Source: https://www.scribd.com/document/259275428/Comentarios-Acerca-Del-Sistema-de-Penas-en-La-Proyectada-Reforma-Del-Codigo-Penal-Espanol
Timestamp: 2018-09-21 22:46:47+00:00

Document:
Comentarios Acerca Del Sistema de Penas en La Proy...
Sobre La Pena Perpetua3
Daunis.prisión
Anteproyecto Reforma Cp
Anteproyecto-Reforma-del-Cdigo-Penal octubre de 2012.pdf
Por qué la reforma del Código Penal que propone Gallardón es inconstitucional.docx
19 - Individualización ejecutiva
MANUAL CURSO RESPONSABILIDAD CIVIL.pdf
Comentarios acerca del sistema de
penas en la proyectada reforma del
Secretaria judical, miembro de la Plataforma "Otro de derecho penal es posible"
InDret 2/2013
Este trabajo estudia el Anteproyecto de Ley Orgánica aprobado por el gobierno para la que será la vigésimo
novena reforma del Código Penal desde 1995, en concreto, en lo que afecta al Título Preliminar y el Título
I. Desde una perspectiva crítica analiza los medios con que el pre-legislador se propone “fortalecer la
confianza en la Administración de Justicia”, su decidida apuesta por tratar la delincuencia peligrosa o de
alto riesgo mediante la prolongación de la condena, con la introducción de instituciones novedosas, la
pena de prisión permanente y la custodia de seguridad, y con la modificación de otras ya asentadas en
nuestro sistema, el delito continuado y la libertad condicional. Y hacerlo sin descartar su contradicción con
el objetivo rehabilitador constitucionalmente reconocido a las penas y medidas de seguridad establecido, ni
contrastar los efectos sobre el sistema de justicia penal en su conjunto, ni realizar un previo análisis
económico que –en estos momentos de profunda crisis financiera afecta profundamente a los gastos del
estado- asegure su viabilidad en términos presupuestarios, y, especialmente, sin tener en cuenta los índices
de criminalidad en España, que desde instituciones y organismos del mismo gobierno que impulsa la
reforma penal, se estiman reducidos y en progresión decreciente. Una reforma, pues, estimada precipitada y
sobre todo, innecesaria.
This research work studies the bill approved by the Spanish Government for what will be the twenty-ninth
Penal Code reform, since 1995. The study specifically refers to the Preliminary Title and Title I of the draft
law. It examines, from a critical perspective, the means by which the drafter propose to "strengthen
confidence in the administration of justice", its strong commitment to address dangerous and high risk
criminal by imposition of longer sentences, as well as introducing novel institutions such as permanent
imprisonment and security custody. It also amends already established institutions such as the concept of
"continued crime" and probation. These amendments are done in spite of its contradiction with the
constitutional mandate of rehabilitation that all penalties and security measures must be directed to. No
evaluation is done as to how these measures will affect the justice system as a whole. There is no
preliminary economic analysis that -- in the present financial crisis where the State´s expenses are so deeply
affected-- would guarantee its viability in budget terms. Nor does it take into consideration the criminality
rates in Spain, which are reducing and in decreased progression, as admitted by governmental institutions
and agencies that promote the penal reform.
Title: Notes on the sentencing system in the proposed reform of the Spanish Penal Code
Keywords: penalties and security measures, permanent prison revisable, security
Palabras clave: penas y medidas de seguridad, prisión permanente revisable, custodia permanente
El delito continuado y la libertad condicional 4. La avanzadilla de la ofensiva sobre las medidas de seguridad en nuestro sistema de justicia penal 3.2. La Custodia de Seguridad 3. La reforma en artículos: significado y alcance b. La revisión general del sistema de penas en el Libro I del Código Penal 3. La prisión permanente revisable b.1. Tabla de jurisprudencia 3 . La reforzada pena de prisión a. La reforma de las medidas de seguridad. El título preliminar del Código Penal.3. La inserción del condenado a prisión permanente c. Los argumentos del pre-legislador: la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el dictamen del Consejo de Estado 3.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez Sumario 1. Introducción 2. El retorno de la inocuización a. Bibliografía 6. Corolario 5.
a menos de dos años de la entrada en vigor de la última modificación. y altera en mayor o menor medida 4 artículos del Título Preliminar. la alteración del Libro II se lleva a cabo para. por un lado. porque. 433 bis. para –en su mayoría. el disco duro –por así llamarlo. por la que se modifica el Código Penal “en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social”.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez 1. es decir. además de actuar sobre asuntos de mayor dimensión. afecta a más de 200 artículos. Además.del Código Penal. 31 bis y el art.en un año.incorporarlas a una nueva. A su vez. El pasado 11 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se reforma –y ya serían 29. 76 del Libro I y 96 de Libro II. habrá superado incluso el periodo de 6 meses previsto de “vacatio”. además de repercutir sobre una categoría de infracciones penales de notable raigambre en nuestra legislación penal. el rigor punitivo. o como la supresión de las previsiones de sustitución de las penas de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Cualitativamente. 4 . en adelante). Cuantitativamente. La reforma afecta a materias de enorme trascendencia. de 27 de diciembre. los delitos leves. El Anteproyecto aprobado por el ejecutivo será ahora sometido al Parlamento para agotar un trámite que el gobierno prevé breve2. sin prever modificación alguna en su tratamiento procesal. y otros 5 del Libro II. supera a la introducida con la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (LO 5/2010. En total. cuantitativa y cualitativamente. anunció en la conferencia de prensa posterior al citado Consejo de Ministros que la nueva normativa estará en vigor –es decir. 23 artículos. y mientras se terminaba de tramitar con toda discreción la Ley Orgánica 7/2012. 398. modificando la práctica totalidad de Título XIV del libro II. y derogando las faltas de los arts. en el último trimestre del año 2013). en el sentido regresivo que luego analizaremos. la operada mediante LO 5/2010. casi una cuarta parte de su total. de los que una quinta parte ya habían sido modificados hace año y medio. incide profundamente en el Libro I. 311. y añade en el delito de malversación el nuevo tipo del art. 2El Ministro de justicia. art. dar acogida en él a buena parte de las infracciones hasta ahora catalogadas 1Afecta esencialmente a los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. también a medio y largo plazo.el contenido de numerosos artículos del Código penal. Ruiz Gallardón. como las que se refieren al sistema de cancelación de antecedentes penales. que ha entrado en vigor el pasado 17 de enero1. las bases mismas de la regulación de las penas y medidas de seguridad instaurada en 1995 a partir de lo que se consideró entonces como el definitivo asentamiento en nuestro derecho penal positivo de los principios y valores constitucionales. también reforma el tipo básico del título XV. 627 y 628. Introducción “Las leyes inútiles debilitan las necesarias”. porque deroga todo el Libro III. Montesquieu. como son las faltas. introduce otros 35 artículos de nuevo cuño. que nos muestra la senda ya abierta por la que se puede transitar con comodidad en sucesivas modificaciones legislativas dirigidas a ir incrementando progresivamente los tipos a los que afecta y. Sr. delitos contra los derechos de los trabajadores. modificando. aunque esta reforma. que afectó a 152 artículos. multa o localización permanente. por ende. modifica el apartado 5 del art. como la ampliación del ámbito para el que está prevista en el Anteproyecto la nueva pena de prisión permanente. es decir.
El actual artículo 6. La avanzadilla de la ofensiva sobre las medidas de seguridad en nuestro sistema de justicia penal Más allá de los “retoques” a los artículos 1. fue hecho público el 16 de julio pasado. Con ello no se pretende minimizar la trascendente reforma que afecta también. y cierra el círculo punitivo –cuando aquélla resulte limitada e insuficiente por exigencias del principio de culpabilidad. en especial la llamada prisión permanente revisable. que –como veremos. especialmente. sin olvidar la modificación de algunos tipos. la libertad vigilada y especialmente la custodia de seguridad. al libro II. Todas las referencias que se hacen en este trabajo al Borrador.la administración desleal y la insolvencia punible3. y se finalizará con menciones al delito continuado y a la libertad condicional.O. la reforma alcanza al art. Siguiendo la sistemática del propio Código. las medidas de seguridad. 2.entroniza la pena privativa de libertad como el eje del sistema. o los delitos introducidos en el Anteproyecto. la introducción de la custodia de seguridad. en fin. producto muchas veces de urgencias coyunturales. desde luego. a los delitos contra el orden público. su redactado y contenido ha experimentado respecto del texto aprobado como Anteproyecto una alteración más cuantitativa que cualitativa.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez como faltas. A continuación se hará mención a la modificación del Título preliminar. como los de incendio. el párrafo 2º del art. por otro lado. detención ilegal o intrusismo. se analizarán en epígrafes diferentes las reformas pretendidas en su título preliminar y en el primero de sus tres libros. como ya se ha dicho. anunciando así la honda transformación que van a sufrir las medidas de seguridad. El título preliminar del Código Penal. y en general el sistema punitivo regulado en los Títulos III y IV del Libro I. para incrementar el rigor punitivo de la mayoría de los tipos a los que afecta. se refieren a él. no contemplados en su fase de Borrador. en concreto.. 6.2. se analizará la revisión del sistema de penas. Más adelante. Se trata. situando en sus márgenes. particularmente. Tanto la profunda reforma del Libro II como la derogación del Libro III merecen un examen independiente y pormenorizado. a las penas alternativas a la prisión.por las medidas de seguridad para imputables (ya consolidadas). la profunda transformación del sistema de penas y particularmente de las medidas de seguridad. de manera especial. que excede los límites de este estudio. orilladas. 2. que anticipa lo que más tarde se amplía en el Libro I. aunque se les califique de “leves” y. del contenido total de la reforma que afecta al Libro I. 7 y 9 cuya alteración obedece a la necesidad de eliminar las menciones a las derogadas faltas.1 del Código Penal contiene la plasmación en el derecho positivo del fundamento que está en la base de las medidas de seguridad en el sistema español: “las medidas Respecto del Borrador del Anteproyecto de L. como –dentro de la regulación de los delitos contra la propiedad. 3 5 . a su libro III al punto de hacerlo desaparecer y. de profundo carácter regresivo. de una reforma que está a la altura de los inicuos tiempos en que se plantea. que en su mayor parte no desaparecen sino que pasan a ser delitos. 6.
parece evidente que el Código de 1995 optó por un sistema dual que prevé la aplicación conjunta de penas y medidas de seguridad y que sólo se traviste en monista cuando se llega a la ejecución de la condena.que. la aplicación conjunta de pena y medida de seguridad convertidas en una sanción única. conculcando principios elementales del derecho penal democrático como el principio de legalidad. hace bascular la noción de peligrosidad en la gravedad del delito cometido. Con ello.lo que. L. (directores). y sin solución de continuidad. el de seguridad jurídica y el de proporcionalidad. exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito”. se reforma este párrafo vaciándolo de una parte sustancial de su contenido. «De nuevo sobre el tratamiento del delincuente habitual peligroso». susceptible de prolongar–puede que hasta indefinidamente. podría llegar a ser el régimen general de ejecución. que se convierte en la medida de la justa proporción de la sanción vinculada al hecho delictivo y. “se supera (sic) el sistema monista”5. por otro lado. Se trata de un precepto –por el momento no reformulado.R. Dykinson. es decir.sustituye a la culpabilidad como límite de la sanción a imponer. que sí contemplaba y regulaba las medidas pre-delictuales. de 1970. o sólo medida) y dualistas (pena más medida) ver Sanz Morán. una vez cumplida ésta. E. y la peligrosidad.-concepto vago e impreciso. F. como explica la Exposición de Motivos del Borrador del Anteproyecto que examinamos. para impedir –con el correctivo vicarial. impregnado de elementos extralegales a través de los que se vislumbran criterios moralizantes o paternalistas. de prosperar la reforma. por un lado. 5Sobre el contraste entre posiciones monistas (sólo pena –prolongada–. en términos históricos. proscribe la imposición de medidas pre-delictuales4. 6 . en su actual redacción. Tampoco podrá extenderse más allá del tiempo de cumplimiento en prisión previsto para el delito ni prolongarse más de lo que impongan las necesidades de prevención especial para el caso concreto. con este texto legal en concreto. Para hacerlo factible. el centro de gravedad del sistema se traslada del delito al delincuente. Así planteado. tradicionalmente asumido por nuestros códigos penales. y conseguir con ello la ruptura definitiva con el sistema vicarial establecido por el legislador de 1995. impide la aplicación de una medida de internamiento en un centro de custodia por un delito que no esté castigado con el ingreso en prisión y -lo que para el pre-legislador parece ser más importante. 2008. y comprometiendo seriamente el principio de “ne bis in idem”. La norma. ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor”.imposibilita que se ejecute a continuación de la pena.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan. cuando se produjo la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Kury H. Ángel. Por lo tanto. 4No hay que olvidar que la redacción de este precepto no ha sufrido variación desde 1995 y que fue a partir de esta fecha. Sin entrar en la polémica acerca del nivel de certeza. en Bueno Arús.el tiempo de cumplimiento de la condena en régimen de privación de libertad. el criterio de la gravedad del hecho cede al de la peligrosidad del infractor. “Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal”. añade. Zaffaroni. de esa afirmación.. Rodríguez Ramos.. que en el Anteproyecto dispone: “las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor”. Con arreglo a este criterio se condiciona la imposición de medidas privativas de libertad a que la pena prevista por el delito cometido lo sea también de prisión. resulta consecuente la regla contenida en su párrafo 2: “Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
Se nos habla de prisión permanente para no utilizar la denominación tradicional que se ha aplicado en el derecho Se ha eliminado en el Anteproyecto el adjetivo que en el borrador se deslizaba en alguna ocasión. nacida en el estado nacionalsocialista. 8 Asimismo el Anteproyecto contiene. y su ejecución. A la desaparición de los trabajos en beneficio de la comunidad y la localización permanente para los delitos leves (art. “La custodia de seguridad. y la incongruencia derivada del uso de un eufemismo cuyo fin no es sino enmascarar el significado real de aquello que se quiere decir. como alteraciones “menores” a las penas previstas para los delitos leves y no privativas de libertad.1.A los efectos del apdo. 88 CP. a. una fórmula que traslada al derecho penal español la regulación germana. que afecta cuantitativa y cualitativamente a casi todo el Capítulo IV del Título II. acerca de esta medida de seguridad. 1 del art. sin nombrarlo. de 1 a 31 días. en adelante) del Anteproyecto por expresar la finalidad última que anima esta reforma: “la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia”. se revisan tres mecanismos vertebrales en el sistema de penas: la pena privativa de libertad. una medida de seguridad privativa de libertad que se cumple acumulativamente a la pena. se desmorona completamente con el redactado dado al Anteproyecto8. 2.4) se une ahora la supresión (empezando por su rúbrica) de la sustitución de las penas de prisión.2los delitos leves. 3. la custodia de seguridad. 6 7 . una medida bajo sospecha”. la nueva regulación de las medidas de seguridad. 76. que sobrevivió a la caída del sistema jurídico que sustentó al III Reich tras su derrota en la II Guerra Mundial.. sobre cuya naturaleza y fundamento se viene polemizando de manera intensa en los últimos años7.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez 3. y se transfirió sin solución de continuidad al sistema de justicia penal alemán.. sin duda. 7 Ver mi estudio publicado en la página web de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. al situar a los infractores imputables como posibles destinatarios de las medidas. introduciendo la que llaman “prisión permanente revisable”6. tras el cumplimiento de la pena. Finalmente. La revisión general del sistema de penas en el Libro I del Código Penal Comienza la exposición de motivos (EM. La prisión permanente revisable Lo primero que llama la atención cuando nos enfrentamos a esta nueva pena privativa de libertad es su denominación. Su novedad estrella es.-Se recorta el mínimo en la extensión de la pena de TBC. para la inocuización de los delincuentes imputables peligrosos (Sicherungsverwahrung). las siguientes novedades: 1. alternándose en el articulado con permanente y que resultaba aún más inquietante: “indeterminada”. no se computarán las penas impuestas por delitos leves. en los términos establecidos en el actual art. 3. cuyo cuestionamiento se entreveía ya en el borrador del Anteproyecto. 66. Para conseguirlo. y consolida el paso dado en la reforma de 2010 con la introducción de la medida de libertad vigilada. al que haremos también una breve mención más adelante.Se añaden a la regla del art. 33. el tercer mecanismo llamado a fortalecer la confianza en la administración de justicia es la nueva regulación del delito continuado. vigente hasta la fecha. La reforzada pena de prisión El sistema de penas establecido en el Código de 1995 con la declarada pretensión de debilitar el posicionamiento central de la pena de prisión dando entrada a otras fórmulas de castigo penal que no implicaran la privación de libertad en un centro penitenciario.
Sr.» Boletín Oficial de las Cortes Generales. agresión sexual o lesiones del art. añade un apartado 4 al artículo 70 con la siguiente redacción: “La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años”. En este sentido se ajustaba a los caracteres de la “prisión perpetua revisable” que postuló hace dos años el Partido Popular (PP. con resultado de muerte. la perpetuidad. del Jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por un tratado que se hallare en España (art. sin que quepa aplicar ningún beneficio de condena. pág. para ser introducida en el Código Penal mediante la reforma de 2010 y que presentó el portavoz parlamentario popular. IX Legislatura. para introducir una nueva pena en el catálogo. 8 . y a los de lesa humanidad del art. El Borrador del Anteproyecto de LO para la reforma del Código no definía la pena. El ámbito de aplicación de la prisión permanente se hace extensivo. 18-3-2010.O. 605. entonces en la oposición. el resultado final de la implantación y la imposición de la más dura pena de prisión concebible. se le llame como se le llame. núm. llamaba “prisión perpetua revisable”. que no provocaba alteración alguna en el catálogo de penas10.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez penal español a la privación de libertad que se prolonga toda la duración de la vida del condenado. 607). es el mismo que el esperable de una privación de libertad de por vida del penado. el Grupo Popular en el Congreso presentó en la enmienda número 384 la propuesta de modificar el art. salvo los que se consideraran de necesidad grave de carácter humanitario apreciada expresamente por el Tribunal sentenciador. de parecidas características a la PPR que entonces. es decir. núm. a los delitos de genocidio con resultado de muerte. ahora no estamos ante una pena distinta sino ante una prolongación de la pena privativa de libertad que enlaza con el límite superior establecido en el art. entre otros. Cumplidos veinte años de internamiento. 607 bis. 522.1). 149 (art.1 CP11. 2010. 36. 10 Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. la cadena perpetua. Congreso de los Diputados.. el Tribunal sentenciador decidirá si procede la revisión de la condena. Se limitaba a conformarla desde la descripción parcial de sus caracteres y efectos. La frustrada iniciativa parlamentaria de hace dos años pretendía incorporar la “prisión perpetua revisable” en un artículo 35 bis al Código Penal con la siguiente redacción: «La pena de prisión perpetua revisable se cumplirá por un período inicial de veinte años. 572. La regulación del tercer grado en el Anteproyecto “suaviza” los requisitos establecidos en 9Que las palabras utilizadas en el texto que comentamos no son inocentes lo demuestra el hecho de que durante la tramitación parlamentaria de la reforma del CP operada por LO 5/2010. no hay más que adentrarse en los caracteres que conforman esta novedad penológica para concluir que.2 para los que ya era contemplada en el Borrador. Trillo. “como una pena distinta y no como una prolongación de la pena privativa de libertad”. es desmentido a renglón seguido por el no menos descriptivo revisable. IX Legislatura. El Anteproyecto de L. además de a los delitos de terrorismo del art. 33 CP. 485). conforme a lo previsto en el artículo 90 bis de este Código.9 El categórico adjetivo permanente. 174 11 Nótese asimismo la significativa omisión del adjetivo “revisable” en la denominación de la pena en este trascendental nuevo apartado 4 del artículo 70 CP. en adelante). Sin embargo. La introducción de este apartado tiene una significación intensa. componiendo una antinomia complicada de conjugar. Frente al texto del Borrador y contrariando también la conformación diseñada para esta pena por el grupo popular en la reforma del año 2010. enmienda 386. a los de magnicidio del Rey o el Príncipe heredero (art. hace tan solo dos años. 52-9.
Uno de los aspectos que también se echaba de menos en el Borrador. Oscila entre 25 No autorizada en la redacción dada por el Borrador del art. La revisión de la condena ya no se prevé que tenga lugar una vez transcurridos de forma efectiva 35 años en prisión como se establecía en el Borrador sino que se verificará.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez términos de máximos por el Borrador12. 92 establece unos requisitos comunes para su concesión en los apartados a).3 hasta que el penado hubiera extinguido de forma efectiva 32 años de prisión. 76. añade). La propuesta del ejecutivo ahora se concreta en establecer el límite de 20 años de cumplimiento efectivo de la pena de prisión para condenados por delitos de terrorismo y de 15 años para el resto. 14 Requisitos que para los condenados por delitos de terrorismo vienen a sustituir al único que se preveía en el texto del Borrador. 78 cuyo texto se identifica casi en su totalidad con el ahora vigente. Como quiera que en el Anteproyecto la pena de prisión permanente no solo está prevista para los condenados por delitos de terrorismo porque la amplía a otros tipos. en cuyo caso estos plazos se amplían y se sitúan entre 24 y 32 años. la suspensión de la condena para la concesión de la libertad condicional en el caso de los condenados a prisión permanente revisable. 78 bis. exigiéndose el cumplimiento efectivo de 18 y 22 años. 3613. y pronóstico favorable de reinserción social14. 36. 12 9 . 13 La nueva regulación de este artículo 36 provoca la alteración de las previsiones del art. En el Anteproyecto. clasificación en tercer grado. si no se trata de condenados por delitos de terrorismo o integrantes de organizaciones criminales.1. sin parangón en ninguno de los “referentes” europeos. aunque sólo a los efectos de la progresión a tercer grado. respectivamente. y consigue el eficaz efecto “lampedusiano” de aparentar haber cambiado todo para no cambiar nada. y se reproducen con el primer inciso del art.la longitud de la carrera de fondo a cambio de transformarla en una carrera de obstáculos. el mero cumplimiento efectivo de 35 años en prisión. según se explica en la Exposición de Motivos del Anteproyecto. Esa “parte mínima” viene determinada en el art. es acogido en el Anteproyecto. o que lo haya sido a varias condenas de prisión permanente. que habla del “órgano que acordará la suspensión de la ejecución” de la pena de prisión permanente revisable. la consideración de motivos humanitarios en caso de penados enfermos incurables. 92. “una vez cumplida una parte mínima de la condena”. no pudiendo disfrutar de permisos de salida hasta que no hayan transcurrido 12 y 8 años de prisión. 90 expresamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Estos nuevos requisitos se completan con la previsión del nuevo art.1 e) para el caso de que el penado haya sido condenado por dos o más delitos. el nuevo art. lo que viene a reducir –si se permite el símil. uno de ellos. parece que ahora es atribuida en el número 1 del art. La disminución a la baja no hace sino mitigar el rigorismo extremo del Borrador. b) y c) del art. 78 bis en relación con el art. si bien las dudas sobre la competencia aparecen nuevamente en su tercer párrafo que vuelve a referirse al “Juzgado o Tribunal que deban resolver”. 92. respectivamente. con la única particularidad de que no se contempla la preceptividad establecida en su párrafo 2.1 a) con remisión al art. en el nuevo párrafo 4 del art. frente a la falta de concreción del Borrador. 92. prisión permanente.1: cumplimiento efectivo de 25 años de su condena (“sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo”. y otro específico para aquéllos en el número 2 del mismo artículo.
que “podrá” ser anual) carece de límite. puede prolongarse “sine die”. la parte mínima a que se hace referencia se concreta. ya que la libertad condicional por haber cumplido 70 años o sufrir una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. es decir. decretando la libertad condicional. en adelante). c) o d). la revisión (de oficio. Como hemos visto. o sea. al menos cada dos años. según la repetida Exposición de Motivos y. 16 Entre otras. no se aleja demasiado del actualmente aplicable conforme a lo dispuesto en el art. Ni siquiera la piadosa previsión contenida en la reforma propuesta por el Grupo Popular hace dos años. STEDH de 16 de diciembre de 1999 y STC 91/2000. aunque no parece que sea al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. se contempla en ésta. y a la libertad condicional cuando la cifra haya alcanzado la octava parte. puede equivaler o traducirse en según qué casos en pena de muerte. prevista en el proyectado art.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez y 32 años de condena. ni antes del cumplimiento del tiempo exigido para que tenga lugar la revisión. a reafirmarlos y endurecerlos. en adelante) y el art. por lo tanto. según quiere el pre-legislador. cada dos años o a instancia del penado. 92 para la suspensión de la ejecución de la pena.1. no podrá acceder al tercer grado hasta que le quede por cumplir la quinta parte del límite máximo. si bien. en adelante)16 como vulnerador de la proscripción de penas y tratos inhumanos y degradantes del art. la revisión de la condena para constatar si se dan los requisitos exigidos por el art. 32 años. 25. en el más favorable de los supuestos.3 a) y b). como en el frustrado artículo 35 bis del año 2010. en 25 años de cumplimiento efectivo. respetuosa con el art. en adelante) y por nuestro Tribunal Constitucional (TC. lo que la hace compatible “con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”. La inserción del condenado a prisión permanente Que el encarcelamiento prolongado sin posibilidades de flexibilización y adaptabilidad a las circunstancias del penado haya sido catalogado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH.76.15 b. de 30 de marzo 17 Desconocemos a cuál órgano judicial se refiere. Las necesidades graves “de carácter humanitario” previstas entonces no se tendrían en consideración si prospera la actual reforma. 92. en el ejemplo.salva a esta pena de su eventual declaración de inconstitucionalidad. para ciertos tipos de delincuentes (terroristas o pertenecientes a organizaciones criminales) por el que el sentenciado a 40 años de cumplimiento efectivo conforme a lo previsto en el art.4. Como puede fácilmente apreciarse con la lectura total del art. lo que –en opinión del gobierno. órgano unipersonal 15 10 . 91. 92 se establece el deber del “Tribunal”17 de “verificar. sobre [sic] el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional”. 3 del Convenio Europeo de Derechos del Hombre (CEDH. formalmente. no ha movido al Ministerio de Justicia español a reducir el número y la extensión de las penas de prisión o a suavizar su draconiano régimen de cumplimiento sino. como vemos. 78.2 CE y con la normativa interna e internacional sobre interdicción de las penas inhumanas y degradantes. Se afirma en la EM del Anteproyecto que la prisión permanente revisable “de ningún modo renuncia a la reinserción del penado” ya que una vez cumplida “una parte mínima” de la condena se podrá “revisar”. 15 de la Constitución (CE. Y en el número 4 del proyectado art. 35 años. cumplido en prisión. ni después. Es así como se concreta el carácter “revisable” de la prisión permanente.1 no sería Un periodo de tiempo muy dilatado que. es a partir de tal momento cuando cabe.
del interno es prácticamente irreversible.º Contar con un pronóstico favorable de reinserción social. El aislamiento consiguiente le automatiza. Si estos son los caracteres generales del cumplimiento ordinario de penas cortas o medias.en la reforma ahora emprendida. La incomunicación a que se somete al interno le hace perder el contacto con todo lo que conformaba su vida en libertad. su cosificación. y el número de suicidios es también considerable18).InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez de aplicación a quienes hayan sido condenados a prisión permanente. 2. 90 bis del Código Penal. 92.º Constatación del arrepentimiento del condenado. y hasta cabria afirmar. la desmotivación. la reeducación y la reinserción social. 3. De nuevo puede ser conveniente recordar la postura del grupo parlamentario popular durante los debates de la anterior reforma del Código Penal a propósito de su pretensión de introducir la “prisión perpetua revisable”. y el desmoronamiento de la autoestima que. ininterrumpido y de duración indeterminada. para provocar su aislamiento. su familia. de algún modo. en un entorno como el descrito. y no el lugar de cómodo retiro y vida regalada que algunos –interesadamente. Porque las cárceles son esto. La Enmienda núm. donde la prioridad es la supervivencia. En este punto.º Haber 18 11 . a partir de los 20 años de reclusión. para los que están previstas exclusivamente las condiciones de los dos primeros números del reformado art. 19 «1. Parece fuera de duda que. su oficio. a la vida en libertad. Los estudios más rigurosos acerca de los efectos sobre la mente y el comportamiento humanos de una privación de libertad de tales características alertan acerca de sus consecuencias. está casi asegurada. “Desenmascarando mitos que sostienen el sistema penal” la incidencia de episodios de autolisis y muertes por sobredosis en las cárceles españolas. hay que darlos por descartados. un espacio de violencia que funciona con una lógica perversa. una vez cumplidos veinte años de internamiento. 17. 389 del PP hacía referencia a un nuevo art. El resultado es la irresponsabilidad. sus amigos. y su destrucción física y moral. en tales condiciones. explican la violencia ambiental. cabe imaginar los efectos de un encierro prolongado. quizá sea importante recordar algunas notas características y comunes del sistema penitenciario en los países de nuestro entorno cultural y jurídico. Sólo quien carezca de una mínima capacidad de empatía o no haya tenido jamás contacto alguno con el mundo penitenciario puede afirmar seriamente que el internamiento en una cárcel durante un periodo tan prolongado como el previsto como mínimo antes de revisar la pena de prisión permanente. no está abocado a convertirse en un serio obstáculo para la reincorporación del penado. en tales condiciones. En la pena de prisión perpetua revisable el Tribunal sentenciador podrá conceder la libertad condicional. anula su capacidad de decisión y de autogobierno. para su misma supervivencia personal.predican. en la mente y el cuerpo de los presos. pág. en el que se establecían determinadas condiciones19 –menos severas que las contempladas Ver en su página web el documento de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. siempre que concurran los requisitos siguientes: 1. ya rehabilitado. Hablamos de un sistema diseñado para ocupar todo el espacio en la vida. Los fines de las penas privativas de libertad en nuestro sistema constitucional. para apreciar la exasperación de su tratamiento –incluso desde aquellos duros parámetros. el deterioro – corporal y psicológico. ejercida no sólo frente a los demás presos o contra los funcionarios de la prisión sino también respecto de sí mismos (sabemos que son muchos los presos que se autolesionan. en el aspecto relativo a su revisión y condiciones.
un grupo de personas que decide si un condenado puede ser liberado de prisión tras haber cumplido en ella una parte predeterminada de la pena impuesta en sentencia atendiendo a la culpabilidad del penado). con audiencia de las víctimas siempre que sea posible. vista la tendencia a la exasperación punitiva de las sucesivas reformas padecidas por el Código de 1995 y la naturaleza intrínsecamente expansiva del derecho penal. satisfecho sus responsabilidades civiles. la libertad condicional se concibe como una forma de suspensión de la ejecución de la pena y no como un beneficio penitenciario. Que la gravedad de la culpa no exija continuar con el cumplimiento efectivo de la pena. salvo insolvencia total o parcial debidamente acreditada y declarada por el Tribunal sentenciador. en breve. para ello es preciso que el preso acredite (en una especie de “prueba diabólica).º. su temprana ampliación hasta nuevas tipologías es más que previsible. en los términos en que. 4. 21 Las condenas IPP implican privaciones de libertad en prisión cuya duración total no está fijada al tiempo de dictar la sentencia y que requieren de la autorización de la “Parole-Board” (una especie de Junta de Libertad Condicional. se llegue al cumplimiento copulativo de penas (cualquiera que sea su naturaleza y extensión) y medidas de seguridad privativas de libertad (con la característica que le es propia. 6.1 CP fundamenta la imposición de las medidas de seguridad. la indeterminación) para cualquier tipo delictivo. cualquiera que sea su extensión. el de una medida de seguridad del mismo carácter.de la libertad condicional20. Sólo habría que dejar establecido en sentencia ese vínculo para anudar al cumplimiento de la pena privativa de libertad. c. La mención a la doctrina del TEDH. Atendida la tendencia expansiva del derecho penal y vista la evolución sufrida por esta misma pena en algunos países de nuestro entorno (que se nos quieren presentar errónea o ladinamente como ejemplos a seguir). previos los informes oportunos y la audiencia a las víctimas. el TEDH dictó. Las bases están ya puestas. una extensa y fundamentada sentencia por virtud de la cual condenó al gobierno británico por violar el art. desde la libertad vigilada hasta la custodia permanente. el Ministerio de Justicia esgrime como elemento legitimador de la introducción de esta pena la gravedad del hecho cometido que pone en evidencia la peligrosidad de su autor.del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pocos días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. como hemos visto. solo puede ser calificada de inoportuna. con ocasión de la ejecución de las “condenas IPP” (“indeterminate-sentences-for-the-public-protection”). las “condenas indeterminadas para la protección pública”21. A ello volveremos luego con más detalle. no hay que descartar que.1. tanto a partir de las resoluciones dictadas por el TEDH.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez en el art.para la concesión –entonces. Los argumentos del pre-legislador: la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el dictamen del Consejo de Estado La EM finaliza el capítulo II dedicado a la justificación de la nueva pena introducida en el Anteproyecto de reforma del Código invocando la existencia de “un modelo” extendido en Europa y cuyo ajuste a los parámetros establecidos nacional e internacionalmente en términos de respeto de los derechos humanos está fuera de toda duda. por unanimidad. el art. Todo ello permite suponer que. 20 En esta proyectada reforma. es decir. el 18 de septiembre de 2012. En esta ocasión. como a nivel nacional a través de un informe emitido por el Consejo de Estado. 92 del Anteproyecto. 5. que al tiempo del cumplimiento de la pena determinada ha disminuido o cesado la peligrosidad que fue apreciada en su día por el 12 .
el dictamen fue emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el 22 de agosto de 1999. para la que el gobierno británico.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez La sentencia condenatoria dictada por el TEDH –auténtico aviso para navegantes. se presume que el Estado continúa obligado a cumplir. y el Juez para la imposición de la condena indeterminada. al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional”. la Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros de los estados miembros de la Unión Europea (“the-European-Prison-Rules”). lo que se consigue mediante la participación en programas que incluyen cursos homologados y predeterminados por las autoridades según la clase y el nivel de peligrosidad observada en el condenado. de 2003. el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta pena. y daños bajo la influencia de bebidas alcohólicas (Mr. pudiera cumplirse. dimanantes de convenios e instrumentos internacionales como el art. e impidió de ese modo que uno de los objetivos de la “Criminal Justice Act”. Wells). Wells and Lee v. la aplicación de penas por los países y la legislación nacional. las referencias en el Tratado a las penas aplicables (art. la Recomendación 23 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. la última de las argumentaciones con que el gobierno defiende en la EM del Anteproyecto la introducción de la prisión permanente revisable en nuestro sistema de penas es el informe del Consejo de Estado del que sólo indica que tuvo la “oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada –pero revisables-. 10 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. 8025. en su día. Artículo 80. 5. Así pues. Finalmente. En efecto. 25Tratado de Roma. aunque no se contemple expresamente en el texto de su ley nacional. que han de proveerse por el gobierno para que sean realizados en determinados centros penitenciarios. el rehabilitador. como ya observaron y criticaron los tribunales nacionales. epígrafes 165 a 170 y 196 a 23 STEDH referida. párrafos 210 y 220. Su ámbito de aplicación es tan variado como los tipos penales por los que fueron. el TEDH ha fallado que la privación de libertad como consecuencia de la ejecución de una pena de prisión indeterminada puede llegar a ser –como en este caso.considera que al incorporarse en el sistema de penas una nueva forma de condena indeterminada. condenados los tres recurrentes de la sentencia que comentamos: lesiones dolosas (Mr. aprobadas por el Consejo Económico y Social el 13 de mayo de 197722.El Estatuto. 24 STEDH referida. el TEDH acoge la tesis de los demandantes en el sentido de que uno de los propósitos de la privación indeterminada de libertad a que fueron sometidos era su rehabilitación. en lo que al gobierno del estado español toca en estos momentos. o los estándares mínimos para el tratamiento de los prisioneros de las Naciones Unidas (“the UN Rules”) de 1955. incumpliendo sus obligaciones derivadas del derecho internacional. ni puede hacerlo. 77) se entendieron a la luz de lo establecido en el art. de 1966. Una breve y concisa aseveración redactada en términos muy imprecisos y que hay que matizar. para concluir que la normativa constitucional no constituía un obstáculo para la ratificación del Tratado de Roma.En tales circunstancias. 22 STEDH.arbitraria y por lo tanto ilegal en los términos del art. “case of James. James).1 del Convenio24. Naturalmente. the United Kingdom”. Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en 13 . párrafo 221. no puso los medios necesarios. El gobierno británico. con sus obligaciones internacionales en relación con el objetivo rehabilitador del sistema penitenciario. en todo caso. de 11 de enero de 2006. robo intentado (Mr. había errado “deplorablemente” a consecuencia de haber introducido una ampliación en el ámbito de aplicación de la prisión indeterminada sin la necesaria planificación y sin un análisis realista del impacto de la medida23. Lee).
hacia medidas de seguridad privativas de libertad. Marino Barbero Santos in memoriam”. Cuenca. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso. se concreta la agencia encargada de gestionar su vigilancia y control. Artículo 110. entre la extensión de la pena y la de la medida impuestas. ya comentada. la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede reducirse (…)”. en la que ya hace 10 años alertaba acerca del renacimiento del debate en torno al delincuente peligroso y las tendencias inocuizadoras acogidas en el derecho comparado. 1. Mucho menos retocadas en el texto del Anteproyecto que las penas. El retorno de la inocuización26 a. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. donde el Borrador hablaba de un “Servicio Social penitenciario” (art. 110 se estimó suficiente para dotar de garantías a la eventual ejecución a ciudadanos españoles de las penas previstas en el Tratado. como la libertad vigilada.2. 2.de no residir legalmente en España 14 . la principal novedad que cabe apreciar respecto del contenido del Borradores que se repone entre las medidas de seguridad privativas de libertad el internamiento en centro de educación especial27. percibida en toda su hondura hasta que no se examina y se pone en relación con la reforma “estrella” de todo el Anteproyecto. Confirma la ruptura. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. 3ª). a ejecutarse tras el cumplimiento de la pena-. bis. 88. la presente parte”. La reforma de las medidas de seguridad. que seguía manteniendo el requisito –eliminado en el art. porque no sólo se amplían los tipos a los que se aplica sino que hace posible el tránsito suave. Como la custodia de seguridad. en ARROYO ZAPATERO y BERDUGO DE LA TORRE (Dir. para condenados imputables. e introduce la posibilidad de que pueda imponerse una medida de seguridad privativa de libertad incluso si el delito enjuiciado no lleva aparejada una pena homogénea. la de las medidas de seguridad. sin embargo. Una modificación de tal calado como la que se ha realizado en el sistema de penas establecido por el legislador de 1995 no es.Respecto de la medida de libertad vigilada. 27 Y se corrige el lapsus sufrido en el texto del Borrador en las no privativas de libertad en torno a la expulsión del territorio nacional de extranjeros.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez mecanismo del art.Art. 6. pensadas para sujetos imputables. 2001. 104. 3.). 3. sin excesivos sobresaltos -al menos conceptuales.2. 95. a propósito de la reforma del art. 26 Utilizamos la expresión literal empleada por el profesor Silva Sánchez como título de la ponencia contenida en “Homenaje al Dr. Su trascendente reforma lo es tanto por lo que añade como por lo que suprime. se abre ahora de par en par con la reforma proyectada. ahora se cita en concreto a “los servicios de gestión de penas y medidas alternativas”.Examen de una reducción de la pena. post-penitenciarias. Nada se altera en el Anteproyecto respecto de la regulación que ya estaba prevista en el Borrador para la custodia permanente. por ejemplo. La reforma en artículos: significado y alcance La rendija que quedó entornada con la reforma de 2010 -y permitió la entrada en el sistema de una medida de seguridad restrictiva de libertad. 1. que a continuación examinamos. Veamos la proyectada reforma por artículos: .
con algunas salvedades.Art. Es aplicable a los supuestos de atenuante del art. 20.Art. .2 CP). establece29: 1) pena mínima de 3 años (5.Art. Su duración será de 10 años y. .Art. En principio. 21. puede terminar siendo objeto de control penal y penitenciario durante veinte años. aplicar las medidas previstas en el CP también cuando se aprecia la atenuante de drogadicción o la analógica en relación con la eximente incompleta. se cumple en establecimientos especiales (¿cuáles? ¿bajo qué régimen? ¿con cuál estatuto?). . Destacan dos extremos: que el límite del internamiento. vida. por regla general. No se computan las condenas transcurridos más de 5 años de su imposición. 102 actual. 98 acerca del tope del internamiento y la omisión de la duración de la libertad vigilada a imponer tras el cumplimiento de aquél. sin que se mencione su duración. Confrontado al art. integridad. . si no ha habido condena anterior). es susceptible de prolongación por periodos sucesivos de 5 años. 5 años. menciona por vez primera la custodia de seguridad. Lo que permite cuestionar la técnica legislativa utilizada.Art. tener una duración superior a 2 años pero podrá prorrogarse hasta el límite de la duración de la privación de libertad. y en particular los números 26 30 Se puede visualizar mejor el alcance de esta novedosa medida a partir de un supuesto relativamente frecuente en los juzgados penales: un delincuente primario. 28 15 . cumpliendo los requisitos que el extensísimo artículo que la introduce. no en cárceles. Establece reglas para la imposición de la medida de seguridad en caso de que fueran varias las estimadas adecuadas. además. que si se llega a extinguir la medida de internamiento se impondrá necesariamente la libertad vigilada. perpetrados con violencia e intimidación. 3) condena anterior por esos delitos a pena mínima de 2 años. extinguida. se impondrá la libertad vigilada por duración máxima de otros 5 años30 En realidad se pone en el derecho positivo lo que el Tribunal Supremo ya venía admitiendo. Elimina el internamiento en centro educativo especial entre las medidas privativas de libertad y. que desatiende los criterios generales establecidos en la Resolución de 28-7-2005 por la que se aprueban las Directrices de técnica normativa (BOE 29-7-2005). Regula las medidas a imponer para inimputables y semi-imputables por anomalía y alteración psíquica. 29 Una de las características más notables del Anteproyecto.Art. y. Además. Supone la ruptura con la regla de que las medidas se imponían sólo en los supuestos de exención ya fuera completa o incompleta28. etc. como ya lo era del Borrador. 99. 97.. y referido a los inimputables por intoxicación plena (art. no podrá. 100. Entre las medidas no privativas de libertad se elimina la mención a la inhabilitación profesional que pasa a denominarse “prohibición de ejercicio de actividad profesional” y desaparece la custodia familiar. 2) tipos delictivos determinados. Se establece un sistema vicarial de ejecución: el internamiento será abonable a la pena impuesta. 96. La custodia de seguridad. sin establecer para ello límite o tope alguno. condenado a cinco años de prisión. A imponer “además de la pena que corresponda”. 98. es la exagerada longitud de los artículos que modifica o introduce. tráfico de drogas. en su lugar.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez . es también aquí de aplicación lo mencionado en el art.2 CP. llama la atención que la medida de internamiento ahora prevista en centro de deshabituación se prevea para su cumplimiento en “centro educativo especial”. 101. y se tiene en cuenta la reincidencia internacional. 4) pronóstico de comportamiento futuro que revele la “probabilidad” de comisión futura de esos delitos. .
Introducido para relacionar las obligaciones y condiciones que pueden ser impuestas a quien sea sometido a la medida. b) Si concurren una pena de más de 5 años de prisión y una medida de internamiento en centro de deshabituación.. con abono del tiempo de cumplimiento hasta el límite de tres cuartas partes de su total. 2. el sistema vicarial se invierte: se cumple en primer lugar parte de la pena y después la medida. bis. de 3 a 5 años.Art. ter. prorrogable cada 5 años. 104. bis. se ejecutan siempre después de la extinción de la pena de prisión impuesta. y cabe suspender el resto si su ejecución implica riesgo de desbaratar el resultado obtenido con la medida.el cumplimiento de condiciones a la formación. . o la de pasar controles periódicos de consumo de sustancias a quienes le ha sido prohibido al estimar que incrementa el riesgo de criminalidad. al trabajo e incluso al ocio del penado. 3.. como la obligación del penado de conservar en buen estado el dispositivo de seguridad que se le haya aplicado.32 . 32 De todas ellas. en determinados plazos y condiciones. 104. hasta un número nada menos que de dieciséis.Art. o la de imponer –en un exceso de celo fiscalizador. 102. . con carácter general en delitos castigados con más de un año de prisión en que se halle expresamente prevista. exclusivamente diseñada para su ejecución con respecto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. ter. Introducido con la reforma para regular la revocación de la suspensión de la ejecución de las medidas privativas de libertad. ya de amplio espectro: 1. cumplido el plazo máximo de duración de una medida privativa de libertad. 104. cuando se suspenda la ejecución de una medida privativa de libertad. sin mayor debate. se podrá acordar –sin llegar a revocar la medida. a) Se conserva el sistema vicarial en los supuestos de concurrencia de pena y medida de internamiento psiquiátricos. que hace depender el internamiento no de la peligrosidad del enfermo sino del empeoramiento de su enfermedad y que amplía el tiempo de cumplimiento de la medida. la cuestión relativa a su naturaleza jurídica: hay que recordar que en el proyecto de modificación del CP de 2006 se previó su introducción pero con el carácter de pena. no de medida de seguridad. para inimputables y adictos. 31 16 . educativo y de deshabituación: la medida se ejecuta antes que la pena.Art. cuando resulte necesario. Se confirman los pronósticos más sombríos tras su introducción con la reforma de 2010.Art..InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez . . . 4. Regula la posibilidad de que se modifiquen las medidas impuestas.un nuevo internamiento durante 3 meses prorrogables por otros 3. . c) Si la medida es la custodia de seguridad o la libertad vigilada. en cualquier momento de su ejecución.Art. 103.Art. Regula el régimen de libertad vigilada. algunas llaman especialmente la atención. y a convertirse en una medida de utilización.. 103. Una norma que criminaliza al enfermo. 103. De introducirse en el elenco de medidas de seguridad como una más de entre las no privativas de libertad31.Art. Resolviéndose así. su duración. empeorara gravemente la persona sujeta a la medida. y sus efectos. y su cómputo. que cabe ponga en más de un problema a los adictos. Introducido con la reforma para el concreto supuesto de que mientras se cumple la libertad vigilada impuesta al suspenderse un internamiento en centro psiquiátrico. en los cuatro casos contemplados. pasa en el Anteproyecto a perder su carácter excepcional. en clara contradicción con los límites taxativamente establecidos en el propio artículo. en cuyo caso. Establece los requisitos de la libertad vigilada.
Art. “Derecho penal y control social”.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez . 2004. que constituye el precedente inmediato de la actual ordenación de las medidas de seguridad en nuestro sistema penal. Bogotá. excepcional y motivadamente. Se admite. en cualquier momento de su ejecución. La expulsión como sustitutiva de la ejecución de medidas de seguridad impuestas a personas extranjeras se hace extensiva (como ocurre en el art. en esencia en los mismos términos que el vigente. de ponderar la indudable influencia que sobre el legislador de 1995 tuvo la vigencia durante más de sesenta años de ambas leyes. . precisamente. que se cumpla la medida en España por la propia naturaleza del delito o porque se estime que la expulsión resulta desproporcionada. Regula la terminación de la medida.Art. 105. Se refiere a la medida de inhabilitación para el ejercicio de derechos. no desaparece del todo en el Código Penal porque se sigue aplicando en caso de concurrencia de pena y medida de 33 MUÑOZ CONDE. . como la describió el profesor Muñoz Conde33. con la posibilidad de mantenerla. a la reforma de las medidas de seguridad que se acomete con fundamento en la peligrosidad y la pretensión de consolidar el sistema dualista.Art. de los que 4 son de nueva creación. . 43. modificarla o cesarla en los términos que se establece en el art. La modificación de la medida. que todo su articulado del art. en especial. 17 . y las reglas en caso de concurrencia de varias libertades vigiladas o con la suspensión o la libertad condicional. el objeto ahora de reforma. ya no sólo puede hacerse de oficio sino también a instancias de los servicios sociales penitenciarios. junto con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional a partir de las resoluciones de los recursos de amparo interpuestos con ocasión de la aplicación de la LPRS. salvo prórroga. el capítulo IV del Título II es objeto de una amplísima reforma. profesiones o empleos. y 7 ya habían sido modificados hace menos de dos años. por el Código Penal de 1995.Art. una vez expirado el plazo por el que fue impuesta. 95 al 108. tanta. Así pues. alterando las obligaciones o condiciones impuestas o decretando su cese (ya no cabe reducir su duración). Themis. particularmente. 105. la explica y dota de sentido. omite la EM mencionar la vigencia durante largos años en nuestro país de la Ley de vagos y maleantes y. con la reforma anunciada. el sistema vicarial. Se prescinde. la suspensión del cómputo mientras se ejecuta la pena de prisión o la medida privativa de libertad que hubiera sido impuesta. También la EM del Anteproyecto dedica su capítulo más extenso. pues. resulta afectado: 18 nuevos artículos. Como acabamos de ver. 89 CP con la pena de prisión) a quienes tienen residencia legal en España. el VI. Se elimina la necesidad de que se oiga previamente al Ministerio Fiscal. reanudándose cuando se reinicien. la LPRS. “una perversión del derecho penal y un abuso del poder del Estado”. de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social (LPRS). pág.a la hora de determinar los caracteres con que habría de configurarse la regulación de las medidas de seguridad en nuestro actual sistema penal y que. 108. normativa que fue derogada de forma expresa. F. 106. 107. A través de un recorrido salteado e impreciso por la historia de la regulación penal de las medidas de seguridad retrocediendo hasta 1848 para llegar a nuestros días.
poco antes de que el interno sea puesto en libertad. en pocos años ha incrementado la enorme carga punitiva de la custodia de seguridad con reformas añadidas . el referente mundial respecto de esta fórmula de inocuación del delincuente potencialmente peligroso. ya citada. también en el derecho anglosajón. 18 . en otros estudios publicados por la Plataforma “Otro derecho penal es posible” ya mencionados34. está implantada en otros ocho países de la Europa continental. como el Comité europeo para la prevención de la tortura y tratos o castigos inhumanos o degradantes. Italia.el paradigma. San Marino. Liechtenstein. si llegado ese momento el condenado no prueba ante la “Parole-Board” que su grado de peligrosidad no implica riesgo para la comunidad. Pero conviene matizar. Pero también sabemos que son numerosas las sentencias del TEDH que ponen en duda cuando no las consecuencias de su implementación. La Custodia de Seguridad La EM del Anteproyecto afirma que la custodia de seguridad es una medida utilizada en un buen número de países de nuestro entorno y que el TEDH ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ella declarando que su imposición conjunta con la pena fundada en la culpabilidad del hecho no es contraria al art. rizando el rizo de la exasperación. Alemania. o admitir que su imposición no se realice necesariamente en la sentencia sino una vez que el penado haya cumplido una parte importante de su condena o. su cumplimiento siempre es posterior y copulativo a la pena. Por otra parte. sí la justeza de sus fundamentos en términos del respeto debido a los derechos fundamentales reconocidos en los convenios y tratados internacionales de los que los estados demandados (y a la postre condenados) tienen ratificados y formalmente incorporados a sus legislaciones nacionales. 102. una medida…”. un país que. una vez cumplida la pena. en los términos del art. para la ejecución de ésta última. También es cierto que la república alemana ha sido en los últimos años condenada en diversos procedimientos seguidos ante el TEDH por violación del CEDH a propósito de la ejecución de 34“La custodia de seguridad. como eliminar su límite de duración hasta convertirla en indefinida. También hemos tenido ocasión. La custodia permanente. como ya hemos visto. sobre la ejecución de esta medida de seguridad en el estado que pasa por ser –se puede decir que con total merecimiento. sin solución de continuidad. en la página web de la Plataforma. así parece. o el Comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa. Dinamarca. Eslovaquia y Suiza. en concreto en el Reino Unido. introduciendo la imposición de la medida después del cumplimiento de la pena.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez internamiento para los inimputables o semi-inimputables. Y. b. siguiendo el modelo del derecho penal alemán. Francia. Austria. o el Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Pero si la medida privativa de libertad es la custodia de seguridad. de analizar la mirada profundamente preocupada y crítica de autoridades y organismos internacionales involucrados en la defensa de los derechos humanos. su legislación penal diferencia la parte punitiva de la preventiva de las condenas impuestas a delincuentes peligrosos. en efecto. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Barcelona. Una infraestructura que. Precisamente unos de los fundamentos jurídicos de la STEDH. también han sido objeto de análisis por el TEDH desde la perspectiva de su compatibilidad con los derechos reconocidos en el CEDH. Más arriba. Todas ellas pueden obtenerse desde la página web del TEDH. “Estrategias y límites del derecho penal de la peligrosidad”. 2007. de 13 de enero de 2011. Sin 35Entre otras. a propósito de la pena de prisión indeterminada. 37 En concreto. sentencia Shummer vs.gov. y añadiendo un régimen de cumplimiento especial respecto del previsto para la pena. De lectura más que recomendable para el pre-legislador español.. y está cifrado en 10. www. En el Reino Unido36. Vid. ya se ha hecho mención de la STEDH. combina el historial delictivo y el efecto agravatorio. de 21 de octubre de 2010. the United Kingdom. dejando en evidencia las flaquezas de su construcción y los inconvenientes de su ejecución. la revisión de las penas y/o medidas de seguridad de duración indeterminada. exige un esfuerzo presupuestario más que notable37. Aunque la propuesta anglosajona para la lucha preventiva desde el derecho penal contra los elementos peligrosos se plantea a partir de una dinámica diferente a la del derecho continental. 36En los EEUU de América se han ido barajando y aplicando diversas medidas tendentes a la neutralización de los delincuentes reputados peligrosos (particularmente. http:// www. vinculándolos. R. Germany. sino que también pone en evidencia la necesidad de crear y sostener una infraestructura gubernamental encargada de la tarea que a la postre le otorga el blindaje imprescindible frente a la eventuales sospechas de inconstitucionalidad. el sostenimiento de las “Parole-Boards” se nutre de los presupuestos del estado británico.indret. de 13 de enero de 2011. a consecuencia de la crisis económica ha sufrido una disminución de su montante respecto de años anteriores.com. la llamada “civil commitment” o “involuntary commitment” viene a consistir en una medida semejante a su homóloga británica.. Germany. Wells and Lee vs. los condenados por delitos contra la libertad sexual). incluso en un país como el Reino Unido. El equivalente en el derecho anglosajón. de 17 de noviembre de 2009. que coadyuvó a la condena del Reino Unido en el procedimiento citado. Germany.justice. Vid. el rehabilitador. por cuanto también aquí el condenado que ya ha cumplido condena deberá permanecer privado de libertad por tiempo indeterminado hasta que deje de representar un peligro para la sociedad.uk/news/press-releases/parole-board 19 . pudiera cumplirse. Con una denominación distinta que en el Reino Unido. La EM del Anteproyecto estudiado justifica la introducción de esta medida en la lucha contra los delincuentes peligrosos que sean condenados por algún delito de especial gravedad. Revista para el análisis del derecho. fue el estimar que el gobierno británico no puso los medios necesarios impidiendo así que uno de los objetivos de la “Criminal Justice Act” de 2003. y obtener así su libertad definitiva o condicional. que se ve incrementado por el coste de los cursos y terapias educacionales que dan sentido al sistema porque constituyen el instrumento habilitado para que el condenado a una “indeterminate-sentence” esté en condiciones de “probar” la desaparición o reducción de su peligrosidad hasta límites reputados soportables para el bien público protegido. James. en la búsqueda de la neutralización del sujeto tenido por peligroso. las IPP que ya hemos mencionado. Robles Planas.5 millones de libras esterlinas (más de 13 de millones de euros).. no sólo deja al descubierto las insuficiencias y contradicciones conceptuales de un mecanismo punitivo encadenado a otro preventivo aplicado sucesivamente como reacción a un mismo hecho delictivo. se opta por una técnica mixta que. sentencia Grosskopf vs. InDret. donde las agencias encargadas del control y vigilancia del cumplimiento de las condenas y las libertades condicionales gozan de una larga tradición.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez esta medida35. y sentencia Haydn vs.vs. el resultado final resulta parecido al de éste. de 18 de septiembre de 2012. Germany. sentencia M. Para el ejercicio 2012/2013.
incluyendo –como luego veremos. y que de tal modo se abandona la esperanza de recuperación de este tipo de delincuente. y el uso que en los países que cuentan con combinados de penas y medidas de cumplimiento sucesivo y copulativo termina dándose a la custodia de seguridad. da la sensación de que a lo que se está queriendo atender. que quedaban así “inocuizados”. con una de las tasas más altas de encarcelamiento y una de las más bajas de criminalidad39 en comparación con los países de nuestro entorno? ¿Los afanes retributivos de la sociedad –tan sencillos.de proporcionar una ajustada y proporcional respuesta penal en el marco de un estado de derecho que exige –por definición. en la obra que se dirá. 46. Pero no caben atajos. los problemas relacionados con la criminalidad de constituir una prioridad para la media de ciudadanos españoles. sería aconsejable reflexionar antes de continuar su andadura.limitar el poder punitivo para hacerlo compatible con la interdicción de penas inhumanas y cumplimientos de duración verosímil. es a la delincuencia con alto riesgo de reincidencia. tanto en su imposición como en su cumplimiento.la modificación de la libertad condicional. Valencia. a nadie se le oculta la dificultad –frente a la magnitud de algunos delitos. para el que tan solo está reservada la inocuación. pág. ¿Vale la pena emprender una reforma penal de tan enorme calado y significación regresiva en un país como España. Más allá de la polémica acerca de si la reforma proyectada consolida o elimina el correctivo vicarial en el supuesto de concurrencia de penas y medidas de seguridad. además. examinada la reforma del sistema de penas en su conjunto. 39La Plataforma “Otro derecho penal es posible” tiene realizados y publicados diversos estudios acerca de la evolución y situación actual desde el punto de vista estadístico de la criminalidad en nuestro país que evidencian esa desproporción y lo lejos que están. La pretendida ausencia de instrumentos legales capaces de ofrecer una respuesta al tratamiento del preso reputado –justificadamente o no. la segregación total de la sociedad. Ciertamente. de la custodia de seguridad por tiempo indeterminado para los “incorregibles”. al afirmar que “una vez que los incorregibles son inocuizados.000…” Muñoz Conde.justifican un incremento tan notable de aflictividad en la respuesta al delito? La reforma emprendida afronta el tratamiento de la delincuencia peligrosa por la técnica de incidir no solo sobre la medida de la pena sino también –y esto es lo inédito hasta ahora-sobre el régimen legal de las medidas de seguridad. de modular y de manipular .: “Edmud Mezger y el derecho penal de su tiempo”. 20 . a la larga. F. 2003. Tirant lo Blanch. La mera ampliación desmesurada de la pena. e incluso del análisis de los pronunciamientos judiciales a nivel internacional que ya han puesto sobre la mesa la necesidad de frenar la vorágine punitivista que la implementación de estas medidas implica si se pretende mantener el respeto a los derechos humanos de los detenidos y presos en un límite acorde con los derechos y garantías elementales reconocidos por la CE y la normativa internacional.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez embargo. en este momento. una vez cumplida 38Citado por el profesor Muñoz Conde: la introducción en la legislación positiva alemana a través de la Ley del delincuente peligroso y habitual de 24 de noviembre de 1933. la pena de muerte es superflua”38. su muerte espiritual. 25. Del uso que hizo el régimen nazi de la custodia de seguridad da cuenta el profesor Muñoz Conde. citando a su vez un trabajo de investigación del penalista Hellmuth Mayer: “No se puede saber ya cuál era el número de los condenados a internamiento de seguridad en 1942. abría la veda a la barbarie que culminó en el proyecto de ley sobre el tratamiento de extraños a la comunidad. en los términos a que se refería hace más de cien años Von Liszt.peligroso.2 de la Constitución. ha llegado a un punto difícil de traspasar sin comprometer seriamente los límites establecidos en el art. Quizás fueran unos 15.
la pretendida reforma del sistema de penas y medidas se introduce en una cuestión recurrente y no despejada en el debate científico y político criminal que ya ocupara buena parte de las discusiones y enfrentamientos entre escuelas hace más de un siglo sin que se haya llegado a zanjar y que. más ocupada en discutir sobre los fines de la pena que en investigar y elaborar con precisión una teoría de la pena misma que quizá hubiera contribuido –de paso. sin embargo. Asua Batarrita resultó casi un anticipo premonitorio de la ulterior sentencia del TEDH. al delito continuado y a la libertad condicional. desde el punto de vista dogmático. España” en su afianzamiento. 21 . El delito continuado y la libertad condicional El recorrido general sobre la reforma del sistema de penas no quedaría completo sin una referencia.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez la pena impuesta ha provocado un giro en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo y la confirmación de su constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. El interesante voto particular de la magistrada Sra. J. siquiera breve. aplicada retroactivamente a delincuentes. 7 en su conexión con el art. en entredicho por el TEDH40. Como sabemos.. e ideada para evitar el castigo (entonces. declarado en la EM del Anteproyecto de la reforma. cuya doctrina va camino de revisarse a la luz de la sentencia. en el momento de escribir estas líneas aún no firme. y la trascendencia de la repetida STEDH del caso “Del Rio Prada vs.a dotar a ese concreto debate de una mirada más profunda y atinada. En suma. “Ejecución de penas y principio de legalidad ante el TEDH”. el tercer pilar sobre el que se asienta el pre-legislador para la consecución del objetivo de la reforma. compromete el ajuste del sistema en su conjunto a las mínimas exigencias constitucionales y las derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. Sea como fuere. Sobre la evolución de la doctrina interpretativa del alcance del art.que el criterio del Pleno no era unánime. 3. InDret 4/2012. caso “Del Río Prada vs. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. de 28 de febrero. España”. La tardía respuesta del TC. ha distraído a la ciencia jurídica. sin 40La llamada “doctrina Parot. aunque ya poco queda del fundamento original de esta institución en el derecho penal moderno: hoy día se estima que el delito continuado es una consecuencia directa de la existencia de un factor final y de una interpretación racional de los tipos. condenados en aplicación del CP de 1973 a penas muy graves. en la Sentencia 40/2012. terroristas o no. 29 de marzo. que dilata su extensión al punto de llegar a convertirla en permanente o indeterminada y que incrementa la carga aflictiva de la pena con la imposición de medidas de seguridad para su cumplimiento conjunto o adicional.3. que pretende evitar consecuencias irracionales e incluso grotescas en su aplicación. “el fortalecimiento en la confianza hacia la Administración de Justicia” Sobre el delito continuado solo haremos una mínima acotación. se trata de una construcción doctrinal vinculada históricamente a los prácticos italianos de los siglos XVI y XVII. la pena de muerte) que en el antiguo régimen se imponía al culpable de un tercer hurto. son numerosos porque-quizá sin valorarlo en toda su significación. que han sido puestos. dictada el 10 de julio de 2012 por el TEDH. los riesgos afrontados con la nueva regulación propuesta. ver Landa Gorostiza. la decidida apuesta del pre-legislador por un sistema penológico que hace de la pena de prisión el eje del castigo penal. en opinión de muchos expertos. constató –como también ocurriera con la STS 197/2006. denegando el amparo instado en el recurso nº 5560/2006. abierta a partir de la STS 197/2006.M. una nueva línea jurisprudencial a partir de una interpretación desfavorable al reo.
coadyuva de manera eficaz la reforma aplicada a la libertad condicional concebida no ya como un beneficio penitenciario sino como una forma de suspensión de la ejecución de la pena de prisión. 22 . Se suele achacar a la entrada en vigor del Código de 1995 la gran caída de la libertad condicional.los condenados por delitos contra la libertad o indemnidad sexuales). En este contexto. fundamentalmente porque este texto legal exige más tiempo de cumplimiento de la pena de 41Se le rechaza. 860 y ss. “Manual de derecho penal. y el rigorismo punitivo aplicado con especial encono en el tratamiento de los delincuentes peligrosos. En esta ocasión.a los parámetros de lo que llama “el derecho comparado”.Para terminar de limitar todavía más su ámbito. el art.. condenados a penas no superiores a los tres años de duración. la revocación no permitirá el ´computo del tiempo transcurrido como de cumplimiento. en esa línea. citados por ZAFFARONI en su Manual de Derecho Penal. es la definitiva vuelta de tuerca en la apuesta por la inocuización de este tipo de delincuencia.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez embargo. parte general). 74 se modifica para incorporar los requerimientos jurisprudenciales más reivindicados. parágrafo 58. hacer esfuerzos científicos para perfeccionar el concepto. Parte General”. y por todas. se convierta en un horizonte inasible para muchos presos. 2005. cuando lo apropiado sería. desde la idea de que mediante esta figura se contradice el principio de culpabilidad y se privilegia indebidamente al autor del delito (SCHULTZ. es raro que en los repetidos proyectos de reformas del vigente Código Penal no se haya visto afectado. de manera que la prisión se sitúe siempre como telón de fondo. La nueva regulación propuesta de la libertad condicional merece también siquiera un breve comentario. son explicados en la EM del Anteproyecto vinculándolos a la nueva conformación del concurso en el afán incansable de ir acercándonos -también en esta figura. en opinión de Zaffaroni. o SCHMIDHAUSER. Ediar. de 11 de Septiembre de 2007. porque entronca con lo que nos parece el objetivo prioritario de la reforma. del modo ya dicho. en unos términos tan confusos como los que siguen: “… será castigado como autor de un delito continuado con una pena superior a la pena mínima que habría sido impuesta en el caso concreto para la infracción más grave y que no exceda de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones…”. la consolidación de la pena de prisión como la “pena-reina” del sistema. STS 600/2007. y se revisa el sistema de fijación de la pena. entre otras. lo cierto es que provoca el rechazo de ciertos sectores doctrinales41 y la tendencia al acotamiento en su aplicación por parte de los tribunales de justicia42. JESCHECK. y la libertad –con o sin condición-. como decimos. salvo las constitutivas de infracciones contra el honor”. y los duros requisitos actuales para su concesión aún se exasperan más43. Con tal finalidad. A lo que. 42Vid. Vid. Los motivos del gobierno. en detrimento de respuestas reinsertoras y reeducadoras. de uno u otro modo. Así las cosas. fundamentalmente la cercanía en el tiempo y en el espacio de la pluralidad de acciones u omisiones a los que se aplica. su regulación tras la reforma de la libertad condicional. se excluye su aplicación en “las ofensas contra la indemnidad o libertad sexual. 43Solo la previsión contenida en el nuevo apartado 3 del art. 90 merece una valoración positiva: pensada para delincuentes primarios (exceptuados –casi es una obviedad mencionarlo a estas alturas. págs. propugnando su abandono. o contra cualesquiera otros bienes eminentemente personales. que hayan extinguido la mitad de su condena y desarrollado actividades laborales. culturales u ocupacionales. se limitan los supuestos a los que se aplica.
No deja de resultar descorazonador el olvido –por no decir el menosprecio. ahondando en la senda ya dibujada por las reformas penales anteriores. esté en modo alguno acreditada su eficacia tanto en términos de prevención general como.9: se concedieron. 2005.Tal como se están desarrollando los acontecimientos es de temer que la tendencia al descenso en la concesión de libertades con condición observada desde hace años. sí cabe colegir que para los de alto riesgo. Sin embargo. 45 Expresión literal del magistrado Sr. es altamente efectiva. en lo que a la modificación del sistema de penas se refiere.de los gobiernos y del legislador hacia los estudios criminológicos en la toma de decisiones de política criminal. Fuente: Revista española de Investigación Criminológica. bien mediante la combinación de ésta con la custodia permanente o la libertad vigilada. de prevención especial. José Cid y Beatriz Tebar. se situó en 11. representa la apuesta del ejecutivo por tratar la delincuencia peligrosa o de alto riesgo mediante la prolongación de la condena. “Libertad condicional y delincuentes de alto riesgo”. particularmente desde el año 2003. 07-11. en claro desafío a los valores y principios constitucionales internos y a la normativa internacional de los derechos humanos (particularmente las recomendaciones en esta materia del Consejo de Europa46). sobre todo si se combina con una eficaz intervención rehabilitadora. núm. se ha consolidado y que la reforma anunciada puede terminar convirtiendo a la libertad condicional es una especie de excepción residual en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad. bien por la vía de la pena privativa de libertad indeterminada. pues. sin que. en un lapso de 12 años. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. 23 . Corolario Así pues. abandonando sin disimulos el modelo garantista apoyado en la preparación progresiva para la vida en libertad para abrazar “las tendencias político-criminales de la seguridad”45. que normalmente guardará relación con la de los hechos cometidos. y publicados en su página web. las libertades condicionales por cada 100 condenados fue de 25. Una auténtica desgracia tanto si se contempla desde la perspectiva de la prevención general como de la especial.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez prisión que el derogado Código de 197344. Por otro lado. Pero lo que resulta aún más determinante es el riesgo de reincidencia en el penado. muy especialmente. todo apunta a que la reforma contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. Universidad Autónoma de Barcelona. por lo demás. los estudios realizados sobre esta materia parecen indicar que los factores que más inciden en la decisión sobre la concesión o no de la libertad condicional están relacionados con la gravedad de la pena impuesta.6 y en 2009. 4. fundamentadas en la intimidación y el aislamiento social. nº 8 de 2010. Subijana Zunzunegui en el análisis del fundamento de las sanciones penales que antecede a su estudio sobre “el juez en la ejecución de las penas privativas de libertad”. Sólo la introducción de la prisión permanente revisable (acompañada del endurecimiento de la 44En 1996. 46 Resulta particularmente interesante en este sentido revisar las propuestas sobre el sistema de penas y el manifiesto sobre la libertad vigilada elaborados por el Grupo de Estudios de Política Criminal. con una progresión en constante decrecimiento. de lo que da buena cuenta la reforma ahora propuesta. mientras que la efectividad de la libertad condicional con los delincuentes de bajo riesgo de reincidencia no ofrece resultados concluyentes. menos de la mitad.
A fecha 12 de octubre de 2012. En concreto. el balance final que arroja el informe sobre la criminalidad de 2012. lo que constituye un descenso de un 0. En la página web de la Fiscalía General del Estado. el número total de presos en las cárceles españolas asciende a 69. Guardia Civil. se puede consultar la memoria del año 2012. todavía hoy opúsculo seguro al que asirse en momentos de zozobra y tribulación: “La libertad del ciudadano depende principalmente de que las leyes criminales sean buenas”. En la página web de la Fiscalía General del Estado. 48 24 . Ertzaintza y Mossosd’Esquadra. Guardia Civil. Para el Ministerio.7% con respecto al año anterior…”. y los cinco años anteriores y constatar el mismo fenómeno y conclusiones parecidas. en un proceso semejante al acaecido en otros países de nuestro entorno o en el experimentado en España los dos últimos años con la libertad vigilada. “es positivo y viene a manifestar y constatar que la incidencia de la criminalidad en España se mantiene entre las más bajas de la Unión Europea. 47Ver en la web del ministerio del interior la evolución de la delincuencia en España en los últimos años a través de los balances de criminalidad desde 2010 hasta el 2012. En concreto.InDret 2/2013 Concepción Sáez Rodríguez condiciones de ejecución de las penas privativas de libertad.665 delitos y faltas. También puede obtenerse más información sobre las estadísticas criminales en España en los trabajos publicados en la web de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. el resumen del balance de criminalidad del año 2012. Policía Foral de Navarra. ofrece datos relativos a infracciones penales por hechos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía.268. una cifra altísima que no guarda proporción con los índices de criminalidad que se manejan en el propio Ministerio. de un país empobrecido por una crisis financiera sin precedentes y sin señales de recuperación a medio plazo. La introducción de la custodia de seguridad para delitos castigados con penas graves. y con unos índices de criminalidad que desde instituciones como la Fiscalía General del Estado y organismos dependientes del mismo gobierno que está impulsando la reforma penal. En el año 2012 se han registrado en España un total de 2. y un incremento inasumible por excesivo y por innecesario en el presupuesto estatal de la partida en gastos de seguridad. Ertzaintza y Mossosd’Esquadra.400. “es positivo y viene a manifestar y constatar que la incidencia de la criminalidad en España se mantiene entre las más bajas de la Unión Europea. lo que constituye un descenso de un 0.7% con respecto al año anterior…”. pero combinada con medidas de seguridad fundamentadas en pronósticos de futuro. También puede obtenerse más información sobre las estadísticas criminales en España en los trabajos publicados en la web de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. el resumen del balance de criminalidad del año 2012. se estiman reducidos y en progresión decreciente48. Policía Foral de Navarra. Comenzábamos este documento con una cita de “El espíritu de las Leyes” y podríamos muy bien cerrarlo con otra del mismo texto. 47 Ver en la web del ministerio del interior la evolución de la delincuencia en España en los últimos años a través de los balances de criminalidad desde 2010 hasta el 2012. en general) revelaría un grave retroceso del paradigma garantista. adiciona una carga excesiva de incertidumbre e irracionalidad a la compleja tarea de interpretación y ejecución judicial. haciéndonos temer el desbordamiento de los centros penitenciarios47. se puede consultar la memoria del año 2012. según datos de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. permite avistar el grave riesgo de que se esté dando entrada en un futuro no muy lejano a su aplicación también a las infracciones menos graves. publicado en esa página el 15 de febrero de 2013. el balance final que arroja el informe sobre la criminalidad de 2012. ofrece datos relativos a infracciones penales por hechos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía. publicado en esa página el 15 de febrero de 2013.665 delitos y faltas. como ahora veremos. Para el Ministerio.268. En el año 2012 se han registrado en España un total de 2. y los cinco años anteriores y constatar el mismo fenómeno y conclusiones parecidas.
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