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Timestamp: 2019-09-23 20:45:37+00:00

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﻿ SENTENCIA SL296-2018/52110 DE FEBRERO 21 DE 2018
SENTENCIA SL296-2018 DE 21 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:NIVELACIÓN SALARIAL. SE PUEDE DAR POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS Y POR TANTO, NO EN TODOS LOS CASOS SE NECESITA PROBAR CONDICIONES DE EFICIENCIA, CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO. VALORACIÓN PROBATORIA DE ACTAS DE ENTREGA DEL CARGO, DE FUNCIONES, ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, ENTRE OTROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:MANUAL DE FUNCIONES DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, NIVELACIÓN DEL SALARIO, FUNCIONES DEL TRABAJADOR, REASIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL TRABAJADOR, NIVELACIÓN DEL SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRINCIPIO DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRABAJO IGUAL SALARIO, FUNCIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:556 DE ABRIL DE 2018, PÁG.666
Sentencia SL296-2018 de febrero 21 de 2018
SL296-2018
Rad.: 52110
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2011, en el proceso ordinario que instauró la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
En cuanto a la solicitud de que se tenga a Colpensiones como sucesor procesal, según el escrito de folios 73 y 74 del cuaderno de la Corte, no se accede a ello, por cuanto el Instituto de Seguros Sociales en este proceso tiene la condición de empleador y no de administradora de pensiones.
La accionante demandó en proceso ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, a fin de que fuera condenado a reliquidar y pagarle desde el 13 de agosto de 1997 hasta el 29 de noviembre de 2007, la totalidad de salarios, primas de servicios legales y extralegales, intereses a las cesantías y vacaciones, que no fueron tenidos en cuenta en la Resolución Nº 6282 del 7 de diciembre de 2007, mediante la cual se le reconoció la liquidación final de prestaciones sociales y demás acreencias definitivas, confirmada en apelación.
Pidió igualmente que se ordene al ISS reliquidar la pensión de jubilación reconocida mediante Resolución Nº 6290 del 7 de diciembre de 2007, confirmada también en apelación; que tal reliquidación debe hacerse de forma retroactiva a partir del 29 de noviembre de 2007, con el 75% del promedio mensual de lo percibido durante el último año de servicios, como lo prevé la convención colectiva de trabajo del ISS; que en este promedio salarial igualmente se deben incluir los reajustes referidos al cargo ejercido, conforme a las funciones desempeñadas por la demandante como coordinadora grado 39.
Por último, solicitó que se condene al pago de los reajustes y aumentos legales que corresponden a las pensiones de jubilación, año tras año, incluyendo las mesadas adicionales; a actualizar o indexar todas las condenas solicitadas; al pago de los intereses moratorios sobre el valor que resulte al reajustar la pensión; que se ordene la cancelación de las indemnizaciones legales o extralegales a que haya lugar, por no haberse cubierto oportunamente todos y cada uno de los conceptos reclamos, y al pago de las costas o agencias en derecho.
Fundamentó sus pretensiones en que ingresó a laborar en el ISS, Seccional Bolívar, el 23 de agosto de 1991, en el cargo de mecanógrafa (provisional); que por concurso el 25 de agosto de 1993 fue nombrada como técnico de servicios administrativos grado 15 y su vinculación contractual se modificó a un contrato a término indefinido; que durante su historial laboral se desempeñó en varios cargos, entre ellos, coordinadora centro y área de atención al usuario CAA Santa Lucía, coordinadora del centro de cómputo en la misma entidad, responsable del departamento de bienes y servicios, jefe de departamento de bienes y servicios, coordinadora de nómina, jefe de departamento de recursos humanos, coordinación de cuentas por pagar y coordinación de planeación corporativa encargada; que también ejerció simultáneamente los cargos de coordinación de desarrollo de personal y coordinación de bienestar social, de donde se le autorizó el traslado al departamento seccional de recursos humanos, y finalmente, se desempeñó en la coordinación nacional de capacitación, en el que mediante comunicación DSRH Nº 1273 del 23 de noviembre de 2004, se le informó el traslado al departamento nacional desarrollo de personal, cuyo cargo ejerció en su última etapa laboral, esto es, desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 29 de noviembre de 2007, fecha para la cual presentó renuncia con el fin de que le fuera reconocida su pensión de jubilación.
Afirmó que es economista, especialista en gerencia del recurso humano, postgrado en seguridad social, diplomados en técnicas actuariales y financiera de la previsión social, en análisis financiero, y en formación grupo de investigación técnico pedagógico, de lo cual existe prueba en su hoja de vida; que su formación académica fue tomada en cuenta por la demandada para asignarla en los diferentes encargos de funciones; y que en varias oportunidades solicitó su reclasificación, pero el ISS no accedió a sus pretensiones.
Explicó que mediante derechos de petición le solicitó al Instituto demandado la liquidación y pago de sus cesantías definitivas, junto con los intereses y la cancelación del total de los «seguros insolutos» derivados de la diferencia entre los salarios devengados como técnico administrativo grado 15, y lo que realmente tenía derecho por haber ejercido cargos y funciones como coordinadora desde el 13 de agosto de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2007, cuando se aceptó la terminación del contrato por renuncia; y que a la última solicitud de la actora, la demandada le dio respuesta mediante oficio Nº 82-021398 del 11 de diciembre de 2007, negando lo peticionado.
Señaló que presentó renuncia al cargo que venía desempeñando, a partir del 30 de noviembre de 2007, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo a la convención colectiva, la cual fue aceptada a partir de la fecha indicada pero respecto del cargo de técnico de servicios administrativos grado 15, cuando la verdad es que, renunció al cargo que realmente venía desempeñando, esto es, el de coordinadora nacional de capacitación; que el ISS le otorgó la pensión de jubilación mediante Resolución Nº 6290 del 7 de diciembre de 2007, con fundamento en el artículo 101 convencional; que en su liquidación no se le reconocieron los salarios que realmente debió devengar, ya que desempeñó cargos y funciones de nivel profesional o ejecutivo, y que interpuso recurso de reposición contra ese acto administrativo, pero éste se mantuvo.
Argumentó que lo mismo ocurrió con el auxilio de cesantía total y demás prestaciones sociales, que le fueron reconocidas por el ISS mediante Resolución Nº 6282 del 7 de diciembre de 2007, con fundamento en la convención colectiva y demás normas aplicables para el efecto, pero allí se desconoció los salarios que realmente debió devengar; y que también recurrió en apelación la citada resolución, pero fue confirmada
El Instituto de Seguros Sociales al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó la existencia de la relación laboral entre las partes y sus extremos temporales, el reconocimiento a través de resolución de la pensión de jubilación, la liquidación final de prestaciones sociales y los recursos que se presentaron contra los actos administrativos; aclaró que el último cargo que desempeñó la actora fue el de «técnico de servicios administrativos grado 15», de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que no le constaban.
En su defensa adujo, que todo servidor público para aspirar a una asignación superior debe sujetarse a las normas y procedimientos establecidos en la ley y/o reglamento interno de la institución a la cual se encuentra vinculado; que no puede la demandante pretender el reconocimiento de una asignación básica diferente a la del cargo que ocupa y que encuentra su fuente en la ley. Agregó, que la provisión de cargos dentro de la planta de personal de cualquier entidad de derecho público debe obedecer a las necesidades estrictas de personal.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe de la entidad demandada, cobro de lo no debido, prescripción, falta de causa y título para pedir, compensación, mala fe de la demandante y la genérica.
La primera instancia la desató el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá y mediante sentencia del 16 de julio de 2010 condenó al ISS a pagar a la actora las siguientes sumas: $ 73.598.077 por concepto de reajuste de salarios, $ 49.888.468 por saldo de cesantías y $ 3.548.299 por intereses a las cesantías, las que deberán ser debidamente indexadas. Así mismo, impuso condena por indemnización moratoria en un monto diario de $ 110.835, teniendo en cuenta el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, esto es, a partir del 30 de marzo de 2008 y hasta la fecha en que se cancelen las condenas fulminadas. Finalmente condenó al ISS a reconocer y pagar a la actora la pensión de jubilación a partir del 30 de noviembre de 2007 en cuantía mensual de $ 3.479.423, descontando los valores abonados o cancelados por este concepto, con los retroactivos de los reajustes y mesadas adicionales. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas al demandado (fls. 797-818 cdno. ppal.).
Apelaron ambas partes y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 28 de febrero de 2011, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvió de todas las pretensiones, no impuso costas en la alzada y las de primera instancia a cargo de la demandante.
El Tribunal limitó el problema jurídico a determinar si a la actora le correspondía el reconocimiento y pago salarial reclamado con base en el cargo y funciones de coordinadora nacional de capacitación grado 39, tal como se plateó desde los albores de la demanda inicial o, si por el contrario, no es procedente la reliquidación y reajuste salarial por cuanto el cargo que ocupaba la promotora del proceso fue el de «técnico de servicios grado 15», como lo afirma el ISS desde la contestación al libelo inicial, recalcando la demandada en la apelación que no se puede asignar un salario diferente al del cargo asignado.
Comenzando por el estudio del recurso de apelación de la accionada, argumentó el tribunal que fue la misma demandante quien manifestó en el escrito inaugural, que mediante Resolución Nº 3696 del 25 de agosto de 1993, fue nombrada como técnico de servicios administrativos grado 15, lo que se corrobora con lo confesado en el interrogatorio de parte cuando afirmó «[...] en el año 91 el 23 de agosto de 1991 fui nombrada como mecanógrafa provisional, posteriormente concurse y gané el cargo de técnico de servicios administrativos, nombrada por Resolución a partir del mes de agosto del año 93, lo gané por concurso a término indefinido por concurso [...]»; que en la misma diligencia la actora recalcó que «[...] la Dra. ANA GEORGINA que era la jefe del departamento nacional de desarrollo de personal me solicitó que le hiciera las funciones de la coordinación nacional de capacitación hasta tanto ella realizara las gestiones para que se me hiciera un nombramiento [...]».
Señaló además el juzgador de segundo grado, que dentro del plenario no obraba un acto administrativo de nombramiento oficial que acredite que la accionante fue designada en el cargo de coordinadora nacional de capacitación grado 39, y en cambio se aportó al expediente la Resolución Nº 3693 del 5 de agosto de 1993 en la que fue nombrada por medio de un concurso como técnico de servicios grado 15; que fue la misma demandante quien ratificó al absolver el interrogatorio de parte que no concursó para el cargo de coordinadora nacional de acuerdo con el reglamento interno establecido para los servidores públicos.
Aseveró que en el expediente se encontraban algunas resoluciones que encargaban a la accionante de las funciones de otras coordinaciones hasta por tres meses, lo cual también fue ratificado por la actora al absolver el interrogatorio de parte, quien aclaró que tales encargos eran por «...cada 3 meses»; que en el plenario también se estableció que las funciones de esas coordinaciones no se ejecutaron de forma continua e ininterrumpida, tan es así que se plasmaron en el escrito contentivo de la demanda los múltiples cargos ejercidos, entre otros, jefe de departamento de bienes y servicios, de recursos humanos, coordinadora centro de área y atención al usuario, centro de cómputo, responsable del departamento de bienes y servicios, lo que se aceptó por la accionada al dar respuesta a la demanda y además se corrobora con las respectivas resoluciones de nombramiento visibles a folios 129 y siguientes, lo que evidencia que no existió continuidad en aquellos encargos o funciones, sino que hubo interrupciones como probatoriamente quedó demostrado.
Consideró que no era legal ni reglamentario que la convocada a juicio al liquidarle las prestaciones sociales a la accionante, realizara las operaciones aritméticas teniendo en cuenta funciones de coordinadora, como lo pretende la parte actora, por cuanto como ya se indicó y está plenamente probado en el expediente, Esther Cecilia León Puche siempre ostentó el cargo de técnico de servicios grado 15, sin que concursara para que fuese nombrada mediante un acto administrativo como coordinadora grado 39.
El tribunal se refirió al principio de «a trabajo igual salario igual»; destacó que era de resaltar que la demandante incumplió con la carga de la prueba, pues para que sea jurídicamente viable una condena en orden a nivelar los salarios disfrutados por un trabajador en relación con otro, de acuerdo con el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, es preciso que se demuestre plenamente el desempeño del mismo puesto, en igual jornada de trabajo y con idéntica eficiencia; que la prueba de estos hechos corresponde a la trabajadora quien alega haberse encontrado en idénticas circunstancias o condiciones de los trabajadores que ostentaban el grado 39, «pues con ello pretendería modificar en su favor una situación jurídica vigente, cual es el salario pactado con el patrono y sabido es que la carga de la prueba, como ya se indicó, pesa sobre quien busca cambiar la situación jurídica en que se encuentra por otra que lo favorece».
Sobre este tópico concluyó que no existe punto alguno de comparación con el mismo cargo, actividades, y funciones desempeñadas; que la jurisprudencia ha sido clara en señalar que «cuando un trabajador considere que no se le ha dado un tratamiento igual, debe aportar el término de comparación que permita deducir el trato desigual; que también el preámbulo de la Constitución de la OIT se ha referido al tema señalando que la remuneración ha de establecerse, no solo teniendo en cuenta la igualdad sino el valor del trabajo, máxime cuando se trata de entidades del Estado.
Citó en extenso la Sentencia CSJ SL 17 oct. 2008, rad.30474, para concluir que la demandada liquidó a la accionante conforme a la ley y al puesto que tenía de técnico de servicios grado 15, por lo que se debe revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, absolver al demandado.
Agregó que por sustracción de materia no se estudiaba el recurso de apelación del demandante.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia dictada por el ad quem, para que, constituida en sede de instancia, confirme lo dispuesto por el a quo, decidiendo sobre costas lo que en derecho corresponda.
Con tal propósito formula tres cargos que fueron oportunamente replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente, toda vez que pretenden el mismo objetivo, denuncian similar elenco normativo y utilizan una argumentación como sustentación que se complementa.
Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que lo llevó a la infracción directa del artículos 5º de la Ley 6ª de 1945, todos ellos en relación con los artículos 3º, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Decreto 797 de 1949, 13 y 53 de la Constitución Política; 1º, 11, 12 literal f) y 17 literal a) de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º, 3º, 13, 18, 20, 38, 43, 47 y 48 del Decreto 2127 de 1945, 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 3º, 5º, 8º, 20, 28, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; 143 del Código Sustantivo del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil.
En la demostración indica que como el cargo está dirigido por la vía del puro derecho, no se discute la naturaleza jurídica del Instituto de Seguros Sociales, mucho menos la calidad de trabajador oficial que ostentó Esther Cecilia León Puche; que tampoco constituyen objeto de controversia, los extremos de la relación laboral, ni el hecho de que en un comienzo desempeñó el cargo de «mecanógrafa», posteriormente concursó y fue nombrada en el cargo de «técnico de servicios administrativos, grado 15»; que tampoco se discute que lo buscado con el presente proceso, es la nivelación salarial por cuanto a la fecha que se rompe el vínculo laboral, la demandante desempeñaba las funciones correspondientes a «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora Grado 39-8 Horas», sin que se le hubiese remunerado y cancelado los salarios y prestaciones correspondientes a éste último cargo.
Advierte que el juez colegiado no obstante tener claros los señalados supuestos fácticos, especialmente la calidad de trabajadora oficial que ostentó la demandante, le dio un desenlace desafortunado, porque lo hace amparado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra el principio denominado “A trabajo igual salario igual”, norma ésta que efectivamente precisa que para lograr la nivelación salarial, debe imperiosamente demostrarse plenamente el desempeño del mismo puesto, igual jornada de trabajo, la misma eficacia e idéntico rendimiento frente a los trabajadores que sirven de referencia para solicitar la mencionada nivelación.
Explica que el ad quem no podía aplicar en este asunto las previsiones establecidas en el citado precepto legal, en tanto esta norma sustantiva se aplica única y exclusivamente a los trabajadores del sector privado, no a los trabajadores oficiales, pues así lo prevé claramente el artículo 3º ibídem.
Estima que la aplicación indebida del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, condujo no sólo a la infracción directa del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, sino también a valerse del criterio vertido en las sentencias con radicados Nº 30.474 y 24.272, que no se avienen al caso de autos, por cuanto en este asunto, el fundamento para reclamar la nivelación salarial consiste en el desempeño de las funciones propias del cargo de «coordinadora grado 39-8 Horas», que tiene una remuneración diferente al de «técnico de servicios administrativos, grado 15», con lo cual bastaba a la actora demostrar que cumplía las funciones inherentes al cargo de «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora Grado 39-8 Horas», para con ello obtener la remuneración correspondiente a este cargo.
Puntualiza que la demostración de las condiciones de calidad y cantidad de trabajo, que el tribunal echa de menos en amparo tanto del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, como de las dos sentencias que se citan en precedencia, para con ello negar el derecho a la demandante, no eran necesarias en el asunto que se estudia, por cuanto como se dijo, no se está demandando la discriminación salarial entre personas que cumplieran una misma función, sino el pago de sueldos y prestaciones sociales correspondientes al cargo de «coordinadora grado 39-8 Horas» que fue el que verdaderamente desempeñó la actora en virtud a la primacía de la realidad, argumento que apoyó citando un aparte de la Sentencia CSJ SL 10 mayo 2011, rad. 38662.
De otro lado aduce que el preámbulo de la Constitución de la OIT, en manera alguna prohíbe que se le remunere a un trabajador con el salario correspondiente al cargo que realmente desempeña, por el contrario, lo que pregona dicho preámbulo, es que a los trabajadores se les cancele su salario teniendo en cuenta el empleo que real y efectivamente desempeñan, para con ello y basado en la «justicia social» se logre «la paz universal y permanente».
Denuncia la sentencia impugnada de ser violatoria por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, en relación con los artículos 3º, 143, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Decreto 797 de 1949, 13 y 53 de la Constitución Política; 1º, 11, 12 literal f) y 17 literal a) de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º, 3º, 13, 18, 20, 38, 43, 47 y 48 del Decreto 2127 de 1945, 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 3º, 5º, 8º, 20, 28, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; 143 del Código Sustantivo del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil.
Dice que el presente cargo se formula bajo el entendido que el Tribunal al transcribir y analizar en extenso la Sentencia CSJ SL 10 jun. 2005, rad. 24.272, desató el presente asunto a la luz del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, y que la razón por la cual hizo alusión al artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, fue simplemente para precisar que el principio «A trabajo igual salario igual», es el mismo que se consagra para los trabajadores oficiales en la primera de las normativas citadas.
Además de reiterar los hechos que no son objeto de discusión señalados en el cargo primero, recalca la recurrente que lo buscado con el presente proceso, es la nivelación salarial en tanto a la fecha en que la demandante termina su vínculo contractual, desempeñaba las funciones correspondientes a «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora grado 39-8 horas», sin que se le hubiese remunerado y cancelado los salarios y prestaciones correspondientes a ese cargo.
Explica que no se comparte, es el entendimiento que le da el juzgador de alzada al artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 y a la sentencia Nº 24.272, por cuanto en el presente asunto, no se requería demostrar que la nivelación salarial emerge del desconocimiento de las condiciones de igualdad salarial de que trata dicha normativa, que impone la comparación del servicio que prestara otro u otros trabajadores, en cuanto a la cantidad y calidad de trabajo, sino que la nivelación salarial reclamada en el sub examine, surge del desempeñó de las funciones de «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora grado 39-8 horas», que no le fueron remuneradas conforme a la tabla salarial fijada en el ISS para el mencionado cargo.
Refiere que la demostración de las condiciones de calidad y cantidad de trabajo, que el colegiado echa de menos en amparo del principio «a trabajo igual salario igual», no era necesario observarlas, toda vez que insiste, no se está demandando la discriminación salarial entre personas que cumplieran una misma función, sino el pago de sueldos y prestaciones sociales por haber desempeñado las funciones correspondientes al cargo de «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora grado 39-8 horas», que se reclama en virtud del principio de la primacía de la realidad.
Asevera que en este asunto, para lograr la nivelación salarial era suficiente demostrar dos aspectos fundamentales, que resultan pacíficos en el presente cargo: i) que la actora desempeñó las funciones correspondientes al cargo de «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora grado 39-8 horas»; y ii) que no se le remuneró conforme a la tabla salarial fijada para éste cargo; pero como el juzgador de alzada exigió la demostración de las condiciones de calidad y cantidad de trabajo, surge claro que incurrió en el yerro jurídico señalado en el ataque.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida el mismo conjunto normativo denunciado en el cargo anterior.
Singularizó como errores de hecho los siguientes:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la nivelación salarial solicitada por la señora ESTHER CECILIA LEON PUCHE, emerge del desconocimiento de las condiciones de igualdad salarial de que trata el principio denominado “a trabajo igual, salario igual”, principio éste que efectivamente impone la comparación y demostración de la cantidad y calidad del servicio que se presta frente a otro u otros trabajadores que sirven de referencia para solicitar la nivelación salarial.
2. No dar por demostrado, siendo ello tan evidente, que la nivelación salarial solicitada por la señora ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE, está fundada en el hecho de que ella desempeñó las funciones de “coordinación nacional de capacitación”, sin que a la terminación del vínculo laboral se le hubiese pagado los salarios y prestaciones sociales fijados para éste cargo en la tabla salarial y que corresponde al de “coordinadora grado 39-8 horas”.
3. No dar por demostrado, estándolo, que para noviembre de 2007, fecha en que finaliza el vínculo contractual, la señora ESTHER CECILIA LEON PUCHE, desempeñaba las funciones de “coordinación nacional de capacitación” y no las de “técnico de servicios administrativos grado. 15.8 horas”.
4. No dar por demostrado, estándolo, que para noviembre de 2007 y en toda la planta del ISS, a nivel nacional, sólo había un empleado que desempeñaba el cargo de “coordinación nacional de capacitación”.
Dice que los anteriores yerros fácticos se cometieron por no haber valorado el Tribunal correctamente las siguientes pruebas y piezas procesales: demanda inicial (fls. 620 a 642 cdno. ppal.) e interrogatorio de parte de la demandante (fls. 672-674); y por apreciar con error: la Resolución Nº 3263 del 24 de julio de 1995 (fls. 277-285 ibidem); la documental contentiva del acta de entrega, que de las funciones de coordinador nacional de capacitación hizo la demandante, cuando se retiró del ISS (fls. 414-420); la documental que contiene la postulación que de la actora, en calidad de coordinador nacional, le efectuó la jefe de departamento nacional de desarrollo de personal (fl. 404); actas de entrega llevadas a cabo por la demandante en los años 2005, 2006 y 2007, con el fin de salir a disfrutar de vacaciones (fls. 407-413, 405-406 y 402-403 ibidem); actas de entrega del cargo de coordinación nacional de capacitación, que a la demandante le hizo el señor Jorge Arturo Martínez Avieles (fls. 286 ibidem); documentales referidas a las reuniones tendientes a implementar los códigos de buen gobierno y ética, fijados por el presidente de la entidad (fls. 313-323); testimonios de Jorge Arturo Martínez Avieles, Luz Marina Gutiérrez Díaz y Yoleine Núñez Córdoba (fls. 687-690, 691-693, 694-695).
En el desarrollo del cargo afirma que la señora Esther Cecilia León Puche jamás demandó la nivelación salarial teniendo en cuenta el principio denominado “A trabajo igual salario igual” contemplado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, como equivocadamente lo entiende el fallador de segundo grado; pues lo que en verdad pretende, es que por haber desempeñado real y efectivamente el cargo de «coordinación nacional de capacitación» o «coordinadora grado 39», se le reconozcan y paguen los salarios, prestaciones sociales y pensión de jubilación, teniendo en cuenta la asignación salarial establecida para este cargo y no la contemplada para el de «técnico de servicios administrativos, grado 15», cargo para el cual fue nombrada en el ISS.
Expresa que en el caso de autos, no hay controversia que la demandante mediante Resolución Nº 3693 del 5 de agosto de 1993 fue nombrada como «técnico de servicios administrativos, grado 15» y no como «coordinación nacional de capacitación»; que la discusión radica en el hecho de que no obstante estar nombrada en el citado cargo, realmente desempeñó las funciones de «coordinación nacional de capacitación», y fue por este hecho real o evidente y no por la discriminación salarial que pudiese generar el desconocimiento del principio denominado «A trabajo igual salario igual», que se formularon las pretensiones de la demanda inaugural.
Dice que sin desconocer que en el hecho 2° de la demanda introductoria se hizo un recuento cronológico de su historia laboral, igual que lo hizo la demandante al rendir su interrogatorio de parte (fls. 672 a 674), ello en nada invalida la petición referida a la nivelación salarial y pensional teniendo en cuenta el último cargo que en realidad desempeño la actora, pues tal historial se hizo única y exclusivamente para demostrar que la actora estaba nombrada en un cargo, pero en la realidad desempeñaba las funciones de otro, y para lo que el recurso de casación interesa, al momento en que finalizó su relación laboral, ya que no obstante estar nombrada en el cargo de «técnico de servicios administrativos, grado 15.», desempeñaba las funciones inherentes al de «coordinación nacional de capacitación» y así se dijo expresamente al finalizar el citado hecho 2° de la demanda inicial.
Estima que partiendo con absoluta claridad que lo pedido en este asunto es la reliquidación prestacional, teniendo en cuenta el salario correspondiente al cargo de «coordinación nacional de capacitación», en tanto fueron las funciones que verdaderamente desempeñó la actora; que el tribunal no tenía por qué exigir la demostración de la calidad y cantidad de trabajo, pues para ello, era suficiente tan sólo establecer dos aspectos fundamentales: i) que la señora León Puche desempeñó las funciones correspondientes al cargo de «coordinación nacional de capacitación»; y ii) que no se le remuneró conforme a la tabla salarial fijada para éste cargo; pero como el tribunal exige la demostración de las condiciones de calidad y cantidad de trabajo, fácil es advertir que incurre en los dos primeros yerros fácticos enrostrados en el ataque.
Especifica que, de otra parte, para acreditar los dos restantes errores fácticos cometidos por el tribunal, referidos a que la accionante real y efectivamente desempeñó las funciones correspondientes al cargo de «coordinador nacional de capacitación», resulta suficiente realizar una simple confrontación de las siguientes pruebas, no valoradas, a saber:
Alude a que la Resolución Nº 3263 del 24 de julio de 1995, cuyo artículo primero autoriza el funcionamiento, entre otras coordinaciones, la de «coordinación nacional de capacitación», demuestra que en todo el país había un solo cargo de esta categoría y si ello era así, no habían otros funcionarios sobre los cuales podría compararse su eficiencia y rendimiento, razón por la cual lo único que debía y podía acreditarse, que consiste que la trabajadora a la fecha en que se retira del ISS desempeñaba dicho cargo y que no se le remuneró conforme a la tabla salarial fijada para el mismo.
Esgrime que igualmente, el acta de entrega que de las funciones de “coordinación nacional de capacitación” hizo la demandante cuando se retiró del ISS es «absolutamente clara en precisar» que las funciones que estaba entregando a la gerente nacional de recursos humanos, eran precisamente las del citado cargo; que además en tal documento se efectuó una descripción del estado de los procesos que se llevaban.
Advierte que si el sentenciador hubiera observado la documental de folio 404, se hubiera llenado de razones para concluir que la demandante, para la fecha en que finalizó sus labores, desempeñaba el cargo de “coordinación nacional de capacitación”, pues la misma es contundente en señalar que la jefe departamento nacional de desarrollo personal del ISS, previa autorización de la gerencia nacional de recursos humanos, postula a la demandante actualmente en el cargo de coordinación nacional de capacitación, para el diplomado «gerencia social para la protección social».
Aduce que si juez colegiado hubiese echado un vistazo a la totalidad del expediente, se hubiese tropezado con las actas de entrega que del cargo de «coordinadora nacional de capacitación» realizó la demandante en los años 2005, 2006 y 2007, para con ello poder salir a disfrutar de sus vacaciones (fls. 407 a 413, 405 a 406 y 402 a 403), lo cual da plena certeza que la promotora del litigio a pesar de estar nombrada en el cargo de «Técnica de Servicios Administrativos», siempre desempeñó funciones correspondientes al cargo de «coordinadora nacional de capacitación grado 39-8»; que la misma certeza ofrece el acta de entrega que le hizo a la accionante, el señor Jorge Arturo Martínez Avilés, quien desempeñaba el cargo de «coordinador nacional de capacitación grado 39-8» el 10 de diciembre de 2005.
Arguye que si el juez plural hubiese analizado las documentales que aparecen a folios 313 a 323 ibidem, que corresponden a las reuniones realizadas a fin de implementar los «códigos de buen gobierno y ética», se hubiese percatado que la accionante participaba e intervenía como responsable de la capacitación a nivel nacional, con lo cual fácil es advertir que ella siempre desempeñaba funciones correspondientes al cargo de «coordinadora nacional de capacitación».
Explica que el análisis de la documental que precede indica con suma claridad, que la demandante para la fecha en que se retiró del ISS, en realidad desempeñaba las funciones correspondientes al cargo de «coordinadora nacional de capacitación grado 39-8»; que además las testimoniales rendidas por Jorge Arturo Martínez Aviles; Luz Marina Gutiérrez Díaz y Yoleine Núñez Córdoba (fls. 687 al 690; 691 a 693 y 694 a 695), también ponen en evidencia que la actora real y definitivamente desempeñaba el cargo de «coordinadora nacional de capacitación grado 39-8», no obstante ello, su vínculo contractual se liquidó y se le reconoció su pensión, con el salario de «técnico de servicios administrativos, grado 15-8», y no con el salario correspondiente al cargo que efectivamente desempeñó; cuyo monto aparece plenamente demostrado con las documentales que descansan a folios 546 a 562, pues allí se indica cuál es la remuneración que debe percibir la «coordinación nacional de capacitación» o «coordinador grado 39 con dedicación de 8. Horas», la cual es muy superior al de «técnico de servicios administrativos, grado 15.8».
La censura de lo expresado coligió, que el Tribunal incurrió en los ostensibles yerros fácticos enunciados en el cargo, los que además ponen al descubierto también la mala fe con la que actúo la demandada, pues no obstante tener plena conciencia y certeza que la demandante realmente desempeñaba el cargo de «coordinación nacional de capacitación» o «Coordinador grado 39 con dedicación de 8. Horas», liquidó sus acreencias laborales con el salario de «técnico de servicios administrativos grado 15.8».
Finalmente, reiteró lo dicho en los cargos anteriores respecto a que, el preámbulo de la Constitución de la OIT, en momento alguno prohíbe que se le remunere a un trabajador con el salario correspondiente al cargo que realmente desempeña.
Se presentó en forma conjunta para los tres cargos; el opositor ISS dijo que en la Sentencia CSJ SL, 3 jun. 2009 rad. 35593, la cual citó en extenso, se trató un caso similar y que lo dicho por la Corte en varios apartes de esa providencia resulta aplicable al caso controvertido, porque basta leer la demanda inicial, para que se desprenda que el derecho a la nivelación salarial y el reajuste prestacional pretendido por la demandante, está fundado en que, no obstante haber concursado, aprobado ese concurso y ser designada en virtud del mismo como «técnica de servicio grado 15», desempeñó en encargo las funciones de «coordinadora nacional de capacitación grado 39» y que por existir una diferencia entre el primer y segundo empleo, tiene derecho a esa diferencia salarial, así como a todos los beneficios que por reliquidación de prestaciones sociales se derivan de la misma.
Arguye que así las cosas, aplicando las pautas de la Corte, para la prosperidad de las pretensiones, no solo se debía demostrar que se reunían los requisitos exigidos para el cargo de coordinador nacional de capacitación grado 39, uno de ellos era haber concursado para dicho cargo y aprobado el concurso, sino que brilla por su ausencia, además que se cumplieron las funciones que una persona de ese nivel y grado le correspondían de estar asignado por tal concurso.
Añadió que en el cargo orientado por la vía indirecta, con la prueba documental allegada, no se logra demostrar los yerros endilgados, pues no se acreditó que «la demandante desempeñaba todas las funciones que exigía el empleo de coordinadora nacional de capacitación grado 39», ni siquiera está aportado el manual que detalle dichas funciones y mucho menos que existiera algún trato desigual con algún trabajador, por lo anterior el Tribunal no se equivocó jurídica ni fácticamente.
Los ataques que presenta el censor apuntan a demostrar que el tribunal incurrió tanto en yerros fácticos como jurídicos, pues la aplicación indebida del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y la interpretación errónea del artículo 5° de la Ley 6ª de 1945, lo llevó a considerar que la nivelación salarial que se súplica en favor de la demandante, se deriva del desconocimiento de las condiciones de igualdad salarial de que trata el principio denominado «a trabajo igual, salario igual»; que además por falta de valoración de unas pruebas y piezas procesales y la inadecuada apreciación de otras, no advirtió que en este asunto no se requiere de ninguna comparación con otros trabajadores, ya que tal petición está fundada exclusivamente en que la actora a pesar de estar nombrada como «técnico de servicios administrativos grado 15», cargo al que accedió luego de superar exitosamente un concurso, realmente desempeñó las funciones de «coordinación nacional de capacitación grado 39-8 horas», y por ello, basta con demostrar que ésta desempeño las funciones propias de este último cargo, por lo que tiene derecho a los salarios correspondientes de este desempeño.
La Sala para desatar la acusación, abordará inicialmente el estudio de las pruebas denunciadas, de cuyo análisis objetivo se tiene lo siguiente:
Pruebas y piezas procesales erróneamente apreciadas:
1. Demanda inicial (fls. 620 a 642 cdno. ppal.); dicha pieza procesal efectivamente fue erróneamente valorada por el tribunal, pues del tenor literal de la misma puede advertir la Sala, que esta acción judicial se presentó con el fin de que se le pagara a la actora la totalidad de los salarios y prestaciones derivados de la diferencia entre los devengados como técnico administrativo grado 15 y aquella remuneración a la que realmente tenía derecho por haber ejercido varios cargos y funciones como coordinadora, desde el 13 de agosto de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2007 y, nada se dijo, sobre el principio de «trabajo igual salario igual», y menos sobre condiciones de eficiencia y eficacia, tema que erradamente ocupo la atención del tribunal y por ende, no podía exigir en este caso en particular con fundamento en el citado principio, la demostración de la calidad y cantidad de trabajo.
Debe puntualizarse sin embargo, que en el libelo inicial no se solicitó la nivelación salarial por haber desempeñado la demandante únicamente las «funciones» del cargo de «coordinadora nacional de capacitación grado 39» al que se alude exclusivamente en el recurso extraordinario, frente al cual no hay ninguna designación de la demandada, así sea en encargo, tal como se verá más adelante, sino que también se demandó la nivelación por haber cumplido funciones de coordinación diferentes a la capacitación, ello en varias oportunidades por lapsos de tres meses, algunas grado 39, entre otras, como: coordinadora centro y área de atención al usuario CAA Santa Lucía; coordinadora del centro de cómputo en la misma entidad; responsable del departamento de bienes y servicios; jefe de departamento de bienes y servicios; coordinadora de nóminas; jefe de departamento de recursos humanos; coordinación de cuentas por pagar y coordinación de planeación corporativa; respecto de las cuales, sí medió acto administrativo encargándola. En este sentido, dado la limitación que se hizo en el recurso de casación, la Sala se contraerá a verificar solamente lo referente al cargo de «coordinador nacional de capacitación grado 39», que es sobre el cual versa todo el sustento de la acusación.
2. Interrogatorio de parte de la demandante (fls. 672-674); lo expresado por la actora al absolver el interrogatorio de parte frente a los diferentes cargos que desempeñó en encargo, no obstante estar nombrada como técnica de servicios administrativos grado 15, no constituye confesión en los términos sugeridos por el recurrente, pues todas aquellas afirmaciones que la favorecen son simplemente manifestación de parte que para ser tenidas en cuenta requieren ser corroboradas por otro medio probatorio, ya que para que se considere que hay confesión es indispensable que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria conforme a lo preceptuado en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, hoy 191 del Código General del Proceso.
Sin embargo, el tribunal no se equivoca en cuanto a lo contestado por la actora al dar respuesta a las preguntas primera y tercera del interrogatorio de parte, en la que admitió que el cargo en el que fue nombrada por concurso es el de «técnico servicios administrativos», y que no concursó para desempeñarse como de «coordinador nacional de capacitaciones», de lo cual si se deriva una confesión judicial.
1. La Resolución Nº 3263 del 24 de julio de 1995 (fls. 277-285 cdno. ppal.); a través del citado acto administrativo se «organiza y autoriza el funcionamiento de unas coordinaciones en la gerencia nacional de recursos humanos del ISS y se le asignan unas funciones»; entre el listado de coordinaciones que crea la aludida resolución se encuentra la «coordinación nacional de capacitación», cuyas funciones consisten en:
a) Elaborar los proyectos de normas y difundir y hacer cumplir las disposiciones y los procedimientos sobre inducción, capacitación y formación personal.
b) Determinar, en coordinación con las reparticiones del nivel nacional y los demás niveles del ISS las necesidades y prioridades de capacitación.
c) Elaborar los programas de inducción y capacitación del personal teniendo en cuenta las políticas y objetivos del instituto.
d) Elaborar y mantener actualizado el inventario nacional de instituciones docentes para la capacitación del personal.
e) Promover, orientar, coordinar y controlar la elaboración y el desarrollo de los planes y programas de inducción y capacitación en los diferentes niveles del instituto.
f) Auspiciar y organizar eventos de inducción y capacitación para el personal de nivel nacional y de los demás niveles del ISS, cuando se requiera.
g) Asistir a las reparticiones del nivel nacional y de los demás niveles del ISS en la programación, ejecución y evaluación de las actividades de inducción y capacitación de personal.
h) Los demás que se le asigne acorde a la naturaleza del cargo.
Este acto administrativo, que no fue apreciado por el juzgador de alzada, deja en evidencia que en toda la organización del ISS a nivel nacional, como lo pone de presente la censura, no existía sino un cargo de «coordinación nacional de capacitación», lo que se constituía en una razón más que hacía imposible exigir a la demandante la demostración de las condiciones de eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones frente a otros trabajadores que desempeñaran el mismo cargo, y que echó de menos el tribunal. Aunado a lo anterior, la citada resolución deja claro las funciones que se deben cumplir en el cargo de «coordinación nacional de capacitación».
2. Acta de entrega de las funciones de coordinador nacional de capacitación que hizo la demandante, cuando se retiró del ISS (fls. 414-420); el citado documento se encabeza de la siguiente forma:
ACTA DE ENTREGA POR RETIRO LABORAL PARA ADQUISICIÓN DE JUBILACIÓN DE ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE.
En Bogotá a los 28 días del mes de noviembre de 2007 ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE, en consideración a que le fue aceptada la renuncia del cargo que venía desempeñando en el ISS, a partir del 30 de noviembre de 2007 hace entrega de las funciones que venía desempeñando en la coordinación nacional de capacitación a la doctora VERÓNICA TATIANA URRUTIA AGUIRRE, Gerente Nacional de recursos humanos, así mismo realiza una descripción de los procesos que se lleva en la misma [...].
En efecto, si bien el documento describe algunos procesos que están en marcha, entre otros, programas de inducción y reinducción, comisión de estudios, proceso para contratar capacitación, proceso capacitación ESAP y SENA, sin embrago no es lo suficientemente claro respecto de que la demandante estuviera desempeñando las funciones específicas de coordinadora o «coordinación nacional de capacitación», pues lo que textualmente dice es que «hace entrega de las funciones que venía desempeñando en la coordinación nacional de capacitación», de lo que podría colegirse que efectivamente trabajaba en el área de coordinación nacional de capacitación, pero no prueba que fuera la coordinadora.
3. Documental que contiene «la postulación que a la actora y en calidad de coordinadora nacional de capacitación», le hiciera la Jefe del departamento nacional de desarrollo de personal (fl. 404); esta carta de nominación señala:
Como jefe del DEPARTAMENTO NACIONAL DE DESARROLLO PERSONAL, del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, previa autorización de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos,
El que suscribe ANA GEORGINA BETANCOURT URRUTIA
Nomina a LUZ MARINA GUTIERREZ DÍAZ y a ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE, actualmente con los cargos de COORDINADORA NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL y Responsable de la COORDINACIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN, respectivamente para el diplomado denominado GERENCIA SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL de fecha 12 de junio hasta el 23 de julio de 2007, plazo ampliado de acuerdo a la información de la Universidad ICESI (Convenio Ministerio de la Protección Social – INDES) (Subrayas del texto).
El documento transcrito en puridad de verdad no prueba que la accionante desempeñó efectivamente las funciones del cargo de «coordinadora nacional de capacitación», pues cuando se refiere a los cargos que actualmente desempeñan las postuladas, indica simplemente que la demandante es «responsable de la coordinadora nacional de capacitación» y no la coordinadora, pero al referirse a la otra candidata señora Luz Marina Gutiérrez Díaz, sí indica claramente que ella era la coordinadora nacional de bienestar social.
4. Actas de entrega efectuadas por la demandante en los años 2005, 2006 y 2007, con el fin de salir a disfrutar de vacaciones (fls. 402-403, 407-413 y 405-406 ibídem). Las citas actas se encabeza en su orden así:
1. En Bogotá a los 14 días del mes de octubre de 2005 ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE [...], hace entrega a la jefe del departamento nacional de desarrollo de personal, doctora Ana Georgina Betancourt Urrutia, por disfrute de vacaciones a partir del día 18 de octubre de 2005, el estado de algunos procesos que le fueron asignados así: [...]
2. En Bogotá a los 23 días del mes de noviembre de 2006 ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE hace entrega del estado de los procesos que se encuentran en ejecución así: [...]
3. En Bogotá a los 28 días del mes de septiembre de 2007 ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE [...], considerando que inicia el periodo de disfrute de vacaciones a partir del primero de octubre de 2007, hace entrega del estado de los procesos que se encuentran en ejecución en la coordinación nacional de capacitación a ALIX LEONOR PEREZ BERMONT, contratista, profesional del ISS, previo visto bueno de la jefe del departamento nacional de desarrollo de personal así: [...].
La citadas actas de entrega si bien acreditan que la demandante para salir a disfrutar de vacaciones en los años 2005, 2006 y 2007, hizo entrega de los procesos a su cargo, en manera alguna demuestran que Esther Cecilia León Puche cumpliera las funciones del cargo «coordinación nacional de capacitación», ya que realmente las actas no dicen nada concreto al respecto, pues en la primera simplemente se indica que «hace entrega del estado de algunos procesos», en la segunda que «hace entrega del estado de los procesos que se encuentran en ejecución» y en la última alude a que «hace entrega del estado de los procesos que se encuentran en ejecución en la coordinación nacional de capacitación», sin aludir que sea la coordinadora.
En consecuencia, del texto de las citadas actas, no resulta dable inferir que la accionante desempeñaba las funciones del cargo de «coordinadora nacional de capacitación», respecto del cual se solicita la nivelación salarial y prestacional aquí demandada.
5. Acta de entrega del cargo de coordinación nacional de capacitación, que el señor Jorge Arturo Martínez Avieles hizo al demandante (fls. 286 ibídem); este documento señala en su encabezado lo siguiente:
En la ciudad de Bogotá el 10 de diciembre de 2005, siendo las 9:40 A.M. se reunieron en las instalaciones del departamento nacional de desarrollo de personal del ISS, Esther Cecilia León Puche y Jorge Arturo Martínez Avieles para realizar la entrega de las actividades a cargo de este último con motivo de su traslado a la coordinación nacional de activos fijos en el inventario así [...].
El citado elemento probatorio tampoco es prueba contundente de la entrega del cargo de «coordinación nacional de capacitación» en cabeza de la actora, en la medida que no se indica que quien entrega actúe en tal calidad, pues lo que en verdad se dice textualmente es que entrega «las actividades a cargo», pero no señala que tales actividades correspondan, como se dijo, al cargo de «coordinación nacional de capacitación».
6. Documentales referidas a las reuniones tendientes a implementar los códigos de buen gobierno y ética, fijados por el presidente de la entidad (fls. 313-323); las citadas reuniones se realizaron los días 5, 13 y 26 de marzo de 2007, se registra entre los asistente a “Esther Cecilia León Puche, responsable capacitación del departamento de desarrollo de personal», igual que las actas antes aludidas, esta documental no demuestra que la demandante cumpliera las funciones propias de «coordinación nacional de capacitación», toda vez que su asistencia a tales encuentros se hace a título de responsable de la capacitación del departamento de desarrollo de personal, pero no como coordinadora nacional de capacitación.
De lo que viene de decirse, es claro para la Sala, en primer término, que el tribunal se equivocó al no advertir que dada la condición de trabajadora oficial de la demandante no le era aplicable el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y que la nivelación salarial que se reclamaba en favor de ella, lo era en razón de haber desempeñado las funciones del cargo «coordinación nacional de capacitación», y no con fundamento en el principio denominado “a trabajo igual salario igual», por lo que no le era dable al juzgador exigir el punto de comparación que permitiera deducir un trato desigual. En Sentencia CSJ SL 2 nov. 2006, rad. 26437, la Corte adoctrinó que tanto a la luz del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo como al del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, la nivelación salarial puede darse por diferentes circunstancias y por tanto, no en todos los casos, como acá ocurre, se necesita probar condiciones de eficiencia, calidad y cantidad de trabajo. En esa oportunidad dijo la Sala:
Vista la sentencia es claro que el tribunal consideró que el caso de la abogada Villarraga Tovar no es uno que esté regulado por el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo declaró expresamente cuando después de decir que la demandante desempeñó las mismas funciones de los abogados de planta y fue objeto de un tratamiento desigual, discriminatorio, como quedó visto, anotó lo siguiente:
“...a juicio de la Sala no existe razón válida alguna para que existiendo como existe en la empleadora una tabla de salarios según la cual cada cargo tiene asignado una remuneración determinada, ella no se aplique a todos quienes ocupan dicho puesto, y concretamente a la demandante, pues situación muy distinta se presentaría en el caso de que los salarios estuvieran a término de comparación entre trabajadores de igual posición, con base en el artículo 143 Código Sustantivo del Trabajo cuando pregona que a trabajo igual en condición de eficiencia también igual, debe aplicarse salario igual, norma que por cierto no se aplica a los trabajadores del Estado...”.
Cabe entonces preguntarse, ¿ese planteamiento del tribunal es admisible jurídicamente? Es decir, ¿en el campo contractual laboral sólo es posible la nivelación de salarios cuando el trabajador particular demuestra las condiciones establecidas en el primer inciso del artículo 143 del Código del Trabajo o cuando, en el caso del trabajador oficial, se viola el enunciado principal del artículo 5° de la Ley 6ª de 1945?
La Sala considera que la nivelación salarial puede darse en circunstancias diferentes a las estrictamente señaladas en el artículo 143 citado. Ese artículo, en efecto, después de fijar los límites del principio a trabajo igual, salario igual prohíbe establecer diferencias en el salario por estos otros motivos: edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. No es una relación exhaustiva de motivos, pues lo que la norma prohíbe es la discriminación, la trasgresión afrentosa del principio de igualdad. El artículo 5° de la Ley 6ª de 1945 dice a su vez que la diferencia de salarios en ningún caso podrá fundarse en estos factores: nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales.
El principio es entonces que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Y se complementa con una prohibición que sanciona la diferencia de salarios por motivos de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales y que significa la prohibición del trato desigual, injusto, afrentoso.
El tema tiene incidencia en la carga de la prueba del trabajador que pretenda la nivelación salarial. Es claro que si la diferencia de salarios surge del desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia, al actor le incumbe la prueba de ese supuesto, mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado. Pero esa carga probatoria sobre las condiciones de eficiencia, por lo arriba explicado, no aplica a todos los casos. Porque si se alega como en este caso, la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba de las condiciones de eficiencia laboral (Subraya la Sala).
Ahora bien, los anteriores dislates del tribunal no tienen la entidad suficiente para hacer prosperar los cargos, toda vez que como también quedó visto y estudiado, las pruebas analizadas no demuestran plenamente que la demandante efectivamente desempeñó el cargo de «coordinación nacional de capacitación grado 39» sobre el cual se pretende la nivelación salarial, ni siquiera en encargo, como tampoco prueban que cumplió las funciones asignadas al mismo; lo cual está acorde con los pilares fundamentales que soportaron la sentencia de segundo grado, tales como que: «no obra dentro del plenario un acto administrativo o nombramiento oficial», que acredite la designación de la demandante como coordinadora nacional de capacitación grado 39 y que además «Esther Cecilia León Puche, siempre ostentó el cargo de técnico de servicios grado 15, sin que concursara para que fuese nombrada mediante un acto administrativo como —se repite— coordinadora grado 39».
En efecto, como ya quedó evidenciado, del análisis de las pruebas y piezas procesales que el censor acusa como no valoradas o erróneamente apreciadas, es dable concluir sin asomo de duda, que tales elementos demostrativos no logran evidenciar que la demandante desempeñó efectivamente el cargo y funciones de «coordinadora nacional de capacitación grado 39».
Ninguna de las documentales acusadas tienen que ver con el nombramiento de la trabajadora demandante como encargada en el rol de «coordinadora nacional de capacitación grado 39», como lo sería una resolución u oficio que la designara en tal calidad, ni que desempeñó las funciones propias del citado cargo.
Y es que a la conclusión anhelada por el censor, no se arriba ni aun analizando la prueba testimonial de llegarse a constituir la Sala en sede de instancia, pues los dichos de los testigos no aportan ningún elemento de juicio que de la absoluta certeza de que la demandante desempeñó las funciones del cargo «coordinación nacional de capacitación».
En efecto, Jorge Arturo Martínez Avilés manifiesta que conoce a la demandada desde el año 2003, cuando fue trasladada «a la coordinación nacional de capacitación la cual yo dirigí»; al ser preguntado si recordaba los cargos que «ejecutó» la accionante en la citada coordinación, respondió que allí se empezó a dar un proceso de jubilación de muchos de los integrantes de esta área «y la señora Esther Cecilia llegó con cargo de técnico al área e inicia un proceso de inducción y enseñanza de todos los procesos que se manejan por los anteriores funcionarios»; que cuando se dio el traslado del declarante a la coordinación de bienes y servicios, en el año 2005, «en las actuaciones del área de capacitación afortunadamente hice delegación de tareas de responsabilidad de la coordinación a la señora ESTEHER CECILIA, como fueron los procesos de inducción reinducción, capacitación con el SENA, manejo de aprendices con el SENA, liquidación de contratos, estructuración del plan de capacitación y procesos de construcción de capacitación»
De la citada exposición, concuerda perfectamente con las demás pruebas analizadas, en el sentido de demostrar que la demandante si bien pudo laborar en el área de coordinación nacional de capacitación, pero no lo hizo como coordinadora, que es el cargo con el que se pretende obtener la nivelación salarial; el citado testigo deja claro además, que cuando el jefe fue trasladado, él le delegó algunas funciones de responsabilidad de la coordinación, pero no fue la actora quien asumió la coordinación, por ello, como se recordará, el acta de entrega que se hizo entre estos funcionarios se indicó que se reunieron «para realizar la entrega de actividades a cargo de este último con motivo de su traslado a la coordinación nacional de activos fijos en el inventario así [...].
La declarante Luz Marina Gutiérrez Díaz dice que conoce a la demandante desde 2006, porque trabajó con ella hasta noviembre de 2007, al ser preguntada en qué área, contestó que en la gerencia nacional de recursos humanos, más específicamente en el departamento de nacional de desarrollo de personal, era la coordinadora de bienestar social y Esther «ejercía las funciones en la coordinación de capacitación»; al ser indagada por los cargos y funciones que desempeñó la actora, contestó: «cumplía funciones de coordinar todo lo relacionado con capacitación [...]».
Esta declaración tampoco informa con claridad que la accionante desempeñara las funciones del cargo coordinación nacional de capacitación, pues lo que realmente señala la deponente que afirma era la coordinadora de bienestar social, es que la actora desempeñaba sus funciones en esa área o coordinación y que coordinaba todo lo relacionado con capacitación, lo que concuerda con lo dicho por el anterior declarante respecto de las delegaciones de responsabilidad que se hizo, pero no es clara en su narración respecto de que la accionante fuera coordinadora.
Por último, Yoleine Núñez Córdoba afirmó que trabajó con la demandante por espacio de 14 años, en la gerencia nacional de recursos humanos y aquella manejaba toda la parte de capacitación; al ser preguntada sobre los cargos y funciones que la actora desempeñó, contestó: «ella era la que manejaba toda la parte de capacitación al nivel de administración de presupuesto, la parte logística de las capacitaciones, si necesitaban de cualquier área un posgrado tenía que ser a través de ella».
Tal versión tampoco es determinante para concluir que la demandante fuera la coordinadora nacional de capacitación del ISS, pues a diferencia de los anteriores testigos, dice que la demandante se encargaba la parte de capacitación a nivel de presupuesto, pero en todo caso no hay ninguna afirmación contundente respecto a que ella se hubiera desempeñado efectivamente como coordinadora nacional de capacitación.
En conclusión, como en este asunto se demandó la nivelación salarial con fundamento en que la actora a pesar de estar nombrada en el cargo de técnico de servicios grado 15, realmente cumplió en el área de coordinación las funciones del cargo «coordinadora nacional de capacitación», y que por ser el puesto de trabajo que verdaderamente desempeñaba al momento de presentar su renuncia, le asiste el derecho a que se le reliquiden los salarios y prestaciones teniendo en cuenta la escala salarial fijada para el mismo; el recurrente debió demostrar fehacientemente que Esther Cecilia León Puche en la realidad desempeñó las funciones fijadas para el citado cargo en la Resolución Nº 3263 del 24 de julio de 1995, en forma principal, continua y permanente, lo cual no logró el ataque como quedó visto, y en consecuencia, aunque el Tribunal se equivocó en cuanto a lo que pretendía la parte actora mediante esta acción judicial, no hay lugar a casar la sentencia de segundo grado.
Sin costas en el recurso de casación por cuanto la acusación es parcialmente fundada, pero finalmente los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de febrero de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ESTHER CECILIA LEÓN PUCHE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 101
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 3
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 143
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 143
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 195
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 143
 artículo 5
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