Source: https://lamericalatina.net/2019/04/02/juventud-desaparecida-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-y-la-guerra-civil-neoliberal-en-mexico-fabrizio-lorusso-en-libro-religiosidades-e-experiencias-espirituais-na-contemporaneidade-edufpi-brasil/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2019-07-18 00:24:41+00:00

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Juventud desaparecida. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la guerra civil neoliberal en México – Fabrizio Lorusso en libro Religiosidades e Experiencias Espirituais na Contemporaneidade, EDUFPI Brasil | l'America Latina
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Juventud desaparecida. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la guerra civil neoliberal en México
Fabrizio Lorusso[1]
A los pocos días de haber asumido el cargo, el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), anunció la decisión de lanzar una guerra contra las drogas que marcaría el destino de su administración y de México. El combate al consumo de estupefacientes en el país y al crimen organizado se caracterizó por la militarización de la seguridad pública, mediante operativos masivos de las fuerzas armadas y la policía federal en distintas entidades federativas y sin un trabajo exhaustivo de inteligencia y prevención, y ésta fue seguida por el paulatino incremento de homicidios dolosos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas, afectando especialmente a la población joven y de menores recursos del país. El aumento de las violaciones graves a los derechos humanos, dentro de un enfoque que categoriza el consumo de enervantes como un problema penal-criminal y no de salud pública, se ha acompañado con una retórica gubernamental belicista, mesiánica y martilleante, cuya piedra angular resultó ser la imposición institucional del terror social y la criminalización de las víctimas, de la juventud y de la protesta social en general con el fin de imponer un modelo de desarrollo excluyente y concentrador de la riqueza y del poder. Lo anterior sirvió como punta de lanza para imponer políticas de corte neoliberal, proteger e impulsar la inversión de capital transnacional y nacional en territorios indígenas, rurales y conflictivos, así como promover la apropiación por despojo de los recursos naturales y del subsuelo y la represión de los movimientos de resistencia y de los defensores de la naturaleza y los derechos humanos (Lemus, 2018).
Además, los medios de comunicación tendieron a banalizar, escenificar y normalizar la violencia (directa, estructural y simbólica) detrás del discurso de la narcoguerra, que en la práctica se tradujo en la destrucción del tejido social[2], la merma y negociación del control estatal en cada vez más regiones del país y, finalmente, en el predominio ideológico y político de un modelo de desarrollo neoliberal y privatista, mismo que creó el caldo de cultivo ideal para la afirmación de los poderes económicos de inversionistas transnacionales y del narco como poder fáctico, atractivo económica y culturalmente para una parte de la población, sobre todo de los jóvenes. Esta política pública continúa hasta la fecha, con pocas variaciones substanciales, en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Más que de un combate al narcotráfico, entonces, nos encontramos frente a una guerra civil, combatida por motivos económicos tras tres décadas de políticas neoliberales, ajustes y reformas estructurales. En otras palabras. Se trata de un conflicto armado interno en que “las confrontaciones entre un grupo armado y el Estado, o entre varios grupos armados dentro de un país, causan un mínimo de mil muertos al año” (Schedler, 2015, pp. 45-46) y las violencias no son unilaterales, pues que por lo menos el 10% de las víctimas está de cada lado en la pugna.
En este sentido en México no es descabellado hablar de una juventud desaparecida, de un embate generacional dentro de un contexto de múltiples violencias, ya que los sectores poblacionales más afectados por la crisis de derechos y seguridad humanos son los que forman el llamado bono demográfico, los adolescentes y jóvenes de edad menor a los 35 años, que ensanchan la parte baja de la pirámide poblacional que, si se aprovechara correctamente, en las próximas dos décadas sería todavía demográficamente significativa para favorecer el desarrollo.
El artículo se divide en tres apartados. El primero trata el tema de la juventud en México y de cómo el modelo socioeconómico adoptado desde la década de 1980 y la política de militarización de las tareas de seguridad, implementada por Calderón y Peña desde el 2006, han impactado significativamente en el aumento de la violencia y el deterioro del tejido social: se presta particular atención a las estadísticas y tendencias sobre población carcelaria, homicidios, consumo de drogas y desaparición de personas, con énfasis en los sectores jóvenes. La segunda parte ahonda en el tema de las desapariciones forzadas de personas y de las cometidas por particulares, al describir el marco normativo internacional aplicable en México y la nueva Ley General contra las desapariciones, aprobada en octubre de 2017, y luego analiza la situación económica y política, histórica y actual, del estado de Guerrero para caracterizar el contexto, representativo de una descomposición generalizada, en que se dio la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26-27 de septiembre de 2014, y para aplicar el concepto de violencia estructural al caso de Guerrero. El tercer apartado, gracias a un recuento de los hechos de la noche de Iguala y del caso Ayotzinapa y a testimonios orales de unos interlocutores relevantes, teje una narración sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, con el fin de evidenciar los motivos por el cual este caso ha sido considerado un parteaguas en la historia reciente de México y es particularmente grave y paradigmático de una realidad endémica y dramática. Se consideran también cuáles son las reivindicaciones del movimiento nacido en torno a los papás de los chicos desaparecidos y las peticiones hechas al gobierno mexicano, después de los informes entregados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han desmontado la versión creada por la Procuraduría General de la República y el gobierno sobre este crimen. Finalmente, el apartado de conclusiones hace un balance de las consideraciones y categorías sustentadas y utilizadas en el artículo.
Juventud desaparecida: facetas de la violencia en México
En la última década en México se ha desarrollado un conflicto interno, que bien podría asimilarse a una guerra civil económica motivada por el control de rentas, territorios y recursos naturales (Schedler, 2015, p. 11), en el contexto del modelo socioeconómico neoliberal y dentro de una estrategia de combate militarizado al narcotráfico (y a la inconformidad social) conocida como guerra a las drogas o narcoguerra y conducida por los dos mandatarios Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Esta política pública ha contribuido a dejar un saldo de más de 209,401 muertos por homicidio doloso (21,303 niños o adolescentes menores de 19 años entre 2007 y 2016; 89,728 jóvenes entre 20 y 34 años, o sea el 42.2% del total; 22,482 mujeres, o sea el 10.7% del total), 33,246 desaparecidos (RNPED, 2017) y 310,517 desplazados internos por la violencia entre 2009 y enero de 2017 (CMDPDH, 2017; Arena Pública, 2017).
La tasa de homicidios dolosos cada cien mil habitantes casi se triplicó entre 2007 (cuando era de 8.24 cada 100,000 habitantes) y 2011 (cuando llegó 23.88 cada 100,000 habitantes) (INEGI, 2011) y en 2016 se alcanzaron cifras parecidas a las del año peor de la administración anterior, el 2011, por lo que hubo 20,789 personas asesinadas (AP, 2017) y en 2017 (Espino, 2017) hubo más de 29,000 casos de homicidios dolosos, la peor cifra de la historia reciente. El problema no es tan solo de números sino de escalada en las cifras y de factores estructurales que la han posibilitado y son difíciles de enmarcar y, eventualmente, modificar, dadas las elecciones de economía política y política social emprendidas por los gobiernos neoliberales. Se le ha atribuido un carácter incluso de “epidemia” a la escalada de homicidios en México, la cual ha acarreado la reducción de la esperanza de vida, que de 2005 a 2010 bajó de 72.5 años a 72 para los hombres y quedó en 77 para las mujeres, ante la persistencia de la estrategia y la expansión de los grupos criminales (Aburto et al., 2016). Si extendemos la mirada a un periodo más largo, de 1998 a 2013, los datos oficiales arrojan la cifra de 269,175 homicidios, con el 61% de los hombres y 45% de las mujeres que murieron por impacto de arma de fuego, y el porcentaje de personas entre 15 y 35 años de edad es significativo y asciende al 54.39% en el caso de los hombres y al 50.86% para las mujeres; en ambos casos el nivel de escolaridad promedio es de 6 años o menos (Ayala & Furszyfer, 2015).
Tabla 1. Descriptivos de perfiles de homicidios por sexo (2015)
Fuente: (México Evalúa, 2015)
Dado lo anterior, existe un riesgo concreto de que México ya haya desperdiciado su bono o dividendo demográfico, es decir “los eventuales beneficios derivados de una ‘ventana de oportunidad’ que, por primera y única vez, permanece temporalmente abierta durante las próximas décadas, cuando concurrirán las condiciones demográficas propicias para el desarrollo socioeconómico (CONAPO, 2006, p. 29)”, siendo esta ventana bastante extendida para el caso mexicano, como lo describe la forma de su pirámide población, y abarcando unos 45 años (2004-2048) según distintos escenarios. Sin embargo, para que dé frutos se necesitan políticas adecuadas hacia el ahorro, la inversión, el crecimiento y el desarrollo que teóricamente podrían derivarse de esta coyuntura positiva y que, a la fecha, no parece estar aprovechándose. En mayo de 2016 durante una reunión con los senadores mexicanos la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, aseguró que el narcotráfico se quedó con el bono demográfico de México. “México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad para ese bono demográfico, para apostarlo a la educación y a la innovación y no entregárselo al narcotráfico, que es quien está ganando en el bono demográfico en México y en Centroamérica, que son de los pocos países donde existe” (Bárcenas, 2016). De hecho, tan solo en el sexenio de Calderón se calcula que el 79.4% de las víctimas pertenecía al llamado bono demográfico (Ortega, 2016). En términos culturales el ascenso del crimen organizado y la sobrexposición de violencia en los medios han ocasionado el aumento del aislamiento, el individualismo, la desconfianza y la agresividad de la población, pero también han propagado modelos de consumo relacionados con el poder, la ostentación, la ambición y el lujo que han sido atractivos especialmente entre los jóvenes y que salen reforzados por el modelo de desarrollo aperturista, consumista y liberalizador de la economía (Mendoza & Atilano, 2016, p. 187).
Gráfica 1. Pirámide de la población en México
Fuente: (INEGI, 2015)
El narco en México ha sido señalado por ser un fenómeno complejo, cultural y social, económico y de salud, de seguridad y político, y se puede considerar que ya el crimen organizado en muchos territorios es un poder fáctico[3] de primer orden, crecido con la colusión de distintos aparatos del Estado y de otros poderes fácticos de tipo económico-empresarial, y en entidades como Guerrero son decenas los grupos que se contienden las plazas (mercados locales de drogas) y las rentas económicas derivadas de la cadena del valor de las drogas pero también, cada vez más, de la minería, de la explotación de recursos naturales y de la venta de protección y seguridad, frente a los movimientos sociales inconformes o a grupos armados de distintos tipos (autodefensas, guerrillas, paramilitares, guardias blancas, militares y policías, miembros del crimen organizado y bandas rivales, policías comunitarios), a otros actores económicos, nacionales y foráneos (Mastrogiovanni, 2015). Considerando que sus objetivos declarados eran erradicar el consumo y tráfico de drogas y la violencia, la estrategia de militarización ha sido un fracaso, ya que la droga sigue fluyendo hacia el norte y ha inundado el mercado mexicano, las armas cruzan la frontera en la dirección inversa y las políticas represivas han provocado una sobrepoblación de las prisiones, con un porcentaje del 41% de los presos por delitos contra la salud, normalmente por posesión de drogas, que fueron encarcelados por tener una cantidad menor a los 500 pesos (26-27 dólares) (Pardo, 2016). Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Secretaría de Salud, 2016), en México el consumo de drogas aumentó del 47% de 2009 a 2016 en la población de entre 12 y 65 años, pero entre adolescentes de 12 a 17 años de edad el incremento fue del 125% y, entre mujeres en general, fue del 222%, lo cual marca tendencias preocupantes sobre las conductas de los jóvenes en México, un país que, contrariamente a lo preconizado por la propaganda gubernamental triunfalista sobre una presunta gradual victoria en la guerra a las drogas, se ha convertido de zona de tránsito en mercado de consumo debido a la mayor disponibilidad y variedad de las substancias.
Tabla 2. Distribución porcentual de la población privada de la libertad 2016
Fuente: (INEGI, 2016)
Por otro lado, la población penitenciaria de México en 2016 era de 211,000 personas, con una tasa de 178 cada 100,000 habitantes (menor a la de Estados Unidos, que era de 693, y mayor a la de Canadá, que era de 114), el 86.1% de esta población era de jóvenes de entre 18 y 39 años de edad y el 72.2% tenía educación básica, lo cual describe un perfil demográfico preciso, relacionado de cerca con una afectación del bono demográfico (INEGI, 2016, pp. 9, 10).
En el país han muerto per lo menos 2,000 menores de edad en la época de la guerra al narco y, ha señalado Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a la Agencia de prensa Efe que “las tasas de homicidio se han incrementado de manera impresionante, particularmente en niños, niñas y adolescentes y, en el segmento de 15 a 17 años de edad, se tienen 30% más de posibilidades de ser asesinados que siendo adultos (Pérez, 2017)” y, ahondando en el tema de la estrategia de terror que usan los grupos criminales por medio de las matanzas de niños y niñas, agregó:
No hay datos oficiales que relacionen los homicidios con las operaciones de la guerra contra el narcotráfico, pero nosotros iniciamos un recuento a partir de 2006 (tomando en cuenta los homicidios de los menores dentro de los episodios de violencia) y nos dimos cuenta que la lógica cambió: primero eran homicidios por fuegos cruzados, pero a partir de 2011 se trató, no solo de ataques directos, sino mutilaciones o venganzas entre grupos criminales (Pérez, 2017)
El crimen de desaparición de personas en México y, dentro de éste, el de la desaparición forzada, ha estremecido a la sociedad nacional y a la opinión pública mundial: los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED, 2016), entre el 2007 y diciembre del 2015, muestras cifras al alza, por lo que los desaparecidos eran 27,887 y de ese total el 48% correspondía al mandato presidencial de Peña Nieto quien, en ese entonces, tenía 3 años apenas en el cargo. Para 2016, fueron 968 los desaparecidos acumulados del fuero federal al mes de septiembre y 27,427 del fuero común al mes de julio del mismo año, por un total de 28,398 personas.
Hasta el 31 de julio de 2017 se habían contabilizado 32,277 personas desaparecidas en el país, de las cuales 19,025 durante la administración de Enrique Peña Nieto: 73,7% son de sexo masculino y 26,3% femenino, 41% de ellas jóvenes entre 15 y 29 años de edad, siendo Tamaulipas con 5,943 casos, el Estado de México con 3,832 y Sinaloa con 2,852 las entidades de mayor incidencia, aunque no haya ninguna que esté exenta del fenómeno (CNN Español, 2017). Para enero de 2018, la cifra de desaparecidos era de 35,410. Según las más de 70 organizaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, sólo el 20% de los casos se denuncian y entran en las estadísticas, mientras que otros colectivos de familiares estiman una cifra negra de cerca del 50% y denuncian, por encima, la falta de información sobre los migrantes centroamericanos desaparecidos (Miranda, 2017). Al respecto, en una entrevista con el autor de este artículo, el Padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes en Ixtepec, Oaxaca, quien ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 y fue candidato al Premio nobel por la Paz en 2017, explicó que
también nos duelen las demás personas desaparecidas que hay por todo el país, pero en los que no piensa la gente son los desaparecidos migrantes. Nosotros hemos contado entre 10 y 11mil migrantes desaparecidos, pero el Movimiento Migrante Mesoamericano ha contado más de 70mil. Es injusto pensar que nada más nosotros podemos registrar y captar y nos duelen los desaparecidos nacionales, cuando están allí los migrantes que no cuentan clamando justicia también, porque ellos están en una situación todavía peor. Los colectivos de madres de Veracruz como Solecito en la búsqueda de sus hijos han encontrado en las fosas que allí hay enterramientos de migrantes y se han puesto en contacto con las madres centroamericanas. Eso es una cosa, pero que se tenga dinero y voluntad política para eso es otra cosa. Veo esto como un crimen atroz de lesa humanidad y no va a ser fácil dilucidarlos, pero por lo menos creo que se logrará dilucidar algunos casos para llevar ante la justicia a los perpetradores que son agentes del Estado en complicidad con el crimen organizado (Solalinde, 2017).
Según la investigación de la revista Proceso, titulada “El país de los desaparecidos” (Campa, 2016), esta base de datos representa tan solo una aproximación a la problemática, ya que inclusive muchos casos conocidos públicamente no aparecen en ella: por ejemplo, no están los datos de ocho cazadores originarios de León, Guanajuato, quienes el 4 de diciembre de 2010 fueron detenidos por policías municipales cuando viajaban en una camioneta hacia la sierra de Zacatecas para practicar la caza deportiva. En la localidad del rancho El Plateado, municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas, fueron secuestrados y entregados horas más tarde “a miembros de un grupo de la delincuencia organizada, quienes vestían de negro, con pasamontañas y armas largas”, como refiere la recomendación 42/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 24 de septiembre del 2014 (CNDH, 2014). Además, estas bases de datos no detallan cuáles y cuántos son los casos considerados como simplemente “extraviados”, o bien, como “desaparecidos”, ni indican si una persona no es localizada a raíz de una ausencia voluntaria (por ejemplo debido a problemas familiares, domésticos o migratorios dentro o fuera del país) o involuntaria y, dentro de ésta categoría, si se trata de alguna forma de privación ilegal de su libertad por parte del crimen organizado o de agentes del Estado, la cual se configuraría como una “desaparición forzada”. Pese al incremento en el número de casos documentados de este tipo, según refirió Amnistía Internacional, no se ha dictado ninguna sentencia por desaparición forzada cometida entre 2006 y 2015 (Amnesty International, 2015, p. 9).
Finalmente, ante el panorama presentado y por el número de desaparecidos menores de edad, que al corte de abril de 2017 era de 5,865, o sea cerca del 25% del total de las personas desaparecidas en el país (RNPED, 2017), no es exagerado hablar de una juventud desaparecida o de una generación perdida de jóvenes en México, de la cual, desde luego, también los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, que tenían casi todos entre 17 y 20 años y representan un caso emblemático de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, y de impunidad, corrupción y colusión criminal por parte de las autoridades públicas.
Desapariciones, violencias y guerra civil neoliberal
El delito de desaparición forzada de personas y las desapariciones hechas por particulares, a veces clasificadas como simples “extravíos” o “secuestros”, están contenidos en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, contando estos últimos con rango constitucional en México después de la reforma de la Constitución del 2011 en tema de derechos humanos, y están tipificados en 27 estados de 32 que incluyen alguna definición y previsión penal para el delito de desaparición forzada.
Entre los instrumentos internacionales se destaca una mayor claridad en la definición del delito, y, sobre todo, se les atribuyen a los Estados nacionales mayores responsabilidades (Matute, 2014) (SCJN, s. f.): por un lado el Artículo 215-A.C del Código Penal Federal (Cámara de Diputados, 1931) sobre “Desaparición forzada de personas” establece que “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”; por el otro la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, un Tratado internacional vigente en México desde el 23 de diciembre de 2010 establece en su artículo 2 que
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).
El 12 de octubre de 2017, después de años de luchas por parte de los colectivos y asociaciones de víctimas de desaparición en el país y gracias a la fundamental colaboración de éstos y de muchas organizaciones para la defensa de los derechos humanos, ha sido aprobada en México la primera Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, la cual por primera vez tipifica uniforma las normas de todas las entidades federativas, ya presentes en sólo 27 de 32 los estados de la República, y en su artículo 27 establece que
comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte o su paradero (Cámara de Diputados, 2017).
Entre 40 y 60 años de detención son las penas previstas para los servidores públicos culpables y son de 25 a 50 años para los particulares, además está prevista la conformación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de un Consejo Ciudadano, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas. La previsión del delito de desaparición cometida por particulares llega a incluir, por ejemplo, los casos de desaparición cometidos por miembros del crimen organizado que no actúan bajo protección de funcionarios públicos o en colusión directa con estos, así que responde a una exigencia social importante, ya que en la época de la narcoguerra mexicana las tipologías de estos crímenes se han diversificado sensiblemente y ya no se puede tan solo y simplemente hablar de desaparición forzada al estilo tradicional de la época de la llamada Guerra sucia de la década de 1970 en que el Estado, especialmente las fuerzas armadas, usaban la desaparición como estrategia de represión de los movimientos sociales y de la disidencia en general y como factor de control político y difusión del terror, según reportan Illades y Santiago (2014). Los autores hablan de un “estado de guerra” que registra una continuidad entre la que se conoce como Guerra sucia, que en realidad fue una estrategia de exterminio más que una guerra, y la situación actual de militarización y guerra al narco que, más bien, se acerca a una guerra civil, en el sentido de que ya no hay un conflicto armado basado en motivos propiamente políticos o ideológicos sino económicos, y estos se relacionan de cerca con la implementación del modelo socioeconómico neoliberal, la inserción internacional primario exportadora de numerosos territorios y sectores de la economía mexicana y la necesidad de mantener por la fuerza un orden social estructuralmente excluyente que, cada vez más, despierta conflictos y disidencias en un números creciente de agraviados (Favela, 2017; Lorusso, 2015). Entre otras políticas públicas llevadas a cabo desde la década de 1980, destacan la Reforma Energética de rango constitucional, dentro del marco de las reformas estructurales y la apertura del sector energético mediante las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, la Ley Minera de 1992 modificada en 2014, que viola el derecho a la consulta previa y al consentimiento por parte de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, y, antes, la Reforma Agraria de 1992, que abrió paso a la privatización de las tierras comunales (ejidos): al incremento paulatino del número de concesiones, que según la Secretaría de Economía ascienden a 25,425 permisos de exploración o explotación minera en 2017, se asocian en 2017 al menos 1,488 conflictos sociales en torno a las minas (Lemus, 2018, p. 13).
Hoy en día, todavía existen las desapariciones cometidas por servidores públicos, como policías o militares, las cuales se conciben como parte de un mecanismo de represión que quiere negar la verdad y la justicia dentro de los conflictos sociales y políticos, pero también hay formas, actores y circunstancias nuevas, mixtas y complejas que requieren el acatamiento una legislación adecuada (Robledo, 2016, p. 94). Sin duda, el caso Iguala-Ayotzinapa ha sido un detonador de las protestas, de las propuestas y del debate al respecto, aglutinando muchas demandas y luchas, además de representar un símbolo de la criminalización constante de la juventud, de los sectores sociales rurales e indígenas y, especialmente, de la educación normal y de los maestros del sector público en México.
En Guerrero, así como en otros estados de México, son endémicas y radicadas las condiciones de pobreza multidimensional, la cual, desde un enfoque amplio, mide tanto la falta de ingresos económicos como las carencias sociales en los ámbitos educativo, alimentar, de acceso a la salud, de cohesión social, de acceso y calidad de la vivienda y los relativos servicios básicos (CONEVAL, 2015, p. 2). El 65.2% de la población guerrerense en 2014, año del crimen de la noche de Iguala, estaba en situación de pobreza y el 24.5% del total estaba en pobreza extrema; dos años después, el 64.4% estaba en pobreza y el 23% en pobreza extrema (CONEVAL, 2017).
Guerrero ha sido una de las regiones más conflictivas del país y en la década de 1970 allí se formaron grupos guerrilleros importantes como el Partido de los Pobres, fundado por el maestro, egresado de la Normal de Ayotzinapa, Lucio Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, fundada por el también egresado de la Normal Genaro Vázquez. Hoy en día, el boom del narcotráfico, especialmente de los derivados del opio y de la amapola que se cultivan en muchas zonas de Guerrero, ha venido juntándose a las condiciones de exclusión y autoritarismo que persisten desde décadas atrás, así que las tasas de homicidios dolosos son más de tres veces mayores al promedio nacional (70 y 71 cada cien mil habitantes en 2015 y 2016) (Chávez, 2017), y la entidad está en el tercer lugar, detrás de Chiapas y Oaxaca en 2016, por lo que se refiere a los mencionados índices de pobreza. Esta realidad configura la presencia de distintos tipos de violencia, que en general, según Galtung (Galtung, 2003 y 1985), se dan cuando las personas se ven limitadas en su plena realización afectiva, somática y men­tal y, por tanto, se encuentran por debajo de su potencial, por lo que es esta brecha respecto de un pleno desarrollo humano que define las violencias. A su vez, debido a los distintos ámbitos, características y alcances que pueden tener, existen violencias directas de índole verbal, psicológica o física, violencias estructurales y culturales-simbólicas. Para el caso de México y especialmente para Guerrero, con su pobreza y su desigualdad históricas, la idea de violencia estructural es particularmente sugerente y adecuada, pues “define procesos de la violencia en los que la acción se produce a través de mediaciones ‘institucionales’ o ‘estructurales’. Podría ser entendida como un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social, y otras circunstancias que en definitiva hacen que muchas de las necesida­des humanas de la población no sean satisfechas cuando con otros criterios de funcionamiento y organización lo serían fácilmente (Jiménez-Bautista, 2012, p. 33)”.
Ésta se traduce en mayor control social y en formas prevaricadoras de ejercer el poder e incluye la pobreza condicionada estructuralmente, entendida como falta de acceso a bienes básicos para una sobrevivencia digna, la represión política y la alienación, referida a los obstáculos evitables “a la satisfacción de necesi­dades tales como la de comprender las condiciones de la propia existencia, de comunidad, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de alegría, de dar significado a la propia vida, de tener algún tipo de comunicación con la naturaleza, etcétera (Jiménez-Bautista, 2012, p. 34)”. En el caso mexicano, se ha hablado de efectos ocasionados por un verdadero “estado de guerra” y de conflicto interno, no admitido oficialmente por el gobierno (Illades & Santiago, 2014), y del auge de los poderes fácticos delincuenciales, dentro de la ya decenal estrategia de combate militarizado al narcotráfico y del modelo de desarrollo neoliberal que lleva más de tres décadas que ha profundizado las desigualdades económico-sociales (Esquivel, 2017).
Más en lo específico, los crímenes de desaparición de personas en México están directamente relacionados con el ascenso de los poderes fácticos del narcotráfico y con la persistencia de violencias directas, estructurales y simbólicas, y se han proyectado en la arena mediática internacional a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El caso Iguala-Ayotzinapa sigue abierto, no ha habido ninguna sentencia condenatoria contra los más de cien detenidos hasta la fecha en que se entrega este artículo, la “verdad histórica”, presentada en enero de 2015 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha sido profundamente cuestionada y, finalmente, la comunidad internacional ve con creciente preocupación el deterioro de la situación de los derechos humanos en México (Alto Comisionado Derechos Humanos ONU, 2015).
La noche de Iguala y los 43 estudiantes de Ayotzinapa
“Han pasado tres años y no tenemos ninguna respuesta concreta, esto quiere decir que el gobierno no tiene interés en llegar a la verdad sobre nuestros hijos y apunta a cansarnos, pero no nos vamos a rendir” (C. Bautista, comunicación personal, 25/07/2017), denuncia Cristina Bautista, madre del joven Benjamín, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. En la noche del 26-27 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la normal, que había ido a la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado meridional mexicano de Guerrero, para tomar unos autobuses y, luego, participar en la marcha anual del 2 de octubre en la Ciudad de México, fue víctima de una serie orquestada de ataques, ejecutados por los cuerpos de la policía municipal y presuntos miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, así como varios funcionarios públicos de distintas corporaciones. Las agresiones fueron precedidas por una serie de actividades de control y monitoreo de los movimientos de los estudiantes, observados mediante el C4 de Iguala (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) y duraron cerca de 4 horas: en ellas, participaron de distintas maneras, más o menos directas, unos grupos armados integrantes de las policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, de la Policía Federal, de la Ministerial, de la Estatal y del 27 Batallón del Ejército mexicano, actuando junto a operadores del crimen organizado.
“Es un gran dolor como madre, como padre, ver que llega el día del cumpleaños de tu hijo y no saber nada de él, no poder abrazarlo, y es el amor que tenemos por cada uno de ellos que nos mantiene despiertos y nos hace seguir pidiendo castigo para los responsables” (C. Bautista, comunicación personal, 25/07/2017), es el comentario de Cristina, después de tres años de búsquedas, investigaciones, comparecencias y protestas que, junto al colectivo de los padres de familia de Ayotzinapa, a la Asamblea Nacional Popular de los movimientos que los apoyan y a miles de personas solidarias en todo el mundo, ha estado realizado desde el 2014.
El saldo de la que la prensa llamó la noche de Iguala fue terrible, ya que se contaron seis muertos, entre los cuales están tres estudiantes de la normal, un chofer de taxi, una pasajera del mismo taxi y un jugador del equipo de futbol local de los Avispones de Chilpancingo. Además, hubo unas cuarenta personas heridas y más de 180 víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos en la ciudad y alrededores, y finalmente 43 estudiantes sufrieron desaparición forzada y, a la fecha, no han sido presentados y se desconoce su destino. Durante meses, hasta la fecha, decenas de miles de ciudadanos, tanto en México como en otros países, con iniciativas de protesta realizadas simultáneamente en distintas ciudades del mundo en “Las Jornadas Globales por Ayotzinapa”, conformaron un imponente movimiento social para pedir la restitución con vida de los normalistas, apoyar la lucha de los papás de los 43 por la verdad y la justicia y denunciar las manipulaciones y fallas del gobierno y la Procuraduría General de la República (PGR) (Fernández, 2015). Actualmente las peticiones de los papás de los chicos y de los movimientos sociales solidarios con su causa se resumen en los cuatro puntos indicados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su segundo Informe entregado al gobierno mexicano y presentado ante la opinión pública el 25 de abril de 2016, tras un año de investigaciones (GIEI, 2016).
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y los funcionarios públicos bajo su responsabilidad, destacadamente el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, entre los meses de octubre del 2014 y enero del 2015, elaboraron la que el mismo Procurador llamaría, en rueda de prensa del 27 de enero de 2015 (PGR, 2015), una llamada “verdad histórica” sobre los hechos que, básicamente, establecía que en el caso se implicaban sólo funcionarios públicos del ámbito local y que los estudiantes habían sido secuestrados por los policías de Iguala, luego entregados a miembros de la delincuencia organizada, del cártel Guerreros Unidos, y finalmente quemados durante más de 15 horas en el basurero de Cocula, habiendo sido sus restos echados al cercano Río San Juan dentro de bolsas de plástico.
Tanto las pesquisas efectuadas por defensores de derechos humanos y periodistas como las del GIEI lograron demostrar que la versión oficial es falaz y que fue creada mediante una larga serie de graves violaciones a los derechos humanos contra los detenidos, aún no condenados, por el caso. Después del segundo informe del GIEI, se cuenta con una lista de recomendaciones y señalamientos dirigidos al Estado mexicano que han servido de guía para las reivindicaciones de los padres de Ayotzinapa y para el Mecanismo de Seguimiento del caso Iguala-Ayotzinapa creado ad hoc por la CIDH con un Plan de Trabajo y visitas aceptado por el gobierno mexicano en noviembre de 2016 (CIDH, 2016). Así lo relata en entrevista la periodista Anabel Hernández, quien es autora del libro de periodismo de investigación La verdadera noche de Iguala (2016) y durante tres años ha investigado sobre el caso, contribuyendo a desmentir la verdad oficial:
Durante un año estuve desmantelando todas las mentiras inventadas por el gobierno federal, principalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, y por el encargado de la investigación directa, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Estos dos personajes inventaron la llamada “verdad histórica”, hicieron creer al mundo que los normalistas habían sido asesinados por órdenes de un simple y pequeño alcalde de Iguala, por un pequeño grupo de policías sin armamento ni entrenamiento suficientes de Iguala y por un pequeño grupo criminal que operaba en la zona. Ésta es la historia que se inventó el gobierno, le dijo al mundo que los estudiantes habían sido cremados esa misma noche en un basurero en Cocula. Es la historia que conoce el mundo pero la historia es falsa. Lo que pude descubrir en dos años de investigación son cinco puntos fundamentales que demuestran y prueban que fueron funcionarios públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron militares, policías federales y federales ministeriales, fueron algunos miembros de la policía estatal los que participaron en este crimen. Encontré que fue directamente el ejército mexicano, el 27 Batallón de Infantería, el entonces coronel responsable del batallón el que esa noche orquesta, diseña, ordena, coordina y finalmente termina por ejecutar la desaparición de los 43 normalistas. También pude descubrir que participaron activamente al menos catorce elementos de la Policía Federal (Hernández, 2017, p. 197).
A la luz de lo anterior, Cristina, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista, sintetiza así la lucha actual del movimiento nacional e internacional surgido por los 43:
Para nosotros las iniciativas del 26 y 27 no son todo, la lucha sigue siempre porque dijimos que continuaremos hasta conocer el paradero de nuestros hijos porque si no pasa la idea de que nunca pasa nada, que el gobierno mata, desaparece a la gente, la encarcela y no se le dice nada, así que no nos cansamos de repetir nuestro reclamo como disco rayado y ahora nos concentramos en los cuatro puntos que el GIEI pidió al Estado mexicano que investigara (C. Bautista, comunicación personal, 25/07/2017).
El GIEI, en efecto, tras un año de trabajo de campo en Guerrero y el resto del país, indicó en su segundo y final informe, cuatro pistas fundamentales que las investigaciones oficiales no han atendido adecuadamente y que ha solicitado profundizar al gobierno mexicano: el papel del 27 batallón de infantería del ejército, que fue más que un mero espectador de la persecución contra los estudiantes y, más bien, los vejó en varias ocasiones; la telefonía celular y los teléfonos de los muchachos, pues la PGR tiene cerca de 1000 tabulados con las llamadas y varios son de los estudiantes, además de que algunos de sus celulares fueron utilizados, inexplicablemente, después de la desaparición masiva; el papel de la policía de la ciudad cercana a Iguala de Huitzuco, que se habría llevado unos 20 o 25 normalistas para otro lugar que no fue el basurero de Cocula, como en cambio sostienen las autoridades; el rol de un quinto camión, además de los cuatro tomados por los estudiantes inicialmente y que aparecen en la versión de la PGR, que fue secuestrado por los normalistas y que habría sido cargado con heroína y, por ende, habría provocado la agresión (GIEI, 2016). Sobre los móviles de los acontecimientos de la noche de Iguala, con base en las evidencias recolectadas en los meses siguientes, se han formulado, asimismo, conjeturas que van desde el tráfico de heroína entre Chicago e Iguala, por lo que los jóvenes habrían tomado sin saberlo un camión con una carga de 2 millones de dólares de droga y por eso fueron perseguidos (Reveles, 2015), hasta la hipótesis que enmarca los hechos en la tradición de represión estatal de las luchas sociales de Guerrero, en el historial específico de los estudiantes de Ayotzinapa, constantemente bajo ataque, y así los explica como parte de una verdadera operación contrainsurgente para aniquilar sectores inconformes y organizados de la población como son los normalistas (Cruz, Santana y Alvarado, 2016). A la fecha la PGR no ha presentado avances concretos sobre las pistas indicadas por el GIEI que, individual y conjuntamente, parecen confirmar, por un lado, las falacias de la versión ofrecida por el gobierno desde enero de 2015 y defendida, contra toda evidencia, hasta el día de hoy, y por otro lado la complejidad de la situación en Iguala y muchas regiones del país en donde priman la impunidad, la corrupción y la connivencia entre la autoridad pública y la delincuencia organizada, configurando los que el académico Buscaglia (2013) ha llamado “vacíos de poder”, o sea: sistemas judiciales colapsados, altos niveles de impunidad, sistemas de control patrimonial y de prevención social de los delitos fallidos.
El caso Iguala-Ayotzinapa es representativo de la realidad mexicana y constituye un punto de no retorno en la construcción de la memoria histórica sobre desapariciones forzadas en el país, pues allí se captaron los aparatos del estado gobierno in fragrante, “pues no fueron unos desaparecidos más, fueron la evidencia porque vimos al gobierno que estaba arrojando la piedra y no le dio tiempo de esconder la mano (Solalinde, 2017)”, además, según la periodista Hernández:
Por varias razones. La más humana y a la vez más valiosa es que efectivamente en México miles de familias han vivido la tragedia de los desaparecidos. Más de 25.000 personas fueron desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón, pero por miedo y por intimidación muchos de sus familiares se quedaron callados, no dijeron nada, por temor a ser criminalizados. Los padres de los 43 rompieron ese esquema y demostraron a México y al mundo que ante la desaparición forzada no se puede guardar silencio. El ejemplo que han dado en estos más de dos años no sólo es de valor sino de profundo amor a sus hijos. Me parece que al final esto es lo más importante. El ejemplo de amor de estos padres ha conmovido al mundo y ha hecho que en México este caso no se olvide y que haya muchas personas que siguen buscando verdad y justicia. Por otro lado, este caso es el ejemplo claro de que esta guerra contra el narcotráfico en México es una guerra simulada porque no se puede hablar de guerra cuando un batallón está al servicio del narcotráfico. No se puede hablar de guerra contra el narco cuando el presidente de la República, en vez de meter a la cárcel un puñado de malos funcionarios públicos, o sea unos 40 o 50 funcionarios, involucrados con el narcotráfico, que determinaron lo que pasó esa noche, y en vez de enjuiciarlos y dar un ejemplo para decir que “esto no lo vamos a permitir”, el presidente ha tolerado esta colusión y esta corrupción y ha premiado a los responsables. Hoy el coronel que era responsable de ese 27 Batallón tiene el cargo prácticamente de subsecretario de la Defensa Nacional y fue ascendido a General. El Capitán Martínez Crespo y los federales que participaron en esto siguen “protegiendo a la sociedad” dondequiera que se encuentren, significando realmente un riesgo para sociedad mexicana. Es emblemático porque demuestra el fracaso y la simulación de la guerra al crimen organizado. En tercer lugar, es un caso que ha sacudido al mundo, ha hecho que la comunidad internacional vea que en México realmente ni hay paz, ni hay verdad, ni hay justicia cuando se trata de crímenes cometidos por el Estado (Hernández, 2017, p. 202).
La simulación del combate al narcotráfico queda revelada, asimismo, en el hecho de que ese negocio internacional entre Estados Unidos y México ha estado creciendo, así como el mercado interno mexicano de estupefacientes, pero además la militarización del país, las facultades reguladoras y la movilización de aparatos del Estado en la última década han sido interpretadas como estrategias de control y represión para contrastar a los sectores populares, que tratan de recuperar lo perdido frente al neoliberalismo, y ofrecer seguridad a las inversiones extranjeras y nacionales, potenciadas tras las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, y a las élites que concentran cada vez más porciones de la riqueza (Favela, 2017).
El Rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Mtro. David Fernández Dávalos, durante la presentación del informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, presentado el 23 de junio de 2017 en la sede Santa Fe de la Universidad, destacó que “vivimos una grave crisis de los derechos humanos y de violencia en México, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, desatada sí por el narco, pero también por la respuesta del Estado, y por la complicidad o puntos de encuentro que tiene la economía criminal con los poderes públicos y las empresas privadas” (U. Iberoamericana, 2017).
De hecho, si bien México ha firmado y ratificado muchos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, los gobiernos de Peña y Calderón se han mostrado reticentes y reacios frente al escrutinio y las críticas avanzadas por organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH. Por ejemplo en abril de 2016, pese a que muchos sectores sociales demandaban la permanencia en México del GIEI de la CIDH, el gobierno optó por no renovar su mandato a investigar el caso Ayotzinapa, por lo que se activó un simple mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI que se reúne periódicamente con la PGR y emite juicios sobre los avances. Por otro lado el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denunció el 20 de octubre de 2017 que México, después de cuatro años de intentos, nuevamente le negó la visita al país, desconociendo así la competencia y la jurisprudencia del Comité, que cumplen con un estándar superior de protección a los derechos humanos y permiten a las víctimas acudir a sus instancias, a pesar de que desde 2009 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (El País, 2017).
La complejidad del conflicto interno mexicano no se puede explicar simplemente mediante una retórica del narco, según la cual el crimen organizado sería un fenómeno externo a la sociedad, el cual ha penetrado las instituciones debido al fracaso del Estado y a los problemas socioeconómicos y es combatido por el gobierno y la sociedad en su lucha, juntos, contra el crimen (Zavala, 2014). La realidad va más allá del discurso hegemónico, ya que “la violencia aumenta por el estado de excepción, y no solo por los narcotraficantes, y es tan grave como es grande la presencia masiva de la policía (Zavala, 2018)”. Por tanto, no sólo se explica la situación hablando de narcoestado, es decir de algunos aparatos estatales coludidos con narcotraficantes, sino incluso de un Estado criminal (Zavala, 2018) en sentido amplio, en el cual funcionarios, gobiernos de distintos niveles y cuerpos policiacos están inmiscuidos en la protección o en el ejercicio de múltiples negocios, también ilícitos, y con diferentes actores. En este contexto de conflicto entre grupos armados que, al producir más de 1,000 muertos al año puede conceptualizarse como guerra civil, se desenvuelven, con al apoyo de instituciones, funcionarios y de las propias políticas públicas federales y estatales, las prioridades del capitalismo neoliberal, tales como la expoliación de comunidades y la apropiación o explotación de recursos (agua, biodiversidad y metales, entre otros). Éstas se ven favorecidas por el estado de excepción y militarización permanentes y legalizadas con normas como la Ley de Seguridad Interior del 2017, la cual llegó a naturalizar la presencia castrense en las calles y en las tareas de seguridad, junto a la represión de los movimientos sociales en defensa de territorios y bienes comunes acometida por parte de fuerzas militares y paramilitares, coordinadas con el crimen organizado y con las mismas empresas transnacionales, especialmente las de la rama minera (Cruz, Santana y Alvarado, 2016). Justamente Brasil, Colombia y México han vivido dinámicas parecidas, en donde los movimientos sociales se han servido del repertorio de los derechos humanos para defender los bienes comunes y un medio ambiente sano (Hincapié y López, 2015), y son tres países que, bajo distintas modalidades, han aplicado estrategias de militarización y cuentan con enormes patrimonios de biodiversidad y recursos naturales, por lo que, paralelamente, ocupan los primeros tres lugares por número de defensores del medio ambiente asesinados y asesinadas en América Latina, con un saldo respectivamente de 46, 32 y 15 defensores y defensoras medioambientales asesinadas tan solo en 2017 (Sierra, 2018). Favela (2017) formula una hipótesis muy plausible que bien puede valorarse para otros contextos latinoamericanos sobre la grave crisis de derechos humanos de México, la cual
resulta no sólo de deficiencias legales, omisiones involuntarias o conductas veleidosas, sino de la contraposición entre, por un lado, los intentos de los grupos subalternos para revertir el deterioro de sus condiciones de vida y trabajo, así como el despojo de sus derechos y recursos, y por el otro, la decisión del grupo en el poder de retener el control del aparato estatal, y hacer frente al descontento social, recurriendo a la violencia de Estado. Retener el control del aparato estatal hoy más que nunca resulta crucial para mantener las políticas neoliberales en un contexto de guerra contra las drogas, que justifica las violaciones.
A partir de este cuadro de la situación en México y de lo que ha significado para la sociedad mexicana el destape de las fallas y las complicidades detrás del caso Ayotzinapa y el surgimiento de un movimiento social de alcance internacional entorno a los papás de los muchachos y a sus reivindicaciones (presentación con vida de los desaparecidos, verdad y justicia sobre el caso, garantía de no repetición, castigo a los culpables y reparación del daño, esclarecimiento de los puntos señalados por los Expertos Internacionales), se procede ahora a proponer líneas de literatura académica y metodológicas como marco preliminar para investigaciones futuras que utilicen el enfoque de la historia del tiempo presente y el método de la historia oral para el estudio de conflictos, violaciones a los derechos humanos, contextos de violencia estructural y experiencias colectivas e individuales traumáticas.
Este artículo es un acercamiento al problema de las violaciones graves a los derechos humanos en México, el cual se ha profundizado sobre todo a raíz de la llamada guerra a las drogas militarizada y del modelo de desarrollo neoliberal y ha afectado de manera notable a la juventud del país. La crisis, que llega de lejos en la historia y es endémica, se ha destapado en los medios internacionales particularmente después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del recrudecimiento de la violencia, en los sexenios presidenciales de Calderón y Peña, que experimentan Guerrero y buena parte del país.
El crimen de la desaparición de personas ha evolucionado desde la llamada Guerra sucia de la década de 1970, cuando actores estatales como el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los aparatos policiacos comenzaron a desaparecer a los opositores de manera sistemática, como parte de una estrategia de represión de la disidencia social, a la época actual, caracterizada por la retórica de la narcoguerra y la connivencia, coparticipación o el sometimiento de poderes públicos a los poderes fácticos ilegales, como el narco, y legales, como las grandes corporativos empresariales, según tendencias que son particularmente evidentes en el caso de Guerrero y en la desaparición de los 43 estudiantes. Se señalan al respecto, algunas hipótesis que pueden suportar líneas de investigación en México e incluso en realidades comparables de América Latina, como las de Brasil y Colombia, en que los conflictos armados y el tema de la lucha a las drogas se entremezcla y, más bien, solapa otros intereses ligados al control de recursos y de negocios lícitos e ilícitos, así como de la protesta social y de la juventud, mediante su criminalización.
Además de los asesinatos políticos y las diferentes tipologías de agresiones contra defensores y periodistas, está vigente la desaparición como mecanismo de control social y de represión, por ejemplo en contra de los grupos en resistencia contra la minería, el despojo o los megaproyectos, en el marco de conflictos socioambientales, territoriales o de otra índole. Pero, además, el fenómeno se ha complejizado, por lo que es difícil identificar claramente las redes, los actores y las modalidades involucradas en las desapariciones, pues tienden a cambiar y mezclarse en cada caso o región, y asimismo se da una diversificación de sus finalidades y patrones de acción. Aun así existen pistas que, por ejemplo en el caso representativo de Iguala-Ayotzinapa, se desdibujan en el ámbito de una guerra civil neoliberal para el control social y la disputa de rentas y negocios en la cual la juventud es golpeada duramente, desaparecida, asesinada y estigmatizada. La colusión del crimen organizado con aparatos de seguridad y burocráticos del Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, en un contexto de impunidad y corrupción, aleja cada vez más la posibilidad de hallar, con vida o muertos, a los desaparecidos, así como la opción por la justicia y la verdad para los familiares. Además, el incremento en el número de casos registrados oficialmente no tiene precedentes y las instituciones se hallan desbordadas: a principios de 2018 son más de 35,000 las personas desaparecidas, ya sea por extravío o porque fueron víctimas de una desaparición forzada o cometida por particulares.
De particular interés han sido las respuestas de los grupos de la sociedad civil que, pese al peligro y a la represión, se han organizado como colectivos de familiares y grupos de defensores de derechos humanos a favor de las víctimas del conflicto interno y en lucha por la verdad, la justicia o la búsqueda en vida o terrestre, en fosas clandestinas, de sus familiares desaparecidos. La sociedad civil mexicana ha podido articular de manera novedosa un número y una variedad de acciones y de movimientos que siguen creciendo y desarrollando nuevas identidades, narraciones contra-hegemónicas y acciones colectivas. Respecto de los movimientos de familiares de personas desaparecidas por motivos políticos del último cuarto del siglo XX, los actuales se han diferenciado por su papel, por sus diferentes grados de politización (a veces casi ausente), por su cantidad y gran número de participantes, por la variedad de las actividades que realizan y por su presencia mediática, factores que han hecho de estos colectivos un actor clave en esta coyuntura tan dramática. Justamente después de la noche de Iguala, de las primeras oleadas de protesta y de las búsquedas ciudadanas de los 43 en los cerros de Iguala, surge el primer colectivo de familiares que, como se habían encontrado muchos restos humanos que no eran de los normalistas alrededor de la ciudad y empezaban a revelarse públicamente decenas de casos de desapariciones forzadas, toman la resolución de volverse buscadores de fosas clandestinas y destapan la cloaca que el crimen organizado y las policías habían tratado de tapar durante años en la región. Se forma entonces el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que reivindica el derecho a buscar sus seres queridos desaparecidos y va diferenciando sus acciones y protestas respecto de otros movimientos, como el de los papás de Ayotzinapa, entre finales del 2014 y principios de 2015, logrando suscitar la conmoción y la atención mediática del país entero. Los colectivos que ya existían antes del 2014 y los nuevos, construidos alrededor de las búsquedas ciudadanas de los desaparecidos, han luchado, sin estar exentos de fricciones entre sí y de división internas o de procesos de cooptación por parte del poder político, para crear una legislación adecuada y, en general, para la defensa de los derechos humanos, obligando las autoridades a responder, a actuar, a cumplir con su deber y salir, al menos temporalmente, de la inercia.
En un nivel macro, se identifica claramente un cambio en la relación de las desapariciones con el contexto estructural nacional e internacional, por lo que atañe a la narcoguerra como controvertida política pública que, entre otras implicaciones, también acarreó un flujo de armas hacia México de tipo ilegal y de tipo legal, en el marco del acuerdo bilateral de la Iniciativa Mérida con Estados Unidos. La relación bilateral con el vecino del Norte, de la misma manera, se ha concretado en un peculiar modelo de desarrollo mexicano, con una apertura económica que, lejos de diversificar socios y mercados, se tradujo en un comercio dependiente por más del 80% de un solo país y en la neta prevalencia de los intereses privados y del gran capital por encima de los públicos y nacionales, así como en su inserción en la globalización a través de mecanismos de integración, como el Tratado de libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994 entre Canadá, México y EEUU, que no han traído mayor desarrollo para toda la población. En términos geopolíticos, Guerrero ha sido un nudo importante de la producción y del tráfico de heroína que se contrabandea hacia los Estados Unidos, sobre todo en la plaza de Chicago, pero también concentra importantes reservas de oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio y tungsteno, 702 concesiones mieras (hasta septiembre de 2017) y el 5% de la riqueza que sacan las empresas mineras en todo el país (Lemus, 2018, p. 119), por lo cual el caso Iguala-Ayotzinapa se considera emblemático y, como se ha dicho, representa la punta del iceberg de una larga lista de violaciones a los derechos humanos que deben ser comprendidas, encuadradas, estudiadas y recordadas para que no se repitan: éstas están relacionadas ya no sólo o no principalmente con las drogas sino con el subsuelo, la tierra, el agua, la energía, entre otros recursos codiciados por organizaciones criminales y por empresas nacionales e internacionales en un contexto de militarización de la seguridad pública, aumento en número y poder de actores armados privados e implementación de políticas neoliberales que han exacerbados las desigualdades.
Aburto, J., Beltrán-Sánchez, H., García-Guerrero, V., & Canudas-Romo, V. (2016, Enero). Homicides In Mexico Reversed Life Expectancy Gains For Men And Slowed Them For Women, 2000–10. Health Affairs, 35(1), 88-95.
Alto Comisionado Derechos Humanos de la ONU. (2015). Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015. Cd. de México, México. De http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf
Amnesty International. (2015). Información para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Londres: Amnesty International Publication. Retrieved from http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2015/02/amr410012015es.pdf
(2017, 02 03). Tasa de homicidios en Mexico subió 22% en 2016. El Economista.
Arena Pública. (2017). La década de los 210 mil asesinados: 42% jóvenes y 10.7% mujeres. México. De https://www.arenapublica.com/articulo/2017/07/27/6610/homicidios-de-mujeres-y-jovenes-en-el-pais-durante-una-decada 27/07/2017
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. Artículo 2. Nueva York.
Ayala, M., & Furszyfer, J. (2015). Animal Político. Para repensar las estadísticas del homicidio en México.
Ballinas, V. (2010). La jornada, 13/04/2010. De: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/13/index.php?section=politica&article=005n1pol
Ballinas, V. (2016). La jornada, 18/10/2016. De: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/18/politica/007n3pol
Bárcenas, A. (2016). Narco le roba la juventud a México: Cepal. Excelsior, 27/05/2016 México.
Bizberg, I., & Zapata, F. (2010). Los grandes problemas de México (VI. Movimientos sociales). Cd. de México: COLMEX.
Bonleux, L. (2017). Entrevista con el documentalista Ludovic Bonleux. 28/06/2017 (F. Lorusso, Entrevistador) Ciudad de México.
Borja, R. (2017). poderes fácticos. De Enciclopedia de la política: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=p&idind=1192&termino=
Buscaglia, E. (2013). Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada. México: Debate.
Cámara de Diputados. (1931). Código Penal Federal. Capítulo III Bis, ARTÍCULO 215-A. C. México.
Cámara de Diputados, L. (2017). Proyecto de decreto CS-LXIII-II-2P-193 por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Gaceta Parlamentaria. Anexo I, Año XX(4770-I). Cd. de México: Cámara de Diputados. De http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/may/20170502-I.pdf
Campa, H. (2016, 11 02). Revista Proceso. De http://desaparecidos.proceso.com.mx/7/
Cano, A. (2014). Policías comunitarios buscan a normalistas “cerro por cerro”. La Jornada, 10/09/2014, p. 7.
Chávez, L. (2017). Aumentó 208% la tasa de homicidios de 2007 a 2016 en Guerrero: Inegi. Sur Acapulco, 27/07/2017.
CIDH. (2016). CIDH presenta plan de trabajo del Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa. 16/11/2016. De: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/165.asp
CMDPDH. (2017). Desplazamiento Interno Forzado en México. De Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/
CNDH, Recomendación 42/2014 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 09 24, 2014). De: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2014/Rec_2014_042.pdf
CNN Español. (2017). México, el país donde hay más de 32,000 desaparecidos, 13/09/2017. De: http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/13/mexico-el-pais-donde-hay-mas-de-32-000-desaparecidos/#0
CONAPO. (2006). Proyecciones de la población de México 2005-2050. México: Consejo nacional de población.
CONEVAL. (2015). Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales. Cd. de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CONEVAL. (2017). Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2016. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Cruz, F., Santana, F. y Alvarado, M. A. (2016), La guerra que nos ocultan, México: Planeta.
El País. (2017). México impide la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El País, 21/10/2017. De: https://elpais.com/internacional/2017/10/21/mexico/1508537209_686131.html
Encinas Rodríguez, A. (2016). Drogas y poder. El fracaso de la política prohibicionista. Cd. de México : Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, AC.
Espino, M. (2017). Homicidios aumentan 23% en 2017, dice Segob. El Universal, 23/10/2017.
Esquivel Hernández, G. (2017). Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Cd. de México: Oxfam México.
Expansión. (2017). 15 puntos clave d ela nueva ley contra la desaparición de personas. Expansión, 02/05/2017.
Favela, M. (2017). Neoliberalismo y movilización ciudadana: dos eslabones perdido en la comprensión de la crisis de derechos humanos en México, El Cotidiano,206, 7-18.
Fernández Poncela, A. M. (2015).Una mirada social general sobre el movimiento por Ayotzinapa. Teknokultura, 2(12), 241-265.
Galtung, J. (1985). Sobre la paz. Barcelona: Fontamara.
Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflictos, desarrollo y civilización. Bilbao: Bakeaz/Gernika Gogoratuz.
GIEI. (2016). Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas . México: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
González Núñez, D., & Chávez Vargas, L. (2017). Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana Cd. de México-Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C.
Hernández, A. (2017). [Entrevista de F. Lorusso] La verdadera noche de Iguala, el muro de Trump y las drogas: entrevista con la periodista Anabel Hernández. Entretextos, 9(25), abr-jul, 195-207.
Hernández, A. (2016). La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar. Cd. de México: Grijalbo.
Hincapié Jiménez, S. y López Pacheco, J. A. (2016). Derechos humanos y bienes comunes. Conflictos socioambientales en Colombia. Dsacatos, 51, mayo-agosto, 130-141.
Huici Urmeneta, V. (2002). La memoria colectiva y el tiempo. De: http://www2.uned.es/ca-bergara/ppropias/vhuici/mc.htm
Illades, C., & Santiago, T. (2014). Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra. Cd. de México: Era.
INEGI. (2011). Base de datos sobre Mortalidad del INEGI. De http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4
INEGI. (2015). Encuesta intercensal 2015. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INEGI. (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Jiménez-Bautista, F. (2012). Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. (UAEM, Ed.) Convergencia(58), ene-abr, 13-52.
Lemus, J. (2018). México a cielo abierto. De cómo el boom minero resquebrajó al país, México: Grijalbo.
Lorusso, F. (2015). Narcoguerra. Cronache dal Messico dei cartelli della droga, Bolonia: Odoya.
Lorusso, F. (2016). “No hay una verdadera solidaridad hacia las familias de desaparecidos”, 27/05/2016. De Noticias Aliadas: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7312
Mastrogiovanni, F. (2015). Ni vivos ni muertos. La sparizione forzata in Messico come strategia del terrore, Roma: derive Approdi.
Matute, J. D. (2014). Política criminal y Derecho internacional. Ciudad de México: INACIPE.
Medina, S. (2015). Nexos. Neoliberalismo mexicano: ambiente perfecto para el narco, 26/01/2015. De: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6733
Mendoza Zárate, G., & Atilano González, J. (2016). Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz. Cd. de México: CIAS.
México Evalúa. (2015). Descriptivos de perfiles de homicidios por sexo (infografía). 10/12/2015. De: http://mexicoevalua.org/infografias/
Miranda Díaz, D. N. (2017). Personas no localizadas: breve análisis estadístico de desaparecidos en México. Visión Criminológica-Criminalística, 5(17), ene-mar, 28-31. De http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1701/articulos/Articulo08_Personas_no_localizadas_breve_analisis_estadistico_de_desaparecidos_en_Mexico.pdf
Ortega, A. (2016). 79.4% de las víctimas de la ‘guerra’ al narco pertenecía al bono demográfico. Expansión. 14/12/2016.
Pardo Veira, J. (2016). NYT. México cumple una década de duelo por el fracaso de la Guerra contra el Narco. 07/9/2016. De: Times: https://www.nytimes.com/es/2016/09/07/mexico-cumple-una-decada-de-duelo-por-el-fracaso-de-la-guerra-contra-el-narco/
Pérez García, J. (2017). Univisión. 05/01/2017. De: http://www.univision.com/noticias/asesinatos/la-guerra-contra-el-narcotrafico-en-mexico-provoca-la-muerte-violenta-de-mas-de-2-000-ninos
PGR. (2015, 01 27). Conferencia de prensa del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, sobre el caso Iguala, ofrecida en Reforma 211-213. Cd. de México: PGR Dirección de Comunicación Social.
Reveles. J. (2015). Échale la culpa a la heroína. De Iguala a Chicago. Cd. de México: Grijalbo.
RNPED. (2016). Datos Abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). De http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php
SCJN. (s. f.). Marco normativo y prevedentes sobre desaparición forzada de personas y jurisdicción militar. México: SCJN. 01/11/2016. De: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/acc_ref/MARCO_NORMATIVO_Y_PRECEDENTES_SOBRE_DESAPARICION_FORZADA_DE_PERSONAS_Y_JURISDICCION_MILITAR.pdf
Secretaría de Salud. (2016). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. México: Secretaría de Salud.
Schedler, A. (2015). En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. Cd. de México: CIDE.
Sierra Praeli, I. (2018). América Latina: la región con más ambientalistas asesinados en 2017, Mongabay, 06/02/2018, disponible en: https://es.mongabay.com/2018/02/america-latina-ambientalistas-asesinados-2017/
Solalinde, A. (2017). “Los narcos me quieren muerto”. Entrevista con el padre Alejandro Solalinde. 10/10/2017. (F. Lorusso, Entrevistador)
Solís González, J. (2013). Neoliberalismo y crimen organizado en México: el surgimiento del Estado Narco. Frontera Norte, 25 (50), jul-dic, 7-34.
Univ. Iberoamericana CDMX. (2017). Fosas proclaman que se puede asesinar a personas sin que pase nada: Rector. 23/06/2017. De: http://www.ibero.mx/prensa/fosas-clandestinas-se-dan-en-paises-en-conflicto-y-con-estrategias-fallidas-rector
Zavala, O. (2014). Imagining the U.s.-Mexico Drug War: The Critical Limits of Narconarratives, Comparative Literature, 66 (3): 340-360.
Zavala, O. (2018). [Entrevista de A. Cegna] In Messico non esiste un narcostato, esiste uno Stato criminale, Il Manifesto, 17/02/2018.
[1] Profesor/Investigador de la Universidad Iberoamericana León (México); Licenciado y Maestro en Economía Empresarial por la Universidad L. Bocconi de Milán (Italia); Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI (México).
[2] Por tejido social me refiero a “la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social” (Mendoza Zárate & Atilano González, 2016, pág. 207) que se determinan a nivel comunitario, institucional y estructural.
[3] Entiendo un poder fáctico como el conjunto de “potestades públicas que no surgen de la ley, ni están en ella regladas, sino que nacen de la dinámica de las relaciones sociales. No son por tanto poderes formales, jurídicamente regulados, sino poderes informales que están al margen de la previsión de la ley y que son ostentados y ejercidos de facto por individuos o grupos para defender intereses económicos y sociales de carácter particular dentro de la comunidad política (Borja, 2017)”.
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