Source: http://psicolog.org/informe-de-fondo-v5.html?page=4
Timestamp: 2020-04-02 17:42:20+00:00

Document:
B. Análisis de derecho - Informe de fondo
Sobre el derecho a la familia
Sobre la adopción de niños y niñas
Sobre la adopción internacional de niños y niñas
El objeto del presente caso es que la Comisión Interamericana analice las acciones y omisiones de las autoridades que efectuaron tales determinaciones y que entregaron en adopción internacional a los hermanos Ramírez, a fin de establecer si la actuación del Estado fue compatible con sus obligaciones bajo la Convención Americana. Para ello, la Comisión recapitulará en primer lugar los estándares internacionales que determinan las obligaciones que a la luz de los artículos 5, 7, 8, 11, 17, 18, 19 y 25 de la Convención Americana el Estado debía satisfacer en un caso como el presente y, posteriormente, determinará si el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de tales obligaciones en el presente caso, específicamente en el marco del proceso de declaratoria de estado de abandono, el trámite de adopción y los recursos respectivos. Tomando en cuenta la situación de institucionalización de los niños Ramírez, y en virtud del principio iura novit curia, la Comisión considera pertinente incluir en el análisis el artículo 7 de la Convención Americana.
Consideraciones generales sobre los estándares internacionales relevantes para la aplicación de la Convención Americana en el presente caso.
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han señalado que, a efectos de definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de niños y niñas, es necesario recurrir al corpus juris internacional de protección de la niñez221.
La Convención Americana dispone en su artículo 19 que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Además del artículo 19 de la Convención Americana, para interpretar el significado, contenido y alcances de los derechos de los niños y niñas los órganos del sistema interamericana han empleado la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas222, ratificada por Guatemala el 6 de junio de 1990. Asimismo, el marco del corpus juris incluye también, a los efectos interpretativos, las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas223. La Comisión Interamericana ha resaltado también la importancia de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños224.
De esta forma, los niños y las niñas se ven resguardados por un corpus juris que establece tanto el principio del interés superior del niño como medidas especiales de protección, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto225. La Corte ha remarcado que la adopción de medidas especiales corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece226.
El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
El Comité de los Derechos del Niño ha resaltado que el principio del interés superior del niño es el “principio general orientador de la interpretación y aplicación de todas las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”227. Igualmente, la Corte ha señalado que el principio del interés superior del niño es el fundamento regulador de la normativa de los derechos de los niños y niñas228 y que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades229.
En ese sentido, el interés superior del niño se establece como el punto de referencia para asegurar la efectiva y plena realización de todos sus derechos y el desarrollo integral y armonioso del niño o niña230. En particular, la Corte ha dispuesto que el principio del interés superior del niño opera como una garantía en relación a las decisiones que supongan alguna limitación a los derechos del niño o niña, de tal modo que para que la limitación sea legítima es necesario que esté fundamentada en el interés superior del niño231. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la niña232.
ii) Derecho a ser oído
Tanto la Corte como la Comisión han coincido con el Comité de los Derechos del Niño en señalar que existe una complementariedad importante entre el principio del interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de su edad y madurez en todas aquellas decisiones que le afecten, según se reconoce en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño233. Dicha disposición dispone lo siguiente:
La Corte Interamericana ha establecido que el artículo 8.1 de la Convención Americana, a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho de los niños y niñas a ser oído en los procesos en que se determinen sus derechos234. El derecho a ser oído implica que el niño o niña tenga la posibilidad efectiva de poder presentar sus opiniones de tal modo que puedan tener influencia en el contexto de la toma de la decisión235. La Comisión ha dispuesto que en relación con los procedimientos relativos al cuidado y protección del niño o niña, supone su derecho a ser oído en estos procedimientos a los efectos de la determinación de la medida de protección más idónea, su revisión, modificación o cese, así como cualquier otra determinación sobre la misma236.
El Comité de los Derechos del Niño ha remarcado que los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias destinadas a asegurar que existan mecanismos, en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales, para recabar de forma oportuna y adecuada las opiniones del niño sobre los asuntos que los afectan y que son objeto de análisis y decisión en el marco de estos procedimientos237.
Asimismo, el Comité ha resaltado que la edad y el grado de madurez personal del niño influyen en la determinación de cual sea su interés superior238. La Comisión ha considerado que el grado de desarrollo y madurez del niño o niña le permiten comprender y formarse por sí mismo su propia opinión sobre sus circunstancias y las decisiones relativas al ejercicio de sus derechos, y por consiguiente, son condiciones que tienen relevancia en el nivel de influencia que sus opiniones tendrán en la determinación de cual deba considerarse que es su interés superior en el caso concreto239. Es por ello que la edad del niño o niña y su grado de madurez deben ser oportunamente valorados por parte de las autoridades que deban adoptar cualquier tipo de decisión relativa a su cuidado y bienestar240.
iii) El derecho a la libertad personal de los niños y niñas
El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que “[n]adie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño señala que “[n]ingún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente” y que, en todo caso, las restricciones a la libertad deberán llevarse a cabo “de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”241.
La Comisión ha entendido que si bien es usual que la legislación de los Estados explícitamente disponga que “medidas de protección” como el internamiento de niños o niñas en instituciones no consistirían en privación de libertad, en muchos casos están sometidos a regímenes que se asemejan a la privación de libertad, o restringen innecesariamente su derecho a la libertad personal242. Es así como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas señala que se entiende por “privación de libertad”:
Cualquier forma de (...) institucionalización, o custodia de una persona, por razones de (...) tutela (o) protección (...) ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas (...) a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: (...) instituciones para niños, niñas243.
Los Estados deben establecer un régimen de funcionamiento abierto de los centros de acogimiento, que permita a los niños poder mantener el contacto con el exterior, participar de la vida social y mantener su vinculación con su comunidad y familia244. La CIDH ha indicado que instituciones tengan un régimen de funcionamiento cerrado que permite un contacto restringido del niño con su familia y su comunidad puede constituir una afectación al derecho a la libertad personal245.
Adicionalmente, y tomando en cuenta que el derecho a la libertad en este contexto también implica la libertad de toda persona a decidir sobre los aspectos que afecten su vida y el ejercicio de sus derechos, la Comisión ha resaltado que los Estados tienen la obligación de garantizar que las instituciones residenciales cumplan con las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan llevar un proyecto de vida propio246. De esta forma, cuando el niño o niña no dispone de ningún nivel de toma de decisiones propias, en particular en lo relacionado con el ejercicio de sus derechos o acciones que le afecten directamente, no se le estaría permitiendo desarrollar su autonomía, personalidad y proyecto de vida247.
El artículo 17.1 de la Convención Americana dispone que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. Por su parte, el artículo 11.2 del mismo instrumento señala que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia (…)”.
La Corte ha indicado que el derecho de protección a la familia, reconocido en ambas disposiciones, conlleva a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar248. En ese sentido, la Comisión resalta que una de las interferencias estatales más graves es la que tiene por resultado la división de una familia.
Es por ello que el niño o niña tiene derecho a vivir con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas249. De esta forma, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia250. Por ello, la Comisión enfatiza la necesidad de que los Estados deben adoptar las medidas necesarias de protección que no impliquen la separación de un niño o niña de sus progenitores251.
Ahora bien, la Comisión y la Corte han resaltado que debido a ello el niño o niña debe permanecer en su núcleo familiar salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia252. En dicho supuesto, la separación debe ser excepcional y preferentemente temporal253. De lo contrario, la separación de un niño o niña de su familia puede constituir una vulneración de su derecho a la vida familiar pues “inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas”254.
En relación con la posible separación de un niño o niña de sus padres, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
Asimismo, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2009, en su directriz 14, señalan lo siguiente en relación a las medidas de protección que impliquen la separación del niño de sus progenitores o de su familia:
[l]a separación del niño de su propia familia debería considerarse como medida de último recurso y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible. Las decisiones relativas a la remoción de la guarda han de revisarse periódicamente, y el regreso del niño a la guarda y cuidado de sus padres, una vez que se hayan resuelto o hayan desaparecido las causas que originaron la separación, debería responder al interés superior del niño […].
La Comisión y la Corte han reiterado en sus decisiones los principios que se desprenden de las disposiciones señaladas, estos son, de necesidad, excepcionalidad y temporalidad de las medidas de protección que impliquen la separación del niño o niña de sus progenitores255. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de verificar en todo momento la idoneidad y legitimidad de las medidas especiales de protección que impliquen la separación del niño o niña de sus progenitores y de su familia biológica256. Tal como la Comisión ha señalado, tanto la decisión sobre la aplicación de una medida de esta naturaleza, como la revisión de la misma, deberán satisfacer los requisitos de legitimidad e idoneidad y, por tanto, estar fundadas en criterios objetivos previamente establecidos por la norma, realizarse por el personal técnico especializado capacitado para conducir este tipo de evaluaciones, y quedar sujeta a la revisión periódica de la autoridad judicial257. Asimismo, la Comisión sostuvo lo siguiente:
Como sucede con las decisiones que se adoptan en relación a la guarda, cuidado y bienestar del niño, la decisión que se adopte en fase de revisión de la medida de protección también debe estar motivada. La revisión debe fundamentarse en las evaluaciones técnicas presentadas por los equipos multidisciplinarios, y la motivación debe ser objetiva, idónea y suficiente, y basarse en el interés superior del niño. Además debe escucharse la opinión del niño y la de sus progenitores, familia, y otras personas relevantes en la vida del niño, al decidir las condiciones de aplicación, mantenimiento, modificación o cese de la medida de protección258.
Adicionalmente, en caso de producirse una separación de un niño o niña respecto de su núcleo familiar, el Estado debe hacer todo lo posible por preservar ese vínculo interviniendo temporalmente y orientando su accionar a la reincorporación del niño o niña a su familia y su comunidad, siempre que eso no sea contrario a su interés superior259. La Corte Interamericana ha sido muy clara al establecer que en estas situaciones, los niños deben ser devueltos a sus padres tan pronto lo permitan las circunstancias260.
En los casos en los cuales se acredite la imposibilidad del restablecimiento del vínculo del niño o niña con sus progenitores o su familia ampliada, se adoptarán medidas especiales de protección de carácter permanente que faciliten una solución definitiva, como la adopción, a la situación del niño, en atención a su interés superior, y en particular a su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia261. A continuación se indican los estándares en el derecho internacional de los derechos humanos sobre la figura de la adopción. Tomando en cuenta que la Convención Americana no hace referencia expresa a esta figura así como la utilización del corpus iuris sobre derechos de la niñez para interpretar y aplicar la Convención Americana, tales estándares resultan relevantes para la decisión del presente caso.
El artículo 21.a de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario.
Por su parte, tanto la Corte como la Comisión han hecho referencia a las garantías que deben observarse en procesos de adopción y al agotamiento previo a las posibilidades de reintegración familiar. La Corte ha señalado que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de niños o niñas, particularmente aquellos procesos relacionados con la adopción, deben ser manejados “con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades262”.
Ello se debe a que como consecuencia de la separación del niño o niña de sus progenitores o de su familia de origen, se pueden ver afectados gravemente y de modo irreversible el derecho a la integridad personal y desarrollo integral del niño, el derecho a la familia y a la identidad263. Debido a ello, la naturaleza e intensidad de estas afectaciones a los derechos del niño o niña ameritan que las autoridades públicas apliquen un deber de diligencia especialmente reforzado en referente a las decisiones que impliquen la separación del niño de sus progenitores o familia de origen264.
Por su parte, la Comisión ha resaltado que este deber de diligencia reforzado de carácter excepcional se refiere a todos los aspectos vinculados con la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas que impliquen la separación del niño de su familia y el ingreso en una modalidad de acogimiento alternativo: desde la diligencia en el análisis de las circunstancias que rodean y afectan al niño o niña, la valoración objetiva de los impactos que las mismas tienen en sus derechos, la justificación de las decisiones, la celeridad en la toma de las mismas, y la oportuna revisión de las mismas265.
La Comisión también ha entendido que el cumplimiento del deber de diligencia debe ser supervisado por medio de los mecanismos de control oportunos para ello, los cuales deberán estar previstos en la norma, debiéndose determinar las consiguientes responsabilidades y sanciones en caso de infracción a este deber266. La Comisión agregó que en los procedimientos relativos a la adopción debe garantizarse el derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar las decisiones, cuya opinión debe ser valorada y tomada en cuenta conforme a su madurez267. Adicionalmente, la Comisión sostuvo lo siguiente:
La Comisión destaca la necesidad que la norma defina y regule claramente las distintas figuras jurídicas, los derechos que protegen, sus objetivos, y los principios que deben regir su aplicación. (…) La Comisión subraya que la norma debe prever las debidas garantías para asegurar que los derechos de los progenitores biológicos y del niño no serán vulnerados en el caso que la norma permita de forma excepcional esta posibilidad268.
En relación con la adopción internacional de niños y niñas, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
El Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, adherido por Guatemala el 26 de noviembre de 2002, tiene como objeto “establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional”269. Los artículos 4 y 5 de dicho tratado establecen lo siguiente:
4. Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de origen:
i. las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen,
ii. tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito,
iii. los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y
iv. el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del nacimiento del niño; y
i. ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando este sea necesario,
ii. se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño,
iii. el consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y
iv. el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.
5. Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción:
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado que los Estados deben observar las siguientes disposiciones en materia de adopciones internacionales:
La adopción de menores no acompañados o separados sólo debe contemplarse una vez que se ha verificado que el menor es adoptable. En la práctica, ello quiere decir en particular que han resultado infructuosas las tentativas de localización y reunión de la familia o que los padres han dado su consentimiento a la adopción. El consentimiento de los padres, así como el de otras personas, instituciones y autoridades que requiere la adopción, debe ser libre e informado. Ello supone en particular que el consentimiento no se ha obtenido mediante pago o contraprestación de ningún género ni ha sido retirado.
Los menores no acompañados o separados no deben ser adoptados con precipitación en medio de una emergencia.
Toda adopción exige la previa determinación de que responde al interés superior del menor y debe ajustarse al derecho nacional e internacional y a la costumbre.
En todos los procedimientos de adopción debe solicitarse y tenerse en cuenta las opiniones del menor, teniendo presente su edad y madurez. Esta exigencia lleva implícito que el menor ha sido asesorado y debidamente informado de las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la misma, si éste fuera necesario. El consentimiento debe ser libre y no estar asociado a pago o contraprestación de ninguna especie.
Debe darse prioridad a la adopción por parte de parientes en el país de residencia. Si ello no fuera posible, se dará preferencia a la adopción en el seno de la comunidad de procedencia del menor o al menos dentro de su propia cultura.
La adopción no debe entrar en consideración: i) si existe esperanza razonable de localizar a la familia y la reunión con ésta responde al interés superior del menor; ii) si es contraria a los deseos expresamente manifestados por el menor o sus padres; iii) salvo si ha transcurrido un período razonable en el curso del cual se han tomado todas las disposiciones factibles para localizar a los padres u otros miembros supervivientes de la familia. Este lapso puede variar en función de las circunstancias y, en particular, de la posibilidad de proceder a una localización adecuada; sin embargo, el proceso de localización debe finalizar al cabo de un período razonable.
No procede la adopción en el país de asilo si existe la posibilidad de repatriación voluntaria en un futuro próximo en condiciones de seguridad y dignidad270.
La Corte ha entendido que, en base a dicha disposición, “el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”271. Entre ellos se resalta la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares272. En ese sentido, de un análisis conjunto de varias disposiciones de la Convención Americana – por ejemplo, artículos 11, 17, 18 y 20 – resulta el reconocimiento del derecho a la identidad.
Por su parte, el artículo 8 de la Convención sobre Derechos de los Niños dispone lo siguiente:
De esta forma, la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social273. Asimismo, es importante resaltar que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años274.
En cuanto al derecho al nombre, la Corte ha establecido que “constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona”275. En este sentido, dicho Tribunal ha señalado que “los Estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger el nombre276. Asimismo, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido277. Ello debido a que el nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia”278.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado en forma constante que el artículo 8 del Convenio Europeo “protege un derecho a la identidad y al desarrollo personal, y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior”. Así, la vida privada incluye aspectos de la “identidad social y física del individuo”279. La Corte Europea ha indicado que uno de los componentes del derecho a la identidad es el derecho a la información sobre la verdad biológica. Al respecto, ha indicado que de una amplia interpretación del alcance de la noción de vida privada también se reconoce el derecho de toda persona a “conocer sus orígenes”. Sobre este aspecto, la Corte Europea ha señalado que las personas “tienen un interés vital, protegido por la Convención, en recibir la información necesaria para saber y comprender su niñez y desarrollo temprano”280.

References: artículo 7
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 21

Artículo 21
 artículo 8
 artículo 8