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Timestamp: 2020-05-31 13:54:21+00:00

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(2013/02) Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León (Cerrado): New (12 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
(2013/02) Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León (Cerrado)
La Ley Agraria de Castilla y León nace con el objetivo de establecer un marco básico de la actividad del sector agrario y agroalimentario. La norma reconoce y potencia el carácter estratégico de la actividad agraria y agroalimentaria, por ser los pilares fundamentales del desarrollo del medio rural de Castilla y León y por su incidencia en la actividad económica, en la creación de empleo y en la fijación de población.
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó el 18 de febrero de 2013.
¿Qué otras actuaciones, además de las ya contempladas en el anteproyecto de la Ley Agraria, pueden llevarse a cabo para mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León?
transpariencia en el dinero publico
Entendemos que no es posible vincular su petición, demasiado genérica, en alguno de los contenidos del anteproyecto de Ley.
La eliminación de rastrojos,
Debería añadirse a lo expuesto en el anteproyecto de la Ley, el que puedan darse circunstancias de sequía o de lluvias, que hagan variar ese periodo de eliminación de los rastrojos.
El artículo 102 del anteproyecto de la Ley Agraria establece en su apartado 2 que será a través del reglamento que se dicte en desarrollo de la citada ley donde se establecerán las superficies, cultivos y situaciones exceptuadas de la norma general contenida en su apartado 1 para el alzado de la cosecha.
No deben imponerse contribuciones especiales para sufragar infraestructuras agrarias
No deben las personas físicas y jurídicas ser las pagadoras en algunos casos de costes directos e indirectos como dice el anteproyecto de Ley, derivados de la ejecución de infraestructuras agrarias, sobre todo cuando en los procesos de adjudicación y ejecución, no han tenido ni voz ni voto, porque si particulares, empresas, ayuntamientos....deben sufragar proyecto, técnicos, direcciones de obra, intereses si la Junta de Castilla y León ha tenido que sufragar dicha obra con un crédito...., cuanto menos deberían poder elegir la mejor opción, pues se podría dar el caso de que cualquier persona física o jurídica, obtuviera un mejor precio de ejecución de ese proyecto que la propia Junta de Castilla y León.
No deben las personas físicas y jurídicas ser las pagadoras en algunos casos de costes directos e indirectos como dice el anteproyecto de Ley, derivados de la ejecución de infraestructuras agrarias, sobre todo cuando en los procesos de adjudicación y ejecución, no han tenido ni voz ni voto, porque si particulares, empresas, ayuntamientos....deben sufragar proyecto, técnicos, direcciones de obra, intereses si la Junta de Castilla y León ha tenido que sufragar dicha obra con un crédito...., cuanto menos deberían poder elegir la mejor opción, pues se podría dar el caso de que cualquier persona física o jurídica, obtuviera un mejor…
Uno de los aspectos que pretende abordar la Ley Agraria es el impulso y mejora de las infraestructuras agrarias. Para ello se considera fundamental la participación del sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, dado que la actual coyuntura económica ha afectado de una manera significativa a los recursos financieros de las Administraciones Públicas.
En este sentido la posibilidad de crear contribuciones especiales es una de las fórmulas que pueden servir para este fin.
La Ley Agraria no hace sino recoger una posibilidad ya existente en el ordenamiento jurídico. El artículo 157.1 de la Constitución Española recoge entre los recursos de las Comunidades Autónomas los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; así como sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
La peculiaridad de este tipo de tributo, al igual que sucede con las tasas, es que el gravamen recae solamente sobre aquellos en quienes incide expresamente la actividad admİnistrativa, en este supuesto una actividad realizada por la Comunidad de Castilla y León, que obtiene de este modo, una compensación económica de quienes en concreto se ven beneficiados por dicha actividad
Ello deriva del comúnmente denominado principio del “beneficio” para justificar el establecimiento de los tributos, según el cual, dichos tributos se justifican en función del “beneficio” que a los sujetos pasivos de los mismos les reportan los gastos públicos.
La peculiaridad de este tipo…
Las masas comunes y los sobrantes no deben ir a banco de tierras, los municipios más pequeños solo tienen ese pequeño "patrimonio"
Las masas comunes ylos sobrantes de concentraciones parcelarias no deben ir al banco de tierras, los municipios más pequeños solo tienen ese pequeño patrimonio para gestionar y tener algún ingreso que les permita mantener su localidad, así como la gestión de pequeñas superficies antes denominados huertos familiares, que se otorgaban a familias sin recursos..
En relación con esta sugerencia es preciso manifestar que la incorporación de las masas comunes y las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo al Banco de Tierras de Castilla y León, tiene como finalidades, entre otras, la puesta a disposición de tierras cultivables destinadas a promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario, la potenciación de explotaciones agrarias con una dimensión que permita su viabilidad económica, recuperar y frenar la pérdida de superficie agraria útil, así como evitar situaciones de abandono que puedan generar riesgo de incendios, plagas, enfermedades fitosanitarias y daños a las parcelas colindantes, considerándose el Banco de Tierras de Castilla y León como el instrumento idóneo para la consecución de dichas finalidades, en función de su configuración como un registro administrativo de carácter público, que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables, ubicadas en la Comunidad de Castilla y León.
Por todo ello el Banco de Tierras no producirá ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas que lo integran, ni sobre el derecho de propiedad ni demás derechos reales o gravámenes sobre las mismas, no suponiendo una enajenación del a propiedad vecinal.
Así mismo debe afirmarse que la constitución del Banco de Tierras no afectará a los ingresos municipales que cuentan con sus propias fuentes de financiación.
En relación con esta sugerencia es preciso manifestar que la incorporación de las masas comunes y las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo al Banco de Tierras de Castilla y León, tiene como finalidades, entre otras, la puesta a disposición de tierras cultivables destinadas a promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario, la potenciación de explotaciones agrarias con una dimensión que permita su viabilidad económica, recuperar y frenar la pérdida de superficie agraria útil, así como evitar situaciones de abandono que puedan generar riesgo de incendios, plagas, enfermedades fitosanitarias y daños a las parcelas colindantes, considerándose el Banco de Tierras de Castilla y León como el instrumento idóneo para la consecución de dichas finalidades, en función de su configuración como un registro administrativo de carácter público, que facilite la puesta en contacto entre la oferta y…
para dar paso al relevo,vigilar a tanto jubilado que campa en el campo
El Anteproyecto de la Ley Agraria en su artículo 2 establece que uno de los objetivos generales de la ley es fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y a la actividad económica y este objetivo, a su vez, se desarrolla a través de su propio capítulo.
En consecuencia, la sugerencia ya está incluida en el texto del anteproyecto.
De oficio y mediante un procedimiento ágil, llevar a cabo la concentración parcelaria en todos los municipios
Concentración parcelaria obligatoria para zonas rurales prácticamente deshabitadas, que permitan incentivar el desarrollo de la agricultura y la ganadería y crear riqueza forestal, incentivando la repoblación y un modelo de desarrollo sostenible del campo.
El supuesto de hecho que plantea ya se encuentra contemplado en el anteproyecto de Ley Agraria, al clasificar en su artículo 31 los procedimientos de concentración parcelaria, diferenciando entre aquellos que contemplan necesariamente la ejecución de infraestructuras, vinculándose a éstas y aquellos procedimientos de concentración parcelaria que tienen como finalidad la reordenación de la propiedad.
Así, la letra b) del citado artículo 31 recoge que “Las concentraciones parcelarias podrán ser de dos tipos: Concentraciones parcelarias que no llevan aparejadas la construcción de infraestructuras: son aquellas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas sólo tiene como finalidad dotar a las explotaciones de una estructura adecuada a través exclusivamente de la reordenación de la propiedad.”
En conclusión, la sugerencia efectuada se contempla en el anteproyecto de Ley Agraria, subsumiéndose en el precepto arriba indicado, siendo susceptible de llevarse a cabo mediante los procedimientos consignados al efecto (ordinario, abreviado o con carácter privado) en las Secciones 2ª a 4ª del Capítulo V “Procedimiento de concentración parcelaria” del Título II ya mencionado.
Por último, y respecto al carácter obligatorio de la concentración parcelaria, ha de manifestarse que la nueva redacción que tras el trámite de información pùlbica pasará a tener el artículo 34 del anteproyecto de Ley Agraria, establece la obligatoriedad del inicio de las concentraciones parcelarias en aquellas zonas en las que, a iniciativa pública, se vaya a implementar un nuevo regadío o a modernizar el ya existente salvo que mediante resolución motivada apreciando razones técnicas, la Consejería competente en materia agraria considere que no procede realizar el proceso de concentración parcelaria.
En conclusión, la sugerencia efectuada se contempla en el anteproyecto de Ley Agraria, subsumiéndose en el precepto arriba indicado, siendo susceptible de llevarse a cabo mediante los procedimientos…
respetar la biodiversidad
Además de las especies cinegéticas, las buenas prácticas agrícolas deberían tener encuenta toda la biodiversidad que viven en nuestros campos y que son patrimonio de todos. Si se quiere buscar un valor añadido a nuestra fauna y flora baste decir que contamos con especies que atraen a afcicionados de todo el mundo a observarlas, estudiarlas o fotografiarlas con el consiguiente gasto económico que se queda en nuestros pueblos. Agricultura y conservación son compatibles, basta con mirar ejemplos como Villafáfila o La Nava entre otros muchos. Repito que la flora y fauna es patrimonio de todos, no sólo de los propietarios de las tierras. Con un poco de colaboración por su parte se logran buenos resultados, como el salvamento de aguiluchos cenizos por ejemplo. Además últimammente las rapaces se están viendo como aliados a la hora de combatir plagas como los topillos de una forma "natural" beneficiosa para todos.
Además de las especies cinegéticas, las buenas prácticas agrícolas deberían tener encuenta toda la biodiversidad que viven en nuestros campos y que son patrimonio de todos. Si se quiere buscar un valor añadido a nuestra fauna y flora baste decir que contamos con especies que atraen a afcicionados de todo el mundo a observarlas, estudiarlas o fotografiarlas con el consiguiente gasto económico que se queda en nuestros pueblos. Agricultura y conservación son compatibles, basta con mirar ejemplos como Villafáfila o La Nava entre otros muchos. Repito que la flora y fauna es patrimonio de todos, no sólo de los propietarios…
El Anteproyecto de la Ley Agraria en su artículo 2 establece los objetivos generales, entre los que se encuentra el preservar el equilibro ambiental del territorio rural de Castilla y León, promoviendo el máximo desarrollo de la actividad agraria en condiciones adecuadas de protección del medio rural.
En base a ese objetivo, el Libro II del anteproyecto de ley, dedicado a las condiciones de la producción agraria, en su artículo 17, fija las directrices de actuación de la Administración, entre las que se encuentra la siguiente:
“b) Garantizar que las explotaciones agrarias desarrollen modelos de producción compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad agraria. En concreto, las relativas a la protección del medio ambiente, los recur¬sos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental y, en el ámbito territorial, las relacionadas con su valor para preservar el equilibrio territorial y conservar el tejido socioeconómico de los espacios rurales. Todo ello buscando un enfoque multifuncional de la agricultura”.
A su vez, el artículo 18 establece las actuaciones prioritarias en el marco de las distintas medidas sectoriales de apoyo y fomento del sector agrario, tiene una actuación dirigida a protección medioambiental, que es la siguiente:
“m) el fomento de métodos de producción y gestión en las explotaciones agrarias respetuosos con la protección medioambiental y paisajística y con la ordenación del territorio, conforme a las directrices que emanen de la normativa comunitaria y de las administraciones públicas competentes”
Finalmente, el artículo 29 se dedica expresamente al Catálogo de buenas condiciones agrarias, que está compuesto por los requisitos de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los titulares de explotaciones agrarias que soliciten ayudas con cargo a fondos agrarios, nacionales o autonómicos.
En consecuencia, el anteproyecto de ley ya contempla la sugerencia prevista, tanto en sus objetivos, directrices o actuaciones concretas.
“b) Garantizar que las explotaciones agrarias desarrollen modelos de producción compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad agraria. En concreto, las relativas a la protección del medio ambiente, los recur¬sos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental y, en el ámbito territorial, las relacionadas con su valor para preservar el equilibrio…
CAPITULO II ORDENACION DE LOS RECURSOS AGROPECURIOS LOCALES
En el capitulo II, Cuando se trata los pastos , tanto las ordenanzas , como la adjudicación de los mismos debería poderla realizar los Ayuntamientos o la entidades locales menores (juntas vecinales) el que sea propietario en el caso de que en la zona no haya constituida una Junta Agropecuaria Local
En el articulo 95 , NO se debe excluir los pastos en los montes catalogados de utilidad pública , puesto que el pastoreo esta demostrado que es uno de los métodos contraincendios mas efectivo y barato, SE DEBE FAVORECER EL PASTOREO EN DICHOS ESPACIOS Y DEBE DE SER REGULADO EN ESTA NORMA.
En la tasación del aprovechamiento debe de realizarse valorando los mismos en caza situación es decir mediante valoración objetiva y no mediante una VALORACIÓN SUBJETIVA como se utiliza ahora en la misma, es decir no se puede valorar los pastos por cabezas de ganado como sucede ahora en los montes de UP, se debe de hacer dependiendo de la calidad y cantidad de los mismos.
En el articulo 95 , NO se debe excluir los pastos en los montes catalogados de utilidad pública , puesto que el pastoreo esta demostrado que es uno de los métodos contraincendios mas efectivo y barato, SE DEBE FAVORECER EL PASTOREO EN DICHOS ESPACIOS Y DEBE DE SER REGULADO…
1.ª Por lo que se refiere a la primera sugerencia en virtud de la cual se propone que “Cuando se trata de pastos, tanto las ordenanzas, como la adjudicación de los mismos debería poderla realizar los Ayuntamientos o las entidades locales menores (juntas vecinales) el que sea propietario en el caso de que en la zona no haya constituida una Junta Agropecuaria Local”, el anteproyecto contempla en el Art. 87.1 dicha posibilidad, al establecer lo siguiente:
“Artículo 87.1 Órganos sustitutorios.
1.	La gestión de los recursos e intereses colectivos agrarios en aquellas localidades donde no se hubiera constituido Junta Agraria Local o en las que, constituida ésta, hubiera dejado de ejercer sus funciones, podrá realizarse por la entidad local del ámbito territorial correspondiente.”
2.ª Por lo que se refiere a su segunda sugerencia “Que en el artículo 95, NO se debe excluir los pastos en los montes catalogados de utilidad pública, puesto que el pastoreo está demostrado que es uno de los métodos contraincendios más efectivo y barato, SE DEBE FAVORECER EL PASTOREO EN DICHOS ESPACIOS Y DEBE DE SER REGULADO EN ESTA NORMA”, manifestar que la exclusión de dichos aprovechamientos del ámbito de aplicación del anteproyecto de la Ley Agraria encuentra su fundamentación en la naturaleza de dichos montes.
Los montes catalogados de utilidad pública se rigen por lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y se definen en dicha disposición como aquellos montes de dominio público o demaniales, que pertenecientes al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público, integran el dominio público forestal por razones de servicio público, por lo que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la futura Ley Agraria
Todo ello sin perjuicio de manifestar que los montes patrimoniales que son aquellos montes de propiedad pública que no tienen la consideración de demaniales si se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la futura Ley Agraria.
3.ª Respecto de la tercera sugerencia “En la tasación del aprovechamiento debe realizarse valorando los mismos en caza (cada) situación es decir mediante valoración objetiva y no mediante una VALORACIÓN SUBJETIVA como se utiliza ahora en la misma, es decir no se puede valorar los pastos por cabezas de ganado como sucede ahora en los montes de UP, se debe hacer dependiendo de la calidad y cantidad de los mismos” manifestar lo siguiente:
	La tasación de los aprovechamientos pastables se efectúa en función de su calidad y cantidad de los mismos, no del número de reses admitidas al aprovechamiento.
	En relación con la referencia que efectúa respecto del aprovechamiento de los montes de utilidad pública, que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la futura ley Agraria, nos remitimos a lo ya manifestado respecto de la sugerencia anterior.
2.ª Por lo que se refiere a su segunda sugerencia “Que en el artículo 95, NO se debe excluir los pastos en…
Contemplar de algún modo el respeto por las especies cinegeticas
En muchos de nuestros pueblos las especies cinegéticas son una fuente importante de recursos económicos para los agricultores propietarios de tierras agrícolas. Deberían contemplarse una serie de buenas prácticas agrarias respetuosas con las poblaciones de estas especies, tanto en la aplicación de productos fitosanitarios como en la realización de algunas labores de la tierra.
Nacionalizar todos los medios de producción.
A falta de una mayor precisión en su observación, entendemos que debe tenerse presente que el Art. 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y por tanto nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social.
Los procesos de concentración parcelaria regulados en este anteproyecto son un claro ejemplo de la intervención administrativa dirigida a la reordenación de la propiedad con objeto de promover la constitución y el mantenimiento de explotaciones agraria de estructura y dimensiones adecuadas, en el marco del procedimiento legalmente establecido y con las debidas garantías.
Potenciar la I+D+i en ganadería extensiva, sostenible y respetuosa con el medio ambiente
Regular los bienes comunales
No resulta posible atender su petición, relativa a la regulación de los bienes comunales en esta ley, por las razones de competencia que pasamos a exponerle.
El Art. 132.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “la Ley regulará el régimen jurídico de los bienes comunales”.
Por su parte el Art. 149.1.18ª atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Para concluir el repaso a los preceptos constitucionales aplicables al razonamiento que pasará a exponerse, destacamos que el Art .140 de nuestro texto constitucional establece el principio de autonomía de los municipios.
Pues bien, el Estado en el ejercicio de esas competencias exclusivas en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas aprobó el siguiente marco normativo en el que se encuentra el régimen jurídico aplicable a los bienes comunales:
-	la Ley 7/1985, de 3 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (Art. 80)
-	-el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. (Art. 75 y 78)
-	El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (Art.. 94 y 95)
La conclusión que podrá extraer de la lectura de esos preceptos es que el aprovechamiento de los bienes comunales se deber hacer tal y como establecen las citadas normas aprobadas por el Estado, y en todo caso, el detalle de cómo llevar a cabo este aprovechamiento en común, corresponde a las ordenanzas locales que aprueben los respectivos Ayuntamientos o en su caso a las normas consuetudinarias que tradicionalmente se vinieran observando.
Por todo ello, no es posible incorporar al anteproyecto la regulación de los bienes comunales y cómo ha de realizarse el aprovechamiento de los mismos, ya que supondría una intromisión en las competencias exclusivas del Estado y una vulneración del principio de autonomía local.
-	la Ley 7/1985,…

References: artículo 102
 artículo 157
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 34
 resolución 
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 95
 artículo 95
 Real Decreto 
 Real Decreto