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Pedro Rivas Quiroga
1 R eflexiones de la comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 Proyecto Hombre dirige sus esfuerzos a conseguir que personas con problemas de drogodependencia alcancen, a través de un tratamiento de rehabilitación y reinserción, una vida totalmente integrada en la sociedad (a nivel laboral, social, familiar...). Un alto porcentaje, el 30% de las personas atendidas, vienen a los centros con problemas con la justicia. Proyecto Hombre no es una alternativa a prisión, es una alternativa para dejar las drogas y llevar una vida personal y social normalizada. Y son las propias leyes, desde la Constitución hasta el Código Penal, las que contemplan en su articulado principios y caminos para que drogodependientes con problemas penales puedan acceder a programas de rehabilitación. Durante 2001, realizaron cumplimientos alternativos en la Asociación Proyecto Hombre más de 600 jóvenes, consiguiendo evitar su ingreso en prisión e iniciar, o continuar en muchos casos, un proceso de rehabilitación dirigido a su total reinserción en la sociedad. La diferencia en el número de cumplimientos entre los Centros de Proyecto Hombre, nos remite a un tratamiento judicial de la drogadicción caracterizado por una disparidad de criterios y soluciones, y a la ausencia de una jurisprudencia unificadora. Esta misma situación se repite en el ámbito penitenciario (art. 182) con datos que presentan estrategias y criterios distintos en función de los centros Penitenciarios. 50
2 DATOS SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS USUARIOS DE PROYECTO HOM- BRE Nº de suspensiones de ejecución para iniciar/ continuar un tratamiento en Proyecto Hombre en virtud del Art. 87 del Código Penal (CP) 431 Abandonos de tratamiento en Proyecto Hombre. Art. 87 CP 82 Nº de medidas de seguridad para iniciar/ continuar un tratamiento en Proyecto Hombre en virtud del Art. 96 CP 88 Abandonos de tratamiento en Proyecto Hombre. Art. 96 CP 18 Nº de cumplimientos en un Centro de rehabilitación de Proyecto Hombre en virtud del Art. 25 de la Constitución Española 35 Abandonos de tratamiento en Proyecto Hombre. Art. 25 CE 1 Nº de sustituciones de pena de prisión por pena de multa para usuarios del programa de Proyecto Hombre, en virtud del Art. 88 CP 15 Abandonos Art. 88 CP 1 Nº de concesiones de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC) para usuarios del programa de Proyecto Hombre 21 Abandonos TBC en Proyecto Hombre 3 Nº de penas de arresto de fin de semana ejecutadas por Proyecto Hombre (AFS) 25 Abandonos AFS en Proyecto Hombre 3 Suspensión de pena a causa de enfermedad grave con inicio/ continuación de un tratamiento en Proyecto Hombre, en virtud del Art. 92 CP 0 INDULTOS A USUARIOS DE PROYECTO HOMBRE Número de Indultos Totales concedidos en el año Nº de Indultos Parciales concedidos en el año Nº de Indultos Denegados en el año Reflexiones de la Comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 51
3 DATOS DE LOS PROGRAMAS INTRAPENITENCIARIOS Nº de Centros Penitenciarios en los que se desarrollan programas de Proyecto Hombre 34 Nº de profesionales de Proyecto Hombre que trabajan en programas intrapenitenciarios 38 Nº de voluntarios que colaboran con Proyecto Hombre en prisiones 75 ACTIVIDADES INTRAPENITENCIARIAS Nº Personas a las que se dio información personalizada 1571 Nº Personas participantes en coloquios 1560 Nº Personas en grupos de autoayuda 777 Nº Personas que reciben tratamiento en Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria 290 SEMINARIOS (% programas penitenciarios que realizán estas actividades). 58% TALLERES 30% TRABAJO CON FAMILIAS 65% FORMACIÓN OCUPACIONAL 9% REDUCCION DE DAÑOS 30% DATOS SOBRE EL Nº DE PERSONAS QUE HAN SALIDO DE PRISIÓN PARA INICIAR UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN PROYECTO HOMBRE Nº de concesiones de libertad condicionada al tratamiento en Proyecto Hombre, en virtud del Art. 90 CP 120 Abandonos Art. 90 CP 31 Nº de concesiones de tercer grado específico para drogodependientes condicionado al tratamiento en Proyecto Hombre, en virtud del Art. 182 Reglamento Penitenciario (RP) 365 Abandonos Art. 182 RP 73 Nº de concesiones de tercer grado ordinario, en virtud del Art. 82 CP 40 Abandonos Art. 82 CP 3 DATOS SOBRE EL Nº DE PERSONAS QUE REALIZANDO UN TRATAMIENTO EN Proyecto Hombre HAN TENIDO QUE INGRESAR EN PRISIÓN, SUSPENDIENDO EL TRATAMIENTO, DEBIDO A CAUSAS PENDIENTES Nº de personas que realizaban la fase de acogida 34 Nº de personas que realizaban la fase de Comunidad Terapéutica 16 Nª de personas que realizaban Porgramas de Apoyo 1 Nº de personas que realizaban la fase de Reinserción 8 52
4 Código Penal de 1995 La Comisión Jurídica de la Asociación Proyecto Hombre está formada por expertos de los Centros, donde además del trabajo de rehabilitación, se realiza un seguimiento y asesoramiento jurídico a los usuarios con causas penales pendientes. Las conclusiones más significativas de esta Comisión respecto a la aplicación del Código Penal de 1995 se pueden resumir en las que siguen: El nuevo Código Penal del 95 se encuentra en la necesidad de recoger de una manera específica la toxicomanía, pues a nadie es ajeno que este ha sido uno de los fenómenos caracterizadores de la realidad criminal española en estos últimos 20 años, con especial significación en los delitos contra la propiedad y contra la salud pública. La entrada en vigor del nuevo Código Penal ha provocado un aumento en la duración de las penas respecto al Código Penal anterior en aquellos delitos habitualmente cometidos por drogodependientes, contra la propiedad y la salud pública, También ha aumentado el número de agravantes específicas. La Medida de Seguridad El nuevo Código Penal contempla la medida de seguridad, que consiste en el internamiento en un Centro de deshabituación, y puede darse en dos casos, el primero con la eximente completa contemplada en el art. 20.2, con unas condiciones tan excepcionales que no conocemos en nuestra dilatada experiencia ningún caso de aplicación a un drogodependiente; y el segundo con la eximente incompleta recogida en el art. 21.1, con unos requisitos relativos al grado de intoxicación, que al no reconocerse al toxicómano como delincuente funcional reducen de manera determinante sus posibles aplicaciones. Reflexiones de la Comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 53
5 Artículo 20 Están exentos de responsabilidad criminal(...): 2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consuno de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Es por ello que seguimos observando la misma laguna legal en cuanto al tratamiento de la atenuante de drogodependencia que ya existía en el Código Penal de Se prevé la reducción de penas pero no la aplicación de la medida de seguridad alternativa, que consiste en el internamiento en un Centro de deshabituación, para los casos en que se aprecie en sentencia la atenuante de drogodependencia. Nuestra propuesta es clara en este sentido: abogar porque se contemple la aplicación de medidas de seguridad en los casos en que concurra la atenuante de drogodependencia, que no incluye el actual Código Penal. El arresto de fin de semana y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad Éstas son dos nuevas figuras que incorpora el Código Penal del 95 como sustitutivas de las penas no superiores a un año o, excepcionalmente, a dos años. Artículo Los Jueces o Tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por arresto de fin de semana o multa, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales. Cada semana de prisión será sustituida por dos arrestos de fin de semana; y cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa. (...) Excepcionalmente podrán los Jueces o Tribunales sustituir las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. (...) 2. También podrán los Jueces y Tribunales, previa conformidad del reo, sustituir las penas de arresto de fines de semana por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada arresto de fin de semana será sustituido por cuatro cuotas de multa o dos jornadas de trabajo. (...) El arresto de fin de semana ha producido problemas desde su entrada en vigor. Observamos que es difícil su aplicación de manera práctica: en ocasiones, 54
6 resulta casi imposible coordinar las necesidades del penado y las disponibilidades del Servicio Social Penitenciario. Desde la experiencia, estimamos que lejos de favorecer la inserción social, la perjudica porque prolonga la sujeción del penado a la Administración de Justicia, no permite tratamiento alguno ni acceso a beneficios penitenciarios y es muy fácil incurrir en quebrantamiento de condena. Una opinión más positiva nos merece, desde la perspectiva del Programa de tratamiento de Proyecto Hombre, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que permite un trabajo en valores del que se benefician nuestros usuarios. No obstante, en la práctica, hemos observado como inconvenientes la resistencia de los Juzgados a aplicarla y la ausencia de lugares para hacerlo. Nuestra propuesta sería de acuerdo con lo anteriormente expuesto, abogar por la supresión de la figura del arresto de fin de semana, y aplicar como alternativa, en todos los casos en que sea posible, la sustitución de pena privativa de libertad por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. La suspensión de penas privativas de libertad Artículo Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el artículo 81, el Juez o Tribunal, con audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a tres años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2.º del artículo 20, (...) La previsión de una suspensión de la ejecución por sometimiento a tratamiento rehabilitador específico para el drogodependiente que recoge el art. 87 del Código Penal, nos parece acertada y es la más generalizada. No obstante, creemos necesario considerar el hecho siguiente: Reflexiones de la Comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 55
7 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero, 3 y 4 de abril del 2000: en las personas con un largo historial de consumo que por lo general mantienen la capacidad de comprensión de la ilicitud de su conducta, pero que manifiestan una grave merma en su capacidad volitiva o de contención cuando se ven impelidos por la necesidad imperiosa de obtener la sustancia de la que dependen, lo que sucede prácticamente a diario. Si es una solución propia para delincuentes funcionales, como los drogodelincuentes tal como recoge la sentencia del Tribunal Supremo 18/2/2000 por qué no se ha tenido en cuenta la realidad delictiva propia de los drogodependientes a la hora de redactarlo?, así observamos importantes limitaciones a su aplicación a causa de las condiciones que se establecen para su concesión: la duración de las penas, la situación de drogodependencia y la habitualidad de los reos. La duración de las penas El artículo 93 Bis del anterior Código Penal permitía aplicar el beneficio de la remisión en penas de hasta dos años de privación de libertad, mientras que el artículo 87 del nuevo CP eleva hasta tres años esta posibilidad. Pese a este gesto aperturista que contribuye a aumentar el número de beneficiarios, hay que destacar sin embargo la elevación de las penas que establece el Código para los delitos habituales en los drogodependientes (Contra la propiedad y contra la salud), en especial, el delito contra la salud pública con unas penas que van de 3 a 9 años, dejando un margen más que estrecho de aplicación a esta remisión. Nuestra valoración es que el legislador mantiene unos márgenes excesivamente prudenciales que no se adecuan al perfil y la realidad del drogodependiente delincuente. 56
8 La situación de drogodependencia En la regulación del nuevo Código Penal desaparece la referencia expresa del antiguo art. 93 bis, alusiva a que se declare probado en sentencia la situación de drogodependencia, así como que la conducta delictiva del sujeto fuera realizada con motivo de tal situación. En este sentido, aunque los primeros años de vigencia del Código Penal, la solicitud de suspensión provocaba la habitual oposición del Ministerio Fiscal cuando no se había declarado en sentencia la relación entre el delito y la dependencia, poco a poco la jurisprudencia menor de los Juzgados penales y Audiencias, ha ido aceptando que basta con que en fase de ejecución se acredite de alguna manera la situación de drogodependencia anterior (informes de Centros de rehabilitación, Servicios Sociales...). Prueba de ello es la Consulta nº 4/1999 de 17 de septiembre de la Fiscalía General del Estado donde se recoge de forma expresa tales extremos. La flexibilización de este requisito por el actual Código ha sido un punto de inflexión clara y ha supuesto un acercamiento a la especial idiosincrasia del delincuente toxicómano. La habitualidad de los reos Resulta evidente que dadas las peculiares características de los toxicómanos delincuentes, habitando constantemente en los márgenes de la legalidad, plantear la primariedad delictiva para la aplicación de la remisión, como en el derogado artículo 93 bis, prácticamente equivale a cerrarles las puertas. El nuevo Código requiere únicamente que no sean reos habituales (los que hubieran cometido tres o más delitos comprendidos en el mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello), pero aún así podríamos decir que esto supone en la práctica una selección excesiva, pues el número medio de reincidencias puede estar entorno a cinco llegando incluso a la veintena. La conclusión, por lo tanto, no puede ser otra que subrayar la desafortunada inclusión del requisito de la habitualidad como impedimento automático para la suspensión. Siendo mucho más acertada, la supresión de este requisito, dejando al arbitrio del juez, asesorado por los informes necesarios, la valoración individualizada de la probabilidad de comisión de los hechos delictivos en el futuro y, en general, de las expectativas hacia el sujeto en relación a los fines perseguidos en la suspensión. Reflexiones de la Comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 57
9 Artículo 25 de la Constitución Española Artículo 25. CE 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. La existencia de datos que reflejan que el juzgado o tribunal sigue teniendo que acudir al art. 25 de la CE como alternativa de cumplimiento, hace patente de nuevo la falta de la adecuación del Código a la situación del drogodelincuente. Cabe recordar, que nuestra Carta Magna (La Constitución) cita expresamente que el espíritu de las leyes debe estar dirigido a la reeducación y reinserción social, en definitiva y como recoge esta reflexión, eso es exactamente lo que defiende la Asociación Proyecto Hombre desde su actividad diaria. 58
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