadas al país, debido a lo cual los auditores, insistieron que debía darse de baja de los registros de la deuda.
Debido a los nuevos préstamos contraídos, con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, a esa deuda de 2432 millones se le sumaron deudas bilaterales por 2.737 millones de dólares, lo que haría un total de 5.342 millones.
Ahora bien en la base del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda (SIGADE), al 30 de junio del año 2003, se consigna un total de deuda con el Club de París de 1.818.122.508 de dólares de capital, con más la suma de 387.190.650 en concepto de intereses, lo que daba a esa fecha un total de 2.205.313.155 de dólares. Diez años después, el 30 de junio del año 2013 esa suma aumenta debido a la suma de nuevo intereses calculados, apareciendo la suma de 2.474.430.108 de dólares en concepto de capital con la mora confirmada, con más la suma de 530.180.827 millones, siendo la deuda total a esa fecha de 3.004.610.933 de dólares. Esta deuda, es lo que queda de la deuda original contraída por la dictadura militar, a pesar de los pagos efectuados.
Los nuevos créditos tomados después del 31 de diciembre de 1992, determinaron que esa deuda se incrementara en 2.192.172.198 de dólares lo que da un total de 5.196.783.131, que es lo que el gobierno ha negociado.
Ahora bien, tres meses después de la información de junio, el 30 de septiembre, se consigna que la deuda total a esa fecha es de 5.068.550.000, más la suma de 1.021.055.000 en concepto de intereses, lo que da un total de 6.089.605.000, aclarándose que esos son intereses convencionales, pero no se incluyen los intereses moratorios y punitorios.
Resulta inconcebible que a los intereses convencionales, se le adicionen dos tipos de intereses más y que los mismos, supongan un incremento de la deuda en 3700 millones de dólares, que es lo que se ha pactado con los acreedores. ¿Puede aceptarse un incremento que representa la suma de 30.000 millones de pesos, al cambio oficial del dólar, sin justificación e información alguna? No hay manera de saberlo, porque como señalé el acuerdo es secreto, y de tal manera, se sustrae al conocimiento público una información que debería ser fundamental, pero aún la gravedad se acentúa más debido a que se desconocen las competencias del Congreso de la Nación, a quien tampoco se le da información alguna, como si el Ministro Kicillof tuviera la suma del poder público respecto al manejo de la deuda externa y no debiera dar cuenta de lo que negocia, y la manera en que compromete fondos presentes y futuros del Estado Nacional.
Todas las cifras consignadas, están extraídas únicamente de la información oficial, y puede verse, que en algún caso hay diferencias no explicitadas en el incremento de las mismas, ya que no se consignan las tasas de interés aplicables, ni los criterios seguidos por el Club de París, en cuanto a las penalidades que cobra por las moras en las que se incurriera.
Al haber tomado estado público la denuncia de Solanas, el Ministerio dio a conocer un comunicado en su página web, ampliamente difundido, donde pretende descalificar la denuncia, aunque en el mismo se realizan afirmaciones, que nada tienen que ver con la realidad.
En el comunicado se expresa que el Acuerdo” fue celebrado en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y del Decreto Presidencial 1394/2008 que dispuso la cancelación total de la deuda contraída con el Club de París e instruyó al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias a fin de ponerlo en ejecución” Respecto a la legalidad del Decreto, cabría decir, que en el mismo la Presidenta se atribuye competencias que no tiene, al decidir un pago de gran magnitud, cuando ello es facultad privativa del Congreso de la Nación. Al desconocer el Artículo 75, inc 4 y 7 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo, está emitiendo una norma susceptible de ser declarada nula. También es necesario puntualizar que la Ley 26.895 del Presupuesto 2014, no se refiere explícitamente al Club de París, sino que confiere una autorización genérica para negociar.. De todas maneras, esa disposición no significa omitir la competencia del Congreso de la Nación, que debe ser informado tal como lo establece el artículo 57 de la ley, que en la parte final dice “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará semestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.
Además de ello, el Acuerdo debe ser sometido al Congreso a los efectos de su eventual rechazo o aprobación, como también los acuerdos que se realice con cada país, aunque el Ministro Kicillof, le niegue ese derecho, y también el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien declarara, que el Acuerdo no va ser enviado al Parlamento.
En lo que hace al Decreto 1394, en el mismo se establece: Artículo 1°.- Dispónese la cancelación total de la deuda contraída con el Club de París (sus países miembros con acreencia vencida o a vencer respecto de la República Argentina) con reservas de libre disponibilidad que excedan el porcentaje establecido en el artículo 4° de la ley 23.928 y sus modificatorias, de modo que resulte de efecto monetario neutro”. En la información que se conoce no se ha demostrado que estas condiciones se vayan a cumplir en materia de reservas de libre disponibilidad, ya que de acuerdo al último balance del Banco Central, y lo ya comprometido para el pago de acreedores privados, esas reservas prácticamente no existen, excepto que se recurra nuevamente a fijar de manera arbitraria la cantidad de tales reservas.
En el artículo 2° del Decreto citado se dice: “ Instruyese al Ministerio de Economía y Producción para proceder a la cancelación de la deuda total contraída con el Club de París (países miembros) con aplicación de las reservas precitadas, a cuyo fin se requerirá la colaboración de las autoridades del Banco Central de la República Argentina” No se conoce que tipo de colaboración prestó el Banco Central, ni nada se ha informado al respecto, ni tampoco ningún funcionario del Banco Central, participó de las negociaciones, ni existe constancia alguna de algún dictamen emitido respecto a las reservas de libre disponibilidad. Es decir que respecto a esta punto, tampoco se dice la verdad, y solo existe la mera enunciación de una norma, como si ello fuera fundamento suficiente para desmentir las evidencias que han sido consignadas en la denuncia, y que ahora se amplían.
Además de la violación palmaria de la Constitución Nacional no se ha cumplido con lo establecido en la Ley 24.156, en cuyo artículo 61, se establece que “En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos” Se desconoce si el Banco Central ha emitido opinión alguna, ya que no existe información disponible al respecto.
También en el comunicado emitido por el Ministerio de Economía se consigna que la conciliación de la deuda existente con los intereses correspondientes se encuentra debidamente documentada por la Oficina Nacional del Crédito Público. Tal como surge de los informes que yo recibiera del Ministerio de Economía, esa documentación no existe, excepto que se denomine de esa manera a unas listas en papel continuo, que solo son informaciones estadísticas sin valor contable. Ahora bien, si esa documentación existe: ¿porque no se ha hecho pública la misma? ¿A que se debe el secretismo del acuerdo y de toda la operación?. Cuáles son los contratos refinanciados?, cuales son las obligaciones?, que origen tienen? Nada se dice, todo se oculta, y resulta inadmisible, que el Congreso de la Nación no pueda saber lo que se negocia a sus espaldas, escudándose en un Decreto del año 2008, que por otra parte establece un procedimiento que no surge de ninguna información que se haya cumplido.
También en el comunicado del Ministerio de Economía se hace referencia a que la información fue hecha pública y explicada en forma detallada. Indudablemente esto es absolutamente falso y demuestra la liviandad del Ministro, que llama explicación a un breve comunicado informando que se llegó a un arreglo, y que se va a a pagar una suma determinada.
La judicialización de las decisiones políticas
El comunicado del Ministerio de Economía, termina refiriéndose a la judicialización de las decisiones políticas, debido a las falta de ideas o propuestas, por parte de la oposición. Yo no soy opositor por sistema, y hace años vengo investigando estos temas, iniciando acciones judiciales, presentando pruebas, y planteando propuestas de que es lo que se debería hacer en el tema de la deuda pública. Esto no me preocupa, pero si que un Ministro de la Nación no conozca la doctrina, y la competencia que tiene el Poder Judicial, para atender cuestiones, que puedan afectar a los ciudadanos.
Existe un criterio muy extendido que sostiene la dirigencia política, algunos interesados politólogos o analistas, una variada gama de comunicadores sociales caracterizados por su ignorancia en la materia y aún algunos cultores del derecho judicial, y es aquel que sostiene la inviabilidad de que los actos del Poder Ejecutivo puedan ser materia de revisión por el Poder Judicial. Se entiende en forma errónea que tales actos no pueden ser materia de control alguno, debido a que son el producto de facultades privativas y propias del poder que las ejerce.
Desde muy antiguo se ha alegado que admitir el control judicial de los actos emanados del poder político significaría una clara violación de la división de los poderes, al permitir la ingerencia de uno de ellos en el ámbito en el que se desenvuelve el otro poder; y en un sistema marcadamente presidencialista como el nuestro ello significaría una inadmisible intromisión, que de realizarse alteraría sustancialmente un esquema constitucional que ha señalado competencias específicas en las que debe desenvolverse cada uno de esos poderes. Ésta cuestión del control judicial de los actos ejercidos por el poder administrador constituye un tema clásico de la teoría del Derecho que ha sido largamente discutido. Algunos se han atrevido a plantear que “Verdaderamente, ¿de qué trata el Derecho Administrativo si no es del control de la discrecionalidad? (Bernard Schwartz, Administrative Law, 3ª. ed. Bostón 1991, pág. 652) y podríamos registrar una larga lista de trabajos que se han enfocado a analizar con minuciosidad todas las cuestiones atinentes a un tema fundamental, que nuestro Poder Judicial ha soslayado en forma permanente, permaneciendo estático en conceptos ya abandonados desde hace muchos años y que parten de la concepción soberana del poder que tenían los regímenes absolutistas, donde las decisiones no admitían control jurisdiccional alguno.
Ese planteo ha quedado desestimado por las nuevas concepciones del Derecho Administrativo, que se fundan en el derecho al control ciudadano de los actos del poder que los afecten, ya que una genuina concepción de lo que es la organización del Estado determina que los ciudadanos no sean súbditos sino mandantes del Poder Administrador y en consecuencia este sea un servidor y no un Señor como lo planteaba la concepción monárquica.
Para no extenderme en largas consideraciones sobre el particular –aunque el tema lo amerita, dada la concepción que todavía pareciera sigue vigente aquí- quiero citar la opinión de J. M. Woehrling quien sostiene que “Desde hace aproximadamente 20 años se constata un profundo movimiento de reforma en los sistemas de control jurisdiccional de la Administración en prácticamente todos los países europeos. Se puede afirmar que este movimiento se ha acentuado aún en el período último” y cita los regímenes contencioso-administrativos de Suecia y Holanda, la constitucionalización de de la jurisdicción contencioso-administrativa en Grecia, Portugal, España, Alemania e Italia, agregando que “estas disposiciones constitucionales, constituyen un verdadero mandato constitucional dado a los Tribunales encargados del contencioso-administrativo y refuerzan la legitimidad de sus intervenciones. Este cuadro constitucional juega, pues un papel directo en la extensión y la intensificación del control jurisdiccional de la administración” (Le contrôle juridictionnel de l’Administration en Europe de L’Ouest, en “Revue Europeénne de Droit Public, Londres 1995, vol. 6, Nº 2, pág. 353 y siguientes). Esa corriente de control de la legalidad de los actos de gobierno, es unánime en la mayor parte de los países europeos, y se funda en los principios fundamentales que deben regir en una democracia. . No se trata pues de la invasión de un poder sobre el otro como lo sostienen algunos vulgares apologistas de las decisiones del Poder Ejecutivo, sino simplemente de ese inexcusable control de establecer la legalidad de esos actos.
Resulta por demás evidente, que ante una violación a las normas constitucionales que afecten los derechos de cualquier ciudadano, éste no tiene otra alternativa que recurrir a la justicia con el objeto de que se restablezcan sus derechos conculcados. Eso no significa intromisión o injerencia, sino el correcto funcionamiento del orden establecido por la propia Constitución. En nuestra doctrina, Bidart Campos ha sido el más enfático en sostener que “El aspecto primordial de las cuestiones políticas radica entonces, en que la exención de control judicial involucra exención del control de constitucionalidad… En primer lugar estamos ciertos que la detracción del control viola el derecho a la jurisdicción de los justiciables. No poder conseguir por declinación del Tribunal el juzgamiento de una cuestión rotulada como política, es tanto como decir que los ciudadanos carecen del derecho a la jurisdicción, o sea de derecho a acudir a un órgano judicial para que se resuelva una pretensión…. Cuando el Estado no puede ser llevado a los tribunales estamos además fácticamente ante el hecho de la irresponsabilidad. Es elemental que si el Estado no puede ser juzgado, el Estado no responde por ese acto que conserva todos sus efectos, aunque sea infractorio de la Constitución…La sumisión completa del Estado al orden jurídico reclama que el gobernante esté sujeto no solo a la vis directiva de la ley, sino a la vis coactiva y compulsiva… Hay un argumento muy sólido que resulta favorable a la judiciabilidad. Al organizar la administración de justicia, la Constitución argentina confiere a la Corte y a los demás tribunales inferiores en su artículo 100 la competencia de decidir “todas” las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución. Cuando se dice “todas” las causas es imposible interpretar que haya “algunas” causas que escapen al juzgamiento. Dividir las causas en judiciables y políticas (no judiciables) es fabricar una categoría de causas en contra de lo que impone la misma Constitución” (Germán J. Bidart Campos, La Interpretación y el Control Constitucional en la Jurisdicción Constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1987, pág. 161/162
Resulta indudable que esa categorización de causas, no responde de ninguna forma al orden jurídico, sino a la invariable pretensión del Poder Ejecutivo, sustentada durante décadas, de no aceptar control judicial alguno, lo que puede resultar correcto cuando las decisiones adoptadas no causen perjuicio a los ciudadanos y no alteren el orden constitucional. Pero cuando esas decisiones, se traducen en una afectación de las garantías constitucionales, cuando el Poder Ejecutivo impone normas que contravienen la ley, no puede desconocerse la facultad que tiene el Poder Judicial para revisarlas y dejarlas sin efecto, ya que esa es una de las misiones que le ha conferido la Ley Fundamental. Suponer lo contrario, significaría otorgar facultades omnímodas al Poder Administrador, no sujetas a control alguno, lo que por supuesto no tiene nada que ver con el ordenamiento republicano y democrático, y como afirmaría Kelsen “El destino de la democracia moderna depende en una gran medida de una organización sistemática de todas las instituciones de control. La democracia sin control no puede durar. Si excluye esta autolimitación que representa el principio de legalidad la democracia se disolverá a si misma” (Hans Kelsen La Democratie. Sa nature. Sa valeur, Económica, Paris, 1988, pág. 72-73.
Estos conceptos son esenciales para definir algo que la dirigencia política se ha encargado de enmarañar, y es el real concepto de servicio que debe tener el poder administrador, que no resulta una entidad con poderes ilimitados a cuyas decisiones deben someterse los ciudadanos que son sujetos tributarios de esa administración. Muy por el contrario, el Poder Ejecutivo gobierna y ejecuta los actos que el Poder Legislativo ha sancionado como representante del pueblo. También está facultado para reglamentar las leyes y adoptar todas aquellas medidas administrativas que hacen al buen funcionamiento del Estado, pero ello en modo alguno significa el otorgamiento de poderes extraordinarios o facultades especiales, ya que como la propia Constitución señala en su Art. 29, tales facultades llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de infame traidores a la patria. Esa concepción de servicio parece haber sido olvidada hace décadas y es por eso que puede verse que el ejercicio del Poder Ejecutivo ha devenido en una suerte de poder supralegal que no sirve al pueblo sino se sirve de su voluntad a través de un riguroso control de la actividad parlamentaria. García de Enterría ha señalado con claridad algo que nuestra dirigencia política parece haber olvidado, o se hace la distraída para no afrontar las responsabilidades que le competen, y es el hecho de que “La Administración no es representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual es en esencia distinto. Sus actos no valen por eso como propios de la comunidad –que es lo característico de la Ley, lo que presta a esta su superioridad e irresistibilidad- sino como propios de una organización dependiente, necesitada de justificarse en cada caso en el servicio de la comunidad a la que está ordenada” ( Eduardo García de Enterría y Tomás R. Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Civitas, 5º ed. Madrid 1996, Tº I, pág. 30)
Este imperativo de servicio, supone por cierto, el control de legalidad inherente a la condición que tiene, para evitar una desnaturalización de sus derechos, mediante la instrumentación de disposiciones que los restrinjan o los eliminen. Es una forma de resistir la arbitrariedad del poder mediante la utilización de todos los recursos que la ley otorga. Como con propiedad se ha dicho “El derecho de resistencia se canaliza, pues, hacia la responsabilidad o dación de cuentas y ésta, a su vez, finalmente, hacia una acción judicial que pide que se restituya al demandante su situación arbitrariamente afectada por el agente que obra al margen o en contradicción con la Ley” (E. García de Enterría, La Lengua de los derechos. La Formación del Derecho Público Europeo tras la Revolución Francesa, Madrid, Alianza, 1994, pág. 140.
Seguramente la forma peculiar con la que se maneja la política en nuestro país, y la soberbia con la que se desempeñan los cargos en los más altos estamentos del Estado, ha determinado que vivamos en una democracia formal, sustancialmente alejada de los paradigmas señalados por la teoría clásica. Afirmar apodícticamente que los que gobiernan representan la voluntad del pueblo y que cuentan en su favor con una legitimidad formal que los justifica formalmente ante los órganos de control, es rendir tributo a una mística de la representación política que nada tiene que ver con la realidad que puede observarse a diario. Pretender oponer, como alguna vez se ha intentado, a las exigencias del control, en sus varias aplicaciones (político, presupuestario, legal o jurídico, preventivo) la necesidad de un desembarazo de los gobernantes para poder actuar con eficacia, resulta en la situación actual de la democracia, a la que nos hemos referido una completa ingenuidad. La famosa eficacia, si pretendiese hacerse a costa del Derecho y como una alternativa al mismo, no es más que la fuente de la arbitrariedad, como enseña la experiencia humana ya más vieja y hoy vívidamente renovada. Es necesario, como ya observó Locke, confiar el gobierno a personas sobre las que resulta inevitable desconfiar. Elegir gobernantes, como ya sabemos, no es alienar de una vez por todas, y ni siquiera por un plazo temporal la facultad completa de decisión, sino confiar a unos determinados equipos políticos la gestión pública bajo el gobierno de la Ley, que sigue siendo la estructura de hierro ineludible del gobierno democrático, y la observancia efectiva de esta Ley no puede quedar a la sola discreción de los mandatarios del pueblo (E. García de Enterría, Democracia, Justicia y Control de la Administración, Ed. Civitas, Madrid, 1998, pág.114)
Es cierto que hay teorizadores que han sostenido que el control jurídico de los actos políticos que se ejerce en un estado de derecho, implica de hecho la ruptura del principio de división de poderes (Nuria Garrido Cuenca, El Acto de Gobierno, Cedesc Editorial, Barcelona, 1998) alimentando sus concepciones en peculiares interpretaciones de la democracia y porqué no, en las teorías de Carl Schmitt; empero tales criterios no se siguen en ningún país occidental, donde el control constitucional es un elemento fundamental de las democracias. Esto es así porque en regímenes de tal naturaleza hay una delegación temporal del poder que efectúa el pueblo en sus representantes, la que está sujeta a las limitaciones de un ejercicio que no puede ser discrecional sino acotado al mandato que le ha sido conferido. Como gráficamente ha expresado un distinguido sociólogo español “Una democracia propia de una sociedad civil (en su sentido amplio) no es aquella donde la vida pública se reduce al momento de la representación política: aquel cuando la sociedad entrega su voto, supuestamente, su capacidad de decisión sobre asuntos públicos a una clase política, que a partir de ese momento, decidiría por ella… Lo cierto es que, como se demuestra en la vida real de la mayor parte de las sociedades civilizadas, las gentes libres se resisten a entregar su capacidad política, acotan un espacio para sus propias decisiones poniendo límites al Estado y cuando delegan su poder lo hacen bajo condiciones estrictas, reservándose incluso entonces recursos y capacidades de intervención. Más aún, como ciudadanos, y no súbditos, se definen como interventores y participantes permanentes de la cosa pública, y consideran a la clase política no como sus señores, sino como sus servidores. Ello significa, por tanto, que definen a la democracia como un proceso de formación de opinión, donde todos, políticos y ciudadanos, debaten continuamente la naturaleza de los problemas políticos y sus soluciones. Cada decisión que pueda tomarse, con el procedimiento que en cada caso corresponda, es considerada como una decisión provisional, a ser reexaminada a la vista de sus consecuencias y de los cambios de las circunstancias, incluidos los cambios en los sentimientos colectivos y en cuál pueda ser, a cada momento, el estado de la conciencia civilizada en la sociedad en cuestión” (Víctor Pérez Díaz, España puesta a prueba 1976-1996, Alianza, Madrid, 1996, pág. 65)
Esta descripción de la sociedad democrática, es la que debe regir en un estado de derecho y no esa ficción que ha caracterizado a la democracia argentina, donde el poder administrador se ha apropiado de la voluntad soberana del pueblo para decidir en todos los casos que era lo necesario hacer en cada caso, desconociendo programas electorales, abjurando de proyectos y renunciando a todos aquellos principios que habían determinado su elección.
Aunque el control jurisdiccional de las potestades del poder ejecutivo es un viejo tema de la teoría del derecho, que ha sido nutrido por interesantes aportes durante diversas épocas, hoy es casi inexistente la discusión, ya que no se admite que los actos del poder ejecutivo revistan una categoría especial o posean un bill de indemnidad que los haga poseedores de un “status” jurídico especial, que le permite estar exento del control que pueda ejercer la magistratura judicial. En nuestro medio solo los dirigentes políticos, aferrados a inaceptables privilegios, pretenden sostener esa suerte de inmunidad. La alegación más común que se efectúa, es que admitir ese control jurisdiccional significaría constituir una especie de supra-poder o dejar el poder real en manos de los jueces, lo que resultaría una negación del sistema de la división de poderes. Esto, es naturalmente un argumento falaz, ya que no se trata de que exista un poder que esté por encima de los otros que componen el sistema, sino de algo mucho más simple y elemental, y es el de pretender que las decisiones del Poder Ejecutivo, se ajusten a la Constitución y a las leyes de la República.
Existe tal acostumbramiento en nuestro régimen político a negar ese control como si se tratar de una injustificada intromisión en áreas reservadas exclusivamente al poder político, que cuando se efectúa un planteo limitativo al exceso de poder, surge inmediatamente el rechazo a aceptar lo que no es sino un mecanismo que está claramente establecido por la Constitución Nacional. Además de ello se trata de impedir que ese decisionismo del Poder Ejecutivo lo convierta en una entidad autoritaria con capacidades no solo administrativas, sino legislativas y aún judiciales al determinar cuáles de sus actos son susceptibles de un encuadramiento jurídico y cuáles no.
Uno de los argumentos generalmente utilizados, respecto a la no-judicialización de las cuestiones políticas, es también de que se trata de decisiones políticas, sin afectación constitucional, invocándose la doctrina norteamericana que ha establecido una cuasi separación de competencias al respecto. Sin embargo creemos que aquí también se cae en una gran equivocación, por soslayar en definitiva, la naturaleza específica de la acción y quien es el encargado de decidir la misma. Al respecto el Juez Brennan sostuvo oportunamente que “El carácter no justiciable de una cuestión política es esencialmente una función de la separación de poderes. Se origina mucha confusión en la capacidad del rótulo de la cuestión política para oscurecer la necesidad de una indagación casos por caso. Decidir si un asunto ha sido destinado en cierta medida por la Constitución u otra rama del gobierno, o si la acción de esa rama excede la autoridad que será dispensada es en sí mismo un delicado ejercicio de interpretación constitucional, y es una responsabilidad de esta Corte como intérprete definitiva de la Constitución (“Baker v. Carr”. U.S. 186, 198-a962).
En la doctrina norteamericana, que muchos utilizan equivocadamente, está muy claro el hecho de la “revisión judicial” de aquellas cuestiones que se susciten al amparo de la Constitución, tengan que ver con una ley del Congreso, o un Tratado. Esto tiene viejos antecedentes y va mucho más lejos que la propia Constitución; tiene que ver con el conocido dictamen del Jurista Coke, Presidente de la Corte, que determinó “que cuando una ley del Parlamento se opone al derecho común o a la razón…la ley común se impondrá y despojara de validez a dicha norma”, y el Juez William Cushing, que fuera uno de los primero juristas designados por Washington para integrar la Suprema Corte, recomendó a un jurado de Massachussets, que ignorase ciertas leyes del Parlamento por nulas e inoperantes. Hamilton plantearía después en El Federalista, Nº 78 que “La interpretación de las leyes es dominio apropiado y peculiar de los tribunales. De hecho, una Constitución es y debe ser considerada por los jueces como una ley fundamental. Por lo tanto a ellos les corresponde dilucidar su sentido así como el significado de determinada ley originada en el cuerpo legislativo, y en caso de diferencia irreconciliable entre las dos, preferir la voluntad del pueblo declarada en la Constitución a la de la legislatura expresada en la ley”. De allí han salido diversas doctrinas destinadas a establecer esa cuasi separación, pero en ningún caso se ha negado el derecho del Poder Judicial a revisar cualquier acto que afecte el derecho constitucional de un ciudadano. Aquí de lo que se trata, es no de justificar la existencia de un poder judicial por encima de los otros que integran la estructura del Estado, sino simplemente de un control de constitucionalidad que no ha sido ejercido, permitiendo una intolerable concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, que lo ha hecho si convertirse en un supra-poder en desmedro de los otros dos.
Sería impropio que siguiera extendiéndome sobre una doctrina ya aceptada en forma casi unánime, superadora del viejo esquema conceptual de la no judicialidad de las decisiones políticas. No caben dudas que los actos impropios, arbitrarios o ilegales deben ser materia de juzgamiento, y la denuncia traída a consideración del Tribunal es precisamente uno de esos actos, donde la discrecionalidad de un Ministro de Economía ha ejercido todo su poder para desconocer la Constitución, y afectar de manera sustancial el patrimonio público, comprometiendo fondos del Estado presentes y futuros, a través de una negociación secreta, y la firma de un Acuerdo sobre el endeudamiento externo, que violando la Constitución no se lo ha sometido al Congreso Nacional como era pertinente. Es precisamente en este punto donde le es preciso intervenir al Poder Judicial, no para cuestionar decisiones políticas, sino para defender el orden legal de la República, que sigue siendo avasallado por una costumbre que se ha arraigado tenazmente y que es preciso erradicar en forma definitiva, evitando que continúe un estado de cosas que es el resultado de las actitudes irresponsables de los poderes públicos. En este aspecto debemos remarcar, que no estamos cuestionando políticas públicas o actos de administración del Estado que se hayan realizado observando las prescripciones legales y la defensa de los derechos de los ciudadanos; o planteando teorías opinables sobre cómo deberían negociarse las obligaciones externas, solo se pretende que no se siga convalidando la violación del ordenamiento legal, y el desconocimiento palmario de lo establecido por la Constitución Nacional.
Lo que aquí se trata, es de investigar, que se negoció?, como se negoció?, a que responden tales deudas?, el origen y detalle de sus montos, ya que no se informa nada al respecto y solo se habla de cifras globales. Porqué el Acuerdo es secreto?, porqué los documentos justificativos de las deudas no existen? y porqué el Ministro de Economía Kicillof, ha violado la Ley 24.156, el propio Decreto 1394, y la Ley de presupuesto? Porqué se insiste en legalizar la deuda de la dictadura y pagarla escrupulosamente, en definitiva porque se consagra la transgresión a la Ley y se insiste en pagar, lo que primero debería auditarse, y enfrentar el sistema de la deuda, para terminar con su deletérea esclavitud.
- Acuerdo con el Club de París: Otro paso en la misma dirección
La FUBA se movilizó a la Embajada de Estados Unidos para rechazar el fallo de los fondos buitres
Durante el día de ayer la FUBA junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), los cartoneros del MTE y Marea Popular se movilizó a la Embajada de los Estados Unidos para rechazar el fallo a favor de los fondos buitres. El Presidente de la FUBA Adrián Lutvak declaró: "Este falló es un atentado contra la soberanía argentina, que un grupo de especuladores amenazan con llevar al default a todo un país muestra lo perverso del sistema financiero internacional".
Más de 500 militantes se convocaron en pocas horas en las puertas de la embajada yanqui, custodiada por un gran operativo policial. Finalmente Lutvak agregó "Los especuladores no tienen que llevarse un peso de nuestro país, seguir endeudándose no es la salida que necesita la argentina".
Argentina, Río Negro. Contrato con Petrobras: "El Gobierno debe defender el petróleo de los rionegrinos"
Cuando en la provincia se lleva adelante el proceso de prórrogas de concesiones hidrocarburíferas y desde el Gobierno se somete a la Legislatura el contrato firmado con la empresa PETROBRAS, la conducción electa de la CTA Río Negro demanda al Gobierno de la provincia que defienda el petróleo de los rionegrinos.
Desde la Central obrera se considera que las urgencias financieras y económicas del Gobierno Provincial impiden que pueda llegarse a un buen acuerdo y que existan las exigencias de inversión necesarias, como así también preocupa la imposibilidad técnica que tiene el Gobierno para realizar cualquier tipo de control sobre la actividad.
Además, desde la CTA ‎rionegrina se denuncia que el contrato en cuestión afectará notoriamente el medio ambiente, afectando de esta manera derechos esenciales de todo el pueblo de la provincia. En este punto, la Central no sólo piensa en el daño futuro, sino también en la reparación del pasivo ambiental.
Por otro lado, se cuestiona que la inversión propuesta por la empresa de más de 98 millones de dólares, como aporte al desarrollo social e institucional, no está asegurada ‎y queda condicionada solamente a su voluntad, sin que el Estado tenga la posibilidad de exigir jurídicamente su cumplimiento.
"El Gobierno no puede hipotecar, con la firma de este contrato, el futuro de todos los rionegrinos. ‎Las urgencias financieras que tiene la provincia nos colocan en una situación de absoluta debilidad a la hora de negociar. Pareciera ser que sólo interesa el ingreso de fondos extraordinarios y no se piensa que estamos ante un recurso no renovable y cuya explotación además contamina nuestro medio ambiente", señaló Rodolfo Aguiar, secretario General electo de la CTA Río Negro y agregó: "El Gobierno debe defender el petróleo de los rionegrinos y los diputados también tienen la obligación de defender nuestros recursos naturales y bienes de uso común. ‎No se pueden afectar nuestros derechos y el de futuras generaciones, firmando un acuerdo que implique la entrega de todo nuestro petróleo, a cambio de casi nada".

References: Artículo 75
 artículo 57
 Artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 100