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Timestamp: 2014-07-31 23:38:11+00:00

Document:
SALA DE APELACIONES ICA: Confirma Sentencia Condenatoria de Actos Contra el Pudor
Confirma Sentencia Condenatoria de Actos Contra el Pudor
Expediente : 1236-2011-41-1401-SP-PE-01
Especialista de Causas : Rosa Edith de la Cruz Quispe
Imputado : Luis David Poma Medina
Agraviado : Identidad reservada
S E N T E N C I A D E V I S T A
Ica, diez de mayo del año dos mil doce.-
VISTOS Y OIDOS: La audiencia privada de apelación de sentencia llevada a cabo por la Sala Penal de Apelaciones de Ica; Colegiado integrado por los Jueces Superiores, señores Armando Coaguila Chávez, Presidente de Sala y Director de Debate, y por los señores Segundo Florencio Jara Peña y Rosalina Travezán Moreyra.
PRIMERO: DECISIÓN IMPUGNADA 1.1 Materia de la Impugnación:
Es materia de impugnación la sentencia contenida en la resolución número cuatro, expedida en audiencia privada de lectura de sentencia, su fecha trece de diciembre del año dos mil once, que falla declarando a Luis David Poma Medina, como autor del delito contra la libertad sexual – actos contra el pudor de menores, en agravio de menor cuya identidad se mantiene en reserva, y como tal le impone cinco años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva y al pago de ochocientos nuevos soles por concepto de reparación civil, al haber sido recurrida por el mencionado sentenciado.
1.2 Fundamentos de la decisión judicial impugnada (folio 94)
1.2.1 El Tribunal A quo en la sentencia que se revisa, ha señalado que no se ha llegado ha acreditar de manera fehaciente que el acusado Luis David Poma Medina haya incurrido en el ilícito de violación sexual de menor de edad previsto y sancionado en el artículo 173, inciso 2 del Código Penal, toda vez que en la actividad probatoria del juicio oral se ha podido establecer la existencia de hechos que generan duda en cuanto a la ejecución del mismo, pues no se ha llegado a determinar que los hechos denunciados hayan ocurrido entre el 14 y 16 de Octubre del 2010 como lo indica el representante del Ministerio Público en su requerimiento de acusación, pues en aquella fecha el acusado ya no frecuentaba a la agraviada, conforme lo ha manifestado en el juicio oral. Por otro lado la propia menor agraviada al ser examinada, hace referencia que los hechos ocurrieron en el mes de setiembre del 2010, mientras que la madre de la menor ha referido no recordar la fecha en que los hechos denunciados pudieron haberse suscitado. De otro lado del certificado médico legal número 1336-VLS, practicado a la menor, se verifica que no presenta signos de desfloración, y en cuanto al examen del ano se llega a la conclusión que existían signos de acto contranatura reciente, estableciendo que las fisuras podrían darse con la introducción de dedo a una persona en caso de haber empleado violencia, pero para que se presente borramiento de pliegues y una fisura con características triangulares, se necesita una moderada distensión.
1.2.2 Que, el examen de la agraviada se realizó el 23 de Octubre del 2010, y en aquella fecha, una de las fisuras presentaba signos de cicatrización inicial, teniendo una antigüedad de tres a cuatro días; se ha indicado que una lesión contra natura reciente, se da cuando los actos han sido realizados dentro de los diez días anteriores al hecho, incluso en un lapso de tiempo menor; teniendo en consideración que los hechos denunciados se produjeron en setiembre del 2010, y el 23 de octubre del 2010, se practicó el examen a la agraviada, no se podría presentar un acto contranatura reciente, de lo que se advierte que no obra prueba objetiva que permita razonablemente establecer que el procesado sea autor del delito de violación sexual en agravio de menor de edad. Concluyendo, dice que no se ha demostrado que el imputado haya introducido el dedo en el ano de la menor agraviada, por existir duda en dicho extremo, dada la falta de coincidencia entre las lesiones recientes consignadas en el certificado médico legal, y la data referida por la menor agraviada que no permite vincularlas objetivamente. 1.2.3 Dice, que el Ministerio Público ha propuesto una calificación jurídica alternativa; entonces, señala que queda claro que las pruebas actuadas permiten determinar que la conducta atribuida al imputado se encuentra subsumida en el delito de actos contra el pudor de menor, previsto y sancionado por el artículo 176 – A inciso 3 del Código Penal, corroborado con lo manifestado por el propio acusado, quien ha reconocido en juicio oral, haber efectuado tocamientos en la cintura, la barriga, en las piernas, las partes íntimas (vagina) de la menor agraviada; así, por el propio mérito de las pruebas actuadas en el juicio oral, como las manifestaciones de los testigos obrantes en autos, se establece que el acusado direccionó su conducta a satisfacer su líbido, mediante tocamientos lúbrico-somáticos en las zonas erógenas de la menor, incurriendo en el delito citado líneas arriba. SEGUNDO: POSTULACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN (folios 112 a 114)
2.1 La defensa técnica del impugnante ha señalado en el escrito que fundamenta su apelación, que está plenamente desvirtuado que su patrocinado haya cometido el delito de violación sexual de menor de edad previsto y sancionado en el inciso 2 del artículo173 del Código Penal, por cuanto en toda la secuela del proceso desde la etapa inicial se ha conducido con la verdad, lo que se corrobora con los medios de prueba adjuntados, así como con las declaraciones testimoniales llevado a cabo en juicio oral.
2.2 Dice que el A quo no ha tenido en cuenta al momento de dictar el fallo, que en su declaración fiscal detallo minuciosamente los hechos materia de investigación; que en ningún momento ha obstaculizado ni entorpecido la investigación o evadido su responsabilidad, menos ha evadido la justicia.
2.3 Agrega, que en la etapa de investigación preparatoria, ha mantenido con firmeza y contundencia su versión sobre los hechos suscitados, vale decir ha demostrado su confesión sincera. Menciona que en la etapa de juicio oral, en todo momento ha reconocido sobre el hecho que se le incrimina, y ha demostrado su arrepentimiento total sobre el hecho cometido, y que tal vez por su poca educación, no previno en cometer dicho delito, y que por desconocimiento de la ley se suscitaron dichos actos libidinosos.
2.4 Que es primario, no cuenta con antecedentes penales, policiales ni judiciales; no tiene rasgos de agresividad y peligrosidad a la sociedad; refiere que es una persona inmadura, con rasgos de infantilismo conforme se aprecia de la pericia psicológica. Que en todo momento ha contado con trabajo en forma independiente, demostrando su arraigo laboral, y que cuenta con domicilio conocido demostrando su arraigo domiciliario.
2.5 Por lo que solicita que la sentencia sea revocada y reformándola se le condene con una pena privativa de libertad de tres años suspendida. Y, que en el extremo de la reparación civil sea revocada a la cantidad de quinientos nuevos soles, teniendo en cuenta que no se ha demostrado gravedad ni violencia en la agraviada, hecho que pueda repercutir en su formación personal. TERCERO: OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN AUDIENCIA
El señor Fiscal Superior ha señalado que se ha impugnado la resolución, cuestionándose la determinación de la pena y la reparación civil, observando que la sentencia se encuentra arreglada a ley, ya que al escucharse los considerandos noveno y décimo, se verifica que se ha fundamentado de manera correcta y legal la pena impuesta, esto es se ha considerado las carencias sociales, la indemnidad sexual de la menor, teniendo en cuenta además los artículos 45 y 46 del Código Penal.
Respecto a la reparación civil, dice que se ha tomado en cuenta la gravedad del hecho, por lo que solicita se declare infundada la apelación y se confirme la sentencia.
CUARTO: MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA
No obstante que mediante resolución número siete, se otorgó a las partes procesales el plazo de cinco días a efectos de que puedan ofrecer medios de prueba, habiendo vencido el mismo, ninguna de las partes lo hizo.
PRIMERO: ADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN: 1.1 La sentencia impugnada fue noticiada al impugnante el diecinueve de diciembre del año dos mil once (ver folio 93 vuelta). 1.2 El recurso impugnativo de apelación, fue planteado y fundamentada por el impugnante, el veintisiete de diciembre del mismo año, conforme aparece del escrito de fojas 112 - 114.
1.3 El recurso impugnativo se halla interpuesto a tiempo y en forma, de modo que cabe analizar sus postulados. SEGUNDO: NORMATIVIDAD INVOLUCRADA 2.1 El artículo 139 de la Constitución Política del Estado, establece en su inciso 3 como principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; y, en su inciso 5 el derecho a la motivación de las resoluciones.
2.2 El artículo 409.1 del Código Procesal Penal señala que la impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.
2.3 El articulo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal, que señala que para efectos de la graduación de la pena, es menester precisar la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena.
2.4 Los artículos 45 y 46 del Código Penal, que establecen los presupuestos para fundamentar y determinar la pena, así como los fundamentos para individualizarla. 2.5 El artículo 93° del Código Penal que señala que la reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, la indemnización de los daños y perjuicios.
2.6 El artículo 419 del Nuevo Código Procesal Penal, precisa en el numeral uno, que la apelación atribuye a la Sala Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho.
2.7 El delito de actos contra el pudor en menores, se encuentra previsto en el artículo 176-A del Código Penal, que en su inciso tercero sanciona al que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con la pena privativa no menor de cinco ni mayor de ocho años.
TERCERO: ANÁLISIS JURISDICCIONAL:
3.1 La sentencia es el medio ordinario de dar término a la pretensión punitiva, teniendo como consecuencia la cosa juzgada, todo ello con relación al delito o delitos que fueron materia de la investigación y a las personas inculpadas del mismo[1]. 3.2 Toda declaración de orden penal, debe realizarse respetando los mecanismos procesales que rigen el debido proceso como garantía de la administración de justicia, por lo que la decisión judicial tomada, tiene que sustentarse en una adecuada evaluación de los medios probatorios actuados en conjunto, lo cual será determinante para pronunciar una resolución sobre el fondo que declare la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado en los hechos que le son imputados; en ese sentido dicha resolución debe precisar las consecuencias jurídicas derivadas del delito, sean estas penales y civiles, siendo obligación del Juzgador mencionar con argumentos coherentes, consistentes y fundados, cuáles fueron aquellas pruebas que lo llevaron a determinar la inocencia o culpabilidad del instruido, y cuales fueron en su caso fundadamente y atendiendo al principio de legalidad, las razones que motivan la imposición de una pena y una reparación civil determinada.
3.3 Que, conforme aparece de los alegatos de apertura, así como de los alegatos de clausura formulados por la defensa técnica, se cuestiona el quantum de la pena impuesta, así como la reparación civil, solicitando que la sentencia sea revocada y reformándola se condene a su patrocinado con una pena privativa de libertad de tres años suspendida. Y, en el extremo de la reparación civil, le sea rebajada a la cantidad de quinientos nuevos soles.
El Colegiado, estando a lo actuado, debe precisar que la sentencia que se revisa, es una que proviene de una acusación que contiene una pretensión alternativa o subsidiaria, habiéndose acusando por los tipos penales de violación presunta y actos contra el pudor de menores; así, luego de los debates orales, se ha concluido que los hechos se encuentran comprendidos en lo dispuesto en el artículo 176-A.3 del Código Penal.
3.4 Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Colegiado tiene presente que el acusado ha reconocido parcialmente los hechos, situación que en su momento evaluó el Tribunal A quo; siendo esto así, ha de tenerse en cuenta como parámetro de discusión, la penalidad prevista en el artículo 176-A.3 del Código Penal, para el delito de actos contra el pudor en agravio de menor, que prescribe pena privativa de libertad, no menor de cinco ni mayor de ocho años.
3.5 La defensa del sentenciado, ha sustentado la apelación en que el acusado, en la declaración fiscal, investigación preparatoria y en el juicio oral, se ha sincerado y ha dicho la verdad, demostrando su arrepentimiento; ha dicho también, que es primario, no registra antecedentes penales, policiales y judiciales; no es persona que tenga rasgos de agresividad y peligrosidad, que es una persona inmadura con rasgos de infantilismo, y, que tiene trabajo y domicilio conocido.
3.6 Los argumentos de la defensa técnica del sentenciado, no resultan del todo ciertos, toda vez que de la lectura de la sentencia impugnada, se constata que en el noveno considerando, se hace una evaluación para determinar primero la pena abstracta, para luego evaluar los criterios previstos en los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y seis del Código Penal, para determinar la pena concreta. En este último punto, el Colegiado A quo ha tomado en cuenta las carencias sociales, sus costumbres y cultura, la naturaleza de la acción, la importancia de los deberes infringidos, entre otros.
Se colige de lo argumentado por parte de la defensa técnica, que en la versión de éste, se habría producido confesión sincera, y en mérito a ello, merecería pena por debajo del mínimo legal; sin embargo, tal como lo menciona el Tribunal A quo en el noveno considerando punto 9.3, Poma Medina, si bien admite haber efectuado tocamientos indebidos a la agraviada, ello obedecería a la contundencia de la actividad probatoria, no dándose los supuestos de los artículos 160 y 161 del Código Procesal Penal. Al respecto, queda claro para este Colegiado, que en efecto, si bien el acusado reconoce los hechos, estos son reconocidos sólo en parte, ya que la agraviada por ejemplo, ha dicho que no medio enamoramiento entre ambos, sin embargo el acusado inicialmente mencionó que no tenían ningún tipo de relación y después cambió de versión y dijo que si eran enamorados o al menos esa era la relación que mantenían.
Siendo esto así, es evidente que no obra circunstancia especial legal, que haga que se rebaje la pena por debajo del mínimo, dado que en la pena impuesta se ha evaluado las circunstancias de carencia de antecedentes y otros, alegados por la defensa técnica, por lo que corresponde confirmar la sentencia en este extremo.
3.7 Por otro lado, se ha cuestionado el monto de la reparación civil, alegándose que en los hechos no se habría demostrado gravedad ni violencia que pueda repercutir en su formación personal; sin embargo, conforme a lo narrado, tal circunstancia no se presenta, ya que la pericia psicológica señala que respecto de la menor, se sugiere psicoterapia familiar; de lo antes anotado, se colige que no resultaría válido lo argumentado por el impugnante, tanto más que en los delitos sexuales se afecta el normal desarrollo de la sexualidad, así como de la personalidad, produciendo alteraciones importantes que pueden incidir en el equilibrio psíquico en el futuro.
3.8 En consecuencia, la valoración efectuada por el Juzgado Colegiado para imponer la pena y la reparación civil, se sujeta a lo debatido en juicio oral, y alegado por las partes, no existiendo razón o motivo propuesto en esta instancia, que permita al Colegiado Superior, variar de posición, reformando la pena impuesta así como la reparación civil, por lo que, ha de confirmarse la decisión.
CUARTO: RESPECTO AL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO
Conforme aparece de la sentencia que se revisa, el Tribunal A quo, no se ha pronunciado respecto al tratamiento terapéutico prescrito en el artículo 178-A del Código Penal; al respecto este Colegiado evalúa que tal como lo menciona la norma, el indicado tratamiento en un caso es considerado como regla de conducta y en otro como un presupuesto para la concesión de beneficios penitenciarios; siendo esto así, es evidente que el tantas veces mencionado tratamiento, no ameritaría motivación suficiente, habida cuenta que se ha encontrado responsable al acusado.
A mayor abundamiento, el Colegiado hace presente que la Corte Suprema en el R.N. Nº 0458-2003 -Callao del siete de julio de dos mil tres, ante la omisión del tratamiento terapéutico ordenaron integrar la propia sentencia, disponiendo que al procesado se le practique el tratamiento terapéutico que contempla el artículo ciento setenta y ocho A del Código Penal. Por otro lado en el EXP. Nº 1230-2003 -La Libertad del veintitrés de julio de dos mil tres ante la omisión de la sentencia recurrida de fijar tratamiento terapéutico dice que también se puede subsanar. En esta línea también esta el R.N. Nº 904-2003 Santa del cinco de agosto de dos mil tres, donde se fija la base legal para integrar en la sentencia superior la omisión del tratamiento terapéutico.
QUINTO: SOBRE EL SEÑALAMIENTO DE COSTAS
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 497 del Nuevo Código Procesal Penal, corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso; estando a los considerando precedentes, se aprecia que el apelante habría tenido razones fundadas para apelar de la sentencia, por lo que corresponde eximirlo del pago de las mismas.
Por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas para la determinación de la condena y para fijar la reparación civil, con criterio de conciencia y de conformidad con las normas contenidas en los considerandos citados precedentemente, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica. HEMOS ACORDADO:
1. DECLARAR INFUNDADA, la apelación formulada por el sentenciado. 2. CONFIRMAR, la sentencia contenida en la resolución número cuatro, expedida en audiencia privada de lectura de sentencia, su fecha trece de diciembre del año dos mil once, que falla declarando a Luis David Poma Medina, como autor del delito contra la libertad sexual – actos contra el pudor de menores, en agravio de menor cuya identidad se mantiene en reserva, y como tal le impone cinco años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva y al pago de ochocientos nuevos soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que contiene.
3. DISPONEMOS en vía de integración, que el sentenciado sea sometido a tratamiento terapéutico (médico o psicológico), que facilite su readaptación social.
4. EXIMIR el pago de costas al recurrente, en mérito al fundamento quinto de la presente resolución. 5. ORDENAMOS, La devolución de los autos al Juzgado correspondiente para la ejecución de la sentencia.
COAGUILA CHÁVEZ JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA
[1] CUBAS VILLANUEVA, Víctor; El proceso Penal; Editorial Palestra, Pág. 454; Lima 2003; tomando a VELEZ MARICONDE, Alfredo; en El Principio acusatorio en el Proceso Penal.

References: resolución 
 artículo 173
 artículo 176
 artículo173
 resolución 
 artículo 139
 artículo 409
 artículo 93
 artículo 419
 resolución 
 artículo 176
 artículo 170
 resolución 
 resolución 
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 178
 artículo 497
 resolución