Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:163:FULL&from=RO
Timestamp: 2020-01-29 20:45:26+00:00

Document:
Diario Oficial L 163/2015
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1018 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2015
por el que se establece una lista de clasificación de los sucesos en la aviación civil de notificación obligatoria de conformidad con el Reglamento (UE) no 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
Visto el Reglamento (UE) no 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) no 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) no 1321/2007 y (CE) no 1330/2007 (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 5,
El Reglamento (UE) no 376/2014 impone la creación de sistemas de notificación de sucesos a los niveles de organización, Estado miembro y la Unión con vistas a la notificación, recogida, almacenamiento, protección, intercambio, difusión y análisis de la información pertinente sobre seguridad de la aviación civil. El Reglamento establece asimismo normas que limitan el uso de la información recogida a la mejora de la seguridad de la aviación y que protegen adecuadamente al notificante y a las personas mencionadas en las notificaciones de sucesos con vistas a garantizar la disponibilidad continuada de la información de seguridad. El Reglamento (UE) no 376/2014 se aplica a todas las aeronaves definidas y cubiertas por dicho Reglamento, incluidas las aeronaves tripuladas y las aeronaves pilotadas por control remoto (RAPS).
De conformidad con el párrafo primero del artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) no 376/2014, la Comisión está obligada a adoptar una lista de clasificación de los sucesos a la que procederá remitirse para la notificación de sucesos con arreglo a los sistemas de notificación obligatoria establecidos en dicho Reglamento, y que correspondan a las categorías mencionadas en el artículo 4, apartado 1 de este Reglamento. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) no 376/2014, la Comisión deberá incluir asimismo una segunda lista de clasificación de sucesos aplicables a las aeronaves distintas de las aeronaves complejas propulsadas por motores. Esta segunda lista deberá adaptarse, si procede, a las especificidades de ese sector de la aviación.
La división en categorías de los sucesos de obligada notificación prevista en el Reglamento (UE) no 376/2014 fue establecida para permitir la identificación, por las personas designadas por este Reglamento, de los sucesos que debe notificar cada una de ellas. En consonancia con ese objetivo, las listas de sucesos deben dividirse atendiendo a las categorías a las que los notificantes deben remitirse, según su situación respectiva, de conformidad con el Reglamento (UE) no 376/2014.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 65 del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
La clasificación detallada de los sucesos a la que habrá que remitirse cuando se notifiquen sucesos mediante los sistemas de notificación obligatoria, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 376/2014, figura en los anexos I a IV del presente Reglamento.
Será aplicable a partir del 15 de noviembre de 2015.
Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2015.
(1) DO L 122 de 24.4.2014, p. 18.
(2) Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO L 79 de 19.3.2008, p. 1).
SUCESOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA AERONAVE
Observación: El presente anexo está estructurado de tal manera que los sucesos pertinentes están relacionados con las categorías de actividades durante las que, por experiencia, dichos sucesos se observan normalmente, a fin de facilitar su notificación. No obstante, esta presentación no debe ser interpretada en el sentido de que esos sucesos no deben ser notificados si se producen fuera de la categoría de actividades con la que están relacionados en la lista.
1. OPERACIONES AÉREAS
1.1. Preparación del vuelo
Uso de datos incorrectos o introducción errónea de datos en los equipos usados para la navegación o los cálculos de las actuaciones de la aeronave que han puesto, o que podrían haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Transporte o intento de transporte de mercancías peligrosas en violación de las normas aplicables, incluidos el etiquetado, el embalaje y la manipulación incorrectos de mercancías peligrosas.
1.2. Preparación de la aeronave
Tipo de combustible incorrecto o combustible contaminado.
Falta de tratamiento de deshielo o anti-hielo, o tratamiento incorrecto o inadecuado.
1.3. Despegue y aterrizaje
Salida de calle de rodadura o de pista.
Incursión real o potencial en calle de rodadura o pista.
Incursión en área de aproximación final y despegue («FATO»).
Cualquier despegue abortado.
Incapacidad de lograr las actuaciones requeridas o previstas durante el despegue, la maniobra de motor y al aire, o el aterrizaje.
Despegue, aproximación o aterrizaje, o intento de despegue, aproximación o aterrizaje, con parámetros de configuración incorrectos.
Golpe con la cola, palas de la hélice, punta alar o góndola de motor durante el despegue o el aterrizaje.
Continuación de la aproximación contra los criterios de aproximación estabilizada del operador aéreo.
Continuación de una aproximación instrumental por debajo de los mínimos publicados con referencias visuales inadecuadas.
Aterrizaje preventivo o forzoso.
Aterrizaje corto o aterrizaje largo.
1.4. Cualquier fase de vuelo
Posición anormal, superación de la actitud de cabeceo normal, ángulo de alabeo o velocidad aerodinámica inadecuados para las condiciones de vuelo.
Desvío del nivel de vuelo autorizado.
Activación de cualquier protección de la envolvente de vuelo, incluidos el aviso de entrada en pérdida, avisadores integrados en la palanca de control (stick shaker/stick pusher) y protecciones automáticas.
La desviación no intencionada de la trayectoria prevista o asignada del doble de la performance de navegación requerida o de 10 millas náuticas, lo que sea menor.
Superación de las limitaciones del manual de vuelo de la aeronave.
Operación con reglaje incorrecto del altímetro.
Sucesos relacionados con el impacto del chorro de un reactor o de una hélice que han puesto, o que podrían haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Interpretación incorrecta de los automatismos o de cualquier información de la cabina de vuelo facilitada a la tripulación de vuelo que han puesto, o que podrían haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
1.5. Otros tipos de sucesos
Suelta no intencionada de carga o de otros equipos transportados externamente.
Pérdida de conciencia situacional (incluidos la conciencia del entorno, los sistemas y su modo de operación, la desorientación espacial y el horizonte temporal).
Cualquier suceso en el que el desempeño humano haya contribuido, o podría haber contribuido, de forma directa a un accidente o a un incidente grave.
2. SUCESOS TÉCNICOS
2.1. Estructura y sistemas
Desprendimiento de cualquier parte de la estructura de la aeronave en vuelo.
Pérdida de un sistema.
Pérdida de la redundancia de un sistema.
Fuga de un líquido que provoque un peligro de incendio o la posible contaminación peligrosa de la estructura, los sistemas o los equipos de la aeronave, o que han puesto, o que podrían haber puesto en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Malfuncionamiento o defectos del sistema de combustible que hayan tenido repercusiones significativas sobre el abastecimiento y/o la distribución del combustible.
Malfuncionamiento o defecto de cualquier sistema de aviso que dé lugar a indicaciones engañosas para la tripulación.
Funcionamiento anormal de los controles de vuelo, como controles de vuelo asimétricos o atascados [por ejemplo: dispositivos hipersustentadores (flaps/slats), aumento de la resistencia aerodinámica (spoilers), dispositivos de control de actitud (alerones, timones de profundidad y de dirección)].
2.2. Sistemas de propulsión (incluidos motores, hélices y rotores) y unidades de potencia auxiliar (APU)
Fallo o malfuncionamiento significativo de cualquier pieza o control de una hélice, rotor o grupo motopropulsor.
Daño o fallo en el rotor principal o rotor de cola, la transmisión y/o los sistemas equivalentes.
Apagado o parada en vuelo de cualquier motor o del APU cuando este sea requerido [por ejemplo: operaciones de alcance extendido de las aeronaves bimotor («ETOPS»), lista de equipo mínimo («MEL»)].
Superación de los límites de funcionamiento del motor, incluidos el exceso de velocidad o la incapacidad de controlar la velocidad de cualquier componente rotatorio de alta velocidad (por ejemplo: APU, arrancador neumático, sistema de refrigeración de aire, turbina de motor, hélice o rotor).
Fallo o malfuncionamiento de cualquier pieza de un motor, grupo motopropulsor, APU o transmisión que provoque uno o más de los sucesos siguientes:
no respuesta de las reversas de empuje al ser accionadas;
incapacidad de controlar la potencia, el empuje o las revoluciones por minuto;
no contención de componentes o restos.
3. INTERACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS) Y LA GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (ATM)
Autorización ATC (control del tráfico aéreo) insegura.
Pérdida prolongada de comunicación con el ATS (servicio de tránsito aéreo) o la unidad ATM.
Instrucciones contradictorias de unidades ATS diferentes que puedan dar lugar a una pérdida de separación.
Malinterpretación de una comunicación por radio que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Desviación intencionada de una instrucción ATC que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
4. EMERGENCIAS Y OTRAS SITUACIONES CRÍTICAS
Cualquier suceso que dé lugar a una declaración de emergencia (llamada «MAYDAY» o «PAN»).
Cualquier combustión, fusión, humos, emanaciones, arco eléctrico, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
Aire contaminado en la cabina de vuelo o en el compartimento de pasajeros que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Falta de aplicación del procedimiento correcto para situaciones no habituales o anormales por parte de la tripulación de vuelo o de cabina para gestionar una situación de emergencia.
Uso de un procedimiento de emergencia o para situaciones anormales que afecte a las prestaciones en vuelo o de aterrizaje.
Fallo de un sistema o equipo de emergencia o rescate que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Presión de cabina incontrolable.
Cantidad críticamente baja de combustible o cantidad de combustible en destino inferior a la cantidad de combustible de reserva final exigida.
Cualquier uso por parte de la tripulación de su sistema de oxígeno.
Incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina que tenga como consecuencia la reducción de esta por debajo del número mínimo de tripulación certificada.
Fatiga de la tripulación que repercute o pueda repercutir en su capacidad de llevar a cabo de forma segura sus funciones en vuelo.
5. ENTORNO EXTERIOR Y METEOROLOGÍA
Una colisión o cuasi colisión, en tierra o en el aire, con otra aeronave, el terreno o un obstáculo (1).
Avisos de resolución («RA») del sistema anticolisión de a bordo («ACAS»).
Activación de un «aviso» de genuino de un sistema de prevención de colisiones contra el terreno, tal como el sistema de alerta de proximidad al suelo («GPWS») o el sistema de advertencia y alarma de terreno («TAWS»).
Colisión con fauna, incluida la colisión con aves.
Daños provocados por objetos extraños o restos («FOD»).
Encuentro inesperado con malas condiciones de la superficie de la pista.
Encuentro con turbulencias de estela.
Interferencia con la aeronave mediante armas de fuego, fuegos artificiales, cometas, luces láser, luces láser de alta potencia, sistemas de aeronave pilotada a distancia, aeromodelos o por medios similares.
Impacto de rayo que haya resultado en daños a la aeronave o la pérdida o malfuncionamiento de un sistema de la aeronave.
Encuentro con granizo que haya resultado en daños a la aeronave o la pérdida o malfuncionamiento de un sistema de la aeronave.
Encuentro con turbulencia severa o cualquier encuentro que resulte en lesiones a los ocupantes o que requiera una comprobación por encuentro con turbulencia («Turbulence check») de la aeronave.
Encuentro con cizalladura o cortante de viento (windshear) o tormenta que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Encuentro con condiciones de engelamiento que resulte en dificultades de manejo, daños a la aeronave o la pérdida o malfuncionamiento de un sistema de la aeronave.
Encuentro con cenizas volcánicas.
6. SEGURIDAD (FÍSICA)
Amenaza de bomba o secuestro.
Dificultad en controlar pasajeros ebrios, violentos o indisciplinados.
Descubrimiento de un polizón.
(1) Un obstáculo puede ser un vehículo.
SUCESOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS AERONAVES
1. FABRICACIÓN
Los productos, componentes o equipos entregados por la organización de producción con desviaciones respecto de los datos de diseño aplicables que pudieran dar lugar a una situación potencial de inseguridad identificada por el titular del certificado de tipo o de la homologación del diseño.
Cualquier fallo, malfuncionamiento, defecto u otro suceso relacionado con un producto, componente o equipo que ha dado lugar o que podría dar lugar a una situación de inseguridad.
Observación: La presente lista es aplicable a los sucesos que ocurran en un producto, componente o equipo comprendido en un certificado de tipo, certificado de tipo restringido, certificado de tipo suplementario, autorización ETSO, aprobación de diseño de una reparación importante o cualquier otra aprobación pertinente que se considere expedida en virtud del Reglamento (UE) no 748/2012 de la Comisión (1).
3. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA
Daños estructurales graves (por ejemplo: grietas, deformación permanente, exfoliación, desunión, desgaste excesivo, o corrosión) detectados durante el mantenimiento de la aeronave o componente.
Fuga o contaminación grave de líquidos (por ejemplo: fluido hidráulico, combustible, aceite, gasolina u otros líquidos).
Fallo o malfuncionamiento de cualquier parte de un motor o grupo motopropulsor y/o transmisión que provoque uno o más de los sucesos siguientes:
falta de contención de componentes o restos;
fallo en la estructura de soporte del motor.
Daño, fallo o defecto de la hélice que pueda provocar la separación en vuelo de la misma o de gran parte de la misma y/o malfuncionamiento del control de la hélice.
Daño, fallo o defecto del acoplamiento de las palas de los rotores o de la caja de transmisión del rotor principal que pueda provocar la separación en vuelo del conjunto del rotor y/o malfuncionamiento del control del rotor.
Malfuncionamiento significativo de un sistema o equipo crítico de seguridad, incluido el sistema o equipo de emergencia durante la prueba de mantenimiento, o fallo en la activación de estos sistemas tras el mantenimiento.
Montaje o instalación incorrectos de componentes de la aeronave detectados durante una inspección o procedimiento de prueba no destinado a ese propósito específico.
Evaluación incorrecta de un defecto grave, o incumplimiento grave de los procedimientos de la lista de equipo mínimo («MEL») y del libro de registro técnico de la aeronave («ATL»).
Daño grave del sistema de interconexión de cableado eléctrico («EWIS»).
Cualquier defecto que provoque la retirada de una pieza crítica de vida límite antes de la plena terminación de la vida límite de la pieza.
El uso de productos, componentes o materiales de origen desconocido o sospechoso, o de componentes críticos no aptos para el servicio.
Datos o procedimientos de mantenimiento aplicables engañosos, incorrectos o insuficientes, incluidos los de carácter lingüístico, que puedan inducir a errores de mantenimiento significativos.
Control o aplicación incorrectos de las limitaciones de mantenimiento o del mantenimiento programado de la aeronave.
Puesta en servicio tras mantenimiento de una aeronave con una no-conformidad que ponga en peligro la seguridad del vuelo.
Daños graves causados a una aeronave durante las actividades de mantenimiento debido a un mantenimiento incorrecto o al uso de equipos de apoyo en tierra inadecuados o no aptos para el servicio que exigen intervenciones de mantenimiento adicionales.
Sucesos de combustión, fusión, humos, emanaciones, arcos eléctricos, sobrecalentamiento o incendio detectados.
Cualquier suceso en el que el desempeño humano, incluida la fatiga del personal, haya contribuido de forma directa, o podría haber contribuido, a un accidente o a un incidente grave.
Un malfuncionamiento significativo, un problema de fiabilidad o recurrente de calidad de grabación que afecte a un sistema registrador de vuelo (tal como un registrador de datos de vuelo, un sistema registrador por enlace de datos o un sistema registrador de voz en cabina de vuelo) o la falta de información necesaria para garantizar la aptitud para el servicio de un sistema registrador de vuelo.
SUCESOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA
Observación: El presente anexo está estructurado de tal manera que los sucesos pertinentes están relacionados con las categorías de actividades durante las que, por experiencia, dichos sucesos se observan normalmente, a fin de facilitar la notificación de dichos sucesos. No obstante, esta presentación no debe ser interpretada en el sentido de que esos sucesos no deben ser notificados si se producen fuera de la categoría de actividades con la que están relacionados en la lista.
1. SUCESOS RELACIONADOS CON LAS AERONAVES
Una colisión o cuasi colisión, en tierra o en el aire, entre una aeronave y otra aeronave, el terreno o un obstáculo (1), incluido un cuasi impacto con el terreno sin pérdida de control (cuasi CFIT).
Infracción de distancia mínima de separación (2).
Separación inadecuada (3).
Avisos de resolución («RA») ACAS;
Desviación de la aeronave de la autorización dada por el control de tránsito aéreo (ATC).
Desviación de la aeronave de la normativa aplicable en materia de gestión del tránsito aéreo (ATM):
desviación de la aeronave de los procedimientos aplicables publicados en materia de ATM;
violación del espacio aéreo, incluida la penetración sin autorización de espacio aéreo;
desviación de lo prescrito en la normativa aplicable en relación con el embarque y la operación de equipos de la aeronave relacionados con el ATM.
Sucesos relacionados con la confusión de indicativos de llamada.
2. DEGRADACIÓN O PÉRDIDA TOTAL DE SERVICIOS O FUNCIONES
Incapacidad de prestar servicios de ATM o de ejercer funciones de ATM:
incapacidad de prestar servicios de tránsito aéreo o de ejercer funciones de servicios de tránsito aéreo;
incapacidad de prestar servicios de gestión del espacio aéreo o de ejercer funciones de gestión del tránsito aéreo;
incapacidad de prestar servicios de gestión de la afluencia del tránsito aéreo y de capacidad o de ejercer las funciones de gestión de la afluencia de tránsito aéreo y de capacidad.
Información incompleta o significativamente incorrecta, corrompida, inadecuada o engañosa de un servicio de apoyo (4), incluida la relacionada con las malas condiciones de la superficie de la pista.
Fallo del servicio de comunicación.
Fallo del servicio de vigilancia.
Fallo de la función o del servicio de procesamiento y distribución de datos.
Fallo del servicio de navegación.
Fallo de seguridad física del sistema ATM que ha tenido, o que podría haber tenido, un impacto negativo directo en la prestación segura del servicio.
Sobrecarga significativa del sector o de la posición ATS que provoque el deterioro potencial de la prestación del servicio.
La recepción o interpretación incorrecta de comunicaciones importantes, incluida la debida a la falta de comprensión del idioma utilizado, cuando ello ha tenido, o podía haber tenido, un impacto negativo directo sobre la prestación segura del servicio.
Pérdida prolongada de comunicación con una aeronave o con otra unidad ATS.
3. OTROS SUCESOS
Declaración de emergencia (llamada «MAYDAY» o «PAN»).
Interferencia externa significativa con los servicios de navegación aérea [por ejemplo, las emisiones en frecuencia modulada (FM) de estaciones de radio que interfieren con el sistema de aterrizaje por instrumentos («ILS»), el radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia («VOR») y las comunicaciones].
Interferencia con una aeronave, una unidad ATS o una transmisión de radiocomunicación mediante, entre otras, armas de fuego, fuegos artificiales, cometas, luces láser, luces láser de alta potencia, sistemas de aeronave pilotada a distancia, aeromodelos, o medios similares.
Vaciado de combustible en vuelo (Fuel dumping).
La fatiga que repercuta, o que pueda repercutir, en la capacidad de ejercer de forma segura las funciones de navegación aérea o tránsito aéreo.
Cualquier suceso en el que el desempeño humano haya contribuido de forma directa, o podría haber contribuido, a un accidente o a un incidente grave.
(2) Referencia a la situación en que no se respetó la separación mínima prescrita entre aeronaves o entre la aeronave y el espacio aéreo respecto del cual hay una separación mínima prescrita.
(3) En ausencia de separación mínima prescrita, situación en la que se perciba que dos aeronaves se hayan aproximado demasiado como para que los pilotos pudieran garantizar una separación mínima segura.
(4) Por ejemplo: servicio de tránsito aéreo (ATS), servicio automático de información terminal (ATIS), servicios meteorológicos, bases de datos de navegación, mapas, cartas de navegación, servicios de información aeronáutica (AIS), manuales.
SUCESOS RELACIONADOS CON LOS AERÓDROMOS Y LOS SERVICIOS EN TIERRA
1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE UN AERÓDROMO
Observación: La presente sección está estructurada de tal manera que los sucesos pertinentes están relacionados con las categorías de actividades durante las que, por experiencia, dichos sucesos se observan normalmente, a fin de facilitar su notificación. No obstante, esta presentación no debe ser interpretada en el sentido de que esos sucesos no deben ser notificados si se producen fuera de la categoría de actividades con la que están relacionados en la lista.
1.1. Sucesos relacionados con aeronaves y obstáculos
Una colisión o cuasi colisión, en tierra o en el aire, entre una aeronave y otra aeronave, el terreno o un obstáculo (1).
Incursión o salida del área de aproximación final y despegue («FATO»).
Operación de una aeronave o vehículo haciendo caso omiso de una autorización, instrucción o restricción en el área de movimiento de un aeródromo (por ejemplo: uso de pista o calle de rodadura incorrecta o parte restringida de un aeródromo).
Objeto extraño en el área de movimiento que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Presencia de obstáculos en el aeródromo o en las proximidades del aeródromo no indicados en el AIP (publicación de información aeronáutica) o mediante NOTAM (avisos a navegantes) y/o que no están marcados o iluminados adecuadamente.
Retroceso asistido (push-back), retroceso autónomo con motor (power-back), o rodaje interferidos por un vehículo, equipo o persona.
Pasajeros o personas no autorizadas dejados sin supervisión en la zona de estacionamiento de aeronaves.
Impacto del chorro de un reactor, o de la corriente de aire de un rotor principal o ráfaga de una hélice.
1.2. Degradación o pérdida total de servicios o funciones
Pérdida o fallo de comunicación entre:
el aeródromo, un vehículo u otro personal de tierra y la unidad de servicios de tránsito aéreo o la unidad del servicio de gestión de la zona de plataforma;
la unidad del servicio de gestión de la zona de plataforma y una aeronave, vehículo o la unidad de servicios de tránsito aéreo.
Fallo, malfuncionamiento o defecto significativos de un equipo o sistema del aeródromo que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona;
Deficiencias significativas en la iluminación, señalización visual o carteles de aeródromo.
Fallo del sistema de alerta de emergencia del aeródromo.
Servicios de rescate y de lucha contra incendios no disponibles conforme a los requisitos aplicables.
1.3. Otros sucesos
Incendio, humo o explosiones en las instalaciones y equipo del aeródromo y sus proximidades, que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Sucesos relacionados con la seguridad física del aeródromo (por ejemplo: entrada ilícita, sabotaje, amenaza de bomba).
No comunicación de un cambio significativo en las condiciones de operación del aeródromo que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Falta de servicio de deshielo y/o anti-hielo, o tratamiento incorrecto o inadecuado.
Derrame significativo durante los repostajes de combustible.
Carga de un tipo de carburante u otros líquidos esenciales contaminados o incorrectos (incluidos oxígeno, nitrógeno, aceite y agua potable).
Incapacidad de solventar malas condiciones de la superficie de la pista.
2. ASISTENCIA EN TIERRA DE UNA AERONAVE
2.1. Sucesos relacionados con aeronaves y aeródromos
Una colisión o cuasi colisión, en tierra o en el aire, entre una aeronave y otra aeronave, el terreno o un obstáculo (2).
Incursión en pista o calle de rodadura.
Salida de pista o calle de rodadura.
Contaminación significativa de la estructura, los sistemas o el equipo de la aeronave derivada del transporte de equipaje, correo o carga;
2.2. Degradación o pérdida total de servicios o funciones
Pérdida o fallo de comunicación con una aeronave, un vehículo, la unidad de servicios de tránsito aéreo o la unidad del servicio de gestión de la zona de plataforma.
Fallo, malfuncionamiento o defecto significativos de un equipo o sistema del aeródromo que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
2.3. Sucesos específicos de la asistencia en tierra
Carga o distribución incorrectas de pasajeros, equipajes, correo o carga que pueda tener consecuencias significativas para el peso y/o el equilibrio de la aeronave (incluidos errores significativos en los cálculos de la hoja de carga).
Equipo de embarque retirado suponiendo un peligro para los ocupantes de la aeronave.
Estiba o sujeción incorrecta de equipajes, correo o carga que pueda suponer cualquier tipo de peligro para la aeronave, su equipo o sus ocupantes o dificultar una evacuación de emergencia.
Transporte, intento de transporte o manipulación de mercancías peligrosas que han puesto en peligro, o que podrían haber puesto en peligro, la seguridad de la operación, o haber dado lugar a una situación de inseguridad (por ejemplo: incidente o accidente imputable a mercancías peligrosas según la definición de las Instrucciones Técnicas de la OACI (3)).
Incumplimiento de un correcto embarque/desembarque de equipajes y sus correspondientes pasajeros.
Incumplimiento de los procedimientos requeridos de asistencia y mantenimiento en tierra de las aeronaves, especialmente de los procedimientos de deshielo, reabastecimiento, o carga, incluidos el posicionamiento incorrecto o la retirada de equipos.
Derrame significativo durante los reabastecimientos de combustible.
Carga de cantidades incorrectas de combustible que puedan tener consecuencias significativas para la autonomía, prestaciones, equilibrado o resistencia estructural de la aeronave.
Fallo, malfuncionamiento o defecto de equipos de tierra utilizados para la asistencia en tierra que tengan o puedan tener como consecuencia daños a la aeronave [por ejemplo: barra de arrastre o unidad de potencia en tierra («GPU»)].
Daños a la aeronave provocados por equipos o vehículos de asistencia en tierra, incluidos los daños no declarados con anterioridad.
(2) Un obstáculo puede ser un vehículo.
(3) Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (OACI-Doc. 9284).
SUCESOS RELACIONADOS CON AERONAVES DISTINTAS DE LAS MOTOPROPULSADAS COMPLEJAS, INCLUIDOS LOS PLANEADORES Y LOS VEHÍCULOS MÁS LIGEROS QUE EL AIRE
A efectos del presente anexo, se entenderá por:
a) «aeronave distinta de una aeronave motopropulsada compleja»: una aeronave distinta de la definida en el artículo 3, letra j), del Reglamento (CE) no 216/2008;
b) «planeador»: la definición que figura en el artículo 2, punto 117, del Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de la Comisión (1);
c) «vehículos más ligeros que el aire»: la definición que figura en el punto ML10 de la sección «Definiciones de los términos utilizados en esta lista» del anexo de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
1. AERONAVES DISTINTAS DE LAS MOTOPROPULSADAS COMPLEJAS, EXCLUIDOS LOS PLANEADORES Y LOS VEHÍCULOS MÁS LIGEROS QUE EL AIRE
1.1. Operaciones aéreas
Pérdida de control no intencionada.
Aterrizaje fuera de la zona de aterrizaje prevista.
Incapacidad de lograr la actuación de la aeronave prevista en condiciones normales durante el despegue, el ascenso o el aterrizaje.
Incursión en pista.
Salida de pista.
Cualquier vuelo que haya sido efectuado con una aeronave no apta para la navegación aérea, o para el cual la preparación de vuelo no ha sido completada, que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Vuelo no intencionado en condiciones meteorológicas instrumentales (IMC) de una aeronave no certificada de conformidad con las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Suelta no intencionada de carga (3).
1.2. Sucesos técnicos
Fuerte vibración anormal (por ejemplo, flameo del alerón, del timón de profundidad, o de la hélice).
Cualquier control de vuelo que no funcione correctamente o esté desconectado.
Fallo o deterioro sustancial de la estructura de la aeronave.
Pérdida en vuelo de cualquier parte de la estructura o instalación de la aeronave.
Fallo de un motor, rotor, hélice, sistema de combustible u otro sistema esencial.
Fuga de cualquier líquido que pueda provocar riesgo de incendio o una contaminación peligrosa de la estructura, sistemas o equipo de la aeronave o riesgos para los ocupantes.
1.3. Interacción con los servicios de navegación aérea y la gestión del tránsito aéreo
Interacción con los servicios de navegación aérea (por ejemplo: servicios prestados de manera incorrecta, comunicaciones contradictorias o desviación de la autorización) que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro la aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Violación de espacio aéreo.
1.4. Emergencias y otras situaciones críticas
Cualquier suceso que dé lugar a una llamada de emergencia.
Incendio, explosión, humo, gases tóxicos o emanaciones tóxicas en la aeronave.
Incapacitación del piloto que imposibilite la realización de cualquier trabajo.
1.5. Entorno exterior y meteorología
Una colisión en tierra o en el aire, con otra aeronave, el terreno o un obstáculo (4).
Una cuasi colisión, en tierra o en el aire, con otra aeronave, el terreno o un obstáculo (4) que requiera una maniobra de evasión de emergencia para evitar una colisión.
Colisión con fauna, incluidas aves, que provoque daños en la aeronave o la pérdida o malfuncionamiento de cualquier servicio esencial.
Interferencia con la aeronave mediante armas de fuego, fuegos artificiales, cometas, luces láser, luces láser de alta potencia, sistemas de aeronave pilotada a distancia, aeromodelos, o por medios similares.
Impacto de rayo que haya resultado en daños a la aeronave o la pérdida de funciones de la aeronave.
Encuentro con turbulencia severa que resulte en lesiones a los ocupantes o que requiera una comprobación por encuentro con turbulencia (Turbulence check) de la aeronave después del vuelo.
Formación de hielo, incluido el hielo en el carburador, que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro la aeronave, o a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
2. PLANEADORES
2.1. Operaciones aéreas
Pérdida no intencionada de control.
Suceso en el que el piloto del planeador no pudo soltar el cable del torno o el cable de remolque y tuvo que emplear procedimientos de emergencia para hacerlo.
Cualquier suelta del cable del cabrestante o de remolque que ha puesto, o que podría haber puesto, en peligro el planeador, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
En el caso de un motovelero, un fallo de motor durante el despegue.
Cualquier vuelo que haya sido efectuado con un planeador no apto para la navegación aérea, o para el cual la preparación de vuelo no ha sido completada, que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro el planeador, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
2.2. Sucesos técnicos
Fuerte vibración anormal (por ejemplo, flameo del alerón o timón de profundidad, o de la hélice).
Fallo o deterioro sustancial de la estructura del planeador.
Pérdida en vuelo de cualquier parte de la estructura o instalación del planeador.
2.3. Interacción con los servicios de navegación aérea y la gestión del tránsito aéreo
Interacción con los servicios de navegación aérea (por ejemplo: servicios prestados de manera incorrecta, comunicaciones contradictorias o desviación de la autorización) que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro el planeador, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Violaciones de espacio aéreo.
2.4. Emergencias y otras situaciones críticas
Cualquier situación en la que no quede disponible ninguna zona de aterrizaje seguro.
Incendio, explosión, humo, gases tóxicos o emanaciones tóxicas en el planeador.
2.5. Entorno exterior y meteorología
Una colisión en tierra o en el aire, con otra aeronave, el terreno o un obstáculo (5).
Una cuasi colisión, en tierra o en el aire, con una aeronave, el terreno o un obstáculo (5) que requiera una maniobra de evasión de emergencia para evitar una colisión.
Interferencia con el planeador mediante armas de fuego, fuegos artificiales, cometas, luces láser, luces láser de alta potencia, sistemas de aeronave pilotada a distancia, aeromodelos, o por medios similares.
Impacto de rayo que provoque daños en el planeador.
3. VEHÍCULOS MÁS LIGEROS QUE EL AIRE (GLOBOS Y DIRIGIBLES)
3.1. Operaciones aéreas
Cualquier vuelo que haya sido efectuado con un vehículo más ligero que el aire no apto para la navegación aérea, o para el cual la preparación de vuelo no ha sido completada, que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro el vehículo más ligero que el aire, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Apagado permanente no intencionado de la llama piloto.
3.2. Sucesos técnicos
Fallo de cualquiera de los siguientes componentes o controles: tubo de inmersión del cilindro de combustible, polea de la envoltura, cable de control, cable de amarre, fuga en el sellado de la válvula del quemador, mosquetón, daño en el tubo de combustible, válvula de gas de elevación, envoltura o globo compensador, soplador, válvula limitadora de la presión (globo de gas), cabrestante (globos de gas cautivos).
Fuga importante o pérdida de gas de elevación (por ejemplo: porosidad, válvulas de gas de elevación desasentadas).
3.3. Interacción con los servicios de navegación aérea y la gestión del tránsito aéreo
Interacción con los servicios de navegación aérea (por ejemplo: servicios prestados de una manera incorrecta, comunicaciones contradictorias o desviación de la autorización) que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro el vehículo más ligero que el aire, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
3.4. Emergencias y otras situaciones críticas
Incendio, explosión, humo o emanaciones tóxicas en el vehículo más ligero que el aire (aparte de las normales por el funcionamiento del quemador).
Ocupantes del vehículo más ligero que el aire despedidos de la canastilla o barquilla.
Elevación o arrastre no intencionados del personal de tierra, con resultado de muerte o lesiones de una persona.
3.5. Entorno exterior y meteorología
Una colisión o cuasi colisión, en tierra o en el aire, con una aeronave, el terreno o un obstáculo (6) que ha puesto, o podría haber puesto, en peligro el vehículo más ligero que el aire, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
Interferencia con el vehículo más ligero que el aire mediante armas de fuego, fuegos artificiales, cometas, luces láser, luces láser de alta potencia, sistemas de aeronave pilotada a distancia, aeromodelos, o por medios similares.
Encuentro inesperado con malas condiciones meteorológicas que han puesto, o que podrían haber puesto, en peligro el vehículo más ligero que el aire, a sus ocupantes o a cualquier otra persona.
(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) no 1035/2011 y los Reglamentos (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 y (UE) no 255/2010 (DO L 281 de 13.10.2012, p. 1).
(2) Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1).
(3) Este punto se aplica solamente a las operaciones comerciales con arreglo a la definición del artículo 3, letra i), del Reglamento (CE) no 216/2008.
(4) Un obstáculo puede ser un vehículo.
(5) Un obstáculo puede ser un vehículo.
(6) Un obstáculo puede ser un vehículo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1019 DE LA COMISIÓN
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alambres de acero inoxidable originarios de la India, así como el Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013 del Consejo, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado alambre de acero inoxidable originario de la India, y deroga el Reglamento de ejecución (UE) 2015/49
Visto el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base»),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013 del Consejo, de 5 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alambres de acero inoxidable originarios de la India (2), y, en particular, su artículo 2,
A. MEDIDAS VIGENTES
Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013, el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones en la Unión de alambre de acero inoxidable con un contenido en peso:
de níquel superior o igual al 2,5 %, distinto del alambre con un contenido de níquel superior o igual al 28 % pero inferior o igual al 31 % en peso y un contenido de cromo superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 22 % en peso,
de níquel inferior al 2,5 %, distinto del alambre con un contenido de cromo superior o igual al 13 % pero inferior o igual al 25 % en peso y un contenido de aluminio superior o igual al 3,5 % pero inferior o igual al 6 % en peso,
actualmente clasificado con los códigos NC 7223 00 19 y 7223 00 99, y originario de la India («el producto afectado»).
En la investigación que dio lugar al establecimiento de un derecho antidumping definitivo, cooperó un gran número de productores exportadores de la India. Como consecuencia de ello, la Comisión Europea («la Comisión»), seleccionó una muestra de productores exportadores indios para ser investigados.
El Consejo estableció tipos de derechos individuales sobre las importaciones del producto afectado entre el 0 % y el 12,5 % para las empresas incluidas en la muestra y el derecho medio ponderado del 5 % para las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra.
El Consejo estableció también un derecho del 12,5 % a nivel nacional para todas las empresas que no se dieron a conocer o no cooperaron en la investigación.
El artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013 establece que, en el caso de que un nuevo productor exportador de la India aporte pruebas suficientes a la Comisión de que:
no exportó el producto afectado a la Unión durante el período en el que se basaban las medidas, es decir, desde el 1 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012 («el período de investigación»);
no está vinculado a ningún exportador o productor sujeto a las medidas antidumping impuestas por dicho Reglamento, y
ha exportado realmente el producto afectado a la Unión después del período de investigación o ha contraído una obligación contractual irrevocable de exportar una cantidad significativa del producto afectado a la Unión después del período de investigación,
el artículo 1, apartado 2, de ese Reglamento podrá modificarse concediendo al nuevo productor exportador el tipo de derecho aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra, es decir, el derecho medio ponderado del 5 %.
B. SOLICITUD DE TRATO COMO NUEVO PRODUCTOR EXPORTADOR
Las empresas indias Superon Schweisstechnik India Ltd («el primer solicitante») y Anand ARC Ltd («el segundo solicitante») solicitaron que se les concediera el tipo de derecho aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra («trato de nuevo productor exportador» o «TNPE»).
Se llevó a cabo un examen para determinar si los solicitantes cumplían los criterios para que se les concediera el TNPE con arreglo al artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013.
Se envió a los solicitantes un cuestionario pidiéndoles que aportaran pruebas de que cumplían todos los criterios establecidos en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013.
La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar si los solicitantes cumplían los tres criterios para que se les otorgara el TNPE. Se realizaron inspecciones in situ en los locales de:
El primer solicitante aportó pruebas suficientes de que cumplía los tres criterios mencionados en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013. El primer solicitante pudo demostrar de hecho que:
no había exportado el producto afectado a la Unión durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012,
no estaba vinculado a ningún productor o exportador de la India sujeto a las medidas antidumping impuestas por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013,
había exportado realmente una cantidad significativa de 30 toneladas del producto afectado a la Unión desde octubre de 2012,
y que, por lo tanto, podía concedérsele el tipo de derecho aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra, es decir, el 5 %, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013, y debía ser añadido a la lista de productores exportadores que cooperaron no incluidos en la muestra.
Sin embargo, el segundo solicitante no cumplía el primer criterio porque exportó el producto afectado a la Unión durante el período de investigación. Por consiguiente, se rechazó su solicitud de TNPE.
La Comisión informó a los solicitantes y a la industria de la Unión de las conclusiones anteriores y les dio la oportunidad de presentar observaciones. Un productor exportador solicitó que la decisión se aplicara retroactivamente. Sin embargo, tal posibilidad no está prevista en el procedimiento actual y se informó de ello a dicho productor exportador. No se recibió ninguna otra observación.
Debe atribuirse un nuevo código TARIC adicional (B997) al primer solicitante. Por razones puramente técnicas de integración en el TARIC, el presente Reglamento debe modificar el Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013 del Consejo (3) atribuyendo el mismo código TARIC adicional (B997) al primer solicitante.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/49 de la Comisión (4) se ha adoptado sin obtener el dictamen del Comité establecido de acuerdo con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base. A fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger las expectativas legítimas, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/49 debe, por lo tanto, derogarse y su contenido debe volver a adoptarse con efectos a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/49.
El Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013 queda modificado como sigue:
el código TARIC adicional «B781» que figura en el cuadro del artículo 1, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente: «Véase el anexo»;
el anexo se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
La inscripción «B999», que figura en el cuadro del artículo 1, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013, se sustituye por el texto siguiente: «B999 (Para Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana, India, el código TARIC adicional es B997)».
El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/49 queda derogado con efectos a partir del 16 de enero de 2015
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Surtirá efectos jurídicos a partir del 16 de enero de 2015.
(2) DO L 298 de 8.11.2013, p. 1.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013 del Consejo, de 2 de septiembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado alambre de acero inoxidable originario de la India (DO L 240 de 7.9.2013, p. 1).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/49 de la Comisión, de 14 de enero de 2015, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 1106/2013 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alambres de acero inoxidable originarios de la India, así como el Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013 del Consejo, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado alambre de acero inoxidable originario de la India (DO L 9 de 15.1.2015, p. 17).
Productores exportadores indios que cooperaron no incluidos en la muestra
Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra
Bhiwadi, Rajastan
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1020 DE LA COMISIÓN
relativo a la autorización de un preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en piensos para gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral ponedoras (titular de la autorización: Kemin Europa N.V.)
Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos en la alimentación animal y establece los motivos y procedimientos para conceder y modificar dicha autorización.
De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización del preparado Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento.
La solicitud se refiere a la autorización de un nuevo uso del preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en piensos para gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral ponedoras, que ha de clasificarse en la categoría de «aditivos zootécnicos».
El preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), que pertenece a la categoría de «aditivos zootécnicos», fue autorizado durante diez años como aditivo en piensos para pollos de engorde por el Reglamento (UE) no 107/2010 de la Comisión (2), para pollos criados para puesta, patos de engorde, codornices, faisanes, perdices, pintadas, palomas, gansos de engorde y avestruces por el Reglamento de Ejecución (UE) no 885/2011 de la Comisión (3), para lechones destetados y suidos destetados distintos de Sus scrofa domesticus por el Reglamento de Ejecución (UE) no 306/2013 de la Comisión (4) y para pavos de engorde y pavos criados para la reproducción por el Reglamento de Ejecución (UE) no 787/2013 de la Comisión (5).
En su Dictamen de 11 de diciembre de 2014 (6), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana ni el medio ambiente. También concluyó que existen algunas pruebas de que este aditivo tiene efectos beneficiosos en la producción de huevos de las gallinas ponedoras. Esta conclusión puede hacerse extensiva a las especies menores de aves de corral ponedoras. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización. Asimismo, verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) no 1831/2003.
La evaluación del preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) muestra que se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe autorizarse el uso de dicho preparado, tal como se especifica en el anexo del presente Reglamento.
Se autoriza el uso como aditivo para alimentación animal del preparado especificado en el anexo, perteneciente a la categoría de «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional «estabilizadores de la flora intestinal», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
(2) Reglamento (UE) no 107/2010 de la Comisión, de 8 de febrero de 2010, relativo a la autorización de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 como aditivo alimentario para pollos de engorde (titular de la autorización Kemin Europa N.V.) (DO L 36 de 9.2.2010, p. 1).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) no 885/2011 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2011, relativo a la autorización de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en la alimentación de pollos criados para puesta, patos de engorde, codornices, faisanes, perdices, pintadas, palomas, gansos de engorde y avestruces (titular de la autorización: Kemin Europa NV) (DO L 229 de 6.9.2011, p. 3).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) no 306/2013 de la Comisión, de 2 de abril de 2013, relativo a la autorización de un preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) para lechones destetados y suidos destetados distintos de Sus scrofa domesticus (titular de la autorización Kemin Europa N.V.) (DO L 91 de 3.4.2013, p. 5).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) no 787/2013 de la Comisión, de 16 de agosto de 2013, relativo a la autorización de un preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en la alimentación de pavos de engorde y pavos criados para la reproducción (titular de la autorización: Kemin Europa N.V.) (DO L 220 de 17.8.2013, p. 15).
(6) EFSA Journal 2015; 13(1):3970.
Especie animal o categoría de animales
Preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) con un contenido mínimo de aditivo de 1 × 1010 UFC/g
Esporas viables de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
Recuento: método de recuento en placa por extensión utilizando agar triptona soja con tratamiento por precalentamiento de las muestras de pienso.
Identificación: método de electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE).
Especies menores de aves de corral ponedoras
En las instrucciones de uso del aditivo y la premezcla, indíquense las condiciones de almacenamiento y la estabilidad de granulación.
(1) Puede hallarse información detallada sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1021 DE LA COMISIÓN
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1022 DE LA COMISIÓN
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades a las que se refieren las solicitudes de derechos de importación de carne de vacuno congelada presentadas para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 en el marco del contingente arancelario abierto por el Reglamento (CE) no 431/2008
El Reglamento (CE) no 431/2008 de la Comisión (2) ha abierto un contingente arancelario anual para la importación de productos del sector de la carne de vacuno.
Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de derechos de importación presentadas para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 son superiores a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar en qué medida pueden expedirse los derechos de importación, mediante la fijación del coeficiente de asignación que debe aplicarse a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión (3) en combinación con el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo del presente Reglamento a las cantidades a las que se refieren las solicitudes de derechos de importación presentadas en virtud del Reglamento (CE) no 431/2008 para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.
(2) Reglamento (CE) no 431/2008 de la Comisión, de 19 de mayo de 2008, relativo a la apertura y modo de gestión de un contingente arancelario de importación de carne de vacuno congelada del código NC 0202 y productos del código NC 0206 29 91 (DO L 130 de 20.5.2008, p. 3).
Coeficiente de asignación-solicitudes presentadas para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016
DECISIÓN (UE) 2015/1023 DEL CONSEJO
de 15 de junio de 2015
por la que se autoriza a determinados Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 3, en relación con su artículo 218,
La Unión ha adoptado el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo (2) («el Reglamento Bruselas II bis»), con objeto de proteger a los menores contra los efectos perjudiciales de su traslado o retención ilícitos y establecer procedimientos que aseguren su rápida restitución a su Estado de residencia habitual, así como para garantizar la protección de los derechos de visita y de custodia.
El Reglamento (CE) no 2201/2003 complementa y refuerza el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores («el Convenio de La Haya de 1980»), que establece, a nivel internacional, un sistema de obligaciones y de cooperación entre los Estados contratantes y entre las autoridades centrales, con objeto de asegurar la restitución inmediata de menores sustraídos o retenidos ilícitamente.
Todos los Estados miembros de la Unión son Partes en el Convenio de La Haya de 1980.
La Unión anima a los Estados terceros a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya la aplicación correcta del mismo, participando junto con los Estados miembros, entre otros, en las comisiones especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.
Puede considerarse que un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la Unión y Estados terceros, ofrece la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.
El Convenio de La Haya de 1980 dispone que este entrará en vigor entre el Estado que se adhiere y el Estado que haya declarado que acepta esa adhesión.
El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación de un Estado que se adhiere.
De acuerdo con el Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las declaraciones de aceptación, con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 son competencia externa exclusiva de la Unión.
Andorra depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 6 de abril de 2011. Dicho Convenio entró en vigor para Andorra el 1 de julio de 2011.
Varios Estados miembros ya han aceptado la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación de Andorra ha llevado a la conclusión de que aquellos Estados miembros que no han aceptado aún la adhesión de este Estado, están en posición de hacerlo, en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980.
Por tanto, debe autorizarse a los Estados miembros que no han aceptado aún la adhesión de Andorra a depositar sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Andorra, en interés de la Unión, de conformidad con los términos establecidos en la presente Decisión. El Reino de Bélgica, la República Checa, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, la República Eslovaca y la República de Finlandia, que ya han aceptado la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980, no deberán depositar nuevas declaraciones de aceptación ya que las actuales seguirán siendo válidas con arreglo al Derecho Internacional Público.
El Reglamento (CE) no 2201/2003 es vinculante pare el Reino Unido e Irlanda, que participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada o sujeta a su aplicación.
1. Los Estados miembros que no lo hayan hecho aún están autorizados por la presente a aceptar la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (el «Convenio de La Haya de 1980»), en interés de la Unión.
2. Aquellos Estados miembros depositarán, no más tarde del 16 de junio de 2016, una declaración de aceptación de la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980, en interés de la Unión, establecida en los siguientes términos:
«[Nombre completo del ESTADO MIEMBRO] declara que acepta la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de conformidad con la Decisión (UE) 2015/1023 del Consejo».
3. Los Estados miembros informarán al Consejo y a la Comisión del depósito de sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Andorra y comunicarán a la Comisión su texto en los dos meses posteriores al mismo.
Los Estados miembros que hayan depositado sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980 antes de la fecha de adopción de la presente Decisión, no harán nuevas declaraciones.
Los destinatarios de la presente Decisión serán todos los Estados miembros a excepción del Reino de Bélgica, la República Checa, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, la República Eslovaca y la República de Finlandia.
Hecho en Luxemburgo, el 15 de junio de 2015.
(1) Dictamen de 11 de febrero de 2015 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(2) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
DECISIÓN (UE) 2015/1024 DEL CONSEJO
por la que se autoriza a determinados Estados miembros, a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 3, leído en relación con su artículo 218,
La Unión Europea ha establecido como una de sus finalidades fomentar la protección de los derechos del niño, tal como se recoge en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, y contempla medidas para la protección de los menores contra su traslado o retención ilícitos como una parte esencial de esta política.
La Unión Europea anima a los Estados terceros a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya la aplicación correcta del Convenio de La Haya de 1980, participando junto con los Estados miembros, entre otros, en las Comisiones Especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
Puede considerarse que un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la UE y Estados terceros, ofrece la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.
El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse al Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación de un Estado que se adhiere.
Singapur depositó su instrumento de adhesión al Convenio de 1980 el 28 de diciembre de 2010. El Convenio entró en vigor para Singapur el 1 de marzo de 2011.
Varios Estados miembros ya han aceptado la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación de Singapur ha llevado a la conclusión de que aquellos Estados miembros que no han aceptado aún la adhesión de este Estado, están en posición de hacerlo, en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980.
Por tanto, debe autorizarse a los Estados miembros que no han aceptado aún la adhesión de Singapur a depositar sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Singapur, en interés de la Unión, de conformidad con los términos establecidos en la presente Decisión. El Reino de Bélgica, la República Checa, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República Eslovaca y el Reino de Suecia, que ya han aceptado la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980, no deberán depositar nuevas declaraciones de aceptación ya que las actuales seguirán siendo válidas con arreglo al Derecho Internacional Público.
1. Los Estados miembros que no lo hayan hecho aún están autorizados por la presente a aceptar la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores («el Convenio de La Haya de 1980»), en interés de la Unión.
2. Esos Estados miembros depositarán no más tarde del 16 de junio de 2016, una declaración de aceptación de la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980 en interés de la Unión establecido en los siguientes términos:
«[Nombre completo del Estado miembro] declara que acepta la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de conformidad con la Decisión (UE) 2015/1024 del Consejo».
Los Estados miembros que hayan depositado sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980 antes de la fecha de adopción de la presente Decisión, no harán nuevas declaraciones.
Los destinatarios de la presente Decisión serán todos los Estados miembros a excepción del Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República Eslovaca y el Reino de Suecia.
DECISIÓN (UE) 2015/1025 DEL CONSEJO
de 19 de junio de 2015
por la que se deroga la Decisión 2013/319/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Malta
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 12,
Vista la recomendación de la Comisión Europea,
El Consejo, mediante Decisión 2013/319/UE (1) y sobre la base de una recomendación de la Comisión, decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Malta. El Consejo observó que el déficit de las administraciones públicas en Malta alcanzó el 3,3 % del PIB en 2012, rebasando así el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que la deuda bruta de las administraciones públicas era superior al valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado. El Consejo observó asimismo que Malta no había progresado lo suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda y que, por lo tanto, no cumplía los requisitos del período de transición (2) posterior a la corrección de su déficit excesivo en 2012 (3).
De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1467/97, el 21 de junio de 2013 el Consejo, previa recomendación de la Comisión, dirigió una recomendación a Malta encaminada a poner fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2014. La recomendación se hizo pública.
De conformidad con el artículo 4 del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, la Comisión debe suministrar los datos para la aplicación de dicho procedimiento. En el marco de la aplicación de dicho Protocolo, los Estados miembros deben comunicar los datos relativos a la deuda y el déficit públicos y a otras variables asociadas dos veces al año, esto es, antes del 1 de abril y del 1 de octubre, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo (4).
El Consejo debe adoptar una decisión por la que se deroga una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo sobre la base de los datos notificados. Por otra parte, las decisiones sobre la existencia de déficit excesivo solo deben derogarse si las previsiones de la Comisión indican que el déficit no superará el umbral del 3 % del PIB a lo largo del período de previsión (5), y la ratio de deuda cumple el elemento de futuro del valor de referencia de la deuda.
Sobre la base de los datos proporcionados por la Comisión (Eurostat) de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 479/2009, a raíz de la notificación de abril de 2015 remitida por Malta, y basándose en el Programa de Estabilidad de 2015 y en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, pueden sacarse las siguientes conclusiones:
Tras alcanzar un nivel máximo del 3,6 % del PIB en 2012, el déficit de las administraciones públicas se redujo al 2,6 % en 2013, para situarse en el 2,1 % en 2014. La reducción del déficit en 2014 se debió principalmente a la mejora de las condiciones cíclicas y a medidas presupuestarias que facilitaron un aumento significativo de los ingresos corrientes (de un 2,5 % del PIB), que compensó con creces el incremento de los gastos corrientes (del 0,8 % del PIB), así como a un gasto de capital neto (de un 0,1 % del PIB) que se explica por un mayor índice de absorción de los fondos de la UE.
El Programa de Estabilidad para 2015-2018, presentado por el Gobierno maltés el 30 de abril de 2015, prevé una reducción del déficit hasta el 1,6 % del PIB en 2015 y una nueva reducción hasta el 1,1 % en 2016. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015 anuncian un déficit del 1,8 % del PIB en 2015 y del 1,5 % en 2016. Por tanto, se prevé que el déficit permanezca por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado durante el período de previsión.
El saldo estructural, es decir, el saldo de las administraciones públicas ajustado en función del ciclo económico y excluyendo las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, mejoró un 1,3 % del PIB en el período 2013-2014.
La ratio deuda/PIB aumentó hasta el 69,2 % del PIB en 2013, desde el 67,4 % de 2012, como consecuencia de un ajuste de flujos-fondos temporal. Posteriormente descendió al 68,0 % del PIB en 2014. Se prevé que la deuda pública bruta siga disminuyendo hasta el 65,4 % del PIB en 2016, debido también al favorable escenario macroeconómico. Además, el cumplimiento de la norma en materia de deuda de cara al futuro está garantizado en 2014.
A partir de 2015 -año siguiente al de la corrección del déficit excesivo- Malta está sujeta al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y debe avanzar a un ritmo adecuado hacia su objetivo presupuestario a medio plazo, incluido el cumplimiento del valor de referencia del gasto, así como avanzar suficientemente en el cumplimiento del criterio de la deuda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) no 1467/97. En este contexto, parece que hay un riesgo de cierta desviación del ajuste requerido del 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2015 y 2016. En 2015, la mejora del saldo estructural se prevé que sea del 0,1 % del PIB por debajo del nivel requerido. A pesar de que el ajuste previsto para 2016 está en consonancia con el requisito establecido, existe un riesgo de cierta desviación a lo largo de 2015 y 2016. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas en 2015 y 2016.
De conformidad con el artículo 126, apartado 12, del TFUE, una decisión del Consejo por la que se declare la existencia de un déficit excesivo ha de ser derogada cuando, a juicio de este, el Estado miembro afectado haya corregido la situación de déficit excesivo.
En opinión del Consejo, el déficit excesivo de Malta ha sido corregido y, por consiguiente, debe derogarse la Decisión 2013/319/UE.
De la evaluación global efectuada se desprende que la situación de déficit excesivo de Malta ha sido corregida.
Queda derogada la Decisión 2013/319/UE.
El destinatario de la presente Decisión es Malta.
Hecho en Luxemburgo, el 19 de junio de 2015.
(1) Decisión 2013/319/UE del Consejo, de 21 de junio de 2013, sobre la existencia de un déficit excesivo en Malta (DO L 173 de 26.6.2013, p. 52).
(2) Tras la derogación del PDE en diciembre de 2012, en consonancia con el Pacto de estabilidad y crecimiento, Malta se benefició de un período de transición de tres años, a partir de 2012, para cumplir el valor de referencia en materia de reducción de la deuda. Los requisitos durante el período de transición están fijados en el artículo 2, apartado 1 bis, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6), y más detallados en las «Condiciones de aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», de 3 de septiembre de 2012 (véase: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). El ajuste estructural lineal mínimo (MLSA) exigido para 2012 era igual a 0,4 puntos porcentuales del PIB, mientras que el déficit estructural empeoró en medio punto porcentual del PIB en 2012.
(3) El déficit y la deuda de las administraciones públicas correspondientes a 2012 fueron revisados posteriormente y en la actualidad se cifran en el 3,6 % y el 67,4 % del PIB, respectivamente.
(4) Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO L 145 de 10.6.2009, p. 1).
(5) De conformidad con las «Condiciones de aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia».
DECISIÓN (UE) 2015/1026 DEL CONSEJO
por la que se deroga la Decisión 2009/589/CE, relativa a la existencia de un déficit excesivo en Polonia
Mediante Decisión 2009/589/CE (1), y sobre la base de una recomendación de la Comisión, el 7 de julio de 2009 el Consejo decidió, en aplicación del artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), declarar la existencia de un déficit excesivo en Polonia.
El mismo día, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del TCE y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo (2), el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, dirigió una recomendación a Polonia encaminada a poner fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2012.
El 21 de junio de 2013, el Consejo concluyó que Polonia había tomado medidas eficaces, pero que habían aparecido factores económicos adversos con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública tras la adopción de la Recomendación inicial. Por tanto, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, consideró que se cumplían las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1467/97 y adoptó una nueva recomendación relativa a Polonia con arreglo al artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo en 2014 a más tardar (3).
El 10 de diciembre de 2013, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE, que Polonia no había tomado medidas eficaces para seguir su recomendación de 21 de junio de 2013 a fin de que esta corrigiera su déficit excesivo en 2014 (4) y adoptó una nueva recomendación, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE, en la que le recomendaba que pusiera fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2015 (5). En dicha recomendación, el Consejo instaba a Polonia a que alcanzara un déficit global del 4,8 % del PIB en 2013, del 3,9 % del PIB en 2014 y del 2,8 % del PIB en 2015 (excluido el impacto de las transferencias de activos del segundo pilar del sistema de pensiones). Sobre la base de las previsiones macroeconómicas subyacentes a la recomendación del Consejo, estos objetivos eran coherentes con una mejora del saldo estructural del 1 % del PIB en 2014 y el 1,2 % del PIB en 2015. También se recomendó a Polonia aplicar rigurosamente las medidas ya anunciadas y adoptadas, complementándolas con medidas adicionales para lograr una corrección sostenible del déficit excesivo en 2015. Se fijó el plazo del 15 de abril de 2014 para que Polonia informase sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir dicha recomendación.
El 2 de junio de 2014, la Comisión llegó a la conclusión de que por el momento no eran necesarias nuevas medidas en el marco de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.
De conformidad con el artículo 4 del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, la Comisión debe proporcionar los datos para la aplicación de este procedimiento. En el marco de la aplicación de dicho Protocolo, los Estados miembros deben notificar los datos sobre deuda pública y déficit público y sobre otras variables asociadas dos veces al año, a saber, antes del 1 de abril y antes del 1 de octubre, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo (6).
El Consejo debe tener en cuenta los datos notificados a la hora de adoptar su decisión por la que se derogue una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. Por otra parte, el procedimiento de déficit excesivo solo debe derogarse si las previsiones de la Comisión indican que el déficit no superará el umbral del 3 % del PIB a lo largo del período de previsión (7), y la ratio de deuda cumple el elemento prospectivo del valor de referencia de la deuda.
Por otra parte, de conformidad con el Pacto de estabilidad y crecimiento, deben tenerse debidamente en cuenta las reformas del sistema de pensiones por las que se introduce un sistema de varios pilares, con la inclusión de un pilar obligatorio totalmente financiado.
Partiendo de los datos proporcionados por la Comisión (Eurostat) de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 479/2009, a raíz de la notificación de abril de 2015 remitida por Polonia, y basándose en el Programa de Convergencia de 2015 y en las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, pueden sacarse las siguientes conclusiones:
El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 3,2 % del PIB en 2014. Dado que esta cifra puede considerarse próxima al valor de referencia y la ratio deuda/PIB es inferior al valor de referencia del 60 % del PIB de forma duradera, Polonia puede acogerse a las disposiciones relativas a las reformas sistémicas de las pensiones establecidas en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1467/97. Una ley adoptada en diciembre de 2013 supuso un importante retroceso en la reforma sistémica del sistema de pensiones polaco emprendida en 1999. Ello dio lugar a que una parte de los activos acumulados en los fondos privados de pensiones de capitalización total (que constituyen el segundo pilar del sistema de pensiones polaco) se transfirieran al sistema público de seguridad social (primer pilar del sistema de pensiones polaco). Por otra parte, el segundo pilar del sistema de pensiones perdió su cobertura universal, en el sentido de que la participación dejó de ser obligatoria. Como consecuencia de ello, el retroceso de 2013 puso fin a la naturaleza sistémica de la reforma de 1999. No obstante, hasta finales de julio de 2014, las cotizaciones sociales de todos los participantes siguieron destinándose al segundo pilar. Estas contribuciones son los costes netos de la reforma del sistema de pensiones de 1999 y han de tenerse en cuenta al evaluar la corrección del déficit excesivo. El total de costes directos netos en el período comprendido entre enero y julio de 2014 se estima en el 0,4 % del PIB, y es, por lo tanto, suficiente para explicar el exceso del déficit de las administraciones públicas sobre el valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB en 2014.
El programa de convergencia, presentado por el Gobierno polaco el 30 de abril de 2015, fija un objetivo de déficit del 2,7 % del PIB en 2015 y del 2,3 % del PIB en 2016. Según las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, se registrará un déficit del 2,8 % del PIB en 2015 y del 2,6 % del PIB en 2016, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Por consiguiente, se prevé que el déficit permanezca por debajo del valor de referencia del Tratado, del 3 % del PIB, durante el período de previsión.
La Comisión estima que el saldo estructural, es decir el saldo de las administraciones públicas ajustado en función del ciclo económico y excluyendo las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, mejoró un 0,9 % del PIB en 2014.
La deuda bruta de las administraciones públicas representó el 50,1 % del PIB en 2014. Según las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, la ratio de deuda alcanzará el 50,9 % del PIB en 2015 y el 50,8 % del PIB en 2016, manteniéndose, pues, por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB.
A partir de 2015, que es el año siguiente al de la corrección del déficit excesivo, Polonia está sujeta al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y deberá avanzar hacia su objetivo presupuestario a medio plazo a un ritmo adecuado, cumpliendo, en particular, el valor de referencia para el gasto. Según las previsiones de la primavera de 2015 de los servicios de la Comisión, el saldo estructural mejoraría en un 0,2 % del PIB, tanto en 2015 como en 2016, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Sobre la base de una evaluación global, se prevé que Polonia cumpla con el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2015, gracias a un aumento de los gastos netos por debajo del valor de referencia; en cambio, existe el riesgo de desviación respecto del ajuste requerido en 2016, debido a que el ajuste estructural sería inferior al requerido, por lo que serían necesarias nuevas medidas ese año.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 12, del TFUE, la decisión del Consejo que declare la existencia de un déficit excesivo ha de ser derogada cuando este considere que el Estado miembro afectado ha corregido la situación de déficit excesivo.
En opinión del Consejo, el déficit excesivo de Polonia ha sido corregido y, por consiguiente, procede derogar la Decisión 2009/589/CE.
El Consejo recuerda que la reforma del sistema de pensiones de 1999 sustituyó un régimen público de pensiones de prestaciones definidas por un sistema de tres pilares basado en cotizaciones definidas. El principal objetivo de la reforma era mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones polaco, especialmente a la luz de las muy preocupantes perspectivas demográficas que debe afrontar Polonia. El retroceso en la reforma sistémica a finales de 2013 aumentó de nuevo el papel del primer pilar, de naturaleza pública, que, contrariamente al segundo pilar, no está financiado por capitalización, y constituye un sistema de cotizaciones definidas ficticias. Aunque permita cierto alivio presupuestario a corto plazo, el retroceso en la reforma sistémica de 1999 no mejora la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, ya que los beneficios a corto plazo derivados de la subida de las cotizaciones y la bajada de los pagos de intereses se compensarán con el aumento de los futuros pagos de pensiones procedentes del sistema de pensiones público. En general, el retroceso en la reforma del sistema de pensiones de 1999 entraña algunos riesgos para las finanzas públicas de Polonia a largo plazo.
De una evaluación global se desprende que se ha corregido el déficit excesivo de Polonia.
Queda derogada la Decisión 2009/589/CE.
El destinatario de la presente Decisión es la República de Polonia.
(1) Decisión 2009/589/CE del Consejo, de 7 de julio de 2009, sobre la existencia de un déficit excesivo en Polonia (DO L 202 de 4.8.2009, p. 46).
(2) Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
(3) Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013, encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Polonia.
(4) Decisión 2013/758/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2013, por la que se establece que Polonia no ha tomado medidas eficaces para seguir la recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013 (DO L 335 de 14.12.2013, p. 46).
(5) Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Polonia.
(6) Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO L 145 de 10.6.2009, p. 1).
(7) De conformidad con las «Condiciones de aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», de 3 de septiembre de 2012. Véase: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.
DECISIÓN (UE) 2015/1027 DEL CONSEJO
de 23 de junio de 2015
relativa al régimen aplicable a los expertos destinados en comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo y por la que se deroga la Decisión 2007/829/CE
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 240, apartado 2,
La comisión de servicio de expertos puede ser útil para la Secretaría General del Consejo (en lo sucesivo, «la SGC») en su misión de asistir al Consejo Europeo y al Consejo de conformidad con el artículo 235, apartado 4, y el artículo 240, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respectivamente, pues le permite beneficiarse del elevado nivel de sus conocimientos y experiencia profesional, en particular en ámbitos en los que la propia SGC no dispone de inmediato de ese grado específico de conocimientos y experiencia.
El intercambio de experiencia profesional y conocimiento de las políticas europeas debe respaldarse mediante el destino temporal de expertos procedentes de sectores públicos de los Estados miembros (en lo sucesivo, «expertos nacionales») o de organizaciones públicas intergubernamentales.
Se prevé que los expertos nacionales adquieran conocimientos durante su comisión de servicio en la SGC que les ayuden en el ejercicio de sus funciones en futuras presidencias del Consejo.
Los derechos y obligaciones de los expertos deben garantizar que estos ejerzan sus funciones exclusivamente en interés de la SGC.
Dada la temporalidad de su trabajo y su especial situación, los expertos no deben asumir responsabilidades en nombre de la SGC cuando esta ejerza sus prerrogativas de Derecho público definidas en los Tratados, con la salvedad de las excepciones establecidas en la presente Decisión.
Las condiciones de empleo de los expertos deben establecerse y ser aplicables sea cual sea el origen de los créditos presupuestarios asignados para cubrir el gasto.
Dado que el régimen establecido en la presente Decisión debe sustituir al establecido en la Decisión 2007/829/CE del Consejo (1), procede derogar esta última, sin perjuicio de la continuación de su aplicación a todas las comisiones de servicio que se encuentren en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Decisión.
El Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) modificó el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Estatuto»), en particular las condiciones de trabajo, los permisos, así como el cálculo de las asignaciones definidas en su anexo VII.
1. Las normas establecidas por la presente Decisión se aplicarán a los expertos que, cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 2, se destinen en comisión de servicio en la SGC en interés del Consejo Europeo y del Consejo y sean:
expertos nacionales en comisión de servicio (en lo sucesivo, «expertos nacionales»), incluidos los expertos:
destinados por las administraciones públicas de los Estados miembros, a nivel nacional o regional,
destinados -previa autorización de la SGC caso por caso- por un empleador que no sea una administración pública de un Estado miembro, a nivel nacional o regional, cuando el interés de la SGC justifique la aportación de una experiencia específica a título temporal, siempre que el empleador:
sea una universidad o centro de investigación independiente sin ánimo de redistribución de beneficios, o
forme parte del sector público tal como se define en el Derecho nacional del empleador.
Podrán destinarse a expertos nacionales en comisión de servicio exenta de gastos;
expertos en comisión de servicio exenta de gastos de una organización pública intergubernamental (con la excepción de los organismos de la Unión en el sentido del artículo 1 bis, apartado 2, del Estatuto), en los casos en que se requiera la transferencia de conocimientos o experiencia específicos.
2. Los artículos 18, 19 y 20 no serán aplicables a los expertos en comisión de servicio exenta de gastos.
Condiciones de la comisión de servicio
Para optar a una comisión de servicio en la SGC, los expertos:
deberán haber trabajado para su empleador, ya sea como personal fijo o contractual, durante al menos 12 meses antes de la comisión de servicio;
permanecerán al servicio de sus empleadores mientras dure la comisión de servicio;
contarán al menos con tres años de experiencia a tiempo completo en funciones administrativas, científicas, técnicas, de asesoramiento o de supervisión que sean pertinentes para el desempeño de las tareas que les hayan sido encomendadas. Antes del inicio de la comisión de servicio, el empleador presentará a la SGC una declaración sobre el trabajo desempeñado por el experto en los últimos 12 meses;
serán nacionales de un Estado miembro.
Como excepción a lo establecido en el párrafo primero del presente punto, los expertos que no sean nacionales de un Estado miembro podrán ser destinados en comisión de servicio por una organización pública intergubernamental; en tales casos excepcionales, la SGC se asegurará de que no existe conflicto de intereses y que se respetan la independencia y la coherencia de sus políticas y actividades;
poseerán un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua para el ejercicio de sus funciones.
1. Los expertos serán seleccionados mediante un procedimiento abierto y transparente cuyos pormenores prácticos se decidirán con arreglo al artículo 32.
Sin perjuicio del artículo 2, apartado 4, los expertos se destinarán sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros. Los Estados miembros y la SGC cooperarán para garantizar, en la mayor medida posible, el respeto del equilibrio entre hombres y mujeres y el respeto del principio de igualdad de oportunidades.
2. Se enviará a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros o las organizaciones públicas intergubernamentales, según proceda, una convocatoria de manifestaciones de interés. La convocatoria indicará las descripciones de los puestos de trabajo, los criterios de selección y la fecha límite para la presentación de las solicitudes.
3. Todas las solicitudes deberán transmitirse a la SGC a través de la Representación Permanente de los Estados miembros de la Unión o a través del departamento de recursos humanos de las organizaciones públicas intergubernamentales.
4. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas en interés del Consejo Europeo, la SGC podrá decidir que se seleccione a un experto sin seguir los procedimientos de selección establecidos en los apartados 1, 2 y 3.
5. La comisión de servicio de expertos estará sujeta a requisitos específicos y a la capacidad presupuestaria de la SGC.
6. La SGC establecerá un expediente individual por experto. Este expediente contendrá los datos administrativos pertinentes.
Procedimiento administrativo para la comisión de servicio
1. La comisión de servicio se hará efectiva mediante un canje de notas entre el director general de la Administración de la SGC y la Representación Permanente del Estado miembro de que se trate o, en su caso, la organización pública intergubernamental. La Representación Permanente notificará asimismo cualquier comisión de servicio de nacionales de su Estado miembro correspondiente a organizaciones públicas intergubernamentales. El lugar de destino en comisión de servicio y el grupo de funciones al que pertenecerá el experto (AD o AST, tal y como se definen en el Estatuto) se mencionarán en el canje de notas. En él se mencionarán asimismo el superior jerárquico del experto en la dirección general, dirección, unidad o servicio en que esté destinado, así como una descripción detallada de las tareas que deba realizar. Este canje de notas irá acompañado de una copia del régimen aplicable al experto.
2. Podrá autorizarse, caso por caso, que se destine a expertos en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos a tenor del capítulo IV. Dicha autorización tendrá en cuenta el lugar de contratación del experto, la dirección general a la que se destine, el equilibrio geográfico mencionado en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, y las funciones propuestas.
Duración de la comisión de servicio
1. La comisión de servicio tendrá como mínimo seis meses y como máximo dos años de duración. Podrá renovarse sucesivamente hasta alcanzar una duración total que no exceda de cuatro años.
No obstante, en casos excepcionales, el director general de la Administración de la SGC, a petición del director general correspondiente de la SGC y previo acuerdo con el empleador, podrá autorizar una o más prórrogas de la comisión de servicio más allá del período máximo de cuatro años a tenor del párrafo primero mencionado, hasta un total de dos años adicionales.
2. En el canje de notas establecido en el artículo 4, apartado 1, se hará constar desde el principio la duración de la comisión de servicio. Se aplicará el mismo procedimiento en caso de renovación o prórroga del período de la comisión de servicio.
3. Un experto que ya haya sido destinado previamente en comisión de servicio en la SGC podrá ser destinado nuevamente bajo las siguientes condiciones:
que siga cumpliendo las condiciones de la comisión de servicio a tenor del artículo 2;
que hayan transcurrido como mínimo seis años desde que finalizara la comisión de servicio anterior, incluida cualquier renovación o prórroga, o cualquier contrato de empleo subsiguiente con la SGC.
No obstante, la SGC podrá aceptar en comisión de servicio, habiendo transcurrido menos de seis años desde que finalizara la anterior comisión de servicio, a un experto cuya comisión de servicio anterior haya durado menos de seis años, incluidas las posibles renovaciones o prórrogas, si bien, en este caso, la nueva comisión de servicio no podrá sobrepasar el tiempo que quede por transcurrir hasta alcanzar los seis años.
Durante la comisión de servicio, el empleador:
seguirá pagando el sueldo del experto;
seguirá asumiendo todos los derechos sociales del experto, en particular en materia de seguridad social, seguros y pensiones, y
seguirá manteniendo, a reserva del artículo 10, apartado 2, letra d), la situación administrativa del experto como personal fijo o contractual e informará a la Dirección General de Administración de la SGC de cualquier modificación de dicha situación administrativa.
1. Los expertos prestarán asistencia a los funcionarios y otros agentes de la SGC y desempeñarán las tareas que se les encomienden.
Las funciones que incumban al experto se determinarán de mutuo acuerdo entre la SGC y el empleador:
en interés del servicio de la SGC al que sea destinado, y
teniendo en cuenta las cualificaciones del experto.
2. Las funciones que se asignen a un experto podrán incluir, entre otras, análisis, estudios, intercambios de conocimientos entre administraciones, gestión de proyectos y asistencia a los grupos y comités preparatorios de la SGC.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, y en el párrafo primero del presente apartado, el secretario general podrá, a propuesta del director general del servicio en el que esté destinado el experto, confiarle tareas específicas y encomendarle la realización de una o más misiones específicas tras haberse asegurado de que no existe ningún conflicto de intereses.
3. El experto únicamente participará en misiones o reuniones:
acompañando a un funcionario u otro agente de la SGC, o
asistiendo solo, en calidad de observador o exclusivamente a efectos informativos.
Salvo que el director general del servicio correspondiente de la SGC le haya conferido un mandato especial de conformidad con las disposiciones de ejecución de la presente Decisión, el experto no podrá contraer compromisos exteriores en nombre de la SGC.
4. Corresponderá exclusivamente a la SGC aprobar los resultados de las funciones desempeñadas por los expertos.
5. El servicio correspondiente de la SGC, el empleador y el experto harán cuanto esté en su poder para evitar cualquier conflicto de interés real o potencial en relación con las funciones del experto durante la comisión de servicio. A estos efectos, la SGC informará con suficiente antelación al experto y a su empleador sobre las funciones previstas y les pedirá a cada uno de ellos que confirmen por escrito que no conocen motivo alguno por el que no se deban asignar tales funciones al experto.
En particular, se pedirá al experto que declare todo posible conflicto entre sus circunstancias familiares (en concreto, actividades profesionales de familiares cercanos o lejanos o importantes intereses económicos personales o de sus familiares) y las funciones que está previsto que desempeñe durante la comisión de servicio.
El empleador y el experto se comprometerán a notificar a la SGC cualquier cambio de circunstancias durante la comisión de servicio que pueda ocasionar conflicto de intereses.
6. Si la SGC considera que la naturaleza de las funciones encomendadas al experto exige especiales precauciones en materia de seguridad, deberá obtenerse una habilitación de seguridad antes de que sea destinado en comisión de servicio.
7. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del presente artículo, la SGC podrá dar por terminada la comisión de servicio de un experto, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra c).
Derechos y obligaciones de los expertos
1. Durante la comisión de servicio el experto actuará con integridad. En particular:
el experto ejercerá las funciones que se le asignen y actuará teniendo presentes exclusivamente los intereses del Consejo Europeo y del Consejo.
En particular, el experto no aceptará en el ejercicio de sus funciones ninguna instrucción de su empleador, ni desempeñará ninguna tarea que le encomiende su empleador, cualquier Gobierno o cualquier otra persona, empresa privada u organismo público;
el experto se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pueda atentar contra la dignidad de su función;
el experto informará a su superior jerárquico cuando, en el desempeño de sus funciones, deba pronunciarse con respecto a un asunto en cuyo tratamiento o resultado tenga un interés personal que pueda comprometer su independencia;
el experto no publicará ni hará publicar, solo o en colaboración con terceros, ningún texto cuyo objeto esté relacionado con la actividad de la Unión sin haber obtenido autorización con arreglo a las condiciones y disposiciones en vigor en la SGC. Solo podrá denegarse la autorización en caso de que la pretendida publicación pueda comprometer los intereses de la Unión;
todos los derechos derivados de cualquier actividad realizada por el experto en el desempeño de sus funciones serán propiedad de la SGC;
el experto residirá en el lugar al que sea destinado en comisión de servicio, o a una distancia del mismo que no sea incompatible con el correcto desempeño de las funciones encomendadas;
el experto prestará asistencia y asesorará al superior jerárquico al que haya sido asignado y responderá ante él de la ejecución de las funciones encomendadas.
2. Durante la comisión de servicio y una vez concluida, el experto guardará la mayor discreción con respecto a cualquier hecho o información de que tuviera conocimiento con ocasión del desempeño de sus funciones o en conexión con él. No comunicará en modo alguno a personas no habilitadas ningún documento o información que no se haya hecho público legalmente, ni los utilizará en beneficio propio.
3. Al término de la comisión de servicio, el experto seguirá obligado a actuar con integridad y discreción en el ejercicio de nuevas funciones y la aceptación de determinados puestos o beneficios.
A tal fin, en los tres años siguientes a la comisión de servicio, el experto informará inmediatamente a la SGC de cualquier función o tarea que pueda provocar un conflicto de intereses en relación con las tareas desempeñadas durante la comisión de servicio.
4. El experto estará sujeto a las normas de seguridad vigentes en la SGC, incluidas las normas de protección de datos y las normas de protección de la red de la SGC. El experto estará asimismo sujeto a las normas relativas a la protección de los intereses financieros de la Unión.
5. En caso de incumplimiento de las disposiciones de los apartados 1, 2 y 4 del presente artículo durante la comisión de servicio, la SGC podrá dar por terminada la comisión de servicio de un experto de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra c).
6. El experto notificará inmediatamente a su superior jerárquico por escrito si, en el transcurso de su comisión de servicio, tiene conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de:
una posible actividad ilegal, en particular fraude o corrupción, que sea perjudicial para los intereses de la Unión, o
una conducta relacionada con el desempeño de actividades profesionales que pueda constituir un incumplimiento grave de las obligaciones que incumban a los funcionarios de la Unión o los expertos.
El presente apartado será aplicable igualmente en caso de incumplimiento grave de una obligación similar por parte de un miembro de una institución o de cualquier otra persona que esté al servicio de una institución o preste servicios por cuenta de esta.
7. En caso de que reciba la notificación a que se refiere el apartado 6 del presente artículo, el superior jerárquico tomará las medidas establecidas en el artículo 22 bis, apartado 2, del Estatuto. Los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto se aplicarán a los superiores jerárquicos en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la presente Decisión. Estas disposiciones se aplicarán mutatis mutandis al experto de que se trate, a fin de garantizar que sus derechos sean respetados.
Suspensión de la comisión de servicio
1. A petición escrita del experto o de su empleador y, con el consentimiento de este, la SGC podrá autorizar la suspensión de la comisión de servicio y fijar las condiciones aplicables. Mientras dure la suspensión:
no se abonarán las indemnizaciones a tenor del artículo 19;
solo se reembolsarán los gastos a tenor del artículo 20 si la suspensión es a instancia de la SGC.
2. La SGC informará al empleador del experto y a la Representación Permanente del Estado miembro correspondiente.
Finalización de la comisión de servicio
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la comisión de servicio podrá concluir a solicitud de la SGC o del empleador, con un preaviso de tres meses a la otra parte. Asimismo, podrá concluir, con igual preaviso, a solicitud del experto, siempre y cuando el empleador y la SGC lo acuerden.
2. En determinadas circunstancias excepcionales podrá darse por concluida sin preaviso la comisión de servicio:
por el empleador, si sus intereses fundamentales así lo exigen;
de mutuo acuerdo entre la SGC y el empleador, a solicitud del experto a ambas partes, si los intereses fundamentales de índole personal o profesional del experto así lo exigen;
por la SGC, si el experto incumpliera alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente Decisión. Previamente se dará al experto ocasión de presentar sus observaciones;
por la SGC, en caso de finalización o modificación de la situación administrativa del experto como personal fijo o contractual del empleador. Previamente se dará al experto ocasión de presentar sus observaciones.
3. Si la comisión de servicio concluye de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra c), la SGC informará de ello inmediatamente al empleador y a la Representación Permanente del Estado miembro correspondiente.
1. Con carácter previo al comienzo de la comisión de servicio, el empleador certificará a la SGC que, mientras dure la comisión de servicio, el experto seguirá sujeto a la legislación sobre seguridad social aplicable a la administración pública del Estado miembro o la organización pública intergubernamental de la que dependa. A tal fin, la administración pública del Estado miembro facilitará a la SGC el certificado a que se refiere al artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) («el documento portátil A1»). La organización pública intergubernamental proporcionará a la SGC un certificado equivalente al documento portátil A1 y acreditará que la legislación sobre seguridad social aplicable prevé la cobertura de los gastos de asistencia sanitaria en el extranjero.
2. El experto estará cubierto por la SGC frente al riesgo de accidente a partir del inicio de la comisión de servicio. La SGC le facilitará un ejemplar de las condiciones de dicha cobertura el día en que se presente en el servicio competente de la Dirección General de la Administración para completar los trámites administrativos relacionados con la comisión de servicio.
3. Cuando, en el marco de una misión en la cual el experto participe en aplicación del artículo 7, apartado 3, y del artículo 29, sea necesario un seguro suplementario o específico, la SGC se hará cargo de los gastos correspondientes.
1. El experto estará sujeto a las normas vigentes en la SGC en materia de horario de trabajo y de horario flexible, en función de las exigencias del puesto al que sea destinado en la SGC.
2. El experto desempeñará su trabajo en régimen de jornada completa mientras dure la comisión de servicio. Previa solicitud debidamente motivada de una dirección general, y siempre y cuando resulte compatible con los intereses de la SGC, esta última podrá autorizar que el experto trabaje a tiempo parcial, previo acuerdo del empleador.
3. Si se autoriza el trabajo a tiempo parcial, el experto trabajará como mínimo la mitad de la duración normal del horario de trabajo.
4. Se podrán conceder al experto las indemnizaciones aplicables en la SGC para el trabajo por turnos o las permanencias.
Ausencia por enfermedad o accidente
1. En caso de ausencia debida a enfermedad o accidente, el experto lo notificará a su superior jerárquico a la mayor brevedad posible, indicando la dirección en que se encuentre. Si la ausencia fuera superior a tres días consecutivos, presentará un certificado médico y podrá ser sometido a los controles médicos que disponga la SGC.
2. Cuando las ausencias por enfermedad o accidente no superiores a tres días sumen en total más de doce días en un período de doce meses, el experto presentará un certificado médico ante cualquier nueva ausencia por enfermedad o accidente.
3. Cuando la ausencia por enfermedad o accidente sea superior a un mes o al período de servicios prestados por el experto, si este último fuera superior, se suspenderá automáticamente el abono de las indemnizaciones previstas en el artículo 19, apartados 1 y 2. El presente apartado no será de aplicación en caso de enfermedad derivada de embarazo. La ausencia por enfermedad o accidente no podrá prolongarse más allá del tiempo de duración de la comisión de servicio.
4. No obstante, si el experto sufre un accidente laboral durante la comisión de servicio, seguirá percibiendo el importe íntegro de las indemnizaciones previstas en el artículo 19, apartados 1 y 2, mientras persista su incapacidad para trabajar y hasta el momento en que finalice la comisión de servicio.
Vacaciones anuales, licencias especiales y días festivos
1. Sin perjuicio de las disposiciones específicas de la presente Decisión, el experto estará sujeto a las reglas vigentes en la SGC en lo que respecta a las vacaciones anuales, las licencias especiales y los días festivos.
2. Las vacaciones estarán subordinadas a la autorización previa del servicio en el que el experto esté destinado.
3. Previa solicitud debidamente motivada del empleador, la SGC podrá autorizar hasta dos días de licencia especial adicional en un período de doce meses. Las solicitudes se examinarán caso por caso.
4. Los días de vacaciones anuales que no se hayan disfrutado antes de que finalice la comisión de servicio no serán compensados.
5. Se podrá conceder al experto cuya comisión de servicio sea inferior a seis meses, previa solicitud por su parte debidamente justificada, una licencia especial por decisión del director general del servicio en el que esté destinado. La licencia especial no podrá ser superior a tres días para todo el período de la comisión de servicio. Antes de conceder dicha licencia, el director general del servicio consultará al director general de la Administración.
Licencia especial para formación
El presente artículo se aplicará a los expertos cuya comisión de servicio sea como mínimo de seis meses.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, la SGC podrá conceder una licencia especial adicional a efectos de formación del experto por el empleador, previa solicitud de este último debidamente justificada, con vistas a la reintegración del experto. Las indemnizaciones mencionadas en el artículo 19 no se abonarán durante el período de dicha licencia especial adicional.
1. El experto estará sujeto a las normas vigentes en la SGC en materia de permiso de maternidad y paternidad.
2. Si la legislación nacional aplicable al empleador concede un permiso de maternidad de duración superior, se procederá a la suspensión de la comisión de servicio, a petición de la experta y previo acuerdo de su empleador, por el tiempo en que dicho permiso supere al del otorgado por la SGC. En tal caso, al finalizar la comisión de servicio se añadirá un período de tiempo equivalente al período de suspensión, siempre y cuando el interés de la SGC así lo justifique.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la experta podrá solicitar que la comisión de servicio se suspenda durante la totalidad del período de permiso de maternidad, previo acuerdo del empleador. En tal caso, al finalizar la comisión de servicio se añadirá un período de tiempo equivalente al período de suspensión, siempre y cuando el interés de la SGC así lo justifique.
4. Las disposiciones de los apartados 2 y 3 también serán de aplicación en caso de adopción.
La Dirección General de la Administración de la SGC y la dirección general o el servicio en que esté destinado el experto se encargarán de la gestión y del control del tiempo de trabajo y de las ausencias de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en la SGC.
INDEMNIZACIONES Y GASTOS
Cálculo de indemnizaciones y gastos de viaje
1. A los efectos de la presente Decisión, los lugares de contratación, destino y retorno de un experto nacional los determinará la SGC por la posición geográfica de dichos lugares basada en su latitud y longitud, establecida en una base de datos adecuada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la SGC.
2. La distancia geográfica a la que se hace referencia en los artículos 19 y 20 de la presente Decisión entre el lugar de destino, por un lado, y el lugar de contratación o retorno, por otro, vendrá determinada por la distancia ortodrómica entre los dos puntos en función de su latitud y longitud, sobre la base del sistema de coordenadas WGS 84 (sistema geodésico mundial de 1984).
3. A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
lugar de contratación, aquel en el que el experto nacional prestaba servicios a su empleador inmediatamente antes de iniciarse la comisión de servicio;
lugar de destino, Bruselas;
lugar de retorno, aquel en el que el experto nacional ejercerá su actividad principal al concluir la comisión de servicio.
El lugar de contratación se determinará en el canje de notas a que se refiere el artículo 4, apartado 1. El lugar de retorno se determinará sobre la base de una declaración del empleador.
4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no se tendrán en cuenta las circunstancias que se deriven del trabajo realizado por un experto nacional para otro Estado miembro que no sea el del lugar de destino ni para una organización pública intergubernamental.
1. Durante todo el tiempo de la comisión de servicio, el experto nacional tendrá derecho a una indemnización diaria con arreglo a los mismos criterios que la indemnización por expatriación para los funcionarios a que se refiere el artículo 4 del anexo VII del Estatuto. Si se cumplen dichos criterios, la indemnización diaria ascenderá a 128,67 EUR. En caso contrario, será de 32,18 EUR.
2. Durante todo el tiempo de la comisión de servicio, el experto nacional tendrá derecho a una indemnización mensual adicional que se abonará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Distancia geográfica entre el lugar de contratación y el lugar de destino
3. Las indemnizaciones mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo se destinarán a cubrir asimismo los gastos de mudanza del experto nacional y cualesquiera gastos de viaje anuales realizados durante la comisión de servicio. Se abonarán durante los períodos de misión, vacaciones anuales, permiso de maternidad, paternidad o adopción, licencia especial y días festivos concedidos por la SGC, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16. Cuando se autorice el trabajo a tiempo parcial, el experto nacional tendrá derecho a que las indemnizaciones se reduzcan sobre una base proporcional.
4. Al entrar en funciones, el experto nacional recibirá por anticipado un importe equivalente a 75 días de indemnización diaria, perdiendo todo derecho a nuevas indemnizaciones de ese tipo durante el período correspondiente. Si la comisión de servicio finalizara dentro del período tomado en cuenta para calcular dicho anticipo, el experto nacional deberá reembolsar el importe que corresponda a la fracción restante de ese período.
5. Con ocasión del canje de notas previsto en el artículo 4, apartado 1, el empleador informará a la SGC de cualquier pago similar a los previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo percibido por el experto nacional. El importe de dichos pagos se deducirá de las indemnizaciones correspondientes abonadas al experto nacional por la SGC.
6. La actualización de las retribuciones e indemnizaciones adoptadas en aplicación del artículo 65 y del anexo XI del Estatuto se aplicará automáticamente a las indemnizaciones mensuales y diarias en el mes siguiente a su adopción y sin efecto retroactivo. Tras la adaptación, los nuevos importes se publicarán en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
1. El experto nacional tendrá derecho para sí mismo al reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje, al comienzo de la comisión de servicio.
2. El reembolso a tanto alzado se basará en una asignación por kilómetro de distancia geográfica entre el lugar de contratación y el lugar de destino. La asignación por kilómetro se determinará de conformidad con el artículo 7 del anexo VII del Estatuto.
3. El experto nacional tendrá derecho para sí mismo al reembolso de los gastos de viaje al lugar de retorno, al final de la comisión de servicio. En ningún caso podrá reembolsarse un importe mayor que aquel al que habría tenido derecho si regresara a su lugar de contratación.
4. No se reembolsarán los gastos de viaje de los miembros de la familia del experto nacional.
Misiones y gastos de misión
1. El experto podrá ser enviado en misión de conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3.
2. Los gastos de misión se reembolsarán de conformidad con las disposiciones vigentes en la SGC.
El experto podrá asistir a los cursos de formación organizados por la SGC cuando el interés de esta última así lo justifique. Al autorizar la asistencia a los cursos, se tendrá en cuenta si el interés del experto está justificado, en particular de cara al posterior desarrollo de su carrera profesional una vez finalizada la comisión de servicio.
1. El experto se presentará el primer día de la comisión de servicio en el servicio competente de la Dirección General de la Administración, a fin de completar los correspondientes trámites administrativos. La toma de posesión tendrá lugar el día 1 o 16 del mes.
2. La SGC realizará los pagos en euros a una cuenta bancaria abierta en una entidad bancaria en la Unión.
EXPERTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO DE CORTA DURACIÓN EXENTA DE GASTOS
1. Podrá destinarse en la SGC en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos a un experto muy especializado para que lleve a cabo tareas específicas durante un período máximo de seis meses, prorrogables de conformidad con el artículo 25, apartado 1.
Sin perjuicio de cualquier acuerdo en contrario entre la SGC y la administración que destine al experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos, dicha comisión de servicio no supondrá el pago de ninguna indemnización o gasto para la SGC, excepto, si procede, los establecidos en el artículo 29.
2. Sin perjuicio de los artículos 25 a 29, se aplicará asimismo a los expertos en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos el régimen establecido en los artículos 1 a 17, 21 a 23 y 30 a 32.
3. Sin perjuicio del artículo 8, la conducta de un experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos reflejará en todo momento que está destinado en la SGC y que en ningún caso atentará contra la dignidad de su función en la misma.
Renovación y prórroga de la comisión de servicio de corta duración exenta de gastos
1. El período a que se refiere el artículo 24, apartado 1, podrá prorrogarse una sola vez por un máximo de seis meses. No obstante, en casos excepcionales la SGC podrá decidir que se conceda una prórroga adicional de seis meses.
2. El experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos podrá ser nuevamente destinado en comisión de servicio a la SGC con arreglo al régimen establecido en la presente Decisión, a condición de que haya transcurrido un período de al menos un año entre el final del período anterior de comisión de servicio y la nueva comisión de servicio.
3. En casos excepcionales podrá acortarse el período de un año mencionado en el apartado 2.
1. En el canje de notas establecido en el artículo 4, apartado 1, se mencionará a la persona responsable en la dirección general o dirección, unidad, u otro servicio al que se destine al experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos, y se incluirá una descripción detallada de las funciones que este último deberá desempeñar.
2. El experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos recibirá de la persona responsable a que hace referencia el apartado 1 instrucciones sobre las funciones específicas que deberá desempeñar.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, y no obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartados 2 y 3, el experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos estará cubierto por la SGC contra los riesgos de accidente en caso de que no esté cubierto contra el mismo riesgo por el seguro de su empleador.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, segunda frase, el experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos únicamente trabajará a tiempo completo durante la comisión de servicio.
2. El artículo 12, apartado 4, no será aplicable a los expertos en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos.
3. El artículo 14, apartados 3 y 5, no será aplicable a los expertos en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos. No obstante, si el experto presenta una solicitud motivada se le podrá conceder una licencia especial por decisión del director general del servicio en que esté destinado. Esta licencia no podrá ser superior a tres días durante todo el período de la comisión de servicio. Antes de concederla, el director general del servicio consultará al director general de la Administración.
1. El experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos que participe en misiones en un lugar distinto del lugar de destino será reembolsado con arreglo a las normas vigentes para el reembolso de las misiones de los funcionarios, salvo si la SGC y el empleador acordaron otra cosa.
2. Si, en el marco de una misión, la SGC facilita a los funcionarios un seguro especial por alta peligrosidad, este beneficio se reconocerá asimismo a los expertos en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos que participen en la misma misión.
3. El experto en comisión de servicio de corta duración exenta de gastos que participe en una misión fuera del territorio de la Unión estará sometido a las disposiciones en materia de seguridad vigentes en la SGC para tales misiones.
Sin perjuicio de las posibilidades de interposición de recursos tras haber asumido sus funciones, en las condiciones y los plazos establecidos en el artículo 263 del TFUE, todo experto podrá presentar una reclamación ante la unidad de la Dirección General de la Administración responsable de las reclamaciones y peticiones con arreglo al Estatuto por un acto del Secretario General del Consejo en virtud de la presente Decisión que le afecte negativamente, con excepción de los actos que deriven directamente de decisiones adoptadas por el empleador.
Las reclamaciones deberán presentarse en un plazo de dos meses. El plazo se contará desde la fecha de notificación de la decisión al interesado, y en ningún caso después de la fecha en que este haya recibido dicha notificación. El director general de la Administración notificará su decisión motivada al interesado en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la reclamación. Si al término de dicho plazo el experto no ha recibido una respuesta a la reclamación, se entenderá desestimada por silencio administrativo.
Cada año se informará a las Representaciones Permanentes de todos los Estados miembros del número de expertos destinados en la SGC. Dicha información incluirá asimismo los datos siguientes:
las nacionalidades de los expertos de una organización pública intergubernamental, según lo establecido en el artículo 2, apartado 4, párrafo segundo;
cualquier excepción al procedimiento de selección de conformidad con el artículo 3, apartado 4;
el destino de todos los expertos;
cualquier suspensión y finalización anticipada de la comisión de servicio de los expertos, a tenor de los artículos 9 y 10;
la actualización anual de las indemnizaciones de los expertos nacionales de conformidad con el artículo 19.
El secretario general del Consejo ejercerá todos los poderes que se otorguen a la SGC en virtud de la presente Decisión. El secretario general del Consejo está autorizado a delegar la totalidad o parte de sus poderes en el director general de la Administración de la SGC.
Queda derogada la Decisión 2007/829/CE. No obstante, su artículo 2, apartado 1, y sus artículos 15 a 19 seguirán siendo aplicables a todas las comisiones de servicio en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Decisión, sin perjuicio del artículo 34.
La presente Decisión será aplicable a cualquier nueva comisión de servicio o renovación o prórroga de una comisión de servicio, a partir del primer día del mes siguiente al que surta efecto.
Hecho en Luxemburgo, el 23 de junio de 2015.
(1) Decisión 2007/829/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 2007, relativa al régimen aplicable a los expertos y militares nacionales destinados en comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo y por la que se deroga la Decisión 2003/479/CE (DO L 327 de 13.12.2007, p. 10).
(2) Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO L 287 de 29.10.2013, p. 15).
(3) Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
DECISIÓN (UE) 2015/1028 DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de junio de 2015
que modifica la Decisión de Ejecución 2014/88/UE, por la que se suspenden temporalmente las importaciones procedentes de Bangladés de productos alimenticios que estén compuestos de hojas de betel (Piper betle) o que las contengan, en lo que respecta a su período de aplicación
[notificada con el número C(2015) 4187]
Visto el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1), y, en particular, su artículo 53, apartado 1, letra b), inciso i),
La Decisión de Ejecución 2014/88/UE de la Comisión (2) se adoptó tras haber recibido un elevado número de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), alertando de la presencia de una amplia variedad de cepas de salmonela, incluida la Salmonella typhimurium, en productos alimenticios. Esta cepa es el segundo serotipo más notificado en casos humanos, y se han detectado prevalencias elevadas en productos alimenticios compuestos de hojas de betel (Piper betle, conocidas comúnmente como «paan» o «quid de betel») o que las contienen, procedentes de Bangladés. Desde 2011, el Reino Unido ha comunicado varios brotes de intoxicación por salmonela a través de hojas de betel. Además, es probable que el número de casos esté infradeclarado en la Unión.
En consecuencia, la Decisión de Ejecución 2014/88/UE prohibió importar en la Unión productos alimenticios procedentes de Bangladés compuestos de hojas de betel, o que las contengan, hasta el 31 de julio de 2014.
La Decisión de Ejecución 2014/510/UE de la Comisión (3) prorrogó el período de aplicación de la Decisión de Ejecución 2014/88/UE hasta el 30 de junio de 2015.
El plan de acción presentado por Bangladés en mayo de 2015 es incompleto, y no existen garantías sobre su aplicación y cumplimiento efectivos. La prohibición autoimpuesta de exportar hojas de betel introducida por Bangladés en mayo de 2013 sigue en vigor. Sin embargo, no ha resultado ser totalmente efectiva, y desde su adopción se han notificado a través del RASFF 25 casos de tentativa de importación de hojas de betel en la Unión. Por lo tanto, no puede concluirse que las garantías proporcionadas por Bangladés sean suficientes para hacer frente a los graves riesgos para la salud humana. Deben, por lo tanto, mantenerse las medidas de emergencia establecidas por la Decisión 2014/88/UE.
El período de aplicación de la Decisión de Ejecución 2014/88/UE debe, por lo tanto, prorrogarse.
El artículo 4 de la Decisión de Ejecución 2014/88/UE se sustituye por el texto siguiente:
La presente Decisión se aplicará hasta el 30 de junio de 2016.».
Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2015.
(2) Decisión de Ejecución 2014/88/UE de la Comisión, de 13 de febrero de 2014, por la que se suspenden temporalmente las importaciones procedentes de Bangladesh de productos alimenticios que estén compuestos de hojas de betel (Piper betle) o que las contengan (DO L 45 de 15.2.2014, p. 34).
(3) Decisión de Ejecución 2014/510/UE de la Comisión, de 29 de julio de 2014, que modifica la Decisión de Ejecución 2014/88/UE, por la que se suspenden temporalmente las importaciones procedentes de Bangladesh de productos alimenticios que estén compuestos de hojas de betel (Piper betle) o que las contengan, en lo que respecta a su período de aplicación (DO L 228 de 31.7.2014, p. 33).
RECOMENDACIÓN (UE) 2015/1029 DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo del Reino Unido
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
De conformidad con el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
De conformidad con el punto 4 del Protocolo (no 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, la obligación en virtud del artículo 126, apartado 1, del TFUE de evitar déficits públicos excesivos no se aplica al Reino Unido, a menos que este adopte el euro. El punto 5 de dicho Protocolo dispone que el Reino Unido tratará de evitar un déficit público excesivo.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
De conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), el 8 de julio de 2008 el Consejo decidió que existía un déficit excesivo en el Reino Unido, y formuló una recomendación dirigida a que se corrigiera a más tardar en el ejercicio presupuestario 2009-2010, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del TCE y el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo (1) (2).
De conformidad con el artículo 104, apartado 8, del TCE, el 27 de abril de 2009 el Consejo decidió que el Reino Unido no había tomado medidas en respuesta a su recomendación de 8 de julio de 2008 (3). El 2 de diciembre de 2009, el Consejo formuló una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE en la que aconsejaba que el Reino Unido pusiese fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2014-2015. El 6 de julio de 2010, la Comisión concluyó que, sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2010, el Reino Unido había tomado medidas efectivas en consonancia con la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 y consideró, por consiguiente, que, en ese momento, no era preciso adoptar ninguna otra medida en el procedimiento de déficit excesivo.
De conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE, el 19 de junio de 2015 el Consejo determinó que el Reino Unido no había tomado medidas efectivas en el período 2010-2011 a 2014-2015 en respuesta a la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009.
De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se trate para que ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado. La recomendación debe establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro de que se trate tome medidas efectivas encaminadas a corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo ha de exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones en que se sustenta la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo estructural, es decir, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB, como valor de referencia.
La actualización de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015 (4) prevé un aumento del PIB real del 2,4 % en 2015-2016 y del 2,1 % en 2016-2017, tras un crecimiento de un 2,8 % en 2014-2015 (5). Las principales contribuciones al crecimiento en ambos años se deben a la demanda interna. Se prevé que el consumo privado registre un repunte gradual durante el período de previsión a medida que se acelere el crecimiento nominal de los salarios y la inflación se mantenga baja. La inflación ha disminuido rápidamente desde su punto culminante del 5,2 %, de septiembre de 2011, hasta situarse en el 0,1 % en el primer trimestre de 2015. Se espera que aumente hasta el 1,1 % en el último trimestre de 2015, con una previsión anual de un 0,4 %, y al 1,6 % en 2016. Aunque se prevé que las inversiones disminuyan ligeramente a partir de 2014, deberían seguir siendo relativamente sólidas en un contexto de condiciones de crédito favorables, elevados beneficios empresariales y fuerte demanda. Se prevé que el sector exterior siga contribuyendo de manera negativa al crecimiento, aunque en menor grado, a medida que mejoran las previsiones en la zona del euro, el principal socio comercial del Reino Unido. El empleo ha mostrado un comportamiento sólido y se prevé que la tasa de desempleo descienda al 5,4 % en 2015 e incluso hasta el 5,3 % en 2016.
El déficit de las administraciones públicas ha disminuido de un máximo del 10,9 % del PIB en 2009-2010 al 5,2 % del PIB en 2014-2015. El saldo estructural se redujo durante el mismo período, pasando del 8,0 % al 4,7 % del PIB. La mejora anual media del esfuerzo estructural ascendió a un 0,7 % entre 2010-2011 y 2014-2015. Si se tiene en cuenta el impacto de las revisiones del crecimiento potencial de la producción entre las previsiones actuales y aquellas en las que se basaron la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009, así como el impacto de la evolución de los ingresos con respecto a las elasticidades estándar en el crecimiento del PIB, se estima que el esfuerzo estructural ajustado anual medio a lo largo del período es del 1,1 % del PIB. La gran mayoría de las medidas destinadas al plan de saneamiento se establecieron en el presupuesto de urgencia de junio de 2010 y suponen el 2,5 % del PIB en el período 2010-2011 a 2014-2015. Algo más de una cuarta parte de ellas eran medidas fiscales, mientras que las tres cuartas partes restantes consistían en recortes del gasto. El resto del saneamiento presupuestario, de alrededor del 1 % del PIB, se realizó a través de los dos anuncios fiscales previos al presupuesto de junio de 2010 y los posteriores presupuestos y las declaraciones de otoño hasta noviembre de 2014. Se produjo un cierto trasvase entre el gasto corriente y el de capital, y el período de saneamiento se amplió a 2018-2019.
La deuda bruta de las administraciones públicas se ha incrementado desde el 42,7 % del PIB en 2007-2008 hasta el 88,4 % del PIB en 2014-2015, manteniéndose por encima del valor de referencia del Tratado desde 2009-2010. La dinámica del déficit primario y las intervenciones en el sector financiero, con la nacionalización de dos bancos, han contribuido a este aumento de la deuda. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, se prevé que la ratio deuda/PIB siga aumentando de forma marginal. Al mismo tiempo, las partidas fuera de balance relacionadas con las intervenciones en el sector financiero podrían tener un efecto positivo en la evolución futura de la deuda.
Como en 2014-2015 el déficit global ascendió al 5,2 % del PIB, el Reino Unido no corrigió el déficit excesivo en el plazo establecido en la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009. Ello se debió a la falta de medidas suficientes y a una posición de partida del crecimiento mucho más desfavorable del PIB, fijada en – 2,3 % tras haber sido revisada a la baja en 1,0 punto porcentual en 2008-2009. En consonancia con las normas del Pacto de estabilidad y crecimiento, está justificado que se dirija al Reino Unido una recomendación revisada en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, por la que se establezca un nuevo plazo para la corrección del déficit excesivo.
En un contexto de incertidumbre en cuanto a la evolución económica y presupuestaria, el objetivo presupuestario recomendado para el último ejercicio del período de corrección debe fijarse en un nivel algo inferior al valor de referencia del Tratado, a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera en el plazo establecido.
La concesión de un año adicional al Reino Unido, que constituye la regla general en virtud del Reglamento (CE) no 1467/97, sería demasiado exigente en el caso del Reino Unido, ya que implicaría un ajuste del déficit global del 2,2 % del PIB. Este ajuste en 2015-2016 podría afectar significativamente al reciente repunte del incremento real de los salarios y, por consiguiente, tener consecuencias negativas para el crecimiento. También requeriría la aplicación de medidas adicionales en plazos muy ajustados. Sobre la base de la actualización de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, tal ajuste tendría un importante efecto negativo sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, parece oportuno ampliar a dos años el plazo para que el Reino Unido ponga fin a la situación de déficit excesivo.
Conceder dos años adicionales para la corrección del déficit excesivo implicaría unos objetivos intermedios para el déficit del 4,1 % del PIB en 2015-2016 y del 2,7 % del PIB en 2016-2017. La mejora subyacente del saldo presupuestario estructural que implican estos objetivos es del 0,5 % y del 1,1 % del PIB, respectivamente. La hipótesis de base que se maneja en las previsiones actualizadas de la Comisión de la primavera de 2015 incluye medidas discrecionales previamente anunciadas del 1,4 % del PIB en 2015-2016 y 2016-2017, de las cuales alrededor de tres cuartas partes consisten en recortes del gasto. Esta senda de ajuste ofrece un margen de seguridad suficiente frente al valor de referencia de déficit del 3 % del PIB y se considera que es la menos perjudicial para el crecimiento, al tiempo que permite respetar la mejora estructural anual mínima obligatoria del 0,5 % del PIB. Para alcanzar estos objetivos, el Reino Unido tiene que aplicar plena y puntualmente las medidas anunciadas hasta el presupuesto de 2015, inclusive, debiendo ser neutras desde un punto de vista fiscal las modificaciones que se introduzcan en los planes vigentes; en ese caso, no serán necesarias otras medidas distintas de las ya anunciadas,
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:
El Reino Unido debe poner fin a la actual situación de déficit excesivo a más tardar en 2016-2017.
El Reino Unido debe alcanzar un déficit global del 4,1 % del PIB en 2015-2016 y del 2,7 % del PIB en 2016-2017, lo que debe ser coherente con la consecución de una mejora del saldo estructural del 0,5 % del PIB en 2015-2016 y del 1,1 % del PIB en 2016-2017, sobre la base de la actualización de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015.
El Reino Unido debe aplicar plenamente las medidas de saneamiento incorporadas en todos los presupuestos y en las declaraciones de otoño hasta el presupuesto de 2015, inclusive, para lograr el esfuerzo estructural recomendado, debiendo ser neutras desde un punto de vista fiscal las modificaciones que se introduzcan en los planes vigentes. El Reino Unido debe especificar en mayor detalle los recortes del gasto en la próxima revisión del gasto. Son necesarios para llevar a cabo la corrección del déficit excesivo de aquí a 2016-2017.
El Reino Unido debe acelerar la reducción del déficit global en 2015-2016 y 2016-2017 si las condiciones económicas, financieras o presupuestarias resultan mejores de lo esperado. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural general de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento. En particular, deben evitarse nuevos recortes de los gastos de capital.
El Consejo establece el plazo del 15 de octubre de 2015 para que el Reino Unido: i) adopte medidas efectivas, y ii) transmita, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) no 1467/97, un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
Por otra parte, las autoridades del Reino Unido deben: i) cumplir la obligación de establecer un objetivo presupuestario a medio plazo, tal como se establece en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ii) aplicar las reformas proyectadas de incrementar la edad de jubilación con el fin de contribuir a reforzar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
Por último, para garantizar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, también será importante respaldar el saneamiento presupuestario con reformas estructurales de gran alcance, acordes con las recomendaciones que el Consejo ha dirigido al Reino Unido en el contexto del Semestre Europeo y, en particular, las relacionadas con el componente preventivo del procedimiento de desequilibrio macroeconómico.
El destinatario de la presente Recomendación es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
(1) Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
(2) Todos los documentos relacionados con el procedimiento de déficit excesivo del Reino Unido pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm
(3) Decisión 2009/409/CE del Consejo, de 27 de abril de 2009, por la que se determina, con arreglo al artículo 104, apartado 8, del Tratado, si el Reino Unido ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 8 de julio de 2008, formulada de conformidad con el artículo 104, apartado 7 (DO L 132 de 29.5.2009, p. 11).
(4) El crecimiento del PIB del primer trimestre de 2015 se publicó con posterioridad a la finalización de las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, por lo que la presente evaluación de las medidas eficaces adoptadas se basa en previsiones actualizadas.
(5) Las previsiones de primavera publicadas presentan solo cifras del año civil. Los valores para los ejercicios financieros se calculan a partir del perfil trimestral de la previsión publicada.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 65
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 81
 artículo 218
 artículo 81
 artículo 218
 artículo 3
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 126
 artículo 2
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 126
 artículo 240
 artículo 235
 artículo 240
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 65
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 263
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 3
 artículo 104
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 3
 artículo 126
 artículo 3
 artículo 104
 artículo 104