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Timestamp: 2018-08-16 06:23:13+00:00

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﻿ CIRCULAR EXTERNA 50 DE 2015
CIRCULAR EXTERNA 50 DE 28 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE IDONEIDAD PARA LA INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, EL DEBER DE INFORMACIÓN FRENTE A LOS CONSUMIDORES DE SEGUROS Y EL SISTEMA UNIFICADO DE CONSULTA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSUMIDOR FINANCIERO, INTERMEDIARIO DE SEGUROS
CIRCULAR EXTERNA 50 DE 2015
Ref.: Instrucciones sobre los requisitos de idoneidad para la intermediación de seguros, el deber de información frente a los consumidores de seguros y el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros.
Con el fin de alinear el marco jurídico colombiano a los estándares internacionales en la materia y fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores financieros, la Superintendencia Financiera de Colombia considera necesario impartir instrucciones relacionadas con la actividad de intermediación de seguros respecto de: (i) los estándares de idoneidad aplicables a las personas que ejercen la intermediación de seguros, (ii) los requisitos de información destinada a dichos consumidores, (iii) la publicidad y transparencia de las personas autorizadas por las entidades aseguradoras y los corredores de seguros para ejercer la intermediación de seguros y (iv) las medidas de gobierno corporativo asociado a estas materias.
Adicionalmente, esta superintendencia considera relevante poner a disposición del público un Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros, que proporcione a los consumidores información relevante acerca de las personas que ejercen la intermediación de seguros. Las entidades aseguradoras y los corredores de seguros serán los únicos responsables porque la información ahí publicada sea completa, veraz y actualizada.
Por último, se considera necesario actualizar en la Circular Básica Jurídica (CBJ) el monto del capital mínimo exigido a los corredores de seguros.
Por lo expuesto, esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades, en especial las establecidas en el literal a) del numeral 3º del artículo 326 y el numeral 3º del artículo 206 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el literal c) del artículo 8º y el artículo 9º de la Ley 1328 de 2009 y el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes instrucciones:
1. Idoneidad para intermediarios de entidades aseguradoras distintos a los corredores de seguros. Adicionar el numeral 7º al Capítulo II, Título IV, Parte II de la CBJ, con el fin de incorporar las instrucciones que deben atender las entidades aseguradoras, relativas a la idoneidad de las personas naturales vinculadas que ejerzan la intermediación de seguros.
2. Idoneidad para personas vinculadas a los corredores de seguros. Adicionar el subnumeral 1.4 al Capítulo III, Título IV, Parte II de la CBJ, mediante el cual se incluyen las instrucciones que deben atender los corredores de seguros, respecto de los requisitos de idoneidad de las personas naturales vinculadas a estos, que ejerzan la intermediación de seguros.
3. Información en sitios web. Adicionar los subnumerales 3.4.3.2.11 y 3.4.12.2 al Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, relacionados con la información de los intermediarios de seguros que debe ser divulgada en los sitios web de las entidades aseguradoras y de los corredores de seguros, respectivamente.
4. Deber de información. Adicionar los subnumerales 3.4.3.1 y 3.4.12.3 al Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, relacionados con la información que las personas que desempeñen la intermediación de seguros deben suministrar al consumidor financiero antes de la celebración de un contrato de seguro.
5. Sistema de Consulta de Intermediarios de Seguros. Adicionar el numeral 3.4.12.1 al Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, mediante el cual se imparten instrucciones relacionadas con el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros (Sucis).
6. Capital mínimo para corredores de seguros. Actualizar el numeral 1.1 del Capítulo III, Título IV, Parte II de la CBJ, relativo al monto del capital mínimo exigido a los corredores de seguros.
7. Cambio de numeración. Modificar la numeración del subnumeral 3.4.3 del Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, en atención a las modificaciones efectuadas en esta circular.
8. Vigencia. La presente circular rige a partir del 1º de julio de 2017, a excepción de la instrucción sexta, la cual rige desde su publicación.
9. Plan de implementación. Con el propósito de garantizar que cada entidad se encuentre adecuadamente preparada, las entidades tendrán 3 meses, contados a partir de publicación de la presente circular, para presentar a esta superintendencia un plan de implementación en el cual se detalle el cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de las instrucciones aquí impartidas.
Asimismo, una vez presentado el plan de implementación, el superintendente delegado para aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros podrá solicitar ajustes al mismo.
N. del D.: La presente circular externa está dirigida a los representantes legales, juntas directivas y revisores fiscales de las entidades aseguradoras y de los corredores de seguros.
TÍTULO III: Competencia y protección del consumidor financiero
1.1. Acceso a los servicios de las entidades vigiladas.
1.3. Protección a la libertad de contratación de tomadores y asegurados para pólizas de seguro como seguridades adicionales de créditos.
2.8. Divulgación del seguro de depósitos al momento de la contratación o vinculación del consumidor financiero, de la apertura o renovación de un producto.
2.9. Capacitación de los funcionarios que atiendan consumidores financieros.
3.1. Información respecto de las instancias de atención al consumidor financiero.
3.2. Generalidades de la información de los productos y servicios.
4.3 Publicidad.
5. Condiciones de la gestión de cobranza realizada a los consumidores financieros.
5.2. Cobranza prejudicial.
En tal sentido, cuando las entidades vigiladas decidan realizar alguna de las operaciones enunciadas en la citada disposición, deben recibir del cliente o usuario, en caso que este las posea y las presente, las divisas originadas en operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario, sin que resulte admisible efectuar exigencias distintas de las contempladas en el estatuto cambiario, la ley o disposiciones reglamentarias, como por ejemplo, la de requerir para hacer la transacción que se adquieran las divisas al mismo intermediario, cuando para la correspondiente operación el régimen de la materia no contempla tal condición.
3.4.2.2. Pago de giros de divisas que no deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario.
Igual que para el caso anterior, es deber de las entidades vigiladas informar que los giros de divisas que no deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario pueden ser cobrados por los beneficiarios en moneda extranjera o en moneda legal.
De esta forma, las entidades vigiladas deben cancelar el importe de dichos giros mediante la entrega de su importe en divisas, si así lo solicita el beneficiario. El pago en moneda legal podrá efectuarse si se acuerda con el beneficiario la venta de las respectivas divisas.
Tratándose de sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales cuando se contemple la realización de alguna de las operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario, la entidad no puede negarle al cliente o usuario la recepción de las divisas, debiendo cumplir con todas las exigencias necesarias para establecer su origen de conformidad con los parámetros consignados en los manuales de procedimientos, en el estatuto cambiario, en la ley o en las disposiciones reglamentarias en desarrollo de la natural administración de los riesgos inherentes a la operación que se pretende realizar.
3.4.3. Entidades aseguradoras.
3.4.3.1. Deber de información.
Las entidades aseguradoras deben velar porque las personas naturales vinculadas, definidas en el numeral 7.1 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de la CBJ, autorizadas por dichas entidades para comercializar productos de seguros, suministren a los consumidores financieros, previamente a la celebración del contrato de seguro, la siguiente información, de manera cierta, suficiente, clara y oportuna:
3.4.3.1.1. Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguro y de las condiciones particulares.
3.4.3.1.2. El alcance de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos.
3.4.3.1.3. El alcance de los servicios de intermediación.
3.4.3.1.4. Los costos del producto y su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1328 de 2009.
3.4.3.1.5. La forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros.
3.4.3.1.6. La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero.
3.4.3.1.7. La autorización otorgada por la entidad aseguradora para comercializar el producto de seguros ofrecido.
3.4.3.1.8. El procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro.
3.4.3.1.9. Los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo.
3.4.3.2. Información en página web.
Sin perjuicio de las reglas generales previstas en este capítulo, las entidades aseguradoras deben cerciorarse de que los consumidores financieros tengan acceso a los modelos de las pólizas que comercializan mediante la publicación en sus sitios web.
Así mismo, deben suministrar a los consumidores financieros mediante la publicación en un vínculo destacado en la página de inicio de su sitio web y en forma particular para cada producto comercializado, como mínimo, la siguiente información:
3.4.3.2.1. Las coberturas básicas con sus exclusiones, valor de los deducibles, períodos de carencia o tiempos de permanencia mínimos antes de la cobertura, límites de edad, renovación automática, revocación unilateral y cualquier otra figura legal que limite el derecho a obtener una indemnización.
3.4.3.2.2. Los trámites que se deben adelantar ante la aseguradora para obtener el pago del seguro de acuerdo con la clase de producto, indicando si este valor corresponde o no al valor real del interés asegurado en el momento del siniestro o al monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado.
3.4.3.2.3. Los plazos y forma en que el asegurado debe acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida y los derechos que surgen en el evento en que la entidad aseguradora no pague la indemnización dentro del mes siguiente a dicha acreditación.
3.4.3.2.4. Explicar de manera descriptiva las figuras de coaseguro, subrogación y transmisión del interés asegurado, con sus consecuencias.
3.4.3.2.5. Informar el procedimiento para la devolución de primas en los casos de presentarse las figuras de supraseguro, disminución del interés asegurado o la revocatoria del seguro.
3.4.3.2.6. Señalar de manera clara y sin que haya lugar a dudas, que corresponde al asegurado la obligación de declarar el estado del riesgo e informar acerca de las situaciones que impliquen modificación al mismo, con la aclaración de las consecuencias de la reticencia e inexactitud.
3.4.3.2.7. En aquellos eventos en que sea procedente la financiación de la prima se deben informar las condiciones del respectivo contrato de mutuo, el procedimiento a seguir por parte del consumidor financiero así como las consecuencias que se generan respecto de la vigencia del contrato de seguro en caso de incumplimiento de una de las cuotas del prestamo otorgado.
3.4.3.2.8. Si existen beneficios adicionales deben indicarse los cargos que se generan por la utilización de los servicios de la compañía si los hay, los conceptos que se incluyen en la prima y si existen pagos adicionales por aspectos no contemplados de manera específica.
3.4.3.2.9. Para el caso del Soat, las entidades aseguradoras deben suministrar a los consumidores la misma información que tengan en su sitio web, indicando de manera especial la obligación a cargo de cualquier institución prestadora de salud de dar atención prioritaria a las víctimas de un accidente de tránsito y advertir al consumidor que la reclamación de la indemnización puede realizarse directamente y no requiere apoderados o intermediarios.
3.4.3.2.10. Las o que ofrecen pólizas de seguro de vida individual y seguro de vehículos individual de servicio particular, deben implementar en sus páginas de web un “cotizador” a través del cual se le permita a los consumidores financieros tomar decisiones informadas en lo relacionado con el costo de las pólizas de seguros. Para tal efecto, los mencionados cotizadores deben contener los requerimientos mínimos definidos en las proformas que para tal efecto ha definido esta superintendencia.
3.4.3.2.11. En línea con lo establecido en el artículo 2.30.1.2.5 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben publicar en un lugar de fácil acceso en su página web, un listado de las personas naturales y jurídicas que colocan pólizas de seguros, vinculados bajo cualquier tipo de relación contractual a la entidad aseguradora o a un intermediario de seguros autorizado para comercializar sus productos.
Dicho listado debe comprender, como mínimo, la información publicada en el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros establecida en el numeral 3.4.12.1.2 de este capítulo.
Este listado debe actualizarse, como mínimo, cada 90 días calendario y deberá quedar constancia de dicha actualización en los registros que para tal efecto cree el área designada por la entidad aseguradora. Las desvinculaciones deben ser actualizadas en el sitio web dentro de los 10 días hábiles, siguientes a la fecha en que la entidad aseguradora tenga conocimiento del hecho.
Está a cargo de las entidades aseguradoras la protección del derecho a la intimidad de las personas naturales vinculadas y el cumplimiento del régimen de protección de datos personales establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Mediante la publicación de la información de cada persona natural vinculada la entidad aseguradora declara que ya ha cumplido con sus obligaciones legales en dichas materias.
No debe publicarse en la página web: (i) la información de los intermediarios que comercialicen exclusivamente seguros del ramo de riesgos laborales; ni (ii) la información relacionada con las personas que comercialicen productos de seguros a través de corresponsales o mediante el uso de red de las entidades vigiladas.
Tratándose de productos de seguros que se comercialicen mediante cualquier modalidad de mercadeo masivo, la entidad debe asegurarse que se suministre al consumidor financiero la información requerida en la presente circular o se le indique que la misma se encuentra disponible en sus sitios web respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1046 del Código de Comercio en relación con la obligación que tienen las entidades aseguradoras de entregar al tomador, en su original, las pólizas.
Con el fin de verificar en cualquier momento el acatamiento de las instrucciones señaladas en el presente numeral, las entidades aseguradoras deben mantener a disposición de esta superintendencia los soportes que sirvan de sustento al cumplimiento a las reglas de divulgación de información al consumidor financiero y la entrega de la totalidad de la información requerida al momento de la suscripción del contrato respectivo.
3.4.4. Crédito de vivienda.
En cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, los establecimientos de crédito que ofrezcan crédito de vivienda están obligados a suministrar a los consumidores financieros interesados en un crédito de vivienda individual, información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el consumidor financiero conozca suficientemente la operación del sistema, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias de su incumplimiento.
3.4.4.1. Información previa a la formalización del crédito.
3.4.4.1.1. Folleto informativo.
Los establecimientos de crédito que otorguen financiación de vivienda individual a largo plazo, deben tener a disposición en los canales que se consideren convenientes y entregar a los consumidores financieros un folleto gratuito que contenga en forma clara y comprensible la información relativa a este tipo de créditos hipotecarios, cuyo modelo debe remitirse a esta Superintendencia con no menos de 15 días hábiles de antelación a su utilización y difusión.
3.4.4.1.1.1. Características de los prestamos otorgados bajo el sistema de UVR o en moneda legal (tasa de interés, sistemas de amortización, plazo, etc.).
3.4.4.1.1.2. Requisitos exigidos para su otorgamiento, indicando con precisión los aspectos relativos a seguros, avalúos, estudio de títulos, garantías, etc.
3.4.4.1.2. Proyección del crédito.
En cada caso particular, debe entregarse una proyección del crédito discriminando los abonos a capital (en UVR y en pesos), los intereses a pagar, los valores a aplicar por concepto de seguros (incendio, terremoto, vida, etc.). Igualmente, se debe indicar el saldo de la obligación (en UVR y en pesos), aclarando que los valores en pesos se registran a título informativo pues los reales variarán de acuerdo con la inflación efectiva que se presente durante cada uno de los meses del año.
3.4.4.2. Anualmente.
Con el objeto de que los deudores de créditos de vivienda cuenten con los elementos de juicio necesarios a que se refiere el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de crédito deben remitir a los deudores, dentro del primer mes de cada año la siguiente información.
3.4.4.2.1. El comportamiento histórico del crédito indicando para el año inmediatamente anterior cómo se aplicaron los abonos a capital (en UVR y en pesos), los valores por concepto de seguros (incendio, terremoto, vida, etc.), los correspondientes a intereses y el saldo de la obligación (en UVR y en pesos).
3.4.4.2.2. Una proyección del crédito para el año en curso, con las indicaciones señaladas en el subnumeral 3.4.4.1.2 anterior.
En los casos en que la proyección del año anterior no coincida con el comportamiento real del crédito durante ese período, el establecimiento de crédito podrá acompañar una explicación de las causas que dieron origen a tal situación.
La información antes señalada debe ser enviada, sin perjuicio de que pueda ser solicitada por el deudor en cualquier momento durante la vida del crédito.
3.4.5. Leasing habitacional.
Las operaciones y contratos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar de conformidad con lo señalado por la Ley 546 de 1999 constituyen un mecanismo del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo y en tal sentido, les aplican las disposiciones del crédito tradicional en lo que la reglamentación así ha dispuesto previendo en todo caso que, cuando las entidades autorizadas realicen operaciones de leasing habitacional deben suministrar en todo momento información completa, cierta y comprensible sobre las condiciones de la operación, de forma que quienes pretendan celebrarlas puedan conocer adecuadamente su funcionamiento.
3.4.5.1. Información previa a la formalización del contrato de leasing habitacional.
Las entidades autorizadas deben ser claras en informar a los consumidores financieros interesados el alcance del contrato de leasing habitacional, precisando que en virtud del mismo se entrega al locatario la tenencia de un inmueble destinado a vivienda para su uso y goce, a cambio del pago de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor.
La información que se suministre sobre el leasing habitacional debe contener como mínimo los siguientes datos:
3.4.5.1.1. Una descripción clara de la operación, mediante la cual el interesado pueda entender en qué consiste y cuáles son los principales derechos y obligaciones derivados de esta. Particularmente, las entidades autorizadas deben advertir que la sola suscripción del contrato de leasing habitacional no transfiere el derecho de dominio al locatario, evento que solo ocurrirá una vez este ejerza la opción de adquisición y pague su valor. Igualmente, se debe ilustrar respecto de las previsiones contenidas en el literal d) del artículo 2.28.1.2.1 y en el artículo 2.28.1.2.3 del Decreto 2555 de 2010.
3.4.12. Intermediación de seguros.
3.4.12.1. Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros (Sucis).
3.4.12.1.1. Alcance y objetivo del Sucis.
En línea con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 510 de 1999, la SFC no ejerce la inspección y vigilancia directa de los agentes de seguros y agencias de seguros inscritas en el Sucis, por lo cual cualquier actuación administrativa derivadas de estos, debe encauzarse a través de las entidades aseguradoras.
3.4.12.1.2. Información publicada el Sucis.
3.4.12.1.2.5. El periodo de vigencia con fecha inicial y final de acreditación de idoneidad, en los términos establecidos en el numeral 7º del capítulo II, del Título IV de la Parte II de la CBJ.
3.4.12.1.3. Disponibilidad de la información.
3.4.12.1.4. Procedimiento de publicación de información y operación del Sucis.
3.4.12.1.4.1. Manejo de datos personales.
En la medida en que las entidades aseguradoras y los corredores de seguros son las encargadas de obtener la información publicada en el Sucis, estas deben velar por la protección del derecho a la intimidad de las personas naturales vinculadas y el cumplimiento del régimen de protección de datos personales establecido en la Ley 1581.
de 2012 y sus decretos reglamentarios. Mediante la publicación de la información de cada persona natural vinculada, las entidades aseguradoras y los corredores de seguros declaran haber cumplido con sus obligaciones legales en dichas materias.
3.4.12.1.4.2. Requisitos técnicos.
3.4.12.2. Publicidad en sitio web.
3.4.12.3. Deber de información.
Con el fin de garantizar los derechos de los consumidores financieros y dentro del marco general de la debida diligencia en la prestación del servicio, en la gestión de cobranza a deudores morosos, las entidades vigiladas deben atender las instrucciones aquí impartidas, independientemente de que la gestión sea realizada directamente por estas o a través de terceros.
Cuando la mencionada gestión se realice mediante la contratación de terceros, la actividad se entiende realizada bajo la entera responsabilidad de la entidad vigilada quien es igualmente responsable de velar porque los terceros contratados, atiendan en forma integral las instrucciones establecidas en la presente circular. Igual regla aplicará en los eventos de cesión de cartera, para lo cual las entidades vigiladas deben incluir en sus contratos una cláusula en la que se señale que el cesionario, cuando esta sea transferida, observará las pautas de cobro establecidas por la SFC en la presente circular.
Las condiciones establecidas a continuación aplican a las entidades vigiladas por la SFC, con excepción de aquellas que se encuentren sometidas a algún régimen especial sobre el particular, tales como las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, quienes deberán atender las disposiciones especiales que resulten aplicables.
7. Instrucciones relativas a la idoneidad de personas naturales que ejercen la intermediación de seguros.
7.2. Acreditación de idoneidad.
7.3. Responsabilidades de la junta directiva.
7.1.1. Que tenga cualquier tipo de relación contractual (comercial, laboral, o de cualquier otra naturaleza) con una entidad aseguradora, con una agencia de seguros o con un agente de seguros; y
7.1.2. Que ejerza la colocación de seguros, entendida como el conjunto de actividades de asesoría y acompañamiento en la adquisición de productos de seguros.
Las instrucciones impartidas en el numeral 7º de este capítulo no son aplicables a los intermediarios que comercialicen exclusivamente seguros del ramo de riesgos laborales, quienes deben atenerse a lo establecido en el Decreto 1637 de 2013 o las normas que lo modifiquen. No obstante lo anterior, cuando un intermediario de seguros de riesgos laborales comercialice cualquier otro ramo, debe cumplir con lo establecido en la presente norma.
7.2.1. Capacidad técnica.
Las entidades aseguradoras deben cerciorarse de que las personas naturales vinculadas cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para la intermediación en los ramos autorizados a estas y que dichos conocimientos se actualicen de manera periódica.
Para efectos de la acreditación de experiencia, en línea con lo establecido en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, aquellas personas que durante al menos dos (2) años hayan (i) desempeñado funciones de dirección o administración en entidades del sector asegurador; (ii) prestado asesorías durante el mismo término en el sector asegurador, relacionadas con la intermediación de seguros; o (iii) desempeñado funciones relacionadas con el objeto social de las entidades aseguradoras, pueden hacer valer dicha experiencia para efectos de la acreditación de su capacidad técnica. Dicha experiencia debe ser demostrada y documentada por la persona natural vinculada y comprobada por la entidad aseguradora, según los criterios que para tal efecto esta defina. No obstante lo anterior, estas personas estarán sujetas al deber de efectuar un curso de actualización, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 7.2.1.4 del presente capítulo.
7.2.1.1. Características del curso de formación.
7.2.1.2. Organismos autorizados.
7.2.1.3. Homologación.
7.2.1.4. Vigencia y actualización de la capacidad técnica.
7.2.2. Capacidad profesional.
7.3.1. Procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de acreditación de idoneidad y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que exijan las normas vigentes. Para tal efecto las políticas deben orientarse a asegurar (i) la actualización y renovación del contenido de los cursos y sus metodologías de evaluación, (ii) la pertinencia del contenido, (iii) la objetividad e imparcialidad y confidencialidad de los métodos de evaluación y (iv) el adecuado manejo de conflictos de interés relacionados con el diseño, implementación y evaluación de la capacidad técnica de las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros. Este subnumeral solo aplicará para aquellas entidades aseguradoras que implementen cursos de formación y/o de actualización destinados a la acreditación de capacidad técnica.
7.4. Documentación.
Las entidades aseguradoras deben documentar el cumplimiento de las instrucciones que se adoptan en el numeral 7º de este capítulo y tenerlos a disposición de la SFC. En el evento en que los cursos y exámenes sean realizados por medios virtuales, deben existir medios verificables para corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
TÍTULO IV: Instrucciones generales relativas a las operaciones de las entidades aseguradoras compañías de seguros, capitalización e intermediarios de seguros
CAPÍTULO III: Disposiciones especiales aplicables a los corredores de seguros y de reaseguros
1. Corredores de seguros.
1.1. Condiciones de inscripción ante la SFC.
1.2. Prohibición de financiación de primas.
1.3. Concursos de méritos.
1.4. Idoneidad de personas naturales vinculadas a corredores de seguros.
2. Corredores de reaseguros.
2.1. Inscripción.
2.2. Prohibición de notas de cobertura.
3.1. Anticipos de comisiones.
De conformidad con el artículo 1347 y siguientes del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 101 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 54 del EOSF, los corredores de seguros son sociedades vigiladas por la SFC que para efectos del desarrollo de su objeto social deben cumplir con los requisitos de constitución establecidos en el artículo 53 del EOSF, numerales 2 a 8, y obtener la inscripción ante la SFC, presentando para el efecto la documentación señalada en la lista de chequeo identificada con el código M-LC-AUT-001.
Los corredores de seguros no pueden participar, a ningún título, directa ni indirectamente, en la elaboración de los términos de referencia de los concursos de méritos para seleccionar corredores de seguros, independientemente de que pretendan participar o no en los mismos. La SFC impondrá las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de este deber de abstención, así como por cualquier inobservancia que por este motivo suponga una violación a los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993.
1.4.1. Acreditación de idoneidad.
1.4.1.1. Capacidad técnica.
Para efectos de la acreditación de experiencia, en línea con lo establecido en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, aquellas personas que durante al menos dos (2) años hayan (i) desempeñado funciones de dirección o administración en entidades del sector asegurador; (ii) prestado asesorías durante el mismo término en el sector asegurador, relacionadas con la intermediación de seguros; o (iii) desempeñado funciones relacionadas con el objeto social de las entidades aseguradoras, pueden hacer valer dicha experiencia para efectos de la acreditación de su capacidad técnica. Dicha experiencia debe ser demostrada y documentada por la persona natural vinculada y comprobada por el corredor de seguros, según los criterios que para tal efecto éste defina. No obstante lo
anterior, estas personas estarán sujetas al deber de efectuar un curso de actualización, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.4.1.1.4 del presente capítulo.
1.4.1.1.1. Características del curso de formación.
1.4.1.1.2. Organismos autorizados.
1.4.1.1.3. Homologación.
1.4.1.1.4. Vigencia y actualización de la capacidad técnica.
1.4.1.2. Capacidad profesional.
1.4.2. Responsabilidades de la junta directiva.
1.4.4. Documentación.
La solicitud para inscribir una sociedad corredora de reaseguros, debe presentarse ante la SFC por los interesados en la forma establecida y acompañada de la documentación señalada en la lista de chequeo identificada con el código M-LC-AUT-001.
2.1.1. Información adicional que estime procedente la SFC.
La SFC debe expedir el certificado de inscripción dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se acredite la constitución regular de la sociedad, el pago del capital, el otorgamiento de las garantías conforme a lo establecido por el artículo 2.30.1.4.4 del Decreto 2555 de 2010 y la existencia de la infraestructura técnica y operativa para funcionar regularmente, de acuerdo con lo señalado en el estudio de factibilidad.

References: artículo 326
 artículo 206
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 1046
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 1347
 artículo 101
 artículo 54
 artículo 53
 artículo 2
 artículo 2