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Timestamp: 2020-02-17 16:29:22+00:00

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5 Teoria General Del Proceso | Ley procesal | Jurisdicción
5 Teoria General Del Proceso
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LICENCIATURA EN DERECHO BUROCRÁTICO MODALIDAD MIXTA
Diferencias entre proceso, juicio, litigio y procedimiento
PARTES EN EL PROCESO
Concepto de parte
Clasificación de las partes
Personalidad, legitimación y
2. La acción y la pretensión
3. Elementos de la acción
4. Clasificación
VIII. EXCEPCIÓN
3. Cuestiones competenciales
2. Clases
3. Emplazamiento
3. Cómputo
4. Medios de prueba
EJECUCIÓN PROCESAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, párrafo segundo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, y que emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.
Así, existe una gran variedad de procesos que se llevan cabo ante los diversos tribunales de nuestro país; sin embargo, antes de entrar al estudio de cualquier disciplina procesal en particular, tal como la civil, la penal, la administrativa o la laboral, es necesario tener un panorama general acerca de lo que es y lo que entraña el proceso.
En ese sentido, para comprender por qué los procesos en México, sean de la materia que fueren, se apegan a lineamientos específicos en cuestiones tales como la acción, la prueba o la jurisdicción, lo primero que debe hacerse es conocer, sin referirse a una materia procesal determinada, los conceptos esenciales que componen la teoría del proceso.
El cuadernillo constituye un trabajo breve, sencillo y manejable, dirigido a los estudiantes de la carrera de derecho burocrático, en cuyas páginas se ofrece una visión general de los puntos fundamentales que integran el derecho procesal mexicano.
Los temas clásicos de esta materia, que bien pueden comprenderse bajo los conceptos de proceso, acción, jurisdicción y competencia, se abordan del modo más didáctico posible. El empleo de una bibliografía abundante, así como de criterios jurisprudenciales y leyes de consulta obligada -especialmente federales y del Distrito Federal-, ha redundado en una accesible síntesis de la teoría procesal, enfocada principalmente a quienes se inician en el estudio del proceso.
El sistema seguido para la estructuración de la obra parte del significado gramatical de cada concepto, seguido por una definición apoyada en el pensamiento doctrinario y en la jurisprudencia y, por último, en la presentación de clasificaciones donde se ha pretendido unificar gran parte de lo que se ha dicho sobre una materia determinada. Aunado a ello, al final se incluye un glosario básico de los vocablos más utilizados en el texto.
A fin de que el estudiante no se quede con la idea de que el material proporcionado por estas páginas es unívoco en todos sus aspectos, se pone a su consideración la bibliografía consultada, con la que podrá profundizar sus conocimientos acerca de un tópico específico, así como comparar los puntos de vista que los especialistas han formulado sobre esta materia.
Es importante advertir que el objetivo es brindar información accesible para reforzar la cultura plena de la legalidad, ya que no hay mejor forma de consolidar al Estado de derecho, que a través del conocimiento de nuestras instituciones y de su funcionamiento. En el presente cuadernillo, no se contemplan las reformas en juicios orales de los códigos de procedimientos penales de algunos Estados de la República Mexicana, reiterando así, que en el momento que contemos con dicho material, se les enviara la información correspondiente.
Definir lo que es el proceso jurisdiccional supone, antes que nada, indicar que no todo proceso es jurisdiccional, así como explicar por qué, precisamente, se le puede conferir tal carácter.
Desde un punto de vista gramatical, 1 la palabra proceso, derivada del latín processus, significa acción de ir hacia adelante, pero por ella también se entiende "transcurso del tiempo" e incluso pro- cedimiento. 2
Por lo que hace a la palabra jurisdiccional, deriva de jurisdicción, que, de conformidad con su significado etimológico, no es otra cosa que decir el derecho; a grandes rasgos, la jurisdicción es una potestad que las Leyes otorgan a ciertos órganos para que, dentro de un territorio determinado, conozcan de controversias derivadas de la aplicación del derecho y decidan la situación jurídica controvertida. 3
A través de la labor interpretativa que despliegan los órganos jurisdiccionales federales, se ha definido al proceso como el conjunto de actos desarrollados por el órgano jurisdiccional, las partes interesadas y los terceros ajenos a la relación sustancial, cuya finalidad consiste en aplicar una Ley o disposición general al caso concreto controvertido para darle la solución correspondiente. 4
De conformidad con lo anterior, puede definirse el proceso jurisdiccional como el conjunto de actos que, a través de diversas fases y dentro de un lapso específico, llevan a cabo dos o más sujetos entre los que ha surgido una controversia, a fin de que un órgano con facultades jurisdiccionales aplique las normas jurídicas necesarias para resolver dicha controversia, mediante una decisión revestida de fuerza y permanencia, normalmente denominada sentencia.
En relación con el concepto apuntado, es conveniente aclarar los diversos elementos que lo integran.
El proceso jurisdiccional entraña la práctica de un conjunto de actos porque la resolución de la controversia no puede depender de una sola actuación, sino de una serie de actos y hechos que han de desplegar los sujetos que actúan en el proceso, dado que las Leyes procesales prevén diversos aspectos a cumplir antes de que el proceso se dé por terminado.
Por otra parte, al proceso se le denomina jurisdiccional, toda vez que el Estado ha otorgado a ciertos órganos la facultad para resolver los conflictos que los particulares sometan a su consideración. Cuando el juzgador, Juez, Magistrado, etcétera, pondera el caso sometido a su consideración y lo resuelve mediante una sentencia o laudo, se comprende que ha dicho el derecho, es decir, ha desempeñado una labor jurisdiccional para cuyo ejercicio lo habilitó el Estado.
2. DIFERENCIAS ENTRE PROCESO, JUICIO, LITIGIO Y PROCEDIMIENTO 5
Es común que los términos Proceso, Juicio, Litigio y procedimiento se utilicen indistintamente; sin embargo, es imperativo sostener que todos los vocablos señalados guardan diferencias entre sí. Es preciso indicar cuáles son esas diferencias para no incurrir en confusiones durante el estudio de la teoría del proceso.
Tras haber señalado, en el apartado precedente, qué es un proceso, procede ocuparse del juicio. La palabra juicio se relaciona fácilmente con la idea de un funcionario judicial denominado Juez. Si por juicio se entiende, entre otras acepciones, la operación mental que se realiza para dilucidar la solución de un problema dado, y si se acepta que la resolución de un proceso depende de una sentencia dictada por un juzgador, entonces puede concluirse que ha de hablarse de juicio cuando se haga referencia expresa a la actuación que tiene un Juez para dirimir una controversia llevada ante él.
En cuanto al litigio, proviene de la palabra latina litigium, y significa pleito o disputa; 6 de lo anterior se deduce que basta con la inconformidad entre las voluntades de dos personas distintas para que surja un litigio. Desde el punto de vista procesal, sin embargo, el litigio reviste particular importancia, dado que sin él no puede haber proceso. En efecto, el litigio es una condición necesaria para el surgimiento del proceso. En este sentido, debe tenerse en cuenta que no habrá proceso sin que el litigio se exteriorice, es decir, sin que las partes entre las que aquél ha surgido lo hagan del conocimiento de un órgano jurisdiccional para efectos de que, mediante un proceso, se resuelva.
Con todo, el proceso no es precisamente lo que se agota para la resolución del litigio. Ocurre que el proceso es un concepto abstracto, de ahí que no tenga lugar en el tiempo ni en el espacio. Puede compartirse la opinión de que el proceso es un género, del que el procedimiento es una especie. 7 Ciertamente, el procedimiento actualiza al proceso y deriva de él, pues no puede existir un procedimiento sin un proceso, así como éste debe provenir de la existencia de un litigio. En resumen, mientras que el proceso es una sucesión de actos vinculados entre sí, respecto de un objeto común, que es la solución de una controversia entre partes, el procedimiento es el conjunto de actos que se verifican en la realidad dentro de un proceso, que habrá sido instaurado a causa de un litigio.
3. RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL
La palabra relación deriva del latín relatio, -onis, y significa, entre otras cosas, "conexión, corres- pondencia de una cosa con otra". 8 En efecto, toda relación supone una conexión, un enlace, un vínculo o un ligamen.
La relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo, que se esta- blece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, y que principiará con una demanda, se integrará con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso; así como el nexo o ligamen que surge entre dichos sujetos y el propio juzgador desde la notificación de la demanda y aun el que se origina entre éste y los demás sujetos que intervienen en el proceso. 9
Es, en primer lugar, la existencia de un litigio lo que puede conducir a las partes a solicitar la intervención de un órgano del Estado para que dé inicio un proceso por el que se resolverá la controversia. A la luz de lo anterior, para que pueda crearse la relación jurídica procesal es indispensable que una de las partes ejecute una acción tendiente a atraer la intervención de un juzgador. Es mediante una demanda como comienza la relación jurídica procesal; más tarde, se integra en virtud de la contestación a tal demanda, y a la larga concluirá mediante la sentencia por la que el juzgador resuelva el asunto.
Toda vez que la relación jurídica procesal entraña un vínculo que no dejará de lado la observancia de Leyes tanto sustantivas como adjetivas, la relación en comento es pública, así como autónoma y compleja, como lo ha establecido un sector de la doctrina. 10 Parece lógico revestir de autonomía y complejidad a esta relación, puesto que involucra la aplicación de normas sustantivas, que atribuyen derechos y obligaciones para las partes que se relacionan con miras al desenvolvimiento de un proceso. La subsistencia de la relación jurídica procesal no dependerá más que de aquello que prevén las leyes correspondientes para el desarrollo del proceso. Por lo que hace a la complejidad, deriva de la multiplicidad de actos que las partes y demás sujetos intervinientes deben llevar a cabo en orden a que el Juez termine por dirimir la controversia.
Cabe hacer mención de que, en la tesis P.CLXXX/97, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la relación jurídica procesal se inicia con la presentación de la demanda en las diversas ramas procesales, con excepción del proceso penal, y se perfecciona con la contestación a ese libelo o la declaración de rebeldía; además de que se desarrolla por todas las etapas del procedimiento, en cuanto éste subsiste; y, con apoyo en la vinculación de las partes con el juzgador, también sirve de fundamento a las diversas expectativas y cargas de las primeras y de las atribuciones del segundo, es decir, mientras que el actor y el demandado ofrecen y desahogan pruebas, formulan alegatos, solicitan medidas precautorias, el Juez dicta todas las providencias durante el periodo del procedimiento y con respecto al juicio propiamente dicho. 11
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "proceso", en Diccionario de la lengua española, t. II, 21a. ed., Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1992, p. 1671.
2 No obstante, de entrada debe decirse que, en el campo del derecho, un proceso no es lo mismo que un procedimiento, por razones que se verán en el apartado siguiente.
3 Véase capítulo 9.
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, septiembre de 2002, p. 1355; IUS: 186031.
5 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho procesal civil, 3a. ed., México, Editorial Porrúa, 1993, p. 63; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Introducción a la teoría general del proceso, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1974, pp. 220-221; DORANTES TAMAYO, Luis, Teoría del proceso, 8a. ed., México, Editorial Porrúa, 2002, pp. 238-239; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Teoría general del proceso, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1994, p. 164; VIZCARRA DÁVALOS, José, Teoría general del proceso, México, Editorial Porrúa, 1997, p. 151.
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "pleito", Op. cit., t. II, p. 1388.
7 VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., p. 151.
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "relación", Op. cit., t. II, p. 1761.
9 Véase ARELLANO GARCÍA, Carlos, Teoría general del proceso, 11a. ed., México, Editorial Porrúa, 2002, p. 10. Este autor considera que "…en el proceso no hay una sola relación jurídica sino que se despliegan un conjunto de relaciones jurídicas", y agrega: "No sólo existen relaciones jurídicas entre las partesel Juez, y entre las partes recíprocamente. Asimismo, hay relaciones jurídicas entre el testigo y el Juez, entre el secretario y el Juez, entre el tercero y el Juez. Por tanto, no podemos considerar que haya una sola relación jurídica. En el proceso hay tantas relaciones jurídicas como derechos y obligaciones recíprocas se establecen entre sujetos que intervienen en el proceso."
10 BRISEÑO SIERRA, Humberto, Derecho procesal, vol. 2, 2a. ed., México, Editorial Oxford University Press, 1999, pp. 687-688.
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VI, diciembre de 1997, tesis XIV.2o.28 L, p. 114; IUS: 194229.
Los sujetos del proceso 12 son aquellas personas que, de modo directo o indirecto, y revestidas de un carácter que puede ser público o particular, intervienen en la relación jurídica procesal, es decir, juegan un papel determinado en el desarrollo de un proceso.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina de nuestro país han reconocido que pueden considerarse como sujetos del proceso, conjuntamente con el órgano impartidor de justicia, la persona que ejerce su acción y aquella frente a la cual se exige esa reclamación que, por lo general, tiene pretensiones opuestas a las del enjuiciante. 13
Necesariamente, los sujetos que intervienen en todo proceso son: el juzgador y las partes, entre las que ha surgido un conflicto jurídico. La parte pública de esta relación tripartita le corresponde al Juez, mientras que la privada es la que representan las partes. 14 No puede dejar de hacerse mención de dos circunstancias: en primer término, el juzgador no siempre es sólo uno y, en segundo, más allá de las partes interviene en el proceso una pluralidad de personas.
Efectivamente, los órganos colegiados, tales como los Tribunales Colegiados de Circuito, se integran por más de un juzgador. Además, las partes no siempre son exclusivamente dos personas, dado que puede darse el caso de que haya una pluralidad de éstas que actúen ya como actores, ya como demandados. 15 Con independencia de los juzgadores y de las partes, hay otros sujetos intervinientes en el proceso, que reciben el nombre de auxiliares de la impartición de justicia.
Así, aparte de quienes contienden y de quienes se encargarán de resolver el litigio mediante una sentencia, los órganos jurisdiccionales cuentan con personas cuya actuación llega a ser necesaria para el correcto desenvolvimiento del proceso, como son los secretarios y los actuarios; además de que existen otros sujetos que también intervienen en el proceso, a saber: los defensores de oficio, los peritos 16 y los testigos, sin olvidar al Ministerio Público, que se desempeña como representante de los intereses sociales en ciertas materias. 17
En el tratamiento de los sujetos del proceso no debe hacerse abstracción de los terceros intere- sados, quienes, sin ser parte en un juicio, intervienen en él para ejercer un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes o cuando pueden verse afectadas en virtud de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso.
12 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 11-12; CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Derecho procesal, t. II, Buenos Aires, Depalma, 1993, pp. 4, 7 y 9; FIXZAMUDIO, Héctor y José Ovalle Favela, Derecho procesal, México, UNAM, 1991, pp. 26-27; PALLARES, Eduardo, voz "sujetos del proceso", en Diccionario de derecho procesal civil, 26 ed., México, Editorial Porrúa, 2001, p. 744; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. Cit., p. 166.
13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, septiembre de 2000, tesis XXI.2o.16 A, p. 801; IUS: 191241.
14 Sin embargo, en aquellos litigios que se resuelven a través del arbitraje, por ejemplo, puede ocurrir que las tres partes sean privadas.
15 Véase punto 4 del capítulo III de esta obra.
16 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas tesis que los peritos son auxiliares de la administración de justicia, cuya colaboración es necesaria para esclarecer cuestiones que, por su carácter técnico, requieren de conocimientos especiales para su comprensión. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, vol. LI, tercera parte, p. 77; IUS: 267358.
17 El Ministerio Público también puede tener el carácter de parte, cuando así lo establezca la ley. Véase, por ejemplo, la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
1. CONCEPTO DE PARTE
Desde la perspectiva etimológica, la palabra parte se asocia con el latín pars, o partis, que significa porción de un todo. 18
Ahora bien, en el ámbito procesal, 19 parte es toda aquella Persona Física o Moral involucrada en un conflicto jurídico que, por sí misma o a través de la representación de alguien, solicita la intervención de un órgano jurisdiccional del Estado para que, conforme a derecho, se emita una sentencia destinada a salvaguardar los intereses cuya titularidad se debate en la controversia.
Conviene explicar, de manera desglosada, los elementos integrantes de la definición propuesta:
(1) Personas Físicas o Morales involucradas en un conflicto jurídico. Para que pueda darse la intervención de un órgano jurisdiccional, debe existir previamente un conflicto de intereses entre dos o más personas. Es decir, el inicio del proceso no puede darse por sí solo, sino que requiere que un sujeto interesado en salvaguardar sus intereses, someta el caso a un juzgador. (2) Intervención de un órgano jurisdiccional del Estado. Para que un proceso tenga lugar es imprescindible, antes que nada, someter una controversia jurídica ante un órgano competente para resolverla. (3) Conforme a derecho. Lógicamente, la resolución de un proceso jurisdiccional no dependerá de aspectos meramente subjetivos, dado que la legislación mexicana prevé las vías necesarias para efectos de que cualquier proceso pueda sustanciarse de principio a fin. Ahora bien, ahí donde las leyes contemplan la respuesta para dirimir un punto determinado del proceso, el juzgador puede auxiliarse de herramientas tales como la analogía, la mayoría de razón salvo en Materia Penal o los Principios Generales del Derecho, y, desde luego, la jurisprudencia emitida por los tribunales competentes para ello. (4) Sentencia emitida para salvaguardar intereses específicos. En orden a que un sujeto de derecho acuda ante un órgano jurisdiccional para solicitar la resolución de un conflicto, deben existir uno o más intereses tutelados por la Ley y que, a causa de la controversia, corren el riesgo de perderse. Será el juzgador quien, mediante una sentencia, determine cuál será la suerte de los intereses cuya titularidad se debatió en el proceso.
No pasa inadvertido que los órganos jurisdiccionales federales también se han ocupado de definir el vocablo parte, y algunos de ellos lo han hecho en el sentido de que tal concepto no se refiere propiamente a las personas que intervienen en un proceso, sino a la posición que tienen en él, de manera que la parte actora es la que inicia el procedimiento para exigir del demandado determinada prestación, mientras que la segunda parte tiene una posición que podría denominarse pasiva, porque recibe el impacto de la acción ejercida en contra suya. Así, cualquiera que solicite del órgano jurisdiccional la actuación de la Ley, deberá considerarse como parte, y lo mismo deberá decirse respecto de la persona frente a la que se pida dicha aplicación. 20
2. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTES
La clasificación de las partes 21 se puede hacer en atención a dos criterios diversos: por el carácter con que se participa en el proceso y por la titularidad de las pretensiones reclamadas.
(1) Por el carácter con que se participa en el proceso. De conformidad con este criterio, se atiende a quién ha iniciado el proceso para reclamar determinadas prestaciones, y quién, por el contrario, es la persona a la que se le reclaman dichas prestaciones. Así, en los procesos distintos del penal se habla de que la persona que ejerce el derecho de acción se llama actor, mientras que su contraparte recibe el nombre de demandado. En el Proceso Penal, es el Ministerio Público quien ejerce la Acción Penal, previa Averiguación Previa iniciada, en muchos casos, a raíz de una denuncia o una querella, mientras que la contraparte se conoce como procesado o inculpado. (2) Por la titularidad de las pretensiones reclamadas. Este criterio permite diferenciar a las partes en materiales y formales. En efecto, la parte material es la que, además de comparecer por sí ante el órgano jurisdiccional, es la titular de las pretensiones reclamadas en el proceso. Por su lado, la parte formal es la que llega a actuar en representación de una persona que no comparece como parte material. Esta clasificación también se ha tratado como partes directas e indirectas.
3. PERSONALIDAD, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN
La palabra personalidad cuenta con acepciones que van de lo filosófico a lo meramente coloquial. Según el Diccionario de la Lengua Española, 22 este vocablo tiene, entre otras, las siguientes acepciones: "Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra", y "Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas".
En el campo del derecho, por personalidad 23 se entiende, en sentido estricto, el conjunto de los atributos jurídicos de que goza una persona. No obstante, y en relación con el proceso, hay que precisar lo más posible este término; así, se ha considerado que la personalidad 24 procesal jurídica es la aptitud legal que asiste a un sujeto de derechos y obligaciones para actuar válidamente en el proceso como actor, demandado, tercero o representante.
Con lo anterior se relaciona lo que debe entenderse por legitimación, 25 que en términos generales es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o intervenir en ésta. 26
Jurídicamente, la legitimación es una autorización concedida por la Ley a un sujeto, para efectos de que éste pueda actuar, por derecho propio o en representación de otro, durante el desarrollo de los actos del proceso. Esto es lo que se conoce como legitimación procesal, que a veces se confunde con la personalidad. Mientras que la personalidad alude solamente a la aptitud para fungir válidamente como parte en un proceso, la legitimación actualiza dicha aptitud gracias a que hay Leyes que, justamente, otorgan autorización para ser parte. En una palabra, no basta con tener personalidad, sino que es preciso contar con legitimación procesal. Es necesario aclarar que la legitimación procede siempre que la persona que contará con ella tenga el pleno ejercicio de sus derechos, es decir, que goce de la llamada capacidad de ejercicio. 27
Por lo que hace a la representación, desde el punto de vista gramatical es el acto de representar o la situación de ser representado. 28 No se aleja mucho de esta acepción lo que en derecho significa la representación, a saber, la atribución que la Ley reconoce a una persona para actuar en lugar y en nombre de otra. En razón de su finalidad, la representación puede ser de dos clases: legal y convencional. La representación legal es aquella cuya procedencia se encuentra prevista en la Ley, y que llega a darse incluso forzosamente; por ejemplo, en el caso de los incapaces, la ley confiere representación a las personas que los tienen bajo su cuidado, al ejercer la tutela o la patria potestad. Por lo que hace a la convencional, también se le conoce como voluntaria, y procede cuando a través de una declaración de voluntad se faculta a otro para actuar a nombre y por cuenta propios.
Otro tipo de representación que se debe señalar es la que se refiere a la de las personas morales, tales como las sociedades, los municipios, etcétera. En el caso específico de las sociedades mercantiles, el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que su representación corresponde a su administrador o administradores. Por lo demás, el Artículo 27 de los códigos civiles tanto federal como del Distrito Federal prevé que las personas morales "obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la Ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos".
4. LITISCONSORCIO
La palabra litisconsorcio proviene de la unión de dos términos latinos: lis, litis, que significa litigio o pleito, y consortium, ii, "participación o unión de una misma suerte con uno o varios". 29 Se trata, pues, de una palabra compuesta que, en el terreno procesal, significa la intervención que, por voluntad propia o por disposición de la Ley, varios actores y varios demandados con intereses comunes tienen en el proceso.
Cuando son varios los actores, el litisconsorcio 30 se conoce como activo, mientras que, cuando son múltiples los demandados, el litisconsorcio es pasivo. Se habla también del litisconsorcio voluntario y del necesario; el primero de ellos se presenta cuando varias personas deciden litigar unidas como actores o demandados en el proceso, sin que exista obligación legal para ello, en tanto que el litisconsorcio necesario deriva de la ley, que puede imponer la obligación de la presencia tanto de varios actores como de varios demandados, caso en que no podría dictarse sentencia válida y eficaz si no se ha oído a todas las personas a quienes afectan las cuestiones jurídicas ventiladas en el proceso. 31
18 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "parte", en Nuevo dicccionario jurídico mexicano, México, Editorial Porrúa/UNAM, 2001, t. IV, p. 2765.
19 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 168; CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Op. cit., p. 54; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 195; DOMÍNGUEZ DEL RÍO, Alfredo, Compendio teórico-práctico de derecho procesal civil, México, Editorial Porrúa, 1977, p. 56; FALCÓN, Enrique M., Derecho procesal civil, comercial y laboral, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978, p. 77; GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría general del proceso, 8a. ed., México, Editorial Harla, 1990, p. 252; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "parte", Op. cit., t. IV, p. 2765; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., p. 169.
20 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. VII, mayo de 1991, tesis IV.3o.66 C, p. 243; IUS: 222975.
21 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 170-171; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 196; FALCÓN, Enrique M., Op. cit., p. 79; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "partes procesales", Op. cit., t. IV, pp. 27682769; PALLARES, Eduardo, voz "parte”, Op. cit., p. 595; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 170-171.
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit., t. II, p. 1583.
23 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 199 y 217; BRISEÑO SIERRA, Humberto, Op. cit., vol. II, p. 1080; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 261-262; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "legitimaciónrocesal", Op. cit., t. III, p. 2303; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "personalidad", Op. cit., t. IV, p. 2851; PALLARES, Eduardo, voz "personalidad de los litigantes", Op. cit., p. 503; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "representación", Op. cit., t. IV, p. 3317; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., p. 173.
24 La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que "No debe confundirse el ejercicio de un derecho, con la personalidad de quien lo ejercita, supuesto que con el primero se trata de objetivar situaciones jurídicas, y la segunda solamente se refiere a la forma y manera de ostentarse para hacer efectivo el derecho que se pretende tener; de manera que no debe confundirse una cuestión sustancial con una puramente formal, como sucede con frecuencia cuando, para alegar que una persona carece del derecho que pretende tutelar, se dice que carece de personalidad, sin tomar en consideración que ésta consiste precisamente, en la capacidad de actuar ante las autoridades judiciales, independientemente de la justificación de los derechos o acciones que se pongan en ejercicio". Véase Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Cuarta Sala, t. LXX, p. 2845; IUS: 377166.
25 Véanse referencias de la nota 23.
26 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, t. XIV, octubre de 2001, p. 127; IUS: 188578.
27 Véanse referencias de la nota 23.
28 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "representación", Op. cit., t. IV, p. 3317.
29 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "litisconsorcio", Op. cit., t. III, p. 2437.
30 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 202; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 296; FALCÓN, Enrique M., Op. cit., p. 80; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 347; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "litisconsorcio", Op. cit., t. III, p. 2437; PALLARES, Eduardo, Op. cit., voces "litisconsorcio necesario" y "litisconsorcio voluntario", pp. 546 y 548; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., pp. 192-193.
31 Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 133-138, Cuarta Parte, p. 38; IUS:
240822.
Las etapas procesales 32 son cada una de las subdivisiones que presentan los procesos, y en cuyo transcurso tendrán lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como hechos jurídicos, a cargo tanto de las partes como, en su caso, del juzgador. Todo proceso se desenvuelve a través de una serie de etapas, a saber:
(1) Etapa postulatoria. En esta etapa se fija la litis, es decir, las partes plantean el litigio ante el juzgador, cosa que se logra, fundamentalmente, mediante la presentación de la demanda y su respectiva contestación.
Etapa probatoria. Como su nombre lo indica, en esta etapa se ofrecen, admiten y desahogan
las pruebas. (3) Etapa conclusiva. A lo largo de esta etapa, las partes presentan sus alegatos. (4) Etapa de resolución. A través de una sentencia, el juzgador pone fin al proceso, en el entendido de que su pronunciamiento podrá ser impugnado por las partes antes de que se convierta en cosa juzgada. (5) Etapa impugnativa. Esta etapa supone la oportunidad que tienen las partes de promover recursos para efectos de que un tribunal superior al que resolvió en primera instancia revise el fallo, a fin de que lo revoque, lo modifique o lo confirme.
Las etapas señaladas se aplican a los procedimientos distintos del penal. Este último tiene las siguientes etapas, según lo dispuesto por el Artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales:
Averiguación previa a la consignación a los tribunales. Comprende las diligencias indagatorias o
de investigación legalmente necesarias para que el Ministerio Público determine si ejercita o no la Acción Penal. (2) Preinstrucción. Etapa que marca el inicio del proceso, en la que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar.
(3) Instrucción. Que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o no responsabilidad penal de éste. Inicia con el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y termina con el auto que la declara cerrada. Recibe este nombre porque en ella se instruye al Juez para llegar al conocimiento de los hechos y de las pruebas que se aporten.
Primera instancia. Durante la cual, el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su
defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia la sentencia de primera instancia. Segunda instancia ante el tribunal de apelación. En que se efectúan las diligencias y actos
tendientes a resolver los recursos. Ejecución. Que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los
tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir Estupefacientes o psicotrópicos.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir los requisitos que deben contener las Leyes procesales para respetar la garantía de audiencia, determinó que las etapas procesales que debe contener todo proceso pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto. 33
32 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 18; DOMÍNGUEZ DEL RÍO, Alfredo, Op. cit., pp. 70-73; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 308-311; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, voz "etapas procesales", Op. cit., t. II, pp. 1601-1602; PALLARES, Eduardo, voz "fases del procedimiento", Op. cit., p. 369; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 138-140.
33 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 217-228, Cuarta Parte, p. 35; IUS: 239419.
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos se pueden clasificar, 34 entre otros, de acuerdo con los siguientes criterios: (1) por la materia, (2) por la dilación en su tramitación, (3) por la forma, (4) por el tipo de resolución que en el proceso se dicte, y (5) por el número de sujetos que intervienen como partes en el proceso.
Por la materia. Los procesos se pueden clasificar de conformidad con la materia jurídica sobre la que versen. Por ejemplo, se habla de procesos civiles, procesos penales, procesos mercantiles, etcétera.
(2) Por la dilación en su tramitación. En virtud de este criterio, se puede hablar de procesos
ordinarios y sumarios. La diferencia esencial entre estas dos especies de procesos radica en las formalidades a seguir para sustanciarlos. Así, el proceso ordinario se caracteriza por ser demasiado solemne, y por suponer la puesta en práctica de diversas etapas. En cambio, los procesos sumarios no se apegan a tantas formalidades, y su duración suele ser muy corta, en virtud de la compactación que se hace de las etapas procesales a fin de lograr una mayor expeditez en su tramitación. Por la forma. La forma produce que a los procesos se les pueda clasificar en escritos y verbales u orales.
(4) Por el tipo de resolución que en el proceso se dicte. El fin que persiguen los procesos mueve a clasificarlos en declarativos, ejecutivos y cautelares. Los primeros pretenden, simplemente, declarar una situación jurídica determinada; por su parte, los ejecutivos buscan hacer efectivo un derecho declarado procesalmente; por último, los cautelares consisten en la puesta en práctica de medidas de seguridad para salvaguardar el ejercicio de un derecho futuro.
Por el número de sujetos que intervienen como partes en el proceso. Se clasifican en individuales o colectivos.
34 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 19; PALLARES, Eduardo, voz "clasificación de los procesos", Op. cit., p. 159; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 261-275; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., pp. 184-189.
Una de las acepciones de la palabra principio es "base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia". 35 En Derecho Procesal, los principios procesales pueden ser conceptuados como las bases necesarias que deben fundamentar el desarrollo lógico y justo de un proceso, con el mero fin de que éste sea considerado como tal.
Los principios procesales fundamentales 36 son los siguientes:
(1) Principio dispositivo. Este principio se refiere a que dependen de las partes tanto el inicio como la continuidad del proceso hasta su final, esto es, implica que el impulso del procedimiento lo dan las actuaciones de las partes. 37 El Juez no debe mover a las partes a que ejecuten los actos necesarios para el desenvolvimiento de las etapas del proceso. Este principio tiene diversas excepciones; por ejemplo, las diligencias para mejor proveer que puede decretar el juzgador.
Principio de economía procesal. Este principio alude tanto al ahorro en costos como de tiempo
y energía recursos humanos, es decir, consiste en el establecimiento de las reglas necesarias que permitan que la decisión que resuelva el conflicto de intereses planteado se dicte con el menor gasto y empleo de recursos humanos, y en el menor tiempo posible; o, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 1a./J. 44/2002, que es el principio por el cual se pretende tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el Artículo 17 de la Constitución Federal. 38 (3) Principio de congruencia de las sentencias. Algo que es congruente debe entrañar una
relación lógica. 39 En el terreno procesal, hay congruencia en las sentencias cuando lo establecido en ellas encuentra correspondencia con cada uno de los puntos cuestionados en el litigio sometido al conocimiento del Juez o, como lo ha sostenido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el juzgador decide las controversias que se sometan a su conocimiento, para lo que toma en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, así como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito. 40 Principio de concentración. Implica que, en su totalidad, las cuestiones incidentales que surjan
dentro del proceso se resuelvan en la sentencia definitiva, al mismo tiempo que se deciden las cuestiones incidentales. (5) Principio de igualdad de las partes. Quiere decir que las partes deben recibir exactamente el mismo trato por parte del Juez al momento de hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas.
Principio de legalidad. Este principio, muy estudiado tanto en el terreno procesal como en el de la ciencia política, significa que la autoridad el Juez, en este caso no puede actuar con desapego a aquello para lo que lo facultan determinadas normas jurídicas. Es decir, una autoridad, sea o no jurisdiccional, no debe excederse en cuanto a las atribuciones que las Leyes le han conferido. Principio de probidad. Supone que las partes deben actuar en el proceso de buena fe, sin
incurrir en actos de tipo fraudulento. (8) Principio de publicidad. Como su nombre lo indica, este principio hace referencia al público; las leyes han determinado que la presencia del público en los procesos incide en la imparcialidad y la equidad con que debe conducirse el Juez.
(9) Principio de impulsión procesal. De capital importancia, este principio implica que son las partes actora y demandada quienes en forma exclusiva deben impulsar las etapas que componen al proceso. En efecto, corre de cuenta de ellas que las diversas etapas que componen el proceso se sucedan con la regularidad necesaria. Si las partes no se preocupan por sostener la buena marcha del juicio, éste corre el riesgo de paralizarse y, en su caso, de extinguirse por caducidad de la instancia, a consecuencia de la inactividad registrada durante cierto tiempo.
35 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "principio", Op. cit., t. II, p. 1667.
36 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 31-39; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 277-284; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 340-343; PALLARES, Eduardo, Op. cit., pp. 627-637.
37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, junio de 2001, tesis 2a. XCV/2001, p. 299; IUS: 189509.
38 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, septiembre de 2002, tesis 1a./J. 44/2002, p. 212; IUS: 185936.
39 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "congruencia", Op. cit., t. I, p. 541.
40 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, octubre de 1999, tesis 1a./J. 34/99, p. 226; IUS: 193136.
La palabra acción deriva del latín actio, onis, que, en una primera acepción, quiere decir "posibilidad o facultad de hacer alguna cosa". 41
En Materia Procesal, puede ofrecerse el siguiente concepto: la acción es el derecho subjetivo que se concede a las Personas Físicas y Morales para que puedan provocar que un órgano jurisdiccional conozca de un conflicto de intereses determinado y lo resuelva mediante una sentencia.
Este concepto amerita la explicación de sus elementos componentes:
personas para que puedan promover la actuación de un órgano jurisdiccional del Estado. (2) Que un órgano jurisdiccional conozca de un conflicto de intereses. El fin de la acción consiste en que la autoridad jurisdiccional competente se aboque al conocimiento y a la resolución de un litigio tratado a lo largo de un proceso. Ello implica que el derecho de acción sólo puede ejercerse ante órganos jurisdiccionales.
Derecho Subjetivo. La acción es un derecho, es decir, una facultad que la Ley reconoce a las
La palabra pretensión proviene del latín prxtensio, onis, y gramaticalmente significa "solicitación para conseguir una cosa que se desea". 42
La Teoría del Proceso prevé que la pretensión aluda, asimismo, a una petición o solicitud. Así, en el ámbito procesal, puede definirse a la pretensión del siguiente modo: es la delimitación de la exigencia que tiene un sujeto frente a otro que deberá, de ser el caso, efectuar ciertos actos a fin de satisfacer dicha exigencia.
Ahora bien, la acción no busca otra cosa que provocar la intervención de un órgano jurisdiccional para que se aboque al conocimiento de una contienda jurídica; pero, para que se haya procedido a ejercer ese derecho de acción, previamente debió haber existido un interés que una parte decidió alcanzar; en una palabra, antes de la acción debe existir una pretensión. Ésta suele preceder a aquélla. Si una parte no tiene nada que reclamar de otra, sería absurdo que atrajera la atención de un órgano jurisdiccional para que conozca de un proceso que carece de objeto, es decir, de pretensión.
En esa virtud, la acción y la pretensión son entidades jurídicas diferentes, pues mientras en la acción se ejerce el derecho de poner en funcionamiento al órgano jurisdiccional, en la pretensión se delimita o determina qué es lo que solicita o exige quien ejerció la acción. Además, la pretensión se puede hacer valer extrajudicialmente, sin ejercer la acción, pero para que ésta se ejerza debe señalarse la pretensión.
Los elementos de la acción 43 son: (1) los sujetos, (2) el objeto y (3) la causa o invocación de un derecho presunto.
(1) Los sujetos. En este sentido, se habla de un sujeto activo y uno pasivo. El sujeto activo es quien ejerce el derecho de acción, es decir, el actor o demandante, en tanto que el pasivo es la persona contra quien el actor ha iniciado el proceso, es decir, el demandado. (2) El objeto. Es el efecto que se pretende como consecuencia del ejercicio del derecho de acción. Puede hablarse, en este sentido, de que el objeto persigue dos fines: en primer lugar, promover la actuación de un órgano jurisdiccional para efectos de que, mediante un proceso, se satisfagan una o más pretensiones y, en segundo, que el demandado ceda a las pretensiones del actor. (3) La causa o invocación de un derecho presunto. Es el fundamento de la acción. Supone la existencia, a un tiempo, de un derecho y de un hecho contrario a aquél, que no se ajusta a determinados fundamentos jurídicos.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, en la tesis de rubro "ACCIONES, ELEMENTOS DE LAS.", que las acciones constan de tres elementos: las personas o sujetos, es decir, el sujeto activo al que corresponde el poder de obrar y el pasivo, frente al cual se da ese poder; la causa eficiente de la acción, que viene a ser un interés que sirve de fundamento a la acción correspondiente y que de ordinario tiene, a su vez, dos elementos: un derecho o un estado de hecho contrario a ese derecho causa petendi; y, finalmente, el objeto, que es el efecto al que tiende el poder de exigir lo que se pide en la demanda petitum y, como lo que inmediatamente se pide es la actuación de la ley, el objeto a cuya consecución tiende esa actuación se denomina propiamente objeto mediato de la acción. 44
La clasificación de las acciones 45 se basa en el fin que se pretende lograr al promoverlas. Tal ha sido, por lo menos, el criterio que ha seguido la doctrina moderna. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta clasificación se ha presentado con ligeras variantes entre un autor y otro. El ánimo de unificar permite ofrecer la siguiente clasificación:
(1) De acuerdo con el tipo de derechos que sustentan la acción intentada. Pueden ser reales o personales. Lo que se reclama a través de las primeras es la facultad para aprovechar o explotar de manera autónoma y exclusiva una cosa, tal como ocurre en los casos de la
propiedad, el usufructo, la servidumbre, el uso y la habitación, entre otros. En cuanto a las personales, son las que se deducen para exigir de otras personas el cumplimiento de obli- gaciones personales de dar, hacer o no hacer determinados actos. De condena. Buscan que el Juez imponga al demandado el cumplimiento de una obligación incumplida o insatisfecha. Declarativas. Como su nombre lo indica, estas acciones se promueven a fin de obtener una declaración de existencia de una determinada relación jurídica o de un derecho, por ejemplo, la validez de un título de propiedad, de un contrato, etcétera.
(4) Constitutivas o modificativas. Buscan tanto la constitución de una relación jurídica como la modificación de una ya existente, es decir, pretenden la creación, modificación o extinción de un derecho, una obligación o una situación jurídica. (5) Cautelares. Son las que tiene por objeto conseguir una resolución judicial de carácter provisional, que garantice la efectividad del derecho sustancial que se hace valer, por ejemplo, la obtención de un embargo, la exhibición de una cosa mueble, etcétera.
Ejecutivas. Son las que permiten, desde que son ejercidas, afectar provisionalmente el patrimonio del deudor antes del dictado de la sentencia definitiva.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "acción", Op. cit., t. I, p. 20.
Idem, t. II, p. 1663.
ALACALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, Estudios de teoría general e historia del proceso, t. I, México, UNAM, 1974, p. 353; ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 255-258; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., pp. 43-44; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., pp. 117-119.
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. LVII, Tercera Sala p. 739; IUS: 356475.
45 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 258-262; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 131-136; PALLARES, Eduardo, voz "clasificación de las acciones en los autores modernos", Op. cit., pp. 154-155.
La palabra excepción deriva del latín exceptio, -onis, que significa "título o motivo jurídico que el de- mandado alega para hacer ineficaz la acción del demandante; como el pago de la deuda, la pres- cripción del dominio, etc." 46
En el marco procesal, basta con precisar el concepto aludido, por lo que se puede decir que la excepción es el derecho subjetivo con que cuenta la parte demandada o contrademandada para intentar neutralizar la acción promovida por el demandante o reconviniente, a fin de paralizar el proceso o de obtener una sentencia favorable de manera total o parcial.
Se propone la clasificación 47 siguiente:
Procesales. Son las que se refieren tan sólo a violaciones en cuanto a los presupuestos del
proceso, como, por ejemplo, la incompetencia del Juez. Adjetivas o sustantivas. Las primeras derivan de disposiciones procesales, mientras que las segundas nacen de disposiciones de fondo.
(3) De previo y especial pronunciamiento y comunes o normales. La de previo y especial pronunciamiento suspende el procedimiento hasta que se resuelva la procedencia de la propia excepción. En cambio, las excepciones comunes no lo paralizan. (4) Nominadas o innominadas. Esta clasificación responde a que, en ocasiones, el juzgador
puede aludir a excepciones con denominación propia y, entre otras, a excepciones que no tienen nombre determinado. Dilatorias y perentorias. Las primeras suspenden la tramitación del proceso, en caso de prosperar, en tanto que las segundas logran destruir el derecho del actor. Fundadas o infundadas. La excepción es fundada cuando su existencia proviene de la lógica o de una norma jurídica expresa. La infundada es la que no reúne estos requisitos. Supervenientes. Son las que se interponen después de que se ha contestado la demanda, en virtud de que no se conocía su existencia con anticipación.
46 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "excepción", Op. cit., t. I, p. 930.
47 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 305, 312-320; FALCÓN, Enrique M., Op. cit., pp. 164-167; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "excepciones", Op. cit., t. II, pp. 1609-1610; PALLARES, Eduardo, voz "excepciones (clasificación de las)", Op. cit., pp. 356-358; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., p. 143.
Etimológicamente, la palabra jurisdicción deriva de dos raíces latinas. En primer término, iuris- dictio, -onis, que significa "poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en ejecución las Leyes o para aplicarlas en juicio". Otro precedente latino se encuentra en las voces latinas jus, derecho, y dicere, proclamar, declarar, decir. De acuerdo con esto último, jurisdicción significa decir el Derecho. 48
Estas definiciones etimológicas no se apartan mucho de lo que, en Materia Procesal, quiere decir jurisdicción. El concepto 49 a seguir en este ámbito es el siguiente: es la facultad que tiene el Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica, a través de alguno de sus órganos o por medio de arbitros, mediante la aplicación de normas jurídicas e individualizadas.
Ciertamente, el Estado cuenta, entre su cúmulo de atribuciones, con la de instalar órganos precisamente llamados jurisdiccionales que se encargan de impartir justicia entre los gobernados. Esos órganos, por regla general, son públicos y pertenecen al Poder Judicial de la Federación, a los Poderes Judiciales locales, o bien, al Poder Ejecutivo, como en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 50 No obstante, existe también la posibilidad de dirimir controversias a través del arbitraje ; éste constituye un medio no judicial de solución de conflictos en virtud del cual, las partes, de común acuerdo, se someten a la decisión de un árbitro, el cual emite un Laudo, no una sentencia. 51 Cabe señalar que los arbitrajes en Materia Laboral constituyen un caso especial, ya que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aun cuando formalmente no son tribunales, cuentan con plena jurisdicción para emitir sus Laudos y para hacerlos cumplir incluso coactivamente. 52
Puede clasificarse a la jurisdicción, 53 entre otros, de acuerdo a los siguientes criterios:
(1) Voluntaria y contenciosa. Esta clasificación se basa en la existencia o inexistencia de una controversia. La jurisdicción voluntaria tiene lugar cuando no hay una controversia a resolver, al contrario de lo que ocurre con la contenciosa, donde necesariamente debe haberla. (2) Federal, local y concurrente. Está en función del nivel de gobierno al que pertenezcan los órganos jurisdiccionales. Así, la jurisdicción federal es la que corresponde a los juzgados y tribunales de la Federación, la local es la que ejercen los juzgados y tribunales estatales, así como del Distrito Federal, y la concurrente supone la intervención, en la misma especie de asuntos, de órganos del Poder Judicial de la Federación y de la entidad federativa del territorio de que se trate. (3) Propia y delegada. La jurisdicción propia o "retenida" la concede la propia Ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que se establece exactamente cuál es su jurisdicción; en cambio, la jurisdicción delegada entraña que un órgano con jurisdicción propia
delegue parte de ésta en otro órgano. (4) Judicial y arbitral. La primera es la que corresponde a los juzgadores de los Poderes Judiciales de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal; en cuanto a la arbitral, la tienen los integrantes de órganos -públicos o privados- que desempeñan labores de arbitraje. (5) Ordinaria, especial y excepcional. La ordinaria es aquella a la que se atribuye el conocimiento de asuntos no reservados a una jurisdicción especial, que es la que tiene lugar en atención a las cualidades de una persona que sólo se puede ver involucrada en un tipo específico de asuntos; por ejemplo, un militar. Por último, la jurisdicción excepcional se relaciona con lo dispuesto por el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales especiales. La creación de un tribunal especial para que conozca de un solo asunto, daría lugar a esta especie de jurisdicción. (6) Constitucional. Es la que corresponde a los órganos especializados en la resolución de asuntos derivados de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales; en México, la jurisdicción constitucional en sentido estricto le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "jurisdicción", Op. cit., t. II, p. 1332; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "jurisdicción", Op. cit., t. III, p. 2226.
49 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 340; COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 40; FALCÓN, Enrique M., Op. cit., 22; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 122; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "jurisdicción", Op. cit., t. III, pp. 2226-2227; PALLARES, Eduardo, voz "jurisdicción", Op. cit., p. 510; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 55 y 57; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., p. 59.
50 Sistema jurídico mexicano.
51 Véase infra, apartado 14.2.
52 Véanse los artículos 939 a 991 de la Ley Federal del Trabajo.
53 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 342-350; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 171-175; FAVOREU, Louis, Los tribunales constitucionales, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, p. 31; FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coord.), Derecho procesal constitucional, t. I, México, Editorial Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, pp. 176-177, e Introducción al derecho procesal constitucional, Colección derecho, administración y política, núm. 1, México, Fundap, 2002, pp. 48-49; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 124; PALLARES, Eduardo, voz "jurisdicción", Op. cit., pp. 513-514; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 60-67.
La Real Academia Española señala que la palabra competencia deriva del latín competentia, que significa aptitud o idoneidad. 54
Para el estudio del Derecho Procesal, por competencia 55 se entiende la aptitud que el orden jurídico otorga a los órganos del Estado para que, válidamente, puedan ejercer determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones, vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional.
Se trata de una aptitud, porque sólo las Leyes pueden determinar que un órgano del Estado sea apto para ejercer una atribución y cumplir obligaciones al resolver un caso concreto sometido a su decisión. Ningún órgano puede, por sí mismo, darse competencia. Por lo demás, la competencia parecería inseparable de la jurisdicción, pero es posible que ésta exista sin que se presente la competencia. En efecto, todo Juez tiene jurisdicción, pero puede no tener competencia para conocer de un asunto determinado. A ello se debe una clásica definición de esta institución procesal: "La competencia es una medida de jurisdicción." 56
Según la doctrina, la competencia se puede clasificar 57 de la siguiente manera:
Objetiva y subjetiva. La primera atiende al órgano jurisdiccional en sentido estricto, en tanto
que la segunda alude a la competencia del sujeto que es titular de un órgano jurisdiccional. Por cuantía. La competencia se determina por cuantía en razón de los intereses económicos
a debatir en el proceso. (3) Por territorio. Aquí se atiende a cuestiones de tipo geográfico. La República está dividida territorialmente para que, dentro de los espacios específicos que se les asignen, los juzgadores ejerzan su función jurisdiccional. (4) Por materia. En ella la competencia del órgano se determina según la materia del asunto, que, entre otras, puede ser Civil, Penal, Mercantil, Familiar, de Arrendamiento, Administrativa, Laboral, etcétera.
(5) Por grado. Esto equivale a pensar en las diversas instancias que puede tener un proceso. El paso de la primera a la segunda instancia supone la existencia de una jerarquización entre los órganos jurisdiccionales. Los de primera instancia tendrán una jerarquía inferior a los que conocen en segunda instancia. (6) Por prevención. En términos llanos, la competencia por prevención se da cuando, entre varios Jueces con la misma competencia, uno recibe un asunto y se dispone a resolverlo, con independencia de que los otros también puedan hacerlo.
(7) Por elección. Esta especie de competencia entraña que las partes, de común acuerdo, decidan someterse a la jurisdicción y competencia de un Juez determinado. Los contratos son un ejemplo típico de la elección de competencia que hacen las partes. (8) Concurrente y exclusiva. La concurrente es aquella de la que gozan varios tribunales para conocer de un asunto específico, mientras que la exclusiva se surte en favor de un solo tribunal, que, precisamente de modo exclusivo, conocerá de un negocio. (9) Por atracción. El fundamento constitucional de esta clase de competencia se encuentra en la parte final de las fracciones V y VIII del Artículo 107, que se refieren a que, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, la Suprema Corte de Justicia podrá conocer de los amparos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Esto se reitera en el inciso b) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (10) Prorrogable e improrrogable. La competencia prorrogable se refiere a la posibilidad de que un órgano jurisdiccional, originalmente competente para conocer de cierta clase de asuntos, extienda tal competencia a fin de analizar cuestiones para las que, en un primer momento, no tenía competencia. Desde luego, la procedencia de esta circunstancia debe estar fundada en derecho. En cuanto a la improrrogable, tiene tal carácter en virtud de que la Ley le impide extenderse. (11) Por acumulación de acciones o procesos. La procedencia de esta competencia depende de la acumulación de varias acciones dentro de un mismo proceso. Esta situación conduce a una extensión de la competencia de un Juez que, al conocer de un proceso, debe hacer lo propio cuando se promuevan otras acciones respecto de aquél, como ocurre en el caso de la conexidad o la litispendencia.
La palabra cuestión deriva del latín quaestio, onis, que en un primer momento significa "pregunta que se hace o se propone para averiguar la verdad de una cosa controvirtiéndola", o bien, "punto o materia dudosos o discutibles". 58
Ahora bien, el propio Diccionario de la Lengua Española llega a conceptuar la cuestión de competencia como el "desacuerdo y contienda entre Jueces y otras autoridades acerca de la facultad para entender de un asunto". 59
Efectivamente, una cuestión de competencia o competencial 60 es el resultado de la oposición manifiesta de las partes o de órganos jurisdiccionales a que un juzgador, al que se le considera incompetente, conozca de un proceso determinado, oposición que se traduce en que otra autoridad, generalmente de jerarquía superior, deba resolver a quién le corresponderá la competencia para conocer de dicho proceso.
La denuncia de la incompetencia de un juzgador la puede hacer tanto una de las partes en el proceso como un órgano jurisdiccional que, en el ámbito federal o en el local, considera ser el competente para conocer de un asunto que momentáneamente se encuentra sometido al análisis de otro órgano. Las cuestiones competenciales se pueden esquematizar mediante los siguientes puntos:
(1) La Demanda se debe presentar ante un Juez competente. Ésta es la regla general. La parte que ejerce su derecho de acción debe presentar su Demanda ante el Juez que probadamente sea competente para conocer del asunto. Por su parte, ese Juez considerado competente debe abocarse al conocimiento del proceso, puesto que ésa es su obligación. Ahora bien, si llega a resultar que se plantea una cuestión de competencia, por cuya causa el Juez que conocía del proceso es declarado incompetente, todo lo que se haya actuado ante él es nulo. (2) Existen dos formas de denunciar la incompetencia de un Juez. En efecto, son dos las maneras por las que las partes pueden denunciar la incompetencia del Juez que conoce de su asunto:
por inhibitoria y por declinatoria. (a) La inhibitoria se produce cuando la parte acude ante el Juez que estima competente y le pide que se dirija al que considera incompetente, para que le solicite que se inhiba de continuar con el conocimiento del asunto.
el Juez que se considera
incompetente, a quien se le pide que decline el conocimiento del proceso. (3) Hay reglas específicas para resolver las cuestiones competenciales que surjan entre órganos jurisdiccionales federales y locales. En el ámbito local, es típico que los conflictos de competencia habidos entre dos órganos jurisdiccionales de una misma entidad federativa sean resueltos por el Tribunal Superior de Justicia local. Por otra parte, de conformidad con el Artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución del Poder Judicial de la Federación "dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal". A su vez, las fracciones VI y VII del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indican que son las Salas del Máximo Tribunal las encargadas de dirimir conflictos competenciales entre todos los tribunales de la Federación, incluso los militares y del trabajo.
(b) Por lo que hace a la declinatoria, se promueve ante
54 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "competencia", Op. cit., t. I, p. 523.
55 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, Op. cit., 1945-1972, t. I, México, UNAM, 1974, p. 104, nota 155; ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., p. 356; BRISEÑO SIERRA, Humberto, Op. cit., vol. I, p. 530; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 120; COUTURE, Eduardo J., Op. cit., p. 29; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 174; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "competencia", Op. cit., t. I, p. 639; PALLARES, Eduardo, voz "competencia", Op. cit., p. 162.
56 COUTURE, Eduardo J., Op. cit., p. 29.
57 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 358-373; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 175-180; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "competencia", Op. cit., t. I, pp. 639-642; PALLARES, Eduardo, voz "competencia", Op. cit., pp. 162-163; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 78-87.
58 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "cuestión", Op. cit., t. I, p. 621.
59 Idem.
60 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 373-379; BRISEÑO SIERRA, Humberto, Op. cit., vol. I, pp. 605-608; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., pp. 135-137; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 193-196; PALLARES, Eduardo, voz "cuestiones de competencia", Op. cit., p. 214; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., pp. 84-86.
El significado gramatical de la palabra notificación es, lisa y llanamente, "acción y efecto de notificar" 61 . Por su parte, el vocablo notificar proviene del latín notificare, y es un verbo transitivo que significa "hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso". 62 Esta acepción es prácticamente la que aplica para la Materia Procesal.
Ciertamente, se puede decir que una notificación 63 es el medio de comunicación procesal, revestido de ciertas formalidades y ejecutado de diversas maneras, por el que una autoridad jurisdiccional hace saber, a las partes o a terceros, un acto procesal.
Es conveniente justificar el porqué de los distintos elementos de la definición señalada:
(1) Medio de comunicación procesal. Los medios de comunicación procesal son los instrumentos
de que se valen los órganos jurisdiccionales para que las partes, los terceros e incluso otros órganos, se enteren de alguna determinación que han tomado. La notificación es un medio clásico de comunicación, pero también se puede hacer mención de la citación o el requerimiento, por ejemplo. En cuanto a los medios de comunicación que emplean los Jueces para comunicarse con otros Jueces, destaca la figura del exhorto. 64 Revestido de ciertas formalidades y ejecutado de diversas maneras. Los Artículos 303, 310 a 313, 315 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevén una serie de requisitos a cumplir por el notificador para efectos de que tenga validez aquello que notifique. El Artículo 303 da una idea de la formalidad que debe asistir a toda notificación: "Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no dispusiere otra cosa". Por su parte, el primer párrafo del Artículo 310 establece las siguientes formalidades: "Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo". El cumplimiento de las formalidades tiene tal relevancia que el primer párrafo del Artículo 319 establece que: "Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada pro- mover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida."
(3) Una autoridad jurisdiccional hace saber un acto procesal a las partes o a terceros. Toda vez que los titulares de los órganos jurisdiccionales son quienes dirigen el proceso, les corresponde mantener a las partes al corriente de las decisiones que toman en el transcurso de aquél. El juzgador no puede tomar una determinación que incida en el proceso sin hacérsela saber tanto a las partes como a las demás personas involucradas. Que un Juez se abstenga de comunicarse constantemente con las partes podría dar lugar a que una de éstas quedara en estado de indefensión, situación que busca impedir lo dispuesto por el primer párrafo del citado Artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las notificaciones pueden hacerse de variadas formas. Las más comunes son las siguientes:
Personales. Como su nombre lo indica, estas notificaciones son las que se le hacen
personalmente al interesado. Por Boletín Judicial. Los boletines judiciales son publicaciones de los Tribunales Superiores
de Justicia, a través de los que se hacen las notificaciones cuya procedencia no tenga una forma específica marcada por la Ley. 65 (3) Por cédula. La cédula es un comunicado escrito y oficial en que se transcribe la resolución o acuerdo que se notifica y que contiene la indicación del órgano que la pronunció, los nombres de las partes y la clase de proceso que la motivó. La cédula se emplea normalmente para llevar a cabo la notificación cuando el interesado no es encontrado en su domicilio; sin embargo, también se le puede entregar al propio interesado. (4) Por edictos. El edicto es semejante a la cédula, dado que también se trata de un llamamiento judicial, sólo que en este caso se emplea para notificar a los ausentes o a aquellas personas cuyo domicilio se ignore. El edicto no se deja en el lugar donde debía haberse encontrado el notificado, sino que se publica en medios tales como el Boletín Judicial, los diarios de mayor circulación y, en ciertos casos, en el Diario Oficial de la Federación. (5) Por estrados. En el lenguaje jurídico, estrado, derivado del latín stratum, significa el "lugar del edificio donde se administra la justicia, donde en ocasiones se fijan, para conocimiento público, los edictos de notificación, citación o emplazamiento a interesados que no tienen representación en los autos." 66 (6) Por correo. Por ejemplo, el Artículo 111, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé que el correo puede ser utilizado como medio para notificar. Cabe señalar que en los Artículos 121, 791 y 800 del mismo ordenamiento se contempla el uso del correo certificado para el efecto, lo cual resulta conveniente, dado que se puede obtener una constancia de recepción. Por su parte, la notificación por correo también se encuentra prevista en el Artículo 134, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación. (7) Por telégrafo. Algunos códigos procesales también admiten el empleo del telégrafo para notificar. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal lo contempla en la fracción V de su Artículo 111. Además, dicho ordenamiento prevé en el segundo párrafo del Artículo 121, lo siguiente: "Cuando se haga por telegrama se enviará por duplicado a la oficina que deba transmitirlo, la cual devolverá, con el correspondiente recibo,
uno de los ejemplares que se agregará al expediente, y cuando se realice por correo, se dejará copia del documento en que conste la citación, así como el acuse de recibo que recabe el correo. En todo caso el secretario de acuerdos dará fe de que el documento en donde conste la situación se contenga en el sobre correspondiente." Por teléfono y telefax. En algunos casos es posible hacer notificaciones por vía telefónica y telefax. Así se encuentra previsto en el Artículo 121, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, siempre y cuando las partes lo consideren pertinente y se trate de la segunda y ulteriores notificaciones.
(9) Por exhorto. Por medio del exhorto, es posible que, cuando se vaya a realizar una diligencia fuera de la jurisdicción del Juez que conoce del proceso, aquél solicite a un juzgador de la otra jurisdicción -y de la misma jerarquía que la ostentada por él- que lleve a cabo dicha diligencia en su lugar. 67 (10) Por lista. Al respecto, es muy ilustrativo el primer párrafo del Artículo 126 del Código Procedimental Civil del Distrito Federal, el cual señala: "Se fijará en lugar visible de las oficinas del tribunal o juzgados, una lista de los negocios que se hayan acordado cada día, y se remitirá otra lista expresando solamente los nombres y apellidos de los interesados para que al día siguiente sea publicada en el Boletín Judicial, diario que sólo contendrá dichas listas de acuerdos y avisos judiciales y que se publicará antes de las nueve de la mañana." (11) Por medios electrónicos. Como puede ser el denominado correo electrónico. Estos medios
Artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento
están contemplados en Administrativo.
Gramaticalmente, el vocablo emplazamiento significa acción y efecto de emplazar. Por su parte, emplazar alude a "dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de alguna cosa." 68
En derecho, por emplazamiento 69 se puede entender el acto procesal por el que se hace saber a la parte demandada que se ha promovido una demanda en su contra, y que cuenta con un plazo específico para contestarla, so pena de incurrir en rebeldía.
Efectivamente, al demandado se le emplaza en el momento en que se le hace sabedor de que alguien promovió una demanda en su contra, para efectos de reclamarle la satisfacción de ciertas pretensiones.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis de rubro "EMPLAZAMIENTO. ACTO NECESARIO Y PREVIO PARA LA CONSTITUCION DE LA RELACION PROCESAL.", que, si bien la relación procesal se inicia desde el momento en que la parte actora ejercita su acción, también lo es que para que el órgano jurisdiccional pueda juzgar de las pretensiones del actor, es necesario que emplace al demandado, momento en el cual se completa
dicha relación procesal, pues ésta no puede desarrollarse válidamente si no se han dado a conocer al demandado las pretensiones del actor, a efecto de que salga al juicio y haga valer lo que a su derecho conviene, por lo que, si en un caso no se emplaza a juicio al demandado, no se le puede tener como parte en aquél, puesto que no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos; sostener lo contrario resulta antijurídico, ya que el emplazamiento es el acto necesario y previo para la Constitución de la relación procesal. 70
61 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "notificación", Op. cit., t. II, p. 1449.
62 Idem.
63 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 384-404; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 226; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 327; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 308; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "medios de comunicación procesal", Op. cit., t. III, p. 2497; PALLARES, Eduardo, voz "notificación", Op. cit., p. 574; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., p. 271.
64 Véanse los Artículos 121, 135 y 299-301 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
65 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "boletín judicial", Op. cit., t. I, p. 415.
66 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "estrado", Op. cit., t. I, p. 917.
67 Véanse GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 313, y DOMÍNGUEZ DEL RÍO, Alfredo, Op. cit., pp.
63-65.
68 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "emplazamiento", Op. cit., t. I, p. 812.
69 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 408 y 410; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 328; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 320; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "medios de comunicación procesal", Op. cit., t. III, p. 2497; OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil8a. ed., México, Editorial Oxford University Press, 1999, p. 62; PALLARES, Eduardo, voz "emplazamiento", Op. cit., pp. 337-338; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 271-272.
70 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 145-150, Cuarta Parte, p. 217; IUS:
240720.
Terminus es la raíz latina de la palabra término, cuya primera acepción es "último momento de la duración o existencia de una cosa." 71
Que se hace referencia al tiempo en la definición gramatical apuntada es evidente. En Materia Procesal, el término alude asimismo a una cuestión temporal. El término es el tiempo con que cuentan las partes, un tercero o el propio órgano jurisdiccional, para llevar a cabo un acto o cumplir una obligación dentro de las etapas que integran el proceso, para efectos de que tales actos u obligaciones tengan validez y eficacia. 72
En la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, 73 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el término se diferencia o distingue de la condición, en que ésta suspende el compromiso que debe formar la convención, mientras que el plazo difiere la ejecución de un compromiso que ya existe. 74
El examen del pensamiento doctrinario 75 a propósito de la clasificación de los términos permite agrupar a éstos bajo los siguientes criterios distintivos:
Legales, judiciales y convencionales. Los términos legales son los fijados por la Ley,
mientras que los judiciales son los que marca el Juez prudentemente. Por último, los convencionales son los establecidos por las partes de común acuerdo. Prorrogables e improrrogables. Los primeros son susceptibles de extenderse, circunstancia
que no ocurre con los segundos. (3) Individuales y comunes. Esta clasificación se presenta en función de la persona a la que le conciernan los términos. Así, si el término debe ser observado sólo por una de las partes, será individual. Por el contrario, si ha de ser tomado en cuenta por las dos partes, se entenderá como común.
(4) Perentorios y no perentorios. Los perentorios son fatales, es decir, su transcurso implica que posteriormente no sea posible ejercer los derechos que pudieron haberse ejercido en su oportunidad. Los no perentorios implican que, bajo ciertas condiciones, si pueden hacerse valer los derechos, aunque ya haya transcurrido el plazo de que se disponía para el efecto.
(5) Ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación depende exclusivamente de la Ley. Cuando, para la generalidad de los supuestos, las leyes establecen determinados términos, se dice que éstos son ordinarios. Sin embargo, cuando la propia legislación prevé prórrogas para casos específicos, los términos serán, entonces, extraordinarios.
La palabra cómputo, cuya raíz se encuentra en el latín computus, significa cuenta o cálculo. 76 En el lenguaje forense, el cómputo de los términos se refiere al establecimiento, por parte de la ley, de los tiempos que las partes deben aprovechar para llevar a cabo los actos procesales necesarios para la consecución del proceso, en la inteligencia de que su estado dentro de éste podría verse afectado si no actúan de conformidad con los plazos y términos legales. Esto es, el cómputo guarda relación con la forma en que inicia el tiempo que comprende el término, la forma en que transcurre y el momento en que concluye. 77
La regulación del cómputo de los términos varía de una materia procesal a otra. En materia civil ocurre lo siguiente:
(1) De conformidad con los artículos 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 132 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los términos deben señalarse en los autos del día en que empiecen a correr los plazos y aquel en que deben concluir, es decir, el término en sentido estricto. El precepto indicado del Código Federal de Procedimientos Civiles agrega que en la constancia debe asentarse el día en que surta efectos la notificación de la resolución en la que se conceda o se mande abrir el plazo. (2) Por otra parte, no deben contarse los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, según lo prevén los artículos 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De acuerdo con el último de los artículos invocados, la ley puede establecer excepciones. El diverso 281 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles, para lo que habrá que tener en cuenta que los primeros son todos los del año, salvo los sábados y los domingos, y que son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve. (3) Por último, se contemplan lineamientos para prorrogar los plazos cuando se requiere la recepción de pruebas o la práctica de diligencias fuera del lugar del juicio, si lo solicita el interesado, al tenor de los artículos 289, 293 y 294 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 134 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Por lo demás, también existen plazos supletorios para el caso de que no se fijen los de carácter legal necesarios para practicar determinados actos procesales de las partes, como lo marcan los artículos 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1079 del Código de Comercio.
En el proceso penal, los Artículos 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, disponen que, en cuanto a los términos, los lineamientos comunes que rigen son los siguientes: los plazos son improrrogables y empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiese hecho la notificación. No deben incluirse en dichos plazos los sábados ni los domingos, salvo cuando se tome al inculpado su declaración preparatoria o se dicten los autos de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad.
En materia laboral, los Artículos 733 a 738 de la Ley Federal del Trabajo regulan genéricamente el cómputo de los plazos, que comienzan a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento. Por el contrario, no se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones ante la Junta respectiva, salvo disposición contraria establecida por el mismo ordenamiento como ocurre en el caso del procedimiento de huelga, en el que, de conformidad al Artículo 928 de la ley de la materia, todos los días y horas son hábiles; para el cómputo respectivo, los meses se consideran de 30 días naturales y los días hábiles de 24 horas, salvo disposición en contrario; cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar de la residencia de la Junta, ésta podrá ampliar el plazo respectivo en función de la distancia; los propios plazos fijados a las partes son perentorios, en cuanto a que, una vez transcurridos, se tiene por perdido el derecho que debieron ejecutar, sin necesidad de acusar rebeldía, y también se fija un plazo perentorio de 3 días hábiles, cuando no se hubiese señalado uno de carácter específico.
En Materia Fiscal, las fracciones II y IV del Artículo 258 del Código Fiscal de la Federación estatuyen que, para el cómputo de los plazos, sólo se cuentan los días hábiles, considerados como aquellos en que se encuentran abiertas al público las oficinas de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa durante el horario normal de labores, en la inteligencia de que la presencia de personal de guardia no habilita los días en que se suspendan dichas labores. Si están señalados los plazos en periodo o tienen una fecha determinada para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; pero, si el último día de ese plazo o fecha es inhábil, se prorroga hasta el siguiente día hábil. Por último, cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá, en el primer caso, que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior; en la segunda hipótesis, el plazo vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inició. Cuando no exista el mismo día en los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer día hábil del mes siguiente.
En el caso del Amparo, el Artículo 24 de la Ley respectiva indica que los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación, para lo que se incluye el día del vencimiento; se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles y con excepción de los relativos al incidente de suspensión, que se contarán de momento a momento; respecto de la interposición de los recursos, los plazos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva y, finalmente, que los mismos plazos pueden ampliarse por razón de la distancia, en atención a la facilidad o dificultad de las comunicaciones, sin que en ningún caso se pueda exceder de un día por cada 40 kilómetros.
71 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "término", Op. cit., t. II, pp. 1965-1966.
72 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 427 y 432; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 275; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 321; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 297; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍ-DICAS, voz "plazo", Op. cit., t. IV, p. 2882; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "plazos procesales", Op. cit., t. IV, p. 2884; PALLARES, Eduardo, voz "término", Op. cit., p. 763; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., p. 266.
73 Semanario Judicial de la Federación, 2a. ed., México.
74 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XXIII, p.318; IUS: 280838.
75 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 433-437; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., pp. 276-278; COUTURE, Eduardo J., Op. cit., pp. 174-177; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "plazo", Op. cit., t. IV, p. 2882; PALLARES, Eduardo, voz "término", Op. cit., p. 763; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., pp. 266-267.
76 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "cómputo", Op. cit., t. I, p. 527.
77 BRISEÑO SIERRA, Humberto, Op. cit., t. II, pp. 809-810; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 320; FALCÓN, Enrique M., Op. cit., pp. 114-115; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 297-298; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "plazos procesales", Op. cit., t. IV, pp. 2884-2887.
Es doble el significado que, gramaticalmente, tiene la palabra prueba; derivada del latín probo (bueno, honesto) y probandum (recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe), la prueba es tanto acción y efecto de probar como razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. 78
Así, la prueba es el medio de convencimiento, actualizado de diversas formas, que emplean las partes para que el Juez se cerciore de que los hechos y derechos sometidos a su consideración en el proceso son verídicos. Hay que justificar este concepto:
Se trata de un medio de convencimiento porque, tal como lo indica la acepción gramatical, la
prueba busca hacer patente algo, es decir, despejar dudas sobre su veracidad. (2) Ese medio de convencimiento se actualiza de diversas formas, lo que puede explicarse al tomar en cuenta que un sector de la doctrina ha considerado que, lisa y llanamente, la prueba es un conjunto de elementos o instrumentos enderezados a influir en la mente del Juez para que éste acepte como ciertos los hechos y los derechos cuya titularidad se debate en el proceso. (3) Son hechos y derechos los que se deben demostrar porque las diversas Materias Procesales contemplan la probable reclamación, ante órganos jurisdiccionales, de la restitución de derechos, cuya existencia suele tener que patentizarse de manera documental.
Si por objeto (del latín obiectus) entendemos "todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo", 79 es de esperar que por objeto de la prueba se entienda lo que es materia del conocimiento del Juez, en orden a que éste se cerciore de la veracidad de lo que se le presenta.
Es normal que se diga que el objeto de la prueba 80 son los hechos, no el derecho, a menos que haya que probar alguna o algunas disposiciones del derecho extranjero, o cuando se trate del derecho consuetudinario. Con todo, no cualquier hecho constituye el objeto de la prueba, ni tal vez sea del todo preciso excluir a los derechos. En primer lugar, los hechos susceptibles de ser probados deben ser los controvertidos, los que no se hayan confesado, los que no sean evidentes ni contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Ahora bien, en orden a ser congruentes con la definición proporcionada de prueba, donde se incluyó la palabra derechos, merece la pena considerar si éstos podrían o no ser objeto de la actividad probatoria. No sería arriesgado decir que sí, en el entendido de que la palabra derecho no será entendida como derecho objetivo, sino como derecho subjetivo, o sea, una facultad o una prerrogativa derivadas de una norma. Ciertamente, el derecho entendido como un conjunto de normas jurídicas heterónomas, coercibles e irrenunciables, destinadas a asegurar la preponderancia del orden en la sociedad, no debe ser objeto de prueba, sino de interpretación. Con todo, los derechos subjetivos que nacen de la aplicación del conjunto de normas que conforman el derecho objetivo, sí podrían probarse, sin hacer abstracción de alguno de los medios de prueba que las leyes adjetivas prevén para los hechos.
La parte mayoritaria de la doctrina 81 ha coincidido en clasificar a las pruebas de la siguiente forma:
(1) Originales y derivadas. Esta clasificación reside en la naturaleza de los documentos presentados como prueba. Una prueba original será, por ejemplo, un documento que no ha sido reproducido. Una derivada, por su lado, lo será la que suponga una reproducción de un documento original. (2) Preconstituidas y por constituir. Que las pruebas sean preconstituidas o por constituir depende de que el proceso se haya o no se haya iniciado. Las preconstituidas existen antes del inicio del proceso, en tanto que las pruebas por constituir se producen una vez que aquél ya inició, y en el momento oportuno.
(3) Directas e indirectas. Las primeras le dan al juzgador acceso directo e inmediato a la prueba, como ocurre en el caso de la inspección judicial. Por su lado, las indirectas son las que llegan a la consideración del juzgador a través de otros medios, tales como el testimonio de un testigo o una confesión.
Reales y personales. Las primeras tienen como objeto una cosa, al contrario de las segundas, cuyo objeto es la conducta de una persona.
(5) Históricas y críticas. Las pruebas históricas suponen la representación objetiva del hecho que se prueba, es decir, no implican que el juzgador efectúe alguna operación racional para aprehender el objeto de la prueba. En cambio, el ofrecimiento de una prueba crítica conduce al juzgador a inferir el hecho que se prueba a partir de otros datos.
Plenas y semiplenas. Las primeras son indudables, es decir, tienen un valor probatorio
absoluto, mientras que el de las segundas es relativo. (7) Útiles e inútiles. Las pruebas útiles son las que aluden a los hechos que se controvierten en el proceso, mientras que las inútiles son las que no es preciso presentar, dado que su veracidad se ha mostrado como evidente.
Hablar de medios de prueba 82 responde al sentido concreto en que se puede entender a la prueba, es decir, como actividad probatoria que se traduce en la puesta en práctica de diversos medios tendientes a convencer al juzgador sobre la verdad de un hecho o un derecho alegado.
Los medios de prueba más utilizados durante la actividad procesal son los siguientes:
Prueba confesional. La confesión es el pronunciamiento que hace cualquiera de las partes en relación con el reconocimiento o desconocimiento de hechos propios que se le imputan.
(2) Prueba documental. Es el medio de demostración de un acto o de un hecho por medio de documentos. Generalmente son los que más se apartan durante el desarrollo de la fase probatoria. Son particularmente recomendables para probar dado que dejan una constancia que en ciertas circunstancias no se les puede dar a las palabras. Además, su guardado y su
reproducción son sencillos. Los medios de prueba documental han sido divididos en públicos y privados; los primeros son aquellos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones,
o bien, por un fedatario público, como son los notarios y los corredores públicos; por su lado,
los privados son los extendidos por particulares, sin la intervención de algún funcionario público o persona investida con fe pública. (3) Prueba pericial. Es el medio de acreditamiento que proponen las partes o el propio juzgador y que se desarrolla mediante la intervención de peritos. El peritaje consiste en un dictamen rendido por personas con especialización en una ciencia o un oficio determinados. En efecto, esta prueba depende exclusivamente de las investigaciones llevadas a cabo por personas que, probadamente, han alcanzado el grado de expertos en ciertas ramas del saber. Desde luego, la ley establece requisitos específicos para que a una persona se le reconozca el carácter de perito.
(4) Prueba de inspección judicial. Es la comprobación directa que lleva a cabo el Juez al que
corresponda verificar hechos o circunstancias de un juicio, para dar fe de su existencia, así como de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados. Se reduce, normalmente,
a la visita a un lugar determinado, para cerciorarse in situ de que la existencia de ciertas
personas o ciertas cosas es verídica. (5) Prueba testimonial. Es la que se rinde con la intervención de testigos. Los testigos son las personas que tienen conocimiento de los hechos que las partes desean probar. La declaración de éstos recibe el nombre de testimonio, y versa sobre hechos presenciados directa o indirectamente, ya sea porque los hechos les constan personalmente por haberlos presenciado, visto u oído, o bien, porque saben de ellos por haberlos oído de otras personas, caso en el que se les conoce como testigos de oídas. (6) Prueba presuncional. Derivada del latín prxsumptio, onis, la palabra presunción cuenta con una serie de acepciones eminentemente jurídicas; en un primer momento significa "acción y efecto de probar", pero también alude a "cosa que por ministerio de la ley se tiene como verdad". 83 Legalmente también existe una definición, ofrecida por el Artículo 379 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: "Presunción es la consecuencia que la Ley o el juzgador deducen de un hecho conocido para indagar la existencia o necesidad de otro desconocido". A su vez, el contenido de este precepto da pie para distinguir entre presunciones legales y humanas. Las legales, como su nombre lo indica, son las que la ley prevé expresamente, y pueden ser iuris tantum, o sea, que admiten prueba en contrario, o iuris et de iure, que son las que no admiten prueba en contrario. En cuanto a la humana, es la consecuencia que el Juez deduce del hecho.
78 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "prueba", Op. cit., t. II, p. 1685.
79 Voz "objeto", Idem, p. 1459.
80 DE PINA, Rafael, Op. cit., pp. 38-46; FIX-ZAMUDIO, Héctor y José Ovalle Favela, Op. cit., pp. 84-85; MATEOS ALARCÓN, Manuel, Op. cit., p. 15; OVALLE FAVELA, José, Op. cit., p. 130; PALLARES, Eduardo, voz "objeto de la prueba", Op. cit., pp. 666-667.
81 DE PINA, Rafael, Op. cit., pp. 32-35; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 358-360; OVALLE FAVELA, José, Op. cit., pp. 145-146; PALLARES, Eduardo, voz "clasificación de las pruebas", Op. cit., pp. 663-665; VIZCARRA DÁVALOS, José, Op. cit., p. 207.
ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 259-425; DE PINA, Rafael, Op. cit., pp. 139-245; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 360-365; MATEOS ALARCÓN, Manuel, Op. cit., pp. 81 y 435; OVALLE FAVELA, José, Op. cit., pp. 146-174.
83 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "presunción", Op. cit., t. II, p. 1663.
1. SENTENCIA
El origen de la palabra sentencia es latino -sen- tentia-, y puede significar tanto "dictamen o parecer que uno tiene o sigue" como "declaración del juicio y resolución del Juez." 84
En el terreno forense, la sentencia 85 es el acto procesal emitido por el juzgador, que decide la cues- tión de fondo que produjo el desarrollo del proceso, así como las cuestiones incidentales que se resolvieron para su dictado.
La sentencia es la forma normal en que terminan los procesos. Su pronunciamiento queda a cargo del juzgador que haya conocido del proceso. Un sector de la doctrina 86 ha opinado, no sin acierto, que la sentencia puede ser considerada desde dos puntos de vista: como un acto jurídico procesal y como un documento. Con arreglo a la definición proporcionada, el acto jurídico procesal es la decisión del fondo del asunto litigioso, en tanto que el documento es "la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el texto de la decisión emitida."
Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece los requisitos que deben cumplir la sentencias:
"Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario."
"Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."
"Artículo 348. Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán previamente las excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el tribunal."
"Artículo 349.
sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y
excepciones que hayan sido materia del juicio.
"Basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las constancias de autos, para que se tome en cuenta al decidir."
"Artículo 350. Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el demandado."
"Artículo 351. Salvo el caso del Artículo 77, no podrán los tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio."
"Artículo 352. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos."
"Artículo 353. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio."
Por su parte, el Artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece:
"Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las Demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."
Más allá de la claridad terminológica, las sentencias deben ser fieles al principio de congruencia. Esto quiere decir que, al sentenciar, el juzgador no debe dar al actor más de lo que éste haya pedido, ni resolver cuestiones no incluidas en la litis ni, por último, tomar en cuenta a personas que no hayan figurado en el proceso. 87 Es tan importante este principio, que en el evento de que una sentencia sea impugnada, el titular del órgano jurisdiccional revisor cuenta con la facultad de corregir de oficio los errores de congruencia que llegue a encontrar en la sentencia recurrida. 88
Es importante mencionar que los Juicios Laborales y los arbitrales no concluyen con una sentencia, sino con un laudo. El laudo arbitral es la resolución dictada por un árbitro designado de común acuerdo por las partes, inspirado en el principio de equidad. Por su parte, Laudo Laboral es la resolución de equidad pronunciada por los representantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al decidir sobre el fondo de un conflicto de trabajo, y que se ajusta, en cuanto a su forma, a lo dispuesto por los Artículos 840 a 844 de la Ley Federal del Trabajo. 89
84 Voz "sentencia", Idem, p. 1864.
85 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho procesal civil, 3a. ed., México, Editorial Porrúa, 1993, p. 443; CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Op. cit., p. 224; COUTURE, Eduardo J., Op. cit., p. 277; DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., p. 373; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 380; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "sentencia", Op. cit., t. IV, p. 3438; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., p. 332.
86 COUTURE, Eduardo J., Op. cit., p. 277.
87 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 78, Cuarta Parte, p. 49; IUS: 241463.
88 Idem, Octava Época, t. IX, marzo de 1992, p. 115; IUS: 220031.
89 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voces "laudo arbitral" y "laudo laboral", Op. cit., t. III, pp. 2283 y 2285.
La palabra impugnación se originó del latín impugnatio, -onis, y significa acción o efecto de impugnar.
A su vez, impugnar proviene del latín impugnare e implica "combatir, contradecir, refutar." 90
La teoría de la impugnación 91 involucra el estudio del conjunto de instrumentos jurídico-procesales de que una parte puede hacer uso, con el fin de que la sentencia que se dictó en un proceso, sea revisada, generalmente, por un juzgador con jerarquía superior a la del que la dictó, para efectos de que dicha sentencia sea confirmada, modificada, revocada o anulada.
La impugnación existe porque, como todo ser humano es falible, no sería arriesgado creer que un juzgador podría cometer una equivocación al momento de resolver un asunto. Entonces, el particular inconforme con el fallo lo puede recurrir, ante el propio juzgador que lo dictó o ante otro, generalmente de mayor jerarquía; esto último depende del tipo de recurso que se interponga.
Los medios de impugnación pueden clasificarse de diversas formas, entre ellas, en procesales y
extra procesales o extraordinarias. Los primeros forman parte del proceso y entre ellos encontramos la apelación, la apelación extraordinaria, la revocación y la queja. Los medios de impugnación extra procesales o autónomos, como su nombre lo indica, procesos constituyen procesos por completo independientes del juicio primario. El ejemplo fundamental de este tipo de medios de impugnación es
el Juicio de Amparo.
90 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "impugnación", Op. cit., t. II, p. 1149.
91 DORANTES TAMAYO, Luis, Op. cit., pp. 381-382; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 388-390; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "medios de impugnación", Op. cit., t. II, pp. 2498-2499; PALLARES, Eduardo, voz "impugnaciones", Op. cit., p. 408; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Op. cit., pp. 351-353.
La raíz de la palabra ejecución es latina: exsecutio, -onis, y significa acción y efecto de ejecutar. A su vez, ejecutar tiene su origen en el latín exsecutus (consumar, cumplir), y quiere decir "poner por obra una cosa", así como "reclamar una deuda por vía o procedimiento ejecutivo". 92
Nada más cierto para el derecho procesal, donde la ejecución 93 puede ser entendida como el conjunto de medios que, normalmente a instancia de parte, pone en marcha el titular de un órgano jurisdiccional para que la parte vencida por una sentencia condenatoria cumpla lo mandado por ésta.
Hay ocasiones en las que el cumplimiento de una sentencia no se da de manera espontánea. La parte que resultó vencida en el proceso puede adoptar la actitud de no querer satisfacer las pretensiones de su contraparte, en evidente desacato a lo estipulado por la sentencia. Entonces, no es posible que el actor se encargue por su cuenta de que la otra parte satisfaga sus pretensiones, pues hay que tener en mente lo dispuesto por el Artículo 17 Constitucional: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". Será el juzgador quien, en ejercicio del imperio de que ha sido investido por el Estado, proveerá en orden a que esa parte rebelde cumpla.
La ejecución se da a través de dos momentos distintos: en primer lugar, por la vía de apremio y, en segundo, por el juicio ejecutivo. La ejecución forzosa puede adoptar cualquiera de estas dos formas. La vía de apremio no es otra cosa que una providencia dictada por el Juez, para efectos de que se cumplan las determinaciones que él mismo ha dictado durante el proceso. Por su parte, el juicio ejecutivo es un verdadero proceso que se instaura para garantizar el pago de aquello que el actor solicitó desde el principio. La vía de apremio antecede al juicio ejecutivo.
En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las reglas para la procedencia de la vía de apremio se encuentran establecidas en los Artículos 500 a 530. Es de resaltar lo dispuesto por el Artículo 500, donde se da a entender que, en el caso de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en juicio, la vía de apremio debe instarse por la parte interesada. Asimismo, el Artículo 501 indica que, en el caso de las sentencias que hayan causado ejecutoria, el Juez que la ejecute será el que haya conocido del proceso en primera instancia.
Al pedirse la ejecución de una sentencia, el Juez le da al deudor un plazo improrrogable de cinco días para que la cumpla; 94 si, terminado el plazo, no se ha cumplido la sentencia, procede el embargo de los bienes del deudor. 95 Embargar los bienes del deudor ha sido una práctica por la que antiguos procedimientos han quedado en el pasado; hubo épocas en las que la parte actora podía disponer de la libertad e incluso de la vida de su deudor, con tal de cobrarse. Hoy, no obstante, y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo último del Artículo 17 Constitucional -"Nadie puede ser aprisionado por
deudas de carácter puramente civil"-, las leyes procesales establecen que puede recurrirse a embargar los bienes del deudor, en lugar de aprisionar a éste. Más todavía, la propia ley procesal prevé que son inembargables determinados bienes que se consideran indispensables para la subsistencia del deudor. 96
El embargo es un procedimiento, sujeto a reglas específicas. Como ejemplo encontramos el capítu- lo VI del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los bienes embargados se rematan en varias subastas, de conformidad con las reglas establecidas por los Artículos 469 a 503 del mismo código, y el producto de la venta se utiliza para pagar al actor.
Cabe señalar que no todas las sentencias implican una ejecución, como ocurre en el caso de las sentencias declarativas.
92 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "ejecución", Op. cit., t. I, pp. 793-794.
93 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Op. cit., pp. 578-579; BRISEÑO SIERRA, Humberto, Op. cit., vol. 2, pp. 1499-1500; CORTÉS FIGUEROA, Carlos, Op. cit., p. 346-347; GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., pp. 394-398; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "ejecución de sentencia", Op. cit., t. II, pp. 1457-1459; OVALLE FAVELA, José, Op. cit., pp. 279-282; PALLARES, Eduardo, voz "ejecución de sentencias", Op. cit., pp. 313-314.
94 Artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
95 Artículo 509 del mismo código.
96 Véase el Artículo 544 del propio código.
Actuario. Antiguamente, el actuario era el escribano o notario ante quien pasaban los autos. Hoy, por actuario se entiende al funcionario judicial encargado de hacer notificaciones, practicar embargos, efectuar lanzamientos y hacer requerimientos, entre otras cosas. 97
Albacea. Es un auxiliar de la justicia que se encarga de la guarda y la administración de los bienes que una persona hereda a través de un testamento. 98
Alegatos. Argumentaciones formuladas por las partes para demostrar al Juez que las pruebas practicadas han confirmado los hechos, y que son aplicables los fundamentos de derecho presen- tados. 99
Amparo indirecto. Es un Medio de Protección de la constitucionalidad y especialmente de las Garantías Constitucionales, que procede contra actos reclamados que no sean sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa en el transcurso del procedimiento o en la sentencia misma, dentro de las Materias Penal, Administrativa, Civil y Laboral. 100
Auto. Resoluciones judiciales que deciden cualquier punto dentro del negocio; se pueden presentar bajo tres formas: provisionales, definitivos o preparatorios. Los primeros son determinaciones que se ejecutan provisionalmente. Los definitivos tienen fuerza definitoria, y paralizan la prosecución del juicio. Finalmente, los preparatorios preparan el conocimiento y la decisión del juicio. 101
Careo. En el proceso penal, es la confrontación del acusado con el o los ofendidos, los testigos de cargo, así como entre las personas que formulen declaraciones contrarias durante el proceso. 102
Citación. Llamamiento de orden judicial que se hace a una persona para que se presente en el Juzgado o Tribunal el día y la hora que se le designa, para oír una providencia, presenciar un acto o una diligencia judicial o prestar una declaración. 103
Coadyuvancia. Contribución que se presenta cuando un tercero interviene en apoyo o auxilio de una de las partes, en una contienda judicial ya iniciada. 104
Cosa juzgada. Institución mediante la que se garantiza que, una vez alcanzada una sentencia definitiva, ya no puede ser impugnada; así, lo que tal sentencia ordene tendrá carácter definitivo e invariable, no sujeto a revisión. 105
Defensor de oficio. Abogado público que, obligatoriamente, debe asistir durante el Proceso Penal a partes que carezcan de los recursos económicos suficientes como para contratar a un Abogado particular, o bien, brindarles asesoría jurídica en Materias Administrativa, Fiscal y Civil. 106
DERECHOS REALES. Se traducen en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico, y que, además, es oponible a terceros. 107
DERECHOS PERSONALES. Son los que buscan proteger los bienes esenciales de la persona, para el respeto debido a su categoría de ser humano y a su dignidad. 108
EMBARGO. Es la afectación decretada por una autoridad competente sobre un bien o un conjunto de bienes de propiedad privada, a fin de asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea o planteará en juicio (embargo preventivo, provisional o cautelar), o bien, satisfacer directamente una pretensión ejecutiva (embargo definitivo, ejecutivo o apremiativo). 109
EXCUSIÓN. Se trata de uno de los beneficios de que goza el fiador -el otro es el de orden-; es una excepción dilatoria que el fiador hace valer al contestar la demanda o al ser requerido de pago para que, antes de que prosiga el juicio contra él, proceda judicialmente el acreedor contra el deudor principal, y embargue o ejecute sobre los bienes propiedad de éste. 110
INMATRICULACIÓN. Ingreso de un determinado inmueble, que carece de antecedentes registrales, en el Registro Público de la Propiedad; asimismo, consiste en abrir un folio real individual, con un número registral o de matrícula y número catastral, si lo hubiere, a un inmueble que tenga o no antecedentes registrales. 111
INSTANCIA. Conducta del particular o sujeto de derecho frente al Estado, por la que aquél pide, solicita o excita o activa las funciones de los órganos de autoridad. 112
MINISTERIO PÚBLICO. Institución unitaria y jerárquica, dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas funciones esenciales son la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal; también interviene en otros procedimientos judiciales, en calidad de defensor de los intereses sociales. 113
PERITO. Persona que posee conocimientos teóricos o prácticos especiales, y cuya labor en el proceso se reduce a informar o ilustrar al Juez sobre los puntos del litigio que tienen relación con sus propios conocimientos. 114
PRESCRIPCIÓN. Será negativa cuando se trate de la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo; en cambio, será adquisitiva cuando, también por el mero transcurso del tiempo, se adquiera un derecho. 115
RECUSACIÓN. Se presenta cuando un Juez no se percata de que hay un impedimento en su contra para conocer de un asunto; entonces, cualquiera de las partes, siempre que se sienta amenazada por el impedimento del Juez, puede iniciar la recusación, que consiste en un trámite para que el Juez impedido no pueda conocer del asunto en cuestión. Del trámite conocen los superiores del Juez impedido. 116
SECRETARIO. Es el funcionario judicial que tiene a su cargo dar fe de los actos y de las resoluciones del Juez, para que éstos gocen de autenticidad y eficacia jurídicas; prepara el acuerdo, hace certifi- caciones, compulsa documentos, computa los términos judiciales e interviene en los actos principales del juicio, tales como rendición de pruebas, audiencia de alegatos, etcétera. 117
97 PALLARES, Eduardo, voz "actuario", Op. cit., p. 70.
98 Voz "albacea", en Idem, p. 75.
99 OVALLE FAVELA, José, Op. cit., p. 180.
100 ARELLANO GARCÍA, Carlos, El juicio de amparo, 7a. ed., México, Editorial Porrúa, 2001, p. 704.
101 OVALLE FAVELA, José, Op. cit., p. 187.
102 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "careo", Op. cit., t. I, p. 490.
PALLARES, Eduardo, voz "citación", Op. cit., p. 154.
"PINA, Rafael de y PINA VARA, Rafael de, voz "coadyuvante", Diccionario de derecho, 31a. ed., Editorial Porrúa, México, 2003, p.160; REAL ACADEMIA…, voz "coadyuvar", Op. cit., p.493.
GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 336.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "defensoría de oficio", Op. cit., t. II, p. 1012.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "embargo", Op. cit.t. II, p. 1481.
SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles, 15a. ed., México, Editorial Porrúa, 1997, p.
Idem, p. 554.
GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 152.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, voz "Ministerio Público", Op. cit., t. III, p. 2523.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "perito", Op. cit., t. II, p. 1578.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, junio de 2002, tesis 2a. LXVI/2002, p. 160.
GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 182.
PALLARES, Eduardo, voz "secretario", Op. cit., p. 721.
Los estudiantes del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FSTSE, interesados en profundizar sus conocimientos sobre la materia teoría general del proceso, podrán acudir, entre otras, a las siguientes fuentes:
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• Ley Federal del Trabajo.
• Código Fiscal de la Federación.
• Código de Comercio.
• Código Federal de Procedimientos Penales.
• Código Civil Federal.
• Código Civil para el Distrito Federal.
• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
• Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
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Sentencia Del 14 de Marzo de 1938
Laura Florez
POSTULACIÓN DEL PROCESO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Hans Aldair Huaraca Vargas
Recurso de Reposición Carlos Navarro 2
AnaMatos
TGP - Trabajo - Terminación Del Proceso - COMPLETO
NioverFernández
Materiales de Teoria de La Impugnacion
Artículo - De los Santos - Flexibilización de la congruencia.pdf
Sala Civil Primera 2012

References: Artículo 17
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 artículo 5
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 Artículo 10
 Artículo 27
 Artículo 1
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 Artículo 17
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 Artículo 13
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 Artículo 107
 Artículo 21
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 Artículo 21
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 Artículo 303
 Artículo 310
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 Artículo 319
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 Artículo 111
 Artículo 134
 Artículo 111
 Artículo 121
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 Artículo 126

Artículo 35
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 Artículo 928
 Artículo 258
 Artículo 24
 Artículo 379
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 Artículo 77
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 Artículo 81
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 Artículo 17
 Artículo 500
 Artículo 501
 Artículo 17
 Artículo 506
 Artículo 509
 Artículo 544