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Timestamp: 2018-09-20 23:05:03+00:00

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SENTENCIA SC11332-2015 DE 27 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:NULIDAD DEL PROCESO- DESCONOCIMIENTO DE ETAPA PROCESAL. CUANDO SE OMITE EL TÉRMINO CON EL QUE CUENTA LA PARTE DEMANDADA PARA SOLICITAR EL DECRETO Y PRÁCTICA DE MEDIOS DE PRUEBA, SE INCURRE EN UNA CAUSAL DE NULIDAD. PARA GARANTIZAR DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO DE DEFENSA DEL LLAMADO A JUICIO, ESTE DEBE CONTAR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER EJERCER SU DERECHO DE CONTRADICCIÓN, TALES COMO LAS PRUEBAS Y DEMÁS ANEXOS EXIGIDOS Y ALLEGADOS AL EXPEDIENTEESTA FINALIDAD, NO SE REALIZA CON LA COPIA DEL AUTO ADMISORIO Y DE LA DEMANDA, PUES ESAS PIEZAS NO SON SUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA QUE LA PARTE DESPLIEGUE SU LEGÍTIMA DEFENSA. EL TÉRMINO PARA CONTESTAR UNA DEMANDA EMPIEZA A CORRER AL VENCER EL PLAZO PARA RETIRAR COPIA DE ANEXOS DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD PROCESAL, DERECHO DE CONTRADICCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SC11332-2015/2009-00393 de agosto 27 de 2015
SC11332-2015
Rad.: 68001-31-03-005-2009-00393-01
Bogotá D.C., veintisiete de agosto de dos mil quince.
La impugnación extraordinaria se apoyó en tres cargos, el inicial fundado en la causal quinta, el segundo y tercero en la causal primera, vía indirecta aquel y el último por la senda recta, los cuales se estudiarán en el orden en que fueron planteados por ajustarse -según su contenido- a la secuencia lógica.
1. Con apoyo en causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusó la sentencia de haber sido proferida en un proceso viciado de nulidad, subsumible en el numeral 6 del precepto 140 ídem, la cual no ha sido convalidada.
La irregularidad procesal en mención, —sostuvo el recurrente— se configuró “por la omisión en los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas” que derivó en la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
Lo anterior, como consecuencia de habérsele privado de manera ilegal de la oportunidad para que le fueran decretadas y practicadas las pruebas que solicitó en la contestación a la demanda a efectos de demostrar las defensas de mérito que propuso, y las que solicitó en el escrito contentivo de la excepción previa, por haberse considerado —aún por el juzgador ad quem— que la respuesta al mencionado libelo fue presentada extemporáneamente.
Ese vicio in procedendo tuvo origen —indicó— en el “equivocado cómputo que los sentenciadores de instancia hicieron respecto del plazo que la sociedad demandada tenía para replicar la demanda, partiendo desde el día siguiente al de la fecha desde la cual ésta había sido notificada por conducta concluyente del respectivo auto admisorio”.(5)
Los aludidos memoriales —contrario a lo que consideraron la juez a quo y el tribunal— se radicaron dentro de la oportunidad concedida por la ley, pues la regla consagrada en el artículo 120 del estatuto procesal conforme al cual todo término “comienza a correr desde el día siguiente al de la notificación que se hace de la providencia que lo concede” sufre modificaciones como consecuencia de las previsiones contenidas en los artículos 87 y 320 de ese cuerpo normativo.
Conforme a los indicados preceptos que hacen referencia al traslado de la demanda y a la notificación por aviso de providencias como el auto admisorio de ese libelo, cuando el traslado debe surtirse con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes aún si esta se ha realizado por conducta concluyente, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo.
Luego, al haberse considerado que la accionada quedó “notificada por conducta concluyente” el “12 de mayo de 2010”, el plazo para contestar la demanda no podía comenzar al día siguiente, sino pasados los tres días otorgados para retirar las copias de la secretaría, los que ante la interposición de días no laborales, vencían el “18 de mayo de 2010”, extendiéndose el plazo para la réplica hasta el “17 de junio de 2010”, y dado que el respectivo escrito se allegó el “15 de junio de 2010”, la respuesta fue oportuna.
Dicha irregularidad procesal no ha sido objeto de saneamiento, porque en el curso del proceso “ha controvertido constante y arduamente la referida determinación, no solamente por conducto de los recursos pertinentes, sino también mediante la formulación del respectivo incidente de nulidad” el cual no tuvo éxito, habiendo además insistido sobre ese tema en el alegato de conclusión que presentó ante el sentenciador de segunda instancia.
Por lo anterior, debe decretarse la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 23 de junio de 2010 a fin de que la juez a quo reponga la actuación invalidada.
1. El motivo de casación sustento del reproche se configura de conformidad con la regla 5ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por haberse incurrido “en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”.
Lo anterior implica que para la prosperidad de la censura se requiere invocar y demostrar alguno de los motivos de nulidad taxativamente descritos por el legislador en la citada norma procesal, además de verificar que no se haya producido su convalidación, salvo que se trate de uno de los que la ley considera insubsanables.
2. Denunció la recurrente que se incurrió en la causal de invalidación previsto en el numeral 6 de la norma precitada, el cual se estructura cuando “se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”, pues al tener como extemporánea la contestación a la demanda debido a la errónea contabilización del término del traslado, se le impidió solicitar el decreto y práctica de pruebas.
3. Acerca del aludido vicio procesal, esta corporación sostuvo:
Trátase de hipótesis concernientes al debido proceso, a la carga probatoria, derecho de defensa y contradicción. Cada parte, puede ‘presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra’ (inc. 4º, artículo 29 Constitución Política) y tiene la carga probatoria (onus probandi) de los supuestos fácticos inherentes a las normas jurídicas invocadas (artículos 1757 Código Civil y 177 Código de Procedimiento Civil).
El legislador establece a las partes e intervinientes procesales precisas oportunidades para solicitar pruebas, y en ciertos eventos asigna al juzgador el deber de decretarlas, cuando ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por ésta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (…).
La preterición de los términos para practicar pruebas decretadas legal y oportunamente, cuando no se haya saneado expresamente o por conducta concluyente, ‘constituye nulidad procesal, en los términos del numeral 6º del artículo 140 del CPC’ (cas. civ. sentencia de 28 de junio de 2005, [SC-136-2005], exp. 7901), ‘que puede alegarse inmediatamente después de ocurrida en la actuación siguiente (art. 143, inc. 5º C.P.C.); pero en el evento en que tampoco haya existido esta oportunidad, por haberse proferido ya sentencia de segunda instancia, dicha irregularidad puede alegarse en casación’ (cas. civ. de 22 de mayo de 1998, exp. 5053, reiterada en la sentencia de 28 de junio de 2005) (CSJ SC, 20 oct. 2011, rad. 2003-00220-01).
La consagración de la comentada causal de anulación —se ha dicho— deviene de “la lesión que infiere al principio de contradicción, pues sin tales oportunidades la parte afectada no cuenta con las etapas propicias para ejercer en debida forma la defensa de sus derechos. Para que la omisión del término de pruebas engendre nulidad, ha dicho la Corte, ‘debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del derecho de defensa’ (G.J. CLXV pág. 70). Lo que se fulmina, dijo la Corte en otra ocasión, ‘con nulidad es el estado de indefensión que produce la imposibilidad de pedir o practicar las pruebas con que la parte pretende acreditar los hechos de la demanda, o los hechos que estructuran las defensas del demandado (CSJ SC, 11 sep. 2001, rad. 5761).
4. De conformidad con el artículo 95 del ordenamiento adjetivo, una de las oportunidades de la parte accionada para pedir y aportar pruebas se encuentra vinculada a la “contestación de la demanda”, de tal manera que limitar o preterir el término establecido en la ley para presentarla ocasiona la irregularidad procesal mencionada.
4.1. Según lo preceptuado por el artículo 87 del estatuto adjetivo, el traslado de la demanda se surtirá mediante la notificación personal del auto que la admita al demandado, a su representante, apoderado o al curador ad litem y “la entrega de copia de la demanda y de sus anexos”, norma que se complementa con la previsión contenida en el inciso 1º del artículo 320 de la misma codificación, que otorgó al accionado tres días para que retire en la secretaría del juzgado las correspondientes reproducciones.
De esa oportunidad conferida por el legislador, esta corporación explicó que su razón de ser estriba en que la parte contra la cual se impetra la acción judicial “debe contar con todos y cada uno de los elementos necesarios para poder ejercer su derecho de contradicción, tales como las pruebas y demás anexos exigidos y allegados al expediente, que le permitan ver de forma panorámica cuál es el planteamiento de su demandante, sin que ello se pueda realizar con la copia del auto admisorio y de la demanda, pues esas piezas no son suficientes, por sí solas para que la parte despliegue su legítima defensa” (CSJ STC, 14 Nov. 2014, rad. 2014-02586-01). Los anexos —sostuvo— “de ordinario, son un continente de información de valía” que “pueden revelar una realidad distinta a la planteada por el propio demandante en su demanda” (CSJ STC, 5 May. 2004, rad. 2004-00042-01).
El término concedido se traduce —agregó— en “un arquetípico derecho a favor suyo, por manera que si es así, como en efecto lo es, no puede acortarse o desconocerse, a pretexto de la entronización de argumentos encaminados a pregonar una tesis restrictiva, que deje sin explicación el porqué de la concesión del citado lapso, se itera, orientado a que se entere formalmente del contenido de toda la documentación pertinente, con miras a que pueda desplegar cabalmente su legítima defensa, en sentido lato” (CSJ STC, 5 May. 2004, rad. 2004-00042-01; el destacado es propio), criterio que ha asumido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corte (CSJ STC, 2 Sep. 2004, rad. 2004-01543; CSJ STC, 24 Mar. 2010, rad. 2010-00010-01; CSJ STC, 30 Jun. 2011, rad. 2011-01278-00; CSJ STC, 26 Jul. 2012, rad. 2012-00215-01; CSJ STC, 14 Nov. 2014, rad. 2014-02586-00).
Luego, una adecuada hermenéutica del artículo 320 supone entender que el plazo de veinte días consagrado en el artículo 398 debe contabilizarse una vez “vencidos los tres días que se establecen para retirar la copia de los anexos” (CSJ STC, 14 Nov. 2014, rad. 2014-02586-00; en el mismo sentido CSJ STC, 30 Jun. 2011, rad. 2011-01278-00), de ahí que con independencia de que la parte demandada ejerza o no la mencionada facultad, al aludido lapso, necesariamente, se le adiciona el tiempo concedido para reclamar las reproducciones, lo que podrá hacer el demandado en cualquier momento hasta que se produzca el vencimiento del traslado.
En ningún caso puede el juzgador reducir o soslayar la indicada oportunidad, y por lo tanto en la interpretación de la norma no tiene cabida ningún razonamiento que tienda a desconocerla o despojarla de la finalidad trascendente que le asignó la ley; es necesario asegurar que los términos instituidos a favor del demandado transcurran íntegramente, sin limitaciones, acortamientos, ni obstáculos de ningún tipo.
4.2. De la revisión del trámite que se adelantó en la primera instancia se constata que, tal como lo denunció la casacionista, el aludido lapso fue erróneamente contabilizado y como consecuencia de esa equivocación se consideraron intempestivos los escritos de contestación y de excepción previa presentados.
En efecto, en providencia dictada el 18 de noviembre de 2009, la juez admitió la demanda, de la cual dispuso su traslado a la accionada por el término de veinte días y ordenó notificarla en la forma establecida en los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil.(6)
La parte actora solicitó a la secretaria del juzgado que efectuara la notificación, para lo cual esta debía enviarle a la demandada una comunicación en un plazo máximo de cinco días; como no procedió de esa forma, la demandante la remitió directamente a la dirección que señaló al incoar la acción, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones.
En ella le informó sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha del auto admisorio, previniéndola para que compareciera al juzgado, a recibir notificación personal, dentro de los cinco días siguientes al de su entrega en el lugar de destino.
Los demandantes aportaron una copia de la comunicación cotejada y sellada por la empresa de correo, y la constancia que expidió dicha entidad sobre su entrega el 10 de febrero de 2010 en la dirección aportada.(7)
La citada no compareció dentro de la oportunidad que se señaló, por lo cual el juzgado procedió de manera inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
La secretaria elaboró el indicado documento, en el que se expresó su fecha y la de la providencia que se estaba notificando, el juzgado, la naturaleza del proceso, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se consideraría surtida al finalizar el día siguiente al de su entrega en el sitio al que sería remitido.
El aviso le fue entregado a la parte actora, quien junto con una copia de la demanda y del auto que la admitió, lo envió a través de servicio postal a la misma dirección a la que fue dirigida la comunicación a la que se refiere el numeral 1 del artículo 315 ídem.(8)
Se agregó al expediente su copia, acompañada de la constancia expedida por la empresa de servicio postal de haber sido entregado en la respectiva dirección el 11 de mayo de 2010.(9)
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 320 del estatuto procesal, Almacenar S.A. quedó legalmente notificada por aviso el 12 de mayo de 2010. Ese mismo día, su apoderado recogió las fotocopias de los documentos allegados con la demanda y aportó el mandato conferido junto con el certificado de existencia y representación legal de esa sociedad.
De ahí que el término para contestar la demanda y formular excepciones comprendía los días 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 del mes de mayo; 1º, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de junio de 2010.
No obstante, la secretaria lo interrumpió el 2 de junio, fecha en la que ingresó el expediente al despacho.
El 2 de junio de 2010, el juzgado profirió auto —en donde en forma errada— dio por notificada a la demandada por conducta concluyente y reconoció al abogado como su mandatario judicial. Este proveído se notificó por estado el 4 de junio, y el término interrumpido empezó de nuevo al “día siguiente al de la notificación de la providencia” que se dictó, es decir, el 8 de junio, corriendo en esa fecha y en los días 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de junio de 2010.
Almacenar S.A. allegó la contestación a la demanda y la excepción previa el 15 de junio de 2010(10), por lo que es evidente que tales escritos se presentaron dentro de la oportunidad legal y, por consiguiente, se equivocó la sentenciadora de primera instancia al considerarlos extemporáneos.
4.3. Ahora bien, estando notificada por aviso dicha sociedad desde el 12 de mayo, no era procedente disponer una nueva notificación, ni podía la secretaria del juzgado interrumpir el término de traslado que se hallaba corriendo desde el 13 de mayo.
Es más, si se aceptara que la demandada se notificó en la forma y términos previstos en el inciso 1º del artículo 330 de la ley adjetiva, o que dicho acto tuvo lugar con la notificación del auto que le reconoció personería al apoderado judicial en aplicación de la regla contemplada en el inciso 3º del mismo precepto, la conclusión sería la misma: Que la contestación de la demanda fue oportuna, porque en el primer supuesto el traslado iniciaba el 12 de mayo y al interrumpirse entre el 2 y el 4 de junio siguientes, el plazo para replicar ese libelo hubiera vencido el 21 de junio, y en la otra hipótesis, toda vez que la mencionada providencia se notificó por estado el 4 de junio, dicho lapso habría fenecido el 9 de julio de 2010, esto es, más amplio.
5. Con los desaciertos en los que incurrió la juzgadora en el cómputo de ese plazo, acabó omitiendo el término que tenía la demandada para solicitar el decreto y práctica de medios de prueba, incurriéndose en la causal de nulidad invocada en el cargo, la cual no se puede considerar saneada ni objeto de convalidación por la recurrente, por cuanto dicha parte estuvo atenta a denunciarla a través del incidente de nulidad y de los recursos de reposición que formuló contra la providencia que negó esa petición y la que declaró intempestiva la réplica a la demanda, sin que ninguno de esos instrumentos hubiera alcanzado prosperidad.
En su alegato conclusivo de segunda instancia denunció nuevamente la irregularidad que viciaba el proceso, pero el sentenciador no adoptó las medidas correspondientes; por el contrario, apreció la falta de contestación como un indicio grave en su contra.
6. Es suficiente lo discurrido para concluir que la acusación debe prosperar, circunstancia que impone casar el fallo impugnado en orden a invalidar las actuaciones que se adelantaron a partir de la providencia que les negó el trámite a la contestación de la demanda y a la excepción previa.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de enero de 2013 proferida por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario de la referencia y en sede de segunda instancia,
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir de la providencia dictada por la juez a quo el 23 de junio de 2010, inclusive.
2. En consecuencia, se ordena renovar la actuación anulada, para lo cual el juzgado de conocimiento deberá adoptar las medidas pertinentes. Remítasele el expediente.
Sin costas en el recurso de casación, por haber prosperado el cargo.
5 Folio 19, c. Corte.
6 Folio 83, cdno. 1.
7 Folio 86.
8 Folio 92.
9 Folios 100 y 101.
10 Folios 103 y 147.

References: artículo 368
 artículo 120
 artículo 368
 artículo 140
 artículo 29
 artículo 140
 artículo 95
 artículo 87
 artículo 320
 artículo 320
 artículo 398
 artículo 320
 artículo 315
 artículo 320
 artículo 330