Source: http://attacmurciajufiglo.blogspot.com/2012/04/
Timestamp: 2018-07-20 19:57:41+00:00

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ATTAC Murcia - Justicia Fiscal Global - Economía: abril 2012
Este artículo señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado.
El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.
http://www.vnavarro.org/?p=7214
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La reestructuración del sistema financiero español se resume en una serie de operaciones que se nos venden sin coste alguno para el contribuyente, para dar solidez a nuestro sistema y donde los primeros culpables han sido las cajas de ahorro que estaban muy expuestas al ladrillo. ¿Esto es cierto?
Lo de que las entidades financieras estaban muy expuestas al ladrillo sabemos que lo es. Ahora bien, el modelo turismo+ladrillo=Felicidad para todos, sabemos a estas alturas que ha sido promovido tanto por los dos gobiernos de Aznar, como por el PSOE que durante 8 años no supo cambiar el rumbo y se decidió (por lo que dice Rubalcaba más por incompetencia que por convicción) a seguir con el mismo modelo productivo y las entidades financieras financiándolo.
A los gobiernos de turno hay que sumar los políticos y demás personas que se sientan en los consejos de administración de las cajas que; lejos de denunciar que estas entidades lo estaban haciendo muy mal, miraron para otro lado y que según sabemos por los últimos informes del Banco de España no estaban muy preparados para estar sentados donde estaban. Así si nos preguntamos ¿cuántas actas existen por parte de los miembros de los consejos de administración denunciando lo que se estaba gestando? La respuesta es ninguna. Ni en la CAM, ni en Caja Madrid, ni en Caja Sur y podemos seguir hasta 45. En estos consejos entran representantes del PSOE, del PP o de cualquier otro partido con representación en estos órganos. Es ahora, ya cuando las cajas de ahorro van a desaparecer y los bancos se las van a quedar (sin ningún otro coste para los ciudadanos que la crisis económica española que todavía no sabemos cuando terminará) cuando el Banco de España pone en duda la profesionalidad y competencia de estos señores. A mí de lo que me queda poca duda es de la escasa profesionalidad y gran incompetencia del Banco de España en el manejo de la crisis.
En efecto, podemos decir que al Banco de España se le ha caído la mitad del sistema financiero español y se están dando palmaditas en la espalda porque han intervenido el Banco de Valencia y dos cajas cuando ya estaban quebradas. En argot popular intervenir algo quebrado para que no se suspendan los pagos se hace poniendo dinero, dinero público. La falta de profesionalidad de las cajas que ahora denuncia el Banco de España, bien se la pueden aplicar ellos cuando son la institución competente, con autoridad y legitimidad para pedir cuentas y obligar a tomar medidas, cuya principal misión es evitar que el sistema financiero se desplome. Así que en lugar de ir diagnosticando las debilidades, recetando soluciones y, en su caso, obligando al paciente a tomarlas porque este está fuera de sí y es un peligro tanto para él mismo como para los que le rodean, ha esperado sencillamente a que el paciente muera para malvender sus órganos (previo saneamiento en euros) a los bancos. No es lo que espero yo de un doctor y menos de lo que sería el ente encargado de velar por las buenas prácticas de todo el cuerpo de médicos, pero con los recortes nunca se sabe. Ahora bien, el Banco de España y las entidades financieras también se rigen por la regulación internacional, desde la que se autoriza al Banco de España a tomar medidas discrecionales cuando, por ejemplo, los consejos de administración de las entidades financieras no tienen formación, o éstas están confundiendo el riesgo de financiar al ladrillo con una posible rentabilidad. Los modelos que la regulación financiera internacional propone para valorar y gestionar los riegos de crédito, bajo la apariencia de técnicas sofisticadas que deslumbran a los profanos y cuya dudosa pertinencia no analizaremos aquí, pueden ser complementados con amplios márgenes de discrecionalidad. Lejos de hacer sus esfuerzos en el sentido de criticar la debilidad de los criterios por los que bancos y cajas miden el riesgo o supervisar in situ a las entidades sobreexpuestas al riesgo de crédito relacionado con el sector privado (inmobiliario o no), los esfuerzos se han dirigido a la promoción y propaganda del supuesto rigor de las normas que nos han llevado a esta situación.
Así, el sistema financiero español ha visto como las cajas pasan de 45 a 17 y próximamente a 0, se sanean y son absorbidas por los bancos y se nos dice que esta reestructuración es sin coste alguno. Señores, si esto es sin coste alguno debe ser porque ustedes no saben sumar y entonces es cuando ya empiezo a explicarme muchas cosas de esta crisis. Aquí se puede ver un resumen de cómo queda el nuevo panorama tras las fusiones y absorciones.
Con operaciones del tipo: El Sabadell se queda la CAM por 1€, o el BBVA se queda a Unimm por 1€ y el Fondo de Garantía de Depósitos se compromete a hacerse cargo del 80% de las pérdidas de sus peores activos. Los bancos han logrado su vieja aspiración de terminar con las cajas y además les esta saliendo insultantemente barato.
Muchas de estas entidades se benefician de estar al amparo del plan de avales llevado a cabo durante el segundo mandato del PSOE que avaló 100.000 millones de € y que el PP ha decidido que comparte esta solución en forma y número, por lo que en su reforma financiera también encontramos su plan renove de avalar otros 100.000 millones de euros.
Mientras el FROB se usa como herramienta política para justificar que por los 12.000 millones de euros que se van a prestar a un plazo de 5 años ampliable a 7 y finalmente ampliable hasta que los prestatarios consigan devolver el crédito si es que lo consiguen devolver, se nos pretende hacer ver que sus préstamos no están faltos de interés y que éste está en torno al 8%. Por supuesto, esta corriente de ayudas se financia con deuda pública, esa que dicen que es tan mala que suba para ciertas cosas. Por lo que de entrada ya estamos pagando un interés no sólo en los 12.000 millones que cubre el FROB con deuda sino que habría que determinar como afecta este volumen a los intereses de la deuda que se emite para financiar otros servicios y qué parte representa de los recortes para lograr el ansiado déficit de 5% que intentan hacer creer que es la solución de todos los males (habría que afinar más la hora de elegir asesores para determinar cuáles son todos los males), a lo dicho hasta aquí hay que sumar el coste de oportunidad que supone adjudicar unos miles de millones de euros para el sistema financiero en un contexto donde se deja caer más del 25% la inversión pública sin tener en cuenta los puestos de trabajo que con ello se destruyen y se dejan de crear y que se suman a la larga cola del paro. ¿Y el ministro de Economía es incapaz de ver el coste? Por favor que lo cambien, porque la única vía para que esto sea sin ningún coste es que De Guindos esté asumiendo el default de España y que el Partido Popular haya decidido ahondar en su estrategia de amnistía fiscal hacia la insumisión internacional con los acreedores del Estado, dado que sin costes será únicamente si el Tesoro deja de atender a sus obligaciones de pago. O eso o está diciendo una mentira del tamaño del Titanic. Lamentablemente este segundo caso, la mentira, es el suceso estadístico que se repite en más ocasiones desde hace tiempo en este país cuando un dirigente del gobierno abre la boca para leer el papel que esos grandes asesores le han escrito; a veces también pasa que no entiende su propia letra, pero vamos a pensar que esos son casos aislados.
Antes de cerrar, quiero señalar que el mapa de las nuevas fusiones ha respondido mucho más a relaciones y criterios políticos que de cualquier otro tipo, del estilo cajas del PP con cajas del PP, lo que viene a ser relaciones entre primos para procrear un nuevo ente. Lo que los doctores del Banco de España parecen todavía no tener muy bien catalogado dentro de su lista de potenciales patologías como resultado de estos enlaces. Así el encargado de regular, supervisar, sancionar y velar por el funcionamiento del sistema, parece funcionar más como el servicio de propaganda de estas entidades, en lugar de llevar a cabo su tarea con prudencia y firmeza. Esta fórmula de nacionalismo propagandístico de la buena situación de la banca parece que lamentablemente se ha apoderado de los bancos centrales de toda Europa, organismos públicos que defienden a los que consideran “los suyos”, los bancos, y no a la sociedad que los soporta.
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=246:los-costes-de-la-reforma-financiera-&catid=57:noticiasdos
Las crisis económica y financiera han puesto de manifiesto el afianzado poder que tienen los bancos en la Unión Europea. En este artículo correspondiente a la serie “La Unión Europea en crisis”el miembro de Corporate Europe Observatory Kenneth Haar describe como la crisis de 2008 puso en movimiento una oleada de regulación financiera. La mayoría de esta regulación se ha aprobado hasta el momento y hay muchas pruebas que demuestran que se está sacando del atolladero a los bancos. Mirando atrás, quienes pertenecen a los lobbies bancarios pueden concluir que quienes toman las decisiones se han desvivido por servir a los intereses de la industria de la banca. El sueño de una Unión Europea que pusiera freno al poder de las finanzas se ha convertido en un chiste y en vez de ello hemos visto emerger una Europa de los banqueros que hace palidecer de envidia incluso a Wall Street.
El problema es sistémico. Se ha permitido crecer tanto a los bancos que el colapso de simplemente uno de ellos plantea un problema fundamental a la sociedad. También se les ha permitido hacer apuestas de altísimo riesgo, a menudo utilizando el dinero de la gente ordinaria. Existen remedios para ello, reformas que podrían reducir su poder. Pero el primer paso necesario podría ser simplemente hacer que los políticos y los miembros de la Comisión dejen de considerar que los bancos son los oráculos de la economía.
Una comisión cautiva
Hace menos de 15 años la banca no era realmente el negocio de la UE. La regulación estaba enmarcada o a nivel internacional en las negociaciones de Basiela o a nivel nacional. Pero para finales de la década de 1990 entre los gobiernos hubo un consenso incipiente en relación a construir un auténtico mercado único para los servicios financieros. El objetivo era quitar las barreras a los bancos y a otras instituciones financieras, no aumentar la regulación que podría evitar riesgos sistémicos o el reinado de los especuladores. No querían contener la financiarización de la economía sino promoverla. Este modelo se desarrolló en estrecha colaboración con aquellos que eran considerados los verdaderos expertos, las propias grandes instituciones financieras, sin olvidarse de los bancos.
En aquel momento la banca no era un asunto seriamente politizado, así que solo unas pocas personas lucharon para denunciar la problemática influencia de los bancos en la legislación de la UE. Siempre que se desarrollaban nuevas iniciativas o se revisaban las antiguas, la Comisión acudía rutinariamente a los grandes actores para recabar su opinión. Entonces esta escribía propuestas en la línea de sus consejos y generalmente estas se adaptaban con cambios menores.
La crisis financiera establece una nueva agenda
Pero con la crisis financiera de 2008 pareció que se terminaba la fiesta. Por todas partes hubo unas críticas brutales de los irresponsables bancos y de las laxas leyes sobre la banca. Tanto los gobiernos como los miembros de la Comisión salieron con declaraciones notablemente agresivas sobre la irresponsabilidad de los bancos y la necesidad de revisar la legislación.
“Creo que la actual crisis ha demostrado que tenemos que reconsiderar exhaustivamente nuestras normas reguladoras y de supervisión para los mercados financieros”, afirmó el Presidente de la Comisión José Manuel Barroso.
Su colega en la Comisión, el hombre más destacado de la regulación del Mercado Único Charlie McCreevy, admitió rotundamente escuchar demasiado a las corporaciones financieras:
“Lo que no necesitamos es convertirnos en cautivos de aquellos que tienen los mayores presupuestos para los lobbies o los más persuasivos miembros de lobby: tenemos que recordar que fueron muchos de estos mismos miembros de un lobby quienes en el pasado lograron convencer a los legisladores de que insertaran las cláusulas y provisiones que tanto contribuyeron a los estándares laxos y a los excesos generalizados que han creado riesgos sistémicos. El contribuyente se ve forzado ahora a cargar con la cuenta”.
Unas palabras bastante sorprendentes en boca del mismo hombre que había permitido al lobby financiero dominar su propio trabajo con la regulación financiera. Parecía que había pocas dudas de que no se proyectaban reformas radicales.
Costosas redes de seguridad
La crisis reveló tanto los extremos excesos de los bancos como un imperfecto sistema de supervisión y de regulación. Pero la prioridad principal no era una regulación nueva y eficaz, sino salvar a los bancos.
Una espectacular operación de rescate tras otra tuvieron un peso extraordinario en los presupuestos de los Estados miembros, como cuando el gobierno irlandés asumió las deudas del banco Anglo Irlandés, supuestamente empujado por el presidente de Goldman Sachs International, el ex miembro de la Comisión Europea y ex ministro irlandés Peter Sutherland. Un paso que en última instancia podía haber dejado a los contribuyentes británicos una cuenta de 47.000 millones de euros, más de una tercera parte del PNB del país.
O cuando el banco franco-belga Dexia colapsó dos veces, primero en 2008, cuando solo lo salvó un préstamo garantizado de 150.000 millones de euros. Después otra vez en octubre de 2011, cuando el gobierno belga garantizó un préstamo de 54.000 millones de euros (el 14% del PNB del país) más un pago inmediato de 4.000 millones de euros por la adquisición de Dexia-Belgium. Con el eurodiputado y ex ministro belga Jean Luc Dehaene en la junta [directiva], Dexia tenía un fácil acceso a la elite política del país.
Se han puesto en peligro enormes cantidades de dinero público para salvar los bancos. A fecha de octubre de 2011, en conjunto 27 Estados miembros de la UE reservaron 4.5 billones de euros en apoyo, garantías y paquetes de préstamos para los bancos, o lo que es lo mismo, casi el doble del PNB anual de Alemania.
El lado generoso del Banco Central Europeo
La crisis del euro crisis ha revelado las posibilidades de recaudar vastas sumas de dinero cuando está en juego la salud de los balances de los bancos. De hecho, la Unión Europea está poniendo a los bancos al frente de su intento de evitar la crisis e impulsar la reactivación de la economía. En diciembre de 2011 el nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE), el ex director de Goldman Sachs Mario Draghi, lanzó una atrevida iniciativa de incentivar el préstamo bancario al sector privado y calmar el aumento de la tasa de interés de los bonos soberanos e incluso reducirlo. El BCE gastó 489.000 millones de euros en esta primera tanda de la Operación de Refinanciación a Largo Plazo (LTRO, por sus siglas en inglés) – préstamos baratos sin condiciones – un paso en general bien recibido por los bancos.
“Es alentador ver esta cantidad de liquidez por parte del BCE. Sea cual sea el grado de nerviosismo de los inversores acerca del retroceso de los mercados y bancos de financiación, el BCE estará ahí y proporcionará liquidez para asegurar que las cosas se mantienen en marcha”, afirmó un estratega del banco de inversión estadounidese JP Morgan en diciembre de 2011.
La ganga de la venta de préstamos iba a continuar y en febrero de 2012 estaba disponibles otros 530.000 millones [de euros], esta vez a beneficio de ciertos créditos al consumo, lo que hacía ascender el total a un billón de euros. Los fabricantes de coches Mercedes Benz, Daimler y Volkswagen estaba entre los beneficiarios, gracias a sus armas financieras establecidas para proporcionar a los clientes créditos para comprar un coche. Paro hay pocas pruebas que demuestren que la LTRO haya cumplido sus objetivos. Aunque el presidente Draghi afirmó que la iniciativa era "un éxito incuestionable", el propio BCE dirigido por él informó en febrero que los préstamos a la economía real en realidad habían caído en febrero.
Puede que el jurado todavía esté deliberando sobre el veredicto final, pero en cualquier caso la LTRO suscita un par de preguntas. Si el BCE puede proporcionar tanto dinero, ¿por qué gastarlo aumentando los fondos de los bancos con la esperanza de que los bancos presten más barato a los gobiernos?¿Por qué no prestar directamente a los gobiernos? Y si la economía real necesita un incentivo, ¿por qué no proporcionar inversiones públicas, por ejemplo, invirtiendo en energía verde que dé un tono verde a la economía? La respuesta es que según el tratado de la UE, el BCE tiene que ser independiente de los gobiernos y la ley le prohíbe proporcionar préstamos directos. A consecuencia de ello, el BCE respalda a los bancos como alma de la economía.
Y hay otro absurdo en juego: el dinero gastado en la LTRO es el doble de la cantidad de dinero empleado en el nuevo fonde de rescate en los próximos tres años, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés), para ofrecer préstamos a los gobiernos de Estados que estén en una grave crisis. Mientras que la LTRO suscitó poca controversia política, ha sido muy difícil encontrar la mitad de dinero para préstamos a los gobiernos y han sido necesarias varias cumbres de la UE para acordarlo.
Aún así, es poco probable que en un futuro no tan distante veamos una LTRO 2 porque muchos bancos son “dependientes crónicos” de los fondos del BCE, según Alberto Gallo, un estratega del Royal Bank of Scotland.
Salvar Grecia
La generosidad económica con los bancos es paralela a la generosidad política y un incidente es un crudo símbolo de ello.
Poco después del inicio de la cumbre de la Eurozona en julio de 2011 un coche negro paró en frente del edificio del Consejo en Bruselas y de él salió un hombre con traje de chaqueta y que estrechaba manos y sonreía, como cualquier jefe de Estado o de gobierno. A pesar de las apariencias, no era un hombre de Estado sino Joseph Ackermann, presidente de Deutsche Bank y del grupo de lobbies bancarios internacionales, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), que se unía a las negociaciones sobre la deuda griega.
Antes de ese encuentro parecía como si los bancos tuvieran que pagar parte de la factura por sus aventuras inversionistas. A lo largo de 2011 había quedado claro que a Grecia le resultaba imposible pagar los intereses de la carga de la deuda acumulada, lo que incluía préstamos con bancos privados. Se necesitaba un llamado “corte de pelo” para reducir la deuda. Había que encontrar una solución con los bancos, así que se invitó a Ackermann a la cumbre.
Se podría argumentar que los propios bancos se lo habían buscado y que cuando se echaron a perder sus inversiones, simplemente se les debía haber dejado cargar con sus pérdidas. Pero cuando acabaron años de fácil prosperidad se consideró un problema que los gobiernos tenían que resolver. Se consideró a los grandes bancos interlocutores con los que los gobiernos de la Eurozona tendrían que negociar. Tras las negociaciones dirigidas por Ackermann, por fin se llegó a un acuerdo con los altos cargos de Grecia y de la Zona Euro, y “finalmente con los Estados o gobiernos de la Zona Euro y las instituciones de la EU”, como señaló un documento del IIF.
Las pruebas sugieren que Ackermann es un negociador habilidoso. Ante ello, los bancos se tienen que tragar un recorte del 50%, pero el valor de los bonos griegos había caído en picado a un 35% de su valor nominal. Con el acuerdo, de hecho los gobiernos habían acudido en ayuda de los bancos. Era menos un “corte de pelo” para los bancos y más un afeitado de todo el cuerpo para Grecia.
Y había un bono extra para los bancos, con una cláusula en el tratado que apuntalaba préstamos a las economías en crisis de la Eurozona, el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que prohibirá a los gobiernos intentos futuros de hacer que los bancos cancelen las deudas que les deben los gobiernos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, hubiera sido una sorpresa que la Unión Europea hubiera hecho respetar de hecho una fuerte regulación, sin hacer caso del consejo de los banqueros de abstenerse de llevar a cabo auténticas acciones.
En efecto, lo primero que hicieron la Comisión y el Consejo en 2008 fue establecer un consejo asesor de alto nivel para proponer un enfoque global de la reforma financiera. De los siete del grupo cuatro tenían estrechas relaciones con grandes bancos, un quinto era el regulador al que se culpa de una supervisión no efectiva de los bancos británicos y un sexto era conocido por sus puntos de vista liberales extremos. En otras palabras, la Unión Europea había preguntado cómo responder a la crisis a las mismas personas que eran responsables de ella. Su informe sería considerado un punto de referencia en futuras propuestas.
A pesar de la retórica impaciente al inicio de la crisis, pronto el paso de la reforma iba a ser más lento. Y el lobby de la banca hizo cuanto pudo para evitar medidas ambiciosas. Para ello utilizaron el alarmismo y el IIF fue un maestro en ello. Ackermann afirmó que había un “riesgo muy real” de que “entraran en vigor medidas reguladoras que podían minar la recuperación global y la creación de empleo”. Y el IIF escogió muy cuidadosamente el verano de 2010 como momento para publicar un informe sobre los peligros de la regulación. Era el momento en que las negociaciones internacionales sobre la regulación de la banca (los Acuerdos de Basilea) llegaban a un punto culminante. Para entonces el clima político había cambiado completamente. El temor a un crecimiento más lento y a la inestabilidad en el sector bancario había apagado el deseo de reforma. Esto permitió a los lobbies financieros atenuar las ambiciones de los políticos.
Pocas esperanzas de que haya pasos creíbles
Según una nueva parte del acuerdo de Basilea III, si se hubiera inspeccionado Lehman Brothers poco después de su colapso, ¡habría sido considerado una empresa sólida! En aquel momento el apalancamiento (la cantidad de dinero que prestan los bancos en comparación con el valor de sus activos) de Lehman Brothers era de 31 a 1. Según el acuerdo, el límite es de 33 a 1. En otras palabras: según este conjunto de normas, Lehman Brothers era una compañía fuerte cuando quebró.
El nuevo Acuerdo de Basilea (apodado Basilea III) no es una legislación en sí misma sino más bien un conjunto de directrices. Teóricamente las normas que presenta se pueden mejorar cuando se implementen a nivel nacional o en la UE. Pero no hay indicios de un enfoque más fuerte en la UE. Por ejemplo, los asesores de la Comisión no son diferentes de los educados por el comisionado McCreevy antes de que se fuera en 2010. En una fase de la discusión, el grupo asesor clave para asesorar a la Comisión sobre regulación de la banca, el Grupo de Expertos sobre la Banca [Group of Experts on Banking] estaba fuertemente dominado por “expertos” de bancos afiliados al grupo de lobby del IIF que tanto había trabajado para suavizar cualquier regulación internacional. De los 42 expertos, 23 eran miembros del IIF y la mayoría de los demás lo eran de otras corporaciones financieras.
¿Y los gobiernos? Los gobiernos alemán y francés se declararon recientemente en contra de Basiela III afirmando que tendría un “efecto negativo” sobre el crecimiento y que tendría que ser suavizado cuando se implementara en la legislación.
El privilegiado papel de los bancos en el debate sobre la reforma de la regulación de la banca no supone una verdadera sorpresa. En todas las reformas de los mercados financieros desde la primera estrategia global de la UE sobre los mercados financieros en 1999 es cierto que se ha dado un papel destacado a las corporaciones financieras. Desde la crisis de 2008 han cambiado algunas cosas menores, pero los cambios de legislación sobre derivados, sobre contabilidad, sobre paraísos fiscales y los hedge funds [fondos de inversión libre] no han logrado hacer frente a los retos que tan dramáticamente plantea la crisis. Y cuando la Comisión da el paso sin precedentes de proponer una tasa sobre las transacciones financieras (FTT, por sus siglas en inglés), los detalles finales revelan que está lejos del diseño original. Y debido a la oposición de algunos Estados miembros hay pocas esperanzas de que ni siquiera esta versión suavizada se haga realidad.
Todo esto se reduce al dominio del sector financiero en el debate sobre la regulación financiera y la regulación de la banca no es una excepción a la regla. Dos expertos financieros, Simon Johnson y Darem Acemoglu, escribieron recientemente en un comentario sobre la influencia de los bancos en el manejo de la deuda griega: “La lección para Europa (y para Estados Unidos) está clara: es el momento de dejar de escuchar lo que dicen los bancos y de empezar a centrarse en lo que hacen. Debemos reconsiderar la distorsionada economía política del sector financiero antes de que el excesivo poder de unos pocos imponga costes aún mayores a todos los demás”.
Debería ser chocante ver la dependencia que quienes toman las decisiones en la Comisión y en los Estados miembros tiene de los bancos y de los banqueros. Cuando desean asesoramiento sobre regulación de la banca, preguntan a los banqueros. Cuando los bancos tienen problemas, socializan su deuda. Cuando la economía tienen problemas dan dinero a los bancos. Los banqueros están agradecidos, pero la sociedad en general no debería estarlo.
Parece que un requisito esencial para las profundas reformas que se necesitan es acabar con las estrechas relaciones que hay entre los bancos y el sistema político. Mientras las palabras de los banqueros y los mezquinos intereses de los bancos tengan más peso que las palabras de aquellas personas que cargan con la cuenta, tenemos un grave problema.
Fuente: http://www.corporateeurope.org/EU-in-crisis-conf/essays/stop-listening-banks
Kenneth Haar.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148517
Publicado por Attac Murcia en 13:08 No hay comentarios:
La crisis ha puesto de manifiesto la naturaleza real del sistema político que tenemos. Más concretamente ha puesto de manifiesto que el sistema político actual no sirve para nada porque no es el espacio donde reside el poder. El poder, más al contrario, se encuentra en las grandes empresas y particularmente en la gran banca comercial privada y los multimillonarios fondos de inversión que ésta gestiona. Este poder económico es el que controla los mercados financieros y el que chantajea a los gobiernos exigiéndoles la aplicación de duros planes de ajuste que nadie ha votado.
La democracia ha quedado relegada a un segundo lugar o, más correctamente, ha sido desenmascarada. Saramago decía hace muchos años que vivíamos en una burbuja democrática donde el poder residía realmente en las grandes instituciones financieras internacionales, y la crisis no ha hecho sino darle absolutamente la razón. La democracia política, nuestra democracia, se revela ahora claramente como un elemento de marketing que disfraza y justifica una horrible dictadura: la dictadura del capital, del dinero y del “tanto tienes, tanto mandas”.
Pero no hemos llegado aquí ni por casualidad ni tampoco de una forma inevitable. Y por eso mismo tenemos alternativas.
Cuando un agente económico (Estado, Empresa u Hogar) se endeuda lo que ocurre es que queda a merced del prestamista, que le exige una serie de condiciones. La clave entonces es entender por qué hemos llegado a endeudarnos tanto como para que nuestros acreedores (prestamistas) nos exijan la aplicación de tantas reformas. Para explicarlo debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero, que la deuda pública ha crecido a consecuencia de la crisis y aún así se mantiene en niveles muy inferiores a los de otros países como Alemania y Francia y sobre todo Italia y Grecia. Por lo tanto la responsabilidad de que la deuda se haya disparado es de la crisis y de sus causantes, esto es, la gran banca comercial privada que es también la que se está beneficiando de los rescates bancarios y de los rescates a los países. El segundo, que el endeudamiento es necesario cuando la relación ingresos/gastos se vuelve deficitaria, y eso puede ocurrir bien porque los gastos son demasiado altos o bien porque los ingresos son demasiado bajos. Y España ha vivido varias legislaturas del Partido Socialista y del Partido Popular en las que se ha apostado sistemáticamente por rebajar la carga impositiva, es decir, por reducir los ingresos del Estado y favorecer a las clases más adineradas. Si tuviéramos más ingresos no recurriríamos tanto al endeudamiento que, por cierto, nos ofrecen las mismas entidades y grandes fortunas que han dejado de pagar esos impuestos.
Además, en los últimos treinta años de hegemonía económica y cultural del neoliberalismo los Estados nacionales han delegado parte de su soberanía a entidades supranacionales que, como la Unión Europea, están configuradas de una forma antidemocrática y donde la capacidad de decisión de los ciudadanos está muy limitada y además tiene que enfrentarse ante el poder más fuerte de los lobbys que pululan por Bruselas. Con ese estado de las cosas al final la voz del ciudadano queda ahogada en el mar de los intereses empresariales que hacen y deshacen sus leyes, directrices y recomendaciones supranacionales.
Pero de forma más preocupante los Estados se han deshecho de los instrumentos económicos que permiten a una sociedad decidir cómo quiere organizarse colectivamente. En primer lugar los Estados han regalado la gestión de la política monetaria a un grupo de tecnócratas con unas ideología muy determinada, la neoliberal. En efecto, el Banco Central Europeo es una entidad pública pero independiente del poder político y que no tiene que rendir cuentas ni siquiera ante el parlamento europeo. Sus técnicos se consideran a sí mismos los científicos asépticos e imparciales de la economía, cuando todas sus decisiones conllevan un sinfin de costes que están muy desigualmente repartidos. Incluso su mera concepción estatutaria implica una toma de partida por las clases dominantes. Y, en segundo lugar, los Estados han vendido y malvendido prácticamente todas sus empresas públicas justificándose en principios teóricos que luego no se han demostrado válidos.
Un Estado sin Banca Pública y sin Empresas Públicas está a merced de los poderes económicos, ya que carece del margen de maniobra suficiente para tomar las decisiones correctas y necesarias. De hecho eso es lo que estamos viendo en esta crisis, cuando los gobiernos tienen que limitarse a pedir por favor a los bancos comerciales privados que proporcionen financiación a la economía real. Pero estos bancos son conocedores de su poder y se permiten el derecho de chantajear sistemáticamente a los gobiernos, sin que éstos reaccionen. Lo mismo ocurre con las grandes empresas, ya libres de los obstáculos que suponen las regulaciones públicas y sobre todo las empresas competidoras públicas, que podrían ser referentes en materia salarial, ambiental o de inversiones productivas.
En efecto, desde 1985 hasta el año 2000 en España se han privatizado un total de 117 empresas públicas. El proceso lo comenzó el Partido Socialista, pero lo continuó de forma más agresiva el Partido Popular. Se vendieron empresas altamente rentables como Repsol, Gas Natural, Telefónica o Argentaria, y se mantuvieron las empresas menos rentables y que no encontraban compradores. Además en muchos casos se malvendieron a través de procesos discrecionales que incluían una valoración de los activos públicos muy inferior a la que deberían haber tenido, lo que suponía una transferencia automática de dinero desde el sistema público hacia la empresa privada. Todos esos procesos se justificaron haciendo alusión a la eficiencia, a la mejora de las ventas, y a la mejora general del funcionamiento general. Más de veinte años después del inicio de aquel proceso los estudios económicos revelan que todo aquello era falso (véase este artículo académico). La inmensa mayoría de las empresas no mejora ni en eficiencia, ni en productividad ni en el funcionamiento general. Y sólo lo hacen aquellas que han llevado a cabo procesos de reestructuración, lo que significa que el funcionamiento no está ligado a la naturaleza de la propiedad sino al tipo de gestión. O lo que es lo mismo, que si en vez de vender a empresas privadas se hubieran acometido reestructuraciones en el tipo de gestión, la organización productiva hubiera sido la misma que la de ahora pero el Estado tendría más de cien empresas públicas (y sus ingresos).
No obstante, la mayoría de las privatizaciones se hicieron para reducir el déficit y para de esa forma poder satisfacer los criterios de entrada a la Unión Europea. Los gobiernos sacrificaron ingresos futuros a cambio de ingresos actuales, y estos últimos de menor cuantía a la que se debería. Pero como digo también sacrificaron herramientas de control de la economía. Herramientas que permitirían ahora capear mucho mejor el temporal de la crisis.
Basta imaginar si el inmenso poder que tienen los mercados y los bancos sería el mismo en caso de que el Estado dispusiese de una gran Banca Pública y de un entramado rentable de Empresas Públicas. Es obvio que su fortaleza le haría mucho más inaccesible a los ataques de los mercados, que ven en la debilidad del Estado la oportunidad perfecta para explotar nuevas posibilidades de negocio. De hecho, si especulan contra Grecia, Portugal y España no es porque haya fuertes fundamentos económicos sino porque son elementos débiles en el espacio europeo.
Lo que podemos hacer es bien sencillo, pero requiere voluntad política para llevarlo a cabo. En primer lugar es urgente establecer una auditoría de la deuda pública. Liberar la carga financiera que llevan asociados los contratos ilegítimos con la gran banca y los fondos especulativos nos permite desactivar el chantaje de los mercados, puesto que nos deja menos expuestos a sus demandas. Y en segundo lugar hay que construir una verdadera banca pública que nos permita no sólo dirigir el cambio del modelo productivo sino también ejercer de contrapeso al enorme y excesivo poder de la banca comercial. Y luego tenemos que ir recuperando todas las empresas privatizadas, haciéndonos con el control del timón de nuestra propia economía y posibilitando el carácter democrático del sistema político.
http://www.attac.es/2011/07/27/el-chantaje-de-los-mercados-puede-acabar/
Dos semanas después de la aprobación del Real Decreto Ley 12/2012 (más de una docena de Decretos Leyes en apenas un trimestre, buena demostración de lo que es una “democracia parlamentaria”) en cuya Disposición Adicional Primera, se contiene lo que se ha dado en llamar “amnistía fiscal”, poco se puede decir ya de los principios de Justicia y Equidad contra los que atenta dicha “amnistía fiscal”, entre otras cosas porque ya se ha dicho de todo (y con razón). El objeto de este análisis no es, por tanto, reiterar esos argumentos, que doy por sabidos y aceptados, sino explicar otros aspectos, más desconocidos, por su dificultad técnica, pero que conviene sacar a la luz.
Legalmente la tal “amnistía fiscal” no es una amnistía sino el establecimiento de una “declaración tributaria especial”. No es lo importante la cuestión terminológica sino las consecuencias del proceso elegido para llevar a cabo la “amnistía fiscal”. No estamos ante un impuesto especial (barato) como muchos creen, ni tampoco ante un modelo similar al de pasadas amnistías (que luego comentaremos), pero sí estamos ante un subterfugio legal, porque, probablemente, con la legislación española y comunitaria en la mano, no se podía hacer de otra forma.
Si ahondáramos en esa línea (en este trabajo no lo voy a hacer) podríamos, en manos de hábiles juristas, llegar a defender que la legislación no sólo no permite hacer lo que se ha hecho de esta forma, sino que no permite hacerlo de ninguna de las formas, y que lo que se ha producido en este caso es un auténtico fraude de ley, puerta que dejo abierta para otros estudios, que también deberían abordar la legalidad de la medida, si se considera un nuevo impuesto, establecida en un Decreto-Ley, un instrumento normativo constitucionalmente muy restringido
Al tratarse de una “declaración tributaria” especial, pero, en el fondo, una más, hay que asociarla a algún concepto tributario existente, es decir, a algún impuesto. Eso es lo que se hace en la citada disposición adicional primera, en su apartado 1: se asocia a tres impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes . Llamo la atención sobre este último impuesto (el I.R.N.R.) muy desconocido para la mayoría de los ciudadanos pero que podría jugar un papel crucial en el desarrollo de la historia de este desatino.
Como todo el mundo sabe, el Sistema Tributario no consiste sólo en el I.R.P.F., el Impuesto sobre Sociedades y el I.R.N.R. Falta, a grandes rasgos, toda la imposición indirecta (especialmente el I.V.A.), que no se menciona ni se puede mencionar. Esta omisión puede tener también trascendencia a la hora de la toma de decisiones del defraudador que determinará el éxito o el fracaso económico (el moral ya sabemos que es un fracaso) del proyecto.
Dicho esto, en el fondo, la “amnistía fiscal” consiste, en lenguaje llano, en una declaración adicional al I.R.P.F. o Impuesto sobre Sociedades, que podríamos considerar como una “hojilla” que determinados contribuyentes añadirán (licencia romántica anterior a la presentación telemática) al cuadernillo de su declaración (en realidad el plazo es distinto, hasta el 30 de noviembre de 2.012), donde, previsiblemente, relacionarán una serie de bienes que tenían ocultos al fisco, los valorarán y en la casilla “a ingresar” calcularán el 10% de esa valoración para su ingreso en la Hacienda Pública. Un mecanismo simple, sencillo y para toda la familia.
Lo que sucede a partir de ahí, nos lo cuenta el apartado 3 de esa disposición adicional primera, con el tradicional fárrago jurídico que marea y despista al profano en la materia: “El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo”. Esto, en “román paladino” quiere decir que esos bienes y derechos declarados, circulan, a partir de ese momento “con papeles”, con “carta legal” que acredita que son tan limpios como nuestras nóminas o saldos en cuentas corrientes: se considera que su origen es legal y que, por lo tanto, no están sujetos a exigencias tributarias distintas de las de los demás bienes obtenidos de forma legal (tributarán los intereses que produzcan, las ventas que a partir de ese momento se realicen…) . Con esto se ve que el término “amnistía fiscal” es incorrecto: de lo que estamos hablando es de “lavado o blanqueo de capitales” denominación que deberíamos usar a partir de ahora, pero que, por desconocimiento, ha permanecido olvidada.
Echemos un ojo ahora a la tipología del fraude o, mejor dicho, al proceso de obtención de rentas no declaradas al fisco y su destino. La mayoría de los contribuyentes que defraudan (que, a lo mejor, son la mayoría de los contribuyentes) obtienen un “dinero negro” que es el beneficio del intercambio de bienes y servicios que no se ha declarado.
Aunque tradicionalmente tenemos el mecanismo defraudatorio asociado al profesional que no hace factura ni declara las, por ejemplo, consultas a pacientes que realiza, al fontanero que arregla avería en los domicilios y cobra en efectivo y sin factura o al promotor que vende los pisos por encima del valor escriturado, lo cierto es que este esquema es idéntico en el trabajador que cobra unas cantidades por horas extraordinarias fuera de nómina y de cotización a la Seguridad Social, o al consejero de una entidad con cuenta en paraíso fiscal en la que la entidad ingresa una cantidad para su jubilación, o al del político que, en la cuenta numerada consecutiva a la del caso anterior, otras personas ingresan una comisión por diversas gestiones.
En todos estos casos repito, el mecanismo es el mismo, pero, en todos estos casos, el lector habrá sido capaz de identificar un factor diferenciador: la cuantía del “dinero negro”. En la mayoría de los casos, especialmente en el fraude a pequeña escala (que igualmente hay que perseguir) el dinero negro que se obtiene inmediatamente se gasta en comida, ropa, zapatillas para el hijo… de forma que al final no queda nada: la renta obtenida que no se ha declarada se pierde en el consumo y no queda “cristalizada” en ahorro. Sin embargo en alguno de los casos que he descrito la renta no declarada, bien porque excede del consumo de la unidad familiar del que la genera, bien porque la unidad consume renta de otras fuentes, se ahorra, acumulándose en forma de dinero, bienes o derechos que permanecen ocultos en cuanto que son la materialización de una renta previamente no declarada.
Ni que decir tiene que este segundo caso (ahorro de “dinero negro”) sólo se produce en el gran defraudador (el otro bastante tiene con sobrevivir con la renta, declarada o no, que obtiene). También es evidente, con lo que ya sabemos, que la “amnistía fiscal” propuesta por el Gobierno, sólo afecta a este segundo caso, porque persigue regularizar el patrimonio oculto, no la renta obtenida en su día no declarada. Salvando las distancias la medida es equivalente a indultar y poner en libertad a los asesinos y mantener en prisión a los rateros.
Es indignante pensar que es una “amnistía fiscal” orientada exclusivamente dirigida al gran defraudador, el que ha defraudado en cantidades superiores a las que podía consumir, pero es, en cierta medida, reconfortante saber que, por lo menos, no se extiende a todos los defraudadores y que, al regularizar bienes y derechos ocultos pero no rentas ocultas, la Inspección podría, pese a todo, descubrir esas rentas y hacerlas tributar como corresponde, sobretodo en lo que se refiere a la imposición indirecta (y, en mi opinión también en la directa, pero explicar esto excede de la intención de este artículo).
La presente “regularización fiscal” no es la única que ha habido en este país en el periodo de la democracia. Con anterioridad ya se aplicaron medidas similares y, en el futuro se harán más. Esa es precisamente una de las críticas más sólidas que se pueden hacer a la medida: el desprestigio y falta de credibilidad con la que salpica al Estado y a las Instituciones. De la misma forma que el marido infiel que siempre pide perdón diciendo que “esta es la última vez” acaba por no ser creído y tras media docena de infidelidades es puesto de patitas en la calle, a la puerta de su domicilio conyugal, aquí la consecuencia, “las patitas en la calle” es la degradación de un Sistema Tributario, ya que sólo es cuestión de tiempo esperar al momento en que se abra legalmente un hueco para saltárselo; es la consagración del “todo vale” que somete a las leyes (las tributarias lo son) a la conveniencia del momento, y cuyo primer efecto(lo veremos en breve) será la absolución de muchos defraudadores delincuentes porque, visto lo visto, el juez no se creerá que la legislación tributaria sea seria y que, en consecuencia, sea delito saltársela a la torera.
Como consuelo de tontos hay que decir que esta regularización es bastante mejor que las anteriores. La de 1.991, por ejemplo, estaba basada en la suscripción de Deuda Pública Especial, cuyo mecanismo brevemente explicado es el siguiente: el defraudador (con dinero propio o prestado) compraba Deuda del Estado, “especial” en cuanto que tenía unos plazos de amortización más elevados y unos tipos de interés más bajos (es decir que sería una mala alternativa de inversión para sujetos “normales”) pero que permitía que si, posteriormente, el contribuyente sufría una inspección que descubriera impuestos dejados de pagar, en lugar de hacer frente a ellos, podía oponer la excepción de esta Deuda Pública, dejando sin efecto ese pago, porque ya había suscrito Deuda Pública Especial, al menos en esa cuantía.
Esta deuda se convertía en un “escudo antisocial” que evitaba que el defraudador pagara lo que debía porque ya nos lo había prestado en forma de deuda. Era además de carácter preventivo porque primero se “vendió” por la Administración, amenazando con inspecciones masivas para que cada defraudador comprase, en función del miedo, la cantidad de Deuda Pública Especial, de “tela impermeable” en función del paraguas que creía que le podría hacer falta ante una inspección futura. Era, por último, absolutamente frustrante, por parte de la Inspección de Hacienda, ver desbaratados todos los esfuerzos en la lucha contra el fraude por la presentación por el defraudador del salvoconducto de la Deuda Pública Especial, un dinero que ni siquiera había sido entregado al Estado, sino simplemente prestado (y por el que, aunque poco, había que pagar intereses).
Ese modelo era, evidentemente, aún más ominoso, y hoy, creo, sería motivo de expediente por la Unión Europea, pero fue el empleado entonces. Teniendo en cuenta quién gobernaba en 1.991, y que, recientemente, un medio de comunicación como El País sigue en sus editoriales apostando por ello, es probable que este tipo de regularización fuera la alternativa del PSOE. En definitiva, el eterno debate entre lo malo y lo peor.
Lo más sorprendente, a mi juicio, de la medida de “amnistía fiscal” fue la cuantificación de sus efectos económicos que se hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: 2.500 millones (lo que supone aflorar 25.000 millones). Puede parecer una cantidad elevada (y lo es) pero no es una cantidad tan elevada que compense la vergüenza e ignominia a que se somete un Gobierno, ni es una cantidad que no se pueda obtener de otra forma, que pase más desapercibida: por ejemplo, la gasolina a dos euros proveería a las arcas de la Hacienda Pública más de esa cantidad, la supresión de la deducción por adquisición de vivienda (la única promesa cumplida por el Partido Popular entre miles de puñaladas traperas) también, la aproximación en un par de puntos más de la base liquidable del ahorro a la base liquidable general también, la supresión de los 1.500 euros de exención de dividendos ocasionaría un ingreso de otro tanto, la subida de medio punto en la cuantificación de la imputación de rentas en viviendas vacías… Sin olvidar, por supuesto, que prácticamente cualquier plan especial encargado a la Agencia Tributaria podría adicionar esa cuantía.
La razón tenía que ser otra para arrastrarse por el fango buscando un dinero, por otras vías, asequible sin mancharse los zapatos. Y cada vez parece más claro que de lo que se trata no es de aumentar los ingresos fiscales sino de que se repatríen y afloren capitales y que se inyecten en el sistema financiero. Se está pensando en aquél que tiene dinero negro guardado en su caja fuerte o en la caja de seguridad de un banco, o en una cuenta en el extranjero (posiblemente en un paraíso fiscal) por un lado y, por el otro, en su propio negocio, en su actividad, está precisando de financiación, que no obtiene porque el crédito está bloqueado. Se ve en la absoluta frustración de saber que tiene un dinero que podría inyectar en su actividad pero que, como está oculto no lo puede hacer (sería inmediatamente detectado) y por otro lado tiene la negativa de las entidades de crédito a financiar su negocio pues bastante tienen en este momento las entidades bancarias con financiarse a sí mismas y especular con la Deuda Pública.
Para solucionar esta diatriba acude la presente “amnistía fiscal”, permitiendo al precio de un 10% anticipado en un único pago, aportar al circuito financiero de la economía esas cantidades, un tipo muy interesante porque, al pagarse una sola vez, a diferencia de los intereses de los préstamos, es, además un buen negocio.
Si esto se produce así el éxito económico, a cambio, insisto, de la prostitución moral parece asegurado. Pero, para que esto sea así, se necesitan una serie de condiciones que ya veremos si se cumplen y que, a la postre, serán las determinantes del éxito del proyecto.
Inicialmente hay que advertir, porque es desconocido para la mayoría de los ciudadanos, que “amnistías fiscales” como la que se ha aprobado, se producen “ex lege” todos los días, mediante el mecanismo de la prescripción. El artículo 66 de la Ley General Tributaria establece que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Esto quiere decir que si llegamos tarde (cuatro años desde el fin del plazo de declaración del tributo que estemos comprobando) ya no podemos comprobar ni regularizar, ni exigir impuesto alguno al defraudador.
Por lo tanto, el defraudador podría aflorar esos patrimonios sin coste alguno con tal de que sea capaz de probar que proceden de renta obtenida en periodos prescritos. A este respecto, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley del IRPF (Ley 35/2.006) es tajante cuando afirma que “Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o el patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del período de prescripción”. Idéntica previsión aparece en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Esto quiere decir que si aparece, a la vista de la Inspección, un patrimonio oculto, la Ley obliga a integrarlo como renta del periodo en que se descubre, pero permite al contribuyente deshacer esa obligación si prueba “suficientemente” su titularidad en periodos prescritos. En este caso el patrimonio aflorado no tributa pese a ser descubierto.
Esta es la situación general de los patrimonios ocultos en la legislación tributaria española desde tiempo inmemorial, que siendo tan generosa, pone de manifiesto que la “amnistía fiscal” no se dirige a esos patrimonios, sino a aquellos adquiridos en periodos todavía sin prescribir o a aquellos otros, los más, de origen tan turbulento o de titularidad tan discutible que es imposible probar la pertenencia en periodos prescritos. La titularidad es extraordinariamente difícil de probar en el caso de dinero en efectivo (en cajas fuertes o de seguridad) pues el dinero, además de no tener patria, tampoco tiene dueño (aunque, a su vez, sí es dueño de las personas), por lo que en estos casos el mecanismo habitual del artículo 39 de la Ley del IRPF no funciona.
Es en ese escenario y para esos activos, los no prescritos, los de origen turbulento, y sobre los que no se puede probar la titularidad, para los que se crea la medida, cuyo éxito económico o no dependerá de:
En primer lugar, el defraudador quiere tener la seguridad de que el 10% es el único coste que va a asumir. Esto, como hemos visto, no está asegurado, pues se trata de una regularización de patrimonio, no de rentas y podría pasar que si el origen del mismo corresponde a un periodo no prescrito se exigieran impuestos adicionales: por ejemplo, la venta, por un promotor, de un inmueble en 2.010 que se declaró por 3 y se vendió por 5 millones de euros, generando dos millones de euros “en negro” que ahora se afloran, permitiría, indagando su origen, liquidar el IVA correspondiente a la transmisión que tampoco se ha declarado.
En segundo lugar el defraudador quiere informar lo menos posible del origen y titularidad de esos fondos, porque sabe que cuánto más se sepa de cómo consiguió ese patrimonio, más fácil es que pueda ser investigado, incluso en un orden que no sea el tributario: favores políticos, actividades ilícitas, fondos desviados de las empresas sin conocimiento de los accionistas… Respecto de la titularidad sucede otro tanto, especialmente con efectivo, que es prácticamente indemostrable.
En tercer lugar, el defraudador aflorará el patrimonio oculto únicamente por razones económicas, en absoluto por quitarse de su conciencia el peso de un “pecado fiscal”, ni por miedo, pues percibe la comprobación fiscal de esos activos como algo inalcanzable, sobretodo si están a buen recaudo en cuentas en paraísos fiscales. Y para que eso se produzca tiene que haber razones tales como la necesidad de contar con financiación para sus actividades o la oportunidad de inversión en algún otro negocio. Descartada esta última opción debido al momento de crisis que atravesamos sólo queda como motivo el primero: la necesidad de financiación, pero no la de los demás, o la de la economía en general, sino la de la propia actividad del defraudador, algo que, a la hora de poner cifras, no se puede estimar con mucha certeza.
Finalmente hay que tener en cuenta que el defraudador está aconsejado, asesorado. Hará lo que su asesor le diga. A día de hoy los asesores están divididos a la vista de los problemas que he enunciado en los párrafos anteriores y que los tienen en vilo. Estos problemas se aclararán, en cuanto se dé cumplimiento a lo previsto en el apartado 5 de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2.012, cuando se dice que “El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará el modelo de declaración, lugar de presentación e ingreso de la misma, así como cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición”. Será el modelo el que nos dé las pistas y consume o no la infamia, en pro del beneficio económico.
Si el modelo es “laso” y se reduce simplemente a exigir una relación de bienes (entre ellos el efectivo) en las que el firmante indica que son de su titularidad sin acreditación adicional alguna, entonces el incentivo a la regularización es mayor. Si, por el contrario se exigen pruebas de titularidad “de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición” como dice la norma, entonces, en muchos casos por imposibilidad (efectivo) y en otras por miedo (si corresponde a periodos no prescritos, por la contingencia del Impuesto Indirecto que queda al descubierto) la amnistía no surtirá los efectos económicos esperados.
La lavadora universal
La inclusión del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, abre una interesante derivada, porque permite acogerse a la amnistía a todos los contribuyentes del mundo mundial que sean capaces de acercarse hasta nuestra soberanía fiscal y declarar que determinados patrimonios de los que son titulares se obtuvieron a través de rentas producidos en territorio español. El ejemplo más exagerado que se me ocurre (pero que da la pista de lo que puede acabar pasando) es que un traficante de armas residente en Arabia Saudí declare que es titular de cien millones de euros que encontró en una bolsa de la basura en la Puerta del Sol en noviembre de 2.010; paga el 10% y a continuación, como patrimonio ya aflorado y aplicando el Convenio de Doble Imposición con Estados Unidos envía a ese país los noventa millones de euros restantes, para la compra de un rancho en Texas.
Casos tan descarados no encontraremos, pero es indudable que asistiremos a intentos de blanqueo de capitales internacionales con fórmulas más o menos alambicadas, montadas a partir de operaciones que se realizaron en su día y que se aprovechan hoy para la regularización. El hecho de que la norma exija la titularidad antes del fin del último periodo cuyo plazo de declaración ha vencido (que para IRPF supone ser titular de estos patrimonios antes del 31 de diciembre de 2.010), no evita que determinadas operaciones realizadas entonces se exageren o se usen como pretexto del origen del patrimonio oculto. Si, como se ha dicho, el modelo de declaración es lo suficientemente permisivo para que baste como acreditación de titularidad la simple firma del declarante, por ejemplo en caso de dinero en efectivo, entonces nada evitará que cualquier “ciudadano del mundo” se acerque a nuestra administración fiscal, presente la declaración especial como no residente, afirme la titularidad de la cantidad de efectivo que desee, pague el 10% y, a continuación, repatríe ese capital aflorado a dónde estime conveniente, aprovechando la red de convenios y sin que la Administración Fiscal que los recibe pueda objetar nada al respecto.
De esta forma nos habremos convertido en la “lavadora de dinero negro universal”, a cambio de una comisión del 10%, que será el grado de participación de nuestro Estado en los beneficios del crimen organizado internacional. Ésta pudo ser la clave del éxito (económico) de la regularización fiscal italiana, y podríamos seguir sus pasos.
He tratado hasta aquí de enfocar la cuestión de la “amnistía fiscal” desde una óptica distinta a la que generalmente se aborda (desde una perspectiva ética, en un plano de indignación) con el fin de darnos cuenta de que existen razones profundas para su crítica también desde el plano de la técnica tributaria. En el fondo, en esta cuestión, como en otras, se trata del difícil equilibrio entre coste y beneficio, sobretodo cuando el coste es moral y el beneficio es económico: ¿cuánto somos capaces de prostituirnos para intentar salir adelante?
Y luego, está claro, acertar… Después de degradarnos éticamente, de perder nuestra dignidad con una amnistía fiscal como la propuesta… ¿si al final nos quedamos como estamos, sin honra y sin barcos?… ¡Se admiten apuestas!
Agustín G. Turiel Martínez. ATTAC Castilla-León
Publicado por Attac Murcia en 22:27 No hay comentarios:
Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión. Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal no es sólo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda clase de delincuentes, no sólo de los defraudadores fiscales – lo que indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan solo trabajadores-, sino también de los narcotraficantes, políticos corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible, añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en cualquiera de las filiales de los grandes bancos abiertas en todos los paraísos fiscales del mundo. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.
Sin trascender del mundo de lo que se ve de cerca y se toca y, por tanto, desde el lado de quienes soslayan la ética de lo que es justo como principio de organización social, se podría argumentar en contra que a los narcotraficantes, a los corruptos, a los que viven de la trata de personas no les interesa esta amnistía, aunque se les haya ofrecido, porque sólo les garantiza impunidad frente a sus defraudaciones fiscales, algo que nunca les ha preocupado. Según esto, la amnistía fiscal es atractiva tan solo para quienes han ganado limpiamente el dinero, pero han tenido la “debilidad” de no cumplir con Hacienda. Los otros delincuentes no se arriesgarán a aflorar bienes que pueden poner sobre la pista de su origen y acabar con ellos en la cárcel. Frente a este discurso hay que decir que el desinterés hacia la amnistía fiscal de los delincuentes que no solo son defraudadores requeriría que la Agencia Tributaria estuviera dispuesta a indagar sobre el posible origen delictivo de los capitales aflorados. A la dificultad de estas hipotéticas investigaciones con el único dato de la identificación de los bienes aflorados, se une la que provoca la propia opacidad del color negro de este dinero, que, cuando se trata de cantidades importantes, suele estar a buen recaudo en cuentas no menos opacas en paraísos fiscales, cuya titularidad corresponde a personas o sociedades interpuestas sobre cuyos auténticos titulares nada se va a saber nunca jamás, porque nunca jamás van a querer los Gobiernos, ni los especuladores que desaparezcan estos paraísos, que prestan un buen servicio de alcantarillado. Así que cualquiera podría aflorar en España el dinero de no se sabe quién y de no se sabe qué lugar del mundo. Quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia otro lado. Esto es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la mal llamada amnistía fiscal.
José Manuel Gómez Benítez es catedrático de Derecho Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/12/actualidad/1334263058_705867.html
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