Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Confcol/capitu23.htm
Timestamp: 2018-08-17 15:05:56+00:00

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El conflicto de Colombia resulta sumamente difícil de dirimir de una manera pacífica y negociada, dada la cantidad y heterogeneidad de actores que interviene -directos e indirectos, internos y externos con incidencia interna-, el poder y los intereses encontrados que presenta cada uno y, fundamentalmente, el no reconocimiento que se hace de la existencia de un conflicto, al menos en la etapa del Gobierno de Alvaro Uribe, o el reconocimiento de su existencia por el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero en términos de que se trata de grupos que atacan al Estado. Se está “jugando” a “los buenos y los malos” 787, mientras los problemas reales y profundos subyacen sin resolución alguna. La idea central es “doblegar al otro”, más allá de resolver las causas estructurales que llevaron a este conflicto que, muy probablemente, quedarán latentes.
La existencia de un conflicto en Colombia, no sólo se da porque exista, en este caso, la guerrilla. Los conflictos civiles no son resultantes de la nada. Este es uno de los temas cruciales que no se ha debatido ni resuelto aún en Colombia: las causas originales de la existencia del conflicto 788. El Gobierno aduce que la violencia existente es provocada por la guerrilla -parte “visible” del conflicto 789-, a la que sólo reconoce en su carácter de terrorista, por lo tanto poco o nada se puede hacer para que el país progrese y la gente obtenga bienestar. La guerrilla opina lo contrario: el origen del conflicto proviene de un Estado opresor, neoliberal, que no respeta la soberanía, que favorece a grupos corporativos, incluso extranjeros en desmedro de la Nación. FARC y ELN, independientemente de sus diferencias estratégicas y vertientes ideológicas, coinciden en esta perspectiva. No son ellos la causa, sino que su existencia se debe al modelo económico y al sistema político anti-democrático o pseudo-democrático. Llamativamente, más allá de la guerrilla, hay sectores de la sociedad, como los grupos indígenas, pequeños campesinos, comunidades afrocolombianas, entre otros, que tienen una idea similar y la han expresado -aunque no necesariamente se sientan representados por la guerrilla, además de que no lo hace/n el/los Gobierno/s-, sin encontrar eco en las autoridades. Estas comunidades, no necesariamente son el “enemigo del Estado” o la causa de su atraso y falta de bienestar.
Se reconozca o no a la guerrilla como subversiva o como terrorista, ésta constituye un actor, toda vez que una parte importante de los recursos económicos del país, se destina desde hace décadas para su eliminación por la vía militar; recursos, en armamento y represión que no se ha estado dispuesto a utilizarlos en desarrollo, orientado a mejorar el bienestar de la población en general y que han superado con creces a los invertidos en desarrollo social 790.
He desdoblado a la guerrilla como actor, en FARC y ELN a los efectos de sus posiciones hechas públicas, incorporando, a la vez, a los actores directos e indirectos en el conflicto 791.
Actores como Estados Unidos, cuyos intereses económicos y de seguridad 792 no pueden ser puestos en tela de juicio en ningún lugar del planeta, no están dispuestos a ningún tipo de negociación ni de reconocimiento de que haya fuerzas disidentes luchando por objetivos diferentes. En el 2000, el Gobierno de Estados Unidos diseñó, junto con el Presidente colombiano Andrés Pastrana Arango el “Plan Colombia”, de lucha contra el narcotráfico, con un componente de lucha contra la guerrilla y además una muy pequeña parte destinada a financiación de la problemática social. Con el Gobierno de George W. Bush, a partir del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ubicó a todos los movimientos insurgentes, en la lista de “terroristas” poniendo, de esta manera, una valla a la posibilidad de negociación -con los terroristas no se negocia-.
Para el economista Héctor Mondragón, la parte social del Plan Colombia causó más daños aún que la parte militar. Hizo un paralelo entre la situación de violencia de los años 1948-58 que desplazó a más de dos millones de campesinos e indígenas, para constituir los ingenios azucareros y las haciendas algodoneras y la violencia actual, que despoja a las comunidades de sus tierras, para realizar especulaciones y ofrecerlas a inversionistas nacionales o internacionales para la realización de megaproyectos 793.
Estados Unidos es un actor directo, al mantener nueve bases militares en territorio colombiano, con un alto índice de incidencia sobre las decisiones militares que adopte el Gobierno de este país.
En pleno proceso de negociación en La Habana, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a plantearse la necesidad de empezar a planificar una nueva estrategia de asistencia a Colombia, orientada a un eventual Acuerdo de Paz, previendo aumentar la ayuda económica con la idea de garantizar el éxito del postconflicto.
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), un centro de estudios orientado hacia la promoción de la democracia y los Derechos Humanos en el continente desde la perspectiva de Estados Unidos, divulgó el informe donde se hace una evaluación del papel de Estados Unidos en el proceso colombiano. Adam Isacson, Director del programa de seguridad regional de WOLA dijo:
“Tan pronto como se firme un Acuerdo de Paz, habría que eliminar, y revertir, la reducción paulatina del diez porciento al quince porciento anual en la ayuda (de Estados Unidos) a Colombia en los últimos años”.
Desde el 2003 al 2007, Estados Unidos “entregó a Colombia entre seiscientos y setecientos millones de dólares al año”, mientras que “la ayuda hoy no llega a los trescientos millones”. Isacson dijo que:
“Una vez alcanzado el Acuerdo de Paz, y durante algunos años, la ayuda estadounidense debería volver a esos seiscientos o setecientos millones de dólares. Si podemos pagar por la guerra, deberíamos pagar por la Paz. Ayudar a Colombia a afrontar sus desafíos posteriores al conflicto será costoso y por momentos frustrante, pero es absolutamente necesario. Está llegando el momento de comenzar a planificar la ayuda al postconflicto”.
Estados Unidos también debe “facilitar la transición” de los militares colombianos a tiempos de Paz, y “financiar una presencia de verificación y monitoreo” de la que podría encargarse la ONU o la OEA 794.
Conociendo la historia de la ayuda norteamericana a América Latina, se hace evidente que lo que hará, será apuntalar el modelo neoliberal que sostiene sus intereses económicos en la región, además de garantizar sus intereses de seguridad 795; por lo que, como mínimo, quedará nuevamente latente la semilla del conflicto, independientemente de la ayuda y de la represión que se utilice para garantizar que el “orden” se sostenga. Garantizar el orden, sin resolver las situaciones de fondo, sólo garantiza la “Pax”, dejando latente el conflicto.
El “inamovible” de Estados Unidos, es que “no se negocia con terroristas” 796, a la vez que es importante que no se vean en entredicho sus intereses económicos y de seguridad en la región.
Sector Financiero en Estados Unidos
Los miembros del “sector financiero en Estados Unidos”, que operan en la Bolsa de Valores de Nueva York decidieron intervenir, con el objeto de encontrar vías para que el conflicto se resuelva y evitar que las pérdidas económicas y financieras de diferentes empresas y banca se profundicen. Para ello se reunieron con representantes de las FARC en 1999, buscando mostrarles que si el conflicto concluía, de las inversiones extranjeras podría surgir desarrollo suficiente para resolver los problemas de la sociedad colombiana 797.
Desde ya, las perspectivas respecto de cómo se resuelven los problemas de la sociedad colombiana divergen totalmente, toda vez que para el sector financiero, la total libertad de operaciones y la rentabilidad, es la respuesta, mientras que para la guerrilla, la intervención del Estado para garantizar la justicia social, es central.
El “Gobierno colombiano”, en sus sucesivos períodos, se ha basado en el concepto “weberiano” de que el Estado es el único que tiene el monopolio de la coerción, por lo tanto los grupos disidentes deben subordinarse primero a la Constitución y dejar que sea el Estado -léase los Gobiernos de turno, o el mercado, dependiendo de la ideología dominante-, el que se encargue de resolver los problemas sociales. Durante los diferentes Gobiernos, hubo “reuniones y Acuerdos”, que han sido importantes para establecer las bases de una negociación de Paz, pero que, en general, no han arribado a nada.
El Gobierno de Juan Manuel Santos inició un nuevo proceso de negociación de Paz con las FARC, fuera del país, con la metodología de “negociación bajo el fuego”, quedando totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social, a la vez que pidió a las fuerzas militares, intensificar las operaciones contra las FARC:
“Si esos bandidos quieren hablar de Paz y las circunstancias se dan, es porque ustedes -oficiales, suboficiales y soldados- obtuvieron la victoria”. La labor y la contundencia de las fuerzas armadas tiene a los bandidos hablando de Paz y diciendo que “están dispuestos a sentarse a buscar un camino diferente”, lo que demuestra que “hemos sido efectivos”. Sólo habrá un diálogo de Paz, cuando el Gobierno esté convencido de que las circunstancias son las apropiadas. “He dicho en forma muy clara: este Gobierno, este Presidente, al mismo tiempo que estamos haciendo todo el esfuerzo militar y ejerciendo toda la presión, no cerramos la puerta para un diálogo que le dé una salida a este conflicto. Pero solamente cuando estemos absolutamente convencidos de que las circunstancias son las apropiadas y que ese diálogo será en nuestras condiciones y bajo nuestro dominio, ahí pensaremos en abrir ese diálogo. Esas circunstancias no se han dado. Si se dan, el país lo conocerá. Pero mientras tanto la presión militar tiene que ser toda. Por eso la palabra perseverancia tiene que ser la consigna. No le tengan miedo a la Paz, porque la Paz es la victoria. Cualquier oficial en cualquier lugar del mundo lo que quiere es la Paz. Y cuando se va a la guerra, es para lograr en últimas la Paz 798. Vamos a lograr esa Paz que, como dijimos el día de mi posesión, lo haremos por las buenas o por las malas. Pero la Paz la vamos a lograr” 799.
Mientras se negocia, el Gobierno sigue avanzando con las políticas que están en tela de juicio, al menos por las guerrillas. El Presidente del Congreso colombiano, Senador Juan Fernando Cristo, llevó a Washington una propuesta para un Plan Colombia II, en el que los recursos antes destinados a la lucha armada contra el llamado “narcoterrorismo”, se enfoquen en fortalecer el tejido social y el aparato de justicia del Estado. Para el Senador Cristo:
“Es fundamental que una vez se firme la Paz, haya una estrategia definida de cómo el Estado colombiano, con la cooperación de la comunidad internacional, va a ocupar social, militar y territorialmente las zonas donde tradicionalmente ha existido conflicto y donde hay actividades ilegales como los cultivos de coca”.
Dentro de ese escenario:
“Es importante que Estados Unidos, así como contribuyó con el Plan Colombia a consolidar la superioridad militar del Estado frente a la subversión, también se comprometa, política y económicamente, con la sociedad colombiana para poder tener éxito en la etapa del postconflicto” 800.
No queda mucho lugar para pensar, qué es lo que el Gobierno está buscando: “sacarse de encima a la guerrilla” y continuar con su plan de Gobierno de corte neoliberal. Este es su “inamovible”.
Las “fuerzas armadas” de Colombia, si bien forman parte del sistema de defensa constitucionalmente, se han transformado en un “actor” y operan siguiendo el criterio típico para el que han sido formadas, que es el de “los buenos y los malos”; en los “juegos de guerra” operan como “azules” (nosotros) y “colorados” (el enemigo). Adicionalmente, han buscado obtener ciertos privilegios, procurando que sus actos sean juzgados en “tribunales militares” y no los comunes.
En general en América Latina, especialmente a partir del Gobierno norteamericano de Truman 801, las fuerzas armadas de la región, han dejado de ser parte del sistema de defensa nacional, para transformarse en apoyo logístico a la defensa del bloque, en primer lugar, dentro del marco del conflicto Este-Oeste en el contexto de la guerra fría, recibiendo entrenamiento en Escuelas de Defensa norteamericanas en temas como contrainsurgencia, a la vez que doctrina militar impartida desde Estados Unidos, tendiendo a los problemas de seguridad del bloque y, por lo tanto, de Estados Unidos como la cabeza de ese bloque. Con la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991), hubo cambios, y las fuerzas armadas dejaron de ser el puntal de los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos en términos globales, para pasar a constituir parte logística en áreas como narcotráfico y terrorismo.
Las fuerzas armadas, no sólo en Colombia, en general en toda América Latina, deben tener un profundo cambio en su formación y también en el rol que deben desempeñar. En gran parte de los países de la región se han comportado como un “partido político alternativo de corte conservador”, gobernando -a partir de golpes de Estado- para proteger los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos y en el ámbito interno favorecer los intereses de los sectores económicos conservadores también conocidos como neoliberales 802.
No existe un Punto de la Agenda de conversaciones de La Habana, en el que se trate el tema de la reformulación de las fuerzas armadas colombianas, así como tampoco de las bases militares que el ejército de Estados Unidos mantiene en el país sin la aprobación del Congreso Nacional. La presencia de bases norteamericanas en Colombia, existe desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos, decidió intervenir a través del Plan Laso en 1962, con la venia de los Gobiernos, tanto liberales como conservadores y diferentes sectores de la élite.
Hacia el futuro y como uno de los puntos necesarios a tratar, si se quiere alcanzar la Paz, el tema de las bases extranjeras deberá tenerse en cuenta. De por sí, no se puede hablar de soberanía, en un país, en el que las fuerzas armadas de la potencia hegemónica establecen pautas de seguridad, internas y regionales, a las que deben subordinarse -más allá de toda negación al respecto- las fuerzas armadas nacionales. No obstante, el Presidente Santos parece no conformarse con la situación presente y tiene la pretensión de que Colombia forme parte de la OTAN 803.
Modificar este esquema de seguridad en la región -que no ha operado ni opera en función de sus intereses y su seguridad-, no sólo para el caso de Colombia, es una deuda pendiente, a la vez que un tema complicado.
Otro actor es el “paramilitarismo”, que no sólo se ha ocupado de luchar contra las guerrillas, también ha operado en el narcotráfico y como instrumento de expansión sobre tierras de desplazados o generando desplazamientos para ocuparlas.
Uno de los rasgos característicos del Estado moderno está dado por el concepto “weberiano” del “monopolio de la coerción”. El uso de la fuerza es considerado un derecho legítimo del Estado y exclusivamente suyo. La utilización de la fuerza por sujetos sin legitimidad ha sido vista, en forma correlativa, como un acto de violencia que debe ser reprimido por la fuerza del Estado. El fundamento legítimo del Estado, a quien se atribuye el monopolio de la fuerza puede ser discutido, si ésta está orientada a imponer o conservar un orden determinado que beneficia a ciertos sectores, en desmedro de las mayorías.
En situaciones de amplio conflicto social, muchos Estados modernos han apelado a formas no militares de institucionalización de la capacidad de ejercicio de la coacción pública 804. Han surgido formas diversas de milicias nacionales o populares, guardias cívicas, etc., que derivan su legitimidad de la que se atribuye al Estado, y que en general se encuentran cobijadas por ordenamientos legales consistentes con los fundamentos constitucionales de una nación 805. En el caso colombiano, las características de la llamada violencia política han conducido a una situación en la que se combinan, en diversa forma, las actuaciones violentas de quienes pretenden remplazar el sistema por uno que se predica como más justo, con la violencia ejercida por un Estado cuya legitimidad es débil y que apela a medios ilegítimos en el ejercicio de su autoridad, y por las acciones violentas de organismos civiles apoyados por diversos órganos o agentes del Gobierno. Aún más, las organizaciones armadas de civiles que han surgido con arreglo a la ley, no han sido configuradas en forma nacional, sino que han respondido a situaciones de orden local. Su integración con la acción del Estado ha sido mediada por los poderes locales, usualmente vinculados con los partidos políticos, y su control ha estado en manos de autoridades militares de bajo rango. Esto ha hecho que, pese a sus vínculos legales con el ejército se conviertan, con frecuencia, en bandas armadas cuyos integrantes siguen una precisa ideología política, están sólo tenuemente sujetos a la disciplina militar y se entregan con frecuencia a la satisfacción de intereses sectoriales. En muchas ocasiones, grupos creados legalmente, desbordan los propósitos explícitos de quienes desde el Estado los respaldan, y comienzan a actuar en forma independiente y a resultar cada vez más cercanos a otro tipo de grupos que, aunque buscan inicialmente objetivos paralelos a los de las instituciones militares, han sido creados por fuera de las normas legales.
Los paramilitares estuvieron, desde un comienzo, conformando distintos grupos en todo el país. Estos grupos no tenían una estructura única. Han entorpecido toda posibilidad de Paz, toda vez que mientras algunos Gobiernos negociaban o intentaban establecer bases de negociación con la guerrilla, los paramilitares continuaban con sus avanzadas militares. De acuerdo con declaraciones de uno de los líderes de las AUC, Carlos Castaño, “en la guerra contra la guerrilla no entran los Derechos Humanos”.
El Marco Legal de la negociación de desmovilización de las AUC bajo el Gobierno de Alvaro Uribe, habilitó el perdón de muchos crímenes cometidos por ellos, en su momento autores del ochenta porciento de las violaciones a los Derechos Humanos, según la ONU. Amnistía Internacional manifestó al Gobierno de Colombia su oposición a la Ley, dado que le concedía impunidad a los violadores de Derechos Humanos. La “desmovilización” tuvo características muy particulares, ya que los paramilitares obtuvieron ventajas tales como penas no mayores a los ocho (8) años de prisión. Hubo algunos casos en que, por estar vinculados al narcotráfico, se los extraditó a Estados Unidos a pedido del Gobierno norteamericano.
El historial de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2005), tuvo una trayectoria accidentada ya que, durante el Gobierno de Alvaro Uribe, se pretendió otorgar a los paramilitares ciertas prebendas que no estuvo dispuesto dar a la guerrilla. No obstante, la revisión de la Ley por parte de la Corte Constitucional trajo como resultado para mayo del 2006, la declaración de “inexequible” 806 del artículo 71, que consagraba la sedición. Para el mes de julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia, dijo que las acciones de los paramilitares no podían considerarse delitos políticos. Para el 25 de julio del 2007, el Presidente Uribe dijo que la Corte obstaculizó el proceso de Paz y que diecinueve mil ex Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban en el limbo. En agosto del 2007, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de Ley para juzgar a ex-paramilitares por concierto para delinquir simple. En febrero del 2008, el Comisionado de Paz dijo que el proyecto no era necesario y que la situación jurídica de los desmovilizados la resolvía el artículo 69 de Justicia y Paz 807.
La calificación a los paramilitares, junto con los insurgentes (FARC y ELN) como terroristas, envió un mensaje ambiguo a la comunidad internacional, especialmente cuando se llevaban a cabo procesos de negociación entre el Gobierno de Uribe con los paramilitares, deslegitimando al Gobierno al negociar con ellos y negarse a hacerlo con los grupos insurgentes.
En el período de Gobierno de Juan Manuel Santos, los grupos paramilitares han vuelto a actuar haciendo que el tema quede inconcluso. Luego de las desmovilizaciones han vuelto a proliferar bajo otros nombres y sus objetivos principales son impedir que los reclamantes recuperen sus tierras, pese a la Ley 1448 del 2011 -Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras- adoptada por el Gobierno.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: Ejército del Pueblo (FARC-EP), constituyen el grupo subversivo más importante existente, entre los que ha habido.
Surgieron a partir de la etapa de violencia bipartidista de la década de los ‘50, bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. En Marquetalia, encontraron asilo las familias de campesinos que huían de la violencia. Durante la década de los ‘60, la región fue declarada “República independiente” por sectores del Estado y de la clase dirigente colombiana, luego de que los habitantes de la zona, lanzaran un llamado al Gobierno exigiendo mayor presencia con programas sociales, escuelas y salud.
Aunque las FARC solo se crearon bajo este rótulo a fines de los ‘60, la resistencia de los campesinos armados de Marquetalia, con Manuel Marulanda al mando, ha sido considerada como el inicio y germen de la organización guerrillera.
Han sido partícipes de diferentes negociaciones con sucesivos Gobiernos pero, hasta el presente, no hubo Acuerdo de Paz. Para las FARC no hay Paz sin justicia social, independencia y soberanía. Buscan la reformulación del pacto social básico (Asamblea Constituyente) con cambios en el sistema político, tratamiento de lo social, modificación y enjuiciamiento de la estructura militar, nacionalización de la economía.
El inamovible de este grupo es su planteo de un “socialismo” al estilo del propuesto por el ex-Presidente venezolano Hugo Chávez, en Colombia. Se trata de una postura excluyente, al mismo estilo que el “neoliberalismo” del Gobierno colombiano -y muchos otros en América Latina-, toda vez que uno como otro planteo ideológico, deja afuera a sectores relevantes de la sociedad, a la vez que, para el caso de la propuesta socialista, es aislacionista en el contexto global. Hasta el presente en Colombia, y en general en América Latina, no ha habido propuestas gubernamentales “integradoras” de los diferentes sectores de la sociedad, a excepción -en alguna medida-, del Gobierno de Ignacio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
Un sector disidente de las FARC, formó el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN es, en algunos aspectos, coincidente con las propuestas de las FARC. Concibe la solución política negociada como un proceso de participación diverso de actores sociales y políticos, dentro de los cuales ellos se consideran uno más. Considera que el Estado 808 es el “principal promotor de la profundización de la crisis al escalonar la guerra e impulsar el paramilitarismo”. Plantean transformaciones estructurales y, para ello, hacen una convocatoria a una Convención Nacional Constituyente.
Se manejan con los mismos inamovibles que las FARC.
Actores “Desplazados” y/o “Marginados y Ausentes”
Son sectores diferentes y variados, que aspiran a la Paz desde fuera del proceso, que no participan activamente, sino que son “recipiendarios” o “víctimas” de la conflictividad interna, que han manifestado su interés en que se busquen salidas al conflicto expresando, a su vez, que los perjuicios que reciben por su causa son importantes. Los he puesto bajo el título genérico de “Otros Actores”, que encierra a un gran abanico, que va desde los sectores empresariales urbanos y/o rurales, como la Federación de Ganaderos (FEDEGAN), el Gremio que reúne a los empresarios colombianos; pequeños campesinos; grupos indígenas -en la Organización Indígena de Colombia (ONIC) hay registrados 87 pueblos indígenas-; negros -o “afrocolombianos” de acuerdo con la terminología utilizada por los colombianos-; hasta los desplazados y familiares de víctimas -de los diferentes sectores en el conflicto- y un centenar de Grupos de ONG’s y OSC colombianas, entre otros.
Los diferentes sectores han dejado de manifiesto expresamente sus posiciones y emitido documentos, muchos de ellos, entregados al Gobierno, pero éste, en ningún caso los ha hecho partícipes activos del proceso de negociación ni establecido Agenda alguna para que sean contemplados sus reclamos en el Tratado de Paz. Lo único que ha hecho es crear un link en internet, que se instaló a tal efecto a partir del 7 de diciembre del 2012 809, en el que permite la participación en forma indirecta y mediante propuestas a los distintos sectores de la sociedad civil, donde pueden expresar sus ideas y necesidades respecto de los diferentes puntos de la Agenda para la Paz, siendo leídas, para su consideración, en el proceso de discusiones por los representantes del Gobierno y las FARC en La Habana.
Tratar de conjugar y conciliar los parámetros planteados por cada parte, resulta sumamente difícil. No obstante, este es un ejercicio necesario por intentar develar cuáles son las posiciones de cada uno y de qué manera se puede construir una Agenda de negociación pacífica 810.
Vuelvo a insistir en que el Gobierno -de manera intencional o por ignorancia-, al pretender controlar la “llave de la Paz”, cuando es sólo un representante electo y no el “soberano”, no ha favorecido el sistema de “diplomacia de vías múltiples” 811, que hubiera permitido un gran debate y participación activa en la “(re)construcción del Estado colombiano”, con vistas a una Paz real.
Otro actor indirecto en el conflicto colombiano, “América Latina”, que nunca fue partícipe en la resolución de sus propios conflictos, sean internos, limítrofes o coloniales, sino a través de decisiones en el marco del Sistema Interamericano, establecidas según las reglas e intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos 812. En general, ha mostrado una subordinación a las directivas de Estados Unidos en materia de seguridad en problemas de guerrilla y de narcotráfico, sin tener plan propio ni regional. Cuando tuvo Gobiernos de corte nacionalista, sus conductas sobrepasaron la capacidad de desafío y de acción dentro de los límites del sistema -evidentemente controlados por Estados Unidos- y terminaron siendo marginados o cayendo por un golpe de Estado. Existe una fragmentación regional histórica. Hay posiciones contradictorias dependiendo de los Gobiernos. El conflicto con la guerrilla es un problema interno colombiano. Lo claro es que Estados Unidos tiene políticas para las diferentes situaciones que se dan en América Latina atendiendo, desde ya, a sus intereses económicos y de seguridad, pero América Latina no tiene políticas para resolver sus propias problemáticas o alcanzar su propio desarrollo económico-social, deja en manos de Estados Unidos esto, con resultados que son más favorables a los intereses norteamericanos que a los latinoamericanos o, actúa de manera fragmentada, algunos subordinándose y otros oponiéndose, pero en ningún caso, teniendo las riendas de sus políticas internas y externas.
El único caso en el que América Latina ha mostrado una conducta activa, ha sido con el Gobierno de Venezuela de Hugo Chávez, que intentó mediar, con el conocimiento y la autorización del Gobierno colombiano de Alvaro Uribe, el apoyo del Gobierno de Francia y la aceptación del de Estados Unidos, pero esta mediación tuvo corta vida, debido a desentendimientos entre Chávez y Uribe por diferentes causas, aunque la dominante fue que el Presidente venezolano no interpretó el significado del rol del mediador en toda la dimensión, al menos, como la planteaba Uribe. La participación del Presidente Chávez había sido considerada importante, ya que mantenía buenas relaciones con el Secretariado de las FARC. Los Gobiernos de Brasil y Ecuador manifestaron su voluntad de apoyar al Gobierno venezolano en el proceso. También acompañó el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Se agregaron Bolivia y Argentina creciendo, lentamente, la posibilidad de que la región recuperara las riendas de su destino, con metodologías propias, aunque todo esto duró muy corto tiempo. Los vaivenes y desentendimientos regionales, especialmente los que se dan entre el Gobierno de Colombia y diversos países de la región, por diferentes motivos, a la vez que los cambios de Gobierno y por lo tanto de políticas -en el típico “corsi e ricorsi” 813-, han hecho compleja la posibilidad de que América Latina fuera el motor de la resolución de sus propias problemáticas.
América Latina, no sólo está lejos de tener proyectos nacionales y un proyecto como región 814, de desarrollo e inserción mundial, sino también de encontrar metodologías para resolver de manera razonable sus conflictos de todo orden. Aún persiste en mantenerse fragmentada tanto por la conflictividad, como por falta de coincidencias ideológicas y de convergencia de políticas básicas 815.
Desde la etapa colonial, ha venido adquiriendo, sin ningún tipo de filtro, los modelos impuestos por Europa y Estados Unidos, en las áreas política, económica, de organización del Estado e incluso en materia religiosa. América Latina carece de una “identidad propia”, que le permita construir su destino; contrariamente, lo hace bajo la “identidad impuesta” por los colonizadores o neo-colonizadores. En tanto no resuelva de manera eficiente este problema, que no es coyuntural sino estructural, será muy difícil que despegue.
La “Unión Europea” (UE) constituye un actor indirecto, pero presente e importante en el manejo y resolución del conflicto en Colombia. Uno de los motivos, es que, junto a Estados Unidos -aliados en temas centrales en el orden mundial-, haya calificado a la guerrilla colombiana como “grupo terrorista” en el 2002. Esto le quitó status de beligerancia a la guerrilla, impidió que fuera un actor político con capacidad de reconocimiento para negociar, a la vez que favoreció al Gobierno colombiano con su calificación.
Los países de la UE, decidieron en el 2000, hacer aportes de ayuda socio-económica para el Plan Colombia. La posición de la UE respecto de los grupos armados, incluyendo los paramilitares, ha estado relacionada con el grado de respeto a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la inmunidad diplomática. Ha hecho manifestaciones contrarias a la actividad de secuestro de ambas guerrillas, yendo contra el Derecho Humanitario y el Derecho Internacional Humanitario.
Algunos países de la UE no han actuado en común, sino que lo hicieron subordinados a los intereses de seguridad de Estados Unidos, particularmente luego de los acontecimientos de las Torres Gemelas en el 2001, como es el caso de España que ha dado ayuda militar al Gobierno de Colombia.
Para la UE, la negociación y la solución de la problemática en Colombia, debe derivar en una subordinación de los grupos insurgentes al Gobierno vigente.
Secretario General ONU, Otras Organizaciones y Personalidades
Otro actor indirecto que he incorporado, es el que engloba a una serie de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e individuos con influencia global, y lo he titulado “Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades”. Los análisis sobre la posición, propuestas y críticas de estos organismos como personalidades, comprenden tanto a las guerrillas y otros grupos, como los paramilitares, hasta los sucesivos Gobiernos colombianos.
787 Este es un modelo utilizado históricamente. La “guerra fría” es sólo un ejemplo del concepto de “estás conmigo eres mi amigo, no estás conmigo, eres mi enemigo y te tengo que destruir”. George W. Bush lo utilizó luego de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, para plantear una fórmula similar: “estás conmigo eres mi amigo, no estás conmigo eres terrorista o proteges a los terroristas”. En el marco estatal, Gobiernos como el de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, etc., utilizan o utilizaron esa metodología y, no caben dudas que tanto Alvaro Uribe, como Juan Manuel Santos siguen este tipo de criterios.
788 Bajo el título “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto”, se encuentra un análisis de las causas y las responsabilidades, hecha por un grupo de intelectuales propuestos por las partes en el proceso de negociación de La Habana.
789 Esta es la parte “visible” del conflicto, pero existe una “no visible”, de carácter estructural, que debe ser considerada. Este tema lo ha abordado y desarrollado muy bien, Galtung, Iohan, Violencia, Guerra y su Impacto: Sobre los Efectos Visibles e Invisibles de la Violencia, Trascend, 2004, http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm.
790 Hay diferentes vertientes que hablan sobre los costos de la guerra en Colombia. El Diario La Vanguardia de Bogotá menciona un costo de la guerra en Colombia en $21,5 billones anuales (u$s 10.860 millones), ver Diario La Vanguardia, Bogotá, 28-8-2012, http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/171658-215-billones-anuales-es-el-costo-de-la-guerra-en-colombia. Gutierrez Z., Ramiro, Investigador social, Asesor de organizaciones campesinas, Escritor y consultor privado dice que los costos de la Guerra en Colombia, vistos en el número de hombres en armas asciende a ciento cuarenta y cinco mil en los diversos ejércitos enfrentados hoy en Colombia. El sostenimiento de esta fuerza armada y lo que ella gasta en implementos de guerra llega ya a $25 billones anuales (u$s 12.620 millones). Cada día el país dilapida $53 mil millones (u$s 26.634.000) en la confrontación fratricida. Al paso que va el escalamiento del conflicto, en cuatro años el país habrá gastado en la guerra el cien por ciento de lo que hoy es el presupuesto de la Nación y el desempleo se habrá disparado al doble de lo que es hoy: cuarenta porciento según los analistas. Es falsa la idea de que el dinero para la guerra vendrá del exterior, de Estados Unidos u otros países. Estados Unidos induce el escalamiento con “ayuda” e intervención política y militar que es cada vez menos indirecta, pero son los propios colombianos los que van a sostener el peso de la guerra, que además de costos económicos los tiene también humanitarios, políticos, materiales, ecológicos y ambientales, sociales y culturales, psicológicos y espirituales. Ver http://www.cronicon.net/paginas/doc/doc01.htm. De acuerdo con la Agencia Noticias Nueva Colombia (Anncol), el costo de la guerra en Colombia, en los últimos diez años ha sido de $235 billones (u$s 118.568 millones). Ver Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 24-9-2013, https://anncol.eu/index.php/anncol-debate/4390-sep-24-colombia-el-costo-de-la-guerra. Con el gasto de ciento noventa y cinco días de guerra se pudo haber construido un hospital de segundo nivel en cada uno de los mil ciento veintitrés municipios que tiene Colombia -esto significa mil ciento veintitrés hospitales-, sin tener en cuenta la corrupción que multiplica los costos. Una hora de guerra consume al menos $2.396 millones (u$s 1.316.483) y un día $57.500 millones (u$s 31.593.406). A lo anterior hay que sumarle el costo en vidas humanas, sociales y ambientales, entre otros. Las cifras fueron suministradas por el Partido Liberal en un informe elaborado conjuntamente con el Observatorio Conflicto y Ciudad del Politécnico. El estudio arrojó como resultado que en los últimos diez años de guerra, tuvo un costo de $207 billones (u$s 113.737 millones). ¿Cuántos colegios se pudieron haber construido en todo el país? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos hospitales? o ¿Cuántos kilómetros de carretera? Las cifras demuestran que la Paz es infinitamente más barata que la guerra y desmiente a quienes afirman que la “Paz les saldría muy cara a los colombianos”. Ver Raigozo, Camilo, La guerra tiene un costo de al menos $40 millones por minuto, en Kaosenlared.net, 28-5-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/58538-colombia-la-guerra-tiene-un-costo-de-al-menos-40-millones-de-pesos-por-minuto.htm.
791 Las posiciones manifestadas por los actores directos e indirectos en el conflicto colombiano, las he publicado desde 1999 hasta la fecha en http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfco.htm. Para ver qué dirección le ha dado cada Actor a sus posiciones, ver Anexo VI: “Cuadro de Puntos para Agenda de Paz”.
792 Este es el Corolario Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe que aun tiene vigencia y aplicación. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, págs. 14, 27, 44, 47, 105, 147, 184.
793 Mondragón, Héctor, Conferencia “Para una Paz Duradera en Colombia”, 13-12-2000, Parlamento Europeo, Estrasburgo, con la participación de diputados europeos. Publicado por Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, Human Rights, Serpaj Europa, 19-12-2000.
794 Estados Unidos debe duplicar ayuda a Colombia en postconflicto: Así lo indica un informe de la Oficina de Washington para Latinoamérica, en Diario el Espectador, Bogotá, 15-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/Estados Unidos-debe-duplicar-ayuda-colombia-postconflicto-articulo-487016. También, Informe de WOLA sobre el papel de Estados Unidos en el postconflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/los-desafios-tras-firma-de-un-acuerdo-de-Paz-colombia-articulo-486942.
795 Se trata del paradigma de “democracia y desarrollo”, que viene funcionando desde 1985 (Cumbre de Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov,) que modificó al paradigma histórico de “seguridad y desarrollo”, instalado por Harry Truman en la segunda postguerra. Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Vol. XV, No. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, págs. 96-111.
796 Por lo que, lo único que apoyará será la desmovilización de la guerrilla.
797 Visita Histórica: Cumbre en la Selva del Sur del País, Diario Clarín, Buenos Aires, Domingo 27-6-1999. También, La Situación en Colombia: Consecuencias del Encuentro del Titular de la Bolsa de Nueva York con Líderes de la Guerrilla, Diario Clarín, Buenos Aires, 28-6-1999.
798 Lo que no aclara Juan Manuel Santos es que, la guerra lo que busca es la “Paz del vencedor” o, en otros términos, la “Pax”.
799 ‘Si los bandidos quieren hablar de Paz, es porque logramos la victoria’: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-6-2012, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-352731-si-los-bandidos-quieren-hablar-de-Paz-porque-logramos-victoria-s.
800 Antolínez, Daniel Salgar, Así como apoyó la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos podría ayudar a la consolidación de la Paz: ¿El Plan Colombia II?, en Diario el Espectador, Bogotá, 2-2-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-plan-colombia-ii-articulo-472311.
801 Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, Cap. IX.
802 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32. También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43 (Septiembre-Diciembre del 2008), ISSN: 1665-0565, págs. 79-121.
803 Moraria, León, Colombia. ¡Paz! ¿Con siete bases militares?, en Kaosenlared.net, 22-10-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/98532-colombia-¡Paz-¿con-siete-bases-militares.
804 En México se han “oficializado” algunos grupos paramilitares para la lucha contra el narcotráfico; Escuadrones de la Muerte en Brasil en la década de los ’70; en Uruguay, movimiento armado de extrema derecha durante los años ’60 y principios de los ’70; la Triple “A” (Alianza Anticomunista Argentina), grupo parapolicial argentino de extrema derecha durante la etapa del peronismo en los ’70; por dar algunos ejemplos.
805 Por ejemplo, durante la tregua del Acuerdo de La Uribe (1984), cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron prohibidas, el ejército colombiano amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que se hicieran cargo de las operaciones de “limpieza”. Antecedente de ésta Ley, es el Decreto Legislativo 3398 de 1965.
806 Imposible de llevar a cabo.
807 Fórmula para dar Seguridad Jurídica a 19.377 ex ‘paras’ dice haber hallado el Comisionado de Paz, en Diario El Tiempo, Bogotá, 11-2-2008, http://www.eltiempo.com/politica/2008-02-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3953738.html.
808 Se presume que cuando dicen “Estado”, en realidad hacen referencia a los Gobiernos de turno.
809 Ver http://www.mesadeconversaciones.com.co.
810 El resultado de este ejercicio está en el Anexo VI adjunto: “Cuadro de Puntos para Agenda de Paz”, en el que quedan de manifiesto las posiciones de cada parte interviniente, de manera directa o indirecta en el conflicto, a la vez que bajo “Otros Actores”, están las posiciones de los más diversos sectores, que no participan directamente en el proceso de negociación, pero que reciben perjuicios de la situación conflictiva y aspiran a que sus demandas sean consideradas.
811 Notter, James, McDonald, John y Diamond, Louise, Track Two Diplomacy: Nongovernmental Strategies For Peace, (Washington D.C., Institute for Multi-Track Diplomacy, 1992).
812 Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2.
813 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32. También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43 (Septiembre-Diciembre del 2008), ISSN: 1665-0565, págs. 79-121.
814 El único país que pareciera tener un proyecto nacional consistente, aunque aún esté lejos de su realización y con muchos vaivenes, es Brasil, particularmente a partir de los Gobiernos de Ignacio “Lula” da Silva y de Dilma Rousseff; aunque el Gobierno de Michel Temer le ha dado una vuelta a la posibilidad, a partir de la crisis política y también económica del Brasil. El resto de los países, sólo tienen “modelos económicos”, orientados hacia el mercado y buscando y facilitando todo a los inversionistas extranjeros, aún castigando al ahorrista nacional -v.gr.: “corralito” bancario en Argentina y a posteriori “cepo” cambiario- o contrariamente, de corte populista. En materia de “proyecto regional”, los sistemas integrativos, más que “alianzas estratégicas” que favorezcan la “construcción de poder” regional, son simples sistemas de liberación de comercio, que facilitan y favorecen más a las subsidiarias de empresas extranjeras localizadas, que al “despegue” de los Estados de la región, a su industrialización y desarrollo.
815 En materia de política exterior, de defensa, de desarrollo, sobre medio ambiente, Derechos Humanos, etc.

References: resolución 
 artículo 71
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 resolución