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Timestamp: 2020-08-13 00:31:45+00:00

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﻿ AUTO 2016-00121/57618 DE NOVIEMBRE 7 DE 2017
AUTO 2016-00121 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL PARA ESTUDIO DE COSTAS PROCESALES. LAS CAUSALES DE ADMISIÓN DE ESTE RECURSO SON TAXATIVAS LO QUE IMPLICA RECONOCER EL PROPÓSITO QUE EL LEGISLADOR DETERMINÓ PARA ESTE RECURSO AL DEFINIR QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO PODRÁ PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA, NI CALIFICARÁ O MODIFICARÁ LOS CRITERIOS, MOTIVACIONES, VALORACIONES PROBATORIA O INTERPRETACIONES EXPUESTAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL AL ADOPTAR EL LAUDO. EN ESTE SENTIDO LA INCONFORMIDAD RELACIONADA CON EL PAGO DE HONORARIO DE LOS ÁRBITROS –COSTAS PROCESALES- ACARREA UN ESTUDIO DE FONDO DEL CASO PORQUE AQUELLOS SE IMPONEN TENIENDO EN CUENTA FACTORES RELACIONADOS CON EL CASO, CUESTIÓN QUE ADEMÁS DE ESTAR VEDADA AL JUEZ DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO EXCEPCIONAL DE IMPUGNACIÓN, TAMPOCO SE ENCUENTRA PREVISTA COMO UNA CAUSAL DE REVISIÓN EN LA LEY 1563 DE 2011. ASÍ LAS COSAS, TODA VEZ QUE EL RECURSO NO SE FUNDAMENTÓ EN NINGUNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012, SE RECHAZA EL RECURSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, COSTAS PROCESALES, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL
Auto 2016-00121/57618 de diciembre 20 de 2017
Rad.: 11001-03-26-000-2016-00121-00(57618)
Actor: Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau
Corresponde al despacho pronunciarse sobre la viabilidad de admitir el recurso de anulación presentado por el departamento de Córdoba, a través de apoderado judicial, contra el laudo arbitral del 11 de abril de 2016 (fls. 131 a 159, cdno. ppal.) y su aclaración y corrección del 12 de abril del mismo año (fls. 160 y 161, cdno. ppal.), dictados por el Tribunal de Arbitramento promovido por el Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau.
1. El Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería, constituido para dirimir las controversias entre el Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau y el departamento de Córdoba, con fundamento en la cláusula compromisoria pactada dentro de contrato de Nº 269 de 2010, profirió laudo arbitral el 11 de abril de 2016 mediante el cual se negó la pretensión de enriquecimiento ilícito y condenó al convocado a la devolución del 50% de los honorarios de los árbitros cancelados por la parte convocante (fls. 131 a 159, cdno. ppal.).
2. El 12 de abril de 2016, de oficio, el Tribunal Arbitral aclaró y corrigió el laudo del 11 de abril de 2016 en relación a que en la parte resolutiva se condenaba a la gobernación de Córdoba, cuando en realidad era el departamento de Córdoba. En consecuencia, se ajustó el numeral segundo del resuelve (fls. 160 y 161, cdno. ppal.), decisión que fue notificada personalmente a la parte demandante(1), al demandado(2) y al Ministerio Publico(3). Sin embargo, la decisión se notificó por estado Nº 002 fijado el 25 de abril de 2016 y desfijado el 26 del mismo mes y año (fl. 171, cdno. ppal.).
3. El 21 de abril de 2016, la apoderada del departamento de Córdoba, dentro del término previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, presentó recurso de anulación contra el laudo arbitral del 11 de abril de 2016, sin que se soportara en las causales contenidas el artículo 41 de la misma normatividad (fls. 172 a 175, cdno. ppal.).
4. Posteriormente, el 19 de mayo de 2016, la apoderada del departamento de Córdoba, dentro del término previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, presentó nuevamente recurso de anulación contra el laudo arbitral del 11 de abril de 2016 y su corrección del 12 de abril de 2016, sin que se soportara en las causales contenidas el artículo 41 de la misma normatividad (fls. 185 a 187, cdno. ppal.). Este recurso fue interpuesto en idénticos términos del inicialmente presentado y solo agregó que atacaba también la corrección proferida.
Debido a que en el asunto objeto de estudio el trámite arbitral inició cuando ya se encontraba vigente la Ley 1563 de 2012(4), corresponde aplicar las disposiciones contenidas en dicha normativa, tal como lo determinó la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación(5) al estudiar la aplicación de la nueva normativa en materia de arbitraje nacional e internacional —Ley 1563 de 2012—. Por lo tanto, tratándose de un laudo proferido a raíz de un conflicto originado en un contrato estatal, por ser la entidad convocada —el departamento de Córdoba— una entidad territorial(6), en consideración al numeral 7º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer del presente asunto privativamente y en única instancia.
2. De los requisitos de admisión del recurso de anulación presentado.
Respecto al recurso extraordinario de anulación presentado por la apoderada del departamento de Córdoba, se observa que el mismo fue interpuesto el 19 de mayo de 2016, esto es, dentro del término legal. Sin embargo, se debe precisar que en relación a los fundamentos expuestos no se ponen de presente las causales del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que se alegan, pues después de citar la cláusula compromisoria del contrato 269 de 2010 se limita a exponer su inconformidad frente a la condena por el pago del 50% de los honorarios cancelados por la parte convocante, así:
De lo anterior tenemos las siguientes precisiones: En primer lugar dentro del contrato no se estipulo que las partes deberías (sic) pagar el tribunal de arbitramento, sino que se interpreta de dicha cláusula que en caso de controversias, una de las partes podrá someter las diferencias a un tribunal de arbitramento y esta será la encargada de cubrir con los gastos.
El pronunciamiento sobre las costas del arbitraje es una mención obligatoria en el laudo por mandato expreso, que paradójicamente regula la cuestión con poca claridad.
En efecto, nos dice al respecto la ley de arbitraje en su artículo 37, lo siguiente:
La ley atiende en primer lugar a lo acordado por las partes y seguidamente hace una relación de los conceptos que integran esta partida y que son:
— Los honorarios y gastos de los árbitros;
— Los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes,
— El coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje; y
— Los demás gastos originados en el procedimiento arbitral.
El acuerdo de las partes permite pactar las costas con plena libertad a título meramente enunciativo se podría pactar que:
— La parte vencida pague todos gastos;
— La parte vencida pague sólo determinados gastos;
— La parte vencida pague los gastos en la proporción o porcentaje que acuerden.
— La parte vencida pague hasta una determinada cuantía.
— Cada parte satisfará los gastos efectuados a su instancia y los que sean comunes por partes iguales.
— Cualquier otra fórmula de distribución que convenga a sus intereses.
Ahora entre el departamento y el Instituto Juan Jacobo Roseau, no se acordó el pago de honorarios del tribunal de arbitramento, sino que simplemente en caso de controversia se sometiera a este, cargando con los gastos la parte demandante (que en este caso en particular fue el que interpuso la demanda), y que remitiendo a la justicia ordinaria la parte vencida en un proceso carga con las costas y honorarios. (CPC, art. 392).
“ART. 392.—Condena en costas. “Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627: Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetar a las siguientes reglas:
1. Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: Se condenar en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, suplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesta.
Así las cosas dejo por sustentado el recurso de anulación dentro de los términos de ley (fls. 173 a 174 y 185 a 186, cdno. ppal.).
Como se puede apreciar, los argumentos propuestos en el recurso extraordinario de anulación se encuentran enfocados básicamente a controvertir la condena impuesta en el laudo arbitral por concepto de honorarios, ya que a sentir del inconforme, esta determinación no era procedente en razón a la ausencia de previsión expresa de las partes en el tema de costas y a que la ley arbitral presuntamente no es del todo clara en ese aspecto.
De lo anterior, es claro que los argumentos no encajan en ninguna de las causales contempladas en los numerales 1º a 8º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pues de ellos no se concluye que se pretenda: la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral; la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia; la no constitución del tribunal en legal forma, la indebida representación y/o falta notificación; la negativa del decreto de una prueba pedida oportunamente ni haberse dejado de practicar sin fundamento legal; la extemporaneidad de la aclaración, adición o corrección o la emisión de un fallo en conciencia o en equidad cuando debió surtirse en derecho; ni la inclusión de contradicciones, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras comprendidas en la parte resolutiva.
Ahora bien, en lo que respecta a la causal 9(7) del mismo artículo, el despacho considera que los argumentos presentados por la parte inconforme no se encuentran inmersos en ninguno de los supuestos allí referidos, pues tal como el recurrente reconoce en su escrito, el pago de honorarios de los árbitros del tribunal corresponde a un aspecto que sí es sujeto a la decisión de los árbitros. Además, no se alega que corresponda a algo que se haya concedido en porcentaje superior a lo pedido, todo lo contrario, lo que se busca es que no se condene al pago de honorarios.
De igual forma, resulta inoperante el supuesto consistente en no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento, ya que tal como se advierte sí se hizo un pronunciamiento expreso, solo que el recurrente no estuvo de acuerdo con lo que se dispuso.
Conforme lo expuesto, resulta claro que los argumentos en los que se funda el recurso de anulación desbordan la naturaleza extraordinaria y excepcional del mismo, pues, tal como lo ha advertido esta Corporación(8), dicho mecanismo especial de impugnación no busca que se analicen nuevamente las cuestiones del fondo del asunto, sino propende por el amparo del debido proceso bajo la taxatividad de las aludidas causales. Al respecto se ha dicho lo siguiente:
Ya en anteriores oportunidades19 se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley. Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el juez contencioso administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión.
Además, entender que las causales de admisión son taxativas implica reconocer el propósito que el legislador determinó para el recurso extraordinario de anulación al definir que “(…) La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo(9)”.
De este modo, resulta evidente que la inconformidad relacionada con el pago de honorarios de los árbitros —costas procesales— acarrea un estudio de fondo del caso porque aquellos se imponen teniendo en cuenta factores relacionados con el caso (conducta procesal asumida partes, si una parte resultó vencida o no, entre otros aspectos), cuestión que además de estar vedada al juez de conocimiento del medio excepcional de impugnación —se restringe a cuestiones meramente formales—, tampoco se encuentra prevista como una causal de revisión en la Ley 1563 de 2011.
Así las cosas, a pesar de que el recurso de anulación fue interpuesto y sustentado ante el Tribunal de Arbritramento dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia que de oficio corrigió el aludo del 11 de abril de 2016, no se fundamentó en ninguna de las causales establecidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, el despacho rechazará el recurso de anulación interpuesto, de conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 42(10) de la Ley 1563 de 2012.
1. RECHAZAR el recurso de anulación interpuesto por el Departamento de Córdoba contra el laudo arbitral del 11 de abril de 2016 y su corrección del 12 de abril del mismo año, ambos proferidos por el Tribunal de Arbitramento constituido para decidir el proceso arbitral promovido por el Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau, con ocasión de las diferencias surgidas en el contrato 269 de 2010, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
2. Contra la presente decisión procede el recurso de súplica, de conformidad con el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011.
3. Ejecutoriada la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de Arbitramento, por conducto de su Secretaría.
(1) Diligencia de notificación personal del 20 de abril de 2016 (fl. 164, cdno. ppal.).
(2) Diligencia de notificación personal del 2 de mayo de 2016 (fl. 178, cdno. ppal.).
(3) Diligencia de notificación personal del 22 de abril de 2016 (fl. 178, cdno. ppal.).
(4) El Tribunal de Arbitramento se convocó el 30 de mayo de 2014 (fl. 2, cdno. 1).
(5) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de 6 de junio de 2013, exp. 45922, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(6) “ART. 286.—Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
(7) “ART. 41.—Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de julio de 2015, exp. 52969, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
[19] Entre ellas las siguientes: Sentencia de mayo 15 de 1992 (exp. 5326); sentencia de noviembre 12 de 1993 (exp. 7809); sentencia de junio 16 de 1994 (exp. 6751); sentencia de octubre 24 de 1996 (exp. 11632); sentencia de mayo 18 de 2000 (exp. 17797); sentencia de agosto 23 de 2001 (exp. 19090); sentencia de junio 20 de 2002 (exp. 19488); sentencia de julio 4 de 2002 (exp. 21217); sentencia de julio 4 de 2002 (exp. 22.012); sentencia de agosto 1º de 2002 (exp. 21041); sentencia de noviembre 25 de 2004 (exp. 25560); sentencia de abril 28 de 2005 (exp. 25811); sentencia de junio 8 de 2006 (exp. 32398); sentencia de diciembre 4 de 2006 (exp. 32871); sentencia de marzo 26 de 2008 (exp. 34071); sentencia de mayo 21 de 2008 (exp. 33643); y sentencia de mayo 13 de 2009 (exp. 34525).
(9) Artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
(10) ART. 42.—Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley (…).

References: ARTÍCULO 41
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 149
 artículo 46
 artículo 41
 artículo 37
 artículo 626
 artículo 627
 artículo 42
 artículo 19
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 246
 Artículo 42