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Timestamp: 2020-05-29 03:22:36+00:00

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STC 130/2000, 16 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143266
STC 130/2000, 16 de Mayo de 2000
Número de Recurso: 4334/1996
RA 4334/96. Promovido por don José-Félix R. C. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que, estimando la apelación interpuesta por la aseguradora Astra, redujo la cantidad a percibir por él como indemnización de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia omisiva): Sentencia civil de apelación que solo resuelve uno de los dos recursos de apelación cruzados contra el fallo de instancia.
Sentencia citada en: 163 sentencias
En el recurso de amparo 4334/96, interpuesto por don José-Félix R. C. , representado por la Procuradora doña Isabel Alfonso Rodríguez y bajo la dirección del Letrado don Fernando Ibáñez García, contra Sentencia de 31 de octubre de 1996 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, dictada en el rollo de apelación civil 300/96. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la Compañía ASTRA de Seguros y Reaseguros, S.A., representada por el Procurador don Federico-José Olivares de Santiago y bajo la dirección del Letrado don Alfredo Flórez Plaza. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de noviembre de 1996, presentado en el Juzgado de guardia el 25 de noviembre, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos:
Con fecha de 27 de mayo de 1996, don José-Félix R. C. formuló demanda de juicio verbal civil especial del automóvil contra la Compañía de Seguros y Reaseguros ASTRA, S.A., en reclamación de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del accidente de tráfico sufrido por el actor, el 12 de junio de 1994, cuando era ocupante del vehículo asegurado en la entidad demandada, y en el que resultó con graves lesiones. En la demanda se reclamaba una indemnización total de 64.069.804 pesetas, por gastos médicos y hospitalarios, secuelas físicas y psíquicas, perjuicios económicos y daños morales.
La aseguradora demandada, que había consignado la cantidad de 17.409.552 pesetas, que fueron recibidas por el actor con reserva de la indemnización que le pudiera corresponder, se opuso a la demanda por considerar excesiva la indemnización reclamada.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Plasencia (autos 137/96), dictó Sentencia el 2 de septiembre de 1996 en la que se estimó la demanda y fijó la indemnización en la suma de 33.108.164 pesetas, de la que debía descontarse la cantidad ya percibida de 17.409.552 pesetas, condenando a la aseguradora demandada a pagar al actor la cantidad de 15.990.000 pesetas, más el interés del 20 por 100 anual desde la producción del siniestro, así como al pago de las costas.
Notificada la Sentencia el día 3 de septiembre de 1996, mediante escrito presentado el 5 de septiembre de 1996, el actor solicitó al amparo del art. 267 LOPJ aclaración, lo que motivó que el Juzgado dictase Auto el 10 de septiembre de 1996 en el que fijó la indemnización en la suma de 34.816.963 pesetas, por tanto la cantidad que debía abonar la demandada al actor "sumadas las partidas correspondientes a días de baja y gastos, y restados los 17.409.552 de pesetas consignados y abonados, es, s.e.u.o., de diecinueve millones novecientas siete mil doscientas cincuenta y tres pesetas".
Notificado este Auto el 11 de septiembre de 1996, el demandante presentó escrito el 16 de septiembre de 1996, en el que tras instar, con apoyo en el art. 267 LOPJ, una nueva aclaración por el error apreciado en el Auto de 10 de septiembre de 1996, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia.
El Juzgado, por Auto de 26 de septiembre de 1996, notificado el 27 de septiembre, procedió a subsanar el error aritmético padecido en el Auto de 10 de septiembre de 1996, fijando la indemnización en 42.156.299 pesetas, de las que se descontarán la cantidad de 17.409.552 pesetas ya recibidas.
Por escrito presentado el 27 de septiembre de 1996, la aseguradora demandada interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de 2 de septiembre de 1996, aclarada mediante el Auto de 10 de septiembre de 1996, acompañando los resguardos de ingreso acreditativos de haber ingresado 23.209.064 pesetas, el 11 de septiembre de 1996, y 5.751.825 pesetas, el 16 de septiembre de 1996.
Por providencia de 28 de septiembre de 1996 se acordó que, una vez que la demandada completase la consignación efectuada conforme al Auto aclaratorio de 26 de septiembre de 1996, se proveería sobre el recurso de apelación, y efectuada nueva consignación de 7.243.209 pesetas con fecha de 30 de septiembre de 1996, por providencia de 1 de octubre de 1996 se admitieron en ambos efectos los recursos de apelación interpuestos por el actor y por la aseguradora demandada, concediendo a ambas partes cinco días para que pudieran presentar los correspondientes escritos de impugnación conforme al art. 734 LEC, lo que hicieron mediante los oportunos escritos.
La apelación del actor se fundamentaba, en síntesis, en los siguientes motivos: 1) No inclusión en la condena de los intereses de la suma de 17.409.552 pesetas, desde la fecha del siniestro hasta la fecha en que fue entregada al actor, debiendo fijarse el tipo en el 20 por 100 anual, si era aplicable la Ley 3/1989, o en el tipo del interés legal vigente en la fecha del siniestro si se aplica la Ley 30/1995 (alegación 2ª). 2) Los días abonados por incapacidad que la Sentencia fija en 365 días, y el recurrente cifra en 547 días (alegación 3ª). 3) La aplicabilidad al caso de las reglas de valoración del daño de la Ley 30/1995, y no las de la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991, aplicadas por la Sentencia apelada, con los efectos sobre las indemnizaciones que se especificaban en el escrito del recurso (alegaciones 4ª, 5ª y 6ª).
Por su parte, la aseguradora fundó su recurso, en síntesis, en tres motivos: 1) La desmesurada cuantificación en puntos de las secuelas sufridas por el actor, que se fijan en la Sentencia en 80 puntos, luego elevados a 91 en el Auto de aclaración de 10 de septiembre de 1996, lo que implica incorrecta aplicación de la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991. 2) Improcedencia de imponer a la demandada el abono del 20 por 100 de los intereses de la cantidad reconocida al actor. 3) Improcedencia de la imposición de las costas a la demandada al haberse producido una estimación parcial de la demanda (art. 523 LEC).
Con fecha de 31 de octubre de 1996 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres (rollo 300/96) dictó Sentencia en cuyos antecedentes de hecho, tras transcribir el fallo de la Sentencia apelada (antecedente 1), se afirma: "Contra referida Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la parte demandante, el que fue admitido a trámite y previo emplazamiento de las partes se remitieron las actuaciones a esta Sala" (antecedente 2).
Como cuestión previa debe precisar este Tribunal que el principio de invariabilidad de las Sentencias se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, actuando como límite que impide a los tribunales variar o modificar o revisar las Sentencias (S 13 de febrero 96) y por ello la aclaración de Sentencias que se prevé en el artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretada restrictivamente y constreñirse aclarando algún concepto oscuro, explicando el sentido de sus palabras, supliendo alguna omisión o corrigiendo algún error simplemente material y todo ello deducido del propio contenido de la Sentencia. Los dos autos de aclaración dictados en lo que tienen de modificación en la valoración de las secuelas en función del baremo y modificación del valor del punto no cumplen los límites rigurosos de la aclaración si bien la impugnación de la Sentencia apelada y de los autos aclaratorios permiten a la Sala la subsanación de la infracción por medio de la presente resolución.
El supuesto enjuiciado es un accidente de circulación producido por un vehículo asegurado en la entidad demandada y que acaeció el 12 de junio de 1994 y centrado el debate en la cuantificación de la indemnización por las lesiones sufridas por el demandante. Sentado lo anterior esta Sala estima con el Juzgado de instancia la procedencia de la indemnización conforme a la legislación anterior a la vigente Ley de Seguros 10 de noviembre de 1995 a virtud de que en la misma no se ha establecido su aplicación retroactiva.
La indemnización de 2.372.500 pesetas por los días de incapacidad y 127.369 por gastos no ha sido objeto de controversia en esta alzada que se ha concretado en las secuelas del lesionado y su valoración, singularmente en la valoración de las mismas. Sobre ello la prueba pericial ha concretado citadas secuelas (F 419 y siguientes) trastorno orgánico de personalidad, amnesia, disfasia, ligera hemiparaxia de extremidades izquierdas, síndrome de hombro doloroso diplinia lateral de menos de 10º y perjuicio estético. La valoración de estas secuelas a los efectos prevenidos en la Orden de 5 de marzo de 1991 en orden a la puntuación a señalar según la tabla de dicha Orden estima correctas esta Sala las valoraciones de 35 puntos al trastorno de personalidad, de 20 puntos a la amnesia, de 25 puntos a la disfasia, de 5 puntos al síndrome doloroso de brazo y adecuada siete puntos a la diplolia lateral y estima la hemiparexia ligera en 20 puntos y en cuanto al perjuicio estético estima que al tratarse de fundamentalmente cicatrices quirúrgicas en zonas ordinariamente visibles debe calificarse de medio y calificarlo con nueve puntos que hacen un total de 72 puntos conforme a la fórmula matemática de cómputo que añadimos a los nueve puntos de perjuicio estético que es computable sin dicha fórmula hacen un total de 81 puntos y que conforme a la tabla aprobada por resolución de 17 de enero de 1995 para citada puntuación y edad de 21 a 40 años determinan el valor del punto en 320.545 pesetas incluido el 4,3 % del I.P.C., que hacen un total de 25.964.145 pesetas, sin incremento por daños morales por estimar comprendido dentro de citada cifra los mismos. Sumada la cifra anterior a la indemnización por los días de incapacidad y los gastos justificados arrojan la suma de 28.464.014 pesetas que deducidas las 17.409.552 pesetas consignadas por la demandada en procedimiento de jurisdicción voluntaria y percibidas por la actora determina que se estima procede estimar la demanda por la suma de 11.054.462 pesetas.
La pretensión de abono del interés del 20 por 100 debe desestimarse habida cuenta el complejo resultado lesivo producido que hace sumamente difícil su ponderación económica del que es buena prueba que el propio juzgador de instancia lo fija de modo diversos en sus tres resoluciones, constando como consta que la aseguradora atendió la asistencia médica del lesionado (reconocido) e incluso consignó la suma de 17.409.552 pesetas en procedimiento de jurisdicción voluntaria.
En orden a las costas al ser esta Sentencia revocatoria de la dictada no procede hacer pronunciamiento especial sobre las costas de esta apelación y sin que proceda imposición respecto a las causadas en el inferior, habida cuenta la estimación parcial de la demanda".
La demanda funda su queja de amparo en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que, a juicio del recurrente, se ha producido porque la Audiencia ha incurrido en un error patente, consistente en creer que sólo había apelado la aseguradora demandada, que conduce a que no se examinen los motivos ni las alegaciones en que se fundaba el recurso de apelación del actor, lo que ha impedido una respuesta judicial sobre el fondo de las pretensiones articuladas en el recurso de apelación.
Por providencia de 3 de febrero de 1997 se acordó, antes de pronunciarse sobre la admisión, requerir a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres y al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Plasencia para que remitiesen testimonio de las actuaciones correspondientes al rollo 300/96 y al juicio verbal 137/96.
Recibidas las actuaciones solicitadas, por providencia de 4 de junio de 1997 se acordó abrir el trámite del art. 50.3 LOTC, y conceder al recurrente y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que pudieran formular las alegaciones que estimasen procedentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (art. 50.1.c LOTC), dándoles vista de las actuaciones recibidas.
Por escrito registrado el 24 de junio de 1997 el recurrente se opone a la inadmisión con arreglo al art. 50.1.c LOTC e interesa la admisión del recurso. Por su parte, el Fiscal, mediante escrito registrado el 26 de abril de 1997 interesa la inadmisión por carencia de contenido de la demanda, al entender que la lectura de la Sentencia recurrida no se desprende que la Audiencia se abstuviera de tratar el objeto litigioso que se dice eludido pues no deja de abordar la temática ventilada en ambos recursos.
Por providencia de 28 de julio de 1997 se acordó admitir a trámite la demanda y dirigir comunicación a los órganos judiciales de los que proceden las actuaciones remitidas para que se emplazase, por término de diez días, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por providencia de 15 de septiembre de 1997 se acordó tener por personado y parte al Procurador don Federico-José Olivares de Santiago, en nombre de la Compañía Astra de Seguros y Reaseguros, S.A., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de 20 días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Por escrito registrado el 13 de octubre de 1997, la representación de Astra Compañía de Seguros, S.A. se opone al amparo. Alega que no existe el error que se denuncia en la demanda. En el antecedente de hecho 2 se expresa que el recurso fue presentado por el demandante en tiempo y forma, es evidente entonces que no ha habido error alguno por ignorancia del recurso interpuesto por el actor. Frente a las conjeturas del recurrente, la Sala ha dado respuesta directa y coherente adecuando perfectamente el fallo a las peticiones de los litigantes, por cuanto no venía obligada a una literal concordancia entre ambos términos al estarle permitido al sentenciador un juicio crítico en razón de que lo trascendente es que los pronunciamientos tengan eficacia para dejar resueltos todos los extremos que fueron materia de debate. No existe incongruencia porque se desprende la desestimación tácita de los motivos de apelación invocados.
Mediante escrito registrado el 23 de octubre de 1997 el Fiscal interesa una Sentencia denegando el amparo. Tras exponer lo que considera las alegaciones que fueron objeto de la apelación del recurrente y que cifra en las siguientes: a) Disconformidad con las cantidades contenidas en los Autos de aclaración dictados a su instancia (primera); b) Disconformidad con la aplicación del 20%, que debía pagar la Compañía aseguradora (segunda); c) Disconformidad con los días de baja que debían ser de 18 meses y no de 12 (alegación tercera); d) Desacuerdo con la legislación aplicable que, a su juicio, debía ser la Ley 30/1995 y no la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991 (alegaciones cuarta, quinta y sexta), examina la Sentencia de apelación y considera la temática de la aclaración y el montante indemnizatorio acordado por esta vía que deja resuelto al negar la virtualidad de los Autos de aclaración para modificar la primitiva Sentencia. Por lo que respecta al montante y la aplicación del 20 por 100, queda asimismo contestado en el fundamento jurídico V, al entender la Sala que no procede por su difícil ponderación económica, siendo de señalar que al usar la resolución el verbo "desestimarse" está aludiendo, obviamente, al lesionado que lo pretendía. En lo relativo a la legislación aplicable y al cálculo de la indemnización, constituye el nudo de la Sentencia, a cuyo problema se dedican los fundamentos III y IV en que la Sala se decanta por la antigua legislación y por la cuantificación en la forma explicada. La única duda que suscita al Fiscal es la cuestión atinente a la computación de los días de incapacidad que cifra el recurrente en 18 meses y en 12 la resolución recurrida. Tal cuestión fue especialmente invocada por el apelante en su alegación tercera, sin que la Sala lo advirtiera toda vez que se niega la existencia de controversia sobre este extremo, lo que pone en tela de juicio la desestimación implícita, pues mal se puede entender como rechazado lo que no se considera alegado. En este punto, quizás fuera posible entender que existe una incongruencia omisiva que de haberse detectado podía influir en el dictado del fallo, aún incluso partiendo de la base de que se han resuelto ambos recursos de apelación. La tesis contraria es entender que el estudio de las indemnizaciones supone una totalidad dentro de la cual se hallan comprendidas cualesquiera reclamaciones económicas. Esta solución no es ajena por completo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que así lo expresó en la STC 122/1994.
Por providencia de 11 de mayo de 2000 se fijó para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 del mismo mes y año.
El recurrente centra su queja de amparo en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE que, a su juicio, se habría producido por haber incurrido la Audiencia, al dictar la Sentencia que se impugna, en un error patente, consistente en creer que sólo había apelado la aseguradora demandada, que conduce a que no se examinen los motivos ni las alegaciones en que se fundaba el recurso de apelación en su día interpuesto por el actor contra la Sentencia y Autos de aclaración dictados por el Juzgado.
Delimitado de este modo el objeto del presente recurso de amparo, para su resolución debe recordarse que este Tribunal, en una reiterada y consolidada doctrina constitucional, ha venido afirmando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada y fundada en Derecho a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, de forma que cuando la Sentencia, o la resolución que ponga fin al procedimiento, guarde silencio o no se pronuncie sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando imprejuzgada o sin respuesta la cuestión planteada a la consideración del órgano judicial, se produce una incongruencia omisiva o ex silentio denegadora de la justicia solicitada que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el art. 24.1 CE. En aplicación de esta doctrina se otorgó el amparo en los casos resueltos, entre otras, por las SSTC 116/1986, de 8 de octubre, 368/1993, de 13 de diciembre, 4/1994,de 17 de enero, 289/1994, de 27 de octubre, 305/1994, de 14 de noviembre, 91/1995, de 19 de junio, 146/1995, de 16 de octubre, 56/1996, de 4 de abril, 58/1996, de 4 de abril, 85/1996, de 21 de mayo, 26/1997, de 11 de febrero, 39/1997, de 27 de febrero, 94/1997, de 8 de mayo, 30/1998, de 11 de febrero, 136/1998, de 29 de junio, y 1/1999, de 25 de enero.
En el presente caso, basta la lectura de la Sentencia que se impugna para cerciorarse de que la Audiencia, en cuanto órgano ad quem de la apelación dejó sin respuesta las pretensiones impugnatorias esgrimidas por el actor en su recurso de apelación, incurriendo con ello en una incongruencia omisiva o ex silentio que entraña una denegación de justicia que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
Otorgar el amparo solicitado por don José-Félix R. C. y, en su virtud:
Reconocer que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
Restablecerle en su derecho y, a tal fin,
Declarar la nulidad de la Sentencia de 31 de octubre de 1996 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, dictada en el rollo de apelación civil 300/96.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al de la referida Sentencia, a fin de que la Sala dicte una nueva resolución en la que se pronuncie sobre todas las pretensiones planteadas por el ahora recurrente en su recurso de apelación.
STSJ Comunidad de Madrid 52/2013, 23 de Enero de 2013
SAP Asturias 221/2007, 28 de Mayo de 2007
SAP Granada 705/2004, 13 de Diciembre de 2004
STSJ Cataluña , 23 de Diciembre de 1999

References: artículo 24
 artículo 363
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