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Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. T�TULO III.�Obligaciones de servicio p�blico y derechos y obligaciones de car�cter p�blico en la explotaci�n de redes y en la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2005).
Vigencia desde 05 de Noviembre de 2003. Esta revisi�n vigente desde 05 de Noviembre de 2003 hasta 01 de Enero de 2005
Vigente desde 5/Noviembre/2003 hasta 1/Enero/2005
Vigente desde 1/Enero/2005 hasta 15/Junio/2005
Vigente desde 15/Junio/2005 hasta 8/Noviembre/2007
Vigente desde 8/Noviembre/2007 hasta 30/Diciembre/2007
Vigente desde 30/Diciembre/2007 hasta 27/Diciembre/2009
Vigente desde 27/Diciembre/2009 hasta 1/Mayo/2010
Vigente desde 1/Mayo/2010 hasta 6/Marzo/2011
Vigente desde 1/Abril/2012 hasta 6/Junio/2013
T�TULO IIIObligaciones de servicio p�blico y derechos y obligaciones de car�cter p�blico en la explotaci�n de redes y en la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas
CAP�TULO IObligaciones de servicio p�blico
SECCI�N 1DELIMITACI�N
Delimitaci�n de las obligaciones de servicio p�blico 1. Este cap�tulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico, de adecuada calidad en todo el territorio nacional a trav�s de una competencia y una libertad de elecci�n reales, y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.
2. Los operadores se sujetar�n al r�gimen de obligaciones de servicio p�blico y de car�cter p�blico, de acuerdo con lo establecido en este t�tulo. Cuando se impongan obligaciones de servicio p�blico, conforme a lo dispuesto en este cap�tulo, se aplicar� con car�cter supletorio el r�gimen establecido para la concesi�n de servicio p�blico determinado por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
3. El cumplimiento de las obligaciones de servicio p�blico en la explotaci�n de redes p�blicas y en la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas para los que aqu�llas sean exigibles se efectuar� con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminaci�n, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los t�rminos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. Corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a el control y el ejercicio de las facultades de la Administraci�n relativas a las obligaciones de servicio p�blico y de car�cter p�blico a que se refiere este art�culo.
Categor�as de obligaciones de servicio p�blico Los operadores est�n sometidos a las siguientes categor�as de obligaciones de servicio p�blico:
a) El servicio universal en los t�rminos contenidos en la secci�n 2.� de este cap�tulo.
b) Otras obligaciones de servicio p�blico impuestas por razones de inter�s general, en la forma y con las condiciones establecidas en la secci�n 3.� de este cap�tulo.
SECCI�N 2EL SERVICIO UNIVERSAL
Concepto y �mbito de aplicaci�n 1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestaci�n se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localizaci�n geogr�fica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deber� garantizar, en los t�rminos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno:
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexi�n a la red telef�nica p�blica desde una ubicaci�n fija y acceder a la prestaci�n del servicio telef�nico disponible al p�blico, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los t�rminos que reglamentariamente se determinen. La conexi�n debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef�nicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a internet.
Letra a) del n�mero 1 del art�culo 22 redactada por el art�culo 7 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci�n (�B.O.E.� 29 diciembre)
b) Que se ponga a disposici�n de los abonados al servicio telef�nico disponible al p�blico una gu�a general de n�meros de abonados, ya sea impresa o electr�nica, o ambas, y se actualice, como m�nimo, una vez al a�o. Asimismo, que se ponga a disposici�n de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de tel�fonos p�blicos de pago, al menos un servicio de informaci�n general sobre n�meros de abonados. Todos los abonados al servicio telef�nico disponible al p�blico tendr�n derecho a figurar en la mencionada gu�a general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protecci�n de los datos personales y el derecho a la intimidad.
c) Que exista una oferta suficiente de tel�fonos p�blicos de pago, en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geogr�fica, en n�mero de aparatos, accesibilidad de estos tel�fonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios, y que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los tel�fonos p�blicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el n�mero �nico de llamadas de emergencia 112 y otros n�meros de emergencia espa�oles.
Letra c) del n�mero 1 del art�culo 22 redactada por el art�culo 7 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci�n (�B.O.E.� 29 diciembre).
d) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telef�nico disponible al p�blico desde una ubicaci�n fija y a los dem�s elementos del servicio universal citados en este art�culo en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
e) Que, cuando as� se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los consumidores que sean personas f�sicas, de acuerdo con condiciones transparentes, p�blicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotaci�n comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso al servicio telef�nico disponible al p�blico o hacer uso de �ste.
f) Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparaci�n geogr�fica u otros reg�menes similares, de acuerdo con condiciones transparentes, p�blicas y no discriminatorias.
N�mero 1 del art�culo 22 redactado por el apartado diecis�is del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
2. Reglamentariamente se podr�n adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad tambi�n puedan beneficiarse de la capacidad de elecci�n de operadores de que disfruta la mayor�a de los usuarios finales. Asimismo, podr�n establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas f�sicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
3. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estar�n sujetas a los mecanismos de financiaci�n que se establecen en el art�culo 24.
4. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podr� revisar el alcance de las obligaciones de servicio universal.
Prestaci�n del servicio universal 1. El Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a podr� designar uno o m�s operadores para que garanticen la prestaci�n del servicio universal a que se refiere el art�culo anterior, de manera que quede cubierta la totalidad del territorio nacional. A estos efectos podr�n designarse operadores diferentes para la prestaci�n de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas zonas del territorio nacional.
2. El sistema de designaci�n de operadores encargados de garantizar la prestaci�n de los servicios, prestaciones y ofertas del servicio universal se establecer� mediante real decreto, con sujeci�n a los principios de eficacia, objetividad, transparencia y no discriminaci�n. En todo caso, contemplar� un mecanismo de licitaci�n p�blica para todos o algunos de dichos servicios, prestaciones y ofertas, que, con pleno respeto de los derechos anteriormente se�alados, deber� utilizarse cuando de un proceso de consulta p�blica resulte que varios operadores est�n interesados en ser designados para garantizar la prestaci�n del servicio universal en una zona geogr�fica determinada, con car�cter exclusivo o en competencia con otros operadores. Estos procedimientos de designaci�n se podr�n utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el art�culo 24.1.
N�mero 3 del art�culo 23 introducido por el apartado diecisiete del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
N�mero 4 del art�culo 23 introducido por el apartado diecisiete del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
N�mero 5 del art�culo 23 introducido por el apartado diecisiete del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Coste y financiaci�n del servicio universal 1. La Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones determinar� si la obligaci�n de la prestaci�n del servicio universal puede implicar una carga injustificada para los operadores obligados a su prestaci�n. En caso de que se considere que puede existir dicha carga injustificada, el coste neto de prestaci�n del servicio universal ser� determinado peri�dicamente de acuerdo con los procedimientos de designaci�n previstos en el art�culo 23.2, o en funci�n del ahorro neto que el operador conseguir�a si no tuviera la obligaci�n de prestar el servicio universal. Este ahorro neto se calcular� de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
2. El coste neto de la obligaci�n de prestaci�n del servicio universal ser� financiado por un mecanismo de compensaci�n, en condiciones de transparencia, por todas o determinadas categor�as de operadores en las condiciones fijadas en los apartados siguientes de este art�culo. Mediante real decreto se fijar�n los t�rminos y condiciones en los que se har�n efectivas las aportaciones al citado mecanismo de compensaci�n.
3. En caso de aplicarse total o parcialmente un mecanismo de reparto entre los operadores referidos en el apartado anterior y una vez fijado este coste, la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones determinar� las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribuci�n a la financiaci�n del servicio universal.
Dichas aportaciones, as� como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se fijar�n en las condiciones que se establezcan en el reglamento citado en el apartado anterior.
Las aportaciones recibidas se depositar�n en el Fondo nacional del servicio universal, que se crea por esta ley.
4. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiaci�n del servicio universal. Los activos en met�lico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a la financiaci�n del servicio universal se depositar�n en este fondo, en una cuenta espec�fica designada a tal efecto. Los gastos de gesti�n de esta cuenta ser�n deducidos de su saldo, y los rendimientos que �ste genere, si los hubiere, minorar�n la contribuci�n de los aportantes.
En la cuenta podr�n depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por cualquier persona f�sica o jur�dica que desee contribuir, desinteresadamente, a la financiaci�n de cualquier prestaci�n propia del servicio universal.
Los operadores sujetos a obligaciones de prestaci�n del servicio universal recibir�n de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligaci�n, calculado seg�n el procedimiento establecido en este art�culo.
La Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones se encargar� de la gesti�n del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinar� su estructura, organizaci�n, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizar�n las aportaciones. Asimismo podr� prever la existencia de un mecanismo de compensaci�n directa entre operadores cuando la magnitud del coste no justifique los costes de gesti�n del fondo.
SECCI�N 3OTRAS OBLIGACIONES DE SERVICIO P�BLICO
Otras obligaciones de servicio p�blico 1. El Gobierno podr�, por necesidades de la defensa nacional, de la seguridad p�blica o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protecci�n civil, imponer otras obligaciones de servicio p�blico distintas de las de servicio universal a los operadores.
2. El Gobierno podr�, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio p�blico, previo informe de la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, motivadas por:
a) Razones de cohesi�n territorial.
b) Razones de extensi�n del uso de nuevos servicios y tecnolog�as, en especial a la sanidad, a la educaci�n, a la acci�n social y a la cultura.
c) Razones de facilitar la comunicaci�n entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y est�n insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
d) Por necesidad de facilitar la disponibilidad de servicios que comporten la acreditaci�n de fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisi�n o recepci�n.
3. Mediante real decreto se regular� el procedimiento de imposici�n de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiaci�n.
4. En cualquier caso, la obligaci�n de encaminar las llamadas a los servicios de emergencia sin derecho a contraprestaci�n econ�mica de ning�n tipo deber� ser asumida tanto por los operadores que presten servicios telef�nicos disponibles al p�blico como por los que exploten redes telef�nicas p�blicas. Esta obligaci�n se impondr� a dichos operadores respecto de las llamadas dirigidas al n�mero telef�nico 112 de atenci�n a emergencias y a otros que se determinen mediante real decreto, incluidas aquellas que se efect�en desde tel�fonos p�blicos de pago, sin que sea necesario utilizar ninguna forma de pago en estos casos. Asimismo, se establecer�n las condiciones para que pongan a disposici�n de las autoridades receptoras de dichas llamadas la informaci�n relativa a la ubicaci�n de su procedencia, en la medida en que ello sea t�cnicamente viable.
En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia ser� gratuito para los usuarios, cualquiera que sea la Administraci�n p�blica responsable de su prestaci�n y con independencia del tipo de terminal que se utilice.
N�mero 4 del art�culo 25 redactado por el apartado dieciocho del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
CAP�TULO IIDerechos de los operadores a la ocupaci�n del dominio p�blico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiaci�n forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
Derecho de ocupaci�n del dominio p�blico 1. Los operadores tendr�n derecho, en los t�rminos de este cap�tulo, a la ocupaci�n del dominio p�blico en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red p�blica de comunicaciones electr�nicas de que se trate.
2. Los �rganos encargados de la redacci�n de los distintos instrumentos de planificaci�n territorial o urban�stica deber�n recabar de la Administraci�n General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas en el �mbito territorial a que se refieran.
Los instrumentos de planificaci�n territorial o urban�stica deber�n recoger las necesidades de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a y garantizar�n la no discriminaci�n entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector.
Derecho de ocupaci�n de la propiedad privada 1. Los operadores tambi�n tendr�n derecho, en los t�rminos de este cap�tulo, a la ocupaci�n de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalaci�n de la red en la medida prevista en el proyecto t�cnico presentado y siempre que no existan otras alternativas econ�micamente viables, ya sea a trav�s de su expropiaci�n forzosa o mediante la declaraci�n de servidumbre forzosa de paso para la instalaci�n de infraestructura de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas. En ambos casos tendr�n la condici�n de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislaci�n sobre expropiaci�n forzosa.
2. La aprobaci�n del proyecto t�cnico por el �rgano competente de la Administraci�n General del Estado llevar� impl�cita, en cada caso concreto, la declaraci�n de utilidad p�blica y la necesidad de ocupaci�n para la instalaci�n de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas, a efectos de lo previsto en la legislaci�n de expropiaci�n forzosa.
3. Con car�cter previo a la aprobaci�n del proyecto t�cnico, se recabar� informe de la comunidad aut�noma competente en materia de ordenaci�n del territorio, que habr� de ser emitido en el plazo m�ximo de 15 d�as desde su solicitud. No obstante, previa solicitud de la comunidad aut�noma, este plazo ser� ampliado hasta dos meses si el proyecto afecta a un �rea geogr�fica relevante.
4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalaci�n de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas cuyos titulares tengan impuestas obligaciones de servicio p�blico indicadas en el art�culo 22 o en los apartados 1 y 2 del art�culo 25, se seguir� el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiaci�n Forzosa, cuando as� se haga constar en la resoluci�n del �rgano competente de la Administraci�n General del Estado que apruebe el oportuno proyecto t�cnico.
Normativa aplicable a la ocupaci�n del dominio p�blico y la propiedad privada 1. En la autorizaci�n de ocupaci�n del dominio p�blico ser� de aplicaci�n, adem�s de lo previsto en esta ley, la normativa espec�fica relativa a la gesti�n del dominio p�blico concreto de que se trate y la regulaci�n dictada por su titular en aspectos relativos a su protecci�n y gesti�n.
2. Asimismo ser� de aplicaci�n en la ocupaci�n del dominio p�blico y la propiedad privada para la instalaci�n de redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas la normativa espec�fica dictada por las Administraciones p�blicas con competencias en medio ambiente, salud p�blica, seguridad p�blica, defensa nacional, ordenaci�n urbana o territorial y tributaci�n por ocupaci�n del dominio p�blico, en los t�rminos que se establecen en el art�culo siguiente.
L�mites de la normativa a que se refiere el art�culo anterior 1. La normativa a que se refiere el art�culo anterior deber�, en todo caso, reconocer el derecho de ocupaci�n del dominio p�blico o la propiedad privada para el despliegue de las redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas de conformidad con lo dispuesto en este t�tulo. En cumplimiento de la normativa de la Uni�n Europea, se podr�n imponer condiciones al ejercicio de este derecho de ocupaci�n por los operadores, que estar�n justificadas por razones de protecci�n del medio ambiente, la salud p�blica, la seguridad p�blica, la defensa nacional o la ordenaci�n urbana y territorial. La entidad de la limitaci�n que entra�en para el ejercicio de ese derecho deber� resultar proporcionada en relaci�n con el concreto inter�s p�blico que se trata de salvaguardar.
Estas condiciones o l�mites no podr�n implicar restricciones absolutas al derecho de ocupaci�n del dominio p�blico y privado de los operadores. En este sentido, cuando una condici�n pudiera implicar la imposibilidad, por falta de alternativas, de llevar a cabo la ocupaci�n del dominio p�blico o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condici�n deber� ir acompa�ado de las medidas necesarias, entre ellas el uso compartido de infraestructuras, para garantizar el derecho de ocupaci�n de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
P�rrafo segundo del n�mero 1 del art�culo 29 redactado por el apartado diecinueve del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo anterior, deber�n cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser publicadas en un diario oficial del �mbito correspondiente a la Administraci�n competente. De dicha publicaci�n y de un resumen de �sta, ajustado al modelo que se establezca mediante orden del Ministro de Ciencia y Tecnolog�a, as� como del texto de las ordenanzas fiscales municipales que impongan las tasas por utilizaci�n privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las v�as p�blicas municipales contempladas en el art�culo 24.1.c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y del de cuantas disposiciones de naturaleza tributaria afecten a la utilizaci�n de bienes de dominio p�blico de otra titularidad se deber�n dar traslado a la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que �sta publique una sinopsis en internet.
b) Incluir un procedimiento r�pido y no discriminatorio de resoluci�n de las solicitudes de ocupaci�n.
Letra b) del n�mero 2 del art�culo 29 redactada por el apartado veinte del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
d) Garantizar el respeto de los l�mites impuestos a la intervenci�n administrativa en esta ley en protecci�n de los derechos de los operadores. En particular, las solicitudes de informaci�n que se realicen a los operadores deber�n ser motivadas, tener una justificaci�n objetiva, ser proporcionadas al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario.
3. Si las Administraciones p�blicas reguladoras o titulares del dominio p�blico a que se refiere este art�culo ostentan la propiedad o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes de comunicaciones electr�nicas, deber�n mantener una separaci�n estructural entre dichos operadores y los �rganos encargados de la regulaci�n y gesti�n de estos derechos.
N�mero 3 del art�culo 29 redactado por el apartado veintiuno del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Ubicaci�n compartida y uso compartido de la propiedad p�blica o privada 1. Las Administraciones p�blicas fomentar�n la celebraci�n de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicaci�n compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad p�blica o privada.
N�mero 1 del art�culo 30 redactado por el apartado veintid�s del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
2. Cuando los operadores tengan derecho a la ocupaci�n de la propiedad p�blica o privada y no puedan ejercitar por separado dichos derechos, por no existir alternativas por motivos justificados en razones de medio ambiente, salud p�blica, seguridad p�blica u ordenaci�n urbana y territorial, la Administraci�n competente en dichas materias, previo tr�mite de informaci�n p�blica, acordar� la utilizaci�n compartida del dominio p�blico o la propiedad privada en que se van a establecer las redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas o el uso compartido de las infraestructuras en que se vayan a apoyar tales redes, seg�n resulte necesario.
3. El uso compartido se articular� mediante acuerdos entre los operadores interesados. A falta de acuerdo, las condiciones del uso compartido se establecer�n, previo informe preceptivo de la citada Administraci�n competente, mediante Resoluci�n de la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones. Dicha resoluci�n deber� incorporar, en su caso, los contenidos del informe emitido por la Administraci�n competente interesada que �sta califique como esenciales para la salvaguarda de los intereses p�blicos cuya tutela tenga encomendados.
4. Cuando en aplicaci�n de lo dispuesto en este art�culo se imponga el uso compartido de instalaciones radioel�ctricas emisoras pertenecientes a redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas y de ello se derive la obligaci�n de reducir los niveles de potencia de emisi�n, deber�n autorizarse m�s emplazamientos si son necesarios para garantizar la cobertura de la zona de servicio.
N�mero 5 del art�culo 30 introducido por el apartado veintitr�s del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Informaci�n p�blica y acreditaci�n de los derechos de ocupaci�n 1. La Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones publicar� en internet un resumen de las normas que cada Administraci�n le haya comunicado en cumplimiento de lo establecido en el art�culo 29.2.
2. Los operadores podr�n dirigirse a la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones para que �sta les emita en el plazo de seis d�as una certificaci�n registral acreditativa de su inscripci�n en el Registro de operadores y de su consiguiente derecho a obtener derechos de ocupaci�n del dominio p�blico o de la propiedad privada.
Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad 1. La protecci�n del dominio p�blico radioel�ctrico tiene como finalidades su aprovechamiento �ptimo, evitar su degradaci�n y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones.
Podr�n establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo el�ctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protecci�n radioel�ctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioel�ctricas utilizadas para la prestaci�n de servicios p�blicos, por motivos de seguridad p�blica o cuando as� sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los t�rminos de la disposici�n adicional primera y las normas de desarrollo de esta ley.
2. Asimismo podr�n imponerse l�mites a los derechos de uso del dominio p�blico radioel�ctrico para la protecci�n de otros bienes jur�dicamente protegidos prevalentes o de servicios p�blicos que puedan verse afectados por la utilizaci�n de dicho dominio p�blico, en los t�rminos que mediante real decreto se determinen, que deber�n regirse, en cualquier caso, por los principios de contradicci�n, transparencia y publicidad.
CAP�TULO IIISecreto de las comunicaciones y protecci�n de los datos personales y derechos y obligaciones de car�cter p�blico vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electr�nicas
Secreto de las comunicaciones Los operadores que exploten redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas o que presten servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico deber�n garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los art�culos 18.3 y 55.2 de la Constituci�n, debiendo adoptar las medidas t�cnicas necesarias.
Asimismo, los operadores deber�n adoptar a su costa las medidas que se establezcan reglamentariamente para la ejecuci�n de las interceptaciones dispuestas conforme a lo establecido en el art�culo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Org�nica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Art�culo 33 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci�n de datos relativos a las comunicaciones electr�nicas y a las redes p�blicas de comunicaciones (�B.O.E.� 19 octubre).
Protecci�n de los datos de car�cter personal Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del art�culo 4 y en el segundo p�rrafo del art�culo anterior, as� como en la restante normativa espec�fica aplicable, los operadores que exploten redes p�blicas de comunicaciones electr�nicas o que presten servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico deber�n garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protecci�n de los datos de car�cter personal conforme a la legislaci�n vigente.
Los operadores a los que se refiere el p�rrafo anterior deber�n adoptar las medidas t�cnicas y de gesti�n adecuadas para preservar la seguridad en la explotaci�n de su red o en la prestaci�n de sus servicios, con el fin de garantizar los niveles de protecci�n de los datos de car�cter personal que sean exigidos por la normativa de desarrollo de esta ley en esta materia. En caso de que exista un riesgo particular de violaci�n de la seguridad de la red p�blica de comunicaciones electr�nicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunicaciones electr�nicas informar� a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.
Art�culo 34 redactado por el apartado veinticuatro del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Interceptaci�n de las comunicaciones electr�nicas por los servicios t�cnicos 1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorizaci�n judicial para la interceptaci�n de contenidos, cuando para la realizaci�n de las tareas de control para la eficaz utilizaci�n del dominio p�blico radioel�ctrico sea necesaria la utilizaci�n de equipos, infraestructuras e instalaciones t�cnicas de interceptaci�n de se�ales no dirigidas al p�blico en general, ser� de aplicaci�n lo siguiente:
a) La Administraci�n de las telecomunicaciones deber� dise�ar y establecer sus sistemas t�cnicos de interceptaci�n de se�ales en forma tal que se reduzca al m�nimo el riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones.
b) Cuando, como consecuencia de las interceptaciones t�cnicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que �stos aparezcan no podr�n ser ni almacenados ni divulgados y ser�n inmediatamente destruidos.
2. Las mismas reglas se aplicar�n para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta prestaci�n de los servicios de comunicaciones electr�nicas.
3. Lo establecido en este art�culo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administraci�n atribuye el art�culo 43.2.
Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electr�nicas 1. Cualquier tipo de informaci�n que se transmita por redes de comunicaciones electr�nicas podr� ser protegida mediante procedimientos de cifrado.
2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la informaci�n. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la informaci�n, se podr� imponer la obligaci�n de facilitar a un �rgano de la Administraci�n General del Estado o a un organismo p�blico, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, as� como la obligaci�n de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.
Art�culo 36 bis introducido por el apartado veinticinco del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Redes de comunicaciones electr�nicas en el interior de los edificios 1. Mediante real decreto se desarrollar� la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electr�nicas. Dicho reglamento determinar�, tanto el punto de interconexi�n de la red interior con las redes p�blicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo regular� las garant�as aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electr�nicas a trav�s de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones electr�nicas y el r�gimen de instalaci�n de las redes de comunicaciones electr�nicas en los edificios ya existentes o futuros, en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.
P�rrafo segundo del n�mero 1 del art�culo 37 introducido por el apartado veintis�is del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
2. La normativa t�cnica b�sica de edificaci�n que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios deber� tomar en consideraci�n las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electr�nicas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado anterior, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas infraestructuras por aqu�llos.
Derechos de los consumidores y usuarios finales 1. Los operadores que exploten redes o que presten servicios de comunicaciones electr�nicas y los consumidores que sean personas f�sicas y otros usuarios finales podr�n someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislaci�n vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Para el supuesto de que no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que �stas no resulten competentes para la resoluci�n del conflicto, el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a establecer� reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podr�n someterle dichas controversias. En cualquier caso, los procedimientos que se adopten deber�n ser r�pidos y gratuitos y establecer�n el plazo m�ximo en el que deber� notificarse la resoluci�n expresa, transcurrido el cual se podr� entender desestimada la reclamaci�n por silencio administrativo. La resoluci�n que se dicte podr� impugnarse ante la jurisdicci�n contencioso-administrativa.
N�mero 1 del art�culo 38 redactado por el apartado veintisiete del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
2. Las normas b�sicas de utilizaci�n de los servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico en general que determinar�n los derechos de los consumidores que sean personas f�sicas y otros usuarios finales se aprobar�n por real decreto que, entre otros extremos, regular�:
a) La responsabilidad por los da�os que se les produzcan.
b) Los derechos de informaci�n de los consumidores que sean personas f�sicas y usuarios finales, que deber� ser veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada.
Letra b) del n�mero 2 del art�culo 38 redactada por el apartado veintiocho del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
c) Los plazos para la modificaci�n de las ofertas.
d) Los derechos de desconexi�n de determinados servicios, previa solicitud del usuario.
e) El derecho a obtener una compensaci�n por la interrupci�n del servicio.
f) El derecho a celebrar contratos por parte de los consumidores que sean personas f�sicas y usuarios finales con los operadores que faciliten la conexi�n o el acceso a la red de telefon�a p�blica, as� como el contenido m�nimo de dichos contratos.
Letra f) del n�mero 2 del art�culo 38 redactada por el apartado veintiocho del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
g) Los supuestos en que ser�n exigibles y el contenido m�nimo de los contratos celebrados entre consumidores que sean personas f�sicas u otros usuarios finales y prestadores de servicios de comunicaciones electr�nicas que no sean los que facilitan conexi�n o acceso a la red telef�nica p�blica.
h) El derecho a resolver anticipadamente y sin penalizaci�n el contrato, en los supuestos de propuestas de modificaci�n de las condiciones contractuales por motivos v�lidos especificados en aqu�l y sin perjuicio de otras causas de resoluci�n unilateral.
Letra h) del n�mero 2 del art�culo 38 redactada por el apartado veintiocho del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
i) Los supuestos de aprobaci�n por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a de contratos tipo entre consumidores que sean personas f�sicas u otros tipos de usuarios finales y operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electr�nicas con obligaciones de servicio p�blico o con poder significativo en los mercados de referencia espec�ficos correspondientes.
j) El derecho a recibir informaci�n comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico.
k) El derecho a elegir un medio de pago para el abono de los correspondientes servicios entre los com�nmente utilizados en el tr�fico comercial.En el citado reglamento podr� ampliarse la aplicaci�n del r�gimen de protecci�n de consumidores y usuarios finales a otras categor�as de usuarios.
Letra l) del n�mero 2 del art�culo 38 introducida por el apartado veintinueve del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Letra m) del n�mero 2 del art�culo 38 introducida por el apartado veintinueve del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
3. En particular, los abonados a los servicios de comunicaciones electr�nicas tendr�n los siguientes derechos:
a) A que se hagan an�nimos o se cancelen sus datos de tr�fico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisi�n de una comunicaci�n. Los datos de tr�fico necesarios a efectos de la facturaci�n de los abonados y los pagos de las interconexiones podr�n ser tratados �nicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnaci�n de la factura del servicio o para que el operador pueda exigir su pago.
b) A que sus datos de tr�fico sean utilizados con fines comerciales o para la prestaci�n de servicios de valor a�adido �nicamente cuando hubieran prestado su consentimiento informado para ello.
Letra b) del n�mero 3 del art�culo 38 redactada por el apartado treinta del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
c) A recibir facturas no desglosadas cuando as� lo solicitasen.
d) A que s�lo se proceda al tratamiento de sus datos de localizaci�n distintos a los datos de tr�fico cuando se hayan hecho an�nimos o previo su consentimiento informado y �nicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestaci�n, en su caso, de servicios de valor a�adido, con conocimiento inequ�voco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duraci�n del mismo y el servicio de valor a�adido que vaya a ser prestado.
e) A detener el desv�o autom�tico de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero.
f) A impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci�n de la identificaci�n de su l�nea en las llamadas que genere o la presentaci�n de la identificaci�n de su l�nea al usuario que le realice una llamada.
g) A impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentaci�n de la identificaci�n de la l�nea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha l�nea no aparezca identificada.
h) A no recibir llamadas autom�ticas sin intervenci�n humana o mensajes de fax, con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.
Letra h) del n�mero 3 del art�culo 38 redactada por el apartado treinta del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
4. Los usuarios de los servicios de comunicaciones electr�nicas que no tengan la condici�n de abonados tendr�n asimismo los derechos reconocidos en los p�rrafos a), b), d) y en el primer inciso del p�rrafo f) del apartado anterior.
5. Los usuarios finales no podr�n ejercer los derechos reconocidos en los p�rrafos d) y f) del apartado 3 cuando se trate de llamadas efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen reglamentariamente, en especial a trav�s del n�mero 112.
Del mismo modo, y por un per�odo de tiempo limitado, los usuarios finales no podr�n ejercer el derecho reconocido en el p�rrafo f) del apartado 3 cuando el abonado a la l�nea de destino haya solicitado la identificaci�n de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su l�nea.
Lo dispuesto en el p�rrafo a) del apartado 3 se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y de Comercio Electr�nico.
P�rrafo 3.� del n�mero 5 del art�culo 38 redactado por el apartado dos de la disposici�n final primera de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci�n de datos relativos a las comunicaciones electr�nicas y a las redes p�blicas de comunicaciones (�B.O.E.� 19 octubre).
6. La elaboraci�n y comercializaci�n de las gu�as de abonados a los servicios de comunicaciones electr�nicas y la prestaci�n de los servicios de informaci�n sobre ellos se realizar� en r�gimen de libre competencia, garantiz�ndose, en todo caso, a los abonados el derecho a la protecci�n de sus datos personales, incluyendo el de no figurar en dichas gu�as. A tal efecto, las empresas que asignen n�meros de tel�fono a los abonados habr�n de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de informaci�n pertinente para la prestaci�n de los servicios de informaci�n sobre n�meros de abonados y gu�as accesibles al p�blico, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en funci�n de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada informaci�n y su posterior utilizaci�n a la normativa en materia de protecci�n de datos vigente en cada momento.
P�rrafo segundo del n�mero 6 del art�culo 38 introducido por el apartado treinta y uno del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
P�rrafo tercero del n�mero 6 del art�culo 38 introducido por el apartado treinta y uno del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
7. El Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a podr� introducir cl�usulas de modificaci�n de los contratos celebrados entre los operadores y los consumidores que sean personas f�sicas y usuarios finales, para evitar el trato abusivo a �stos.
8. Lo establecido en este art�culo se entiende sin perjuicio de la aplicaci�n de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
N�mero 9 del art�culo 38 introducido por el apartado treinta y dos del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
N�mero 10 del art�culo 38 introducido por el apartado treinta y dos del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
N�mero 11 del art�culo 38 introducido por el apartado treinta y dos del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Art�culo 38 bis introducido por el apartado treinta y tres del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).
Art�culo 38 ter introducido por el apartado treinta y cuatro del art�culo 3 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electr�nicas, y por el que se adoptan medidas para la correcci�n de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores el�ctrico y gasista (�B.O.E.� 31 marzo).

References: Real Decreto 
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