Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520236.html
Timestamp: 2019-03-23 09:20:25+00:00

Document:
as201521236
Auto Supremo: 236/2015
Sucre: 13 de abril de 2015
Expediente: PT-1-15-S
Partes: Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos. c/ Juan Condori Aguayo y
VISTOS: El recurso de casación de fs. 274 a 278, interpuesto por Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos en contra del Auto de Vista Nº 180/2014 de 21 de noviembre de 2014 cursante de fs. 270 a 272 de obrados, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos contra Juan Condori Aguayo y terceros interesados; sin respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 281, los antecedentes del proceso; y:
Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos, adjunto literales de 9 fojas, subsana y modifica la demanda de fs. 59, 61 a 62 y 64, manifestando que su esposo Inocencio Ramos Gonzales recibió mediante Título Ejecutorial tierras por dotación el 16 de octubre de 1981, a partir de ello poseyeron de manera pública, pacifica, continua y de buena fe cuyos mojones y linderos se encuentran delimitados y a la muerte de su esposo, fue declarada heredera legalmente pero no cesó de poseer cultivando papa, grano, trigo, etc. El título ejecutorial no consigna superficie individual debido a ello, la comunidad de Cantumarca le entregó un documento de reconocimiento de mejor derecho asignándole la superficie de 18.376,50 m2 pero al haber demandado la usucapión decenal en su totalidad tuvo que modificar su demanda en cumplimiento del auto de 19 de marzo de 2012 (fs. 55 a 56 vta.), por lo que ahora demanda usucapión de la superficie actual de 6.247,87 m2 correspondiente a área urbana que constituye el 31.7% del total acreditada con la Resolución Suprema Nº 206005 de 10 de enero de 2006 homologando la Ordenanza Municipal Nº 047/2005 de 28 de julio de 2005. La superficie total de 18.376,50 m2 consta en el Testimonio Nº 018/2011 no obstante, la superficie urbana se encuentra conforme los datos técnicos certificados por la Alcaldía Municipal, que es la superficie que se demanda mediante usucapión ya que el resto se demandará ante la jurisdicción agraria; el área que se demanda se denomina Islaum Cuchu ubicada en la calle Sin nombre y sin número, zona Cantumarca colindando al norte con su propiedad rural, al sud con la calle sin nombre, este y oeste con la del vecino pidiendo que se declare probada la demanda extendiendo a su favor la minuta de adjudicación judicial disponiendo su registro. Demanda que la dirige contra Juan Condori Aguayo y terceros interesados.
Juan Condori Aguayo, de fs. 70 a 70 vta., responde señalando que el bien inmueble denominado Islaum Cuchu ubicado en calle Sin nombre y sin número de la zona de Cantumarca de la ciudad de Potosí, de cual se tiene un plano de propiedad se acredita que la demandante a tenido el terreno corpóreamente por mas de 10 años sin que nadie haya perturbado su quieta, permanente y pacifica posesión como verdadera propietaria. Indica que se allana totalmente a la demanda por cuanto no perjudica ni afecta a su derecho propietario, conviviendo pacíficamente entre vecinos.
Jhannet Cyntia Sandoval Muruchi, defensora de oficio, de fs. 84 a 85, se apersona señalando que la prueba adjunta por la demandante no demuestran por si solas la posesión publica, continua ni ininterrumpida por mas de 10 años, al contrario, deben ser demostrada a efectos de la usucapión extraordinaria.
René Joaquino Cabrera, de fs. 114 a 115, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, se apersona y responde señalando que corresponde a la accionante demostrar los extremos de su pretensión considerando los bienes como patrimonio del Estado, debiendo la actora recabar de la entidad municipal certificaciones sobre el empadronamiento, registro, la ubicación, deudas tributarias y otros.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Primero de Partido en lo Civil, mediante Sentencia Nº 022/2014 de 12 de junio de 2014, cursante de fs. 240 a 245 vta., declaró improbada la demanda disponiendo no haber lugar a declarar a la actora propietaria por usucapión del bien inmueble lote de terreno de 6.247,87 m2 ni haber lugar a disponerse la respectiva ejecutorial para su inscripción en Derechos Reales.
En grado de apelación, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 180/2014 de 21 de noviembre de 2014, confirmó la Sentencia; en contra de esta resolución la parte demandante recurre en casación.
Nulidad de la Sentencia por falta del debido proceso en su elemento motivación:
Señala que el art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil, impone a los jueces el deber de fundar y motivar sus fallos; el justiciable tiene derecho a saber porqué el Juez se inclina en determinado sentido.
Denuncia que la Sentencia es arbitraria por inexistencia de motivación por consiguiente, nula de pleno derecho porque no explica en forma clara y motivada su fallo denegatorio de la demanda limitándose a señalar que no se habría cumplido con los requisitos de ley.
Acusa que el Juez de la causa no motivó su fallo porque no se ha fundado en ninguna norma jurídica y en ninguna prueba que la respalde yendo en contra de las garantías del debido proceso, por su parte, el Tribunal de Apelación incurrió en quebrantamiento de la ley de forma porque le correspondía anular la Sentencia ordenando un nuevo fallo motivado pese a que fue apelado pero no fue resuelto en el Auto de Vista.
Además de la falta de fundamentación y valoración de la prueba, existe infracción de la ley por haberse aplicado erróneamente las normas legales como el art. 138 del Código Civil al desconocer la usucapión decenal, el Juez no ha valorado las pruebas menos ha interpretado la Ordenanza Municipal Nº 047/2005 que fue homologada por Resolución Suprema Nº 206005 al expresar en la Sentencia que: el bien objeto del litigio se encuentra dentro del perímetro del radio urbano aprobado con O.M. Nº 047/2005 y RS. 206005, recién a partir de la gestión 2006. …desde la fecha que se encuentra en posesión como propiedad urbana del bien inmueble…hasta la fecha de presentación no han transcurrido 10 años como exige el art. 138 del CC. Empero, la mencionada Ordenanza Municipal que fue homologada por la Resolución Suprema indicada, es deber del Gobierno Municipal establecer el radio urbano de Potosí a objeto de establecer con certeza el área urbana consolidada que abre competencia para los órganos de justicia ordinaria y agroambiental tal como establece el art. 11 del Decreto Supremo 29215 de 2 de agosto de 2007. El Auto de Vista enuncia únicamente artículos referidos a la usucapión y posesión señalando que el A quo ha valorado la prueba.
Con los mencionados antecedentes pide anular obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso, revoque la resolución impugnada y la Sentencia.
El art. 250 del Código de Procedimiento Civil, establece que el recurso de casación podrá ser de casación en el fondo, en la forma o en ambos a la vez. De la revisión del recurso se advierte que la recurrente no especificó los agravios que corresponderían al recurso de casación en el fondo y cuáles al de forma menos ha citado la norma legal que establece las causales de procedencia de ambos recursos señalados en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, de conformidad al art. 180-II de la Constitución Política del Estado, y art. 30 num. 14) de la Ley Nº 025, en el presente análisis comenzaremos por disgregar las causales cuya previsión corresponde al recurso de casación en la forma y de no encontrar motivo de nulidad en la resolución recurrida, se ingresará al análisis de las causales cuya previsión corresponde al recurso de fondo.
I. Causales que se advierten en la forma:
Los agravios en la forma se resumen así: la Sentencia carece de motivación porque no explica en forma clara su denegatoria de la demanda limitándose a señalar que no se ha cumplido con los requisitos de posesión pacifica, pública y continuada por más de 10 años, no se ha fundado en ninguna norma legal y en ninguna prueba que la respalde yendo contra las garantías del debido proceso, a los de Alzada correspondía anular la Sentencia disponiendo se emita otra con la debida motivación. La fundamentación alude a que ha de expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso, y la motivación es el deber de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, consiguientemente una resolución o sentencia debe contener una exacta adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al contrario, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, constituye una violación formal y ocurre cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. Cuando el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, establece la garantía del derecho al debido proceso, está señalando la obligación de los jueces y tribunales de garantizar el respeto a ese derecho que se traduce en la emisión de resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas. Desde el punto de vista formal de una resolución, dicha obligación se da por cumplida cuando en la resolución se expresan las normas legales aplicables y los hechos previstos que hacen que el caso encaje hipotéticamente en esas normas, el razonamiento substancial del juzgador debe estar claro, es decir, la resolución que se dicte debe recaer en la cosa litigada, en los términos en que ha sido demandada y la normativa legal en que se funda, de conformidad al art. 190 del Código Adjetivo Civil. Cuando a través de una resolución se ha permitido al justiciable conocer substancialmente los argumentos legales y de hecho en los que se basó el juzgador, entonces aquel estará plenamente capacitado para probar en contrario los hechos aducidos y alegar la argumentación jurídica efectuada. En esto radica la exigencia formal y no puede exigirse más amplitud o profundidad que lo estrictamente necesario para que esencialmente se comprendan las argumentaciones establecidas por el juzgador, y por tanto, solo una omisión total de motivación, imprecisa, que prive de elementos al justiciable nos llevará a acusar de falta formal de motivación y fundamentación.
De la revisión de la Sentencia de fs. 240 a 245 vta., se tiene que en el primer considerando el Juez de la causa expuso los argumentos de la demanda, efectuando una síntesis desde la admisión de la demanda hasta el decreto de autos para Sentencia. En el segundo considerando se refiere a la prueba producida así como a los hechos probados e improbados, y en el tercer considerando titulado “Motivación y Fundamentación” comienza citando la normativa legal y jurisprudencia y los aplica a aquellos hechos probados durante el proceso, para finalmente arribar a una conclusión. En la parte resolutiva, la decisión judicial en términos de “Improbada la demanda”. Así revisada desde el punto de vista formal, se puede establecer que la Sentencia cumple con los presupuestos establecidos en el art. 192 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, ya que la motivación de la resolución por parte del Juez de la causa se ha hecho efectiva al vincular la norma legal al caso en concreto, y con esa operación lógica el Juez A quo cumplió con su deber de explicación y justificación de su resolución. En ese entendido, no se advierte falta de motivación de la Sentencia, deviniendo su reclamo de forma en infundado.
II. Causales que se advierten en el fondo:
Sus agravios reiterativos se resumen en: Falta de valoración de la prueba, infracción de la ley por errónea aplicación del art. 138 del Código Civil, y la Ordenanza Municipal Nº 047/2005 homologada por Resolución Suprema Nº 206005, por cuanto ha cumplido con la posesión de manera pública, pacifica, continua y de buena fe, y no pueden señalar que su propiedad, por encontrarse en área rural, su posesión no es válida para usucapión.
Al respecto, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:
Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos, por memorial de subsanación y modificación (fs. 59, 61 a 62 y 64), demanda la usucapión decenal o extraordinaria con el fundamento de que su esposo recibió tierras por consolidación mediante Título Ejecutorial el 16 de octubre de 1981, habiendo poseído desde entonces, y a la muerte de su cónyuge no cesó de poseer haciendo producir las tierras. Señala que de 18.376,50 m2 establecidas en el título y reconocidos por la comunidad de Cantumarca en su favor, 6.247,87 m2 es la superficie que actualmente se encuentra en área urbana conforme ha certificado la Alcaldía Municipal que constituye el 31.7% del total de la superficie, extremo respaldado con la Resolución Suprema Nº 206005 de 10 de enero de 2006 que homologó la Ordenanza Municipal Nº 047/2005 de 28 de julio de 2005, manifestando que el resto será tramitado ante la jurisdicción agraria; demanda dirigida con Juan Condori Aguayo, Gregorio Rosas Paco y otros.
La certificación DCDU-68/2011 de 29 de junio de 2011, de fs. 14, de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Potosí, señala: “Que revisados y verificados los puntos geo referenciados del plano presentado un 31.71% del total del predio aproximadamente se encuentra dentro del perímetro del radio urbano … aprobado con O.M. 047/2005 de fecha 28/07/2005 y R.S. 206005 de fecha 10/01/06”.
La recurrente manifiesta que es deber del Gobierno Municipal establecer con certeza el área urbana de la ciudad de Potosí, que la referida Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema debió ser interpretado aplicando el art. 11 del Decreto Supremo Nº 29215 de 2 de agosto de 2007, que señala “…los procedimientos agrarios administrativos serán ejecutados sólo en el área rural. Los predios ubicados al interior del radio urbano de un Municipio que cuente con una Ordenanza Municipal homologada, no serán objeto de aplicación de estos procedimientos… Los predios parcialmente comprendidos en áreas urbanas que cuenten con Ordenanzas Municipales homologadas, el saneamiento únicamente se ejecutará sobre la fracción del área rural…” señala que dicha disposición en ningún momento refiere que a partir de su promulgación comienza a correr el término para computo de las posesiones de bienes inmuebles para la usucapión u otra figura jurídica, razona que por pertenecer al área urbana no puede acceder a la justicia ordinaria por cuanto, según el juzgador, no ha cumplido los 10 años de posesión porque la Ordenanza Municipal es del año 2006.
De la revisión de obrados se tiene que mediante el título ejecutorial en lo proindiviso Nº 707770 de fs. 3, se acredita que Inocencio Ramos Gonzales y otros, fueron favorecidos mediante consolidación con una parcela de 887 has 1.215 m2 ubicadas en el exfundo Cantumarca en fecha 16 de octubre de 1981, por el Servicio Nacional de Reforma Agraria; mediante el testimonio Nº 018/2011 de fs. 4 a 5, sobre escritura pública de reconocimiento de derecho propietario se acredita que las autoridades comunales de Cantumarca efectuaron reconocimiento de mejor derecho propietario de la superficie de 18.376,50 m2 en favor de la recurrente sobre terrenos ubicados en la zona de Islaum Cuchu correspondiente a la jurisdicción de Cantumarca expresando: que sirva para el saneamiento de su derecho propietario, señalando más adelante que sobre dichos terrenos mantiene posesión pública e ininterrumpida desde más de dos décadas. En base a dichos antecedentes, se tiene que los mencionados terrenos sobre los cuales la recurrente manifiesta que le pertenecen, se hallan ubicados en el área rural, consiguientemente, se hallan regulados por la jurisdicción agraria, y concretamente, a partir del 18 de octubre de 1996, fecha de promulgación de la Ley Nº 1715, la propiedad y/o posesión de la recurrente, se hallan regulados por los procedimientos agrarios administrativos contemplados en dicha norma como en sus decretos supremos reglamentarios en relación a los modos de adquirir la propiedad agraria, derecho que se halla previsto y protegido por lo dispuesto en el art. 3-III de la mencionada Ley, que señala: “Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres”, de lo que se deduce que los efectos de la propiedad y posesión que la recurrente alega tener sobre los 6.247,87 m2 fueron útiles para el régimen legal agrario anterior, empero, a partir de la Ordenanza Municipal Nº 047 de 28 de julio de 2005 homologada por Resolución Suprema Nº 206005 de 10 de enero de 2006, el predio (parcialmente) fue incorporado al radio urbano de la ciudad de Potosí, dejando de ser terreno agrícola pasando al ámbito de regulación por normas del derecho civil, y por tanto, susceptible de adquirir la propiedad mediante la usucapión (prescripción) siempre que sean cumplidos el tiempo y los demás requisitos previstos por el art. 138 del Código Civil, y otras disposiciones civiles.
En el caso de autos, se advierte que la subsanación y modificación de la demanda de usucapión decenal o extraordinaria fue presentada por la recurrente en el año 2012, y la mutación del régimen agrario al civil y por ende a la jurisdicción ordinaria del predio objeto de la litis en los hechos se produjo el 10 de enero de 2006, de lo que se tiene que hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha cumplido el tiempo establecido para que opere la prescripción adquisitiva decenal o usucapión debido a que no han transcurrido los 10 años exigidos por el art. 138 del Código Civil, y por tanto, para adquirir el derecho propietario por usucapión, como así han concluido los tribunales de instancia.
La recurrente señala que los jueces de grado habrían dispuesto que su propiedad por encontrarse en área rural, su posesión no es válida para usucapir. Efectivamente, no es posible hacer valer la posesión anterior a los efectos de la usucapión decenal o extraordinaria que antes de la emisión de la mencionada Ordenanza Municipal que fue homologada por Resolución Suprema, no se constituía en objeto regulado por el derecho civil, es decir, aquella posesión surtió efectos y consecuencias en la esfera agraria pero ésta no puede validarse en este nuevo ámbito legal menos puede sumarse el tiempo transcurrido en aquélla a ésta por tratarse de dos regímenes legales y jurisdicciones distintas como pretende la recurrente, siendo que en este nuevo ámbito de regulación civil la recurrente no ha demostrado el requisito principal de la posesión continuada durante 10 años.
Por lo expuesto, y sin entrar en más consideraciones respecto del recurso, este Tribunal de Casación emite resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) con relación a los arts. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Valeriana Quispe Cruz Vda. de Ramos en contra del Auto de Vista Nº 180/2014 de 21 de noviembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por la recurrente contra Juan Condori Aguayo, Gregorio Rosas Paco y otros. Sin costas.

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