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Timestamp: 2019-09-17 00:11:26+00:00

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Acuerdo y Sentencia 62/2015 Corte Suprema de Justicia
Fuente: Página web del la Corte Suprema de Justicia: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/cache/56afee10cf0d74eb4312c7d204fbe0b1.pdf
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 62/15
EXPEDIENTE: "LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG C/ RES. N° 631 DEL 25/JUL/07, DICTADA POR LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RES. N° 466 DEL 18/OCT/07, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Diecisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y JOSE RAUL TORRES KIRMSER, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG C/ RES. N° 631 DEL 25/JUL/07, DICTADA POR LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RES. N° 466 DEL 18/OCT/07, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.009, y su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 75 fecha 9 de julio de 2.008, dictados por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y TORRES.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente desistió expresamente del mismo, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO: Me adhiero al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.
A SU TURNO EL MINISTRO EL MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, DIJO: El plazo para que opere la caducidad de la instancia en el juicio contencioso-administrativo es de tres meses, de conformidad a lo establecido en el Art. 8° de la Ley 1462/35. Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.
Para la sustanciación de este tipo de juicio, el Art. 5° de la Ley 1462/1935 establece que se aplicarán las disposiciones contempladas en el Código Procesal Civil. En ese orden de cosas, el Art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal... ", de igual forma el Art. 174 establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes".
Analizadas las constancias de autos, se advierte que una vez expresados los agravios ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso -por providencia de fecha 26 de febrero de 2009- el traslado de los mismos a la adversa por todo el plazo de Ley. Siendo notificado el señor Feng Ping Tao, en fecha 30 de marzo de 2009(f.127) y el Ministerio de Industria y Comercio, en fecha 24 de abril del mismo año (f. 127); no habiendo constancia de contestación por parte de estos últimos.
En fecha 12 de mayo de 2009, el Recurrente solicitó a la Corte Suprema de Justicia el decaimiento del derecho que ha dejado de usar, el señor Feng Ping Tao y el Ministerio de Industria y Comercio, para contestar el traslado que le fuera corrido (f 128).
En fecha 19 de mayo de 2009 la señora Actuaría informó: fecha 30 de marzo de 2009 según cédula de notificación obrante a fs. 126 el abogado Gustavo Viveros fue notificado del proveído por el cual se dispuso correr traslado a la adversa del escrito de expresión de agravios presentado por el apelante Abogado Hugo Berkemeyer, no habiendo a la fecha constancia de contestación alguna por su parte. Asimismo, en fecha 24 de abril de 2009 el Abogado Ramón Rodríguez fue notificado del mismo proveído, no habiendo constancia de contestación alguna a la fecha", (sic).
Con posterioridad a ello, se realizó el procedimiento previsto para integrar la Sala Penal, en vista de la vacancia producida en el cargo ocupado con el Ministro Dr. Wildo Rienzi, como así también por el Ministro Dr. José Altamirano. Y finalmente, por A.I. N° 14 de fecha 3 de febrero de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió dar por decaído el derecho para contestar el traslado al señor Feng Ping Tao y al Ministerio de Industria y Comercio.
Es bien sabido que el procedimiento para integrar un juzgado o Tribunal no representa un acto idóneo capaz de interrumpir el plazo para la caducidad de la instancia, en vista de que este carece de idoneidad para impulsar el procedimiento. Al ser así, corresponde decir que el último impulso del procedimiento, válido, ante del dictado del A.I. N° 14 de fecha 3 de febrero de 2014, es la solicitud del recurrente de dar por decaído del derecho que ha dejado de usar el señor Feng Ping Tao y el Ministerio de Industria y Comercio para contestar el traslado, en fecha 12 de mayo de 2009.
Que del cómputo del tiempo trascurrido entre el pedido de decaimiento, en fecha 12 de mayo de 2009, y el dictado del A.I. N° 14 de fecha 3 de febrero de 2014, surge que se ha cumplido en exceso el plazo de tres meses de inactividad procesal establecidos por Ley para que se produzca la caducidad de la instancia (Art. 174 del Código Procesal Civil). Esto es así, en vista de que no obra en autos escrito alguno de urgimiento de prosecución de trámites presentado por las partes, el cual hubiera sido idóneo para interrumpir la caducidad de la instancia (Art. 173 del Código Procesal Civil).
Debemos decir que a efecto de declarar la caducidad de la instancia no obsta el hecho de que se hallara pendiente de resolución el decaimiento del derecho de la parte apelada, a norma del Art. 434 del Código Procesal Civil, pues dicha decisión es de mero trámite, dado que se relaciona únicamente con la sustanciación del contradictorio ante esta instancia, sin decidir artículo alguno; hallándose orientada exclusivamente a permitir el curso de la instancia recursiva, a tenor de la disposición recientemente mencionada, sin que exima al recurrente de la carga de impulsar la instancia. Es decir, el concepto que debe analizarse no es el de la inactividad absoluta, sino el de falta de impulso procesal; esto es, de actividad idónea para que el proceso avance.
Ello indica que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, no está incursa en el Art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil. La operatividad de dicha disposición se circunscribe a las resoluciones que deciden artículo, es decir, a aquellas que tienen por objeto el pronunciamiento sobre una pretensión de las partes. Las providencias de mero trámite, como se advierte del texto del Art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el Art. 173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última actuación en tal sentido. Así, es evidente que la demora en dictar resolución no puede entenderse extendida a las resoluciones de mero trámite, so pena de postular una contradictoriedad entre el Art. 176 inc. c) y el Art. 173 del Código Procesal Civil. Al ser dichas resoluciones de trámite, e incursando en tal carácter la que da por decaído el derecho, conforme lo indica claramente el Art. 434 [del Código Procesal Civil, su dictado debe ser convenientemente urgido e impulsado la los efectos de mantener en vida la instancia e impulsar el proceso.
Tal concepto es afirmación corriente en la doctrina, que señala que tanto la ausencia de actividad procesal como la actividad procesal no idónea al impulso son presupuestos de la perención de instancia: "La inactividad procesal que constituye uno de los presupuestos de la caducidad de instancia, significa la paralización del trámite judicial; en principio esta circunstancia se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, pero también se presenta en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento" (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, Ia ed., 1999, pág. 58). Por ello, el acto que interrumpe el cómputo del plazo de caducidad no es cualquier acto, sino un acto de impulso, definido como "todos aquellos que realizan cualesquiera de las partes, el órgano jurisdiccional y sus auxiliares, tendientes a promover la marcha del proceso, haciéndolo avanzar, en sus distintas etapas, hacia su fin que es la sentencia". (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. ob. cit., pág. 60).
La jurisprudencia, por su parte, se pronuncia en igual sentido: "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23-459; ED 46-433. "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto, es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59­435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el Art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el procedimiento". ED, 35-599; ED 54-316; ED 69-201.
De esta manera, conforme se explicitara en la exposición antecedente, al haber transcurrido el plazo de tres meses de inactividad procesal idónea, establecido por el Art. 8° de la Ley 1462/1935, corresponde declarar -oficiosamente- la caducidad de la instancia iniciada con los recursos interpuestos por la firma LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG, en virtud a lo dispuesto en el Art. 175 del Código Procesal Civil.
De este modo, ya no corresponde tratar los recursos de apelación y nulidad interpuestos.
En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas al Apelante, conforme con el Art. 200 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICIENDO: La firma LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG, mediante su representante convencional, el Abogado HUGO T. BERKEMEYER, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 466 de fecha 18 de octubre de 2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y al Resolución N° 631 de fecha 25 de julio de 2.007 dictada por la Sección Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio. Las citadas resoluciones resolvieron, declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG, contra el señor FENG LING TAO, sobre oposición al registro de la marca "LYC" y etiqueta, clase 12, y dispuso la prosecución del trámite de registro de la marca "LYC" y etiqueta, clase 12, Exp. N° 37.696, de fecha 5 de diciembre de 2.005, a favor del Señor Feng Jing Tao.
La accionante, a fojas 80/88, amplia la acción contencioso administrativa, solicitando la Nulidad del Título de Marca N° 305.468, cuyo titular es PLUSCAUCHO PARAGUAY S.A.
Por Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; "1.) HACER LUGAR AL ALLANAMIENTO, presentado por la parte demandada en los autos caratulados "LUK LAMELLEN IND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS C/ RES. N° 631 DEL 25 DE JULIO DE 2.007 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 466 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", de conformidad y de acuerdo a los fundamentos señalados en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia. 2.) ORDENAR EL FINIQUITO Y ARCHIVAMIENTO, de estos autos. 3.) IMPONER LAS COSTAS, en el orden causado. 4.) ANOTAR... ".
Y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia N° 75 de fecha 9 de julio de 2.008, que en su parte resolutiva dispuso: "1.) HACER LUGAR PARCIALMENTE, al pedido de aclaratoria planteado por el Actor, y en consecuencia, 2.) NO HACER LUGAR al pedido de aclaratoria del Art. 2o de la Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, por no reunir los presupuestos legales establecidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil. 3.) HACER LUGAR al pedido de aclaratoria, en lo que respecta al error material que efectivamente, se ha deslizado en la Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, en el nombre de la actora "LEMMELLEN IND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUGS KG" en la palabra "IND" debiendo quedar redactado en todas las partes "LEMMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUGS KG", de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 4.) ANOTAR...".
El Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 75 de fecha 9 de julio de 2.008, fueron apelados parcialmente por el Abogado HUGO T. BERKEMEYER, representante legal de la accionante, expresando en su escrito obrante a fs. 120/123 cuanto sigue: "...Las pretensiones del demandante, eran por un lado, la revocación de las resoluciones dictadas en sede administrativa y la declaración de nulidad del registro N° 305.469 concedido por un error administrativo, estas pretensiones fueron reconocidas por la Administración, pero en el resuelve del Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Cuentas, ni se revocó expresamente las resoluciones administrativas, ni se anuló el registro mal concedido.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicta el Acuerdo y Sentencia N° 75, por el cual hace lugar parcialmente al pedido de aclaratoria, donde corrige el error material del nombre de la firma demandante, pero rechaza el pedido de aclaratoria en lo referente a la revocación de las resoluciones administrativas y la nulidad del registro mal concedido. Si bien el allanamiento, implica el reconocimiento de las pretensiones del actor, en este caso, consideramos necesario la expresa revocación y anulación del registro por razones de claridad. Concluye solicitando que oportunamente dicte resolución aclarando el Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, revocando parcialmente el Acuerdo y Sentencia N° 75 del 9 de julio de 2.008, y en forma expresa, revoque las resoluciones administrativas y anular el registro N°305.469...".
A fojas 139 de autos, obra el Auto Interlocutorio N° 14, de fecha 03 de febrero de 2.014, dictado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que en su parte resolutiva dispuso: "TENER por decaído el Derecho del demandado y de Fen Jing Tao para contestar la expresión de agravios de la parte actora en los recursos planteados contra los Acuerdos y Sentencia N° 44 del 27/05/2.008 y N° 75 del 9/07/2.008. AUTOS para Sentencia. ANOTESE... ".
Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, por Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, hizo lugar al allanamiento planteado por la parte demandada, y ordenó el finiquito y archivamiento del caso de marras; y por su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 75 de fecha 9 de julio de 2.008, resolvió hacer lugar parcialmente al pedido de aclaratoria planteado por la accionante, en esta resolución el Tribunal de Cuentas, llegó a la siguiente conclusión: "...Que, este Tribunal en fecha 27 de Mayo de 2.008, ha dictado Acuerdo y Sentencia N° 44 en cuya parte resolutiva en su artículo 2o ordena el finiquito y archivamiento de los autos. En cuanto al pedido de aclaratoria del, Artículo 2oJa Sentencia ut supra mencionada, la misma no constituye ningún error material, expresión obscura u omisión, por ser una consecuencia lógica y efecto principal del allanamiento. Así mismo, en el texto de la citada Resolución se observa, como nombre de la empresa "LEMMELLEN IND KUPPUNGSBAUBETEILIGUGS KG", siendo la palabra "IND" inserta involuntariamente como manifiesta la peticionante, debiendo quedar redactada ésta, en todas las partes "UND" es decir "LEMMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUGS KG...".
Así las cosas, corresponde recordar que las disposiciones del Código Procesal Civil, son aplicables al caso en estudio, en virtud a lo establecido por el Art. 5°), de la Ley N° 1.462/35.
En autos a fojas 104/105 obra el escrito de allanamiento del Ministerio de Industria y Comercio a la presente acción contencioso administrativa, que en su parte pertinente expresa: "Que, en base a los argumentos expuestos mas arriba vengo a allanarme a la presente demanda y en base a la facultad conferidame en el Poder General otorgado por el Señor Ministro Juan Ramón Ibarra del Prado, obrante a fs. 1 y vuelto del citado poder".
Ahora bien, en cuanto al "allanamiento" el Código Procesal Civil, en su art. 169 expresa: "Oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuara el proceso según su estado. Si el allanamiento fuere parcial, el proceso continuará respecto de la pretensión controvertida. Regirá para el allanamiento lo dispuesto en el artículo anterior".
Al respecto, Casco Pagano, enseña: "1. CONCEPTO: El allanamiento consiste en la declaración de voluntad que formula el demandado en virtud del cual se aviene o conforma con la pretensión del actor deducida en la demanda. El allanamiento importa el reconocimiento del derecho material invocado en la demanda y consecuentemente la renuncia a oponerse a la pretensión. Siendo así, el allanamiento debe ser entendido como una sumisión a la pretensión del actor, pero no al derecho, el cual el juez, por la función específica que tiene de aplicarlo, se halla ajeno a la voluntad de las partes y libre, en consecuencia, para aceptarlo o negarlo. 2. EFECTOS: tiene como principal efecto producir la extinción del proceso en el que se formuló el allanamiento del demandado, no obstante, no exime al juez del deber de dictar sentencia conforme a derecho y si estuviere comprometido el orden público carecerá de efecto y el proceso continuará según su estado, todo lo cual es razonable porque el juez no puede prescindir del orden jurídico vigente acogiendo un acto que carezca de fundamento jurídico, o que verse sobre derechos indisponibles o se trate de un proceso simulado o fraudulento". (Hernán Casco Pagano, Código Procesal Civil comentado y concordado, Tomo I, La Ley Paraguaya S.A., Asunción 1.995, Pag. 169).
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en el punto 1°), del Acuerdo y Sentencia N° 45 de fecha 27 de mayo de 2.008, "HACE LUGAR" al allanamiento presentado por la parte demandada. De esto se infiere, que el Tribunal de Cuentas hizo lugar a las pretensiones de la actora, planteadas en los escritos de promoción de la acción contencioso administrativa obrante a fs.3/11, y su correspondiente ampliación obrante a fs. 89/97.
En mérito a lo expuesto soy del criterio que no corresponde hacer lugar a los recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia N° 75 de fecha 9 de julio de 2.008, dictados por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
En cuanto a las costas, del análisis de la cuestión debatida, concluyo que se trata de una cuestión discutible, en la que, la apelante, pudo de buena fe, creerse con derecho a litigar, por lo que corresponde imponer las costas en el orden causado, en concordancia con lo establecido por los arts. 193 y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO: Me adhiero al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.
Asunción, 17 de febrero de 2015.
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima; -
1) DESESTIMAR el recurso de nulidad.-
2) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 44 de fecha 27 de mayo de 2.008, y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia N° 75 de fecha 9 de julio de 2.008, dictados por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
Raúl Torres Kirmser. Ministro

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 RESOLUCIÓN 
 artículo 387
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 artículo 2
 Artículo 2
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