Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2010-05296.htm
Timestamp: 2017-09-20 20:09:43+00:00

Document:
B.O.E. Nº 79 de 01/04/2010
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducciÃ³n de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminuciÃ³n y prevenciÃ³n de la siniestralidad laboral.
Entre los objetivos operativos y lÃ­neas de actuaciÃ³n recogidos en la Â«Estrategia EspaÃ±ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012Â», fruto del DiÃ¡logo Social y aprobada por el Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 29 de junio de 2007, y reproduciendo lo seÃ±alado en este sentido en la disposiciÃ³n adicional sexagÃ©sima primera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2007, figura el estudio por el Gobierno de la posibilidad de establecer sistemas de reducciÃ³n de la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por contingencias profesionales en los supuestos de empresas que acrediten que su Ã­ndice de siniestralidad es reducido en relaciÃ³n con el que corresponde a su sector de actividad, una vez establecidos los Ã­ndices de siniestralidad de los diferentes sectores respecto de dicha cotizaciÃ³n, tras la aplicaciÃ³n de la nueva tarifa de primas para la cotizaciÃ³n por las mencionadas contingencias, aprobada por la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y que ha sido objeto de actualizaciÃ³n hasta la fecha en las sucesivas Leyes de Presupuestos.
En la lÃ­nea indicada, el artÃ­culo 108 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece en su apartado 3 la posibilidad de establecimiento de incentivos consistentes en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevenciÃ³n de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, asÃ­ como de aumento de tales cotizaciones en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo.
Por su parte, el artÃ­culo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, una vez cubiertas las reservas reglamentarias, se adscribirÃ¡ a los fines generales de prevenciÃ³n y rehabilitaciÃ³n, entre los que se encuentra el fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevenciÃ³n de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Un porcentaje de las dotaciones efectuadas por cada una de las mutuas en el Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n, constituido con el referido 80 por ciento del exceso de excedentes, podrÃ¡ dedicarse, segÃºn el mismo precepto, a incentivar la adopciÃ³n de las medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducciÃ³n de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de incentivos en los tÃ©rminos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
El aspecto penalizador en materia de Seguridad Social por el incumplimiento empresarial de las obligaciones sobre prevenciÃ³n de riesgos laborales se encuentra representado por medidas como las relativas al recargo de prestaciones econÃ³micas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, previsto en el artÃ­culo 123 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la pÃ©rdida de las bonificaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social y la posible actuaciÃ³n en tales casos de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social. Independientemente de ello, el Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n llevarÃ¡ a cabo los estudios pertinentes con objeto de valorar la oportunidad de establecer un sistema de incremento de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas con Ã­ndices excesivos de siniestralidad e incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales.
Por ello, este real decreto viene a desarrollar las previsiones contenidas en los citados artÃ­culos 73 y 108 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Ãºnicamente en lo que a la parte incentivadora se refiere, asÃ­ como lo previsto en la Estrategia EspaÃ±ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, mediante el establecimiento de las condiciones y requisitos que han de concurrir en las empresas para poder acceder al incentivo que en Ã©l se regula, consistente en una reducciÃ³n de las cotizaciones por contingencias profesionales a dichas empresas por su contribuciÃ³n eficaz y contrastable a la reducciÃ³n de la siniestralidad laboral, y que han de conjugar necesariamente dicha disminuciÃ³n de siniestralidad con el desarrollo de actuaciones, objetivas y eficaces, en materia de prevenciÃ³n de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, en los tÃ©rminos y condiciones que se establecen.
La percepciÃ³n del incentivo que se regula en este real decreto estÃ¡ en funciÃ³n del cumplimiento por la empresa de las condiciones establecidas en el mismo, independientemente del lÃ­mite mÃ¡ximo de gasto existente, que no ha de ser necesariamente alcanzado.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, considera en su artÃ­culo 4.1.n) como negocios y contratos excluidos del Ã¡mbito de la misma aquellos en cuya virtud se encargue la realizaciÃ³n de una determinada prestaciÃ³n a una entidad que, conforme a lo seÃ±alado en el artÃ­culo 24.6 de la propia ley, tenga atribuida la condiciÃ³n de medio propio y servicio tÃ©cnico, se considera necesario recoger expresamente que dicha condiciÃ³n concurre en el organismo autÃ³nomo Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo respecto del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n, para el que realiza la parte esencial de su actividad y sobre el que Ã©ste ejerce un control anÃ¡logo al que ejerce sobre sus propios servicios, mediante la modificaciÃ³n del Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del mencionado instituto.
En la elaboraciÃ³n de este real decreto han sido consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mÃ¡s representativas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n, con la aprobaciÃ³n previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 30 de marzo de 2010,
ArtÃ­culo 1. Objeto de la disposiciÃ³n.
Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribuciÃ³n eficaz y contrastable a la reducciÃ³n de la siniestralidad laboral y por la realizaciÃ³n de actuaciones efectivas en la prevenciÃ³n de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
1. PodrÃ¡n ser beneficiarias del sistema que se regula en este real decreto todas las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, tanto si Ã©stas estÃ¡n cubiertas por una entidad gestora como por una mutua, que observen los principios de la acciÃ³n preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales, y que reÃºnan, especÃ­ficamente, los siguientes requisitos:
a) Haber realizado inversiones, debidamente documentadas y determinadas cuantitativamente, en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales que puedan contribuir a la eliminaciÃ³n o disminuciÃ³n de riesgos durante el periodo de observaciÃ³n al que se refiere el artÃ­culo 6.
b) Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observaciÃ³n con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros.
c) No rebasar en el periodo de observaciÃ³n los lÃ­mites que se establezcan respecto de los Ã­ndices de siniestralidad general y siniestralidad extrema a que se refieren los apartados 1 y 2 del anexo II.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social.
e) No haber sido sancionada por resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa en el periodo de observaciÃ³n por la comisiÃ³n de infracciones graves o muy graves en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales o de Seguridad Social, tipificadas en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
f) Acreditar, mediante la autodeclaraciÃ³n sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representaciÃ³n de los trabajadores en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales que figura como anexo I, el cumplimiento por la empresa de los requisitos bÃ¡sicos en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales. La citada autodeclaraciÃ³n deberÃ¡ ser conformada, en su caso, por los delegados de prevenciÃ³n, o acompaÃ±ada de sus alegaciones a la misma.
g) AdemÃ¡s del cumplimiento de los requisitos preventivos bÃ¡sicos a que se refiere el pÃ¡rrafo f) anterior, la empresa deberÃ¡ acreditar el desarrollo o la realizaciÃ³n, durante el periodo de observaciÃ³n, de dos, al menos, de las siguientes acciones:
1.Âª IncorporaciÃ³n a la plantilla de recursos preventivos propios (trabajadores designados o servicio de prevenciÃ³n propio), aun cuando no estÃ© legalmente obligada a efectuarlo, o ampliaciÃ³n de los recursos propios existentes.
2.Âª RealizaciÃ³n de auditorÃ­as externas del sistema preventivo de la empresa, cuando Ã©sta no estÃ© legalmente obligada a ello.
3.Âª Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los accidentes de trabajo en misiÃ³n y los accidentes Â«in itinereÂ».
4.Âª AcreditaciÃ³n de la disminuciÃ³n, durante el perÃ­odo de observaciÃ³n, del porcentaje de trabajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgos de enfermedad profesional.
5.Âª Certificado de calidad de la organizaciÃ³n y funcionamiento del sistema de prevenciÃ³n de riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo debidamente acreditado por la Entidad Nacional de AcreditaciÃ³n (ENAC), justificativo de que tales organizaciÃ³n y funcionamiento se ajustan a las normas internacionalmente aceptadas.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerarÃ¡ como empresa el conjunto de todos los cÃ³digos de cuenta de cotizaciÃ³n que correspondan a la misma y tengan el mismo cÃ³digo de actividad a efectos de cotizaciÃ³n por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3. Del cÃ³mputo de la siniestralidad laboral a la que se refieren los Ã­ndices mencionados en el pÃ¡rrafo c) del apartado 1 se excluirÃ¡n los accidentes Â«in itinereÂ».
4. La concurrencia de los requisitos seÃ±alados en los pÃ¡rrafos a), e), f) y g) del apartado 1 se acreditarÃ¡ mediante certificaciÃ³n acompaÃ±ada a la solicitud y suscrita por el empresario, si el titular de la empresa es persona fÃ­sica, o por el administrador, presidente del consejo de administraciÃ³n u Ã³rgano de gobierno equivalente, si es persona jurÃ­dica, en su caso, con la conformidad de los delegados de prevenciÃ³n, o acompaÃ±ada de sus alegaciones a la misma.
ArtÃ­culo 3. PequeÃ±as empresas beneficiarias.
1. Dadas las especiales circunstancias que en ellas concurren, las empresas que en el periodo de observaciÃ³n mÃ¡ximo de cuatro ejercicios no hayan superado un volumen de cotizaciÃ³n por contingencias profesionales de 5.000 euros podrÃ¡n acceder al incentivo que se regula en este real decreto, siempre que acrediten que, ademÃ¡s del cumplimiento de los requisitos establecidos en los pÃ¡rrafos a), c), d), e) y f) del artÃ­culo 2.1, reÃºnen las siguientes condiciones:
a) Haber alcanzado un volumen de cotizaciÃ³n por contingencias profesionales deÂ 250 euros en el citado periodo de observaciÃ³n de cuatro ejercicios.
b) AdemÃ¡s del cumplimiento de los requisitos bÃ¡sicos a que se refiere el pÃ¡rrafo f) del artÃ­culo 2.1, la empresa deberÃ¡ acreditar el desarrollo o realizaciÃ³n de alguna de las siguientes acciones:
1.Âª AsunciÃ³n por el empresario de la actividad preventiva o designaciÃ³n de trabajadores de la empresa que asuman dicha actividad.
2.Âª ObtenciÃ³n, por el empresario o los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas preventivas, de formaciÃ³n real y efectiva en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales.
2. La concurrencia de las condiciones seÃ±aladas en el apartado 1, a excepciÃ³n de la recogida en el pÃ¡rrafo a) de dicho apartado, y en el pÃ¡rrafo d) del artÃ­culo 2.1, se acreditarÃ¡ mediante certificaciÃ³n suscrita por el empresario, si el titular de la empresa es persona fÃ­sica, o por el administrador, presidente del consejo de administraciÃ³n u Ã³rgano de gobierno equivalente, si es persona jurÃ­dica, en su caso, con la conformidad de los delegados de prevenciÃ³n, o acompaÃ±ada de sus alegaciones a la misma.
ArtÃ­culo 4. AplicaciÃ³n y cuantÃ­a del incentivo.
1. Para la aplicaciÃ³n del incentivo serÃ¡ necesario el cumplimiento de los Ã­ndices establecidos en el anexo II.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 8.1, la cuantÃ­a del incentivo podrÃ¡ alcanzar hasta el 5 por ciento del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observaciÃ³n previsto en el artÃ­culo 6, o bien hasta el 10 por ciento si los periodos de observaciÃ³n son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha percibido el incentivo, con el lÃ­mite, en ambos casos, del importe de las inversiones efectuadas a las que aluden el apartado 1.a) del artÃ­culo 2 y el apartado 1 del artÃ­culo 3.
3. En el caso de las pequeÃ±as empresas beneficiarias a las que alude el artÃ­culo 3, el incentivo, que en ningÃºn caso podrÃ¡ superar el importe de lo cotizado por contingencias profesionales, tendrÃ¡ como lÃ­mite mÃ¡ximo 250 euros para el primer periodo de observaciÃ³n, que se elevarÃ¡ a 500 euros en el segundo periodo y siguientes, siempre que en el inmediatamente anterior se haya percibido el incentivo.
4. La Orden por la que se desarrollan las normas de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, contenidas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, fijarÃ¡ anualmente los valores lÃ­mite de los Ã­ndices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cÃ¡lculo del incentivo aplicable, asÃ­ como el volumen de cotizaciÃ³n por contingencias profesionales a alcanzar durante el periodo de observaciÃ³n, en su caso.
ArtÃ­culo 5. FinanciaciÃ³n del sistema de incentivos.
1. El sistema de incentivos que se regula por medio de este real decreto se financiarÃ¡ con cargo al Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n constituido con el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artÃ­culo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, depositado en el Banco de EspaÃ±a, en cuenta especial titulada a nombre de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, a disposiciÃ³n del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n.
2. El volumen mÃ¡ximo de los recursos del Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n a disposiciÃ³n de las mutuas en cada ejercicio econÃ³mico para esta finalidad serÃ¡ el 3 por ciento del saldo de dicho Fondo existente a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Este porcentaje serÃ¡ de aplicaciÃ³n a cada una de las mutuas en proporciÃ³n a su contribuciÃ³n a la formaciÃ³n de dicho saldo.
3. No obstante lo seÃ±alado en el apartado anterior, cuando los recursos disponibles con cargo a la parte del 3 por ciento del Fondo que le corresponda fueran insuficientes para atender las solicitudes aceptadas, adicionalmente la mutua podrÃ¡ acordar el destino, a tal fin, de recursos procedentes de las reservas voluntarias, o bien de la parte de las reservas obligatorias correspondientes a la gestiÃ³n de las contingencias profesionales, en la cuantÃ­a que exceda del lÃ­mite mÃ­nimo reglamentariamente previsto.
4. Los incentivos destinados a las empresas cuyas contingencias profesionales estÃ©n protegidas por las entidades gestoras se financiarÃ¡n con cargo al Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n, sin minorar el porcentaje correspondiente a las mutuas.
ArtÃ­culo 6. Periodo de observaciÃ³n.
1. Se considerarÃ¡ como periodo de observaciÃ³n el nÃºmero de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud que no hayan formado parte de una solicitud anterior, con un mÃ¡ximo de cuatro ejercicios.
2. Una vez alcanzado el volumen mÃ­nimo de cotizaciÃ³n al que aluden los artÃ­culos 2 y 3, para las empresas que no soliciten el incentivo comenzarÃ¡ a computarse un nuevo perÃ­odo de observaciÃ³n.
ArtÃ­culo 7. PresentaciÃ³n y tramitaciÃ³n de las solicitudes.
1. Desde el dÃ­a 1 de abril hasta el 15 de mayo de cada aÃ±o, las empresas incluidas en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de este real decreto que deseen optar al incentivo, deberÃ¡n presentar su solicitud en la mutua o entidad gestora que asuma la protecciÃ³n de sus contingencias profesionales.
2. Agotado el plazo de presentaciÃ³n de solicitudes, la mutua o entidad gestora, una vez examinadas todas las peticiones presentadas y verificada la concurrencia de los requisitos seÃ±alados en los artÃ­culos 2 y 3, remitirÃ¡ a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, antes del dÃ­a 30 de junio, el correspondiente informe-propuesta no vinculante en orden a la concesiÃ³n o denegaciÃ³n del incentivo solicitado, por medio de un fichero informÃ¡tico cuyo diseÃ±o y contenido se especificarÃ¡n en las disposiciones de aplicaciÃ³n y desarrollo.
En los supuestos de informe-propuesta desfavorable, la entidad gestora o mutua, previamente a su remisiÃ³n a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, conferirÃ¡ trÃ¡mite de audiencia a la empresa, asÃ­ como a los delegados de prevenciÃ³n cuando no conste su conformidad, cuyas alegaciones acompaÃ±arÃ¡ a dicho informe-propuesta, junto con la valoraciÃ³n de la entidad gestora o mutua sobre las mismas.
ArtÃ­culo 8. AutorizaciÃ³n y abono del incentivo.
1. Una vez recibidos los informes-propuesta de las entidades gestoras o de las mutuas, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social efectuarÃ¡ las comprobaciones que sean necesarias en relaciÃ³n con el cumplimiento de los requisitos seÃ±alados en los artÃ­culos 2 y 3 y los indicadores a los que se refiere el anexo II, y verificarÃ¡ que el volumen de los recursos disponibles permite afrontar el importe de las solicitudes a aprobar, asÃ­ como que, en el caso de las mutuas, dicho importe no excede de la proporciÃ³n que les corresponde del saldo del Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n mÃ¡s las reservas a las que se refiere el artÃ­culo 5.3.
En el supuesto de insuficiencia del volumen mÃ¡ximo de recursos disponibles o de la cuantÃ­a que corresponde a la mutua, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social llevarÃ¡ a cabo una reducciÃ³n proporcional de las cuantÃ­as.
2. Cumplimentados los trÃ¡mites anteriores y comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social dictarÃ¡ resoluciÃ³n estimatoria, de la que darÃ¡ traslado a la entidad gestora o mutua que formulÃ³ la propuesta para su notificaciÃ³n a la empresa, asÃ­ como a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, a fin de que Ã©sta, con cargo al Fondo de PrevenciÃ³n y RehabilitaciÃ³n y mediante las operaciones que sean necesarias, proceda al abono de los incentivos correspondientes a las empresas protegidas por las entidades gestoras y transfiera a cada una de las mutuas, para su abono, el importe de los incentivos destinados a sus empresas beneficiarias.
3. En el supuesto de que la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social no considerara debidamente acreditada la concurrencia de las condiciones necesarias para acceder al incentivo, lo comunicarÃ¡ a la entidad gestora o mutua que formulÃ³ el informe-propuesta para su notificaciÃ³n a la empresa solicitante, al objeto de que Ã©sta pueda formular alegaciones en el trÃ¡mite de audiencia correspondiente. Dichas alegaciones, junto con el informe sobre las mismas de la entidad gestora o mutua, serÃ¡n remitidos a la citada DirecciÃ³n General, que resolverÃ¡ lo que proceda y darÃ¡ traslado de la resoluciÃ³n a la mutua o entidad gestora que formulÃ³ la propuesta, para su notificaciÃ³n a la empresa solicitante.
ArtÃ­culo 9. AsociaciÃ³n a otra mutua.
1. Cuando se produjere la denuncia del convenio de asociaciÃ³n existente con una mutua y la asociaciÃ³n de la empresa a otra mutua durante el perÃ­odo de observaciÃ³n al que se refiere el artÃ­culo 6, el abono del incentivo corresponderÃ¡ a la mutua a la que la empresa estuviera asociada en el momento de la solicitud.
2. La insuficiencia de recursos de la mutua para el abono de la totalidad del incentivo que corresponda a la empresa serÃ¡ causa suficiente, sin otros requisitos, para que Ã©sta pueda denunciar el convenio de asociaciÃ³n a su vencimiento.
ArtÃ­culo 10. InspecciÃ³n y control.
1. Una vez recibida la informaciÃ³n seÃ±alada en el artÃ­culo 7.2, y sin perjuicio de dictar la resoluciÃ³n que proceda, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social pondrÃ¡ a disposiciÃ³n de la DirecciÃ³n General de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, para su comprobaciÃ³n y efectos procedentes, la informaciÃ³n relativa a las empresas solicitantes.
Este control se entiende sin perjuicio del control interno que corresponde ejercer a la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 143 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La falta de veracidad de los datos consignados en la certificaciÃ³n de la empresa a la que se refieren los artÃ­culos 2 y 3 conllevarÃ¡ la devoluciÃ³n del incentivo percibido y la exclusiÃ³n del acceso al mismo por un periodo igual al Ãºltimo periodo de observaciÃ³n, asÃ­ como la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otra Ã­ndole a las que hubiere lugar, para cuya verificaciÃ³n la entidad gestora o la mutua deberÃ¡ mantener a disposiciÃ³n de los Ã³rganos de fiscalizaciÃ³n y control competentes toda la documentaciÃ³n e informaciÃ³n relativa a las empresas beneficiarias.
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. AplicaciÃ³n a empresas colaboradoras en la gestiÃ³n de la Seguridad Social.
1. Cuando las empresas beneficiarias estÃ©n autorizadas para colaborar en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, en la modalidad prevista en el artÃ­culo 77.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el incentivo a percibir por las mismas se contraerÃ¡ a las cuotas de incapacidad permanente, muerte y supervivencia (IMS) por las que la empresa cotiza a la Seguridad Social, imputÃ¡ndose por la misma a las cuentas de la colaboraciÃ³n la parte del incentivo que corresponda a las cuotas de incapacidad temporal retenidas en virtud de la mencionada colaboraciÃ³n.
En cualquier caso, se computarÃ¡n ambas cuotas, tanto para la determinaciÃ³n de los Ã­ndices como para la del volumen de cotizaciÃ³n al que se refiere el artÃ­culo 6.
2. Al tiempo de formular la solicitud, en su caso, para el abono del incentivo, la empresa colaboradora deberÃ¡ facilitar a la mutua la informaciÃ³n necesaria para el cÃ¡lculo de los Ã­ndices a los que se refiere el anexo II.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Reconocimiento y abono de incentivos en el aÃ±o 2010.
1. En el aÃ±o 2010 tendrÃ¡ lugar el reconocimiento y abono de los incentivos correspondientes al ejercicio 2009 al que serÃ¡n de aplicaciÃ³n los plazos y restantes condiciones establecidos en este real decreto.
2. La fecha inicial del periodo de observaciÃ³n al que se refiere el artÃ­culo 6 serÃ¡ el dÃ­a 1 de enero de 2009.
3. Por Orden del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n se fijarÃ¡n para el ejercicio 2009 los valores lÃ­mite y el volumen de cotizaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 4.4.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El apartado 17 del artÃ­culo 2 del Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, queda redactado como sigue:
Â«17. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la condiciÃ³n de medio propio y servicio tÃ©cnico de la AdministraciÃ³n General del Estado, pudiendo asumir encomiendas de gestiÃ³n para la realizaciÃ³n de actos de gestiÃ³n o actuaciones relativas a seguridad y salud en el trabajo que le encarguen los departamentos ministeriales con competencias en la materia.
Las encomiendas de gestiÃ³n serÃ¡n de ejecuciÃ³n obligatoria para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se retribuirÃ¡n mediante tarifas sujetas al rÃ©gimen previsto en el pÃ¡rrafo siguiente, y llevarÃ¡n aparejada la potestad para el Ã³rgano que confiere el encargo de dictar las instrucciones necesarias para su ejecuciÃ³n.
La tarifa o la retribuciÃ³n deberÃ¡n cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su cÃ¡lculo los costes directos y los indirectos, y mÃ¡rgenes razonables, acordes con el importe de aquellas prestaciones, para atender desviaciones e imprevistos.
La cuantÃ­a de la tarifa o la retribuciÃ³n serÃ¡ fijada por el Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, actuando con el carÃ¡cter de medio propio y servicio tÃ©cnico de la AdministraciÃ³n General del Estado, no podrÃ¡ participar en licitaciones pÃºblicas convocadas por los poderes adjudicadores pertenecientes a la misma, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningÃºn licitador, pueda encargÃ¡rsele la ejecuciÃ³n de la prestaciÃ³n objeto de las mismas.Â»
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artÃ­culo 149.1.17.Âª de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, que reserva al Estado el rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
Se faculta al Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n para dictar cuantas disposiciones de carÃ¡cter general sean precisas para la aplicaciÃ³n y desarrollo de este real decreto, incluida la adaptaciÃ³n de la autodeclaraciÃ³n sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representaciÃ³n de los trabajadores en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales, y de las fechas y plazos de tramitaciÃ³n previstos.
DisposiciÃ³n final cuarta. Registro contable de las operaciones.
De conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por parte de la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social se dictarÃ¡n las instrucciones contables necesarias para el registro de las operaciones que se deriven de la aplicaciÃ³n de este real decreto.
AutodeclaraciÃ³n sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representaciÃ³n de los trabajadores en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales1
[ignorar]Ãndices para la aplicaciÃ³n del incentivo
1. Ãndices de siniestralidad general.â€Las empresas habrÃ¡n de cumplir los dos Ã­ndices de siniestralidad general que se reseÃ±an a continuaciÃ³n, los cuales, en su definiciÃ³n, recogen la incidencia de la siniestralidad laboral, excluidos los accidentes Â«in itinereÂ», la permanencia en la situaciÃ³n de activo del trabajador, el nÃºmero de trabajadores y bases de cotizaciÃ³n, asÃ­ como la relaciÃ³n con la actividad desarrollada reflejada en el tipo de cotizaciÃ³n por cÃ³digo de la ClasificaciÃ³n Nacional de Actividades EconÃ³micas (CNAE) contemplado en la tarifa de primas para la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigente en el perÃ­odo de observaciÃ³n. La definiciÃ³n de dichos Ã­ndices para los cÃ³digos citados es la siguiente:
Ii = Importe total de la prestaciÃ³n por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales durante el perÃ­odo de observaciÃ³n * 100 < Î±i
Cuotas totales por contingencias profesionales durante el perÃ­odo de observaciÃ³n
IIi = NÃºmero total de partes de AT y EP con baja laboral durante el perÃ­odo de observaciÃ³n * 10.000 < Î²i
Donde el subÃ­ndice i hace referencia a cada uno de los cÃ³digos de la CNAE recogidos en la tarifa de primas para la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. Ãndice de siniestralidad extrema.â€En aquellos supuestos en los que durante el periodo de observaciÃ³n se hubiera producido el fallecimiento de algÃºn trabajador o el reconocimiento de alguna pensiÃ³n de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez por contingencias profesionales, excluidos los que tengan su causa en los accidentes Â«in itinereÂ», se calcularÃ¡ el Ã­ndice de siniestralidad extrema, que mide el nÃºmero de siniestros con repercusiones extremas (accidentes o enfermedades que ocasionen incapacidad permanente en alguno de los grados seÃ±alados o el fallecimiento de la persona trabajadora) ponderado entre el nÃºmero total de trabajadores de la empresa, su permanencia en el trabajo y la actividad econÃ³mica de la empresa.
El Ã­ndice de siniestralidad extrema se define como la relaciÃ³n entre:
IIIi = NÃºmero total de reconocimientos de incapacidad permanente y de fallecimientos en el perÃ­odo de observaciÃ³n Ã 1.000.000 < âi
Si el Ã­ndice de siniestralidad extrema de la empresa superase el lÃ­mite establecido al efecto, el incentivo no podrÃ¡ aplicarse, con independencia del valor que tomen los Ã­ndices de siniestralidad general.
3. Los valores lÃ­mite Î±i, Î²i y âi de los Ã­ndices seÃ±alados se establecerÃ¡n anualmente en la Orden por la que se desarrollan las normas de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, contenidas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto