Source: http://www.empleo.gob.es/es/guia/leyes/L3184.html
Timestamp: 2017-11-21 15:17:01+00:00

Document:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Leyes / Protección por desempleo
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Leyes / Protección por desempleo
Leyes / Protección por desempleo
JEFATURA DEL ESTADO, Ley 31/1984, de 2 de agosto
BOE 4-8-1984, núm. 186
Protección por Desempleo, por la que se modifica el título II de la Ley 51/80, de 8 de octubre, Básica de Empleo.
La sociedad española ha venido experimentando durante los últimos años un deterioro progresivo del empleo y un crecimiento acelerado del número de personas que sufren situación de desempleo. La duración de la crisis y los procesos de renovación económica a que ésta obliga se reflejan también en una prolongación del período de tiempo que los trabajadores desplazados tardan en encontrar un nuevo puesto de trabajo.
Además, sucesivas cohortes de jóvenes que han terminado su etapa educativa no han logrado iniciar su vida laboral, lo que constituye un gravísimo problema tanto individual como social y cuyas consecuencias -de no ponerse remedio a la situación se verían exacerbadas en el futuro.
Las sociedades occidentales, que experimentan también estos problemas, han presenciado durante estos años de dificultades económicas la progresiva descomposición de sus sistemas de protección al desempleo. Estos sistemas se habían concebido como mecanismos coyunturales de protección a un desempleo también coyuntural, el denominado paro friccional. La aparición explosiva del fenómeno del desempleo ha minado los mecanismos de financiación de estos sistemas de protección al desempleo, al conjugarse el crecimiento acelerado de las necesidades financieras con la aparición de graves dificultades para allegar los recursos necesarios, como consecuencia también del escaso crecimiento económico y de los desequilibrios financieros que acompañan a la crisis.
Para romper este círculo vicioso del desempleo ha habido que recurrir durante la fase de crisis a readaptaciones en el sistema de protección, tanto en lo relativo a los ingresos como en la vertiente de los gastos. En España tal adaptación se llevó a cabo a través de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo. Su aplicación ha conducido a un descenso continuo de la proporción de los desempleados acogidos a las diferentes prestaciones, hasta alcanzar un nivel no superior al 30 por 100 del total de los parados. La causa de este descenso hay que buscarla en la existencia de importantes colectivos excluidos del sistema legal de protección por desempleo, cuya importancia no ha cesado de crecer a lo largo del tiempo, y en la reducción de la duración de las prestaciones, introducidas en un momento en que la duración de la contingencia no ha dejado de prolongarse.
c) Proceder a un aumento progresivo de la cobertura del desempleo para paliar las consecuencias sociales del paro, cuya desaparición no es previsible a corto plazo. Al mismo tiempo, este incremento de la cobertura debe contribuir a suavizar las consecuencias sociales de una mayor movilidad en el empleo, necesaria para consumar el ajuste.
La consecución de los objetivos del programa del Gobierno debe llevarse a cabo con avances simultáneos en estos tres frentes de actuación. Por otra parte, los objetivos de protección serán tanto más alcanzables, cuanto más deprisa se avance en la disminución del desempleo, puesto que todo descenso en el colectivo protegible facilita la financiación de las medidas de protección y, especialmente, si todo ello se produce en un contexto de reactivación económica.
Adicionalmente la Ley contempla la corrección de aspectos parciales del sistema de protección que se han demostrado disfuncionales a través de la experiencia adquirida, siendo éstos fundamentalmente los siguientes:
b) Los problemas derivados del carácter básicamente contributivo del sistema, que suponen de manifiesto la insuficiencia de las técnicas de aseguramiento para proteger en este momento el elevado número de desempleados existentes y obligan a buscar mecanismos de protección complementarios del nivel contributivo con el fin de corregir las deficiencias observadas.
2. Se aplica un punto de vista taxonómico, ordenando sistemáticamente los distintos preceptos, regulando unitariamente los núcleos normativos y llevando al texto legal preceptos que anteriormente se habían remitido al desarrollo reglamentario y que por afectar a derechos subjetivos podrían desvirtuar, eventualmente, el contenido de la protección. Por el contrario, se ha descargado la disposición legal de aspectos puramente instrumentales propios de normas reglamentarias.
3. La Ley, por las razones económico-financieras antes señaladas, continúa dispensando protección únicamente a las personas que se encuentren en desempleo como consecuencia de la pérdida de un empleo anterior o reducción de la jornada ordinaria de trabajo (artículo 1.º). Sólo como tendencia se proyecta ampliar el ámbito de cobertura al colectivo integrado por los demandantes de primer empleo o por quienes, aun dejando voluntariamente un empleo anterior, se encuentran luego en situación duradera de desempleo al no encontrar nueva colocación en un plazo razonable.
Por ello, se autoriza al Gobierno para ampliar, por vía reglamentaria, la cobertura a otros colectivos al margen de los expresamente contemplados (artículo 3.º, apartado 4).
Sin embargo, hay que destacar, especialmente, una novedad que introduce la Ley que implica, a la vez que un cambio cualitativo sustancial en el concepto tradicional de desempleo protegido, la decidida voluntad de este Gobierno de hacer efectivos, en la medida que lo permita nuestra realidad nacional, los compromisos adquiridos desde la ratificación del Convenio número 44 de la OIT, por Instrumento de 8 de abril de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1972). En este sentido se elimina del concepto de desempleo protegido la nota de involuntariedad en la pérdida del empleo anterior, ajustando la regulación a lo establecido en el citado Convenio y suspendiendo el derecho a percibir la prestación de desempleo durante un período de tres meses, cuando la situación legal de desempleo se produzca como consecuencia de un despido declarado procedente por sentencia del orden jurisdiccional social [artículo 1.º, en relación con los artículos 6.º, 1, c), y 7.º, 1].
Quedan protegidos en virtud del texto nuevo:
a) Los trabajadores por cuenta ajena que pierdan un empleo anterior o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, comprendidos en el régimen general o en los regímenes especiales que contemplan dicha contingencia (artículo 3.º, en relación con el artículo 1.º).
b) Las personas contratadas en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las Administraciones públicas, que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
c) Los penados que hubieran sido liberados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre), General Penitenciaria.
b) El abono de las cuotas de Seguridad Social en los supuestos de extinción del contrato. Cuando la situación legal de desempleo derive de una suspensión o reducción de jornada, la Entidad Gestora abonarán sólo la aportación correspondiente al trabajador (artículo 4.º 1, en relación con el artículo 12).
c) El abono de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia y, en su caso, jubilación (artículo 4.º, 2 en relación con el artículo 14.2).
a) En cuanto a los requisitos para tener derecho a la prestación, se elimina el efecto de caducidad del plazo concedido para inscribirse en la Oficina de Empleo, como demandante de empleo, lo que constituye una vía indirecta importante para ampliar el nivel de cobertura. No obstante, el solicitante perderá tantos días de prestación como medien entre el momento del nacimiento de la misma y el momento de inscribirse, de no haberlo hecho en el plazo legal (artículo 5.º, en relación con el artículo 7.º).
b) Se clarifican y sistematizan las situaciones legales de desempleo, tanto por extinción o suspensión del contrato como por reducción de la jornada laboral, dejando para el desarrollo reglamentario la forma de acreditar las citadas situaciones (artículo 6.º).
c) Se amplía la escala de duración de la prestación en función del tiempo cotizado. En el tramo inferior tendrán derecho a tres meses de prestación quienes acrediten seis meses de cotización como mínimo (en la LBE se requiere tener cotizados más de seis meses), elevándose el tiempo de duración de la prestación a veinticuatro meses cuando se acrediten cuarenta y ocho meses de cotización (artículo 8.º 1).
d) Para la determinación del período de ocupación cotizado se toman en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior (artículo 8.º, 2), mientras que en la LBE las cotizaciones se computan sólo desde el momento en que se extinga el derecho anterior, razón por la cual las cotizaciones efectuadas cuando el trabajador alternaba períodos de prestación y de trabajo, en la misma o en diferente empresa, por tiempo inferior a seis meses, se «perdían» a efectos de generar un nuevo derecho.
e) Se garantiza que la cuantía de la prestación será como mínimo, con carácter general, igual al salario mínimo interprofesional. Como contrapartida el tope máximo de la prestación se reduce, también con carácter general, del 220 al 170 por ciento del salario mínimo interprofesional, aunque se puede elevar hasta el 220 por ciento en función del número de hijos (artículo 9.º, 3).
a) Se amplía la condición de beneficiario:
A quienes no puedan acceder al nivel contributivo por no tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que hayan cotizado al menos tres meses.
A quienes no puedan acceder al nivel contributivo y hayan sido liberados por cumplimiento de condena o por remisión de la pena.
A los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, aunque no tengan responsabilidades familiares, siempre que acrediten tener cumplidos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de jubilación. En este supuesto la Entidad Gestora, efectuará la cotización correspondiente a la contingencia de vejez (artículo 13,2).
A quienes hayan sido declarados plenamente capaces o inválidos parciales como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total.
b) En cuanto a la duración, la ayuda se concederá por seis meses, prorrogándose por períodos semestrales, hasta dieciocho meses, cuando los titulares del subsidio hayan adoptado la prestación de desempleo o tengan la condición de emigrantes retornados o liberados por cumplimiento de condena o remisión de la pena. Cuando el titular sea mayor de cincuenta y cinco años de edad, el subsidio se prorrogará hasta que el mismo alcance la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades. Por último, la duración del subsidio será proporcional al período de ocupación cotizada, cuando el trabajador no tenga derecho a la prestación de desempleo por no haber cubierto el período mínimo de cotización (artículo 14, 3, a).
El régimen de suspensión, del derecho se diversifica según tenga como causa circunstancias que pongan de manifiesto la voluntad o no para el trabajo. En el segundo supuesto la suspensión del derecho lleva aparejada la pérdida de la prestación durante el tiempo de suspensión, mientras que en el primero se suspende, propiamente el plazo de percepción, reanudándose cuando cese la causa origen de la suspensión (artículo 10, 2).
La negativa, por segunda vez, a participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de formación o a aceptar, una oferta de empleo adecuada, se configura como causa de extinción [artículo 11, b)].
6. Se contempla la hipótesis de concurrencia de situaciones de desempleo y de incapacidad laboral transitoria. Si de la situación de incapacidad laboral transitoria se pasa a desempleo no se descuenta del período de percepción de la prestación por desempleo el tiempo que el trabajador hubiera permanecido en situación de incapacidad laboral transitoria; en cambio, cuando el trabajador se encuentre en desempleo y pase a la situación de incapacidad, esta última circunstancia no suspende el plazo de percepción de la prestación por desempleo (artículo 19).
7. En materia de financiación se distingue el nivel contributivo del asistencial. La prestación económica del nivel contributivo se financia mediante la cotización de empresarios y trabajadores. El subsidio por desempleo y la prestación de asistencia sanitaria, así como las cotizaciones a la Seguridad Social, correspondientes a las prestaciones contributivas y asistenciales, se financiarán exclusivamente con cargo al Estado (artículo 20).
8. La Ley contiene una previsión importante, en relación con la mejor gestión y rápido cobro de las prestaciones de desempleo. La Entidad Gestora, siempre que la solicitud se formule con todos los requisitos, deberá reconocer el derecho en el plazo de los quince días siguientes y, además, se prevé que la Entidad Gestora pueda asumir directamente el pago en los supuestos de desempleo parcial cuando, a la vista de la situación de la empresa, existan serios riesgos sobre la efectividad y puntualidad del cobro por parte de los trabajadores (artículo 23).
9. En el título V, correspondiente a obligaciones, infracciones y sanciones se sistematizan tanto las referidas a empresarios como a trabajadores, estableciéndose correlación entre las obligaciones y las conductas que se tipifican como infracciones.
Las infracciones que se sancionan con la suspensión del derecho son las que implican incumplimientos directamente constatados por la Entidad Gestora y se impondrán por ésta, siendo recurribles ante la Magistratura de Trabajo. Por el contrario, las infracciones sancionadas con la extinción del derecho se imponen, a propuesta de la Inspección de Trabajo, por los Directores Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la resolución que se dicte será recurrible ante el Director General de Empleo y agotada la vía administrativa, cabría recurso contencioso-administrativo (artículos 28 y 30).
10. Por último, hay que señalar las disposiciones transitorias de la Ley que regulan y tratan de evitar, en lo posible, los agravios comparativos que para los desempleados produciría la aplicación de esta Ley. En este sentido, se distinguen tres situaciones:
a) Quienes estuvieran percibiendo la prestación o el subsidio de desempleo el 1 de enero de 1984 se regirán por la legislación precedente a todos los efectos, salvo en cuanto a la duración de la prestación o, del subsidio (Disposición Transitoria primera).
b) Quienes, estando inscritos como demandantes de empleo el 1 de noviembre de 1983, hubieran agotado la prestación de desempleo causada con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y no hubieran percibido las prestaciones complementarias establecidas como consecuencia del Acuerdo Nacional sobre el Empleo o fueran trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, tendrán derecho al subsidio de desempleo en los términos establecidos en la Ley (Disposición Transitoria segunda).
1. La presente Ley tiene por objeto regular la protección de la contingencia de desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos previstos en el artículo 6.º de la presente Ley.
3. El nivel asistencial complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos en los arts. 13 y 16.
c) Prestaciones de asistencia sanitaria a que se refiere el art. 16 de esta Ley.
TITULO I.-NIVEL CONTRIBUTIVO.
Artículo 5. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones.
1. Para tener derecho a las prestaciones por desempleo los trabajadores comprendidos en el art. 3.º deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta en los casos que reglamentariamente se determinen.
b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de seis meses dentro de los cuatro años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
2. La Entidad Gestora competente pagará las prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación y alta y de cotización, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponda a ésta por las prestaciones abonadas.
Artículo 6. Situación legal de desempleo.
Uno. Cuando se extinga su relación laboral:
e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en arts. 40, 41, 3 y 50 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Por expiración del tiempo convenido, realización de la obra o servicio objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador.
Cinco. Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España.
Uno. Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el núm. 1.1, e), de este artículo.
Dos. Cuando hayan sido despedidos y no reclamen en tiempo y forma oportunos contra la decisión empresarial, salvo lo previsto en el número 1.1, d), de este artículo.
Tres. Cuando declarado improcedente o nulo el despido por sentencia firme y comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su caso, de las acciones previstas en el art. 209 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Artículo 7. Solicitud y nacimiento del derecho a las prestaciones.
1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el art. 5.º de la presente Ley deberán solicitar a la Entidad Gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones que nacerá a partir de la situación legal de desempleo siempre que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes. La solicitud implicará la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiese efectuado previamente.
2. Quienes acrediten cumplir los requisitos establecidos en el art. 5.º pero presenten la solicitud, transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el número 1 del presente artículo, tendrán derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hubiese formulado la solicitud.
Artículo 8. Duración de la prestación.
1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los cuatro años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización ..... Período de prestación/Meses
Desde 6 hasta 12 meses ..... 3
Desde 12 hasta 18 meses ..... 6
Desde 18 hasta 24 meses ..... 9
Desde 24 hasta 30 meses ..... 12
Desde 30 hasta 36 meses ..... 15
Desde 36 hasta 42 meses ..... 18
Desde 42 meses hasta 48 meses ..... 21
48 meses ..... 24
Esta escala podrá ser modificada por el Gobierno, previo informe al Consejo General del INEM en función de la tasa de desempleo y las posibilidades de su régimen de financiación.
3. Cuando se autorice a una empresa a reducir el número de días u horas de trabajo o a suspender los contratos de forma continuada o no, por tiempo inferior a seis meses, y posteriormente se autorice por resolución administrativa la extinción de los contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizaciones tendrán derecho a la prestación por desempleo sin que se les compute a efectos de la duración máxima del mismo el tiempo durante el que percibieron el desempleo parcial o total en virtud de aquéllas, siempre que no medie un plazo superior a un año desde que finalizó la suspensión o reducción y la efectividad de la extinción autorizada.
4. Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar el titular un trabajo de duración superior a seis meses, éste podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva prestación entre reabrir el derecho inicial por el período que le restaba y las bases y tipos que le correspondían o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas.
Artículo 9. Cuantía de la prestación.
1. La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante los seis meses últimos del período a que se refiere el número 1 del artículo anterior.
2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes tipos: el 80 por 100 durante los seis primeros meses; el 70 por 100 desde el séptimo hasta el duodécimo mes, ambos inclusive, y el 60 por 100 a partir del décimotercer mes.
3. El importe de la prestación por desempleo en ningún caso será inferior a la cuantía que en el momento del nacimiento del derecho tenga el salario mínimo interprofesional incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, ni superior al 170 por 100 de dicha cuantía, salvo que el trabajador tuviera hijos a su cargo, en cuyo caso el tope máximo podrá elevarse reglamentariamente hasta el 220 por 100 en función del número de hijos. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, la cuantía mínima y máxima de la prestación se determinará, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que corresponda al trabajador en función de las horas trabajadas.
Artículo 10. Suspensión del derecho.
b) Durante seis meses, cuando el titular del derecho rechace una oferta de colocación adecuada o se niegue infundadamente a participar en trabajos de colaboración social, en programas de empleo o en acciones de formación o reconversión profesionales. Previa a la suspensión se dará audiencia al trabajador a fin de que éste explique sus alegaciones.
2. La suspensiones del derecho a la prestación supondrán la interrupción del abono de la misma y no afectarán al período de percepción salvo en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del número anterior en los cuales el período de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión a que hubiera lugar.
3. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá por colocación adecuada aquella que se corresponda con la profesión habitual del trabajador o cualquiera otra que se ajuste a las aptitudes profesionales, físicas y formativas del mismo y que no suponga cambio de su residencia habitual, salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar del nuevo empleo. En todo caso, se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad laboral desempeñada.
Artículo 11. Extinción del derecho.-El derecho a las percepciones de la prestación por desempleo se extinguirá en los casos siguientes:
c) Sanción por infracción prevista en el art. 30. Previa a la extinción por los apartados b) y c) se dará audiencia al trabajador a fin de que éste explique sus alegaciones.
d) Realización de un trabajo de duración igual o superior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el número 4 del art. 8.º.
e) Cumplimiento por parte del titular del derecho de la edad ordinaria de jubilación con las salvedades establecidas en el art. 5.º.d).
f) Pasar a ser pensionista de jubilación, o por invalidez total o absoluta, o por gran invalidez. En estos casos de invalidez, no obstante, el beneficiario podrá optar por la prestación más favorable.
Artículo 12. Cotización durante la situación de desempleo.
3. Cuando se haya extinguido la relación laboral, la cotización a la Seguridad Social no comprenderá las cuotas correspondientes a desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
TITULO II.-NIVEL ASISTENCIAL
1. Serán beneficiarios del subsidio por desempleo los parados que, figurando inscritos como demandantes de empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada en el plazo de un mes y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores a la cuantía del salario mínimo interprofesional, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
b) Ser trabajador emigrante que habiendo retornado del extranjero, no tenga derecho a la prestación por desempleo.
c) Estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a la prestación por no haber cubierto el período mínimo de cotización, siempre que se haya cotizado, al menos, tres meses y tener responsabilidades familiares.
e) Haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderán por responsabilidades familiares tener a cargo, al menos, al cónyuge o a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.
Artículo 14. Cuantía y duración del subsidio.
Tres meses de cotización, tres meses de subsidio.
Cuatro meses de cotización, cuatro meses de subsidio.
Cinco meses de cotización, cinco meses de subsidio.
c) En los casos previstos en el apartado b), si se reconoce el derecho, las cotizaciones acumuladas por el trabajador podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de un futuro derecho a la prestación del nivel contributivo, según lo previsto en el número 2 del artículo octavo. En este supuesto la prestación asistencial subsiguiente se disminuirá en igual número de meses que los disfrutados anteriormente, de forma que la duración total de ambos subsidios no supere la máxima de dieciocho meses.
Artículo 15. Dinámica del derecho.
1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de espera de un mes a que se refiere el artículo trece, siempre que se solicite dentro de los quince días siguientes; en otro caso nacerá a partir del día siguiente a la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma, y aquélla en que efectivamente se hubiere formulado la solicitud.
3. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 13.1, cuando se trate de despido procedente, el derecho al subsidio de desempleo nace a partir del día siguiente a aquél en que se cumpla el plazo de espera de tres meses, contados desde la situación legal de desempleo, siempre que se solicite en el tiempo y forma establecidos en el número 1 de este artículo.
Artículo 16. Beneficiarios.-
Artículo 17. Dinámica del derecho.
1. El derecho a la prestación de asistencia sanitaria nace a partir del día siguiente a aquel en que se extinguió el derecho a la prestación o subsidio por desempleo, siempre que se solicite en el plazo de quince días siguientes a la extinción; en otro caso nacerá a partir del día siguiente a la solicitud.
REGIMEN DE PRESTACIONES
Artículo 19. Desempleo e incapacidad laboral transitoria.
1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria y durante ella se extinga su contrato, por alguna de las causas previstas en el artículo 6.1, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad laboral transitoria hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo el tiempo que hubiera permanecido en situación de incapacidad laboral transitoria.
2. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la situación de incapacidad laboral transitoria percibirá la prestación por esta última contingencia en cuantía igual a la prestación por desempleo, salvo que la que le correspondiera por incapacidad laboral transitoria fuera superior, en cuyo caso percibirá esta última. El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la circunstancia de que el trabajador pase a la situación de incapacidad laboral transitoria. Las cotizaciones a la Seguridad Social serán abonadas por la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo.
TITULO IV.-REGIMEN FINANCIERO Y GESTION DE LAS PRESTACIONES
2. El subsidio por desempleo y la prestación de asistencia sanitaria, así como las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones contributivas y asistenciales, se financiarán exclusivamente con cargo al Estado.
3. La base de cotización por desempleo será la misma que la prevista para contingencias profesionales. El tipo único aplicable a dicha base, se fijará por el Gobierno.
Artículo 21. Entidad Gestora.
2. A tal efecto, el Instituto Nacional de Empleo podrá concertar los servicios que considere convenientes con la Tesorería General de la Seguridad Social o con cualesquiera de las Administraciones Públicas.
Artículo 23. Pago de las prestaciones.
Artículo 24. Control de las prestaciones.-Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a inspección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran cometerse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la Entidad Gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse.
TITULO V.-REGIMEN DE OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 25. Obligaciones de los empresarios.-Son obligaciones de los empresarios:
e) Abonar al Instituto Nacional de Empleo las prestaciones satisfechas por éste a los trabajadores cuando la Empresa hubiese sido declarada responsable de la prestación por haber incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización.
Artículo 26. Obligaciones de los trabajadores.-Son obligaciones de los trabajadores:
Artículo 27. Infracciones de los empresarios.-Son infracciones de los empresarios las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones legales en materia de empleo.
1. Serán consideradas infracciones leves: No facilitar a las Entidades de la Seguridad Social o al Instituto Nacional de Empleo la documentación que estén obligados a proporcionar, consignar inexactamente los datos, certificaciones o declaraciones que presenten, o no cumplimentar éstos con arreglo a las normas procedentes.
a) No entregar al trabajador, en tiempo y forma, el certificado de Empresa y cuantos documentos sean precisos para la tramitación de la prestación por desempleo.
d) No abonar al Instituto Nacional de Empleo las prestaciones satisfechas por éste a los trabajadores cuando la Empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación.
b) La connivencia con los trabajadores para la obtención por parte de éstos de las prestaciones señaladas en la presente Ley, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que les correspondan, así como dar ocupación a trabajadores titulares de las prestaciones por desempleo cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social. Se presumirá que existe connivencia en el caso de que los trabajadores perceptores de prestaciones no hayan sido inscritos en el Libro de Matrícula con carácter previo a su entrada en el trabajo.
Artículo 28. Infracciones de los trabajadores.-Constituyen infracciones de los trabajadores beneficiarios de las prestaciones reguladas en esta Ley:
1. Leves: No comparecer, sin causa justificada, previo requerimiento, ante la Entidad Gestora.
1. Las infracciones de los empresarios se sancionarán con multa a propuesta de la Inspección de Trabajo en las cuantías siguientes: infracciones leves de cinco mil a veinticinco mil pesetas; infracciones graves de veinticinco mil una a cien mil pesetas; infracciones muy graves de cien mil una a quinientas mil pesetas. Se entenderá que el empresario incurrirá en una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.
4. Sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir en su caso, y de las sanciones a que se refieren los números anteriores, los empresarios que hayan cometido infracciones graves o muy graves:
b) Podrán ser excluídos del acceso a tales beneficios por un período máximo de un año, en las condiciones y períodos que reglamentariamente se establezcan.
c) En los supuestos de fraude, previstos en las letras b) y c) del número 3 del artículo veintisiete, caso de insolvencia del trabajador para devolver las cantidades indebidamente percibidas, responderán subsidiariamente de dicha deuda.
1. Las infracciones de los trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir, se sancionarán:
Cuatro. Las muy graves, con extinción del derecho que llevará aparejada la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas. Igualmente se podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación económica de las previstas en esta Ley hasta una duración máxima de un año, en las condiciones y períodos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 31. Las decisiones del INEM, relativas al reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de cualquiera de las prestaciones por desempleo, serán recurribles ante la jurisdicción laboral.
Lo previsto en el art. 8.1, respecto a la duración de la prestación por desempleo, se entenderá sin perjuicio de lo establecido legalmente en materia de reconversión y reindustrialización.
1.ª La presente Ley se aplicará a la prestación de desempleo o al subsidio que nazca después de su entrada en vigor, regulándose por la legislación precedente las situaciones legales de desempleo producidas con anterioridad. No obstante, la duración de la prestación de desempleo o del subsidio que se estuviera percibiendo el 1 enero 1984 o que se reconozca a partir de dicha fecha, se regirán por lo dispuesto en esta Ley.
2.ª Las prestaciones asistenciales reguladas en esta Ley podrán reconocerse a perceptores de prestaciones de desempleo causadas con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, así como a trabajadores desempleados mayores de cincuenta y cinco años, registrados como demandantes de empleo el 1 noviembre 1983, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
3.ª Los trabajadores que hayan agotado las prestaciones complementarias reguladas en el artículo vigésimo quinto de la Ley Básica de Empleo tendrán derecho a la percepción del subsidio de desempleo por un período máximo de nueve meses, siempre que estén inscritos como desempleados en la correspondiente Oficina de Empleo el día 1 noviembre 1983 y soliciten la prestación en el plazo que reglamentariamente se establezca.
4.ª Durante el año 1984 el régimen de financiación de las prestaciones reguladas en la presente Ley será el fijado en el artículo vigésimo noveno de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley, y expresamente el Título II de la Ley 51/1980, de 8 octubre, Básica de Empleo, y el apartado a) del artículo 3.º del Real Decreto 1469/1981, de 19 junio, sobre prestaciones por desempleo de trabajadores por cuenta ajena, de carácter fijo, incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
1.ª Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la presente Ley. Hasta tanto, en lo que no se oponga a lo establecido en ella, seguirá vigente el Real Decreto 920/1981, de 24 abril, por el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desempleo.
2.ª En lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social (reiterada).

References: artículo 1
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 7
 resolución 
 artículo 6

Artículo 5

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 13

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19
 artículo 6

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 31
 artículo 3
 Real Decreto 
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