Source: https://www.muface.es/revista/especial_40_constitucion_mayores_246.html
Timestamp: 2019-02-17 04:07:09+00:00

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=REVISTA MUFACE 246-ESPECIAL 40 AÑOS CONSTITUCIÓN. MAYORES=
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﻿Artículo 50
﻿Amiga de los mayores
﻿La Constitución Española de 1978 hace mención expresa a los mayores en su artículo 50, donde se asegura que los poderes públicos garantizarán unas pensiones adecuadas y promoverán unos servicios sociales para garantizar su bienestar, un debate que sigue abierto a día de hoy. Como otros artículos de la Carta Magna, para hacerse efectivo su contenido han debido desarrollarse posteriormente leyes, como ha sido el caso de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
﻿Lourdes S. Villacastín
﻿﻿﻿﻿﻿﻿La Constitución española de 1978 otorga los mismos derechos y libertades a los mayores que a cualquier otra persona. Sin embargo, en la Carta Magna se hace mención especial a la Tercera Edad en su artículo 50, que ya es de por sí toda una declaración de principios del Estado hacia el colectivo. En el mismo se hace referencia expresa a que los poderes públicos garantizarán unas pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas y con la suficiente cuantía económica para que dichos ciudadanos puedan vivir sin problemas, así como que promoverán un sistema de servicios sociales que garanticen su bienestar en el ámbito de la salud, la vivienda, la cultura y el ocio.
﻿El compromiso que se adquiría en aquellos años ya se había visto reflejado anteriormente en la Constitución republicana de 1931 y en el Fuero de los Españoles de 1945 promulgado bajo la dictadura franquista. Así se indica en la sinopsis que sobre este artículo realiza la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Asunción García Martínez y otros especialistas en la web del Congreso de los Diputados, donde se analizan uno por uno los artículos de la Carta Magna y su posterior desarrollo legislativo. Curiosamente, los dos ordenamientos, aunque antagónicos en su filosofía, utilizan el mismo término de “ancianos” para dirigirse al colectivo al mismo tiempo que ofrecen una visión de carácter más paternalista y asistencial del Estado sobre los ciudadanos de mayor edad que nada tiene que ver con los términos en los que se expresa el artículo 50. Sin embargo, tanto en el Fuero de los Españoles como en la Constitución se habla no solo de prestaciones, sino también de pensiones económicas para atender a los mayores.
En el artículo 43 de la Constitución de 1931 se subrayaba que el Estado “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia haciendo suya la Declaración de Ginebra”, mientras que en el Fuero de los Españoles se aseguraba en su artículo 28 que “El Estado español garantizaría a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, paro forzoso y demás, riesgos que pueden ser objeto de seguro social”. A su vez, en el artículo X apartado 2 del Fuero de los Trabajadores de 1938 se hablaba, además, de que “se incrementarán los seguros sociales de: vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente”.
Con la Constitución, España seguía las líneas marcadas por la Carta Social Europea de 1961, el Código Europeo de Seguridad Social de 1964 y el Convenio nº 128, de 1967 de la Organización Internacional del Trabajo, que no solo hablaban de cuidar y proteger a los mayores, sino de garantizarles una bolsa económica para vivir con dignidad.
El principal escollo con el que se encontraba el artículo 50, incluido en el Capítulo III –Principios rectores– del título I –de los derechos y deberes fundamentales–, es que “pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva de los poderes públicos que del enunciado constitucional”, según García Martínez, y como así lo han indicado sentencias del propio Tribunal Constitucional.
El Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, por el que se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) dentro del Sistema de Seguridad Social nacional para la atención concreta de las personas mayores, personas con discapacidad y solicitantes de asilo marca ya una diferencia con el panorama asistencial del franquismo respecto a los mayores. Y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, pese a sus problemas, vendría a constituir un paso más en hacer realidad el artículo 50.
La Ley de Dependencia “establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado” y “cooperación y financiación de prestaciones y servicios” entre aquella y las comunidades autónomas. Y deja, además, una puerta abierta para que las comunidades, si lo estiman oportuno, puedan desarrollar un tercer nivel de protección.
Afianzar las obligaciones
Las leyes emitidas por las comunidades autónomas referidas expresamente al mayor, al amparo de sus propios estatutos tras la aprobación de la Constitución, así como prestaciones específicas en sus leyes sobre salud y servicios sociales, han contribuido a afianzar esa obligación de las administraciones públicas –regionales y municipales– hacia la atención de las necesidades de las personas de la Tercera Edad y, por tanto, a empoderar más su papel en la sociedad.
El artículo 50 también hace referencia a garantizar unas pensiones dignas para que nuestros mayores puedan vivir sin dificultad ni estrecheces. En este ámbito, el sistema actual tiene sus bases en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, aunque tras la Constitución –el artículo 41 hace expresa mención al sistema de pensiones–, y promovida por los Pactos de la Moncloa de 1978, se impondrá una base más justa entre cotizaciones y salarios y la revalorización de las mismas en función del incremento de la vida, entre otros cambios importantes. Hoy en día el texto, refundido en 2015, sigue abierto al debate social tras el impacto de la crisis económica de 2007 en las familias españolas, muchas de las cuales se sustentaron gracias a las pensiones que cobraban padres y abuelos.
﻿El bienestar de los mayores según la Constitución se sustenta en un sistema asistencial que cubra diversas necesidades y en unas pensiones dignas y revalorizables
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References: artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 28
 artículo 50
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 41