Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-2000-m-p-stc-23884091
Timestamp: 2019-08-24 03:34:11+00:00

Document:
STC 288/2000, 27 de Noviembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 23884091
Número de Recurso: 1697-2000
RA 1697-2000. Promovido en nombre del menor don álvaro M. P., frente al Auto del Juzgado de Instrucción de Valladolid que denegó la solicitud de habeas corpus respecto a la duración de su detención por la policía en diligencias por robo. Vulneración del derecho a la libertad personal: detención preventiva que duró más del tiempo estrictamente necesario, e inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 86/1996).
Sentencia citada en: 25 sentencias, 17 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 288/2000, de 27 de noviembre de 2000
Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 23 de marzo de 2000, el Procurador don Roberto Primitivo Granizo Palomeque, en nombre y representación de don Francisco M. F. y de doña María Montserrat P. F., quienes a su vez actúan en nombre de su hijo menor de edad don álvaro M. P., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de que ya se ha hecho mención en el encabezamiento.
Los hechos en los que se basa la presente demanda de amparo son, esencialmente, los siguientes:
El día 22 de enero de 2000, don Raúl Sobrino Pascual, empleado en la tienda de telefonía DHITELFON de Valladolid, formuló denuncia en una Comisaría de Policía de dicha ciudad. En dicha denuncia exponía que el pasado día 15 de enero de 2000, sobre las 10:30 horas se personaron en el referido local tres jóvenes, de unos diecisiete a dieciocho años, quedándose un cuarto individuo en la puerta de entrada, y le solicitaron que les mostrara dos modelos de teléfono móvil, uno marca Nokia valorado en 110.000 pesetas y otro marca Siemens valorado en 50.000 pesetas. Cuando los tenía en la mano para enseñárselos, le arrebataron los dos móviles y le pegaron un empujón, por lo que le derribaron al suelo. A continuación, salieron huyendo y separaron su camino al salir por la puerta.
Sobre las 09:00 horas del día 24 de enero de 2000, don Julio Negro Martín, encargado de la tienda de telefonía MOVICON, comunica a la Policía que un joven llamado Carlos C. T. había llevado a reparar un teléfono móvil, marca Nokia, que había sido sustraído de la tienda DHITELFON de un conocido suyo, y cuyo número de serie coincidía con el de uno de los teléfonos móviles mencionados en la denuncia.
La Policía procedió a citar a don Carlos C. T., menor de edad, quien se personó en las dependencias policiales el 28 de febrero de 2000, y en presencia de sus padres reconoció haber sustraído un único teléfono móvil marca Nokia, habiendo acordado con un tal álvaro, de segundo apellido P., que éste le sujetaría la puerta para poder salir huyendo. Acto seguido, la Policía detuvo a don Carlos C. T. y le informó de sus derechos.
Una vez hechas las oportunas pesquisas sobre la identidad de otros menores y del individuo que sujetó la puerta del establecimiento, este último resultó ser el menor don álvaro M. P., nacido el 2 de octubre de 1983, de dieciséis años de edad ya cumplidos en el momento de los hechos. éste fue detenido en su domicilio sobre las 13 horas del mismo día 28 de febrero de 2000, siendo conducido a las dependencias policiales. Consta que a las 14:15 horas de ese mismo día se le leyeron sus derechos.
La familia de don álvaro M. P. designó como Letrado a don Ignacio César Muñoz Dopico para que asistiera al menor, por lo que el mencionado Abogado acudió a las dependencias policiales. Sin embargo, la Policía no tomó declaración al menor, objetando que el muchacho había manifestado su intención de ser asistido por un Abogado de oficio. Los funcionarios intervinientes sí aceptaron la tarjeta del Abogado Sr. Muñoz Dopico, a fin de avisarle si el menor aceptaba su designación. Por fin, a las 11 horas del siguiente día 29 de febrero de 2000, los Agentes de Policía le tomaron declaración al menor en presencia del Letrado Sr. Muñoz Dopico, pero el menor se negó a declarar y expresó su deseo de hacerlo en el Juzgado. El detenido no fue puesto en ese momento a disposición judicial.
El mismo día 29 de febrero de 2000, don Francisco M.F., padre del menor don álvaro M. P., presentó una solicitud de hábeas corpus, para que se ordenara la inmediata puesta a disposición de su hijo ante la Autoridad judicial y se acordara su puesta en libertad. Alegaba que no se le había permitido visitar a su hijo ni tampoco al Letrado designado por él para que le asistiera, cuando realmente él, como padre del menor y en ejercicio de su patria potestad, había elegido a un Abogado para que se ocupara de tal función. Y aducía asimismo que la doctrina del Tribunal Constitucional había establecido que el plazo de 72 horas de detención del art. 17.2 CE es el límite máximo de carácter absoluto, pero que el mismo no impedía que pudieran calificarse como privaciones de libertad ilegales aquellas que, sin rebasar el límite máximo, llegaran a sobrepasar el tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas. Pues bien, según el solicitante en este caso no era en absoluto necesaria la detención de su hijo, dado que éste es un menor y además el hecho por el que se le detiene no tiene especial gravedad. A lo que añade que las diligencias podrían haberse realizado en un plazo inferior, o al menos después de que el menor hubiera sido puesto en libertad.
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid, mediante providencia del mismo día 29 de febrero de 2000, registró la solicitud que se acaba de mencionar como hábeas corpus 1-2000, ordenando que se solicitara urgentemente a la Policía copia de las actuaciones y que se le diera traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.
La representante del Ministerio Público informó lo siguiente: "La Fiscal no considera procedente incoar procedimiento de ‘hábeas corpus’ al no concurrir ninguna de las causas previstas en el art. 1º de la Ley Orgánica reguladora del citado procedimiento".
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid dictó un Auto el 29 de febrero de 2000, por el que denegó la incoación del procedimiento de hábeas corpus. El fundamento jurídico único del mismo expresaba lo siguiente:
El artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de hábeas corpus, establece los supuestos en los que se considera que una persona ha sido ilegalmente detenida; examinada la solicitud formulada y el informe del Ministerio Fiscal, resulta que el presente caso no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del citado artículo 1, y por ello, conforme establece el art. 6 de la referida Ley, debe considerarse improcedente la petición efectuada."
El menor no fue llevado ante el Juez hasta el día siguiente, 1 de marzo de 2000, por lo que su detención se prolongó prácticamente durante 48 horas, pasando dos noches en los calabozos de Comisaría, junto con otros detenidos mayores de edad, y sin que se le permitiera ver en ningún momento a sus padres. En ese mismo día declaró ante el Juez, inicialmente asistido por un Letrado de oficio, y después asistido por el Letrado designado por la familia. Por fin, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid dictó un Auto ese mismo día, 1 de marzo de 2000, en el que se dispuso la libertad sin fianza del menor.
La demanda de amparo solicita que se otorgue el amparo y que se anule la resolución judicial por la que se denegó la incoación del hábeas corpus. Alega que se han vulnerado sus derechos a la libertad personal (art. 17 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El segundo de los derechos fundamentales mencionados ha sido lesionado porque la doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que siempre que exista una privación de libertad no puede denegarse la incoación del procedimiento de hábeas corpus, sino que es preciso ordenar la comparecencia del detenido y oír a las partes. Rechazar la incoación del referido procedimiento in limine litis mediante una decisión sobre el fondo —es decir, sobre la legalidad de la detención—, resulta completamente inadmisible, ya que no se escuchan las alegaciones de las partes, o por lo menos no de todas ellas, y por lo tanto se genera indefensión. En este sentido se pronuncian las SSTC 86/1996, de 21 de mayo, y 224/1998, de 24 de noviembre. Por otro lado, el Auto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque contiene una fundamentación genérica y estereotipada, que no expresa la razón legal por la que es inadmitida la pretensión referida a la defensa de un derecho fundamental.
Por providencia de 25 de julio de 2000, la Sala Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda de amparo. Y asimismo acordó requerir al órgano judicial para que en el plazo de diez días remitiera las actuaciones y para que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, salvo el recurrente en amparo. Una vez cumplimentado lo anterior, mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia, de 21 de septiembre de 2000, se decidió dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que dentro de los mismos pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
El Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 18 de octubre de 2000, en el que interesaba la estimación del recurso de amparo.
Tras relacionar los antecedentes y resumir las alegaciones del recurso, se ocupa de la eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. En este ámbito de cuestiones, si bien el art. 248.1 LOPJ exige que los Autos judiciales estén motivados, cuando éstos supongan la restricción de un derecho fundamental, se requiere una motivación reforzada por la naturaleza del derecho afectado (STC 25/2000, de 31 de enero), para que sea posible conocer, no sólo la ratio decidendi de la resolución, sino además la justificación de la restricción del derecho fundamental.
Con independencia de que en el contenido esencial del derecho a la libertad se integre el derecho al procedimiento de hábeas corpus, no cabe duda para el Fiscal de que la resolución judicial impugnada no sólo restringía el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al proceso recogido en el art. 24.1 CE, sino que además tal derecho estaba íntimamente relacionado con el derecho a la libertad. Lo que el demandante de amparo pidió a quien ha sido calificado como "guardián de la libertad" es que se controlara, a través del proceso establecido para ello por la Constitución (art. 17.4), la legalidad de una privación de libertad, razón por la cual era de aplicación esa exigencia de motivación reforzada a la que antes aludía el Fiscal; exigencia que —según su criterio— aparece incumplida palmariamente por dicha resolución, ya que, aun siendo posible que el Juez denegara la petición de incoación de procedimiento, lo que no puede es hacerlo mediante una resolución que ni siquiera supera la exigencia de motivación ordinaria establecida por el art. 248.1 LOPJ.
Los demandantes fundamentan la vulneración del derecho a la libertad en la falta de concurrencia de los supuestos que habilitan la detención (art. 17.1 CE), en la superación del plazo máximo de la privación de libertad y en la denegación de la incoación del procedimiento de hábeas corpus (art. 17.4 CE), motivos que el Fiscal examina a continuación de forma separada.
Pero aun dando por supuesto que ello sea cierto, no se puede considerar que como consecuencia de dicha organización de los servicios del Juzgado de guardia y de conducciones policiales, se pueda justificar la prolongación de una detención preventiva, porque tal limitación no se contempla ni en el art. 17 CE ni en la legislación dictada en su desarrollo. Con mayor razón esto es así cuando había sido presentada ante el Juzgado una petición de hábeas corpus que, con independencia de las deficiencias observables en su tramitación, permitió conocer a cualquiera que examinase las diligencias policiales que su conclusión se produciría el mismo día 29 de febrero, poco tiempo después de la remisión. Ello debió dar lugar, no ya a que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley Orgánica 2/1984 se tramitara correctamente el procedimiento de hábeas corpus, sino además o en lugar de ello a que se ordenara que el detenido —junto con las diligencias policiales concluidas— fuera trasladado al Juzgado nada más producirse la conclusión del atestado para resolver de manera definitiva —y en el procedimiento penal en trámite— sobre la situación personal de quien se decía que estaba ilegalmente detenido el 29 de febrero de 2000. Esto se hizo efectivamente al día siguiente, 1 de marzo, cuando se acordó la libertad de don álvaro M. P., actuación que viene a confirmar la pretensión de los recurrentes sobre la ilegalidad de la privación de libertad de su hijo, desde el momento en el que en su nombre formularon la petición de hábeas corpus.
La representación de los recurrentes presentó el escrito de alegaciones el 23 de octubre de 2000, en el que solicitaba la estimación del recurso de amparo. Se destaca que una vez recibida en el Juzgado la solicitud de hábeas corpus, se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, antes incluso de que la Policía remitiera el expediente al Juzgado. Pero no se dio ningún traslado al solicitante de dicho procedimiento, por lo que se dictó resolución sin oír a dicha parte. Ello supone la vulneración del art. 7 de la Ley de Hábeas Corpus y, ya que dicho precepto está inspirado en el principio de igualdad de armas, también del art. 24 CE (SSTC 144/1990, de 26 de septiembre, FJ 4; 66/1996, de 16 de abril, FFJJ 3 y 6; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 10).
Por providencia de 23 de noviembre de 2000, se acordó señalar el día 27 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
Con motivo de unas diligencias que se iniciaron a partir de una denuncia por el robo de unos teléfonos móviles, un menor fue detenido por la Policía. En el curso de dicha detención, el padre del menor detenido solicitó el hábeas corpus, pero el Juzgado al que se le efectuó la solicitud denegó la incoación del referido procedimiento. Ahora, en el presente recurso de amparo, los demandantes y padres del menor detenido alegan que la detención policial de su hijo fue ilegal y afirman que la resolución judicial que denegó la incoación de un procedimiento de hábeas corpus para examinar tal detención vulneró tanto el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE como el derecho a la libertad personal contemplado en el art. 17, apartados 1, 2 y 4 CE.
El presente caso se caracteriza por la circunstancia de que, tras una detención policial con motivo de un supuesto delito de robo, se formuló una solicitud de hábeas corpus que fue inadmitida a trámite. Se trata de unos hechos que presentan una gran similitud con los que dieron lugar a la STC 224/1998, de 24 de noviembre. En ambos casos el punto de arranque lo constituye una detención practicada en actuaciones penales —iniciadas tras las oportunas denuncias por supuestos delitos— y continúa con la formulación del hábeas corpus, cuya incoación es denegada por el órgano judicial.
Lo anterior determina una relevante diferencia respecto a otras resoluciones sobre hábeas corpus en las que, mediante este proceso, se pretendía examinar la legalidad o ilegalidad de un arresto disciplinario impuesto por la Administración Militar (por ejemplo, SSTC 208/2000, de 24 de julio, FJ 2; 209/2000, también de 24 de julio, FJ 2; 233/2000, de 2 de octubre, FJ 2). En tales Sentencias no nos pronunciamos sobre la legalidad de la sanción de privación de libertad, precisamente para respetar la subsidiariedad del amparo, ya que no constaba que se hubiera agotado la vía judicial previa en cuanto a la Resolución administrativa en el ámbito disciplinario que imponía la referida sanción de arresto. Sin embargo, en el presente caso, una vez iniciado el proceso penal mediante denuncia, ante la detención del menor su padre instó el hábeas corpus, de modo que la selección de esta vía judicial —perfectamente legítima y contemplada específicamente en el art. 17.4 CE— cumplió la función de agotar la vía judicial previa como presupuesto necesario para el procedimiento constitucional de amparo.
La detención preventiva está constitucionalmente caracterizada por ciertas notas, entre ellas, en lo que aquí especialmente interesa, por su limitación temporal (SSTC 31/1996, de 27 de febrero, FJ 8; 21/1997, de 10 de febrero, FJ 4; 174/1999, de 27 de septiembre, FJ 4; 179/2000, de 26 de junio, FJ 2), lo que implica que ha de estar inspirada por el criterio del lapso temporal más breve posible (SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8, y 224/1998, FJ 3). Lo que se corrobora por lo dispuesto en el art. 5.2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen que el detenido sea conducido "sin dilación" o "sin demora" ante la Autoridad judicial.
Este principio de limitación temporal, que caracteriza a todas las privaciones de libertad, viene impuesto por la Constitución con mayor intensidad, si cabe, cuando se trata de las detenciones preventivas, porque el art. 17.2 CE no se remite a la ley para que ésta determine los plazos legales —como, sin embargo, ocurre en el art. 17.4 CE respecto a la prisión provisional— sino que se ocupa él mismo de establecerlos imperativamente. E incluso los que establece son más rigurosos que los que se contienen en aquellos instrumentos internacionales mencionados sobre protección de los derechos humanos (STC 21/1997, FJ 4). El sometimiento de la detención a plazos persigue la finalidad de ofrecer una mayor seguridad de los afectados por la medida, evitando así que existan privaciones de libertad de duración indefinida, incierta o ilimitada [SSTC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 6 a); 174/1999, de 27 de septiembre; 179/2000, de 26 de junio].
En el presente caso los recurrentes de amparo se quejan no sólo que la duración de la detención fue excesiva sino también de que no se daban los presupuestos legales para que la Policía llevara a cabo la detención, subrayando que no existía el riesgo de que el afectado no compareciera ante la Autoridad judicial cuando fuera llamado por ésta, por ser menor de edad, por la escasa gravedad de los hechos (abrir la puerta del establecimiento donde al parecer se produjo la sustracción de dos teléfonos móviles), y por haber sido acusado a raíz de la declaración de otro menor. Según este criterio, la detención sería ya ilegal en su origen por no ser encuadrable en un supuesto legal. Sin embargo, el Ministerio Fiscal opina que la Ley de Enjuiciamiento Criminal amparaba esta detención, que es obligatoria para los Agentes de la Policía judicial, siempre que esté motivada en la participación del detenido en un hecho que se considere delito.
Ahora bien, es suficiente considerar que si en el presente caso la detención se inició a las 14 horas del día 28 de febrero de 2000, según consta en las diligencias policiales, y si cuando se negó a declarar, una vez en presencia del Abogado designado por sus padres, eran las 11 horas del siguiente día 29 del mismo mes y año, se habían realizado ya todas las investigaciones policiales necesarias, como resalta el minucioso informe del Ministerio Fiscal reseñado en el antecedente 5, así como las actuaciones derivadas del cumplimiento del art. 17.3 CE, entonces carecía de fundamento que el menor permaneciera bajo el control de los Agentes de la Policía desde ese momento en que se produjo su negativa a declarar hasta una hora no determinada del posterior día 1 de marzo de 2000, en que finalmente fue puesto a disposición judicial. De suerte que aun en la hipótesis de que la detención hubiera sido plenamente lícita en su origen, habría devenido contraria al art. 17.2 CE por haberse superado el límite relativo previsto en dicho precepto, sin que en tal momento se hubiera liberado al menor o se le hubiera puesto a disposición de la Autoridad judicial. A lo que hay que añadir que tampoco se cumplió el plazo legalmente impuesto de 24 horas, previsto en el art. 496 LECrim. Por lo que ha de concluirse que se ha producido una lesión del art. 17.2 CE por haberse prolongado, sin justificación, la detención del menor en las dependencias policiales.
Procede, por último, examinar la conformidad con la Constitución de la resolución judicial que denegó la incoación del procedimiento de hábeas corpus previsto en el art. 17.4 CE. A cuyo fin conviene recordar, en lo que aquí interesa, la doctrina constitucional al respecto, que en sus líneas generales ha sido declarada en las recientes SSTC 208/2000 y 209/2000, ambas de 24 de julio, 232/2000, de 2 de octubre, y 263/2000, de 30 de octubre.
La aplicación de la anterior doctrina al presente caso conduce a que estimemos la queja formulada por los recurrentes con invocación del art. 17.4 CE. En efecto, el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid deniega la incoación del procedimiento, argumentando que la privación de libertad del menor don álvaro M. P. no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del hábeas corpus. De esta manera, la resolución judicial no sólo no restableció el derecho fundamental a la libertad vulnerado, sino que desconoció la garantía específica del art. 17.4 CE, al anticipar el fondo en el trámite de admisión, impidiendo así que el recurrente compareciera ante el Juez e imposibilitando que formulara alegaciones y propusiera los medios de prueba pertinentes para tratar de acreditarlas (STC 232/1999, FJ 5). En definitiva, el órgano judicial no ejercitó de una manera eficaz el control de la privación de libertad y, por tanto, desconoció la naturaleza y función constitucional del procedimiento de hábeas corpus según se desprende del art. 17.4 CE.
Por último, en cuanto al alcance del otorgamiento del amparo, debemos advertir que no cabe retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración del derecho a la libertad para subsanarla, toda vez que al no encontrarse ya el recurrente en situación de privación de libertad, no se cumpliría el presupuesto necesario para que el órgano judicial pudiera decidir la admisión a trámite del procedimiento de hábeas corpus, según hemos declarado desde nuestra primera resolución al respecto (STC 31/1985, de 5 de marzo, FJ 4) y hemos reiterado en ocasiones posteriores (SSTC 12/1994, de 17 de enero, FJ 7; 154/1995, de 24 de octubre, FJ 6).
Reconocer que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de don álvaro M. P. (art. 17.2 y 4 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid, de 29 de febrero de 2000.
STSJ Castilla-La Mancha , 28 de Abril de 2000

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 artículo 1
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