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Timestamp: 2018-12-14 01:42:52+00:00

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Resumen Primera Prueba Adm
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RESUMEN PRIMERA PRUEBA ADMINISTRATIVO
UNIDAD I I. FUNCIONES DEL ESTADO
a. LEGISLATIVA: establecer normas a las que se sujetará la comunidad y que reciben el nombre de leyes. Criterios:  Orgánico: Actividad que desarrolla la función legislativa. No es un criterio exacto.  Formal: Actividad del Estado que se manifiesta a través de la vía ejecutiva  Material: Tiene por objeto la dictación de normas de general aplicación que constituyen derecho. (se puede confundir con la potestad reglamentaria PR)  Ecléctico: Función que ejerce preferencialmente el poder legislativo, que consiste en crear, modificar y establecer derecho positivo, mediante la dictación de normas de general aplicación, incluso de carácter individual. b. JURISDICCIONAL: Aplicar la ley al caso concreto, mediante el silogismo (ley, caso concreto=sentencia). Criterios:  Orgánico: Actividad que desarrollan los órganos judiciales.(no son los únicos, SII, CGR)  Formal: Actividad estatal que se manifiesta a través de una serie de actos procesales que concluyen con una sentencia)  Material: Actividad que tiene por objeto declarar o hacer cumplir el derecho en el caso concreto o resolver un conflicto de intereses o violación del Ordenamiento jurídico, mediante la dictación de sentencia con efecto de cosa juzgada. c. ADMINSTRATIVA: busca satisfacer necesidades colectivas. Actos o hechos concretos que realiza la administración para satisfacer una demanda. Criterios:  Orgánico: Es la actividad que realiza el poder ejecutivo. (También realiza actividades políticas o de gobierno).  Formal: Toda aquella que le resta luego de la función legislativa, jurisdiccional y política.  Material: Es la actividad concreta, desarrollada por el Estado, que tiene por objeto, para la inmediata solución u obtención de los cometidos estatales, es decir, la satisfacción de necesidades públicas o colectivas II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: noción de servir (ad ministrare y ad ministraere. Asuntos o servicios públicos) Página | 1 Daniela Quiroz Ortega
Criterio: a) Orgánico: ¿Quién administra? Art. 24 CPR. Conjunto de instituciones y servicios que integran la maquinaria estatal. a. Servicios fiscales o centralizados: servicios u órganos dependientes del poder central que actúan con personalidad jurídica y patrimonio del Estado. Dependen del PR como administrador supremo del país. b. Servicios autónomos o descentralizados: Son aquellos en que puede existir supervigilancia del poder central, pero que poseen autonomía, incluso para designar al jefe superior. Ej. Las municipalidades. i. Territorial: ámbito espacial en el cual desempeñan sus funciones con autonomía. Generalmente región o comuna. ii. Funcional: Especialidad de las funciones que cumplen, la que pueden desarrollar en todo el territorio nacional, ejemplo: Registro Civil. b) Funcional: ¿Cómo administrar? Art. 1 LGBAE. Actos que realiza el PR o sus delegados con vistas a la satisfacción de necesidades públicas o colectivas y que tengan por objeto administrar el Estado. Art. 1: El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la constitución y las leyes. La Administración del Estado estará constituida por los ministerios, intendencias, gobernaciones, y los órganos y servicios públicos creador para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos CGR, BC, FFAA y OYSP, Gobiernos Regionales, Municipalidades y las Empresas públicas creadas por ley.  Autoridad y ciudadanos sometidos a la observancia del marco legal, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad. DOCTRINAS: sometimiento de la Administración al Derecho a) FISCO: Monarquía absoluta, actos del príncipe: a. Actos de autoridad, políticos o de gobierno: eran aquellos en que el príncipe dictaba un mandato y éste se tenía que cumplir, sin recurso alguno. No cumplirlo era considerado herejía (poder divino del príncipe) b. Actos de administración de bienes del fisco o actos de gestión: son aquellos en que el príncipe administra su patrimonio que es el Estado (fiscus), realizaba actos jurídicos igual que el común de las personas, era posible recurrir en contra la administración del fisco de los bienes públicos acto ante los tribunales (normas de derecho común). b) INGLESA: separación de poderes. El poder judicial resuelve conflictos legales de orden temporal. La ley es una sola y se debe aplicar a todos por igual. No existen tribunales especiales. Página | 2 Daniela Quiroz Ortega
c) FRANCESA: Separación de poderes y sometimiento de las personas a la administración, pero no ante la ley civil que parte en un pie de igualdad, ya que la administración se encuentra investida de suprapoderes, debiendo estos acatar y cumplir bajo apercibimiento. De producirse un problema entre la administración y los administrados esto debía regularse por leyes especiales, en un tribunal especial de carácter excepcional “contencioso administrativo”
En Chile: artículo 87 CPR de 1925: cualquier persona agraviada puede concurrir ante los tribunales contencioso administrativos que señale la ley( … ) Estos tribunales nunca se crearon. Hubo discusiones doctrinarias de todas partes, tribunales, art. 5 COT inexcusabilidad. Génesis de la CPR de 1980 art. 38 inciso 2º repetía casi lo mismo del art. 87 de la CRP de 1987. Transición a la democracia, reforma a la CRP, (Patricio Aylwin y Enrique Silva C.), eliminaron la frase “contencioso administrativo”, pudiendo ahora las personas concurrir ante la justicia ordinaria. Proyecto de Judicatura contencioso administrativa el año 1992. III. LA ADMINISTRACIÓN Y EL PRINCIPIO DE JURICIDAD: los órganos del Estado deben someter su actuación a la CPR y a las normas dictadas conforme a ella. Art. 1 inc. 3º CPR. 1. Ámbito de aplicación: sumisión total de los actos concretos a las disposiciones legales y constitucionales. Tanto de la administración como de las personas. 2. Normas básicas que lo establecen i. Art. 6 CPR: los órganos del estado deben someter su actuación a la CPR y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. ii. Art. 7 CPR: los órganos del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que determina la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. iii. Art. 2 LGBAE: similar al art. 7 CPR.
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3. Reglas que lo determinan i. Actos, disposiciones y resoluciones no pueden exceder el marco de la constitución ni la ley. ii. No pueden exceder las normas dictadas por la autoridad superior. iii. No pueden dictar normas de carácter específico que se haya dispuesto por vía general. iv. La resolución adm. no puede vulnerar o exceder lo que otra autoridad inferior ha dictado (competencia específica) v. Fin de la Administración: interés público. 4. Regímenes de control i. Político o parlamentario: (Cámara de Diputados) art. 52 no es muy eficaz, contenido político. a. Fiscalizar los actos de gobierno: Decretos insistidos: Se envía copia a la Cámara para el caso de aplicar responsabilidades políticas a los ministros que hubieren firmado. ii. Interno: Administración misma a. Superintendencias: organismo encargado de supervigilar, controlar y fiscalizar. Ejemplo: SVS, SAFP, SBIF. b. Control interno: Unidades de auditoría, control interno y contraloría interna. Dependen desde un punto de vista técnico de la CGR. (así lo dice la Loc 10.336.) Externo: Contraloría General de la República: puede oponerse a que un acto del PR nazca a la vida del derecho. Toma de razón: revisión del decreto y cotejo con las normas de mayor jerarquía. a. El Presidente puede: i. Modificar el acto ii. Dictar un decreto de insistencia iii. Desistir el decreto iv. Recurrir al TC en caso de inconstitucionalidad v. Presentar un recurso de reposición para que el CG reconsidere el acto. Jurisdiccional: Tribunales de Justicia
5. Efectos de la aplicación del principio de Juricidad: dos perspectivas i. Objetiva atendiendo al acto propiamente tal: art. 6 y 7 CPR será válido en tanto se ajuste al marco legal, de lo contrario será nulo. Contrario al derecho privado.
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ii. Subjetiva atendiendo al actor del acto administrativo: a. Política: Destitución/inhabilidad i. Juicio político: art. 52 Nº 1 y 55 Nº CPR. 1. Presidente de la República 2. Ministros de Estado 3. Magistrados Tº superiores j. 4. Contralor General R. 5. Generales o Almirantes FDN. 6. Intendentes y Gobernadores. b. Civil: Normas código civil (culpa o dolo). c. Penal: Pena d. Administrativa: art 119 y ss. EA. Disciplinaria i. Censura ii. Multa iii. Suspensión del empleo de 30 a 3 meses iv. Destitución 6. Vías de legalidad para exigir el cumplimiento del principio de Juricidad i. Derecho de petición: art. 19 Nº 14 limitación términos respetuosos y convenientes, art. 8 LBGAE actuación de oficio, parte, y dº petición. (silencio negativo: art. 165 LPA) Se puede hacer presente que un acto es ilegal y reclamar de él. Si la autoridad no responde en el plazo legal, se entiende que rechaza. ii. Denuncia: poner en conocimiento de la autoridad que la ley no se cumple o se cumple mal. O un acto o hecho que sin ser ilegal desconoce. Puede traer aparejado algún premio. iii. Recursos administrativos: a) Invalidación: nulidad del acto por ilegalidad b) Revocación: mérito, conveniencia, oportunidad. El acto no es nulo sino que inconveniente, la autoridad no está obligada a pronunciarse sobre la solicitud *para saber ante quien hay que interponer estos recursos hay que distinguir: a. Reposición: misma autoridad que emitió el acto. b. Apelación: superior jerárquico del que dicto el acto. Excepto PR. c) Revisión: art. 60 LPA. superior jerárquico o a falta de ésta autoridad que dictó el acto. d) C.G.R.: cualquier persona que estime que un acto administrativo ilegal. iv. Acción popular: en Chile no existe. 7. Excepciones al principio de Juricidad: de la lectura del art.7 no existen. Página | 5 Daniela Quiroz Ortega
i. Ejercicio de la potestad discrecional al resolver sobre la oportunidad y forma de dictar normas: oportunidad puede no está contemplada en la ley. Ejemplo. PR decide vender acciones del Estado, o CGR para condonar remuneraciones en exceso. ii. Estado o situaciones de emergencia: conflicto de derechos particulares vs públicos, deben primar estos últimos ej.: expropiación. Situaciones catastróficas en que se debe incurrir en gastos no autorizados. Art. 32 Nº 20, y art. 99 CPR insistir decreto de que contemple gastos no autorizados por ley con la firma de todos sus ministros. iii. Actos políticos o de gobierno: son perfectamente recurribles, deben conformarse a derecho, no pueden ir en contra de la CRP ni la ley. iv. Actos de policía: No puede actuar al margen de la ley.
POTESTADES A. Clasificación 1. Imperativa o de mando: Dictar órdenes y hacerlas cumplir. (deber de obediencia reflexivo: representación) art. 61 letra f CPR y art. 62 EA. 2. Reglamentaria: Art. 24 y 32 Nº 6 CPR. Dictación de normas generales, impersonales y objetivas. 3. Discrecional: Materialización de las atribuciones que se le entregan a un órgano administrador a fin de dictar normas y prescripciones dentro de un contenido más o menos amplio, sean generales o no, con vistas a actuar oportuna o convenientemente, pero jamás contra la ley. Actuar según y en el silencio de la ley, dentro de su competencia. Ejemplo: uniformes escolares. 4. Sancionadora: Funcionario o ciudadano que ha violado o infringido la ley o disposiciones administrativas. i. Externa o correctiva: Administrado infringe normas que exigen obediencia. a) Multas b) Retención de bienes c) clausura ii. Interna o disciplinaria: Funcionario sometido a investigación sumaria o sumario administrativo (normas del debido proceso). a) Censura b) Multa de 5 a 20% de la remuneración mensual c) Suspensión del empleo de 30 días a 3 meses de expulsión con goce de 70 a 50% del sueldo. d) Destitución. *Debido proceso: - Formal - Cargos haber sido formulados Página | 6 Daniela Quiroz Ortega
- Notificados - Medidas probatorias que disponga la ley - Instancias de revisión y apelación *Importancia de la potestad sancionadora: - Indispensable en la potestad administrativa. - Prueba del principio de separación de poderes - Los servicios públicos no pueden funcionar sin disciplina. 5. Ejecutiva: Acción misma de lo que se ha ordenado. Actos que se pueden dictar. i. Representación: Quien tiene la adm. a su cargo. Ej. El alcalde. ii. Registro o fe pública: ej. El Registro Civil. iii. Investigación: investigación de un hecho para proceder a actuar en consecuencia. Luego se practica el sumario o la investigación sumaria. iv. Vigilancia: los jefes deben vigilar las actuaciones de sus funcionarios para después ejercer la potestad de jurisdicción retenida o enmendar la marcha de sus actos. v. Fuerza: ej. Requisar y quemar droga. vi. Tutela: Funciones de amparo y protección. vii. Técnicos: La adm. construye, educa, otorga prestaciones de salud. viii. Gestión económica: Preservar el patrimonio público y ejercer potestades en la compra, arriendo o venta de bienes. ix. Gracia o dispensa: Remitir deudas que tengan las personas para con el Estado o liberar ciertas obligaciones a otros. 6. Jurisdiccional: Excepcionalmente. Debe haber sido expresamente entregada por la ley. Diferencias con la jurisdicción de los tribunales de justicia. i. Distinta posición: Juez parte del proceso (baja objetividad) ii. Procedimiento: Más elástico y discrecional. iii. Valor del acto final: Acto administrativo es siempre revocable o modificable. B. CARACTERISTICAS a. Dan origen a actos formales (actos administrativos): Escritos y firmados por el funcionario público. i. Estructura del decreto 1. Vistos: Parte expositiva. Son las potestades legales que se han tenido a la vista para la emisión del acto. (normas legales que autorizan ese acto). Se debe invocar la investidura legal para dictar ese acto. Además de finalizar con la resolución 1600 de la CGR sobre la toma de razón. 2. Considerando: Razones que se tienen para dictar el acto.
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3. Parte resolutiva: Es el mandato propiamente tal, imperativo. Generalmente a través de frases como “otórguese”, “deniéguese”, “créese”. ii. Pueden ser reglados o discrecionales. 1. Reglados: la ley dice todo (qué, cómo, cuándo y por qué). 2. Discrecionales: criterio de la autoridad la oportunidad o conveniencia de la dictación. iii. Es un instrumento público: perseguir responsabilidad. V. EL DERECHO ADMINISTRATIVO: ENRIQUE SILVA CIMMA: Es aquel que tiene por objeto la creación, organización, funcionamiento y supresión de los servicios públicos, la regulación de la actividad jurídica de la administración del Estado y la determinación de las atribuciones y deberes de éste para con sus habitantes. 1. Características: i. Potestativo: Potestad: cualidad que tiene la acción, la autoridad subordina a los particulares. Posición de acatamiento. ii. Restrictivo: Atribuciones que expresamente se han otorgado. art. 6 y 7 CPR. iii. Formal: Respetar formas y formalidades, debiendo anular el acto que no cumpla con ello. Teorías. a) Formalidades: Importante medio de seguridad jurídica, para que se sepa lo que hace la autoridad. Ejemplo: la notificación del acto adm. para que resulte oponible a los afectados, b) Plazos: Hay que distinguir: a. Administrado ejerza sus derechos ante la administración: Plazo fatal. b. Administración: No corren los plazos, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario por retardar el acto. 2. Fuentes del Derecho Administrativo: i. Positivo: Pueden provenir fuera o dentro de la Administración, en cuyo caso se subclasificarán en Externas e internas. a) Constitución: a. Estado con los particulares: art. 19 Nº i. 10 Derecho a la Educación. Loc enseñanza 18.962. ii. 12 Libertad de opinión (ley de abuso de privacidad o ley de seguridad interior del Eº) iii. 13 y 15 Derecho de reunión y asociación (acto adm. asociaciones que se pueden crear). Atribuciones de policía de la autoridad administrativa.
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iv. 17 Derecho de admisión a todas las funciones y empleos públicos: Se han dictado Estatutos administrativos. b. Administración del Estado y la estructura de sus órganos fundamentales i. Art. 33: Ley de Ministerios ii. Art. 35: los decretos supremos deben ser firmados por el ministro de la cartera, además del Presidente de la República. iii. Art. 38 inc. 1º: ley 18.575. iv. Art. 98 a 100: Crean y se refieren a la Contraloría General de la República. v. Art. 111: Organización y atribuciones de las Intendencias y Gobernaciones. vi. Art. 118: Administración Comunal. c. Actividad jurídica de la administración i. Art. 32 Nº 6: Faculta al PR. para dictar Decretos, Reglamentos e Instrucciones. ii. Art 32 Nº 3 DFL: 1. Formal: es facultad del PR dictar DFL sobre materias que señala la CPR. Acto Administrativo. 2. Fondo: Lo que dicta el PR es materia de ley, lo dicta con autorización o delegación de funciones. Acto legislativo. d. Vinculación de los agentes con él Estado i. Art. 32 Nº 9: Nombramiento del CGR ii. Art. 32 Nº 12: Nombramiento de los ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones, corte suprema y fiscal nacional. iii. Art. 32 Nº 13: El PR. debe velar por la conducta ministerial de los jueces. iv. Art. 32 Nº18: El PR. debe asumir la jefatura suprema de las FFAA. en caso de guerra. b) Ley: En su sentido amplio (excepto la LIC): la creación, modificación, atribuciones y supresión de los servicios públicos es materia de ley. a. Reserva de ley: determinadas materias deben ser exclusivamente materia de ley y no de otra norma jurídica. b. CPR 1925 dominio mínimo legal (sólo en virtud de una ley se puede…), CPR 1980 dominio máximo legal (sólo son materias de ley….) Página | 9 Daniela Quiroz Ortega
i. LIC.: Fijan el sentido y alcance de un precepto de la CPR. 3/5 diputados y senadores en ejercicio. ii. LOC.: Suma importancia la materia a tratar o trascendencia. 4/7 diputados y senadores en ejercicio. iii. LQC.: Materias de cierta importancia. Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. iv. LO.: Regulan materias comunes del art. 63 mayoría simple de diputados y senadores en ejercicio presentes en la sala. c. Retroactividad de la ley administrativa: art. 9 c.c. constituye un mandato para el juez no para el legislador. i. Leyes administrativas que amplían derechos de una persona en materia de beneficios y atribuciones. ii. Leyes que limitan derechos: no puede tener efectos retroactivos. d. Derogación de las leyes Administrativas: i. Expresa: Nueva ley dice de forma categórica que se deroga a la ley antigua. ii. Tácita: La nueva ley contiene disposiciones que son irreconciliables con la ley anterior. iii. Orgánica: Un nuevo texto orgánico o que regula todo un cuerpo de materias que han sido tratadas en una ley anterior, se entienden derogar a todas aquellas materias que no han sido incluidas en el nuevo texto, aun cuando no sean irreconciliables. e. Texto Definitivo (refundido o actualizado): cuando una ley ha tenido muchas modificaciones. NO ES FUENTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. i. Mandato del legislador: Quien autoriza al PR. para que dicte un texto refundido, permitiéndole alterar la redacción. Lleva número de ley. ii. Decreto e iniciativa del PR.: art. 32 Nº 6 ejercer la potestad reglamentaria (…) lleva número de decreto. Puede presentar problemas: 1. No deroga leyes que se refunden: Si olvidó alguna, esa norma tiene plena vigencia. Página | 10 Daniela Quiroz Ortega
2. El PR. vulnera o trasgrede las disposiciones legales vigentes al preparar el texto definitivo: El contralor al tomar razón del Decreto lo representará y devolverá por haber trasgredido una ley. c) DFL: acto en virtud de una autorización legislativa expresa que dicta el Poder Ejecutivo sobre asuntos que constitucionalmente son materia de ley. Art. 21 Nº 3, 64, 94 Nº 4 y 99 CPR. a. Requisitos i. Forma: Está contenido en un Decreto Supremo que debe cumplir los trámites de un acto administrativo (toma de razón CGR). ii. Fondo: Debe respetar: 1. La Constitución 2. La legislación de mayor jerarquía 3. Estipulaciones y limitaciones contenidas en la ley delegatoria. b. Cumplimiento de los requisitos de fondo del DFL i. Constitucionalidad: 1. Antes de su entrada en vigencia: art. 99 (Toma de razón por la CGR). La Contraloría eventualmente puede devolver un DFL por estimar que es INCONSTITUCIONAL, en este caso el PR no puede insistir. Puede en el plazo de 10 días recurrir ante el TC. Art. 93 Nº 4 y 7. 2. Después de su entrada en vigencia: Una vez que ha sido tomado de razón, promulgado y publicado, cualquiera puede recurrir al TC. (preguntar bien) ii. Legalidad: 1. Antes de su entrada en vigencia: Quien controla es la CGR a través de la toma de razón. 2. Después: Se puede recurrir ante cualquier Tribunal de la República y alegar la ilegalidad del acto. (Según E. Silva S. el acto es nulo art. 7 CPR).
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c. Insistencia por un DFL devuelto por la CGR: El PR. puede insistir con la firma de todos sus ministros. Excepto en 3 casos: i. Inconstitucionalidad art. 99 inc. 1 ii. Cuando el DFL excede el marco de la ley delegatoria art. 99 inc. 3 iii. Gastos no autorizados por ley. d. Interpretación de los DFL: mismas normas de interpretación de la ley administrativa: i. No procede la historia fidedigna porque no hay actas de discusión. ii. Debe interpretarse en estricto apego de la ley delegatoria. e. Modificación y Derogación de los DFL: solo puede ser modificado o derogado por una ley. d) DL: Acto que dicta el ejecutivo sobre materias propias de ley sin que intervenga ni siquiera por vía de delegación el legislativo. “legislación de las dictaduras”. a. Validez y eficacia: Durante el gobierno del dictador tiene valor jurídico. CPR 1925 todos esos actos eran nulos. 2 visiones: i. Actos nulos: No contemplados en la ley contrarios al art. 4 (igual al 7 actual de la CPR) ii. Actos validos: Durante su vigencia causaron efectos y tuvieron eficacia. b. Modificación y derogación: una ley. e) Reglamentos: Actos administrativos que no emanan del poder legislativo, sino que del administrativo. Art. 32 Nº 6 (El PR es el encargado de ejecutar las leyes). Términos más amplios que ejecutor de ley, en todas aquellas materias que no sean propias de ley (campo legislado). a. En conclusión: i. Es siempre un acto administrativo ii. Nunca puede dejar de ser general iii. No se limita sólo a ser ejecutor de la ley, sino que opera en un campo discrecional. Art. 32 Nº 6. iv. No puede ir en contra de la CPR ni de la ley. b. Valor como fuente del derecho administrativo: Crea Derecho, como complemento o en el campo discrecional: i. Es general Página | 12 Daniela Quiroz Ortega
ii. Obligatorio iii. Permanente iv. Manifestación de voluntad de los órganos administrativos. c. Interpretación del reglamento: i. Auténtica: Autoridad que emitió el acto. ii. Judicial: Tribunal de la República. iii. Administrativa: Contralor General de la República. d. Modificación: i. En virtud de autorización expresa de ley: A través de otra ley. ii. Materias que no son exclusivas de ley: A través de otro acto administrativo. f) Reglamentos municipales: Se diferencian con los reglamentos emitidos en ejercicio de la potestad presidencial. a. Origen: LOC de Municipalidades Nº 18.695 b. Esencia: Se aplica en términos restringidos. c. Control: Exento de la toma de razón y solo afecto al trámite de registro. d. Territorio: Comuna donde tiene jurisdicción. e. Otros órganos autónomos que tienen potestad reglamentaria derivada de la ley: Sólo en forma restringida.
g) Decretos: Es la facultad que la CPR entrega al PR a través del artículo 32 Nº 6. También la otorga a otros jefes de servicio, a fin de que puedan dictar los decretos y resoluciones de su competencia. a. Decreto Supremo: Es la facultad que la CPR otorga al PR para dictar normas encaminadas a obtener la ejecución de las leyes y a revisar la función privativa de administrar el Eº. i. Fuerza obligatoria 1. Dentro de la administración: Pleno valor. Presunción de legalidad, mientras no se demuestre que el CGR se equivocó. 2. Fuera de la administración: También es obligatorio para los administrados en sus relaciones con la administración. ii. Impugnación: Dos vías Página | 13 Daniela Quiroz Ortega
1. Administrativa: A. Art. 10 LGBAE: Recurso de reposición o reconsideración con apelación en subsidio. Además del reclamo por mérito, conveniencia u oportunidad. B. Art. 11 LGBAE: Control jerárquico que deben realizar los jefes respecto de los subalternos. C. Reclamo extraordinario de revisión. D. Contraloría General de la República. 2. Judicial: A. Art. 10 LGBAE: Se podrá reclamar sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que haya. B. Inconstitucional: Eventualmente recurrir de protección. C. Ilegal: Ante cualquier tribunal donde se invoque el acto. iii. Requisitos del Decreto Supremo: 1. Fondo: ajustarse a la CPR, ley, reglamento (toma de razón). 2. Forma: A. Genéricos i. Mandato formal y escrito ii. Ministro no firma por atribución propia, sino que por orden del PR iii. A veces se requiere la firma de más de un ministro iv. Debe ser enumerado por orden correlativo del respectivo ministerio. B. Específicos. Página | 14 Daniela Quiroz Ortega
i. Anotación: individualidad: número y fecha. ii. Toma de razón: Envió antes de que se pueda cumplir a la CGR, para el estudio de Legalidad y Constitucionalidad. iii. Refrendación: Verificar que el gasto que ordena el decreto tiene los fondos necesarios dentro del ítem del presupuesto del servicio. iv. Registro: Relación completa de la hoja de vida de los servicios prestados al Estado, por un funcionario que se lleva en el subdpto. de registro de la CGR. v. Comunicación: Aviso que se le da a la TGR cuando a través de un decreto se adquiere un compromiso para el Estado. vi. Publicación: Se debe publicar en el decreto en el Diario Oficial, sólo una vez que ha sido totalmente tramitado.  Afectan a todas las personas o un grupo indeterminado.  Contener o aprobar disposiciones reglamentarias.  La ley señala que se deben publicar.  El PR disponga.  Afecten a personas cuyo paradero se desconoce. iv. Características: 1. Materias de general aplicación o casos particulares. Página | 15 Daniela Quiroz Ortega
2. Efectos permanentes o transitorios. 3. Fuerza obligatoria 4. Oportuno v. Clasificación de los DS 1. Según su materia art. 24 CPR A. Políticos: Gobierno del Estado. B. Administrativos: Desarrollar actividad administrativa. 2. Según su aplicación A. Simples: Solucionan uno o más casos particulares. B. Reglamentarios: Normas de general aplicación en el cumplimiento de una ley o buena marcha del servicio. 3. Según la oportunidad de control A. Controlados: Están afectos al control preventivo de legalidad y toma de razón. B. No controlados: Exento de toma de razón, no así del control a posteriori. C. Decreto común y corriente: Lo dicta el PR para promulgar una ley. D. Decretos de urgencia E. Decreto de emergencia y F. Decreto de insistencia 4. Derogación o modificación del Decreto: Distinguir si fue dictado para aprobar un acto de gestión o un acto de autoridad. A. Acto de gestión privada que tiene la administración: Por Regla general no es revocable. B. Aprueban actos de autoridad: Esencialmente revocable por legitimidad como mérito. Hay que distinguir: Página | 16 Daniela Quiroz Ortega
i. Potestades discrecionales: Se puede revocar. ii. Potestad reglada: Si es legítimo, no tiene problemas de legalidad o si agotó sus competencias al momento de dictarlo, no se puede revocar. vi. Control de legalidad de los Decretos Supremos. 1. Ex ante o a priori: CGR, antes no tiene valor, es sancionado y expresamente prohibido por su loc. 2. Ex post o a posteriori: Subsidiario, lo realiza la cámara de diputados y eventualmente puede conocer el TC. vii. Vigencia del Decreto Supremo 1. Publicación en el diario oficial 2. Ha sido notificado: Si solamente requiere este requisito. 3. No puede tener efecto retroactivo: Excepto que sean favorable para las personas (no lesione derechos). b. Decreto de urgencia: Actos en virtud del cual la autoridad se ve obligada a actuar a falta de ley y aún incluso en contra de la ley, basado en que de no actuar de esa manera se produciría un mal mayor, que es la obligación de la autoridad a evitarlo. Se ejecuta en el acto. Se publica de inmediato si es publicable o se ejecuta si no necesita publicación. i. Casos en los que proceden: 1. Materias de vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte, o aquellos que determina el PR: Deben tramitarse en el plazo de 5 días. (teóricamente no es un decreto de emergencia, sólo se acelera el plazo) 2. Decretos que se ejecutan antes de la toma de razón: Se dictan y se ejecutan de inmediato. La autoridad tiene obligación de enviar los Página | 17 Daniela Quiroz Ortega
antecedentes a la CGR para la toma de razón dentro de 30 días. 3. Nombramiento con asunción inmediata de funciones 4. Suplencias que deben cumplirse antes de dictarse el decreto. Sin perjuicio que se envíe el decreto dentro 30 días desde que se imparte la orden. (servicios hospitalarios de emergencia, establecimientos de educación y municipalidades). c. Decreto de insistencia: Lo dicta el PR con la firma de todos sus ministros, ordenando a la CGR que tome razón de un DS que previamente ha sido representado por dicho órgano por estimar que no se ajusta a la ley. El Contralor, una vez que le ha llegado un decreto de insistencia debe enviarlo a la cámara de diputados para perseguir la eventual responsabilidad política de quienes estén involucrados en dicho decreto. i. Casos en que no procede: 1. DFL en los casos a que se refiere el art. 99 inciso 2º (excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución). 2. DS promulgatorios de Ley o de Reforma constitucional por apartarse del texto aprobado. 3. DS que contemplen gastos no autorizados por ley. ii. Actitudes del Presidente de la República: 1. Lo archiva 2. Cree que hay un problema de interpretación, presenta un recurso de reposición o reconsideración. 3. Dicta el decreto de insistencia, nuevo DS con su firma y la de todos sus ministros, acompaña el Decreto devuelto para que el CGR tome razón de todos los actos. iii. Legitimidad: Tiene la misma presunción que puede tener un decreto que no ha pasado por la vía de la insistencia.
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d. Decreto de emergencia: Aquellos que puede dictar el PR con la firma de todos sus ministros, en los casos y cumpliendo condiciones que establece taxativamente el art. 32 nº 20 de la CPR. i. ¿Por qué se exige la firma del PR y todos sus ministros? 1. Perseguir la responsabilidad de todos sus ministros (civil, penal y política), no la administrativa porque no se les puede hacer sumario administrativo. 2. Solemnidad. ii. Requisitos para poder dictar un Decreto de Emergencia: 1. Circunstancias del art. 32 Nº 20:  Atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas,  Agresión exterior,  Conmoción interna,  Grave daño o peligro para la seguridad nacional o  Agotamiento de recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. 2. Debe ser firmado por el PR y todos sus ministros. 3. El gasto que contemple el decreto o la totalidad de los decretos dictados en el año no pueden exceder del 2% del presupuesto nacional. 4. Una vez tramitado por la CGR, este órgano debe enviarlo a la cámara de diputados para su control. h. Ordenanzas: Conjunto de preceptos dictados para el buen gobierno de una ciudad o para regir la organización militar. a. Clasificación: i. Administrativas: En la práctica son una delegación del Congreso al PR, son un verdadero DFL, por tanto para su modificación o revocación se requiere de ley. ii. Municipales: Norma general aplicable para la buena marcha de la comunidad. Se diferencia del
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reglamento municipal en que éste se aplica al interior del municipio. b. Control de las ordenanzas municipales i. Interno: Unidad encargada de analizar la actividad financiera, contable y administrativa de los actos municipales, debiendo representar al alcalde los actos que estime ilegales. ii. Externo: Hay que estar a los art. 44 a 48, que pueda efectuar la CGR en el municipio. i. Instrucciones: Órdenes que la autoridad administrativa imparte a los funcionarios o agentes, relacionadas con el correcto funcionamiento de la ley administrativa y con la necesidad de desarrollar una más eficaz y expedita administración. a. Clasificación: i. Según sus efectos: 1. Facultativas: Meras recomendaciones de buena administración. 2. Imperativas: Mandatos en que el funcionario debe necesariamente cumplir bajo apercibimiento de incurrir en sanción administrativa por incumplimiento. ii. Atendiendo a la autoridad de que emana 1. Presidenciales: Emanan del PR. 2. Otras autoridades: Todas las autoridades tiene esta facultad. iii. Formalidades de que están revestidas 1. Verbales 2. Escritas iv. Atendiendo al ámbito de aplicación 1. Generales: Se aplican a todos o a un grupo indeterminado de funcionarios. 2. Individuales: Dicen relación para uno o un grupo individualizado de funcionarios. v. Materia 1. Administración: Todas las anteriores. 2. Fiscalización: Las que dictan los órganos fiscalizadores, para que sean conocidas y cumplidas en los distintos servicios públicos.
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b. Características: i. Carácter interno ii. Exentos de control CGR iii. No puede ir en contra de una ley, reglamento ni la CPR. iv. Finalidad complementar las funciones de administrar. ii. Racionales: a. Doctrina b. Costumbre c. Jurisprudencia de la CGR: fuente obligatoria para los abogados que trabajan en los servicios públicos.
UNIDAD II ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio público: según su naturaleza o régimen pueden ser: a. Dependientes o fiscales: Se cargan con cargo al presupuesto de la Nación, es decir al patrimonio del Fisco. La representación extrajudicial corresponde al PR o a los intendentes o gobernadores como representante de ellos. Además aquellas autoridades que la ley ha dotado expresamente de dicha atribución (el PR delega mediante decreto supremo genérica y expresamente a los jefes de servicio). La representación judicial le corresponde al Consejo de Defensa del Estado. b. Autónomos: se denominan personas jurídicas administrativas o servicios personificados. Junto con disponer de patrimonio propio y que administran con autonomía respecto del poder central, han sido dotados de personalidad jurídica de Derecho Público. La representación judicial y extrajudicial corresponderá al jefe de servicio.
BASES ORGÁNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN O PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
La palabra administración significa organización, conjunto coordina do de órganos o servicios que determinan una estructura. Las bases administrativas son el conjunto de principios doctrinarios o de ideas matrices, que sirven de fundamento a la organización y funcionamiento de los servicios públicos.
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a. Principios: i. JURIDICIDAD O LEGALIDAD: Todos los servicios u órganos de la administración del Estado deben sujetarse a la CPR y a todo el marco jurídico de la República. La CPR al hablar de legalidad en sus diversos artículos la entiende como sujeción al orden político, normativo, constitucional y reglamentario. En síntesis, este principio tradicionalmente conocido como legalidad hoy corresponde que sea reconocido como juridicidad, por cuanto en el ámbito al cual se encuentra sometida la administración y quienes por ella actúan, deben respetar no solo la CPR y las leyes, sino que el poder reglamentario. 1. Elementos i. Sujeción de la administración al ordenamiento jurídico. ii. Actuar dentro de su competencia. ii. UNIDAD ADMINISTRATIVA: El Estado de Chile es unitario, en consecuencia la administración pública constituye un todo armónico que debe propender siempre a la unidad de acción y actuar coordinadamente. Pueden existir servicios centralizados, servicios descentralizados ya sea funcional o territorialmente, pero no puede existir una independencia absoluta respecto de los integrantes del aparato administrativo. 1. Elementos: i. Órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa ii. Partes interrelacionadas. iii. Unidad de acción para el logro del bien común. iv. Coordinación. v. Se logra a través de la organización centralizada y descentralizada, esta última puede ser: a. Territorial: Ámbito físico o geográfico b. Funcional: Especialización 2. Centralización administrativa: aquel que establece una concentración de atribuciones en el poder central para satisfacer las necesidades públicas, ya sean en orden nacional, regional o local. Existe un poder central que está dotado de una serie de facultades, que ejercitan por medio de delegados, que son subordinados a raves de todo el territorio nacional.
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Características de los servicios centralizados: a. Carecen de personalidad jurídica propia, no teniendo capacidad para actuar por sí solos en el ámbito del Derecho ni para actuar con independencia del poder central; b. Carecen de patrimonio propio; c. Tienen agentes que son designados por el poder central o por las autoridades superiores, jamás por elección popular, excepto el PR; d. Sometido por entero a la potestad de mando del superior jerárquico; e. Si no cumple una orden o desvía su actuación más allá de lo dicho por el superior, este puede ejercer su potestad disciplinaria; f. Los actos administrativos quedan sometidos a una revisión por el superior jerárquico (control de mérito y /o control de oportunidad); g. En caso de conflictos de competencia resuelve y dirime el jefe superior común que puedan tener (potestad de resolución de conflictos).
3. Sistema de descentralización administrativa: No existe dependencia jerárquica respecto del poder central. i. Clasificación: a. Territorial: Conocimiento de los problemas de su territorio. b. Funcional: Atender asuntos técnicos especializados, especialización por funciones.
ii. Características: a. Órganos paralelos al Estado que poseen personalidad jurídica de Derecho Público propia. b. Patrimonio propio entregado por la ley, que administran con independencia del poder central. c. Autoridades no son designadas por el poder central, sino que elegidas. Excepto el CORE (elección indirecta). d. El propio órgano autónomo designa a los agentes o funcionarios. e. Están sometidos a la fiscalización y control de la CGR (legal y económico-financiero). Página | 23 Daniela Quiroz Ortega
iii. JERARQUÍA: Es una relación jurídico administrativa que vincula y coordina órganos y funcionarios en relación de inferior y superior, a fin de realizar expeditamente la visión que corresponde al Estado y lograr la unidad de acción de la administración. 1. Puede ser analizada desde dos puntos de vista: i. Vínculo que relaciona a distintos órganos entre sí (orgánica). ii. Lazo o relación entre funcionarios que están ordenados desde el superior a inferior (funcional). 2. Elementos: i. Superior jerárquico: Está dotado de una serie de potestades: a. Mando: Dictar órdenes y exigir su cumplimiento. b. Disciplinaria: Autoriza a la jefatura del servicio para imponer sanción administrativa, corregir o reprimir la función negligente o desobediente. c. Vigilancia: Los jefes deben permanentemente vigilar y supervisar el trabajo de sus dependientes. d. Jurisdicción retenida: El superior jerárquico puede retirar ya sea a través de revocación o anulación, un acto administrativo del inferior. Procede siempre que el inferior no tenga atribuciones exclusivas, respecto de la materia que trata. 1. Acto librado por su subordinado es ilegal: Lo invalida por afectar el art. 7 CPR. 2. Aún cuando el acto sea legal, es contrario a lo que se quiere, es decir, es inconveniente o inoportuno: procede la revocación. e. Jurisdicción de conflictos: Resolver conflictos de competencia que se presenten entre órganos inferiores. En principio le corresponde al jerarca inmediato o común y si ello no resulta posible, al jefe superior. iv. COMPETENCIA: Aptitud de obrar de los órganos de la administración o el conjunto de facultades o potestades que corresponde a cada servicio conforme a la normativa jurídica, con el objeto de lograr una clara y nítida delimitación de las facultades que a cada uno de los Página | 24 Daniela Quiroz Ortega
órganos de la administración del Estado le corresponden, a fin de evitar la interferencia que pudiere producirse en la acción de unos y otros, para así lograr una actuación del servicio armónica y en conjunto. 1. Lo que pretende es: i. Evitar conflictos de competencia ii. Limitar la posibilidad de que los servicios dispendien recursos y tiempos en forma estéril. iii. Obtener un mejor y más eficiente servicio para la comunidad. iv. Delimitar en forma clara la responsabilidad de cada uno de los servicios involucrados. 2. Principios fundamentales de la Competencia i. Determinada por ley. ii. Las normas que la determinan no pueden ser alteradas por quienes están a cargo de realizar los deberes que ella acuerde. iii. Creada en interés público y por lo tanto es improrrogable. iv. Está entregada al órgano y no al titular del servicio. 3. Elementos que determinan la competencia i. Territorio: Ámbito físico de actuación del órgano. ii. Materia: Divide la actividad general de la administración en campos específicos. Da lugar al principio de especificidad de la administración pública. iii. Grado: Instancia en la que ha de conocer la materia. Importante por los recursos que se pueden entablar. iv. Poderes jurídicos: Facultades de que dispone un órgano para poder cumplir su función de satisfacer las necesidades colectivas. 4. Vicios de la competencia i. Funcionario actúa fuera de su territorio jurisdiccional o materia ii. Ejerce funciones que no le corresponden a él ni a otro funcionario iii. Se atribuye funciones que son propias de otro funcionario (usurpación de funciones).
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5. Características de la Competencia i. Improrrogabilidad: Una vez que la ley ha atribuido competencia a un órgano determinado, dicho órgano está inhibido de prorrogarla a otro órgano. ii. Avocación: Dentro de una organización jerárquica el órgano superior está facultado para atraer hacia sí, un asunto que normalmente está entregado a la competencia de su dependiente jerárquico. iii. Delegación: Es dar una persona a la otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u otro oficio para que haga sus veces. 6. Conflictos o contiendas de competencia: Dos o más órganos administrativos se atribuyen para conocer por sí mismo un problema. (positivo), o ningún órgano administrativo reconoce la competencia para actuar en determinada materia (negativo). i. Autoridad política y administrativa y los tribunales superiores de justicia: Resuelve el Senado. ii. Entre autoridades administrativas: Dirime el superior jerárquico del cual dependen. Si se trata de órganos dependientes o vinculados con distintos ministerios, decidirán la contienda los ministros respectivos de común acuerdo, sin embargo si el desacuerdo persistiere, decidirá el Presidente de la República. v. DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS 1. Función administrativa activa propiamente tal o activa: Proporcionar servicio a la colectividad. i. Ejecutiva: actividades de la administración que tienen por objeto realizar, materializar o ejecutar las decisiones de la administración que tienden al logro del bien común. ii. Deliberante: Un órgano adopta una decisión en el campo de su competencia, la que debe ser adoptada por el órgano que está expresamente facultado para ello. Si proviene de un órgano unipersonal se manifiesta a través de un decreto o resolución y si se adopta previa deliberación de un órgano colegiado recibe el nombre de acuerdo. iii. Asesora o consultiva: Está orientada a proporcionar asesoría necesaria para que la decisión de la administración sea legal y conveniente. Página | 26 Daniela Quiroz Ortega
2. Función administrativa fiscalizadora o contralora: Fiscalizar a la administración impidiendo que el órgano administrativo pueda incurrir en ilegalidad o desviación legal. 3. Función administrativa jurisdiccional o contenciosa: Por la vía de la excepción existen algunos órganos administrativos que cumplen una función jurisdiccional, ejemplo: Tº de Aduanas, SII, etc. vi. CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO: Debiendo el servicio público satisfacer las necesidades públicas e impostergables de la población, su acción administrativa no admite ser interrumpida ni demorada, salvo caso fortuito o fuerza mayor. vii. SUBSIDIARIEDAD: Es el sector privado el llamado en primer lugar a desempeñar un rol necesario para el país y sólo en subsidio de esto, cuando el privado no lo quiere o no le convenga realizarlo, podrá acometer esa empresa el sector público, pero a través de una ley de quórum calificado que lo autorice.
viii. RESPONSABILIDAD: Carga con que se obliga a una persona para que asuma las consecuencias de sus acciones u omisiones y excepcionalmente, por las de terceros. Hay que distinguir: i. Responsabilidad del Estado: Sólo tendrá responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. ii. Responsabilidad de los agentes públicos: Puede ser civil, penal, administrativa y política. a. En el caso de la responsabilidad administrativa, ésta se debe perseguir respetando los principios del debido proceso, para lo cual se debe instruir un procedimiento especial (sumario administrativo o investigación sumaria). b. Las otras responsabilidades son independientes entre sí. ix. EFICIENCIA Y EFICACIA: Los funcionarios deberán velar por la eficiencia de la administración, procurando la simplificación y rapidez de los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. En caso de entrar en contradicción prevalece la eficacia. 1. Eficiencia: Uso de los medios o recursos disponibles, postulando un mayor rendimiento al menor costo.
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2. Eficacia: Logro oportuno de los objetivos, el alcance o metas de la organización, velando por que se concreten en forma consecuente con el medio administrativo en el cual se inserta la organización y planificación que los inspira. x. COORDINACIÓN: Es un imperativo de conducta para los funcionarios públicos que se relaciona con las exigencias de su propia iniciativa, creatividad, actitud dinámica y expedición. Lo que se pretende evitar es que dos servicios pretendan satisfacer la misma necesidad pública o que un servicio interfiera en el ámbito de acción de especialidad de otro servicio. xi. PROBIDAD: Consiste en observar una conducta funcionaria moralmente intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés público por sobre el particular. 1. Causas que pueden atentar contra la probidad i. Origen político de la función pública ii. Malos sueldos iii. Deshonestidad de algunos particulares iv. Legislación anacrónica, llena de trabas burocráticas. 2. Hechos que atentan contra la probidad (art. 62 LGBAE) xii. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN: Elemento que garantiza que la administración del Estado se ajustará al cumplimiento del ordenamiento jurídico y cumplirá sus funciones de manera eficiente. Además, es la única forma de concretar efectivamente la seguridad jurídica de la administración y sus administrados. 1. Clasificación i. Según el órgano que controla a. Jurisdiccional 1. Jueces a través de la litis 2. Debe ser provocado por un recurso interpuesto por un interesado 3. Eminentemente a posteriori 4. Sometido a las ritualidades del proceso (esencialmente formalista) b. Administrativo: Tiende a restablecer el principio de legalidad quebrantado. 1. Ejercido por autoridades administrativas 2. Legalidad o de mérito. 3. La conclusión no tiene fuerza de cosa juzgada (es posible el control jurisdiccional). Página | 28 Daniela Quiroz Ortega
4. No se encuentra sometido a las reglas o formas propias del control jurisdiccional. c. Político: Órgano parlamentario. (control de mérito que no llega a anular el acto controlado). ii. Según la relación del órgano que controla con el órgano controlado: a. Interno: Se realiza por los propios órganos de control al interior del órgano controlado. b. Externo: Lo realiza la CGR. iii. Según el momento en que el acto es controlado a. Previo: Antes de que el acto nazca a la vida del Derecho, tanto interna como externa. b. Concomitante o coetáneo: En el mismo momento en que se realiza el acto. c. A posteriori o ex post: Persigue dejar sin efecto el acto irrito y perseguir y determinar responsabilidades del agente emisor cuando fue contrario a Derecho. iv. Según la materia controlada a. Jurídico b. Financiero v. Según el objeto o finalidad a. Legalidad b. Merito: Sólo corresponde a la administración. xiii. IMPUGNABILIDAD: En general los actos administrativos se pueden impugnar por la vía administrativa y la jurisdiccional. Los actos de mero trámite no son impugnables, salvo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. 1. Vía administrativa: Recurso de reposición y jerárquicos, recurso extraordinario de revisión y reclamación ante la CGR. 2. Vía jurisdiccional: Ante los tribunales de justicia para que conozcan las impugnaciones que se hayan estimado pertinentes. xiv. APOLITICIDAD: El personal de la administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración y en horas laborales. 1. No se prohíbe que los funcionarios puedan tener militancia política. Página | 29 Daniela Quiroz Ortega
2. Tampoco está prohibido que fuera de la jornada de trabajo y lugar del mismo pueda realizar estas actividades. xv. TRASNPARENCIA Y PUBLICIDAD: Permitir y promover el conocimiento, los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. No sólo el acto que emite la administración es público, sino que también los en los instrumentos que se tuvieron en la consideración para la dictación del acto administrativo. 1. En caso de que alguien requiera un antecedente y le sea negado por el servicio requerido: i. Puede recurrir al Consejo de la Transparencia: Dirima si se acoge o no el requerimiento. Si se acoge, el servicio o la persona afectada como sea puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva. ii. Si acogido un recurso por el Consejo de la Transparencia y no recurrido ante la Corte de Apelaciones se continúa sin dar información: El Consejo puede requerir a la CGR la aplicación de las sanciones que la propia ley 20.285 contempla. 2. No todos los actos administrativos pueden ser publicados o dados a conocer. i. Excepciones a la publicidad de los actos administrativos: a. Una ley e quórum calificado establece su reserva o secreto. b. Impide o entorpece el debido cumplimiento de las funciones del órgano al que han solicitado información. c. Existe oposición ejercida por tercero, siempre que la oposición se ejerza en tiempo y forma (tres días hábiles contados desde la notificación del decreto). d. Afecta sensiblemente los derechos o intereses de terceros (acá resuelve el funcionario sin preguntarle al tercero). e. Cuando se afecta la seguridad de la Nación o el interés nacional y que de reclamarse puede llegar a la Corte Suprema. SERVICIOS PÚBLICOS
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References: artículo 87
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 artículo 32
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e contrario