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Timestamp: 2019-11-19 10:51:03+00:00

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STC 49/1992, 2 de Abril de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 15356515
STC 49/1992, 2 de Abril de 1992
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.840/1988
1. Las SSTC 75/1988, 199/1991 y 34/1992 han declarado que la exigencia de motivación suficiente es, sobre todo, una garantía esencial del justiciable mediante la cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad [F.J. 5]. 2. Una resolución judicial que altere de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa y que ocasione un fallo o parte dispositiva no adecuado o ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes, incurre en la vulneración del derecho a la congruencia amparado por el art. 24.1 de la Constitución [F.J. 5].
Sentencia citada en: 425 sentencias, 7 artículos doctrinales
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, don Fnando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Luis López Guerra y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 1.840/88, promovido por doña Antonia G. C. representada por el Procurador de los Tribunales don Tomás Cuevas Villamañán y defendida por el Letrado don Francisco Marín Fuentes, contra la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo de 24 de marzo de 1988, que estimó el recurso de suplicación contra la Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Murcia, en autos sobre pensión de viudedad. Ha comparecido además del Ministerio Fiscal el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador don José Granados Weil, bajo la dirección del Letrado don Juan Manuel Saurí Manzano. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 17 de noviembre de 1988 tuvo entrada en este Tribunal demanda de amparo contra la resolución referida que solicitaba la nulidad de la resolución impugnada por violación de los arts. 14 y 24.1 de la Constitución. Por «otrosí» se pedía la suspensión de lo dispuesto en la resolución recurrida, dado que, de lo contrario, debido a su edad, se le causaría un perjuicio irreparable que haría perder al amparo su finalidad.
A) Doña Antonia G. C. nacida el 17 de julio de 1892, formuló reclamación de prestación de viudedad (SOVI) contra el Instituto Nacional de la Seguridad ante la Magistratura núm. 1 de Murcia, que dictó Sentencia el 28 de diciembre de 1987, por lo que estimó las pretensiones de la actora y condenó a la Entidad gestora al pago de la pensión de viudedad en la cuantía y forma reglamentaria, con efectos de 7 de septiembre de 1985.
B) Contra la anterior Sentencia, tras el previo anuncio, se formalizó por el INSS recurso de suplicación con fecha 5 de febrero de 1988, teniendo entrada en Magistratura el escrito interpuesto el 8 de febrero de 1988. En tal fecha se dicta providencia por la que se ordena notificar a la parte recurrida, para que en el plazo de cinco días proceda a su impugnación, si a su derecho conviniere.
C) Con fecha 20 de febrero de 1988 doña Antonia G. C. presentó escrito de impugnación, extendiéndose diligencia por el Secretario, acreditativa de su presentación en tal fecha. Mediante diligencia del mismo Secretario de la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Murcia de fecha 23 de febrero de 1988 se hace constar la remisión al Tribunal Central de Trabajo de la pieza separada, juntamente con los autos originales, compuestos de copia de Sentencia, escrito de formalización del recurso de suplicación, el de impugnación y diligencias.
D) En el escrito de impugnación contra dicho recurso la ahora recurrente en amparo alegó los siguientes motivos de oposición: Falta de representación legal de la persona que en nombre y representación del INSS interpone el recurso; incumplimiento de lo dispuesto en el art. 180 de la LPL (1980), y la imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia.
3. La demanda de amparo considera que la resolución impugnada vulnera los arts. 24.1 y 14 de la Constitución. El primero de los artículos mencionados, que garantiza el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, se estima transgredido por varios motivos: a) por no haberse declarado firme la Sentencia del Juez de instancia ante la falta de representación legal de la persona que interpuso el recurso, lo que debió hacerse ex officio al ir a corregir defectos que afectan a normas de orden público procesal, de cuyo cumplimiento deben velar los Tribunales; b) por no apreciar como hecho obstativo a la interposición del recurso la ausencia total de inicio del pago de la prestación; c) y, muy señaladamente, por resolver el recurso ignorando la existencia de una oposición al recurso de suplicación presentada en tiempo y forma, en la que se excepcionaba la inadmisibilidad del recurso de suplicación por la concurrencia de los anteriores motivos. La vulneración del art. 14 de la Constitución se fundamenta, por su parte, en la interpretación que de la legalidad se hace en la Sentencia impugnada, en cuanto a la imprescriptibilidad de unas pensiones de viudedad y la prescriptibilidad de otras, esto es, de las consolidadas pero no solicitadas con anterioridad a la Ley de 21 de junio de 1972, incurriendo así en una clara discriminación y vulneración de la igualdad de los españoles ante la Ley.
Por estos motivos, la recurrente en amparo termina suplicando se declare la nulidad de actuaciones desde la fecha de presentación en la Magistratura del escrito de oposición al recurso de suplicación, y, en consecuencia, la Sentencia impugnada del TCT, mandando dictar otra en la que se admita haber sido impugnado por esta parte en tiempo y forma el recurso presentado por el supuesto representante del INSS.
4. Por providencia de 19 de diciembre de 1988 la Sección Segunda acordó tener por interpuesto el recurso de amparo y previsto a decidir sobre la admisión del citado recurso, y de conformidad con lo previsto en el art. 88 de la LOTC, requerir al Tribunal Central de Trabajo y a la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Murcia para que en plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de suplicación núm. 1.371/88 y de los autos núm. 350/86.
6. Por Auto de 8 de mayo de 1989 la Sala Primera acordó la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo impugnada, porque los perjuicios que podrían derivarse de la eventual estimación del recurso serían de difícil, o incluso imposible, reparación si se consideraran las circunstancias subjetivas concurrentes, dada la avanzada edad de la demandante, y por cuanto la suspensión no supone sino la continuidad en la percepción de la prestación, sin que de tal medida derive perturbación grave de los intereses generales.
8. Por providencia de 18 de septiembre de 1989 la Sección Segunda acordó tener por personado al Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dar vista a todas las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y Procuradores señores C. V. y G. W., para que alegasen lo que a su derecho conviniera.
9. El Ministerio Fiscal presentó las alegaciones el 2 de octubre de 1989. En ellas, después de exponer sucintamente los hechos, manifiesta, en relación con la presente violación del principio de igualdad, denunciada por la recurrente, que aun a pesar de la dimensión constitucional que pudiera tener tal vulneración no es materia que tenga que resolverse en este recurso, toda vez que aquella no pudo ser tenida en cuenta por la jurisdicción ordinaria que hizo caso omiso a la misma, al entender no presentado el escrito de impugnación en que se planteó, por lo que la cuestión se presentaría per saltum en esta sede.
Lo que determina la congruencia, es el ajuste entre la parte dispositiva de la Sentencia y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, y la incongruencia, la alteración de modo decisivo de los términos en que se desarrolla la contienda (SSTC 109/1985 y 211/1988).
b) Que al tramitarse indebidamente el recurso de suplicación sea porque quien suscribía carecía de representación legal o porque se incumplió el requisito esencial del art. 180 de la L.P.L. para recurrir, y revocarse con manifiesto error la sentencia de instancia, ya que se omitió responder a las alegaciones de la parte recurrida, el órgano judicial vulneró el art. 24.1 de la Constitución.
11. El Procurador de los Tribunales don José Granados Weil, en representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, alegó el 10 de octubre de 1989 en favor de la desestimación del recurso. Esta representación entiende que el Letrado funcionario del INSS está suficientemente acreditado como se deduce del Acta del juicio en la que se pone de manifiesto que compareció "como demandado el INSS representado por don Angel Pérez Beltrán..." y que, en todo caso, se trata de un vicio que no alegó el recurrente en el acto del juicio. En cuanto al incumplimiento del último párrafo del art. 180 de la LPL, afirma que la Entidad gestora procedió al efectivo pago de la prestación aunque con posterioridad a la presentación de la certificación, por lo que resulta claro que el INSS respetó la finalidad perseguida por la norma.
Sobre el desconocimiento de las alegaciones de la parte recurrida por el Tribunal ad quem destaca que la recurrente no presentó la impugnación al recurso de suplicación ante la Magistratura de instancia, sino que lo hizo en el registro de entrada de la Magistratura, escrito que, por otro lado, iba dirigido al Tribunal Central de Trabajo sin hacer mención alguna a dicha Magistratura, por lo que contravino lo dispuesto en los arts. 156 y 157, respectivamente, de la Ley de Procedimiento Laboral. En base a lo cual considera que no existe vulneración alguna del art. 24.1 de la C.E. Finalmente, descarta la posible lesión del art. 14 C.E. que pudiera deducirse. Considera prescrito por la Sentencia impugnada su derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad (SOVI) solicitada, frente a otras viudas, para las cuales su pensión de viudedad es imprescriptible, razonando que en casos parecidos el Tribunal Constitucional ha negado que exista discriminación.
Desde la perspectiva del primero de los motivos expuestos estima la recurrente que se ha producido una triple lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, consistente en que: a) el recurso de suplicación fue admitido a pesar de la falta de representación de quien decía ostentarla en nombre del INSS; b) no se cumplió con un requisito esencial para el ejercicio del derecho a los recursos previstos en el art. 180 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cual es la Entidad gestora INSS debe aportar certificación del comienzo del abono de la prestación obtenida por la otra parte en la instancia, y c) el órgano judicial ignoró el escrito de impugnación al recurso de suplicación y, por tanto, no resolvió sobre tales alegaciones.
En el segundo de los motivos aducidos plantea la recurrente no ya una mera discrepancia de la parte respecto de los criterios de interpretación y aplicación utilizados por el Tribunal Central de Trabajo en la Sentencia impugnada -discrepancia que no podría tener acogida en esta sede, por cuanto no puede servir de fundamento al recurso de amparo-, sino una supuesta vulneración del principio de igualdad ante la Ley o en los preceptos que sirven de base al TCT para denegar el derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad (concretamente los arts. 5 y 6 del Decreto-Ley de 2 de septiembre de 1955), regulador de la prestación de viudedad del extinguido SOVI).
2. A la anterior prestación de amparo se opone el INSS, quien entiende que no existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues ninguna de las excepciones debe ser tomada en consideración al estar suficientemente acreditadas, tanto la representación del Letrado del INSS en el recurso de suplicación interpuesto como el pago efectivo de la prestación (bien que con cierto retraso). Asimismo, sostiene que la violación del art. 14 de la Constitución denunciada carece de fundamento, toda vez que en supuestos similares al presente el Tribunal Constitucional ha desestimado dicha pretensión.
3. La anterior alegación del Ministerio público ha de ser acogida, pues es claro que si el Tribunal Central de Trabajo no tomó en consideración el escrito de impugnación de la parte recurrida en la que se adujo la infracción del principio de igualdad, el conocimiento de la misma por este Tribunal ocasionaría la violación del principio constitucional de subsidiariedad (art. 53.2 C.E.), conforme al cual se ha de dar ocasión a los Tribunales ordinarios de restablecer el derecho fundamental vulnerado, por lo que tan sólo en el supuesto de que no obtuviere satisfacción dicha pretensión de amparo por el Poder Judicial es cuando este Tribunal estaría autorizado a entrar en su conocimiento; pero, como se ha dicho, la falta de consideración por el Tribunal Central de Trabajo de la alegación del recurrente de la supuesta violación del art. 24 de la C.E. ha impedido el cumplimiento del referido principio de subsidiariedad y ha ocasionado la interposición, tal como aduce el Ministerio Fiscal, de un recurso de amparo per saltum, razón por la cual esta queja no puede ser estimada.
4. Asimismo tampoco puede ser acogida la alegación de falta de representación del INSS, por cuanto ninguna indefensión constitucional ha podido ocasionar al recurrente, todo ello sin perjuicio de que pudiera configurar una excepción procesal, pero, como es evidente, el tratamiento de este presupuesto procesal encierra una cuestión de mera legalidad ordinaria, cuyo conocimiento le está vedado a este Tribunal.
5. Al respecto conviene recordar la doctrina de este Tribunal en torno al derecho a la tutela judicial efectiva, el cual comprende, no sólo el derecho de acceso a los Tribunales para interponer pretensiones u oponerse a ellas, sino también el derecho a obtener por parte del órgano judicial, en todas y cada una de las instancias, una resolución motivada, razonada y congruente con la pretensión deducida, así como con su respectiva resistencia u oposición. En este sentido las SSTC 75/1988, 199/1991 y han declarado que la exigencia de motivación suficiente es, sobre todo, una garantía esencial del justiciable mediante la cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. Por ello se considera que «una sentencia que en nada explique la solución que proporciona a las cuestiones planteadas, sin que pueda inferirse tampoco cuáles sean las razones próximas o remotas que justifican aquella, es una resolución judicial que no sólo viola la ley, sino que vulnera también el derecho a la tutela judicial consagrado en el art. 24.1 de la Constitución» (STC 116/1986).
Asimismo, es doctrina consolidada de este Tribunal que, en salvaguardia de la evitación de indefensión, no se ha de producir un desajuste entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes (SSTC 20/1982 y 15/1984). Una resolución judicial que altere de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa y que ocasione un fallo o parte dispositiva no adecuado o ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes, incurre en la vulneración del derecho a la congruencia amparado por el art. 24.1 de la Constitución (SSTC 29/1987 y 211/1988). Por ello, se ha reconocido, entre otras, en las SSTC 142/1987 y 244/1988, la dimensión constitucional de la incongruencia como denegación de la tutela judicial, cuando el órgano judicial omite la decisión sobre el objeto procesal, trazado entre la pretensión y su contestación o resistencia.
6. En el caso que nos ocupa, resulta acreditado que, una vez formalizado el recurso de suplicación por la Entidad gestora INSS, se dio traslado del escrito de impugnación a la parte recurrida, hoy demandante de amparo, otorgándole un plazo de cinco días para impugnar. La notificación a dicha parte de la providencia recaída, acordando tal traslado, fue practicada el 17 de febrero de 1985, según consta en las actuaciones. Por la ahora recurrente en amparo se presentó escrito de impugnación del recurso que tuvo entrada en la Magistratura de Trabajo el día 20 del mismo mes; por tanto, dentro del plazo concedido al efecto, tal como se acredita por el sello de entrada en Magistratura estampado en el mismo escrito de oposición. Asimismo, existe constancia, por diligencia extendida por el Secretario de la Magistratura, de la remisión al Tribunal Central de Trabajo, el día 23 de febrero de 1988, del referido escrito de impugnación juntamente con la Sentencia recaída en la instancia y del escrito de formalización del recurso, escrito que fue recibido por la Sala, ya que aparece unido al correspondiente rollo.
De otra parte, tampoco puede admitirse la alegación del INSS, según la cual la presentación del referido escrito fue irregular por haberlo formalizado ante el registro de entrada de la Magistratura con infracción de lo dispuesto en los arts. 156 y 157 de la L.P.L. (1980), que obligan a interponerlo ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la Sentencia, es decir, ante la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Murcia, dado que: a) en primer lugar, dicha irregularidad procesal no fue advertida, ni por la Magistratura, ni por el Tribunal Central de Trabajo en trámite de admisión del recurso de suplicación; b) en segundo, y de admitirse que se hubiera producido la infracción procesal, se trataría de un requisito subsanable a tenor de los propios preceptos mencionados de la L.P.L., y c) finalmente, y, como consecuencia de lo anterior, no habiéndosele otorgado la posibilidad de sanación, nunca hubiera podido dar lugar a una resolución de inadmisión por dicha causa, ya que hubiera sido desproporcionada y habría infringido el derecho de tutela judicial en su manifestación del derecho de acceso a los recursos establecidos.
1. Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo de 24 de marzo de 1988 dictada en recurso de suplicación núm. 1.371/88.
2. Retrotraer las actuaciones del citado recurso al momento anterior al de dictarse Sentencia para que por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dicte nueva Sentencia congruente con los escritos de interposición y de impugnación del recurso de suplicación.
STSJ Andalucía 2116/2009, 2 de Junio de 2009

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