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Timestamp: 2019-04-18 21:07:17+00:00

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Profesiones jurídicas - Estonia
Esta página ofrece una visión general sobre la organización de las profesiones jurídicas en Estonia.
Las profesiones jurídicas en Estonia son las siguientes:
Jueces legos;
Jueces auxiliares y secretarios judiciales;
Oficiales de justicia;
La Fiscalía (Prokuratuur) es un órgano de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Justicia. Se estructura en dos niveles: la Fiscalía General del Estado (como órgano superior) y cuatro fiscalías regionales.
El ámbito territorial de competencia de la Fiscalía General abarca todo el territorio de Estonia y el de cada Fiscalía regional se corresponde con el de las prefecturas de policía. La Fiscalía General está presidida por el Fiscal General, que es nombrado para un mandato de cinco años por el Gobierno estonio a propuesta del ministro de Justicia, previa consulta a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento estonio.
El Fiscal General presenta todos los años a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento durante el período de sesiones de primavera de este una memoria de las actividades realizadas durante el año civil precedente en relación con las funciones que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico.
Las fiscalías regionales están dirigidas por un Fiscal Jefe, que es nombrado para un mandato también de cinco años por el Ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General.
En estonia existen ocho tipos de fiscales: Fiscal General del Estado, fiscales jefe del Estado, fiscales del Estado y fiscales adjuntos en la Fiscalía General y fiscales jefe, fiscales superiores, fiscales especiales, fiscales regionales y fiscales regionales adjuntos en las fiscalías regionales.
Véase la Ley del Ministerio Fiscal (Prokuratuuriseadus).
De acuerdo con la Ley del Ministerio Fiscal:
la Fiscalía participa en la planificación de la vigilancia requerida para la prevención y detección de las infracciones penales;
conduce la instrucción penal previa al juicio;
representa el interés público ante los órganos jurisdiccionales;
desempeña otras funciones que la ley le confía.
La Fiscalía ejerce sus funciones de forma independiente con arreglo a la Ley del Ministerio Fiscal.
Como conductor del procedimiento penal, el fiscal dirige la investigación para obtener pruebas y decide si se debe procesar a una persona sobre la base de los hechos comprobados.
De conformidad con la Ley del Ministerio Fiscal, la Fiscalía General del Estado:
conduce las investigaciones preliminares y representa el interés general ante los órganos jurisdiccionales de cualquier orden en relación con los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público, los delitos económicos, los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, los delitos ecológicos, los delitos contra la Administración de Justicia, los delitos relacionados con la delincuencia organizada, los delitos de carácter transfronterizo y otros delitos especialmente graves relacionados con la delincuencia organizada o los delitos que suscitan una intensa alarma social, los delitos contra la humanidad y la seguridad internacional, los delitos graves contra el Estado, los delitos cometidos por fiscales y otros delitos cuya investigación le haya confiado el Fiscal General del Estado;
supervisa el funcionamiento de las fiscalías regionales, a las que asesora, y analiza y extrae conclusiones generales sobre las prácticas judiciales y de la Fiscalía;
desempeña las obligaciones derivadas de la cooperación internacional, incluida la participación en el trabajo de EUROJUST;
participa en la elaboración de leyes, reglamentos y decretos del Gobierno de la República, así como de órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia en relación con las actividades de la Fiscalía.
Para ser juez se exige poseer la nacionalidad estonia, haber obtenido un título de posgrado en Derecho reconocido a nivel nacional, una cualificación equivalente con arreglo al artículo 28(22) de la Ley de Educación de la República de Estonia o una cualificación extranjera equivalente, tener conocimientos avanzados de la lengua estonia, así como un cierto perfil moral y las capacidades y las características personales necesarias. El cargo de juez es vitalicio. Los jueces no están sujetos a la potestad disciplinaria del Ministerio de Justicia. Únicamente pueden ser cesados mediante resolución judicial. Los jueces pueden ejercer hasta los 67 años, pero esta edad puede aumentarse.
No pueden ser jueces:
las personas condenadas por haber cometido un delito penal;
las personas que hayan sido cesadas como juez, notario, traductor jurado u oficial de justicia;
las personas que hayan sido expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia;
las personas que hayan sido expulsadas de la Función Pública debido a una falta disciplinaria;
las personas declaradas en concurso de acreedores;
las personas cuyas actividades profesionales como auditor hayan cesado, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor;
las personas a las que se haya retirado el derecho a actuar como agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes.
Las personas que hayan finalizado el período de prácticas para convertirse en jueces o que estén exentas de dicho servicio y hayan aprobado el examen de juez pueden ser designadas jueces de un juzgado comarcal o un tribunal de lo contencioso-administrativo. Las personas que hayan trabajado durante al menos dos años como abogado o fiscal (pero no como fiscal adjunto) inmediatamente antes de aprobar el examen de juez, o las personas que hayan actuado anteriormente como juez si no han pasado más de diez años desde que cesaran en el cargo no tienen que realizar el período de prácticas para convertirse en juez.
Los juristas experimentados y de reconocido prestigio que hayan aprobado el examen de juez pueden ser designados jueces de una audiencia. Las personas que hayan actuado como jueces inmediatamente antes de su designación no están obligadas a hacer el examen de juez.
Los juristas experimentados y de reconocido prestigio pueden ser designados jueces del Tribunal Supremo.
Los jueces se designan mediante oposición pública.
Los jueces no pueden ejercer otras funciones, salvo en la enseñanza o la investigación. Los jueces deben comunicar al Presidente del Tribunal todos los empleos que tengan distintos del de juez. Los empleos distintos de los de juez no deben poner en peligro el ejercicio de las funciones del juez o su imparcialidad en la administración de la justicia. Los jueces no pueden ser diputados al Parlamento(Riigikogu) ni miembros de un consejo municipal o ayuntamiento, miembros de un partido político, fundadores, socios ejecutivos o miembros del Consejo de Administración o de Vigilancia de una sociedad, directores de una filial de una sociedad extranjera, administradores concursales, miembros de una junta de acreedores, administradores designados de inmuebles o árbitros elegidos por una de las partes de un litigio.
Los jueces solo pueden ser cesados mediante sentencia judicial. Para poder presentar cargos penales contra un juez de un órgano jurisdiccional de primera o segunda instancia durante su mandato se requiere una propuesta adoptada en sesión plenaria del Tribunal Supremo aprobada por el Presidente de la República. Para poder presentar cargos penales contra un juez del Tribunal Supremo durante su mandato se requiere una propuesta del Canciller de Justicia aprobada por la mayoría del Parlamento estonio.
Los requisitos exigidos a los jueces, su periodo de prácticas y sus obligaciones se fijan en la Ley del Poder Judicial (Kohtute seaduses).
La profesión de juez está regulada por ley. Existe un Código deontológico adoptado en sesión plenaria por todos los jueces de Estonia. Se puede encontrar más información en el sitio web del Poder Judicial (Kohtute) y en el sitio web del Tribunal Supremo (Riigikohtu).
La función del juez es la administración de justicia con arreglo a la Constitución y a las normas legales, basándose en las cuales llega a una resolución justa para las partes de un caso. Los jueces desarrollan el Derecho a través de su interpretación de las leyes y de su labor de investigación.
El juez desempeña sus obligaciones oficiales de manera imparcial y desinteresada y se atiene al interés del servicio incluso fuera del marco de su actividad profesional. El juez debe tener un comportamiento sin tacha tanto en el marco de su actividad profesional como fuera de él y abstenerse de actos que puedan dañar la reputación del tribunal. El juez no puede revelar información que conozca por una sesión del tribunal de acceso restringido o por discusiones mantenidas durante la preparación de una resolución. El deber de confidencialidad se aplica en todo momento, incluso después de jubilado el juez. El juez debe poder supervisar a candidatos a la judicatura, a candidatos a jueces auxiliares y a estudiantes universitarios en prácticas. Los jueces no deben supervisar a más de dos candidatos a la judicatura, candidatos a jueces auxiliares y estudiantes universitarios en prácticas. De un juez se espera que desarrolle con regularidad sus conocimientos y habilidades profesionales y que participe en cursos de formación.
Prestaciones sociales de los jueces
Por ley, los jueces reciben diversas prestaciones sociales, que incluyen un sueldo oficial, una remuneración adicional, una pensión de juez, vacaciones, togas oficiales y otras prestaciones.
El sueldo oficial de los jueces se establece en la Ley de sueldos oficiales de los funcionarios estatales designados por el Parlamento estonio y el Presidente de la República. Aparte de su sueldo oficial, los jueces perciben una remuneración adicional por años de servicio de un 5% del sueldo oficial a partir del quinto año, de un 10 % del sueldo oficial a partir del décimo año y de un 15 % del sueldo oficial a partir del décimo quinto año.
La pensión de los jueces está formada por su pensión de jubilación, una pensión complementaria, una pensión de invalidez y una pensión de supervivencia para los miembros de su familia. Los jueces no perciben su pensión durante el ejercicio de sus funciones. Si un juez jubilado acepta otro empleo, recibe su pensión completa independientemente de sus ingresos. Las personas cesadas en su cargo por una falta disciplinaria o por haber sido condenadas por un delito penal cometido de forma intencionada no reciben la pensión de juez. La pensión de juez se retira a las personas condenadas por un delito contra la administración de justicia.
La pensión de juez puede pagarse a las personas que hayan actuado como jueces durante al menos quince años y hayan alcanzado la edad de jubilación. Los jueces también pueden percibir una pensión de jubilación si pierden un 100 %, un 90 % o un 80 % de su capacidad laboral tras actuar durante quince años como jueces, incluso aunque no hayan alcanzado la edad de jubilación. Los jueces que hayan alcanzado la edad de jubilación tienen derecho a recibir su pensión de jubilación tras diez años de ocupar el cargo de juez si pierden un 100 %, un 90 % o un 80 % de su capacidad laboral. La pensión de los jueces es del 75 % de su último sueldo.
Se paga una pensión complementaria equivalente al 75 % del sueldo final del juez a las personas que hayan actuado como jueces durante al menos treinta años.
Los jueces que sufren una incapacidad permanente para trabajar durante el ejercicio de sus funciones tienen derecho a recibir una pensión de invalidez. La pensión de invalidez de los jueces es del 75 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 100 %, del 70 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 80 % o el 90 %, y del 30 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 40 % al 70 %.
Al fallecer un juez se paga una pensión de supervivencia equivalente al 30 % de su último sueldo a cada miembro de la familia con derecho a recibir dicha pensión, pero el total de la pensión no puede ser superior al 70 % del último sueldo del juez.
Los jueces tienen derecho a 49 días naturales de vacaciones anuales en el caso de los jueces de órganos jurisdiccionales de primera o segunda instancia, y a 56 días naturales en el caso de los jueces del Tribunal Supremo. Los jueces tienen derecho a las vacaciones complementarias contempladas en la Ley de la Función Pública.
Los jueces legos (Rahvakohtunikud) trabajan en los juzgados comarcales únicamente en asuntos penales relativos a un delito en primer grado. Su estatuto, sus derechos y sus obligaciones son los mismos que los de los jueces de carrera. Los jueces legos se nombran para un periodo máximo de cuatro años, deben poseer la nacionalidad estonia y residir en el país, tener capacidad jurídica y entre 25 y 70 años de edad, un conocimiento avanzado de la lengua estonia y un perfil moral adecuado para el desempeño de las funciones asociadas al cargo. Los jueces legos no pueden ser designados para más de dos mandatos consecutivos.
No pueden ser designadas jueces legos: las personas condenadas por un delito penal, en concurso de acreedores, inaptas por motivos de salud, que hayan tenido un domicilio permanente (es decir, un domicilio inscrito en el padrón) durante menos de un año en la zona del gobierno local que las haya nominado como candidatas a juez lego, que trabajen para órganos jurisdiccionales, la Fiscalía o la policía preventiva, que formen parte de las fuerzas armadas, que sean abogados, notarios u oficiales de justicia, que sean miembros del Gobierno estonio o de un consejo municipal o un ayuntamiento, el Presidente de la República, los diputados al Parlamento y los gobernadores regionales. Las personas acusadas de un delito penal no pueden ser designadas como jueces legos durante el procedimiento correspondiente.
En esencia, su función es la de representar, en la administración de justicia, el punto de vista del ciudadano de la calle, más humanitario que jurídico. La designación de los jueces legos corresponde a la Administración local.
Jueces auxiliares (Kohtunikuabid) y secretarios judiciales (Kohtujuristid)
Los jueces auxiliares son funcionarios judiciales que desempeñan las funciones establecidas por ley. Son imparciales, pero han de seguir las instrucciones del juez hasta donde la ley se lo exija. Los jueces auxiliares son competentes para hacer las anotaciones en los registros (como el Registro de la Propiedad Inmobiliaria o el Registro Mercantil) y para emitir normas para el mantenimiento de los registros, incluidas órdenes de imposición de sanciones. Pueden aplicar un procedimiento acelerado para las órdenes de pago. A los jueces auxiliares se les aplican las mismas restricciones que a los jueces.
Pueden ser designadas jueces auxiliares las personas que hayan obtenido un título de posgrado en Derecho reconocido a nivel nacional, una cualificación equivalente con arreglo al artículo 28, apartado 2, de la Ley de Educación de la República de Estonia o una cualificación extranjera equivalente, tengan conocimientos avanzados de la lengua estonia, así como una alta moralidad y hayan completado el período de prácticas para convertirse en jueces auxiliares. Las personas que no hayan completado el período de prácticas para jueces auxiliares, pero sí el período de prácticas para jueces o que estén exentas de este y hayan aprobado el examen para jueces también podrán ser designadas jueces auxiliares.
No pueden ser jueces auxiliares las personas condenadas por haber cometido un delito penal; las personas que hayan sido cesadas como juez, notario, traductor jurado u oficial de justicia; las personas que hayan sido expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia; las personas que hayan sido expulsadas de la Administración pública por haber cometido una infracción disciplinaria; las personas declaradas en concurso de acreedores; las personas cuyas actividades profesionales como auditor hayan cesado, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor; las personas a las que se haya retirado el derecho a actuar como agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes, y las personas inhabilitadas durante tres años para ejercer como jueces debido a su inaptitud para el cargo, tras su designación como jueces.
Los jueces auxiliares se designan mediante oposición pública. (kohtute seaduses)
Los requisitos exigidos para ser juez auxiliar se establecen en la Ley del Poder Judicial (Kohtute seaduses).
Los secretarios judiciales son funcionarios de la Administración de Justicia que participan, de manera autónoma o bajo la supervisión de un juez, en la preparación y la tramitación de los asuntos en la medida prevista en la Ley de Enjuiciamiento. De conformidad con esta Ley, los secretarios judiciales tienen potestad para llevar a cabo los mismos actos procesales y dictar las mismas resoluciones que los jueces auxiliares u otros funcionarios judiciales. Los secretarios judiciales gozan de independencia en el ejercicio de su cargo, pero deben atenerse a las instrucciones del juez en la medida establecida por la ley.
Los requisitos a que deben someterse los secretarios judiciales son idénticos a los de los jueces auxiliares. Las vacantes de secretarios judiciales se cubren por oposición pública.
No pueden ser secretarios judiciales las personas condenadas por haber cometido intencionadamente un delito penal; las personas condenadas por haber cometido intencionadamente un delito contra el Estado, aunque se hayan eliminado los antecedentes penales; las personas a las que se haya condenado en firme a la inhabilitación para ejercer como secretario judicial y las personas que sean parientes o parejas de una persona que supervisa directamente a un secretario judicial.
Además de los secretarios judiciales (371 Kb) y de los jueces auxiliares (373 Kb) , otros empleos judiciales son los directores de tribunales (367 Kb) y los secretarios de sesiones judiciales (364 Kb) .
El término «abogados» incluye a los procuradores de los tribunales y sus ayudantes.
Los abogados han de estar colegiados y deben cumplir lo previsto en la Ley Reguladora del Colegio de Abogados de Estonia. Toda persona que reúna los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Colegio de Abogados y apruebe un examen de abogacía puede ser miembro del Colegio de Abogados de Estonia.
El Colegio de Abogados es una entidad profesional autónoma creada para la prestación de servicios jurídicos en defensa tanto del interés público como del privado. Protege los derechos profesionales de los abogados. El Colegio de Abogados de Estonia supervisa las actividades profesionales de sus miembros y el modo en que respetan las exigencias deontológicas profesionales. El Colegio de Abogados de Estonia organiza también cursos de formación profesional continua. A través de sus miembros, el Colegio de Abogados de Estonia garantiza la prestación de asistencia jurídica gratuita del Estado.
El Colegio de Abogados de Estonia actúa a través de sus órganos, que son la asamblea general, la junta rectora, el presidente, el comité de auditoría, el tribunal de honor y el comité de evaluación de la idoneidad profesional.
Los abogados en ejercicio están habilitados para:
representar y defender a clientes en procesos judiciales y prejudiciales tanto en Estonia como en el extranjero;
obtener pruebas;
elegir y utilizar los métodos y medidas legales que estimen oportunos para la prestación de servicios legales;
obtener de las autoridades nacionales y locales la información necesaria para prestar servicios legales, poder acceder a la documentación y obtener copias y extractos de dichos documentos, salvo que la ley excluya a los abogados de la obtención de dicha información y documentación;
tratar datos privados de personas que no sean clientes suyos pero que se obtengan con arreglo a un contrato u otro acto legal, incluidos datos personales sensibles, sin el acuerdo de dichas personas si ello fuera preciso para prestar servicios legales;
verificar las firmas y las copias de documentos presentados al órgano jurisdiccional u otros organismos oficiales como parte de los servicios legales que prestan a un cliente;
actuar como árbitros o conciliadores según el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación, y
actuar como administradores concursales, si son miembros del Colegio.
Los asistentes de los procuradores de los tribunales tienen la autoridad de un abogado en ejercicio dentro de los límites fijados por la ley.
Los asistentes de los procuradores de los tribunales no están habilitados para actuar como árbitros o conciliadores en el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación. No pueden representar ni defender a clientes en el Tribunal Supremo a menos que la ley especifique lo contrario. Los asistentes de los procuradores en los tribunales no están habilitados para actuar como administradores concursales.
Los asistentes de los procuradores de los tribunales solo pueden prestar servicios legales bajo la supervisión de su patrón, que debe ser un procurador.
Al prestar servicios legales, los abogados deben actuar con independencia y atenerse a la ley, los actos y decisiones legales adoptados por los órganos del Colegio de Abogados de Estonia, los requisitos de la deontología profesional de la abogacía, las buenas prácticas y su propia conciencia.
La información que se comunica a un abogado es confidencial. A un abogado o un empleado del Colegio de Abogados de Estonia o de un gabinete jurídico que declare como testigo no se le puede interrogar ni conminar a dar explicaciones sobre asuntos de los que haya tenido conocimiento cuando prestaba servicios jurídicos.
Los soportes de datos relativos a la prestación de servicios legales por parte de un abogado son inviolables.
El cumplimiento por un abogado de sus obligaciones profesiones no puede llevar a que se le identifique con un cliente o con el caso judicial de este.
Un abogado no puede ser detenido, cacheado o puesto en prisión preventiva por motivos derivados de sus actividades profesionales, a no ser por resolución de un tribunal comarcal o regional. Una oficina jurídica desde la que preste servicios legales un abogado no puede ser registrada por motivos derivados de las actividades profesionales de un abogado.
En el sitio web del Colegio de Abogados de Estonia (Eesti Advokaturi) hay una lista de abogados y gabinetes jurídicos y otros datos de interés. La función «Encontrar un abogado» permite, no obstante, localizar abogados en toda la Unión Europea.
No existen otras bases de datos aparte de las antes mencionadas.
La actividad de los asesores jurídicos (õigusnõustajad) no está regulada por ley en Estonia.
Todos los notarios de Estonia tienen las mismas competencias. La profesión notarial está regulada en la Ley del Notariado (Notariaadiseadus). Su regulación y la gestión de sus actividades profesionales son competencia del Ministerio de Justicia y del Colegio de Notarios. Este último es una entidad de Derecho público que agrupa a todos los notarios titulares. Sus tareas son velar por el desempeño concienzudo y correcto de las actividades profesionales de sus miembros, armonizar estas actividades, impartirles formación, organizar un servicio de candidaturas al cargo de notario, administrar y desarrollar el sistema de información electrónica sobre los notarios y prestar asistencia al ministro de Justicia en actividades de supervisión y de otro tipo. El sitio web del Colegio de Notarios (Notarite koja) ofrece información sobre estos profesionales y sus obligaciones.
Los notarios ejercen un cargo de Derecho público. Están facultados por el Estado para certificar, a petición de terceros, hechos y acontecimientos dotados de significación jurídica y para realizar otros actos investidos de fe pública.
Los notarios deben actuar con imparcialidad, lealtad e independencia. Están obligados a cerciorarse de las intenciones reales de las partes implicadas en una transacción y de las circunstancias necesarias para que esta se lleve a cabo correctamente, así como a explicar a las partes las diferentes maneras de llevar a cabo la transacción y los efectos de esta.
Los notarios deben llevar a cabo las siguientes actuaciones cuando así se les solicite:
dar fe notarial (contratos varios, poderes, testamentos) y certificar documentos (copias, firmas, impresiones, etc.);
resolver asuntos hereditarios;
expedir certificados de la elaboración de documentos notariales que deban ejecutarse en Estonia [que se ejecuten en Estonia y correspondan a los modelos que figuran en el anexo VI del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, pp. 1 a 23)];
declarar inválidos documentos con arreglo a la Ley del Notariado;
declarar ejecutables los acuerdos celebrados mediante un abogado que haya actuado como conciliador o mediante otro notario;
realizar apostillas de certificados;
a instancias de una persona jurídica, presentar sus informes financieros anuales al órgano jurisdiccional que deba registrarlos;
confirmar matrimonios y divorcios y preparar las inscripciones de matrimonios y divorcios;
aceptar depósitos de dinero, títulos y documentos;
proporcionar acceso a los datos y documentos del Registro de la Propiedad;
remitir avisos y solicitudes a instancia de una empresa, recibir documentos u otra información de las autoridades administrativas y proporcionar actos administrativos a una empresa;
consignar información en el registro a petición de una empresa.
El cliente debe pagar al notario los honorarios legales fijados para dichas transacciones.
Los notarios pueden ofrecer los siguientes servicios oficiales:
asesorar legalmente al margen del procedimiento de certificación;
asesorar sobre la fiscalidad y el Derecho de otros países, forme ello o no parte del procedimiento de certificación;
actuar como conciliadores de conformidad con la Ley de conciliación;
actuar como árbitros con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil;
supervisar subastas, votaciones, loterías y actos de votación y verificar los resultados;
recibir juramentos y autenticar declaraciones juradas;
trasladar solicitudes y avisos no relacionados con sus funciones oficiales y expedir certificados sobre el traslado o la imposibilidad de trasladar dichas solicitudes y avisos;
aceptar depósitos de dinero —excepto en efectivo—, títulos, documentos y similares si no se trata de un acto notarial o de una obligación oficial derivada de él;
certificar la exactitud de las traducciones de documentos de lenguas extranjeras al estonio hasta 2020 (desde 2015, únicamente los traductores jurados están autorizados a expedir traducciones oficiales del estonio a una lengua extranjera, y desde 2020 únicamente los traductores jurados estarán autorizados a expedir traducciones oficiales de una lengua extranjera al estonio);
responder a las solitudes de explicación presentadas por las empresas.
El sitio web del Colegio de Notarios ofrece información sobre los servicios oficiales que prestan los notarios. Los honorarios por los servicios de notaría se acuerdan entre el cliente y el notario antes de la prestación.
En Estonia es una profesión liberal: actúan en su propio nombre y son responsables de sus acciones. Los oficiales de justicia (kohtutäiturid) deben ser imparciales y observar sus deberes. Las funciones de los oficiales de justicia se regulan en la Ley de los Oficiales de Justicia (kohtutäiturid seadus).
Desde enero de 2010 funciona una organización profesional conjunta de oficiales de justicia y administradores concursales, el Colegio de Oficiales de Justicia y Administradores Concursales (en lo sucesivo, el Colegio). La labor oficial de los oficiales de justicia, la supervisión de su actividad, su responsabilidad disciplinaria y las actividades de asociación profesional se regulan en la Ley de Oficiales de Justicia. La función del Colegio es promover el desarrollo de las profesiones legales liberales, lo que incluye la implantación de medidas de supervisión tendentes a observar las mejores prácticas oficiales y profesionales y elaborar recomendaciones de armonización de actividades profesionales, organizar cursos de formación, desarrollar sistemas de información, etc. El Colegio tiene también un tribunal de honor. Para más información sobre las actividades del Colegio puede consultarse su sitio web.
Las funciones de los oficiales de justicia son:
1. aplicar procedimientos ejecutorios con arreglo a la Ley de Ejecución Forzosa;
2. trasladar y notificar documentos de acuerdo con los códigos de procedimiento;
3. inventariar fincas y administrarlas con arreglo a la Ley de Sucesión;
4. realizar, en los casos y con arreglo al procedimiento dispuesto por la ley, subastas a instancias de un órgano jurisdiccional o administrativo al margen del procedimiento ejecutorio.
Los honorarios que percibe el oficial de justicia por realizar dichas funciones profesionales se establecen en la Ley de los Oficiales de Justicia.
Los servicios oficiales que presta el oficial de justicia a instancia de una persona son:
1) realizar subastas de bienes muebles e inmuebles;
2) transmitir documentos;
3) prestar asesoría legal y redactar documentos legales cuando su nivel de educación corresponda a lo dispuesto el artículo 47, apartado 1), punto 1), de la Ley del Poder Judicial.
Los oficiales de justicia tienen derecho a rehusar la prestación de un servicio profesional.
Los términos de la prestación de los servicios profesionales y el procedimiento de remuneración se acordarán por escrito con el demandante del servicio. Los términos y la remuneración convenidos serán conformes a la buena práctica profesional.
En la prestación de servicios profesionales, los oficiales de justicia no ejercerán los derechos que la ley les otorga para el ejercicio de sus funciones profesionales o que se derivan de su cargo.
Puede encontrarse información sobre los servicios prestados por los oficiales de justicia en el sitio web del Colegio. La prestación de servicios oficiales se acuerda por escrito con el demandante del servicio antes de su prestación.
El Estado supervisa las funciones oficiales de los oficiales de justicia a través del Ministerio de Justicia.
Los oficiales de justicia responden de los perjuicios causados por su culpa en el ejercicio de sus actividades profesionales, incluidos los perjuicios causados por un empleado de su oficina. Cuando las demandas de indemnización por los daños y perjuicios causados por la actuación profesional de un oficial de justicia no puedan ser satisfechas con cargo al patrimonio del oficial de justicia o de cualquier otra persona responsable del perjuicio, o cuando dichas demandas no puedan atenderse plenamente, el Colegio será responsable del perjuicio causado. La responsabilidad última de los actos de los oficiales de justicia recae sobre el Estado. El Colegio y el Estado están legitimados para recurrir contra la persona responsable del perjuicio; el Estado también está legitimado para recurrir contra el Colegio.
Los administradores concursales son personas nombradas por los órganos jurisdiccionales que, en el ejercicio de sus funciones, realizan transacciones y otras actuaciones relativas a una situación concursal y representan al deudor ante el órgano jurisdiccional en los litigios derivados de dicha situación concursal. La principal obligación de un administrador concursal es defender los derechos e intereses de todos los acreedores y del deudor y garantizar un proceso concursal legal, rápido y razonable en términos económicos. El administrador concursal lleva a cabo sus funciones en persona. Pueden actuar como administradores concursales: las personas físicas que hayan sido autorizadas por el Colegio para actuar como administradores concursales, los procuradores de los tribunales, los censores jurados de cuentas y los oficiales de justicia. El Colegio mantiene actualizada una lista de administradores concursales. Dicha lista incluye datos sobre todas las personas habilitadas para actuar como administradores concursales y puede consultarse en la página web del Colegio. El administrador que figure en la lista debe procurar que sus datos sean correctos.
Las principales obligaciones de un administrador concursal son:
1) determinar el alcance de las reclamaciones de los acreedores, administrar las propiedades en quiebra, organizar los lotes y la venta de los bienes inmuebles y satisfacer a los acreedores con el producto de los bienes;
2) determinar las razones y la fecha de la quiebra del deudor;
3) organizar, en su caso, la continuación de la actividad comercial del deudor;
4) proceder, en su caso, a la liquidación del deudor, si se trata de una persona jurídica;
5) dar información a los acreedores y al deudor en los casos dispuestos por ley;
6) elaborar un informe de sus actividades y aportar información sobre el proceso concursal al órgano judicial, al funcionario supervisor y al comité concursal.
El Ministerio de Justicia realiza la supervisión administrativa de las actividades de los administradores concursales, basándose en quejas u otra información relacionada con el administrador que den pie a creer que el administrador haya incumplido sus obligaciones. Al supervisar la actuación de un administrador, el Ministerio de Justicia tiene el derecho de comprobar la oportunidad y legalidad de dicha actuación. El Ministro de Justicia puede adoptar medidas disciplinarias contra un administrador que incumpla las obligaciones derivadas de los actos legales que establecen la actividad profesional de los administradores concursales. El Ministro de Justicia no puede adoptar medidas disciplinarias contra los procuradores de los tribunales que actúen como administradores concursales. No obstante, el Ministro tiene derecho a entablar un proceso por honor ante el Colegio de Abogados.
Además de la Administración, las actividades de los administradores concursales también se encuentran bajo la supervisión del comité concursal, la asamblea general de acreedores, el tribunal y el Colegio, cada uno en su esfera de competencias.
Ministerio de Justicia (Justiitsministeerium)
Organización sin ánimo de lucro Alianza de Abogados (Mittetulundusühing Juristide Liit)
Fundación para una Asistencia Jurídica Gratuita (Sihtasutus Õigusteenuste Büroo)
Colegio de Abogados de Estonia (Eesti Advokatuur)
Fiscalía (Prokuratuur)
Colegio de Notarios (Notarite Koda)
Colegio de Oficiales de Justicia y Administradores Concursales (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda)

References: artículo 28
 resolución 
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 artículo 28
 resolución 
 artículo 47