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Timestamp: 2019-12-10 07:45:36+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 69, de 01/12/2016
cve: DSCD-12-CO-69
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 69
Debate y votación de solicitudes de creación de subcomisiones, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social:
- Sobre la reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 158/000007) ... (Página2)
- Que estudie una reforma del Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA). A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 158/000021) ... (Página2)
- Sobre la Estrategia de emprendimiento y empleo joven (garantía juvenil). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000052) ... (Página8)
- Sobre la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000085) ... (Página13)
- Relativa a los recortes en la prestación de desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000594) ... (Página16)
- Sobre garantía juvenil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000595) ... (Página22)
- Relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000871) ... (Página27)
- Relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de activación para el empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000889) ... (Página30)
- SOBRE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 158/000007).
- QUE ESTUDIE UNA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 158/000021).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión. Y comunicamos que la votación de las iniciativas incluidas en el orden del día no tendrá lugar antes de las trece horas.
En primer lugar, vamos a debatir las solicitudes de creación de subcomisiones. En el orden del día de esta sesión está incluido el debate y votación de una iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto por la que se solicita la creación en el seno de esta Comisión de una subcomisión sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos y, asimismo, el debate y votación de una iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos por la que se solicita la creación en el seno de esta Comisión de una subcomisión que estudie una reforma del régimen especial de trabajadores autónomos.
Tal como se acordó en la última reunión de Mesa y portavoces de esta Comisión, el debate de estas dos iniciativas se lleva a cabo de manera conjunta, puesto que ambas tienen el mismo objeto. Por ello, intervendrán en primer lugar los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Ciudadanos para defender las respectivas iniciativas y, a continuación, los portavoces de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un tiempo no superior a diez minutos cada uno.
Efectivamente, hemos coincidido en esta ocasión con el Grupo Ciudadanos en la presentación de una petición de creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión para abordar el análisis a fondo del funcionamiento del régimen de trabajadores autónomos por cuenta propia. Esta no es una cuestión nueva en esta Cámara. Nuestro grupo parlamentario en anteriores etapas había presentado propuestas de características similares, tanto en la Legislatura X como en la posterior, pero por distintas razones entonces aquellas iniciativas no prosperaron, de modo que desde hace ya cierto tiempo mi grupo viene reivindicando la necesidad de profundizar en el debate sobre el RETA.
Es cierto que en los últimos veinte años se han producido aproximaciones del RETA al régimen general y que algunas viejas reivindicaciones de los autónomos en materia de protección social se han resuelto sobre el papel, pero también es cierto que el RETA continúa generando enormes interrogaciones a estos trabajadores por cuenta propia. Existe una protección por cese de actividad que no termina de funcionar, existe una cobertura por incapacidad temporal que tampoco termina de mejorar y existe una preocupación de fondo, que es a la que el sistema no ha dado respuesta en estos veinte años, que es la vinculación entre el esfuerzo de cotización que hacen estos trabajadores autónomos, sus ingresos y sus rendimientos reales y la protección social que se genera en función de estos esfuerzos de cotización. Y así estamos ante el hecho de que más del 80 % de los autónomos cotizan por las bases mínimas, lo que genera, por un lado, insuficiencia de recursos para el sistema de la Seguridad Social, genera también la sensación en muchos autónomos que empiezan su actividad o tienen problemas de que ese esfuerzo de cotización no les permite mantener su actividad empresarial, y eso nos lleva además a que, efectivamente, las pensiones
medias de los trabajadores autónomos estén muy por debajo de las pensiones medias de los trabajadores del régimen general. Por tanto, es un sistema que en estos momentos genera insatisfacción a todos: al sistema de la Seguridad Social y a los trabajadores autónomos, tanto a los activos como a los que son jubilados.
Y ese debate, el de la configuración del RETA en esa relación entre el esfuerzo de cotización, protección social y actividad, es el que merece un análisis a fondo en esta subcomisión que proponemos. Y además se va a producir en paralelo a la tramitación legislativa de la proposición de ley que tomamos en consideración el pasado martes, y hemos de ver cómo compatibilizamos un trabajo legislativo de esta Comisión con un trabajo de la subcomisión y teniendo en cuenta los trabajos que se están produciendo en la sala de al lado, que es la revisión de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Por tanto, tenemos tres vías de debate sobre el RETA.
Creo que es una buena oportunidad para resolver una demanda que existe y que afecta a más de tres millones de autónomos en el conjunto del Estado, y todo ello en un contexto de crecimiento del número de autónomos y en un momento además en que la irrupción de las plataformas colaborativas generan nuevas discusiones y reflexiones sobre cómo podemos proteger mejor a los trabajadores autónomos en un contexto de la economía digital y en la que quizás, efectivamente, nuestro sistema de protección social está fundamentado aún en los principios de la sociedad industrial. Fue tremendamente útil en tiempos de la sociedad industrial, pero nos genera enormes dudas en tiempos de la economía digital y de la irrupción de las tecnologías que estamos conociendo en estos tiempos.
Finalmente -y con ello termino-, existe y tenemos la sensación de un cierto consenso -y creo que ahí coincidimos con el Grupo Ciudadanos- acerca de que sería bueno que el trabajo de la subcomisión no abordase solo las cuestiones directamente vinculadas al RETA, sino que ampliásemos un poco el foco de esa visión, y en este sentido existe una propuesta de unificación de las dos iniciativas que, en parte, abre ese foco hacia otras problemáticas que también afectan a los trabajadores autónomos. A lo largo de la mañana vamos a terminar de cerrar una propuesta de unificación de las dos iniciativas, que esperemos que cuente con el consenso y el apoyo de la mayoría de los grupos de la Cámara, a los que ya doy por anticipado las gracias, por el previsible apoyo que va a tener esta iniciativa.
Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Carles Campuzano. Creo que esta ha sido una semana muy importante para los trabajadores autónomos, para más de 3.200.000 trabajadores autónomos que hay en la actualidad, porque en esta semana no solo debatimos la creación de esta subcomisión, sino que Ciudadanos ha presentado una proposición de ley sobre medidas urgentes referidas al trabajo autónomo, y, como decía el señor Campuzano, vamos a tener tres vías de trabajo, lo que creo que es motivo de celebración: por un lado, esta ley de medidas urgentes, la creación de esta subcomisión por otro y, finalmente, la Comisión del Pacto de Toledo, donde se está hablando de problemas de financiación que afectan a todo el sistema de Seguridad Social, y, por ende, al régimen especial de trabajadores autónomos.
Hemos escuchado decir a algunos grupos esta semana que la ley que presentamos hace un par de días en el Pleno era poco ambiciosa. Nosotros pensamos que ha sido poco ambicioso lo que se ha hecho con los trabajadores autónomos en los últimos diez años, empezando por la ley del año 2007, y a los hechos me remito. Después de diez años, seguimos con el debate de los autónomos y de las grandes mejoras que todavía se pueden hacer y celebramos que en esta legislatura parece que vaya a haber grandes consensos a la hora de avanzar al respecto. Con esta ley -y es lo que quería explicar- lo que pretendemos es llevar a cabo reformas que resultan urgentes y que tienen muy poco coste presupuestario -en torno a 400 o 500 millones de euros supone la ampliación de la tarifa plana a un año-, y que venían consensuadas en el acuerdo de 150 medidas con el Partido Popular; por tanto, en principio, también nos adecuábamos a ese acuerdo.
Es cierto que con esta ley no solucionamos todos los problemas, hay muchos otros que afectan al régimen especial de trabajadores autónomos -los ha enumerado correctamente el señor Campuzano- y por eso queríamos crear esta subcomisión, en la que se traten cuestiones que entendemos que resulta muy importante que sean consensuadas, no solo entre los partidos políticos, sino trayendo la voz de las asociaciones de los trabajadores autónomos y de los agentes sociales, para articular un sistema en el que
los trabajadores autónomos que están por debajo del salario mínimo interprofesional no paguen la excesiva cuota que consideramos que se paga en la actualidad y busquemos un método en el que puedan iniciar su actividad sin esa carga, sin empezar perdiendo el partido por 2-0, al igual que la posibilidad de articular un sistema de cotización a tiempo parcial. También creemos que es importante determinar cuándo hay habitualidad o no e introducir seguridad jurídica en el régimen especial para conocer si, en función de los ingresos, se está o no incluido en el sistema, sin tener que acudir a una sentencia para saberlo; avanzar hacia la plena compatibilización de la pensión por jubilación con el desarrollo de la actividad por cuenta ajena, fortalecer la protección social y acercarla cada vez más hacia el régimen general.
Al mismo tiempo, como ya se ha comentando, hay otros temas con referencia a los que no tendríamos inconveniente en ampliar esta subcomisión, como temas fiscales, de segunda oportunidad, morosidad, etcétera. Desde el primer momento nosotros quisimos ir más allá y así figura en nuestro programa electoral. Con la creación de esta subcomisión y la ley de medidas urgentes pretendemos adecuarnos a ese acuerdo con el Partido Popular, pero, como digo, no vamos a tener ningún problema en ir más allá, porque, al final, lejos de quién se pone la medalla, lo que pretendemos es que al concluir esta legislatura, cuanto antes, realmente se produzca una reforma que mejore la vida de estos más de tres millones de familias.
Por eso, pedimos su voto a favor. Y, como digo, en principio, no tenemos ningún problema en ampliar el objeto de la subcomisión, teniendo en cuenta que el objetivo es mejorar la vida de los autónomos, no quién se pone la medalla.
Señorías, ya el otro día en el Congreso y con relación a la tramitación de una proposición legislativa a iniciativa de Ciudadanos dijimos algo que voy a repetir ahora, y es que tiene poco sentido diversificar el debate en diferentes lugares y foros, cuando se supone que el objeto, tal y como nos están manifestando los representantes de los partidos proponentes, es el mismo, el relativo a los problemas que puedan tener los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, atendiendo no solo al área específica del empleo, no solo a la de su situación con respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social y sus pensiones, sino, con carácter general, a todas cuantas vicisitudes puedan afectar al normal desenvolvimiento de su actividad y, en especial, a la de aquellos que, como señalaba el portavoz de Ciudadanos hace un momento, cuando salen al campo lo hacen con una cuantía negativa de las cotizaciones a las que deben hacer frente antes de empezar su propia actividad.
En ese sentido, desde luego, estamos a favor de la constitución de esta subcomisión, y lo estamos porque, como dijimos también el otro día, entendemos que este es el lugar desde donde se puede abordar, y no de forma diversificada, no de forma diferente y en lugares diferentes, lo que es un único problema. Desde luego, no nos parecería oportuna la existencia de tres foros diferentes donde se vaya a debatir la misma cuestión. Atender en estos momentos a través de una proposición legislativa determinado ámbito específico de los problemas que afectan a los trabajadores autónomos y, por otro lado, como ya se ha señalado, estar hablando en la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Toledo de los específicos relativos al ámbito de cotización y de las pensiones, y, finalmente, venir a esta otra subcomisión que esperamos que se constituya para hablar de aquellas y otras cuestiones que se vayan a señalar no nos parece acertado, y, al contrario, sí nos lo parece centrar en esta subcomisión el debate de todas esas cuestiones. Por eso, evidentemente, entendemos necesaria la constitución de esta subcomisión, creemos que puede abordar todas esas cuestiones y, por ello, la vamos a apoyar.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Jordi Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenos días.
Vamos a apoyar la creación de esta Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alberto Rodríguez.
Nosotros felicitamos la creación de esta subcomisión, como ya dijimos en el Pleno de esta semana. No es cuestión de reiterarnos aquí, nos parece de sentido común intentar equiparar al régimen general de la Seguridad Social en cuanto a derechos y prestaciones a los más de 3,5 millones de personas que trabajan en el régimen especial de trabajadores autónomos y también coincidimos con el resto de los grupos en abrir el abanico, en ampliar el foco -como decían los compañeros- para tratar más aspectos que afectan a los trabajadores autónomos y que van más allá del RETA. Por tanto, esta propuesta va a tener nuestro voto a favor, como no podía ser de otra manera, y a la espera de que se inicien los trabajos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos siempre dispuestos a analizar y mejorar las condiciones de actividad, a ampliar derechos y prestaciones para todos los trabajadores, también lógicamente para los trabajadores por cuenta propia. Al parecer ya hay una propuesta de modificación en cuanto al objeto de la subcomisión. Nosotros planteamos al grupo proponente la posibilidad de una ampliación más; se trataría de analizar las condiciones de actividad, derechos, prestaciones y reformas legales pendientes en la regulación del trabajo por cuenta propia y, también, en la regulación del trabajo por cuenta ajena. Me explico enseguida, proponemos modificar el régimen especial de trabajadores autónomos en lo preciso, tratar el resto de las cuestiones que afectan al trabajo por cuenta propia y que no afectan exclusivamente al RETA y, también, contemplar las reformas precisas en el ámbito de la regulación del trabajo por cuenta ajena; en concreto, la posibilidad de avanzar en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El actual data de 1980, y desde entonces ha habido muchos cambios en el ámbito del trabajo por cuenta ajena. Tenemos desafíos pendientes como la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.
¿Por qué hacemos esta propuesta? Saben sus señorías que el número de subcomisiones que se pueden constituir y trabajar simultáneamente en esta casa es limitado. Muy posiblemente en el ámbito de la Comisión de Empleo y Seguridad Social en los próximos meses no podamos constituir ni una sola subcomisión más. Tenemos pendiente de debatir la propuesta de crear una subcomisión que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista en orden a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores fundamentalmente para regular el trabajo por cuenta ajena. Además, tenemos pendiente de la X Legislatura -se recordó ayer- concluir los trabajos de una subcomisión que inició su labor entonces sobre cómo luchar contra el paro juvenil. Tenemos mucho trabajo, muchas tareas, todas de gran interés para la sociedad española, y crear una subcomisión con un objeto tan limitado como este puede dar alguna dificultad. En todo caso, nosotros ya adelantamos que estamos a favor de debatir sobre esto, pero solicito a los grupos proponentes que reflexionen en el mismo sentido que estamos haciendo nosotros. Además, como se ha dicho aquí, vamos a tratar sobre el RETA en una ponencia legislativa, en la Comisión del Pacto de Toledo. No está mal que haya debates recurrentes, es positivo que haya debates coincidentes, pero corremos el riesgo de que haya debates incoherentes, y eso sí es un riesgo un tanto complejo. Otro riesgo es que alguien tenga en la cabeza lo siguiente: las soluciones al RETA que son baratas vamos a llevarlas a la ley; las soluciones al RETA que son caras vamos a llevarlas a la subcomisión, y ya veremos dónde quedan sus recomendaciones y en qué cajón se guardan. Espero que nadie tenga esto en la cabeza. Insisto, contemplen la posibilidad de ampliar el objeto de la subcomisión. En todo caso, tanto si esta subcomisión trata solo del RETA como si trata del RETA más otras cuestiones relativas al trabajo por cuenta propia y a la posibilidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, nosotros ya expresamos nuestra voluntad de que los problemas del RETA no se limiten a lo que el grupo proponente -me refiero en concreto al Grupo Parlamentario Ciudadanos- estableció en su proposición no de ley. Si hablamos del RETA hay que hablar de ingresos en serio y de gastos en serio; hay que hablar de cotizaciones en serio y de prestaciones en serio; hay que hablar de la posibilidad de que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales y efectivos; hay que hablar de la posibilidad de una cotización específica para ingresos mínimos; y hay que hablar de prestaciones homologadas a las del trabajo por cuenta ajena, más allá de
los procedimientos de cotización voluntaria que rompen los principios de universalidad y solidaridad en la Seguridad Social.
Y terminó reiterando una preocupación que ya expresé en el Pleno el pasado martes, estamos generando una gran expectativa en torno a los trabajadores por cuenta propia en el inicio de esta legislatura. A nosotros nos parece muy bien, autónomos en Pleno, autónomos en Comisión, autónomos en subcomisión, autónomos en el Pacto Toledo, muy bien; ahora, que esto no quede en el parto de los montes, por favor. Vamos a ver si trabajamos con seriedad y con cierta ambición, más allá de las medallas que se quieran colgar unos y otros. Los problemas de los autónomos van mucho más allá del RETA, van mucho más allá de la ampliación de la tarifa plana, van mucho más allá de la modulación de los recargos por ingresos fuera de plazo. Cuando preguntamos a cualquier autónomo sobre sus problemas, nos habla de financiación, nos habla de demanda, nos habla de qué pasa cuando fracasa un autónomo y tiene que volver a levantarse. Por tanto, nos habla de qué ocurre con el acceso a la financiación, qué pasa con el ICO, qué pasa con la banca intervenida y su compromiso con el trabajo autónomo, qué pasa con los contratos públicos que hay que fraccionar y simplificar para que pueda acceder todo el mundo, también los autónomos, qué pasa con la economía colaborativa que, efectivamente, se ha mencionado aquí hace unos minutos, qué pasa con la morosidad, qué pasa con la Ley de segunda oportunidad. En fin, si generamos expectativas es para cumplir expectativas, no para producir un par de titulares que salgan en los periódicos y dejar bien a uno u otro líder en este Parlamento. Avisamos, nosotros vamos a trabajar en serio en este sentido, pero como alguien intente convertir las grandes expectativas en pequeños titulares, de modo que esto se convierta en el parto de los montes, nosotros lo denunciaremos, que quede muy claro.
Señorías, en primer lugar quisiera manifestar la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el debate de una iniciativa que forma parte de los acuerdos políticos suscritos por nuestro partido, y que tiene que ver con un sector extraordinariamente importante para la economía de nuestro país como es el tejido de autónomos. La primera reflexión que quiero poner de manifiesto tiene que ver con la coherencia en esta Cámara. Hace escasamente cinco o seis meses debatíamos en esta misma Comisión la oportunidad de recuperar los trabajos previos realizados en otra subcomisión, la subcomisión de empleo juvenil, para no perder la ocasión de retomar trabajos enormemente importantes, profundos, largos, que estaban encima de la mesa al final de la X Legislatura, y que merecía la pena concluir para poder extraer las conclusiones. De este modo, desde el punto de vista político, esta Cámara hubiera hecho un trabajo blindado, cerrado, oportuno y positivo para un ámbito tan importante. Desgraciadamente, hemos contemplado un cambio de actitud, una falta de coherencia en este ámbito, han cambiado las prioridades políticas, ya no son las del empleo juvenil que, por cierto, sigue afectando a una parte muy importante de nuestra población. Bienvenido sea, pero tenemos que hacer una reflexión sobre la metodología de trabajo en esta Cámara porque, si no, podemos perder oportunidades muy importantes en sectores que también están demandando respuestas. Dicho esto, repito, yo me siento profundamente satisfecho por estar abordando en estos primeros compases de la legislatura las cuestiones relacionadas con los autónomos y de una forma integral. No en vano, hace escasamente cuarenta y ocho horas debatíamos en el Congreso una proposición no de ley de medidas urgentes en el ámbito de los autónomos. En estos momentos se está debatiendo a través de comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo unas recomendaciones en el ámbito de la Seguridad Social, del que precisamente el RETA forma parte. Y hoy abrimos esta subcomisión, en el caso de ser aprobada, para estudiar con profundidad y analizar modificaciones en el ámbito del RETA.
Por tanto, satisfacción por esta dinámica y satisfacción por el reconocimiento expreso que se hace en los textos registrados en esta Cámara para la solicitud de constitución de la subcomisión, de la labor del Gobierno del Partido Popular, una labor que consideramos ingente, realizada de la mano de las organizaciones representativas de los autónomos, y que ha cambiado realmente el panorama de nuestro país. Así, hemos transformado el marco regulatorio y el marco de entorno empresarial con el impulso a la administración electrónica. En este momento el 99 % de los procedimientos y los trámites se han simplificado y son electrónicos. Hemos mejorado en materia de factura electrónica y en el registro de
facturas. La puesta en marcha de la licencia express también ha simplificado trámites y eliminado obstáculos a la contratación pública, y permite abrir un negocio sin la necesidad de una licencia municipal previa. Hemos aprobado la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y otras tantas cuestiones relacionadas con los estímulos al empleo y al emprendimiento, como la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que fomenta la cultura emprendedora como algo esencial -crear el clima, el ecosistema necesario en una sociedad para la emprendimiento es muy importante-, que facilita la creación de empresas, que crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, con estímulos fiscales al IVA, al impuesto sobre sociedades, a la Seguridad Social. Se mejoran los mecanismos de negociación extrajudicial de las deudas, a través de la Ley Concursal y en la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, que reduce las cargas administrativas y fomenta la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Con la Ley de promoción del trabajo autónomo y de la economía social se hace posible que durante nueve meses la prestación por desempleo se compatibilice con el alta en el RETA. O la estrategia de emprendimiento y empleo joven, o la reforma laboral que incorporó la tarifa plana y que ha tenido realmente un éxito extraordinario, más de un millón de personas se han acogido a esta medida, de las cuales el 40 % son jóvenes. Casi 400.000 jóvenes españoles han aprovechado esta modificación en las cuotas de la Seguridad Social para emprender y crear un negocio. Otra medida muy importante ha sido la de los becarios, que han tenido un 100 % de bonificaciones en el ámbito de la universidad o de la formación profesional. O la reestructuración del crédito, el impulso a la financiación alternativa -de la que tendremos oportunidad de hablar en el penúltimo punto del orden del día de esta Comisión- para evitar el excesivo endeudamiento de empresas viables, que se hizo a través de la modificación de la Ley Concursal, potenciando las alternativas preconcursales o los mecanismos de desapalancamiento y convenios de acreedores. También con la Ley de segunda oportunidad, con la financiación alternativa, las líneas de ICO o la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, o la reforma del sector financiero que ha permitido recuperar el crédito. Si en el año 2011 el crédito a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas caía un 40 %, en este momento está aumentado en nuestro país al 27 %, un gap de casi 70 puntos de mejora de la capacidad crediticia para nuestra economía, para nuestro tejido productivo y especialmente los autónomos. Además, se ha reducido la morosidad que ha sido uno de los grandes problemas. La morosidad privada se situaba en 85 días y la pública en 83 días, muy por encima de los límites legales. Y gracias a las reformas del Gobierno, el periodo medio de pago se ha reducido de una forma muy importante. Si en el año 2012 era de 142 días, en este momento se ha reducido a cerca de 40 y tantos días, lo cual significa un respaldo muy importante a la capacidad gestora de los autónomos y a su sostenibilidad de cara al futuro. Se ha mejorado con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, 10 millones de facturas, 300.000 proveedores beneficiados con este fondo por un valor 75.000 millones de euros. La Ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, o el impulso a la factura electrónica, o la devolución del esfuerzo realizado por los autónomos a través de una reforma fiscal que redujo los tipos de retención a estos trabajadores hasta el 15 %, que mantuvo el tipo reducido del 15 % en algunos casos, o que incorporó medidas para el impuesto sobre sociedades, además de la reserva de capitalización, la reserva de nivelación, etcétera. En definitiva, señorías, un volumen de iniciativas políticas, todas realizadas con la misma dirección, todas retroalimentadas y todas con la intención de mejorar nuestro tejido productivo en el ámbito de los autónomos, mejorar nuestra competitividad, nuestro emprendimiento y la situación en general de nuestros trabajadores autónomos. No en vano, señorías, para el Grupo Parlamentario Popular los trabajadores autónomos son extremadamente importantes, suponen una de cada cuatro personas que trabajan en España, más de 3.200.000 autónomos más un millón de personas contratadas por los mismos. El 22 % de los autónomos contratan a su vez a terceras personas. Por tanto podríamos decir que los últimos cinco años, la X legislatura de una forma muy importante, ha sido la legislatura de los autónomos. Esta cuestión se ha reforzado en el programa electoral de nuestra fuerza política, se vio reforzada en el acuerdo establecido con Ciudadanos y, desde luego, va a seguir siendo una línea de actuación de prioridad en el ejercicio político del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, quedan muchas cosas por hacer, los resultados han sido excepcionales; si en el año 2011 perdimos hasta cerca de 570.000 autónomos, en los últimos cinco años se han creado 130.000, de nuevo un gap de 700.000 autónomos desde el mayor punto de pérdida hasta el momento actual de creación de nuevas cotizaciones al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Por tanto, una buena labor, una labor bien hecha que ha tenido resultados patentes, objetivos, palpables en la sociedad española y que está permitiendo la actual recuperación que estamos viviendo en nuestro país. Por eso queremos continuar
y nos parece muy oportuno la puesta en marcha de esta subcomisión, que va a tener trabajos extraordinariamente importantes que realizar porque partimos de una situación especial; la libertad de cotización en el ámbito de los autónomos se traduce en muchos casos en que una mayoría cotizan por bases mínimas, hasta el 85 % de los trabajadores autónomos en nuestro país cotizan por bases mínimas, y ello aunque sus ingresos reales sean superiores, lo que sin duda en un régimen contributivo da lugar a prestaciones reducidas. La base media de cotización del RETA, señorías, es nada más y nada menos que un 40 % inferior a las bases del régimen general. Por tanto, los autónomos que han elegido la base mínima son, repito, el 85 %. El 67 % del total de trabajadores cotizan durante toda su vida laboral por bases mínimas, casi un 70 % de los autónomos pasan toda su vida cotizando por bases mínimas. Y es de destacar que el valor actual de las pensiones iniciales reconocidas es siempre superior al valor actual de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida laboral. El 31 % del total de trabajadores cambia la base mínima a una base un poco superior, que en ningún caso supera la máxima de cotización de trabajadores con 48 o más años. Por tanto, el número de años cotizados a la edad de jubilación difiere; en el régimen general el 67 % han cotizado 35 o más años y en el régimen de autónomos la proporción desciende a cerca del 40 %, el 39,8 %. De casi 70 % a casi 40 % hay una distancia todavía por recorrer muy importante en términos de equilibrio del sistema de Seguridad Social, del sistema especial de autónomos, y de la sostenibilidad y la contributividad de los subsistemas dentro del ámbito de la Seguridad Social.
Señorías, en este sistema voluntario de elección de bases, donde además el 85 % cotizan por esa base mínima y por eso generan pensiones mínimas o próximas a la mínima, resulta difícil plantear algunas cuestiones como objetivos de la subcomisión. Un sistema de jubilación anticipada parcial no es fácil ponerlo en marcha o un sistema de trabajo a tiempo parcial sin afectar a la viabilidad económica y financiera del sistema completo de la Seguridad Social, o sin hacer un planteamiento global del RETA. En cualquier caso, nos parece oportuno debatirlo porque creemos que hay una voluntad mostrada por parte de todos los grupos de avanzar en esta cuestión, respetando siempre los criterios de contributividad y de equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.
Por lo tanto, señorías, termino poniendo de manifiesto que en los últimos cinco años se ha producido en España una transformación radical de la situación y del clima del ecosistema de los autónomos. Esto ha sido objeto del trabajo del Gobierno del Partido Popular. Creo que los resultados están a la vista y, desde luego, quiero mostrar la mayor y la mejor disposición de este grupo parlamentario para seguir trabajando en esa misma dirección, de la mano del resto de los grupos, con el objetivo de que ese ecosistema mejore todavía más de cara al futuro.
- SOBRE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN (GARANTÍA JUVENIL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000052).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven o de garantía juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Defenderá la proposición no de ley la señora Oramas como representante del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo no superior a siete minutos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.
Los nacionalistas canarios volvemos a traer esta iniciativa después de diez meses, pues hay que recordar que el 24 de febrero de este año, en esa legislatura fallida, ya trajimos la problemática del paro juvenil y las disfunciones y errores del Plan de garantía juvenil. En febrero conseguimos un consenso importante entre todos los grupos, con aportaciones de Podemos, de Ciudadanos, de Esquerra Republicana, del PNV y del Partido Socialista a esta proposición que hoy vuelvo a traer. ¿Por qué planteamos este asunto? Porque el paro juvenil es un problema de este país, pero es especialmente grave en Canarias. Europa hizo una recomendación a los Estados y dispuso unas partidas de miles de millones de euros para asumir su participación en la lucha contra el paro juvenil en la Unión Europea, pero especialmente en los países con mayor índice de paro juvenil. Europa reparte esos fondos en función del índice de paro juvenil de los países, pero el Gobierno de España no sigue el criterio de Europa y decide hacer una gestión centralizada. Lo cierto es que existe una imposibilidad de acceder a estos fondos por
parte de algunos sectores, sobre todo de los jóvenes que más lo necesitan, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen esa capacidad porque la fórmula de inscripción en el registro impide el acceso al Plan de garantía juvenil. El sistema exige tener un ordenador, unos conocimientos informáticos, se produce un bloqueo en el sistema y al final, desgraciadamente, lo que ha pasado es que incluso España corre el riesgo de tener que devolver fondos a la Comisión Europea por no haberlos gastado, ya que el número de inscritos no es el suficiente por problemas del sistema.
Traigo de nuevo esta iniciativa porque confío en que la voluntad de todos, desde el Grupo Parlamentario Popular al Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Grupo Parlamentario Ciudadanos, es que estos fondos se puedan usar y podamos tener una política de empleo juvenil. Primero tenemos que eliminar obstáculos en la gestión tal como se está tramitando. A su vez, tenemos que cambiar los requisitos y ¿por qué hablo de los requisitos? Porque no sé si saben ustedes que, por ejemplo, es un requisito no haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Es un requisito no haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los noventa días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Y es un requisito no haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Que un joven haya tenido cuarenta horas mensuales de formación, que las puede haber hecho en una semana, y por ello no pueda acceder a una formación, a un contrato en prácticas o a un empleo, desde luego es absurdo. Que un chico haya tenido un trabajo precario durante el verano, ¿le impide en octubre acceder a una acción formativa? No estamos utilizando la cabeza respecto a esta necesidad del colectivo de los jóvenes de este país, de los jóvenes canarios en particular que somos los que tenemos el mayor índice de paro juvenil. Por eso creo que tenemos que trabajar para la eliminación de esos obstáculos.
La compañera diputada de Podemos que había trabajado en este ámbito, ha aportado una serie de evaluaciones al respecto. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, pero elimina algunos puntos de la proposición no de ley que plantea Coalición Canaria y que es fruto del consenso. En ese sentido, agradezco que el Grupo Parlamentario Popular haya trabajado en la redacción de esa enmienda, pero realmente su objetivo es una mejora técnica o de redacción que no aporta nada y, sin embargo, sí elimina puntos al ser una enmienda de sustitución. Por tanto, en aras de preservar el consenso, ya que nos costó tanto llegar a un texto común, vamos a mantener nuestra proposición. También aviso a la Mesa que mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto me ha comunicado que desea retirar su enmienda.
Termino con dos cuestiones. Hay un acuerdo en este país para modificar la LOMCE. El otro día me llamaba el responsable de Radio ECCA -una radio que tiene una historia en este país, nació en Canarias con contenidos formativos hace muchísimos años y ahora ya se ha extendido a todo el país, dando formación en Andalucía, en África- y me hablaba sobre la importancia de que esa nueva LOMCE recoja ese tipo de formación que hace Radio ECCA, que puede ser un elemento fundamental en la formación profesional y que no está contemplado. La LOMCE no está adaptada a las nuevas tecnologías y a ese tipo de formación que hace y ha hecho durante muchísimo tiempo Radio ECCA. He tenido reuniones con los responsables de los salesianos del Proyecto Don Bosco, que tienen éxito en la integración laboral de la formación profesional. También tenemos el modelo vasco que quizás sea el ejemplar en este país en la integración con la formación dual y la formación profesional. El reto de este país es la formación profesional, es volver a incorporar a la formación y a la cualificación a tantos jóvenes que abandonaron sus estudios en un determinado momento por unas perspectivas laborales, con el objetivo de que puedan ser más competitivos. En Canarias además tenemos un problema que quizás no tienen otras comunidades autónomas. Somos la comunidad que más empleo está creando, la comunidad con mayor paro, pero a la que viene más gente de fuera a cubrir los puestos de trabajo porque tenemos un problema crónico de formación. Es así, si tú eres director de un hotel y vas a contratar a un recepcionista, y se presenta un chico canario que chapurrea el inglés y un chico alemán -que tiene todo el derecho en igualdad de condiciones a trabajar- que habla tres idiomas, pues es lógico contratar al alemán. Creo que tenemos que hacer una campaña de difusión -como plantea la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y también estaba en nuestra proposición- entre los jóvenes y sobre todo entre los chicos que están al borde de la exclusión social y tienen esa necesidad en un mundo competitivo, en un país y una Europa del siglo XXI que necesita jóvenes con empleo, jóvenes con sueños, con la esperanza que estos años de crisis han perdido y con formación.
Ahora intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos. El Grupo Parlamentario Mixto ha retirado su enmienda. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días. La señora Oramas nos trae a la Comisión un debate muy interesante con esta proposición no de ley sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven y el programa de garantía juvenil que, sin ninguna duda, es una oportunidad para hablar de nuestros jóvenes que, en definitiva, es hablar del futuro de nuestro país, hablar de la situación laboral que es una preocupación que compartimos porque todos pensamos en el presente y sobre todo en el futuro de nuestros jóvenes, que merecen oportunidades hoy y mañana. Saben muy bien que para el Partido Popular desde el primer día que llegó al Gobierno fue una preocupación prioritaria trabajar por el empleo, especialmente porque los jóvenes pudieran tener empleo. El Gobierno está trabajando con los interlocutores sociales, con las comunidades autónomas y, por supuesto, con todos los grupos parlamentarios, como me consta que se está haciendo desde el primer día, para dar esas oportunidades pues, desgraciadamente, cuando llega el Partido Popular al Gobierno, uno de cada dos jóvenes se encontraba en desempleo. La realidad va cambiando poco a poco, hoy seis de cada diez jóvenes que han abandonado el desempleo en la zona euro son españoles. Y eso demuestra que el trabajo se está haciendo bien, por supuesto siendo muy responsables y muy sensatos, y teniendo en cuenta que queda camino por recorrer. Precisamente por ello, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentaba en febrero de 2013 la estrategia de emprendimiento y empleo joven como resultado de un proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas, con todos los agentes sociales, y con más de cien medidas para fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Después se presenta el Plan nacional de implantación de la garantía juvenil a la Comisión Europea, consiguiendo importantes fondos para toda Europa, un total de 6.000, de los que casi un tercio, 1.887 millones de euros, han venido a España, además de otros 800 millones de euros que ha aportado de fondos nuestro país. Los datos hablan por sí solos y los datos dicen que estamos avanzando y que está descendiendo el desempleo juvenil. Por tanto, la tendencia a la baja que ha seguido la tasa de desempleo entre jóvenes, especialmente, y me fijo en los de dieciséis a veintinueve años, desde que gobierna el Partido Popular, es una realidad. Durante el último año se ha reducido en un 13 %. Un total de 362.000 jóvenes comenzaron a trabajar en la legislatura del presidente Rajoy. Se plantean varias cuestiones por parte de la señora Oramas en esta PNL. Algo importante y que destaca ella es la distribución de los fondos a las comunidades autónomas. Se ha hecho tal y conforme dicen los reglamentos europeos que se realice: en primer lugar, teniendo en cuenta el peso de los menores de veinticinco años en situación de desempleo en relación con la población activa y, en segundo lugar, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que estén recibiendo formación. Toda esa realidad socioeconómica y estos parámetros es el cómputo que se ha utilizado que es un prorrateo absolutamente objetivo por autonomías para repartir estos fondos. Dos premisas europeas, misma distribución en Europa, misma distribución en España y misma distribución para todas las comunidades autónomas. Se ha incrementado el reparto a las comunidades autónomas en estos fondos. Habría que recordar que en el periodo plurianual 2007-2013 esos fondos europeos, que se gestionaron con las comunidades autónomas, alcanzaron el 41 % y ahora en esta nueva etapa se ha llegado al 51,5 %. Estos criterios y este reparto se hicieron en el foro de la Conferencia Sectorial de Empleo, donde están representadas todas las comunidades autónomas, y contó con su visto bueno. Lo que arrojan los datos es que el empleo joven está llegando de nuevo a España. No solo hay que tener en cuenta las ayudas europeas, hay que poner en valor y de forma muy importante el impulso que se ha dado a las políticas de flexibilización en el mercado laboral de facilitar la empleabilidad de los jóvenes. Por ejemplo, las bonificaciones a empresas de hasta el 100 % de las cuotas de la Seguridad Social, cuando emplean a menores de treinta años, o la tarifa plana de los 50 euros en la cotización de la Seguridad Social, de la que se han beneficiado más de un millón de autónomos; cuatro de cada diez son precisamente menores de treinta años, hay que recordarlo también. Se han firmado más de 24.500 contratos indefinidos con menores de 25 años, un 22,4 % más que el mismo mes del pasado año. Además 7.500 contratos temporales de menores de veinticinco años se han convertido en indefinidos en octubre. También en octubre se han firmado 2.840 contratos de formación y aprendizaje. En esta línea es en la que habrá que
seguir trabajando e incidiendo, aunque evidentemente hay cuestiones que hay que mejorar y en las que hay que avanzar.
Respecto al modelo de inscripción, también es muy importante que fuera telemáticamente, porque así lo establecía la propia normativa europea para poder hacer un seguimiento y una evaluación en su conjunto del programa. No obstante también se podían hacer las inscripciones físicas en los registros de la Administración General del Estado en cada uno de los territorios o también en colaboración y coordinación con los servicios de las comunidades autónomas. No obstante, no nos podemos quedar aquí y no quiero ni mucho menos que parezca que mi intervención es triunfalista. Desde luego es una intervención haciendo un análisis de la situación, de lo que ha significado este programa, pero también con el compromiso y con la sensatez de saber que queda mucho camino por recorrer, sobre todo pensando en los jóvenes que hoy todavía no tienen un empleo, que necesitan una formación. Queremos que estas herramientas lleguen a todos, por eso en nuestra enmienda precisamente de lo que hablábamos era de avanzar en esa línea, en una mejor coordinación con las comunidades autónomas, en mejorar las inscripciones de los usuarios, de los jóvenes, en mejorar la publicidad en colaboración con las comunidades autónomas y con todas las entidades que están trabajando en este sentido. No hay duda de que este tema es muy importante para España; sin ninguna duda. Desde luego, me parece muy importante que todos podamos estar trabajando en esta línea, pensando en el futuro en aprovechar todo lo hecho, que ha sido bueno, y que se está demostrando, y en mejorar de cara al futuro. Por eso votaremos a favor de la proposición no de ley que presenta la señora Oramas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.
Tienen la palabra ahora los portavoces de los demás grupos parlamentarios por un tiempo no superior a tres minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vasco, que no está. Por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Muy buenos días. Vamos a votar a favor tanto de esta proposición no de ley que nos ha traído Coalición Canaria como del punto 6 sobre garantía juvenil, del Grupo Socialista, y lo anuncio ahora porque no podré estar aquí en el momento en el que la vayan a exponer.
Como no puede ser de otra manera, ya lo hicimos en la anterior legislatura corta, solamente voy a incidir en algunas críticas que a nuestro parecer se tendrían que solventar. Las críticas hacen referencia al despliegue autonómico de la garantía juvenil. La creación de un fichero único de registro, fruto de una visión que nos parece, como siempre, centralista por parte del Gobierno. La recomendación del Consejo Europeo no pedía su creación ni la obligatoriedad de registro en el programa de garantía juvenil. Nuevamente el Estado aprovecha cualquier oportunidad para homogeneizar y centralizar. El Estado no tenía ninguna necesidad de crear un fichero único y haciéndolo ignora las diferentes situaciones socioeconómicas de las personas jóvenes en los diferentes territorios, limita la acción de los servicios de empleo de las comunidades autónomas. La Generalitat de Catalunya y también el País Vasco han interpuesto recursos de inconstitucionalidad al considerar que la Ley 18/2014 invade competencias de las comunidades autónomas en materia de políticas activas de ocupación.
En cuanto a la financiación, las comunidades autónomas tenemos traspasadas las competencias más relevantes en materia de aplicación de la garantía juvenil. El Estado gestiona prácticamente solo el fichero único de registro y las bonificaciones y las cotizaciones a la Seguridad Social; las comunidades autónomas solo reciben un 50 % de la financiación aportada por la Unión Europea. Es decir, que votaremos a favor, pero una vez más vemos la involución en el, para nosotros, mal llamado Estado de las autonomías. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Ramírez.
Señorías, quiero agradecer a la señora Romero que no haga un discurso triunfalista. Estaba claro que estaba plagado de críticas hacia la gestión del Partido Popular en el Plan de garantía juvenil y políticas activas de empleo para los jóvenes. La verdad es que a uno le sorprende la cierta frivolidad con la que se manejan algunos datos. Somos el segundo país de la Unión Europea en tasa de desempleo juvenil. Según datos de Eurostat, el 48,3 % de nuestros jóvenes está en desempleo. Además se agrava el hecho
de que es un desempleo y un subempleo que no es voluntario. Si nos comparamos con Alemania, donde ese subempleo con los jóvenes es compatibilizado con unos estudios, desde luego estos discursos triunfalistas no nos parecen lo más óptimo.
Volviendo al tema que nos ocupa, diré que la señora Oramas, que es una avezada diputada, trae en este caso una proposición que nosotros apoyamos y que vamos a volver a hacer en esta legislatura, incluyendo las enmiendas de los distintos grupos, mejorándola, y que, por supuesto, nos parece que va en la línea de lo que tenía que haber sido desde el principio. Vamos a votar que sí, obviamente, como no puede ser de otra forma. Sobre todo porque compartimos el análisis de la situación en concreto de Canarias. Es una vergüenza, desde el punto de vista de Ciudadanos, que solo el 12 % de los fondos europeos -estamos quejándonos de que no tenemos una limitación de fondos, que tenemos restricciones presupuestarias- haya sido gastado en algo que nos parece fundamental y es en dar oportunidades de formación y de empleo a nuestros jóvenes. En Canarias supera el 50 % la tasa de desempleo juvenil. Es un drama. Estamos perdiendo lógicamente una generación completa y tenemos que tener conciencia de que una sociedad que deja abandonados a sus jóvenes, que esos jóvenes que no se pueden independizar y no pueden empezar un proyecto vital, no es una sociedad sana ni justa. En el día de hoy, como no puede ser de otra forma, apoyaremos de forma total la proposición que nos trae la señora Oramas, del Grupo Mixto de Coalición Canaria, teniendo claro que esta es una de las partidas fundamentales, y quedan muchas cosas por hacer. Está claro que el Plan de garantía juvenil es una buena idea mal ejecutada. Desde luego, los instrumentos han hecho que solo uno de cada diez jóvenes que se podían beneficiar de este plan se haya podido apuntar. No podemos aplaudir ni hacer discursos triunfalistas sobre una mejora de la situación general. No entendemos que no se hayan buscado otros mecanismos más sencillos. Es cierto que en las recomendaciones de la Unión Europea hablaban del elemento telemático, pero tenía que haber sido simplificado para que todos los jóvenes, de cualquier formación o condición, pudiesen tener acceso sencillo y fácil a aquel programa, que es uno de los puntos de partida y que puede ser una de las posibles soluciones a la tasa de desempleo dramática en el caso de Canarias, pero desde luego a nivel nacional no podemos estar contentos siendo el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, don Alberto Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas. Nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa. Como bien dijo el compañero ya, recoge las aportaciones que se hicieron en la legislatura anterior. Tenemos unas críticas que hacer al Plan de garantías, tanto en la forma como en el fondo. Este plan surge de las instituciones europeas para fomentar el empleo juvenil, la inserción juvenil, en comunidades en las que el desempleo supere la tasa del 25 %. En Canarias estamos cerca del 60 %. Imagínense la desgraciada necesidad que tenemos de este plan en nuestras queridas pero maltratadas islas.
La crítica en cuanto a la forma es evidente. Por un lado, el procedimiento de inscripción es bastante farragoso, que supone la primera barrera para muchos jóvenes que ni están en el mundo del trabajo ni están estudiando. Hay una clara y evidente falta de difusión en muchas personas que podrían estar en el marco de este plan que ni siquiera saben que existe, porque no les llega información o publicidad de ningún tipo. También hay una clara y evidente descoordinación institucional, que esto no depende solo del Estado, sino que va incumbiendo también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Como un ejemplo de esto podemos poner la ciudad de La Laguna, que es el tercer municipio más grande de las islas Canarias, la tercera ciudad con mayor población, y no tiene ahora mismo ningún proyecto presentado ni aprobado. Consideramos que es una barbaridad y es lo que ha hecho que de los 45.000 jóvenes en las islas Canarias que podrían acceder a este Plan de garantía juvenil en el año 2016 solo lo han hecho 6.000. Las críticas a la forma están bastante justificadas.
Respecto al fondo, quiero cuestionar la eficacia que tiene el plan con respecto a la integración social cuando la mayoría de los empleos que se han generado a este respecto son empleos precarios. Hay una tasa de temporalidad cercana al 92 % y esto ahonda en la dinámica de trabajadores pobres y hace que no se cumplan los objetivos del fondo que tiene el plan, que es integrar a jóvenes que ni tienen empleo ni están estudiando a ningún nivel. Por otro lado, quiero cuestionar la eficacia que tienen las políticas activas
si no las relacionamos con determinado modelo de desarrollo y con un cambio en la legislación laboral -ya lo hemos hablado muchas veces-; lo que han supuesto las reformas laborales y, en concreto en Canarias, como modelo de desarrollo basado en la construcción, el cemento y el turismo como monocultivo y que nos han condenado en las últimas décadas a Gobiernos de Coalición Canaria-Partido Socialista/Partido Popular, alternativamente, y que nos ha condenado a un 26 % de desempleo y a los salarios más bajos del Estado. Hasta que no cambiemos eso, difícilmente van a poder funcionar estos planes de garantía. Aun así, son necesarios y vamos a votar a favor. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenos días. Gracias, señor presidente.
La verdad es que creo que me he equivocado de sala, de lugar de trabajo y de país tras escuchar las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular. Realmente no coincide con lo que al menos yo vivo. Podía entender que me diga que es difícil, que es complicado, que la situación macro y microeconómica da lugar a un mercado laboral difícil de afrontar para ofrecer soluciones a los jóvenes, pero no me haga un discurso que se cae en cuanto salimos de estas cuatro paredes. Le animo a que se acerque a dar un paseo por Canarias, por donde hoy se proponía la proposición, pero ya no solamente en las capitales, sino que se acerque a las islas no capitalinas para que vea cuál es el drama real en el desempleo juvenil o que se acerque a mi puesto de trabajo, el que yo tenía antes de venir aquí, en el que me dedicaba a la integración de jóvenes en exclusión menores de treinta años, y verá que la realidad es el peor enemigo del Partido Popular, una vez más. Porque en este país hay un 46,5 % de paro juvenil, un 10 % de la juventud española menor de treinta años que está en peligro de exclusión, casi la mitad de los demandantes de empleo lo hacen desde hace más de dos años, la tasa de abandono escolar dobla a la de la Unión Europea y los contratos temporales para jóvenes suponen 9,2 de cada 10 contrataciones. Esta es la realidad y para lo que tenemos que trabajar con la mayor humildad y con la mayor colaboración. Por eso quiero mostrar mi satisfacción con esta proposición que incluye las aportaciones que hicimos todos los grupos el pasado mes de febrero haciendo especial hincapié en la convocatoria de los grupos de seguimiento, evaluación y trabajo, con los interlocutores sociales, que por cierto llevan más de dos años sin reunirse, que es justo coincidente con el funcionamiento de la garantía juvenil, lo que quiere decir que no se han reunido nunca.
Hoy no quería hacer una intervención más amplia, porque en el punto número 6 se tratará una propuesta que traemos los socialistas con la que, sobre la base de la propuesta que trae Coalición Canaria, queríamos ampliar los destinatarios objetivos de este Plan de garantía juvenil introduciendo indicadores para favorecer a las personas con diversidad funcional y completar y mejorar el sistema de funcionamiento del que, como les digo, hablaremos dentro de unos puntos. Evidentemente apoyaremos esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Queda retirada la de PDC y no acepto la del Grupo Popular, que ya lo habíamos hablado. Quiero agradecer a todos los portavoces que esta proposición no de ley salga por unanimidad. Muchas gracias.
- SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRABAJADORES TAURINOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN ANTICIPADA POR RAZÓN DEL GRUPO O ACTIVIDAD PROFESIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000085).
El señor PRESIDENTE: Debatimos la segunda proposición no de ley sobre la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y defiende la misma, por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenos días a todos. Voy a ser bastante breve en esta exposición. Todos tenéis el texto de la proposición no de ley por escrito. Simplemente voy a acentuar algunos puntos.
¿Por qué pedimos la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial de jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional? Existen diferentes casos en los cuales la edad de jubilación se puede rebajar anticipadamente, especialmente en aquellos grupos o actividades que desempeñan labores de naturaleza excepcionalmente peligrosas, tóxicas, insalubres o acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Dentro de este tipo de trabajadores podemos encontrar la minería, trabajadores del mar, personal del vuelo y trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, bomberos al servicio de las administraciones públicas y también los trabajadores taurinos. Es en este grupo que nosotros pensamos que este tipo de régimen es anacrónico e incluso diría que con otros grupos que no tienen esta excepción es un agravio comparativo importante. Los salarios del grupo profesional taurino vienen fijados por la resolución, de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el convenio colectivo nacional taurino. Un torero puede llegar a cobrar entre 36.000 y 450.000 euros. Los profesionales taurinos pueden acogerse a la jubilación anticipada bajo determinados criterios, como pueden ser los 55 años, para los matadores de toros, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y trileros cómicos, siempre que acrediten estar en alta. Nosotros pensamos, como decía antes, que no es correcto y lo comparamos con el resto de los trabajadores, mientras está subiendo la edad de jubilación y el sistema de pensiones está en franca crisis, como estamos viendo en el Pacto de Toledo.
Al mismo tiempo pensamos que se podía hacer una comparación, por ejemplo, con otros sectores de actividad profesional, como los deportistas de élite, que a pesar de gozar de vidas profesionales especialmente cortas no disponen de ningún régimen especial para gozar de la jubilación anticipada a costa de las arcas de la Seguridad Social. Si tenemos en cuenta que el caso de la tauromaquia está formada por una serie de espectáculos que, por otra parte, en algunas comunidades están prohibidos o en algunas otras son claramente anacrónicos, nosotros pedimos sin más la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial de jubilación anticipada, porque pensamos que ya no toca.
En esta proposición no de ley no hay enmiendas. Por tanto fijan posición los restantes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano. No fija posición. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Cano.
Señorías, de nuevo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya trae a esta Cámara temas con todo aquello que está relacionado con los toros, tal y como hacen en el Parlament de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en ayuntamientos en los que está representado. Esta vez lo hace bajo la apariencia de un debate sobre jubilación anticipada de los trabajadores taurinos. Todas sus propuestas siempre van relacionadas con eliminar, cercenar, quitar, limitar, erradicar, acabar con todo aquello relacionado con lo taurino. Tengo la poderosa sensación de que ustedes lo que tienen es fobia a los toros, pero lo que no resulta baladí es que no es que entiendan que los trabajadores de este sector no debieran poder jubilarse por razón de peligrosidad y que esto afecte a las arcas del Estado y al sistema social, lo que les preocupa es el estudio de cómo minar, erradicar, cercenar, eliminar los toros, ya que estos tienen un aura de españolidad. Dado que hay poco más de 10.000 profesionales taurinos, es dudoso que la motivación de esta proposición no de ley tenga algo que ver con la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; lo que pretende es acorralar a estos trabajadores para que dejen de tener esta actividad y se les quite la ilusión por lo que hacen -nos guste o no- y no haya reposición de los mismos. Digo esto ya que en la exposición de motivos de su proposición no de ley compara con total ligereza la actividad de un torero o de un banderillero con los deportistas de élite. Sin duda, señoría, tiene toda la razón, estos últimos tienen una alta peligrosidad y se juegan la vida cada vez que salen al campo de fútbol, a la cancha de baloncesto o a la de tenis. Además ¡están desempeñando un trabajo importantísimo para la sociedad!, como puede ser el de los trabajadores ferroviarios, tomando sus mismas palabras. Señorías, los aficionados de estos deportes, por favor, abandonen, no pueda ser que no podamos contar con ustedes en el momento crucial que vive esta Comisión. Si me permite, déjeme que le dé otros ejemplos, como podrían ser los artistas de circo o, por ejemplo, los mismos diputados de esta Cámara. Pero lógicamente no todos, ya que algunos sí sufrimos en la apertura de la legislatura el lanzamiento de objetos por los que rodeaban el Congreso. Espero que los puedan incorporar a su proposición no de ley y enriquecerla. En este punto, conviene recordar que en Grecia los trabajadores de sectores tan diversos como la minería o panadería, peluqueros, pasteleros, conserjes y un largo etcétera, hasta 580 categorías profesionales, se
consideran profesiones penosas, pesadas o de riesgo y por eso tienen derecho a jubilarse anticipadamente a partir de los cincuenta o cincuenta y cinco años.
Para terminar, si se continúan cerrando plazas de toros, tal y como hacen ustedes, ¿de qué tienen que preocuparse entonces? Esténse tranquilos, que los toreros no van a tener lugar de trabajo y se tendrán que dedicar al cultivo de la patata. (Risas). Señorías, simplemente me gustaría añadir que si lo que pretenden es modificar el sistema por el cual determinados sectores tienen derecho a prejubilarse, traigan esto y no solamente una parte de aquellos sectores que tienen derecho a prejubilarse anticipadamente. Muchísimas gracias. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, nada. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora González.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidente.
Esta Comisión debe de ser un punto donde buscar alianzas y aupar iniciativas que defiendan y exijan el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Por eso me asombra mucho ver que se presenta este tipo de iniciativas. Es la primera vez que en la Cámara se presenta una iniciativa que pretende recortar los derechos de un colectivo de trabajadores y trabajadoras. Por mi concepción como representante público, siempre digo que los políticos estamos para que cualquier colectivo de nuestra sociedad viva mejor, y no hemos venido a esta Cámara a cortar o a discriminar los derechos por motivos ideológicos, políticos, culturales o morales. Fue el Real Decreto 21/1986, de 24 de diciembre, por el que se integra en el régimen general a los regímenes especiales de ferroviarios, a los jugadores de fútbol, a los representantes de comercio, toreros y artistas y a los escritores de libros en el RETA. El reglamento en su artículo 18 establece la edad mínima de jubilación de los profesionales taurinos por causa de pensión de jubilación. Ello, al mismo tiempo que regula la reducción de la edad mínima de jubilación por razones de trabajo excepcionales, penoso o peligroso en determinadas actividades mediante la aplicación de un tiempo de trabajo de tales grupos y actividades aplicándoles el coeficiente que les corresponde, como ocurre con los maquinistas de locomotora, ayudantes de maquinistas, etcétera. Lo cierto es que nada induce a pensar en tanto existan profesionales taurinos que estos no pudieran acogerse a esta jubilación anticipada. Por ello, no hay ningún precepto que avale que tengamos que eliminar a este colectivo. Este real decreto no prejuzga, pero la iniciativa sí. ¿Que también pudieran existir otros profesionales que pudieran acogerse a la jubilación anticipada?, por supuesto. Pero el hecho de que algunas de ellas no estén incluidas dentro de este colectivo profesional no quiere decir que saquemos a otras, que sí lo están, por un tema ideológico o moral.
Estamos haciendo un juicio más bien íntimo y no un dictamen profesional o cualificado. Siendo esto así, esta iniciativa no puede apoyarse. Se trata sin más de negar un derecho y no esgrime razones jurídicas o derivadas del desempeño de la actividad que nos avalen que tengamos que eliminar a este colectivo. Todo lo contrario, queda patente que existen razones para que estos profesionales desempeñen la actividad y puedan acogerse a una jubilación anticipada, tal y como establece el real decreto, ya que como todos sabemos, y es obvio, la edad de estos señores hace imposible que puedan desarrollar su actividad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos negamos a recortar los derechos de cualquier colectivo que hoy realice cualquier actividad laboral en nuestro país. Sí nos prestamos a estar siempre dispuestos a estudiar y a valorar la inclusión de cualquier colectivo desfavorecido que haya en nuestra sociedad, pero nunca a discriminar a ningún colectivo. Por eso me asombra, como dije al comienzo, que un partido que se considera de izquierdas, de las izquierdas, traiga a esta Comisión una iniciativa que pretende reducir derechos. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días, señor presidente.
Estoy un poco sorprendido, porque según se recoge en la proposición no de ley de Esquerra este colectivo no contribuye al progreso social y económico del país, cosa extraña. Como no contribuyen, cogemos y de un plumazo nos cargamos a estos señores para que no puedan hacer efectiva su vida laboral y su cotización en el régimen donde están incluidos. Evidentemente son trabajadores como todos los demás, con los mismos derechos que todos los demás, con los mismos derechos que los que realizan,
por ejemplo, las figuras catalanas del caganer o los que se dedican al espetec, o los que se dedican a realizar cualquier actividad dentro del régimen donde se encuentren englobados todos y cada uno de los trabajadores de este país.
Me gustaría hacer unas consideraciones que están recogidas -y lo ha resaltado la portavoz del Grupo Socialista- en distintos preceptos legales, como en el artículo 206 del Real Decreto-legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, donde se observa rebajar la edad de jubilación y el establecimiento de coeficientes reductores. También lo ha explicado bien, en el artículo 18, del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran entre otros los toreros en el régimen general. También está recogido en esta legislación o en el artículo 9 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación de la Seguridad Social. Pero también conviene destacar en el caso de la fiesta y espectáculos taurinos la Ley 218/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. En su artículo 1 la define como conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en las corridas de toros modernas y en el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura del pueblo español. En su artículo 2 establece que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia. En su artículo 3 señala que, en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. Y en su artículo 5 determina que es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio de sus diferentes manifestaciones.
Señorías, esta actividad genera más de 1.600 millones de euros al año, genera riqueza, genera empleo y genera sinergias de las que se benefician muchísimos sectores, como el transporte, los hoteles, los bares, los restaurantes, etcétera. Y si no, cojan como ejemplo cualquier localidad que tenga festejos taurinos para ver lo que supone en su economía todo lo que rodea al mundo del toro.
Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra, porque, siendo los eventos taurinos una actividad permitida por nuestra legislación y considerando que el fundamento de la proposición es una mera valoración subjetiva, entendemos que en ningún caso puede afectar a la protección de los trabajadores dedicados a la misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candón.
- RELATIVA A LOS RECORTES EN LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000594).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a los recortes en la prestación de desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo no superior a siete minutos, la señora Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.
Desde Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que esta es una de las grandes temáticas que deben abordarse a lo largo de esta legislatura y, particularmente, en esta Comisión. Estos días estamos viendo la enorme preocupación que hay por las pensiones, pero, efectivamente, también deberemos hacer una profunda reflexión, que debe conllevar reformas legislativas, por la enorme preocupación que deben causarnos los recortes que han sufrido las víctimas de esta tremenda crisis, que no ha sido causada por la mayoría, por los comunes, sino por una banca que sigue haciendo lo que le da la gana en este país y que está siendo sufraga a costa de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y decimos esto con datos, señor presidente, porque el rescate a la banca, que supera los 41.000 millones de euros, y los recortes que sufren los trabajadores y trabajadoras en nuestro país en las prestaciones de desempleo y en la protección social, en general,
superan los 24.000 millones de euros. Por tanto, recortamos en lo fundamental para nuestras gentes, para las gentes de bien, para dárselo a esa banca que después es privatizada y que sigue haciendo en este país -afirmamos con rotundidad- exactamente lo que le da la gana. Con los datos que disponemos del propio Ministerio, como señala la propia exposición de motivos, y además con los datos actualizados a fecha de septiembre de 2016, vemos que hemos perdido más de 25 puntos en protección social desde el año 2009, una cifra brutal -más de 25 puntos-, pasando de 2.681.223 beneficiarios en 2009 a 1.904.689 beneficiarios en septiembre de 2016. Y también podemos cifrar la media de la prestación de desempleo, que pasa de 842,3 euros en el año 2009 a la actual cantidad, que no alcanza los 800 euros. Por tanto, la situación está realmente mal para los desempleados y desempleadas de este país.
El Partido Popular y, particularmente, el señor Rajoy, cuando produjo los recortes brutales en materia de desempleo, dijo a la ciudadanía de este país que estas reformas, contrarreformas, lo que pretendían era justamente animar a la búsqueda activa de empleo; es más, llegó a afirmar que necesitábamos fomentar la movilidad de la población activa, añadiendo -y son palabras del máximo representante del Partido Popular- que de esta manera los desempleados y desempleadas se animarían a aceptar ofertas de trabajo que hasta entonces nunca habían aceptado. Si me permiten, estas declaraciones del señor Rajoy deberían ser, cuando menos, rectificadas, porque en este país ni con la cobertura de los sistemas públicos de protección ni con la colaboración pública-privada se alcanza a veces un empleo, ni se trata -como decía él- de que se rechace por parte de los desempleados alguna oferta de un puesto de trabajo.
El Partido Popular tenía dos objetivos con esta reforma: una era sufragar, pagar el déficit a costa de los trabajadores y trabajadoras, cosa que está consiguiendo -es bastante evidente-, y, por otra parte, lo que quería -también de forma cierta- era propiciar y abundar en la llamada devaluación salarial, es decir, bajar los salarios todavía más y empobrecer más aún a la clase trabajadora. Hay un fenómeno -y existen datos más que sobrados- que preocupa con respecto a los índices de pobreza salarial, porque parte de esa pobreza tiene mucho que ver con el recorte de las prestaciones de desempleo. El Partido Popular atacó ampliamente y por todos los extremos la protección social, además no cumpliendo con un mandato constitucional, porque entendemos que sigue vigente el artículo 41 de la Constitución, que obliga a la protección social y, particularmente, en materia de desempleo. El Partido Popular produjo todo tipo de reformas con el Real Decreto 20/2012: para la percepción de la prestación por desempleo se pasó del 60 % al 50 % de la base reguladora, pero también con la supresión del subsidio especial de mayores de 45 años y del subsidio para trabajadores entre 52 y 54 años, referido ahora a los 55 años, y también, por supuesto, atacó sin compasión lo que tiene que ver con la protección social en materia asistencial.
Andan presumiendo estos días del Plan Prepara, pero comparemos los requisitos de acceso de antes y los de ahora. Digamos que hay una estrategia deliberada del Partido Popular para seguir consumando un régimen de sociedad profundamente injusta. En el Partido Popular presumen de crecimiento de la economía española, y no negamos este dato en términos macroeconómicos, pero, si esto es así -incluso nos llegan a decir que estamos mejor que antes de la crisis-, desde luego, nuestro grupo entiende que esta legislatura, como señala esta iniciativa, tiene que ser la de la recuperación, por los recortes en materia de protección social y en materia de desempleo. Si no, no es coherente: o crecemos y vamos fenomenal o, desde luego, las cosas no van tan bien como dice el Partido Popular y se logrará a costa de los más perjudicados. Por dar algunas cifras, en cuanto a cobertura por desempleo, según datos públicos, solo tiene acceso a ella el 54,2 %, es decir, uno de cada dos parados; si cogemos datos sobre paro registrado, uno de cada tres; y entre los jóvenes, de cada once, diez no tienen acceso a la prestación de desempleo; en el caso de las mujeres, de cada cuatro, tres no la tienen; y en caso de hombres, dos de cada tres.
Y termino haciendo referencia a lo que tiene que ver con la colaboración pública-privada, materia estrella del Partido Popular, con relación a una de las enmiendas presentadas, y es que también estamos ante un sistema fallido en la colaboración pública-privada, es decir, la privatización en lo que tiene que ver con la gestión del desempleo. ¿Por qué? El informe que se ha hecho público en agosto, -bastante oscuro y retorciendo todos los datos-, nos permite afirmar que las cifras son muy negativas para el Partido Popular; negativas primero para la ciudadanía, porque antes nos costaba, con consignación presupuestaria, 100 millones de euros atender esta cuestión en la esfera pública. El Partido Popular despidió a 3.000 orientadores laborales en el conjunto del Estado, costó 100 millones de euros, y privatizar esta gestión nos cuesta 175 millones de euros. El informe de agosto es demoledor. De las personas que recurrieron a las agencias privadas de colocación, se atendió a la mitad, exactamente a 81.635. Y, por
supuesto, en lo que tiene que ver con alcanzar un empleo, también los datos son muy malos, situándose el índice de colocación en el 0,13 %. Pero esto evidencia que, aun con recortes, en la esfera pública se hace bastante mejor de lo que pretende el Partido Popular. Es decir, la elección del Partido Popular es: 100 millones de euros en la esfera pública o 175 millones en la esfera privada, con un resultado peor para todos nosotros.
A este grupo parlamentario le interesa la aprobación de esta iniciativa, que la hemos cuidado para no comprometer en exceso a ninguna de las voces políticas que aquí representamos, y, por supuesto, con ánimo constructivo y entendiendo que mejoran la proposición, vamos a aceptar en el sentido expuesto -después lo pasaremos a la Mesa- las enmiendas que formula el Grupo Socialista, particularmente, la segunda y la tercera. No podemos aceptar la del Grupo Parlamentario Popular, que, si me permiten, no aporta nada. Y en el caso de Ciudadanos, por una cuestión de fondo, porque no tiene que ver con esta materia y, en segundo lugar, porque el programa que ha pactado con el Partido Popular en cuanto al cheque de formación y estas cuestiones y abundar en la colaboración pública-privada, de la que tendremos que seguir hablando, para nuestro grupo no solamente no es positivo sino que es un profundo error.
Corresponde el turno a los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por tiempo no superior a cinco minutos cada uno. En primer lugar, en nombre de Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
Señorías, tras una exhaustiva presentación de datos sobre desempleo, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos insta de nuevo a derogar el Real Decreto-ley 20/2012, pero lo cierto es que, en vez de pedir derogaciones, preferiría que en próximas ocasiones pudiésemos debatir con ustedes propuestas concretas, constructivas sobre nuestro mercado laboral, ya que de lo que veníamos tampoco era nada mejor. Señorías, los malos datos del mercado laboral español son de sobra conocidos: la tasa de paro sigue en el 18,9 %, la segunda más alta de la Unión Europea, por detrás de Grecia; la población activa, la suma de personas con empleo y las personas desempleadas que lo buscan, ha pasado de 23,3 millones, según la EPA del cuarto trimestre de 2011, a 22,85 millones, según la EPA del tercer trimestre de 2016, lo que supone una reducción de casi 500.000 personas, es decir, que medio millón de personas han salido del mercado de trabajo español bien por desánimo o por la emigración; el paro de larga duración, una lacra de nuestra sociedad, ha subido del 8,9 % al 11,4 %, siendo la media de la Unión Europea del 4,5 %. En España hay casi 2,5 millones de personas en paro de larga duración, según la EPA del tercer trimestre de 2016, de los cuales 1,8 llevan dos o más años de desempleo.
Así, el petitum de la proposición no de ley que nos traen a esta Comisión consta de dos apartados: por una parte, dotar de recursos para poner los medios necesarios para que los ciudadanos puedan tener un empleo o para que, en caso de tenerlo, se les dote de una protección social suficiente para tener una vida digna, y, por otra parte, la derogación del Real Decreto 20/2012. Con respecto a lo primero, al acuerdo firmado con el Partido Popular, incluye una extensa batería de medidas de impulso a la iniciativa emprendedora, al trabajo autónomo y a la economía social. Ayer mismo se aprobó la proposición de ley de reformas urgentes del trabajo autónomo de nuestro grupo parlamentario. También se incluyen medidas de empleo y lucha contra la precariedad, entre las que destacan el contrato de protección creciente, el contrato de formación para la cualificación profesional del trabajador, tanto en su régimen de alternancia de actividad laboral atribuida en empresas con actividad formativa como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente cursados -con lo que creo que también estarán de acuerdo-, la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, la orientación mediante un programa de perfilado estadístico, el establecimiento de desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva, en exceso, los despidos por contrato de duración determinada -con lo que creo que también estarán de acuerdo-, y la implantación de los cheques de formación para los desempleados de larga duración, con el fin de que ellos mismos puedan elegir directamente los cursos de formación para que se adapten a sus necesidades, y esto mismo lo defendimos en la Comisión anterior, poniendo de manifiesto que otros países que utilizan este sistema están teniendo unos beneficios muy altos, sobre todo en estos sectores de desempleados de larga duración. Y con respecto a la protección social, al punto 42 del acuerdo con el Partido Popular, se recoge -y cito literalmente-: evaluar en el marco del diálogo social y el debate parlamentario y ampliar el programa de activación para el empleo a fin de
aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción social en el mercado de trabajo, en lo que creo que también estarán ustedes de acuerdo. Este programa está dotado con 500 millones de euros para cada uno de los años de la legislatura. Como pueden ver, señorías, son medidas todas ellas trabajadas y cuantificadas.
Con respecto al segundo punto y como ya le había anunciado nuestro grupo parlamentario, pensamos que derogar para volver a lo que había antes tampoco es bueno, por lo que proponemos las medidas anteriormente mencionadas en materia de mercado laboral, y con tal fin les hemos planteado una enmienda de modificación, que espero que acepten -aunque lo veo ya un poco complicado-, ya que serían buenas para los ciudadanos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Desde el Grupo Socialista hemos denunciado en reiteradas ocasiones que la falta de empleo, la precariedad del mismo y la falta de cobertura por desempleo ha provocado que millones de familias en nuestro país se encuentren hoy en situación de pobreza y exclusión, a lo que el Gobierno sigue sin dar una respuesta satisfactoria. Hemos sufrido una crisis que ha resultado ser profunda y larga, lo que ha provocado que buena parte de nuestra sociedad se haya encontrado con una realidad que yo tacharía de trágica, porque, si ya es bastante dramático que cualquier persona se enfrente a la pérdida de su puesto de trabajo, lo es más aún cuando se somete a la multitud de recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular y se enfrenta además a una total desprotección por parte del Estado, que en su política de recortes dejó a millones de personas sin percibir renta alguna.
No voy a ahondar más en los datos expuestos -sobre todo, por el grupo proponente-, pero sí es verdad que en el año 2012, en plena crisis, con más de 4,5 millones de parados, el Gobierno anunciaba un recorte en la prestación por desempleo a partir del séptimo mes que pasaba del 60 % al 50 % sobre la base reguladora del salario y es cierto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo justificó como una medida para animar la búsqueda activa de empleo, como si los españoles, señorías, no estuvieran animados a buscar empleo en una situación de crisis. Además, coincido con la portavoz de Podemos en que esta afirmación con el tiempo se ha demostrado que es absolutamente hiriente y supone una falta total y absoluta de respeto a los millones de ciudadanos que siguen buscando empleo, y de forma muy activa, y que, lamentablemente, no lo consiguen. Porque cuatro años después seguimos teniendo unas cifras de parados muy similares a las del año 2009, pero, eso sí, con una tasa de cobertura muy inferior.
Aunque el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación expuesta en esta PNL, dada la evidencia de los recortes sufridos en la prestación por desempleo, entendemos que el alcance de la misma es, a todas luces, insuficiente. Es prioritario recuperar y mejorar la protección frente al desempleo, pero lo es especialmente para aquellos colectivos que están en mayor riesgo por su vulnerabilidad. Tenemos el deber de exigir al Gobierno la obligación de mantener y garantizar a las personas que se encuentran en situación de desempleo un sistema de prestación suficiente para tener una vida digna. Por ello, no nos podemos olvidar de aquellos que se han vuelto invisibles para un Gobierno autocomplaciente, a pesar de ser más de un millón entre esos más de 3,5 millones de parados. Y muestra de este colectivo son los mayores de 52 años, que, efectivamente, necesitan con carácter de urgencia que se reestablezca el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones existentes antes de la reforma de 2012 y 2013, en especial en lo referente al umbral de la renta, que se situará en el correspondiente exclusivamente a la persona beneficiaria -no a la unidad familiar-, a la cotización de la Seguridad Social, que será el 125 % de la base mínima, y a su duración, que se extenderá hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinario a la jubilación, salvo que optara por acceder a una edad inferior.
Y no nos podemos olvidar de otros colectivos vulnerables que también se han quedado en una situación muy desfavorecida por la política que, como ya hemos reiterado, ha aplicado el Partido Popular en estos años, máxime cuando la mayoría de ellos llevan más de un año buscando empleo y corren el riesgo de que esta situación se convierta en crónica. Son colectivos como el de mujeres que acreditan condición de víctima de violencia de género, los mayores de 45 años con responsabilidades familiares y las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 %. Y, desde luego, lo que para el Partido Socialista es vital, porque ha sido la postura que siempre ha defendido, y además hemos propiciado y
hemos construido en nuestro país, es el Estado de bienestar, que se ha quebrado en los ámbitos sanitarios. Desde luego, consideramos que las personas desempleadas no se pueden quedar fuera del sistema sanitario y, por supuesto, tenemos que pedir que se elimine el copago para ellas.
Y me gustaría decir al portavoz de Ciudadanos que, para que se produzca un cambio de verdad, se debe exigir con carácter inmediato la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, por los recortes que ha supuesto y porque es lo que nos ha traído precisamente a esta situación. Está muy bien hablar de contratación y está muy bien que Ciudadanos reivindique su acuerdo con el Partido Popular, pero, desde luego, las personas que están en situación de desempleo aspiran a algo más, aspiran a que el Gobierno les propicie una protección, y por eso estamos abordando hoy esta proposición no de ley, que el Grupo Socialista votará favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, fijo la posición de mi grupo, a la par que defiendo la enmienda -aunque ya ha sido anunciado que no va a ser aceptada por el grupo proponente- a una proposición no de ley extensa en su exposición de motivos y confusa en su petición, ya que su contenido dispositivo va mucho más allá del contenido de su preámbulo.
Dejo de lado su primera solicitud, de carácter general, absolutamente vacua, que aún no sé si esconde una defensa del gasto público como principal generador de empleo, solución que ya se ha demostrado inútil.
Su segundo petitum, en cambio, que sí tiene relación directa con los hechos que se exponen previamente y que hoy ha reiterado la portavoz del grupo proponente, podría ser compartido en parte por mi grupo, como luego expondré, toda vez que se realiza un análisis en el que podemos coincidir, aunque parcialmente. Manifiesta el grupo proponente que la cobertura de las personas sin trabajo cae por varios factores: el primero de ellos, la enorme duración e intensidad de la recesión -estamos de acuerdo, además es el principal-; el segundo, el aumento de parados de larga duración que agotan la prestación -también de acuerdo y va muy ligado al anterior-; el tercero, la precariedad extrema de los nuevos empleos, que no alcanzan periodos de cotización suficientes para generar prestación -este ya sería discutible, pero no entraré en él-; y el cuarto, los recortes aplicados por el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2012. Eso es un error: las medidas de esa norma no inciden, prácticamente, en las condiciones de acceso o permanencia en el percibo de esas prestaciones; su cuantía sí, y estoy de acuerdo con ustedes, como posteriormente pondré de manifiesto.
Pero, a continuación, ustedes niegan que el hecho de que haya menos parados no influye en la bajada de prestaciones. Textualmente, dicen que es mentira, aunque luego se contradicen a sí mismos cuando manifiestan que la tasa de cobertura es un cociente entre los que cobran prestaciones y el total de personas paradas con derecho a acceder a las mismas. En toda división cambia el resultado tanto si cambia el numerador, como el denominador, que es el caso. Pretender lo contrario es poco riguroso, aparte de incorrecto.
Quisiera hacer una apreciación tanto a la portavoz del grupo proponente, como a la portavoz del Grupo Socialista, y es que cuando más bajó la tasa de cobertura en nuestro país fue en el año 2011; no gobernaba el PP, gobernaban ustedes, los socialistas. Y cuando más bajó la tasa de cobertura gobernando el PP fue en el año 2012: no estaba en vigor el real decreto-ley al que ustedes hacen referencia. De los 11.000.000 millones que dicen que ha bajado el gasto en prestaciones ya se ha cuantificado cuánto puede ser debido a la puesta en marcha de ese Real Decreto-ley, algo más de 3.00.000 millones, y 8.000.000 se deben a las otras condiciones, a las que ustedes han hecho referencia pero no tienen en cuenta a la hora de llegar a las conclusiones.
Permítanme decirles -y se lo digo con todo el cariño parlamentario- que piensan ustedes bien pero acaban mal su reflexión, llegan a conclusiones que más les interesan, su verdad no les permite ver la realidad y niegan todo aquello que no tenga cabida en el discurso que han construido previamente. Deberían tener una mayor amplitud de miras, creo yo. El Real Decreto-ley 20/2012, del que hoy piden su derogación, tenía dos objetivos fundamentales: garantizar la estabilidad presupuestaria y, al mismo tiempo, fomentar la competitividad de nuestra economía, que por aquel entonces -¿recuerdan ustedes, señorías, estuvieran o no en este Parlmento?- no paraba de decrecer: 1.500 personas se iban al paro
cada día y teníamos un déficit desbocado. ¿Qué hubiera pasado de no adoptarse las medidas, entre otras, contenidas en este Real Decreto-ley? Hubiéramos continuado igual o peor que estábamos. ¿Más recesión? Ustedes así la denominan y, si me lo permiten, yo también me apropiaré de esa denominación. ¿La gran recesión? ¿Más paro? ¿Quiebra de nuestra sociedad del bienestar? Casi con total seguridad, rescate de nuestra economía por parte -en sus propios términos- de lo que denominan la troika, como así es, lo que hubiera supuesto mayores ajustes de los que se contenían en ese Real Decreto-ley.
Pero el resultado, señorías, ha sido otro, hoy lo sabemos. Se pidieron esfuerzos y sacrificios a la sociedad española y esta respondió admirablemente. Y eso, junto a lo acertado de las medidas adoptadas, ha traído consigo que hoy seamos la economía que más crece en la zona euro, que hayamos reducido considerablemente nuestro déficit y que hayamos recuperado uno de cada dos empleos que se perdieron con la crisis. Con las mismas estadísticas que ustedes utilizan -por cierto, no hay otras-, algo se habrá hecho bien cuando en diciembre de 2012 había 4.848.723 parados registrados en nuestro país y hoy son 3.764.982, es decir, por encima de un millón menos. Señorías, aunque algunos de ustedes no lo crean, hay ocasiones en las que el adversario político toma decisiones acertadas que tienen consecuencias positivas para el conjunto de la sociedad. Pero este no es un discurso triunfalista, no quiero que se tergiversen mis palabras. ¿Van mejor las cosas? Sí, pero mucha gente lo ha pasado mal durante la crisis y lo sigue pasando mal hoy, y a paliar esa situación debemos dirigir nuestros esfuerzos.
Por eso, en la cuestión de fondo -acabo ya, señor presidente- coincidimos con el grupo proponente. Es una pena que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Hoy podemos y, por tanto, debemos mejorar las prestaciones por desempleo y, en especial, de aquellos que más se han visto afectados por la crisis, los parados de larga duración. Si en el pasado hubo que adoptar medidas que eran necesarias para reforzar la viabilidad del sistema de protección por desempleo, hoy, gracias a sus resultados, podemos mejorarlo. Sin duda, las mejoras del presente tienen su base en las reformas del pasado.
Por eso, hemos propuesto una enmienda en ese sentido, que además pretende que seamos respetuosos con el proceso de diálogo social abierto recientemente entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales con los que esta materia va a ser objeto de tratamiento. Creo que sí, señoría, portavoz del grupo proponente, esta enmienda aporta, aporta respeto al diálogo social. Una mínima prudencia política nos aconseja esperar a la conclusión de dicho diálogo, sin menoscabo, siempre libremente, de que podamos soportar lo que aquí se pueda acordar. De no aprobarse, tal como ha dicho la portavoz del grupo proponente, nuestro voto será en contra.
Corresponde el turno a los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.
Quiero anunciar el voto favorable de este diputado a esta iniciativa. Compartimos la propuesta de fondo, con las enmiendas que se van a incorporar del Grupo Socialista, que ha defendido la portavoz del Grupo de Unidos Podemos. Sin embargo, no podemos compartir el relato que ha construido la portavoz del grupo proponente, aunque sí la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que efectivamente el sistema de protección al desempleo necesita dar respuesta al problema del paro de larga duración de manera singular y debe revertirse algunos de los recortes que en la pasada legislatura se introdujeron.
Para argumentar esta posición favorable a esta iniciativa, manifestaré algunas ideas. En primer lugar, hay que poner en valor -y creo que esa es una cuestión que compartimos todos los grupos parlamentarios- la trascendencia del sistema de protección al desempleo, la importancia que ha tenido este sistema durante los años más duros de la crisis y el papel que este ha jugado. Efectivamente, durante los peores años de la crisis llegó a doblarse el gasto en prestación por desempleo, llegando hasta casi 30.000 millones de euros. Parte del problema de déficit que tiene el presupuesto del Estado tiene que ver, entre otras cuestiones, con el hacer frente a las consecuencias del desempleo a través de la prestación por desempleo. Por tanto, hay que destacar la importancia del servicio de prestación por desempleo. En segundo lugar, el sistema no ha podido resistir una crisis tan larga y tan dura en el tiempo. Nuestro sistema de protección al desempleo es un sistema pensado y diseñado para crisis relativamente cortas. Frente a una crisis de siete u ocho años, el sistema ha reventado por todos los lados. Esto tiene una derivada: la presión hacia los servicios sociales de los ayuntamientos y la presión hacia las rentas mínimas autonómicas para asumir las consecuencias de la ruptura del sistema de protección por desempleo.
Difícilmente, con excepción del País Vasco y Navarra, se les puede pedir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que hagan frente al desempleo de larga duración. Es cierto que ha habido recortes y que fue especialmente erróneo y sangrante el recorte de la prestación por desempleo a los mayores de cincuenta y dos años, en un mercado de trabajo donde se castiga duramente a los desempleados de mayor edad. Sabemos que a un desempleado mayor de cincuenta años, si además tiene cualificaciones poco adecuadas a los tiempos, le va a ser muy difícil volver a encontrar empleo. Por tanto, esa situación de desempleo junto con una menor protección le lleva inevitablemente a una pensión por jubilación baja, a pesar de tener una larga vida laboral. Y eso exige un cambio.
Termino, señor presidente. No es bueno que contrapongamos políticas activas y políticas pasivas de empleo. Necesitamos una mejor cobertura de la prestación por desempleo, especialmente el desempleo de larga duración. De ahí, que la propuesta de los sindicatos que vamos a debatir sea importante, pero necesitamos mejores políticas activas de empleo, incluyendo la colaboración público-privada, que ya tendremos ocasión de discutir en otros tiempos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Vamos a votar a favor de esta iniciativa porque realmente es una muy buena iniciativa. Esta propuesta insta básicamente a dos cosas: en primer lugar, insta al Gobierno a garantizar una prestación social suficiente para tener una vida digna en caso de que no tenga ocupación, y en segundo lugar, plantea derogar el Real Decreto-ley 20/2012. Pensamos que la palabra adecuada es derogar, porque derogar -aunque los compañeros del Grupo Ciudadanos no lo entiendan- es recuperar derechos. Y a partir de recuperar derechos, podemos negociar otra vez si quieren, pero primero vamos a derogar y a recuperar esos derechos perdidos.
Es una buena iniciativa, pero al mismo tiempo quizá se podría haber ido más allá, aunque también ha explicado muy bien la diputada el porqué no iba más allá. Además, no hay invasión de competencias. Por todo ello, votaremos a favor de la iniciativa.
- SOBRE GARANTÍA JUVENIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000595).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 6.º del orden del día: proposición no de ley sobre garantía juvenil, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, por un tiempo no superior a siete minutos, la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Muchas gracias, presidente.
Como comentábamos en el punto anterior, el pasado mes de febrero aprobamos una proposición que contó con el apoyo mayoritario de esta Comisión a favor de los jóvenes, pero en vista de que la situación del programa y de los jóvenes lejos de mejorar ha empeorado, queremos presentar esta PNL porque todavía va un poco más allá, es más completa y también más concreta. Decía que la situación está peor porque hace unas semanas se publicaba por parte de la Comisión Europea el informe sobre la garantía juvenil en España en el año 2016, demostrando que la iniciativa europea de garantía juvenil no ha logrado ningún éxito ni ninguna mejora en la empleabilidad de los jóvenes españoles. Este informe indica, sobre todo, lo que no debe ser un programa de garantía juvenil, que por desgracia es lo que estamos sufriendo en este país.
Me gustaría indicar varios detalles de este informe. Por ejemplo, solamente están inscritos en el programa el 20 % de los usuarios potenciales. Se aprecia de manera preocupante los cambios legislativos que acomete el Gobierno, con el fin de promover la contratación, pero que en muchos casos suponen la precarización del empleo juvenil. No existe ningún control sobre la formación en muchos de los contratos que la incluyen. Han excluido a los agentes sociales de su elaboración y evaluación. Lo repito: es fundamental que se convoque a los grupos, a los consejos, a las comisiones y demás órganos de evaluación y seguimiento contemplados en la estrategia de emprendimiento y en el propio programa. No lo ha hecho tampoco el grupo de trabajo en el que se integran los interlocutores sociales dos años después
de la puesta en marcha del programa. ¿Cómo vamos a saber, si el grupo no se convoca, si las acciones que se desarrollan son las idóneas o no lo son? Eso es lo que sucede, que no tenemos ni idea. No sabemos si esto funciona o no. Han obviado también toda medida preventiva que permita actuar con rapidez en caso de detección de problemas. Ocho de cada diez acciones afectan a la bonificación del contrato. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno con este programa? Bonificando la contratación de jóvenes que iban a ser empleados igualmente debido a su formación y características, mientras que en otros casos se sustituye a una persona por otra. No existe tampoco un análisis de la formación y mucho menos son conscientes de que los jóvenes están mucho más cualificados de lo necesario para los pocos empleos que se están ofreciendo desde este programa.
Hay algo más preocupante, que ya es el colmo: mientras otros países con un nivel de paro juvenil inferior al español han pedido fondos adicionales para ampliar su acción, España todavía no ha gastado su asignación inicial. Es el único país que no lo ha hecho, teniendo -como he dicho- la tasa de paro más alta de toda Europa. Para que ocurran estos hechos tenemos múltiples motivos de consideración: desgana, despreocupación, olvido. Pero aún hay más motivos: falta de difusión, dificultad en el proceso de instrucción, falta de transparencia y ausencia de datos que permitan -como les decía- realizar una evaluación en tiempo real y también que el partido en el Gobierno solo se ha preocupado del número de jóvenes inscritos en un sistema sin prestar atención a qué pasa realmente con ellos.
La ministra de Empleo solo habla del número de inscritos. ¿Y qué más? Habla de inscritos y bonificaciones en porcentajes. ¿Pero qué más? Esto no es el programa de garantía juvenil. ¿Cuándo van a empezar a trabajar con los usuarios desde este programa? Para el Gobierno del Partido Popular es un éxito interpretar una estadística, pero no tienen respuesta a las necesidades de la juventud española; una juventud que no necesita que se gasten todos estos fondos europeos en la creación de una web a espaldas de los servicios públicos de empleo. Como les dije y les vuelvo a repetir: es una estrategia para trampear y reducir los datos de paro con la creación de un registro paralelo y opaco.
Pero si creían que esto no podía ir peor, se equivocan. Estamos además en serio peligro de tener que devolver una parte del dinero a la Unión Europea por no cumplir con los objetivos del programa. Díganme ustedes en qué se parece esto al mundo de Oz, al que hacía referencia la representante del Grupo Popular. Por eso, porque creemos que los jóvenes de este país -que tienen 46,5 puntos de paro- se merecen la oportunidad que al Gobierno le han servido en bandeja desde la Unión Europea y que a día de hoy siguen desperdiciando, mi grupo presenta esta proposición -como les decía- un poquito más completa para redefinir criterios y mecanismos, para integrar este programa dentro del Sistema Nacional Público de Empleo, para destinar los fondos necesarios a gestionar por las comunidades autónomas, para contemplar una atención específica también a jóvenes con diversidad funcional y para poner en marcha una intensa campaña de información en los próximos meses.
Señores del Partido Popular, quiero hacerles una última petición: salgan de ese mundo de Oz, tómenselo en serio porque el paro juvenil no es inevitable.
Ahora tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos cada uno. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Campuzano.
Compartimos la preocupación de fondo que expresa la iniciativa del Grupo Socialista, tenemos la sensación de que existe el riesgo real de que el Estado español no aproveche bien los recursos de la garantía juvenil. La garantía juvenil no tan solo debía de haber servido para bonificar o subvencionar la creación de empleo para jóvenes, sino para introducir aquella reformas estructurales necesarias, para facilitar la transición de la escuela al mercado de trabajo de los jóvenes y para facilitar que aquellos jóvenes que han abandonado el sistema educativo puedan retornar a él. Ese es el origen de la garantía juvenil y aquello que inspira la garantía juvenil en los países escandinavos. Eso exigía poner en marcha políticas más de fondo que las que recoge la garantía juvenil, porque es evidente que si estos recursos no sirven para poner en marcha esas fórmulas de transición de las escuela al mercado de trabajo y de segundas oportunidades, dentro de unos años vamos a tener los mismos problemas de desempleo juvenil que hemos padecido de manera histórica. En segundo lugar, buena parte del fracaso de la garantía juvenil tiene que ver con el sistema de inscripción. Los Gobiernos autonómicos, como el Gobierno de la Generalitat,
ha tenido que inventarse sistemas para hacer llegar a los jóvenes la información para inscribirse en ese registro. Ha sido un error la creación de ese sistema descentralizado.
Finalmente, va a ser muy inquietante no tan solo que el Estado español no pueda aprovechar el cien por cien de estos recursos, vista nuestra tasa de desempleo juvenil, sino que además del Estado español no pueda beneficiarse del incremento de recursos que la Unión Europea ha anunciado en esta materia. España es uno de los Estados líderes en desempleo de los jóvenes y debe reclamar esos recursos extras que hay para que puedan llegar.
En este sentido, nuestras enmiendas van en dos líneas. Por un lado, pretendemos garantizar que los sistemas que han debido desarrollar las comunidades autónomas para facilitar la inserción de los jóvenes puedan continuar en marcha. El riesgo y la voluntad recentralizadora en este programa han sido muy evidentes y ahí hemos tenido discusiones en los últimos años con el Gobierno del Partido Popular. Por otro lado, si queremos de verdad que los recursos de la garantía juvenil sirvan para resolver los cuellos de botella que explican los problemas y nuestra realidad del desempleo juvenil, necesitamos que esos recursos sean gestionados por las comunidades autónomas. No tiene sentido que la garantía juvenil dedique más de la mitad de sus recursos a la bonificación del empleo para los jóvenes.
En esta misma Comisión en la IX Legislatura todos los grupos, incluido el Grupo Popular, aprobamos que la política de bonificaciones no era una política útil como política de empleo y que las debilidades de las políticas activas del Estado español estaban en que gastábamos mucho en bonificaciones y muy poco en orientación laboral, en inserción laboral, en buena formación, en segundas oportunidades. Por el contrario, estamos desaprovechando estos recursos europeos para promover esas políticas; va a ser una pena que vamos a lamentar durante mucho tiempo. Yo tan solo espero que el Grupo Socialista valore nuestras enmiendas.
Ahora que ha llegado el señor Echániz, señor presidente, visto el entusiasmo que el señor Echániz tiene en materia de desempleo juvenil con relación a nuestra propuesta de una subcomisión, estoy seguro de que próximamente podremos recuperar esa iniciativa con su complicidad y volver a trabajar a fondo en esta materia.
Señorías, esta proposición que nos trae el Grupo Socialista va en línea con la que antes ha presentado el Grupo Mixto respecto a la garantía juvenil. No vamos otra vez a describir cuál es la situación del plan y el total fracaso que ha supuesto. A nosotros nos preocupa, sobre todo, porque en una situación de déficit como la que tenemos actualmente en las arcas públicas en políticas activas de empleo, cuando se está criticando a la Unión Europea como elemento supranacional diciendo que tiene un cierto alejamiento de los problemas de la gente, es increíble y no entendemos cómo podemos desaprovechar esos recursos porque son totalmente necesarios y beneficiosos para la juventud y para el empleo de nuestro jóvenes. Decía la proponente que dos de cada diez jóvenes -un 20 %- han aprovechado este plan; los datos que tenemos nosotros es que solo ha sido un 10 % los que se han podido aprovechar.
Desde luego, nosotros vamos a apoyar la proposición, como no puede ser de otra forma. Nosotros la hemos enmendado solo con una enmienda de carácter técnico porque entendemos que limitar ese porcentaje o ese reparto de fondos a un 50 % no sería entendible. Tenemos un elemento que es el Estado de las autonomías y una organización territorial que se enmarca dentro de ese Estado. Por tanto, no entendemos que se pueda limitar el reparto a un 50 %, cuando a lo mejor hay autonomías a las que se tiene que repartir un 60 % o a otras un 40 %. Sería más normal hablar de los fondos necesarios, ya que hay comunidades autónomas como la canaria que tiene un 60 % de desempleo juvenil, mientras que otras tienen ratios muchísimos más bajos. Por tanto, el único espíritu de nuestra enmienda es el de mejora técnica y pretendemos que sea aceptada por el grupo proponente. Desde luego, nosotros votaremos a favor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Muchas gracias.
Yo creo que no es ninguna sorpresa que a día de hoy la situación de miles y miles de jóvenes en nuestro país sigue siendo exactamente igual de desastrosa; no hay esperanza alguna y lo peor es que no hay ninguna expectativa de mejora. El fracaso manifiesto de esta iniciativa europea es una de las últimas veces en las que veremos esto. No hay ninguna intención y todas las acciones que han ido alrededor han sido también un desastre. Ustedes saben que la propuesta de la garantía juvenil nacía a la luz de los agentes sociales, al igual que también del Youth Forum y de muchos otros países en los que ya se había estado aplicando una cuestión parecida. Ustedes pervirtieron absolutamente el concepto de la garantía juvenil, convirtiéndola en una fiesta de bonificaciones, a pesar de que una y otra vez hemos dicho, tanto agentes sociales como muchos de los presentes, que son un gasto estúpido, un peso muerto y una política insuficiente e ineficiente, pero siguen insistiendo también en las bonificaciones en la garantía juvenil. Es un caso de irresponsabilidad política espectacular, no solo por acción sino también por omisión. La posibilidad de que nos veamos, en este caso, con la situación de tener que devolver parte del presupuesto sería auténticamente kafkiano.
Me habrán oído decir en más de una ocasión que en política el amor se demuestra vía presupuestos. Pues bien, en este caso no solo es vía presupuestos sino también vía acción. Este Gobierno suspende tanto en vía presupuestos como en vía acción hacia nuestros jóvenes y hacia el mercado de trabajo, porque no solo no aplican el presupuesto, en este caso previsto y que tendríamos encima de la mesa, sino que además ni siquiera se dedican a poder hacer acciones y medidas políticas que son más que demandadas en nuestro mercado de trabajo. A nosotros nos preocupa el empleo juvenil, aunque es un concepto que a mí me cuesta porque el empleo no es ni joven ni adulto, el empleo es empleo. Nos preocupa a día de hoy que nuestros jóvenes no tengan trabajo, pero no por un elemento de futuro con estas frases tan paternalistas a las que algunos nos tienen acostumbrados que dicen que los jóvenes somos el futuro y no sé cuantas historias más, sino porque a los jóvenes les gustaría poder trabajar a día de hoy.
Uno de los elementos en los que la garantía juvenil fracasa más manifiestamente es precisamente en el hecho de no dirigirse a la creación de empleo y, por supuesto, al empleo decente; uno de los grandes desaparecidos en el programa es el concepto de la calidad y la decencia en el empleo. Nosotros hemos presentado tres enmiendas que esperamos que el Partido Socialista vea bien alrededor de los recursos, de la acción y también, en este caso, del exilio forzoso al que miles de jóvenes se ven abocados en nuestro país, aunque también les anunciamos que presentaremos una proposición al respecto, pues entendemos que la situación a la que a día de hoy se ven abocados miles de personas jóvenes en nuestro país bien se merecen nuestra atención y nuestra propuesta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Romero.
Volvemos a debatir otra iniciativa, en este caso del Grupo Socialista, sobre la garantía juvenil. Efectivamente, muchos de los argumentos se habían dado en el anterior debate en la proposición que presentaba Coalición Canaria desde el Grupo Mixto.
Desde luego, es un tema importante y me alegro de que volvamos a tener este debate. Pero cuando escuchaba decir a la diputada del Grupo Socialista que después de mi intervención no tenía muy claro si ella vivía que en un país diferente al mío, o algo así venía a decir, yo le quiero recordar y me gustaría incluso preguntarle que en qué país vivía ella en 2011 cuando entonces había casi un 60 % de paro juvenil. Mientras año tras año en el Gobierno del Partido Socialista se destruía empleo y la sangría era más que bochornosa para todos, yo le pregunto a la diputada del Partido Socialista que qué hacía en ese momento, dónde preguntaba y qué medidas estaba tomando para que esa situación llegara a ser tan grave. Por tanto, menos lecciones, porque la historia y los balances de lo que ha pasado en estos últimos años están ahí. Esa es la realidad con la que se encontró el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en 2011. Por tanto, no podemos pensar y hacer el análisis de estos programas y de lo que está pasando, sin tener en cuenta de dónde venimos y en qué situación vivía España en 2011, hace poco menos de cinco años.
Yo quiero poner en valor lo que ha significado que España pueda tener este programa de garantía juvenil y que se consiguieran fondos de cuantía tan elevada y tan importante como nunca antes se había conseguido. Del total de los 6.000 millones de euros para toda Europa, más de un tercio de los fondos se consiguió que vinieran para España. La garantía juvenil es una reforma estructural para mejorar la
transición de la formación inicial al empleo y también es una medida para facilitar que los jóvenes encuentren puestos de trabajo de forma inmediata.
En el mes de octubre la Comisión Europea enviaba un comunicado valorando la aplicación de este programa y lo valoraba de forma muy positiva. Decía la Comisión Europea que destacaba los principales logros de la garantía juvenil y de la iniciativa de empleo juvenil y lo que había supuesto para toda Europa que era más que positivo. Desde que se aprobó en concreto en Europa hay 1.400.000 jóvenes desempleados menos en toda la Unión Europea y el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido en 900.000 personas. Por tanto, no podemos hacer ese discurso catastrofista, que está muy alejado de la realidad de lo que está suponiendo un programa que efectivamente se demuestra que está consiguiendo logros importantes. Ahora se trata de seguir avanzando en esta línea.
Por supuesto que hay que aportar mejoras, claro que sí. Yo no quiero volver a repetir, pero es inevitable, que las medidas complementarias que ha adoptado el Gobierno de España de bonificaciones a la contratación indefinida y a los contratos de formación, en relación con personas inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil, todo ello está siendo más que productivo. Además, el Servicio Público de Empleo español también puso en marcha una convocatoria de propuestas con un presupuesto total de casi 42 millones de euros para actividades de perfeccionamiento profesional y formación en el ámbito de las TIC. El modelo de registro telemático de los jóvenes, con más de 364.000 inscritos, es una verdadera potencialidad del sistema y también está muy bien valorado por las instituciones europeas.
En un sistema descentralizado como el nuestro, no tener una sistematización telemática de la inscripción imposibilitaría, como he dicho antes, realizar las labores de seguimiento y de evaluación. Por eso era importante que se hiciera de forma telemática. También para las personas en riesgo de exclusión social existen otros mecanismos complementarios para que se puedan inscribir fundamentalmente a través de los servicios y oficinas de registro de la Administración General del Estado, también de las comunidades autónomas y otras entidades de la Administración. Además, desde el Gobierno se realizan las labores de coordinación, pero las comunidades autónomas tienen capacidad también para implantar en el ámbito de sus competencias mecanismos específicos para mejorar la inscripción.
Por tanto, aunque no podamos darnos por satisfechos -vuelvo a repetir- sí que somos conscientes de que las medidas que se han contenido en estos programas han beneficiado que haya más de 364.000 jóvenes inscritos y que las políticas del Gobierno del Partido Popular, que ha sido priorizar la creación de empleo para todos y especialmente para los jóvenes, están arrojando resultados positivos. En los últimos tres años la tasa de desempleo juvenil se ha reducido en más de diez puntos. Hoy seis de cada diez jóvenes que abandona el desempleo en la zona euro lo hacen en España y la contratación indefinida de los menores de veinticinco años se ha incrementado en un 30 % con respecto a 2011. Esa es la realidad.
De todas formas, nosotros hemos presentado una enmienda porque queremos avanzar y nos gustaría poder llegar a un acuerdo a través de esta. En nuestra enmienda planteamos que hay que redefinir mejor todavía los criterios y mecanismos de inscripción, que hay que mejorar la publicidad para llegar a todos los jóvenes que puedan participar y que, por supuesto, también habría que hablar en el seno del comité de seguimiento del programa en una conferencia sectorial para mejorar en lo que se pueda, siempre y cuando se respeten los reglamentos europeos y el reparto de los fondos importantísimos que consiguió el Gobierno del Partido Popular. También hay un compromiso de la Comisión, que fue anunciado el mes pasado, de ampliar fondos y uno de los beneficiados sería España. (Aplausos).
Para anunciar el sentido de voto sobre las enmiendas, señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: La herencia y la autoherencia. Yo recuerdo que hace unos meses cuando debatimos este tema aquí el paro juvenil era el 44 %, ocho meses después y 60 millones de euros de inversión europea tenemos el 46,5 %. Son datos del último trimestre de la encuesta de población activa. Me sorprende que en la intervención de la portavoz del Grupo Popular cuando se refiere a datos...
El señor PRESIDENTE: Señora Peña, tiene que posicionarse sobre las enmiendas.
La señora PEÑA CAMARERO: Es para decírselo.
El señor PRESIDENTE: No, se lo dice al terminar.
La señora PEÑA CAMARERO: ¿Al final?
El señor PRESIDENTE: Al terminar, se toman un café y se lo comenta.
La señora PEÑA CAMARERO: Viendo que ella se refiere a datos de inserción cuando hablo de Europa y a datos de inscripción cuando habla de España, hace que no podamos aceptar su enmienda. Hay un dato fundamental y es que la inscripción tiene que ser a través de los servicios públicos de empleo y de los servicios públicos de las comunidades autónomas. Por eso, mi grupo no compartiría esas dos primeras enmiendas. El resto de las enmiendas del Grupo de Unidos Podemos, del Grupo Ciudadanos y del Partit Demòcrata Europeu Català -aunque tengo que comentarle una puntualización al señor Campuzano- las aceptaríamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Camps Devesa, ocupa la Presidencia).
- RELATIVA A IMPULSAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000871).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): A continuación, cuando el señor presidente tome asiento en el lugar que le corresponde para intervenir en el siguiente debate, debatiremos la proposición no de ley relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Habida cuenta de que el Grupo Popular que ha presentado la misma, a su vez, también ha presentado la enmienda número 1 con un texto alternativo, se considera que ese es el texto que se somete a debate.
Al no haberse presentado más enmiendas a esta proposición no de ley se pasa directamente a la intervención de los demás grupos parlamentarios, después de la palabra que va a tener el grupo proponente. Por el Grupo Popular, que es el grupo proponente, tiene la palabra el señor Echániz.
Señorías, fruto del acuerdo del Grupo Parlamentario Popular con el Grupo de Ciudadanos a lo largo de esta semana hemos presentado una proposición no de ley y hemos debatido la creación de una subcomisión en el ámbito de autónomos que tienen una enorme relevancia desde el punto de vista del empleo y del impulso a la economía.
El Grupo Parlamentario Popular registró y calificó en su día una proposición no de ley para esta Comisión que coincidió en el texto, como no podía ser de otra manera, con la presentada por el Grupo Ciudadanos puesto que era el literal del acuerdo suscrito por las dos formaciones políticas. El orden del día de la Comisión anterior incorporó la iniciativa de Ciudadanos y, por tanto, se debatió ya en su momento y quedó aprobada. Por tanto, no se trataba de repetir el mismo debate, a pesar de estar en el orden del día de hoy. Esto ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a registrar una autoenmienda para aprovechar la ocasión e instar al Gobierno a algo que nos parece muy importante en este momento y que es colateral y adicional, complementario, a lo que están haciendo tanto en la proposición como la ley como en el tema de la subcomisión. Nuestra iniciativa propone estudiar medidas para ampliar la disponibilidad de fuentes de financiación para el emprendimiento alternativas a las bancarias, con el objeto de que en el ámbito de los autónomos se pueda permitir a los negocios tener en cada momento una financiación adecuada a sus necesidades. Antes en la primera intervención se ponía de manifiesto que en año 2011 cayó la inversión crediticia en el ámbito de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en un 40 %. A lo largo de esta legislatura ha ido incrementándose y en 2015 ya había subido hasta un 27 %. Por tanto, ese gap desde el menos 40 % hasta el más 27 % es un abanico de mejora en la capacidad crediticia de las empresas y los autónomos españoles muy importantes.
En los últimos años también puse de manifiesto que una de las iniciativas esenciales del Gobierno ha sido la restructuración del crédito y el impulso a la financiación alternativa de los autónomos. Para ello se pusieron en marcha medidas para evitar el excesivo endeudamiento de las empresas que fueran viables. Por eso, se modificó la Ley concursal y se potenció las alternativas preconcursales; se potenciaron también los mecanismos de desapalancamiento y los convenios de acreedores; se puso en marcha la Ley de segunda oportunidad que creaba un procedimiento de exoneración de deudas y la posibilidad de volver a empezar, porque hasta ahora cualquier proyecto fallido suponía perderlo todo y la expulsión de los circuitos legales; y además se puso en marcha la financiación alternativa de instrumentos como la línea
ICO, que solo en 2014 supuso más de 22.000 millones de euros, en 2013 subió un 53 % y en el año 2012 hasta un 148 %. Por lo tanto, todos estos instrumentos, junto con la Ley de fomento de la financiación empresarial, el capital riesgo, el capital semilla, los business angels, fueron contemplando una ampliación del ámbito financiero de las pequeñas y medianas empresas españolas y de los autónomos. Se ha hecho mucho en esta materia, pero considerábamos que era un momento oportuno para avanzar en esta situación. No en vano, entre los años 2009 y 2013 se produjo una acusadísima reducción del crédito, acompañado además de un incremento de su coste que amenazó y asfixió realmente a muchas empresas que siendo viables económicamente, se vieron estranguladas financieramente. Tenemos que recordar que entre 2007 y 2011, solamente en esos cuatro años, se cerraron en España 177.000 empresas y, por tanto, aumentó el desempleo en más de 3.500.000 personas. En el año 2011 el sistema financiero español estaba al borde de la quiebra, ni siquiera la inyección del Gobierno socialista de 30.000 millones de euros en su última etapa, sirvió para reestructurarlo. A partir de junio de 2012, se procedió a reestructurar este sistema, al mismo tiempo que desde Europa se avanzó hacia la unión bancaria europea. Y el resultado de todo ello fue que el crédito a las familias y a las empresas ha empezado a fluir después de varios años de sequía crediticia. En el año 2015 el crédito nuevo a familias y empresas ha crecido a un ritmo del 12 % por primera vez en cinco años. Se ha potenciado el desarrollo de los mercados de capitales a través de la modernización, la eficacia y eficiencia de sus infraestructuras y el fomento del ahorro a largo plazo y el previsional. Y la Ley de fomento de la financiación empresarial ha favorecido el desarrollo de mecanismos, no bancarios en este caso, como el capital riesgo, el capital semilla, los business angels, eximiendo siempre de tributación las ampliaciones de capital derivadas de estas inversiones. En definitiva, señorías, se ha avanzado en la creación de un mercado de capitales más eficiente. Se ha generado el mercado alternativo bursátil, que mejora el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca y los establecimientos de crédito adaptados a la regulación de las titulaciones, mejorando también el régimen de emisión de obligaciones y la regulación del capital riesgo.
En consecuencia, señorías, se han hecho muchas cosas en el ámbito de las microfinanzas, el crowdfunding de donación, el crowdfunding de recompensa, el crowdequity o también crowdlending de capital o crowdfunding de préstamo; en definitiva, una batería muy importante de alternativas a la financiación por parte de los bancos de las necesidades de los emprendedores en nuestro país. Hay dos instrumentos adicionales que están siendo enormemente interesantes para financiar a las pymes, precisamente alternativas al crowdlending, que son el MAB y el MARF, uno es el Mercado Alternativo Bursátil y otro el Mercado Alternativo de Renta Fija como fuentes complementarias, que necesitan evidentemente de un enorme control y transparencia, pero que están siendo enormemente interesantes para empresas en expansión, para empresas con un componente innovador, por su menor coste y porque, en definitiva, es un paso intermedio para poder saltar en su día al mercado continuo, a la Bolsa oficial.
Por tanto, seguir las pautas de otros países como el AIM en Reino Unido, el Neuer Markt de la República Federal Alemana, el Nouveau Marché de la República Francesa o Alternext, de la Bolsa de Nueva York puesto en marcha en Francia, son sin duda líneas de trabajo en las que el Reino de España también está perseverando y pueden ayudar a los emprendedores en nuestro país de cara al futuro. Señorías, se trata de poner en el mercado ofertas interesantes en un momento en el que la banca está sometida a tipos de interés muy bajos como consecuencia de la intervención del Banco Central Europeo, y que marcan un camino que otros países han recorrido. No en vano, economías como la americana tienen un 70 % de su financiación en base a la emisión de bonos corporativos, y no en la banca que representa solamente un 30 %. Por lo tanto, tenemos un camino que recorrer muy importante. España ya ha multiplicado por cinco en los últimos años la utilización de estos instrumentos. Creemos que esa es la línea de trabajo, una línea complementaria al crédito de la banca, pero que puede ser extraordinariamente importante para los autónomos y los emprendedores de nuestro país.
Por tanto, señorías, queríamos aprovechar esta iniciativa para impulsar un nuevo trabajo en esta Cámara y en el Gobierno, analizando las oportunidades y potencialidades de estos sistemas con el objeto de poner a disposición de los autónomos instrumentos reforzados que mejoren su capacidad de financiación, la viabilidad de sus proyectos y, por tanto, su contribución a la economía, al bienestar y a las prestaciones de todo tipo que derivan de los regímenes ligados con los ámbitos de prestación social de los trabajadores por cuenta propia, de los emprendedores, de los empresarios, de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Ahora sí empieza el turno de portavoces. No veo a los representantes del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ni del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, el señor Del Campo.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Popular que en este último momento haya cambiado el objeto de la proposición no de ley. Nos parecía un sinsentido que trajesen una proposición no de ley que instase al cumplimiento del acuerdo número 31 de las medidas acordadas con Ciudadanos, ya que esto se debatió hace dos días y hemos estado hablando de ello al principio de la Comisión. Es una nueva forma de verlo porque es verdad que tenemos un problema de financiación. Por lo tanto, votaremos sí a todo lo que sea fomentar el acceso a la financiación y mejorar la vida de los trabajadores autónomos.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En María, tiene la palabra el señor Montero. (Risas). Perdón, En Marea.
El señor MONTERO SOLER: Sin pecado concebida. (Risas).
Como soy nuevo, no tengo pudor en decir que soy nuevo y no sé si esto es una práctica parlamentaria habitual, es decir, que se presente una PNL, la noche antes se presente una enmienda que altera completamente su sentido, y ahora estemos aquí hablando de otra cosa completamente distinta a la que uno trae preparada de casa. Tampoco había mucha preparación porque era volver sobre un tema del que ya habíamos hablado en la anterior Comisión y en el último Pleno. No compartimos el diagnóstico en aquel momento e hicimos alguna referencia a la necesidad de hablar de la financiación. Y sí, estamos contentos de que se hable de la financiación, pero no con este método que no te permite hacer nada más que una intervención improvisada. Además, como el sentido de la enmienda también es genérico en torno a mejorar las condiciones de financiación, pues nos parece muy bien, pero no podemos estar a favor del método, y tampoco estamos a favor ni en contra de una propuesta tan genérica. Por tanto, volvemos a hacer lo que hicimos en la anterior ocasión, abstenernos ante la inconcreción con la que traen las propuestas a esta Comisión.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señor presidente.
Como el portavoz del grupo proponente ha dado a entender, esta es una iniciativa inadecuada en su primera redacción por inoportuna. Estamos a las puertas de inaugurar los trabajos de una ponencia legal sobre el contenido de la redacción inicial de esta proposición. Y también es inadecuada en su segunda redacción resultante de la enmienda que registró anoche el Grupo Parlamentario Popular, en esta ocasión por excesivamente genérica. Es verdad que los trabajadores autónomos tienen un problema grave de acceso a la financiación. Yo diría incluso que este es uno de los grandes problemas, de los muros contra los que se estrellan buena parte de las iniciativas de emprendimiento en este país. Pero este problema grave de fondo y real no se puede afrontar con una frase genérica del tipo instamos al Gobierno a estudiar las medidas pertinentes para ampliar la disponibilidad. En fin, no sé qué es lo que nos quiere decir el Grupo Parlamentario Popular. ¿Nos quiere decir que hasta ahora el Gobierno no ha estudiado cómo hay que financiar a los emprendedores y hay que instarles para estudiarlo? ¿O sí lo ha estudiado y queremos que estudien más, o el estudio ha sido poco productivo? En fin, creo que no tiene mucho sentido apoyar esta redacción tan absolutamente genérica y, por lo tanto, tan ineficiente.
Con todo el respeto y todo el afecto yo le diría al Grupo Parlamentario Popular que yo fui durante un tiempo portavoz del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, y me he visto en situaciones parecidas a las que se puede ver semana a semana el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo le diría que no estamos obligados a cubrir los cupos de iniciativas. No es obligatorio, cuando no se tiene una iniciativa, pues no se presenta y no pasa nada. No hay que cubrir los cupos con generalidades. Nosotros entendemos que el grupo que apoya al Gobierno tiene otra manera de instar iniciativas, cogiendo el teléfono y llamándoles o manteniendo reuniones particulares. Pero, por favor, y con todo el respeto, no nos hagan
perder el tiempo con este tipo de iniciativas líricobailables, inespecíficas y, por lo tanto, inútiles. Se lo pedimos por favor y con todo el respeto. Por tanto, nosotros también nos abstendremos en esta iniciativa.
- RELATIVA A ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000889).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Pasamos a la proposición no de ley relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de activación para el empleo, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días. El objetivo primordial del Gobierno del Partido Popular son las personas, y cuando hablamos de las personas algo fundamental es la posibilidad de tener un empleo, el acceso al empleo y mantenerlo. Pero si este es un objetivo primordial, una gran prioridad para este Gobierno es dotar de oportunidades de trabajo a los más vulnerables. El reflejo más claro de este compromiso del Gobierno del Partido Popular es la intensa agenda de reformas que ha llevado a cabo a lo largo de la X Legislatura, con el objetivo prioritario de impulsar el empleo. Todas estas reformas se han realizando primando la equidad y la protección de las personas más vulnerables que requieren de mayor atención en su transición de vuelta al mercado laboral. Uno de los ejemplos más claro es el Plan Prepara que, como sus señorías saben, es un programa de recualificación profesional para las personas en paro que agotan su protección por desempleo. Este plan que apuesta por las personas que se encuentran en una situación tan desfavorecida, les recuerdo que se ha prorrogado en once ocasiones. Otro de los colectivos más desfavorecidos y, por tanto, prioritarios en el ámbito de las políticas activas, son los desempleados de larga duración. Así se recoge en la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y en el Plan anual de política de empleo 2016. Una evidencia más de la apuesta del Gobierno por las personas en situación de desempleo son los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que incrementaron el importe destinado a políticas activas de empleo en 477 millones respecto al año 2015, en total 5.265 millones, de los cuales 1.800 millones son gestionados por las comunidades autónomas para mejorar la empleabilidad de los colectivos que más lo necesitan, como son los jóvenes y los mayores de 45 años parados de larga duración, así como para reforzar la formación profesional para el empleo.
La situación en nuestro país en materia de creación de empleo es, señorías, el resultado de un esfuerzo colectivo. Por un lado, el esfuerzo de la sociedad española, de los ciudadanos, de los empresarios, de los emprendedores, por crear empleo y generar riqueza y oportunidades y, por otro lado, las reformas y medidas aprobadas y llevadas a cabo por el Gobierno. En conjunto entre todos estamos creando las circunstancias necesarias para la generación de empleo; entre todos estamos creando y generando la confianza suficiente para las nuevas inversiones; y entre todos estamos afianzando la sociedad del bienestar y el crecimiento económico. Los resultados están ahí, hoy asistimos a un evidente cambio de tendencia. La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento que acumula cinco trimestres de crecimiento del producto interior bruto. En diciembre de 2011 se destruía empleo a un ritmo del 7,86 % anual, y hoy se crea empleo a un ritmo anual del 9,85 %. Hemos pasado de ser el país de la Unión Europea donde más empleo se destruía a liderar la creación de puestos de trabajo. Pero siendo todo esto cierto, no podemos olvidar y no olvidamos que todavía quedan muchas personas que buscan un empleo, una oportunidad legítima de poder desarrollarse personal y laboralmente, una oportunidad de tener unos ingresos necesarios para vivir y afrontar con solvencia, confianza y tranquilidad su presente y su futuro. Señorías, estamos hablando de personas con nombres y apellidos, con historias personales, con preocupaciones y con sueños, personas que legítimamente nos miran esperando de nosotros que sigamos impulsando todas esas medidas y reformas necesarias para que sigan creándose las circunstancias suficientes y necesarias para que esta sociedad genere empleo. Tenemos, por tanto, la responsabilidad de compartir prioridades, de continuar trabajando para generar empleo porque ese es un requisito esencial tanto para las personas de manera individual como para el sostenimiento del Estado de bienestar. Señorías, tenemos por tanto la obligación de seguir acometiendo actuaciones de calado que contribuyan
a intensificar la recuperación y acelerar su transformación en términos de creación de empleo estable y de calidad. En ese objetivo hemos de ser especialmente cuidadosos, como decía al principio, con los más vulnerables, con los parados de larga duración y, dentro de ellos, con los que llevan más de dos años buscando un empleo.
En todo este escenario y con las prioridades muy bien marcadas y limitadas, es esencial el diálogo social. Durante el Gobierno del Partido Popular se han suscrito importantes acuerdos sobre la base del diálogo social, como el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que abordó importantes compromisos como el Programa extraordinario de activación para el empleo, con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y experiencia laboral, que acompañado de una ayuda económica tiene por objeto facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares y con mayores dificultades de colocación. En este contexto si el empleo es una prioridad, lo es también el empleo estable y de calidad. El empleo junto con la formación y la educación, como bien saben sus señorías, es la llave de las oportunidades, la llave de la igualdad y, por ello, es una responsabilidad que todos trabajemos en la línea de conseguirlo. El programa del que estamos hablando, como saben muy bien sus señorías, se fundamenta en la cultura de la responsabilidad compartida de la activación para el empleo tanto por parte de los servicios públicos de empleo proveedores de las medidas de activación, como por parte de los propios beneficiarios. En este contexto el Programa de activación para el empleo, tanto en su vertiente de mejora de la empleabilidad mediante la elaboración y desarrollo de un itinerario individual y personalizado de empleo como a través de la ayuda económica de acompañamiento que conlleva, ha constituido un gran apoyo para un importante número de personas con especiales dificultades de inserción, como son los trabajadores desempleados de larga duración que acreditan tener a su cargo responsabilidades familiares, a quienes va dirigido el programa.
Y hablando de este programa tenemos datos tan positivos como que en este extremo quiero recordar que, a fecha 31 de marzo de 2016, se había atendido a 161.583 desempleados de larga duración. También se han beneficiado de la prestación económica de los 426 euros casi 100.000 personas, en concreto 99.410 personas. Un 16 % de los beneficiarios de esta prestación han sido insertados en el mercado laboral, en total 15.212 personas. Y también un dato positivo es que el 87 % de las personas contratadas han mantenido su empleo después de la finalización de la prestación. Por tanto, una primera valoración de los resultados de este Programa de activación para el empleo, efectuada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social junto con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, llevó a la conclusión de que el programa había sido eficaz para la inserción y atención de los desempleados de larga duración, por lo que se decidió mediante el Real Decreto 1/2006, de 15 de abril, ampliar la duración del plazo inicialmente previsto para solicitar la incorporación hasta el 15 de abril de 2016.
Señorías -voy finalizando-, estarán conmigo en que cualquier propuesta que redunde en una ampliación de los programas de activación para el empleo y sirva para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, se contempla como una medida positiva para reducir lo más radical y rápidamente posible su número. Por tanto, anuncio ya que no vamos a admitir ninguna de las dos enmiendas presentadas porque entender que estamos ante una cuestión previa. Dentro de este marco de diálogo social yo les pido de una manera muy sincera y honesta el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno a que analice las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de activación para el empleo para, en su caso, ampliar su alcance en atención y asistencia a los parados de larga duración, especialmente a aquellos que no tienen ingresos y tienen responsabilidades familiares. Quiero recordarles que hace muy poquitos días, el 17 de octubre de 2016, la ministra de Empleo y Seguridad Social, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT y los presidentes de CEOE y Cepyme, se volvieron a reunir para avanzar en el diálogo social. Gobierno e interlocutores sociales analizaron entre otros asuntos la situación de los parados de larga duración y el impacto del Programa de activación para el empleo. Y en este sentido acordaron, señorías, estudiar la posibilidad de actualizar el programa y valorar ampliar su alcance en atención y asistencia de los desempleados de larga duración. Por tanto, señorías, yo les pido que nos sumemos todos, cada uno desde nuestra competencia y responsabilidad, para apoyar esta iniciativa desde la convicción de que el empleo es clave para la inclusión social, clave para la vida de las personas y, sin lugar a dudas, la base de nuestro Estado de bienestar.
A continuación, se abre el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Señor presidente, señorías, buenos días, casi ya buenas tardes. Nuestro grupo no iba a apoyar esta PNL del Grupo Parlamentario Popular sobre el Programa de activación para el empleo hasta ver el resultado de las enmiendas, pero parece que no van a ser aceptadas. Por tanto, no la apoyaremos porque nos encontramos de nuevo ante una iniciativa que no dice nada, otro brindis al sol del Grupo Parlamentario Popular; porque no hace propuesta alguna, maquilla las cifras para que parezca una cosa que en realidad no es; y porque propone lo que ya se aprobó en la última reunión del diálogo social. Entonces, nuestro grupo se pregunta para qué nos presentan esta iniciativa, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Ya es bastante engaño para la ciudadanía y una burla a la democracia que las proposiciones no de ley que se aprueban, ya sea en las Comisiones o en el propio hemiciclo, el Gobierno ni las ejecuta ni las desarrolla. Incluso actualmente está buscando atajos para ni siquiera cumplir las proposiciones de ley aprobadas por mayoría del Congreso de los Diputados.
La iniciativa que nos presentan hoy dice en la exposición de motivos textualmente lo siguiente: que el pasado 17 de octubre el Gobierno y los interlocutores sociales analizaron la situación de las personas paradas de larga duración, acordaron estudiar la posibilidad de actualizar el programa de activación para el empleo y valorar ampliar su alcance en atención y asistencia de las personas desempleadas de larga duración. Y ustedes nos proponen en esta PNL exactamente lo mismo que se acordó el día 17 de octubre. Ustedes solicitan que el Congreso inste al Gobierno a que en el marco del diálogo social analice las posibilidades de actuación y ampliación -señorías del Partido Popular, ampliar y ampliación en castellano es exactamente lo mismo- del Programa de Activación para el Empleo. Francamente, desde nuestro grupo no vemos mucha diferencia para tanto trabajo; para tanto tiempo como estamos consumiendo esta mañana, y el dinero que cuesta todo esto al erario público; vaya, es todo un paripé.
Pero es que todavía hay más, ustedes dicen, y es verdad, que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 han incrementado el importe destinado a políticas activas de empleo, es verdad, 477 millones de euros, pero no nos dicen, en primer lugar, que esa cifra dista mucho de los fondos que tenía el programa en el año 2011, cuando empezaron los recortes. Y tampoco nos dicen a qué se ha destinado ese incremento, cosa importante, porque la partida con mayor incremento es la destinada a financiar las agencias de colocación, empresas privadas, que reciben 175 millones de los 477 millones de incremento. Hay que decir que en el año 2013 estas subvenciones directas no existían. La otra partida que más crece es la destinada a financiar las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, o sea, incentivos a las empresas, con un total de 135 millones de euros. Por tanto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, estamos ante un incremento que fundamentalmente en un 65 % tiene como objetivo financiar y potenciar los servicios privados y no está orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas. Tampoco nos dicen que el Plan Prepara sufre una reducción del 23 %, que es consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso. Por eso desde nuestro Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos presentado enmiendas que van en el sentido de reforzar las políticas activas de empleo mediante la dotación presupuestaria. Proponemos que al menos una cifra equivalente al 50 % del importe que se obtenga anualmente en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, se destine a este fin. También proponemos ampliar los criterios de acceso al Programa de activación para el empleo. Y por último, recuperar los requisitos del Plan Prepara que tenía antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días a todas y a todos. Nosotros a pesar de la generalidad de la proposición, y a pesar de que también nos han dicho que no nos van a admitir ninguna enmienda, vamos a apoyarla. Y lo haremos, primero, porque el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar cualquier iniciativa que tenga por objeto proteger a los trabajadores desempleados y facilitar su acceso al mercado de trabajo y, en segundo lugar, porque confiamos que en el marco de ese diálogo que van a iniciar podamos verdaderamente llevar a efecto las enmiendas que ahora se nos rechazan. Hemos presentado
una enmienda porque, aunque votaremos a favor de la iniciativa, no vamos a apoyar en ningún caso el triunfalismo, la autocomplacencia y las argumentaciones de campaña electoral que se vierten continuamente en esta Comisión.
El Programa de activación del empleo surgió en el año 2014 como único resultado del acuerdo del Gobierno en el marco del diálogo social en la legislatura larga anterior. Este programa en teoría era importante y contenía, como ya se ha dicho aquí, políticas activas de empleo, trataba de incrementar las oportunidades de empleo de los desempleados de larga duración a través de la intervención de los servicios públicos de empleo. Y además, establecía una ayuda económica que gestionaba el servicio público de empleo. Pero a pesar de este triunfalismo del Partido Popular -me llaman la atención los datos porque yo tengo otros totalmente distintos-, el programa quedó lejos de alcanzar sus objetivos. De hecho, es verdad, como ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Popular que 100.000 personas se beneficiaron del programa, pero es que había 400.000 posibles beneficiarios que cumplían los estrictos requisitos que establecía el programa. Además, debemos tener en cuenta que solo un 54 % de los desempleados está recibiendo algún tipo de prestación. Por otra parte, de estos trabajadores que se incorporaron al programa, solo 14.000 se reincorporaron al mercado laboral. Y lo que me parece más grave es que hubo una falta total de voluntad política de aplicar este programa, ¿por qué? Porque solo se ejecutó el 15 % del presupuesto previsto, se dejaron de gastar 1.000 millones de euros, que no favorecieron a aquellas personas que no están cobrando ninguna prestación. En este sentido iban todas nuestras enmiendas.
Desde luego nosotros queremos que el programa se amplíe, pero en primer lugar queremos que se revise por todas las organizaciones políticas y los sindicatos y se analice el porqué de las distorsiones en su ejecución. Creemos necesario corregir las deficiencias para que su puesta en marcha sea efectiva. También queremos que se revisen los requisitos de acceso al programa porque eran limitados y, además, se interpretaron de forma más restrictiva aún. Pretendemos que no se haga recaer en los demandantes las consecuencias de no asignarle un tutor o un itinerario personalizado. Queremos que se lleven al procedimiento administrativo común las posibilidades de reclamación en los supuestos de carencia de documentación. Solicitamos modificar las causas de baja para que no se penalice a los trabajadores que sean beneficiarios del programa y, sobre todo, que cualquier medida de este tipo vaya acompañada tanto en el programa de garantía juvenil como aquí, de lo necesario para poder conocer los posibles beneficiarios de todos los programas y todas las acciones tanto de protección como de fomento del empleo que partan de los poderes públicos. Vamos a apoyar esta generalidad, porque lo haremos con cualquier iniciativa que parta de esta Comisión cuyo objetivo sea proteger a los trabajadores, considerando y entendiendo que una vez que nos pongamos todos a hablar sean tenidas en cuenta las enmiendas que ahora se nos niegan.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señorías.
Comenzamos el turno de intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
Intervengo para decir que vamos a apoyar esta proposición no de ley sobre la ampliación del programa de activación para el empleo y especialmente para aquellos que no tienen ingresos y tienen responsabilidades familiares. La portavoz del Grupo Popular ha comentado algo que yo he dicho muchas veces en el tiempo que llevo aquí de diputada. He sido alcaldesa once años, y decía que cuando uno es alcalde o concejal el concepto de paro es la imagen de una persona que tienes esperando para entrar en tu despacho que tiene rostro, nombre y apellidos, en cuya viviendo hay una mujer con cinco chiquillos, que te viene derivado de servicios sociales, y te llevas a casa la problemática. A veces en el Congreso el problema del paro o el de la vivienda es una simple estadística, es un debate para ver quién propone más o para justificar el no o el sí, es decir, quitamos el rostro a esas personas. Creo que ha estado bien que la diputada haya hablado de que detrás de cada decisión política, de cada proyecto de ley, de cada decreto, de cada acuerdo hay personas que tienen rostro, nombre y apellidos, sueños, frustraciones y muchos problemas, sobre todo en esta época tan terrible.
Desde luego, este tema se tiene que encauzar dentro del diálogo social, como tiene que ser. Hay que hacer el análisis de la situación actual. Como decía el otro día el presidente de Cáritas, en este momento las cifras de pobreza en este país han disminuido, pero la pobreza es más intensa. No estamos hablando
de números, sino de la situación dramática que están viviendo cientos de miles de personas en esta sociedad. Hay que dar un impulso a estas cuestiones. En estos nuevos tiempos, en los que no hay mayoría absoluta y en los que el diálogo y el consenso tienen que primar, esperamos poder llegar a acuerdos para solucionar esos temas que afectan a tantos niños, a tantos mayores, a tantas mujeres y a tantos hombres de este país.
También quiero decir que hay que tener un poco de pudor cuando hablamos de estas cosas y no hacer un balance positivo de lo genial que lo hemos hecho o de lo bien que van las cosas. Repito que hay que tener el pudor de saber que las circunstancias todavía son terribles para mucha gente y que vamos a trabajar para que cambien. Vuelvo a pedir pudor cuando se hace un balance sobre cuestiones sensibles para la sociedad, porque si no, no conectaremos con el ánimo que tiene la gente que nos está escuchando, puesto que somos representantes de todos los ciudadanos.
Ruego a los distintos diputados que están negociando transaccionales que lo hagan al final de la sala para no interferir en las intervenciones de los distintos portavoces en este último punto del orden del día.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Normalmente, mis intervenciones son bastante técnicas, intento ser breve y ceñirme a la realidad de las cosas, pero esta vez me voy a extender un poco. Citando a don Alberto Montero, nuestro presidente, creo que deberíamos tener un poco de respeto a nuestros votantes, a sus votantes, a los españoles, a la Comisión, a lo que quieran, porque no se pueden presentar cada día proposiciones no de ley vacías de contenido. Al principio de la Comisión hemos estado debatiendo sobre si teníamos que tener más o menos cupo, y que ustedes lleguen a aquí utilizando su cupo para presentar propuestas vacías de contenido, no lo entiendo. Pido respeto. Les voy a decir por qué. En esta proposición se recoge parcialmente el punto 42 del acuerdo que suscribieron ustedes con nosotros en el mes de agosto, en el que había un plan de choque real de lucha contra el desempleo muchísimo más potente. Para que quede claro, y para que no se nos olvide, voy a citar, una por una, las medidas que van en ese plan de choque, aunque probablemente seguiremos perdiendo el tiempo. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado, con el que podrán formular una propuesta personalizada e itinerarios formativos y laborales. Por si no lo hacen ustedes, nosotros ya tenemos preparada una proposición no de ley que creo que ya hemos registrado para avanzar en ello. Evaluar, en el marco del diálogo social y el debate parlamentario, y ampliar el programa de activación para el empleo para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. En este acuerdo se comprometen a dotar 500 millones de euros para el año 2017, llegando a los 2.000 millones de euros en el año 2020, y espero que lo cumplan. También se ha hablado aquí de dar un nuevo impulso a los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleo joven y la garantía juvenil europea, por lo que no lo comentaré más, pero no ha sido presentado por ustedes, sino por otros grupos parlamentarios.
Más medidas. Crear el organismo independiente instituto estatal para el talento en el empleo; aprobar de manera urgente el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, que regula el sistema de formación profesional para el empleo; reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos; dar un impulso al portal único de empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y portales de empleo privados; orientar las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción a los desempleados, continuando con la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos e informando públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer la fiscalización de los programas por la opinión pública.
Como he dicho anteriormente, el Grupo Popular recoge en esta proposición la segunda de nuestras ideas y deja fuera un aspecto muy importante, que es la dotación presupuestaria de 500 millones de euros adicionales anuales acordada con Ciudadanos en agosto. Creemos que este olvido es particularmente doloso teniendo en cuenta que el Gobierno debe presentar próximamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y que el 30 de noviembre venció el plazo para reclamar a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012 que tributasen al 10 %, conforme se
establecía en el decreto-ley del año 2012, en lugar de al 3 %, como hicieron en virtud de interpretación hecha por la Dirección General de Tributos en junio del año 2012. Dejar pasar este asunto, como todos ustedes saben, tendrá un coste aproximado de unos 2.800 millones de euros que Hacienda dejará de recaudar, cuando con este importe hubiese sido más que suficiente para financiar el programa de activación de empleo que Ciudadanos llevaba en su programa electoral y que pactó con el Partido Popular.
Para finalizar, instamos desde aquí al Grupo Popular a que en el futuro presente iniciativas más ambiciosas y que vayan en la línea del cumplimiento de lo acordado con nuestro grupo parlamentario, lo que nos llevaría a unos Presupuestos Generales del Estado y a una legislatura con grandes avances en materia social, que creemos que nos hace mucha falta.
Habiendo manifestado ya la portavoz del grupo proponente que no aceptaba las enmiendas presentadas, vamos a suspender la sesión unos pocos minutos con objeto de ordenar las votaciones. Ruego a sus señorías que no abandonen la sala. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la solicitud de creación de una subcomisión, relacionada con el régimen especial de trabajadores autónomos, con el texto transaccional que tienen en su poder los distintos grupos y que ha sido acordado entre los dos grupos proponentes.
Votamos la creación de la subcomisión.
A continuación, votamos las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos la proposición sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven, Plan de garantía juvenil, del Grupo Parlamentario Mixto, que se somete a votación en sus propios términos.
Votamos la proposición no de ley sobre la supresión de la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 10.
Votamos la proposición no de ley relativa a los recortes en la prestación por desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se somete a votación con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista aceptada por el grupo proponente al apartado 2, desde "restablecer" hasta "copago sanitario".
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 4.
Se vota la proposición no de ley sobre garantía juvenil, del Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación en los términos que va a leer el letrado.
El señor LETRADO: Sobre el texto del Grupo Socialista relativo a la proposición no de ley, se introducen las siguientes modificaciones. En relación con el apartado 1 de la enmienda 1 del Grupo Parlamentario Mixto, se acepta añadir el inciso final "y en todo caso se respetarán los sistemas y modelos de acceso propios que las comunidades autónomas hayan diseñado con este objeto u objetivo". Se aceptan las tres enmiendas del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, para añadir nuevos párrafos, 7, 8 y 9. Se modifica el apartado 3 de la proposición no de ley con una transaccional basada en las enmiendas de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Popular. Dicho apartado pasa a tener el texto del apartado 3 de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero con un párrafo inicial que dice lo siguiente: Destinar los fondos provenientes del Fondo social europeo. El resto igual. De la enmienda del Grupo Popular se acepta la nueva redacción del apartado 5.
Votamos la proposición no de ley relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una ley de reforma urgente del trabajo autónomo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación en sus propios términos.
Por último, votamos la proposición no de ley relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del programa de activación para el empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.

References: Real Decreto 
 artículo 18
 real decreto 
 artículo 206
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 41
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto