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Timestamp: 2020-08-11 04:19:22+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00234/0795-11 DE FEBRERO 22 DE 2018
SENTENCIA 2011-00234 DE 22 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:RECAUDO Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL TRAMITE DISCIPLINARIO. SE PRECISA POR PARTE DEL MÁXIMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE LA LEY 734 DE 2002 EN EL ARTÍCULO 92 HA SEÑALADO QUE UNO DE LOS DERECHOS DEL INVESTIGADO CONSISTE EN SOLICITAR O ADOPTAR PRUEBAS, INTERVENIR EN SU PRÁCTICA Y CONTROVERTIRLAS, EN LA QUE LA OPORTUNIDAD PARA CUESTIONAR AQUELLAS QUE SE RECAUDARON SIN SU PRESENCIA ES A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE TUVO ACCESO A LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. PARA EL CASO EN REVISIÓN SE ESTIPULO QUE LA PARTE DEMANDANTE TUVO OPORTUNIDAD DE CONTROVERTIR LAS PRUEBAS RECAUDADAS SIN SU PRESENCIA, PUES ESA OPORTUNIDAD LA CONCEDE LA NORMATIVIDAD. NO OBSTANTE, PERO NO EJERCIÓ EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN EN RELACIÓN CON ELLAS, LO QUE IMPIDE CONSIDERAR QUE DEBAN DECLARARSE NULAS O INEXISTENTES. DE IGUAL FORMA, SE SEÑALÓ QUE EN EL CURSO DEL PROCESO DISCIPLINARIO SE GARANTIZÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y NO HAY PRUEBA QUE PERMITA CONSIDERAR QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO TENIDOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR DISCIPLINARIO PARA EMITIR LA DECISIÓN SANCIONATORIA SE HUBIERA RECAUDADO CON VIOLACIÓN DE ESE DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DISCIPLINARIA, PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, CARGO DISCIPLINAR
Sentencia 2011-000234 de febrero 22 de 2018
Rad.: 11001-03-25-000-2011-000234-00(0795-11)
De conformidad con la Ley 734 de 2002, la actuación disciplinaria se debe desarrollar garantizando, entre otros, el derecho al debido proceso, el cual se predica respecto de todas las actuaciones judiciales y administrativas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. Tal garantía supone la «observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso»(5) y entre ellas aquella que garantiza la notificación de las decisiones que se dictan en un trámite disciplinario.
La disposición en comento precisa que, en todo caso, el trámite que deba desplegarse para realizar tal notificación «no suspende […] la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado» y que las pruebas que se hubieren practicado o recaudado sin presencia del disciplinado deben ser ampliadas o reiteradas «en los puntos que solicite el disciplinado», lo anterior conlleva que es necesario el requerimiento por parte de este, para que proceda su reiteración.
De otra parte, en materia probatoria, con el propósito de lograr la búsqueda de la verdad material, la ley consagra que la autoridad disciplinaria debe «investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad»(6), para tal efecto, puede hacer uso de cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. En todo caso, para su valoración, por parte del funcionario debe ser integral respecto de todos los medios probatorios recaudados, atendiendo para ese efecto, las reglas de la sana crítica.
Entre tales medios probatorios, es viable que la autoridad disciplinaria valore aquellos «practicad[o]s válidamente en una actuación judicial o administrativa», tales pruebas son conocidas como trasladadas, y se consideran válidas, siempre y cuando se hubieran recaudado en el proceso primigenio, en presencia del investigado(7), pues ello garantiza el principio de contradicción.
El 5 de julio de 2006(8), el demandante tramitó una autorización de permiso, a partir de ese día y hasta el 7 de julio de 2006, inclusive, efecto para el cual invocó razones de índole personal, en particular expresó que tenía como finalidad «viajar a la ciudad de Bogotá atender a mi señora madre quien está muy delicada de salud».
El 11 de julio de 2006(9), el Fiscal 18 le dirigió oficio al director seccional de fiscalías de Valledupar, en el cual informó que el demandante no se había presentado a su lugar de trabajo desde el 5 de ese mes y año, día en que se le concedió permiso por el término de tres días, el cual debía ser tramitado o autorizado por esa seccional.
El 17 de julio de 2006(10), el director seccional de fiscalías remitió oficio al coordinador oficina de veeduría quejas y reclamos a través del cual le envió un oficio suscrito por el Fiscal 18 local de Valledupar, en el cual le informó que el funcionario Roberto Pavajeau pudo haber incurrido en abandono del cargo.
El 17 de julio de 2006(11), el director seccional de fiscalías remitió oficio al Director Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación, en el cual le puso en conocimiento lo siguiente:
…le informo que el Fiscal 12 Seccional de la Unidad de Administración Pública, dentro del proceso radicado bajo el número 178264, profirió el 5 de julio de 2006 resolución donde resolvió la Situación Jurídica del señor Pavajeau Celedón imponiéndole medida de aseguramiento sin beneficio como presunto responsable del punible de concusión.
El 26 de julio de 2006(12), la analista de la oficina de personal de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía, dirigió oficio al demandante, con el fin de que se acercara a esa dirección a justificar su no asistencia al sitio de trabajo desde el 5 de julio de ese año.
El 3 de octubre de 2006(13), la señora Nancy Esther Barros Lagos, fiscal 18 delegada ante los jueces municipales y promiscuos, rindió declaración ante la Dirección Seccional Administrativa y Financiera, en la cual manifestó que el señor Pavajeau Celedón no está asistiendo a su sitio de trabajo y que pese a que le fue concedido permiso para ausentarse de su labor entre el 5 y el 7 de julio de ese año, al vencer dicho término no regresó a laborar. En todo caso, precisó que ella no dirigía esa fiscalía, para la época en que se concedió el permiso.
El 4 de octubre de 2006(14), fueron aportadas a la investigación las planillas de asistencia que dan cuenta de que a partir del 10 de julio de 2006 el demandante no se presentó a laborar.
El 13 de diciembre de 2006(15), se dispuso la apertura de la investigación disciplinaria en contra del actor, por tal motivo, se ordenó notificar personalmente tal decisión y escucharlo en versión libre y espontánea; asimismo, se ordenó «oficiar a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de esta ciudad, para que se sirvan informar si en la hoja de vida del señor Roberto Carlos Pavajeau Celedón, reposa documentación alguna de incapacidad, permiso o licencia concedida a dicho servidor desde el día 5 de julio de 2.006, hasta la fecha, remitiendo fotocopia de la documentación que obre respecto a su ausencia a laborar en su puesto de trabajo como Abogado Conciliador de la oficina de la sau y certificar cual es la situación laboral actual de dicho servidor». De igual manera se solicitó informar si en esa oficina se llevan planillas de control de asistencia de los servidores adscritos a ella.
El 15 de enero de 2007(16), la oficina de veeduría quejas y reclamos de la Fiscalía libró oficio con destino a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de esa entidad, en la cual solicitó certificar la calidad de servidor público del demandante, la constancia de tiempo de servicio, el último salario devengado y «su última dirección conocida». En esa fecha también dirigió oficio con destino al demandante, a fin de que compareciera a esa oficina a notificarse del auto de apertura de la investigación. La dirección a la que se libró tal comunicación es la Manzana 162 Casa 7 Barrio don Alberto(17).
El 5 de febrero de 2007(18), se publicó el edicto emplazatorio 001, que permaneció fijado hasta el 7 de ese mes y año, mediante el cual se concedió el término de tres días al demandante, para que compareciera a notificarse del auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra.
El 14 de febrero de 2007(19), la analista de la oficina de personal de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar informó que en la hoja de vida del demandante figura la siguiente dirección: Manzana 162 casa 7 urbanización Don Alberto Valledupar.
El 28 de febrero de 2007(20), rindió declaración Jorge Luis Vence Daza, quien fungía como Fiscal 18 de la oficina de la sala de atención al usuario, en encargo, para la fecha en que se concedió permiso al demandante, en ella señaló:
… tiene usted conocimiento si el señor Roberto Pavajeau, se ha presentado a su puesto de trabajo, para el cumplimiento de sus funciones como abogado conciliador de la Oficina de la sau. contestó. A raíz de una investigación penal que se abrió por la Unidad de delitos contra la administración pública, por una presunta concusión, el señor Roberto Pavajeau, para la época del oficio del que me he ratificado, solicitó ante la Fiscalía que regentaba para la época un permiso por tres días, el cual le di el visto bueno, para que él lo tramitara ante la Dirección seccional de esta ciudad, por ser de su competencia y desde esa fecha no se presentó, no se ha presentado como tengo entendió (sic) el señor Roberto Pavajeau, a cumplir con sus deberes como abogado conciliador de esa Unidad. preguntado. Diga al despacho si usted tiene conocimiento de las razones por las cuales el señor Roberto Pavajeau, no se ha presentado a laborar. contestó: Porque dentro del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de concusión, en la Unidad de delitos contra la Administración Pública, fue cobijado con una medida de aseguramiento de detención preventiva y en contra del mismo se libró una orden de captura, por eso no se ha presentado a laborar. (Resalta la Sala).
El 16 de mayo de 2007(21), el coordinador de la oficina de veeduría, quejas y reclamos solicitó trasladar copia de la providencia dictada en el proceso penal 178264, en la cual se impuso medida de aseguramiento en contra del demandante, para ser tenida como prueba de la presunta razón que dio lugar a que este se ausentara de su lugar de trabajo. En efecto, se aportó copia de tal providencia(22), de fecha 5 de julio de 2006, en la cual se observa que se aplicó medida de detención preventiva «como probable responsable del punible de Concusión», como consecuencia, se libró orden de captura en su contra. Tal decisión se notificó el 11 de julio de 2006, según consta en el sello que obra en su último folio(23).
El 7 de abril de 2008(24), la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 2-0803(25), por la cual declaró la vacancia por abandono del cargo de asistente judicial I de la Dirección Seccional de Fiscalías que ocupaba el demandante, producto de una actuación administrativa que se surtió simultáneamente con el trámite disciplinario. En ella se consideró:
El 13 de mayo de 2008(26), la auxiliar administrativa II de la oficina de veeduría quejas y reclamos – grupo control interno de Valledupar expidió unas fotocopias solicitadas previamente por el demandante; no obstante, en tal solicitud no obra prueba de la fecha en que hizo tal requerimiento(27).
El 10 de junio de 2008(28), la jefe de la oficina de veeduría y control disciplinario interno de la Fiscalía General de la Nación dictó auto 001299, por el cual decidió seguir la actuación disciplinaria mediante el trámite verbal. En tal decisión se dispuso designar defensor de oficio para que representara al demandante, comoquiera que la notificación del auto de apertura de la investigación fue notificado por edicto y teniendo en consideración que este no compareció al proceso. También se le citó a audiencia para el día 19 de junio de 2008.
El 12 de junio de 2008(29), la auxiliar administrativa III de la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno dirigió oficio 387 al demandante, que fue remitido a la siguiente dirección: Manzana 162 Casa 7 Barrio Don Alberto, con el fin de que asistiera a esa dependencia a fin de notificarse del auto anterior. En todo caso, en esa fecha se produjo la notificación personal al señor Pavajeau Celedón(30) de la referida providencia.
El 13 de junio de 2008(31), el director del Consultorio Jurídico de la Universidad Popular del Cesar certificó que el estudiante Alfonso Ustariz Salas fue designado defensor del demandante en el trámite disciplinario en referencia. La posesión del estudiante de derecho, producto de tal designación, se llevó a cabo el 19 de junio de ese año(32).
El 17 de junio de 2008(33), el accionante presentó descargos frente al auto de 10 de junio de ese año, en el que expresó que «por caso fortuito, me vi obligado a abandonar el cargo, por una decisión errónea, de mala fe, y contraria a la ley, por parte del fiscal William Diazgranados quien dentro del Proceso Penal que se me adelantaba, me impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, dictada el día 5 de julio de 2006». Agregó que el fiscal de conocimiento omitió disponer la suspensión de su cargo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal y que, en todo caso, el 29 de abril de 2008 fue absuelto de responsabilidad en el aludido proceso penal, razón por la cual aportó copia de la providencia correspondiente(34). En el numeral segundo de la parte resolutiva de ese proveído se decidió:
El 19 de junio de 2008(35), la jefe de la oficina de veeduría, quejas y reclamos – grupo control disciplinario interno de la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la audiencia fijada para esa fecha y durante ella se decretaron pruebas solicitadas por el demandante, entre ellas, la declaración del señor Jorge Luis Vence y los oficios que dan cuenta de su ausencia laboral. En lo que respecta a la dirección a la cual fue enviada la notificación del auto de apertura, se indicó «como consta a folio 64, el acto de notificación fuera de estar por edicto quiso la administración garantizar su notificación por lo cual acudió a la dirección de la progenitora del implicado».
3. Pide que se tenga como prueba la declaración de febrero 28 de 2.07, del doctor Jorge Luis Vence Daza, en la cual manifiesta que a raíz de una investigación penal que se abrió en la Unidad de delitos contra la Administración Pública el señor Roberto Pavajeau, tramitó un permiso por tres días y desde esa fecha no se presento (sic) ni se volvió a presentar aún al momento de la declaración. Lo anterior nos indica que el implicado tuvo tiempo de pensar, de reflexionar y paso (sic) suficiente tiempo sin embargo, no se presento (sic) a laborarlo (sic) que conduce a este despacho a estar seguro que su conducta del abandono de cargo fue planeada para que no se hiciera efectiva la orden de captura, por eso este despacho no acepta dicha excusa. (…) 5. Alega la indebida notificación por parte de la oficina de control Disciplinario Interno donde se debía notificar en la dirección en su domicilio la cual corresponde a la manzana 162 casa 7 Barrio Don Alberto Valledupar, y no a la dirección carrera 7 Nº 12-15, la cual en ningún momento dado he manifestado en el proceso de la referencia para efecto de la notificación, como se dijo en la parte probatoria el fin de la notificación se cumplió y era lograr que se enterara el implicado para que ejerza su defensa producto de ello es la certificación de entregas de copias que se encuentra a folio 64 y el escrito de descargos (fl. 77) presentado por el implicado.
En este orden, estima el despacho, que el caudal probatorio, que milita en la actuación, conduce a la demostración de la existencia de la falta, y compromete en grado sumo la responsabilidad del investigado Roberto Carlos Pavajeau Celedón, por cuanto es un hecho incuestionable, que el inculpado dejó de concurrir a su lugar de trabajo, luego de que expirara un permiso, concedido por tres días por parte de su jefe inmediato, que lo era desde el 5 hasta el día viernes 7 de julio de 2.006, según lo cual debía reintegrarse a su lugar de trabajo el día lunes siguientes (sic) 10 de julio de 2.006, sin embargo, como tampoco había concurrido a fecha 3 de octubre de 2006, cuando era su jefe inmediato la doctora Nancy Esther Barros Lagos, quien mediante declaración jurada rendida en dicha fecha, ante la Dirección Administrativa de Valledupar, atestiguó su no comparecencia a laborar, lo que acreditó luego, mediante el oficio número 611 de fecha 4 de octubre de 2.006, que dirigió a la doctora Belisa Garrido Costa, Analista de Personal, a través del cual le informa que al servidor Roberto Carlos Pavajeau Celedón, se le concedió permiso para ausentarse de sus labores los días del 5 al 7 de julio y que revisadas las planillas de control de asistencia laboral se pudo observar que a partir del 10 de julio de 2006 no se había presentado a laborar en su sitio de trabajo, anexando al efecto fotocopia del permiso de las planillas en mención.
Conforme a todo lo anterior, se logra colegir sin lugar a equívocos, que la intención del investigado Roberto Carlos Pavajeau Celedón, era la de desertar definitivamente del cargo, sin importarle para nada la afectación del servicio y no se encuentra en el proceso causa legal alguna que justifique su ausencia definitiva en el cargo que desempeñaba, como Asistente Judicial I, adscrito de la oficina de la SAU de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar Cesar (Negrilla fuera de texto).
El 2 de octubre de 2009(36), el Fiscal General de la Nación resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la decisión anterior(37), y confirmó la sanción impuesta por el juzgador disciplinario de primera instancia. Como fundamento de tal conclusión expresó:
Sobre el particular servidor Jorge Luis Venece (sic) daza, en declaración afirmó “…el señor Roberto Pavajeau… solicitó un permiso ante la Fiscalía que regentaba para la época un permiso por tres días, el cual le di el visto bueno, para que él lo tramitara ante la Dirección Seccional,… y desde esa fecha no se presentó ni se ha presentado… a cumplir con sus deberes como abogado conciliador…”(38)
El 20 de noviembre de 2009(39), la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 2-3005, por la cual ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante.
El 13 de septiembre de 2010(40), en el curso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se recibió la declaración de José Luis Carvajal Riveira, quien laboraba en la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía, Seccional, y en torno a la búsqueda de causales que justificaran la inasistencia del demandante a su lugar de trabajo señaló: «como Director lo único que me compete, y así lo requirió la secretaría general, buscar pruebas para ver si existía, posible abandonó (sic) así que esta dirección, llama a declarar a los señores arriba mencionados, para obtener la veracidad de lo que el señor director seccional de Fiscalía para esa fecha nos había informado».
El 13 de septiembre de 2010(41), también rindió declaración Jorge Luis Vence Daza, quien se desempeñaba como fiscal 18, para la época en que el demandante dejó de presentarse a laborar y, entre otras cosas, manifestó que una vez transcurrieron los tres días de permiso, el demandante no se presentó a laborar. Asimismo indicó que, según recuerda, los motivos por los cuales el actor fue desvinculado del servicio consistieron en que «solici[tó] dinero a algunos usuarios».
El 14 de septiembre de 2010(42), el señor Emiliano Gómez Gómez, quien estuvo a cargo de llevar las citaciones emitidas en el proceso disciplinario, declaró que «la primera vez que fui a notificarlo al Barrio Don Alberto no había nadie en la casa, estaba habitada pero no se encontraba nadie y como conocía a su señora madre y sabía a donde vivía procedí a llevarla donde la señora madre, la cual me informó que todas las citaciones las dejara en la residencia de ella que el (sic) se encontraba fuera de la ciudad».
El 17 de octubre de 2012(43), rindió declaración Belisa Garrido Costa, quien para la época de los hechos se desempeñaba como profesional universitario 2 de la oficina de personal y se refirió a los hechos que se relacionaron con la expedición del acto administrativo de vacancia por abandono del cargo que se expidió en contra del demandante, así:
"Preguntado: Sírvase informar al despacho si en algún momento la oficina de personal, tuvo conocimiento que contra el señor Carlos Roberto Pavajeau Celedón se surtía una investigación penal, por el delito de concusión de la cual fue objeto de medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, en caso afirmativo, precise las circunstancias de tiempo modo y lugar. contesto. No lo recuerdo por lo que sería importante la inspección a la historia laboral. preguntado. Sírvase informar al despacho si la oficina de personal contactó a familiares del señor Pavajeau Celedón para que dieran cuenta de las razones de su inasistencia a trabajar. contestó. Recuerdo que sí se le envió solicitud a su residencia, a la que reposaba en su historia laboral, pero no se localizó, ni se informó el motivo por el cual no se presentó a laborar, por lo que consideré necesario oficiar a la eps. preguntado. Sírvase precisar si tuvieron contacto con algún familiar. contestó. Como analista de personal no tuve contacto con algún familiar, no recuerdo si el servidor encargado de la mensajería logró tener algún contacto con algún familiar. Lo único que recuerdo es que este proceso fue demorado y no se realizó precipitadamente. Aclaro que estoy haciendo referencia al proceso que se siguió para verificar sumariamente la causal de abandono del cargo para que el nivel central declarara la vacancia del mismo".
El 17 de octubre de 2012(44), rindió declaración Elaine Janeth Cure Ariza, fiscal 24 local de Valledupar, quien manifestó que no conoce en forma precisa los hechos que motivaron el retiro del servicio del demandante y la investigación disciplinaria que se adelantó en su contra.
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria criterios de unificación. El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva»(45).
3.2. La garantía del debido proceso.
Revisada la actuación disciplinaria, la Sala observa que el 15 de enero de 2007, el investigador disciplinario envió comunicación al demandante, orientada a que compareciera a notificarse del auto de apertura de investigación, tal citación fue remitida a la Manzana 162, Casa 7, Barrio don Alberto(46), que es la dirección que aparecía en su hoja de vida, de conformidad con la constancia expedida por la analista de la oficina de Personal de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar(47). Lo anterior quiere decir que el ente disciplinario cumplió con el deber legal impuesto en el artículo 91 de la Ley 734 de 2002, dirigido a realizar las gestiones necesarias para lograr la notificación personal de tal providencia.
Adicionalmente, se debe decir que la citación enviada a la dirección indicada, y el edicto emplazatorio, lograron la finalidad que consistía en que el disciplinado compareciera al proceso y, a partir de su comparecencia, participó en las actuaciones restantes del trámite disciplinario, se le notificó personalmente del auto de citación a audiencia(48) y ejerció su derecho de defensa y contradicción, como consta en el escrito de descargos; adicionalmente, estuvo asistido por un abogado, que fue designado para su defensa producto de la gestión que realizó el ente disciplinante para garantizar sus derechos, solicitando la defensa técnica por parte de un integrante del consultorio jurídico de la Universidad Popular del Cesar, quien lo representó en la audiencia y presentó recurso de apelación.
3.3. El recaudo y valoración de las pruebas en el trámite disciplinario.
Además, aunque la Ley 734 de 2002, en su artículo 92, numeral 4, consagra que uno de los derechos del investigado consiste en solicitar o aportar pruebas, intervenir en su práctica y controvertirlas, de acuerdo con el artículo 138 ibidem la oportunidad para cuestionar aquellas que se recaudaron sin su presencia es a partir del momento en que tuvo acceso a la investigación disciplinaria y, al revisar el trámite se observa que cuando el actor presentó los aludidos descargos, solicitó tener como tal la declaración del señor Jorge Luis Vence Daza, que obraba como prueba en el proceso disciplinario, pero no cuestionó las demás pruebas obrantes en el trámite, ni solicitó su reiteración o ampliación, de manera que dejó de ejercer el derecho consagrado en el inciso 3(49), del artículo 91, ejusdem.
Aunado a lo anterior, durante el curso de la audiencia(50), solicitó tener en cuenta «los oficios donde dan razón de la ausencia a laborar del funcionario», los cuales fueron tenidos en cuenta por el funcionario a cargo de la investigación. Así las cosas, como esas fueron las únicas pruebas que solicitó, no se vislumbra la violación que alega el demandante, pues lo que se comprueba es su falta de censura o cuestionamiento en relación con las pruebas ya recaudadas, razón suficiente para entender que no tenía ningún reparo frente a ellas.
Otro argumento en el que fundamentó el cargo, consistió en la imposibilidad de controvertir la prueba trasladada, de manera que con ello se pudo incurrir en violación del artículo 135 de la Ley 734 de 2002. Para resolver el cargo se debe precisar que la prueba que la autoridad disciplinaria solicitó trasladar de la investigación penal que se adelantaba en contra del demandante fue, en realidad, la providencia mediante la cual se le impuso la medida de aseguramiento en el proceso penal número 178264, por la presunta comisión del delito de concusión. El traslado de la aludida prueba tuvo origen en el auto de 16 de mayo de 2007(51) dictado por el coordinador de la Oficina de Veeduría, Quejas y Reclamos que tenía a cargo la investigación disciplinaria.
3.4. La causal de justificación de inasistencia al empleo.
La Corte Constitucional(52), al declarar la exequibilidad del numeral 8, del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que consagraba como falta disciplinaria «el abandono injustificado del cargo o del servicio», se refirió a los elementos que conllevan la estructuración de este tipo disciplinario, en los siguientes términos:
Esta subsección(53) ha considerado que el elemento primordial que se ha de tener en cuenta para establecer si se configura la falta disciplinaria que se endilgó al demandante consiste en que no exista una causa que justifique su ausencia en el servicio. Así lo ha planteado:
La figura del abandono del cargo o del servicio implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público. “En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio(54)”. Tiene como característica esencial que el abandono debe ser injustificado, vale decir, que no exista una razón suficiente para comprobar la inasistencia. (Se resalta).
A efecto de establecer si existió una causa que justificara la inasistencia del demandante a su lugar de trabajo la Sala verificó que con las pruebas arrimadas a la actuación disciplinaria se determinó que el accionante solicitó y le fue concedido un permiso para ausentarse de su lugar de trabajo entre el 5 y el 7 de julio de 2006, para trasladarse a la ciudad de Bogotá, por cuestiones de salud de un familiar(55), como los dos días siguientes —8 y 9 de julio— no eran hábiles, su deber consistía en regresar al servicio el 10 de julio de ese año; sin embargo, no compareció y ese hecho fue puesto en conocimiento de la autoridad disciplinaria, por parte del superior del demandante(56).
Del recaudo probatorio se pudo establecer que, en efecto, el 5 de julio de ese año, la Fiscalía 12 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar profirió auto(57) mediante el cual ordenó la detención preventiva del demandante y libró orden de captura en su contra, tal providencia se le notificó el 11 de julio de 2006(58), esto es, un día después de que surgió la obligación del demandante de regresar a su lugar de trabajo, lo que quiere decir que bien pudo comparecer el 10 y el 11 de ese mes a prestar normalmente su servicio, pero no lo hizo.
“ART. 299.—Trámite de la orden de captura(59). Proferida la orden de captura, el funcionario judicial la enviará inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que disponga el organismo de policía judicial encargado de realizar la aprehensión física, y se registre en el sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación".
Asimismo, se debía formalizar la reclusión, en los términos del artículo 304 de la Ley 906 de 2004 y, en caso de que proceda la absolución, la orden que debe impartir el juez es disponer la libertad inmediata del acusado, tal como lo consagra el artículo 449(60) ibidem.
Con el anterior fundamento, a juicio de la Sala, el temor por la medida que se adoptó en su contra no es causal que justifique su inasistencia, pues si su interés consistía en solucionar su situación jurídica y ello lo llevó a dejar de asistir a laborar, debió acudir a una de las alternativas previstas en la ley para ese efecto, entre ellas pudo solicitar una licencia ordinaria no remunerada, tal como lo prescribe el artículo 82(61) de la Resolución 0-1501 del 19 de abril de 2005 que contiene el reglamento de las situaciones administrativas del personal de la Fiscalía General de la Nación, al que se encontraba sometido.
5 Ley 734 de 2002, artículo 6º.
6 Artículo 129 de la Ley 734 de 2002.
7 Tal como lo consagraba el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha en que se llevó a cabo la investigación disciplinaria materia de estudio.
8 Folio 78 del cuaderno principal.
9 Folio 43 del cuaderno principal.
10 Folio 42 del cuaderno principal.
11 Folio 42 del cuaderno principal.
12 Folio 69 del cuaderno principal.
13 Folios 73 y 74 del cuaderno principal.
14 Folios 76 y 77 del cuaderno principal.
15 Folios 44 y 45 del cuaderno principal.
16 Folios 49 del cuaderno principal.
17 Folio 228 del cuaderno principal.
18 Folios 55 y 56 del cuaderno principal.
19 Folio 66 del cuaderno principal.
20 Folios 82 y 83 del cuaderno principal.
21 Folio 84 del cuaderno principal.
22 Folios 85 a 94 del cuaderno principal.
23 Folio 94 del cuaderno principal.
24 Folios 97 a 100 del cuaderno principal.
25 Tal acto administrativo fue aclarado mediante Resolución 2-1359 del 3 de junio de 2008, en cuanto se precisó que el accionante se ausentó de su lugar de trabajo desde el 10 de julio de 2006. (fl. 264 cdno. principal).
26 Folio 103 del cuaderno principal.
27 Folio 102 del cuaderno principal.
28 Folios 104 a 111 del cuaderno principal.
29 Folio 112 del cuaderno principal.
30 Folio 113 del cuaderno principal.
31 Folio 134 del cuaderno principal.
32 Folio 135 del cuaderno principal.
33 Folio 116 del cuaderno principal.
34 Folios 117 a 131 del cuaderno principal.
35 Folios 2 a 12 del cuaderno principal.
36 Folios 13 a 20 del cuaderno principal.
37 Copia del recurso de alzada obra en folios 148 a 152 del cuaderno principal.
38 Las comillas y cursivas son propias del texto citado.
39 Folios 21 y 22 del cuaderno principal.
40 Folios 307 y 308 del cuaderno principal.
41 Folios 309 a 311 del cuaderno principal.
42 Folios 312 a 313 del cuaderno principal.
43 Folios 41 y 42 del cuaderno 2 anexo.
44 Folios 44 y 45 del cuaderno 2 anexo.
45 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero ponente: dr. William Hernández Gómez (E), referencia: 110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
46 Folio 228 del cuaderno principal.
47 Folio 66 del cuaderno principal.
48 Folio 113 del cuaderno principal.
49 El aludido inciso consagra: «El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado».
50 Folios 2 a 12 del cuaderno principal.
51 Folio 84 del cuaderno principal.
52 Corte Constitucional, sentencia C-769/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 18 de mayo de 2011, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación 08001-23-31-000-2003-01285-01, número interno 0796-09.
54 C- 769 de 1998, a través de la cual se hizo el estudio de constitucionalidad del # 8 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995.
55 Folio 78 del cuaderno principal.
56 Folio 43 del cuaderno principal.
57 Folios 85 a 94 del cuaderno principal.
58 Folio 94 del cuaderno principal.
59 Artículo modificado por la Ley 1142 de 2007, artículo 20.
60 «ART. 449.—Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad de los cargos consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes. Tratándose de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, la libertad se hará efectiva en firme la sentencia».
61 “ART. 82.—Licencia ordinaria no remunerada: Los servidores de la Fiscalía General de la Nación tienen derecho por cada año calendario, a licencia ordinaria no remunerada hasta por tres (3) meses, en forma continua o discontinua, según lo solicite el interesado”.

References: ARTÍCULO 92
 artículo 29
 resolución 
 Resolución 
 artículo 359
 Resolución 
 artículo 91
 artículo 92
 artículo 138
 artículo 91
 artículo 135
 artículo 25
 artículo 304
 artículo 449
 artículo 82
 Resolución 
 artículo 6
 Artículo 129
 artículo 185
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 20