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Timestamp: 2018-04-22 13:59:40+00:00

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4.1.- COMPETENCIA OBJETIVA - El delito de estafa en la jurisprudencia del tribunal supremo. Antonio pablo rives seva
En atención a las penas señaladas para el tipo básico en el artículo 249 (prisión de seis meses a tres años) y de las modalidades del artículo 251 (prisión de uno a cuatro años) su enjuiciamiento se efectuará por el procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Penal; en cambio, en el caso de las estafas cualificadas del artículo 250 (prisión de uno a seis años y multa) se enjuiciarán, también por el procedimiento abreviado, pero ante la Audiencia Provincial, a tenor de la reforma operada en el artículo 14.3 de la LECrim por las Leyes 36/1998, de 10 de noviembre y 38/2002, de 24 de octubre.
La competencia corresponde a la Audiencia Nacional en los casos del artículo 65.1º c) de la LOPJ: “defraudaciones ... que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
El ATS de 11 de junio de 2007 (20132/2007) recuerda que en Junta General de esta Sala celebrada el día 30 de abril de 1999, se examinó el término “generalidad de personas” como criterio de atribución de la competencia a la Audiencia Nacional. En dicho Pleno se acordó que “la exigencia de generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia ha de ser interpretada finalísticamente, en función de la posibilidad de instrucción, valorando la trascendencia económica, así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas”.
El ATS de 22 de abril de 1999, sienta la siguiente doctrina: “Ante todo ha de decirse que el término «defraudaciones» empleado en la LOPJ debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica. A este respecto, debe destacarse que en el Código Penal vigente no han sido recogidos, bajo la indicada rúbrica, los mismos tipos penales que lo estaban en el Código derogado, que era el vigente en el momento de la promulgación de dicha Ley Orgánica. Las exigencias de que las defraudaciones tengan o puedan tener una grave repercusión en la economía nacional, o que afecten a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, como se deduce de la conjunción utilizada en el Texto Legal son meramente disyuntivas: de ahí que sea suficiente la concurrencia de uno de tales presupuestos para que deba reconocerse la competencia de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de los Juzgados Centrales de Instrucción”. En este mismo sentido, los AASTS de 5 de marzo de 1999, 6 de marzo de 2013 (20860/2012) y 6 de marzo de 2013 (20879/2012).
El criterio de esta Sala, expresado en los AATS de 15 de julio de 1987, 11 de abril de 1988, 27 de septiembre de 1990, 25 y 26 de marzo de 1996, y 16 de abril de 1999, entre otros, es el de que, a estos efectos de competencia, debe de interpretarse la expresión «generalidad de personas» en el sentido de pluralidad importante de sujetos pasivos, que cuando se encuentran dispersos por el territorio de varias Audiencias, justifican la aplicación de la norma especial de competencia”.
Por su parte, el ATS de 1 de julio de 2010 (20741/2009), con cita de los AATS de 26 de noviembre de 2001 y 27 de abril de 1998, ha señalado que el primer estadio hermenéutico, el gramatical, entiende que generalidad de personas no es equivalente a pluralidad de personas. Generalidad, del latín, «generalitas», «generalitatis», supone equivalencia a universalidad, siendo utilizada por los escritores romanos como semejante a público. Según el Diccionario de la Real Academia, en su primera acepción es igual a «mayoría, muchedumbre o casi totalidad de los individuos u objetos que componen una clase o todo sin determinación a persona o cosa particular».
El ATS de 18 de noviembre de 1989, con referencia al párrafo primero in fine del artículo 69 bis del anterior Código Penal, conforme a la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, viene a señalar que los términos generalidad de personas son reconducibles a la hermenéutica propia del concepto delito-masa. Y que tal figura, creada jurisprudencialmente, requería, con anterioridad a la norma expresada, la indiferenciación del sujeto pasivo; y que así debe seguir requiriéndola. Porque generalidad es semánticamente sinónimo de mayoría, muchedumbre, de casi totalidad de "los individuos u objetos que componen una clase o todo sin determinación a persona o cosa particular".
Concretando, en el caso del ATS de 11 de junio de 2007 (20132/2007), se decidió la competencia del Juzgado Central de Instrucción pues se trataba de 549 perjudicados en el territorio de más de una Audiencia; además de razones de complejidad de instrucción, de evitación de dilaciones indebidas y de ruptura de la continencia de la causa, buscando el hallazgo de operatividad en una instrucción que se prevé y está siendo compleja y dilatada en el tiempo.
También el ATS de 18 de octubre de 2004 (117/2004), determinó la competencia del Juzgado Central, pues “los hechos, conectados con los otros investigados por Juzgados de diferentes provincias y que han de ser enjuiciados conjuntamente con éstos, además de referirse a un número plural y aún no suficientemente determinado de perjudicados, pero que fácilmente puede verse incrementado a la vista del cauce utilizado para la comisión de las presuntas defraudaciones, se llevaron a cabo con método capaz para producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, cual es el de la comercialización de productos a través de la red electrónica e informática de Internet, causando, además, perjuicios a personas ubicadas en los territorios de múltiples Audiencias Provinciales. Con lo que sí que resultaría por ello de aplicación, en este supuesto, el meritado artículo 65.1° c) LOPJ”.
En el caso del ATS de 6 de marzo de 2013 (20879/2012), los hechos (se trata de la obtención y conservación de sangre del cordón umbilical por precio, resultando que los laboratorios donde se dice que se iban a conservar esas muestras son inexistentes o no aceptan las muestras remitidas) son constitutivos de una defraudación (delito continuado de estafa), resulta afectada una generalidad de personas (hay más de 400 denuncias, y se reconoce haber realizado más de 600 extracciones), y afecta al territorio de varias Audiencias Provinciales (al menos 8). Se cuestiona la concurrencia de los otros elementos: “la trascendencia económica, así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas” (ATS de 28 de noviembre de 2011 [20061/2011]).
Al número de denunciantes (más de 400) de víctimas potenciales y de territorios afectados (Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada), se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina una complejidad en la investigación que resultara mas abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional. Así cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 65.1 c) LOPJ, perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia procede otorgar la competencia al Central.
Por el contrario, en el ATS de 1 de julio de 2010 (20741/2009), “partiendo de la excepcionalidad del ámbito competencial que la LOPJ reserva a la Audiencia Nacional que sugiere un criterio restrictivo como norma general, debe tenerse presente en el caso concreto que los hechos tanto por su montante -cuantía global de 1.800.000 euros a dividir entre 70 perjudicados- cuanto por su dinámica comisiva -se remiten cantidades desde los lugares de los perjudicados a un punto común de recepción, lo que lleva a afirmar que se consuman en un mismo territorio donde se obtiene la disponibilidad del dinero- no permiten afirmar una complejidad ni en su investigación ni una trascendencia económica”, por lo que no concurren los presupuestos establecidos para apreciar la competencia de los Juzgados Centrales.
Tampoco concurren en el caso del ATS de 14 de enero de 2009 (20433/2008): “no parece tratarse de una estafa de gran trascendencia económica, que permita atribuir la competencia a la Audiencia Nacional... , ni es proporcionado en relación con los demás criterio de atribución de competencia incluidos en el artículo 65.1º c (grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional), ni resulta compleja la instrucción al tratarse de una estafa, precisando hasta el momento (se habla de 68 y podían llegar a 1.000 al haber denuncias en Elche y Murcia) el número de perjudicados, la cantidad defraudada no está determinada, aunque indiciariamente las cuantías en las denuncias son tan insignificantes se dice, entre 01,00 euros a 03,50 llamada por minuto, como para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional, ni resulta una trama compleja”.
Por su parte el ATS de 22 de enero de 2010 (20521/2009), recuerda que no se han considerado competentes los Juzgados Centrales en una trama de defraudación de tarjetas telefónicas con repercusión en las cuotas del IVA, con número no precisado de perjudicados y cantidad defraudada de alrededor de medio millón de euros (ATS de 4 de marzo de 2009); o venta fraudulenta de unos cien coches por un importe próximo al medio millón de euros (ATS de 3 de junio de 2009)... . Así en la presente cuestión de competencia... la cantidad supuestamente defraudada, 813.000 euros, no supera los límites contemplados en diversas resoluciones de esta Sala, el número de posibles perjudicados, en este caso la operadora Orange, y la instrucción, por un único Juzgado, no se anuncia especialmente compleja”.
En el caso del ATS de 6 de marzo de 2013 (20860/2012) “no concurre ninguno de los requisitos señalados: “generalidad de personas”, la totalidad de los delitos fiscales tienen un único sujeto pasivo, que es el Tesoro Público, toda vez que los mismos se atribuyen bien a las personas querelladas a través de la OID, o bien a través de sociedades controladas por los querellados, pero siempre referidas al impuesto de sociedades. Así la querella habla de un solo perjudicado como decimos y no se atribuye perjuicio alguno a una generalidad de personas, a pesar de que la fuente de ingresos de la OID es una actividad que se despliega a lo largo del territorio nacional. Tampoco concurre el segundo “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional” ya que la cuantía que cifra el fraude fiscal (9 millones de euros) siendo importante, en modo alguno puede entenderse que pueda producir un grave perjuicio en la economía nacional, así al no concurrir los requisitos exigidos en el artículo 65.1 c) LOPJ, la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción de Madrid”.
En los casos de competencia de la Audiencia Nacional, intervendrá la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, conforme al artículo 19 Cuatro del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (modificado por Ley 24/1997, de 9 de octubre) y la Instrucción 4/2006, de 12 de julio, de la FGE sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre la actuación de los Fiscales Especialistas en delincuencia organizada, que dispone que “concurrirá especial trascendencia –a los efectos de la intervención de esta Fiscalía Especial- en los delitos de estafa que sean competencia de la Audiencia Nacional” (epígrafe II.4.1.e).
El forum delicti commissi es el de la consumación material, pues el lugar de comisión del delito es aquél en que se consuma, no donde se inicia, y es constante la doctrina jurisdiccional que fija la consumación en el momento en que quedan a disposición del delincuente las cosas que por medio del engaño se propuso obtener, pues entonces es cuando la defraudación se realiza (AATS de 5 de mayo de 2003 [98/2002]; 17 de abril de 2004 [14/2004]; 29 de noviembre de 2004 [107/2004] y 6 de mayo de 2005 [9/2005]).
Ya el ATS de 4 de febrero de 1981 (Aranzadi 480) determinó que la “competencia para instruir y juzgar un delito nace del lugar en que aquél se cometió, y es doctrina constante de esta Sala que debe estimarse como tal lugar, no en el que se inició el hecho criminoso, sino aquel en donde se consumó, por lo que tratándose de un delito de estafa la competencia corresponde, no al Juez o Tribunal del domicilio del estafado o estafada, ni al del estafador, sino al del lugar en que recibidas las mercancías solicitadas se hicieron de ellas materialmente cargo los destinatarios procesados”.
En el mismo sentido se pronuncia el ATS de 10 de septiembre de 2004: “el lugar de comisión del delito es el de su consumación” (AATS de 4 de febrero de 1981, 5 de julio de 1986, 18 de julio de 1987 y 26 de octubre de 1987), acogiendo la doctrina del resultado, conforme a la cual el delito se comete donde se consuma, según la estructura típica de cada figura delictiva, ya que ha de entenderse que resulta prevalente la producción de perjuicio y la proximidad de las pruebas. Y en concreto, tratándose de un delito de estafa, es doctrina reiterada de esta Sala que, a los efectos de determinar la consumación del mismo, hay que estar no por el fuero del lugar donde se produjo el engaño, sino aquel en el que se produjo el desplazamiento patrimonial y consiguiente perjuicio para la víctima pues ese perjuicio equivale a la ejecución del delito, y por tanto a su consumación (AATS de 4, 11 y 20 de noviembre de 1998, 12 de diciembre de 2001 y 16 de junio de 1997). Y es asimismo doctrina de esta Sala que se entiende producida esa consumación cuando se ponen las cosas o bienes desplazados a disposición del presunto delincuente y así se pronuncia el ATS de 5 de mayo de 2003”.
En caso de concurrir conexidad entre el delito de falsedad documental y estafa, por aplicación del artículo 18 LECrim, habrá que estar al lugar de comisión del delito más grave, siendo competente para conocer de los hechos el Juzgado competente para conocer del delito de estafa (AATS de 17 de abril de 2004 [14/2004] y 14 de enero de 2011 [20636/2010]).
No obstante, el anterior criterio se ha visto corregido, así, el ATS de 25 de noviembre de 2005, que resuelve una cuestión de competencia negativa planteada entre Juzgados de Valencia y Madrid, pone de manifiesto “la relatividad que tienen las cuestiones de competencia negativa entre Juzgados objetivamente competentes rationae materiae, aunque con distinta competencia territorial, relatividad que se justifica por la demora injustificada que en la tramitación de las correspondientes diligencias se padece cuando se plantea una cuestión de competencia negativa. El presente caso es ejemplo de lo que se afirma. La denuncia se puso el 4 de agosto de 2004 por un hecho de muy relativa importancia y por lo tanto de muy escasa complejidad en la instrucción, como es una posible falta de estafa. La presentación de la cuestión de competencia negativa ha tenido por consecuencia que quince meses después ni siquiera se le haya recibido declaración todavía al denunciante, y sea ahora, el 25 de noviembre de 2005 cuando se va a resolver.
Esta Sala reunida en Pleno Jurisdiccional de fecha 3 de febrero de 2005 ha puesto el acento en el principio de ubicuidad según el cual son igualmente competentes para la instrucción de una causa todos aquellos Juzgados de idéntica competencia objetiva en cuyo territorio se hubiese ejecutado algún elemento del tipo penal, decantándose en favor del primero que conoció de la causa, con lo cual se está tratando de limitar un innecesario peregrinaje jurisdiccional entre órganos que son igualmente competentes por razón de la materia. Textualmente el acuerdo adoptado es el siguiente: «El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo, en consecuencia el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa».
En este sentido, puede entenderse superado el rígido criterio que en delitos patrimoniales establecía como lugar competente aquel en el que se hubiese producido la efectiva desposesión para la víctima ... De acuerdo con el principio de ubicuidad antes citado y partiendo de que ambos pueden ser competentes hay que operar con el principio de la facilitación de la investigación criminal, estimando en principio competente aquel en el que la instrucción puede llevarse con más facilidad o el que inició las investigaciones. Ambos criterios nos conducen a estimar competente al Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia porque es allí donde vive la víctima y donde más fácilmente puede ser atendida su queja y asimismo porque es el primer Juzgado que inició la investigación”.
Observa el ATS de 17 de enero de 2008 (20363/2007) que “esta doctrina ha alcanzado una cierta unidad en las últimas décadas, sobre todo después de las declaraciones del Instituto de Derecho Internacional, formulada en su sesión de Cambridge de julio de 1931, y de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de La Haya de agosto de 1932, respecto de un criterio que ha terminado por imponerse en las más modernas legislaciones europeas. En este sentido, la teoría de la ubicuidad se ha constituido en la doctrina dominante receptada en las modernas legislaciones penales europeas. De acuerdo con ella el delito se reputará cometido tanto en todos los lugares en los que se haya llevada a cabo la acción como en el que se haya producido el resultado; en los supuestos de delitos omisivos, en el lugar en el que se hubiera debido ejecutar la acción omitiva”.
El Acuerdo de 3 de febrero de 2005 ha sido seguido igualmente por los AATS de 4 de noviembre de 2005, 5 de junio de 2008, 11 de enero de 2008, 29 de mayo de 2008, 21 de abril de 2009, 10 de junio de 2009, 6 de abril de 2011, 31 de enero de 2012, 19 de diciembre de 2012, 6 de marzo de 2013 y 8 de marzo de 2013.
Por tanto, concreta el ATS de 23 de mayo de 2011 (20790/2011), “el delito de estafa se comete en todos los lugares en los que se han desarrollado las acciones del sujeto activo (engaño) o del sujeto pasivo (desplazamiento patrimonial) y en el que se ha producido el perjuicio patrimonial (teoría de la ubicuidad)... La teoría de la ubicuidad, dado que admite varios lugares de comisión, requiere ser completada por otros criterios para resolver los conflictos de varias pretensiones jurisdiccionales que se puedan presentar, como el lugar donde se desarrolló el engaño del sujeto activo, se produjo la consumación del perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo, y se materializó la defraudación en beneficio del sujeto activo del delito”.
Efectivamente, la regla de la ubicuidad se ve modulada en la praxis; es decir, sentado que cualquier Juzgado será competente en la medida en que en su partido se hayan desplegado actos de ejecución, la Sala 2ª no sólo ha manejado criterios cronológicos para resolver entre todos los posibles el órgano competente, sino que ha acudido a otros criterios que, en definitiva, vienen inspirados por la importante regla de la facilidad para la instrucción de la causa.
Y es que, como advierte el ATS de 30 de abril de 2009 (20420/2007) “esta tesis, de seguirse estrictamente, obligaría, a medida que fueran apareciendo perjudicados denunciantes, a comprobar la cronología de las denuncias para en función de ello alterar la competencia territorial”. En el caso se decide la competencia del lugar donde el autor iba a retirar el dinero que le había sido abonado mediante ingreso bancario, y no el lugar desde donde se realizó la transferencia bancaria (ATS de 20 de enero de 1981); en definitiva, por el lugar donde quedaron, siquiera potencialmente, a disposición del agente las cosas, dinero o efectos que por el engaño obtuvo "ya que es entonces y sólo entonces, aunque la realización del valor no se efectuara, cuando la defraudación adquiere vida propia" (AATS de 4 de febrero y 28 de noviembre de 1972).
En todo caso, conforme al ATS de 12 de abril de 2013 (20053/2013), “para que entre en juego la teoría de la ubicuidad será necesario que concurran una pluralidad de lugares donde se hayan desarrollado algunas de las fases del iter criminis. No basta cualquier relación con los hechos para que un punto geográfico se convierta en referencia para atribuir la competencia. Hay que estar tan solo a los lugares donde se ha llevado a cabo alguno de los elementos integrantes de la acción típica lo que, al menos según se deduce de lo hasta ahora actuado, no puede afirmase aquí respecto de Gandía. En tal ciudad se denunciaron los hechos; en tal ciudad aparece fechado el contrato; en tal ciudad se situaba el apartamento ofertado. Pero i) la denuncia no es determinante de la competencia; ii) todo hace pensar que la ubicación del documento en Gandía es parte del señuelo para dotar de verosimilitud al engaño y no obedece a la realidad de que estuviese en tal ciudad el supuesto autor; y iii) la ubicación del inmueble fraudulentamente ofertado no incide para nada en la localización de la actividad defraudadora. Por tanto no puede aplicarse en el estado actual de la investigación la teoría de la ubicuidad pues de las actuaciones lo que se desprende es un engaño sufrido en Madrid y al parecer provocado por alguien domiciliado en Madrid (aunque se ignora dónde podía estar), que provocó un desplazamiento patrimonial mediante el ingreso de un dinero en una cuenta al parecer también en Madrid (tampoco hay dato alguno que la ubique en Gandía). Así las cosas hay que atribuir la competencia al Juzgado de Instrucción nº 28 de los de Madrid, sin perjuicio de que la aparición de nuevos elementos pueda determinar alguna ulterior inhibición (identificación del lugar desde el que operaba el autor, o localización de la cuenta corriente beneficiaria, o del lugar donde se realizó el ingreso)”.
Como señala el ATS de 23 de diciembre de 2009 (20487/2009), no puede atenderse al lugar de presentación de la denuncia como único dato, pues en ese lugar “no se produce hecho delictivo alguno, dado que la presentación de la denuncia no es elemento del tipo del delito de estafa y en consecuencia no procede aplicar el principio de ubicuidad”. En este caso el contrato de transporte se concertó vía e-mail y la denunciante tiene en Madrid su domicilio, y la empresa dedicada a las mudanzas en Valdemoro, ante estas circunstancias figurando solo el lugar donde se produjo el desplazamiento patrimonial, con consiguiente perjuicio para la víctima, en Mijas (partido judicial de Fuengirola) donde se recibe el importe defraudado de 1650 euros remitido por la denunciante desde una entidad bancaria y localidad Alemana, la competencia corresponde a Fuengirola.
Del mismo modo el ATS de 17 de mayo de 2012 (20118/2012): “en Alicante no se ha cometido hecho delictivo alguno, sólo la presentación de la denuncia con la mención de direcciones falsas y de entidades mercantiles inexistentes no domiciliadas, Alicante resulta ser el lugar ficticio que caprichosamente eligieron los estafadores para residenciar su engaño, pero la actividad fraudulenta se desplegó en Gran Canaria, allí residen los sospechosos, allí están abiertas las cuentas bancarias a través de las que se produjo el desplazamiento patrimonial existiendo una conducta delictiva cuya investigación conforme al artículo 14.2 LECrim corresponde a Gran Canaria”.
No aplicó el criterio de ubicuidad el ATS de 19 de diciembre de 2008 (20470/2008): “nos encontramos con un delito de estafa en la que el engaño se ha desplegado en Manchester y la entrega de la mercancía en Sevilla, todas las actuaciones posteriores, como es el envío de la factura por el vendedor al perjudicado, empresa que tiene su sede en Madrid, se producen cuando ya se había consumado la estafa, ajenas a la intervención del denunciado y, en todo caso, afectarán a la responsabilidad civil... en Madrid no se produce hecho delictivo alguno, mas que la mera denuncia y el intento posterior a la consumación del delito del intento de cobro por el vendedor a la empresa cuya identidad fue suplantada en la operación, con sede en Madrid, la estafa se consuma en el lugar donde el sujeto activo tiene la disponibilidad de los bienes estafados, es decir Sevilla”.
Y tampoco el ATS de 24 de abril de 2007 (20614/2006). Los hechos denunciados revisten las características de delito de estafa, mediante el cual, el autor o autores, elaboran una trama engañosa, remitiendo por correo unas cartas falaces a destinatarios residentes en el extranjero, con membretes de organismos oficiales de la Lotería Nacional, comunicándoles que han sido agraciados con premios elevados, en un supuesto sorteo, para lo cual y tras ponerse en contacto telefónico con las personas que se les indicaban y con diferentes pretextos, debían abonar determinadas sumas de dinero que eran enviadas a través de Western Union, sin que obtuvieran en ningún caso, el dinero correspondiente al supuesto premio. Por consiguiente, los elementos del delito, un típico "delito a distancia", han sido realizados tanto en España como en Alemania, y el Juzgado donde se realizó uno de esos elementos (la acción) es el de Málaga, que resulta competente. En Madrid no se ha realizado elemento del tipo alguno, pues es claro que la interposición de la denuncia no es un elemento del tipo de la estafa.
De igual modo los AATS de 19 de diciembre de 2008 (20383/2008), 9 de septiembre de 2010 (20302/2010) y 13 de enero de 2011 (20547/2010) consideran que la mera presentación de la denuncia no supone un elemento del tipo de estafa; tampoco la presentación de una querella es elemento alguno del tipo (ATS de 24 de marzo de 2011 [20717/2010]); ni la detención y puesta a disposición judicial de uno de los imputados (ATS de 11 de febrero de 2009 [20493/2008]); por lo que estas circunstancias no pueden ser tenidas en cuenta para determinar la competencia.

References: artículo 249
 artículo 251
 artículo 250
 artículo 14
 artículo 65
in fine
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 14