Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321254.html
Timestamp: 2019-03-23 08:39:18+00:00

Document:
as201321254
Auto Supremo: 254/2013
Expediente: CB-32-13-S
Partes: Ruth, Karla y Doris todos Vallejos Alba c/ Juan Mariscal Arias, Reina Roselio de Mariscal y Damián Mariscal Arias
Proceso: Nulidad de venta, división y partición de bienes y pago de daños
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 216 a 217, interpuesto por Juan Mariscal Arias, contra el Auto de Vista Nº 173/2012, emitido en fecha 14 de noviembre del 2012, de fs. 208 a 210, por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario sobre nulidad de venta, división y partición de bienes y pago de daños y perjuicios seguido por Ruth Vallejos Alba, Karla Vallejos Alba y Doris Vallejos Alba contra Juan Mariscal Arias, Reina Roselio de Mariscal y Damián Mariscal Arias.; los antecedentes del proceso; y:
Que el Juez de Partido de la localidad de Tarata del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº 1264/2008, cursante a fs. 180 a 185 y vlta., por la cual declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 34 a 37, y PROBADAS las excepciones perentorias de falta de derecho en la acción del reconvencionista, falsedad e improcedencia respecto a la mutua petición e improbada la acción reconvencional de fs. 57 – 58 y la excepción de prescripción respecto de la acción principal, sin costas por constituir juicio doble.
Contra esa resolución de primera instancia el demandante Juan Mariscal Arias representado por Armando Córdova Saavedra interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 173/12, cursante de fojas 208 a 210, por el que CONFIRMA totalmente la Sentencia impugnada, con costas.
Esta resolución de alzada dio lugar a que el demandado Juan Mariscal Arias recurra en casación en el fondo, la cual se analiza.
1. Falta de personería en el apoderado de la parte demandante, por cuanto el poder cursante a fs. 1-2 extendido a favor de Jorge Marcelo Terán Lizarazu, para que inicie, prosiga y concluya proceso ordinario de nulidad de venta de inmueble, división y partición, pago de daños y perjuicios, no especificaría: a los sujetos procesales, la fecha de suscripción del mismo, así como tampoco contra quien se va a dirigir la demanda.
2. La demanda se la plantea solo contra su persona, cuando según el documento de fs. 11, la venta fue efectuada a favor suyo y de Sabina Alba Mariscal y ante su fallecimiento debió dirigirse también en contra de los herederos de la misma.
3. Así mismo, acusa de actuaciones ilegales cometidas por el Juez de primera instancia, quien luego de dictar el decreto de autos para Sentencia, siguió recepcionando memoriales contraviniendo lo dispuesto por el art. 396 del Código de Procedimiento Civil; que por proveído de fs. 174 suspende el plazo para dictar Sentencia disponiendo en su lugar se notifique mediante Orden Instruida al Juez de la Localidad de Llallagua para que remita una fotocopia legalizada del testimonio de compraventa de fecha 07 de diciembre del 1993, cuya fotocopia cursa a fs. 12 del expediente, prueba que correspondía ser presentada por la parte actora; así mismo para que su persona presente en original la fotocopia de fs. 13, utilizando como pretexto este actuado judicial a efectos de suspender su plazo para dictar Sentencia, prueba de ello es que la Sentencia sale de despacho el mismo día en que se dicta el decreto de fs. 178, por el que determina también la reanudación del plazo para dictar Sentencia.
4. Que no existe ninguna prueba que acredite que el objeto, causa y motivos ilícitos concurrieran para declarar la nulidad del documento de fs. 11, valorando el Juez A-quo erróneamente esta prueba para así declarar probada la demanda de nulidad interpuesta en su contra.
En dicho antecedente, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, entre otras, contenida en el Auto Supremo: Nº 55/2011 de 14 de febrero del 2011, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, en coherencia con lo establecido en los Arts. 253 y 254 del mismo cuerpo legal.
En ese sentido, cabe precisar que la finalidad del recurso de casación en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma, es la de anular la resolución recurrida o un proceso cuando al ser sustanciado se violan formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme. En ambos casos, son de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en el art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, señalar en forma clara y precisa qué disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuáles son las causales de nulidad que invoca dentro de las permisiones legales que el ordenamiento procesal señala; asimismo, debe indicar en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea en la Resolución de fondo, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar a ésta e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley, no siendo suficiente citar determinadas disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.
Ahora bien y en atención al primer agravio citado por el recurrente, se concluye que el mismo a tiempo de responder y reconvenir a la demanda principal no opuso excepción de incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados, conforme lo exige el art. 336 inc. 2), del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual dicho derecho no puede ser ejercido en etapa casacional por haber precluido conforme lo prevé el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial.
Asimismo y en relación al segundo agravio invocado, relativo a que en el documento de compraventa de fs. 11, intervienen como compradores Sabina Alba Mariscal y el recurrente y que la demanda debió estar dirigida contra sus herederos, dicho supuesto no resulta ser tal, dado que dicha omisión de ninguna manera causa agravio alguno al recurrente, más aún si los herederos de la otra co-propietaria fallecida, precisamente son los actores principales de la presente causa.
De la misma manera pese a que este cuestionamiento constituye más bien una causal de casación en la forma, sin embargo con relación al agravio acusado, respecto a las actuaciones ilegales en que supuestamente hubiera incurrido el A –Quo, al momento de disponer decreto de autos y luego suspender el plazo para dictar resolución para requerir la presentación de mayor prueba documental, hecha la revisión de obrados y las normas procesales aplicables, se establece que el Juzgador para formar mayor convicción se encuentra facultado por el art. 378 del Código Adjetivo de la materia, para disponer la producción de cuanto medio probatorio sea indispensable para resolver la causa en base al principio de verdad material, hecho que de ninguna manera ha ocasionado perjuicio alguno al recurrente, dado que, conforme el mismo recurrente lo reconoce, la Sentencia fue dictada inmediatamente se produjo la reanudación del plazo que había sido suspendido para dictarla.
Por último, en relación a la defectuosa valoración y a las causales de la nulidad demandada, se concluye que el recurrente, no ha dado cumplimiento a lo establecido por el Art. 258 - 2) del Código de Procedimiento Civil, debido a que incurre en confusión en establecer si la reclamación va destinada a casación en el fondo o en la forma, debido a que acusa vagamente una aparente no valoración correcta de las pruebas y concluye solicitando se les conceda el recurso para ante el Tribunal Supremo, para que se anule obrados sin reposición hasta fs. 34, que ciertamente va destinado a la reclamación en la forma. Sin embargo a efectos de aclaración se puede establecer que la transferencia del 100% que habría realizado Donato Alba Velásquez de los cuales el 50% era de su cónyuge fallecida, no puede ser convalidado de ninguna forma, pues no es posible que transfiera derecho alguno del que el vendedor no era titular.
Asimismo, se aclara que, cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia del error de hecho o de derecho en su apreciación, puesto que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación.
Por las razones expuestas, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273, del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los artículos; 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 216 a 217, interpuesto por Juan Mariscal Arias contra el Auto de Vista Nº 173/2012, emitido en fecha 14 de noviembre del 2012, de fs. 208 a 210, por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.
Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 253
 artículo 42