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Timestamp: 2020-08-05 14:09:18+00:00

Document:
Informe Comisión Verdad y Justicia Paraguay (Tomo IV - Parte 1) | Principios éticos | Justicia
Informe violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner
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Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 2 - PortalGuarani.com
Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 3 - PortalGuarani.com
Contestacion Demanda Javier Ascencio 1
TOMOTOMOTOMOTOMOTOMO IVIVIVIVIV
ComisionadosComisionadosComisionadosComisionadosComisionados Mario Medina Salinas; Juan Manuel Benítez Florentín; Mario Sandoval; Yudith Rolón Jacquet; Miguel Ángel Aquino; Carlos Luis Casabianca; Carlos Portillo; Heriberto Alegre Ortiz; Víctor Jacinto Flecha.
EquipoEquipoEquipoEquipoEquipo dedededede InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación José Carlos Rodríguez, Coordinador de Investigación Yudith Rolón, Coordinadora General
ComposiciónComposiciónComposiciónComposiciónComposición yyyyy apoyoapoyoapoyoapoyoapoyo aaaaa lalalalala InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación Gilda Beatriz Arellano Alicia Concepción Galeano Silvia Bogarín
EditorEditorEditorEditorEditor Comisión de Verdad y Justicia
CorrecciónCorrecciónCorrecciónCorrecciónCorrección dedededede estiloestiloestiloestiloestilo Arnaldo Núñez
Primera Edición: 2008 Impreso en Asunción, Paraguay ISBN 978-99953-883-3-1
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice deldeldeldeldel TomoTomoTomoTomoTomo IVIVIVIVIV
Objetivos de la Adjudicaciónde Tierras y de la Reforma Agraria
El Régimen de Adjudicación de Tierras
Requisitos para ser beneficiado con la adjudicación de tierras
En el Estatuto Agrario de 1940
En el Estatuto Agrario del 1963
En el Estatuto del 2002
Límites máximos de superficies a ser adjudicadas
Legislación internacional. Los tratados de derechos humanos
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo III:II Adjudicaciones a personas no Beneficiarias
Descripción de algunos casos que obran en la Procuradoria General de la
General Roberto Knopfelmacher
General Otello Carpinelli
Ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle
Descripción de un caso obrante en los archivos del Indert
Seccionales del Partido Colorado
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo IIIIII:IIII Adjudicaciones de más de un lote
General Galo Escobar
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo IIIIIIIII:IIIIII Adjudicaciones mayores que lo establecido, tierra-agrícola-
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo IVIVIV:IVIV Adjudicaciones mayores que lo establecido, lote ganadero,
granjera, Región Oriental
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo VVV:VV Adjudicaciones mayores que lo establecido, lote ganadero,
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo VIVIVI:VIVI Adjudicaciones mayores que lo establecido, lote agrícola,
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice dedededede CuadrosCuadrosCuadrosCuadrosCuadros
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0101010101 Tierras Mal Habidas durante la Dictadura
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0202020202 Tierras Mal Habidas posteriores a la caída de la Dictadura
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0303030303 Cant.de tierras adjudicadas en relación a la totalidad de las tierras arables 27
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0404040404 Listado de Adjudicaciones a personas no beneficiarias
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0505050505 Listado de Adjudicaciones a Seccionales Coloradas
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0606060606 Listado detallado de personas no beneficiarias
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0707070707 Adjudicaciones de más de un lote (Milton Machado)
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0808080808 Adjudicaciones de más de un lote (General
Galo Escobar)
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 0909090909 Listado detallado de adjudicaciones a un mismo beneficiario de más de un lote geográficamente disperso
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1010101010 Algunos casos representativos, adjudicaciones mayores a lo establecido,
tierra agrícola-granjera, Región Oriental
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1111111111 Listado detallado de adjudicaciones para lotes agrícolas-granjeros en la Región Oriental
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1212121212 Algunos casos representativos, adjudicaciones mayores a lo establecido, lote
ganadero, Región Oriental
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1313131313 Listado detallado de adjudicaciones superiores a las máximas establecidas
por la ley para lotes ganaderos en la Región Oriental
2003Tierras
1954 - - - - - 2003
Rurales Mal Habidas en el Paraguay 1954
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1414141414
Algunos casos representativos, adjudicaciones mayores que lo establecido,
lote ganadero, Región Occidental
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1515151515 Listado detallado de adjudicaciones superiores a las máximas establecidas
por la ley para lotes ganaderos en la Región Occidental
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1616161616
Listado detallado de adjudicaciones superiores a las máximas establecidas
por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental
En el marco de los objetivos de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), se examinaron las adjudicaciones de tierra rural y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 1989 y de 1989 al 2003, a fin de determinar si las adjudicaciones y el otorgamiento de los títulos de propiedad se han hecho conforme a las leyes que rigen
materia y si han reunido los presupuestos legales requeridos vigentes
al momento de las concesiones de referencia. La CVJ ha investigado
otorgamiento de tierras públicas en fuentes documentales primarias
secundarias y ha encontrado serias irregularidades en la adjudicación que tornan nulas las mismas y espera que el Estado promueva la justicia y la reparación de los daños y perjuicios causados.
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes dedededede lalalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes documentalesdocumentalesdocumentalesdocumentalesdocumentales primariasprimariasprimariasprimariasprimarias
IndertIndertIndertIndertIndert
El Indert, a solicitud de la Comisión de Verdad y Justicia, autorizó el acceso
a sus archivos mediante resolución P. N° 0272/07 del 22 de febrero de
2007, firmada por su presidente, el ingeniero Erico Ibáñez. Se han examinado las adjudicaciones y títulos de propiedad otorgados y que obran en los archivos del Indert, en aquellas dependencias que están involucradas y en las que obra documentación relativa a la adjudicación
de los inmuebles, que son los departamentos de: Registro Agrario y todas sus áreas; Catastro de la Región Oriental y Región Occidental; Cobranzas
Cuentas Corrientes en todas sus áreas; Secretaría General, Asesoría
Jurídica y la división de Archivos, en los que obran expedientes de distinta índole del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert),
organismo que posee y administra los archivos y documentos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de Bienestar Rural (IBR), que han sido reemplazados por el Indert.
DirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirección GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral dedededede losloslosloslos RegistrosRegistrosRegistrosRegistrosRegistros PúblicosPúblicosPúblicosPúblicosPúblicos
solicitud de la Comisión de Verdad y Justicia, la directora general de
la Dirección General de los Registros Públicos autorizó en forma es- pecial el acceso a las distintas secciones del Registro de Inmuebles y del archivo. La tarea consistió en confirmar y hacer un cruzamiento de los datos de los inmuebles obrantes en el Indert, sus propietarios,
superficies, número de finca y año. Se han examinado los títulos de propiedad de los inmuebles en la Dirección General de los Registros Públicos, haciendo además un estudio de los antecedentes dominiales.
ServicioServicioServicioServicioServicio NacionalNacionalNacionalNacionalNacional dedededede CatastroCatastroCatastroCatastroCatastro Para el cruzamiento de datos y la búsqueda de inmuebles que no
figuran en los archivos del Indert se han examinado los documentos, las informaciones y los datos de los inmuebles en el Servicio Nacional de Catastro.
ProcuraduríaProcuraduríaProcuraduríaProcuraduríaProcuraduría GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral dedededede lalalalala RepúblicaRepúblicaRepúblicaRepúblicaRepública Mediante un convenio de cooperación entre la Procuraduría y la Comisión de Verdad y Justicia se han examinado las denuncias, demandas y documentos obrantes en la Procuraduría General de la República, relativas a los inmuebles adjudicados por el IBR.
CongresoCongresoCongresoCongresoCongreso NacionalNacionalNacionalNacionalNacional A solicitud de la Comisión de Verdad y Justicia se ha tenido acceso a los archivos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como las documentaciones obrantes en las Comisiones de Reforma Agraria y Bienestar Rural de ambas cámaras del Congreso, relativas a denuncias, investigaciones parlamentarias y proyectos de ley relativos a tierras adjudicadas en forma ilegal por el Estado en el marco de la reforma agraria. La autorización fue hecha por el presidente del Congreso Nacional.
PoderPoderPoderPoderPoder JudicialJudicialJudicialJudicialJudicial
Se ha hecho reconocimiento de los expedientes y documentaciones obrantes en los juzgados donde se han tramitado o se siguen tramitando juicios relativos a la adjudicación ilegal de las tierras destinadas para la reforma agraria, promovidos por el Estado.
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes secundariassecundariassecundariassecundariassecundarias
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes bibliográficasbibliográficasbibliográficasbibliográficasbibliográficas Estudiamos publicaciones bibliográficas y trabajos de investigación de
autores e investigadores especializados en el tema, según bibliografía obrante al final del informe.
RégimenRégimenRégimenRégimenRégimen legallegallegallegallegal aplicableaplicableaplicableaplicableaplicable
Durante el período investigado rigieron tres instrumentos jurídicos agrarios denominados Estatuto Agrario. Desde 1954 a 1963 la adjudicación de tierras se rige por el Estatuto Agrario de 1940. Desde 1963 hasta el 2002 se rige por el Estatuto Agrario promulgado en 1963 por el Gobierno del Gral. Alfredo Stroessner, y en el corto período
comprendido entre el 2002 y el 2003 rige el actual Estatuto Agrario sancionado el 20 de diciembre del año 2001 y promulgado el 30 de enero de 2002.
Son también aplicables los tratados internacionales de derechos humanos, pues conforme a las Constituciones de 1940, de 1967 y de
los tratados internacionales forman parte del derecho positivo
nacional y en relación a estos últimos, los instrumentos de derechos humanos en especial, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Debe tenerse presente que durante el período de 1954 a 2003 rigieron la Constitución de 1940, que fue derogada por la de 1967, que a su vez fue derogada por la actual Constitución de 1992. Esto es importante pues las adjudicaciones de tierra deben considerarse a la luz del Estatuto Agrario vigente al momento de la adjudicación, así como bajo el espíritu de las constituciones nacionales que regían en dicho momento.
Al tiempo del golpe de Estado militar que instauró la dictadura, la política de reforma agraria gubernamental se regía por el denominado Estatuto Agrario dictado por el Decreto Nº 120 del 29 de febrero de 1940 durante
el gobierno del Mariscal José Félix Estigarribia, reglamentado por Decreto Nº 551 del 28 de marzo de 1940, “Que reglamenta el Estatuto Agrario”. El organismo de aplicación del Estatuto Agrario era entonces el Instituto de Reforma Agraria (IRA), creado por Ley Nº 86 del 4 de junio de 1951.
El Estatuto Agrario de 1940 rigió hasta el 29 de marzo de 1963, fecha en la que se dicta la Ley N° 854, denominada también Estatuto Agrario, igual a su antecesor. Asimismo, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) tuvo vigencia hasta el 14 de marzo de 1963, fecha en la que se dicta la Ley Nº 852, que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), como el
organismo público encargado de la aplicación del Estatuto Agrario.
El Estatuto Agrario de 1963 rigió hasta el 4 de noviembre de 2002, fecha en que se promulga la Ley Nº 1.863, que modifica en forma total el Estatuto Agrario de 1963. Así mismo, el 29 de diciembre de 2004 se
promulga la Ley Nº 2.419, que reemplaza el Instituto de Bienestar Rural por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo que tiene a su cargo la aplicación del Estatuto Agrario del
vigente hasta la actualidad.
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos dedededede lalalalala adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación dedededede tierrastierrastierrastierrastierras yyyyy dedededede lalalalala reformareformareformareformareforma agrariaagrariaagrariaagrariaagraria
El Estatuto Agrario de 1940 establece en su considerando que “la política de reforma agraria contempla las características esenciales del problema rural del país, y excogita medios adecuados para arraigar
cada hogar campesino sobre un pedazo de suelo propio, a cubierto
de mudanzas de orden económico que puedan peligrar su estabilidad
busca al propio tiempo eliminar toda incertidumbre que, por carencia de un régimen previsor, en concordancia con las modalidades de nuestra masa campesina, afecta la propiedad rural; y tiende también
la desamortización de los latifundios”.
Dicho cuerpo legal señala también: “Que dentro del programa de transformación política y económica del Estado Paraguayo cuyo proceso
ha inaugurado el actual gobierno y se propone llevar a término con firme decisión, la multiplicación y la consolidación de los hogares campesinos, que constituyen dos propósitos cardinales que reclaman inmediata realización pues la prosperidad de la Nación entera depende del bienestar
capacidad de producción de nuestros trabajadores campesinos”.
En su Artículo 1°°°°° establece que la reforma agraria se basa “en el concepto de que la tierra es el instrumento de una función social y en el propósito de que todo hogar paraguayo debe estar asentado sobre un pedazo de terreno propio que le produzca lo necesario para la vida”.
La Ley N° 854/63, que establece el Estatuto Agrario, dispone en su Artículo 2°: “El bienestar rural, a los efectos de esta ley, consistirá en la transformación de la estructura agraria del país, obtenida con la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación, mediante un sistema justo de distribución de la tierra (…) que permitan al productor rural lograr su estabilidad económica, como garantía de su libertad y dignidad y fundamento del bienestar social”.
La Ley Nº 1863, del 4 de noviembre del 2002, que suple al anterior Estatuto Agrario, establece en su Artículo 2°: “Esta reforma agraria promoverá la adecuación de la estructura agraria, conducente al arraigo, al fortalecimiento, y a la incorporación armónica de la agricultura familiar campesina al Desarrollo Nacional, para contribuir a superar la pobreza rural y sus consecuencias, a través de una estrategia general que integre productividad, sostenibilidad ambiental, participación y equidad distributiva”.
Señala también que la reforma agraria comporta “promover la creación
consolidación de asentamientos coloniales oficiales y privados a
objeto de lograr una racional distribución de tierras agrícolas a los
beneficiarios de esta ley que no la posean o la posean en cantidad insuficiente”.
De estos tres instrumentos jurídicos se concluye que la reforma agraria
tiene legalmente como sujeto a la población campesina que no posee
tierras o la tiene en forma insuficiente, habida cuenta de nuestra realidad
que la tierra es una condición y garantía de su libertad y dignidad.
ElElElElEl régimenrégimenrégimenrégimenrégimen dedededede adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación dedededede tierrastierrastierrastierrastierras
RequisitosRequisitosRequisitosRequisitosRequisitos paraparaparaparapara serserserserser beneficiadobeneficiadobeneficiadobeneficiadobeneficiado conconconconcon lalalalala adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación dedededede tierrastierrastierrastierrastierras
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario dedededede 19401940194019401940 Este cuerpo legal establece en su Artículo 20 que “son sujetos o bene- ficiarios de la Reforma Agraria:
Todo paraguayo varón mayor de 18 años de edad; Toda mujer paraguaya, soltera o viuda que deba satisfacer por sí misma las necesidades de su subsistencia y de su familia; Todo extranjero varón que tenga la ocupación habitual de explotar la tierra mediante su trabajo personal; Los núcleos de población agraria de más de 20 individuos, sujetos de la reforma agraria;
Los pueblos o villas con una población menor de cinco mil habitantes; Las cooperativas de agricultores.
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario deldeldeldeldel 19631963196319631963 Esta ley establece en su Artículo 14: “Se considera beneficiarios de este Estatuto”:
Los varones o mujeres que hayan cumplido diez y ocho años de edad, sean paraguayos o extranjeros, que se dediquen habitual- mente a las labores agropecuarias o que se propongan formalmente
a dedicarse a ellas; Las cooperativas rurales;
Los agrónomos y veterinarios titulados; y Los comprendidos en el Capítulo V de la presente ley”.
Artículo 20 de la presente ley establece que el licenciado del servicio
militar obligatorio que hubiese completado el curso de adiestramiento
agropecuario tendrá derecho a un lote agrícola que el Instituto de Bienestar Rural le adjudicará al plazo máximo para su pago, conforme
VentaVentaVentaVentaVenta aaaaa personaspersonaspersonaspersonaspersonas nonononono beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias deldeldeldeldel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario yyyyy dedededede lotesloteslotesloteslotes nonononono colonialescolonialescolonialescolonialescoloniales yyyyy dedededede fraccionesfraccionesfraccionesfraccionesfracciones mayores.mayores.mayores.mayores.mayores.
En su Artículo 95 determina: “Las tierras que no forman parte de una colonia estén o no ocupadas, podrán ser vendidas a personas no
beneficiarias de la presente ley, previa mensura administrativa por cuenta del interesado, hasta una extensión igual a la superficie máxima de un lote colonial, observándose los requisitos exigidos por esta ley para la venta de aquellas”.
En su Artículo 96 establece: “El Poder Ejecutivo podrá autorizar, en casos especiales, a petición del Instituto de Bienestar Rural, la venta de fracciones de su patrimonio, a personas que no sean beneficiarias de esta ley, cuya superficie sobrepase a la máxima establecida para los lotes coloniales”.
Esto significa que la ley requiere como condición la existencia de un decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la venta, así como la resolución del Consejo del IBR que autoriza la cesión y peticiona al Poder Ejecutivo la venta a dichas personas.
RequisitosRequisitosRequisitosRequisitosRequisitos paraparaparaparapara lotesloteslotesloteslotes agrícolasagrícolasagrícolasagrícolasagrícolas yyyyy ganaderosganaderosganaderosganaderosganaderos
El Artículo 75 determina: “Los interesados en adquirir lotes agrícolas deberán justificar:
Tener menos de sesenta y cinco años de edad;
Dedicarse directa, habitual y preferentemente a la agricultura; y No ser propietario de tierras agrícolas en extensión mayor que la mitad de la superficie máxima fijada por el Artículo 66 de la presente ley.
El Artículo 76 establece que “El solicitante de un lote ganadero reunirá los siguientes requisitos:
Dedicarse directa, habitual y preferentemente a la ganadería;
Tener marca de ganado inscripta en la oficina correspondiente; y No ser propietario;
En la región Oriental, de campo con superficie no mayor que la mínima fijada por el Artículo 50.
En la región Occidental, de campo con superficie mayor que la media establecida de acuerdo con el Artículo 50.
ProhibicionesProhibicionesProhibicionesProhibicionesProhibiciones dedededede quiénesquiénesquiénesquiénesquiénes nonononono puedenpuedenpuedenpuedenpueden serserserserser beneficiados.beneficiados.beneficiados.beneficiados.beneficiados.
En su Artículo 15 establece que “No podrán ser beneficiarios de este Estatuto: Los propietarios de tierras rurales, cuya superficie excedan las máximas contempladas en el Artículo 75 inciso d) y Artículo 76 inciso c) de la presente ley”.
Preferencia.Preferencia.Preferencia.Preferencia.Preferencia.
En su Artículo 79 establece que “Las adjudicaciones serán realizadas en el siguiente orden de preferencia:
A los que se encuentran en posesión pacífica de la tierra que cultivan; y,
A los demás beneficiarios de la presente ley que reúnan las calificaciones
más altas, en consideración a los siguientes factores:
- Número de miembros de la familia a su cargo.
- Méritos por sus actividades agropecuarias.
- Calidad de ex combatiente de la Guerra del Chaco.
- Calidad de repatriado.
- Grado de instrucción general.
LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones paraparaparaparapara enajenarenajenarenajenarenajenarenajenar yyyyy gravar.gravar.gravar.gravar.gravar.
En su Artículo 137 establece que “La propiedad de los lotes y fracciones
agrícolas de superficie mínima, adquirida por los beneficiarios de esta ley será:
Inembargables, en caso de ejecución de créditos provenientes de obligaciones comunes. Inajenables, salvo que el Instituto de Bienestar Rural lo autorice.
Tampoco podrá ser dada en arrendamiento ni aparcería, sin autoriza- ción previa del Instituto. Estas restricciones cesarán a los diez años de haber el beneficiario cancelado el importe de su tierra”.
SeSeSeSeSe consideranconsideranconsideranconsideranconsideran inexistentesinexistentesinexistentesinexistentesinexistentes laslaslaslaslas cláusulascláusulascláusulascláusulascláusulas contrariascontrariascontrariascontrariascontrarias aaaaa estaestaestaestaesta dispo-dispo-dispo-dispo-dispo- sición.sición.sición.sición.sición.
En su Artículo 139 dispone que “Se tendrá como inexistentes las cláusulas de todo acto que, bajo cualquier concepto, tengan por finalidad eludir las restricciones y límites del dominio establecido en los Artículos 136 y 137 de la presente ley”.
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto deldeldeldeldel 20022002200220022002 Esta ley en su Artículo 16 establece que “Se considerarán beneficiarios de esta ley, a los efectos de la adjudicación de tierras por parte del Organismo de Aplicación, aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:
ParaParaParaParaPara asentamientosasentamientosasentamientosasentamientosasentamientos agrícolas:agrícolas:agrícolas:agrícolas:agrícolas:
tener ciudadanía paraguaya natural sin distinción de sexo, mayoría de edad, acreditada con la respectiva Cédula de Identidad Policial y observar buena conducta;
dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal;
no haber sido adjudicado anteriormente con tierra por parte del Instituto de Bienestar Rural; y,
no haber sido adjudicado anteriormente con tierra por parte del Organismo de Aplicación.
ParaParaParaParaPara asentamientosasentamientosasentamientosasentamientosasentamientos ganaderosganaderosganaderosganaderosganaderos enenenenen lalalalala RegiónRegiónRegiónRegiónRegión Occidental:Occidental:Occidental:Occidental:Occidental:
dedicarse y habitualmente a la producción ganadera o manifestar su intención formal de hacerlo;
no haber sido adjudicado anteriormente con tierra por parte del Instituto de Bienestar Rural;
no haber sido adjudicado con tierra por parte del Organismo de Aplicación;
poseer registro de marca de ganado; y,
garantizar, de acuerdo con el reglamento que dictará el Organismo de Aplicación, la realización de inversiones para la ocupación efectiva y el desarrollo productivo ambientalmente sostenible del inmueble solicitado”.
LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones paraparaparaparapara enajenarenajenarenajenarenajenarenajenar yyyyy gravargravargravar.gravargravar El Artículo 58 establece que “La propiedad de los lotes y fracciones
otorgadas bajo los términos de la ley Nº 1863/02 y sus modificatorias, así como los derechos y acciones que resulten de la posesión, ocupación y adjudicación de los mismos, serán:
inembargables, en caso de ejecución de créditos provenientes de obligaciones comunes.
inenajenables. Se tendrán como inexistentes las cláusulas de todo acto bajo cualquier concepto, que tengan por finalidad eludir las restricciones y límites del dominio establecido en este Artículo.
Estas restricciones cesarán a los diez años de haberse adjudicado y cancelado el importe del inmueble, de haberse dado cumplimiento a las formalidades establecidas en el Artículo 57 de la ley 2002/02".
LímitesLímitesLímitesLímitesLímites máximosmáximosmáximosmáximosmáximos dedededede superficiessuperficiessuperficiessuperficiessuperficies aaaaa serserserserser adjudicadasadjudicadasadjudicadasadjudicadasadjudicadas
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario dedededede 19401940194019401940 Este Estatuto dice en su Artículo 38 que “Las Colonias Agrícolas serán divididas en lotes mínimos de 20 hectáreas y en lotes máximos de 200 hectáreas. Cada colono podrá solicitar hasta 10 lotes de 20 hectáreas”.
En su Artículo 67 establece que “Queda prohibida la adjudicación a una sola persona de fracciones de tierras en extensión superior al
máximum determinado por este Estatuto, y declárense nulas y sin ningún valor las adjudicaciones hechas a uno de los cónyuges y por interpósitas personas, como medios de eludir esta disposición”.
En su Artículo 39 dispone que “Las colonias ganaderas serán divididas y distribuidas en lotes mínimos de 1.000 hectáreas y en lotes máximos cuya superficie fijará el Directorio del Departamento de Tierras y Colonias, en cada caso. Las Colonias Ganaderas estarán ubicadas en el Chaco paraguayo y los lotes serán cedidos en arrendamiento, conservando el estado el dominio de los mismos”.
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario dedededede 19631963196319631963 Este Estatuto Agrario establece tres tipos de colonias:
las agrícolas-granjeras y agrícolas-forestales, las colonias ganaderas, y las quintas.
Este cuerpo legal establece en su Artículo 44 que el Instituto de Bienestar Rural promoverá preferentemente la formación de colonias agrícolas granjeras. En su Artículo 45 resuelve que las tierras para las
colonias agrícolas-granjeras se dividirán en parcelas no menores a 20 ha, que serán destinadas a:
Cultivos Generales; Tambo; Suinicultura; Avicultura; y Pequeñas industrias transformadoras de productos agropecuarios.
En su Artículo 46 dispone que el Instituto de Bienestar Rural promoverá también a formación de colonias agrícolas y forestales y en el 47 establece que las tierras destinadas a colonias agrícolas - forestales se dividieran en lotes no menores de 50 ha, utilizables para:
Cultivos agrícolas;
Explotación granjera; y Explotación intensiva de bosques mediante reforestación o formación de bosques artificiales.
En su Artículo 49 resuelve que en las colonias ganaderas se promueva la explotación intensiva de los lotes mediante el cultivo de pastos artificiales y la mejora del ganado.
El Estatuto Agrario de 1963 establece en su Artículo 51 que el Instituto de Bienestar Rural podrá afectar las fracciones de tierras suburbanas que no se hallaren racionalmente explotadas, para la formación de quintas con miras a la explotación intensiva, a fin de contribuir al abastecimiento y expansión de las poblaciones urbanas. En su Artículo 53 establece que las fracciones destinadas a las fracciones de quintas suburbanas no podrán ser subdivididas en lotes mayores a 2 ha y menores de 1/2 ha, salvo ampliación del ejido urbano municipal en el último caso.
En su Artículo 66 el Estatuto Agrario de 1963 alega que “En las colonias agrícolas-granjeras, agrícolas-forestales, cada beneficiario podrá adquirir lotes hasta una superficie de cien hectáreas, de acuerdo al número de hijos y a su capacidad de trabajo y de producción”.
En su Artículo 67 establece que “En las colonias ganaderas y en las quintas, no se adjudicará más de un lote a cada beneficiario”. En su Artículo 68 dispone que “No se adjudicará a un mismo beneficiario lotes agrícolas o ganaderos dispersos para completarle la superficie máxima autorizada legalmente”.
En su Artículo 50 dice que “Las tierras destinadas a colonias ganaderas se dividirán, en la Región Occidental en lotes de mil quinientas a ocho mil hectáreas, y en la Oriental, en lotes de trescientas a mil quinientas hectáreas”.
En su Artículo 71 asienta que “Ningún beneficiario podrá adquirir por sí ni por interpósita persona mayor superficie de tierra que la autorizada en la presente ley”.
EnEnEnEnEn elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario dedededede 20022002200220022002 Esta ley establece en su Artículo 8 que “Transitoriamente, hasta tanto se determine por el Organismo de Aplicación la superficie de las
Unidades Básicas de Economía Familiar de diez hectáreas por beneficiario”.
deberá adoptar no menos
El Artículo 43 dice que “Los beneficiarios de esta ley tendrán derecho a la adjudicación de un lote colonial agrícola o ganadero. En ningún caso se podrá adjudicar más de un lote agrícola o ganadero a cada beneficiario o a su cónyuge, salvo los lotes suburbanos o urbanos. Tampoco podrán adquirir del Organismo de Aplicación, por sí o por interpósita persona, mayor superficie de tierra que la autorizada por la ley”.
LegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislación internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional
LosLosLosLosLos tratadostratadostratadostratadostratados dedededede derechosderechosderechosderechosderechos humanoshumanoshumanoshumanoshumanos Paraguay es parte de los principales tratados e instrumentos interna- cionales de derechos humanos, entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), del 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el Paraguay por Ley Nº 04 de 1992; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 1 , ratificado por Ley Nº 05 de 1992, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 2 y el Artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho fundamental de toda per- sona a la alimentación y a estar libre de hambre, y obliga a los Estados Partes del PIDESC a adoptar medidas y programas concretos para este fin, dentro de los cuales se menciona explícitamente la reforma de los regímenes agrarios. Igualmente se reconoce el derecho a la vida.
Art. 11 PIDESC:
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora con- tinua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia de la cooperación internacional
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para : a) mejorar los métodos de producción, conservación
distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
Art. 25 DUDH: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a sí como a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
Art. 3 DUDH: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona.
Según los desarrollos interpretativos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), el acceso a la tierra -sea para cultivarla y poder alimentarse o para aprovechar otras fuentes naturales de alimentos- forma parte del contenido básico del derecho a la alimentación adecuada de los individuos y los grupos rurales que así quieran ejercer su derecho.
El relator especial para el Derecho a la Alimentación elaboró en su informe presentado a la Asamblea General de la ONU en 2002 3 la relación que existe entre el acceso a la tierra, la reforma agraria y el derecho a la alimentación. El relator afirma que “el acceso a la tierra y la reforma agraria deben ser elementos fundamentales del derecho a la alimentación” 4 , dado que “el acceso a la tierra es con frecuencia indis- pensable para asegurar el acceso a alimentos y a medios de vida, y por tanto, para garantizar que las personas estén a salvo de hambre”. 5
El derecho a la tierra es además parte del derecho a la vivienda adecuada. Según el relator especial para el Derecho a la Vivienda existe un vínculo claro e intrínseco entre el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda adecuada, ya que el suelo es a menudo condición necesaria y suficiente de la que el derecho a la vivienda adecuada es absolutamente contingente para muchos individuos e incluso comunidades enteras. 6
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de
tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; y afirma categóricamente que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del PIDESC y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional. 7
El derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas internacionales de protección a los mismos se basan en el principio
3 Ziegler, U.N. A/57/356.
4 Ibid. Párrafo 30
5 Ibid. Párrafo 24
6 Kothari. U.N. Doc E/CN.4/2004/48
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 4. El derecho a una vivienda adecuada (pár. 1 del art. 11 del Pacto), 13/12/91. U.N. Doc. E/1991/23 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 7. U.N. Doc. E/1999/22, anexo IV
de la responsabilidad del Estado. Los derechos humanos imponen tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes:
las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos.
Por la íntima ligazón del acceso a la tierra con el derecho a la alimentación adecuada y a la vivienda, estos tres tipos de obligaciones se aplican directamente al realizar el acceso a la tierra, ya que éste forma parte del contenido básico del derecho a la alimentación y a la vivienda, y es particularmente importante para campesinos y campesinas, pueblos indígenas y personas que viven en zonas rurales y que no tienen opciones alternativas para ganarse la vida.
DeberDeberDeberDeberDeber dedededede respetarrespetarrespetarrespetarrespetar En cumplimiento de sus obligaciones de respetar el derecho a una alimentación adecuada, el Estado debe abstenerse de llevar adelante, de auspiciar o de tolerar cualquier práctica, política o medida legal que destruya, impida u obstaculice el acceso a la tierra y los recursos productivos de una persona o de un grupo, o que erosione el estatus jurídico de tener el derecho a acceder a la tierra, por parte de grupos campesinos e indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trata de manera específica las obligaciones de respeto del acceso a la tierra y el territorio de los
pueblos indígenas. 8
DeberDeberDeberDeberDeber dedededede protegerprotegerprotegerprotegerproteger Implica la obligación del Estado para que el acceso de las personas a la tierra y el acceso a la alimentación no estén amenazados por terceros. La obligación de proteger incluye la responsabilidad del Estado a asegurar que las entidades privadas o individuos, incluyendo las corporaciones internacionales sobre las cuales ejercen jurisdicción, no priven a los individuos del acceso a una alimentación adecuada y de la tierra. Algunos aspectos de la obligación de proteger el acceso a
8 Art. 13.1 del Convenio 169: Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Art. 14.1: Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los pueblos agricultores itinerantes.
la tierra y el territorio de los pueblos indígenas están explícitamente recogidos en el Convenio 169 de la OIT. 9
DeberDeberDeberDeberDeber dedededede garantizargarantizargarantizargarantizargarantizar Requiere que el Estado adopte medidas afirmativas, de índoles judicial, legislativa y ejecutiva, con el objetivo de organizar todo el aparato estatal
y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, utilizando el máximo de los recursos disponibles, para facilitar a los campesinos y pueblos indígenas el acceso a la tierra.
DeberDeberDeberDeberDeber dedededede realizarrealizarrealizarrealizarrealizar Comprende dos aspectos: la obligación de facilitar y la obligación de hacer efectivo ese derecho. El deber de facilitar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización
por parte de la población, de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida como la tierra y los recursos productivos.
Cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho directamente. La obligación de hacer efectivo el acceso a la tierra de los pueblos indígenas y de las mujeres está contenida respectivamente en el Artículo 19 del Convenio 169 de la OIT. 10
InformeInformeInformeInformeInforme dedededede lalalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación
Hemos examinado 200.705 (doscientos mil setecientos cinco)
adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, que obran en los registros del Indert y en la Dirección General de los Registros Públi- cos. Así mismo puede resultar que existan aún inmuebles adjudicados
9 Art. 14.2 Convenio 169: Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Art. 17.3: Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Art. 18 : La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 10 Art. 19: Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. Art. 14.2 g.h de CEDAW: 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
ilegalmente y a los cuales no hemos tenido acceso. De los exámenes realizados hemos detectado y comprobado lo siguiente: El Estado en el período que abarca desde 1954 a 2003 ha realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la región Oriental y
7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Región Occidental.
Del total de estas adjudicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria. Las leyes trasgredidas son: el Decreto-Ley N° 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley N° 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la Ley
N° 1.863, vigente en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002, denominada también Estatuto Agrario y que reemplazó a su vez al anterior de 1963. Estas normas jurídicas estuvieron vigentes al momento de las adjudicaciones de referencia. La Comisión de Verdad y Justicia en su investigación ha encontrado graves irregularidades que tornan nulas dichas adjudicaciones y cuya nómina eleva a los poderes del Estado para que por intermedio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República se inicie la investigación que conduzca, de confirmarse las irregularidades denunciadas, a la recuperación de dichas tierras por el Estado paraguayo. Las tierras en cuestión constituyen el 64,1% de las tierras adjudicadas.
Del total de las adjudicaciones ilegales, 3.054 lotes, que suman 1.507.535 hectáreas, corresponden a la región Oriental, y 1.178 lotes, que suman 6.298.834 hectáreas, corresponden a la región Occidental.
La diferencia existente entre cantidad de lotes y cantidad de adjudica- tarios obedece a que en varios casos un mismo adjudicatario se ha beneficiado con más de un lote.
DeDeDeDeDe acuerdoacuerdoacuerdoacuerdoacuerdo aaaaa lalalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación dedededede lalalalala CVJCVJCVJCVJCVJ CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 01.01.01.01.01. TierrasTierrasTierrasTierrasTierras MalMalMalMalMal HabidasHabidasHabidasHabidasHabidas durantedurantedurantedurantedurante lalalalala DictaduraDictaduraDictaduraDictaduraDictadura
Tierras mal habidas adjudicadas por el IRA e IBR
6.744.0056.744.0056.744.0056.744.0056.744.005 hahahahaha
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 02.02.02.02.02. TierrasTierrasTierrasTierrasTierras MalMalMalMalMal HabidasHabidasHabidasHabidasHabidas posterioresposterioresposterioresposterioresposteriores aaaaa lalalalala caídacaídacaídacaídacaída dedededede lalalalala DictaduraDictaduraDictaduraDictaduraDictadura
Tierras mal habidas adjudicadas por el IBR
989.589989.589989.589989.589989.589
Total de Tierras Región Occidental (1989-2003)
874.328874.328874.328874.328874.328
Total de Tierras Región Oriental (1989-2003)
46.80146.80146.80146.80146.801 hahahahaha
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 03.03.03.03.03. CantidadCantidadCantidadCantidadCantidad dedededede tierrastierrastierrastierrastierras adjudicadasadjudicadasadjudicadasadjudicadasadjudicadas enenenenen relaciónrelaciónrelaciónrelaciónrelación aaaaa lalalalala totalidadtotalidadtotalidadtotalidadtotalidad dedededede laslaslaslaslas tierrastierrastierrastierrastierras arablesarablesarablesarablesarables
Total de tierras adjudicadas
12.229.59412.229.59412.229.59412.229.59412.229.594 hahahahaha
50,1% del total de tierras arables
Total de tierras arables
24.00024.00024.00024.00024.000.000.000.000.000.000 hahahahaha
Total tierras mal habidas
7.851.7.851.7.851.7.851.7.851.295295295295295 hahahahaha
32,7% de las tierras arables
Total de superficie de Paraguay
40.675.20040.675.20040.675.20040.675.20040.675.200 hahahahaha
Total de tierras mal habidas
7.851.2957.851.2957.851.2957.851.2957.851.295 hahahahaha
19,3% del Territorio Nacional
MecanismosMecanismosMecanismosMecanismosMecanismos ooooo patronespatronespatronespatronespatrones quequequequeque sesesesese hanhanhanhanhan dadodadodadodadodado enenenenen lalalalala adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación ilegalilegalilegalilegalilegal dedededede tierrastierrastierrastierrastierras yyyyy fundamentosfundamentosfundamentosfundamentosfundamentos legaleslegaleslegaleslegaleslegales dedededede estasestasestasestasestas últimasúltimasúltimasúltimasúltimas
Las adjudicaciones que se exponen a continuación adolecen de graves irregularidades porque se hicieron en contravención a las disposiciones del Decreto-Ley Nº 120 de 1940, de la Ley Nº 854/63, que reemplazó al mismo, y de la Ley Nº 1863/02, que a su vez reemplaza a la ante- rior. Dichas adjudicaciones se han clasificado en seis categorías, de acuerdo a los patrones que se han dado en la adjudicación de las mismas, los que son:
I. Adjudicaciones a personas no beneficiarias.
II. Adjudicaciones de más de un lote.
III. Adjudicaciones mayores que lo establecido, tierra-agrícola-granjera,
Adjudicaciones mayores que lo establecido, lote ganadero, Región
Adjudicaciones mayores que lo establecido, lote agrícola, Región
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo IIIII AdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicaciones aaaaa personaspersonaspersonaspersonaspersonas nonononono beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias
AdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicaciones aaaaa personaspersonaspersonaspersonaspersonas nonononono beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias
SegúnSegúnSegúnSegúnSegún elelelelel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario
Cantidad de adjudicatarios
1.0801.0801.0801.0801.080
Superficie de hectáreas
4.978.1984.978.1984.978.1984.978.1984.978.198
Promedio de hectárea por adjudicatario
4.6094.6094.6094.6094.609
AdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicaciones aaaaa personaspersonaspersonaspersonaspersonas nonononono beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias deldeldeldeldel EstatutoEstatutoEstatutoEstatutoEstatuto AgrarioAgrarioAgrarioAgrarioAgrario
Las adjudicaciones que en esta categoría se exponen han sido hechas en violación de una o más de las disposiciones siguientes de las leyes 854/63 y 1863/02:
del Artículo 14 de la Ley 854/63, que establece que se considerarán
beneficiarios de la ley a las personas que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias o que se propongan formalmente dedicarse a ellas. Las personas beneficiarias de estas adjudicaciones
no se dedicaban en forma habitual a las labores agropecuarias al momento de la adjudicación; tampoco consta en los registros del Indert-IBR que estos beneficiarios hayan manifestado su proposición de dedicarse a ellas, ni que posteriormente se hayan dedicado a estas actividades en los referidos inmuebles. El Artículo 14, como norma general, que trata de los beneficiarios del Estatuto Agrario, debe ser interpretado en concordancia con el Artículo 75, que constituye la norma específica que establece los requisitos que deben llenar los interesados en adquirir lotes agrícolas.
de los Artículos 75 y 76 de la misma ley, que establece como
requisitos fundamentales para adquirir lotes agrícolas o ganaderos:
dedicarse directa, habitual y preferentemente a la agricultura o la ganadería;
del Artículo 79, que está en concordancia con el Artículo 75, que establece que las adjudicaciones serán realizadas en el siguiente orden de preferencia:
a los que se encuentran en posesión pacífica de la tierra que cultivan;
a los demás beneficiarios de la presente ley que reúnan las califica- ciones más altas, en consideración a los siguientes factores:
1) número de miembros de la familia a su cargo; 2) méritos por sus
actividades agropecuarias; 3) calidad de ex combatientes de la guerra del Chaco; 4) calidad de repatriado, y 5) grado de instrucción general.
del Artículo 137, que establece que la propiedad de los lotes y fracciones agrícolas de superficie mínima adquirida por los beneficiarios será inenajenable salvo que el IBR lo autorice. Tampoco podrá ser dada en arrendamiento ni aparcería, sin autorización expresa del Instituto, es decir, de su Consejo y su presidente;
del Artículo 15 de la misma ley, que establece que no podrán ser beneficiarios los propietarios de tierras rurales cuya superficie exceda las máximas contempladas en la ley, que son de 50 hectáreas para lotes agrícolas. Para lotes ganaderos en la región Oriental, no ser propietario de campo superior a 300 hectáreas y para lotes ganaderos en la región Occidental, no ser propietario de campo superior a 800 hectáreas.
del Artículo 16 de la Ley 1863/02, que reemplaza a la Ley 854, que establece que se considerarán beneficiarias de esta ley, a los efectos
de la adjudicación de tierras agrícolas por parte del Indert, aquellas personas que tengan ciudadanía paraguaya natural; dedicarse directa
habitualmente a la agricultura como actividad económica principal y
no haber sido adjudicadas anteriormente con tierra por parte del IBR
el Indert. Para asentamientos ganaderos en la región Occidental,
tener ciudadanía paraguaya natural, dedicarse habitualmente a la producción ganadera y no haber sido adjudicadas anteriormente con tierra por parte del IBR o el Indert.
el Decreto-Ley N° 16.974/43, “De Estatutos de los Oficiales de las
FFAA de la Nación”, vigente al momento de las adjudicaciones de referencia, establecía para los oficiales en actividad el deber y la
obligación de dedicarse a las labores profesionales propias de su estado militar. Así lo establece esta ley en su Artículo 30, 98, Inc. “d”,
106, Inc. 5 de la mencionada norma jurídica cuando prescribe:
“La actividad es la situación del Oficial que presta servicios efectivos en cuerpos de tropas, buques de guerra. Estados Mayores, establecimientos
reparticiones militares, comisiones o puestos dependientes del Ministerio
de Guerra y Marina. En esta situación el Oficial estará enteramente
sometido a las leyes y reglamentos militares y gozará del sueldo íntegro, gratificaciones, viáticos y suplementos que la ley de Presupuesto acuerda a sus funciones. Se encontrarán igualmente comprendidos en esta situación los que:
- Por razones especiales de servicio están a disposición de otro
Ministerio: en estas soluciones se les liquidará su haber de acuerdo al Artículo 178 de la L.O.A.
- A consecuencia de enfermedades o accidentes contraídos en actos de servicio, tengan que permanecer alejados de las filas hasta 8 meses.
- Los prisioneros de guerra y desaparecidos en campaña, estos últimos hasta tanto se declare su situación legal.
Asimismo, el Artículo 98 de la misma ley dispone que “Es deber de todo militar: d) Dedicarse al ejercicio de la profesión y a los servicios que corresponda poniendo interés del servicio por encima de las conveniencias personales”.
El Artículo 106 de la mencionada norma jurídica finalmente establece que: “Está prohibido a los Oficiales del Cuadro Permanente, formar parte de firmas comerciales de cualquier naturaleza, o ejercer en ellas función o empleo remunerado”.
Estas prescripciones tienen plena concordancia con las disposiciones
contenidas en la Ley N° 847/80 “Del Estatuto del Personal Militar” que entró en vigencia en 1980 que impedían a los oficiales de carrera dedicarse a actividades ajenas a las castrenses conforme al Artículo 32 que establece: “El Estado Militar es la situación en que se encuentran los miembros de las FFAA de la Nación , en razón de estar sujetos a un conjunto de deberes, obligaciones, responsa- bilidades, derechos, prerrogativas que las Leyes y Reglamentos establecen conforme a su grado, situación y destino”.
El Artículo 33 dispone asimismo que “Tendrá Estado Militar el per-
sonal de las FFAA de la Nación que integre su Cuadro Permanente y el Cuadro de Reserva”.
El Artículo 72 de la misma norma jurídica referente a los deberes militares prescribe que “Los deberes militares conforman un conjunto de vínculos normativos que ligan al militar con la Patria para la defensa y seguridad de sus bienes e intereses declarados inviolables, y ellos comprenden: Inc. f: “La dedicación exclusiva a sus funciones profesionales. Para actividades ajenas a sus funciones militares se requiere autorización previa del Comandante en Jefe de las FFAA de
la Nación”. La dedicación exclusiva a sus funciones profesionales le impide al militar ser beneficiario de la reforma agraria y por lo tanto a ser adjudicado con tierras por parte del IBR. Asimismo, no consta en las resoluciones de adjudicación del Instituto de Bienestar Rural ninguna autorización previa del Comandante en Jefe de las FFAA de la Nación para dedicarse a las
actividades ajenas a sus funciones militares, como lo constituyen las actividades agropecuarias y la obligación que le impone el Estatuto Agrario
CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 04.04.04.04.04. ListadoListadoListadoListadoListado dedededede AdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicaciones aaaaa personaspersonaspersonaspersonaspersonas nonononono benefi-benefi-benefi-benefi-benefi- ciariasciariasciariasciariasciarias
de dedicarse en forma habitual y directa a la agricultura o la ganadería.
DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción dedededede algunosalgunosalgunosalgunosalgunos casoscasoscasoscasoscasos quequequequeque obranobranobranobranobran enenenenen lalalalala ProcuraduríaProcuraduríaProcuraduríaProcuraduríaProcuraduría GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral dedededede lalalalala RepúblicaRepúblicaRepúblicaRepúblicaRepública
GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral RobertoRobertoRobertoRobertoRoberto KnopfelmacherKnopfelmacherKnopfelmacherKnopfelmacherKnopfelmacher El general Roberto Knopfelmacher ha sido adjudicado con 9 lotes, 8 en la región Oriental y 1 en la región Occidental, totalizando 8.244 hectáreas
a saber: 164 ha con finca Nº 2.846; 242 ha con finca Nº 2.843; 197 ha con finca Nº 2.845; 288 ha con finca Nº 2.846; 164 ha con finca Nº 2.842; 179 hectáreas con finca Nº 2.844, 202 ha con finca Nº 2.847, todos del distrito de Yby Yaú, Concepción, y 6.808 has con finca Nº 9.795 del distrito de Eugenio A. Garay, Nueva Asunción, Chaco.
La Finca Nº 9.795 del distrito de Eugenio A. Garay y de 6.808 hectáreas, individualizada con título Nº 109.778, fue inscripta en la Dirección Gen- eral de los Registros Públicos en fecha 4 de marzo de 1983. En fecha 6 de noviembre de 1986 Roberto Knopfelmacher transfiere en propiedad el inmueble a Blas Prieto Ríos por la suma de G. 9.701.181 (guaraníes nueve millones setecientos un mil ochenta y uno), formalizada por el notario público José María Vivieres.
En fecha 30 de diciembre de 1993, Blas Prieto Ríos transfiere a Horst Wessel Thielman Pender, por la suma de G 45.000.000 (guaraníes cuarenta y cinco millones), formalizada por la notaria pública Gladis Balmaceda.
En fecha 30 de noviembre de 2001 Horst Wessel Thielman Pender transfiere a favor de María Espínola de Delgado por la suma de US$ 200.000 (dólares americanos doscientos mil), acto formalizado por el notario público José María Zubizarreta.
En fecha 30 de diciembre de 2005, María Isabel Espínola de Delgado
transfiere a PARAGUAY CATTLE BREEDING COMPANY INC. por la suma de US$ 700.000 (dólares americanos setecientos mil), formalizada por la escribana pública Mercedes Vivieres de Santiviago.
GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral OtelloOtelloOtelloOtelloOtello CarpinelliCarpinelliCarpinelliCarpinelliCarpinelli El general Otello Carpinelli ni siquiera pagó todo por el lote. El IBR fijó el precio de venta del lote de 6.808 hectáreas al general Otello Carpinelli en G. 25.905.898 (guaraníes veinticinco millones novecientos cinco mil ochocientos noventa y ocho). De esta suma sólo ha pagado G. 25.723.300 (guaraníes veinticinco millones setecientos veintitrés
mil trescientos), quedando un saldo de G. 182.598 (guaraníes ciento ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho).
El general Otello Carpinelli Yegros fue adjudicado por el IBR con 1.000 hectáreas en el distrito de Hernandarias, Alto Paraná, en 1974 como lote agrícola, e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca Nº 5.504 de Hernandarias a nombre de Otello Carpinelli Yegros.
En fecha 8 de setiembre de 1992 el general Otello Carpinelli, con domicilio en Sargento Francisco Marecos y Nuestra Señora del Carmen, de Asunción, transfiere el inmueble a favor de Osvaldo Viel, ciudadano brasileño.
En fecha 12 de octubre de 1993 Osvaldo Viel vuelve a transferir el bien a Otello Carpinelli.
En fecha 25 de enero de 1997 Otello Carpinelli transfiere el inmueble al Ing. Pedro Rodolfo Carpinelli Dávalos.
En fecha 31 de enero de 1997 el Ing. Pedro Rodolfo Carpinelli Dávalos transfiere el inmueble a la empresa AGRO GANADERA SAN PEDRO S.A., representada en el acto por Carmen Haydée Carpinelli de Pérez, con domicilio en Itapúa Nº 302, de Fernando de la Mora.
Finalmente la última venta se registró en fecha 18 de setiembre del año 2002 en la que AGRO GANADERA SAN PEDRO S.A. transfiere el bien a Osvaldo Antoniolli, con domicilio en la ciudad de Hernandarias, kilómetro
de la Supercarretera.
LosLosLosLosLos actosactosactosactosactos jurídicosjurídicosjurídicosjurídicosjurídicos dedededede adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación yyyyy losloslosloslos títulostítulostítulostítulostítulos dedededede propiedadpropiedadpropiedadpropiedadpropiedad sonsonsonsonson nulosnulosnulosnulosnulos Los generales Roberto Knopfelmacher y Otello Carpinelli eran oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación al momento de dictarse las resoluciones de adjudicación de los inmuebles por parte del IBR.
El Decreto-Ley Nº 16.974/43 “De Estatutos de los Oficiales de las FFAA de la Nación”, vigente al momento de las adjudicaciones de referencia, establecía para los oficiales en actividad el deber y la
obligación de dedicarse a las labores profesionales propias de su estado militar, conforme a los Artículos 30 (3), 94 (4) y 106 (5) de la mencionada norma jurídica.
Estas prescripciones tienen plena concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 847/80 “Del Estatuto Del Personal Militar” que entró en vigencia desde 1980, que impedían a los oficiales de carrera dedicarse a actividades ajenas a las castrenses, conforme al Artículo
(6) y 72. La condición de oficial de las FFAA era un impedimento
legal para ser sujeto de la reforma agraria.
Por otro lado, los Artículos 75 y 76 de la Ley 854/63, que crea el Estatuto Agrario, establecen como requisito fundamental a los interesados en adquirir lotes del IBR, dedicarse directa, habitual y preferentemente a la agricultura o la ganadería.
La condición de oficial de las FFAA y el requisito de dedicarse directa, habitual y preferentemente a la agricultura o la ganadería eran impedimentos absolutos para que dichas personas hayan sido beneficiarias de la reforma agraria y por lo tanto con el derecho a
adjudicarse las tierras con las que fueron beneficiadas. En base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestos precedentemente, surge que los actos jurídicos de adjudicación de lotes y los respectivos títulos de propiedad son nulos de nulidad insanable. Así deben ser declarados por el juez y volver al dominio del Estado.
BlasBlasBlasBlasBlas N.N.N.N.N. RiquelmeRiquelmeRiquelmeRiquelmeRiquelme Este caso comprende al empresario y ex senador de la Nación Blas
Riquelme. En fecha 6 de noviembre de 1974, CarloSAN JOSÉ
Santacruz, miembro del directorio de Campos Morombí S.A.C.A.,
adquiere del IBR una superficie de 1.155 ha 7.832 m 2 , según título N° 82208, Finca N° 259 del distrito de Curuguaty. Carlos J. Santacruz a su vez transfiere el inmueble el 13 de mayo de 1975 a Blas Riquelme, cinco meses después de su adquisición, según resolución del IBR N°
del 23 de abril de 1975.
En fecha anterior, el 6 de noviembre de 1974, Rodolfo Scolari, también miembro del directorio de Campos Morombí S.A.C.A., adquiere del IBR una superficie de 1.175 ha 138 m 2 , según título N° 82.209, Finca N°
del distrito de Curuguaty. Rodolfo Scolari a su vez transfiere el
inmueble a Blas N. Riquelme, según Resolución del IBR N° 550 del 23 de abril de 1975, también cinco meses después de su adquisición por parte de Scolari. Ambas adjudicaciones fueron realizadas por el IBR el 6 de noviembre de 1974 y fueron de vuelta transferidas a Blas Riquelme también el mismo día y en la misma fecha, el 23 de abril de 1975.
Blas N. Riquelme se adjudicó en forma fraudulenta tierras destinadas para la reforma agraria, por interpósita persona, cuando ya era propietario de tierras rurales. En efecto, por escritura pública N° 675 del 31 de diciembre de 1969, por ante el escribano público Ramón Zubizarreta Recalde, Blas N. Riquelme adquirió para la sociedad CAM- POS MOROMBI S.A.C. Y AGROPECUARIA 50.000 hectáreas de La Industrial Paraguaya S.A., identificada como Finca N° 1.352 del distrito de Hernandarias, aceptada por la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Comercial, conforme a la Escritura Pública N° 144 del 29 de junio de
1970, pasada por ante el escribano público Emilio Vallejos Cheng.
La empresa “Campos Morombí S.A.C. y Agropecuaria” fue constituida por escritura pública N° 38 del 26 de diciembre de 1969 y por ante el escribano público Justo Germán Denis, siendo sus accionistas Blas
Riquelme, Alfonso Capurro, Juan Bautista Riquelme, Santiago
Carrillo, Higinia de Riquelme, Rodolfo Scolari, Carlos Santacruz, Fran-
cisco Reinaldo Poletti y Reinaldo Cástulo Giménez.
La ley vigente al tiempo de dichas adjudicaciones era la Nº 854/63, “Que
establece el Estatuto Agrario”, que en su Artículo 2º preconiza el rol social y económico de la propiedad inmobiliaria rural, con la finalidad exclusiva de la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación, mediante un sistema justo de distribución de la tierra, como fundamento esencial de su libertad y dignidad.
El Artículo 15 de la precitada ley establece que no podrán ser benefi- ciarios del Estatuto Agrario:::::
Los propietarios de tierras rurales, cuya superficie excedan las máximas contempladas en la ley. El Artículo 75 Inc. d) impone no ser propietario de tierras agrícolas en extensión mayor que la mitad de la superficie máxima fijada por el Artículo 66, que es de 100
hectáreas, de la cual la mitad equivale a 50 hectáreas. Los comerciantes no establecidos en las colonias.
Resulta evidente que los referidos Rodolfo Scolari y Carlos Santacruz (socios comerciales de Blas Riquelme) han adquirido dichos inmuebles para volver a transferir a Blas Riquelme, quien no podía haber sido beneficiado con tales tierras rurales, por los impedimentos habidos en la ley de referencia. Este mismo impedimento rige para Rodolfo Scolari y CarloSAN JOSÉ Santacruz por ser también propietarios de tierras en la empresa Campos Morombí SACA.
En base a estas consideraciones de hecho y de derecho, resulta que las adjudicaciones hechas por el IBR y los respectivos títulos de propiedad son nulos de nulidad insanable Así deben ser declarados por el juez para que luego los inmuebles vuelvan al dominio del Estado.
Además de los dos lotes antes mencionados, Blas Riquelme pretende actualmente apropiarse en forma ilegal de otro inmueble rural de propiedad del Estado destinado para la reforma agraria. En efecto, Campos Morombí SACA presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Curuguaty, a cargo del juez Carlos Goiburú, acción ordi-
naria de usucapión contra La Industrial Paraguaya S.A. sobre la Finca Nº 9 de Curuguaty, lugar denominado “Yby Pytá” o “Ybyrá pytá”. La fracción tiene una superficie de 1.748 hectáreas, cuyo valor de mercado es de cerca de 4.000.000 de dólares. Este inmueble fue donado por La Indus- trial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo, siendo aceptada esta donación por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967, y por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004 el Estado paraguayo declara de interés social y destina para la reforma agraria, transfiriendo a título gratuito al Indert. En este juicio ya ha recaído la sentencia N° 97 del 21 de diciembre de 2005 que hace lugar a la usucapión, ordenando la inscripción a nombre
3838383838 de Blas Riquelme el inmueble de 1.748 ha.
En el juicio se han observado múltiples irregularidades y falsedades, como el no haber dado intervención a la Procuraduría General de la República ni haber abonado las tasas judiciales en su iniciación. El Artículo 1.993 del Código Civil de la República establece que “Las tierras del dominio privado del Estado y de los entes autónomos del Derecho Público no pueden ser adquiridas por usucapión”, y
concordante con dicha disposición, el Artículo 1.902 del Código Civil prescribe que “Los inmuebles del dominio privado del Estado y propiedad pública o privada de las Municipalidades no pueden adquirirse por prescripción”.
ExExExExEx dictadordictadordictadordictadordictador nicaragüensenicaragüensenicaragüensenicaragüensenicaragüense AnastasioAnastasioAnastasioAnastasioAnastasio SomozaSomozaSomozaSomozaSomoza DebayleDebayleDebayleDebayleDebayle El ex dictador nicaragüense general Anastasio Somoza fue adjudicado con 8.000 hectáreas de tierras fiscales en la Colonia Eugenio A. Garay,
distrito del mismo nombre, Departamento de Nueva Asunción, mediante resolución del IBR Nº 365/80, dos meses después de presentada su solicitud de tierra el 18 de febrero de 1980, y a su título de propiedad se
ha asignado el Nº 100207. El inmueble está individualizado como Finca
Nº 7082 con Padrón Nº 19. Anastasio Somoza estaba impedido para ser adjudicado con tierras de reforma agraria pues no era beneficiario del Estatuto Agrario. El Artículo 75 y el 76 de dicha ley requerían a los interesados en adquirir lotes agrícolas o ganaderos justificar “buena
conducta” y “dedicarse directa, habitual y preferentemente a la agricultura
Anastasio Somoza no podía justificar el requisito de la buena conducta pues tenía una orden de captura internacional expedida por el gobierno nicaragüense, por robo al Estado y graves violaciones a los derechos humanos. Gobernó su país con una dictadura militar desde 1967 hasta el 19 de julio de 1979. Tres meses después de su refugio en el país, ya fue beneficiado con 8.000 hectáreas de tierras de reforma agraria, el 18 de febrero de 1980.
DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción dedededede ununununun casocasocasocasocaso obranteobranteobranteobranteobrante enenenenen losloslosloslos archivosarchivosarchivosarchivosarchivos deldeldeldeldel IndertIndertIndertIndertIndert
SeccionalesSeccionalesSeccionalesSeccionalesSeccionales deldeldeldeldel PartidoPartidoPartidoPartidoPartido ColoradoColoradoColoradoColoradoColorado Se han adjudicado numerosos lotes a Seccionales del Partido Colo- rado, en el poder al momento de las adjudicaciones. La concesión de lotes destinados para la reforma agraria a un partido político, como en este caso, es a toda luz ilegal, ya que como tal no reúne la condición de agricultor ni cooperativa dedicada a la agricultura, sino de usar el inmueble para actividades político partidarias.
ColoradasCuadro
Cuadro 05.
05. Listado
Adjudicaciones a a a a a Seccionales
Seccionales Coloradas
Además de no ser beneficiario del Estatuto Agrario, los adjudicatarios
de estos lotes han incumplido las obligaciones que la Ley 854/63
establece para los adjudicatarios, que son:
Tomar posesión y comenzar de inmediato los trabajos preparatorios
para el cultivo o la explotación del lote;
Construir su vivienda en el término de seis meses de posesión;
Cultivar o explotar el lote en forma racional y progresiva; y
Cercar o alambrar el área necesaria para los cultivos.
06.Cuadro 06.Cuadro
registrosCuadro
registrosListado
detallado en
Públicos.de
IBR-INDERT,
la personas personas personas personas personas
Dirección no no no no no General General General General General
los según
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References: resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 20
 Artículo 14

Artículo 20
 Artículo 95
 Artículo 96
 resolución 
 Artículo 75
 Artículo 66
 Artículo 76
 Artículo 50
 Artículo 50
 Artículo 15
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 79
 Artículo 137
 Artículo 139
 Artículo 16
 Artículo 58
 Artículo 57
 Artículo 38
 Artículo 67
 Artículo 39
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 49
 Artículo 51
 Artículo 53
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 50
 Artículo 71
 Artículo 8
 Artículo 43
 Artículo 25
 Artículo 11
 Artículo 19
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 75
 Artículo 79
 Artículo 75
 Artículo 137
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 30
 Artículo 178
 Artículo 98
 Artículo 106
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 72
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 15
 Artículo 75
 Artículo 66
 Artículo 1
 Artículo 1
 resolución 
 Artículo 75