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Timestamp: 2020-04-07 16:42:20+00:00

Document:
2. 018 (396 mujeres )
1. 749 (909 mujeres )
1. 276 (37 mujeres )
1. 363 (954 mujeres )
130 (1 mujer )
19 (15 mujeres )
3. 424 (434 mujeres )
3.331 (1. 878 mujeres )
Cuadro 2Capacitación y desarrollo de competencias laborales
N úm .
Capacitación y desarrollo de aptitudes básicas de trabajadores migratorios en distritos pobres
420 personas , incluidas 139 mujeres
Capacitación de desempleados para cambiar de trabajo u ocupación y en competencias para llenar puestos vacantes, y de trabajadores que desean trabajar en el extranjero
141 personas , incluidas 43 mujeres
Formación y desarrollo de las competencias de trabajadores calificados que nunca antes recibieron capacitación
100 personas , incluidas 17 mujeres
661 personas, 199 mujeres
•La República Democrática Popular Lao ha adoptado algunas medidas en beneficio de las mujeres que pertenecen a minorías étnicas, principalmente:
•Medidas para eliminar las concepciones tradicionales en las zonas apartadas a fin de crear oportunidades para que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas participen en todos los procesos de aprendizaje, permitir la participación de la Unión Central de Mujeres Lao en todas las actividades, incorporar la perspectiva de género en los planes de estudios de la educación formal y no formal, y modificar el plan de estudios y las ilustraciones de los libros de texto a fin de reflejar la igualdad entre los géneros;
•La impartición de capacitación en materia de perspectiva de género a administradores y maestros de las escuelas provinciales a fin de incorporar la perspectiva de género en sus módulos de enseñanza como medio de sensibilizar a los estudiantes para que presten especial atención a los asuntos de la mujer, particularmente de las mujeres que pertenecen a grupos étnicos. Además, a los estudiantes se les han enseñado los derechos de las mujeres y los niños;
•El otorgamiento de becas de estudio en los niveles primario y secundario a los estudiantes de ambos sexos por igual. En las escuelas étnicas de algunas provincias también se establecen cuotas equitativas para alumnos y alumnas.
•Actualmente, en el sector de la educación y los deportes se toman medidas para que cada aldea pueda contar con centros de servicios de educación, al tiempo que los habitantes de las zonas apartadas han recibido formación docente para que puedan ejercer de maestros en esos lugares particulares. Esto se denomina educación extraescolar. También existen servicios móviles de educación.
•El sector de la salud cuenta con sus propios medios de comunicación y publicaciones para promover el acceso a los servicios de salud, especialmente en las lenguas de las minorías étnicas, y las personas pueden acceder a servicios médicos ubicados a una distancia no mayor de 5 kilómetros (existe una unidad móvil que presta servicios a la población de zonas apartadas);
•El Ministerio del Interior viene elaborando una estrategia nacional sobre asuntos étnicos que servirá de referencia para que los distintos sectores apliquen un enfoque común en todo el país. Sin embargo, este proceso sigue avanzando a un ritmo lento debido a las limitaciones presupuestarias.
Se ruega exponer con detalle las medidas vigentes para hacer frente a las formas interrelacionadas de discriminación contra las mujeres, especialmente teniendo en cuenta el carácter multiétnico del Estado parte. Sírvanse proporcionar información sobre las iniciativas aplicadas para elaborar una estrategia integral que transforme las pautas sociales y culturales que refuerzan los estereotipos de género tradicionales, en particular entre los grupos étnicos, relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, con especial atención a las escuelas, así como las representaciones y los mensajes negativos de los medios de comunicación sobre la mujer. Señalen también si se ha avanzado en la elaboración de campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres de grupos étnicos en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer, como recomendó anteriormente el Comité ( CEDAW/C/LAO/CO/7 , párr. 22).
A fin de hacer frente a todas las formas de discriminación contra la mujer en la República Democrática Popular Lao, país integrado por numerosos grupos étnicos, cada uno de los cuales cuenta con sus propias tradiciones, religiones y creencias, el Gobierno ha aplicado activamente políticas de igualdad, ha promovido sistemáticamente la armonía entre los grupos étnicos, y ha llevado a cabo medidas como las siguientes:
•Ha hecho hincapié en el desarrollo a nivel local y ha educado a los grupos étnicos mediante el uso de contenidos y metodologías adecuados a esos grupos destinatarios;
•Ha confiado en los dirigentes étnicos influyentes, quienes desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la armonía y poseen un profundo conocimiento de sus respectivas culturas;
•Ha aplicado el enfoque democrático de igualdad para todos y en todos los ámbitos, y con la participación de todos;
•Ha desarrollado una infraestructura económica y sociocultural en las zonas apartadas;
•Ha fomentado la coordinación armoniosa entre las partes pertinentes.
La República Democrática Popular Lao concede gran importancia a la promoción de la igualdad entre los géneros introduciendo enmiendas en la Constitución y las leyes y formulando leyes y planes que sirvan de referencia para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Además, diversos sectores se han centrado en la elaboración y difusión de leyes y reglamentos con el fin de que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas que viven en las zonas apartadas puedan ejercer y comprender sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Deportes ha invertido cuantiosos recursos en el plan estratégico para la educación y en la estrategia de desarrollo de los recursos humanos, haciendo hincapié en la incorporación de la igualdad entre los géneros en las funciones de la educación. En particular, el Ministerio trabaja con Plan International para impartir capacitación en igualdad entre los géneros a los maestros en algunas zonas apartadas. El Ministerio también colabora con ONU-Mujeres en la organización de actividades encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres en las escuelas.
A fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y lograr proteger más eficazmente a las mujeres y los niños de la violencia, en 2017 el Ministerio de Información, Cultura y Turismo cooperó con la Asociación para la Promoción de la Igualdad entre los Sexos (GDA, por sus siglas en inglés) en la puesta en práctica del programa para el adelanto de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, a fin de que ellas pudieran acceder a la información sobre la perspectiva de género. El objetivo principal de ese programa consiste en fortalecer la preparación de los funcionarios de ambos sexos que trabajan en los medios de comunicación para que sean capaces de difundir información sobre la perspectiva de género a la población, especialmente a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas a nivel local, facilitándoles el acceso a la información sobre la perspectiva de género a través de la radio, la televisión y los altavoces en sus localidades.
Se avanza en la concienciación de las mujeres en general, y específicamente de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, sobre diferentes temas y por diversos medios de difusión, promoción y educación por conducto de la red de la Comisión Nacional para el Adelanto de las Mujeres, las Madres y los Niños a todos los niveles; las organizaciones de mujeres a cada nivel; y las organizaciones del sector de los medios de comunicación de la sociedad civil, a fin de lograr que las mujeres cobren mayor conciencia de las políticas del Gobierno, la Constitución y las leyes relacionadas con la promoción y protección de los derechos e intereses de la mujer y la igualdad entre los géneros, en particular la lucha contra la violencia contra la mujer, y logren comprender mejor la problemática. Con ello se aspira a aumentar la protección de los derechos de las mujeres y fomentar su participación en el desarrollo y la mejora de sus familias y comunidades.
Por ejemplo, la campaña de concienciación sobre el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer y el niño ha logrado progresos notables en el proceso de construir familias, aldeas y distritos de desarrollo en lo tocante al ejercicio de los derechos de igualdad entre los géneros sin violencia en el hogar, especialmente contra las mujeres y los niños (los detalles figuran en la respuesta a la pregunta 6).
En el informe se hace referencia a importantes avances legislativos e institucionales para combatir la violencia contra la mujer en el Estado parte, en particular la aprobación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños (2015). Indiquen qué medidas se han adoptado para asegurar la plena aplicación de esta ley y si se han suministrado suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para respaldarla. Precisen si se están reconsiderando las disposiciones enunciadas en los artículos 48 y 49 de la ley que alientan la mediación familiar en los casos de violencia contra la mujer. Especifiquen además qué medidas se prevé adoptar para proporcionar a los miembros del poder judicial, los agentes encargados del cumplimiento de la ley, los funcionarios de la salud pública y las unidades de mediación de aldeas una formación adecuada que les permita determinar las causas de la violencia de género al ocuparse de los distintos casos.
Además de la difusión y promoción de la igualdad entre los géneros, la sensibilización sobre el tema, y la lucha contra la violencia contra la mujer de manera generalizada en el país, otra medida es el Decreto núm. 309/PM del Primer Ministro sobre los umbrales de pobreza y desarrollo para el período 2012-2015, en el cual se enuncia el criterio de que las familias, aldeas y distritos deben ejercer los derechos de igualdad entre los géneros sin violencia en el hogar, especialmente contra las mujeres y los niños, para poder aspirar a alcanzar la condición de «desarrollo». A ese respecto, la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia doméstica fueron incorporadas en las iniciativas de desarrollo del Gobierno, como un criterio o norma fundamental para poder alcanzar la condición de «desarrollo» en todos los niveles locales. Gracias a la aplicación efectiva de esas medidas en el período 2013-2015, pudo determinarse que un número mayor de familias practicaba la igualdad entre los géneros, que se había logrado reducir la violencia doméstica y que las mujeres habían cobrado mayor conciencia de sus derechos, lo que se reflejaba en la participación de un mayor número de mujeres en cada función de las organizaciones de las aldeas, especialmente en los grupos de ahorro y préstamo de mujeres y las administraciones locales, incluidas las unidades de mediación, los comités de salud maternoinfantil y otras funciones de desarrollo a nivel de las aldeas.
A fin de combatir y prevenir con efectividad la violencia contra la mujer, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao ha contratado a funcionarios y empleados públicos y ha consignado un presupuesto para dicha función de acuerdo con los recursos disponibles. Cuando se lo compara con las necesidades de esa función, el presupuesto sigue siendo insuficiente, además de que es necesario actualizar los conocimientos y la capacidad de los funcionarios de que se trata en el ámbito específico del desempeño de sus funciones.
Los artículos 48 y 49 de la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños disponen que la solución de los incidentes de violencia menores contra las mujeres y los niños que causan daños menores a la salud, la propiedad y la economía, consiste en educar a los miembros de la familia y propiciar una solución de avenencia entre ellos.
Además de enmendar y aprobar leyes y elaborar planes que sirvan de referencia para hacer frente a la violencia, brindar protección y lograr que se entiendan claramente las cuestiones o las causas de la violencia, el Gobierno ha llevado a cabo una labor de difusión pública para crear mayor conciencia de las leyes y los derechos humanos de la población, así como programas de divulgación para los funcionarios públicos competentes, en particular los agentes de policía y oficiales militares, los miembros de la Asamblea Nacional, los jueces y los fiscales, a través de los mecanismos existentes de promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional; se celebraron seminarios sobre el tema “Acceso a la justicia para las mujeres” con los funcionarios judiciales de las provincias y de la capital Vientián, el Tribunal Supremo Popular y la Oficina de la Fiscalía Popular Suprema; con funcionarios policiales de investigación, de penitenciarías y de la Oficina de Justicia de Distrito; y con los miembros de la Asamblea Nacional. Se registraron 216 participantes, el 42,6% de ellos mujeres, y participaron en los seminarios además miembros de la población local y funcionarios de 40 aldeas de 5 distritos de la capital Vientián, lo que sumó un total de 182 participantes, el 39% de ellos mujeres. Debido al presupuesto insuficiente, dicha labor de difusión y capacitación no pudo realizarse de manera sistemática o amplia. Por lo tanto, para ayudar a que los funcionarios judiciales o agentes del orden comprendan la violencia contra la mujer, y tengan conciencia de ese fenómeno, es preciso organizar seminarios y cursos de capacitación sobre esa cuestión para el Ministerio de Justicia y los departamentos de justicia de las provincias y la capital Vientián; las oficinas de justicia de los distritos y las unidades de mediación de las aldeas; los jueces de las provincias y de la capital Vientián; los fiscales de distrito o municipio; las autoridades policiales de investigación; el Ministerio de Seguridad Pública; las Divisiones deSeguridad Pública de las provincias y la capital Vientián; las oficinas de seguridad pública de los distritos; y la policía de aldea, incluidos los médicos en los planos central y local.
Sírvanse facilitar información actualizada sobre el número de casos de violencia contra la mujer procesados desde la aprobación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños y cuántos han sido enjuiciados. Indiquen también si se han producido más avances en el establecimiento de un sistema normalizado para la recopilación periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia, grupo étnico y circunstancias en que esta se cometió, incluyendo información sobre los autores y las víctimas y su relación, como recomendó anteriormente el Comité ( ib i d ., párr. 24).
Desde que la República Democrática Popular Lao aprobó la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños, el Gobierno se ha centrado en la difusión de esa Ley por diferentes medios a fin de que la población tenga conciencia de las cuestiones relacionadas con la violencia en la familia, y las comprenda. Sin embargo, siguen ocurriendo actos de violencia en numerosas circunstancias y en muchos lugares. Para ayudar a las víctimas de la violencia que han acudido en 2016 y 2017 al Centro de Asesoramiento y Protección de Mujeres y Niños de la Unión Central de Mujeres Lao, el Centro prestó asesoramiento presencial y por una línea telefónica gratuita a las mujeres y los niños. Se registraron 712 casos de asesoramiento en 418 cuestiones. Las cuestiones principales fueron el divorcio, las controversias sobre los bienes matrimoniales, el maltrato físico, la violación de menores, la trata de personas, y las deudas, entre otras. Las víctimas recibieron alojamiento temporal y seguro. Cincuenta y nueve víctimas recibieron tratamiento emocional, de ellas 52 mujeres, y de ese total, 29 eran menores de 18 años de edad; el Centro también facilitó el regreso de 50 víctimas a sus familias. En el momento de redactarse el presente informe, 9 personas permanecían en el Centro.
El Tribunal Supremo Popular alienta, promueve, supervisa e inspecciona el desempeño de las funciones, especialmente las actuaciones de los tribunales populares en cada nivel, a fin de velar por que las vistas de las causas sean rápidas, transparentes, precisas y justas. El Presidente del Tribunal Supremo Popular emitió la Decisión núm. 233/SPC, de 16 de mayo de 2011, sobre la organización y actividades del Departamento de Gestión Técnica y Estadísticas Judiciales, que presta apoyo técnico a los dirigentes del Tribunal Supremo Popular en el análisis de las disposiciones jurídicas que siguen sin entenderse comúnmente, facilitando resúmenes de las leyes y reglamentos promulgados en el sistema de justicia, recopilando y analizando las estadísticas del Tribunal, y elaborando nuevas leyes de conformidad con el desarrollo socioeconómico y las necesidades actuales; se trata de medidas positivas para reunir datos sobre las funciones del Tribunal, en particular las causas que ya han sido examinadas y enjuiciadas. Sin embargo, la recopilación de información sobre los casos se hace de manera global, y no específicamente de casos de violencia contra la mujer, ya que estos deben clasificarse por grupos étnicos, las circunstancias de la causa de la violencia, así como la información disponible sobre la relación entre el autor y la víctima del delito.
Por favor, indiquen qué disposiciones se han adoptado para evitar la estigmatización de las víctimas de violencia y malos tratos en el Estado parte, en particular a la luz de los resultados de la encuesta nacional lao sobre la salud y las experiencias vitales de las mujeres de 2014 en la que se señalaba que el 43,2% de las mujeres que sufrían violencia infligida por su pareja no denunciaban el caso por vergüenza y por temor al estigma social. Sírvanse indicar también qué medidas se han adoptado para velar por que los autores de actos de violencia sean enjuiciados y debidamente sancionados y las víctimas reciban medios adecuados de protección, asistencia y reparación, así como indemnización.
El Gobierno ha aprobado y procura aplicar el Plan de Acción nacional para la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer y el niño en la República Democrática Popular Lao. En el Plan de Acción nacional se describe el plan de trabajo para hacer frente al fenómeno de la violencia, consistente en 3 programas principales, a saber:
•El programa de atención, apoyo y rehabilitación de las víctimas de la violencia. Este programa tiene por objeto asegurar que las mujeres y los niños víctimas de la violencia tengan acceso a los servicios y la asistencia necesarios y estén satisfechos con los servicios que se prestan, que abarcan:
•Tratamiento físico y emocional, en casos de emergencia;
•Alojamiento en condiciones de seguridad;
•Servicios de asesoramiento y asistencia;
•Apoyo y asistencia jurídicos;
•Asistencia y atención a los niños de las víctimas;
•Servicios de rehabilitación a largo plazo para las mujeres víctimas.
•El programa de protección de las víctimas de la violencia y de procedimientos legales acordes con los criterios jurídicos establecidos, destinado a mejorar los procedimientos seguidos por los agentes de policía y los fiscales para lograr su coordinación armoniosa. Con ello se aspira a alentar y motivar a las personas, en particular a las mujeres víctimas o a los testigos oculares, a que denuncien los hechos a las autoridades. El programa abarca:
•Procedimientos funcionales de agentes de policía y fiscales;
•Procedimientos judiciales;
•El programa de coordinación e incorporación, que incluye:
•Recomendaciones y un código de conducta para la realización efectiva de actividades conjuntas por los sectores encargados de hacer frente a casos de violencia contra la mujer;
•Una evaluación y gestión de riesgos;
•Un sistema de registro de datos sobre casos y mantenimiento de expedientes de casos;
•El aliento a la comunidad para que participe en la solución de los casos de violencia.
Los sectores pertinentes no han podido reforzar plenamente este programa debido a la falta de funcionarios, personal técnico y recursos presupuestarios.
La República Democrática Popular Lao ha aumentado el número de métodos utilizados para aplicar la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños en todos los sectores pertinentes a fin de que sea más eficaz. Esto se hace alentando y promoviendo la aplicación estricta de sanciones legales a los responsables de actos de violencia; al mismo tiempo, el país se centra en llevar a cabo una labor de concienciación sobre las nuevas leyes y en fomentar la comprensión de que la violencia es un delito penal, una violación de los derechos humanos.
Según la información de que dispone el Comité, el Estado parte es un país de origen y destino de mujeres y niñas sometidas a trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En el informe se señala que en 2015 se aprobó un proyecto de ley sobre la lucha contra la trata de personas, junto con mecanismos de aplicación (párr. 68). Sírvanse proporcionar información sobre el número de casos de trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, que se han investigado desde que se aprobó la legislación. Indiquen también las medidas adoptadas para identificar a los presuntos autores, sobre todo los implicados en la delincuencia organizada, y precisen la naturaleza de las sanciones impuestas. Faciliten también información detallada sobre las funciones del Departamento de Prevención y Lucha contra la Trata creado en el seno del Departamento General de Policía (párr. 67). Sírvanse especificar qué medidas concretas se han adoptado para hacer frente al aumento del riesgo de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso que afrontan las mujeres, las adolescentes y las niñas de las zonas rurales y remotas en las regiones fronterizas debido a la comercialización de la agricultura. Asimismo, sírvanse precisar si la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales de mujeres, participa plenamente en los debates sobre políticas públicas para luchar contra la trata de personas a través del comité directivo nacional dedicado a esa cuestión (párr. 66).
Secretaría contra la Trata de Personas
La trata de personas sigue siendo un problema en la República Democrática Popular Lao. Las razones principales de esta práctica son la persistente precariedad de las condiciones de vida de algunos sectores de la población lao, la brecha en materia de desarrollo entre las ciudades y las zonas rurales, el limitado nivel de educación y el hecho de que las competencias laborales no responden a las necesidades del mercado de trabajo. Se puede considerar que esos son los principales problemas que encaran en general los trabajadores migratorios lao, y en particular los trabajadores jóvenes, que buscan empleo en las grandes ciudades o en países extranjeros con la esperanza de aumentar sus ingresos para poder mantener a sus familias. En algunos casos, ello ha dado lugar a que algunas personas jóvenes se hayan dejado engañar y llevar a trabajar a países extranjeros y sean víctimas de la prostitución forzada, el trabajo forzoso, o un compromiso de matrimonio o un matrimonio con extranjeros con intenciones fraudulentas. A ese respecto, el Gobierno ha concedido gran importancia a las causas de este problema, cuya solución y eliminación son objeto de atención prioritaria, así como a la prestación de asistencia a las víctimas de la trata de personas mediante el establecimiento del Comité Directivo Nacional contra la Trata de Personas en 2004, del Departamento de Policía encargado de la prevención y lucha contra la trata de personas adjunto al Ministerio de Seguridad Pública, y de centros de apoyo y asistencia a las víctimas de la trata de personas, así como mediante la adopción periódica de políticas, la promulgación de la Ley contra la Trata de Personas de 2015 y la aprobación del Plan de Acción nacional, al que se ha asignado un presupuesto suficiente para su ejecución. Los funcionarios competentes han cumplido sus funciones con plena responsabilidad en la prevención y lucha contra la trata de personas. Sin embargo, en la República Democrática Popular Lao sigue habiendo trata de personas. En 2017, se enjuiciaron 31 casos de trata de personas (15 nuevos casos y 16 causas pendientes de 2016); 55 personas fueron acusadas, incluidas 17 mujeres; hubo 35 víctimas, incluidas 22 mujeres (y de esas 22 mujeres víctimas 14 eran menores de 18 años de edad); se cerraron 19 casos y 12 casos están actualmente bajo investigación policial.
Como se establece en el artículo 2 de la Ley contra la Trata de Personas, esta práctica se define como la búsqueda, secuestro, traslado, transporte, entrega o recepción de una persona en territorio nacional o el extranjero, y la facilitación de alojamiento o escondite, mediante la persuasión, sugerencia, engaño, soborno, incentivo, incitación, abuso de poder, uso de la fuerza o la amenaza, servidumbre por deudas, adopción encubierta de niños, compromiso encubierto de matrimonio, matrimonio encubierto, embarazo forzado, mendicidad forzada, esclavitud, prostitución, prostitución forzada y tráfico de órganos u otros artículos en violación de la ley y el patrimonio cultural del país o con otros fines de lucro. Además, en el artículo 15 relativo al enjuiciamiento de los autores de la trata se indica que cuando una persona u organización formula una denuncia, cuando el responsable de la trata se entrega a las autoridades o cuando existe el menor indicio de que se ha cometido el delito de trata de personas, la autoridad competente inspeccionará; examinará; registrará el testimonio de las víctimas olos denunciantes, incluidos los testigos; y aplicará los métodos de investigación y las medidas preventivas que se indican en la Ley de Proceso Penal; la autoridad competente se ocupará asimismo de preservar la confidencialidad y seguridad de las personas interesadas. Además de la Ley, a la hora de identificar a autores y víctimas con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley, los funcionarios competentes se valen de dos formas de interrogatorio: la que aplica la policía encargada de la prevención y lucha contra la trata de personas, y la que aplican otras partes interesadas. Durante el enjuiciamiento de casos de trata de personas, la República Democrática Popular Lao considera que lo fundamental son las víctimas y garantizar sus derechos de conformidad con la Ley contra la Trata de Personas y las obligaciones internacionales pertinentes contraídas por el país. Los responsables de trata de personas serán castigados de acuerdo con lo que establecen los distintos artículos de la Ley, a saber:
•Los artículos 72 y 73, en virtud de los cuales el responsable de trata de personas será educado, disciplinado y obligado a pagar una indemnización por los daños causados o será objeto de sanciones penales, según la gravedad del caso;
•El artículo 86, en virtud del cual a toda persona, entidad, organización o familia que no coopere en la lucha contra la trata de personas, incluso en la prevención, protección y asistencia a las víctimas, y en el enjuiciamiento de los casos de trata de personas, se aplicarán medidas educativas y se hará una advertencia;
•El artículo 87, que establece las medidas disciplinarias que se aplicarán contra los funcionarios públicos que violen la prohibición prevista en el artículo 72 de la Ley. En el caso de que la violación no se considere grave ni se considere un acto delictivo, y de que dicho acto no ocasione daños graves, sino que consista en la omisión de la presentación de un informe sobre los hechos ocurridos o en un intento de ocultar o encubrir irregularidades, ese funcionario será objeto de medidas disciplinarias por esa acción u omisión en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y reglamentos pertinentes;
•El artículo 88, que se describe las medidas civiles que se aplicarán a toda persona, entidad, organización o familia que viole la Ley cuando tal violación ocasione daños a otras personas; la responsabilidad en que se incurra dependerá de la magnitud de los daños causados;
•El artículo 89, que estipula sanciones penales contra toda persona que cometa un delito relacionado con la trata de personas, que podrán ser una pena de prisión de cinco a quince años o el pago de una multa de 10.000.000 de kip a 100.000.000 de kip con confiscación de bienes, según se indica en el Derecho Penal. En los casos de reincidencia o de un delito en grupo, cuando la víctima sea un niño o una niña, cuando haya dos o más víctimas, cuando la víctima sea pariente del autor del acto, o cuando el acto ocasione lesiones graves, impedimentos, discapacidad o un trastorno mental a la víctima, el responsable será condenado a una pena de prisión de 15 a 20 años y al pago de una multa de 100.000.000 de kip a 500.000.000 de kip con confiscación de bienes, según se indica en el Derecho Penal. En el caso de que el delito provoque una discapacidad permanente a la víctima, o una infección del VIH, el responsable será condenado a una pena de prisión de 15 a 20 años y al pago de una multa de 100.000.000 de kip a 500.000.000 de kip con confiscación de bienes, como se indica en el Derecho Penal, o a la pena de muerte;
•Toda persona que prepare o intente cometer este delito también será castigada.
Los esfuerzos del Gobierno de la República Democrática Popular Lao se centran en la prevención y lucha contra la trata de personas mediante la aplicación de políticas, leyes, reglamentos y el Plan de Acción nacional por el que se estableció el Comité Nacional contra la Trata de Personas, entre cuyos derechos y obligaciones figuran los siguientes:
•Estudiar las políticas, planes estratégicos, planes de acción y planes y programas relacionados con la lucha contra la trata de personas y presentarlos a la consideración del Gobierno;
•Promover y difundir las políticas, leyes y reglamentos; proporcionar a la población y a otros interesados en el país y el extranjero información sobre la lucha que se viene llevando a cabo contra la trata de personas;
•Orientar, supervisar e inspeccionar el Comité contra la Trata de Personas a nivel provincial;
•Orientar, alentar, supervisar y coordinar las actividades con los ministerios, las organizaciones, las autoridades locales y otros interesados en la lucha contra la trata de personas;
•Organizar talleres e intercambios de conocimientos y experiencia en el ámbito de la lucha contra la trata de personas;
•Establecer contactos y cooperar con otros países en los planos regional e internacional en la lucha contra la trata de personas;
•Preparar resúmenes de las actividades de lucha contra la trata de personas e informar periódicamente al Gobierno al respecto;
•Ejercer otros derechos y funciones previstos en las leyes y reglamentos.
A fin de hacer frente a los factores de riesgo relacionados con la trata de personas que se derivan de la búsqueda de beneficios sexuales y mano de obra forzosa, especialmente demujeres y niños que viven cerca de la frontera y en zonas apartadas, el Gobierno ha adoptado la política de combatir la trata de personas priorizando la función de protección y lucha y difundiendo información y educando a la población para que cobre conciencia de los efectos negativos de la trata de personas y entienda el peligro que esa práctica entraña, y pueda evitar así caer presa o convertirse en víctimas de la trata de personas. El Gobierno también se centra en las actuaciones judiciales contra los autores de la trata de personas, y ofrece protección y ayuda a las víctimas de manera oportuna y segura, como la labor que ha llevado a cabo el Gobierno para crear mayor conciencia en los jóvenes de la provincia de Savannakhet sobre la migración laboral segura y la divulgación de los efectos negativos que tiene la trata de personas para la población de las 5 provincias por cuyo territorio atraviesa el proyecto ferroviario China-Laos, que corre el riesgo de ser víctima de la trata de personas, a saber, LuangNamtha, Oudomxay, LuangPrabange, la provincia de Vientián y la capital Vientián. Se han organizado talleres para difundir las leyes y reglamentos a los ministerios y organizaciones, en particular a los funcionarios judiciales y agentes de policía en los planos central y local. Esa campaña de difusión tiene por objeto promover una mayor conciencia y una mejor comprensión en los distintos sectores en lo que respecta a la lucha contra la trata de personas, labor que puede repetirse de la misma forma en todo el país. Cada año se celebra un acto conmemorativo del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas a fin de crear mayor conciencia pública. Además, en 2017, el Ministerio de Seguridad Pública produjo programas de radio y televisión. Los programas llevan por título “People ’ s Fight Against Human Trafficking” (La lucha del pueblo contra la trata de personas) y salen al aire todos los sábados y domingos.
La República Democrática Popular Lao ha llevado a cabo una política exterior de cooperación internacional con diversas organizaciones en la coordinación y ejecución de la lucha contra la trata de personas. El artículo 6 de la Ley contra la Trata de Personas establece los principios de la cooperación y participación de todas las partes, tanto organizaciones como particulares, que son la igualdad y el respeto de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de las naciones, en consonancia con los tratados internacionales en los que es parte la República Democrática Popular Lao. Por lo tanto, el país ha priorizado la cooperación con asociados para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones de la sociedad civil como el Programa Australia-Asia de Lucha contra la Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Acción de las Naciones Unidas para la cooperación contra la trata de personas (ONU-ACT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), World Vision, Care International, Village Focus International, la Alianza contra la Trata de Personas, Save the Children, Friends International, Institute for Legal Support and Technical Assistance, The Asia Foundation, The Light Foundation, entre otros, lo que indica lo siguiente:
•El Ministerio de Relaciones Exteriores ha presidido el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas (HTWG, por sus siglas en inglés) junto con ONU-ACT en 3 ocasiones, con la participación de los organismos gubernamentales, embajadas, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales pertinentes y con otros interesados;
•Se coopera con el UNICEF en la impartición de cursos de capacitación sobre evaluación de la asistencia jurídica y social destinada a permitir que los niños tengan acceso a la justicia, muy en especial los jóvenes infractores, los niños víctimas y los niños testigos. También se difundieron manuales sobre la aplicación de la Ley de justicia de menores a los funcionarios judiciales a fin de que pudieran conocer, entender y aplicar la Ley de manera uniforme;
•Se coopera con el Programa Australia-Asia de Lucha contra la Trata de Personas en la creación de un calendario didáctico sobre la investigación de casos de trata de personas y la organización de cursos de capacitación en enseñanza eficiente para los instructores de la Academia de Policía; se finalizó la preparación del manual sobre la identificación de las víctimas de la trata de personas; se impartió capacitación a los funcionarios competentes de las regiones septentrional, central ymeridional del país, a finde que los agentes de policía puedan identificar a las víctimas de la trata de personas y abrir investigaciones con miras a procesar esos casos; se completó la base de datos de jurisprudencia sobre la trata de personas; y se impartió capacitación a las divisiones de policía a cargo de la prevención y lucha contra la trata de personas a nivel nacional en la utilización del sistema de bases de datos para el desempeño rápido, preciso y uniforme de sus correspondientes funciones.
Proporcionen información sobre las medidas que se han adoptado para reproducir los avances conseguidos a nivel nacional en relación con la participación de la mujer en la vida política y pública, dado que actualmente, las mujeres representan el 27,5% de la Asamblea Nacional, en los niveles provincial y local, donde solo el 8% de los vicegobernadores provinciales y el 2,6% de los jefes de aldea son mujeres (párr. 81). Indiquen también si se han adoptado medidas para modificar la legislación y las políticas relativas a la participación de las mujeres en la vida política y pública, incorporar las disposiciones que promueven la igualdad de representación de hombres y mujeres en los puestos de liderazgo y de toma de decisiones en todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida política y pública y fomentar las capacidades de liderazgo de la mujer para desempeñar esas funciones. Igualmente, especifiquen las iniciativas llevadas a cabo para hacer frente a las prácticas y actitudes discriminatorias estructurales, de género y étnicas, en particular las derivadas de las normas sociales de grupos étnicos, que impiden a las mujeres de grupos étnicos y de zonas rurales disfrutar de una participación plena e igualitaria en la adopción de decisiones políticas, como recomendó anteriormente el Comité ( CEDAW/C/LAO/CO/7 , párr. 32).
Si bien el número de mujeres que ocupan puestos de dirección ha aumentado en algunas esferas, las cifras en el plano local siguen siendo más bajas debido a numerosas limitaciones. Por consiguiente, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao viene estudiando diversas medidas encaminadas a lograr que las mujeres que reúnen los criterios necesarios puedan ser contratadas como funcionarias públicas y a que contribuyan más en los puestos de liderazgo de distintos niveles. Por ejemplo, el Gobierno viene estudiando el Decreto sobre asuntos étnicos, cuyo artículo 17 define las políticas de desarrollo de los funcionarios y empleados públicos como sigue:
•Contratar y colocar a los funcionarios y empleados públicos pertenecientes a grupos étnicos en la estructura orgánica del Estado y el Gobierno, el Frente Lao de Construcción Nacional, y las organizaciones de masas, en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos vigentes;
•Desarrollar al personal técnico y los empleados públicos pertenecientes a grupos étnicos en cada esfera a fin de que puedan actualizar sus conocimientos y competencias, desde el punto de vista teórico y en la materia específica de que se trate, y luego regresar a sus oficinas locales a nivel comunitario como principales funcionarios en esas esferas;
•Promover la aplicación de políticas relativas a los funcionarios y empleados públicos que desempeñan sus funciones en zonas apartadas, a la par del desarrollo del personal in situ, de acuerdo con las circunstancias reales de cada período;
•Atender el desarrollo de los principales funcionarios y empleados públicos que pertenecen a grupos étnicos y promover la perspectiva de género o la próxima generación de funcionarios de origen étnico diverso de acuerdo con las circunstancias reales;
•Poner en marcha un plan para actualizar y desarrollar a funcionarios y empleados públicos pertenecientes a grupos étnicos para cada objetivo y categoría.
A fin de mejorar los conocimientos y las competencias de las funcionarias sin que medie discriminación alguna por motivos de género, y para desarrollar el nivel teórico de las mujeres que reúnen los criterios necesarios para ocupar puestos de mayor categoría, el Partido y el Gobierno aprobaron algunos instrumentos jurídicos en calidad de importante material de referencia que permite que las mujeres desempeñen todas las funciones, como por ejemplo:
•La Notificación núm. 238/CPO de la Junta Central de Organización del Partido, de 27 de junio de 2017, sobre la selección del personal para cursar el programa de licenciatura en política y administración pública de 4 años, que empezó a impartirse en 2017 en la Academia Nacional de Política y Administración Pública, en cuyo apartado primero sobre el objetivo,criterios y requisitos de los candidatos se establece lo siguiente: dar prioridad al personal de nivel de distrito, a las mujeres y a las personas pertenecientes a grupos étnicos;
•La resolución núm. 032/PBCP, de 3 de enero de 2018, sobre la planificación de los puestos directivos y de categoría superior, cuyo artículo 7, apartado 2 garantiza la composición de mujeres, grupos étnicos y funcionarios jóvenes que constituirán la mayoría, y la Directriz núm. 292/CPO, de 26 de abril de 2018, sobre la aplicación de las resoluciones del Buró Político del Comité Central del Partido Revolucionario del Pueblo Lao sobre las normas de planificación de la plantilla de funcionarios directivos y de categoría superior, de la administración y del personal a fin de asegurar los componentes étnicos y de género;
•La instrucción núm. 04/CPS de la Secretaría Central del Partido Revolucionario del Pueblo Lao, de 7 de mayo de 2018, sobre la preparación de las conferencias de los comités del Partido de los ministerios y organizaciones, las provincias y la capital Vientián, y los comités del Partido a nivel de distrito, municipio y de base en todo el país, en cuya sección II, apartado C, párrafo 1 se hace hincapié en que debe aumentarse el número de mujeres y representantes de los grupos étnicos, al tiempo que en la planificación de la estructura del personal debe preverse un número suficiente de personal actual, nuevo personal, personal perteneciente a grupos étnicos y personal femenino;
•El compendio de resoluciones del Décimo Congreso del Partido Revolucionario del Pueblo Lao, en cuya sección novena, apartado 5, página 69 se estipula que los esfuerzos deben centrarse en el desarrollo del personal de distrito, de conformidad con la Directriz de 3 Fomentos, muy en especial el desarrollo de personal de contratación local, el personal perteneciente a grupos étnicos y el personal femenino;
•El Documento final de la Décima Conferencia Nacional sobre Organización, en cuya sección II, apartado II, párrafo 2,1, página 48 se establece que la planificación del personal debe hacerse de una manera más amplia y democrática, de conformidad con el procedimiento y los reglamentos establecidos; en la selección de los objetivos se debe velar por cumplir todas las normas y componentes étnicos y de género establecidos.
En el informe se hace referencia a importantes disposiciones legislativas y políticas encaminadas a reformar el sistema de educación (párr. 89). Indiquen qué medidas se han adoptado para aplicar esas políticas y especifiquen las acciones puestas en marcha para hacer frente a los resultados del cuarto censo de población y vivienda (2015), en el que se señala que las mujeres tenían el doble de probabilidades que los hombres de no haber asistido a la escuela y un 21% de mujeres adultas no habían completado ningún nivel educativo. Expliquen también si existen medidas eficaces, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para aumentar la matriculación femenina en los ámbitos de formación profesional no tradicionales y en los estudios tecnológicos y científicos, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en los niveles secundario y terciario. A ese respecto, sírvanse precisar si se han evaluado los efectos de esas medidas y si la integración de las niñas en el mercado de trabajo una vez concluida su educación es objeto de seguimiento. Asimismo, especifiquen si se han producido avances a la hora de ofrecer educación multicultural a las niñas de grupos étnicos como medio para acelerar su acceso a todos los niveles de la educación. Describan cómo se ha llevado a la práctica la política nacional de educación (párr. 89), en particular en las zonas rurales y remotas, y si se ha evaluado su repercusión. Se ruega que también presenten datos sobre las tasas de deserción de las niñas debido al embarazo y sobre los gastos indirectos de la educación que pudieran impedir el acceso de las mujeres y las niñas a los estudios, sobre todo en los hogares encabezados por una mujer y en las comunidades de grupos étnicos. Sírvanse indicar si se han encontrado fuentes de financiación del desarrollo alternativas como medio para reducir la dependencia de la asistencia oficial para el desarrollo a nivel internacional en relación con los proyectos educativos.
En las conclusiones del Censo de población de vivienda de 2015 se indica que el número de mujeres analfabetas es el doble del de hombres. El Gobierno, en particular el Ministerio de Educación y Deportes, ha evaluado y aplicado el plan de reforma educativa, ha hecho hincapié en la impartición de formación básica a los grupos de analfabetos seleccionados a ese fin, y ha anunciado la culminación del programa de formación básica en todo el país. Hasta la fecha, se ha seguido trabajando en el marco de la educación no formal en la eliminación del analfabetismo y en la formación básica de los niños de 6 a 14 años de edad que viven en zonas apartadas y que tienen menos oportunidades de recibir una educación, gracias a lo cual se han beneficiado 4.819 niños y niñas (2.131 niñas y 2.688 niños) de 4 distritos pobres en el período 2017-2018;
•Se ha seguido trabajando en la erradicación del analfabetismo e impartiendo formación básica a la población de analfabetos que consiste en 19.840 personas, de las cuales 10.632 son del sexo femenino y 9.208 del sexo masculino;
•Se ha promovido las profesiones de confección de ropa y servicios de belleza entre las mujeres que viven en zonas apartadas;
•Se ha recibido ayuda de la Oficina de la UNESCO en Bangkok y de DVV International para la educación de niños desfavorecidos.
Además, para que las mujeres puedan recibir más educación, el Ministerio de Educación y Deportes ha estipulado que el número de estudiantes del sexo femenino aumentará en la Estrategia para el adelanto de la mujer para el período 2006-2015; el Ministerio siguió promoviendo la Estrategia de igualdad entre los géneros en el sector de la educación y los deportes para el período 2016-2030 en su visión hasta 2030, y siguió ampliando los conocimientos de los administradores del sector de la educación. Además, el Departamento de Formación Profesional ha llevado a cabo políticas promocionales con los estudiantes que se han graduado de los ciclos primero y segundo de la enseñanza secundaria a fin de que un mayor número de ellos matriculen en los centros de formación profesional;
•Se han elevado las normas de la estructura del plan de estudios de la formación profesional y se han incorporado nuevos programas de estudio a fin de responder a las necesidades del mercado de trabajo, y para acercar al país a otros en los planos regional e internacional;
•Ha aumentado la matriculación total y ha mejorado la igualdad de acceso a la formación profesional de las estudiantes, los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos y los estudiantes que viven en zonas apartadas con menos oportunidades;
•Ha aumentado el número de plazas para que los estudiantes pueden matricularse en los centros de formación profesional según la modalidad tradicional, la modalidad basada en la eficiencia y la modalidad coexistente;
•Se ha seguido aumentando la cooperación con el sector empresarial en lo que respecta a la capacitación, el desarrollo de los planes de estudios y la mejora de los medios de enseñanza y aprendizaje;
•Se ha seguido alentando y promoviendo una mayor contribución del sector privado y de la sociedad en general a la formación y capacitación profesionales. Ha aumentado el número de estudiantes matriculados en el nivel básico de la enseñanza industrial, al tiempo que el número de estudiantes del sexo femenino también aumentó de 106 (de un total de 594 estudiantes) en el año escolar 2014-2015 a 339 (de un total de 975 estudiantes) en el año escolar 2017-2018. Mientras tanto, en el nivel superior de la enseñanza industrial el número de estudiantes del sexo femenino aumentó de 816 (de un total de 4.599 estudiantes) en el año escolar 2015-2016 a 1.202 (de un total de 9.299 estudiantes) en el año escolar 2017-2018; el número de estudiantes en los campos técnico y profesional correspondiente a los años escolares 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 figura en el anexo del presente informe;
•El Departamento de Educación Superior ha llevado a cabo las políticas establecidas mediante la distribución del mismo número de plazas a los estudiantes de ambos sexos (50/50) en la enseñanza universitaria, especialmente en el caso de que haya menos mujeres matriculadas, o no hubiese mujeres matriculadas, en algunas especialidades como arquitectura, ingeniería, derecho y silvicultura. Esa distribución numérica se refiere a la distribución de plazas de matrícula en la universidad para los estudiantes de ambos sexos pertenecientes a grupos étnicos, y destinada a crear las mismas oportunidades de educación para todos los ciudadanos lao y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para los estudiantes de ambos sexos pertenecientes a grupos étnicos. Por ejemplo, el promedio de calificaciones mínimo que se exige a los estudiantes del sexo femenino para presentarse al examen de ingreso a la enseñanza superior es de 60 sobre 100, mientras que para los estudiantes del sexo masculino es de 70 sobre 100.
El Ministerio de Educación y Deportes ha incorporado las aptitudes para la vida en el plan de estudios de la enseñanza primaria (niveles 2 y 3); ha mejorado las habilidades de lectura; ha introducido la educación sexual con perspectiva de género en los planes de estudios del sector de la educación en cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); ha organizado la enseñanza y aprendizaje de la educación sexual en las escuelas secundarias de primer ciclo de la provincia de Bokeo que fueron seleccionadas a ese fin; ha seguido otorgando subsidios de educación a 1.732 estudiantes, de ellos 932 del sexo femenino, y proporciona financiación para promover la matriculación escolar a 60 escuelas secundarias de primer ciclo en 15 provincias beneficiarias en el marco del Programa de Desarrollo del Sector de la Educación (SESDP, por sus siglas en inglés) y el Programa de subvenciones del Banco Asiático de Desarrollo. El Ministerio viene incorporando la perspectiva de género en los programas de estudio de las escuelas secundarias de primer ciclo en los distritos de Phaoudom y Bokeo, en cooperación con Plan International: lleva a cabo una labor de convencimiento con los padres para que envíen a sus hijos a la escuela; y viene incorporando la enseñanza de los derechos de los niños, la igualdad entre los géneros y la educación sexual, entre otros temas, en el plan de estudios de la educación general.
Desde 2015-2016, el Departamento de Desarrollo Pedagógico, con la ayuda del programa Calidad de la Educación Básica y Acceso a Ella en la República Democrática Popular Lao (BEQUAL), ha proporcionado financiación a los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos para que puedan obtener el Diploma de Maestro de Primaria (9+3) de primer y segundo ciclos y cursar la Licenciatura en Enseñanza Primaria (12+4) en 29 distritos de 5 provincias: LuangNamtha, Phongsaly, Khammouane, Savannakhet y Saravan, con un total de 320 becarios, de ellos 198 mujeres y 122 hombres.
El Ministerio de Educación y Deportes aún no ha recopilado estadísticas de las jóvenes que han abandonado sus estudios debido al embarazo. A ese respecto, el Gobierno ha hecho frente a esa situación creando mayor conciencia en la población por diferentes medios, como, por ejemplo, organizando actividades de “amigo enseña a amigo”. En ocasiones, esas actividades se emplean para dar a conocer y difundir información sobre cuestiones de la salud; además, se elaboró un manual didáctico de educación sexual en el que se definen los derechos del niño y la salud reproductiva.
Además del presupuesto o la financiación del Gobierno, algunas entidades comerciales, fundaciones y bancos cuentan con políticas de becas para los estudiantes que cursan determinadas especialidades.
Sírvanse proporcionar información sobre las disposiciones concretas que se han adoptado para promover el empleo de la mujer en sectores no tradicionales mejor remunerados, en particular mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal, y para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100) de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, sírvanse incluir información sobre la participación de la mujer en el sector informal y las medidas adoptadas para garantizar su protección, la sostenibilidad de sus empresas y su integración en el nivel mínimo de protección social, si existiera. A raíz de la aprobación en 2013 de la versión enmendada de la Ley del Trabajo (párr. 100), indiquen las medidas puestas en marcha para aplicar la recomendación del Comité de adoptar un enfoque integral para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en las fábricas de prendas de vestir, en particular ofreciendo seguridad en el entorno físico de trabajo, una jornada de trabajo decente y acceso al seguro médico, así como protegiendo a las mujeres frente a la discriminación y la explotación en el lugar de trabajo ( CEDAW/C/LAO/CO/7 , párr. 36). Además, aporten información detallada sobre si se han establecido mecanismos de inspección del trabajo en todo el país y sobre las tendencias concretas que se hayan detectado en cuanto a los tipos de violaciones a las que se enfrentan las trabajadoras y los mecanismos que existen para hacerles frente. Indiquen también qué medidas se han aplicado para afrontar la persistente desigualdad salarial por razón de género.
Hay mujeres que siguen aferradas a las ocupaciones tradicionales y siguen haciendo lo que han hecho durante muchas generaciones, por ejemplo, en la agricultura (la ganadería y los cultivos). A ese respecto, el Gobierno ha tratado de alentar a las mujeres a que pasen de las ocupaciones tradicionales a ocupaciones equivalentes a las de los hombres. Se han aprobado políticas sobre el derecho al trabajo y a condiciones justas de empleo, garantizadas por la Constitución, al tiempo que se han aprobado leyes y diversos planes que promueven la participación de la mujer en numerosos ámbitos profesionales. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social es una importante entidad que se ocupa del desarrollo y fomento de competencias que responden a las necesidades del mercado de trabajo mediante la aplicación de medidas que contribuyen a crear oportunidades para las mujeres, y les permiten desarrollar los conocimientos y habilidades que exigen su ocupación. Por ejemplo, el Gobierno se vio alentado a emitir el Decreto núm. 036/PM sobre el fomento y desarrollo de competencias laborales, de 2010, cuyo artículo 3, párrafo 3 relativo a los principios del fomento y desarrollo de competencias laborales, establece que todo trabajador lao, ya sea hombre o mujer, sin distinción de grupo étnico, tiene el mismo derecho a desarrollar sus aptitudes. Desde entonces, la puerta ha estado abierta para que todos tengan acceso a las carreras profesionales de acuerdo con el campo que deseen estudiar, sin ningún tipo de discriminación, como se indica en el cuadro a continuación.
Ciudadanos lao que se graduaron de la enseñanza superior desglosados por género y campo en 2015
42 . 452
41 . 308
1 . 649
2 . 437
3 . 425
5 . 576
8 . 403
Medios de Comunicación y Tecnología de la Información
1 . 958
40 . 142
41 . 459
6 . 211
25 . 086
1 . 252
2 . 095
3 . 089
1 . 343
3 . 158
20 . 723
Manufacturas y Elaboración
2 . 662
2 . 060
5 . 893
4 . 722
13 . 012
1 . 788
1 . 696
14 . 445
8 . 559
1 . 908
4 . 604
1 . 420
2 . 629
26 . 227
11 . 111
21 . 304
151 . 430
247 . 528
La Ley de Trabajo, cuyo artículo 96 se refiere a la igualdad entre los géneros en el empleo, y el artículo 143, que se refiere a las prohibiciones relativas a los trabajadores especialmente en los párrafos 2, 4 y 9, establece los sectores laborales a los que tienen acceso las trabajadoras, como se detalla a continuación:
Ciudadanos con puestos clasificados por género y sector económico en 2015
Población con empleos permanentes
2 . 500 . 796
13 . 866
Industria de la elaboración
123 . 060
Suministro de electricidad, gas, calefacción y aire acondicionado
9 . 290
Abastecimiento de agua, drenaje y gestión de desechos
58 , 9
103 . 102
Comercio, al por mayor y al por menor, y reparación de automóviles y motocicletas
183 . 539
28 . 257
Alojamiento y servicios de comedores
7 . 474
11 . 961
15 . 184
54 , 9
14 . 967
Administración pública y seguridad nacional, y seguridad pública obligatoria
220 . 460
79 . 266
Atención de la salud y trabajo social
17 . 368
Artes, entretenimiento y ocio
55 , 3
39 . 844
Empleo por familiar: producción y administración sin clasificación para uso familiar
2 . 472
Organizaciones internacionales y embajadas
3 . 750
69 . 082
3 . 474 . 582
48 , 9
La República Democrática Popular Lao cuenta con legislación que establece la prohibición de la discriminación contra la mujer en el sector privado. El artículo 96 de la Ley del Trabajo de 2013 (en su versión enmendada) establece la igualdad entre los géneros en el empleo, conforme a la cual las mujeres tienen derecho a trabajar y a hacer carrera en todos los negocios manufactureros y de servicios que no contravienen lo establecido en la ley, y a participar en la capacitación, la mejora de las competencias laborales y distintas profesiones y a recibir salarios equitativos a los de los hombres, con excepción de algunos trabajos que pueden afectar la salud reproductiva de las mujeres, que deben protegerse en cada caso.
Hemos alentado a los gerentes de 12 fábricas de prendas de vestir a que participen en el programa de normas laborales en el sector de las confecciones de la República Democrática Popular Lao. Se celebró una ceremonia de entrega de certificados a las 12 fábricas que participaron en el programa. Ese programa se centra en mejorar el entorno de trabajo, la tasa de producción y los estándares de competencia en el sector de las confecciones mediante el fortalecimiento del sistema nacional de inspección del trabajo. A fin de garantizar la coherencia con la Ley del Trabajo y las normas internacionales, ese programa ha contribuido a mejorar la comprensión de dicha Ley por parte de los empleados y empleadores, y del papel que les corresponde desempeñar para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. Se alentó a la gerencia y los empleados de las fábricas a que trabajaran en el diseño del lugar de trabajo y en la planificación de su perfeccionamiento. Las actividades del programa han contribuido a fortalecer el sistema de inspección del trabajo, mejorar los conocimientos de empleadores y empleados sobre la Ley del Trabajo, lograr una mayor coherencia entre la Ley del Trabajo y la producción en las fábricas de prendas de vestir, ofrecer orientación sobre la capacitación de inspectores del trabajo, impartir capacitación a los empleadores mediante la colaboración con el sindicato, permitir adquirir experiencia en materia de seguridad e higiene del trabajo, crear herramientas de aprendizaje para la formación y mejora de los conocimientos sobre la Ley del Trabajo, preparar un informe de evaluación sobre los efectos de la fábrica en el medio ambiente, impartir capacitación sobre la Ley del Trabajo al personal de las fábricas y facilitar la labor de los inspectores del trabajo en el Comité de Administración Laboral. El programa se puso en marcha en enero de 2015 y concluyó en agosto de 2017.
Se trata de legislación que tiene por objeto velar por que exista un mecanismo que permita inspeccionar el trabajo con el mismo grado de exhaustividad en todo el país. Es una norma que especifica las medidas que han de aplicarse contra los que violan la Ley del Trabajo y los reglamentos laborales. Se establecen las funciones de 5 modalidades de inspección de trabajo. La quinta modalidad es la inspección especial. El objetivo final consiste en plasmar los resultados de las inspecciones en un informe periódico que ha de publicarse y difundirse al público, en particular para ofrecer información sobre el número de mujeres y hombres trabajadores, el número de fábricas que cumplen las leyes, el número de fábricas que violan las leyes y las sanciones disciplinarias que se imponen en esos casos, y otras medidas relacionadas con el trabajo.
Faciliten información sobre el porcentaje del presupuesto nacional asignado a la salud de la mujer y sobre el acceso de la mujer a servicios básicos de salud, incluida la atención obstétrica esencial y los servicios de salud sexual y reproductiva. Indiquen también qué medidas se están tomando para mejorar los servicios de salud materna mediante el aumento del acceso regional a una capacidad institucional y profesional adecuada y el fortalecimiento de los servicios de divulgación, en particular en zonas remotas y de difícil acceso. Sírvanse proporcionar información sobre qué medidas concretas se han adoptado para proporcionar botiquines obstétricos y acceso a métodos anticonceptivos modernos, en particular para las mujeres que viven en zonas remotas y rurales y en comunidades étnicas. Expliquen con detalle las funciones específicas de los comités de control del SIDA e indiquen si cuentan con el apoyo humano, financiero y técnico necesario para cumplir su mandato con perspectiva de género. Aporten información sobre la Ley de Control y Prevención del VIH/SIDA de 2010 e indiquen si se han adoptado medidas para evaluar su repercusión, sobre todo en la reducción de la prevalencia entre las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres migrantes (párr. 117). Indiquen si está prevista la despenalización del aborto en todos los casos y precisen si existe un plazo para promulgar esta legislación.
La proporción del presupuesto nacional destinada a la salud de la mujer, la disponibilidad de servicios básicos de atención sanitaria para las mujeres, la asistencia prenatal y durante el parto y la atención de la salud reproductiva es como sigue:
•El presupuesto total consignado por el Gobierno para el sector de la salud en 2016 fue de 410.400.000.000 de kip, sueldos incluidos, que abarcaba el presupuesto del Centro de Nutrición por un monto de 10.400.000.000 de kip y el del Centro Maternoinfantil por un monto de 48.400.000.000 de kip;
•El monto del presupuesto que destinado específicamente a la prestación gratuita de servicios de parto y de atención de niños menores de 5 años de edad en el país fue como sigue:
•En 2015-2016, 18.380.105.000 kip;
•En 2017, 8.597.584.716 kip.
El Gobierno prestó apoyo a la prestación de servicios gratuitos de parto a 7 distritos de Vientián; el programa GAVI prestó apoyo a 2 distritos (Sangthong y Pakngum), en los que las embarazadas recibieron prestaciones para transporte y alimentos durante cada uno de sus viajes para recibir atención prenatal, y también recibieron una prestación por parto. La persona que acompañó a la embarazada durante el parto también recibió una prestación si esa persona había acompañado a la embarazada a las consultas de atención prenatal al menos en 4 ocasiones. Además, si el parto fue atendido en el centro de atención de la salud se hizo entrega de otros 30.000 kip.
En la actualidad se vienen adoptando medidas destinadas a mejorar la atención de la salud a la madre ampliando su acceso a los servicios profesionales y de atención de la salud, y a reforzar los servicios a fin de que puedan llegar a las localidades, muy en especial a las zonas de difícil acceso o a zonas apartadas. El Gobierno, representado por el Ministerio de Salud, cuenta con un Plan de Acción para aplicar la estrategia de salud reproductiva de la madre y la salud del recién nacido y el niño para el período 2016 – 2025, que consiste en lo siguiente:
•Un plan de capacitación en atención de la salud del niño a nivel comunitario;
•Una red de servicios de salud que se extiende a la comunidad;
•La prestación de servicios de salud a nivel comunitario;
•Servicios de planificación de la familia (servicios incorporativos)
•Cuatro consultas de atención prenatal.
Las unidades fijas y móviles proporcionan educación en materia de salud, servicios de planificación de la familia, servicios de atención durante el embarazo, atención prenatal y posnatal, y servicios de inmunización a las embarazadas y las mujeres en edad reproductiva, y además llevan a cabo dos campañas anuales de administración de vitamina A.
En el período 2008-2015, se impartió capacitación en asistencia al parto a 1.500 parteras. Actualmente el 70% de las parteras capacitadas trabajan en dispensarios y hospitales; está establecido que cada dispensario debe contar con entre 3 y 5 paramédicos y parteras. Se considera que las parteras son un importante factor en la reducción de la mortalidad maternoinfantil.
El Ministerio de Salud ha creado unidades móviles para llevar a cabo con frecuencia mensual el seguimiento y difusión de educación sanitaria relacionada con la salud reproductiva, especialmente en las zonas apartadas; para ello, en el caso de que el dispensario de una zona apartada sea inaccesible en la temporada de lluvias, en lugar de esas unidades, los voluntarios de aldea cumplen la tarea de distribuir el equipo y los anticonceptivos. El personal de las unidades y los voluntarios deben capacitarse hasta llegar a especializarse en esa actividad antes de que se los autorice a proporcionar educación en materia de salud y asesoramiento sobre salud reproductiva. Por su parte, el Gobierno ha adoptado medidas y políticas para promover la salud maternoinfantil, como la aprobación del Decreto sobre la asistencia al parto y el tratamiento de niños menores de 5 años de edad, el establecimiento de dispensarios, la capacitación de parteras y la asignación de ese personal a dispensarios en distintas zonas, especialmente en zonas apartadas; a ese respecto, la Unión de Mujeres de la capital Vientián ha llevado a cabo actividades de concienciación sobre los métodos modernos de planificación de la familia mediante diversas actividades de difusión, como la creación de programas de radio, la divulgación en la comunidad, y la habilitación del número telefónico de emergencia 1361. La difusión de métodos modernos de control de la natalidad ofrece a los ciudadanos opciones apropiadas en lo que respecta a sus cuerpos y de fácil uso, como los preservativos para hombres y mujeres, la acupuntura y las vacunas con fines de control de la natalidad, el dispositivo intrauterino, las píldoras anticonceptivas y la esterilización.
Las funciones de la Comisión contra el VIH/SIDA prevén una esmerada atención a la protección de los pacientes del VIH/SIDA y a la prestación de asistencia a esas personas. Después de que el programa World Fundsredujera su asistencia, los recursos presupuestarios, los funcionarios y el personal profesional siguen siendo insuficientes.
A fin de aplicar la Ley de Control y Prevención del VIH/SIDA de 2010, el Ministerio de Salud ha adoptado políticas y planes para dar seguimiento a su aplicación. Por ejemplo:
Se elaboraron el Plan estratégico nacional y el Plan de Acción para la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, y para la protección contra esas enfermedades, y se impartió capacitación sobre la perspectiva de género en lo que respecta a la prevención del SIDA.
El programa World Funds, que prestó apoyo financiero al Centro de Prevención del SIDA en 2017 por un monto de 1.153.244 dólares de los EE.UU., ha llevado a cabo actividades de prevención y protección contra esas enfermedades, como se indica a continuación:
•Realizó una encuesta sobre las mujeres trabajadoras y los homosexuales;
•Aplicó las pruebas rápidas Determine y Unigol;
•Proporcionó tratamiento en casos de complicaciones causadas por enfermedades y administró antibióticos (fármacos antirretrovirales y contra infecciones oportunistas) en 11 centros de tratamiento del país;
•Dio seguimiento a los tratamientos;
•Organizó un taller como conclusión de las actividades anuales; y
•Habilitó un presupuesto administrativo (para el abastecimiento de agua y electricidad) en 17 provincias.
En lo que respecta a la reducción a un mínimo de la transmisión del VIH/SIDA en las mujeres y los niños, incluidas las trabajadoras móviles (párrafo 117), la República Democrática Popular Lao ha suscrito un memorando de entendimiento con Tailandia sobre el establecimiento de un sistema de traslado. Por ejemplo, en caso de que un trabajador lao radicado en Tailandia contraiga SIDA, Tailandia trasladará a ese trabajador a la República Democrática Popular Lao para el seguimiento y tratamiento del caso; además, en colaboración con World Funds, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•Una labor variada de concienciación, especialmente sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en lugares del país seleccionados a ese fin;
•El reforzamiento de los centros donde se prestan servicios de asesoramiento y se realizan análisis de sangre voluntarios;
•La ampliación de los centros de servicios en todas las provincias donde se distribuyen antirretrovirales;
•La realización de campañas de concienciación en aldeas donde viven pacientes infectados para evitar que esas personas sean discriminadas o rechazadas;
•La prestación de servicios de asistencia y cuidados por la comunidad al 90% de los pacientes infectados, en cumplimiento del objetivo establecido a nivel nacional;
•La realización obligatoria de análisis de sangre para detectar el SIDA a todas las embarazadas pertenecientes al grupo de riesgo;
•La administración de antibióticos a las infectadas con el virus del SIDA para minimizar la transmisión de la madre al hijo;
•La administración y suministro gratuitos de exámenes médicos y los medicamentos necesarios a todos los niños infectados, así como su seguimiento, también gratuito;
•El seguimiento gratuito a cargo de médicos y el suministro gratuito de los medicamentos necesarios a las embarazadas infectadas que den a luz en un hospital.
En la República Democrática Popular Lao se prohíbe el aborto ilegal, como se establece en la versión enmendada de la Ley núm. 032/PRE de tratamientos, de 30 de enero de 2015, cuyo artículo 50 se refiere a los tratamientos que no se ajustan a las prácticas médicas reconocidas. En la Ley se indica que a los proveedores de servicios de tratamiento se les prohíbe proporcionar, alentar o promover tratamientos que no se ajustan a las prácticas médicas reconocidas, como el aborto no autorizado y la aplicación de técnicas de tratamiento que puedan poner en peligro la salud de las personas. Sin embargo, hay ocasiones en que la madre padece condiciones graves que requieren un aborto para preservar la vida. Además, en el Derecho Penal se estipula que el aborto ilegal es un acto delictivo. A ese respecto, el artículo 92 establece que todo aquel que practique un aborto a otra persona ilegalmente será condenado a una pena de prisión de 5 a 10 años. En el caso de que una mujer provoque ilegalmente su propio aborto, o lo haga con la ayuda de otras personas, esa mujer será castigada con una pena de 3 meses a 1 año de privación de libertad y el pago de una multa, según estipule la Ley.
Se ruega que presenten información actualizada sobre las medidas que se han adoptado para aprobar el Decreto núm. 137 sobre las Personas con Discapacidad (2014) (párr. 131). Expliquen hasta qué punto las mujeres con discapacidad se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud, la educación y el empleo. Sírvanse presentar ejemplos concretos de planes de protección social existentes cuyo fin sea reducir la carga económica que recae sobre las mujeres en los grupos desfavorecidos, especialmente sobre las mujeres con discapacidad. Especifiquen qué iniciativas se han llevado a cabo para garantizar que las mujeres y las niñas con discapacidad que sean víctimas de la violencia tengan un acceso adecuado a la justicia, incluida la asistencia jurídica, a programas de protección de víctimas y testigos y a la atención médica y psicosocial. Indiquen también si los autores de este tipo de violencia son debidamente sancionados.
El Decreto núm. 137 sobre las personas con discapacidad estipula otra medida para garantizar que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso al empleo que el resto de la población, al tiempo que la Comisión Nacional para Personas con Discapacidad y las Personas de Edad viene preparando políticas, estrategias y planes de acción nacionales en favor de las personas con discapacidad. La secretaría de la Comisión Nacional colaboró con los sectores pertinentes en la organización de una reunión de consulta sobre políticas, estrategias y planes de acción nacionales en favor de las personas con discapacidad, a la que asistieron 408 participantes, de ellos 164 mujeres, y se celebró una consulta con los sectores pertinentes cobre la coordinación de las actividades en favor de las personas con discapacidad, que contó con la participación de 45 personas, incluidas 45 mujeres; de las 12 personas con discapacidad participantes, 4 eran mujeres.
En relación con el Censo de población y vivienda de 2015, el número de personas con discapacidad representa el 2,8% de la población lao. Se considera que la discapacidad no debe limitar el acceso a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que el Gobierno ha mejorado el sector de la educación a fin de crear oportunidades para que los ciudadanos lao tengan acceso a la educación. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de educación de 2015 establece que los ciudadanos tendrán los mismos derechos a recibir educación sin discriminación por razón de nacionalidad, raza, religión, origen étnico, género, edad, condición física y condición socioeconómica. Toda persona tiene derecho a recibir una educación de calidad y a emprender un aprendizaje a lo largo de la vida en pie de igualdad, como se establece en las leyes y reglamentos pertinentes. Además, para asegurar que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, tengan acceso a los servicios de salud, el Gobierno ha mejorado algunos de sus reglamentos, leyes y políticas. Esto tiene por objeto garantizar que todos tengan los mismos derechos a recibir servicios de salud sin discriminación alguna. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de tratamientos estipula que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a recibir tratamiento cuando sea necesario, sin discriminación alguna. Al propio tiempo, en lo que respecta a las oportunidades de empleo de los trabajadores Lao, en el artículo 33, apartado 1 de la Ley del Trabajo se definen los elementos necesarios para crear oportunidades de empleo, entre ellos la promoción de la ocupación independiente; el trabajo a nivel de aldea o en el domicilio propio; y el empleo de las personas desfavorecidas, las mujeres, los trabajadores discapacitados y los trabajadores de edad. Esa labor se centra en ofrecer numerosas opciones a los trabajadores de manera que puedan trabajar y obtener ingresos y se pueda erradicar la pobreza. Por ejemplo, en 2016, 8 mujeres con discapacidad se organizaron en un grupo para producir cocinas ecológicamente inocuas, actividad que también proporcionó empleo a otras 40 mujeres con discapacidad.
El artículo 35 de la Constitución de la República Democrática Popular Lao estipula que los ciudadanos lao, sin discriminación por motivos de género, condición social, nivel de educación, creencias y origen étnico, son iguales ante la ley. A fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de discriminación de cualquier tipo y que se castigue a las personas que practican la discriminación, el Gobierno ha mejorado las leyes vigentes y ha promulgado nuevas leyes para castigar a los infractores.Ello tiene por objeto garantizar que las mujeres y las niñas, con o sin discapacidad, que sean víctimas de la violencia tengan acceso a la justicia conforme a lo enunciado en el artículo 32 de la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños de 2014. Dicho artículo estipula que cuando ocurre o se denuncia un acto de violencia, el sector de que se trata brindará protección y asistencia a las víctimas y a los niños en la forma de servicios de bienestar social, asesoramiento, alojamiento temporal y seguro, cuidado de los niños, servicios médicos, asistencia jurídica, ayuda económica, servicios educativos, formación profesional, y asistencia para el regreso de las víctimas a sus familias y a la sociedad. Además, para asegurar que las personas con discapacidad reciban protección y asistencia jurídicas, el Gobierno emitió el Decreto núm. 77/GOL sobre asistencia jurídica, de 28 de febrero de 2018, cuyo artículo 2 estipula que el servicio jurídico se prestará gratuitamente en el caso de las personas sin recursos, las personas desfavorecidas y con discapacidad y los niños necesitados de protección especial, y que el infractor recibirá la asistencia de un abogado según establece la ley. Las mujeres y los niños que son víctimas de la violencia y víctimas de la trata de personas recibirán asistencia de una organización de apoyo jurídico.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la fase II del Fondo Lao para la Reducción de la Pobreza, que abarca que período 2012-2015 (párr. 128), e indicar si se ha evaluado su repercusión en las mujeres rurales que viven en la extrema pobreza. De conformidad con lo previsto en la recomendación general núm. 34 (2016) del Comité sobre los derechos de las mujeres rurales, describan en qué medida han participado las mujeres rurales y las mujeres de grupos étnicos en la elaboración del Fondo y otros programas descritos en el informe para hacer frente a la pobreza extrema. Expliquen si las enmiendas propuestas a la Ley de Tierras de 2003, previstas para 2018, permitirán que las mujeres rurales dedicadas al sector agrícola asuman un mayor control de los principales activos. Especifiquen si se prevé la provisión de sistemas de crédito más accesibles para las mujeres en el sector agrícola con el fin de minimizar las restricciones a la concesión de préstamos, como por ejemplo, el requisito de que los títulos de propiedad de la tierra se utilicen como garantía. Sírvanse también detallar las iniciativas emprendidas para garantizar que las mujeres de grupos étnicos que viven en zonas rurales y remotas controlen sus recursos y puedan continuar practicando los aspectos positivos de su cultura y sus tradiciones sin trabas.
En la evaluación del Fondo para la Reducción de la Pobreza II se determinó que no menos del 80% de las mujeres eran beneficiarias del Fondo. En el marco del Fondo, las mujeres de las zonas rurales y las pertenecientes a grupos étnicos pobres se han beneficiado de los proyectos ejecutados, como se indica a continuación:
•El Fondo para la Reducción de la Pobreza ejecuta proyectos en las aldeas con el mayor número de familias pobres;
•A la hora de seleccionar una actividad o programa, de los 2 grupos integrados por mujeres y hombres, se concedió a las mujeres la potestad de seleccionar 3 programas, mientras que los hombres pudieron seleccionar únicamente 2 programas;
•Se da prioridad a las mujeres pobres en las actividades que generan una alta remuneración del trabajo, como la reparación de canales y caminos en las aldeas, para que puedan obtener ingresos;
•El grupo de autoayuda en materia de ahorros ha designado a mujeres para representar a las familias.
La Constitución de la República Democrática Popular Lao ha consagrado la igualdad de derechos y libertades de todo el pueblo lao de todos los grupos étnicos, sin discriminación por motivos de género, específicamente el ejercicio del derecho al dominio del país y el derecho a la tenencia de tierras, como estipula el artículo 17 (nuevo) de la Constitución. La Constitución establece que el Estado protegerá los derechos de posesión, uso, usufructo y disposición de tierras y los derechos de herencia de bienes de las organizaciones y personas. La tierra pertenece a la nación, y el Estado garantiza los derechos de uso, transferencia y herencia de conformidad con la ley. Además, se promulgó el Decreto núm. 88/PM sobre la aplicación de la Ley de Tierras, de 3 de junio de 2008. El artículo 26 del Decreto establece que el uso tradicional de la tierra es la preservación y el aprovechamiento de la tierra mediante su explotación o de conformidad con las asignaciones de tierras que el Estado lleva a cabo periódica y continuamente desde hace mucho tiempo. No existe ningún documento que certifique los derechos de uso de la tierra de persona, organización o aldea alguna, sino que el Estado reconocerá los derechos de uso de la tierra en base a la tradición de la persona, la organización o la aldea. A ese respecto, el Estado emite títulos de propiedad de la tierra y mapas o certificados de propiedad de la tierra según el caso de que se trate y con arreglo a lo que estipula la Ley de Tierras. Esto se hace mediante la presentación a la Autoridad de Ordenación de Tierras de una solicitud de registro de la propiedad de la tierra. En ese sentido, el Gobierno viene perfeccionando algunos artículos de la Ley de Tierras. En lo que respecta al nuevo proyecto de ley, este permite que los ciudadanos lao hagan valer su derecho a largo plazo a la tierra agrícola según se detalla en el artículo 44 (enmendado) relativo a la demarcación de las tierras agrícolas. Se señala que el Estado autorizará a los ciudadanos lao a ejercer sus derechos al uso a largo plazo de las tierras agrícolas de conformidad con el Plan maestro de asignación de tierras y el Plan de uso de la tierra. Ello dependerá de las características especiales desde el punto de vista de la ubicación geográfica, el desarrollo socioeconómico y la densidad de población de cada una de las zonas en cada período, conforme a lo especificado por la Administración Provincial y lo aprobado por la Asamblea Popular Provincial.
A la Unión Central de Mujeres Lao le corresponde desempeñar un papel importante contribuyendo a erradicar la pobreza de las mujeres y los grupos étnicos. El buen funcionamiento de los grupos de ahorro de mujeres de las aldeas es una de las prioridades de la Unión de Mujeres, ya que ello permite que las mujeres tengan acceso a la financiación. Las mujeres pueden obtener préstamos y utilizar el dinero para fomentar la economía familiar, los cultivos y la cría de ganado; promover la educación; y mejorar sus condiciones de vida. Esa actividad ha ido creciendo paso a paso. En 2017, había un total de 2.041 grupos de ahorro, un aumento del 2% respecto de 2016, con un total de 299.221 miembros, un aumento del 21% respecto de 2016, y una actividad económica valorada en 465.304.361.118 kip, lo que representa un aumento del 28% respecto de 2016. Además, el Instituto de Microfinanciación, que acepta depósitos para el desarrollo de las mujeres y las familias, fue galardonado con el Décimo Premio de la ASEAN al desarrollo y la erradicación de la pobreza. Actualmente hay 9 unidades de servicio con un total de 9.554 miembros, de ellos 7.195 mujeres, con ahorros que totalizan 9.423.991.000 kip, y una cartera de préstamos total de 22.902.253.000 kip.
El artículo 26 de la Ley sobre bienes estipula que el patrimonio conyugal del esposo y la esposa abarca los bienes generados por los cónyuges durante el matrimonio. El esposo y la esposa tienen los mismos derechos a los bienes conyugales, independientemente de si proceden del esposo o de la esposa. Además, según el artículo 2 de la Ley de sucesiones (enmendada), la herencia es la transmisión al heredero de bienes pertenecientes a la persona fallecida, incluidos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley o el testamento.
Sírvanse especificar si se han adoptado medidas, en particular medidas especiales de carácter temporal, para hacer frente a las disparidades que enfrentan las CEDAW/C/LAO/Q/8-9 18-04236 7/7 mujeres rurales y las mujeres de grupos étnicos en su acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como en su participación en los procesos de adopción de decisiones, como recomendó anteriormente el Comité ( CEDAW/C/LAO/CO/7 , párr. 45).
Todos los ciudadanos lao tienen el mismo derecho a acceder a los servicios de la administración estatal, especialmente la educación, la salud y el bienestar social, lo que está estipulado en la Constitución. A fin de facilitar el acceso de las mujeres a la tierra y a otros bienes en las zonas rurales, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley de reubicación y ocupación y un proyecto de decreto sobre la ordenación de la tierra, que, según se prevé, se finalizarán y se aplicarán en 2019. En lo que respecta al acceso de los agricultores a las fuentes de financiación y su utilización (en la pequeña producción comercial), personas de ambos sexos han organizado un grupo de producción que ha sido certificado por la administración de distrito. El grupo puede llevar a cabo sus actividades con arreglo a los reglamentos de cada localidad o las decisiones adoptadas sobre la utilización de las fuentes de financiación. Además, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura también promovió técnicas de siembra y cría de animales destinadas especialmente a las familias pobres, a fin de que ellas puedan acceder a las fuentes de producción y financiación, como se indica en el cuadro a continuación:
Desglosado por género (2015 a 30 de abril de 2018)
Técnicos en siembra y ganadería
1 . 291
4 . 453
Número de agricultores con acceso a técnicas de siembra y ganadería
679 . 640
736 . 277
1 . 415 . 917
Número de agricultores que se ganan la vida sembrando cultivos y criando ganado
1 . 597 . 981
2 . 649 . 769
4 . 247 . 750
Familias pobres con acceso a la tierra para la agricultura
1 . 486 . 713
2 . 761 . 038
Familias pobres con acceso a fuentes de financiación
495 . 571
920 . 346
Además, a fin de garantizar servicios de salud de calidad que puedan llegar a todos, se han mejorado algunas de las leyes y políticas del Gobierno, como el Marco de estrategia y planificación del conjunto integrado de servicios de salud de la madre y el niño (2009 – 2015), que describe la estrategia y planificación de los aspectos del diseño, aplicación y evaluación del plan de atención posnatal y de atención de la salud, inmunización y nutrición del niño. Dadas las limitaciones presupuestarias, el Gobierno puso en marcha un plan para establecer un fondo de igualdad en materia de salud destinado a ayudar a las familias más pobres que no pueden sufragar su seguridad sanitaria.
En lo que respecta al acceso de las mujeres de las zonas rurales a la educación, el Ministerio de Educación y Deportes ha adoptado medidas para facilitar su acceso a todos los niveles y campos de la educación. Ello se refleja en las actividades concretas del tercer Plan de Acción para la igualdad de oportunidades de las madres y los niños en el sector de la educación (2016 – 2020). Además de la mejora del plan de estudios y aprendizaje que se centra en la perspectiva de género, en el Plan de Acción también se describe el plan para eliminar el analfabetismo e impartir formación profesional a las mujeres de las zonas pobres a fin de que puedan generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de sus familias; construir dormitorios; y otorgar estipendios a los estudiantes pobres y desfavorecidos de ambos sexos que cursan estudios primarios, secundarios, universitarios y carreras profesionales, a fin de que puedan estudiar en condiciones de normalidad.
El Gobierno de la República Democrática Popular Lao cuenta con políticas y planes que garantizan que las mujeres pertenecientes a grupos étnicos puedan participar en la política y la adopción de decisiones. En el marco de la elección de la octava legislatura de la Asamblea Nacional en 2016 se indicaron medidas destinadas a aumentar la representación de la mujer en la política y la adopción de decisiones. El Buró Político del Comité Central del Partido Revolucionario del Pueblo Lao aprobó la resolución 29/PBCP, de 21 de diciembre de 2015, sobre la intensificación de la labor de orientación del Partido en torno a la elección de los miembros de la octava legislatura de la Asamblea Nacional y a los miembros de las Asambleas Populares de las provincias y la capital Vientián en el período 2015-2020, centrada en la participación de las mujeres en la política. Ese hincapié en la labor de orientación tiene por objeto elevar el porcentaje de mujeres miembros a un 30% del total de miembros de la Asamblea Nacional y de las Asambleas Populares de las provincias y la capital Vientián; no obstante, si bien a la Asamblea Nacional sólo fueron elegidas en esta ocasión 41 mujeres, que representan el 27,5% del total de miembros que suman 149, en comparación con el total de mujeres elegidas a la Asamblea Nacional en su séptima legislatura, el aumento fue del 2,5%. Puede considerarse que la República Democrática Popular Lao ocupa el segundo lugar entre los países de la ASEAN y el lugar 58 entre los 193 parlamentos del mundo.
Faciliten información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres migrantes y garantizar su acceso adecuado a la capacitación y el empleo, la seguridad social y los servicios sociales, la vivienda, la atención médica y la educación. Igualmente, especifiquen las medidas adoptadas o previstas para conseguir que las mujeres migrantes reciban protección y asistencia adecuadas en los casos de violencia doméstica. Presenten datos actualizados sobre la tasa de empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres migrantes en el Estado parte. Por favor, indiquen también las disposiciones adoptadas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres migrantes. Especifiquen si las opiniones de las mujeres, en particular las mujeres pertenecientes a grupos étnicos, están debidamente representadas en el comité directivo encargado de los trabajadores domésticos y la legalización de la situación de los trabajadores lao en Tailandia (párr. 104).
El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha trabajado en un programa para reducir los riesgos que plantean para los trabajadores migrantes en situación ilegal todas las formas de trabajo forzoso. El programa se puso en marcha en 2016 y los resultados han sido como sigue: ha concluido con éxito el curso de capacitación sobre las condiciones de trabajo seguras en el extranjero que se impartió a funcionarios de diversos sectores de la provincia de Khammouane, como por ejemplo, los funcionarios de los oficinas distritales de trabajo y bienestar social, seguridad pública y educación; y al personal docente de escuelas secundarias de aldeas de los distritos de Mahaxay, Thakhek, Nongbok, Hinboune, Nhommalath, Xebangfai y Xaybuathong. Hubo un total de 7 grupos de capacitación integradas por 217 participantes en total, de ellos 68 mujeres. Tras recibir capacitación, los participantes se dedicaron a difundir la información recibida en las escuelas y aldeas de los distritos beneficiarios a fin de crear conciencia sobre la migración laboral segura. En 2017, se impartió un curso de capacitación para crear conciencia sobre la migración laboral segura y los derechos e intereses de las víctimas de la trata de personas en las provincias de Vientián y Oudomxay. En esa actividad participaron 132 personas, incluidas 48 mujeres.
A fin de garantizar la protección de las trabajadoras migratorias y la asistencia a ellas en caso de que sean víctimas de la violencia durante la migración laboral, la República Democrática Popular Lao ha promulgado determinadas leyes para protegerlas; además, existen organizaciones que se dedican a la gestión de los asuntos de las trabajadoras migratorias. Por ejemplo:
•Existen 26 agencias de empleo que se dedican a prestar servicios de colocación en empleos tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de ellas sólo 2 empresas están registradas como proveedoras de empleo a nivel nacional. Cada empresa ha sido debidamente autorizada a prestar servicios por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y cada una de ellas tiene la obligación de impartir capacitación a los trabajadores en preparación para su viaje al extranjero con fines de empleo. Al mismo tiempo, esas agencias de empleo tienen la responsabilidad de darles seguimiento a los trabajadores que ha enviado al extranjero;
•El agregado laboral o el diplomático de la embajada lao a cargo de los asuntos laborales es una persona importante a la hora de prestar asistencia a los trabajadores migratorios que experimentan problemas. Ese funcionario tiene el deber de familiarizarse con las condiciones que procuran crear para sus trabajadores las empresas de contratación a fin de velar por que el desempeño contractual de esas empresas hacia los trabajadores lao sea adecuado; prestar asistencia a las familias de cualquier trabajador fallecido, especialmente sirviendo de mediador para lograr la indemnización del trabajador fallecido y facilitar el traslado de sus restos de vuelta al país; prestar asesoramiento a la parte que desee enviar trabajadores extranjeros a trabajar legalmente en la República Democrática Popular Lao; prestar asesoramiento sobre la Ley del Trabajo de la República Democrática Popular Lao y la documentación requerida en esos casos; tramitar la carta de solicitud de asistencia de los trabajadores y sus familiares; y prestar asistencia en la labor de mediación.
Además, a fin de promover la migración laboral segura de las mujeres, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha establecido diversos centros encargados de ofrecer información a las personas que tienen planes de trabajar en el extranjero:
•Se establecieron 2 centros de información para trabajadores migratorios en las provincias de Champasack y Sayaboury adjuntos a la División provincial de Trabajo y Bienestar Social y 1 centro en la provincia de Savannakhet, adjunto a la Unión provincial de Comercio;
•Se han publicado manuales sobre el funcionamiento de los centros de información para trabajadores migratorios, y se ha impartido capacitación a los funcionarios que están a cargo de dichos centros;
•Se han publicado manuales para la preparación de los trabajadores previa a la partida al extranjero y se ha impartido capacitación a las empresas de contratación, a los centros de contratación y al sector de contratación y fomento de empleo en el plano provincial del país;
•Se han organizado actividades en conmemoración del Día Internacional de la Migración, como la realización de una feria laboral; la impresión de folletos, afiches y tarjetas de información, a fin de crear mayor conciencia sobre la migración laboral segura;
•Se ha creado una red encargada de promover la migración laboral segura que abarca la OIT, las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales, y se han celebrado reuniones para debatir cuestiones de interés e intercambiar ideas y experiencias en lo que respecta a los trabajadores migratorios.
*Estadísticas anuales sobre trabajadores que trabajan en Tailandia y reciben capacitación en el Japón
1 . 919
5 . 763
1 . 218
9 . 748
17 . 067
8 . 037
6 . 311
2 . 355
2 . 618
8 . 828
3 . 504
1 . 949
27 . 882
16 . 996
11 . 183
6 . 966
3 . 401
20 . 495
9 . 118
8 . 304
4 . 067
50 . 712
27 . 176
8 . 041
3 . 936
20 . 668
10 . 539
*Estadísticas sobre migración laboral ilegal e indocumentada
25 . 066
12 . 448
9 . 756
4 . 716
42 . 192
22 . 955
71 . 644
39 . 355
8 . 704
9 . 608
5 . 006
1 . 845
3 . 020
1 . 639
8 . 752
4 . 034
4 . 422
2 . 013
13 . 917
6 . 675
20 . 853
9 . 322
2 . 666
6 . 706
3 . 927
4 . 886
23 . 269
14 . 435
43 . 551
27 . 013
2 . 725
*Estadísticas anuales sobre mano de obra importada
17 . 263
2 . 711
15 . 543
2 . 353
3 . 343
1 . 096
2 . 667
22 . 283
3 . 862
21 . 853
3 . 955
1 . 708
La República Democrática Popular Lao concede importancia a apoyar el adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros, sin discriminación por motivos de origen étnico, uno de los principales objetivos y la base del desarrollo socioeconómico de la República Democrática Popular Lao; el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social emitió la ordenanza por la que se estableció el Comité Directivo encargado de supervisar la cuestión en su conjunto. El Comité está integrado por 15 miembros, incluida una mujer. Un equipo de tareas operacional, integrado por 18 miembros, incluidas 2 mujeres, está encargado de supervisar la situación de los trabajadores lao en Tailandia. Ambas mujeres pertenecen a grupos étnicos.
Indiquen qué iniciativas concretas se han llevado a cabo para eliminar la poligamia, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Familia (2008). Especifiquen también qué acciones se han ejecutado para aplicar las enmiendas a la Ley de Familia, que prohíbe la reducción de la edad mínima para contraer matrimonio a los 15 años, y para reducir la persistencia de las altas tasas de matrimonio infantil, especialmente en vista de la presunta facilidad con que pueden falsificarse el registro de los nacimientos y los documentos de identidad. Especifiquen las salvaguardias establecidas con el fin de proteger a las niñas menores de 18 años que hayan recibido autorización para casarse e indiquen qué medidas se han tomado para cambiar las actitudes culturales con respecto al matrimonio infantil mediante campañas de sensibilización, en particular en las comunidades rurales y étnicas. Proporcionen información sobre si se tienen en cuenta, y de qué modo, las consideraciones de violencia de género contra la mujer en la esfera doméstica al decidir sobre la custodia de los niños y los derechos de visita. Asimismo, aporten información actualizada sobre los reglamentos relativos a la manutención de los hijos, indicando en particular si se ha establecido un nivel mínimo de pensión alimenticia.
Los ciudadanos lao, tanto mujeres como hombres de cómo mínimo 18 años de edad, tienen derecho a elegir voluntariamente a sus cónyuges en base al amor que sienten uno por otro. En el matrimonio debe observarse el principio de monogamia, conforme a lo estipulado en el artículo 4 del Derecho de la Familia, que establece que una mujer y un hombre maduros practicarán el principio de monogamia únicamente; el Estado no permite más de un esposo o esposa. La pareja que tiene intenciones de contraer matrimonio deberá presentar una solicitud por escrito a la oficina de registro civil o a la administración local en la aldea de residencia de la mujer o el hombre. La oficina de registro civil examinará cuidadosamente la solicitud de matrimonio, que consta del certificado de residencia, el certificado de soltería y el certificado de salud. Cuando los documentos reúnen todos los requisitos exigidos para registrar el matrimonio, la oficina de registro civil avisará a la pareja interesada que podrá registrar el matrimonio.
Se han adoptado medidas para hacer frente al problema del matrimonio precoz. Para registrar el matrimonio, deberá presentarse el certificado de nacimiento para asegurar que se cumple lo dispuesto en el Derecho de la Familia; los artículos 52 y 53 del Derecho de la Familia establecen que quienes cumplan lo dispuesto en la Ley se beneficiarán de los incentivos y demás políticas previstos en los reglamentos. Todo aquel que viole los requisitos para contraer matrimonio estipulados en el Derecho de la Familia será educado, disciplinado, sancionado u objeto de medidas civiles o penales, en dependencia de las características del caso.
El Derecho de la Familia establece la edad mínima para contraer matrimonio y prohíbe el matrimonio antes de los 18 años de edad, además de la exigencia de que el matrimonio se base en el amor de la pareja. El Estado no permite que una persona, familia u organización fuerce u obstruya el matrimonio de su progenie u otros miembros de la familia, o del personal o funcionario público bajo su responsabilidad. Además, el artículo 53 del Derecho de la Familia establece que todo aquel que viole los requisitos para contraer matrimonio estipulados en el Derecho de la Familia será educado, disciplinado, multado u objeto de medidas civiles o penales, en dependencia de la gravedad del caso. En lo que respecta a las zonas rurales, donde se dificulta evitar el matrimonio precoz, el Gobierno se ha empeñado en crear mayor conciencia en la población a fin de cambiar sus actitudes hacia el matrimonio precoz.
La Comisión Nacional para el Adelanto de las Mujeres, las Madres y los Niños elaboró el Plan de Acción de la madre y el niño para el período 2016-2020 con objeto de alentar el voluntariado en las 3 aldeas y distritos urbanizables seleccionados para ese fin, con el fin de difundir, supervisar y alentar la labor relacionada con la infancia. Una de las funciones consiste en hacer hincapié en la salud reproductiva y el matrimonio precoz. Se llevaron a cabo múltiples modalidades de divulgación encaminadas a crear conciencia y cambiar actitudes respecto de la violencia contra las mujeres y los niños. Esa labor se centró en la salud reproductiva, haciendo hincapié en los peligros del matrimonio precoz y el embarazo de adolescentes que son dañinos para el desarrollo del niño. Gracias a ello, la población podrá comprender que la edad apropiada para contraer matrimonio y tener un embarazo es de 18 a 25 años. Además, la difusión de las leyes pertinentes, como la Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Niño, la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños, el Derecho de la Familia, y el Derecho Penal, abarca los derechos e intereses de los niños, así como medidas contra los infractores.
Aun cuando la República Democrática Popular Lao ha promovido la armonía familiar sin violencia de ningún tipo, persiste el problema de la violencia y los conflictos familiares. El divorcio afecta negativamente a los derechos e intereses de los niños. El artículo 21/3 del Derecho de la Familia (enmendada en 2008) establece que la consideración del divorcio se hará en base a las razones y circunstancias que se aleguen para justificar que la pareja no puede seguir conviviendo. Si la pareja ha reflexionado a fondo sobre el problema sin poder llegar a un acuerdo, el tribunal decidirá que la pareja podrá divorciarse. El tribunal impondrá las medidas del caso para proteger los intereses del niño menor de edad, y los intereses del cónyuge que no esté en condiciones de trabajar ni de ganarse la vida. En relación con esta cuestión, el artículo 23 de la misma Ley se refiere a la custodia de los hijos. Cuando la pareja no pueda llegar a un acuerdo en relación con la custodia de un hijo después del divorcio, el tribunal decidirá conceder la custodia al padre o a la madre de acuerdo con los intereses del niño y de conformidad con la ley. La pareja divorciada debe cuidar y ocuparse del niño hasta que cumpla los 18 años de edad, bien por acuerdo de la pareja o por decisión judicial en caso de que la pareja no pueda llegar a un acuerdo.
La legislación que describe la custodia de los hijos es el Derecho de la Familia, cuyo artículo 35 (enmendado) establece que los progenitores están obligados a cuidar de sus hijos menores de edad, y de los hijos que hayan cumplido 18 años de edad que no estén en condiciones de trabajar debido a una discapacidad o demencia. La obligación de cuidar de un hijo ha de cumplirse independientemente de que los progenitores vivan juntos o estén divorciados. Podrá solicitarse en cualquier momento asistencia para sufragar el costo de la custodia de un hijo que aún no haya alcanzado los 18 años de edad sin que exista un plazo de prescripción. El costo de la custodia de 1 hijo se calcula en base al costo de la vida vigente en cada período y la mitad del salario mínimo de los funcionarios públicos. Los progenitores tienen derecho a pedir al tribunal que reduzca el costo de la custodia en caso de se encuentren en una situación económica difícil. Además, a fin de cumplir las obligaciones en virtud de los convenios y convenciones relativos a los derechos e intereses de las mujeres y los niños en los que es parte la República Democrática Popular Lao, y para promover el desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños a una edad apropiada, el Ministerio de Salud cuenta con un Plan de Acción de atención de la salud maternoinfantil que prevéservicios de parto gratuitos en los hospitales y dispensarios, y la prestación a los niños de 5 años de edad o menos de servicios gratuitos de asistencia sanitaria, nutrición,vacunación, y suministro de vitaminas.
Reducción del riesgo de desastres y cambio climático
Habida cuenta de que el Estado Parte es susceptible de sufrir inundaciones y sequías (párr. 125), informen sobre si se ha incorporado una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión de desastres, socorro y recuperación y precisen si se dispone de recursos suficientes para su aplicación, indicando si las mujeres participan en todas las etapas del proceso.
El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social está encargado de trabajar con las personas afectadas por desastres naturales y de prestarles asistencia. En 2015 – 2016, se prestó asistencia a las personas afectadas por desastres naturales y a las personas desfavorecidas, especialmente las mujeres y los niños, por un monto de 7.027.557.000 kip. Se otorgaron beneficios a 3.104 familias integradas por 19.153 personas, incluidas 9.590 mujeres. En 2017, se recibieron donaciones de la sociedad valoradas en 207.827.000 kip destinadas a prestar asistencia a los afectados por desastres naturales. Se otorgaron beneficios a 46.881 familias integradas por 190.895 personas, incluidas 164.919 mujeres. Además, se distribuyeron bienes de consumo como arroz, prendas de vestir, calzado, tejados de zinc, clavos, tiendas de campaña, agua, electricidad, entre otros, y se entregaron artículos de primera necesidad a los afectados por el frío, las inundaciones y otros desastres.
Además, la emisión del Decreto sobre el funcionamiento y actividades del Comité Nacional de Prevención y Control de Desastres Nacionales es una muestra de la importancia que concede el Gobierno a la contribución de la mujer en lo que respecta a los desastres naturales. Además de las funciones y ámbito de cada una de las partes, el Decreto también establece la plantilla del Comité Nacional, que consiste en 24 miembros, incluidas 2 mujeres. Ello abarca la participación de todas las partes interesadas en lo concerniente al desempeño de cada cual y los debates sobre la prevención y control de los desastres naturales.
Protocolo Facultativo de la Convención y enmienda del artículo 20 1) de la Convención
Indiquen si se han realizado progresos con respecto a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y la aceptación de la enmienda del artículo 20 1) de la Convención referente al tiempo asignado a las reuniones del Comité.
Al día de hoy, la República Democrática Popular Lao ha ratificado 7 de los 9 tratados fundamentales de derechos humanos y 2 protocolos facultativos. En los últimos años, la República Democrática Popular Lao ha concentrado sus esfuerzos en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención en que es parte el país. Por consiguiente, en lo que respecta al Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la República Democrática Popular Lao no considera necesario aún acceder a ese Protocolo, ya que el país tiene intenciones de mejorar y fortalecer su mecanismo de denuncias internas al alcance de los ciudadanos Lao para que las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho de presentar propuestas a las autoridades administrativas, denuncias al poder judicial y peticiones a la Asamblea Nacional para que se haga justicia, de conformidad con la Ley de gestión de denuncias. Si bien la República Democrática Popular Lao no accederá en un futuro próximo a ese Protocolo Facultativo, sí estudiará e investigará el contenido del Protocolo Facultativo e intercambiará experiencias con algunos países que ya son parte en él. En lo que respecta a la enmienda del artículo 20 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la República Democrática Popular Lao está dispuesta a aceptar la enmienda, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cumplir los requisitos jurídicos internos para hacerlo, en cumplimiento de lo dispuesto en la recién promulgada Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales de 2017.

References: artículo 2
 artículo 15
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 72
 artículo 88
 artículo 89
 artículo 6
 artículo 17
 resolución 
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 96
 artículo 143
 artículo 96
 artículo 50
 artículo 92
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 44
 artículo 26
 artículo 2
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 20
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