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Timestamp: 2019-01-22 13:24:45+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1174 DE NOVIEMBRE 8 DE 2001
SENTENCIA C-1174 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:LEYES SINGULARES. CONSTITUCIONALIDAD CUANDO SUS DICTADOS ESTÁN ENCAMINADOS A LA REALIZACIÓN DEL BIEN COMÚN. LA CORTE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 22 DE 1966, POR LA CUAL SE FOMENTA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS, DECLARANDO EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTÍCULO 3.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, BIEN COMÚN, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Sentencia C-1174 de noviembre 8 de 2001
Sentencia C-1174 de 2001
Ref.: Proceso D-3578
Actor: Héctor Hernán López León
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 22 del 25 de julio de 1966, “por la cual se fomenta el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos”
Bogotá D.C., ocho de noviembre de dos mil uno.
A continuación se transcribe el texto de la Ley 22 de 1966, tal como aparece publicada en el Diario Oficial Nº 31.996 del 3 de agosto de 1966:
“Ley 22 de 1966
Por la cual se fomenta el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos
“ART. 1º—Concédese al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos un auxilio extraordinario de un millón de pesos ($1.000.000) moneda corriente, con destino a la construcción de sus edificios, inclúyese esta partida en el presupuesto de inversiones de la próxima vigencia.
ART. 2º—Concédese al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos un auxilio anual y permanente para el sostenimiento de trescientos mil pesos ($300.000) moneda legal y corriente. Esta partida se incluirá en el presupuesto de cada vigencia del Ministerio de Educación Nacional.
ART. 3º—Esta partida se aumentará cada año de acuerdo con las necesidades de la entidad.
ART. 4º—El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, queda obligado por la presente ley a brindar a todos los adultos ciegos colombianos que llenen los requisitos de admisión exigidos por sus estatutos, servicio científico de rehabilitación integral, sin distingos de sexo, raza o religión, para ayudarlos a ayudarse a sí mismo en su proceso de integración total a la comunidad como miembros activos y productivos de ella.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, desarrollado por el artículo 43 de la Ley 270 de 1996, y el Decreto 2067 de 1991, esta corporación es competente para decidir sobre la presente demanda.
Corresponde a esta Corte determinar si la Ley 22 de 1966, al fomentar el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, CRAC, resulta contraria a los dictados constitucionales que prohíben decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, y si con esta determinación se concede un tratamiento especial a dicha entidad contraviniendo los preceptos de la Carta que consagran el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad social, la salud, la educación y el régimen de las entidades descentralizadas.
3. Inhibición de la Corte respecto de los artículos 1º y 4º de la Ley 22 de 1966.
La demanda de inconstitucionalidad que suscita la presente causa se dirige, en primer lugar, contra el artículo 1º de la Ley 22 de 1966, mediante el cual el Congreso de la República dispuso conceder al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos un auxilio extraordinario de un millón de pesos ($ 1.000.000) moneda corriente, con destino a la construcción de sus edificios, incluyéndose la partida en el presupuesto de inversiones de la próxima vigencia.
Según se colige del texto de la norma acusada, allí se ordenó la ejecución de un acto específico y determinado que se agotó al incluirse la partida de un millón ($ 1.000.000) de pesos en la vigencia presupuestal del año de 1967, con una finalidad específica: la construcción del edificio destinado al funcionamiento del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Así pues, el objeto de la norma bajo revisión se cumplió en aquel momento.
Como lo ha pregonado la jurisprudencia de esta corporación, cuando se demandan normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir, cuando el precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una actividad y el cumplimiento de ésta o aquél ya que se ha tenido lugar, carece de todo objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe ella declararse inhibida (1) .
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 1994.
Esta situación se evidencia en el asunto materia de estudio, puesto que se advierte la existencia de una situación jurídica consolidada en razón de la ejecución del mandato legal, motivo por el cual resultaría inane una decisión de fondo por parte de esta corporación.
En este sentido, se ha expresado en la jurisprudencia constitucional:
“…En efecto, si se hallara exequible la norma impugnada no haría otra cosa que dejar en firme su ejecutabilidad y, habiéndose dado ya la ejecución, la resolución judicial sería inútil y extemporánea. Y si la encontrara inexequible, no podría ser observada la sentencia en razón de haberse alcanzado ya el fin propuesto por quien profirió la disposición; se encontraría la Corte con hechos cumplidos respecto de los cuales nada podría hacer la determinación que se adopte…”.
Por lo tanto, en este caso la Corte se abstendrá de adoptar cualquier decisión de fondo en cuanto al enunciado del artículo 1º de la Ley 22 de 1966, toda vez que en la actualidad carece de objeto un pronunciamiento de fondo.
Otra de las normas acusadas es el artículo 4º de la Ley 22 de 1966, según el cual el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, queda obligado por dicha ley a brindar a las personas que llenen los requisitos de admisión exigidos por sus estatutos el servicio científico de rehabilitación integral, sin distingos de sexo, raza o religión, para ayudarlos a superarse a sí mismos en su proceso de integración total a la comunidad como miembros activos y productivos de ella.
En torno a esta disposición, vale acotar lo siguiente:
El juicio de constitucionalidad de una norma requiere como condición inexcusable determinar, mediante la exposición razonada y ponderada si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que dispone la Constitución, porque como resultado de esa confrontación el juez constitucional puede establecer si la norma acusada se somete o no al estudio constitucional que se dice es desconocido. Así lo ha señalado la Corte en numerosas decisiones:
“…Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de determinar con claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad sin perjuicio que la Corte pueda extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda…” (C. Const., Sent. C-236/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
“…Nótese que la jurisprudencia de esta corporación exige la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite propio de control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones puramente legales…” (C. Const., Sent. C-447/97 M.P., Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Frente a la acusación contra el artículo 4º de la Ley 22 de 1966, en el cual se precisa la función del CRAC, encuentra la Corte que el actor de manera alguna formula un cargo concreto de inconstitucionalidad contra esta disposición, pues los cargos de la demanda se dirigen esencialmente contra los artículos 2º y 3º de la precitada ley.
En este sentido y como bien lo anota el Ministerio Público, ante la inexistencia de cargos concretos en contra del contenido del artículo 4º de la Ley 22 de 1966, la Corte se ha de declarar inhibida para pronunciarse por ineptitud sustantiva de demanda.
4. Examen material de los artículos 2º y 3º de la Ley 22 de 1966.
Hace consistir el denunciante su acusación en que los artículos 2º y 3º de la Ley 22 de 1966, vulneran la prohibición consagrada en el artículo 355 de la Carta de decretar a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado auxilios o donaciones, al igual que desconocen el canon 154 superior que exige la iniciativa del gobierno respecto de las leyes que establecen las rentas nacionales y fijan los gastos de administración.
Para resolver estos interrogantes conviene hacer las siguientes precisiones:
La Ley 22 de 1966 fue dictada al amparo de la antigua Carta Política, que no prohibía el otorgamiento de auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas, como sí lo hace el artículo 355 de la actual codificación fundamental. Así mismo, en materia de gasto público ese ordenamiento superior le reconocía iniciativa al Congreso de la República para disponer la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto general de la Nación, a diferencia de lo dispuesto en los artículos 346 y 347 de la Norma Superior de 1991, que en esta materia establecen una competencia dual entre el ejecutivo y el legislativo, asignándole al primero la facultad de decidir sobre los gastos que habrían de incorporarse en el presupuesto.
En cuanto respecta al cargo relativo a la ausencia de la iniciativa gubernamental la Corte no puede hacer ningún pronunciamiento, porque tratándose de un vicio de carácter formal la acción de inconstitucionalidad se encuentra prescrita según lo dispone el artículo 242 de la Carta Política.
Ahora, por haber sido expedida la norma acusada en una época anterior al momento en que entró en vigencia la actual Constitución, resulta pertinente indagar si, como lo afirma el actor, ella se encuentra afectada por el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente en tanto y en cuanto sus enunciados jurídicos estarían oponiéndose a la prohibición establecida en el canon 355 fundamental de decretar auxilios o donaciones favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, ya que el CRAC pertenece a esta categoría.
Sobre el particular, esta corporación ha venido sosteniendo que al momento de estudiar el tránsito de legislación frente a la vigencia de la Constitución de 1991, dos premisas importantes deben tenerse en consideración: la regla de aplicación inmediata de la Constitución y la subsistencia de la legislación preexistente (2) .
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.
De la primera se puede afirmar que la Constitución de 1991 se aplica en forma inmediata y hacia el futuro tanto a aquellos hechos que ocurran durante su vigencia como a las situaciones en tránsito de legislación. De esta forma, se satisfacen las exigencias concretas del principio de seguridad y certidumbre en cuanto a la vigencia del ordenamiento jurídico.
En la segunda, las exigencias del principio de seguridad jurídica y certidumbre se satisfacen de manera diversa, ya que en esta materia la regla dominante consiste en que el tránsito constitucional no conlleva necesariamente la derogación de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada. Por tanto, la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que no se oponga a los dictados de la nueva Carta Política.
Al respecto, reitera esta corporación que la Carta Constitucional actualmente vigente no ha derogado en bloque el ordenamiento inferior preexistente, sino que en relación con él produce un efecto retrospectivo, como bien lo ha entendido la jurisprudencia constitucional:
“…La nueva preceptiva constitucional lo que hace es cubrir retrospectivamente y de manera automática, toda la legalidad antecedente, impregnándola con sus dictado superiores, de suerte que, en cuanto haya visos de desarmonía entre una y otra, la segunda queda modificada o debe desaparecer en todo o en parte según le caso; sin que sea tampoco admisible científicamente la extrema tesis, divulgada en algunos círculos de opinión, de acuerdo a la cual ese ordenamiento inferior fue derogado en bloque por la Constitución de 1991 y es necesario construir por completo otra sistemática jurídica a partir de aquella…” (3) .
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 85, M.P. Dr. Pedro Escobar Trujillo.
Para determinar la validez constitucional de una norma preexistente frente a la nueva Carta Política, debe establecerse si existe una incompatibilidad real, una contradicción manifiesta e insuperable entre sus contenidos y las disposiciones de la norma fundamental. No basta una simple diferencia entre la disposición preconstitucional y los dictados de la Carta Política vigente, tal como se deduce de lo consagrado en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887:
“La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente” (resalta la Corte).
Todo lo anterior sirve de base para señalar que en el caso que se revisa no le asiste razón al accionante cuando afirma que los artículos 2º y 3º de la Ley 22 de 1966 están afectados por el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, pues si bien estas normas hacen parte del bloque jurídico anterior a la Constitución de 1991, ninguna incompatibilidad manifiesta se observa frente a ésta.
En efecto, en cuanto hace a la prohibición de decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, la Corte no advierte incompatibilidad entre los textos acusados y la Carta de 1991, pues según se analizará enseguida la Carta de 1991 no proscribió del todo esta clase de determinaciones. Veamos porqué:
Según reiterada jurisprudencia de esta corporación sobre la materia, la prohibición de los auxilios parlamentarios sólo está sujeta a las excepciones derivadas de la Constitución Política, cuyo artículo 355 dispone:
“ART. 355.—Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas del derecho privado.
“El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y con los planes seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.
El alcance de esta prohibición ha sido fijado en los siguientes pronunciamientos de esta corporación, que a continuación se sintetizan:
• La prohibición del artículo 355 de la Constitución Política, no impide al Estado ofrecer incentivos económicos y colaborar con los particulares en la creación de personas jurídicas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Lo anterior en razón de que la finalidad de las personas que reciben su estímulo, corresponde a un cometido que la misma Constitución encomienda expresamente al Estado. (Sent. C-506/94, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. Sentencia C-136/95).
• A la luz del artículo 355 de la Constitución Política, los subsidios del Estado a los particulares, por regla general, se encuentran prohibidos. La excepción sólo es procedente si el subsidio, concedido por la ley se basa en una norma o principio constitucional, y resulta imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado (Sent. C-205/95, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
• La Constitución no prohíbe que el Estado transfiera a los particulares, sin contraprestación económica, recursos públicos, siempre y cuando tal transferencia tenga un sustento en principios y derechos constitucionales expresos. Esa es la única forma de armonizar la prohibición de los auxilios y donaciones con los deberes sociales de las autoridades colombiana, que derivan de la adopción de la fórmula política del Estado social de derecho y de los fines que le son inherentes, entre los cuales ocupa un lugar preponderante la búsqueda de un orden justo, en donde la igualdad sea real y efectiva. (Sent. C-251/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
• La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que con fondos públicos las autoridades efectúen auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas (C.P., art. 355). La Carta, sin embargo, por vía excepcional, autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquélla directamente considera dignas y merecedoras de apoyo. (Sent. C-152/99, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
• Para que puedan destinarse contribuciones económicas a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, sin que tal destinación constituya vulneración del artículo 355 de la Carta Política, debe existir un mandato constitucional expreso mediante el cual se imponga al Estado el deber de adoptar medidas encaminadas a financiar con cargo al presupuesto nacional o con bienes públicos, la asignación de subsidios a favor de determinadas personas o de actividades que beneficien a un sector de la población o fomenten propósitos de interés público o social (Sent. C-923/2000, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
El anterior recorrido jurisprudencial permite concluir que la prohibición general dirigida a las ramas u órganos del poder público, de decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado no acarrea per se la extinción de la función benéfica a cargo del Estado, la cual también puede cumplirse mediante subsidios, subvenciones o estímulos económicos que se otorguen a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, en concordancia con principios de estirpe constitucional (4) .
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-254 del 6 de junio de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Hechos estos planteamientos y centrándonos en el problema bajo análisis, encuentra la Corte que el contenido de los artículos 2º y 3º de la Ley 22 de 1966, se ajusta a los principios constitucionales por cuanto el auxilio anual y permanente destinado para el sostenimiento del CRAC, es trasunto del artículo 355 superior que autoriza al Estado conceder subvenciones económicas a personas naturales o jurídicas de derecho privado, en concordancia con los artículos 47 y 68 de la Constitución Política que le imponen el deber especial de fomentar la rehabilitación e incorporación de las personas que padecen de limitaciones físicas como son los ciegos.
El artículo 47 superior textualmente dispone:
“ART. 47.—El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (se resalta).
Igualmente el artículo 68 superior preceptúa:
“ART. 68.—Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.
“La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.
“La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
“La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.
“Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
“Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
“La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado” (se resalta).
Estos postulados constitucionales han sido desarrollados por la Ley 115 de 1994 —Ley general de educación—, cuyos artículos 46, 47 y 48 disponen:
ART. 47.—Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículo 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta ley.
ART. 48.—Aulas especializadas. Los gobiernos nacional, y de la entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones.
Igualmente, a través de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” se implementan los preceptos superiores en cita. En punto a la rehabilitación de las personas con limitaciones físicas, el artículo 18 de este ordenamiento legal dispone:
ART. 18.—Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social.
En desarrollo de estas disposiciones constitucionales y legales anteriormente citadas la Nación —Ministerio de Educación Nacional—, viene celebrando con el CRAC un contrato de prestación de servicios para la ejecución de las obligaciones allí pactadas, el cual difiere por completo de la ayuda económica que en favor de esta institución fue aprobada por la Ley 22 de 1966, tal como se explicará a continuación:
El auxilio anual y permanente que por mandato del artículo 2º de la Ley 22 de 1966, que se acusa, debe incluirse en el presupuesto general de la Nación constituye una subvención económica que el legislador decretó en consideración al objeto social que desarrolla al Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, CRAC, y a la trayectoria y experiencia que tiene esta entidad como institución de utilidad pública y de orden privado, que desde el año de 1962 viene prestando servicios pedagógicos y tecnológicos a un considerable número de personas con limitaciones visuales, con el fin de buscar la integración a su medio educativo, familiar, social y laboral, desarrollando sus habilidades, destrezas y capacidades a través de los programas educativos de rehabilitación integral, rehabilitación en comunidad, entrenamiento en baja visión, recreación y deporte, de conformidad con los planes y programas establecidos.
Por ello, nada impide que coexistan el contrato de contraprestación de servicios celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el CRAC en desarrollo de lo dispuesto en las Leyes 115 de 1994 y 361 de 1997, y el auxilio económico decretado en las normas que se revisan, porque el objetivo de esta ayuda económica es perfectamente congruente con el sentido y alcance del canon 355 constitucional que, según se analizó, no proscribe la transferencia de recursos públicos a particulares, siempre y cuando se trate de personas o entidades de reconocida idoneidad y la medida se fundamente en compromisos estatales fundados en normas constitucionales expresas, que en el caso que se examina están consignados en los artículos 47 y 68 del estatuto superior, que según se vio, le imponen al Estado la obligación especial de ejecutar actividades de educación, rehabilitación, previsión e integración social para los disminuidos físicos.
Entonces, es claro que la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 22 de 1966 implica hacer efectivo el auxilio económico que esta norma ordena con destino al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Al efecto, considera la Corte que con el fin de ceñirse a lo prescrito en el segundo inciso del artículo 355 fundamental, se hace necesario que para el manejo y administración de los recursos a los que se refiere dicho auxilio se celebre un convenio adicional entre el Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC.
Así mismo, entiende la Corte que la medida contenida en el artículo 3º de la Ley 22 de 1966, en virtud del cual la partida decretada en el artículo 2º ejusdem se aumentará cada año de acuerdo con las necesidades de la entidad, también implica la actualización de las sumas a las que se refiere el auxilio económico decretado a favor del CRAC. Pero la constitucionalidad de esta disposición queda condicionada a que se entienda que el CRAC debe justificar las necesidades en gastos de funcionamiento, infraestructura y cobertura de los servicios que ofrece a sus usuarios, bajo los criterios establecidos en el estatuto orgánico de presupuesto.
Por lo anterior, corresponde al gobierno, dentro del ámbito de su competencia para formular la ley anual de presupuesto (C.P., arts. 346 y 347), incluir las partidas presupuestales para el cumplimiento del gasto público decretado en los artículos 2º y 3º de la Ley 22 de 1966, sin perder de vista lo dispuesto en el artículo 366 Superior referente a la priorización del gasto público social.
Respecto de la presunta infracción al principio de la igualdad conviene hacer las siguientes observaciones:
Si bien es cierto que las medidas ordenadas en la Ley 22 de 1966, tienen como único destinatario al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, esta circunstancia no las hace inconstitucionales, puesto que su objetivo fundamental es la promoción de los derechos fundamentales de las personas invidentes, a quienes el Estado les debe procurar previsión, rehabilitación e integración social junto con la atención especializada que requieran.
Sobre este particular cabe anotar que la Corte ha avalado la constitucionalidad de leyes singulares cuando sus dictados están encaminados a la realización del bien común. Ha dicho la Corte:
“…resulta ajustada a la Carta, aun con su carácter singular, la norma legal que, basada en razones inherentes al bien común, objetivamente establecidas con miras a lograr el equilibrio y la igualdad real y efectiva, adopte medidas aplicables a personas individualizadas, siempre que —considerado el alcance del acto y sus consecuencias— no implique persecución contra ellas. No en vano el artículo 58 de la Constitución vigente —como lo hacía el 30 de la anterior— afirma sin titubeos que “cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.
“Si alguien llegara a afirmar que en la actividad del legislador, al promulgar una ley de caso único o de efectos individualizados, hubo intención de perseguir a la persona afectada, con el objeto de causarle daño, o por el contrario el propósito de beneficiarlo de manera exclusiva y sin justificación, debe probarlo. En tal caso, para que el juez constitucional pudiera llegar a deducir la inconstitucionalidad de la norma acusada, sería indispensable que ante él se demostrara sin género de dudas que la disposición fue preconcebida de mala fe, con ese objeto, es decir como la regla ad hoc, intencionalmente ordenada a legislar para el caso específico o delimitado. Y ello por cuanto el principio constitucional de la buena fe también favorece a los servidores públicos, entre ellos los miembros de las corporaciones de elección popular; se presume su recta intención, y por tanto la carga de la prueba en contrario se traslada a quien afirme que ha existido un designio deshonesto en la expedición del acto.
“Ahora bien, en cuanto se refiere a la norma objetivamente considerada, lo normal es que haya sido dispuesta por el legislador bajo un criterio de generalidad y ésta no se desvirtúa solamente por el hecho de que, ya en el curso de su vigencia, sólo en una persona se concreten y realicen los supuestos de hecho a los cuales la ley ha asignado unas determinadas consecuencias jurídicas. En esta hipótesis, de la singularidad del sujeto pasivo no se sigue necesariamente la ruptura del equilibrio entre los asociados, ni la vulneración de la Carta Política por desconocimiento del principio general de la igualdad, ni —en el caso de las disposiciones tributarias— la vulneración de los postulados de justicia, equidad y proporcionalidad que deben presidir el sistema.
“Como ya lo ha dicho la Corte, una norma de la ley no puede ser declarada contraria a la Constitución si a ella en sí misma —objetivamente considerada— no le es imputable la violación de principios o preceptos de la Carta Política. Así, no cabe la declaración de inconstitucionalidad por los efectos concretos que ya ha producido, o por la interpretación que los operadores jurídicos le hayan dado en la práctica, ni tampoco por razón de las desviaciones que se hayan generado en su aplicación efectiva.
“Será el juez de constitucionalidad quien evalúe, frente a la norma en particular, sobre la base de su contenido intrínseco y no a partir del desarrollo de hechos ya cumplidos bajo su vigencia (examen objetivo del precepto), si quebranta los indicados principios por haber seleccionado o predeterminado, discriminando su justificación, el sujeto pasivo único o singular de aquélla, o si, por el contrario, aun siendo probado que la norma carece del atributo de la generalidad y que resulta aplicable únicamente a cierto individuo o grupo limitado de individuos, ello encuentra justificación y fundamento en el interés colectivo y por lo tanto es conforme con la Carta Política.
“Repárese en que, por definición, las medidas del Congreso que, con la mayoría calificada exigida constitucionalmente, llegaren a determinar los casos de expropiación por vía administrativa o por razones de equidad (C.P., art. 58), implicarían decisiones con sujetos pasivos seleccionados y predeterminados” (5) (resaltado fuera de texto).
(5) Sentencia C-094 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Luego resulta claro que las normas acusadas no vulneran el derecho a la igualdad, porque sus mandatos están inspirados en la necesidad de hacer efectivo el interés general ínsito en el mandato del canon 47 de la Carta.
Pero lo anterior no es óbice para que el Congreso de la República, como ordenador del gasto público decida ampliar esta clase de auxilios económicos a otras instituciones que al igual que el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, CRAC, se dediquen a la rehabilitación de personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales que al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta, constituyen un grupo marginado de la población que, por ende, es merecedor de la protección especial que debe brindarles el Estado.
Finalmente, cabe anotar que el artículo 5º de la Ley 22 de 1966 se ajusta a la Carta en la medida en que simplemente señala el momento a partir del cual rige dicho ordenamiento legal, que corresponde al de su promulgación.
Conforme a las consideraciones precedentes, la Corte concluye que los artículos 2º, 3º y 5º de la Ley 22 de 1966 se ajustan a los principios constitucionales y así se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia.
1. INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto de los artículos 1º y 4º de la Ley 22 de 1966.
2. Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 2º, 3º y 5º de la Ley 22 de 1966, en los términos y condiciones consignados en la parte considerativa de esta providencia.
El artículo 3º de la Ley 22 de 1966 se declara EXEQUIBLE, en el entendido de que la partida presupuestal ordenada en el artículo 2º de ese ordenamiento legal, con destino al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, será aumentada anualmente previa justificación de las necesidades por parte de dicha entidad con sujeción a los requisitos y criterios señalados en la ley orgánica del presupuesto.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de Corte Constitucional.

References: ARTÍCULO 3
 artículo 241
 artículo 43
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 242
 artículo 9
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 47
 artículo 68
 artículo 13
 artículo 46
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 355
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 366
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 2