Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32007D0573
Timestamp: 2016-07-24 13:12:43+00:00

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OJ L 144, 6.6.2007, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 12 - 32
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj
6.6.2007 ES
por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del Consejo
Con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado contempla, por un lado, la adopción de medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, conjuntamente con las medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras exteriores, al asilo y a la inmigración y, por otro, la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de terceros países.
El Consejo Europeo, en su reunión en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, reafirmó su voluntad de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con este fin, conviene que una política europea común en materia de asilo y de inmigración tenga como objetivo tanto el trato equitativo de los nacionales de terceros países como la mejora de la gestión de los flujos migratorios. El establecimiento de una política común en materia de asilo, que incluya un sistema europeo común de asilo, debe de ser uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, obligados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión Europea.
La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (denominada en lo sucesivo «la Convención de Ginebra»).
En lo que respecta al trato de las personas a las que se aplica la presente Decisión, los Estados miembros están obligados por las disposiciones de los instrumentos de Derecho internacional en los que son parte y que prohíben la discriminación.
El «interés superior del niño» debe constituir una de las principales consideraciones de los Estados miembros en la aplicación de la presente Decisión, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su caso.
La aplicación de dicha política debe basarse en la solidaridad entre los Estados miembros y requiere mecanismos que fomenten un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida. Con este fin se estableció, mediante Decisión 2000/596/CE del Consejo (4), el Fondo Europeo para los Refugiados para el periodo 2000-2004. Esta Decisión fue sustituida por la Decisión 2004/904/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 (5). Gracias a ello se ha mantenido la solidaridad entre los Estados miembros a la luz de la legislación comunitaria recientemente adoptada en materia de asilo, habida cuenta de la experiencia adquirida en la aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados durante el período 2000-2004.
En el Programa de la Haya de 4 y 5 de noviembre de 2004, el Consejo Europeo estableció una serie de objetivos y prioridades para impulsar el desarrollo del sistema europeo común de asilo en su segunda fase.
El Consejo Europeo subrayó en concreto la necesidad de que la Unión Europea contribuya, con un espíritu de responsabilidad compartida, a la instauración de un sistema de protección internacional más accesible, equitativo y eficaz, así como a fomentar las posibilidades de acceder a esa protección y a soluciones duraderas en una fase lo más temprana posible, y abogó por el desarrollo a nivel europeo de programas regionales de protección, incluido un programa conjunto de reasentamiento para los Estados miembros que deseen participar en él.
El Consejo Europeo abogó asimismo por el establecimiento de estructuras apropiadas que integren a los servicios de asilo de los Estados miembros para facilitar la cooperación y colaboración prácticas con vista a la consecución de un Procedimiento Único a escala de la Unión Europea, la compilación, evaluación y aplicación conjuntas de la información del país de origen, y el tratamiento de las excepcionales presiones sobre los sistemas de asilo o capacidades de acogida resultantes de factores como la localización geográfica.
A la luz del establecimiento del Fondo Europeo para la Integración de nacionales de terceros países para aquellos que residan legalmente, el Fondo Europeo para el Retorno de nacionales de terceros países para los que residan ilegalmente y el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013, en el marco del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», en particular, con el fin de establecer disposiciones comunes de gestión, control y evaluación, conviene crear un nuevo Fondo Europeo para los Refugiados (denominado en lo sucesivo «el Fondo»).
A la luz del ámbito de aplicación y la finalidad del Fondo, éste no debe en ningún caso apoyar acciones que se refieran a zonas y centros de retención de personas en terceros países.
Es necesario adaptar la duración del Fondo a la del Marco Financiero Plurianual tal como establece el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (6).
La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente formado también por la Decisión no 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (7), la Decisión no 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (8), y la Decisión no …/2007/CE del Consejo, de …, por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (9), marco cuyo objetivo es resolver la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado.
Es oportuno respaldar e incrementar los esfuerzos de los Estados miembros para proporcionar condiciones de acogida adecuadas a los refugiados, las personas desplazadas y los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (10), aplicar procedimientos de asilo equitativos y eficaces y promover las buenas prácticas en materia de asilo, con el fin de proteger los derechos de las personas necesitadas de protección internacional y permitir el funcionamiento eficaz de los sistemas de asilo de los Estados miembros.
La integración de los refugiados en la sociedad del país en el que se han establecido es uno de los objetivos de la Convención de Ginebra. Debe hacerse lo necesario para que estas personas puedan compartir los valores recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello, procede apoyar la actuación de los Estados miembros destinada a promover su integración social, económica y cultural en tanto contribuya a la cohesión económica y social, cuyo mantenimiento y fortalecimiento figuran entre los cometidos fundamentales de la Comunidad mencionados en los artículos 2 y 3, apartado 1, letra k), del Tratado.
De acuerdo con el Programa de La Haya, es necesario garantizar que los recursos del Fondo se utilizan lo más eficientemente posible en la perspectiva de alcanzar los objetivos de la política de asilo de la Unión Europea, teniendo en cuenta la necesidad de financiar las medidas de reasentamiento y de cooperación práctica entre los Estados miembros como un medio, entre otros, para hacer frente a las presiones excepcionales a que se ven expuestos los sistemas de asilo y las capacidades de acogida.
El Fondo debe respaldar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a reforzar su propia capacidad de desarrollo, supervisión y evaluación de sus políticas de asilo de conformidad con sus obligaciones derivadas de la legislación comunitaria, en particular con vistas a la cooperación práctica entre los Estados miembros.
El Fondo debe respaldar, asimismo, los esfuerzos que realizan los Estados miembros a título voluntario por ofrecer una protección internacional y soluciones duraderas en sus territorios a los refugiados y personas desplazadas que pueden ser seleccionados a efectos de reasentamiento según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y en particular las acciones emprendidas por los Estados miembros para evaluar las necesidades de reasentamiento y trasladar a las personas afectadas a sus territorios, con vistas a otorgarles un estatuto jurídico seguro y promover su integración efectiva.
Por su naturaleza, el Fondo debe tener también la capacidad de prestar su apoyo a las operaciones de reparto de la carga que, a título voluntario, convengan los Estados miembros entre sí y que consistan en el traslado de los beneficiarios y los solicitantes de protección internacional de un Estado miembro a otro que les ofrezca un nivel de protección equivalente.
Por otra parte, el Fondo debe ser capaz de ofrecer el apoyo necesario a los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros por definir, compartir y promover las mejores prácticas y por establecer unas estructuras de cooperación efectiva que permitan reforzar la calidad de la toma de decisiones en el marco del sistema europeo común de asilo.
Procede constituir una reserva financiera destinada a aplicar medidas urgentes con el fin de proporcionar una protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (11).
Esta reserva financiera debe poder destinarse también al apoyo de los esfuerzos de los Estados miembros por gestionar las situaciones de presión excepcional resultantes de la llegada repentina de un elevado número de personas eventualmente necesitadas de protección internacional y generadoras, para las capacidades de acogida o los sistemas de asilo de los Estados miembros, de exigencias significativas y urgentes. Conviene, por tanto, fijar las condiciones y el procedimiento aplicable para la concesión de ayuda financiera en tales situaciones.
El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y alcanzará mejor sus objetivos si la cofinanciación de las acciones elegibles se basa en un programa plurianual, sujeto a una evaluación intermedia, y en un programa anual elaborado por cada Estado miembro en función de su situación y sus necesidades.
Si bien es conveniente conceder una cantidad fija a cada Estado miembro, no deja de ser justo que una gran parte de los recursos anuales disponibles se asigne de manera proporcional a las cargas que asume cada Estado miembro en sus esfuerzos por acoger refugiados y personas desplazadas, incluidos los refugiados que gozan de protección internacional en el marco de programas nacionales.
Las personas que acceden a una protección internacional y a una solución duradera a través del reasentamiento deben incluirse en el número de beneficiarios de protección internacional que se tiene en cuenta para la distribución de recursos anuales disponibles entre los Estados miembros.
Teniendo en cuenta la importancia de la utilización estratégica del reasentamiento desde países o regiones designados para la aplicación de programas regionales de protección, es necesario ofrecer una ayuda financiera suplementaria para el reasentamiento de personas procedentes de los Nuevos Estados Independientes de África Occidental y del África Subsahariana, designados al efecto en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los programas regionales de protección, de 1 de septiembre de 2005, y en las Conclusiones del Consejo de 12 de octubre de 2005, o procedentes de cualesquiera otros países o regiones que se designen al efecto en el futuro.
Es necesario, asimismo, conceder una ayuda financiera suplementaria a las medidas de reasentamiento orientadas a ciertas categorías de personas especialmente vulnerables, cuando se comprueba que el reasentamiento constituye la respuesta más adecuada a sus necesidades especiales.
En el contexto de la gestión compartida contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (12) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento financiero»), procede especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, y clarificar las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitiría a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando el Fondo de forma lícita y correcta, y de conformidad con el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 27 y en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento financiero.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse todos los programas y las funciones que les corresponde desempeñar.
De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones del Fondo debe corresponder a los Estados miembros.
Procede especificar las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho comunitario, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas anuales y plurianuales. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas pertinentes y su satisfactorio funcionamiento.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.
La eficacia y el impacto de las acciones apoyadas por el Fondo dependen también de su evaluación y de la difusión de sus resultados. Procede precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las normas encaminadas a garantizar la fiabilidad de la evaluación y la calidad de la información al respecto.
Habida cuenta de la importancia de la visibilidad de la financiación comunitaria, la Comisión debe establecer orientaciones destinadas a facilitar que cualesquiera autoridades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales u otras entidades que reciban subvenciones del Fondo reconozcan adecuadamente la ayuda recibida, teniendo en cuenta la práctica respecto de otros instrumentos de gestión compartida, como los Fondos Estructurales.
Procede, por una parte, evaluar las acciones para reconsiderarlas y valorar sus efectos en el examen intermedio y, por otra, integrar el proceso de evaluación en el sistema de seguimiento de los proyectos.
La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.
Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (13).
Dado que las medidas de la presente Decisión relativas a la adopción de las orientaciones estratégicas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la misma, mediante la supresión de algunos de estos elementos o la adición de nuevos elementos no esenciales, dichas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. Por razones de eficacia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben abreviarse para la adopción de las orientaciones estratégicas.
La Decisión 2004/904/CE debe ser derogada.
De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 6 de septiembre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 27 de octubre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.
De conformidad con el artículo 67, apartado 2, guión segundo, del Tratado, la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos cubiertos por el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado (14), hace que el procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado sea aplicable en los ámbitos regulados por el artículo 62, punto 1, punto 2, letra a), y punto 3, y el artículo 63, punto 2, letra b), y punto 3, letra b), de dicho Tratado.
La presente Decisión establece, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, el Fondo Europeo para los Refugiados (en lo sucesivo denominado «el Fondo») como parte integrante de un marco coherente que incluye además la Decisión no 574/2007/CE, la Decisión no 575/2007/CE y la Decisión no …/2007/CE, con objeto de contribuir a la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia y a la aplicación del principio de solidaridad entre los Estados miembros.
condiciones de acogida y procedimientos de asilo;
integración de las personas a las que se refiere el artículo 6 cuya estancia en un determinado Estado miembro tenga un carácter duradero y estable;
refuerzo de la capacidad de desarrollo, supervisión y evaluación de las políticas de asilo de los Estados miembros de conformidad con sus obligaciones derivadas de la actual y la futura legislación comunitaria relativa al sistema europeo común de asilo, en particular con vistas a actividades de cooperación práctica entre los Estados miembros;
reasentamiento de las personas a que se refiere el artículo 6, letra e). A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por «reasentamiento» el proceso por el cual, mediante una petición del ACNUR basada en la necesidad de protección internacional de una persona, los nacionales de terceros países o las personas apátridas son trasladados de un tercer país a un Estado miembro en el que les está permitido residir con uno de los siguientes estatutos:
un estatuto de refugiado en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 2004/83/CE, o
un estatuto que ofrezca los mismos derechos y beneficios de acuerdo con el Derecho nacional y comunitario que el estatuto de refugiado;
traslado de las personas pertenecientes a las categorías a que se refiere el artículo 6, letras a) y b), desde el Estado miembro que les ofrece protección internacional a otro Estado miembro en el que recibirán una protección similar, y de las personas pertenecientes a la categoría a que se refiere el artículo 6, letra c), a otro Estado miembro en el que se examinará su solicitud de protección internacional.
las relacionadas con infraestructuras o servicios de alojamiento;
las estructuras y la formación que garanticen el acceso de los solicitantes de asilo al procedimiento de asilo;
el suministro de ayuda material y de cuidados médicos o psicológicos;
asistencia social, información o ayuda para resolver trámites administrativos y/o judiciales, e información o asesoramiento sobre los posibles resultados del procedimiento de asilo, incluidos aspectos como el regreso voluntario;
la asistencia jurídica y lingüística;
la educación, la enseñanza de idiomas y otras iniciativas adaptadas a la situación de la persona de que se trate;
la prestación de servicios de apoyo como la traducción y la formación con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de acogida y la eficacia y calidad de los procedimientos de asilo;
la información a las comunidades locales, así como la formación del personal de las administraciones locales que vayan a estar en contacto con las personas acogidas en el país;
el traslado de las personas pertenecientes a la categoría a que se refiere el artículo 6, letra c), del Estado miembro en el que se encuentran al Estado miembro encargado de examinar su solicitud de asilo.
asesoramiento y asistencia en ámbitos como el alojamiento, los medios de subsistencia, la inserción en el mercado laboral, los cuidados médicos y psicológicos y la asistencia social;
acciones que permitan a estas personas adaptarse a la sociedad del Estado miembro desde una perspectiva sociocultural y compartir los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
acciones destinadas a promover una participación duradera y sostenible en la vida civil y cultural;
medidas centradas en la educación, la formación profesional y el reconocimiento de cualificaciones y títulos;
acciones dirigidas a fomentar que estas personas asuman la responsabilidad de sus vidas y sean autónomas;
acciones que fomenten el contacto y el diálogo constructivo entre estas personas y la sociedad que las acoge, en particular acciones que fomenten la implicación de interlocutores fundamentales, como la población en general, las autoridades locales, las asociaciones de refugiados, grupos de voluntarios, interlocutores sociales y la sociedad civil en sentido amplio;
medidas de apoyo de la adquisición de competencias por estas personas, como la formación lingüística;
acciones que favorezcan que, en sus gestiones antes los organismos públicos, esas personas gocen de igualdad de acceso y de igualdad de resultados.
las destinadas a promover la recogida, almacenamiento, utilización y difusión de la información del país de origen, incluida la traducción de dicha información;
las destinadas a reforzar la capacidad de obtener, analizar y difundir estadísticas sobre los procedimientos de asilo, la acogida, la integración y los beneficiarios de protección internacional;
las destinadas a reforzar la capacidad para evaluar las solicitudes de asilo, incluidas las que sean objeto de recurso;
las destinadas a contribuir a la evaluación de las políticas de asilo, como las evaluaciones nacionales de impacto, las encuestas entre los grupos destinatarios y el desarrollo de indicadores y valores de referencia.
las relacionadas con la elaboración y el desarrollo de un programa de reasentamiento;
las relacionadas con la evaluación de los casos potenciales de reasentamiento por las autoridades competentes de los Estados miembros, como misiones al país de acogida, entrevistas y controles médicos y de seguridad;
la realización de chequeos y tratamientos médicos antes de la salida;
el suministro de material antes de la salida;
el suministro de información antes de la salida;
la organización del viaje, incluida la prestación de servicios de acompañamiento médico;
el suministro de información y asistencia en el momento de la llegada, incluidos los servicios de interpretación.
1. El Fondo podrá financiar, por iniciativa de la Comisión, y dentro del límite del 10 % de sus recursos disponibles, acciones transnacionales o de interés comunitario («acciones comunitarias») en materia de política de asilo y medidas aplicables a los grupos destinatarios a que se refiere el artículo 6.
promover la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación comunitaria y las buenas prácticas, incluida la prestación de servicios de interpretación y traducción en apoyo de dicha cooperación;
apoyar la instauración de redes de cooperación transnacionales y proyectos piloto a partir de asociaciones transnacionales entre órganos de dos o más Estados miembros, concebidas para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y mejorar la calidad de la política de asilo;
apoyar campañas transnacionales de sensibilización;
apoyar la realización de estudios y la difusión y el intercambio de información sobre las mejores prácticas y sobre todos los demás aspectos de las políticas de asilo, incluida la utilización de la tecnología más avanzada, y sobre la cooperación a nivel nacional de los interlocutores fundamentales, como las autoridades locales y regionales, las asociaciones de refugiados y los grupos de voluntarios;
apoyar la realización de proyectos piloto, con inclusión de proyectos innovadores, y estudios que investiguen la posibilidad de establecer nuevas formas de cooperación comunitaria y legislación comunitaria en este ámbito;
apoyar la elaboración y el empleo por los Estados miembros de instrumentos, métodos e indicadores estadísticos comunes que permitan medir la evolución de la política de asilo;
facilitar a las redes de organizaciones no gubernamentales de asistencia a los refugiados y los solicitantes de asilo que estén presentes en al menos diez Estados miembros ayudas estructurales para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y garantizar que en la concepción y la aplicación de la política comunitaria en materia de asilo se tengan en cuenta la experiencia de las organizaciones no gubernamentales y los intereses de los refugiados y solicitantes de asilo;
prestar servicios de apoyo a los Estados miembros ante situaciones de emergencia debidamente demostradas que requieran una actuación urgente.
están destinadas a ejecutarse de forma inmediata y no pueden incluirse en la práctica en el programa anual pertinente, y
su duración no excede de los seis meses.
acogida y alojamiento;
suministro de medios de subsistencia, incluidos alimentos y ropa;
asistencia médica, psicológica o de otro tipo;
costes de personal y administración ocasionados por la acogida de las personas afectadas y la aplicación de las medidas;
costes logísticos y de transporte;
prestación de servicios de traducción e interpretación, suministro de información sobre el país de origen y otras medidas que contribuyan a la rápida identificación de las personas eventualmente necesitadas de protección internacional y a una tramitación eficiente y equitativa de las solicitudes de asilo.
los nacionales de terceros países o apátridas que tengan el estatuto definido por la Convención de Ginebra y sean admitidos para residir en calidad de refugiados en uno de los Estados miembros;
los nacionales de terceros países o apátridas acogidos a una forma de protección subsidiaria en el sentido de la Directiva 2004/83/CE;
los nacionales de terceros países o apátridas que hayan solicitado una de las formas de protección contempladas en las letras a) y b);
los nacionales de países terceros o apátridas acogidos a un régimen de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE;
los nacionales de terceros países o apátridas que están siendo o han sido reasentados en un Estado miembro.
comprobando la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, conforme a los procedimientos que se especifican en el artículo 32;
reteniendo o suspendiendo la totalidad o parte de los pagos, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 41 y 42, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicando cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 45 y 46.
1. Cada Estado miembro recibirá de la dotación anual del Fondo un importe fijo de 300 000 EUR.
Este importe se elevará a 500 000 EUR anuales durante el período 2008-2013 en el caso de los Estados miembros que ingresaron en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.
Este importe se elevará también a 500 000 EUR anuales en el caso de los Estados que se adhieran a la Unión Europea en el período 2007-2013, durante la parte restante del período 2008-2013 a partir del año siguiente a su adhesión.
el 30 %, de manera proporcional al número de personas admitidas durante los tres años anteriores que pertenecen a una de las categorías a que se refiere el artículo 6, letras a), b) y e);
el 70 %, de manera proporcional al número de personas que pertenecen a una de las categorías a que se refiere el artículo 6, letras c) y d), registradas durante los tres años anteriores.
3. Los Estados miembros recibirán un importe fijo de 4 000 EUR por cada persona reasentada perteneciente a una de las siguientes categorías:
personas de un país o región designados para la aplicación de un programa regional de protección;
niños y mujeres pertenecientes a un grupo de riesgo, en particular por haber sido objeto de violencia psicológica, física o sexual o de explotación;
personas con importantes necesidades médicas que sólo puedan atenderse con el reasentamiento.
situación y necesidades en el Estado miembro de que se trate;
rentabilidad de los gastos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el número de personas afectadas por el proyecto;
experiencia, conocimientos, fiabilidad y contribución financiera de la organización solicitante de los fondos y de las organizaciones que cooperen con ella;
complementariedad entre dichos proyectos y otras acciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea o en el marco de programas nacionales.
1. Por iniciativa de la Comisión y/o en su nombre, el Fondo podrá financiar, dentro de un límite máximo de 500 000 EUR de su dotación anual, las medidas de preparación, las medidas de seguimiento, de asistencia administrativa y técnica, así como las medidas de evaluación, auditoría e inspección necesarias para la aplicación de la presente Decisión.
estudios, evaluaciones, peritajes y estadísticas, incluidos los de carácter general, relativos al funcionamiento del Fondo;
medidas de información para los Estados miembros, los beneficiarios finales y la población en general, incluidas campañas de sensibilización y la creación de una base de datos común sobre los proyectos financiados con cargo al Fondo;
instalación, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación;
concepción de un marco común de evaluación y seguimiento y de sistemas de indicadores, teniendo en cuenta, cuando proceda, los indicadores nacionales;
mejora de los métodos de evaluación, e intercambio de información sobre las prácticas en este ámbito;
medidas de información y formación para las autoridades designadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 25, que servirán de complemento a los esfuerzos de los Estados miembros para orientar a sus autoridades, de conformidad con el artículo 31, apartado 2.
para el periodo 2008-2010, el 7 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR, y
para el periodo 2011-2013, el 4 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR.
una descripción de la situación actual en el Estado miembro en relación con las condiciones de acogida, los procedimientos de asilo, el asesoramiento sobre el retorno voluntario, la integración, y reasentamiento y traslado desde otro Estado miembro de las personas contempladas en el artículo 6, así como la concepción, el seguimiento y la evaluación de las políticas de asilo;
un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de acogida, procedimientos de asilo, asesoramiento sobre el retorno voluntario, integración y reasentamiento y traslado desde otro Estado miembro de las personas contempladas en el artículo 6, así como la concepción, el seguimiento y la evaluación de las políticas de asilo;
la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar estos objetivos y las prioridades fijadas para su realización y una descripción de las acciones previstas para cumplir dichas prioridades;
una exposición de la compatibilidad de esa estrategia con otros instrumentos regionales, nacionales y comunitarios;
información sobre las prioridades y sus objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores deberán permitir medir los avances realizados con respecto a la situación de partida, y la eficacia de los objetivos en que se plasmen las prioridades;
una descripción del planteamiento elegido para llevar a la práctica el principio de cooperación establecido en el artículo 11;
un proyecto de plan de financiación que precise, para cada prioridad y cada programa anual, la contribución financiera prevista del Fondo, así como el importe global de la cofinanciación pública o privada;
las disposiciones establecidas para garantizar la publicidad del programa plurianual.
la coherencia del proyecto de programa plurianual con los objetivos del Fondo y las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 17;
la pertinencia de las acciones contempladas en el proyecto de programa plurianual, teniendo en cuenta la estrategia propuesta;
la conformidad de las disposiciones de gestión y control establecidas por el Estado miembro para la ejecución de las intervenciones del Fondo con las disposiciones establecidas en la presente Decisión;
la conformidad del proyecto de programa plurianual con el Derecho comunitario, y, en particular, con las disposiciones de éste destinadas a garantizar la libre circulación de personas, junto con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas a ellas y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.
los criterios generales de selección de los proyectos que se vayan a financiar en el marco del programa anual;
una descripción de las acciones que vayan a recibir ayudas durante el programa anual;
el desglose financiero propuesto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, y una indicación del importe solicitado para asistencia técnica con arreglo al artículo 16, a efectos de la ejecución del programa anual.
una descripción detallada de la situación actual, especialmente por lo que se refiere al número de llegadas, sus efectos sobre las capacidades de acogida y los sistemas de asilo o infraestructuras, y las necesidades urgentes, así como una previsión motivada de la posible evolución de la situación a corto plazo;
una indicación motivada del carácter excepcional de la situación, sobre la base de elementos entre los que podrán incluirse estadísticas recientes y otros datos relativos a la afluencia de personas en puntos particulares de la frontera de que se trate;
una descripción detallada de las medidas de emergencia previstas, su alcance, su naturaleza y los socios implicados;
un desglose de los costes estimados de las medidas previstas.
la definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo;
el respeto del principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;
los recursos adecuados a fin de que cada organismo pueda ejercer las funciones que le hayan sido asignadas a lo largo de todo el período de ejecución de las medidas cofinanciadas por el Fondo;
los procedimientos para garantizar la adecuación y regularidad de los gastos declarados en el marco de los programas anuales;
unos sistemas de contabilidad, seguimiento e información financiera fiables e informatizados;
un sistema de información y seguimiento en caso de que el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;
manuales de procedimiento en relación con las funciones que vayan a ejercerse;
unas normas para verificar el funcionamiento del sistema;
procedimientos de comunicación y seguimiento de las irregularidades y de recuperación de los importes indebidamente abonados.
una autoridad responsable: órgano funcional del Estado miembro, autoridad u organismo público nacional designado por el Estado miembro, u organismo de Derecho privado del Estado miembro que tenga una función de servicio público, que se encargará de la gestión del programa plurianual y de los programas anuales financiados por el Fondo y será el único interlocutor de la Comisión;
una autoridad de certificación: autoridad u organismo público nacional o persona física que actúe en calidad de dicha autoridad u organismo, designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos antes de su envío a la Comisión;
una autoridad de auditoría: autoridad u organismo público nacional, siempre que sea funcionalmente independiente de la autoridad responsable y de la autoridad de certificación, designado por el Estado miembro y encargado de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control;
en su caso, una autoridad delegada.
estar dotada de personalidad jurídica, excepto cuando sea un órgano funcional del Estado miembro;
disponer de infraestructuras que permitan unas comunicaciones fáciles con un amplio abanico de usuarios y con los organismos responsables de los demás Estados miembros y la Comisión;
desarrollar su actividad en un contexto administrativo que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones y evitar conflictos de intereses;
estar en condiciones de aplicar las normas de gestión de los fondos de carácter comunitario;
tener capacidad financiera y de gestión proporcional al volumen de fondos comunitarios que deberá administrar;
disponer de personal que reúna calificaciones profesionales adaptadas al trabajo administrativo en un entorno internacional.
consultar a las entidades con las que haya establecido una relación de cooperación de conformidad con el artículo 11;
presentar a la Comisión proyectos de programas plurianuales y anuales, a los que se hace referencia en los artículos 18 y 20;
organizar y publicar las licitaciones y las convocatorias de propuestas cuando corresponda;
organizar la selección de proyectos para la cofinanciación con cargo al Fondo, de conformidad con los criterios enunciados en el artículo 14, apartado 5;
recibir los pagos de la Comisión y efectuar los pagos en favor de los beneficiarios finales;
garantizar la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la procedente de otros instrumentos financieros nacionales y comunitarios;
supervisar el suministro de los productos y servicios objeto de cofinanciación y que el gasto declarado en relación con las medidas se ha efectuado realmente, así como la conformidad de dicho gasto con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;
garantizar que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de los documentos contables relacionados con cada una de las acciones del programa anual, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, el control y la evaluación;
asegurarse de que los beneficiarios finales y demás organismos involucrados en la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las operaciones relacionadas con la acción, sin perjuicio de las normas contables nacionales;
garantizar que las evaluaciones del Fondo contempladas en el artículo 49 se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 50, apartado 2, y cumplen los requisitos de calidad acordados entre la Comisión y el Estado miembro;
establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada de conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 43;
garantizar que la autoridad de auditoría reciba, para la realización de las auditorías definidas en el artículo 30, apartado 1, toda la información necesaria sobre los procedimientos de gestión aplicados y sobre los proyectos cofinanciados por el Fondo;
asegurarse de que la autoridad de certificación reciba toda la información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones realizados en relación con el gasto, a efectos de certificación;
elaborar y remitir a la Comisión los informes de situación e informes finales sobre la ejecución de los programas anuales, las declaraciones de gastos emitidas por la autoridad de certificación y las solicitudes de pago o, en su caso, las declaraciones de reembolso;
llevar a cabo actividades de información y asesoramiento, y difundir los resultados de las acciones subvencionadas;
cooperar con la Comisión y las autoridades responsables de los restantes Estados miembros;
comprobar que los beneficiarios finales aplican las orientaciones a las que se refiere el artículo 33, apartado 6.
certificar que:
la declaración de gastos es exacta, se ha realizado aplicando sistemas de contabilidad fiables y se basa en justificantes verificables,
el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables en la materia y ha servido para financiar medidas seleccionadas de conformidad con los criterios aplicables al programa, y en cumplimiento de las disposiciones nacionales y comunitarias;
garantizar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la autoridad responsable de los procedimientos aplicados y las verificaciones realizadas en relación con el gasto incluido en las declaraciones de gastos;
tener en cuenta, a efectos de certificación, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría, o bajo su responsabilidad;
conservar registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Comisión;
verificar la devolución de toda ayuda comunitaria con respecto a la cual se demuestre, a raíz de la detección de irregularidades, que ha sido abonada de forma indebida, en su caso junto con los intereses devengados;
mantener un registro de los importes recuperables y de los importes recuperados con arreglo al presupuesto general de la Unión Europea, siempre que sea posible, mediante su deducción de la siguiente declaración de gastos.
asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;
garantizar la realización de auditorías de las medidas basadas en una muestra adecuada a fin de verificar el gasto declarado; la muestra será como mínimo representativa del 10 % de los gastos totales elegibles para cada programa anual;
presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa plurianual, una plan de auditoría que indique los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), garantizando que los principales beneficiarios de la cofinanciación por el Fondo sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de programación.
un informe de auditoría anual que recogerá las constataciones de las auditorías realizadas en el marco del plan de auditoría aplicado al programa anual y en el que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control del programa;
un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan realizado bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría, sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y control ofrece garantías razonables de que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son correctas y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;
una declaración en la que se determinará la validez de la solicitud de pago o de la declaración de reembolso del saldo y la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.
una declaración de gastos certificada, debidamente elaborada de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra a), y el artículo 35, y una solicitud de pago del saldo o declaración de reembolso;
el informe final sobre la ejecución del programa anual, según se indica en el artículo 51;
el informe anual de auditoría, el dictamen y la declaración contemplados en el artículo 30, apartado 3.
en un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario existan pruebas que hagan suponer deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control;
el ordenador tenga que efectuar comprobaciones adicionales a raíz de la información que haya llegado a su conocimiento y que le advierta de que una declaración de gastos certificada guarda conexión con una irregularidad grave que no ha sido corregida.
cuando se observe una deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos y con respecto a la cual no se hayan adoptado medidas correctoras, o
cuando el gasto consignado en una declaración certificada de gastos guarde relación con una irregularidad grave que no haya sido corregida, o
cuando un Estado miembro no haya cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 31 y 32.
existen fallos graves en los sistemas de gestión y control del programa que suponen un riesgo para la contribución comunitaria ya abonada en favor de éste;
el gasto consignado en una declaración certificada de gastos es irregular y no ha sido corregido por el Estado miembro antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado;
un Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 31 antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado.
la ejecución financiera y operativa del programa anual;
los progresos realizados en la ejecución del programa plurianual y sus prioridades en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando los indicadores siempre que se presten a ello;
las medidas adoptadas por la autoridad responsable a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la intervención, en particular:
las medidas de seguimiento y evaluación, incluidas las disposiciones sobre recopilación de datos,
una síntesis de los problemas más importantes surgidos durante la ejecución del programa operativo y de las medidas que se hayan tomado para hacerles frente,
el uso que se haya hecho de la asistencia técnica;
las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre los programas anuales y plurianuales y darlos a conocer.
1. La Comisión estará asistida por el Comité común «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», creado por la Decisión no 574/2007/CE.
(1) DO C 88 de 11.4.2006, p. 15.
(2) DO C 115 de 16.5.2006, p. 47.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2006 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 7 de mayo de 2007.
(4) DO L 252 de 6.10.2000, p. 12.
(5) DO L 381 de 28.12.2004, p. 52.
(7) Véase la página 22 del presente Diario Oficial.
(8) Véase la página 45 del presente Diario Oficial.
(9) No publicada aún en el Diario Oficial.
(10) DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
(11) DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.
(12) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).
(14) DO L 396 de 31.12.2004, p. 45.

References: artículo 53
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 67
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 35
 artículo 51
 artículo 30
 artículo 31