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DECRETO FORAL 228/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa (Vigente hasta el 10 de Diciembre de 2014).
Vigencia desde 01 de Enero de 2006. Esta revisión vigente desde 16 de Diciembre de 2010 hasta 10 de Diciembre de 2014
Artículo único. Aprobación del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
Artículo 14 Supuestos de devolución
Artículo 15 Contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos
Artículo 16 Ejecución de la devolución
SECCIÓN SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 14.1.A) DE ESTE REGLAMENTO
Artículo 18 Tramitación del procedimiento
Artículo 19 Terminación
Artículo 20 Interposición del recurso
Artículo 21 Efectos de la interposición respecto al ejercicio de otros recursos
Artículo 22 Puesta de manifiesto del expediente
Artículo 23 Documentación complementaria
Artículo 24 Interesados en el procedimiento
Artículo 25 Resolución del recurso
SECCIÓN PRIMERA. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE BIZKAIA
Artículo 28 Composición del Tribunal Económico-Administrativo Foral
Artículo 29 Secciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral
Artículo 30 Organización del Tribunal Económico-Administrativo Foral
Artículo 31 Funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Foral
Artículo 32 Actas de las sesiones
SECCIÓN SEGUNDA. CUANTÍA Y ACUMULACIÓN DE LAS RECLAMACIONES
Artículo 33 Cuantía de la reclamación
Artículo 34 Acumulación
SECCIÓN TERCERA. INTERESADOS
Artículo 35 Interesados
Artículo 36 Fallecimiento del interesado
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 37 Obtención de copias certificadas
Artículo 38 Presentación, desglose y devolución de documentos
Artículo 40 Costas del procedimiento
SECCIÓN SEGUNDA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 41 Petición del expediente
Artículo 42 Incompetencia
Artículo 43 Subsanación de defectos
Artículo 44 Trámites para completar el expediente
Artículo 45 Puesta de manifiesto del expediente
Artículo 46 Personación en las reclamaciones derivadas de actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria
Artículo 47 Pruebas e informes
Artículo 48 Cuestiones incidentales
Artículo 49 Extensión de la revisión
SECCIÓN TERCERA. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Artículo 50 Recurso extraordinario de revisión
CAPÍTULO I. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECURRIDO
SECCIÓN PRIMERA. SUSPENSIÓN SIN GARANTÍAS
Artículo 51 Supuestos de suspensión sin garantías
Artículo 52 Extensión de la suspensión sin garantías
SECCIÓN SEGUNDA. SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA CON GARANTÍAS
Artículo 53 Principios generales de la suspensión automática con garantías
Artículo 54 Garantías para la suspensión automática
Artículo 55 Documentación a acompañar a la solicitud de suspensión automática con garantías
SECCIÓN TERCERA. SUSPENSIÓN CON OTRAS GARANTÍAS
Artículo 56 Suspensión con prestación de otras garantías
SECCIÓN CUARTA. SUSPENSIÓN CON DISPENSA TOTAL O PARCIAL DE GARANTÍAS
Artículo 57 Suspensión con dispensa total o parcial de garantías
Artículo 58 Tramitación y resolución por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de la solicitud de suspensión
SECCIÓN QUINTA. DISPOSICIONES COMUNES EN LA SUSPENSIÓN CON GARANTÍAS
Artículo 59 Requisitos y efectos
Artículo 60 Subsanación de la solicitud
Artículo 61 Extensión de los efectos de la suspensión con garantías
Artículo 62 Estimación parcial
Artículo 63 Denegación de la suspensión
Artículo 64 Modificación de la resolución de suspensión
Artículo 65 Efectos de falta de constitución de garantías
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES
SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
SECCIÓN TERCERA. NORMAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES
Artículo 70 Extensión de los efectos de las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa
CAPÍTULO III. REEMBOLSO DEL COSTE DE LAS GARANTIAS
SECCIÓN PRIMERA. ALCANCE DEL REEMBOLSO DEL COSTE DE GARANTÍAS
Artículo 71 Ambito de aplicación
Artículo 72 Garantías cuyo coste es objeto de reembolso
Artículo 73 Determinación del coste de las garantías prestadas
SECCIÓN SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DEL COSTE DE LAS GARANTÍAS APORTADAS
Artículo 74 Organos competentes para acordar el reembolso
Artículo 77 Resolución
Artículo 78 Ejecución
Segunda Reembolso del coste de las garantías en caso de aplazamiento o fraccionamiento
Tercera Legitimados para instar el procedimiento y beneficiarios del derecho a la devolución de ingresos indebidos en el caso de rectificación de autoliquidaciones
Única Procedimientos de revisión en vía administrativa
Artículo 53 redactado por el número Uno de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre). Número 4 del artículo 56 redactado por el número Dos de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre). Número 3 del artículo 59 redactado por el número Tres de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre).
DF 137/2010 de 30 Nov. Bizkaia (coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011)
Número 4 del artículo 17 introducido por la Disposición Adicional del D. Foral [BIZKAIA] 137/2010, 30 noviembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011 («B.O.B.» 15 diciembre).
Disposición adicional tercera derogada por la disposición derogatoria de D. Foral [BIZKAIA] 112/2009, 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 30 julio).
DF 20/2009 de 17 Feb. Bizkaia (incrementa el importe exonerado de garantía en los aplazamientos de deudas y en la suspensión de los actos impugnados)
Número 1 del artículo 51 redactado por el artículo 2 del D. Foral [BIZKAIA] 20/2009, 17 febrero, por el que se incrementa el importe exonerado de garantía en los aplazamientos de deudas y en la suspensión de los actos impugnados («B.O.B.» 27 febrero).
La aprobación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, supuso una renovación y actualización integrales de nuestra normativa tributaria general, produciendo una revisión en profundidad de la estructura y de las normas de procedimiento que debe aplicar la Administración tributaria en el ejercicio de sus funciones.
El título V de la citada Norma Foral regula todos los procedimientos de revisión en materia tributaria, tanto los que se inician de oficio por parte de la Administración Tributaria, como los que se promueven a instancia del interesado, incluyendo los recursos y reclamaciones que éste pueda presentar.
El presente Decreto Foral contiene un único artículo por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa.
El presente Reglamento de revisión está integrado por cinco títulos.
El título I recoge disposiciones de carácter general el ámbito de aplicación, el contenido mínimo del escrito a presentar por la persona interesada, junto con las reglas de subsanación del mismo y el procedimiento para actuar mediante representante.
El título II dedicado a los procedimientos especiales de revisión queda dividido en cinco capítulos, que regulan el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, el procedimiento para declaración de lesividad de actos anulables, el de revocación, el dedicado a la rectificación de errores y el de devolución de ingresos indebidos.
El título III se destina al recurso de reposición previsto en los artículos 230 a 233 de la Norma Foral General Tributaria. El recurso potestativo de reposición, previo al económico-administrativo, se ha configurado como un procedimiento ágil, dentro del respeto a las garantías jurídicas del administrado, para tratar de resolver ante los mismos órganos de la Administración que dictaron el acto que se recurre las discrepancias que puedan surgir con motivo de la gestión tributaria.
El título IV regula la reclamaciones económico-administrativas en sendos capítulos dedicados a la disposiciones generales y al procedimiento económico-administrativo, dividido a su vez cada uno en tres secciones. Se inicia el primer capítulo con la organización y competencias del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, para seguir con la cuantía y la acumulación de las reclamaciones y finaliza con una sección sobre los interesados. El segundo recoge la ordenación e instrucción del procedimiento, destinande su última sección al recurso extraordinario de revisión.
El título V se divide en tres capítulos, entre los que destaca, por su innovación el primero, dedidado a la suspensión del acto recurrido. Comienza el mismo por la regulación de la suspensión de la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aportar garantías cuando la deuda tributaria estuviese en período voluntario de pago o se hubiese interpuesto el recurso contra la providencia de apremio, y siempre que, en ambos casos, la cuantía de la deuda pendiente a fin del período voluntario de pago fuese igual o inferior a 7.500 euros, así como en el caso de impugnación de sanciones.
Las siguientes secciones recogen los casos de suspensión automática con las garantías previstas en la Norma Foral General Tributaria, la suspensión con otras garantías y la posibilidad de suspensión con dispensa de garantías. La sección que pone fin al capítulo está dedicada a las disposiciones comunes a la suspensión.
El capítulo II regula la ejecución de las resoluciones económico-administrativas y las judiciales.
Finaliza el Reglamento con un capítulo destinado al reembolso del coste de las garantías, recogiendo el alcance y el procedimiento del mismo.
Artículo único Aprobación del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa que se incorpora como anexo al presente Decreto Foral.
a) El Decreto Foral 200/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el recurso de reposición previo al económico-administrativo.
b) El Decreto Foral 145/1990, de 4 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, excepto los artículos 8, 9, 13 y 15, la disposición adicional segunda y la disposición adicional cuarta.
c) El Decreto Foral 93/2002, de 14 de mayo, por el que se regulan las competencias, composición, organización y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia.
d) El Decreto Foral 152/2000, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de reembolso del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de deudas tributarias.
2. Asimismo quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto Foral.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2006.
El presente Reglamento desarrolla la Norma Foral General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, así como el reembolso por la Administración del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto.
1. Cuando los procedimientos a que se refiere este Reglamento se inicien a instancia del interesado, la solicitud o el escrito de iniciación deberá contener los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio del interesado. En caso de que se actúe por medio de representante se deberá incluir su identificación completa.
b) Organo ante quien se formula el recurso o reclamación o se solicita el inicio del procedimiento.
c) Acto administrativo o actuación que se impugne o que sea objeto del expediente, fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes.
d) Pretensión del interesado.
e) Identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
g) En el supuesto de solicitud de devolución deberá hacerse constar expresamente el número de la cuenta bancaria del solicitante en la que se desee que se realice el ingreso. Cuando el mismo no figure en el escrito, la devolución se abonará, en su caso, en un número de cuenta bancaria del solicitante que conste en las bases de datos del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.
2. Si la solicitud o el escrito de iniciación no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, y sin perjuicio de las normas específicas de subsanación contenidas en este Reglamento, se requerirá al interesado para que en un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que la falta de atención a dicho requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud o el escrito.
1. Cuando se actúe por medio de representante, éste deberá acreditar representación bastante, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado respecto a la ratificación.
2. El órgano competente concederá un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para la aportación o subsanación del documento acreditativo de la representación. En este mismo plazo el interesado podrá ratificar la actuación realizada por el representante en su nombre y aportar el documento acreditativo de la representación para actuaciones posteriores.
2. El órgano competente para tramitar el procedimiento podrá dictar acuerdo motivado de inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 225 de la Norma Foral General Tributaria.
1. El procedimiento será tramitado por el órgano que hubiere dictado el acto objeto de revisión.
3. El expediente administrativo se pondrá de manifiesto al interesado y a las restantes personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo, por un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
4. Concluido el trámite de audiencia, el órgano competente para tramitar el procedimiento elevará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
La declaración de nulidad será resuelta por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia previo dictamen favorable de la Asesoría Jurídica de la misma.
El procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables se iniciará de oficio mediante acuerdo del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas. El inicio será notificado al interesado.
1. La tramitación corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto que emitirá un informe sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Asimismo, se podrá solicitar cualquier otro dato, antecedente o informe que se considere necesario para elaborar la propuesta de resolución.
3. Concluido el trámite de audiencia el órgano competente para tramitar el procedimiento formulará propuesta de resolución.
4. Formulada la propuesta el órgano competente para tramitar deberá solicitar informe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Foral de Bizkaia sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo.
5. Una vez recibido el informe jurídico, se remitirá el expediente completo o copia del mismo al órgano competente para resolver.
1. La competencia para resolver corresponderá al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. El órgano competente para resolver dictará la resolución que proceda y, en el caso de declararse la lesividad, la remitirá junto con la copia cotejada del expediente administrativo a la Asesoría Jurídica de la Diputación Foral de Bizkaia a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.
1. El procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente de oficio por el propio órgano que hubiera dictado el acto, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación mediante escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito. El inicio será notificado al interesado.
2. Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones podrán ser revocados conforme a lo dispuesto en el artículo 227 de la Norma Foral General Tributaria, incluso cuando hayan sido objeto de impugnación en vía económico-administrativa, en tanto no se haya dictado una resolución o un acuerdo de terminación por el Tribunal Económico-Administrativo Foral.
3. Las resoluciones y los acuerdos de terminación dictados por el Tribunal Económico-Administrativo Foral así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones a los que se refieran dichos acuerdos y resoluciones, no serán susceptibles de revocación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de la Norma Foral General Tributaria.
1. El órgano que hubiera dictado el acto podrá recabar cualquier dato, antecedente o informe que considere necesario.
2. En su caso, se dará audiencia a los interesados por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
3. Concluido el trámite de audiencia se solicitará, si se estimara necesario, informe de la Asesoría Jurídica del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.
1. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta.
Cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados se podrá notificar directamente la resolución del procedimiento.
2. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado, la Administración podrá resolver directamente lo que proceda, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que las presentadas por el interesado. En caso contrario, deberá notificar la propuesta de resolución para que el interesado pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
a) En el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, cuando se trate de los supuestos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 229 de la Norma Foral General Tributaria.
b) En el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 118 de la Norma Foral General Tributaria, incluidos los supuestos de retenciones o ingresos a cuenta indebidamente soportados y los de tributos para los cuales exista obligación legal de repercusión.
c) En un procedimiento especial de revisión regulado en el título II de este Reglamento.
d) En virtud de resolución de un recurso administrativo o reclamación económico-administrativa, regulados en los títulos III y IV de este Reglamento o en virtud de sentencia o resolución judicial firmes.
e) En un procedimiento de aplicación de los tributos o en cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.
La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por:
a) El importe del ingreso indebidamente efectuado, incluidos, en su caso, los recargos e intereses satisfechos.
c) El interés de demora vigente a lo largo del periodo en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Norma Foral General Tributaria.
1. Reconocido el derecho a la devolución se procederá a la inmediata ejecución de la misma.
2. Las resoluciones administrativas o judiciales se ejecutarán o cumplirán en sus propios términos, bastando el testimonio de la sentencia o resolución judicial o el correspondiente acuerdo o resolución administrativa o copia certificada del mismo, para que los órganos competentes de la Administración procedan a efectuar la devolución, después de verificar simplemente que el acuerdo o resolución es firme o, aun no siéndolo, debe ser llevado a puro y debido efecto y que se produjo el ingreso, sin que haya sido ya devuelto o haya prescrito el derecho a su devolución.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 14.1.A) DE ESTE REGLAMENTO
1. Dentro del plazo de prescripción y en los supuestos previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de este Reglamento, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, tendrán derecho a solicitar la devolución los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en la Hacienda Foral con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores de unos y otros.
La solicitud deberá dirigirse al órgano competente para resolver y, además de las menciones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento, contendrá justificación del ingreso indebido. Deberán adjuntarse los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba se consideren oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe.
3. Cuando el Servicio de Tesorería compruebe que la deuda por la que se ha efectuado el pago ha sido cancelada total o parcialmente, el exceso se pondrá a disposición del obligado tributario sin más trámites, a través de operaciones extrapresupuestarias.
4. En el caso de que el pago haya sido efectuado por un tercero en nombre del interesado, y así se justifique, se podrá abonar la devolución a dicho tercero.
Número 4 del artículo 17 introducido por la Disposición Adicional del D. Foral [BIZKAIA] 137/2010, 30 noviembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011 («B.O.B.» 15 diciembre).Vigencia: 16 diciembre 2010
3. El órgano competente para la tramitación podrá solicitar los informes que considere necesarios.
4. Finalizadas las actuaciones anteriores, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución.
1. El superior jerárquico del órgano bajo cuya responsabilidad se haya tramitado el expediente deberá resolver en el plazo de seis meses contados desde el inicio del procedimiento.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el procedimiento se hubiere iniciado de oficio o si la solicitud de devolución fuese correcta, se procederá sin más trámite a la notificación del acuerdo en el que se reconozca el derecho a la devolución solicitada.
3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado la resolución expresa, salvo que en la normativa específica se establezca otro plazo diferente.
4. El reconocimiento de la devolución solicitada no impedirá la posterior comprobación de la obligación tributaria a través de cualquier procedimiento de aplicación de los tributos.
5. El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas establecerá los casos en que procedan los expedientes colectivos para el pago de devoluciones de naturaleza tributaria así como las condiciones o requisitos formales a que deban sujetarse.
1. En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. A dicho escrito se acompañarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.
2. La suspensión del acto impugnado se regirá por lo dispuesto en el capítulo I del título V de este Reglamento.
La interposición del recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse desde su inicio a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del mismo. También podrán interponerse a partir del momento en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Si el interesado desea examinar el expediente administrativo para formular sus alegaciones deberá comparecer a tal objeto ante el órgano actuante a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.
El órgano competente para resolver podrá solicitar la documentación complementaria que estime conveniente para la resolución del recurso. De no atenderse en el plazo de quince días hábiles esta solicitud, el recurso podrá resolverse con el examen de la ya existente.
1. Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de derechos o intereses legítimos que no hayan comparecido en aquel, se les notificará la existencia del recurso para que formulen alegaciones en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación.
2. Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que formulen alegaciones.
1. El plazo máximo para notificar la resolución será de tres meses, a contar desde el día siguiente a su presentación, transcurridos los cuales podrá entenderse desestimado el recurso a efectos de la interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa, que podrá plantearse en tanto no sea dictada resolución expresa. Contra la misma, en todo caso, podrá interponerse reclamación económico-administrativa.
2. La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
3. En los supuestos de desestimación del recurso se liquidarán y notificarán los intereses de demora desde la fecha de fin de periodo voluntario hasta la fecha del correspondiente acuerdo desestimatorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria.
No obstante, cuando la deuda tributaria sea suspendida en vía económico-administrativa, los citados intereses no se exigirán, en tanto no haya finalizado la vía administrativa.
La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera.
Véase O. Foral [BIZKAIA] 896/2009, 27 marzo, por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de las reclamaciones económico-administrativas («B.O.B.» 3 abril).
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE BIZKAIA
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral conoce, en única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se promuevan contra los actos y actuaciones señalados en el artículo 234 de la Norma Foral General Tributaria.
2. Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral agotarán la vía administrativa. Contra las mismas podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la forma y términos señalados en la normativa reguladora de dicha Jurisdicción.
El Tribunal Económico-Administrativo Foral estará integrado por el presidente, el vicepresidente en su caso, los vocales, los ponentes en las reclamaciones que específicamente se les asigne y el letrado-secretario.
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral se organiza en cuatro vocalías o secciones:
a) Primera: del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Segunda: de tributos indirectos.
c) Tercera: de tributos locales.
d) Cuarta: de tributos directos.
2. La vocalía Primera conocerá de las reclamaciones que se planteen contra actos o liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo aquéllas expresamente atribuidas a la vocalía Cuarta.
La vocalía Segunda conocerá de las reclamaciones que se planteen contra actos y liquidaciones por tributos indirectos.
La vocalía Tercera conocerá de las reclamaciones interpuestas contra actos y liquidaciones por tributos locales gestionados por la Diputación Foral, las actuaciones seguidas en los procedimientos frente a los sucesores o responsables y los restantes actos reclamables que no tengan cabida en el resto de vocalías.
La vocalía Cuarta conocerá de las reclamaciones planteadas contra actos o liquidaciones por tributos directos, salvo en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que únicamente conocerá de las que se deriven de actas de inspección.
Cada una de las vocalías conocerá igualmente de las actuaciones en el procedimiento de recaudación que afecten a los tributos cuyo conocimiento les esté encomendado, excepto lo relativo a los procedimientos frente a los sucesores o responsables.
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral resolverá las reclamaciones en pleno o en salas.
El pleno del Tribunal estará integrado por el presidente, el vicepresidente en su caso, los vocales jefes de sección y el letrado-secretario.
Las salas del Tribunal se constituirán por el presidente, el vicepresidente en su caso, el vocal jefe de la sección correspondiente, los demás vocales adscritos a dicha sección o que sean designados por el presidente de entre quienes ostenten esta condición, los ponentes en las reclamaciones que específicamente se les asigne y el letrado-secretario. Las salas del Tribunal no podrán constituirse, en ningún caso, con menos de dos vocales.
2. A cada sección estarán adscritos uno o varios vocales y uno o varios ponentes, ostentando la jefatura de la misma el vocal designado por la Diputación Foral. El presidente del Tribunal asignará los vocales y ponentes a cualquiera de las salas de reclamaciones, pudiendo estar asignados a varias salas simultáneamente.
3. Siempre que así convenga a juicio del presidente, el Tribunal podrá oír a cualquier funcionario o persona cualificada al servicio de la Administración foral.
4. El letrado-secretario actuará en el Tribunal con voz y voto.
5. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención, recusación, y en general cuando concurra alguna causa justificada, el presidente será sustituido por el vicepresidente o, en su defecto, por el vocal jefe de sección más antiguo y el vicepresidente en ningún caso, quedando, sin embargo, válidamente constituido el Tribunal. El letrado-secretario será sustituido por el jefe de la Secretaría Administrativa o por el vocal jefe de sección más antiguo. En igualdad de condiciones se atenderá al criterio de mayor edad.
Los vocales jefe de sección, cuando el Tribunal actúe en pleno, serán sustituidos por el vocal más antiguo adscrito a la sección correspondiente, o en su defecto por el vocal que designe el presidente, y cuando el Tribunal actúe en sala, por el vocal jefe de sección que igualmente designe el presidente. Los ponentes serán sustituidos por otro ponente designado por el presidente.
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral actuará en pleno, con carácter general, cuando la cuantía de la reclamación exceda de 25.000 euros o, tratándose de actos que aprueben comprobaciones de valores de los bienes o derechos sujetos a imposición o cualquier otro por el que se fijen, con carácter previo, valores o bases imponibles impugnables antes de la liquidación, cuando la cuantía supere los 500.000 euros.
Asimismo conocerá el pleno del recurso extraordinario de revisión y de aquéllas reclamaciones en las que, sea por razón de la materia, sea por las circunstancias que concurran en cada caso, así lo decida el presidente a propuesta del vocal jefe de la sección respectiva.
Del resto de reclamaciones conocerán las correspondientes salas de reclamaciones.
2. El presidente ejercerá las funciones de dirección orgánica y funcional y las demás previstas en este reglamento y será el responsable superior de todo el personal.
3. Corresponderá a los vocales y ponentes proponer las resoluciones y demás acuerdos de terminación en el procedimiento económico-administrativo, así como aquellas otras tareas relacionadas con sus funciones que les sean encomendadas por el presidente.
4. Corresponde al letrado-secretario y al jefe de la Secretaría Administrativa la dirección y coordinación de la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas, dictar los actos de trámite y de notificación e impulsar de oficio el procedimiento, así como aquellas otras tareas relacionadas con sus funciones que les sean expresamente atribuidas por el presidente.
5. Todos los miembros del pleno o de las salas están obligados a asistir a las sesiones a las que sean convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de acuerdos o resoluciones. Los acuerdos serán adoptados por mayoría entre los asistentes, con voto de calidad del presidente en caso de empate. Ninguno de los asistentes podrá abstenerse de votar y el que disienta de la mayoría podrá formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas. El voto particular se incorporará al expediente y deberá hacerse mención al mismo en la resolución de la reclamación.
6. Todos los miembros del pleno o de las salas ejercerán con total independencia y bajo su responsabilidad las funciones que tengan legalmente atribuidas y las restantes que les pueda asignar el presidente.
1. De cada sesión que celebre el Tribunal Económico-Administrativo Foral se levantará acta que contendrá la identificación de los asistentes, lugar y duración de la sesión, mención de los expedientes analizados, resultado de las votaciones y sentido de las resoluciones y de los demás acuerdos.
2. Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por el letrado-secretario con el visto bueno del presidente y se conservarán correlativamente numeradas en la secretaría del Tribunal Económico-Administrativo Foral.
3. Se considerarán como sesiones distintas, aunque se desarrollen el mismo día, cada reunión que celebre el Tribunal Económico-Administrativo Foral con distinta composición. De cada sesión se levantará acta por separado.
1. La cuantía de la reclamación será el importe del componente o de la suma de los componentes de la deuda tributaria a que se refiere el artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria, que sean objeto de impugnación, o, en su caso, la cuantía del acto o actuación de otra naturaleza objeto de la reclamación. Si lo impugnado fuese una base imponible o un acto de valoración y no se hubiese practicado la correspondiente liquidación, la cuantía de la reclamación será el importe de aquéllos.
2. Cuando en el documento en el que se consigne el acto administrativo objeto de la impugnación se incluyan varias deudas, bases o valoraciones o actos de otra naturaleza, se considerará como cuantía de la reclamación interpuesta la de la deuda, base, valoración o acto de mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todos los consignados en el documento.
4. Se consideran de cuantía indeterminada los actos dictados en un procedimiento o las actuaciones u omisiones de particulares, que no contengan ni se refieran a una cuantificación económica.
5. En los casos de acumulación, la cuantía de la reclamación será la que corresponda a la de mayor cuantía de las acumuladas, determinada según las reglas de los apartados anteriores.
1. En los casos previstos en los siguientes apartados de este artículo podrá acordarse la acumulación o la desacumulación de las actuaciones, en cualquier momento previo a la terminación, de oficio o a solicitud del interesado, sin que en ningún caso se retrotraigan las actuaciones ya producidas o iniciadas en la fecha del acuerdo o de la solicitud.
2. Se entenderá que se ha solicitado la acumulación cuando el interesado interponga una única reclamación que incluya varias deudas, bases, valoraciones, actos o actuaciones y cuando varios interesados reclamen en un mismo escrito. En estos casos, se procederá a la acumulación, sin necesidad de acuerdo expreso, salvo que el Tribunal Económico-Administrativo Foral comunique el desglose para su tramitación en reclamaciones individuales.
3. El Tribunal Económico-Administrativo Foral acumulará las reclamaciones económico-administrativas a efectos de su tramitación y resolución cuando se impugne una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de la que derive.
Asimismo, se podrán acumular las reclamaciones en los siguientes casos:
b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo que deriven de un mismo expediente o planteen cuestiones idénticas y, además, designen un único domicilio para notificaciones.
c) Cuando así se decida por razones de economía procesal.
4. Cuando se acumulen dos o más reclamaciones iniciadas por separado, se suspenderá el curso del expediente que estuviere más próximo a su terminación hasta que los demás se hallen en el mismo estado.
5. En caso de desacumulación de reclamaciones, en cada uno de los nuevos expedientes se consignará copia cotejada de todo lo actuado hasta la desacumulación.
6. La acumulación o desacumulación se acordará mediante providencia del letrado-secretario, contra la que no procederá recurso alguno.
Cuando en el procedimiento, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 238 de la Norma Foral General Tributaria, se plantee la personación de un posible interesado y no resulte evidente su derecho o interés legítimo que pudiese resultar afectado por la resolución que se dicte, se actuará conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo mediante la apertura de la correspondiente pieza separada.
Se abrirá un plazo común de alegaciones de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, respecto de todos los interesados en el procedimiento y respecto de aquél del que no resulte evidente tal condición.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal Económico-Administrativo Foral resolverá lo que proceda en atención a lo alegado y a la documentación que pueda obrar en el expediente.
1. Si el Tribunal Económico-Administrativo Foral tuviere noticia del fallecimiento de un interesado acordará, mediante providencia del letrado-secretario, suspender la tramitación de la reclamación y notificará a sus causahabientes para que comparezcan en sustitución del fallecido dentro de un plazo que no exceda de un mes, a contar desde la notificación, advirtiéndoles que, de no hacerlo dentro de plazo, se tendrá por caducada la reclamación y se archivarán las actuaciones.
2. El tiempo que dure la suspensión a que se refiere el apartado anterior no se tendrá en cuenta a efectos de lo dispuesto en el artículo 245 de la Norma Foral General Tributaria.
1. Los interesados podrán solicitar por escrito la expedición de copia certificada de extremos concretos contenidos en el expediente de la reclamación o recurso interpuesto en vía económico-administrativa.
2. La expedición de dichas copias certificadas deberá solicitarse por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, mediante petición individualizada de las copias de los documentos que se solicite, sin que quepa formular, salvo para su consideración con carácter potestativo, una solicitud genérica sobre el contenido del expediente en su conjunto.
3. La expedición de copias certificadas podrá ser denegada cuando concurra la causa prevista en el apartado 2 de este artículo o cuando se trate de información que deba permanecer reservada de conformidad con la normativa vigente.
4. Las copias certificadas serán extendidas por la jefatura de la Secretaría Administrativa o por el letrado-secretario, debiendo incorporarse al expediente diligencia haciendo constar la entrega de las copias y su notificación al recurrente o la denegación de las mismas.
1. Al presentar un documento, los interesados podrán acompañarlo de una copia para que la Secretaría Administrativa del Tribunal, previo cotejo de la misma, devuelva el original, salvo que la propia naturaleza del documento aconseje que su devolución no se efectúe hasta la resolución definitiva de la reclamación.
2. Una vez terminada la reclamación económico-administrativa los interesados podrán pedir el desglose y devolución de los documentos de prueba presentados por ellos, lo que se acordará por la Secretaría Administrativa del Tribunal. Estas actuaciones se practicarán dejando constancia de la devolución y copia cotejada del documento en el expediente de la reclamación.
1. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término a una reclamación económico-administrativa serán notificados a aquéllos en el domicilio señalado para notificaciones.
2. Cuando en el expediente de la reclamación figurasen varios domicilios para la práctica de notificaciones designados por el interesado, se tomará en consideración el último señalado a estos efectos.
3. Cuando en el expediente de la reclamación no figure ningún domicilio señalado expresamente a efectos de notificaciones, éstas podrán practicarse en el domicilio fiscal del interesado si el Tribunal tuviese constancia del mismo.
4. La notificación podrá practicarse mediante correo certificado o por personal del Tribunal o funcionario habilitado al efecto.
5. En lo no previsto en este artículo, resultará de aplicación lo previsto en la Sección tercera del capítulo II del título III de la Norma Foral General Tributaria.
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral podrá apreciar la existencia de temeridad o mala fe del reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del procedimiento cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude de ley o procedimental.
En particular podrá ser apreciada la existencia de temeridad o mala fe cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativas con una finalidad exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias deberán ser debidamente motivadas.
2. Cuando se imponga al reclamante el pago de las costas, éstas se cuantificarán mediante la aplicación de los importes fijados mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas atendiendo al coste medio del procedimiento y la complejidad de la reclamación.
3. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el Tribunal Económico-Administrativo Foral concederá el plazo de un mes a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria al reclamante para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederá a su exacción por el procedimiento de apremio.
1. Recibido un escrito interponiendo reclamación en el Tribunal Económico-Administrativo Foral, la Secretaría Administrativa, en término de quince días, reclamará del servicio que corresponda el envío del expediente o de las actuaciones que hubieran producido el acto administrativo que se impugne, los cuales deberán ser remitidos al Tribunal en el plazo de quince días. Si no pudiera hacerlo así comunicará, en el término señalado, las causas que impidan cumplimentar el servicio.
3. Si no remitiese el expediente en el plazo señalado, la reclamación seguirá su curso con los antecedentes de que el Tribunal Económico-Administrativo Foral disponga y, en su caso, con los que el interesado aporte. Del mismo modo se actuará cuando el expediente recibido no contuviese todos los antecedentes reglamentariamente necesarios.
Si el Tribunal Económico-Administrativo Foral entiende que es manifiestamente incompetente para la resolución de la reclamación, remitirá el expediente, de oficio y de forma motivada, al órgano que considere competente y acordará, en su caso, el archivo de las actuaciones.
Si el escrito de interposición no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 2 de este Reglamento, se procederá a la subsanación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. No obstante, en los supuestos en los que el reclamante no haya identificado el domicilio para notificaciones se aplicará lo dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento.
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral podrá solicitar que se complete el expediente, de oficio o a petición de cualquier interesado.
2. La solicitud del interesado podrá formularse una sola vez y deberá presentarse dentro del plazo de alegaciones otorgado. Dicha solicitud deberá formularse mediante escrito en el que se detallen los antecedentes que deben integrar el expediente conforme a las normas que lo regulan pero que no figuren en él.
3. Si el Tribunal deniega la petición se reanudará el plazo de alegaciones por el tiempo que quedara en el momento de la solicitud del interesado.
4. Si el Tribunal acepta la petición deberá remitir providencia al órgano que haya dictado el acto. Recibidos los antecedentes o la declaración de que éstos no existen o no forman parte del expediente según su normativa reguladora, el Tribunal concederá un nuevo plazo de alegaciones.
5. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 245 de la Norma Foral General Tributaria, se considerará como periodo de interrupción justificada en el cómputo del plazo para dictar resolución en el procedimiento económico-administrativo el comprendido entre el momento en el que se hubiera suspendido el trámite de alegaciones y aquél en que se hubiera reanudado o se hubiera otorgado un nuevo plazo.
6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 de este artículo no será de aplicación para las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria.
La puesta de manifiesto del expediente se llevará acabo en la sede del Tribunal Económico-Administrativo Foral. Excepcionalmente, podrá solicitarse de forma motivada en el escrito de interposición que se efectúe la misma en la sede de otro Tribunal Económico-Administrativo, señalando expresamente en cual y la dirección de éste. En este caso, la jefatura de la Secretaría Administrativa resolverá discrecionalmente sobre tal solicitud, y en su caso, remitirá copia del expediente al Tribunal Económico-Administrativo correspondiente para la puesta de manifiesto, que la devolverá inmediatamente tras la finalización del plazo habilitado para formular el escrito de alegaciones y de proposición de prueba. Las notificaciones que procedan serán realizadas en todo caso por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia y al mismo deberá dirigirse la presentación de alegaciones o cualquier otra actuación diferente a la mera contemplación del expediente.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 245 de la Norma Foral General Tributaria, se considerará como periodo de interrupción justificada en el cómputo del plazo para dictar resolución en el procedimiento económico-administrativo el comprendido entre el momento en el que se remite el expediente administrativo a otro Tribunal para la puesta de manifiesto y el momento en que se inicia efectivamente ésta.
1. La persona o entidad cuya actuación u omisión constituya el objeto de la reclamación deberá personarse en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la notificación realizada al efecto. Su personación en un momento posterior del procedimiento no podrá perjudicar al recurrente ni reabrir trámites o plazos concluidos con anterioridad.
2. Las actuaciones se pondrán de manifiesto, sucesivamente, al reclamante y a la persona o entidad cuya actuación u omisión constituya el objeto de la reclamación, por periodos de un mes, pudiéndose formular alegaciones, en cada uno, con aportación o proposición de las pruebas oportunas.
3. La resolución declarará si es procedente la actuación u omisión impugnada y, en su caso, determinará su cuantía, formulando las declaraciones de derechos u obligaciones pertinentes. Dicha resolución se notificará a ambas partes, que podrán ejercitar contra ella los recursos correspondientes.
1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
2. Los interesados podrán acompañar a sus escritos todos los documentos públicos y privados que puedan convenir a su derecho. A estos efectos será admisible la aportación de dictámenes técnicos, actas de constatación de hechos o declaraciones de terceros y, en general, de documentos de toda clase, cuya fuerza de convicción será apreciada por el Tribunal Económico-Administrativo Foral al dictar la resolución que ponga fin al procedimiento. En dicha resolución no se entrará a examinar las pruebas aportadas relativas a hechos que no sean relevantes para el conocimiento de la cuestión debatida, bastando su mera enumeración.
3. Se podrá denegar la práctica de las pruebas solicitadas que resulten innecesarias para dictar resolución o que se refieran a hechos que carezcan de relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas en la reclamación y, en el caso de prueba testifical, se valorará la oportunidad y procedencia de la práctica de la misma.
Podrá ordenarse posteriormente la práctica de las pruebas previamente denegadas.
4. Los actos que acuerden o denieguen la práctica de las pruebas tendrán carácter de meros actos de trámite.
5. El Tribunal Económico-Administrativo Foral podrá acordar de oficio la práctica de las pruebas y requerir los informes que se estimen necesarios para dictar resolución. En estos casos, una vez que haya tenido lugar la prueba o se haya recibido el informe, se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados para que en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, aleguen lo que estimen procedente.
Podrán plantearse como cuestiones incidentales aquellas que se refieran a extremos que, sin constituir el fondo del asunto, estén relacionados con el mismo o con la validez del procedimiento y cuya resolución sea requisito previo y necesario para la tramitación de la reclamación, no pudiendo aplazarse hasta que recaiga acuerdo sobre el fondo del asunto.
Las cuestiones incidentales se plantearán dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga constancia fehaciente del hecho o acto que las motive.
La resolución del Tribunal que ponga término al incidente no será susceptible de recurso. Al recibir la resolución de la reclamación, el interesado podrá discutir nuevamente el objeto de la cuestión incidental mediante el recurso que proceda contra la resolución.
Si el Tribunal estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que formulen alegaciones.
En el recurso extraordinario de revisión será aplicable lo dispuesto para el procedimiento en todas las cuestiones no previstas en el artículo 246 de la Norma Foral General Tributaria.
SUSPENSIÓN SIN GARANTÍAS
1. La interposición en tiempo y forma del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de solicitar la suspensión ni de aportar garantías, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la deuda tributaria estuviese en período voluntario de pago o se hubiese interpuesto el recurso contra la providencia de apremio, y siempre que, en ambos casos, la cuantía de la deuda pendiente a fin del período voluntario de pago fuese igual o inferior a 10.000 euros. Este importe podrá ser modificado por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas.
b) Cuando la impugnación afectase a una sanción tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 219 de la Norma Foral General Tributaria.
Número 1 del artículo 51 redactado por el artículo 2 del D. Foral [BIZKAIA] 20/2009, 17 febrero, por el que se incrementa el importe exonerado de garantía en los aplazamientos de deudas y en la suspensión de los actos impugnados («B.O.B.» 27 febrero).Vigencia: 28 febrero 2009
2. El Servicio de Recaudación suspenderá de forma automática la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de aportar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada, o suspendida o que ha prescrito el ejercicio de la potestad de la administración tributaria para exigir su pago.
3. Los casos de suspensión reconocida en una norma específica se regularán por lo establecido en ella.
4. Así mismo, la interposición de reclamaciones económico-administrativas podrá suspender la ejecución del acto impugnado con dispensa de garantías, en los supuestos recogidos en la sección cuarta de este capítulo.
1. La suspensión sin garantías en el recurso de reposición producirá sus efectos durante la sustanciación del mismo, manteniéndolos en el procedimiento económico-administrativo, si se interpusiera la correspondiente reclamación.
2. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria, en el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo, que ha promovido dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.
SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA CON GARANTÍAS
La ejecución del acto impugnado en reposición o en vía económico-administrativa quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión, en los términos establecidos en esta Sección y en la Sección quinta del presente capítulo.
Artículo 53 redactado por el número Uno de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre).
1. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática serán exclusivamente las siguientes:
2. Será competente para tramitar la solicitud de suspensión el Servicio de Recaudación y será resuelta por la jefatura del mismo.
3. En el supuesto de reclamaciones económico-administrativas, contra la denegación podrá interponerse incidente en la reclamación económico-administrativa relativa al acto cuya suspensión se solicitó.
La solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía aportada, constituida a disposición del Servicio de Recaudación. Cuando la solicitud no se acompañe de la justificación señalada se tendrá por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederá al archivo de la solicitud y a su notificación al interesado.
SUSPENSIÓN CON OTRAS GARANTÍAS
1. La solicitud de suspensión con prestación de otras garantías a que se refiere el apartado 3 del artículo 223 de la Norma Foral General Tributaria, por interposición de reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral, se presentará ante este Tribunal junto con la documentación que justifique la imposibilidad de aportar las garantías previstas para la suspensión automática, detallará la naturaleza y las características de las garantías que se ofrecen, los bienes o derechos sobre los que se constituirá y su valoración realizada por perito con titulación suficiente.
2. La solicitud se remitirá al Servicio de Recaudación que será el órgano encargado de su tramitación y será resuelta por la Subdirección de Recaudación, que será competente así mismo en los casos de sustitución y cancelación de las garantías correspondientes, y deberá dictar una resolución expresa que otorgue o deniegue la suspensión con especificación de las garantías que deben constituirse. Estos acuerdos se notificarán al interesado y, en su caso, al Tribunal Económico-Administrativo Foral.
Contra la denegación podrá interponerse incidente en la reclamación económico-administrativa relativa al acto cuya suspensión se solicitó. La resolución que ponga término al incidente no será susceptible de recurso.
3. Si la deuda se encontrase en período voluntario en el momento de presentar la solicitud, ésta suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido. Si se encontrase en período ejecutivo la solicitud no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.
4. La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo de suspensión, cuya eficacia estará condicionada a su prestación. Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía quedará sin efecto el acuerdo de suspensión, produciéndose lo dispuesto en el artículo 65 de este Reglamento.
Número 4 del artículo 56 redactado por el número Dos de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre).
SUSPENSIÓN CON DISPENSA TOTAL O PARCIAL DE GARANTÍAS
1. En el caso de reclamaciones económico-administrativas, el Tribunal Económico-Administrativo Foral será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida.
2. La suspensión deberá solicitarse en documento independiente e ir acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión, y en el caso de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el apartado uno del artículo anterior.
3. Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento.
4. Subsanados los defectos, en su caso el Tribunal Económico-Administrativo Foral decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación.
5. Si la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la solicitud de suspensión, la presentación de esta última basada en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación, incorporando la documentación exigida al efecto, suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación mientras el Tribunal decida sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión.
La inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse al interesado y comunicarse al órgano de recaudación competente.
1. Admitida a trámite la solicitud de suspensión el Tribunal económico-administrativo Foral solicitará al Servicio de Recaudación informe sobre la suficiencia jurídica y económica de las garantías ofrecidas, así como sobre la existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados como garantía. El Servicio de Recaudación deberá pronunciarse expresamente sobre la suficiencia de los bienes ofrecidos y sobre la existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados en garantía, tanto en los supuestos de dispensa total como parcial, y específicamente sobre la existencia de medidas cautelares adoptadas en relación con el acto objeto de impugnación cuya ejecución se pretende suspender. En relación con la suficiencia jurídica solicitará la emisión del oportuno dictamen al Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.
2. El Tribunal Económico-Administrativo Foral deberá dictar una resolución expresa que otorgue o deniegue la suspensión. En los supuestos de suspensión con dispensa parcial, el acuerdo especificará las garantías que deben constituirse.
Estos acuerdos se notificarán al interesado y al órgano de recaudación.
4. Cuando se otorgue la suspensión con garantía parcial, ésta deberá ser constituida ante el órgano de recaudación, que procederá, en su caso, a la aceptación, y se aplicará lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 56 de este Reglamento.
5. Cuando el órgano competente para decidir la suspensión, entienda que debe modificar la resolución sobre la suspensión, en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 223 de la Norma Foral General Tributaria, lo notificará al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.
Contra la resolución adoptada en relación con este trámite de modificación podrá interponerse un incidente en la reclamación económico-administrativa relativa al acto cuya suspensión se solicita. La resolución que ponga fin al incidente en la reclamación no será susceptible de recurso.
DISPOSICIONES COMUNES EN LA SUSPENSIÓN CON GARANTÍAS
1. La solicitud de suspensión que no esté vinculada a un recurso o reclamación económico-administrativa anterior o simultánea a dicha solicitud carecerá de eficacia, sin necesidad de acuerdo expreso de inadmisión.
2. La suspensión con garantías tendrá efectos desde la fecha de la solicitud, debiéndose notificar dicha circunstancia al interesado.
3. La garantía deberá cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión.
Número 3 del artículo 59 redactado por el número Tres de la disposición adicional primera del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre).
4. El importe a garantizar de intereses será el correspondiente al periodo máximo de tramitación del recurso o reclamación de que se trate. En el caso de que la suspensión solicitada en el trámite del recurso de reposición se extienda a la tramitación de la reclamación económico-administrativa, el importe a garantizar cubrirá ambos períodos.
5. Si la deuda se encontrara en periodo voluntario de pago, la solicitud de suspensión con ofrecimiento de garantías suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido, hasta el acuerdo definitivo o la inadmisión de la solicitud.
6. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensión no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente. No obstante, en los casos en que la solicitud de suspensión se efectúe antes de la notificación de la providencia de apremio, el órgano competente podrá suspender cautelarmente el procedimiento recaudatorio, hasta que se resuelva la solicitud.
7. Las garantías necesarias para obtener la suspensión quedarán a los efectos de su eventual ejecución, a disposición del Servicio de Recaudación.
Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento y aquéllos hayan sido subsanados, el órgano encargado de la recaudación acordará la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado.
Cuando en el recurso de reposición se solicite la suspensión con garantías, sus efectos quedarán limitados a este recurso.
La suspensión podrá extenderse, en su caso, a la vía económico-administrativa posterior, a instancia del interesado, siempre que la garantía aportada conserve su vigencia y eficacia.
Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria, en el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo, que ha promovido dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.
Cuando en los supuestos de estimación parcial de un recurso o reclamación económico-administrativa deba dictarse una nueva liquidación, la garantía aportada quedará afecta al pago de la nueva cuota o cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria.
1. Si en el momento de solicitarse la suspensión con garantías la deuda se encontrara en periodo voluntario de pago, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria para que dicho ingreso sea realizado.
De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del acuerdo de denegación.
2. Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la notificación del acuerdo de denegación implicará que deba iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171 de la Norma Foral General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación.
Si la suspensión se hubiese solicitado antes de la finalización del periodo extraordinario de pago del apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, con la denegación se le dará un plazo de quince días, a fin de que pueda realizar el ingreso de la deuda, sin que en este plazo sea exigible el recargo de apremio.
3. Las resoluciones denegatorias de la suspensión en el recurso de reposición serán susceptibles de reclamación económico-administrativa.
Cuando el órgano competente para decidir la suspensión entienda que debe modificar la resolución de suspensión, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 58 de este Reglamento.
a) Si la solicitud de suspensión se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso, el periodo ejecutivo se iniciará el día siguiente al de la finalización del plazo concedido para la formalización de la garantía, y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 171 de la Norma Foral General Tributaria.
En este supuesto procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta el último día del plazo para la formalización de la garantía, sin perjuicio de los que se devenguen con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria.
b) Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 171 de la Norma Foral General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.
1. Los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto inicialmente impugnado y dicha suspensión se mantuviera en otros procedimientos.
2. Los actos resultantes de la ejecución de un recurso o reclamación económico-administrativa deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución.
Los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de la impugnación.
3. Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule total o parcialmente el acto impugnado, se conservarán los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido y se exigirán los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria.
Cuando la resolución parcialmente estimatoria deje inalterada la cuota tributaria, la cantidad a ingresar o la sanción, la resolución se podrá ejecutar reformando parcialmente el acto impugnado, y los posteriores que deriven del parcialmente anulado. En estos casos, subsistirá el acto inicial que será rectificado de acuerdo con el contenido de la resolución, y se mantendrán los actos de recaudación previamente realizados, sin perjuicio, en su caso, de adaptar las cuantías de las trabas y embargos realizados.
Cuando el importe del acto recurrido hubiera sido ingresado total o parcialmente, se procederá, en su caso, a la compensación prevista en el apartado 1 del artículo 75 de la Norma Foral General Tributaria.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo del asunto, se ordenará la retroacción de las actuaciones, se anularán todos los actos posteriores que traigan su causa en el anulado y, en su caso, se devolverán las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora.
5. Cuando la resolución estime totalmente el recurso o la reclamación y no sea necesaria la práctica de un nuevo acto, se procederá a la ejecución mediante la anulación de todos los actos que traigan su causa del anulado y, en su caso, a devolver las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora.
6. Cuando la resolución administrativa o judicial confirme el acto impugnado y éste hubiera estado suspendido, el órgano de recaudación competente notificará el correspondiente plazo de pago.
Cuando la resolución administrativa confirme el acto impugnado y este hubiera estado suspendido en periodo voluntario de ingreso, la notificación de la resolución iniciará el plazo de ingreso previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria. Si la suspensión se produjo en periodo ejecutivo, la notificación de la resolución determinará la procedencia de la continuación o del inicio del procedimiento de apremio, según que la providencia de apremio hubiese sido notificada o no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtió efectos la suspensión.
a) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo voluntario, el Servicio de Recaudación liquidará los intereses de demora por el periodo de tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del acuerdo desestimatorio.
b) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo ejecutivo, el órgano de recaudación liquidará los intereses de demora por el periodo de tiempo comprendido entre la fecha en la que surtió efecto la suspensión y la fecha del acuerdo desestimatorio.
1. En los supuestos de estimación parcial del recurso o reclamación interpuesto cuya resolución no pueda ser ejecutada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior el interesado tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada.
A estos efectos el órgano competente practicará en el plazo de quince días, desde la presentación de la solicitud del interesado, una cuantificación de la obligación que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de la reducción procedente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar subsistente.
2. No obstante, la garantía anterior seguirá afectada al pago del importe del acto, deuda u obligación subsistente, y mantendrá su vigencia hasta la formalización de la nueva garantía que cubra el importe del acto, deuda u obligación subsistente.
3. Serán órganos competentes para proceder a la sustitución de la garantía los órganos que en su momento acordaron la suspensión.
1. Si el interesado está disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución podrá presentar un incidente de ejecución que deberá ser resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo foral.
2. El Tribunal Económico-Administrativo Foral declarará la inadmisibilidad del incidente respecto de aquellas cuestiones que en el mismo se planteen sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el apartado 4 del artículo 244 de la Norma Foral General Tributaria.
3. El incidente de ejecución se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto de ejecución y se regulará por las normas generales del procedimiento, suprimiendo de oficio todos los trámites que no sean indispensables para resolver la cuestión planteada.
4. Los órganos que tengan que ejecutar las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral podrán solicitar al mismo una aclaración de la resolución.
3. El pleno o la sala que hubiera dictado la resolución dictará un acuerdo en ejecución de ésta en el que relacionarán todos los actos, actuaciones u omisiones a los que la resolución debe extender sus efectos, incluidos los relativos a los recursos procedentes.
1. La Administración tributaria atenderá los requerimientos que se le formulen de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El reembolso de los costes de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de un acto que haya sido declarado improcedente alcanzará a los costes necesarios para su formalización, mantenimiento y cancelación.
El procedimiento previsto en los artículos siguientes se limitará al reembolso de los costes anteriormente indicados, si bien el obligado al pago que lo estime procedente podrá instar, en relación con otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en el título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando se den las circunstancias previstas para ello.
El derecho al reembolso del coste de las garantías alcanzará a aquellas, que, prestadas de conformidad con la normativa aplicable, hayan sido admitidas y que se mencionan a continuación:
a) Avales o fianzas de carácter solidario prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
b) Certificados de seguro de caución.
c) Hipotecas mobiliarias e inmobiliarias.
d) Prendas con o sin desplazamiento.
e) Cualquier otra que la Administración o los Tribunales hubieran aceptado.
a) En los avales o fianzas de carácter solidario y certificados de seguro de caución, por las cantidades efectivamente satisfechas a la entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o entidad aseguradora en concepto de primas, comisiones y gastos por formalización, mantenimiento y cancelación del aval fianza o certificado.
Los gastos a rembolsar por la Administración tributaria, serán los necesarios para que la garantía despliegue su eficacia suspensiva.
En caso de estimación total, el Servicio de Tesorería hará entrega a las entidades de crédito o entidades aseguradoras de los documentos de aval o seguro.
En el caso de estimación parcial, la fecha final no será posterior al plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución del recurso o reclamación.
1.º Gastos derivados de la intervención de fedatario público.
4.º Gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en garantía a que se refiere el artículo 56 de este Reglamento.
c) Cuando se hubieran aceptado por la Administración o los tribunales garantías distintas de las anteriores, se admitirá el reembolso de los costes de éstas, limitado, exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su formalización, mantenimiento y cancelación.
d) En el caso de que la garantía constituida lo hubiese sido mediante depósito de dinero se admitirá el reembolso limitados exclusivamente en relación con los costes de constitución del depósito.
2. En todo caso, se abonará el interés de demora vigente que se devengue desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se adopte el acuerdo en que se reconozca el derecho a percibir el reembolso.
Corresponderá a la jefatura del Servicio de Recaudación la tramitación del procedimiento y la elaboración de la propuesta de resolución de los expedientes derivados de solicitudes de reembolso del coste de las garantías y a la Subdirección de Recaudación, la resolución de los citados expedientes.
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante escrito que se deberá dirigir al órgano competente para su resolución con el contenido al que se refiere al artículo 2 de este reglamento.
a) Referencia de la resolución, administrativa o judicial, por la que se declara improcedente total o parcialmente el acto administrativo impugnado cuya ejecución se suspendió.
b) Acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita. En el supuesto de avales o seguros de caución, deberá aportarse certificado expedido por la entidad de crédito, sociedad de garantía reciproca o entidad aseguradora, haciendo constar las cantidades satisfechas a la misma por la concesión, mantenimiento y cancelación del aval o seguro de caución, con expresión de la cantidad avalada o asegurada. En relación con el resto de garantías a que se refiere el artículo 56 del presente Reglamento, deberá acreditarse el pago efectivo de los gastos mencionados en los apartados b), c) y d) del apartado 1 del artículo 73 del mismo.
1. El órgano que tramite el procedimiento podrá llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias para comprobar la procedencia del reembolso que se solicita, y podrá recabar los informes e instar las actuaciones que juzgue necesarios.
2. Si el escrito de solicitud no reuniera los datos expresados en el apartado 1 del artículo anterior o no adjuntara la documentación prevista en la letra b) de su apartado 2, se procederá a requerir su subsanación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.
No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado.
1. El órgano competente dictará la resolución y la notificará en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en la Administración tributaria.
2. Cuando en virtud de los actos de tramitación desarrollados resulte procedente el reembolso del coste de la garantía aportada, se acordará el reembolso de las cantidades previstas en el artículo 70 de este Reglamento, en cuanto hayan quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión del acto declarado total o parcialmente improcedente.
3. Transcurrido el plazo para efectuar la notificación sin que esta se haya producido, el interesado podrá entender desestimada la solicitud, a efectos de interponer contra la resolución presunta el correspondiente recurso o reclamación.
4. La resolución que ponga fin a este procedimiento será reclamable en vía económico-administrativa, previo el recurso potestativo de reposición.
Corresponderá la ejecución de la resolución acordando el reembolso del coste de las garantías al órgano encargado de la recaudación, realizándose el pago con cargo al concepto del presupuesto de ingresos al cual se imputó la deuda tributaria impugnada.
Lo dispuesto en el capítulo III del título V del presente Reglamento será de aplicación al reembolso del coste de las garantías en los casos de aplazamiento y fraccionamiento contemplados en el artículo 32 de la Norma Foral General Tributaria.
Disposición adicional tercera derogada por la disposición derogatoria de D. Foral [BIZKAIA] 112/2009, 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 30 julio).Vigencia: 1 septiembre 2009

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