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Timestamp: 2020-08-04 02:52:28+00:00

Document:
STS, 5 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 57819669
Número de Recurso: 9817/2004
Venta de acciones de "La Cruz del Campo,S.A.". Interpretación de los negocios jurídicos conforme a la intención de las partes. Negocio indirecto, mandato y fiducia. Desestimación del recurso de casaci
Visto por la el presente recurso de casación número 9817/2004, interpuesto por D. Carlos de Zulueta Cebrián, Procurador de los Tribunales, en nombre de D. Valentín, contra sentencia dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de julio de 2004, en el recurso contencioso-administrativo número 1151/2002, seguido contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 19 de julio de 2002, referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991.
En 13 de enero de 1997, la Dependencia de Inspección, de la Delegación de la Agencia Tributaria en Cádiz, formalizó a D. Valentín Acta modelo A02, firmada en disconformidad, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de 1991.
Se reflejaba en el acta que el sujeto pasivo, en 14 de enero de 1991 había procedido a enajenar 6.884 acciones de la serie A, de 500 ptas nominales, de la Cruz del Campo, S.A.
Se especificaba que "la referida venta se había llevado a cabo a HJB-SSTE, S.L.( N.I.F.B14550206 ), a plazos, comprometiéndose la entidad compradora a aceptar las condiciones impuestas por la compañía GUINESS PLC en su oferta de adquisición de dichas acciones y transmitir las mismas a dicha sociedad dentro del plazo y en las condiciones previstas en dicha oferta.
La oferta de adquisición de acciones efectuada por GUINESS PLC establece un precio de enajenación de 11.810 ptas por cada acción de 500 ptas nominales, habiendo sido detraído de este importe un 5 por 100 para contingencias auditoras, otro 5 por 100 para contingencias fiscales y un 1, 3 por 100 para gastos, lo que determinó un precio neto de 10.475 ptas por cada acción de 500 ptas norminales.
En el ejercicio de 1992 fueron reintegradas 385,781 ptas. por acción procedentes del primer depósito para contingencias auditoras, que deben considerarse mayor importe de la venta del ejercicio de 1991 (artículo 56.1 Ley 18/91 y art.14.1 R.D. 1841/91 ). Resta por reintegrar el depósito para contingencias fiscales".
Tras exponer los hechos y circunstancias concurrentes se proponía una liquidación por I.R.P.F. del ejercicio 1991, con deuda tributaria de 52.267.732 ptas., de las que 33.745.573 ptas. correspondían a cuota y 18.522.159 ptas. a intereses de demora.
En todo caso, antes de seguir adelante, y para comprender la problemática planteada, conviene señalar que, como se indica en la Sentencia recurrida, e igualmente ha sido recogido en otras ya dictadas por esta misma Sala en relación con la enajenación de acciones de la sociedad La Cruz del Campo, S.A, a favor de GUINESS PLC :
En el caso especifico que hemos de resolver y según recoge también la sentencia recurrida, "a continuación, el contribuyente, en unión de otros accionistas, celebró un contrato, intervenido por Corredor de Comercio, con la sociedad HJB-SSTE, S.L., por el que vende a ésta las acciones de "CRUZ DEL CAMPO, S.A.", obligándose la adquirente a venderlas a su vez a "GUINNESS PLC" (o a la entidad designada por ésta) con sujeción a los términos y condiciones de la oferta formulada. En este contrato se establece como condición el que se lleve a buen fin la oferta en dichos términos, ya que en caso contrario quedaría sin efecto.
Debe aclararse que la sociedad familiar HJB-SSTE, S.L. fue constituida el 28 de diciembre de 1990 por el contribuyente y sus hermanos, esto es, con pleno conocimiento de la preoferta realizada por GUINNESS, P.L.C., realizándose la misma operación, en los mismos términos y en el mismo día por los restantes accionistas. En cuanto al precio de compra, es el equivalente al ofrecido por "GUINNESS PLC" si bien -al contrario de lo que ocurría en la oferta de compra, en que el pago es al contado- se pacta su pago aplazado, aunque a diferencia de otros contratos efectuados por diversos socios de LA CRUZ DEL CAMPO, S.A., en que se pactó el devengo de intereses a favor del vendedor por el 12 por 100 compuesto anual, aquí se establece que la sociedad familiar que actúa como intermediaria obtuvo sustanciosos beneficios, toda vez que percibió íntegramente el precio en febrero de 1992, que sería reembolsada a los socios en diversos plazos. Es decir, que como se deduce de la resolución del TEAC, los sujetos pasivos ceden el cobro al contado del importe de la venta a cambio de recibirlo aplazadamente con interés."
Volviendo otra vez a las actuaciones inspectoras, a la vista del expediente, y una vez seguidos los trámites reglamentarios, el Inspector Jefe adoptó el correspondiente acuerdo de liquidación, por importe coincidente con el propuesto en el acta.
La liquidación girada fue objeto de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, con sede en Sevilla, el cual, en resolución de 23 de junio de 1999, la estimó anulando aquella.
El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria interpuso contra la resolución a que acaba de hacerse referencia, recurso de alzada ante el Tribunal-Económico Central, el cual, en resolución de 19 de julio de 2002, lo estimó anulando la resolución impugnada.
La representación procesal de D. Valentín interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAC a que acabamos de referirnos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sección Segunda de dicho Organo Jurisdiccional, que lo tramitó con el número 1151/2002, dictó sentencia, de fecha 22 de julio de 2004, con la siguiente parte dispositiva: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de DON Valentín, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 19 de julio de 2002, que estima rel recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía de 23 de junio de 1999, que a su vez había estimado la reclamación nº NUM000, deducida por el recurrente contra la liquidación practicada por la Inspección de los Tributos de la Delegación en Cádiz de la AEAT, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991, sin que proceda hacer mención expresa en relación con las costas procesales devengadas, al no haber méritos para su imposición".
No conforme con la referida sentencia, la representación procesal de D. Valentín, preparó contra la misma recurso de casación y luego de su admisión, lo interpuso por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal en 17 de noviembre de 2004, en el que solicita se case la sentencia y se estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
El Abogado del Estado, por medio de escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo en 8 de septiembre de 2006, se opone al recurso de casación, solicitando su desestimación.
Frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que confirma la argumentación y resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, la parte recurrente opone en su recurso de casación siete motivos, todos ellos formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional :
) Infracción del artículo 25.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en relación con el artículo 1281 del Código Civil.
) Subsidiariamente al anterior, infracción del artículo 28.2 de la Ley General Tributaria de 1963, en relación con el artículo 1281 del Código Civil.
) Infracción del artículo 246 del Código de comercio, en relación con los artículos 245 y 247 del mismo cuerpo legal, relativos al mandato.
) Infracción de la doctrina jurisprudencial que define el negocio fiduciario, en especial de las Sentencias de este Tribunal nº 227/2004, de 30 de marzo de 2004, Sala primera de lo Civil, recurso nº 1456/1998 y las que en ella se citan de 5 de marzo y 16 de julio de 2001, así como la nº 89/2003, de 13 de febrero de 2003, de la Sala primera de lo Civil, recurso nº 1997/997 y las de 30 de marzo de 1999, Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo, recurso nº 5213/1994 y de la misma fecha y Sala, recurso nº 5785/1993.
) Infracción del artículo 19.2 de la Ley 61/1978 reguladora del Impuesto sobre Sociedades, en relación con los artículos 16.4 y 22.4 del mismo texto legal, así como los artículos 26.4 y 12.2ª de la Ley 44/1978.
) Infracción del artículo 1450 del Código civil en relación con el artículo 609 del mismo cuerpo legal.
) Infracción del artículo 1250 del Código civil, hoy artículo 385 d ela Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 4 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En el primero de los motivos, como acaba de indicarse, se alega la infracción de los arts. 25.2 de la Ley General Tributaria de 1963 y 1281 del Código Civil, ya que "el examen de la Sentencia... pues evidencia una interpretación absolutamente sesgada de la voluntad de las partes, porque no la interpreta, sino que la sustituye. La teoría del mandato o fiducia (sic) la elabora olvidando, en términos absolutos, las premisas fundamentales que autorizan a la Administración Tributaria a interpretar la voluntad de las partes".
Considera la parte recurrente que la sentencia "no tiene en cuenta la base o factor habilitante para proceder a la interpretación de actos o negocios jurídicos civiles en el ámbito tributario: la voluntad de elusión fiscal del recurrente, ni lo que es más importante aún, la consecuencia final de esa indagación de voluntad, que debe ser la concreción y determinación de los daños y perjuicios producidos a los intereses públicos mediante la elusión fiscal pretendida y su cuantificación".
Tras exponer las circunstancias que concurren en el recurrente, se afirma que "esta parte también está autorizada a interpretar y presumir la voluntad de la Administración Tributaria, solo cabe entender que no le guiaba otra afán que el recaudatorio, presidido por una consigna política tributaria, ajena a los derechos constitucionales de la personalidad, propiedad privada y libertad de empresas recogidos en los artículos 10,33 y 38 de la Constitución".
En el segundo motivo, articulado con carácter subsidiario respecto del anterior, se alega la infracción de los artículos 28.2 de la Ley General Tributaria de 1963 y 1281 del Código Civil, afirmándose que "la interpretación de la voluntad de las partes, desde el punto de vista tributario, no puede equipararse absolutamente a la civil: no se da el presupuesto básico o premisa esencial que autorice a la Sala de instancia a interpretar la voluntad de las partes porque en ningún momento ha existido voluntad de evasión o elusión fiscal por el recurrente pues, de haber existido, tendría que haber determinado el daño realizado a la Hacienda Pública, como conclusión natural de la voluntad del contribuyente contraria a las palabras del contrato en que desemboca el artificio jurídico calificado".
En el tercer motivo, la parte recurrente pone de manifiesto que la sentencia, tras concluir que estamos en presencia de un mandato, siendo ésta la voluntad subyacente de las partes, después no aplica a ese contrato cuya existencia presume, sustituyendo la voluntad de las partes, las normas que lo regulan. Por el contrario, se afirma que la sentencia toma como base de todo su discurso y como precepto clave el artículo 1717 del Código Civil, aceptando la tesis de la Administración y del TEAC, elaborando en torno al mismo el "entramado negocial" existente, en el que llega a identificar el contrato de mandato con la fiducia.
"El error de principio y grave -se afirma- es que no tiene en cuenta lo que dispone al respecto el Código de Comercio; el que olvida que estamos en presencia de contratos mercantiles y son comerciantes los intervinientes y, en definitiva, el evidente afán por construir una actuación fiduciaria del recurrente".
Siendo el contrato mercantil, entiende la parte recurrente que si el comisionista (mandatario según la sentencia) contrató en nombre propio, quedó obligado directamente con las personas con quienes contrató, esto es, HJB-SSTE,S.L quedó directamente vinculada y obligada con GUINESS PLC y ésta no tendría ninguna acción contra el recurrente (comisionista) por aplicación de los artículos 244 y 245 del Código de Comercio.
Se alega también que dadas las características de la sociedad intermediaria, constituida por los Hermanos Sres. Valentín, no es de aplicación la doctrina jurisprudencial invocada recogida en la Sentencia de la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 1998.
En el cuarto motivo se cita la doctrina de este Tribunal acerca de los negocios fiduciarios, defendiendo que éstos tienen causa, validez y eficacia jurídica. Si así sucede civilmente, "fiscalmente no se le puede negar virtualidad como hace la Sentencia que se recurre, pues siguiendo el tenor de esas declaraciones jurisprudenciales el negocio fiduciario no es abstracto, sino que tiene causa y por tanto es válido".
Y al no existir elusión fiscal ni evasión se estima que el negocio fiduciario es inocuo y a la Hacienda Pública le es indiferente la forma en que las partes hayan instrumentado sus relaciones económicas y comerciales, siempre que no vayan contra la ley, la moral o las buenas costumbres (artículo 1255 del Código Civil ) y además sean lícitos y honestos (artículo 118 del Código de Comercio ".
Con cita de la Sentencia de 30 de marzo de 1999, se señala que la recurrida lo único que llega a declarar es que la consecuencia de la fiducia es el diferimiento del impuesto, de forma que el impuesto ha de imputarse al recurrente en el ejercicio 1991. Del mismo modo, y con cita de una segunda sentencia de la misma fecha antes indicada de 30 de marzo de 1999, se sostiene que al no existir fraude de ley, concurre la denominada "economía de opción".
Con ello se llega a una conclusión ya sostenida en los motivos anteriores y es ella la de que "si no hay voluntad transgresora ni infracción de normas ni se causa daño a los intereses públicos, a la Hacienda Pública, no procede interpretar la voluntad de las partes, cualquiera que sea la forma que revista el negocio jurídico que realice."
Tras invocar las Sentencias de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2003 y de 30 de marzo de 2004, se concluye el desarrollo del motivo afirmando que "constando en autos que no se instruyó expediente por fraude de ley, que no se califica el negocio de simulación, que no hubo actuación transgresora de las normas fiscales y que en la Sentencia en ningún momento se mantiene la existencia de una voluntad o intención de eludir o evadir el pago de los impuestos, el negocio fiduciario habrá de admitirse como válido y eficaz a efectos fiscales, y habiendo sido realizada, como también consta en autos, la operación a precio de mercado, el negocio que la Sentencia de instancia califica de fiduciario despliega sus efectos de la forma querida por las partes, cualquiera que sea la denominación que las partes hayan dado a sus contratos".
En el quinto motivo se alegan los preceptos reguladores de la transparencia fiscal, que se consideran infringidos en la medida en que la solución de la Sentencia de instancia supone obviar la persona jurídica creada, sometida al régimen de transparencia fiscal, y que fue la entidad compradora y vendedora de los títulos. Por ello se sostiene la tesis de que es la sociedad de transparencia fiscal la que compra en firme a plazos las acciones y las vende posteriormente. La conclusión se extrae de forma inmediata: las acciones "no las vende el recurrente".
En el sexto motivo se invoca la vulneración del art. 1450 del Código Civil, "al considerar que no existe compraventa entre mi mandante y HJB-SSTE, S.L. sino un "contrato de mandato o fiducia" mientras que, debiendo estimarse los motivos articulados, la venta se perfeccionó y fue obligatoria para ambos, al haber existido convenio en la cosa objeto del contrato y en el precio, añadiendo, por su parte el artículo 609, párrafo segundo incisos primero y final, que la propiedad se adquiere y transmite mediante la tradición, precepto que define "el modo" - "la traditio" - como elemento determinante de la adquisición junto con "el título".
En fin, en el séptimo y último motivo se alega infracción del artículo 1250 del Código Civil, hoy artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 4 de la Ley 29/1987, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Afirma el recurrente que "la Sala de instancia debió aplicar la presunción legal que establece el precepto invocado siguiendo los dictados del antiguo artículo 1250 C.C,-vigente en el momento en que se producen los hechos- coincidente en esencia con el 385 de la LEC 1/2000, pues al tratarse de una presunción legal y beneficiando a mi mandante, ya que éste admite el hecho de que se trata de una adquisición lucrativa de las acciones de la madre que no le vendió sino le donó, la Sala debió cumplir el mandato legal y acoger la presunción en tanto que, como ya se decía en la demanda, ello beneficia a mi representado, pues el incremento de valor que se imputa desaparecerá al tener que considerarse como valor de adquisición uno mayor que el que refleja la Administración".
Resolvemos conjuntamente los seis primeros motivos del recurso de casación reseñados en el anterior Antecedente.
Ante todo, debemos señalar que el artículo 25 de la Ley General Tributaria, en la redacción "ratione temporis" aplicable, establece que:
El precepto invocado recibió grandes críticas por lo que se llamó su "inconsistencia científica", pues el hecho imponible, una vez acogido en el seno de una ley, tiene naturaleza jurídica, tanto si es un acto o negocio jurídico, como una relación o situación económica. De aquí, que la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispusiera la supresión de la interpretación económica y la emigración de la referencia a la interpretación de carácter jurídico al artículo 28 de la Ley General Tributaria, cuyo apartado 2 ha venido señalando: " El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez".
El tradicionalmente conocido como "principio de calificación", surgido en los impuestos de tráfico, impone, tal como señala la mejor doctrina, que el aplicador de la ley ha de calificar en toda ocasión el acto o negocio, "de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica, atendiendo a su contenido y a sus prestaciones y efectos jurídicos, sin tener que atenerse a la forma o denominación dadas por las partes, con el fin de comprobar si se ha dado realmente la operación contemplada por la norma tributaria".
Conviene señalar que la Inspección, en el informe complementario ya califica el contrato suscrito entre HJB-SSTE, S.L. y el contribuyente, en 15 de enero de 1991, como de intermediación y depósito financiero y no de venta de acciones a plazos, basándose para ello en el estudio de las distintas cláusulas del mismo.
En primer lugar, se pone de relieve que según la estipulación quinta del contrato de compraventa de las acciones, éste quedaba sujeta a la condición suspensiva del buen fin de la oferta pública de adquisición de las acciones de la Cruz del Campo, S.A., llevada a cabo por GUINESS PLC, por lo que si ésta no llegara a consumarse, por no alcanzarse los porcentajes previstos en la oferta, por cualquier otra causa, y una vez expirado el plazo de validez de la oferta, el contrato quedaría sin validez.
Por otra parte, se señala que según la estipulación tercera, la sociedad compradora se obliga a aceptar las condiciones de la oferta de GUINNESS PLC y a transmitirle todas las acciones dentro del plazo y con las condiciones previstas en la misma. Es decir, que el contrato objeto de controversia establece una condición suspensiva de tal forma que sólo se celebraría éste si se lleva a buen fin la oferta. Pero a su vez, el cumplimiento de esta oferta va a depender del número de aceptaciones, con lo que el intermediario está aceptando una oferta sin ser titular de las acciones, puesto que la celebración del contrato está sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva de llevarse a buen fin la oferta.
Cabe preguntarse -afirma el Inspector actuario- cual sería la posición del intermediario financiero ante este contrato. Por un lado, y en el mismo documento, se está aceptando la oferta de transmisión de unas acciones que, según el tenor literal del contrato, solo pasarían a poder del mismo cuando se llevase a buen fin la oferta, y esto ocurriría cuando hubiesen aceptado un determinado porcentaje del capital, momento en el que se habría perfeccionado la venta a GUINNESS PLC, que seria propietario de las acciones y efectuaría la liquidación de la oferta. Siguiendo con las preguntas, ¿llega a ser el intermediario propietario de las acciones?. Y en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué poder de disposición sobre estas tenía?.
Es decir, nos encontramos con la paradoja de que cuando se levanta la condición suspensiva, el que va a ser propietario de las acciones es GUINESS PLC, no el intermediario, ya que la perfección del contrato de venta a la multinacional se ha producido cuando, según el acta de la Junta General de accionistas de La Cruz del Campo, S.A. de 11-12-90, después de un plazo de 28 días desde la celebración de dicha Junta para formular las aceptaciones y en la que se da como fecha probable de finalización de la operación el día 28-1-91.
En fin, en relación con las condiciones de pago del precio, el informe complementario manifiesta:
"En la fotocopia del contrato que se une figuran los plazos en que se va a pagar el precio, un pago de 5.658.800 ptas. más 20 anualidades de 7.987.254 ptas. a partir del año siguiente, comprensivas de capital e intereses. Hay que hacer notar que, a pesar de que el contrato tiene fecha de 14-1-91, la liquidación de la operación y los intereses se efectúa desde el 1-4-91, fecha en la que se presume que ya se habrá producido el pago al contado por parte de GUINNESS PLC.
Del examen del anexo al contrato de compraventa vemos que los intereses se satisfacen por el método de capitalización compuesta, por lo que nos encontramos ante los dos puntos claves de una operación financiera: los intereses se acumulan al principal para producir más intereses y la liquidación de estos se produce desde la fecha en que se deposita el dinero.
Por el contrario, una venta aplazada devenga intereses desde la entrega de la cosa (art. 1501 del C. Civil ), intereses sobre dicho precio aplazado, pero no se produce una retribución de intereses sobre el depósito de dichos intereses".
Por su parte, el TEAC, en su resolución de 19 de julio de 2002, siempre a partir de que para la calificación del contrato hay que estar a la verdadera intención de los contratantes y para ello, a los actos coetáneos y posteriores de las mismas (artículo 1282 del Código Civil ), entiende que la venta del accionista a la sociedad intermediaria debe contextualizarse dentro de la Oferta de compra de acciones de La Cruz del Campo, S.A. que GUINESS PLC hizo a sus socios y que fue aceptada por los mismos. Por ello, la venta del recurrente a la intermediaria es un instrumento de transmisión formal de la propiedad de las acciones a favor de la última, para que pueda enajenar dichas acciones a la adquirente; se trata de un contrato de mandato o fiducia que no se opone a la compraventa, directamente acordada, entre el recurrente (y los demás accionistas que se hallan en su misma situación) y "GUINNESS PLC", sino que, por el contrario, ese contrato está ordenado o sirve a la ejecución o cumplimiento de la compraventa: la obligación de entregar las acciones vendidas se lleva a cabo por medio de la intermediaria, a quien se habilita como titular formal de las acciones; y la otra parte, esto es "GUINNESS PLC" cumple su obligación de pagar el precio cierto (artículo 1445 del Código Civil ) también a través de dicha mandataria o fiduciaria.
En el caso presente, la sentencia de instancia interpreta la voluntad de las partes y no como pretende la parte recurrente, sustituye a la misma, por lo que no pueden aceptarse las alegaciones formuladas a tal fin en el recurso.
En efecto, la Sentencia impugnada, con acierto, entiende que el problema a resolver es estrictamente jurídico y consiste en resolver la naturaleza del contrato celebrado entre el accionista y la entidad intermediaria, pero no solo en sí mismo considerado " sino examinando en su conjunto el complejo negocial y la finalidad perseguida con los distintos negocios concluidos, valorados conjuntamente. Más especialmente, se trata de dilucidar si la compraventa a HJB-SSTE, S.L., sociedad constituida "ad hoc" por los interesados, de las acciones, con compromiso de esta entidad de venderlas a un tercero, en el plazo, con el precio y bajo las condiciones preestablecidas ente el recurrente y GUINNESS PLC es un verdadera y propia compraventa, con efecto traslativo del dominio y, en lo que aquí interesa, con la particularidad sustancial de que, habiéndose pactado el pago aplazado, se impute el incremento patrimonial a los diferentes ejercicios sucesivos en que el precio fuera percibido; o si, por el contrario, estamos ante un negocio fiduciario que no habría producido efectos traslativos de la propiedad a la intermediaria financiera, sino una encomienda de venta a GUINNESS, PLC de las acciones sobre las que había un concierto previo, en cuyo caso habría de considerarse que estamos, como señala el TEAC, acogiendo con ello la pretensión de nulidad ejercitada en el recurso de alzada, ante una única transmisión de acciones, la concertada entre el recurrente y la mercantil finalmente adquirente, en cuyo caso la liquidación procedente sería la que imputase al ejercicio 1991 la totalidad del incremento patrimonial experimentado, tal como se hizo en la liquidación impugnada por el recurrente en la vía económico-administrativa."
) Señala que la enajenación de las acciones del socio a la intermediaria queda enmarcada en una operación de carácter general cuyas condiciones son negociadas en común con "GUINESS PLC", preguntándose " que sentido tiene para el accionista vender unas acciones a la entidad intermediaria cuando tiene ya acordada las condiciones de venta a "GUINESS PLC" si las fechas y los precios son coincidentes, como ocurre en efecto ". Y la respuesta se da por la sentencia señalando que si aplicamos el principio antes transcrito, "resulta claro que la verdadera intención no era sino poner en manos de ésta la titularidad formal de los títulos -ya vendidos a "GUINNESS PLC" desde el momento en que concurrió el consentimiento del accionista con el de la empresa emisora de la oferta de adquisición ( artículo 1450 del Código Civil )- para que pudiera cumplimentar el trámite de venderlos a "GUINNESS PLC". Los actos coetáneos y posteriores del contrato (artículo 1282 del Código Civil ) muestran que con la intervención de la entidad financiera se procuraba exclusivamente realizar una gestión de venta de acciones a "GUINNESS PLC", cobrar el precio y constituir un depósito no retribuido para reintegrarlo periódicamente a los socios y, a la vez, accionistas de la intermediaria, todo ello revestido con la formalidad de una compraventa."
Pero esta teoría -se indica- ha sido abandonada por el Alto Tribunal en sentencias más recientes, como se reconoce en la de 8 de marzo de 1988 cuando se afirma que "la teoría científica reciente se aparta del «doble objeto» y prescinde de la sustantividad de la > como comprendida en el artículo 1274 (del Código Civil ), no obstante lo cual la titularidad formal habrá de desplegar su eficacia conforme a lo convenido y el fiduciante respetar la situación anómala creada (artículos 1255 y 1286 del Código Civil ) y la validez de lo acordado entre las partes, asistiéndole al fiduciario, en tanto no se produzca el cumplimiento, un «ius o titulus retinendi» que no permite se le imponga la restitución al no haber un simple préstamo, sino un contrato que entraña mayores efectos, pues ocasiona una transmisión basada en la buena fe, con efectos vinculantes para fiduciante y fiduciario".
) Expone el caso similar resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1998, referido a la venta de acciones por varios accionistas a favor de otra persona, también socio de la entidad, que las adquirió con el encargo de gestionar la venta de la totalidad de aquéllas a un tercero. En dicha sentencia se enuncia el principio, que ya ha quedado expuesto, acerca de la verdadera intención de las partes como determinante de la correcta calificación de un contrato, para terminar afirmando que en el caso debatido la intención de los actores era vender en bloque sus acciones a dicho tercero, para lo cual idearon celebrar el contrato litigioso por el que decían vender sus respectivas acciones al otro accionista para que luego éste, apareciendo formalmente ya como propietario único de todas, pudiera, con mayor facilidad, proceder a su venta a la persona indicada y luego revertir el precio respectivo a cada accionista. La falta de un acuerdo para llevar a cabo la venta de las acciones a dicho adquirente final hizo innecesaria la elevación a público del contrato de venta de las acciones al accionista > y la sentencia declara no haber lugar al recurso, en el que se pretendía el reconocimiento de efectos a esa compraventa fiduciaria, mediante la obtención por parte de los transmitentes del precio de la compraventa y la elevación a escritura pública del contrato celebrado, eficacia que el Tribunal Supremo niega, por descartar que en este negocio primero, no seguido de la ulterior venta proyectada, se haya verificado una traslación del dominio y,
Si en ejecución y cumplimiento de ese contrato de compraventa, el vendedor recurrió al instrumento de un contrato de mandato o de fiducia, que implicaba la momentánea situación como propietario de la entidad financiera, ello no es obstáculo para considerar el carácter fiduciario de la relación que une al demandante con la entidad financiera, en tanto que no es una compraventa pura y simple que pueda ser tenida como tal independientemente del segundo negocio y, en lo que se refiere al cobro del precio, es un acto de disposición por parte del tercero que, si no es abonado en el acto al vendedor, no es aquí por la concurrencia de un tercer negocio jurídico, de depósito financiero, como ha sucedido en otros casos similares de accionistas de "LA CRUZ DEL CAMPO, S.A.", es porque la empresa intermediaria esta creada al efecto por los propios interesados."
Debemos resaltar que la sentencia impugnada no se limita a dar una conformidad al criterio del TEAC, sino que entrando a estudiar y valorar las circunstancias concurrentes en el supuesto nos da específicas razones de su apoyo a la resolución del mismo:
" a) las condiciones para la compraventa de las acciones, como el precio, la entrega de aquéllas y el momento del pago, ya habían sido establecidas entre el vendedor y GUINNESS PLC, negocio en el que no intervino, en modo alguno, la sociedad financiera; b) esta entidad se limitó a poner las acciones en manos de la adquirente final, por cuenta del accionista originario, siendo para ella la adquisición y posterior venta de las acciones un negocio neutro desde el punto de vista de las prestaciones, pues la venta operada estaba, bajo sanción de nulidad, previamente preestablecida, no sólo en sus existencia sino en la totalidad de sus condiciones; c) la intervención de una entidad financiera en la operación debe interpretarse rectamente en armonía con lo que constituye la verdadera función propia de éstas en el mercado financiero, la cual no consiste en servir de gestor o intermediario en un negocio jurídico que, en sus elementos esenciales, había sido agotadoramente definido con antelación, máxime cuando de la operación, en sí misma, no obtenía beneficio o retribución alguna, ya que ésta únicamente deriva de la consideración del precio percibido en su integridad como el determinante de un depósito pactado en virtud de otro título jurídico diferente; d) que la existencia de este depósito, que lucra a la financiera mediante la posesión prolongada del capital y al depositante mediante la remuneración en intereses compuestos, es la que explica lo que de otro modo sería inconcebible: que el intermediario percibiera el precio de la compraventa de una sola vez y no lo pusiera inmediatamente en manos del vendedor; e) además, los intereses convenidos únicamente se devengaban desde el momento en que se abonó el precio por parte de GUINNESS PLC, lo que equivale a decir que el depósito se constituyó, previo acuerdo, no por entrega del capital por parte del depositante, sino mediante la retención del precio por parte del intermediario, para con su importe constituir el depósito; f) aún aceptando la teoría del mandato no representativo como causa inmediata de la fiducia, este no es título válido para la transmisión del dominio, según se puede inferir con claridad del artículo 1717 del Código Civil , cuando se trata de "cosas propias del mandante", como es el caso, máxime cuando tal mandato no implicaría, pese a no ser representativo, una libertad del mandatario para estipular con libertad las condiciones de la compraventa, sino que se limitaría al traslado de las acciones al comprador final y al percibo del precio, todo ello bajo las condiciones pactadas, sin cabida alguna para la integración de la voluntad en otros aspectos negociales, que se acordaron sin intervención alguna de tal mandatario. "
En definitiva, concluye la sentencia, " de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha reseñado, de los aspectos negociales de que se ha dejado constancia y de determinadas circunstancias relevantes, cabe concluir, compartiendo con ello el criterio sentado en la resolución aquí recurrida, que estamos en presencia de varios negocios jurídicos: de un lado, un negocio obligacional entre HJB-SSTE, S.L. y GUINNESS PLC por el que la primera y hace entrega a la segunda, por cuenta del accionista, de unas acciones cuya venta ya había sido previamente acordada, percibiendo el precio y constituyendo con su importe un fondo que se obliga a reintegrar a los socios a lo largo del tiempo; de otro, el realmente celebrado, una compraventa al contado, generadora de un incremento patrimonial experimentado íntegramente en 1991, entre los aquí recurrentes y GUINNESS PLC.
La interpretación del supuesto negocial complejo realizado por la sentencia de instancia, como se dijo con anterioridad, es compartida por esta Sala, debiendo indicarse que este mismo criterio se ha seguido en la Sentencia de 8 de octubre de 2008, resolutoria del recurso de casación 7979/04.
En todo caso, debemos señalar que la sentencia refuta la tesis de la demanda en los siguientes términos contenidos en el Fundamento de Derecho Noveno:
" Evidente es la consideración de que no estamos, como se indica en la demanda, ante una compraventa perfecta, sino mediatizada por los fines de fiducia a los que nos hemos referido, a la vista de las cláusulas quinta y tercera del contrato celebrado entre la recurrente y la entidad financiera, que figura en los autos (folios 117 y siguientes del expediente administrativo) Por la primera de ellas, la validez de la compraventa se supedita al buen fin de la oferta pública de adquisición de acciones formulada por "GUINNESS PLC", y que se incorpora como anexo al contrato, lo que desmiente la tesis central de la demanda de que la compraventa tuvo lugar porque la recurrente no aceptó la oferta. Esto es, de no consumarse dicha oferta, que exigía un mínimo de accionistas conformes, la compraventa a la financiera quedaría "sin validez ni efecto alguno", como se expresa en la cláusula segunda , lo que revela que este contrato no obedece a la finalidad de separarse de la expresada oferta, sino a la de darle validez y sentido, pues desaparecida ésta, aquél también perdía su validez y eficacia.
A tenor de lo que reza la cláusula tercera , el comprador HJB-SSTE, S.L., representada por Don Isidro, se comprometía a vender las acciones adquiridas a "GUINNESS PLC" con sujeción a los términos y condiciones de la oferta a que nos hemos referido, lo que con más fuerza aún desactiva lo alegado en la demanda, puesto que la expresada entidad familiar, creada "ad hoc", no vende a "GUINNESS PLC" en virtud de una decisión propia y ajena al vendedor aquí recurrente, sino en cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa celebrado con la vendedora y hoy recurrente, sin margen alguno para complementar lo ya decidido o incorporar estipulaciones nuevas.
Por lo demás, de la estipulación señalada con la letra (i), relativa al precio ofrecido por "GUINNESS, PLC", se deduce que el precio podría ser abonado de forma aplazada. Sin embargo, la regla principal es que se ofrecía al contado, y precisamente dentro de los plazos referidos en las estipulaciones (g) y (h) de la propia oferta, al señalar que "como precio de la compraventa objeto de esta Oferta se establece la cantidad de 11.810 pesetas por acción vendida de las series A y B, de quinientas pesetas nominales cada una, y de 118.100 pesetas por acción vendida de la serie C de cinco mil pesetas nominales cada una, y la cantidad de 5.905 pesetas por acción vendida de la serie D de doscientas cincuenta pesetas nominales cada una, de la Compañía", a lo que se añade, significativamente, que "el precio será hecho efectivo al contado en la fecha de liquidación de la compraventa de conformidad con lo que se establece en los apartados (g) o (h) anteriores, según proceda...", sin perjuicio de que existiera la posibilidad de materializar aplazadamente el pago, estipulación de la que no se hizo uso en las relaciones entre la compradora HJB-SSTE, S.L. y GUINNESS, PLC, que abonó de una sola vez la totalidad del precio ofrecido."
Dicho lo anterior, y declarado probado por la sentencia que la venta y fijación de sus condiciones tuvo lugar entre el accionista y GUINESS PLC y que la relación establecida del primero con la intermediaria es puramente obligacional a efectos de entrega de los títulos, con la consecuencia fiscal de que el devengo del tributo por razón del incremento patrimonial se produjo el año 1991, sobra cualquier argumentación o alegación tendente a sostener que la recurrente vendió a la intermediara y ésta a GUINESS PLC, incluida la referencia a la aplicación del artículo 246 del Código de Comercio, absolutamente incompatible con la conclusión alcanzada por la sentencia en el sentido de que la venta había sido previamente acordada entre accionista y GUINESS PLC, que, por tanto, conocía la identidad de la parte vendedora, correspondiendo a la intermediaria, en su calidad de titular formal, la función de entrega de las acciones y recepción del precio.
En todo caso, tampoco se acepta la tesis de la parte recurrente de que la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo de 4 de julio de 1998 sea aplicable al supuesto de que la transmisión se haga a una sola persona física, pero no cuando se hace a favor de una sociedad, por cuanto la actuación de esta última, a través del órgano competente, no supone diferenciación respecto de aquella, por lo que no existe razón suficiente para que en este caso no se cree también una titularidad meramente formal.
Por último, es cierto que en el presente caso la intermediaria no es una entidad financiera, sino una sociedad formada por el recurrente y sus cinco hermanos y que está sometida a transparencia fiscal, pero esta circunstancia no supone tampoco impedimento alguno para la solución de fondo dada al conjunto negocial de venta de las acciones de La Cruz del Campo, S.A. hasta llegar a ser adquiridas definitivamente por GUINESS PLC. (y por supuesto carece de trascendencia alguna la utilización del término entidad financiera por parte de la sentencia).
Por todo lo expuesto, se rechazan los motivos indicados.
En el escrito de demanda se planteó también por la parte actora la cuestión relativa al correcto coste de adquisición de las acciones vendidas, a cuyo efecto se alegaba haberse producido la misma por venta de derechos de suscripción de su madre, en fechas 15 de junio de 1988 y 20 de enero de 1989; que con ello se pudieron adquirir acciones liberadas; que el valor teórico de las acciones era al menos de 22.242.204 ptas.; y que no pudo justificar el pago de tales derechos.
Se señalaba que "siendo evidente que el mismo día en que se celebra el contrato de compraventa sin contraprestación alguna, la madre del recurrente disminuye su patrimonio en al menos 22.242.204 ptas. y se incrementa el del hijo, habrá que aplicar (cosa que al final no fue reflejado en el acta) lo dispuesto en el Impuesto de Sucesiones, esto es la presunción de una donación". Por ello se pretendía, en efecto, la aplicación de la presunción de transmisión lucrativa prevista en el artículo 4 de la Ley 29/97, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a cuyo tenor "se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa cuando de los registros fiscales o de los datos que obren en poder de la Administración resultare una disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente o con posterioridad, pero siempre dentro del plazo de cinco años de prescripción....el incremento patrimonial correspondiente en el cónyuge, descendientes, herederos o legatarios".
Sin embargo, el motivo que ahora se opone, en el que se alega la infracción del artículo 1250 del Código Civil, hoy artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 4 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, debe rechazarse.
En efecto, la Inspección atribuyó a las acciones un valor de adquisición actualizado de 6.172.147 pesetas, no discutido por la recurrente durante las actuaciones inspectoras.
Pero sobre todo, es que la Sentencia niega toda posibilidad de aplicar el coste de adquisición pretendido, pues ni se ha demostrado la existencia de una transmisión lucrativa (la adquisición tuvo lugar por compra de los derechos de suscripción, ni tampoco la concurrencia de los presupuestos de la presunción legal que se pretende.
" DECIMOSEGUNDO.- Para acceder a lo que se pretende en la demanda en relación con el valor de adquisición de las acciones por parte del recurrente, que éste estima en 22.242.204 pesetas, hubiera sido preciso que éste acreditara la condición de adquisición lucrativa de tal adquisición, mediante la aportación de la correspondiente prueba, que aquí ha brillado por su ausencia, pues ni siquiera se propone en ese proceso el recibimiento a prueba con la finalidad de acreditar que el valor de adquisición tenido en cuenta por la Inspección no se corresponde con el valor real en que las acciones fueron adquiridas o que ésta incurrió en error de hecho al efectuar el avalúo o al interpretar las normas jurídicas aplicables a tales efectos de valoración.
Ni puede hablarse, en este caso, de "presunción de donación" establecida en el artículo 4 de la Ley 29/87, de 18 e diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ", que diera lugar a efectuar la valoración de conformidad con las reglas establecidas en relación con las adquisiciones a título gratuito, teniendo en cuenta que las operaciones de transmisión de los derechos de suscripción preferente que dieron lugar, a la postre, a la adquisición de las acciones posteriormente vendidas, se adoptaron bajo forma de compraventa, sin que haya motivos para considerar que ésta encubría una donación, ni la más mínima prueba de lo que se afirma, pues tampoco se ha aportado la liquidación del Impuesto que habría correspondido al carácter gratuito que se predica, única acreditación que sería congruente con la calificación que se sostiene".
En consecuencia, se rechaza el motivo.
Al rechazarse los motivos alegados, ha de desestimarse el recurso de casación interpuesto, lo que lleva aparejado condena en costas de la parte recurrente, si bien que la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción, limita los honorarios del Abogado del Estado a la cifra máxima de 600 euros.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación número 9817/2004, interpuesto por D. Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre de D. Valentín, contra sentencia dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de julio de 2004, en el recurso contencioso-administrativo número 1151/2002, respecto de la liquidación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1991.
Que debemos imponer e imponemos las costas a la parte recurrente, si bien que con la limitación indicada en el último de los Fundamentos de Derecho.
STS 803/2011, 15 de Julio de 2011
SAP A Coruña 72/2004, 11 de Febrero de 2004
SAP Tarragona, 27 de Julio de 2001
STS 636/2015, 24 de Noviembre de 2015

References: resolución 
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 artículo 609
 artículo 1250
 artículo 385
 artículo 4
 artículo 1717
 artículo 609
 artículo 1250
 artículo 385
 artículo 4
 artículo 1250
 artículo 25
 artículo 28
 resolución 
 artículo 1450
 artículo 1274
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 artículo 1717
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 artículo 246
 artículo 4
 artículo 1250
 artículo 385
 artículo 4
 artículo 139