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Timestamp: 2020-06-07 03:06:45+00:00

Document:
STC 64/2003, 27 de Marzo de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 181192
STC 64/2003, 27 de Marzo de 2003
Número de Recurso: 4255/1998
Cuestión de inconstitucionalidad 4255/98. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza, respecto al art. 1.2 y varios apartados del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad: Auto de planteamiento de la cuestión que formula un juicio de relevancia insuficiente.
Sentencia citada en: 54 sentencias, 3 artículos doctrinales
El día 14 de octubre de 1998 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, Auto de 2 de octubre de 1998 en el que, según expresa su parte dispositiva, se acuerda lo siguiente: "Plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de posible inconstitucionalidad del apartado 2 del artículo 1 y de los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal 1º del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, conforme a la redacción que dio a los mismos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre".
La presente cuestión de inconstitucionalidad tiene su origen en un procedimiento verbal seguido ante dicho Juzgado, según el expresado Auto, por la representación procesal de don Jesús E. A. y don Iñigo E. E. contra don Diego S. H., Intervolumen, S.L., doña María Eulalia P. B., Compañía de Seguros FIATC, Grupo Vitalicio Seguros y Transportes Rivera y Moreno, S.L., en reclamación de cantidad por lesiones y daños en accidente de tráfico.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), por referencia al art. 117.3 CE, comprende la posibilidad de que el interesado en la resolución de su conflicto pueda acceder a la Administración de Justicia para obtener el adecuado enjuiciamiento. Este derecho, en el caso de las normas cuestionadas, se vacía de contenido "porque se priva al interesado de ver valorada su situación de hecho y de derecho por [el] órgano judicial, pues es el órgano legislativo el que determina a priori quiénes deban entenderse como perjudicados en cada caso, establece las lesiones físicas o perjuicios morales a resarcir y fija el importe que por ello podrá percibirse". La posibilidad de acceso a la jurisdicción por parte del perjudicado en los supuestos que recoge la Ley "queda, por tanto, limitada a que se determine si el hecho causante de los daños es de los que pueden incluirse en tal norma y cuál de las interpretaciones propuestas por las partes es la correcta conforme a los mandatos en ella recogidos"
Desde otra perspectiva se considera vulnerado el principio de igualdad y derecho a no ser discriminado (art. 14 CE). La discriminación se produce por el hecho de "tratar a quien es víctima de un accidente de circulación de vehículo de motor de modo distinto a quien sufre daños ilegítimos por otros hechos causantes", y además, "incluso aplicando el sistema, se discrimina injustificadamente en varios supuestos a quienes hayan sido víctimas, con daños personales, o personales y materiales, de accidente circulatorio". Añade el Auto que "la obligada aplicación del sistema previsto en cuanto el accidente haya sido producido por un conductor de vehículo de motor y no de otra forma, no cabe omitirla por interpretación de la norma conforme a la Constitución, porque es previo a toda posible interpretación el aplicar el sistema previsto en los términos absolutos en que viene regulado".
Por providencia de 10 de noviembre de 1998 la Sección Primera acordó admitir a trámite la cuestión planteada, dar traslado de las actuaciones recibidas, de acuerdo con el art. 37.2 LOTC, al Senado y al Congreso de los Diputados, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones, y publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
El día 27 de noviembre de 1998 el Abogado del Estado se personó en el proceso y efectuó las alegaciones que sintéticamente se exponen a continuación:
Señala, en primer lugar, que el Auto de promoción cuestiona la LRC en su art. 1.2 y apartado primero del anexo, números 1, 4, 5, 7 y 10, según la redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
Acotado así el ámbito de la cuestión, el Abogado del Estado sostiene la inadmisibilidad de la misma por falta de presupuestos procesales. Se refiere, en concreto, a que el art. 35.2 LOTC exige al órgano judicial que decida plantear la cuestión "especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión". En tal sentido, acerca del imprescindible juicio de relevancia, el Abogado del Estado no niega que de la validez de los preceptos que constituyen el objeto de esta cuestión dependa el fallo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su STC 17/1981, ya declaró que este requisito es necesario pero no suficiente. Esta es, precisamente, la circunstancia que concurre en este caso, en el que, como reconoce el propio Auto de planteamiento (razonamiento jurídico primero), el sistema de baremo es de obligada aplicación al caso "por haberlo interesado las partes, disconformes sólo en la manera en que debe ser interpretada en este caso concreto su aplicación y correspondientes consecuencias económicas".
Subsidiariamente, para el caso de que el Tribunal no estime el motivo de inadmisión que se acaba de exponer, el Abogado del Estado examina la pretendida infracción de los arts. 14 y 24 CE.
En cuanto a la infracción del art. 24.1, en conexión con el art. 117, ambos de la Constitución, que se justifica en que se priva al Juez del ejercicio de la función jurisdiccional, impidiéndosele apreciar, al actuar constreñido por el baremo, las singularidades del caso, el Abogado del Estado alega que el art. 24.1 CE garantiza el acceso a los Tribunales, la propuesta y práctica de la prueba, la formulación de alegaciones y la obtención de una resolución fundada en Derecho (STC 101/1987) y que el baremo no impide al perjudicado obtener una resolución en cuanto al fondo. El legislador, al escoger el sistema de baremo, ha excluido otro basado en el arbitrio judicial sustentado en las circunstancias de cada caso. Pero es que el baremo no excluye la reparación íntegra de los daños personales ni impide al Juez conocerlos, pues los daños personales indemnizables incluyen la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, incluidos los daños morales (art. 1.2 LRC), proporcionando la total indemnidad de los daños y perjuicios causados (núm. 7 del ordinal primero del anexo).
El día 27 de noviembre de 1998 tiene entrada en el Registro del Tribunal un escrito del Presidente del Senado, en el que comunica la adopción por la Mesa de la Cámara de un Acuerdo, de fecha 24 de dicho mes de noviembre, que tiene como objeto dar por personada a la Cámara en el presente proceso constitucional y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Mediante escrito registrado en el Tribunal el día 30 de noviembre de 1998 el Presidente del Congreso de los Diputados comunica que, según Acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 24 del citado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones, pero que en todo caso pone a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pueda precisar.
El día 1 de diciembre de 1998 el Fiscal General del Estado comparece y dice que la cuestión de inconstitucionalidad es sustancialmente idéntica a las tramitadas por el Pleno con los núms. 3536/96, 47/97, 3249/97 y 5175/97, siendo la coincidencia absoluta en cuanto a los preceptos de derecho sustantivo cuestionados y los preceptos constitucionales que se estiman vulnerados (arts. 14 y 24.1 CE), por lo que, dando por reiterado el alegato expuesto en aquellas cuestiones de inconstitucionalidad, propone la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad.
Por providencia de 25 de marzo de 2003 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza plantea la cuestión de inconstitucionalidad del art. 1.2 y de los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRC), según la redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en relación con los arts. 14 y 24 CE.
La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado. Son elementos correctores de disminución en todas las indemnizaciones, incluso en los gastos de asistencia médica y hospitalaria y de entierro y funeral, la concurrencia de la propia víctima en la producción del accidente o en la agravación de sus consecuencias y, además, en las indemnizaciones por lesiones permanentes, la subsistencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente que hayan influido en el resultado lesivo final; y son elementos correctores de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes la producción de invalideces concurrentes y, en su caso, la subsistencia de incapacidades preexistentes.
Anualmente, con efectos de primero de enero de cada año y a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias fijadas en el presente anexo y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este último caso y para facilitar su conocimiento y aplicación, por Resolución de la Dirección General de Seguros se harán públicas dichas actualizaciones."
El órgano judicial proponente de la cuestión considera que el sistema de cuantificación legal de los daños causados con motivo de la circulación de vehículos a motor, al determinar de modo cerrado y exhaustivo las personas que han de percibir indemnización, los daños que resultan indemnizables y la cuantía de las indemnizaciones, pudiera vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su conexión con el derecho al ejercicio de la jurisdicción (art. 117.3 CE), y el principio de igualdad (art. 14 CE).
Antes de comenzar el examen de las infracciones constitucionales en que pudieran incurrir los artículos objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad hemos de pronunciarnos sobre el vicio de procedibilidad que, según el Abogado del Estado, aqueja al planteamiento de la cuestión y que, de concurrir, conduciría a su inadmisión.
En relación con el óbice de procedibilidad aducido por el Abogado del Estado, hemos de comenzar señalando que ya desde la STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 2, hemos puesto de manifiesto que "la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 37.1) abre la posibilidad de rechazar en trámite de admisión ... la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o la cuestión misma fuere notoriamente infundada". Se señala, al efecto, que "esta posibilidad de decretar la inadmisibilidad en trámite previo no excluye, en modo alguno, la facultad del Tribunal para hacer mediante Sentencia un pronunciamiento de la misma naturaleza cuando las razones que impiden entrar a resolver sobre la validez de la norma impugnada no son aparentes prima facie o aparecen de tal modo que resulta aconsejable abrir todas las posibilidades del debate, dando intervención a todos los llamados por el art. 37.2 LOTC, y siguiendo el proceso constitucional hasta terminar por Sentencia, con la plenitud de efectos y de publicidad que a esta modalidad de decisión corresponde". Ello quiere decir, en definitiva, que "como ha reiterado la doctrina de este Tribunal (SSTC 17/1981, 103/1983, 106/1986, y 127/1987, entre otras), la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia, con efecto desestimatorio, la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión" (STC 6/1991, de 15 de enero, FJ 2).
Para dar respuesta al tema suscitado hemos de recordar también lo que dijimos en la ya citada STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1: "A diferencia del recurso [de inconstitucionalidad], que sólo puede ser iniciado por los órganos que enumeran los arts. 161.1 de la Constitución y 32 LOTC, y sólo dentro del plazo que fija el art. 33 de la misma, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por cualquier órgano judicial (arts. 163, Constitución, y 35.1 LOTC), sea cual sea la fecha de entrada en vigor de la norma legal cuestionada. Esta mayor amplitud relativa de la cuestión de inconstitucionalidad no la convierte, sin embargo, ni en un instrumento procesal que quepa utilizar para transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios concretos ... ni, menos aún, para buscar a través suyo una depuración abstracta del ordenamiento, que normalmente debe ser obra del legislador ordinario ... La cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución". Dicha Sentencia termina afirmando, en el expresado fundamento jurídico, que "la extraordinaria transcendencia de las cuestiones de inconstitucionalidad como principal mecanismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional obliga, sin embargo, a extremar las garantías destinadas a impedir que esta vía procesal resulte desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza, como sería, por ejemplo, el de utilizarla para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en el que la cuestión se suscita".
En los "antecedentes de hecho" del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se hace referencia a la demanda presentada "por la representación procesal de don Jesús E. A. y don Iñigo E. Egiguren contra don Diego S. H., Intervolumen, S.L., doña María Eulalia P. B., Compañía de Seguros FIATC, Grupo Vitalicio de Seguros y Transportes Rivera y Moreno, S.L, en reclamación de cantidad por razón de accidente de tráfico ocurrido el día 28 de junio de 1997 y con fundamento jurídico, entre otras normas, en la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor conforme a la redacción que le dio la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre" (antecedente primero). A continuación, en el antecedente segundo, se alude a que, tramitado el procedimiento y visto para Sentencia, se dictó providencia de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para "posible planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor".
Este Tribunal Constitucional ha venido manteniendo en lo posible una concepción no rigorista de las condiciones de admisibilidad (art. 37.1 LOTC) con el fin de propiciar la depuración del Ordenamiento y, en concreto, así lo ha hecho acerca del llamado juicio de aplicabilidad, sosteniendo desde la STC 17/1981, FJ 1, que "el órgano judicial que plantea la cuestión es ... en principio el competente para determinar cuáles son efectivamente las normas aplicables al caso que ha de decidir, y el control del Tribunal sobre este primer requisito ha de limitarse, por decirlo así, a juzgar por las apariencias". En definitiva, hemos sostenido que "la interpretación de la ley que lleva al órgano judicial proponente de la cuestión a determinar cuáles son los preceptos aplicables al caso ha de ser aceptada por este Tribunal en cuanto no resulte irrazonable" (ATC 380/1996, de 17 de diciembre, FJ 2).
La insuficiente determinación de los preceptos aplicables al caso que se ha apreciado conduce a que el juicio de relevancia no se haya efectivamente exteriorizado en el Auto de promoción de la cuestión de inconstitucionalidad, no existiendo en dicho Auto ningún esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada, lo que pone de relieve que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea con un alcance ajeno al que exige la resolución de la duda que al órgano judicial se le suscita con ocasión de la decisión a tomar en el proceso a quo. Ello tiene como consecuencia que la fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad en que podrían incurrir los preceptos cuestionados se construye de modo abstracto y general, y sin ninguna conexión con los datos reales que en este caso concreto conforman el supuesto indemnizatorio que se debate entre las partes en el proceso a quo.
SAP Segovia 176/2006, 31 de Julio de 2006
SAP Barcelona 355/2005, 1 de Junio de 2005

References: artículo 1
 resolución 
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 Resolución 
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