Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212331.htm
Timestamp: 2019-03-23 00:30:08+00:00

Document:
201212-Sala Penal Segunda-2-331
AUTO SUPREMO Nº 331/2012-RRC
Sucre, 17 de diciembre de 2012
Expediente : La Paz 109/2012
Parte acusadora : Ministerio Público y Banco Central de Bolivia
Parte imputada : Carlos Eduardo Lema Antelo y otros
Por memorial cursante de fs. 6033 a 6040, Carlos Eduardo Lema Antelo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 65/2010 de 24 de agosto, de fs. 6213 a 6220, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco Central de Bolivia contra el recurrente, Mario Sergio Sarmiento Terán, Ricardo Julio Ernesto Bellido Vargas, Patricia Ovando de Zorrilla y Rosario Miranda de Alá, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Beneficios en razón del Cargo, Conducta Antieconómica, Peculado Culposo e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 147, 224, 143 y 154, todos del Código Penal (CP).
El Juez Tercero de Partido en lo Penal Liquidadora del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 53/2008 de 5 de junio que cursa de fs. 6130 a 6137, que declaró a Ricardo Julio Ernesto Bellido Vargas, autor de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, Beneficios en Razón del Cargo y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 198, 199, 203, 147 y 224, todos del CP, por existir plena prueba en su contra, imponiéndole la pena de ocho años de reclusión a cumplir en la penitenciaría de San Pedro, más el pago de daños y perjuicios, costas a la parte civil y al Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia. También condenó al ahora recurrente Carlos Eduardo Lema Antelo a seis años de privación de libertad, por existir prueba plena en su contra en la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, a cumplir en el penal de San Pedro, más el pago de daños y perjuicios, costas a la parte civil y al Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia. A Patricia Ovando de Zorrilla y Rosario Miranda de Ala, declaradas rebeldes y contumaces, las condenó por los delitos de Peculado Culposo, Beneficios en Razón del Cargo, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, a seis años de privación de libertad a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y al pago de daños y perjuicios, costas a la parte civil, y al Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia.
Apelada la referida Sentencia, así como el Auto Complementario de 11 de septiembre de 2009, por parte de los procesados conforme fluye de las actuaciones que cursan de fs. 6145 y 6180 a 6185, de obrados, se pronunció el Auto de Vista 65/2010 de 24 de agosto cursante de fs. 6213 a 6220, por el cual la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró improcedentes los Recursos de Apelación interpuestos por el defensor de Oficio Felipe Jiménez Gálvez en representación del recurrente Carlos Eduardo Lema Antelo, Patricia Ovando de Zorrilla, Rosario Miranda de Ala, así como el interpuesto por Ricardo Julio Ernesto Bellido Vargas; por ende, confirmó la Sentencia apelada.
Notificado el recurrente Carlos Eduardo Lema Antelo con el Auto de Vista impugnado, el 20 de septiembre de 2012, formuló el recurso de nulidad y casación el 26 del mismo mes y año, que ahora se analiza.
Del memorial que cursa de fs. 6033 a 6040, se tiene que si bien en la suma se consigna "Recurso de Nulidad y Casación", se extraen los siguientes motivos del recurso vinculados a causales de nulidad:
Invocando el art. 297 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), sostiene que una vez declarada su rebeldía por decreto de 30 de enero de 1995, si bien en el Auto publicado el 2 de febrero de 1995 se designó como defensora de oficio a la abogada Vierka Pérez; sin embargo, materialmente nunca fue designada, provocando esta omisión, la violación del art. 219 del CPP.1972, que dispone que el Auto de Clausura de la Instrucción debe ser puesto a conocimiento de parte; resultando en el caso presente, que esta Resolución debió ser notificada a la defensora de oficio; sin embargo, a fs. 2576 cursa la diligencia de notificación a su persona en el domicilio señalado; además, no consta la firma de testigo ni señala el domicilio, tal como dispone el art. 99 del antiguo CPP; para posteriormente dictarse el Auto de Procesamiento en su contra, en absoluto estado de indefensión, que le fue notificado el 2 de junio de 1995.
Durante el plenario, radicada la causa se señaló audiencia para su declaración confesoria para el 20 de noviembre de 1997 y al haberse suspendida dicha actuación, por Auto de 4 de marzo de 1998, cursante de fs. 4380 a 4381, se señaló nueva audiencia para el 21 de abril de esa gestión, siendo notificado curiosamente el defensor de oficio, Freddy Bustinza Guarachi, cuando en realidad nunca se designó defensor. Llegada su declaración y ante su inconcurrencia, se dispuso la publicación de edictos, para luego ser declarado rebelde siendo designado como defensor de oficio el abogado Flavio Aruquipa, conforme cursa a fs. 5184, sin que dicha designación se haya materializado sino solamente para la audiencia de apertura de debates, por lo que no pudo ni tuvo la oportunidad de participar en los actos preparatorios del debate, provocando indefensión al no poder presentar testigos y peritos, ni plantear cuestiones prejudiciales.
El 19 de abril de 2004, se instaló la audiencia para proseguir con los debates, siendo suspendida por la inasistencia del defensor de oficio Felipe Jiménez, señalándose nueva audiencia para el 30 del mismo mes y año, a la que no asistió el referido defensor, siendo designado de manera improvisada el abogado Octavio Morales, defensor del coprocesado Ricardo Bellido Vargas conforme la actuación cursante a fs. 5432, por lo que se incurrió en la causal prevista en el art. 297 inc. 5) del CPP.1972.
El 11 de mayo de 2004, se llevó a cabo la audiencia conclusiva, señalándose audiencia para lectura de sentencia el 26 de mayo de 2004, siendo suspendida la actuación por la inasistencia del defensor Felipe Jiménez; es así, que se convocó a audiencia para el 3 de junio de 2004 (fs. 5460), siendo también suspendida por decreto de 24 de mayo de 2008 (fs. 6126 y vta.), señalándose audiencia para el 5 de junio de 2008, siendo instalada la audiencia sin la presencia del nombrado defensor, procediéndose a la lectura de la Sentencia 53/2008, conforme el acta (fs. 6138), por lo que se incurrió en la causal prevista en el art. 297 inc. 3) del CPP.1972 que señala como causal de nulidad la falta de publicidad en el debate y la lectura de la Sentencia.
Invocando el art. 297 inc. 7) del CPP.1972, el recurrente sostiene que la Sentencia 53/2008 incumplió las previsiones establecidas por el art. 242 del CPP.1972, en sus incs. 3) y 4), toda vez que fue condenado por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, sin especificar cuál el documento que su persona habría falsificado, si fue un solo documento o fueron varios. Por otra parte, no especificó en qué consistió la falsificación, cual la prueba que demostró que su persona falsificó tal o cual documento, ya que simplemente el juzgador determinó su autoría en esos delitos porque el defensor de oficio nunca presentó pruebas de descargo.
También alega como causal de nulidad el art. 297 inc. 6) del CPP.1972, señalando que la Sentencia no fue publicada mediante edictos, pues en obrados sólo consta un memorial presentado por el Banco Central de Bolivia, haciendo conocer la publicación, sin que ésta curse en obrados.
Señala que mediante Auto de 27 de mayo de 1991, se dictó el Auto Inicial de la Instrucción, motivo por el cual a fs. 821 a 830 formuló revocatoria, siendo rechazada por Auto 158 de 26 de marzo de 1009 de fs. 2311 a 2312. Es así, que solicitó la concesión del recurso de apelación, mereciendo un decreto que dispuso un informe del actuario y sin que exista ese informe ni la concesión del recurso, el Juez de la Instrucción por providencia de 18 de mayo de 1993 de fs. 2330 señaló audiencia para que preste su declaración indagatoria, motivando la presentación del memorial que cursa de fs. 2335, por el cual solicitó la suspensión de la audiencia, aduciendo que el auto de la instrucción no estaba ejecutoriado, siendo rechazada su solicitud por decreto cursante a fs. 2335 vta. que nunca le fue notificado.
Posteriormente ante su inasistencia a la audiencia, el Juez dispuso se libre mandamiento de aprehensión, observando que la providencia cursante a fs. 2330 no le fue notificado legalmente al no haberse procedido a una notificación personal ni constarse la firma de testigo, conforme fluye de la notificación de fs. 2332. Por otra parte, alega un ilegal rechazo a la solicitud de suspensión, estribando la ilegalidad en que el Juez emitió el decreto de rechazo al día siguiente de la fecha en que debía realizarse la indagatoria. Por otra parte, no se consideró que su domicilio lo tenía en Guayaramerín conforme a su declaración informativa, por lo que no correspondía la publicación de edictos.
Reiterando la falta de notificación con la clausura de la instrucción con los argumentos alegados en la primera parte del inc. a) del presente acápite,
alega que se dictó auto de procesamiento en absoluto estado de indefensión.
El recurrente previa repetición de los actuados relativos a la actuación del defensor de oficio detallados en la segunda parte del punto a) del acápite presente, sostiene que el defensor no realizó una defensa material, puesto que no interpuso cuestiones previas o prejudiciales, no presentó pruebas, sus intervenciones en los debates y conclusiones fue mínima, al extremo que el Juez en la Sentencia lo condenó en base a la falta de pruebas de descargo y una buena defensa; además, presentó un recurso de apelación por demás precario donde no reclamó ninguna de las ilegalidades ahora cuestionadas, y por último, la irregularidad en las designaciones de defensores de oficio provocó que no se asuma una debida defensa.
Denuncia que el Tribunal de apelación emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el precario recurso de apelación interpuesto por el defensor, sin revisar de oficio la existencia de vicios de nulidad durante la tramitación de la causa, conforme dispone el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJ abrg) y 278 del CPP.1972, argumentando que fue procesado en absoluto estado de indefensión, desde la ilegal declaratoria de rebeldía, con falta de designación de defensor de oficio en la etapa de la instrucción, así como en los actos preparatorios en el plenario, la falta de diligencia del defensor de oficio que se designó, quien no realizó ningún acto de defensa; y, la falta de fundamentación probatoria y jurídica de la sentencia, citando y desglosando la Sentencia Constitucional 843/2005.
El recurrente impetró la anulación de obrados hasta el decreto de 27 de mayo de 1993 cursante a fs. 2335 vta., que rechazó tardíamente su solicitud de suspensión de declaración indagatoria.
Mediante requerimiento que cursa de fs. 6064 a 6069, el representante del Ministerio Público, requirió se declare infundado el recurso de casación bajo el argumento de que el Tribunal ad quem al pronunciar el Auto de Vista recurrido, interpretó correctamente las disposiciones legales tanto sustantivas como procesales aplicadas, sin haber vulnerado, quebrantado ni inobservado dichas normas y menos las mencionadas en el merituado recurso de nulidad y casación.
El 27 de mayo de 1991 (fs. 664 y vta.), se emitió el Auto Inicial de la Instrucción que instruyó sumario penal contra el recurrente y otros, por encontrarse los hechos denunciados incursos en las sanciones previstas por los arts. 143, 147, 148, 154, 198, 199, 203 con relación al 23 y 224, todos del CP.
El 14 de junio de 1991 (fs. 826 a 830), el recurrente solicitó la revocatoria de la referida Resolución judicial, siendo rechazada la petición por Auto
158/93 de 26 de marzo (fs. 2311 a 2312).
El 18 de mayo de 1993 (fs. 2330), se convocó a audiencia de declaración indagatoria y en mérito a la petición del recurrente, el 25 de mayo de 1993 (fs. 2335 vta.) se concedió el recurso de apelación en el defecto devolutivo.
El 29 de julio de 1993 (fs. 2349), se dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión en contra del recurrente, que previa representación (fs. 2360 y vta.), motivó el Auto de 6 de diciembre de 1993 (fs. 2391), que dispuso su citación y emplazamiento mediante edicto. Publicado el edicto (fs. 2533), por Auto de 30 de enero de 1995 (fs. 2567), se declaró su rebeldía y se designó un defensor de oficio.
Pronunciado el Auto Final de la Instrucción (fs. 2597 a 2601) y remitidos los antecedentes, el 22 de octubre de 1997 (fs. 4358 vta.), se radicó la causa y el 4 de marzo de 1998 (fs. 4380 a 4381), se señaló audiencia de declaración confesoria, hasta que el 21 de abril de 1998 (fs. 4389), se ordenó la citación, llamamiento y emplazamiento del recurrente mediante edicto.
El 2 de mayo de 2001 (fs. 5184 y vta.), se declaró la rebeldía del recurrente, siendo designado un defensor de oficio.
El 30 de abril de 2004 (fs. 5432 a 5435), se celebró la audiencia de prosecución de debate y ante la inconcurrencia del defensor de oficio de los declarados rebeldes, entre ellos el recurrente, se designó como defensor de oficio en forma alterna por los declarados rebeldes al abogado Octavio Morales.
El 5 de junio de 2008 se emitió la Sentencia 53/2008 (fs. 6130 a 6137), que condenó al recurrente entre otros imputados, a seis años de privación de libertad, por existir prueba plena en su contra en la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, a cumplir en el penal de San Pedro, más el pago de daños y perjuicios, costas a la parte civil y al Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia; desarrollándose la audiencia de lectura de Sentencia (fs. 6138), sin la presencia del defensor de oficio del recurrente, siendo publicada la Sentencia mediante edictos (fs. 6162).
El 21 de julio de 2008 (fs. 6142 vta.), se notificó al defensor de oficio del recurrente con la Sentencia pronunciada, quien el 23 del mismo mes y año (fs. 6145), interpuso recurso de apelación.
El 24 de agosto de 2010 (fs. 6213 a 6220), la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró improcedentes los recursos de apelación, confirmando la Sentencia apelada.
Conforme las normas previstas por el art. 296 del CPP.1972, aplicable al caso de autos, el recurso de nulidad o casación, procede según las previsiones del inc. 1) de la referida disposición legal, en los casos de inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, para la tramitación de la causa o para la expedición del fallo; esto implica, que se está ante un recurso extraordinario que la ley admite de manera excepcional contra determinadas resoluciones judiciales y sus causas están previamente determinadas, ya que puede fundarse en infracciones al procedimiento, es decir errores de forma o error in procedendo o en infracciones de Derecho o sea errores de fondo o error in judicando.
En ese sentido, es necesario destacar que la vía de nulidad, sólo queda expedita en los casos en que en el procedimiento se hubiera cometido violación u omisión de alguna de las formas sustanciales que la Ley castiga con pena de nulidad, las mismas que en el caso del CPP.1972, se hallan expresamente señaladas en el art. 297 como causales de nulidad y consiguiente reposición; por lo que estando en el presente recurso invocadas las causales previstas por los incs. 1), 3, 5), 6) y 7) del citado artículo, corresponde a este Tribunal verificar si efectivamente se ha incurrido en violaciones u omisiones de formalidades legales en que la Ley impone nulidad, a cuyo efecto en correspondencia con los puntos identificados en el acápite I.2. de la presente Resolución, se pasa a su análisis y resolución en los siguientes términos:
III.1. En cuanto a la denuncia de falta de designación de defensor de
Revisados los antecedentes procesales, se advierte que desarrolladas las diligencias de la policía judicial, por Auto de 27 de mayo de 1991 (fs. 664 y vta.), se emitió el Auto Inicial de la Instrucción que instruyó sumario penal contra el recurrente y otros, por encontrarse los hechos denunciados incursos en las sanciones previstas por los arts. 143, 147, 148, 154, 198, 199, 203 con relación al 23 y 224, todos del CP, motivando que el recurrente formule la revocatoria de la referida Resolución judicial (fs. 826 a 830); para luego apersonarse, refutar un requerimiento, solicitar certificación y señalar domicilio en calle Mercado 1328 edificio Mariscal Ballivián piso 7, oficina 707 (fs. 2166 y vta.); además, de solicitar una inhibitoria por memorial cursante a fs. 2168 y vta., pronunciamiento y Resolución conforme el memorial que cursa a fs. 2202 e insinuar la dictación de resolución por escritos cursantes a fs. 2269 y 2305; es así, que por Auto 158/93 de 26 de marzo (fs. 2311 a 2312) se rechazó la solicitud de revocatoria del recurrente, motivando que por escrito (fs. 2322) el recurrente solicite la concesión del recurso de apelación.
Por decreto de 18 de mayo de 1993 (fs. 2330), se convocó a audiencia de declaración indagatoria, en cuyo mérito por memorial (fs. 2335) el recurrente solicitó la suspensión de la actuación, motivando que por decreto de 25 de mayo de 1993, se conceda recurso de apelación en el defecto devolutivo. Siendo notificado el recurrente en su domicilio procesal para su indagatoria conforme fluye del respectivo informe, por decreto de 29 de julio de 1993, (fs. 2349) se dispuso la emisión de mandamiento de
aprehensión en su contra ante su incomparecencia para prestar su declaración indagatoria. El mandamiento de aprehensión fue representado conforme la actuación cursante a fs. 2360 y vta., en cuyo mérito por Auto de 6 de diciembre de 1993 (fs. 2391), se dispuso su citación y emplazamiento mediante edicto para su comparecencia en el término de veinte días, bajo conminatoria de ser declarado rebelde.
Publicado el edicto conforme fluye de la actuación cursante a fs. 2533 y ante la incomparecencia del recurrente, por Auto de 30 de enero de 1995 (fs. 2567) se declaró la rebeldía del recurrente junto a otros coimputados, siendo designado como defensora de oficio la abogada Vierka Pérez, siendo publicado el respectivo edicto conforme se tiene del actuado que cursa a fs. 2569 de obrados.
Pronunciado el Auto Final de la Instrucción (fs. 2597 a 2601) que dispuso el procesamiento del recurrente, se emitió el mandamiento de detención formal en su contra conforme se tiene a fs. 3751, siendo representado en sentido de que buscado en reiteradas oportunidades no fue habido. Una vez radicada la causa para el plenario por providencia de 22 de octubre de 1997 (fs. 4358 vta.), se señaló audiencia de declaración confesoria por Auto de 4 de marzo de 1998 (fs. 4380-4381) y ante su incomparecencia por Resolución de 21 de abril del mismo año (fs. 4389), se ordenó su citación, llamamiento y emplazamiento mediante edicto, que fue publicado conforme se tiene a fs. 5179; con ese antecedente y ante la incomparecencia del recurrente en el término de su emplazamiento, por Auto de 2 de mayo de 2001 (fs. 5184 vta.), se declaró la rebeldía de varios encausados, entre ellos el recurrente, siendo designado como defensor de oficio al abogado Flavio Aruquipa.
Efectuadas estas precisiones que emergen del análisis exhaustivo del expediente, se tiene que tanto en el sumario como en el plenario de la causa, como consecuencia de la incomparecencia del recurrente a prestar tanto su declaración indagatoria y confesoria respectivamente, se procedió a su citación mediante edictos y vencido el plazo de su emplazamiento, fue declarada su rebeldía conforme las previsiones del art. 101 del CPP.1972 relativo a la rebeldía en la instrucción y art. 253 del mismo Código que norma la rebeldía en el plenario de la causa, procediéndose efectivamente a la designación en ambas etapas del proceso a un defensor de oficio que represente el recurrente, por lo que no es evidente la falta de designación de defensor de oficio como erradamente sostiene el recurrente en su recurso.
Con relación a la denuncia que hace el recurrente en cuanto a una falta de notificación con el Auto de Clausura de la Instrucción, debe enfatizarse que dicho planteamiento no se halla inmerso en alguna de las causales previstas en el art. 297 del CPP.1972, pues conforme se señaló en forma precedente, las causales de nulidad se hallan expresamente señaladas en el Código Procesal aplicable al caso de autos, a más de considerarse la disposición contenida en el art. 308 del CPP.1972, que establece que ningún trámite ni acto judicial en materia penal será declarado nulo si la nulidad no estuviese formalmente prevista en las disposiciones de ese Código.
Por otra parte, debe tenerse presente en cuanto a la denuncia de absoluto estado de indefensión en el que se hubiese incurrido tanto en la etapa de instrucción como en el plenario de la causa, que la misma carece de sustento, pues conforme se advierte de los primeros antecedentes procesales, el recurrente asumió conocimiento de la existencia del proceso penal iniciado en su contra, ejerciendo su derecho a la defensa empleando diversos medios que la propia ley le reconoce, como el planteamiento de la revocatoria del Auto Inicial o la solicitud de concesión del recurso de apelación ante la negativa a su petición, entre otras pretensiones propias del ejercicio del citado derecho, para luego incurrir en incomparecencia ante la autoridad judicial generando su declaratoria de rebeldía; es decir, en el presente caso no es evidente que el recurrente no haya tenido la oportunidad de defenderse, vale decir, que no haya conocido del proceso en ningún momento por vicios de orden procedimental, pues por su propia voluntad no concurrió a asumir defensa, de modo que no puede alegar un absoluto estado de indefensión por falta de notificaciones con determinadas actuaciones procesales o por la falta de materialización de la defensa de oficio, cuando se tiene demostrado por los antecedentes procesales que pese a tener pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra, dejó de intervenir en el proceso penal por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión; en esa línea, la Sentencia Constitucional 287/2003-R de 11 de marzo, precisó que: "...siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC Nº 48/1984, la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad...".
III.2. Respecto a la denuncia de falta de defensor en las audiencias del
El cuestionamiento que efectúa el recurrente está referido puntualmente a la audiencia de debate celebrada el 30 de abril de 2004; al respecto se tiene de los antecedentes que cursan en el expediente, que instalada la audiencia de prosecución de debate la indicada fecha conforme se tiene del acta que cursa de fs. 5432 a 5435, se informó sobre la inconcurrencia del defensor de oficio de los declarados rebeldes, entre ellos el recurrente, por lo que a fin de evitarse retardación de justicia se designó como defensor de oficio en forma alterna por los declarados rebeldes al abogado Octavio Morales, disponiéndose la prosecución de la audiencia, por ende, la recepción de prueba; esto significa que, no resulta evidente que sea haya incurrido en la causal de nulidad prevista por el art. 297 inc. 5) del CPP-1972, pues en la referida audiencia de debate se designó un defensor de oficio que además de ejercer defensa técnica de uno de los coencausados presentes en la audiencia, represente al recurrente declarado rebelde, sin que exista prohibición legal que un solo abogado pueda defender a varios acusados sujetos al mismo proceso penal, conforme las disposiciones contenidas en el
art. 75 del CPP-1972, no existiendo en el presente caso elementos objetivos que demuestren que hubiese existido alguna incompatibilidad en las defensas.
III.3. Con relación a la lectura de la Sentencia sin la presencia del defensor
El art. 297 inc. 3) del CPP-1972, invocado por el encausado, señala que constituye causal de nulidad y consiguiente reposición la falta de publicidad en el debate y en la lectura de la Sentencia, argumentando en lo sustancial el recurrente que la sentencia condenatoria pronunciada en su contra fue leída sin la presencia del defensor de oficio.
Al respecto, se tiene que si bien a la audiencia de lectura de Sentencia celebrada el 5 de junio de 2008, conforme cursa a fs. 6138, no se hizo presente el defensor de oficio del recurrente, no es menos evidente que una vez instalada la actuación, por secretaria se informó que las partes fueron legalmente notificadas para concurrir a esa actuación, por lo que la inconcurrencia voluntaria del defensor de oficio a la audiencia de lectura de Sentencia, no genera falta de publicidad como denuncia el recurrente, menos genera un motivo de nulidad; en ese sentido, la jurisprudencia ha establecido que: "No es causal de nulidad la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia de lectura de sentencia porque no se halla comprendida en la previsión del art. 297 inc. 5) del p.p., porque en ella no se trataba de un debate sobre las pruebas de las partes, sino meramente de la publicación del fallo, en el que las partes se limitan a oír pasivamente, tal como la ha reconocido la jurisprudencia citada por la propia recurrente" (G.J. Nº 1752, p. 238); es más, la inconcurrencia del mismo encausado a la lectura de sentencia no constituye motivo de nulidad conforme lo determinara el Auto Supremo 67 de 25 de abril de 1978, que señaló: "...finalmente, la causal de nulidad alegada fundándola en la inconcurrencia del encausado a la lectura de la sentencia no es evidente, por cuanto entre las causales enumeradas taxativamente por el art. 297 del Código Procesal no se encuentra aquella...".
A lo referido debe agregarse que pronunciada la Sentencia 053/2008 de 5 de junio cursante de fs. 6130 a 6137 vta., fue notificada al defensor de oficio del recurrente conforme fluye de la diligencia que cursa de fs. 6142 vta., quien en ejercicio de las facultades reconocidas por los arts. 74 in fine y 258 del CPP-1972, interpuso recurso de apelación conforme se tiene a fs. 6145, motivo por el cual resulta insostenible alegar la existencia falta de publicidad de la referida resolución judicial.
III.4. Acerca del contenido de la Sentencia
Una de las causales de nulidad y consiguiente reposición, es la falta de requisitos esenciales que debe contener el fallo conforme el art. 297 inc. 7) del CPP-1972, expresando el recurrente en primer término que la sentencia dictada en su contra no cumplió con las previsiones del inc. 3) del art. 242 del citado Código que señala: "La interpretación y apreciación de los hechos que se consideren probados en contra o en favor del encausado, o los que éste alegaré en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de la responsabilidad, o para atenuar ésta, con los fundamentos legales respectivos"; y el inc. 4) que establece: "La participación de los que hubieren intervenido en la ejecución del hecho punible, mencionando las pruebas pertinentes".
En el caso de autos, se tiene que el Juez de Partido Tercero en lo Penal Liquidador del Distrito Judicial de La Paz, previa valoración de la prueba de cargo consistente en las diligencias de policía judicial, realizadas por el Centro de Investigaciones Especiales dependiente de la Policía Nacional, ratificadas en la etapa del plenario, al hacer referencia a los hechos demostrados en la sentencia condenatoria pronunciada entre otros, contra el recurrente, estableció de manera objetiva la participación de éste en la primera operación realizada el 6 de mayo de 1987 que junto a otras, determinó el desfalco en el Banco Central de Bolivia, destacando que si bien en un principio manifestó ser cuñado de Adrián Ribera Perrogón y que realizaba las operaciones por cuenta de su cuñado, era quien en sí realizaba esas operaciones a título personal y con fuertes sumas de dinero se dedicaba a la compra venta de lingotes de oro y sin que se encuentre registrado realizaba operaciones de comercio, identificando el juzgador la forma como el recurrente acomodó su conducta a los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en el proceso de adjudicación de $us. 65.000.- (sesenta y cinco mil dólares estadounidenses), ocasionando un daño económico en el Banco Central de Bolivia; lo que significa que el Juez de la causa, en observancia del art. 135 del CPP-1972, procedió a valorar los medios de prueba aportados durante la tramitación del juicio a partir de cuya labor estableció los hechos probados, incluida la participación del recurrente, por lo que éste motivo del recurso también deviene en infundado.
III.5. En cuanto a la denuncia de falta de publicidad de la Sentencia
Dentro del proceso penal que motiva el presente recurso, se evidencia que la parte resolutiva de la Sentencia 053/2008 de 5 de junio, dispuso la publicación del edicto correspondiente en cualquier órgano de circulación nacional, diligencia que fue cumplida conforme la actuación que cursa de fs. 6162 y que fuera puesta en conocimiento del juzgador por memorial de 28 de agosto de 2008 (fs. 6162); lo que implica, que tramitado el plenario de la causa en rebeldía del recurrente, se procedió a la notificación de la sentencia mediante edictos en observancia del art. 105 del CPP.1972 y con el contenido previsto por el art. 106 del citado Código que en su parte in fine dispone: "En el edicto para la notificación con la sentencia, se insertará sólo la parte dispositiva del fallo", tal como sucedió en el presente caso, por lo que no es evidente la concurrencia de la causal prevista en el art. 297 inc. 6) del CPP.1972.
III.6. Con relación a las demás denuncias identificadas en los puntos f),
g) y h) del acápite 1.2 de la presente Resolución
Respecto a la denuncia del recurrente en sentido de que se señaló audiencia de declaración indagatoria pese a que el Auto Inicial de la Instrucción no estaba ejecutoriado, se tiene que la misma carece de todo sustento legal,
habida cuenta que si bien las normas procesales penales aplicables al presente caso, permiten a la parte imputada solicitar la revocatoria de la referida Resolución judicial que determina el inicio del sumario del proceso penal conforme se infiere del art. 169 in fine del CPP-1972, un eventual rechazo puede ser apelado por el agraviado a través del recurso de apelación incidental conforme el art. 281 inc. 2) del mismo Código, que sólo es admisible en el efecto devolutivo, porque no puede paralizarse la investigación.
Por otra parte, conforme se destacará en el punto III.1. de la presente resolución, se tiene que los antecedentes procesales acreditan que durante la instrucción se observaron las disposiciones contenidas en el art. 101 del CPP-1972, relativas a la rebeldía en la instrucción, por lo que se concluye que la citación del imputado mediante edictos resulta legal.
En cuanto a los argumentos del recurrente por los cuales reitera un supuesto absoluto estado de indefensión, con la emisión del Auto de procesamiento y por la actuación del defensor de oficio durante la tramitación de la causa, este Tribunal considera que los mismos resultan infundados por las razones expuestas en el punto III.1. de este Auto Supremo, destacando una vez más que el recurrente no puede alegar una situación como la que denuncia al haber dejado de intervenir en el proceso, específicamente en la fase de la instrucción y la etapa del plenario de la causa, por un acto de su voluntad.
III.7. Respecto a la actuación del Tribunal de apelación.-
Por las razones expuestas precedentemente, se tiene que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, no incumplió su obligación de revisar de oficio el proceso en los términos establecidos por el art. 15 de la LOJabrg, como erradamente sostiene el recurrente, pues conforme se determinara en cada uno de los motivos que motivaron la interposición del presente recurso, se concluye que durante la tramitación de la causa en sus diferentes etapas, así como en el pronunciamiento de la Sentencia, se observaron las normas procesales aplicables al presente proceso penal.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el Requerimiento Fiscal cursante de fs. 6064 a 6069, con la atribución conferida por el art. 9 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación del artículo 307 inc. 2) del CPP.1972, declara INFUNDADO el recurso planteado por Carlos Eduardo Lema Antelode fs. 6033 a 6040 de obrados.
Regístrese, hágase conocer y devuélvase.

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 artículo 307