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Timestamp: 2019-04-21 20:50:47+00:00

Document:
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Córdoba n.º 2 a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. - Doctrina Administrativa - VLEX 558571230
Publicado en: BOE, 24 de Febrero de 2015
HIPOTECA DE VIVIENDA CON VARIACION DE INTERES: El manuscrito a que se refiere el artículo 6 de la Ley 1/2013 es una manifestación expresa y personal, no siendo suficiente la suscriba un apoderado en uso de un poder normal (el poder debería contener un mandato expreso al respecto autorizando la contratación de una hipoteca aun cuando contuviera el tipo de cláusulas a que se refiere el artículo 6 de la Ley 1/2013, cuyo alcance, no obstante, debería admitir conocer y comprender el poderdante para que de este modo no se eluda indirectamente el requisito legal de la manifestación manuscrita.
En cuanto al apartado B de la nota de calificación, al que hace referencia el recurrente en su escrito, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria en su apartado 5.º, que establece que si el registrador sustituto calificara negativamente el título, devolverá éste a los efectos de interposición del recurso ante esta Dirección General, el cual «deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiera manifestado su conformidad». En el presente expediente como ha quedado expuesto, se ha recurrido a la calificación sustitutoria, y, habiéndose revocado por la registradora sustituta el segundo de los defectos de la nota de calificación en los términos señalados, no cabe recurso contra el mismo puesto que ha devenido, a estos efectos, inexistente.
Se ciñe pues este recurso al defecto señalado en el apartado A) de la nota de calificación. Son datos a tener en cuenta los siguientes:
Mediante escritura otorgada en Córdoba el día 31 de marzo de 2014 ante su Notario, don Pedro Gerardo Velamazán Perdomo, doña M. D. M. H., actuando en su propio nombre y derecho y además en representación de su esposo, don J. M. O. O., en virtud de escritura de poder especial otorgada a su favor ante el citado notario el día 9 de mayo de 2013, hipoteca una vivienda unifamiliar junto con sus anejos.
En el pacto tercero bis letra D de dicha escritura después de fijarse un diferencial de 0,250 puntos tanto para el índice de referencia adoptado como para el sustitutivo, se establece «sin que pueda resultar un tipo de interés nominal anual aplicable inferior al 0,1 por ciento ni superior al tipo máximo que se especifique…».
La Ley 1/2013, como ha señalado este Centro Directivo, despliega un sistema de protección de los deudores hipotecarios de carácter gradual, estableciendo distintos grados de protección a través de diversas medidas (de diferente intensidad) para diferentes supuestos: a) En un primer nivel de protección, la norma protectora es de carácter universal (con independencia de que la finca gravada sea o no una vivienda): por ejemplo, en la nueva regulación del vencimiento anticipado por impago de tres mensualidades del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en el caso de la imposición del límite mínimo del 75 % de la tasación para el tipo de subasta (artículo 682.2.1.º de la misma Ley); b) En un segundo nivel de protección, la norma se aplica sólo si la finca hipotecada es la vivienda habitual (con independencia de la finalidad del préstamo). Por ejemplo, los supuestos de los artículos 21.3 de la Ley Hipotecaria, y 575 y 671 de la Ley Procesal Civil, y c) Finalmente, en un tercer nivel de protección, la norma exige no sólo que la finca hipotecada sea la vivienda habitual del deudor, sino que además el préstamo o crédito garantizado debe tener como destino o finalidad financiar la adquisición de la misma vivienda habitual hipotecada. Este es el caso del artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria (límite de los intereses de demora), y de los demás citados anteriormente.
El control de transparencia, queda caracterizado, como un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta sea comprensible de una forma real, que no formal, de manera que el consumidor y usuario conozca y entienda las consecuencias jurídicas y económicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo. El control de transparencia se ha de entender pues, como un previo y especial deber contractual, como una obligación no sólo de que la cláusula sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento de la cláusula referida, así como su relación con las cláusulas con las que tenga conexión, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo.
La exigencia del consentimiento establecida por el artículo 6 de la citada Ley 1/2013, constituye pues la materialización de ese control mediante la suscripción el prestatario o por cada uno de los prestatarios en el caso de ser varios de un manuscrito que el notario debe recabar del prestatario, en el momento de la escritura en el que manifieste haber sido advertido de los riesgos derivados del contrato, si éste incorpora cláusulas suelo y techo; si lleva asociada la contratación de instrumentos de cobertura del riesgo de tipos de interés, o si se concede en una o varias divisas.
En el caso de este expediente la exigencia de la expresión manuscrita deriva de la existencia de una cláusula suelo, que lo encuadra en el supuesto contemplado en el artículo 6.2.a) de la citada Ley.

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 693
 artículo 114
 artículo 6
 artículo 6