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Timestamp: 2020-01-28 07:13:12+00:00

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Justicia y Transparencia - Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806)
TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.
b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.
c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional.
d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.
e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares.
f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.
g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.
2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno:
a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.
b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia.
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley.
d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material.
e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.
f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.
g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1.
En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste.
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 15-C de la presente Ley. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27927, publicada el 04-02-2003, cuyo texto era:
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la siguiente:
a) La información expresamente clasificada como secreta y estrictamente secreta a través de un acuerdo adoptado por la mayoría del número legal de los miembros del Consejo de Ministros. El acuerdo deberá sustentarse en razones de seguridad nacional en concordancia con el Artículo 163 de la Constitución Política del Perú y tener como base fundamental garantizar la seguridad de las personas. Asimismo, por razones de seguridad nacional se considera información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente externo como interno, aquella cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático.
Mediante Decreto Supremo aprobado por la mayoría del número legal de miembros del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo reglamentará las excepciones que expresamente se enmarcan en el presente artículo.
El acuerdo debe constar por escrito y en él deben explicarse las razones por las cuales se produce la clasificación mencionada. Este acuerdo debe ser revisado cada cinco (5) años a efectos de evaluar su desclasificación. El acuerdo que disponga la continuación del carácter secreto y estrictamente secreto deberá ser debidamente motivado y sujetarse a las mismas reglas que rigen para el acuerdo inicial.
No se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona.
El Presidente del Consejo de Ministros deberá dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de los criterios que el Consejo ha utilizado en la clasificación de la información como secreta o estrictamente secreta. Una vez que la información clasificada se haga pública, una comisión especial del Congreso de la República evaluará si las razones esgrimidas en el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró como clasificada una información se adecuaban a la realidad de los hechos. Esto no impide que una comisión competente del Congreso de la República efectúe dicha evaluación en cualquier momento.
b) Materias cuyo conocimiento público pueden afectar los intereses del país en negociaciones o tratos internacionales.
c) La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.
d) La información interna de las entidades de la Administración Pública o de comunicaciones entre éstas que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.
e) La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.
f) La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de 6 (seis) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.
g) La información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla.
h) La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal.
i) Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución, o por una Ley aprobada por el Congreso de la República.
Los casos establecidos en el presente artículo son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.
La información contenida en las excepciones señaladas en este artículo son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú en ambos casos. Para estos efectos, el Congreso de la República se sujeta igualmente a las limitaciones que señala su Reglamento. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo.
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05173-2011-PHD/TC
Se solicita a la Dirección de Recursos Humanos de la PNP diversas relaciones numerales y/o numéricas del personal policial. En primera instancia se declara improcedente la demanda al considerar que la pretensión del demandante supone la elaboración de informes por parte del demandado. En segunda instancia se confirma la decisión por considerar que la divulgación de la información solicitada podría afectar la seguridad de terceras personas. Sobre la sentencia de primera instancia el Tribunal Constitucional aduce que si bien la información solicitada debe encontrarse en poder de la institución demandada, ésta también esta obligada a entregar información que, sin poseerla físicamente, le es atribuíble por razón del desempeño propio de sus funciones. Sobre la sentencia de segunda instancia el Tribunal Constitucional aduce que no basta alegar la seguridad de terceros sin que ello sea meridianamente acreditado. Finalmente, el TC declara fundada en parte la demanda respecto a la información que supone únicamente la entrega de listas nominales y/o numéricas; e improcedente respecto a la pretensión que supone el análisis o evaluación de la información que posee la entidad demandada.
Seguridad nacional y orden público
Corte de origen
Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (DIRREHUM-PNP)
Sentido de la sentencia
Código Procesal Constitucional (Ley 28237). > TÍTULO III: PROCESO DE AMPARO > CAPÍTULO II: Procedimiento > Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 13.- Denegatoria de acceso
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 15-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 15-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial
Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú
04885-2007-PHD/TC
07440-2005-PHD/TC
02661-2011-PHD/TC
El demandante solicita a la Municipalidad Distrital del Rímac la entrega de copias autenticadas de la resolución directoral expedida por la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad que dispone el pago de la retribución en beneficio del suscrito por los servicios que prestó en el citado órgano administrativo dentro del último trimestre del año 2008. En segunda instancia se estimó en parte la demanda, ordenando la entrega de la documentación solicitada; sin embargo, se desestimó en el extremo referido al pago de costos, sosteniendo que en aplicación del artículo 413º del Código Procesal Civil, la comuna emplazada se encuentra exonerada del pago de dicho concepto. El Tribunal Constitucional ordena el pago de costos, ya que según el Código Procesal Constitucional y la reiterada jurisprudencia del Tribunal, cuando la sentencia resultara fundada deberá disponerse el pago de costos y costas; y en caso el Estado haya sido parte, corresponde únicamente el pago de costos.
Pago de costos y costas
Corte de Lima Norte
Municipalidad Distrital del Rímac
Código Procesal Constitucional (Ley 28237). > TÍTULO III: PROCESO DE AMPARO > CAPÍTULO II: Procedimiento > Artículo 56.- Costas y Costos
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 15-C.- Regulación de las excepciones
01410-2011-PHD/TC
El demandante solicita a la Municipalidad Distrital de Punchana les entregue copias fedateadas y/o certificadas del expediente administrativo en el que se concedió título de propiedad del bien ubicado en la calle La Marina, del pueblo joven Bellavista Nanay, a favor de Berita C. Flores Marín en el año 1995. En primera instancia se declaró improcedente la demanda por considerar que se encuentra acreditado que no ha sido posible ubicar la documentación solicitada por cuanto esta no se encuentra en poder de la Municipalidad. En segunda instancia se confirmó la apelada por similares fundamentos. El Tribunal declaró fundada la demanda ya que la emplazada no puede apelar a la “no existencia” de dicha información para eludir su obligación de entregarla a los actores, pues es necesario agotar las diligencias necesarias y en ultimo caso de quedar comprobado el extravío de la misma, disponer la reconstrucción del expediente administrativo correspondiente, para luego de ello cumplir con su entrega en copias a los interesados.
Conservación de la información
Corte de Loreto
Municipalidad Distrital de Punchana
01352-2011-PHD/TC
El demandante solicita al decano del Colegio de Abogados de Arequipa se le informe si los abogados de la relación que presenta: a) han votado en las elecciones del 12 de diciembre de 2009 del Colegio de Abogados de Arequipa; b) si están o no en el padrón electoral; y, c) si están o no colegiados. Y como pretensión accesoria, solicita que se aplique a los responsables el artículo 8º del Código Procesal Constitucional. En primera instancia se declaró improcedente la demanda por considerar que el recurrente pretende que se le dispense la información de una determinada manera, lo cual no está comprendido dentro del objeto del derecho a la información. En segunda instancia se confirmó dicha decisión por el mismo fundamento. A juicio del Tribunal la información solicitada no implica crear o producir información con la que no se cuente, pues está acreditado, a tenor de la propia contestación de la demanda, que el Colegio de Abogados de Arequipa cuenta con los documentos donde obra dicha información, por lo que en este extremo se declaró fundada la demanda e improcedente en el otro extremo al no advertirse de los actuados la existencia de causa probable de la comisión de un delito.
Responsabilidad y sanciones
José Alejandro Suarez Zanabria, decano del Colegio de Abogados de Arequipa
Código Procesal Constitucional (Ley 28237). > TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE HÁBEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y CUMPLIMIENTO > Artículo 8.- Responsabilidad del agresor
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) > TÍTULO III: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO > Artículo 10.- Información de acceso público
T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. 043-2003-PCM) > TITULO III: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO > Artículo 18.- Regulación de las excepciones
T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. 043-2003-PCM) > TITULO III: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO > Artículo 13.- Denegatoria de acceso
02579-2003-PHD/TC
00147-2011-PHD/TC
El pedido de información dirigido a un hospital se refiere a copias de los informes elaborados por los médicos que participaron en una operación quirúrgica determinada. En Primera instancia se declaró fundada la demanda y en Segunda instancia infundada. El Tribunal señala que se trata de información confidencial por tratarse de informes de índole médica que atañen a la intimidad personal, declarando improcedente el hábeas data. Pero, dado que en el presente caso quien solicita dicha información pretende con ella ejercer su derecho a la defensa dentro de un proceso penal, la solicitud debe tramitarse al interior del proceso penal y el juez debe garantizar el derecho a la intimidad de la persona referida en dicha infromación médica.
Corte de Ucayali
Hospital Regional de Pucallpa
Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia
01480-2003-PHD/TC
Sentencias 1 - 5 de 13
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Roger Luis Rosales Dulanto vs. Municipalidad Distrital de Huaura
El demandante solicita a la Municipalidad Distrital de Huaura información relativa al contrato de Leasing suscrito por la Municipalidad y una entidad financiera.
En primera instancia la demanda es declarada infundada al considerar que l...
Se establece que el secreto bancario busca asegurar la confidencialidad de una esfera de la vida privada de los individuos o personas jurídicas de derecho privado. En el caso de las entidades públicas la regla general es la publicidad y transparencia de la información. Por ello, de conformidad con el artículo 140º de la Ley General del Sistema Financiero (Ley Nº 26702) las operaciones bancarias activas son información pública.
Corte de Huaura
Municipalidad Distrital de Huaura
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References: Artículo 15

Artículo 15
 artículo 163
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 36
 artículo 15
 Artículo 1
 Artículo 163
 resolución 
 resolución 
 Artículo 51
 resolución 
 Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15
 resolución 
 artículo 413
 Artículo 56
 Artículo 15
 artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 18
 Artículo 13
 artículo 140