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Timestamp: 2017-08-17 22:10:11+00:00

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Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el cual se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos administrativos en materia turística
Órgano CONSEJERIA DE TURISMO Y TRABAJO
Publicado en BOIB núm. 32 de 03 de Marzo de 2011
Vigencia desde 04 de Marzo de 2011. Revisión vigente desde 04 de Marzo de 2011
CAPÍTULO II. Normas con relación a la aplicación del libre establecimiento y de los requisitos mínimos de prestación de los servicios turísticos
Artículo 4 De las prestaciones mínimas del servicio de comedor
Artículo 5 Requisitos de las viviendas turísticas de vacaciones
Artículo 6 De la antigüedad de los establecimientos de alojamiento en el medio rural
Artículo 7 De las condiciones mínimas de los campings o campamentos de turismo
Artículo 8 De la posibilidad de ofrecer otros servicios en los establecimientos de restauración
Artículo 9 De los servicios de restauración excluidos del ámbito turístico
Artículo 10 De las actividades y requisitos de las agencias de viajes
CAPÍTULO III. Normas con relación a los derechos de los consumidores y usuarios y de la calidad mínima de los servicios turísticos
Artículo 11 Información al consumidor con relación a los establecimientos turísticos
Artículo 12 Información al consumidor con relación a los servicios turísticos
Artículo 13 Establecimientos con servicios de comedor y de restauración
Artículo 14 Información al consumidor en los establecimientos de restauración
CAPÍTULO IV. Inicio de las actividades turísticas e información
Artículo 15 Derecho de inicio de la actividad turística
Artículo 16 Aplicación general del régimen de declaración responsable con relación a los servicios turísticos
Artículo 17 Solicitudes de las personas interesadas y colaboración interadministrativa con relación al inicio de las actividades turísticas
Artículo 18 Declaración responsable de inicio de actividad turística y comunicación previa
Artículo 19 Obligación de inscripción en el Registro de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos
CAPÍTULO V. Procedimiento de inscripción y comprobaciones
Artículo 20 Procedimiento de inscripción en los registros turísticos
Artículo 21 Número de registro
Artículo 22 Obligaciones de comunicar las modificaciones a los establecimientos y actividades turísticas
Artículo 23 Inspección y comprobación posterior al inicio de la actividad
Disposición adicional primera Regulación de los registros
Disposición adicional segunda Adaptación de la normativa
Disposición adicional tercera Habilitación competencial
Disposición transitoria primera Expedientes en tramitación
Disposición transitoria segunda Competencias del Consejo Insular de Mallorca
Disposición final primera Aplicación y desarrollo
ANEXO 1 . DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
ANEXO 2 . COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE DATOS CON RELACIÓN A ACTIVIDADES TURÍSTICAS
D 20/2015, de 17 Abr. CA Illes Balears (principios generales y directrices de coordinación en materia turística, regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos)
D [BALEARES] 13/2011, 25 febrero, derogado por la disposición derogatoria única del D [BALEARES] 20/2015, 17 abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears («B.O.I.B.» 18 abril), el 19 de abril de 2015.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, «Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma han de reconocer la actividad turística como elemento económico estratégico de las Illes Balears. El Fomento y la ordenación de la actividad turística se llevaran a cabo con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y la ordenación económica que tengan como finalidad favorecer el crecimiento económico a medio y largo plazo».
En aplicación del Decreto ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, se aprobó el Decreto 60/2009, de 25 de septiembre, por el cual se establecen la unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turística, como también la declaración responsable de inicio de las actividades turísticas, que, además, se adaptaba al contenido de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.
Con posterioridad, fueron aprobadas leyes de ámbito estatal y autonómico que inciden sobre la materia regulada por este Decreto. Entre las leyes con incidencia en la materia son destacables las leyes estatales, de carácter básico, vinculadas a la Directiva 2006/123/CE: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y el ejercicio de éstas (identificada habitualmente como Ley paraguas), y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (identificada habitualmente como Ley ómnibus), de modificación de diversas leyes para adaptarlas a la Ley 17/2009, que reguló el régimen general de las autorizaciones administrativas y de la declaración responsable a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En el ámbito autonómico la aprobación de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, comportó la derogación del Decreto ley 1/2009 y la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Dada la importancia de las normas legales aprobadas, se considera necesario dictar un nuevo decreto que agrupe parte de las disposiciones del anterior Decreto 60/2009 y amplíe el vacío normativo generado por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el cual se derogan diversas normas estatales sobre el acceso a las actividades turísticas y el ejercicio de éstas; es decir, que establezca en el ámbito de las Illes Balears la regulación de las empresas y los establecimientos turísticos, la regulación de la declaración responsable y la simplificación de los procedimientos administrativos en materia turística, dentro de los principios establecidos en la nueva normativa.
De acuerdo con esto, el Decreto se estructura en cinco capítulos: el primero recoge el objeto, el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, y los principios generales que lo informan; en el capítulo segundo se establecen las normas generales relativas a los requisitos mínimos de los diferentes servicios turísticos, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, modificada por la Ley 12/2010; en el capítulo tercero se hace mención a las normas destinadas a la protección de los usuarios y la calidad turística; el capítulo cuarto implica, de acuerdo con la normativa mencionada antes, la implantación definitiva de la Declaración responsable de inicio de la actividad turística (DRIAT) y la comunicación previa, en sustitución de las autorizaciones administrativas convencionales, y, consecuencia de ello, es la regulación establecida en el capítulo quinto, sobre la comprobación de las actividades, y su inscripción en los registros turísticos.
La Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de autonomia de las Illes Balears, en el artículo 30.11 del título III de la Ley 1/2007, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «Turismo. Ordenación y planificación del sector turístico. Promoción turística.
Información turística. Oficinas de promoción turística en el exterior. Regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos. Regulación de les líneas públicas propias de apoyo y promoción del turismo». Por otra parte, el turismo es un elemento estratégico del desarrollo económico de las Illes Balears y, en consecuencia, se vincula a les competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma previstas en el artículo 30.21 sobre «Fomento del desarrollo económico dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación general de la actividad económica», y en el artículo 31.6 en relación con la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia «de ordenación y planificación económica de les Illes Balears».
De acuerdo con el artículo 58.1 de la Ley 1/2007, «Corresponde al Gobierno de las Illes Balears el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma a que se refiere el título III de este Estatuto, exceptuando las que son propias de los consejos insulares o les hayan sido transferidas, sin perjuicio de las competencias legislativas que corresponden al Parlamento de las Illes Balears». En consecuencia, mediante este Decreto el Gobierno de las Illes Balears ejerce sus competencias en materia de ordenación del sector turístico y de regulación de las empresas y de los establecimientos turísticos, además de otras competencias que le corresponden en materia de «Defensa del consumidor y usuario», prevista en el artículo 30.47 de la Ley 1/2007, dada la necesidad de establecer determinadas obligaciones de las empresas i los establecimientos que afectan al turista como consumidor o usuario, y las competencias de fomento del desarrollo económico y la ordenación de la planificación de la actividad económica, antes citadas.
Así, todas estas competencias, previstas en el título III de la Ley 1/2007, de reforma del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, son el fundamento de la habilitación competencial específica y irrenunciable del Gobierno de las Illes Balears respecto del objeto que se regula en el presente Decreto, tal como se recoge en la disposición adicional única; sin perjuicio de las competencias propias de los consejos insulares previstas en el artículo 70.3 de la Ley 1/2007 en relación con la materia turística, es decir, «Información turística. Ordenación y promoción turística», en el ámbito de cada isla. Por ello, en diversas disposiciones del Decreto se hace referencia a la incidencia que la competencia reglamentaria de lo consejos insulares en relación con la ordenación turística puede tener sobre lo que dispone el Decreto respecto de la ordenación del sector turístico y de la regulación de las empresas y los establecimientos turísticos.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Turismo y Trabajo, visto el dictamen del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, oído el Consejo Consultivo de las Illes Balears, i habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 25 de febrero de 2011,
Este Decreto tiene por objeto la regulación de las empresas y los establecimientos turísticos en relación con las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de prestación de servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos administrativos en materia turística, en el ámbito de las Illes Balears.
El Decreto se desarrolla en el marco de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, y de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la trasposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
1. Las disposiciones de este Decreto se aplican a las empresas, actividades y establecimientos turísticos establecidos en la Ley 2/1999, que desarrollen o ejerzan la actividad en las Illes Balears. A título enunciativo:
a) Hoteles, hoteles apartamentos y apartamentos turísticos.
b) Alojamientos turísticos en modalidad de aprovechamiento por turnos.
c) Viviendas turísticas de vacaciones.
d) Servicios turísticos en el medio rural.
e) Campings.
f) Restauración.
g) Agencias de viaje.
2. Este Decreto se aplica a la Administración turística de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y al resto de las administraciones competentes en materia turística, sin perjuicio de las competencias propias de los consejos insulares en relación al desarrollo reglamentario en el ámbito de sus competencias de ordenación turística o de carácter organizativo.
Las administraciones públicas competentes en materia de turismo tienen que adecuar la actividad, y especialmente cuando desplieguen normas relacionadas con el objeto y el ámbito de este Decreto, a los principios siguientes:
a) El ejercicio de la libertad de establecimiento y de servicios turísticos, sin más limitaciones que las debidamente justificadas en la normativa vigente.
b) La responsabilidad de los titulares de los establecimientos y de los servicios turísticos en el inicio y en el desarrollo de las actividades, con relación al cumplimiento de la legalidad vigente, mediante la declaración responsable.
c) En todo caso, de acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de autonomía, la actividad turística se tiene que llevar a cabo con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, el patrimonio cultural y el territorio.
d) En ningún caso el acceso a una actividad requiere de autorización de las administraciones turísticas, cuando sea suficiente una declaración responsable y la comunicación, de acuerdo con lo que establece este Decreto.
e) Se establece la reducción de trámites y la simplificación de procedimientos como eje de la actuación de las administraciones turísticas.
f) El impulso de la tramitación de las solicitudes y de los expedientes, así como del acceso público a los registros, mediante sistemas informáticos y telemáticos.
g) La puesta a disposición de los ciudadanos de la información con relación a la normativa vigente en materia de turismo, los requisitos que se tienen que cumplir y los modelos documentales adecuados con relación a las solicitudes o tramitaciones necesarias ante las administraciones competentes.
h) La protección de los derechos de los usuarios del sector turístico, especialmente el derecho a la información previa con relación a los precios y a la calidad de los servicios.
i) La calidad como valor añadido a la responsabilidad empresarial con relación a los servicios turísticos.
Normas con relación a la aplicación del libre establecimiento y de los requisitos mínimos de prestación de los servicios turísticos
A efectos de la aplicación de los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 2/1999, el servicio de comedor en los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos que se hayan acogido al apartado 2 del artículo 21, requiere, como mínimo, la prestación del servicio de desayuno.
En defensa de los derechos y de los intereses económicos de los consumidores y usuarios de los servicios turísticos:
1. La comercialización turística de las viviendas turísticas de vacaciones se tiene que hacer mediante cesión del goce y disfrute de la vivienda, considerada como una unidad indivisible.
2. A efectos de la aplicación del artículo 23 de la Ley 2/1999, referido en viviendas turísticas de vacaciones, por servicios turísticos hay que entender todos aquellos servicios complementarios en el alojamiento destinados a facilitar la estancia de los usuarios. En todo caso, en el supuesto de que se presten servicios turísticos, se tienen que prestar como mínimo: servicios de limpieza, mantenimiento de instalaciones y, si procede, de piscina y/o jardín.
3. Los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación turística, pueden establecer nuevos servicios además de éstos.
1. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 2/1999, se entiende por hotel rural el establecimiento en el cual se presta servicio de alojamiento, mediante precio, realizado en viviendas construidas con anterioridad al 1 de enero de 1940, situados en suelo rústico y que queden vinculados a la actividad, y que ocupen al menos una superficie mínima de 50.000 m2. No obstante, los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación turística, pueden establecer otra fecha y superficie mínima con relación en su completo territorio insular u otros espacios territoriales de dimensiones menores, en función de las características propias de estos espacios.
2. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 2/1999, se entiende por agroturismo el establecimiento en el cual se presta servicio de alojamiento, mediante precio, realizado en viviendas construidas con anterioridad al 1 de enero de 1960, situados en suelo rústico, que constituyan una explotación agrícola, ganadera o forestal y que ocupen al menos una superficie mínima de 25.000 m2. No obstante, los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación turística, pueden establecer otra fecha y superficie mínima.
Asimismo, la explotación agrícola, ganadera o forestal tiene que constar inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de las Illes Balears. La inscripción se tiene que mantener durante todo el tiempo en que se lleva a cabo la explotación turística.
3. A efectos de la aplicación del artículo 26 de la Ley 2/1999, la fecha de construcción de la vivienda destinada al turismo de interior tiene que ser anterior al 1 de enero de 1940. No obstante, los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación turística, pueden establecer otra fecha.
4. No obstante lo que se ha dispuesto para los hoteles rurales y agroturismos, las dependencias anexas a éstos que se encuentren legalmente construidas antes del 30 de enero de 2009 pueden adecuarse para la prestación de cualquier servicio necesario para la explotación turística.
5. Además de las instalaciones propias del alojamiento, los edificios pueden acoger dependencias destinadas a vivienda de la persona que tiene la propiedad del establecimiento o del personal de éste, o aquéllas de uso agrícola.
1. En relación con lo que establece el artículo 24 de la Ley 2/1999, con relación a los campings o campamentos de turismo, la zona de acampada no puede superar el 70 % de la superficie total del terreno. El suelo restante se tiene que destinar a: viales interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de uso común.
2. Los campings o campamentos de turismo tienen que estar dotados del correspondiente equipamiento destinado a satisfacer necesidades colectivas en la proporción en que se determine.
3. Se puede autorizar incluso un 40 % de la superficie del terreno de acampada, con destino a unidades o módulos de alojamiento móvil (mobile hombre).
4. No obstante, los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias de ordenación turística, pueden establecer otras condiciones.
1. Los restaurantes, regulados en el artículo 34 de la Ley 2/1999, pueden prestar todos el servicios de bar.
2. Las cafeterías, reguladas en el artículo 34 de la Ley 2/1999, no requieren disponer de un comedor independiente del servicio de bar.
3. Los bares, regulados en el artículo 34 de la Ley 2/1999, que disponen de cocina pueden ofrecer al público un menú único a un precio global.
Quedan fuera del ámbito de la Ley 2/1999 los servicios de restauración en que se prestan a:
a) Comedores de centros sanitarios y asistenciales, de empresa, escolares, universitarios y similares, siempre que no estén abiertos al público en general.
b) Empresas, asociaciones, sociedades culturales, recreativas, deportivas, de espectáculos y similares, con acceso restringido a socios o pago de entrada.
c) Medios de transporte.
d) Aquéllos que se presten mediante máquinas expendedoras.
e) Actividades no permanentes, tal como se definen en la normativa vigente en materia de actividades.
f) Todas aquéllas que prestan los servicios con carácter gratuito o sin finalidad lucrativa.
1. En relación con el artículo 31 de la Ley 2/1999 y las previsiones contenidas en la Directiva 2006/123/CE, se considera que son actividades de las agencias de viajes la organización, la oferta y/o la venta de los viajes combinados, tal como se definen en el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, o norma que lo sustituya.
2. En defensa de los derechos y de los intereses económicos de los consumidores y usuarios de los servicios de las agencias de viajes:
2.1. Las agencias de viajes están obligadas a constituir y mantener en vigencia una fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios relativos a los viajes combinados ante los consumidores o usuarios finales, y la tienen que formalizar, mediante el ingreso en el órgano administrativo correspondiente del aval bancario, póliza de caución o títulos de emisión pública, a disposición del órgano competente, que tiene que cubrir la cuantía de 60.000 euros.
2.2. Estas garantías tienen que cubrir hasta seis establecimientos. Si la agencia de viajes hace ventas directas por medios telemáticos, nuevos canales en línea o por terminales informáticos no atendidos tiene que sumar a los establecimientos físicos un único establecimiento adicional que llamaremos virtual.
Para cada nuevo establecimiento físico (o para la creación del establecimiento virtual) que sobrepase la cifra anterior se tiene que incrementar la fianza individual en 3.000 euros. El importe global máximo de la fianza no puede exceder de 2.000.000 euros.
En caso de aportar fianza constituida en otra comunidad autónoma o en otro estado miembro de la Unión Europea, si las cantidades son inferiores, tienen que completarse hasta llegar a las cuantías aquí establecidas.
2.3. En caso de ejecutar la fianza, la agencia de viajes está obligada a reponerla en un plazo de quince días, hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial del importe de ésta.
2.4. La fianza no puede ser cancelada durante la tramitación de un expediente de suspensión o cese, renuncia o baja de la actividad, ni hasta que haya pasado un año desde que la resolución del expediente correspondiente sea firme.
2.5. Asimismo, las agencias de viajes tienen que afianzar su responsabilidad mediante la suscripción de una póliza de seguro que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad. La póliza de seguro para afianzar el desarrollo normal de la actividad que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad tiene que ser directa o subsidiaria, según si se utilizan medios propios o no en la prestación del servicio. La póliza de seguro tiene que cubrir los tres blocs de responsabilidad siguientes:
a) La responsabilidad civil de la explotación del negocio.
b) La responsabilidad civil indirecta o subsidiaria.
c) La responsabilidad por daños patrimoniales primarios.
Estas coberturas incluyen toda clase de daños corporales, daños materiales y otros perjuicios económicos.
La póliza tiene que cubrir siniestros, como mínimo, por valor de 450.759 euros, divididos en 150.253 euros para cada uno de los blocs La póliza tiene que ir firmada por el beneficiario del seguro y la entidad aseguradora, acompañada del recibo acreditativo del pago. Las agencias de viaje están obligadas a mantener la vigencia de esta póliza.
2.6. Las agencias de viajes, mediante información accesible en sus páginas web, o en la documentación contractual o precontractual que les entreguen, están obligadas a informar a sus clientes de que tienen constituida, en la forma exigida en la normativa, una fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicios correspondientes a los viajes combinados.
3. Las agencias de viajes con titular, ya sea persona física o jurídica, que no pertenezcan a la Unión Europea, tienen que encomendar la representación, con carácter permanente o simplemente para actos concretos, en una o en más agencias de viajes de la Unión Europea que ejerzan sus actividades en la comunidad autónoma de las Illes Balears. Cuando la representación se otorgue con carácter permanente, se tiene que acreditar ante la administración competente en la materia.
Normas con relación a los derechos de los consumidores y usuarios y de la calidad mínima de los servicios turísticos
Los establecimientos turísticos tienen que exhibir en la entrada principal del establecimiento la placa distintiva, en la cual conste el grupo y la categoría, de acuerdo con el modelo que apruebe el órgano competente.
Sin perjuicio de los derechos y de las obligaciones establecidas en la legislación en materia de protección del consumidor y usuario:
1. Las empresas turísticas tienen que fijar libremente los precios aplicables a los servicios que presten y tienen que proporcionar a los consumidores información clara, correcta y completa del contenido y las características de los servicios incluidos, y también las condiciones aplicables a cada tarifa. En todo caso, se tiene que proporcionar al consumidor información sobre el precio completo, impuestos incluidos.
2. Al efectuar la reserva, las empresas turísticas de alojamiento tienen que documentar por cualquier medio en el cual quede constancia que se ha informado a los consumidores de las características de los servicios contratados, del precio final, impuestos incluidos, y también de las condiciones, especialmente de modificación y anulación, aplicables a la reserva y, en general, de todos los extremos contractuales que se califican como relevantes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 60 del Real decreto legislativo 1/2007, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de los consumidores y usuarios y otras normas de aplicación.
1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación en materia de sanidad y consumo, los establecimientos de restauración y los establecimientos turísticos que presten servicios de comedor tienen que vigilar la calidad y la limpieza de las instalaciones y en todo caso tienen que tener especial cuidado de:
a) La preparación de comidas y bebidas, para las cuales tienen que utilizar alimentos e ingredientes en perfecto estado de conservación.
b) El trato y servicio correcto a la clientela.
c) La limpieza de locales, mobiliario y menaje.
d) El funcionamiento correcto y la limpieza de los servicios sanitarios.
2. Los establecimientos tienen que disponer de los elementos e instalaciones necesarios para elaborar, preparar y servir correctamente las consumiciones que ofrezcan a sus clientes.
Los bares que ofrezcan bocadillos y/o tapas tienen que disponer de una zona de elaboración y preparación debidamente condicionada y diferenciada.
3. El mobiliario, la decoración, la cristalería, la vajilla, el juego de cubiertos, el menaje y el resto de equipamientos tienen que ser adecuados en todo caso para la prestación correcta del servicio y a la categoría del establecimiento.
1. Los titulares de los establecimientos de restauración tienen que fijar libremente los precios de los servicios que ofrecen y tienen que proporcionar al consumidor información sobre el precio completo, impuestos incluidos.
2. La información relativa a los precios de los servicios suministrados tiene que estar clara, completa y determinada para cada servicio y no se puede incluir ninguna otra cantidad en concepto de cubierto, carta, reserva de plaza, comensales o cualquier otro de similar.
3. En determinados productos con precio de coste fluctuante se permite la indicación a las cartas de la expresión precio según mercado (PSM) y el establecimiento tiene que informar a los consumidores del precio exacto de una consumición o ración, mediante una hoja adjunta a la carta.
4. Las cartas y/o lista de precios de todos los servicios ofrecidos, el horario de apertura y cierre, al lado del horario de comedor, si procede, así como la composición y el precio del menú del día, si se ofrece, se tienen que exhibir tanto en el interior de los locales, como en el exterior, cerca de todos los accesos.
Inicio de las actividades turísticas e información
1. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, el título II de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y el ejercicio de éstas, el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la presentación, de acuerdo con lo que dispone este Decreto, de la declaración responsable de inicio de la actividad turística faculta a la persona interesada para el inicio de las actividades turísticas establecidas en la Ley 2/1999, general turística de las Illes Balears.
2. En consecuencia, el concepto de autorización sectorial turística única, que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 4/2010 sustituyó al sistema de autorización previa y de abertura, permanece actualmente sólo en el ámbito del procedimiento de regularización sectorial de plazas turísticas, dada la generalización del sistema de declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) que establece este Decreto al amparo del artículo 9 y la disposición adicional primera de la Ley 4/2010.
De acuerdo con la Ley 17/2009, las expresiones «autorización» o «autorización previa» establecidas en la Ley 2/1999, excepto en el título IV, se tienen que considerar referidas al régimen establecido en los capítulos IV y V de este Decreto.
1. Los empresarios turísticos tienen derecho a recibir información y orientación respecto de los requisitos jurídicos o técnicos exigidos en la normativa turística, con carácter previo al inicio de la actividad y durante el ejercicio de ésta.
2. Los ayuntamientos u otras administraciones que tramiten licencias o autorizaciones que afecten a establecimientos turísticos pueden solicitar a la administración competente en materia turística informe respecto a si el proyecto cumple la normativa turística. Al efecto, los ayuntamientos tienen que dar traslado de la documentación, del expediente que tramiten, vinculada a la normativa turística. El informe se tiene que entregar en un plazo de 15 días. En caso de que no se entregue, se entiende que el proyecto se ajusta a la legalidad turís tica.
1. Con relación a la declaración responsable de inicio de actividad turística es de aplicación el artículo 48 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, y, en consecuencia, se entiende por declaración responsable de inicio de la actividad turística (DRIAT) el documento suscrito por una persona interesada en que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística de las establecidas en este Decreto por medio de alguna de las modalidades del artículo siguiente; que dispone de la documentación que lo acredita, y que se compromete a mantener el cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad turística.
Los requisitos a los cuales se refiere el párrafo anterior se tienen que recoger de manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable de inicio de la actividad turística.
2. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/1999, se entiende por comunicación previa el documento mediante el cual las personas interesadas ponen en conocimiento de la administración turística competente hechos o elementos relativos al ejercicio de una actividad turística, indicando los aspectos que puedan condicionarla y adjuntando, si corresponde, todos aquellos documentos que sean necesarios para su adecuado cumplimiento.
3. La DRIAT o comunicación previa se tiene que presentar en el registro de la autoridad turística competente o en cualquiera de los registros que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
4. De acuerdo con el artículo 48.5 de la Ley 2/1999, a efectos de facilitar a las personas interesadas un modelo de declaración responsable y de comunicación previa, éstos se incluyen en los anexos 1 y 2. No obstante, las administraciones competentes en materia de turismo pueden acordar otros modelos, darles publicidad y publicarlos mediante sistemas telemáticos.
1. De acuerdo con la Ley 2/1999, los establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, viviendas de vacaciones, campamentos turísticos, establecimientos de hotel rural, de turismo interior y de agroturismo, agencias de viajes, restauración, oferta turística complementaria y establecimientos turísticos en la modalidad de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, entre otros, son objeto de inscripción en los registros insulares correspondientes y en el General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de las Illes Balears.
2. A fin de que los consejos insulares lleven a cabo la inscripción correspondiente las personas interesadas tienen que aportar la documentación mínima siguiente:
a) Declaración responsable de inicio de la actividad, de acuerdo con el modelo del anexo 1.
b) Acreditación a través de cualquier medio válido en derecho de la personalidad y la representación del declarante.
c) Informe descriptivo, según lo que establecen los apartados siguientes.
d) Acreditación, si procede, del cumplimiento de los artículos 51 o 52 de la Ley 2/1999 o normativa que la sustituya.
e) Además, se puede incluir toda la información de la empresa, la actividad o el establecimiento que se considere relevante.
3. Con relación a los alojamientos turísticos, el informe descriptivo tiene que tener el contenido mínimo siguiente:
a) Nombre, dirección, grupo, categoría y, si procede, número de registro.
b) Superficie del solar, si procede.
c) Relación de unidades de alojamiento autorizadas y/o solicitadas, con indicación del número identificador de éstas, la ubicación, la capacidad y las superficies de dormitorios, sala, baño, terraza y cocina.
d) Características de la edificación: número de edificios, ubicación, identificación y número de plantas de cada uno.
e) Descripción de las zonas comunes, si procede con la ubicación de éstas, la superfície y el número: vestíbulo, recepción, servicios higiénicos generales, salas sociales, comedores y otras dependencias e instalaciones (salas de conferencias, de reuniones, de juego, restaurantes, piscinas, instalaciones deportivas, gimnasio, sauna, balneario, aparcamientos, etc.).
f) Croquis o planos del establecimiento con todos los datos reflejados en el informe.
4. Con relación a los establecimientos de restauración, el informe descriptivo tiene que incluir el contenido mínimo siguiente:
a) Nombre, dirección, grupo, y, si procede, número de registro.
b) Número de plazas en sala, barra y terraza.
c) Descripción de las zonas comunes, con la ubicación, superficie y número de éstas, servicios higiénicos generales, comedores, cocinas, almacenes, bodegas, cámaras frigoríficas, instalaciones, etc., y de los servicios que se ofrecen.
d) Croquis o planos del establecimiento con todos los datos reflejados en el informe.
5. Con relación a las agencias de viajes el informe descriptivo tiene que incluir el contenido mínimo siguiente:
a) Nombre, dirección, número de registro (si procede) y descripción de las instalaciones y de los servicios que se ofrecen.
b) Acreditación de la constitución de la fianza y la suscripción del seguro.
6. Los consejos insulares pueden establecer los modelos de informe descriptivo propios, respetando los mínimos fijados en este artículo.
Procedimiento de inscripción y comprobaciones
1. El procedimiento de inscripción a los registros turísticos se inicia con la DRIAT o la comunicación de la persona interesada.
En defensa de la veracidad de los datos que consten en los registros públicos, las administraciones públicas competentes tienen que tomar las medidas oportunas para comprobar la veracidad de los datos de la documentación presentada con relación a los establecimientos y actividades turísticas de los cuales se declara el inicio de actividad o cualquier modificación.
2. El órgano encargado del registro turístico tiene que examinar la corrección formal de la documentación presentada con relación a las exigencias establecidas por la normativa, y, en caso de que ésta presente defectos o falte documentación anexa, tiene que requerir a la persona interesada que enmiende las deficiencias en un plazo de 10 días en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992. Si estas incorrecciones son de carácter esencial, no se tiene que hacer la inscripción hasta que no sean enmendadas, y en caso de que se haya iniciado la actividad, ésta se tiene que suspender mediante resolución y con audiencia previa a la persona interesada. En caso de que estas incorrecciones esenciales no se enmienden se tiene que dictar resolución para manifestar la imposibilidad de la inscripción y de ejercicio de la actividad. Todo ello en los términos del artículo 71 bis 4 de la Ley 30/1992.
3. Una vez comprobada la adecuación formal de la documentación de acuerdo con los apartados anteriores, el órgano competente tiene que dictar de manera inmediata resolución de inscripción al registro insular correspondiente, que tiene que incluir la clasificación del establecimiento, y, posteriormente, tiene que notificar la inscripción a la persona interesada para que tome conocimiento.
4. Con respecto a los datos declarados que sean competencia de otras administraciones, se les tienen que comunicar los términos de la declaración que afecten a sus competencias.
Una vez inscrita la actividad o establecimiento en la modalidad que corresponda, se tiene que asignar en el establecimiento un número de registro que tiene que ser un número correlativo, según la modalidad de que se trate, precedido de las siglas siguientes:
HA Hotel apartamento
A Apartamentos turísticos
TC Aprovechamiento por turnos
VT Viviendas turísticas de vacaciones
HR Hotel rural
AG Agroturismo
TI Turismo de interior
C Cafetería
R Restaurante
AV Agencias de viajes
1. Cualquier modificación de los datos recogidos en los registros insulares correspondientes y el General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos tiene que ser comunicada a la administración turística competente mediante la presentación de la comunicación previa debidamente formalizada (modelo establecido en el anexo 2).
2. Si estas modificaciones tienen carácter esencial y con las comprobaciones posteriores se desprende la falsedad o inexactitud, se puede suspender la actividad en los términos del punto 2 del artículo 23.
1. Una vez presentada la DRIAT, el órgano competente en materia turística tiene que hacer las comprobaciones pertinentes para verificar la adecuación de los establecimientos y actividades turísticas a los datos declarados y a la normativa turística.
2. De acuerdo con el artículo 48.4 de la Ley 2/1999, si con las comprobaciones hechas se desprende la falsedad o la inexactitud esencial de los datos declarados, después de la audiencia previa a la persona interesada, se tiene que suspender la actividad y se tiene que dictar resolución por la cual se cancela la inscripción en el registro turístico de la actividad o establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que eso pueda comportar.
En este supuesto, para volver a obtener la inscripción y reiniciar la actividad es necesario que la persona interesada aporte, además de la DRIAT, la documentación acreditativa del cumplimiento o enmienda de los datos que han comportado dejar sin efectos la inscripción.
En los supuestos de que las comprobaciones previstas en este apartado afecten a las competencias de otras administraciones, se los tienen que comunicar los hechos detectados, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 20.
3. Las administraciones turísticas tienen que velar para que todas las actividades y establecimientos turísticos inscritos en los registros como consecuencia de la DRIAT reciban al menos una visita de inspección de la administración turística en un plazo no superior a cuatro meses para poder hacer las comprobaciones pertinentes. No obstante, los consejos insulares pueden establecer unos plazos inferiores en todos o en determinados supuestos, si se considera que se tienen que priorizar.
La Consejería de Turismo y Trabajo tiene que elaborar, en un periodo no superior a seis meses, la disposición reglamentaria que, de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 2/1999, regule la estructura, la organización, el funcionamiento y el régimen de los registros insulares y del General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, con el fin de establecer unos parámetros mínimos homogéneos con relación a los datos registrales para las Illes Balears, y garantizar el acceso telemático de las personas interesadas, la publicidad de los datos y la colaboración y el intercambio de información entre las diversas administraciones competentes en materia turística.
Asimismo, con el fin de disponer de un censo de empresas, actividades y empresas turísticas de la Comunidad Autónoma, el Registro General tiene que recibir los datos de cada uno de los registros propios de los consejos insulares, y los tiene que conectar entre sí, intercomunicados y coordinados, de manera que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los registros.
La disposición reglamentaria que elabore el Gobierno de las Illes Balears con relación a los registros tiene que tener en cuenta las competencias propias de los consejos insulares para que puedan desarrollar las potestades reglamentarias y de autoorganización que les corresponden.
En el marco del principio previsto en el apartado d del artículo 3 del presente Decreto, y de acuerdo con el artículo 39 bis 1 de la Ley 30/1992 y, entre otros, de los artículos 5, 8 y 11.2 de la Ley 17/2009, y de la Ley 12/2010, las administraciones competentes tienen que tomar las medidas oportunas para modificar, si es preciso, cualquier norma en materia turística que contenga expresiones en relación con posibles «autorizaciones» o, si se considera adecuado, de informar de que se mantiene la necesidad de obtener la autorización.
1. Lo dispuesto en el presente Decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y planificación del sector turístico, y de regulación de las empresas y los establecimientos turísticos previstas en el artículo 30.11 de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, con las excepciones establecidas en los apartados siguientes.
2. Los preceptos del capítulo III del presente Decreto se dictan en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de defensa de los consumidores y usuarios prevista en el artículo 30.47 de la Ley orgánica 1/2007.
3. El artículo 3, el apartado 2 del artículo 17 y la disposición transitoria primera del presente Decreto se dictan en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de fomento del desarrollo económico dentro del territorio de la comunidad autónoma prevista en el artículo 30.21 de la Ley orgánica 1/2007, y la disposición adicional segunda, en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y planificación de la actividad económica de las Illes Balears prevista en el artículo 31.6 de la Ley orgánica 1/2007.
4. Todo lo anterior, sin perjuicio de la competencia propia de los consejos insulares en materia de ordenación turística, prevista en el artículo 70.3 de la Ley orgánica 1/2007, y en el supuesto del Consejo Insular de Mallorca, todavía, no se ha hecho efectivo el traspaso de funciones y servicios en esta materia.
1. En los expedientes que se encuentren en tramitación en la entrada en vigor de este Decreto, los solicitantes tienen que aportar, en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor, la documentación establecida en este Decreto, según la actividad que desarrollen, a menos que ésta ya conste en el expediente. En caso de que no se aporte en este plazo, la administración competente resolverá el archivo.
2. La administración competente tiene que informar de esta circunstancia a los solicitantes que se encuentren en la situación del apartado anterior.
Hasta que el Consejo Insular de Mallorca no asuma las funciones y servicios con relación a las competencias en materia de ordenación del turismo que le corresponden de acuerdo con la Ley orgánica 1/2007, el Gobierno y la Administración de las Illes Balears tienen que continuar ejerciendo las funciones a que se refiere este Decreto.
1. Queda derogado el Decreto 60/2009, de 25 de septiembre, por el cual se establecen la unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turística, y también la declaración responsable de inicio de las actividades turísticas.
2. Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo que dispone este Decreto.
Se facultan las consejerías de Turismo y Trabajo y de Salud y Consumo para que dicten las disposiciones necesarias para aplicar y desarrollar este Decreto, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las competencias de los consejos insulares en el ámbito de sus competencias de ordenación turística o de carácter organizativo.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE DATOS CON RELACIÓN A ACTIVIDADES TURÍSTICAS

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 58
 artículo 30
 artículo 70
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 26
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 artículo 34
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 resolución 
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 artículo 39
 artículo 30
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 artículo 31
 artículo 70