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Timestamp: 2017-12-11 11:36:26+00:00

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Derecho Universitario | Otro sitio realizado con WordPress
4 febrero, 2015 Sin categoríartaylorurjc
Últimamente he visto varios casos de estudiantes a quienes han denegado convalidaciones, y el término jurídico para describir las resoluciones es, sin duda, el de flipante.
Creo que la costumbre en las entidades locales menores proporciona mayor seguridad jurídica que lo que se hace en la Universidad Rey Juan Carlos.
Resulta que las resoluciones se ponen en el Portal de Servicios diciendo si la convalidación está aceptada o denegada, y si la deniegan, ponen dos o tres palabras con el “motivo” (eg. “diferencia de contenidos”). ¿Qué clase de acto administrativo es ese? ¿Quién resuelve? En la “resolución” no figura ni el órgano que la ha dictado.
El que se mueva un poco habrá encontrado en la página web la “normativa” de convalidaciones, y habrá llegado a la conclusión de que resuelve la “comisión de convalidaciones”, y el que sepa algo de Derecho, sabrá que el Reglamento no está publicado, y por tanto no ha desplegado efectos ni puede aplicare.
Luego tenemos la composición de las “comisiones de convalidaciones”. ¿Alguien sabe quienes son los vocales? ¿Alguien sabe si los hay? ¿Alguien sabe si se reúnen? No hay actas, no hay información de la composición, de los criterios, de las sesiones… Aquí ni Ley de Transparencia ni Cristo que lo fundó.
Además, según los Estatutos de la Universidad debería haber un representante del Consejo de Estudiantes -art. 147.f)-, y os aseguro, porque presido el órgano, que no lo hay en ninguna de las comisiones. Así pues, la composición de las comisiones no se ajusta a la norma, y por tanto, todas las decisiones que toman son nulas de pleno derecho, ya que se dictan prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados -art. 62.1.e) LRJPAC-.
Luego tenemos el contenido de las propias convalidaciones. Existe un concepto que, por lo visto, en ciertas Facultades y Escuelas desconocen: el precedente administrativo. El precedente administrativo es un acto administrativo que se dicta en un momento dado y, a partir del cual, vincula a la Administración a seguir un criterio concreto, por tanto, a tomar la misma decisión sobre un mismo asunto toda vez que se reúnen las mismas circunstancias. Por ejemplo, si van dos personas a convalidar la misma asignatura por una otra asignatura igual (eg. Estadística aplicada al Turismo -Grado en Turismo- por Estadística Empresarial II -Grado en ADE-), el resultado debe ser siempre el mismo, incluso aunque ambos casos se den en años distintos.
En el caso de que, por cualquier motivo, se dejase de convalidar una asignatura por otra, en primer lugar, se debería motivar con los criterios que justifiquen que ahora esa asignatura no sea convalidable -art. 54.1.c) LRJPAC-. Además, deberá coger las que hubiera aceptado anteriormente, revisar de oficio los actos invalidados, y abrir el correspondiente procedimiento de declaración de lesividad -artículos 102 o 103 LRJPAC según la motivación de la revisión-, ya que esas personas tedrán entonces que matricularse de la asignatura, cursarla y aprobarla. Incluso aunque esas personas hayan egresado, o hayan trasladado su expediente, se deben desconvalidar esas asignaturas. Por eso es fundamental que la Universidad respete sus propias decisiones, porque el perjuicio que causaría apartándose de su criterio en casos idénticos, dudo que fuera política ni económicamente asumible para la la Administración.
Pero no os preocupéis, estáis en la Universidad Rey Juan Carlos, y es tan probable encontrar un acto o un procedimiento plenamente válido y correcto, como que te pongan una matrícula de honor en una asignatura sin haber pisado la clase. Esto es, que o bien seas un perro fiel, o bien te toque la lotería.
Es de justicia decir que para la adaptación de Licenciatura a Grado en su día se hicieron las tablas de convalidaciones y están publicadas en la web, así como para el traslado de Educación Infantil a Educación Primaria y viceversa, lo cual constituye una honrosa excepción, ya que proporciona los criterios a la Comisión de convalidaciones, y la debida seguridad jurídica al alumnado.
Dicho esto, vamos a analizar la impugnabilidad que ofrece la Universidad. La normativa dice que ante la denegación cabe reclamación-recurso ante el vicerrector de alumnos en el plazo de 20 días. ¿Qué reclamación? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Cómo que 20 días? ¿Vicerrector de Alumnos?
Desde luego que quien redactó la normativa se quedó a gusto. Luego hablaremos del prestigio de la Universidad y demás parafernalia panfletaria, pero aquí como mucho podremos traer a unas jornadas a la Jueza del Juzgado nº 1 de Madrid, porque cualquier jurista medianamente reconocido huirá espantado de las aberraciones jurídicas que se publican (en la web, que en el Boletín, ni una).
¿Dónde se ha visto que el plazo para la interposición de ningún recurso sea de 20 días en vía administrativa? Quien lo redactó, y quienes lo aprobaron no tienen absolutamente ni idea de lo que hacen. Eso, o se piensan que es su cortijo, y la Ley que la cumpla la Infanta, que ellos pasan.
Cualquier recurso administrativo tiene un plazo de interposición de un mes (de día a día) -artículos 115 y 117 LRJPAC, e incluso 4 años en el caso del extraordinario de revisión del art. 118- desde la notificación-. Y como hemos visto antes, no hay ni notificación ni nada, te aparece ahí una cosa con unas letras mal puestas en el Portal de Servicios y te dan por notificado. Hale, y el domicilio a efecto de notificaciones lo pones por si quieren pasar por casa a tomar un te con pastas, porque si esperas que te llegue una resolución por correo certificado a casa, puedes acabar como La loca del muelle de San Blas.
En fin, que aquí nos administra gente que bien podría dedicarse a cosas más productivas y en las que destacasen mínimamente, o directamente solicitar la incapacitación judicial -visto lo visto sería recomendable-, que nos iría mejor a todos y a todas.
Como decía, esto es jurídicamente flipante. Sois gente inteligente, con recursos, con representantes. Asesoraos e id al contencioso y que no os toque el nº1. Si no, mejor que no perdáis el tiempo recurriendo, porque hay quien resuelve y no sabe ni leer.
23 abril, 2014 Sin categoríartaylorurjc
Como habréis observado, en ningún momento se menciona que los funcionarios de Registro tengan que interactuar con quien registra un escrito, salvo en el caso de que haya que cotejar la documentación complementaria. Es curioso que en los tres años que llevo como representante de estudiantes, en distintos niveles, la queja que siempre he recibido sobre el Registro es la cantidad de trabas y los desafortunados comentarios que realizan los funcionarios de los mismos.
Antes de nada, he de decir, en honor a la verdad, que hay casos y casos. En los Registros de la Universidad Rey Juan Carlos he dado con verdaderos profesionales que te reciben con una sonrisa, cumplen con sus funciones y te alegran el día, y con auténticos patanes que no saben hacer la O con un canuto que te hacen preguntarte cómo la Universidad no ha implosionado todavía.
En caso de encontraros con uno de estos seres que dedican su existencia a ser un cliché de funcionario que te manda de una ventanilla a otra y a decirte que esto no lo tienes que hacer así, sino de la otra manera, o que esto no va a servir para nada, os planteo diversas situaciones:
1. El funcionario se niega a registrar:
- No puedo registrarlo.
- Tiene usted el deber de registrarlo.
- Pero no puedo registrarlo porque el árbol genealógico de las familias de enchufados no recoge a esa persona, debe ser que no debe nada, y no se le puede enviar el escrito.
- Le insisto en que tiene el deber de registrarlo. Caso de que no se pudiera hacer llegar al destinatario por causa imputable a quien presenta el escrito, la Administración debe requerir la subsanación de los eventuales defectos de forma, e informar de que se disponen diez días para proceder a dicha subsanación. La Ley prohibe a la Administración rechazar de plano una solicitud por este motivo.
- Pues eso, te estoy requiriendo que subsanes.
- Usted no tiene competencia para requerir nada en absoluto, y de hecho se está extralimitando bastante en sus funciones, pues su trabajo se reduce a registrar lo que se presente, sin necesidad de mediar palabra, y muchísimo menos discutir a un administrado cómo debe presentar un escrito.
- Pues no te lo puedo registrar.
- De acuerdo, entonces le ruego me facilite su nombre y sus apellidos (como ya nos sabemos el artículo 35, le mencionamos el apartado b)), y me alcanza un modelo de instancia, por favor.
Cuando llegamos a este punto, lo que hay que hacer es rellenar una instancia dirigida a la Inspección de Servicios (art. 210 de los Estatutos) exponiendo la situación (El día x, en el registro auxiliar del campus de… me disponía a registrar un escrito, a lo cual la funcionaria del registro, que se ha identificado como Dª. Y, se ha negado en varias ocasiones a pesar de haber manifestado su obligación a tramitar dicho registro, y mi derecho a que, efectivamente, lo haga) y solicitando que quieres ejercer tu derecho a exigir las responsabilidades disciplinarias correspondientes.
Si esto ocurriera en distintas ocasiones, y no se diera solución al problema, entonces os cogéis un notario y cuando tengáis el acta en el que conste que se niegan a registrarlo, me llamáis al móvil y miramos, que va a estar gracioso. Eso sí, preparad la chequera, que ahí hay que pagar al notario, al abogado, al procurador y las tasas judiciales… Eso sí, el máster de Función Pública exprés en que matriculas al funcionario no tiene precio.
2. El funcionario está leyendo el papel de principio a fin
Este es un vicio bastante común en los Registros de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo mejor que podéis hacer es, al presentar un escrito, decir a quién va y qué es. Ejemplo:
- Buenos días, vengo a presentar este escrito. Original y copia. Va dirigido al Consejo de Gobierno y es un Recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de financiar la Fundación Clínica Universitaria con 30,000 euros de dinero público.
Con esa información, no deberían leer nada más, tienen todo lo que necesitan para tramitar el registro del documento sin necesidad de que hagan una radiografía transversal a lo que allí pone, que, de nuevo, es una extralimitación manifiesta de sus competencias.
Si aun así continuase leyendo, podéis ser prudentes y preguntar si necesita más información sobre el escrito. Esto ni siquiera suele ser necesario, pero si llega a serlo, por lo general no continuarán leyendo.
En caso de que por lo que sea ese día se haya levantado con un espíritu lector insaciable y le de por leer hasta la última coma, entonces procedimiento estándar: Le pides que deje de hacerlo, y si se niega, identificación y denuncia a la Inspección de Servicios.
3. El funcionario se empeña en corregirte toda la instancia
Caso 1 (fácil): Esto no debería ocurrir, ya que en primer lugar no hemos dejado que la lea. Pero en caso de que ocurra, hay que agradecer que intente informarnos, y decir que no es necesario, que somos conocedores del procedimiento y tenemos el convencimiento de que está todo correcto, y que en caso de no ser así, se nos tendrá que requerir la correspondiente subsanación, dándonos los diez días de rigor para efectuarla.
Caso 2 (moderado): Aquí es cuando el muy cachondo va y te dice que ya te está requiriendo él la subsanación, y procurando no reírte demasiado, le preguntas que al amparo de qué competencia lo hace, que no te consta que tenga por qué decir nada siquiera (esto está muy bien, por lo general la gente de los Registros suele ser gente maja y agradable, con la que hablas igual que hablas con cualquiera que esté trabajando y con quien tengas que interactuar, pero cuando te encuentras un especimen desagradable con quien no te apetece hablar, viene genial poder decirle que por Ley no tiene por qué abrir la boca, eso sí, con educación).
Caso 3 (difícil): Te dice que si no lo cambias no lo puede registrar. Pues nada, volvemos al final del punto 1 de esta entrada, pedimos que se identifique, denuncia a Inspección de Servicios, y manta y carretera.
Caso 4 (Godlike): Ayer te ocurrió lo mismo con el mismo papel, y hoy te vuelven a poner pegas con lo mismo. Pues nada, vas con un notario y que dé fe del comportamiento y las actuaciones del funcionario. Luego te vas a un registro de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y ahí no te van a poner problema. Con el acta del notario y las actuaciones anteriores (denuncias a Inspección de Servicios, por ejemplo), os acercáis al juzgado y lo denunciáis directamente, que lo del notario es una pasta y no te la vas a gastar para luego no hacer nada.
4. Te dicen que no hay dinero y que no te pueden dar un modelo de Instancia
Error. Deben dar un modelo de instancia, y además con papel autocopiable. Lo del modelo viene dictado por el art. 70.4 de la Ley de Procedimiento. Luego lo del papel autocopiable es más o menos opcional. Si va a ser una página les viene mejor darte el papel autocopiable si no llevas copia para que te sellen, ya que en caso contrario deben darte un resguardo con los datos del registro (es decir, todo lo expresado en el 38.3 párrafo 2º), y os aseguro que eso es más lío para ellos…
Si se niegan a daros la instancia, pues qué os voy a decir… Lo de siempre, solo que esta vez es más absurdo, porque le vas a pedir otro modelo de instancia para dar parte… y también se va a negar. Puedes hacerlo en repetidas ocasiones, hasta que te canses, llevar la cuenta, y luego coger un folio y ponerlo todo…
Lo dejo por el momento, si tenéis alguna situación más que queráis que aborde, dejad un comentario y preparo otra entrada.
22 abril, 2014 Sin categoríartaylorurjc
Continuamos donde lo habíamos dejado. Artículo 38, cuarto punto:
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: Es decir, cuando queráis presentar un escrito a cualquier órgano o unidad de la Universidad podéis hacerlo en…
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. Léase, los Registros General y auxiliares de la Universidad Rey Juan Carlos.
b) En los registros de cualquier órgano no administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. Es decir, que si estás de vacaciones en La Granja, te convocan elecciones a Rector en verano, y quieres ejercer tu derecho al voto anticipado, coges y te vas, por ejemplo, al Registro de la Diputación Provincial de Segovia, y ya que estás, te tomas algo en la Judería Vieja o en la Plaza Mayor. Tienes que ir a la Diputación Provincial porque, hasta donde yo sé, ninguna Administración Local tiene convenio con la URJC en materia de registros.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. Esto es lo que comúnmente se conoce como el envío de comunicaciones de contenido certificado, es decir, que en Correos presentas la documentación en sobre abierto, comprueban, y te sellan la copia, igual que harían en un Registro, y te quedas el resguardo de que lo has enviado por correo certificado, y cotejado. Véase art. 31 del RD 1829/1999.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Evidentemente, si las elecciones a Rector te pillan trabajando de au pair en Alemania, que estarás aprendiendo el idioma para coger una patera el día que te gradúes, no vas a ir a Móstoles a votar, ni tampoco le vas a explicar al de Correos de Heidelberg cómo se certifica el contenido de una carta en España, así que para eso está la Embajada de España, para que vayas a votar, te miren con cara de incredulidad cuando les cuentes que es para votar a unas elecciones a Rector en pleno mes de julio, y no vuelvas a aparecer por allí salvo que te convoquen claustro también, pierdas tu documentación, o te llegue una notificación de Merkel diciendo que ya empiezas a sobrar, que les estás quitando minijobs a los ancianos.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Este es el típico texto de por si acaso, pero a efectos de la Universidad no tiene aplicación alguna hoy por hoy.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Esto último viene regulado por la Resolución de 7 de abril de 1997 para la implantación de un sistema interconectado de Registros entre las Administraciones territoriales, conque en la Universidad tiene poca aplicación.
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto a sus solicitudes, escritos y comunicaciones.
Este apartado es maravilloso. Es la típica situación en la que te pide la Universidad un Certificado del Expediente Académico, por ejemplo, por el que te cobran 27 euros de tasas, y tú piensas: “Madre mía, menudo palo, esto con una fotocopia valdrá, digo yo”. Pues sí y no. Cuando presentas la fotocopia es cuando te dicen en el Registro que no puede ser una fotocopia, que es el original el que hace falta, y ahí es cuando dices: “¡Un momento! ¡Artículo 35 apartado c) de la Ley de Procedimiento! Le agradecería que me cotejase esta copia y conservar el original, por favor.” Entonces te lo cotejan y te quedas con el original, entregando la copia cotejada, salvo que necesariamente el original tenga que obrar en el procedimiento, lo cual pocas veces ocurre en nuestro entorno. Lo mismo ocurre con títulos, libro de familia, etc.
6. Cada Administración Pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el artículo 35. En resumen, de lunes a jueves de 9 a 14 y de 15.30 a 17.30, y viernes de 9 a 14. Cerrado sábados, domingos, mes de agosto y fiestas de guardar.
7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones Públicas. Esto no es realmente aplicable en la Universidad, ya que es discutible que se pudiera aplicar a los Precios Públicos en materia de Educación, aunque se podría estudiar, y tal vez lo hagamos más adelante, si sería aplicable, por ejemplo, a las tasas de Secretaría por la emisión de certificados.
8. Las Administraciones Públicas deberá hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento. Esto lo tenéis publicado en la Página de Registro General dentro de la web de la URJC.
Hasta aquí la explicación teórica de la norma. En la siguiente entrega, procederé a la explicación más práctica.
Las funciones del personal de Registro I
Hoy he tenido una situación muy controvertida en el Registro General del Campus de Móstoles. He ido a presentar un recurso de reposición dirigido a una profesora, y me dice el funcionario de Registro, y después la Jefa de Servicio, que un profesor no es un órgano y que no puede registrar el escrito.
Ya me ocurrió hace no mucho que otra funcionaria de Registro, esta vez del Campus de Vicálvaro, se negaba a cotejar documentación alegando que eran fotocopias, y que no podía distinguir cuál es el original.
Continuamente, como estudiantes, tenemos la necesidad o la obligación de presentar escritos en Registro, y los funcionarios del mismo, tienen la malsana costumbre de meterse en todo, decir cómo tenemos que hacer las cosas, qué podemos y qué no podemos presentar, y una infinidad de aberraciones administrativas que, por prudencia, deberían evitar.
Evidentemente, las dos situaciones antes descritas están denunciadas ante la Inspección de Servicios, y sobre la más antigua ya ha habido un pronunciamiento por su parte dando la razón al que os escribe en cuanto al cotejo de documentación.
Para empezar hay que aclarar que Registro no es Secretaría de Alumnos. Continuamente me encuentro con estudiantes que confunden ambos órganos, pero las funciones son totalmente distintas. Hoy me centraré en la función de los Registros y cuando tenga ganas, me centraré en la de la Secretaría de Alumnos.
El Registro de cualquier Administración Pública es el órgano encargado del asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia -art. 38.1 LRJPAC-. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que es el órgano encargado de las comunicaciones entre miembros de la Comunidad Universitaria (o administrados en general, de manera menos frecuente), y la propia Universidad, y viceversa. Es decir, es algo así como la oficina de Correos que se hace cargo de las comunicaciones que emita o reciba cualquier órgano o miembro de la Universidad en el ámbito de actuación de esta.
Dicho esto, ¿os imagináis que vais a enviar la carta a Papá Noel y en Correos os dicen que no pueden enviarla a Laponia porque no está censado Santa Claus? Pues algo así es lo que ocurre cuando la funcionaria del Registro te dice que no puede registrar un escrito dirigido a un profesor por que no figura en el árbol administrativo como órgano. Un sinsentido…
Lo primero que debes hacer, seas PAS, PDI o estudiante, es conocer el artículo 35 de la Ley de Procedimiento. No sé cómo la gente puede caminar sin ahogarse en España sin conocer ese artículo. Es, como os habréis podido imaginar, el de los derechos de los administrados. Ese artículo, para cualquier ciudadano, debe ser como las tablas de multiplicar, como el abecedario… No puedes exigir que se respeten tus derechos si no se tiene el mínimo respeto a uno mismo para saber cuales son.
Una vez aprendido el artículo 35, cuando entremos en el edificio de Gestión con total determinación de registrar lo que sea, debemos parar un momento y consultar el artículo 38. Correcto, Registros.
Este artículo tiene 8 puntos, que a continuación procedo a explicar:
1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. Este punto viene a decir que el Registro es exclusivamente donde se tramitan las comunicaciones que afectan a la Universidad (en este caso), bien sea de la Universidad a uno de sus miembros, de uno de sus miembros a la Universidad, o entre los propios miembros de la Universidad en caso de tener una relación de especial sujeción con la misma (bien sea por vinculación laboral, como un Profesor o un secretario administrativo, o bien por vinculación administrativa, como servidor, que es Presidente de un órgano colegiado de la Universidad).
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. Este primer párrafo es el que explica que el Registro de Móstoles tenga un cartel en la entrada que pone REGISTRO GENERAL, y el resto de Campus tengan su propio Registro que, si os habéis fijado en algún documento de procesos electorales que hemos vivido recientemente, habréis podido observar que son auxiliares. Quiere decir, básicamente, que en cualquier unidad administrativa (aplicado en este caso a los distintos Campus) puedes registrar un escrito, pero que en cualquier caso, ese registro se efectuará, además, en el Registro de Móstoles.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. Este párrafo es el que explica que cuando os llega una carta de la Universidad tenga ese sello extraño con la fecha, la hora, el minuto y el segundo. En efecto, tiene que constar, ya que es la manera de probar en todo momento el cumplimiento de plazos de los procedimientos.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. He de decir que el trámite de Registro consta de tres partes, una es en la que te sellan la copia, otra en la que se anotan los datos del escrito (dirigido a, resumen, remitente…), y la tercera es el registro propiamente dicho (es decir, cuando le ponen el sello raro que comentaba antes). Una vez que se ha registrado, como señala la norma, se ha de cursar inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues no es que tengan al Correcaminos de aquí para allá continuamente entre los distintos Campus echándose una carrera cada vez que alguien presenta un escrito, pero sí deben disponer en cada turno un transporte de documentación que proceda al reparto de las instancias por los distintos Campus, recibiéndolos el miembro del PAS encargado de repartir las comunicaciones en cada Campus, con lo que no debería demorarse más de un día desde que presentas un escrito hasta que el órgano o la unidad administrativa de la Universidad lo recibe. Cosa distinta es que se trate de una salida y entonces entre en juego el factor Servicio de Correos y Telégrafos, en cuyo caso, evidentemente, la comunicación se ve demorada.
3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático. Esto quiere decir que debe haber un registro informático de todo lo registrado, tal como indica la Disposición Adicional 2ª de la Ley de Procedimiento, en función del grado de desarrollo de los medios técnicos de que dispongan.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. Esto es lo que comentaba antes sobre el segundo paso del trámite, en el que rellenan los datos del escrito.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo. Simplemente, que el registro informático recogerá los asentamientos que se realicen tanto en el Registro General como en los Registros auxiliares, lo cual redunda en lo expresado en el punto 2.
Llevaba muchísimo tiempo queriendo comenzar este blog, pero la verdad que no sabía realmente cómo hacerlo. No es que yo sea, ni muchísimo menos, un gran experto en Derecho Administrativo, pero lo cierto es que poco a poco (o no tan poco a poco, y tal vez más de golpe) voy adquiriendo conocimientos y entendiendo cómo se articula toda la estructura de la Universidad, y las normas que la operan, haciendo bastante más fácil la ardua tarea de recurrir las arbitrariedades que continuamente se cometen en la institución, y hacer valer mis derechos y los del colectivo al que hoy por hoy represento, que es el conjunto de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.
Dado que no tengo claro cuál es el target de este blog, llevo meses dudando sobre la manera de enfocarlo. Tenía, básicamente, dos opciones:
La primera, era la de dedicarme a reflexionar sobre los distintos aspectos de la administración universitaria, dándole vueltas a cómo han de hacerse las cosas, y cuál es el camino a seguir. Darle un toque bastante técnico, y centrarme en las cosas que, según el momento, me llamasen más la atención. Finalmente creí que no era una buena opción, ya que en la parte académica se trata de una parcela del Derecho tan pequeña que apenas suscitaría interés, y quien tuviera verdadero interés por ella, seguramente encontraría en lo que yo pudiera escribir pocas respuestas o dudas existenciales, mientras que la gente que mayor provecho podría sacar de aquellas reflexiones, por seguro que no tendrían motivación suficiente para indagar hasta entender lo que en ellas se dijera, en caso de no tener nociones previas de Derecho.
La segunda, era la de intentar explicar, paso a paso, el funcionamiento de la institución, pero se me planteaba un problema de base: Habría que explicar muchísimas cosas desde el principio (qué es un órgano administrativo, un acto administrativo, qué es un procedimiento, cómo se estructura, sus partes, los supuestos de nulidad radical, los de anulabilidad, etc.), cosas que vienen explicadas en cualquier Manual Básico de Derecho Administrativo. Pensé entonces que carecía totalmente de sentido explicar en primer término lo que explica un Manual Básico de Derecho Administrativo, por dos razones. Uno, que hay Manuales que tienen explicaciones muy buenas, completas e inteligibles, con mucho grano, y poca paja; y dos, que quien no se tome la molestia de sacar un Manual de la Biblioteca o hacer algo de investigación por Internet, seguramente tampoco dedicaría tiempo a leer las entradas que se centrasen en explicar lo más básico de esta Rama del Derecho. Conque, finalmente, la inactividad se apoderó de este blog.
Últimamente estoy inmerso en multitud de procedimientos, y no hay un día que no tenga que presentar algún escrito en algún Registro. El nivel de inutilidad que detecto en la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos se supera cada día, y claro, hay que actuar, porque los derechos están para ejercerlos y ejercitarlos. Vivimos en un país en el que se nos llena la boca de derechos, pero a la hora de la verdad, poca gente mueve un dedo por que surtan efecto. Los derechos son una cosa que tenemos, que no entedemos, que no usamos, pero cuidado, que no nos los quiten. Como el que tiene un tío en Alcalá…
Así que, aquí estoy, escribiendo. Finalmente he decidido ir poniendo lo que me venga en gana, poco más o menos. Aprovechando los procedimientos en curso, y los finalizados, probablemente gran parte de las entradas tengan que ver con los mismos, y me dedique a desmontar las resoluciones chapuceras que se dictan en los distintos órganos de la Universidad Rey Juan Carlos, incluyendo por un lado la resolución de la Universidad, y por otro lado, el correspondiente recurso, y lo intentaré diseccionar y abordar por partes la respuesta de la Universidad haciendo comentarios a cada punto, y vinculando todo lo posible a fuentes de confianza que ofrezcan una buena explicación de los términos que puedan resultar de interés o de difícil comprensión, aunque seguramente esto lo haré a medida que vaya sacando huecos, dado que cuando me pongo a escribir no tengo límite, y cuando paro, publico.
Espero entretener y que, quien quiera y pueda, aprenda.

References: resolución 
 artículo 35
 Artículo 38
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 38
 resolución