Source: http://poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=123020053
Timestamp: 2018-02-23 02:27:41+00:00

Document:
B.J. NO. 1230 MAYO 2013
Sentencia impugnada:	Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 15 de febrero de 2011.Materia:	Civil.Recurrentes:	Grupo Ramos, S. A. y La Colonial de Seguros, S.A.Abogados:	Licdos. Luis Miguel Rivas Hirujo, Juan Moreno Gautreau, Julio A. Canó Roldán, Licda. Sheila Oviedo y Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez.Recurridos:	Roberto Beltré Sánchez y compartes.Abogados:	Lic. Rafael Víctor Benoit, Antonio Chevalier Núñez y Licda. Leida Cruz.SALA CIVIL y COMERCIALCasaAudiencia pública del 3 de mayo de 2013.Preside: Julio César Castaños Guzmán.
Sobre el recurso de casación interpuesto por Grupo Ramos, S. A., sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes Dominicanas, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida Winston Churchill, esquina Ángel Severo Cabral, de esta ciudad, debidamente representada por el señor Celso Manuel Pérez González, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0089184-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 54-2011, de fecha 15 de febrero de 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oída en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Sheila Oviedo, actuando por sí y por el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, en representación de la parte recurrente;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rafael Víctor Benoit, actuando por sí y por los Licdos. Leida Cruz y Antonio Chevalier Núñez, abogado de la parte recurrida, Roberto Beltré Sánchez, Alberto Mercedes Manzueta, Miguel Ángel Pimentel Bueno, Domingo Martínez y Francisco Antonio Nolasco Pichardo;
Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación interpuesto por Grupo Ramos, S. A., contra la sentencia civil No. 54-2011, del 15 de febrero del 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.”;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de febrero 2011, suscrito por los Licdos. Luis Miguel Rivas Hirujo, Juan Moreno Gautreau y Julio A. Canó Roldán, abogados de la parte recurrente Grupo Ramos, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de febrero 2011, suscrito por el Dr. José Eneas Núñez Fernández, abogado de la parte recurrente Grupo Ramos, S. A., y la Colonial de Seguros, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de marzo de 2011, suscrito por los Licdos. Rafael Víctor Lemoine Amarante y Leyda Morima Cruz Montero, abogados de la parte recurrida, Roberto Beltré Sánchez, Alberto Mercedes Manzueta, Miguel Ángel Pimentel Bueno, Domingo Martínez y Francisco Antonio Nolasco Pichardo;
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 26 de abril de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños Guzmán, Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por los señores Roberto Beltré Sánchez, Alberto Mercedes Manzueta, Miguel Ángel Pimentel Bueno, Domingo Martínez y Francisco Antonio Nolasco Pichardo, contra las entidades Grupo Ramos, S. A. y La Colonial de Seguros, S. A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó, en fecha 30 de agosto de 2007, la sentencia núm. 00538, cuya parte dispositiva copiada textualmente dispone lo siguiente: “PRIMERO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por los señores ROBERTO BELTRÉ SÁNCHEZ, ALBERTO MERCEDES MANZUETA, MIGUEL A. PIMENTEL, DOMINGO MARTÍNEZ y FRANCISCO ANTONIO NOLASCO PICHARDO, en contra de las compañías GRUPO RAMOS, S. A., y LA COLONIAL DE SEGUROS, S. A., y en cuanto al fondo SE ACOGEN modificadas las conclusiones de los demandantes por ser procedentes y reposar en prueba legal. SEGUNDO: SE CONDENA a la entidad GRUPO RAMOS, S. A., a pagar las siguientes sumas: A) QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00) a favor del señor ROBERTO BELTRÉ SÁNCHEZ; B) QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00) a favor del señor ALBERTO MERCEDES MANZUETA; C) QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00) a favor del señor MIGUEL ÁNGEL PIMENTEL BUENO; D) QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00) a favor del señor DOMINGO MARTÍNEZ, y E) CIEN MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$100,000.00) a favor del señor FRANCISCO ANTONIO NOLASCO PICHARDO, sumas estas que constituyen la justa Reparación de los Daños y Perjuicios físicos, morales y materiales que les fueron causados a consecuencia del accidente de tránsito ya descrito. TERCERO: SE DECLARA la presente sentencia común y oponible a la compañía LA COLONIAL DE SEGUROS, S. A., hasta el límite de la póliza, por ser la entidad aseguradora del vehículo que produjo el daño. CUARTO: SE CONDENA a la entidad GRUPO RAMOS, S. A., al pago de las costas procedimentales causadas hasta el momento, y ordena su distracción en provecho de los LICDOS. RAFAEL ANTONIO CHEVALIER NÚÑEZ, RAFAEL VÍCTOR LEMOINE AMARANTE y LEYDA MORAIMA CRUZ MONTERO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.”; b) que, no conformes con dicha sentencia, la Colonial de Seguros, S. A., interpuso formal recurso de apelación principal, mediante acto núm. 1590-2007, de fecha 28 de noviembre de 2007, instrumentado por el ministerial Domingo Florentino Lebrón, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y la entidad Grupo Ramos, S. A., recurrió en apelación de manera incidental, mediante el acto núm. 788-2007, de fecha 30 de noviembre de 2007, instrumentado por el ministerial Ramón Villa R., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, ambos contra la referida decisión, en ocasión de los cuales la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó, la sentencia núm. 54-2011 de fecha 15 de febrero de 2011, ahora impugnada en casación, cuya parte dispositiva, copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y válidos en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la sociedad comercial GRUPO RAMOS, S. A., mediante acto No. 788/2007, de fecha 30 de noviembre de 2007, así como el recurso interpuesto por la entidad comercial, LA COLONIAL DE SEGUROS, S. A., mediante acto No. 1590/2007, de fecha 28 de noviembre de 2007; ambos contra la sentencia número 00538, de fecha 30 de agosto del año 2007, relativa al expediente número 038-2006-01150, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuestos de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo ambos recursos de apelación, y CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos dados por la Corte, y que fueron precedentemente expuestos; TERCERO: CONDENA a las partes recurrentes, las entidades GRUPO RAMOS, S. A., y LA COLONIAL DE SEGUROS, S. A., a pagar las costas del procedimiento, y ordena su distracción a favor y provecho de los licenciados Rafael Víctor Lemoine Amarante y Leyda Moraima Cruz Montero, abogados, quienes así lo han solicitado.”;
Con relación al recurso de casación interpuesto por Grupo Ramos, S. A., de fecha 24 de febrero de 2011.
Considerando, que la recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Inobservancia y violación al debido proceso de Ley, derecho fundamental consagrado por el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todas las disposiciones del Código Procesal Penal; esto en el entendido de que la corte a-qua ha incurrido en el vicio de falta de motivación, derecho fundamental comprendido dentro del debido proceso de ley, todo esto en virtud de que no fundamentó las razones que la llevaron a imponer contra Grupos Ramos, S. A., el pago de exorbitantes indemnizaciones a favor de los demandantes originales; Segundo Medio: Violación a la Ley, en virtud de que la corte a-qua, al fallar como lo hizo, violó el principio dispositivo consagrado en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al variar el fundamento de la responsabilidad civil utilizado por la parte demandante en su demanda original; Tercer Medio: Violación a la Ley, puesto que la corte a-qua vulneró el principio de inmutabilidad del proceso, consagrado por el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al realizar la variación de la modalidad de la responsabilidad de la responsabilidad civil utilizada como fundamento de la demanda original y del proceso conocido en primer grado; Cuarto Medio: Violación al derecho de defensa, toda vez que la corte a-quo, al violar los principios dispositivo y de inmutabilidad del proceso, colocó a la hoy recurrente en un estado de indefensión, en el entendido de que los medios de defensa esgrimidos ante del cierre de los debates fueron dirigidos hacia puntos de derecho distintos a los acogidos por la sentencia recurrida, es decir, que no otorgó a la parte recurrente la oportunidad de defenderse de la variación de la modalidad de responsabilidad civil realizada a la hora de estatuir, teniendo esto como consecuencia la conculcación de su sagrado derecho de defensa; Quinto Medio: Violación a la Ley por inobservancia, en virtud de que la corte a-qua, al evaluar y decidir con relación a una falta personal prevista por la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, sobrepasó los límites impuestos por la normativa procesal penal dominicana, específicamente su artículo 57, que otorga exclusividad y universalidad a la jurisdicción penal para conocer de todos los tipos penales previstos en el Código Penal y la legislación penal especial; Sexto Medio: Contradicción de motivos, en virtud de que la corte a-qua reconoce en una parte de su decisión que la jurisdicción competente para decidir con relación a la falta penal constituye la jurisdicción penal, pero en otra parte de la misma decisión decide por sí misma, es decir, en violación a las normas de competencia, con relación a la supuesta falta cometida por el conductor del vehículo propiedad de Grupo Ramos, S. A.; Séptimo Medio: Violación a la ley por errónea aplicación, en virtud de que la corte a-qua cometió un error al levantar el sobreseimiento ordenando por su propia sentencia, toda vez que la decisión que ordenó el archivo del expediente penal, al no haber sido notificada a todas las partes, resulta pasible de los recursos correspondientes, por lo que no constituye una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; Octavo Medio: Violación a la ley por su falsa aplicación, en virtud de que, como la corte a-qua decidió, erróneamente, de conformidad con la responsabilidad civil por la falta personal y la del comitente preposé, debió aplicar lo dispuesto por el artículo 2271 del Código Civil en cuanto a la prescripción de la acción, no así la prescripción de la acción penal. Tal y como fue decidido en la sentencia recurrida; Noveno Medio: Ilogicidad manifiesta de la sentencia recurrida, en virtud de que, además de los vicios anteriormente indicados, la corte a-qua dictó una sentencia contraria a la lógica y razonabilidad, en virtud de que la misma no tiene un criterio definido, sino que aplica disposiciones legales contrarias para dar una errada solución al conflicto que se le presenta para su consideración.” (sic);
Considerando, que previo al examen de los recursos de casación, se impone atendiendo a un correcto orden procesal examinar el medio de inadmisión que dirige la parte recurrida contra el recurso de casación interpuesto por el Grupo Ramos, S. A., el cual se sustenta en que “el referido recurso opera en términos genéricos, vagos e imprecisos, circunstancia que denigra por sí sola su valor y alcance, circunstancia que además impide al juzgador controlar lo peticionado (...); que el recurso es una critica procesal a la decisión atacada en la que se identifican los vicios en que ha incurrido el juzgador a-quo, los agravios causados al recurrente, los motivos y fundamentos del recurso; que la actuación recursiva que se examina se libra en ignorancia de tales consideraciones legales, proceder que no le permite alcanzar la naturaleza reservada en derecho a los recursos en tanto vía habilitada por al ley para la obtención de la modificación, revocación o interpretación de una sentencia”;
Considerando, que procede rechazar el medio de inadmisión propuesto, toda vez que los medios de casación cumplen con el voto del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en tanto que contienen la enunciación precisa de la violación que dirige contra el fallo impugnado, así como desarrolla en el contexto del memorial los fundamentos de derecho sobre los cuales apoya los vicios que atribuye a dicho acto jurisdiccional, cuya fundamentación se expone de manera clara y coherente lo que permite a esta Corte de Casación ejercer su control a fin de determinar si la corte a-qua incurrió o no en los vicios denunciados;
Considerando, que en el desarrollo del segundo, tercer y cuarto medio de casación, los cuales se reúnen para su examen por convenir a la solución del caso, la parte recurrente arguye lo siguiente: “que la Corte A-qua modificó radicalmente el proceso que se encontraba siendo objeto de su apreciación, en el sentido de que, sin haber sido solicitado por ninguna de las partes, varió la modalidad de la responsabilidad civil de la demanda original, ya que mientras las partes defendieron sus posturas con relación al fundamento de la responsabilidad del guardián por el hecho de la cosa, la Corte decidió otorgar a la acción el fundamento de la responsabilidad civil por la falta personal y la responsabilidad de la propietaria con relación a su preposé; que la Corte A-qua ha violado el principio de inmutabilidad del proceso civil, que establece que el mismo debe permanecer inalterable e idéntico a como fue en su comienzo, tanto respecto de las partes en causa como al objeto y causa del litigio, hasta que se pronuncie la sentencia que le pone término; que la Corte a-qua luego de haber cerrado los debates modificó la modalidad de responsabilidad civil que fundamenta su decisión, es decir, que luego de que el expediente quedara en estado de fallo, donde las partes ya no podían esgrimir nunca medio de defensa, varió totalmente los fundamentos del proceso, impidiendo con su actuación que la exponente, la entidad GRUPO RAMOS, S. A., hoy recurrente en casación, pudiese plantear sus medios de defensa con relación a un fundamento nuevo, que no había sido ponderado por ninguna de las partes en litis durante el proceso; teniendo esta actuación como consecuencia la total vulneración del derecho de defensa del GRUPO RAMOS, S. A.”;
Considerando, que a fin de una mejor compresión de lo alegado y a la postura que, en ese sentido, asumió la corte a-qua, la sentencia impugnada y la relación de los hechos que en ella se recogen, se verifica: a) que el fallo ahora impugnado se originó con una demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por los señores Roberto Beltré Sánchez, Alberto Mercedes Manzueta, Miguel Ángel Pimentel Bueno, Domingo Martínez y Francisco Antonio Nolasco Pichardo, contra las entidades Grupo Ramos, S. A. y la compañía La Colonial de Seguros, S. A., como entidad aseguradora, a fin de que se les ordenara el resarcimiento de los daños y perjuicios alegadamente recibido por éstos, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido entre el vehículo en el que se transportaban y aquel propiedad del Grupo Ramos, S. A., incoando su demanda al amparo del artículo 1384, párrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, que consagra la responsabilidad por el hecho de la cosa inanimada; b) que la referida demanda fue acogida, con modificaciones, por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia civil núm. 038-2006-01150, de fecha 30 de agosto de 2007, cuyo dispositivo consta previamente transcrito; c) que la anterior decisión fue recurrida en apelación de manera principal por la entidad Grupo Ramos, S. A., e incidentalmente, por la Colonial de Seguros, S. A., siendo ambos recursos decididos mediante la sentencia ahora impugnada por el presente recurso de casación, cuya parte decisoria se transcribe, de manera íntegra, en párrafos precedentes; d) que para la sustanciación e instrucción del recurso de apelación la corte a-qua celebró la última audiencia en fecha 15 de julio de 2008, en ocasión de la cual se reservó el fallo sobre una excepción de incompetencia, sobre un medio de inadmisión y respecto al fondo del recurso, concediendo a las partes plazos para depositar sus escritos justificativos de sus conclusiones, de réplicas y contrarréplicas; e) que posteriormente, mediante sentencia núm. 54-2011 de fecha quince (15) de febrero de 2011, la corte a-qua ordenó el sobreseimiento de su decisión respecto a los recursos de que fue apoderada hasta tanto la jurisdicción penal decidiera de manera definitiva e irrevocable cuál de los conductores violó la ley núm. 241, conforme lo establece el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil; f) que una vez le fue aportada a la alzada la decisión rendida por la jurisdicción penal, dictó la sentencia ahora impugnada, estableciendo en dicho fallo respecto al fundamento de la responsabilidad alegada, lo siguiente: “que evidentemente el demandante incoó su demanda bajo el amparo del artículo 1384, párrafo primero del Código Civil que trata sobre la responsabilidad civil por helecho de la cosa inanimada (...); que del estudio de los documentos probatorios y del relato de la ocurrencia de los hechos recogida en el acta de tránsito, se infiere que en la especie no se ha comprobado un papel activo de la cosa inanimada, sino que el hecho generador lo ha sido una falta personal del señor Félix Antonio Herrera, en su calidad de conductor del vehículo en cuestión, y preposé de su propietaria la entidad Grupo Ramos, S. A. (...)”;
Considerando, que en los medios de casación bajo examen argumenta la recurrente, Grupo Ramos, S. A., en esencia, que la corte a-qua incurrió en violación al principio de inmutabilidad del proceso al variar la modalidad de la responsabilidad civil sobre la que se fundamentó la demanda original en reparación de daños y perjuicios, ya que mientras las partes defendieron sus posturas sustentadas en la responsabilidad del guardián del hecho de la cosa, bajo cuya denominación jurídica fue incoada la demanda, la Corte decidió otorgar a la acción el fundamento de la responsabilidad del hecho personal y la responsabilidad de la propietaria con relación a su preposé, impidiendo con su actuación que la entidad Grupo Ramos, S. A, pudiese plantear sus medios de defensa con relación a un fundamento nuevo; que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, entiende que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido a los jueces la facultad de resolver el litigio conforme a las reglas de derecho que le son aplicables, aún cuando deba ordenar o restituir su verdadera calificación a los hechos y actos litigiosos sin detenerse en la denominación que las partes le hubieran dado; que los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que el juez tiene la obligación de resolver los litigios que son sometidos a su consideración, conforme a las leyes que rigen la materia, aún cuando la aplicación de estas leyes no hubieren sido expresamente requeridas por las partes, es la aplicación del principio “Iura Novit Curia”, pero la aplicación de esta regla a fin de no acarrear consecuencias injustas, a juicio de esta Sala, debe ser limitada en su aplicación, en el sentido de oír previamente a las partes, cuando el tribunal pretende formar su decisión en argumentos jurídicos no aducidos por las partes, que entrañen modificación dada a los hechos en el debate y en la norma aplicable;
Considerando, que, en efecto, los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que haciendo uso de los postulados del principio “Iura Novit Curia”, que significa el deber del juez de aplicar la norma que corresponde al hecho sometido a su consideración, sin esperar que las partes se la indiquen, cuyo dinamismo procesal si bien se instituye como un atemperamiento del principio de inmutabilidad procesal, esto es así siempre que no incurran con dicho proceder en violación al derecho de defensa que debe ser garantizado a las partes en el proceso, por tanto, si bien es cierto que la conformidad de las sentencias con las disposiciones sustantivas que gobiernan el caso concreto constituye un elemento esencial que define la justicia del fallo, estando en el deber el juez de hacer un uso correcto de dichas reglas legales aún cuando precise acudir a la corrección legal o lo que la doctrina constante ha denominado dar a los hechos de la causa la verdadera denominación o calificación jurídica, no menos verdadero es que en el ejercicio de ese poder activo de dirección del proceso las partes deben tener la oportunidad de presentar sus respectivas posiciones y los argumentos legales en apoyo a la nueva orientación dada por la Corte al caso;
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 6 de febrero de 2003, dejó establecido, que la decisión de los jueces de hacer uso del principio Iura Novit Curia debe armonizar con el derecho de las partes de plantear sus observaciones o juicios con relación a las reglas de derecho que el juzgador pretende aplicar al caso; que el fallo referido contiene el criterio jurisprudencial siguiente: “es importante establecer, que si bien es cierto que en principio, corresponde a los jueces del fondo dar a los hechos de la causa su verdadera denominación jurídica, de acuerdo al principio Iura Novit Curia, no menos cierto es que esta calificación debe realizarse en la instrucción del proceso en el cual los jueces advierten que la normativa alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, por lo que el juez apoderado está en la obligación de advertir a las partes que está facultado para darle a los hechos de la causa una calificación distinta, la cual debe comunicarles a fin de que estos puedan hacer sus observaciones sobre la norma que el tribunal considere que pueda aplicar al caso, toda vez que si el tribunal cambia en la solución del caso la norma aplicable al mismo, sin darle la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esta posibilidad de cambio de calificación, se violentaría el derecho de defensa de las partes y el debido proceso;
Considerando, que, es oportuno destacar, que en Francia, país de origen de nuestra legislación procesal civil, luego de la reforma del Código Procesal Civil, el artículo 16 del referido texto legal dispone: “El tribunal deberá observar en todo caso el principio de contradicción. Para fundar su decisión sólo podrá atender a los medios de prueba, a las explicaciones y a los documentos invocados o aportados por una parte en caso de que la contraria haya estado en condiciones de contradecirlos. No podrá fundar su decisión en fundamentos jurídicos que él mismo haya apreciado de oficio sin haber ofrecido previamente a las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto”; que, a pesar de que en nuestra legislación ordinaria no existe ninguna disposición legal al respecto, la Constitución de la República garantiza el debido proceso de ley, en el cual debe salvaguardarse el derecho de defensa y el principio de contradicción procesal, de manera pues, que como es un asunto entroncado en la norma fundamental del Estado, es inexcusable su aplicación al caso concreto”;
Considerando, que en ese orden de ideas, es preciso indicar que en la especie, como señalamos anteriormente, se trata de una demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores Roberto Beltré Sánchez, Alberto Mercedes Manzueta, Miguel Ángel Pimentel Bueno, Domingo Martínez y Francisco Antonio Nolasco Pichardo, contra las entidades Grupo Ramos, S. A. y la compañía La Colonial de Seguros, S. A., como entidad aseguradora del vehículo, a fin de que se les ordenara el resarcimiento de los daños y perjuicios alegadamente recibido por éstos, como consecuencia de un accidente de tránsito, cobijando su demanda bajo el amparo del artículo 1384, párrafo primero, del Código Civil que consagra la responsabilidad por el hecho de la cosa inanimada; que el estudio de la sentencia impugnada nos permite establecer, que tal y como lo denuncia la actual recurrente, la corte a-qua incurrió en violación al principio de la inmutabilidad y contradicción del proceso, al retener y juzgar el caso en base a la responsabilidad que deriva del hecho personal, consagrada en el artículo 1382 del Código Civil, puesto que, como se ha dicho, si bien los jueces tienen la facultad de otorgar a los hechos de la causa su verdadera denominación, deben hacerlo garantizando los derechos de ambas partes, lo que no ocurrió en la especie, pues si bien la corte a-qua le dio a los hechos la denominación jurídica que, a juicio de la alzada era la aplicable al caso, no obstante al aplicar la regla indicada no ofreció a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre los puntos de derecho en los que fundamentó su decisión, toda vez que dicha decisión intervino luego de cerrados los debates, lo cual, es de toda evidencia que la actual recurrente no tuvo la oportunidad de presentar su defensa en ocasión de esta nueva orientación dada por el tribunal de alzada al caso en cuestión;
Con relación al recurso de casación interpuesto por Grupo Ramos, S. A. y La Colonial de Seguros S. A., de fecha 28 de febrero de 2011.
Considerando, que la recurrente propone en su recurso el siguiente medio de casación: “Primer Medio: Falta de Base Legal, errónea aplicación de los artículos 5 del Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil; y el artículo 131 de la Ley 146-02”;
Considerando, que habiéndose obtenido la casación de la sentencia ahora impugnada a propósito del recurso incoado por Grupo Ramos, S. A., fin que se persigue también por medio del presente recurso de casación incoado por La Colonial de Seguros S. A., y Grupo Ramos, S. A., resulta, en consecuencia, innecesario y carente de objeto conocer de este otro recurso de casación, y, por tanto, no ha lugar a ponderar los méritos del mismo por haberse obtenido el fin perseguido;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 54-2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 15 de febrero de 2011, cuyo dispositivo se copia en la parte anterior del presente fallo y en envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: No ha lugar a ponderar los medios del recurso de casación incoado por La Colonial de Seguros S. A., y Grupo Ramos, S. A, por los motivos precedentemente expuestos; Tercero: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 3 de mayo de 2013, años 170º de la Independencia y 150º de la Restauración.
Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, Secretaria General.

References: artículo 69
 artículo 8
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 57
 artículo 2271
 artículo 5
 artículo 1384
 artículo 50
 artículo 1384
 artículo 16
 artículo 1384
 artículo 1382
 artículo 131