Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531242.html
Timestamp: 2019-03-20 07:14:40+00:00

Document:
as201531242
Auto Supremo Nº 242
Expediente: 586/2010-S
Demandante: Jaime Luis Burgos Rivera
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 265 a 269 y 279 a 289, interpuestos por Jaime Luis Burgos Rivera y por Abdón Ramiro Laora Blanco este último apoderado de Nicolás Oscar Aguilar Torrez Gerente General de la Caja Nacional de Salud respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 174/2010 de 31 de agosto, de fs. 260 a 261 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social sobre reincorporación, seguido por Jaime Luis Burgos Rivera contra la Caja Nacional de Salud (CNS); las respuestas de fs. 279 a 289 y 292 vta., el Auto de 4 de noviembre 2010 de fs. 293 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso, y:
Que, tramitado el proceso social de referencia, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 036/2010 de 9 de abril de fs. 177 a 182, declarando probada la demanda de fs. 61 a 63 e improbadas las excepciones perentorias de cosa juzgada, de pago y de prescripción, ordenando a la CNS proceda a la reincorporación del señor Jaime Luis Burgos Rivera al cargo que desempeñaba al momento de su despido, así como al pago de sus sueldos devengados y demás beneficios que el corresponden hasta el momento del cumplimiento de su mandato sindical.
Interpuesto el recurso de apelación por Abdón Ramiro Laora Blanco en representación legal de la CNS, de fs. 191 a 199 vta., la respuesta al recurso de fs. 202 a 205 vta., el Auto de 19 de mayo de 2010, que concedió en efecto suspensivo, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 174/2010 de 31 de agosto de fs. 260 a 261 vta., revocó totalmente la Sentencia Nº 036/2010, en consecuencia declarando improbada la demanda y probada la excepción de prescripción.
Dicha resolución motivó los recursos de casación de fs. 265 a 269 y 279 a 289, interpuestos por Jaime Luis Burgos Rivera y por Abdón Ramiro Laora Blanco, este último en representación legal de la CNS respectivamente, exponiendo los siguientes agravios:
II.1. Recurso de casación en el fondo interpuesto por Jaime Luis Burgos Rivera
El recurrente, en virtud al art. 253.1).3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), denuncia violación, interpretación indebida y aplicación indebida de la ley en relación al Decreto Supremo (DS) Nº 38 de 7 de febrero de 1944, argumentando que el Tribunal de apelación confunde un acto administrativo con un hecho imperativo de la ley por cuanto el fuero sindical no es sinónimo, ni determina la declaratoria en comisión.
Indica que, de acuerdo al art. 1 del DS Nº 38, los obreros o empleados elegidos para desempeñar los cargos directivos de un sindicato, no podrán ser destituidos sin previo proceso, tampoco podrán ser transferidos de un empleo a otro, ni de una sección a otra, lo que demuestra que no se determina la validez del fuero sindical al reconocimiento y declaratoria en comisión sino a su condición de ser elegidos.
Señala que, pese a la documental de fs. 131, consistente en la Resolución Nº 539/2005 de 16 de diciembre, que reconoce al Directorio del Sindicato de Trabajadores de la CNS-La Paz, la cual, si bien deja pendiente los cargos de Secretario General, Hacienda y Vocal hasta que se resuelvan los juicios pendientes en los juzgados laborales, se le desconoce su elección, el mandato y los derechos emergentes del fuero sindical.
Manifiesta que, el Tribunal ad quem afirma sin ningún respaldo normativo que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de reconocimiento del fuero sindical, desconociendo que la elección de los dirigentes sindicales está sujeta a la decisión y voluntad de los afiliados.
Denuncia que, el Tribunal ad quem, no efectuó una interpretación adecuada del art. 99 de la Ley General de Trabajo (LGT) y el art. 120 del Decreto Reglamentario de la Ley General de Trabajo DR-LGT, que expresamente determinan el derecho de los trabajadores de organizarse en sindicatos sin que se mencione para nada la autorización del Ministerio de Trabajo.
Refiere que, el Tribunal de apelación de manera violatoria asume, que la facultad de reconocimiento del Ministerio del Trabajo está sujeta a los arts. 98 y 100 del DS Nº 22407, cuando aquello no es evidente.
Indica que, en función a lo dispuesto por los arts. 99 de la LGT, 120 del DR- LGT, así como el art. 150 de la Constitución Política del Estado Abrogado (CPE abrg) y el art. 51 de la Constitución Política del Estado (CPE), la declaratoria en comisión del trabajador no confiere fuero sindical y menos quita representatividad al trabajador elegido.
Señala que, la invocación del art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT) para que el trabajador pueda probar su condición de estar inmerso en el fuero sindical, resulta una interpretación errónea y aberrante, tomando en cuenta que la indicada norma obliga al empleador a desvirtuar lo denunciado por el trabajador y deja la alternativa al trabajador a probar su denuncia.
Manifiesta que, la prescripción surte efectos en dos casos: a) por el transcurso del término legal preestablecido y b) por la inacción o silencio se entiende voluntario, condiciones que en el presente caso llevan a determinar que el demandante se encontró detenido por persecución precisamente de los demandados.
Indica que, el proceso administrativo interno llevado adelante por la CNS, se ha desarrollado hasta el año 2009, con el objeto de determinar su condición de dirigente sindical, así como el abandono a su fuente laboral, por lo tanto la prescripción comienza a correr desde su conclusión, es decir, desde la ejecutoria de la resolución emitida a consecuencia del recurso jerárquico.
Denuncia que, no obstante que su retiro fue el 3 de agosto de 2006, la CNS, le inicia un proceso para justificar el retiro de su persona que ya se encontraba retirada con la sanción del no cobro de sus beneficios sociales.
Señala que, el Auto de Vista, no consideró que no se le pagaron sus beneficios sociales referidos al desahucio e indemnización y que sólo se procedió al pago de los quinquenios consolidados, los cuales no son beneficios sociales como establece el DS Nº 0522.
Manifiesta que, literales cursantes de fs. 5 y 6 se demuestra, que el marcado de sus tarjetas de asistencia no es arbitrario sino autorizado por personal con competencia y facultad de la CNS, sujeto a lo determinado por el art. 47 de la LGT, que existe un reconocimiento a su condición de dirigente sindical y que puede cumplir con sus actividades sindicales, lo que demuestra una contradicción con las literales de fs. 128 y 146, que establecen que su persona no trabajaba en la CNS.
Refiere que, se incurre en error en la apreciación de las literales cursantes de fs. 44, 45 y 46, las cuales determinan a través del Ministerio de Trabajo el pago del aguinaldo y a consecuencia de ello se ordena su pago por duodécimas.
Indica que, el Auto de Vista establece como válido el abandono de su trabajo y sin embargo, toma en cuenta la literal cursante a fs. 38, que señala el promedio de los últimos tres meses antes de su despido.
Denuncia que, el Auto de Vista determinó su falta de representatividad sin tomar en cuenta el contenido del documento de fs. 222 a 230 consistente en una resolución por la que todos los delegados rechazan su despido.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, Case el Auto de Vista recurrido y confirme la sentencia Nº 036/2010 de fs. 177 a 182.
II.3. Recurso de casación interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco en representación legal de la CNS
Señala que, pese a que el Auto de Vista es favorable a la institución, en aplicación del art. 210 del CPT, interpone recurso de casación en razón de que el auto recurrido se limita a revocar la sentencia y declarar improbada la demanda, así como probada la excepción de prescripción, omitiendo pronunciamiento sobre despido justificado, el supuesto fuero sindical, el procedimiento administrativo interno y el cobro de beneficios sociales como excepción de pago, como consideraciones intrínsecas de la relación laboral, que impiden la reincorporación del demandante.
Concluye el recurso indicando, que en tiempo oportuno interpone recurso de apelación contra el Auto de Vista Nº 174/2010 SSA-II, de 31 de agosto, pidiendo se complete las causales por las cuales fue despedido Jaime Burgos Rivera.
II.1. En cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por Jaime Luis Burgos Rivera
Por cuestión de orden y estructura del presente Auto Supremo, al haber el Tribunal de apelación revocado la Sentencia y declarado probada la excepción de prescripción y consecuentemente improbada la demanda de reincorporación, corresponde analizar primeramente la denuncia referida a la excepción de prescripción, para luego, en caso de encontrarse injustificada esta determinación recién ingresar analizar al fondo de las demás denuncias, partiendo de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”. Por otro lado, por mandato del art. 410.II de la CPE La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, de ahí que, cuando existe contradicción en cuanto a la aplicación de una norma como es el caso de la prescripción de los derechos laborales señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; no obstante esta interpretación, resulta necesario aclarar que, sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la irretroactividad de la Ley.
Aclarando este aspecto, la prescripción liberatoria tiene como efecto la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley, es decir, que son dos los elementos que requiere la Ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo.
En base a estas conceptualizaciones precedentemente anotadas, en la especie, del análisis de antecedentes, se sabe que el primer referente que da inicio a la acción o reclamación por parte del trabajador a su reincorporación es el memorial de demanda que fue recepcionado en plataforma de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz el 16 de septiembre de 2009 conforme consta del formulario de fs. 64, además de la nota de cargo de la Sala Social Administrativa fs. 63 vta., a través del cual el recurrente pretende la reincorporación a su fuente laboral, por considerar su despido injustificado e ilegal, en base a las disposiciones de los arts. 48 y 49 de la CPE y 117 del CPT.
Compulsados los antecedentes, es evidente que el demandante interpuso la presente acción cuando el cómputo de los 2 años a los que hacen referencia los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, ya había sido superado abundantemente, puesto que a partir del 3 de agosto de 2006, fecha de desvinculación laboral, hasta el 16 de septiembre de 2009, fecha de la interposición de la demanda, transcurrieron 3 años, 1 mes y 13 días, sin que exista en antecedentes algún reclamo por escrito del trabajador hacia el empleador, para considerar la interrupción de la prescripción, lo que demuestra que la demanda fue presentada después de los 2 años establecidos en el art. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT en tal sentido la pretensión del recurrente, de afirmar que la prescripción de sus acciones y derecho ha comenzado a correr recién a partir del año 2009 en que se ejecutoria de la resolución emitida a consecuencia del recurso jerárquico planteado como emergencia del proceso administrativo interno llevado adelante por la Caja Nacional de Salud contra su persona, no resulta un justificativo válido, tomando en cuenta como lo reconoce el propio recurrente el proceso administrativo se llevó adelante cuando ya el trabajador se encontraba retirado, pero que además, dentro del indicado proceso administrativo de responsabilidad funcionaria llevado adelante en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), el recurrente era el sujeto pasivo, de ahí que, no existe ningún acto, o reclamación que denote la intención de ejercer su derecho a la reincorporación ante autoridad administrativa o judicial competente, que pueda interrumpir la prescripción de su acción o de sus derechos.
Otro entendimiento tornaría un escenario inestable en el panorama jurídico laboral en Bolivia, pues la certeza, seguridad y confianza que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se diluiría tornando confusas las fechas de cómputo de diversas figuras jurídicas y generando inseguridad en la aplicación de la norma, vulnerando con ello el principio de seguridad jurídica, que es pieza fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho.
Bajo estos parámetros se concluye no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 265 a 269, con referencia a la excepción de prescripción.
En cuanto a las demás denuncias inmersas en el recurso de casación, este Tribunal ve innecesario pronunciarse al respecto, tomando en cuenta, que al haberse justificado la declaratoria de probada la excepción de prescripción por parte del Tribunal de apelación, esta decisión ha recaído sobre el derecho material del actor, destruyendo su acción, es decir que, ya no se puede revisar el derecho del actor porque el tiempo de exigir ya prescribió con el paso del tiempo.
En consecuencia siendo que, el Auto de Vista recurrido se adecua a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
II.2. En cuanto al recurso de casación interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco en representación legal de la CNS
La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, estableció que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto Definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258.2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258.2) del CPC. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272.2) del CPC técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.
En la especie, el contenido del recurso de casación resulta impreciso, incompleto y contradictorio, no sólo, porque todo el contenido del recurso está abocado a efectuar una relación histórica sobre el despido justificado del trabajador demandante, el supuesto fuero sindical, el procedimiento administrativo interno y el cobro de beneficios sociales, con el propósito de que estos aspectos sean incluidos en el Auto de Vista, desconociendo que por la naturaleza de la excepción perentoria de prescripción que fue declarada probada por el Tribunal ad quem, se ha destruido la acción y el derecho material del demandante, lo que impide pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones contenidas en la demanda, sino también, porque la entidad recurrente, si bien anuncia la interposición del recurso de casación, no ha efectuado una distinción si lo hace en el fondo o en la forma, además de no hacer mención a ninguna de las causales contenidas en los arts. 253 y 254 del CPC, que hacen a la procedencia de los recursos de casación en el fondo y en la forma; el recurso tampoco observa la obligación procesal obligatoria establecida en el art. 258.2) del CPC, referido a los requisitos sobre identificación de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente por el Tribunal ad quem, olvidando que el recurso de casación en cualquiera de sus formas se equipara a una demanda nueva de puro derecho, cuya fundamentación legal debe ser totalmente clara y precisa, además de congruente con las pretensiones de quien la interpone. Por otro lado, la entidad recurrente en un claro desconocimiento de la adecuada técnica recursiva, confunde la naturaleza del recurso de casación con el de apelación, para demostrar aquello basta transcribir textualmente la parte final del recurso en el que señala: “(…) en tiempo oportuno interpongo recurso ordinario de apelación contra el Auto de Vista Nº 174/2010 SSA-II de 31 de agosto, pidiendo se complemente las causales por las que fue despedido Jaime Burgos Rivera”. Es decir, no concluye con un petitorio claro, concreto y preciso en relación a las formas de resolución que establece el art. 271 del CPC.
En consecuencia, al no haber cumplido la entidad recurrente con la carga legal prevista en el art. 258.2) del CPC, por desconocimiento de la adecuada técnica jurídica que debe de observarse en la formulación de este recurso extraordinario, y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió la misma, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que castiga conforme los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 265 a 269, interpuesto por Jaime Luis Burgos Rivera, e IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 279 a 289, interpuesto por Abdón Ramiro Laora Blanco, en representación legal de la Caja Nacional de Salud. Sin costas.

References: resolución 
 Resolución 
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