Source: http://hipotecasyembargos.com/main/destacado/6
Timestamp: 2019-10-15 23:56:58+00:00

Document:
Tras la conocida cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona, sobre si un Juez español puede apreciar de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas en un procedimiento declarativo, un juzgado de primera instancia de Catarroja (Valencia), plantea una nueva cuestión en relación al procedimiento de ejecución hipotecaria, solicitando se acumule a la anterior, la reproduzco integramente dado su interés:
En Catarroja, a quince de noviembre de 2012.
La presente cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación, a la luz del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, de los artículos 3 , 6 y 7 Directiva 93/13/CEE , en relación con el proceso de ejecución hipotecaria español regulado en los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en particular con los motivos de oposición previstos en el artículo 695.
La cuestión se plantea en el curso de un procedimiento iniciado tras la demanda de ejecución dineraria hipotecaria presentada, el día 20 de enero de 2012, por la entidad Banco Pastor SA, contra Marisa y Benito .
El título ejecutivo que fundamentaba la demanda era el contrato de préstamo hipotecario celebrado el día veintiocho de mayo de dos mil cinco, por importe de 107.300 euros, garantizado con la hipoteca suscrita sobre la vivienda sita en Catarroja, AVENIDA000 , NUM000 - NUM001 , propiedad de Marisa . El primer impago se produjo el día 31 de octubre de 2009.
A partir del día 31 de octubre de 2009, se inició el impago de las cuotas del préstamo por parte de los deudores, y, presentada la citada demanda de ejecución, el Juzgado despachó ejecución por medio de auto de fecha ocho de febrero de dos mil doce, requiriendo de pago al ejecutado para que hiciera pago de las cantidades por las que se despachaba ejecución (97.667'49 euros de principal más otros 17.962'02 euros presupuestados para intereses y costas).
El día ocho de marzo de 2012, Marisa solicitó el beneficio de justicia gratuita. Efectuada la designación correspondiente, la oposición a la ejecución se formalizó el día 18 de mayo de 2012, alegando como uno de los motivos de oposición, el carácter abusivo de una de las cláusulas del contrato de préstamo, concretamente la conocida como cláusula suelo. En dicho escrito de oposición se ponía de manifiesto la situación personal de la ejecutada, con una hija de dos años a su cargo, y con unos ingresos mensuales de 426 euros, inferiores a la cuota de la hipoteca.
Celebrada la vista el día 10 de julio de 2012, el letrado de la parte ejecutada, además de ratificarse en su escrito de oposición, reiteró que una de las cláusulas del contrato, la citada cláusula "suelo", tenía carácter abusivo. Frente a esta alegación, la entidad bancaria opuso que esa alegación no tenía cabida entre las causas de oposición que recogía taxativamente el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , debiendo el ejecutado acudir al correspondiente proceso declarativo.
Mediante providencia de quince de octubre de dos mil doce se dio traslado a las partes a fin de que alegaran cuanto a su derecho conviniera sobre la pertinencia de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial que tuviera por objeto la compatibilidad del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular acerca de la imposibilidad de apreciar por parte del órgano jurisdiccional bien de oficio bien a instancia de parte el carácter abusivo de una cláusula incorporada a un contrato de crédito bancario celebrado con un consumidor.
La parte ejecutada, mediante escrito de 31 de octubre de 2012, alegó que el artículo 695 LEC era incompatible con la existencia de medios adecuados y eficaces que exige la Directiva 93/13/CEE.
En cambio, la parte ejecutante, el día cinco de noviembre de dos mil doce, manifestó que el artículo 695 LEC no contravenía en modo alguno la Directiva 93/13/CEE por cuanto la Ley procesal civil previene un procedimiento específico en donde dilucidar la existencia o no de cláusulas abusivas en los contratos bancarios cuando estos se celebran con consumidores, y ha sido por propia voluntad del legislador que dichas causas de oposición no puedan plantearse en el procedimiento de ejecución hipotecaria sino en el declarativo, al que remite el artículo 698 de la LEC . Por ello, consideraba absolutamente improcedente la consulta al TJUE.
Finalmente, el Ministerio Fiscal, mediante informe de fecha 7 de noviembre de 2012, expuso que, a su juicio, no resultaba necesario plantear la cuestión prejudicial, puesto que estimaba que el órgano jurisdiccional directamente podía entrar a valorar tanto de oficio como a instancia de parte el carácter abusivo de una cláusula existente en un contrato celebrado con el consumidor. Para el caso de que no se compartiera dicho planteamiento, se mostraba favorable al planteamiento de la presente cuestión prejudicial.
En ese estado de cosas, habida cuenta que la alegación fundamental del carácter abusivo de una de las cláusulas del contrato, no tiene cabida en los motivos de oposición legalmente previstos, la consecuencia necesaria tendría que haber sido la desestimación integra de la oposición, con imposición de las costas del incidente de oposición a la parte ejecutada, y la continuación de la ejecución por sus trámites, que hubieran conducido al embargo y posterior subasta de la vivienda hipotecada. Y, para el caso de que ello no fuera suficiente para cubrir el importe de la deuda, la ejecución debería continuar adelante, si el ejecutante así lo solicitara, para satisfacer a éste el importe total de la deuda, a la que se habrían añadido los importes devengados durante y como consecuencia del procedimiento de ejecución.
Finalmente, contra el auto que desestimara dicha oposición, según el apartado cuarto del artículo 695 de Ley de Enjuiciamiento Civil , no cabría recurso alguno.
(Versión consolidada publicada en el DOUE de 26 de octubre de 2012)
"1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas."
"1. Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección que ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad."
3. Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o cláusulas similares."
4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en losartículos 85 a 90, ambos inclusive:
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato."
"1. La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo.
2. Cuando se reclame el pago de deudas garantizadas por hipoteca naval, lo dispuesto en el apartado anterior sólo será aplicable en los dos primeros casos del artículo 39 de la Ley de Hipoteca Naval ."
"1. Las normas del presente capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda.
1. Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta.
2. Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.
"1. Cumplido lo dispuesto en los artículos anteriores y transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá a instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor, a la subasta de la finca o bien hipotecado.
5. En los procesos de ejecución a que se refiere este capítulo podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada reguladas en las secciones III y IV del capítulo IV del presente título."
"1. El precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas, sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del limite de la respectiva cobertura hipotecaria; el exceso, si lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado. Satisfechos, en su caso, los acreedores posteriores, se entregará el remanente al propietario del bien hipotecado.
3. En el mandamiento que se expida para la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del ejecutante y, en su caso, de las inscripciones y anotaciones posteriores, se expresará, además de lo dispuesto en el artículo 674, que se hicieron las notificaciones a que se refiere el artículo 689."
1. Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.
2. Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.
4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno."
"Fuera de los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se suspenderán por prejudicialidad penal, cuando se acredite, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 de esta Ley, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución."
"1. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo.
3. Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se alzará la retención."
Según reiterada doctrina y jurisprudencia españolas, estamos ante un procedimiento especial de ejecución hipotecaria, con un régimen procesal especial y sencillo, contenido en el Libro III, Título IV, Capítulo V, arts. 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , De la Ejecución Forzosa, con procedimiento específico para la ejecución de bienes inmuebles hipotecados, que no admite ninguna posibilidad de cuestiones dilatorias ni de otra naturaleza, que pudieran sustanciarse en otra clase de procedimientos, como los declarativos.
Con ello, la actual Ley de Enjuiciamiento Civil continúa en la línea ya establecida, tanto legal como jurisprudencialmente, antes de su promulgación, en el sentido de limitar las causas de oposición a formular en el juicio de ejecución hipotecaria única y exclusivamente a aquellas que como tales se recogen en dicha Ley.
El motivo por el que el legislador ha pretendido restringir las causas de oposición en el seno del juicio de ejecución hipotecaria viene dado, fundamentalmente, por la necesidad de evitar que el debate sobre cualesquiera cuestiones derivadas de la hipoteca que se ejecuta, entorpezca y dilate la ejecución hipotecaria, privando así a dicho procedimiento de su carácter expeditivo, esencial para que la garantía hipotecaria obtenga una efectividad inmediata, ajena en principio al debate que entre las partes interesadas pueda existir en torno a la hipoteca o a la propia ejecución hipotecaria, de tal manera que el legislador opta por establecer causas de oposición tasadas, limitando con ello a las mismas el debate en el seno del juicio de ejecución, permitiendo no obstante a los interesados -pero sin suspender el juicio de ejecución hipotecaria ( artículo 698.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil )-, acudir al juicio declarativo correspondiente al objeto de hacer valer en el mismo los derechos y acciones que consideren les corresponden y queno tengan cabida dentro de las causas de oposición legalmente previstas, procedimiento éste en el que además se prevé específicamente la posibilidad de solicitar medidas que aseguren la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en el mismo ( artículo 698. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
En efecto, como ya he señalado, el artículo 695 de la LEC regula los posibles motivos de oposición del ejecutado en los procedimientos de ejecución hipotecaria, contemplando dos únicas causas de oposición, determinantes de la suspensión de la ejecución (la tercera causa que contempla dicho artículo hace referencia a bienes muebles).
Pues bien, la primera causa de oposición se refiere al supuesto de que se acredite la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, pero siempre por medio de certificación registral -si consta en el Registro la cancelación de la hipoteca o se deduce del mismo su inexistencia- o de escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía -si no consta en el Registro esa cancelación-. No sería el caso que se planteó en el procedimiento que ha dado origen a la presente cuestión prejudicial.
La segunda causa de oposición se refiere al error en la determinación de la cantidad exigible cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. En estos casos no está determinado registralmente el débito, que requiere un procedimiento de liquidación posterior, bien mediante el sistema de doble libreta (inciso primero regla 2ª art. 695), bien mediante certificación bancaria de acuerdo con los propios libros de contabilidad de la entidad (párrafo segundo de la regla 2ª). No sería el caso de autos.
Estimándose la primera causa de oposición, se sobreseerá el procedimiento, frente a lo cual podrá interponerse recurso de apelación.
Estimándose la segunda, habrá de fijarse por el Órgano judicial la cantidad concreta por la que deba seguirse la ejecución. En este caso y en los restantes en los que se decida sobre la oposición no cabrá recurso alguno.
Pero, además, fuera de los casos a que se refieren los artículos 695 (motivos tasados de oposición del ejecutado) y 696 (tercería de dominio fundada en título anterior inscrito en el Registro de la Propiedad con fecha anterior a la de inscripción de la garantía hipotecaria), los procedimientos hipotecarios sólo se suspenderán ( artículo 697 LEC ) por prejudicialidad penal, cuando se acredite, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 LEC , la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución.
Asimismo, el artículo 698 de la LEC prohíbe el planteamiento de cualquier tipo de reclamación por parte del deudor, el tercer poseedor o cualquier interesado, no comprendida en los motivos tasados previstos en el artículo 695 o en el caso de los artículos 696 y 697, ni siquiera las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía, dejando expedita la vía de la interposición del juicio que corresponda para el planteamiento de esas cuestiones, evitando que se produzca el efecto de suspender o entorpecer el procedimiento hipotecario. A tenor de lo expuesto, no cabe el planteamiento de cuestiones diferentes a las legalmente previstas de forma expresa y tasada en la legislación procesal, ni deben ser objeto de examen por el órgano judicial, y al existir normas específicas sobre las causas de suspensión y cuestiones susceptibles de ser planteadas en el proceso de ejecución, no resultan de aplicación los artículos 40 y 43 LEC -que regulan la prejudicialidad civil- al proceso de ejecución hipotecaria.
A la vista de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta especialmente lo resuelto por el TJUE en la sentencia de 14 junio de 2012 en relación con el proceso monitorio español (Asunto C-618/10), surge la necesidad de dilucidar la compatibilidad del proceso de ejecución hipotecario español con las disposiciones de la Directiva 93/13, partiendo obviamente de la extraordinaria limitación de las causas de oposición que se confieren al ejecutado.
Hay que tener muy en cuenta la especial y sensible materia que se dilucida en este tipo de procedimientos, en los que está en juego una de las necesidades más básicas de toda persona, como es el acceso a la vivienda, derecho regulado en la Constitución española de 1978 en el artículo 47 , dentro del Título I, "De los derechos y deberes fundamentales".
Pese a la relevancia del derecho en juego, la normativa española de ejecución de bienes hipotecados protege de manera posiblemente desproporcionada el crédito del acreedor frente a cualquier causa de oposición que no fuera la del simple pago que, más que causa de oposición debería considerarse causa de extinción.
En efecto, la persona contra la que se dirige el procedimiento, y que corre el riesgo de perder su vivienda (el procedimiento se aplica indistintamente a viviendas habituales y no habituales), sin que por ello vea desaparecer la deuda que mantenía con la entidad bancaria, sólo puede oponer frente a la entidad bancaria, que pagó debidamente, situación que en la actualidad ha de considerarse totalmente excepcional, lo que convierte el incidente de oposición en un trámite meramente dilatorio pero absolutamente ineficiente.
La decisión del legislador español de proteger especialmente, a través de un procedimiento tan estricto y riguroso como el que es objeto de consideración en el presente asunto, puede considerarse razonable, pero siempre y cuando se respeten derechos igualmente necesitados de especial protección, como sería en este caso la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas redactadas e impuestas en los contratos por las entidades financieras, que son quienes sin lugar a dudas ocupan una posición predominante y de fuerza en la celebración de un contrato de financiación como sería el préstamo hipotecario.
En efecto, si bien podría considerarse admisible que se limitara extraordinariamente la posibilidad de formular oposición, considero que esa limitación no debería afectar en ningún caso a la posibilidad de oponer el carácter abusivo de determinadas cláusulas.
Como señalaba la Abogada General Sra. Verica Trstenjak en sus conclusiones en el Asunto C-618/10: "Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 parte de la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas. Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vinculan a los consumidores. Como se deduce de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real para, de ese modo, restablecer la igualdad entre éstas."
Y seguía afirmando: "Con el fin de garantizar la protección a la que aspira la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva de terceros independientes de las partes del contrato. A la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha declarado que el juez nacional debe examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. La facultad de los órganos jurisdiccionales para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye, a juicio del Tribunal de Justicia, «un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva 93/13 , a saber, impedir que el consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva, como para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores». Además, el Tribunal de Justicia ha considerado esta facultad, reconocida a los órganos jurisdiccionales, necesaria para «garantizar al consumidor una protección efectiva, habida cuenta en particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o encuentre dificultades para ejercitarlos»."
Y en relación con la forma en que debían coordinarse el derecho procesal de los Estados Miembros con las exigencias derivadas de la normativa de la Unión Europea, destacaba que: "Por otra parte, es dudoso de qué modo tal interpretación, que lleva aparejadas consecuencias de gran alcance para el proceso monitorio nacional, puede conformarse con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la autonomía procesal de los Estados miembros."
Afirmaba igualmente que: "Según jurisprudencia reiterada, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar a los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los ciudadanos. Esta competencia de los Estados miembros tiene su origen último en el hecho de que el Derecho procesal no ha sido, en principio, objeto de armonización. En este ámbito tampoco existe una competencia normativa general de la Unión. Lo mismo cabe decir, en especial, del Derecho procesal civil, del que trata el presente asunto, si bien el Derecho de la Unión goza cada vez de mayor influencia en este ámbito. La influencia del Derecho de la Unión en el Derecho procesal civil nacional se refleja en normas procesales civiles contenidas en algunos actos de Derecho secundario, en principios de Derecho de la Unión y también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia."
Al mismo tiempo señalaba que: "Una importante limitación de esta autonomía procesal de los Estados miembros deriva, sobre todo, de los principios generales del Derecho de la Unión, por ejemplo, en relación con el ejercicio de los derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Así, si bien el Tribunal de Justicia, por una parte, ha reconocido a los Estados miembros, precisamente en relación con la competencia que conservan en este ámbito, una amplia discrecionalidad al diseñar los procedimientos que tienen por objeto garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los ciudadanos, por otra parte, ha señalado de manera inequívoca los límites que para dicha competencia de los Estados miembros se derivan del Derecho de la Unión, al puntualizar que los procedimientos en cuestión no pueden configurarse de manera menos favorable que reclamaciones similares de carácter exclusivamente interno (principio de equivalencia) y que no deben hacer imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)."
Y concluía señalando que: "Estos principios jurisprudenciales se aplican también en el sistema que instauró la Directiva 93/13 con el fin de proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en las operaciones comerciales. Así, el Tribunal de Justicia ha señalado -la última vez en la sentencia Asturcom Telecomunicaciones- la importancia que corresponde al principio de la autonomía procesal en el contexto del control jurisdiccional de las cláusulas contractuales. Objeto de aquel asunto era la cuestión de si la Directiva 93/13 debía interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin comparecencia del consumidor, debe apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho consumidor y anular el laudo. El Tribunal de Justicia respondió a esta cuestión remitiéndose a su jurisprudencia en virtud de la cual «el Derecho [de la Unión] no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, del Derecho comunitario por la resolución en cuestión». Tras comprobar que no existían disposiciones de Derecho de la Unión en materia de fuerza de cosa juzgada, el Tribunal de Justicia señaló que

References: artículo 695
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 698
 artículo 695
 artículo 39
 artículo 674
 artículo 689
 artículo 569
 artículo 698
 artículo 698
 artículo 695
 artículo 697
 artículo 569
 artículo 698
 artículo 695
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 resolución