Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-03631-de-mayo-15-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dfe7c60e4bb200eae0430a01015100ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-21 22:55:30+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2001-03631 de mayo 15 de 2013
SENTENCIA 2001-03631 DE 15 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. EL ESTADO NO DEBE VINCULAR PERSONAL BAJO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PERMANENTES, DADO A QUE SE VIOLAN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, Y LA NÓMINA PARALELA DESCONOCE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. EL HECHO DE QUE SE DESVIRTUÉ LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO OTORGA LA CONDICIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO, PUES ESTO REQUIERE NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADO PÚBLICO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Sentencia 2001-03631 de mayo 15 de 2013
Rad.: 05001233100020010363101
Exp.: 1363-2012
Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez
Problema jurídico. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala establecer si entre la ESE Metrosalud y el demandante existió un vínculo laboral y, en consecuencia, si el último tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones que dejó de percibir con ocasión de ese vínculo.
Del contrato realidad. Sea lo primero advertir, que la Sala ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.
“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (inc. 1º)”.
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto-Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone: “3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados (...)”.
De otra parte, esta Sala destaca que al tenerse elementos de juicio para que se declare una relación laboral, entre quien prestó el servicio y la entidad en que se ejecutó el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional(5). Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:
Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a titulo de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”(6).
“ART. 123.—(...) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.”.
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales” (...)”
En este punto se debe destacar que se permiten por el ordenamiento jurídico tres clases de vinculaciones con entidades públicas, a saber: i) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); ii) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y iii) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).
Esta tesis doctrinal ha sido acogida de tiempo atrás por el Consejo de Estado. La Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 8 de marzo de 2001, sostuvo(14):
Según la jurisprudencia de la corporación (ver sent. ago. 16/63, Anales 2º semestre 1963, tomo 67, pag. 57), el funcionario de hecho “es aquel que desempeña un cargo en virtud de una investidura irregular”; como es el caso del actor, que ingresó al servicio sin que la junta directiva hubiera aprobado su nombramiento (fl. 3).
Posteriormente, la Sección Segunda Subsección B en sentencia del 28 de julio de 2005, expediente 5212-03, con ponencia del doctor Tarcisio Cáceres Toro, se efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que “para que una persona natural desempeñe un empleo público, en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente. Ahora, muy excepcionalmente se da el caso de los funcionarios de hecho, donde estos requisitos para el ingreso al empleo no se cumplen satisfactoriamente y cuyas repercusiones en diferentes campos del derecho han sido analizadas; para esta figura es indispensable la existencia del empleo, lo cual implica que esté previsto en la respectiva planta de personal” (negrilla y subrayados originales del texto).
Hechos probados y relevantes. Con la prueba documental recaudada dentro del trámite procesal y las declaraciones rendidas por los testigos, se lograron demostrar los siguientes supuestos relevantes, para desatar los planteamientos del problema jurídico propuesto:
El señor Hurtado de Jesús Monsalve Martínez estuvo vinculado por más de 5 años a la Entidad demandada, mediante contrato de prestación de servicios, ejerciendo las funciones del cargo de auxiliar de inventario en el departamento de suministros de forma sucesiva. Tal como se evidencia de los contratos y ordenes de servicios aportados al proceso y de la certificación expedida por el Jefe del Departamento de Desarrollo Laboral de la ESE Metreosalud (fl. 9) de 10 de julio de 2000.
De igual forma, en la entidad recurrente señaló que el contrato de prestación de servicios se suscribió con el demandante por cuanto el personal de planta era insuficiente para cubrir la necesidades del servicio de salud que eran requeridas por el ESE Metrosalud (fl. 136). Enfatizó que en el caso del señor Monsalve Martínez no hubo desvinculación sino que simplemente se término el vinculo contractual.
La entidad demandada también señaló que los servicios asistenciales que prestaba la auxiliar de inventarios de suministros no estaban sometidos a subordinación y dependencia, sino a una adecuada coordinación de ejecución con el fin de que la ESE, les proporcionara a los particulares una eficiente y apropiada prestación del servicio público de salud.
Insistió en que se exigía a la demandante que realizara sus actividades de forma coincidente con los horarios de atención de la ESE, pues estima que no valdría la pena contratar un auxiliar de inventarios del departamento de suministros que desempeñara sus actividades en horas que no se necesitara su presencia.
En este punto, se destaca por la Sala que obra en el expediente, como prueba documental, los contratos de prestación de servicios suscritos entre el accionante y la ESE Metrossalud, los cuales se realizaron de forma sucesiva entre el 20 de junio de 1995 al 30 de enero de 2000.
Los contratos y órdenes de servicios allegados al proceso son los siguientes:
Contrato Fecha Forma de pago
Nº 293 (fls. 47 - 48) 20 de julio al 19 de julio de 1995 Dos cuotas quincenales de $163.696.
Nº 343 (fls. 14 - 16) 2 de agosto a 1º de sept. de 1995 Dos cuotas quincenales de $163.696.
Nº 447 (fls. 38-39) 11 de sept. a 31 de dic. de 1995 Seis cuotas quincenales de $163.696 y una de $282.188
Prórroga del contrato Nº 447 (fl. 30) 1º de enero de 1996 Valor de la prorroga $327.396
Nº 608 (fls. 26-27) 5 de febrero a 5 de abril de 1996 Cuatro cuotas quincenales $223.668
Nº 1189 (fls. 24-25) 1º de agosto a 31 de octubre de 1996 Seis cuotas quincenales $223.668
Nº 381 (fls. 22-23) 1º de marzo a 30 de abril de 1997 Cuatro cuotas quincenales $295.241
Nº 741(fls.19-21) 1º de julio a 30 de sept.1997 Seis cuotas quincenales de $295.241
No.1315 (fls. 17-18) 1º de octubre a 31 de dic. de 1997 Seis cuotas quincenales de $295.241
Nº 114 (fls. 12-13) 5 de enero a 31 de dic. de 1998 Un primer pago de $265.221 y 23 cuotas quincenales de $361.670
Nº 028 (fls. 45-46) 4 a 31 de enero de 1999 Una sola cota de $742.147
Nº 23 (fls. 43 -44) 1º a 28 de febrero de 1999 Dos cuotas quincenales $412.304
Nº 330 (fls. 28-29) 1º a 31 de marzo de 1999 Dos cuotas quincenales $412.304
Nº 414 (fls. 35-36) 6 a 30 de abril de 1999 Un primer pago de $274.870 y una cuota quincenal de $412.304
Nº 945 (fls. 51-52) 1º de julio a 15 de agosto de 1999 Tres cuotas quincenales $412.304
Nº 1078 (fls. 33-34) 16 de agosto a 15 de septiembre de 1999 Dos cuotas quincenales $412.304
Nº 1277 (fls. 31-32) 16 de septiembre a 15 de diciembre de 1999 Seis cuotas quincenales $412.304
Obra en el expediente certificación expedida por el jefe del departamento de desarrollo laboral de la empresa social del Estado Metrosalud (fl. 9), de fecha 10 de julio de 2000, consta que además de los contratos aportados al proceso, el demandante suscribió con la entidad otras órdenes de servicio desempeñándose como auxiliar de inventario durante los siguientes periodos:
• 6 de abril a 1º de julio de 1996.
• 1º de noviembre al 31 de diciembre de 1996.
• 1º al 31 de enero de 1997.
• 1º al 28 de febrero de 1997.
• 1º de mayo al 30 de junio de 1997.
• 1º de mayo al 30 de junio de 1999.
• 16 de diciembre de 1999 a 30 de enero de 2000.
De los contratos y órdenes de prestación de servicios traídos al proceso se evidencia las funciones del cargo de auxiliar de inventarios del departamento de suministro, en marcadas en el objeto de los contratos, en los siguientes términos:
• Ejecutar labores de recepción, organización, control y entrega de mercancías.
• Organizar y controlar los elementos del almacén de acuerdo a los planes de trabajo elaborados y a las instrucciones dadas por el jefe del almacén.
• Llevar el control de las fechas de vencimientos y estado de la mercancía que ingresa al almacén e informar al jefe.
• Preparar y despachar las cantidades autorizadas de los elementos para las diferentes dependencias.
• y entregada a la persona responsable de los despachos.
• Colaborar con los inventarios.
• Desempeñar las demás funciones propias de su cargo y que le sean asignadas por su inmediato superior...”.
De otra parte, se resalta que la dependencia y subordinación que el señor Hurtado de Jesús Monsalve Martínez tenía al momento de realizar las labores como Auxiliar de Inventario se verifica en las declaraciones de los testigos, según consta en las actas obrantes a folios 91 a 96, las declaraciones coinciden en afirmar que el demandante prestaba sus servicios a Metrosalud, mediante vinculación de contrato; se desempeñó en el cargo de auxiliar en el almacén, cumpliendo horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y desempeñaba las mismas funciones del personal de planta, siendo su jefe inmediato el señor Gustavo Hernán Restrepo Zea, de quien tenía que cumplir órdenes.
De la petición en sede gubernativa y su respuesta
Obra en el expediente la solicitud que en ejercicio del derecho de petición elevó el actor el 20 de marzo de 2001 ante la Empresa Social del Estado Metrosalud, en los siguientes términos:
“... Con base en los anteriores hechos y consideraciones solicito a ustedes las siguientes peticiones:
1. Que se me reintegre al cargo de auxiliar de inventarios del departamento de suministro, o en un cargo igual o superior categoría, de funciones y requisitos afines al que venía desempeñándome.
2. Que como consecuencia de lo anterior se me reconozca el pago de sueldos, primas, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a mi cargo, con efectividad desde la fecha de la desvinculación hasta cuando sea reincorporado al servicio, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado con posterioridad a la terminación del vínculo, indexados éstos conceptos como lo manda el Código Contencioso Administrativo.
3. Que se me paguen las prestaciones sociales dejadas de percibir durante la relación contractual (primas, vacaciones, cesantías).
4. Subsidiariamente de no compartir lo anterior se me paguen las prestaciones sociales a que tengo derecho, suma ésta que debe ser pagada de acuerdo al el artículo 65 del Código del Trabajo. (...)”(fls. 71 a 757).
El mediante Oficio 10159 de 27 de junio de 2001 el gerente de ESE Metrosalud dio respuesta a la petición presentada por el demandante, de forma negativa indicando entre otras cosas lo siguiente:
“Los contratos de prestación de servicios que celebra Metrosalud,están plenamente autorizados, en la Ley 80 de 1993, artículo 32, por lo tanto no puede hablar el peticionario de que en las ordenes de servicios que suscribió con la entidad se dio una forma simulada, para evadir responsabilidades como vinculo laboral, estabilidad laboral, prestaciones sociales, etc.” (fls. 2 y 3).
Por lo anterior se debe reiterar que el presente caso se debate la legalidad del Oficio de Nº 10159 de 27 de junio de 2001 mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento y pago de derechos prestacionales al señor Hurtado de Jesús Monsalve Martínez durante el tiempo que estuvo vinculado irregularmente a la entidad demandada.
Existencia de una relación laboral entre las partes
Ahora bien para resolver el primer problema jurídico, el cual se circunscribe a determinar si existió entre las partes una verdadera relación laboral entre el periodo comprendido entre el 20 de junio de 1995 al 30 de enero de 2000, se debe determinar sí se configuran los elementos esenciales de dicha relación, a saber: la prestación personal del servicio, la subordinación y dependencia, y la contraprestación.
De la prestación personal del servicio. Como ya se anotó obran en el expediente pruebas que permiten corroborar la prestación personal del servicio, como son las ordenes de prestación de servicios en los que se consagran los términos y condiciones para ejercer el cargo, indicándose que se obligaba el contratista, esto es el señor Monsalve Martínez, a desempeñar función de auxiliar de inventarios del departamento de suministro.
La prestación personal del servicio a favor de la ESE, se dio en virtud de los contratos de prestación de servicios antes referidos, los cuales firmó de forma directa con la ESE hasta el 20 de enero de 2000.
La entidad demanda afirma en el recurso de apelación que el contrato de prestación de servicios se originó por la necesidad de la entidad de prestar un adecuado y eficiente servicio a los usuarios de la salud, pues era insuficiente el personal con el que contaba la ESE para realizar las funciones que desempeñó el demandante.
De otra parte, obran en el expediente pruebas testimoniales que permiten corroborar la prestación personal del servicio, tal y como quedo precisado en el acápite de hechos probados y relevantes de esta providencia.
De las funciones desempeñadas por la actora en desarrollo del objeto contractual. Sobre este punto y según la prueba documental y testimonial se tiene como probado lo que sigue:
La demandante prestó sus servicios a la entidad demandada como Auxiliar de Inventarios. Estas funciones son propias de los empleados de la entidad de salud y se realizaron hasta el 20 de enero de 2000, fecha en que se dejó de reanudar el contrato de prestación de servicios, según se corrobora con la prueba testimonial recaudada en el curso del proceso.
De las declaraciones rendidas por los testigos, quienes también eran auxiliares de inventario en la ESE se desprende que el actor tenía que laborar en el horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
De igual forma, se corrobora en los textos de los contratos aportados en los cuales se lee: “... El contratista prestará sus servicios en el departamento de suministros en un lapso comprendido entre 40 y 44 horas semanales “...” para la ejecución de las anteriores actividades usted debe permanecer en el almacén del departamento de suministros a partir ..., durante 48 horas semanales , en horario de 7:30 a.m. y 12: 30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.”.
También está claro y no admite discusión, que las funciones que el actor desempeñaba eran asignadas a empleados de planta y por esto debía concordar con el horario del almacén del departamento de suministros.
Respecto al horario las testimoniales señalaron que al actor se le exigía como a todas los auxiliares cumplir con la jornada laboral de ocho horas.
De esta manera quedan demostrados la vinculación permanente del actor, el cumplimiento de funciones propias de la entidad de salud, el horario que debía cumplir y la subordinación al jefe del departamento de suministro.
El actor percibía la remuneración o contraprestación económica por la labor personal que realizada en la ESE estipulada en cada uno de los contratos que suscribió con la entidad, lo cual es reiterado en los hechos de la demanda y no lo controvierte en la contestación de la demanda la entidad.
Conclusiones sobre los elementos de la relación laboral. Conforme a lo destacado en precedencia es evidente que la situación del actor se enmarca en una relación laboral y no de prestación de servicios, por cuanto se acreditaron todos los elementos constitutivos de la relación laboral.
Aparece demostrado que el señor Monsalve Martínez prestaba personalmente el servicio cumpliendo funciones de los empleados públicos que ostentaban el mismo cargo y que de igual forma seguía órdenes impartidas por su superior jerárquico inmediato, en cuanto al modo, tiempo y lugar, con lo cual queda demostrado, el elemento subordinación, requisito necesario para establecer si bajo la apariencia de contratos de prestación de servicios se ocultó una verdadera relación laboral entre las partes, de tal manera que no queda duda acerca del desempeño laboral del demandante en las mismas condiciones que lo realizaban los empleados de planta de la entidad demandada, pues incluso debía cumplir un horario de trabajo para realizar las labores encomendadas.
En el sub examine se pudo verificar efectivamente que las labores adelantadas por el actor no fueron transitorias ni ocasionales, sino que, por el contrario, las funciones que le fueron asignadas como auxiliar de Inventarios en la entidad de salud eran de carácter permanente.
Así las cosas, para la Sala no resulta acertado lo expuesto por el apelante cuando afirma que el contratista no estaba subordinado ni dependía de la entidad demandada, sino que ejercía sobre su actividad una supervisión o un control el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior, ya que las pruebas allegadas demuestran lo contrario, esto es, que el actor sí se encontraba bajo dependencia y subordinación no sólo respecto al cumplimiento del horario, sino de las órdenes y actividades que se le asignaban, sin que de ninguno de estos elementos probatorios se pueda concluir la independencia y autonomía del contratista en el ejercicio de sus funciones, como lo establece claramente el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para concluir que se trataba de simples ordenes de prestación de servicios, como lo sostiene el recurrente.
Finalmente, para la Sala esta demostrado que el actor ejerció de funciones en iguales condiciones a las que desempeñan los servidores de planta de la entidad y que forman parte del “giro ordinario de su objeto” como es la prestación del servicio de salud , criterios éstos que como lo ha expuesto recientemente la Corte Constitucional, se trata del cumplimiento de funciones de carácter permanente para las cuales, por expresa disposición legal, está prohibida la celebración de contratos de prestación de servicios con la administración, lo que contradice el carácter temporal propio de este tipo de acuerdos.
Así las cosas, queda demostrado para el presente caso, la existencia de los elementos de la relación laboral, las cuales son prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación; y por tal razón, el actor tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales, que reclama y en los términos dispuestos por el tribunal de primera instancia.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada en razón a que aparecen debidamente probados los elementos integrantes de la relación laboral, lo que da lugar al pago de la indemnización reparatoria a favor del actor con base en los valores pactados dentro de los diferentes contratos de prestación de servicios y por el tiempo de duración de los mismos, así como los porcentajes de cotización correspondientes a salud y a pensiones que la entidad demandada debió trasladar a las entidades correspondientes, puesto que dichos pagos son consecuencia del vínculo laboral que existió entre las partes.
Finalmente, insiste la Sala en que la existencia de los contratos de prestación de servicios en virtud de los cuales el actor desempeñó el cargo de auxiliar de almacén, no le dan el derecho al actor de adquirir la calidad de empleado público o de funcionario de hecho como lo concluyó el tribunal, pues para que ello ocurra se requiere como quedo visto en el acápite “marco normativo y jurisprudencial” la existencia jurídica del cargo, las funciones ejercidas irregularmente, y que el cargo se haya ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente, situación que, en el presente caso no se cumple.
Vale la pena precisar que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de trabajar para el Estado:
“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la Ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(15).
En conclusión y de acuerdo con todo lo anterior, la Sala confirmará en su integridad la decisión de primera instancia.
CONFÍRMASE la sentencia de 11 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
(5) Sentencia de 15 de junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación 2603-05, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.
(6) Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(7) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 5 de agosto de 2010, expediente 50001233100020054052601, número interno 2079-2009.
(8) Característica concordante con lo dispuesto en los numerales 14 del artículo 189, 7 del artículo 305, y 7 del artículo 315 de la Constitución Política.
(9) En sentencia C-1174 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se hizo referencia a la clasificación del empleo público en los siguientes términos: “La clasificación hace alusión a la forma de organización de los empleos públicos en diferentes grupos. Dicha clasificación tiene su origen en la Constitución o en la ley. Con fundamento en la Carta, cuya clasificación atiende a la naturaleza del cargo, los empleos son de carrera —la regla general—, de elección popular, de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
(12) Sayagües Laso. Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Montevideo 1974, págs. 300 a 302.
(13) Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, C.P. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. 25000-23-25-000-1996-41885-01(6267-05).
(14) Expediente 08001-23-31-000-1995-9370-01 (417-00). Actor. Edmundo Drago M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(15) Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

References: artículo 53
 artículo 32
 artículo 65
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 189
 artículo 305
 artículo 315