Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/96/STSJC19960311.htm
Timestamp: 2019-09-19 06:26:27+00:00

Document:
Sentència d'11 de març de 1996
d'11 de març de 1996, núm. 10/1996 (Sala Civil)
En BARCELONA, a once de marzo de mil novecientos noventa y seis.
VISTO por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de Juicio Declarativo de Mayor Cuantía núm. 1.196/87, sobre Derechos Honoríficos de la persona, interpuesto por D. x1, representado por el Procurador D. ANGEL QUEMADA RUIZ y defendido por el Letrado D. IGNACIO MONTABBIO RUIZ contra Dª y1 representada por el Procurador Dª CARMEN MUÑOZ VENCES en sustitución de D. NARCISO RANERA CAHÍS y defendida por el Letrado D. JORDI CARRERA JANSÁ.
Primero. - Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Barcelona, fueron vistos los autos de Juicio Declarativo de Mayor Cuantía núm. 1. 196/87 a instancia de Dª y1 contra D. x1, en la que solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos que estimó oportunos que se dictara Sentencia en la que: 1º - Se declarara que la actora tiene mejor derecho que el demandado, al Título nobiliario de Conde de CCCCC., con todos los derechos, honores y prerrogativas inherentes al mismo; 2º.- Se condenara al demandado a estar y pasar por tal declaración, con expresa condena en costas si se opusiere a las pretensiones de la actora.
Segundo. - Admitida la demanda a trámite se dispuso el emplazamiento de la parte demandada y del Ministerio Fiscal, lo cual verificaron en tiempo y forma, presentando la demandada escrito de contestación a la demanda en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, suplicó al Juzgado que, previos los trámites legales, se dictara Sentencia en la que «desestimando en todas sus partes la demanda formulada por Dª y1 contra dicho demandado, se absolviera al mismo de la demanda, por no haber lugar a ninguno de los pedimentos formulados, y se condenara a la actora al pago de todas las costas sin limitación alguna, dada su temeridad que a tal efecto interesaba se declara», sin que, por parte del Ministerio Fiscal se hiciera manifestación alguna.
Renunciado por la actora al trámite de réplica, no se dio lugar a la duplica. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado dictó Sentencia con fecha 1 de Septiembre de 1.989 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que estimando prescrita la acción ejercitada en los presentes autos por Dª y1 , debo ABSOLVER Y ABSUELVO al demandado D. x1 de todos los pronunciamientos contenidos en el suplico de la demanda, todo ello con imposición de costas a la actora.»
Tercero. - Contra la indicada sentencia la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 18 de Enero de 1.991, cuya parte dispositiva es como sigue: «DECIDIM ESTIMAR EL RECURS D'APEL·LACIÓ interposat per la Sra. y1 , contra la Sentencia dictada pel Jutge de Primera Instancia del Jutjat nº quatre de Barcelona, el día 1 de setembre de 1.989, que en la seva part decisòria ha estat transcrita al primer dels antecedents de fet d'aquesta Sentencia i REVOCANT-LA ESTIMEN LA DEMANDA de l’esmentada Sra. Dª y1 i declarem que la mateixa té millor dret que el demandant al Títol nobiliari de «Comte de CCCCC» amb els drets, honors i prerrogatives inherents al mateix. No es fa condena en les costes de cap de les dues instàncies.»
Cuarto. - El Procurador D. ENRIQUE SORRIBES TORRA, actuando en nombre y representación de D. x1, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho Civil Común y Derecho Civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:
1. - Al amparo del núm. 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 9.3 de la Constitución Española, en relación con el Usatge «Omnes Causae» contenido en las Constituciones de Cataluña, Ley 2ª del Título II del Libro VII, con el art. 344 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, su disposición transitoria última - remisoria a las disposiciones transitorias del Código Civil- y arts. 1.939, 1.930, 1.969 del Código Civil y de la Jurisprudencia sentada por Sentencias Tribunal Supremo
2. - Al amparo del nº 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
3. - Al amparo del nº 4 del art. 1.692 de la Ley de enjuiciamiento Civil que contempla el error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
4. - Al amparo del nº 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las siguientes normas: art. 1.214 del Código Civil, 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 3 del Real Decreto de 8 de Julio de 1.922, en relación con el núm. 10 y 13 de la Real Orden de 2 1 de Octubre de 1.922, art. 115 del Código Civil y Jurisprudencia sentada por sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
Quinto. - Admitido el recurso, respecto del apartado a) del motivo 1º- referente a infracción del art. 9 de la Constitución - por la Sala Primera del Tribunal Supremo y seguido por sus trámites, dictó Sentencia con fecha 22 de Marzo de 1.995, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que desestimando el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de Enero de 1.991, en cuanto afecta a la infracción del precepto constitucional que se denuncia, en el mismo, debe confirmarse en lo relativo a tal extremo de la resolución recurrida. Y sin entrar a conocer del resto de las infracciones, se devuelven las presentes actuaciones al Tribunal Superior de la Comunidad de Cataluña para que conozca del recurso de casación planteado contra ellas.»
Sexto. - Por providencia de fecha 9 de Noviembre de 1.995 se tuvo por recibidos los autos de instancia y rollo de apelación en esta Sala, por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Casación por la representación procesal del Sr. x1, acordándose pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos prevenidos en el art. 1.709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por el Ministerio Fiscal se evacuó el trámite conferido en tiempo y forma, presentando dictámen en el sentido de considerar procedente la admisión a trámite del recurso interpuesto.
Séptimo. - Por providencia de fecha 21 de Diciembre de 1.995 fue admitido a tramite el recurso de Casación interpuesto con exclusión del apartado A del primer motivo por haber sido ya resuelto por el Tribunal Supremo, concediéndose el preceptivo plazo de impugnación a la parte recurrida. El Procurador SR. RANERA CAHIS, en la representación acreditada, dentro del plazo conferido, presentó escrito impugnando el recurso de casación interpuesto por la parte contraria.
Por proveído de fecha 29 de Enero de 1.996 se tuvo por evacuado el trámite de impugnación, acordándose la celebración de Vista, señalándose para que tuviera lugar la misma el día 29 de Febrero del corriente año. Llegado el día y hora señalados se celebró la misma con la asistencia de los letrados y procuradores de ambas partes, solicitando la parte recurrente que se estimaran los motivos del recurso y la parte recurrida que se desestimara el recurso interpuesto y se confirmaría la sentencia recurrida con la imposición de las costas a la parte recurrente.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS E. CORBAL FERNÁNDEZ.
Primero. - El proceso, en el que se ha planteado el presente recurso de casación, tiene por objeto la determinación del mejor derecho al título nobiliario Conde de CCCCC, el que pretenden Dña. y1 , que fue actora y apelante en las instancias, y Dn. x1, a la sazón demandado y apelado, el cual se halla en posesión del título por haber obtenido en su favor la rehabilitación en el correspondiente expediente administrativo. La Sentencia de primera instancia (dictada por el Juzgado nº4 de esta Ciudad el 1 de septiembre de 1.989) desestimó la demanda por apreciación de la excepción de prescripción extintiva. La Sentencia dictada en apelación (por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de enero de 1.991) revoca la resolución recurrida, estima la demanda y declara que Dña. y1 tiene mejor derecho que el demandado al titulo nobiliario de «Conde de CCCCC» con los derechos, honores y prerrogativas inherentes al mismo. Dn. x1 formuló recurso de casación con base en cuatro motivos, si bien es de observar que queda excluido de la «cognitio» de este Tribunal Superior de Cataluña el submotivo, o apartado primero del primer motivo, en que se hace referencia a la infracción del art. 9.3 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, en relación con el principio de seguridad jurídica, porque el mismo ya ha sido resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1995.
Segundo. - En el primer motivo -en la parte subsistente- se denuncia, al amparo del número quinto (entonces vigente) del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del Usatge Omnes Causae y del art. 1.969 del Código Civil, y doctrina jurisprudencial, todo ello en relación con el cómputo del plazo de prescripción extintiva, y más concretamente, con la determinación del «dies a quo».
El problema que se plantea por la parte recurrente no presenta dificultad para su resolución porque una cuestión prácticamente idéntica ya fue decidida por la Sentencia de esta Sala de 2 de octubre de 1.995, en la que se declara que solo cabe hablar de comienzo de la prescripción extintiva para el que pretende el mejor derecho al título nobiliario desde que otro, amparado en la obtención de la rehabilitación, se halle investido de la condición de titular del uso y disfrute, y como consecuencia lo pueda ostentar públicamente. Esta solución, similar a la adoptada por la Sentencia impugnada en casación (que es la de la Audiencia), y que no hay razón para cambiar, conduce a la desestimación del motivo. Con tal doctrina no se infringe el Usatge Omnes Causae, ni su actual traducción positiva representada por el art. 344 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, cuyos textos para nada se refieren a la determinación del «dies a quo» en el cómputo de la prescripción extintiva. Tampoco se contradice el art. 1.969 del Código Civil. Este Tribunal está conforme con la tesis de la parte recurrente consistente en que el día inicial del cómputo lo determina la perturbación del derecho, pero discrepa de la misma en que, a efectos de prescripción, la perturbación no se produce con ¡a solicitud de apertura del expediente administrativo de rehabilitación, ni con su anuncio en el periódico oficial, sino que tiene lugar con la obtención de la rehabilitación por otra persona, concurriendo los requisitos para poseer y usar el título, la cual se concede sin perjuicio del mejor derecho genealógico, cuya determinación correspondo en todo caso a la jurisdicción civil, de conformidad con el art. 10 del R. D. de 27 de mayo de 1.912. Solo a partir de entonces cabe hablar de dejación de derechos por el prellamado, elemento subjetivo que en unión del elemento objetivo del tiempo conforman la prescripción extintiva. Es oportuno destacar la especial naturaleza del derecho al título nobiliario, para cuya pérdida por la vía que se examina no basta una mera inacción en la reclamación de su rehabilitación, o en el uso del título, sino que es preciso un comportamiento revelador de la dejación del derecho. Es más, habida cuenta dicha naturaleza, resulta difícil pensar en una operatividad de la prescripción extintiva sin una simultánea usucapión, con absoluta coincidencia en los respectivos días iniciales, y asimismo (al menos en el Dº Catalán) en los días finales, por lo que no tiene mucha consistencia razonar sobre la existencia de una prescripción extintiva, a pesar de no darse la adquisitiva. Por último, tampoco se aprecia infracción de la doctrina jurisprudencial alegada. Aparte de no citarse Sentencias que resuelvan un tema concreto como el que aquí se enjuicia, por lo que no se da la necesaria coincidencia sustancial entre los supuestos resueltos por las sentencias invocadas y el objeto del litigio, de ningún modo cabe entender que con la solución expuesta se contradiga el criterio de las resoluciones invocadas. Efectivamente, las Sentencias de 22 de diciembre de 1950, de 11 de junio de 1963, 24 de septiembre de 1.965, 1 de junio de 1.973 y 22 de marzo de 1.985 no se refieren a títulos nobiliarios, ni disuenan de lo dicho; las de 10 de octubre de 1.961, 1 de julio de 1.972 , 7 y 27 de marzo de 1.985, 14 de junio y 14 de julio de 1.986 tratan de la prescripción adquisitiva en relación con títulos nobiliarios, pero su contenido en nada desdice la doctrina mantenida en el presente caso; las de 24 de mayo y 9 de julio de 1.965, en cuanto consideran, con base en el art. 10 del R.D. de 1.912 antes citado, que la existencia del expediente de rehabilitación no obsta al proceso civil sobre preferente derecho genealógico, no suponen que el «dies a quo» del cómputo de la prescripción extintiva deba entenderse producido con la iniciación o anuncio del expediente; y las Sentencias de 5 de junio de 1.987 y 20 de febrero de 1.988 sobre prescripción extintiva en el sistema jurídico nobiliario de derecho castellano, además de no ser ya de aplicación porque las Sentencias de 21 de febrero 1.992 y 16 noviembre 1.994 rechazan la posibilidad de aplicar en el mismo tal institución, no contienen ninguna apreciación que pudiera afectar a lo razonado en el presente fundamento jurídico.
Tercero. - En el segundo motivo del recurso, por el cauce del núm. quinto (entonces vigente) del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al litisconsorcio pasivo necesario. Se afirma en el motivo que el título nobiliario Conde de CCCCC fue cedido por disposición «mortis causa» según la propia actora por Dn A. a su hijo segundo Dn. B., sin que dicho cesionario ni sus causahabientes hayan sido demandados ni oídos.
Para rechazar el motivo baste decir que el pleito sobre el mejor derecho genealógico a un título nobiliario solo exige la presencia de quién ostenta el título y quién lo pretende, sin que la solución que se dicte perjudique, ni produzca efecto alguno respecto de un tercero, el cual si considera que tiene un mejor derecho puede intentar su declaración frente al que se halle ostentando o poseyendo el título. Si no hay efecto directo de la resolución que se dicte en este proceso (ni siquiera lo hay reflejo. aún cuando éste no origine situación litisconsorcial), respecto del hipotético cesionario por legado testamentario, es obvio que no concurre la defectuosa constitución de la relación jurídica procesal denunciada en el motivo. El litisconsorcio necesario solo puede nacer de un precepto legal (litisconsorcio necesario propio), o de una inescindibilidad jurídica -necesidad de una solución procesal unitaria - de lo que se discute en el proceso (litisconsorcio necesario impropio). Aquí no se da ninguna de las hipótesis.
Frente a lo expuesto nada dicen las Sentencias que se citan en el recurso. La de 9 de julio de 1.965 casa por no haberse impugnado una cesión, pero se refiere al supuesto de que hubiera habido una cesión, y la pretensión de mejor derecho genealógico se ejercite frente al cesionario o su causahabiente, en cuyo caso es preciso ejercitar previa o simultáneamente la acción de nulidad de la cesión. La Sentencia de 25 de abril de 1.970 se refiere a un caso en que se trata de declarar ajustada a derecho o conformada legalmente una distribución de títulos hecha por el padre entre sus tres hijos, y en consecuencia el mejor derecho del demandante frente a todos los demandados para llevar, poseer y usar uno de los títulos con la consiguiente nulidad de la cesión que de dicho título otorgó el primogénito del distribuyente en favor de un hijo. Al no ser llamado al pleito uno de los hijos del distribuyente, beneficiario de otro de los títulos distribuidos, se aprecia la existencia, como interesado en la distribución, de falta de litisconsorcio pasivo necesario. La Sentencia de 8 de mayo de 1.989 resuelve una hipótesis similar a la anterior. Dice que «cuando el acto distributivo no reúne los requisitos exigidos por el citado precepto, o cuando un tercero, con superior derecho al que ostentaba el distribuyente, lo reivindica judicialmente, se hace indispensable, como cuestión previa, declarar la nulidad de la distribución, nulidad que, necesariamente afecta a todos los favorecidos por ella, y de ahí la obligada presencia de éstos en el proceso desde su iniciación, en cuanto sus derechos pueden verse afectados por el fallo, ya que de otro modo se quebrantaría el principio de que nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en juicio, que hoy alcanza rango constitucional, por cuanto el art. 24 de la C.E. interdicta todo caso de indefensión.». Y la Sentencia de 27 de septiembre de 1.989 se refiere a un supuesto de nulidad de cesión que exige la presencia en el proceso de quienes fueron parte en ella.
Como es fácilmente advertible, el caso de autos, en el que no se postula ni es preciso, ninguna nulidad de cesión de título nobiliario, ni se discute la conformidad con el ordenamiento jurídico de una distribución de títulos, nada tiene que ver con los supuestos resueltos por las Sentencias alegadas en el motivo. Como tampoco nada dicen las Sentencias, también mencionadas, de 24 de mayo y 23 de septiembre de 1.986 y 4 de abril y 27 mayo de 1.988, porque: la primera se refiere a un retracto arrendaticio rústico en que no se convocó al proceso a un adquirente en segundo grado de una finca, cuya adquisición era conocida; la segunda no estima el defecto por ser la persona aludida ajena a la relación directa entre los litigantes; la tercera apreció el defecto procesal por no haberse convocado a uno de los cónyuges en un supuesto de acción contradictoria de dominio que afectaba a la sociedad de gananciales; y la cuarta recoge la doctrina de la innecesariedad de demandar a aquellos interesados en el objeto de la litis que mostraron su conformidad con la pretensión en acto de conciliación.
Cuarto. - El tercer motivo aduce error en la apreciación de la prueba con fundamento en el número cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de abril.
El motivo no puede ser acogido porque, para fundamentar el error alegado, se mencionan documentos que han sido valorados en la resolución recurrida, y constituye doctrina consolidada del Tribunal Supremo, dictada en la aplicación del referido precepto procesal relativo al denominado error de hecho o error en la apreciación de la prueba, en la actualidad suprimido a partir de la reforma de la Ley 10/1.992, que es preciso invocar un documento que, figurando unido a las actuaciones, no haya sido valorado -no haya sido tenido en cuenta - por la Sentencia impugnada, de tal manera que si se pretende contradecir su valoración, cualquiera que haya sido ésta, habría de plantearse la denuncia por la vía del núm. 5º (en su redacción de entonces) del art. 1.692, y teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial referente a su adecuado planteamiento en casación.
Quinto. - El cuarto motivo del recurso se formula al amparo del núm. 5 (redacción anterior a la Ley 10/92), y en él se acusa infracción de los arts. 115 y 1.214 del Código Civil, 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 3º G y 5º del Real Decreto de 8 de julio de 1.922, y núms. 10 D. y 13 de la R.O. de 21 de octubre de 1.922, y doctrina jurisprudencial sobre el rigor probatorio.
El motivo debe correr la misma suerte desestimatoria de los anteriores por las razones siguientes: a), Mezcla preceptos sustantivos y procesales, que debieron ser objeto de examen individualizado b), Se aduce la infracción de preceptos como los del R.D. de 8 de julio de 1.922 y 21 octubre de 1.922, que no aparecen contradichos en la sentencia; c), Se invoca la infracción del art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el cauce del núm. 5º cuando debió serlo por el del núm. 3º del propio art. 1692, aunque en todo caso esta Sala muestra su conformidad con la resolución de instancia en el sentido de considerar correctamente incorporados a las actuaciones los documentos a que se refiere la denuncia; d), No se da infracción del art. 1.214 del Código Civil cuando hay prueba. El precepto se infringe cuando falta toda prueba, o cuando se invierte la carga atribuyendo las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quién, por aplicación de las reglas que rigen el onus probandi, no le incumbía aportarla. Con independencia de que no existe en nuestro sistema procesal civil la exigencia de una determinada dosis de prueba para eliminar la incertidumbre fáctica, la concreta determinación de si la obrante en autos es suficiente para fijar un hecho controvertido no puede suscitarse en casación con fundamento en el art. 1214 del Código civil; e), El contenido del art. 115 del Código Civil no aparece contradicho, ni ignorado, en la resolución recurrida; y f), En realidad, lo que se pretende en el motivo, y ello se deduce de su desarrollo, es contradecir la valoración de la prueba documental efectuada por la sentencia recurrida. Y tal pretensión casacional no puede ser acogida, ni prácticamente examinada. La valoración de la prueba documental en casación (aparte el error en la apreciación al que nos hemos referido en el fundamento jurídico anterior), solo puede ser suscitada mediante el denominado error en la valoración probatoria, y que como «questio iuris» exige la cita de una norma de prueba legal, o legal de prueba con entidad para determinar la casación, aparte, claro es, la denuncia del error patente, arbitrariedad o irracionalidad con base en la doctrina constitucional y art. 24 de la Constitución. Y en el caso sucede que no se cita ninguna norma de prueba que pudiera resultar infringida, porque el art. 115 del Código Civil no lo es, y además no resultó conculcado. A la parte recurrente, en legítima defensa de sus intereses, le puede parecer insuficiente, en el sentido de no tener la contundencia deseable, la documental valorada, al efecto de tener por sentados algunos entronques del árbol genealógico de la actora, pero en absoluto cabe considerar que el Tribunal obró sin prueba, o sin el exigible rigor probatorio. Y como la casación no es una tercera instancia, este Tribunal no puede volver a reexaminar la prueba obrante en el proceso, ni menos puede rigorizar un coeficiente de prueba que ni la ley exige, ni la práctica sanciona. Sin que por lo demás quepa entrar en el examen en materia de presunciones, cuya denuncia exige la cita del precepto infringido (en los legales), o la invocación del art. 1253 del Código Civil con concreción del aspecto en el que la inferencia extraída es contraria a las reglas del rigor lógico o sentido normal de las cosas (presunciones hominis o judiciales).
Sexto. - Al no ser precisa la constitución de depósito huelga un pronunciamiento sobre el mismo, y al desestimarse todos los motivos del recurso se imponen al recurrente las costas causadas por ser preceptivas (art. 1.715, último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Fue desestimamos el recurso de casación entablado por la representación procesal de Dn. x1 contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de enero de 1.991, con imposici0n a la parte recurrente de las costas causadas en este recurso.
Notifíquese y publíquese esta resolución con arreglo a derecho. Devuélvanse las actuaciones y Rollo, con testimonio de esta Sentencia, a la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de esta Ciudad.

References: Real Decreto 
 resolución 
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