Source: http://www.tribunalesediciones.com.ar/familia/jurisprudencia-familia.html
Timestamp: 2018-06-24 08:40:22+00:00

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REVISTA TEMAS DE FAMILIA Y SUCESIONES
SELECCIÓN DE FALLOS EN EL DERECHO DE FAMILIA
B) RÉGIMEN DE BIENES EN EL MATRIMONIO
C) REGIMEN DE DIVORCIO
D) VIOLENCIA FAMILIAR
E) RÉGIMEN DE FILIACIÓN
F) TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS
G) FALLOS PLENARIOS EN EL DERECHO DE FAMILIA
H) REGIMEN DE ADOPCION
I) GUARDA DE LOS MENORES DE EDAD
J) ABOGADO DEL MENOR REPRESENTACION PROCESAL
K) FALLOS SOBRE UNIONES DE HECHO
L) RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
"Si el alimentante percibe sumas en concepto de viáticos y gastos de traslado e instalación, salvo que se demuestre lo contrario, debe entenderse que las mismas no constituyen gastos de representación que integren en definitiva su ingreso regular, sino que fueron percibidas para atender erogaciones específicas y fueron consumidas en ellas, constituyendo un reintegro por gastos de servicio, razón por la cual quedan fuera del régimen de remuneraciones y no puede aplicarse a su respecto, el porcentaje establecido como prestación alimentaria".
Carátula: "B. D. L. vs. R. G. M. s. Alimentos para los hijos y cónyuge".
Juzgado: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala I, Neuquén.
Fuente: Rubinzal on line-Boletín Diario del 02/04/2012.
Cita: RC J 2043/12.
2)Alimentos entre ex cónyuges
Alimentos entre ex cónyuges. Rechazo de la demanda por no cumplir con los requisitos que hacen viable tal petición.
"Que, al relatar los hechos expresa que su representada y el demandado se encuentran casados. Que el incumple con su obligación alimentaria hacia su esposa y que trabaja en la Compañía Minera El Aguilar. Pide una cuota alimentaria para ella en un porcentaje del veinte por ciento de los ingresos de su esposo".
"Que el demandado ofrece pruebas, pide se rechace la demanda con costas. Que también denuncia como hecho nuevo la sentencia de divorcio dictada en el expte. B-182.865/07, caratulado Divorcio C. M. c/ S. E.", que declara culpable exclusivamente a la señora E. S.".
"Que, la acción intentada por la señora E. S. está contemplada en la norma establecida en el Art. 209 del C.C., es de carácter excepcional cuyo fundamento reside en el deber de solidaridad que subsiste entre esposos o ex esposos aun a favor del culpable".
"Ese deber esta restringido a los supuestos extrema necesidad, a la satisfacción de las necesidades elementales, y tiene como presupuesto de procedencia tres elementos: la carencia de recursos suficientes de quien los demanda y la imposibilidad razonables de obtenerlos, más el titulo alimentario de ex cónyuges".
"En el caso en estudio surge claramente que se trata de ex cónyuges lo que está debidamente acreditado, pero con relación a los otros dos requisitos la prueba de los mismos debe ser contundente y surgir de las constancias de autos, así como de los obrados agregados por cuerda no surge acreditado tal circunstancia".
"ALIMENTOS. S. E. c/ C. M.", Vocalía III, Trib. Familia, Jujuy, 15/3/12.
Fuente: Diario Judicial del 16/04/2012.
3) Alimentos entre hermanos
Obligación de parentesco
Los medio hermanos sean unidos
La Justicia determinó que, a raíz del fallecimiento de los padres, la parte demandada debe encargarse de pagar una cuota alimentaria a su media hermana discapacitada y enferma, quien "no puede vivir plenamente de la jubilación por invalidez que recibe".
Todo comenzó con una demanda contra su padre y su media hermana. La actora de la causa, que sufre una discapacidad "decretada por el Ministerio de Salud de la Nación" debido a una "extrema diabetes" y "problemática endocrinológica", debido a la necesidad de ayuda económica para subsistir ya que la ayuda estatal no era suficiente. Mientras el proceso seguía su curso, su papá falleció y la única accionada pasó a ser su hermana.
Por eso, en los autos "P., S. F. c/ P. I. s/ alimentos", el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 9 determinó que la accionada debía encargarse de pagar una cuota alimentaria a la actora debido a su condición de discapacidad y a la baja jubilación por invalidez que percibe.
Una vez probado el vínculo, el juez comenzó con su desarrollo del caso: "El artículo 367 del Código Civil señala que los parientes por consanguinidad se deben alimentos. En primer lugar, conforme el inciso 1, los ascendientes y descendientes, entre ellos preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos".
"Luego, en el inciso 2, se encuentran los hermanos y medio hermanos, con obligación alimentaria recíproca, quienes sólo serán obligados a pasar alimentos si no existen ascendientes y descendientes con capacidad económica para ello."
Esta línea de razonamiento llevó al juez a precisar que "siendo varios los hermanos, o en su caso, los medios hermanos, se entiende deberá aplicarse lo dispuesto en el inciso 1 sobre que, a igualdad de grados, los deben los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos".
Así es que el magistrado entendió que "en el caso en el que se deben alimentos sólo por el vínculo de parentesco -como en la especie-, el monto de la cuota debe restringirse a lo que resulta indispensable para atender las necesidades ineludibles del reclamante".
En otro término, también señaló que "respecto a la imposibilidad del alimentista, se ha señalado que no necesita ser absoluta para hacer lugar al pedido de alimentos, pues ello constituye una estrictez que conduce a la injusticia".
Agregó que, por su parte, el artículo 370 del "mismo Código, determina los requisitos de procedencia de la pretensión alimentaria entre parientes obligados a prestárselos, previendo para ello, que quien los requiere, debe probar que le faltan medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo".
De esta forma brindó las precisiones acerca de los alcances establecidos por el artículo 372, donde figuran los alcances de "la obligación alimentaria derivada del parentesco, la que comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe y lo necesario para la asistencia en las enfermedades".
El magistrado dio por probadas estas cuestiones en el análisis de los testimonios y las pruebas del caso, por lo que concluyó que se podían aplicar las previsiones de los artículos del Código Civil que citó.
Fuente: Diario Judicial del 28.03.12
4) Alimentos-Cuota extraordinaria
"Lo determinante para hacer lugar al alimento extraordinario es que la necesidad que éste tiende a cubrir haya sido imprevisible al momento de fijar la cuota ordinaria, o que, si bien era previsible, sea un gasto que no acostumbra a suceder según el curso natural del acreedor ordinario".
"Cabe revocar la sentencia que fijó una cuota alimentaria extraordinaria para afrontar los gastos de útiles escolares, uniforme y cuotas atrasadas del colegio, por cuanto lo determinante para admitir una cuota de alimentos extraordinaria no es sólo que la necesidad fuera imprevisible, sino que no estuviera prevista su cobertura por medio de la cuota ordinaria, y las partes dos años atrás habían celebrado y homologado un convenio de alimentos en el cual acordaron que el padre demandado cumpliría con el pago de una suma de dinero tendiente a cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores entre las que se encuentra la educación, además no surge de la causa el incumplimiento de la cuota alimentaria a su cargo ni la existencia de una circunstancia excepcional e inesperada que haya provocado el atraso en el pago de las cuotas mensuales del colegio".
"G., O. M. s. Incidente de cuota extraordinaria en: G., O. M. vs. S., Y s. Régimen de visitas".
CApel. Civ. y Com., Sala III, Corrientes, 15/2/12.
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 24/05/12.
Cita: RC J 3497/12.
5) Fallo Plenario sobre Alimentos tasa activa
Fallo plenario "Juarez, Yolanda Iris vs. Rinaldi, Jorge Alberto s. Ejecución de sentencia - Incidente de convocatoria a plenario".
Juzgado: CApel. Civ. y Com. Mercedes (Prov. De Buenos Aires), Acuerdo Plenario, 26/4/12.
II. Que en los casos de deudas por alimentos atrasados la tasa de interés que corresponde aplicar es la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales (tasa activa) vigente en los distintos períodos de aplicación.
III. Póngase en conocimiento de los organismos judiciales pertinentes, para quienes la presente doctrina es obligatoria (art. 35 inc. f de la Ley 5827), mediante oficio y copia íntegra de lo acordado".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 08/05/2012.
Cita: RC J 2829/12.
6) Rechazo del aumento solicitado para los hijos menores de edad
Rechazo del pedido de aumento de la cuota alimentaria, basado en el incremento de los ingresos pecuniarios del progenitor alimentante.
"La actora solicita se eleve el porcentual fijado de manera que la cuota alimentaria mensual se establezca –como mínimo- en el treinta y cinco por ciento (35 %) de lo percibido en todo concepto por el accionado, con más lo ordenado en la sentencia de grado".
"Sostiene que la magistrada no consideró la jurisprudencia del propio tribunal de primer instancia y de esta Sala (r. 528.178 del 7-5-2009) en la cual se determinó el mismo porcentual (25%) para un solo hijo. Aduce que la proporción fijada reduce los alimentos provisionales que I. y M. venían percibiendo –que importaban un 33% sobre los salarios del accionado-. Solicita que se establezca la cuota aplicando el porcentual al que aspira sobre el mejor salario acreditado en autos (del mes de febrero de 2011)".
"Contrariamente a lo sostenido por la actora, la sentencia de grado no se contradice con el precedente que cita fallado por esta Sala ("V., P. G. y otro c/G., R. D. s/alimentos" r. 528.178 del 7-5-2009), en tanto aquella sentencia fue confirmada atendiendo a las específicas necesidades de la alimentada".
"Asimismo, cabe destacar que no corresponde fijar –en forma mecánica- una idéntica proporción sobre los ingresos del alimentante en función de la cantidad del número de hijos; pues cuando se establece un porcentaje -como en el caso-, se determina de modo tal que su resultado resulte suficiente para satisfacer las necesidades de los requirentes, para lo cual es menester considerar especialmente la base sobre la cual se efectuará el cálculo".
"De ahí que, para establecer la cuota debe atenderse no sólo al caudal económico, sino esencialmente a las necesidades de la descendencia; de manera que no puede consistir en un medio de capitalización a favor del alimentista, aun cuando el alimentante se encuentre en condiciones de aportar sumas mayores, pues estos aportes excederían los límites de la concreta prestación alimentaria determinada (conf. CNCiv., esta Sala G en R. 93.092 del 20-6-91, Bossert, G., ob. Cit., pág. 414/415) y es sabido que, por importante que sea la fortuna del progenitor, la cuota se fijará hasta el tope de las necesidades de los hijos, circunstancia que marca su límite, de manera que no corresponde determinarla en proporción al mayor patrimonio del padre, sino en orden a cubrir –tal como se puso de resalto- todas las necesidades materiales y espirituales del hijo (conf. CNCiv, esta Sala G. en r. 505.678); de modo que no habrá de prosperar la queja de la actora en cuanto pretende el aumento de la cuota establecida".
"A., L. Y OTROS C/L., A. A. S/ALIMENTOS Y TENENCIA"
CNCiv., Sala G, 29/2/12.
Fuente: Diario Judicial del 9/4/12
7) Alimentos hija adoptiva
Alimentos. Matrimonio que detenta la guarda preadoptiva de una niña. Adopción simple otorgada únicamente en favor de la esposa. Desempeño del rol de "padre solidario" ó "progenitor afín. Artículos 672 y 676 del Anteproyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Prestación alimentaria a cargo del demandado, hasta que la menor adoptada alcance la edad de veintiún años
"B., P. T. S/ Guarda Preadoptiva".
Trib. Coleg. Familia nº 5, Rosario, 10/5/12 (sentencia no firme).
"El alimentante, no es, conforme vimos, padre adoptivo, ni podemos considerarlo técnicamente padrastro porque es el marido de la madre en relación de una hija que no es de una unión anterior de su esposa (art.363 Código Civil) y por tanto excede los parientes obligados legalmente (art. 368 del Código Civil), y aún si forzáramos una interpretación amplia –vía art. 2 Convención sobre los Derechos del Niño- la alimentada es mayor de edad y esta obligación es subsidiaria e impone la acreditación de la falta de recursos de su madre adoptante, con la posibilidad que deba recíprocamente alimentos al marido de aquélla (art. 367 último párrafo)".
"No obstante puede encuadrárselo como "padre solidario" o "progenitor afín" (nomen jus del anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial 2012, art. 672) justificado en la solidaridad familiar unido a la posesión de estado filial como ratio de su obligación ya que el cambio en la situación –cese de la mesada- puede ocasionar un daño en la vida de la pretensa adoptada cuando en la convivencia asumió el sustento de "su hija en el corazón", conforme sus ingresos y las necesidades de la alimentada".
"La deserción o la desobligación del que durante la infancia de P. ocupara el rol de padre afectivo y proveedor puede traer consecuencias irremediables para el futuro desarrollo de aquella en cuanto a que se resentirán sus posibilidades educativas y consecuentemente se eleva el riesgo de conductas antisociales".
Citar: elDial.com - AA769D.
8) Alimentos. Hijo mayor de edad. Continuidad de la cuota que el progenitor venía abonando.
Hijo mayor de edad. Continuidad de la cuota que el progenitor venía abonando.
"A. L. F. E. vs. A. E. E. s. Alimentos".
C Apel. Civ. y Com., Sala I, Bahía Blanca, 19/4/12.
"Cabe confirmar la sentencia que dispuso que el padre continúe pagando a su hijo una cuota alimentaria igual a la oportunamente convenida, a pesar de que éste haya llegado a la mayoría de edad, por cuanto se comprobó que el hijo vive con su abuela, cuyo único ingreso es una módica jubilación, por haber fallecido su madre cuando tenía 9 años de edad, que padece del síndrome nefrótico y otras patologías que motivaron un tratamiento con medicamentos y que por su peso -bajo para la edad y estatura que tiene- su aptitud física para realizar tareas que requieren esfuerzo físico y exposición a inclemencias climáticas se encuentra seriamente limitada, siendo el fundamento de este deber alimentario ya no el art. 265, Código Civil, sino los arts. 367 y 370 del citado cuerpo legal".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 05/06/12.
Cita: RC J 3939/12
9) Alimentos aumento costo de vida.
Alimentos. Aumento de la cuota. Incremento de costo de vida. Mayor edad de los hijos. Prueba indiciaria. Procedencia.
"S., M. L. C/N., S. J. s/ aumento de Cuota alimentaria – incidente"
CNCiv., Sala G, 20/4/12
"De tal modo, más allá de no haber siquiera indicado en forma aproximada el caudal de sus ingresos, resulta gravitante a los fines de ponderar sus posibilidades como alimentista lo expuesto en su presentación respecto de su actividad laboral, relativa a su eventual participación en la intermediación de productos equinos que serían propiedad de su hermano; y a la comercialización por cuenta propia de automóviles usados, que le permitieron la adquisición de un automóvil marca BMW (en las condiciones narradas). A ello debe añadirse que en la actualidad posee otro vehículo marca Honda Fit -según manifiesta, fue adquirido por su suegro- que comparte con su actual cónyuge; y habita –con su nueva familia- en un inmueble que alquila en la zona del Gran Buenos Aires, el cual consta de varias habitaciones, de las cuales una estaría preparada para las visitas de T.."
"Dado que el beneficiario convive con la madre no cabe obviar que esta -al dedicar tiempo en la atención del hijo, colaborar con su educación y cuidado- realiza también un aporte en especie, a lo que se suman los gastos de alimentación, vivienda, salud, vestimenta, esparcimiento, los diarios para el desarrollo de sus actividades y los que insume la vida de relación del descendiente, más el pago de la medicina prepaga OSDE (…), por ende habrá accederse al pedido de aumento de la cuota establecida en la anterior instancia estimando la Sala que es razonable y equitativo fijarla en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) mensuales."
Citar: elDial AA76ED
10) Alimentos-reclamo a la madre anciana e insana
Alimentos. Reclamo del hijo mayor de edad. Madre anciana e insana. Procedencia.
"G., F. C. vs. I. T., M. E. C. s. Alimentos".
CNCiv., Sala B, 12/3/12.
"Si bien del art. 372, Código Civil, se desprende que el alcance de la cuota alimentaria debida entre parientes sólo debe constreñirse a atender las necesidades elementales e imprescindibles de orden material, el concepto integral de persona abarca aspectos espirituales que resultan inescindibles y que, desatendidos, conducen a la destrucción del individuo aunque sobreviva en sus aspectos materiales, motivo por el cual se considera que el pariente se encuentra en una situación similar a la que, respecto del cónyuge, contempla el art. 209, Código Civil, ampliamente interpretado. En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó a la madre insana de 91 años a prestar una cuota alimentaria mensual de $ 5000 pesos a su hijo de 70 años, por cuanto si bien el hijo también está llamado por la ley a ser proveedor de alimentos de la madre (inc. 1, art. 367, Código Civil) además del parentesco, el estado de necesidad constituye el factor determinante de la procedencia de la prestación alimentaria y en autos se demostró que los frutos que la alimentante percibe de la explotación agropecuaria que está a su nombre provee rentas excedentes como para cubrir -además de todas sus necesidades- la cuota establecida para el hijo cuyas necesidades a ser cubiertas han sido acreditadas, sin que obste tal conclusión el hecho que el alimentado tenga un hijo viviendo en el extranjero por cuanto el actor negó las mejores condiciones de su hijo a fin de proveerle alimentos sin que la contraparte probara en contra de tal aseveración".
Fuente: Rubinzal Culzoni online, Boletín Diario del 06/06/12.
Citar: RC J 4161/12
11) Alimentos. Hijo mayor de edad discapacitado
Alimentos. Hijo mayor de edad discapacitado. Representación procesal para demandar alimentos en su nombre.
"S., N. B. vs. B., E. R. s. Alimentos y litis expensas".
Juzgado de Distrito de Familia Villa Constitución Santa Fe, 24/4/12.
"Corresponde tener por presentada en el juicio de alimentos a la madre de una persona discapacitada, no obstante ser esta última mayor de edad y no existir respecto de su persona una declaración de incapacidad ni la designación del correspondiente curador y, en consecuencia, fijar una prestación de alimentos provisoria del 25 % de los haberes del padre demandado teniendo la progenitora accionante un plazo perentorio de 30 días para iniciar el trámite de declaración de insania y designación de curador de su hija, por cuanto el deber de brindar tutela judicial efectiva a una persona en situación de especial vulnerabilidad por su discapacidad debe primar sobre cuestiones formales relacionadas con la representación y el correcto ejercicio de la postulación procesal. En el caso, se acreditó que la enfermedad que padece la hija de la actora la imposibilita absolutamente para procurarse por sí misma lo necesario para su sustento (art. 370, Código Civil)" (Sentencia firme).
Fuente: Rubinzal on line.
Cita: RC J 5420/12.
12) Alimentos derivados del parentesco
Alimentos derivados del parentesco. Cuota a cargo de los abuelos. Aumento.
"A., M. G. vs. N., M. A. y otra s. Alimentos".
C Apel. Civ. y Com., 3/5/12
"La cuota alimentaría debe lograr un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de los nietos alimentados y las de los abuelos alimentantes que no deben quedar insatisfechas, correspondiendo que se considere las posibilidades económicas de éstos y los esfuerzos que se les puede requerir. En el caso, corresponde aumentar la cuota alimentaria debida por los abuelos a sus nietos del 15 % al 23 % del haber jubilatorio neto que cada uno de aquellos percibe, por cuanto se demostraron ciertos ingresos de los abuelos alimentantes -son dueños de un local comercial que se encuentra alquilado-".
Cita: RC J 5154/12
Uniones de hecho. Efectos patrimoniales. Entre los integrantes de la pareja. Inmuebles. - División de bienes - Improcedencia - Aportes - Falta de acreditación
El concubino que pretende la división de bienes -invocando la figura de la disolución de una sociedad irregular, el enriquecimiento injustificado o la división de condominio-, tiene la carga de probar que contribuyó patrimonialmente a formar esa titularidad, siendo insuficiente a los fines de la acreditación concreta de los aportes realizados a la sociedad de hecho, la invocación de tener ingresos. En el caso, cabe rechazar la demanda por división de bienes intentada por la ex concubina, por cuanto la actora no probó los aportes dinerarios o de otra naturaleza que efectuó durante la existencia de la unión de hecho y sólo se limitó a acreditar que era titular de una agencia de quiniela pero no que esos fondos o parte de ellos fueron destinados a la compra del inmueble cuya división pretende. Quintero Vila, Silvia vs. Rodríguez, Fernando s. División de bienes /// Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza; 13-12-2011, RC J 1878/12
Fuente: Rubinzal-Culzoni Editores.
Divorcio con atribución de culpa, decretado luego de 27 años de la separación de hecho de los cónyuges.
"Contra la sentencia obrante a fs. 170/173 en la que se decretó el divorcio vincular de los esposos AR y MT L por culpa exclusiva de esta última por haber incurrido en la causal de abandono voluntario y malicioso (art. 202, inc. 5 del Código Civil), apeló la Fiscal a fs. 175 y la Defensora Oficial a fs. 177, recursos que fueron concedidos a fs. 176 y fs. 178, respectivamente".
"El abandono voluntario y malicioso consiste en el alejamiento de uno de los cónyuges del hogar común, por motivos que le son exclusivamente imputables, con la intención de sustraerse a las obligaciones emergentes del matrimonio, en particular las de cohabitación y asistencia" (Zannoni, Derecho de familia, t. 2, p. 93 y ss; Borda, Familia, t. I, p. 437 y ss.; Belluscio, Derecho de familia, t. III, p.298 y ss; Spota, Tratado de Derecho Civil, vol. 12, p.732 y ss)".
"Ahora bien para que esta causal se encuentre configurada, resulta necesaria la concurrencia de dos factores: el hecho físico y el elemento intencional".
"En cuanto al primero, que constituye la situación objetiva, implica necesariamente que los cónyuges interrumpan la cohabitación y se alberguen en lugares diferentes. Lo que resta cotejar es si, además, concurre el elemento intencional, lo cual dependerá de si media o no una causa justificada para el cese de la convivencia (Azpiri, Jorge, Derecho de Familia, pág. 250/251)".
"El esposo que abandona el hogar conyugal es quien tiene a su cargo demostrar las causas legítimas y valederas del alejamiento y así desvirtuar la presunción de voluntariedad y malicia que pesa sobre su acción. En principio, resulta voluntario y malicioso el abandono del hogar conyugal en que incurrió el esposo (art. 202, inc. 5, Cód. Civil), si no se aportó ninguna prueba que acredite la existencia de causas graves que tornaban imposible la convivencia (CNCiv, sala L, 16/2/2006, M., D. H. c. M., M. S., LL, 2006-D, 398, 2006-E, 491)".
"Sentado ello, debo decir que comparto la postura de la sentenciante de grado quien, con agudeza, introdujo un argumento del que ni la Defensora, ni el Fiscal se hicieron cargo. Me refiero a que imponer en cabeza del cónyuge abandonado la carga de propiciar la reconciliación o de iniciar el divorcio en un cierto tiempo, es establecer una sanción que la ley no impone (art. 19 de la Constitución Nacional y 22 del Código Civil) y, por ende, no puede aceptarse tal interpretación".
"Néstor E. Solari comparte la opinión que sostengo al decir que: "la conducta inicial es la que determina la calificación de los cónyuges en el respectivo juicio de divorcio. Las circunstancias y vicisitudes posteriores al hecho originario son irrelevantes a los fines de alterar la causal de la ruptura matrimonial. Además, no se puede exigir al cónyuge abandonado que realice actos positivos para restablecer la comunidad de vida; ello queda comprendido en el fuero interno del abandonado. De tal manera, su conducta omisiva no puede transformar aquel abandono –provocado por su consorte–, en una suerte de separación de hecho de común acuerdo" (La pasividad mantenida por el cónyuge ante el abandono voluntario y malicioso del otro, LL 2010-A-428)".
"En ese contexto, tengo en cuenta para las circunstancias que surgen de los testimonios obrantes en la causa. Me refiere al hecho de que a partir del abandono de la Sra. L, esta no pudo ser contactada por su cónyuge, quien se tuvo que ocupar de su hija recién nacida y, unos años más tarde, de su nieta (también una bebé) al haber fallecido aquella. Las difíciles situaciones a las que seguramente se tuvo que enfrentar el Sr. R justifican, a todo evento, la supuesta "pasividad". Téngase en cuenta que su cónyuge se fue de un día para el otro teniendo una bebé muy chiquita y sin dar noticia cierta de su paradero".
"Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la Defensora no hace más que reiterar la doctrina explicada sin contraargumentar adecuadamente los valiosos argumentos de la sentenciante de grado, propongo al Acuerdo que, de ser compartido mi criterio, se confirme la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación. Con costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCC)".
"RA c/ LMT s/ divorcio", Expte. 41.522/2007.
CNCiv., Sala H, 6/2/2012.
Fuente: Diario Judicial del 11/04/2012
2) Divorcio por presentación conjunta
DIVORCIO VINCULAR. PRESENTACIÓN CONJUNTA. REQUISITOS FORMALES. Cónyuges separados de común acuerdo, pocos días después de haber contraído matrimonio. Ausencia de hijos en común. VÍNCULO AFECTIVO INEXISTENTE. Innecesariedad de cumplir con el requisito de tres años de matrimonio, ni de las audiencias conciliatorias para divorciarse. Autonomía de la libertad. NECESIDAD DE AJUSTAR LA NORMATIVA A LA REALIDAD SOCIAL. Principio de dignidad de la persona. Tratados Internacionales de Derechos Humanos. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. CORRESPONDE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 215 Y 236 DEL CÓDIGO CIVIL , y dar por iniciada la demanda de divorcio
"En veinticuatro años la realidad social y cultural del país se ha visto notoriamente modificada. En el curso de estos años los plazos de espera de resolución de las crisis matrimoniales han cambiado. La simple mención de un divorcio en los años '80, en cuanto a sus consecuencias y a su repercusión social, no son comparables a las actuales. Esta realidad no se ve reflejada en la normativa cuestionada, sino que por el contrario, los planteos judiciales demuestran la necesidad de revisar esta cabal necesidad de la sociedad argentina, en cuanto a la resolución pacífica y consensuada que pretende poner fin al vínculo matrimonial."
"El principio de dignidad de la persona prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento. La dignidad como persona se ve menoscabada cuando no se toman en serio las decisiones individuales (Nino Carlos; ob. Cit; pág. 287)."
"El juez debe percibir, comprender y apreciar la realidad social, evitando que el rigorismo formal avance sobre la verdadera voluntad de las partes. La labor del magistrado no puede reducirse a la aplicación mecánica de las normas, tal como lo señalara Montesquieu, como un mero reproductor de la ley. (Del Espirítu de las Leyes; Editorial Caridad; año 1922; pág. 124)."
"En el caso de autos, la única finalidad del artículo 215 del C.C. es mantener vivo un vínculo afectivo inexistente, que desoye la voluntad de los cónyuges. ¿Por qué quienes han decidido en su intimidad y conforme su voluntad personal poner fin a dicha unión, han de esperar y posponer su proyecto personal en virtud de la intromisión desmedida de un Estado paternalista?. El juez justo debe propiciar la regularización de las uniones en base a situaciones reales y no mantener ficciones reñidas con los valores de verdad y justicia que resultan lesivos a las personas involucradas. Resulta una hipocresía - por ende, atropello a la verdad- mantener "atados" a los cónyuges en matrimonio con las consecuencias jurídicas que de esto derivan."
"La palmaria dicotomía entre la libertad de intimidad o autonomía de la voluntad y la intromisión del Estado en cuanto a los plazos establecidos y el sistema de doble audiencia resultan arbitrarios y contrarían la dignidad y la libertad de las personas para desarrollar su proyecto personal de vida. Por el contrario, rechazar esta pretensión sería admitir una solución notoriamente disvaliosa y ello no resulta compatible con el fin de la tarea judicial. Ateniéndonos a los valores difundidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación son las consecuencias útiles y valiosas las que han de seguirse de la inteligencia de los hechos y de lo probado; es por ello que la actitud pensante, lógica y criteriosa no puede ser sino la finalista o teleológica. (Morello, Augusto; "El derecho en el primer lustro del siglo XXI"; LL 2005 F 1435)."
"F., M. y L., S. s./ Divorcio por presentación conjunta" – TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA DE ROSARIO (Santa fe) – 07/03/2012 (Sentencia firme)
elDial.com - AA74E2
3) Divorcio vincular por presentación conjunta
Divorcio vincular por presentación conjunta. Constitucionalidad del art. 215 del Código Civil. Rechazo de la demanda.
"Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 215, Código Civil, y en consecuencia, no hacer lugar a la demanda de divorcio por presentación conjunta intentada por una pareja que contrajo matrimonio hace 5 meses, por cuanto resulta insoslayable la imperatividad del citado artículo, aún cuando se considere al orden público familiar como mutante dentro de un contexto social y cuando actualmente ha ganado terreno la autonomía de la voluntad en el ya referido Derecho Constitucional de Familia, pues la referida autonomía de la voluntad crece y se impone pero siempre en armonía con el conjunto de normas de orden público que regulan los efectos personales que nacen desde la celebración del matrimonio y si bien los miembros de la pareja tienen derecho a preservar su mundo privado (art. 19, Constitución Nacional), no pueden eximirse de lo dispuesto en la norma si eligieron legitimar su unión a través de la celebración del acto jurídico matrimonial, y porque fallar sobre la conveniencia o no de la existencia de un plazo legal de espera para poder acceder al divorcio vincular, implicaría conculcar los principios republicanos de gobierno invadiendo funciones propias de la esfera del órgano legislativo".
"B., O. L. y otro s. Divorcio por presentación conjunta".
Trib. Col. Familia nº 7, Rosario, 1/2/12.
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 16/05/12.
Cita: RC J 1400/12.
4) Divorcio vincular-injurias graves
Divorcio vincular. Exceso de actividades domésticas de la esposa. Atención de sus tres hijos, de la madre anciana y de un hermano discapacitado del marido. Obligaciones que superan los deberes matrimoniales. Ausencia de colaboración del marido. Ponderación de dicha circunstancia junto a otras pruebas que acreditan malos tratos del marido y la existencia de un vínculo amoroso con otra mujer. Injurias graves. Culpabilidad del marido.
"De La R. E. M. en J° 92.202/06/1f 26.609 de la R. E. M. c /S. I. A. P/ Div. cont. s/ inc.". SC Mendoza, 9/3/12.
"El actor asevera que el fallo resulta incomprensible al considerar como injuria grave la circunstancia de que la mujer se dedicara al cuidado de sus hijos, del hogar y de un familiar enfermo. Para la Cámara tal situación corroboró el exceso en las cargas domésticas asumido por la Sra. A. y como correlato: la falta de atención y preocupación del actor por tales cargas. En tal sentido fundamentó: ``El esposo, por otra parte, se sustrajo a la atención y necesidades de la casa, obligando así a su cónyuge a asumir una función de responsabilidad que excedía a sus correspondientes deberes matrimoniales. Así fue como la Sra. A., no sólo debió afrontar la pesada tarea doméstica de todos los días correspondientes a una familia integrada por tres hijos, sino la carga evidente que significaba la atención de una anciana y de un hombre discapacitado, madre y hermano respectivamente del esposo´".
"La sentencia consideró la circunstancia de tener tratos amorosos con otra mujer, con la que posteriormente concretó una relación de convivencia, como un elementó más de convicción, es decir, un dato que corroboraba la configuración de la causal. No surge de las constancias objetivas de la causa, de qué manera esta consideración ha violado su derecho de defensa, máxime cuando los testimonios ofrecidos por los Sres. G. y R. (ofrecidos por el actor) confirmaron esa relación amorosa, tal cual lo puntualizó el fallo al valorar dichos testimonios."
Citar: elDial.com - AA7610
5) Divorcio vincular-injurias graves-adulterio
Divorcio vincular. Injurias graves. Infidelidad del marido. Causal de adulterio.
"M., M. L. vs. L., J. H. s. Divorcio". CNCiv, Sala G, 12/4/12.
"Ante todo, y una vez más, he de recordar que, como lo han señalado reiteradamente los fallos judiciales, resulta sumamente difícil, sino imposible, determinar cuál de los cónyuges es el responsable de la frustración del proyecto matrimonial que se concreta en unas causales legales de divorcio cuya demostración solo suele constituir alguno de los síntomas visibles del deterioro matrimonial. El conflicto conyugal no es un problema de uno de los cónyuges y suele ser una reacción a la conducta del otro. Esta naturaleza circular de la interacción hace extremadamente difícil establecer quién es el responsable del fracaso matrimonial".
"La experiencia enseña que los finales ruinosos de la vida conyugal no solo no se deben a una sola de las partes, sino que las afecciones resultan mutuas. No existe el caso de aquel que alegremente incurre en adulterio o en ofensas; ello siempre se da en medio de un espectro de zonas grises donde los destinos e infidelidades rodean más la confusión de lo trágico que modos apolíneos, generadores de respuestas jurídicas (Sanz, Carlos R., "Los daños derivados del divorcio. Precisiones metodológicas en torno a un plenario inevitable, con un epílogo para abogados", en El Derecho, t. 146, p. 103)".
"El divorcio o la separación personal deben ser más bien enfocados desde la perspectiva del futuro que aguarda a los cónyuges, sobre todo cuando, habiendo hijos, deben continuar asumiendo los deberes y derechos frente a ellos. Desde esta perspectiva, el divorcio, antes que servir para que los cónyuges, mirando hacia su pasado, traten de atribuirse las causas del fracaso de su unión, debe constituirse en el remedio para evitar que una convivencia imposible perdure cuando esta no es testimonio de unidad familiar (Bossert, Gustavo y Zannoni, Eduardo, Manual de Derecho de Familia, Ed. Astrea, 2004, p. 332; C.N.Civ., esta sala, L. 480.999, del 27/11/07)".
"El concepto de injurias graves, contemplada actualmente en el art. 202, inc. 4 del Código Civil, ha sido objeto, desde antaño, de una nutrida elaboración jurisprudencial y doctrinal. Abarca todo hecho positivo o negativo imputable a un cónyuge que ofenda al otro en sus afecciones legítimas, en su dignidad o amor propio, en su honor o decoro, apreciados esos hechos conforme a la educación, posición social y familiar de los esposos, así como a las demás circunstancias".
"La amplitud que encierra ese concepto ha conducido a sostener que, más allá de la innegable tipicidad de las distintas causales de separación personal y divorcio, se está en presencia de una suerte de causal residual, por cuanto todas las demás, en un intento de síntesis, podrían encerrarse en la genérica calificación de injurias".
"Por otra parte, esta sala con voto preopinante de quien aquí lo hace en segundo término (L. 486.072, del 27/11/07 -ya citado-) ha expresado que cuando la sentencia de primera instancia consagra la culpa de alguno de los consortes, al admitir una de las causales invocada por el otro, la pretensión de este queda satisfecha, aunque no se hubieran acogido la totalidad de las causas alegadas (cf. C.N.Civ., Sala A, 26/10/90, DJ 1991-1891). La justificación de uno solo de los motivos legales de divorcio y el emplazamiento consiguiente de los esposos en un nuevo estado matrimonial -con los efectos propios de la atribución de culpas al responsable, sea uno o los dos- hace innecesaria la ampliación o reducción de las causales admitidas en la sentencia respectiva".
"Tampoco encuentro demostrado el adulterio que se imputa al esposo, sin perjuicio de recordar que su admisión no modificaría el efecto de la sentencia que decretó el divorcio. Más allá de la razonable duda que surge de lo manifestado por el perito en informática sobre la posibilidad de alterar los correos electrónicos (fs. 828) y del eventual acceso de la esposa a la casilla de su consorte; lo cierto es que el contenido de los mails -en especial los parcialmente transcriptos a fs. 1273- dan cuenta de un vínculo afectivo del demandado con otra mujer, pero según mi parecer no alcanzan para tener por configurada esta causal, sin perjuicio de que trasunta la existencia de relaciones incompatibles con la exclusividad del matrimonio, y por lo tanto, comprendidas en el inc. 4 del art. 202 del Código Civil".
Fuente: Rubinzal on line. Boletín diario del 11/05/2012.
Cita: RC J 3047/12.
6) divorcio-injurias
Divorcio por culpa de ambos cónyuges. Adulterio del marido. Injurias graves de la esposa proferidas en el curso del proceso. Prueba declarada inadmisible. Interceptación del correo privado del otro cónyuge. Violación del derecho a la intimidad.
"L. vs. V. s. Divorcio contradictorio" CApel. Civ. y Com., Pergamino, 13/3/12
"Así, es criterio emanado del Superior Tribunal Provincial que "lo que motiva el juicio de divorcio no es tal o cual hecho considerado, sino ciertas formas o modos de comportamiento de los cuales los hechos a los que la prueba se refiere no serían más que signos o síntomas, y la generalmente vasta trama de lo acontecido impone la aplicación de un amplio criterio de apreciación de la prueba en su conjunto, con el objeto de tratar de obtener una representación lo más cercana posible de la realidad cotidiana del matrimonio para así determinar la culpabilidad en el fracaso (conf. A y S 1976-III-228)..." -de la opinión del Procurador General de la Corte, en causa Ac. 32715-; " Las causales de divorcio se basan antes que en determinados y precisos hechos en particular, en verdaderos modos de conducta" -cfr. causa Ac. 53860 y C 94570-; "sin perjuicio de que es principio general en esta materia de divorcio que no cabe hablar de compensación de culpas y que la injuria de uno de los cónyuges no autoriza al otro a proceder del mismo modo, no puede dejarse de lado el supuesto de la provocación de la misma, no para concluir que media una suerte de reciprocidad de agravios entre los consortes, sino para establecer si en la hipótesis se está ante una explicable y no desmesurada reacción del gravemente ofendido, debiéndose concluir si esto es así, en que la conducta de éste no es elevada por nuestra ley a causal de divorcio" -del voto (sin disidencias) del Dr. Cavagna Martínez en el expte. citado 32715-; " Para decretar el divorcio por culpa de ambos cónyuges, si el inocente imputa al otro conducta delictiva y trato violento, debe al menos, intentar probar dichos extremos para no incurrir en trato injurioso; de lo contrario, debe declararse procedente la reconvención por injurias en juicio" -SCBA C 94570 S 10-9-2008, supra citado-".
"Valoradas las probanzas reunidas en la causa a la luz de las reglas de la sana crítica, estimo que debe concordarse con el juzgador anterior en punto a que si bien las situaciones de violencia física o psíquica se desarrollan en un ámbito privado por lo que resulta harto dificultoso encontrar prueba directa y contundente que despeje todo tipo de dudas, los elementos conducentes obrantes en la presente y en el expediente sobre tenencia de hijos, autorizan a concluir que la conducta desplegada por la accionada con relación a su cónyuge e hijos ha sido configurativa de la causal de injurias graves, desde que medió hacia los mismos un trato injurioso por resultar lesivo, agresivo y perturbatorio del buen clima que debe presidir las relaciones parentales derivadas del matrimonio y la convivencia, constituyendo un incumplimiento a los deberes y obligaciones que corresponden al instituto".
"Es que cierto es que en el libelo en el que se contestara la acción y se promoviera reconvención, la demandada aludió y enrostró a su cónyuge un comportamiento indigno, afrentoso a su condición y reñido con la moral y buenas costumbres, acudiendo a una serie de expresiones y descalificaciones que afectan la dignidad del marido al ser expuestas al conocimiento de terceros. Así primeramente calificó que su estructura física se correspondía con lo que comúnmente se dice "un oso". A ello debe adunársele su carácter rudo, genotípico de la raza Eslava (descendiente de checoslovacos). Sólo luego de nuestra separación, el Sr. L. -mediante estricta dieta y rutina de ejercicios calisténicos- ha logrado descender la línea del quintal métrico". Más adelante, sostuvo que su hija la impuso que había descubierto los mensajes de correo electrónico que su padre se intercambiaba con otra mujer, accediendo con su auxilio (de su hija) a los archivos de la computadora familiar en la que observó que los mensajes " iban acompañados de fotografías de sexo explícito, de índole hétero y/u homosexual"; que lo que más la indignó fue "el hecho de que mis hijos accedieron a dicho material, pues me confesaron que sabían "las curiosas" preferencias sexuales de su Papá desde hacía un tiempo atrás"; que su hija jugando con la PC accedió a contenidos condicionados aberrantes y nocivos para la menor y que "seguidamente a dicha confesión, mi hija me indagó sobre la orientación sexual de su padre: "Es Gay" (sic)".
"Las expresiones que anteceden revisten el carácter de injurias inferidas en juicio que exigen que emanen de la parte y no de su letrado, son graves, exceden los límites de la defensa y se aprecian expuestas con mala fe y ánimo difamatorio, ya que "no se limitan a exteriorizar el simple incumplimiento de los deberse conyugales sino que implican además un deshonor, descrédito moral y difamación que trae aparejada humillación en el cónyuge imputado" -cfr. C. A.MORON -sum. B 2352053, JUBA-".
"He tenido en cuenta para establecer el aserto, que por un lado ni siquiera se intentó probar la versión sobre el conocimiento de los hijos, y por el otro, que la prueba ofrecida -pericial informática, etc.- que fue correctamente declarada inadmisible, era claramente improponible desde que el modo y forma en que sostiene pudo comprobar el intercambio de mensajes electrónicos del cual extrajo el material invocado, constituyó una evidente violación al derecho a la intimidad, a la esfera de reserva y secreto de las comunicaciones, es decir una intrusión o entrometimiento en la privacidad, desde que se trata de una interceptación de comunicaciones. Esa conducta consistente en la apertura de correos electrónicos ajenos o apoderamiento de datos informáticos, por sí misma hubiera podido constituir una injuria, y entonces, mal podía prevalerse de un comportamiento prohibido, antijurídico y conculcatorio del derecho a la intimidad, para demostrar mediante dicha prueba contraria a la ley, la causal invocada. -artículos 18 C.N.; Pactos Internacionales que rigen sobre el team (San José de Costa Rica -art. 11, ap. 2°, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 17-., Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 12-, de Derechos y Deberes del Hombre, C.A.D.H. aporb. en el país bajo el n° 23.054 -art. 11 del cap. 1, Parte Primera, incisos 1 y 2; 202 inc. 4, 214, 1071 C.C.; 354 inc. 1), 375, 384, 454, 474, 163 inc. 5) y 6) del C.P.C.-".
Fuente: Rubinzal on line. Boletín Diario del 18/04/2012.
Cita: RC J 2369/12
7) Juicio de divorcio por presentación conjunta-inconstitucionalidad
Divorcio por presentación conjunta - Art.s. 215 y 236 del Código Civil – Inconstitucionalidad.
"Gutiérrez, Enrique Daniel y otra s. Divorcio" CApel.Civ. y Com. Dolores, 10/4/12.
"En este orden de ideas, a mi entender, no existe tal interés superior social u orden público, que permita constreñir la voluntad de dos seres adultos capaces, autónomos, cuando su desunión no proyecta efectos más que en lo atinente a su vida privada, sin modificar o proyectar efecto jurídico alguno para otros familiares o terceros".
"En la actualidad, a veinte años de la reforma en materia de derecho civil que introdujera el divorcio vincular en la legislación argentina, necesariamente deberemos tener en cuenta la expansión que jurisprudencial y doctrinariamente se ha ido reconociendo a la autonomía de la voluntad en materia de obligaciones y derechos matrimoniales, sea en el campo de las cuestiones personales o patrimoniales".
"Por ello la intervención judicial, deberá permitir el ejercicio de la autonomía de la voluntad de los cónyuges, evitar la arbitrariedad y la desigualdad al no existir razón práctica, ni interés jurídico social en mantener la existencia formal de un matrimonio que no interesa a los cónyuges. Además, aceptar la petición de la presentación conjunta y dar curso al proceso, implica admitir la posibilidad jurídica de transitar un iter que podrá, oportunamente, dar encuadre jurídico a la situación de hecho y, contribuir a prevenir las dificultades e incertidumbres jurídicas que puede provocar la separación de hecho".
"Entiendo, entonces, que se encuentra reñida con las normas de derecho constitucional mencionadas la exigencia de los tres años desde la celebración del matrimonio para la promoción de la demanda de divorcio por presentación conjunta, frente a la inexistencia de un derecho que pueda ser afectado por esa limitación de la libertad".
"Por el contrario, la exigencia absoluta del requisito del lapso y la consecuente existencia de un término en el cual se impide la promoción del divorcio por presentación conjunta importa establecer la indisolubilidad temporal del matrimonio a espaldas de la voluntad de los cónyuges directamente afectados".
"Asimismo, considero aplicable el criterio que sostiene que siempre debe realizarse una interpretación que favorezca la consecución de los derechos; esto es, acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer prerrogativas jurídicas, y a la inversa, ampararse en la norma o la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones a la vigencia de los derechos, como entiendo sucede en la especie. Es decir, actuar el principio pro homine".
"En ese orden, el precepto legal tachado de inconstitucional vulnera el derecho de los cónyuges a desarrollar el proyecto personal de vida, en el sentido de rehacer su vida afectiva, debiendo el Estado respetar su vida privada, ya que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada ni en la de su familia (arts. 17 PIDCyP; 11.1 del CADH y 12 del DUDH)".
"La dualidad en su regulación legal entre divorcio-sanción y divorcio-remedio, en lo que se refiere a la inexistencia de plazo en el primero y la imposición de un plazo legal en el segundo, atenta contra la igualdad pues ante una misma situación fáctica -matrimonio irremediablemente quebrado- aborda de manera diferente a aquellos cónyuges que invocan causales subjetivas al no exigirles plazo legal de aquellos otros que invocan causales objetivas que les impone un plazo legal de tres años, en claro perjuicio de estos últimos".
"En consecuencia, la exigencia de los plazos instituida por los arts. 205 y 215 del Cód. Civ., así como la invocación de causas graves y el plazo de "reflexión" consagrado previsto en el art. 236 del mismo digesto, son inconstitucionales por cuanto vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación".
"Por último, cabe expresar que opiniones como la presente no mitigan el instituto matrimonial, ni atentan contra el mismo como a priori pareciese, sino que al flexibilizar su eventual disolución y sacarlo de un molde rígido y antifuncional, se aventa eventuales temores e induce a asumir la concreción de la legalización del vínculo sin desconfianza".
"Por lo expuesto, corresponde en mi criterio declarar la inconstitucionalidad en el presente caso de los arts. 215 y 236 del Cod. Civ. en tanto se establece el término de tres años desde la celebración del matrimonio, como requisito de procedencia para la demanda de divorcio por presentación conjunta, y la celebración de audiencias a esos efectos (arts. 19, 31, 33, 75, inc. 22 CN; 1, 5, 6 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 12, 29, 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7, 11 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)".
Fuente: Rubinzal on line. Boletín Diario del 17/04/2012.
Cita: RC J 2340/12
8) Divorcio contradictorio-injurias
Divorcio contradictorio. Injurias graves. No configuración. Reconvención. Improcedencia.
"M., M. C. vs. V. F., M. L. s. Divorcio vincular contencioso".
CApel. Civ., Com.l y ContAdm., 2ª Nominación, Río Cuarto, 23/3/12
"Cabe revocar parcialmente la sentencia que hizo lugar a la demanda de divorcio por la causal de injurias graves y desestimó la reconvención por adulterio y, en consecuencia, rechazar tanto la demanda de divorcio interpuesta como la reconvención, por cuanto la ausencia de la esposa en la operación de transplante realizada a su marido no configuró una injuria matrimonial, habida cuenta de las desavenencias por las que atravesaba el matrimonio al momento y porque sucedió 4 años antes de la interposición de la demanda, y porque el hecho de que el marido besara a otra mujer no alcanza para configurar la causal de adulterio, más aún si los hechos alegados fueron anteriores a vicisitudes maritales que produjeron una crisis luego superada con la reanudación de la convivencia, lo cual sanea de alguna manera lo anteriormente ocurrido".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 28/05/12.
Cita: RC J 3666/12
9) Divorcio por separación de hecho
Divorcio. Causal objetiva. Separación de hecho sin voluntad de unirse. Art. 214, inc. 2º del Código Civil. Inconstitucionalidad.
"Z. S. S. vs. P. E. H. s. Divorcio vincular".
CApel. Civ. y Com., Sala II, Azul, 5/6/12.
"El derecho constitucional de todos los habitantes de casarse o no casarse 'conforme a las leyes' (arts. 14 y 20, Constitución Nacional) conlleva, por añadidura, el derecho a no permanecer casado cuando, también 'conforme a las leyes', se produjo la ruptura definitiva e irremediable del matrimonio quebrando la comunidad de vida de los esposos. En el caso, cabe confirmar la sentencia que decretó el divorcio vincular por la causal prevista en el inc. 2, art. 214, Código Civil y declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo, no obstante negarse el esposo a la procedencia de la demanda, por cuanto resulta irrazonable y conculca los derechos de la actora a la libre autodeterminación e intimidad, a la igualdad y no discriminación y a la elección del proyecto de vida individual y familiar, la subsistencia del matrimonio pese a la quiebra de la convivencia desde el año 2009 y por consiguiente de la ausencia de hogar común, frente a la clara voluntad de la esposa de divorciarse y al fracaso de las dos audiencias de conciliación intentadas a lo largo del proceso, todo lo cual denota la insuperable imposibilidad de que subsista el vínculo matrimonial con los caracteres de fidelidad, asistencia y convivencia en la casa común".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín diario del 22/06/12.
Citar: RC J 4999/12.
1) Violencia familiar - Ley 12.569
Violencia familiar - Ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires - Procedimiento - Desistimiento – Improcedencia.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, Morón, 16/2/2012.
"Ahora bien, en orden a dar respuesta a la cuestión cabe recordar que -según lo determina el art. 8 de la Ley 12569- el Juez o Tribunal debe requerir un diagnóstico familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y/o psíquicos sufridos por la víctima, la situación del peligro y medio social y ambiental de la familia, lo que debe hacerse en un plazo que no podrá exceder de las 48 horas desde que tuvo conocimiento de la denuncia.
"Trasladando ello al caso concreto, vemos que dicho diagnóstico no ha sido llevado a cabo. Con lo cual, el cierre de las actuaciones se ha decidido solo a instancias de las referencias efectuadas por la denunciante y no teniendo por base datos objetivos y fehacientes".
"Desde otro ángulo, advierto también que antes de proveer al desistimiento formulado, y frente a la existencia de menores involucrados, debió haberse dado indefectiblemente vista al Asesor de Incapaces (art. 59 C. Civil) para permitirle peticionar cuanto viere menester en defensa de sus asistidos, lo que -tal lo dicho- no se ha hecho".
"Que -como reiteradamente se ha señalado- la violencia doméstica puede irse desarrollando a través de ciclos (GROSSMAN, Cecilia P. - MESTERMA, Silvia, Violencia en la familia, p. 98; VILLAVERDE, María S., La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos, Lexis Nexis Buenos Aires 2006-5-491; CARRANZA CASARES, Carlos A., Aporte teórico para la comprensión del maltrato infantil y familiar, RDF 2000-17-159) y el hecho de que al comparecer ante el Juzgado no se rectificó la denunciante sobre los hechos de violencia sino que ratificó la existencia de algunos, entiendo que la resolución apelada se perfila totalmente prematura".
"Por ello, se remitan las actuaciones a la instancia previa a fin de que se proceda a llevar a cabo el diagnóstico previsto por el art. 8 de la Ley 12569 y luego se decida cuanto corresponda en base a lo que surja del mismo, quedando a cargo del Sr. Asesor de Incapaces velar por la adopción de todas las medidas que fueren menester en resguardo de la integridad psicofísica de sus asistidos y la comprobación de su situación".
Fuente: Rubinzal-Culzoni (on line). Boletín diario del 16/04/2012.
Cita: RC J 2263/12
2) Violencia familiar
Violencia familiar. Progenitora que solicita medida de prohibición de contacto contra su ex pareja. Pedido de restricción de acercamiento con respecto a su persona y al hijo menor de ambos. Rechazo "in límine". Inaplicabilidad en los casos de conflictos familiares que puedan resolverse por otras vías. Ausencia de riesgo actual. Falta de convivencia con el demandado.
"B., S. c/ A., S. A. S/ Denuncia Por Violencia Familiar". CNCiv., Sala G, 21/3/12. "La ley 24.417 está inspirada en la finalidad de hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles la continuación o el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas que, de otro modo, podrían ser irreparables, y que sólo sería posible remover a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias". "De ahí que en el marco de protección que acuerda la ley, cuando se aduce la existencia de peligro físico y psíquico para alguna de las personas que integran el núcleo conviviente, en tanto existan elementos que lleven a concluir que la denuncia es prima facie fundada y que no () se invoca la solución legal en contra de la finalidad que el legislador tuvo en miras al establecerla, el juez debe procurar la inmediata y debida protección a quien esgrime su condición de víctima (cfr. CNCiv., esta Sala, r. 361.662 del 25-11-2002 y sus citas; íd. r. 459.090 del 9-8-2006; r. 562.963 del 14-10-2010)". "En ese marco referencial, y en cuanto al niño se refiere, este colegiado concuerda con la decisión adoptada en la anterior instancia en tanto no se aprecia la existencia de riesgo actual, ni se observa situación de gravedad que deba resolverse de modo imperioso, en tanto no se denunció agresión a su respecto". "En cuanto a las amenazas denunciadas con respecto a la apelante, se recuerda que el procedimiento implementado por la ley 24.417 no es sucedáneo de cualquier acción que involucre las relaciones familiares por conflictivas que puedan parecer, ni para dar solución a los problemas que pueden y deben ser canalizados por otras vías. En efecto, tiene un objetivo preciso y determinado que es remover en forma provisional y urgente una situación de violencia doméstica, que no es la delineada en el caso, sobre todo si se aprecia que la peticionaria convive -junto a S. con su actual pareja y otra hija de esta unión, y no con aquel a quién se endilga la violencia psicológica a causa de las amenazas". "De tal modo, la falta de convivencia con el supuesto ofensor, en principio, excluye el supuesto de autos del marco de aplicación de la norma mencionada (cfr. CNCiv. esta Sala, r. 447.582 del 22-2-2006)".
Fuente: elDial.com - AA75BD
Violencia familiar. Exclusión del hogar. Restricción del violento a un radio de 200 metros del domicilio de la víctima.
"M., T. de J. vs. O., O. s. Exclusión del hogar".
CApel. Civ. y Com., Sala III, Corrientes, 24/2/12
"Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar de exclusión del hogar del cónyuge, como asimismo de los lugares adyacentes prohibiendo su acceso y aproximación por un radio de 200 metros del domicilio conyugal, pues para la procedencia de tal medida basta la sospecha de maltrato y la verosimilitud de la denuncia, sin que ello implique un decisorio de mérito que declare a alguien como autor de los hechos".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 08/06/12.
Cita: RC J 4345/12
1) FILIACIÓN. Matrimonio entre personas del mismo sexo
PARTIDA DE NACIMIENTO. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UN MENOR COMO HIJO DE LA CÓNYUGE DE LA MADRE BIOLÓGICA. COMPETENCIA. Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Remisión al precedente "Lamuedra" de la CSJN. ACCIÓN DE AMPARO. Improcedencia. Existencia de una acción específica prevista por la ley. Art. 39 de la ley 14.586 -del Registro del Estado Civil de las Personas en la Ciudad de Buenos Aires- y art. 247 CC. Interpretación. Consideración de la ley 26.618 de MATRIMONIO CIVIL. Reconducción de la acción. Art. 6º de la ley 2145
"V., A. F. y otros c/ GCBA s/ amparo (Art. 14 CCABA)"- CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA II– 14/02/2012
"… No puede obviarse el reciente pronunciamiento de nuestro máximo tribunal, recaído en la causa "Lamuedra, Ernesto Ricardo c/ Bernath, Damián Ariel y otro s/nulidad del matrimonio" [Fallo en extenso: elDial.com - AA6FE3] con fecha 27 de septiembre de 2011 (Competencia Nº 375. XLVI). Allí, (…) la Corte entendió que correspondía que la causa quedara radicada en este fuero contencioso administrativo y tributario de esta Ciudad. Ello, por haber resultado la jurisdicción que previno y en tanto allí se dictó la sentencia reconociendo el derecho de la parte actora. Forzoso resulta en estas condiciones alcanzar un razonamiento semejante…."
"… No puede soslayarse que en casos como el presente existe una acción específica que ya ha merecido tratamiento por el legislador nacional, que no permite agitar la discusión acerca de la vía intentada. Es que en definitiva, lo que aquí se pretende no es otra cosa que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, en los términos de los artículo 39 de la ley 14.586 y 247 del Código Civil, analizados a la luz de las nuevas disposiciones incorporadas a este último plexo normativo a partir de la ley 26.618 de "Matrimonio Civil" (…) La misma norma [ley 14.586 (del Registro del Estado Civil de las Personas en la Ciudad de Buenos Aires] preceptúa que "[e]l procedimiento será sumario, con intervención de los ministerios públicos." (art. 66). Ello, por demás, es conteste con las previsiones del art. 253 del Cód. Civ., que expresamente destaca que en las acciones de filiación "se admitirán toda clase de pruebas", sean éstas de oficio o a petición de parte, lo que de por sí confronta con las breves y acotadas posibilidades probatorias que ofrece el proceso de amparo regulado en la ley 2145. Ergo, la norma aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires impone el procedimiento sumario y la intervención del Director del Registro Civil con carácter previo al dictado de la sentencia; ambos elementos, están ausentes del presente proceso (…) La normativa aplicable excluye la aplicación de la vía procesal utilizada en el caso y prevé un proceso y una serie de traslados y vistas que, en forma inexorable, deben cumplirse durante el trámite. Por ello, el presente trámite deberá readecuarse a tales estipulaciones conforme lo normado por el art. 6º de la ley 2145"
"… Tal proceso [sumario] no importa menoscabar los derechos constitucionales involucrados, tales como la identidad del niño (arts. 7 y 8 Convención sobre los Derechos del Niño, de raigambre constitucional, art. 75 inc. 22º C.N.), la igualdad y no discriminación (art. 2º de la misma Convención), que se entienden vulnerados a partir de un acto administrativo del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el contrario, importa protegerlos en un marco de pleno debate, que naturalmente se verá legítimamente acotado en el supuesto de existir -como en el caso- meras cuestiones de puro derecho, lo que en definitiva importará una razonable reducción de los tiempos procesales, adecuada a cada situación de hecho. Teniendo en cuenta entonces la verdadera naturaleza de la pretensión, deviene inevitable concluir en que el proceso que mejor se ajusta a sus características resulta ser el de conocimiento previsto en el Título VIII del Código Contencioso Administrativo y Tributario."
Fuente: elDial.com del 11/04/2012
Citar: elDial.com-AA74D9
2) Filiación - Filiación extramatrimonial
Filiación - Filiación extramatrimonial: Acción de reclamación del estado de hijo extramatrimonial - Impugnación de la filiación anteriormente establecida - Costas por su orden
Juzgado: General Pico La Pampa Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería
"Cabe imponer las costas en el orden causado, y no al demandado por impugnación de la paternidad, si éste no se opuso a la impugnación ni insinuó su interés en hacerlo y subordinó su situación procesal al resultado de los estudios genéticos y a la decisión que se dictara en consecuencia, por cuanto falta el presupuesto natural de la condena en costas, cual es que el vencido haya manifestado interés en contradecir la postura del demandante".
Fuente: Rubinzal on line-Boletín Diario del 11/04/2012
Cita: RC J 2114/12
3) Filiación extramatrimonial. Acción de impugnación de paternidad extramatrimonial. Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial.
"F. C. B. vs. L. C. J. s. Impugnación de reconocimiento y filiación extramatrimonial" Tribunal de Familia, Sala II, San Salvador de Jujuy, 16/2/12 "Corresponde hacer lugar a la demanda de impugnación de reconocimiento y filiación extramatrimonial entablada por la madre de un menor, dejando sin efecto el reconocimiento efectuado, de motus propio y sin el consentimiento de la madre, por quien fue su anterior novio, y declarar que el menor es hijo de la pareja posterior de aquélla quien no sólo reconoce ser el padre biológico sino que también se hizo cargo desde el día del nacimiento de prestar alimentos y mantener contacto en forma regular con el menor, pues además de la confesión del presunto padre, las declaraciones testimoniales se pronuncian en forma positiva a la relación existente entre la madre y éste al momento de la concepción del niño".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 27/04/2012.
Cita: RC J 2617/12
4) Filiación. Falta de reconocimiento. Daño moral
Filiación. Filiación extramatrimonial. Acción de reclamación del estado de hijo extramatrimonial. Daños y perjuicios. Daño moral. Cuantificación.
"B. P. D. v. S. H. D. s. Filiación". CApel. Civ. y Com., Sala I, Mercedes, 17/4/12 "También corrobora que existe un deber legal de reconocer un hijo el reconocimiento del derecho a la identidad biológica (art. 8 de la CA.D.H.; Ac. 59.780 de la S.C.B.A.), Cierto es que esta Convención adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994 -dieciocho años después del nacimiento de la actora-, pero es de destacar que fue ratificada por el Estado argentino por la Ley 23054, pub. en el B.O. el 27/03/1984, cuando la actora era todavía una niña. Es decir, durante gran parte de su minoridad, el derecho a la identidad biológica contaba con jerarquía convencional y legal". "Dicho ello, es menester recordar qué es lo que se indemniza en estos casos. Ha dicho esta Sala en los precedentes arriba citados que existe consenso en que lo que se indemniza son las aflicciones, sufrimientos o perturbaciones en los sentimientos que se derivan de la falta de conocimiento de la propia identidad, y de no ser considerado en el ámbito de las relaciones humanas (v.g. en el colegio) como hijo de padre conocido, como asimismo aquello que es consecuencia directa de la conducta omisiva, quedando fuera de su comprensión el desamor o carencia de afecto, en el que tanto puede incurrir un padre que no ha reconocido a su hijo como quien lo ha hecho (voto del Dr. Gustavo Bossert, en fallo de Sala F de la C.N.Civ. del 19/10/89, L.L. 1990-A.-1, y en el mismo sentido: comentario al fallo de Eduardo Zannoni)". "Ahora bien, también ha dicho esta Sala que el desinterés o la actitud pasiva de la madre a que el reconocimiento se produjera debe ser tenido en cuenta como dato de la realidad a la hora de mensurar la cuantificación del resarcimiento. Ello así porque indudablemente ha obrado como concausa de que ello no tuviera lugar (esta Sala, causas n° 112.449 del 8/09/09 y 113.831 del 22/03/12). En el caso de autos es evidente que la madre de la actora poco y nada hizo para que el demandado la reconociera. Surge ello implícitamente de la demanda, así lo alegó el accionado en su defensa y en la expresión de agravios, y no fue negado por la actora en la contestación de esta (fs. 263/64). Por otro lado, los testigos ofrecidos por la propia actora no dijeron que la madre, fuera del momento inicial del nacimiento, durante el desarrollo de la infancia y la adolescencia de la niña se lo pidiera (fs. 134/48; art. 456 C.P.C.). También es evidente que contribuyó a la inusitada demora del reconocimiento que la propia actora no se lo pidiera al demandado en momento alguno hasta la promoción de este juicio. En efecto, en ninguna parte de la demanda dijo que en los largos años que mantuvo buenas relaciones con él, se lo hubiera pedido, y tampoco lo dijeron los testigos que declararon (fs. 133/48 y 171/76). En definitiva, la conducta totalmente omisiva de la madre y luego de la propia actora desde que llegara a la mayoría de edad hasta la promoción de la demanda (cuando tenía 29 años) contribuyó concausalmente en la producción del daño (arts. 901 a 906 C.C.), lo que debe tenerse en cuenta a la hora de su cuantificación".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 03/05/2012.
Cita: RC J 2696/12
5) Filiación extramatrimonial. Daño moral
Filiación extramatrimonial. Falta de reconocimiento voluntario. Daño moral.
"V., L. del V. vs. V., E. L. s. Ordinario por daño moral - Recurso de inconstitucionalidad".
Superior Tribunal de Justicia Jujuy, 16/3/12.
El daño moral por falta de reconocimiento de la filiación no requiere prueba, pues puede presumirse en razón de la lesión a un derecho personalísimo. De modo que formular agravios porque el tribunal sentenciante -además de considerar la presunción del mismo-, hizo mérito del resultado de la pericia psicológica realizada por profesional idóneo para tener por configurado el daño moral no resiste el menor análisis. Asimismo, cabe señalar que el demandado no ha alegado razones valederas a lo largo del proceso que le hubieran impedido efectuar el reconocimiento y tampoco se sometió voluntariamente a las pruebas biológicas; por el contrario, si bien las ofreció en la contestación de la demanda, luego permaneció en silencio e inactivo, pues no aportó el dinero necesario ni se puso a disposición para las muestras respectivas. Resulta evidente, en consecuencia, que la propia actitud del demandado frente al reclamo de paternidad lo condujeron a un resultado inevitable: las sentencias de condena tanto de la filiación extramatrimonial de su hija, como a la reparación del daño provocado por la omisión antijurídica.
Cita: RC J 3638/12.
6) Filiación extramatrimonial
Filiación extramatrimonial. Acción de reclamación del estado de hijo extramatrimonial. Impugnación de la filiación anteriormente establecida.
"A. N. N. vs. M. J. L. y otro s. Impugnación de paternidad".
Tribunal de Familia, Sala I, San Salvador de Jujuy, 22/5/12
"Corresponde hacer lugar a la demanda de impugnación de paternidad promovida por quien reconoció al niño y, en consecuencia, declarar que el actor no es el padre biológico del menor y que éste es hijo del codemandado, por cuanto, siendo de aplicación el derecho a la identidad, no existen objeciones formales en cuanto a la legitimación del reconociente para la promoción de la acción, pues si bien del art. 254, Código Civil, surge que el hijo es el principal titular del derecho subjetivo que pone en movimiento la acción de reclamación de filiación, en autos se trata de un menor de edad -que como tal, está impedido del ejercicio de su derecho- cuya madre ha fallecido y previamente expresado que hizo reconocer a su hijo por el actor porque se encontraba sola".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín diario del 4/7/12.
Citar: RC J 5483/12
1) Régimen de visitas-revinculación paterno-filial
Derecho de visitas. Denuncia por abuso sexual contra la hija. Absolución. Proceso de revinculación paterno-filial.
"M. A. E. vs. G. S. D.¬ s. Art. 250, CPCC". CNCiv., Sala B, 28/2/12.
"Corresponde confirmar la resolución que dispuso cautelarmente autorizar a una fundación a coordinar las salidas supervisadas entre la niña y su padre, y la continuidad de las terapias de revinculación y de coparentalidad luego de haber sido absuelto el padre por el supuesto abuso sexual respecto de su hija, como así también disponer un tratamiento psicológico individual de la niña y la designación de un curador ad litem para todo lo vinculado a este proceso, por cuanto está en juego el derecho de la hija común de las partes a no ser separada de sus padres y a tener una adecuada comunicación con ellos y porque de los informes obrantes en la causa surge que no existen signos específicos atribuibles a padecimientos traumáticos de índole sexual en la niña, además de no haber sido oportunamente discutida la revinculación paterno filial por la progenitora, quien, incluso, convino con el padre denunciado concurrir a la institución designada con la finalidad de iniciar allí también el tratamiento de coparentalidad".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 14/05/2012.
Cita: RC J 3052/12
2) Tenencia y régimen de visitas
Tenencia y régimen de visitas. Competencia. Interés superior del niño.
"O., E. M. por la menor O., P. M. N. vs. A., E. A. s. Tenencia" Tribunal de Familia, Sala II, San Salvador de Jujuy, 28/2/12
"Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de resolver actuaciones cuyo objeto atañe al interés de menores, reiteradamente ha otorgado primacía al lugar donde éstos viven efectivamente, ya que consideró que la eficiencia de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del juez de la causa con la situación de los mismos (conf. Fallos, 314:1196; 315:431; 321:203, entre otros); y que, razones vinculadas a la posibilidad de una mayor inmediación, en orden a lo dispuesto por los arts. 227 y 264 del Cód. Civil, resulta conveniente que sea el juez del domicilio en que el menor reside con su madre el competente para conocer respecto de la tenencia y régimen de visitas más adecuado a los intereses del incapaz (Fallos: 315:16; 320:2590, entre otros)".
"Es la solución que contribuye a una mejor protección de los intereses del menor, ya que favorece un contacto directo y personal del órgano judicial con el niño y el progenitor que se encuentra a cargo de su guarda, para otorgarla y poder establecer un régimen de visitas a favor del progenitor no conviviente, favoreciendo una mayor concentración y celeridad en las medidas que pudiere corresponder tomar en beneficio del menor".
"Luego, en mérito a la naturaleza de la cuestión principal planteada, no debe perderse de vista que en toda actuación judicial debe velarse por el interés superior del niño (art. 3, inc. 1, CDN),
el que se constituye de tal suerte en una esencial y valiosa herramienta para la resolución de los conflictos judiciales que pudiesen comprometer o afectar las personas, derechos e intereses de los menores, con una virtualidad y extensión que, a la par de encontrarse en permanente evolución, se vislumbra de una riqueza inconmensurable, sin perder de vista, además, su incidencia en cuanto aparece ya consagrado en la Constitución Nacional. (Cfme. Jorge Kielmanovich, "Los Principios del Derecho de Familia", Revista de Derecho Procesal 2002- 1, p. 39, Ed. Rubinzal - Culzoni)".
Fuente: Rubinzal on line Boletín diario del 18/04/2012.
Cita: RC J 2175/12
FALLOS PLENARIOS EN EL DERECHO DE FAMILIA
Alimentos. Fallo plenario. Alimentos atrasados. Intereses aplicables. Tipo de tasa. Tasa activa. Fallo plenario
"Juarez, Yolanda Iris vs. Rinaldi, Jorge Alberto s. Ejecución de sentencia - Incidente de convocatoria a plenario". Juzgado: CApel. Civ. y Com. Mercedes (Prov. De Buenos Aires), Acuerdo Plenario, 26/4/12. "I. Que la determinación de la tasa de interés aplicable en los casos de ejecución de deudas de alimentos es materia de plenario. II. Que en los casos de deudas por alimentos atrasados la tasa de interés que corresponde aplicar es la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales (tasa activa) vigente en los distintos períodos de aplicación. III. Póngase en conocimiento de los organismos judiciales pertinentes, para quienes la presente doctrina es obligatoria (art. 35 inc. f de la Ley 5827), mediante oficio y copia íntegra de lo acordado".
REGIMEN DE ADOPCION
1) Adopción internacional
Competencia. Información sumaria. Emisión de certificado de idoneidad de los adoptantes para solicitar la adopción internacional.
"La sumaria informativa que tiene por objeto lograr que el órgano judicial local emita un certificado de idoneidad de los pretensos adoptantes a los fines de ser presentado ante las autoridades competentes en un país extranjero (en el caso, Haití), donde tramitarán la adopción internacional de un niño, corresponde a la competencia de los Tribunales de Familia, pues son los órganos con competencia exclusiva en materia de adopción (inc. 11, art. 16, Ley 7676 de Córdoba) y se trata de una cuestión de índole extrapatrimonial derivada de la relación familiar y encuadra en la competencia material residual de los Tribunales del Fuero de Familia (inc. 15, art. 16, Ley 7676 de Córdoba). Asimismo, no puede soslayarse, que no existe un organismo administrativo estatal que tenga competencia para otorgar el certificado de idoneidad requerido, con lo cual la vía que resulta idónea para ello no es otra que la judicial, la cual precisamente le da el carácter oficial que en cuestiones de esta naturaleza se impone y luce como la más conveniente y adecuada. Lo contrario, violentaría el orden público interno, ya que sería más fácil y sin control alguno adoptar en el extranjero, si se pudieran utilizar documentaciones de origen privado que no dan fe de sus informes y no han tenido ningún contralor oficial en su otorgamiento".
"R., P. M. y otro s. Actos de jurisdicción voluntaria - Sumaria información - Recurso de apelación".
CFamilia, 2ª Nominación, Córdoba, 2/3/2012.
Fuente: Rubinzal on line; Boletín Diario del 16/05/12.
Cita: RC J 3259/12.
2) Adopción-Solicita restitución-Rechazo
Adopción. Entrega voluntaria de la madre con fines de adopción. Guarda de hecho de la menor por parte de terceros. Estado de abandono y adoptabilidad de la menor. Pedido de guarda con fines de adopción. Solicitud de restitución por parte de la familia biológica. Rechazo de la restitución solicitada.
"F R.L.M.A. P/ MED. TUTELAR S/ INC. CAS."
SC Mendoza, 9/3/12.
"La difícil cuestión a resolver en la presente consiste en determinar si el mejor interés para la menor M., quien aún no cumple tres años, radica en ser restituida a sus padres biológicos que la reclaman, no obstante la entrega con fines de adopción que realizó su madre; o permanecer en la situación de hecho en la que se encuentra desde sus dos meses de vida, dentro de una familia cuidadora que la pretende con fines de adopción".
"Declarado el estado de abandono y adoptabilidad de la menor, el trámite posterior de entrega de la niña a un matrimonio de pretensos adoptantes, se vio materialmente suspendido ante la apelación y consecuente arrepentimiento manifestados por la madre en fecha 16/10/2009".
"Hacer lugar al reintegro de la niña sin que se modifiquen las limitaciones internas y externas que ambos progenitores biológicos presentan, sería una situación de alto riesgo para la niña. Al momento actual, no se han visualizado cambios estructurales en los progenitores que permitan inferir que pueden hacerse cargo de la crianza de A. y M. de manera saludable".
"La familia cuidadora se ha convertido en el centro de vida de la menor, por lo que resultaría conveniente que se le otorgue una guarda, quedando abierta la vinculación de la madre con la niña en la casa de esta familia, ya que la familia no muestra objeción a lo solicitado".
"La Sra. Asesora de Menores interviniente en autos, considera que debe mantenerse la situación actual de vida de la menor M., por cuanto ello resulta su mejor interés. Por ello, estima que deben rechazarse los recursos extraordinarios interpuestos y, con la ayuda de la interdisciplinaria y los equipos especializados, diseñar dentro del instituto jurídico de la adopción, modalidades que plasmen las especiales circunstancias que rodean el presente caso".
"Por otro lado, la prolongación de la situación de hecho configurada por la tenencia de M. por la familia cuidadora, que se ha extendido desde sus dos meses de vida hasta la actualidad, cuando la pequeña está pronta a cumplir tres años, ha implicado, lógicamente, el nacimiento de sanos y genuinos sentimientos de amor filial respecto a la niña, quien los identifica como 'mamá' y 'papá', todo lo cual ha motivado el pedido oficial de la guarda con fines de adopción".
"Cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir con la de los adultos que intervienen en el pleito (CSJN, 13/03/2007, "A.F.")".
"Se ha afirmado así que 'la regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres. De ello se desprende que todas las alternativas disponibles para arribar a un pronunciamiento en un conflicto como el presente deben ser evaluadas a la luz de privilegiar la situación real del niño no debiendo ello ser desplazado por más legítimos que resulten los intereses de los padres y de aquellos que ejercen la guarda pre-adoptiva. De lo que se trata es de alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se satisface el interés superior del niño'. (CSJN, 13/03/2007, "A.F.")".
"Nuestra Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que 'la procedencia sanguínea no es con todo absoluta sino que constituye una presunción conectada -entre otros extremos- con el hecho de que la familia biológica es el ámbito inicial de la vida de toda persona y que cualquier cambio implica necesariamente un trauma y también una duplicidad. No se trata por tanto, de una barrera infranqueable para la consideración de situaciones en las cuales la permanencia en ese espacio original fue de hecho interrumpida (como es el caso) o genera sufrimientos y daños aún mayores que los propios de un cambio. Un enfoque no dogmático lleva a la cuidadosa consideración de es-tos últimos casos desde la perspectiva libre de prejuicios que ordena utilizar el art. 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño' (conf. Fallos 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay, consid. 61).
"Tal como lo ha señalado la Corte Federal 'la preservación del interés superior del niño en situaciones de grave conflicto como la que motiva la intervención de esta Corte, encuentra en el sistema legal argentino alternativas que en el contexto del régimen de adopción permiten, por un lado, garantir aquél interés superior en una estructura estable y previsible, y por el otro, y en razón de las especiales circunstancias de la causa, configurar soluciones equilibradas para contener el conflicto y asegurar la efectiva tutela de la "verdad biológica" en una de sus vertientes sustantivas que es el derecho del menor a saber y a decidir en un momento determinado. Si bien en la práctica puede ser considerado un "triángulo adoptivo - afectivo", encuadrado en el marco legal específico y disponible importa una clara definición de derechos y obligaciones (arts. 20 y 21 Convención sobre los Derechos del niño)'. (CSJN, 13/03/2007, "A.F.")."
"En la difícil cuestión sometida a decisión de este Tribunal, entiendo que el mejor o superior interés para M. radica en que se mantenga su situación actual, es decir, que permanezca con la familia cuidadora compuesta por el matrimonio C. - P. y se intente con ellos el instituto de la adopción simple, teniendo en cuenta que han solicitado la guarda judicial de la pequeña y no se oponen a que la menor conserve una amplia vinculación con su familia de origen".
"La conclusión que antecede 'no importa soslayar la trascendencia que tienen los denominados "lazos de sangre" y el ineludible derecho fundamental del niño a su identidad, ni asignar -siquiera implícitamente- algún tipo de preeminencia material a la familia adoptiva respecto de la biológica cuando, justamente, el derecho vigente postula como principio la solución opuesta. Mucho menos estigmatizar -de modo expreso o solapado- a la progenitora por la conducta que adoptó en el caso. Por el contrario, se trata lisa y llanamente de considerar y hacer prevalecer por sobre todos los intereses en juego (legítimos desde cada óptica, por cierto) el del sujeto más vulnerable y necesitado de protección a través del mantenimiento de situaciones de equilibrio que aparecen como más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas consecuencias resultan impredecibles' (conf. doctrina de fallos 312:371, disidencia de los jueces Fayt y Baqué, consid. 61 y 71).
"Entiendo que, en el caso de que el matrimonio P. - C. resulte apto para adoptar a la menor, en función de lo que resulte de los autos n° 444/11/9F, debe disponerse que la situación de la pequeña M. se encuentra comprendida en lo dispuesto en los arts. 329 a 336 del Código Civil, que habilita el otorgamiento de la adopción simple".
Fuente: Diario Judicial del 27/04/2012.
3) Adopción
Adopción. Incumplimiento de los requisitos estipulados en los arts. 317 y 318 del código civil. Falta de consentimiento del padre biológico quien solicita la interrupción de la guarda y la restitución de la menor.
"Caso F. e Hija Vs. Argentina"
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/4/12
"La duración de las actuaciones afectó en forma especialmente grave los derechos del señor F. y de su hija, puesto que conforme transcurrió el tiempo la niña creó mayores vínculos con los guardadores, un factor utilizado posteriormente para mantener la adopción y rechazar las solicitudes del padre biológico. Los tribunales incumplieron su obligación de diligencia y existió una demora injustificada en la resolución del proceso que afectó gravemente los derechos de M y del señor F. Por lo anterior, concluyó que el Estado violó el derecho "a un proceso tramitado en un tiempo razonable" de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención."
"Sin perjuicio de que el señor F. realizó las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles, la Corte advierte que, en un caso como el presente, la responsabilidad de acelerar el procedimiento recae sobre las autoridades judiciales, en consideración del deber de especial protección que deben brindar a la niña por su condición de menor de edad, y no en la actividad procesal del padre. Más aún, cuando el señor F. desde un inicio dejó claro ante las autoridades judiciales su voluntad de hacer efectivos sus derechos y cumplir sus deberes de padre, lo cual debía garantizarse de forma inmediata. El Tribunal resalta que el objeto principal de los procesos era la determinación de los derechos a la familia de una niña y los de su padre biológico, y lograr la vinculación entre ellos."
"Esta Corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o personal para conducir los procesos judiciales para eximirse de una obligación internacional. En similar sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que una sobrecarga crónica de casos pendientes no es una justificación válida del retraso excesivo."
"Pese a que el señor F. es el padre biológico de la niña, -y así lo reconoció ante las autoridades desde poco después de su nacimiento-, no ha podido ejercer sus derechos ni cumplir con sus deberes de padre, ni M ha podido disfrutar de los derechos que le corresponden como niña respecto de su familia biológica. Adicionalmente, la ausencia de una decisión y establecimiento de un régimen de visitas ha impedido que padre e hija se conozcan y que se establezca un vínculo entre ambos..."
"La Corte Interamericana concluye que las autoridades judiciales a cargo del proceso de guarda no actuaron con la debida diligencia y por ello el Estado violó el derecho a las garantías judiciales previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 17.1 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor F. y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 de la misma en perjuicio de esta última."
"La Comisión señaló que el Estado tenía la obligación en virtud del artículo 2, en relación con los artículos 1.1 y 19, de la Convención Americana, de adoptar las medidas legislativas para prevenir la venta de niños en su territorio y no lo ha hecho. Lo anterior implicó que no se investigara con la debida diligencia lo alegado por el señor F. y luego por el Ministerio Público, de que la niña M "podría haber sido víctima de un acto de tráfico de niños". Con base en lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó el artículo 2, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Americana, en perjuicio del señor F. y su hija."
"La "venta" de un niño o niña no estaba impedida o prohibida penalmente sino que se sancionaban otros supuestos de hecho, como por ejemplo, el ocultamiento o supresión de la filiación. Dicha prohibición no satisface lo establecido por el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptar todas las medidas necesarias para impedir la "venta" de niños cualquiera sea su forma o fin. La obligación de adoptar todas las medidas para impedir toda "venta", incluyendo su prohibición penal, está vigente desde el momento en que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. La obligación de prohibir penalmente toda venta de niños y niñas ha sido afirmada por el Estado al ratificar, el 25 de septiembre de 2003, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. En esa ocasión, Argentina realizó, entre otras, una declaración interpretativa indicando su preferencia por una definición más amplia de venta que aquella prevista en el Artículo 2 del Protocolo, señalando además que "la venta de niños debe ser penalizada en todos los casos y no solo en aquellos enumerados en el artículo 3 párrafo 1.a del Protocolo mencionado.
"La restitución, que le va a otorgar su identidad, su origen y su cultura, es un acto de reparación integral, es su interés superior y la única manera de revertir las violaciones de derechos humanos sufridas por la niña y por su padre. El proceso de vinculación debe estar guiado e implementado por uno o más profesionales expertos en la materia. El Estado debe designar inmediatamente a dicho experto o establecer el equipo, y en este último caso, nombrar a una persona responsable del mismo quien, sin demoras, deberá realizar e implementar un plan de trabajo. Asimismo, el Estado debe garantizar la imparcialidad e idoneidad del o los expertos que participen en el proceso de vinculación, quienes además deben conocer la presente Sentencia así como las demás circunstancias relevantes sobre lo ocurrido al señor F. y su hija."
GUARDA DE LOS MENORES DE EDAD
Guarda de los menores de edad. Guarda judicial de los abuelos. Establecimiento de obra social para el nieto. Obligatoriedad de acatar lo dispuesto en la sentencia. Disposiciones administrativas invocadas en contra de otras de orden jerárquico superior. Improcedencia del recurso interpuesto.
"R., F. N. s. guarda judicial amplia"
Cám. Familia y Sucesiones, Sala II, San Miguel de Tucumán (Tucumán), 13/12/11.
"La guarda es un elemento esencial del ejercicio de autoridad parental, con las características de la autoridad y cuidado de los padres y el derecho-deber de convivir con los hijos, pero no se puede negar la realidad de que ese nivel de protección y cuidado no siempre es brindado por parte de los progenitores y son, otras personas, "terceros" quienes ejercen la custodia de los menores".
"Hoy en la dinámica de la sociedad, con respecto a las guardas de hecho la figura del "tercero", entendida como tal, la de aquellos que no son los progenitores del menor, ha tomado una especial preponderancia y, en especial, la de los familiares directos, en aquellos casos donde hay adolescentes o niños cuya protección no está asegurada. En efecto, las dificultades que tienen los jóvenes para su inserción laboral, impiden que como progenitores puedan cumplir con la satisfacción de las necesidades inmediatas de su prole, sea adquirir o alquilar una vivienda, hacer frente a los gastos de educación y salud, brindar o contar con beneficio o coberturas sociales adecuadas.
En esta idea, referimos que el rol de los abuelos en las relaciones familiares, tiene una especial relevancia para una importante franja de la población, no sólo concurriendo como obligados legales subsidiarios de prestaciones alimentarias sino, verdaderamente, actuando como complemento en la satisfacción de las necesidades no cubiertas de muchos niños y adolescentes, en tantos otros casos".
"La guarda debe ser discernida judicialmente luego de valorar la conveniencia y el Superior Interés de los niños, que es el principio rector de toda decisión que involucra a los mismos".
"La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. XI que: "... Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda, y la asistencia médica, a su vez en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, art. 10 se estableció: "... Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños adolescentes, sin discriminación alguna por razón den filiación o cualquier otra condición...".
"La sentencia dictada el 01/06/10, dispone en su parte resolutiva otorgar la guarda legal en forma amplia en lo que hace a la obra social a la Sra. María C. Ibarreche de Barros y al Sr. Martin W. H. Barros, concediéndose a los mismos la protección, cuidado, alimentación y educación al menor F. R.".
"Dictada la resolución judicial, donde en el proceso cumplido conforme la normativa formal que hoy rige (art. 570 inc. 3 y s.s. del CPCCT) inciso que se refiere a "Las designaciones de Tutores y Curadores", pero que es claro que se aplica también a la designación de guardador, se dispone otorgar la guarda de menores de edad al actor en la causa, a los demás miembros de la colectividad, sean personas físicas o ideales, públicas o privadas, sólo les cabe reconocer dicho pronunciamiento en cuanto les corresponda. Así por ejemplo, los organismos educacionales no podrán poner en duda la figura del tutor en sede escolar, los órganos administrativos estatales cumplimentar lo que por ley corresponda (por ej. liquidación de asignaciones familiares en caso de ANSES), y eventualmente, como en el caso de autos, las empresas que brindan servicios de salud, o incluso las obras sociales estatales no pueden desconocer el alcance del pronunciamiento o las obligaciones que de él se desprendan".
"Ahora bien, nos preguntamos: ¿no es una consecuencia la incorporación del niño F. N. R. a la obra social que se deriva de la solicitud de Guarda Legal con Fines Asistenciales? (fs. 17 vta.). Si no fuera así, si la guarda no llevara como contenido los beneficios de la seguridad social, aquella no tendría contenido.
Para asistir a un nieto en las demás necesidades, que de hecho lo hacen, no necesitan los actores una decisión judicial. Es, precisamente, el Juez quien debe merituar en qué consiste aquel, para el caso que tiene a fallo, y pueda darse que, para niños distintos en casos análogos, el superior interés de los mismos, tenga soluciones distintas. Tal postulado legal de rango constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) deviene de la Convención de los Derechos del Niño. Puntualmente el art. 3 de la misma establece que "... 1) En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial ya que atenderán el Interés Superior del Niño- 2) Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas...".
"Entendemos que no puede el IPSST con sus disposiciones administrativas tornarse fuente de derecho contraventor de normas jerárquicas superiores e irrenunciables en su aplicación por ser supranacionales. El instituto de guarda tiene un fin esencial cual es la protección del menor, y pretender que en el desenvolvimiento de la vida en sociedad no pueda tener particularidades o aristas que las resoluciones internas del IPSST no contemplan, implican virtualmente colocar a dichas disposiciones administrativas en un rango que la ley y el ordenamiento jurídico no le reconocen".
Fuente: Rubinzal Culzoni online,
Boletín Diario del 07/05/2012.
Cita: RC J 2772/12
ABOGADO DEL NIÑO. REPRESENTACION PROCESAL.
Abogado del Niño. Representación procesal. Carencia de recursos pecuniarios. Ministerio Pupilar. Asesor de Menores e Incapaces. Incompatibilidad de funciones. Defensor Oficial.
"R., J. M. y otros s. Protección de persona" CApel. Civil y Comercial, Sala III, 19/4/12 "El derecho de los niños y adolescentes a ser asistidos por un abogado preferentemente especializado en derecho de niñez desde el inicio del proceso judicial o administrativo que lo incluya (inc. c, art. 27, Ley 26061), implica la elección de un abogado que ejerza la defensa técnica de los intereses del niño, de manera diferenciada de las pretensiones de los representantes legales (Ministerio Pupilar) de este último. Ello así, en el caso, se revoca la designación de un Asesor de Incapaces como "abogado del niño", debiendo designarse en dicho rol al Defensor Oficial Civil que corresponda, atento que el menor no cuenta con recursos económicos necesarios como para solventar un abogado de la matrícula (inc. c, art. 27, Ley 26061 y Decreto Reglamentario 415/2006)". "Resulta incompatible que un Asesor de Incapaces defienda en un mismo proceso los intereses particulares del niño en el rol de abogado del niño y, por otro lado, por intermedio de otro Funcionario en el rol de Asesor, dictamine de acuerdo a lo que el percibe como más conveniente para el niño, es decir dictamine conforme a derecho y al interés superior del niño (art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño), pues ello resulta insuficiente para proveer al niño la participación activa mediante una defensa técnica especializada, como la que dispone el art. 12.2, Convención sobre los Derecho del Niño".
Fuente: Rubinzal on line, Boletín Diario del 26/04/2012.
Cita: RC J 2607/12
FALLOS SOBRE UNIONES DE HECHO
Uniones de hecho. Efectos patrimoniales. Entre los integrantes de la pareja. Inmuebles. División de bienes. Improcedencia. Aportes. Falta de acreditación.
El concubino que pretende la división de bienes -invocando la figura de la disolución de una sociedad irregular, el enriquecimiento injustificado o la división de condominio-, tiene la carga de probar que contribuyó patrimonialmente a formar esa titularidad, siendo insuficiente a los fines de la acreditación concreta de los aportes realizados a la sociedad de hecho, la invocación de tener ingresos. En el caso, cabe rechazar la demanda por división de bienes intentada por la ex concubina, por cuanto la actora no probó los aportes dinerarios o de otra naturaleza que efectuó durante la existencia de la unión de hecho y sólo se limitó a acreditar que era titular de una agencia de quiniela pero no que esos fondos o parte de ellos fueron destinados a la compra del inmueble cuya división pretende.
Quintero Vila, Silvia vs. Rodríguez, Fernando s. División de bienes /// Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza Mendoza; 13-12-2011, RC J 1878/12
Fuente: Rubinzal-Culzoni Editores. Boletín Diario viernes 30 de marzo de 2012.
1) Restitución internacional de menores
Menores. Restitución internacional de menores. Procedencia
"E., S. vs. G., A. V. s. Restitución internacional de hijo"
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, 18/4/12.
"Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, ordenar la restitución internacional del menor a su país de residencia habitual, por cuanto el traslado de un hijo menor de edad a la Argentina, efectivizado unilateralmente por la madre sin el conocimiento ni anuencia del progenitor con quien compartía su custodia -en virtud de sentencia dictada conforme el ordenamiento jurídico del lugar de residencia habitual del niño antes del traslado (Ámsterdam, Holanda)-, es contraria a derecho porque el derecho ne exeat, o poder de veto del progenitor, al estar comprendido dentro del denominado derecho de custodia de los padres (art. 3 e inc. a, art. 5, Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980) le confería autoridad compartida a los fines de determinar el lugar de residencia del niño".
Cita: RC J 4346/12
©TRIBUNALES EDICIONES 2015

References: artículo 367
 artículo 370
 artículo 372
 resolución 
 resolución 
 artículo 215
 resolución 
 artículo 39
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 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 35
 Artículo 2
 artículo 3
 resolución