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Timestamp: 2020-04-07 03:40:41+00:00

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Sentencia de Tutela nº 566/07 de Corte Constitucional, 27 de Julio de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43532909
Sentencia de Tutela nº 566/07 de Corte Constitucional, 27 de Julio de 2007
Fecha de Resolución: 27 de Julio de 2007
Derecho a la unidad familiar, a tener una familia y a no ser separado de ella en el caso de una pareja que tiene una menor y que fueron condenados por el punible de trafico, fabricacion o porte de estupefacientes, siendo la compañera permenente trasladada de neiva al guamo y negadas las peticiones de traslado que han formulado, hecho que le ha impedido disfrutar de las visitas de la hija, al igual que las visitas conyugales que disfrutaban. Solicita se ordene el traslado de la compañera permanente del guamo a neiva. Procedibilidad de la accion de tutela para amparar los derechos de los niños, asi como el deber del estado, la sociedad y la familia, en procura del desarrollo integral de los menores. Garantia a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad. Los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, maxime si dentro del mismo existe hijos menores, a traves de visitas y comunicaciones frecuentes, con el proposito de preservar la unidad familiar y de esta manera alcanzar el desarrollo armonico e integral de los niños y adolescentes. Visitas conyugales o intimas en establecimientos carcelarios. El derecho a la intimidad en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza de la persona privada de la libertad, depende para su realizacion efectiva del aseguramiento de condiciones locativas, sanitarias, de privacidad y seguridad. Concedida
Sentencia citada en: 47 sentencias, 4 artículos doctrinales, una noticia
La S. considera que el argumento esgrimido por el ad-quem en el sentido de no tutelar el derecho a la unidad familiar invocado por el actor, al estimar que fueron los progenitores de la menor los que propiciaron con la comisión del delito la ruptura del núcleo familiar, no es jurídicamente válido para negar el derecho, en razón a que la situación de las personas recluidas en un establecimiento carcelario no les quita su calidad de titulares de todos sus derechos, sino que implica una restricción de los mismos en proporción a la pena que les fue impuesta.
Atendiendo a lo particular del caso concreto, es decir la situación social, familiar y sicológica que rodea a la menor, como lo es el hecho de tener a sus dos progenitores detenidos, vivir con una persona diferente a los mismos, que si bien puede intentar brindar lo referente al cuidado y protección de la menor, no puede suplir en el hogar la presencia de los padres y la necesidad de contar con la compañía y cuidado de los mismos, además de las repercusiones lógicas que acarrea la disolución de su núcleo familiar, pues fue separada de sus dos progenitores lo que aumenta su inestabilidad emocional. Por tanto, a pesar que las circunstancias que impulsaron a las autoridades penitenciarias a ordenar el traslado de la reclusa, a un centro diferente al que venía cumpliendo su pena, se encuentran ajustadas a derecho, se debió estudiar previamente las condiciones personales y familiares que rodeaban a la interna, a efectos de no causar una sufrimiento adicional al que ya se había visto sometida, tanto ella como su núcleo familiar, especialmente la menor, quien goza de un derecho prevalente. los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Por tanto, para la S. es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel en el que venía purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo de su compañero sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración de su derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como el desconocimiento de los derechos de la menor a contar con la compañía de sus padres.
Esta S. de Revisión dispondrá que la Dirección del INPEC, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la interna al Establecimiento Penitenciario y Carcelario, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad. Debe darse paso al derecho a las visitas conyugales las que se deberán cumplir de la misma forma en que se venían desarrollando hasta antes del traslado de la interna a la cárcel, por no existir una causal que hubiera dado lugar a la suspensión de las misma, atendiendo al papel preponderante que juegan las visitas conyugales en el proceso de resocialización de los reclusos, no solo para su estabilidad psicológica, sino además la física.
Acción de tutela instaurada por D.L.G.R. a nombre propio y en representación de su hija K.D.G.A., contra la Dirección Regional Central del INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva Huila y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, S. Primera de Decisión Penal de Neiva Huila, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por D.L.G.R., a nombre propio y en representación de su hija K.D.G.A., contra la Dirección Regional Central del INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva.
Mediante escrito presentado el día 4 de diciembre de 2006, el señor D.L.G.R. presentó solicitud de protección tanto de sus derechos fundamentales como los de su hija a la unidad familiar y de los niños, presuntamente vulnerados por las entidades demandadas. Como sustento a la solicitud de amparo, invoca los siguientes:
Señala que el día 3 de marzo de 2005, fue detenido junto con su compañera L.A.S., sindicados del punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delito por el cual fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, a ocho años de prisión en primera instancia, pena que en la actualidad se encuentra en apelación ante la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
El Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, se opuso a la pretensión del amparo, exponiendo que ante la necesidad de descongestionar el Penal que dirige, y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, se optó por solicitar a la Regional Central INPEC, el traslado de un personal de condenadas. Aclara que con la remisión de la señora L.A.S. a la Reclusión de Mujeres del Guamo-Tolima, no se ha configurado vulneración alguna de derechos fundamentales, pues como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación en otras oportunidades, la naturaleza de la vida penitenciaria y carcelaria justifica la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales de los detenidos o condenados. En este sentido, referencia jurisprudencia de esta Corte donde se confirmó que la familia es la institución básica de la sociedad, y como tal goza de una especial protección, sin embargo, dicha protección encuentra limitaciones que se desprenden de la naturaleza misma del derecho. En esa medida estableció que los actos de las personas que componen una familia, también imponen limitaciones al amparo de la unidad familiar que corresponde garantizar al Estado, así cuando un miembro del grupo familiar comete un delito, se debe separar no sólo de la institución básica familiar, sino también de la sociedad a la que aquella sirve de base organizativa.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Huila, mediante sentencia del doce (12) de enero de dos mil siete (2007), decidió tutelar el derecho fundamental a mantener la unidad familiar y a no ser separada de su familia a la menor K.D.G.A., representada por su padre, y en consecuencia ordenó al Director Regional Central del INPEC, realizar lo pertinente, con el fin de que la interna L.A.S., sea ubicada en un centro de reclusión que quede en el mismo lugar o ciudad donde pueda estar también recluido su compañero permanente. Por tanto, dejó sin efecto la resolución No. 1400 del 23 de octubre de 2006, que dispuso el traslado de la mencionada condenada a la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima).
La S. Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante sentencia del 16 de febrero de 2007, decidió revocar la sentencia proferida por la primera instancia y en su lugar denegó los derechos invocados al considerar que no existió vulneración de derecho fundamental alguno, por cuanto la competencia para determinar la ubicación de los internos en sitios diferentes a los que les hayan sido asignados inicialmente, obedece a situaciones señaladas en la ley, que deben ser analizadas y evacuadas por la Dirección del INPEC, por ser ésta la autoridad competente para ordenar el traslado de los internos de un establecimiento a otro.
Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la menor K.D.G.A., hija del señor D.L.G.R. y la señora L.A.S. (folio 6 Cuaderno de primera instancia).
Fotocopia del oficio a través del cual la Directora del INPEC, informa al C. de Custodia y Vigilancia del Centro de Reclusión de Neiva, que se autoriza el beneficio de la visita conyugal a los internos L.A.S. y D.L.G.R., el tercer domingo de cada mes (folio 7 Cuaderno de primera instancia).
Fotocopia del oficio elaborado por el Asesor Jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, donde informa al interno D.G., que la decisión de suspender el beneficio de la vista conyugal, es facultativa y de libre revocatoria, puesto que no es una obligación adquirida o estipulada por la ley (folio 8 Cuaderno principal).
Fotocopia de la solicitud de traslado de la señora L.A.S. alD. General del INPEC (folios 9 al 11 Cuaderno de primera instancia).
Copia del derecho de petición enviado por parte del señor D.G.R., al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, donde solicita se haga efectiva la visita conyugal, a que venía teniendo derecho, así como lo referente a las visitas de la menor K.D. (folio 12 Cuaderno de primera instancia).
Fotocopia de la respuesta de solicitud de traslado elevada por la señora L.A., mediante la cual el asesor jurídico del centro de reclusión de El Guamo Tolima, donde se le informa que no es posible dar trámite a su solicitud, debido a que no ha acreditado un año de permanencia en el centro carcelario (folio 13 Cuaderno de primera instancia).
Fotocopia de la Resolución No. 1400 de 23 de octubre de 2006, mediante la cual el Director Regional Central del INPEC, dispuso el traslado de 14 internas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva a la Reclusión de Mujeres de El Guamo -Tolima- (folio 24 y 25 Cuaderno de primera instancia).
Conforme a lo anterior, a esta S. le corresponde establecer si la Dirección Regional Central del INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, con ocasión del traslado de la S.L.A.S., está vulnerando los derechos invocados por el actor, tanto a él como a su hija.
Para llevar a cabal cumplimiento el anterior objetivo, la S. reiterará la jurisprudencia relativa a (i) la procedencia de la acción de tutela para salvaguardar los derechos de los niños y el deber del Estado, la sociedad y la familia, de velar por el desarrollo integral de los menores; (ii) derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad; (iii) vistas conyugales o intimas en establecimientos carcelarios; (iv) por último se abordará lo referente al caso concreto.
Los derechos fundamentales de los niños a partir de la Constitución Política de 1991, y dentro del marco del Estado Social de Derecho, han gozado de una protección constitucional especial11 Corte Constitucional Sentencia T-421 de 2001 MP.Alvaro T.G., derivada precisamente de la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se encuentra sujeta ese tipo de población infantil, de forma tal que mediante esa protección especial se pretende garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, dando así cumplimiento al principio legal del interés superior.
Es así como el artículo 44 de la Carta Política, define los derechos de los menores como fundamentales22 ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
9. Igualmente, el concurso de la familia para adelantar un proceso exitoso de resocialización está fuertemente vinculado con la eficacia de otros derechos fundamentales del recluso. La posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con personas fuera del penal, de conservar una vida sexual activa permitirán, las más de las veces, una reincorporación menos traumática al mundo de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además asociado con las garantías básicas de la dignidad humana, la libertad y la intimidad personal (estas últimas con sus obvias limitaciones). (..)''.
Esta jurisprudencia obedece al reconocimiento de los derechos de los internos y a los diferentes tipos de afectación que estos pueden legítimamente soportar. Más recientemente esta Corporación en sentencia T-023 de 2003 (MP Clara I.V.H.) lo resumió así:
En conclusión, el derecho a la intimidad en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza de la persona privada de la libertad, depende para su realización efectiva del aseguramiento de condiciones locativas, sanitarias, de privacidad y seguridad. Ley 65 de 1993, artículo 112, inciso final: ''La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral.'' Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en uniforme jurisprudencia: ''Las visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen parte del derecho a la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad humana, como uno de los principios rectores del Estado social de derecho. Pero su realización está limitada a que en el establecimiento correspondiente se den las circunstancias adecuadas, de higiene, privacidad, seguridad, etc., que no representen ninguna clase de peligro para todos los internos.'' Sentencia T-222 de 1993, M.P.J.A.M.. (En esta ocasión la Corte se concedió la tutela del derecho a la intimidad de un interno a quien se negaba la visita conyugal por estar recluido sólo transitoriamente en el respectivo establecimiento carcelario. Pese a que luego fuera trasladado y cesara con ello la vulneración de su derecho, la Corte tuteló el derecho fundamental del actor).
En el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la S., se tiene que el actor pretende se deje sin efectos la resolución No. 1400 del 23 de octubre de 2006, a través de la cual, se ordenó el traslado de su compañera sentimental, del establecimiento carcelario de Neiva donde los dos se encontraban purgando la pena impuesta por el ilícito de trafico, fabricación o porte de estupefacientes, y en el que venían disfrutando del beneficio de visita conyugal, a la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales y los de su hija de cuatro años de edad, la cual en los días de visita no le es posible acudir a los dos centros de reclusión, teniendo en cuenta que la persona que tiene bajo su cuidado a la menor, no cuenta con los recursos económicos para trasladarse a los dos penales, lo cual en su concepto está generando ruptura de la unidad familiar y afectando correlativamente los derechos fundamentales de los niños, a tener una familia, al igual que afectó su derecho a las visitas intimas pues las mismas le fueron suspendidas.
De acuerdo a los hechos y jurisprudencia reseñada, procede esta S. a determinar si el INPEC, a través del Establecimiento Carcelario de Neiva y la Dirección Regional Central de dicho instituto, al ordenar el traslado referido de la interna L.A.S., ha vulnerado los derechos fundamentales del actor y de su hija.
En este orden de ideas la ley 65 de 1993, a través de la cual se reguló el régimen penitenciario en su artículo 73 contempla lo relacionado al traslado de internos señalando: ''Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.''
6. Cuando sea necesario trasladar a un interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.''(Negrilla fuera de texto).
Sin embargo, atendiendo a las especiales circunstancias que rodean el caso bajo estudio, como lo es la situación de la menor quien a la fecha cuenta con cuatro años de edad, frente al deber de el Estado, la sociedad y la familia de velar por el desarrollo integral de la misma, así como el derecho a la unidad familiar que no solo afecta a la infante, sino adicionalmente a sus progenitores quienes se encuentran recluidos en diversos establecimientos carcelarios; al igual que la suspensión de la visita conyugal de la que venían gozando tanto el accionante como su compañera permanente, hacen necesario que la S. estudie el presente asunto, en procura de alcanzar la mayor protección de los derechos fundamentales que se estén afectando con la resolución atacada.
En lo que respecta a la situación de la menor K.D., el Juez de Segunda Instancia, consideró que no se había configurado ninguna violación a los derechos fundamentales de la infante, atendiendo a que no se le habían prohibido las visitas a la interna L.A., y en esa medida la menor podía acudir cuando lo estimara necesario a visitar a su madre, así como no se han truncado los canales de comunicación entre madre e hija, lo que apareja con el señalamiento de que aun si los progenitores de la niña se encontraran recluidos en el mismo penal, no sería posible que ésta contara con la custodia de sus padres atendiendo a que la separación del núcleo familiar obedece a la conducta punible ejecutada por parte del los progenitores.
No comparte la S. la posición esbozada por el Juez de segunda instancia, cuando señala que la menor siempre que lo estime necesario puede visitar a su madre, teniendo en cuenta que se trata de una menor de tan solo cuatro años de edad, que se encuentra bajo el cuidado de una persona diferente a sus padres y se esta atravesando por una situación que no es propia de alguien de su edad, atendiendo al desequilibrio a que se ha visto sometida a raíz de la detención de sus padres, lo que no solamente afecta la unidad familiar de su núcleo sino su desarrollo integral. Adicionalmente, la S. considera que el argumento esgrimido por el ad-quem en el sentido de no tutelar el derecho a la unidad familiar invocado por el actor, al estimar que fueron los progenitores de la menor los que propiciaron con la comisión del delito la ruptura del núcleo familiar, no es jurídicamente válido para negar el derecho, en razón a que la situación de las personas recluidas en un establecimiento carcelario no les quita su calidad de titulares de todos sus derechos, sino que implica una restricción de los mismos en proporción a la pena que les fue impuesta.
Es así, como respecto a estas situaciones la Corte ha resaltado que las autoridades carcelarias tienen el deber de evitar a los detenidos y a sus familias sufrimientos innecesarios y daños irreparables, resaltando aquellos casos en que las medidas irremediablemente afectan a los niños. Pues la afectación sin límites de los derechos de los prisioneros que conlleve la afectación a terceros, como ejercicio arbitrario de la fuerza exige la evaluación de las medidas adoptadas en contra del reo Corte Constitucional Sentencia T-598 de 1993 MP. E.C.M... Asimismo, esta Corporación ha señalado que todo sufrimiento innecesario a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado y se convierte en un atropello que debe ser evaluado de igual manera, como se evalúa cualquier violencia injustificada contra aquellas personas que no se encuentran privadas de la libertad Corte Constitucional Sentencia T-596 de 1992 MP. C.A.B...
En este sentido, debe estudiarse el asunto en particular atendiendo al derecho prevaleciente e interés superior de la menor, en relación con su derechos, como lo son el amor, la asistencia, cuidado y protección que demanda el desarrollo de su personalidad, en procura de alcanzar condiciones mas favorables y dignas, las que deben ser garantizadas armónicamente tanto por la familia, como por la sociedad y el Estado. Así en este caso, no puede desconocerse que la separación de K.D. de sus padres, en principio le generó un trauma, el cual, hasta donde ello resultó posible, se vio menguado con la posibilidad de visitar constantemente a los mismos. Sin embargo, con el traslado de su progenitora a otro establecimiento carcelario, dicha posibilidad se ha visto necesariamente reducida, atendiendo a lo expuesto por el actor, quien señala que la persona que tiene a cargo la menor, por motivos económicos no puede trasladarse a los dos penales los días de visita, por tanto, debe escoger entre acudir a uno u otro lugar, lo que necesariamente afecta además de la integridad de la menor en su aspecto psicológico y afectivo, a los padres de la misma quienes ya no podrán disfrutar en conjunto de dicho espacio familiar, que fortalece los lazos intrafamiliares, así como alienta a los internos a la resocialización.
En este sentido, el actor enfiló su solicitud para que fuera revocada la resolución 1400 del 23 de Octubre de 2006, proferida por el Director Regional Central del INPEC, a través de la cual se resolvió ''Disponer de inmediato el traslado de las internas que se relacionan a continuación del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva a la Reclusión de Mujeres del Guamo''. Cabe aclarar que de conformidad con la normatividad vigente y que regula el régimen penitenciario y carcelario, así como la jurisprudencia de esta Corporación, es el INPEC el que goza de discrecionalidad para decidir el traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro, siempre que las razones estén justificadas en el artículo 75 de la ley 65 de 1993 (situación que ya se corroboró con anterioridad).
Sin embargo, atendiendo a lo particular del caso concreto, es decir la situación social, familiar y sicológica que rodea a la menor K.D., como lo es el hecho de tener a sus dos progenitores detenidos, vivir con una persona diferente a los mismos, que si bien puede intentar brindar lo referente al cuidado y protección de la menor, no puede suplir en el hogar la presencia de los padres y la necesidad de contar con la compañía y cuidado de los mismos, además de las repercusiones lógicas que acarrea la disolución de su núcleo familiar, pues fue separada de sus dos progenitores lo que aumenta su inestabilidad emocional. Por tanto, a pesar que las circunstancias que impulsaron a las autoridades penitenciarias a ordenar el traslado de la reclusa A.S., a un centro diferente al que venía cumpliendo su pena, se encuentran ajustadas a derecho, se debió estudiar previamente las condiciones personales y familiares que rodeaban a la interna, a efectos de no causar una sufrimiento adicional al que ya se había visto sometida, tanto ella como su núcleo familiar, especialmente la menor, quien goza de un derecho prevalente.
En este orden de ideas, considera la S. que a pesar de que esta Corporación en otros pronunciamientos, ha establecido que en principio, la acción de tutela no resulta procedente para ordenar el traslado de reclusos de un centro carcelario a otro, las autoridades penitenciarias debieron estudiar concienzudamente la situación particular en que se encontraba la reclusa, y de esta manera hacer menos traumática su detención, ello, atendiendo a que la pena privativa de la libertad no comporta la ruptura de las relaciones familiares, por el contrario, aquella debe propender por el fortalecimiento entre sus miembros, en procura de la adecuada resocialización del interno. Máxime si existe una menor dentro de la familia del infractor o infractores de la ley penal. Pues el traslado sin contemplación de la situación particular del actor y su grupo familiar, ahonda necesariamente el resquebrajamiento, de la ya maltratada la unidad familiar, afectando correlativamente el desarrollo armónico e integral de la infante, que a su corta edad se ha visto sometida a cambios bruscos en su núcleo familiar.
Entonces, los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Por tanto, para la S. es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel en el que venía purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo de su compañero sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración de su derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como el desconocimiento de los derechos de la menor a contar con la compañía de sus padres.
Por tanto, partiendo de las circunstancias individuales, que rodean el asunto bajo estudio, y en pro de evitar un deterioro mayor en la estabilidad de la menor, la que debe ser atendida por su familia, la sociedad y el Estado, con todo lo que envuelve su situación personal, y de esta manera impedir que aumente la inestabilidad en que se ha visto inmersa, a raíz de la detención de sus dos progenitores, situación que no solamente afecta la unidad familiar de su núcleo sino su desarrollo integral, se tutelará el derecho a la unidad familiar del actor y el derecho a tener una familia y no ser separado de ella a la infante K.D.G..
Por ello, esta S. de Revisión dispondrá que la Dirección del INPEC, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la señora L.A.S. al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad, trámite que no podrá exceder de diez (10) días.
Igualmente, la S. ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vigile el cumplimiento de la esta decisión, a efectos de garantizar los derechos aquí protegidos, atendiendo a la especial situación en que se encuentra la menor K.D., así como lo referente a su situación familiar y social actual.
En consecuencia, esta S. revocará el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, S. Penal, y en su lugar tutelará los derechos invocados por el actor, advirtiendo adicionalmente a las autoridades penitenciarias, para que en adelante se estudie con mayor detenimiento, las situaciones particulares de cada interno al momento de realizar los traslados respectivos, a efectos de no acarrear un sufrimiento adicional a los mismos, como ocurrió en el caso particular, en el que se vio afectado el grupo familiar del actor, perturbando de manera directa la resocialización de éste y su compañera.
Cumplido lo anterior, debe darse paso al derecho a las visitas conyugales las que se deberán cumplir de la misma forma en que se venían desarrollando hasta antes del traslado de la interna a la cárcel de El Guamo (Tolima), por no existir una causal que hubiera dado lugar a la suspensión de las misma Artículo 37 Acuerdo 0011 de 1995, ''Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.'' Causales de suspensión de visitas íntimas: ''1. Por incumplimiento en los requisitos de salubridad e higiene, previo concepto del médico oficial o médico del establecimiento.2. Cuando a juicio del cuerpo médico del centro de reclusión o en su defecto del médico oficial, sobreviniere enfermedad que haga prever contagio.3. Cuando el interno cometa falta grave que dé lugar a sanción de supresión de visita o aislamiento.4. Cuando para obtener este beneficio se utilicen engaños comprobados sin perjuicio de la acción disciplinaria o penal a que haya lugar. Una vez desaparecida la causal de suspensión, se restablecerá la visita.''.
, atendiendo al papel preponderante que juegan las visitas conyugales en el proceso de resocialización de los reclusos, no solo para su estabilidad psicológica, sino además la física. En este sentido siempre que se cumplan con los lineamientos administrativos y disciplinarios, que se hayan establecido, para mantener las condiciones de salubridad, privacidad y seguridad, se debe conceder dicho beneficio, en pro de no hacer mas traumático el tiempo que cada interno ha de durar privado de la libertad.
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, S. Penal, y en su lugar tutelar el derecho a la unidad familiar del señor D.L.G.R. y la menor K.D.G.A. a tener una familia y no ser separada de ella. Por consiguiente ordenar que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la señora L.A.S. al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad, trámite que no podrá exceder de diez (10) días.
Segundo. Restablecer el derecho a las visitas íntimas en la forma en que venían disfrutando, el señor D.L.G.R. y su compañera la señora L.A.S..
Tercero: Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vigile el cumplimiento de esta decisión, en orden a garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos, así como la elaboración del estudio respectivo, referente a la situación actual de la menor K.D.G.A..

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 112
 resolución 
 artículo 73
 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 Artículo 37