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Timestamp: 2020-08-13 18:23:05+00:00

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Y… ¿A qué volvemos? | Enrique Peña Nieto | Partido Revolucionario Institucional
Y… ¿A qué volvemos?
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27 08 2014 - Cóctel con periodistas en el marco de la Quinta Reunión Plenaria de Senadores PRI-PVEM en el Estado de Veracruz.
SISTEMA POLITICO MEXICANO - OMAR BANDALA FONSECA.pdf
FabrizioMejiaMadrid_AvistamientoCasaLadrones
Newsletter-Política Nacional e Internacional Jueves 28 Marzo 2019_.pdf
Y… ¿a qué PRI volvemos?
Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A. C.
BiBlioteca dr. Jorge villaloBos padilla, s. J.
Análisis plural / .-- Guadalajara, México : iteso, 2003-.
Semestre 1 (2012)
isBn 978-607-7808-69-5
isBn de la colección 978-968-9524-19-9
Título en la cubierta:
¿A qué PRI volvemos?
1. Política - Publicaciones Periódicas Mexicanas - Tema Principal 2. Política - México - Publicaciones
Periódicas 3. Economía - México - Publicaciones Periódicas 4. México - Condiciones Sociales y Cultu-
rales 5. México - Condiciones Políticas 6. México - Condiciones Económicas 7. Publicaciones Periódicas
Mexicanas I. t.
Colección a cargo del Centro de Formación Humana
Correo electrónico: analisisplural@iteso.mx
Teléfono: + 52 (33) 3669-3548
Cuidado de la edición: Centro de Estudios Educativos (cee)
Diseño de la colección: Rocío Calderón Prado
Diagramación: Soledad Vargas Fonseca
Portada: Eliseo Ariel Brena Becerril
Corrección de estilo: Mónica Arrona Scacheri
Fotografía de la portada: El Universal. El Gran Diario de México
La presentación y disposición de Y
¿A qué pri volvemos? son propiedad del editor. Aparte de los usos
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toquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, inventado o por inventar,
sin el permiso expreso, previo y por escrito del editor.
1a. edición, Guadalajara, 2012.
Col. iteso, Tlaquepaque, Jalisco, C. P. 45604.
Principales sucesos nacionales del primer semestre de 2012
Pronósticos y posibilidades
El éxito electoral del libre mercado
Un retorno en cuestión. Elecciones presidenciales 2012
México 2012: elecciones bajo sospecha
……… 65
Principios electorales y gastos de
campaña: enredos para la calificación presidencial de 2012
Narcotráfico e intervención militar en México 2006-2012
La reciente movilización política
de los jóvenes: expresiones locales de una crisis mundial
……… 111
El campo mexicano: algunas notas sobre sus perspectivas
……… 141
Hoy, 25 de septiembre, dejo la dirección del Análisis Plural, por mandato del señor rector.
Me despido, compartiendo a los lectores dos sentimientos.
La alegría y la esperanza de que esta publicación pueda continuar orientando la vida nacional, en medio de tanta confusión y engaños.
El paternalismo, temeroso de que fracase y muera.
Sabemos que por ello no tendremos Ni ración, ni salario… Lo sabemos Señor, lo sabemos Y seguimos, contigo, trabajando.
Ansiábamos ese día (30 de agosto del 2012) en que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera su fallo, el cual concluye que: “En materia electoral no están demostrados los hechos y, por tanto, no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial…”. 1 Aquí surgen unas primeras inquietudes como las siguientes: y… ¿a qué PRI volvemos?, ¿a un PRI reforzándose y uniéndose?, ¿tenemos un PAN… decadente y en creciente corrupción?, ¿un PRD en ascenso… sin líder convincente?, ¿un México más creativo y democrático o sólo un apara-
to electoral más sofisticado?, ¿qué opinamos sobre la guerra al narco?,
¿la sociedad mexicana ha crecido en democracia? En el presente Análi- sis Plural procuramos ayudar a los lectores a analizar más a fondo estas cuestiones. El maestro Juan Carlos Núñez Bustillos presenta una síntesis de los principales sucesos nacionales del primer semestre de 2012. Los más destacados son el regreso del PRI, las dificultades de Josefina Vázquez Mota, la segunda campaña de López Obrador, las promesas de Peña
Véase http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/143/2012
Nieto, los debates y #YoSoy132, los cuales nos muestran un panorama general del proceso electoral que acaba de concluir. El maestro Francisco J. Núñez de la Peña colabora con “Pronósticos y posibilidades” del estado en que se encuentra la economía mundial,
y concluye que gran parte de los problemas nacionales tiene un origen interno, y ahí, principalmente, están las posibles soluciones. El doctor Luis Ignacio Román Morales, en su artículo “El éxito elec-
toral del libre mercado”, reflexiona sobre la relación entre democracia y
mercado en México ante el proceso y los resultados electorales de 2012. La doctora Luz Lomelí Meillon, en su colaboración titulada “Un re- torno en cuestión. Elecciones presidenciales 2012”, analiza el significa- do que tiene el posible regreso del PRI a la Presidencia de la República, por medio de un examen de las fuerzas que representaron los candida- tos para esta contienda electoral, la futura composición del Congreso a partir de las cifras del cómputo distrital y el sentido del voto emitido por los ciudadanos el 1 de julio. Sergio René de Dios, en su artículo “México 2012: elecciones bajo sospecha”, realiza un análisis exhaustivo del proceso electoral.
El doctor Miguel Eraña Sánchez, en su trabajo titulado “Principios electorales y gastos de campaña: enredos para la calificación presiden- cial de 2012”, ofrece una perspectiva axiológica y constitucionalista de
la calificación presidencial, ocupándose primero de la definición tanto
de los principios rectores electorales (la certeza, la independencia, la
imparcialidad, la objetividad y la legalidad), como de las implicaciones que tiene el valor de la equidad en los comicios democráticos. A partir de ahí, se cuestiona el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en principio, sobre su calidad de tribunal de plena juris-
dicción que no ha estado dispuesto a ejercer las funciones calificatorias
y, después, identificando por qué su sala superior actúa de forma tram- posa al caricaturizar sus atribuciones mediante la miniaturización de
su propia función jurisdiccional. En suma, se critica que una elección
presidencial se deja descalificada por un órgano también descalificado.
El maestro Francisco J. Núñez de la Peña hace un balance en su
artículo titulado “Todavía no”, en el cual nos muestra la posición del Movimiento Ciudadano en Jalisco después de las elecciones y cómo quedaron posicionados cada uno de los partidos políticos en el estado.
El maestro Erubiel Tirado presenta el “Narcotráfico e intervención
militar en México 2006-2012”. Sin obviar, la discusión de los resultados relativamente favorables en la estrategia del régimen (detenciones, ex- tradiciones, y aun eliminación física de líderes criminales, aseguramien-
to de enervantes, confiscación de armas y bienes ilícitos, etc.), realiza
una descripción analítica del nivel del problema en sí que representa el
narcotráfico en términos de dimensiones y su fenomenología. De igual
modo, aborda el estudio institucional respecto del uso de las Fuerzas
Armadas en la estrategia contra el crimen organizado, a efecto de es- tablecer las razones de los resultados limitados y las implicaciones que
tienen, en el corto plazo, en las definiciones estratégicas que deben
plantearse en términos de asegurar nuestra transición democrática. La doctora Catalina Morfín López titula su artículo “La reciente movilización política de los jóvenes: expresiones locales de una crisis mundial”; en él reconoce la conformación de grupos, en su mayoría de jóvenes, que en años recientes se han organizado en la ciudad de Guadalajara para pedir la solución a algunos de su principales proble- mas, como expresiones de una crisis política y del sistema capitalista mundial, producto de haber despojado a la mayoría de quienes integran las sociedades de la posibilidad de decidir sobre su futuro, de llegar a acuerdos y diseñar las formas para llevarlos adelante. El doctor Jaime Morales Hernández, en su contribución “El campo mexicano: algunas notas sobre sus perspectivas”, señala que después de casi dos décadas de políticas neoliberales, el campo mexicano está
en ruinas; la violencia, el hambre, la pobreza, la emigración y el deterio- ro de los recursos naturales son algunos indicadores de esta situación,
mientras que el país importa cada vez mayores cantidades de alimentos a precios cada vez más altos, y los cambios en la dieta incrementan los problemas de salud y desnutrición en la mayoría de la población. Los gobiernos priístas sentaron las bases de la agricultura industrial y glo- balizada, y su labor fue profundizada por las administraciones panistas. Ahora el cuestionado retorno del PRI al poder significa la continuidad de las políticas neoliberales y el agravamiento de la crisis rural. Pro- pone un acercamiento a esta problemática, y enfatiza la necesidad de la participación ciudadana para el cambio de rumbo en el desarrollo rural de México, tanto en el nivel local como en el contexto global. Los recientes movimientos sociales han demostrado ser una vía para la construcción de alternativas desde abajo, hacia un mundo rural más justo y sustentable. La doctora Joaquina Palomar Lever presenta su trabajo “Pobreza y política social”, cuyo objetivo es evaluar un modelo explicativo de la resiliencia en el contexto de la pobreza extrema en México, mediante
la identificación de variables psicológicas y del entorno, para conocer
en qué medida permite explicar el impacto positivo del programa de desarrollo humano Oportunidades, en términos del aprovechamiento
de los apoyos otorgados, que se ve reflejado en un mejoramiento de
las condiciones de vida de los beneficiarios, es decir, a través de la mo- vilidad social. Los resultados muestran diferencias encontradas en los promedios obtenidos en algunos de los recursos psicológicos y sociales evaluados, de acuerdo con el sexo y la zona de residencia, observándo- se menos recursos personales y sociales en mujeres y zonas rurales. Asi- mismo, los de mayor escolaridad e ingreso tienen más recursos indivi- duales, familiares y sociales que favorecen una mayor movilidad social. De estos resultados se derivan recomendaciones de política social.
Síntesis C ronológica
P RINCIPALES SUCESOS NACIONALES DEL
Juan Carlos Núñez Bustillos *
1. El regreso del PRI
El 1 de julio se llevó a cabo la elección de presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, seis gobernadores, un jefe de gobierno del Distrito Federal, 876 ayuntamientos y 579 diputados lo -
cales. Contendieron por la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional ( PAN); Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional ( PRI) en coalición con el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM); Andrés Manuel López Obrador fue el candidato del Movimiento Progresista, y Gabriel Quadri de la Torre abanderó al Partido Nueva Alianza (Panal). De acuerdo con los resul- tados del Instituto Federal Electoral (IFE), Peña Nieto ganó la con - tienda con 19.2 millones de votos (38.21%); López Obrador obtuvo el segundo lugar con 15.7 millones de sufragios (31.54%); el PAN cayó
* Es periodista egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO. Cursó la maestría en Periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid y en el diario El País. Ha traba - jado en diversos medios. Actualmente, es director de Integración Comunitaria del ITESO.
P RIMER SEMESTRE DE 2012
A NÁLISIS P LURAL
al tercer sitio con 12.7 millones (25.41%), y Quadri consiguió 1.1 millo - nes de votos (2.29%), con los que el partido de Elba Esther Gordillo mantuvo su registro. El PRI ganó también las gubernaturas de Jalisco, con Aristóteles San- doval como candidato; de Chiapas, con Manuel Velasco Coello, y de Yucatán, con Rolando Zapata Bello. El Partido de la Revolución De - mocrática ( PRD), que postuló a Manuel Mancera, obtuvo por cuarta ocasión consecutiva la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ade - más, se llevó las gubernaturas de Morelos, con Graco Ramírez, y de Tabasco, con Arturo Núñez. El panista Miguel Márquez conservó para su
partido la gubernatura de Guanajuato. En el Congreso, el PRI consiguió el mayor número de escaños, se - guido por “las izquierdas”. El PAN quedó en tercer sitio. Sin embargo, ningún partido obtuvo la mayoría simple. Pese al temor del IFE de que la situación de violencia pudiera “inhi- bir” la participación, el porcentaje de electores que votó fue el más alto desde 1994, con 63.14% del padrón.
En enero, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ratificó el
triunfo del priísta Fausto Vallejo en los comicios que se realizaron en noviembre de 2011 y que habían sido impugnados.
2. Las dificultades de Josefina
El PAN fue el único partido que definió a su representante en un pro - ceso de elección interna. Participaron Josefina Vázquez Mota, Santiago
Creel Miranda y Ernesto Cordero Arroyo (a quien apoyaba Felipe Cal- derón). Vázquez resultó la triunfadora y se convirtió, así, en la primera mujer postulada por el PAN a la Presidencia de la República. Desde el comienzo, su campaña enfrentó problemas. El 10 de marzo rindió
protesta en un estadio semivacío, pues el acto se retrasó y cientos de
panistas abandonaron el lugar mientras ella hablaba. Dos semanas des- pués se dio a conocer una conversación telefónica en la que acusó al se - cretario de Seguridad, Genaro García, de espiarla. El 2 de abril estuvo a punto de desmayarse mientras leía un discurso. Ante los contratiempos, el 6 de abril se anunció una reestructuración tanto de su estrategia como de su equipo, al que se incorporaron panistas cercanos a Calderón. En
su campaña, ella afirmaba ser “diferente” y al mismo tiempo prometía
continuidad. Anunció que, de ganar, invitaría a Calderón a encabezar la Procuraduría General de la República (PGR). La candidata del PAN fue la primera en reconocer el triunfo de Peña Nieto, antes incluso que las autoridades electorales.
3. La segunda campaña de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador participó como candidato del Movi- miento Progresista integrado por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano. Comenzó su campaña con un discurso mo- derado, en el que llamaba a la “reconciliación nacional”. Se pronunció por una “república amorosa”, al tiempo que denunciaba a la “mafia” que controla al país. Lanzó fuertes críticas a los medios de comunicación, a los que acusó de favorecer al candidato del PRI. No obstante, el propio Movimiento Ciudadano registró, en el segundo sitio de la lista de candi- datos de representación proporcional, a Alejandro Puente, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable. El PRD pospuso en dos momentos la conformación de sus listas de candidatos debido a las pugnas entre sus diversas corrientes. El PRI acusó al Movimiento Progresista de recibir financiamiento ilegal de go - biernos perredistas.
4. Las promesas de Peña Nieto
En un primer momento, la candidatura de Peña Nieto fue propuesta por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza. Sin embargo, por desacuer-
dos en el reparto de candidaturas al Senado, este último partido dejó la alianza y propuso a Gabriel Quadri como candidato. Enrique Peña Nieto comenzó su campaña en Guadalajara, con el respaldo de una “amplia ventaja” que le daban las encuestas difundidas por los medios
de comunicación. En esa posición de comodidad, se centró en la firma
de “compromisos” y evitó las confrontaciones directas con sus adver -
sarios. Sin embargo, el 11 de mayo tuvo que salir por la puerta trasera de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México entre abucheos, tras un encuentro con estudiantes en el que los jóvenes le hicieron preguntas incómodas y recriminaciones. Los peñistas los acu- saron de ser porros. El hecho propició el surgimiento del movimiento #YoSoy132 y una serie de manifestaciones de diversos grupos contra el candidato priísta. Por otro lado, el movimiento de López Obrador
acusó a Peña Nieto de sobrepasar los límites de financiamiento para su
campaña. El 1 de julio, luego de que el IFE lo declarara en ventaja y el presidente Calderón reconociera su triunfo, Peña pronunció un discur- so en la sede del PRI en el que dijo que no habrá regreso al pasado; asi- mismo, ofreció una Presidencia democrática y aseguró que mantendrá la lucha contra el crimen aunque con una estrategia distinta.
5. La televisión y las encuestas
El comportamiento de los medios de comunicación en el proceso elec- toral fue criticado por diversos actores políticos y ciudadanos que in- sistieron en que las televisoras “construyeron” la candidatura de Peña Nieto y le dieron un trato privilegiado, además de difundir encuestas
sesgadas en su favor. Los medios cuestionados lo negaron y mostraban como prueba los monitoreos del IFE en que aparecía una cobertura equitativa en términos del tiempo asignado a los candidatos. Esos con-
teos no incluían análisis del discurso. El periódico británico The Guar - dian publicó una serie de reportajes en los que reveló que Televisa di- señó y financió campañas en favor de Peña Nieto, además de venderle
una cobertura informativa favorable. La televisora lo negó. Durante las campañas, constantemente, los medios de comunicación difundieron encuestas que daban una amplia ventaja a Peña Nieto. El Movimien- to Ciudadano, los integrantes de #YoSoy132 y algunas organizaciones civiles cuestionaron el “uso político” de las encuestas, pues señalaban que esa información generaba, entre los electores, la percepción de que
la elección ya estaba definida. El resultado que obtuvo Peña Nieto en la
jornada electoral fue más bajo que el que le daban las encuestas.
6. Los debates
Durante la campaña se realizaron tres debates entre los candidatos a la Presidencia. Dos fueron organizados por el IFE y otro más fue convo - cado por el movimiento #YoSoy132. El primero se realizó el 6 de mayo.
Las televisoras se negaron a transmitirlo en sus principales canales. TV Azteca emitió a esa hora un partido de futbol, lo cual fue considerado por algunos como una maniobra de los medios de comunicación para proteger al candidato del PRI. El encuentro estuvo sujeto a un rígido formato que impidió la discusión fluida. La aparición de una modelo
con un pronunciado escote fue motivo de polémica. En el segundo
encuentro, que se realizó el 10 de junio, las reglas fueron más flexibles.
Los seguidores de cada partido afirmaron que su candidato había sido
el mejor. El tercer debate se llevó a cabo el 19 de junio. Fue organizado
por #YoSoy132 y se transmitió por internet. El candidato del PRI se
negó a participar. Se desarrolló en un formato basado en preguntas preparadas por integrantes del movimiento y especialistas.
7. #YoSoy132
El 11 de mayo, Enrique Peña Nieto acudió a la UIA de la Ciudad de México tras haber cancelado la cita en dos ocasiones. Los universita- rios cuestionaron al candidato del PRI. Entre otras cosas, le pregunta- ron sobre la actuación de su gobierno en la violación de los derechos humanos de pobladores de San Salvador Atenco, en 2006. Peña Nieto dijo que actuó para restablecer “el orden y la paz” y asumió la respon- sabilidad. Los alumnos respondieron con silbidos y abucheos. Algunos habían mostrado mantas de rechazo al priísta y otros se cubrieron el rostro con máscaras que representaban a Carlos Salinas. El candidato salió por una puerta trasera de la universidad entre gritos de los uni- versitarios. El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, los acusó de “intolerantes”, y el vocero del Partido Verde, Arturo Escobar,
afirmó que la protesta fue promovida por grupos cercanos a López
Obrador. La Organización Editorial Mexicana publicó al día siguien- te, en todos sus periódicos, un titular que decía: “Éxito de Peña en la Ibero pese a intento orquestado de boicot”. Los estudiantes respon- dieron con un video en el cual 131 de ellos mostraron sus credencia-
les de alumnos y afirmaron que: “Somos estudiantes de la Ibero, no
acarreados, no porros. Nadie nos entrenó para nada”. El video circuló
ampliamente por las redes sociales y generó la adhesión de jóvenes de universidades privadas y públicas de todo el país, que conformaron el movimiento #YoSoy132. Para el 18 de mayo las manifestaciones que pedían la democratización de los medios de comunicación se habían
multiplicado. En un ambiente pacífico y festivo, miles de personas se
sumaron al movimiento. El 23 de mayo se llevó a cabo una manifesta-
ción multitudinaria frente a Televisa, y siete días después se realizó la primera asamblea general de estudiantes con representantes de más de
50 universidades. #YoSoy132 consiguió convocar a los candidatos pre - sidenciales, salvo a Peña, a un debate el 19 de junio. Tras las elecciones, las marchas tuvieron como uno de sus temas centrales el rechazo al triunfo del PRI. En la última semana de julio, los estudiantes realizaron un “cerco pacífico” a Televisa. Para finales del semestre los jóvenes
discutían sobre el futuro del movimiento y sus demandas.
8. El conflicto poselectoral
Al día siguiente de la jornada electoral, Andrés Manuel López Obra- dor anunció que impugnaría las elecciones debido al “cúmulo de irre - gularidades” que se cometieron en el proceso. Ese mismo día cente - nares de personas acudieron a algunas sucursales del supermercado Soriana a comprar con tarjetas prepagadas que, según el Movimiento Progresista, el PRI les entregó a cambio de su voto. Miles de ma - nifestantes se congregaron en diversos puntos del país contra Peña Nieto. El 3 de julio López Obrador señaló que la impugnación de los resultados es un derecho constitucional y prometió actuar con res- ponsabilidad. En tanto, el IFE autorizó volver a contar los votos. Para el 5 de julio se habían abierto los paquetes electorales de poco más
de 68 mil casillas. Los resultados del recuento confirmaron el triunfo
del PRI . Dos días después miles de personas se manifestaron contra la “imposición” de Peña Nieto en al menos siete estados de la Repú-
blica. Pese a que en un primer momento el PAN reconoció el triunfo de Peña Nieto sin ningún cuestionamiento, el 18 de julio el presidente
nacional de ese partido, Gustavo Madero, afirmó que al candidato
priísta “no le alcanza la legitimidad” para convertirse en el próximo
presidente. Denunció compra de votos, financiamiento ilegal, apoyo
de medios de comunicación al PRI y la intervención de gobiernos priístas en el proceso. Ese mismo día, el presidente Felipe Calderón afirmó que la compra de votos era inaceptable. El Movimiento Pro - gresista y el PAN exploraron la posibilidad de unirse en las denuncias, pero no llegaron a un acuerdo. El PRI sostuvo, en todo momento, que las acusaciones eran falsas. El 12 de julio, López Obrador presentó un
juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF), en el que pide anular el proceso electoral y convocar a uno extraordinario. El 18 de julio, el político tabasqueño
acusó a Peña Nieto de financiar su campaña con dinero lavado. Dos
días después anunció el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, que se llevaría a cabo en el marco de la ley
y no contemplaba plantones. El 22 de julio, por tercer fin de semana
consecutivo, hubo protestas contra el triunfo del priísta en diversas poblaciones del país.
9. Militares detenidos
Tres generales, un teniente coronel y un mayor fueron consignados el 31 de julio acusados de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva. Entre los detenidos se encuentra el general Tomás Ángeles Dauahare, quien llegó a ser subsecretario de la Defensa Nacional. Los otros aprehendidos son los generales Ricardo Escorcia y Roberto Dawe, el teniente coronel Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna. Los militares fueron detenidos en mayo y desde entonces estuvieron bajo arraigo. Sus abogados y familiares señalaron que son inocentes y que sus derechos fueron violados. El 17 de febrero fue capturado, en Quintana Roo, el coronel Jesús Cícero por presuntos vínculos con los Zetas.
Las escenas de crueldad se sucedieron en los más diversos puntos del país. En enero, 15 cuerpos con huellas de tortura, entre ellos los de tres menores de edad, aparecieron en una gasolinera de Zitácuaro, Mi- choacán. En el Centro Comercial Santa Fe, en el Distrito Federal, se encontraron los cuerpos decapitados de un hombre y de una mujer. En ese mismo mes, fueron acribillados ocho hombres en el centro de Monterrey. En Torreón, un ataque en un bar dejó nueve muertos. En las cercanías de uno de los centros comerciales más populares de To - luca aparecieron siete cuerpos desmembrados. Un pleito que ocurrió el 5 de enero entre reos del penal de Altamira, Tamaulipas, dejó un saldo de 31 muertos y 13 heridos. El 19 de febrero, una riña entre presuntos integrantes de los Zetas y del cártel del Golfo en la prisión de Apodaca, Nuevo León, provocó 44 muertos y permitió la fuga de 30 zetas. El 7 de marzo, ocurrió un enfrentamiento en algunas de las principales avenidas de Saltillo. Las balaceras se sucedieron durante nueve días consecutivos. El 9 de marzo, en Guadalajara, la detención de Erick Valencia Salazar, considerado como uno de los líderes del cártel Nueva Generación, provocó la respuesta de los delincuentes que quemaron 25 vehículos en 11 de las principales vialidades de la ciudad, y realizaron cinco bloqueos más en otros lugares de Jalisco. Una niña y el conductor de un autobús murieron en los hechos. En Guerrero, 12 policías fueron asesinados tras ser emboscados. El 4 de mayo aparecieron 23 cadáveres en Nuevo Laredo, 14 de los cuales estaban decapitados; los otros nue - ve colgaban de un puente. Cinco días después se hallaron 18 cuerpos mutilados en la carretera Guadalajara-Chapala. En este municipio se descubrió, posteriormente, un refrigerador con restos humanos de cin- co personas. El 13 de mayo fueron encontrados en Cadereyta, Nuevo Laredo, 49 cuerpos desmembrados. Cinco bodegas y medio centenar
de vehículos de la empresa Sabritas fueron incendiados en Michoacán y Guanajuato, el 26 de mayo. El cártel de los Caballeros Templarios se
atribuyó la autoría al acusar a la empresa de ayudar a la policía. En el aeropuerto de la Ciudad de México, tres policías federales fueron asesi- nados por dos de sus compañeros cuando fueron descubiertos en actos de corrupción. En Tamaulipas, explotaron dos coches bomba: uno el
29 de junio frente a la presidencia municipal y otro el 3 de julio frente
al domicilio del jefe de la policía. El primer atentado dejó siete heridos
y el segundo, dos muertos y cuatro lesionados. El 14 de julio murieron
19 personas en un enfrentamiento en Villanueva, Zacatecas. El 22 de
julio, la alcaldía de Vista Hermosa, Michoacán, fue atacada por cerca de un centenar de delincuentes. El 9 de febrero, el secretario de la De - fensa Nacional, Guillermo Galván, reconoció que la seguridad interior “se encuentra seriamente amenazada”.
11. Investigaciones, capturas y fallas
El 30 de enero se dio a conocer que la PGR investiga a tres exgober- nadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, por actividades ligadas al crimen organizado. El PRI pidió al gobierno no usar los “instrumentos de la justicia con fines electorales”. Estados Unidos informó que Yarrington recibió millones de dólares en sobornos de los narcos. El 27 de mayo, la PGR emitió órdenes de presentación para Yarrington y algunos de sus familiares. Omar Ortiz, exfutbolista del Monterrey y de la selección mexicana, fue presentado por las autoridades el 7 de enero como presunto secues- trador. El 20 de abril fue asesinado el general retirado Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales participantes en la “guerra sucia” de la década de los setenta. El militar fue acusado de actividades ligadas
al crimen organizado y había sufrido un atentado en 2010. El 9 de febrero se decomisaron, en Tlajomulco, Jalisco, 15 toneladas de metan- fetaminas con un valor de 58 mil millones de pesos. El 21 de junio fue - ron detenidos en Guadalajara dos jóvenes; las autoridades anunciaron que uno de ellos era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán, y lo mismo informó la DEA . Sin embargo, al día siguiente las autoridades reconocieron que no era él.
12. Violaciones a derechos humanos
Las organizaciones defensoras de derechos humanos Human Rights Watch (HRW ) y Amnistía Internacional presentaron informes en los que documentan violaciones contra ciudadanos cometidas por poli- cías y fuerzas militares, denunciaron la impunidad y señalaron que el gobierno mexicano no ha tomado las medidas necesarias para pro - teger a sus ciudadanos. México respondió que lo expuesto por HRW “no refleja la situación real”. La Comisión Nacional de Derechos Hu - manos (CNDH) emitió 30 recomendaciones y anunció que presentaría una denuncia penal contra funcionarios públicos que participaron en los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la autopista del Sol, cuando policías dispararon, indiscriminadamente, durante 25 minu- tos, contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, que bloqueaban la vía; dos de ellos murieron. El 6 de marzo, el secreta - rio de Gobernación, Alejadro Poiré, ofreció una disculpa pública a Inés Fernández Ortega, quien fue violada por tres soldados diez años atrás. El 23 de abril el gobierno federal emitió los Protocolos para el Uso de la Fuerza, la Preservación de Evidencias y la Presentación de los Detenidos ante las Autoridades, con las que pretende evitar violaciones a los dere - chos de los civiles.
13. Ley de víctimas
El 25 de abril, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Víctimas que contempla, entre otras cosas, un fondo de ayuda, asistencia a quienes sufrieron alguna vejación, la creación de un registro de personas desa- parecidas y la obligación del Estado de buscarlas. Sin embargo, el presi- dente Felipe Calderón la detuvo en julio y la devolvió al Congreso con observaciones para “mejorarla”. El veto presidencial fue considerado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como una traición
de Calderón. Javier Sicilia expresó: “El presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su pa- labra”. Antes, en marzo, la Cámara de Diputados había aprobado otra norma que pretende atender a grupos vulnerables, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
14. Solalinde y la “Bestia”
El sacerdote católico Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, tuvo que abandonar el país, en mayo, tras recibir nuevas amenazas de muerte. El religioso denunció que detrás de los grupos de delincuentes hay políticos influyentes. So - lalinde regresó a Ixtepec, Oaxaca, en julio, custodiado por agentes fe - derales. La situación de los migrantes se complicó durante el semestre, pues la “Bestia”, el tren en el que viajan, permaneció dete nido casi un mes debido a un descarrilamiento y a los daños que ocasionó el hura- cán Carlota en dos puentes. Al menos dos albergues que brindaban protección y apoyo a migrantes cerraron sus puertas.
15. Demanda contra Zedillo
El expresidente de México Ernesto Zedillo fue demandado ante una corte de Estados Unidos por la matanza, en 1997, de 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Sobrevivientes señalan que, durante su gestión, agentes gubernamentales apoyaron a los paramilitares que atacaron a hombres, mujeres y niños que oraban en una capilla. La demanda civil por crí- menes contra la humanidad es por 50 millones de dólares. El gobierno mexicano y los abogados del exmandatario reclamaron inmunidad di- plomática. El 23 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Uni- dos informó que intervendrá en el juicio a favor de Zedillo.
16. Fusión Televisa-Iusacell
El 24 de enero, la Comisión Federal de Competencia (CFC) determinó no autorizar la fusión de Televisa con Iusacell, subsidiaria del Grupo Sa- linas al que pertenece TV Azteca. En 2011, Televisa había anunciado su deseo de comprar la mitad de las acciones de la telefónica para participar en el mercado de la telefonía celular. Seis días después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la falta de competencia, en México, en el ámbito de las telecomunicaciones ocasiona una pérdida de 25 mil millones de dólares para los mexicanos que deben pagar precios altos por un servicio deficiente. La organiza- ción consideró que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofe - tel) debe tener más atribuciones. Al día siguiente, Carlos Slim, dueño de Telcel, negó que los servicios sean caros y deficientes. La OCDE reiteró que la falta de competencia costó a México 129 mil millones de dólares en el periodo que va de 2005 a 2009. El 1 de febrero la CFC reiteró la
negativa para la fusión de Televisa con Iusacell. Las empresas se in-
conformaron con la decisión y presentaron recursos legales contra la medida. El 14 de junio, la CFC dio marcha atrás y autorizó la fusión de ambos grupos con algunas “condiciones”. Con la decisión, Televisa po -
drá ofrecer servicios de video, internet y telefonía tanto fija como móvil. Académicos y organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), criticaron la medida pues consi- deran que con ella se fortalecen los monopolios de las comunicaciones y las telecomunicaciones. El 31 de julio, el Poder Judicial admitió un amparo de la AMEDI contra la CFC por la autorización de la fusión. A principios de mayo, la CFC perdonó a Telcel la multa por casi 12 mil millones de pesos que le había impuesto por prácticas monopólicas a cambio de reducir, paulatinamente, su tarifa de interconexión. Luego de las elecciones, la llamada “telebancada” se fortaleció. Las televisoras tendrán 17 legisladores en el Congreso que representan sus intereses. Fueron candidatos del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.
17. Corrupción, Wal-Mart y HSBC
El periódico estadounidense The New York times dio a conocer, en abril, que la compañía Wal-Mart pagó sobornos a funcionarios mexi- canos por un monto de 24 millones de dólares a cambio de permisos y otros privilegios. En julio, una investigación del Senado de Estados Unidos reveló que sucursales mexicanas del banco HSBC permitieron a narcotraficantes lavar millones de dólares y trasladar fortunas al ex- tranjero. El banco admitió sus “errores” y cerró algunas sucursales. Sus directivos ofrecieron disculpas y algunos renunciaron. En México, pagaron multas por 379 millones de pesos. En marzo, el Departamen- to de Justicia estadounidense informó que una empresa de ese país sobornó a seis funcionarios de la Policía Federal Preventiva de México
y de los transportes aéreos de la Presidencia para obtener contratos.
En julio, la empresa Orthofix se declaró culpable en Estados Unidos
de haber sobornado a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En enero, el exgobernador panista de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos tras haber sido acusado de corrupción. En febrero, dos funcionarios ligados al exgobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, fueron decla- rados formalmente presos acusados de actos de corrupción. El exdi- rector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, fue detenido el 9 de abril en Sonora, acusado de enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.
18. La Constitución y el papa
Nueve días antes de que el papa Benedicto XVI llegara a México, el Se - nado aprobó, con el voto del PRI y del PAN, reformas constitucionales a los artículos 24 y 40 de la Constitución. El nuevo texto del artículo 24 dice: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas
y de conciencia, y a tener y adoptar en su caso la religión de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan falta o estén penados por la ley”. Algunas organizaciones consideraron la reforma como un re - troceso que atenta contra el Estado laico, mientras que otras señalaron que refrenda la libertad de los mexicanos. El 23 de marzo, Benedicto XVI llegó a Guanajuato para comenzar una visita de tres días. El papa
estuvo en León y Silao. En sus discursos y homilías el pontífice pidió
“cuidar a los niños”. No se reunió con víctimas de pederastas. El pon-
tífice señaló que es necesario “desenmascarar el mal” del narcotráfico y se pronunció por el “respeto a la vida”. En la misa que ofició el 25
de marzo en el Parque Bicentenario de Silao, y a la que asistió medio
millón de fieles, coincidieron Calderón y los candidatos presidenciales
que se saludaron de mano.
19. Cassez no fue liberada
El 7 de marzo, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, dic- taminó que la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel en México por su presunta participación en un secues- tro, debía ser liberada por violaciones al debido proceso, entre ellas un montaje televisivo organizado por las autoridades federales. Ante la propuesta, el presidente Felipe Calderón señaló que la interpretación de la ley no debe ser “la rendija por donde se escape, nuevamente, la impunidad”. La Suprema Corte rechazó las acusaciones presidenciales. Cuando los ministros analizaron en el pleno el caso Cassez coincidie - ron en que sus derechos fueron violados, pero el proyecto de Zaldívar no alcanzó los votos necesarios para liberar a la mujer. El gobierno de Francia lamentó la decisión de los ministros mexicanos.
20. Seis periodistas asesinados
Durante el primer semestre de 2012, seis periodistas fueron asesinados
en México. El 28 de abril fue asfixiada, en Veracruz, Regina Martínez,
corresponsal de Proceso en ese estado. Cinco días después, aparecieron en la misma ciudad los cadáveres de los fotoperiodistas Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, y de la novia de uno de ellos. Los cuatro fueron torturados. El 14 de junio fue asesinado, en la capital veracruzana, el periodista Víctor Báez. El 18 de mayo fue encontrado muerto, en Ciudad Obregón, el reportero Marco Antonio Ávila. La pe -
riodista regiomontana Sanjuana Martínez fue sacada con violencia de su domicilio y encarcelada por orden de una juez, el 6 de julio. Horas después fue liberada. El 10 de julio, un diario de Tamaulipas fue ataca- do con explosivos. El periódico El Norte, de Monterrey, sufrió el quinto atentado el 29 de julio. El 22 de junio, Felipe Calderón promulgó la ley para “proteger” a los periodistas. El Comité para la Protección de periodistas emitió, el 20 de febrero, un informe en el que señala que el gobierno federal ha sido incapaz de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación y que los atentados contra ellos permanecen impunes.
21. Aumento de pobreza y gasolina
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó, el 8 de febrero, que el número de pobres en México aumentó
en 3.2 millones de personas en el periodo 2008-2010, con lo que la po - blación en situación de pobreza llegó a 52 millones. En contraparte, la fortuna de Carlos Slim es de 68 500 millones de dólares, según el índice Bloomberg. Tras siete incrementos durante el primer semestre de 2012, el precio de la gasolina magna cerró en 10.36 pesos por litro; al comen- zar el gobierno de Calderón costaba 7 pesos. El 31 de mayo el dólar se cotizó en 14.50 pesos. El último día de julio costó 13.3 pesos. Para junio, la inflación anual llegaba a 4.34% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En enero, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que la situación económica interna- cional era complicada y que repercutiría en la mexicana. El 10 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió negar a una ciudada-
na los nombres de los contribuyentes beneficiados por la cancelación de créditos fiscales por un monto de 73 mil millones de pesos.
22. Hambre en la Tarahumara
A mediados de enero circuló la versión de que indígenas de la sierra Tarahumara se habían suicidado ante la hambruna que se vive en la región. El gobierno y organizaciones de la sociedad civil desmintieron los suicidios aunque admitieron que se vive una situación crítica y em- prendieron campañas para llevar alimentos a la zona.
23. Murieron De la Madrid, Carpizo y Fuentes
Miguel de la Madrid, presidente de México de 1982 a 1988, falleció el 1 de abril. El 30 de marzo murió Jorge Carpizo; el jurista fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), primer pre - sidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), secretario de Gobernación y embajador en Francia. El escritor Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo a los 83 años de edad.
24. Guardería ABC
Nueve personas que presuntamente tuvieron responsabilidad en el in- cendio de la guardería ABC en que murieron 49 niños, el 28 de junio recibieron auto de formal prisión. Las autoridades no proporcionaron los nombres de los implicados. El incendio ocurrió en Hermosillo, So - nora, el 5 de junio de 2009.
P RONóSt ICOS Y POSIbILIDADES
Francisco J. Núñez de la Peña*
Las fallas específicas ocurren debido a la coincidencia de un conjunto de factores que convergen en un lugar determinado y un tiempo determinado.
El 1 de agosto de 2012, el Banco de México difundió los resultados de su encuesta mensual a los economistas del sector privado. En mayo y junio, su pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto ( PIB) para 2012 fue de 3.72%, el más alto que han hecho en este año; en julio, fue similar (3.71%). En opinión de los consultados antes de las eleccio - nes (19-27 de junio), la “Incertidumbre política interna” no era uno de los “factores que en los próximos meses podrían limitar el ritmo de la actividad económica”; y en julio (18-30) ese factor obtuvo 4% de las
* Es licenciado en Economía por el ITESM y maestro en Administración por el ITESO. Es profesor nume- rario del ITESO, adscrito a la Dirección General Académica. Escribe semanalmente en El Economista.
E Pronósticos y posibilidades
respuestas. La “debilidad del mercado externo y de la economía mun- dial” y la “inestabilidad financiera internacional” recibieron entre 26% y 29% de las respuestas en los tres meses antes mencionados. 1 El 16 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI ) informó:
En los tres últimos meses, la recuperación mundial… dio algu- nos indicios de debilitarse más. Las tensiones en los mercados financieros y en las entidades soberanas de la periferia de la zona del euro recrudecieron, aproximándose a los niveles de fines de 2011. En una serie de grandes economías de mercados emergen- tes, el crecimiento ha sido inferior al previsto. Gracias en parte a que el primer trimestre resultó algo mejor que lo esperado, las proyecciones de base revisadas de esta actualización… llevan a pensar que las perspectivas mundiales sufrirán únicamente un pequeño revés y que el crecimiento mundial se ubicará en 3.5% en 2012 y 3.9% en 2013; es decir, niveles marginalmente inferio - res a los de la edición de abril último. 2
Como cualquier pronóstico, el del FMI se basa en supuestos, por ejemplo:
se desplegarán suficientes medidas de política para permitir que poco a poco encuentren alivio las condiciones financieras en la
periferia de la zona del euro y que la reciente distensión de las políticas en las economías de mercados emergentes hará sentir sus efectos… En Estados Unidos, es esencial evitar el “precipi-
cio fiscal”, incrementar sin demora el tope de la deuda y elaborar
1 Véase http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encues- tas/expectativas-de-los-especialistas/%7B44DCD273-109E-D14D-E427-059804F4EFAA%7D.pdf
2 Véase http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/update/02/pdf/0712s.pdf
un plan fiscal a mediano plazo. En las economías de mercados emergentes, las autoridades deben mantenerse preparadas para enfrentar una declinación del comercio exterior y una fuerte vo - latilidad de los flujos de capital. 3
Entre las economías avanzadas, los pronósticos del crecimiento del PIB más optimistas son para Estados Unidos (2.0% en 2012 y 2.3% en 2013), Canadá y Japón, pero en Italia y España habrá decrementos. La Unión Europea estará casi estancada y la zona del euro tendrá más problemas.
China e India seguirán sobresaliendo. El panorama previsto para México en 2012 mejoró (en julio, 3.9%; en abril, 3.6%) y el de Brasil no (2.5% en julio; 3% en abril). Las expectativas para el Oriente Medio y norte de África se ajusta- ron al alza: ahora es 5.5% para 2012. No obstante, en algunos de estos países, la inestabilidad política ha tenido repercusiones económicas se - veras. Por ejemplo, en Libia, Sudán, Túnez y Yemen el PIB disminuyó en 2011 (en Libia, 61%) y en 2012 y 2013 podría bajar en Sudán y Ye - men. Egipto creció 1.8%, en 2011, su peor desempeño desde 1992; y en 2012 aumentará 1.5%.
En contraste, las dificultades económicas han tenido consecuencias
políticas en algunas naciones europeas.
1. Euroesclerosis
A Herbert Giersch (1921-2010), economista alemán, se le atribuye el término euroesclerosis, inventado hace más de 30 años.
(variaciones porcentuales anuales del PIB)
Otras economías avanzadas (no se incluyen los países del G-7 y de la zona del euro)
Economías de mercados emergentes y en desarrollo (abarcan aproxima- damente 80%)
Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam (ASEAN-5)
Fuente: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/update/02/pdf/0712s.pdf
La economía europea no ha sido, en mucho tiempo, muy dinámica. Algo ha bloqueado su potencial. Por ejemplo, en 1980-2011, el PIB de la Unión Europea aumentó más de 3% únicamente en 1988, 1989, 2000,
2006 y 2007; y se redujo en 1981, 1993 y 2009. Según los pronósticos
más recientes del FMI , no crecerá más de 2.1% anual en 2012-2017.
En contraste, el incremento anual del PIB de un subconjunto de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (Filipinas, Indonesia,
Malasia, Tailandia y Vietnam) ha sido menor que 3% en tres ocasio - nes: en 1985, 1998 y 2009. Y el PIB de América Latina y el Caribe, con altibajos, subió más que 3% en 17 años y se redujo en tres (1982,
1983 y 2009).
En 1980-2011, el PIB mundial descendió exclusivamente en 2009 (0.6%). En este año hubo recesión en 89 de los 184 países considerados por el FMI . El decremento fue mayor en las economías avanzadas: 3.6% en todo el conjunto y 4.0% en el Grupo de los 7. En la Unión Europea la baja fue de 4.2% y en el área del euro, 4.3%. Y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI ) el ajuste fue de -6.4%. Las adversidades no se combaten de la misma manera en todos los
países y su fuerza económica no es similar. Por eso, las previsiones para
2012 difieren: 5.4% (ASEAN -5), 4.1% (CEI ), 3.4% (América Latina y el
Caribe), 0% (Unión Europea) y -0.3% (área del euro). La resolución de problemas suele enfrentar barreras políticas. Tres párrafos de un artículo publicado en The Economist, en 2010, ilustran lo anterior.
Cuando los europeos temen por sus empleos y sus ahorros, cuan- do sus gobiernos y las empresas no pueden endeudarse fácil- mente, cuando los bancos quiebran y la moneda única tiembla, entonces la Unión Europea no tiene solamente una crisis econó - mica, sino también una crisis política. Y, hasta ahora, los líderes
europeos no han estado a la altura de la amenaza. Durante los
últimos 18 meses, en su mayoría se han refugiado en la negación y la bravata, interrumpidas por discusiones y echando la culpa a
Jean-Claude Juncker, primer ministro
de Luxemburgo, lo dijo mejor en 2007: Todos sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos una vez que lo hayamos hecho… La crisis ha cambiado el panorama político en Europa. Se suponía que el euro debía estimular la reforma evitando que los gobiernos restauraran la competitividad mediante la devalua- ción de sus monedas. Y lo hizo. No al principio, cuando Grecia,
España y los demás utilizaron las tasas de interés bajas en euros como excusa para la juerga. Pero ahora han despertado con cru- da, para descubrir que la reforma no puede posponerse más… La “solidaridad” europea, que protege el empleo de por vida en España para los pocos afortunados, es difícil de defender cuando
significa que los jóvenes, quienes sólo podían conseguir trabajo
mediante contratos temporales, han sido lanzados al desempleo. En Francia, es irritante ver sus impuestos en el pago de personas
sanas que se jubilan a los 60. 4
2. Muchas fallas
La recesión mundial reciente tuvo su origen en muchas fallas. Un pro - fesor de ingeniería civil y de historia, en Duke University, escribió lo siguiente en un libro cuyo subtítulo es “Understanding failure”:
Los relatos de éxito y fracaso y sus lecciones pueden iluminar, por supuesto, no solamente a la ingeniería y la historia. Tam-
bién son pertinentes a los asuntos actuales. La crisis financiera
4 “Can anything perk up Europe?”, en The Economist, 10 de julio de 2010, pp. 11-12.
que comenzó en 2008 es un ejemplo convincente. La apreciación prolongada (éxito) en el mercado de la vivienda promovió el sen- timiento irracional de que los bienes raíces podrían y deberían apreciarse indefinidamente. Al mismo tiempo, las prácticas hipo- tecarias del pasado (exitosas) se hicieron menos exigentes para fo -
mentar la adquisición de casas por encima de las posibilidades de los compradores. Las antiguas reglas de oro, que incorporaban lo que los ingenieros llamarían factores de seguridad contra fallas, con respecto a qué parte del ingreso personal se destinaría con prudencia para pagar una hipoteca, fueron ignoradas. El mercado
de instrumentos financieros riesgosos dependía de condiciones favorables indefinidas en los bienes raíces y la economía. Pero,
por supuesto, todo tiene sus altibajos, sus éxitos y sus fracasos.
La crisis financiera podría haber sido más ampliamente prevista
si no hubiera habido un enfoque miope acerca de una burbuja de
éxito cada vez mayor en el futuro y una aversión a pensar en las posibilidades de falla. Hay que recordar que, dos años después
del momento más grave de la crisis financiera, el presidente del Banco de la Reserva Federal finalmente admitió que había fraca- sado en reconocer los “defectos y debilidades” profundamente arraigados en el sistema financiero. Los éxitos del pasado pueden ser inspiradores y alentadores, pero no son por sí mismos indi- cadores fiables de o las guías para el éxito futuro. Los cambios más eficaces en cualquier sistema se basan no en los éxitos, sino en los fracasos. Para el diseñador de cualquier sistema, la manera más segura de lograr el éxito es reconocer y corregir los defectos de sistemas predecesores, ya sea en los códigos de construcción o en las políticas bancarias o en los puentes. 5
5 Henry Petroski. To Forgive Design: Understanding Failure, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Har- vard University Press, 2012, p. 356.
Las naciones no tienen las mismas fuerzas y debilidades. Como afir-
mé en el número anterior de Análisis Plural : “Unas son más frágiles que otras. Unas tienen más capacidad para reaccionar que otras. Siempre es
así. Las economías de los países difieren en muchos aspectos. Dos de
ellos son su resistencia y su agilidad”. En conjunto, el desempeño económico de la zona del euro no ha
sido bueno, pero no todos los integrantes de este grupo están en las mismas condiciones; por ejemplo, difieren en cuatro indicadores anua- les (tasa de desempleo, variación porcentual del PIB , tasa de ahorro nacional y deuda bruta del gobierno general). La tasa de desempleo subió, en 2009, en forma generalizada en el área examinada. Pero este indicador se deterioró posteriormente en España (llegó a 21.6% en 2011), Grecia (17.3%), Irlanda (14.4%) y Por- tugal (12.7%). En Alemania, esa tasa fue menor en 2011 que en 2008 (6.0% vs. 7.6%). El problema del desempleo en España no es nuevo, como puede verse en la gráfica 1.
Fuente: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
El PIB decreció en 2009 en todas las naciones de la zona menciona- da, pero sólo en Grecia disminuyó también en los dos años siguientes y, seguramente, ocurrirá lo mismo en 2012. Al parecer, la economía
griega tiene deficiencias estructurales que no ha podido eliminar.
La tasa de ahorro (ahorro nacional bruto/PIB) bajó, en 2009, en casi todos los países del área aludida (no en Chipre y Estonia). La cifra menor, en 2008, correspondió a Grecia (5.8%), al igual que en los tres años siguientes. La capacidad de ahorro de Grecia y Portugal tiene una clara tendencia descendente desde hace muchos años. Sin duda, estos países tienen impedimentos que no comparte, por ejemplo, Bélgica.
Ahorro nacional bruto como % del PIB
Finalmente, la deuda bruta del gobierno general (como % del PIB) aumentó, en 2009, en todos los países de la zona del euro, pero sólo en cuatro fue mayor a 100% en 2011. La no austeridad es un rasgo de varios gobiernos y esto provoca que estén cada vez más endeudados.
Deuda bruta del gobierno general como % del PIB
España tiene un desempleo enorme, pero no una debilidad grave en el ahorro interno, y algunos gobiernos regionales están muy endeu- dados. 6 Grecia tiene un desempleo alto, poco ahorro interno y un endeuda- miento público grande y creciente; además, sus habitantes no parecen estar dispuestos a cambiar sus hábitos. En un artículo de The Economis t (2012) se analiza la posibilidad de que Grecia no haga las reformas ne - cesarias para mantenerse en el área del euro. 7 Según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 8 Portugal ha comenzado un largo
“Another weak link in the euro zone”, en The Economist, 28 de julio de 2012, pp. 43-44.
“Is ‘Grexit’ at hand?”, en The Economist, 28 de julio de 2012, p. 44.
OECD. OECD Economic Surveys: Portugal 2012, París, OECD Publishing, julio de 2012.
camino de ajuste económico para impulsar el crecimiento y corregir una excesiva dependencia de la deuda.
Desde hace muchos años, la economía de Italia tiene dificultades
para crecer: en el periodo 1988-2011 su PIB aumentó más de 3% única- mente en 1988 (4.2%), en 1989, 3.4% y en 2000, 3.7%; y según el FMI , tendrá variaciones negativas en 2012 y 2013. Los estudios históricos publicados por el Banco de Italia han documentado las debilidades propias de este país. 9 En síntesis, gran parte de los problemas nacionales tienen un origen interno, y ahí, principalmente, están las posibles soluciones.
9 Véase http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/pubsto/quastoeco
EL É x ItO ELEC tORAL DEL LIbRE MERCADO
El discurso y las prácticas promotoras del libre mercado, considerán- dolo como el mejor mecanismo de asignación de recursos, parecen ha- ber triunfado en México. El individualismo metodológico planteado por Adam Smith en 1776, en el sentido de que “no es la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero la que nos procura el ali- mento, sino la consideración de sus propios intereses”, ha permeado el conjunto de la vida pública y no sólo de la denominada económica . La violencia y la criminalidad cotidianas permiten ubicar a la vida como una mercancía; las múltiples denuncias sobre compra y coacción del voto en las pasadas elecciones federales (y en diversos casos estatales y municipales) muestran que el voto y la voluntad política también son mercantilizables. El voto parece adquirible medrando con el hambre, la ignorancia, la corrupción y la opacidad en los recursos empleados en las campañas políticas.
* Es economista por la UNAM, maestro y doctor en Economía por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y profesor titular en el ITESO.
E El éxito electoral del libre mercado
El concepto de voto, “parecer que emite cada uno de los componen- tes para designar un cargo, adoptar un acuerdo, etc.”, 1 toma un símil económico en el denominado voto monetario, mediante el cual los consu- midores deciden sobre lo que las empresas producen. En el momento en que una persona adquiere un bien determinado está votando en el mercado para que ese bien se siga produciendo. En una economía de mercado, la moneda se convierte en una especie de boleta electoral, a partir de la cual se orientan las decisiones de producción. En una democracia electoral, los votos se reparten igualitariamente entre el número de votantes. La ecuación fundamental es: una persona, un voto. Sin embargo, en el mercado, los votos dependen del poder económico del votante. Así, mientras que el ingreso corriente moneta- rio mensual per cápita, 2 a precios de agosto de 2010, en ese año fue de 309.5 pesos en los hogares con el 10% de menores ingresos en México, en aquellos con el 10% de mayores ingresos fue de 10 742.8 pesos. En otros términos, los miembros del 10% más rico de los hogares cuentan con 34.7 veces más “votos monetarios por persona” que los miembros del 10% más pobre. ¿Es compatible una lógica igualitaria del voto político con una lógi- ca desigual del voto monetario? Grosso modo no hay razón de no serlo, mientras el poder del mercado no se sobreponga al político. De hecho, la democracia política podría fungir como un mecanismo equilibrador de la desigualdad económica. Además, la plena igualdad en el voto mo - netario constituye una entelequia que sería incompatible con la compe - tencia en el mercado y, por ende, con el mercado mismo. Sin embargo, si el poder del mercado se sobrepone al político, entonces lo que corre el riesgo de constituir una entelequia es la democracia.
1 Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Barcelona, Grijalbo, 1995.
2 Ingreso del hogar dividido entre el número de miembros del hogar.
La predominancia de la lógica del mercado presupone la de la com - petencia entre dos fuerzas impersonales, las de la oferta y las de la demanda en la compra y venta de bienes, servicios, trabajo, capital, dinero, etc. Sin embargo, la competencia no es impersonal; detrás de la oferta y la demanda se encuentran los “oferentes” y los “demandan- tes”, es decir, sujetos de carne y hueso que ejercen su poder a través del
medio que dirime los arreglos en el mercado: el dinero (o la tasa de inte - rés, cuando se trata del propio mercado de dinero). Por consiguiente, la con centración del poder económico se encuentra en función de la concentración del poder monetario. Si ese poder monetario se impo - ne en la toma de decisiones políticas, ya no nos encontramos en un régimen democrático, sino en una estructura plutocrática, en la que
el control del dinero define las decisiones de gobierno. Si un grupo
reducido de personas controlan el poder monetario nos situamos en
una oligarquía, y si unas cuantas empresas controlan la oferta y la de - manda de los mercados estamos ante una estructura oligopólica (de pocos vendedores)/oligopsónica (de pocos compradores). Si, además, agregamos una estructura de representación social basada en estruc- turas corporativas piramidales, tanto en el mundo empresarial como
en el sindical, y mecanismos de regulación institucional ineficientes y
corruptos, entonces la democracia se convierte en simple retórica. En la lógica del libre mercado se parte del supuesto básico de la racionalidad individual como determinante ideal de sus decisiones. Tal racionalidad se expresa, fundamentalmente, en lo que compra y lo que vende (por ejemplo, sus bienes o su trabajo), y la relación social- humana fundamental está delimitada por tales decisiones individuales
de compra-venta. A partir de ella, la humanidad decide quién, qué, cómo, para quién y dónde se producen las mercancías, cómo se repar- te la riqueza producida, qué bienes pueden disponer distintos grupos sociales, regiones y naciones, como lo expresa Laval.
Las sociedades occidentales ofrecen al mundo una cara original y, en numerosos aspectos, patética. Pero ellas no lo saben. Es- tas sociedades, considerando al menos lo que refieren sus por- tavoces legítimos, tienden a confundirse con una vasta máquina productora de bienes, de servicios, de ideas, de sentimientos, de
afectos y de deseos. Y ciertos de sus representantes y de sus inte - lectuales más eminentes parecen suponer que las sociedades del resto del mundo no aspiran a otra cosa más que a parecérseles… todos los pueblos del mundo aspirarían a convertirse también en sociedades plenamente económicas, sociedades de alta inten- sidad económica… El mercado parece haberse convertido en
el gran Significante absoluto, fuente de todos los beneficios y
modo de resolución de todos los males públicos y privados… El problema que se plantea en occidente y en el mundo, en cuanto que occidentalista, es el siguiente: cómo se ha podido pensar en un universo social como el nuestro, en el cual hace Ley la prefe - rencia que cada uno se atribuye a sí mismo y ése es el interés que le anima a mantener relaciones con los demás, es decir, el interés
que él representa para los otros… Vivimos, en efecto, cada vez más manifiestamente bajo el régimen normativo del yo interesado, como fundamento paradójico de la sociedad. 3
Si la lógica del yo interesado amenaza el tejido social de las sociedades occidentales y muestra los límites de cohesión de alianzas multinacio - nales, como en el caso de la Unión Europea, su implantación acrítica en sociedades que no cuentan con el basamento mínimo de bienestar de aquellas resulta aún más dañina, y todavía más en naciones donde el poder se encuentra hiperconcentrado, como en el caso de México.
3 Christian Laval. L’homme économique: essai sur les racines du néolibéralisme, París, Gallimard, NRF Essais, 2007 (traducción propia).
La traducción política de lo anterior ya se ha manifestado en México en diversas experiencias electorales, en las que la alternancia frente a las políticas y las prácticas del denominado libre mercado (que de hecho no lo es al tratarse de estructuras oligopólicas) aparece como una esperanza durante los procesos electorales, y como una quimera pasados éstos. En 2012, México ha cumplido tres décadas de implantar, consis- tente y crecientemente, políticas orientadas a la liberalización de los mercados. Durante los primeros años, el crecimiento económico fue casi nulo, la inflación llegó a 160% anual, el desempleo se multiplicó, el poder adquisitivo de los salarios se dividió y se generó una quiebra masiva de empresas, especialmente de las de menor tamaño y de las paraestatales. Desde las esferas corporativas empresariales y en las gu- bernamentales, la situación era atribuida a la deuda externa, a la irres- ponsabilidad de los gobiernos precedentes (especialmente los de Luis Echeverría y José López Portillo), a la petrolización de la economía, a las tasas de interés internacionales, pero no se aceptaba responsabilidad alguna derivada de las propias prácticas de liberalización económica. La crisis era considerada como la medicina amarga que México debía to - mar, para transformarse y recuperar su sex appeal a la inversión extran- jera y local, su capacidad de crecimiento, de generación de empleo y la mejora general en las condiciones de vida de la sociedad. A pesar de que los planes de desarrollo que referían, desde 1983, la visión de
México como una potencia media para el final del siglo XX , que reite - radamente se pedía la confianza en las políticas y que hasta hoy nos
dicen las autoridades económicas que vamos por el camino correcto, la situación actual no sólo económica, sino social y de violencia parece estar más deteriorada.
El cambio de partido en el gobierno del año 2000 no significó una
alternancia, sino una profundización de la ortodoxia liberalizadora. Pese a las crisis de 1982-1987 y de 1995-1996, así como al débil y errá-
tico comportamiento económico de entrecrisis y poscrisis, las mismas teorías, las mismas ideas y hasta los mismos personajes que tomaron las decisiones económicas entre 1982 y 2000 fueron los que mantuvieron la batuta, desde entonces hasta hoy. Ahora, al final de 2012, comenzará una nueva alternancia política con el regreso del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) a Los Pi- nos y es más que previsible la reiteración de las mismas concepciones
y orientaciones de política económica que se impusieron no sólo en los 12, sino en los 30 años previos. Es posible que el cambio genera- cional de autoridades económicas sea, en algunos casos, de nombres y apellidos, como el de Luis Videgaray, pero profundamente enraizados con la generación previa, como en la relación político-económica del propio Videgaray con Pedro Aspe. Es muy probable que volveremos a escuchar, reiteradamente, las propuestas de reforma de Santiago Levy, la autoridad financiera de Guillermo Ortiz, el peso en el sector bur- sátil de Luis Tellez, el mantenimiento que le corresponde en el Banco de México a Agustín Carstens, etc. Desde el Senado, Ernesto Corde -
ro continuará impulsando la reforma fiscal y Javier Lozano la laboral,
aunque sea en los términos en los que los plantee el PRI . El proceso legislativo para aprobación de las nuevas reformas orien- tadas al libre mercado no parece que vaya a ser complicado. La suma de diputados del PRI, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (Panal) será de 250 o 251, lo que ya de por sí garantizaría la mayoría absoluta. Con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) se tendría mayoría calificada para aprobarlas, ya que los partidos de izquierda no alcanzarán ni un tercio de los diputados. En la Cámara de Senadores, el PRI, el Verde Ecologista y el Panal alcanzarán 63 de 128 curules, y con el apoyo del PAN tendrán mayor ventaja en las reformas de este tipo. La facilidad para la aprobación de tales reformas podrá contar, además, con el apoyo de la denominada “telebancada”, incluyendo también a legisladores de los partidos de izquierda.
Más allá de los nombres y apellidos de los próximos secretarios,
altos funcionarios, diputados y senadores, se tratará de dar impulso a la profundización de las mismas políticas orientadas al libre mercado.
Entre los grandes beneficiarios de éstas estarán, en primer lugar, las
empresas de mayor tamaño en México, con capacidad oligopólica y los intereses de los sectores sociales con mayor poder económico.
En lo fundamental, cabe prever una gran reforma integrada, fiscal,
laboral y de la seguridad social, dirigida a la captación de mayores recur-
sos públicos, la flexibilización del mercado de trabajo, la instauración de un seguro de desempleo marginal y la reestructuración financiera y
operativa de fondo en el sistema de seguridad social, que incluya una participación creciente del sector privado en atención y, principalmen- te, en la distribución y el otorgamiento de medicamentos. En materia energética, cabe anticipar una nueva lógica de gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los esquemas de Alianzas Público-Privadas, lo que en los hechos implicará el destino creciente de los recursos de las pa- raestatales al pago de rentas y amortizaciones por obras realizadas por
el sector privado, así como la mayor participación de este último en las decisiones de las paraestatales. Es igualmente previsible una reforma del Estado que impulse la reelección en diversos cargos (especialmente diputados y presidentes municipales), lo que podría favorecer el peso de la mercadotecnia, en especial de la televisiva, para promover aquellos legisladores y autorida- des favorables a los intereses empresariales. En materia de telecomunicaciones, también cabe esperar una re - forma, sólo que en este caso el conflicto Televisa/TV Azteca vs Carlos Slim puede implicar mayores dificultades en su definición, aunque en el
último tramo de la administración de Felipe Calderón parece dirimirse en favor del duopolio televisivo.
En conjunto, es posible que estas reformas produzcan una significa- tiva inyección de recursos a corto plazo, a costa de una fuerte reducción
en el margen de acción de las políticas públicas y de un endeudamiento creciente. En ese caso, el escenario previsible sería el de una recupera- ción económica de corto plazo, pero con una vulnerabilidad nacional mayor y una polarización social más aguda. Si a ello agregamos la ines-
tabilidad financiera internacional, la propia recuperación económica de
corto plazo podría estar en cuestión. Si el contexto resulta favorable y la recuperación tiene lugar, será factible la mayor cooptación política de antiguos, y eventualmente de actuales, opositores a lo que será la nueva administración. De ser este el caso, el nuevo gobierno reforzará su posición en las elecciones legis- lativas de 2015 y los opositores a las políticas de libre mercado queda- rán más rezagados, lo que a su vez podrá permitir una nueva reforma legislativa que concentre más el poder político. De agudizarse las tensiones financieras internacionales, particular- mente en Estados Unidos, la capacidad de recuperación de México se verá disminuida, tanto por la debilidad del mercado externo como por
la del interno. En ese caso, las búsquedas de orden individual y de corto
plazo podrán intensificarse aún más.
Pese a lo anterior, las opciones no están cerradas, pero las poten-
cialidades de estrategias alternativas se encuentran condicionadas por el ejercicio efectivo de una ciudadanía que reposicione la democracia real, participativa y deliberativa como algo factible. El pasado periodo
electoral mostró claro-oscuros: el claro significó la participación social
amplia, sobre todo de los jóvenes, en la puesta en evidencia de farsas políticas y triquiñuelas electorales, así como en la búsqueda de meca-
nismos para construir una democracia efectiva. El oscuro significó la
manifestación del voto como una mercancía, que en lo más inmediato puede implicar cambios en el llenado de una boleta por la obtención de
satisfactores mínimos. Es difícil que la democracia pueda florecer en
un campo de miseria, de ignorancia y de corrupción, mientras que el mercado puede tomar amplias ventajas de tal campo. El escenario inmediato parece ser económicamente riesgoso y so - cialmente desfavorable. Sin embargo, las trayectorias no están defini- das de una vez por todas. Las posibilidades de incidencia en el futuro dependen de lo que, desde las propias instituciones del presente, estén
dispuestas a realizar. En particular, cabe señalar el sentido de la educa- ción y su capacidad de acción para romper inercias, promover una vo - cación social a favor de la cohesión y la equidad social, el resarcimiento ambiental y la construcción de una democracia, tanto efectiva como
eficiente. Ello se antepone a una lógica educativa inercial, adaptada
plena e incuestionablemente a la lógica del mercado. En segmentos del mundo educativo es frecuente escuchar la de - nominación “cliente”, sustituyendo a la de estudiante. Ergo, el estudio no tendría por qué dirigirse a la transformación social, a la sabiduría, tampoco al conocimiento y ni siquiera a la información, sino a la ven- ta. El cliente contento es el que está satisfecho con su compra, cuenta
con poder para seguir comprando y ejerce ese derecho reproduciendo su “voto monetario”, en este caso, el uso de su poder económico para recibir una visión del mundo que le satisfaga. Esta visión es compatible con la autorreproducción de grupos de poder cerrados, del corpora- tivismo y de la concentración económica. Sin embargo, el potencial histórico del sistema educativo está en lo contrario, en su capacidad para cuestionar las taras de su entorno y en su colaboración con diver- sos actores sociales emergentes para generar opciones distintas a las promovidas por el statu quo.
UN RE tORNO EN CUEStIóN. E LECCIONES
Por los interrogantes que plantean para el futuro del país, entre las noticias relevantes sobre las elecciones mexicanas celebradas el 1 de julio de 2012, sobresalen tres: el regreso del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) a la Presidencia de la República; el cuestionamiento acerca de la legitimidad y la validez de la elección presidencial, y la no - vedosa e intensa participación juvenil. Los tres acontecimientos son de suma importancia. En el momento de escribir este texto, a escasos 20 días de la celebración de los comicios, la evolución de cada uno induce a elegir al primero como tema central y a enunciar con brevedad los otros dos.
* Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I; doctora en Ciencias Sociales (CIESAS, Occidente), y profesora e investigadora desde hace 20 años en programas académicos de licenciaturas y posgrados del ITESO. Ha participado como miembro activo en varios grupos de investigación, de carácter nacional e internacional. Su línea de investigación es instituciones, actores y procesos políticos .
E Un retorno en cuestión. Elecciones presidenciales 2012
La controversia sobre la elección presidencial tiene como punto de partida el origen, el monto y el uso del dinero empleado por el candi- dato presidencial del PRI , Enrique Peña Nieto, durante su campaña. El litigio inicia con la demanda presentada en su contra por superar el monto que permite la ley, por el empleo de dinero público de estados gobernados por el Revolucionario Institucional, por el posible nexo
con el narcotráfico y por utilizar el financiamiento para “la compra de votos”. Por su parte, el PRI exige al Instituto Federal Electoral (IFE)
una pronta respuesta a sus demandas en contra de la coalición de las
izquierdas partidarias por ocultar financiamiento proporcionado por
las organizaciones “Honestidad Valiente” y “Austeridad Republicana”. El proceso está en curso, los tiempos señalados por la ley para la reso - lución de las impugnaciones todavía no terminan, por lo que es prema- turo pretender analizarlo. La tercera cuestión es la magnitud y la intensidad de la participación juvenil en el espacio público y la forma innovadora de hacer escuchar su voz: el uso de las diversas herramientas que ofrece internet, las re - des sociales y el movimiento #YoSoy132 que se extendió a lo largo del
territorio nacional. Las demandas de este último se expresaron en las consignas: “No a la imposición de Peña Nieto” y “No al oligopolio te - levisivo”. El uso de internet obligó a los candidatos a abrir sus propios sitios en las redes sociales, y a mantener un constante diálogo con los internautas, en su mayoría jóvenes. De aquí en adelante será una prác- tica obligada de los políticos y los gobernantes, y una forma común de participación política, sin importar la edad, el carácter de ciudadana/ ciudadano, de nacional o extranjero. No es una herramienta nueva, su uso es habitual dentro del ámbito político. No es la primera vez que los
jóvenes participan y desean influir en dicho ámbito. La novedad estriba
en que, en esta ocasión, se cambió para siempre la forma de partici-
pación política de los mexicanos y mexicanas, y se abren expectativas
Luz Lomelí Meillon
sobre su potencial. Sin embargo, aún es muy pronto para evaluar su
alcance actual y, al parecer, es poca su influencia sobre el tema que nos ocupa. Los analistas de este movimiento afirman que trasciende
lo electoral; su futuro depende de ello. Pero no se puede negar que su detonador fue el proceso electoral de 2012, y que el sufragio es la base de la institucionalidad política que pretende ser democrática. El regreso del PRI a “Los Pinos” es una victoria anunciada por las casas encuestadoras y los comentaristas televisivos. ¿Las encuestas mintieron y pretendieron sesgar las preferencias de los electores? Es posible que algunas de ellas lo hicieran; pero es difícil suponer que las empresas más serias y reconocidas tuvieran esa intencionalidad, por - que va en contra de sus intereses y de su propia sobrevivencia, puesto que su principal capital es su credibilidad. Lo más probable es que se equivocaron en la selección de la “muestra estadística” y con ello afectaron la validez de su representatividad. Una de las posibles causas de este error generalizado es que no se tomó en cuenta a los núcleos pro-López Obrador que se establecieron en casi todos los municipios del país. Éstos se formaron a partir de las giras realizadas por el lí- der izquierdista durante los años previos a la elección presidencial. En cuanto a la promoción de la imagen televisiva de Enrique Peña Nieto, también data de los años previos a la elección, hecho que difunde entre la población el nexo entre Televisa y el candidato del PRI . Las ya citadas consignas del movimiento #YoSoy132 son evidencias de la propaga- ción de este nexo, que se asume como cierto.
Las cifras electorales y el resultado de los comicios de 2012 adquieren significado al situarlos dentro del contexto sociopolítico donde se emi- te el sufragio. La mirada sobre él puede acotarse al presente o divisar
una trayectoria más amplia. El primer caso permite identificar a los
competidores, y el segundo ayuda a entender cuáles son las fuerzas políticas que, por medio de los candidatos que postulan, participan en
esta contienda electoral. No se trata de conocer su historia, sino de comprender a las fuerzas que representan los aspirantes a la Presi- dencia y entre las que se distribuyen los cargos públicos. La pregunta sobrepasa a los partidos políticos porque dentro de ellos siempre exis- ten grupos y fracciones que compiten, establecen acuerdos o provocan escisiones. Por ello, la selección interna de los candidatos tiene una especial importancia, y para el ejercicio del poder es determinante cuál o cuáles de los grupos internos logran el triunfo electoral. En síntesis, se puede afirmar que Peña Nieto representa, de ma- nera especial pero no exclusiva, al “Grupo Atlacomulco”, uno de los más fuertes dentro del PRI , reconocido tanto por su habilidad política como por ejercer el poder con “mano dura”. La tradicional disciplina y capacidad negociadora de los priístas contrasta con lo acaecido en el Partido Acción Nacional ( PAN ). La heterogeneidad de los persona- jes que apoyaron a Josefina Vázquez Mota en su postulación como
candidata de su partido, su toma de protesta en un estadio semivacío y la renovación de su equipo de campaña durante el trascurso de la misma, parecen indicar que no tiene el sustento de un grupo panista
definido. También lo confirma la declaración de un miembro de su equipo de campaña, Octavio Aguilar Valenzuela, quien afirma que la
candidata “fue traicionada”, “todos la dejaron sola”. 1 Andrés Manuel López Obrador representa a los grupos de la izquierda que postulan un Proyecto de Nación Alternativo (al vigente); por eso, sus adversarios lo consideran el ala más radical de la izquierda partidista. Gabriel Quadri de la Torre representa los intereses de Elba Esther Gordillo, líder na-
1 “Josefina Vázquez Mota ‘Traicionada’”, en Vanguardia, 6 de julio de 2012.
cional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y líder de facto del Partido Nueva Alianza (Panal).
2. El cómputo distrital
Los resultados de las elecciones federales de 2012 corresponden al cómputo distrital reportado por el IFE . Como se indicó, todavía no fi- naliza el proceso electoral, pues se encuentra en la etapa de resolución
de las impugnaciones presentadas por los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ). Por esta razón, pueden cambiar las cifras, pero no se prevén cambios sustanciales, dada la experiencia en otras ocasiones en las que se impugnó la elección presidencial; sin embargo, puede verse afectada la composición de las cámaras legislativas. De acuerdo con las cifras disponibles, los cargos federales se distribuyeron de la siguiente manera:
En la elección presidencial, según el cómputo distrital, Josefina
Vázquez Mota se sitúa en el tercer lugar con el 25.40% de los sufragios; su partido consigue 38 asientos en la Cámara de Senadores y 114 en la de
Diputados. Enrique Peña Nieto obtiene la denominación de candidato electo con el 38.21% de los votos; el PRI adquiere 52 curules para sena- dores y 207 para diputados. Al candidato de la izquierda (la coalición Movimiento Progresista), Andrés Manuel López Obrador, se le reco- noce el segundo lugar con el 31.59% de los votos. Las fracciones parla- mentarias de esta coalición se integran de la siguiente forma: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 22 senadores y 101 diputados, el Partido del Trabajo (PT) con cuatro senadores y cuatro diputados y el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, con 16 diputados. El can- didato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, alcanza el 2.29% de los votos y su partido diez diputaciones. También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene presencia en la Cámara con diez diputados.
3. El sentido del voto
Una de las primeras preguntas que se plantean sobre los resultados electorales es el porqué de los mismos, es decir, las motivaciones de los electores para votar en el sentido en el que lo hacen o la actuación
de los partidos y de sus candidatos. En 2012, al igual que en los co - micios presidenciales de 1988 y 2006, el tema que resalta es el proceso electoral: las irregularidades sobre alguna o algunas de sus etapas y, con ello, la autenticidad de los resultados. Respecto a la orientación del sufragio, sobresale lo acaecido con el PAN y el PRI como sucesivos detentadores del gobierno federal. La segunda cuestión es el apego a la ley por parte de los partidos políticos o de las autoridades electorales y, en consecuencia, la validez de los resultados; aquí el interés se centra en el PRI y el PRD, que en esta ocasión participan en alianza electoral con otros partidos: PRI con el PVEM , y el PRD con el PT y el Movimiento Progresista. Hace 12 años (2000), “Sacar al PRI de los Pinos” era la principal consigna que orientaba los votos en favor de Acción Nacional, con la
expectativa de un “cambio” con significados distintos para diversos segmentos de la población. Otro factor que contribuyó a la pérdida de los comicios presidenciales, presidida por un progresivo declive de la votación en favor del Revolucionario Institucional, son los conflictos intrapartidistas y la agudización de sus crisis. No se pretende reseñar los múltiples factores que dieron lugar a la primera alternancia en el Poder Ejecutivo federal, sino evidenciar aquellos que invierten la vota- ción de los partidos que, hasta la fecha, protagonizan las alternancias en la Presidencia. En la competencia electoral del año 2000, el PAN ganó con 15 989 636 de votos que representan el 42.52% de la votación total y 6.42 puntos porcentuales más que el entonces partido gober- nante. En 2012, el PRI recupera la silla presidencial con 19 226 784 que
corresponde al 38.21% de la votación total y a una distancia de 12.8 puntos porcentuales del partido que pierde la Presidencia ( PAN ). En esta ocasión hubo un mayor número de votos pero menor porcentaje porque su principal contendiente fue el Movimiento Progresista. ¿Por qué este viraje? En otras palabras, ¿por qué pierde el PAN? y ¿por qué, además de la compra de votos, segmentos de electores su- fragan por el PRI ? Sobre la derrota de Acción Nacional, la explicación desde la teoría hoy muy generalizada del “elitismo competitivo”, es que los electores “castigan” al partido gobernante. Esta motivación teórica, que supone una evaluación del gobierno, se encuentra sobre todo entre políticos y académicos. Sin embargo, se usa también para aludir al voto que expresa el descontento de la población, su demanda de seguridad, su rechazo a “la guerra frontal contra el crimen organizado” y el cla- mor de justicia a los “daños colaterales” como, desde el poder, llaman a las víctimas de la estrategia gubernamental en contra del crimen or - ganizado. Para algunos grupos de la sociedad supone, también, una exigencia de respeto a los derechos humanos. Por otro lado, también influye la crisis que agita al PAN y obstacu- liza la solidaridad con su candidata. Algunas de sus manifestaciones son la aguda competencia del proceso interno para seleccionar a su candidata(o) a la Presidencia, la deslucida campaña de Vázquez Mota, y la falta de consistencia de su equipo de campaña. Sin embargo, su mayor error radica en la falta de sensibilidad ante el problema de segu- ridad que priva en la sociedad y, por ende, a la principal demanda social que exige seguridad y justicia. La candidata se proclama “diferente”, y con ello se difunde la idea de que se deslinda del presidente en turno, Felipe Calderón; pero también, en su discurso, hace explícita su deter- minación de seguir con la estrategia de enfrentar al crimen organizado con el Ejército.
La demanda de seguridad y paz funge como meta-preferencia en la elección presidencial. Con diferentes interpretaciones y expectativas por parte de los electores, dicha demanda resta votos al PAN y los suma a la constante base electoral del PRI. En 2012, la disyuntiva PAN o PRI se da entre los votantes que tienen una segunda opción, pero que temen
o rechazan una alternativa de izquierda, cualquiera sea su denomina- ción. La expectativa de quienes eligen sufragar por el PRI es la de un gobierno federal fuerte, si es necesario con “mano dura”, que controle la situación de inseguridad que pone en riesgo permanente la vida de los
ciudadanos. Sin embargo, el candidato electo en espera de ser ratificado
por el TEPJF anuncia, en público, que continuará con la estrategia antes descrita. En esta cuestión, el futuro inmediato se presenta como un interrogante sin respuesta segura.
4. Conflicto electoral
Hablar de la votación en favor de Andrés Manuel López Obrador nos remite a la demanda de anular la elección presidencial, que presen- tó la Coalición Movimiento Progresista ante el TEPJF. Una demanda semejante fue formulada por la izquierda partidaria en los anteriores comicios presidenciales de 2006. La explicación inmediata de quienes no están de acuerdo es la personalidad del candidato, el mismo en los dos comicios. Se le atribuye “obsesión por el poder”, “incapacidad de aceptar su derrota”; se le considera “manipulador de masas”, “político premoderno”; se le acusa de “imponer su liderazgo dentro de la iz- quierda partidaria”, y otras características de la misma índole. Sin em- bargo, cuando los cuestionamientos sobre la validez de las elecciones presidenciales se ubican en una trayectoria más amplia, se observa que éstos trascienden la culpabilidad de una persona, más allá de que esta visión del candidato resulta ofensiva para él, pero también para los par-
tidos que lo postulan y para sus numerosos seguidores, cuyo número se evidencia en el monto de los votos que lo favorecen, y hacen viable la aspiración de un presidente de izquierda, no tan radical como se califi- ca a los dos con posibilidades reales: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador. En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de las tres fuerzas partidarias con capacidad de triunfar en los comicios presidenciales. Se resalta con negritas las fechas en que
se da el conflicto, los candidatos involucrados y los porcentajes que se
Elecciones presidencias en México 1988 - 2012
FDN/PRD
1988 30.89%
Cárdenas y Salinas
1994 16.59%
2000 16.64%
2006 35.31%
2012 31.59%
Fuente: Elaboración propia con datos del IFE.
Se puede observar que la controversia sobre la validez de la elección se da cuando los candidatos de la izquierda tienen posibilidades de triunfar. Cambian las personas, como se registra en la columna titulada “Candidatos” y también los partidos que rivalizan (PRI , FDN/PRD/ Movimiento Progresista en 1988 y 2012; PAN/PRD en 2006). La cons- tante es la viabilidad de una Presidencia que cuestiona el modelo de desarrollo vigente y ofrece un proyecto alternativo. La inquietud de muchos mexicanos es que se pretenda instaurar el comunismo o el socialismo en el país. Sin embargo, los dos líderes presidenciales han publicado por escrito sus propuestas, y en estos tex-
tos se puede comprobar que no existe “tal peligro”; tampoco buscan “volver al pasado” y menos aún sus propuestas son premodernas. Pro - ponen priorizar las condiciones de vida de la población sin descuidar la macroeconomía. Otra cosa es que cumplan o que la situación de crisis
mundial sea un obstáculo difícil de remover. Representan una expecta- tiva para los millones de personas que viven en situación de pobreza y para los que experimentan un detrimento constante y progresivo en su capacidad económica y, por ende, en sus condiciones de vida. También representan los intereses de los agentes y las organizaciones que no se
benefician con la política económica actual. En estos segmentos de
la población que pertenecen a diferentes estratos sociales, se localiza el creciente número de electores que vota por los candidatos de los partidos de izquierda. Sus motivaciones no siempre son claras, pero experimentan la difícil situación del país y la inseguridad que priva. Lo viven como individuos, como familias, como gremios, como mayoría de jóvenes y de personas de la tercera edad. Se puede observar que el cuestionamiento sobre la validez de los comicios presidenciales se inicia en 1988, al término de un sexenio
caracterizado por una crisis económica y por el inicio de cambios sus-
tanciales en el modelo de desarrollo del país y en los grupos priístas que alcanzan los altos puestos públicos, que desplazan a los denomi- nados “políticos tradicionales”. Al nuevo modelo, que logra ser hege - mónico, se le conoce, en forma imprecisa, como “neoliberal”. Por sus consecuencias en la economía familiar, por el creciente desempleo y también por sus efectos negativos en poderosos agentes económicos y políticos, se genera una polarización entre la población en general, y se hace evidente en tiempos de renovación del Poder Ejecutivo fede -
ral. Estos polos, neoliberales y antineoliberales, son los que definen,
en México, a la derecha y a la izquierda; se encuentran en la base de
los conflictos electorales, cuando existe la posibilidad de que, por la
vía electoral, los partidos con propuestas antineoliberales asuman la dirección del país.
5. El futuro inmediato
El futuro inmediato del país depende, en primera instancia, del dicta- men que emita el TEPJF. La decisión de anular la elección es la menos probable. Para que se dé es indispensable una masiva e intensa deman-
da por parte de la sociedad y la que hay no ejerce la suficiente presión a fin de que sea atendida, porque no existen los canales adecuados para
que, en este tema, la participación ciudadana sea tomada en cuenta. En caso de que la resolución sea favorable a la demanda de anulación, es necesario nombrar presidente interino y reponer los comicios presiden- ciales. Estas mismas consecuencias pesan en los magistrados en contra de favorecer esta opción. A reserva de revisar al detalle la demanda es- crita presentada por la coalición de izquierda y de la opinión especiali- zada de los abogados que la redactan, la posible penalización deriva de la inequidad que ocasiona la magnitud de los votos que se compraron en favor del candidato priísta, no tanto por la compra misma, porque ésta es una práctica común de los partidos políticos. Sin embargo, a pesar de su generalización, “los votos comprados” pueden ser califica- dos como ilegales. Si logran contabilizarse y comprobarse en términos legales, el volumen puede tener consecuencias para los partidos y para la validez de los comicios, así como para los resultados de los mismos. Si con ellos se rebasan los “topes de campaña”, la ley vigente establece la penalización correspondiente, pero anular la elección con base en la magnitud de los “votos comprados” queda a juicio de los magistrados electorales. La inercia establecida en el sistema electoral mexicano con- duce a una nueva reforma electoral que resuelva sobre este asunto.
El interrogante que surge ante un dictamen que valide los comicios es: ¿cuál será la respuesta del Movimiento Progresista? No hay sufi- cientes datos para señalar los pasos siguientes. De hecho, no es posible repetir la experiencia pasada porque las circunstancias son diferentes y muchos de los electores que sufragan por el proyecto alternativo se suman al segmento abstencionista, al perder la confianza en la vía elec- toral. Lo que se puede prever es una escisión entre la llamada “Nueva
izquierda” y la estigmatizada “Izquierda radical”, y con ello un debi- litamiento de la izquierda partidaria. Por otro lado, si prospera la de - manda y en la segunda ocasión triunfa el proyecto alternativo, se abre un abanico de expectativas e interrogantes. En primer lugar, se espera
una modificación en la política de desarrollo económico que combine,
como la mayoría de los países desarrollados, la apertura al mercado
externo con el impulso y el fortalecimiento del mercado interno, así
como un fortalecimiento de la industria nacional que se beneficia de
dicho mercado interno; apertura al comercio externo, a la inversión externa pero también a los inversionistas y productores mexicanos. La restauración del régimen priísta, conformado a lo largo del si- glo XX , es un temor extendido entre sus opositores. Sin embargo, es imposible volver al pasado porque son muy diferentes las condiciones económicas y políticas, tanto en el ámbito nacional como en el inter- nacional, y también por el proceso de cambios cualitativos que dieron
fin al mencionado régimen, durante las últimas décadas (1990-2011). Algunos analistas sitúan el inicio a finales de la década de los setenta,
con la reforma electoral de 1978, acontecimiento que transformó el sistema de partidos e hizo actores protagónicos a los partidos políticos. A partir de los noventa, los cambios son evidentes, así como su carác- ter irreversible: nuevos actores (partidos políticos) son incorporados a los gobiernos estatales, la fracción priísta deja de ser mayoritaria en la Cámara de Diputados, y con ello se rompe un eslabón importante en
la cadena de mando que sustentaba la hegemonía del Revolucionario Institucional; asimismo, se crean nuevas instituciones como el IFE , el TEPJF, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI ), entre otras. Tiene lugar un cambio de suma importancia que suele no consi- derarse: el paso de la Revolución Mexicana como “mito fundador”, al mito fundador democrático “La fuente del poder son los ciudadanos”. Se destruye así la legitimidad de la institucionalidad del Estado mexica- no del siglo XX , y se establece el reto de construir una institucionalidad democrática todavía no apropiada por los líderes políticos ni por la po - blación, sino apenas esbozada por algunas de las nuevas instituciones. Persiste la cultura propia del régimen anterior, al igual que algunas de sus normas, prácticas y costumbres, con frecuencia ilegales y co - rruptas. Dada la fracción del PRI que asume la Presidencia, es posible que se incremente el grado de autoritarismo que supone siempre la vigencia de un Estado, construcción histórica, hoy por hoy necesaria por la cultura nacional y por las relaciones que prevalecen en el ámbito internacional; en este caso, un poder estatal ejercido por un gobierno fuerte y, de considerarse necesario, con “mano dura”. Responde a la demanda de segmentos de la población que espera sea el medio para lo - grar paz y seguridad social. Para otros es cuestión de desesperanza o de temor, sobre todo para aquellos que promueven y defienden los dere - chos humanos y que exigen una relación democrática entre gobernan- tes y gobernados. A pesar de lo anterior, no hay certeza sobre la forma en que un gobierno federal priísta enfrente el problema del crimen or- ganizado y la falta de seguridad de los habitantes del territorio nacional. Tampoco hay certeza sobre la posibilidad de crecimiento económico, del desarrollo del país y de sus efectos en las condiciones de vida de los mexicanos. Otro interrogante es la postura del partido gobernante sobre las llamadas “reformas estructurales” y, de nueva cuenta, sobre sus efectos en las condiciones de vida de las mayorías.
El futuro inmediato es incierto, con problemas fuertes que exigen soluciones de fondo. Depende, por un lado, de las relaciones de poder entre los dirigentes políticos y entre los poderes fácticos que compar-
ten intereses con los primeros y, por otro, de la capacidad de organi- zación, de movilización y de participación activa de los gobernados,
mexicanos y mexicanas que desean influir en las políticas públicas, en
las decisiones políticas y en el rumbo que marca el “modelo de desarro -
llo”; éste orienta la dirección del Estado mexicano y establece la forma de participación en el proceso conocido como globalización, con su doble efecto de homogeneización y regionalización.
MÉ x ICO 2012:
Sergio René de Dios *
La joven estudiante se puso de pie y alzó una cartulina con la acusación:
“¡Corrupto compras votos! El futuro de México, ¿se puede comprar?”. El mensaje iba dirigido a Enrique Peña Nieto. Cientos de alumnos y maestros lo atestiguaban. Todos se hallaban en el auditorio de la Uni- versidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México para escuchar y cuestionar al aspirante del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) a la Presidencia de la República. Ese día el exgobernador se topó con la primera expresión pública de repudio a su candidatura. Tras responder a una serie de preguntas, el priísta debió salir de la institución educativa entre gritos de ¡fuera!, ¡cobarde! y ¡asesino! por avalar la represión policiaca de 2006 contra habitantes de San Salvador Atenco, en el Estado de México. El mensaje manuscrito del cartel de la alumna denunciaba uno de los principales rasgos del proceso electoral de 2012, como fue la multimi-
Es periodista desde hace 28 años. Estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y la maestría en PNL. Ha trabajado en una docena de medios informativos. Ha publicado media docena de libros como autor o coautor. Actualmente, es profesor del ITESO.
llonaria cantidad que apuntaló la campaña de Peña Nieto. Se trató de un
financiamiento de orígenes oscuros, que rebasó los topes legales, sirvió
para comprar votos y “lavar dinero”, como denunció Andrés Manuel López Obrador, candidato de los partidos aglutinados en la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano). La imagen de la estudiante con el cartel fue una de las miles que circularon por las redes sociales. Ese día, el 11 de mayo de 2012, la pro - testa de los alumnos de la UIA empezó a marcar un antes y un después de la campaña de Peña Nieto. Lo que sucedió a partir de esa fecha fue otro de los principales elementos que distinguió el proceso electoral, que consistió en el surgimiento del movimiento estudiantil nacional
Los jóvenes provenientes de universidades públicas y privadas, aglu- tinados en él, levantaron su voz, en un primer periodo, sobre todo contra la manipulación informativa en favor del candidato priísta en las dos principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca. Días más tarde, a mediados de julio, tras diversas movilizaciones en diferentes estados del país, el naciente movimiento estudiantil se
integró a cientos de organizaciones que participaron en la Convención Nacional contra la Imposición, en referencia al integrante del criticado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Empezaba la resistencia nacional contra el regreso del PRI a la Presidencia de la República.
De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), el padrón electoral era de 84.4 millones de electores, de los cuales 79.4 aparecían en el listado nominal, es decir, contaban con credencial de elector y podían votar. La secretaría ejecutiva del IFE detalló que, además de elegirse el 1 de julio al presidente de la República, estaban en juego 500 diputaciones
federales y 128 senadurías. En la misma jornada se realizaron comicios
concurrentes, en los que se eligió a seis gobernadores y al jefe de go - bierno del Distrito Federal, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales. Se trató de una macrojornada electoral nacional. De las elecciones por la gubernatura, el PRI triunfó en Jalisco, Chia- pas y Yucatán; el Partido Acción Nacional ( PAN ), en Guanajuato, y el Partido de la Revolución Democrática ( PRD) en Morelos y Tabasco. Postulado por el Revolucionario Institucional y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ), aglutinados en la coalición Com- promiso por México, Peña Nieto tuvo, oficialmente, a su favor 19.2 millones de votos que significaron 38.21% del total de los sufragios.
Tras más de 70 años en el poder durante el siglo pasado, el priísmo retorna para encabezar el Poder Ejecutivo federal. Lo hace con un po - lítico nominado por su partido sin contrincante alguno en el proceso interno, organizado para legitimar la decisión tomada en sus altos man- dos y en las cúpulas del poder en México. “Hoy domingo primero de julio no ganó una persona o un partido político, este día ganó la democracia, en esta elección ganamos todos, ganó México”, dijo por la noche Peña Nieto, quien ese día fue felicita- do telefónicamente por el presidente Felipe Calderón. “A quienes votaron por otras opciones les aseguro que goberna - ré con todos y para todos. Tengan la certeza de que me esforzaré al máximo, para dar respuesta a sus legítimas demandas”, dijo el exgo - bernador. “Les invito con franqueza a que dejemos atrás las diferencias y ten- siones propias de esta contienda electoral y de cualquier otra; más allá de los colores o siglas partidistas, más allá de las preferencias persona- les, hay algo que nos une a todos, que nos hermana: nuestro amor por México”, añadió.
El 11 de julio, ante las críticas y denuncias del PAN y el Movimiento Progresista contra el financiamiento de la campaña priísta, Peña Nieto
declaró: “Es claro que mi partido y en lo personal, hemos actuado con
respeto a la legalidad, con respeto a las leyes, con respeto a las institu- ciones que tiene nuestro país, y así lo seguiremos haciendo”. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, candidato por se - gunda ocasión a la Presidencia de la República, obtuvo 15.8 millones de
votos que representaron 31.54% de los sufragios totales; oficialmente,
esto lo colocó de nueva cuenta en el segundo lugar. Desde su campaña, el también dirigente del Movimiento de Re -
novación Nacional (Morena) reiteró que la campaña fue inequitativa y advirtió que “la minoría que domina en el país” decidió, de tiempo
atrás, que para mantener el régimen de corrupción que les beneficia
había que imponer a Peña Nieto. El retorno priísta significó la aplastante derrota del PAN, partido que perdió la Presidencia de la República después de haberla tenido durante dos sexenios en sus manos, con Vicente Fox, primero, y luego con Felipe Calderón.
Con un proceso interno en que resultó nominada de entre cuatro aspirantes panistas, y con una campaña errática, con numerosos tropie -
zos y fallas, el panismo y Josefina Vázquez Mota se derrumbaron hasta
el tercer lugar. El IFE reportó que la candidata blanquiazul obtuvo 12.7 millones de votos que representaron 25.41% del voto total. Otro de los candidatos, Gabriel Quadri, quien encabezó al Partido Nueva Alianza (Panal), que actúa bajo la égida de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordi- llo, obtuvo 1.1 millones de votos, cifra que representó 2.29%. Su pro - pósito fue mantener el registro del partido, y a duras penas consiguió el objetivo.
En cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, hay una es-
timación preliminar que podría ser modificada luego de que las salas
regionales del Tribunal Electoral resuelvan la disputa legal, y el PRI tendría 207 legisladores (158 de mayoría relativa y 49 de representación proporcional). El partido tricolor sería la fracción parlamentaria con mayor número de legisladores. A su vez, el PAN contaría con 115 (53 de mayoría relativa y 62 plurinominales); el PRD, con 99 (55 y 44, respectivamente); el PT, con 19 legisladores (ocho y 11, respectivamente); el PVEM , con 34 (19 de mayoría y 15 plurinominales); el Movimiento Ciudadano, con 16 (siete y nueve, respectivamente), y el Partido Nueva Alianza, con diez pluri- nominales. Con base en lo anterior, PRI y PVEM podrían alcanzar hasta 241 curules, y si se coordinan con Nueva Alianza lograrían la mayoría sim- ple en la Cámara de Diputados. La izquierda quedaría como segunda fuerza y el panismo como tercera. En el caso de la Cámara de Senadores, su integración podría modificarse pues también está pendiente la resolución de la dis -
puta legal en 14 estados, donde las diferencias de votación eran pequeñas.
2. El financiamiento ilícito
Luego de interponer un juicio de inconformidad, investigar y denun- ciar el financiamiento de la campaña del candidato del PRI , el 20 de julio López Obrador insistió:
Nosotros estamos planteando, pidiendo que se invalide la elec- ción presidencial, porque hay violaciones graves, gravísimas a la Consti tución, y parte de esas violaciones tienen que ver con el uso
de dinero de procedencia ilícita. No es cualquier cosa, es lavado de dinero. Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita y eso lo tenemos probado y lo que queremos es que la auto - ridad haga lo que le corresponde. 1
El PRD denunció la llamada Operación Maleta, que consistió en la promoción del voto en favor del candidato del PRI a la Presidencia de la República, que involucró al Grupo Financiero Monex y al Grupo Soriana, además de un conjunto de empresas ligadas a priístas o a em- presarios favorecidos por gobiernos surgidos del tricolor. Por lo menos fueron utilizadas cuatro millones de tarjetas prepagadas por cientos de millones de pesos, para comprar votos, puntualizó el partido. Medios informativos reportaron que, en la Ciudad de México, cien- tos de ciudadanos acudieron a tiendas Soriana para hacer efectivas las tarjetas de prepago que recibieron a cambio de votar por el Peña Nieto. Cada monedero electrónico tenía de 100 a 700 pesos, que fueron utili- zados para adquirir víveres o electrodomésticos. El PRI reaccionó. Señaló que, en relación con las reiteradas acusa- ciones “infundadas”, vertidas por López Obrador “sobre el supuesto manejo irregular de recursos por parte de la campaña del candidato de la Coalición Compromiso por México”, el partido tricolor nueva- mente condena “el uso sistemático de la mentira como instrumento de propaganda, y el burdo intento de manipular a la opinión pública para presionar a las autoridades electorales”. 2
1 Gerardo Rojas. “Lanza López Obrador plan para anular comicios presidenciales”, en Opinión México, 20 de julio de 2012. Disponible en www.opinion mexico.net
2 Leticia Robles de la Rosa. “ PRI solicita llegar hasta el final del caso sobre fondos de PRD ”, en Excélsior, 25 de julio de 2012. Disponible en www.excelsior.com.mx
Al hablar, una vez más, de supuestas pruebas y testimonios que no cuentan con el mínimo grado de validez y seriedad, el candi- dato perdedor López Obrador y su Movimiento sólo evidencian su desesperada estrategia política y su intención de mantenerse vigentes a toda costa. Las acusaciones reiteradas hoy, sólo son una reedición de versiones anteriores con nula capacidad pro - batoria. Las falsedades repetidas por él y su equipo durante las últimas semanas han sido puntualmente desmentidas y aclaradas por el Partido Revolucionario Institucional. 3
El PAN , a través de su dirigente nacional, Gustavo Madero, afirmó el 9 de julio que a Enrique Peña Nieto no le alcanza la legitimidad para ser el próximo presidente de México, por la ilegal introducción de di- nero para la compra y coacción del voto. A finales de julio, aún se dirimía en el IFE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ) el juicio de inconformidad que reclama la nulidad de la elección presidencial y que fue presentado por el Movimiento Progresista que respaldó a López Obrador. Durante la campaña, el IFE fue severamente cuestionado por no intervenir e investigar las numerosas acusaciones de apoyos ilegales y millonarios en favor de la campaña del PRI . Los consejeros electorales argumentaban que el código electoral los autorizaba a fiscalizar los re - cursos después de los comicios.
3. Numerosos detalles
En el espacio virtual que conforman las redes sociales, los candidatos a la Presidencia de la República, los partidos, sus seguidores y sus detrac- tores se enfrentaron durante las precampañas y las campañas. Críticas,
ironías, insultos, mentiras, ocurrencias y hasta chistes circularon a un ritmo impresionante. Por horas o días, algunos temas se convirtieron en trending topics. Uno de los casos sobresalientes que causó numeroso y creativo hu- mor negro en Twitter y Facebook fue el traspié de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Invitado a principios de diciembre de 2011 como conferencista, al preguntarle un periodista so - bre los tres libros que habían marcado su vida, el entonces precandida- to, vacilante, aseguró que el escritor Enrique Krauze era el autor de La silla del águila, novela escrita, en realidad, en 2003, por Carlos Fuentes. Aunque horas después Peña Nieto admitió el error, su hija Paulina Peña Pretelini generó otra polémica en la red social Twitter, al reenviar un mensaje de su novio en el cual calificó de ‘‘pendejos’’ y ‘‘parte de la prole’’ a quienes criticaban al priísta. “Un saludo a toda la bola de pen- dejos, que forman parte de la prole y sólo critican a quien envidian (sic)”, fue el mensaje que la joven replicó y que le dio la vuelta al mundo. Tampoco estuvieron exentos de errores en sus discursos e interven- ciones tanto Vázquez Mota como López Obrador, lo que fue amplia- mente reproducido y criticado en las redes, en diversos tonos. Durante la campaña electoral se realizaron dos debates televisados, en los cuales los especialistas dieron como triunfadores a diferentes candidatos, en uno u otro, de acuerdo con los indicadores que utiliza- ron para evaluar el par de confrontaciones públicas. En lo que hubo total coincidencia fue en la rigidez de los formatos, lo que impidió conocer a fondo sus personalidades y sus posturas. Un tercer debate entre los candidatos a la Presidencia fue organi- zado por #YoSoy132, lo que fue considerado como un logro y una relevante aportación del movimiento juvenil. El único de los invitados que no acudió fue el priísta Peña Nieto. El evento se replicó en estados como Jalisco con los candidatos a la gubernatura.
El 1 de julio, el Consejo General del IFE informó que, al cierre de la jornada electoral, se instalaron 99.98% de las 143 132 casillas apro - badas por los 300 Consejos Distritales, con la participación de 572 528 ciudadanos que integraron las mesas directivas de las casillas. Un día después, el organismo electoral dio a conocer que se registró “una par- ticipación histórica que supera al 63% del electorado”. Días más tarde, el 8 de julio, el IFE reveló que había llevado a cabo, con sus Consejos Distritales, “la mayor reapertura de paquetes electo - rales y recuento de votos en toda la historia política mexicana”: fueron en total 139 169 665 boletas de las elecciones para presidente de la Re - pública, senadores y diputados federales. Mientras continuaba el debate entre los partidos y sus candidatos por los resultados electorales, el organismo electoral destacó, el 8 de julio, que abrió 78 469 paquetes para la elección de presidente de la República, en los que se volvieron a contar 45.4 millones de boletas, equivalentes a 54.82% de esta elección. La mayoría de las encuestas o estudios de opinión pública publicados o difundidos durante la campaña electoral se convirtieron en instru- mentos de propaganda. Ante el vacío legal que existe para regularlos y
la falta de rigor científico de una parte, fueron usados por los candidatos
como recurso de proselitismo cuando los resultados los favorecían. “Hoy las encuestas son parte de los problemas que enfrentamos du- rante la elección”, declaró el consejero del IFE , Lorenzo Córdova.
4. #YoSoy132
Aunque las principales televisoras minimizaron y manipularon las imá- genes de los estudiantes rechazando a Peña Nieto en la UIA , por las redes sociales circularon videos y mensajes que mostraban la versión contraria. El PRI subió a internet, dos días después, otro video que ocultaba lo que ocurrió en la institución educativa.
El lunes 14 de mayo, en respuesta a los infundios de dirigentes na- cionales del partido tricolor y del Partido Verde, 131 estudiantes de la universidad subieron a las redes sociales un video en el que desmintie - ron que fueran porros o acarreados, luego de que increparon al exgo - bernador. Mientras mostraban sus credenciales que los acreditaban como alum- nos de la institución, los jóvenes se dirigieron a los medios de comunica- ción “de dudosa neutralidad”, y aclararon que hacían uso de su derecho de réplica para desmentir acusaciones y que nadie los entrenó. El miércoles 18, estudiantes de otras universidades, privadas y pú- blicas, se reunieron en la UIA para solidarizarse con los 131 alumnos. Ahí empezaron a sentarse las bases organizativas del movimiento que después se llamaría #YoSoy132, en alusión a que no se restringía a los alumnos de la UIA el descontento con el sistema político, con la mani- pulación informativa mediática para promover la candidatura de Peña Nieto, y que estaban en favor de la libertad de expresión. El desconten- to estudiantil era mucho mayor. Una semana después de las protestas contra Peña Nieto en la UIA , el viernes 18 de mayo, cientos de jóvenes alegres con la leyenda #Yo - Soy132 organizaron la primera manifestación en la Ciudad de México, para exigir a los medios de comunicación, en particular a Televisa y TV Azteca, el cese de la manipulación informativa sobre las campañas electorales. “Estamos informados, jamás manipulados”, corearon entre otras consignas. El movimiento estudiantil #YoSoy132 pronto se extendió a las uni- versidades públicas y halló adeptos en otros estados de la República. Sin duda, fue el actor político más novedoso y sorpresivo en el proceso electoral, que participó de manera fresca, alegre, juvenil, crítica e in- dignada.
Ninguneados por medios informativos, criticados por opinadores leales al régimen, estigmatizados, acusados de apoyar al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, del cual se deslindaron, los estudiantes crearon su propio discurso, demandas y propuestas, no sin numerosas reuniones y debates para buscar acuer - dos y una plataforma común. Hasta finales de julio de 2012 continuaba la disputa por la Presiden- cia de la República y las curules en el Congreso de la Unión. Dos eran los caminos seguidos: la defensa jurídica, especialmente de los partidos de la coalición Movimiento Progresista, aunque también participaban PAN y PRI . La segunda vía era a través de las movilizaciones, las protes- tas en la calle, en las que los jóvenes del movimiento #YoSoy132 tenían un papel preponderante. Los partidos que apoyaban a López Obrador acusaron, legalmente, ante el IFE a Peña Nieto de que era un corrupto que compraba votos,
como se leía en el cartel que mostraba la estudiante en la UIA . La inves- tigación se hallaba en marcha al cerrar julio, y los resultados oficiales se
mantenían bajo reserva.
P RINCIPIOS ELEC tORALES Y gAStOS DE CAMPA ñA:
ENREDOS PARA LA cALIfIcAcIóN PRESIDENcIAL DE 2012
Por tercera ocasión en 16 años de existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ), su sala superior ultimará la elección presidencial con una resolución que: a) realice el cómputo
final de votos; b) decrete o no la declaración de validez de la elección del
1 de julio; c) otorgue o niegue la constancia de presidente electo para el periodo 2012-2018. Y todo antes del 6 de septiembre.
A ojos vistos ya se tiene configurado un modelo lineal y mecánico de decisión orgánica a partir de esos inanes y endebles precedentes del TEPJF (dictámenes de calificación de 2000 y de 2006). 1
Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, especialista y maestro en Derecho Cons - titucional y profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la UIA , Ciudad de México. 1 Los adjetivos provienen de agudas críticas recibidas por el dictamen del 5 de septiembre de 2006, de distintos especialistas en la materia. Véase Miguel Eraña Sánchez (coord.). La califica - ción presidencial de 2006, México, Porrúa, 2006.
Principios electorales y gastos de…
El hecho de que sus magistrados no hayan asumido ahí ninguna línea argumentativa para saber que comprenden los principios rectores en las elecciones calificadas, no permite más que esperar que este tri- bunal repita el camino andado. De ahí que este trabajo se propone recordar a la magistratura que sí existe toda una axiología rectora de las elecciones. Y que el seguir ignorándola hace prescindibles e inútiles sus asientos judiciales, cuando no convierte a dichos jueces en sujetos eventuales de juicio político, al producir con su omisión afectaciones fundamentales en el sistema constitucional. Los principios rectores de las elecciones, de acuerdo con el mandato
claro de los artículos 41 y 116 del texto constitucional, son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.
Veamos qué significan en concreto, y qué implica pasarlos por alto. El principio de certeza. Supone que la serie de plazos, procedimientos y mecanismos de control que se despliega durante los comicios demo - cráticos, son garantías para alcanzar la mayor fidelidad entre la decisión del pueblo sufragante y quienes asumen el poder en su representación. De ahí deriva que tanto los actos de instalación y preparación de las elecciones, precampañas, campañas, jornada, cómputo de votos y vali- dación de las constancias de mayoría, conformen un circuito procedi- mental en el que se exige, de cada actuación pública, apego irrestricto en la Constitución, en sus leyes y principios inspiradores. En aras de alcanzar mínimos de suficiencia democrática, todo ár - bitro organizacional o jurisdiccional tutela el debido proceso electo - ral con resoluciones apegadas a principios procesales variados, como los de exhaustividad, coherencia, contradicción o definitividad. Todo esto con el fin de conseguir que los actos de organización y califica - ción del proceso en cuestión estén libres de litispendencia o déficit de equidad .
El principio de legalidad. Asumido que los principios rectores se natu- ralizan en un Estado social y democrático de derecho, el de legalidad alude a la obligación para ciudadanos, entidades de interés público, poderes públicos y corporaciones privadas (empresas, sindicatos, etc.) de acatar cualquier disposición de orden público que se encuentra en vigor, tanto en la Constitución, pactos internacionales, legislación con-
gresual, normativa derivada o criterios de interpretación jurisdiccional. Dicho imperativo de apego a la ley y a los principios alcanza por igual a la autoridad que ejerza funciones o atribuciones comiciales, con inde - pendencia de su denominación funcionarial.
Por consiguiente, en todo momento procede la declaración de nu- lidad o invalidez de aquellos actos comiciales que ignoren o tuerzan la legalidad, a partir de interpretaciones maniqueas y ventajosas que desvirtúen el juego democrático y sus principios inspiradores. El principio de independencia . Como tiene de referencia al principio de independencia de los juzgadores, su cumplimiento conduce a un
triángulo de beneficiarios institucionales: a) sirve a los justiciables; b)
favorece al juez del caso que goza de autonomía, y c) fortalece al poder
u organización de la que el juez forma parte, tal y como está redactada
su definición en el artículo 2.2 de la Declaración Universal sobre la
Independencia de la Justicia, del 10 de junio de 1983:
Los jueces individualmente deben ser libres. Su función consiste en decidir los asuntos desde su imparcialidad, y de acuerdo con los conocimientos de los hechos y del Derecho, sin ninguna res- tricción, influencia, inducción, presión, amenaza o interferencia, directa o indirecta, de cualquier instancia o por cualquier razón. 2
2 Para dicho concepto es un referente útil, Rosario Serra Cristóbal. La libertad ideológica del juez, Valencia, Tirant lo Blanc, 2004, p. 29.
Extendido dicho principio a la arena electoral, significa que toda
autoridad con funciones en esa esfera deberá adoptar, con indepen-
dencia, toda postura y acción a ejercitar y, en cualquier caso, que sea el propio ordenamiento el que ofrezca garantías suficientes para deman- dársela con eficacia y antelación a las resoluciones electorales. Porque
al acatarse el principio de independencia por el árbitro organizacional o jurisdiccional de las contiendas, se repite un triángulo más de benefi- ciarios institucionales: a) se sirve a los ciudadanos de un sistema cons- titucional, b) se garantiza a partidos y candidatos el acceso a la justicia y al arbitraje democrático, y c) se fortalecen las instituciones electorales
y la sociedad política a la que sirven, en tanto que coexisten un Estado constitucional y los guardianes de sus instituciones democráticas. El principio de imparcialidad . Significa, en concreto, que el juez (o los árbitros, en los casos de organización/calificación de elecciones): “ha de decidir de manera razonada el conflicto que se le somete, actuando
el mandato de la ley desde el saber jurídico experimentado y la respon- sabilidad ética profesional de lo que ha de estar investigado”. En su sentido subjetivo, “La imparcialidad alude a la convicción personal del juez concreto que conoce un determinado asunto y, de este modo, a su falta de prejuicios”. 3 Esto hace muy valorable que el legislador (o la autoridad expedido - ra de reglamentos) provea las disposiciones normativas para asegurar, tanto la autonomía como la probidad de los integrantes de los órganos electorales (magistrados y jueces, consejeros de junta general, distrital, municipal, del orden estatal o federal). Mandatos que realmente deben cumplirse y no simularse como se ha estilado dentro de los regímenes de fachada democrática.
De la misma manera, se pondera el carácter democrático del sistema electoral genuino, que reconoce un listado claro de incompatibilidades (excusas, recusaciones, etc.), de impedimentos procesales y de elemen- tos para imputar responsabilidades a los árbitros de los comicios. Por cierto, elementos todavía en magra definición dentro del sistema mexi- cano en vigor. El principio de objetividad . Este principio supone el deber para todo funcionario de la organización electoral (desde el funcionario fugaz de jornada hasta los consejeros electorales o jueces de la contienda) y de los propios gobiernos, de conducirse como entidad supra partes y con apego irrestricto a las leyes. También supone el imperativo de impul- sar tanto la neutralidad de la acción pública como la deliberación libre
e informada de quienes forman parte de entidades gubernamentales, haciéndose eco del respeto a los principios del pluralismo y de los que rigen la vida democrática. Inclinarse sólo hacia posturas de una facción desmerece esta integración axiológica y provoca, automáticamente, un
déficit de legitimidad en las decisiones institucionales.
Por otra parte, la adhesión a este principio implica un compor- tamiento con racionalidad y sin parcialidades en el ejercicio de las competencias electorales. Y en correspondencia a su acatamiento se proscriben los actos u opiniones institucionales (de expresión oral o es- critos), que choquen contra la equidad o ignoren el sistema axiológico en general. Es importante resaltar que cada principio de los definidos con ante - rioridad mantiene comunicación entre sí y, por tanto, su interpretación no resulta jerarquizable; de ahí que omitir el cumplimiento de cual- quiera de ellos lesiona la libertad de preferencias electorales y, de forma añadida, provoca el incumplimiento de funciones arbitrales debidas, como es garantizar la cualidad más valorada de todo proceso comicial democrático: la equidad.
Así, para tasar de democrático a un sistema, sus órganos de arbitraje electoral necesariamente deben asumir el principio de suplencia de la
deficiencia en los comportamientos de los jugadores (para ello se han
hecho los diseños vigentes del TEPJF como Tribunal Constitucional y el de un IFE reformado). Dicho principio significa que la autoridad de- berá corregir, de forma categórica, la transgresión y el abuso atribuibles
a los sujetos arbitrados, fijando límites y sanciones severas para evitar
su repetición, aun en los casos de no haber sido objetados por el des- piste, la anuencia o la complicidad del adversario.
1. El tope de gastos de campaña y su problemática en la calificación del TEPJF
1.1 Los gastos alegres
Un dato para recordar de los comicios presidenciales de 2006 es que el tope de gasto de campaña autorizado por el Consejo General del Ins- tituto Federal Electoral (IFE) para ser ejercitado por cada candidato se fijó, entonces, en el estratosférico “límite” de 651 428 041 pesos.
A pesar de que las reformas electorales de 2007 y 2008 intentaron introducir la austeridad en los comicios reduciendo la duración de las campañas a 90 o 60 días (entre otras cuestiones), a lo único a que se
llegó en la sesión del 3 de abril de 2012 fue a fijar dicho límite en la
cantidad de 336 112 084 pesos, que rigió en la más reciente elección del titular del Poder Ejecutivo, mientras que para las precampañas se ha- bía autorizado antes un tope de hasta 67 222 416 pesos a cada partido, justo para aplicarse en sus procesos internos. Si consideramos ambas cantidades, más los periodos de duración de las precampañas y las campañas en los que se aplicaron tales recursos,
suma 403 334 500 pesos el gasto máximo ejercible por cada partido y candidatos durante la última contienda presidencial.
Al menos teóricamente, puede afirmarse que el límite gastable en los
recientes comicios se redujo en algo. Pero de ninguna manera implica ahorros tan contundentes para dejar de ser considerado, tal y como
ocurre a la fecha, como el sistema electoral más oneroso y dilapidador del mundo.
La pregunta que surge de ahí es: ¿puede calificarse una elección
cualquiera sin haberse dictaminado con anticipación cuáles partidos y
candidatos respetaron el límite de gastos de campaña fijado por el ár- bitro de las elecciones? En especial, si ya se tiene una valoración plena con respecto a que este mecanismo de control del sistema de partidos y de sus abanderados, representa el culmen de la equidad en la contienda. Pasárselo por encima no sólo precipita al modelo electoral hacia el nivel
más ínfimo de su gobernación y control, sino que hace de los jugadores
entidades autónomas y supremas que se toman reglas y principios elec- torales como sugerencias desechables, y para quienes, obviamente, el arbitraje es cosa risible, cuya única tarea es la simulación escénica.
1. 2 Las taras del sistema electoral
En el diseño normativo vigente, las atribuciones de control en la ma- teria se han concebido de forma deliberada con enormes taras y, tram-
posamente, bajo procedimientos de control tan lentos y defectuosos que la naciente Unidad de Fiscalización ya se encarna como un ente de rotunda inutilidad, en cuanto que posterga sus controles en el tiempo y el espacio.
Por ejemplo, la fiscalización de los gastos de partidos y candidatos
culmina con un informe de corte anual, presentable en el inicio del año
siguiente, con independencia de haberse o no celebrado comicios de tipo federal. De risa loca es la posibilidad de que la impugnación de dichos infor- mes pueda realizarse, por disposición expresa del artículo 375 del Có - digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), durante ¡los tres años siguientes! En otras palabras, esto implica que cualquier grupo de emprende - dores (o de delincuentes) que haya tomado la decisión de invertir, de forma ilegal, en gastos de precampañas y campañas, con toda tranquili- dad puede esperar un lustro a que se paguen las multas correspondien- tes. Y de inmediato apuntar su generosidad a la siguiente contienda.
1.3 Las soluciones del enredo
No es extraño escuchar voces que urgen a tramitar iniciativas de ley
que modifiquen ese modelo de fiscalización legal de recursos del que
aquí se hace sorna. Nada más fútil e innecesario, considerando la ra-
pidez con que surgen aplicadores obsequiosos de los intereses de los
partidos, tanto en el IFE como en el TEPJF, que precisamente están en el juego de fondo del actual descontrol del sistema. Entonces, dicha medida no parece una solución sino una mera sali-
da que pronto retraerá el abuso mediante formas camufladas.
La solución se expresa aquí a manera de ultimátum: ¿no es hora ya
que los magistrados del TEPJF hagan valer de verdad sus atribuciones?,
o ¿acaso siguen enfilados en la ruta de las resoluciones unánimes y pu- silánimes como las precedentes? Bajo el esquema del primer interrogante, se trataría nada menos que de asumir su papel de supremo tribunal constitucional en materia electoral que le confía el régimen constitucional (artículo 99, y en espe -
cífico el párrafo 6o. de la Constitución vigente). Porque ahí se expresa
su facultad de no aplicar leyes o reglamentos que obstaculicen o se opongan a la Constitución y a sus principios electorales rectores en casos concretos. En ese orden, cualquiera de las normas de desarrollo electoral (como las cuestionadas con anterioridad) serían objeto eventual de una decla - ración específica de no aplicación, siempre y cuando los magistrados dejen de lado el desinterés, el medro y el sentido interpretativo minimalista que ha caracterizado a las resoluciones de calificación presidencial an- teriores. En otras palabras, que en el TEPJF se comporten como jueces genuinos y no de opereta.
1.4 La duda razonable
Amén de requerirse la valoración de todo elemento de invalidez, de cargo y descargo o de alegatos ofrecidos por partidos y candidatos en relación con la elección presidencial del 1 de julio, en el fondo subiste un debate judicial de la mayor trascendencia, y que toca al TEPJF en- frentar. Cómo sabemos si ya tendremos una construcción interpretativa que nos adeuda, para que el TEPJF use su jurisdicción plena a fin de exigir que se adelanten no sólo los informes finales de la fiscalización de gas- tos de partidos y candidatos (para averiguar violaciones a los topes), sino que declare no aplicable la normativa de desarrollo electoral que hoy impide el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad en la materia. También, que se ofrezcan unos esperados criterios jurisdiccionales fundamentales. Por ejemplo, para tasar un límite tolerable cuando el rebase de topes de campaña sea ínfimo y sólo produzca multas admi- nistrativas sencillas; o para conocer qué otros límites aplican a partidos o candidatos derrochadores de recursos, pero a los que ya no cabe
someterles sólo a través de coscorrones porque su actuar conllevaría la pérdida de la constancia de mayoría o del registro público partida- rio, simple y llanamente porque han transgredido la Constitución, los principios rectores de las elecciones y la cualidad más valorable de todo
sistema democrático como es la equidad. De ahí la importancia de lo que haga o deje de hacer este Tribunal
calificador en el inicio del mes patrio, considerando que ese tipo de
criterios judiciales no sólo es de urgente adopción (ante el silencio de la ley), sino que resulta hasta cómico imaginar a los jugadores realizando cálculos de multas para respetar o no los topes de gastos de campaña, gracias al adormecimiento de los árbitros. Un criterio jurisdiccional adecuado para producir la pérdida de la constancia de presidente electo (o de representante cameral), o la pro - pia pérdida de registro del partido proponente, es que se haya rebasado en 20% o más el límite del gasto autorizado de precampañas y campa- ñas. Este porcentaje se tasa en el sistema de nulidades electorales (tanto en la Federación como en los estados), porque se ha puesto en duda la certeza de la elección y esto es determinante para el resultado de la
Concluyo reflexionando que, aun cuando aquí se hace hincapié en
un mecanismo de control que para la realidad política depara sólo pre -
ocupaciones menores, precisamente es la oportunidad judicial para po - ner freno a esa penosa subcultura del derroche y la compulsión finan- ciera que acompaña a los miembros de la clase política mexicana. Para no opinar que los magistrados también se forman entre la ex-
tirpe depredadora, lo menos que se esperaría de la próxima calificación
presidencial es que valoren rutas de actuación como las apuntadas de forma muy crítica. Precisamente, que ejerzan su plena jurisdicción par- tiendo de esta duda razonable inquietante: verificar por qué un colabo - rador cercano a una campaña presidencial ha reconocido, públicamen-
te, que en una sola operación financiera de su partido con una empresa
(Alkino Servicios y Calidad S. A. de C. V), se dispuso de 66 millones
de pesos para el pago de gratificaciones a sus representantes partidarios a través de unos famosos plásticos (Monex). 4 Es increíble que esa cantidad equivalga al total del gasto autorizado a cada partido para sus precampañas presidenciales, y también destaca, sobremanera, que ronda el 20% del tope máximo de gasto autorizado a su candidato para toda la campaña. Si tales gastos representan la morralla, cómo estarán los informes completos sin segundas contabilidades.
4 Véase, en cualquier medio nacional impreso o electrónico, en especial, la entrevista ofrecida por Jesús Murillo Karam el 19 de julio de 2012, así como los señalamientos del presidente del CEN del PRI del mismo día.
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Según los resultados de las elecciones de 2012, el Movimiento Ciuda- dano (MC) no es la segunda fuerza política en el estado de Jalisco. Si bien su candidato a la gubernatura (Enrique Alfaro Ramírez, expresidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga) obtuvo 34.3% de los votos para la elección de gobernador, más que el Partido Acción Nacional (PAN) y fue el primero en ocho de 20 distritos (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14), no ocurrió algo similar en los otros comicios locales. En los de diputados, el MC ganó solamente el distrito 7, y triunfó en nueve municipios (entre ellos, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Autlán). El PAN venció en cinco distritos; además, tendrá 22 alcaldías (entre ellas, Tepatitlán, Ameca, Chapala y Encarnación).
* Es licenciado en Economía por el ITESM y maestro en Administración por el ITESO. Es profesor numerario del ITESO, adscrito a la Dirección General Académica. Escribe semanalmente en El Economista.
Jalisco: Resultados de las elecciones locales en julio de 2012
% de la votación en los distritos
donde ganó
total en Jalisco

References: artículo 24
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 artículo 2
 artículo 375