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Timestamp: 2020-04-01 08:50:30+00:00

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Secuestros de españoles por grupos terroristas: ¿existen alternativas al rescate económico? | RESI
Secuestros de españoles por grupos terroristas: ¿existen alternativas al rescate económico?
RÓMULO CRESPO ALONSO
Ejército de Tierra, España
Title: Kidnapping of Spaniards by Terrorist Groups: Are There Alternatives to the Ransom?
Resumen: Este trabajo evalúa si la estrategia que supuestamente han llevado a cabo los distintos gobiernos españoles de pagar rescates para liberar a ciudadanos secuestrados es efectiva en el corto y largo plazo o si, por el contrario, la intervención militar es más aconsejable. Se concluye que, debido a que los secuestradores tienden a elegir a sus objetivos en función de los países que suelen pagar rescates, se debería dejar a particulares o empresas dichas transacciones para evitar que se secuestren españoles por el mero hecho de serlo. En aquellos casos en que dichas empresas no dispusieran de un seguro anti-secuestro, el Estado podría efectuar el pago requerido. Cuando esto no fuera posible, ya fuera porque las exigencias de los secuestradores no se pudieran satisfacer, los rehenes estuvieran seriamente heridos o a punto de ser ejecutados, se procedería a realizar una operación de rescate.
Palabras clave: Intervención militar; Rehén; Rescate económico; Secuestro.
Abstract: This paper evaluates whether or not the strategy used by the different Spanish governments of paying ransoms to free citizens kidnapped is effective in the short and long term or, on the contrary, military intervention is more recommended. We conclude that, due to the fact that terrorists tend to choose their targets according to the countries that usually pay ransoms, private individuals and enterprises should pay the ransoms in order to prevent terrorists from kidnapping Spaniards by the mere fact of being Spaniards. In those cases where enterprises do not have a kidnap insurance, the Spanish Government could pay the ransom. When this is not possible, either because the kidnappers’ demands could not be fulfilled, the hostages were seriously wounded or on the verge of being executed, a military operation would be the best option.
Keywords: Hostage; Kidnapping; Military intervention; Ransom.
Recibido: 6 de marzo de 2017
Aceptado: 19 de noviembre de 2018
Para citar este artículo: Alberto Caballero y Rómulo Crespo Alonso, “Secuestros de españoles por grupos terroristas: ¿existen alternativas al rescate económico?”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 2, (2018), pp. 123-137. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.8.8
A los gobiernos occidentales les ha surgido un nuevo problema de carácter internacional. Un problema que en principio puede parecer que tiene poca transcendencia, ya que desde un punto de vista aséptico y objetivo, la pérdida de nacionales está a la orden del día, bien por accidentes, muertes violentas de civiles y bajas de militares en el cumplimiento de misiones. Sin embargo, el hecho de secuestrar a un solo extranjero de una gran potencia occidental puede resultar mucho más devastador a efectos de opinión pública y de orgullo nacional. Los grupos terroristas lo saben y se aprovechan. Existen Estados que no pagan rescate, otros que sí y otros que lo niegan; pero tanto a unos como a otros este tipo de actos les causan graves trastornos. Desde 2009, supuestamente los distintos gobiernos españoles han gastado al menos 11.1 millones de euros en rescates, tan sólo contando los secuestros en África.[1] Ciertas agencias privadas de inteligencia señalan la existencia de otro rescate de unos ocho millones de euros y, a mayores, se desconoce por completo el modo de resolución de uno de los cinco secuestros de españoles que han salido a la luz en los últimos años (Stratfor, 2010). Con todo, España es actualmente el segundo país de la Unión Europea que ha sufrido un mayor número de secuestros por parte de Al Qaeda, Daesh u organizaciones directamente relacionadas con estas. Nuestro trabajo comienza pues con un breve repaso a esos secuestros que se han producido recientemente, y continúa con un análisis comparativo entre la política de resolución de secuestros de España y la de otros países de la UE, los actuales procedimientos del Gobierno español y, más en profundidad, una valoración del rescate económico y la intervención militar, así como de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Españolas.
Figura 1. Españoles secuestrados por año
Cooperantes de ONG’s y periodistas entre los más secuestrados
Desde 2009 hasta la fecha al menos un total de 13 españoles han sido secuestrados por diversos grupos terroristas tanto en el norte de África como en Oriente Medio. El primer secuestro tuvo lugar el 29 de noviembre de 2009, cuando los cooperantes de la ONG “Barcelona-Acciò Solidària” (BAS) Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez fueron secuestrados en Mauritania por una célula de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) liderada por el yihadista Mokhtar Belmokhtar (Ministerio de Exteriores, 2009). El asalto se produjo mientras los cooperantes viajaban de la ciudad mauritana de Nuadibú a Dakar (Senegal) en una caravana formada por 13 vehículos sin escolta. Los terroristas les trasladaron al norte de Malí e inicialmente pidieron un rescate de siete millones de dólares, cifra que con el tiempo bajó a los cinco millones y a la que al final también se le añadió la exigencia de que se excarcelasen a presos de AQMI en Mauritania (El Mundo, 2010). Esta última condición, de carácter más bien político, alargó el proceso de negociación hasta el doble de tiempo ya que no implicaba una decisión que pudiera tomar el Gobierno español unilateralmente.
Unos meses más tarde, en marzo de 2010, la organización liberó a Alicia Gámez después de que el Gobierno español supuestamente pagara un rescate de 3.6 millones de euros, y en agosto del mismo año liberaron a Roque Pascual y Albert Vilalta después de que el Gobierno mauritano extraditara a Malí al organizador material del secuestro (El Imparcial, 2010). Tras este, la ONG catalana cambió su itinerario y empezó a llevar el material humanitario por barco hasta los puertos de Nuadibú, Dakar y Banjul (Gambia), pero la amenaza siguió siendo latente para otros cooperantes que continuaron trasladándose sin escolta por carreteras alejadas de los grandes núcleos urbanos. Este fue el caso de las cooperantes de la ONG “Médicos sin Fronteras” Montserrat Serra y Blanca Thiebaut. El 13 de octubre de 2011 fueron secuestradas por un clan de la etnia somalí “Saleeban” mientras viajaban desde la ciudad de Liboi a Dadaab (Kenia) en un convoy de dos vehículos sin escolta y se las trasladó primero al norte de Somalia y después al sur (Ministerio de Exteriores, 2011). Curiosamente, dicho grupo es el único que ha secuestrado españoles y no es de naturaleza terrorista, pero sin embargo ha ejecutado la retención ilegal más duradera hasta la fecha.
Tan sólo unos días después de su secuestro, el MUYAO (Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental) tomó como rehenes a los cooperantes Enric Gonyalons, de la ONG “Mundubat”, y Ainhoa Fernández, de la “Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura”, en Rabuni (Argelia) (Ministerio de Exteriores, 2011). El secuestro tuvo lugar en una residencia para extranjeros que contaba con una seguridad privada insuficiente y, al igual que en el caso de BAS, los rehenes fueron trasladados al norte de Malí. Finalmente, se les puso en libertad en julio de 2012 después de que el Gobierno español supuestamente pagara un rescate de 7.5 millones de euros (Periodista Digital, 2013). Montserrat y Blanca, sin embargo, no correrían tanta suerte como los otros cooperantes si no que estuvieron en cautiverio por un periodo de tiempo de casi dos años. A pesar de que el G-8 recomendó que ni los Estados ni las empresas pagaran rescates, ambas cooperantes fueron liberadas en julio de 2013 después de que su ONG desembolsara 3.8 millones de euros (El Mundo, 2014). Coincidencia o no, el secuestro tardó en resolverse más del doble de tiempo que aquellos supuestamente pagados por el propio Gobierno, por lo que podría decirse que esta última vía ha sido en general más eficaz.
Dejando el continente africano y trasladándonos hasta Oriente Medio, el 4 de septiembre de 2013, el reportero Marc Marginedas de “El Periódico” fue secuestrado por el EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante) en Hama (Siria), y unos días después la misma organización terrorista secuestró al reportero de “El Mundo” Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García en Raqqa (Siria) (ABC, 2013). Los tres cooperantes fueron liberados en marzo de 2014, aunque no está claro quién pagó el rescate ni la cuantía de este. Tampoco se ha hecho pública mucha información sobre el último secuestro de españoles, a saber, el de los periodistas Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López. Se cumple casi un año desde que Al-Nusra los secuestró el 13 de julio de 2015 en Alepo (Siria) (Periodistas en Español, 2015). A simple vista parece pues que nuestros ciudadanos continúan siendo secuestrados en el extranjero y la política de resolución de este tipo de delitos por parte del Gobierno español permanece intacta.
¿Qué decisiones toman otros países de la UE?
En perspectiva comparada, algunos de los países de la UE efectúan pagos por la liberación de sus ciudadanos, pero otros como Reino Unido, Holanda o Suecia no lo hacen [Ver figura 2] (Europeanhostages.com, 2016). No es coincidencia que los países con mayor número de secuestrados son aquellos cuyos gobiernos o compañías a su vez se han gastado más dinero en rescates. Los secuestros son una de las principales fuentes de financiación de los grupos terroristas (unos 140 millones de euros ganó AQMI en rescates entre 2003 y 2011 y unos 60 millones Daesh entre 2012 y 2014) (Napoleoni, 2016) y estos seleccionan a los extranjeros en función de su nacionalidad. Los franceses, españoles e italianos son los más cotizados, pero sus respectivos países llevan una política de resolución de secuestros diferente. Mientras España e Italia supuestamente optan por pagar rescates en la mayoría de los casos, Francia en cambio suele dejar que las compañías se hagan cargo del pago. Además, el Gobierno francés es más flexible a la hora de adaptar su estrategia a cada situación y en ocasiones lleva a cabo intervenciones militares. Dichas operaciones a veces acaban en éxito y otras en fracaso. Un ejemplo de rescate exitoso es el de un turista, Sjaak Rijke, que fue secuestrado por AQMI y posteriormente liberado por el Ejército francés en Mali (DailyMail, 2015). El rehén se encontraba preso no muy lejos de la zona en la que la mayoría de los españoles secuestrados en África fueron también retenidos.
Sin embargo, las operaciones militares también pueden terminar con la ejecución de los rehenes a manos del grupo terrorista. Así fue el caso del cooperante Michel Germaneau ejecutado en Mali por AQMI después de que el Ejército francés tratara de liberarle y acabase con la vida de seis insurgentes (France24, 2010). El Reino Unido por su parte tiene la peor proporción de rehenes liberados por cada ejecutado, pero la mayoría de los británicos fueron secuestrados por Daesh y, por lo tanto, son automáticamente ejecutados al cabo de un tiempo. A modo comparativo, Estados Unidos es otro de los países que apenas efectúa pagos de rescates y tiene una mala proporción de rehenes liberados por cada ejecutado. Daesh y sus grupos precursores secuestraron un total de 15 ciudadanos americanos, de los que 13 fueron asesinados, uno murió en cautividad y otro fue liberado (Mellon, Bergen & Sterman, 2017). Sin embargo, los rehenes americanos han sido siempre considerados objetivo prioritario para Daesh y organizaciones precursoras debido al papel de liderazgo que tiene EEUU en la coalición militar contra dichos grupos. Esto explica tanto la alta tasa de secuestro como la alta tasa de ejecución de los rehenes americanos. Los grupos terroristas que les secuestran o bien no solicitan ningún pago o bien piden cantidades de dinero extraordinarias ya sabiendo de antemano que EEUU se va a negar a realizar dicho pago. Daesh y los grupos afines no tienen ningún afán por liberarles ya que el impacto mediático al ejecutarles les beneficia más que el posible cobro de un rescate. Por lo tanto, aunque EEUU cambiara su política de resolución de secuestros y empezara a decantarse más por el pago de rescates, los grupos terroristas que secuestraran a ciudadanos americanos probablemente seguirían ejecutándolos.
Por su parte, España junto con Italia han sido los países que han liberado a un mayor número de rehenes y al mismo tiempo no han tenido ninguna baja, pero también hay que señalar que sus respectivos Gobiernos han sido los que supuestamente más dinero han desembolsado. Por fortuna, desde el secuestro de Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández en octubre de 2011, todos los cooperantes viajan acompañados de escolta (Bazán, 2012). Esta y no otra ha sido pues la única razón por la que no se han producido hasta la fecha más secuestros de españoles en África. Cada dos años, desde 2009, se viene produciendo el secuestro de ciudadanos españoles en el extranjero, pero este problema no es de reciente aparición. En los últimos 19 años, un total de 53 cooperantes españoles han sido secuestrados mientras realizaban su trabajo (Bazán, 2012). Los distintos gobiernos de España parecen haber seguido haciendo caso omiso a las continuas recomendaciones formuladas por la comunidad internacional. Una de las últimas resoluciones de la ONU al respecto, la 2161 de 2014, prohibió el pago de rescates a organizaciones terroristas, con independencia de cómo o quién los pague (Consejo de Seguridad de la ONU, 2014). La Unión Europea también es clara a la hora de pronunciarse sobre el rescate económico como medio de liberación de rehenes. El Consejo de la UE en 2014, en una de las últimas reuniones en las que debatió el tema, rechazó tajantemente el pago de rescates a grupos terroristas (Consejo de la UE, 2014). No cabe duda de que el continuo incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de algunos países conduce a que otros lleven a cabo la misma praxis. Sin embargo, cómo se verá más adelante, en ocasiones las alternativas al pago de un rescate son inviables o cuando menos desaconsejables.
Figura 2. Secuestrados por Al Qaeda, Daesh u organizaciones afiliadas entre 2008 y 2015 (piratería no incluida)
Actual procedimiento de resolución de secuestros del gobierno español
El CNI (Centro Nacional de Inteligencia), con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Interior y el de Justicia, suele encargarse del proceso de negociación entre el Gobierno español y los secuestradores. No obstante, España, a diferencia del Reino Unido, Francia y Alemania, carece de una agencia de inteligencia dedicada exclusivamente a asuntos exteriores y también de una agencia de inteligencia de señales, por lo que se busca ayuda de otros países. Así pues, la DGSE (Dirección General de la Seguridad Exterior) francesa, que además goza de un alto conocimiento sobre gran parte del Sahel y Magreb, colabora frecuentemente en la resolución de los secuestros de españoles que se producen en esas regiones. A mayores, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) americana juega un papel clave en los rescates y fue por ejemplo la principal fuente de información de los servicios secretos españoles en el secuestro de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta (El País, 2013). Además de la inteligencia extranjera, el Gobierno español también cuenta con el apoyo de altos funcionarios de los Estados en los que se encuentran los rehenes.
Los primeros pasos que lleva el CNI a cabo antes de nada son verificar la autenticidad del comunicado de secuestro emitido por los terroristas, establecer un canal seguro de comunicación con ellos y cerciorarse del buen estado de salud de los rehenes. A su vez, la organización terrorista procede a la búsqueda de un intermediario entre ambas partes. Este suele ser un líder tribal, una asociación de familiares de presos o una fundación islamista, que interactúa con los funcionarios del país en cuestión y estos con el Gobierno español. Una vez que las autoridades españolas conocen las iniciales exigencias de los secuestradores, el proceso de negociación comienza. Las principales características de este son la discreción y prudencia porque, entre otras razones, cuanta menos información sobre el secuestro se filtre a los medios de comunicación, menos probabilidad de que los terroristas se aprovechen del tirón mediático para ejercer mayor presión sobre el Gobierno y elevar el precio del rescate o añadir otras demandas. No hay que olvidar además que está en la naturaleza del grupo terrorista el publicitar sus acciones no sólo para infundir miedo entre la población, sino también para dañar el turismo de los países en los que opera.
Tras llegar a un supuesto acuerdo sobre la cuantía del rescate económico, el Gobierno español en teoría efectúa el pago a cargo de los fondos reservados del CNI. Aparentemente alrededor de un 20% de dichos presupuestos para 2010 fueron destinados al pago del rescate de la cooperante Alicia Gámez y un 42% de los de 2012 para liberar a Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández. Este último rescate, el mayor pago del que se tiene constancia hasta día de hoy, fue probablemente la razón que llevó a aumentar dicha partida un 10% en 2013, cifra que actualmente se mantiene en los 19,8 millones de euros (Europa Press, 2012). En cualquier caso, aunque esta presunta política de resolución de secuestros es efectiva a corto plazo, no lo es en el largo. El Gobierno español no debería pagar, en principio, ningún rescate económico con el fin de evitar que los grupos terroristas seleccionen a los españoles por el mero hecho de serlo. Hay que tener en cuenta además que la mayoría de los secuestrados son cooperantes o periodistas, por lo que sus respectivas ONG y agencias de periodismo deberían contratar seguros de secuestro. Finalmente, en los casos en los que existe un peligro inminente de ejecución de los rehenes, estos son particulares que no pueden afrontar el pago del rescate o las demandas del grupo terrorista no se pueden satisfacer, la intervención militar podría ser la mejor opción de la forma que se explica en las siguientes secciones.
¿Rescate económico o intervención militar?
La opción de pagar un rescate puede que sea la más ventajosa y eficaz, teniendo en cuenta que la capacidad de intervención militar de las fuerzas armadas españolas fuera del territorio nacional es muy limitada, tanto desde el punto de vista legal como operativo. Esta limitación no solo la tiene el Estado español, sino la mayoría de los Estados, con excepción de grandes potencias militares entre las destacaríamos EE.UU. y Rusia, las cuales no sólo podrían desplegar fuerzas de rescate en cualquier parte del mundo, sino que pueden llevar a cabo intervenciones terrestres de gran envergadura (el caso más reciente es la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia).
Desde el punto de vista operativo, sería necesario e imprescindible en primer lugar, llevar a cabo operaciones de inteligencia sobre el terreno, con el objetivo de determinar la localización de los rehenes. Esta labor de inteligencia requiere el despliegue de personal sobre el terreno, en zonas poco conocidas en su mayoría por la inteligencia española, véase zonas de Somalia, Kenia, Siria o la inmensa zona del Sahel[2] (Mauritania, Argelia, Libia entre otros). Hay que tener muy en cuenta que España no ha sido metrópoli de esos territorios, como si lo ha sido Francia o Reino Unido. A este desconocimiento del terreno se suman otras barreras a las labores de inteligencia, entre las que se pueden destacar el idioma, el desconocimiento de las costumbres o la no generación, establecimiento y explotación de redes de informadores. En muchos casos sería necesario el apoyo de los servicios de inteligencia de otros Estados.
En segundo lugar, desde el punto de vista operativo y partiendo de la base de que se ha podido llevar a cabo una buena labor de inteligencia (siendo el objetivo para alcanzar de esa labor de inteligencia el conocer el lugar de retención de los rehenes), sería la puesta en marcha de una misión de intervención y rescate por parte de las Fuerzas Armadas. Esta intervención supondría la implicación y colaboración de tres Ejércitos (Tierra, Aire y Armada). Sería necesario el desplazamiento de personal y material, bien al Estado donde se previese que están los rehenes o a un Estado lo más próximo posible tanto desde el punto de vista geográfico como diplomático y el establecimiento de una base de partida del personal que va a realizar la intervención (puede ser un buque de guerra, una base de otras Fuerzas Armadas aliadas, o el apoyo en bases bajo mando español) desde la cual iniciar la intervención. Hay que tener en cuenta que se requerirá, por la distancia a territorio nacional, un apoyo logístico al personal y material desplazado: alimentación, alojamiento, combustible, munición, mantenimiento, etc.
Y, por último, en tercer lugar, en cuanto a una posible intervención de rescate, hay que tener en cuenta el posible coste de bajas propias, así como el de los propios rehenes objetivo del rescate (Ibáñez, 2010). Los secuestradores podrían estar fanatizados en ciertas creencias religiosas, políticas, culturales, etc., lo que implicaría en su comportamiento un desprecio total por sus vidas y por la de los rehenes. Ante esta situación existiría un alto riesgo de no éxito.
Figura 3. Factores que influyen en el éxito de la misión
Se podría considerar que el éxito de una misión de rescate de rehenes está condicionado fundamentalmente por tres factores: una buena labor de inteligencia previa, un adecuado y eficaz apoyo logístico y la ausencia de bajas propias de la fuerza interviniente, así como de los rehenes. Se sobrentiende que la fuerza que realiza la misión de rescate está adecuadamente adiestrada e instruida en el desarrollo de este tipo de misiones, ya que de lo contrario sería un gran inconveniente que repercutiría gravemente en el éxito de la misión. Estos tres factores son interdependientes; si alguno de ellos falla o se ve mermado podría condicionar gravemente el éxito de la misión.
Desde el punto de vista legal, hay que tener en cuenta que sería necesario el permiso de los Estados donde se encontrarían secuestrados los ciudadanos. En el caso de la zona de Sahel podría implicar a numerosos Estados (Mali, Argelia, Níger, Sudan, Senegal y Libia). La técnica que aplican los grupos terroristas que operan en la zona del Sahel, es lo que podríamos denominar el “secuestro itinerante”, trasladando a los secuestrados de un punto a otro por los inmensos e inhóspitos territorios del Sahel. Las fronteras políticas de los distintos Estados de la zona del Sahel no existen para estos grupos terroristas, moviéndose con prácticamente total libertad. Hay que tener en cuenta que son grupos relativamente reducidos que pueden ocultarse perfectamente y hacerse pasar por nómadas o comerciantes que se desplazan en caravanas; la utilización de medios de identificación aérea sería poco útil.
Existirían una serie de ventajas y desventajas en cuanto al hecho de optar por el pago de rescate en lugar de una intervención por la fuerza en la liberación de rehenes.
Las ventajas que implica optar por pagar un rescate y descartar una intervención serían:
Muy bajo riesgo de sufrir bajas propias. La participación de fuerzas de intervención supondría un riesgo de que se produzcan bajas propias, bien sean los propios rehenes o personal de la fuerza de intervención.
No implicación de fuerzas militares o policiales, cuya participación implicaría elevados costes económicos, innumerables gestiones diplomáticas con otros Estados en relación a las autorizaciones para sobrevolar y en su caso intervenir sobre el terreno con fuerzas militares o policiales. Aquí también se podría incluir la necesidad de autorización de organizaciones internacionales (OTAN u/y ONU)
Discreción y ausencia o reducida publicidad del grupo secuestrador. En la actualidad los secuestros de personas en países de la zona del Sahel y Siria entre otros, están siendo llevados a cabo por grupos terroristas yihadistas, cuyo objetivo es en primer lugar la obtención de ingresos económicos y en segundo lugar la publicidad de sus acciones (Echeverría, 2010).
Obtención de rédito político/electoral por parte del gobierno de turno. Una buena negociación y el hecho de traer de vuelta a casa a los rehenes es una buena publicidad para el gobierno; que reflejaría su preocupación por sus nacionales, transmitiría la imagen de que se ponen todos los medios necesarios para liberar a ciudadanos secuestrados, lo que consecuentemente generaría una imagen en los ciudadanos de un gobierno implicado, responsable y “protector”.
Las desventajas de pagar un rescate por parte del gobierno podrían ser:
La más evidente es el desembolso económico. Actualmente se están solicitando entorno a los 100 millones de dólares (caso del grupo terrorista Daesh).
Financiación de los grupos terroristas. Los rescates de secuestros son la principal financiación tanto de grupos terroristas yihadistas como de los piratas en el área geográfica de Somalia. Actualmente se podría hablar de la existencia de un “mercado secundario” de rehenes. Se podría incluso establecer un ranking de rehenes (los más valorados son los estadounidenses, que ocuparían la tristemente primera posición). En la actualidad se estaría comercializando rehenes entre diferentes grupos terroristas, grupos de delincuentes organizados o simples delincuentes.
Motivar la realización de más secuestros. Con la obtención de importantes sumas de dinero, se estaría “fomentando” o motivando la realización de más secuestros con un puro objetivo económico.
Por otro lado, las opciones que tendrían los Estados con ciudadanos secuestrados son dos: negociar y pagar un rescate u optar por una intervención de rescate militar/policial. Si existiesen altas probabilidades de éxito, probablemente los Estados optarían por una intervención militar. De esta manera, si la intervención es satisfactoria, se rescataría a los rehenes, se evitaría la financiación de grupos terroristas o de la piratería, se neutralizaría a los secuestradores y finalmente se estaría dando una señal de aviso a futuros secuestradores.
El tema de la negociación es un aspecto a tener muy en cuenta. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre líneas rojas, debido a la incertidumbre, la divergencia de intereses entre secuestradores y la “otra parte” (el equipo negociador que busca la liberación de los secuestrados), y la difícil comunicación. A esto podríamos añadir un inconveniente más y que sería la no muestra de debilidad por las partes que supondría el dar el primer paso de cara a establecer una negociación. Si alguna de las partes no quiere o no puede negociar, bien por negativa propia o por desconfianza de la otra parte, se establecería lo que se conoce como negociación tácita (Schelling, 1964)[3]. Existen movimientos estratégicos no verbales, indirectos (acciones, omisiones, conversaciones con terceros, etc.) que se dan en un proceso de negociación con la intencionalidad de producir efectos en las expectativas de la otra parte (Barrot, 2007).
Como ejemplo de negociación tácita ante un secuestro, podría considerarse el supuesto comportamiento de desinterés por parte de las autoridades del Estado de las personas secuestradas y la no aparición ni mención de noticias sobre el secuestro en los medios de comunicación del Estado de los secuestrados, entre otros. Realmente el Estado ya está trabajando en la futura liberación de los secuestrados, lo hace tácitamente, ya ha empezado a negociar y lo quiere hacer con ventaja.
¿Existe capacidad de intervención por la fuerza?
Las capacidades de las unidades de élite de las que disponen los Estados están fuera de toda duda, la eficacia de unidades especiales y unidades antiterroristas especializadas en liberación de rehenes está más que contrastada. El problema en el caso del secuestro por parte de grupos terroristas yihadistas en la actualidad es localizar su ubicación, que es dificultada bien por el desplazamiento continuo de los rehenes o bien por encontrarse estos en zonas controladas por los terroristas (véase los secuestros del Estado Islámico, que aparte de mantener a los rehenes en lugares secretos, estos están ubicados en zonas bajo su control).
Existen unidades antiterroristas altamente cualificadas para llevar a cabo labores de rescate y neutralización de secuestradores. Los EE.UU. poseen la denominada Fuerza Delta, Alemania la GSC9, Reino Unido tiene el SAS (Servicio Aéreo Especial), y España tiene en el ámbito policial al GEO (Grupo Especial de Operaciones) y en el ámbito militar a los GOE’s (Grupo de Operaciones Especiales) y al EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas), entre otros.
Supongamos que el Estado español decidiese utilizar la intervención por la fuerza con el objetivo de la liberación de rehenes fuera del territorio nacional. La primera opción que nos vendría a la cabeza sería utilizar las unidades de operaciones especiales del Ejército Español[4], que como pueden ver en su página web, entre las misiones a ejecutar se encuentra el rescate de rehenes (Ejército de Tierra, 2013). Como ya se ha dicho anteriormente, el despliegue de este tipo de unidades militares implicaría a su vez de una serie de apoyos al despliegue. Pero lo más importante sería la necesidad de localizar el lugar de retención de los rehenes. Pongamos como ejemplo un secuestro en la zona del Sahel (existen casos reales), el modus operandi de los secuestradores es que una vez han capturado a los rehenes, los desplazan a zonas desérticas, deshabitadas y alejadas de cualquier control gubernamental, llevando a cabo un cambio de posicionamiento continuo y se camuflarían entre nómadas o comerciantes. Su localización sería una labor muy complicada. Aun localizando a los rehenes, el despliegue de unidades especiales en zonas totalmente desérticas, a cientos o miles de kilómetros de zonas habitadas sin llamar la atención y sin poner en sobre aviso a los secuestradores, con el consiguiente peligro para la vida de los secuestrados, no sería operativo desde el punto de vista del cumplimiento de la misión, que no es otra que el recate con vida de los rehenes. Hay que tener presente que si la grandes potencias bélicas y con capacidad de intervención mundial como son EE.UU y Reino Unido, entre otros, no han sido capaces de intervenir para rescatar a rehenes de su nacionalidad en manos de grupos terroristas yihadistas cuya exigencias no eran económicas, sino relativas a la retirada de fuerzas de determinadas zonas o la paralización de apoyos y de ataques aéreos, sumando a esto el breve plazo para cumplirlas, características de estos secuestros que sólo dejan la puerta abierta a una intervención militar; la posibilidad de intervención en este tipo de secuestros por parte de otros Estados con una menor capacidad de despliegue y de medios, sería prácticamente inexistente.
La comunidad internacional, y en particular los países denominados “occidentales” tienen un grave problema de seguridad: sus ciudadanos están siendo atacados. Ante este problema es necesario buscar una solución, que pasaría por la necesaria colaboración entre Estados, desde el punto de vista operativo, de intercambio de información y también en el ámbito político. La OTAN podría ser la organización perfecta; existiendo en la actualidad un proceso de creación de una fuerza de intervención rápida para desplegarse en un breve espacio de tiempo en donde sea requerida. Aprovechando las sinergias se debería de crear una unidad élite de intervención antisecuestros en el marco de un programa ambicioso de lucha contra el terrorismo yihadista; terrorismo que se está extendiendo al centro de las ciudades de los Estados occidentales. Ya no se combate al terrorismo yihadista en Estados fallidos o en vías, ahora se combate este terrorismo en la propia casa.
Es necesario luchar contra los grupos terroristas desde una perspectiva global, con la colaboración de todos los Estados. Se deberían de utilizar organizaciones existentes como la OTAN y la ONU, para implementar programas de neutralización de la amenaza global del terrorismo yihadista, tanto desde su vertiente de atentados como de secuestros. Los yihadistas se están “ganando los corazones” de algunos jóvenes occidentales que son reclutados para su causa, están utilizando la estrategia del caballo de Troya perpetrada por el inteligente Ulises. Las redes sociales les han abierto el camino, estas son el caballo de Troya.
El fenómeno del terrorismo yihadista en la zona del Sahel, en ocasiones es utilizado como excusa o parapeto para llevar a cabo actividades criminales (tráfico de personas, de drogas, armamento, entre otros) que a su vez están destinadas en parte a la obtención por parte de los grupos terroristas yihadistas de financiación para poder continuar con su actividad en la zona (Sánchez de Rojas, 2012). Pero estos recursos económicos son también destinados a la captación de nuevos integrantes y al pago por “sus servicios”, además de ser utilizados para perpetrar acciones terroristas en países occidentales (sirva como ejemplo las acciones llevadas a cabo por terroristas en París y en Bruselas recientemente).
La comunidad internacional, las naciones amigas/aliadas, se han puesto en marcha, lideradas por EE.UU. Se están llevando a cabo ejercicios conjuntos en la zona del Sahel, con el fin de en caso de necesidad, estar preparados llevar a cabo acciones reales coordinadas entre diferentes fuerzas de combate. Se busca la máxima interoperabilidad y una reacción rápida.
Como ejemplo de lo anterior, se ha llevado a cabo un ejercicio conjunto a principios de este año 2016, liderado por las Fuerzas de Operaciones Especiales del Mando de Operaciones Especiales para África de EE.UU. Este ejercicio denominado FLINTLOCK 16 ha tenido como ámbito geográfico la zona del Sahel, y cuyo objetivo ha sido el apoyo a las fuerzas armadas de los países de esta zona para la lucha contra el terrorismo yihadista (Expósito, 2016). El hecho de ser un ejercicio con la participación prácticamente exclusiva de fuerzas especiales, aduce la necesidad de implementar mecanismos de alerta temprana y de respuesta rápida ante situaciones sobrevenidas como puede ser el secuestro de personas o la hipotética posesión y tráfico de armamento o material explosivo cuyo fin último sea utilizarlo en atentados indiscriminados. El objetivo o fin de este tipo de ejercicios conjuntos no sería otro que el adelantarse al problema en su origen, mitigándolo o eliminándolo.
Los secuestros de personas y la petición de rescate o el cumplimiento de determinadas demandas por su liberación, son una amenaza para los Estados que participan en la alianza de la lucha contra el terrorismo internacional de corte yihadista. Contra este tipo de amenazas es necesario establecer mecanismos de eliminación de aquellas o en el mejor de los casos de mitigar su impacto. Los grupos terroristas son conscientes que un secuestro de nacionales de un determinado Estado, y con su consiguiente publicidad en los medios de comunicación es un “arma” que multiplica sus efectos dañinos de manera geométrica. La opinión pública es muy reactiva a este tipo de acontecimientos, y en caso de una gestión negativa por parte del gobierno de turno, podría incluso poner a la opinión pública en contra del gobierno (con las connotaciones negativas que tendría en cuanto a citas electorales). Por otro lado, la intercomunicación global mediante internet facilita la posibilidad de que grupos terroristas que operan en zonas inhóspitas del Sahel, se den a conocer a nivel mundial mediante el secuestro de personas. Actualmente se está tendiendo a una política de “silencio” y máxima discreción para resolver este tipo de secuestros, pues no ayuda en nada su publicidad.
Pagar un rescate económico, ya sean las ONG o agencias de periodismo a las que los rehenes pertenecen o el Estado en el caso de que las anteriores carezcan de seguro anti-secuestro, en vez de efectuar una intervención militar es probablemente mejor opción para la mayor parte de las situaciones como consecuencia de que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas es limitada y a que el lugar en el que se supone que están los rehenes suele ser difícil de encontrar y acceder sin provocar que los terroristas les ejecuten. Sin embargo, la intervención militar podría ser una opción más asequible que el pago de un rescate si el grupo terrorista está a punto de ejecutar a los rehenes, estos se encuentran seriamente heridos o si lo que se exige no se puede satisfacer. Lo que sí es cierto es que los secuestros se deberían afrontar a través de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida como podría ser una unidad militar de élite creada por organizaciones como la OTAN.
Tan importante como tener la capacidad de actuar de manera rápida, contundente y coordinada entre diferentes Estados en situaciones de secuestros, es evitarlos. Es necesario actuar en las etapas previas al acto de secuestrar; y esto se consigue con una buena labor de inteligencia. Es necesario invertir recursos en inteligencia, con el objetivo de invertir menos recursos en operaciones tácticas. Por último, la información a los nacionales que se adentran en áreas geográficas en conflicto y zonas donde el fenómeno de los secuestros es común, es fundamental. Es necesario informar de los peligros que existen y de las consecuencias que puede suponer viajar a determinadas zonas del planeta.
Alberto Caballero es investigador visitante en la Terrorism Research Initiative.
Rómulo Crespo Alonso es Capitán del Ejército de Tierra Español en la BRILAT.
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[1] Información obtenida de la base de datos ‘Europeanhostages.com’ y contrastada con otras fuentes abiertas de información.
[2] Es una zona geográfica del continente africano. Se localiza entre el desierto del Sahara al norte y la sabana de África central al sur. Está delimitada al oeste por el océano Atlántico y al este por mar Rojo. La palabra Sahel significa en árabe: borde o costa. Su extensión aproximada es de 3.000.000 km², donde sus habitantes son en su mayoría de religión musulmana. Se caracteriza por la gran inestabilidad de los gobiernos y la poca capacidad de control de estos.
[3] La negociación tácita, denominada por Shelling negociación en ausencia de comunicación, se puede definir como aquella comunicación incompleta o de ausencia de intercambio de información entre las partes implicadas en el proceso de negociación. Realmente existe intercambio de información, pero esta se da mediante símbolos o señales que la otra parte ha de interpretar.
[4] Se puede consultar la siguiente dirección URL: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Alicante/cg_moe/

References: resolución 
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