Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-120-04.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:09:26+00:00

Document:
C-120-04
Sentencia C-120/04
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Características
CONVENIO PARA REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA SEGURIDAD DE NAVEGACION MARITIMA/PROTOCOLO PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN PLATAFORMA CONTINENTAL
PROYECTO DE LEY-Mediación de lapso no inferior a ocho días entre el primero y segundo debate
PROYECTO DE LEY-Mediación de lapso no inferior a ocho días entre el primero y segundo debate debe transcurrir íntegramente
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No mediación de lapso no inferior a ocho días entre el primero y segundo debate
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No subsanación de vicio de no mediación de lapso no inferior a ocho días entre el primero y segundo debate
Referencia: expediente LAT-244
Revisión de la Ley 830 del 10 de julio de 2003 “Por medio de la cual se aprueban el CONVENIO PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL, hecho en Roma el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988)”.
En el proceso de revisión de la Ley 830 del diez (10) de julio de 2003 “Por medio de la cual se aprueban el CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL, hecho en Roma el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1998)”.
El Presidente de la República remitió a esta Corporación, según informe de Secretaría General, el 24 de julio de 2003,[1] copia de la Ley 830 del diez (10) de julio de 2003 “Por medio de la cual se aprueban el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1998)”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
Mediante providencia del catorce (14) de agosto de 2003 el magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto, y solicitó a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes enviar con destino al proceso de la referencia copia de la totalidad del expediente legislativo relativo al trámite del proyecto correspondiente a la Ley 830 del 10 de julio de 2003. En dicho auto se ordenó que, una vez vencido el período probatorio y recibidas las pruebas solicitadas, se fijará en lista el proceso y se diera traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. Igualmente, se ordenó en el auto comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los efectos legales pertinentes.
El texto del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental y de la ley aprobatoria que son objeto de revisión son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial N. 45.248, de 14 de julio de 2003, página 28.
RECORDANDO la Resolución 40/61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1985, en la que, entre otras cosas, se “insta a todos los Estados, unilateralmente y en cooperación con otros Estados, y con los órganos competentes de las Naciones Unidas, a que contribuyan a la eliminación gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional y a que presten especial atención a todas las situaciones, incluidos el colonialismo y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones masivas y patentes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, o las de ocupación extranjera, que pueden dar origen al terrorismo internacional y poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”,
3. Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción indicada en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (en adelante llamado “el Secretario General”). Si ese Estado Parte deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al Secretario General.
1. El capitán de un buque de un Estado Parte (el “Estado del pabellón”) podrá entregar a las autoridades de cualquier otro Estado Parte (el “Estado receptor”) a cualquier persona respecto de la que tenga razones fundadas para creer que ha cometido alguno de los delitos enunciados en el artículo 3.
3. El Secretario General trasladará la información transmitida de conformidad con los párrafos 1 y 2 a todos los Estados Partes, a todos los Miembros de la Organización Marítima Internacional (en adelante llamada “la Organización”), a los demás Estados interesados y a las organizaciones intergubernamentales de carácter internacional pertinentes.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio que no pueda ser resuelta mediante negociaciones dentro de un plazo razonable se someterá a arbitraje o petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
COPIA AUTENTICA CERTIFICADA en los idiomas español, francés e inglés del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, cuyo original se ha depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.
1. Las disposiciones de los artículos 5 y 7 y de los artículos 10 a 16 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (en adelante llamado “el Convenio”) se aplicarán también mutatis mutandis a los delitos enunciados en el artículo 2 del presente Protocolo cuando tales delitos se cometen a bordo de plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o en contra de éstas.
Londres, 1° junio, 1988
Artículo 1°. Apruébanse el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccionen los vínculos internacionales respecto de los mismos.
Artículo 1°. Apruébanse el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988)”, que por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione los vínculos internacionales respecto de los mismos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores intervino por medio de apoderado para defender la exequibilidad de la Ley 830 de 2003.
El interviniente presenta argumentos encaminados a defender la exequibilidad tanto formal como material de los tratados en revisión. Frente a los requerimientos constitucionales de carácter formal para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, sostiene que éstos se cumplieron.
Manifiesta que los instrumentos internacionales referidos fueron hechos en Roma el 10 de marzo de 1988, luego de una negociación en la que participó el Estado Colombiano, quien a pesar de no suscribirlos en ese momento, hoy reconoce la importancia de los mismos llevándolo a realizar la aprobación ejecutiva el tres (3) de enero de 2002 a través del Presidente de la República Andrés Pastrana y el Ministro de Relaciones Exteriores Guillermo Fernández de Soto. Afirma que conforme a lo establecido en la Constitución Política, el diecinueve (19) de marzo de 2002 la Viceministra de Relaciones Exteriores presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que una vez surtido el trámite parlamentario se convirtió en la Ley 830 del diez (10) de julio de 2003.
Señala que el Convenio se apoya en la Resolución 40/61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se “insta a los Estados unilateralmente y en cooperación con otros Estados y con los órganos competentes de las Naciones Unidas, para que contribuyan a la eliminación gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional y presten especial atención a todas las situaciones, incluidos el colonialismo y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones masivas y patentes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, o las de ocupación extranjera, que puedan dar origen al terrorismo internacional y poner en peligro la paz y seguridad internacionales.” Resalta que tales compromisos resultan conformes con los artículos 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 28 y 51 de la Carta Política, entre otros.
Respecto a la constitucionalidad material del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, indica que éste pretende adoptar medidas para prevenir, reprimir y combatir actos ilícitos calificados como terroristas que afecten o puedan afectar la navegación marítima y otros usos productivos del medio marino y que se efectúen a bordo de buques o en contra de éstos cuando estén navegando en o hacia aguas situadas fuera del mar territorial de los Estados.
En relación con el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, el Ministerio expone que fue negociado en forma paralela y adoptado simultáneamente con el Convenio debido a su carácter complementario. El Protocolo extiende las cláusulas más importantes del Convenio a los actos ilícitos que se cometan a bordo o en contra de plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.
Señala el Ministerio que éstos dos instrumentos complementan otros tratados internacionales en materia de terrorismo de los que ya hace parte el Estado colombiano. Ninguno de ellos contraviene el marco de protección de los derechos constitucionales, pues dejan a salvo las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico interno (artículos 29 a 33, CP), regulan aspectos comunes a todos los convenios de cooperación en materia penal como son los criterios para establecer jurisdicción. Además, las obligaciones que surjan de la ratificación de estos dos instrumentos internacionales, no afectan las obligaciones y facultades convencionales que tiene el Estado colombiano.
“El establecimiento de normas estrictas y precisas para la lucha contra los actos de terror que acompañan las actividades de estos instrumentos buscan combatir y reprimir, son respetuosos de los derechos fundamentales de los individuos perpetradores de éstos, así como de la soberanía y autodeterminación del Estado colombiano.”
“Es más, el derecho a un debido proceso –artículo 29 constitucional‑, los controles y garantías judiciales sobre las acciones que tutelan las libertades personales –artículos 30, 31, 33‑, y la no contravención a la prohibición de la aplicación de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes –concordante con los artículos 11, 12, 34 y 35, entre otros, de la Constitución Política‑, son respetados dentro del Convenio así como en el Protocolo objeto de estudio al señalarse que los compromisos sobre los cuales se obliga el Estado a proceder de conformidad con nuestra legislación en cada caso (artículo 6, numerales 3 y 4; y artículos 7, 9, 10 y 13, entre otros, del texto del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.”
Finalmente, sostiene el interviniente que las disposiciones contenidas en estos dos instrumentos internacionales resultan conformes con las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de los cuales hace parte Colombia.
El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, rindió el concepto No. 3398, mediante oficio del 23 de octubre de 2003, a través del cual solicita que tanto la Ley 830 de 2003, como el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”, y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental”, sean declarados constitucionales.
Inicia su escrito realizando un análisis formal de la Ley 830 de 2003 “Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988). Sostiene que como los instrumentos bajo estudio se encontraban abiertos a adhesión, era innecesario examinar la competencia de quien participó en su fase de negociación.
En cuanto al trámite del proyecto de ley ante el Congreso de la República, el Procurado General de la Nación revisa en detalle los requisitos que sobre quórum deliberatorio y decisorio establecen los artículos 145 y 146 de la Carta Política, así como las exigencias constitucionales de términos entre debates, aprobación por las cámaras, sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional, y concluye que la Ley cumplió con todos los requisitos constitucionales previstos para las leyes aprobatorias de tratados.
Posteriormente, el concepto se ocupa del estudio material del Convenio y del Protocolo bajo revisión.
El Procurador al explicar la finalidad y el contenido de los tratados sostiene que son herramientas para prevenir, controlar y atacar los actos de terrorismo con los que se pone en peligro derechos como la vida, la libertad y la seguridad, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Resalta que las disposiciones bajo revisión coinciden en su totalidad con nuestro ordenamiento superior y constituyen un desarrollo del mismo de tal forma que facilitan el logro del fin estatal de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes.
Señala que el Convenio consta de 22 artículos, de los cuales los artículos 1 a 4, consagran las normas generales relativas a la definición del ámbito de aplicación material y espacial del tratado; los artículos 5 a 10, establecen cláusulas relativas al castigo de los actos ilícitos descritos en el convenio; los artículos 11 y 12, contemplan los mecanismos de cooperación entre los estados para castigar los actos ilícitos cometidos contra la seguridad de la navegación marítima; los artículos 13 a 15, consagra medidas en materia de prevención de actos terroristas; y los artículos 16 a 22, contienen las cláusulas finales del tratado. En cuanto al Protocolo, resalta que fue negociado en forma paralela con el fin de extender las cláusulas del Convenio a los actos ilícitos cometidos contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o en contra de éstas.
Sostiene que con la incorporación de estos dos instrumentos internacionales se busca fortalecer las herramientas para combatir actos terroristas cometidos por fuera de las aguas territoriales del Estado, por lo cual “define qué delitos caen en su cobertura y delega a cada Estado parte, para que en cumplimiento del principio de legalidad los defina y señale las penas teniendo en cuenta la naturaleza grave de los hechos, lo mismo que la jurisdicción competente para tal fin y lo propio con la libertad o detención de los presuntos delincuentes y su extradición.”
Mediante los dos instrumentos referenciados, afirma la Vista Fiscal que se da pleno cumplimiento a los fines constitucionales de defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (artículo 2 constitucional). Así mismo, se protegen derechos fundamentales como la vida (artículo 11, CP) y la integridad física (artículo 12, CP) y se evita que a través de actos ilícitos se limite el ejercicio de la libertad de locomoción y se entorpezca el transporte, el comercio y la navegación marítima. Adicionalmente, sostiene que se garantiza el derecho de propiedad sobre las naves, bienes y demás enseres que se transporten por medio marítimo (artículo 58, Superior) y el derecho a recibir una información veraz e imparcial (artículo 20, CP), como quiera que el Convenio sanciona la difusión de información falsa que ponga en peligro la navegación segura de un buque.
Señala que los instrumentos internacionales garantizan el debido proceso (artículo 29, CP) al deferir al legislador la tarea de penalizar las conductas ilícitas que atentan contra la seguridad de la navegación marítima. Resalta además que los instrumentos bajo revisión, respetan la imposición de ser juzgado de conformidad con las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o autoridad competente y con el cumplimiento de las formalidades propias de cada juicio.
Advierte el Representante del Ministerio Público que tanto el Convenio como el Protocolo imponen “la colaboración de los Estados en la prevención de los delitos, como en el adelantamiento de las investigaciones a efectos que sea ágil y cumplida la administración de justicia (artículos 228 y 229 constitucional) en los casos de comisión de delito, a fin de evitar retraso o interrupción en los procesos, como también en las actividades comerciales y con ello se afecten la travesía del buque, o los pasajeros, la tripulación o la entrega de bienes transportados, cuando sea necesaria la inmovilización.”
La Vista Fiscal manifiesta que el Estado al promover la internacionalización de las relaciones en materia criminal lo hace sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con pleno respeto de la soberanía nacional y acorde con los mandatos constitucionales.
En conclusión, el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLES el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y la Ley 830 de 2003 mediante la cual se aprueban dichos instrumentos internacionales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997,[2] las características de dicho control son las siguientes:
Ese control de constitucionalidad tiene también una función preventiva[3], pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. De ahí que sea automático y general, puesto que se predica de todas las leyes aprobatorias de tratados adoptadas por el Congreso, sin necesidad de demanda ciudadana.
2. La revisión formal del “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima” y del “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental”
La Ley 830 de 2003, por medio de la cual se aprueba el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”, y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” elaborados en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), fue remitida a esta Corporación por el Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según informe de la Secretaría General de la Corte,[6] el día 24 de julio de 2003, es decir, por fuera del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, por cuanto la Ley fue sancionada el día 10 de julio de 2003.
Según el artículo 241 superior, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, en los estrictos y precisos términos de esa norma. En ejercicio de esa función, la Corporación debe decidir definitivamente acerca de la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben, según lo prevé el numeral 10o. de la citada disposición. Con el fin de cumplir este objetivo, el Estatuto Superior obliga al Ejecutivo a remitirlos dentro de los seis días siguientes a su sanción. Así lo señaló esta Corporación en la sentencia C-059 de 1994: [7]
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sin embargo, cuando el compromiso internacional se contrae mediante la adhesión posterior a un tratado multilateral, previamente aprobado por el legislador nacional, por sustracción de materia el examen de constitucionalidad no incluye el aspecto de las facultades del Ejecutivo para suscribir el convenio, toda vez que la firma no se ha producido al momento en que la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad[8]. Así, cuando se produzca la ratificación del tratado, ya se habrá verificado por esta Corporación que sus cláusulas violan la Carta Política.
En el caso bajo estudio, el Estado colombiano participó en el proceso de negociación que condujo a la adopción del Convenio y del Protocolo en 1988, pero no los ratificó en esa fecha. Sin embargo, y tal como lo prevén los artículos 17 del Convenio y 6 del Protocolo, puede manifestar su consentimiento para obligarse a cumplir con el Convenio a través del procedimiento de adhesión, previo agotamiento del trámite interno previsto para su ratificación.
El 3 de enero de 2002, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la consideración del Congreso de la República el “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”, y el “Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental” elaborados en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución. El decreto correspondiente fue suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores.[9]
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley número 225 de 2001, Senado, 049 de 2001, Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.4.1. La Viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero Ucrós, encarga de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, presentó el 19 de marzo de 2002 ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se solicitaba aprobar el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).”[10] El Proyecto de ley fue radicado el 19 de marzo de 2002, bajo el número 225 de 2002, y publicado en la Gaceta del Congreso N° 79, de abril 4 de 2002.[11]
2.4.2. El 7 de junio de 2002 el Senador Jimmy Chamorro Cruz, Presidente encargado de la Comisión Segunda, autorizó que se repartiera la Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 225 de 2002, Senado, según lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.[12] En el expediente reposa copia de la constancia del reparto y recibo de la ponencia por cada uno de los senadores miembros de la Comisión.[13] En la Gaceta No. 220 del 11 de junio de 2002 fue publicada la ponencia del proyecto de ley referenciado para primer debate en el Senado.[14]
2.4.3. El día 12 de junio de 2002, en sesión de la Comisión Segunda del Senado, el proyecto de ley fue debatido y aprobado por nueve de los once Senadores presentes ese día, según consta en el Acta de la sesión y en la certificación de agosto 22 de 2003, suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, Felipe Ortiz Marulanda.[15] Siendo trece (13) los Senadores que conforman la comisión se demuestra que existió el quórum reglamentario.
2.4.4. En la Gaceta No. 237 del martes 18 de junio de 2002 fue publicada la ponencia para segundo debate.[16] El Senado de la República, en sesión plenaria celebrada el día 20 de junio de 2002, aprobó el proyecto con el quórum constitucional, legal y reglamentario, y por unanimidad, según consta en la Gaceta del Congreso N° 263 del 8 de julio de 2002.[17]
2.4.5. En la Gaceta No. 373 del 9 de septiembre de 2002, en la que se publicó el Acta de la Sesión Plenaria del Senado de la República realizada el día 28 de agosto de 2002, el Proyecto de ley número 225 de 2001, Senado, 049 de 2001, Cámara fue de nuevo sometido a consideración y votación de esa plenaria y fue aprobado con el quórum constitucional, legal y reglamentario, y por unanimidad, sin que se hiciera mención a la votación recibida por el proyecto en la sesión del 20 de junio de 2002, o se expresaran las razones por las cuales se sometía de nuevo dicho proyecto a consideración del Senado.
2.4.6. En la Gaceta N° 505 del 15 de noviembre de 2002, fue publicada la ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 225 de 2002 Senado y 049 de 2002 Cámara[18]. La comisión segunda de la Cámara de Representantes, en sesión celebrada el cuatro (4) de diciembre de 2002 aprobó por unanimidad el proyecto, según consta en la Gaceta del Congreso N° 251 del 6 de junio de 2003 y en la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación el 21 de Agosto de 2003.[19]
2.4.7. En la Gaceta No. 162 del 14 de abril de 2003 fue publicada la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes.[20] El proyecto fue aprobado por mayoría de los 159 Representantes presentes en sesión plenaria del 13 de mayo de 2003, como consta en la certificación expedida el 29 de agosto de 2003, así como en el acta No. 051 que se publicó en la Gaceta No. 299 del 18 de junio de 2003[21].
De lo anterior se desprende que el trámite del proyecto se inició por el Senado de la República, como corresponde a los asuntos de carácter internacional, de acuerdo con lo requerido por el artículo 154 de la Constitución. Sin embargo, en el trámite del proyecto en el Senado, no se respetó el término requerido de ochos días que establece el artículo 160 de la Carta Política. Dice la norma constitucional:
"Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días."
Según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, dicho término debe transcurrir íntegramente, es decir, que “todos y cada uno de los días que lo componen deben ser días completos, por lo cual las fechas en que se llevan a cabo los debates en las cámaras, no pueden incluirse dentro del conteo del término.”[22] Así lo expresó la Corte en la sentencia C-203 de 1995, donde dijo lo siguiente:
“Dentro de esa misma perspectiva, la exigencia de la Carta resulta ser perentoria, en el sentido de que los términos aludidos deben transcurrir íntegramente, es decir sin restar ninguno de los días requeridos por la disposición constitucional. No en vano ésta precisa que deberá mediar en el primer caso un lapso “no inferior a ocho días” y, en el segundo, "deberán transcurrir por lo menos quince días". Se trata de espacios mínimos de tiempo, de tal manera que si las votaciones se producen sin haberlos tenido en cuenta de modo completo, los actos correspondientes carecen de validez y efectos.”[23]
De conformidad con lo expuesto, encuentra la Corte que en la formación de la Ley 830 del 10 de julio de 2003 se desconoció lo prescrito en el artículo 160 de la Carta. En efecto, el Proyecto de ley número 225 de 2001, Senado, 049 de 2001, Cámara fue aprobado el 12 de junio de 2002 por la Comisión Segunda del Senado y el 20 de junio de 2002 por la Plenaria de esa Cámara, con lo cual no mediaron completamente los ocho días exigidos por la disposición constitucional.
Puesto que según la descripción del trámite agotado por el Proyecto de ley 225 de 2001, Senado, 049 de 2001, Cámara, éste fue de nuevo sometido a consideración del Senado el día 28 de agosto de 2002, es preciso examinar si tal hecho subsana el vicio señalado. Esta Corporación considera que ni en la Gaceta No. 373 de 2002, ni en ninguna de las Gacetas publicadas entre el 20 de junio de 2002 y el 9 de septiembre de 2002, (donde constan las dos votaciones) hubo mención de la votación del 20 de junio de 2002, ni tampoco manifestación expresa de la necesidad de subsanar el vicio por desconocimiento de los términos del artículo 160 de la Carta.
Declarar INEXEQUIBLE por vicio de forma la Ley 830 del 10 de julio de 2003 que aprobó dichos Convenio y Protocolo “Por medio de la cual se aprueban el Convenio para la Represion de Actos Ilicitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la Represión de Actos Ilicitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma el día diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).”
[1] Aun cuando la carta remisoria enviada por el Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aparece fechada el 21 de julio de 2003, el sello de recibido impuesto por la Secretaría General de la Corte Constitucional indica que dicho documento llegó a esta Corporación el día 24 de julio de 2003.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corproación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C- 924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[5] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “ Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[6] Aun cuando la carta remisoria aparece fechada el 21 de julio de 2003, tal comunicación fue recibida efectivamente por la Corte el día 24 de julio de 2003, en ambos casos, por fuera de los 6 días de plazo previstos en el artículo 241, numeral 10 de la Carta.
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-059 de 1994, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la Corte examina las consecuencias de la mora del en enviar la ley aprobatoria y el tratado para revisión de la Corte. En ese evento el Gobierno Nacional tardó casi un año en remitir la Ley 12 de 1992 para su revisión.
[8] Ver Sentencias: C-002 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo y C-249 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio Hernández Galindo.
[9] Ver expediente, folio 24.
[10] Ver expediente, folio 70.
[11] Ver expediente, folio 73.
[12] Ver expediente, folio 2.
[13] Ver expediente, folio3.
[14] Ver expediente, folio 71 a 72.
[15] Acta a folios 2-17 y Certificación a folio 1.
[16] Ver expediente, folios 61-62.
[17] Ver expediente, folio 142.
[18] Ver expediente, folios 64-65.
[19] Ver expediente, folios 51 y 132-133.
[20] Ver expediente, folio 66.
[21] Ver expediente, folio 100.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-510 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-203 de 1995, MP: José Gregorio Hernández Galindo.

References: artículo 241
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 2

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 156
 artículo 154
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 19
 artículo 42
 artículo 64
 artículo 241