Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012XP0018
Timestamp: 2019-10-16 17:12:15+00:00

Document:
Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas Recomendación del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012 , con una Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (2011/2187(INI))
Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas
Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, presentada por Graham Watson en nombre del Grupo ALDE, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes autoritarios contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defiendan sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (B7-0235/2011),
Vista la Carta de las Naciones Unidas, en particular los artículos 1 y 25 y, en el capítulo VII, los artículos 39 y 41,
Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y los protocolos facultativos,
Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los dos Protocolos Facultativos,
Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (el Convenio Europeo de Derechos Humanos),
Vista la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de abril de 2006, que confirma las disposiciones del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,
Vista la Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,
Vistas las Resoluciones 1267 (1999) sobre la situación en Afganistán y 1371 (2001) sobre la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU),
Vistos el artículo 21, apartado 2, el artículo 22 y el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (1),
Visto el documento del Consejo titulado «Establecimiento de una formación "Sanciones" del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX/Sanciones)», de 22 de enero de 2004 (5603/2004),
Visto el documento del Consejo titulado «Principios Básicos sobre la Aplicación de Medidas Restrictivas (Sanciones)», de 7 de junio de 2004 (10198/1/2004),
Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Yusuf y Al Barakaat International Foundation / Consejo y Comisión (Rec. 11-3533 (2005)),
Vista la Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (2),
Visto el documento titulado «Prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 9 de julio de 2007 (11679/2007),
Visto el documento del Consejo titulado «Aplicación de la Posición Común 2001/931/PESC», de 21 de julio de 2007 (10826/1/2007),
Visto el documento del Consejo titulado «Actualización de las prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 24 de abril de 2008 (08666/1/2008),
Vista la Posición Común 2009/67/PESC del Consejo, de 26 de enero de 2009, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2008/586/PESC (3),
Visto el documento titulado «Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas (sanciones) en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE», modificadas en último lugar el 15 de diciembre de 2009 (17464/2009),
Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos (4),
Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (5),
Vistos los recursos de la política exterior de los Estados miembros,
Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0007/2012),
Considerando que el nuevo artículo 21 del TUE, introducido por el artículo 1, apartado 24 del Tratado de Lisboa, reconoce que la acción de la Unión se regirá por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;
Considerando que se prevé la aplicación de sanciones en el cumplimiento de los objetivos de la PESC enumerados en el artículo 21 del TEU, entre ellos el fomento de la paz y la seguridad a escala internacional, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la consolidación de la democracia y el buen gobierno;
Considerando que, en el marco de la PESC, las sanciones o medidas restrictivas se consideran medidas coercitivas sin recurso a la fuerza, como los embargos de armas, las sanciones comerciales, financieras o económicas, la congelación de activos, la prohibición de vuelos, las restricciones de acceso, las sanciones diplomáticas, el boicoteo de espectáculos deportivos y culturales y la suspensión de la cooperación con el país tercero de que se trate;
Considerando que la aplicación de sanciones o medidas restrictivas es eficaz en la medida en que se inscribe en una estrategia coherente y global de la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de derechos humanos;
Considerando que hay «sanciones selectivas» en forma de sanciones personales, medidas económicas selectivas y medidas diplomáticas, como la prohibición de visados, la congelación de activos, los embargos a la exportación o la importación de productos determinados, la prohibición de vuelos, la prohibición de inversiones o la limitación de los contactos oficiales;
Considerando que los desacuerdos entre los Estados miembros a menudo dan lugar a una aplicación incoherente de las medidas restrictivas, lo cual perjudica la credibilidad de la UE e incide negativamente en la eficacia de dichas medidas;
Considerando que la UE ha aplicado a menudo su política de sanciones de una manera incoherente, tratando de forma diferente a terceros países que registraban un balance similar en cuanto al respeto de los derechos humanos y la democracia, lo que le ha valido la crítica de aplicar una política de «doble rasero»;
Considerando que los adelantos de la tecnología de la información hacen cada vez más irrelevantes las fronteras nacionales y que, en un mundo globalizado, con esto se reducen las posibilidades de aislar a un país o a su élite;
Considerando que la mayoría de los países objeto de sanciones son aquellos que se han mantenido más aislados del orden internacional y cuyas sociedades se beneficiarían más de una intensificación de los contactos internacionales en aras del cambio; y que en algunos casos las medidas restrictivas, en particular las dirigidas contra ciertos individuos, pueden tener no obstante efectos disuasorios y psicológicos;
Considerando que las decisiones sobre sanciones de la UE solamente deben tomarse partiendo de una evaluación exhaustiva del modo más eficiente de lograr el cambio democrático en el país; considerando que toda decisión debe ir acompañada de la correspondiente justificación;
Considerando que la Unión Europea representa para numerosos líderes autoritarios y para las personas allegadas a los mismos un polo de atracción para la inversión, las propiedades y las operaciones bancarias, así como para la atención sanitaria, y una zona en la que disfrutan de la libre circulación y de libertad para gastar su riqueza, acumulada frecuentemente de manera cuestionable;
Considerando que la posibilidad que tienen los líderes autoritarios de convertir su poder en riquezas personales, a menudo mediante la apropiación indebida o el control personal de activos del Estado, entre otros medios, supone un incentivo para la usurpación y la permanencia en el poder y refuerza su capacidad de conseguir estos fines; considerando que es preciso estudiar otros medios de minimizar cualquier relación entre la ayuda exterior para el desarrollo o para otros fines y el enriquecimiento de líderes autoritarios y sus círculos más íntimos;
Considerando que, sin una acción concertada, resulta difícil recabar informaciones exactas sobre los activos que poseen los líderes autoritarios en la UE, y que la UE debe perseverar en su búsqueda de información;
Considerando que los líderes objeto de sanciones se verán afectados en la medida en que sufran personalmente presiones en forma de restricciones a sus posibilidades de desplazar dinero, invertir sus activos financieros y acceder a los mismos, restricciones a sus posibilidades de desplazamiento, así como restricciones al acceso a bienes y servicios concretos o a la representación diplomática;
Considerando que la multiplicidad de agentes internacionales y regionales hace preciso un diálogo y mecanismos formales e informales de consulta entre ellos;
Considerando que un aspecto esencial de una política eficaz con respecto a los regímenes autoritarios debe consistir en mantener el equilibrio entre una diplomacia coercitiva, incluidas medidas restrictivas caracterizadas por la claridad en la comunicación, y opciones constructivas sin uso de la fuerza, y haciendo prevalecer un diálogo crítico y progresivo en la aplicación de los recursos de política exterior de que disponen la UE y los Estados miembros, por encima del aislamiento;
Considerando que el procedimiento de revisión, mediante el cual es posible ampliar, relajar o levantar las sanciones como respuesta a cambios en la conducta de los líderes sancionados, es crucial para que sean eficaces las medidas restrictivas y debe llevarse a cabo con rigor y sentido estratégico;
Considerando que todas las medidas restrictivas deben respetar los derechos humanos, el Derecho humanitario internacional, las garantías procesales, la proporcionalidad y el derecho a unas vías de recurso eficaces y no debe penalizar en modo alguno a los grupos de población más vulnerables de los países objeto de las medidas;
Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:
que se apoye sistemáticamente la labor de la Corte Penal Internacional velando por que se tengan debidamente en cuenta los procedimientos y las sentencias de la Corte en la política de sanciones de la UE;
que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que apliquen el principio de jurisdicción universal para la lucha contra la impunidad y los crímenes cometidos contra la humanidad con el objetivo de mejorar el sistema de justicia penal internacional;
Establecimiento de una política de sanciones eficaz
que se exhorte a la formación RELEX/Sanciones a que cumpla con su mandato de investigación sobre la adopción de sanciones, evaluación de las sanciones existentes y desarrollo de mejores prácticas en materia de aplicación y ejecución de medidas restrictivas, y a que informe regularmente al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de sus conclusiones;
que se exhorte al SEAE y a la Comisión a que adopten un enfoque más integrado en el que se compartan las competencias y los conocimientos técnicos en la elaboración, aplicación y revisión de las sanciones;
que se exhorte a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen la aplicación de embargos de armas que son competencia de los Estados miembros;
que se pida a Francia y al Reino Unido, así como a cualquier miembro europeo no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que velen por una aplicación rigurosa y concienzuda de las resoluciones del Consejo de Seguridad;
que se considere, cuando proceda, la posibilidad de activar las cláusulas sobre los «elementos esenciales» de los acuerdos internacionales que permiten que la UE imponga sanciones por violación de los derechos humanos y los principios democráticos y que se aplique una política exterior europea coherente con el fin de apoyar medidas dirigidas contra regímenes autoritarios;
Adhesión a una política coherente dentro de las fronteras de la UE
que se exhorte a los Estados miembros a investigar activamente y, si procede, a procesar a personas o entidades jurídicas europeas que hayan prestado asistencia a líderes objeto de sanciones y a las personas allegadas a los mismos para evitar o eludir sanciones impuestas legalmente;
que se exhorte a los Estados miembros a que compartan las informaciones sobre personas objeto de sanciones, hasta donde lo permita la ley, con otros Estados, con los organismos competentes de la UE y con las organizaciones internacionales;
Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión y al SEAE.

References: Resolución 
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 36
 artículo 215
 artículo 121
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 21