Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=686487
Timestamp: 2019-08-24 01:40:22+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N°116
SALUDO A DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL PARLAMENTO EUROPEO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL QUE AFECTA A LA MAYORÍA DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y DE LOS EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ACAECIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)
INTERVENCIÓN : Catalina Perez Salinas
INTERVENCIÓN : Sebastian Diego Alvarez Ramirez
INTERVENCIÓN : Daniel Angel Verdessi Belemmi
INTERVENCIÓN : Sebastian Torrealba Alvarado
INTERVENCIÓN : Diego Eduardo Ibanez Cotroneo
INTERVENCIÓN : Felix Marcelo Gonzalez Gatica
INTERVENCIÓN : Amaro Labra Sepulveda
INTERVENCIÓN : Marta Carolina Marzan Pinto
INTERVENCIÓN : Miguel Angel Calisto Aguila
INTERVENCIÓN : Alejandro Javier Bernales Maldonado
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban, Barrera, Flores, don Iván, Mulet, Núñez, don Daniel, Rosas, Saffirio, y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Marzán, y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para exigir a los establecimientos educacionales contar con proyectos de integración y personal adecuado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales” Boletín N°12317-04
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Raúl; Ascencio, Auth, Bernales, Desbordes, Kast, Monsalve; Núñez, don Daniel, y Torres, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para hacer aplicable el procedimiento de la ley sobre Acceso a la Información Pública, a ambas Cámaras y sus servicios comunes Boletín N° 12318-07
Raul Humberto Soto Mardones
Mario Guillermo Desbordes Jimenez
Pablo Andres Kast Sommerhoff
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz; Pérez, doña Joanna, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Alessandri; Castro, don José Miguel; Durán, don Eduardo; González, don Félix; Núñez, don Daniel, y Pérez, don José, que "Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático” Boletín N°12316-07
Proyecto iniciado en moción por los diputados señores, Macaya, Alessandri, Coloma, Kort, Melero, Morales, Noman, Ramírez, Sanhueza, y Trisotti, que "Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica Boletín N°12319-07
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto, Ascencio, Flores, don Iván, Matta, Sabag, Soto, don Raúl, y Verdessi, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica el Código Civil, en el sentido de asignar a la Dirección de Obras Municipales la función que indica, en materia de ejercicio de la servidumbre de paso para garantizar el acceso a caminos públicos” Boletín N°12320-06
Miguel Angel Calisto Aguila
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Fuenzalida, don Juan, Lavín, Morales, Moreira, Ramírez, Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso, que "Modifica la ley N° 19.880, que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en lo que respecta a la forma de efectuar la notificación personal” Boletín N°12321-06
Sesión 116ª, en martes 18 de diciembre de 2018
(Especial, de 16.05 a 17.50 horas)
Presidencia de la señora Fernández Allende, doña Maya, y del señor Mulet Martínez, don Jaime.
Presidencia accidental del señor Meza Moncada, don Fernando.
I.- ASISTENCIA 8
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA 13
SALUDO A DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL
PARLAMENTO EUROPEO 14
V.- OBJETO DE LA SESIÓN 14
ANÁLISIS DEL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL QUE AFECTA A LA MAYORÍA DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y DE LOS EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ACAECIDOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN) 14
1.-Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban, Barrera, Flores, don Iván, Mulet, Núñez, don Daniel, Rosas, Saffirio, y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Marzán, y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para exigir a los establecimientos educacionales contar con proyectos de integración y personal adecuado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales". Boletín N° 12317-04.
2.-Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Raúl; Ascencio, Auth, Bernales, Desbordes, Kast, Monsalve; Núñez, don Daniel, y Torres, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para hacer aplicable el procedimiento de la ley sobre Acceso a la Información Pública, a ambas Cámaras y sus servicios comunes". Boletín N° 12318-07.
3.-Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz; Pérez, doña Joanna, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Alessandri; Castro, don José Miguel; Durán, don Eduardo; González, don Félix; Núñez, don Daniel, y Pérez, don José, que "Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático". Boletín N° 12316-07.
4.-Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Macaya, Alessandri, Coloma, Kort, Melero, Morales, Noman, Ramírez, Sanhueza, y Trisotti, que "Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica". Boletín N° 12319-07.
5.-Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto, Ascencio, Flores, don Iván, Matta, Sabag, Soto, don Raúl, y Verdessi, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica el Código Civil, en el sentido de asignar a la Dirección de Obras Municipales la función que indica, en materia de ejercicio de la servidumbre de paso para garantizar el acceso a caminos públicos". Boletín N° 12320-06.
6.-Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Fuenzalida, don Juan, Lavín, Morales, Moreira, Ramírez, Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso, que "Modifica la ley N° 19.880, que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en lo que respecta a la forma de efectuar la notificación personal ". Boletín N° 12321-06.
1.-Petición:
-De 82 señoras y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora de "la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico y las entidades relacionadas con su administración, que estará encargada de analizar la legalidad de los actos de la Presidencia de la República, de los ministerios de Educación, Secretaría General de la Presidencia, y de Hacienda; de la Comisión Nacional de Acreditación; del Consejo Nacional de Educación; del Servicio de Impuestos Internos; del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que se relacionen con la referida administración, y en particular, de recabar toda la información sobre la actual situación de esa casa de estudios y de los actos administrativos que se hayan desarrollado respecto de esta y otras universidades en los últimos tres años." Para el cumplimiento de dicho propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
2.-Licencias médicas:
-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Santibáñez , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de quince días, a contar del 17 de diciembre de 2018.
-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Carter , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de dos días, a contar del 17 de diciembre de 2018.
3.-Nota:
-De congresistas de Perú por la cual remiten el pronunciamiento realizado por parlamentarios y exparlamentarios de dicho país en virtud del cual manifiestan su rechazo a la intención de criminalizar la política, por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. (1).
4.-Oficios:
-De la Jefe de Gabinete del Contralor General de la República por el cual remite el reporte mensual de informes de auditoría, de investigaciones especiales, de seguimientos e inspecciones de obra pública publicados por la Contraloría General de la República entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre del 2018, con el objeto de difundir la labor de dicho órgano en su función de control externo. (1).
-Del Alcalde de la I. Municipalidad de Arauco por el cual solicita priorizar la tramitación de los proyectos de ley tendientes a generar protección de los humedales, dada su importancia no solo en materia de conservación de especies, sino también en lo referido a los múltiples beneficios ecosistémicos que brindan a la humanidad. (2085).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Tenga a bien informar sobre el estado de revisión del proyecto "El tercer puente sobre el río Cautín", ubicado entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Región de La Araucanía, obras que debieron finalizar el 25 de octubre de 2016. (30.948 al 16764).
-Diputado Molina, don Andrés . Factibilidad de transferir recursos desde los Gobiernos Regionales a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el objeto de comprar terrenos para la construcción de viviendas sociales y hogares de ancianos, en los términos que requiere. (4672 al 12504).
-Diputada Carvajal , doña Loreto . Copia de la escritura, estatutos y convenios suscritos por el Servicio Nacional de Menores y la Corporación Villa Jesús Niño, indicando el detalle de los aportes de financiamiento estatal a dicha Corporación. Asimismo, indique la veracidad de la existencia de una solicitud formal para el cierre de ese hogar de menores. (7315 al 8006).
-Diputado Jarpa, don Carlos Abel . Fundamentos del presupuesto destinado al funcionamiento de la Defensoría Penal Pública en la Región de Ñuble y la factibilidad de gestionar la contratación de cargos como asesor jurídico, contador y conductor, los que no se encuentran contemplados. (7343 al 16279).
-Diputado Hernández, don Javier . Existencia de alguna medida que contribuya al ascenso de los trabajadores no uniformados que se desempeñan en cargos directivos, profesionales, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile, dentro del programa del periodo presidencial en curso. (7370 al 4755).
-Diputado Hernández, don Javier . Reitera el oficio N° 4.755 de esta Corporación, de fecha 31 de mayo de 2018, cuya copia se acompaña. (7370 al 9803).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Factibilidad de potenciar la atención que brinda el hospital de mediana complejidad de Los Vilos, con el propósito de mejorar su capacidad para atender víctimas de accidentes de tránsito en la ruta 5. (2236 al 17263). (2236 al 17263).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Situación que afecta a la comunidad de inmigrantes haitianos residentes en la comuna de Coquimbo, impartiendo instrucciones a las autoridades regionales a fin de que dispongan la conformación de una mesa de trabajo para proponer soluciones a la problemática que les afecta y disponer una fiscalización especial en materia habitacional y laboral. (625-8044 al 11568).
-Diputado Bellolio, don Jaime . Planes destinados a afrontar los inconvenientes de carácter vial que sufren los habitantes de las comunas de Talagante, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla , su detalle y los plazos contemplados para su ejecución. (627-8052 al 16810).
-Proyecto de Resolución N° 230, Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cree una planta de revisión técnica en la comuna de Purranque. (628-8050).
-Proyecto de Resolución N° 365, Solicita a S. E. el Presidente de la República que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional que recoja las propuestas que se efectúan relacionadas con las ciudades puerto. (631-8046).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Factibilidad de potenciar la atención que brinda el hospital de mediana complejidad de Los Vilos, con el propósito de mejorar su capacidad para atender víctimas de accidentes de tránsito en la ruta 5. (2236 al 17264).
-Diputado Espinoza, don Fidel . Denuncia realizada por la funcionara de Gendarmería de Chile, señora Linda Cerpa Mena , señalando sus fundamentos jurídicos, etapa en que se encuentra el sumario, medidas adoptadas y los requerimientos efectuados. Asimismo, refiérase a las eventuales obstrucciones a la justicia, por parte de esa institución, en los términos que expone. (7374 al 9816).
-Diputado Rocafull, don Luis . Proceso de requisa de productos agrícolas o de alimentación que se efectúa en el paso fronterizo Visvirim , en la Región de Arica y Parinacota, en virtud de los productos adquiridos por chilenos en la Feria Tripartita que se desarrolla en el límite con Bolivia. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (16892 al 17626).
-Diputado Espinoza, don Fidel . Posibilidad de fiscalizar todos los movimientos financieros de la fábrica Wenco Sur, en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos, en atención a que no poseen permisos administrativos para su funcionamiento. (2629 al 11392).
-Diputado Urrutia, don Osvaldo . Número de viviendas regularizadas en los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898, señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada. (1045 al 17991).
-Diputado Hernández, don Javier . Número de postulaciones a ofertas de empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de intermediación laboral de esa municipalidad. (1146 al 17145).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Estado de preparación y plan de emergencia que poseen para afrontar la época estival, especialmente en lo relativo a incendios y catástrofes. (1212 al 16462).
-Diputado Urrutia, don Osvaldo . Número de viviendas regularizadas en los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898, señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada. (1457 al 17947).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Factibilidad de potenciar la atención que brinda el hospital de mediana complejidad de Los Vilos, con el propósito de mejorar su capacidad para atender víctimas de accidentes de tránsito en la ruta 5. (2236 al 17265).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Factibilidad de potenciar la atención que brinda el hospital de mediana complejidad de Los Vilos, con el propósito de mejorar su capacidad para atender víctimas de accidentes de tránsito en la ruta 5. (2236 al 17266).
-Diputado Brito, don Jorge . Fiscalizaciones realizadas en los últimos 5 años en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar que hayan tenido por objeto verificar el cumplimiento de la normativa relativa a la emisión de ruidos, en los términos que requiere. (3194 al 14880).
-Diputado Brito, don Jorge . Reitera el oficio Nº 14.880, de fecha 10 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (3194 al 17647).
-Diputado Castro, don José Miguel . Existencia de un Departamento de Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo el presupuesto asignado a dicha repartición. (4284 al 13787).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Número y ubicación de establecimientos educacionales rurales provenientes del proceso de Reforma Agraria y que actualmente se encuentran en desuso por parte de sus sostenedores. Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades. (87 al 17498).
-Asistieron 144 señores diputados, de los 155 en ejercicio.
-Eduardo Durán Salinas
-Sebastián Keitel Bianchi
-Amaro Labra Sepúlveda
-Andrés Molina Magofke
-Nicolás Noman Garrido
-Andrea Parra Sauterel
-Leonidas Romero Sáez
-Jaime Tohá González
-Concurrió, además, el ministro de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas.'
-Asistió, también, el subsecretario del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco Eyzaguirre.
La señora FERNÁNDEZ , doña Maya (Presidenta).-
El acta de la sesión 106ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 107ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
La señora FERNÁNDEZ , doña Maya (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 82 señoras y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora de la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico y las entidades relacionadas con su administración, que estará encargada de analizar la legalidad de los actos de la Presidencia de la República, de los ministerios de Educación, Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda; de la Comisión Nacional de Acreditación, del Consejo Nacional de Educación, del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que se relacionen con la referida administración, y en particular de recabar toda la información sobre la actual situación de esa casa de estudios y los actos administrativos que se hayan desarrollado respecto de esta y otras universidades en los últimos tres años.
Para el cumplimiento de dicho propósito, la referida Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
El señor MEZA (Presidente accidental).-
En nombre de la Cámara de Diputados de Chile, saludo la presencia en la tribuna de honor de una delegación de eurodiputados miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, encabezada por su Presidente, señor Bernd Lange , e integrada por la señora Inmaculada Rodríguez-Piñero , relatora para Chile; la señora Marie Arena y los señores Adam Szejnfeld , Georg Mayer y Ramón Tremosa , acompañada por la excelentísima embajadora de la Unión Europea en Chile, señora Stella Zervoudaki .
Sean muy bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Esta sesión tiene por objeto analizar el grave problema medioambiental que afecta a la mayoría de las regiones del país y los episodios de contaminación acaecidos durante los últimos meses, y conocer las políticas públicas adoptadas por el actual gobierno en esta materia.
A esta sesión han sido citados la ministra del Medio Ambiente, quien se ha excusado, y el ministro de Salud.
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el 29 de mayo pasado, los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deberán ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros treinta minutos de la sesión.
El tiempo previo corresponde a los comités Socialista y Revolución Democrática, en el que intervendrán el diputado Gastón Saavedra y la diputada Catalina Pérez , hasta por 7 minutos y 30 segundos cada uno.
Reglamento, señora Presidenta.
Señora Presidenta, solo quiero que se tenga presente que hay varias comisiones sesionando simultáneamente con la Sala, razón por la cual muchos diputados no vamos a poder estar en esta sesión. En varias comisiones, como por ejemplo en la de Agricultura, estamos legislando y votando distintos proyectos de ley.
Así es, diputada Sepúlveda .
De hecho, estaba calculando que 78 parlamentarios deberían estar en comisiones en estos momentos. Durante el transcurso de esta sesión habrá ocho comisiones funcionando, cada una de ellas integrada por 13 diputadas y diputados.
Tiene la palabra, hasta por 7 minutos y 30 segundos, el diputado Gastón Saavedra .
Señora Presidenta, el crecimiento económico de Chile de los últimos años ha implicado beneficios, pero también ha tenido importantes costos, como la generación de una fuerte desigualdad de ingresos y una acelerada degradación ambiental entre los territorios y las poblaciones del país.
En efecto, en Chile se producen dos desigualdades: la primera es que unos pocos se quedan con los beneficios del crecimiento económico, y la segunda es que los costos de generar ese crecimiento los asumen las comunidades más humildes y la población más vulnerable.
Los conflictos socioambientales y especialmente el caso de la contaminación en QuinteroPuchuncaví, Lota , Huasco , Coronel, Vallenar , entre otras comunas, son una expresión de este fenómeno que llega al extremo de la vulneración abierta del derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Asimismo, el cambio climático presenta un desafío enorme para la humanidad y para Chile en particular, por ser nuestro país uno de los que tendrá mayores impactos económicos, sociales y ambientales.
Todos estos impactos se verán reflejados en los territorios, se agudizarán los ya complejos conflictos socioambientales, como los descritos en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y, en consecuencia, aumentarán las demandas de las comunidades por el derecho a vivir sin contaminación y por mayor calidad ambiental.
Por ello, esperamos que este gobierno haga más, especialmente si ha asumido la responsabilidad de organizar la próxima Conferencia de las Partes sobre cambio climático. Es necesario tener una discusión profunda sobre la naturaleza del modelo económico chileno. Por ahora, de manera inmediata, debemos enfrentar la demanda por mayor calidad ambiental con políticas serias y que sean sostenibles.
Para avanzar debemos generar no solo las normativas y la fiscalización adecuada, sino también los recursos económicos necesarios para una gestión ambiental moderna. En ese sentido, de una vez por todas, se debe confiar más en el rol de las autoridades locales para enfrentar el desafío medioambiental, pues finalmente será en el territorio donde se verán reflejados lo impactos ambientales, así como los costos de la adaptación al cambio climático.
Por ello, también es necesario entregar a los gobiernos regionales los instrumentos para alcanzar un territorio más sustentable, pues serán ellos los que enfrenten los conflictos sociales y los problemas ambientales, algunos heredados de nuestro mal desarrollo.
En ese marco, proponemos lo siguiente:
Aumentar el impuesto al CO2 a diez dólares por tonelada. El gobierno de la Presidenta Bachelet introdujo un impuesto al CO2 de cinco dólares por tonelada en 2017. Este impuesto abarca aproximadamente el 40 por ciento de las emisiones de CO2 del país y ha demostrado ser muy exitoso, recaudando del orden de 170 millones de dólares al año. Ello permitiría mandar una señal inequívoca del compromiso de Chile para enfrentar el cambio climático; apoyaría la política de energía renovable, generando una recaudación de más de 500 millones de dólares al año, y generaría un incentivo para la descarbonización de la economía.
La creación de un fondo de mitigación y adaptación climática. La propuesta del gobierno en la reforma tributaria es que las propias empresas se queden con los recursos del tributo al C02, a través de un mecanismo que les permita compensar sus emisiones invirtiendo en otras empresas.
Proponemos destinar los recursos a un fondo climático, el cual tendría el propósito de financiar proyectos de mitigación y adaptación. Esto sería mucho más efectivo que proyectos exclusivamente decididos por el sector privado, y permitiría destinar recursos a aquellas comunas más afectadas por el cambio climático.
Lo anterior se podría regular a través de una necesaria ley marco de cambio climático, cuyo anteproyecto -entiendo- está siendo discutido en diálogos regionales. Pienso que esto requiere mayor difusión, la cual podría crear nuevos instrumentos, como el que proponemos, además de ordenar la institucionalidad en materia de cambio climático y comprometer al país en objetivos de mitigación y adaptación de largo plazo.
Aumentar el impuesto a la primera venta de automóviles. El crecimiento del parque automotor en Chile es uno de los principales problemas ambientales, no solo por la contaminación que genera, sino por la congestión y alteración de la convivencia urbana.
Este año, el parque de vehículos motorizados en Chile podría superar los 5,5 millones de unidades, cifra que duplicaría el parque de hace una década.
El gobierno de la Presidenta Bachelet introdujo un impuesto a la primera venta de automóviles, generando una recaudación de 107 millones dólares al año y abarcando el 77 por ciento de los automóviles que ingresan al país. El objetivo del tributo es contener el crecimiento de dicho parque, generar un incentivo para la electromovilidad y seguir avanzando en esa dirección.
Proponemos duplicar el impuesto a los automóviles, ampliándolo a todos los vehículos livianos. Ello permitiría mandar una señal clara del compromiso de Chile con el transporte público y la electromovilidad. Se estima que esta propuesta generaría una recaudación adicional de hasta 300 millones de dólares, recursos que servirían para apoyar el transporte público, entre otras políticas públicas.
El gobierno de la Presidenta Bachelet introdujo un impuesto a los contaminantes locales material particulado-. El impuesto ha demostrado ser enormemente exitoso, generando inversiones en el abatimiento y una recaudación del orden de 23 millones de dólares al año.
Proponemos destinar de manera específica la recaudación de estos impuestos a la comuna donde se ubica la fuente emisora. Esto no solo es posible constitucionalmente, ya que es un impuesto territorial -la tasa del impuesto se calcula a base de la población de la comuna-, sino, además, permite generar los recursos para implementar los planes de descontaminación y los programas de recuperación ambiental y social, de manera de enfrentar seriamente los conflictos socioambientales en nuestro país.
¡Es hora de que nos tomemos en serio el problema ambiental!
La única forma de enfrentar los conflictos socioambientales y los impactos del cambio climático será con nuevas e innovadoras políticas, con recursos financieros y cediendo a las autoridades locales mayor poder para tomar sus decisiones sobre el territorio junto con sus comunidades.
¡Avancemos hacia un Chile mejor y más sustentable!
Tiene la palabra, hasta por siete minutos y treinta segundos, la diputada Catalina Pérez .
La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-
Señora Presidenta, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen 116 conflictos socioambientales; 179 comunas sufren déficit hídrico y, según datos de la Onemi, se han gastado 28.000 millones de pesos en camiones aljibes desde el 2014. El mundo aumentó su temperatura en 1 grado, no se firma el Acuerdo de Escazú y 6 de cada 10 chilenos viven en zonas declaradas saturadas de contaminación. Transcurren tres años promedio desde que una zona es declarada saturada de contaminación hasta que realmente se aplica un plan de descontaminación. Calama , por ejemplo, lleva 10 años esperando dicho plan. En Chile producimos 7,4 toneladas de residuos al año, y el 95 por ciento de ellos se transforma en basura.
¡Este es el escenario actual en nuestro país!
Desde hace 20 años contamos con una Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y, desde 1997, con la aplicación obligatoria del sistema de evaluación de impacto ambiental. En la reforma a la institucionalidad ambiental del 2010 se creó la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente y los tribunales ambientales. Si tenemos esta institucionalidad, me pregunto qué está fallando. ¿Cómo es posible que los conflictos socioambientales se multipliquen a lo largo y ancho del territorio, multiplicando con ello también las zonas de sacrificio a lo largo y ancho de todo nuestro país? ¿En qué estamos fallando?
El diagnostico ya está hecho, y no lo hago yo, sino las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. La gente está cansada de vivir en un medio ambiente contaminado y está cansada de arriesgar con ello la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
En reiteradas oportunidades hemos dicho que necesitamos una nueva institucionalidad, una institucionalidad más fuerte, una homologación de normas a estándar OMS y medidas de control y de mitigación de crisis.
¿Por qué hablamos de institucionalidad? Las instituciones existen, pero actualmente no tienen las herramientas necesarias para detener las fuentes contaminantes, porque sabemos que al final la última barrera -lo sabemos porque lo hemos visto- siempre es una decisión política. El problema no es que sea una decisión política; el problema es que es una decisión política poco democrática, porque no considera la voluntad de las comunidades ni considera la voluntad de los territorios. Más que un factor político, es un factor ideológico, que busca multiplicar y acentuar un modelo neoliberal en Chile sin consideración hacia la salud de las personas, como si la salud fuese hipotecable, fuese cedible. ¡No sé por qué podría ser cedible!
Necesitamos una Superintendencia del Medio Ambiente fortalecida y una defensoría ambiental. Necesitamos una superintendencia fortalecida, porque se requiere una institución que tenga garras y dientes para defender a las personas, y necesitamos una defensoría ambiental para que abra las puertas de la institucionalidad ambiental a la ciudadanía.
Cuando hablamos de homologación de normas, lo hacemos porque necesitamos estándares de calidad distintos a los que hoy tenemos en Chile. Necesitamos incluir en el programa de regulación ambiental la dictación de normas de calidad para otros contaminantes comunes en la actividad industrial nacional, en el aire, en el suelo y en el agua.
Incluso, si logramos una institucionalidad robusta, ¿de qué nos sirve si no tenemos leyes que estén a la altura del conflicto que hoy existe en Chile?
Hemos dicho que necesitamos medidas de control de crisis, porque aquellas crisis que están viviendo los territorios tienen que ver con que el Estado no llegó siquiera a prevenir el daño. Y nos estamos preguntando cómo hacemos para mitigar el daño que están sufriendo las comunidades.
Los planes de descontaminación, que son la principal medida de mitigación que tenemos vigente, demoran 3 años en aplicarse, en promedio. En mi región, la de Antofagasta, Calama ha esperado durante 10 años la aplicación de un plan de descontaminación.
Hace algunos meses presentamos un proyecto de resolución en esta línea, mediante el cual solicitamos una ley de polimetales de alcance nacional. No es primera vez que lo hacemos; lo presentamos el año pasado por medio del diputado Giorgio Jackson , porque la contaminación con metales pesados no está únicamente en Arica, sino en todo el territorio. Por la experiencia de la ley de polimetales para Arica, necesitamos contar con herramientas en materia sanitaria, ambiental, educacional y de vivienda para enfrentar la crisis.
Hace unos días se dio a conocer que se realizará en Chile la COP25, Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Saludamos esta organización, pero lamentablemente hoy no puedo sostener -me gustaría que así fuese- que esto sea un indicio positivo de mayores compromisos ambientales en nuestro país. La conferencia de este año, a la que asistí, tuvo por objeto determinar cómo se lograrán los compromisos que se adoptaron el 2015 en el Acuerdo de París para impedir que la temperatura del planeta aumente por sobre los 2 grados al 2100. De hecho, hoy sabemos que si la temperatura aumenta en 1,5 grados los efectos serán devastadores.
¿Por qué debería importarnos el cambio climático? Debería importarnos porque Chile ocupa el lugar número 16 entre los países más vulnerables al cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de sequía, de incendios forestales, de problemas en la agricultura y en la pesca, es decir, de problemas que afectan directamente la vida de las personas. Es urgente un mayor compromiso por parte de Chile en materia de cambio climático.
El carácter multisistémico de la crisis exige un trabajo real y decidido para contener los efectos en el territorio nacional. No podemos seguir haciendo proliferar las zonas de sacrificio al utilizar el carbón, al ampliar la presencia de salmoneras en la Patagonia, al no contar con una legislación contra los plásticos, sin definir un plazo para poner fin a la venta de vehículos a combustión y sin una ley de suelos.
Sé que todo esto suena muy complejo y que algunos pueden tener un justo temor en cuanto al retroceso económico y al desempleo. En primer lugar, deberíamos preguntarnos para quién es el supuesto progreso económico en esta materia, si en Antofagasta, en Quintero y en Coronel tenemos a niños contaminados con metales pesados en su sangre, que los van a acompañar el resto de su vida adulta. ¡Tenemos gente que está muriendo por esta situación!
En segundo lugar, deberíamos tener claro que la transformación socioecológica no la deben pagar los pobres ni los trabajadores de las industrias que hoy son contaminantes. Una tarea que debemos afrontar como sociedad en su conjunto es la transición justa.
Nuestra matriz productiva ya no da más, las personas ya no dan más y los territorios lo están demostrando. Pese a la represión, pese a las amenazas de desempleo, incluso pese a las terribles amenazas de aquellos dirigentes sociales que de pronto se “suicidan”, el movimiento social está comenzando a despertar.
Diputados y diputadas, espero que el Congreso y el Ejecutivo estén a la altura. Me hubiese encantado que hubiesen estado presentes la ministra del Medio Ambiente y el subsecretario del Medio Ambiente. Entiendo que no pudo ser así. Espero que desde el Ministerio de Salud se tome conciencia de la crisis que estamos viviendo.
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario del Medio Ambiente, dadas las excusas que dio la ministra de esa cartera para justificar su ausencia.
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario del Medio Ambiente?
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Salud y al subsecretario del Medio Ambiente.
Quiero decir algunas palabras respecto de la contaminación ambiental.
Escuché a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y quiero agregar -no sé si lo dijo- que se pierden 2 millones de hectáreas por el avance de las ciudades y por el aumento de la desertificación, según señalan informes de la FAO. Si como mundo no cambiamos esa realidad, es evidente que vamos directo a sufrir una situación muy compleja.
La contaminación ambiental se ha transformado en uno de los problemas más graves que actualmente afectan a la población a nivel mundial. Su gravedad radica, principalmente, en que genera efectos nocivos en el entorno natural y en la salud de las personas. Muestra de ello, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, es que nueve de cada diez personas en el planeta respira aire contaminado, lo que provoca la muerte de alrededor de 7 millones de personas cada año.
Nuestro país no ha estado ajeno a ese problema, ya que en los últimos meses hemos sido testigos de episodios graves de contaminación ambiental, y en todos estos la suspensión de material particulado en el aire constituye una de las principales circunstancias comunes de contaminación.
En ese contexto, la situación en la Región de Los Lagos es muy compleja, pues, de acuerdo con el último reporte anual de Calidad del Aire Urbano elaborado por la OMS, Osorno se posiciona como la tercera ciudad más contaminada de Chile.
Asimismo, otro indicio de la compleja situación que vive la Región de Los Lagos son los altos niveles de contaminación registrados en Osorno, comuna que en 2012 fue declarada como zona saturada, ya que en ese lugar las normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas.
Frente a ese escenario, desde el punto de vista de las políticas públicas, el plan de descontaminación atmosférica ha sido la principal herramienta para enfrentar la contaminación que actualmente aqueja a Osorno. Si bien desde su entrada en vigencia ha propiciado algunos avances, lo cierto es que aún existen falencias en cuanto a su implementación y evaluación, las que han sido heredadas de los gobiernos anteriores. Estas se refieren, principalmente, a los subsidios de acondicionamiento térmico de las viviendas, meta no cumplida, y al programa de recambio de artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes, meta que tampoco ha sido cumplida.
Respecto de estos últimos dos puntos, solicito al ministro del Medio Ambiente estudiar la posibilidad de disminuir el copago que deben efectuar los seleccionados por dicho programa para llevar a cabo el aislamiento térmico de viviendas como la instalación de calefactores para incentivar el recambio de los artefactos a leña.
En este ámbito, resulta también importante destacar la necesidad de formular políticas públicas orientadas a reforzar el Plan de Descontaminación y que tengan como propósito promover el uso óptimo de la leña y la comercialización de leña seca.
Por último, quiero señalar que me hubiera gustado referirme a la contaminación de las aguas del lago Llanquihue, pero no lo haré por falta de tiempo.
Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .
El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-
Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto representar la voz de miles de habitantes de La Araucanía que día a día sufren las consecuencias de la contaminación medioambiental y de los actos de negligencia que muchas veces han afectado negativamente a la naturaleza.
En este sentido, quiero recalcar que uno de los principales activos de nuestra región es la belleza de sus paisajes, lo que se vincula con el desarrollo de la industria del turismo, actividad que se ha visto fuertemente afectada por los problemas de impacto medioambiental que allí se han producido, como lo ocurrido en el lago Villarrica, hoy decretado zona saturada, y la contaminación del aire provocada por el excesivo uso de leña que se hace en muchas ciudades de nuestra región, en las que se registran los indicadores de contaminación más altos del país.
Es necesario reconocer la carencia de estudios de impacto ambiental que protejan la salud, la naturaleza y la calidad de vida de las perturbaciones que muchas veces provocan los grandes proyectos, los cuales, lejos de consultar a la población y considerar las consecuencias del desarrollo, se realizan transgrediendo el espacio público y la calidad de vida.
Entonces, es importante pensar de qué manera se puede lograr que la fiscalización sea más efectiva, que las resoluciones de los tribunales ambientales se lleven a cabo de forma más rápida, que la Superintendencia del Medio Ambiente sea más ágil en sus trámites, de qué manera se puede incorporar productos de tecnología moderna, los cuales están ya disponibles, para disminuir o evitar la contaminación, como fertilizantes nitrogenados con inhibidores para evitar la contaminación de las aguas producto de la aplicación masiva de fertilizantes, y de qué manera podemos establecer una línea base de normas de calidad ambiental en distintas áreas.
En consecuencia, la situación es crítica en general, y La Araucanía en particular vive momentos difíciles producto de la contaminación ambiental, por lo que solicitamos a los ministros presentes avanzar en los distintos proyectos de ley que están en la agenda, como el relacionado con la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tiene la palabra el diputado Daniel Verdessi .
El señor VERDESSI.-
Es una pena que el actor más importante en el tema de la contaminación ambiental haya sido el Ministerio de Salud, porque los déficits que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en materia de fiscalización hacen que la mayoría de los controles hayan sido aplicados por los inspectores de Salud.
Tenemos que ver la historia. Durante muchos años se plateó en el país la necesidad de crecer económicamente con normas ambientales laxas y con flexibilidad laboral, lo que produjo un crecimiento industrial desordenado. Los que vivimos en la zona cercana a Quintero-Ventanas -vivo en Quilpué- podemos recordar que allí el azufre salía desordenadamente y sin control en los años 60, 70 y 80, que teníamos una ley ambiental débil, un Ministerio del Medio Ambiente que comenzó a funcionar en 2010, para reemplazar a la famosa Conama , y con una Superintendencia del Medio Ambiente incipiente.
El mundo ha avanzado y hoy, prácticamente en toda Europa, en Estados Unidos y en China -que antes era muy criticada-, las normas son mucho más estrictas y con parámetros dados por la OMS, que son mucho más exigentes.
Tenemos que asumir que este no es un problema de un gobierno, sino que es un problema de Estado, en el cual, por el número de zonas de sacrificio que existen: Huasco , Tocopilla , Quintero , Puchuncaví y Coronel, entre otras, se requiere un nuevo pacto ambiental y de crecimiento. Es decir, no debemos culpar, sino cambiar y asumir este compromiso con el mundo, con Chile y con la humanidad, porque la contaminación del medio ambiente es la gran antítesis del crecimiento y de la salud humana. Por eso es significativo que haya sido el ministro de Salud el actor importante en esta materia, porque hubo cientos de personas enfermas, contaminadas, que sufrieron el impacto del deterioro ambiental.
Por eso creo que la propuesta debe ser integrarnos para conformar un nuevo pacto social, ambiental, cultural y para el desarrollo.
Señor Presidente, en Aysén la gente está muriendo; así de simple. Coyhaique ha sido, en algunos momentos, la ciudad más contaminada del mundo, según organizaciones internacionales. Nuestros niños enferman y sufren problemas respiratorios; los adultos mayores mueren por problemas cardiovasculares. Por eso, digo que en Aysén la gente se está muriendo.
Han pasado tres, cuatro, cinco gobiernos, pero no se ha solucionado nada. Se hacen planes en los que se gastan millones y millones de dólares, pero las estrategias no funcionan.
Por eso, de un tiempo a la fecha venimos solicitando que se subvencionen los combustibles relacionados con la calefacción. Estamos hablando de parafina, gas, pellet y electricidad. Además, queremos que, de una vez por todas, el Ejecutivo, el gobierno del señor Sebastián Piñera , se decida a traernos gas natural desde Argentina. Estamos a escasos 150 kilómetros de donde se extrae el gas natural en ese país. Se podría instalar una planta envasadora en Coyhaique y sería una solución.
Sabemos que esa no sería una respuesta definitiva, porque la solución definitiva es la calefacción a partir de la energía eléctrica, pero sería de gran ayuda para terminar con la contaminación en el corazón de la Patagonia chilena.
Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .
Señor Presidente, considero que esta es una sesión bastante especial, así es que lamento que haya pocos diputados en la Sala. La gran mayoría está en sus comisiones, haciendo el trabajo que les corresponde, por lo cual debemos considerar esto como una nueva evidencia que nos demuestra la necesidad de introducir reformas importantes en materia de sesiones especiales de Sala.
El cambio climático es un fenómeno que llegó para quedarse. No es algo que podamos obviar, ni algo respecto de lo cual podamos echar pie atrás. Lo que debemos hacer como país es tratar de adecuarnos a la realidad que genera este fenómeno, que se origina en la emisión de gases de efecto invernadero, y son los países más grandes los que aportan la mayor parte de esas emisiones.
Chile es un país vulnerable a este problema, como explicó la diputada Catalina Pérez ; pero aún falta algo más por decir al respecto: el compromiso que debe asumir la Cámara de Diputados respecto de los desafíos que nos impone este problema ambiental.
El cambio climático avanza a pasos agigantados. Tratar de controlar la temperatura según los acuerdos internacionales que se han alcanzado al respecto es algo difícil de lograr, como también es difícil alcanzar los estándares ambientales en los proyectos que se desarrollan en nuestro país, que es lo que nos piden las comunidades.
¿Cuál es nuestro problema? Que somos una institución que avanza a cien kilómetros por hora, mientras el cambio climático avanza a mil kilómetros por hora. Por lo tanto, estamos legislando fuera de plazo, fuera de tiempo. Esa es la verdadera crisis que estamos viviendo en Chile en materia de cambio climático: la legislación no se ajusta a las necesidades de los ciudadanos.
En razón de lo expuesto, debemos lograr que la Cámara de Diputados sea el doble de productiva que lo que ha sido hasta ahora.
Les pongo un solo ejemplo al respecto. En estos días, la Comisión de Medio Ambiente está discutiendo la modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene un aspecto muy importante, que es la participación ciudadana, de las comunidades, en las decisiones territoriales. Llevamos nueves meses discutiendo ese proyecto de ley, pero, no obstante los esfuerzos que ha hecho la presidenta de la comisión, no hemos logrado avanzar en ni un solo artículo, y eso es grave.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio pido a todos los parlamentarios del Congreso Nacional que nos adecuemos a los tiempos que Chile necesita respecto del cambio climático. El próximo año se realizará en nuestro país la COP-25, que es la cumbre sobre cambio climático más importante en el mundo. Como Congreso Nacional deberemos dar el ejemplo en cuanto a que cumplimos lo que los chilenos nos piden a gritos, esto es, que cambiemos la legislación obsoleta, inadecuada, que no da soluciones, respecto del cambio climático.
El gobierno está haciendo muchos esfuerzos: el proyecto que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los proyectos que tienen que ver con delitos ambientales, la ley de cambio climático, los reglamentos de la ley REP, por nombrar algunas de las iniciativas que ha impulsado el gobierno.
El Congreso Nacional y nosotros, los parlamentarios, debemos ponernos a legislar con urgencia, probablemente sobre la materia más importante para nuestro país, respecto de la protección de los derechos de nuestros niños, que viven en un medio ambiente que no da para más y que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de proteger para el futuro de todos ellos.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y treinta y nueve segundos, el diputado Diego Ibáñez .
Señor Presidente, enhorabuena que estemos realizando esta sesión especial, porque el problema medioambiental ya no resiste más diagnósticos; debemos pasar a la etapa de las propuestas.
Muchos de nosotros hemos conocido la situación de Huasco, Mejillones , Tocopilla , Quintero-Puchuncaví , Coronel, así es que podemos concluir que la institucionalidad no ha estado a la altura de las circunstancias para atajar años de catástrofes ambientales y sanitarias y la vulneración de los derechos humanos que ocurren en esos lugares.
Chile es uno de los países con más conflictos socioambientales en el mundo. Tenemos un proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Comisión de Medio Ambiente, que pretende, de una u otra manera, acortar los procesos de instalación de industrias y otras empresas, al mismo tiempo que, en teoría, trata de fortalecer la participación ciudadana.
Señor Presidente, permítame señalar que ese proyecto en particular ha sido muy criticado, precisamente porque no está claro que fortalezca la participación, dado que los plazos se acortan de sesenta a treinta días, propone una participación anticipada en la que el Estado no tiene mayor preponderancia y no se avizora que se vaya a detener la compra de las comunidades, la división de las comunidades por parte de los grandes capitales.
Digo esto, porque cuando ingresa un proyecto al sistema de evaluación, los dueños del proyecto generan de inmediato una mesa con los vecinos y acuerdan instalarles una cancha de fútbol o construirles una sede social, por ejemplo, a cambio de su aceptación del proyecto, para que se instalen y consuman el territorio, el agua y el futuro de sus hijos e hijas.
Nuestra matriz primaria exportadora no resiste más. Somos una economía que depende de la exportación de materias primas; por lo mismo, debiésemos proteger nuestro territorio, nuestros bienes comunes y naturales.
Chile ha firmado el proyecto de las Naciones Unidas relativo a los objetivos de desarrollo sostenible, que apuntan a frenar el cambio climático, de la misma manera que el Acuerdo de París, pero este gobierno parece haberse frenado en ese cometido y ha tomado una postura más bien aislacionista relativa a los derechos humanos a nivel internacional. Por ejemplo, no ha firmado el Acuerdo de Escazú, que es fundamental para avanzar hacia una justicia y una democracia ambiental y territorial. Se trata de un acuerdo que ningún país desarrollado se cuestiona; sin embargo, en Chile es materia de debate si atenta contra la soberanía, lo que, a juicio de los tratadistas internacionales, a todas luces no corresponde, porque es una mentira.
Hay propuestas, sí. Hemos sido parte de la comisión investigadora por los problemas en Quintero y Puchuncaví, en las zonas de sacrificio, y hemos tenido una reflexión que avanza hacia tener una línea de base pública que no sea elaborada por las mismas empresas, porque, muchas veces, cuando se diagnostica el territorio, el Estado señala que no tiene la capacidad para hacerse cargo, por lo cual la misma empresa se hace cargo y dibuja el territorio sobre el cual operará para reducir sus gastos.
Dictar nuevas normas de calidad de aire, suelo y agua es otra de nuestras prioridades. Chile tiene un par de normas relativas a calidad de aire, pero solo respecto a algunos componentes; no tiene, en cambio, ninguna norma sobre calidad de suelo ni de agua.
En el Congreso Nacional, donde existe una pluralidad política mucho más representativa, aprobamos un proyecto de resolución en el cual solicitamos que se homologuen las normas chilenas a los estándares internacionales.
Las empresas termoeléctricas, muchas de ellas de capitales norteamericanos, como la empresa AES Gener , contaminan en Chile hasta doce veces más que lo que contaminan en Estados Unidos de América. Cabe señalar que AES Gener se financia con las pensiones de todos los chilenos.
También proponemos que la Onemi desarrolle planes de acción ante emergencias ambientales, que sean elaborados junto con las comunidades.
Solicitamos asignar más recursos al Ministerio del Medio Ambiente, uno de los de menor presupuesto, y a la Superintendencia del Medio Ambiente, que solo supera en recursos a la Superintendencia de Casinos, lo cual es vergonzoso en un país que se propone avanzar en materia de sustentabilidad.
Pedimos revisar y actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial de las zonas de sacrificio. Esto es muy importante, porque el SEA es un mecanismo de distribución territorial, pero no es el principal a la hora de diseñar las ciudades.
Hay que avanzar en mecanismos de participación ciudadana que incidan en los planes reguladores comunales de manera vinculante, para que de manera democrática distribuyamos el paño territorial para que sea usado por las comunidades.
Por último, este tema no puede ser la última prioridad en términos políticos, sino que debemos avanzar hacia un compromiso irrestricto del gobierno en el sentido de hacer carne a nivel local los tratados internacionales suscritos por el país y que se encuentren vigentes. He dicho.
Tiene la palabra el diputado Félix González .
El señor GONZÁLEZ (don Félix).-
Señora Presidenta, a través de usted quiero dirigirme al ministro de Salud para hablar de los niños de Coronel. Se han tomado muestras de sangre a los niños de la escuela Rosa Medel , de esa ciudad, y el 15 por ciento de ellas arrojó altos niveles de arsénico y níquel en su sangre.
Asimismo, de acuerdo con informes de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), de la PDI, se determinó la presencia de mercurio, níquel, arsénico, zinc y cadmio en los suelos y en los techos de las casas de Lota y Coronel, y también en las algas existentes en esas comunas.
¿Por qué la única medida que se ha propuesto por parte del gobierno es hacer más exámenes, pero solo a los niños de hasta cinco años, que son los que han estado menos tiempo expuestos? En Coronel y en Lota, debiéramos hacerles exámenes a todas las personas que lo soliciten.
Ningún gobierno ha sido capaz de buscar una solución, porque ello implica tocar intereses comerciales, tocar intereses de Endesa -hoy Enel- y de Colbún.
Quiero pedir al gobierno, a través del ministro de Salud, que tome las medidas que haya que tomar, una de las cuales es cerrar las termoeléctricas a carbón en Chile. Si queremos resolver el problema de salud de las personas, tenemos que tocar intereses.
Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .
El señor LABRA.-
Señora Presidenta, en nuestro territorio somos testigos de las nefastas consecuencias de un modelo desregulado y contaminador, que ha seducido a capitales e inversiones y ha producido grandes riquezas, pero también ha provocado impactos desastrosos en las personas y en el medio ambiente.
Existe consenso mundial en el avance solidario hacia una transición con equidad, lo que se hizo evidente en la última Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24), realizada en Polonia.
Tenemos instituciones débiles y una legislación laxa, sin normas sobre suelo o tierra, que es mucho más poético, que no protege adecuadamente el medio ambiente.
El proyecto de ley que propone la modernización del SEIA, que ha ingresado el Ejecutivo y que estamos analizando en la Comisión de Medio Ambiente, tiene el foco principal puesto en la desregulación y en generar mayores certezas a los proyectos de inversión que certezas en la calidad de vida de las personas y su participación activa en ellos.
Necesitamos entender que Chile es un territorio rico en recursos naturales, y que nuestros bosques, ríos y paisajes deben ser respetados, amados y prácticamente intocables. Así, tendríamos una gran oportunidad de ser protagonistas en el desarrollo sustentable.
Debemos respetar la inmensa cultura de nuestros pueblos originarios y aprender de ella, en cuanto a convivencia armónica con la naturaleza.
Los dramáticos acontecimientos de Quintero y Puchuncaví nos demuestran que el Ministerio de Salud tiene más atribuciones que el Ministerio del Medio Ambiente para dar respuestas rápidas ante emergencias ambientales. Este último sigue siendo una institución sujeta a las decisiones de un comité de ministros, en el que los ministerios de Economía y de Minería imponen sus términos.
Es tiempo de crecer en instituciones ambientales y de avanzar decididamente en política y herramientas reguladoras eficaces para contener un desarrollo neurótico que produce vergonzosas zonas de sacrificio.
Por un pueblo que crece, seguiremos trabajando por el medio ambiente y por la calidad de vida de nuestro pueblo.
Señora Presidenta, vaya mi saludo afectuoso para quienes nos acompañan en esta sesión especial: el ministro de Salud, señor Emilio Santelices , y el subsecretario del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco .
Por cierto, me referiré a esas tierras que conoce don Felipe , por su trabajo en la Universidad Austral de Valdivia; en el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia, y en la Región de La Araucanía.
Esperamos poner pronto remedio a los dramas que sufre la gente de La Araucanía en materia ambiental. Ya sobre Puchuncaví , Quintero y Concón se ha hablado bastante, y espero que se pongan los atajos necesarios a la contaminación que allí se sufre. Recientemente, se ha dicho que el derrame de petróleo iraní es uno de los responsables de la contaminación en esa zona.
Ahora bien, en La Araucanía necesitamos que existan planes de descontaminación más allá de Temuco y Padre Las Casas. Hay comunas cuyos habitantes están sufriendo un deterioro tremendo en su salud. Son miles de millones de pesos los que el Ministerio de Salud tiene que desembolsar para atender las urgencias, las enfermedades respiratorias, broncopulmonares y cardiacas. Hay atochamientos en los centros de salud en invierno debido a los altos grados de contaminación en comunas como Villarrica, Loncoche , Temuco y Padre Las Casas.
Es necesario destinar tiempo y recursos a estos planes de descontaminación, que deben incluir el aislamiento térmico de los hogares, el recambio de calefactores, pero por sobre todas las cosas la educación. Se pueden hacer muchas cosas para evitar estos dramas de contaminación exagerada que estamos sufriendo, por ejemplo, a través del uso de energías limpias, materia en la que Chile es líder mundial. Me refiero a las energías eólica, solar, hídrica y geotérmica.
Felicito los esfuerzos que están haciendo el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, y espero que la futura cumbre sobre el cambio climático, COP25, muestre al resto del mundo a un Chile con mejores éxitos de los que ya estamos teniendo en la lucha por mantener un medio ambiente sin los niveles de contaminación que hoy viven algunas regiones de nuestro país.
Señora Presidenta, quiero sumarme al planteamiento de varios colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que esta es una discusión muy importante. Por ello, agradezco que estén presentes las autoridades que hoy nos acompañan en la Cámara.
Esta es una discusión que nos debe preocupar a todos, sobre todo si entendemos que los conceptos de sustentabilidad, de armonía con la naturaleza, de protección medioambiental, etcétera, son temáticas que aparecen cada vez que tenemos una campaña de carácter político, al igual que otros conceptos, como el de descentralización y tantos otros. Son parte permanente de los discursos de la política, pero en la práctica tenemos plena claridad de que nos falta avanzar mucho como país. Con eso no quiero decir que la responsabilidad sea exclusiva de este gobierno. En absoluto. Lo que quiero plantear es que es un problema transversal que atraviesa el gobierno de turno, pero que deber tener, desde todo punto de vista, políticas mucho más firmes y contundentes para avanzar en aspectos fundamentales y dar a nuestra gente una mejor calidad de vida.
Planteo esto, ministro de Salud y ministra del Medio Ambiente, por lo que vive Osorno, una ciudad de cerca de 180.000 habitantes que no solo presenta el problema del cambio de calefactores, como aquí se ha querido decir; además, hay miles de familias que viven en condiciones de desgracia, como las que habitan en el sector de Curaco, el que se ha ido transformando en una zona de sacrificio, pues allí se ha instalado todo lo habido y por haber. Ese lugar se ubica camino a la costa, y los vecinos, desde las 6 de la mañana, viven en condiciones inhumanas por los malos olores.
Según lo que consigna el medio informativo Paislobo , en una edición de octubre de 2018, la empresa Ecoprial tiene vinculaciones directas con el financiamiento irregular de la política. ¡Qué paradójico! Veintitrés facturas ideológicamente falsas para campañas políticas en Osorno.
La basura es un problema que tiene a varios alcaldes con problemas bastante graves con la justicia, cuestión que también se da de manera transversal.
Entonces, hay que buscar soluciones no solo respecto de los temas que estoy planteando, sino también en relación con los áridos. Ese es otro problema medioambiental. Hace poco se cayó el puente Cancura , comuna de Osorno, en que murió una persona.
No digo que haya sido usted, señor ministro, pero el titular de Obras Públicas se comprometió a enviar durante este año un proyecto de ley relativo a la extracción de áridos, pero aún no le hemos visto ni las narices. Ese es un tema de enorme relevancia, porque los daños que provoca la extracción de áridos al medio ambiente y al ecosistema son tremendos, son violentos y, por ello, hay que buscar mecanismos legislativos para detener este tipo de actividades, que están provocando tragedias como la que vivimos hace unos meses en Cancura.
¡Para qué hablar de Puerto Montt, la capital regional! Allí están los sectores de La Goleta, Chinquihue Alto , Panitao , Salto Chico, Salto Grande. Más de mil familias, al igual que en el sector de Curaco, en Osorno, tratan de evitar que La Goleta se convierta en una zona de sacrificio. Numerosos puertomontinos compraron con esfuerzo una vivienda en ese sector para vivir adecuadamente.
En todo Chile tenemos problemas medioambientales. El llamado que hago es a trabajar juntos para buscar mecanismos de mayor fiscalización.
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .
Señora Presidenta, en el poco tiempo de que dispone mi bancada quiero expresar, una vez más, mi preocupación por la situación ambiental de Huasco y de Chañaral, aunque debo reconocer que existen programas de recuperación ambiental y social (PRAS) que se están desarrollando en ambas ciudades.
También quiero expresar mi preocupación por la declaración de zona saturada por material particulado MP10 en Copiapó y Tierra Amarilla. Esa medición se efectuó hace más de 6 o 7 años, pero todavía no hay decreto y menos plan de descontaminación. Hay un retraso enorme en esa materia, lo que nos ha llevado a tener una preocupación adicional, a propósito de los enfermos de cáncer y de la política nacional de cáncer que ha fijado el gobierno.
En Atacama siempre hemos estado preocupados por cuanto suponemos que puede haber situaciones que propicien el desarrollo de cáncer y que pudiesen tener relación con esas zonas de sacrificio, particularmente Huasco , Chañaral , Tierra Amarilla y otros lugares de la región. Por eso quise hacer uso de la palabra en esta sesión.
Señor ministro, aprovechando que se encuentra presente en la Sala, quiero expresarle mi molestia por lo siguiente. Usted visitó la Región de Atacama el jueves o viernes recién pasado. Estamos preocupados por los enfermos de cáncer y por las causas que lo pueden provocar. Por eso, estoy muy sorprendido de que ni el gobierno ni su ministerio nos hayan invitado a participar en la visita que realizaron a la zona. En esa ocasión podríamos haber conversado sobre estos y otros temas que afectan a huasquinos, chañaralinos y copiapinos, como el centro oncológico, etcétera. Todos podríamos haber dado a conocer nuestras preocupaciones y no solo unos pocos. Por eso efectúo el reclamo formal aquí, señor ministro.
Señora Presidenta, escuché con mucha atención a los colegas que intervinieron y dieron muy sentidos discursos, pero cuando los escucho me pregunto por qué las cosas que ayudan a descontaminar son las más caras del mercado. Por ejemplo, ¿cómo sería Santiago si toda la población usara autos eléctricos? Si un ciudadano quiere comprar un auto eléctrico, le cuesta 30, 40 o 50 millones de pesos, en circunstancias de que podría venderse barato, con lo cual descontaminaríamos en forma importante Santiago . Es solo un ejemplo.
Se ha dicho que se han instalado grandes industrias. Una empresa, por ejemplo, de piscicultura -tema que a los amigos Álvarez y Mellado y a mí nos gusta mucho-, va y pide permiso para instalarse en cualquier lugar del país. Esa empresa es la más aplicada de todas cuando está en proceso de conseguir los permisos de instalación, pero una vez que lo hace nunca más es fiscalizada. Son industrias que contaminan los ríos en alto grado. En Cautín tenemos ese serio problema. No lo sabía hasta que empezamos a averiguar y nos dimos cuenta de que había muchas industrias piscicultoras en Cautín. Nos preocupa que se descontamine y que se conserven en regla las industrias piscicultoras, porque la zona de Cautín es la “sala cuna” de los salmones en Chile. Ahí se producen los salmones para distribuir a todo el país. O sea, la industria salmonera parte en Cautín y los salmones terminan exportados a toda Europa.
Cuando vamos al Ministerio del Medio Ambiente y les decimos que tal salmonera o tal empresa está contaminando, les preguntamos si han ido a fiscalizarlas. Siempre la respuesta, señor ministro -y me gustaría que en esto trabajaran juntos los ministerios de Salud y del Medio Ambiente-, es que no existe suficiente personal para fiscalizar. Esa es la respuesta recurrente; esa es la respuesta que escuchamos en todas partes. No pedimos que pongan 200 o 300 personas a hacer ese trabajo, pero una o dos personas para fiscalizar toda una región es insuficiente. Ahí tenemos un segundo problema.
Por otra parte, escuchamos a nuestros colegas quejarse amargamente de que hay que expandir la zona de protección prácticamente a todo Chile por el problema de la contaminación por leña. ¡Fantástico, ministro! Protegemos todo el bosque nativo y todo lo que quiera, pero le voy a dar un dato. En el país se asierran más o menos 15 millones de pulgadas de madera nativa, pero para leña se destinan más de 50 millones. Por lo tanto, lo que más destruye el bosque nativo no es la madera aserrada, sino la que se destina para leña.
¡Hasta ahí vamos muy bien! Protegemos el medio ambiente y todo lo que quieran, pero pregunto a todos nuestros colegas qué alternativa le ofrecemos a la gente que se quedará sin leña. En Villarrica, en Temuco, en todas partes, el 90 por ciento de la gente usa leña porque hasta el momento es lo que les cuesta más barato. Si el gobierno dijera que entregará gas o un subsidio a la parafina, la gente felizmente desecharía su artefacto a leña y se inclinaría por las soluciones que el gobierno les ofrece. Es muy fácil criticar, pero también hay que dar soluciones, y esas son las que estoy mencionando.
Señora Presidenta, entiendo que este año, en Temuco, el litro de parafina -si estoy equivocado, me pueden corregir, porque nadie es infalible- está sobre los 650 pesos. Entonces, propongo que la señora que va con un bidón a comprar parafina para uso doméstico deje de pagar el impuesto específico y el IVA; tendríamos una parafina muy barata, la gente la utiliza- ría y dejaría a un lado la leña. ¡Son cosas simples!
El gobierno tiene que poner algo para que la gente también ponga algo, que, a lo mejor, sería sacrificar su cocina a leña. ¡Hay muchas cosas por hacer!
Vamos al área de la construcción. Alrededor de los lagos de Chile -en el sur, por el frío que hace, a todos nos gusta ir más a los lagos que al mar-, ¿cuántos edificios están construidos? ¿Dónde botan los residuos esos edificios? Tendrán planta de tratamiento o lo que quieran, da lo mismo, pero el agua tiene que caer en algún lado. ¿Alguien se ha preocupado de fiscalizar las casas, los condominios o los edificios que están alrededor de los lagos? No estoy hablando de ciudades, como Pucón, Villarrica , Puerto Varas o Llanquihue, que tienen plantas de tratamiento de aguas servidas. Por ejemplo, en la zona que conozco -no voy a hablar de otras-, entre Villarrica y Pucón, está la localidad de Molco, donde hay 1.800 viviendas.
Esa también es una fiscalización que habría que hacer, además de dar facilidades a esa gente para que tengan alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas. Son cosas que hay que hacer. Es muy fácil hablar de la contaminación.
El lago Villarrica hoy está contaminado. Hay cosas que podemos corregir cuando la contaminación depende de nosotros, vale decir, de los humanos: el fósforo en los campos, el abono, etcétera. Pero, ¿cómo corregimos las inclemencias del tiempo? Prácticamente es imposible. Debemos tomar ahora las precauciones para ir subsanando los problemas que he señalado.
Los gobiernos deben ser parte de esta solución. Para algunos es muy fácil criticar y decir que el Presidente Piñera es el gran culpable de la contaminación, pero recién han transcurrido nueve meses desde el inicio de su gobierno. Han pasado muchos gobiernos; no nos veamos la suerte entre gitanos. Todos somos culpables de no haber hecho lo que correspondía para salvar a nuestro país de la contaminación.
Se ha hablado de la Región de Valparaíso, de Quintero, de que se acabó la agricultura, de que la gente está muriendo de cáncer. ¿Recién ahora se dieron cuenta? ¿Acaso este problema existe desde hace cuatro meses?
Entonces, dejemos de hacer del medio ambiente algo de un color político determinado -lo digo con mucho respeto-; Chile y el medio ambiente nos pertenecen a todos. Por lo tanto, es obligación de todos empezar a proteger nuestro país y nuestro medio ambiente.
No es tarea de unos pocos. Se debe comenzar por impartir cursos de educación medioambiental a nuestros niños en el colegio, para enseñarles lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
¡Estamos en una encrucijada! Ahora, es deber y obligación de todos buscar la solución, porque ya no se puede esperar más. Chile es el segundo país -primero está Canadá- con más agua dulce en el mundo, y se está diciendo que hay que tener mucho cuidado este verano, porque habrá temperaturas inusuales y se van a secar gran parte de los esteros y vertientes.
Cuando se hicieron plantaciones de especies introducidas como bosque nativo, como el eucaliptus, ¿cuánta gente respetó la distancia de cien metros de las plantaciones respecto de los caudales de los esteros? Es más, cuando las forestales compraban los predios, no pagaban por esa parte del terreno, porque no se podía plantar, pero finalmente plantaban hasta la misma orilla.
Entonces, no nos culpemos entre nosotros y demos los mecanismos de fiscalización, con el fin de que tengamos fiscalizaciones claras y precisas de los permisos. Si es en piscicultura, que se controle adecuadamente esa área; si es en el área eléctrica, que se controle y fiscalice a las eléctricas; si es en el área de la construcción, que se controle que existen plantas de tratamiento de aguas servidas para no contaminar los lagos.
Por eso, es fundamental no hacer un “gallito” entre nosotros, sino contra la contaminación y contra todo lo que perjudique el medio ambiente.
El medio ambiente sustentable se puede utilizar, pero bien manejado. Esto es parecido a cuando se ralea un bosque, porque se dice que se está echando a perder, pero lejos de ello, se pone más bonito.
Esta es una tarea de todos. Es fundamental descontaminar Chile; busquemos soluciones y no nos critiquemos tanto entre nosotros.
Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .
La señora MARZÁN (doña Carolina).-
Señora Presidenta, ayer en la comisión especial investigadora de la contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví , y en las mal llamadas zonas de sacrificio, recibimos la visita de representantes de MejiAmbiente, quienes nos contaron la situación de Mejillones, en el norte de Chile.
Expusieron sobre la presencia de muchos elementos contaminantes en su zona, pero hay uno sobre el cual nunca había escuchado: el talio, que tiene la propiedad de diluirse fácilmente en el agua y dentro de sus usos destaca ser un potente exterminador de roedores.
Por otra parte, en Coronel existe un vertedero de cenizas que supera el tamaño de dos canchas de fútbol; el aire está contaminado y, además, tiene una consistencia que dificulta la respiración. Cuando llueve, el agua fluye y esas cenizas se van a las napas subterráneas, vejando, de manera inevitable, el agua que bebe la comunidad.
Se habla mucho de cifras y de normas de emisión, pero poco de adecuación de nuestra normativa a los estándares internacionales, lo que va en directo desmedro de las expectativas y las esperanzas de mejorar la calidad de vida a quienes por años se les ha violentado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Por otra parte, se ha hablado de cómo se ha lesionado el derecho a la educación, de cómo se ha visto…
Ha concluido su tiempo, diputada Marzán .
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .
El señor CALISTO.-
Señora Presidenta, siempre nos va a faltar tiempo para abordar la grave problemática que afecta a diversas comunidades del país en materia de contaminación y, sobre todo, para analizar cómo avanzamos desde el punto de vista legislativo y también como país para reducir la contaminación.
Quiero insistir en la situación que afecta a la Región de Aysén, que represento. En Coyhaique, este año se han vivido más de cuarenta episodios de emergencia ambiental. Esta contaminación afecta directamente a las personas, principalmente a los niños, a los lactantes, a los adultos mayores. Coyhaique es la ciudad más contaminada por material particular fino 2,5 de América y una de las 140 ciudades más contaminadas del mundo.
Más que un problema de contaminación del medio ambiente, es un problema de salud pública. Por eso, agradezco que en esta sesión estén presentes el ministro de Salud y el subsecretario del Medio Ambiente, porque el 52 por ciento de las consultas, solo en el hospital regional, son producto de problemas respiratorios provocados por la concentración de material particulado fino.
Desde la comunidad hemos impulsado muchas demandas, una de las cuales es la UCI pediátrica. Quiero agradecer nuevamente al ministro de Salud, porque esta semana se anunció la concreción de dicha UCI pediátrica, una necesidad que veníamos peleando desde hace mucho tiempo con mamás que viven situaciones complejas y lamentables, pues sus niños dependen de ventiladores mecánicos; es decir, se trata de situaciones gravísimas.
En Aysén no existe una UCI pediátrica; solo hay tres camas UTI en ese extenso territorio de nuestra patria. Por lo tanto, destaco esta importante noticia.
Sin embargo, aún nos quedan muchos requerimientos más; por ejemplo, la extensión del avión ambulancia, para poder trasladar a los niños que padecen enfermedades respiratorias. Cabe recordar que este año tuvimos setenta traslados de niños por problemas respiratorios a otros centros de salud.
En fin, podría extenderme. No obstante, quiero señalar a la autoridad de gobierno que se deben tomar medidas urgentes. Por ejemplo, en materia de eficiencia térmica, se requiere desburocratizar los mejoramientos térmicos y agilizar la entrega de...
Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .
El señor BERNALES.-
Señora Presidenta, este año hemos vivido en la Región de Los Lagos varias situaciones relacionadas con la afectación del medio ambiente. Por ejemplo, el derrame de pintura en el río Trainel, de Chiloé; el escape de 70.000 salmones en Calbuco; lo ocurrido con el barco Seikongen; la alerta ambiental por primera vez en la historia en Puerto Montt; vemos cómo se seca el lago Chapo todos los días; los constantes malos olores en el sector La Goleta, de Puerto Montt; la lucha que tiene la gente por descontaminar el río Trapén; la contaminación en el lago Llanquihue; hoy hemos visto en el diario las consecuencias que está generando el secado de una laguna milenaria en la provincia de Calbuco; las concesiones acuícolas en el lago Yelcho, en la provincia de Llanquihue.
El 17 de septiembre, el diario tituló: “El río Maullín en la recta final para convertirse en santuario de la naturaleza.”. Este río recorre cuatro comunas de la región. Ese titular hoy está más cerca de ser ficción que realidad, al existir un proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el mismo río, que lo pone en peligro.
En la Región de Los Lagos estamos cansados de ver cómo se destruye nuestro medio ambiente. El cambio climático es hoy y no mañana; por lo tanto, quienes debemos hacer algo somos nosotros y no nuestros nietos.
Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .
Señora Presidenta, nadie discute la necesidad de proteger el medio ambiente como un bien jurídico y social que permitirá a la ciudadanía, en general, tener mejores condiciones de vida.
Los desafíos que depara el futuro para nuestro país son precisamente el respeto, la promoción y la cautela de nuestro entorno natural y social.
Por lo anterior, se requiere no solo de un cambio en nuestras leyes o políticas públicas, sino también de una profunda reflexión y modificación de nuestros hábitos como habitantes de nuestro querido país. Por ejemplo, la contaminación presente en la comuna de Coronel es una manifestación de décadas de una concepción de desarrollo en la que el medio ambiente no representaba ningún factor importante a considerar.
Solo con la dictación de la Constitución Política se estableció como garantía constitucional el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, disposición que ha generado un conjunto de normas jurídicas que han establecido, por fin, en casi treinta años, una institucionalidad política y legal acorde a los estándares de protección a nivel internacional.
Sin embargo, lo que resulta negativo para el país es que la política medioambiental de Chile concita una guerra entre buenos y malos, como lo ha planteado en muchas ocasiones la oposición, porque nos encontramos ante un problema que requiere de soluciones a largo plazo y que vayan conforme a los postulados que abraza nuestro país, según lo que previene el Convenio de Río, de 1992.
Por ello, sesiones como esta requieren de mayor altura de miras. Por lo mismo, quiero recordar a los parlamentarios de la oposición que bajo su mandato la Presidenta Bachelet aprobó 42 proyectos de termoeléctricas en Chile, principalmente en sectores denominados “de sacrificio”, proyectos que sin duda marcaron la vida de miles de chilenos, particularmente la de los habitantes de la comuna de Coronel.
Por ello, invito a que en sesiones como estas renovemos nuestros esfuerzos en torno a colaborar con la agenda del Presidente Piñera en materia medioambiental y no nos quedemos solo en la crítica pequeña, culpando a un gobierno que solo lleva ocho meses en el poder.
Las graves consecuencias medioambientales que hoy tenemos, como se ha dicho, son producto de la inoperancia de muchas autoridades en esta materia en el pasado. Lo que está haciendo nuestro gobierno, sin duda, es tratar de corregir y mejorar las condiciones medioambientales de todos y de cada uno de los habitantes de nuestro país.
Quiero destacar al ministro de Salud, Emilio Santelices , presente en la Sala, por el compromiso que contrajo con los habitantes de Coronel para llevar a cabo miles de estudios que permitan determinar la presencia de metales pesados en los habitantes de esa comuna.
Señor ministro, destaco su compromiso. Por cierto, ello da cuenta de que este es un gobierno que responde a los requerimientos de los ciudadanos.
¡Gracias, ministro, por su gestión!
Esperamos que esos resultados nos permitan tomar medidas drásticas, para que nuestros habitantes, particularmente los de la comuna de Coronel, vivan en un ambiente libre de contaminación.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .
Señor Presidente, en representación de los parlamentarios que formamos parte de la bancada de la UDI, quiero valorar esta sesión especial sobre un tema que es transversal a todos los sectores políticos y que debemos abordar con políticas de Estado eficientes, eficaces y con real sentido de urgencia.
Nadie puede desconocer los graves problemas de contaminación que están sufriendo algunas ciudades del país. Por ello, la Cámara ha avanzado en algunas disposiciones que nos permiten mirar el futuro con un poco más de optimismo, como la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.
La discusión legislativa ha permitido advertir la necesidad de fortalecer de mejor forma la relación entre los tres instrumentos de gestión ambiental vigente: primero, normas de calidad; segundo, planes de prevención y descontaminación, y, tercero, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Todas estas iniciativas refuerzan la premisa del gobierno de que el desarrollo debe ser sustentable, protegiendo la vida de las actuales y nuevas generaciones. Del mismo modo, varios parlamentarios hemos insistido en que es insostenible mantener el actual modelo de descontaminación ambiental, con planes que no han entregado los resultados esperados.
En la Región de Ñuble, por ejemplo, el Plan de Descontaminación Ambiental para la intercomuna Chillán-Chillán Viejo ha sido un fracaso en sus dos años de operación. En lo que se refiere al recambio de calefactores domiciliarios, la meta era llegar a 20.000 viviendas en una década, es decir, 2.000 viviendas por año. Sin embargo, en dos años de implementación solo se entregaron 1.373 subsidios, lo que equivale a 34 por ciento de cumplimiento.
Como se ha establecido en diversos debates de especialistas, los planes de prevención y descontaminación son la guía maestra para restaurar el equilibrio ambiental. Lamentablemente, estos planes se han transformado en instrumentos ineficientes, sin un real impacto en la calidad de vida de nuestras comunidades.
No debemos olvidar que nuestra Constitución, en el N° 8° de su artículo 19, expresa que es deber del Estado velar para que se viva en un ambiente libre de contaminación. Actualmente, prácticamente dos terceras partes de nuestra población nacional viven en zonas declaradas latentes o saturadas, lo que refleja que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad ese mandato constitucional.
Nuestros adultos mayores y niños, especialmente, son los que esperan por una respuesta estructural a este grave problema, para acceder a una vida más saludable y libre de contaminación.
Tiene la palabra el ministro de Salud, Emilio Santelices .
El señor SANTELICES (ministro de Salud).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero celebrar la realización de esta sesión especial, porque, sin duda, de las distintas intervenciones se puede recoger que tenemos una mirada compartida. Como país estamos recogiendo lo que ha ocurrido por décadas, y hoy nos estamos haciendo cargo de analizar de qué manera vamos a tener una mirada de largo plazo para resolver los temas que nos convocan. Sin duda que de allí van a salir, más temprano que tarde, las soluciones que todos esperamos.
Desde el ámbito que le corresponde a la cartera de Salud, es importante establecer y reiterar el compromiso del gobierno y de este ministerio con el medio ambiente y, particularmente, con la epidemiología medioambiental. Es decir, desde el Ministerio de Salud hemos hecho los esfuerzos y estamos trabajando para fortalecer la vigilancia epidemiológica para construir un mapa de las fuentes contaminantes a lo largo del país, cualesquiera que sean, y, a partir de ellas y de los potenciales emisores, establecer la correlación que puedan tener con los efectos en la salud de la población de las zonas donde se identifiquen.
En consecuencia, el segundo eje es fortalecer los equipos de salud en esas áreas y focalizar los esfuerzos para mantener esta vigilancia y mitigar los eventuales efectos que puedan afectar a la población de esos lugares.
El tercer eje en que estamos trabajando es en una agenda colaborativa con el Ministerio del Medio Ambiente. La idea es contribuir, nuevamente desde la mirada sanitaria y que afecta a las personas, en la construcción de las nuevas normativas que el Ministerio del Medio Ambiente está desarrollando.
Estos son los tres ejes por los cuales estamos transitando desde el Ministerio de Salud, y solo vengo a reiterar el compromiso que hemos asumido en estas materias.
Tal cual como se señaló, y solo a modo de ejemplo, quiero expresar que efectivamente estamos realizando un monitoreo, a solicitud de la ciudadanía, en la zona de Coronel. Al respecto, quiero precisar que de los niños que han sido examinados, afortunadamente no se han encontrado niveles que puedan afectar su salud. Solo un niño tenía niveles elevados. En ese caso, también se consignó que había un tema dudoso de registro. Se repitió la muestra, se ha hecho seguimiento y no tiene ningún efecto clínico.
Lo planteo para tranquilidad de ustedes y para reiterar nuestro compromiso específico en estas materias en relación con las zonas que ya se identifica que pudieran estar amenazadas.
Muchas gracias, señor ministro. Se suspende la sesión por cinco minutos.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primero de ellos.
Proyecto de resolución N° 436, de los diputados Esteban Velásquez , Alejandra Sepúlveda , Pedro Velásquez , Jaime Mulet , Amaro Labra y Guillermo Teillier , cuya parte dispositiva expresa lo siguiente:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que tenga a bien adoptar una política coherente y sistemática de protección del medio ambiente y de tutela de la naturaleza, que tenga por fin orientar los medios de producción de la economía hacia un desarrollo armónico de todos los sectores de la población, disminuyendo los altos niveles de contaminación que se han detectado en las denominadas zonas de sacrificio, como también, en cada uno de los recursos naturales del país, como el agua, el suelo y el aire.
En particular, se le solicita actualizar la legislación ambiental, en concordancia con los más altos estándares internacionales; incrementar los recursos destinados a la protección del medio ambiente, a lo menos, a un 1 por ciento del gasto público para el presupuesto 2020; suscribir todos los tratados internacionales que impliquen mayores estándares medioambientales; establecer un verdadero royalty a favor de las zonas de sacrificio; favorecer la creación y uso de una matriz de energía limpia; realizar exámenes médicos a los habitantes de las zonas de sacrificio del país; dar protección legal y administrativa a los recursos naturales del país, como el agua, el suelo, los bosques y el aire, entre otras medidas que se estimen necesarias para garantizar las condiciones de existencia de vida de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, se le requiere al Presidente de la República que envíe, a través de los ministerios que correspondan, copia de las medidas adoptadas a esta Corporación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 48 abstenciones.
Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Auth Stewart, Pepe ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mix Jiménez, Claudia ; Mulet Martínez, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Desbordes Jiménez, Mario ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Muñoz González, Francesca ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Romero Sáez, Leonidas ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .
Tiene la palabra el diputado Coloma .
Señora Presidenta, me senté en el pupitre de al lado. Aparezco votando como la diputada María José Hoffmann , pero fui yo.
Señor diputado, se hará la corrección, porque sabemos que se trató de un error.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .
Señora Presidenta, voté en contra, pero mi voto no aparece reflejado en el tablero electrónico.
Señor diputado, a varios diputados les ha ocurrido esa misma situación, así que corresponde revisar la votación. Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
Señora Presidenta, en la primera votación voté por la abstención. Sin embargo, una vez repetida la votación, no aparezco registrado en el tablero electrónico. Pido que se consigne mi voto entre las abstenciones.
Como hay más de seis o siete diputados, de todos los sectores políticos, que han manifestado que su votación ha presentado algún problema, recabo la unanimidad de la Sala para repetir la votación.
En ese caso, se dejará constancia en el acta de los votos emitidos por los señores y las señoras diputadas que han hecho observaciones.
Proyecto de resolución N° 437, de los diputados Diego Ibáñez , Félix González , Víctor Torres , Gastón Saavedra , Claudia Mix , Fidel Espinoza , Carolina Marzán , Amaro Labra y Ricardo Celis , que en su parte dispositiva expresa:
Solicita a su excelencia el Presidente de la República que adopte las siguientes medidas tendientes a avanzar en la solución al conflicto socioambiental de las diversas zonas de sacrificio del país:
1.Se dicten nuevas normas de calidad de aire, agua y suelo, y actualicen las normas existentes, homologándolas a los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud, poniendo especial énfasis en normar metales pesados e hidrocarburos. Vinculado a esto, que se revisen y fortalezcan los planes de descontaminación, de modo que puedan incluir medidas que apunten a controlar los niveles de los nuevos contaminantes normados, estableciendo metas claras y fiscalizables por parte de la ciudadanía.
2.Se elaboren a través de la Onemi planes de acción ante emergencias ambientales, tal como existen para desastres naturales como terremotos y maremotos, construidos junto a las comunidades de zonas potencialmente afectadas. Junto a esto, que se disponga de los recursos que sean necesarios para lograr su óptima ejecución.
3.Se asignen más recursos al Ministerio del Medio Ambiente, a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental en el próximo presupuesto de la nación, para que puedan disponer de mayor personal para la elaboración y dictación de normas, fiscalización y evaluación de proyectos.
4.Se revisen y actualicen los instrumentos de ordenamiento territorial de las zonas de sacrificio, de manera que se congele el crecimiento de la industria peligrosa, contaminante y molesta en aquellas zonas. Junto a ello, que se incorporen áreas de amortiguación entre parques industriales y áreas urbanas y se revise la coherencia entre los límites de uso de cada instrumento de planificación territorial.
5.Se firme el tratado de Escazú, pues es una herramienta que apunta a fortalecer nuestra democracia y la participación de los actores sociales en la toma de decisiones medioambientales.
6.Se decrete el cierre, en el más breve plazo, de las cinco termoeléctricas más antiguas en funcionamiento, las cuales son las más contaminantes, y luego se aplique un cierre o reconversión progresivo de las termoeléctricas restantes a más tardar para el año 2030.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 50 abstenciones.
Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Mix Jiménez, Claudia ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
Desbordes Jiménez, Mario ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Urrutia Bonilla, Ignacio .
Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del último proyecto de resolución.
Proyecto de resolución N° 438, de los diputados Ramón Barros , Catalina del Real, Nicolás Noman , Sergio Bobadilla , Joaquín Lavín , Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe , que en su parte dispositiva expresa:
Solicita a su excelencia el Presidente de la República presentar un proyecto de ley marco sobre cambio climático que:
-Establezca las condiciones estructurales e institucionales que permitan el establecimiento de metas respecto a la mitigación de gases de efecto invernadero.
-Implemente acciones concretas que permitan a nuestro país adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia de nuestro territorio e incluyendo medidas que tiendan hacia un incremento en la seguridad de las personas como principal foco, e igualmente acciones que protejan las actividades productivas como principal medio de desarrollo del país.
-Entregue las competencias necesarias al Estado de Chile, tanto a nivel nacional como regional y local, para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales asociados al Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 7 abstenciones.
Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; CruzCoke Carvallo, Luciano ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hirsch Gold - schmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cris - thian; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Núñez Urrutia, Paulina ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rey Martínez, Hugo ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Mardones, Raúl ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
-Votó por la negativa el diputado señor Labra Sepúlveda , Amaro .
Cariola Oliva, Karol ; Celis Araya, Ricardo ; Girardi Lavín, Cristina ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Parra Sauterel, Andrea ; Teillier Del Valle, Guillermo .
-Se levantó la sesión a las 17.50 horas.
1.Que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en todos sus niveles, pero también, respecto de todas las personas, en especial, de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.
Al respecto, diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigente concretizan este deber del Estado. De esta manera, la Convención de la ONU sobre los derechos del niño, promulgada por nuestro país en virtud del decreto N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala en su artículo 28 que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho". En específico, la letra b) contempla que los Estados parte deben “Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad”.
El artículo 23 asimismo indica que el niño mental o físicamente impedido “deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”; el numeral 3° de dicho artículo, en particular, indica que la asistencia “estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación”.
Asimismo, se puede destacar la promulgación y entrada en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el año 2008. Este tratado internacional, ratificado y con vigencia en nuestro país, obliga a los Estados Parte “a comprometerse a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” (artículo 4°, numeral 1). Para tal fin, la misma Convención establece una serie de compromisos específicos, como por ejemplo:
i.“Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención” (letra a).
ii.“Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad” (letra c).
iii.“Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos” (letra i).
Luego, el artículo 7° contempla deberes del Estado para con el niño con discapacidad: señalando que: “1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas; 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño”.
En materia de educación, el artículo 24 establece que “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo larga de la vida, con miras a:
En relación directa con este proyecto, el numeral 4° del mismo artículo señala que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad”.
En consecuencia, los distintos tratados internacionales sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad están plenamente vigente, y son un límite a la soberanía estatal, de conformidad al artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República, debiendo el Estado no sólo reconocerlos, sino que también protegerlos y garantizarlos.
2.Que nuestro ordenamiento jurídico también contempla determinadas medidas a favor del derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, en especial, de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Constitución Política de la República reconoce el derecho a la educación (Artículo 19 N°10), indicando que “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”.
A su turno, la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 19 N° 11, y que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, tiene como límite lo que prescribe el inciso final del mencionado numeral: “Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.
Es decir, de lo anotado se puede aseverar que la libertad de enseñanza está limitada por los “requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media”, y sobre todo, atendiendo a los derechos reconocidos y garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, dentro de los cuales se contemplan los relativos al acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.
3.Que sobre lo mismo, el artículo 46 del decreto con fuerza de ley N°2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, fija los requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos educacionales para recibir el reconocimiento oficial.
Entre otros requisitos, la letra g) del mencionado artículo señala que todo establecimiento educacional, para su reconocimiento oficial, debe: “g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y el personal asistente de la educación suficiente que les permita cumplir con las funciones que les corresponden, atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad de alumnos que atiendan”.
No obstante, de lo anterior se desprende que no hay un requerimiento específico de contar con el personal idóneo para atender a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, pese a que sea un deber del Estado garantizar este derecho en todos los niveles, y tipos de establecimientos educacionales, sin importar su dependencia administrativa.
Ratifica lo anterior lo dispuesto en la Ley N°20.422 que “establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”, pero sólo relativo a los establecimientos que reciban fondos del Estado. Al respecto, el artículo 34° señala que “El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado.
Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educacional en dichos planes”.
4.Que este problema se ve más patente en el caso de los establecimientos particulares pagados, toda vez que del total del número de matrícula de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema, dichos establecimientos sólo tienen a un 0,04% (74 NNA) matriculados. En efecto, el sistema educacional ostenta altos índices de discriminación en el acceso, dado que casi la totalidad de los establecimientos educacionales particulares pagados no cuentan con niños, niñas y adolescentes con alguna necesidad educativa especial. Ello se explicaría porque la ley no los obliga a contar con el personal idóneo para ello. Así, por ejemplo, se desprende de los datos que a continuación se indican:
Lo anterior podría además explicarse en la medida que una gran cantidad de estos alumnos son recibidos por la educación particular subvencionada a través de los Programas de Integración Escolar (PIE), lo que no inhibe el deber de la educación particular pagada de realizar los ajustes necesarios que permitan la plena inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales a sus establecimientos.
5.Que el decreto con fuerza de ley N°2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005 se refieren a la educación especial o diferencial en los siguientes términos (artículo 23 inciso primero): “La educación especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje”.
A su vez, la norma define que un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando “precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación” (artículo 23, inciso segundo). No obstante, el inciso siguiente señala que “La modalidad de educación especial y los proyectos de integración escolar contarán con orientaciones para construir adecuaciones curriculares para las escuelas especiales y aquellas que deseen desarrollar proyectos de integración”; es decir, este tipo de educación sólo es voluntario para los establecimientos educacionales, lo que en la práctica, y como se ha señalado, muestra una imposibilidad de acceder a la educación particular pagada.
En efecto, los datos sobre matrícula de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en el sector particular pagado son decidores al momento de señalar que existe cierto grado de discriminación, no del todo justificada, para su ingreso. De esta forma, en la práctica no existe un acto expreso de discriminación, por ejemplo, negando el ingreso, sino que ciertos establecimientos se amparan en que no tienen el personal necesario para atender dichas necesidades educativas especiales, desincentivando su matrícula.
Otra forma subrepticia de discriminación ha sido judicializada, y por lo menos, correctamente corregida. En efecto, en fallo de la Corte Suprema Rol N° 38.521-17 de 21 de junio de 2018, estuvo por “acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de discriminación arbitraria interpuesta en contra del Colegio por la decisión de mantener al hijo de los demandantes en kinder y no promoverlo a primero básico, al estimar los jueces que en virtud de las razones técnico pedagógicas esgrimidas por la demandada, la permanencia del niño en kínder tenía una justificación razonable, decisión que tampoco consideraron ilegal por cuanto se sustenta en el artículo 27 de la Ley N° 20.370”. Asimismo, señaló que “al invocar la condición del niño - síndrome de Down - para impedir su ingreso a la educación básica, obligándolo a permanecer en kínder, la demandada ha contravenido la normativa legal antes citada, que no le confiere atribuciones para hacer repetir al niño aquel nivel como requisito para acceder a primero básico, con independencia de sus necesidades educativas especiales. Dicha contravención vulnera la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 2 de la ley 20.609, antes transcrito”, es decir, la Ley sobre medidas contra la discriminación. En consecuencia, esta realidad es más que patente y debe ser solucionada, en parte, por la legislación que se propone.
6.Que por todo lo anterior, los diputados suscriptores del presente proyecto manifestamos nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales y con todas las medidas de acción afirmativa que se puedan adoptar para las personas en situación de discapacidad, la cual es una materia en que el Estado sigue manteniéndose en deuda, faltando políticas públicas que generen, para todos y sin discriminación, las condiciones sociales que permitan a todos su mayor realización espiritual y material posible. De esta manera, la exigencia de todos los establecimientos de contar con el personal profesional y técnico para atender a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales permitirá, en parte, reducir los niveles de discriminación de los que son objeto.
El presente proyecto tiene como idea matriz establecer la obligación de los establecimientos educacionales de contar con el personal adecuado para atender a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales
III.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto:
El proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N°2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, particularmente en el artículo 46 que regula los requisitos mínimos del reconocimiento oficial de establecimientos educacionales, estableciendo que se requerirá, además, contar con el personal adecuado para atender a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales
Artículo único.- Modifíquese el decreto con fuerza de ley N°2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005 en el siguiente sentido:
1)Agréguese, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase en el inciso primero de la letra g) del artículo 46: “Asimismo, deberán contar con un proyecto de integración y un equipo profesional y técnico idóneo para permitir el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales con una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva”.
Artículo transitorio: Los establecimientos educacionales deberán adecuarse a lo prescrito por esta ley en el plazo de 1 año contado desde su publicación.
Diputados señores Velásquez, don Esteban, Barrera, Flores, don Iván, Mulet, Núñez, don Daniel, Rosas, Saffirio, y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Marzán, y Sepúlveda, doña Alejandra
El acceso a la información pública constituye un elemento central del régimen democrático. En efecto, la información a la que pueden acceder los ciudadanos, determina, en gran medida, la posibilidad de participar activamente en los asuntos de relevancia pública.
Asimismo, cabe destacar que el acceso a la información constituye a la vez un derecho fundamental, el cual ha sido reconocido por variados instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Así lo ha entendido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en un caso contra el Estado de Chile (Claude Reyes v. Chile), reconoció que el acceso a la información es un derecho universal y expresamente estableció el derecho de “buscar y recibir información” del gobierno.
A su vez, el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. El Artículo IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. El Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole. Finalmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace eco de este derecho de acceder a información pública, destacando que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todo individuo.
Nuestro país ha dado pasos relevantes en esta materia. La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, conocida como Ley de Transparencia, constituye un salto cualitativo en relación al estado anterior en esta materia. El rol del Consejo para la Transparencia ha resultado fundamental para ajustar las prácticas de los órganos de la Administración del Estado, en aras de generar una cultura de la transparencia, transversal a los diferentes servicios.
Sin perjuicio de ello, y en una decisión que mirada en retrospectiva resulta inentendible, la Ley sobre Acceso a la Información Pública dejó importantes aspectos fuera de su alcance, entre ellos, lo relativo al Congreso Nacional. En efecto, la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, contiene referencias a la Ley de Transparencia, reenviando a los reglamentos de las respectivas Cámaras la regulación de los procedimientos relativos al acceso a la información pública, asignando a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara y del Senado, la misión de resolver, en única instancia, las reclamaciones que se presenten sobre esta materia.
Actualmente, solo el Reglamento del Senado contempla un procedimiento específico para la reclamación ante denegación de información, pero con un estándar por debajo del exigible a los órganos del Estado sujetos al imperio de la Ley de Transparencia, estableciendo que contra la resolución de la Comisión de Ética y Transparencia, no procede recurso alguno. En tanto, el Reglamento de la Cámara de Diputados no dedica ningún tratamiento específico a un procedimiento de reclamación por denegación de información solicitada, solo contiene enunciaciones generales respecto de las funciones de la Comisión de Ética y Transparencia en relación con materias vinculadas.
La probidad, transparencia y el acceso a la información pública constituyen principios base del máximo orden normativo al encontrarse consagrados en el Capítulo I de la Constitución Política, relativo a Bases de la Institucionalidad. En consecuencia, los órganos del Estado deben adecuar sus normas y prácticas de manera de dar cabal cumplimiento al mandato constitucional, haciéndolo de buena fe y teniendo en vista los estándares internacionales aplicables.
A modo de ejemplo conviene referirse a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada el 8 de junio de 2010. Del número 4 de dicho cuerpo normativo se puede colegir, sin lugar a dudas, que toda ley de transparencia y acceso a la información pública, debe tener un alcance amplio, obligando a “todas las ramas del gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial)”:
“La presente ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); se aplica también a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del Gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y se aplica asimismo a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente) o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados. Todos estos órganos deberán tener su información disponible de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”[1].
En conclusión, no resulta sostenible que el Congreso Nacional se reste del estándar que él mismo exige al resto de los órganos del Estado. Resulta imperioso ajustar no solo la norma, sino también las prácticas, las que deben ser concordantes con un Estado Democrático, dejando atrás todo viso de secreto y privilegio.
2.Idea Matriz
En razón de lo expuesto, se propone modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a fin de hacer aplicable la Ley sobre Acceso a la Información Pública a ambas ramas del Congreso, como también respecto de sus servicios comunes, otorgando competencia al Consejo para la Transparencia (CPLT) para conocer de las reclamaciones que se presenten y, a la Corte de Apelaciones respectiva para conocer de los reclamos que se ejerzan en contra de lo que el CPLT pueda resolver.
En atención a lo precedentemente expuesto, vengo en proponer el siguiente:
Artículo Único: Para modificar el inciso cuarto del artículo 4° de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en el siguiente sentido:
-Eliminar la frase “en única instancia”.
-Sustituir lo dispuesto a continuación del punto seguido y hasta el punto aparte por la siguiente disposición “Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso Nacional y sus servicios comunes, quedarán sujetos al procedimiento regulado en los artículos 24 a 30 y lo dispuesto en el artículo 33, todos de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública”
Diputados señores Soto, don Raúl; Ascencio, Auth, Bernales, Desbordes, Kast, Monsalve; Núñez, don Daniel, y Torres, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna
Según el Reporte Mundial de Riesgo por Desastres Naturales, en su edición del 2018 ubicó a Chile como uno de los países más peligrosos del mundo. Chile aparece en el puesto número 28 con un riesgo de 11,5 con los terremotos como principal amenaza. Así se ubica en segundo más peligroso de Sudamérica superado sólo por Guyana.
Así, se desprende y no es novedad para nosotros que nuestro país ha sido foco de una serie de desastres naturales en los últimos años. Entre ellos cabe mencionar el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter y posterior Tsunami del 27 de febrero del 2010, con epicentro en la costa de la actual región de Ñuble. Esta catástrofe provocó la muerte de más de 500 personas y más de 20 desaparecidos
En abril del 2014 se produjo un terremoto de grado 8.2 afectando principalmente a las ciudades de Arica e Iquique.
En el mismo mes de abril del año 2014 tuvo lugar en Valparaíso el que es considerado el mayor incendio urbano en la historia de Chile afectando a miles de familias en la zona en casi 1090 hectáreas.
En marzo del 2015 la zona norte de nuestro país se vio afectada por un fuerte temporal que provocó desbordamiento de ríos y aluviones en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Lo grave de la situación provocó que se decretara Estado de Excepción Constitucional en la región de Atacama.
En septiembre del mismo año 2015, la región de Coquimbo sufrió un terremoto de grado 8.4 con epicentro en la ciudad de Canela Baja, cobrando la vida de 15 personas. El tsunami posterior que afecto a las ciudades de La Serena y Coquimbo provocó graves daños de infraestructura.
Sin ir más lejos, el pasado año 2017 la zona centro sur de nuestro país sufrió graves incendios forestales que afectó desde la región de Coquimbo hasta la Región de los ríos.
De esta manera, es importante contar con mecanismos idóneos que respondan de forma cabal y oportuna ante la ocurrencia de cualquier tipo de emergencia.
Por otra parte, tambíen es importante ocuparnos de los efectos que está produciendo el cambio climático en nuestro país. El Informe Especial de ciencia Climática: Cuarta Evaluación climática Nacional, Volumen I al interior de sus conclusiones plantea que[1]:
a.Si no se producen reducciones masivas en las emisiones, el aumento promedio de la tempreratura global podría superar 5°C la temperatura global existente en la época anterior a la Revolución Industrial (Siglo XVIII). Incluso podría ser una cantidad superior a esa hacia fines del presente siglo. Si logramos disminuir significativamente las emisiones, el aumento en el promedio anual de la temperatura global podría quedar limitado a 2°C o menos, evitándose gran parte de los riesgos más peligrosos del Cambio Climático.
b.La concentración de CO2 global atmosférico ha traspasado las 400 partes por millón (ppm), una cantidad que solo fue alcanzada hace más de 3 millones de años atrás, cuando tanto el promedio global de temperatura y el nivel del mar fueron sustancialmente mayores que los niveles actuales.
c.El promedio global del nivel del mar se ha elevado alrededor de 14 a 18 cm desde 1900, con la mitad de esa elevación, 7 a 9 cm, ocurrida desde 1993 a la fecha. El Cambio Climático causado por las actividades humanas ha sido el principal responsable de este aumento del nivel del mar. Este aumento es el más grande ocurrido en cualquier siglo anterior en al menos los últimos 2.800 años. Este aumento, además, está afectando seriamente las costas de todo el mundo, en particular por la incidencia de marejadas e inundaciones periódicas en muchas costas del Caribe, Golfo de México, Sudamérica, EEUU, Asia y el Pacifico.
d.El derretimiento temprano de las nieves en la primavera y la menor acumulación de nieves que ello provoca, es una tendencia que se está generalizando en muchos lugares del planeta. La resultante es que afecta seriamente la cantidad de recursos hídricos disponibles.
Así las cosas, es que nuestro país se sumó el año 2015 al tratado ambiental aprobado en el marco de la convención de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, el cual se denominó Acuerdo de París, y que en resumidas cuentas plantea que el principal de los objetivos es lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los 2 ºC, limitando el aumentos en 1,5 grados en los próximos años, evitando así llegar a los que han determinado científicos como “niveles peligrosos e irreversibles de cambio climático”.
También se encuentra frenar y reducir los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana a fin de llegar a un equilibrio en donde el propio medio ambiente pueda realizar su absorción natural, para lo cual se realizará una estudio de cumplimiento cada 5 años, con el establecimiento de metas para el mencionado periodo, y así llegar al equilibrio pleno en un periodo que va entre los años 2050 y 2100.
Y finalmente, para lograr lo anteriormente señalado se establece que aquellos países desarrollados deberán apoyar a naciones en desarrollo con recursos económicos para hacer frente a los efectos del calentamiento global.
En los meses recientes se dio a conocer un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Organización de las Naciones Unidas, en el cual es categórico en establecer que “el planeta alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados centígrados (2.7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales para 2030, lo que precipitará el riesgo de una sequía extrema Incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas”[2] sumado a que “los gobiernos de todo el mundo deben tomar cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para evitar niveles desastrosos de calentamiento global”[3].
Es vital que los servicios climáticos estén al servicio de la ciudadanía. No debemos olvidar que Chile fue parte de la tercera conferencia mundial del clima celebrada en Ginebra, Suiza en 2009. En la cual se acordó fortalecer la entrega y uso de la información y predicciones climáticas, ayudar a construir sociedades resilientes al clima y asegurar a todos los sectores de la sociedad un acceso a la información de forma amigable y expedita para enfrentar lo impactos del cambio climático.
Desde otra perspectiva, en relación a los desastres naturales es fundamental tener una caracterización de los recursos naturales, principalmente los recursos hídricos para efectos de una adecuada gestión. En nuestro país, dada la variabilidad del recurso hídrico en su distribución territorial, se requiere de una gestión desarrollada sobre la base de datos duros.
Por ello es que es necesario establecer mecanismos de respuesta oportuna entre los diversos órganos estatales y una correcta coordinación, capacitación y gestión de los recursos y voluntarios que concurren en dar respuesta ante este tipo de emergencias y cambio climático en nuestro país.
II.Idea Matríz y Objetivo del Proyecto
La Cámara de Diputados actualmente no cuenta con una comisión permanente que se haga cargo específicamente del estudio de esta materia.
Creemos que, a propósito de los múltiples organismos que operan en los diversos escenarios de emergencia y teniendo presente el alto nivel de riesgo que presenta nuestro país en la materia, es que resulta de mejor conveniencia establecer una comisión que se dedique, no solo a materias relacionadas con una institución en particular, sino más bien, al estudio de todo el mecanismo de emergencia que opera a nivel nacional ante la ocurrencia de desastres naturales.
Por lo anterior es que proponemos modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados en orden a crear una nueva comisión que sea compresiva de un mayor espectro de materias a tratar. De esta manera proponemos que se denomine “Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático”. Así las cosas, se podrá abordar el estudios desde una perspectiva más integral en cuanto a las instituciones relacionadas con la materia.
Por las razones y antecedentes anteriormente expuestos es que sometemos a vuestra consideración el siguiente:
Artículo Único: Incorpórese en el artículo 216 de Reglamento de la Cámara de Diputados, un nuevo numeral 28 del siguiente tenor:
“28. De Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático.”
Diputadas señoras Muñoz; Pérez, doña Joanna, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Alessandri; Castro, don José Miguel; Durán, don Eduardo; González, don Félix; Núñez, don Daniel, y Pérez, don José
El origen de la dieta parlamentaria se remonta a 1823, donde son las razones prácticas las que incidirán en la discusión parlamentaria, sobre la necesidad y pertinencia del establecimiento de una dieta, considerando la precaria condición económica de algunos Diputados. Así, el origen de esta se asocia al ingreso de personas sin fortuna al campo político, que aspiran llegar al Congreso sin tener los medios económicos necesarios para dedicarse exclusivamente a la actividad legislativa[1].
Luego, por varias décadas, la dieta parlamentaria sólo tuvo por objeto financiar el costo de traslado de diputados y senadores que eran de provincia, y el mantenimiento de los mismos.
En la actualidad la configuración de esta dieta, viene dada por la Constitución de la República, la que en su artículo 62 señala que “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”. De esta forma, la dieta promedio de un diputado alcanza en la actualidad, una cifra cercana a los diez millones de pesos, más las asignaciones parlamentarias pertinentes.
Así las cosas, es claro advertir que la dieta parlamentaria, cuyo origen buscaba permitir el acceso a la actividad política a quienes no tenían los costos, ha mutado su naturaleza con el transcurso del tiempo, configurándose actualmente como una remuneración propiamente tal, entendiéndose por tanto, que la dedicación a la actividad legislativa, no es gratuita.
1.Que, en Chile existen 155 diputados y 43 senadores. Lo anterior significa que el Estado desembolsa una suma anual superior a 16 mil millones de pesos, en concepto de pago de dietas de diputados. El gasto anual de las dietas de senadores alcanza los 5 mil millones de pesos. Es decir, el costo de mantención de todos los parlamentarios, corresponde a más de 21 mil millones de pesos. Dichos pagos se hacen con cargo a la Ley de Presupuesto.
Lo anterior, sin considerar los gastos por asignaciones parlamentarias, que por supuesto, contribuyen a abultar dichas cifras.
2.La ciudadanía ha manifestado, con justa razón, un malestar generalizado ante las cifras anteriormente expuestas. En efecto, los sueldos de diputados y senadores son excesivamente altos, siendo incluso de los más altos de Latinoamérica.
3.En este sentido, se han hecho diversas propuestas que buscan equilibrar dietas y asignaciones con las exigencias de la función legislativa; pero que a su vez sean concordantes con la realidad nacional y con una agenda de gasto fiscal reducido. De esta forma, es menester destacar que este tema, reviste principal preocupación para nuestro Presidente Sebastián Piñera, puesto que ésta cuestión configura uno de los pilares centrales del programa de gobierno, y así lo ha manifestado en múltiples ocasiones.
En esta misma línea la bancada de diputados UDI se ha manifestado a favor de la rebaja de dietas y asignaciones, además de presentar diversos proyectos que apuntan directamente a dichos objetivos, como lo son la reducción del número de diputados y senadores, como también, la revisión de los sueldos de las más altas autoridades de la República.
4. Hoy, nuevamente los diputados suscribientes buscamos poner fin a este adverso escenario, y las funestas consecuencias del mismo, como lo son el alejamiento de la ciudadanía de la gestión política, y el aumento de la desconfianza de la sociedad en nuestra labor y gestión. Es por esto que consideramos que el órgano pertinente para determinar los montos de la dieta parlamentaria y de las asignaciones, es el comité de asignaciones parlamentarias, habida consideración la naturaleza de este órgano.
Además, proponemos que las remuneraciones de los altos cargos de las empresas estatales que cumplan una función estratégica, sean determinadas por el Presidente de la República en atención a criterios que garanticen la competitividad de dicha empresa con su sector económico, esto, por cuanto las empresas estatales deben encontrarse en una posición adecuada que les garantice la competencia con el sector privado, como también la posibilidad de contratar personal técnico y calificado, siendo el principal incentivo para la atracción de profesionales, la remuneración ofrecida. Lo anterior se encuentra en directa armonía con los lineamientos principales de esta moción, cuyo objeto último es la reducción de los altos sueldos que existen en el sector público, pero sin caer en el populismo y en las medidas simplistas que traen consigno perniciosas consecuencias para la economía nacional y el país.
Reemplácese el artículo 62 de la Constitución Política de la República de acuerdo al siguiente texto:
Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta que será fijada por el comité de asignación parlamentaria. Este mismo órgano fijará también, las asignaciones parlamentarias en atención a los siguientes criterios número de población, dimensión geográfica, accesibilidad, entre otros.
Las remuneraciones de los altos cargos de las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado que cumplan una función estratégica, serán determinadas por el Presidente de la República, en atención a criterios que garanticen competitividad con su área.
Diputados señores Macaya, Alessandri, Coloma, Kort, Melero, Morales, Noman, Ramírez, Sanhueza, y Trisotti
I.CONSIDERANDO
1.El Código civil en su artículo 565 señala que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales, entendiendo estas últimas como “aquellas que consisten en meros derechos, como créditos y las servidumbres activas”. Asimismo, las cosas incorporales se clasifican en Derechos Personales y Derecho Reales, cuya significación de la segunda categorización significa: “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”, según el artículo 577 del mismo cuerpo legal.
2.En la misma línea, las servidumbres se consideran como Derechos Reales y su concepto lo encontramos en el artículo 820 del código de Bello, en el que se señala: “Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”. En la servidumbre encontramos 2 predios: el predio sirviente -el gravado, desde su punto de vista la servidumbre es pasiva- y el predio dominante -el que se beneficia del gravamen, es el que tiene el derecho real, desde su punto de vista la servidumbre es activa-. Al respecto el Artículo 821° del Código Civil.
3.Por regla general, las servidumbres se establecen de forma convencional o mediante resolución judicial, sin embargo, cuando se constituyen por la segunda vía ocurre el problema de que si bien el dueño del predio sirviente está obligado a conceder la servidumbre por resolución judicial, no existe un organismo público o imparcial que determine la existencia de factibilidad técnica de las mismas previa inscripción en el conservador de bienes raíces que corresponde, ocurriendo entonces, que, si bien se otorga el derecho real correspondiente, no siempre es un óptimo acceso al camino público.
4.Actualmente, en el proceso de determinación de servidumbres ocurre el problema en que aquel derecho real se constituye en una zona del predio que no posee la factibilidad ni técnica ni práctica para conectar el predio dominante con el camino público.
5.Este proyecto, busca garantizar el libre acceso a caminos públicos de aquellos predios que naturalmente no tengan conectividad y que por Derecho propio le corresponde exigir.
Artículo Primero: Agréguese un nuevo inciso 2° en el artículo 848 del código civil en conformidad al siguiente texto:
"En cuanto al ejercicio de la servidumbre, será la Dirección de Obras Municipales el organismo encargado de reglar en cada situación una solución pertinente y garantizar que el acceso al camino público sea factible técnicamente, en un plazo no mayor a 30 días hábiles procesales desde la solicitud de pronunciamiento, según el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil"
Diputados señores Calisto, Ascencio, Flores, don Iván, Matta, Sabag, Soto, don Raúl, y Verdessi, y de la diputada señora Pérez, doña Joanna
I.- IDEAS GENERALES:
En un Estado Democrático inspirado bajo las normas fundamentales del Derecho y la justicia, existe como regulación fundamental el resguardo de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos y que en nuestro orden constitucional se encuentran expresamente establecidos en los 26 numerales del artículo 19 de la nuestra Constitución Política de la República.
De la idea recientemente descrita, todo nuestro derecho administrativo debe fundarse en la observancia de ciertos principios que deben prevalecer en la actuación de los órganos del Estado y cuya principal función no es otra que el resguardo de las garantías fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones con la autoridad. Creemos, que uno de los ámbitos en donde mayor fricción existe entre potestades y derechos loes en el ámbito del procedimiento administrativo y, particularmente en el ámbito del procedimiento administrativo sancionatorio.
Así las cosas en no pocas oportunidades, los Derechos a la igualdad, al debido proceso, a la petición, a la salud o a la educación sin vulnerados en un contexto de un procedimiento administrativo llevado a cabo sin las observancias legales y constitucionales debidamente prescritas por lo que le propio legislador y constituyente han debido establecer vías recursivas destinadas a modificar resoluciones emanadas de órganos administrativos que han sido pronunciadas con infracción a derechos constitucionales.
En este ámbito uno de los casos más recurrentes de infracción a los derechos y garantías de los ciudadanos lo constituyen las notificaciones de los actos administrativos, sean éstos de trámites o conclusivos, en las cuales no se han ejecutados las comunicaciones y notificaciones destinadas a que los interesados puedan ejercer los derechos procesales y sustantivos que el Derecho les confiere, por lo que los diputados firmantes de esta moción estamos conteste en orden a la idea de que existen a nivel jurídico una carencia de garantías en torno a establecer certezas jurídicas en etapas procesales administrativas de tanta sensibilidad, como es la notificación de una infracción que puede ocasionar la privación, perturbación de un derecho garantizado constitucionalmente.
En eso consiste el proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración en esta oportunidad.
1º Que, en materia de comunicación de los actos administrativos, el artículo 45 y siguientes de la LBPA, establece que estos se comunican por medio de comunicaciones o publicaciones. Habrá notificación en los casos de actos de efectos individuales, y publicación en los casos en que el acto tenga efectos generales.
2º Que, a nivel legal, existen diversas clases de notificaciones y que constituyen la forma de efectuarlas en un procedimiento administrativo, tales son: la notificación personal, notificación por carta certificada, notificación tácita y la notificación por correo electrónico.
3º Que en lo que nos ocupa, la notificación personal es aquella que corresponde efectuarla en aquellos casos en que un empleado del órgano administrativo correspondiente deje copia íntegra del acto que se notifica en el domicilio del administrado, dejando constancia del hecho. Así mismo, habrá este tipo de notificación en los casos en que se apersone el interesado a recibir la copia referida en el oficio de la administración.
4º Sin perjuicio de reglas aparentemente claras, a nivel de la práctica forense no son pocos los casos en que invocando la administración una notificación de un acto administrativo de carácter personal, el administrado resulta perjudicado por la acción del órgano público, habida cuenta que cumpliendo con los requisitos legales finalmente el particular aún así no toma conocimiento del acto administrativo final el que podría generar efectos contrarios a sus derechos e intereses y que, en estas condiciones, no puede ejercer los derechos de defensa o descargos que el constituyente y el legislador le asigna.
5º Que esta forma de hacer sabedor al administrado de las consecuencias de los actos administrativos, lo pone en una situación de desventaja, sobre todo si en nuestro país, no existe desde el punto de vista orgánico tribunales de lo contencioso administrativo y muchas veces, la única herramienta para solicitar de los tribunales un pronunciamiento en Derecho, es la tradicional acción de protección, la que en estricto sensu no constituye un procedimiento contradictorio con bilateralidad de la audiencia y, en consecuencia, siendo la administración juez y parte, la inequidad en el acceso a la información es también desproporcionada.
6º La estandarización de los procedimientos administrativos ha conseguido que los administrados ejerzan de sus derechos circunscrito dentro de un marco normativo que ha entregado mayores certezas y equilibrios procesales, no obstante, se requiere de una modificación legal que apunte a solucionar un problema sustancial en la génesis de este tipo de actuaciones. Sin una notificación personal, de aquella definida en el Código de Procedimiento Civil, no puede haber defensa real y efectiva de los derechos públicos subjetivos de los administrados y menos de los derechos legales y constituciones afectados por actos de la administración.
7º Por último, es deseable promover a nivel de procedimiento administrativo mecanismos legales de conocimiento de los actos administrativos lo suficientemente idóneos y eficaces destinados a cautelar el debido ejercicio de los derechos del administrado, y en consecuencia promover una administración ceñida a los principios de servicio, legalidad y democracia.
De acuerdo a lo indicado anteriormente, el proyecto de ley que se presenta a vuestra consideración establece una nueva regulación de la notificación personal establecida en los artículos 45 y siguientes de la ley de bases de procedimiento administrativo Nº 19.880, en el sentido de consagrar las siguientes condiciones:
a)Que la notificación debe efectuarse al representante legal de la persona jurídica. Si se trata de una persona natural, a quien le afecte directamente las consecuencias del acto administrativo.
b)En ambos casos, el funcionario habilitado para el ejercicio de la notificación deberá dejar constancia que estas personas recibieron el contenido del acto administrativo y las implicancias que de este acto se derivan.
IV.- PROYECTO DE LEY:
Artículo Único: Reemplácese el inciso tercero del artículo 46 de la ley 19.880, por el siguiente texto:
“Si la notificación es personal, el empleado del órgano correspondiente deberá dejar copia íntegra del acto o resolución que se notifica a la persona del interesado, a su representante legal o convencional. Además, el funcionario público deberá dar cuenta al interesado las consecuencias jurídicas del acto o resolución que se notifica, dejando constancia de ello.”.
Diputados señores Coloma, Fuenzalida, don Juan, Lavín, Morales, Moreira, Ramírez, Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso

References: artículo 52
 artículo 313
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 313
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 46
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 46
 artículo 46
 Artículo 19
 Artículo 13
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 33
 artículo 216
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 565
 artículo 577
 artículo 820
 Artículo 821
 resolución 
 resolución 
 artículo 848
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 45
 artículo 46
 resolución 
 resolución