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Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos - Upside Down World
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March 19, 2009 Raúl Zibechi Noticias En Español 0
"Esa izquierda infantil, ese indigenismo infantil, ese ecologismo infantil, ya están volviendo a activarse, haciendo reuniones para promover un levantamiento contra la minería". "Con la ley en la mano no vamos a permitir esos abusos, no vamos a permitir levantamientos, que bloqueen caminos, que atenten contra la propiedad privada, que impidan el desarrollo de una actividad que es legal: la minería".
No fue un político conservador quien pronunció esas frases, sino Rafael Correa, presidente de Ecuador, quien se proclama partidario del "socialismo del siglo XXI" y enemigo del neoliberalismo. La primera la dijo en su informe ante el Congreso Provisorio a comienzos de enero y la segunda el 12 del mismo mes, en el balcón de la casa de gobierno, en Quito1. Además acusó a los movimientos sociales que rechazan la Ley de Minería de ser "aliados de la derecha" en tanto el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, habló sobre una posible vinculación golpista entre las organizaciones indígenas y los militares2.
Ya a comienzos de enero el clima se había caldeado cuando la policía reprimió con saña a los comuneros que protestaban en el sur del país contra la ley. "No vamos a negociar con criminales y canallas", fue la respuesta del ministro Bustamante a los dirigentes indígenas que se defendieron de la represión reteniendo a un capitán de la policía3.
Aunque la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)4 siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.
A la hora de explicar esta actitud gubernamental, Humberto Cholango presidente de Ecuarunari, la organización indígena de los quichuas de la sierra, dijo que el problema es que la derecha rodea a Correa. "El presidente debe sólo mirar a su alrededor si quiere ver a la derecha", dijo en relación a las acusaciones vertidas por el presidente a los movimientos indios5. No obstante, la CONAIE debió reconocer que de las manifestaciones partieron actos de violencia contra diversas personas y policías, que justificó por la presencia de "infiltrados en una movilización legal y legítima"6.
A la hora de hacer balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque "está naciendo una nueva alianza campo ciudad que recoge los principios del ecologismo". Destacó que "los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas". Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. "La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda", concluye el balance7.
Días después, la CONAIE envió una "Carta Abierta al Foro Social Mundial" en la que explicaba su "oposición y rechazo" a la presencia de Correa en "un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas". Alertan al Foro que detrás del lenguaje de la "revolución ciudadana" se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que "la larga noche neoliberal está presente en Ecuador"8.
"Desde el principio, el gobierno nos ha acostumbrado a una política en que las reformas vienen acompañadas de una medida neoliberal, o a la inversa. Una de cal y otra de arena, una de izquierda y otra de derecha. ¿Cómo entender tales contradicciones? ¿Las medidas de izquierda son sólo coartadas y cortinas de humo para las de derecha?", reflexiona el catedrático Moreano9. Al parecer, sólo el tiempo podrá responder estas preguntas. En todo caso, varios analistas sostienen que uno de los problemas centrales es que el partido de gobierno, Acuerdo País, tiene en su seno importantes divergencias y un amplio sector de derecha.
La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. En los "Antecedentes" de uno de los trabajos, se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. "Por cada dólar situado en el pais, le ha rendido cuatro a la inversión foránea"10.
Luego de la segunda guerra mundial se inicio un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que "la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales"11.
Se cuestiona también que la ley haya sido aprobada por la Comisión Legislativa o "Congresillo", un organismo transitorio ya que en abril se realizan elecciones generales en el marco de la nueva Constitución. En el mismo sentido, los críticos sostienen que la Ley de Minería "no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008", en gran medida porque "rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos", y, en lugar destacado, "desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano"12.
En cuanto al articulado, se considera que el artículo 2 (Ámbito de aplicación), no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas y que el artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar "la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y ambientales"13.
A su vez el artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) coloca en lugar destacado "los intereses nacionales" que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder "a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país"14.
El artículo 28 (Libertad de Prospección) dice que cualquier empresa "tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales", lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos) hace referencia a que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no del 57. La diferencia es mayor: por el primero se dictamina que si una comunidad o pueblo se opone a la prospección, el diferendo "se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior". Por el segundo, la misma oposición se resuelve "conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea el consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista"15.
Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea "una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo". Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y esto es muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender "el modelo de desarrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía"16.
Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los 90 pueden multiplicarse, como ya lo anunció la CONAIE. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios "volverá inviable los proyectos", advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos17. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y saldrá victorioso de las elecciones generales a realizarse a fines de abril en el marco de la nueva Constitución.
Mario Melo, "Cinco razones jurídicas para oponerse a la nueva Ley Minera", en revista Petropress No. 13, enero 2009, www.cedib.org.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 90
 artículo 398
 artículo 169