Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520098.html
Timestamp: 2019-03-19 23:28:44+00:00

Document:
as201521098
Auto Supremo: 98/2015
Sucre: 11 de febrero 2015
Expediente: Cb-139-14-S
Partes: Luzgarda Eulalia Delgado Ramos.c/ José Luis RománGanggini
Proceso: Ruptura Unilateral, División y Partición de Bienes y Declaratoria
deUnión Libre y de Hecho.
VISTOS: El recurso de nulidad y casación interpuesto por José Luis RománGanginni de fs. 824a826 vta., impugnando el Auto de Vista de fecha 10 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Ruptura Unilateral, división y partición de bienes y declaratoria de Unión Libre y de Hecho, seguido por Luzgarda Eulalia Delgado Ramos contra el recurrente, la concesión de fs. 845, los antecedentes del proceso y:
Que, el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Cochabamba emitió Sentencia en fecha 06 de diciembre 2012 cursante de fojas 655 a 661 vta., declarando improbada la demanda de reconocimiento de Unión Libre o de hecho y consiguiente ruptura unilateral y división y partición de bienes, improbadas las excepciones perentorias planteadas por el demandado, dejando sin efecto las medidas provisionales adoptadas en la litis.
Contra dicha resolución, la parte demandante, interpuso recurso de apelación, motivo por el cual, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista, resolución que revocó la determinación asumida en Sentencia, declarando probada la demanda principal, improbada las excepciones planteadas y reconociendo la unión libre o de hecho de Luzgarda Eulalia Delgado Ramos y José Luis RománGanggini con los mismos efectos al matrimonio civil, estableciéndose su vigencia desde el 05 de marzo de 2007 hasta el mes de octubre del año 2010. Asimismo declaró la ruptura unilateral de dicha unión por decisión unilateral del demandado, quien hizo abandono de hogar conyugal en el mes de octubre de 2010. Entre las medidas complementarias estableció: a) Asistencia Familiar a favor de la menor en la suma de Bs.- 1000.- mensual, b) Respecto a los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos y otros que se hubieran obtenido durante la vigencia de la unión libre o de hecho, su averiguación y acreditación conforme a derecho en ejecución de sentencia.
Dicha resolución dio lugar al recurso de casación y nulidad, interpuesto por la parte demandada, recurso que se analiza.
El recurrente, acusa la violación de los arts. 90 y 204 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 5, 46, 158, 159 y 172 del Código de Familia, por ser normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores.
En especial hace hincapié a que el recurrente no gozaba de libertad de estado dentro de las fechas y tiempos indicados por la demandante, que recién en septiembre de 2008 se canceló su partida matrimonial, reiterando que jamás tuvo una convivencia con estabilidad, singularidad y fidelidad con la demandante, por ende no pudo existir unión libre o de hecho.
En base a dicho argumento, acusa la infracción de lo normado en el art. 46 del Código de Familia, art. 63 – II de la Constitución Política del Estado que establece las condiciones para el reconocimiento SIN IMPEDIMENTO LEGAL, indicando que no concurre dicho presupuesto, toda vez que no contaba con libertad de estado.
Por otro lado, en base a lo normado en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil acusa al Ad quem de haber otorgado más de lo pedido, vulnerando lo establecido en el art. 236 del mismo cuerpo normativo.
Por dichos motivos, solicita que se dé lugar a la nulidad del Auto de Vista, confirmando la Sentencia dictada en obrados, declarando improbada la demanda de reconocimiento de Unión Libre o de Hecho.
Del análisis del recurso de “nulidad y casación” se tiene como argumento de forma el haber otorgado más de lo pedido conforme establece el art. 254 núm. 4) del CPC, infraccionando lo establecido en el art. 236 del mismo cuerpo legal, siendo ese el tema a decidir se deberá considerar lo siguiente:
La violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, constituye siempre un reclamo que debe ser planteado como sustento del recurso de casación en la forma (nulidad), toda vez que como consecuencia de esa acusación lo que el recurrente persigue es que el Tribunal de Casación anule el Auto de Vista recurrido, porque dicha Resolución no se habría ceñido a la pertinencia prevista por la norma citada y, como consecuencia de ello, se disponga la emisión de un nuevo fallo de Alzada que se circunscriba a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación o solo a los agravios fundamentados en el recurso de Alzada.
En el caso de Autos, el recurrente considera que el citado art. 236 del Código de Procedimiento Civil habría sido vulnerado por el Tribunal Ad Quem, en razón a que hubiese otorgado más de lo pedido por la parte demandante, quien solicitó la declaración de la unión libre de hecho desde enero de 2006 y no así como determinó el Ad quem desde marzo de 2007 considerado y analizado por el Tribunal de Alzada.
Siendo ese el reclamo efectuado por el recurrente, corresponde señalar que, es posible que una de las partes no comparta los fundamentos en que se sustenta la Resolución de Alzada o que los considere incongruentes o imprecisos, sin embargo esa observación de ninguna manera corresponde vincularla a la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que dicha acusación únicamente se refiere a la falta de pertinencia o congruencia que adolecería la Resolución de Alzada, situación que no se presenta cuando lo que se cuestiona son los fundamentos en que se basa la decisión de segunda instancia.
Establecido lo anterior y de la revisión del Auto de Vista recurrido se establece que el mismo guarda la debida congruencia y pertinencia, en razón a que, en base a los fundamentos en el contenido, se pronunció respecto al debate acaecido en la litis, el cual fue motivo de apelación por la demandante, aspecto que fue reclamado en todo el recurso de apelación, por lo cual el Tribunal de Alzada efectuando un nuevo análisis de las pruebas cursantes en obrados, revalorizando las mismas concluyo que éstas (pruebas) no fueron debidamente valoradas por el juez A quo, decisión que se circunscribió al motivo que le fue impugnado y que fue resuelto en Sentencia,motivo por el cual, revocó la determinación asumida en la misma, no encontrándose impertinencia en la Resolución de Alzada.
Por otro lado, respecto al debate de fondo se debe tener presente que el Tribunal Ad quem reconoció la unión libre o de hecho de los contendientes, desde el 05 de marzo de 2007 hasta el mes de octubre de 2010, se tiene que el recurrente circunscribe su recurso de fondo en el análisis de que él no contaba con libertad de estado, impedimento legal por el cual no se podía establecer, mucho menos reconocer la unión libre o de hecho, porque simplemente no se cumple con los presupuestos esenciales para su procedencia.
En ese entendido, se debe considerar que si bien el Juez A quo en la Sentencia dictada en obrados, declaró improbada la demanda por que consideró que no concurría uno de los requisitos esenciales para poder declarar la unión libre o hecho, toda vez que el demandado se encontraba casado, o sea, no contaba con libertad de estado conforme lo norma el art. 46 del Código de Familia, situación que resulta evidente en el análisis de las pruebas presentadas en obrados las cuales demuestran irrefutablemente que el recurrente era casado; pero, no obstante a dicha fundamentación, el Tribunal Ad quem efectuó el análisis de las pruebas cursantes de fs. 218 a 228, documentales que demuestran el trámite de divorcio por separación convencional en el Juzgado Especializado de Familia del Perú, pruebas que demuestran que el recurrente obtuvo Sentencia de divorcio en fecha 05 de marzo de 2007 en la cual declaró separados legalmente al recurrente y a su ex esposa, momento desde el cual a criterio del Tribunal de Alzada la parte demandada ya contaba con libertad de estado requisito sine quanon para declarar la unión libre o de hecho.
Ahora la parte recurrente, reitera que no contaba con libertad de estado que recién en fecha 01 de septiembre de 2008 se canceló la partida matrimonial, momento desde el cual recién contaba con libertad para entablar una nueva relación, de lo aseverado de manera general por el recurrente, se debe tener presente que la jurisprudencia de nuestro país ha establecido que: “…el art. 129 del Código de Familia sobre la causa de disolución del matrimonio, ésta se disuelve por Sentencia ejecutoriada de divorcio, que es concordante con lo establecido en el art. 141 del mismo cuerpo normativo, que señala: “(DISOLUCION DEL MATRIMONIO) La Sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada”, por lo que la disolución del vínculo matrimonial ocurre cuando la Sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, siendo los actos posteriores en ejecución de Sentencia como la cancelación de la partida matrimonial a efectos de registro. Bajo éste análisis, el art. 515 del Código de Procedimiento Civil señala que “Las Sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso….” Quedando determinada que la autoridad de cosa juzgada le es a la Sentencia, cuando procesalmente no proceden contra ella otros medios impugnatorios que permitan modificarla, y es desde ese momento que adquiere su autoridad y eficacia.” (A.S. 265/2013 de 23 de mayo), resolución que es clara al señalar que la disolución del vínculo matrimonial se da desde que la Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada, pero de ninguna manera desde la fecha de cancelación de la partida matrimonial, la cual puede hacerse con posterioridad como en el caso de autos.
Por dicho motivo, si el Tribunal Ad quem indicó que desde 05 de marzo de 2007 se dictó Sentencia, éste se basó en las pruebas cursantes en obrados, que indican que existe una Sentencia que declaró la separación legal del recurrente, la misma que no fue apelada por ninguna de las partes interesadas, momento desde el cual ya contaba con libertad de estado para entablar una nueva relación, aspecto que fue analizado por los de Alzada al momento de revocar la decisión del A quo.
Finalmente, respecto a que el recurrente jamás tuvo una convivencia en condiciones de estabilidad y singularidad, se debe indicar que los Tribunales de instancia en especial el Juez A quo, estableció que resultaba innegable que ambas partes no hubiesen convivido y mantenido una relación estable y singular,de dicha fundamentación que no fue apelada por la parte recurrente se tiene que todas las pruebas cursantes en obrados prueban la relación que mantuvo con la demandante, hecho inobjetable y probado en instancias inferiores, por ende el argumento de que existió impedimento legal y que no se demostró su relación fuese estable y singular que imposibilitaba la declaración de la unión conyugal libre o de hecho de la parte, no resulta fundado.
Por dicho motivo, el impedimento legal acusado por la parte recurrente, no resulta suficiente como para cambiar la decisión asumida por el Tribunal de Alzada, correspondiendo resolver en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de nulidad y casación interpuesto por José Luis Román Ganginni de fs. 824 a 826 vta., impugnando el Auto de Vista de fecha 10 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1000.

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