Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-187-08.htm
Timestamp: 2018-12-10 20:51:41+00:00

Document:
C-187-08
“Artículo 310. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
La demandante asegura que existe una oposición objetiva entre lo establecido entre el numeral 2º del artículo 310 de la Ley 906 de 2004 y los artículos 13 y 28 constitucionales, ya que bajo la libertad de interpretación de los funcionarios judiciales, con el mismo texto formal de la disposición jurídica se está privando de su libertad en unos casos a las personas y en otros no, siendo soportada la medida de detención preventiva “en dicho enunciado, pero dándole un alcance diferente a la norma jurídica”.
Explica que para imponer una medida de aseguramiento, cualquiera que ésta sea, primero se debe establecer el cumplimiento de al menos uno de los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y desarrollados en los artículos subsiguientes. El legislador contempló dentro de éstos, para imponer medida de aseguramiento, considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad ( art. 308.2 ), la cual desarrolla en el artículo 310 del C.P.P., causal según la cual deberá tomar en cuenta “El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”.
Asegura que la primera de ellas es “menos invasiba (sic) de la libertad física de las personas y está destinada para aquellos delitos cuya pena a imponer es relativamente pequeña, destinándose específicamente para las conductas que son querellables, así como para las sancionadas con un mínimo de pena a imponer no superior a cuatro años de prisión”. Por el contrario, la segunda, la privación efectiva de la libertad física está encaminada a los delitos de alto impacto para la sociedad, siendo éstos (i) perseguibles de oficio; (ii) conductas cuya competencia está radicada en los jueces penales del circuito especializados; y (iii) aquellas acciones donde se vean comprometidos los derechos patrimoniales en cuantía superior a 150 s.m.l.v.
Así pues, una vez analizados los requisitos del artículo 308 del C.P.P., el juez de control de garantías debe decidir qué medida de aseguramiento se puede imponer “y aquí es donde empieza el punto álgido de mi preocupación”.
“A) Unos jueces de control de garantías, al momento de imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva, consideran que el requisito se cumple, no más con que existan dos o más delitos enrostrados al imputado, siendo suficiente para restringir la libertad física de las personas, que una de estas conductas esté cobijada con medida de aseguramiento y proceden a imponer la medida solicita.
B)En cambio existe otro grupo de jueces de control de garantías que consideran inaceptable esta interpretación, pues son de la concepción que del número de delitos que se le imputan al momento de imponer una detención preventiva, al menos dos de ellos deben estar cobijados con detención preventiva, porque sino se estaría violando el debido proceso”
“La razón para ello es que si se va a restringir la libertad de locomoción, lo mínimo que se debe exigir es que al menos dos, de esas conductas enrostradas o señaladas como de su autoría, también tengan la misma sanción, porque si se señalan dos delitos y sólo uno de ellos tiene detención preventiva y el otro no, no se estaría cumpliendo con esta causal, porque quedaría un delito con medida de aseguramiento de detención preventiva y el otro no, no se estaría cumpliendo con esta causal, porque quedaría un delito con medida de aseguramiento de detención preventiva y el otro no, y para este último se encuentra una norma específica que es el artículo 315 de la Ley 906 de 2004, y por lo tanto se estaría haciendo más gravosa la situación para el imputado”.
Asegura que le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la debida interpretación de la disposición acusada “porque se encuentra en vilo no cualquier derecho, sino varios derechos fundamentales constitucionales, entre ellos el de La Libertad y de Igualdad, pues al aplicar un mismo texto lingüístico, se están tomando decisiones diametralmente opuestas, coartando un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales para ello, incumpliendo los mandamientos superiores sobre un debido proceso”.
Así las cosas, la demandante estima que la norma acusada debe ser interpretada en el sentido de que de las conductas enrostradas, dos, como mínimo, deben encontrarse cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva, para poder restringir la libertad física de los ciudadanos. De tal suerte que “si el legislador hubiera querido que la detención preventiva se tomara con base en un solo y único delito con detención preventiva, así lo hubiera manifestado, y no hubiera quedado al arbitrio de intérpretes, lesionando en la gran mayoría de las veces el derecho fundamental a la libertad”.
En este orden de ideas, según la demandante, “esta dualidad jurídica en la interpretación da lugar para (sic) una inseguridad jurídica, pues mientras unos jueces detienen o privan de su libertad a un ciudadano con dos delitos, así solamente uno de ellos esté cobijado con medida de aseguramiento; otros requieren que al menos dos de los delitos mencionados estén cobijados con detención preventiva, y como consecuencia lógica de ello llevaría a la escogencia de los jueces, para la realización de este tipo de diligencias”. Lo anterior, según la demandante, constituye una vulneración al derecho a la igualdad, pues mientras unos jueces imponen medida de aseguramiento, gravosa en el caso de la detención preventiva, otros no, por considerar que no se reúnen los requisitos.
En suma, la demandante asegura lo siguiente: “El fin de esta acción de inconstitucionalidad es que se declare que existe una sola interpretación y que esa interpretación es la restrictiva, es decir, que los dos delitos de los cuales habla la norma, deben estar cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva, ya que lo contrario es irracional y desconoce el mandato constitucional consagrado en el su (sic) artículos 13, 28 y 29”.
Por el contrario, el interviniente sostiene que no le corresponde a la Corte señalar cuál de las interpretaciones dadas es conforme con la Constitución, si bien es cierto que “la H. Corte Constitucional se declaró competente para conocer de la constitucionalidad de la interpretación que de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1983 hacía el H. Consejo de Estado. Sin embargo, y sobre ello quiero llamar la atención de la Corporación, el supuesto fáctico sobre el cual decidió la Corte que era competente para decidir sobre la constitucionalidad de la interpretación de esos artículos, es sustancialmente diferente al que acontece en este caso”.
Sobre el particular, explica que en sentencia C- 1426 de 2000, la Corte adelantó un juicio de constitucionalidad entre una norma de orden legal, la interpretación cierta y definida que sobre la misma había realizado el Consejo de Estado y los preceptos constitucionales. Por el contrario, en el presente caso la demandante no refiere que la norma acusada haya sido interpretada por la Corte Suprema de Justicia, y de hecho, ni siquiera hace alusión a fallos concretos en que autoridades judiciales hubiesen interpretado la norma acusada, en el sentido referido por la ciudadana. En tal sentido, “la demandante no ofrece prueba alguna acerca de que los jueces de control de garantías, en realidad, estén sometidos a la indefinición hermenéutica que se expone en la demanda”.
Explica a continuación que “la demanda de inconstitucionalidad no está llamada a prosperar, debido a que la misma no reúne el requisito de certeza exigido por la propia Corte Constitucional como presupuesto de procedibilidad de la acción”. En efecto, la demanda no recae sobre una proposición jurídica completa y cierta sino sobre una dualidad de interpretaciones que la actora supone o infiere como posibles.
Así las cosas, si se admite, como debería hacerse en sana lógica, que el sujeto que comete varias conductas punibles es, probablemente, más peligroso para la comunidad y para los fines de la pena que el delincuente que comete un solo delito, y es a eso a lo que se refiere el numeral 2º del artículo 310 demandado, entonces es claro que el hecho de que algunas de las conductas punibles no reúnan los requisitos previstos en el artículo 313, no debe ser obstáculo para ordenar la detención preventiva, siempre que al menos una de las conductas llene los presupuestos del mencionado artículo. Por el contrario, de llegar a aceptarse que sólo procede la detención preventiva si todos los delitos reúnen los requisitos del artículo 313, entonces el delincuente que comete una pluralidad de crímenes, algunas de las cuales no reúnen los requisitos para la detención preventiva, se encontraría en una situación más favorable que aquel que comete un solo delito que reúne los requisitos del artículo 313. “En este caso, el delincuente autor de varios crímenes y, por ende, más peligroso, no podría ser privado de la libertad, mientras que el autor de un solo delito, y por ende menos peligroso, sí lo sería”.
En tal sentido, le corresponde a la Fiscalía buscar y presentar ante el juez de control de garantías los elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida para sustentar la petición de imposición de medida de aseguramiento. En tal sentido, los requisitos consagrados en el artículo 308 del C.P.P. son un imperativo constitucional, “toda vez que numeral primero del artículo 250 de la Constitución Nacional, reformado por el artículo 2º del acto legislativo 03 de 2002, así lo establece”.
Concluye el interviniente sosteniendo que “para que la medida de detención preventiva para la protección de la comunidad resulte imponible no siempre es relevante establecer que haya pluralidad de delitos y que para cada uno de ellos es imponible la pena de detención preventiva. Para que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva pueda ser impuesta sin violar la Constitución, se deben atender a las circunstancias del caso en concreto”.
El interviniente, luego de citar apartes de la sentencia C- 1052 de 2001, afirma que la censura de la accionante carece de certeza, pues no está dirigida, “en estricto sentido, contra la disposición acusada, tan solo está pretendiendo que se de validez constitucional a una interpretación de la norma”. De allí que se esté realmente solicitando la exequibilidad condicionada de la norma, “sin que se formule ningún ataque de inconstitucionalidad, omitiéndose por tanto imputar un cargo concreto”.
Agrega que la demanda no cumple tampoco con el requisito de especificidad, pues no logra establecer cómo es que la interpretación censurada por la accionante, esto es, que puede decretarse la medida de aseguramiento de detención preventiva siempre que “por lo menos, frente a uno solo de los delitos imputados concurran los requisitos de los artículo (sic) 313 y 308, vulnera la Constitución”. Además, le corresponde a la justicia ordinaria interpretar el sentido de la norma acusada, en especial, a la Corte Suprema de Justicia, en su labor de unificación de jurisprudencia.
No obstante lo anterior, señala que si la Corte entiende que se planteó un verdadero cargo de inconstitucionalidad, éste tampoco estaría llamado a prosperar por cuanto se trata de una medida cautelar ajustada al artículo 29 Superior. En efecto, la procedencia de la medida de aseguramiento no se sujeta únicamente al cumplimiento de los requisitos formales, sino que para decretarla será necesario examinar los fines de la medida. En tal sentido, “que el imputado constituya un peligro para seguridad de la sociedad o de la víctima” es un fin constitucional, y no sólo para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, sino para todas aquéllas.
En este orden de ideas, “se equivoca entonces la demandante cuando piensa que al demostrarse el riesgo para la comunidad, por la imputación de conductas plurales, se debe imponer exclusivamente la detención preventiva, pues aún demostrado este punto, sería procedente, según el caso, imponer cualquier otra medida”. Así pues, “la hermenéutica propuesta por la accionante desconoce el criterio de proporcionalidad que, como modulador de la actividad procesal, obliga al juez a valorar si pese a la concurrencia de los requisitos objetivos, probatorios y teleológicos debe abstenerse de imponer la medida pues los beneficios que reporta resultan insignificantes frente a la intensidad de la restricción al derecho a la libertad”.
Así las cosas, cuando el juez de control de garantías procede a dictar medida de aseguramiento, a petición de la fiscalía, deberá tener presente el artículo 29 superior. De tal suerte que cuando el legislador hace referencia a las circunstancias de peligro para la comunidad, “efectivamente crea confusiones, hasta para aplicar los tipos penales, no solo con este numeral, si no con los otros tres que integran la norma, pero como aquí se trata de la detención preventiva, cuando se refiere a dos delitos imputados, esta mera circunstancia no es suficiente, porque además de ser conductas punibles que ameritan detención, es indispensable el estudio de su naturaleza, como lo dicen las normas. Si hay jueces que tienen una apreciación equivocada de estos mandatos legales y constitucionales, si será una labor de enseñanza para que pierdan esa idea de carceleros, pero de esto no es responsable el legislador, sino el intérprete de la ley”.
“Declararse INHIBIDA para fallar de fondo en relación al numeral 2 del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, por cuanto con posterioridad a la presentación de la demanda la disposición fue modificada por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007 y, en caso de que la Corte asuma el conocimiento de la disposición acusada, declarase INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda”.
Aunado a lo anterior, la interpretación señalada como inexequible no es coherente con el régimen de libertad que establece el C.P.P., ya que en este texto normativo la privación de la libertad es considerada última ratio. Además, la decisión acerca de la privación o no de la libertad dependerá de la valoración que adelante el juez de control de garantías de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, a partir de parámetros señalados por el legislador, correspondiéndole determinar la necesidad de la medida. “De tal manera que ni la pluralidad de delitos es un criterio suficiente para imponer este tipo de medidas, ni tampoco es un criterio necesario, solamente, como lo señala la norma, constituye una circunstancia adicional a tener en cuenta”.
Agrega que la presunta interpretación contraria a la Carta no se deriva del contenido normativo del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la sola pluralidad de delitos no puede ser criterio suficiente para imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva. Se trata, en consecuencia, de una interpretación descontextualizada de la norma. De igual manera, la disposición acusada no refiere únicamente a la existencia de más de un delito, sino que precisa tomar en consideración “la naturaleza de los mismos”.
La ciudadana María del Pilar Orjuela Bossa demanda la inexequibilidad del numeral 2º del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, a cuyo tenor “El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, por estimar que vulnera el Preámbulo y los artículos 13, 24, 28, 29 Superiores.
Argumenta que para imponer una medida de aseguramiento, cualquiera que sea, primero se debe establecer el cumplimiento de al menos uno de los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y desarrollados en los artículos subsiguientes. El legislador contempló dentro de éstos, considerar que el imputado constituye un peligro para la sociedad (art. 308.2), lo cual es desarrollado en el artículo 310 del C.P.P., causal según la cual el juez deberá tomar en cuenta “El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”.
Al respecto, explica que la norma acusada admitiría dos posibles interpretaciones: (i) que ambos delitos tengan prevista la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y (ii) que al menos uno de ellos la tenga. Según la ciudadana, solamente la primer interpretación sería conforme con el Preámbulo y los artículos 24, 28, 29 constitucionales. No obstante lo anterior, asegura que algunos jueces de control de garantías vienen aplicando la segunda interpretación de la norma acusada, hermenéutica que estima violatoria de la Constitución. De allí que la ciudadana aclare que su demanda se encamina a que “se declare que existe una sola interpretación y que esa interpretación es la restrictiva, es decir, que los dos delitos de los cuales habla la norma, deben estar cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva, ya que lo contrario es irracional y desconoce el mandato constitucional consagrado en el su (sic) artículos 13, 28 y 29”.
La Vista Fiscal, por su parte, solicita a esta Corte declararse inhibida para fallar, por cuanto con posterioridad a la presentación de la demanda la disposición fue modificada por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007 “y, en caso de que la Corte asuma el conocimiento de la disposición acusada, declararse INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda”.
La demandante sostiene que existe una interpretación llevada a cabo por un grupo de jueces de control de garantías, sin aportar prueba alguna de ello, en el sentido de que la expresión “El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos” del artículo 310 de la Ley 906 de 2004 se entiende que para determinar si el imputado representa un peligro para la comunidad basta con que para uno sólo de los delitos que se le endilgan proceda la medida de aseguramiento de detención preventiva para que ésta sea decretada. En otras palabras, que si por ejemplo, uno de los delitos tiene prevista medida de aseguramiento de detención preventiva y el segundo no, basta con esa circunstancia para imponer aquella medida restrictiva de la libertad personal.
Declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo contra la expresión “El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”, del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda.

References: artículo 310
 artículo 308
 artículo 310
 artículo 308
 artículo 315
 artículo 310
 artículo 313
 artículo 313
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 artículo 250
 artículo 2
 artículo 29
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 artículo 310
 artículo 24
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 artículo 310
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