Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00292-41415-de-marzo-2-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_48affe4a465c46e891e4bb757bfd1ed2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 22:57:08+00:00

Document:
SENTENCIA 2008-00292 DE 02 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE LA PRECLUSIÓN, LA ABSOLUCIÓN Y LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. EL ANCLAJE ENTRE UNA DECISIÓN DE CARÁCTER PRECLUSIVO O ABSOLUTORIO, POR UNA PARTE, Y UNA DECISIÓN DE CARÁCTER PRESCRIPTIVO, POR LA OTRA, VIENE DADO POR LA INOCENCIA QUE EN TALES CASOS SE MANTIENE, YA PORQUE HAYA SIDO EXPRESAMENTE DECLARADA O PORQUE SU PRESUNCIÓN PERVIVA. DESDE LUEGO, SI SE ADMITE QUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEJA EN VILO EL DERECHO BIEN SEA A SER RECONOCIDO INOCENTE O SER VENCIDO EN JUICIO, HABRÁ QUE RECONOCERSE QUE MIENTRAS ESTO ÚLTIMO NO OCURRA (VENCIMIENTO EN JUICIO) LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SE MANTIENE INALTERADA. ADICIONALMENTE EN EL CASO EN CONCRETO, CON RESPECTO A LOS PERJUICIOS MORALES SE SUMA QUE, CONFORME LO HA DISPUESTO LA JURISPRUDENCIA DE ESTA CORPORACIÓN Y A RAÍZ DE LA MULTIPLICIDAD DE PERJUICIOS QUE SE ASOCIABAN CON EL DENOMINADO “DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN”, SE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA DE LA VÍCTIMA PARA REDEFINIR UNA CATEGORÍA OMNICOMPRENSIVA DE “DAÑO A LA SALUD”.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRECLUSIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, ABSOLUCIÓN, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2008-00292 de marzo 2 de 2017
Rad.: 200012331000200800292 01 (41415)
200012331000201200105 01 (50054)
Actores: Jorge Luis Vega Zequeira y otros
Demandada: La Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Culminado el trámite procesal de segunda instancia y sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver, en trámite acumulado(1), los recursos de apelación interpuestos, de una parte, por la entidad demandada, contra la sentencia del 10 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso Nº 41415, mediante la cual se acogieron parcialmente las pretensiones y, de otra parte, por demandante y demandadas, contra la sentencia del 15 de agosto de 2013 proferida por el mismo tribunal en el proceso Nº 50054, parcialmente favorable a las súplicas de la demanda.
A raíz de la muerte violenta de la juez de Becerril, Cesar, y las lesiones graves causadas a otra persona, presuntamente perpetradas por miembros de una organización paramilitar, se vinculó a la investigación penal, entre otros, a los señores José Luis Vega Zequeira y al por entonces Alcalde de Codazzi, Thomás Ovalle López. Al primero, se le sindicó de concierto para delinquir y se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, inicialmente en establecimiento carcelario y, posteriormente, sustituida por domiciliaria. La investigación terminó con sentencia absolutoria debidamente ejecutoriada. Al segundo de los encartados, se le sindicó de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, se le dictó medida de aseguramiento y fue privado de la libertad en establecimiento carcelario. En sentencia de primer grado fue condenado a cuarenta años de cárcel, decisión que fue apelada y confirmada en segunda instancia respecto del punible de concierto para delinquir y liberado de responsabilidad frente a los otros dos delitos endilgados. Estando en curso la condena, solicitó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, la cual fue decidida favorablemente.
1.1. Proceso Nº 200012331000200800292 01 (41415).
Mediante escrito de demanda visible a folios 256-296 cuaderno 1, ante el Tribunal Administrativo del Cesar(2), el 9 de noviembre de 2007, los señores: Jorge Luis Vega Zequeira (víctima de la privación); Marlis Estela Castro Guerrero (compañera permanente), ésta última, en nombre propio y de su hijo menor: Adrián Joseth Vega Castro (hijo común de la víctima y su compañera); José Jorge Vega González, Daneyis Vanessa Vega Olivella, José Orlando Vega Castilla, Jorge Luis Vega Castro, Ricardo Daniel Vega Castro y Cristian Eduardo Vega Castro (hijos), Aura Mercedes Zequeira Baquero (madre) e Ildemaro Vega Zequeira (hermano), formularon demanda contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, para que mediante acción de reparación directa, se les concedan las siguientes pretensiones:
Declarar responsable a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios morales y materiales ocasionados al señor JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, por causa de los errores administrativos representados en fallas en el servicio y en la privación indebida de la libertad, por haberlo acusado injusta e ilegalmente y haber ocasionado el que se le vinculara a la investigación penal, manteniendo sub judice, por dos (2) años cinco (5) meses y cuatro (4) días.
Por los perjuicios ocasionados por la desmejora de su calidad de vida de que fue víctima como consecuencia del señalamiento y vinculación por las autoridades penales, por los errores administrativos, derivados de la decisión de los funcionarios de Las Entidades demandadas, lo que ocasionó la apertura de investigación en Fiscalía y el juicio ante la Rama Judicial (proceso penal). Los resultantes de la dramática alteración de las condiciones materiales de existencia de los demandantes, en la cuantía que resulte de las bases que se prueben en el proceso.
Las sumas invertidas en la consecución de asistencia jurídica que han de entenderse como un hecho objetivo de disminución patrimonial constitutivo de un perjuicio y no como una condena en costas (...).
— Los montos cancelados a los Abogados, para que lo asistieran como defensores, que para el caso se refiere a la asistencia en el proceso seguido por Concierto para delinquir, los que aproximadamente se calculan en CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 51.500.000.oo).
— Lo que mensualmente se gastó para mitigar su estadía en el centro carcelario donde fue recluido, tales como la alimentación, aseo personal y otros necesarios para hacer su vida menos difícil, que se cuentan alrededor de QUINIENTOS MIL PESOS mensuales ($ 500.000.oo), por el tiempo de dos (2) años, cinco (5) meses, cuatro (4) días, da un total de QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 15.166.700.oo).
— Por el hurto de semoviente, maquinarias y armas, originado por su privación de libertad, como consta en la denuncia No 0258 de octubre 15 de 2003, por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 65.000.000.oo).
Para un total de CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($ 131.667.000.oo) como daño emergente.
Dado el caso de que no existan en el proceso bases suficientes para hacer la liquidación matemática de los perjuicios materiales que se deben a los demandantes, el juzgado, por las razones de equidad, los fijará en equivalente en pesos de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de cuanto menos 1.000 salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de los artículos 4º y 8º de la Ley 53 de 1887 y 97 de Código Penal.
— En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de la falta de uso del capital representativo de la indemnización, según el Artículo 1615 del Código Civil, que se está debiendo desde el momento en que fue vinculado a la investigación y se le tuvo en vilo, así como privado de la libertad al señor JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, y se pagarán, al igual que el capital, en pesos actualizados y con intereses, a la fecha de pago de lo dispuesto en la respectiva sentencia, que los liquido (sic) de la siguiente manera:
Ingreso mensual producto de la venta de lácteos $ 5.000.000. Este valor se multiplicará por dos años, cinco meses y cuatro días para un total de $ 155.566.500.oo, que se indexan mediante la siguiente fórmula (...)
Suma total (Capital e Intereses) $ 211.120.693
Para un total de DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO VEINTE SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 211.120.693.oo) como Lucro Cesante.
Esta suma será ajustada hasta la fecha de su cancelación.
Declarar responsable a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios morales ocasionados a: la señora MARLIS ESTELA CASTRO GUERRERO, compañera permanente, a sus hijos: JOSÉ JORGE VEGA GONZALES, DANEYIS VANESSA VEGA OLIVELLA, JOSÉ ORLANDO VEGA CASTILLA y JORGE LUIS, RICARDO DANIEL, CRISTINA EDUARDO, ADRIÁN JOSETH VEGA CASTRO; a su madre señora AURA MERCEDES ZEQUEIRA BAQUERO, y su hermano ILDEMARO VEGA ZEQUEIRA, atendiendo el vínculo que los une con el señor JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, debidos los errores administrativos y fallas en el servicio, por haberlo acusado injusta e ilegalmente haber ocasionado el que se le vinculara a la investigación penal, y mantenido sub judice, y privado de la libertad por dos (2) años, cinco (5) meses y cuatro (4) días, reconociendo la misma fiscalía en la audiencia publica (sic) que no había merito (sic) para condenarlo, lo cual fue consolidado por el Juzgado Octavo Especializado de la ciudad de Bogotá al proferir sentencia absolutoria.
El equivalente en pesos a la fecha de pago de los dispuesto en la respectiva sentencia, de cuanto menos 200 y 100 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, en orden preferencial por cercanía, sin perjuicio del mayor valor que resulte de la aplicación de las reglas de equidad, de la ley o la jurisprudencia por todos los sufrimientos, zozobras y estigmas ocasionados durante dos (2) años, cinco (5) meses y cuatro (4) días.
De la misma manera y en relación directa con la condena por perjuicios morales, se condene a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, por concepto de daño en la vida de relación, teniendo en cuenta como tal, la estigmatización, el rechazo, discriminación y señalamiento de que fueron y siguen siendo objeto, JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA y su nucleo (sic) familiar, lo que los obligó a separarse de sus actividades sociales, culturales, lúdicas, profesionales, familiares y hasta escolares; así como el deterioro de las relaciones interpersonales y meramente físicas, como pareja y Padre-Madre-Hijos, hechos que jurisprudencialmente, se dan por probados o que su prueba no amerita una investigación exaustiva (sic). Por este rubro, pido al señor Juez se globalice, por la gravedad de los hechos, una condena no inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales.
Que se condene a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, a que se pague sobre las sumas a que resultare condenada (...) los índices de devaluación monetaria (...) de conformidad con lo previsto en el art. 178 del Código Contencioso Administrativo.
Que se ordene a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, cumplir el fallo (...) dentro del término ordenado por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (...).
Que se condene a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar las agencias en derecho que genere el presente proceso.
1.2. Proceso Nº 200012331000201200105 01 (50054).
Mediante escrito de demanda visible a folios 682-695, cuaderno 3, ante el Tribunal Administrativo del Cesar(3), el 6 de marzo de 2012, los señores: Tomás Ovalle López (víctima de la privación); Nurys Elguedo Rodríguez (compañera permanente), Maria Daniela Ovalle León y Jhonay Barboza Castellano (hijos menores); Thomas Rafael Ovalle Elguedo, Luis Alberto Ovalle Elguedo, María Victoria Monsalve Rodríguez, Tomás Enrique Ovalle Villa, Nelson Fabio Ovalle Araújo, Lisney Hercilia Ovalle Medina, Carlos Enrique Ovalle Elguedo (hijos), Isabel Felicia López de Ovalle (madre); Thomas Rafael Ovalle H., Luis Felipe Ovalle Salina y Nurysney Ovalle Barboza, Gabriela María Ovalle Barranco, José Javiero Ovalle Barranco (nietos) Natalie Stephanie Córdoba Ovalle, Andrés Augusto Córdoba Ovalle, Nicolás Alfonso Córdoba Ovalle, Gonzalo Adolfo Córdoba Ovalle, Arturo Alfonso de Jesús Córdoba Ovalle Paola Carolina Córdoba Ovalle, Indira Córdoba Ovalle, Silvana Córdoba Ovalle, Cecilia Córdoba Ovalle, Yimi Leyander Ovalle Rojas, José Alfonso Ovalle Barranco, Juan José Rivero Ovalle, Katia Rosa Rivero Ovalle, William Ramiro Rivero Ovalle (sobrinos), María Ovalle López, Niria Cecilia Ovalle López y Hernando de Jesús López Ávila (hermanos), formularon demanda contra la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, para que mediante acción de reparación directa, se les concedan las siguientes pretensiones:
Primero: Declarar que LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativamente responsables por el error judicial cometido al juzgar a THOMÁS OVALLE LÓPEZ, al equivocarse en la dosimetría penal, los operadores de primera uy segunda instancia, e imponerle más pena de la que realmente era acreedor, con ocasión de los hechos narrados en esta demanda.
Segundo: Condenar a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente en moneda de curso legal en Colombia según el siguiente detalle:
• Para THOMÁS OVALLE LÓPEZ, en su calidad de víctima CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para MARÍA DANIELA OVALLE LEÓN, menor de edad, en su calidad de hija de la víctima y representada por su padre THOMÁS OVELLE LÓPEZ, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NURYS ELGUEDO RODRÍGUEZ, en su calidad de compañera permanente de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para JHONAY BARBOZA CASTELLANO (sic), menor de edad en su calidad de hija de la víctima, y representada por su madre NURYS ELGUEDO RODRÍGUEZ, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una.
• Para ISABEL FELICIA LÓPEZ DE OVALLE, en su calidad de madre de la víctima CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para THOMÁS RAFAEL OVALLE ELGUEDO, en su calidad de hijo de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para THOMÁS RAFAEL OVALLE H., menor de edad, en su calidad de nieto de la víctima y representado por su padre THOMÁS RAFAEL OVALLE ELGUEDO, CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para LUIS ALBERTO OVALLE ELGUEDO, en su calidad de hijo de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para LUIS FELIPE OVALLE SALINAS., menor de edad, en su calidad de nieto de la víctima y representado por su padre LUIS ALBERTO OVALLE ELGUEDO, CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para maría victoria Monsalve Rodríguez, en su calidad de hija de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para TOMAS ENRIQUE OVALLE VILLA, en su calidad de hijo de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NELSON FABIO OVALLE ARAÚJO, en su calidad de hijo de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para LISNEY HERCILIA OVALLE MEDINA, en su calidad de hijo de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NURYSNEY OVALLE BARBOZA., menor de edad, en su calidad de nieta de la víctima y representado por su padre CARLOS ENRIQUE OVALLE ELGUEDO, CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NATALIE STHEPANIE CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para ANDRÉS AUGUSTO CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NICOLÁS ALFONSO CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para GONZALO ADOLFO CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para ARETURO ALONSO DE JESÚS CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para PAOLA CAROLINA CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para INDIRA CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para SILVANA CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para CECILIA CÓRDOBA OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para YIMI ALEXANDER OVALLE ROJAS, en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para JOSÉ ALFONSO OVALLE BARRANCO., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para JUAN JOSÉ RIVERO OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para KATIA ROSA RIVERO OVALLE., en su calidad de sobrina de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para WILLIAM RAMIRO RIVERO OVALLE., en su calidad de sobrino de la víctima OCHENTA (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para GABRIELA MARÍA OVALLE BARRANCO, en su calidad de nieta de la víctima y representada por su madre ELIDA ROSA BARRANCO GÓMEZ, CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para JOSÉ JAVIER OVALLE BARRANCO, en su calidad de nieto de la víctima y representada por su madre ELIDA ROSA BARRANCO GÓMEZ, CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para MARÍA OVALLE LÓPEZ, en su calidad de hermana de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para NIRIA CECILIA OVALLE LÓPEZ, en su calidad de hermana de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para HERNANDO DE JESÚS LÓPEZ AVILA, en su calidad de hermano de la víctima, CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Tercero: Condenar a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, el equivalente en moneda de curso legal en Colombia, la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHETA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($ 195.788.500), discriminados así:
1. La suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($ 110.000.000), por concepto de honorarios profesionales cancelados al Doctor RUBÉN DARÍO CEBALLOS MENDOZA, en el proceso de carácter penal que se me siguió por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.
2. La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M.L. ($ 20.000.000), por concepto de honorarios profesionales cancelados al doctor RUBEN DARÍO CEBALLOS MENDOZA, en el proceso de carácter disciplinario que se me siguió en la Procuraduría General de la Nación, radicado bajo el Nº 155-87668-2003, investigación que se inicia en mi calidad de Alcalde del Municipio de Agustín Codazzi cuando se me acusa por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.
3. La suma de DEICINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($ 19.200.000.oo), que es el dinero que dejó de devengar durante dos meses y 15 días, ya que era el periodo que le quedaba por culminar como Alcalde del Municipio de Codazzi-Cesar (Octubre 7 de 2003, fecha de su detención hasta el 31 de diciembre de 2003 culminación del periodo electoral.
4. La suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($ 46.558.500), dinero que dejó de devengar durante el tiempo que injustamente estuvo detenido, o sea a partir del mes de enero del año 2004, toda vez que los dos meses anteriores sus ingresos eran como Alcalde del municipio de Codazzi, teniendo como base el último salario mínimo legal mensual vigente para este año que es la suma de $ 535.500, más la corrección monetaria del caso.
Todos estos valores arrojan la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($ 195.788.500).
Cuarto: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar los perjuicios por alteración de las condiciones de existencia de la siguiente manera:
Perjuicios fisiológicos: Llamados por la doctrina italiana disminución del goce de vivir, hacen referencia a aquellos daños que impiden a la persona el desarrollo de su vida en forma agradable.
Por este concepto para THOMÁS OVALLE LÓPEZ, quien actúa en representación de su menor hija MARÍA DANIELA OVALLE LEÓN, para su compañera permanente NURYS ELGUEDO RODRÍGUEZ, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija JHONAY BARBOZA CASTELLANO (sic), para la madre de la víctima ISABEL FELICIA LÓPEZ DE OVALLE, para su hijo THOMÁS RAFAEL OVALLE ELGUEDO, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo THOMÁS RAFAEL OVALLE H. (nieto de la víctima), para LUIS ALBERTO OVALLE ELGUEDO (hijo de la víctima), quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo LUIS FELIPE OVALLE SALINAS (nieto de la víctima), para TOMAS ENRIQUE OVALLE VILLA, NELSON FABIO OVALLE ARAÚJO, LISNEY HERCILIA OVALLE MEDINA, MARÍA VICTORIA MONSALVE RODRÍGUEZ (hijos de la víctima), para CARLOS ENRIQUE OVALLE ELGUEDO (hijo de la víctima), quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija NERYSNEY OVALLE BARBOZA (nieta de la víctima), para los sobrinos de la víctima NATALIE STEPHANIE CÓRDOBA OVALLE, ANDRÉS AUGUSTO CÓRDOBA OVALLE, NICOLÁS ALFONSO CÓRDOBA OVALLE, GONZALO ADOLFO CÓRDOBA OVALLE, ARTURO ALONSO DE JESÚS CÓRDOBA OVALLE, PAOLA CAROLINA CÓRDOBA OVALLE, INDIRA CÓRDOBA OVALLE, SILVANA CÓRDOBA OVALLE, CECILIA CÓRDOBA OVALLE, YIMI LEYANDER OVALLE ROJAS, JOSÉ ALFONSO OVALLE BARRANCO, JUAN JOSÉ RIVERO OVALLE, WILLIAM RAMIRO RIVERO OVALLE, KATIA ROSA RIVERO OVALLE, para los sobrinos de la víctima GABRIELA MARÍA OVALLE BARRANCO y JOSÉ JAVIERO OVALLE BARRANCO, menores de edad representados por su mamá ELIDA ROSA BARRANCO GÓMEZ, Para sus hermanos HERNANDO DE JESÚS LÓPEZ AVILA, NIRIA CECILIA OVALLE LÓPEZ y MARÍA OVALLE LÓPEZ el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno a la época del fallo.
Perjuicios psicológicos: Para THOMÁS OVALLE LÓPEZ: Es innegable que una persona vea truncados todos sus sueños, al perder su libertad de locomoción, habiendo cumplido con una sentencia condenatoria y seguir sintiéndose privada de la libertad, detenida en un centro carcelario, sin poder compartir con todo su núcleo familiar, sienta una merma en su autoestima moral y emocionalmente y así no se presenten episodios psicóticos agudos suicidas deben presumirse los perjuicios de esta índole.
Por este concepto, ruego al Señor Juez, se le condene solidariamente a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al actor, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Quinto: El valor que ascienda la condena por concepto de perjuicios materiales será reajustado en su valor al momento del fallo teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor, conforme la certificación que expida el DANE.
Sexto: Disponer que las sumas liquidadas de dinero que se reconozcan en la sentencia devengarán intereses comerciales moratorios desde el momento en que quede ejecutoriado el fallo.
Séptimo: Condenar en costas a la entidad demandada.
1.3. Los hechos(4). El 27 de enero de 2003, cuando se desplazaba en su vehículo desde Codazzi a Becerril, la Juez Marilis Hinojosa Suárez fue interceptada por miembros del grupo armado ilegal autodenominado frente mártires de Upar del bloque norte de las autodefensas de Córdoba y Urabá, que abrieron fuego indiscriminado, produciéndole la muerte a ella y heridas graves a su acompañante. Por estos hechos fueron vinculados a la investigación penal, entre otros, los señores Jorge Luis Vega Zequeira y Thomás Ovalle López, éste último, para entonces, alcalde del municipio de Codazzi.
El averiguatorio pasó a conocimiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía en Bogotá, despacho que el 28 de mayo de 2004 profirió en contra de los sindicados resolución de acusación: para Thomás Ovalle López como presunto autor por omisión impropia de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravada en concurso con concierto para delinquir; para Jorge Luis Vega Zequeira por el delito de concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio y por organizar, promover y constituir grupos armados al margen de la ley.
El proceso pasó a fase de juzgamiento a cargo del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho que adoptó las siguientes decisiones:
(i) Mediante sentencia ejecutoriada del 9 de noviembre de 2005 absolvió a Jorge Luis Vega Zequeira. Por la privación de que fue objeto, el actor alega que se le causaron enormes perjuicios económicos, ya que se vio forzado a abandonar su trabajo de ganadero y agricultor por el cual percibía ingresos mensuales de $ 5.000.000.oo, su hogar y sus bienes (tres fincas). Sobre los bienes señaló que, además, fueron objeto de un hurto el 15 de octubre de 2003 (semoviente, maquinarias y armas), tal como consta en la denuncia Nº 0258 del 15 de octubre de 2003. Indicó, que estuvo recluido en las cárceles de: Rodrigo Bastidas de Santa Marta; judicial de Valledupar; penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar. Que la privación le ocasionó gastos de abogado, gastos de estadía en la cárcel, traslados de su familia de Codazzi a Valledupar y Santa Marta y sus hijos tuvieron que interrumpir sus estudios.
Sostuvo igualmente, que tuvo que, él y su familia, padecer el repudio de la sociedad de Codazzi, la afectación a su buen nombre y la mancilla como delincuente que persistió aún después de conseguir la absolución. En definitiva, que todo su proyecto personal y familiar al que tanto esfuerzo le había puesto se vio afectado, máxime cuando su hijo José Jorge Vega González también fue involucrado en la investigación (fls. 257-265, cdno. 1).
(ii) Mediante sentencia del 7 de enero de 2009 condenó a Thomás Ovalle López como autor por omisión impropia de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado y autor de concierto para delinquir agravado, a pena de 480 meses (40 años) de prisión, 2.000 salarios mínimos de multa y 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La decisión fue recurrida.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2009 absolvió con fundamento en la duda a Thomás Ovalle López de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado y confirmó la condena impuesta por el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual impuso una condena de 77 meses de prisión y 2.000 salarios mínimos de multa. Contra dicha sentencia, se peticionó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal.
El mismo Tribunal, el 19 de agosto de 2010, declaró prescrita la acción penal en contra de, entre otros, Thomás Ovalle López por el delito de concierto para delinquir, habida cuenta que el fenómeno ocurrió mientras el proceso se encontraba en traslados del recurso de casación interpuesto.
El actor consideró que con estos hechos, se incurrió en un error judicial(5), pues se le privó injustamente la libertad habida cuenta que fue absuelto por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio y, posteriormente, se ordenó la libertad definitiva por cesación de procedimiento fundado en la prescripción de la acción penal, que se equivale a una absolución. Por ello, estuvo detenido injustamente por un lapso superior a seis (6) años, padeciendo una pena que en derecho jamás debió purgar, con lo cual se le impidió trabajar y devengar el sustento para él y su familia (fls. 734-735, cdno. 3).
Sostuvo que, la injusta detención de la libertad a la que estuvo sometido, le causó a él y a su familia perjuicios de índole material y moral, máxime cuando su salud se vio afectada por una crisis nerviosa con repercusiones irreversibles que han impedido que, desde entonces, vuelva a ser la misma persona. Igualmente, que antes de la privación tenía una vida social y pública intachable que se vio menguada, sumado a que por estar injustamente privado dejó de percibir ingresos (fls. 685-687, cdno. 3).
2.1. Proceso Nº 200012331000200800292 01 (41415).
La Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal (fls. 499-505, cdno. 2). Manifestó que al no constarle los hechos se atiene a lo que resulte probado. Se opuso a las pretensiones, por considerar que el sub lite no comporta un supuesto de responsabilidad, dado que la Fiscalía obró conforme a sus facultades constitucionales y legales, y en sus actuaciones no se observa un defectuoso funcionamiento o un error judicial, como tampoco, una privación injusta de la libertad.
Señaló que, bajo la égida de la Ley 600 de 2000 contentiva de un régimen procesal inquisitivo, la detención preventiva, en tanto provisional, se estimaba necesaria cuando concurrieran los requisitos para imponerla, sin que por ello se afectara la presunción de inocencia, misma que no puede esgrimirse para deslegitimar el ejercicio del ius puniendi, y que la Corte Constitucional encontró ajustada a la norma suprema(6). De ahí que, una sentencia absolutoria per se no compromete la responsabilidad del Estado, porque ello equivaldría a tornar nugatoria la función jurisdiccional, su autonomía e independencia.
Recordó que, por la gravedad de los hechos y los indicios en contra, era su deber imponer la medida de aseguramiento; por otro lado, sostuvo que la jurisprudencia ha sido reacia a declarar la responsabilidad, salvo que se haya presentado una actuación dolosa o gravemente culposa de los funcionarios(7), concordante, además, con la exigencia de un daño antijurídico, el cual no se evidencia en el presente caso, pues al existir indicios incriminatorios serios(8), el afectado con la medida, se encontraba en obligación de soportarla.
En síntesis, que no se aprecia una actuación anormal o deficiente que configure una falla en el servicio por la cual dicha entidad deba responder; es decir, la medida de aseguramiento impuesta a Jorge Luis Vega Zequeira no tuvo la connotación de detención injusta. Propuso como excepciones la genérica y la que se desprendan de los hechos, las pruebas y las normas pertinentes.
La Nación – Rama Judicial presentó escrito de contestación (fls. 518-522, cdno. 2), con posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista (fl. 516, cdno. 2).
2.2. Proceso Nº 200012331000201200105 01 (50054).
La Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal (fls. 721-726 y 763, cdno. 3). Por no constarle los hechos, dijo estarse a lo probado y se opuso a las pretensiones, para lo cual argumentó que la entidad actuó en cumplimiento de las funciones constitucional y legalmente asignadas.
Como excepciones, además de la genérica, formuló: (i) ausencia de responsabilidad, pues se trató de decisiones legítimamente adoptadas y si consideraba el actor que la pena impuesta era excesiva, debió hacer uso de los recursos de que disponía para controvertirla, como no lo hizo, se configuró una culpa exclusiva de la víctima que rompe el nexo causal y, además, quien impuso las condenas fue la rama judicial. De otra parte, en cada caso debe analizarse si la detención fue adecuada(9) y en caso de que la absolución no se enmarque en las causales de responsabilidad objetiva, debe probarse la existencia de una falla.
(ii) Rompimiento del nexo de causalidad entre la actuación de la Fiscalía y el daño reclamado. Para que el daño sea indemnizable debe ser antijurídico, es decir, debe provenir del comportamiento activo u omisivo de la autoridad pública y debe ser imputable a ésta; si ello no ocurre como en el presente caso, no se cumplen los presupuestos esenciales de la responsabilidad. Debe tenerse en cuenta que la actividad investigativa de la Fiscalía posibilitó que en contra de Ovalle López se impusiera la condena.
La Nación – Rama Judicial contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal (fls. 708-715 y 749-756, cdno. 3). Con relación a los hechos dijo que debían probarse y opugnó las pretensiones por considerar que no existía nexo causal entre los hechos y el daño alegado ya que el ejercicio de la autonomía interpretativa no constituye error judicial(10). En este caso, las actuaciones judiciales se dieron dentro del marco legal previsto, si se tiene en cuenta que tanto el juzgado como el tribunal de conocimiento se ajustaron a las disposiciones de la legislación penal.
Así, en primera instancia, el Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó sentencia, basado en la sana crítica y su fuero individual, tasando la pena de acuerdo al grado de participación y la gravedad del delito. La simple divergencia de apreciación probatoria del superior al momento de desatar la apelación no constituye vía de hecho, pues no fue irrazonable, no pugna con la lógica jurídica ni es contraria a la realidad fáctica. Si bien puede legítimamente plantearse una discrepancia sobre la fuerza argumentativa de las conclusiones a las que llegó el tribunal, lo cierto es, que no aparece un yerro ostensible, porque no está desprovista de motivación, ni resulta inverosímil, de modo que no puede tildarse de arbitraria o caprichosa.
Además, la tasación de la pena fue correcta, pues la dosimetría de las penas se sustenta en la codificación penal y, en cada instancia se realizaron los ajustes necesarios en consideración a la gravedad de los delitos. Debe tenerse en cuenta que las penas se determinan a partir de dos elementos: uno abstracto o genérico definido por la ley con sus agravantes o atenuantes y otro que incluye el principio de la legalidad de la pena y corresponde a la aplicación que el juez hace en cada caso en forma concreta e individual, que se conoce como la dosimetría de la pena y que se ajusta a los linderos trazados por el legislador.
Asimismo, a nivel del daño, se debe tener en cuenta que el desenlace de un proceso, ya sea absolviendo o condenado, por sí solo no configura responsabilidad, pues si las decisiones no están incursas en error, el enjuiciado debe soportarlas. Es decir, en tales casos no hay un daño antijurídico y con esa comprobación decae el juicio de responsabilidad.
Con relación a la prescripción de la acción penal, debe tenerse en cuenta que fueron causas ajenas a la voluntad de los operadores de justicia como la carga laboral.
Propuso las excepciones de: (i) ausencia de legitimación en la causa por activa, derivada de la inexistencia de un error judicial; (ii) excepción de estricto cumplimiento de un deber legal; (iii) excepción innominada y/o genérica y, (iv) excepción de falta de relación de causalidad.
II. LAS SENTENCIAS IMPUGNADAS
1. Proceso Nº 200012331000200800292 01 (41415).
Mediante sentencia del 10 de febrero de 2011 (fls. 913-936, cdno. ppal.), el Tribunal Administrativo del Cesar acogió parcialmente las pretensiones de la demanda y resolvió:
PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad a la Nación – Rama Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al señor JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, durante el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2003 hasta el 14 de octubre de 2005.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES las siguientes cantidades:
A favor de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, en su condición de víctima directa, el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.
A favor de MARLIS ESTELA CASTRO GUERRERO, en su condición de víctima indirecta, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.
A favor de JOSÉ JORGE VEGA GONZÁLEZ, DANEYIS VANESSA VEGA OLIVELLA, JOSÉ ORLANDO VEGA CASTILLO, JORGE LUIS VEGA CASTRO, RICARDO DANIEL VEGA CASTRO, CRISTIAN EDUARDO VEGA CASTRO y ADRIAN JOSÉTH VEGA CASTRO, en su condición de víctimas indirectas, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos.
A favor de AURA MERCEDES ZEQUEIRA BAQUERO, en su condición de víctima indirecta, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.
CUARTO: CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente la suma de sesenta millones novecientos ochenta y tres mil trescientos veinticinco pesos ($ 60.983.325), conforme a lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante la suma de quince millones ciento treinta y nueve mil seiscientos veintisiete pesos ($ 15.139.627), conforme a lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, las siguientes cantidades:
A favor de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.
A favor de MARLIS ESTELA CASTRO GUERRERO, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia.
A favor de JOSÉ JORGE VEGA GONZÁLEZ, DANEYIS VANESSA VEGA OLIVELLA, JOSÉ ORLANDO VEGA CASTILLO, JORGE LUIS VEGA CASTRO, RICARDO DANIEL VEGA CASTRO, CRISTIAN EDUARDO VEGA CASTRO y ADRIAN JOSÉTH VEGA CASTRO, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos.
A favor de AURA MERCEDES ZEQUEIRA BAQUERO, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.
SÉPTIMO: NIEGUENSE las demás súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: Sin costas. / (...).
El a quo fundamentó su decisión en los presupuestos de la responsabilidad que emanan del propio art. 90 constitucional y en la postura jurisprudencial que acoge un criterio objetivo cuando la desvinculación se da por cualquiera de las causales que de antes traía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.
De esta forma, encontró probada la privación, misma que dedujo de las actuaciones de la Fiscalía, en razón a lo cual exoneró de responsabilidad a la Rama Judicial.
Excluyó del reconocimiento de perjuicios al demandante ILDEMARO VEGA ZAQUEIRA, por cuanto no allegó el registro civil a partir del cual se pudiera establecer el parentesco con el directamente privado de la libertad.
Tasó los perjuicios morales siguiendo un antecedente jurisprudencial(11) y para los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente acogió con valor probatorio las certificaciones expedidas por los profesionales del derecho, comoquiera que sobre éstas no se solicitó ratificación ni fueron tachadas de falsas siendo, además, documentos de carácter declarativo. Excluyó un recibo por valor de $ 1.500.000,oo expedido por César Quintero, porque no se probó su calidad de abogado. Con respecto al lucro cesante, aplicó el salario mínimo por considerar que de las certificaciones allegadas no se podía determinar con exactitud el ingreso percibido.
2. Proceso Nº 200012331000201200105 01 (50054).
Mediante sentencia del 15 de agosto de 2013 (fls. 891-931, cdno. ppal.), el Tribunal Administrativo del Cesar acogió parcialmente las súplicas de la demanda y resolvió:
PRIMERO: Declarar imprósperas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable de manera solidaria a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, y, NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios morales infligidos al señor THOMÁS OVALLE LÓPEZ, y a su núcleo familiar, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, conforme a las motivaciones expuestas en este proveído.
TERCERO: Como consecuencia del ordinal anterior, CONDENAR SOLIDARIAMENTE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y, NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:
Para THOMÁS OVALLE LÓPEZ, en su condición de víctima directa, la suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para ISABEL FELICIA LÓPEZ OVALLE, en su condición de madre de la víctima directa, la suma de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para NURYS ELGUEDO RODRÍGUEZ, en su condición de compañera permanente de la víctima directa, la suma de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para TOMAS ENRIQUE OVALLE VILLA, MARÍA DANIELA OVALLE LEÓN, THOMÁS RAFAEL OVALLE ELGUEDO, LUIS ALBERTO OVALLE ELGUEDO, LISNEY HERCILIA OVALLE MEDINA, NELSON FABIO OVALLE ARAÚJO, y CARLOS ENRIQUE OVALLE ELGUEDO, en sus condiciones de hijos de la víctima directa, la suma de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para MARÍA y NIRIA CECILIA OVALLE LÓPEZ, en sus condiciones de hermanas de la víctima directa, la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellos (sic).
CUARTO: CONDENAR SOLIDARIAMENTE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a título de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NDIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 43.917.750).
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin costas en esta instancia.
Para fundamentar su decisión, el tribunal acogió un criterio de responsabilidad objetiva, dentro del cual consideró inmerso el caso. Argumentó que, en tanto el proceso penal terminó con sentencia absolutoria para dos de los delitos investigados y prescripción para el otro, la privación es palmariamente injusta si se tiene en cuenta que el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia y, en tal caso, el sacrificio al derecho a la libertad no se vio compensado con la satisfacción general del anhelo de justicia y el logro de la verdad.
Señaló que, si bien, Thomás Ovalle resultó condenado por el concierto para delinquir con una pena principal de 77 meses de prisión y, que dicha condena se declaró extinta por prescripción, no puede perderse de vista que de haberse impuesto la medida desde el principio por este único delito, había podido beneficiarse de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa, purgando una pena inferior a la que tuvo que soportar, pues nótese que por la pena impartida de 480 meses de prisión por los tres delitos investigados, obtuvo la libertad condicional por redención de penas, con anterioridad a que la autoridad judicial lo absolviera de las conductas punibles principales por las cuales estuvo privado de la libertad. De esta forma, consideró el tribunal:
[S]e avizora un doble error por parte del Estado en el transcurso del proceso penal adelantado contra el hoy aquí demandante, pues por un lado, le imputó e impuso medida de aseguramiento por dos conductas delictivas que no cometió, cuando sólo había lugar a una de ellas, y por el otro, dio lugar al transcurrir del tiempo, que desencadenó en la prescripción y consecuente extinción de la acción penal, respecto del delito cometido, consiguiendo de esta forma su libertad definitiva el señor THOMÁS OVALLE LÓPEZ.
Consideró que tanto la Fiscalía como la Rama Judicial debían responder, la primera, porque sin contar con suficientes elementos probatorios, profirió resolución de acusación por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio y, la segunda, por las actuaciones del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que impuso condena por tales delitos, que eran de gran magnitud y tenían una connotación social. En definitiva, ambas entidades fueron responsables de la privación injusta de la libertad.
Al momento de estudiar los perjuicios, consideró que debían negarse respecto de los demandantes Jhonay Barbosa Castellano, y María Victoria Monsalve Rodríguez, quienes acudieron como hijas de Thomás Ovalle López, lo que resulta desvirtuado a partir de los registros civiles aportados y, aunque en algunos testimonios se habla de “hijos de crianza”, en ninguna de las certificaciones se indica el nombre, de tal forma que se pueda establecer, con seguridad, que se trata de los aquí demandantes. Lo propio sucede con Hernando de Jesús López Ávila quien acudió en calidad de hermano, calidad que no queda acreditada con el registro civil aportado, dado que allí figuran como padres, unos distintos a los de Thomás Ovalle López. Con relación a los nietos, el tribunal consideró que las pruebas no evidenciaban las relaciones afectivas entra la víctima y éstos, tales como convivencia, ayuda mutua, dependencia económica, etc. y, finalmente, frente a los sobrinos, consideró el tribunal que si bien se acreditó el parentesco, no se probó la dependencia económica(12), por esa razón no podían ser tributarios de perjuicio alguno.
En lo tocante al daño emergente, consideró que no estaba probado, ya que si bien se allegó una certificación de un abogado, ésta no había sido ratificada ni había evidencia de las actuaciones de tal profesional dentro del acervo penal, como tampoco de la aludida defensa dentro del proceso disciplinario. Por su parte, el lucro cesante se tasó con base en el salario mínimo.
Consideró que las afectaciones a la vida en relación no estaban probadas, así como tampoco los perjuicios psicológicos, ya que si bien, se allegó formatos de consulta de psiquiatría y un dictamen de Medicina Legal, éstos documentos fueron allegados en copia simple y no fueron ratificados, lo que impide valorarlos.
Por disentir del fallo, la Nación – Fiscalía General de la Nación, dentro del término legal, interpuso recurso de apelación con sustento en que no podía impartirse condena a partir de lo normado en el derogado art. 414 del otrora Código de Procedimiento Civil, por no estar vigente para el momento de los hechos. Asimismo, la privación de Jorge Luis Vega Zequeira no se reputa injusta ya que, si bien, terminó absuelto, dicha decisión no tiene el efecto jurídico de desvirtuar la medida de aseguramiento ni los indicios que dieron lugar a ésta. Es decir, la medida se respaldó con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que comprometían al hoy demandante, especialmente, los testimonios de las menores Kendris Yoraneis Duarte y Yenny Melissa Jaimes, que lo señalaron por haber estado presente en una reunión con los paramilitares. En síntesis, replicó lo argumentos de legalidad de la medida expuestos con antecedencia y los de la ausencia de falla o error jurisdiccional.
Discrepó del reconocimiento del daño emergente por honorarios de abogado, a partir de una certificación allegada, cuando lo probatoriamente requerido es el contrato de prestación de servicios (fls. 938-943, cdno. ppal.)(13).
En sede de alegatos, la Fiscalía insistió en que la medida no constituyó una detención injusta, que se acompasó con las disposiciones legales y con la dinámica y gradualidad del proceso. Resaltó los indicios serios, como las declaraciones de las hijas de Fernando Jaimes, consabido integrante de las autodefensas y, concretamente, del grupo que ejecutó el plan criminal que acabó con la vida de la juez y causó lesiones a quien la acompañaba en el vehículo.
Indicó que el tribunal sobrevaloró los perjuicios morales y que los materiales deben desestimarse porque los documentos que los acreditan no tienen fecha cierta, ni fueron ratificados, ni se allegó constancia del pago(14).
Inconformes con el fallo, tanto las entidades demandadas como el demandante formularon apelación. No obstante, durante el trámite de conciliación(15) la Fiscalía llegó a un acuerdo con el demandante(16), conforme a lo cual, se continuó con el trámite de los recursos interpuestos por la Rama Judicial y el demandante (fl. 1000, cdno. ppal.), con el siguiente sustento:
La Nación – Rama Judicial (fls. 940-951, cdno. ppal.), plantó cinco: (i) frente al título de imputación: sostuvo primero se debió estudiar el error judicial y luego otros títulos de imputación. Con todo, el error judicial se desestima con solo confrontar sus requisitos; esto es así, si se tiene en cuenta que la providencia de la cual se predica la equivocación en la dosimetría penal (condenatoria de primera instancia) nunca estuvo en firme porque fue objeto de recursos, se trata de un sentido de fallo que, aunque contradictorio con el del superior, es coherente y asumible como una respuesta válida.
(ii) La cesación de procedimiento no implicó la revocatoria de la condena, sino la extinción de la acción penal por el suceso de la prescripción, con lo cual, tampoco puede concluirse que se presentó una mayor pena a la legalmente establecida como lo aduce el demandante, pues los seis años que allí se aluden, corresponden al tiempo de prescripción para el delito de concierto para delinquir. Asimismo, tampoco se configura una privación injusta, ni que la prolongación por seis años, pueda erigirse en causa para el otorgamiento de perjuicios(17), máxime cuando se requería verificar que el sindicado —por dolo o culpa grave— no hubiera dado lugar a la detención, lo que no ocurre en el presente caso si se tiene en cuenta que Thomás Ovalle López finalmente fue condenado por el delito de concierto para delinquir, a partir de declaraciones como la de Jimmy Rubio Suárez(18) y las declaraciones de Kendris Yoranis Duarte López, Jenny Melisa Jaimes López y María Sonoa (sic) Sarrrásola (sic)(19). Es decir, se probó que Thomás Ovalle financió y mantuvo relaciones con el grupo paramilitar que operaba en la zona, al punto mismo que la comunidad lo identificaba como un integrante más del grupo, situación que no puede pasar por alto, ya que esas relaciones fueron las que, a la postre, conllevaron a que fuera vinculado a la investigación penal, por lo que es dable inferir que en tales condiciones estaba en el deber jurídico de soportar la carga del proceso y la privación de la libertad, máxime, cuando efectivamente resultó condenado por el concierto para delinquir.
(iii) La diversidad de criterio entre la sentencia penal de primera instancia y la segunda, es simple expresión de la autonomía judicial y no comporta un error judicial como se esgrime en la demanda.
(iv) Si bien, la jurisprudencia se ha inclinado por la responsabilidad objetiva para los casos de absolución, ello no implica que en el caso concreto no se analice la razonabilidad de la medida, ya que no cualquier perjuicio tiene el carácter de indemnizable.
(v) No por el hecho que la responsabilidad del Estado se origine en virtud de la injusticia que reviste una privación injusta, en todos los casos hay lugar a indemnizar, se debe concretar la antijuridicidad del daño a partir de los elementos que brinde el proceso en cuestión, por lo cual, existen situaciones donde el sindicado está en obligación de soportar la privación como sucede en este caso, amén de que la tesis de la responsabilidad objetiva no es aplicable al sub lite.
El demandante, en su escrito de apelación (fls. 959-964, cdno. ppal.), sostuvo que, a efectos de demostrar los vínculos y los perjuicios de los demandantes excluidos por el fallo recurrido, los testimonios de Luis Enrique Mieles Garizao y Luis Carlos Alarcón Rocha, deben valorarse conforme a las expresiones de su humilde lenguaje y a la circunstancia que, por tratarse de una familia numerosa y de más de treinta demandantes, no individualizaron a cada uno de los miembros sino que, genéricamente, aludieron a hijos de crianza, hermanos, esposa, madre y a todo el resto de la familia, incluyendo nietos y sobrinos, expresando que todos ellos sufrieron una honda aflicción moral.
Respecto de Jhonay Barbosa Castellano y María Victoria Monsalve Rodríguez en los testimonios se dice que ellas son hijas de crianza, porque han convivido bajo el mismo techo y han sufrido a la par todos los perjuicios; lo mismo acontece con Hernando de Jesús López Ávila, que fue criado como hermano. Con relación a los nietos y sobrinos, conforme a la jurisprudencia no se debe probar la dependencia directa o económica, ya que se presume hacen parte del núcleo familiar.
Frente a la negación del daño emergente por pago de honorarios de abogado, señaló que debía atenderse el art. 11 de la Ley 1395 de 2010 y los recientes pronunciamientos jurisprudenciales(20), conforme a los cuales no se requiere autenticación de los documentos privados y basta que se compruebe la gestión del abogado y el pago de los servicios, para que se reconozca el perjuicio, lo cual ocurre en el presente caso, pues se allegó el contrato de prestación de servicios y la constancia del pago.
Asimismo, debe reconocerse el daño a la vida en relación, por cuanto deben valorarse las copias simples que comprueban la afectación a la salud, así como también, las publicaciones de los periódicos. Con ello, se encuentra probada la alteración psicofísica no solo del privado de la libertad sino, además, de todo el núcleo familiar.
Finalmente, indicó que Thomás Ovalle López fue víctima de un error judicial consistente en la dosimetría de la pena que se le impuso y, como consecuencia de ello no pudo acceder a la libertad condicional en el tiempo que tenía derecho a ella, con lo cual, permaneció por más de seis años detenido cuando ni siquiera debió estarlo.
En la oportunidad para presentar alegatos, las partes guardaron silencio (fl. 1021, cdno. ppal.), mientras que el Ministerio Público rindió concepto en los siguientes términos:
Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales y de las pruebas provenientes del proceso penal de cual se desprende el daño alegado, comenzó por precisar que las copias simples debían valorarse conforme al criterio jurisprudencial unificado(21). Seguidamente, argumentó que teniendo en cuenta la corrección de la demanda, el título bajo el cual debía estudiarse el petitum era el de privación injusta y no el de error judicial y, sin embargo, tampoco están dados los requisitos para que se configure el error ya que, si bien, el actor interpuso los recursos de ley, la providencia de la cual se predica el supuesto de error no adquirió firmeza porque fue modificada en segunda instancia y porque, finalmente, el proceso concluyó con cesación de procedimiento antes de desatarse la casación interpuesta, lo que viene a indicar que la providencia de segunda instancia no estaba en firme para el momento en que se adoptó la decisión.
Por su parte, en lo que a la privación injusta se refiere, tampoco se configura. En primer lugar, porque el caso no se adosa a ninguna de las hipótesis que la jurisprudencia ha reservado para el régimen objetivo, si se tiene en cuenta que, aunque Thomás Ovalle fue absuelto por dos de los delitos, en cambio, fue condenado por concierto para delinquir y aun cuando dicha decisión no hubiera quedado en firme por efectos de la cesación de procedimiento, lo cierto es que no puede equivalerse a una absolución como lo aduce la parte actora. De esta manera, el desencarte penal no se dio por la inexistencia del hecho ni porque el sindicado no lo hubiera cometido ni porque la conducta no constituyera delito ni por aplicación del indubio pro reo.
Más aún, tampoco cabe la aplicación de un régimen subjetivo porque no se evidencia una falla del servicio. Por el contrario, el demandante fue condenado en segunda instancia del proceso penal por el punible de concierto para delinquir, de lo que se deduce que con su conducta dio lugar a la investigación y que en el caso concreto se probó la culpa exclusiva de la víctima(22), porque aunque hubiera sido absuelto por los delitos de homicidio y tentativa, debía someterse a la investigación y a la imposición de la medida considerando las pruebas (fls. 1004-1020, cdno. ppal.).
Por el carácter público de las entidades demandadas y por tratarse del recurso de apelación contra providencia emanada de tribunal, el asunto bajo examen es materia del conocimiento que corresponde a esta jurisdicción, en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y, los artículos 65-68 y 73 de la Ley 270 de 1996; por demás, sin consideración a la cuantía, como bien lo señala el auto de la Sala Plena del 9 de septiembre de 2008(23) ya que se trata de un evento de responsabilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia. Asimismo, procede el trámite invocado de conformidad con el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
1.1. Proceso Nº 200012331000200800292 01 (41415). Por activa, está comprobado el interés que le asiste a Jorge Luis Vega Zequeira en consideración a la privación de la libertad de que fue objeto, y por virtud del parentesco acreditado, se deduce la legitimación de los demás demandantes(24). Se pone de presente que, en sede de apelación, el interés que de una u otra forma pudiera asistirle a Ildemaro Vega Zequeira(25) decae, en consideración a lo resuelto por el a quo que, por demás, no fue objeto de apelación. Por Pasiva, la legitimación recae en La Nación – Fiscalía General de la Nación, entidad demandada y destinataria de las condenas impuestas en primera instancia.
1.2. Proceso Nº 200012331000201200105 01 (50054). Por activa, en virtud del proceso penal y de la privación de la libertad, se encuentra acreditada la legitimación en la causa de Thomás Ovalle López, así como también, el interés que le asiste a los demás demandantes(26), con excepción de Jhonays Barbosa Castellanos, María Victoria Monsalve Rodríguez(27) y Hernando de Jesús López Ávila(28), de quienes si bien se allegó registro civil de nacimiento, dicho documento no conduce a demostrar la legitimación material que se requiere para suplir el presupuesto procesal(29). En efecto, de tales registros no se deriva ningún vínculo con Thomás Ovalle López, como bien lo hizo notar el a quo, así como tampoco de los testimonios rendidos dentro del proceso. En otras palabras, si bien en el escrito de demanda se anuncian como afectados por la privación de Thomás Ovalle y con ello basta para adscribirse inicialmente a las pretensiones, a estas alturas se requiere que tal interés esté materialmente demostrado, lo cual ciertamente no ocurre.
Si —como se sabe— la legitimación es un presupuesto que se verifica a través de la participación real de las personas en los hechos que originan el asunto que se debate, exige, por tanto, que cada demandante respalde probatoriamente aquello que lo suscribe a la causa. De esta forma, afirmaciones indeterminadas, tales como “grupo familiar, hijos, criados, etc.” no son suficientes para definir respecto de alguien en particular, el interés concreto que lo relaciona con los hechos.
Por ende, en el caso bajo estudio, a partir de las pruebas que obran en la foliatura no puede darse por satisfecho este requisito procesal en lo que refiere a las personas mencionadas anteriormente. No desconoce la sala que existen relaciones e intereses que se cimientan en el hecho de la crianza. Por serlo así, se habla de hijos o hermanos de crianza pero, en cualquier caso, esa circunstancia debe estar debidamente probada si lo que se pretende es derivar de ella un efecto procesal legitimatorio.
Por pasiva, se encuentra legitimada La Nación – Rama Judicial, habida cuenta que la Fiscalía General de la Nación concilió con el demandante.
1.3. La caducidad. Tratándose de la acción de reparación directa, de acuerdo con el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador del daño. Ahora bien, en los eventos de privación injusta, esto ocurre, justamente, cuando la providencia que absuelve o su equivalente (resolución de preclusión), cobra ejecutoria, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia(30).
Respecto del proceso Nº 200012331000200800292 01 (41415), se sabe que Jorge Luis Vega Zequeira fue absuelto de la investigación penal por concierto para delinquir por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 9 de noviembre de 2005, proveído que cobró ejecutoria el 27 de diciembre de 2005 conforme consta a fl. 545, cdno. 2. Por otro lado, se conoce que la demanda de reparación directa fue interpuesta el 9 de noviembre de 2007 (fl. 296, cdno. 1), esto es, dentro del término legalmente previsto.
En el proceso Nº 200012331000201200105 01 (50054) el 19 de agosto de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal declaró prescrita la acción penal seguida contra Thomás Ovalle López por el delito de concierto para delinquir (fls. 666-680, cdno. 3). Se sabe, por la constancia que obra a folio 841, cdno. 4, expedida por la Secretaria de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá, que el fallo absolutorio y condenatorio de primera instancia quedó ejecutoriado el 16 de marzo de 2011. Por su parte, la demanda se interpuso el 6 de marzo de 2011 (fl. 695, cdno. 3) con lo cual se verifica que fue instaurada oportunamente.
2.1. Validez de los medios de prueba. Teniendo en cuenta que el sustento probatorio —en su mayoría— proviene del proceso penal y, a su vez, que algunos de los documentos que se allegaron con fines de prueba rezan en copia simple, siguiendo los criterios jurisprudenciales vigentes, la Sala procederá a valorarlos. Esto es así, si se tiene en cuenta que se trata de pruebas allegadas o solicitadas por las partes y que una vez incorporadas al expediente no fueron tachadas de falsas(31).
Tratándose de copias simples, esta corporación ha sostenido que “a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)”(32), razón suficiente para acoger con valor probatorio las pruebas que en tal forma se hayan aportado.
De igual modo, en lo que respecta a los extractos periodísticos, la Sala, siguiendo el precedente según el cual “estos pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos(33), los valorará en aquello que resulte respaldado por otras pruebas.
De esta forma, por hechos relevantes demostrados, se tienen los siguientes:
2.1. El 27 de enero de 2003, cuando la Juez Promiscuo Municipal de Becerril Marilis Hinojosa Suárez se desplazaba —en su vehículo— desde el municipio de Codazzi en compañía de Betsi Ramírez Montesinos, fue interceptada por hombres armados que la venían y siguiendo y abrieron fuego indiscriminado, produciéndole graves heridas que de inmediato le causaron la muerte y dejaron herida de consideración a Betsi Ramírez. Las primeras hipótesis indicaron que la acción criminal había sido perpetrada por un grupo perteneciente a las denominadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, específicamente, el Bloque Norte – Frente Mártires del Valle de Upar que operaba en la zona.
2.2. Por esos hechos, el 30 de enero de 2003 la Fiscalía 5ª. Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, abrió investigación, misma que fue reasignada, posteriormente, a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, despacho que el 12 de mayo de 2003 ordenó la captura de 26 personas, entre ellas, los aquí demandantes Jorge Luis Vega Zequeira y Thomás Ovalle López, éste último, alcalde del municipio de Codazzi —para entonces—(34).
2.3. El 6 de junio de 2003 se practicó allanamiento en el sitio de residencia de Jorge Luis Vega Zequeira, se procedió a la incautación de varias armas de fuego(35) (fls. 236-239, cdno. 1). Asimismo, se sabe que al día siguiente —7 de junio de 2003— se le tomó indagatoria (fls. 240-245, cdno. 1) y se remitió al Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, conforme se aprecia en la certificación visible a folio 25, cuaderno. 1.
2.4. El 19 de junio de 2003, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, dentro del radicado nº. 1655, resolvió la situación jurídica, entre otros, de Jorge Luis Vega Zequeira, e impuso medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir (fls. 77-108, cdno. 1).
2.5. El 1 de septiembre de 2003 la Fiscalía de conocimiento declaró persona ausente a Thomás Ovalle López. De este suceso procesal se conoce por el relato hecho en las providencias que se allegaron como prueba.
2.6. Tras haber sido declarado persona ausente, el 9 de octubre de 2003 Thomás Ovalle López fue privado de la libertad, a la sazón de la certificación visible a folio 73, cuaderno. 1, expedida por el director de la Cárcel de Mediana Seguridad de Valledupar.
2.7. El 28 de mayo de 2004, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, dentro del radicado 1655, profirió resolución de acusación, entre otros, en contra de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA —concierto para delinquir— y THOMÁS OVALLE LÓPEZ —omisión impropia de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio en concurso con concierto para delinquir— (fls. 109-214, cdno. 1), decisión acuñada en los siguientes argumentos:
7.2.2. Respecto de THOMÁS OVALLE LÓPEZ. (...).
Hasta aquí surgiría un interrogante, ¿pero qué relación existe entre lo manifestado y el sindicado THOMÁS OVALLE LÓPEZ?
Como respuesta tenemos, que el coordinador y jefe de finanzas del grupo paramilitar que opera en el municipio Agustín Codazzi es FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA, señalado de ser uno de los autores del homicidio de la señora Juez Promiscuo Municipal de Becerril MARILIS HINOJOSA SUÁREZ, y se desempeñaba como jefe de seguridad del entonces alcalde de esta municipalidad THOMÁS OVALLE LÓPEZ, y el vínculo existente entre este servidor público con la organización paramilitar, recordando la afirmación del testigo JIMMY RUBIO SUÁREZ, quien señala que FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA, le comentó que a través de los contratos ejecutados se sacaba dinero para las autodefensas, incluso que en varias oportunidades se presentó en su oficina para que le cambiara unos cheques, manifestando que eran aportes realizados a la organización paramilitar por THOMÁS OVALLE, incluso llegó a manejar dineros de la Alcaldía Municipal, como así lo afirma su madre MARIA SONIA SARRÁZOLA, quien después de la muerte de su hijo, se acercó al banco y le hicieron saber que no podía disponer del dinero de esa cuenta por cuanto era de la Alcaldía Municipal, quitándole la libreta de ahorros.
Circunstancia que es corroborada por las hijas de FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA, KENDRYS YORAINIS DUARTE LÓPEZ y JENNY MELISSA JAIMES LÓPEZ quienes hacen ver que efectivamente su padre trabajaba con los paramilitares y se desempeñaba como jefe de seguridad del entonces primer mandatario de la localidad de Codazzi, THOMÁS OVALLE LÓPEZ. Evento que también es confirmado por los mismos escoltas JAINER OVALLE LÓPEZ y JHONATAN ENRIQUE OVALLE, además de señalar que efectivamente alias GABY – DALADIER LEAL CORONEL – es el paramilitar que se desempeñaba como conductor de su padre. Agregando que éste –FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA- tiene relación con los paramilitares desde que trabaja con THOMÁS OVALLE, relación que existe desde 1995 cuando THOMÁS OVALLE se desempeñó como diputado, y posteriormente como Alcalde Codazzi (Cesar), siendo la persona de mayor confianza con la que contaba, y encargado de coordinar las acciones ordenadas por los paramilitares como el asesinato del Registrador de Becerril, quien fue estigmatizado de ser colaborador de los grupos subversivos.
En suma, los testimonios reseñados procedentemente constituyen prueba idónea, suficiente y digna de crédito que ubican a THOMÁS OVALLE LÓPEZ como integrante de la organización paramilitar liderada en esta región del país, por el hoy conocido y públicamente miembro del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, que ha emprendido diálogos con el gobierno nacional para su eventual desmovilización alias “PAPA TOVAR” o “CUARENTA” Máxime cuando existe dentro del paginario unas comunicaciones interceptadas al abonado celular utilizado por FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA, en donde interviene el sindicado THOMÁS OVALLE LÓPEZ o como es conocido "EL NE“RO OVALLE”, afirmando que gracias a una llamada realizada por “CUARENTA” se libró de que los “paracos” “allá” lo mataran por un pasquín que había circulado. (...).
Es dentro de este contexto que se determinó el vínculo de THOMÁS OVALLE LÓPEZ con la organización paramilitar que acabó con la vida de la ilustre servidora pública, doctora MARILIS HINOJOSA SUÁREZ y su cercana relación con quien fungía como coordinador, jefe de finanzas de este grupo armado al margen de la ley, su jefe de seguridad, a más de hombre de confianza y encargado de ejecutar la orden de asesinar a la servidora pública (...), por cuanto además obra dentro de la investigación declaración vertida por el testigo JIMMY RUBIO SUÁREZ, quien señala que ARIEL HINOJOSA hoy muerto en extrañas circunstancias, se enteró en una reunión con alias “TOLEMAIDA”, que el día del asesinato de la juez, “TOLEMAIDA” le hizo una llamada a THOMÁS OVALLE, porque el homicidio lo iban a efectuar en la Alcaldía y OVALLE les dijo que cómo se les ocurría hacer eso en las instalaciones ya que lo podían perjudicar. Destáquese que según el testigo, el mencionado ARIEL HINOJOSA se desempeñaba como gerente de la concesionaria VALLEAUTOS en VALLEDUPAR empresa que según lo afirmado por la hija de FERNANDO JAIMES pertenecía a los “paracos”.
En ese orden de ideas, THOMÁS OVALLE tenía conocimiento de la existencia en concreto de una fuente de riesgo que se cernía en contra de la vida de la doctora HINOJOSA SUÁREZ, y no actuó teniendo el deber jurídico de hacerlo como primera autoridad policial del municipio Agustín Codazzi —posición de garante— contando con los medios materiales para ordenar y coordinar una acción inmediata ante la manifiesta vulneración de bienes jurídicos tutelados como la vida de esta indefensa ciudadana quien posteriormente quedó a merced del grupo criminal que la acechaba. (...).
Así las cosas, el despacho hade proferir RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN en contra del ciudadano THOMÁS OVALLE LÓPEZ (...) por los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentado y consumado, y como presunto autor del delito de concierto para cometer delitos de homicidio y por organizar, promover y financiar grupos armados al margen de la ley. (...).
7.6. Respecto de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA. (...)
Deviene el compromiso de responsabilidad, por el señalamiento que hacen las hijas del coordinador y comandante financiero de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (...) FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA, siendo ellas KENDRYS YARAINIS DUARTE LÓPEZ y JENNY MELISSA JAIMES LÓPEZ, quienes en sus diferentes intervenciones ante el Despacho instructor, señalan paso a paso toda la actividad que desarrollaba su padre dentro de la organización paramilitar, señalando e indicando uno a uno los integrantes de la sociedad criminal que más frecuentaba a su progenitor, aportando fotografías de algunos de ellos (...) incluso refieren la ocasión cuando acompañaron a su padre —FERNANDO JAIMES SARRÁZOLA— a una reunión donde estuvieron todos los “paracos”, donde su padre expuso unas armas comentando de qué clase eran, encontrándose allí alias “YEISON”, “ARMANDO MOLANO FLÓREZ”, “JOTA JOTA” alias “FABIÁN”, “YOGUI”, JOSÉ JORGE VEGA hijo, y estaba el padre JOSÉ JORGE VEGA padre ambos son del grupo paramilitar. (....).
Sindicación anterior que tiene pleno respaldo probatorio, con el análisis telefónico realizado al abonado 315-7582205 utilizado por alias CEBOLLA miembro del grupo paramilitar, en el que se evidencia que se registraron llamadas entre JORGE VEGA ZERQUEIRA y alias “JAMES o BRAYAN”, de quien se sabe conforme al devenir probatorio es el comandante de los paramilitares en la Jagua de Ibérico (sic).
Así las cosas, se debe destacar que ha existido una actividad probatoria suficiente para que el ente instructor considera que el testimonio vertido por KENDRYS YARAINIS DUARTE LÓPEZ y JENNY MELISSA JAIMES LÓPEZ, testigos de excepción, en cuanto a la forma como estaba organizado el grupo paramilitar que coordinaba su padre FERNANDO JAIMES SARRAZOLA en jurisdicción del municipio de Codazzi y becerril (sic), entre otros, como así no (sic) no señala el confeso paramilitar DALADIER LEAL CORONEL, y el testigo JIMMY RUBIO SUÁREZ, válidos como prueba de cargo para quebrantar la presunción de inocencia de que cobija como derecho fundamental al sindicado JORGE LUIS VEGA CERQUEIRA (sic).
2.8. El 9 de noviembre de 2005, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dentro del proceso 2005-0097-8, profirió sentencia absolutoria y ordenó la libertad inmediata, en favor de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA y otros(36) (fls. 175-194, cdno. 1). Sobre el particular, en el fallo se dice:
DE LA SITUACIÓN DEL SEÑOR JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA. Utiliza esencialmente dos aspecto, las declaraciones de las menores KENDRIS YORAINES DUARTE y YENNY MELISSA JAIMES donde señalaron que este ciudadano fue a una reunión de paramilitares e igualmente la situación particular de que aparecieron unas llamadas registradas de teléfonos provenientes o que pertenecían a los paramilitares o miembros de las AUC, efectivamente en el desarrollo de la audiencia se dio claridad sobre estos aspectos y de ahí que la resolución de acusación, los dos aspectos que tenían fundamento perdieron fuerza, perdieron sustento, y es la oportunidad para referirse el Despacho a lo que debe o la forma como se deben apreciar los testimonios de tal solidez, de tal verticalidad y de tal sustento, así puede ser un solo testimonio dentro de un proceso, que puede servir de base para proferir sentencia de carácter condenatorio, pero en el momento de esa valoración debe tenerse en cuenta quién testificó, cómo testificó, cuál es su estado psicológico, cuál es su edad, se ahí que si el testimonio presenta inconsistencias los sujetos procesales deben tener la oportunidad de contradicción, si el testimonio por sí solo no se puede defender y no tiene tal solidez, ese testimonio por sí mismo se va desvertebrando, va perdiendo solidez, va perdiendo seguridad y no puede ser sustento de una sentencia particularmente condenatoria. Es indiscutible que en este proceso los testimonios suministrados por estas dos menores tenían la posibilidad y los procesados y defensores tenían el ejercicio del derecho de contradicción, ¿para qué? Para responder todas la (sic) inquietudes, para llenar todos esos vacíos, para contestar todos los cuestionamientos que se les formularan, es indiscutible y particularmente para el caso del señor VEGA ZEQUEIRA que ante esta omisión por circunstancias ajenas a la administración de justicia, al Estado, al ciudadano, bueno por las razones que sean pero si respecto a esos testimonios no se ejerció el derecho de contradicción, pierden fuerza, pierden valor, carecen de valor. Ese principio en este caso es fundamental, es que un proceso dentro de un Estado social de derecho no puede fundamentarse en testimonios, comentarios o afirmaciones que no se puedan controvertir, que no se puedan cuestionar, los testigos sin rostro, ocultos, secretos, pertenecían a la época de la inquisición y a una época bastante cuestionable de nuestra administración de justicia, pero por ahora en nuestro sistema llámese el antiguo o el nuevo están proscritos. De ahí que la acusación si se sustentaba en el testimonio de estas dos menores en el caso del señor VEGA ZEQUEIRA no hay prueba.
2.9. El 14 de febrero de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito, dentro del expediente 2005-0057-00 decidió conceder a Thomás Ovalle López la detención domiciliaria (fls. 82-89, cdno. 1).
2.10. El 7 de enero de 2009 (fl. 231-546, cdno. 2) el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, condenó a THOMÁS OVALLE LÓPEZ a 480 meses de prisión, multa de 2.000 smlmv e inhabilitación de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como responsable de los delitos de homicidio agravado en la modalidad de omisión impropia, tentativa de homicidio agravado en la modalidad de omisión impropia y concierto para delinquir agravado, para organizar, promover y armar o financiar grupos al margen de la ley. Como fundamento de la condena se puede leer:
iii. Valoración probatoria de las conductas realizadas por THOMÁS OVALLE LÓPEZ que permiten concluir la materialidad del concierto para delinquir y su responsabilidad. (...)
En síntesis, este Despacho estima que Jimmy Rubio Suárez dijo la verdad cuando afirmó que THOMÁS OVALLE LÓPEZ tenía vínculos con la rede de cooperantes de los paramilitares y que, estaba preocupado por no ser relacionado de manera directa con dicho grupo al margen de la ley, también cuando manifestó que OVALLE realizaba aportes al mencionado grupo ilegal y, en términos generales los apoyaba. (...).
De lo anterior se deriva que todos los medios de prueba defensivos que valoraron en buena la conducta de THOMÁS OVALLE LÓPEZ como alcalde, no son pertinentes para desestimar los hechos que en este proceso se le imputaron y que resultaron probados más allá de toda duda razonable, con base en los testimonios de Jimmy Rubio Suárez, las menores hijas de Fernando Jaimes Sarrázola y los indicios en su contra.
Las anteriores pruebas dejan clara la relación de THOMÁS OVALLE LÓPEZ con la organización paramilitar como financista y/o colaborador, lo cual lo deja inmerso dentro del delito de concierto para delinquir agravado (para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley), cumpliendo el verbo rector sin ninguna dificultad para la adecuación típica.
C) De los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado en la modalidad de omisión impropia. (...).
A lo que se le quiere dar relieve es que THOMÁS OVALLE LÓPEZ tenía conocimiento sobre todas las actividades de Fernando Jaimes Sarrázola, es decir, también sabía sobre la orden de asesinar a la juez Marylis de Jesús Hinojosa Suárez, y éste como jefe de seguridad había logrado acercarse a miembros de la policía y consiguiendo que cohonestaran sus actos de criminalidad, quienes veían en Fernando, sin lugar a dudas, la representación y voluntad del alcalde. La actividad de financiación que desempeñaba Ovalle dentro de la organización hace impensable que no estuviera al tanto de las actividades que se llevaban a cabo: extorsiones, hurtos, homicidios, vacunas, etc., razón por la cual este despacho estima, después de la valoración integral de las pruebas, que THOMÁS OVALLE LÓPEZ pudo evitar el homicidio de la juez y la tentativa de homicidio de Betsy Miguelina Ramírez.
Con los medios de prueba antes analizados queda claro que THOMÁS OVALLE LÓPEZ omitió una acción cuando tenía el deber de actuar para impedir un resultado, estando en posibilidad de hacerlo; además, no se advierte que haya actuado bajo los supuestos de algún excluyente de responsabilidad ni en estado de inimputabilidad, razón por la cual es responsables de las conductas de homicidio agravado de Marilys de Jesús Hinojosa Suárez y tentativa de homicidio agravado de Betsy Miguelina Ramírez, ambas en la modalidad de omisión impropia.
2.11. Contra dicha sentencia condenatoria se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala penal, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2009 (fls. 547-665, cdno. 3), en la cual se dispuso absolver por duda probatoria a THOMÁS OVALLE LÓPEZ de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, por los que fue acusado y confirmar la condena por el delito de concierto para delinquir agravado, con fundamento en lo cual le impuso pena privativa de 77 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas y 2.000 smlmv de multa. Las razones del tribunal fueron:
El tribunal ha realizado un detenido estudio de este proceso, extensivo a los registros que constan en CD y DVD, y no ha encontrado una sola fuente de información que acredite que entre “Tolemaida” y OVALLE LÓPEZ se presentó esa conversación telefónica y que a través de ella, éste tuvo conocimiento de la futura muerte de la juez HINOJOSA SUÁREZ. Es más, no existen pruebas indicativas de la existencia de una comunicación telefónica entre tales personas, independientemente del tema de conversación abordado. Aparte de ellos, tampoco se han demostrado hechos que permitan inferir que esta comunicación ocurrió y que el tema fue el reportado, por uno de los que en ella intervinieron, a ARIEL HINOJOSA y luego por éste a RUBIO SUÁREZ.
122. Al examen de la sentencia recurrida, se aprecia que el juzgador de primera instancia hizo un gran esfuerzo para suplir estas deficiencias probatorias con prueba indiciaria. En esa labor, identificó varios hechos procesalmente demostrados que evidenciaban el estrecho contacto existente entre OVALLE LÓPEZ y el frente mártires de Upar de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, sobre todo con la intermediación de su jefe de seguridad FERNANDO JAIMES SARRÁSOLA, y con base en ellos dio por probado el conocimiento de aquél en torno al homicidio de que luego sería víctima la juez HINOJOSA SUÁREZ pues llegó a inferir que en el contexto de una relación tan estrecha como esa, OVALLE LÓPEZ no podía desconocer tal situación.
El tribunal, desde luego, con el respeto que le merece el criterio del juzgado de primera instancia, no comparte ese punto de vista. Y ello por una razón muy sencilla: Con un proceder de esa índole se cae en el equívoco de dar por demostrado lo que se debe demostrar.
En efecto, no obstante que resulta ineludible el vínculo existente entre OVALLE LÓPEZ y el aludido grupo paramilitar, las circunstancias que acreditan que aquél colaboraba y financiaba ese grupo resultan sustancialmente insuficientes para comprometerlo en los delitos contra la vida de que da cuenta el proceso pues una cosa es que él obrara como colaborador y financiador de ese grupo y otra muy distinta que tuviera conocimiento de la futura comisión de un delito de homicidio en Agustín Codazzi y que a pesar de ello no hiciera nada para proteger a la víctima.
Para decirlo con otras palabras: el estrecho contacto con JAIMES SARRÁZOLA, la colaboración con los paramilitares que aquél coordinaba, el esfuerzo por negar sus vínculos con aquél, el interés por unas armas que aquél no llevaba consigo al momento de su muerte, su negativa a entregar un computador en cuyo poder se encontraba desde varios días antes de ese hecho y las amenazas recibidas por la madre y las hijas de JAIMES SARRÁZOLA demuestran, con holgura, la responsabilidad penal de aquél como autor de concierto para delinquir agravado, pero resultan sustancialmente insuficientes para radicar en él el conocimiento previo de la posterior comisión del delitos de homicidio agravado de que luego fue víctima la juez HINOJOSA SUÁREZ: a pesas de todas esas circunstancias, OVALLE LÓPEZ bien pudo desconocer eso.
123. Entonces, se está frente a una imputación muy grave que solo se encuentra acreditada mediante un testigo de referencia que, por sí mismo, no puede dar cuenta de la veracidad del relato que él recibió y luego suministró a la Fiscalía. Aparte de ello, esa imputación no está corroborada por ningún medio de conocimiento directo, en tanto que la prueba indirecta resulta demasiado contingente para ese efecto.
En ese entorno, por más credibilidad que merezca el testimonio de RUBIO SUÁREZ, lo cierto es que, independientemente de ello, el Tribunal no cuenta con los medios de conocimiento suficientes que le permitan tener por cierto el relato que él recibió de parte de ARIEL HINOJOSA. Y frente a un panorama probatorio tan precario, no es posible lograr certeza en torno al conocimiento previo que, según la acusación, tuvo OVALLE LÓPEZ del posterior asesinato de la Juez HINOJOSA SUÁREZ.
Planteadas así las cosas, atendiéndose a la estructura de los delitos de omisión impropia, la conclusión que se impone es que en este caso específico no está acreditado el supuesto de hecho de tal modalidad típica, pues no está demostrado que THOMÁS OVALLE LÓPEZ haya tenido conocimiento previo del posterior asesinato de la Juez HINOJOSA SUÁREZ, sin que sea posible, entonces, inferir que tenía el deber jurídico de actuar para proteger la vida de aquella. (...).
132. En síntesis, en torno al delito de concierto para delinquir agravado, el tribunal encuentra que respecto de OVALLE LÓPEZ la decisión recurrida es jurídicamente correcta y debe confirmarse pues está demostrado que tal ciudadano colaboraba y financiaba al frente mártires de Upar de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y en lo que atañe a los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, el Tribunal concluye que la responsabilidad penal no está demostrada sino que concluyen dudas insalvables que deben resolverse a su favor.
2.12. Contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, que confirmó la condena a THOMÁS OVALLE LÓPEZ(37) por el delito de concierto para delinquir, se interpuso recurso extraordinario de casación. No obstante, estando dentro del término de traslado para sustentar los recursos de casación formulados, por los distintos implicados, se presentó ante el Tribunal, petición de cesación de procedimiento fundada en la prescripción del delito de concierto para delinquir.
2.13. El 19 de agosto de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, declaró prescrita, y por tanto extinguida la acción penal adelantada contra THOMÁS OVALLE LÓPEZ, entre otros, por el delito de concierto para delinquir agravado y, ordenó cesar el procedimiento (fls. 666-680, cdno. 3) y, en razón a ello no se dio curso a la casación interpuesta.
2.14. De esta forma, está probado que JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA fue absuelto en sentencia de primer grado por el delito de concierto para delinquir; mientras que THOMÁS OVALLE, en segunda instancia fue absuelto de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados y ratificada la condena por concierto para delinquir, misma que prescribió para cuando se estaba adelantando el recurso de casación, que por la misma razón no prosiguió en su trámite, dados los alcances de la cesación de procedimiento con que fue favorecido.
2.15. En lo que respecta a JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, se sabe que fue afectado con restricción de la libertad en establecimiento carcelario desde el 7 de junio de 2003, hasta el 14 de octubre de 2005, tal como reza en las constancias visibles a fls. 25 y 26, cdno. 1, expedidas por el Dactiloscopista del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta y el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar. Asimismo, se conoce que el 14 de octubre de 2005 se sustituyó la medida por detención domiciliaria, hasta cuando fue liberado definitivamente en virtud de la sentencia absolutoria el 9 de noviembre de 2005.
2.16. Con relación a la restricción de la libertad de THOMÁS OVALLE LÓPEZ, obra a fl. 73, cdno. 1, certificación expedida por el director del director del Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad y Carcelario de Valledupar, donde consta que estuvo recluido desde el 9 de octubre de 2003, hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la cual, se le otorgó la libertad condicional, conforme consta a fl. 81, cdno. 1.
2.17. En lo que atañe a JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, sin perjuicio de los demás documentos aportados con la demanda y debidamente incorporados(38), los siguientes se estiman relevantes y serán valorados en el debido momento procesal, si a ello hubiere lugar:
2.17.1. Certificación expedida por Cesar Bacca Zambrano —abogado—, visible a folio 20, cuaderno. 1, de fecha 14 de septiembre de 2007 en la cual se hace constar el pago de honorarios. Así mismo, a folios 687-689, cuaderno 2, obra la declaración del abogado Osneis Manjarrés Pérez, en la que manifiesta el pago de honorarios para la defensa técnica de un proceso llevado ante la Fiscalía – Unidad de Derechos Humanos.
2.7.2. A fl. 35, cdno. 1, obra certificación expedida el 10 de septiembre de 2004 por el INPEC, atinente al estado de salud del interno Jorge Luis Vega Zequeira.
17.3.(sic) Dictamen médico legal realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 19 de noviembre de 2004 (fls. 55-56, cdno. 1).
2.17.4. Certificación expedida el 2 de octubre de 2003 por el gerente de Lácteos San Diego en la que se hace constar que Jorge Luis Vega Zequeira “es proveedor de Leche de esta empresa, desde hace cinco (5) años con un promedio mensual de diez (10) tinas de leche, (400 Litros) por un valor quincenal de $ 3.000.000 (fl. 23, cdno. 1).
2.17.5. Certificación expedida el 7 de octubre de 2003 por el gerente de AMA —Aviones y Maquinarias Agrícolas— en la que se hace constar que Jorge Luis Vega Zequeira ha sido cliente “como cultivador de algodón y sorgo en las cosechas 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 (fl. 23, cdno. 1).
2.17.6. Declaración de Oscar Machado Torres (fls. 581-583, cdno. 2) con la que se pretenden demostrar los perjuicios sufridos por Jorge Luis Vega Zequeira y su núcleo familiar.
2.18. En lo que concierne a THOMÁS OVALLE LÓPEZ, sin perjuicio de los demás documentos aportados y debidamente incorporados, se estiman relevantes los siguientes, los cuales serán valorados en el correspondiente momento procesal si a ello hubiere lugar:
2.18.1. Al proceso se aportaron varios ejemplares de prensa escrita en los cuales se divulgó la implicación del señor Thomás Ovalle López en el caso penal que aquí se invoca. Así por ejemplo, El Pilón, en su versión impresa del 9 de octubre de 2003 tituló: “Por concierto para delinquir hoy trasladarán a “El negro” Ovalle a la Judicial” (fl. 108, cdno. 1); en similar sentido, Vanguardia Liberal en su edición del 10 de octubre de 2003 tituló: “A la cárcel fue trasladado ayer el Alcalde de Codazzi” (fl. 109, cdno. 1 ), ese mismo diario el 1 de septiembre de 2005 divulgó “Proceso por crimen de Jueza de Becerril – Fiscalía pidió absolver a “El negro” Ovalle” (fl. 113, cdno. 1). La Revista Semana, en su edición del 7 al 14 de junio de 2004, en una de las columnas de la sección de orden público que tituló “crimen y castigo” divulgó: “Fiscalía descubrió cómo varios funcionarios de dos municipios de Cesar, entre ellos los alcaldes, se confabularon con paramilitares para asesinar a una juez” y, allí mismo se publicó la foto de Thomás Ovalle (fl. 122, cdno. 1). Finalmente, el Pilón en la circulación del 12 de diciembre de 2009 publicó: “Absuelto “El negro Ovalle” por caso de Juez de Becerril” (fl. 112, cdno. 1).
2.18.2. Certificaciones por pago de honorarios; (i) certificación del 1 de febrero de 2012 expedida por el abogado RUBÉN DARÍO CEBALLOS MEDOZA (fl. 64, cdno. 1), acompañada del respectivo contrato de prestación de servicios (fls. 65-68, cdno. 1), y (ii) certificación del 1 de febrero de 2012 expedida por el abogado RUBÉN DARÍO CEBALLOS MENDOZA (fl. 65, cdno. 1), con su correspondiente contrato de prestación de servicios (fls. 69-72, cdno. 1).
2.18.4.(sic) Dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 104-107, cdno. 1), correspondiente al estado de salud de Thomás Ovalle López.
2.18.5. Los testimonios rendidos por Luis Enrique Mieles Garizao (fls. 774-775, cdno. 3), Luis Carlos Alarcón Arocha (fls. 776-777, cdno. 3), con las cuales se busca probar perjuicios.
En el marco de la responsabilidad del Estado, corresponde a la Sala establecer si respecto de los señores JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA y THOMÁS OVALLE LÓPEZ, por el hecho de la privación de la libertad de que fueron objeto, se causó un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas. Sin perjuicio de la acumulación decretada y de la conjunción de hechos que -en principio- mancomunan la causa petendi, la Sala tendrá en cuenta los elementos fácticos y probatorios que distinguen la posición jurídica de cada accionante con respecto al daño alegado, en particular, la forma de desvinculación de la responsabilidad penal.
Atendiendo tales circunstancias, la Sala concretará el régimen aplicable, acometerá el estudio estructurante de la responsabilidad y, finalmente, en lo que respecta a la privación injusta de la libertad llevará a cabo el juicio autónomo sobre la culpa grave o dolo de la víctima. Todo ello, teniendo de presente el alcance normativo del art. 90 de la Constitución y los desarrollos jurisprudenciales alcanzados por esta corporación.
4.1. Concreción del título a partir del cual se abordará el estudio de la responsabilidad del Estado. Para la Sala es claro que las pretensiones formuladas por Jorge Luis Vega Zequeira, quien fue absuelto en sentencia de primer grado de la sindicación penal por el delito de concierto para delinquir deben ser analizadas en el contexto de la responsabilidad del Estado por privación injusta. No obstante, en lo que hace a Thomás Ovalle López, este título no asoma con la misma explicitud, no solo porque la liberación del proceso penal no se dio propiamente por una sentencia absolutoria sino porque dentro de la vista contencioso-administrativa se ha aludido simultáneamente al error jurisdiccional y a la privación injusta.
Por esta razón, de manera previa la Sala decantará en qué título de imputación desemboca el supuesto de daño alegado por este demandante, sin que por este hecho se entienda anticipada la verificación del daño. Es decir, en este estadio lo que se busca es concretar la atribución jurídica de los hechos a un supuesto de responsabilidad para poder adelantar el análisis, sin que todavía se entre a calificar la responsabilidad, pues ello —como es apenas entendible— corresponde a un examen ulterior.
Es cierto que si nos remitimos a la demanda, en un principio, el accionante postuló que el daño fue causado por el error judicial consistente en una indebida aplicación de la dosimetría penal que excedió los límites que la ley señalaba para el delito de concierto para delinquir (hechos 16-20 del escrito inicial de demanda). En dicho del accionante, lo anterior se tradujo en que el quantum de pena al que realmente era acreedor Thomás Ovalle López era de seis (6) años, mientras que, por el contrario, estuvo privado por más de seis (6) años. Sostuvo igualmente, que si se hubiera dispuesto la pena real (6 años) y si a ésta se le hubiera aplicado los descuentos por redención de pena (1 año, 4 meses y 21 días) junto con la posibilidad de acceder a la libertad al cumplir las 3/5 partes de la condena, a lo sumo, al cabo de cuatro (4) años y cuatro (4) meses hubiera recuperado la libertad. Fundamentalmente, en ese planteamiento de equívoco en la dosimetría penal hizo recaer el supuesto de error judicial. (fl. 686, cdno. 3).
No obstante, cuando el proceso se encontraba dentro del término de fijación en lista, el accionante Thomás Ovalle López presentó escrito de corrección de demanda, que hizo consistir, básicamente, en la sustitución de los hechos 16 al 20 del escrito inicial (fls. 734-735, cdno. 3). La corrección se dio en el sentido de cambiar el supuesto de error judicial, ya no sobre la base de una equivocación en la dosimetría penal sino en haber estado injustamente detenido por unos delitos de los cuales fue absuelto (homicidio agravado y tentativa de homicidio agravada) y otro (concierto para delinquir) alcanzado por la declaratoria de prescripción que condujo a la cesación de procedimiento, decisión que —en su sentir— se asimila a una absolución equivalente a la que se dio por los dos primeros delitos. En síntesis, consideró que al habérsele retenido por delitos de los que a la postre resultó absuelto, se le ocasionó un daño consistente en la detención injusta.
En esa medida, considera la Sala que lo que es motivo de reclamo, quedó fijado sobre la base de un supuesto de privación injusta, que por sí mismo releva de cualquier consideración en torno a un posible error jurisdiccional por yerros en la fijación del quantum punitivo.
Con todo, no desconoce la Sala que, con fundamento en el principio iura novit curia, es el juez el llamado a hacer la atribución jurídica de los hechos que llegan a su conocimiento y, en tal sentido, puede apartarse del título de imputación que el demandante sugiera ab initio en el libelo introductorio. Dicha facultad se ve socorrida por el propio artículo 90 de la Constitución, en tanto no estipuló un determinado uso de títulos de imputación(39), considerando la variada y nutrida facticidad que singulariza cada caso; por manera que, a partir de una lectura integral, el juez debe realizar la operación de encuadramiento que corresponda.
Bajo ese entendimiento, tal como en su momento lo advirtiera el representante del Ministerio Público, la senda del estudio por un presunto error jurisdiccional, en este caso, ha de ser descartada, no solo porque dejó de ser objeto de la litis vía corrección de demanda sino porque de conformidad con el art. 67 de la Ley 270 de 1996 no se cumple el segundo de los requisitos allí previstos(40). Desde luego, en la medida que la cesación de procedimiento frustró la tramitación del recurso de casación impetrado, la providencia condenatoria no quedó en firme, comoquiera que faltó que la justicia se pronunciara de manera definitiva respecto de si la condena impuesta debía mantenerse o revocarse.
En efecto, el recurso de casación que atacaba la sentencia condenatoria no fue decidido ya que al operar la prescripción de la acción penal se produjo una irrupción procesal con efectos extintivos. Tan cierto es ello que, precisamente, la falta de firmeza de la condena impuesta por el delito de concierto para delinquir, conllevó a que, pese a dicha decisión adversa, la presunción de inocencia de Thomás Ovalle López se mantuviera incólume.
Lo anteriormente expuesto, conlleva a deslindar jurídicamente el supuesto de daño alegado de un presunto error jurisdiccional y situarlo en el contexto de la privación injusta de la libertad, conforme a las circunstancias expuestas.
4.2 Normatividad aplicable. Como se puede apreciar, la privación de la libertad tanto de Jorge Luis Vega Zequeira como de Thomás Ovalle López tuvo ocurrencia cuando ya la ley 270 de 1996(41) se encontraba vigente. De esta forma, al caso le resulta aplicable el artículo 68 de dicha disposición, en cuanto allí se consagra la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. Tal como jurisprudencialmente se ha indicado, el enunciado normativo del artículo 68 no excluye la aplicación directa del canon constitucional previsto en el artículo 90 de la carta; esta conclusión resulta incontestable desde un criterio de interpretación jerárquica y sistemática, si se le tuviera que buscar una justificación inmediata. Ciertamente, el estatuto jurídico de la responsabilidad del Estado se vertebra a partir del postulado general previsto en el artículo 90 de la Constitución, que establece como presupuestos básicos, la causación de un daño antijurídico y su imputación a una autoridad pública, merced del título que el juez halle consonante con la realidad probatoria de cada caso.
En lo que hace a los daños por la privación de la libertad, el precitado artículo 68 de la Ley 270 de 1996 reconduce a su reconocimiento cuando esta haya sido injusta. No obstante, por injusto no solamente ha de entenderse lo abiertamente arbitrario(42) sino toda restricción que ocasione un daño antijurídico frente a la cual no exista un deber de soportar. Desde esta perspectiva, se ha entendido que existe una obligación objetiva de responder en aquellos eventos que, de antes, traía enlistados el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(43), no porque se pretenda posponer la vida jurídica de una disposición derogada, sino porque el contenido enunciativo de carácter hipotético no desaparece por mera técnica legislativa y, más aún, porque dichas hipótesis satisfacen per se los requisitos elementales del deber de reparar previsto en la norma constitucional.
Así, por vía de un ejercicio de inferencia deductiva se entiende que si los supuestos de absolución que traía la norma derogada, en el plano material siguen comportando una lesión antijurídica imputable a la autoridad que administra justicia, pues entonces, se siguen dando las condiciones atributivas para la aplicación del precepto general de la responsabilidad. Bajo esos términos, ha dicho la jurisprudencia:
Valga anotar, respecto de la responsabilidad estatal en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que el espíritu de la norma se ha mantenido incluso más allá de su derogatoria, fundada en el artículo 90 de la Carta y así mismo en profundas consideraciones sobre lo irrazonable y desproporcionado que comporta sostener que los asociados están obligados a soportar la carga de ser privados de su libertad y a ver alterado gravemente el disfrute sus derechos fundamentales, sin razón constitucional que lo justifique.(44)
En esa misma línea de entendimiento, esta corporación ha considerado que la obligación de responder por la privación de la libertad no solamente asoma paladina en estos tres eventos(45) sino en todos aquellos en los que -al final- la presunción de inocencia no resulta vencida en la investigación, como suele ocurrir cuando se absuelve con fundamento en el indubio pro reo.
“[S]i se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo”(46).
De esta forma, se ha previsto que bajo ciertos supuestos ((i) inexistencia del hecho punible; (ii) la no comisión del hecho por parte del sindicado y, (iii) la atipicidad de la conducta y, (iv) el indubio pro reo), se erige un régimen de responsabilidad objetiva sin perjuicio, claro está, que se constante una falla del servicio, en cuyo caso, el régimen aplicable será de carácter subjetivo. En todo caso, al margen del régimen aplicable, lo cierto es que existe un deber de reparar.
Desde luego, si como se explica, lo verdaderamente trascendental es la importancia que ocupa dentro de nuestro ordenamiento jurídico el principio universal de presunción de inocencia y la libertad en su dimensión tríptica, hay razones para pensar que la obligación de reparar surge, indistintamente, siempre que se produzca un daño antijurídico en la esfera de la libertad individual por el que, ciertamente, la víctima no esté en deber alguno de soportar y, por su puesto, que provenga de una actuación judicial. Es decir, antes que un cúmulo de hipótesis dadas, lo que existe es un tándem de requisitos que estructuran la responsabilidad. En tanto estos se cumplan —al margen de la hipótesis— habrá lugar a declarar la responsabilidad.
En ese orden de ideas, surgen para la Sala dos interrogantes. El primero resulta de cuestionar si como afirma el demandante Thomás Ovalle López, la prescripción de la acción penal se equivale a una absolución y, el segundo, si la declaratoria de la prescripción puede entenderse como una hipótesis de privación injusta de la libertad.
Frente al primer cuestionamiento resulta esclarecedor entender que, si bien, tanto la preclusión, como la absolución y la prescripción de la acción penal disgregan un efecto de cosa juzgada, y en tal sentido hay razones para equivalerlas; no puede pasarse por alto que, mientras a los dos primeros eventos (preclusión y absolución) se llega por razones intrínsecas al análisis que define la responsabilidad penal del implicado —resolución de fondo del caso—, en el último evento (prescripción) lo que se consolida es un fenómeno jurídico extrínseco al examen de la responsabilidad penal que, en últimas, abate la posibilidad de resolver de fondo el asunto. En otras palabras, les asisten elementos comunes pero también diferenciales, como lo ha destacado la Corte Constitucional:
[L]a diferencia entre las diversas figuras(47), se revela con facilidad un común denominador: todas ellas definen la situación jurídica de un sujeto en relación con su responsabilidad en la comisión de un delito, como decisiones de fondo o de forma, que en todo caso generan los efectos de cosa juzgada y por tanto prima facie, cierran el camino para acudir al sistema de administración de justicia con el propósito de valorar los mismos hechos e imputaciones que tales decisiones atendieron.
Sin embargo, como se ha anotado, la prescripción de la acción tiene un trato diferente. (...). La prescripción de la acción también resuelve entonces la situación jurídica de quien fuere inculpado de un delito, pero no porque se hubiere producido una decisión que lo hubiere exonerado de responsabilidad, sino por el simple paso del tiempo. Se trata de una garantía jurídica para que las situaciones que interesan al derecho queden definidas por él en un plazo razonable (art. 228, C.P., y art. 4º de la L. 270/96, modificado por el art. 4º de la L. 1285/2009, inciso 1º).(48)
Allende las diferencias que puedan existir entre una y otra figura, lo cierto es que —para lo que aquí interesa—, el anclaje entre una decisión de carácter preclusivo o absolutorio, por una parte, y una decisión de carácter prescriptivo, por la otra, viene dado por la inocencia que en tales casos se mantiene, ya porque haya sido expresamente declarada o porque su presunción perviva. Desde luego, si se admite que la prescripción de la acción penal deja en vilo el derecho bien sea a ser reconocido inocente o ser vencido en juicio, habrá que reconocerse que mientras esto último no ocurra (vencimiento en juicio) la presunción de inocencia se mantiene inalterada.
Por manera que, no resulta apropiado sostener —en términos sustantivos— que una absolución se equivale a una prescripción pero si es dable concluir que, en ambos casos, la presunción de inocencia se conserva. Si se admite esto, entonces hay razones para entender que aún en los casos en que la responsabilidad penal cese por los efectos extintivos de la prescripción, la privación de la libertad que en tal evento se haya materializado no constituye una obligación que la persona deba soportar. Lo que se intenta decir, en últimas, es que a instancias de la responsabilidad del Estado y bajo la égida de la presunción de inocencia, aquellas investigaciones y/o procesos penales que son alcanzados por los efectos de la prescripción constituyen un supuesto más de privación injusta de la libertad, con lo cual se procura la respuesta a las inquietudes arriba planteadas.
En ese mismo contexto, bien pueden existir eventos donde el daño alegado no sea precisamente la privación de la libertad sino la frustración del derecho a ser reconocido inocente. En ese orden de ideas, será el examen integral del caso el que defina el régimen aplicable. De cualquier forma, mientras se persiga la indemnización del Estado por el hecho de la privación, lo importante es que “si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva”(49).
De otro lado, es evidente que cuando opera la prescripción es porque se dejaron transcurrir estérilmente los términos legales establecidos para resolver un asunto, en este caso de carácter penal. No obstante, ya sea que se encuentren o no justificadas las causas de la dilación, lo cierto es que la obligación de indemnizar no está condicionada a la valoración del actuar de la administración de justicia, como pasa a explicarse:
[R]esulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(50).
Todo lo hasta aquí dicho, además, encuentra respaldo en anteriores pronunciamientos de esta corporación en torno a la prescripción como recipiendaria del régimen de privación injusta. Así por ejemplo, de manera concreta se ha dicho que:
[L]a responsabilidad del Estado en tratándose de casos de privación injusta de la libertad no se encuentra supeditada exclusivamente a la configuración de una de las tres causales señaladas en la norma sustantiva penal, que si bien constituye su marco normativo, encuentra su génesis y justificación en la causación de un daño antijurídico que el afectado no está en la obligación de soportar, esto en los términos del artículo 90 constitucional.
En este orden de ideas, la privación de la libertad comporta un daño antijurídico también en los casos en que el aparato jurisdiccional, en desarrollo de una investigación penal, desborda los términos para adelantar las diferentes etapas del proceso sin proferir una decisión de fondo de cara a absolver o condenar penalmente al procesado y como consecuencia pierde su función punitiva, por prescripción de la acción penal. Allí es dable declarar la responsabilidad del Estado pues no se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado, lo que indefectiblemente conlleva la antijuridicidad de la medida impuesta.
Así, el acaecimiento del fenómeno prescriptivo no solo se erige como una garantía de rango constitucional en favor de todas las personas que se ven involucradas en un proceso judicial de no soportar indefinidamente en el tiempo los rigores de una investigación que el operador jurídico no adelantó en los términos establecidos, principio que cobra más protagonismo en tratándose de procedimientos sancionatorios y que logra materializar garantías de orden supranacional incorporadas a nuestra Constitución como parámetros vinculantes de interpretación de los deberes y derechos protegidos por la norma suprema, sino también acarrea para la administración el despojo de su función punitiva y con ello la asunción de todas las consecuencias que su inoperatividad produce, de las que no se escapan las de tipo patrimonial derivadas de la imposición de condenas en su contra(51).
En definitiva, los esfuerzos no apuntan prima facie a sancionar a quien produjo el daño, sino en dejar indemne a quien ha tenido que padecerlo sin estar compelido a hacerlo.
Igualmente, con con fundamento en el artículo 90 constitucional y, los artículos 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad no se basta con la concurrencia de los elementos estructurantes, sino que debe superar además, el juicio autónomo que sobre la culpa grave o el dolo de la víctima le corresponde efectuar al examinador del caso, por cuanto debe quedar demostrado que la víctima, bajo ninguna circunstancia, estaba en el deber jurídico de acarrear con la privación.
4.2. Del caso concreto.
Conforme está comprobado, Jorge Luis Vega Zequeira estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario desde el 7 de junio de 2003 hasta el 14 de octubre de 2005 (fls. 25-26, cdno. 1) y de allí en adelante y hasta cuando fue absuelto de responsabilidad (9 de noviembre de 2005) en detención domiciliaria, para un total de dos (2) años, cinco (5) meses y dos (2) días; es decir 872 días(52). Asimismo, se conoce que Thomás Ovalle López permaneció privado de la libertad desde el 9 de octubre de 2003 hasta el 23 de diciembre de 2009, conforme consta en la certificación del INPEC obrante a folio 73, cuaderno 1(53), para un total de seis (6) años, dos (2) meses y catorce (14) días, para un total en días de dos mil doscientos treinta y cuatro (2.234). De esta forma, para la Sala no hay duda que se encuentra probado el daño.
Ahora bien, si como sabemos Jorge Luis Vega Zequeira fue absuelto de la responsabilidad penal por el delito de concierto para delinquir y dicha sentencia cobró ejecutoria y, asimismo, Thomás Ovalle López fue absuelto de responsabilidad frente a los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado y, posteriormente, se le declaró la prescripción de la acción penal con respecto al delito de concierto para delinquir, habrá que decir, tal como quedó expuesto anteriormente, que la privación en tanto daño se revistió de antijuridicidad, en la medida que, en ninguno de los casos se logró desvirtuar la presunción de inocencia ni siquiera a sabiendas de la sentencia condenatoria por concierto para delinquir que hasta antes de la declaratoria de prescripción pesaba sobre Thomás Ovalle López, decisión que no pudo consolidar el grado de firmeza, justamente por los efectos de la prescripción. Todo ello permite recapitular, frente al daño alegado que, efectivamente, se trató de un daño antijurídico.
Pasando a la imputabilidad, está claro que para el caso de Jorge Luis Vega Zequeira, es la Nación – Fiscalía General de la Nación la llamada a responder, comoquiera que dicha entidad fue destinataria de la condena que aquí se apela y que la absolución de la Rama Judicial no fue objeto de recurso.
En lo que concierne a Thomás Ovalle López, teniendo en cuenta la conciliación surtida entre éste y la Fiscalía General de la Nación, misma que hizo tránsito a cosa Juzgada y por lo cual fue excluida de la tramitación del recurso, se entiende que la llamada a responder es la Nación – Rama Judicial.
Por otro lado, sin que desconozca la Sala el hecho de que en uno de los eventos no se concretó la responsabilidad penal por razones de prescripción, se dirá que, amén de la complejidad del caso, no solo por el número de implicados, sino por todas las circunstancias que lo rodearon (criminalidad organizada, testigos protegidos en el exterior, cambios de radicación, ruptura procesal, entre otros) y porque no existen pruebas que pongan a la vista alguna irregularidad, se estima que el régimen aplicable es de carácter objetivo.
Hasta aquí, la Sala ha podido verificar la cabalidad de los requisitos sobre los que se sustenta la responsabilidad del Estado, no así el deber de reparar. En otras palabras, no siempre que estén reunidos los presupuestos básicos de la responsabilidad surge de manera automática la obligación de indemnizar, comoquiera que existen otros cánones a partir de los cuales se puede desdibujar el compromiso resarcitorio, tal es el caso de las causales de exclusión de responsabilidad.
Tal como se ha dicho en anteriores pronunciamientos, el entramado normativo de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad no se agota con la aplicación del art. 68 de la Ley 270 de 1996, sino que, además, debe darse aplicación al art. 70 ejusdem(54), que impone al juez el análisis sobre la culpa grave o dolo de la víctima como causal eximente. Esta disposición materializa el principio según el cual nadie puede beneficiarse de su propia torpeza. Además se sustenta en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(55), y en los artículos 83, 90 y 95 de la Constitución.
4.2.1. El juicio autónomo sobre el dolo civil o culpa grave de la víctima. Tratándose de la responsabilidad extracontractual, el estudio de las causales de exoneración corresponde, en principio, al Estado o, de manera autónoma al juez del caso en virtud de sus poderes oficiosos(56). Implica entonces, que la responsabilidad se consolida solo hasta el momento en que el juez confronta el comportamiento de la víctima con aquellos deberes generales de conducta, que son inexcusables y oponibles en cualquier circunstancia. Se trata, por tanto, de aquellos comportamientos en los que incluso las personas más imprudentes y negligentes se cuidan de incurrir, no solo porque están objetivamente imbricados en la gnosis-cívico-colectiva de la sociedad en su conjunto, sino porque, en su mayoría, el ordenamiento jurídico los proscribe.
Siendo esto así, la Sala estima que conforme a lo que está documentado en el proceso y, en lo que respecta al señor Jorge Luis Vega Zequeira no se observa que haya incurrido en algún comportamiento que pueda considerarse gravemente culposo o doloso, a partir del cual se pueda determinar una culpa exclusiva de su parte capaz de socavar el deber que tiene la autoridad imputable de responder por el daño irrogado.
Esto es así, si se tiene en cuenta que en el caso de este procesado, quedó demostrado conforme a testimonios y pruebas que se trataba de una persona dedicada a la ganadería y la agricultura (fls. 22-23, cdno. 1). Si bien, al momento del allanamiento le fueron incautadas varias armas, de todas ellas se logró establecer la permisión para el porte (fls. 71-72, cdno. 1) y, en definitiva, de ninguna de las pruebas se extrae comportamiento alguno que lo haga ver como culpable en grado sumo del daño que tuvo que padecer. Por esta razón, con relación a este demandante la Sala confirmará la decisión condenatoria efectuada por el Tribunal de origen y adelantará el estudio de los perjuicios.
No sucede lo mismo con relación a Thomás Ovalle López de quien, advierte la Sala, existen pruebas que lo colocan en el plano del dolo civil, comoquiera que, siendo la primera autoridad de policía y el llamado a conservar el orden público en el municipio (art. 315 C.N.), teniendo, además, conforme a la naturaleza del cargo deberes específicos que cumplir respecto al mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad de sus conciudadanos(57), no le estaba permitido relacionarse con personas al margen de la ley, menos aún, incorporarlas a su esquema de seguridad.
En efecto, de la valoración integral de la prueba se extrae que Fernando Jaimes Sarrázola era un reconocido paramilitar, encargado de las finanzas y perteneciente al grupo de ilegales que operaba en la zona, denominado Frente Mártires de Upar del Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que, por demás, fue el grupo que perpetuó el crimen de la juez de Becerril.
Por otro lado, Se sabe, que Fernando Jaimes Sarrázola, estaba vinculado a la Alcaldía de Codazzi como jefe del esquema de seguridad de Thomás Ovalle y era depositario de la total confianza del alcalde, tal como lo relataron entre otros, Dadalier Leal Cororel (alias Gabi)(58), confeso integrante de las autodefensas y de quien se sabe fungía como conductor al mando de Jaimes Sarrázola.
Siendo que se trataba de la primera autoridad del municipio y que tal circunstancia lo hacía conocedor inigualable del panorama de orden público local, incurrió en una inusitada imprudencia al poner a su servicio y al servicio del municipio, en condición de “jefe de seguridad” a una persona que abiertamente era reconocida como paramilitar. No se puede perder de vista que en un entorno municipal la información se difumina fácilmente, que la tarea de verificar y referenciar a una persona es muy fácil; de ahí, que la Sala no encuentre justificado que, precisamente, quien para entonces fuera el alcalde del municipio de Codazzi (Cesar) haya contratado como su jefe de seguridad a una persona que coordinaba actividades del grupo de autodefensas que operaba en la zona, abandonando hasta el más mínimo de prudencia que alguien en su lugar normalmente tendría y poniendo en evidente riesgo los intereses del municipio por los cuales debía velar.
Todo ello, lleva a la Sala al convencimiento que Thomás Ovalle López se puso a sí mismo en condición de soportar la privación de la libertad que le sobrevino con ocasión de la investigación que se adelantó a raíz del asesinato de la juez de Becerril Marilis Hinojosa Suárez, crimen que fue llevado a cabo por parte de un grupo armado ilegal, al cual pertenecía el jefe de seguridad de la Alcaldía(59). En otras palabras, se encuentra constatada la causal excluyente de responsabilidad de “culpa exclusiva de la víctima” que enerva la obligación de reparar. En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión del a quo y, en su lugar, liberará de responsabilidad a la demandada Nación – Rama Judicial.
Habida cuenta que, en lo tocante a Jorge Luis Vega Zequeira la Sala constató la obligación de responder a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación, se procederá con la verificación de perjuicios, teniendo por presente que, en este caso, la Nación –Fiscalía de la Nación concurre como apelante único y, en tal sentido, se seguirán las reglas que impone el principio de la no reformatio in pejus, esto es que los perjuicios reconocidos no podrán ser incrementados, pero si revisado.
Teniendo en cuenta que la entidad demandada concurre como apelante único, al examinar los perjuicios que trae la sentencia recurrida, no perderá de vista la Sala la aplicación del principio de la no reformatio in pejus y, por tanto, con fundamento en las reglas jurisprudencialmente establecidas para el reconocimiento de perjuicios en casos de privación injusta de la libertad (sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.146)(60), procederá a su revisión, mejorando la situación del apelante único donde resulte procedente, por demás, bajo el entendido que quien apela por la responsabilidad, lo hace a la vez por el perjuicio.
Ínsitos en los padecimientos y aflicciones que trae consigo el hecho de la restricción de la libertad, los perjuicios morales afloran sin mayores consideraciones y se presumen frente a la víctima directa y su círculo familiar cercano, a más de que fueron probados a partir de la declaración de Oscar Machado Torres (fls. 581-583, cdno. 2).
Para efectos de la tasación de dichos perjuicios, se toma como referencia la tabla que en razón al tiempo de la privación y al nivel de cercanía afectiva, dispuso la sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014(61). De esta forma, teniendo en cuenta que Jorge Luis Vega Zequeira estuvo privado de la libertad durante dos (2) años, cinco (5) meses y dos (2) días, a él y a cada uno de los familiares a quienes se les reconoció perjuicios (compañera permanente, madre e hijos), les correspondería un monto de cien (100) smlmv para cada uno de ellos. No obstante, como la parte accionante no apeló y por principio no se puede agravar la condición del apelante único, la Sala confirmará los montos reconocidos en la sentencia apelada, sin variación alguna.
Por el denominado daño a la vida en relación el a quo le reconoció a Jorge Luis Vega Zequeira el equivalente a 50 smlmv; para la madre y la compañera permanente 25 smlmv y, para cada uno de los hijos 15 smlmv. Antes de pronunciarse sobre tal reconocimiento, la Sala hará las siguientes precisiones:
Si nos atenemos al libelo demandatorio, lo que allí se solicita por el concepto de “daño a la vida en relación” (fl. 272, cdno. 1), prácticamente se corresponde con las aflicciones y padecimientos propios del perjuicio moral. A esto se suma que, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta corporación y a raíz de la multiplicidad de perjuicios que se asociaban con el denominado “daño a la vida en relación”, se tomó en consideración la afectación a la integridad psicofísica de la víctima para redefinir una categoría omnicomprensiva de “daño a la salud”. La reseña jurisprudencial en este sentido ha indicado que:
[E]l “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49, C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos. Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional. Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad38[38] . En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación– precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.(62)
De esta forma, las alteraciones piscofísicas quedan contenidas en el denominado “daño a la salud”, del cual también se ha dicho debe ser reconocido de manera exclusiva en cabeza de la víctima, esto es el directamente afectado(63).
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en el expediente obra certificación expedida el 10 de septiembre de 2004 por el Inpec (fl. 35, cdno. 1), en la cual se estipula:
Por medio del presente CERTIFICO que el interno JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA recluido en este establecimiento desde el 07 de Junio de 2.003, padece de Trastornos Gastrointestinales y una CARDIOPATÍA posiblemente de origen HIPERTENSIVO, motivo por el cual en la actualidad se encuentra recibiendo una DIETA ESPECIAL que hasta el momento es lo único que ha podido controlar además de su medicamento las dos patologías que padece.
Con el debido respeto le sugiero se sirva ordenar a quien corresponde (Departamento de Sanidad Carcelaria) autoricen el seguimiento de esta misma conducta para favorecer la salud integral del mencionado interno.
Asimismo, a fls. 55-56, cdno. 1, obra dictamen médico legal realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 19 de noviembre de 2004, en el cual se especifica:
ANAMNESIS: Refiere el paciente que desde hace año y medio, momento desde el cual se encuentra recluido en el centro carcelario ha venido presentando dolor precordial el cual se irradia a hombro izquierdo hasta la mano izquierda, el cual predomina en horas de la noche, además refiere presentar taquicardia y que el dolor se alivia con tratamiento médico. ANTECEDENTES: hipertensión arterial severa la cual viene siendo tratada con dinitrato de isosolbide de 10 mg diario —Asa 1 diario— captopril 25 mg cada 12 horas. robastatina (...) Resultado ecocardiograma: disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Ha tenido taquicardia y elevación transitoria de la presión arterial en situación de stress. Se le advierte al paciente que no asumo responsabilidad para continuar su control médico en el penal, ya que no hay en esta institución los recursos humanos ni de medicamentos que requiere la atención de cualquier urgencia, igualmente la imposibilidad de atenderlo en la noche, dadas las restricciones propias de estas instituciones. Dx: presuntivo: Hipertensión arterial. Angina de pecho por enfermedad coronaria en estudio. 3. Hipertipidemia: Pronóstico reservado. Examen solicitado: Cateterismo cardiaco. Recomendaciones 1. Aislamiento del entorno estresante, para el control de la presión y manifestaciones de angina (sufrimiento cardiaco) 2. Dieta libre de grasas y mantener peso ideal de acuerdo a la valoración del nutricionista. Por otra parte manifiesta que el ecocardiograma manifiesta impacto de la presión sobre la función cardiaca en forma negativa por la presencia de disfunción siastólica del ventrículo izquierdo. Además manifiesta que al paciente se le ha prestado atención de urgencia en tres ocasiones (...).
CONCLUSIÓN: Examinado el usuario JORGR (sic) LUIS VEGA ZEQUEIRA, se concluye que padece: 1. Hipertensión arterial. 2. Angina de pecho por enfermedad coronaria en estudio. 3. Hipertipidemia; teniendo en cuenta el concepto del médico tratante donde considera, que el estado actual del paciente es de pronóstico reservado, conceptuamos: Que el régimen carcelario es incompatible con la enfermedad y el estado actual del usuario JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, por lo que debe recibir tratamiento ambulatorio 2) El usuario debe realizarse cateterismo cardiaco 3) Debe ser revisado por el instituto nacional de medicina legal dentro de tres meses.
Si bien, no se cuenta con el dictamen médico definitivo del cual sea posible conocer de forma concreta el nivel de afectación de la salud del señor Jorge Luis Vega Zequeira, lo cierto es que hay razones para suponer que los padecimientos de salud que refiere la anterior experticia son concomitantes con la privación y, que al menos en lo que refiere a la hipertensión, se sabe que esta es una alteración tratable pero irreversible. En este punto se considera, que aun cuando no está demostrado en grado de certeza que la etiología de la enfermedad coronaria e hipertensiva se hubiera desencadenado a raíz de la privación, no se puede desatender el dictamen traído al proceso, ya que junto a éste, es posible inferir con asidero en la literatura médica(64) que el estrés que provoca el confinamiento y la pérdida de la libertad se traduce en un factor de riesgo potencial asociado con enfermedades coronarias, o dicho de otra manera, que este tipo de enfermedades se produzcan como una respuesta fisiológica al estrés.
No se trata de elevar a nivel de causalidad, sin más, el estrés general que indudablemente produce la privación, pues esto va en contravía de la regla según la cual no todas las personas perciben y procesan una situación estresante, ni tienen la misma habilidad adaptativa frente a nuevas situaciones o dificultades(65). Se trata de reconocer que, en este caso específico, se acompañó una prueba que aunque por sí misma no pueda ser concluyente, sirve de insumo para en sana crítica colegir que la privación alteró las condiciones de salud del actor y, en esa medida le generó un perjuicio.
Por ser esto así, la Sala considera que procede reconocer indemnización a título de daño a la salud a Jorge Luis Vega Zequeira, no obstante, reducirá el quantum que en su momento se otorgó como daño a la vida en relación. Como se trata de una adecuación proveniente de la tipología del daño, en estricto sentido no se agrava la situación del apelante único. De esta forma, en lo que respecta a Jorge Luis Vega Zequeira, la Sala estima razonado reducir a 20 smlm el otorgamiento inicial y negar respecto de los demás demandantes.
5.2 Perjuicios materiales.
A título de lucro cesante el a quo reconoció el valor que habría devengado durante el tiempo de reclusión, sobre la base de 848 días y a razón del salario mínimo para el año 2005, cálculo que le arrojó en total $ $ 15.139.627.oo. Desde luego, se encuentra probado que el señor Jorge Luis Vega Zequeira para la fecha de su privación se encontraba en edad productiva(66) y, ciertamente, aun cuando se aportó las certificaciones de Lácteos San Diego (fl. 23, cdno. 1) y, AMA —Aviones y Maquinarias Agrícolas— (fl. 23, cdno. 1), de ellas y de las demás pruebas aportadas no se obtiene conocimiento real de los ingresos, por lo cual, la aplicación de la presunción del ingreso mínimo resulta acertada.
Ahora bien, tal como aquí se advirtió, la sentencia recurrida realizó la liquidación sobre la base de 848 días, cuando en total lo que estuvo privado de la libertad fueron 872 días. No obstante, no habrá lugar a efectuar el reajuste, comoquiera que el accionante no recurrió la sentencia y, por ende, no cuestionó los reconocimientos allí efectuados. Lo propio ocurre con la aplicación del 25% correspondiente al factor prestacional que no fue tenida en cuenta por el a quo, pero que en este momento no se puede contemplar. Con relación al reconocimiento del tiempo de reincorporación laboral, es claro que en el presente caso no aplicaba, ya que el señor Vega Zequeira se dedicaba a la explotación agrícola y ganadera de sus propias fincas.
Por las anteriores razones, la Sala procederá, únicamente, a efectuar la actualización correspondiente de la suma inicialmente reconocida.
Ra = Rh ($ 15.139.627.oo) x índice final – febrero/017 (136.121)
índice inicial – febrero/011 (106.83)
Ra = $ 19.290.660.oo
TOTAL LUCRO CESANTE ACTUALIZADO: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($ 19.290.660.oo).
A título de daño emergente el a quo reconoció la cantidad de $ 50.000.000.oo que al traerlos a valor presente de la época de la sentencia, arrojó un total de $ 60.983.325.oo, los cuales otorgó a partir de la certificación expedida por el abogado Cesar Bacca Zambrano(67) (fl. 20, cdno. 1), y de la declaración del abogado OSNEIS MANJARRÉS PÉREZ(68) (fls. 687-689, cdno. 2). Este reconocimiento fue controvertido por la Fiscalía General quien consideró que las certificaciones de los abogados no constituían soporte legal, porque la prueba idónea en tales casos era el contrato de prestación de servicios el cual no se había allegado (fl. 943, cdno. ppal.). Entiende la Sala que el inconformismo descansa en el valor probatorio de los documentos allegados. No obstante, se considera que el cuestionamiento a la existencia del perjuicio envuelve la tasación y, en ese sentido, es procedente para el juez de la apelación revisar tanto la demostración del perjuicio como la proporcionalidad de su quantum.
Frente a lo primero, es menester señalar que la certificación expedida por el abogado César Bacca Zambrano reposó desde un comienzo en el expediente sin que fuera tachada de falsa, además, su actuación dentro del proceso penal se hace evidente a partir de las piezas procesales allegadas. Así mismo, el abogado Osneis Manjarrés Pérez compareció al proceso y declaró que había recibido la suma de cuarenta millones de pesos (fl. 687, cdno. 2), a lo que se suma que está demostrado que el señor Jorge Luis Vega Zequeira a lo largo del proceso penal contó con defensa técnica. En esa medida, para la Sala no hay duda de la existencia del mentado perjuicio.
En relación con lo segundo, esto es, con el quantum reconocido por el a quo, la Sala valorará las pruebas que lo soportan desde una perspectiva compatible con las regla de la sana crítica, en razón a lo cual no está obligada a asumir sin ninguna consideración las cifras certificadas, antes bien, puede acudir a postulados y herramientas auxiliares bajo la cuales sea posible justipreciar la razonabilidad del perjuicio, tal como jurisprudencialmente se ha establecido:
[L]a determinación del monto a cobrar por los profesionales del derecho con ocasión de la prestación de servicios especializados, prima facie, se libra del acuerdo de voluntades entre el cliente y el respectivo abogado; empero, de conformidad con la jurisprudencia de la materia existen cinco criterios para determinar si el abogado cobró honorarios proporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía , (v) la capacidad económica del cliente.
En cuanto al monto de la cuantía, el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido, por vía jurisprudencial, que comoquiera que en Colombia no existe un régimen expreso a seguir en punto a la fijación de honorarios, es válido como criterio auxiliar acudir a las tarifas que expiden los colegios de abogados sobre honorarios profesionales(69).
Por lo expuesto, la Sala considera pertinente acudir a las tarifas de Conalbos y, además, constatar si se dan algunos de los criterios acogidos por la jurisprudencia para, de esta forma, establecer si el monto reconocido se ajusta a los parámetros de razonabilidad allí trazados.
De acuerdo con las tarifas de Conalbos,(70)para la etapa instructiva cuando se surte, como en este caso, ante una unidad especializada de la fiscalía se establece un equivalente a 10 smlmv(71) Asimismo, para la etapa de juicio adelantada ante juez del circuito especializado como ocurrió en el presente caso, contempla un valor equivalente a 10 smlmv(72) Como Jorge Luis Vega Zequeira fue absuelto en primera instancia, el reconocimiento acorde a Conalbos sería el resultante de la sumatoria de las dos etapas, esto es, en total 20 smlmv.
Con relación a los restantes criterios, el único que se encuentra acreditado es el de la complejidad del asunto, como puede evidenciarse a partir de la necesidad de cambio de radicación. En atención a ello, la Sala estima razonable incrementar la tarifa antes mencionada en un porcentaje equivalente a la mitad de lo preceptuado por Conalbos. De esta forma, para la fase de instrucción se reconocerán 15 smlmv y para la fase de juicio otros 15 smlmv, para un total de 30 smlmv. Sobre este monto se harán los ajustes y actualizaciones pertinentes, teniendo en cuenta que para el año 2004 (noviembre) fecha en la que concluyó el proceso, el salario mínimo legal ascendía a $ 358.000.oo.
En consecuencia, se procederá a reliquidar el daño emergente por concepto de honorarios, así:
Ra = Rh ($ 10.740.000.oo) x índice final – febrero/017 (136.121)
índice inicial – noviembre/2004 (79.96)
Ra = $ 18.283.386.oo
TOTAL DAÑO EMERGENTE ACTUALIZADO: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 18.283.386.oo).
TOTAL PERJUICIOS MATERIALES (L.C. + D.E): TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 37.574.046.oo).
En los anteriores términos se procederá a modificar lo decidido respecto del demandante Jorge Luis Vega Zequeira.
5.(sic) Costas procesales.
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa un comportamiento semejante en las actuaciones procesales de las entidades demandadas, razón por la cual no se condenará en costas.
1. REVOCAR la sentencia del 15 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar disponer:
1. Negar las pretensiones de la demanda formulada por el señor THOMÁS OVALLE LÓPEZ y su grupo familiar, por las razones expuestas en la parte motiva
2. MODIFICAR la sentencia del 10 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, respecto del demandante JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA y su núcleo familiar y, en su lugar disponer:
1. Declárese a La Nación - Fiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al señor JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto.
2. Condenar a La Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales las siguientes cantidades:
3. Condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante la suma de treinta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil cuarenta y seis pesos Mcte. ($ 37.574.046.oo), conforme se explica en la parte motiva de esta providencia.
4. Condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de daño a la salud, a favor de JORGE LUIS VEGA ZEQUEIRA el equivalente a veinte (20) smlmv.
6. Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
7. Expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
1 Mediante auto de fecha 11 de octubre de 2016, visible a fls. 993-997, cdno. ppal., se decretó la acumulación procesal de los expedientes 41415 y 50054.
2 La demanda, inicialmente, fue admitida por Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar el 17 de enero de 2008 (fl. 331, cdno. 1) y, estando dentro del periodo probatorio el Juzgado Cuarto remitió por competencia el proceso al Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 483-484, cdno. 1), despacho que avocó conocimiento, declaró la nulidad de lo actuado (fls. 490-491, cdno. 2) y adelantó el trámite hasta concluirlo con el fallo que es objeto de apelación. La demanda fue admitida por el Tribunal el 2 de abril de 2009 (fl. 493, cdno. 2), notificándose en debida forma a las entidades demandadas (fls.495-496, cdno. 2).
3 La demanda fue admitida el 15 de marzo de 2012 (fl. 698, cdno. 1) y notificada en debida forma a las entidades demandadas (fls.705-706 cdno. 1). Estando dentro de términos se presentó escrito de corrección (fls. 734-735, cdno. 1), el cual fue admitido el 31 de mayo de 2012 (fls. 745-746, cdno. 1).
4 Se procura una narración integrada de los hechos, comoquiera que, ambos expedientes comparten las circunstancias fácticas a partir de las cuales se pre cursó y tramitó la investigación. Asimismo, los hechos se contextualizan con las distintas providencias que obran como prueba.
5 En el escrito inicial de demanda, las reclamaciones estaban fundamentadas en un supuesto de error judicial, por considerar que se impuso una pena que excedía los límites que la ley imponía, lo que equivale a una dosimetría errada de la pena. Esto, por cuanto, en su decir, el límite de la pena por el delito de concierto para delinquir era de seis (6) años y se le impuso una pena mayor. Si se le hubiera procurado la tasación correcta, a lo sumo a los cuatro (4) años y cuatro (4) meses, que corresponden a las 3/5 partes de la pena, sumado a los beneficios por redención de la pena que fueron de un (1) año, cuatro (4) meses y veintiún (21) días. Es decir, habría obtenido la libertad en un lapso menor al que tuvo que soportar (más de seis años) por lo que, consideró, purgó una pena mayor a la que en derecho le correspondía. Esta tesis fue sustituida mediante escrito de corrección de demanda presentado en tiempo (fls. 734-735, cdno. 1).
6 Citó la Sentencia C-1063 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández y la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 de la misma Corporación, sobre el alcance de la expresión “injustamente” en el contexto de la privación de la libertad.
7 Trajo a colación apartes de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 24 de septiembre de 1992, Exp. 7066, C.P. Daniel Suárez Hernández, así como también, de la sentencia del 1 de octubre de 1992, Exp. 7058 del mismo ponente.
8 Para consolidar la tesis de la necesidad de la medida de aseguramiento, citó apartes de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 27 de julio de 1982.
9 Por adecuado entiende el cumplimiento de todos los requisitos legales necesarios para imponer la medida y para ello, se soporta en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 14 de abril de 2010, Exp. 18960, C.P. Enrique Gil Botero.
10 Para que lo sea —dice— la conducta del funcionario debe carecer de fundamento objetivo y debe tratarse de una actuación manifiestamente contraria a la Constitución o la ley.
11 Específicamente, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
12 Al respecto, se apoyó en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 26 de enero de 2011, Exp. 18617, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
13 Previo a decidir sobre la admisión del recurso, se surtió la diligencia de conciliación de que trata el art. 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se concluyó fallida (fls. 969, cdno. ppal.). Seguidamente, se admitió el recurso (fl. 976, cdno. ppal.) y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 978, cdno. ppal.).
14 En esta etapa, el demandante y el Ministerio público guardaron silencio.
15 Art.70 Ley 1395 de 2010.
16 Se concilió el pago del 60% sobre el 50% del total de la condena impuesta por el Tribunal (fl. 979, cdno. ppal.), acuerdo que recibió la aprobación del Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 984-989, cdno. ppal.).
17 Esto, lo sustentó además en lo dispuesto en la Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, atinente a la connotación de “injustamente” y a que debe establecerse que el sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa no haya dado lugar a la detención.
18 Para mayor fundamentación, transcribió apartes de esta declaración, a partir de la cual se estableció la relación entre Thomás Ovalle con Fernando Jaimes (paramilitar) y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge Cuarenta (paramilitar), e inclusive, el conocimiento previo que Ovalle López tenía con respecto al homicidio de la juez de Becerril.
19 Declaraciones según las cuales se establecía el vínculo entre Fernando Jaimes (paramilitar y padre de las declarantes) y Thomás Ovalle López. Lo anterior se resume de los aparates insertos en el escrito de apelación (fls. 941-942, cdno. ppal.).
20 Refiere a las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 12 de junio de 2013, Exp. 27868, y del 30 de enero de 2013, Exp. 27070, C.P. Hernán Andrade Rincón.
21 Concretamente, se refirió a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
22 Se apoya en apartes de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 28 de abril de 2010, Exp. 18562, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
24 En el expediente reposan los siguientes documentos: registro civil de nacimiento de Jorge Luis Vega Zequeira (fl. 18, cdno. 1) a partir del cual se deduce el parentesco con los demás demandantes, entre ellos, Aura Mercedes Zequeira Baquero (madre); registros civiles de nacimiento de: José Jorge Vega González (fl. 11, cdno. 1); Daneyis Vanessa Vega Olivella (fl. 12, cdno. 1); José Orlando Vega Castilla (fl. 13, cdno. 1); Jorge Luis Vega Castro (fl. 14, cdno. 1); Ricardo Daniel Vega Castro (fl. 15, cdno. 1), Cristian Eduardo Vega Castro (fl. 16, cdno. 1); Adrián Joseph Vega Castro (fl. 17, cdno. 1). La condición de compañera permanente de Marlis Estela Castro Guerrero, se encuentra debidamente acreditada con declaración extrajuicio rendida por Ildemaro Vega Zequeira (fl. 19, cdno. 1), así como también con las declaraciones de Osneis Manjarrés Pérez (fls. 687-689, cdno. 2); Hernán Enrique Rodríguez Dangond (fls. 742-743, cdno. 2).
25 Se aportaron los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 5-6, cdno. 1).
26 Con los respectivos registros civiles de nacimiento: Isabel Felicia López de Ovalle (fl. 32, cdno. 1); María Ovalle López (fl. 33, cdno. 1); William Ramiro Rivero Ovalle (fl. 34, cdno. 1); Nicolás Alfonso Córdoba Ovalle (fl. 35, cdno. 1); Tomás Enrique Ovalle Villa (fl. 36, cdno. 1); Cecilia Alexandra Córdoba Ovalle (fl. 37, cdno. 1); María Daniela Ovalle León (fl. 38, cdno. 1); Thomas Rafael Ovalle Elguedo (fl. 40, cdno. 1); Thomas Rafael Ovalle Hostia (fl. 41, cdno. 1); Luis Alberto Ovalle Elguedo (fl. 42, cdno. 1) Luis Felipe Ovalle Salinas (fl. 43, cdno. 1); Lisney Hercilia Ovalle Medina (fl. 44, cdno. 1); Nelson Fabio Ovalle Araújo (fl. 45, cdno. 1); Yimi Leyander Ovalle Rojas (fl. 46, cdno. 1); José Javier Ovalle Barranco (fl. 47, cdno. 1); Gabriela María Ovalle Barranco (fl. 48, cdno. 1); José Alfonso Ovalle Barranco (fl. 49, cdno. 1); Juan José Rivero Ovalle (fl. 50, cdno. 1); Andrés Augusto Córdoba Ovalle (fl. 51, cdno. 1); Natalie Stephanie Córdoba Ovalle (fl. 52, cdno. 1); Paola Carolina Córdoba Ovalle (fl. 53, cdno. 1); Arturo Alonso de Jesús Córdoba Ovalle (fl. 54, cdno. 1); Gonzalo Adolfo Córdoba Ovalle (fl. 55, cdno. 1); Niria Cecilia Ovalle López (fl. 56, cdno. 1); Katia Rosa Rivero Ovalle (fl. 57, cdno. 1); Carlos Enrique Ovalle Elguedo (fl. 60, cdno. 1); Nurisney José Ovalle Barboza (fl. 61, cdno. 1); Indira Gandi Córdoba Ovalle (fl. 62, cdno. 1); Silvana Emelina Córdoba Ovalle (fl. 63, cdno. 1). Así mismo, con la declaración rendida por Luis Enrique Miles Garizao (Fls. 774-775, cdno. 3) se da por probada la legitimación de Nuris Elguedo Rodríguez.
27 Estos demandantes acuden al proceso en calidad de hijos de Thomás Ovalle López. No obstante, en los respectivos registros civiles de nacimientos figuran como sus padres, los señores Eduardo Barbosa Franco y Geovany Monsalve Rodríguez.
28 Este demandante se presenta en el proceso como hermano de Thomás López Ovalle, condición que no se evidencia si se tiene en cuenta que en el registro civil figuran como padres Gabriel López y Flor de María Ávila Rivero.
29 Respecto de la legitimación y su connotación procesal, esta corporación ha “diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. (...).
La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado».
Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 17720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra
30 Al respecto y entre otros, puede verse los siguientes pronunciamientos de esta corporación: Consejo de Estado, auto de 19 de julio de 2007, Exp. 33.918, C. P. Enrique Gil Botero; auto de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011, Exp. 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; así como también, por las sentencias de la Sección Tercera de fecha 28 de mayo de 2015, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. 33732 y, del 28 de agosto de 2015, Exp. 3616 del mismo ponente.
31 Al respecto, se puede ver: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena. sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.
33 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
34 De los restantes involucrados en el proceso penal, conforme averiguación interna en el sistema, se conoce que por fuera de quienes aquí demandan, compareció a la jurisdicción contenciosa otra persona, cuyas súplicas fueron decididas por la Subsección “A” de esta corporación, mediante la sentencia del 13 de agosto de 2014, dentro del Exp. 41.834, C.P. Hernán Andrade Rincón.
35 Dos revólveres, dos pistolas y una escopeta y municiones, con sus respectivos salvoconductos.
36 En dicha providencia no se trató la responsabilidad de Thomás Ovalle López, ya que para dicho sindicado y otro grupo de sindicados, se abrió un expediente bajo el radicado 2005-0057.
37 Y que, además, mantuvo respecto de otros condenados la decisión de primera instancia. Es decir, en dicha sentencia se resolvió también el recurso de alzada propuesto por otros de los implicados que, al igual que Ovalle López, resultaron condenados.
38 Auto de pruebas del 9 de julio de 2009, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar, dispuso tener como pruebas, en su alcance legal, todos los documentos acompañados con la demanda y su contestación. Cfr. fl. 523, cdno. 2.
39 Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación sostuvo: “[E]n lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.
40 ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
41 “ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
42 Aclaración que se hizo necesaria luego de la sentencia de la Corte Constitucional C-037-96 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se dijo; “conviene aclarar que el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.
43 ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2013, Exp. 27536, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Igualmente, puede verse, de la misma Sección, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
45 (i) inexistencia del hecho punible; (ii) la no comisión del hecho por parte del sindicado y, (iii) la atipicidad de la conducta.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
47 En el texto citado se alude a las figuras de: preclusión, absolución, cesación de procedimiento y prescripción.
48 Corte Constitucional, Sentencia C-417 del 26 de junio de 2009, fundamentos 57 y 58 (óbiter), M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 29 de febrero de 2016, Exp. 36277, C.P. Danilo Rojas Betancourth, reiterada en la sentencia de la misma subsección, del 2 de mayo de 2016, Exp. 40572, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
52 El Tribunal Administrativo del Cesar contabilizó 848 días (fl. 932, cdno. ppal.), porque dicho cómputo se hizo hasta el día 14 de octubre de 2005 que fue cuando se le sustituyó la reclusión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria y que son las fechas certificadas por el Inpec. No obstante, se debe tener en cuenta que el sindicado continuó con medida restrictiva de la libertad hasta cuando fue absuelto de la responsabilidad penal. De ahí la diferencia entre la contabilización del tribunal y la que aquí se asume.
53 En dicha certificación está incluido el tiempo de reclusión en establecimiento carcelario y, además, el tiempo en que estuvo cobijado con detención domiciliaria, la cual le fue concedida el 14 de febrero de 2008 (fls. 82-89, cdno. 1).
54 “ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
55 Que a la sazón reza: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (...)”. (Se resalta).
56 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de agosto de 2016, Exp. 42.376, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
57 Ver al respecto, artículos 84 y 91, lit, B de la Ley 136 de 1994.
58 Confeso paramilitar del que se sostiene en las piezas procesales allegadas (cfr. fl. 156, y 163, cdno. 1, que se acogió a sentencia anticipada. De su dicho se extrae: “Si conozco a FERNANDO –JAIMES ZARRAZSOLA (sic) (...), lo conocí como jefe de seguridad del señor Alcalde de Codazzi, cuando se vinculó a las autodefensas, él me contrató como conductor de él, ahí fue donde empecé a conocerlo y darme cuenta que él era miembro de las Autodefensas (...)” fl. 163, cdno. 1. Dicho que resulta conteste con lo atestado dentro del proceso penal por los propios familiares del extinto Jaimes Sarrázola.
59 Sobre la declaración de la culpa exclusiva de la víctima, se puede, entre otras ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de febrero de 2016, Exp. 40212, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, C.P. Hernán Andrade Rincón.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Exp. 36.146, C.P. Hernán Andrade Rincón.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de Septiembre de 2011, Exps. 38.222 y 19.031, C.P. Enrique Gil Botero (Sentencias gemelas).
63 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
64 Así por ejemplo, a partir de la denominada medicina psicosomática, que estudia de manera sistemática y científica las relaciones entre variables psicosociales y procesos fisiológicos, o la interacción de factores psicológicos y biológicos en la salud y la enfermedad, se ha reconocido que la hipertensión está clasificada como un trastorno psicofisiológico, a la vez que desencadenante de enfermedades coronarias. Ver al respecto, entre otros: Casado Morales María Isabel, Ansiedad, estrés y trastornos psicofisiológicos (tesis). Madrid, Universidad Complutense, 1994, disponible en: http://biblioteca.ucm.es, consultado el 20 de febrero de 2017.
65 Ibíd., pág. 276.
66 Para entonces tenía cuarenta y seis (46) años de edad, habida cuenta que su fecha de nacimiento fue el 13 de mayo de 1957 (fl. 240, cdno. 1).
67 De este profesional encontramos actuaciones, tales como la diligencia de ampliación de indagatoria (fl. 198-202, cdno. 1).
68 De este abogado no se encuentran actuaciones procesales, no obstante, él en su declaración aclaró que trabajó el expediente a través de la oficina de abogados para la que trabajaba, sumado a que en las pretensiones de la demanda (fl. 268, cdno. 1) el pedimento se hizo a nivel general respecto de los distintos abogados que actuaron en la defensa del proceso penal. De la declaración del abogado Manjarrés, además se destaca: “todas las cantidades señaladas me fueron entregadas en efectivo por parte de la señora MARLYS CASTRO GUERRERO, tanto en esta ciudad como en la ciudad de VALLEDUPAR. No está demás decir que se trató de un proceso muy complejo en el cual se interpusieron recursos, se solicitaron variaciones de la medida de aseguramiento impuesta a mi defendido quien encontrándose recluido en la cárcel de Santa Marta, presentó un problema coronario agravado (...) el proceso en su etapa de juicio sufrió un cambio de radicación ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia (...)” (fl. 688, cdno. 2).
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 35886, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
70 Colegio Nacional de Abogados – Conalbos, Resolución 02 del 30 de julio de 2002 vigente para la fecha de la prestación de los servicios profesionales, capítulo 18.
71 Vid. 18.7.3, ibíd.
72 Vid. 18.8.3, ibíd.

References: Artículo 1615
 resolución 
 artículo 414
 resolución 
 artículo 129
 artículo 86
 artículo 136
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 90
in dubio
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 14
 artículo 55
 artículo 115
 Resolución