Source: http://blog.ernestocedeno.com/2014/07/
Timestamp: 2018-09-20 20:05:33+00:00

Document:
julio 2014 – Ernesto Cedeño Alvarado
A raíz de que la compra de equipos de seguridad, a un costo de $125 millones a la italiana
Selex Sistemi Integrati –filial de Finmeccanicca– no están cumpliendo su función; analizan
algunos, según medios de comunicación, la posibilidad de revocar el contrato en
del contrato público, refrendado por Contraloría, de oficio, no puede darse a
lo legal, pues se estaría violando el principio de legalidad.
ha dicho la Corte sobre la fuerza de los contratos?
“Transcrito lo anterior debemos exponer
que en nuestro derecho positivo se reconoce el derecho a pactar con fuerza de
ley interpartes situaciones específicas dentro de un acuerdo, derecho
reconocido en el artículo 976 del Código Civil, el cual es señalado como
violado por parte del demandante. Dicho artículo indica que, “Las
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. (Sentencia del 6 de mayo de 2010, de la Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia).
¿Cuál es el mecanismo apropiado para poder
anular un contrato según la Corte?
“El mecanismo apropiado para discutir el tema atinente a la
celebración, incumplimiento o extinción de los contratos administrativos, es la
proposición de una acción autónoma con esa finalidad concreta, para la cual es
competente la Sala.
En esa acción el interesado deberá indicar las declaraciones que
solicita (Vgr. la declaratoria de resolución o rescisión del contrato, etc.) y
los motivos en que pretende apoyarse para solicitar las mismas”. (Resolución de 5 de junio de 2006, Mgdo.
Ponente Adán Arnulfo Arjona de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).
El código judicial, le da competencia a la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia, para anular un contrato público.
A la Sala Tercera le están atribuidos
los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o
deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones
que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones
o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales,
provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o
semiautónomas.
En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de
5. De las cuestiones suscitadas con
motivo de la celebración, cumplimiento o
vía penal también queda abierta, para presentar las denuncias que el caso
pudiera ameritar.
transporte masivo que reemplazó a los diablos rojos, por la inadecuada
administración que vemos en el METRO BUS hoy; esta opacando, algunos beneficios
que le ha traído a los ciudadanos, el nuevo sistema, como son:
con mayor confort y seguridad.
en la imagen urbana.
del secretario de los conductores, que no beneficiaba el servicio.
de los conductores irresponsables.
da estabilidad laboral a los trabajadores del volante.
seguro de asiento al usuario.
seguro por responsabilidad civil y daños contra la propiedad de terceros.
un servicio las 24 horas al día, los 365 días del año.
usuario paga una solo tarifa para realizar su viaje en un sentido, hasta 2
trasbordos, mientras los realice consecutivamente en un lapso
máximo de 150 minutos dentro de las rutas troncales y transversales.
¿Qué se puede hacer hoy sobre el tema?
Se le puede resolver el contrato a la
posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es en base a lo que dispone la
ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10,
en sus cláusulas trigésima y trigésima primera.
concesionario no ha puesto de su parte y
un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la
del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas
¿Este proceso de
resolución (extinción) traumaría el sistema?
En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima
primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado
a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de
transporte. El Estado, por justicia, le pagaría por los bienes
revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato
público y en los términos que subyacen en la adenda 2.
El Estado podría administrar el sistema per se, o
mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o
podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.
Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de
hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que
todos los bienes pasen al Estado, podría sustituir o subrogarse, si
lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el
contrato a sus expensas.
¿Qué no se debiera hacer hoy sobre el tema?
Aplicar el rescate administrativo del
Se aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el
concesionario podría alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta,
inciso a) del contrato, que obliga al Estado a permitirle al concesionario, el
desarrollo, implementación, administración y explotación de los servicios otorgados
en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos del contrato.
Proyecto legislativo electoral inconstitucional e inconveniente
Unas reformas al Código Electoral,
relativa al proceso de impugnación, fueron prohijadas en la Comisión de
Esta instancia aprobó por unanimidad darle curso para el primer debate a dicha
1. Un artículo propuesto reza en términos generales, que en los circuitos
plurinominales, solo se dejara de entregar la credencial al candidato que
afecte la causal de impugnación invocada y deberá entregarse la misma a los
demás candidatos que hubieren participado de la elección y que hayan sido
previamente proclamados.
2. Promueve que en caso de que se convoque
a nuevas elecciones se otorgue un subsidio económico a los partidos y a los candidatos
independientes de dicha circunscripción. Esto lo veo inconveniente desde el punto
de vista presupuestario. Es más, ni siquiera la ciudadanía sabe de la rendición
de cuentas que hacen los partidos y candidatos, sobre el uso del subsidio
electoral. Es un exabrupto.
3. Busca evitar que se haga una nueva elección,
si se anula una, por la causal consistente
en la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la
Constitución Política y en el Código
Electoral (es la principal casual que privó, en las impugnaciones de las elecciones del 4 de mayo). Se proclamarán los candidatos más votados, en
su defecto, pues se anula la participación de los candidatos impugnados en el
Desean ganar por forfait. Esto es increíble, lo que se hace
para favorecer a una facción partidaria.
4. Se consignó que esta ley es de
orden público y tiene efectos retroactivos en relación a las demandas de
nulidad de elección y proclamación interpuesta con motivo de las elecciones generales
del 4 de mayo de 2014.
Las leyes electorales afirmo, rigen hacia el futuro y no para el pasado. Huelga
añadir, que el proyecto planteado no es de orden público, a lo legal, pues no alude a la seguridad y buen
funcionamiento del Estado, a la seguridad personal y colectiva de los asociados
en general. Es una idea hecha a la medida de algunos candidatos, para
Mi criterio es que debe esperarse el análisis integral de las reformas al
código electoral, que se han anunciado que vienen en el futuro.
La Constitución dice en su artículo 163, que es prohibido a la Asamblea
Nacional, el expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta
Una reforma al Código Electoral relativa
al proceso de impugnación fue prohijada en la Comisión de Gobierno, este martes.
En su primera sesión, esta instancia aprobó por unanimidad darle curso para el
primer debate a dicha propuesta.
El anteproyecto 32 del diputado Pedro Miguel González busca reformar el
artículo 347 del Código Electoral a fin de que los candidatos en circuitos
plurinominales, que son proclamados y que no tengan ninguna relación con las
demandas de nulidad, reciban sus credenciales.
El artículo propuesto reza en términos
generales, que en los circuitos plurinominales, solo se dejara de entregar la
credencial al candidato que afecte la causal de impugnación invocada y deberá
entregarse la misma a los demás candidatos que hubieren participado de la
elección y que hayan sido previamente proclamados.
1. Al debatirse el anteproyecto de marras, abre el
compás para que se incluya un aparte que le dé, de manera INCONSTITUCIONAL, el
efecto retroactivo que necesitan, para ayudar a sus copartidarios impugnados;
violentándose así de manera directa, el artículo 46 de la Carta Magna que
dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden
público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia
criminal, la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad,
aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Las leyes electorales afirmo, rigen
hacia el futuro y no para el pasado. Huelga añadir, que el anteproyecto planteado
no puede ser de interés social, porque no toca a la protección de los sectores
desvalidos, a la asistencia y ayuda de las clases necesitadas ni al bienestar
social, ni mucho menos es de orden público, pues no alude a la seguridad y buen
funcionamiento el Estado, a la seguridad personal y colectiva de los asociados
2. Debe esperarse el análisis integral de las
reformas al código electoral, que se han anunciado que vienen en el futuro.
3. Pareciera ser una iniciativa particular, para
favorecer solo a un sector definitivo, a manera de privilegio especial.
4. La Constitución dice en su artículo 163, que es
prohibido a la Asamblea Nacional, el expedir leyes que contraríen la letra o el
espíritu de esta Constitución.
UN ACTO PÚBLICO DEL MEF QUE NO TIENE FUNDAMENTO LEGAL
El acto público anunciado a mi juicio podría considerarse desde ya, sin sustento legal, debido a que la contralora Gioconda Torres de Bianchini giró instrucciones en esos instantes, para auditar las juntas comunales y alcaldías desde el periodo de 2004 al 2014, previa solicitud de la procuradora general de la nación, Ana I. Belfon. Informaron los medios.
El contrato que devenga del acto público anunciado por el MEF, NO DEBE SER REFRENDADO POR CONTRALORIA, por razones obvias.
Lo que debe hacer el MEF de manera inmediata, a mi criterio, es cancelar el acto público anunciado.
Traslados con mayor confort y seguridad.
Mejora en la imagen urbana.
Eliminación del secretario de los conductores, que
no beneficiaba el servicio.
Eliminación de los conductores irresponsables.
Les da estabilidad laboral a los trabajadores del volante.
Otorga seguro de asiento al usuario.
Otorga seguro por responsabilidad civil y daños
contra la propiedad de terceros.
Otorga un servicio las 24 horas al día, los 365
El usuario paga una solo tarifa para realizar su
viaje en un sentido, hasta 2 trasbordos, mientras los realice consecutivamente en un
lapso máximo de 150 minutos dentro de las rutas troncales y transversales.
Sería irresponsable tachar los METRO BUSES, por la mala administración que
gravita hoy en el sistema; lo que hay que hacer a mi juicio, es exigirle de
manera severa a la empresa MI BUS el férreo cumplimiento de los términos del
contrato, y si fuere el caso, o el pactar una adenda, sin costo para el Estado,
que permita la incorporación de nuevos buses para cubrir la demanda efectiva o
la resolución del contrato pertinente.
aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el concesionario podría
alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta, inciso a) del contrato,
que obliga al Estado a permitirle al
concesionario, el desarrollo, implementación, administración y explotación de
los servicios otorgados en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos
El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Adolfo Valderrama, propuso el 22 de julio, la creación de la figura de Contralor Municipal.
Según Valderrama se debe evaluar la creación del cargo de contralor para los gobiernos locales como parte del proceso de descentralización del país.
Esta idea de materializarse en ley, seria abiertamente inconstitucional, pues la Carta Magna en su artículo 279, determina que solo habrá un organismo estatal independiente, denominado Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al del Presidente de la República.
Por su parte, el artículo 280 del mismo texto reza que es la Contraloría la única que tendría la función de fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, de todas las entidades públicas, sin excepción.
Si se duda de la transparencia y efectividad del trabajo de un Contralor, la Asamblea lo que podría hacer es citarlo para que rindiera cuentas, mas no, el crear un cargo paralelo a la de la Contraloría General.

References: artículo 976
 resolución 

resolución 
 artículo 163

artículo 347
 artículo 46
 artículo 163
 resolución 
 artículo 279
 artículo 280