Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831064.html
Timestamp: 2019-11-19 08:39:27+00:00

Document:
as201831064
Auto Supremo Nº 64
Sucre, 14 de marzo de 2018
Expediente : 270/2017
Demandante : Compañía Minera Amazona de Bolivia S.A.
Demandado : Ministerio de Minería y Metalurgia
Magistrado Relator : Dr. Esteban Miranda Terán
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 43 a 47 vta., promovida por Yingzhong Yang, en representación de la Compañía Minera Amazona de Bolivia S.A. (COMABOL S.A.), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 095/17 de 22 de mayo, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, los antecedentes del proceso; y:
I- ANTECEDENTES DEL PROCESO.
Por Auto Supremo Nº 228 de 25 de agosto de 2017, de fs. 50-51, este Tribunal determinó: DECLINAR COMPETENCIA, inhibiéndose del conocimiento del presente proceso, estableciendo que correspondía remitir ante la Sala Especializada del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en atención a lo establecido en la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, interpretando las previsiones de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 de 28 de mayo de 2014.
Luego de haberse radicado el proceso en la Sala especializada de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se emitió la Providencia de 20 de noviembre de 2017, de fs. 57, por la que observó la demanda y concedió un plazo para que se subsanen las observaciones contenidas en el indicado proveído, sin embargo, de manera posterior la Empresa demandante, a través de su indicado representante legal, solicitó la declinatoria de competencia, pretensión que ameritó la Resolución Nº 021/2017 SS.II de 21 de noviembre, de fs. 70-71, por la que se resolvió, reponer obrados y nuevamente, DECLINAR COMPETENCIA y remitir la causa ante este Tribunal Supremo de Justicia.
Que mediante Auto Supremo Nº 16-A de 16 de enero de 2017, este Tribunal, en aplicación de los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), 59 de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 de 28 de mayo de 2014; 2 y 3 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, (de implementación del procedimiento de los Procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos), resolvió DEVOLVER OBRADOS ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que, en su Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Segunda, tramite y resuelva el proceso contencioso administrativo.
II. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.
En aplicación del art. 3 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), es deber de los jueces y tribunales cuidar de oficio, que los procesos sometidos a su competencia se lleven adelante sin vicios que puedan perjudicar el normal desarrollo, para cuyo efecto se cuenta con la competencia para reponer obrados hasta el vicio procesal más antiguo, a efecto de sanear el proceso y evitar de esta manera que se incurran en futuras nulidades y por consiguiente se provoque un perjuicio indebido a las partes, todo en resguardo del debido proceso, que ha sido definido en la SC 1674/2003-R de 24 de noviembre, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica…”.
En ese entendido, se tiene que en aplicación de los arts. 49 inc. a) y 59-I, II y III de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia y 2 de la Ley N° 620, los Tribunales Departamentales de Justicia, deben tramitar y resolver los procesos contenciosos administrativos, emergentes de las Resoluciones Jerárquicas emitidas por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera Nacional (AGJAM), determinándose la competencia en cada departamento, considerando la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera Departamental o Regional (AJAM), que emitió la resolución inicial.
Sin embargo, en el caso presente, no se ha impugnado una Resolución de Recurso Jerárquico emitido por la Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM o AGJAM, en mérito algún trámite o procedimiento previsto por la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, sino que se trata de un procedimiento contenido en la Ley Nº 403 de 18 de septiembre de 2013, por la que se implementó las causales de reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) y Contratos Mineros, en mérito a un procedimiento específico para identificar la pérdida de los derechos consignados en esas ATE’s y Contratos Mineros, previa verificación de la actividad minera de cada empresa, que concluye con una resolución emitida por la AGJAM y se impugna primero, en la vía de Recurso de Revocatoria, ante la misma autoridad y luego mediante Recurso Jerárquico, ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, aplicando el procedimiento establecido por el 5º de la aludida Ley Nº 403 que remite su trámite al Decreto Supremo (DS) Nº 27113 de 23 de julio de 2003 (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341), por lo que en mérito a esta normativa y las previsiones de la Ley Nº 620, una vez concluida la fase administrativa de estos procesos, se puede impugnar las resoluciones, vía proceso contencioso administrativo, ante este Tribunal Supremo, para efectuar el control de legalidad de una resolución emitida por una autoridad que tiene el ámbito de jurisdicción nacional como es el Ministerio de Minería y Metalurgia.
De los antecedentes remitidos ante este Tribunal, se advierte que la empresa demandante, acreditó haber culminado con el proceso administrativo y por ello, puede activar en contra de la última resolución administrativa, el proceso contencioso administrativo, que adquiere las características del juicio ordinario de puro derecho, en el que este Tribunal Supremo analizará la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en la demanda, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad, sobre los actos ejercidos por la autoridad administrativa a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica.
En mérito de lo manifestado, en observancia del art. 122 de la CPE y la disposición adjetiva contenida en la última parte del art. 5 de la Ley Nº 403 de “Reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales y Contratos Mineros”, se concluye que quien debe tramitar el presente proceso es la Sala Contencioso y Contencioso Administrativo de turno del Tribunal Supremo de Justicia, advirtiéndose que se incurrió en una errónea interpretación de las normas de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia al emitirse los Autos Supremos Nos. 228 de 25 de agosto de 2017 y 15 de 1º de febrero de 2018, que en aplicación del art. 252 del CPC-1975, corresponde, sean dejados sin efecto de oficio, para regularizar el trámite del presente proceso.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de oficio, DEJA SIN EFECTO los Autos Supremos Nos. 228 de 25 de agosto de 2017 y 15 de 1º de febrero de 2018 y ANULA el proceso con reposición de obrados hasta fs. 50 inclusive.
Una vez notificadas las partes con la presente determinación se dispone que ingrese de oficio el expediente a despacho, para providenciar el memorial de demanda de fs. 43 a 47 vta.

References: Resolución 
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