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Timestamp: 2018-08-18 06:13:08+00:00

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﻿ Sentencia 1996-00986 de diciembre 3 de 2012
SENTENCIA 1996-00986 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:DEBER DE PROTECCIÓN A LOS DETENIDOS. LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONSISTENTE EN DETENCIÓN DOMICILIARIA, AL LIMITAR VARIOS DERECHOS TAL COMO SUCEDE CON LA DETENCIÓN INTRA MURO O EN CENTRO CARCELARIO, GENERA OBLIGACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN POR PARTE DE QUIEN ADOPTÓ LA DECISIÓN RESTRICTIVA. LOS DETENIDOS, POR ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE PARTICULAR SUJECIÓN FRENTE AL ESTADO, QUE LIMITA SU AUTONOMÍA PARA RESPONDER POR SU PROPIA INTEGRIDAD, DEBEN GOZAR DEL PLENO AMPARO DE LAS AUTORIDADES FRENTE A LOS POSIBLES DAÑOS Y PELIGROS QUE LOS AMENACEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DETENCIÓN DOMICILIARIA, DETENCIÓN PREVENTIVA, PECULADO POR APROPIACIÓN, PREVARICATO POR OMISIÓN
Sentencia 1996-00986 de diciembre 3 de 2012
Proceso: 05001-23-31-000-1996-00986-01 (24839)
Actores: Martha Valencia de Ruiz y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Fiscalía General
Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil doce.
La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.
— Mediante providencia de 3 de diciembre de 1993, el fiscal 55 delegado de la unidad especial de delitos contra la administración pública, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional en contra del señor Juan Diego Ruiz Valencia “por los presuntos delitos de peculado por apropiación, corrupción de elector, prevaricato por omisión, contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, intervención en política y enriquecimiento ilícito, que tipifican y sancionan los artículos 133, 251, 150, 146, 158, y 148 del Código Penal. La medida se sustituye por detención domiciliaria”. En este pronunciamiento, se comisionó al personero municipal de Sonsón “para que vigile el cumplimiento de la detención domiciliaria” (fl. 168-170, cdno. ppal. - decisión aportada en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia).
— Por haber sido acreedor del beneficio de la detención domiciliaria, el señor Ruiz Valencia debió depositar una caución prendaria por valor de quinientos mil pesos y suscribir un compromiso, lo que aconteció el 6 de diciembre de 1993 (fl. 171, cdno. ppal. - documento aportado en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia).
— En la diligencia de ampliación de la indagatoria llevada a cabo el 31 de enero de 1994, el señor Ruiz Valencia, al margen de las precisiones sobre la actuación que se le reprocha y los delitos que se le imputan, puso de presente al fiscal instructor y al agente del Ministerio Público situaciones que consideraba que debían ser denunciadas e investigadas, las cuales concretó así: (i) no entiende por qué le fue revocado el beneficio de la detención domiciliaria si él informó, en oportunidad, sobre el cambio de residencia; (ii) el día en que fue notificado de su remisión a una cárcel, en hechos que deben ser investigados, el fiscal 55 delegado cometió atropellos e hizo comentarios injuriantes suyos y de sus compañeros de corriente política, también procesados, —Gloria Cecilia y Juan Calos Patiño Betancur—, que evidenciaban una marcada animadversión y (iii) ha sido objeto de amenazas por parte del señor Fabio Valencia Cossio y de personas que lideran el movimiento “coraje de Sonsón”, al punto de haber sido intimidado con un arma:
“Quiero hacer un recuento de algunos hechos que estoy completamente seguro que hacen parte de este caso. Lo hago aprovechando que está entre nosotros un delegado del Ministerio Público con el que me siento más seguro ante posibles represarías que se puedan tomar por mis palabras (...). Lógicamente en este momento es abierto y público el que estoy militando dentro del partido Renovador Colombiano de extracción conservadora, que Sonsón es el municipio Antioqueño por fuera del área metropolitana de mayor votación en Antioquia. Al hacerse esto público a nivel departamental fui instado por el señor Fabio Valencia Cossio quien me dijo usted si va a ser el próximo alcalde de Sonsón pero trabaje con nosotros, a lo que yo le dije que no, que yo tenía mis principios y estaban por encima de lo que él me presentaba, él me dijo entonces que entraría a Sonsón, yo le dije que si quería entrar por la puerta grande a Sonsón, entrara de la mano de la doctora Luz Amparo Patiño, que si no, le tocaría entrar por la de atrás y como él era sabido por todos que era quien manejaba la gobernación de Antioquia me dijo: “pues Juan Diego voy a entrar por la puerta principal así me toque derrumbarla”, yo entonces le dije: “doctor hasta luego que este muy bien y espero que cuando tumbe la puerta yo no esté detrás de ella para que me caiga encima”. Después de este hecho recibí intimidaciones y amenazas personales de las personas que lideran el movimiento Coraje en Sonsón, incluso al punto de sacarme un arma que no sé si es treinta y ocho o que calibre. Esto, en el caso, lo hizo el esposo de la señora Marina Carvajal quien es denunciante en este proceso. Quiero también hacer una denuncia por el trato de que fui objeto yo, Gloria Cecilia y Juan Carlos Patiño el día en que el fiscal 55 nos notificó el cambio de la medida de detención domiciliaria por otra cárcel. El señor fiscal 55 me trató a mí y a Juan Carlos de que éramos mozos (...). A mí me iban a cambiar de cárcel sacándome de la casa en pijama, solicité que me dejaran colocar un blue jean y me dijeron que no, que como estaba me tenía que ir. Me exalté entonces y le dije al señor fiscal 55 ya en el momento en que él salía, le dije: “señor fiscal, aunque le duela, la doctora Luz Amparo inscribió su candidatura ayer y aunque le duela ella va a ser senadora”, él solo me respondió al salir: “eso lo vamos a ver y no la vamos a dejar llegar”, quiero entonces yo saber quiénes aparte del señor fiscal 55 no la van a dejar llegar y solicito sea investigada la conducta del fiscal 55 en este caso (...). Reitero nuevamente solicito que se investigue estas situaciones (...). No tengo nada más que agregar, estoy en presencia del señor fiscal haciendo estas denuncias, delante del delegado del Ministerio Público, por lo que reitero me da confianza y de los abogados que están llevando el caso” (fl. 188-196, cdno. ppal. —documento aportado en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia— resaltado con subrayas fuera del texto).
— El fiscal quinto delegado ante los tribunales de distrito, mediante providencia de 15 de febrero de 1994, revocó la decisión del fiscal 55 delegado que levantaba el beneficio de la detención domiciliaria denunciado. En consecuencia, dispuso el traslado del sindicado de la cárcel de Yarumito - Antioquia a su lugar de residencia en el municipio de Sonsón, fundado, entre otras razones, en que “hubo ligereza en el tratamiento de la situación, pues se dejó de lado la constancia que se advierte a folio 1376 vto., donde uno de los procesados, Juan Diego Ruiz Valencia, advierte va a residir en el domicilio del otro procesado Juan Carlos Patiño Betancur” (fl. 172-174, cdno. ppal. - decisión aportada en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia).
— La comisión de la policía encargada de regresar al señor Ruiz Valencia a su lugar de domicilio y detención en el municipio de Sonsón, expuso que el traslado se efectuó “sin ninguna novedad ni contratiempo” (fl. 178, cdno. ppal. - documento aportado en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia).
— Mediante memorial radicado el 14 de junio de 1994, el apoderado del señor Juan Diego Ruiz Valencia informó al fiscal 55 delegado sobre: (i) el secuestro de que fue víctima su defendido, por parte de supuestos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación; (ii) las denuncias que se formularon sobre el particular y (iii) el tinte político que podría tener el hecho:
“El domingo 12 de junio de 1994, a las 7:40 p.m., seis hombres dotados con armas automáticas de largo alcance, a bordo del campero Nissan, color blanco, de placas DUB-043, arribaron hasta el edificio donde está ubicado el departamento que sirve como residencia del señor Juan Diego Ruiz Valencia, manifestaron ser funcionarios de la Fiscalía General de Nación, condujeron a mi poderdante fuera de su casa, lo introdujeron en el vehículo ya reseñado, para abandonar el lugar con rumbo desconocido.
El secuestro de que fue víctima el detenido Ruiz Valencia fue denunciado oportunamente ante el distrito de policía de Sonsón, ante la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en Medellín y ante el grupo Unase de Medellín.
Este hecho violento demuestra, una vez más, que no son los sindicados vinculados procesalmente quienes actúan al margen de la ley con violación de todas las garantías y derechos humanos, sino precisamente sus enemigos políticos y acusadores, quienes no paran en calumnias, agresiones y todo tipo de actos contrarios al ordenamiento jurídico con el único fin de obtener ventajas políticas en Sonsón” (fl. 183, cdno. ppal. - documento aportado en copia auténtica por el juez penal del circuito de Fredonia).
— Tal como se menciona en el memorial transcrito, los familiares del señor Ruiz Valencia acudieron al distrito de policía de Sonsón, a la unidad de reacción inmediata de Medellín y a la unidad investigativa antiextorsión y secuestro, Unase, para denunciar el plagio.
En efecto, el comandante del distrito ocho de la policía de Sonsón certificó, con relación al secuestro del señor Juan Diego Ruiz Valencia, que personal adscrito a esa dependencia “procedió a verificar la información de este ilícito, desplegando búsqueda por un término de dos horas aproximadamente, lo cual arrojo resultados negativos” (fl. 117, cdno. ppal. - documento aportado por la demandada en original). Para corroborar lo afirmado, allegó copias de los folios 45 y 145 de los libros de población y guardia, que dan cuenta del aviso inmediato que se dio del secuestro, de que los captores se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía General de la Nación y de la hora de salida y llegada de los efectivos que se asignaron para contrarrestar el ilícito y hacer las primeras averiguaciones (fl. 118-119, cdno. ppal. - documentos aportados por la demandada).
Folio 45 del libro de población
“Fecha Hora Asunto Anotación
12/06/94 19:30 Secuestro A esta hora fue sacado de su residencia en la carrera 6ª de este municipio el señor Juan Diego Ruiz Valencia, 30 años, soltero, hijo de Mario y Martha, natural del Medellín y residente en este municipio, C.C. 71.660.056 de Medellín, al parecer por 6 sujetos armados que se lo llevaron en un vehículo Nissan color blanco o beige, al parecer de placas OUE 043, el cual salió con rumbo desconocido. Según versiones estos individuos se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía”.
Folio 145 del libro de guardia
12/06/94 19:30 Salida Del señor CT. Pérez Cárdenas, CS. Vergara, Ags. Robledo López, López Díaz, Mejía Vélez, Carmona Durán, fin verificar información sobre el supuesto secuestro del señor Juan Diego Ruiz.
12/06/94 19:35 Salida De los señores Ag. Marco Cuadros, Altahona Anchila y López Valencia, fin adelantar labores de inteligencia sobre el mencionado secuestro del señor Juan Diego Ruiz
12/06/94 21:30 Llegada Del señor CT. Pérez Cárdenas y los agentes que se encontraban verificando información acerca del secuestro S/N
12/06/94 12:00 Llegada De los señores agentes de Sijín S/N”.
El 13 de junio de 1994, la señora Silvia Estella Ruiz Valencia se presentó a la unidad segunda de reacción inmediata de Medellín para denunciar el secuestro de su hermano. En esta diligencia resaltó que los captores se hicieron pasar por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y que su fraterno Juan Diego Ruiz Valencia había recibido, en su lugar detención domiciliaria y días previos al plagio, amenazas provenientes de contendores políticos, quienes se valieron del comandante de policía de Sonsón, capitán Héctor Fabio Pérez Cárdenas, y del señor Darío Ospina, tío de un candidato a la alcaldía —William Ospina Naranjo—, para llevar el mensaje intimidatorio:
“Mi hermano Juan Diego Ruiz Valencia estaba con detención domiciliaria, este denuncio se lo había hecho el señor William Ospina Naranjo, que fue candidato a la alcaldía el 13 de marzo de 1992, entonces como no salió electo, a raíz de esto lo denunció a Juan Diego. Resulta que ahora está otra vez de candidato para la alcaldía y mi hermano también estaba sonando como candidato y, estando Juan Diego en el arresto, el alcalde actual Eduardo Suárez del municipio de Sonsón mando al capitán de la policía de Sonsón a que le hiciera unas amenazas a Juan Diego, le dijo que le hiciera unas amenazas a Juan Diego, diciéndole que iba a tomar medidas drásticas contra él, porque estaba diciendo que eran paramilitares y entonces el capitán fue con el señor Darío Ospina a la casa de Juan Diego (...). Yo solicitó que se investigue el secuestro y actual paradero de Juan Diego, considerando que el señor Darío Ospina, William Ospina y el alcalde Carlos Eduardo Suárez están vinculados por los antecedentes, ya que Juan Diego se ha tenido como el futuro alcalde de Sonsón y William Ospina hoy es el otro aspirante a las elecciones (...) el secuestro de Juan Diego ocurrió a dos cuadras del comando de la policía, ayer domingo a las siete y cuarenta de la noche (...) en la residencia de Juan Diego, donde viven sus padres (...). No hemos hecho averiguaciones, nosotros llamamos a la Contraloría de Medellín a pedir ayuda y nos dijeron que era absurdo, que a esa hora no iba la Fiscalía a mandar por nadie (...). Ellos dijeron que eran de la Fiscalía y que lo tenían que llevar” (fl. 64-67, cdno. ppal. - documento aportado por la demandada).
“Darío Ospina y el comandante de la policía amenazaron a Juan Diego, que iban a tomar medidas drásticas contra él porque se habían oído unos comentarios que ellos eran paramilitares y que trabajaban en la Dorada y Sonsón, nosotros la familia solicitamos que investiguen el actual paradero de Juan Diego Ruiz, considero se deduce que el señor Darío, William Ospina y el alcalde Carlos Eduardo Suárez están vinculados por los antecedentes (...). El comando de la policía está a dos calles del domicilio de donde secuestraron a Juan Diego. El martes Juan Diego recobraba la libertad (...). En una ocasión el dirigente Fabio Valencia Cossio visitó a mi hermano diciéndole que se uniera a su movimiento, inclusive le ofreció plata, pero mi hermano no aceptó, entonces él le dijo que pase lo que pase yo entro aquí a Sonsón, así me toque tumbar la puerta, entonces mi hermano le dijo doctor pueda ser que cuanto usted tumbe la puerta yo no esté detrás de ella” (fl. 69-70, cdno. ppal. —ampliación denuncia— documento aportado por la demandada).
— La anterior denuncia fue remitida a la unidad investigativa antiextorsión y secuestro, Unase (fl. 68, cdno. ppal. - documento aportado por la demandada), dependencia que, después de adelantar varias averiguaciones, encontró que: (i) un testigo bajo la gravedad del juramento, aseveró que el señor Juan Diego Ruiz Valencia fue amenazado por el señor Darío Ospina y el comandante de la estación de policía de Sonsón; (ii) pese a la marcada rivalidad política existente entre dos sectores del partido conservador, la cual condujo a que el señor Ruiz Valencia, por ser militante de uno de esos dos grupos, fuera denunciado penalmente y estuviera bajo medida de detención domiciliaria, ello no lleva a responsabilizar a sus contendores de la desaparición y (ii) dada la falta de comunicación de los plagiarios y considerados los pocos recursos económicos con los que contaría la familia para pagar un rescate, se presume que a la víctima, en este caso, se la llevaron con el fin de desaparecerla:
“Se tomó declaración juramentada al señor Víctor Hugo Villa Hincapié, quien manifiesta ser testigo de amenazas proferidas por el señor Darío Ospina quien según el declarante se hizo presente en el apartamento del secuestrado dos meses antes del plagio en compañía del señor capitán comandante de la estación de policía de Sonsón y que ellos dos lo amenazaron ese día.
Se adelantó una labor de inteligencia en la cual se pudo establecer que en el municipio de Sonsón existe una rivalidad política entre dos sectores del partido conservador, los cuales se lanzan acusaciones de malos manejos de los recursos del municipio, a raíz de esto se encontraba en arresto domiciliario el señor Juan Diego Ruiz Valencia, a su vez los familiares del secuestrado acusan a sus contendores políticos de ser los autores intelectuales del secuestro, sin que esto se haya podido comprobar.
En atención a que hace aproximadamente dos meses que fue secuestrado el señor Juan Diego Ruiz Valencia y hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna por parte de los plagiarios y analizando que la familia del secuestrado no cuenta con los recursos económicos como para pagar una cuantiosa suma de dinero por el rescate del secuestrado se concluye que a este señor se lo llevaron con el fin de una posible desaparición sin que esto haya sido comprobado hasta el momento, así como se desconoce qué grupo o qué personas sean los autores tanto intelectuales como materiales de este hecho punible” (fl. 84-85, cdno. ppal. - documento aportado por la demandada).
— El comandante del Departamento de Policía de Antioquia certificó que inició una indagación preliminar en la oficina de asuntos disciplinarios, por la desaparición del señor Juan Diego Ruiz Valencia (fl. 120, cdno. ppal. - documento aportado por la demandada en original).
— La Registraduría Departamental de Antioquia certificó que el señor William de Jesús Ospina Naranjo, persona que se ha señalado en las denuncias como contendor político del señor Juan Diego Ruiz Valencia, fue candidato a la alcaldía de Sonsón para el periodo 1994-1997 y que quien ganó la elección fue el señor William de Jesús Arias Pérez (fl. 148, cdno. ppal. - documento aportado en original).
— El 2 de febrero de 1999, el Juzgado Séptimo de Familia de Medellín declaró la muerte presunta del señor Juan Diego Ruiz Valencia, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, con la siguiente argumentación:
“En lo atinente a los hechos alegados como apoyo de lo pretendido obran las declaraciones rendidas ante el juzgado de conocimiento por Francisco Javier Valencia Sánchez y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia, este último hermano del desaparecido, ambos conocedores directos de los hechos que rodearon el desaparecimiento del señor Juan Diego Ruiz Valencia, quienes al unísono refieren que el 12 de junio de 1994, Juan Diego se encontraba en el municipio de Sonsón en la casa de sus padres, viendo un partido de fútbol, cuando llegaron varios hombres armados y lo sacaron de su casa llevándoselo con rumbo desconocido, siendo esta la última vez que tuvieron conocimiento de él, no obstante las diligencias que se adelantaron en orden a tratar de localizarlo. Estas circunstancias que son narradas en forma clara, precisa, coincidente y detallada por los referidos declarantes, en verdad permiten concluir que efectivamente el señor Juan Diego Ruiz Valencia desapareció desde el 12 de junio de 1994. A estos testigos el tribunal les otorga pleno crédito conforme a las reglas de la sana crítica del testimonio, en razón de sus condiciones personales y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como percibieron los hechos.
A lo anterior, se aúna las constancias de publicaciones donde se solicita información sobre el paradero del desaparecido, en las que se indica que este desapareció, efectivamente, el 12 de junio de 1994” (fl. 250-253, cdno. ppal. - providencia de 31 de mayo de 1999 allegada en copia auténtica por el Juzgado Séptimo de Familia de Medellín).
— La oficina permanente para la defensa y promoción de los derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación certificó, el 13 de agosto de 1999, que el secuestro del señor Juan Diego Ruiz Valencia fue conocido el mismo día en que ocurrió y que inmediatamente entró en comunicación con el comando de la policía de Sonsón, el cual señaló “que ya había organizado un operativo con el fin de tratar de localizar al precitado ciudadano y a sus captores, sin que hasta la fecha se haya conocido algún resultado sobre el caso” (fl. 255, cdno. ppal. - documento aportado en original).
— Los testimonios recaudados por el a quo permiten inferir que (i) el secuestro y la desaparición del señor Juan Diego Ruiz Valencia ocurrió en las horas de la noche del día 12 de junio de 1994; (ii) hombres armados, quienes se identificaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, sacaron al antes nombrado de su lugar de detención domiciliaria y lo condujeron con rumbo desconocido; (iii) el hecho fue, inmediatamente, puesto en conocimiento del comando de la policía de Sonsón; (iv) esta prueba no es coincidente con relación a la respuesta obtenida de la institución policial para impedir el ilícito; (v) las amenazas de índole político que existían en contra de la víctima, en las que participó el capitán de apellido Pérez, fueron denunciadas en oportunidad; (vi) pese a la búsqueda incesante, no se obtuvo ninguna información del plagiado, tampoco de sus captores, lo que ha sumido a su familia en un gran dolor y (vii) dependían económicamente del hoy desaparecido, sus hermanas Martha Cecilia, Luz Elena y Olga Fanny Ruiz Valencia.
“Juan Diego Ruiz Valencia fue secuestrado hace cuatro años, aproximadamente, fue sacado del departamento donde él vivía en la carrera 6ª con calle 9ª esquina, tercer piso, de allá fue sacado por hombres armados, eso fue un domingo en las horas de la noche, de las cinco o seis de la tarde en adelante, no recuerdo la hora exacta, los subieron a un vehículo y se lo llevaron y hasta el momento no se sabe el paradero de él (...). Lo único que yo sé es que días antes de la desaparición de él, a él le hicieron una visita, el señor capitán de apellido Pérez y Darío Ospina, donde lo amenazaron verbalmente de que si no se retiraba de la política que se atuviera a las consecuencias, eso creo que fue puesto a conocimiento de la autoridad competente y no sé en que irá el proceso (...). En cuanto a las amenazas de Fabio Valencia C., él delegó personas para que sostuvieran conversaciones con Juan Diego en el apartamento, a lo cual Juan Diego me manifestó personalmente de que él no entregaría el grupo político nunca, él siempre me comentaba lo que le acontecía en el día, puesto que prácticamente yo lo visitaba a diario (...). Si es cierto lo de la visita del capitán, en ese entonces Pérez y Darío Ospina, puesto que Juan Diego después de esa visita me comunicó de lo que habían ido a amenazar, diciéndole que se tenía que retirar políticamente de alguna aspiración (...). A mí me tocó cuando a él lo sacaron, yo estaba en la plaza, no recuerdo quien fue que dijo que se habían llevado a Juan Diego, lo cierto del caso fue que se le pidió ayuda al comandante de ese entonces, capitán Pérez y él no la prestó, dijo que sí, pero no se vio, efectivamente, la operancia de la policía, por lo que nosotros mismos formamos grupos de búsqueda —los amigos de Juan Diego—, sin conseguir resultado alguno. No se sabe si él está vivo o muerto, la única pista que se obtuvo era que a él lo tenían en Caucasia zona paramilitar, al ir varios amigos de él, para ver si lográbamos rescatarlo a él, lo trasladaron en helicóptero momentos después de percatar la presencia de nosotros allá, no se sabe con qué destino ni para qué (...). Ellos —familia— desde el momento de la desaparición empezaron a sufrir moralmente, tanto sus padres como los hermanos, y al transcurrir de los días ya se volvió más eminentemente y se les iba la posibilidad y la esperanza de que algún día iba a volver, ya ellos después de este primer daño moral, se dieron al dolor de que estaba muerto y albergaban la posibilidad de encontrar el cadáver para dar santa sepultura, lo cual el tiempo les ha dado un mal revés y siguen con el sufrimiento de no poder ya guardar esperanza alguna, llevando en ellos el recuerdo y el dolor que aún los embarga, notándoles en su cara el sufrimiento, el dolor y angustia, yo creo que los padres han tenido tratamiento psicológico. La familia se desintegró, las hermanas que dependían de él, unas están llevando las consecuencias, puesto que están sobreviviendo. Los padres tuvieron que dejar la casa en Sonsón. Se presentaron amenazas a Gustavo Adolfo y continuó el estado de zozobra que hasta el momento los embarga” (fl. 225-227, cdno. ppal. —declaración de Pedro Nel Bustamante Gaviria— amigo de la víctima).
“Si es cierto que Juan Diego le ayudaba a la familia y especialmente a Martha Cecilia quien tiene dos niñas y de eso si me consta (...). Yo si me di cuenta de algunos hechos mencionados como el maltrato a los detenidos como Juan Diego y no recuerdo bien a quien más (...). En cuanto al secuestro y desaparición de Juan Diego si me consta, esto lo sé porque yo vi cuando se lo llevaron (...). Si me di cuenta que a él lo sacaron de su apartamento dos personas, pero no sé con qué motivo, no recuerdo la fecha exacta y en adelante no se volvió a saber nada de él (...). Si me consta que la familia de Juan Diego fueron al comando de la policía a pedir ayuda y ellos les colaboraron” (fl. 228-229, cdno. ppal. —declaración de Edgar de Jesús Pérez Martínez— empleado de la víctima).
“Yo sé que a Juan Diego se lo llevaron pero no supe quien o quienes (...). Si es cierto, Martha Cecilia se vino a vivir aquí a Sonsón con Juan Diego y él le ayudaba económicamente y Luz Elena y Olga Fanny venían con frecuencia a Sonsón y él les ayudaba económicamente (...). Yo supe que a él si le hicieron una propuesta política y él no aceptó y por esto recibió amenazas de los que le hicieron la propuesta, pero no sé exactamente quien le hizo la propuesta, una vez yo estaba en la casa de él jugando cartas y de la calle le gritaban cosas y le tiraron piedras y le quebraron unos vidrios de la ventana (...). Si es cierto, cuando yo era administrador de Luna Verde, me ocurrió que el capitán Pérez llegaba al negocio a hacerlo cerrar a deshoras y nunca cerré y eso hacía que la gente se fuera aburriendo y el negocio empezó a decaer (...). Si es cierto, a Juan Diego lo sacaron de la casa, eso fue un domingo del mes de junio no recuerdo la fecha exacta y la hora si fue más o menos a las 7:30 de la noche. Yo venía del estudio y cuando me encontré a los dos trabajadores de Juan Diego, Edgar Pérez y John Fredy no recuerdo el apellido, y me comentaron que se habían llevado a Juan Diego, que unos clientes subieron al apartamento de él y tocaron la puerta y la mamá preguntó quién era y le respondieron que eran de la Fiscalía y ella les abrió la puerta y en la puerta de abajo en la calle los dos trabajadores se encontraron con Juan Diego y los hombres que lo sacaban, Juan Diego llamó a uno de ellos para que se arrimara, llamó a Sata que así le dicen a Edgar Pérez, él alcanzó a arrimarse y lo amenazaron en dos oportunidades y lo estrujaron y se llevaron a Juan Diego (...). A la policía si se le avisó y ellos se fueron, pero no sé a qué tiempo volvieron (...). A mí me parece que si debieron de haberle prestado alguna protección o seguridad y hasta cierto punto me parece que la Fiscalía es responsable de lo que le sucedió” (fl. 230-232, cdno. ppal. —declaración de Bernardo Velásquez Orrego— empleado de la víctima).
“Dicen que a él lo secuestraron por política, pero no se sabe quien o quienes (...). Si es cierto, Juan Diego si le colaboraba económicamente a su familia y especialmente a Luz Elena, Martha Cecilia y Olga Fanny (...). Si es cierto. A él lo sacaron del apartamento haciéndose pasar por agentes de la Fiscalía, eso fue como el 12 de junio de 1994 y desde esa fecha no se sabe nada de él y los padres y hermanos están destruidos moralmente (...). Si es cierto, porque inmediatamente se informó a las instalaciones del comando y ellos salieron a la media hora y regresaron pronto sin obtener ninguna respuesta al hecho que había ocurrido (...). Si es cierto, la Fiscalía es la responsable totalmente de este hecho, porque al estar bajo su responsabilidad tenía que darle protección y custodia y más que todo que estaba amenazado por jefes políticos y paramilitares” (fl. 232-233, cdno. ppal. —declaración de Francisco Javier Valencia Ospina— amigo de la víctima).
“Yo sé que Martha Cecilia vivía con Juan Diego y Luz Elena y Olga Fanny venían mucho a Sonsón y él les suministraba dinero, pero no sé si era regalado o prestado (...). Primero Juan Diego estuvo en detención domiciliaria en Sonsón y luego lo llevaron para Medellín y luego lo volvieron a traer (...). Yo no sé quién será el responsable, pero me imagino que debe haber alguien responsable por cuanto la persona estaba privada de la libertad” (fl. 233-234, cdno. ppal. —declaración de Luis Enrique Trujillo Cortes—empleado de la víctima).
En este punto, no sobra evidenciar que varios de los testigos referenciados son coincidentes en afirmar que, dadas las amenazas existentes, la Fiscalía General de la Nación debió brindar protección y custodia a la víctima, máxime cuanto, para la época en que ocurrieron los hechos, esta cumplía una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, que le había impuesto uno de sus fiscales.
— Los actores demostraron el vínculo de consanguinidad que los unía a la víctima, así (i) los señores Mario de Jesús Ruiz Cardona y Martha Valencia de Ruiz demostraron ser los padres del señor Juan Diego Ruiz Valencia, según consta en el certificado del registro civil del nacimiento de este (fl. 7, cdno. ppal. - documento allegado en copia auténtica) y (ii) los señores Olga Fanny, Marta Cecilia, Luz Elena, María Eugenia, Silvia Estella, Carlos Mario, Gabriela Amparo y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia acreditaron, con sus registros civiles de nacimiento, ser hijos de Mario de Jesús Ruiz Cardona y Martha Valencia de Ruiz y, en consecuencia, hermanos del señor Juan Diego Ruiz Valencia (fl. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cdno. ppal. - documentos allegados en copia auténtica).
— El demandante Tulio Humberto Ruiz Valencia no acreditó la calidad de hermano de la víctima, dado que no obra en el expediente su registro civil del nacimiento.
— La demostración del parentesco, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que esta familia ha sufrido con la desaparición de hijo y hermano.
Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la Nación - Fiscalía General - Policía Nacional que se le endilga en la demanda, como consecuencia del secuestro y la desaparición forzada del señor Juan Diego Ruiz Valencia, habida consideración que estaba bajo medida de aseguramiento —detención domiciliaria—, había denunciado las amenazas de sus opositores políticos, no se adoptaron medidas que garantizaran su custodia y protección y no hubo una reacción oportuna que impidiera el ilícito de que fue objeto.
De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora. Es decir, está debidamente acreditado que el señor Juan Diego Ruiz Valencia fue sacado de su lugar de detención domiciliaria y desaparecido el 12 de junio de 1994, aproximadamente a las 7:30 p.m., por hombres armados que se identificaron como agentes de la Fiscalía General de la Nación.
Se conoce también el daño antijurídico sufrido por los demandantes Mario Ruiz Cardona, Martha Valencia de Ruiz, Olga Fanny, Marta Cecilia, Luz Elena, María Eugenia, Silvia Estella, Carlos Mario, Gabriela Amparo y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia, ya que el secuestro y la desaparición forzada de su hijo y hermano, implicó la vulneración y afectación a un interés jurídicamente tutelado, que no estaban en la obligación de soportar.
En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, no se puede soslayar que el señor Juan Diego Ruiz Valencia fue plagiado del lugar donde cumplía una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria(3), que le había impuesto el fiscal 55 delegado de la unidad especial de delitos contra la administración pública, la cual por limitar varios derechos, entre ellos, el de la libertad(4), así como lo hace detención intra muro o en centro carcelario, genera obligaciones de vigilancia y protección por parte de quien adoptó la decisión restrictiva, como verificar y, si es del caso, conjurar las amenazas que existan en contra de la vida de las personas que tiene a disposición bajo arresto.
La Sala ha reiterado que los detenidos por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.
El deber de protección de las personas privadas de la libertad, respecto del derecho a la vida, no admite excepciones, así lo señaló la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003:
“La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.
Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(5). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad (...).
En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(6). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(7) (...) el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”(8) (resaltado con subrayas fuera del texto).
Un ejemplo claro del deber de protección de las personas privadas de la libertad, es el artículo 401 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época en que ocurrieron los hechos, que faculta a los fiscales a ordenar traslados para salvaguardar la vida e integridad de los detenidos a su disposición.
“ART. 401. Cárcel con las debidas seguridades. Cuando en el lugar de la comisión del hecho punible no hubiere establecimiento de detención con las debidas seguridades para impedir la evasión del recluso o para la protección de su vida o integridad personal, el fiscal dispondrá el traslado del detenido a la cárcel que reúna las condiciones expresadas”.
En el sub judice a pesar de que el señor Juan Diego Ruiz Valencia, en la diligencia de ampliación de indagatoria, denunció ante el fiscal 55 delegado, las amenazas que venía recibiendo, no hubo un despliegue de ese funcionario para verificar las intimidaciones dadas a conocer y para prevenir que estas se efectivizaran.
Ahora bien, el hecho de que el señor Ruiz Valencia hubiera depositado una caución prendaria y suscrito un compromiso para hacerse acreedor del beneficio del arresto domiciliario, no significa que él asumió el riesgo de las amenazas y que la Fiscalía quedó exonerada de su obligación de vigilancia y protección, por cuanto, jurídicamente, esta persona no perdió su condición de detenida.
Observa la Sala que si bien es cierto que el fiscal 55 delegado en la providencia que dispuso la medida de aseguramiento, comisionó al personero municipal de Sonsón para que vigilara el cumplimiento de la detención domiciliaria(9), también lo es que esa previsión, por si sola y sin el apoyo de autoridades carcelarias o de policía, no garantizaba la custodia y protección requeridas por las intimidaciones que se habían denunciado.
Como, en este caso, se efectivizaron las amenazas, porque la víctima fue sacada del lugar donde cumplía la detención domiciliaria para desaparecerla, es indudable que la Fiscalía no cumplió con su deber de custodia y protección(10), imperativo que la obligaba a mantener al arrestado en las mismas condiciones que presentaba al momento de surtirse la privación de la libertad.
Ahora, la circunstancia de que en el sub judice no se haya podido establecer la identidad de los plagiarios, no exime a la administración de responsabilidad porque la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de desplegar la actividad necesaria para proteger al detenido, dada la relación de especial sujeción que existía entre esa autoridad y el señor Ruiz Valencia, particularmente, luego de haber sido informada de las amenazas de que era objeto este último, lo que la obligaba a tomar medidas en orden a proteger su vida e integridad personal.
En este punto es importante evidenciar que, la falta de custodia y protección permitió que los plagiarios irrumpieran en el lugar de detención domiciliaria de la víctima, infundiéndole confianza para ejecutar el crimen.
Es pertinente aclarar que en el sub lite no está cuestionando a la Fiscalía porque concedió el beneficio de la detención domiciliaria, sino porque incumplió el deber de custodia y protección, inobservancia que facilitó la comisión de un delito de lesa humanidad, para el efecto, la desaparición forzada(11).
La Sala, en diferentes oportunidades, ha condenado por el delito de desaparición forzada debido a que las autoridades públicas tienen la obligación de velar por la integridad y seguridad de todas las personas residentes en Colombia, cuando se encuentran sometidas a custodia y protección en razón de la sujeción que se deriva de la privación de la libertad(12).
En lo que atañe a la actuación de la Policía Nacional, cabe precisar que no se cuenta con elementos de juicio para establecer su responsabilidad. Se sabe sí que la víctima habría sido amenazada por uno de sus oficiales —capitán Héctor Fabio Pérez Cárdenas— y que los actores acusaban a la entidad de falta de reacción y despliegue oportunos para impedir que el ilícito se perpetrara y de complicidad con grupos paramilitares.
No obstante, la prueba testimonial recauda presenta inconsistencias con relación a la respuesta que dio la institución al aviso de secuestro del señor Ruiz Valencia(13), en tanto que obra certificación de servicio diligente suscrita por el comandante del distrito ocho de Sonsón, soportada con las copias de los folios 45 y 145 de los libros de población y guardia del 12 de junio de 1994, que dan cuenta de los efectivos asignados para contrarrestar el ilícito y hacer las primeras averiguaciones, de la inmediatez de su salida y del tiempo que duró el operativo —aproximadamente dos horas—.
En lo que respecta a las acusaciones de complicidad con grupos paramilitares y amenazas del capitán Pérez Cárdenas, es preciso señalar que estas no cuentan con un respaldo argumentativo y probatorio que permita imputarle el secuestro y la desaparición forzada del señor Ruiz Valencia a la Policía Nacional.
No sucede lo mismo con la Fiscalía General de la Nación, porque en el sub judice está demostrado que la entidad no prestó la custodia y protección debida al señor Juan Diego Ruiz Valencia, inobservancia que hace que se le impute el daño antijurídico y se le ordene, por la violación de derechos humanos que se suscitó con la desaparición forzada, la reparación integral de los demandantes.
Dadas las implicaciones que en los ámbitos de la vida individual y colectiva trae consigo el delito de la desaparición forzada y la sensible asimetría de poder que implica su perpetuación, es de resaltarse, como, en relación con las víctimas —directas e indirectas—(14), las autoridades judiciales están llamadas a ir más allá de principios procesales comúnmente aplicables —justicia rogada y congruencia— cuando la imperativa necesidad de restablecer el equilibrio así lo exija.
El Estado colombiano, así como sus autoridades —rama judicial—, no pueden sustraerse del deber jurídico superior, reiterado en diversos instrumentos, doctrina y jurisprudencial internacional, en donde se establece la obligatoriedad de reparar in integrum, los daños que se deriven de la violación de derechos humanos —desaparición forzada—, conclusión que se ve reforzada si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento jurídico interno, prevalece el derecho sustancial sobre el formal, sin que ello implique el desconocimiento al debido proceso de la entidad demandada.
Atendiendo lo anterior y como quiera que, en el caso concreto, la Sala se encuentra frente a un evento de clara trasgresión de derechos humanos, concretamente, de rango fundamental, procede a determinar la valoración de los perjuicios económicos a que haya lugar, así como las eventuales medidas adicionales, en orden a garantizar la satisfacción de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
5. Perjuicios.
— Perjuicio moral.
En la demanda se solicitó una indemnización por el perjuicio moral equivalente a un mil gramos oro, para cada uno de los demandantes, por el dolor que les ha causado el secuestro y la desaparición forzada del señor Juan Diego Ruiz Valencia.
La Sala ha estimado que, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de desaparición forzada se presume el daño moral de los parientes más próximos:
“(...) con respecto al daño moral sufrido como consecuencia de la vulneración a derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que dicho daño se presume, dada la naturaleza misma de las violaciones, así como el hecho de que es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes experimente un sufrimiento moral. Se ha entendido también, que en la medida en que las víctimas hayan sufrido, sufrirán también sus familiares, de allí que la gravedad e intensidad del sufrimiento causado a las víctimas, constituyen criterios determinantes para valorar el perjuicio sufrido por aquellos”(15).
Comprobado en este caso el parentesco próximo de Mario de Jesús Ruiz Cardona, Martha Valencia de Ruiz, Olga Fanny, Marta Cecilia, Luz Elena, María Eugenia, Silvia Estella, Carlos Mario, Gabriela Amparo y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia con la persona que fue objeto de secuestro y desaparición forzada, se infiere el sufrimiento, la zozobra y desesperanza que estos aún padecen.
Para establecer el valor a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios fijados en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232 - 15.646, en los cuales se señaló la indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales, para los eventos de mayor gravedad, como la muerte.
En consecuencia, la Nación - Fiscalía General pagará por concepto de perjuicios morales por el secuestro y la desaparición forzada del señor Juan Diego Ruiz Valencia a favor de Mario de Jesús Ruiz Cardona y Martha Valencia de Ruiz, padres de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, a la ejecutoria de esta sentencia y a favor de Olga Fanny, Marta Cecilia, Luz Elena, María Eugenia, Silvia Estella, Carlos Mario, Gabriela Amparo y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia, hermanos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia(16).
Es preciso advertir que como no hay prueba del parentesco existente entre el actor Tulio Humberto Ruiz Valencia y la víctima, no se puede inferir daño moral que dé lugar a reconocer indemnización económica.
— Perjuicio material.
La parte demandante pretende que se reconozca lucro cesante consolidado y futuro, teniendo en cuenta que el señor Juan Diego Ruiz Valencia era una persona joven y sana, que tenía trayectoria en el sector público y claras aspiraciones políticas y derivaba ingresos, para la época en que ocurrieron los hechos descritos en la demanda, del establecimiento de comercio “Luna Verde”, del arrendamientos de dos apartamentos y de la venta de sus obras de arte:
“(...) Juan Diego Ruiz Valencia fue Contralor Municipal de Sonsón durante el periodo enero 1º de 1989 a julio 13 de 1992. Antes había desempeñado el cargo de auditor de la Contraloría departamental. Durante los dos últimos años que antecedieron el secuestro había organizado y explotado comercialmente un bar-discoteca, conocido con el nombre de Luna Verde, el cual tenía un muy buen good will (...). En la actualidad, su familia no ha tenido ni el ánimo ni la disposición para su administración, por que dicho negocio ha decaído. No hay esa disposición moral para darle al negocio los impulsos materiales que Juan Diego Ruiz Valencia le daba en vida.
Durante el año de 1994, hasta mayo, era norma que Juan Diego usufructuara de dicho negocio una renta líquida mensual de un millón seiscientos mil pesos, pues las ventas brutas del mes eran en promedio de ocho millones de pesos para una rentabilidad bruta del 40 % y liquida del 20 %. Pero, además, percibía rentas de capital por sendos apartamentos, uno en Sonsón y otro en Medellín, por un total de $ 180.000 líquidos, ya que ambos apartamentos figuran con crédito el que se paga por amortización de cuotas mensuales.
Además, se dedicaba al arte en la elaboración de piezas de cerámica, tanto en cuadros como en esculturas, de las cuales ha dejado una buena cantidad.
Al momento de su desaparición y secuestro tenía 30 años de edad, su estado de salud era óptimo, por lo que aplicando las tablas de mortalidad y supervivencia, actualmente vigentes para Colombia, su supervivencia estimada era de 45 años” (fl. 21-22, cdno. ppal.).
En el sub lite como no se allegaron pruebas ni se realizó un dictamen pericial que permitieran soportar y reflejar los ingresos que, supuestamente, percibía el señor Ruiz Valencia de su establecimiento de comercio “Luna Verde”, del arrendamiento de los apartamentos en Sonsón y Medellín y de la venta de sus obras de arte, no es posible ordenar una compensación basada en esas entradas económicas.
En oportunidades anteriores, la Sala, aplicando principios de equidad y de reparación integral del daño, ha liquidado las condenas por lucro cesante, con bases diferentes al salario mínimo legal, a pesar de que para el momento de los hechos la víctima no estuviera desarrollando una actividad lucrativa, o no se hubiera demostrado la cuantía de los ingresos que percibía en ese momento, atendiendo a factores tales como su trayectoria profesional y la preparación académica del fallecido(17) o datos estadísticos presentados(18).
La trayectoria en el sector público y las aspiraciones políticas que tenía el señor Ruiz Valencia, permiten a la Sala tomar como base la remuneración que recibía con anterioridad a la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, la de contralor municipal.
En el expediente reposa constancia del secretario de gobierno del municipio de Sonsón, en la cual se informó que, para el año 1994, la asignación mensual para el cargo de contralor es de $ 759.990 (fl. 378, 382, cdno. ppal. - documento aportado en original).
Para la liquidación del perjuicio material se tendrá en cuenta la asignación de contralor municipal para la época en que ocurrieron los hechos —12 de junio de 1994—, más el 25 % de prestaciones sociales, sumatoria que se actualizará con los índices de precios al consumidor —$ 949.987.5—, se descontará un 50 % que eventualmente el señor Ruiz Valencia hubiera destinado en su propia subsistencia, el 50 % restante se dividirá entre las hermanas que demostraron que dependían económicamente de él —Martha Cecilia, Luz Elena y Olga Fanny Ruiz Valencia— hasta la edad probable de vida de cada una de ellas, por ser esta menor con relación a la expectativa de vida la víctima —46.24 años—(19).
Al dividir este monto entre las tres hermanas que dependían económicamente de la víctima, se obtiene la siguiente cifra: $ 724.142.14.
— La señora Martha Cecilia Ruiz Valencia nació el 19 de septiembre de 1953 (fl. 14, cdno. ppal.), es decir, para la época en que sucedieron los hechos tenía 40 años, 8 meses y 23 días, de manera que su edad probable de vida era aproximadamente 38.29 años o 459.48 meses.
Indemnización debida o consolidada:
Se liquidará en meses desde la fecha de los hechos —12 de junio de 1994— hasta la de la sentencia —22 de noviembre de 2012—.
S: la suma que se busca al momento de la condena
Ra: constituye la renta actualizada (mensual)
n: número de meses a indemnizar (desde la fecha de los hechos hasta la del fallo)
i: interés técnico legal mensual (0.004867),
Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 221.3 meses de la indemnización debida.
n: número de meses a indemnizar —a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 221.3 meses de la indemnización debida—.
Total indemnización: $ 388.894.467.80
— La señora Luz Elena Ruiz Valencia nació el 2 de octubre de 1955 (fl. 9, cdno. ppal.), es decir, para la época en que sucedieron los hechos tenía 38 años, 8 meses y 10 días, de manera que su edad probable de vida era aproximadamente 40.16 años o 481.92 meses.
Total indemnización: $ 393.726.455.77
— La señora Olga Fanny Ruiz Valencia nació el 15 de julio de 1952 (fl. 13, cdno. ppal.), es decir, para la época en que sucedieron los hechos tenía 41 años, 10 meses y 27 días, de manera que su edad probable de vida era aproximadamente 37.36 años o 448.32 meses.
Total indemnización: $ 386.288.135.73
Finalmente, como quiera que no es posible retrotraer los efectos de la conducta desplegada por la administración, lo que desencadenó la violación a los derechos humanos del señor Ruiz Valencia, esto es, efectuar una reparación in integrum, la Sala adoptará una serie de medidas no pecuniarias, dirigidas a materializar, al menos en forma cercana, un efectivo restablecimiento de los daños y perjuicios causados con la desaparición forzada, las cuales se concretan en lo siguiente:
— En el término de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, la Nación - Fiscalía General dará a conocer, en dos (2) diarios de amplia circulación nacional, lo sucedido y la decisión que se adopta.
— Adicionalmente, la Fiscalía General deberá colgar en su página web la presente providencia —al menos por un año—, de modo que resulte fácil su consulta.
— Así mismo, el señor Fiscal General de la Nación presentará públicamente, en una ceremonia en la cual estén presentes los familiares del señor Juan Diego Ruiz Valencia —demandantes en este proceso—, excusas por el hecho acaecido el 12 de junio de 1994, en el municipio de Sonsón, relacionado con su desaparición forzada.
REVOCAR la sentencia de primera instancia, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de diciembre de 2002 y, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General por la desaparición forzada de que fue objeto el señor Juan Diego Ruiz Valencia.
2. En consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Fiscalía General a pagar, como indemnización de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:
A. Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a: cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los padres de la víctima —Mario de Jesús Ruiz Cardona y Martha Valencia de Ruiz—, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos de la víctima —Olga Fanny, Marta Cecilia, Luz Elena, María Eugenia, Silvia Estella, Carlos Mario, Gabriela Amparo y Gustavo Adolfo Ruiz Valencia—.
B. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales —lucro cesante—: $ 388.894.467.80 a favor de la señora Martha Cecilia Ruiz Valencia, $ 393.726.455.77 a favor de la señora Luz Elena Ruiz Valencia y $ 386.288.135.73 a favor de la señora Olga Fanny Ruiz Valencia.
3. ORDENAR a la Nación - Fiscalía General que, en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, dé a conocer, en dos diarios de amplia circulación nacional, lo sucedido y la decisión que se adopta.
4. ORDENAR a la Nación - Fiscalía General que cuelgue en su página web la presente providencia —al menos por un año—, de modo que resulte fácil su consulta.
5. ORDENAR al señor Fiscal General de la Nación que presente públicamente, en una ceremonia en la cual estén presentes los familiares del señor Juan Diego Ruiz Valencia —demandantes en este proceso—, excusas por el hecho acaecido el 12 de junio de 1994, en el municipio de Sonsón, relacionado con su desaparición forzada.
7. Por secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.
8. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.
(1) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1996 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte demandante en $ 384.348.762.90, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.
(2) Tal como se verá en este capítulo, la prueba documental que soporta los hechos probados fue solicitada por la parte actora, decretada y allegada por la Policía Nacional y por otras entidades que de una u otra manera conocieron del secuestro y posterior desaparición del señor Juan Diego Ruiz Valencia.
(3) Artículo 388 del Decreto 2700 de 1991. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso (resaltado con subrayas fuera del texto).
(4) Sentencia de la Corte Constitucional C-1050 de 2000 “A la luz de la Constitución, el legislador goza de facultad para establecer modalidades o formas de privación de la libertad, bien a título preventivo, ya bajo condena, y le es posible, mientras no afecte los derechos fundamentales de quienes son sometidos a la medida o a la pena, prever la concesión de beneficios o tratos especiales en cuanto al lugar de reclusión, los cuales deben ser razonables y hallarse fundados en motivos que no lesionen el principio de igualdad.
Entre tales beneficios se encuentran precisamente la detención domiciliaria y la detención parcial en el lugar de trabajo.
Las personas que se acogen a las reglas correspondientes también están, desde el punto de vista jurídico, privadas de la libertad, y no puede entenderse que pierdan ese carácter por el hecho de que el lugar de la detención no sea el edificio en que funciona el establecimiento carcelario sino su domicilio o el sitio de trabajo”.
(5) Sentencia T-590 de 1998.
(6) Sentencia T-265 de 1999.
(7) Ibíd. En igual sentido T-208 de 1999.
(8) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998. En similares términos lo ha manifestado el Consejo de Estado en sentencias del 27 de noviembre de 2002, Expediente: 13760. M.P. María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, Expediente: 14.955 y del 24 de junio de 2004, Expediente: 14.950, M.P. Enrique Hoyos Duque. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente: 16.996, M.P. Enrique Gil Botero.
(9) Artículo 135 del Decreto 2700 de 1991. Funciones especiales del Ministerio Público. Corresponde al agente del Ministerio Público como sujeto procesal, además de otras funciones contempladas en este código: (...)
5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas en los casos de conminación, caución y detención preventiva.
(10) Artículo 1º de la Ley 1453 de 2011. Vigilancia de la detención domiciliaria. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por la autoridad judicial que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la residencia del penado, según su competencia legal, entre otros, y que serán indicados por la autoridad judicial, para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo (resaltado con subrayas fuera del texto).
Artículo 38 de la Ley 599 de 2000. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del Inpec (resaltado con subrayas fuera del texto).
Artículo 401 del Decreto 2700 de 1991. Cárcel con las debidas seguridades. Cuando en el lugar de la comisión del hecho punible no hubiere establecimiento de detención con las debidas seguridades para impedir la evasión del recluso o para la protección de su vida o integridad personal, el fiscal dispondrá el traslado del detenido a la cárcel que reúna las condiciones expresadas.
(11) La desaparición forzada de personas fue calificada como delito de lesa humanidad en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos, OEA, mediante Resolución 666 XIII-0/83.
Entre los años 1990 y 2007 se firmaron varios instrumentos internacionales relacionados con la desaparición forzosa de personas, a saber: (i) en 1992, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la asamblea general de Naciones Unidas (Res. 47/133, dic. 18/92); (ii) en 1994, la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas; (iii) en 1998, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y (iv) en 2007, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la asamblea general de las Naciones Unidas.
Nuestra Constitución Política en su artículo 12 dispuso que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. El legislador, en armonía con las disposiciones internacionales y, poniendo de presente la situación particular del estado colombiano, quiso revestir esta agresión a la libertad del hombre, a su convivencia social, a la paz y a la tranquilidad, de un valor constitucional cuyo alcance es el de derecho fundamental.
El legislador también tipificó la desaparición forzosa como delito en las leyes 589 y 599 de 2000, considerándola como la privación de la libertad a la que es sometida una persona por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndolo del amparo de la ley. Igualmente, incurre en el delito, el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel que realice la conducta descrita anteriormente.
De lo expuesto, se concluye que la desaparición forzada es un delito considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa con su ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de su paradero.
Entonces, para que se constituya el delito deben concurrir varios elementos: (i) que exista privación de la libertad de una o varias personas, cualquiera que sea su forma; (ii) que sea cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización de este, o por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley y (iii) que exista ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayendo a la persona del amparo de la ley.
(12) Sentencias de 18 de junio de 2008, Expediente 15624, actor: Guillermo Garcés Bagui y otros, M.P. Enrique Gil Botero y 20 de febrero de 2008, Expediente 16996, actor: María Delfa Castañeda y otros, M.P. Enrique Gil Botero.
(13) Algunos declarantes señalan que hubo negligencia de la policía y otros que hubo colaboración oportuna por parte de esta, lo que hace que no se tengan como ciertas sus afirmaciones.
(14) Son víctimas directas del delito de desaparición forzada aquellas personas cuyo paradero continúa desconocido como aquellas cuyos restos fueron encontrados y aquellas que recuperaron su libertad, e indirectas sus familiares y allegados.
(15) Sentencias de 7 de febrero de 2002, Expediente 21266, C.P. Alier Hernández Enríquez y 28 de noviembre de 2002, Expediente 12812, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(16) Advierte la Sala que en la sentencia de 26 de enero de dos mil 2011, Expediente 18611, actor: María Magdalena Arango Díaz y otros, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se fijaron montos similares por concepto de perjuicio moral.
(17) Por ejemplo, en los casos de la indemnización reclamada por los parientes de los doctores Enrique Low Murtra y Jaime Pardo Leal, se liquidó la condena por lucro cesante, teniendo en cuenta, respectivamente, los ingresos que percibían un consejero de Estado y un magistrado de tribunal, teniendo en cuenta la trayectoria profesional y preparación académica de los fallecidos. Sentencias de 18 de junio de 1997, Expediente 11875, y de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958.
(18) En sentencia de 31 de mayo de 2007, Expediente 15170, se liquidó la indemnización con base en el salario que percibía un profesional con tres años de experiencia, para el año 2007, de acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, graduados Colombia, observatorio laboral para la educación, Bogotá, 14 de febrero de 2007. En http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-118776.html.
(19) Resolución 497 de 20 de mayo de 1997. La víctima nació el 24 de noviembre de 1963 (fl. 7, cdno. ppal.), es decir, para la época en que sucedieron los hechos tenía 30 años, 6 meses y 18 días.

References: artículo 401
 artículo 115
 Artículo 388
 Artículo 135
 Artículo 1

Artículo 38

Artículo 401
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución