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Timestamp: 2017-10-19 07:40:30+00:00

Document:
Adaptada al Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero
VERSIÓN 1.1 De 24/02/13
Comisión de Estudios e Informes Colegio Nacional de Secretarios Judiciales
Director: Ernesto P. Casado Rodríguez
1.-Prólogo ................................................................ 4 2.-Evolución y significado de las tasas judiciales ................ 5 3.-Hecho imponible y devengo de la tasa ......................... 8
a.- Procesos especiales del Libro IV LEC; capacidad, filiación, matrimonio y menores. b.- Procesos especiales del Libro IV LEC; división judicial de patrimonios c.- Procesos especiales del Libro IV LEC; monitorio con oposición d.- Procesos especiales del Libro IV LEC; juicio cambiario e.- Demandas de propiedad horizontal f.- Demandas de ejecución de título judicial g.- Procesos concursales h.- Recursos de apelación sujetos a tasa i.- Consecuencias sobre la tasa de la inadmisión de la demanda j.- Otros
4.-Sujeto pasivo ........................................................ 20 5.-Pago de la tasa; cuantía............................................ 21
a.- Determinación de la cuantía: principal, intereses y costas b.- Cuantía fija y variable de monitorios c.- Juicios de desahucio d.- Procesos concursales e.- Modificaciones en la cuantía f.- Procesos matrimoniales sujetos a tasa
6.- Exenciones.- ........................................................ 26
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7.- Consecuencias de la no aportación de la liquidación de la tasa cuando es necesaria; subsanación.-......................................... 28 8.-La tasa judicial exigida para la interposición de recursos.- 35 9.- Tasas judiciales y gratuidad de la Justicia..................... 38 10.-Descuentos en la tasa. ¿Cómo se actúa? ...................... 40 11.-Tasas judiciales y costas procesales ........................... 42 12.-Peculiaridades de las tasas judiciales del orden contencioso administrativo .................................................................. 43
a.- Hecho imponible b.- Exenciones objetivas c.- Exenciones subjetivas
13.- Peculiaridades de las tasas judiciales del orden jurisdiccional social ........................................................................... 46
14.- Aplicación transitoria del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero ........................................................................ 49
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1.- Prólogo.Como consecuencia de las incertidumbres generadas en la aplicación de la nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses1, hemos creído que era adecuado intentar recoger, desde un punto de vista eminentemente práctico, los criterios que entendemos que son más correctos para resolver en la práctica las cuestiones que la Ley plantea. Esta necesidad se ha acentuado como consecuencia de la publicación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Se ha atenuado en cierta medida la mencionada Ley de tasas; por ello hemos querido esperar a este momento, e incluir ya desde ahora las novedades que el mencionado Real Decreto-ley incorpora. La nueva ley presenta en gran medida las mismas dudas que ya se habían generado durante la vigencia de la normativa derogada, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, debiendo ser analizados desde la perspectiva de las novedades introducidas, de la incorporación de nuevos sujetos pasivos de la tasa y de nuevos hechos imponibles, junto al aumento de las cuantías. Tratándose de una tasa, en definitiva un tributo, son de importancia esencial las Consultas resueltas por la Dirección General de Tributos2, que interpretan, desde el punto de vista de la gestión tributaria, la forma en la que la tasa ha de ser liquidada; y las sentencias del Tribunal Constitucional, por la trascendencia de las valoraciones que realiza sobre las conductas seguidas por los Juzgados al adoptar decisiones en el curso del proceso. Además hemos intentado incorporar las opiniones de los diversos colectivos implicados, pero MUY ESPECIALMENTE de los Secretarios Judiciales, quienes tenemos una posición nuclear en la interpretación jurídica y aplicación de las tasas, sobre la forma en la que ha de procederse, sobre cuándo debe exigirse la tasa, cuándo no, conductas a seguir, etc, puestas de manifiesto en multitud de reuniones y juntas de secretarios celebradas en todo el territorio nacional encaminadas a la unificación de criterios.
En lo sucesivo las referencias que hagamos a la Ley las entendemos realizadas a este texto legal. A este tipo de consultas son a las que nos referiremos frecuentemente en nuestra exposición.
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En cualquier caso no hemos pretendido hacer un tratado exhaustivo sobre las tasas judiciales, sino simplemente elaborar un instrumento que quiere ser esclarecedor, ofrecer soluciones y unificar prácticas, en la medida en la que esto sea posible. Desde luego nuestra intención es que sea un documento actualizable, que tenga ulteriores versiones y que vaya recogiendo las novedades que surjan. Para ello, nada mejor que ABRIRLO A LAS PROPUESTAS QUE NOS REMITAN los Secretarios judiciales desde hoy a través de nuestra web. Este es un DOCUMENTO VIVO sometido al parecer y a verse complementado por la aportación sucesiva desde hoy por todos.
2.- Evolución y significado de las Tasas Judiciales.Cuando ahora hablamos de tasas judiciales, conviene tener presente (como recuerda la Sentencia TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012) que no es una realidad nueva en nuestra historia reciente; las tasas o aranceles judiciales se remontan a los orígenes de los Tribunales de Justicia en España, pero incluso, en el momento en que fue aprobada la Constitución española se encontraban reguladas por el Decreto 1035/1959, de 18 de junio, que convalidó y reguló la exacción de las numerosas y variadas tasas judiciales que se encontraban vigentes en aquel entonces. Desde ese momento el proceso ha sido el siguiente: Con la Ley de 24 de diciembre de 1.986 se produce la que parecía ser supresión definitiva de las tasas judiciales. Según este texto “la ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia”. La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó3 en el ámbito de la
3 No es inoportuno subrayar las hondas diferencias que separan a las tasas preconstitucionales con las tasas judiciales creadas por la Ley 53/2002. Aquéllas se originaban por la actuación de los Tribunales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y penal. Recaían sobre todas las personas que acudían a la justicia, tanto físicas como jurídicas, con las únicas excepciones del Estado, el Ministerio Fiscal, los simples denunciantes de delitos o querellantes por delitos privados, así como quienes disfrutaran del beneficio de pobreza. La cuantía se fijaba mediante unos aranceles detallados y casuísticos, donde eran frecuentes tipos de gravamen entre el 6 y el 15 por 100 de la cuantía del proceso, salvo en materia criminal. La liquidación de aquellas tasas judiciales estaban encomendadas a
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Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, con caracteres muy diferentes a la anterior regulación. Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que extendió el pago de la tasa a los procesos monitorios, ante las distorsiones que entonces se detectaron. Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, también introdujo algún ajuste, matizando la reforma anterior. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es el texto que estamos analizando, dictado por el Gobierno actual, que amplia en forma importante tanto los sujetos pasivos como los hechos imponibles sujetos a la tasa. Por ello ha generado una importante polémica tanto en la doctrina científica como entre los prácticos del derecho. Por último el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Se transforma de forma importante a través de este texto la ley 10/212 en varios sentidos; corrigiendo imprecisiones terminológicas de la ley que habían planteado dudas, aclarando que procesos están exentos sobre todo en materia de procesos matrimoniales, modificando de forma decisiva la forma de calcular la cuota sobre todo para los sujetos pasivos personas físicas, y por último anticipando la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. A la hora de valorar la constitucionalidad de las tasa judiciales la mencionada Sentencia TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 parte de la afirmación de que la justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio que la justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el
las Secretarías de los Tribunales y Juzgados finalmente, el Decreto de 1959 disponía que el producto de las tasas judiciales debía aplicarse a remunerar a los funcionarios de la Administración de Justicia.
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Poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes. Aunque resulta evidente que la justicia, en tanto que garantía del Estado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante impuestos conlleva siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los Tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los Juzgados y las Salas de justicia en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Optar por un modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justicia mediante tasas o aranceles, o bien por cualquiera de los posibles modelos mixtos en donde el funcionamiento de los Tribunales del orden civil es financiado parcialmente con cargo a los impuestos y con cargo a tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial, en distintas proporciones, es una decisión que en una democracia, como la que establece la Constitución española, corresponde al legislador4. Por ello la mencionada sentencia, expresamente declara indudable, que el régimen vigente (en ese momento, durante la vigencia de la Ley 53/2002) de las tasas judiciales que gravan la presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve el mecanismo previsto en el precepto sometido a control en este proceso, es plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia. La cuestión no es ya, si las tasas son o no constitucionales, sino si son admisibles las tasas en la forma que han adoptado en la Ley actual. Lo determinante es la cuantía de las tasas, se trata de analizar si son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos5.
Es consolidada jurisprudencia, la que atribuye al legislador un amplio margen de libertad en la configuración de los impuestos y los demás tributos que sirven para sostener los gastos públicos (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 5; 96/2002, de 25 de abril, FJ 6; y 7/2010, de 27 de abril, FJ 6).
Similar criterio se mantiene por Vicente GIMENO SENDRA, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado emérito del TC en su artículo “La Ley de tasas judiciales en el orden procesal civil” LA LEY 1053/2013. El autor, de conformidad con la doctrina del TC, defiende la constitucionalidad de las tasas judiciales, vigente ya en los países de nuestro entorno y, en el nuestro, desde el año 2002, para las sociedades mercantiles, pero cuyo ámbito de aplicación ha extendido también a las personas físicas. El establecimiento, sin embargo, de unas elevadas cuotas tributarias y tipos de gravamen, que han Guía práctica para la aplicación de las Tasas Judiciales Colegio Nacional de Secretarios Judiciales 7
En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (citada en la misma sentencia) que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05). No obstante, la opinión pública6 se ha manifestado de forma generalizada contra las tasas judiciales, y el Gobierno ante las sugerencias planteadas por el Defensor del Pueblo ha anunciado una próxima revisión de la Ley actual.
3.-Hecho imponible7 y devengo de la tasa.-
duplicado al aplicable a dichas personas jurídicas y que han permitido hablar de la instauración de un auténtico «tasazo judicial», permite inferir la conclusión de que este requisito fiscal, cuyo incumplimiento ha de originar la inadmisión de la demanda, reconvención o recurso, puede convertirse en un serio obstáculo para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE y, por ende, en una fuente de recursos de amparo y planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, cuyo ejercicio anegará la actividad de nuestro ya sobrecargado Tribunal Constitucional. El 73,2 por ciento de los ciudadanos cree que los nuevos gravámenes son contrarios a la Carta Magna, mientras que el 54 por ciento afirma que contribuirán, en alguna medida, a empeorar el funcionamiento de la Justicia. Sólo uno de cada diez españoles defiende su constitucionalidad. Diario La Ley, Nº 8021, Sección Hoy es Noticia, 12 Feb. 2013, Editorial LA LEY 7 Junto a esta tasa, hay Comunidades Autónomas con competencia en justicia que pueden establecer otras tasas judiciales, como se ha hecho en la Ley 5/2012 de Cataluña y se ha anunciado para Valencia. Respecto a estos supuestos el artículo 1 Ley 10/2012, viene a decir que “La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”.
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De acuerdo con el texto de la Nueva Ley8 se efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. También esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se refiere y aplicando una tasa de menor cuantía cuando el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como autónomo. Por sus características especiales de acceso a la justicia tan sólo se excepciona del ámbito de la tasa el orden penal. Los hechos imponibles recogidos en el artículo 2 son los que detallan en el siguiente cuadro9, junto a los momentos procesales en los que se devenga la tasa.
A Artículo 2. Hecho imponible de la tasa Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales: •
Interposición del escrito de
Exposición de Motivos del texto
Para comprender mejor el cambio realizado, el hecho imponible y ámbito de aplicación de la Ley 53/2002 era el siguiente: 1. Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional, a instancia de parte, en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, mediante la realización de los siguientes actos procesales: a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución en el orden jurisdiccional civil, así como la formulación de reconvención. b) La interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden civil. c) La interposición de recurso contencioso-administrativo. d) La interposición de recursos de apelación y casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil. • • La formulación reconvención. de
demanda. Formulación del escrito de reconvención. Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
La petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. La solicitud de necesario y la incidental en concursales. concurso demanda procesos Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados. Presentación de demanda incidental en procesos concursales. Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda. Interposición del recurso de apelación. Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. Interposición del recurso de casación.
La interposición de recurso en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contenciosoadministrativo. La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social. La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
Interposición del recurso de suplicación. Interposición del recurso de casación. Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
En algunos supuestos se han generado dudas sobre si estamos o no frente a hechos imponibles de la tasa, y si la tasa se ha devengado o no que han sido resueltos en la práctica de la siguiente manera.
a.- Procesos especiales del Libro IV LEC; capacidad, filiación, matrimonio y menores.
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En relación con los procesos especiales del libro IV de la LEC, hemos acudido para fijar unos criterios más o menos comunes, a los aprobados por los Jueces y Secretarios Judiciales de Familia de algunas provincias, especialmente de Madrid, Barcelona, Valencia, o Málaga, entre otras. A pesar de ello no todos son compartidos, procurando mantener como nuestros aquéllos en los que puede haber más uniformidad. Estos criterios, fijados antes de la modificación legal operada por el RDL 3/2013, vienen a coincidir en su mayoría con las nuevas previsiones legales. En primer lugar, partimos de que el artículo 4 de la Ley excluye expresamente de la tasa: a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores (artículo 748.1ª y 2º). b) Así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (artículo 748.4º). c) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (artículo 748. 6º). En cuanto al resto de procesos entendemos que la tasa se devengará del siguiente modo: Según la redacción literal del RDL 3/2013, está exenta, “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.” Es decir, únicamente están sujetos a tasa los procesos contenciosos que no versen exclusivamente sobre menores. Se considerarán (nuevo artículo 6), a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada estos procesos regulados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa.
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TIPO DE PROCESO En los procesos matrimoniales contenciosos (separación, divorcio, nulidad y modificación de medidas
REGULACIÓN Sustanciados por los trámites del juicio verbal especial regulado en los artículos 753 y 770 de la LEC
¿DEVENGAN TASA? Se devengará tasa, excepto en los supuestos en que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores, incapacitados o ausentes. Cuantía indeterminada
Presentación de demanda en procedimientos contenciosos en los que estén interesados menores de edad pero, además de la guarda y custodia y alimentos de hijos menores, se incluyan otras pretensiones sobre las que el juez no deba pronunciarse de oficio (división de cosa común, prestación compensatoria, compensación económica). Los consensuales procesos Tramitados conforme al artículo 777 de la LEC, sean matrimoniales o de relaciones paterno filiales, Del artículo 778 de la LEC
Devengará tasa. Cuantía indeterminada
No devengan tasa en ningún caso.
En los procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas y en los procedimientos de exequatur. La demanda de medidas provisionales previas del
No se devengará tasa alguna
Artículo 771 ambos de la LEC.-
No devengarán tasa en ningún caso por no tratarse de juicios verbales. No devengarán tasa en ningún caso por no
La solicitud de medidas provisionales coetáneas
Artículo del 773 LEC.-
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tratarse verbales. Las demandas ejecutivas de sentencias o autos dictados por los Juzgados de familia
No devengan tasa.
Se devengará tasa en los procesos verbales de alimentos entre parientes
Artículo 142 Código civil.
La cuantía del procedimiento es la determinada por la LEC (art.251.7)
La solicitud de las medidas cautelares del artículo 158 del CC, Los procedimientos sobre discrepancias en el ejercicio de la patria potestad Ni los juicios de reclamación de visitas por abuelos u otros parientes o allegados.
Artículo 158 del CC
No devengan tasa
Artículo 156 CC
Artículo 160 CC
Para posibilitar la aplicación del artículo 8.2, párrafo 2.º, de la Ley 10/2012, cuando se ejerciten en el mismo proceso pretensiones no sujetas a tasa y otras que sí lo estén, y no se acompañe al escrito de demanda o reconvención el justificante de autoliquidación de la tasa, es recomendable que el Secretario Judicial requiera al sujeto pasivo para que lo aporte o, en el plazo a tal fin concedido, presente escrito excluyendo del objeto del proceso las pretensiones sujetas a tasa, con las consecuencias previstas en dicho precepto.10
Son diversas las opiniones sobre si está sujeta a tasa la oposición a la ejecución en estos casos; frente a la literalidad del artículo 2, la oposición a la ejecución en los procesos de familia podría no devengar tasa para el ejecutado en los casos en que la presentación de la demanda inicial del proceso o la formulación de reconvención hubieren quedado objetivamente exentos del pago de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 a) de la Ley 10/2012. Igualmente no es unánime la postura sobre el destino que debe llevar respecto de la tasa el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Consideramos que debe estar siempre exento de tasa, la presentación de solicitud de formación de inventario a la que se refiere el art. 808 de la LEC, o de solicitud de liquidación del art. 810, así como las demás incidencias que se produzcan en estos procedimientos por las siguientes razones:
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Sobre el recurso de apelación, reiteramos el criterio que después detallamos sobre la consulta vinculante evacuada por la Dirección General de Tributos con fecha 3 de diciembre de 2012: está exenta de la tasa la interposición de recursos de apelación o casación contra los autos, ya que la prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que considera hecho imponible de la tasa "la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo", a los supuestos de Autos. Sería lógico pensar que la interposición de los recursos de apelación y casación no devengara tasa cuando, a través de los mismos, con independencia de lo que se haya debatido en primera o segunda instancia, se impugnen exclusivamente medidas excluidas de tasa en el artículo 4 de la Ley, pero realmente no es así remitiéndonos al capítulo correspondiente de este trabajo, especialmente al tratar de las exenciones objetivas.
• Efectivamente entendemos que el hecho imponible gravado en el artículo 2 es la “interposición de la demanda de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales”, no de los judiciales por lo que no devengará la tasa. Existe una consulta, realizada a la Dirección General de Tributos V1308-10 de fecha 10/06/2010, referida expresamente a los juicios verbales, que sin nueva demanda siguen a los monitorios cuando hay oposición; dice que en los supuestos de que mediando oposición del demandado, se tramita juicio verbal sin interposición de demanda, no se produce el hecho imponible de la tasa y, en consecuencia, no procede su exigencia. Efectivamente entendemos que en estos casos, de formación de inventario y liquidación del régimen económico matrimonial, no existe nueva demanda, sino una continuación del procedimiento por los trámites del juicio verbal.
No obstante, esta opinión no es unánime, y parte de nuestros compañeros mantienen que respecto a los procesos liquidatorios de los artículo 806 y siguientes de la LEC, se devengará la tasa si tras la comparecencia ante el Sr. Secretario no existiese acuerdo y se convocase al juicio verbal previsto en el art. 809 de la LEC. Está postura viene reforzada por la solución dada en el RDL 3/2012 a la tasa procedente para los procedimientos de liquidación judicial de patrimonios. O incluso que la solicitud de formación de inventario a que se refiere el artículo 808.1 de la LEC dará lugar al devengo de la tasa, cuando proceda la tramitación del juicio verbal previsto en el artículo 809.2 de la LEC. Se exigirá el pago de la tasa al demandado si el mismo, en la comparecencia ante el Secretario Judicial, además de oponerse a la inclusión en el activo o pasivo de todas o alguna de las partidas cuya inclusión pretenda el actor, pretendiese, con la oposición de este, incluir en el activo o pasivo nuevas partidas. En este caso, se considerará al demandado reconviniente y deberá abonar la tasa correspondiente.
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b.- Procesos especiales del Libro IV LEC; división judicial de patrimonios. El RDL 3/2013 aclara la situación en la que se encuentran de cara a la tasa los procedimientos de división judicial de patrimonios. Se encuentran exentos, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía. La misma tesis que hemos defendido respecto de la liquidación del régimen económico matrimonial es la que mantenemos ahora.11 c.- Procesos especiales del Libro IV LEC; monitorio con oposición El hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil lo constituye: la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y en su caso la petición inicial del proceso monitorio. Lógicamente el monitorio está sujeto a tasa pero, si en el monitorio hubiere oposición, las situaciones que pueden producirse son dos, en atención a la forma en la que esa oposición deba tramitarse: • Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio (artículo 7). Cuando el que siga sea un proceso verbal se plantea la duda, sobre si se aplica la tasa judicial; según la consulta V1308-10 fecha de 10/06/2010, de la Dirección General de Tributos en los supuestos de que mediando oposición del demandado, se tramita juicio verbal sin interposición de demanda, y por ello no se produce el hecho imponible de la tasa y, en consecuencia, no procede su exigencia.
Cuando se plantea ante los Juzgados, la “solicitud” de división judicial de herencia, no estamos ante ninguno de los hechos imponibles del artículo 2 de la Ley de Tasas, y teniendo en cuenta la naturaleza de la normativa tributaria, no podemos hacer interpretaciones extensivas.
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d.- Procesos especiales del Libro IV LEC; juicio cambiario Frente a las dudas surgidas, y diversas opiniones existentes sobre la materia, entendemos que la interposición de demanda en el juicio cambiario sí se encuentra dentro del hecho imponible de la tasa. Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por (artículo 2) la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil….y expresamente se fija la cuota tributaria en el artículo 7. e.- Demandas de propiedad horizontal
Dentro de las posibles reclamaciones que pueden articular las comunidades de propietarios, y de las formas procesalmente previstas para hacerlas efectivas, tenemos que distinguir, de cara al abono de la tasa los siguientes supuestos:
Reclamaciones que no reclamaciones de cantidad
Según el artículo 249 LEC respecto al ámbito del juicio ordinario, se decidirán por esta vía, cualquiera que sea su cuantía, cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda. Lógicamente, se liquidará la tasa en la forma ordinaria, prevista para los ordinarios (300 € más la parte variable).
Las reclamaciones de cantidad, las más frecuentes en esta época de crisis económica, se articularán por el procedimiento, más adecuado por la cuantía. En su caso mediante el verbal, que lógicamente incorpora una tasa menor, y que está exento si la
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reclamación es de menos de 2000€. Para evitar el pago de la tasa no hay que dejar acumular las deudas pendientes. Para utilizar esta vía bastará con la certificación del secretario administrador, sin necesidad de acuerdo de junta, y la tasa es de 150 euros.
Reclamaciones efectuadas a través del juicio monitorio.
Al “juicio monitorio” se refiere expresamente el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando dice que: “Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del art. 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.” La referencia realizada al juicio monitorio, implica que deba abonarse la tasa correspondiente al juicio monitorio propiamente dicho, en la Ley de Tasas12. En concreto 100€ inferior a la del juicio verbal. Es decir acudir al monitorio, en estos casos implica un ahorro, siéndoles aplicable la misma exención dispuesta pata las reclamaciones de menos de 2000€. La diferencia estriba en que para presentar el monitorio se precisa acuerdo de la junta de propietarios, que expresamente autorice acudir a este cauce procesal.
f.- Demandas de ejecución de título judicial; laudos arbitrales
La Consulta número V1591-09 de fecha 03/07/2009, que trató entre otros temas el de si las ejecuciones de títulos judiciales están sujetos al pago de la tasa. Resuelve que, el hecho de que el modelo 696, aprobado por la Orden Ministerial, sólo incorpore la referencia a la ejecución de títulos
Vicente Magro Server; “Afectación de la Ley de Tasas Judiciales 10/2012, de 20 de noviembre a la Propiedad Horizontal”; Revista El Derecho
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extrajudiciales significa, “sensu contrario”, la improcedencia de exigir la tasa en los supuestos de ejecución de títulos judiciales, hipótesis que, en consecuencia, debe considerarse supuesto de no sujeción a la tasa que nos ocupa. La duda había subsistido, respecto a la tasa que eventualmente debía devengarse por la presentación de demanda de ejecución de laudos arbitrales, respecto a si debían ser consideradas, ejecuciones de títulos judiciales o extrajudiciales a estos efectos; desde el RDL 3/2013, la situación se aclara, puesto que al considerar expresamente que está exenta, “la interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo”, viene a reconocer que no lo están, y que debe exigirse tasa, cuando se trata de ejecutar otro tipo de laudos arbitrales. La tasa exigible será la única prevista para la ejecución de títulos extrajudiciales. g.- Procesos concursales En este tipo de procesos ha cambiado notablemente el texto legal; si antes estaban sujetos los dos tipos de concurso de acreedores a los que se refería el artículo 22 de la Ley Concursal, y se entendía que estaban exentos los incidentes concursales, hoy el hecho imponible lo constituye “la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales”. Al mismo tiempo, que se prevé la exención subjetiva para el deudor que solicita su concurso se incorpora expresamente, la presentación de demanda incidental en procesos concursales. Desde el DRL 13/2013 están también exentas las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. h.- Recursos de apelación sujetos a tasa: sólo interpuestos contra sentencias; supuestos de no sujeción/exención Las Consultas V0238-09 de fecha 10/02/2009, y V0573-09 de 24/03/2009 resuelven que, como se desprende de una interpretación lógica del precepto y de las cuantías previstas para tales recursos, ha de entenderse que la norma citada se refiere, en concreto, al recurso de apelación para los casos en que proceda exclusivamente contra Sentencias y no actos de trámite conforme a los artículos 455 y siguientes de dicha Ley. Será exigible la tasa cuando el recurso se promueva contra una decisión judicial que resuelva el fondo del asunto de que se trate. De no ser así, es decir, en caso de interposición del
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recurso contra cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, se tratará de un supuesto de no sujeción a la tasa, sin que, en consecuencia, procedan las obligaciones formales que para los casos de exención prevé la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo (perfectamente asimilable al texto de la orden actual). Tampoco procedería exigencia de tasa (Consulta de 22/3/2010) para interponer recurso de apelación frente al auto de inadmisión de la demanda por las mismas razones expuestas. La Consulta V0810-11 de 29/03/2011 se pronuncia sobre la tasa para interponer recurso de apelación contra Auto estimativo de excepción de declinatoria por falta de jurisdicción. En el caso planteado, entiende la Dirección General que al no resolverse sobre el fondo del asunto y no impedir su toma en consideración en jurisdicción distinta, se tratará, conforme a lo expuesto, de un supuesto de no sujeción a la tasa, sin que, en consecuencia, procedan las obligaciones formales que para los casos de exención prevé el Apartado Segundo de la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo (B.O.E. del 26 de marzo). i.- Consecuencias sobre la tasa de la inadmisión de la demanda La Consulta de 22/03/2010 se pronuncia sobre las consecuencias que sobre la posible devolución de la tasa tiene la inadmisión de la demanda. Entiende que si deviniere firme la inadmisión de la demanda, la cual hubiese sido declarada en el auto judicial por incumplimiento de determinados requisitos formales, es obvio que ese incumplimiento resultaría imputable a la parte actora y sujeto pasivo, por lo que, de acuerdo con lo expuesto, no procedería la devolución de la tasa satisfecha, por tratarse de un supuesto de no sujeción a la misma. j.- Otros Lógicamente tratándose de normativa tributaria, debemos entender que lo que no está incluido está excluido: • • No están gravados los actos de jurisdicción voluntaria, ni la papeleta de conciliación. Impugnación de la tasación de costas tal como aclara la Consulta V0238-09 de fecha 10/02/2009. No se aplicará la tasa en supuestos de impugnación de costas judiciales o liquidación de intereses. Compatibilidad de depósitos para recurrir y tasas. La Consulta de V2087-10 de 21/09/2010 la Ley Orgánica 1/2009,
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de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial no establece nuevas tasas sino la obligación de constituir un depósito para la interposición de recursos en los órdenes civil, social y contencioso administrativo. En la disposición adicional decimoquinta a la Ley Orgánica 6/1985, el apartado 13 establece la expresamente, la compatibilidad de tales depósitos con el devengo de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. De acuerdo con lo anterior los depósitos que exige la Ley Orgánica 1/2009 son compatibles con la exigencia de la tasa establecida.
4.- Sujeto pasivo
Conforme al artículo 3.1de la Ley “Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma”. En el caso de que sean varios los actores o recurrentes en un mismo procedimiento nos planteamos si deberán liquidar la tasa todos y cada uno de ellos por la cuantía total asignada al procedimiento. En el segundo párrafo del artículo 3.1 se establece que “A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación13 Y por su parte el artículo 6.3 establece que en los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas.
Antes de la actualización por el RDL la redacción era: “A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación”.
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Pero, en estos casos la Ley se está refiriendo a la acumulación objetiva de acciones, y no se al supuesto de pluralidad de actores. El texto de la Ley es taxativo sobre el sujeto pasivo de la tasa: “quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma”. Por ello, parece que cada actor o recurrente será quien haya de presentar su tasa con arreglo a la valoración económica de su pretensión.
5.-Pago de la tasa; cuantía
La base imponible de la tasa (artículo 6) coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales. Habrá que liquidar la cantidad fija y la variable que depende de la cuantía del asunto. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa. La cuantía y forma de liquidar la tasa la podemos ver mejor de forma gráfica mediante el formato del mismo documento de autoliquidación, que deberá ser actualizado para incluir las novedades del RDL 3/2013.
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En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada para los procedimientos de cuantía indeterminada.
El mencionado RDL 3/2013 incorpora tres novedades esenciales: Artículo 6.2: procesos matrimoniales regulados I. en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa; se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada. II. Artículo 7.1: Cuando el recurso contenciosoadministrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta. Diferencia las personas físicas de las jurídicas III. para aplicar el tipo de gravamen: a. Artículo 7.2: Cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará, además de la cuantía fija, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, que será el de la escala ordinaria. b. Artículo 7.3: Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además de la parte fija, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.
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a.- Determinación de la cuantía: principal, intereses y costas
Sobre esta materia hay que tener en cuenta que según la Consulta número V1591-09 de fecha 03/07/2009, sobre la liquidación de la tasa judicial por el principal reclamado, intereses y costas o exclusivamente por el primer concepto. Según el centro directivo, la normativa legal establece que la base imponible de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional coincidirá “con la cuantía del procedimiento judicial, determinada con arreglo a las normas procesales. La ley tributaria contiene, por tanto, una remisión a las normas procesales (fundamentalmente al artículo 251 LEC). En el bien entendido de que la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no incluye como parte integrante de la cuantía de un procedimiento ordinario o declarativo los intereses y costas14, parece lógico deducir que determinado exclusivamente en un inicio el principal reclamado, la autoliquidación de la tasa, que ha de hacerse de forma previa a la presentación del acto procesal, tomará en cuenta dicho importe.
b.- Cuantía fija y variable de monitorios
La Consulta V0259-12 de 07/02/2012 sobre la forma de liquidar la tasa en los juicios monitorios advierte de que la presentación inicial del procedimiento monitorio implica el pago no solo de una cuantía fija sino también de una variable en función del importe del procedimiento.
c.- Juicios de desahucio Es muy habitual la acumulación de la acción de desahucio con la reclamación de rentas o cantidades debidas. En estos casos hay que tener en cuenta que según el artículo 6 de la Ley la base imponible de
Distinta es la situación cuando estamos ante demanda de ejecución (no declarativas) de títulos extrajudiciales, en las que la cuantía vendrá fijada en la forma prevista en el artículo 575 LEC, donde sí se extiende a intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementado en los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución, y las costas de esta. Aunque nos consta que en esta materia no hay criterios unánimes entre los compañeros, y en algunos juzgados se limita la cuantía a cantidades vencidas y líquidas.
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la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales. En este extremo, la norma procesal aplicable es el artículo 252 de la LEC que respecto de la acumulación de este tipo de acciones dispone que “cuando las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor”. Tratándose de una acumulación con una cuantía especialmente determinada en la Ley Procesal, no procede dar paso a las previsiones, que respecto a la acumulación en general, hace el número 3 del mencionado artículo 6. d.- Procesos concursales La Consulta V0539-05 de 01/04/2005 de la Dirección General de Tributos se pronuncia sobre la forma de liquidar la tasa en los procedimientos concursales y en concreto, sobre si, en el caso de procedimientos concursales, puede considerarse la cuantía indeterminada y posibilidad de presentación de la liquidación de la tasa sin efectuar su pago. El artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, igual que hace la Ley actual, establece una Tasa, fijándose una cuota tributaria para los distintos tipos de proceso, constituida por una cuantía fija -que para el concursal resulta ser de 200 euros- y una cuota proporcional en función de la base imponible. Lógicamente, ambas tasas son aplicables a los procesos concursales, si bien, como es lógico, la variación del pasivo del concurso desde la presentación a la determinación por parte de la Administración concursal de la lista de acreedores y la aprobación definitiva de la misma, no encajan propiamente en las hipótesis de indeterminación a que se refiere el artículo 253.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sino que se trata de una variación de la cuantía inicialmente determinada que debe lugar, en su caso, a la práctica de una liquidación complementaria por la tasa. e.- Modificaciones en la cuantía.De ello se ocupa en artículo 13 de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre que establece el procedimiento de modificación de la cuantía.
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Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el órgano judicial fijara una cuantía superior a la que inicialmente se determinó por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento. Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada, y en su caso que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. Para ello, la Oficina judicial bajo la dirección del Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos de cada autoliquidación que se modifica entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la autoliquidación modificada, la fecha de la notificación de la resolución y la modificación de la cuantía.
f.- Procesos matrimoniales sujetos a tasa Según la nueva redacción del artículo 6, se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada los procesos regulados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa. Recordemos que únicamente están sujetos a tasa los procesos matrimoniales contenciosos que no versen exclusivamente sobre menores.
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6.- Exenciones.En el texto de la Ley se incorporan exenciones objetivas y subjetivas. 1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por dos tipos diferentes: Exención que se extiende tanto a la interposición de la demanda como a los ulteriores recursos: o La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos. Se cambia, de esta manera, la redacción de una exención que ya venía siendo así interpretada por la generalidad de los Secretarios Judiciales. o La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. Exenciones que no se extienden a los recursos por estar únicamente referidas a: o La solicitud de concurso voluntario por el deudor. o Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. o La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. o La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
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o La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. o La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. o Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía. 2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. El Ministerio Fiscal. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas. Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación. Novedad del RDL 3/2013 es la inclusión del mismo beneficio para los funcionarios: En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.
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Desde este punto de vista, uno de los mayores problemas reside en la exigencia del “reconocimiento” del derecho a la asistencia jurídica gratuita para lograr la exención de la tasa. Es decir, literalmente interpretado, solo están exentos los que tengan reconocido el derecho. Esto es especialmente cuestionable cuando nos apremian los plazos o concurren razones de urgencia, como en los expedientes de extranjería o con ocasión del pago de la tasa para recurrir. Por ello lo estudiaremos detalladamente en capítulos separados.
Exención y presentación de modelo oficial 696. Por último, según la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, si bien, están obligados a presentar el modelo 696 los sujetos pasivos de la tasa, no existe la obligación de presentación en los supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En definitiva, los que estén exentos objetiva y subjetivamente no tienen obligación de presentar el impreso de autoliquidación.
7.- Consecuencias de la no aportación de la liquidación de la tasa cuando es necesaria; subsanación.Recordemos, para fijar con mayor claridad los términos de la redacción actual, que ya la ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, decía en su artículo 35 que: • Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo.
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• El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días. Hoy, igualmente, la tasa se autoliquidará por el sujeto pasivo conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que debe realizar su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo, en concreto en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación15. Seguidamente el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, se acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
Se aprueba el modelo 696, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación telemática por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su Sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos formularios disponibles en la citada Sede electrónica. Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación. La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 696 en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo anterior será realizada en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito).
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El problema se plantea a la hora de determinar la actuación correcta en el caso de que no se acompañase dicho justificante. Según la redacción del artículo 8: 1. El Secretario judicial, como primera medida, requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada16. Para aplicar el artículo 8.2 de la Ley, entendemos que la falta de presentación del justificante de autoliquidación (a partir del momento en el que sea exigible) dará lugar a la concesión de un plazo de subsanación que perfectamente podría ser de 10 días como se venía haciendo hasta ahora, si bien hoy no lo establece la Ley por lo que podrá ser otro diferente; la resolución procedente puede ser una diligencia de ordenación (art. 223 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Este plazo de 10 días es el mismo que se concede en otros lugares de nuestra Ley Procesal Civil para subsanar otros defectos procesales, por ejemplo en los artículos 254.4, 418, 465.4I y 484.1. 2. Ese plazo sería improrrogable y no podría darse relevancia alguna a un cumplimiento tardío (arts. 134 y 231 LEC)17. 3. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a
Se debe ser sumamente escrupuloso a la hora de redactar está diligencia de ordenación, distinta y peculiar en cada caso concreto, y variable según el escrito de que se trate. Por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 5 May. 2010, rec. 1492/2008, se refiere al tenor literal de la diligencia de ordenación en la que "se tiene por interpuesto recurso contencioso administrativo" con independencia de que posteriormente se requiera para cumplimentar el trámite formal de la tasa. Se califica de “error en la redacción de la diligencia de ordenación” que supone una grave infracción de la normativa que regula la citada tasa, y tiene unas consecuencias gravísimas por cuanto como adelantamos anteriormente, conduce a la parte recurrente a la creencia errónea de que el recurso está debidamente presentado. Así pues, supone una grave infracción de la normativa por cuanto según el tenor literal de la ley el Secretario Judicial no debía haber dado curso al escrito procesal presentado, y en este caso concreto no debía haber tenido por interpuesto el recurso, lo que sin duda nos hubiera llevado a la subsanación del defecto formal de inmediato. Artículo 3 de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre. Plazo de presentación e ingreso del modelo 696. La presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal mediante el que se realiza el hecho imponible de este tributo. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
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la consiguiente continuación o finalización del 18. Recordemos que la procedimiento, según proceda normativa derogada decía. “sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo”. 4. La Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, da las instrucciones, en su artículo 12, para la tramitación en la Oficina judicial del modelo 696, que son esencialmente iguales a las expuestas.19 Este texto ofrece una redacción diferente a su precedente, la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo que debemos resaltar, porque las obligaciones impuestas a los Secretarios Judiciales y a la Oficina Judicial son significativamente distintas20.
La redacción originaria de la Ley decía que: La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. 1. El sujeto pasivo deberá adjuntar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 con el ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago del mismo. 2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, el Secretario judicial comprobará la incorporación del modelo de autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si el sujeto pasivo no lo hubiese adjuntado, dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndole de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de esta deficiencia no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. 3. Una vez realizada la comprobación de la autoliquidación o subsanada la deficiencia de la falta de presentación, la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada autoliquidación, modelo 696, presentada entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de la interposición. El Secretario Judicial comprobará la incorporación del modelo de autoliquidación a la demanda o escrito procesal y cumplimentará en el Ejemplar para la Administración Tributaria y en el Ejemplar para la Administración de Justicia los datos relativos a la identificación del órgano judicial, que coincidirá con
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5. Si el defecto no se subsanase, y vista la consecuencia legalmente dispuesta para ello, tratándose de un defecto que puede dar lugar a la inadmisión del escrito o demanda que devenga la tasa, procede dar cuenta al Juez para que decida lo procedente respecto su admisión o inadmisión. Entendemos que este actuar es el correcto por los motivos expuestos, partiendo, sobre todo de los utilizados en la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, dictada en relación con el art. 35 de la Ley 53/2002. Igual que ahora, se entendía que la falta de pago de la tasa conduce a la inadmisión de la demanda; si una demanda ha sido presentada sin acompañarla del documento normalizado que acredite la liquidación y pago de la tasa, el Secretario judicial no procedería a darle curso. Por consiguiente, una vez transcurridos los diez días (o los que se fijen) sin que el demandante hubiese aportado el documento que acredite el abono de la tasa, previa dación de cuenta del Secretario, el Juez debería proceder a dictar auto de inadmisión de la demanda (art. 206.2.2 LEC y art. 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
el número de cuenta asignado en el sistema general de consignaciones y depósitos judiciales, el número del expediente, el tipo del proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de interposición. Si el sujeto pasivo no adjuntase el modelo de autoliquidación a la demanda o escrito procesal, el Secretario Judicial extenderá la oportuna diligencia, requiriendo por diez días al interesado para que subsane la omisión, apercibiéndole de no dar curso a la demanda o escrito procesal, conforme a lo dispuesto en el apartado 7.2 del artículo 35 de la Ley 53/2002. Si dentro del plazo señalado en el apartado anterior fuese subsanada la omisión, el Secretario Judicial procederá conforme a lo dispuesto en el número dos de este apartado. Si el sujeto pasivo no subsanare la omisión dentro del plazo legalmente establecido, el Secretario Judicial comunicará esta circunstancia en el plazo de cinco días a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial.
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Pero, podríamos pensar, que otra solución posible21 frente al impago de la tasa, fuera, en vez de la inadmisión de la demanda, la simple paralización del proceso mientras no sea abonada. El proceso judicial se mantendría suspendido hasta el abono de la tasa o, en su caso, hasta que caducase la instancia (art. 237 y ss. LEC). Duda que subsiste o incluso se acrecienta según la nueva normativa: “continuación o finalización del procedimiento, según proceda”. Como la LEC no dispone literalmente que la presentación del documento tributario sea necesaria para la “admisión” de la demanda, la falta de justificación del pago de la tasa sólo podría acarrear la paralización del procedimiento judicial, que quedaría pendiente de que se acredite en cualquier momento posterior el abono de la tasa; así como el deber del Secretario Judicial de comunicar a la Administración tributaria la circunstancia de que la tasa correspondiente no ha sido abonada22. Podría plantearse, incluso, que en algunos supuestos (demandas), deba ofrecerse a quien la haya presentado la posibilidad de cumplir el requisito de liquidar y pagar la tasa y acreditar que lo ha efectuado en cualquier momento. Aunque, hasta la liquidación de la tasa, la presentación del escrito de demanda sin haber cumplido el deber tributario no generaría ninguno de los efectos que son consustanciales a dicho acto de presentación, singularmente la producción de la litispendencia o la perpetuatio jurisdictionis (arts. 410 y 411 LEC) o la interrupción de la prescripción para ejercer la acción (art. 1973 del Código civil).
A ello se refiere, aunque con referencia a la normativa reglamentaria mencionada que hoy ha cambiado, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 5 May. 2010, rec. 1492/2008. Considera indebido el archivo de las actuaciones por no acreditar el abono de la tasa preceptiva debidamente validado junto con el escrito de interposición del recurso, una vez otorgado plazo de subsanación. Es desproporcionado archivar sin más las actuaciones por el impago de la tasa, salvo voluntad expresa manifestada por el recurrente, que no es el caso, pues el pago se realizó, aunque a destiempo -una vez dictado y notificado el auto acordando el archivo-, y se cumplieron el resto de requisitos que exige la norma legal. De la normativa aplicable al caso se extrae como consecuencia única de ese impago el que no se dé curso al procedimiento hasta que finalmente se acredite la liquidación, pero en ningún momento justifica el archivo y la inadmisión del recurso. En el mismo sentido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, Auto de 20 Sep. 2006, rec. 291/2006. Así lo exigen las normas de desarrollo de la Ley de Tasas, la Orden Ministerial HAC/661/2003, de 24 de marzo, modificada por la Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, y la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 8 de noviembre de 2003, que detallan el deber de facilitar información tributaria por parte de los Tribunales previsto por el art. 94.3 de la Ley general tributaria de 2003, antiguo art. 112 de la Ley general tributaria 1963)
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Para comprender, las consecuencias legalmente unidas a la falta de liquidación de la tasa judicial, así como a la forma de liquidarla, tenemos que entender, que desde el punto de vista de la legislación tributaria no es igual establecer un “impuesto” que una “tasa”. Lo que ha hecho el legislador (me sigo remitiendo al texto de la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional) no es imponer un impuesto que grave a quienes demandan justicia ante los Tribunales, impuesto que efectivamente podría ser gestionado por la Administración tributaria mientras aquéllos seguían sustanciando los procesos judiciales. El legislador ha establecido una tasa, que es un tributo que, a diferencia de los impuestos, debe ser satisfecho, total o parcialmente, como requisito imprescindible para iniciar la prestación del servicio o la realización de la actividad que benefician de modo particular al sujeto pasivo, tal y como establece con carácter general la legislación tributaria. El hecho imponible de la tasa se vincula a una actividad o servicio de la Administración pública, mientras que el hecho imponible del impuesto se relaciona con negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo. Ello a su vez conlleva que en las tasas la determinación del sujeto pasivo se realice por referencia a la actividad administrativa y el importe de la cuota se fije esencialmente atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una relación más o menos intensa de contraprestación” (STC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4).
En cuanto al recurso contencioso administrativo, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en la Sentencia 116/2012 de 4 Jun. 2012, rec. 2689/2004. Habiéndose planteado si un Tribunal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo puede lícitamente, a la luz de la Constitución, acordar el archivo de una demanda por no presentar el justificante del pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en dicho orden jurisdiccional, entiende que es conforme a la constitución y legítimo el auto de archivo del recurso contenciosoadministrativo que había sido interpuesto. En el caso examinado, en el momento en que se recibió la demanda en el Juzgado su Secretaría Judicial advirtió el defecto del documento justificativo de la autoliquidación y requirió su aportación a la empresa recurrente, otorgándole el plazo de diez días. La empresa dejó sin contestar el requerimiento: ni aportó el justificante requerido ni impugnó la diligencia que había acordado requerirlo. Y tampoco aportó el documento tributario de la tasa cuando el Juzgado le notificó el Auto de archivo.
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Entiende el Tribunal Constitucional que está actuación es plenamente legítima23. Al no haber aportado el justificante de la autoliquidación de la tasa, el Secretario judicial tiene el deber legal de «no dar curso» al escrito de demanda. Pero el problema práctico se nos presenta a los Secretarios Judiciales, cuando sí se aporta el modelo exigido por la normativa tributaria, pero se liquida una cantidad que es incorrecta. Desde luego que liquidar una cuantía irrisoria y carente de justificación, debe considerarse equivalente a la falta de presentación del modelo, y requerir su subsanación, pero en aquéllos otros supuestos en los que la tasa realmente se liquida, pero se considera por el Órgano Jurisdiccional, que se ha realizado mal, ¿cómo debemos actuar?. Para estos casos de incumplimiento parcial, entiende GIMENO SENDRA24 que “no debiera aplicarse la sanción procesal establecida por el art. 8.2.II, consistente en la inadmisión del acto procesal y su preclusión definitiva, sin perjuicio de que, bien el Secretario, bien el Juez en la comparecencia previa (art. 418.1 LEC) o el Secretario en la interposición del recurso (art. 449.6) requieran a la parte su subsanación, cuyo incumplimiento podría ocasionar el procedimiento administrativo de apremio por la diferencia, pero sin que sea procedente la inadmisión del acto, que el art. 8.2 condiciona a la no aportación del justificante de pago («En caso de que no se acompañase dicho justificante…»)”.
8.-La tasa judicial exigida para la interposición de recursos.Cuando estamos ante recursos se plantea en último extremo la obligación de proceder por parte del Secretario Judicial de forma similar a la expuesta; la falta de aportación del documento acreditativo del pago de la tasa obliga a requerir su subsanación.
Aunque no debemos perder de vista que se trata de examinar tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo acceso «ofrece peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato contenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3, y 177/2011 de 8 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16 de noviembre de 2010, as. 24768/06, § 72)» (STC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 4).
Vicente GIMENO SENDRA; “La Ley de tasas judiciales en el orden procesal civil”; LA LEY 1053/2013.
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La consecuencia del impago, es diferente que la establecida para las demandas25, puesto que una vez transcurrido el plazo concedido sin que la sociedad mercantil recurrente atendiera el requerimiento recibido, no habrá lugar a tener por interpuesto o admitido el recurso de apelación, y devendría firme la sentencia. Pero, como es lógico la liquidación de esta tasa presenta peculiaridades, por el simple hecho de que los recursos deben interponerse en un plazo concreto. La duda que surge no es nueva: el pago de la tasa debe realizarse dentro del plazo de interposición, o puede extenderse al plazo de subsanación. O dicho de otro modo ¿la subsanación concedida en estos casos se debe extender a la presentación del impreso (cuando se ha liquidado correctamente dentro del plazo de interposición), o el requerimiento de subsanación se extiende además a la posibilidad de liquidar la tasa (no liquidada en el plazo ordinario), dentro del plazo de subsanación que se conceda?
La citada SENTENCIA TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 concreta la diferente transcendencia constitucional de la tasa exigida para presentar una demanda de la exigida para recurrir. Desde la Sentencia de Pleno 37/1995, de 7 de febrero (FJ 5), este Tribunal ha subrayado el diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque ambos derechos se encuentran ínsitos en el art. 24.1 CE, el derecho a acceder a la justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, sino que nace de la Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena impuesta (SSTC 42/1982, de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 48/2008, de 11 de marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al derecho fundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 3; 181/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3). Lo anterior se traduce en que el principio hermenéutico pro actione protege el derecho de acceso a la justicia, dada la diferente trascendencia que cabe otorgar —desde la perspectiva constitucional— a los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a someter el caso al conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión. Por el contrario, el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos legalmente establecidos es más laxo, puesto que lo que se pide en ese momento no es más que la revisión de la respuesta judicial contenida en la Sentencia de instancia previamente dictada la cual, si resuelve el fondo del asunto, ya habría satisfecho el núcleo del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas las partes procesales, y el acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las otras partes a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 55/1995, de 6 de marzo, FJ 2; 309/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; 51/2007, de 12 de marzo, FJ 4; y 27/2009, de 26 de enero, FJ 3).
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Sobre estos aspectos ya han existido pronunciamientos del Tribunal Constitucional: Concesión de plazo de subsanación: Las Sentencias del Tribunal Constitucional, 125/2012 de 18 Jun. 2012, y 218/2012 de 26 Nov. 2012, rec. 5895/2010 entienden que según se desprende de las actuaciones remitidas, la parte recurrente fue privada del plazo de subsanación establecido en el citado precepto, ya que en el momento de presentar el recurso de apelación ante el órgano judicial de primera instancia, a pesar de no adjuntar el justificante del pago de la correspondiente tasa, el Secretario Judicial dio trámite a su escrito sin advertencia alguna en relación al pago del tributo. Ante esta situación, la Audiencia Provincial, sin censurar la actuación del órgano judicial de instancia, requirió a la recurrente para que el plazo de cinco días acreditara el pago de la citada tasa mediante la presentación del modelo correspondiente de autoliquidación, advirtiendo que no se admite el ingreso de la misma con posterioridad a la expiración del término de emplazamiento para la interposición del recurso. Esta interpretación llevada a cabo por la Audiencia Provincial, junto con la actuación del órgano judicial de primera instancia que no advirtió -ni por tanto otorgó- al recurrente del plazo de subsanación que prevé el precepto, debe considerarse, a la luz de la jurisprudencia constitucional señalada, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) , en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos. Periodo dentro del cual debe haberse efectuado la subsanación: La Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2012 de 17 de abril, FJ 6, consideró que "cuando el art. 35.7.2 afirma que sin el justificante del pago de la tasa, el Secretario judicial no dará curso al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible del tributo, 'salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días', (fácilmente adaptable a la normativa actual) nada hay en el precepto legal que impida entender que el justiciable puede presentar dentro del plazo el justificante de haber abonado la tasa, antes de presentar el escrito del recurso o en cualquier momento posterior, siempre que sea
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antes de que hayan transcurrido los diez días de plazo que otorga expresamente el precepto".
Por último diremos que, la cuantía del recurso puede ser diferente de la cuantía fijada en la demanda. A ello se refiere el propio artículo 6 al decir que la base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.
9.-Tasas judiciales y gratuidad de la Justicia
Lógicamente hay que armonizar el establecimiento de una tasa para acceder a la Administración de Justicia, y el derecho a la justicia gratuita de quienes tienen reconocido el derecho a litigar gratuitamente. La Constitución ha explicitado un contenido constitucional del derecho a la gratuidad de la justicia que resulta indisponible y que acota la facultad de libre disposición del legislador. Lo hace en el segundo inciso del art. 119 CE, al proclamar que “en todo caso” la gratuidad se reconocerá “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Este concepto jurídico indeterminado ha sido precisado por varias Sentencias del Tribunal Constitucional, entre las que se encuentran la STC 16/1994, de 20 de enero, que acabamos de recordar, junto a las SSTC 12/1998, de 15 de enero; 117/1998, de 2 de junio; y 95/2003, de 22 de mayo. En este extremo ha introducido importantes novedades el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Para hacer realidad las previsiones del Anteproyecto de la Nueva Ley de Justicia Gratuita se adelanta su puesta marcha reformando el texto de 1996, que viene a adaptarse mejor a la realidad de las tasas judiciales, sobre todo en dos momentos esenciales. 1. Como hemos visto el artículo 4 de la Ley de tasas, establece una serie de exenciones; unas de naturaleza objetiva, y otras desde el punto de vista subjetivo, entre las que se incluyen:
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“Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.” Y es que, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita distingue perfectamente la solicitud, del “reconocimiento del derecho”, que se tiene después de que dicte la resolución oportuna. Es decir, quien pretenda beneficiarse de la exención en el pago de la tasa, tiene que obtener un previo “reconocimiento” del derecho, lo que efectivamente plantea problemas en determinados momentos26. El párrafo segundo del nuevo artículo 16 queda redactado como sigue: “No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es decir, le corresponderá al Secretario Judicial, cuando se haya solicitado el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, dictar la correspondiente resolución
No obstante la ley ya permitía en el artículo 16, la suspensión del curso del proceso. Si en principio, la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspende el curso del proceso, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las Leyes procesales.
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suspendiendo de oficio o instancia de parte el plazo de subsanación, que en su caso se haya concedido.
2. Por otro lado el derecho reconocido tiene un contenido preciso, definido en el artículo 6 de la Ley 1/199627; el RDL 3/2013 modifica los puntos 5 y 6 del artículo 6 de la Ley de Justicia Gratuita, incluyendo dentro de su contenido la exención del pago de tasas judiciales, (así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos). Pero además, el nuevo artículo 12 facilita al solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita realizar la elección entre las prestaciones incluidas en el artículo 6, pero el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo caso la exención del pago de las tasas y depósitos. Incluso la solicitud del reconocimiento del derecho podrá formularse a los solos efectos de la exención del pago de las tasas y depósitos señalados.
10.-Descuentos en la tasa. ¿Cómo se actúa?
Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la devolución28 de los siguientes porcentajes:
A pesar de ello el antiguo artículo 28, preveía que quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador. Es decir, puede disfrutarse del derecho a litigar gratuitamente, aun manteniendo a profesionales de libre elección, o lo que es lo mismo solicitarse el reconocimiento del derecho únicamente para evitar el pago de las tasas, cuando a ello se tenga derecho.
Plazo de presentación del modelo 695. Artículo 4. Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre
Se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años a contar desde las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de esta Orden. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que la Administración haya ordenado su pago, ésta devengará el interés de demora previsto en el artículo 26 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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a) El 60% del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.29 Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación. b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la acumulación de procesos. Para que ello sea posible el artículo 14 de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre impone a la Oficina judicial la obligación de comunicar determinados datos de las devoluciones solicitadas. En aquellos procesos en los el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa o tasas previamente ingresadas, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas. Por el Ministerio de Justicia se ha distribuido una nota informativa al respecto, que aclara la situación. Efectivamente el pasado 17 de diciembre de 2012 comenzó a aplicarse de manera efectiva la nueva tasa judicial regulada en la Ley 10/2012. No obstante, en la Disposición Final segunda de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, se
Antes se decía: por haber alcanzado una solución extrajudicial en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
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indica expresamente que “las disposiciones referentes al modelo 695 recogidas en los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11 así como lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12, en el apartado 2 del artículo 13 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1 de abril de 2013”, ya que en dicha fecha es cuando está previsto que empiece a funcionar la aplicación que permitirá realizar las oportunas comunicaciones a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial». Será a partir del 1 de abril cuando las Oficinas Judiciales deberán comunicar a la Agencia Tributaria, a través de la nueva aplicación, todos los supuestos de modificación de cuantía del modelo 696 y devoluciones por solución extrajudicial de conflictos o acumulación de procesos, del modelo 69530, producidos entre el 17 de diciembre de 2012 y la fecha indicada de 1 de abril correspondientes a procedimientos en los que se haya liquidado la tasa conforme a la Ley 10/2012 y OM. HAP 2662/2012.
11.-Tasas judiciales y costas procesales
Pese a que fue una cuestión polémica en su momento, y dio lugar a múltiples recursos, hoy ya no es discutida; la disposición final tercera de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modifica de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, incorporando el número 7.º del apartado 1 del artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que expresamente incluye31 en el concepto de costas procesales los gastos ocasionados por el pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social, cuando sea preceptiva. Ello supone que aunque, en principio, el sujeto pasivo de la tasa (artículo 3 de la Ley) es quien promueve el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma, en último extremo será abonada por quien sea condenado en costas, frecuentemente la parte contraria.
La Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, aprueba el Modelo 695 para la solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos. Diferencia los gastos de las costas: Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los conceptos que detalla.
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La excepción se incluye nuevamente, en el artículo 3 del RDL 3/2013 para las ejecuciones hipotecarias, que vuelve a modificar la LEC: No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.
12.- Peculiaridades las tasas judiciales del orden contencioso administrativo
a.- Hecho imponible; momento de presentación del Modelo 696 En la redacción originaria del artículo 2 de la Ley se decía que hecho imponible de la tasa lo constituía la interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Después se aclaraba este dato al definir en el artículo 5 el momento de devengo de la tasa, pero el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, pule técnicamente la redacción de este precepto configurando el hecho imponible en este orden jurisdiccional, como la interposición del “recurso”, en vez de “demanda”, lo que evidentemente es mucho más preciso. El artículo 5.2 de la Ley 10/2012 establece que en el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales: • • • Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda. Interposición del recurso de apelación. Interposición del recurso de casación.
Interposición del recurso de apelación o de casación En cuanto a la interposición del recurso de apelación, en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, se limita el hecho imponible a “La
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interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden… contencioso-administrativo”. Quedan por tanto fuera del ámbito de la tasa todos los autos finalizadores del procedimiento dictados en el orden contenciosoadministrativo por los órganos unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo). No obstante, los autos que finalicen el procedimiento y que sean dictados por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y que sean, en este ámbito solo susceptibles –en su caso- de recurso de casación, nos plantean dudas. El tenor literal de la ley parece indicar que son diferentes (en este aspecto) los recursos de apelación y casación, pues se establece sin ningún matiz que el devengo de la tasa se produce en el momento de la “Interposición del recurso de casación”. Si se hubieran querido excluir los autos recurribles en casación del devengo de la tasa hubiera sido más razonable incluir la misma excepción que para los recursos de apelación. Ampliación del recurso contencioso-administrativo Aun cuando la solicitud de ampliación del recurso contenciosoadministrativo ya iniciado que recoge el artículo 36 de la LJCA se trata formalmente de una interposición de recurso, a efectos de la tasa entendemos que es un supuesto exento, por no encontrarse expresamente incluido en el hecho imponible. b.- Exenciones objetivas: Conforme al artículo 4.1 apartados b) d y f) de la Ley 10/2012 se encuentran exentos de esta tasa los siguientes supuestos: b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.” d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. Hemos de tener en cuenta que los funcionarios públicos que actúen en defensa de sus derechos estatutarios se encuentran exentos de la tasa solo en la primera instancia, no así en el recurso de apelación
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ni en el de casación, en el que tendrán una exención parcial. Desde la entrada en vigor del RDL 3/2013 se establece respecto de los funcionarios públicos la exención del 60% de la cuantía de la tasa que en el artículo 4.4 se concede a los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, en la interposición de los recursos, como veremos seguidamente. f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración32. El primer problema que se plantea a los Secretarios es la exigencia, en estos casos, del documento que acredite la interposición del correspondiente recurso administrativo que haya producido el silencio al no resolverse en plazo. El Secretario Judicial deberá además contar el momento en que tal silencio ha debido producirse, según el tipo de recurso administrativo que se haya interpuesto, ya que una vez recibido el expediente deberá dar cuenta al Juez de la existencia de causa de inadmisibilidad del recurso contencioso si este se hubiese interpuesto con excesiva antelación al momento de producción del silencio -el plazo que se establecido es distinto según cada tipo de recurso-. En este caso, podríamos estar ante un motivo de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por dirigirse contra actividad no susceptible de impugnación –artículo 51.1 c)-, por lo que el Secretario Judicial, en el momento de recepción del expediente administrativo deberá dar cuenta al Juez de tal circunstancia, conforme establece el artículo 52.1 de la LJCA. El supuesto de inactividad de la Administración ha de tener encaje en el artículo 29 de la LJCA. También en estos casos el Secretario Judicial habrá de requerir a la parte -si no los hubiese aportado al interponer el recurso contencioso- las solicitudes/requerimientos fehacientes efectuados a la Administración por el recurrente a que alude el artículo 29 de la LJCA. Y también el Secretario Judicial deberá comprobar el transcurso de los plazos que ese artículo establece. Entendemos que no basta la mera manifestación de que se recurre por silencio o inactividad para admitir a trámite el recurso exento de la tasa, sino que es precisa la justificación documental pertinente (art. 45.2 c) y 45.3 LJCA).
Este supuesto de exención de la tasa ha producido que los Abogados acudan al recurso de reposición – que en la mayoría de los casos, como sabemos, es potestativo-. Dado el corto plazo que establece la Ley 30/1992 para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición –el máximo es un mes-, la mayoría de las Administraciones no resuelven en plazo, dando por tanto lugar al silencio y a la subsiguiente interposición de recursos contencioso-administrativos no sujetos a la tasa.
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c.- Exenciones subjetivas: Según establece el artículo 4.2 a) de la Ley 10/2012 se encuentran exentos de esta tasa desde el punto de vista subjetivo: a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. b) El Ministerio Fiscal. c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas. d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. e) En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación. Centrándonos en el apartado a) de este artículo, se plantea el problema de los procedimientos en materia de extranjería con solicitud de medidas cautelares en los que se manifiesta que se actúa por el turno de oficio. Independientemente del criterio mantenido con carácter general es otro momento de este trabajo, en este caso estaría justificada la práctica que se está empleando, consistente en requerir la presentación de la designación provisional de abogado efectuada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, y con ello admitir a trámite el procedimiento; seguidamente el Juzgado oficia a la Comisión a fin de que comunique al Juzgado la ratificación de las designaciones provisionales o, en su caso, la denegación del derecho.
13.- Peculiaridades las tasas judiciales del orden jurisdiccional social
a.- Hecho imponible; momento de presentación del Modelo 696 A diferencia de los órdenes civil y contencioso administrativo, constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional “únicamente” para la interposición de recursos:
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La interposición de recursos de suplicación La interposición de los recursos de casación en el orden social. El devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición de los respectivos recursos de suplicación o de casación. Entendemos aplicable a estos recursos las Consultas V0238-09 de fecha 10/02/2009, y V0573-09 de 24/03/2009, ya citadas anteriormente, aunque especialmente referidas al recurso de apelación. En consecuencia, únicamente se devengaría la tasa para los recursos de suplicación interpuestos frente a sentencias, sin incluir los que procedan frente a autos. En cuanto al recurso de casación se extenderá tanto a los recursos de casación, ordinario, o para la unificación de doctrina. En ausencia de disposiciones transitorias, se ha propuesto33, en aplicación analógica de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que únicamente se exija la tasa judicial a los recursos interpuestos frente a sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Tasas. De no acreditarse la liquidación de la tasa, el plazo de subsanación de 10 días, que hemos venido manteniendo es este trabajo, puede considerarse excesivo en el orden jurisdiccional social, en el que la ley concede plazos más breves de 4 ó 5 días (artículo 81 respecto a los defectos en la demanda y 199 para subsanar efectos en el recurso de suplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Por último, decir que de cara a fijar la cuantía, la norma procesal de referencia, respecto al recurso de suplicación podría ser el artículo 192 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aún especialmente previsto para concretar la procedencia o no del recurso. Y aquí es donde se plantea un problema grave en el orden social, donde en muchos casos no hay determinación de la cuantía. b.- Exenciones objetivas: El artículo 4 declara exentos de la tasa. b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente
Por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sesión plenaria no jurisdiccional celebrada el día 28 de noviembre de 2012.
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establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, …. Entendemos que esta exención es aplicable a los procesos de los artículos 177 y ss. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. No obstante, el artículo 184, dentro de la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, obliga a acudir necesariamente a otras modalidades procesales aunque se ejercite acción acumulada derivada de una eventual lesión de derechos fundamentales. En concreto, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva. En estos casos entendemos que no se aplicará, la exención total del pago del tributo por esta causa, toda vez que el único procedimiento “especialmente establecido” para la tutela de derechos fundamentales, es la modalidad procesal mencionada (artículo 177 y ss), y no todas las demás, con objetos distintos y tramitadas por modalidades procesales diferentes. c.- Exenciones subjetivas: Como hemos visto, desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa (aunque sea reiterativo): a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. b) El Ministerio Fiscal. c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
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d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. No hay que olvidar que en el orden social, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, “ope legis”, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Pero para el orden social, la Ley de Tasas hace una mención especial, que nos causa serias dudas interpretativas: “los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación”. Esta peculiaridad, expresamente prevista para los trabajadores por cuenta ajena y para los autónomos, les llevará a liquidar la tasa con una exención del 60%. Pero por otro lado, aún cuando expresamente no se diga, entendemos que en esta exención deben entenderse necesariamente incluidos los beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social y las personas con discapacidad que impugnen el grado que les haya sido reconocido. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, y los Organismos asimilados de las Comunidades Autónomas, estarán exentos de tasa, por estar incluidos en las exenciones subjetivas mencionadas y además, como consecuencia de tener reconocido por la ley el derecho a asistencia justicia gratuita.
14.- Aplicación transitoria del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que quiere decir que hoy ya está en vigor. Pero en este momento no está vigente la Orden Ministerial que debe desarrollarlo, y que modificará la actual. Para resolver los problemas que plantea, el RDL dispone que: Las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas físicas.
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Y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artículo 1, es decir las modificadas en este orden jurisdiccional. En el período comprendido desde el día siguiente a la publicación de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidación y el modelo 695 Se liquidarán a partir de la entrada en vigor de la orden en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, en esos quince días, el Secretario judicial hará el requerimiento correspondiente. Las demás tasas, que no sean las expresamente mencionadas, deberán exigirse desde el primer momento con los modelos existentes.
Devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre De ello se ocupa la Disposición transitoria primera del RDL 3/2013. Está norma modifica además la Ley de Asistencia Justicia Gratuita de 1996, adelantando la reforma legal en marcha, y cambiando las condiciones en las que tal derecho puede ser reconocido. Expresamente se dispone que las normas del Real Decreto-ley serán también de aplicación (retroactiva) en relación con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Por ello las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, desde su entrada en vigor, hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, (únicamente) por quienes hubieran tenido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita de acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en esta norma podrán ser restituidas. Para ello, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a través de un procedimiento que habrá de iniciarse a instancia de los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, el interesado deberá acreditar tanto el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente como del abono de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
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 artículo 2
 Artículo 2
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Artículo 771

Artículo 142
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Artículo 160
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 artículo 806
 artículo 808
 artículo 809
 artículo 2
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 artículo 249
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 3
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 artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 7
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 artículo 251
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 artículo 575
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 artículo 12
 artículo 13
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 artículo 241
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 5
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 artículo 2
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 29
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 artículo 4
 artículo 192
 artículo 4
 artículo 184
 artículo 139
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 221