Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221250.htm
Timestamp: 2019-03-20 17:29:49+00:00

Document:
201208-Sala Civil-1-250
Auto Supremo: 250/2012.
Expediente: LP-49-12-S.
Partes: María Concepción Illanes de Calle c/ Gobierno Municipal Autónomo de La Paz representado por Luís Antonio Revilla Herrero
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 386 a 396 y vlta., interpuesto por Vladimir Gutiérrez Ramírez a nombre del Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, Luís Antonio Revilla Herrero y en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 222/2011, cursante de fs. 378 a 380 y vlta., emitido el 4 de octubre de 2011 por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre Mejor Derecho Propietario, seguido por María Concepción Illanes de Calle en contra de los recurrentes; los antecedentes del proceso; y:
Que, adjuntando documental María Concepción Illanes de Calle interpone demanda ordinaria de mejor derecho propietario en contra de Juan del Granado Cossio en su calidad de Alcalde del Gobierno Municipal de La Paz, señalando que desde 1977 cuenta con una vivienda en la que nadie perturbó su quieta y pacífica posesión, por lo que el año 1997 interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria, conforme prevé el art. 138 del Código Civil sobre un lote de terreno de 260 m² en la Urbanización Auquisamaña de la zona de Calacoto, habiéndose declarado probada su demanda de adquisición prescriptita y ejecutoriada la misma, por lo que se procedió a la inscripción de su derecho propietario en fecha 15 de febrero de 1990, asignándose la partida computarizada Nº 01067456 y posteriormente el 7 de mayo 2007 obtuvo la Matrícula Nº 2.01.0.99.0119135. Sin embargo de ello en agosto del año 2007 se le hizo entrega de un memorando emitido por el Gobierno Municipal de La Paz, solicitando que presente documentación sobre su derecho propietario, para posteriormente en enero del 2008 notificarle con Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo, toda vez que su vivienda se encontraba construida sobre propiedad municipal. Por este motivo demanda mejor derecho propietario al Gobierno Municipal de La Paz del inmueble ubicado en la zona de Auquisamaña con superficie de 260 m². Citado el Gobierno Municipal, el Alcalde de dicha instancia edil, a través de su apoderado Vladimir Gutiérrez Ramírez respondió negativamente a la pretensión de la actora y reconvino por mejor derecho propietario, acción negatoria, acción reivindicatoria, pago de daños y perjuicios, nulidad de escritura pública, nulidad de inscripción y cancelación de partida y folio real.
Que sustanciado el proceso, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil, mediante Sentencia Nº 320/2010 de 11 de agosto 2010, declaró probada la demanda de fs. 35 a 38 reconociendo el mejor derecho propietario a favor de Maria Concepción Illanes de Calle sobre el inmueble ubicado en la calle D-9 Nº 500 de Auquisamaña - Zona Calacoto, con superficie de 260 m². e improbada la acción reconvencional de fs. 57 a 62.
En conocimiento de la sentencia emitida en primera instancia, el Gobierno Municipal de La Paz, presentó recurso de apelación, mismo que fue remitido a la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, instancia que mediante Auto de Vista Nº 222/2011 de 4 de agosto 2011, confirmó la Sentencia de fs. 330 a 337 y los Autos de fs. 68 a 70, 79, 102 vlta. que mantiene el Auto de fs. 97 vlta.-98; los Autos de fs. 287 vlta., 289 vlta. y Auto Complementario a la Sentencia de fs. 343.
Contra el Auto de Vista Nº 222/2011, el Gobierno Municipal de La Paz interpuso recurso de casación en la forma que se pasa a considerar.
1.- Señala que el Auto de Vista recurrido guardó silencio absoluto respecto a los agravios expresados en el recurso de apelación formulado de fs. 345 a 363; asimismo dicha resolución no cuenta con la debida motivación respecto a los agravios manifestados ya sea dando respuesta positiva o negativa, vulnerando lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, existiendo omisión de pronunciamiento sobre la declaración judicial de la acción negatoria, reivindicatoria, nulidad de escritura pública, cancelación de partida computarizada, cancelación de folio real y pago de daños y perjuicios demandados por el Gobierno Autónomo Municipal y que en su momento fueron motivo de impugnación en cada uno de los agravios presentados a tiempo de apelar.
2.- Refiere que una vez clausurado el término probatorio, siendo la misma parte actora la que solicitó se pronuncie el decreto de autos para sentencia, el A quo actuó fuera del marco normativo, toda vez que no se dio cumplimiento a lo previsto en el art. 395 del Código de Procedimiento Civil, demorando luego de los alegatos casi cuatro meses después emitió el decreto de autos, de lo que se infiere que el Juez de primera instancia perdió competencia y lo correcto era advertir esta situación por parte del Ad Quem y remitir el proceso al juez siguiente en número, al haber perdido el A quo competencia; sin embargo el Tribunal de alzada aprobó la resolución de primer grado.
3.- De otro lado señala que en el Auto de Vista, no hace referencia alguna sobre los agravios expuestos y que son motivo de nulidad, específicamente al referido a que no se apertura el sobre cerrado que contenía las preguntas para la confesión provocada de la demandante, ni sobre la prueba testifical recepcionada de manera extemporánea.
Por todo lo anterior en virtud a lo previsto en loa arts. 254 num. 1), 4) y 7), 255, 257, 258, 260, 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, solicita al Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados hasta fs. 374 vlta. inclusive, al extremo de ordenarse al juez de instancia aplique inexcusablemente los alcances establecidos en los arts. 377, 390-I y 424 del Código de Procedimiento Civil o anule obrados hasta fs. 377 y ordene al Tribunal de alzada emitir nuevo auto de vista de conformidad a lo expuesto.
Que, conforme señala el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que se efectiviza una vez que el Tribunal al que se acude responde a los motivos de su impugnación, respuesta que además debe ser motivada y fundamentada, aspecto que se tiene desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la SC-0758/2010-R, que señala: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías". En ese orden, también es preciso destacar que este Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". En el caso de autos y de la revisión del recurso de apelación que cursa de fs. 346 a 363, el recurrente expuso como agravios: 1) nulidad procesal por haber permitido el a quo señalar audiencia para la declaración de los testigos de cargo fuera del término dispuesto mediante Auto de 31 de enero 2009; 2) Nulidad por no haber realizado la apertura del sobre cerrado que contenía preguntas para la confesión provocada de la demandante a tiempo de dictar sentencia de primer grado, a pesar de la petición efectuada por el ahora recurrente; 3) Sobre la inexistencia de posesión de María Concepción Illanes de Calle sobre el predio motivo de la litis, misma que considera el demandado es simple detentación; 4) No existió tutela judicial efectiva porque el A quo no se pronuncia respecto a la reconvención del Gobierno Municipal de La Paz, mucho menos motiva respecto al por que se declaró improbada dicha reconvención; 5) Falta de interpretación sistemática de la norma referida a los bienes de dominio público frente a la normativa civil, sin considerar lo previsto en el art. 85 del Código Civil, desconociendo la prevalencia de la norma especial frente a la norma general, 6) Emisión del decreto de Autos para Sentencia emitido después de dos meses, soslayando el A quo la norma imperativa prevista en el art. 394 del Código de Procedimiento Civil; 7) Recepción de prueba testifical de descargo fuera del plazo probatorio, prueba que posteriormente fue considerada por el A quo; 8) No existe pronunciamiento sobre lo referido a los recursos diferidos interpuestos con relación a las excepciones previas y a la objeción del auto de apertura de término probatorio y de la complementación de otros puntos de hecho a probar.
Todos estos agravios expuestos no fueron respondidos por el Tribunal de alzada, en la resolución emitida solo existe un detalle de los puntos de apelación y en los siguientes considerandos otros referidos a los antecedentes que motivaron el proceso principal así como la reconvención y de las pruebas presentadas por una y otra parte, para finalmente resolver confirmando la sentencia emitida, sin fundamentar, motivar la resolución y mucho menos dando respuesta a los agravios planteados; de lo que se infiere que el Tribunal de Alzada; por una parte negó el derecho a la impugnación que tiene todo litigante, así como el derecho a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, pero debidamente fundamentada, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: "...debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas... el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa"; SC-1068/2010-R, refirió: "La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, ésta tiene el deber respecto a otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado". (el subrayado es nuestro); y la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: "...no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada".
Que, dentro la resolución a emitir y respecto a los agravios presentados, el Tribunal de alzada tendrá que considerar los principios que rigen la materia de nulidades a los efectos de evitar mayor dilación, por lo que al presente corresponde a este Tribunal fallar conforme dispone los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 222/2011 cursante de fs. 378 a 380 y dispone que el Tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Por ser inexcusable el error se multa con un día de su haber mensual al Tribunal de Alzada.
Cumpliendo lo previsto por el art. 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley

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