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Timestamp: 2017-12-12 12:28:55+00:00

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En Bolivia, la Contraloría General del Estado es el órgano rector del sistema de control gubernamental establecido por la Constitución Política del Estado, (art. 213) como la "institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico". La Contraloría está bajo la supervisión de “la Contralora o Contralor General del Estado quien se designa por dos tercios de votos de los presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requiere de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público. El Contralor o Contralora ejerce por un periodo de seis años.” (art. 214 CPE).
La Nueva Constitución Política atribuye a la Contraloría General del Estado la responsabilidad de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La supervisión y el control se realizarán también sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.
La Contraloría está a cargo del Contralor General quien es nombrado por el Presidente de la República de una terna propuesta por el Senado, y ejerce funciones por diez años.
Además de la Contraloría General del Estado, órgano responsable del control fiscal, existen también otros órganos dedicados a ejercer el control sobre los distintos ámbitos de competencia de cada uno. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por “la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos,” de acuerdo con lo establecido en en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. El Ministerio Público se ocupa de “la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejerce la acción penal pública.” El Fiscal General del Estado, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, designará en cada Departamento del país, a los fiscales especializados, los cuales estarán dedicados de manera exclusiva a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados.
Actualmente se avanza en la creación de La Procuraduría General del Estado, la cual es una consecuencia de la nueva Constitución Política de 2009. Esta entidad tendrá como funciones “promover, defender y precautelar los intereses del Estado.” Deberá también atender las denuncias y los reclamos de ciudadanos y entidades que conforman el Control Social “en los casos en que se lesionan los intereses del Estado.” Igualmente, deberá instar a la Fiscalía General del Estado para que adelante las acciones judiciales frente a delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento.
La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa que forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Tiene a su cargo “recibir, solicitar, analizar y transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas. Esta última se refiere a bienes que procedan de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones criminales.
La nueva Constitución Política del Estado Boliviano le otorga una importante función de control a la ciudadanía. Es así como en sus Artículos 241 y 242, establece que “El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas y apoyará al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes”; la sociedad civil organizada “desarrollará” y “ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado” y los “servicios públicos”. Establece además, entre otros, la obligatoriedad, por parte del Estado, de suministrar, de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, la información solicitada por el control social; la potestad de los ciudadanos para “denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente”, para “colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan” y para “apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.
La Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”, Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010, se refiere al control social como instrumento de prevención y lucha contra la corrupción y le asigna como derechos y atribuciones “identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes; identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes; coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. (Art. 10).
De esta manera, a partir de lo establecido en la nueva Constitución y en la normativa que de ella se deriva, todas las entidades y funcionarios públicos tienen la obligación de responder ante la población por sus acciones y logros alcanzados, y por la administración de los recursos del Estado. Según el Decreto Supremo No. 29894 del 7 de Febrero de 2009, sobre la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Transparencia Institucional la función de “Supervisar el cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones públicas del país.” El mismo Decreto establece también la creación de Unidades de Transparencia en cada uno de los Ministerios, las cuales tienen entre sus funciones, “Desarrollar mecanismos para la implementación del control social” y velar porque las autoridades de la entidad “cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros”.
Otros sistemas de rendición de cuentas y responsabilidad política en Bolivia
En 1999, una misión del Banco Mundial acordó con el Ministerio de Hacienda y la Dirección Técnica del proyecto de Descentralización Financiera y Responsabilidad un plan de acción que considera el desarrollo e implantación de un nuevo Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que permita la generación de información financiera oportuna y confiable para el uso del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y las entidades del sector público. Dicho proyecto se realizó considerando lo establecido en la Ley 1178 “Ley De Administración y Control Gubernamentales”, la Ley 1654 “Ley de Descentralización Administrativa” y la Ley 1551 “Ley de Participación Popular”.
Más recientemente, el Estado ha desarrollado un programa de mejoramiento del sistema de rendición de cuentas y responsabilidad política. En ese sentido, con un préstamo del Banco Mundial, el Estado Boliviano ha implementado un proyecto de descentralización financiera y responsabilidad ejecutado por el monto de US$15 millones de dólares en 2003 (el Reporte 28380- 2003 del Banco Mundial contiene detalles específicos sobre este proyecto).
A través del proyecto se han desarrollado actividades de capacitación en control gubernamental como: el programa de auditoría forense que ha involucrado la participación de un grupo escogido de auditores y personal técnico de la Contraloría General de la República. Según el Reporte del Banco Mundial mencionado, se ha logrado capacitar a 75 servidores públicos de la Contraloría General de la república y a 22 funcionarios de otras entidades públicas. Asimismo, a partir del año 2002 se puso en vigencia la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a través de la instrumentación del Decreto Supremo 26257 que señala la forma y oportunidad de su presentación, bajo principios de universalidad, obligatoriedad, periodicidad y transparencia.
El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) fue aprobado por el Decreto Supremo 25875 del 18 de Agosto del 2000 para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector público, previstas en el artículo 3 de la Ley 1178. La aprobación del sistema se complementó con el Decreto Supremo 26455 del 19 de diciembre de 2001, en el que se estableció expresamente las responsabilidades del uso y administración de la información que se genera y transmite a través del SIGMA.
Según la información contenida en el portal del SIGMA este sistema incluye un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas informáticas, otros medios y/o recursos y organismos, que intervienen en la planificación, gestión y control de fondos públicos; integra los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y contrataciones y administración de personal, que operan en una plataforma informática actualizada y produce información en tiempo real. Ello le permite al sistema interrelacionarse con los sistemas de control interno y externo, interactuar con los sistemas de planificación e inversión pública, y contribuir al desarrollo del sistema de gestión por resultados.
Bajo esta nueva concepción de administración financiera, el SIGMA se constituye en un sistema de gestión para la rendición de cuentas que permite la gestión de recursos públicos en un marco de transparencia, promoviendo así la eficiencia y efectividad de la gestión pública. Siguiendo este marco de control superior, Bolivia ha implementado una serie de mecanismos e iniciativas para controlar la corrupción que presentamos en la sección correspondiente a “Políticas y Acciones gubernamentales para controlar la corrupción: Soluciones de Referencia.”
Bolivia adhirió a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en marzo de 1996 y ratificó su adhesión en enero de 1997. Desde el 2001, el Estado forma parte del Mecanismo de Seguimiento de la CICC, MESICIC.
En 1998, durante el gobierno del Presidente Banzer, se adoptó el “Plan Nacional de Integridad: estrategia boliviana de Desarrollo Institucional y Lucha contra la Corrupción.”
Posteriormente, entre el 2002 y el 2003, durante el gobierno del Presidente Jorge Quiroga, la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales (SLCC) pasó a ser el ente encargado de fortalecer las acciones que se habían iniciado con el Plan Nacional de Integridad en la gestión de gobierno anterior.
En el 2003, en el gobierno del presidente Carlos Mesa Gilbert, se creó la Delegación Presidencial Anticorrupción (DPA) como la autoridad responsable de continuar con las funciones de la SLCC dirigidas a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En el año 2004, se estableció el Plan Integral Anticorrupción (PIA) 2005-2009 con el apoyo financiero de Holanda, Suecia y Dinamarca. Este programa estaba dirigido a fortalecer la capacidad de las instituciones que tenían bajo su responsabilidad el diseño e implementación de programas destinados a lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta tres objetivos: prevención, capacitación y sanción. Cuatro instituciones gubernamentales formaron parte del PIA: la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, la Unidad de Investigaciones Financieras y la Delegación Presidencial Anticorrupción. Según el Informe Anual 2009, hay un total 3,561 casos PIA en trámite a nivel nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Bolivia (2006-2011) presentado a la Nación en Junio de 2006 contiene los puntos principales de acción así como los principios fundamentales de la política del gobierno de Evo Morales. Dichos principios se enfocan principalmente en el logro de una Bolivia digna, soberana, productiva y democráticapara “Vivir Bien”
La estrategia Bolivia Digna comprende la construcción de la interculturalidad y el comunitarismo, lo cual implica la toma de decisiones compartidas entre el Estado y la sociedad; así como la participación permanente y equilibrada en la comunidad. Bajo ésta estrategia se plantean cambios en el Sector Justicia y una política de “cero tolerancia a la corrupción e impunidad”.
Dentro de la estrategia Bolivia Democrática también se plantea cambios importantes para promover la participación ciudadana en el seguimiento y monitoreo de la gestión pública, y se hace alusión a la responsabilidad que tienen las diferentes instancias del Estado de facilitar información sobre su gestión a las organizaciones de la Sociedad Civil. Esta estrategia se centra en profundizar la democracia participativa para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en la perspectiva del Vivir Bien y en la construcción de un nuevo estado sustentado en la presencia y el poder efectivo de los pueblos originarios y de los movimientos sociales.
En la nueva Constitución Política del Estado, adoptada mediante el Referéndum Constitucional de enero de 2009, varios artículos hacen referencia al rumbo en el que deben encaminarse las políticas públicas de control de la corrupción; se señala, por ejemplo, el deber que tienen los ciudadanos de denunciar actos de corrupción, el carácter de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la retroactividad de la ley penal, la creación de la Procuraduría General del Estado, la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, el control social, la rendición pública de cuentas, etc.
Algunos de los artículos que hacen referencia a los fundamentos que rigen al Estado y a la prevención y control de la corrupción son: Art. 8,I y 8,II; 232; 235,III; 112; 21,VI; 93,III; 241 y 242;323; 108;28;115, I; 213; 229a 231 y 123.
Plan Estratégico (2010-2015)
Desde el 2006, Bolivia ha venido fortaleciendo las iniciativas de lucha contra la corrupción bajo el principio de “Cero tolerancia a la corrupción e impunidad”, el cual ha definido la visión de la gestión del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC). Especialmente, los principios del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fueron retomados en la “Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, la cual constituye el marco conceptual del Programa de Lucha contra la Corrupción que maneja el gobierno actual. Su objetivo principal es “prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación, y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y bolivianas una cultura de cero tolerancia a la corrupción”.
Creado en virtud del Decreto Supremo No. 29894, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción cuenta con dos viceministerios bajo su dependencia; el Viceministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia y el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción. Con el nuevo rol del Ministerio, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010-2015 se formuló con el propósito de cumplir el mandato social, político, y legal. Es un instrumento de gestión que permite la organización de la planificación nacional y sectorial con la institucional. Es decir que el PEI es una herramienta de gestión que permite una implementación ordenada de la estrategia de la entidad, facilitando la medición de los efectos que logra el MTILCC con relación a los impactos que se quieren lograr en la implementación de la Plan Nacional TLCC; la orientación del PEI se sustenta en la Visión institucional definida desde un inicio.
El reportaje del Plan Estratégico presenta el Marco Estratégico mediante el cual se identifican productos que genera la entidad a partir de un análisis de las facultades del MTILCC interrelacionadas con el mandato de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la misión y visión del Ministerio, diagnosis institucional, identificación de las áreas de éxito de la visión y las políticas institucionales. En misma línea, Momento de la Elección Estratégica constituye básicamente la formulación de los objetivos estratégicos, su relación traducida en el mapa estratégico y el Cuadro de Mando Integral Institucional. Por último, la cuarta y quinta parte del documento, describen de manera general el monitoreo y evaluación de la estrategia y la articulación PEI-POA.
Plan Operativo Anual (POA) (Gestión 2012)
El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del Ministerio Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se destaca en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Desde su creación en el 2009, el Ministerio ha avanzado en el mejoramiento de la capacidad técnica tanto como en el compromiso social de los servidores públicos. Con el mandato presidencial “Cero tolerancia a la corrupción e impunidad” y con el Plan Estratégico del país, POA dispone el marco de acción mediante el cual se producen resultados esperados a mediano plazo que se van ejecutando anualmente.
Los resultados esperados a mediano plazo se encuentran, esencialmente, los siguientes:
Construir en el MTILCC hasta el 2015 una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos fundamentos en las entidades públicas y la ciudadanía en general.
Consolidar hasta el 2015, la capacidad institucional del MTILCC en su central y regionales, a partir de la optimización de los procedimientos técnicos, administrativos y de coordinación y del desarrollo integral de sus servidores públicos.
Gestionar efectivamente con diferentes fuentes de financiamiento, los recursos financieros necesarios para la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2010 – 2015.
Promover hasta el 2015 en todas las entidades públicas, el fortalecimiento de sus sistemas y procedimientos de acceso a la información para que los ciudadanos (as) ejerzan efectivamente su derecho al mismo.
Fortalecer hasta el 2015 el proceso para la supervisión de la Rendición Pública de Cuentas con control social en las instituciones públicas del país.
Desarrollar y fortalecer los mecanismos y medios para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de luchar contra la corrupción y participar activamente en su prevención.
Generar y consolidar hasta el 2015, el funcionamiento de espacios de coordinación entre entidades públicas para ejecutar acciones conjuntas de prevención y lucha contra la corrupción.
Disminuir las prácticas corruptas a través de la generación e implementación de normas preventivas y sancionatorias, políticas e instrumentos orientados a la Lucha Contra la Corrupción, durante la gestión 2010 – 2015.
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)
La promulgación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, No. 3551 del 21 de febrero de 2006, consolidó la creación del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción como parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Posteriormente, tras la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, en enero de 2009, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción pasa a ser un Ministerio, con el mismo nombre, a través de Decreto Supremo No. 29894.
El trabajo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se enfoca en las siguientes áreas:
El MTILCC tiene dos viceministerios bajo su dependencia: el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética, y Transparencia.
Viceministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de la Ética y Transparencia
El Viceministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de la Ética y Transparencia es el ente responsable por el diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a promover la transparencia y prevenir la corrupción, haciendo énfasis en el control social, la ética pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Asimismo, coordina el desarrollo de sus funciones con las entidades del nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas. El cumplimiento de normas relacionadas con Transparencia de todas las instituciones públicas es monitoreado. Este viceministerio también realiza capacitaciones, y promoción de interacción entre las entidades públicas y sociedad civil.
El Viceministerio de Lucha contra la Corrupción se encarga de promover la aplicación de sanciones a los delitos de corrupción a través del seguimiento y monitoreo de los procesos legales para investigar y castigar actos de corrupción. Recibe denuncias orales y escritas por parte de cualquier ciudadano que desee reportar algún acto de corrupción cometido por un funcionario público y no se requiere la identificación del denunciante. A partir de la denuncia inicial se da un periodo de investigación preliminar en el que se verifica si la denuncia es procedente y si el caso amerita una sanción penal o disciplinaria.
El Decreto Supremo No. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo establece la creación de una Unidad de Transparencia en cada uno de los Ministerios, bajo la dirección directa del Ministro y en coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Estas Unidades de Unidad Transparencia están encargadas de promover la transparencia y el control social dentro de cada Ministerio. Las funciones de estas Unidades de Transparencia son:
Asegurar el acceso a la información pública del Ministerio
Promover la ética de los servidores públicos del Ministerio
Desarrollar mecanismos para la implementación del control social
Verificar que las autoridades cumplan con su obligación de rendición de cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales, etc.
Bajo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la Unidad tiene objetivo coadyuvar a los logros del Ministerio.
En virtud de la Ley No. 1178 (Administración y Control Gubernamentales), la Unidad está encargada de relevamiento y análisis del diagnóstico institucional. Los objetivos estratégicos de la Unidad incluyen:
Contribuir al mejoramiento de la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión del MTILCC;
Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través de evaluaciones periódicas;
Coadyuvar al mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración y control gerencial;
Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados;
Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad, informando si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad por la función pública.
Aprobada en marzo 18 de 2010, “tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.”
Además del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, la Ley establece otros órganos e instancia encargados de la lucha contra la corrupción las siguientes:
El Control Social, que será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva. Las atribuciones de este serán, identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes, identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes, coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción.
Los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al pluralismo jurídico. La designación de los juices departamentales estará a cargo del Consejo de la Magistratura
Los Fiscales especializados, que serán nombrados en cada departamento por el Fiscal General de la República y se ocuparán de la investigación y acusación de delitos de corrupción;
Los Investigadores especializados de Divisiones de Lucha contra la Corrupción en cada departamento, designados por el Comando General de la Policía Nacional, La ley establece también la creación del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, como entidad descentralizada dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda, responsable de realizar procedimientos de análisis de actividades financieras y patrimoniales de funcionarios, empresas y personas y encarga a la Contraloría General de la República la designación de funcionarios especializados para constituir la Unidad de Declaraciones Juradas, responsable de realizar las funciones aledañas a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Excluye la posibilidad de invocar el secreto o la confidencialidad en los casos en que las autoridades del sistema lo requieran y Crea el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado.
Otras medidas contempladas en la Ley se refieren al enriquecimiento ilícito, el cohecho activo trasnacional, la obstrucción de la justicia, atenuantes en delitos de corrupción, incautación y confiscación de bienes y activos, uso indebido de bienes y servicios públicos, legitimación de ganancias ilícitas, recuperación de bienes en el extranjero, entre otros.
Con esta ley: se endurecen las sanciones para castigar delitos de corrupción mediante el agravamiento de las penas de delitos de corrupción pública y se incorporan ocho delitos nuevos siguiendo el marco jurídico internacional (CICC y la Convención de las Naciones Unidas)
También se incorporan medidas y modificaciones carácter procesal y judicial para agilizar la investigación y sanción de los delitos de corrupción pública (la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; la incautación y confiscación de bienes de delitos de corrupción por requerimiento ilícito entre otros.
Imprescriptibilidad, de conformidad con el Articulo 112 de la Constitución Política del Estado, la ley establece que los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.
Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establecidas por el Decreto Supremo 29190 tienen como objetivo “establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos, en el marco de la Ley No. 1178”; y “establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios, desde su solicitud hasta la disposición final de los mismos”.
En las Normas Básicas se establecen los imperativos para la conducta ética del Servidor Público que interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado. Igualmente, se contempla un conjunto de definiciones en la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, que se constituyen en un compromiso sobre la conducta profesional que los funcionarios están obligados a cumplir en el desarrollo de sus actividades relacionadas con los procesos de contratación de bienes y servicios del Estado.
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)
Se desarrolló e implementó en Bolivia el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). El SIGMA fue aprobado por el Decreto Supremo 25875 del 18 de Agosto del 2000 para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector público, previstas en el artículo 3 de la Ley 1178. La aprobación del sistema se complementó con el Decreto Supremo 26455 del 19 de diciembre de 2001, en el que se estableció expresamente las responsabilidades del uso y administración de la información que se genera y transmite a través del SIGMA.
Bajo esta nueva concepción de administración financiera, el SIGMA se constituye en un sistema de gestión para la rendición de cuentas que permite la gestión de recursos públicos en un marco de transparencia, promoviendo así la eficiencia y efectividad de la gestión pública.
Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (SDJBR)
El SDJBR es un sistema dirigido por la Contraloría General del Estado, a través de la cual los funcionarios públicos pueden presentar sus declaraciones juradas vía electrónica. Todo servidor público tiene la obligación de prestar declaración de sus bienes y rentas y su incumplimiento puede ocasionar responsabilidades administrativas y penales.
El SDJBR permite a los funcionarios públicos presentar sus declaraciones vía Internet. Además, a través de la página Web SDJBR, los ciudadanos pueden consultar la última declaración o actualización de los siguientes tipos de funcionarios públicos: electos designados, de libre nombramiento, máximos ejecutivos, FFAA y Policía Nacional, entre otros (con excepción de los que cumplen funciones de salud, docencia, apoyo y servicio).
Además dentro del SDJBR la Contraloría tiene un Sistema de Seguimiento y Control, el cual permite el registro e impresión de los informes de verificación del Cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
También tiene un Sistema de Verificación el cual comprende la veracidad, razonabilidad e integridad de la información registrada en los instrumentos establecidos por la Contraloría General de la República.
El Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) es un sistema desarrollado por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a través de la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, el cual otorga a la sociedad, en general, la posibilidad de acceder a toda la normativa vigente del Sistema de Administración de Bienes y Registros.
El Sistema permite el registro y publicación de información relevante referente a los procesos de contratación de las entidades públicas, coadyuvando así a brindar mayor transparencia en dichos procesos. En la página Web también se puede encontrar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de todas las entidades que hayan reportado el mismo al SICOES.
El SICOES brinda información de las entidades del sector público, incluyendo procesos de contratación; solicitudes de propuestas; adjudicación y contrato de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría; recursos administrativos interpuestos; contrataciones por excepción, entre otros.
Gaceta Oficial de Convocatoria de Bolivia
La versión digital de la Gaceta Oficial de Convocatorias de Bolivia a cargo de la Dirección Nacional de Comunicación Social del Ministerio de la Presidencia, es una página Web para la publicación a través de Internet de toda la información consignada en las ediciones semanales de este vocero oficial (Gaceta Oficial de Convocatorias), que son impresas y distribuidas en todo el país. Esta herramienta permite el acceso a través de Internet a las publicaciones estatales referidas a la adquisición de bienes y servicios, contratación de personal y avisos de remates.
La página presenta un listado de publicaciones cuya fecha de presentación propuesta aun no expira. Mediante esta, el usuario podrá revisar todas las publicaciones organizadas por diferentes rubros incluyendo selección por contratación de bienes y servicios, requerimientos de personal, avisos de remate y comunicados.
Guía de Denuncias del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción tiene en su página Web una Guía de Denuncias en línea con información que se presenta de forma sencilla y esquematizada sobre los pasos a seguir para denunciar cualquier acto de corrupción o prohibición de acceso a la información por parte de cualquier institución pública.
Transparencia- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene en su página Web una sección de “Transparencia” dentro de la cual está disponible lo siguiente:
Formulario de Quejas electrónico Ver>>
Formulario de Denuncias Ver>>
Solicitud de información Ver>>
Funciones de Transparencia Ver>>
Los formularios de “Quejas” y ”Denuncias” disponibles en formato electrónico en la sección de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, están disponibles para que cualquier persona interesada pueda someter una denuncia o queja sobre actos de corrupción o malversación de fondos, negligencia, malos tratos, abuso de autoridad, discriminación, entre otros, cometidos por algún funcionario público. Estos formularios pueden ser sometidos vía Internet y no se requiere la identificación del denunciante para proteger su identidad.
A través de la planilla de Solicitud de Información cualquier persona interesada puede solicitar información sobre la gestión de este Ministerio o sus funcionarios y esta planilla puede ser enviada por vía electrónica.
La Unidad de Transparencia tiene como objetivo promover la transparencia en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tal y como esta establecido en el Decreto Supremo No. 29894.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Bolivia
Bolivia ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Bolivia en el 2005, los objetivos de la Convención son los siguientes:
1) Prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente y eficaz 2) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos 3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos
B. Programas de Cooperación con Bolivia financiados por Organismos Internacionales
Estrategia País: Programa “Vivir bien” Bolivia (OEA) (2010-2014)
El objetivo del Programa “Vivir bien” Bolivia (2010 - 2014) es la organización estratégica del aparato estatal en busca de la profesionalización de la función pública. Se busca implementar los procesos de autonomía territorial a nivel departamental y municipal, así como en las comunidades indígenas.
También la implementación de foros y mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y participación ciudadana para desarrollar un mejor control ciudadano.
La gestión de objetivos para la mejora de los procesos de producción y desarrollo económico basado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Además de la modernización tecnológica y de las capacidades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el fortalecimiento institucional del cuerpo de registro civil y electoral.
2. Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Bolivia
Proyecto de documento del Programa para Bolivia (PNUD) (2008-2012)
El objetivo del Programa de Bolivia-ONU 2008-2012, es contribuir a la reducción de los factores causantes de una permanente inestabilidad política y de los riesgos de crisis. Para ello el programa se ha formulado en torno a tres esferas fundamentales:
a) La consolidación de la gobernabilidad democrática.
b) La reducción de la pobreza y la reducción.
c) La gestión de riesgos y desastres naturales.
Los proyectos incorporaran las recomendaciones producto del seguimiento de la implementación de medidas adoptadas, en cumplimiento de las convenciones internacionales que han sido ratificadas por el Estado Boliviano.
Servicio de Atención a la Ciudadanía (PNUD)
Dentro del marco preventivo, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTLCC) ha acordado con el PNUD, en el mes de agosto de 2007, la realización del Proyecto de Servicio de Atención Ciudadana, el que tendrá una cobertura nacional y contribuirá de manera radical a la lucha contra la corrupción, facilitando los tiempos de los trámites más usuales de la ciudadanía, además de garantizar la correcta tramitación de los pagos.
A la fecha, se están culminando los trámites para dar inicio a esta actividad.
BO-L1047: Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (BID) (2009)
El proyecto BO-L1047 tiene como objetivo apoyar la implementación de los ejes que constituyen la política de transparencia del gobierno Boliviano. Con este proyecto se busca aumentar la calidad del control social a la gestión pública, especialmente en los procesos de licitación, a través de la participación ciudadana, facilitando el acceso a la información y la celebración de acuerdos de control social con organizaciones de la sociedad. El proyecto también busca implementar medidas para eliminar corrupción a través de la reducción de la impunidad en los casos de corrupción y reducir la tolerancia social hacia este tipo de prácticas por medio de estrategias que creen una cultura de ética e integridad.
BO-T1007: Apoyo a la Transparencia en la Gestión Pública (BID)
El proyecto BO-T1007 tiene como objetivo contribuir a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control de la gestión pública. Este proyecto fue ejecutado entre marzo del 2005 y febrero de 2011 por la Contraloría General de la República y la Delegación Presidencial Anticorrupción de Bolivia. Los componentes del proyecto se dirigieron al fortalecimiento de los sistemas de administración y control gubernamental, al apoyo a la implementación de la normativa de acceso a la información, al fortalecimiento institucional para impulsar la transparencia en la gestión pública del gobierno central y el fomento de la ética y participación ciudadana. Este proyecto también se proponía la creación de condiciones para la implantación de un Programa Nacional de Transparencia, y del plan de acción que resulta del Country Financial Accountability Assessment (CFAA) realizado conjuntamente por el BID y el Banco Mundial.
BO-L1006: Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública (BID) (2005)
Este proyecto constituye la segunda etapa del préstamo de apoyo a la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP), que reúne a todas las instituciones del sector público encargadas de formular, financiar y ejecutar las opciones de inversión plasmadas en los planes de desarrollo nacional. El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública en el ámbito de la administración nacional, departamental y municipal. El diseño de esta segunda operación toma en cuenta los resultados de la valuación final del préstamo 993/SF-BO. En principio, el proyecto contempla cinco componentes: (i) consolidación de la estructura orgánica-funcional especialmente para optimizar la articulación y coordinación al interior del SNIP; (ii) desarrollo de instrumentos del SNIP que conduzcan a la adopción de un modelo de gestión pública orientado a resultados; (iii) capacitación de recursos humanos; (iv) fortalecimiento de los sistemas de información; y (v) financiamiento de estudios de preinversión.
Estrategia del Banco con Bolivia (BID) (2008-2010)
La Estrategia de País del BID, provee financiamiento, apalancamiento de recursos, asesoría política, investigación y asistencia técnica para llevar a cabo proyectos de desarrollo en Bolivia. La estrategia anterior (2004-2007) se puede acceder aquí.
BO-L1005: Apoyo a la Eficiencia de la Gestión Pública (BID)
El Programa BO-L1005 se estructura alrededor de cuatro áreas de política: 1 - Integralidad y calidad de resultados del ciclo presupuestario: transformación del presupuesto en un instrumento de planificación y gestión focalizado en el logro de resultados y en la mejoría de la calidad del gasto público; 2 - Gestión administrativo-financiera en Prefecturas: implantación del SIGMA y divulgación de información de estados financieros que muestren el adecuado cumplimiento de sus ejercicios fiscales; 3 - Reducción de costos fiscales: medidas de gestión en el sistema de pensiones que incidan en la disminución de fraude, mora y costo financiero de compensación de cotizaciones, así como también medidas que mejoren el sistema de registro de personal; y 4 -Prevención, control y sanción de la corrupción: desarrollo de mecanismos institucionales para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
El Programa constituye una segunda etapa un préstamo de apoyo a la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) y Financiamiento de la preinversión. El diseño de esta segunda operación toma en cuenta los resultados de la valuación final del préstamo 993/SF-BO. En principio, el Programa contempla cinco componentes: (i) consolidación de la estructura orgánica-funcional; (ii) desarrollo de instrumentos del SNIP; (iii) capacitación de recursos humanos; (iv) fortalecimiento de los sistemas de información; y (v) financiamiento de estudios de preinversión.
Informe Estratégica Interina de Bolivia (BM) (2010-2011)
El gobierno de Bolivia y el Banco Mundial han acordado que el proyecto de dos años representa el instrumento más adecuado para un mayor apoyo, a largo plazo, para las prioridades de desarrollo de Bolivia en el Plan Nacional del Gobierno para el Desarrollo (PND).
Este enfoque es coherente con las recomendaciones de la Evaluación de Asistencia al País de 2005 (CAE) en términos de la utilización de estrategias de desarrollo más cortos en contextos de cambio.
Esta estrategia (acerca del anterior 2007-2009) esta diseñada para ofrecer apoyo en el sector central de la agenda del gobierno, a través de los sectores económico y de trabajo, la asistencia técnica y los préstamos de inversión. Lo anterior con el fin, de realzar el buen gobierno y la transparencia, crear incentivos laborales a través del crecimiento y proveer mejores servicios para los pobres.
Por más información, haga clic aquí.
P101298: Proyecto de Inversión Rural Participativa (BM) (2007-2013)
El proyecto participante de inversión rural para Bolivia promueve el desarrollo económico de municipios rurales y comunidades con inversiones sustanciales basadas en demanda local.
Reporte de Información sobre Bolivia (Country Data Report for Bolivia) (1996-2009) (Banco Mundial)
Cultura Política de la Democracia en Bolivia (Proyecto de Opinión Pública en América Latina) (LAPOP) (2010)
Ver>> (en ingles)
El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Bolivia, entre otros. La investigación sobre Bolivia se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación nos permite examinar temas como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y la participación en ellos, victimización por el delito, victimización por la corrupción y comportamiento electoral. El estudio contiene un análisis de las áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos.
Encuesta sobre Gobernabilidad y Anticorrupción, Banco Mundial
Por solicitud del Gobierno de Bolivia, dentro de la política del llamado "Diálogo Nacional", el Banco Mundial inició, en 1997, una estrategia para apoyar los esfuerzos gubernamentales por fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción. En el caso de Bolivia, una parte fundamental del diagnóstico fue la encuesta dirigida a funcionarios públicos, que se llevó a cabo en 1999. Dicha encuesta ofreció un análisis detallado de las características institucionales de las agencias del Estado, así como el desempeño de las mismas en cuanto a la provisión de servicios y el control de la corrupción.
Estudios similares, que se realizaron en distintos países alrededor del mundo, en lo que se refiere a los países que se han incluido en esta parte de la guía, se llevó a cabo también en Colombia, Perú, y Ecuador. Ver documentos relativos al estudio en el caso de Bolivia: Final Report
Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en la Administración Pública
La encuesta de opinión pública titulada, Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en las Entidades Públicas, 2004, realizada por la Organización de Capacitación para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (OCADEM), tiene el propósito de determinar cuáles instituciones públicas en Bolivia son las más corruptas a juicio del público en general; cómo se percibe el fenómeno de la corrupción y los esfuerzos para controlarla. El estudio se usa principalmente como una herramienta de profundización en el conocimiento en el tema y también como una forma de concientización sobre el problema. La encuesta fue realizada en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba.
Red Anticorrupción Bolivia: "Encuesta Nacional de Costos de la Corrupción para los Hogares de Bolivia", ENCC, USAID, empresa Encuestas y Estudios
La "Encuesta Nacional de Costos de la Corrupción" (ENCC) (2005) fue realizada por la Red Anticorrupción con el apoyo de USAID y el Proyecto de rendición de cuentas anticorrupción de las Américas.
El objetivo de esta encuesta es dimensionar en cifras, la "pequeña corrupción" que se da cuando un ciudadano hace pagos irregulares para obtener algún beneficio. Además, mide no solamente la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción, sino también el número, la frecuencia y costo por coima; y al mismo tiempo lo que pagan los ciudadanos bolivianos cuando realizan trámites en entidades que prestan servicios públicos.
Encuesta "Así Piensan los Bolivianos", Realizada por Encuestas & Estudios (E&E) y la Red Gallup Internacional
Encuestas & Estudios es una empresa de investigación y consultoría en Bolivia. Desde 1992, la empresa elabora una publicación mensual llamada “Así Piensan los Bolivianos”, la cual recoge valores, percepciones, actitudes y conocimientos sobre temas de índole social, político y empresarial.
Dentro de los temas institucionales, la encuesta recoge la percepción de los bolivianos sobre la eficacia del Gobierno en la lucha contra la corrupción; y muestra una comparación de datos, en el tema de corrupción, entre los nuevos resultados obtenidos y los existentes en años anteriores.
Las encuestas se efectúan 7 veces al año en el eje troncal (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto) y 2 veces al año a nivel nacional.
La encuesta ‘Así Piensan los Bolivianos’ fue aplicada a 1.340 personas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, en noviembre de 2007. Esta encuesta recoge la percepción de los bolivianos sobre la eficacia del Gobierno en la lucha contra la corrupción; y muestra una comparación de datos, en el tema de corrupción, entre los nuevos resultados obtenidos y los existentes en años anteriores.
Transparencia y Responsabilidad en Bolivia: ¿Incide en algo la voz? (1999)
La encuesta Transparencia y Responsabilidad en Bolivia, está dirigida al sector de la salud (pacientes, enfermeras, doctores, administradores). Esta encuesta busca analizar los factores que afectan la responsabilidad pública y la corrupción en el sector salud; y se utiliza como herramienta para la concienciación del problema de corrupción y la elaboración de recomendaciones de políticas dirigidas al Gobierno Boliviano.
De los 180 países incluidos en el estudio, Bolivia ocupa el lugar 118 y tiene una puntuación de 2,8. Nueva Zelandia quedó en primer lugar con 9,5 y Somalia y Corea del Norte tienen la percepción más baja con 1.
Respecto a Bolivia, se encuentra ubicado en el 13º lugar con una puntuación de 42 en relación a la percepción sobre la transparencia del estado.
Para leer el reporte de Bolivia, haga clic aquí.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Bolivia en términos de democracia, mercado y transparencia, se encuentra ubicado en el puesto 93 de los 169 países que integran el índice.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Bolivia del progreso en la reducción de la corrupción queda 11 puntos más alto que el promedio de 39. En primer lugar quedó Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. Además, Bolivia quedó con una puntuación de 8 ante la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses. El promedio fue 13 y en primer lugar quedó Brasil con una puntuación de 34 y El Salvador quedó en el último lugar con una puntuación de 5
El Índice se obtiene a partir de estudios realizados en los países anteriormente mencionados. Su finalidad es medir la transparencia en los procesos presupuestarios de la región y fortalecer la participación de los ciudadanos mediante la generación del conocimiento relevante para entender mejor el accionar de cada uno de los organismos responsables.
Informe de Fundación Ética y Democracia
La Fundación Ética y Democracia participó en la Primera Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-
POR BOLIVIA (Centro de Desarrollo de Éticas Aplicadas y Promoción del Capital Social)
POR BOLIVIA es una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad “generar la base de instrumentos y metodologías, a tiempo de apoyar en su implementación en busca de hacer que el desafío ético sea asumido por profesionales y ciudadanos en todos los ámbitos de las organizaciones y la sociedad boliviana, promoviendo la consolidación de un cambio efectivo en torno a una vida digna y responsable, que se refleje en una conducta genuina, próxima a la ética y alejada de la corrupción en todas sus formas”.
Esta Organización participó en el ejercicio de monitoreo ciudadano correspondiente a la Segunda Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) es una Institución que brinda apoyo, asistencia y asesoramiento, tanto al sector público como privado y a miembros de la sociedad civil, en temas de desarrollo humano, económico y sostenible, para los asuntos de democracia, transparencia y buena gestión gubernamental. Su misión es fortalecer la capacidad de gestión de los procesos de descentralización y participación popular.
Anticorrupción e Interpelación Popular (AIPO)
Anticorrupción e Interpelación Popular -AIPO- es una organización que tiene como finalidad “luchar por reducir los niveles de corrupción que distorsionan los mercados de trabajo, los servicios profesionales, la sana competencia entre empresas y sustrae la posibilidad del público en general de mejorar sus condiciones de vida y lograr una paz social”.
El programa Veedurías Ciudadanas forma parte de la Red Participación y Justicia y busca promover el control social en procesos de institucionalización, evaluación y designación de funcionarios públicos del Sistema de Administración Judicial. Su objetivo es contribuir a “la transparencia y legitimidad de los procesos de designación en el Congreso y fomentar el interés de la sociedad por conocer el perfil y las condiciones por las cuales los funcionarios del Poder Judicial y Corte Nacional Electoral asumen sus funciones”.
En el programa participan 21 organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Los procesos que se han monitoreado a través del programa veedurías ciudadanas son:
Institucionalización de la carrera fiscal (2005-2009)
Designación Congresal de Autoridades (2007-2009)
Institucionalización de la Carrera Judicial (2008-2009)
Evaluación de Desempeño a Fiscales en Ejercicio. (2008-2009).
Fundada en el año 2008, Transparencia Bolivia es una organización de la sociedad civil con reconocida trayectoria y experiencia de trabajo en la temática de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia. Asimismo se aprobó su Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, y se eligió el primer Consejo Directivo.
La organización maneja 8 áreas estratégicas sobre transparencia. Esta organización realiza programas o proyectos permanentes y temporales y hace la medición de la corrupción. También monitorea, organiza eventos nacionales e internacionales y hace documentos y publicaciones.
El Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC)
Es una organización non-gubernamental, sin fines de lucro que enfoca en el fortalecimiento de los pueblos indígenas y los movimientos sociales para la defensa, exigibilidad y vigilancia social de los derechos humanos y la justicia ambiental. Dentro sus líneas estratégicas, existe la línea de Transparencia y Cultura Democrática, la cual busca que el estado boliviano institucionalice políticas y prácticas de transparencia que incluyan componentes de acceso a la información, rendición pública de cuentas, participación y control social, en la gestión pública en los distintos niveles autonómicos. La organización Realiza estudios aplicados sobre transparencia en los ámbitos de la gestión pública; socializa y difunde los resultados de las investigaciones; comunica con los actores sociales y políticos acerca de las implicancias de los estudios realizados; y fortalece a las organizaciones de la sociedad civil proporcionando conocimientos, información y herramientas de análisis sobre transparencia para, de esta manera, desarrollar sus capacidades de participación e incidencia políticas en las entidades estatales.
Desde el año 2007, CEADESC viene realizando investigaciones de casos para la profundización de la democracia y la eficiencia de la gestión pública. A través de alianzas con periodistas, movimiento social e indígena, se ha logrado colocar esta problemática en la agenda normativa y operativa del Gobierno Departamental de Cochabamba, en el marco del proceso autonómico.
La Constitución Política de Bolivia dispone en su artículo 1º que, Bolivia es “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Igualmente contiene dentro de su normativa, nuevas disposiciones acerca del derecho a la Información y a la comunicación.
El Código Penal de Bolivia establece en el Libro II, Titulo II “Los Delitos contra la Función Pública”.
Ley No. 1178 (Administración y Control Gubernamentales, SAFCO)
La Ley No. 1178, como lo manifiesta su articulo 1º, regula los sistemas de administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión publica, con el objeto de: 1. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, programas, prestación de servicios y los proyectos del sector publico; 2. Disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros; 3. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación. 4. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar o comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.
Decreto Supremo No. 23318 (Responsabilidad por la Función Pública)
Se emite en cumplimiento de la Ley NO.1178 de Administración y Control Gubernamentales de 1990. Las disposiciones de este reglamento se aplican al dictamen y la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin prejuicio de las normas legales. Asigna importancia al acceso a la información y a través de su artículo 5, la parte sobre la transparencia, se garantiza que todo funcionario público debe proporcionar información a toda persona individual o colectiva que la solicite y demuestre un legítimo interés.
Decreto Supremo No. 26237 (Modificatorio del D.S. No. 23318-A)
El Decreto Supremo No. 23318-A, regula el capítulo V sobre “Responsabilidad por la Función Pública” de la Ley No. 1178, destinado a que todas las actuaciones realizadas por los servidores públicos deben ser ejecutadas bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia y eficacia, entre otras disposiciones. De la misma manera, el Decreto Supremo No. 26237, modificó los artículos números 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 67 del D.S. No. 23318-A.
Ley No.1551 (Ley de Participación Popular)
La ley 1551, en su Artículo 10, establece que se conforma un "comité de vigilancia" en cada municipio y se definen las atribuciones y funciones de esta instancia de control ciudadano. En el reglamento de la ley 1551, se describen los detalles de control y los informes. En el decreto supremo 23858, se establecen la organización y la designación del comité.
Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales, los Gobiernos Municipales y los órganos públicos
Ley No. 1818 (Ley del Defensor del Pueblo)
La ley No. 1818, contempla la figura del "Defensor del Pueblo" y lo define como "una Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencidea, divulgación y defensa de los derechos humanos. Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes." Asimismo, esta ley establece los procedimientos correspondientes a la elección, incompatibilidades y atribuciones del defensor y los procedimientos de investigación.
Ley No. 2027 (Estatuto del Funcionario Público)
La Ley No. 2027, establece como objeto de la misma, en su artículo 2º, regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad.
Todos los Funcionarios Públicos de las Entidades Estatales a nivel Nacional
Ley No. 2175 (Ley Orgánica del Ministerio Público)
La Ley No. 2175, tiene por objeto la regulación de la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público, cuya finalidad se enmarca en la promoción de la acción de justicia, defensa de la legalidad, de los intereses del Estado y de la sociedad conforme lo establece la ley y la Constitución.
Igualmente, esta Ley se rige bajo los principios de confidencialidad y de probidad, sujetando sus actuaciones y el uso de los recursos públicos, a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia.
Ley No. 2235 (Ley del Dialogo Nacional 2000)
Uno de los objetivos de la ley del Dialogo Nacional 200 es fundamentar el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social respecto a los programas y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza.
Específicamente, el artículo 27 aborda el tema de los comités de vigilancia, los cuales tienen el rol de vigilar y controlar la totalidad de los recursos administrados por los Gobiernos Municipales.
Esta Ley es reglamentada por el Decreto Supremo 26564 (Reglamento de los Mecanismos de Participación y control Social) en particular con los artículos 7, 8, 9, 10 y 11, los cuales se refieren a las siguientes temáticas: Pronunciamientos del Comité de Vigilancia, control social a proyectos financiados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), parte civil a nivel municipal y control social a auditorías internas.
Por lo tanto, sus antecedentes provienen de la Ley No.1551 - Ley de Participación Popular, donde según el artículo 10 se establecen los comités de vigilancia y constata las obligaciones/funciones. Siendo reglamentada por el Decreto Supremo No. 23813 Artículo 7 y el por el Decreto Supremo No. 23858 (Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base) Titulo III Art.14 y 20.
Todos los órganos públicos de la Administración Central y Departamental, instituciones públicas descentralizadas y Gobiernos Municipales
Decreto Supremo No. 27328 (Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Generales y Consultorías)
El Decreto Supremo No. 27328, como lo manifiesta su artículo 1º, tiene por objeto establecer las normas, condiciones y principios de igualdad, equidad, transparencia, economía, eficiencia, eficacia, responsabilidad, libre competencia, buena fe y confidencialidad, para la regulación de los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría.
Anexo a la Norma Básica de Bienes y Servicios Imperativos para la Conducta Ética del Servidor Público que interviene en la contratación de bienes y servicios generales y de consultaría del Estado
El Anexo a la Norma Básica de Bienes y Servicios Imperativos para la Conducta Ética del Servidor Público que interviene en la contratación de bienes y servicios generales y de consultaría del Estado, define los imperativos para la conducta ética de los servidores públicos responsables de la contratación de bienes y servicios del Estado, con el fin de promover y regular la conducta de lo servidores públicos bajo los principios de transparencia, integridad, justicia, verdad y respeto a las personas.
Esta Ley es aplicable a todos los Funcionarios Públicos de las Entidades Estatales a nivel Nacional.
Ley de Lucha contra la Corrupción (Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”)
Además del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, la Ley establece otros órganos e instancia encargados de la lucha contra la corrupción tales como:
El Control Social;
Los Tribunales y Juzgados Anticorrupción;
Los Fiscales especializados;
Los Investigadores especializados de Divisiones de Lucha contra la Corrupción en cada departamento.
De igual manera, la ley establece diferentes sistemas y unidades que estarán a cardo de la rendición de cuentas, declaraciones juradas, manejo transparente de los recursos públicos:
Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos;
Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial;
Unidad de Declaraciones Juradas;
Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado.
Con esta ley: se endurecen las sanciones para castigar delitos de corrupción mediante el agravamiento de las penas de delitos de corrupción pública y se incorporan ocho delitos nuevos siguiendo el marco jurídico internacional (CICC y la Convención de las Naciones Unidas).
Todos los funcionarios y ex funcionarios públicos de las entidades estatales a nivel nacional

References: artículo 3
 artículo 3
in fine
 artículo 1
 artículo 5
 Artículo 10
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 10
 Artículo 7
 artículo 1