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Timestamp: 2018-04-19 09:36:14+00:00

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DAÑOS Y PERJUICIOS: Es responsable la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor al impactar en su vehículo una piedra lanzada por un tercero. | Bases de Datos de Derecho Argentino
DAÑOS Y PERJUICIOS: Es responsable la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor al impactar en su vehículo una piedra lanzada por un tercero.
Publicado en 22 mayo, 2014 por infojudicial
Responsabilidad de la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor a raíz de una piedra lanzada por un tercero al vehículo cuando circulaban por la autopista.
El deber de seguridad conlleva la obligación no solo de conocer el obrar y manejo de la circulación vial, sino también todo lo relativo a la interacción que se produce entre el automovilista, los usuarios y los terceros; es decir, le impone a la concesionaria vial el deber de recoger la información relativa a ese interaccionar y de tomar las medidas para asegurar la salud de los usuarios.
DAÑOS Y PERJUICIOS, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, HECHO DE UN TERCERO, OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, RELACIÓN DE CONSUMO, RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA VIAL, TRANSPORTE BENÉVOLO.
Vallejos Juan Gabriel c/ Arnedillo Santiago s/ daños y perjuicios
1.-Cabe responsabilizar a la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor -acompañante- a raíz de una piedra lanzada por un tercero al vehículo cuando circulaban por la autopista, pues la relación de consumo que vincula a la víctima con la codemandada le imponía a ésta cumplir con el deber de seguridad que deriva de esa relación, o sea proteger al usuario de los riesgos que hubiesen podido afectar su salud, integridad física y seguridad en la circulación por esa ruta.
2.-El deber de seguridad conlleva la obligación no solo de conocer el obrar y manejo de la circulación vial, sino también todo lo relativo a la interacción que se produce entre el automovilista, los usuarios y los terceros; es decir, le impone a la concesionaria vial el deber de recoger la información relativa a ese interaccionar y de tomar las medidas para asegurar la salud de los usuarios.
3.-Ante los numerosos y reiterados hechos denunciados, consistentes en el lanzamiento de proyectiles a los parabrisas de automóviles que circulaban por la autopista, la demandada tenía la obligación de crear condiciones progresivas de seguridad vial en relación al estándar tecnológico vigente al momento en que se produjo el accidente para evitar daños a los usuarios; así, podría haber colocado un cerco de alambrado para evitar las posibilidades de que la zona aledaña fuera utilizada como plataforma de lanzamiento de proyectiles contra los automóviles que circulaban por esa ruta.
4.-Toda vez que el daño sufrido por el actor fue causado por un tercero ajeno a la concesionaria vial, al conductor y al propietario del automóvil, en tanto fue causado por un tercero que arrojó una piedra, cabe concluir que el conductor y el propietario del automotor se encuentran eximidos de responsabilidad en el hecho motivo de esta litis.
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Agosto de 2013, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. ROBERTO ANGEL BAGATTIN Y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-114289 , en los autos: “VALLEJOS, JUAN GABRIEL C/ ARNEDILLO, SANTIAGO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.
PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs.399/404, en cuanto es materia de apelación y agravios?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Roberto Ángel Bagattin y Emilio Armando Ibarlucía.
Luego de sucesivos trámites, del llamamiento de “autos para sentencia”, tras el sorteo, quedó este expediente en condiciones de ser votado.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:
I.- En la sentencia dictada en estas actuaciones se RESOLVIÓ: 1º.- Hacer lugar a la demanda deducida por JUAN GABRIEL VALLEJOS contra “GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA” y, en consecuencia, condenar a la citada codemandada a abonarle al actor la suma de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 58.500), con más los intereses establecidos en el respectivo considerando, dentro del plazo de diez días de la notificación de la aprobación de la pertinente liquidación y bajo apercibimiento de ejecución, con costas.2°.- Rechazar la demanda dirigida contra SANTIAGO DANIEL ARNEDILLO y MARTA CRISTINA BROOMAN y la aseguradora citada en garantía “CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA”, con costas al accionante.
El actor interpuso recurso de apelación a fs.405, concedido libremente a fs.406, expresó agravios a fs.427/436, los cuales merecieron la replica de los codemandados Arnedillo y Brooman y la aseguradora citada en garantía a fs.451/452 y de la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” a fs.453/454.
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” interpuso recurso de apelación a fs.407, concedido libremente a fs.408, expresó agravios a fs.437/445, los que fueron respondidos por el actor a fs.447/450.
2.1.- El Sr. Juez de la instancia de origen atribuyó la responsabilidad, en forma exclusiva y excluyente, a la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.”, en su calidad de concesionaria del Acceso Oeste, por considerar que había incumplido con la obligación de garantizar la seguridad del tránsito en dicha ruta, por entender que no había adoptado las medidas que las circunstancias del caso exigían en una zona de alto riesgo delincuencial. A su vez, eximió de responsabilidad al conductor y a la propietaria del automóvil en que viajaba la víctima, porque considerò que la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho habían colocado el resultado dañoso fuera del ámbito del riesgo propio de la cosa, esto es porque se constituyó en un factor interruptivo de la cadena causal.
2.2.- La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” solicita que se revoque la sentencia en crisis en cuanto le atribuyó exclusiva responsabilidad en el hecho motivo de autos, por considerar que se encuentra exonerada de la misma, sustancialmente, con los siguientes argumentos; a) por entender que resulta contradictorio el que el Sr.Juez de grado hubiera sostenido que para una parte los hechos delictivos causados por terceros no constituyen un factor interruptivo de la cadena causal -la concesionaria vial -, mientras que por otro lado afirma que sí lo constituye para la otra parte; b) por interpretar que carece de total responsabilidad por los hechos objeto de la demanda por haber tenido su causa en el accionar antijurídico de un tercero ajeno por el cual no debe responder y c) por considerar que no se encuentra a su cargo la seguridad por los hechos delictivos acaecidos sobre la traza de la autopista, sino que dicha obligación la tiene a su cargo la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional Argentina. Por ello afirma que resulta irrazonable atribuirle responsabilidad por hechos o situaciones respecto de los cuales no tiene facultades para prevenir, impedir o reprimir. En definitiva asevera que dentro de las obligaciones que le fueron impuestas a la Concesionaria por el Estado Nacional no se encuentra la de ejercer el poder de policía de seguridad del orden público.
El actor solicita que se revoque la sentencia en crisis en cuanto desestimó la acción contra los codemandados Santiago Daniel Arnedillo y Marta Cristina Brooman, esencialmente, por entender que los citados demandados no acreditaron la culpa de un tercero por quien no debían responder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1113 2do. párrafo “in fine” del CPCC.
En definitiva, a tenor de los agravios en tratamiento, el “thema decidendum” llamado a dirimir por este Tribunal es determinar si les cabe o no responsabilidad a los demandados por los daños causados al actor por el hecho de un tercero ocurrido en la traza de la Autopista del Oeste. A la codemandada Grupo Concesionario del Oeste S.A.en su calidad de concesionaria de dicha autopista, y a los codemandados Arnedillo y Brooman en el carácter de conductor y propietarios, respectivamente, del automóvil que transportaba a la victima.
2.3.- Dado el tenor y diversidad de las protestas de los apelantes con relación al tema de la responsabilidad, desdoblaré su tratamiento en dos, por un lado, en primer lugar trataré la relativa a la concesionaria vial y por otro lado, la referida al propietario y al conductor del vehículo que transportaba el actor.
Daré respuesta a aquellas quejas que considero relevantes para decidir el caso y sin respetar el orden en que fueron expuestas.
2.3.1.-Responsabilidad de la concesionaria vial
Para determinar si existió o no responsabilidad de la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A” entiendo que corresponde realizar una reseña de la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad civil de los concesionarios de rutas por peaje, a tenor de las siguientes consideraciones:
2.3.1.1.- Evolución del criterio de la Excma. Corte de Justicia de la Nación
Para apreciar los criterios adoptados por la Excma. Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la responsabilidad civil de las concesionarias viales analizaré a continuación, sintéticamente, diversos fallos en que lo trató.
La Excma. Corte de Justicia de la Nación, sobre el particular, en el ámbito de su competencia originaria, en las causas: “Colavita, Salvador y otro c/ Provincia de Buenos Aires y otros” (sentencia del 7 de marzo de 2000, Fallos 323:318); R.204.XXXII, “Rodríguez, E. c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios” (sentencia dictada el 9 de noviembre de 2000, Fallos 323:3599); E.48.XXXII, “Expreso Hada SRL c/ Provincia de San Luis y otros s/ cobro de pesos” (sentencia dictada el 28 de mayo de 2002, Fallos 325:1265); G.462.XXXVI, “Greco c/ Camino del Atlántico S.A.y otro” (sentencia dictada el 16 de octubre de 2002) dejó sentado el criterio, una vez descartada la responsabilidad del Estado en los accidentes de tránsito ocurridos a consecuencia de animales sueltos en la ruta, que la misma no podía atribuírsela a la concesionaria de la ruta por los términos del contrato que se la otorgó, porque si bien se encontraba obligada en términos genéricos a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originasen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino, dicha estipulación debía ser interpretada en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario en orden a la “remodelación, conservación y explotación del corredor vial” conferido, enderezadas al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas y a la oferta de servicios auxiliares del usuario (Conf. considerando 3°, caso “Colavita”; considerando 4°, caso “Rodríguez”; considerando 6°, caso “Expreso Hada”), por lo que no resultaba admisible extenderle la responsabilidad más allá de tales obligaciones- “inherentes al estado de la ruta misma”-, ni exigirle el control de los alambrados linderos y decidió que la responsabilidad de los concesionarios viales revestía naturaleza extra contractual (Considerandos 3° y 4° del caso “Colavita”; las letras en negrita me pertenecen).
La Corte en la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2002, en la causa G.462.XXXVI, “Greco c/ Camino del Atlántico SA y otro”, al revocar por arbitraria una sentencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones Civil, descartó el encuadre jurídico efectuado por el tribunal inferior en cuanto dispuso que en el caso cabía subsumir la relación entre el usuario y la empresa concesionaria como de carácter contractual y de consumo y la aplicación del art.1113, 2º párrafo del Código Civil (responsabilidad objetiva).
La Corte de Justicia de la Nación en las causas F.1116.XXXIX, “Ferreyra, Víctor y otro c/VICOV SA” y C.745.XXXVII, “Caja de Seguros SA c/ Caminos del Atlántico SAVC.” (ambas sentencias dictadas el 21 de marzo de 2006), modificó, en forma parcial, por mayoría, el criterio sustentado hasta ese momento, en el sentido de atenuar la fuerza vinculante de los precedentes “Colavita”, “Bertinat”, “Rodríguez”, “Expreso Hada”, al autorizar a considerar que la definición de los presupuestos de la responsabilidad de las concesionarias viales por los daños ocasionados por animales sueltos en las rutas era privativa de los tribunales de grado por no suscitar cuestión federal relevante la interpretación de las normas de derecho común que determinasen el deber de resarcir de dichas accionadas, a la luz del marco regulatorio pertinente.
Posteriormente, la Excma. Corte de Justicia de la Nación realizó un renovado análisis de la temática de la responsabilidad de las concesionarias viales derivada de los daños ocasionados por animales sueltos en la ruta, en el ámbito de la competencia originaria, en la causa B.606.XXVI, “Bianchi, Isabel del Carmen de Pereyra c/Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S. A.” y M.302.XXXIII “Martínez Lamas, Manuel c/Buenos Aires, Provincia de” en las sentencias dictadas el 7 de noviembre de 2006 (Fallos 329:4944) Reiteró, por unanimidad, la aplicación del criterio general que impide responsabilizar al Estado frente a la genérica afirmación del incumplimiento del poder de policía que le concierne en el control de las rutas.Luego analizó la problemática relativa al deber de resarcir de la concesionaria vial codemandada y respecto a esta cuestión definió, por mayoría, el encuadre jurídico en este tipo de controversias, modificando así la doctrina que había sentado en los casos “Colavita”, “Greco” y otros, al establecer que el “…vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente…” (Conf. considerando 3°del voto de los doctores Fayt, Maqueda y Lorenzetti y considerando 4° del voto de la Dra. Highton de Nolasco; considerando 11 del voto del Ministro Zaffaroni; las letras en negrita me pertenecen) y que existe una relación contractual entre el concesionario y el usuario que le impone a aquél la prestación de un servicio, y que esta calificación importa que haya una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art.1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles (considerando 4° de la sentencia; considerando 5° del voto de la Ministro Highton; considerandos 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 del voto del Ministro Zaffaroni).
En suma: la Corte Suprema sostiene en la actualidad que el régimen del concesionario vial se encuadra en la responsabilidad contractual con una obligación de seguridad que surge del art. 1198 del Código Civil respecto de los hechos ocurridos antes de la sanción de la ley 24.999 (1° de julio de 1998) que incorporó el art.40 a la ley 24.240, y respecto de los accidentes posteriores a esa fecha estableció “que el vínculo que se establece en el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente” (considerando 3° primer párrafo).
2.3.1.2.- Criterio de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires luego del cambio de la doctrina federal.
La Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial, en las sentencias dictadas en las causas C. 85.246 caratulada: “Bucca, Ana María c/Servicios Viales SA” – el 3 de marzo de 2010- y C. 85.774, “Otero, Julio c/ Caminos del Atlántico” del 5 de mayo de 2010, por mayoría de fundamentos, estableció que la relación jurídica que une a los usuarios de la ruta con la concesionaria es contractual y de consumo.
El Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Hitters, reiterando lo expuesto en la causa C.79.549, “Castro c/ Caminos del Atlántico” del 22/12/08, en el voto emitido en ambas causas, hizo una guía interpretativa del encuadre jurídica de la problemática en tratamiento, siguiendo las pautas sentadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia Nacional, con su actual integración y en el ámbito de su competencia originaria, consistente en que:
“a) La relación jurídica que une a los usuarios de la ruta con la concesionaria es contractual y de consumo (arts. 512, 902, 1197, 1198 y concordantes del Código Civil; ley 24.240; 42, Const.Nacional).
“b) Además de la obligación principal de la prestadora del servicio en cuestión (construcción, mantenimiento y explotación del camino concesionado) existen otros deberes que integran lo que se conoce como la “obligación de seguridad” (arts. 1198, Cód.Civ.; 5, ley 24.240), cuyo contenido varía de conformidad con las características del emprendimiento licitado.
“c) Integra esta serie de prestaciones implícitas la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.
“d) La ocurrencia de accidentes de tránsito ocasionados por el paso de animales sueltos en la ruta, constituye una eventualidad previsible por lo general para la concesionaria, por lo que corresponde que la misma, en ejercicio de su deber de información -arts. 42, Const. Nac.; 4, ley 24.240- (lo que implica una necesaria auto información previa), adopte las medidas concretas derivadas del marco reglamentario, tales como: i) comunicar a los usuarios sobre estas vicisitudes del tránsito (circulación de animales y sus riesgos); y ii) ejercer el poder de policía que le cabe en ausencia de la autoridad estatal, como por ejemplo suspender total o parcialmente la circulación (art. II-6, b] del Reglamento de Explotación).
“e) Por consiguiente, el incumplimiento de estas prestaciones pone en juego -por regla – la responsabilidad contractual de la concesionaria frente al usuario, sin que pueda eximirse invocando la imprudencia del dueño del animal (arts. 513, 514, 901 a 904 y 1124, Cód. Civil) que en todo caso quedará concurrentemente obligado al pago de los perjuicios ocasionados”.
Este criterio fue reiterado en C.99.668, “Bissio de Vigil c/ Covisur SA” del 22/04/09.
2.3.1.3.- Solución propuesta para el agravio de la concesionaria vial
A los fines de dirimir la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, respecto a los agravios expresados por la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.”, considero conveniente señalar lo siguiente:
1.- Que de las constancias de autos surge que ha quedado demostrado que:
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” era la concesionaria de la Autopista del Oeste a la época en que ocurrió el hecho objeto de esta litis, con el reconocimiento efectuado por ésta al contestar la demanda y con el informe de fs.310; doct. arts. 384, 354 inc.1°, 401 del CPCC).
Es una conclusión que llega sin controversia a esta instancia la del Sr. Juez de Grado que tuvo por probado que el hecho motivo de autos ocurrió a las 00,30 horas aproximadamente del día 27 de abril de 2004, en circunstancias que el automóvil Fiat 1600 patente WWW757 circulaba por el Acceso Oeste, en dirección de General Rodríguez a Moreno, guiado por el codemandado Santiago Daniel Arnedillo, y al llegar a la altura del arroyo “Los Perros” de Moreno, una persona de sexo masculino, que se encontraba detrás del guard rails, arrojó una piedra sobre el parabrisas del mencionado automotor, produciendo su rotura y golpeando el rostro del actor, Juan Gabriel Vallejos, que se encontraba sentado en el lugar del acompañante, provocándole un traumatismo encéfalo craneano, herida cortante contusa en la cara, fractura maxilo facial con pérdida de dientes (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
En suma: que el daño sufrido por el actor fue causado por un tercero ajeno a la concesionaria vial, al conductor y al propietario del automóvil al ser alcanzado por una piedra arrojada por una persona que estaba detrás del guard rails, a la altura del arroyo “Los perros” de la Autopista del Oeste (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
El Órgano de Control de Concesiones Viales informó que recibió numerosas denuncias de usuarios por incidentes producidos en la traza de la Autopista del Oeste por piedras arrojadas por desconocidos, que provocaron, en la inmensa mayoría la rotura de los parabrisas de los automotores afectados, como en el presente caso, durante el año anterior al hecho objeto de esta litis, sin indicar el kilómetro preciso en el cual habrían ocurridos los incidentes (Conf. fs.504/510; arts. 384, 401 del CPCC).
Cabe acotar que el Órgano de Control de Concesiones Viales en las planillas de fs.505/509 usa en el apartado “causa-queja” la expresión “Inc. Men.” “con piedras arrojadas por desconocidos”, al referirse a accidentes viales como el sufrido por la víctima.Se supone que dicha abreviatura se refiere a “incidentes menores”, lo cual patentiza el desprecio por la salud e integridad del usuario frente al deber de seguridad impuesto por el art.5 de la ley 24.240.
2.- Que por ello y en atención a la fecha de ocurrencia del hecho motivo de autos – 27 de abril de 2004- y por el principio que sostiene que los pronunciamientos de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial son vinculantes para todos los Tribunales inferiores por lo dispuesto en el art. 161 inc. 3° a) de la Constitución Provincial y arts. 278, 279, 280 y concordantes del CPCC, por una cuestión de orden moral y por economía y celeridad procesal, opino que debe aplicarse al presente caso la doctrina sentada en la citada causa C.85.246 caratulada: “Bucca, Ana María c/Servicios Viales SA”, esto es, que la relación que une a los usuarios de la ruta con la concesionaria es contractual y de consumo (art, 42 de la Constitución Nacional y art. 5° de la ley 24.240; Excma. Corte de Justicia Nacional en la causa “Bianchi”, considerandos 4° y 5° y la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial, Considerando II, apartado 4) a) del voto del Dr. Hitters en la causa C.85.246 caratulada “Bucca”).
3.- La valoración de los hechos probados, señalados en el punto 1) precedente de este apartado me lleva a sostener que:
La relación que vincula a la víctima con la concesionaria vial, la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S. A.”, es contractual y de consumo, porque el hecho ocurrió en la traza de la Autopista del Oeste, en la que aquélla es la concesionaria y el actor el usuario, porque er a transportado en el automóvil conducido por el codemandado Arnedillo que circulaba por dicha ruta (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 5° de la ley 24.240; Excma. Corte de Justicia Nacional en la causa “Bianchi”, considerandos 4° y 5° y la Excma.Suprema Corte de Justicia Provincial, Considerando II, apartado 4) a) del voto del Dr. Hitters en la causa C.85.246 caratulada “Bucca”).
Esa “relación de consumo” le imponía a la codemandada “Grupo Concesionaria del Oeste S. A.”, como concesionaria de la referida autopista, cumplir con el “deber de seguridad” que deriva de esa relación, o sea proteger al usuario de los riesgos que hubiesen podido afectar su salud, integridad física y seguridad en la circulación por esa ruta (art, 42 de la Constitución Nacional y art. 5° de la ley 24.240; Excma. Corte de Justicia Nacional en la causa “Bianchi”, considerandos 4° y 5° y la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial, Considerando II, apartado 4) a) del voto del Dr. Hitters en la causa C85.246 caratulada “Bucca”).
Ese deber de seguridad conlleva la obligación no solo de conocer el obrar y manejo de la circulación vial, sino también todo lo relativo a la interacción que se produce entre el automovilista, los usuarios y los terceros. Es decir, le impone a la concesionaria vial el deber de recoger la información relativa a ese interaccionar y de tomar las medidas para asegurar la salud de los usuarios (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 5° de la ley 24.240; Excma. Corte de Justicia Nacional en la causa “Bianchi”, considerandos 4° y 5° y la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial, Considerando II, apartado 4) a) del voto del Dr.Hitters en la causa C.85.246 caratulada “Bucca”).
Por ello, ante los numerosos y reiterados hechos denunciados, consistentes en el lanzamiento de proyectiles a los parabrisas de automóviles que circulaban por la Autopista del Oeste durante el año anterior al hecho objeto de esta litis conforme el informe de fs.504/510, la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.”, como prestadora del servicio en esa autopista, tenía la obligación, en cumplimiento de ese deber de seguridad, de crear condiciones progresivas de seguridad vial en relación al estándar tecnológico vigente al momento en que se produjo el accidente para evitar daños a los usuarios. Esto es que construyera y controlara la autopista razonablemente segura frente a tales hechos concretos y no eventuales, tales como la colocación de un cerco de alambrado detrás del guard rails para evitar las posibilidades de que la zona aledaña al mismo fuera utilizada como plataforma de lanzamiento de proyectiles contra los automóviles que circulaban por esa ruta (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 5° de la ley 24.240; y la jurisprudencia citada).
Además, cabe señalar que los numerosos y reiterados hechos de terceros informados a fs.504/510 por el Órgano de Control de Concesiones Viales se tornaron previsibles para la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” y consecuentemente, por ese deber de seguridad, debió adoptar las medidas necesarias para impedir su reiteración y así proteger a los automovilistas de los daños que producían.
El Órgano de Control de Concesiones Viales informó a fs.310/311 de las medidas de seguridad adoptadas por la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” sobre la traza de la Autopista del Oeste, sustancialmente, en señales indicando las velocidades máximas en diversos lugares, de advertencias e informativas, pero ninguna para evitar el lanzamiento de proyectiles sobre los automotores que circulan por la misma.Ese informe demuestra que la codemandada “Grupo Concesionario Vial del Oeste” no cumplió con el deber de seguridad que tenía como concesionario de un servicio público; o sea la adopción de una serie de medidas para proteger al automovilista de esos actos previsibles de terceros. (art. 42 dela Constitución Nacional y arts.1°. 5° y 40 de la ley 24.240; art. 902 del Código Civil; Excma. Cámara Nacional en lo Civil, Sala E en la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2007 en los autos caratulados: “Lencinas, Verónica Cecilia c/Grupo Concesionario del Oeste S.A y otro”, DJ 2008-I-711).
A los fines de dar respuesta a los agravios de la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” en cuanto sostiene que no se encuentra a su cargo la seguridad por los hechos delictivos acaecidos sobre la traza de la autopista, sino que dicha obligación la tiene a su cargo la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional Argentina, corresponde destacar que el art. 30 del Reglamento de Explotación del Acceso Oeste aprobado por Resolución 17/1997 establece que: “…La policía de seguridad y la policía de tránsito serán ejercidas por la autoridad pública competente. Ante la ausencia de agentes públicos que lleven a cabo dicha actividad, la Concesionaria adoptará las medidas preventivas necesarias para el ordenamiento del tránsito y la circulación, debiendo formular de inmediato, según el caso las denuncias pertinentes ante la autoridad competente, así como requerir su inmediata presencia” (Conf. fs.207/217 y fs.484).
En suma: la mencionada codemandada no tomó las medidas de seguridad para impedir un hecho de tercero previsible que le imponía el deber de seguridad establecido en el art. 5° de la ley 24.240 y tampoco adoptó las medidas preventivas necesarias, ante la ausencia de los agentes públicos, como las denuncias pertinentes ante la autoridad competente para requerir su presencia, que le imponía el citado art.30 del Reglamento de Explotación del Acceso Oeste.
4.- En conclusión ha quedado demostrado que:
La relación que une al actor con la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” es contractual y de consumo como usuario de la autopista de la que aquélla es concesionaria, porque la misma también alcanza a los pasajeros transportados en el automotor que circula por la misma (art, 42 de la Constitución Nacional y arts.1°. 5° y 40 de la ley 24.240).
Durante el año anterior al hecho objeto de esta litis fueron denunciados numerosos y reiterados hechos consistentes en el lanzamiento de proyectiles sobre los parabrisas de automóviles que circulaban por la Autopista del Oeste (doct. Arts. 384, 391 del CPCC).
Los referidos hechos ilícitos provocados por terceros en la traza la Autopista del Oeste, ante su reiteración y frecuencia, se convirtieron en previsibles para su concesionaria, la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” (doct. arts. 384, 391 del CPCC).
El daño sufrido por el actor fue causado por un tercero ajeno a la concesionaria vial, al conductor y al propietario del automóvil al ser alcanzado por una piedra arrojada por una persona que estaba detrás del guard rails, a la altura del arroyo “Los perros” de la Autopista del Oeste (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” no adoptó ningún tipo de medida para impedir los daños a los usuarios de la autopista producidos por los referidos hechos ilícitos de terceros (Conf. fs.310; doct. arts. 384, 401 del CPCC).
La concesionaria no ha demostrado la culpa del conductor o una negligencia de la víctima que demostrasen que sus conductas hubiesen tenido algún papel causal en el hecho dañoso (doct. Art.375, 384 del CPCC).
Por ello entiendo que, demostrada la relación causal entre el daño y el incumplimiento de las obligaciones y deberes de seguridad que le competían a la concesionaria vial respecto del usuario como prestadora del servicio en la autopista concesionada, la misma es responsable de los daños causados al actor por el hecho ilícito producido por un tercero, por haber sido previsible para aquella ante la reiteración de hechos similares en la traza de la autopista y la falta de adopción de medidas para prevenirlos (art. 42 de la Constitución Nacional; art. 1197 del Código Civil; arts. 5° y 40 de la ley 24.240, arts. 901, 906 del Código Civil).
Por todo ello propongo confirmar la sentencia en crisis en cuanto atribuyó la responsabilidad a la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.”, en cuanto fue materia de recurso de apelación y agravios (doct. Arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
2.3.2.-Responsabilidad del conductor y del propietario del automotor
La circunstancia de que el actor era un transportado “benévolo” en el auto conducido por el codemandado Santiago Daniel Arnedillo y de propiedad de la codemandada María Cristina Brooman es una cuestión que no llega controvertida a esta instancia.
Por ello corresponde subsumir el tema de la responsabilidad del conductor del automóvil y de su propietario en la “teoría del riesgo creado” elaborada en torno a la norma contenida en el artículo 1113, segundo párrafo, apartado final del Código Civil, por aplicación de la actual doctrina legal de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial que ha interpretado, que corresponde aplicar la mencionada teoría también a los supuestos de “transporte benévolo” como el del presente caso (Excma. SCJBA en la causa Ac.56.514 sentencia dictada el 5 de julio de 1996 en los autos:”Irisola, José c/Rojas, Alfredo s/daños y perjuicios” entre otros).
Cabe señalar que la teoría del “riesgo creado” regula la atribución de responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de ese tema y según la doctrina legal de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial crea una presunción de “causalidad” en orden a la producción del accidente de tránsito, ya que da nacimiento a la responsabilidad del dueño o guardián, con total independencia del elemento subjetivo de la “culpa”, y para exonerarse parcial o totalmente de ella, deben acreditar que la víctima o un tercero por el cual no deban responder, ha interrumpido total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.(doct. art. 1113, 2° párrafo, 2° frase del Código Civil; art. 375 del C.P.C.C.; Excma. S.C.J.B.A. en las causas: Ac. 33.155, sentencia dictada el 8 de abril de 1986 en autos: “Sacaba de Larosa, Beatriz E. c/Vilches, Eduardo Roque y otro s/daños y perjuicios”, A. y S. 1986-I-254).
También es una cuestión que no viene controvertida a esta instancia que el daño sufrido por el actor fue causado por un tercero ajeno a la concesionaria vial, al conductor y al propietario del automóvil y a la víctima que arrojó una piedra desde detrás del guard rails de la Autopista del Oeste, a la altura del arroyo “Los perros”. (doct. arts. 901, 1113 2° párrafo “in fine” del Código Civil; arts. 260, 261, 266 “in fine”, 384 del CPCC).
Por lo tanto, opino que esa prueba es suficiente para sostener que el conductor y el propietario del automotor se encuentran eximidos de responsabilidad en el hecho motivo de esta litis (doct. arts.901, 1113 2° párrafo “in fine” del Código Civil).
Sin perjuicio de lo expuesto, atento los fundamentos dados en la sentencia para desestimar la acción contra el conductor y propietario del automóvil y los agravios de la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.”, debo señalar que para aquellos el hecho tuvo las características de la imprevisibilidad e irresistibilidad, como dijo el Sr. Juez de grado, porque el hecho dañoso no tuvo relación causal adecuada con la conducta de los mismos ni con el riesgo de la cosa. En cambio, como ya lo señalé sí se lo debe considerar previsible para la concesionaria vial por haber tenido a su alcance los medios informativos (las denuncias previas de hechos similares) que por el deber de seguridad la obligaban a tomar las medidas necesarias para prevenirlos para garantizar la salud, integridad física y seguridad del usuario de la autopista concesionada (doct. arts. 901, 902, 906, 1113, 2° párrafo “in fine” del Código Civil: art. 42 de la Constitución de la Nación, arts. 5° y 40 de la ley 24.240).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en cuanto rechazó la demanda contra Santiago Daniel Arnedillo, Marta Cristina Brooman y la citada en garantía “Caja de Seguros Sociedad Anónima en cuanto fue materia de recurso de apelación y agravios (arts.260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
3.1.- DAÑO FISICO INCAPACIDAD
El Señor Juez de grado consideró probado que las lesiones sufridas por el actor le provocaron una incapacidad parcial y definitiva del 49,53% de la total obrera (incapacidad por daño físico 23,52% y por daño estético 16%), y en consecuencia fijó el monto de la indemnización en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000)
El actor solicita que se modifique la sentencia en crisis en el sentido de elevar el monto indemnizatorio por considerarlo escaso e insuficiente para la reparación del daño sufrido, atento la gravedad del mismo.
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” expresa que no corresponde el incremento porque el monto de la indemnización otorgada al actor coincide con el reclamado en el escrito de demanda (Conf. punto II apartado a) de fs.453).
Por el principio de congruencia, atento que el monto otorgado por el rubro en tratamiento concuerda con el peticionado en el escrito de demanda, considero que el agravio del actor debe rechazarse (Conf. fs.18vta./19; doct. 163 inc. 6° del CPCC).
Viene al caso destacar que la aseguradora de riesgo de trabajo “LA CAJA ART” dictaminó que las lesiones sufridas por el actor le dejaron una incapacidad laboral permanente del 40,30% y que por ese concepto le abonó la suma de $.57.837,90 circunstancia señalada en la sentencia, indicándose por ello que el monto estimado por este rubro ha quedado absorbido por dicha suma. Ello no ha merecido agravio alguno por parte del accionante (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en relación al rubro “incapacidad física” en cuanto fue materia de recurso de apelación y agravios (doct. Arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
3.2.- DAÑO MORAL
El Sr.Juez de grado acogió el rubro “daño moral” por considerar que el actor debió soportar sufrimientos físicos por las lesiones recibidas durante el tiempo de la recuperación e inquietud espiritual derivada de las mismas, subsumiendo en este rubro los daños sufridos por la lesión estética que da cuenta la pericia médica, fijando el monto indemnizatorio en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000).
El actor solicita que se modifique la sentencia en crisis en el sentido de elevar el monto de la indemnización del rubro en tratamiento por considerarla insuficiente en razón de que dentro de la misma incluyó el daño estético y por no contemplar el tiempo insumido en el tratamiento de las lesiones, de internación y las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido.
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” solicita que se modifique la sentencia en el sentido de reducir el monto de la indemnización fijada por “daño moral” porque se aleja de los parámetros corrientes y resulta excesivo para el caso autos y supera el monto fijada para indemnizar el daño físico. (Conf. punto III.2- de fs.444 vta.).
Sobre la base de la valoración de la índole y magnitud de las lesiones sufridas por la víctima, las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, los tratamientos de curación y rehabilitación que debió realizar para su curación y en especial la repercusión emocional que le produjeron las cicatrices descriptas por el perito médico a fs.292/293 estimo suficiente el monto de la indemnización fijado en el fallo en crisis para reparar el “daño moral” sufrido por la víctima para repararlo de acuerdo a los montos reconocidos por este tribunal en casos similares. Se aclara que el referido monto indemnizatorio concuerda con lo reclamado en el escrito de demanda -$ 45.000 por daño moral y $ 10.000 por lesión estética- (arts. 1078 del Código Civil, art.165 “in fine”, 260, 261, 266 “in fine” y concordantes del CPCC.).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en relación al rubro indemnizatorio “daño moral” (arts. 1078 del Código Civil, art. 165 “in fine”, 260, 261, 266 “in fine” y concordantes del CPCC.).
3.3.-DAÑO ESTETICO
El señor Juez de grado desestimó el reclamo por “daño estético” como incapacidad física, por considerar que no se había acreditado que las lesiones estéticas padecidas por el actor afectasen su capacidad laborativa patrimonialmente y por ello entendió que debía ser evaluado en la oportunidad del tratamiento del daño moral, cosa que así hizo.
El actor solicita que se revoque esa decisión por considerar que se encuentra acreditado con la fotografías agregadas con la demanda y el informe pericial médico las lesiones sufridas le dejaron como secuela una lesión que afecta su faz estética, una desfiguración del rostro, con la que debe cargar sin posibilidad de atenuación u ocultamiento, razón por la cual sostiene que el daño tiene la autonomía y suficiencia para ser tratado e indemnizado en forma autónoma por la incidencia que ha de tener a lo largo de su vida.
El perito médico dictaminó que el actor tiene una un daño estético de significativa importancia consistente en una cicatriz que cruza desde el ala nasal derecha el labio superior y desviación del tabique nasal por fractura de los huesos propios de la nariz, pero no sostiene en ningún momento que dichas lesiones deforman su rostro (Conf. fs.292/293; doct.arts.384, 474 del CPCC).
La valoración de la referida pericia médica me permite llegar a la convicción que la mencionada cicatriz y la desviación del tabique nasal, no le han producido un daño patrimonial indirecto al actor, esto es, un “daño físico estético” autónomo, porque en ningún momento el perito médico dictaminó que las referidas lesiones le producían una disminución de las aptitudes productora de bienes y los demás aspectos materiales de su personalidad, más allá del porcentaje de incapacidad que estimó, el cual constituye una mera pauta orientadora y por lo tanto relativa y ajena al ámbito resarcitorio civil y propio del campo de la ley laboral. A ello debe agregarse, que el actor se desempeña en una actividad, la de empleado en la empresa “La Serenísima” (Conf. fs.150) para la cual el rostro no es esencial para desarrollarla, ni para captar la clientela, ni para mejorar sus ingresos (doct. arts. 384, 456 del CPCC).
En suma: considero que las secuelas constatadas por el perito médico no acreditan la existencia de un “daño estético” resarcible como un daño indirecto patrimonial autónomo o dentro del rubro “incapacidad física sobreviniente”, porque no aparecen como una disfunción que le produzca una minoración en la aptitud productora de bienes y de los demás aspectos materiales de personalidad, sin perjuicio de encuadrarlas dentro del “daño moral”, tal como lo hizo el Sr. Juez de grado (doct. arts.1068, 1069, 1078, 1083 y concordantes del Código Civil; arts. 375, 384, 474 del CPCC).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en cuanto desestimó el rubro “daño estético” en forma autónoma como pretende el actor, ni lo incluyó dentro del rubro incapacidad física sobreviniente, sin perjuicio de destacar que fue contemplado dentro del rubro “daño moral” (doct. arts. 165, 260, 261, 266 “in fine” y concordantes del CPCC.).
3.4.-LUCRO CESANTE
El Sr.Juez de grado acogió el reclamo por “lucro cesante” y fijó el monto de la indemnización en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-) por la falta de pruebas que permitiesen demostrar las ganancias u ordinarias por ingresos no percibidos.
El actor solicita que se modifique el monto de la indemnización del rubro en el sentido elevarlo, porque entiende que de la prueba testimonial resulta acreditada su condición laboral.
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” solicita que se revoque la sentencia en crisis en cuanto acogió el rubro “lucro cesante” por considerar que el actor no ha sufrido el daño comprendido dentro del mismo porque la aseguradora “La Caja ART” se hizo cargo de abonarle los salarios hasta el momento en que fue dado de alta laboralmente.
La doctrina leg al de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial interpreta que el “lucro cesante” tiende a reparar las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que hubiera demandado la curación de la víctima si el reclamo tiene relación con el rubro “incapacidad sobreviviente” -incapacidad laboral temporaria- (Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial en causa: Ac.52.258, sentencia dictada el 2 de agosto de 1994, en autos: “Gómez, Aurelio y otros c/Agri, Antonio s/daños y perjuicios”, publicada en A y S 1994-III-208, entre muchas otras).
Opino que el agravio debe ser destinado y acogida la queja de la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” porque la aseguradora de riesgo de trabajo “LA CAJA ART” abonó por el concepto comprendido dentro del rubro en tratamiento -incapacidad laboral temporaria durante el tiempo que dura la rehabilitación- la suma de $ 5.281,31 (Conf. fs.232), circunstancia señalada en la sentencia y que no ha merecido agravio alguno por parte del accionante (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
Por todo ello, propongo revocar la sentencia en crisis en cuanto acogió el rubro “lucro cesante” y en consecuencia desestimarlo (doct. Arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
3.5.- GASTOS DE TRASLADO
El Sr.Juez de grado acogió el rubro “gastos de traslado”, como gastos indocumentados y fijó el monto de la indemnización en la cantidad de pesos un mil ($.1.000.-), a pesar de no encontrarse acreditados documentalmente, porque consideró que su verosimilitud emergía de la correlación con la naturaleza y envergadura de las lesiones sufridas por el actor
El actor solicita que se eleve el monto otorgado por el rubro, por considerarla insuficiente para cubrir la cantidad de viajes realizados en remises durante el prolongado tiempo que duro el tratamiento de rehabilitación.
La codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” solicita que se revoque la sentencia en cuanto hizo lugar al rubro “gastos de traslado” porque considera que la aseguradora de riesgo de trabajo “La Caja ART” se hizo cargo del pago de los tratamientos médicos y de los gastos de movilidad del actor hasta su recuperación.
Este Tribunal ha adoptado la postura de que los “gastos asistenciales” no documentados tienen por objeto cubrir “gastos menores” (medicamentos, estudios, elementos descartables, propinas y gratificaciones a enfermeras, de traslado etc.), que sean coherentes con la entidad y magnitud de las lesiones sufridas por la víctima, porque se entiende que son erogaciones efectuadas por el paciente y que los debe soportar, aunque fuere asistido en establecimientos públicos, o privados por cuenta de mutuales y de los cuales normalmente no se conservan los pertinentes comprobantes.
Si bien la aseguradora de riesgo de trabajo “La Caja ART” abonó la suma de $ 19.828,10 en concepto de gastos de asistencia médica (Conf.fs.232), no aparece acreditado que hubiese abonado los gastos de movilidad.
Entiendo que los gastos de traslado indocumentados reclamados por el actor son procedentes en este caso, porque son coherentes con la entidad y magnitud de las lesiones sufridas por la víctima, las diversas intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, como el lapso de duración de los tratamientos para su curación, dado que se entiende que son erogaciones efectuadas por el paciente y que los debe soportar, aunque la asistencia médica fue abonada por la aseguradora de riesgo de trabajo y de los cuales normalmente no se conservan los pertinentes comprobantes.
Por ello, considero que el monto de la indemnización fijada por “gastos indocumentados de traslado” es razonable (doct. arts. 901, 1068, 1069, 1086 y concordantes del Código Civil, art. 165, 384 del CPCC).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en relación al rubro “gastos de traslados” (doct. arts. 165, 260, 261, 266 “in fine”, y concordantes del CPCC).
3.6.- GASTOS FUTUROS
El Sr. Juez de grado rechazó el rubro “gastos por tratamiento terapéutico futuro” por carecer de sustento probatorio, porque no fue objeto de análisis en la pericia médica.
El actor solicita que se revoque esa decisión y en consecuencia se acoja el rubro en tratamiento y se fije la pertinente indemnización por considerar que el informe pericial del Dr. Rudoni acredita la necesidad imperiosa de tratamientos médicos, tales como operaciones de cirugía reparadora de rostro y tratamiento psicológico, a fin de lograr una “reparación integral”.
Opino que el agravio del actor debe rechazarse porque del dictamen del Sr. perito médico no resulta que hubiera indicado que el actor tenía necesidad de realizar tratamientos, como operaciones de cirugía reparadora de rostro ni tratamiento psicológico alguno para lograr una reparación integral (Conf. fs.292/293; doct. arts.384, 474 del CPCC).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en cuanto desestimó el rubro “gastos futuros” (doct. arts.260, 261, 266 “in fine”, y concordantes del CPCC).
El Sr.Juez de grado mandó liquidar los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (Conf. fs.403)
La parte actora solicita que los intereses se calculen de acuerdo con la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días -tasa activa -, porque considera que los intereses a la “tasa pasiva” que manda abonar la sentencia resultan insuficientes e inequitativos para mantener el valor de la indemnización otorgada vulnerando así derechos de jerarquía, tales como la inviolabilidad de la propiedad, razonabilidad, protección del trabajo y de una retribución justa. En suma, sostiene que mantener la tasa pasiva mengua la capacidad adquisitiva de la indemnización otorgada.
El pedido del actor no puede ser acogido dado que la Excma. Suprema Corte de Justicia ha ratificado la doctrina consolidada consistente en que debe aplicarse la tasa pasiva para responder a la mora en este tipo de obligaciones, doctrina que es obligatoria seguir por los Tribunales de esta Provincia, conforme tiene dicho esta Sala (Excma. SCJBA en las causas: Ac. 49.439 del 31/08/93, DJBA 145-187; Ac. 49.441 del 23/11/93, DJBA 146-29 con cita de Ac. 48.827; C 101.774, sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 en los auto9s: “Ponce, Manuel c/Sangallo, Orlando” ; L 94.446 sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 en los autos: “Ginossi, Juan c/Asociación Mutual UTA s/despido” ; C 100.228 sentencia dictada el 16 de diciembre de 2009 en los autos: “Ferreira de Zeppa c/Hospital Lucio Meléndez s/daños y perjuicios”; C 96.831 sentencia dictada el 14 de abril de 2010 en los autos: “Ocon, Peregrino Antonio c/Mónaco, Norberto s/daños y perjuicios” entre otras; esta Sala en los expedientes:n° 112.798 del 18/02/10, 112.750 del 04/003/10, 112.995 del 01/06/10, 113.167 del 18/08/10, 113.112 y 113.113 del 21/09/10, 113.533 sentencia del 17 de mayo de 2001 en los autos: “Pájaro, Hilda c/Banco de la Pcia. de Bs. As s/daños”, 113.519 sentencia del 24 de mayo de 2011 en autos: “Acosta, Angel c/Miguel, Eduardo s/daños y perjuicios”, 113.633 sentencia del 29 de noviembre de 2011 en autos:”Villagra, Gerardo c/Provincia ART s/daños y perjuicios, entre otros).
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en crisis en relación al tema “intereses” (arts. 260, 261, 266 “in fine” y concordantes del CPCC.).
V.- COSTAS DE ALZADA
De acuerdo a la propuesta que formulo en los considerandos precedentes, que la de ser compartida, ambos apelantes fracasan en sus respectivos recurso de apelación
Por ello, propongo que las costas de Alzada se impongan de la siguiente forma: a) al actor por el recurso de apelación referido al rechazo de la demanda contra los codemandados Santiago Daniel Arnedillo y Marta Cristina Brooman y b) a la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste S.A.” las relativas a la acción que prospera en su contra, dado que, en lo sustancial resulta vencido (doct. art. 68, primera parte del CPCC).
Por todo ello, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel Bagattin dijo:
1°.- Revocar la sentencia de fs.399/404 en cuanto acogió el rubro “lucro cesante” y en consecuencia desestimarlo.
2°.- Confirmar la sentencia de fs.399/404 en cuanto fue materia de recurso de apelación y agravios.
3°.- Imponer las costas de Alzada de la siguiente forma:a) al actor por el recurso de apelación referido al rechazo de la demanda contra los demandados Santiago Daniel Arnedillo y Marta Cristina Brooman y b) a la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste” las relativas a la acción que prospera en su contra.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también por en el mismo sentido.
Que en el acuerdo que precede ha quedado establecido que la sentencia apelada de fs.399/404 se ajusta a derecho, razón por la cual debe ser CONFIRMADA en lo sustancial.
3°.- Imponer las costas de Alzada de la siguiente forma: a) al actor por el recurso de apelación referido al rechazo de la demanda contra los demandados Santiago Daniel Arnedillo y Marta Cristina Brooman y b) a la codemandada “Grupo Concesionario del Oeste” las relativas a la acción que prospera en su contra.
REGÍSTRES E. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
Firmado: Dr. Roberto A. Bagattin – Dr. Emilio A. Ibarlucía
Ante mí, Dra. Gabriela A. Rossello – Secretaria.
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