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Timestamp: 2019-01-17 02:09:57+00:00

Document:
Embajada de Bolivia en Colombia | Invierta en Bolivia
11/02/2014 /en Invierta en Bolivia /por Oficina Administrativa
Aspectos importantes de la Ley de Inversiones promulgada en fecha 17 de Septiembre de 1990:
Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera.
Se reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o sociedad en que éste participe, los mismos derechos, deberes y garantías que al inversor nacional.
La inversión privada no requiere autorización previa.
Se garantiza el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras sin ninguna otra limitación que las estipuladas en la Ley.
Se permite la propiedad extranjera en un 100%.
Se garantiza un régimen de libertad cambiaria, no existiendo restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías por transferencia de tecnología u otros conceptos mercantiles. Todas las remisiones o transferencias estarán sujetas al pago de tributos establecidos por Ley.
Se garantiza la libre convertibilidad de la moneda. Los agentes económicos están facultados a efectuar sus actos jurídicos, operaciones o contratos tanto en moneda nacional como extranjera.
Se permite contratar libremente seguros de inversión en el país o en el exterior.
Se garantiza la libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos que afecten la salud pública y/o la seguridad del Estado.
Se garantiza la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, así como la libre determinación de precios.
Los inversionistas podrán acordar someter sus diferencias a tribunales arbitrales.
Los inversionistas podrán acogerse a los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional.
Las remuneraciones a empleados y trabajadores serán establecidas entre las partes. Los contratos de trabajo pueden convenirse o rescindirse libremente.
No se reconoce ninguna forma de monopolio privado.
El Estado no avalará ni garantizará contratos de crédito externo ni interno.
Se reconocen las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la modalidad de Riesgo Compartido (Joint Venture) u otras.
Las zonas francas industriales orientadas a la exportación, zonas francas comerciales o terminales de depósito, así como el régimen de internación temporal para la exportación, autorizadas por el Poder Ejecutivo, funcionarán bajo el principio de segregación aduanera y fiscal con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.
Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Grava al valor agregado, añadido, incorporado o creado en cada fase del proceso económico de un bien o servicio. La alícuota del impuesto es del 13% sobre el precio neto de ventas y/o prestación de servicios.
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).- Establecido por la Ley 843, con una alícuota similar a la del Impuesto al Valor Agregado, grava los ingresos que perciben las personas naturales, siempre y cuando los sujetos pasivos no estén alcanzados por el IUE, este impuesto se divide en:
· RC – IVA (Contribuyentes Directos). – Para los contribuyentes directos, es decir aquellos que tienen actividad en calidad de independiente, su pago es trimestral. La alícuota del impuesto es del 13% sobre el monto total de ingresos percibidos.
· RC – IVA (Agentes de Retención.).- Responsables Directos, que por mandato de Ley se inscriben como agentes de retención es decir, aquellas personas jurídicas o naturales que tienen dependientes, a quienes deben exigir la presentación de facturas mediante el Formulario 87, o caso contrario retenerles el impuesto correspondiente. La alícuota del impuesto es del 13% sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas.
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).- Grava las utilidades anuales de las empresas públicas y privadas, empresas unipersonales, profesionales independientes, oficios y otras.
· Para las Empresas, grava la utilidad neta (utilidad bruta menos gastos deducibles). Pagan el IUE todas las empresas públicas y privadas, inclusive las empresas unipersonales. No pagan este impuesto el Gobierno Nacional, los Gobiernos Municipales, las universidades públicas y las asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro. La alícuota del impuesto es del 25% sobre las utilidades netas.
· Para Profesionales Independientes u Oficios, grava la utilidad presunta, 50% del monto total de los ingresos percibidos, deducidos el IVA declarado y pagado durante la gestión a declararse. Pagan las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente, incluyendo notarios de fe pública, oficiales de registro civil, comisionistas, factores y corredores de comercio. No pagan el IUE las profesiones independientes u oficios desarrollados en relación de dependencia. La alícuota del impuesto es del 25% sobre la utilidad neta presunta.
· Para Beneficiarios del Exterior, grava las utilidades de fuente boliviana remitidas al exterior y las actividades parcialmente realizadas en el país. Pagan este impuesto las personas naturales y jurídicas que remitan las rentas referidas y las sucursales de empresa que efectúan actividades parciales en el país. La tasa efectiva de aplicación es del 12.5% para beneficiarios del exterior (rentas de fuente boliviana);4% para actividades parcialmente realizadas en el país; y 1,5% por remesas al exterior correspondientes a actividades parcialmente realizadas en el país.
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).- Impuesto de dominio nacional que grava sobre las ventas en el mercado interno de hidrocarburos y la importación de sus derivados. Se aplican tasas específicas por unidad de medida, actualizables anualmente en función a la variación de la cotización del dólar estadounidense respecto al boliviano.
Impuesto Complementario a la Minería (ICM).- Impuesto de dominio nacional, el mismo que se aplica sobre las actividades mineras clasificadas en prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y refinación, comercialización de minerales y metales. La alícuota se determina periódicamente por el Viceministerio de Minería mediante Resolución Expresa. La base imponible es el valor bruto de venta.
Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).- Grava la importación o venta de cierto tipo de bienes considerados prescindibles y de demanda relativamente rígida: cigarrillos y tabacos, vehículos automotores, bebidas refrescantes, cerveza, chicha de maíz, vinos y bebidas alcohólicas. Se aplican tasas porcentuales o específicas, según el tipo de producto.
Impuesto a las Transacciones (IT).- Impuesto a las transacciones, que grava los ingresos brutos devengados y las transmisiones de bienes muebles, inmuebles o derechos en los casos determinados por Ley. La alícuota del impuesto es del 3% sobre el monto de la transacción.
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).- La Ley N° 2646 de 1° de abril de 2004, crea con carácter transitorio el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, para ser aplicado durante 24 meses. Es un impuesto que se aplica a las operaciones financieras. Estas operaciones financieras se agrupan en:
a) Créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro
b) Pagos o transferencias de fondos
c) Adquisición de cheques u otros instrumentos financieros existentes o por crearse
d) Entrega del dinero cobrado o recaudado
e) Transferencias o envíos de dinero, al exterior o interior del país a través de Entidades Financieras u otras entidades
f) Entrega o recepción, de fondos propios o de terceros a través de otros sistemas de pago.
Pagan este impuesto todas la personas titulares o propietarios de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las que realizan pagos o transferencias de fondos, las que adquieren cheques o similares, las beneficiarias de la recaudación o cobranza, las que instruyan las transferencias o envíos de dinero y las que operen otros sistemas de pagos. Es un impuesto transitorio, el cual tiene las siguientes alícuotas:
· Primer año: Del 0,30 % (hasta el 30/06/05)
· Segundo año: Del 0,25 % (hasta 30/06/06)
Impuesto a las Transmisiones Gratuitas de Bienes (ITGB).- Impuesto creado para gravar la obtención de bienes en forma gratuita ya sea a través de sucesiones o por transmisiones entre vivos, tales como donaciones o legados. Las alícuotas correspondientes son del 1% para padres, hijos y cónyuge; 10% para hermanos y descendientes; y 20% para colaterales, legatarios.
Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT).- Impuesto de dominio municipal que grava las transferencias eventuales a título oneroso de bienes inmuebles o vehículos automotores. La alícuota del impuesto es del 3% sobre el monto total de la transferencia.
Impuesto a la Propiedad de Bienes (IPB).- Impuesto de dominio municipal que grava a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. La alícuota del impuesto varía según las características y valor de la propiedad.
Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE).- Lo pagan las personas físicas bolivianas o extranjeras residentes en el país que realicen viajes al exterior por vía aérea. La alícuota es de Bs. 120.
Gravamen Arancelario Consolidado (GAC).- Para importaciones, con un arancel general de 10% y de 5%; o de 0% para bienes de capital y productos sujetos a acuerdos comerciales.
http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png 0 0 Oficina Administrativa http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png Oficina Administrativa2014-02-11 21:45:042015-11-05 15:15:26Marco jurídico
Bolivia ofrece las siguientes ventajas al inversionista:
• Tiene un sistema democrático y representativo, con un sistema político y económico estable.
• Crecimiento sostenido de la economía.
• La tasa de inflación en los últimos 15 años se encuentra entre las más bajas de América Latina.
• Bolivia está situada en el corazón del continente sudamericano.
• Posee una situación estratégica que le da fácil acceso a los países limítrofes.
• Bolivia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN) y miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Ésto implica acceso a un mercado potencial de más de 270 millones de habitantes.
• Es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
• Tiene acceso preferencial a los mercados norteamericano y europeo, con status de país “más favorecido” a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
Excelentes incentivos a la inversión
• El inversionista extranjero tiene los mismos derechos, deberes y garantías que los inversionistas nacionales, además de tener el derecho a la propiedad.
• Se garantiza un régimen de libertad cambiaria, no existiendo restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías por transferencia de tecnología y/u otros conceptos comerciales.
• Se garantiza la libertad de producción, comercialización, importación y exportación de bienes y servicios, así como la libre determinación de precios.
• Los exportadores de bienes y servicios reciben la devolución de impuestos internos y aranceles pagados sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación.
• Bolivia tiene un sistema tributario atractivo y simple.
• Por convenios internacionales recíprocos con muchos países, el pago de impuestos a las utilidades en Bolivia evita la doble tributación en el extranjero.
• Los impuestos más importantes son:
• IVA – Impuesto al Valor Agregado (13%).
• IT – Impuesto a las Transacciones ( 3% no deducible).
• IU – Impuesto a las Utilidades (25% pagadero anualmente).
Infraestructura productiva y para la exportación
• Zonas francas industriales y comerciales, así como un Régimen de Internación Temporal para la Exportación (RITEX). Éstas tienen la facultad de funcionar bajo el principio de segregación aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.
• Fuerza laboral abundante y competitiva, de bajo ausentismo y baja rotación, con excelente destreza manual y de fácil entrenamiento. Excelentes recursos humanos a nivel gerencial y técnico.
• Bolivia cuenta con una creciente infraestructura, grandes reservas de gas natural, petróleo, agua y electricidad, transporte carretero, ferrocarriles, líneas aéreas y un moderno sistema de telecomunicaciones.
• Grandes reservas de recursos naturales minerales y metales (Oro, plata, antimonio, cobre, zinc, plomo, estaño, azufre, potasio, litio, boratos y piedras semipreciosas).
• Recursos forestales de finas y exóticas maderas. Bolivia posee una de las extensiones más grandes de bosques naturales certificados en el mundo.
• Dos tercios del país son zonas tropicales y más del 75% es terreno fértil apto para la agricultura, donde se producen gran variedad de productos agrícolas, frutas tropicales y vegetales.
• Los lagos y ríos poseen una amplia variedad de peces, con gran potencial industrial y existen variedades exclusivas de hierbas y plantas medicinales.
• Existen climas ideales para la crianza de camélidos (alpaca y llama) y angora para la producción de una variedad de finas fibras de alta calidad reconocidas mundialmente.
• Hay más de 1,300 atracciones turísticas identificadas en el país con potencial de desarrollo.
http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png 0 0 Oficina Administrativa http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png Oficina Administrativa2014-02-11 21:43:532015-11-05 15:16:37Ventajas de invertir
Los requerimientos genéricos para invertir en Bolivia se hallan tipificados en cinco pasos fundamentales que el inversionista debe realizar. Ellos son:
• Constitución legal de la empresa en Bolivia.
• Inscripción en el Servicio Nacional de Impuestos Internos.
• Inscripción en el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.
• Inscripción en la Municipalidad.
• Inscripción en la Cámara del sector respectivo.
Paso 1: Constitución Legal de la Empresa en Bolivia
La constitución de una empresa deberá realizarse ante Notario de Fe Pública y deberá contemplar los siguientes datos:
• Lugar y fecha de constitución.
• Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y dirección de las personas naturales o jurídicas.
• Nombre y dirección de la Empresa.
• Giro o Razón Social.
• Monto de acciones o cuotas de capital.
• Plazo de duración.
• La manera en que se llevará a cabo la organización y el control de la empresa, así como los nombres de los representantes legales.
• La manera en la que el directorio convocará, constituirá, tratará y tomará decisiones en las asambleas generales de accionistas.
• Previsiones para reservas.
• Derechos y obligaciones de los accionistas.
• Disolución, liquidación y arbitraje.
Paso 2: Inscripción en el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII)
Mediante poder expreso, o mediante resolución de directorio, se nombra uno o varios apoderados legales que se constituyen en el Servicio Nacional de Impuestos Internos, o en las Direcciones Regionales en el interior del país, para inscribir a la sociedad en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC); para éste cometido, se deberán presentar los siguientes documentos:
• Llenado del formulario 3014 que se recaba en el mismo SNII
• Presentación de la siguiente información y/o documentación:
• Escritura de Constitución de la Sociedad
• Carnet(s) de Identidad del (de los) representante(s) legal(es)
• Recibo de pago de energía eléctrica o agua, que certifique el domicilio de la empresa
La entrega del certificado RUC es inmediata, si se cumplen los requisitos indicados.
Una vez obtenido el certificado RUC, la empresa, tiene 20 días para presentar su balance de apertura, que indica el inicio de actividades.
Paso 3: Inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
Los requisitos para la inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones del Viceministerio de Industria y Comercio Interno son los siguientes, según el tipo de sociedad que se vaya a constituir:
• Archivador Rápido
• Memorial de solicitud y copia
• Certificado de inscripción en el SNII
• Balance de Apertura
• Depósito oficial
• Llenado de Formulario 2, del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
Sociedad de Responsabilidad Limitada Colectiva
• Archivador de Palanca
• Certificado de inscripción en el SNII (RUC)
• Testimonio de Constitución (2 ejemplares)
• Testimonio de Poder con designación del Representante Legal (2 ejemplares)
• Publicación del Testimonio de Constitución (2 ejemplares, páginas completas)
• Llenado de formularios 2 y 2ª del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
• Acta de Fundación
• Certificado de depósito (25% del capital suscrito, o en su defecto, 50% del capital autorizado)
• Llenado de formularios 2, 2A y 2B, del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
En adición a los documentos exigidos a las Sociedades por Acciones, éstas empresas deben cumplir con los requisitos exigidos por el Código de Comercio.
Una vez cumplidos con los requisitos exigidos para cualquier tipo de sociedad, el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, emitirá una resolución administrativa y otorgará una Matrícula de Funcionamiento. A partir de la entrega de dicha Matrícula, existe un plazo de 30 días para que la empresa se inscriba en la Cámara de su Sector.
Paso 4: Inscripción en la Municipalidad
Cada municipio tiene sus propios requisitos de inscripción en el Padrón Municipal.
En el caso de La Paz, se debe recabar el formulario 104 del Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC). Una vez presentado, la empresa registra los bienes inmuebles y vehículos de su pertenencia y la actividad a la que se dedica, sobre los que pagará el impuesto respectivo. La Honorable Alcaldía otorgará la Licencia de Funcionamiento correspondiente.
Paso 5: Inscripción en la Cámara del Sector Respectivo
Dependiendo del sector en el que las empresas vayan a desarrollar su actividad, se inscribirán en una de las cámaras correspondientes. Las mismas agrupan a empresas dentro de los distintos sectores y en cada región del país. Estas agrupaciones otorgan ventajas y beneficios a sus asociados.
La Cámara Nacional de Industria agrupa a las empresas industriales en tres categorías. Para ser asociados de ésta institución, se deben seguir los siguientes pasos:
• Llenado del formulario de solicitud
http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png 0 0 Oficina Administrativa http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png Oficina Administrativa2014-02-11 21:42:352015-11-05 15:18:49Requisitos para invertir
El Régimen Legal para la Inversión Extranjera en Bolivia se enmarca en las leyes siguientes:
Ley de Privatización,
Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE),
Ley Corazón,
Ley del Mercado de Valores,
Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP),
Código de Minería,
Ley de Electricidad,
Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena,
Decisión 292 del Acuerdo de Cartagena,
Nómina de Leyes de Interés para el Inversionista
La Ley marco para la inversión privada en Bolivia es la Ley de Inversiones. El objetivo de la Ley es estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera, para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema que rija tanto para las inversiones nacionales como extranjeras. Puntos salientes de la Ley son los siguientes:
• Garantiza el mismo tratamiento – mismos derechos, obligaciones y garantías – al inversionista nacional y extranjero. La inversión privada, así mismo, no requiere de autorización previa o registro ante entidades de cualquier tipo.
• Garantiza el derecho a la propiedad sin ninguna limitación, con excepción de aquellas estipuladas por la Constitución y/o leyes.
• No existen restricciones al ingreso y salida de capitales o a la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías.
• Garantiza la libre convertibilidad de la moneda y la facultad para efectuar todo tipo de operaciones en moneda nacional o extranjera.
• Garantiza la libertad de contratar seguros de inversión en el país o en el exterior.
• Garantiza la libre importación y exportación de bienes y servicios.
• Garantiza la libre determinación de precios y la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios.
• Garantiza la libertad de someter diferencias contractuales a tribunales arbitrales.
• Garantiza la libertad de negociar y establecer salarios y beneficios laborales entre las partes (empleadores y trabajadores).
• Garantiza la libertad de realizar inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de contratos de riesgo compartido (joint ventures).
• Zonas francas industriales orientadas a la exportación, zonas francas comerciales y terminales de depósito, así como el régimen de internación temporal para la exportación, tienen la facultad de funcionar bajo el principio de segregación aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.
La Ley, en su Artículo 1, autoriza a las instituciones del sector público a enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas – nacionales y/o extranjeras – o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixta.
Mediante lo expresado en el Artículo 1, el Estado autoriza la privatización de las empresas públicas, abriendo las puertas para que capitales y administración privadas – domésticos o extranjeros – puedan participar y adquirir control de empresas públicas en sectores productivos. La Ley, así mismo, otorga a los trabajadores y empleados de las empresas públicas a ser transferidas al sector privado, la posibilidad de participar en el proceso de privatización mediante la compensación de sus beneficios sociales y/u otras formas de aporte en condiciones a ser definidas para cada una de las empresas objeto del proceso.
Todas las disposiciones descritas en los párrafos anteriores son incentivos a la inversión privada en sectores que tradicionalmente estuvieron cerrados a la participación de intereses privados. Un incentivo adicional creado por la Ley para que las condiciones de inversión mejoren es el establecido en el Artículo 7. En él se establece que los recursos obtenidos por concepto de la privatización, serán destinados a proyectos de inversión en infraestructura económica y social.
La Ley crea el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que mediante Ley sean incorporados al sistema.
El SIRESE, compuesto por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales para cada sector regulado, es un órgano autárquico, con personería jurídica de derecho público, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera.
Entre otras cosas, el SIRESE debe asegurar que las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes de Bolivia puedan acceder a los servicios regulados. Asímismo, debe promover la competencia y la eficiencia de los sectores regulados e investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en los sectores regulados. La Ley delimita prácticas prohibidas que podrían impedir o distorsionar la libre competencia de empresas en los sectores regulados.
La Ley flexibiliza los alcances del Artículo 25 de la Constitución Política del Estado, al modificar las cláusulas concernientes a la prohibición para nacionales extranjeros de realizar distintas actividades privadas dentro de los 50 kilómetros de la frontera nacional, a no ser que dichas actividades sean consideradas de necesidad nacional.
La ley declara a las siguientes actividades de necesidad nacional:
• Construcción y operación de ductos para el transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados;
• Construcción y operación de todo tipo de instalaciones para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad; y
• Construcción y operación de todo tipo de instalaciones para la transmisión de datos, señales, imágenes, sonido e información en general por cualquier medio o sistema de telecomunicaciones.
Esta Ley fomentará la actividad privada extranjera en los sectores mencionados, en una área geográfica que tradicionalmente estuvo cerrada a la participación de intereses privados extranjeros.
El Código regula todas las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Por tanto, están sujetas a las disposiciones de ésta Ley las siguientes actividades:
• La compra de mercaderías o bienes inmuebles destinados a su venta en el mismo estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta;
• La adquisición o alquiler de maquinaria en general o implementos para alquilarlos o subalquilarlos y el alquiler o subalquiler de los mismos;
• La compra venta de una empresa mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de acciones, cuotas o parte interés del fondo social;
• La recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a interés y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente préstamos en dinero a interés;
• La compra o permuta de títulos valores públicos o privados, con el ánimo de negociarlos y el giro, otorgamiento, aceptación o negociación de los mismos;
• Las operaciones de bolsa, de rematadores, el corretaje, las comisiones y la representación o agencias de firmas nacionales o extranjeras;
• Las fianzas, avales y otras garantías otorgadas en actos y operaciones mercantiles;
• La actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la oferta y la demanda pública de recursos financieros, así como las operaciones y servicios de intermediación de las mismas y el cambio de monedas;
• La actividad empresarial de entidades de seguros a prima o mutuos, sobre daños patrimoniales y personas;
• La actividad industrial dedicada a la fabricación de bienes mediante la transformación de materias primas, adquiridas o de propia producción;
• La actividad empresarial de transporte de personas o cosas a título oneroso, cualquiera sea la vía o medio utilizado, así como el ramo de comunicaciones;
• La actividad empresarial de depósito de mercaderías y bienes, así como suministros;
• La actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes;
• La actividad empresarial de publicación de periódicos, editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticias, informaciones y propaganda;
• La actividad empresarial de sanatorios, clínicas, farmacias y otras similares, incluyendo las funerarias;
• La actividad empresarial de construcciones y edificaciones en general, comprendiendo las dedicadas a montajes, instalaciones y otros;
• La actividad empresarial dedicada a la industria extractiva, así como el aprovechamiento y explotación de recursos naturales renovables y no renovables;
• La actividad empresarial de promoción de negocios o de su administración;
• Las empresas privadas de educación y enseñanza organizadas con fines de lucro;
• Las actividades bancarias; y
• Los demás actos y contratos regulados por el Código.
El Código, vigente desde el año 1978, está en proceso de readecuación y se prevé que a fines del año 2000 el país contará con uno nuevo.
Asímismo, muchas de las facultades descritas en el Decreto Ley han sido abrogadas por leyes posteriores (ej., actividades bancarias, bursátiles, seguros, transporte, hospedaje, prensa, exploración y explotación de recursos naturales y renovables, educación, etc). Sin embargo, y debido a que el Código sigue en vigencia, es un documento importante para las actividades del empresario privado.
La Ley tiene por objetivo regular y promover un Mercado de Valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Su ámbito de aplicación se extiende al Mercado de Valores bursátil y extrabursátil, a la oferta pública y a la intermediación de Valores, a las bolsas de valores, las agencias de bolsa, los administradores de fondos y los fondos de inversión, las sociedades de titularización y la titularización, las calificadoras de riesgo, los emisores, las entidades de depósito de valores, así como a las demás actividades y personas naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores del país. Adicionalmente, norma el funcionamiento y atribuciones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), encargada de la fiscalización, control y regulación del Mercado de Valores.
La Ley contiene aspectos interesantes que servirán para promover la actividad bursátil en el país. Un primer incentivo se refiere a los incentivos tributarios creados con el Artículo 117. En él se establece que las ganancias de capital generadas por la compra/venta de acciones a través de la bolsa de valores no estarán gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni por el Impuesto a las Utilidades (IU). Asímismo, las ganancias de capital remesadas al exterior, provenientes de la compra o venta de acciones, están exentas del Impuesto a las Utilidades (IU) a las remesas del exterior por un plazo de 5 años.
Finalmente, el Impuesto a las Transacciones (IT) no se aplica a todo ingreso proveniente de las inversiones en valores. En conjunto, las disposiciones anteriores implican que la tributación a la que normalmente se encuentran sujetos las ganancias de capital y otros ingresos en otros países no se aplican en Bolivia, por lo que el fenómeno de doble tributación – norma estándar en la legislación de otras naciones – no existe en el país.
Un punto positivo adicional se refiere a los incentivos que la Ley crea para la creación de entidades con actividades conexas a la del mercado de valores. Específicamente, la Ley norma y establece parámetros de funcionamiento de entidades de depósito de valores, de calificadoras de riesgo, de sociedades de titularización y de sociedades administradoras de diferentes tipos de fondos de inversión. A mediano plazo, se espera que en respuesta a una mayor actividad bursátil, este tipo de instituciones financieras empiecen a realizar y/o incrementar sus actividades en el país.
La Ley tiene como principales objetivos la creación de mayores oportunidades para los ciudadanos bolivianos de acceder a crédito democratizado y de participar más activamente como inversionistas en mercados financieros, creados por el proceso de capitalización y por la Ley. Para ello, establece:
• Las normas de participación de los bolivianos en las empresas capitalizadas por efecto de la Ley de Capitalización
• La movilización del ahorro y la inversión popular
• La ampliación del microcrédito productivo de servicios y de vivienda y su mejor distribución
• La reforma de la administración de las cooperativas de servicios públicos con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de las mismas
• La expansión de servicios financieros a los municipios
• El fortalecimiento del sistema de intermediación financiera, su reglamentación y supervisión
• La reestructuración y unificación del registro de personas.
De manera general, la Ley contiene disposiciones muy interesantes que deberían incentivar la actividad productiva, particularmente en los sectores marginales de la sociedad. Entre ellas, se debe mencional a la oportunidad ofrecida para que intereses privados puedan participar en el sistema de cooperativas de servicios públicos del país.
La Ley establece que dicha participación podría adquirir diferentes matices, dependiendo de la situación y del tipo de cooperativa en cuestión. La posibilidad de participación privada en sectores que estuvieron tradicionalmente cerrados a la misma, particularmente participación extranjera, es un incentivo a la infusión de capitales privados frescos a sectores que necesitan y dependen de ellos para su supervivencia. Además, los mercados donde operan las cooperativas mas importantes – particularmente en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz – ofrecen atractivos interesantes que deberían incentivar la participación masiva de capitales extranjeros.
La Ley delimita el marco legal en el que se desenvuelven las actividades mineras del país. Establece que los minerales existentes, cualquiera que fuese su origen o forma de yacimiento, pertenecen al dominio originario del Estado boliviano.
Las corporaciones y entidades dependientes de estados y gobiernos extranjeros, con personería de derecho privado, los organismos internacionales multilaterales y las entidades que de ellos dependan, podrán realizar actividades mineras y obtener los mismos derechos contemplados en el marco legal establecido por el Código.
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, puede declarar reserva fiscal a determinadas zonas del país, exclusivamente para la ejecución de catastros mineros, respetando derechos preconstituidos.
Se establece un régimen impositivo minero simple y competitivo, que se aplicará en forma obligatoria a todas las empresas mineras, constituidas o por constituirse en territorio boliviano que extraigan, produzcan, beneficien, refinen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.
En contraposición a disposiciones legales anteriores, el Código tiene la característica de no generar problemas legales (tiene un carácter “no pleitista”), debido a la claridad en sus definiciones, competencia y alcances. Adicionalmente y en forma complementaria, establece principios claros para la ubicación y delimitación de concesiones mineras, por lo que se minimiza la incertidumbre de inversionistas respecto a derechos adquiridos mediante una concesión.
La Ley norma las actividades de la industria eléctrica y establece los principios para la fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el país. Están sometidas a la misma, las personas individuales y colectivas dedicadas al sector.
El Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Viceministerio de Energía, son las entidades cabezas del sector. El Viceministerio de Energía propone normas reglamentarias de carácter general y las mismas son aplicadas por la Superintendencia de Electricidad – parte del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Para realizar actividades en la industria eléctrica, las empresas extranjeras deben conformar subsidiarias, mediante la constitución en Bolivia de una sociedad anónima, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio. Se exceptúan las sucursales de empresas extranjeras existentes que sean titulares de una concesión otorgada por la Dirección Nacional de Electricidad, con anterioridad a la promulgación de esta Ley.
Las empresas eléctricas en el sistema interconectado nacional deben estar desagregadas en empresas de generación, transmisión y distribución y dedicadas a una sola de estas actividades.
La transmisión en el sistema interconectado nacional opera bajo la modalidad de acceso abierto. Esta modalidad permite a toda persona individual o colectiva, que realice actividades en la industria eléctrica, utilizar las instalaciones de las empresas de transmisión para el transporte de electricidad de un punto a otro, sujeto al pago de una tasa.
En los sistemas aislados (aquellos que no son parte del sistema interconectado nacional), las actividades de generación, transmisión y distribución pueden estar integradas en una sola entidad.
Requieren concesiones de servicio público, las actividades de distribución y las que sean desarrolladas en forma integrada en sistemas aislados.
Requieren licencia las actividades de generación, cuando la potencia sea superior a los mínimos establecidos en el reglamento, así como la transmisión y la transmisión asociada a la generación.
• La producción de electricidad con destino al suministro a terceros o al uso exclusivo del productor, que se realice por debajo de los límites establecidos en reglamento.
• La distribución ejercida por un autoproductor y que no constituya servicio público.
• Las que se realicen en forma integrada en sistemas aislados, cuyas dimensiones estén por debajo de los limites establecidos en reglamento.
El Decreto Supremo 24043 enmarca el Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico, el Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, el Reglamento del Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de Servidumbres, el Reglamento de Precios y Tarifas, el Reglamento de Calidad de Distribución y el Reglamento de Infracciones y Sanciones.
La Ley establece las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones. Ellas comprenden la transmisión, emisión y recepción, a través de una red pública o privada, de señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza, o aplicaciones que faciliten los mismos, por cable o línea física, radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, de cualquier índole o especie.
Están sujetos a la Ley las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras, que realicen las actividades mencionadas, originadas o terminadas en territorio nacional.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Económico son las entidades encargadas de ejercer funciones relativas al sector de telecomunicaciones. El Poder Ejecutivo reglamenta el sector, estableciendo normas de carácter general para su aplicación por la Superintendencia de Telecomunicaciones – parte del sistema SIRESE.
La Provisión de servicios de telecomunicaciones al público o la operación de una red pública de telecomunicaciones, requiere la otorgación de una concesión a través de la firma de un contrato entre el titular de la concesión y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Las disposiciones referentes a la promoción de la competencia y eficiencia del sector y al control de conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias – todas descritas en la Ley SIRESE – se aplican al sector de telecomunicaciones.
La Ley establece que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos a intereses privados u otros.
El derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ella, para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, necesariamente celebrará contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.
El transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes, será objeto de concesión administrativa, por tiempo limitado, a favor de personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, por la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Se garantiza la libre importación, exportación y comercialización interna de los hidrocarburos y sus productos derivados. Asímismo, las controversias que pudieran suscitarse entre las partes firmantes de un contrato de riesgo compartido, podrán ser sometidas a tribunales arbitrales.
Cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, podrá ser, simultáneamente, participante con YPFB en uno o más contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.
Las tarifas para el transporte de hidrocarburos y sus derivados por ductos y para la distribución de gas natural por redes, serán aprobadas por la Superintendencia de Hidrocarburos bajo los principios de: minimizar costos a los usuarios; permitir a los concesionarios recibir ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos operativos, impuestos – con excepción del Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior – depreciaciones y costos financieros y obtener una tasa de retorno adecuada y razonable sobre su patrimonio neto; e incentivar a los concesionarios para que puedan mejorar la eficiencia de sus operaciones (Artículo 34).
La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintendencia de Hidrocarburos y el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.
Las patentes anuales para los contratos de riesgo compartido en las actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, en áreas calificadas como tradicionales, a ser pagadas por YPFB y repuestas por los concesionarios en moneda nacional con mantenimiento de valor, es la siguiente:
• Del primer año al tercer año inclusive, Bs. 2.50 por hectárea;
• Del año cuarto al año quinto inclusive, Bs. 5.00 por hectárea;
• Del sexto año al año séptimo inclusive, Bs. 10.00 por hectárea; y
• Del año octavo en adelante, Bs. 20.00 por hectárea.
• Las patentes para las áreas calificadas como no tradicionales se establecen en el 50% de los valores señalados para las áreas tradicionales.
Sobre la participación de YPFB y las regalías correspondientes, ellas son las siguientes:
• Una participación departamental denominada regalía, equivalente al 11% de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera en beneficio del departamento donde se origina la producción.
• Una regalía nacional compensatoria del 1% de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera a los departamentos de Beni y Pando.
• Una participación a favor de YPFB del 6% de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, que será transferida al Tesoro General de la Nación, luego de deducir el monto necesario para cubrir el presupuesto aprobado de YPFB para la administración de los contratos.
De acuerdo a la Ley, el régimen de patentes y regalías, durante la vigencia de los contratos de riesgo compartido, se mantendrá estable.
La Ley regula las acciones del hombre con respecto a la naturaleza y promueve el desarrollo sostenible en territorio boliviano, prohibiendo la introducción de materiales radioactivos en depósito o tránsito por territorio nacional.
Las obras, proyectos, actividades públicas o privadas con carácter previo a la fase de inversión, si así lo requieren, deben contar obligatoriamente con la identificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a su ejecución, deberán contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental procesada por los organismos sectoriales, expedida por el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
El Estado boliviano garantiza el derecho de uso de particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre y cuando no perjudique el interés colectivo y asegure el uso sostenible de los mismos.
La industria forestal debe estar orientada a favorecer los intereses nacionales, potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado de las especies. Las empresas madereras deben, mediante programas de forestación industrial, reponer los recursos madereros extraídos de los bosques.
DECISION 291: Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Tratamiento de Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
Define la Inversión Extranjera Directa, al Inversionista Nacional, al Inversionista Subregional, al Inversionista Extranjero, a la Empresa Nacional, la Empresa Mixta, la Empresa Extranjera, el Capital Neutro y la Reinversión.
Estipula los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros, la potestad de los Países Miembros a designar al organismo u organismos nacionales competentes en la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras, a los que hace referencia éste régimen.
Establece el marco legal para los contratos de marcas o patentes, transferencias de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos, así como el tratamiento a las inversiones de la Corporación Andina y de las entidades con opción al tratamiento del capital neutro.
DECISION 292: Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Uniforme para las Empresas Multinacionales Andinas.
Define a la Empresa Multinacional Andina y establece los requisitos, la constitución, el funcionamiento y el tratamiento de la misma.
Establece que las empresas de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) deberán constituirse como sociedades anónimas, con sujeción al procedimiento previsto en la legislación nacional correspondiente y agregar a su denominación las palabras: “Empresa Multinacional Andina” o las iniciales EMA.
Los aportes de inversionistas extranjeros y subregionales se harán en moneda libremente convertible, o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes, piezas, materias primas o productos intermedios provenientes de cualquier país distinto al país de origen; o en moneda nacional proveniente de recursos con derecho a ser remitidos al exterior. También podrán realizarse aportes en la forma de contribuciones tecnológicas intangibles, bajo las mismas condiciones que se establezcan para los inversionistas extranjeros.
Las empresas multinacionales andinas y sus sucursales gozarán de un tratamiento no menos favorable que el establecido para las empresas nacionales, en materia de preferencias, para las adquisiciones de bienes o servicios del sector público. Los aportes destinados al capital circularán libremente dentro de la subregión, cuando los aportes consistan en bienes físicos o tangibles. El País Miembro de origen y el del domicilio principal, permitirán su exportación e importación libre de gravámenes, restricciones y obstáculos, siempre que dichos bienes cumplan con las normas subregionales de origen.
Las EMAs tendrán acceso a los mecanismos de fomento a las exportaciones en las mismas condiciones previstas para las empresas nacionales. Asímismo, podrán utilizar los sistemas especiales de importación y exportación establecidos en la legislación nacional del País Miembro del domicilio principal y de la sucursal.
Podrán participar en los sectores de la actividad económica reservados para las empresas nacionales, de conformidad con las respectivas legislaciones de los países miembros.
Las sucursales de las empresas multinacionales andinas tendrán derecho a transferir al domicilio principal, en divisas libremente convertibles, la totalidad de sus utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago de los impuestos correspondientes.
Los inversionistas extranjeros y subregionales en una empresa multinacional andina, tendrán derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, la totalidad de las utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago de los impuestos correspondientes.
En materia de impuestos nacionales internos, gozarán del mismo tratamiento establecido o que se estableciere para las empresas nacionales en la actividad económica que desarrollen. Con el fin de evitar situaciones de doble tributación, se observarán, además de las disposiciones establecidas en la Decisión 40 y normas complementarias, las siguientes reglas:
• El país miembro del domicilio principal, no gravará con los impuestos a la renta y a las remesas la parte de los dividendos distribuidos por la empresa multinacional andina, que correspondan a las utilidades obtenidas por sus sucursales instaladas en los demás países miembros.
• En el país miembro del domicilio principal, no se gravará con el impuesto a la renta la redistribución que realice la empresa inversionista de la parte de los dividendos percibidos por la empresa multinacional andina, que corresponda a las utilidades obtenidas por las sucursales de ésta última instaladas en los demás países miembros.
• En los países miembros distintos al del domicilio principal, no se gravará con el impuesto a la renta la redistribución que realice la empresa inversionista de los dividendos percibidos por la empresa multinacional andina.
Leyes de interes para el Inversionista
• Ley de Inversiones: Ley 1182 del 17 de Septiembre de 1990
• Ley de Privatización: Ley 1330 del 24 de Abril de 1992
• Ley de Capitalización: Ley 1544 del 21 de Marzo de 1994
• Ley de Propiedad y Crédito Popular: Ley 1864 del 15 de Junio de 1998
• Ley del Mercado de Valores: Ley 1834 del 31 de Marzo de 1998
• Ley de Pensiones: Ley 1732 del 29 de Noviembre de 1996
• Ley de Seguros: Ley 1883 del 25 de Junio de 1998
• Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte: Ley 1874 del 22 de Junio de 1998
• Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE): Ley 1600 del 28 de Octubre de 1994
• Ley de Hidrocarburos: Ley 1689 del 30 de Abril de 1996 y decreto reglamentario
• Ley de Electricidad: Ley 1604 del 21 de Diciembre de 1994 y decreto reglamentario
• Ley de Telecomunicaciones: Ley 1632 del 5 de Julio de 1995 y decreto reglamentario
• Código de Minería: Ley 1777 del 15 de Marzo de 1997 y decreto reglamentario
• Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715 del 18 de Octubre de 1996
• Ley Forestal: Ley 1700 del 12 de Julio de 1996
• Ley del Medio Ambiente: Ley 1333 del 27 de Abril de 1992
• Ley sobre el Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones: Ley 1484 del 6 de Abril de 1993
• Ley sobre el Tratamiento Impositivo de las Exportaciones: Ley 1489 del 16 de Abril de 1993
• Ley de Bancos y Entidades Financieras: Ley 1488 del 14 de Abril de 1993
• Ley del Banco Central de Bolivia: Ley 1670 del 31 de Octubre de 1995
• Ley de Reforma Tributaria: Ley 843 del 28 de Mayo de 1986
• Modificación a la Ley de Reforma Tributaria: Ley 1606 del 22 de Diciembre de 1994 y decretos reglamentarios
• Ley de Derechos de Autor: Ley 1322 del 13 de Abril de 1992
• Ley de Exenciones para Industrias Instaladas en Oruro: Ley 876 del 25 de Abril de 1986
• Ley de Exenciones para Industrias Instaladas en Potosí: Ley 877 del 2 de Mayo de 1986
• Ley General del Trabajo (sin número): del 8 de Diciembre de 1942
• Código de Comercio: Decreto Ley 14379 del 25 de Febrero de 1977
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http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png 0 0 Oficina Administrativa http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png Oficina Administrativa2014-02-11 21:40:182015-11-05 15:19:39Régimen legal
Los sectores económicos más atractivos para la inversión en Bolivia son la joyería, agroindustria, el sector energético, el sector financiero, el sector manufacturero, telecomunicaciones, transportes y turismo. A continuación encontrará información general sobre cada uno de estos sectores.
Bolivia, país minero por tradición, cuenta con enormes recursos de materia prima para la industria joyera. Posee grandes yacimientos mineros que permiten el abastecimiento de oro, plata, cobre, estaño y otros, así como significativos yacimientos de piedras preciosas y únicas en el mundo que ofrecen oportunidades amplias de inversión que aún no han sido explotadas.
Existen empresas (nacionales y extranjeras) en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, dedicadas a la producción de joyas y bisutería para la exportación.
Cooperativas de los departamentos altiplánicos (La Paz, Oruro y Potosí) proveen de oro y plata a los orfebres y joyeros industriales, quienes combinan tecnología de punta y una habilidad innata, para producir joyas con calidad suficiente para ser comercializadas en el exterior.
La producción agrícola, pecuaria y sus productos derivados, es muy variada y se encuentra sujeta a características especiales y a condiciones determinantes. El clima y la precipitación pluvial son dos de las condiciones que juegan un papel importante en los cultivos y en la crianza de ganado. En Bolivia, se distinguen tres grandes regiones con características climáticas diferentes.
• El Altiplano, con una altitud media 3,799 metros sobre el nivel del mar y una precipitación media de 442 mm.
• Los Valles, con una altitud media de 2,790 metros sobre el nivel del mar y una precipitación media de 515 mm.
• Los Llanos, con una altitud media de 814 metros sobre el nivel del mar y una precipitación media de 1,324 mm.
Al interior de éstas grandes regiones se encuentran 14 sub-regiones con características particulares y con un patrón de producción definido.
En el altiplano norte se produce maíz, quinua y tubérculos y se cría ganado ovino y camélidos. En los valles se cultivan grandes terrenos de vegetales y frutas; asimismo, se cría ganado bovino lechero. En los llanos de Santa Cruz se cultiva algodón caña de azúcar, soya, y otros productos similares. Esta zona presenta grandes zonas de pastoreo para la crianza de ganado bovino
La agricultura en Bolivia se desarrolla a través de dos sistemas, uno tradicional practicado en el altiplano y parte de los valles y otro moderno utilizado en la zona de los llanos (también denominada zona oriental).
Con el sistema tradicional, la tierra es labrada a través de tracción animal y no se utiliza riego suplementario. Bajo este sistema, existen agricultores de papa, cebada y productos similares. En los últimos años, algunos núcleos campesinos han empezado a realizar cultivos a través de carpas solares y sistemas de riego medianamente sofisticados, que les permiten incrementar la variedad, cantidad y calidad de sus productos.
La agricultura moderna se caracteriza por la utilización de maquinaria especializada, fertilizantes y riego suplementario, siendo practicada en parte de la zona de los valles y en el oriente boliviano.
Entre la inmensa variedad de productos agrícolas producidos en Bolivia se puede citar a:
• Cereales, como el maíz, arroz, trigo, cebada, quinua y avena.
• Tubérculos, como la yuca, camote (batata) y una gran variedad de patatas.
• Hortalizas y verduras, como la arveja, haba, ajo, cebolla, frijol, tomate, zanahoria, zapallos, acelgas y otros productos similares.
• Productos estimulantes, como el cacao, café, coca y té.
• Frutas, tales como el banano, piña, naranja, mandarina, pomelo, fresa, uva, manzana, chirimoya, palta (aguacate), durazno, pera y una infinidad de otras variedades exóticas.
Las zonas pecuarias de Bolivia se encuentran sujetas al tipo de pradera natural existente en el territorio y a las zonas agropecuarias antes señaladas.
La producción pecuaria en Bolivia se encuentra clasificada de la siguiente manera:
Ganado Bovino: la crianza de este ganado se realiza en todo el territorio nacional, constituyéndose el oriente como la zona más importante de crianza, debido a la facilidad con la cual los animales se adaptan a las condiciones naturales de los llanos y a los importantes niveles de exportación que realiza desde esa región al Brasil y al Perú.
Los ganaderos de esa región prestan mucha atención a técnicas de mejora de raza, como la inseminación artificial.
• Ganado Bovino: se destina a la reproducción, consumo general y producción lechera. En este sentido, las zonas del valle central de Cochabamba y el área conjunta integrada por parte de Santa Cruz, La Paz, los valles de Tarija y Chuquisaca, son aquellas donde existe mayor cantidad de ganado lechero.
• Ganado Ovino: generalmente criado en la zona del altiplano y valles.
• Ganado Porcino: la crianza de este ganado está destinado principalmente a la obtención de carne de consumo masivo y/o para la producción industrial de embutidos. Las principales razas de crianza son la Duroc Jersey, Poland Chine, Landrace y Hampshire. El cerdo criollo es una alternativa adicional en la crianza de este tipo de animal.
• Camélidos: éstos animales tienen su centro de origen en la Cordillera Andina, el altiplano y en parte de los valles, existiendo una muy apreciable cantidad de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. La vicuña es un animal de lana muy fina, pero su caza se encuentra completamente prohibida. A pesar de su mansedumbre, es un animal que no soporta la vida en cautiverio. La fibra de la lana de llama y alpaca es apreciada para la confección de prendas de vestir. Las llamas y las alpacas son utilizadas como animales de carga.
• Caprinos: la crianza de cabras se centra principalmente en la zona sur del país, en los valles de Tarija y Potosí.
• Equinos: la mayor parte de estos animales se encuentran en los llanos orientales y son utilizados como acémila para el cuidado de ganado.
• Cunicultura: la crianza de conejos es una de las actividades que más se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Oruro y La Paz. La crianza de éstos animales se destina principalmente para la confección de prendas de vestir.
• Avicultura: los recursos avícolas en Bolivia tienen una especial importancia, existiendo varias granjas modernas y muy bien equipadas proveedoras de carne y huevos. Los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz marchan a la vanguardia en la producción avícola.
El desarrollo agroindustrial ha entrado en un proceso de ampliación de mercados considerable, basado fundamentalmente en tres factores: materia prima nacional de alta calidad, mano de obra abundante y calificada y condiciones de competitividad aceptables a través de tarifas de transporte y convenios comerciales preferenciales.
El sector agroindustrial en el oriente boliviano posee una dinámica moderna. Utiliza técnicas de producción intensivas en capital que resultan en niveles de productividad competitivos internacionalmente. Constituye uno de los sectores que más ha contribuido al crecimiento de las exportaciones no tradicionales del país.
Dentro de los productos agroindustriales producidos en Bolivia, se puede mencionar al Azúcar, Pepita de Soya (Soja) Aceite de Soya y el Arroz blanco.
El potencial energético del país es enorme. Se suma a ello el hecho que Brasil – la economía mas importante del sub-continente – representa un mercado con demanda casi ilimitada por energía eléctrica y derivados, por lo que las posibilidades de participación privada en este sector son significativas.
Bolivia tiene el potencial de generar 39,500 MW de hidroelectricidad, cifra certificada por la Organización Latinoamericana de Energía. Esto significa que 176,000 GWh podrían ser generados anualmente. Actualmente, solo el 4% de éste potencial hidroeléctrico está siendo utilizado para generar electricidad. Entonces, las oportunidades para una mayor actividad empresarial en el sector de generación de electricidad son abundantes.
El país también tiene un potencial significativo para generar electricidad geotérmica en el área de la Laguna Colorada, ubicada al sur oeste del territorio boliviano. En Enero de 1998, la Comisión Federal de Electricidad de México (FEC) certificó que el potencial de ésta zona era de aproximadamente 120 MW por 25 años. Después de realizar los estudios respectivos, la FEC recomendó la implementación del proyecto mediante la instalación de dos plantas generadoras con capacidad individual de 60 MW.
La construcción del gasoducto al Santa Cruz – San Pablo también ha posibilitado la creación de proyectos alternativos, entre los que se encuentran proyectos eléctricos e hidroeléctricos, todos con el objetivo de abastecer la demanda en el mercado brasilero. Debido a que la explotación de gas en Bolivia posiblemente supere los volúmenes demandados por Brasil, los excedentes de la producción podrán ser utilizados para la generación de energía eléctrica y, por ende, para una mayor actividad empresarial en el sector.
El sector financiero en Bolivia se encuentra constituido principalmente por instituciones bancarias, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos financieros privados y agencias corredoras de bolsa, quienes movilizan los recursos del sistema financiero. Dichas instituciones son reguladas por el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
La política financiera adoptada en Bolivia tiene como objetivos centrales la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del sistema financiero, un incremento sostenido en los niveles de ahorro interno y una administración eficiente del ahorro externo (todos parte de la estabilidad macroeconómica).
En los últimos años, el sistema financiero boliviano ha evolucionado rápidamente, colocándose a la altura de los más importantes países latinoamericanos. Ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se puede mencionar a servicios de líneas de crédito, mercado de divisas, fideicomisos, leasing, cajas de seguridad, teleproceso, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, servicios de correduría, etc.
En la actualidad, existen 14 bancos comerciales en el país y varias otras entidades financieras con características especiales. Entre los bancos comerciales, cuatro son sucursales de instituciones financieras multinacionales (Citibank, Banco Real, Banco de la Nación Argentina y Banco de Crédito del Perú) y la propiedad del resto (mas del 50% del capital social de los mismos) está conformada en gran parte por participación privada extranjera.
El nivel de actividad industrial manufacturero ha venido creciendo en forma significativa en los últimos años, a medida que el país ingresa a una etapa de mayor competitividad y ampliación de mercados para los productos elaborados. En este sentido, se pueden destacar los siguientes tres subsectores:
Aprovechando la variedad de fibras de algodón, alpaca, angora y llama, Bolivia ha ido incrementando muy notoriamente la producción de telas y prendas de vestir, las que poco a poco han ido logrando mejoras palpables en su calidad.
Bolivia es muy competitiva en prendas vestir debido al bajo costo de su mano de obra y alta calidad de las materias primas. Aprovechando géneros nacionales, algunas compañías extranjeras están produciendo y adquiriendo los siguientes tipos de prenda:
• Tejidos de punto en diferentes calibres.
• Prendas tejidas a mano.
• Prendas hechas con fibras especiales de alpaca, angora, oveja y llama.
El cuero que se procesa en Bolivia posee características óptimas de espesor, color, textura y acabado, por lo que puede ser utilizado en la confección de productos destinados al mercado internacional.
La mayor parte del cuero procesado en el país proviene de la zona oriental y es utilizado en aproximadamente el 50% para la fabricación de calzados, 30% para la confección de prendas de vestir, y el restante 20% en la producción de marroquinería.
En suma, la actividad industrial manufacturera está experimentando un crecimiento sostenido y ofrece oportunidades interesantes para la inversión.
Con la capitalización de la empresa estatal ENTEL, Bolivia ha dado un paso significativo hacia la modernización de los servicios de telecomunicaciones en todo el país. Entre otras cosas, la transferencia de la administración de ésta empresa a intereses italianos ha causado niveles de inversión en tecnología de punta, capacitación de recursos humanos e infraestructura, nunca antes experimentados en el sector.
En la actualidad, ENTEL capitalizada ha enlazado a la mayor parte del territorio nacional con fibra óptica, lo que convierte al país en una suerte de “Hub” sudamericano para servicios de telecomunicación. El objetivo de la presente administración es hacer realidad la conversión del país en el “centro distribuidor y de enlace” de servicios en el sector – la inversión realizada por la nueva ENTEL ha dado fuerza y realismo a éste objetivo.
Finalmente, antes de la finalización de la presente administración, las cooperativas de servicios telefónicos en todo el país pasarán a manos del sector privado. Dicha situación solo reforzará los muchos cambios que ya se han producido en el sector y mejorará la capacidad del país para atraer capitales privados, no solo al sector sino a otros que dependen de un servicio de telecomunicaciones ágil, eficiente y con una oferta amplia de productos destinados a satisfacer las exigentes demandas del sector empresarial. Entre los nuevos servicios que en el futuro próximo se prestarán en el país, se encuentra el de Telefonía Celular Fija – servicio sujeto a licitación internacional en el futuro inmediato.
Bolivia está invirtiendo considerables recursos financieros en infraestructura caminera. Bolivia estará conectada mediante infraestructura vial de primer nivel con todos los países vecinos, por lo que su objetivo de convertirse en el punto de enlace y tránsito del sub-continente podrá hacerse realidad.
La Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte es un instrumento legal que permite la participación de intereses privados en la construcción, rehabilitación y administración de obras públicas (caminos, puentes, aeropuertos, etc) en todo el país, por lo que se espera que la participación privada en el sector aumente considerablemente.
A través de ésta Ley, el Estado permitirá al inversionista privado la posibilidad de recuperar su inversión en la obra pública mediante el cobro de peajes, administración de servicios de hotelería suplementarios, administración de servicios gasolineros y otros. Las actividades privadas en el sector posibilitarán una administración eficiente de la infraestructura vial y facilitarán un mayor desarrollo del sector y de otras industrias en la economía nacional.
Los Corredores de Integración (cinco en total), así mismo, integrarán al país con sus vecinos y facilitarán las vías de transporte de productos, particularmente para la exportación de bienes nacionales. En total, los Corredores requieren de 9,000 kilómetros de carreteras para unir a Bolivia con los países vecinos. A la fecha, mas del 70% de éste total ha sido construido, por lo que se espera que para la finalización de la presente gestión gubernamental ellos hayan sido concluidos. La conclusión de los corredores incrementará el comercio con los países del sub-continente y generará mayores oportunidades de negocios y actividades empresariales dentro del país. Existe una interconexión vial en el eje troncal nacional (LPB-CBBA-SRZ).
Bolivia cuenta con conexiones viales a países vecinos y acceso a puertos tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico.
Situada en el corazón de América del Sur, Bolivia es una tierra de contrastes, con regiones de altas montañas, prodigiosos valles y enormes llanos amazónicos. Por ello, su atractivo turístico se encuentra sustentado en su gran variedad de recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos, artísticos, folclóricos y en la multiculturalidad expresada en su gente.
La ciudad de Potosí fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, debido a su invalorable aporte a la historia y cultura del Nuevo Mundo y de España. Fue la ciudad más importante de las Américas en el siglo XVI y su producción de plata durante la colonia fue de tal magnitud, que hasta la fecha no ha podido ser cuantificada con exactitud. Por otro lado, la ciudad de Oruro es considerada la capital del folclore boliviano por su incomparable carnaval. Sucre, por otro lado, es la ciudad que conserva el más bello estilo colonial, reflejo de los albores de la República.
La Paz es una ciudad en la que se conjunciona la influencia aymará y la realidad de una urbe moderna. Se encuentra rodeada por majestuosos nevados entre los que se destaca nítidamente el Illimani, que se yergue sobre la ciudad como un inmóvil centinela. Aproximadamente a 45 minutos de la ciudad se halla en Lago Titicaca, el más alto del mundo y cuna de grandes culturas, cuyos legados arqueológicos se muestran en las importantes ruinas y ofrecen una idea del alto grado de civilización a la que llegaron los habitantes de ésta región.
Santa Cruz, Beni y Pando, ciudades de características tropicales, son consideradas las ciudades del futuro. La enorme actividad empresarial en Santa Cruz confirma ésta predicción y hace prever un futuro promisorio para los habitantes de esas hermosas tierras.
Cochabamba y Tarija, ciudades enclavadas en los valles bolivianos, son lugares tranquilos y placenteros, con un clima agradable, muchos atractivos turísticos y una hospitalidad particular de los lugareños.
http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png 0 0 Oficina Administrativa http://www.embajadaboliviacolombia.org/wp-content/uploads/2015/10/Embajada-de-bolivia3.png Oficina Administrativa2014-02-11 21:22:142015-11-05 15:20:35Sectores para invertir
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