Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23366
Timestamp: 2020-01-20 14:06:02+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 60/2013
SENTENCIA 60/2013, de 13 de marzo
ECLI:ES:TC:2013:60
1. El día 29 de diciembre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de Albacete—, al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala núm. 524/2010, de 20 de diciembre, por el que se acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 1 a 15 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por posible vulneración de los arts. 133.2, 149.1.13, 149.1.23, 149.1.25 y 157.3, todos ellos de la Constitución, y del art. 6.2 y 3 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
a) Con fecha de 24 de marzo de 2006 se publicó en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” núm. 63, la Orden de 15 de marzo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 701 y 702 de autoliquidación del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se dictan normas para su presentación, contra la que la entidad mercantil Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete (recurso núm. 463-2006), en el que, una vez conclusas las actuaciones, por providencia con fecha de 10 de septiembre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 16 de septiembre de 2010.
b) Por providencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de Albacete— con fecha de 4 de octubre de 2010 se acordó, de conformidad con el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con anterioridad a dictar Sentencia, dar audiencia a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que en el plazo improrrogable de diez días alegasen lo que estimasen oportuno sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 1 a 15 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por dos motivos: de un lado, por una posible afectación de las competencias del Estado previstas en los apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 CE, al no cumplir el tributo citado los requisitos que legitiman la imposición extrafiscal autonómica; y, de otro, por una posible vulneración del art. 6.2 y 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.
c) El Fiscal interpuso con fecha de 11 de octubre de 2010 un recurso de súplica contra la anterior providencia, al no concretarse si las dudas de constitucionalidad se limitaban al art. 2 de la Ley 16/2005, de 29 de diciembre [como sucedía con la cuestión promovida por la misma Sala en el recurso contencioso-administrativo núm. 281-2005 contra el art. 2.1 b) y c) de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente], o se referían a todos los preceptos del capítulo I (arts. 1 a 15). Este recurso fue desestimado por Auto núm. 471/2010, de 23 de noviembre, al considerar el órgano judicial que habían quedado perfectamente identificados los preceptos sobre los que se planteaban las dudas de constitucionalidad y que habrían de ser, en su caso, objeto del control de constitucionalidad.
d) En cumplimiento del trámite de alegaciones conferido, la parte actora presentó su escrito de alegaciones fechado el 19 de octubre de 2010, suplicando el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte, el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante escrito registrado el día 26 de octubre de 2010, solicitó que no se accediese a plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Finalmente, el Ministerio Fiscal, por escrito registrado en la Sala el día 30 de noviembre de 2010, interesó también el planteamiento de la cuestión.
a) Precisa el órgano judicial que plantea la cuestión, antes de nada, que sus dudas son, de un lado, una cuestión competencial que, en realidad afectaría a la totalidad de la Ley, y de otro, la misma cuestión planteada por la Sala frente a la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
b) Con relación al problema competencial, considera el órgano judicial que la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, puede incurrir en inconstitucionalidad por la posible violación de las competencias reconocidas al Estado por los apartados 13 (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), 23 (legislación básica sobre protección del medio ambiente) y 25 (bases del régimen energético), del art. 149.1 CE, al no cumplir las condiciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para aceptar la legitimidad de los tributos extrafiscales. Según el órgano judicial, para verificar la legitimidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente de la Comunidad de Castilla-La Mancha debe analizarse, en primer lugar, si la potestad tributaria autonómica de carácter extrafiscal está vinculada a la existencia de una competencia sobre la materia. Y a este respecto señala que aunque el impuesto autonómico incide sobre el título competencial relativo al “medio ambiente” respecto del que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene competencias (art. 32.7 del Estatuto de Autonomía), lo cierto es que tiene dudas sobre si debe prevalecer la competencia estatal que garantice la unidad de mercado en el ámbito de la producción de energía eléctrica (art. 149.1.23 y 25 CE). Y las dudas le surgen por tres motivos: en primer lugar, porque la emisión de gases a la atmósfera está indisolublemente unida a la producción de energía eléctrica, por lo que el tributo se convierte en un gravamen directo sobre la misma, siendo las bases del régimen energético una competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.13 CE). En segundo lugar, porque el régimen retributivo de la producción de energía eléctrica tiene un ámbito estatal y no autonómico. Y, en tercer lugar, porque las competencias estatales se reconocen en la normativa medioambiental (por ejemplo, en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, que tiene carácter básico).
c) Pasa a continuación el órgano judicial a analizar la constitucionalidad de los hechos imponibles y, a tal fin, recuerda su Auto 281/2005, de 21 de octubre, por el que acordaba elevar a este Tribunal otra cuestión de inconstitucionalidad, la tramitada con el núm. 8556-2005, en relación con los hechos imponibles de la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos [art. 2.1, apartados b) y c), de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente], por posible vulneración de los arts. 133.2 y 157.3, ambos de la Constitución, y 6.3 LOFCA. Dicho esto, señala a continuación que la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005 establece un impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente que se define como un tributo que grava directamente la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro ambiental (art. 1), y que delimita como hecho imponible “la contaminación y los riesgos que en el medio ambiente son ocasionados por la realización en el territorio de Castilla-La Mancha de cualquiera de las actividades siguientes: a) Actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno; b) Producción termonuclear; c) Almacenamiento de residuos radioactivos” (art. 2).
d) La primera modalidad del impuesto castellano-manchego cuestionado, contenida en el art. 2.1 a) de la Ley 16/2005, se dirige a gravar las emisiones de determinados gases. Sin embargo, la actividad de emisión de gases no tiene entidad propia sino que está vinculada a la actividad de producción de energía eléctrica en centrales térmicas, de modo que no se puede hablar de la producción por centrales térmicas sin emisión de gases y viceversa. No existen instalaciones de emisiones de gases, sino instalaciones para la producción de energía eléctrica y como tales podrían tener su producción gravada por un tributo, el impuesto especial sobre la electricidad. Pues bien, aun cuando pudiera entenderse que no existe una duplicidad de “hechos imponibles” (entre el impuesto autonómico y el estatal), sin embargo, podría vulnerarse el art. 6.3 LOFCA por cuanto la materia imponible entendida como fuente de riqueza ya estaría gravada por el impuesto sobre actividades económicas, con el concepto de “producción de energía termoeléctrica”.
e) La segunda modalidad del impuesto castellano-manchego cuestionado, contenida en el art. 2.1 b) de la Ley 16/2005, somete a tributación la producción termonuclear de energía eléctrica, gravando, en consecuencia, la actividad económica consistente en crear energía eléctrica mediante una central nuclear. El sujeto pasivo es, según el art. 4.1 del mismo texto legal, la persona que realice la actividad económica de producción de energía eléctrica. La base imponible, de conformidad con el art. 5 b) de la misma Ley, se concreta en la producción bruta de electricidad en el período impositivo, expresada en kilovatios/hora. De esta manera, el impuesto se aplica en proporción a la cantidad de energía eléctrica producida. Por su parte, el impuesto sobre actividades económicas grava el mero de ejercicio de actividades económicas (art. 78 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo) y, concretamente, la actividad de “producción de energía electronuclear”, es decir, la producción de energía eléctrica mediante una central nuclear, estableciéndose una cuota por cada kilovatio de potencia (epígrafe 151.3 de la Sección 1 del anexo del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre). La comparación de uno y otro impuesto y de los elementos que los definen lleva a la Sala a entender que pudieran afectar a una misma materia imponible, toda vez que ambos gravan la producción de energía eléctrica a través de una central nuclear, siendo el sujeto pasivo la persona que realiza la actividad y la base imponible la cantidad de energía eléctrica producida, mediante una cuota sobre el kilovatio producido.
f) La tercera modalidad del impuesto autonómico cuestionado, recogida en el art. 2.1 c) de la Ley 16/2005, grava la realización de la actividad empresarial de “almacenamiento de residuos radiactivos”, siendo el sujeto pasivo quien realiza esta actividad y determinándose la base imponible por la “capacidad de los depósitos a la fecha del devengo del impuesto expresada en metros cúbicos de residuos almacenados” [art. 5.1 c)]. Por su parte, en la sección 1 del anexo del Real Decreto Legislativo 1175/1990 (en la redacción dada por la Ley 39/1992) se fija como hecho imponible la realización de la actividad de “almacenamiento de residuos radiactivos”, siendo el sujeto pasivo quien realiza la actividad y calculándose la deuda tributaria mediante una cuota única (que no se determina en proporción al espacio destinado a almacenamiento).
g) Considera la Sala que entre los impuestos comparados puede haber una coincidencia en el gravamen de la materia imponible, incurriéndose en la prohibición prevista en el apartado 3 del art. 6 LOFCA. Coincidencia que no se justificaría —como pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha— en una pretendida naturaleza extrafiscal del impuesto dirigida a gravar la actividad contaminante (como afirma la exposición de motivos y el art. 1 de la Ley 16/2005), pues como señaló la STC 289/2000, el tributo cuestionado no se dirige, en sentido negativo, a disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, pero tampoco busca, en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente, desvinculándose así de la verdadera aptitud de cada sujeto para incidir en el medio en el que se desenvuelve. No cabe considerar que el impuesto referido grave efectivamente la actividad contaminante pues desconoce el impacto ambiental en que incurren los sujetos llamados a soportarlo, o lo que es lo mismo, la medida concreta en la que cada uno afecta al medio ambiente.
4. Mediante providencia de 15 de febrero de 2011, el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite la cuestión planteada; reservar para sí el conocimiento de la cuestión de conformidad con lo previsto en el art. 10.1 c) LOTC; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, al Fiscal General del Estado, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; comunicar a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de Albacete— la presente resolución a fin de que, de conformidad con lo dipuesto en el art. 35.3 LOTC, permaneciese suspendido el proceso hasta que este Tribunal resolviese defnitivamente sobre la presente cuestión; publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” (lo que tuvo lugar en el “BOE” núm. 49, de 26 de febrero, y en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” núm. 45, de 7 de marzo).
5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 2 de marzo de 2011, el Presidente del Senado solicitó a este Tribunal que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Posteriormente, por escrito registrado el día 11 de marzo siguiente se recibió otra comunicación del Presidente del Congreso de los Diputados conforme a la cual se ponía en conocimiento de este Tribunal la personación de dicha Cámara y su ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, con remisión a la dirección de estudios, análisis y publicaciones, y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
6. El Abogado del Estado presentó un escrito registrado en este Tribunal el día 9 de marzo de 2011 en el que suplicaba que se dictase Sentencia por la que se declarasen inconstitucionales los arts. 2.1 b) y c), 2.2 y 3, 5 b) y c), 8 b) y c), y las palabras “y de almacenamiento de residuos radiactivos” del párrafo segundo del art. 11.2, de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre.
a) El primer gravamen afecta a las actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno [art. 2.1 a)], el cual se hace recaer sobre quienes realizan las actividades que dan lugar a las emisiones (art. 4.1), siendo la base imponible las cantidades contaminantes emitidas durante el periodo impositivo expresadas en toneladas métricas equivalentes de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, ponderadas respectivamente con los coeficientes 1 y 1,5 [arts. 5 a) y 7.1], y calculándose la cuota mediante la aplicación de un tipo que oscila entre 0 (para bases inferiores a 500 tm/año) y 100 €/tm para emisiones superiores a 15.000 tm/año [art. 8 a)]. Los tipos crecen escalonadamente con las cantidades de contaminantes emitidos por año [art. 8 a)] y se establece una serie de deducciones en la cuota para estimular el mejor rendimiento de los analizadores automáticos de las emisiones (art. 9.1) o el paso de la estimación objetiva a la directa (art. 9.2). El periodo impositivo es el año natural (art. 10.1).
b) La segunda modalidad del gravamen autonómico incide sobre sobre la producción termonuclear de energía eléctrica, respecto de la cual la situación es diferente, en la medida que se grava simplemente la producción termonuclear de energía eléctrica [art. 2.1 b)], siendo los sujetos pasivos quienes realicen esta actividad productiva (art. 4), calculándose la base imponible sobre la producción bruta de electricidad medida en megavatios hora [art. 5 b)] y obteniéndose la cuota multiplicando la producción del periodo impositivo en megavatios hora por 1,50 €/megavatio hora [art. 8 b)]. Por su parte, el art. 85.4 A) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sujeta al impuesto sobre actividades económicas “la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares” (epígrafe 151.3 de las tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre), a razón de 0,51 euros aproximadamente por kilovatio de potencia en generadores.
Para el Abogado del Estado, aunque el legislador regional haya considerado que la producción termonuclear de energía eléctrica es, per se, una actividad generadora de riesgo medioambiental, sin embargo, es claro que la modalidad impositiva del art. 2.1 b) grava el mero ejercicio —en territorio de la Comunidad Autónoma— de la actividad de producción de electricidad como tal y no su especial incidencia ambiental desfavorable, sin que se atempere “el gravamen a la conducta de los sujetos contaminantes” ni se busque “en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente” (STC 179/2006, FJ 7). Como es evidente, el riesgo ambiental de la producción termonuclear de energía eléctrica no está en función de la producción bruta de electricidad, que más bien apunta al nivel de ingresos brutos. A igual producción de núcleo-electricidad, pueden existir grandes diferencias de riesgo ambiental en función de las tecnologías y sistemas de seguridad que se utilicen en la central nuclear, siendo notoria la mejora tecnológica registrada en los últimos dos decenios. Las SSTC 289/2000, de 30 de noviembre y 179/2006, de 13 de junio, niegan enfáticamente que la capacidad de contaminar dependa de la “cuantía de los ingresos brutos” o de la “facturación” o del “número de instalaciones”. De esta manera, el impuesto regional opera más bien como un impuesto a la producción que como un impuesto a la contaminación.
c) La tercera modalidad del gravamen autonómico, que recae sobre el almacenamiento de residuos radioactivos [art. 2.1 c)], tributa también en el impuesto sobre actividades económicas (epígrafe 143.3 de las tarifas) en función de una cuota fija que no está en proporción a los kilogramos o metros cúbicos almacenados. Por su parte, el impuesto regional del art. 2.1 c) de la Ley 16/2005 grava el almacenamiento a proporción de la cantidad de residuos almacenados, expresada en kilogramos (si son residuos de alta actividad) y en metros cúbicos (si son de media y baja actividad) [art. 5 c)], con una cuota de 5 euros por kilogramo o 1.000 euros por metro cúbico, según se esté en uno u otro caso [art. 8 c)]. Y el sujeto pasivo del impuesto en uno y otro impuesto es el mismo: quien realice la actividad de almacenamiento.
7. El Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha presentó un escrito en este Tribunal el día 10 de marzo de 2011, suplicando que se le tuviera por personado en el procedimiento y que se dictase Sentencia declarando conformes con la Constitución los arts. 1 a 15 de la Ley de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre. Tras precisar los motivos por los que el auto de planteamiento considera que los preceptos cuestionados son inconstitucionales, efectúa una serie de consideraciones generales. En este sentido, señala, en primer lugar, que la LOFCA limita la capacidad de imponer tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas a que estos no recaigan sobre “hechos imponibles” ya gravados por los tributos estatales (art. 6.2) y que no graven “materias imponibles” reservadas a las corporaciones locales (art. 6.3). Sin embargo, añade, según tiene afirmado el Tribunal Constitucional, el apartado 2 del art. 6 LOFCA no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, sino que lo que prohíbe es la duplicidad de hechos imponibles estrictamente (STC 37/1987). Si el art. 6.2 LOFCA prohíbe la duplicidad de hechos imponibles, admitir lo contrario con relación al art. 6.3 LOFCA haría imposible encontrar una “materia imponible” atribuida a las corporaciones locales que permitiese la tributación propia de las Comunidades Autónomas, pues es imposible imaginar cómo construir un hecho imponible que recaiga sobre una actividad económica no gravada por el impuesto sobre actividades económicas.
8. El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de marzo de 2011, interesando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada. Tras concretar la normativa aplicable, precisa que el órgano judicial ha realizado el juicio de relevancia de forma abstracta, mediante un mero contraste entre la ley cuestionada y los preceptos constitucionales invocados (señalando únicamente que la orden impugnada es desarrollo de la ley cuestionada, por lo que la eventual declaración de inconstitucionalidad del precepto del precepto legal concernido conllevará necesariamente la nulidad de la orden impugnada en el proceso contencioso-administrativo), razón por la cual, la cuestión debe ser inadmitida. Además, añade el Letrado citado, para realizar el juicio de relevancia resultaba imprescindible un pronunciamiento de la Sala de instancia sobre la causa de inadmisibilidad que invocó en el recurso contencioso-administrativo al amparo del art. 69 b) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el art. 45.2 d) de la misma Ley (relativa a la necesidad de justificar, por parte de la demandante, que la decisión de litigar fue adoptada por el órgano que según sus propias normas estatutarias tuviese atribuida la competencia para ello). Omitido palmariamente el citado requisito de acceso a la jurisdicción, la Sentencia finalizadora del proceso habrá de ser por fuerza de inadmisión por lo que la eventual tacha de inconstitucionalidad de la ley aplicable al caso carecería de toda relevancia.
9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones en el Registro General de este Tribunal el día 18 de marzo de 2011 en el que, tras concretar los antecedentes en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, fijar el contenido de la norma cuestionada y sintetizar los fundamentos del órgano judicial, entra a analizar tanto la naturaleza del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente regulado por la Ley 16/2005, de 29 de diciembre, como los pronunciamientos de este Tribunal Constitucional con relación a tributos autonómicos (concretamente los recogidos en la STC 37/1987, de 26 de marzo, con relación al impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas; en la STC 186/1993, de 7 de junio, respecto del impuesto extremeño sobre dehesas en deficiente aprovechamiento; en la STC 289/2000, de 30 de noviembre, con referencia al impuesto balear sobre instalaciones que afectan al medio ambiente; en la STC 168/2004, de 6 de octubre, relativo al impuesto catalán sobre protección civil; en el ATC 417/2005, de 22 de noviembre, en relación con el impuesto extremeño sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas; en la STC 179/2006, de 13 de junio, respecto del impuesto extremeño sobre las instalaciones de producción y transporte de energía que incida en el medio ambiente; y en el ATC 456/2007, de 12 de diciembre, referente al impuesto andaluz sobre el depósito de residuos radiactivos).
a) Con relación a la posible inconstitucionalidad de la Ley 16/2005 por afectar a las competencias estatales definidas en los arts. 149.1.23 CE (legislación básica sobre protección del medio ambiente), 149.1.25 (bases del régimen energético) y 149.1.13 (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), considera el Fiscal General del Estado que la cuestión debe ser rechazada al no existir contradicción alguna entre la doctrina de la STC 168/2004 y la doctrina de las SSTC 289/2000 y 179/2006, en la medida que se trata de supuestos diferentes y que el órgano judicial no ha formulado consideración de ninguna clase acerca del problema competencial, salvo una mera alusión genérica a la posible afectación por la ley autonómica de las competencias estatales citadas, lo que debe conducir necesariamente a la desestimación de este primer motivo de inconstitucionalidad. Dicho esto, añade que, en cualquier caso, las Comunidades Autónomas, en virtud de su autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las leyes y sus respectivos Estatutos, pueden establecer impuestos (arts. 157.1 CE, y 4 y 5 LOFCA) con carácter extrafiscal (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13), sobre materias sobre las que tengan competencias asumidas, como sucede con las competencias en materia de protección del medio ambiente (art. 37.2 de su Estatuto de Autonomía) y como así ha reconocido el Tribunal Constitucional (SSTC 289/2000, 168/2004 y 179/2006; y ATC 456/2007).
b) Respecto de la naturaleza extrafiscal del tributo cuestionado, para verificar la legitimidad constitucional del tributo cuestionado considera el Fiscal General del Estado que debe analizarse tanto la vinculación de la potestad tributaria autonómica a la existencia de una competencia sobre la materia, como la vinculación del impuesto a una finalidad disuasoria respecto de la actividad sobre la que recae. Pues bien, respecto de la primera cuestión, aunque la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sólo tiene, conforme a su norma estatutaria, competencia de desarrollo legislativo y ejecución, debiendo prevalecer la competencia estatal tanto por el principio de unidad de mercado en el ámbito de producción de energía eléctrica (arts. 149.1.13 CE y 149.1.25 CE) como por los efectos transfronterizos y no limitados al ámbito autonómico de las emisiones de gases, sin embargo, la actuación de la Comunidad Autónoma se ampara en sus competencias de protección del medio ambiente (art. 37.2 del Estatuto de Autonomía) y en su autonomía financiera para establecer y exigir sus propios tributos (art. 42.1 del Estatuto de Autonomía), sin que una examen de la estructura del impuesto controvertido permita apreciar que se vulnera el límite previsto en el art. 157.2 CE, pues el impuesto se articula dentro del ámbito espacial de la potestad autonómica, al referirse objetiva y subjetivamente a las instalaciones sitas en la Comunidad Autónoma.
c) Con relación a los hechos imponibles establecidos en la Ley autonómica 16/2005, señala el Fiscal General del Estado que, la primera modalidad del impuesto grava las emisiones de determinados gases producidas en centrales térmicas [art. 2.1 a)], no vulnera ni el art. 6.2 LOFCA (por su eventual solapamiento con el impuesto sobre la electricidad) ni el art. 6.3 LOFCA (por incidir en la misma materia imponible que la gravada por el impuesto sobre actividades económicas, por el concepto de “producción de energía termoeléctrica”). Y no vulnera el art. 6.2 LOFCA porque los hechos imponibles del tributo estatal y del autonómico son distintos: en el primero, la producción de energía eléctrica, con independencia de las emisiones que como consecuencia de esa producción se emitan; en el segundo, la emisión de gases contaminantes (de determinados gases contaminantes: sólo dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno). Y tampoco vulnera el art. 6.3 LOFCA porque la materia imponible gravada por el impuesto local y el autonómico son diferentes: en el primero, la materia imponible es una fuente de riqueza, a saber, el ejercicio de actividades potencialmente generadoras de ingresos económicos para quienes las realizan, ingresos que se miden en función del beneficio medio presunto (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 8), mientras que en el segundo lo es tanto la contaminación efectiva como la potencial, esto es, la contaminación y los riesgos que en el medio ambiente son ocasionados por la realización en el territorio de Castilla-La Mancha de cualquiera de las actividades contaminantes y, concretamente, la emisión a la atmósfera de dióxido de azufre o nitrógeno. En consecuencia, el carácter finalista del tributo autonómico se materializa en unos términos que pueden reputarse respetuosos con la prohibición de doble imposición establecida en el arto 6.3 LOFCA.
10. Con fecha de 21 de noviembre de 2012, doña María Concepción Villaescusa Sanz, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, presentó un escrito en el Registro General de este Tribunal suplicando se la tuviese por personada en tiempo y forma en nombre y representación de la citada asociación.
11. Por medio de escrito con fecha de 22 de noviembre de 2012, don Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal Constitucional, comunicaba al Pleno del Tribunal su intención de abstenerse de intervenir en el presente proceso constitucional, de conformidad con el art. 219.2 LOPJ, por existir parentesco de consanguinidad con la dirección letrada de una de las partes en el proceso a quo.
12. Por ATC 263/2012, de 11 de diciembre, el Pleno del Tribunal acuerda estimar la causa de abstención formulada por don Pascual Sala Sánchez en la presente cuestión de inconstitucionalidad, apartándole definitivamente de conocimiento de la misma. Y por providencia con la misma fecha, el Pleno del Tribunal acuerda unir a las actuaciones el escrito presentado el día 21 de diciembre de 2012 por doña María Concepción Villaescusa Sanz, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, no teniéndola por personada en el presente procedimiento al haber transcurrido en exceso el plazo de quince días desde la publicación en el “BOE” (de 26 de febrero de 2011) de la admisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad (art. 37.2 LOTC).
13. Por providencia de 12 de marzo de 2013 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 13 de marzo de 2013.
1. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha —sede de Albacete— plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 1 a 15 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por posible vulneración de los arts. 133.2, 149.1.13, 23 y 25, y 157.3, todos ellos de la Constitución, y 6.2 y 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (en lo sucesivo, LOFCA).
a) Lo primero que debe señalarse es que el canon de constitucionalidad aplicable a las normas de las Comunidades Autónomas es “el que se contiene en sus respectivos Estatutos de Autonomía y en las leyes estatales que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, por supuesto, en las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes públicos que conforman el Estado en sentido amplio y, evidentemente, en las reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunidades Autónomas” [SSTC 7/2010, de 27 de abril, FJ 4; 74/2011, de 19 de mayo, FJ 3; y 196/2012, de 31 de octubre, FJ 1 c)]. Y entre esas leyes delimitadoras de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se encuentra la LOFCA [STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7], cuyo art. 6, junto con determinados preceptos constitucionales, constituye en el presente caso el canon de constitucionalidad del impuesto cuestionado [SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 2; 179/2006, de 13 de junio, FJ 2; y 196/2012, de 31 de octubre, FJ 1 c); y ATC 456/2007, de 12 de diciembre, FJ 4]. La circunstancia de que ese art. 6 LOFCA haya sido modificado por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, no afecta al juicio de constitucionalidad que hemos de efectuar sobre los preceptos impugnados, pues se conectan con su aplicación a un concreto proceso en el que el órgano judicial proponente de la cuestión ha de resolver sobre la pretensión ejercitada a la luz de la normativa vigente y aplicable en el concreto momento en el que se suscitó el proceso a quo, razón por la cual, la reforma introducida por esa Ley Orgánica 3/2009 no puede ser de aplicación a situaciones anteriores a su entrada en vigor [STC 196/2012, de 31 de octubre, FJ 1 c)].
b) El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuestiona el juicio de relevancia realizado por el órgano judicial, al considerar que se ha hecho de forma abstracta, mediante un mero contraste entre la ley cuestionada y los preceptos constitucionales invocados, razón por la cual, a su juicio, la cuestión debería ser inadmitida. Para dar respuesta a este óbice de procedibilidad debemos recordar que el juicio de relevancia, entendido como el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada, constituye uno de los requisitos esenciales de toda cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto a su través se garantiza el control concreto de la constitucionalidad de la ley, impidiendo que el órgano judicial convierta dicho control en abstracto, al carecer de legitimación para ello (SSTC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; y 146/2012, de 5 de julio, FJ 3).
Es a los Jueces y Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que corresponde comprobar y exteriorizar, prima facie, dicho juicio de relevancia, de modo que el Tribunal Constitucional no puede sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta que la argumentación judicial en relación con el juicio de relevancia resulta falta de consistencia, ya que en tales casos sólo mediante la revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad en los términos en que ésta es definida por el art. 163 CE (SSTC 87/2012, de 18 de abril, FJ 2; y 146/2012, de 54 de julio, FJ 3).
Pues bien, aunque no le falta razón al Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la deficiente exteriorización del juicio de relevancia que se hace depender exclusivamente del juicio de constitucionalidad, lo cierto es que el objeto del proceso contencioso-administrativo en el seno del cual se plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad es la Orden de 15 de marzo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 701 y 702 de autoliquidación del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se dictan normas para su presentación, orden que, como señala el órgano proponente, se dicta en desarrollo de la Ley 16/2005, de 29 de diciembre (concretamente, al amparo de lo previsto en su art. 11.5). Esta orden es recurrida tanto por vicios de tramitación como por ser el desarrollo de una norma legal que se considera inconstitucional (por falta de competencia para dictarla y por incidir en los límites previstos en la LOFCA), por lo que no es difícil advertir la relevancia del juicio de constitucionalidad solicitado para el fallo al que se llegue en el proceso judicial a quo. Dicho de otra manera, existe una clara interdependencia entre pretensión procesal, proceso y resolución judicial (SSTC 174/1998, de 23 de julio, FJ 2; y 146/2012, de 5 de julio, FJ 4), resultando notorio, en consecuencia, el nexo causal entre la validez de la norma legal cuestionada y la decisión a adoptar (SSTC 96/2008, de 24 de julio, FJ 2; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 2), al existir “una relación lógica entre la eventual anulación de la disposición legal cuestionada y la satisfacción de la pretensión ejercitada en el proceso a quo” (SSTC 3/2012, de 13 de enero, FJ 3; y 4/2012, de 13 de enero, FJ 3). Debe rechazarse, en consecuencia, el óbice opuesto por el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) También plantea el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que para realizar el juicio de relevancia resultaba imprescindible un pronunciamiento de la Sala de instancia sobre la causa de inadmisibilidad invocada en el recurso contencioso-administrativo al amparo del art. 69 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el art. 45.2 d) de la misma Ley (relativa a la necesidad de justificar, por parte de la demandante, que la decisión de litigar fue adoptada por el órgano que según sus propias normas estatutarias tenía atribuida la competencia para ello). Sin embargo, la Sala de instancia ha omitido el cumplimiento del citado requisito, por lo que, a juicio del Letrado de la Junta de Comunidades, la Sentencia que se dicte en el proceso judicial habrá de ser por fuerza de inadmisión, de manera que la eventual tacha de inconstitucionalidad de la ley aplicable al caso carecería de toda relevancia.
2. La Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, sustituye y deroga a la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, habiendo sido declarados inconstitucionales algunos de los preceptos de esta última norma legal en la STC 196/2012, de 31 de octubre, en los términos a los que más adelante se hará referencia. Una y otra disposición legal establecen tres gravámenes, según se señala en el art. 2 de ambas normas, sobre la contaminación y los riesgos que ocasiona en el medio ambiente la realización de tres tipos de actividades: a) las actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno; b) las actividades de producción termonuclear de energía eléctrica y c) las actividades de almacenamiento de residuos radiactivos.
3. Una vez descartado que el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente contradiga el orden constitucional de competencias, corresponde entrar a analizar si, como señala el órgano judicial, incide en algunas de las prohibiciones previstas en el art. 6 LOFCA. A tal fin, conviene subrayar que la Constitución, al establecer el sistema de recursos al que pueden acceder las Comunidades Autónomas cita, entre otros, “sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales” [art. 157.1 b) CE], debiendo regularse mediante ley orgánica el ejercicio de esas competencias financieras (art. 157.3 CE). Fruto de esta habilitación, la LOFCA, en su art. 6, en la redacción vigente al momento de aprobarse la norma cuestionada, ha condicionado el ejercicio de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas en materia de tributos propios a dos límites ineludibles, los cuales inciden de forma importante en su capacidad para establecer un sistema de tributos propio como consecuencia de la ocupación de la riqueza gravable tanto por los tributos estatales como por los locales (SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; y 196/2012, de 31 de octubre, FJ 2). Concretamente, los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de la competencia que, en materia tributaria, deriva del juego de los arts. 133.2 y 157.1 CE, no podrán ni “recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado” (art. 6.2 LOFCA), ni “establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de régimen local reserv[ase] a las corporaciones locales”, salvo “en los supuestos” en que dicha legislación lo previese y “en los términos” que la misma estableciera (art. 6.3 LOFCA).
Pues bien, el límite previsto en el art. 6.2 LOFCA “no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría … a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos autonómicos” [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14], de manera que “la prohibición de doble imposición en él contenida atiende al presupuesto adoptado como hecho imponible y no a la realidad o materia imponible que le sirve de base” (STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4; 122/2012, de 5 de junio, FJ 3; y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 7), prohibiendo “la duplicidad de hechos imponibles, estrictamente” [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; 186/1993, de 7 de junio, FJ 4.c); 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4; y 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4].
4. Hechas las precisiones que anteceden, ya estamos en disposición de señalar que la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, según señala su exposición de motivos, establece y regula un impuesto con el que se pretende “por una parte, introducir un elemento disuasorio con el que contribuir a frenar el deterioro del medio ambiente al hacer más onerosa la práctica de actividades contaminantes, y por otra, obtener los recursos necesarios para compensar a los ciudadanos de una parte de los costes que soportan como consecuencia de dichas actividades” (párrafo segundo). Para ello configura como objeto y finalidad del tributo el gravamen de “la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soportar y a frenar el deterioro del entorno natural” (art. 1.1), afectando el rendimiento derivado del mismo “a gastos de conservación y mejora del medio ambiente en la forma que establezca la Ley de Presupuestos Generales” (art. 1.2). De esta manera, el hecho imponible del impuesto lo constituye “la contaminación y los riesgos que en el medio ambiente” ocasiona la realización de cualquiera de la siguientes actividades: “[a]ctividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno” [art. 2.1 a)]; “[p]roducción termonuclear de energía eléctrica” [art. 2.1 b)]; y el “[a]lmacenamiento de residuos radiactivos” [art. 2.1 c)].
5. La segunda modalidad del impuesto castellano-manchego cuestionado, contenida en el art. 2.1 b) de la Ley 16/2005, de 29 de diciembre, define el hecho imponible como la “[p]roducción termonuclear de energía eléctrica”, gravando, en consecuencia, la actividad económica consistente en crear energía eléctrica mediante una central nuclear. El sujeto pasivo es la persona que realiza la actividad económica de producción de energía eléctrica (art. 4.1) y la base imponible se determina en función de la producción bruta de electricidad en el período impositivo, expresada en megavatios/hora [art. 5 b)], aplicándose el impuesto en proporción a la cantidad de energía eléctrica producida. Por su parte, el impuesto sobre actividades económicas grava el mero de ejercicio de actividades económicas (art. 78.1 LHL) y, concretamente, la actividad de “producción de energía electronuclear”, es decir, la producción de energía eléctrica mediante una central nuclear, siendo el sujeto pasivo la persona o entidad que realice la actividad (art. 83 LHL) y estableciéndose una cuota por cada kilovatio de potencia en generadores de 0,510860 € (epígrafe 151.3 de la Sección 1 del anexo del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas e instrucciones).
6. La tercera modalidad del impuesto castellano-manchego cuestionado, contenida en el art. 2.1 c) de la Ley 16/2005, define el hecho imponible como el “[a]lmacenamiento de residuos radiactivos”. El sujeto pasivo es la persona que realiza la actividad económica de almacenamiento (art. 4.1) y la base imponible se determina por la “cantidad de los residuos almacenados a la fecha del devengo del impuesto expresada en kilogramos de uranio total que contiene” [art. 5 c)], aplicándose un tipo de 5 euros por cada kilogramo de residuo radiactivo de alta actividad, o 1.000 euros por cada metro cúbico de residuo radiactivo de media y baja actividad. Por su parte, el impuesto sobre actividades económicas grava, como se ha dicho, el mero de ejercicio de actividades económicas (art. 78.1 LHL) y, concretamente, la actividad de “almacenamiento de residuos radiactivos”, en la persona o entidad que realiza la citada actividad de almacenamiento (art. 83 LHL), estableciéndose una cuota fija de 31.102,38 € (epígrafe 143.3 de la Sección 1 del anexo del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas e instrucciones).
7. En consecuencia, según lo que antecede, debe declararse que el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente regulado por la Ley 16/2005, de 29 de diciembre, en su modalidad de gravamen sobre las “[a]ctividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno” [art. 2.1 a)], no es contrario al orden constitucional de competencias y, concretamente, a los arts. 133.2, 149.1.13, 23 y 25, y 157.1 b), todos ellos de la Constitución, ni incide en los límites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 6 LOFCA.
1º Declarar inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 7 de esta Sentencia, los arts. 2.1 b) y c), 2.2 y 3, 5 b) y c), 8 b y c), así como la expresión “y de almacenamiento de residuos radiactivos” de los arts. 10.4 y 11.2, de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 8952-2010
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Se enjuicia si la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 29 de diciembre de 2005, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, vulnera los preceptos constitucionales relativos a la potestad de las Comunidades Autónomas para el establecimiento y exigencia de tributos y a los instrumentos normativos previstos para la regulación de dichos recursos, así como las competencias exclusivas del Estado en diversas materias.
Se estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad. En aplicación de la doctrina sentada por la STC 196/2012, de 31 de octubre, se declara la inconstitucionalidad de las modalidades del impuesto autonómico que gravan la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos, pues tanto en una como en otra variante se aprecia la identidad de alguno de los elementos de su estructura respecto de la propia del impuesto sobre actividades económicas, sin que dicha coincidencia pueda salvarse por la promulgada afectación del rendimiento del gravamen autonómico a políticas medioambientales. Sin embargo, del contraste entre la modalidad que grava las actividades cuyas instalaciones emiten compuestos oxigenados de azufre o de nitrógeno y el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre actividades económicas, no cabe apreciar solapamiento alguno que incurra en las prohibiciones previstas por la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas.
La comparación entre la modalidad de gravamen sobre las actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno y el impuesto especial sobre la electricidad, permite afirmar que estamos en presencia de tributos con hechos imponibles diferentes –emisión de gases, en un caso, y producción de energía eléctrica, en otro– por lo que debe rechazarse que la modalidad impositiva cuestionada incurra en la prohibición prevista en el art. 6.2 LOFCA [FFJJ 4, 7].
La comparación entre la modalidad de gravamen sobre las actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno y el impuesto sobre actividades económicas no permite apreciar solapamiento alguno, pues el primero somete a tributación el número de toneladas de gases emitidos a la atmósfera, mientras que el segundo grava el mero de ejercicio de actividades económicas sin establecer gravamen alguno por la emisión de gases a la atmósfera, por lo que dicho gravamen no es contrario al orden constitucional de competencias ni incide en los límites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 6 LOFCA [FFJJ 4, 7].
La modalidad del impuesto castellano-manchego relativa a la producción termonuclear de energía eléctrica ni se dirige a disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, ni busca estimular actuaciones protectoras del medio ambiente, configurándose como un tributo que somete a tributación el mero ejercicio de la actividad de producción termonuclear de energía eléctrica, lo que impide entender que el gravamen se haya configurado sobre una materia imponible diferente a la que es objeto del impuesto sobre actividades económicas, por lo que debe declararse inconstitucional por violación del art. 6.3 LOFCA (SSTC 179/2006, 196/2012) [FFJJ 5, 7].
La modalidad del impuesto castellano-manchego relativa al almacenamiento de residuos radiactivos y la del impuesto municipal sobre actividades económicas son coincidentes, sin que exista dato alguno en la configuración del primero que permita apreciar una pretendida finalidad extrafiscal o intentio legis de gravar la actividad contaminante y los riesgos para el medio ambiente, por lo que debe declararse inconstitucional al incurrir en la prohibición prevista en el art. 6.3 LOFCA (STC 196/2012) [FFJJ 6, 7].
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene competencia material para dictar, en el marco de la legislación básica del Estado, normas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente y de régimen energético, ex art. 32.7 y 8 EACM, pero también la competencia financiera para adoptar esas medidas en forma de tributos dentro del marco y límites establecidos por la LOFCA, por lo que el establecimiento de un impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente no puede declararse contrario al orden constitucional de competencias (STC 168/2004) [FJ 2].
Las Comunidades Autónomas son titulares de determinadas competencias financieras, entre las que se encuentra la potestad de establecer tributos, bien como fuente de ingresos, bien como instrumento al servicio de políticas sectoriales distintas de la puramente recaudatoria, competencias financieras que no sólo deben ser ejercidas dentro del marco y límites establecidos por el Estado en el ejercicio de su potestad, sino también dentro del marco de competencias asumidas (SSTC 37/1987, 122/2012) [FJ 2].
El Estado tiene competencia exclusiva para la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, lo que no excluye que las Comunidades puedan desarrollar la legislación estatal, cuando sus Estatutos les hayan atribuido esta competencia, ni que todas las competencias que se ejerzan sobre esa materia hayan de corresponder al Estado y, en particular, cuando de lo que se trata es de regular su régimen económico-financiero (SSTC 227/1988, 149/1991) [FJ 2].
El examen de la Ley del sector eléctrico pone de manifiesto que el legislador básico estatal asume con absoluta normalidad la existencia de tributos locales y autonómicos que recaigan sobre las energías eléctrica y gasista, de modo que al hallarnos en un ámbito de competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha de existir una margen de desarrollo por éstas de actuaciones y políticas propias en materia de calidad de suministro eléctrico (STC 168/2004, 148/2011) [FJ 2].
Doctrina sobre los límites a los que están sujetos los tributos autonómicos en el ejercicio de la competencia, que en materia tributaria, deriva de los arts. 133.2 y 157.1 CE (SSTC 289/2000, 196/2012) [FJ 3].
Doctrina sobre los conceptos de ‘hecho imponible’ y ‘materia imponible’ (SSTC 37/1987, 122/2012) [FJ 3].
Para analizar si una Comunidad Autónoma ha sobrepasado en el ejercicio de sus competencias en materia tributaria los límites que le impone el art. 6 LOFCA y, por tanto, para determinar si ha incurrido en una doble imposición, el examen de los tributos que se reputan coincidentes no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles, debiendo abarcar también los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho imponible, así como la posible concurrencia de una finalidad extrafiscal (SSTC 122/2012, 210/2012) [FJ 3].
El canon de constitucionalidad aplicable a las normas de las Comunidades Autónomas es el que se contiene en sus respectivos Estatutos de Autonomía y en las leyes estatales que se hubieran dictado para delimitar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como en las reglas y principios aplicables a todos los poderes públicos y, específicamente, a las Comunidades Autónomas (SSTC 7/2010, 196/2012) [FJ 1 a)].
El juicio de relevancia constituye uno de los requisitos esenciales de toda cuestión de inconstitucionalidad por cuanto a su través se garantiza el control concreto de la constitucionalidad de la ley, correspondiendo a los Jueces y Tribunales ordinarios que las plantean comprobar y exteriorizar, prima facie, dicho juicio de relevancia, pudiendo el Tribunal Constitucional rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes tan solo cuando, de manera notoria, advierta que la argumentación judicial resulta falta de consistencia (SSTC 84/2012, 146/2012) [FJ 1 b)].
El control del juicio de relevancia que corresponde efectuar a este Tribunal no puede extenderse al examen del proceso mismo en que la cuestión se plantea ni al de los presupuestos procesales que le sirven de base, pues, por esa vía indirecta, se estaría resolviendo un problema de legalidad ordinaria para lo que este Tribunal carece de jurisdicción y de competencia (STC 27/2012) [FJ 1 c)].
Cuando está en juego la depuración del ordenamiento jurídico, es carga del órgano judicial no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan, y en los casos en que la carga no se atiende, existe una falta de diligencia procesalmente exigible (SSTC 233/1999, 100/2012) [FJ 2].
Por exigencia del principio de seguridad jurídica únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía en ellos una resolución administrativa o judicial firme (SSTC 289/2000, 196/2012) [FJ 7].
Artículo 2 apartados 2, 3 (anula)
Artículo 2.1 b), c) (anula)
Artículo 5 b), c) (anula)
Artículo 8 b), c) (anula)
Artículo 10.4 expresión "y de almacenamiento de residuos radiactivos" (anula)
Artículo 11.2 expresión "y de almacenamiento de residuos radiactivos" (anula)
Artículo 45.1, ff. 2, 5
Artículo 133.2, ff. 1 a 3, 7
Artículo 149.1.13, ff. 1, 2, 7
Artículo 149.1.23, ff. 1, 2, 7
Artículo 149.1.25, ff. 1, 2, 7
Artículo 157.1 b), ff. 2, 3, 7
Artículo 157.3, ff. 1 a 3
Artículo 6.2, ff. 1 a 4, 7
Artículo 6.3, ff. 1 a 7
Artículo 32.7, f. 2
Artículo 32.8, f. 2
Anexo, sección 1, epígrafe 143.3, f. 6
Anexo, sección 1, epígrafe 151.3, f. 5
Artículo 64 sexies, f. 4
Artículo 17.4 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 2
Artículo 17.4 (redactado por la Ley 17/2007, de 4 de julio), f. 2
Artículo 18.5 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 2
Artículo 18.5 (redactado por la Ley 17/2007, de 4 de julio), f. 2
Artículo 45.2 d), f. 1
Artículo 2.1 b), ff. 5, 6
Artículo 2.1 c), f. 6
Artículo 5.1 c), f. 6
Artículo 6 b), f. 5
Artículo 6 c), f. 6
Artículo 78.1, ff. 4 a 6
Artículo 83, ff. 5, 6
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 13/2005, de 29 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006
Artículo 50.1, f. 5
Artículo 1.2, ff. 4, 5
Artículos 1 a 15, f. 1
Artículo 2.1 a), ff. 4, 7
Artículo 2.1 b), ff. 4, 5, 7
Artículo 2.1 c), ff. 4, 6, 7
Artículo 5 b), ff. 5, 7
Artículo 5 c), ff. 6, 7
Artículo 5.1 b), ff. 5, 6
Artículo 8 b), ff. 5 a 7
Artículo 8 c), f. 7
Artículo 10.4, f. 7
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 15 de marzo de 2006. Se aprueban los modelos 701 y 702 de autoliquidación del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se dictan normas para su presentación
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 6/2006, de 20 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2007
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 15/2007, de 20 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2008
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2008, de 19 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2009
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 5/2009, de 17 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 5/2012, de 12 de julio. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012
Disposición adicional duodécima, apartado 1, f. 5
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2012, de 20 de diciembre. Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013
Competencias en materia tributariaCompetencias en materia tributaria, f. 2
Cuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, ff. 2 a 7
Finalidad extrafiscal del tributoFinalidad extrafiscal del tributo, ff. 2, 3, 5, 6
Hecho imponibleHecho imponible, ff. 3 a 7
Impuesto sobre actividades que incidan en el medio ambienteImpuesto sobre actividades que incidan en el medio ambiente, ff. 2 a 6
Materia imponibleMateria imponible, ff. 2 a 7
Pervivencia del objeto pese a la modificación de la normaPervivencia del objeto pese a la modificación de la norma, ff. 2 a 7
TributosTributos, ff. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tributos autonómicosTributos autonómicos, ff. 2, 3, 4
Almacenamiento de residuos nuclearesAlmacenamiento de residuos nucleares, ff. 2, 6, 7
Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha, ff. 2 a 6

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
e contrario
 resolución 

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 45

Artículo 133

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 157

Artículo 157

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 64

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 45

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 78

Artículo 83

Artículo 50

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 10