Source: http://aliriouribe.com/2016/11/29/visita-verificacion-hechos-los-resultaron-muertos-dos-guerrilleros-del-frente-37-las-farc-ep-tercero-fue-detenido-ejercito/
Timestamp: 2018-02-25 23:45:04+00:00

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Visita de verificación de hechos en los que resultaron muertos dos guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP y un tercero fue detenido por el Ejército. – Alirio Uribe
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noviembre 29, 2016 Alirio UribeDenuncias
INFORME VISITA VERIFICACIÓN A VEREDA EL GOLFO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA (SUR DE BOLÍVAR)
Los días 19 y 20 se desplazó a la Vereda el Golfo (municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar) una comisión formada por miembros de La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) con el fin de recoger información y verificar los hechos ocurridos el domingo 13 de noviembre de 2016 en la zona conocida como “la Y”, de dicha vereda, en los que resultaron muertos dos guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP y un tercero fue detenido por el Ejército.
En la visita se recogió información de los testigos presenciales de los hechos, así como de la Junta de Acción Comunal; igualmente se mantuvieron reuniones con el Sargento Hugo Rojas de la Policía Nacional y con Jorge Luis Romero García, Personero municipal de Santa Rosa. El día 20, durante la reunión con el Sargento Rojas, éste se comunicó con el Teniente Coronel Calderón del Batallón 48, para proponerle una reunión con la comisión, pero éste afirmó que no estaba en el municipio y que, además, no tenía autorización para hablar de ese tema.
2. Informe de los hechos
El día domingo 13 de noviembre, sobre las 9:30 am llegaron al lugar conocido como “la Y”, de la vereda el Golfo, en el municipio de Santa Rosa (Sur de Bolívar), los guerrilleros del Frente de las FARC-EP conocidos como “la Mona” y “Joaco”, además de un tercero cuyo alias se desconoce. Al llegar al lugar portaban una libra de café y solicitaron a una de las personas que lleva uno de los negocios del lugar poder hacer tinto. Permanecieron en el lugar toda la mañana, haciendo llamadas telefónicas y tomando tinto; también se vieron con una persona que llegó al lugar sobre las 12 am. Los guerrilleros iban vestidos de civil y no se les veían las armas, portaban también sendos bolsitos pequeños; de acuerdo al Protocolo del 13 de octubre no está permitida la presencia armada y uniformada de los guerrilleros en puntos diferentes a los PPT, sin previa coordinación con el MM&V; se cumplía el segundo condicionante (estaban vestidos de civil), aunque no el primero (estar desarmados), no obstante las armas que portaban, eran de corto alcance, y no se veía; de acuerdo a lo establecido en el protocolo también es necesario determinar si existía una coordinación previa con el MM&V, pues en caso contrario, se estaría infringiendo el Protocolo.
A la 1:30 pm, “Joaco” y “la Mona” se retiraron un poco de las viviendas que hay en el lugar, para coger señal telefónica a unos 30m de éstas. “Joaco” estaba hablando por el celular y “la Mona” estaba a dos metros de él. En ese momento, “Joaco” recibió dos disparos que se escucharon levemente; cuando “la Mona” se acercó a él para ver qué había pasado, levantó las manos en señal de que no iba a reaccionar y recibió otro disparo (esto es constitutivo a la luz del Derecho Internacional Humanitario tipificado en el Código Penal Colombiano en su artículo 135 como homicidio en persona protegida; además, en virtud del protocolo del 13 de octubre entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, este hecho constituye una infracción de los compromisos del Gobierno nacional en lo referente a “Mantener la suspensión definitiva de las operaciones militares y los procedimientos policiales contra las estructuras de las FARC y las milicias que se encuentren cumpliendo el CFHBD” y ·proteger al personal que participa en el CFHBD”).
Además, al estar vestidos de civil, si los militares desconocían la identidad de los guerrilleros, el hecho constituye, una violación del principio de distinción; adicionalmente, se trata de hechos que violan los principios de proporcionalidad y necesidad militar, pues optaron por el mal mayor, en una situación de clara ventaja militar. Los disparos fueron realizados por un francotirador del Ejército desde una loma que se encontraba aproximadamente a 70m de donde estaban los guerrilleros. Tras los disparos, el francotirador apuntó a uno de los civiles (Ángel David Arroyo Martiniano, conocido como Poncheras), cuando éste salió a ver qué había pasado, gritándole “¿y usted qué gonorrea?, ¿también es uno de ellos?”, pero no llegó a dispararle. Los militares se hicieron visibles en ese momento, eran aproximadamente 15. A continuación tiraron unas ráfagas de fusil al aire (unos 20 disparos) con el fin de amedrentar a los presentes en el lugar y simular un combate.
Aquí se produce una infracción al principio de distinción en el DIH que consagra que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes, al igual que una infracción al Artículo 13 del Protocolo Adicional II (numeral 2) donde quedan prohibidos “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. Este hecho, puede entenderse también como una violación del Protocolo en lo referente a “No ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil”, dado que en el lugar se encontraban civiles, que se sintieron atemorizados y vieron el homicidio de los dos guerrilleros, incluidos menores de edad, lo que aumenta la gravedad de los hechos.
Junto con los militares estaba un señor uniformado y encapuchado; éste no tenía armas, solamente hacía señas y se mantuvo la mayor parte del tiempo en la loma desde la que dispararon; tenía una estatura de 1.75m aproximadamente y era delgado. Esta práctica coincide con las prácticas denunciadas por organizaciones sociales sobre desmovilizados que patrullan con el ejército, como el caso del nordeste antioqueño, y donde dichos desmovilizados señalan a la misma población civil, o inteligencia militar por la característica del territorio de tener población económicamente flotante.
En ese momento, el tercer guerrillero se encontraba en la otra curva, en dirección al casco urbano de la vereda, y tras esconder algo que llevaba, salió caminando hacia el lugar donde habían caído sus compañeros; fue entonces cuando los militares se percataron de su presencia y le dieron el alto. Inicialmente creyeron que era un campesino, pero el encapuchado les hizo un gesto y fue entonces cuando se lo llevaron para la loma; además, se dieron cuenta que llevaba una memoria colgada al cuello que contenía música “fariana”; tras ser identificado, los militares fueron a buscar el arma que éste había dejado escondida. Se lo llevaron hacia la loma y le dieron de comer. Nadie pudo hablar con él.
La captura del guerrillero, sin informar de su paradero ni dejar a la organización ponerse en contacto con él, en las condiciones de cese al fuego actual, constituye una violación de las reglas del CFHBD en lo referente a “Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte”, así como la negación de su obligación de “Proteger al personal que participa en el cese al fuego”. La comunicación con este guerrillero y su protección efectiva constituyen obligaciones del Gobierno nacional a fin, además, de garantizar que no se han producido otras infracciones al DIH, en el marco del Título II del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra en el sentido, por ejemplo, de las garantías contempladas en el Artículo 6 del Protocolo, que incluyen la garantía de que haya sido “informado sin demora de los detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado”, su presunción de inocencia, o que haya sido “obligado a declarar contra sí mismo, (o) a confesarse culpable”, del mismo modo, en materia de procedimiento penal colombiano, garantías y derechos de los capturados, estaba en la obligación de indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión, según lo consagrado en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal Colombiano.
Cuando se produjeron los disparos, había varios civiles cercanos a los guerrilleros; en las viviendas y comercios de “la Y”, se encontraba una pareja joven (G -menor de edad- y R) con su bebé de casi dos meses, otra pareja, el señor que maneja el comercio (A) y su hijo de 10 años, un arriero y otro menor de 8 años. El más cercano al lugar era el arriero que estaba aproximadamente a 25 metros, cargando una mula. Tras los hechos, los militares gritaron a la gente que no se moviera y que se echara al piso, acercándose a ellos después y pidiéndoles que permanecieran en un lugar visible. Al acercarse al lugar preguntaron a los presentes si conocían a los guerrilleros asesinados; como nadie respondió, uno de los militares refirió “si, esa es la Moña”. Más adelante, R se dirigió a los militares preguntándoles “¿por qué les disparan si están en diálogos de paz?” pero no le quisieron responder. Uno de los militares se disculpó con él y su esposa porque los hechos hubieran sucedido delante de ellos; después les hizo firmar a los que habían sido testigos un documento donde se decía que los habían tratado bien. Además, uno de los menores presentes en el momento de los hechos, según lo que nos manifestó, presenta afectaciones psicológicas (no puede dormir, no quiere alejarse de su padre, no quiere volver al lugar de los hechos); la presencia de tres menores en el momento de los hechos agrava la situación, al tratarse de personas vulnerables,
Varios habitantes de la vereda trataron de llegar al lugar de los hechos para saber qué había pasado, pero fueron retenidos lejos del lugar, sin alcanzar a ver lo que había sucedido, ni siendo informados por los militares. Al Presidente de la Junta de Acción Comunal (E) y la Secretaria de la JAC (S), que venían desde la vereda no los dejaron pasar hasta las 7:00 pm; también otro campesino (H), estaba llegando al lugar cuando sucedieron los hechos. Todos ellos fueron retenidos e identificados por el Ejército.
Los militares en ningún momento se identificaron con sus nombres ni referenciaron el batallón del que hacían parte. Sobre las cuatro de la tarde, llegaron dos helicópteros militares, que aterrizaron en la loma desde donde se había disparado a los guerrilleros; en éstos venían varias personas que se identificaron como Fiscalía, aunque llevaban uniformes de la Policía (después el Sargento Rojas señaló que éstos debían hacer parte de la PRODIC, cuerpo de investigación judicial de la Policía, pero que está adscrito al Ejército) y que tampoco se identificaron con más datos; este hecho generó confusión en la comunidad, que no saben si se trataba de Fiscalía o de Policía.En este caso se incumplieron los reglamentos sobre los uniformes de la Fuerza Pública “establecen que en los uniformes deben aparecer con claridad los nombres de los agentes, con lo cual se persigue que ellos sean identificables por los ciudadanos. Un buen ejemplo lo constituye la Resolución 2495 de 1997, mediante la cual el Director General de la Policía Nacional dictó el “Reglamento de Uniformes, Insignias, Distintivos y Condecoraciones para el personal de la Policía Nacional.” El artículo 1º del reglamento fija cuál es su propósito, así: ““Art. 1°. Objeto y alcance. El presente reglamento establece la clasificación, características, composición, descripción y uso de los uniformes , insignias, distintivos, condecoraciones y demás prendas para el personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, auxiliares bachilleres y regulares, alumnos de las escuelas de formación, personal civil y alumnos de los colegios de la Policía Nacional que reciban instrucción policial especial. // Los uniformes, insignias, distintivos y condecoraciones serán los dispuestos en el presente reglamento, su uso es obligatorio y exclusivo para el personal de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.”
Tras la llegada al lugar y la identificación de los cuerpos, los militares solicitaron al arriero que le prestara una mula para mover los cuerpos, pero éste se negó; después le pidieron a H, que también tenía mulas, que les prestara una para lo mismo, pero éste también se negó. “Usarlas para llevar muertos trae mala suerte”, nos dijo A. Los investigadores de la policía tomaron los datos de los presentes en el lugar (nombre, número de cédula y huella) y de los que fueron llegando. En el caso de A también lo fotografiaron.
Durante este tiempo en que los militares permanecieron en el lugar, el encapuchado llegó a bajar con ellos; casi no habló, excepto para dirigirse a uno de los presentes (H), primero por su sobrenombre y después por su nombre, para pedirle tabaco, a lo que H respondió que no tenía porque no fumaba. Otro de los soldados reconoció a este mismo campesino, diciéndole que hacía un mes había estado en ese mismo lugar durante tres días con la música y tomando. Los empadronamientos, fotografías y estos comentarios referentes a la población civil constituyen amenazas a la población civil, que vulneran el principio de inmunidad de ésta, y que, adicionalmente, violan el protocolo del 13 de octubre en lo referente a “Afectar los derechos y libertades de la población civil”.
Pasadas las 9:00 pm la mayoría de la comunidad que estaba en el lugar se fue retirando para sus casas; cuando el Presidente de la JAC se fue, los militares preguntaron a alguien que quién era éste y al ser identificado, un militar respondió “ah, ese es el que colabora con la guerrilla”. Más tarde, los militares se acercaron al casco urbano de la vereda y se movieron por el lugar; nadie pudo identificar si el encapuchado iba con ellos, debido a que era de noche (en la vereda no hay casi luz) y la gente estaba encerrada en sus casas tras lo que había sucedido.
Finalmente, sobre las 11:45 pm varios de los militares se fueron en uno de los helicópteros, donde también trasladaron los cuerpos y el detenido; se estableció que los tres portaban armas cortas. Sobre las 12:15 am despegó el otro helicóptero y se mantuvo sobrevolando la zona hasta las 12:30 am.
3. Preocupaciones de la comunidad
Como consecuencia de estos hechos, los pobladores de la vereda manifestaron una serie de preocupaciones que surgen principalmente de las distintas versiones de lo ocurrido que se han hecho públicas, así como de algunas de las actuaciones de los actores implicados.
• Posibles judicializaciones e incluso asesinatos a campesinos del sector: en el caso de A y de H, ya se han producido anteriormente acusaciones contra ellos por parte de la Fiscalía y otros actores armados (paramilitares) de colaboración con la guerrilla, aunque ninguna ha sido demostrada. En el caso de A, hace algo más de un año y medio tuvo que ser ingresado en el hospital porque le había mordido una culebra; en los días que estuvo ingresado, llegó la Fiscalía a recoger información y le dijeron que estaba acusado de ser guerrillero; sin embargo, después de eso no volvieron a comunicarse con él y se sacó un certificado de ausencia de antecedentes penal que lleva siempre con él (nos lo mostró). El hecho de que fuera encañonada el día de los hechos (13 de noviembre), empadronado y fotografiado, hace temer que pueda llegar a ser judicializado o que los grupos paramilitares que están en la región puedan atentar contra su humanidad.
H, por su parte, también ha sido señalado previamente como colaborador de la guerrilla, sin demostrarse tal acusación. En el año 2.000 los paramilitares se llevaron a su esposa y la asesinaron, acusándola de colaboradora; también hubo rumores de que iban contra él, pero no le pasó nada finalmente. El día de los hechos, el encapuchado se dirigió explícitamente a él por su nombre y los militares le dijeron también que lo habían visto en el lugar hacía un mes, lo que da cuenta de que le han dado seguimiento; de igual forma fue empadronado ese día. Por esos motivos también se teme que pueda ser judicializado.
Adicional a las acciones legales que pueden venirse contra ellos, también hay preocupaciones de que dicha información se pueda filtrar a grupos paramilitares y como consecuencia se produzca desapariciones forzadas y asesinatos.
• Represalias por parte del Ejército y la Policía: la comunidad y los testigos de los hechos temen que pueda haber represalias por parte de estos actores como consecuencia de las informaciones dadas por ellos acerca de lo sucedido que contradicen la versión hecha pública por el Ejército (no hubo combates, sabían la identidad de los guerrilleros, que su presencia la conocieron por la comunidad, etc.), así como de las dudas que expresaron acerca de la identidad de los policías que estuvieron presentes el día de los hechos. Actuaciones como la del día 13 de noviembre dan cuenta de que la Fuerza Pública sigue actuando bajo la lógica de la doctrina del enemigo interno. El comunicado hecho público por el Ejército, que fue desmentido en su práctica totalidad por la comunidad, fue reproducido por los medios de comunicación que añadieron imágenes en animación del presunto combate (inexistente) que no representan el escenario en el cual se efectuaron los hechos. (se pueden ver las imágenes en: http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/dos-presuntos-guerrilleros-las-farc-habrian-muerto-combates-bolivar). Esas noticias señalan a las comunidades y las estigmatizan al reproducir la versión del Ejército, dándole validez en su totalidad y sin corroborar la información desde las distintas fuentes.
• Reacciones por parte de otros actores presentes en la región: en la zona hacen presencia las FARC-EP y el ELN. El Ejército, al señalar que la presencia en la zona de los guerrilleros fue informada por parte de “la comunidad, la Red de Aliados para la Prosperidad y (…) los moradores de la región”, está señalando que en las comunidades hay colaboradores del Ejército. Esto supone un riesgo de que se puedan dar represalias por parte de los grupos armados contra quienes puedan ser sospechosos de esa colaboración, sin que llegue a comprobarse realmente; señalamientos como ese dan lugar a rumores que pueden poner en peligro a la comunidad.
• Riesgo de desplazamiento de las comunidades de la región, como consecuencia de lo referido anteriormente.
4. Reuniones con instituciones en la zona y otros elementos de contexto.
Teniendo en cuenta la complejidad del contexto de la región, nos parece importante mencionar algunos datos de contexto, que permiten enlazar estos hechos con otros sucedidos en esta zona. Al respecto, el informe publicado por AHERAMIGUA el día 18 de noviembre hace una recopilación de las mismas (el informe está disponible en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article20524).
Además de lo anterior, en las reuniones mantenidas con la Fuerza Pública, el Personero y la Junta de Acción comunal se obtuvieron también algunas informaciones adicionales.
El Sargento Rojas manifestó que no tenía mucha información al respecto y solamente sabía lo que había salido en los medios de comunicación, que “un francotirador dio de baja a dos militantes de la guerrilla”, ya que la zona rural está por fuera de la jurisdicción de la Policía Nacional. Por ese motivo, el Ejército no les comunicó nada de lo sucedido el domingo 13 de noviembre. Tras una conversación telefónica con el Teniente Coronel Calderón, nos informó de que éste no podía reunirse con la comisión y que ninguno estaba autorizado para dar información al respecto; por lo delicado del asunto, eso se manejaba desde el nivel central.
Respecto a la Personería, el Personero nos comunicó que la administración municipal no había hecho presencia en el lugar; él había tenido conocimiento de lo sucedido por llamadas de MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo. También informó de que al coronel del Batallón 48 lo habían sacado recientemente y mientras nombran al que lo sustituya, el Batallón está a cargo de la Fuerza de Tarea Marte. El domingo estaban en ferias en Santa Rosa y él vio sobrevolar un helicóptero por lo que supuso que había sucedido algo. Tampoco había recibido información por parte de miembros del Ejército, ya que estos son muy reservados con toda la información que manejan. Por eso, lo que él sabe acerca de los hechos coincide con la versión que conoce todo el mundo: que los guerrilleros estaban realizando una llamada telefónica y les dispararon.
Por la información que él maneja, sí han continuado los cobros de vacunas por parte de las insurgencias (señaló que “eso es lo único que puede ser cierto del comunicado del Ejército”); esta información también fue referida por la comunidad, aunque señalaron que ese día, los guerrilleros no estaban cobrando (este hecho también sería violatorio de las reglas del cese al fuego en “ejecutar actos de violencia y cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil”, “afectar a los derechos y libertades de la población civil” y “realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización”). De igual forma, el Personero se mostró preocupado por los señalamientos de que la comunidad había dado información al Ejército, por la situación de riesgo en que esto coloca a las comunidades (violación del Protocolo sobre el uso de lenguaje difamatorio y afectar los derechos y libertades de la población civil); además, él señaló que por lo que conoce el sector y las comunidades, él descarta que la información provenga de éstas; en la región la gente es muy desconfiada de la Fuerza Pública por las experiencias que han tenido. Agregó que él no tiene ninguna información sobre la “Red de Aliados para la Prosperidad” mencionada en el comunicado del Ejército (nunca lo había escuchado previamente), pero sabe que en la zona se realizan actividades de inteligencia militar, siendo esto sencillo por la llegada constante de personas de fuera y comerciantes.
Partiendo de los hechos preocupantes que transcurrieron en la vereda y de las inquietudes que han manifestado los pobladores, se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Es urgente que el mecanismo de monitoreo y verificación (MM&V) del cese al fuego bilateral se desplace a la zona para verificar los hechos en terreno, con los testimonios de la comunidad, pues según la información recolectada se trata de un hecho profundamente grave que pone en peligro el proceso; la verificación por parte del MM&V puede contribuir a llegar a acuerdos tanto a nivel local como nacional encaminadas a la no repetición de los acontecimientos, lo que fortalecería la confianza y la implementación de los Acuerdos de La Habana. Se recomienda que se informe a la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal con al menos 2 días de antelación para que la comunidad pueda estar presente en la visita.
2. Aunque la organización de base con la comisión de derechos humanos de Marcha ha realizado las interlocuciones respectivas con las instituciones, creemos que se debe presionar para que estas hagan presencia en el territorio y evalúen de manera conjunta los factores de riesgo de desplazamiento de la comunidad.
3. Se solicita la rectificación de la información suministrada por el Ejército a medios de comunicación masivos en la cual la comunidad de la vereda es presentada como denunciante de los cobros de vacunas que supuestamente antecedieron lo ocurrido el 13 de noviembre y por los cuales se adelantaron las acciones aquí descritas. Cómo se había mencionado antes, la versión presentada por el Ejército ha sido recogida por varios medios de comunicación, lo cual genera una impresión errónea de los hechos en todo el país y compromete a la comunidad que manifiesta que no quiere hacer parte del conflicto. Se resalta que la presencia del Estado en estas zonas es requerida para garantizar los derechos fundamentales de la población, pero no debe resultar en desinformación que pone en peligro a los pobladores.
En concreto Aheramigua solicito al gobierno nacional que tras esta experiencia se abstenga de difundir información sin corroborar y verificar, ya que los medios de comunicación difunden la información oficial que en el transcurso de las primeras horas tiende a tergiversar, de acuerdo a los protocolos.
4. Que se esclarezca si son inteligencia civil o desmovilizados quienes patrullan con el ejército y se establezca las razones por las que el Ejército Nacional está patrullando con estos quienes están señalando a las comunidades, que cubren sus rostros en aras de no poder ser identificados y se tomen las medidas necesarias para que estás prácticas no se presenten al interior de los territorios.
5. Es urgente que se aclare el paradero del guerrillero detenido, garantizando su derecho de defensa y el acceso a un abogado de su elección. Hasta el momento no se ha podido establecer contacto con él. El MM&V debe también poder reunirse con él para conocer su versión de los hechos.
6. Se debe aclarar públicamente los términos del cese al fuego, incluidas las fechas de activación, y aclarar los términos y condiciones del mismo para las dos partes en cese al fuego, incluida la totalidad de la Fuerza Pública.
7. Presionar por que las investigaciones por los entes competentes al interior del Estado sean ágiles, para esclarecer los hechos y tomar medidas contra los presuntos responsables de los hechos si resultan considerados culpables, pues se trata, además, en caso de confirmarse de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (homicidio en persona protegida), que pone en peligro el proceso de paz y un delito tipificado en el Código Penal Colombiano
Los hechos sucedidos evidencian, además que no se cumple la existencia de un sistema de comunicación permanente entre las partes con el MM&V; si una de las partes tiene información de que la otra está infringiendo el Protocolo deben ponerlo en conocimiento del MM&V para que éste verifique los hechos y se tomen las medidas necesarias. Si esto no sucede y, como parece haber sucedido en este caso, no se garantiza el compromiso de “Mantener la disciplina y el control de las unidades a fin de no generar actos o incidentes que pongan en peligro el CFHBD”, vigente para ambas partes que tienen la obligación de informar a sus subordinados y tomar las medidas internas necesarias para garantizar su cumplimiento.
8. Teniendo en cuenta el contenido de los Protocolos adicionales al Acuerdo de Cese al Fuego, el homicidio de dos integrantes de las FARC-EP constituye una infracción grave, pues se trata de un hecho que ha tenido consecuencias mayores. Por este motivo, la instancia nacional del MM&V, dentro de sus competencias, debería realizar un informe sobre los hechos (Protocolo de Flujo de información del MM&V), con un pronunciamiento público sobre lo sucedido (Protocolo de comunicaciones estratégicas del MM&V), al cual se dé la adecuada difusión de acuerdo a la gravedad de los hechos. El pronunciamiento debe hacerse lo más pronto posible y debería incluir las medidas tomadas por las partes para evitar que hechos como el actual se vuelvan a repetir y contribuir así a la generación de confianza hacia las partes y la sociedad en su conjunto.
9. Finalmente, se debe mencionar que la comunidad carece de recursos y apoyo para mejorar la educación en la vereda. Es de resaltar que no existe actualmente un profesor de planta en la escuela, pues la situación de seguridad en la zona dificulta la contratación de personal competente; además se considera que la falta de educación genera condiciones en los cuales muchos jóvenes optan por involucrarse en actividades ilícitas.
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References: artículo 135
 Artículo 13
 Artículo 6
 artículo 303
 Resolución 
 artículo 1