Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/st213_14.html
Timestamp: 2019-08-23 08:44:47+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-213_2014]
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1.1 La Corte Constitucional, en la sentencia T-304 del veintiocho (28) de abril de dos mil nueve (2009), compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo de la Judicatura para que se investigara la actuación surtida en el proceso de tutela objeto de la decisión. Esto, con el fin de determinar si la Sala III Civil-Familia-Laboral del Distrito Judicial de Sincelejo –conformada por los magistrados Elvia Marina Acevedo, Marirraquel Rodelo Navarro y Héctor Germán Guerra Solarte– había incurrido en falta disciplinaria al ordenar el reintegro de unos dineros debitados por el Banco Agrario al accionante (en ese proceso de tutela), pese a que esa devolución podía afectar el proceso de restructuración en el que se encontraba el Municipio de Tolú.
1.3 El doce (12) de octubre de dos mil once (2011), el Consejo Superior de la judicatura encontró mérito para formular pliego de cargos contra las disciplinadas por presuntamente desconocer las causales constitucionales y reglamentarias de improcedencia de la acción de tutela, en contravía del precedente vertical elaborado por la Corte Constitucional, conducta que representaría un incumplimiento de los deberes que se exige a los funcionarios de la Rama Judicial.[4] La anterior conducta fue calificada por el Consejo Superior de la Judicatura como falta disciplinaria grave a título de dolo.[5] La decisión sin embargo, no fue unánime, uno de los Magistrados, salvó su voto argumentando que la decisión ha debido ser más severa, pues la conducta descrita debería calificarse como falta gravísima por la posible incursión en el delito de prevaricato por acción.
"El reproche disciplinario por decisiones judiciales no puede hacerse sobre la base de si el funcionario acertó o no jurídicamente en sus motivaciones, sino de la sostenibilidad y sustentabilidad de estas".[8]
1.5. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del seis (6) de junio de dos mil trece (2013), declaró disciplinariamente responsables a las magistradas Marirraquel Rodelo Navarro y Elvia Marina Acevedo y, en consecuencia, impuso una sanción de “suspensión en ejercicio de sus cargos por el término de un mes e inhabilidad especial por el mismo lapso”. Esta decisión se sustentó en que las disciplinadas desconocieron el precedente constitucional planteado en la sentencia T-897 de 2007, pese a que era “una útil y obligada referencia jurisprudencial que debía ser tenida en cuenta por las instancias que resolvieron la acción presentada” siempre que el alcance de la decisión excedía la relación entre la entidad bancaria y su cliente, e involucraba dineros que habían retornado a las cuentas del Municipio de Tolú (que para ese momento se encontraba en un proceso de reestructuración). El Consejo Superior de la Judicatura consideró que las disciplinadas “tenían plena conciencia de las ritualidades particulares del trámite tutelar, y con todo adoptaron una decisión abiertamente contraría a las mismas, desconociendo el precedente constitucional genérico y dando un alcance injustificadamente restrictivo a los decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-897 de 2007”. Para el Consejo, la interpretación que se dio dió para resolver la acción de tutela carecía de razonabilidad por salirse de los parámetros básicos establecidos legal y jurisprudencialmente, y devenía arbitraria por no estar debidamente justificada.[9] La sentencia no fue unánime, una de los siete (7) Magistrados, salvó su voto.
2.1. Desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, 'salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.'[14] Esta posición fue unificada y consolidada en el año dos mil cinco (2005), con ocasión de una acción pública de constitucionalidad,[15] en la que dijo: “(…) los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.[16] No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial. Un salvamento de voto, por más duro que sea, por ejemplo, no implica que necesariamente el juez de tutela deba entrar a analizar la cuestión. Puede tratarse de una legítima discusión legal, en la que las diferentes posiciones del debate no violan el orden constitucional vigente, y, por lo tanto, no impliquen decisiones arbitrarias.
2.2. Las reglas sobre la acción de tutela en contra de providencias judiciales, incluso se han considerado aplicables a aquellas decisiones de carácter administrativo que constituyen materialmente justicia (cuando una autoridad administrativa está investida con la facultad de desempeñar una función judicial).[17] Como lo señaló la jurisprudencia constitucional, en el contexto de un proceso administrativo policivo, “[pueden] presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos ejercen sus atribuciones separándose totalmente de los mandatos [del] ordenamiento, en abierta o abultada contradicción con él, en forma tal que en vez de cumplirse la voluntad objetiva del mismo se aplica la voluntad subjetiva de aquellos y como consecuencia, bajo la apariencia de actos estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho, con la cual se vulneran o amenazan derechos fundamentales de las personas y que da lugar al otorgamiento de la acción de tutela.”[18] El objeto de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos que conlleven el ejercicio material de la función judicial, es erradicar la 'arbitrariedad', evitando que existan decisiones 'en abierta o abultada contradicción' con el orden constitucional y legal vigente.
2.3. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.[19] Las denominadas 'generales' o 'requisitos de procedibilidad', mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. Y las causales denominadas 'especiales', 'específicas', o 'causales de procedibilidad propiamente dichas', mediante las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona.
2.3.1. Las causales de procedibilidad generales o requisitos de procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable,[20] o de un sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado.[21] (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.[22] (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.[23] (e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[24] (f) Que no se trate de sentencias de tutela.[25] En varios caos ha aplicado la Corte estos criterios.
2.3.2. Las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente dichas, como se indicó, se refieren a los defectos concretos en los cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación de los derechos fundamentales de una persona. De acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico;[27] (ii) defecto procedimental;[28] (iii) defecto fáctico;[29] (iv) defecto material y sustantivo;[30] (v) error inducido;[31] (vi) decisión sin motivación;[32] (vii) desconocimiento del precedente;[33] (viii) violación directa de la Constitución. Son varios los casos en los que se ha desarrollado esta jurisprudencia,[34] así como los casos en los que se ha reiterado recientemente.
3.2. Segundo. No existen acciones judiciales que representen una alternativa adecuada de defensa para que las accionantes puedan controvertir la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. La jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura defiende la 'inimpugnabilidad' de sus decisiones dictadas en única instancia,[37] de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2008).[38] Esta posición jurisprudencial del Consejo Superior de la Judicatura fue estudiada y avalada en un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. En el año dos mil nueve (2009), un Magistrado de Tribunal Superior sancionado disciplinariamente, cuestionó la tesis según la cual las decisiones sancionatorias de única instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no son objeto de recursos judiciales.[39] La Corte decidió en aquella ocasión que la aplicación del ordenamiento jurídico hecha por el Consejo Superior de la Judicatura, no constituía una violación al derecho al debido proceso.[40] Esta decisión de ha sido reiterada en otros casos de tutela similares y posteriores.
Los diversos argumentos presentados por la demanda se pueden resumir en dos principales. El primero, es que a las accionantes se las sancionó por no aplicar un precedente que, a su parecer, no era aplicable al caso que ellas estaban resolviendo (mientras que aquel se refería al cobro de acreencias, el que estudiaban se refería al cobro de dineros propios). Adicionalmente, alegaron que se les violaron sus derechos por cuanto se les exigió demostrar que existía un perjuicio irremediable en el caso concreto, a pesar de que 'la forma en que se enfocó el problema jurídico llevó a creer que no era necesario' hacerlo. Así, la Sala considera que debe responder los siguientes dos problemas jurídicos.
La sentencia objeto de cuestionamiento en el presente proceso de acción de tutela, fue proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el seis (6) de junio de dos mil trece (2013) (Reg. 20-5-2013),[45] mediante la cual se resolvió, entre otras cosas, “declarar disciplinariamente responsable a las doctoras Marirraquel Rodelo Navarro y Elvia Marina Acevedo González, en su condición de Magistradas de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, como autoras de falta disciplinaria grave, por infringir a título de dolo el deber descrito en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo previsto en el artículo 6° numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, según lo preceptuado en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conforme lo expuesto en la parte motiva […]. || Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción a las doctoras […] en su condición de Magistradas [… de] suspensión en ejercicio de sus cargos por el término de un mes e inhabilidad especial por el mismo lapso, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.” La sentencia advierte que la compulsa de copias que ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-304 de 2009,[46] fue lo que 'dio origen' a la actuación disciplinaria. Por ello, se hará referencia, en primer término, a esta decisión de tutela de la Corte Constitucional.
"Al momento de definición de la situación planteada por el accionante, el Tribunal consideró procedente la tutela de la referencia, en atención a que se violó aparentemente el debido proceso del actor, pero no revisó los demás medios de defensa existentes ni la presencia de un perjuicio irremediable, dando lugar a un pago de unas obligaciones dinerarias sin existir certidumbre sobre el derecho cierto de esos ciudadanos a saltarse el proceso de reestructuración municipal por vía de tutela y la justificación del incumplimiento del contrato de cuenta corriente por parte del Banco. Una mirada del conflicto, desconociendo las atribuciones contractuales de la otra parte en el negocio jurídico, no sólo significó la usurpación de competencias de la justicia ordinaria, sino la afectación de derechos públicos y de terceros vinculados al acuerdo de acreedores, al definir por tutela una discusión jurídica que requería del procedimiento ordinario correspondiente. || En efecto recuerda la Corte que dado el carácter instrumental de las normas procesales, ellas deben ser interpretadas sobre la base de la efectividad de los derecho reconocidos en la ley sustancial, consideración que ha sido elevada al rango constitucional en el artículo 228 de la Carta que ha indicado en las actuaciones judiciales la prevalencia del derecho sustancial y del orden justo en su conjunto. Por lo tanto, antes de la resolución del caso a favor del actor era necesaria la valoración y determinación de la existencia de un derecho cierto del accionante a reclamar esas sumas de dinero, circunstancia que no podía ser menospreciada por el juez constitucional y que debía ser resuelto como se ha dicho, por el juez ordinario. || Ante esta situación, se recuerda que la jurisdicción en su conjunto tiene la obligación de materializar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en los conflictos, por lo que una alegación procesal no puede dar lugar al desconocimiento de derechos sustanciales de otros, porque estos últimos prevalecen en el orden interno."[49]
"[...] lo decidido por el fallador de primera instancia, dio correcta cuenta de los efectos materiales que suponía el hecho de acceder a lo pretendido por el actor; quien bien podía encauzar su reclamo por otras vías procesales diferentes a la acción de tutela, quedando a salvo, en todo caso, el derecho que le asistía para esperar su turno de pago conforme al desarrollo del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio.
[...]. || [Se] ratifica que la prohibición expresa contenida en la sentencia T-897 de 2007 –como precedente obligatorio–, referida a la improcedencia de la acción de tutela para intentar el pago de obligaciones derivadas de relaciones contractuales, más aún en momentos en que la entidad pública deudora está en proceso de reestructuración de pasivos conforme lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, era perfectamente aplicable al caso resuelto por las investigadas. Las consecuencias prácticas de lo ordenado por las Magistradas en la sentencia de diecisiete (17) de junio de 2008 y su auto aclaratorio, así lo demandaba.
[...]. || En consecuencia, a pesar de lo insistentemente afirmado por las investigadas y su defensa, la orden de devolución de los dineros al actor representó una desnaturalización de este mecanismo constitucional de protección de derechos, y un desconocimiento injustificado del precedente constitucional aplicable al caso (sentencia T-897 de 2007). La única manera plausible de reconocer la protección constitucional de los derechos del actor, era con la previa constatación de un perjuicio irremediable y, en todo caso, como mecanismo transitorio; lo uno y lo otro está ausente en la valoración de las investigadas. Al respecto, valga la pena precisar que no obstante lo afirmado por las disciplinadas, para quienes la protección a los derechos del actor era procedente 'sin necesidad de indagar sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable', la determinación de esta especialísima circunstancia era prerrequisito fundamental para acceder a lo pretendido por el ciudadano; siendo deber improrrogable del juez constitucional dar razones plausibles y suficientes que justifiquen el empleo excepcional de este mecanismo judicial en el caso que lo convocaba.
Finalmente, la Sala considera que la sumariedad e informalidad predicada de la acción de tutela no es óbice para justificar la distención del examen formal y material que le corresponde al juez constitucional a fin de determinar, en primer lugar, la procedencia de la acción y, luego, la viabilidad de ordenar la protección del derecho presuntamente lesionado o en peligro. [...] La concesión que hace el ordenamiento jurídico sobre la informalidad de la acción de tutela, está dirigida al titular de los derechos involucrados, no al juez que habrá de resolver sobre la procedibilidad del mecanismo en el caso concreto y la viabilidad de la protección solicitada, la rigurosidad del análisis del juez constitucional es presupuesto necesario a fin de predicar de sus decisiones la debida racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad."[55]
"[...] la ilicitud de la conducta endilgada a las funcionarias que se investigan, está dada en la afectación sustancial del orden jurídico derivada de la injustificada inobservancia de los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso concreto, y la inaplicabilidad de lo dispuesto en las normas especiales que regulan el trámite de estas acciones constitucionales. [...] || No termina por entender esta Sala, cómo las disciplinadas, sin apelar siquiera a la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención inmediata del juez constitucional en amparo de los derechos del actor, terminan por desnaturalizar de tal manera el ordenamiento jurídico, empleando equivocadamente los mecanismos de protección que ha previsto. Claro es para la Sala que lo argüido en este punto refiere a un asunto cuya naturaleza escapa de la competencia del juez constitucional; la afectación al ordenamiento jurídico reportada por esta equivocada interpretación e inobservancia de las normas aplicables, hizo que los linderos funcionales prediseñados por el Sistema normativo terminaran siendo desconocidos, trayendo consigo inseguridad e inestabilidad jurídica al interior del mismo.
[...] ni más ni menos, que en el entendido de las Magistradas bajo investigación, el actor debía conservar los dineros que le fueron cancelados muy a pesar de haberse revocado el fallo de tutela de única instancia al que obedeció inicialmente su pago; sin duda, a ello se refiere esta Sala cuando advierte que la decisión constituye una distorsión grave y sustancial al ordenamiento jurídico. || Como es posible concluirlo de la lectura de las decisiones cuestionadas, las contraevidentes consideraciones que ofrecieron las Magistradas Marirraquel Rodelo Navarro y Elvia Marina Acevedo González, constituyen una interpretación irrazonable de las normas aplicables al trámite tutelar y la naturaleza del asunto a resolver."[56]
La sentencia del Consejo Superior hace énfasis en que las accionantes, en cualquier caso, podrían haber justificado adecuadamente una determinada interpretación de las normas, cumpliendo la carga argumentativa mínima para darle razonabilidad a tal decisión. El Consejo Superior se pregunta retóricamente 'No termina por entender esta Sala, cómo las disciplinadas, sin apelar si quiera a la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención inmediata del juez constitucional en amparo de los derechos del actor, terminan por desnaturalizar de tal manera el ordenamiento'. El Consejo Superior resaltó que la regla es clara; la tutela procede si no existe otro medio de defensa judicial, salvo que (i) el otro medio de defensa judicial con que cuente la persona no sea adecuado para garantizar el goce efectivo del derecho o (ii) que existiendo el medio alternativo de defensa, se requiera una protección de urgencia para evitar un perjuicio irremediable. El Consejo Superior de la Judicatura consideró que las accionantes podrían haberse apartado de la rigurosa regla aplicable, o de cierta interpretación, si hubiesen ofrecido razones para ello.
En otras palabras, la sentencia acusada por las accionantes reconoce que existe una regla constitucional y legal aplicable al respecto, cuyo alcance ha sido ampliamente definido en la jurisprudencia constitucional. Si bien en la sentencia se habla del 'precedente obligatorio', es claro que la decisión del Consejo Superior entiende que la jurisprudencia constitucional es una fuente formal del derecho, pero vinculante, no obligatoria. La ley, principal fuente formal del derecho en una sociedad democrática, es obligatoria. Los jueces están llamados a aplicarla, no es una opción. La jurisprudencia, por otra parte, es una fuente vinculante pero no obligatoria.[57] Esto es, debe ser tenida en cuenta, no puede ser ignorada o deliberadamente desobedecida, salvo que el juez, en ejercicio de sus facultades, de su autonomía y de su independencia, aporte la adecuada y suficiente carga argumentativa.
"[...] desde el punto de vista del que partió la Sala, argumentamos el porqué de la decisión contenida en la sentencia de 17 de junio de 2008, y si bien erramos según lo concluyó la Corte Constitucional en sede de Revisión, no por ello –per se– indefectiblemente incurrimos e la falta que nos fue imputada, razón por lo que la Corte no la afirmó, y si bien compulsó copias de lo actuado, lo hizo para que el juez natural (disciplinario) fuera quien lo determinara [...]"
[14] En sentencia de unificación de jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional –SU-1159 de 2003– se citó la sentencia C-543 de 1992 en tales términos. Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo; SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). En este caso se resolvió declarar inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se establecía un término de caducidad para presentar la acción de tutela contra sentencias, pues consideró que salvo aquellos casos en los que el funcionario hubiese actuado por vías de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales. Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis). En este caso decidió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no incurrió en una vía de hecho al resolver, en sentencia de septiembre 25 de 2001, que no prosperaba el recurso extraordinario especial de revisión presentado por el accionante, Ricaurte Losada Valderrama, en contra de la sentencia de septiembre 7 de 1994, en la que la misma Corporación decretó la pérdida de su investidura como Senador. Los salvamentos de voto a esta sentencia versaron sobre cuestiones específicas del caso, y no sobre la interpretación de la sentencia C-543 de 1992.
[15] En la sentencia C-590 de 2005, dijo la Corte al respecto: "(...) no es cierto que la Corte, en el fallo citado, haya descartado, de manera absoluta, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Lo que hizo en esa oportunidad fue excluir del ordenamiento jurídico unos preceptos normativos que afirmaban la procedencia de ese mecanismo contra las sentencias como regla general y no como excepción. De allí que la Corte, en la motivación de ese pronunciamiento, haya delineado genéricamente los supuestos en los que de manera excepcional procedía la acción de tutela contra tales decisiones. || 29. Por otra parte, la postura que se comenta desconoce la doctrina constitucional pues esta Corporación no sólo ha realizado una interpretación autorizada de la Sentencia C-593 de 1992, sino que, como se indicó en precedencia, ha construido una uniforme línea jurisprudencial que desarrolla los supuestos excepcionales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales." Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), en este caso se resolvió declarar inexequible la expresión "ni acción" del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. [Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte [Suprema] aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión. (...)].
[17] Ver por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Rodrigo Escobar Gil). Con relación a la justicia disciplinaria impartida por el Ministerio Público, la Sala Plena dijo lo siguiente: "[...] de acuerdo con la doctrina constitucional, hay lugar al amparo constitucional de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una actuación administrativa en la que materialmente se cumple la función de administrar justicia, tal como ocurre, por ejemplo, con los procesos que se adelantan ante la justicia penal militar, los procesos policivos y los procesos disciplinarios que se tramitan en la Procuraduría General de la Nación."
[27] Defecto orgánico: "Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello"
[28] Defecto procedimental: "Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido."
[29] Defecto fáctico: "Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión."
[30] Defecto material y sustantivo: "Son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión."
[31] Error inducido: "Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales."
[32] Decisión sin motivación: "Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional."
[33] Desconocimiento del precedente: "Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. [Ver las sentencias T-462 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett); SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett; SV Clara Inés Vargas Hernández).]"
[36] Al respecto pueden verse, entre otras las sentencias SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis) y T-146 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa); en esta última se consideró que el mandato del artículo 186 de la Constitución Política no regula un asunto menor, pues "[...] está definiendo [...] cuál es el juez encargado de aplicar la justicia penal a los congresistas –a las personas encargadas de hacer la ley–. La decisión del Constituyente dentro de esta arquitectura política es que sea la más alta corporación de justicia penal dentro de la rama judicial –la Corte Suprema de Justicia–la que se encargue de llevar a cabo esta función. Se trata pues, de una de las normas constitucionales en las que se articulan el principio de separación de poderes y el principio de frenos y contra pesos de esta democracia."
[37] Ha sostenido al respecto: "En lo concerniente a la pretendida omisión sustancial por haber declarado la improcedencia del recurso de reposición, [...] || bueno es recordar [...] que efectivamente el artículo 207 de la Ley 734 de 2000 remite a los recursos previstos en la parte general del código, sin embargo, es necesario entender de la mano del artículo 222 ibídem, que ello ocurre en aquellos eventos no regulados en la parte especial, que para el caso en estudio sí se encuentra expresamente contemplada en el título XII (Arts. 193 a 222) que consagra el régimen de los funcionarios de la rama judicial, en cuyo desarrollo el artículo 205 prevé expresamente: "La sentencia de única instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las que... quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción.", o lo que es lo mismo, no son susceptibles de recurso alguno. || A más de la interpretación exegética de la norma, las interpretaciones sistemática y teleológica, conducen al mismo entendimiento, esto es, si en materia de funcionarios judiciales el legislador remite a la parte general en cuanto a la notificación de providencias en general, pero expresamente regula la sentencia de única instancia de esta Corporación para predicar su inimpugnabilidad, no puede aceptarse criterio distinto al de la improcedencia de la reposición contra este tipo de decisiones en particular." Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Auto de 10 de diciembre de 2003 (MP Temístocles Ortega Narváez) Rad. No. 110010102000 20020930 01. El Auto resuelve las solicitudes de aclaración formuladas por el un Conjuez ante la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena y por el Ministerio Público, acerca de la sentencia del 30 de julio de 2003.
[39] Corte Constitucional, sentencia T-962 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En este caso se enfrentó el siguiente reclamo: "Considera el [accionante] que la providencia del Consejo de la Judicatura –Sala Disciplinaria- que rechaza por improcedente el recurso de reposición contra la sentencia condenatoria [...] proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, vulnera su derecho al debido proceso y no se acompasa con lo dispuesto por el artículo 29 Superior que consagra el derecho que tiene todo ciudadano a impugnar cualquier fallo judicial o administrativo: 'El Art. 29 de la Constitución Política regula el derecho fundamental del debido proceso y en su inciso primero dispone en forma categórica que el debido proceso se aplicará a toda clase de procesos judiciales y administrativos (...) Ese mismo artículo, en su inciso cuarto, enumera varias garantías fundamentales de las personas, que hacen parte del debido proceso, entre ellas el derecho a impugnar la sentencia condenatoria'."
[40] Corte Constitucional, sentencia T-962 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). Se dijo al respecto: "El fallo estuvo debidamente motivado y ceñido a las normas aplicables al particular. Igualmente, no se concluye que la sentencia sancionatoria se haya proferido en contra del precedente judicial, tanto disciplinario, como constitucional (sentencia T-121 de 1999). || [...] no resulta contrario a los preceptos constitucionales que el legislador disponga, en el ejercicio de la libertad de configuración normativa que posee en materia disciplinaria, qué recursos se conceden en cada etapa del proceso y qué providencias judiciales pueden ser o no recurridas. || También se señalaron los límites que debe respetar el legislador para no contrariar las disposiciones constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso. [...] puede apreciarse de la lectura del expediente que el procedimiento se surtió con el respeto a los mínimos constitucionales. No se percata esta Sala de una irregularidad grosera y desproporcionada que haya puesto en juego los derechos fundamentales alegados por el demandante".
[41] Así, por ejemplo, en la sentencia T-637 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) se decidió reiterar lo dicho en la sentencia T-962 de 2009, para considerar que "[...] la interpretación realizada por el Consejo Superior de la Judicatura no es arbitraria y se encuentra suficiente y razonablemente justificada, por lo tanto no se configura el defecto señalado por la accionante".
[46] Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), en este caso se resolvió, entre otros, el siguiente problema jurídico: "Vistos los antecedentes anteriores, la Sala de Revisión deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Es la acción de tutela el medio de defensa judicial procedente para proteger el derecho al debido proceso de una persona que alega el descuento de unas sumas de dinero de su cuenta de ahorros con ocasión de la revocatoria de un giro por parte de una Fiduciaria y de su Banco, cuando existen otros medios de defensa judiciales para solventar la inconformidad sobre los pagos revertidos y existe un debate sustantivo sobre el justo título de esos pagos y sobre el alcance del contrato de cuenta corriente, en circunstancias en las que el actor ni probó ni invocó perjuicio irremediable alguno?"
[48] Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo). Dijo la sentencia al respecto: "La jurisprudencia de la Corte Constitucional [ver sentencias T-071 de 2002; T-886 de 2000; T-061 de 1999 y T-1121 de 2003] ha sido enfática en sostener, que el pago de obligaciones originadas en relaciones contractuales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, dada la naturaleza particular del amparo constitucional. Con todo, si bien es cierto que se ha admitido la procedencia de la acción de tutela en algunos casos de naturaleza contractual, ello ha sido excepcional y sustentado en la falta de idoneidad del medio ordinario de defensa o en la existencia de un perjuicio irremediable, sobre la base de circunstancias específicas y directas en cada caso. Lo anterior excluye entonces un amparo constitucional masivo en estas materias [ver sentencia T-994 de 2005], especialmente si no existe acreditación de la improcedencia del medio de defensa judicial alternativo o del perjuicio irremediable."
[49] Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo). La Sala consideró: "por regla general, una acción de tutela como la de la referencia no es procedente constitucionalmente, puesto que la pretensión del ciudadano era obtener por vía de tutela el pago efectivo e inmediato de unos montos de dinero autorizados originalmente mediante una acción tutelar revocada, existiendo de por medio una discusión evidente sobre el aparente quebranto de las obligaciones derivadas de un contrato de cuenta corriente y sobre la legalidad de las justificaciones argüidas, aspectos que sin ser debatidos y definidos sustantivamente en la jurisdicción ordinaria a quien competía ese esclarecimiento, no debieron ser objeto de la acción tutelar, sin existir un perjuicio irremediable que lo justificara. La temática de ese negocio tiene un ámbito propio para su resolución como era la jurisdicción ordinaria, que estaba facultada para resolver sobre todas las cuestiones propuestas en la demanda, de manera idónea y eficaz como para no ser sustituida por la jurisdicción constitucional, en un caso en el que particularmente no era claro si se estaba abusando o no del derecho, pretendiendo acceder a ventajas inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico por vía de tutela, dado que todos los derechos, - incluso los procesales-, deben ejercerse de conformidad con el designio previsto por el legislador. || Para la Sala resulta claro que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo ni adecuado para lograr el pago de sumas de dinero en conflicto, derivadas de un debate probatorio y relacionadas con un contrato de cuenta corriente, pues ello tiene un escenario natural para su resolución, que no es otro distinto al de la jurisdicción ordinaria, la cual tiene la expresa facultad de analizar y de dar solución a cuestiones como la que en este momento nos ocupa, sin que la jurisdicción constitucional pueda reemplazarla en forma caprichosa, so pena de involucrarse en asuntos cuya definición corresponde indefectiblemente a otros jueces."
[51] Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo). La posición de la primera instancia se presentó así: 'El Juez de Primera Instancia, en fallo del veintisiete de febrero de 2008, concedió la tutela de la referencia y ordenó al Banco Agrario, que "dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo haga la devolución a las cuentas de ahorros No (...) de propiedad del tutelante, los dineros que fueron indebidamente debitados el 6 de diciembre de 2007'. || Para el fallador de instancia, el Banco procedió de manera unilateral e inconsulta, sin orden judicial alguna, a debitar unos dineros que al ingresar a las cuentas del tutelante pasan a ser parte de su patrimonio económico. Por consiguiente, con su actuar irregular, violó efectivamente el debido proceso del actor. || En cuanto a la petición de nulidad del Banco, entendió ese despacho que el Decreto 1382 de 2000 debía ceder frente al artículo 86 de la Carta, que es una norma de mayor jerarquía, la cual lo autorizaba para decidir a prevención. Por ende, como la tutela puede ser presentada ante los jueces 'en todo momento y lugar', estimó el fallador que era improcedente la solicitud de nulidad presentada por el ente financiero accionado."
[52] Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo). Se resumió la decisión así: "Ese juzgado, luego de integrar el contradictorio vinculando a Fiduagraria S.A. y al Municipio de Tolú, decidió negar la acción de la referencia, por considerar que el debido proceso 'tiene un estrecho vínculo con el principio de legalidad, al que deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también las administrativas en la definición de los derechos de los individuos. Es una defensa de los precedentes, pero de los precedentes reglados, es decir de los sujetos a las normas sustanciales y procedimentales, y en el caso en estudio, a pesar de lo afirmado por la Superintendencia Financiera, la actuación de la entidad accionada se justifica, porque el pago puede ser lesivo del orden jurídico. Al tratar de mantener el actor los dineros en su poder, está desconociendo el contenido de la sentencia T-897 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda), que dejó sin piso los pagos hechos por el Municipio de Tolú en cumplimiento de una orden judicial, que perdió vigencia con su revocatoria'. Además, el actor tiene derecho a continuar con su reclamación crediticia según el orden establecido en el acuerdo de reestructuración municipal, lo que justifica la denegación de la solicitud."
[53] Corte Constitucional, sentencia T-897 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se resolvió, entre otros, los siguientes problemas jurídicos: "[...] ¿es la acción de tutela procedente para exigir el pago de acreencias contractuales cedidas, frente a entidades en proceso de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999? || En segundo término, ¿es la acción de tutela procedente para liberar a un acreedor de las restricciones que el acuerdo de reestructuración supone de cara a la ejecución de obligaciones?" La Corte decidió, entre otras cosas: "En definitiva, la Corte ha señalado que un proceso de reestructuración implica, sin duda, cargas para los acreedores. El tratamiento de un acreedor en este contexto, difiere del que el ordenamiento jurídico le dispensa cuando quiera que la entidad se encuentre en condiciones financieras estables, normales. Entonces, a juicio de esta Corporación, la acción de tutela por regla general es improcedente para exigir el cumplimiento de una obligación contractual, salvedad hecha de los casos en que se acredite plenamente la vulneración de un derecho fundamental, que acarree un perjuicio sin otro remedio que exigir el pago por vía de tutela, siempre que dicha obligación conste en un título contentivo de una obligación clara, expresa y exigible y ponderando en forma debida el grado de sacrificio que debe soportar el acreedor, en atención al momento en el cual adquirió el derecho."
[54] Corte Constitucional, sentencia T-897 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso la Corte consideró, entre otras cosas lo siguiente: "En ningún caso quedan demostradas las dos condiciones exigidas para la procedencia de la tutela, a saber, la vulneración de un derecho fundamental y la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, la decisión tomada en instancia, que termina ordenando el pago pleno de la obligación contractual acarrea una indudable vulneración del derecho a la igualdad de los demás acreedores, algunos de los cuales, con seguridad, han tenido que sacrificar también algún grado de certeza sobre el pago de sus derechos y por esa vía tranquilidad emocional. [Sobre la desigualdad que introduce la subversión del orden de prelación en el pago de acreencias, por parte de entidades en reestructuración, pueden verse las observaciones que ha hecho la Corte, entre otras, en la Sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-146 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1023 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-052 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Y, especialmente, debe verse la Sentencia T-014 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en la cual se concede la tutela por hechos similares, pero no se ordena el pago total de la deuda, sino aquella porción que resultara necesaria para cubrir los gastos de salud de la persona cuya salud se había visto seriamente deteriorada por los incumplimientos contractuales de la entidad accionada, todo en aras de no sacrificar de una manera desproporcionada la igualdad de los demás acreedores.]"

References: artículo 205
 artículo 153
 artículo 6
 artículo 196
 artículo 228
 resolución 
 artículo 185
 artículo 186
 artículo 207
 artículo 222
 artículo 205
 artículo 29
 resolución 
 artículo 86