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Timestamp: 2019-09-17 05:18:28+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00467 de diciembre 5 de 2013
SENTENCIA 2009-00467 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:LA NOCIÓN DE “BENEFICIARIO DE PENSIÓN” DIFIERE DEL CONCEPTO DE “HEREDERO O CAUSAHABIENTE” PREVISTO EN EL DERECHO CIVIL. LOS HEREDEROS DE UNA PERSONA QUE FALLECE, SON SUS DESCENDIENTES O ASCENDIENTES, SIN IMPORTAR EL GRADO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA CON EL FALLECIDO. LOS BENEFICIARIOS DE PENSIÓN SON LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA PERSONA QUE FALLECE. ES CLARO, ENTONCES, QUE TODO BENEFICIARIO DE PENSIÓN ES TAMBIÉN HEREDERO DEL CAUSANTE, PERO LOS HEREDEROS NO NECESARIAMENTE SON BENEFICIARIOS DE PENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, HEREDERO, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, MESADA PENSIONAL
Sentencia 2009-00467 de diciembre 5 de 2013
Rad.: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12)
Actor: Hugo Guerrero Cáceres
Se trata de determinar si, en el presente asunto, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuentan con la legitimación en la causa por pasiva, para figurar como entidades demandadas, y en consecuencia responder patrimonialmente frente a la condena impuesta por la sentencia apelada, esto es, el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor del señor Hugo Guerrero Cáceres.
1. Resolución 3012 de 24 de julio de 2006, suscrita por el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., por la cual se le negó al señor Hugo Guerrero Cáceres el reconcomiendo y pago de una pensión de sobreviviente, por la muerte de su compañera permanente la señora María Rosalba Benjumea de Marín, quien se desempeñaba como docente del citado ente territorial (fls. 3 a 5).
2. Resolución 492 de 6 de febrero de 2007 por la cual el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., confirmó en todas sus partes la Resolución 3012 de 2006, al resolver un recurso reposición formulado en su contra (fls. 9 a 11).
II. De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
Sostiene el Ministerio de Educación Nacional, en el recurso de apelación, que contrario a lo afirmado por el Tribunal, es la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá a quien, en virtud de lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 le correspondía comparecer al presente proceso con el fin de responder a los cuestionamientos formulados por el señor Hugo Guerrero Cáceres contra los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.
En lo que se refiere a los recursos económicos que hacen parte del citado Fondo, el artículo 8 ibídem indicó que los mismos estarían integrados, principalmente por los aportes de los docentes afiliados, en cuantía del 5% del sueldo básico mensual.
Para mayor ilustración se transcribe el citado artículo 8 de la Ley 91 de 1989:
“ART. 3º—Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.
Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios el docente, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente(1).
No obstante lo anterior, y aun cuando la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a éste último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de la prestación deprecada por el docente o sus beneficiarios, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005.
La Sala no pasa por alto que la intención del legislador al expedir la Ley 962 de 2005 fue la de simplificar(2) una serie de trámites que los particulares adelantaban ante la administración, entre ellos las solicitudes de los docentes oficiales tendientes a obtener el reconocimiento de una prestación pensional, dada la evidente complejidad que ello entrañaba. Sin embargo, ello en ningún momento supuso despojar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes oficiales, como se observa en el artículo 56 el cual, no hace otra cosa que reafirmar dicha competencia en cabeza del referido Fondo, al señalar en su tenor literal que “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo”.
Descendiendo al caso concreto, se observa que mediante Resolución 3012 de 24 de julio de 2006 la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la solicitud de la demandante tendiente a obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su compañera permanente la señora María Rosalba Benjumea de Marín, en los siguientes términos:
“(…) Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Oficina de Prestaciones Sociales de Bogotá D.C.
Resolución 3012 de 24 de julio de 2006
Por la cual se niega una solicitud de una pensión Post-Mortem Dieciocho (18) años.
El Subsecretario Administrativo de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., en nombre y representación de la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Resolución No. 3080 de 2005 y,
Que el artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, racionalizó los tramites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio determinado que “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.”.
Que mediante solicitud radicada bajo el número 2006-PENS-004994 del 02/06/2006, el señor Hugo Guerrero Cáceres con CC 17.016.439, en calidad de compañero permanente, (…) solicita el reconocimiento y posterior pago de una pensión post-mortem dieciocho (18) años de la docente María Rosalba Benjumea de Marín (…), por haber laborado en varias entidades privadas y últimamente como docente distrital-recursos propios, trabajando con menos de 20 años de servicios y falleció el 01/12/2005.
(…) Se estableció que la docente María Rosalba Benjumea de Marín (…) nació el 03/05/1951, y a la fecha del fallecimiento contaba con 54 años, 6 meses y 28 días de edad.
Que de conformidad con el certificado de tiempo de servicio 5534 expedido el 16 de mayo de 2006, por el jefe de grupo de hojas de vida de la Secretaría de Educación Distrital, la docente María Rosalba Benjumea de Marín, laboró como maestro temporal desde el 16/01/1988 y por el año lectivo, del 26/01/1989 y por el año lectivo 02/02/1990 al 30/11/1990 del 29/01/1991 al 30/11/1991 y desde el 20/01/1992 (sic) 1992 al 30/11/1992, y como docente tiempo completo con vinculación Distrital Recursos Propios, desde el 01 de febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 2005, con lo cual contaba con 17 años, 2 meses y 2 días de servicio.
Que de conformidad con el artículo 7º del Decreto 224 de 1972, que a su letra reza “En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos dieciocho (18) años continuos o discontinuos, los beneficiarios, tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte.
Que con base en lo anterior el señor (sic) María Rosalba Benjumea de Marín, no contaba con el requisito de tiempo como docente oficial para acceder a la pensión post-mortem solicitada. (…).”.
La anterior Resolución fue confirmada en su totalidad por el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., a través de la Resolución 492 de 6 de febrero de 2007, al resolver un recurso de reposición formulado en su contra (fls. 9 a 11).
De lo anterior se infiere que a la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece, en este caso la docente causante de la prestación por sobrevivencia, se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconozca o niegue una prestación social, resolución que con posterioridad debe aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del referido Fondo de Prestaciones.
Bajo estos supuestos, no le asiste la razón a la parte demandada cuando en el recurso de apelación formula la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador, en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo”.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala que el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondía pronunciarse en relación con la petición del demandante tendiente a obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional por sobrevivencia, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y entrar al fondo del presente asunto, bajo las siguientes consideraciones.
III. De la pensión de sobreviviente y el régimen aplicable a los docentes
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales. En efecto, el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente, en su artículo 7 reguló lo relacionado con el reconocimiento de la pensión post mortem en los siguientes términos:
El artículo transcrito, en cuanto a su regla temporal, esto es los 5 años por los cuales se reconocía la citada prestación pensional, se entiende derogado por la Ley 33 de 1973 en primer lugar, porque a través de ésta se transforman en vitalicia las pensiones reconocidas a favor de las viudas de los docentes y, en segundo lugar, porque su artículo 4º derogó las disposiciones que le fueran contrarias.
“ART. 1º—Fallecido un particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia. (…)
PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley. (…)
“ART. 4º—Esta ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.
Esta sección mediante providencia del 29 de enero de 2004 analizó el tránsito legislativo entre el Decreto-Ley 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, precisando que(3):
En efecto, para el sector público se expidió el Decreto-Ley 434 de 1971 que modificó por medio de los artículos 19 y 20, los numerales (sic) 36 y 39 del decreto Ley 3135 de 1968, sobre sustitución pensional de jubilación e invalidez y retiro por vejez, respectivamente, para que se pagara durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante.
5. No atina la Nación cuando alega que la Ley 33 no se refirió a las pensiones post mórtem, pues basta leer su artículo 1º para convencerse de lo contrario: “Fallecido un trabajador...”.
De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que las normas antes transcritas establecen el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente con carácter vitalicia a favor de las viudas e hijos de los docentes que, habiendo muerto, hubieran laborado por lo menos 18 años continuos o discontinuos en planteles oficiales.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Hugo Guerrero Cáceres pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente argumentando para tal efecto, como causa eficiente, la muerte de su compañera permanente la señora María Rosalba Benjumea de Marín, quien se desempeñaba como docente al servicio del Distrito Capital.
Sobre este particular, observa la Sala que según “los formatos únicos para la expedición de certificados de historia laboral” visibles a folios 140 y 164 a 165 de expediente, la señora María Rosalba Benjumea de Marín se desempeñó como docente en la siguiente forma:
“En el departamento de Antioquia:
Del 02/04/1970 al 31/01/1971 Escuela Palmichal, municipio de San Carlos.
Del 01/02/1971 al 19/01/1972 Escuela la Esperanza, Medellín.”.
“En el Distrito Capital
Respecto de los años lectivos 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 - bajo vinculación temporal de tiempo completo.
Respecto de los años lectivos 1993 a 2005 – vinculación en propiedad de tiempo completo”.
Y, que de acuerdo con el registro de defunción 5711544 de 2 de diciembre de 2005 la señora María Rosalba Benjumea de Marín falleció el 1 de diciembre de 2005 (fl. 25).
Teniendo en cuenta lo anterior, el de 2 de junio de 2006 el señor Hugo Guerrero Cáceres, en su condición de compañero supérstite de la señora María Rosalba Benjumea de Marín, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.
Sin embargo, el 24 de julio de 2006 mediante Resolución 3012 el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., negó la referida solicitud, como quedó visto en el acápite denominado “De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva”.
Contra la anterior decisión, el demandante formuló recurso de reposición el cual fue resuelto, por el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., confirmando en todas sus partes la Resolución 3012 de 2006 (fls. 9 a 11).
No obstante lo anterior, tal como lo afirmó la entidad demandada en los actos administrativos acusados, debe decirse que en el caso concreto la señora María Rosalba Benjumea de Marín al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como docente igual a 18 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su compañero permanente, en los términos del Decreto 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como docente y hasta su muerte, trascurrieron 17 años, 2 meses y 2 días.
Sin embargo, tal y como lo afirma el señor Hugo Guerrero Cáceres en el concepto de violación de la demanda, el Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993 consagra en su artículo 46 la misma prestación pensional por sobrevivencia, cuyos requisitos resultan ser más favorables a su situación particular.
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-461 de 12 de octubre de 2005, M. P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo que:
“Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, en casos similares al que se juzga en este proceso(2), a las excepciones en la aplicación de las normas generales por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse sólo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad, como ocurre en el caso que se examina, en el cual las previsiones contenidas en los artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la pensión de sobrevivientes, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas por muerte en situaciones especiales a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en el ordenamiento que rige la materia, por lo que la definición del asunto no puede conducir a la decisión adoptada por la entidad demandada, que negó la prestación en aplicación de dicho régimen especial”.
Bajo estos supuestos, y descendiendo al caso concreto, se observa que conforme a lo dispuesto por los artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972 y 1 de la Ley 33 de 1973 el señor Hugo Guerrero Cáceres, en su condición de compañero supérstite de la señora María Rosalba Benjumea de Marín, no tiene derecho al reconocimiento de una prestación pensional de sobreviviente, toda vez que la causante no laboró los 18 años exigidos por las disposiciones en cita.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la aplicación del régimen especial previsto para los docentes en el caso concreto, Decreto Ley 224 de 1972 y Ley 33 de 1973, da lugar a un trato desfavorable a las pretensiones del demandante la Sala, estima acertada la decisión del Tribunal en cuanto por vía de excepción aplicó las disposiciones prevista en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, las cuales resultan más beneficiosas a su situación particular, en cuanto logra satisfacer los requisitos exigidos por el citado artículo 46.
En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente la señora María Rosalba Benjumea de Marín laboró como docente al servicio en el departamento de Antioquia del 02 de abril de 1970 al 19 de enero de 1997 y en el Distrito Capital del 16 de enero de 1988 al 1 de diciembre de 2005, lo que permite a la Sala dar por probado que dentro de los 3 años anteriores a su muerte esto es, entre el 1 de diciembre de 2002 y el 1 de diciembre de 2005, cotizó más de cincuenta semanas por concepto de pensión y, en consecuencia da lugar, al reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor del demandante (fl. 140 a 141 y 164 a 165).
Sobre este particular, vale la pena precisar que en lo que se refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente, reconocida al señor Hugo Guerrero Cáceres, este deberá corresponder al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la causante cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, en el caso concreto no hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas pensionales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Lo anterior toda vez que, la muerte de la señora María Rosalba Benjumea de Marín se registró el 1 de diciembre de 2005 y el señor Hugo Guerrero Cáceres solicitó, en sede administrativa, el reconocimiento de la prestación pensional por sobrevivencia el 2 de junio de 2006.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará la sentencia de 23 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 23 de marzo de 2012, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Hugo Guerrero Cáceres contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
(1) En este mismo sentido pueden verse las sentencias de 18 de agosto de 2011. Rad. 1887-2008 y 14 de febrero de 2013. Radicación 1048-2012. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(3) Radicación 513-01, M.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 7
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 21