Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520426.html
Timestamp: 2019-03-21 15:51:43+00:00

Document:
as201520426
Auto Supremo: 426/2015
Expediente:PT-9 - 15 - S
Partes: María Luisa Arias Cáceres de Sánchez. C/Ana María Ovando López y
Proceso:Denuncia de Bien Vacante.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 523 a 527, interpuesto por Ana María Ovando López, contra el Auto de Vista N° 07/2015 de 15 de enero de 2015 de fs. 516 a 519, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Bien Vacante, seguido por María Luisa Arias Cáceres de SánchezcontraAna María Ovando López y Otra, el Auto de concesión de fs. 529, los antecedentes del proceso, y;
La Juez de Partido Mixto y de Sentencia deUncía del Departamento de Potosí, pronuncia Sentencia N° 41/2014 de 26 de septiembre de 2014, de fs. 476 a 480, falla, declarando PROBADA la denuncia del bien vacante del inmueble ubicado en la calle Sainz s/n de Uncía entre la calle Colquechaca y Chayanta, denunciado como tal por María Luisa Arias de Sánchez y el Gobierno Autónomo Municipal de Uncía, haciéndose estos acreedores del cuarta parte del valor del bien inmueble sito en la calle Sainz s/n de esta ciudad. Se declara IMPROBADA la oposición formulada por Ana María Ovando López de fs. 144 a 146 del expediente en merito a los fundamentos contenidos en el presente fallo. En ejecución de Sentencia se dispondrá el porcentaje del valor del bien inmueble vacante que corresponderá a los denunciantes y al Estado, así como se dispondrá sobre la pertinencia de los bienes inventariados por el representante del Ministerio de Educación y Culturas y Deporte.
Contra dicha Sentencia de fs. 476 a 480, Ana María Ovando López, interpone recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista N° 07/2015 de 15 de enero de 2015 de fs. 516 a 519, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que CONFIRMA la Sentencia apelada de N° 41/2014 de26 de septiembre de 2014 de fs. 476 a 480, resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Ana María Ovando López, el mismo que merece el presente análisis.
1.- Refiere, que no se ha acreditado el deceso de María Luisa Claure Padilla, como tampoco fue citada con la demanda de manera expresa, toda vez que seestaría atentando al derecho a la defensa y al debido proceso, proclamados en los arts. 115. II, 117-I, 119-II, 120 y 180-I de la Constitución Política del Estado, Como también el art. 30 de núm. 12) de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial.
2.-Así también señala como aspecto de agravio que debió tramitarse previamente la declaración de ausencia y el fallecimiento presunto de María Claure Padilla hija de Zenón Claure Ferrufino y Gumercinda Padilla Claure Maldonado, hecho no acreditado por ningún medio de prueba, menos por los resúmenes emitidos por el SERECI, alegando además que se estaría afectando el derecho patrimonial de la heredera María Luisa Claure Padilla.
Termina peticionando que se anule obrados hasta el Auto de admisión de la denuncia del bien vacante.
1.-Impugna el Auto de Vista, señalando que ha vulnerado el art. 253 num. I) del Código de Procedimiento Civil, señalando además que el resumen de la partida de María Luisa Claure Padilla, nacida en fecha 10 de octubre de 1953, según literal de fs. 11, documento que es público, que tiene valor legal, según el art. 1296 del Código Civil, otorgado por el Servicio de Registro Cívico “SERECI”, que acreditaría que evidentemente es heredera forzosa de su madre Gumercinda Padilla Maldonado, de esta manera el Auto de Vista desconoce la clasificación de herederos violando de esta manera el art. 698 del Código de Procedimiento Civil, porque no existe bien vacante.
2.-Acusa la Violación de la Ley, al haber omitido la ponderación de la prueba documental que acredita el derecho de propiedad, señalando que en primera instancia ha presentado una fotocopia legalizada de la minuta, obtenida del proceso ordinario de usucapión que se tramito ante el Juzgado de Partido Mixto y Liquidador de Uncía, toda vez que la minuta fue suscrita en fecha 6 de julio de 1999, entre Gumercinda Padilla Vda. de Ovando en su condición de vendedora la recurrente como compradora del inmueble de la calle Sáenz s/n de Uncía. Objeto de la presente denuncia como bien vacante, alegando además que si bien la minuta presentada en primera instancia no fue elevada a escritura pública, convirtiéndose en documento privado al haberse procedido al reconocimiento de firmas y rubricas, de tal modo tiene la calidad y valor legal como determinan los arts. 1288, 1297 y 1311 del Código Civil, de esta manera se demuestra el derecho propietario sobre el inmueble de la calle Sainz de Uncía, emergente del contrato de venta, el mismo que se encuentra registrado en las Oficinas de Derechos Reales bajo la partida N° 412, Folio N° 213, Libro N°16 de propiedad “Bustillos” de fecha 15 de agosto de 2002
3.- Como también acusa al Tribunal de alzada, señalando que no hubiera valorado la prueba aportada a fs. 505 y de fs. 506 a 508, prueba que demuestra el derecho propietario y que tiene valor legal conforme el art. 1296 del Código Civil, además señala que en el Auto de Vista existe aspectos contradictorios, sobre el derecho de propiedad, supuestamente no acreditado, vulnerando el art. 253 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se ha demostrado el derecho propietario y Registro en Derechos Reales, surtiendo efectos contra terceros, conforme señala el art. 1538 del Código Civil.
Por lo expuesto termina peticionando case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda de denuncia de bien vacante en función que existe un derecho propietario sobre el inmueble.
Tomando en cuenta que se ha formulado recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, primero se resolverá el que corresponde a la forma, pues en caso de advertir vicio de procedimiento y asumir por una anulación de obrados ya sería innecesario considerar los argumentos del recurso en el fondo.
Previamente se debe precisar respecto a los agravios que se acusa por parte de la recurrente, en ese entendido este Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo Nº 172/2013 de 12 de abril de 2013, sobre la legitimación para recurrir de un fallo ha señalado lo siguiente: “…Consecuentemente, se dirá que el art. 257 del Código de Procedimiento Civil refiere: "(Plazo).- El recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el Auto de Vista o Sentencia...", como se podrá apreciar dicho articulado refiere, a un recurso de casación, o sea al medio de impugnación que puede formular un perjudicado procesal, obviamente bajo las condiciones establecidas en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a ello se podrá decir que el avance de la doctrina, ha desarrollado el "principio de impugnación", por el cual se ha formulado la legitimación dela recurrente, entendiendo que solo un perjudicado es quien puede recurrir.
Consideración que tiene sustento, en base al aporte de doctrinarios del derecho como Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: "b) la cuestión de saber quién puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la Sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda cuando la Sentencia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la Sentencia se funda en esa conformidad. Los terceros no pueden interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento asumen la calidad de partes. No obstante permanecer en su situación de terceros, pueden interponer ciertos recursos, como el extraordinario de apelación por inconstitucionalidad cuando se pretende ejecutar contra ellos una Sentencia dictada en un proceso en el que no ha intervenido (VII, 18)..."
Desde otro criterio doctrinario se tiene la ponencia presentada en la Universidad San Marcos de Lima, por Pedro Donaires Sánchez, intitulado: "LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN", señalando lo siguiente: "...PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN... La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son los acogidos por los distintos Autores, algunos de los cuales son citados... 2. Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior…”
En nuestro medio el aporte doctrinario de Carlos Morales Guillen, en su obra "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO", en la página 500 señala: "... En la doctrina y en la práctica, generalmente, y también en la ley (v. gr. El ap. 213, según el cual las Resoluciones judiciales, serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada), se habla de medios de impugnación (Chiovenda, Carnelutii, Couture)…”
La teorización sobre el principio de impugnación, establece el carácter de legitimación para recurrir y esa legitimación se encuentra en la parte perjudicada en sus derechos, esto quiere decir que al emitirse una resolución judicial, tratándose de un proceso contencioso, obviamente que dicha resolución en forma total favorecerá a la pretensión de una de las partes y perjudicará en cuanto a la pretensión de su contraparte; también puede darse el caso que una resolución final en proceso contencioso, podrá favorecer en forma parcial a ambas partes y perjudicará también en alguna medida a las mismas partes, consiguientemente de ello se deduce que al emitirse una resolución final, en la generalidad de los casos favorece a alguna de las partes y perjudica a la otra parte en cuanto a sus pretensiones, a raíz de dicha resolución final, se genera la legitimación para recurrir identificada siempre en la parte perjudicada con la resolución, de ahí que se habilita la vía recursiva o de evaluación de la resolución de grado, y en el caso de apelación será un Tribunal jerárquicamente superior al que emitió la resolución en contra de la que se recurre, entendimiento conforme al texto literal del art. 213 del Código de Procedimiento Civil que señala: “(Recurribilidad de las Resoluciones judiciales).- I.- Las Resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada...”, texto legal del cual se concluye que la legitimada procesal para recurrir resulta ser la parte perjudicada.
Sobre el derecho a la impugnación se cita la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre en el que se señaló lo siguiente: “III.4. Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo.
El Código de Procedimiento Civil, en el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada. II. Sólo cuando la ley declare irrecurrible una resolución será permitido negarse al examen del recurso o someterlo a conocimiento del juez correspondiente; es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”
En el caso en cuestión, la recurrente en los argumentos que expone, no fundamenta agravios que hubiera sufrido en su contra, sino basa los mismos en los presuntos perjuicios que hubiera sufrido un tercero, careciendo de legitimación para reclamar por otra persona, que en este caso fuera la hija de los titulares del bien inmueble declarado como bien vacante, consecuentemente al no demostrar perjuicio en contra de sus derechos, los argumentos glosados por tercero no pueden ser considerados por este Tribunal Supremo de Justicia, por lo que sus reclamos devienen en improcedente.
En cuanto al recurso de casación en el fondo, conforme determina el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, es trascendental que el recurrente cumpla con citar en términos claros, concretos y precisos cuáles las causales por las que recurre de casación en el fondo; señalar si el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, especificando qué leyes fueron violadas y en qué consistió dicha violación, falsedad o error, o en su caso si dicha resolución contiene disposiciones contradictorias, finalmente si en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de derecho o de hecho, demostrando la equivocación manifiesta del juzgador; exigencia que se encuentra debidamente justificada, toda vez que al interponer recurso de casación en el fondo, es porque el recurrente ha advertido errores en la Resolución de fondo del litigo “error in judicando” y su pretensión es que el Tribunal Supremo revise el fondo del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo de la litis. Entonces, quienes recurren se encuentran obligados a manifestar al Tribunal Supremo qué recurso plantean, cuál la pretensión y sobre todo la fundamentación para la procedencia de cada una de ellas conforme expresa el art. 258 núm. 2) del Código antes referido.
Partiendo de lo anotado, la recurrente no especifica con claridad cuál la norma violada, interpretada o aplicada erróneamente, solamente hace mención el art. 253 num.1) y 2) del Código de Procedimiento Civil,disposición que establece las causales para impugnar la resolución del Auto de Vista, aspecto que imposibilita la consideración de sus argumentos vertidos de manera global. Por otro lado, respecto a la valoración de la prueba, el recurrente no cumple con lo normado en el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, no indica cual el error de hecho o de derecho que hubiesen cometido los de instancia, sólo de manera general acusa la infracción de los arts. 1288, 1297 y 1311 del Sustantivo Civil, la recurrente no precisa en términos claros y concretos, en qué consisten ambos errores, qué ley o leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente o en qué consiste la violación, falsedad o error que acusa, limitándose solamente a señalar que las decisiones asumidas en la Litis, se basan en la valoración de la prueba y de un derecho propietario que fue demostrado en su oportunidad, además desconociendo la clasificación de herederos conforme al art. 698 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no existe un bien vacante, aspecto insuficiente para entrar a considerar cual el error en la valoración de las mismas; hechos que hacen ver la escasa técnica recursiva con la que fue planteado el recurso llegado a nuestro conocimiento, de lo que se concluye que el recurrente no cumple con las formalidades de orden legal previstas en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, lo que imposibilita al Tribunal Supremo de Justicia abrir su competencia para poder resolver el mismo, correspondiendo se resuelva de la forma prevista en los arts. 271 núm. 1) y 272 num. 2) del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 523 a 527, interpuesto por Ana María Ovando López, contra el Auto de Vista N° 07/2015 de 15 de enero de 2015 de fs. 516 a 519, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Sin costas al no haber contestación.

References: resolución 
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