Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0552_ES.html
Timestamp: 2020-01-20 05:42:03+00:00

Document:
Ciclo relativo al documento : B8-0552/2018
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod en nombre del Grupo S&D
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis en nombre del Grupo GUE/NGL
– Vistos los artículos 115 y 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vista la unión de los mercados de capitales, uno de cuyos objetivos principales es garantizar «la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros»,
– Visto el artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)(1) (en lo sucesivo, «Reglamento AEVM»), en el que se exige a la AEVM que contribuya a la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros,
– Visto el artículo 9 del Reglamento AEVM, que otorga a la AEVM un papel de liderazgo en la promoción de la transparencia y la equidad en los mercados financieros, el seguimiento de las actividades financieras, la formulación de recomendaciones y advertencias, y la prohibición temporal o la limitación de dichas actividades si representan una amenaza para los objetivos establecidos en el artículo 1,
– Visto el artículo 22, apartado 4, del Reglamento AEVM, así como el artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010(2), de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea (ABE), en el que se establece que, a petición del Parlamento, la AEVM puede «llevar a cabo una investigación sobre un tipo particular de actividad financiera, tipo de producto o tipo de conducta, a fin de evaluar las posibles amenazas para la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del sistema financiero y realizar las recomendaciones de actuación apropiadas a las autoridades competentes pertinentes»,
– Visto el artículo 31 del Reglamento AEVM, que establece que la AEVM «deberá desempeñar una función de coordinación general entre las autoridades competentes, en particular en situaciones en que evoluciones adversas puedan comprometer el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del sistema financiero de la Unión»,
– Visto el artículo 40 del Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros(3), que otorga a la AEVM poderes de intervención para prohibir o restringir con carácter temporal la comercialización, distribución o venta de determinados instrumentos financieros o un tipo de práctica o actividad financiera, cuando: a) la acción propuesta responda a una amenaza significativa para la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de los mercados de materias primas o para la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión, b) los requisitos reglamentarios aplicables con arreglo al Derecho de la Unión al instrumento financiero o a la actividad financiera de que se trate no respondan a la amenaza, y c) las autoridades competentes no hayan tomado medidas para responder a la amenaza o las medidas adoptadas no constituyan una respuesta adecuada frente a la misma,
– Vistas las revelaciones « cum-ex» realizadas por un consorcio de periodistas de investigación encabezado por la organización alemana de medios de comunicación sin ánimo de lucro CORRECTIV, el 18 de octubre de 2018,
– Vista la cuarta comisión de investigación del Bundestag alemán sobre el escándalo, que culminó en un informe(4) en junio de 2017,
– Vistas las investigaciones de las autoridades fiscales alemanas y danesas,
– Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2015(5) y de 6 de julio de 2016(6), sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,
– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión(7),
– Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(8),
– Vista su Decisión, de 1 de marzo de 2018(9), sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3),
A. Considerando que los acuerdos «cum-ex» se caracterizan por una negociación rápida de acciones con («cum») y sin («ex») derechos de dividendos, por parte de los bancos y los corredores de bolsa, con objeto de poder ocultar la identidad del propietario real; y que estos mecanismos permitían a ambas partes reclamar deducciones fiscales sobre el impuesto sobre plusvalías que solo se habían abonado una vez;
B. Considerando que, si bien es difícil calcular el importe máximo de los daños sufridos, dado que muchas actuaciones se iniciaron a finales de la década de 1990 y han prescrito desde hace algún tiempo, se estima que el daño total causado por el escándalo de los archivos «cum-ex» a los Estados miembros afectados asciende a 55 000 millones EUR, como mínimo, lo que representa aproximadamente un tercio del presupuesto total de la Unión para 2017;
C. Considerando que, al parecer, estas transacciones fueron ideadas por el abogado alemán Hanno Berger, quien está luchando contra las acusaciones de que las transacciones «cum-ex» con que trabajaba eran ilegales; que el Sr. Berger ha sido acusado por un tribunal de Wiesbaden de haber recibido supuestamente devoluciones indebidas de transacciones valoradas en 15 800 millones EUR (18 000 millones de dólares estadounidenses), lo que, según el escrito de acusación, supone un coste para las autoridades fiscales de 106 millones EUR; y que, al parecer, fiscales alemanes están investigando el papel de docenas de entidades bancarias, empresas de corretaje y de contabilidad y bufetes de abogados en las transacciones;
D. Considerando que los archivos «cum-ex» han evidenciado una delincuencia financiera organizada y profesional a una escala sin precedentes en Europa, y que los implicados se han beneficiado supuestamente de las lagunas de la fiscalidad transfronteriza y de unas prácticas comerciales legales para permitir a los accionistas reclamar la doble propiedad de las mismas acciones;
E. Considerando que se ha informado de que estas prácticas delictivas implican a entidades financieras alemanas y de otros Estados miembros de la Unión, entre ellas varios grandes bancos comerciales de renombre;
F. Considerando que, en 2016, se puso de manifiesto que la autoridad tributaria danesa no había actuado en respuesta a numerosas advertencias de que había empresas extranjeras que estaban abusando de las normas fiscales danesas y falsificando documentos para solicitar de forma fraudulenta devoluciones de impuestos sobre dividendos, un abuso que se estimó que debió de costar a la autoridad tributaria danesa más de 1 500 millones EUR(10);
G. Considerando que, al parecer, el Gobierno alemán había tenido conocimiento de estas prácticas fiscales fraudulentas desde hacía varios años, pero no informó de ello a otros Estados miembros hasta 2015; y que, al parecer, el Ministerio de Hacienda alemán afirmó que estaba al corriente de 418 casos diferentes de fraude fiscal «cum-ex» por un valor combinado de 5 700 millones EUR;
H. Considerando que el informe final de la cuarta comisión de investigación del Bundestag concluyó, al igual que los tribunales alemanes, que las prácticas fiscales como los acuerdos «cum-ex» que implican ventas en corto son ilegales, y que la asociación de bancos alemanes había exacerbado el problema en lugar de ayudar a resolverlo;
I. Considerando que la influencia del lobby empresarial, como queda patente en este caso y en otros, está profundamente arraigada en las instituciones nacionales y europeas, y que los grupos consultivos que asesoran al Banco Central Europeo están dominados por representantes del sector bancario(11), y que las mayores empresas de contabilidad están integradas en la elaboración de las políticas de la Unión(12);
J. Considerando que la investigación realizada por el consorcio de periodistas europeos identifica a Alemania, Dinamarca, España, Italia y Francia como los presuntos mercados principales en los que se han desarrollado las prácticas comerciales «cum-ex», seguidos de Noruega, Finlandia, Polonia, Dinamarca, los Países Bajos, Austria y la República Checa, y que estas prácticas pueden implicar a un número desconocido de Estados miembros de la Unión, así como a países de la Asociación Europea de Libre Comercio (por ejemplo, Suiza);
K. Considerando que las instituciones públicas no pudieron o no quisieron llevar a cabo investigaciones en profundidad sobre la información compartida por los fiscales de otros Estados miembros en relación con el escándalo «cum-ex»;
L. Considerando que el arbitraje de dividendos expuesto por el escándalo «cum-ex» pone de manifiesto el hecho de que las entidades financieras, los fondos de alto riesgo, los operadores comerciales de capital, los abogados y las grandes empresas tributarias internacionales, algunas de las cuales son grandes e importantes actores del mercado europeo de capitales, han fomentado activamente estas prácticas;
M. Considerando que las entidades con fines especiales están en el centro del escándalo, ya que los bancos de inversión y los fondos de cobertura estructuraban las entidades con fines especiales, que posteriormente eran vendidas a inversores por los operadores, al tiempo que los bancos ofrecían préstamos, multiplicando así el volumen de las operaciones hasta 20 veces;
N. Considerando que el hecho de que los inversores extranjeros tengan derecho a reclamar el reembolso de impuestos abonados sobre dividendos desempeña un papel central en el escándalo;
O. Considerando que, en diciembre de 2017, la Comisión presentó nuevas directrices sobre la retención a cuenta para simplificar los procedimientos para los inversores transfronterizos en la Unión, animando a los Estados miembros a que adopten sistemas de compensación en origen con respecto a la retención a cuenta; y que este nuevo Código de conducta sobre la retención fiscal(13), que apenas menciona el riesgo de fraude y sugiere que se solucione con los sistemas informáticos o la compensación en origen, acelera los procesos nacionales de aprobación de las solicitudes de reembolso de las retenciones a cuenta;
P. Considerando que la Comisión destaca que el nuevo Código de conducta sobre la retención fiscal eliminaría el riesgo de prácticas fraudulentas, como las solicitudes de doble reembolso y las solicitudes de reembolso o de compensación injustificadas; y que, no obstante, en el contexto del escándalo «cum-ex», parece evidente que la compensación en origen incrementará el riesgo de doble no imposición o de imposición nula;
Q. Considerando que el recurso a la retención a cuenta es un instrumento fundamental que los Estados miembros pueden utilizar para contrarrestar unilateralmente la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por lo que deberían utilizarlo en consecuencia;
R. Considerando que el papel de los denunciantes de irregularidades a lo largo de los últimos 25 años ha demostrado ser significativo a la hora de revelar información sensible en el centro de interés público;
S. Considerando que el mandato de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) cubre explícitamente todo hecho pertinente que entre en el ámbito de sus competencias que surja durante su mandato;
1. Condena enérgicamente el fraude fiscal, el robo de dinero de los contribuyentes europeos y las prácticas de elusión fiscal que caracterizan a los mecanismos comerciales de arbitraje de dividendos revelados en el escándalo «cum-ex», que ha socavado las bases fiscales de varios Estados miembros, privando a los ciudadanos de bienes públicos y disposiciones sociales muy necesarios;
2. Destaca que, con arreglo a la Directiva de la Unión contra el blanqueo de capitales(14), los «delitos fiscales» relacionados con los impuestos directos e indirectos están incluidos en la amplia definición de «actividad delictiva» y se consideran delitos principales a efectos del blanqueo de capitales;
3. Observa con preocupación que el escándalo «cum-ex» ha socavado la confianza de los ciudadanos en los sistemas fiscales nacionales y de la Unión y hace hincapié en la importancia crucial de restablecer la confianza pública y garantizar que no se repitan los daños causados;
4. Pide a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que lleven a cabo una investigación de conformidad con el artículo 22 de los reglamentos de la AEVM y la ABE sobre el recurso a complejos mecanismos financieros de elusión y evasión fiscales agresivas, incluidas todas las formas de arbitraje de dividendos, a fin de evaluar la amenaza que puedan suponer para la integridad de los mercados financieros y la estabilidad del sistema financiero;
5. Recomienda que la investigación establezca dónde ha fallado la coordinación y vigilancia de los supervisores financieros, los mercados de valores y las autoridades fiscales de los Estados miembros, permitiendo que estos mecanismos de fraude fiscal siguieran funcionando durante años a pesar de haberse identificado;
6. Recomienda que la investigación analice, determine, describa e identifique el papel de los distintos agentes del mercado —bancos, empresas de inversión, gestores de activos, aseguradoras, entidades de cobertura, depositarios y custodios— y su participación en la cadena de valor generada por estas operaciones;
7. Recomienda que la investigación establezca la naturaleza jurídica de los fondos utilizados para este fin, rastreando sus orígenes y los titulares reales finales, y revise las licencias de los participantes en el mercado que participan en estas prácticas comerciales fraudulentas;
8. Sugiere que la investigación incluya recomendaciones de actuación de las autoridades competentes y que los resultados y conclusiones de la investigación se pongan a disposición del público;
9. Pide al Consejo que active el artículo 18 de los Reglamentos de la AEVM y la ABE para garantizar una respuesta europea rápida y coordinada, con el compromiso de la AEVM y de la ABE de intervenir ante una amenaza persistente para la integridad del sistema financiero europeo, dado el carácter eminentemente transfronterizo de estos acuerdos;
10. Pide que se lleve a cabo una investigación paneuropea coordinada acerca del escándalo, que garantice el intercambio de información y, en su caso, un trabajo conjunto de investigación, entre las administraciones tributarias y las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros afectados;
11. Pide que se dé mandato a las autoridades supervisoras nacionales y europeas para que examinen las prácticas de elusión fiscal, ya que estas constituyen un riesgo para la estabilidad financiera y la integridad del mercado interior;
12. Pide a los Estados miembros identificados como los presuntos mercados principales en los que se han desarrollado las prácticas comerciales de arbitraje de dividendos, a saber, Alemania, Dinamarca, España, Italia, Francia, Finlandia, Polonia, los Países Bajos, Austria, Noruega y la República Checa, que sigan investigando posibles casos de fraude y otras prácticas llevadas a cabo por instituciones financieras, abogados, contables y asesores fiscales en sus jurisdicciones;
13. Insta a todos los Estados miembros a que investiguen exhaustivamente y analicen las prácticas de pago de dividendos en sus jurisdicciones, identifiquen las lagunas en su legislación fiscal que generan oportunidades de utilización abusiva por parte de los defraudadores y evasores de impuestos, analicen la posible dimensión transfronteriza de estas prácticas y pongan fin a todas las prácticas fiscales perniciosas;
14. Insta a los tribunales de cuentas nacionales a que lleven a cabo auditorías de los procedimientos de devolución del impuesto sobre plusvalías por lo que se refiere a las transacciones de dividendos y acciones con el fin de determinar los posibles daños sufridos como consecuencia del escándalo «cum-ex», así como las lagunas existentes a escala nacional;
15. Anima a las autoridades competentes a que pongan en marcha investigaciones penales, congelen temporalmente los activos sospechosos, sometan a investigación a los consejos de administración potencialmente implicados en este escándalo, impongan las sanciones y sanciones pertinentes a las partes implicadas, y adopten las medidas necesarias para recuperar todos los activos robados de las arcas públicas;
16. Subraya la necesidad de una acción coordinada entre las autoridades nacionales a fin de garantizar la recuperación de todos los activos robados de las arcas públicas;
17. Considera que tanto los autores como los facilitadores de estos delitos, entre los que se encuentran no solo asesores fiscales, sino también abogados, contables y bancos, deben ser llevados ante la justicia sin demora y deben poder ser objeto de sanciones penales; subraya la necesidad imperiosa de poner fin a la impunidad de cuello blanco y de garantizar una mejor aplicación de la normativa financiera;
18. Insta a los Estados miembros a que revisen y actualicen los acuerdos fiscales bilaterales entre los Estados miembros y con terceros países para colmar las lagunas que incentivan las prácticas comerciales basadas en la fiscalidad con fines de elusión fiscal;
19. Pide a la Comisión que evalúe la situación de todos los acuerdos fiscales potencialmente perniciosos y cualquier posible laguna en las normas de la Unión en materia de tributación común de las empresas matrices y sus filiales, que elabore nuevas medidas políticas actualizadas para hacer frente a las prácticas de arbitraje de dividendos y que adopte las medidas necesarias para impedir que los comerciantes aprovechen las lagunas en la legislación fiscal;
20. Pide a la Comisión que deje de alentar a los Estados miembros a que adopten sistemas de compensación en origen con respecto a la retención a cuenta;
21. Pide a las Autoridades Europeas de Supervisión que examinen la posibilidad de prohibir los instrumentos financieros, las actividades o las prácticas con fines fiscales, en particular el arbitraje de dividendos, si sus responsables no demuestran que estos acuerdos financieros complejos tienen un objetivo económico sustantivo que no sea la elusión fiscal;
22. Pide que se investigue el papel de las sociedades y entidades con fines especiales (EFE) y que la Comisión considere la posibilidad de limitar el uso de estos instrumentos, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de su uso en los flujos de inversión extranjera directa ha resultado ser un indicador de una planificación fiscal agresiva(15);
23. Señala que el Senado francés, en un esfuerzo por combatir la práctica del arbitraje de dividendos, ha presentado una enmienda al proyecto de ley presupuestaria que permitiría retener el 30 % del valor de la transacción a un beneficiario extranjero, que se le reembolsaría a posteriori si demuestra ser el beneficiario efectivo final; pide a los legisladores europeos que evalúen la posibilidad de aplicar esta medida a escala de la Unión;
24. Lamenta el hecho de que estas nuevas revelaciones parezcan indicar posibles deficiencias en los actuales sistemas de intercambio de información y cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en los ámbitos de la fiscalidad y la delincuencia financiera; recuerda a los Estados miembros su obligación, en virtud del artículo 4, apartado 3, del TUE de cooperar de manera leal, sincera y diligente; pide a las autoridades tributarias nacionales que aprovechen plenamente el potencial del intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, tal y como se prevé en las sucesivas modificaciones de la Directiva 2011/16/EU del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad(16);
25. Lamenta que la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (DCA6)(17), recientemente adoptada, no permitiera el intercambio de información sobre las operaciones «cum-ex», ya que no habrían sido consideradas operaciones sujetas a comunicación, y pide que se modifique la DCA6 con el fin de exigir la divulgación obligatoria de los mecanismos de arbitraje de dividendos, incluida la concesión de reembolsos de dividendos y plusvalías;
26. Insta a las autoridades tributarias de todos los Estados miembros a que designen puntos de contacto únicos inspirados en la Red Internacional Conjunta de Información y Colaboración de la OCDE, y pide a la Comisión que garantice y facilite la cooperación entre ellos, con el fin de asegurarse de que los Estados miembros compartan la información sobre los casos de importancia transfronteriza de manera rápida y eficaz;
27. Pide a los Estados miembros que incrementen su cooperación en materia fiscal mediante el intercambio automático de información, así como la intensificación de la cooperación entre las Unidades de Información Financiera (UIF) a través de FIU.net, mejorando así la transparencia, la cooperación y coordinación administrativas y el intercambio de información; pide a la Comisión que considere la posibilidad de una propuesta legislativa relativa a una unidad de información financiera de la Unión, un centro europeo de trabajo conjunto de investigación y un mecanismo de alerta temprana;
28. Reitera su llamamiento en favor de la creación de un Centro de coordinación y coherencia de la política fiscal de la UE dentro de la estructura de la Comisión(18), que garantizaría una cooperación eficaz y rápida entre los Estados miembros y facilitaría la alerta temprana en casos como el escándalo «cum-ex»; insta a los Estados miembros a que apoyen este llamamiento y a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para este mecanismo;
Regulación mejorada de los mercados financieros
29. Subraya que los facilitadores y promotores del fraude fiscal deben ser jurídicamente corresponsables al diseñar operaciones «cum-ex» y planes fiscales agresivos comparables; apunta que, en caso de ser cómplices de fraude, deben estar sujetos sistemáticamente a la posibilidad tanto de sanciones penales como de medidas disciplinarias;
30. Pide a la Comisión que considere la necesidad de un marco europeo para la tributación de las rentas del capital que reduzca los incentivos que desestabilizan los flujos financieros transfronterizos, generan una competencia fiscal entre los Estados miembros y socavan las bases imponibles que garantizan la sostenibilidad de los Estados del bienestar europeos;
31. Insta a los Estados miembros que participan en el procedimiento de cooperación reforzada a que lleguen lo antes posible a un acuerdo sobre un impuesto sobre las transacciones financieras; subraya que, de haber existido ya este impuesto, se habrían desincentivado este tipo de prácticas y no habrían resultado tan rentables para los defraudadores fiscales;
Aumento de los recursos para luchar contra la delincuencia financiera
32. Lamenta que la crisis financiera haya dado lugar a reducciones generalizadas de los recursos y del personal en las administraciones tributarias de la Unión; pide a los Estados miembros que prevean inversiones y modernizaciones en los instrumentos de que disponen las autoridades fiscales y de las UIF y que asignen los recursos humanos necesarios a esta tarea, a fin de mejorar la vigilancia y reducir los desfases de calendario y de información entre las administraciones y los sujetos pasivos, con miras a garantizar, en la medida de lo posible, que las solicitudes de devolución de impuestos no puedan presentarse y reembolsarse sin una prueba de que realmente se han pagado los impuestos;
33. Pide a la Comisión, a la AEVM y a la ABE que incrementen sustancialmente sus recursos humanos y financieros en la lucha contra la delincuencia financiera;
Acelerar la adopción de otros actos legislativos de la Unión
34. Lamenta que varios expedientes legislativos, como los relativos a la información desglosada por países y la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), destinados a garantizar una mayor coherencia entre las normas fiscales, una mayor transparencia y un mejor intercambio de información se encuentren actualmente bloqueados por los Estados miembros en el Consejo; pide a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre estos expedientes; pide, además, que se ponga fin a la regla de la unanimidad en materia fiscal en el seno del Consejo;
35. Subraya la necesidad de proteger a los denunciantes que divulguen información sobre el fraude y la evasión fiscales, por ejemplo, a escala nacional y de la Unión; invita a toda persona que disponga de información valiosa para el interés público a que la notifique, ya sea a escala interna, a las autoridades nacionales o, en su caso, al público; y pide que la propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2018, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (COM(2018)0218) se adopte con rapidez teniendo en cuenta las opiniones aprobadas por las comisiones competentes del Parlamento Europeo;
36. Recuerda que el pago de impuestos es tanto una contribución empresarial esencial para la sociedad como un instrumento de buena gobernanza, y que, por lo tanto, es un requisito para una práctica empresarial responsable; subraya la necesidad de incluir las prácticas fiscales perniciosas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas (RSE);
37. Recuerda que las entidades de crédito y las entidades financieras, al igual que los asesores fiscales, los contables y los abogados, se consideran «entidades obligadas» en virtud de la Directiva contra el blanqueo de capitales y, por lo tanto, deben cumplir una serie de obligaciones para prevenir, detectar y notificar las actividades de blanqueo de capitales;
38. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, de modificar, entre otros, el Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea (ABE), con el fin de reforzar el papel de la ABE en la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales del sector financiero (COM(2018)0646); destaca que, de conformidad con el Mecanismo Único de Supervisión, el BCE tiene la misión de llevar a cabo las acciones de intervención temprana establecidas en la legislación pertinente de la Unión; opina que el BCE debe desempeñar un papel a la hora de alertar a las autoridades nacionales competentes y debe coordinar cualquier actuación en relación con las sospechas de incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en bancos o grupos supervisados;
39. Pide a la Comisión Especial TAX3 que lleve a cabo su propia evaluación de las revelaciones «cum-ex» y que incluya los resultados y las recomendaciones pertinentes en su informe final;
40. Reitera que debe crearse lo antes posible una subcomisión permanente sobre la lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, de conformidad con las recomendaciones aprobadas en el Pleno del 13 de diciembre de 2017(19);
41. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
DO C 399 de 24.11.2017, p. 112.
European Network on Debt and Development (Red Europea de Deuda y Desarrollo), Tax Games - the Race to the Bottom:
https://eurodad.org/tax-games-2017.
Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the ECB, Corporate Europe Observatory (Observatorio de las Corporaciones Europeas), octubre de 2017: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance, Corporate Europe Observatory (Observatorio de las Corporaciones Europeas), julio de 2018:
Comunicado de prensa de la Comisión Europea, Capital Markets Union: Commission announces new tax guidelines to make life easier for cross-border investors, 11 de diciembre de 2017:
IHS, Aggressive tax planning indicators, preparado para la Comisión Europea, Documentos sobre fiscalidad de la DG TAXUD, documento de trabajo n.º 71, octubre de 2017.
Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (DO C 101 de 16.3.2018, p. 79).

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 31
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 18
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución