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Timestamp: 2019-11-17 15:43:39+00:00

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La medida de alejamiento en los delitos sobre violencia doméstica: Tratamiento procesal y jurisprudencia. Asociación de ayuda a familias separadas.
Publicado el 15/06/2003
El fenómeno de la violencia doméstica ha alcanzado en nuestros días una posición desafiante hacia la política social de los países, los cuales se han visto en la acuciante necesidad de dotar a sus respectivos ordenamientos jurídicos de los mecanismos necesarios para combatirlo.
En este sentido se manifiesta el Consejo General del Poder Judicial en el "Acuerdo del Pleno del Consejo General de Poder judicial de 21 de Marzo de 2001 sobre la problemática judicial derivada de la violencia doméstica", al disponer que: "la importancia que en este momento se concede a este fenómeno a nivel mundial ha permitido que en el seno de Organizaciones Internacionales y en los diferentes países, entre ellos España, hayan surgido multitud de iniciativas para combatir la violencia doméstica, debiendo destacarse entre estas las resoluciones adoptadas por la Unión Europea (en pro de la "tolerancia cero" en esta materia), en el de la Organización de Naciones Unidas y en varios países iberoamericanos como Chile, Argentina, Paraguay, Puerto Rico,…)".
En España estas iniciativas comenzaron a materializarse con la entrada en vigor del Nuevo Código Penal de 1995, que en su artículo 153 ha venido a ampliar el tipo delictivo a un mayor número de supuestos respecto de los que abarcaba su homólogo en el Código Penal de 1973 (el artículo 425 introducido por la L.O. 3/1989 de 21 de junio).
La evolución legislativa en esta materia pasó por la promulgación de la L.O. 14/1999 de 9 de junio, por la que se modificaba el reciente Código Penal de 1995 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un intento de prosperar en la política social iniciada, ofreciendo mayor protección a las víctimas de este tipo de delitos.
De la reforma operada por esta Ley Orgánica interesa en este momento el estudio de su influencia en la configuración de la medida de alejamiento, la cual admite un doble tratamiento jurídico, uno desde el punto de vista del derecho sustantivo, y otro desde el punto de vista del derecho procesal.
· Desde el punto de vista del derecho material, encontramos que la medida de alejamiento de la víctima se configura:
- Como pena, a la vista de los artículos 33.3 f) y 4 b) bis, 39 f), y 48 del CP, introducidos por la reforma de la LO 14/1999, que se ubican en el Libro I, Título III del Código Penal de 1995, bajo la rúbrica "De las Penas".
Sin embargo, esta pena adquiere el tratamiento de pena accesoria, y no de pena principal, pues tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la L.O. 14/1999 de 9 de junio, "en cuanto se refiere al Código Penal (…), la modificación supone entre otras innovaciones, la inclusión como pena accesoria de determinados delitos de la prohibición de aproximación a la víctima (…)".Así se pone de relieve en el artículo 57 del Código Penal, según el cual: "Los jueces o tribunales en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente presente, podrán acordar en sus sentencias, dentro del período de tiempo que los mismos señalen que, en ningún caso, excederá de cinco años, la imposición de una o varias de las siguientes prohibiciones (…)".
- Como medida de seguridad, según establece el artículo 105 en su letra g) también introducida por la L.O. 14/1999 de 9 de junio.
· Desde el punto de vista del derecho procesal, esta medida en sí misma considerada, sólo admite un único tratamiento, y es el de medida cautelar, a partir de los previsto en los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambos introducidos por la reforma operada por la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio.
Sin embargo, estamos ante una medida cautelar sui generis por cuanto su régimen jurídico tiene ciertas particularidades respecto del de las restantes medidas cautelares que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A la luz de esta afirmación hay que tener en cuenta, que la configuración de esta medida cautelar como pena y como medida de seguridad según el derecho sustantivo, también tiene sus consecuencias procesales, en tanto en cuanto dan lugar a la constitución del título para la ejecución penal.
II. EL ALEJAMIENTO COMO MEDIDA SUI GENERIS.
La innovación que supone esta medida cautelar en el panorama jurídico se puede apreciar a través de lo dispuesto por el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, al poner de relieve: "En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación de sus artículos 13 y 109, junto con la introducción de un nuevo artículo 544 bis, persiguen el objetivo de facilitar la inmediata protección de la víctima en los delitos de referencia, mediante la introducción de una nueva medida cautelar que permita el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, medida que podrá acordarse entre las primeras diligencias".
A partir de lo aquí expuesto parece obvio que nos encontramos ante una nueva medida cautelar, a la cual le va a ser aplicable el régimen jurídico general, pero lo cierto es que tanto de la letra de la ley, como de la aplicación práctica de esta medida, se deduce que su régimen jurídico viene adornado de ciertas particularidades que la distinguen de las demás medidas cautelares, tal y como se verá a continuación.

References: artículo 153
 artículo 425
 artículo 57
 artículo 105
sui generis
SUI GENERIS
 artículo 544