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Timestamp: 2019-01-21 06:24:40+00:00

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﻿ LA CONVENCIÓN SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS: ANTECEDENTES Y DESARROLLOS ALTERNATIVOS
CONTENIDO:EN ESTE ARTÍCULO SE ESTUDIAN LOS ANTECEDENTES, ESCRUCTURA E IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS DE 1980 Y SU IMPACTO EN TRIBUNALES, SOBRE TODO ARBITRALES, QUE LA HAN APLICADO YA SEA RECONOCIÉNDOLA COMO REFLEJO DE LA LEX MERCATORIA, Y EVENTUALMENTE, COMO INSTRUMENTO APLICABLE A CONTRATOS NACIONALES, AL ENTENDERLA COMO PARTE DEL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS, ALTERNATIVA ESTA QUE VA MÁS ALLÁ DE LO ORIGINALMENTE PREVISTO EN LA CONVENCIÓN.
TÍTULO:LA CONVENCIÓN SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS: ANTECEDENTES Y DESARROLLOS ALTERNATIVOS
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:29, OCT.-DIC./2010, PÁGS. 37-63
La Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías:antecedentes y desarrollos alternativos(*)
Revista N° 29 Oct.-Dic. 2010
por Jorge Oviedo Albán
Dentro de los instrumentos que componen el derecho comercial internacional, se destaca la Convención de las Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías adoptada en Viena en 1980 y en vigor a la fecha para 74 países. En este artículo, se relatan sus antecedentes, estructura e importancia en el proceso de armonización y unificación del derecho de los negocios internacionales y de modernización del derecho de obligaciones a nivel mundial, al igual que algunos de los desarrollos e impactos que ha tenido en distintos ámbitos, sobre todo arbitrales, que la han aplicado ya sea reconociéndola como reflejo de la lex mercatoria y, eventualmente, como instrumento aplicable a contratos nacionales, al entenderla como parte del derecho interno de los Estados, alternativa esta que va más allá de lo originalmente previsto en la Convención.
2. Antecedentes generales
La Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de 1980, concebida como un intento de unificar la legislación aplicable a los contratos internacionales, es el resultado de una labor de varias décadas que se remontan incluso a las iniciativas de finales del siglo XIX que produjeron como resultado: la Ley Uniforme sobre Ventas de Mercancías de 1905 de los países escandinavos, The Sale of Goods Act de 1893 de Gran Bretaña y, en la primera parte del siglo XX, el trabajo de la Internacional Law Association, reunida en el año de 1924 en Estocolmo, donde se trabajó en un proyecto de ley uniforme para la unificación de la legislación sobre compraventa internacional(1).
Posteriormente, y como antecedentes inmediatos de la Convención de 1980, se encuentran las labores desplegadas por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado —Unidroit—, creado precisamente con el objetivo de promover la armonización y unificación del derecho privado a nivel internacional, teniendo como punto de partida la creciente liberalización del comercio y el proceso de integración económica(2).
Durante algunas reuniones del comité permanente y el consejo directivo llevadas a cabo en el año de 1929, se decidió estudiar el tema de la unificación del derecho sobre compraventa internacional, trabajo encomendado a un selecto grupo de juristas liderados por Ernst Rabel(3).
En 1930, se encargó a un grupo compuesto por Henri Capitant, Cecil James Barrington Hurst, Ernst Rabel, M. Fehr, H. C. Guteridge, J. Hamel y Oesten Unden, juristas representativos de diferentes sistemas, el estudio y preparación de anteproyectos sobre compraventa internacional. Los trabajos se llevaron a cabo entre 1930 y 1934. El proyecto de ley uniforme fue presentado en 1934 al consejo directivo del instituto Unidroit y en 1935 se puso a disposición de los gobiernos. En 1937, se creó un comité para su revisión y, en 1939, se aprobó el proyecto de ley uniforme sobre compraventa internacional de bienes corporales muebles, por parte del consejo directivo del instituto Unidroit(4).
El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial produjo la interrupción de los trabajos que serían retomados en 1951 con ocasión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, donde a iniciativa del instituto Unidroit se aceptó examinar el proyecto de ley uniforme sobre compraventa internacional de bienes muebles. En 1956, se trabajó en una comisión de juristas europeos en un nuevo anteproyecto que fue remitido a diversos países con el ánimo de obtener comentarios. En 1962, se reunió nuevamente la comisión, ocasión en la cual se decidió trabajar en dos anteproyectos sobre la venta internacional de cosas muebles y sobre formación del contrato(5).
Estos anteproyectos serían estudiados en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado de 1964.
Representantes de 28 países se reunieron en 1964 para estudiar los dos proyectos y como resultado fueron aprobadas la Ley Uniforme sobre la Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales —LUVI— y la Ley Uniforme sobre Formación de Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales —LUF—. Después de las ratificaciones necesarias, la conferencia de La Haya de 1964 entró en vigor en 1972(6).
Como característica notoria de tales leyes uniformes está el hecho de que se alejan de las reglas del derecho internacional privado de los países, pretendiendo de esta manera convertirse en legislación universal, al decir que se aplicarán a contratos celebrados entre personas cuyo establecimiento se encuentre en lugares diferentes(7). Igualmente, debe destacarse la calificación inicial del instituto Unidroit en el sentido de haber tenido como “muy exitosos” los anteriores proyectos(8).
Sin embargo, los proyectos de la LUVI y la LUF no tuvieron aceptación ni siquiera entre los veintiocho países que participaron en la Conferencia de La Haya de 1964(9). Entre las razones que se anotan por la doctrina están la pobre representación de países distintos de los europeos en la fase de discusión y adopción de las leyes; el escaso número de países (9) que las ratificaron: Bélgica, República Federal de Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, San Marino, el Reino Unido, Gambia e Israel; la presión recibida por algunos delegados para que los proyectos se adoptaran en la forma en que se redactaron, entre otras(10).
De todos modos, y a pesar de su fracaso, deben tenerse como antecedentes directos de la Convención de 1980, no solamente por la intención que estuvo detrás de ellas, sino en especial porque “No obstante, constituyen la piedra angular sobre la que se erige la Convención de Viena sobre Compraventa de 1980 porque una gran parte de sus disposiciones son en esencia el fruto de una labor de depuración, perfección y pulido de la normativa contenida en las convenciones de La Haya de 1964”(11).
Antes de la referencia al trabajo de Uncitral debe hacerse alusión a los proyectos iniciados por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, reunido en Río de Janeiro en 1950, que encomendó al Comité Jurídico Interamericano el estudio de reglas uniformes sobre venta de bienes y el llamado “proyecto de Buenos Aires” aprobado en la segunda reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos de la OEA en 1953. Sin embargo, de estos proyectos, se desistió(12).
Al seno de la CNUDMI/Uncitral, se trabajó desde sus orígenes en la elaboración de una legislación uniforme sobre compraventa internacional. A partir del primer periodo de sesiones, Uncitral trabajó sobre tres temas: compraventa internacional, pagos internacionales y arbitraje internacional. Entre las primeras tareas asignadas estuvo el estudiar si debiera propiciarse la adopción de las convenciones aprobadas en la Conferencia de La Haya de 1964 —LUVI y LUF— o si, por el contrario, debiera trabajarse en una nueva convención internacional que contemplara los intereses de los países del common law, los países en vías de desarrollo y los países socialistas.
En 1967, se creó una comisión para examinar las respuestas de los países. Algunos Estados respondieron negativamente, como es el caso entre otros de Austria, China, Jordania, Sudáfrica, Unión Soviética, Estados Unidos. Otros, como Colombia, manifestaron su intención de ratificarla en un futuro próximo. Durante el tercer periodo de sesiones —1970—, se analizaron los resultados y se decidió que debía trabajarse en un proyecto de ley uniforme sobre compraventa internacional, que tuviera la aceptación de países de diferentes sistemas legales, sociales y económicos(13).
El grupo de trabajo presidido por el jurista mexicano Jorge Barrera Graf, trabajó en nueve sesiones entre 1970 y 1978. El 16 de junio de 1978, se aprobó el anteproyecto y, ese mismo año, se convino celebrar una conferencia de plenipotenciarios que tuvo lugar en la ciudad de Viena en 1980, con la presencia de 62 Estados y, entre otros, de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Cámara de Comercio Internacional —CCI— y el instituto Unidroit. El 11 de abril de 1980, se aprobó la Convención y un protocolo modificatorio de la Convención sobre Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1974. Los textos auténticos están en idioma árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Argentina, China, Egipto, Francia, Hungría, Lesoto, Siria, Estados Unidos, Yugoslavia y Zambia(14) dieron su aceptación, aprobación o adhesión. Se ha destacado que los grupos de trabajo realizaron su labor sin ningún tipo de influencia política, así como que los países industrializados evitaron actuar como grupo y trataron de encontrar las soluciones más objetivas posibles sin querer perpetuar normas provenientes de algún país en particular(15).
3. Naturaleza jurídica y estructura
La Convención sobre Compraventa es de aquellos tratados denominados por la doctrina como “tratados ley” o tratados normativos que “… tienen por objeto formular una regla de derecho que sea objetivamente válida, y se caracterizan porque la voluntad de todos los signatarios tiene idéntico contenido”(16) además de ser inmediatamente aplicables sin necesitar desarrollos en el derecho interno —self-executing—(17). Desde esta perspectiva, se puede destacar la diferencia entre la Convención y los tratados de derecho internacional privado que persiguen la determinación de la ley nacional aplicable a las relaciones jurídico-privadas con componentes extranjeros(18). Para ello, baste citar las palabras con que en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre derecho contractual europeo se mencionan tales diferencias. En efecto, al referirse a las soluciones internacionales que permiten resolver los problemas a partir de las diferencias entre los regímenes nacionales, se indica que: “La primera consiste en la aplicación de normas internacionales uniformes de derecho privado para determinar cuál es la normativa que rige el contrato. (…) La segunda solución consiste en armonizar las normas de derecho material a nivel internacional. En este caso, la norma más importante es la Convención de las UN sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías —CISG—…”(19).
Tal como puede deducirse de la estructura de la Convención, la misma establece normas uniformes para el contrato de compraventa internacional aplicable de acuerdo con los parámetros que se fijan en los artículos 1.º a 6.º. Sin embargo, es preciso anotar que no abarca todos los temas y circunstancias que se pueden derivar de un contrato de esta naturaleza.
La Convención está compuesta de 101 artículos, estructurada de la siguiente manera:
Parte I. Ámbito de aplicación y disposiciones generales
Parte III. Compraventa de mercaderías
Capítulo II. Obligaciones del vendedor
Sección I. Entrega de las mercaderías y de los documentos
Sección II. Conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros
Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor
Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador
Capítulo IV. Transmisión del riesgo
Capítulo V. Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador
Sección I. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas
Sección II. Indemnización de daños y perjuicios
Sección III. Intereses
Sección IV. Exoneración
Sección V. Efectos de la resolución
Sección VI. Conservación de las mercaderías
4. Importancia jurídico económica
La importancia de la Convención puede observarse desde diferentes aspectos. El primero lo constituye el hecho de que haya sido suscrita y ratificada por países de todos los continentes, sin distingo de posición económica ni política, lo que se ha manifestado desde la conformación del grupo de trabajo, en el cual se hicieron presentes países pertenecientes a diferentes sistemas: Brasil, Estados Unidos, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán, Japón, Kenia, México, Noruega, Gran Bretaña, Túnez y Unión Soviética. Adicionalmente, a la fecha, la han ratificado o se han adherido a ella 76 países pertenecientes a modelos económicos y políticos diferentes, así como a diferentes familias jurídicas(20).
Uno de los aspectos relevantes de la Convención sobre Compraventa Internacional, según lo cuenta la historia de su gestación, es ser un punto de encuentro entre las diferentes familias jurídicas existentes actualmente, decantadas con el paso de los siglos, principalmente los sistemas del common law y el civil law(21).
Ello significa un reto tanto para las academias de Derecho como para abogados y jueces, y una apertura hacia conceptos que en ocasiones son diferentes a los de la propia tradición jurídica y que, como señala Perales, llaman a una “superación de las barreras psicológicas” que permitan entenderlos desde su real dimensión y perspectiva que es la de la internacionalización de los mercados(22). Por ello, la lectura y práctica de las reglas sobre obligaciones y contratos, no podrán ser las mismas desde que la Convención sea adoptada en este tipo de países, pues obliga, a todos aquellos dedicados al derecho contractual, a conocer y familiarizarse con las instituciones provenientes de otras tradiciones, en especial del derecho anglosajón, que confluyen en la Convención(23).
Además de lo anteriormente señalado, debe recordarse que estos instrumentos sugieren una interpretación uniforme teniendo en cuenta su carácter internacional, tal como lo establece el artículo 7.º de la Convención. Por ello, es necesario que quienes tengan que afrontar este tipo de instrumentos jurídicos, tengan la ineludible obligación de conocer el origen, significado y desarrollo de las instituciones jurídicas correspondientes en el sistema originario, para no darles lecturas equivocadas ni pretender equivalencias erróneas desde la perspectiva del derecho nacional al que pertenezca cada uno. Igualmente, para saber cuándo las normas o figuras trasplantadas se alejan de las originarias.
Este encuentro que marca un hito en la evolución del derecho privado, tiene especial relevancia para los sistemas de derecho interno, no solo por cuanto significa en su armonización a nivel internacional, sino por el hecho de introducir novedades conceptuales a los mencionados sistemas, además de contribuir con soluciones a problemas reales surgidos de las diferencias entre los distintos regímenes(24).
Así mismo, debe tenerse en cuenta la función que está llamada a cumplir la Convención de regular de manera uniforme la operación típica del tráfico de mercancías. De esta manera, se agilizan dichas transacciones y se superan los obstáculos impuestos por la diversidad de criterios de las legislaciones nacionales, permitiendo hablar un lenguaje común mejor adaptado a las necesidades del comercio internacional que aquellas(25). También debe destacarse que más de las dos terceras partes del globo han aceptado a la Convención como el conjunto de reglas unificadoras que regulan la parte más significativa del comercio internacional, lo que permite contar con reglas uniformes que hacen que los protagonistas de las transacciones internacionales puedan operar con la agilidad necesaria, se les brinde la suficiente seguridad jurídica que reclaman sus transacciones y reduzcan los costos de transacción a partir de tales operaciones, además significa que la mayoría de las operaciones de comercio internacional se rigen por la Convención(26).
Adicionalmente, debe destacarse la influencia de la Convención en varias reformas legislativas realizadas a partir de la década de los noventa del siglo XX, en la preparación de modernos restatements internacionales y en el derecho comunitario europeo, con lo que se demuestra que no obstante haber sido concebida para regular contratos de compraventa internacional ello no impide que pueda ser utilizada como modelo para la modificación y, por ende, armonización de las reglas nacionales(27). Entre ellas, cabe destacar la reforma al BGB, o de modernización del derecho de obligaciones; el Código Civil holandés; los códigos civiles expedidos en los países de Europa del este tras la caída de la Unión Soviética; la ley china de contratos de 1999; además de los Principios del Derecho Europeo de Contratos, los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales, al igual que en la Directiva 199/44/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre ventas de bienes de consumo, entre otros. También 16 países parte de la Organización Africana de Derecho de los Negocios —Ohada— han adoptado el Acte Uniforme sure le Droit Commercial Général, una de cuyas principales fuentes es la Convención(28).
Debe indicarse que la Convención ha sido tenida en cuenta en algunos casos nacionales, donde al no tratarse de disputas surgidas a propósito de contratos internacionales, en principio esta no sería aplicable. En algunos de dichos eventos, se ha aplicado por analogía para solucionar los problemas jurídicos suscitados por tales contratos y, en otros, se ha mencionado en los argumentos para corroborar los argumentos expuestos(29). Así, un fallo italiano en primera instancia aplicó por analogía la Convención a un caso de derecho interno(30), no obstante que en un caso posterior la Corte de Casación rechazó el planteamiento(31), aunque en otro evento la misma Corte reconoció la posibilidad de usarla como referencia(32). También en Brasil fue utilizada para soportar la idea de “cumplimiento sustancial” en decisiones de la Corte de Apelaciones del Estado de Rio Grande do Sul y la Corte Superior de Justicia(33).
En España, igualmente se encuentran fallos que han hecho referencia a la Convención dentro de sus consideraciones. Así por ejemplo, un fallo del Tribunal Supremo de 2008 que citó a la Convención, además de los Principios de Unidroit y los Principios de Derecho Europeo de Contratos, en sus argumentos relativos a lo que debe entenderse por incumplimiento esencial de un contrato(34).
5. Aplicación como ‘lex mercatoria’
La Convención es aplicable a las transacciones que caigan bajo los criterios de carácter geográfico —art. 1.º—, material —arts. 2.º, 3.º, 30 y 53— y temporal —art. 99—. No obstante lo anterior, un grupo de laudos arbitrales, han adoptado la teoría de la aplicabilidad de la Convención como lex mercatoria, independientemente de que se presenten o no los factores indicados, al entender que en la medida en que la Convención es el reflejo de las principales reglas del contrato de compraventa, comunes a varios sistemas jurídicos, o de la costumbre internacional, resulta aplicable a los contratos internacionales. En este sentido, se abre camino a un concepto real de lex mercatoria, la cual, independientemente de su origen, legislado o no, contiene una serie de preceptos reguladores de dichos contratos. Igualmente, significa un rompimiento de los esquemas clásicos del derecho internacional privado.
Haremos aquí una relación de los argumentos tenidos en cuenta por algunos de los tribunales que han considerado que la Convención se puede aplicar, cuando la misma se invoque o se tome como reflejo de la lex mercatoria. Estos laudos pueden enmarcarse dentro de la denominada “teoría de la nueva lex mercatoria”, cuyos defensores afirman que existe “… un derecho material especial para los negocios internacionales gestado al margen de los Estados y que se presenta como un ‘ordenamiento jurídico’ alternativo al derecho de los Estados”(35). Esta teoría se basa en los siguientes postulados:
a) Existe un nuevo legislador transnacional, conformado por la misma sociedad internacional de comerciantes;
b) Se trata de una lex mercatoria que goza de plenitud, en el sentido de no necesitar de los derechos estatales y
c) Está compuesta por: principios generales del derecho de los contratos internacionales, usos y prácticas uniformes derivados y observados en la práctica comercial internacional por la que Goldman denomina la “Societas mercatorum”(36) y por reglas consagradas por la práctica arbitral internacional(37).
Las variables de reconocimiento de la lex mercatoria como ley del contrato gravitan en torno a que sea la autonomía de la voluntad la que la invoque —en cuyo caso los árbitros la reconocen reflejada en la Convención sobre Compraventa Internacional—, o en su defecto, cuando no habiéndose dicho nada sobre la ley aplicable, los árbitros decidan aplicar la lex mercatoria como ley del contrato —encontrando que esta se está reflejada en la Convención de Viena—(38).
En el caso Watkins Johnson Co. & Watkins - Johnson Ltd v. Irán, el argumento básico consistió en que una parte —Watkins Johnson— vendió de acuerdo con el derecho reconocido en el campo de los contratos internacionales. Basado en esto, el tribunal aplicó la Convención sobre Compraventa Internacional(39).
En el Laudo CCI 5713 de 1989 el tribunal consideró que al no haber escogido las partes la ley aplicable a un contrato suscrito en 1979(40), este, basado en el artículo 13 (3) de las Reglas de Arbitraje de la CCI, se encontraba regido por los usos del comercio internacional prevalecientes en la compraventa internacional. Así, encontró que no hay mejor fuente para determinar los usos prevalentes del comercio que los términos de la Convención sobre Compraventa Internacional del 11 de abril de 1980(41).
En el Laudo CCI 6149 de 1990, caso Daewoo v. Farhat el tribunal consideró que la Convención no podía ser aplicada como lex mercatoria al caso, pero por el simple hecho de que la misma no tenía disposiciones que resultaran aplicables al problema debatido(42).
En el Laudo CCI 7331 de 1994, el demandante argumentó que el tribunal debería aplicar la ley “lex loci venditoris” la cual incorporaba la Convención de Viena. La defensa, por su parte arguyó que ninguna ley nacional específica debería ser aplicada a esta disputa y, en cambio, deberían aplicarse los principios generales del derecho comercial internacional y los usos aceptados en la práctica comercial internacional, incluyendo el principio de la buena fe(43).
Al determinar las leyes aplicables al acuerdo arbitral, así como al fondo del contrato, el tribunal no encontró aplicable ninguna ley nacional. Por ello, determinó que, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, el tribunal quedaba en libertad de encontrar la ley aplicable. El tribunal encontró que los principios generales del comercio internacional, incluyendo el principio de la buena fe, pueden regir la disputa y que los mismos así como los usos aceptados están contenidos en la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. El tema dominante de la Convención es su papel en contratos construidos a la luz de las prácticas y usos comerciales, además de que la misma fue producida por acuerdo entre varios estados, mediante la colaboración de más de una década.
En el Laudo CCI 8502, las partes del contrato no acordaron expresamente la ley aplicable al mismo, hecho que no significó para el tribunal que el pacto de ley aplicable no pudiera deducirse de las relaciones entre las partes. No obstante, las partes habían hecho referencia a usos del comercio internacional, como los términos Incoterms 1990 y a la UCP 500, de lo cual el tribunal infirió que la intención de las partes era que el contrato estuviera regido por los usos del comercio y las costumbres, y como tal reconoció que eran aplicables al contrato tanto la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional como los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales Internacionales, instrumentos que el tribunal asumió como evidencia de las prácticas admitidas bajo el derecho del comercio internacional(44).
En el Laudo CCI 8817 de 1997, referente a un contrato suscrito entre una compañía española y una danesa, que tenía por objeto un acuerdo para distribución exclusiva y venta de productos de comida, las partes no habían acordado una cláusula de escogencia de ley, el tribunal arbitral, de acuerdo con el artículo 13 (3) de las Reglas CCI sobre arbitraje, decidió aplicar la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y sus principios generales, ahora contenidos en los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales Internacionales como reglas para resolver la disputa(45).
En el Laudo CCI 9333 de 1998, el tribunal determinó que dos artículos —respectivamente los artículos 7.4.9 y 78— de los Principios de Unidroit y la Convención sobre Compraventa Internacional resultaban aplicables al contrato y los reconoció como reflejo de los usos del comercio internacional(46).
El Laudo CCI 9474 de 1999 se refirió a un caso en que las partes del contrato habían acordado que el tribunal decidiría “imparcialmente”. El significado de esta cláusula fue discutido con las partes y ambas aceptaron que el tribunal aplicaría los estándares generales y reglas de los contratos internacionales. Así, el tribunal consideró que los estándares y reglas generales del derecho comercial, están reflejados en los Principios Europeos del Derecho de Contratos; los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales y en la Convención sobre Compraventa Internacional(47).
En contra de ello, deben tenerse en cuenta las opiniones de Fernández de La Gándara y Calvo Caravaca, quienes sobre el particular señalan serias objeciones sobre la posibilidad de que los árbitros apliquen la Convención considerándola lex mercatoria. Indican los autores que, en primer lugar, si las partes, haciendo uso de la autonomía negocial, decidieren que el contrato se debe regir por la Convención, los árbitros tendrían que aplicarla, pero no a título de lex mercatoria, sino como una obligación al tener en cuenta la naturaleza de la misma(48). Al igual que los anteriores autores citados, Heuzé califica como inútil la aplicación de la Convención a título de lex mercatoria, señalando además que la misma solo resultará aplicable cuando las partes hayan decidido someter el contrato a su dominio, o la misma resulte aplicable según los parámetros de aplicación en ella regulados(49).
Es muy posible encontrar este tipo de objeciones en casos discutidos ante jueces nacionales. Por ello, resulta pertinente que las partes recurran al arbitraje como modo de solucionar sus conflictos, dado que en esta sede se entiende que ellas tienen plena libertad para pactar el derecho aplicable al fondo de la controversia, incluida la lex mercatoria(50).
6. Incorporación al derecho colombiano
La Convención ha sido firmada por 13 países latinoamericanos y del Caribe y está en vigor en 11 de ellos. A continuación, se indican los países y la fecha en que entró en vigor en cada uno: Argentina —1988—, Chile —1991—, Colombia —2002—, Cuba —1995—, Ecuador —1993—, El Salvador —2007—, Honduras —1988—, México —1989—, Paraguay —2007—, Perú —2000—, República Dominicana —2010—, Uruguay —2000— y Venezuela —que firmó la Convención el 28 de septiembre de 1981, pero aún no la ha ratificado—(51).
A pesar de lo anterior, la Convención todavía no ha tenido mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial en estos países. Salvo el caso de Argentina y México, donde existen estudios doctrinales de obligada referencia y donde se han dictado varios fallos en aplicación de la Convención, en los demás países no sucede lo mismo(52). Lo anterior, sin el ánimo de criticar los distintos puntos de vista que puedan existir sobre la Convención y la forma como regula diversos temas del contrato de compraventa, incluso advirtiéndose en ciertos ámbitos una negativa infundada a reconocer la importancia dogmática y práctica de la Convención. Ello tal vez por un romántico y tradicional apego a los códigos nacionales, pero con un desconocimiento de la importancia que la Convención tiene en el derecho de contratos contemporáneo y, lo que es más grave aún, sin reconocer que con seguridad la mayoría de los contratos de compraventa sobre operaciones de importación y exportación de bienes están siendo regidos por la Convención. Es por ello que conviene, sin desconocer la tradición jurídica, reconocer la presencia de la Convención en el derecho latinoamericano y acometer el estudio y difusión de la misma para de esta forma preparar a los abogados asesores de negocios internacionales de forma que tengan la capacidad de emitir conceptos y asesorías debidamente fundamentados.
En Colombia, la Convención fue aprobada por la Ley 518 de 1999. La Corte Constitucional se pronunció sobre su exequibilidad mediante la Sentencia C-529 de 2000. El 10 de julio del 2001, se depositó el instrumento de adhesión. Por medio del Decreto 2826 de 2001 fue promulgada y, conforme a su artículo 99, entró a regir el 1.º de agosto del 2002.
La sentencia de la Corte Constitucional expone la importancia de la unificación para lograr la integración económica con otros Estados, reconociendo que este es un postulado expresamente consagrado en la Constitución. Igualmente, destaca la coincidencia entre la Convención y la legislación interna —tanto la Constitución como los códigos de derecho privado— en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como fundamento de los contratos, así como de la buena fe, y la libertad de forma y de prueba, tal como se resalta en los párrafos destacados a continuación(53):
“3. Constitucionalidad de la Convención.
“3.2.1. La integración económica con otros Estados es un postulado constitucional que debe lograrse sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional —art. 150, num. 16—. En la Convención que se analiza se observa que dichos postulados efectivamente se cumplen pues al lograr unificar la normatividad sobre la compraventa de mercaderías internacionales se hace más expedito para los particulares, ubicados en diferentes Estados, la comercialización de bienes, lo cual seguramente repercutirá también en la calidad de vida de los habitantes de las naciones donde están residenciadas las partes que realizan dichos negocios.
3.2.2. La Convención no desconoce la autonomía de la voluntad privada, en la medida en que aquella no obstaculiza el derecho a la libertad que estas tienen para contratar de acuerdo con los artículos 13, 16 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, es permitido que las partes que celebren el respectivo contrato puedan excluir, total o parcialmente, la aplicación de sus disposiciones, en forma tácita o expresa de conformidad con el artículo 6.º del instrumento internacional que se analiza.
3.2.3. Igualmente, el ejercicio de la actividad mercantil que desarrollan los particulares con otros ciudadanos de Estados diferentes debe hacerse bajo el principio de la buena fe, tal como lo exige la Convención en su numeral 1.º del artículo 7.º.
Dicho principio debe observarse no solamente en las relaciones contractuales o negociales; en las relaciones entre particulares y los Estados sino, igualmente, en las actuaciones procesales.
Conforme a lo anterior, el principio de la buena fe recogido en la Convención (…) se encuentra conforme al postulado de la Carta Política de la buena fe.
“3.2.4. Para realizar un negocio jurídico de compraventa bajo los parámetros de la Convención no se necesita que este conste por escrito. (…) pero si en el Estado adherente su legislación interna no permite la celebración, modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea por escrito deberá hacerse la respectiva reserva de la mencionada disposición de conformidad con el artículo 96 de la Convención (…).
Colombia no tendría que hacer una declaración o reserva sobre el particular, por cuanto nuestra legislación comercial no exige que la compraventa de mercaderías se realice necesariamente por escrito. En efecto, el artículo 824 del Código del Comercio, expresa que los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco, salvo cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, en cuyo caso, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad.
3.2.5. Por otro lado, las normas que contiene la Convención van en procura de promover la internacionalización de las relaciones económicas fundamentándose en la ‘soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional…’ —artículos 9.º y 226 de la Carta Política—. Esto se concluye de la Convención, pues los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en ella regulados facilitan y promueven el comercio internacional de Colombia con los demás países del mundo. Además, los principios y regulaciones que informan dicho instrumento se adecuan a los lineamientos de nuestra Constitución, porque se fundamentan en la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Adicionalmente, debe señalarse que a pesar de que a la fecha no se registran fallos de tribunales colombianos en aplicación de la Convención, sí se encuentran algunos laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, en los que, a pesar de no ser la ley aplicable, se ha hecho referencia a ella en las consideraciones, por lo que puede señalarse que en Colombia se empieza a abrir camino por esta vía para aplicar la Convención a casos de derecho interno, tal como ha sucedido ya en otros países, como se señaló.
A partir de estos laudos, que por su importancia se reseñan a continuación, pueden destacarse dos tendencias. En la primera, se hace referencia a la Convención para señalar que la solución a algún caso específico contemplado en las normas del Código Civil o en las interpretaciones de la jurisprudencia nacional tiene su equivalente en la Convención. Aquí, de alguna manera, la referencia que se hace a la Convención es para reforzar la interpretación dada a las normas nacionales en los casos de derecho interno. En la segunda, acogida ya en otras latitudes, como se citó, se aplica la Convención por analogía a los casos de derecho interno, considerando que las fuentes nacionales no contienen la solución al punto controvertido y que la Convención es parte del derecho nacional.
En el laudo arbitral dictado en el caso Augusto Ruiz Corredor y Cía. Ltda., v. Constructora Andrade Gutiérrez S.A., de 2002, el tribunal, al plantear sus consideraciones en punto de dos de los requisitos exigidos conforme a la ley colombiana —Código de Comercio, artículo 868—, para que se configure la excesiva onerosidad sobreviniente, determinó que la imprevisibilidad se refiere a consideraciones personales de las partes que deben tenerse en cuenta, y en su argumentación citó el artículo 6.2.2 de los Principios de Unidroit donde “… se señala como uno de los requisitos para que se aplique la excesiva onerosidad que los sucesos no debieron ser razonablemente previstos —art. 6.2.2.—” y citó por vía de referencia la Convención señalando: “En este punto conviene recordar que este criterio subjetivo es el que acoge la Convención de Viena sobre compraventa internacional, que será aplicable en Colombia a partir de agosto del 2002, para determinar si existe un evento exoneratorio”, en cita del artículo 79(54).
En las consideraciones contenidas en el Laudo Unibase Ltda. v. Panamco Colombia S.A., de 2005, el Tribunal hizo referencias a la Convención para expresar que ciertas reglas del Código Civil encuentran soluciones similares en aquella, tales como deducir la voluntad contractual de lo que resulte de la ejecución del contrato, la verdadera intención de las partes deducida de las manifestaciones previas a la celebración del contrato o su ejecución y el valor de la buena fe(55).
En el laudo Compañía de Remolcadores Marítimos S.A. Coremar S.A., v. Rosales S.A. de 2005, se hizo una cita de la Convención en las consideraciones, para señalar que aunque el Código Civil no contiene como regla de interpretación del contrato la posibilidad de acudir al periodo precontractual esta si se encuentra en la Convención, señalando además que la misma hace parte del ordenamiento interno. Dijo así el tribunal en la parte correspondiente:
“… al fijar las reglas de interpretación de los contratos no establece como uno de los elementos a tener en cuenta los actos realizados en el periodo precontractual, es claro sin duda que los mismos pueden indicar claramente cuál es la intención común de los contratantes, y es por ello que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional, que hace parte del ordenamiento interno a partir de la Ley 518 de 1999, en su artículo 7.º dispone que para determinar tal intención puede acudirse a las negociaciones realizadas. La misma regla se incluye en los Principios de Contratación Comercial de Unidroit”(56).
En el laudo Distribuidora Marwill Ltda. v. Comestibles Ricos Ltda., de 2007, se citó la Convención para complementar la solución del Código Civil colombiano para determinar si un contrato es de obra o de venta en los casos en que el comprador o el artífice suministren la materia prima. En este mismo sentido hizo referencia a la Convención el laudo arbitral Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros de Vida S.A. v. Maalula Ltda., de 2000, y en el laudo Astecnia S.A. v. Francocolombiana de Construcción Ltda., de 2005(57).
En el laudo Mansarovar Energy Colombia Ltda. v. Ecopetrol S.A., 12 de febrero de 2010, se hacen varias referencias a la Convención. En una de ellas, se invocan las reglas de interpretación del artículo 8.º insistiendo en que la Convención hace parte del ordenamiento nacional y por ello es aplicable a cualquier contrato. Así lo precisó el tribunal:
“Como se puede apreciar, de acuerdo con este texto legal, cuando no es posible conocer la intención de quien hace la declaración debe acudirse al sentido que a dicha declaración le habría dado una persona razonable. Si bien este criterio no está expresamente previsto en el Código Civil, considera el tribunal que el mismo es perfectamente aplicable a cualquier contrato y es por lo demás un corolario de la denominada carga de claridad en la celebración del contrato, que impone a las partes ser claras en su manifestación, so pena que el sentido del contrato se determine por el juez de acuerdo a lo que el mismo pueda establecer”(58).
En otro apartado, el laudo se refirió a la Convención para señalar que la interpretación asumida por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de junio de 1989, en la que se consideró que los tratos preliminares sirven para interpretar la verdadera intención de las partes, encuentra equivalente en el artículo 8.º numeral 3.º de la Convención. Esto último ya había sido planteado en el mismo sentido en el laudo Limpieza Metropolitana S.A. ESP - LIME S.A. ESP v. Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial del Servicio de Aseo S.A. - Cupic S.A. de 2008 y lo reitera otro laudo: Ecopetrol S.A. v. Hupecol Caracara LLC y Cepsa Colombia S.A. —Cepcolsa— de 2009(59).
Por otra parte, en el laudo Electrificadora de Santander S.A. ESP v. Central Termoeléctrica El Morro 1 S.A. ESP, octubre 28 del 2008, de manera expresa, se señaló que la Convención puede ser aplicable por analogía a los casos de derecho interno en los eventos en que las fuentes de este resulten insuficientes para regular los temas objeto de debate. En efecto, al considerar el tribunal el plazo en que debe darse el conocimiento del oferente de la aceptación tácita del destinatario, señaló:
“La Convención de Viena de 1980 - Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, regula específicamente esta materia en su artículo 19: (…) Colombia ratificó dicho convenio en julio de 2001, entrando en vigor el 1.º de agosto de 2002, de tal suerte que sus disposiciones son aplicables a los contratos comerciales internacionales de compra venta de mercaderías celebrados en nuestro territorio, pero además sirve de fuente jurídica para resolver cuestiones o conflictos mercantiles que la ley y las costumbres nacionales o la aplicación del principio de analogía no sean suficientes para tal efecto. Nuestra normatividad solo contempla disposiciones generales sobre el término del plazo para aceptar una oferta —6 días— cuando las partes no han convenido plazo diferente —Código de Comercio, artículo 851—, y remite la aceptación tácita de la oferta a dichos términos. De ahí que la regulación contenida en el artículo 19 de la Convención de Viena de 1980 es aplicable al caso que nos concierne, dada su especialidad en aplicación del principio general de analogía y de lo dispuesto por el artículo 7.º del Código de Comercio”(60).
7. Conclusiones
A modo de conclusiones de lo expuesto en este trabajo, pueden señalarse las siguientes:
La importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, como instrumento regulador de los contratos internacionales para los que resulte aplicable se puede apreciar desde diferentes ópticas: una histórica, una jurídica y otra económica. Las tres resumidas en el hecho de que la Convención es un instrumento de derecho uniforme que evita el conflicto de leyes y, por lo tanto, facilita el entendimiento entre los contratantes en el tráfico internacional, además de ser un punto de encuentro entre las tradiciones jurídicas.
Adicionalmente, se puede destacar su importancia por la influencia que ha tenido en el proceso de revisión y/o modificación de las leyes nacionales de diferentes países, además de su adopción por 76 países de todos los continentes. Igualmente, la tendencia de tribunales de distintas latitudes, consistente en aplicar la Convención a casos de derecho interno, bien como referencia de autoridad o bien por analogía para solucionar los vacíos que el derecho nacional pudiera presentar. Esto es lo que en resumen lleva a considerarla como el instrumento más importante del derecho de obligaciones y contratos contemporáneo.
En Colombia, no obstante contar con escasos desarrollos, la Convención ha sido admitida por algunos tribunales de arbitramento, en los que se advierte la tendencia a entenderla ya sea como instrumento aplicable a los contratos de derecho interno, en los eventos en que no haya soluciones en los códigos Civil y de Comercio, según corresponda, o como refuerzo a la interpretación dada a las fuentes aplicables. En esto, Colombia se matricula en la tendencia ya advertida, quedando pendiente la tarea de observar los desarrollos que la Convención pueda tener en los tribunales del país, en disputas surgidas a partir de contratos internacionales.
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(*) Este artículo ha sido elaborado en el desarrollo del trabajo del autor como investigador invitado del grupo “Global sales law project” de la Universidad de Basilea —Suiza— bajo la dirección del profesor Ingeborg Schwenzer, y con el apoyo de la fundación Ernst von Caemmerer.
(1) Garro, Alejandro y Zuppi, Alberto. Compraventa internacional de mercaderías. Ediciones la Rocca, Buenos Aires: 1990, pp. 29-30.
(2) Sono, Kazuaki. The Viena Sales Convention: history and perspective. En: Lektures, Dubrovnik; Sarcevic, Petar y Volken, Paul (eds.) International Sale of Goods. Oceana, Nueva York: 1986, pp. 1-17; Eörsi, Gyula. Problems of Unifying Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods. En: American Journal of Comparative law, 27, 1979, pp. 311-323; Audit, Bernard. La Compraventa Internacional de Mercaderías. Traducción de Ricardo de Zavalía. Zavalía Editor. Buenos Aires: 1994, p. 9; Perales, María del Pilar. El Derecho uniforme del comercio internacional: Los Principios de Unidroit (Ámbito de aplicación y disposiciones generales). En: Revista de Derecho Mercantil, n.º 223, 1997, pp. 221-297. Sobre una historia detallada de los antecedentes de la Convención de 1980: Parra, Gonzalo. Legislación uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías. En: Revista de la Facultad de Derecho Universidad Católica Andrés Bello, n.º 35, 1986, pp. 9-89. Igualmente, Honnold, John. Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer, 3.rd ed. The Hague: 1999, pp. 5-12; Olivencia, Manuel. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías: antecedentes históricos y estado actual. En: Revista de Derecho Mercantil, 201, 1991, pp. 386-394.
(3) Schlechtriem, Peter y Schwenzer, Ingeborg (eds.) Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG). Oxford, 3.rd ed. Nueva York: 2010, p. 1; Schwenzer, Ingeborg y Hachem, Pascal. The CISG - Successes and Pitfalls. En: American Journal of Comparative Law, 57, 2009, pp. 459-467.
(4) Garro y Zuppi, ob. cit., pp. 30-31; Parra, ob. cit., pp. 14-15.
(5) Garro y Zuppi, ob. cit., p. 31; Ferrari, Franco. Interprétation uniforme de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale. En: Revue internationale de droit comparé. Societé de legislation comparée, n.º 4, 1996, pp. 813-852; Honnold, ob cit., p. 5; Parra, ob. cit., p. 17; Schwenzer y Hachem, ob. cit., p. 459.
(6) República Federal de Alemania, República Árabe Unida, Austria, Bélgica, República Popular de Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia. Observadores de África del Sur, Argentina, México y Venezuela, y representantes de organizaciones como Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Consejo de Europa, Comunidad Económica Europea, Organización de Cooperación y Desenvolvimiento Económico y el instituto Unidroit. Nótese, siguiendo el comentario de Garro y Zuppi, que diecinueve de los veintiocho países representados eran de Europa Occidental. Como se verá, este a la larga fue uno de los motivos de su “crisis”. Valga anotar como anécdota histórica el hecho de que Colombia participó en la conferencia de 1964, pero “… no envió un jurista especializado en el tema sino un funcionario de su embajada ante el Gobierno de los Países Bajos” Garro y Zuppi, ob. cit., pp. 33-34.
(7) Parra, ob. cit., p. 27.
(8) Ibíd., p. 26.
(9) Garro y Zuppi, ob. cit., pp. 35-36.
(10) Ibíd., p. 36; Bonell, M. Joachim. The Unidroit Principles and CISG. En: CISG Pace database, 1998; Perales, María del Pilar. La formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Tirant lo Blanch, Valencia: 1996, p. 48; Ferrari, Franco. La compraventa internacional. Aplicabilidad y aplicaciones de la Convención de Viena de 1980. Tirant lo Blanch, traducción de Albert Lamarca I. Valencia: 1999, pp. 25-26; Schlechtriem, Peter. Uniform Sales Law - The UN - Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Manz, Viena: 1986, p. 17; Schlechtriem y Schwenzer, ob. cit., p. 1; Schwenzer y Hachem, ob. cit., p. 460.
(11) Perales, María del Pilar. La formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Tirant lo Blanch, Valencia: 1996, p. 51. Schlechtriem y Schwenzer, ob. cit., p. 2.
(12) Parra, ob. cit., p. 28; Garro y Zuppi, ob. cit., p. 41. En la resolución del Comité Jurídico Interamericano de 1967 se dispuso que “… las orientaciones de la Ley Uniforme de La Haya no se oponen a principios básicos del derecho americano”. Parra, ob. cit., p. 32. Igualmente, en la resolución del 6 de agosto de 1973 donde se sugirió a los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos adherir a la Convención de La Haya de 1964 y considerar el resultado de los trabajos de Uncitral. Igualmente, téngase en cuenta el comentario de Garro y Zuppi según el cual “… el propósito de la unificación es armonizar la legislación sobre la compraventa entre países que mantienen un activo tráfico de mercaderías, y no simplemente entre países limítrofes, o de tradición jurídica o estructura económica similar”, Garro y Zuppi, ob. cit., p. 42.
(13) Honnold, John. The draft Convention on contracts for the International Sale of Goods: An Overview. En: The American Journal of Comparative Law, 1979, pp. 223-231; Honnold, Jhon. Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer, 3.rd ed., The Hague: 1999, pp. 5-6.
(14) Honnold, Jhon. Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer, 3.rd ed., The Hague: 1999, pp. 11-12.
(15) Schlechtriem, ob. cit., p. 20.
(16) Rousseau, Charles. Derecho Internacional Público. Ediciones Ariel, 3.ª ed., Barcelona: 1966, p. 26.
(17) Volken M, P. Champ d´application, interprétation, lacunes, usages. En: AA. VV. The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, Lausanne Colloquium of November 19-20, 1984. Instituf suisse de droit comparé, Schulthes, Zürich: 1985, pp. 24-26.
(18) Álvarez, Luis Fernando y Galán, Diego. Derecho Internacional Privado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 2001, p. 51.
(19) Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 11 de julio del 2001 COM —2001— 398 final, 8.
(20) Perales, María del Pilar. La formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Tirant lo Blanch, Valencia: 1996, pp. 59-60.
(21) Garro y Zuppi, ob. cit., p. 44.
(22) Perales, María del Pilar. La formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías. Tirant lo Blanch, Valencia: 1996, p. 61.
(23) Lo ha puesto de presente Saúl Litvinoff: “… actualmente, existe una necesidad de entrenamiento simultáneo de los estudiantes de derecho, respecto de los dos sistemas legales predominantes en el mundo occidental”. Litvinoff, Saúl. Derecho global, Derecho Civil y common law. En: Foro de Derecho Mercantil, n.º 3, 2004, pp. 106.
(24) Precisamente, como se señala en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre derecho contractual europeo, “Las soluciones internacionales permiten resolver algunos problemas potenciales relacionados con las diferencias existentes entre las distintas normativas nacionales en materia de contratos” Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 11 julio del 2001, COM —2001— 398 final.
(25) Sono anota como características de la convención, además del reconocimiento del principio de libertad contractual, las siguientes: simplicidad, practicidad y claridad, el estar libre de complicadas teorías legales, siendo esto último importante toda vez que, después de todo, son los hombres de negocios quienes deben entender el significado de sus previsiones. Sono, ob. cit., p. 7.
(26) Schwenzer y Hachem, ob. cit., p. 461.
(27) Honnold, John. Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer, 3.rd ed., The Hague: 1999, p. 14.
(28) Ferrari, Franco. The CISG and its Impact on National Legal Systems. Sellier, Múnich: 2008, pássim. En esta obra se encuentran una serie de reportes sobre la influencia de la convención en diferentes países del mundo. Morales, Antonio. La modernización del Derecho de obligaciones. Thomson Civitas, Madrid: 2006, pp. 146-147; Schulze, Reiner. Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti. En: Rivista di diritto civile, 1, 2004, pássim. En la reforma al BGB resulta importante destacar la influencia ejercida por la convención en materia de acciones por vicios ocultos, con el fin de armonizarlas con las de incumplimiento. Véase al respecto Albiez, Klaus. Un nuevo derecho de obligaciones: la reforma 2002 al BGB. En: Anuario de Derecho Civil, 2002, pp. 1139-1210; Schwenzer y Hachem, ob. cit., pp. 461-463.
(29) Se pronuncia en este sentido Perales, María del Pilar. El contrato de compraventa internacional de mercancías (Convención de Viena de 1980). En: CISG Pace database, 2001; Cárdenas, Juan Pablo. La Convención de Viena y el Derecho privado colombiano. En: AA. VV. Compraventa internacional de mercaderías. Comentarios a la Convención de Viena de 1980. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 2003: pp. 315-347.
(30) Tribunale Napoli, 29 de marzo del 2001, citado por Torsello, Marco. Italy. En: Ferrari, Franco (ed.) The CISG and its Impact on National Legal Systems. Sellier, Múnich: 2008, p. 200.
(31) Corte di Cassazione, 28 de noviembre del 2003, n. 18229, citado por Torsello, ob. cit., p. 200.
(32) Corte di Cassazione, 16 de noviembre del 2007, n. 23794. Véase también Tribunale Roma, 4 de enero de 1999, reportada por Tribunale Bergamo, 19 de abril del 2006, citados por Torsello, ob. cit., p. 200.
(33) Ap. Civil n.º 588012666, 12 de abril de 1988 (TJRGS), REsp n. 272739/MG (STJ, 1.º de marzo del 2001) y REsp n. 76362/MT (STJ, 11 de diciembre de 1995), citadas por De Aguilar Vieira, Lacyr. Brazil. En: Ferrari, Franco (ed.) The CISG and its Impact on National Legal Systems. Sellier, Múnich: 2008, p. 24.
(34) Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Resolución: 1092/2008, disponible en: www.poderjudicial.es/search/index.jsp, última consulta 28 de junio del 2010. En el mismo sentido Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Resolución: 000/2008, disponible en: www.poderjudicial.es/search/index.jsp, última consulta 28 de junio del 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Resolución: 1311/2006, disponible en: www.poderjudicial.es/search/index.jsp, última consulta 28 de junio del 2010. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Resolución: 364/2006, disponible en: www.poderjudicial.es/search/index.jsp, última consulta 28 de junio de 2010.
(35) Calvo, Alfonso Luis y Carrascosa, Javier. Derecho Internacional Privado. Comares, 5.ª ed., t. 2, Granada: 2004, p. 503.
(36) Goldman, Berthord. Nouvelle réflexions sur la lex mercatoria. En: Dominice, Christian et ál. (eds.) Etudes de droit International en l’honneur de Pierre Lalive. Helbing & Lichterhan, Basle: 1993, pp. 247.
(37) Calvo y Carrascosa, ob. cit., pp. 503-504.
(38) A estos casos hace referencia igualmente Martínez, Anselmo. La interpretación y la integración de la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, de 11 de abril de 1980. Comares, Granada: 2004, pp. 66-67.
(39) Watkins - Johnson Co. y Watkins - Johnson Ltd. v. The Islamic Republic or Iran y Bank Saderat Iran, 28 de julio de 1989. Arbitral Award 370, Court: Iran - United States Claims Tribunal. En: Yearbook of Commercial Arbitration, XV, 1990, p. 220. Igualmente téngase en cuenta Pepsi Co v. Irán, Iran - U.S. Claims Tribunal, 13 de octubre de 1986, Arbitral Award 18. En: Cisg Pace database, disponible en: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/861013i2.html, última consulta 13 de julio del 2010 y el Laudo n.º B1 Irán v. Estados Unidos, 16 de junio de 1988, Iran - United States Claims Tribunal. En: Pace database, disponible en: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/880616i2.html, última consulta 13 de julio del 2010.
(40) Nótese que aquí, incluso, no se daba el factor temporal de aplicación de la convención, de acuerdo con el artículo 100.
(41) Laudo Arbitral 5713 de 1989. En: Yearbook of Commercial Arbitration, XV, 1990, p. 70.
(42) Laudo Arbitral 6149 de 1990. En: Yearbook of Commercial Arbitration, XX, 1995, pp. 41-57.
(43) Laudo Arbitral 7331 de 1994. En: The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 6, n.º 2, noviembre, 1995, pp. 73-76.
(44) Laudo arbitral 8502 de 1996 (y laudos 8501 y 8503). En: ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 10, n.º 2, 1999, p. 72.
(45) Laudo arbitral 8817 de 1997. En: ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 10, n.º 2, 1999, pp. 75-78.
(46) Laudo arbitral 9333 de 1998. En: ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 10, n.º 2, 1999, pp. 102-104.
(47) Laudo Arbitral 9474 de 1999. En: ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 12, n.º 2, 2001, p. 64.
(48) Fernández, Luis y Calvo, Alfonso Luis. El contrato de compraventa internacional de mercaderías. En: Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Fernández de La Gándara, Luis (Dirs.); Blanco-Morales Limones, Pilar (coord.) Contratos internacionales. Tecnos, Madrid: 1997, p. 176.
(49) Heuzé, Vincent. La vente internationales de marchandises, Droit uniforme. GLN Jly éditions, París: 1992, p. 102.
(50) Redfern, Alan; Hunter, Martín; Blackaby, Nigel y Partasides, Constantine. Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional. Thomson Aranzadi, 4.ª ed., edición en español de Noiana Marigo y Felipe Ossa, Cizur Menor: 2006, pp. 190-202.
(51) Este es el dato consolidado a julio de 2010. Es recomendable revisar de forma permanente el estado de la convención en: www.uncitral.org.
(52) En http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/, página de la Universidad Carlos III de Madrid; en htto://www.cisg.law.pace.edu, de Pace University y en www.globalsaleslaw.org, CISG-Online.ch de la Universidad de Basilea, pueden encontrarse los textos completos de fallos latinoamericanos en aplicación de la convención.
(53) Corte Constitucional, Sentencia C-529 de 2000, Referencia: Expediente LAT-154, norma revisada: Ley 518 de 1999, por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias”, hecha en Viena el 11 de abril de 1980. Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. De todas formas, cabe señalar que hay quienes consideran que la asimilación que hace la Corte de principios como el de la buena fe, reconocido en el artículo 7.º de la convención en el que se establece que en la interpretación de la misma se asegurará la observancia de la buena fe, no corresponde a la forma como está concebida en algunos países de la tradición europeo continental, de donde surgen deberes de conducta para las partes. Kee, Christopher y Muñoz, Edgardo. In Defence of the CISG. En: Deakin Law Review, vol. 14, n.º 1, 2009, pp. 104-105.
(54) Tribunal de Arbitramento, Augusto Ruiz Corredor y Cía. Ltda., v. Constructora Andrade Gutiérrez S.A., mayo 30 del 2002, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(55) Tribunal de Arbitramento, Unibase Ltda., v. Panamco Colombia S.A., agosto 1º de 2005, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(56) Tribunal de Arbitramento, Compañía de Remolcadores Marítimos S.A. Coremar S.A., v. Rosales S.A., noviembre 11 del 2005, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(57) Tribunal de Arbitramento, Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros de Vida S.A. v. Maalula Ltda., agosto 31 del 2000, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.; Tribunal de Arbitramento, Astecnia S.A. v. Francocolombiana de Construcción Ltda., junio 14 del 2005, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(58) Tribunal de Arbitramento, Mansarovar Energy Colombia Ltda. v. Ecopetrol S.A., febrero 12 del 2010, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(59) Tribunal de Arbitramento, Limpieza Metropolitana S.A. ESP - LIME S.A. ESP. v. Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial del Servicio de Aseo S.A. - Cupic S.A., febrero 8 del 2008, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co. Tribunal de Arbitramento Ecopetrol S.A. v. Hupecol Caracara LLC y Cepsa Colombia S.A. —Cepcolsa—, junio 18 del 2009, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.
(60) Tribunal de Arbitramento Electrificadora de Santander S.A. ESP v. Central Termoeléctrica El Morro 1 S.A. ESP, octubre 28 del 2008, Cámara de Comercio de Bogotá, en base de datos Multilegis, www.legis.com.co.

References: resolución

 artículo 7
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 99
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 96
 artículo 824
 artículo 868
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 7
 artículo 8
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 artículo 19
 artículo 851
 artículo 19
 artículo 7
 resolución 
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 artículo 100
 artículo 7