Source: https://ddhh.es/libertad-seguridad/
Timestamp: 2019-05-23 07:31:02+00:00

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El derecho a la libertad y a la seguridad
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1.c. del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio.
Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
1.1. Privación de libertad por un sujeto condenado penalmente en virtud de sentencia dictada por un Tribunal competente.
1.2. Detención preventiva o internamiento, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.
1.3. Detención preventiva o internamiento, conforme a Derecho, para hacer comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que se ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedir que se cometa una infracción o que se produzca una huida después de haberse cometido.
1.4. Internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o detención conforme a derecho con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
1.5. Internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
2. El derecho a ser informado de los motivos de detención.
3. El derecho a ser conducido sin dilación ante un juez u otra autoridad.
El derecho a ser conducido ante el órgano jurisdiccional se encuentra recogido en el apartado 3 del artículo 5, y se expresa en unos términos lo suficientemente amplios como para no requerir necesariamente la presencia de un juez. El Tribunal tuvo la oportunidad de concretar a qué se refiere el Convenio cuando menciona a .otra autoridad. en el asunto Schiesser c. Suiza, de 4 de diciembre de 1979. Para que se dé esta condición, dicha autoridad debe desempeñar poderes judiciales. y, asimismo, garantizar una serie de requisitos procedimentales, concretamente los que afectan a la independencia e imparcialidad del órgano, al trámite de audiencia y a la motivación de sus decisiones con arreglo a Derecho. Asimismo, sólo serán considerados como “autoridad” aquellos órganos con potestades para ordenar la puesta en libertad del particular afectado (De Jong, Baljet y Van den Brink c. Holanda, de 22 de mayo de 1984).
Se puede tomar como punto de referencia el hecho de que desee el caso Brogan c. Reino Unido, se haya tomado como límite máximo, como norma general, el de 4 días, sin perjuicio obviamente de plazos superiores en casos de verdadera imposibilidad de recortar los plazos atendiendo a la investigación efectivamente realizada y necesaria, o por motivos físicos como ocurrió en el caso Rigopoulos c. España, 1999, donde los detenidos fueron apresados a 5 mil kilómetros del territorio nacional, en este caso Islas Canarias.
Y es que, como afirmara la sentencia de 11 julio 2.000, al igual que el Convenio no fija un período máximo de prisión provisional sino que es cada Estado Parte el que fija este período para luego el Tribunal hacer un análisis casuístico, en el caso de la detención sucede exactamente igual porque será cada Estado que haya suscrito el Convenio el que fije el plazo máximo de detención que en España y conforme al art. 17 CE, será el plazo más breve posible y en todo caso, nunca superior a 72 horas, al cabo de las cuales las autoridades policiales deberán o poner en libertad al detenido o ponerlo a disposición del juez. En la sentencia mencionada, el Tribunal decretó que estar más de quince días sin haber sido puesto a disposición judicial excedía abiertamente los límites del art. 5 del Convenio, sin que existiera excusa alguna por parte del Estado que había violado el Convenio que pudiera justificar tal demora. De hecho, las Autoridades Turcas alegaron que la persona detenida era sospechosa de hallarse implicada en varios delitos de terrorismo de tal forma que al tratarse de una investigación compleja, era necesario prolongar su detención más de lo normal puesto que de forma contraria podría perjudicarse la investigación policial. El Tribunal decretó que aun cuando la detención que se hizo en un principio pudiera ser legal al ser ajustada a derecho o legal y conforme a los procedimientos legales establecidos, el exceso de tiempo sin ser llevado el detenido a disposición del Juez hizo que la detención tornara en arbitraria y contraviniera la letra y el espíritu del art. 5. Y sobre este punto, encontramos casos en los que el Tribunal ha considerado que la liberación después de tres días de detención sin control judicial no infringe el artículo 5.3 (STEDH Ikincisoy c. Turquía de 24 de julio de 2004.
En cuanto a la prisión provisional, cualquier opción legislativa en cuanto a su duración habrá de superar el principio de proporcionalidad y, en concreto, deberá tomar en consideración la gravedad del delito imputado y, probablemente, graduar la duración máxima según la gravedad de los distintos delitos (STEDH Neumeister c. Austria de 27 de junio de 1968). La gravedad del delito debe ser por lo tanto un elemento modulador de la prisión provisional, pero no puede ser el factor determinante de la misma. En la sentencia Ilijkov c. Bulgaria de 26 de julio de 2001 el Tribunal declaró contrarias al Convenio la legislación y práctica forense estableciendo la necesidad de acordar la prisión provisional siempre que la pena superase una cierta gravedad, salvo circunstancias muy excepcionales cuya concurrencia había de ser probada por el reo. Así ha vuelto a apreciarlo el TEDH en la sentencia Nikolova c. Bulgaria de 30 de septiembre de 2004, en la que además el Tribunal subraya que el arresto domiciliario está sometido a las condiciones del artículo 5.3 del Convenio.
Aunque no siempre es necesario que el procedimiento a que se refiere el artículo 5.4 del Convenio vaya acompañado de las mismas garantías que el procedimiento enmarcable en el artículo 6, sí que es esencial que la persona afectada haya tenido la oportunidad de ser oída, ya sea ella misma o a través de representante, sin que la posibilidad de apelar sustituya la necesidad de dicha audiencia (STEDH Frommelt c.Liechtenstein de 24 de junio de 2004), la cual es especialmente necesaria cuando el motivo de revisión es el mal estado de salud del detenido (STEDH M.B. c. Polonia de 27 de abril de 2004). Además, el procedimiento en cuestión tiene que tener un carácter judicial, ser contradictorio y garantizar la igualdad de armas.
4. La prisión provisional y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En cuanto a los motivos que sustentan la orden de prisión provisional, el Tribunal ha insistido en la necesidad de que existan indicios razonables de la comisión de un delito. No obstante, el Tribunal ha requerido igualmente la existencia de motivos adicionales que justifiquen la decisión del juez. Así, la jurisprudencia ha estimado adecuado, entre otros motivos, el riesgo de fuga (Letellier c. Francia, de 26 de junio de 1991), el riesgo de alteración o destrucción de pruebas (Imre c. Hungría, de 2 de diciembre de 2003), el riesgo de reincidencia en la comisión del delito (Stögmuller c. Austria, de 10 de noviembre de 1969) o la protección de las víctimas o denunciantes (I.A. c. Francia, de 23 de septiembre de 1998).
Pero en todo caso, el Tribunal Europeo siempre ha sido consciente de que no puede fijar un plazo máximo de privación de libertad porque su intención es ser aplicable al mayor número de países posible, de ahí que deba y tenga que ser respetuoso con los derechos internos de los Estados Parte remitiéndose a la legislación interna de cada uno de ellos para saber cuál es el plazo máximo de privación de libertad. Por ello prácticamente en todas las sentencias en las que se estudia la posible violación del art. 5 se aplica la frase del estilo “el Tribunal señala, en primer lugar que incumbe a las autoridades judiciales nacionales fijar un límite razonable a la situación de prisión preventiva de cualquier persona encausada en un proceso penal de acuerdo con la presencia de un interés público suficiente que desaconseje la puesta en libertad del detenido. Si bien la existencia de indicios racionales de delito constituye una condición sine qua non para prolongar legítimamente dicha situación, transcurrido un cierto periodo de tiempo tal condición deja de ser suficiente para la prolongación del confinamiento, debiendo concurrir otras circunstancias”, vistas entre otras muchas, en las SSTEDH de 1 agosto 2000 y de 25 abril 2000.
Una vez que el Tribunal ha dictado una frase de este estilo fijando una regla básica y omnipresente, es cuando pasa a estudiar el caso planteado haciendo un análisis detallado para poder determinar si el Estado Parte ha abusado de este enunciado genérico tan respetuoso con el derecho nacional, por tanto, la jurisprudencia existente en esta materia es puramente casuística. Cabe destacar por su curiosidad la STEDH de 30 julio 1998, en la que el Tribunal falló por unanimidad la violación del art. 5,1 del Convenio puesto que aunque la legalidad de una detención depende de lo establecido en la legislación nacional, en este caso, al no existir disposición legal que especificara la duración de una detención provisional pendiente de traslado, la legalidad del mantenimiento de la detención la determinó el Tribunal teniendo en cuenta la relación entre los motivos invocados para el mandato de detención (propósito terapéutico), y las condiciones en las que tuvo lugar. A la vista de los documentos aportados acerca de la situación del anexo psiquiátrico de la prisión, el Tribunal decidió que las condiciones fueron deficientes constituyendo una infracción del Convenio. Como vemos, el Tribunal parte de un doble problema: que el Convenio no ha fijado un tiempo máximo de detención preventiva por lo que hay que remitirse a las legislaciones nacionales, y que a veces los derechos internos tampoco han señalado un plazo máximo de privación de libertad preventiva, lo cual hace que la indeterminación sea doble. No es este el caso de España pues el art. 504 de la LECr en su párrafo cuarto ha fijado este límite máximo.
La Corte resumió en los párrafos 59-64 de su sentencia Smirnova (24 de julio de 2003) las razones para continuar la prisión preventiva, afirmando que la jurisprudencia del Convenio ha desarrollado cuatro razones básicas aceptables para rechazar la fianza: el riesgo de que el acusado no vaya a comparecer en el juicio (ver Stögmüller c. Austria, sentencia del 10 de noviembre de 1969, Serie A no. 9, 15); el riesgo de que el acusado, si fuera liberado, actúe para perjudicar la administración de justicia (ver Wemhoff) o cometa nuevos delitos (ver Matznetter c. Austria, sentencia del 10 de noviembre de 1969, Serie A número. 10, 9) o cause desorden público (ver Letellier c. Francia, sentencia del 26 de junio de 1991, Serie A número. 207, 51).
El demandante solicitó el reenvío del caso ante la Gran Sala, que fue aceptado por el colegio de cinco Jueces. El 28 de septiembre la Gran Sala dictó su Sentencia en el presente caso, concluyendo, por diez votos contra siete, que no hubo vulneración del artículo 5 apartado 3, confirmando así la Sentencia dictada por la Sala Tercera. El Tribunal recuerda que en virtud de la disposición citada, el importe de la fianza debe apreciarse con relación al interesado y sus recursos, aunque puede también tenerse en cuenta, en determinadas circunstancias, la importancia del daño. El Tribunal afirma que la interpretación de las exigencias del artículo 5 apartado 3 debe tener en cuenta las nuevas realidades, tales como la creciente y legítima preocupación por los delitos contra el medioambiente y la tendencia a recurrir al derecho penal para reprimir las infracciones medioambientales. Teniendo en cuenta el carácter excepcional del presente caso y las importantes consecuencias derivadas de las responsabilidades civiles y penales, por los enormes daños medioambientales causados por la contaminación marina, el Tribunal no considera extraño que las jurisdicciones españolas adaptaran el importe de la fianza al nivel de las responsabilidades en las que se había incurrido, de modo que los responsables no estuvieran tentados de sustraerse a la justicia mediante el pago de la fianza. A este respecto, el Tribunal se pregunta si una fianza que hubiese tenido en cuenta únicamente los recursos del demandante hubiese sido suficiente para garantizar la presencia de este último en el juicio. Por otra parte, el hecho de que la aseguradora del armador del buque pagara la fianza impuesta al demandante confirmaría, según entiende el Tribunal, que las jurisdicciones españolas consideraron correctamente de manera implícita, al referirse a su “medio profesional”, que el demandante mantenía vínculos con quienes prestaron finalmente la fianza.
5. El derecho a interponer un recurso contra la orden de privación de libertad. El Habeas Corpus.
6. Detención en vista a la expulsión o extradición.
Apreciamos con claridad una relajación importante en las exigencias referidas a requisitos para verse privado de libertad, en comparación con materia penal que acabamos de comentar. No se exige que la detención deba ser razonablemente necesaria en el sentido de por ejemplo, evitar que cometa una infracción o que huya, ni que la decisión de expulsión o extradición deba ser justificada de conformidad con el derecho interno o el convencional. Los motivos que residen detrás de esto son obviamente el deseo o necesidad de dotar de soberanía a los Estados para controlar y decidir en materia de extranjería en su más amplio término. Así pues, sólo se exige la existencia misma del procedimiento de expulsión o extradición, siempre eso sí, en condiciones de una debida diligencia que no haga innecesariamente dilatada en el tiempo dicha situación, existiendo casos de duración de dos años y medio que se han considerado excesivos, (Singh c. República Checa).
7. El derecho a la reparación.
De todo cuanto estamos hablando resultan interesantes, los casos Casos Fedotov v. Russia, 25 enero 2006, (Application no. 5140/02); Nakhmanovich v. Russia, 2 marzo 2006, (Application no. 55669/00); Reinprecht v. Austria, 15 noviembre 2005 (Application no. 67175/01); Ognyanova and Choban v. Bulgaria, 23 febrero 2006, (Application no. 46317/99); Ülke c. Turquie, 24 enero 2006, (Requête no 39437/98).
En el primero de ellos, (Fedotov v. Russia), el recurrente aduce la violación de los artículos 5 §§ 1(c), 2, 3 y 4 del Convenio debido a la ilegalidad de sus detenciones en 14-15 de junio y 6-7 de julio del año 2000. El demandante había sido detenido en dos ocasiones (arriba mencionadas) debido al hecho de que su nombre figuraba en la lista federal de personas buscadas por la justicia, sin embargo, su orden de detención ya había sido cancelada desde el 1 de febrero de 2000. El Tribunal considera que la única razón para su detención ha sido la falta de cooperación entre las autoridades estatales competentes. Es sorprendente la lentitud de los departamentos del Ministerio del Interior en actualizar las bases de datos de la policía, tardando varios meses en hacerlo, hecho que culminó en una segunda detención de una persona que se sabía que era inocente. Finalmente el Tribunal observa que ningún registro de la detención del recurrente (en junio y julio de 2000) ha sido anotado y que el oficial encargado en el departamento de policía rechazó ofrecer cualquier tipo de documentación al respecto cuando se solicitó el demandante, y termina concluyendo: “That fact in itself must be considered a most serious failing, as it has been the Court’s traditional view that the unacknowledged detention of an individual is a complete negation of the fundamentally important guarantees contained in Article 5 of the Convention and discloses a most grave violation of that provision. The absence of a record of such matters as the date, time and location of detention, the name of the detainee, the reasons for the detention and the name of the person effecting it must be seen as incompatible with the requirement of lawfulness and with the very purpose of Article 5 of the Convention (Anguelova v. Bulgaria, no. 38361/97, § 154, ECHR 2002-IV; Kurt v. Turkey, judgment of 25 May 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, § 125).” Por todo lo anterior, el Tribunal consideró por unanimidad que existía vulneración del art. 5§1 CEDH con motivo de la prisión ilegal del demandante en junio y julio de 2000.
En este otro asunto: Nakhmanovich v. Russia el recurrente alega haber sido privado de su libertad de forma ilegal, también aduciendo que esta privación se ha dado por un período demasiado largo y que su reclamo sobre la ilegalidad de su detención no ha sido ni siquiera considerado, vulnerando, respectivamente, los artículos 5§1, 5§3 y 5§4 del Convenio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha determinado (vide Ječius v. Lithuania, no. 34578/97, §§ 60-64, ECHR 2000-IX, and Baranowski v. Poland, no. 28358/95, §§ 53-58, ECHR 2000-III) que el mantenimiento del reo en prisión, sin que exista una base legal específica que regule la situación, sumado al hecho de que este puede ser privado de su libertad por un tiempo indeterminado sin intervención judicial, es incompatible con los principios de legalidad y protección contra la arbitrariedad, determinando que “[…]during the relevant period there was neither a prosecutor’s order nor a judicial decision authorising the applicant’s detention. It follows that the applicant was in a legal vacuum that was not covered by any domestic legal provision.” Y también que, “The District Court’s decision did not set a time-limit for the applicant’s continued detention or refer to the provisions of the Code of Criminal Procedure on which it was based. This left the applicant in a state of uncertainty as to the legal basis and grounds for his detention after that date. Its failure to give reasons for its decision was all the more regrettable since the applicant had by then spent more than ten months in custody without a valid decision by a court or a prosecutor. In these circumstances, the Court considers that the District Court’s decision of 20 January 2000 did not afford the applicant the adequate protection from arbitrariness which is an essential element of the “lawfulness” of detention within the meaning of Article 5 § 1 of the Convention.” Asimismo, el Tribunal consideró que “by failing to address concrete relevant facts and by relying solely on the gravity of the charges, the authorities prolonged the applicant’s detention on grounds which cannot be regarded as “sufficient”. The authorities thus failed to justify the applicant’s continued detention pending trial. There has therefore been a violation of Article 5 § 3 of the Convention.” Y, por último, “The District Court expressly refused to rule on whether the applicant’s detention during that period had been lawful. It follows that the applicant was denied the right to a judicial decision concerning the lawfulness of his detention pending trial. Moreover, the Court observes that no such ground for discontinuing proceedings concerning the lawfulness of detention pending trial was provided for in domestic law. There has therefore been a violation of Article 5 § 4 of the Convention.”

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
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