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Timestamp: 2020-07-05 20:18:34+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 73, de 03/10/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 73
celebrada el martes, 3 de octubre de 2006,
Debate y votación de las siguientes propuestas de resolución:
-Informe de fiscalización de las principales operaciones de traspaso de activos inmobiliarios entre Sociedades Estatales del Grupo SEPI, producidas entre 1 de enero de 1998 y 31 de diciembre de 2001. (Número de expediente del Senado 771/000046 y número de expediente del Congreso 251/000046.) ... (Página 2)
-Informe de fiscalización de los procedimientos de control de ingresos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. aplicados en el ejercicio 2001. (Número de expediente del Senado 771/000049 y número de expediente del Congreso 251/000048.) ... (Página 2)
-Informe de fiscalización de los ingresos gestionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, ejercicio 2001. (Número de expediente del Senado 771/000048 y número de expediente del Congreso 251/000049.) ... (Página 3)
-Nota sobre el resultado de la fiscalización de las causas de no rendición de las Cuentas correspondientes a los ejercicios 1997-2001 por las Entidades Locales de ámbito territorial con población igual o superior a 5.000 habitantes. (Número de expediente del Senado 773/000003 y número de expediente del Congreso 251/000102.) ... (Página 5)
-Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de la información y otros servicios de contenido, ejercicios 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004. (Número de expediente del Senado 771/000102) (Número de expediente del Congreso 251/000105.) ... (Página 6)
-Informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.
A. (CERSA) ejercicio 2002. (Número de expediente del Senado 771/000067 y número de expediente del Congreso 251/000068.) ... (Página 10)
(Número de expediente del Senado 771/000073 y número de expediente del Congreso 251/000074.) ... (Página 14)
-Informe de fiscalización de la Entidad Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (SEACEX), ejercicio 2002. (Número de expediente del Senado 771/000075 y número de expediente del Congreso 251/000075.) ... (Página 18)
-Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, ejercicio 2002. (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso 251/000076.) ... (Página 22)
-Informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX, ejercicio 2002. (Número de expediente del Senado 771/000069 y número de expediente del Congreso 251/000072.) ... (Página 26)
DEBATE DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE TRASPASO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS ENTRE SOCIEDADES ESTATALES DEL GRUPO SEPI, PRODUCIDAS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1998 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.
(Número de expediente del Senado 771/000046 y número de expediente del Congreso 251/000046)
El señor PRESIDENTE: Empezamos con el primer punto del orden del día de la sesión, que es el debate y votación de las propuestas de resolución, y fijaremos en principio la hora de la votación a las diez cuarenta y cinco.
El señor PRESIDENTE: Al primer punto, que es el informe de fiscalización de las principales operaciones de traspaso de activos inmobiliarios entre sociedades estatales del Grupo SEPI, producidas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, no se han presentado propuestas de resolución y, por lo tanto, no procede el debate.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INGRESOS DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. APLICADOS EN EL EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Senado 771/000049 y número de expediente
del Congreso 251/000048)
El señor PRESIDENTE: Pasamos pues, al segundo punto del orden del día, que es el informe de fiscalización
de los procedimientos de control de ingresos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A. aplicados en el ejercicio 2001.
A este informe se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo de Coalición Canaria, pero no hay ningún representante de dicho grupo, por lo que tiene la palabra para defender las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Díaz.
La señora DÍAZ PACHECO: Muchas gracias, presidente.
En las conclusiones del informe que vimos en la pasada sesión se ponía de manifiesto que en 2001 el control sobre las máquinas franqueadoras era insuficiente, que no existía conexión informática y, por lo tanto, no se permitía la información sobre los movimientos de las existencias de productos que había a la venta en las oficinas, y se pedía que las pasaran telemáticamente para permitir a la Dirección de Finanzas una política de adquisiciones que se basara en datos reales. Tampoco se disponía de información del formato electrónico de las cargas diarias, ni existían procedimientos de actuación ante los retrasos injustificados en los pagos por parte de los clientes que a su vez permitiesen las reclamaciones pertinentes. En definitiva, eran evidentes las deficiencias de gestión y de control que se ponían de manifiesto en el informe.
Todo esto ha llevado al Grupo Socialista -conocedor del esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de Correos y Telégrafos- a plantear las siguientes propuestas.
Instamos a la mejora en el control de las existencias y del inventario de los activos de la sociedad, con la realización de un recuento del inventario patrimonial de bienes muebles de Correos en el que se comprueben los elementos existentes en cada una de las ubicaciones que actualmente utiliza la sociedad.
Del mismo modo, instamos a profundizar, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo, en el desarrollo del proyecto de renovación de las máquinas de franquear, todas ellas de carga telefónica o vía módem, para que vayan sustituyendo a las máquinas de franquear de carga convencional, lo que va a permitir tener on-line todos los datos de las cargas y consumos realizados.
Asimismo, instamos a continuar con su proceso de elaboración de la contabilidad analítica, y que lo agilice lo más posible, conforme a los principios de causalidad, objetividad, transparencia, consistencia y racionalidad, como vienen sosteniendo.
¿Algún grupo quiere fijar su posición?
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría destacar, en relación con este informe de fiscalización que se efectuó sobre los procedimientos de control de ingresos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, algunos aspectos que nos parecen importantes.
En primer lugar, nos gustaría destacar que no hay ningún incumplimiento que se derive del informe de ningún precepto legal ni reglamentario.
En segundo lugar, mi grupo quiere destacar que el informe hace un reconocimiento expreso de que el sistema informático permitía garantizar los ingresos, y el riesgo de que pudiera haber estampillas canceladas que fueran posteriormente empleadas no dio lugar a ningún incidente, y no se detectó ni una sola irregularidad.
Asimismo, nos interesa destacar que el informe no atiende a las alegaciones más importantes que hace Correos y Telégrafos y, además, no señala, a nuestro entender, los motivos de ese rechazo.
El informe evita también pronunciarse sobre la explicación de la innecesariedad de mantener la confección de una memoria recapitulativa que sólo servía para confeccionar la memoria anual y que no tiene nada que ver ni desvirtúa las auditorias de gestión que se hicieron.
En alguna ocasión parece que el Tribunal pierde la perspectiva del funcionamiento de Correos, porque si no, no se entiende que se critique que el seguimiento de las existencias se haga mensualmente. No parece que ni por la naturaleza del producto ni por los vaivenes del mercado se produzcan disfunciones en la política de adquisiciones por tener un control mensual de las existencias.
Por otra parte, nos parece que no tiene sentido la crítica a una posible manipulación de las máquinas de franquear, de la que no existe constancia ni sospecha alguna, y que con posterioridad dio lugar a la perfección del sistema antes de que se produjera el informe.
Asimismo, cabe señalar que los retrasos en el cobro de facturas mejoraron del año 2000 a 2003 en un 53 por ciento, y el Tribunal no ha podido establecer que se haya producido quebranto alguno en las cuentas de la entidad.
Por último, me gustaría añadir que votaremos favorablemente las propuestas presentadas por el Grupo Socialista, ya que nos parecen necesarias y ayudan a mejorar el funcionamiento de esta entidad.
Al no haber sido defendidas, las propuestas de Coalición Canaria decaen.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Senado 771/000048 y número de expediente del Congreso 251/000049)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de
los ingresos gestionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, ejercicio 2001.
El primer grupo que ha presentado propuestas de resolución ha sido el Grupo Parlamentario Popular, por lo tanto, tiene la palabra para defender sus propuestas, la señora Madrazo.
En relación con este informe de fiscalización, mi grupo ya expuso en su momento que en general se desprendía una buena gestión de los ingresos gestionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, si bien se detectaban algunas deficiencias que se señalaban en las recomendaciones del informe y, por tanto, anunciamos en su día que presentaríamos propuestas de resolución conforme a las recomendaciones efectuadas por el propio Tribunal.
Se detectaba algún fallo en los sistemas informáticos que no permitía un control exhaustivo de la gestión de los bienes que forman parte del patrimonio del Estado, ni de su inventario. En líneas generales, eso era lo que más destacaba, así como alguna pequeña irregularidad de criterios contables que no tenía demasiada incidencia ni relevancia. Por tanto, hemos efectuado cuatro recomendaciones.
En la primera de ellas la Comisión Mixta insta al Gobierno a impulsar las aplicaciones informáticas para el control y seguimiento de los expedientes de enajenación de inmuebles en la línea de la recomendación que se hace en el propio informe, porque entendemos que es importante tener una aplicación informática que gestione con eficiencia y permita dar una información a los gestores sobre la enajenación de inmuebles que pertenecen al patrimonio del Estado.
La segunda propuesta de resolución insta a continuar en la línea de mejora de la aplicación informática de gestión patrimonial, integrada a su vez con el control del inventario general de bienes del Estado.
Especialmente, ponemos de relieve que se impulse el convenio de colaboración que ya se firmó entre la Intervención General del Estado y la Dirección General del Patrimonio del Estado para el desarrollo y administración de un aplicativo informático de gestión patrimonial integrado en el control de inventario de bienes inmuebles, que se firmó el 13 de mayo de 2004. Por tanto, en esta propuesta de resolución pedimos que se ejecute y desarrolle ese convenio, ese protocolo de colaboración con la mayor celeridad posible.
En la tercera de las propuestas de resolución pedimos que se haga una revisión de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Estado, porque del informe se desprende que existen algunas rentas que deben ser objeto de actualización y revisión puesto que son inmuebles que procedían de la antigua Administración y no obedecen a criterios de rentabilidad económica. Por tanto, consideramos importante actualizar y revisar esos contratos de arrendamiento.
Asimismo, en la cuarta de las propuestas de resolución pedimos que se elaboren instrucciones sobre contabilización de ingresos y gastos que procedan de estos arrendamientos de inmuebles propiedad del Estado, especialmente cuando sean gestionados por empresas contratadas por él, puesto que parece que hay alguna irregularidad en cuanto a criterios de devengo y el momento o la forma en que se contabilizan los ingresos.
Simplemente con elaborar unas instrucciones al respecto creemos que sería suficiente. En ese sentido van nuestras propuestas de resolución.
Escucharé al portavoz del Grupo Socialista, porque muchas de las propuestas que ellos han presentado van en la misma línea que las nuestras y, por tanto, quizá sea posible transaccionar algunas de ellas para votarlas favorablemente.
Hay también propuestas de resolución presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, pero no veo ningún representante.
Pasamos, pues, a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderlas tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señor presidente.
Como ya se ha dicho, nuestras propuestas de resolución son muy similares a las presentadas por el Grupo Popular. Todas ellas van encaminadas a corregir los defectos que se han expuesto en el informe del Tribunal de Cuentas y que hacían referencia a que no había un seguimiento informático adecuado desde el principio hasta el final, tanto en la tramitación de los expedientes de enajenación y el ingreso del dinero referente a la enajenación, como en la necesaria conexión que debe existir siempre entre la contabilidad patrimonial y la contabilidad financiera.
Al margen de ello, también se señalaba en el informe del Tribunal de Cuentas -y hemos presentado propuestas de resolución en este sentido- un defecto que viene de antiguo en la Administración general del Estado y en todas las administraciones públicas, y es hacer un inventario de bienes y derechos que responda a la imagen real del patrimonio en un momento determinado.
Hemos presentado también cuatro propuestas que, aunque con alguna contradicción, casan con las presentadas por el Grupo Popular.
Nuestra primera propuesta de resolución, la número seis, dice algo similar a la primera del Grupo Popular. Trata de implantar un sistema de gestión informatizado integrado con el inventario general de bienes y derechos del Estado, el llamado CIMA, tanto a nivel central como periférico, es decir de delegaciones de Economía y Hacienda, con el fin de mejorar la tramitación de los resultados y el seguimiento de los expedientes de enajenación.
Nuestra segunda propuesta, la número siete, es sustancialmente coincidente con la número cuatro del Grupo Popular. Trata de mejorar los mecanismos de control de gestión de los arrendamientos que se realizan a través de las empresas estatales.
La tercera propuesta, sin embargo, tiene alguna contradicción con la tercera del Grupo Popular. Como refleja el informe del Tribunal de Cuentas, tal y como están en este momento los activos, fundamentalmente bienes y locales de negocio, a nosotros nos parece que más que intentar actualizarlos económicamente lo que hay que hacer es perseguir venderlos.
Realmente, no es una actividad propia del Estado dedicarse a tener arrendados bienes y locales de negocio, por lo que creemos -y en este sentido, como digo, tenemos una discrepancia con el Grupo Popular- que la solución pasa claramente por la venta de estos activos.
Y en cuanto a nuestra cuarta propuesta, la número nueve, es también muy similar a la número dos del Grupo Popular. Efectivamente, se trata de revisar el sistema informático que soporta el inventario de bienes y derechos del Estado con objeto de alcanzar algo que hasta ahora no se ha conseguido y que realmente puede ser difícil pero que es un objetivo al que hay que llegar, y es que cada vez que se produzca un movimiento en la contabilidad patrimonial tenga el correspondiente movimiento simultáneo en la contabilidad financiera. Es difícil hablar de que los balances presentan una imagen fiel del patrimonio del Estado si existe un desfase, como existe actualmente, entre el momento en que se reflejan las cosas en la contabilidad patrimonial y en la contabilidad financiera.
Yo propondría a la ponente del Grupo Popular que tomáramos como base las cuatro propuestas presentadas por el Grupo Socialista y, a partir de ahí, hiciéramos las transaccionales. Lo digo sencillamente porque en un punto discrepamos y en el resto más o menos decimos lo mismo. Y le diría, señora Madrazo, que los dos somos de Hacienda, pero mi especialidad está más relacionada con esto que la suya. (Risas.)
Esta Presidencia les agradecería que nos hicieran llegar las transacciones, si las hay, a efectos de agilizar las votaciones.
- NOTA SOBRE EL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CAUSAS DE NO RENDICIÓN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 1997-2001 POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL CON POBLACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5.000 HABITANTES. (Número de expediente del Senado 773/000003 y número de expediente del Congreso 251/000102.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la nota sobre el resultado de la fiscalización de las causas de no rendición de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1997-2001 por las entidades locales de ámbito territorial con población igual o superior a 5.000 habitantes.
En relación a este informe, sólo ha presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderlas, tiene la palabra el señor Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Intervendré con mucha brevedad.
En cuanto a la nota sobre el resultado de la fiscalización de las causas de no rendición de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1997-2001 por las corporaciones locales o ayuntamientos, son tres las causas que se alegan. En algunos casos la falta de recursos humanos, otras alegan falta de recursos materiales, y por último, otras alegan problemas en la composición política de los plenos, que impide que se puedan aprobar las cuentas en su momento para tramitarlas.
En nuestra opinión era necesario presentar una propuesta de resolución que tienda a que por parte del Gobierno se adopten soluciones ante estas situaciones, que creemos que son fácilmente evitables.
Por ello, en nuestra primera propuesta de resolución pedimos que se lleven a cabo actuaciones legales que tiendan a lograr la uniformidad en los plazos de la rendición de cuentas de las distintas administraciones.
En la segunda propuesta instamos a realizar reformas legislativas tendentes a que exista un apoyo técnico real y efectivo para aquellas corporaciones menores que realmente tienen dificultades para llevarlas a cabo.
Y por último, en la tercera propuesta se insta a realizar las reformas legislativas necesarias para que, con independencia de la composición política de las corporaciones locales, se pueda lograr que se rindan las cuentas una vez que estén elaboradas.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha entendido que no era procedente presentar propuestas de resolución a este informe del Tribunal de Cuentas, entre otras cosas porque no se trata estrictamente de un informe de fiscalización, sino que, como su nombre indica, es una nota elaborada por el propio Tribunal de Cuentas sobre las causas de no rendición de cuentas por parte de algunos ayuntamientos con una dimensión determinada. Lo que se hace es una sistematización de esas causas, que el propio portavoz del Grupo Popular ha recordado porque así lo refleja la
propia nota en su apartado final, y que básicamente se resumen en tres: falta de recursos humanos, falta de recursos materiales y problemas en la composición de los plenos.
Nosotros en la anterior sesión de la comisión ya calificamos esa nota del Tribunal de Cuentas como descriptiva de la situación, por lo que entendíamos que no hacía falta presentar propuestas de resolución. En las propuestas presentadas por el Grupo Popular se está instando al Gobierno en algunos casos a modificar la normativa sobre esos aspectos, y lo que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas es que los ayuntamientos incumplen la normativa; no es que no exista ni que se tenga que uniformizar u homogeneizar, sino que no la cumplen tal y como está aprobada.
Nosotros entendemos que esas propuestas de resolución no deberían ser aprobadas, entre otras cosas, porque creemos que afectan a algún principio competencial en relación con la autonomía local y la competencia que puedan tener los órganos de control externo de algunas comunidades autónomas. Es cierto que los recursos personales y materiales de que disponen los ayuntamientos para la rendición de cuentas siempre son mejorables, pero también me atrevo aquí a recordar que una de las funciones del propio Tribunal de Cuentas, así como de la mayoría de los órganos de control externo autonómicos de nuestro país, es la función consultiva, de apoyo y de asistencia técnica a esos órganos, que además recibe el apoyo de otros organismos, como pueden ser las propias diputaciones provinciales e incluso los gobiernos autonómicos.
Por lo tanto, le anticipo que mi grupo parlamentario no va a votar favorablemente estas propuestas de resolución por los motivos que ya le he expuesto. En primer lugar, porque entendemos que al que se está dirigiendo no es el órgano legitimado para aprobar esas recomendaciones; en segundo lugar, porque entendemos que ya existe una normativa en relación con los plazos de rendición de cuentas -lo que evidencia el Tribunal de Cuentas es que no se observa esa normativa-; y en tercer lugar, porque entendemos que podría haber algún conflicto competencial en relación con la autonomía local y con la función consultiva y de apoyo y asistencia técnica que tienen atribuida tanto el Tribunal de Cuentas como los órganos de control externo autonómico en aquellas autonomías en las que se dispone de un órgano de estas características que, afortunadamente, cada vez son más en nuestro país.
No dudo de la buena intención del Grupo Popular a la hora de presentar estas propuestas, pero entendemos que, en función de la naturaleza jurídica de la nota del Tribunal de Cuentas y por los motivos expuestos, no deberían ser aprobadas.
Nada mas y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE CONTENIDO, EJERCICIOS 2002, 2003 Y PRIMER CUATRIMESTRE DE 2004. (Número de expediente del Senado 771/000102 y número de expediente del Congreso 251/000105.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto número cuatro, pasamos al quinto punto del orden del día: informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de la información y otros servicios de contenido, ejercicios 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004.
Las primeras propuestas de resolución presentadas son las del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado dos propuestas de resolución al informe que tuvimos ocasión de debatir y fue presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas. La primera propuesta de resolución hace referencia a que el Gobierno ponga los medios para evitar las filtraciones en el desarrollo de los trabajos del Tribunal de Cuentas. Vivimos en una sociedad mediática y, a veces, antes de que concluyan los trabajos del Tribunal de Cuentas y se debatan en esta Cámara, ya se han utilizado políticamente -yo creo que de manera torticera-, porque se utilizan los medios de comunicación para que aspectos parciales, aspectos no dictaminados por completo, en su caso no aprobados por el propio Tribunal de Cuentas, sean ya portadas de periódicos.
Creo que este tema debería preocupar a todas sus señorías, porque entiendo que esto un día puede perjudicar a un grupo parlamentario y otro día puede perjudicar a otro.
¿Y cuándo se producen esas filtraciones? Cuando los informes van a alegaciones. Cuando los informes van a alegación, el propio Tribunal los distribuye para que los responsables políticos de los distintos ámbitos administrativos hagan las observaciones que tengan a bien, y posteriormente se deben analizar en el propio Tribunal y se deben aprobar o no.
El informe objeto de este debate ha ido saliendo en medios de comunicación repetidamente y, sin embargo, el texto final no tiene nada que ver con lo que los titulares de los medios de comunicación han expresado; y alguna reflexión deberíamos hacer al respecto.
Se ha dicho que la Fiscalía Anticorrupción estaba examinando este informe.
Dos veces ha sido archivado y, sin embargo, parece que haya sido objeto de investigación judicial. Repito que dos veces la Fiscalía Anticorrupción lo archivó: una de ellas fue a petición del Grupo de Izquierda Unida, que presentó una denuncia y fue archivada; y la otra fue por unos documentos que envió
el ex fiscal del Tribunal de Cuentas, y también fue archivada. Hoy no hay nada, pero se han filtrado a lo largo de estos meses cosas que han resultado no ciertas. ¿Podría pasar de una manera distinta? Hoy sabemos que ha sido admitida una denuncia contra el alcalde socialista de Getafe, también por gastos de publicidad, en la Audiencia Nacional -en este caso, según la denuncia, por gastos de autobombo-. ¿Podemos hacer algo para evitar las filtraciones? Mi grupo cree que sí y propone que el Gobierno tome las medidas necesarias para que eso se haga. Ese es el objeto de nuestra primera propuesta de resolución, que creo que debería ser entendida por todos los grupos.
La segunda propuesta de resolución es bastante coincidente con la que plantea el Grupo Socialista. Se trata de que el Tribunal de Cuentas introduzca en su plan anual la fiscalización de todas las campañas de publicidad de los distintos órganos administrativos. En esta campaña se ha hablado de procedimientos de urgencia y de procedimientos de contratación restringidos, y eso ha llenado páginas y titulares de periódicos. En los dos años cuyo responsable ha sido el señor Montilla, el Ministerio de Industria se ha gastado el triple de las campañas que aquí se analizan, y todos los concursos -ni uno es distinto- se han hecho por el procedimiento restringido y, además, invitando a menos empresas a participar. Y no digamos el Ministerio de Economía, que sólo en un año ha duplicado los gastos.
Por eso mi grupo no quiere que se haga un análisis parcial, sino un análisis exhaustivo, porque lo que se ha expresado en el informe que hoy debatimos se está realizando actualmente en otros órganos de gestión administrativa.
Nosotros estaríamos en condiciones de votar nuestra propuesta, o votar incluso la propuesta del PSOE, que con otra redacción es muy similar a la nuestra. Simplemente le añadiría dos cosas. En primer lugar, que el plan anual no se restringiera a aquellas comunidades autónomas donde no hay órganos de control, sino que lo hiciera donde tuviera competencia; pero que pudiera hacerlo también en otras; y en segundo lugar, que la Ley de 29 de diciembre de 2005 no se aplique cuando se analicen las campañas anteriores a la aprobación de esta ley. Me parecería un poco absurdo que se analizaran las campañas efectuadas en 2004 o en 2005 con una ley que entra en vigor el 1 de enero de 2006. Pero eliminando esas dos cosas -que me parecen razonables-, nosotros estaríamos, como digo, en condiciones de aprobar incluso la propuesta del Grupo Socialista.
A continuación, para defender las propuestas de resolución presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
En primer lugar, quería felicitar al señor Martínez- Pujalte por defender lo indefendible, porque eso tiene mucho mérito; y defender la pulcritud en la actuación del señor Zaplana, desde luego, es defender lo indefendible.
Por nuestra parte, las propuestas de resolución que presentamos son de cara al futuro, intentando que este sea distinto, y me da igual que sea en el ámbito del Ministerio de Trabajo bajo la dirección del señor Zaplana, o que sea bajo la de cualquier ministro del Grupo Socialista. Lo importante es que en lo sucesivo las campañas publicitarias generadas por los ministerios y las entidades del Estado se ajusten a lo que establece la Constitución en el artículo 31.2, se ajusten a los principios de objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, eficiencia y racionalidad económica.
Desde luego, es necesario requerir al Gobierno para que se adopten medidas informativas y preventivas orientadas a impedir la organización de campañas institucionales cuya única finalidad no sea la de satisfacer el interés informativo, sino más bien hacer campaña por el propio partido.
Hay que impedir que sean campañas institucionales irregulares, o que puedan dar lugar a delitos de desviación de poder, malversación de fondos o caudales públicos, que sean innecesarias por previsibles, porque se producen año a año, como la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, así como que se ejecuten durante las campañas electorales locales.
En este sentido, de manera frecuente nos encontramos, por ejemplo, con que en el ámbito local, en pleno proceso de precampaña o de campaña, con dinero público se editan libros o folletos que no son informativos de lo que está haciendo el ayuntamiento, sino que más bien son pura campaña electoral defendiendo a un partido político a costa de las arcas municipales, que deben utilizarse sólo para el interés general y no para el interés del partido. Por no hablar del señor Camps haciendo campaña en un acto institucional del Consell de la Generalitat Valenciana, cosa que desde luego a mi grupo parlamentario le llama mucho la atención. Se ve que lo que viene de Valencia del Partido Popular actúa en esa línea; nos tenemos que preguntar el porqué.
También queremos instar al Gobierno a que emprenda reformas legales que identifiquen como un nuevo delito electoral la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las juntas electorales en materia de publicidad institucional.
La propuesta de resolución número tres insta al Gobierno a que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de la publicidad institucional se especifiquen con el mayor detalle en los presupuestos de gastos anuales. Es decir, que determinen el carácter limitativo y vinculante.
Y para finalizar, instamos a fortalecer la objetividad y transparencia en la contratación y perfeccionar el funcionamiento de las comisiones ministeriales de información administrativa a la hora de diseñar estas estrategias a las que deben sujetarse las campañas de publicidad.
Es decir, miramos hacia el futuro; no queremos que vuelvan a ocurrir casos como el de estas campañas que se apartan del interés general y buscan el interés particular. Es detestable que los gobiernos pretendan hacer campañas en beneficio de su propio partido con el dinero público, o que tengamos que ver actos institucionales como el del Consell de la Generalitat Valenciana, en los que se pide directamente el voto para el Partido Popular. Eso es algo totalmente antidemocrático, no es lo que recoge nuestra Constitución y debemos establecer los mecanismos suficientes para que no se repita y el futuro sea distinto.
A continuación, para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres.
Nosotros proponemos que en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas se incluya en sus planes anuales de fiscalización la realización de informes sobre la campaña de publicidad de las administraciones públicas estatal y autonómica, así como de las principales entidades locales, poniendo énfasis en el control de la posible existencia de financiación implícita o encubierta de campañas de adecuación a los principios establecidos en la ley que recientemente hemos aprobado sobre publicidad y comunicación institucional.
Al mismo tiempo, instamos al Gobierno a poner en práctica los mecanismos que permitan evitar los excesivos gastos en materia de publicidad institucional y a evaluar la conveniencia de explorar nuevos soportes de las campañas institucionales.
Entendemos que esta es una propuesta lógica y coherente con todo lo que ha ocurrido. Yo quisiera recordar, sin entrar en el fondo del asunto que ya se debatió en la correspondiente comisión, que el informe de fiscalización estaba trufado de irregularidades que llevaron al fiscal a ver indicios de delito, y quiero recordar también que la sección de enjuiciamiento contable tiene abierto un procedimiento por la posibilidad de que exista responsabilidad contable.
Por lo tanto, las actuaciones que se llevaron a cabo en aquel momento, 2002, 2003 y 2004, en la Seguridad Social han originado no solamente la reprobación en el sentido de irregularidades de contratación, falta de transparencia, costes absolutamente exagerados, falta de eficiencia en el uso de recursos públicos y múltiples advertencias de que no se ha actuado con la diligencia debida, sino que incluso llevaron al fiscal a pensar en un primer momento que podrían haberse cometido delitos. Estamos, pues, ante unas prácticas que deben ser erradicadas. Por eso nosotros elaboramos una ley de publicidad y comunicación institucional que entendemos que obedece a estos principios que, en frío y en abstracto, todos los grupos políticos aprobamos; ya después, en caliente, cada uno defiende sus posiciones, a veces, con equilibrios imposibles.
Respecto de las propuestas, la primera del Grupo Popular se sitúa al margen del informe, por lo que no parece que se pueda aceptar. Quiero recordar que en el trámite de alegaciones, no solamente se trasladó el informe a los señores ex ministros, sino que también se trasladó a los secretarios de Estado, directores generales y organismos autónomos, como es preceptivo para el trámite de alegaciones y, por lo tanto, no solamente el tribunal en toda su extensión -sus funcionarios y sus consejeros- sino también el anterior Gobierno en sentido amplio tenían estos informes. Es muy difícil precisar las fuentes de filtración, como sus señorías conocen. En cualquier caso, esta propuesta está al margen del informe y, por lo tanto, entendemos que no la podemos aprobar.
En cuanto a la segunda propuesta del Grupo Popular, sí tiene un fondo con el que podríamos estar de acuerdo, pero propone un amplio número de años de fiscalización y se refiere al conjunto del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales y organismos autónomos. Es decir, aun estando de acuerdo con el fondo del asunto, sería tal la magnitud de los trabajos de fiscalización, que nos parece excesivo y llevaría a una situación de colapso. Pensamos que este punto se puede acotar, con lo cual sería aceptado, o bien, de acuerdo con lo que ha manifestado el señor Martínez-Pujalte, podría tener cabida en el punto número uno de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista.
Aceptamos la sugerencia o la transacción en cuanto que es cierto que la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, publicada el 30 de diciembre, no debe ser el marco de fiscalización exacto de lo que ha ocurrido en los ejercicios posteriores, ya que se han incorporado nuevas obligaciones y, por lo tanto, es razonable lo que ha propuesto el Grupo Popular. Donde tenemos una discrepancia es en la eliminación del párrafo "que no dispongan de órganos de control externo" cuando se está refiriendo a informes de fiscalización de las Administraciones públicas estatal y autonómica. Es decir, en estos momentos al Grupo Socialista le es muy difícil precisar si no estamos ante una cierta invasión de competencias en tanto que los órganos de control externo autonómicos tienen sus procedimientos de coordinación con el Tribunal de Cuentas fijados en la propia ley, predeterminados en cuanto a qué información deben intercambiarse y, por lo tanto, ante la dificultad del Grupo Popular de eliminar este párrafo de su propuesta, nosotros no estaríamos en condiciones de poderlo aceptar por no tener
insisto- la seguridad de no estar invadiendo competencias autonómicas.
Respecto a las propuestas de Izquierda Unida, no habría inconveniente en aprobar las números tres, cinco y seis, pero la número cuatro no podríamos aceptarla porque se sitúa al margen del informe de fiscalización.
En resumen, aceptaríamos incorporar el párrafo "para aquellos ejercicios posteriores a la entrada en vigor de la ley" a continuación del párrafo en el que se describe la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, BOE de 30 de diciembre de 2005.
El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto en que ya hemos debatido todas las propuestas de resolución, vamos a suspender por un minuto la sesión a fin de que se me hagan llegar las transacciones que se han anunciado.
Señorías, reanudamos la sesión. Vamos a proceder a las votaciones de las distintas propuestas de resolución.
El primer punto no tiene propuestas de resolución y, por tanto, no hay votaciones.
Pasamos al segundo punto, en el que sólo están las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista ya que las de Coalición Canaria han decaído por no haber sido defendidas.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista
A continuación, pasamos al tercer punto del orden del día en el que se ha producido una transacción. El Grupo Parlamentario Popular ha retirado sus propuestas y la transacción se ha hecho en relación con las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. El punto número dos, que es la propuesta número siete, quedaría de la siguiente forma: "Mejorar los mecanismos de control de la gestión de los arrendamientos que se realiza a través de empresas estatales y contratadas". El resto sigue igual. Y en cuanto al punto número cuatro, se añadiría al final: "o en su caso se actualizarían los contratos de acuerdo a principios de rentabilidad económica." En relación con este punto del orden del día había también unas propuestas de resolución de Coalición Canaria, pero han decaído por no haber sido defendidas.
En primer lugar, votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista transaccionadas con el Grupo Parlamentario Popular de acuerdo con lo que he leído.
A continuación, vamos a proceder a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al punto cuarto del orden día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos al punto número cinco del orden del día en el que tenemos varias propuestas de resolución. En primer lugar se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista una transacción respecto de la propuesta número dos del Grupo Parlamentario Popular que consiste en eliminar "el año 2004" y en el último párrafo dejar únicamente "las entidades gestoras de la Seguridad Social" y eliminar "el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los organismos autónomos adscritos al mismo". Esta es la propuesta que se me ha hecho llegar por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí, señor presidente, se acepta, pero pedimos votación separada de los dos puntos.
Vamos a proceder a votar, en primer lugar, la propuesta de resolución número uno del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta número uno del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos, a continuación, la propuesta número dos con la transacción que se ha acordado.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta número dos del Grupo Parlamentario Popular.
A continuación, pasamos a votar las propuestas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.
En relación con estas propuestas se me ha hecho llegar también por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista una transacción. Tiene la palabra el señor Torres Balaguer para explicarla.
En el punto tres de la propuesta de resolución número uno de Izquierda Unida -y ya se lo hemos hecho saber y lo ha aceptado- proponemos que todo lo que refiere el párrafo sea de acuerdo a los principios establecidos en la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, para evitar dar un contenido distinto en este ámbito al que recientemente hemos aprobado con carácter general en la ley.
Está de acuerdo la portavoz, por lo que vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, las propuestas números tres, cinco y seis con la transacción que se ha aceptado, y después procederemos a votar la número cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas de resolución números tres, cinco y seis.
A continuación, pasamos a votar la propuesta de resolución número cuatro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de resolución número cuatro.
A continuación, pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Hay también una propuesta de transacción a la número siete, que es la número uno del Grupo Parlamentario Socialista y que consistiría en que después del paréntesis donde pone "BOE de 30 de diciembre de 2005" se añadiera "para aquellos ejercicios posteriores a la entrada en vigor de la ley".
Podemos, pues, proceder a votar las dos propuestas de resolución, la siete y la ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas números siete y ocho del Grupo Parlamentario Socialista.
Una vez terminadas las votaciones, suspendemos durante cinco minutos la sesión mientras llega el presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.
(CERSA) EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Senado 771/000067 y número de expediente del Congreso 251/000068.)
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas. Antes de darle la palabra para que informe sobre el sexto punto del orden del día, les comunico que se ha llegado al acuerdo de que el punto número siete del orden del día, el informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX, lo veamos en último lugar, después del punto número diez.
Empezamos con el sexto punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) ejercicio 2002.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
En el informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA) ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del 28 de abril de 2005, destaca lo siguiente:
Las cuentas expresan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de su actividad.
Las operaciones de reafianzamiento y el porcentaje de cobertura se determinan directamente por CERSA con la información remitida por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs), lo que supone una medida de control inicial, aunque la comprobación de que las operaciones cumplen los requisitos se realiza a posteriori y únicamente para aquéllas cuya provisión sea superior al 25 por ciento o se declaren fallidas. No obstante, los procedimientos establecidos por CERSA para determinar las operaciones reafianzadas y su riesgo en vigor se consideran adecuados, habiéndose verificado en la fiscalización, asimismo, su correcto cumplimiento.
En el reafianzamiento de las operaciones especiales por superar un determinado importe, CERSA ha aplicado criterios diferentes a las Sociedades de Garantía Recíproca, ya que únicamente a tres se les ha denegado la cobertura o aplicado un porcentaje inferior al que le
correspondía, con objeto de que el importe reafianzado no supere el límite preestablecido por avalado, mientras que al resto se les han reafianzado todas las operaciones analizadas sin ajustar el riesgo, incluso aquéllas que hubieran quedado sin cobertura.
En cuanto al control de las provisiones, CERSA se limita a cuantificar el importe de las provisiones reafianzadas, conciliando estos datos con los de las Sociedades de Garantía Recíproca. No obstante, para las operaciones con una provisión superior al 25 por ciento, comprueba, con la documentación remitida por aquéllas, que son susceptibles de cobertura y el porcentaje de reafianzamiento aplicado, aunque en dicho control no se verifica si el porcentaje provisionado por las Sociedades de Garantía Recíproca es concordante con las normas del Banco de España.
Los contratos suscritos anualmente con las Sociedades de Garantía Recíproca no establecen que entre la documentación que han de remitir a CERSA se incluya la acreditación de los gastos e ingresos, determinantes del importe a pagar por fallidos, aceptando la denominada "cuenta corriente de la operación" sin que sus datos estén soportados con la correspondiente documentación, por lo que el Tribunal recomienda modificar los contratos e incluir la acreditación documental como elemento básico para calcular el mencionado importe.
El pago se realiza por CERSA cuando las Sociedades de Garantía Recíproca han enviado la documentación de la operación. Se ha verificado, con la limitación señalada anteriormente, que en todos los casos dicha documentación ha permitido comprobar la cuantificación del importe a pagar. No obstante, la documentación no es homogénea y difiere, asimismo, la periodicidad de su envío. El Tribunal recomienda que CERSA exija a las Sociedades de Garantía Recíproca que remitan la documentación acreditativa de los fallidos conforme a lo establecido en los contratos y que ésta sea homogénea, que apliquen criterios homogéneos para la declaración del fallido y la previsión de la recuperación de las garantías, y que remitan la parte correspondiente del recobro de las recuperaciones inmediatamente después de que éste se produzca, evitando, además, posteriores compensaciones de éste con el pago de fallidos.
CERSA, incorrectamente, ha estimado, en todos los casos analizados en la fiscalización, que las garantías hipotecarias carecen de valor, comprobando el Tribunal en cuatro operaciones con garantía hipotecaria declaradas fallidas en 2002, que la garantía se ha ejecutado en 2003 y que el importe recobrado fue suficiente para cubrir el total del fallido.
En las operaciones de afianzamiento directo destaca que CERSA carece de información estructurada de la situación actual de cada operación, que en los convenios suscritos en 2000 y 2001 con las Sociedades Regionales de Desarrollo Industrial no se detallan los avales afianzados que se dan por finiquitados ni los que supusieron pago por fallidos considerados irrecuperables. El Tribunal recomienda que CERSA disponga de información sobre todos los fallidos por afianzamiento directo sistematizada y ordenada por beneficiarios y que suscriba un Convenio con el BBVA -actual titular de los créditos del ICO tras los sucesivos procesos de fusión de la banca pública- en el que se detalle la situación actual de cada operación.
CERSA ha suscrito convenios con el Fondo Europeo de Inversiones, con el Fondo de Regulación y Organización de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, analizados en la fiscalización con el amplio detalle que aparece en el informe.
Hay que remitirse finalmente al también detallado análisis de una serie de operaciones fallidas de elevado importe en el que se ha verificado toda la tramitación del expediente con los numerosos datos que se recogen en el informe.
Abrimos el turno de aclaraciones y preguntas.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Folgado.
El señor FOLGADO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido y muchas gracias por su informe.
En primer lugar, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por sus trabajos, y en particular por éste de la fiscalización de la compañía española de reafianzamiento (CERSA), relativo al ejercicio 2002.
Permítame, señor presidente, unas breves palabras para resaltar la enorme importancia del ámbito en el que actúa CERSA. Estamos hablando de las pymes, es decir, del motor del crecimiento, del desarrollo y del empleo.
Y estamos hablando de uno de los elementos fundamentales para que las pymes puedan tener un funcionamiento adecuado. Tienen muchas fortalezas, pero tienen también algunas debilidades importantes, y una de ellas, no menor, es precisamente la escasa capacidad negociadora de las condiciones financieras para poder invertir en mejoras tecnológicas, para internacionalizarse, mejorar procesos y productos, etcétera. Y ahí es donde juegan un papel enormemente relevante las Sociedades de Garantía Recíproca y CERSA. Al final CERSA es una sociedad instrumental que relaciona a las Sociedades de Garantía Recíproca con la Administración.
Una sociedad pública que viene a respaldar a las Sociedades de Garantía Recíproca para que las conexiones financieras de las pymes sean las mejores del mercado y no las peores, como ocurriría si fueran por libre porque les obligarían a endeudarse y a avalarlo con hipotecas hasta de la propia camisa de los empresarios, sobre todo de los pequeños empresarios.
Lo que cabe exigir a CERSA y a las SGR -y este es un elemento relevante para el documento de fiscalización, que repito es positivo- es que cumplan
los principios básicos generales del sistema financiero en cuanto a credibilidad y solvencia, calidad en la gestión, objetividad e independencia en la toma de decisiones, diversificación, cartera de riesgos, etcétera. Estos son los referentes para la fiscalización del Tribunal de Cuentas, al que vuelvo a felicitar.
Yo sacaría tres reflexiones, y con esto, señor presidente, concluyo.
En primer lugar, como resalta el informe de fiscalización, CERSA ha llevado bien sus cuentas en lo que se refiere al año 2002. Esas cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, y así se recoge en la página 56, como también lo ha resaltado el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
En segundo lugar, CERSA cumple con los requisitos de solvencia. Según nos dice el informe de fiscalización, el saldo de fondo de provisiones técnicas y sus recursos propios, tanto su porcentaje -el 8 por ciento del riesgo vivo avalado- como su destino de inversiones, se ajustan a las previsiones legales establecidas en el Real Decreto 1343/1992.
No obstante, como tercer apunte, el informe de fiscalización resalta algunos aspectos que se deben mejorar, y creo que esta es la labor enormemente importante que realiza un Tribunal de Cuentas, ir mejorando la gestión de sociedades que, por una parte, se califican como solventes, que actúan correctamente, que su contabilidad refleja la imagen fiel, etcétera, pero que por otra, en cuanto a lo que gestión se refiere, pueden mejorar algunas cosas. Sólo voy a mencionar un par de ellas.
Una hace referencia a que se incluya en los contratos de reafianzamiento de cada una de las Sociedades de Garantía Recíproca la cláusula de exigir acreditación documental de los gatos e ingresos en los que ha incurrido la SGR con carácter previo al pago de los fallidos y el recobro de las recuperaciones. Lo ha dicho antes el señor presidente.
Ahora bien, yo me pregunto, ¿tan importante es esto si se tiene en cuenta que, como recoge el propio Tribunal de Cuentas, CERSA ya dispone de toda la información de las operaciones de las SGR, incluidas las no reafianzadas y si, además, sus estados contables están auditados? No lo sé. Como lo dice en el informe, y además lo ha resaltado el señor presidente, me gustaría que me respondiese a esta pregunta. No es que no quiera que existan los controles ni los papeles adecuados, sino que a veces la burocracia puede ir en contra de la eficacia, sobre todo si ya existe, como dice el Tribunal de Cuentas, una información de todas las operaciones y los estados contables están auditados.
En segundo lugar, quiero resaltar que es excelente la recomendación dos -página 58 del informe-, en cuanto a que CERSA exija a las SGR que remitan la documentación acreditativa de los fallidos -al final eso es cumplir con el contrato-, y que además ésta sea homogénea en cuanto a los criterios de declaración del fallido.
A mí me parece que esto es relevante y positivo, y lo único que cabe preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas es si realmente desde que el informe está hecho hay información sobre las mejoras obtenidas en este frente.
También quiero preguntar con carácter general si el señor presidente tiene algo que añadir en cuanto a la información que nos ha transmitido, ya que el informe del Tribunal de Cuentas es del 6 de abril del año 2005 y es referido al año 2002. Por tanto, si dispone de alguna información adicional con posterioridad a esas fechas, sería relevante para mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Folgado.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, el informe de fiscalización que nos ocupa es el relativo a la compañía española de reafianzamiento S.A.
CERSA, correspondiente al ejercicio 2002. Reafianzamiento significa el segundo aval en la garantía adicional al propio patrimonio de las Sociedades de Garantía Recíproca, o mejor la descarga del riesgo financiero y técnico de las Sociedades de Garantía Recíproca. El capital social de las SGR está compuesto, por una parte, por la suscripción y desembolso de unas cuotas sociales por parte de las empresas que son susceptibles de ser avaladas por aquéllas, denominados por algunos autores socios partícipes, y por otra parte, por cuotas sociales que son suscritas y desembolsadas por los denominados socios protectores, tales como algunas empresas altruistas que ponen capital pero no van a ser objeto del aval; normalmente son accionistas principales de estas, que ostentan cargos relevantes en la patronal o en las cámaras de comercio del ámbito de actuación de las SGR; entidades financieras -que también son socios protectores- que puedan ser receptoras del aval o afianzamiento y, sobre todo, entidades públicas, tales como consejerías de Economía de comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera, normalmente del ámbito de actuación de las SGR.
Las SGR son un instrumento societario para la obtención de aval por parte de las pymes y las entidades de interés económico y social por su contribución a la ampliación del tejido productivo y comercial, a la creación de empleo, al desarrollo e innovación industrial, al I+D+i de las empresas que específicamente se desarrollan en las zonas desfavorecidas o deprimidas y, en general, para favorecer el crecimiento económico del ámbito de actuación de las SGR. Todo ello para salvar la dificultad al acceso a la financiación de las empresas avaladas, normalmente pequeñas y medianas empresas.
Y en este punto discrepo del portavoz del Grupo Popular. Si bien es cierto que en algunos casos se consigue abaratamiento y una fortaleza en la negociación
con las entidades financieras, no hay que dejar de lado que el aval supone un sobrecoste a las pequeñas y medianas empresas y no evita que se hipotequen. Es decir, una Sociedad de Garantía Recíproca puede tomar garantía hipotecaria de su avalado. Yo pondría más acento en la vida que le da a la sociedad -porque puede acceder, que de otra forma no podría hacerlo, al mercado financiero- que en los abaratamientos, que en muchos casos se consiguen y en otros no.
Por tanto, tenemos un sistema nutrido principalmente por entidades públicas y por unos socios necesitados de aval que, utilizando el mismo sistema, las SGR, se asocian en una estructura de segundo aval o reaval que les descargue del riesgo financiero y técnico individual, también con apoyo institucional. De ahí nació la Sociedad de Garantía Subsidiaria, Sogasa, y la Sociedad Mixta de Segundo Aval, SMSA. Tras la fusión de ambas, surgió la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, cuya fiscalización del ejercicio 2002 hoy nos ocupa.
Señoría, he entendido oportuna esta introducción para enmarcar o contextualizar esta fiscalización, porque en la actividad del aval o afianzamiento el riesgo no sólo depende de la cantidad de avales prestados, sino también y, sobre todo, de la calidad de los afianzamientos y de la bondad y el rigor con que se decidieron y formalizaron las distintas operaciones de afianzamiento.
El afianzamiento se suele expresar con la frase siguiente: "Te cogiste de la mano del avalado". Porque si el avalado no paga, paga el avalista, total o parcialmente, según sea el afianzamiento. Las operaciones de aval han de ser estudiadas económicamente para dictaminar su viabilidad, la capacidad de reembolso del préstamo u operación avalada, pero también han de tomarse las garantías posibles y más aconsejables al avalado, porque éste también tiene que compartir el riesgo. No es financieramente viable que un riego lo asuma en su totalidad la SGR desprendiendo totalmente de éste al avalado. La calidad, la bondad, el rigor y la gestión de recobro de morosos depende del estado de riesgo de la cartera de operaciones del afianzamiento y, por tanto, en el reafianzamiento que CERSA realiza.
Por todo ello, el método, el control interno y el seguimiento de los procedimientos es fundamental. Y en este sentido, quiero hacer un pequeño comentario a las recomendaciones a las que ya se ha referido el portavoz del Grupo Popular, porque no me parece que sean excelentes por novedosas, sino porque si CERSA tiene que hacerse cargo del 25 por ciento de fallidos de las SGR, qué menos que tenga los ingresos y gastos ocasionados en la ejecución, y qué menos que tenga la documentación que produjo ese fallido. A la luz del presente informe y de sus recomendaciones mi grupo presentará resoluciones, y supongo que estaremos de acuerdo en su mayoría. No obstante, hemos de realizar algunas preguntas.
Se especifica en el informe que CERSA registró hasta el 31 de diciembre de 2002 una pérdida de 2.206.407 euros, más de 367 millones de las antiguas pesetas, como consecuencia de un depósito a un año de tres millones de euros, aproximadamente 500 millones de las antiguas pesetas, estableciéndose que a su vencimiento, en marzo de 2001, se reembolsarían en acciones de una sociedad si su cotización descendía más de un 55 por ciento. Es decir, no se reembolsaría el depósito, sino acciones si éstas bajaban -y muestro aquí mi perplejidad ante este contrato-, y recibidas las acciones, concretamente 64.780, que cotizaban a 25,90 euros -es decir, ya su valor andaba por 1.677.802 euros-, se decidió conservarlas en cartera. Estaban bajando y las conservan en cartera. ¿Por qué? Y nueve meses más tarde cotizan a 12,25 euros. Por lo tanto, ya su valor era de 793.555 euros, es decir, una pérdida, como establece el informe, de 2.206.445 euros. Incomprensible.
La práctica responsable respecto a los fondos financieros líquidos de que disponen las SGR para minorar los efectos de la inflación es invertirlo generalmente en valores de renta fija, de bajo riesgo y, a ser posible, hipotecarios o de entidades de muy alta solvencia. Por lo tanto, preguntamos, ¿se ha determinado algún delito contable en esta operación? ¿Y delito mercantil? ¿Actuación negligente, tal vez? ¿Hay alguna actuación de la Fiscalía en este sentido? ¿Cuál es el nombre de esa sociedad de la que CERSA tomó las acciones? Aunque desde un punto de vista jurídico mantengamos la presunción de inocencia o el in dubio pro reo, desde el punto de vista de la gestión, preguntamos, ¿se ha beneficiado alguien?
Siguiendo la línea del fortalecimiento de los procedimientos de control interno y la necesidad de la auditoria interna y externa, sin menoscabo de los controles del Banco de España y demás entes públicos con autoridad en la materia, preguntamos, ¿se persigue el control de aquellas operaciones de las SGR que por mal conceder operaciones de aval puedan estar en realidad favoreciendo a terceros cuya operación fallida la paguen las SGR y CERSA, entidades cuyo capital esta compuesto por un alto porcentaje de fondos públicos, es decir, los pagamos todos? ¿Hay procedimientos para controlar las buenas prácticas en las operaciones de aval y el adecuado cumplimiento de los fines sociales del sistema SGR para que no se desvíen fondos hacia ingenierías financieras, así como al mantenimiento de abultados sueldos de administradores? ¿Cómo se solucionan los altos cargos de las SGR? ¿Y de CERSA? ¿Cuánto ganan?
Cuando hablo de los procedimientos de control me estoy refiriendo tanto al afianzamiento directo de fallidos como al reafianzamiento de las SGR que se enumeran en el informe.
Para contestar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a las observaciones de tipo genérico no tengo nada que decir salvo que todo esto es un sistema en el que CERSA reafianza o reavala a las Sociedades de Garantía Recíproca, y éstas avalan a las pymes. Se trata por tanto de un mayor apoyo público a las pymes, puesto que después éstas son también accionistas de las Sociedades de Garantía Recíproca, y éstas a su vez de CERSA. Hay por tanto un montaje que intenta universalizar el riesgo con apoyo público, y este es un tema en el cual se han hecho unos comentarios sobre los que no tengo nada que decir, ya que yo no vengo aquí a exhibir mis conocimientos de inspector, o de catedrático de Economía Financiera, sino a presentar el informe.
Ya entrando en cosas más concretas, el Tribunal lo que recomienda es que exista una acreditación documental de los ingresos y gastos de las Sociedades de Garantía Recíproca -es una recomendación y por tanto no pasa de ahí-, modificando los contratos para que prevean esta cláusula de seguridad ineludible, independientemente de que estén auditadas las cuentas. Es el fundamento previo para el importe del fallido y, sobre todo, tratándose de una entidad pública.
Otra pregunta que se ha formulado por parte del primer interviniente es si hay alguna información adicional, ya que el informe tiene más de un año. Es costumbre que este presidente presente el informe que hay aquí.
Si ha habido mejoras o hay alguna información adicional, desde luego, yo no la tengo.
El segundo interviniente ha puesto énfasis en unas pérdidas que acusa el informe de 2002 y ha preguntado si ha habido responsabilidades contables.
Todos estos informes llevan un trámite, una información previa, pero tras la aprobación del pleno, el resultado final es que no se han apreciado responsabilidades contables. Por lo demás, si tiene interés en que el Tribunal realice una fiscalización específica sobre esos problemas de posible ingeniería financiera, tendría que ser ya una fiscalización específica de eso en concreto, y no de los objetivos que ha tenido esta fiscalización.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) Y SU REPERCUSIÓN EN EL PAGO DE PRESTACIONES OTORGADAS POR ESTA ENTIDAD.
(Número de expediente del Senado 771/000073 y número de expediente del Congreso 251/0000274.)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Informe de fiscalización especial sobre el proceso de afiliación del personal adscrito a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y su repercusión en el pago de prestaciones otorgadas por esta entidad.
Para exponer este informe, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El Pleno del Tribunal aprobó, en mayo de 2005, el Informe de "Fiscalización especial sobre el proceso de afiliación del personal adscrito a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y su repercusión en el pago de prestaciones otorgadas por esta Entidad".
En la fiscalización se destaca la insuficiencia de la normativa reguladora de la mutualidad judicial durante el ejercicio 2003, producida por el hecho de que en él estaba en vigor el Reglamento General de la Mutualidad General Judicial, aprobado en 1978, norma completamente desactualizada por su antigüedad, lo que provocó que la insuficiencia normativa fuese suplida por actuaciones de hecho realizadas por la Mugeju sin amparo legal suficiente.
El concierto para la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios de la mutualidad, suscrito en 1995 con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General, no debió aplicarse desde el ejercicio 2001, en el que culminó -con excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla- el traspaso de funciones y servicios en materia sanitaria a las comunidades autónomas. Como consecuencia de su aplicación la entidad soportó un gasto en exceso de, al menos, 4,5 millones de euros.
En el análisis de la base de datos del colectivo de titulares y beneficiarios de la mutualidad se detectaron irregularidades y errores de grabación, que denotaban que la entidad no tenía, en el ejercicio 2003, un adecuado control e identificación de su colectivo mutualista, lo que dificultaba, a su vez, la realización de cruces informáticos con las bases de datos de otras administraciones públicas.
Con la realización de diversos cruces informáticos entre la base de datos del colectivo de titulares y beneficiarios de la entidad al cierre del ejercicio fiscalizado y las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, Muface, Isfas y Registro Civil, se detectó, entre otros, el abono innecesario efectuado por la mutualidad de al menos 2,5 millones de euros, como consecuencia, tanto del pago por asistencia sanitaria a entidades aseguradoras, como del abono de prestaciones sociales y farmacéuticas. Destaca, asimismo -entre otras incidencias-, la existencia de 118 personas fallecidas que seguían permaneciendo en el colectivo de titulares y beneficiarios de Mugeju, situación que ha supuesto un coste innecesario para la mutualidad, sólo en 2003 y en concepto de asistencia sanitaria, de alrededor de 24.480 euros.
Durante el ejercicio 2003, ni Mugeju ni las comunidades autónomas habían dado cumplimiento al mandato legal de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, en virtud del cual están obligadas a intercambiar mensualmente información sobre la situación de sus beneficiarios, con el fin de mantener actualizados los registros de sus respectivos colectivos, incumplimiento que ha llevado a que al menos 11.752 personas del colectivo de titulares y beneficiarios de Mugeju recibiera la asistencia sanitaria a través de las entidades privadas de seguro de asistencia sanitaria y, simultáneamente, también de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Mugeju no obtuvo, en el ejercicio 2003, la información necesaria de los registros civiles relativa a las defunciones y a los matrimonios de personas viudas incluidas dentro de su colectivo de titulares y beneficiarios. Tampoco realizó actuaciones dirigidas a obtener información del Registro Central de Personal. No llevó a cabo ningún cruce informático de su base de datos con los de los colectivos de Muface e Isfas ni con las bases de los servicios de salud de las comunidades autónomas. En 2003 Mugeju no dispuso de una aplicación informática que le permitiera realizar un control permanente e individualizado de los ingresos por cotizaciones.
Durante el ejercicio 2003 Mugeju calculó de forma indebida la aportación del Estado complementaria a las cuotas de sus afiliados, ya que la estimó en proporción al ingreso efectuado por las habilitaciones, sobre las que durante dicho ejercicio no existió un control adecuado y suficiente, en lugar de calcularla sobre los haberes reguladores de los funcionarios.
El Tribunal formula una serie de recomendaciones al Gobierno encaminadas a armonizar en materia sanitaria las normas especiales del mutualismo administrativo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a que se aprueben un nuevo Reglamento de la Mutualidad General Judicial y otro real decreto que regule las funciones y competencias de los órganos de gobierno de la mutualidad. También se considera necesario que Mugeju actualice y mejore la aplicación informática de gestión y control de su colectivo de titulares y beneficiarios e implante una aplicación propia para la gestión y control de las cotizaciones de sus afiliados.
Vamos a iniciar un turno de aclaraciones y preguntas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por la claridad del informe que ha presentado. Lo cierto es que me han surgido pocas dudas; sin embargo, me gustaría pedir alguna aclaración.
La primera recomendación al Gobierno señala que éste debe hacer uso de la disposición final segunda de la Ley General de la Seguridad Social, que autoriza la armonización del mutualismo administrativo -en lo referente a sus sistemas de recursos económicos- con el sistema de financiación de la asistencia sanitaria establecido en la Ley General de la Seguridad Social y, concretamente, en su artículo 86. Además, dice que aquélla ha de financiarse íntegramente por el Estado.
El señor secretario de Estado de Justicia, en marzo de 2005, hizo unas valoraciones que cuando menos me parecen lógicas, en el sentido de que para Muface e Isfas, por real decreto legislativo -indico el rango de la norma porque no se trata de una delegación legislativa-, se derogó la disposición final segunda de la Ley General de la Seguridad Social y, sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso de la Mutualidad General Judicial. Por ello, según el señor secretario de Estado de Justicia, había que articular un sistema de financiación homogéneo y, posteriormente, armonizar todo el mutualismo administrativo con la Ley General de la Seguridad Social.
Comparto la opinión del Tribunal de Cuentas en el sentido de que, dado que la asistencia sanitaria es universal, debe ser financiada íntegramente por el Estado, y lo digo para que no quede duda; pero también creo que son lógicas las palabras del señor secretario de Estado de Justicia.
Porque, ¿en qué sentido hay que armonizarlo? ¿Todo el mutualismo administrativo debe ser íntegramente financiado en lo que a la asistencia sanitaria se refiere por el Estado o no? Desde mi punto de vista, no parece lógico que a dos colectivos de funcionarios no se les aplique la Ley General de la Seguridad Social y, sin embargo, se le aplique al Poder Judicial. Eso carece de lógica.
En ese caso, ¿por qué insiste el Tribunal de Cuentas en el sentido en que debe hacerse uso de la autorización? Me parece que la voluntad del legislador no está clara en este caso, es decir, en cuanto a cómo ha de financiarse la asistencia sanitaria en la totalidad del mutualismo administrativo.
Insisto en que comparto el criterio del Tribunal de Cuentas, sin embargo me parece que la insistencia en regular este aspecto en un sentido determinado es más un criterio personal del señor consejero que el mero hecho de velar por la correcta o incorrecta aplicación de la ley.
Quisiera saber, pues, por qué quiere que se legisle en ese sentido?
Por otro lado, parece ser que la gestión no ha sido muy afortunada, de tal manera que los funcionarios que estaban afiliados simultáneamente a dos mutualidades o a una mutualidad y a un régimen de la Seguridad Social cotizaban en los dos y, por lo tanto, recibían asistencia sanitaria por dos vías. En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda establecer una regulación específica con el fin de evitar el doble coste por
un solo beneficiario. Sin embargo, en las alegaciones realizadas por la mutualidad hay un punto en el que se señala: Mugeju puso de relieve la partida presupuestaria correspondiente al concierto suscrito con el INSS para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas que optasen por la misma a través de dicho instituto y en atención al hecho de las transferencias efectuadas a las comunidades autónomas en esta materia. La respuesta que siempre se obtuvo fue la de mantener dicha partida presupuestaria, aunque fuese a efectos formales y en la inteligencia de que, una vez percibida por la Tesorería General de la Seguridad Social, se produciría la devolución extrapresupuestaria que le consta al Tribunal de Cuentas.
Pues bien, me ha surgido una duda: en definitiva, ¿optan o no optan? Por otra parte, si formalmente constaba la partida, pero después se realizaba una devolución extrapresupuestaria, como dice el Tribunal de Cuentas que le consta, ¿por qué se insiste en este doble coste?
Por lo que se refiere a los cruces informáticos, parece ser que la base de datos de titulares y beneficiarios no estaba debidamente actualizada. En enero de 2004 se realizaron varios cruces, y en mayo de 2004, según indica el propio Tribunal de Cuentas, Mugeju cruzó datos con Muface. Por ello, me llama la atención que a la fecha de finalización del informe del Tribunal de Cuentas, mayo de 2005, y a pesar de que, insisto, la mutualidad había realizado el cruce en mayo de 2004, no se había dado de baja a las personas que se había descubierto que tenían una cobertura indebida. En este sentido, me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas sabe cuáles son las razones o el porqué de esa tardanza, de al menos un año, a la hora de proceder a la actualización.
Por otro lado, cuando el Tribunal de Cuentas habla de gasto, en lo relativo a los fallecidos, ¿quiere decir que se les ha abonado alguna prestación económica o pensión? ¿Ha emprendido la mutualidad algún tipo de acción encaminada a su recuperación? En la Seguridad Social está previsto -y no sé si ocurre lo mismo en la mutualidad- que el banco que efectúa la gestión se responsabilice en el caso del abono de cantidades a personas que hayan fallecido. ¿Utiliza la Mugeju este mismo sistema?¿Ha iniciado algún procedimiento de este tipo? Evidentemente, si fuese así, a pesar de que se hubiese producido el error, no se habría generado un coste innecesario.
Por último, y por lo que respecta a las habilitaciones, el Tribunal de Cuentas señala que algunas no ingresaron a la mutualidad las cotizaciones en plazo y, en otros casos, que sólo ingresaron la cantidad retenida a los funcionarios y no la parte correspondiente a la aportación estatal.
En este sentido, me llama la atención que el informe no haga ningún tipo de recomendación sobre este punto y, por ello, me gustaría preguntar si el Tribunal de Cuentas tiene conocimiento de que la mutualidad haya emprendido algún tipo de actuación para solucionar el problema o si ha sido el propio Tribunal de Cuentas el que la ha puesto en marcha.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Polonio.
La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Nieto. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer su comparecencia ante esta comisión para presentar el informe llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas, a iniciativa propia.
Se trata de un informe de fiscalización especial sobre el proceso de afiliación del personal adscrito a la Mugeju, Mutualidad General Judicial y, asimismo, su repercusión en el pago de prestaciones otorgadas por esta entidad, mediante el cual han sido objeto de revisión y análisis -tal como usted ha comentado- los procedimientos aplicados por Mugeju durante el ejercicio 2003 en materia de afiliación, su repercusión en las prestaciones gestionadas y abonadas por esta mutualidad, así como las modificaciones realizadas, hasta el momento de la finalización del informe, en los procedimientos de afiliación y control de titulares y beneficiarios de la mutualidad.
Esa sería una de las partes que aborda el informe, pero igualmente se analiza -es el aspecto sobre el que voy a hacer más incidencia-, el cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio 2003, habiendo detectado el Tribunal de Cuentas situaciones que van, desde la falta de cobertura legal en determinados aspectos de la gestión de las prestaciones concedidas a través de este régimen especial, en lo que se refiere a afiliación, gestión de patrimonio, sistema financiero, etcétera, hasta la confusión normativa generada por la vigencia en 2003 de normas desactualizadas por su antigüedad, tal como recoge el informe, como es el caso del Real Decreto 3283/1978, por el que se aprobó el Reglamento General de la Mugeju. Así, también encontramos situaciones de insuficiente cobertura normativa en determinados aspectos o la inoperatividad de otras disposiciones.
En definitiva, el informe pone de relieve que, tanto en materia de organización y funciones de su órgano, como de régimen de prestaciones, la Mugeju se rige por una normativa insuficiente y parcialmente derogada; en conclusión, sin cobertura legal suficiente.
A pesar de que la situación normativa -descrita con detalle en el informe-, estaba distorsionando la buena marcha y la gestión de la mutualidad, no se le puso remedio en la anterior legislatura, pese a los distintos mandatos y autorizaciones al Gobierno, llegando a producirse retrasos en el cumplimiento de estos mandatos incluso de hasta siete años.
Frente a la anterior situación normativa, quiero resaltar el compromiso del actual Gobierno, el Gobierno socialista y, en concreto, del Ministerio de Justicia, que a través de su Secretaría de Estado pone de manifiesto en sus alegaciones que la situación descrita con todo detalle en el informe va a ser inmediatamente remediada, porque están en proceso de elaboración dos de las normas en las que las conclusiones del informe hacen más hincapié: los reglamentos de composición y funciones de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial y el del mutualismo judicial. De está forma se pondrá fin a la situación transitoria originada por la Ley 53/2002, haciendo uso así de la habilitación reglamentaria contenida en su disposición adicional quinta.
Por lo que se refiere a la segunda parte del informe, se recogen una serie de deficiencias, de insuficiencias, de incompatibilidades, de improcedencia en lo que se refiere a los pagos, de duplicaciones que se intentan salvar con una serie de recomendaciones que se dirigen a la Mutualidad General Judicial. Desde nuestro punto de vista estas recomendaciones son bastante acertadas y, sobre todo, tratan de que se produzca con mayor asiduidad el intercambio de información, así como que se actualicen y mejoren las distintas aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión y el control del colectivo de titulares y beneficiarios. Porque, como bien se dice en el informe, los controles informáticos no son suficientes ni adecuados, aparece una continua existencia de errores que inciden en la correcta determinación del colectivo de la mutualidad y, por lo tanto, también en la correcta determinación de las prestaciones que la mutualidad satisface.
En definitiva, aparecen toda una serie de deficiencias que provocan dificultades no sólo en cuanto al funcionamiento de la mutualidad sino también en las relaciones con otras administraciones públicas, especialmente la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera y, por supuesto, las deficiencias que ya se han puesto de manifiesto en el informe cuando se lleva a cabo el cruce entre las distintas bases de datos.
En este sentido, y al hilo de lo que he comentado anteriormente, les diré que en las alegaciones del señor secretario de Estado de Justicia también se señala que no solamente van a ser tenidas en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas respecto de la depuración de dobles afiliaciones anómalas sino también en cuanto al proceso de modernización de la Mutualidad General Judicial, que ya se entiende emprendido con la modificación normativa que ya he comentado, relativa a la estructura orgánica y la elaboración de las normas que se consideren necesarias. Además, el ministerio pondrá a disposición de la mutualidad todos los medios humanos y materiales precisos, todo ello, como bien dice la alegación, con la finalidad última de que el funcionamiento de la Mutualidad General Judicial se aproxime lo máximo posible al de otras mutualidades de funcionarios y, más aún, al del Régimen General de la Seguridad Social.
En este sentido, no hay más que echar un vistazo al último proyecto de presupuestos -que, concretamente, se ha presentado la pasada semana en el Congreso de los Diputados- para descubrir que en el presupuesto destinado a Justicia ya se señala que la Mugeju dispondrá de un crédito de 92,34 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,9 por ciento con respecto del presupuesto del ejercicio 2006, lo que se traduce en un crecimiento en gastos corrientes del 8,69 por ciento para conciertos de asistencia sanitaria y un incremento muy importante para gastos de farmacia, indemnizaciones por invalidez permanente, subsidios de jubilación, minusvalía y otras prestaciones.
Por tanto, entre el compromiso normativo asumido por el Gobierno y la puesta a disposición de la mutualidad de todos aquellos medios humanos y materiales que sean necesarios para que lleve a cabo su gestión, creemos que, como bien recomienda el Tribunal de Cuentas, podrán solventarse todas aquellas deficiencias e insuficiencias que aparecen en el informe.
Desde nuestro punto de vista, señor presidente del Tribunal de Cuentas, el informe nos parece suficientemente claro, muy minucioso y recoge muchos detalles; tan es así, que mi grupo parlamentario en principio no necesita pedir ninguna aclaración o hacer preguntas. Sin embargo, por lo que respecta a la aclaración que ha solicitado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tengo que manifestar que ese no es el criterio de un consejero en concreto, puesto que este informe ha sido aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, asumido por él en su totalidad.
Por último, quiero reiterar el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista y decir que se tendrán en cuenta alguna de las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas de cara a la presentación de las oportunas propuestas de resolución sobre este tema.
Para dar respuesta a sus preguntas, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Gracias.
En primer lugar, señora Martín, he de decir que este ha sido un tema muy debatido. El Pleno del Tribunal de Cuentas estudia las alegaciones, de manera que una vez que el informe llega al Parlamento, se trata del informe del Pleno. No cabe la menor duda de que el ponente, el señor consejero, tiene una opinión, pero lo que se presenta ante las Cámaras es el informe del Pleno, con independencia, como he dicho muchas veces, de que yo hubiese votado a favor o en contra. Después de todo, se trata de una recomendación, de la opinión del Tribunal de Cuentas sobre cómo deben hacerse las cosas, pero el
Parlamento puede tomar después la decisión que considere oportuna.
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto en este informe una serie de incidencias derivadas de la falta de una base de datos del colectivo de titulares y beneficiarios, analizando las coberturas innecesarias e indebidas que se descubrieron al cruzar esos datos con la Seguridad Social, Muface e Isfas. Además, la falta de esa base de datos también ha repercutido en el control del colectivo de personas fallecidas,y la mutualidad ha tenido que seguir abonando las pólizas, así como en la información con respecto a las comunidades autónomas.
También es muy importante lo que dice el informe en cuanto a la necesidad de actualizar la normativa, porque se está trabajando todavía con un reglamento que no está adaptado a la Ley 53/2002.
Asimismo, quiero aclarar que el informe del fiscal analizó las peticiones de posibles responsabilidades en el área de la Seguridad Social y que se envió esa información a la Sección de Enjuiciamiento; pero, con fecha de marzo de 2006, quedaron archivadas todas las actuaciones por inexistencia de responsabilidades contables por alcance. Es decir, que en este momento se puede decir que en esta fiscalización no hay ningún tipo de responsabilidad como tal.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR, S.A. (SEACEX), EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Senado 773/000075 y número de expediente del Congreso 251/000075.)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Informe de fiscalización de la Entidad Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (Seacex), ejercicio 2002.
Para informar sobre este punto, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Gracias. El Informe de Fiscalización de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (Seacex), ejercicio 2002, ha sido realizado a iniciativa del Tribunal y aprobado por el Pleno el 26 de mayo de 2005.
Los resultados de los trabajos llevados a cabo han puesto de manifiesto que las cuentas anuales del ejercicio expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones, con algunas salvedades referidas al control y valoración de las existencias.
Sin embargo, se han observado diversas incidencias que han dado lugar al establecimiento de una serie de conclusiones. En primer lugar, las pérdidas de Seacex son de carácter permanente, ya que su actividad apenas produce ingresos y está dirigida a satisfacer fines de interés general que originan un gasto muy superior al volumen de los rendimientos obtenidos. Por ello, la financiación de la actividad de la sociedad, en la parte no cubierta por sus ingresos propios, ha de ser atendida por el Estado, que lo ha venido haciendo mediante sucesivas ampliaciones de capital en lugar de con subvenciones corrientes consignadas en los presupuestos generales.
Si la financiación pública que necesariamente ha de recibir Seacex, en tanto mantenga su actividad actual, se produjese a través de subvenciones corrientes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mejoraría el control de la entidad tanto por las Cortes como por la Administración, y además ello contribuiría a que se produjese una más correcta adecuación de las actuaciones de Seacex a sus posibilidades financieras.
En segundo lugar, las desviaciones producidas entre los datos reales de ejecución y los contenidos en los presupuestos de explotación y capital de la sociedad, del ejercicio 2002, ponen de manifiesto que tales presupuestos no fueron adecuadamente formulados. La desviación fue especialmente significativa en los ingresos presupuestados, que fueron muy superiores a los obtenidos.
En tercer lugar, existe un insuficiente grado de control de los inventarios de publicaciones y catálogos de las exposiciones que realiza Seacex, y en ocasiones resulta deficiente el nivel de publicidad y concurrencia con que lleva a cabo sus contrataciones.
Sobre la base de esas conclusiones, en el informe se establecen las siguientes recomendaciones. La financiación que recibe Seacex de su accionista único, el Estado, para la cobertura de sus gastos ordinarios debería instrumentarse como subvenciones de explotación nominativas a favor de la sociedad estatal con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Los presupuestos de explotación y de capital de Seacex deberían elaborarse a partir de un análisis adecuado de las previsiones para evitar que se produzcan desviaciones importantes respecto de las cifras reales de ejecución. Y Seacex debería mejorar la gestión y control de sus inventarios de publicaciones, así como ampliar la publicidad y concurrencia en las contrataciones que realiza.
Antes de dar la palabra a sus señorías, les recuerdo que estamos en el turno de aclaraciones y preguntas, por lo que les pediría que no lo utilizaran para hacer valoraciones, para las que ya habrá tiempo en el debate sobre propuestas de resolución.
En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Rodríguez-Salmones.
Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Efectivamente, este informe de fiscalización es del máximo interés y permite corregir cuestiones que son fácilmente subsanables.
Creo que es necesario hacer alguna puntualización para entender la actividad de Seacex, así como a la hora de sacar conclusiones y formular preguntas.
En este sentido, cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno -y también ahora-, creíamos que Seacex era del máximo interés para la proyección de la cultura española en el exterior, tanto en general como para los artistas vivos. Como bien ha dicho el señor presidente del Tribunal de Cuentas -y queda recogido textualmente en el informe-, dado que es una actividad de interés general, sin ánimo de lucro, tiene lógica que no sean los ingresos o el equilibrio entre ingresos y gastos en lo que debamos fijarnos. Insisto en que su objetivo es difundir la cultura en el exterior y no ganar dinero y, por tanto, manteniendo esta premisa, debemos justificar la existencia de una sociedad estatal; es decir, no se trata meramente de considerar al Estado como subvencionador de determinadas actividades sino como promotor de las mismas. Por ello, nos daría miedo que, por acometer una actuación negligente -más fácil-, convirtiésemos una sociedad promotora de determinadas actividades en una sociedad meramente subvencionadora. Desde luego, eso sería más fácil de controlar, pero no creemos que responda al fin que tiene encomendado.
Le voy a plantear ahora algunas preguntas, señor presidente. Nos sorprende -aunque no es un tema sustancial, pero tampoco menor- que tanto en la información que hoy nos ha facilitado como en el propio informe del Tribunal de Cuentas, se dé por supuesto que quienes marcan los criterios son el Consejo de Política Exterior y la Comisión de Gobierno para Asuntos Culturales porque éste último órgano no existe; desapareció en los primeros veinte días de mandato del actual Gobierno. Es cierto que aparece así recogido en los estatutos de la sociedad y lo reseña bien el Tribunal de Cuentas pero, de hecho, hace tres años que no existe Comisión de Gobierno para Asuntos Culturales. Por tanto, entendemos que este aspecto tendría que ser rectificado.
En un punto determinado del informe se hace una mención importante al apoyo de Seacex al Ministerio de Asuntos Exteriores en la puesta en marcha del programa Arte Español en el Exterior. Sin embargo, a pesar de que supone unos costes importantes, no vuelve a mencionarse el citado programa, por lo que entendemos que están de acuerdo con su desarrollo.
En este sentido, me gustaría saber si nos puede aclarar alguna cuestión a este respecto, dado que es un programa que está empezando a disminuir, si no ha disminuido del todo.
Como señalé al principio de mi intervención, en el informe se recoge muy bien que el objetivo de Seacex no es ganar dinero aunque, finalmente, sí repercuta en el sistema económico español, ya que éste se va a beneficiar de la presencia cultural española en el exterior. Por lo tanto, si las diferencias existentes entre ingresos y gastos están debidamente encuadradas en los presupuestos generales, al Tribunal de Cuentas le parece correcto, puesto que no es una actividad lucrativa sino que persigue fines de interés general, por lo que es difícil que se autofinancie. Sin embargo, en sus recomendaciones proponen que en los presupuestos se aborde de otra manera: como subvenciones. En este sentido, nos gustaría que nos aclarase si sencillamente proponen que se presupueste de otra manera, con cargo a subvenciones, en lugar de como financiación de pérdidas.
En cualquier caso, quiero decirle que mi grupo parlamentario no dispone de mayor información este año por el hecho de que esto se trate así; es decir, que como en el caso de otras muchas sociedades estatales, no sabemos qué van a hacer. Conocemos las disposiciones, pero en los presupuestos de 2007 tampoco figuran qué exposiciones o actividades van a desarrollar. Suponemos que cuando formulemos esas preguntas nos darán información al respecto, pero el hecho de que reciban tratamiento como subvenciones no mejora la información de que dispone el controlador previo o el Parlamento.
Han dedicado una parte de su informe a una cuestión que considero de máximo interés: el patrocinio. El Tribunal de Cuentas señala que podría ser mayor y aunque soy consciente de que su cometido no se centra en hacer recomendaciones sobre patrocinio, me gustaría que nos indicara por qué le dedican ese espacio a esta cuestión y por qué consideran que podría ser mayor.
Asimismo, el informe se centra en la posibilidad de control, a la que nos hemos referido, indicando que le parece más adecuada la vía de subvenciones a la explotación que como estaba presupuestado en el ejercicio 2002. Estamos seguros de que tienen razón y, por ello, nos gustaría que se extendiera un poco más sobre ello. Desde luego, mi grupo parlamentario pedirá que se haga así, a partir de ahora, si es que no se está haciendo ya, pero insisto en que esta otra vía no nos proporciona más información.
Creemos que el Tribunal de Cuentas tiene toda la razón cuando señala la necesidad de mejorar el sistema de gestión de los catálogos, pero no sé si se podría hacer algo. Aproximadamente, el 90 por ciento de las exposiciones se financian con fondos públicos y los catálogos son una pieza esencial en todas ellas, pero los problemas de distribución, sus ingresos, sus depósitos, sus almacenajes o la relación precio-coste no sigue los parámetros de una labor editorial privada. Desde mi punto de vista, deberían seguirlos, pero no he encontrado en las alegaciones nada que hable del asunto. Como ustedes dicen, me parece que la gestión es correcta, sencillamente consideran que debería estar mejor organizada y controlada. Ahora bien, quizá este aspecto merecería una propuesta de resolución, porque se trata de un problema común a todos los catálogos, piezas valiosísimas y carísimas,
pero que no deberían ser caras para los contribuyentes.
Por lo que se refiere a la contratación, el informe señala que, como sociedad mercantil, se ajustan a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, se indica que se debe mejorar este aspecto, como suponemos que ya se está haciendo. En el ejercicio analizado, Seacex contaba con 22 trabajadores, pero creemos que a día de hoy son muchos más y suponemos que su contratación se habrá ajustado a las recomendaciones del Tribunal.
En el momento de formular nuestras recomendaciones, nos haremos eco de las del Tribunal, por ejemplo, con respecto a las subvenciones de explotación nominativa, pero insisto, en que eso no proporcionará más información al Parlamento, salvo que la pidamos expresamente.
La segunda recomendación establece la necesidad de realizar un análisis adecuado de las previsiones. En este sentido, dos antiguos directores de Seacex, que han actuado como alegantes, han manifestado que al carecer esta entidad de fondos propios y, dado que su actividad se centra en la puesta en marcha de exposiciones, es muy difícil hacer una previsión ajustada. Por ejemplo, si el museo del Prado realizase una exposición sobre Carlos V, dispondría de sus propios fondos. Sin embargo, en el caso de Seacex, tiene que utilizar fondos ajenos y nunca dispone de los datos exactos; así, puede que el hecho de solicitar un cuadro implique que se tiene que encargar de tres y, por supuesto, pagar por los tres o bien se le imponen unas determinadas condiciones de transporte que no puede administrar.
Desde nuestro punto de vista, el beneficio que esta sociedad genera a los intereses generales nos debe hacer admitir cierta flexibilidad en cuanto a sus presupuestos, aunque no sea así, lógicamente, en cuanto a la rendición de cuentas.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en primer lugar, debo felicitarle y agradecer el trabajo que ustedes han realizado en la elaboración de este informe, por su perfección técnica y su precisión, en todas y cada una de las valoraciones que presenta, así como el relato detallado de las deficiencias que deben ser corregidas para un mejor aprovechamiento de los recursos y, asimismo, para un mejor funcionamiento de la propia entidad.
El Seacex tiene como objetivo la preparación, organización, administración y celebración de determinadas exposiciones internacionales, y actividades conexas a las mismas, que contribuyan a la proyección cultural de España en el exterior. La cultura es un elemento fundamental para medir el desarrollo de una sociedad y de un país, y su promoción es una herramienta básica en la apuesta por difundir nuestros avances, nuestras raíces histórico-artísticas y nuestras aportaciones culturales al conjunto de la humanidad. Además, es un arma de futuro al fomentar la creatividad, la tolerancia, el diálogo intercultural y el respeto a la pluralidad que nuestro país desarrolla y que está en la propia génesis de nuestra convivencia.
A pesar de ser el Seacex la imagen de marca de nuestra creatividad, el mascarón de proa de nuestra potencia creativa, de nuestra decidida apuesta por las diversas manifestaciones artísticas y del importante papel jugado en muchas de las vanguardias del arte y del diseño, la promoción de la cultura y su proyección en el exterior no puede estar reñida con la economía y los recursos públicos, y menos aún con el control racional de su aplicación y la adaptación a las normativas vigentes, incluso en la noble tarea de difundir nuestras creaciones artísticas. (El señor vicepresidente, Aja Mariño, ocupa la Presidencia.)
Señorías, de la lectura del informe parece derivarse que los gestores responsables de la entidad en los años 2001 y 2002 siguieron el guión de las famosas cuentas del Gran Capitán, donde parecen reñidas la normativa, la eficacia y la claridad en el control de los recursos, como si la cultura y la gestión de los mismos fuesen compartimentos estancos, sin relación alguna.
Es evidente, y todos estaremos de acuerdo, que nadie espera que el Seacex presente balances positivos, ya que su actividad no es generar ingresos sino proyectar la cultura española en el exterior, en toda su diversidad.
Por lo tanto, será muy difícil que pueda llegar a la autofinanciación de sus actividades, pero esto no quiere decir que no haya que tratar de evitar el descontrol con el que se llevaron las cuentas públicas en los años en cuestión.
Las pérdidas son de carácter permanente, lo que está más o menos implícito en los fines generales que persigue el Seacex, pero quizá el margen para reducirlas en cierta medida permite actuaciones en ese sentido. Por eso, comparto el interés que ha mostrado la señora Rodríguez Salmones y que se desprende de los informes cuando se señala que quizá habría que buscar el patrocinio privado como un elemento para reducir los gastos de explotación. Entiendo que asimismo usted lo valora en su informe.
Igualmente, comparto su apreciación en aquello que tiene que ver con el control que las Cortes Generales pueden realizar sobre el nivel de gasto en el que pueden incurrir y el hecho de que las aportaciones de capital se realicen como inversiones financieras, en lugar de como subvenciones a la explotación, lo que dificulta conocer la información, un control más estricto sobre el gasto, la realización de cálculos más acordes con sus necesidades y limitar el sobrepasarse en exceso en los gastos porque, de otra manera, se producen importantes desviaciones,
lo que pone de manifiesto un escaso rigor en su realización.
En el apartado de ingresos, las desviaciones fueron notorias. Se presupuestaron 4.507.000 euros y los ingresos fueron sólo de 1.406.000 euros; es decir, se produjo una desviación del 68,8%. Asimismo, en la liquidación del presupuesto figuraban como variaciones del capital circulante un importe negativo de 11.145.000 euros, cuando debieran figurar 5 millones, mientras que en aportaciones del Estado figuraban cero euros cuando debieran figurar 6 millones; es decir, que técnicamente tampoco hay una preocupación rigurosa por la aplicación de los diversos conceptos presupuestarios. Por lo tanto, entiendo que se constate en su informe que debería modificarse la manera de su financiación en aras de una mayor claridad y transparencia en la gestión de los recursos de Seacex y, por ello, le formulo esta pregunta.
En lo relativo al control de existencias de la sociedad también aparecen deficiencias, ya que no se realizan recuentos físicos periódicos de las mismas, junto con la existencia de tres depósitos.
Se constata que los excedentes de tiradas son muy elevados, no se calculan adecuadamente las mismas y la venta de catálogos es inferior, con mucho, al 50 por ciento de las tiradas. Se detectan errores en la valoración del coste de las diversas ediciones, derivado del elevado coste unitario de cada uno de los catálogos, así como de las cesiones gratuitas. Si las tiradas se ajustasen más, arrojarían ahorros significativos, teniendo en cuenta que una vez pasada la exposición, los catálogos y las publicaciones referidas a ellas se deprecian en cuantía y, lo que es peor, en demanda.
En lo tocante a los sistemas de contratación, se han realizado algunas sin formalizar mediante contrato, aceptando los presupuestos hechos por las empresas prestadoras de servicios, con escasa publicidad en los procesos de adjudicación. Sólo ocho de los dieciséis contratos mayores se adjudicaron mediante concurso, siendo el resto adjudicaciones directas.
Los plazos de presentación de proposiciones nunca superaron los 31 días, lejos de los 52 que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, en algunas adjudicaciones se han utilizado baremos para la valoración de las ofertas que no se explicitaron en los pliegos de condiciones, con el resultado de que las ofertas mejor valoradas y con mejores precios no fueron finalmente las elegidas.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro posicionamiento favorable y de total conformidad con lo que ustedes han analizado y recogido en su informe y, por supuesto, con las conclusiones generales que de él se derivan y que se pueden resumir en una falta de rigor y de técnica presupuestaria, que da como resultado importantes desviaciones, deficiencias en los procesos de contratación y escaso nivel de publicidad y concurrencia de los mismos.
El Grupo Socialista presentará sus recomendaciones próximamente, haciendo nuestra alguna de las que ustedes presenten en su informe, con el objeto de contribuir a la mejora de la gestión de un importante instrumento de difusión de la cultura española en el mundo, y que debemos potenciar todavía más, incidiendo también en la erradicación de las disfunciones, deficiencias e incorrecciones y la falta de concreción que este informe puso de manifiesto en lo referido al año 2002.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
En primer lugar, he de señalar que el informe no se cuestiona los fines de la sociedad.
Se ha puesto mucho énfasis en lo referido a las subvenciones y a la presupuestación. Éste sí que es un tema importante porque la creación de sociedades sin ánimo de lucro y con tal cantidad de gastos implica que estos han de suplirse con ampliaciones de capital, lo que supone una falta de representatividad de las cuentas públicas. En el activo de las cuentas públicas aparecerán préstamos y, sin embargo, en los presupuestos anuales del Estado no se recoge lo que es necesario para atender las necesidades de esa sociedad.
La esencia del informe es precisamente ésa, que es necesario que el control de las Cortes sea mayor porque se obliga a presupuestar mejor a la hora de programar la subvención. Tal como aquí se ha visto -y se recoge en el informe-, se ha gastado alrededor de un 11 por ciento menos, pero no ha habido ingresos por un 68,8 por ciento.
Por razones de representatividad, de control de las Cortes, por su incidencia en la mejora de la presupuestación y en la eficacia del funcionamiento, la esencia del informe señala que no es adecuado que se aporten medios cuando no existen ingresos y han de realizarse con base en ampliaciones de capital. No se trata de dar subvenciones porque sí, sino que se pretende que se recojan en el capítulo de subvenciones de los presupuestos del Estado, lo que permite un mayor control de las Cortes.
Respecto a la continuación de la Comisión, no puedo valorarla y, por lo que se refiere a los catálogos, se ha comprobado un deficiente control.
El Tribunal de Cuentas entiende que al tratarse de una actividad de gestión, cuanto mayor sea el número de patrocinadores, menores serán los recursos públicos necesarios; pero no pasa de ser una recomendación.
La esencia del informe expresa, sobre todo, que ha de mejorarse el control parlamentario y la representatividad de las cuentas públicas.
Por último he de añadir que en esta fiscalización no se han detectado responsabilidades contables.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso 251/000076.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Punto séptimo del orden del día: Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, ejercicio 2002.
Como sus señorías conocen, el Pleno del Congreso va a comenzar dentro de un minuto o dos, a las 13:00 horas y, por tanto, les ruego que sus intervenciones sean lo más breves posible.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias.
El Pleno del Tribunal, en su sesión de mayo de 2005, aprobó el informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, ejercicio 2002.
En relación con los estados financieros de la entidad, se puso de manifiesto que el mantenimiento de la provisión para el Fondo Social Europeo no estaba justificado al haber desaparecido el motivo por el que se constituyó.
Por otra parte, parece desvirtuado el saldo de ajustes por periodificación, al incluir unos ingresos estimados que debe satisfacer el fondo, lo que es contrario a la naturaleza de esta agrupación.
Además, se han observado otras deficiencias, como la valoración inadecuada de la construcción de un inmueble, la periodificación de ciertos ingresos sin atender al principio de correlación de ingresos y gastos, y la contabilización de algunas subvenciones sin seguir el criterio previsto en el Plan Contable aplicable a las fundaciones.
La certificación de gastos del período 2000-2002, acogidos a la ayuda del Fondo Social Europeo, incluye gastos no elegibles, como consecuencia de lo cual la ayuda del fondo, al que la entidad tiene derecho en dicho horizonte, queda reducida, así como la procedente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El contrato de colaboración suscrito por la fundación con la Universidad Politécnica de Madrid para la realización de trabajos de asistencia técnica y colaboración docente en materia de tecnología y medio ambiente, fue llevado a cabo por una profesora de la universidad, que a su vez ocupó determinados puestos en la fundación, que dotan a dicha relación de carácter estable, por lo que ha incurrido en la incompatibilidad prevista en el Real Decreto 1930/1984. Igualmente, dicha profesora, percibió de la fundación cantidades que no se ajustaron a los términos legales establecidos en el contrato suscrito, ya que las únicas percepciones que le correspondía percibir debían realizarse directamente por la propia universidad.
En el análisis de los sistemas y procedimientos de control aplicados por la fundación se detectaron algunas carencias de procedimientos escritos, así como la inexistencia de planes de inversión y de disposición de fondos.
Concluye el informe con las recomendaciones dirigidas a la subsanación de algunas de las deficiencias expuestas, a la mejora de la gestión de la entidad y a su adecuación a la normativa que le es aplicable, como el establecimiento de procedimiento escrito para el desarrollo de algunos aspectos de su gestión, la elaboración de indicadores de eficiencia y economía, sustentados sobre un sistema de contabilidad analítica y la realización de un seguimiento de los proyectos empresariales implantados con éxito, derivados de los cursos cofinanciados con los fondos comunitarios.
Quiero dar también las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas, al que desde el Grupo Parlamentario Popular le agradecemos su exposición del informe.
Se trata de un informe amplio y exhaustivo, que analiza todos los aspectos relativos a la gestión económica, financiera y contable de la Fundación Escuela de Organización Industrial, así como los relativos a los procedimientos de contratación que han sido utilizados por la entidad.
Además, el informe del Tribunal de Cuentas hace una evaluación sobre la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de la fundación.
De la lectura del informe y sus conclusiones, el Grupo Parlamentario Popular quisiera destacar los aspectos que nos han parecido más relevantes. En primer lugar, en relación con los estados financieros de la fundación, el propio Tribunal de Cuentas hace constar entre sus conclusiones que las cuentas anuales de la Fundación Escuela de Organización Industrial correspondientes al ejercicio 2002 expresan, en sus aspectos más significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio
2002, al que se refiere este informe. Por lo tanto, la primera puntualización que quiero hacer es que, en líneas generales, los estados financieros de la Fundación Escuela de Organización Industrial son elaborados correctamente.
No obstante, como no puede ser de otra manera en cualquier informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas hace una serie de observaciones y pone de relieve situaciones que son o pueden ser mejorables, porque precisamente creemos que este es el objetivo de la comisión: conseguir avanzar en el correcto funcionamiento de todo el sector público.
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto discrepancias respecto de determinados criterios de contabilización empleados en algunas partidas por parte de la fundación; en concreto, habla de la valoración contable del edificio de Sevilla, considerando el Tribunal que debe contabilizarse de acuerdo con el informe elaborado por SEGIPSA, con fecha 29 de julio de 2003. En este punto, me gustaría formular una pregunta al señor presidente del Tribunal de Cuentas, ¿podría aclarar a los miembros de esta comisión si esta situación ha sido corregida con posterioridad, dado que estamos hablando del ejercicio 2002 y el Tribunal de Cuentas no lo incluye entre sus recomendaciones finales? Entiendo que se ha debido corregir esta situación.
El Tribunal de Cuentas también menciona que la cuenta sobre partidas pendientes de aplicación se utiliza inadecuadamente por parte de la fundación; pero, según se recoge en las alegaciones efectuadas por el señor director general actual de la entidad, nombrado por el actual Gobierno, ese error de contabilización ya ha sido subsanado. ¿Nos podría aclarar este extremo el señor presidente?
Ocurre lo mismo con otra serie de criterios contables utilizados por la fundación y que se refieren a la incorrecta utilización o valoración de determinadas cuentas. En este punto también me gustaría hacer mención a que el actual director general de la fundación pone de manifiesto en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas que, por lo que se refiere a la contabilización de las subvenciones del Programa Crece, percibidas del Ministerio de Ciencia y Tecnología -actualmente Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- y del Fondo Social Europeo, se realiza conforme a las normas de valoración del Plan General de Contabilidad específico de este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, parece existir una contradicción, o en principio eso es lo que se desprende de la lectura del informe entre lo que el Tribunal establece en sus conclusiones y lo que alegan los actuales responsables de la fundación. ¿Me podría aclarar si eso se debe a que, dado que el informe se refiere a un ejercicio ya pasado, el del año 2002, muchos de los criterios contables que el Tribunal de Cuentas estimaba incorrectos han sido ya corregidos?
En resumen, y respecto de las conclusiones referidas a los estados financieros, a mi grupo parlamentario le gustaría destacar que según se desprende del propio informe y de las alegaciones que a él se acompañan -que, insisto, han sido efectuadas por los actuales responsables- la contabilidad utilizada por la fundación ha reflejado en sus aspectos más significativos la imagen fiel de ésta y sólo han existido algunas diferencias de criterios contables que parece ser que en muchos casos han sido ya corregidas, o al menos eso es lo que hemos deducido de la lectura del informe.
En segundo lugar, con respecto a la segunda conclusión, relativa a otros aspectos de la legalidad vigente, también deducimos de la lectura del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que las conclusiones no parecen haber tenido en cuenta las alegaciones efectuadas por el director general actual de la Fundación Escuela de Organización Industrial, o al menos el informe no aclara suficientemente el motivo de su rechazo, alegaciones que aparentemente justifican esta situación de forma suficiente, tanto en lo relativo a la estructura orgánica de la entidad y a los cursos para formación del personal de las administraciones públicas, como en lo relativo a la habilitación del director financiero para actuar en nombre de la entidad. ¿Se tuvieron en cuenta estas alegaciones?
Respecto de los procedimientos de contratación utilizados por la entidad, parecen adecuarse a las normas de contratación que el patronato de la fundación aprobó en julio de 2002 y que suponen una rigurosa aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. A este respecto, ¿considera el señor presidente del Tribunal de Cuentas que, efectivamente, a partir de estas normas internas de contratación, aprobadas en julio de 2002, se cumplen y se respetan estos principios? En mi opinión, se puede extraer esta conclusión, ya que en las recomendaciones que el propio Tribunal de Cuentas establece finalmente sólo se habla de la necesidad de regular la contratación de servicios realizada por la fundación en el extranjero, de lo que parece deducirse que no se han detectado deficiencias destacables en el resto de contrataciones.
También se hace referencia en este segundo bloque a cuestiones de personal. Debido a la escasez del tiempo de que disponemos, no voy a detenerme en profundidad en cada una de ellas, pero nuevamente diré que el propio Tribunal de Cuentas destaca en su informe que la contratación del personal se ha llevado a cabo con plena observancia de los principios de objetividad, independencia, no discriminación y legalidad. Es cierto que en el informe se ponen de manifiesto determinadas deficiencias que, a la vista de las alegaciones presentadas por los actuales responsables de la fundación, parecen haber quedado totalmente aclaradas, ya que no se hace mención a estas cuestiones en las recomendaciones finales del informe del Tribunal de Cuentas. ¿Podría aclarar el señor presidente si esto es así y si se ha considerado suficiente la justificación efectuada por la entidad, y por ello no se ha incluido finalmente entre las recomendaciones todo lo relativo a la contratación de personal?
Por último, y con respecto al tercer bloque de conclusiones, relativo a la evaluación de los procedimientos utilizados, mi grupo parlamentario desearía destacar algunas de ellas. En primer lugar, las normas internas de contratación, de julio de 2002, se consideran adecuadas para asegurar una correcta gestión de la Fundación Escuela de Organización Industrial, según afirma el propio Tribunal de Cuentas en sus conclusiones. Asimismo, el procedimiento previsto por la entidad para la gestión académica y registral de los programas acogidos a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Industria se considera completo y su funcionamiento correcto, como también lo hace constar el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones. Además, el procedimiento previsto para la contratación de profesores se considera suficiente y adecuado, como asimismo se refleja en las conclusiones.
En resumen, señorías, de las conclusiones aprobadas por el Tribunal de Cuentas y, en algunos casos, a la vista de las alegaciones efectuadas por el actual director general de la Fundación Escuela de Organización Industrial -que considero importante tener en cuenta, puesto que los actuales responsables están justificando suficientemente, desde nuestro punto de vista situaciones anteriores-, parece desprenderse que, en general puede hablarse de un correcto funcionamiento de esta fundación durante el ejercicio 2002, tanto en lo relativo a sus estados financieros como en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como en cuanto a los procedimientos empleados en la gestión y contratación. En este sentido, me gustaría preguntarle si se ha apreciado algún tipo de responsabilidad contable.
No obstante, como siempre hacemos en el Grupo Parlamentario Popular, propondremos a esta comisión las propuestas de resolución que estimemos pertinentes, en la línea de las recomendaciones que efectúa el Tribunal de Cuentas en su informe, en la medida en que entendamos que esas propuestas de resolución sean útiles para un mejor funcionamiento del sector público.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Tabuyo Romero.
El señor TABUYO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, haciendo uso de la recomendación que nos hace el señor presidente de la comisión, intentaré abreviar la exposición para así poder finalizar en el tiempo más breve posible esta sesión.
No obstante, me gustaría aprovechar esta ocasión para poner de relieve la importancia que tiene la fiscalización de la Fundación Escuela de Organización Industrial porque, sin duda, mejorará sustancialmente su funcionamiento así como su eficacia, en aras de los objetivos que recogen la propia Fundación Escuela de Organización Industrial y su patronato, entre los que se encuentran el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que desarrolla, como todos sabemos, una labor muy importante en áreas de la formación de personal de las administraciones públicas y de empresarios, directivos y técnicos, tal y como figura en sus objetivos fundacionales.
En la Fundación Escuela de Organización Industrial se combinan organizaciones públicas y privadas al servicio de los agentes económicos, a través de la propia actividad de la EOI; la escuela es, por lo tanto, un instrumento al servicio del tejido empresarial, de los emprendedores y de las pymes. Sirva como ejemplo el reciente acuerdo suscrito con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que la Escuela de Organización Industrial se constituya como punto de asesoramiento e inicio de tramitación, PAIT. Se trata de una nueva herramienta destinada a asesorar a los jóvenes emprendedores a la hora de constituir una pequeña y mediana empresa.
Sin duda, estamos analizando el informe de fiscalización de un organismo con una clara utilidad pública y de una gran actualidad; por ello, queremos felicitar al Tribunal de Cuentas por la exhaustiva y rigurosa labor que ha realizado en relación con el informe de fiscalización del ejercicio 2002.
En el citado informe, como ya se ha mencionado anteriormente, se ponen de relieve unas deficiencias que me gustaría resaltar a continuación; se trata de deficiencias contables, que han sido bien descritas, en el ámbito de la contabilización de subvenciones y de la valoración de inmuebles, que aparecen suficientemente recogidas y expuestas en el informe presentado.
Por otra parte, me gustaría matizar lo expuesto anteriormente por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya que, según la información de que disponemos, el actual director de la Escuela de Organización Industrial no es quien firma el informe de alegaciones presentado y enviado al Tribunal de Cuentas en 2005. Una vez aclarado este punto, me gustaría señalar que las alegaciones efectuadas por el que fuera director de la Fundación Escuela de Organización Industrial, señor Santamaría, no han sido suficientes para aclarar un aspecto en relación con el organigrama de la entidad. En este sentido, se mencionaba que el organigrama había sido aprobado por el patronato y, sin embargo, no ha sido así. Se debería subsanar este asunto aprovechando la presentación del nuevo plan estratégico de la entidad para los próximos años, de forma que se apruebe en la próxima reunión del patronato el nuevo organigrama por el que debe regirse esta entidad.
Asimismo, y a la vista de las alegaciones, podría considerarse que no era prioritario un análisis detallado de tesorería, pero desde nuestro punto de vista no es así dada la propia situación de la tesorería de la entidad, que es bastante elevada, alrededor de los 8 millones de euros,
y a la presencia de ingresos y gastos regulares. En este sentido, apoyamos el informe del Tribunal de Cuentas y creemos que es pertinente la recomendación que realiza. Por ello, mi grupo parlamentario probablemente presentará una propuesta de resolución en la que se incluya la recomendación expresada en el citado informe.
Igualmente pertinente resulta la recomendación de cuantificación de los objetivos, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista instará a la realización de un análisis anual de los objetivos conseguidos, aun conociendo la dificultad que entraña la cuantificación de objetivos en aplicación de las cantidades del Fondo Social Europeo, cuyas cuantías, como todos sabemos, aún se desconocen.
En cuanto al seguimiento de los proyectos empresariales implantados con éxito, que es igualmente una recomendación del informe, nos consta que ya se viene realizando en la actualidad, a través del Programa Crece, pero es cierto que no se actuaba del mismo modo en la etapa de la fiscalización, en el año 2002. El hecho de que no se haya realizado de forma sistematizada no ha sido obstáculo para que, precisamente a partir de 2004, se realicen informes de supervivencia de empresas que indican unos índices de supervivencia -me interesa subrayar este aspecto- superiores al 80 por ciento.
Para concluir, me gustaría hacer algunas preguntas al señor presidente del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, y a pesar de la observación que realiza el informe sobre las condiciones de homologación del personal docente contratado, no hemos encontrado ninguna mención a las ellas. No sabemos si estas condiciones no aparecen en el informe porque no es ese su objeto, pero en la actualidad sí lo es, tras la modificación de la ley de fundaciones y por las auditorías de la Intervención General del Estado. A su vez, sabemos que el propio organismo está haciendo un control de las condiciones de homologación del personal docente contratado, a través de un departamento que llaman de homologación académica. Me gustaría saber si este aspecto ha sido excluido expresamente porque no figura dentro de los objetivos del informe de fiscalización.
En segundo lugar, en cuanto a los servicios profesionales contratados a terceros -principalmente de asesoría jurídica-, a resultas de lo contenido en el informe presentado y sus conclusiones, nos gustaría saber si se ha tenido en cuenta que se vienen realizando por la Fundación Escuela de Organización Industrial a través de convenios con la Abogacía del Estado. Y, en el caso de que no se haya tenido en cuenta, nos gustaría saber el porqué.
En tercer lugar, el informe se extiende y las conclusiones abundan en el posible caso de incompatibilidad derivado de un contrato de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid en materia de tecnología y medio ambiente. A mi grupo parlamentario le gustaría saber si se han considerado las alegaciones presentadas, en las que se da cuenta de las características del convenio y los anexos que formalizaron la universidad y la Fundación Escuela de Organización Industrial, en las que claramente se significa que la firma del rector supone el reconocimiento de la compatibilidad por la disposición expresa del artículo 2.2 del Real Decreto 1930/1984. Según las alegaciones que realiza la Fundación Escuela de Organización Industrial, este artículo es aplicable al presente supuesto; y en caso contrario -en ese extremo estamos de acuerdo con la portavoz del Partido Popular- nos gustaría saber si de lo informado y de lo averiguado se desprende alguna responsabilidad contable sobre este caso.
Para finalizar, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por el exhaustivo y minucioso trabajo realizado, como también han manifestado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Naturalmente, estamos convencidos de que este trabajo va a repercutir muy positivamente en la mejora de la marcha de la entidad fiscalizada, en este caso, la Fundación Escuela de Organización Industrial.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, y en cuanto a las observaciones realizadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo, sobre el edificio de Sevilla, he de decir que no se tiene información posterior a la aprobación del informe y que los errores de contabilidad se detectarán posteriormente. Lo único que figura en este informe son los errores contables detectados, pero no los errores que se puedan producir posteriormente.
Una vez más les diré que las alegaciones se estudian, se tienen en cuenta por el ponente y, posteriormente, por el Pleno. Estas se han tenido en cuenta y, vistas las alegaciones, se considera que el director financiero no estaba habilitado.
En cuanto a las consideraciones sobre el resto del personal, también vistas las alegaciones, se hace una crítica de los contratos de colaboración.
Por lo que respecta al personal homologado, si no aparece en el informe es que no está entre los objetivos contenidos en las directrices técnicas, que previamente tiene que aprobar el Pleno. Sin embargo, si esta comisión mixta lo considerase oportuno, se podría incluir.
En cuanto a los servicios profesionales, no se tiene información sobre los aspectos concretos de la Abogacía del Estado.
Han formulado una pregunta común sobre las posibles responsabilidades, supongo que con respecto al contrato de la Universidad Politécnica. En efecto, el informe del fiscal pedía que se remitieran los antecedentes a la Sección de Enjuiciamiento, pero antes de acudir a esta comparecencia el consejero me ha dicho textualmente que una vez estudiada la petición del fiscal por el consejo del departamento, este estimó que no era procedente. Es decir, que, si bien el fiscal ha pedido que
se envíen esos antecedentes, el consejero del departamento estimó que no era procedente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CEDEX, EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Senado 771/000069 y número de expediente del Congreso 251/000072.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Cedex, ejercicio 2002.
El Informe de Fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), ejercicio 2002, fue realizado a iniciativa del Tribunal y aprobado por el Pleno el 26 de mayo de 2005. Los resultados más destacables de la fiscalización practicada han sido los siguientes: En primer lugar, las cuentas fiscalizadas reflejan adecuadamente la situación financiero-patrimonial del Cedex, el resultado de sus operaciones y la liquidación de sus presupuestos, excepto por algunas salvedades con incidencia en cuentas de activo fijo, de deudores, y de resultados de 2002.
En segundo lugar, de la evaluación de los sistemas y procedimientos de gestión y control interno hay que destacar que los principales recursos financieros que figuran en las cuentas anuales del Cedex por el ejercicio 2002, proceden de sus operaciones comerciales. El conjunto de estos ingresos ascendió en 2002 a 18,4 millones de euros, frente a 15,8 millones por transferencias y subvenciones del Estado y otras administraciones públicas, que constituyen la segunda fuente de financiación. Las operaciones comerciales incluyen la prestación de servicios de asistencia técnica a entidades públicas y privadas, y la prestación de servicios tarifados. Sin embargo, la inclusión como operación comercial de la prestación de servicios tarifados es errónea, ya que dicha prestación tiene naturaleza de precio público y, por tanto, sus ingresos deben ser presupuestarios y los gastos a ellos asociados deben estar sujetos a presupuesto limitativo.
En tercer lugar, la prestación de servicios de asistencia técnica se instrumenta bajo la figura contractual del convenio de colaboración, excluida del ámbito del Texto Refundido de la Ley de contratos. El Cedex utiliza un sistema de costes poco riguroso para la presupuestación del precio de los servicios de asistencia, además de no realizar comparaciones entre los costes reales y los presupuestados, lo que impide conocer el resultado (beneficio o pérdida) que se produce en la ejecución de cada convenio.
En cuarto lugar, entre los convenios de colaboración suscritos figura alguno con ayuntamientos que no han satisfecho el precio pactado por la prestación de los servicios. En estos casos, se ha observado que el Cedex no ha utilizado los procedimientos de compensación que prevé la legislación vigente, en concreto, el procedimiento de retención con cargo a la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado previsto en la legislación de las haciendas locales, cuya utilización se recomienda en el informe de la fiscalización.
En quinto lugar, y en relación con la contratación administrativa, se han observado diversas incidencias, entre ellas, cabe señalar que en algunos de los expedientes de contratación se aprecian indicios de fraccionamiento en el objeto del contrato.
En sexto lugar, entre las funciones encomendadas al Cedex se incluye la de transferencia de tecnología, que realiza mediante la impartición de cursos, seminarios y otras tareas de divulgación. El resultado económico de esta función es deficitario como consecuencia de la política de concesión de becas de matrícula, cuyo origen principal nace de un acuerdo entre el organismo y la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI. Por otra parte, el Cedex, en su contabilidad, presenta los ingresos por cursos netos de los gastos derivados de becas, lo que es contrario al principio de presupuesto bruto.
En séptimo lugar, dentro de la estructura del Cedex se integra el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, el CEHOPU. La fuente principal de financiación del CEHOPU, casi la única, ha sido la aportación de un porcentaje -desde el 0,30 por ciento en 1986, hasta el 0,10 por ciento en 2002-, con cargo al denominado usualmente 1 por ciento de interés cultural, de los presupuestos de las obras publicas de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente.
En la fiscalización se observa que la diferencia entre los ingresos y los gastos del CEHOPU en el periodo 1986-2002 han generado excedente. El exceso de financiación de las actividades se puede achacar, al menos en parte, al desconocimiento del Cedex sobre la contratación prevista por los ministerios de los que obtiene su porcentaje sobre el 1 por ciento de interés cultural, lo que incide en su previsión de ingresos del CEHOPU e impide una presupuestación eficaz de los gastos a acometer por éste en cada ejercicio presupuestario.
Las recomendaciones se orientan a que se solicite por el Cedex al Ministerio de Fomento la adscripción al CEHOPU del edificio que viene utilizando como sede; a que se inicien conversaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda para hacer viable la recuperación de deudas contraídas por ayuntamientos, conforme al procedimiento de retención con cargo a la participación de corporaciones locales en los tributos del Estado; a no demandar a los becarios labores propias de trabajadores del Cedex; a implantar un adecuado sistema de costes en relación con los
convenios de prestación de servicios, y a instrumentar una mejor presupuestación de los ingresos del CEHOPU.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo.
Nuevamente, desde el Grupo Parlamentario Popular le agradecemos al señor presidente del Tribunal de Cuentas la exposición de este informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
En aras de la brevedad, sólo voy a hacer alguna matización y algunas preguntas dirigidas al señor presidente del Tribunal de Cuentas.
En primer lugar, me gustaría destacar que el informe confirma que se refleja la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial.
Asimismo, queda claro que la excepción que se produce en algunos casos, cometiéndose errores contables y con una inadecuada contabilización, se corrige posteriormente, en el ejercicio 2003, sin que produzca quebranto patrimonial alguno.
Creo que es importante tener en cuenta que Cedex es un centro de investigación y, en consecuencia, su problemática y sus necesidades son difícilmente asimilables a los de una entidad empresarial. En este sentido, quiero dirigir unas preguntas al señor presidente del Tribunal de Cuentas para que me aclare si cree que estas excepciones se pueden considerar como algún tipo de error contable y si tienen la gravedad suficiente como para desestabilizar el normal funcionamiento de la entidad. ¿Tiene constancia el Tribunal de Cuentas de que, como consecuencia de estas anomalías, Cedex no haya desarrollado alguna investigación adecuadamente? Es decir, que como consecuencia de esas pequeñas anomalías se haya desviado de su objetivo fundamental: desarrollar investigaciones.
También me gustaría preguntar al señor presidente si le da mucha importancia o considera grave el hecho de que no se contabilicen las becas en la realización de cursos y seminarios.
Parece ponerse de manifiesto en el informe la contratación irregular de una persona, ¿ha habido otras manifestaciones en el Cedex de contratación irregular o se trata simplemente de un caso aislado?
Por último, me gustaría conocer la opinión del señor presidente sobre el hecho de que no estén compensadas las deudas de los ayuntamientos. ¿Cree que esto supone un riesgo real e importante para la financiación del centro o no tiene demasiada importancia a la vista de los saldos de los fondos no gastados por Cedex?
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Pilar Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señor presidente.
También quiero dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por el informe que nos ha facilitado y por su exposición.
Voy a ser muy breve y enfocaré mi intervención sobre algunos matices o valoraciones que se vierten en el informe.
Como usted ha expuesto, y queda constancia en su informe, hay una serie de datos objetivos: la existencia de un inmovilizado material sobrevalorado, de la gestión de unas inversiones infravaloradas, de unas cuentas de deudores que no reflejan exactamente la realidad porque hay duplicidad y de que los ingresos y el IVA repercutido no se ajustan a lo que tiene que ser la normativa completa. Asimismo, cita de forma exhaustiva y muy adecuada otros aspectos de la gestión que realiza el Cedex que me interesa destacar, a pesar de que ya se hayan citado, por ejemplo, el fraccionamiento de contratos y la contratación irregular.
El informe del ejercicio 2002 deja constancia de estos hechos y, el Tribunal de Cuentas, en función de los datos de que dispone, ha realizado una serie de recomendaciones. En este sentido, le puedo adelantar, de hecho, que el centro ya ha puesto en marcha alguna de estas recomendaciones, por ejemplo, aquella que hace referencia a las deudas que estaban pendientes con algún ayuntamiento y, asimismo, se han realizado los ajustes contables.
Sin embargo, señor presidente, hay dos aspectos que quiero destacar porque me han despertado alguna duda y me gustaría que hiciese alguna reflexión al respecto. En este sentido, hace un informe muy extenso respecto a los contratos de asistencia que, a través de convenios de colaboración -formula contractual elegida por Cedex-, realizan la prestación de esta asistencia técnica. Usted ha hecho referencia a que utilizan un sistema de costes que tiene su origen en 1986, incrementados por el IPC, pero que no se ajustan a la realidad y no permiten deducir pérdidas y beneficios.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene que resaltar la bondad de que el Tribunal de Cuentas ponga este hecho de manifiesto para poder proceder a su corrección; ahora bien, la segunda parte de la valoración que ustedes realizan -y le leo literalmente- es la siguiente: Este hecho, que puede no ser relevante en la prestación de servicios públicos, cobra toda su importancia cuando es el sector privado el que recibe los servicios.
Mi primera reflexión, como miembro de esta comisión mixta, es que no sé qué criterios utiliza el Tribunal de Cuentas para determinar que el dinero público y el dinero privado deben tener una distinta valoración.
Nuestra función, y creo que también la del Tribunal de Cuentas, es ejercer un control con total objetividad y, por ello, la emisión de este juicio de valor me resulta llamativa.
En este mismo sentido, cuando ustedes analizan el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo -sobre el que, de nuevo, hacen un estudio riguroso y exhaustivo-, llegan a la conclusión de que, en su momento, tuvo un exceso de financiación de 22 millones de euros.
Aprovecho la ocasión para hacer un inciso y resaltar de nuevo el rigor del estudio, que cita toda la normativa de la que se deriva la asignación entre el 0,30 y el 0,10 por ciento, que incluye un análisis comparativo de las cuentas a través de determinados períodos e incluso un estudio del personal asignado a todo el conjunto de organismos. Sin embargo, también he de resaltar que ustedes terminan haciendo una recomendación que se centra en que estos 22 millones de euros se deben traspasar al Estado para que los gestione el Ministerio de Cultura. No voy a entrar en el fondo del asunto, señor presidente, pero quiero preguntarle cuál es el criterio que han seguido a la hora de hacer esta recomendación. La recomendación podría haber seguido otro camino e incluso haber propuesto la desaparición del Centro de Estudios Históricos o, por ejemplo, que se aumentase la plantilla y que CEHOPU siguiese gestionando este tipo de centros.
Insisto en que no voy a entrar en el fondo del asunto, sobre si es acertado o no lo es, sino que -igual que dije con anterioridad- me gustaría saber es cuál es el límite de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas. Soy muy consciente -y mi grupo parlamentario también lo es- de que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no tienen un carácter vinculante, pero no podemos ignorar su trascendencia. Por ello, insisto en que me ha llamado la atención el que en este informe, que en un 90 por ciento cuenta con un gran rigor técnico, se formulen determinadas recomendaciones o juicios de valor.
Me gustaría saber cuál ha sido el criterio del Tribunal de Cuentas a la hora de decidir sobre la distinta importancia del dinero privado con relación al control que se debe ejercer sobre el dinero público o por qué realizan un tipo de recomendaciones que competen exclusivamente al ámbito político y, en este caso, al Ejecutivo.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): gracias, señor presidente.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha preguntado si se han hecho correcciones después del año 2003 y lo cierto es que no dispongo ahora mismo de esa información porque el informe comprende únicamente el ejercicio 2002.
Deben tener en cuenta que el presidente del Tribunal de Cuentas no viene a esta comisión a presentar la situación del ente fiscalizado en el momento en que se hace la presentación; entre otras cosas, éste es un informe de hace más de un año. En consecuencia, si ustedes desean hablar de algo que haya podido ocurrir con posterioridad a la realización del informe, habría que cambiar el estilo de la presentación pero, en cualquier caso, tampoco podría presentar lo que hubiese sucedido posteriormente porque estamos sujetos a un procedimiento específico que exigiría llevar a cabo otra fiscalización.
Por lo que se refiere a las becas, el informe señala que, hasta el año 2003, la concesión de becas no se realizaba conforme a la normativa reguladora de ayudas y subvenciones; y, asimismo, que la situación de un becario ha dado lugar a una demanda y a una sentencia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que distinguir muy bien, en este caso, cuando la beca es algo que beneficia al becario o cuando es algo que beneficia a Cedex, como parece ser que determinó la sentencia, y esto es lo que dice el informe.
En cuanto a la compensación con los ayuntamientos, ¿qué va a decir el informe? Evidentemente, señala que es necesario que se active porque el hecho de que estemos dentro del ámbito del sector público no quiere decir que se puedan dejar de asumir sus obligaciones y exigencias. El Tribunal de Cuentas, en este caso, manifiesta lo que ha visto y hace la correspondiente recomendación.
Creo que no se ha interpretado bien la afirmación del informe en el sentido de que se lleva un sistema de costes poco riguroso. Se debe utilizar un sistema de costes riguroso tanto si sólo se utiliza dinero público como si hay dinero privado o como si hay intereses públicos y privados. ¿Qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, lo que dice el informe es que tiene una mayor importancia para una empresa pública cuando estos trabajos se hacen para el sector privado.
La financiación de CEHOPU está ligada a un porcentaje del 1 por ciento destinado a un interés de tipo cultural, como se señala en el informe y, así, se indica que la presupuestación nunca puede prever las obras que se vayan a hacer, a cuánto ascenderá ese 1 por ciento o el porcentaje que les corresponda. Creo que esta cuestión ya se ha debatido alguna vez en esta comisión al abordar el asunto del 1 por ciento cultural. Cuando se trata de fondos públicos, deben matizarse muy bien cuáles son sus finalidades y, si están destinados a aspectos culturales, debe ser el Ministerio de Cultura el que se haga cargo de ellos, que es a quien le corresponde.
En cualquier caso, no se trata de unas recomendaciones que persigan una finalidad concreta; eso exigiría también un debate, así como la introducción de otros elementos que los que figuran en un informe que tiene una finalidad concreta.
Me parece que también se han interesado por las responsabilidades y, en este caso, tengo que decir que el Ministerio Fiscal apreció algunos indicios y que el departamento ponente los remitió a la sección de Enjuiciamiento pero, en este momento, la información de que dispongo es que se han archivado las actuaciones, lo que quiere decir que no ha habido responsabilidades contables.

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 artículo 31
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in dubio
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