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Timestamp: 2019-04-19 22:34:20+00:00

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Registro Oficial. 11 de ABRIL del 2003
Viernes, 11 de abril del 2003 - R. O. No. 60
281 Declárase en estado\n de emergencia sanitaria y ambiental al cantón Cayambe,\n provincia de Pichincha
021\n Modificase el\n Acuerdo Ministerial Nº 051, publicado en el Registró\n Oficial Nº 100 de 16 de junio de 2000
- Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo\n de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente\n nocivas o de efectos indiscriminados
007\n CG Expídese\n el Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización,\n control y determinación de responsabilidades de los vehículos\n del sector público y de las entidades de derecho privado\n que disponen de recursos públicos
NAC-0185 Deléganse a los funcionarios\n doctores Sandro Vallejo y Carlos Cazar L., para que solos o conjuntamente\n asistan a las reuniones de la Junta de Acreedores del Banco Filanbanco\n
SBS-DN-2003-0189 Calificase al ingeniero civil\n Teófilo Segundo Espinoza Chica, para que pueda desempeñarse\n como perito avalua-dor de bienes inmuebles en los bancos privados\n que se encuentran bajo control
183-2002 Rosa Delia Torres Freire y\n otras en contra de Myrna Rosa Minuche Freire de Maldonado
192-2002\n Abogada\n Clara Isabel Aveiga de Massuh en contra de la Compañía\n Mariscos del Océano Pacífico MADELO S.A
240-2002 Ana María García Morán\n en contra de Julia García Morán y otros 12-2003\n José Luis Gonzalo Ontaneda Erazo y otros en contra\n de Rafael Fernando Batallas Sarmiento y otra
13-2003\n Enilda Orestila\n Salas Cevallos y otra en contra de Milton Ramiro Valenzuela García\n y otra
14-2003\n Carlos Bolívar\n Maldonado Pinos en contra de Edgar Avila Alvarado
15-2003\n Compañía\n DATAPRO S.A. en contra de Francisco Sánchez García\n
16-2003\n Hugo Ermelo\n Morales Ojeda y otra en contra de Omelio Beder Angulo Mendoza\n y otra
17-2003\n José\n Andrés Briones Chávez en contra de Raúl\n Moisés Jara Loor
18-2003\n Alfonso\n Armijos Velepucha en contra de la Asociación de Empleados\n de la Universidad Técnica de Machala
704 Solicitud de aplicación de medidas\n correctivas por parte del Gobierno de Colombia a las importaciones\n de arroz clasificadas en las subpartidas NANDINA 1006.10.90,\n 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00, originarias de Países\n Miembros de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el artículo\n 109 del Acuerdo de Cartagena
705 Solicitud de aplicación de medidas\n correctivas por parte de la República del Ecuador a importaciones\n de tableros de fibra de madera MDF, clasificadas en la partida\n arancelaria NANDINA 44.11
- Cantón San Pedro de\n Huaca: Que reglamente\n el sistema catastral rural y el cálculo de los avalúos\n catastrales de los predios rurales \n \n
Que es deber del Estado garantizar el derecho de salud, su\n promoción y protección por medio del saneamiento\n básico comunitario, así como la prevención\n de la contaminación ambiental y la recuperación\n de los espacios naturales degradados, de conformidad con lo que\n establecen los artículos 42 y 86, numeral 2 de la Constitución\n Política del Ecuador;
Que el Art. 71 del Código de la Salud establece que\n de producirse un caso de emergencia sanitaria en una o varias\n zonas del territorio nacional, la autoridad de salud informará\n al Presidente de la República para los efectos constitucionales\n y legales que correspondan;
Que mediante oficio Nº 122-A-GMC de 18 de marzo de 2003,\n el Gobierno Municipal de Cayambe, remitió al Presidente\n de la República, la resolución del Concejo Municipal\n en la cual se solicita se proceda a declarar en estado de emergencia\n sanitaria al cantón Cayambe;
Que es necesario tomar medidas emergentes para reemplazar\n el relleno sanitario de Ayora, por otro que respete las normas\n técnicas sanitarias y ambientales; así como emprender\n acciones que permitan remediar, controlar y evitar graves daños\n ambientales y sanitarios, que están provocando una grave\n conmoción interna en el cantón Cayambe;
Que mediante Resolución Nº 009 de 31 de marzo\n de 2003, el Ministerio del Ambiente resolvió suspender\n las actividades de disposición de desechos de todo tipo,\n que se encuentra realizando el Municipio de Cayambe, en el botadero\n ubicado en el sector Lagunas de Oxidación de la parroquia\n Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha por cuanto\n no se han cumplido con los requisitos previstos en la Ley de\n Gestión Ambiental, para el inicio de dicha actividad,\n y el sitio no reúne las mínimas condiciones para\n el efecto; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 180\n de la Constitución Política de la República,\n
Art. 1.- Declarar en estado de emergencia sanitaria\n y ambiental al cantón Cayambe, provincia de Pichincha,\n a efectos de que se solucione de manera urgente la gestión\n integral de los desechos sólidos en ese cantón.
Art. 2.- Dispónese que los ministros de Economía\n y Finanzas, Salud Pública y del Ambiente, entreguen los\n recursos financieros; y, el otorgamiento de la cooperación\n y asistencia para solucionar la emergencia sanitaria declarada.
Art. 3.- De la ejecución del presente decreto\n ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de\n Economía y Finanzas, de Salud Pública y del Ambiente.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 2 de abril de 2003.\n
Que el numeral 1 del artículo 244 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador establece\n que al Estado le corresponde garantizar el desarrollo de las\n actividades económicas mediante un orden jurídico\n e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza;
Que el artículo 271 de la Carta Magna, señala\n que el Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros\n que se inviertan en la producción, destinada especialmente\n al consumo interno y a la exportación;
Que el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos dispone\n que el Ministro del ramo, sea el funcionario encargado de la\n ejecución de la política de hidrocarburos, así\n como de la aplicación de la ley, para lo cual está\n facultado para dictar los reglamentos y disposiciones que se\n requieran;
Que el artículo 62 de la Ley de Hidrocarburos dispone\n que, el Ministerio del ramo fijará la política\n y las tarifas que cobrará PETROECUADOR a las empresas\n usuarias de los sistemas de oleoductos, poliductos y gasoductos\n cuya operación esté a su cargo, tomando en consideración\n los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones\n conforme a la práctica petrolera internacional;
Que con Acuerdo Ministerial Nº 051, publicado en el Registro\n Oficial Nº 100 de 16 de junio de 2000, se fijaron las tarifas\n de transporte por la red de oleoductos de la Región Amazónica\n ecuatoriana de propiedad de PETROECUADOR, de cada barril de petróleo\n crudo producido en los diferentes campos, desde su respectivo\n centro de fiscalización y/o entrega hasta Lago Agrio,\n considerando la calidad del crudo transportado;
Que mediante comunicaciones Nos. GO-LP-pb/01-22l de 6 de febrero\n de 2001, PTB-196-02 de 9 de mayo de 2002, 294-PSPR-2002 de 19\n de agosto de 2002, PTB-0l8-03 de 27 de enero de 2003 y 023-PSPR-2003\n de 29 de enero de 2003, las compañías Vintage Oil\n Ecuador S.A., Petrobell Inc. y el Consorcio PETROSUD-PETRORIVA\n solicitan a esta Secretaria de Estado la revisión de las\n tarifas por la red de oleoductos para el transporte del diluyente\n en el tramo Auca Sur-Pindo y para el transporte del crudo producido\n en los campos marginales Tigüino y Palanda-Yuca Sur, respectivamente;\n
Que con oficio Nº 1515 PPR-ACU-2002 de 20 de marzo de\n 2002, el Vicepresidente de PETROPRODUCCION envía toda\n la información relacionada con los montos de inversión\n actualizados para efectos de bombeo de diluyente desde Auca Sur\n hasta Pindo;
Que mediante oficio Nº 3949 PPR-SUP-SDA-SP-RODA-2002\n de 8 de julio de 2002, el Vicepresidente de PETROPRODUCCION considera\n procedente el pedido de la Compañía Petrobell Inc.,\n siendo responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas\n fijar tarifas de transporte;
Que con Resolución Nº 1012 de 17 de octubre de\n 2002, el Director Nacional de Hidrocarburos aprobó la\n ubicación del centro de fiscalización y entrega\n en las facilidades de recepción de Occidental Exploration\n and Production Company en la estación Shushufindi Central,\n para medición de la producción del petróleo\n crudo proveniente de las pruebas extendidas de producción\n del campo unificado Edén-Yuturi de la Región Amazónica;
Que mediante oficio Nº 6555 PPR-OPE-COT-2002 de 14 de\n noviembre de 2002, el Vicepresidente de PETROPRODUCCION determina\n que no se han realizado inversiones o gastos adicionales que\n justifiquen el incremento de tarifas;
Que con Acuerdo Ministerial Nº 402 de 20 de noviembre\n de 2002, esta Secretaría de Estado aprobó el funcionamiento\n inicial y otorgó el permiso de operación del oleoducto\n secundario Edén Yuturi-Lago Agrio, en una longitud aproximada\n de 81 kilómetros;
Que la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Dirección\n de Procuraduría Ministerial de esta Secretaria de Estado,\n con memorandos Nos. DNH-TA 0105 y 133-DPM-AJ, 7 y 13 de marzo\n de 2003, en su orden, emitieron los informes pertinentes;
Que mediante memorando Nº 317-DNH-TA 0139 de 25 de marzo\n de 2003, el Director Nacional de Hidrocarburos recomendó\n al señor Ministro de Energía y Minas suscribir\n el proyecto de acuerdo ministerial reformatorio al Nº 051\n considerado jurídicamente procedente por ajustarse al\n marco legal vigente; y,
En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6\n del artículo 179 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, los artículos 9 y\n 62 de la Ley de Hidrocarburos, y el artículo 17 del Estatuto\n del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función\n Ejecutiva.
Art. 1. Agregar en las tarifas fijadas por el artículo\n 1 del Acuerdo Ministerial Nº 051, publicado en el Registro\n Oficial Nº 100 de 16 de junio de 2000, la tarifa de transporte\n por la red de oleoductos de la Región Amazónica\n ecuatoriana de propiedad de PETROECUADOR, de cada barril de petróleo\n crudo producido en el campo Edén- Yuturi, desde su respectivo\n centro de fiscalización y/o entrega hasta Lago Agrio,\n en el siguiente valor:
\n (USS/BARRIL)
Edén-Yuturi 0.1181
Art. 2. Sustituir en las tarifas fijadas por el artículo\n 1 del Acuerdo Ministerial Nº 051, publicado en el Registro\n Oficial Nº 100 de 16 de junio de 2000, las tarifas de transporte\n por la red de oleoductos de la Región Amazónica\n ecuatoriana de propiedad de PETROECUADOR, de cada barril de petróleo\n crudo producido en los campos Tigüino y Palanda-Yuca Sur,\n desde su respectivo centro de fiscalización y/o entrega\n hasta Lago Agrio, así como el transporte del diluyente\n Auca Sur-Pindo, en los siguientes valores:
\n Tigüino 0.658
\n Palanda-Yuca Sur 0.3273
\n Diluyente Auca Sur-Pindo 0.3550
Art. 3. El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 2 de abril de 2003.
Ministerio de Energía y Minas.- Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.- Quito, a 2 de abril de 2003.- Gestión y\n Custodia de Documentación.- f.) Lic. Mario Parra.
CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O\n RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS
\n ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS\n O
\n DE EFECTOS INDISCRIMINADOS
Recordando que, de conformidad con la Carta de las\n Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber, en sus relaciones\n internacionales de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso\n de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial\n o la independencia política de cualquier Estado, o en\n cualquier otra forma incompatible con los propósitos de\n las Naciones Unidas,
Recordando además el principio general de la protección\n de la población civil contra los efectos de las hostilidades,
Basándose en el principio de derecho internacional\n según el cual el derecho de las partes en un conflicto\n armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra\n no es limitado, y en el principio que prohíbe el empleo,\n en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales\n y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen\n daños superfluos o sufrimientos innecesarios,
Recordando además que está prohibido el empleo\n de métodos o medios de hacer la guerra que haya sido concebido\n para causar, o de los que quepa prever que causen daños\n extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural,
Confirmando su decisión de que, en los casos no previstos\n en la presente convención, en sus protocolos anexos o\n en otros acuerdos internacionales, la población civil\n y los combatientes permanecerán, en todo momento, bajo\n la protección y la autoridad de los principios de derecho\n internacional derivados de la costumbre, de los principios de\n humanidad y de los dictados de la conciencia pública,
Deseando contribuir a la distensión internacional,\n a la terminación de la carrera de armamentos y a la instauración\n de la confianza entre los Estados y, por consiguiente, a la realización\n de la aspiración de todos los pueblos a vivir en paz,
Reconociendo la importancia de hacer todo lo posible para\n contribuir al logro de progresos conducentes al desarme general\n y completo bajo un control internacional estricto y eficaz,
Reafirmando la necesidad de continuar la codificación\n y el desarrollo progresivo de las normas de derecho internacional\n aplicables en los conflictos armados,
Deseando prohibir o restringir aún más el empleo\n de ciertas armas convencionales y convencidos de que los resultados\n positivos que se logren en esta esfera podrán facilitar\n las conversaciones más importantes sobre desarme destinadas\n a poner fin a la producción, el almacenamiento y la proliferación\n de tales armas convencionales,
Poniendo de relieve la conveniencia de que todos los Estados\n se hagan partes en la presente convención y sus protocolos\n anexos, en particular los Estados militarmente importantes,
Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones\n Unidas y la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas\n pueden decidir examinar la cuestión de una posible ampliación\n del alcance de las prohibiciones y las restricciones contenidas\n en la presente convención y sus protocolos anexos,
Teniendo presente que el Comité de Desarme puede decidir\n considerar la cuestión de adoptar nuevas medidas para\n prohibir o restringir el empleo de ciertas armas convencionales,
La presente convención y sus protocolos anexos se aplicarán\n a las situaciones a que se hace referencia en el artículo\n 2 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de\n 1949 relativos a la protección de las víctimas\n de la guerra, incluida cualquiera de las situaciones descritas\n en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional\n 1 a los Convenios.
Ninguna disposición de la presente convención\n ni de sus protocolos anexos se interpretará de forma que\n menoscabe otras obligaciones impuestas a las Altas Partes Contratantes\n por el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos\n armados,
La presente convención estará abierta a la firma\n de todos los Estados en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva\n York, durante un período de 12 meses a partir del 10 de\n abril de 1981.
Ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión
1. La presente convención estará sujeta a la\n ratificación, aceptación o aprobación de\n los signatarios. Cualquier Estado que no haya firmado la presente\n convención podrá adherirse a ella.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación,\n aprobación o adhesión serán depositados\n en poder del Depositario.
3. La manifestación del consentimiento en obligarse\n por .cualquiera de los protocolos anexos a la presente convención\n será facultativa para cada Estado, a condición\n de que en el momento del depósito de su instrumento de\n ratificación, aceptación o aprobación de\n la presente convención o de adhesión a ella, ese\n Estado notifique al Depositario su consentimiento en obligarse\n por dos o más de esos protocolos.
4. En cualquier momento después del depósito\n de su instrumento de ratificación, aceptación o\n aprobación de la presente convención o de adhesión\n a ella, un Estado podrá notificar al Depositario su consentimiento\n en obligarse por cualquier protocolo anexo por d que no esté\n ya obligado.
5. Cualquier protocolo por el que una Alta Parte Contratante\n esté obligada será para ella parte integrante de\n la presente convención.
1. La presente convención entrará en vigor seis\n meses después de la fecha de depósito del vigésimo\n instrumento de ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión.
2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación,\n aceptación, aprobación o adhesión después\n de la fecha de depósito del vigésimo instrumento\n de ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión, la presente convención entrará\n en vigor seis meses después de la fecha de depósito\n del correspondiente instrumento por ese Estado.
3. Cada uno de los protocolos anexos a la presente convención\n entrará en vigor seis meses después de la fecha\n en que 20 Estados hubieren notificado al Depositario su consentimiento\n en obligarse por él, de conformidad con los párrafos\n 3 ó 4 del artículo 4 de la presente convención.
4. Para cualquier Estado que notifique su consentimiento en\n obligarse por un protocolo anexo a la presente convención\n después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado\n su consentimiento en obligarse por él, el protocolo entrará\n en vigor seis meses después de la fecha en que ese Estado\n haya notificado al Depositario su consentimiento en obligarse\n por dicho protocolo.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a dar la difusión\n más amplia posible, tanto en tiempo de paz como en periodo\n de conflicto armado, a la presente convención y a sus\n protocolos anexos por los que estén obligadas y, en particular,\n a incorporar el estudio de ellos en los programas de instrucción\n militar, de modo que estos instrumentos sean conocidos por sus\n fuerzas armadas.
Relaciones convencionales a partir de la entrada en
\n vigor de la presente convención
1. Cuando una de las partes en un conflicto no esté\n obligada por un protocolo anexo, las partes obligadas por la\n presente convención y por ese protocolo anexo seguirán\n obligadas por ellos en sus relaciones mutuas.
2. Cualquier Alta Parte Contratante estará obligada\n por la presente convención y por cualquiera de sus protocolos\n anexos por el que ese Estado se haya obligado, en cualquier situación\n de las previstas en el artículo 1 y con relación\n a cualquier Estado que no sea parte en la presente convención\n o que no esté obligado por el protocolo de que se trate,\n si este último Estado acepta y aplica la presente convención\n o el protocolo anexo pertinente y así lo notifica al Depositario.
3. El Depositario informará inmediatamente a las Altas\n Partes Contratantes interesadas de las notificaciones recibidas\n en virtud del párrafo 2 del presente artículo.
4. La presente convención y los protocolos anexos por\n los que una Alta Parte Contratante esté obligada se aplicarán\n respecto de un conflicto armado contra esa Alta Parte Contratante,\n del tipo mencionado en el párrafo 4 del artículo\n 1 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra del 12\n de agosto de 1949 para la protección de las víctimas\n de la guerra:
a) Cuando la Alta Parte Contratante sea también Parte\n en el Protocolo Adicional 1 y una autoridad como la mencionada\n en el párrafo 3 del artículo 96 de ese protocolo\n se haya comprometido a aplicar los Convenios de Ginebra y el\n Protocolo 1 de conformidad con el párrafo 3 del artículo\n 96 del mencionado protocolo, y se comprometa a aplicar la presente\n convención y los pertinentes protocolos con relación\n a ese conflicto; o,
b) Cuando la Alta Parte Contratante no sea parte en el Protocolo\n Adicional 1 y una autoridad del tipo mencionado en el apartado\n a) supra acepte y aplique las obligaciones establecidas en los\n Convenios de Ginebra y en la presente convención y en\n los protocolos anexos pertinentes con relación a ese conflicto.\n Tal aceptación y aplicación surtirán los\n efectos siguientes con relación a tal conflicto:
i) los Convenios de Ginebra y la presente convención\n y sus pertinentes protocolos anexos entrarán en vigor\n respecto de las partes en el conflicto con efecto inmediato;
ii) la mencionada autoridad asumirá los mismos derechos\n y las mismas obligaciones que una Alta Parte Contratante en los\n Convenios de Ginebra, en la presente convención y en sus\n pertinentes protocolos anexos; y,
iii) los Convenios de Ginebra, la presente convención\n y sus pertinentes protocolos anexos obligarán por igual\n a todas las partes en el conflicto.
La Alta Parte Contratante y la autoridad también podrán\n convenir en aceptar y aplicar las obligaciones establecidas en\n el Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra sobre una\n base recíproca.
1. a) En cualquier momento después de la entrada en\n vigor de la presente convención, cualquier Alta Parte\n Contratante podrá proponer enmiendas a la presente convención\n o a cualquier protocolo anexo por el que ese Estado esté\n obligado. Toda propuesta de enmienda será comunicada al\n Depositario, quien la notificará a todas las Altas Partes\n Contratantes y recabará su opinión sobre la conveniencia\n de convocar una conferencia para considerar la propuesta. Si\n una mayoría, que no deberá ser menor de 18 de las\n Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, el Depositario\n convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará\n a todas las Altas Partes Contratantes. Los Estados no partes\n en la presente convención serán invitados a la\n conferencia en calidad de observadores; y,
b) Esa conferencia podrá aprobar enmiendas que se adoptarán\n y entrarán en vigor de la misma forma que la presente\n convención y los protocolos anexos, si bien las enmiendas\n a la convención solo podrán ser adoptadas por las\n Altas Partes Contratantes y las enmiendas a un determinado protocolo\n anexo sólo podrán ser adoptadas por las Altas Partes\n Contratantes que estén obligadas por ese protocolo.
2. a) En cualquier momento después de la entrada en\n vigor de la presente convención, cualquier Alta Parte\n Contratante podrá proponer protocolos adicionales sobre\n otras categorías de armas convencionales no comprendidas\n en los protocolos existentes. Toda propuesta de protocolo adicional\n será comunicada al Depositario, quien la notificará\n a todas las Altas Partes Contratantes de conformidad con el apartado\n 1 a) del presente artículo. Si una mayoría, que\n no deberá ser menor de 18 de las Altas Partes Contratantes,\n conviniere en ello, el Depositario convocará sin demora\n una conferencia, a la que se invitará a todos los Estados;\n y,
b) Esa conferencia podrá, con la participación\n plena de todos los Estados representados en ella, aprobar protocolos\n adicionales, que se adoptarán de la misma forma que la\n presente convención, se anexarán a ella y entrarán\n en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo\n 5 de la presente convención.
3. a) Si, al cabo de un período de 10 años después\n de la entrada en vigor de la presente convención no se\n hubiere convocado una conferencia de conformidad con los apartados\n 1 a) o 2 a) del presente artículo, cualquier Alta Parte\n Contratante podrá pedir al Depositario que convoque una\n conferencia, a la que se invitará a todas las Altas Partes\n Contratantes con objeto de examinar el ámbito y el funcionamiento\n de la presente convención y de sus protocolos anexos y\n de considerar cualquier propuesta de enmiendas a la convención\n o a los protocolos anexos existentes, Los Estados no partes en\n la convención serán invitados a la conferencia\n en calidad de observadores. La conferencia podrá aprobar\n enmiendas, que se adoptarán y entrarán en vigor\n de conformidad con el apartado 1 b) supra
b) Esa conferencia podrá asimismo considerar cualquier\n propuesta de protocolos adicionales sobre otras categorías\n de armas convencionales no comprendidas en los protocolos anexos\n existentes. Todos los Estados representados en la conferencia\n podrán participar plenamente en la consideración\n de tales propuestas. Cualquier protocolo adicional será\n adoptado de la misma forma que la presente convención,\n se anexará a ella y entrará en vigor de conformidad\n con los párrafos 3 y 4 del artículo 5; y,
c) Esa conferencia podrá considerar si deben adoptarse\n disposiciones respecto de la convocación de otra conferencia\n a petición de cualquier Alta Parte Contratante si al cabo\n de un período similar al mencionado en el apartado 3 a)\n del presente artículo, no se ha convocado una conferencia\n de conformidad con los apartados 1 a) o 2 a) del presente artículo.
1. Cualquier Alta Parte Contratante podrá denunciar\n la presente Convención o cualquiera de sus protocolos\n anexos, notificándolo así al Depositario.
2. Cualquier denuncia de esta índole sólo surtirá\n efecto un año después de la recepción de\n la notificación por el Depositario. No obstante, si al\n expirar ese plazo la Alta Parte Contratante denunciante se halla\n en una de las situaciones previstas en el artículo 1,\n esa Parte continuará obligada por la presente convención\n y los protocolos anexos pertinentes hasta el fin del conflicto\n armado o de la ocupación y, en cualquier caso, hasta la\n terminación de las operaciones de liberación definitiva,\n repatriación o reasentamiento de las personas protegidas\n por las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos\n armados y, en el caso de cualquier protocolo anexo que contenga\n disposiciones relativas a situaciones en las que fuerzas o misiones\n de las Naciones Unidas desempeñen funciones de mantenimiento\n de la paz, observación u otras similares en la zona de\n que se trate, hasta la terminación de tales funciones.
3. Cualquier denuncia de la presente Convención se\n considerará que se extiende a todos los protocolos anexos\n por los que la Alta Parte Contratante esté obligada.
4. Cualquier denuncia sólo surtirá efecto respecto\n de la Alta Parte Contratante que la formule.
5. Ninguna denuncia afectará las obligaciones ya contraídas\n por tal Alta Parte Contratante denunciante, como consecuencia\n de un conflicto armado y en virtud de la presente convención\n y de sus protocolos anexos, en relación con cualquier\n acto cometido antes de que su denuncia resulte efectiva.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será\n el Depositario de la presente Convención y de sus protocolos\n anexos.
2. Además de sus funciones habituales, el Depositario\n informará a todos los Estados acerca de:
a) las firmas de la presente convención, conforme al\n artículo 3;
b) el depósito de los instrumentos de ratificación,\n aceptación o aprobación de la presente convención,\n o de adhesión a ella, conforme al artículo 4; ~
c) las notificaciones del consentimiento en obligarse por\n los protocolos anexos, conforme al artículo 4;
d) las fechas de entrada en vigor de la presente convención\n y de cada uno de sus protocolos anexos, conforme al artículo\n 5; y,
e) las notificaciones de denuncia recibidas conforme al artículo\n 9, y las fechas en que éstas comiencen a surtir efecto.
El original de la presente convención con los protocolos\n anexos, cuyos textos en árabe, chino, español,\n francés, inglés y ruso son igualmente auténticos,\n será depositado en poder del Depositario, el cual transmitirá\n copias certificadas conformes del mismo a todos los Estados.
PROTOCOLO SOBRE FRAGMENTOS NO LOCALIZABLES (PROTOCOLO 1)
Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal\n sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por\n rayos X en el cuerpo humano.
PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE\n MINAS,
\n ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS (PROTOCOLO 11)
El presente protocolo se refiere al empleo en tierra de las\n minas, armas trampa y otros artefactos definidos en él,\n incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas,\n el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos,\n pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en\n vías acuáticas interiores.
1. Se entiende por "mina" toda munición colocada\n debajo sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie\n cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia,\n la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo,\n y se entiende por "mina lanzada a distancia" toda mina,\n tal como ha sido definida previamente, lanzada por artillería,\n cohetes, morteros u otros medios similares, así como las\n arrojadas desde aeronaves.
2. Se entiende por. "arma trampa" todo artefacto\n o material concebido, construido o adaptado para matar o herir\n y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto\n aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice\n un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno.
3. Se entiende por "otros artefactos" las municiones\n y artefactos colocados manualmente que estén concebidos\n para matar, herir o causar daños y que funcionen por control\n remoto o en forma automática mediante acción retardada.
4. Se entiende por "objetivo militar", en lo que\n respecta a los bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación,\n finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción\n militar o cuya destrucción total o parcial, captura o\n neutralización ofrezca en las circunstancias del caso\n una ventaja militar definida.
5. Se entiende por "bienes de carácter civil"\n todos los bienes que no son objetivos militares tal como están\n definidos en el párrafo 4.
6. El "registro" es una .operación de carácter\n material administrativo y técnico cuyo objeto es reunir,\n a los efectos de su inclusión en registros oficiales,\n toda la información de que se disponga y que facilite\n la localización de campos de minas, minas y armas trampa.\n
Restricciones generales del empleo de minas, armas
\n trampa y otros artefactos
b) a las armas trampa; y,
2. Queda prohibido en todas las circunstancias emplear las\n armas a las que se aplica el presente artículo, sea como\n medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia,\n contra la población civil como tal o contra personas civiles.
3. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a\n las que se aplica el presente artículo. Se entiende por\n "empleo indiscriminado" cualquier emplazamiento de\n estas armas:
a) que no sea en un objetivo militar ni esté dirigido\n contra un objetivo militar;
b) en que se emplee un método o medio de lanzamiento\n que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado;\n o,
c) que haya razones para prever que causará incidentalmente\n pérdidas de vidas de personas civiles, heridas a personas\n civiles, daños a bienes de carácter civil o una\n combinación de ellos, que serían excesivos en relación\n con la ventaja militar concreta y directa prevista.
4. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger\n a las personas civiles de los efectos de las armas a las que\n se aplica el presente artículo. Se entiende por "precauciones\n viables" aquellas que son factibles o posibles en la práctica,\n habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso consideraciones\n humanitarias y militares.
Restricciones del empleo de minas que no sean lanzadas a distancia,\n armas trampa y otros artefactos en zonas
\n pobladas
b) a las armas trampa; y.
2. Queda prohibido el empleo de las armas a que se refiere\n el presente artículo en ciudades, pueblos, aldeas u otras\n zonas en las que exista una concentración similar de personas\n civiles y donde no se estén librando combates entre fuerzas\n terrestres, o donde dichos combates no parezcan inminentes, a\n menos que:
a) sean colocadas en objetivos militares que pertenezcan a\n una parte adversa o estén bajo su control, o en las inmediaciones\n de dichos objetivos; o,
b) se tomen medidas para proteger a la población civil\n de los efectos de dichos artefactos, por ejemplo, instalando\n señales de peligro, colocando centinelas, formulando advertencias\n o instalando cercas.
Restricciones del empleo de minas lanzadas a distancia
1. Queda prohibido el empleo de minas lanzadas a distancia,\n a menos que sólo se empleen dentro de una zona que sea\n en sí un objetivo militar o que contenga objetivos militares,\n y a menos que:
a) se pueda registrar con precisión su emplazamiento\n de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo\n 7; o,
b) en cada una de esas minas exista un mecanismo neutralizador\n eficaz, es decir, un mecanismo de funcionamiento automático\n destinado a desactivar la mina o a causar su autodestrucción\n cuando se prevea que ya no responde a los fines militares para\n los que fue colocada, o un mecanismo controlado a distancia destinado\n a desactivar la mina o a causar su autodestrucción cuando\n ya no responda a los fines militares para los que fue colocada.
2. A menos que las circunstancias no lo permitan, se formulará\n una advertencia previa y eficaz de todo lanzamiento o siembra\n de minas a distancia que pueda afectar a la población\n civil.
1. Sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables\n en los conflictos armados con respecto a la traición y\n la perfidia, se prohíbe en todas las circunstancias el\n empleo de:
a) toda arma trampa que tenga forma de objeto portátil\n aparentemente inofensivo, que esté específicamente\n concebido y construido para contener material explosivo y detonar\n cuando alguien lo toque, lo manipule o se aproxime a él;\n o,
b) armas trampa que estén de alguna forma unidas o\n guarden relación con:
i) señales, signos o emblemas protectores reconocidos\n internacionalmente;
iv) instalaciones, equipos, suministros o transportes sanitarios;\n
v) juguetes u otros objetos portátiles o productos\n destinados especialmente a la alimentación, la salud,\n la higiene, el vestido o la educación de los niños;
vii) utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos\n militares, locales militares o almacenes militares;
ix) monumentos históricos, obras de arte o lugares\n de culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual\n de los pueblos; y,
2. Queda prohibido en todas las circunstancias el empleo de\n cualquier arma trampa concebida para ocasionar daños superfluos\n o sufrimientos innecesarios.
Registro y publicación del emplazamiento de campos\n de minas, minas y armas trampa
1. Las partes en un conflicto llevarán un registro\n del emplazamiento:
a) de todos los campos de minas que hayan sembrado con arreglo\n a un plan previo; y,
b) de todas las zonas en que hayan empleado armas trampa en\n gran escala y con arreglo a un plan previo.
2. Las partes se esforzarán para asegurar que quede\n registrado el emplazamiento de todos los demás campos\n de minas, minas y armas trampa que hayan sembrado o colocado.
3. Todos estos registros serán conservados por las\n Partes, quienes deberán:
a) inmediatamente después del cese de las hostilidades\n activas:
i) adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas, comprendidas\n la utilización de esos registros, para proteger a la población\n civil de los efectos de los campos de minas, minas y armas trampa;
ii) en los casos en que las fuerzas de ninguna de las partes\n se hallen en el territorio de una parte adversa, poner a disposición\n de cada parte adversa y del Secretario General de las Naciones\n Unidas toda la información que tengan en su poder sobre\n el emplazamiento de los campos de minas, minas y armas trampa\n en el territorio de parte adversa; o,
iii) una vez que se haya producido la retirada completa de\n las fuerzas de las partes del territorio de la parte adversa,\n poner a disposición de esa parte adversa y del Secretario\n General de las Naciones Unidas toda la información que\n tengan en su poder sobre el emplazamiento de los campos de minas,\n minas y armas trampa en el territorio de tal parte adversa;
b) cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas\n desempeñe funciones en cualquier zona, poner a disposición\n de la autoridad mencionada en el artículo 8 la información\n que dicho artículo requiere; y,
c) siempre que sea posible, disponer de común acuerdo\n la difusión de información sobre el emplazamiento\n de los campos de minas, minas y armas trampa, especialmente en\n los acuerdos que rijan la cesación de las hostilidades.
Protección de las fuerzas y misiones de las Naciones\n Unidas contra los efectos de campos deminas, minas y armas trampa
1. Cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas\n desempeñe funciones de mantenimiento de la paz, observación\n o funciones similares en cualquier zona, cada parte en el conflicto\n deberá, si se lo solicita el jefe de la fuerza o misión\n de las Naciones Unidas en esa zona, y en la medida de sus posibilidades:
a) retirar o desactivar todas las minas o armas trampa de\n esa zona;
b) adoptar las medidas que sean necesarias para proteger a\n la fuerza o misión de los efectos de los campos de minas,\n minas y armas trampa durante el desempeño de sus funciones;\n y,
c) poner a disposición del jefe de la fuerza o misión\n de las Naciones Unidas en esa zona toda la información\n que tenga en su poder acerca del emplazamiento de los campos\n de minas, minas y armas trampa en esa zona.
2. Cuando una misión de las Naciones Unidas de determinación\n de hechos desempeñe funciones en una zona, todas las partes\n en el conflicto de que se trate le proporcionarán protección.\n En el caso de que el tamaño de esa misión les impida\n hacerlo en forma adecuada, pondrán a disposición\n del jefe de la misión la información que tengan\n en su poder acerca del emplazamiento de los campos de minas,\n minas y armas trampa en esa zona.
Cooperación internación en el retiro de campos\n de
\n minas, minas y armas trampa
Después del cese de las hostilidades activas, las partes\n se esforzarán por llegar a un acuerdo entre ellas y, cuando\n proceda, con otros Estados y con organizaciones internacionales\n acerca del suministro de la información y la asistencia\n técnica y material, incluyendo en las circunstancias adecuadas,\n las operaciones conjuntas necesarias para retirar o desactivar\n de otra manera los campos de minas, minas y armas trampa emplazados\n durante el conflicto.
ANEXO TECNICO AL PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES\n DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS (PROTOCOLO\n II)
Cuando, conforme al protocolo, surja una obligación\n de registro del emplazamiento de campos de minas, minas y armas\n trampa, se deberán tener en cuenta las siguientes directrices:
1. Con respecto a los campos de minas sembrados con arreglo\n a un plan previo y al empleo en gran escala, y también\n con arreglo a un plan previo, de armas trampa:
a) deben confeccionarse mapas, diagramas u otros registros\n de modo que en ellos se indique la extensión del campo\n de minas o de la zona en que se han colocado armas trampa; y,
b) el emplazamiento del campo de minas, o de la zona en que\n se han colocado armas trampa, debe especificarse en relación\n con las coordenadas de un punto único de referencia, así\n como con las dimensiones estimadas de la zona que contiene minas\n y armas trampa en relación con ese único punto\n de referencia.
2. Por lo que respecta a otros campos de minas, minas y armas\n trampa sembradas o colocadas:
En la medida de lo posible, la información pertinente\n especificada en el párrafo 1 supra debe quedar registrada\n con objeto de que se puedan identificar las zonas que contienen\n campos de minas, minas y armas trampa.
PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE\n ARMAS INCENDIARIAS (PROTOCOLO III)
1. Se entiende por "arma incendiaria" toda arma\n o munición concebida primordialmente para incendiar objetos\n o causar quemaduras a las personas mediante la acción\n de las llamas, del calor o de una combinación de ambos,\n producidos por reacción química de una sustancia\n que alcanza el blanco.
a) las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en\n lanzallamas, "fougasses", proyectiles explosivos, cohetes,\n granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias;\n y,
i) las municiones que puedan tener efectos incendiarios incidentales,\n tales como municiones iluminantes, trazadoras, productoras de\n humo o sistemas de señalamiento; y,
ii) las municiones concebidas para combinar efectos de penetración,\n explosión o fragmentación con un efecto incendiario\n adicional, tales como los proyectiles perforantes de blindaje.\n los proyectiles explosivos de fragmentación, las bombas\n explosivas y otras municiones análogas de efectos combinados,\n en las que el efecto incendiario no esté específicamente\n concebido para causar quemaduras a las personas, sino a ser utilizado\n contra objetivos militares tales como vehículos blindados,\n aeronaves e instalaciones o servicios.
2. Se entiende por "concentración de personas\n civiles" cualquier concentración de personas civiles,\n sea de carácter permanente o temporal, tales como las\n que existen en las partes habitadas de las ciudades, los pueblos\n o las aldeas habitadas, o como en los campamentos o las columnas\n de refugiados o evacuados, o los grupos de nómadas.
3. Se entiende por "objetivo militar", en lo que\n respecta a los bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación,\n finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción\n militar o cuya destrucción total o parcial, captura o\n neutralización, ofrezca en las circunstancias del caso\n una ventaja militar definida.
4. Se entiende por "bienes de carácter civil"\n todos los bienes que no son objetivos militares tal como están\n definidos en el párrafo 3.
5. Se entiende por "precauciones viables" aquellas\n que son factibles o posibles en la práctica, habida cuenta\n de todas las circunstancias del caso, incluso las consideraciones\n humanitarias y militares.
Protección de las personas civiles y los bienes de\n carácter civil
1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con\n armas incendiarias a la población civil como tal, a personas\n civiles o a bienes de carácter civil.
2. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con\n armas incendiarias lanzadas desde el aire cualquier objetivo\n militar ubicado dentro de una concentración de personas\n civiles.
3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias\n que no sean lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar\n ubicado dentro de una concentración de personas civiles,\n salvo cuando ese objetivo militar esté claramente separado\n de la concentración de personas civiles y se hayan adoptado\n todas las precauciones viables para limitar los efectos incendiarios\n al objetivo militar y para evitar, y en cualquier caso reducir\n al mínimo, la muerte incidental de personas civiles, las\n lesiones a personas civiles y los daños a bienes de carácter\n civil.
4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques\n u otros tipos de cubierta vegetal, s

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 244
 artículo 271
 artículo 9
 artículo 62
 Resolución 
 artículo 179
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8