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Informe sobre Fiscalidad del Sector de las Telecomunicaciones
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José Ramón Sánchez Olivera
1 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN Informe sobre Fiscalidad del Sector de las Telecomunicaciones GRUPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y REGULACIÓN Septiembre 20112 3 OBJETIVO El informe sobre fiscalidad de empresas de telecomunicación, editado por el COIT hace un repaso pormenorizado de las principales características de estos tributos, y una reflexión sobre los problemas detectados para cada uno de ellos, concluyendo con una serie de propuestas y recomendaciones para racionalizar y mejorar la gestión de los tributos que gravan a las telecomunicaciones.4 5 RESUMEN EJECUTIVO El sector de las telecomunicaciones es probablemente el sector sometido en nuestro país a una mayor carga fiscal, con las consecuencias negativas que ello conlleva para los precios, la inversión, el despliegue de nuevas redes y servicios y, particularmente para el crecimiento económico y progreso social del país. Los operadores de telecomunicaciones satisfacen los diferentes impuestos y tributos a los que están sometidos con carácter general las empresas de los diferentes sectores económicos tales como el impuesto de sociedades, IVA, bienes inmuebles, instalaciones construcciones y obras, cotizaciones sociales. Sin embargo, además de satisfacer dichos tributos de carácter general, el sector de las telecomunicaciones soporta otras obligaciones de naturaleza fiscal y tributaria que gravan de manera específica al sector. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones, prevé diferentes tributos a satisfacer por los operadores: la tasa general de operadores, las tasas por numeración telefónica y la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. En relación a la tasa del dominio público radioeléctrico, la aprobación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española ha implicado la afectación de parte de los ingresos de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico a dicho fin a partir del ejercicio 2010, en una cuantía inicial del 80% del importe anual de la misma. A partir del 1 de enero de 2011 la recaudación de esta tasa está afectada en su totalidad (100%) a la financiación de RTVE, con un límite anual de 330 millones de euros. Los operadores de telecomunicaciones vienen obligados a satisfacer además el coste neto de financiación del servicio universal de telecomunicaciones (Art. 24 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones). A diferencia de lo que ocurre en el resto de servicios públicos, la financiación de este servicio recae de manera directa sobre los propios operadores privados de telecomunicaciones. La Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, ha venido a establecer además una nueva carga tributaria para los operadores de telecomunicaciones que presten servicios telefonía fija, telefonía móvil y acceso a internet, en el ámbito geográfico nacional o superior al de una comunidad autónoma, exceptuando aquellos que no presten ningún servicio audiovisual ni cualquier otro servicio que incluya ningún tipo de publicidad. La aportación se fija en el 0,9% de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor.6 La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España que desde marzo pasado está denunciada ante el Tribunal de Justicia por este gravamen. A nivel local, existen dos grupos de obligaciones tributarias que gravan de manera especial a los operadores de telecomunicaciones, el IAE y la tasa por ocupación del dominio público local. La Ley 51/2002 de modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales suprimió el IAE para empresarios individuales y Pymes. La pérdida de tributación de los Ayuntamientos se compensó fundamentalmente creando una nueva tarifa especial del IAE para empresas de telefonía móvil en función de los abonados y las antenas. A pesar de que esta Ley señala de manera expresa que los operadores de telefonía móvil no están sujetos a la tasa especial del 1,5% prevista en el artículo 24.1.c., de facto se ha venido gravando a estos operadores con una tasa equivalente. Telefónica dispone además de un régimen especial de tributación establecido por la Ley 15/1987, de 30 de julio. Ante la próxima modificación de la Ley General de Telecomunicaciones necesaria para adaptarla al nuevo marco europeo regulador de las comunicaciones electrónicas, el COIT desea aprovechar esta circunstancia para introducir el debate sobre diversos aspectos de mejora relativos a las tasas que soportan los operadores y que se resumen a continuación: 1. Mayor transparencia en la gestión de las tasas a que están sometidos los operadores. 2. Mecanismo para ajuste automático del importe de la tasa general de operadores y los costes de gestión de la CMT. 3. Mantenimiento del tipo impositivo de la tasa actual por numeración. 4. Revisión del mecanismo de financiación del servicio universal de telecomunicaciones para que los operadores del sector privado financien únicamente un máximo del 50% del coste del servicio universal, siendo financiado el resto con cargo al presupuesto del Estado. 5. Eliminación de la tasa aplicada a los operadores para financiación de la corporación RTVE.7 6. Racionalización de la gestión de la tasa por ocupación del dominio público local. Se proponen tres medidas: a. Modificar la Ley de Haciendas Locales al objeto de clarificar las obligaciones de los operadores de telefonía móvil en cuanto a la tasa por ocupación de dominio público local, fijando con precisión la base liquidable y la cuota tributaria b. Centralizar la recaudación de esta tasa para todos los operadores de telecomunicaciones (fija y/o móvil), y fijar los criterios para su distribución a las entidades locales siguiendo el modelo ya establecido para el IAE por el concepto de antenas de telefonía móvil. c. Establecer legalmente la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones puedan voluntariamente acogerse al régimen especial de tributación establecido para Telefónica, estableciendo asimismo un régimen de gestión centralizada de este régimen de tributación. 7. Vinculación de la tasa del IAE relativa al concepto antenas de telefonía móvil a la concesión de las licencias municipales necesarias para su funcionamiento.8 9 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN TRIBUTOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES TASA GENERAL DE OPERADORES TASA POR NUMERACIÓN TELEFÓNICA TASA POR RESERVA DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO FINANCIACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES TASA POR FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE TRIBUTACIÓN DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES A LAS ENTIDADES LOCALES IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN DE TELEFÓNICA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES /2710 9/2711 1. INTRODUCCIÓN Las telecomunicaciones realizan una aportación muy relevante al sostenimiento de los fondos públicos a todos los niveles, estatal, autonómico y local. Los operadores de telecomunicaciones satisfacen los diferentes impuestos y tributos a los que están sometidos con carácter general las empresas de los diferentes sectores económicos tales como el impuesto de sociedades, IVA, bienes inmuebles, instalaciones construcciones y obras, cotizaciones sociales,. Sin embargo, además de satisfacer dichos tributos de carácter general, el sector de las telecomunicaciones soporta otra serie de obligaciones de naturaleza fiscal y tributaria que gravan de manera específica al sector. Una parte de estos tributos es aplicable de manera exclusiva a los operadores de telecomunicaciones (tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, tasa general de operadores, tasa por numeración telefónica, tasa por financiación de RTVE, financiación del servicio universal de telecomunicaciones). En otros casos, la actividad de los operadores se ve gravada de una manera diferencial e incremental respecto de los gravámenes generales (tasa por ocupación del dominio público local, o IAE en el caso del despliegue de antenas de telefonía móvil). Además, los operadores de telecomunicaciones soportan otro conjunto de costes que no consisten en aportaciones económicas directas a las administraciones, derivados de determinadas obligaciones de servicio público tales como los relacionados con la interceptación legal de las comunicaciones, la conservación de datos de tráfico para la persecución de delitos o el tratamiento y encaminamiento gratuito de llamadas a los servicios de emergencias, servicios por los que los operadores no reciben compensación alguna de las administraciones. Puede señalarse que las telecomunicaciones es probablemente el sector sometido en nuestro país a una mayor carga fiscal, con las consecuencias negativas que ello conlleva para los precios, la inversión y el despliegue de nuevas redes y servicios de un sector que constituye en la actualidad un input productivo esencial en la economía y un factor clave para el crecimiento económico y el progreso social. Estos tributos específicos presentan diferentes características, en función de su destino (estatal o para las administraciones territoriales), de su carácter general o finalista, o de las administraciones encargadas de su gestión y liquidación. En los apartados siguientes se analizará de una manera resumida las principales características de estos tributos, y una reflexión sobre los problemas detectados, para concluir el informe con una serie de propuestas y recomendaciones para racionalizar y mejorar la gestión de los tributos que gravan a las telecomunicaciones. 10/2712 2. TRIBUTOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES La Ley 32/ general de telecomunicaciones prevé diferentes tributos a satisfacer por los operadores, regulados en el artículo 49 y el Anexo I de dicha norma legal. Se regulan en esta norma 3 tasas de tipo general, la tasa general de operadores, las tasas por numeración telefónica y la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. El reglamento regulador de estas tasas ha sido aprobado por Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre. De la misma manera, los operadores de telecomunicaciones vienen obligados a satisfacer el coste neto de financiación del servicio universal de telecomunicaciones (Art. 24 de la Ley) Tasa general de operadores Los operadores están obligados satisfacer a una tasa anual que no podrá exceder el dos por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en la Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación. La fijación del tipo impositivo de la tasa se realiza en la Ley de PGE (Presupuestos Generales del Estado), tomando en consideración la relación entre los ingresos del cobro de la tasa y los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La ley señala asimismo que Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio entre los ingresos por la tasa y los gastos derivados de la citada actividad realizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La gestión y recaudación de esta tasa en periodo voluntario corresponderá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El tipo impositivo de esta tasa ha estado fijado durante varios años en un importe del 1,5 por mil de los ingresos, habiendo sido reducido al 1,25 por mil en La Ley 2/ de Economía Sostenible ha reducido su importe al 1 por mil de los ingresos brutos para el ejercicio 2010 (Art. 50), tipo impositivo mantenido para el ejercicio 2011 por la Ley 39/ de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (Art. 93.3). A pesar de las previsiones legales, la presente tasa no se encuentra ajustada de /2713 manera adecuada a los costes de funcionamiento de la CMT. Tal y como apreciarse en las cuentas anuales de este organismo, la CMT presenta fuertes superávits contables, con la salvedad del ejercicio 2008, año en el que la CMT ha contabilizado una inversión de 72 millones de euros en su nuevo edificio. En el año 2009 las cuentas 4 muestran un superávit de 13,9 millones de euros, en 2007 de 13,3 millones y en 2006 de 8,8 millones 5. En el año 2007, la CMT había acumulado un total de 110 millones de euros en tesorería e inversiones financieras derivados de los superávits de los ejercicios precedentes. Los ingresos anuales de la CMT en concepto de tasas y precios públicos superan los 35 millones de euros, en su mayoría provenientes de la tasa señalada en este apartado Tasa por numeración telefónica Constituye el hecho imponible de la tasa la asignación por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de bloques de numeración o de números a favor de una o varias personas o entidades. El importe de dicha exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números asignados por el valor otorgado a cada número. El valor de cada número podrá ser diferente, en función del número de dígitos y de los distintos servicios a los que afecte y se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tasa por cada número asignado ha estado fijada en 0,03 euros hasta la actualidad. A los efectos de esta tasa, se entiende que todos los números están formados por nueve dígitos. Cuando se asignen números con menos dígitos, a los efectos del cálculo de la cuantía a pagar en el concepto de tasa, se considerará que se están asignando la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar manteniendo como parte inicial de éstos el número asignado. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a la financiación de los gastos que soporte la administración General del Estado en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en la ley. La gestión y recaudación de esta tasa en periodo voluntario corresponderá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En cuanto a la aplicación de esta tasa se han planteado diferentes recursos ante los tribunales de justicia, y en el momento presente no parece plantear aspectos litigiosos. En el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Telecomunicaciones /2714 remitido al Parlamento en mayo de se contempla un incremento en el precio de cada número hasta 0,04 euros frente a los 0,03 euros fijados hasta el momento, incremento del 33% sin que se haya proporcionado una justificación adecuada. Sería por otra parte deseable una mayor transparencia en cuanto la gestión de esta tasa y su puesta en relación con los gastos de gestión de la administración del estado en la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico Según prevé la Ley General de Telecomunicaciones, la reserva para uso privativo de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual. Para la fijación del importe a satisfacer se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario. Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros: El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si éste lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en el título III. La banda o sub-banda del espectro que se reserve. Los equipos y tecnología que se empleen. El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente y será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor que se asigne a la unidad. Se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado. La gestión y recaudación de esta tasa en periodo voluntario corresponderá a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, y de forma transitoria, mientras no se cree este organismo, dichas funciones las realizará la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio /2715 En el año 2001 se produjo una revisión del importe de esta tasa que representó un incremento muy importante de la misma para los operadores de telefonía móvil. Desde esa fecha la tasa se ha mantenido estable en su conjunto. Cada año las leyes generales de presupuestos regulan los diferentes parámetros para cuantificación del importe de la tasa para los diferentes servicios de radiocomunicación. La regulación vigente en la fecha de elaboración de este informe está recogida en el artículo 93 de la Ley 39/2010 de presupuestos para el año La aprobación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española 8 ha implicado la afectación de parte de los ingresos de esta tasa a dicho fin a partir del ejercicio 2010, en una cuantía inicial del 80% del importe anual de la misma. A partir del 1 de enero de 2011 la recaudación de esta tasa está afectada en su totalidad (100%) a la financiación de RTVE, con un límite anual de 330 millones de euros, importe que podría estar cercano a la recaudación anual de la tasa 9. Al igual que el resto de la tasas, la gestión de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico se caracteriza por una apreciable ausencia de transparencia en cuanto a los importes recaudados y su distribución por servicios. Por otra parte, la cuantificación de la tasa presenta una complejidad muy notable, contribuyendo con ello a la falta de transparencia en su gestión e incrementando los costes de cumplimiento por los operadores obligados. A modo de ejemplo, la regulación de esta tasa en los PGE del año 2011 ocupa un espacio de 23 páginas del BOE incluyendo múltiples cuadros y fórmulas Financiación del servicio universal de telecomunicaciones El servicio universal de telecomunicaciones consiste un conjunto de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible, que incluye, entre otros, la disponibilidad de la línea telefónica para realizar llamadas telefónicas, la disponibilidad de guías telefónicas gratuitas y de teléfonos públicos, servicios especiales para personas con discapacidad o tarifas especiales para determinados colectivos sociales. El servicio universal está regulado en los artículos 20 a 25 de la Ley General de Telecomunicaciones y en el Real Decreto 424/ , de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de Véase artículo 94 de la Ley 39/2010 de PGE para el año /2716 comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, modificado por Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo. A diferencia de lo que ocurre en el resto de servicios públicos o iniciativas de carácter social, en el caso de las telecomunicaciones el coste derivado de la universalización de las telecomunicaciones no es financiado con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, sino que la financiación de este servicio recae de manera directa sobre los propios operadores privados de telecomunicaciones, en cuantía proporcional a la actividad de cada uno. Una vez más esta carga impositiva repercute necesariamente en la inversión y limita la capacidad de los operadores para reducir los precios que aplican a los usuarios finales. El coste anual neto del servicio universal de telecomunicaciones es fijado anualmente por la CMT. El coste anual se encuentra en torno a 75 millones de euros (74,8 millones en 2008, 71,1 millones en 2007, 75,3 millones en 2006, ). En fechas recientes, la Ley de Economía Sostenible 11 ha establecido en su artículo 52 a ampliar el alcance del servicio universal de telecomunicaciones para incluir como parte integrante del servicio universal una conexión que permita comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de 1 Mbit por segundo. El reciente Real Decreto 726/2011 ha venido a modificar el reglamento del servicio universal para contemplar la citada ampliación. En esta normativa no se ha contemplado la modificación del mecanismo de financiación del servicio universal que tendrá que ser asumido por los operadores. Con independencia de la valoración positiva que pueda representar para la sociedad en general la universalización del acceso a la banda ancha, con esta iniciativa se incrementará con seguridad el coste neto del servicio universal en el futuro, aumentando de esta manera nuevamente la carga tributaria de los operadores de telecomunicaciones /2717 3. TASA POR FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE La Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española 12, ha venido a establecer una nueva carga tributaria para los operadores de telecomunicaciones 13. Han quedado obligados al pago de este impuesto los operadores de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a internet, que presten servicios en el ámbito geográfico nacional o superior al de una comunidad autónoma, exceptuando aquellos que no presten ningún servicio audiovisual ni cualquier otro servicio que incluya ningún tipo de publicidad. La aportación se fija en el 0,9% de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor. Esta tasa es gestionada por la CMT. El establecimiento de esta tasa a los operadores de telecomunicaciones ha sido cuestionada por las autoridades comunitarias que la consideran contraria a las directivas comunitarias sobre comunicaciones electrónicas. Por ello la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España que desde marzo pasado está denunciada ante el Tribunal de Justicia 14. Al margen de la manera en que se resuelva dicho litigio judicial en el ámbito comunitario es necesario señalar que la justificación de esta nueva tasa resulta difícilmente sostenible con datos objetivos que avalen que el cese por parte de RTVE en la comercialización de espacios publicitarios en televisión tenga un efecto directo en el incremento de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones por la explotación de servicios de televisión de pago o por ingresos publicitarios. Por una parte, RTVE ha visto incrementada su cuota de audiencia desde la desaparición de la publicidad en su programación, y mantiene un liderazgo creciente en la audiencia televisiva en los últimos meses, aspecto que acredita el menor atractivo de otras alternativas de televisión en abierto o de pago. Por otra parte, resulta notorio que la inversión publicitaria antes realizada en TVE se ha desplazado en su práctica totalidad a otras televisiones en abierto, coincidiendo como el incremento de la oferta de espacios publicitarios derivada de Los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma deberán efectuar una aportación anual, calculada sobre los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor, con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso condicional de la Corporación RTVE. 14 e=en&guilanguage=en 16/2718 la implantación de la Televisión Digital Terrestre. Según los datos de Infoadex 15, la inversión publicitaria en televisión creció en los nueve primeros meses de 2010 un 7,1% coincidiendo con el cese de emisión de publicitad por RTVE. Según la información facilitada por la CMT 16 en el año 2010 los operadores de telecomunicaciones contribuyeron a esta tasa con 187,9 millones de euros, los operadores de televisión en abierto con 57,4 millones y los operadores de televisión de pago con 13,2 millones para un total de 258,5 millones de euros recaudados dicho año. En resumen, los operadores de telecomunicaciones, beneficiados de manera imperceptible por el cese de la publicidad de RTVE han contribuido en 2010 con el 73% de la tasa para financiar a esta corporación /2719 4. TRIBUTACIÓN DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES A LAS ENTIDADES LOCALES Dentro del conjunto de tributos que los operadores satisfacen a las entidades locales existen dos grupos de obligaciones tributarias que gravan de manera especial a los operadores de telecomunicaciones, el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y la tasa por ocupación del dominio público local, cuyas singularidades se resumen a continuación. Las principales modificaciones de la tributación específica a las entidades locales datan de final de 2002, cuando se aprueba la Ley 51/2002 de modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales (dos años más tarde objeto de un texto refundido). En dicha norma se suprime el IAE para empresarios individuales y Pymes, y se compensa la pérdida de tributación de los ayuntamientos fundamentalmente creando una nueva tarifa especial del IAE para empresas de telefonía móvil que fija unas cuantías 632 /año por cada abonados y 649 por antena. Por otra parte según la exposición de motivos de la propia Ley se "extiende la actual «tasa del 1,5 por 100» (de los ingresos brutos de facturación) a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando, expresamente, que no se incluyen en este régimen los servicios de telefonía móvil", lo que abre la puerta a gravar los contenidos en una "singular" interpretación muy extensiva del alcance de la tasa por "aprovechamiento privativo o uso especial del dominio público local". Estos dos grupos de tributos no eximen a los operadores de otras tasas de carácter local a las que están, asimismo, sujetos los operadores de telecomunicaciones como licencias urbanísticas; licencia de apertura o actividades; inspecciones técnicas de instalaciones; bienes inmuebles; construcciones, instalaciones y obras; sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, en caso de disponer de ellos el impuesto de vehículos de tracción mecánica Impuesto de Actividades Económicas (IAE) El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. El IAE está regulado en los artículos 78 a 91 del Real Decreto Legislativo 2/ , de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), donde se fijan los elementos esenciales de este /2720 tributo. A su vez, el Real Decreto Legislativo 1175/ , aprueba las tarifas y la instrucción del IAE. Los operadores de telecomunicaciones están sujetos a la agrupación (Anexo 1 Sección Primera, División 7), que establece una cuota fija anual por cada mil abonados y por cada antena en el caso de la telefonía móvil. Se establecen cuotas nacional (que se distribuye a los municipios), provincial y local. El TRLRHL prevé un recargo sobre las cuotas mínimas creciente con la cifra de negocios del sujeto pasivo, que va del 1,29 a 1,35. En el caso de las antenas de telefonía móvil, se trata como una cuota nacional, cuya liquidación y recaudación se realiza de manera centralizada por la AEAT. El importe de las cuotas nacionales se distribuye entre todos los municipios y Diputaciones Provinciales de territorio común, conforme a diferentes criterios 20. La Epígrafe Servicio de telefonía fija. Cuota mínima municipal de: Por cada abonados o fracción: 62,20 euros. Cuota provincial de: Por cada abonados o fracción: 137,48 euros. Cuota nacional de: Por cada abonados o fracción: 137,48 euros. Epígrafe Servicio de telefonía móvil. Cuota nacional de: Por cada abonados o fracción: 632,11 euros. Por cada antena: 649,16 euros. 20 D) Las cuotas correspondientes a los servicios de telefonía móvil se distribuirán con arreglo a los siguientes criterios: a) El 20 por 100 de la recaudación se distribuirá entre las Diputaciones Provinciales con arreglo a los criterios siguientes: La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario antenas, en función del número de éstas con potencia radiada aparente superior a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los municipios integrados en cada demarcación provincial y que cuenten con la licencia municipal correspondiente. La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abonados, en función de la población de derecho de la provincia, entendida ésta como la suma de la población de derecho de todos los municipios integrados en la demarcación provincial, según la definición a que se refiere el párrafo a) de la letra B) del apartado dos.2 anterior. b) El 80 por 100 restante se distribuirá entre los municipios con arreglo a los siguientes criterios: La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario antenas, en función del número de éstas con potencia radiada aparente superior a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los respectivos términos municipales y que cuenten con la licencia municipal correspondiente. La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abonados, en función de la población de derecho del municipio, entendida ésta en los términos señalados en la regla 14.1 D) de la presente Instrucción. E) La distribución de cuotas a que se refiere este apartado tres se realizará por acuerdo del Director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, en los plazos y términos previstos en la letra C) del apartado dos.2 anterior de esta regla». 19/27 Mostrar más
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