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Timestamp: 2013-05-19 23:16:58+00:00

Document:
Edicto de la Dirección Provincial del SPEE/INEM en Valencia sobre confirmación de la sanción de extinción de prestaciones, como consecuencia de acta de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
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Edicto de la Dirección Provincial del SPEE/INEM en Valencia sobre confirmación de la sanción de extinción de prestaciones, como consecuencia de acta de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social Nº de Disposición	:
BOP-VALENCIA 172	Fecha Publicación	:
DIRECCION PROVINCIAL DEL SPEE/INEM EN VALENCIA	EDICTO
Expediente núm.: 7805/2010
Recurrente: Dª CARMEN VIOLETA CHIOREAN
NIE: X4199449V
Domicilio: C/Rey Sancho 4, 46520-PUERTO SAGUNTO (VALENCIA)
D. FRANCISCO ALMENAR GALARZA
PLAZA SAN JUAN DE RIBERA 7-A,
46520- PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
Acta de Infracción núm.: I462010000023537
Sanción: Pérdida de prestaciones de desempleo en
los términos de la Resolución recurrida.
Fecha de la Resolución recurrida: 23 de junio de 2010
La Subdirectora General de Recursos propone la siguiente
VISTO el recurso de alzada interpuesto ante esta
Estatal por la interesada que al margen se cita, contra
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de VALENCIA, de la que asimismo se
ha hecho referencia, y tenidos en consideración los
PRIMERO.- La Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal acordó confirmar el Acta
origen de las presentes actuaciones imponiendo a la interesada la
sanción especificada en el encabezamiento, al haber
incurrido en connivencia con el empresario citado en el Acta,
mediante la realización de los actos y trámites que
se detallan en la misma para la obtención indebida de
prestaciones por desempleo, lo que constituye infracción muy
grave conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/00, de 4 de
SEGUNDO.- La Resolución impugnada, fue notificada a la
recurrente con la advertencia que contra la misma podía
interponer recurso de alzada ante el órgano competente en el
TERCERO.- La interesada interpuso dicho recurso, en el que alega
lo que mejor conviene a su derecho.
CUARTO.- Se han emitido y figuran incorporados al expediente los
informes reglamentarios.
F U N D A M E N T O S D E DERECHO
PRIMERO.- La Dirección General del Servicio
Público de Empleo Estatal es competente para conocer y
resolver el presente recurso de alzada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
SEGUNDO.- Las Actas formalizadas por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los
requisitos reglamentarios están dotadas de presunción
de certeza respecto de los hechos reflejados en las mismas que
hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en
contrario, así lo establece el artículo 53.2 de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ya
De ello se deduce que la presunción de certeza de que
gozan las Actas desplaza la carga de la prueba al administrado, de
suerte que es éste quien debe acreditar, con las pruebas
precisas, que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por
TERCERO.- Denuncia la parte recurrente la vulneración del
principio de presunción de inocencia, establecido en el
artículo 137 de la mencionada Ley 30/92, del procedimiento
administrativo común, y consagrado por el artículo
24.2 de la Constitución Española.
No se aprecia en el caso que aquí se revisa
vulneración de tan fundamental principio.
El principio de presunción de inocencia ha sido definido
por el Tribunal Constitucional en los siguientes
"Como venimos afirmando desde la STC 31/1981, de 28 de julio
(RTC 1981,31), el derecho a la presunción de inocencia se
configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva
constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de
cargo válidas, lo que implica que exista una mínima
actividad probatoria realizada con las garantías necesarias,
referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la
misma quepa inferir razonablemente los hechos y la
participación del acusado en los mismos, De modo que, como
se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre, "sólo
cabrá constatar la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo
válidas, es decir, cuando los órganos judiciales
hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos
fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive
el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por
ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter
discursivo que conduce de la prueba al hecho probado". Así
la STC 111/2008, de 22 de septiembre.
En el ámbito particular d ela actividad sancionadora de
la Administración, debemos afirmar que el artículo
53.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
ya citada, no otorga a las actas de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social una veracidad absoluta, lo que sería
constitucionalmente inadmisible, sino que el valor probatorio que
de ellas se deduzca pueda ser enervado por otras pruebas que
conduzcan a conclusiones distintas.
En su caso como el que aquí se revisa no se opone al
mencionado principio la circunstancia de que la
Administración recurra a la prueba de indicios o
presunciones para dar por acreditada la concurrencia de los
elementos constitutivos de la infracción, siempre que los
indicios aparezcan a su vez clara y suficientemente acreditados,
que presenten cierta pluralidad, que el proceso deductivo o de
inferencia sea racional y lógico, y que esa operación
no resulte desvirtuada o de alguna forma tachada por la
concurrencia de otros factores o circunstancias de signo
exculpatorio, o por prueba en contrario presentada por el
interesado enervante de dichos indicios. Valgan como cita las
Sentencias del Tribunal Constitucional 62/1994, de 28 de febrero y
133/1995, de 25 de noviembre. Asimismo, Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de octubre de 1992 (Ar. RJ 1992/8385).
Aplicando la mencionada doctrina al presente caso, consideramos
que existen elementos suficientes para concluir que no se ha
producido la vulneración del principio de presunción
de inocencia, sin que a estos efectos pueda entenderse que la
valoración de la prueba corresponda al contenido del derecho
fundamental de presunción de inocencia, sino más bien
a una "disparidad de criterios en cuanto a la valoración de
los resultados probatorios" (STS de 10 de julio de 1996, Ar. RJ
1996/4189).
CUARTO.- Pretende el recurrente la nulidad del Acta iniciadora
de estas actuaciones al haberse declarado por el Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la
nulidad del procedimiento iniciado con el Acta I462008000052174,
por los mismos hechos que contiene la que aquí se examina.
No puede compartirse tal criterio.
El procedimiento sancionador iniciado con el Acta que se ha
indicado se anuló por errores en la notificación, por
lo que no existe pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Ello no
impide que, no prescritos los hechos como es el caso, se inicien
nuevas actuaciones inspectoras, formalizándose nueva Acta a
fin de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar.
QUINTO.- Con respecto al fondo del asunto, sabido es que el
principio de presunción de inocencia constituye una
presunción "iuris tantum" (admite prueba en contrario), que
garantiza el derecho a no sufrir pena o sanción que no tenga
fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el
órgano competente pueda sentar "un juicio razonable de
culpabilidad", según sienta la Sentencia del Tribunal
Constitucional 138/1990. Esa actividad probatoria viene constituida
en el orden sancionador de lo social por las actas de
infracción promovidas por la Inspección de Trabajo, a
las que el citado artículo 53.2 de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones, se limita a atribuir el carácter de prueba de
cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en
contrario, De esos hechos hay cumplida constancia en el Acta de
Infracción objeto de consideración, como una simple
lectura del texto de la misma testimonia.
SEXTO.- Tales hechos, de cuya real y efectiva existencia se
afirma y ratifica de forma rotunda en su informe ampliatorio el
funcionario promotor de Acta de Infracción y conocido es el
valor complementario y potenciador de ésta que la
jurisprudencia contencioso-administrativa viene asignando a tales
informes (Sentencias del Tribunal Supremo de 19-03-90, 22-03-90 y
19-11-91). Tales hechos reputados ciertos en tanto en cuanto no se
les opone prueba concluyente que los desvirtúe, son
constitutivos de los indicios que sostienen la inculpación.
Un examen integrador de todos ellos (en la denominada prueba
indiciaria, no cabe el análisis aislado de cada uno de los
elementos que la integran), hace visible, como la consecuencia
lógica que se desprende de su conjunto, el procedimiento
seguido por empresa y trabajadora para situar a ésta, en
posición de acceder a una protección por desempleo a
la que, sin el artificio, no tenía derecho.
SÉPTIMO.- Por todo ello, habiendo quedado plenamente
acreditada la connivencia apreciada entre las partes para los fines
señalados, los hechos imputados deben ser calificados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la
citada Ley sobre Infracciones y Sanciones, mereciendo a este
respecto citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre
de 1988, que, a propósito de analizar la connivencia, dice
que ésta "se caracteriza por la concurrencia de un acuerdo
de voluntades entre el trabajador y el empresario dirigido a que
aquél pudiera obtener ilícitamente las prestaciones
por desempleo. Por otro lado esta confabulación suele ser
disfrazada de una cierta apariencia de legalidad bajo la cual se
oculta la verdadera intención de quienes así
actúan".
Procede, por tanto, sin otro trámite, con
desestimación del recurso, la confirmación de la
resolución cohabita por los propios fundamentos que la misma
contiene, que se dan aquí por enteramente reproducidos.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general
ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL, a propuesta de la Subdirección General de
Recursos, ACUERDA DESESTIMAR el presente recurso y confirmar la
resolución impugnada y la sanción impuesta.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma procederá recurso
Contencioso-Administrativo, a interponer en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de su
notificación, pudiéndolo hacer a su elección,
ante el Juzgado de lo Contencioso. Administrativo correspondiente,
sede del órgano autor del acto originario impugnado, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga usted su
La subdirectora General de Recursos: Regina Mañueco del
El director general del Servicio Público de Empleo
Estatal: Antonio Toro Barba.
2011/22714

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 26
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 114
 artículo 53

artículo 137
 artículo
24
 artículo
53
 artículo 53
 artículo 26

resolución 

resolución 
 Resolución