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Timestamp: 2017-03-28 12:30:19+00:00

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ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01	ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01 Mis Leyes
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01 Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesados conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación a lo dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la resolución del recurso de fecha 28 de septiembre de 2007, adoptada por el Secretario General de Transportes por delegación de la Ministra, en el expediente número 00734/01.
«Examinado el recurso interpuesto por D. Federico Cervera Devesa, en nombre y representación de la entidad mercantil «Eurolíneas Marítimas, S.A.L.», contra liquidaciones practicadas por la Autoridad Portuaria de Baleares en concepto de Tarifa T-3, (liquidaciones de 2001 números del 3082 al 3169; del 916 al 1015; del 2815 al 2833 y 48).
Primero.-Como quiera que las liquidaciones impugnadas de la Autoridad Portuaria de Baleares números del 916 al 966, y del 979 al 1015 fueron notificadas y abonadas por la entidad Iscomar, S.A., y por Trasmediterránea, S.A., respectivamente, no habiendo acreditado la entidad recurrente, Eurolíneas Marítimas, S.A., la concurrencia de interés, que, de acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la legitime para la interposición del presente recurso ni alegado ni acreditado actuar en representación de otros interesados, procede declarar la inadmisión del recurso considerado en lo que se refiere a las liquidaciones números del 916 al 966, y del 979 al 1015 de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Segundo.-En lo que se refiere al resto de las liquidaciones de la Autoridad Portuaria de Baleares proceden ser admitidas y entrar en el fondo del recurso.
La recurrente fundamenta su recurso en la nulidad de las ordenes ministeriales sobre tarifas portuarias, en razón a la estructura tarifaria contenida en las mismas por suponer, a su decir, una tasa encubierta, con vulneración del principio de reserva de Ley no tratándose, según su criterio, del pago de precios privados por servicios portuarios.
A ese fin, se apoya en el art. 107.3 párrafo 2.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, entendiendo que se les están exigiendo prestaciones coactivas por lo que acuden a la figura del recurso «per saltum» recurriendo ante el Ministro, en razón a la, a su entender, ilegalidad de las citadas Ordenes Ministeriales.
Ha de darse la razón a la recurrente en este extremo pues en efecto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril viene a reconocer que «las tarifas por los denominados servicios públicos portuarios constituyen prestaciones de carácter público en el sentido del art. 31.3 CE que, en cuanto tales, quedan sometidas a reserva de Ley» precisando más adelante que «no cabe la menor duda que con independencia de la calificación que les otorga la Ley 27/1992, las llamadas tarifas por servicios portuarios constituyen prestaciones de carácter público de naturaleza tributaria. Y son tributos con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta, tal como se desprende, en la actualidad, del párrafo segundo del art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria que a los efectos de calificar a las prestaciones patrimoniales satisfechas por los ciudadanos a las Administraciones Públicas como tasas dispone que "se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se llevan a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público"». Concluye el Tribunal Constitucional que «la determinación en la ley de un límite máximo de la prestación de carácter público, o de los criterios para fijarlo, es absolutamente necesaria para respetar el principio de reserva de ley. Esta determinación no aparece en el precepto cuestionado, que al señalar que será el Ministro de Obras Públicas y Transportes el que establecerá los límites mínimos y máximos de las tarifas, traza un ámbito de cuantificación que deja un amplísimo margen de libertad al mencionado órgano del poder ejecutivo, lo que implica una habilitación tan indeterminada que desborda los límites que para la colaboración reglamentaria derivan de las exigencias de la reserva de ley establecida en los arts. 31.3 y 133 CE».
Tercero.-No obstante la anulación de las liquidaciones cuestionadas con la consiguiente devolución de sus importes a la parte recurrente no puede comportar que la Autoridad Portuaria se vea privada de la oportuna compensación por unos servicios que efectivamente prestó. Ello produciría un enriquecimiento injusto de los usuarios de los servicios portuarios en detrimento de la mencionada Autoridad. Es este el fundamento en el que se basa el apartado 2 de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre en la vigente redacción dada este precepto por la disposición final segunda de la Ley 25/2006 de 17 de julio. En efecto la exposición de motivos de esta última Ley señala textualmente lo siguiente:
En consecuencia, una vez anuladas las liquidaciones impugnadas, la Autoridad Portuaria deberá proceder a la práctica de las correspondientes liquidaciones en los términos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre en la redacción dada este precepto por la disposición final segunda de la Ley 25/2006 de 17 de julio.
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la Subdirección General de Recursos, ha resuelto:
1.º Declarar la Inadmisión del recurso interpuesto por D. Federico Cervera Devesa, en nombre y representación de la entidad mercantil «Eurolíneas Marítimas, S.A.L, contra liquidaciones practicadas por la Autoridad Portuaria de Baleares en concepto de Tarifa T-3 (liquidaciones números del números del 916 al 966, y del 979 al 1015).
2.º Estimar en parte el mismo recurso en lo que se refiere a la liquidaciones de 2001 números del 3082 al 3169; del 967 al 977; del 2815 al 2833 y 48 practicadas por la Autoridad Portuaria de Baleares en concepto de Tarifa T-3, liquidaciones que se declaran nulas y sin efecto, debiendo proceder la Autoridad Portuaria citada a la práctica de nuevas liquidaciones en los términos especificados en el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la presente resolución.
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01	Trámites

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 resolución 
 artículo 107
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