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Timestamp: 2018-08-15 01:24:31+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00030 de abril 18 de 2013
SENTENCIA 2012-00030 DE 18 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PROCESO DE ESCRUTINIO. EL PROCESO DE ESCRUTINIO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD O PRECLUSIÓN, SEGÚN EL CUAL EL TRABAJO QUE DESARROLLAN UNAS COMISIONES SE BASA EN EL PREVIAMENTE ADELANTADO POR LAS DE INFERIOR JERARQUÍA. ASÍ, ESAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS RECLAMACIONES ELECTORALES FORMULADAS, SIN QUE SEA VIABLE RETROTRAER LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. SIN EMBARGO, DICHAS RECLAMACIONES SE DEBEN PRESENTAR POR PRIMERA VEZ ANTE LA COMISIÓN DONDE HAYA OCURRIDO LA IRREGULARIDAD, LO QUE PERMITE A LA PARTE INCONFORME CONSERVAR SU DERECHO A LA SEGUNDA INSTANCIA EN LA COMISIÓN QUE LE SIGA EN JERARQUÍA. POR OTRO LADO, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PLIEGOS ELECTORALES POR PARTE DE LOS REGISTRADORES A LOS CLAVEROS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES NO ES UNA CAUSAL DE RECLAMACIÓN. DE TODAS FORMAS, ESTAS CAUSALES NO GENERAN NULIDAD, POR ENDE, NO PUEDEN SER INVOCADAS DIRECTAMENTE EN EL PROCESO ELECTORAL, SINO A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE MUNICIPAL, ESCRUTINIO, COMISIÓN ESCRUTADORA
Sentencia 2012-00030 de abril 18 de 2013
Expediente: 470012331000-2012-00030-01
Demandantes: Blanca Rosa Fernández Guerrero y otro
Demandado: Alcalde de Ciénaga (Magdalena) - Luis Alberto Tete Samper
La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de los recursos de apelación formulados por los demandantes contra el fallo de 15 de agosto de 2012 proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.
La elección del señor Luis Alberto Tete Samper como Alcalde del municipio de Ciénaga - Magdalena, período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del formulario E-26AL, generado el 21 de noviembre de 2011(3).
3. Proceso 201200027 de Hernando José Escobar Medina.
El señor Hernando José Escobar Medina demanda la nulidad del acto de elección del alcalde municipal de Ciénaga - Magdalena y pide la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución 9 de 18 de noviembre de 2011 expedida por la Comisión Escrutadora del municipio de Ciénaga, pero únicamente en cuanto rechazó por extemporánea la solicitud de exclusión de las mesas de votación 1 a 13 de la Zona 02, Puesto 05 Escuela 15 de Niñas; y, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Zona 02, Puesto 06 Institución Educativa Manuel J. del Castillo formulada con fundamento en la causal de entrega extemporánea de los documentos electorales por parte del registrador o su delegado a los claveros(4).
2. Resolución 50 de 21 de noviembre de 2011 proferida por la comisión escrutadora departamental del Magdalena mediante la cual se confirmó la anterior decisión(5).
3. Resolución 11 de 19 de noviembre de 2011 dictada por la Comisión Escrutadora del municipio de Ciénaga, pero únicamente por haber rechazado por extemporánea la solicitud de exclusión de las mesas de votación 1 a 13 de la zona 02, puesto 05 Escuela 15 de niñas; 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la zona 02, puesto 06 Institución Educativa Manuel J. del Castillo; y, 5, 6, 7 y 8 de la zona 02, puesto 03 Institución Educativa Enoc Mendoza, formulada con fundamento en la causal de entrega extemporánea de los documentos electorales por parte del registrador o su delegado a los claveros(6).
4. Resolución 51 de 21 de noviembre de 2011 expedida por la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena que confirmó la anterior decisión(7).
La acusación que el demandante plantea se sustenta en 2 afirmaciones principales: i) la comisión escrutadora municipal de Ciénaga sí tenía competencia para conocer las reclamaciones que se le presentaron por primera vez, concernientes a las resoluciones 9 y 11 de 18 y 19 de noviembre de 2011 respectivamente, y por lo mismo, no se debieron rechazar por extemporáneas; y, ii) los pliegos electorales de las mesas relacionadas en las resoluciones demandadas, fueron entregados extemporáneamente “por parte del señor registrador ad hoc de Ciénaga a los claveros municipales”(8).
El demandado se opone aduciendo que le asiste razón a la comisión escrutadora municipal de Ciénaga en desatender las reclamaciones a que hace alusión el accionante, toda vez que, en dicha sede administrativa sólo se resuelven apelaciones contra algunas decisiones adoptadas por la “zonal 2”, y que, las reclamaciones “por primera vez” que autoriza el Código Electoral se refieren al escrutinio general del municipio, y no a las que corresponde a las comisiones zonales pues se arrogaría competencias no asignadas legalmente al Organismo Electoral de segundo grado.
Además, que el demandante concibió equivocadamente la configuración de la causal de reclamación electoral contenida en el numeral 7º del artículo 192 del Código Electoral, en la medida en que circunscribió su razonamiento a la introducción de los pliegos electorales en el arca triclave, situación que no está contemplada en la norma electoral como causal de reclamación para el caso de los escrutinios municipales, pues en ese evento sólo es predicable respecto de la entrega tardía de dichos documentos por parte de los presidentes de los jurados de votación a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Para abordar el caso que ocupa a la Sala, se plantearán dos problemas jurídicos descritos así:
i. ¿Opera el principio de la eventualidad o preclusión frente a las causales de reclamación que se pueden formular ante las comisiones escrutadoras?
ii. ¿Constituye causal de reclamación la entrega extemporánea de los pliegos electorales del registrador o su delegado a los claveros?
3.1. Competencia de las comisiones escrutadoras en materia de reclamaciones electorales.
El primer reparo formulado por el demandante contra los actos acusados se centra en afirmar que la comisión escrutadora municipal de Ciénaga - Magdalena sí tenía competencia para expedir las resoluciones 9 de 18 de noviembre de 2011 y 11 de 19 de noviembre de esa anualidad, ya que según plantea, las reclamaciones sí podían ser presentadas ante esa Comisión “de conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral Colombiano”.
Para resolver el cargo así entendido, la Sala considera necesario precisar el ámbito competencial de las comisiones escrutadoras en el trámite y decisión de las reclamaciones electorales, las que se definen como instrumentos al alcance de los candidatos a una elección popular, de sus apoderados o de sus testigos electorales, que se dirigen a impugnar, en la vía administrativa, las irregularidades taxativamente señaladas en la ley, con el propósito de que se subsanen si es que así lo dispone la ley, o de que se excluyan del escrutinio los votos de las mesas que se vean afectadas.
Por la importancia de ese instrumento, el Código Electoral consagra, además de las causales procedentes, la oportunidad procesal para formular las reclamaciones, así como los requisitos para su presentación y la garantía de la segunda instancia en el procedimiento de su resolución.
Las comisiones escrutadoras, como su nombre lo indica, se encargan de verificar y consolidar los resultados de las votaciones a través de un procedimiento que involucra varias etapas sucesivas y progresivas, que parten del escrutinio que realizan los jurados de votación en cada mesa y que culmina con la obtención de las cifras consolidadas por candidato y por lista de candidatos.
Estas comisiones pueden ser del orden auxiliar o zonal, municipal, distrital o departamental, a las cuales se les confía la tarea de llevar a cabo el cómputo de los votos depositados en las urnas instaladas dentro de su respectiva circunscripción electoral, así como declarar la elección correspondiente si se trata de autoridades para cargos o corporaciones públicas de su resorte.
El proceso de escrutinios está concebido en forma escalonada y regido por el principio de la eventualidad o de la preclusión, esto es que el trabajo que desarrollan unas comisiones lo hacen sobre la base del que previamente han adelantado las comisiones escrutadoras de inferior jerarquía, estando habilitadas cada una de esas autoridades para resolver las reclamaciones que en su momento les formulen las personas autorizadas para ello, como son los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales debidamente acreditados, sin que exista la posibilidad de que se pueda retrotraer esa actuación administrativa.
Sobre las autoridades encargadas de resolver las reclamaciones y el carácter escalonado y preclusivo de las distintas fases de los escrutinios se advierte en distintas normas del Código Electoral, entre otras reglas, las siguientes:
“ART. 166.—Modificado por el artículo 12 de la Ley 62 de 1988. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación, conforme al artículo 122 de este código.
“ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del Consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos esta función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación.
Las apelaciones que se presenten contra las decisiones de los delegados del Consejo, o los desacuerdos que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de votos, el que anotarán en las actas de escrutinio”.
Durante el trámite y sustentación de la apelación ante el Consejo Nacional Electoral no podrán alegarse causales o motivos distintos de los recursos mismos” (negrillas de la Sala).
De manera que, del contenido normativo de esas disposiciones se desprenden determinadas reglas que orientan la presentación, trámite y decisión de las reclamaciones electorales que son puestas en conocimiento de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares.
Dentro de tales reglas, la Sala en sentencia de 8 de septiembre de 2005(9) destacó las siguientes:
“a) Las comisiones escrutadoras auxiliares están facultadas para resolver en primera instancia las reclamaciones electorales que le presenten los candidatos, sus apoderados y los testigos electorales.
Aquí conviene anotar que las comisiones escrutadoras auxiliares operan en ciudades divididas en zonas, previa designación que hacen los tribunales superiores de Distrito Judicial, y están encargadas de hacer el cómputo total de los votos depositados en las arcas triclaves de las zonas y de las agrupaciones del censo electoral que le hubieren sido asignadas y registrar ese resultado en los cuadros que le suministre la Registraduría, en las actas parciales y en un acta general (Cód. Electoral., arts. 79, 158, 172 y 173).
b) Como sucede con el resto de reclamaciones, las que se presentan a las comisiones escrutadoras auxiliares sólo son procedentes en los eventos siguientes: ...; cuando hayan sido recibidos extemporáneamente los pliegos electorales, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos;...
c) Al igual que las demás, las reclamaciones que son puestas en conocimiento de una comisión escrutadora auxiliar deben presentarse por escrito en el momento mismo del escrutinio.
d) Excepcionalmente, las reclamaciones que son decididas por una comisión escrutadora auxiliar pueden presentarse a los jurados de votación, esto es, antes del escrutinio, el cual, según lo señalado en el artículo 160 del Código Electoral, comienza a las nueve de la mañana del martes siguiente a las elecciones. En este evento, también deberán constar por escrito y serán adjuntadas a los documentos electorales a fin de que sean resueltas por la comisión escrutadora auxiliar que corresponda en el escrutinio respectivo.
La diferencia con las que se pueden interponer directamente estriba en las causales que habilitan su presentación por intermedio de los jurados de votación, las cuales son las siguientes: cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos.
e) Si la comisión escrutadora auxiliar encuentra fundadas las reclamaciones presentadas deberá ordenar que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios, o decretar su corrección cuando se trate de error aritmético en la suma de votos o de error en los nombres o apellidos de uno o más candidatos.
f) Contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares procede el recurso de apelación ante las comisiones escrutadoras distritales o municipales, según sea el caso, a las que también corresponde resolver los desacuerdos que surjan entre los miembros de aquéllas” (negrillas de la Sala).
De lo dicho en precedencia se entiende que el legislador fijó claros límites a la actividad de las comisiones escrutadoras, orientados a señalar su competencia en atención al escrutinio que les corresponda efectuar.
Así mismo, de las normas transcritas se evidencia, como ya se anunció, que los escrutinios de las elecciones populares se cumplen de manera preclusiva y ante instancias previamente fijadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la elección de un alcalde municipal, el escrutinio de la votación compete hacerlo a la comisión escrutadora municipal, quien a su vez tiene competencia para decidir todas las reclamaciones que se formulen en dicha instancia y declarar la elección; pero si lo resuelto en torno a las reclamaciones es objeto de apelación, se sale de sus manos la facultad para declarar la elección, pues en tal caso debe remitir el asunto a su inmediato superior, que vendrían a ser los delegados departamentales del CNE o comisión escrutadora departamental, quienes además de resolver la suerte de las impugnaciones, tienen a cargo el deber de declarar la elección respectiva.
Esta estructura escalonada y preclusiva sería mal entendida si al artículo 193 del Código Electoral, se le diera un alcance distinto al que en verdad le corresponde. Esa norma enseña que las reclamaciones previstas en el artículo 192 ibídem, “podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral”. Al primer golpe de vista pudiera pensarse que las distintas causales de reclamación pueden invocarse ante cualquiera de las comisiones escrutadoras sin consideración a la instancia donde el defecto se haya producido y sin importar el tipo de elección de que se trate, lo cual resulta inadmisible por transgredir la estructura lógica y jerarquizada del proceso de escrutinio.
La identificación que hace el artículo 193 del C.E., respecto de cada una de las comisiones escrutadoras ante las que se pueden presentar por primera vez las reclamaciones, no es con fines de equiparación en cuanto a que la misma reclamación puede formularse ante cualquiera de dichas autoridades según lo determine el interesado. Así se podría llegar al absurdo de admitir plantear una reclamación relativa a una elección de Alcalde municipal ante la comisión escrutadora departamental en forma directa y omitiendo acudir a la instancia respectiva que es la comisión escrutadora municipal, o que se formulara ante una comisión escrutadora municipal una reclamación de un asunto generado durante los escrutinios departamentales.
Es decir, la coherencia y armonía del régimen electoral en cuanto a escrutinios se refiere, lleva a afirmar que las reclamaciones se pueden formular por primera vez ante la comisión escrutadora respectiva, esto es ante la comisión escrutadora donde se haya presentado la supuesta irregularidad, de tal manera que se conserve para la parte inconforme su derecho a gozar de la segunda instancia ante la comisión escrutadora que en jerarquía le siga. Por lo mismo, si se trata de una irregularidad suscitada en el curso de los escrutinios practicados por la comisión escrutadora municipal, es ante ella que se debe presentar la reclamación del caso, para que de esa manera se pueda desarrollar plenamente lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 166 del Código Electoral, dando cabida al recurso de apelación ante la respectiva comisión escrutadora departamental.
Admitir la posibilidad de que una supuesta irregularidad generada durante los escrutinios municipales pueda reclamarse por primera vez ante los miembros de la comisión escrutadora departamental, por ejemplo, solo da lugar al desconocimiento del reparto competencial que el Código Electoral hizo entre las distintas comisiones escrutadoras, además de propiciar la vulneración del derecho a la segunda instancia en la medida que no podría acudirse a ello si máximo ante tales delegados, actuando en segundo grado, debe declararse la elección(10).
La jurisprudencia de esta corporación ya ha sentado las bases del recto entendimiento de las competencias de las distintas comisiones escrutadoras en materia de reclamaciones:
“Ahora bien, precisado lo anterior, conviene determinar el ámbito de competencia de las comisiones escrutadoras auxiliares en materia de reclamaciones electorales, especialmente, frente a la competencia que el Código Electoral asigna a las comisiones escrutadoras distritales o municipales para resolver determinadas reclamaciones en primera instancia. Y para ello, se acudirá al análisis sistemático de las normas que regulan las competencias entre las diferentes autoridades escrutadoras, como se explica a continuación.
En términos generales es claro que el escrutinio general que le corresponde efectuar en las votaciones municipales a las comisiones escrutadoras distritales o municipales parte del que practican las comisiones escrutadoras auxiliares en las ciudades en que éstas son habilitadas (Cód. Electoral, artículo 172). De la misma manera, en las votaciones departamentales, el escrutinio general de los delegados del Consejo Nacional Electoral se basa en el que realizan las diferentes Comisiones escrutadoras municipales (art. 182, ibídem). Y, finalmente, en las votaciones nacionales, el escrutinio general que debe hacer el Consejo Nacional Electoral se sirve de los cómputos informados por sus delegados y por los jurados de votación en el exterior (art. 187, ibídem).
Por esa razón, es lógico que el artículo 166 del Código Electoral tenga en cuenta esas competencias al momento de señalar la autoridad competente para resolver las impugnaciones que se interpongan contra las decisiones de las comisiones escrutadoras, en sus diferentes niveles, y los desacuerdos que surjan entre los miembros de éstas, los cuales, pueden presentarse respecto de la decisión de una reclamación electoral. Así, según esa disposición, las comisiones escrutadoras distritales o municipales son superiores funcionales de las comisiones escrutadoras auxiliares; los delegados del Consejo Nacional Electoral lo son de las comisiones escrutadoras distritales o municipales; y, por último, el Consejo Nacional Electoral lo es de sus delegados.
Ciertamente, la ley reconoce que cada escrutinio es diferente y, en ese sentido, entiende que siempre será posible que en uno posterior tengan ocurrencia ciertas irregularidades que constituyan causales de reclamación electoral y que, por haber acaecido en esa instancia, sólo sean alegables por primera vez hasta ese momento. Piénsese, v. gr., en las hipótesis a que aluden los numerales 8, 11 y 12 del artículo 192 del Código Electoral, las cuales pueden tener lugar en cualquier escrutinio.
De manera que, siguiendo ese paralelismo y a falta de norma que lo impida de modo expreso, la Sala concluye que, con posterioridad al escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares, los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales están facultados para presentar por primera vez, esto es, en primera instancia, reclamaciones electorales ante la respectiva comisión escrutadora distrital o municipal, pero siempre y cuando se trate de irregularidades relacionadas con el escrutinio general que a esta última le corresponde efectuar.
En sentido contrario y siguiendo el mismo criterio interpretativo, se tiene que las comisiones escrutadoras distritales o municipales no están facultadas para resolver reclamaciones electorales referidas al escrutinio que realizó alguna comisión escrutadora auxiliar, en los aspectos que la ley le confía de manera exclusiva a ésta última y que pueden ser ventilados ante ella, pues en ese evento, se entiende que la competencia para resolverlas es de la auxiliar y, por tanto, la distrital o municipal solo puede conocer de ellas en segunda instancia.
Dicho de otra manera, en presencia de comisiones escrutadoras auxiliares, no pueden proponerse por primera vez ante las comisiones escrutadoras distritales o municipales reclamaciones por el escrutinio zonal en los asuntos que son de su exclusiva competencia, pues, además de que se trata de un escrutinio que realizó una autoridad diferente, lo cierto es que en esos casos la correspondiente autoridad escrutadora distrital o municipal sólo puede conocer de tales reclamaciones por vía de apelación o para resolver algún desacuerdo que surja al respecto entre los miembros de la comisión escrutadora auxiliar de que se trate.
Reafirma lo dicho el hecho de que, como lo concluyó esta Sala en anterior oportunidad acudiendo al mismo criterio interpretativo, no puedan proponerse por primera vez ante los delegados del Consejo Nacional Electoral reclamaciones de votaciones municipales o distritales, salvo la de Alcalde Mayor de Bogotá y que ante el Consejo Nacional Electoral sólo pueden proponerse por primera vez reclamaciones respecto de los escrutinios que le corresponde hacer, es decir, de votaciones nacionales(11)”(12).
En este caso, se afirma por el demandante que la comisión escrutadora municipal de Ciénaga sí tenía competencia para decidir sobre la exclusión del cómputo general de votos las mesas indicadas en la demanda, por cuanto el Código Electoral se lo permitía.
Entonces, según la normativa citada en precedencia, los hechos y pruebas relacionados en la demanda, se constata que el escrutinio de las mesas 05, 06, 07 y 08 de la zona 02, puesto 03; 01 a 13 de la zona 02, puesto 05; y 02, 03, 04 y 08 a 15 de la zona 02, puesto 06, fue realizado por la comisión escrutadora auxiliar zona 02 de Ciénaga – Magdalena, comisión ante la cual debió acudir el demandante en primera instancia para poner de presente las irregularidades que a su juicio existieron en el proceso electoral; situación que evidentemente no acaeció ya que éste se dirigió ante la comisión escrutadora municipal de Ciénaga tal como se observa en las resoluciones 9 y 11 de 18 y 19 de noviembre de 2011 respectivamente.
Así las cosas, se concluye que la comisión escrutadora municipal de Ciénaga no tenía competencia para conocer en primera instancia de reclamaciones concernientes a irregularidades que tuvieron directa relación con el escrutinio realizado por la comisión escrutadora auxiliar zonal 02 de Ciénaga, motivo por el cual la presunción de legalidad de las resoluciones acusadas no se puede remover.
Sin embargo, y en gracia de discusión, si se aceptara que sí se podía presentar por primera vez, ante la comisión escrutadora municipal de Ciénaga, reclamaciones relacionadas con los escrutinios realizados por la comisión escrutadora auxiliar de ciénaga zonal 02, el resultado no habría variado, como se explicará a continuación.
3.2. Causal de reclamación de entrega extemporánea de los pliegos electorales del registrador o su delegado a los claveros
Narró el demandante que, de manera injustificada, los pliegos electorales de las mesas 05, 06, 07 y 08 de la zona 02, puesto 03; 01 a 13 de la zona 02, puesto 05; y 02, 03, 04 y 08 a 15 de la zona 02, puesto 06, fueron entregados “por el Señor Registrador Municipal Ad Hoc de Ciénaga a los Claveros Municipales, en el sitio donde se encontraban las Arcas Triclaves (Coliseo Monumental), con posterioridad a las 11:00 p.m., del domingo 30 de octubre” y que, a pesar de ello, fueron tenidos en cuenta en el escrutinio, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 144 del C.E.
Al respecto, advierte la Sala que la entrega de pliegos electorales se rige por el artículo 144 ibídem (modificado por el art. 8º de la L. 62/88), que expresa:
“ART. 144.—Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el presidente del jurado, bajo recibo y con indicación del día y la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los registradores del Estado Civil o a los delegados de éstos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del registrador del Estado Civil.
Analizada la norma, advierte la Sala que regula los plazos a los cuales debe someterse la entrega de los documentos electorales en diferentes eventos, a saber:
1. En las mesas de votación de la cabecera municipal, hasta las 11:00 p.m., del día de las elecciones para la entrega que hace el presidente del jurado de votación al registrador o su delegado.
2. En las mesas de votación de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, así: i) Hasta las 11:00 p.m., del día de las elecciones para la entrega que hace el presidente del jurado de votación al delegado del registrador; y ii) Dentro del término que fije el Registrador Nacional del Estado Civil para la entrega que hace el delegado del registrador a los claveros(13).
Si bien el numeral 7º del artículo 192 del Cód. Electoral, establece como causal de reclamación el hecho de que “los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente”, sin especificar quién es el funcionario que debe entregarlos, el tiempo u oportunidad en que debe hacerlo ni el funcionario que debe recibirlos, su interpretación sistemática con el artículo 144 ibídem lleva a sostener que pese a ser causal de reclamación la inoportuna entrega de documentos electorales por parte de los delegados del Registrador a los claveros en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, no está prevista como tal la entrega tardía de pliegos electorales por parte de los registradores a los claveros, en las cabeceras municipales.
Al efecto la jurisprudencia de la Sección sostuvo en reciente pronunciamiento:
“Examinada en su integridad, la norma regula los plazos a los cuales debe someterse la entrega de los pliegos electorales en distintos eventos, así:
1. En las mesas de votación de la cabecera municipal, hasta las once de la noche del día de las elecciones para la entrega que hace el presidente del jurado de votación al Registrador el Estado Civil o al delegado de éste (...).
2. En las mesas de votación de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales:
2.1. Hasta las once de la noche del día de las elecciones para la entrega que hace el presidente del jurado de votación al respectivo delegado del Registrador del Estado Civil (...).
2.2. Dentro del término que fije el Registrador Nacional del Estado Civil para la entrega que hace el Delegado del Registrador del Estado Civil a los claveros (...).
Nótese que en relación con los pliegos electorales de la mesa de votación de la cabecera municipal no fue previsto plazo alguno para su entrega a los claveros, esto es, a las autoridades encargadas de introducirlos en el arca de tres cerraduras destinada a la custodia de los documentos electorales que serán objeto de escrutinio (...)”(14).
Por lo anterior, es dable concluir que no existe razón alguna para que se hubieran excluido las señaladas mesas de votación del cómputo de votos y de los escrutinios realizados por la respectiva Corporación Escrutadora, pues no se presentó la situación prevista en el numeral 7º del artículo 192 del C.E., esto porque la extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales atinente a las cabeceras municipales por parte de los Registradores a los claveros, no se erigió en causal de reclamación, aun cuando sí acarrea sanciones para los claveros, según lo establece el artículo 150 ibídem, en los siguientes términos: “El incumplimiento de los deberes de clavero, es causal de mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo”.
Es decir, de una u otra forma la presunción de legalidad de los actos acusados sale indemne del examen de legalidad, tanto porque el rechazo por extemporaneidad se ajustó a la ley, como porque la situación fáctica invocada para lograr la exclusión de las mesas de votación no tiene la calidad de causal de reclamación.
4. Proceso 2012-00030 de Blanca Rosa Fernández Guerrero.
La Sala, en atención a que el tribunal a quo afirmó que la entrega extemporánea de documentos electorales es una circunstancia que debe agotar requisito de procedibilidad(15), realizará las siguientes precisiones para demostrar que ello no es así.
Dicho requisito se implementó con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 14 de julio de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional un parágrafo con el siguiente contenido:
“Para ejercer el Contencioso Electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral” (la Sala impone negrillas).
Se trata, entonces, de un requisito previsto para las demandas de nulidad contra elecciones por voto popular, cuyo fundamento corresponda a causales de nulidad surgidas de irregularidades con presencia durante las votaciones o los escrutinios, es decir, que el constituyente delimitó su exigibilidad únicamente para los fenómenos que configuran causales de nulidad electoral, como por ejemplo es el caso de la falsedad o apocrificidad contemplada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo., modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, como ya lo sostuvo esta Sección en fallo reciente:
“Respecto a su objeto dirá la Sala que el requisito de procedibilidad únicamente puede ocuparse de irregularidades constitutivas de causales o motivos de nulidad existentes en el proceso de votación y en el escrutinio, es decir, de todos aquellos fenómenos suscitados durante el curso de la jornada electoral o al realizarse los escrutinios, concernientes entre otras, a falsedades en los registros electorales”(16).
A contrario sensu, las causales de reclamación, cuyo listado se observa en el artículo 192 del Código Electoral, no son actualmente causales de nulidad, categoría que perdieron desde la expedición de la Ley 62 de 1988. Por ello, no pueden invocarse directamente en el proceso electoral, pero sí pueden conocerse en ese escenario a través de demandar la legalidad presunta de los actos administrativos proferidos al respecto por las autoridades electorales, como así lo precisó la jurisprudencia:
“si los motivos que originan la nulidad de las actas de escrutinio son taxativos y las causales de reclamación no han sido consagradas como tales, éstas no podrán alegarse de manera extensiva en el proceso contencioso electoral sino que deben discutirse en la instancia administrativa electoral. Por lo tanto, las reclamaciones sólo pueden ser discutidas en sede judicial cuando se demandan las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de aquellas”(17).
La Sala infiere de lo anterior, que el requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 01 de 2009 opera tan solo frente a irregularidades en la votación y los escrutinios que tengan la calidad de causales de nulidad, más no en cuanto a irregularidades constitutivas de causales de reclamación, cuyo régimen está dado por el Código Electoral. Por lo mismo, en lo atinente a la entrega extemporánea de pliegos electorales, que corresponde a la causal de reclamación del numeral 7º del artículo 192 del Código Electoral., modificado por el artículo 15 de la Ley 62 de 1988, no se debe agotar el mencionado requisito constitucional.
4.2. Excepción de fondo de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
La accionante narra queen las mesas de votación de los Puestos 03, 04 y 05 de la zona 02 sufragaron personas que no residen en el municipio de Ciénaga ni desarrollan actividad en éste, sino que por el contrario, provienen de otros municipios, es decir, son “trashumantes electorales”, inscritos en el censo electoral con la única finalidad de votar en detrimento de la mayoría residente en esa localidad; y que de igual modo “se presentaron importantes supalantaciones (sic)”, que alteraron la verdadera voluntad popular.
Adicionalmente expresa que en las mesas de votación de los puestos 03, 04 y 05 de la zona 02 sufragaron personas bajo la modalidad de “carrusel”, por lo que en dichos puestos de votación figuran tarjetones falsos o apócrifos, hechos que generan la nulidad de la elección y la exclusión de las mesas.
El tribunal en la sentencia apelada declaró probada en forma parcial la excepción de “ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad en relación con las censuras de trashumancia electoral y suplantación del elector” con fundamento en que “...no se acreditó probatoriamente que tales irregularidades fueren objeto de examen en vía administrativa por parte de la autoridad electoral”.
De lo planteado por la accionante en la demanda, la Sala advierte que por virtud del requisito de procedibilidad implementado con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, la demanda de nulidad electoral, que se funde en irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, debe acreditar que esas anomalías fueron sometidas a examen de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE, antes de producirse la declaratoria de elección(18); es decir, los defectos que se consideran adolece el proceso electoral deben ponerse en conocimiento de las mencionadas autoridades con la finalidad de agotar el requisito de procedibilidad.
Una vez realizada la anterior acotación, observa la Sala que de la demanda y de las peticiones allegadas al proceso para acreditar la satisfacción de ese requisito constitucional, no existe prueba sobre la presentación de solicitud ante las autoridades electorales, o de decisiones sobre los hechos que glosa, como tampoco se observa pronunciamiento alguno en razón de solicitud que configure causal de nulidad, lo que no permite abordar el fondo de la discusión planteada en esta acción.
Además, anota la Sala que, el ejercicio del derecho de acción impone a los demandantes el cumplimento de ciertos requisitos procesales de la demanda, los que se encuentran enlistados en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, y de los cuales se pueden destacar los siguientes: i) la concreción de los aspectos fácticos que sirven de sustento a las censuras; ii) las normas que se estiman transgredidas y el porqué de tales vulneraciones; y, iii) el señalamiento concreto de las irregularidades o vicios que afectan el acto que declara una elección.
De igual forma, el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, consagra causales específicas de nulidad, cuya proposición no se agota con el señalamiento de la posible inconsistencia, es decir, no basta alegar que se ha producido un fraude generalizado, sino que es necesario concretar la forma como aquel tuvo ocurrencia y solicitar o aportar las pruebas que lo acrediten, pues el juez no puede en el devenir procesal suplir las falencias de las partes, tanto en la formulación de los cargos como en materia probatoria, y realizar un estudio oficioso integral en la sentencia sobre cargos que se formularon de manera general e imprecisa. La Sala ha dicho al respecto que:
“El ejercicio del derecho de acción impone a los demandantes el cumplimiento de ciertos requisitos procesales previstos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, entre los que se destacan: la concreción de los aspectos fácticos relevantes que sirven de sustento a las censuras, la prueba de los mismos, la precisión de las normas que se estiman transgredidas por el acto impugnado y el porqué de dichas vulneraciones, así como la formulación de los cargos mediante el señalamiento concreto y detenido de las irregularidades o vicios que afectan el acto mediante el cual se declara una elección; por consiguiente, quien alega la ilegalidad de un acto administrativo electoral le corresponde la carga procesal de concretar y determinar con la debida precisión las censuras jurídicas y fácticas que fundamentan el ataque para desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara.
Las censuras que contra la legalidad de un acto administrativo se plantean en la demanda fijan el marco de la litis para que el demandado ejerza su derecho de defensa y delimitan la función falladora del juez”(19) (negrillas de la Sala).
Así, la demanda de nulidad electoral, fundada en causales objetivas como las señaladas por la accionante de trashumancia electoral, suplantación del elector y “carrusel”, no admiten acusaciones vagas, generalizadas u omnicomprensivas, en la medida que sobre el actor pesa el principio de la justicia rogada, y por lo mismo, la carga de presentarle al juez de lo electoral, con la debida precisión, la forma en que esos fenómenos ocurrieron.
Sin embargo, en la demanda no se hace ninguna precisión sobre esos fenómenos, pues sólo con los alegatos de conclusión determinó la identidad de los supuestos trashumantes, datos que no son de recibo porque la determinación debió hacerla desde la presentación de la demanda o desde la corrección, siempre que aún no se hubiere configurado la caducidad de la acción.
En cuanto a la suplantación de electores la accionante se limitó a manifestar que “...de igual modo se presentaron importantes supalantaciones (sic), que junto a lo anterior [refiriéndose a la trashumancia electoral] alteraron la verdadera voluntad popular...”., pero no hizo la menor precisión al respecto, dado que no se individualizó un solo caso.
Y, finalmente sobre el “carrusel” indicó que “en las mesas de votación de los puestos 03, 04 y 05 de la zona 02 sufragaron personas bajo la modalidad de ‘carrusel’, por lo que en dichos puestos de votación figuran tarjetones falsos o apócrifos, hechos que generan la nulidad de la elección y la exclusión de las mesas”, acusación que es vaga e imprecisa porque no se identificaron los votantes que participaron en esa conducta, ni las mesas de votación en donde ello ocurrió.
En consecuencia, la excepción de Inepta Demanda por Falta de Agotamiento del Requisito de Procedibilidad se encuentra probada frente a los cargos de trashumancia electoral, suplantación electoral y “carrusel”, más no sobre el cargo concerniente a la entrega extemporánea de pliegos electorales pues como se indicó en precedencia, el mencionado requisito no era de obligatorio agotamiento, y en ese sentido se confirmará la sentencia impugnada.
4.3. Excepción de oficio de inepta demanda por proposición jurídica incompleta y falta de concepto de violación.
La señora Blanca Rosa Fernández Guerrero, actuando por intermedio de apoderado judicial, demandó la nulidad del acto de elección del alcalde municipal de Ciénaga – Magdalena y pidió la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución 5 de 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelven unas apelaciones interpuestas en contra de decisiones tomadas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga”, proferida por la Comisión escrutadora municipal de Ciénaga, referida a las mesas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 zona 02, puesto 03,que decidió:
“Confirmar en todas sus partes las resoluciones 02, 06, 07 y 09, expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar de la Zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número tres (03) de la misma”(20).
2. Resolución 6 de 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelven unas apelaciones interpuestas en contra de decisiones tomadas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga”, proferida por la comisión escrutadora municipal de Ciénaga, referente a las mesas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Zona 02, puesto 04; en la que se decidió:
“1. Revocar en todas sus partes las Resoluciones números 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075 y 078, expedidas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número cuatro (04) de la misma.
2. Como consecuencia de la anterior determinación, excluir del cómputo general de votos del municipio de Ciénaga, las referenciadas mesas números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 19, salvo las mesas números 13 y 17, pertenecientes al puesto número cuatro (04) de la Zona dos (02)”(21).
3. Resolución 7 de 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelven unas apelaciones interpuestas en contra de decisiones tomadas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga”, proferida por la comisión escrutadora municipal de Ciénaga, referente a las mesas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13, zona 02, puesto 05; que decidió:
“1. Confirmar en todas sus partes las resoluciones 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104, expedidas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número cinco (05) de la misma”(22).
4. Resolución 51 de 21 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación de Ciénaga (Magdalena)” proferida por la comisión escrutadora departamental del Magdalena, referente a los puestos de votación 02, 03, 04, 05 y 06 de la Zona 02; en la que se decidió:
“ART. 1º—Confirmar la Resolución 11 del 19 de noviembre de 2011, por medio de la cual la comisión escrutadora municipal de Ciénaga (Magdalena), rechazó por extemporánea las solicitudes de exclusión del puesto de votación número uno (01) Institución Educativa San Juan del Córdoba, el puesto número dos (02) Institución Educativa Virginia Gómez, el puesto número tres (03) Institución Educativa Enoc Mendoza, el puesto número cuatro (04) Institución Educativa Liceo Moderno del Sur, el puesto número cinco (05) Escuela Quince de Niñas, el puesto número seis (06) Institución Educativa Manuel J. del Castillo, de la referenciada zona, al igual que las reclamaciones, presentadas por el doctor Camilo José David Hoyos, quien actúa como apoderado del candidato a la Alcaldía Tito II Velásquez Becerra; la de Carlos Calderón, la presentada por el doctor Hernando José Escobar Medina, la presentada por Katherine Movilla Ariza y Jorge Mario Henríquez Dávila. (...)”(23).
5. Resolución 52 de 21 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelven unos recursos de apelación del municipio de Ciénaga (Magdalena)”, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena, referente a las mesas 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 Zona 02, puesto 02; puesto 01 de la zona 02; y mesas 01, 05, 06 y 07 Zona 02, puesto 06; en la que se decidió:
“ART. 1º—Confirmar la Resolución 12 del 19 de noviembre de 2011, por medio de la cual la Comisión Escrutadora municipal de Ciénaga (Magdalena), decidió excluir mesas (sic) Nº 4 y Nº 5 del puesto dos (02), zona dos (02). Institución Educativa Virginia Gómez, y declaró la improcedencia de exclusión de las mesas la Nº 1, la Nº 3, la Nº 6, la Nº 7, la Nº 8, la Nº 9, la Nº 10, la Nº 11, la Nº 13, la Nº 14, la Nº 15, la Nº 16, la Nº 17, la Nº 18 y la Nº 19; de igual manera para el caso del puesto uno (01) de la zona dos (02) Institución Educativa San Juan del Córdoba, al puesto seis (06) de la zona dos (02) Institución Educativa Manuel J. del Castillo, que registra para la mesa Nº 1 y I (sic) Nº 5, la Nº 6 y la Nº 7. (...) ART. 3º—como consecuencia de lo anterior se ordena declarar la elección de alcalde, concejo y JAL del municipio de Ciénaga (Magdalena)”(24).
6. Resolución 53 de 21 de noviembre de 2011, proferida por la comisión escrutadora departamental(25).
La Sala advierte que para el ejercicio de la acción electoral, por cualquiera de las causales establecidas en la ley, la demanda, en principio, debe dirigirse contra el acto de elección o nombramiento (CCA, art. 229). Sin embargo, también ha precisado en jurisprudencia uniforme(26) la obligación de demandar otros actos dictados en el curso del proceso administrativo electoral, cuando contienen decisiones administrativas que finiquitan una actuación accesoria o incidental, como aquellos que resuelven sobre reclamaciones electorales o últimamente, y por razón de la enmienda contenida en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, los actos que deciden definitivamente sobre irregularidades constitutivas de nulidad.
Empero, cuando resulta imperativo impugnar actos distintos al de elección, como así lo permite el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, al decir que también pueden demandarse “las resoluciones de [las] corporaciones electorales”, respecto de éstos debe formularse una acusación formal, precisando qué normas violaron y el sentido de la violación, como lo impone el numeral 4º del artículo 137 ibídem. Pero igual de importante es que al pretender la nulidad de los actos administrativos, se haga con sujeción a lo dispuesto en el artículo 138 ejusdem, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989, en la parte que señala:
“Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”. (negrillas de la Sala)
El deber de impugnar en la misma demanda tanto el acto inicial, como el que lo modifica o reforma, se explica en el hecho de que los dos actos conforman una unidad jurídica en la medida que el uno no tiene identidad jurídica sin el otro, y en que de admitirse el juicio aislado de la legalidad de uno de tales actos, la decisión jurisdiccional que al efecto se emita sería inoponible tanto frente al otro acto como respecto de la autoridad que lo haya expedido.
La anterior situación, que se conoce como proposición jurídica incompleta, ha sido considerada por la jurisprudencia de esta Sección como circunstancia que impide desarrollar el juicio de legalidad de los actos demandados, como así lo pone de presente el siguiente pronunciamiento:
“Si bien el actor en cumplimiento de la orden (sic) corrección de la demanda, presentó súplicas de nulidad contra la Resolución 1422, tal circunstancia no permite adelantar el estudio de las irregularidades de las que se ocupó la Organización Nacional Electoral en ejercicio de la facultad de revisión (las resueltas en el acto 1422 ni aquellas cuya resolución fue recurrida en reposición), no sólo porque en la demanda no se formularon cargos jurídicos de violación contra el acto 1422, sino además, porque en ésta ni en su corrección se impetró la nulidad de la Resolución 1491 de 2010; actuación que resultaba imperiosa habida cuenta del contenido normativo del artículo 139 (sic) del Código Contencioso Administrativo - aplicable en el trámite de la acción electoral por virtud del mandato del artículo 251 “A” (sobre vacíos en el proceso con arreglo al cual se tramitan las pretensiones electorales), que prevé: “Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen..”. destaca fuera del texto. Recuérdese que la Resolución 1491 confirmó la 1422, salvo en lo que corresponde a la mesa 007 del puesto 00 de la zona 00 del municipio de Villacaro”(27).
Así las cosas, de lo argüido hasta el momento, del petitum de la demanda, y del acervo probatorio obrante en el expediente, surge evidente que la parte demandante no integró correctamente la proposición jurídica, pues omitió demandar varios actos administrativos que se integran jurídicamente con los que enlistó en las pretensiones.
En efecto, de los actos demandados y aportados al plenario, se tiene:
1. Que la Resolución 5 de 17 de noviembre de 2011, de la comisión escrutadora municipal de Ciénaga, resolvió “Confirmar en todas sus partes las resoluciones 02, 06, 07 y 09, expedidas por la comisión escrutadora auxiliar de la zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número tres (03) de la misma”. Así, las resoluciones objeto de apelación ante la comisión escrutadora municipal de Ciénaga, esto es, las números 02, 06, 07 y 09 expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar de la zona 02, no fueron demandadas por la accionante.
2. Que la Resolución 06 de 17 de noviembre de 2011, proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de Ciénaga, decidió “Revocar en todas sus partes las Resoluciones números 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075 y 078, expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar de la Zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número cuatro (04) de la misma”.. Sin embargo, ninguna de las anteriores resoluciones se demandó, sin que se pueda considerarse que la Resolución 52 de 21 de noviembre de 2011, citada en el petitum de la demanda, corresponde a la mencionada por la Resolución 06, dado que aquélla fue proferida por la Comisión Escrutadora Auxiliar de la Zona 02, mientras que ésta la expidió, según la demandante, la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena.
3. Que la Resolución 07 de 17 de noviembre de 2011, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Ciénaga, resolvió “Confirmar en todas sus partes las Resoluciones números 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104, expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar de la Zona número dos (02) del municipio de Ciénaga y referidas al puesto número cinco (05) de la misma”. Empero, en el capítulo de pretensiones no se impugnó ninguno de esos actos.
4. Que la Resolución 51 de 21 de noviembre de 2011, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena, confirmólaResolución 11 de 19 de noviembre de 2011de la Comisión Escrutadora Municipal de Ciénaga,que tampoco fue demandada por la accionante.
5. Que la Resolución 52 de 21 de noviembre de 2011, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena, confirmóla Resolución 12 del 19 de noviembre de 2011 de la Comisión Escrutadora municipal de Ciénaga, que tampoco fue demandada.
6. Y, finalmente, que la Resolución 53 de 21 de noviembre de 2011, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena, no fue aportada al plenario y por tanto no es posible realizar un estudio de su contenido.
La Sala considera, como ya lo anunció, que la falta de integración del petitum genera ineptitud sustantiva de la demanda, que en términos procesales implica que el operador jurídico no puede asumir el fondo del asunto ante la carencia del cumplimiento del requisito de forma de formulación de la proposición jurídica completa, que constituye la unidad del acto administrativo.
Además de lo anterior y examinado el concepto de violación indicado en la demanda, se tiene que la accionante no formuló un cargo jurídico de nulidad concreto contra los actos administrativos demandados.
Ello es así, porque no alegó, de manera específica, es decir, respecto de cada acto, defectos en la forma como las comisiones escrutadora municipal y departamental resolvieron las reclamaciones, sino que se limitó a copiar el texto literal de los artículos 84 y 223 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 316 de la Constitución Política y apartes de la Sentencia T-654 de 2009 de la Corte Constitucional. Por lo demás, únicamente dijo que se contrariaron los artículos 254 y 255 del Código de Procedimiento Civil, porque la comisión escrutadora municipal de Ciénaga le dio valor probatorio a las copias informales de los formularios E-17 de los puestos 03, 04, y 05 de la zona 02.
Dicho en otras palabras NO hizo una acusación concreta contra cada acto considerando las particularidades de su expedición, con lo que incumplió la carga aludida en la jurisprudencia de la Sala según la cual:
“Es deber de la parte demandante señalar las normas violadas y explicar el concepto de su violación, pero esta carga procesal no se satisface con una somera y generalizada explicación sobre las posibles causas de la nulidad del acto, sino que requiere de gran esmero en su planteamiento, en el que se le otorguen al juez argumentos suficientes y contundentes que permitan desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las decisiones administrativas”(28).
En suma, a pesar de que la demandante formuló pretensiones de anulación contra actos que asumieron decisiones, no observó el deber de configurar la proposición jurídica completa, ni presentó cargos jurídicos de violación con apoyo en las causales de nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, debido a que los actos acusados se integran con otros que no fueron involucrados en la pretensiones de la demanda, y porque la demanda no presenta un concepto de violación frente a la totalidad de los actos impugnados, ni mucho menos con respecto a cada uno de ellos.
Tales circunstancias conllevan a la ineptitud formal de la demanda por proposición jurídica incompleta y ausencia de concepto de violación, que se declararán de oficio y generará la inhibición de la Sala para pronunciarse.
Según lo expuesto en precedencia, hay lugar a confirmar el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo impugnado, con la precisión que la excepción de Ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, cobija además de la trashumancia y la suplantación de electores, el fenómeno del “carrusel”.
En cambio, se modificará el numeral 2º de la parte resolutiva del fallo censurado, en el sentido de adoptar las siguientes decisiones: i) Denegar las pretensiones de la demanda interpuesta por Hernando José Escobar Medina (Exp. 201200027), porque la exclusión de mesas de votación por entrega extemporánea del registrador del estado civil al clavero, en la cabecera municipal, no se formuló ante la comisión escrutadora competente, esto es la comisión escrutadora auxiliar de la zona 02, y porque esa circunstancia no está contemplada como causal de reclamación en el numeral 7º del artículo 192 del C.E.; y ii) Declarar de oficio la excepción de Inepta Demanda por Proposición Jurídica Incompleta y por Ausencia de Concepto de Violación, en cuanto a la demanda presentada por Blanca Rosa Fernández Guerrero (Exp. 201200030), en la que por lo mismo se dictará fallo inhibitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1. CONFIRMAR el numeral primero (1º) de laparte resolutiva de la sentencia de 15 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena, con las precisiones hechas en la parte motiva.
2. MODIFICAR el numeral segundo (2º) dela sentencia de 15 de agosto de 2012, el cual queda en estos términos:
i) DENEGAR las súplicas de la demanda formulada por el señor Hernando José Escobar Medina, radicada bajo el número 201200027.
ii) DECLARAR DE OFICIO la excepción de Inepta Demanda por Proposición Jurídica Incompleta y por Ausencia de Concepto de Violación, en cuanto a la demanda presentada por la señora Blanca Rosa Fernández Guerrero, radicada con el número 201200030. Por tanto, la Sala emite FALLO INHIBITORIOal respecto.
(3) Folio 13 cuaderno principal y 97 cuaderno 3.
(4) Folios 111 y 112 cuaderno 3.
(5) Folios 91 a 93 cuaderno 3.
(6) Folios 113 y 114 cuaderno 3.
(7) Folios 92 a 94 cuaderno principal.
(8) Folio 30 cuaderno 3.
(9) C.P. Darío Quiñones Pinilla. Radicación 2003-01806. Actor: Héctor Guillermo Enríquez miranda. Demandado: Alcalde del municipio de Ipiales.
(10) Consejo de Estado, Sección Quinta. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Sentencia de 22 de marzo de 2007, expedientes: 110010328000200600067/200600071./200600072/200600073/200600075/200600076-00. Radicación Interna 4001, 4005, 4006, 4007, 4009 y 4010. Demandantes: Luís Oscar Rodríguez Ortiz y otros. Demandados: Representantes a la cámara por el departamento de Cundinamarca.
(11) Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 1º de julio de 1999, expediente 2234. M.P. Mario Alario Méndez.
(12) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de septiembre 8 de 2005. Expediente: 3644. Actor: Héctor Guillermo Enríquez Miranda. Demandado: Alcalde de Ipiales. C.P. Darío Quiñones Pinilla.
(13) Aunque la ley no tiene previsto un término para la práctica de esta entrega, el Decreto 1010 de 2000, que establece la estructura y funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señala en el numeral 13 del artículo 36, que corresponde al Director de Gestión Electoral la función de elaborar las resoluciones que fijen los términos para la entrega de documentos electorales.
(14) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 8 de mayo de 2009. Expediente: 0124. Demandado: Alcalde de Quibdó. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(15) Al referirse a la extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales el tribunal sostuvo que de no haberse presentado la reclamación “...no permitiría inferir el no acatamiento del requisito de procedibilidad, habida cuenta de que la única exigencia lo viene a ser el que cualesquier ciudadano la(s) ponga en conocimiento ante la autoridad electoral, como en efecto así acaeció”.
(16) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 25 de agosto de 2011. Expedientes: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá. C.P. (E) Susana Buitrago Valencia.
(17) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 14 de diciembre de 2001. Expediente: 0505900000000200001346-01 (2765). Demandante: César Hincapié Silva y otro. Demandados: Concejales de Armenia. C.P. Darío Quiñones Pinilla.
(18) Consejo de Estado, Sección Quinta. C.P. (E): Susana Buitrago Valencia. 25 de agosto de 2011. Expedientes: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá.
(19) Fallo de mayo 6 de 2010. Expediente: 050012331000200703351-01. Actor: Darío de Jesús Preciado Zapata y otro. Demandado: Alcalde Municipal de Bello.
(20) Folios 144 a 149 cuaderno principal.
(21) Folios 150 a 153 cuaderno principal.
(22) Folios 154 a 157 cuaderno principal.
(23) Folios 92 a 94 cuaderno principal.
(24) Folios 95 a 99 cuaderno principal.
(25) Como la parte actora no aportó copia de este acto administrativo, no es posible hacer una descripción más precisa de su contenido.
(26) Ver entre otras las sentencias dictadas en los expedientes radicados con los números 11001-03-28-000-2006-00122/114/120/121/123/124/125/126/136 y 138, demandantes: Clara Eugenia López Obregón y otros, demandados: Representantes a la Cámara por Bogotá Distrito Capital, o 11001-03-28-000-2010-00045-00; 11001-03-28-000-2010-00046-00, demandante: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro, demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá.
(27) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 29 de agosto de 2012. Expedientes acumulados: 11001032800000050-00 y 11001032800000051-00. Actor: José Antonio Quintero Jaimes y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por Norte de Santander. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(28) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 29 de agosto de 2012. Expedientes acumulados: 11001032800000050-00 y 11001032800000051-00. Actor: José Antonio Quintero Jaimes y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por Norte de Santander. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

References: artículo 129
 artículo 37
 artículo 13
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 192
 artículo 12
 artículo 122
 artículo 160
 artículo 193
 artículo 192
 artículo 193
 artículo 166
 artículo 172
 artículo 166
 artículo 192
 artículo 144
 artículo 144
 artículo 192
 artículo 144
 artículo 192
 artículo 150
 artículo 8
 artículo 237
 artículo 223
 artículo 17
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 137
 artículo 223
 artículo 137
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 Resolución 
 artículo 8
 artículo 227
 artículo 137
 artículo 138
 artículo 24
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 139
 artículo 251
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 316
 artículo 84
 artículo 192
 artículo 36