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Timestamp: 2017-03-26 22:46:06+00:00

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Resumen: Para hablar del proceso de Reforma del Estado Dominicano, es necesario tomar como referente histórico la caída de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo en 1961, porque este hecho generó acontecimientos que dieron origen al gobierno Democrático del Profesor Juan Bosch en el año 1963, con el surgen las primeras ideas de transformación del Estado Dominicano en un Estado Moderno, pero este esfuerzo queda truncado con el golpe del 25 de Septiembre de 1963, que produce el derrocamiento del gobierno y la abolición de la avanzada constitución, que a través de la Constituyente de 1963 se había dada el pueblo Dominicano, posponiendo así no sólo el proceso de reforma y transformación sino también las posibilidades de desarrollo bajo un régimen verdaderamente democrático, y de derecho constitucional.
Publicación enviada por Francisco Suazo Rosario
Para hablar del proceso de Reforma del Estado Dominicano, es necesario tomar como referente histórico la caída de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo en 1961, porque este hecho generó acontecimientos que dieron origen al gobierno Democrático del Profesor Juan Bosch en el año 1963, con el surgen las primeras ideas de transformación del Estado Dominicano en un Estado Moderno, pero este esfuerzo queda truncado con el golpe del 25 de Septiembre de 1963, que produce el derrocamiento del gobierno y la abolición de la avanzada constitución, que a través de la Constituyente de 1963 se había dada el pueblo Dominicano, posponiendo así no sólo el proceso de reforma y transformación sino también las posibilidades de desarrollo bajo un régimen verdaderamente democrático, y de derecho constitucional. Estas situaciones y circunstancias que se produjeron con el derrocamiento del Profesor Juan Bosch, someten al país a un periodo de inestabilidad política y no es sino hasta la década de los años 90s, que se da el primer atisbo de reforma. En esta década en el año 1992, sin tener un plan general de reforma el gobierno del Dr. Joaquín Balagar, fruto de la crisis general desatada después de la elecciones de 1990, introduce en 1992 las primeras reformas en el ámbito fiscal, sin tocar ninguna otra estructura del Poder Ejecutivo. En 1996 el Dr. Joaquín Balaguer después de un período del gobierno de diez años, traspasa la conducción del Estado Dominicano al Dr. Leonel Fernández Reyna. Una de las primeras medidas de la gestión de gobierno 1996-2000, fue la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, estableciendo las líneas generales y dirección en que debían producirse las reformas y el proceso de modernización del Estado Dominicano.
Es entonces, a partir de 1996, que se inicia realmente un proceso de reforma y modernización del Estado Dominicano, se envían al Congreso y luego se promulgan por el Ejecutivo unas serie de leyes tendente a sentar las bases legal sobre la cual se iría realizando las reformas, se someten : la ley de Capitalización de las Empresas Públicas (empresas que habían sido heredada el régimen de Trujillo), agrupada principalmente en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la ley de capitalización y reforma y modernización del Sector Eléctrico, la Ley de Medio Ambiente, la ley de Educación, sustentada en la previa elaboración del Plan Decenal de Educación, la modernización de la Función Pública, El Estatuto del Ministerio Público, la ley General de Salud Pública, Ley General de Deportes, la de Cultura, la de la Juventud, la de la Mujer, que crearon estas últimas tres sendas Secretarías (Ministerios en cada uno de estos renglones), entre otras. Sin embargo por la naturaleza de este informe académico, no limitaremos al análisis de cinco de estas reformas que son:
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Función Pública en el Ámbito del Servicio Civil y la Carrera Administrativa, Poder Judicial, Educación y Régimen Tributario.
Reforma del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales:
El Sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta el año 2000, estaba caracterizado por una gran dispersión, alrededor de una treintena de organismos realizaban las labores propias de este sector pero sin tener una institución rectora, hasta ese momento el organismo de mayor rango administrativo era la Subsecretaría de Recursos Naturales que siendo el de mayor jerarquía administrativa en el ámbito de Medio Ambiente y Recursos Naturales era una dependencia de la Secretaría de Estado de Agricultura.
¿Cuándo inicia la reforma del Sector? En 1998, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto No. 152-98 del 29 de abril, que crea e integra la Comisión Coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente. Esta Comisión no sólo fungiría como un organismos de enlaces en el disperso sector del medio ambiente y los recursos naturales, sino también que tendría la responsabilidad de elaborar políticas para el sector y de iniciar la elaboración de un Marco Legal adecuado que organizara para la égida y Dirección de una Secretaría de Estado ya sea de manera directa o indirecta a todos los organismos del sector. Los años 1998 y 1999 fueron de intensos trabajos de revisión de las normativas vigentes, elaboración y socialización de la normativa a proponer, la cual es entregada al Poder Ejecutivo en los primeros meses del año 2000, que la somete al Congreso ese mismo año, es aprobada por
el Congreso Nacional el 25 de julio y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de Agosto del año 2000. ¿Cuáles fueron las virtudes de la reformas? La creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales como organismo rector de la gestión del medio ambiente los ecosistemas y los recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones que de conformidad con la legislación ambiental en general, corresponden al Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. (Ley 64-00, artículo 17). Esto disposición no solo unifica el sector, sino que también elimina la dispersión en término de la elaboración, fiscalización y administración de políticas medioambientales y de recursos naturales.
Reordenamiento de los organismos públicos pertenecientes al sector medio ambiente y recursos naturales (Sección III, artículo 22 y siguientes). En el artículo 23 las instituciones con características especiales como el Jardín Botánico Nacional, el Parque Zoológico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural, el Acuario Nacional y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Lo que indica de que además de una concentración de organismos se produce hasta cierto punto una descentralización expresada en el hecho de que las instituciones adscritas conservan su autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, así como su patrimonio y personalidad jurídica propia. (Párrafo II, artículo 23, ley 64-00).
Darle carácter de orden público a las disposiciones de la ley 64-00 (articulo 2).
Las facultades reglamentarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la elaboración de normas, la revisión de las existentes y la supervisión de la aplicación eficaz de la legislación. (Artículo 18 literal 9, 14, 18).
La creación de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales como rama especializada de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ejercerá la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en esta materia. (Ley 64-00, artículo 105).
El establecimiento de la acción individual y colectiva: “Toda personal o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesar activa para denunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso o la omisión u obstaculización de ellos, que haya causado, este causando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. (Artículo 178, ley 64-00). Esto permitió que personas y organizaciones de la Sociedad civil se pudieran querellar contra los funcionarios y empresas envueltas el caso Roc Kash, (que ha recorrido ya los dos grados jurisdiccionales (primera y segunda instancia) y cuenta además con una sentencia de casación que devuelve el expediente para que sea conocido de nuevo, en esta oportunidad enviándolo a la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo Este).
El mandato de crear las Gerencias Ambientales Regionales, como una manera de acercar más la administración a los administrados, recientemente se dicto una resolución de la Secretaría de
Estado de Medio ambiente que ordena el establecimiento de las dos primeras Gerencias Regionales, la Gerencia Cibao Sur, con asiento en la Provincia de la Vega, y la Gerencia Enriquillo con asiento en Barahona.
Para no hablar de aspectos negativo es preciso decir que a casi una década (8 años) de su promulgación la Ley Marco de Medio Ambiente y Recursos Naturales y algunas de las leyes
sectoriales necesitan de una revisión y reforma que conviertan las debilidades de las mismas en fortaleza y le mayor solidez a los logros y transformaciones alcanzados.
Reforma de la Función Pública en el Ámbito del Servicio Civil y la Carrera Administrativa:
El proceso de reforma de la Función Pública en el ámbito del Servicio Civil y la Carrera Administrativa, se inicia con la promulgación de la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y su Reglamento de Aplicación 81-94, que después de 14 y 17 años de promulgados respectivamente mostraron que este marco legal no era suficiente para el establecimiento de una administración pública basada en los criterio de modernidad, estabilidad del servidor público, transparencia, eficacia y eficiencia, y en donde la misma ley permitía la remoción sin más que el otorgamiento de una compensación económica, (que en la mayoría de los casos nunca llegaba a concretizarse) de los servidores públicos, como un ejemplo es bueno señalar que para el año 2003 sólo se habían incorporados 9, 097 servidores publico al régimen de carrera de total de servidores públicos del gobierno dominicano, que para ese entonces rondaban entre 250,000 -300, 000 mil servidores.
Era evidente que con este resultado en doce año, había que hacer una revisión profundo del marco jurídico regulador de las relaciones laborales entre el Gobierno Central y sus servidores, porque a ese ritmo era imposible completar el proceso de modernización, transformación, capacitación y formación d de los recursos humanos en un sistema que permitiera el ascenso por merito y su incorporación al sistema de servicio civil y carrera administrativa; era preciso iniciar como se inicio un proceso de readecuación de la ley, que permitiera incorporar situaciones jurídicas que en un principio fueron obviadas por la ley 14-91, e incorporar situaciones jurídicas nuevas, resultantes de las relaciones laborales del sector público y de la promulgación de varias leyes que convirtieron en más compleja estas relaciones, como la nueva ley 87-01 del 10 de mayo del 2001, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, y es así como nace la Ley 41-08, como nuevo instrumento regulador de las relaciones laborales entre el gobierno central y sus servidores, que crea además la Secretaría de Estado de la Administración Pública.
Con la promulgación de la Ley 41-08, se refuerza en la Republica Dominicana la instauración del Estatuto de la función pública, (ya se había iniciado con la Ley 14-91) como marco regulador de las relaciones laborales entre los servidores y el Estado, respondiendo a la
necesidad existente de que los actos de la Administración Publica respondan al principio de legalidad y al mas alto régimen de ética y moral publica.
El Gobierno Central (el Ejecutivo) acciona dictando y aplicando las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, a
través de las distintas instituciones de la Administración Publica, así como los medios para resolver las reclamaciones a que da lugar lo mandado, y es necesario en ese sentido que estas acciones y disposiciones se den dentro de un marco jurídico claramente establecido.
La Ley 41-08 introduce elementos novedoso respecto a la antigua ley (14-91), que tenia un mayor nivel de exclusión, porque solo consideraba a los empleados que dependían directamente del poder ejecutivo, en cambio la ley 41-08, incluye a servidores de los ayuntamientos y de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, e incluso a aquellos regimenes de carrera que sean establecidos por otras leyes según se estable en el párrafo del articulo 1.
La nueva Ley 41-08, de la Función Publica cambia el panorama y se convierte en estatuto único para todos los trabajadores de Administración Publica, es decir para los del sector Centralizado los descentralizados y los autónomos.
La Administración es un formidable instrumento para concretar la acción del Estado, conviviéndola en un factor estratégico de primer orden para el desarrollo, cuando la misma es capaz de responder a un esquema que propicie los cambios, económicos, sociales y culturales. En un Estado moderno los instrumentos de regulación de la relación del Estado con los servidores públicos deben obedecer a criterios legales modernos que garanticen claramente los mecanismos que garanticen la tutela efectiva de los derechos de los servidores públicos.
¿Puede la aplicación de esta ley verse entorpecida por las formas arbitrarias en que los gerentes de la Administración Publica muchas veces ejercen sus funciones?
Ante esta situación cabe preguntarse: ¿cuales son los mecanismos que debe agenciarse la Secretaria de la Función Publica (anterior Oficina de Administración y Personal ONAP) como órgano rector del empleo publico y de los distintos sistemas y regimenes prevista por la ley 41-08 (Articulo 7, ley 41-08), para asegurarse la tutela efectiva de los derechos de los servidores publico, sin menoscabo del alto nivel de calidad efectividad y eficiencia que debe lograr el Estado en todas sus actividades?.
La ley 41-08, establece en su artículo 33, las condiciones generales de ingreso al servicio público y los artículos subsiguientes hasta el 36 establecen una serie de especificidades que deben observarse para el cumplimiento del artículo 33. En el artículo 37 establece las condiciones para el ingreso a las Carreras Administrativa General y Especiales, estableciendo cuales requisitos además de los necesarios para el ingreso al servicio publico se deben acreditar.
En adición a los requisitos que se puedan agregar en el nuevo reglamento que se ha de elaborar para la aplicación de la Ley 41-08, la Resolución No. 5-99 de abril de 1999, establece que el interesado a ingresar a la Carrera Administrativa, deberá:
·	Poseer un historial personal satisfactorio, de acuerdo con la verificación y evaluación del expediente.
·	Asumir la responsabilidad sobre la veracidad de las informaciones relativas a sus condiciones de salud, conducta y educación suministrada mediante una declaración jurada.
·	Someterse a las evaluaciones mediante pruebas sicometricas que determinen que posee la capacidad intelectual, habilidades personales, sociales y gerenciales, así como los rasgos de personalidad requeridos por el cargo.
·	Someterse a evaluaciones mediante pruebas técnicas que demuestren sus conocimientos específicos, generales y experiencias técnicas necesarias para desempeñar adecuadamente el puesto.
·	Someterse a las evaluaciones racionales y objetivas que demuestren los meritos de trabajo, así como el alcance de metas y compromisos adicionales a los deberes fijos en el periodos de los últimos doce (12) meses.
Indudablemente que aunque se establece la igualdad de acceso de todos los ciudadanos dominicanos para ingresar a la Administración Publica, de acuerdo a sus meritos personales, es necesario que el cuerpo reglamentar de la nueva ley establezca de manera clara los criterios de meritos y los procedimientos que se deben cumplir para el ingreso a la carrera administrativa.
Reforma del Poder Judicial:
Las Elecciones Presidenciales de 1994, en República Dominicana, degeneraron en una crisis electoral, que llevo a los grandes partidos del Sistema a la firma de un acuerdo que se denominó Pacto por la Democracia, donde se acordó una reforma constitucional que previó elecciones
adelantada en dos años, es decir en lugar de celebrarse elecciones nuevamente en el 1998, como previa la Constitución, se le celebrarían en 1996 y además separadas las elecciones Presidenciales de las Congresuales y Municipales, por lo que a partir de 1996, se tendrían elecciones cada dos años.
La reforma constitucional de 1994 en República Dominicana, que salvo la crisis post-electoral, incluyo también constitucionalmente la reforma del Poder Judicial, que hasta ese momento era seleccionado por el Senado de la Republica y que a partir de esta reforma se instituía en la Constitución la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, en la Sección II, Artículo 64, Párrafo I.: “Los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual estará presidido pro el presidente de la República y, en ausencia de éste, será el Vice-Presidente de la República, y a falta de ambos, lo presidirá el Procurador General de la República, los demás miembros serán:
1.- El Presidente del Senado y un Senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente del Senado.
2.- El presidente de la Cámara de Diputados y un Diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados.
3.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia
4.- Un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de Secretario.
Aunque constitucionalmente este consejo resulta de la modificación constitucional de 1994, no es sino hasta el año 1997, que sería convocado para la conformación de la Suprema Corte de Justicia, lo que a su vez da inicio a la gran reforma en el Poder Judicial, esta Suprema Corte de Justicia, por prerrogativa de mandato constitucional como lo establece el Artículo 67, literal cuarto: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin prejuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: 4) Elegir los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces Contencioso Tributario y los Jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la ley, de conformidad a lo establecido en la ley de la Carrera Judicial”
Es importante señalar que esta prerrogativa constitucional le permitió a la Suprema Corte de Justicia pasar un rasero al antiguo sistema de selección de jueces e iniciar en proceso de selección basado en meritos, inclusos a los jueces mismos que estaban en el cargo debieron someterse a al mismo sistema de evaluación que debían sufrir los de nuevos ingresos y eran capaces de superar el riguroso sistema que se implemento entonces permanecían en el puesto de los contrario quedaban fuera del sistema, El sistema de selección fue complementado con la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, lo que permitía potencial las capacidades de los jueces y completar su formación. Además el proceso de formación y capacitación y evaluación judicial de esta escuela es continúo. Este proceso de selección permitió que quedaran en el Sistema Judicial por meritos lo que ya estaban, incorporar nuevos valores e incorporar a muchos miembros del Ministerio Públicos que decidieron someterse a la prueba de selección implementada por la Suprema Corte de Justicia.
Otros elementos importantes en la Reforma del Poder Judicial fue la promulgación de Leyes que permitieron operacionalizar la reforma como fueron: la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (Ley No. 169-97 del 2 de agosto de 1997, G. O. No. 9916), Ley de Carrera Judicial (Ley No. 327-98 del 9 de julio de 1998), Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia (Ley No. 25-91, del 19 de marzo de 1991, Reglamento de de Carrera Judicial dictado por la Suprema Corte de Justicia el 1 de noviembre del 2000.
Un rasgo que muestra la voluntad de la reforma es que como contrapartida al proceso de reforma que se vive en el ámbito judicial se inicio concomitantemente un proceso de reforma, adecuación y fortalecimiento del Ministerio Público como contraparte del Poder Judicial, con la promulgación del Estatuto del Ministerio Público, el establecimiento también de la Escuela Nacional de la Magistratura y las selección por concurso de oposición para llenar las vacantes del Ministerio Público, lo que permite seleccionar por meritos a los aspirantes a desempeñar esta noble función, que una vez seleccionados son sometidos a un proceso de formación jurídica que permite potencial izar sus capacidades al servicio de una mejor administración de justicia. La próxima gran ola de reforma para el Poder Judicial y el Ministerio Público han de producirse en el conocimiento de la nueva reforma constitucional que tiene pendiente la República Dominicana, y que debe ocurrir en cualquier momento de este cuatrienio 2008-2012.
Reforma del Sector Educativo:
Cuando desaparece la tiranía en 1961, por el asesinato del Dictador Rafael Leonidas Trujillo, el alcance del sistema educativo dominicano era muy limitado y frágil, tanto en el nivel básico con el nivel secundario, “era podría decirse, el sistema educativo de una sociedad rural e insular sometida por 31 años al rigor de una fuerte dictadura. En aquel ambiente las exigencias educativas de la sociedad eran tan limitadas que dos o tres años de escolaridad daban a la gente la capacidad para desenvolverse de manera más o menos eficiente” (Plan Nacional de Educación 2007-2007, Primera Parte, Realidad Educativa Dominicana en una Perspectiva Histórica, 6ta. Revisión).
La Constitución de 1963 confería a la educación del pueblo dominicano una gran importancia como herramienta que ayudaría a dinamizar el desarrollo de la nación, pero lamentable las condiciones históricas hicieron imposible la aplicación de esta constitución, ya que el país se vio envuelto entre 1963 y 1965 en: un golpe de Estado (25 de septiembre de 1963), un periodo de
inestabilidad política, una guerra civil y una guerra patria contra la intervención Norteamericana de 1965.
Entre 1966- 1990, periodo ya de estabilidad política con sus altas y bajas no arrojo ningún interés especial de los gobiernos que se sucedieron en el lapso de tiempo por el sistema educativo dominicano, aunque el mismo era ya más universal a todos los niveles, era muy deficiente en término de calidad y de infraestructura. En 1990, presione de la comunidad internacional en el ámbito de la educación permiten que en la República Dominicana se inicien los trabajos del Primer Plan Decenal de Educación, (1990- 2000), que daría un gran impulso al Sistema Educativo Nacional.
Resultado de este primer plan decenal de educación fue la aprobación de la Ley General de Educación en 1997, que introduce cambios importantes en la estructura organizativa de la Secretaría de Estado de Educación y le otorga al Centro Educativo un papel protagónico como centro de la reforma institucional. Se fortalecen los centros de formación y capacitación de maestros existentes, se establecen acuerdos con universidades para la formación de maestros hasta el nivel de licenciatura, y se establecen los programas de capacitación y adecuación y profesionalización de los maestros bachilleres en servicios.
Una vez cumplido el Primer Plan Decenal de Educación, se procedió a su evaluación y elaboración de un nuevo Plan Decenal de Educación esta vez para el decenio 2007-2017, que apenas a iniciado su implementación. Lo cierto es que hoy por hoy el sistema educativo nacional cuentas con mejores infraestructuras físicas, esta tratando de cumplir con los objetivos del milenio que haya acceso para el universo de la población en edad escolar, de que se facilite el acceso a la educación técnica y universitaria, y un mayor nivel de los docentes a todos los niveles del proceso enseñanza-aprendizaje.
No entraremos en consideraciones sobre la reforma de la Educación Superior Universitaria, ya que el mismo debe ser objeto de análisis independiente ya que por la característica de este informe tenemos limitación de espacio.
Reforma del Régimen Tributario
Las elecciones presidenciales del 1990, en República Dominicana, dejaron como resultado una crisis post-electoral que se vería agravada por una crisis de desabastecimientos de combustibles y de los productos de la canasta básica, había largas filas en las estaciones de expendios de combustibles, y el país cayo prácticamente en una moratoria de pago de su deuda externa. La forma de la administración enfrentar esta crisis la encontró en la implementación de la reforma fiscal de 1992, sustentada en la Ley 11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana que fue la primera reforma fiscal de importancia que se introducía desde la caída de la tiranía en 1961. Esta reforma fiscal de 1992, le da un respiro a la República Dominicana, que en 1994 vuelve a caer en otro crisis post-electoral, de la cual ya se haya referencia en este ensayo, salteada la crisis del 1994, el gobierno surgido de las elecciones generales presidenciales del 1996, vuelve a recurrir a una reforma de Régimen Tributario para terminar de conjurar los residuos de las crisis del 1990, que vinieron a sumarse a la crisis del 1994, esta reforma tuvo su sustentación en la eficientización de los mecanismos de recaudación de impuestos, tanto del área de aduanas como de impuestos a la renta y se complementa con la crea que crea la fusión entre la Dirección General de Renta Interna y la Dirección General de Impuestos sobre la Rentas en una sola institución que paso a llamarse Dirección General de Impuestos Internos.
En el año 2000 se produce un avance más en la reforma tributaria con la Ley 147-00 Sobre Reforma Tributaria de fecha 27 de diciembre del año 2000. y el año 2004-2005. El último gran avance con la creación del Numero de Comprobante Fiscal, herramienta que ayudaría enormemente a logra una reducción de los niveles de evasión fiscal, que aun siguen siendo alto. Todos estos avances apoyado respectivamente además de las leyes por decretos del Poder Ejecutivo, y la capacidad reglamentaria y de dictar normas generales que la Ley confiera a la Dirección General de Impuestos Internos.
Consideraciones Generales sobre las Reformas
Aunque después de 1996 que se inicio realmente con criterios y metas definidas el proceso de reforma y modernización del Estado Dominicano, y el hecho de a partir de esa fecha los sucesivos gobierno han seguido con el proceso de reforma, por que la misma situación internacional y la inserción del País en los diferentes organismos regionales e internacionales han obligado a que sea así, a la reforma le falta el carácter que dan los pactos políticos y sociales fruto de las fuerzas sociales y políticas de una nación, donde los ciudadanos a través de los mecanismos de representación expresan la voluntad del país que quieren, verbigracia el Pacto de la Moncloa en España, en República Dominicana, las reformas que se han implementados se han hecho sobre la voluntad particular de los gobernantes y la imposición de organismos internacionales.
Referencias Bibliográficas Citadas y Consultadas
Constitución de República Dominicana. (1997). Editora Amalba, C. Por. A. Santo Domingo, República Dominicana.
Código de Trabajo de la Republica Dominicana (Ley 16-92) y Reglamento para su Aplicación.
1996. Santo Domingo, Republica Dominicana.
Código Tributario, Ley 11-92, Modificado por la Ley 147-00. (2001). Dirección General de Impuestos Internos. Versión Oficial. Santo Domingo. República Dominicana
Compendio de Derecho Judicial. (2000). Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Santo Domingo. República Dominicana.
Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Publicación Oficial 2002. Santo Domingo. República Dominicana.
Ley 41-08. Ley de la Función Pública. (2008). Secretaría de la Administración Pública. Publicación Oficial. Santo Domingo. República Dominicana.
Ley No. 87-01 Sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social. (2001). Santo Domingo, República Dominicana.
Ley 42-01 Ley General de Salud Promulgada el 8 de Marzo 2001. (2001). Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Santo Domingo. República Dominicana
Plan Decenal de Educación 2007-2017 Primera y Segunda Parte. 6ta. Revisión. (2008). Secretaría de Estado de Educación. Santo Domingo. República Dominicana.
Sheker, L., Ballester, A., Moreta, A. Grullon Cabral, N., Suárez, J., Amaro Guzmán, R. (1981)
Relación del Trabajo en el Servicio Publico. Santo Domingo. Republica Dominicana. Publicaciones ONAP. Primera Edición.
Suazo, R. Francisco. (2003). Las Relaciones Laborales en el Sector Público Centralizado de la Republica Dominicana. Informe Final del Curso Optativo a la Tesis de Grado Num. 25 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para optar por el Titulo de Lic. En Derecho. Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana. Valora este artículo

References: artículo 17
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 105
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 37
 Resolución 
 Artículo 64
 Artículo 67