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Timestamp: 2019-07-21 07:43:17+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 44
INICIATIVA DE LEY DE PERÚ SOBRE MODIFICACIÓN DE LÍMITES MARÍTIMOS CON CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
CREACIÓN DE CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO Y PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS ESTATUTARIAS Y ORGÁNICAS PARA MAYOR TRANSPARENCIA EN SECTOR PÚBLICO
DESIGNACIÓN DE SEÑORES ERNESTO FONTAINE FERREIRA-NOBRIGA Y ERNESTO LIVACIC ROJAS EN CONSEJO RESOLUTIVO DE SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
PRÓRROGA DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DE FONDO COMÚN MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE COMPENSACIÓN
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCRÁTICO EN MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE
ACLARACIÓN DE NORMAS DE LEY Nº 20.004 E INCLUSIÓN DE LEY DE QUIEBRAS EN CÓDIGO DE COMERCIO
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE REGULACIÓN SOBRE ABOGADOS INTEGRANTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
PENALIZACIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE GENOCIDIO Y DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE GUERRA
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES MORENO Y ZALDÍVAR (DON ADOLFO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE QUÓRUM (4028-07)
Sesión 44ª, en miércoles 2 de noviembre de 2005
(De 16:27 a 19:19)
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Iniciativa de ley peruana sobre modificación de límites marítimos entre Chile y Perú. Proyecto de acuerdo (se aprueba)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (3937-06) (pasa a Comisión de Constitución)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Solicitud de S. E. el Vicepresidente de la República con la que requiere acuerdo del Senado para designar a los señores Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Ernesto Livacic Rojas como miembros del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (S 828-05) (se aprueba)¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga para el 2006 la aplicación de coeficientes de distribución de Fondo Común Municipal vigentes durante 2005, y establece mecanismo de compensación (4015-06) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, en Bolivia y Chile (2517-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre aclaración de sentido de ley Nº 18.175, de Quiebras (3965-03) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de regulación sobre abogados integrantes de Cortes de Apelaciones (2950-07) (se cierra debate y queda pendiente su votación)¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que penaliza conductas constitutivas de genocidio y crímenes de lesa humanidad y de guerra (3493-07) (se cierra debate y queda pendiente su votación)¿¿¿¿¿
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Educación , la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y el señor Director de Presupuestos .
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 24 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 42ª y 43ª, ordinarias, en 18 y 19 de octubre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero informa que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental en relación con el proyecto de ley que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal (boletín Nº 3.465-07).
--Se toma conocimiento, y se mandó remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga para 2006 la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2005 y establece un mecanismo de compensación (boletín N° 4.015-06).
Con los cinco siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín N° 669-01).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre agricultura orgánica (boletín N° 3.674-01).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que complementa la ley N° 19.950 y determina pena en el caso del hurto falta en grado de frustrado, junto con sancionar como delito el hurto "hormiga", cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada (boletines Nos 3.867-07 y 3.931-07, refundidos).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (boletín Nº 3.224-04), y
5) Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono (boletín Nº 2.725-12).
Con los tres siguientes retira la urgencia hecha presente para el despacho de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de los Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que se indican:
1.- Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002; 2.- Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002, y 3.- Acuerdo de enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción el 6 de junio de 2003 (boletín Nº 3.897-10).
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires el 5 de julio de 2002 (boletín Nº 3.907-10), y
3) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de nivel primario y medio no técnico entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (boletín Nº 3.898-10).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Fundamental, comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
--El día 21 de octubre del año en curso, en vuelo hacia el continente europeo.
--El día 22 de octubre, asistencia a la vigilia por la canonización del Padre Alberto Hurtado, en el Estado del Vaticano.
--El día 23 de octubre, asistencia a ceremonia en la Plaza San Pedro, en el Estado del Vaticano.
--El día 24 de octubre, visita de trabajo en Estrasburgo, República Francesa.
--El día 25 de octubre, visita a la Universidad de Salamanca, en la ciudad de Salamanca, Reino de España.
--El día 26 de octubre de 2005, arribo al territorio nacional.
Agrega que durante su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor Francisco Vidal Salinas.
Con el primero informa que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 3.975-13).
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación al proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma (boletín N° 3.797-19).
Con el tercero informa que ha accedido a la solicitud del Senado en orden a desarchivar el proyecto de ley que dicta normas sobre protección y valoración del árbol (boletín N° 2.238-12), que cumple su segundo trámite constitucional en esa Corporación.
De la Excelentísima Corte Suprema, por medio del cual emite su parecer respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que concede beneficios a condenados y procesados por los delitos que indica (boletín N° 3.983-07), y
2) El que concede indulto y beneficios a condenados por los delitos que indica (boletín N° 3.987-07).
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de las sentencias pronunciadas en los siguientes asuntos:
1) En los autos rol N° 457, relativos al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (boletín Nº 3.671-03), y
2) En los autos rol N° 458, referentes al proyecto de ley que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias atinentes al funcionamiento de la reforma procesal penal (boletín Nº 3.465-07).
De la señora Subcontralora General de la República, por medio del cual contesta un oficio de la Corporación que remite el proyecto de acuerdo, aprobado por el Senado, mediante el cual propone diversas medidas que debería implementar la Administración Pública en la gestión de sus recursos, correspondiente al boletín N° S 751-12.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre designación de Ministro en Visita Extraordinaria en causa que indica.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la situación de antiguos pobladores del sector de Laguna del Desierto.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, en cuanto a recursos de personal y apoyo logístico destinados por Carabineros de Chile a las comunas de la Región de La Araucanía.
Con el primero contesta un oficio de la Corporación referido a la posibilidad de presentar a trámite legislativo una iniciativa que recoja las ideas contenidas en una moción del Senador señor Páez que otorga garantía estatal a la construcción de la obra pública, en concesión, Puente Bicentenario, en Chiloé, lo que fue declarado inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Con el segundo remite la nómina de las consultas realizadas por los señores Parlamentarios al Ministerio de Obras Públicas durante el presente año, indicando la tramitación dada a cada una de ellas.
Del señor Ministro de Obras Públicas, mediante el cual contesta sendos oficios remitidos en nombre del Senador señor Espina, sobre reparaciones de caminos en la comuna de Renaico.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Larraín, sobre las especificaciones técnicas de la construcción en la Región del Maule y la posibilidad de exigir que un porcentaje de los trabajadores habiten en la localidad en que se realizan las obras.
Del señor Ministro de Agricultura , por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre alimento para el ganado de las localidades de Tapera, Lago Verde y Alto Río Ibáñez.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, sobre exigencias del nuevo sistema de revisión técnica de vehículos motorizados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Tres del señor Subsecretario de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre obras de reparación del puente colgante ubicado en la desembocadura del lago General Carrera.
Con el segundo y el tercero contesta sendos oficios dirigidos en nombre del Senador señor García, relativos al estado de avance de diversas obras en la localidad de Trovolhue, comuna de Carahue, y a las licitaciones para adquirir durmientes realizadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, respectivamente.
De la señora Jefa de Gabinete de la señora Ministra de Planificación , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre los problemas de transporte de ganado en la Región de Aisén.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Director General de Carabineros , por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre dotación de Carabineros en las localidades de Victoria, Selva Negra y Púa.
Del señor Director de Asuntos de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que remite antecedentes sobre la presentación de candidatos para el Premio Nobel de la Paz 2006.
Del señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago , mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre prohibición de corte de árboles y arbustos en la precordillera y cordillera andina.
Del señor Director del Servicio de Salud Biobío , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, sobre los problemas de atención de los pacientes del Hospital de Nacimiento.
Del señor Director de la Corporación Nacional Forestal de la Región de La Araucanía , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre proceso de erosión en la Novena Región.
Del señor Presidente del BancoEstado, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Stange, sobre la posibilidad de instalar una sucursal de dicho Banco en la comuna de Hualaihué.
Del señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la creación de un museo ferroviario en la comuna de San Fernando.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito el 24 de Julio de 1998 en Ushuaia, República Argentina (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 2.517-10).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aclara el sentido de la ley N° 18.175, de Quiebras, en la forma que indica (boletín N° 3.965-03).
De los Senadores señores Moreno y Zaldívar (don Adolfo), con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de quórum (boletín N° 4.028-07).
Los Comités, en sesión celebrada hoy, acordaron lo siguiente:
1.- Votar al inicio de esta sesión una declaración del Senado relativa a los límites y espacios marítimos con Perú.
2.- Citar a una sesión especial secreta para el próximo martes 8 de noviembre, de 12 a 14 horas, con el objeto de ocuparse del tema antes señalado.
3.- Respecto del punto 3) del Orden del Día, tocante a la solicitud del Vicepresidente de la República para designar dos representantes del Primer Mandatario en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, el señor Presidente pedirá la venia de la Sala para dar por aprobadas sin debate las proposiciones.
4.- No tratar aún el proyecto sobre la Corte Penal Internacional.
5.- Colocar en el último lugar de la tabla el proyecto signado con el número 2), referente al sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y despacharlo antes del 10 de enero próximo.
6.- Retirar el asunto signado con el número 6) del Orden del Día, relativo a la consulta sobre los efectos del artículo 8º de la Constitución Política de la República.
7.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones a la iniciativa sobre modificación de la Ley de Pesca, hasta el día de hoy, a las 17. O sea, quedan 20 minutos para tal efecto.
8.- En cuanto al proyecto sobre abigeato, se acuerda que el segundo informe sea emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sin que pase a la Comisión de Agricultura, y
9.- Tratar en esta sesión el proyecto sobre el Fondo Común Municipal.
En lo referente a la normativa sobre la enseñanza universitaria, quiero aclarar que el compromiso es iniciar su tratamiento en la sesión siguiente a las elecciones, con el objeto de resolver sobre el particular durante el mes de diciembre.
Respecto de la sesión especial del próximo martes a mediodía, pediría a la Sala, a los Comités o a la Mesa que en lo posible fuera citada para justo antes de la que se celebrará en la tarde, porque, en principio, se nos había informado que no nos reuniríamos los días 8 y 9 de noviembre. Después esto último se cambió y ahora se fija aquella a que hago referencia, de modo que solicito efectuarla lo más cerca posible de la sesión de la tarde. Perfectamente puede celebrarse entre las 15 y las 16:30.
Pero se presentaría un problema con la asistencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores , quien ha pedido que la realicemos de 12 a 14 horas porque debe viajar ese mismo día. Ésa es la única razón.
Pero puede concurrir el subrogante.
Dada la característica de la sesión, lo importante es que esté presente el señor Ministro .
Por supuesto. Pero entiendo que existe una política de Estado sobre la materia, la cual no la fija solamente el Canciller, pues también pueden plantearla el Subsecretario o los Ministros que han estado a cargo del tema.
El que se ha dado a conocer es el acuerdo unánime de los Comités.
Podríamos haber pedido que se postergara...
Debo recordar que, a solicitud del sector que está a la diestra de la Presidencia , mañana jueves hay sesión de 10 a 12 para tratar asuntos que no sean de quórum de ley orgánica constitucional.
Señor Presidente , en realidad, no tengo nada que objetar a los acuerdos de Comités. Incluso tomé ayer la precaución de llamar a la Secretaría para saber si iba a haber sesión hoy día. Me dijeron que no había citaciones, sino que los Comités se iban a pronunciar.
Debo hacer presente que uno adquiere compromisos. Mañana debo concurrir a una reunión con el Primer Mandatario. Entonces, uno queda en una posición muy desmedrada y compleja frente a los medios de comunicación, en la medida en que se denuncia que los Parlamentarios no asisten a las sesiones. Y hoy, en materias sensibles, ése es un tema recurrente. Sinceramente, la situación no resulta deseable, por lo que solicito que la Sala considere el punto.
Repito que ayer pregunté si había sesión y me respondieron que todavía no se había fijado, lo que los Comités iban a estudiar. Lo cierto es que uno debe ceñirse a una manera de poder desarrollar sus actividades.
Han solicitado la palabra los Honorables señores Orpis y Moreno .
Debo consignar que un acuerdo de Comités de hace unos 15 días determinó la celebración de una sesión extraordinaria a raíz de que el 1º de noviembre era feriado. A lo mejor, al Honorable señor Andrés Zaldívar le contestaron que todavía no había salido la citación. La resolución mencionada se tomó por unanimidad, sobre la base de que no se consideraran proyectos de ley de orgánica constitucional debido a las dificultades de quórum.
Señor Presidente , no deseo incurrir en reiteraciones. Entiendo perfectamente la situación. No quiero objetar el procedimiento ni nada, sino consignar la posición en que uno queda. Si acaso mañana hubiese proyectos tan determinantes como para reunirnos extraordinariamente, yo asisto. Lo digo con sinceridad. Porque uno escucha comentarios en todas partes: si una sesión de la Cámara de Diputados fracasa, el juicio crítico se extiende al Senado; y muchas veces en las calles a uno le dicen "¡Usted no va a sesión; qué anda haciendo por aquí!".
Personalmente, creo que se trata de un problema de imagen del Parlamento.
Hago presente a la Sala lo siguiente: si despachamos la tabla de hoy, perfectamente podemos además analizar los dos proyectos que están para la sesión de mañana. Si hacemos un esfuerzo y lo logramos, obviamente no habría inconveniente en dejarla sin efecto, pues quedaríamos sin tabla, habiendo cumplido con la labor solicitada.
El señor MORENO.- Avancemos, entonces, señor Presidente.
Señor Presidente, propongo suprimir la hora de Incidentes de hoy y que los dos proyectos en tabla para mañana se despachen ahora, con lo cual habremos cumplido la agenda de trabajo establecida.
¿Le parece a la Sala proceder de esa forma?
El señor MORENO.- De acuerdo.
Solicito la autorización del Senado para que ingrese a la Sala el señor Mario Marcel, Director de Presupuestos.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo que numerosos señores Senadores, casi la unanimidad, han presentado con relación al tema suscitado en los últimos días acerca de la determinación de límites marítimos entre Perú y Chile.
El señor HOFFMANN (Secretario).- Lo que se propone es lo siguiente:
"En Valparaíso, a 2 de noviembre de 2005, el Senado de la República de Chile
"1) Que existe un proyecto de ley patrocinado por el Supremo Gobierno de la República del Perú y que ha sido aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores y por la Comisión de Constitución del Congreso peruano.
"2) Que dicho proyecto, de ser aprobado, significará un desconocimiento unilateral de los Tratados vigentes entre ambos países.
"3) Que el tema de los límites y espacios marítimos quedó definitivamente zanjado en los acuerdos de los años 1952 y 1954, así como en otros Acuerdos bilaterales, los que se enmarcan dentro de los principios que sustentan los países ribereños del Pacífico Sur.
"4) Que, en consecuencia, Chile no tiene asunto alguno pendiente en materia de límites con el Perú.
"Teniendo presente
"-Que la política exterior de nuestro país es una sola, como consecuencia de su política de Estado en dicha materia.
"-Que ella se basa en el apego irrestricto a las normas del derecho internacional, en especial, a la intangibilidad de los Tratados.
"-Que, además, es una norma básica del derecho internacional que una parte no puede invocar una norma interna como justificación del incumplimiento de un Tratado y menos alterar un punto o hito de demarcación ya acordado bilateralmente.
"Aprobar el siguiente:
"El Senado de la República de Chile reafirma que los asuntos limítrofes de Chile y el Perú están total y definitivamente zanjados en diversos Tratados vigentes y en plena aplicación por ambos países, motivo por el cual le entrega al Presidente de la República su más irrestricto respaldo en defensa de su territorio y espacios marítimos. En consecuencia, le reitera su más decidido apoyo respecto de las medidas que disponga en resguardo de los legítimos intereses y derechos soberanos de nuestra nación que, para los chilenos, son irrenunciables.".
El proyecto de acuerdo está suscrito -como señaló el señor Presidente - por numerosos señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará unánimemente.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo por unanimidad.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre creación del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modificación del Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regulación de contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorgamiento de flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y de facultades delegadas al Presidente de la República , con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3937-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 20ª, en 2 de agosto de 2005.
Gobierno, sesión 42ª, en 18 de octubre de 2005.
1.- Crear el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, encargado de asesorar al Excelentísimo señor Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda en cuanto al funcionamiento de los sistemas de control interno de la Administración, incluidas las empresas públicas cuya legislación orgánica exige que se las mencione expresamente, excluyéndose solamente la Contraloría General de la República, el Banco Central y las municipalidades.
2.- Actualizar y adecuar normas del Estatuto Administrativo y de la Ley sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, y facultar al Contralor General de la República para flexibilizar el presupuesto de la entidad y para proponer sanciones en los casos que se indican.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó solamente en general el proyecto de ley, por dos votos a favor, de los Honorables señores Larraín y Naranjo, y con la abstención del Senador señor Cantero.
Cabe tener presente que los artículos 1º a 11, 13, 15, 19 a 24, 27 y 32 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto de 27 señores Senadores.
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra al Honorable señor Larraín, Presidente de la Comisión de Gobierno , Descentralización y Regionalización.
Señor Presidente , deseo informar brevemente el proyecto puesto para la discusión y eventual aprobación de la Sala, concerniente a la iniciativa de ley del Ejecutivo que procura crear el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, y que establece otras modificaciones -a la cuales ya se refirió el señor Secretario-, que describiré sucintamente.
La Comisión analizó la iniciativa en varias reuniones, en las cuales se tuvo a bien oír a diversas autoridades: desde luego, a las de Gobierno que han promovido el proyecto: el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Eduardo Dockendorff ; la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner ; el Director de Presupuestos , señor Mario Marcel ; el Contralor General de la República , y a numerosos otros personeros que nos han permitido formarnos un juicio acerca de las conveniencias de la iniciativa en discusión.
De hecho -como se sabe- hoy día existe un organismo como el propuesto, porque en 1997 el Ejecutivo creó el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, con un propósito muy claro: buscar, un reforzamiento de las medidas de transparencia y de control interno de las acciones gubernamentales.
Transcurrido el tiempo, y conocida la experiencia, el Ejecutivo , precisamente con ese mismo objetivo -es decir, con el fin de abordar nuevas vías para fortalecer la transparencia en el sector público y perfeccionar las materias ya reguladas-, ha decidido dar forma legal a ese Consejo, que ha estado operando desde entonces por resolución administrativa. Al mismo tiempo, ha incorporado diversas otras materias, respecto de las cuales es partidario de legislar.
En lo fundamental, al elevar a rango legal las actuales disposiciones sobre control interno y adecuar las normas estatutarias en lo concerniente a la responsabilidad y sumarios administrativos, contratos a honorarios y solución de conflictos de intereses en la contratación de bienes y servicios, se da un paso adelante que se supone complementario con la función y actuaciones que sobre la materia desarrolla en este momento la Contraloría General de la República y, por cierto, sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Se estima que éstos son elementos esenciales para robustecer el orden democrático, porque, a través del mejoramiento de los mecanismos de control interno tanto de entidades públicas como empresas e instituciones relacionadas con el Ejecutivo , se da un paso importante, debido a la influencia que tienen en las actividades nacionales.
En verdad, los mecanismos de control interno resultan hoy imprescindibles para todo Gobierno. Y, sin perjuicio de la acción eficaz que sobre la materia desarrolla la Contraloría General, el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno que se crea viene a complementar, desde una perspectiva propia del Ejecutivo -como órgano asesor del Presidente de la República -, esa tarea contralora en el ámbito de la auditoría interna.
Esta organización, que ahora adquiere rango legal, supone la incorporación de nuevos modelos, metodologías de trabajo y supervigilancias que permitan una alerta, un detectar tempranamente cualquier irregularidad, mediante auditorías preventivas, sectoriales o transversales, a fin de evitar conductas que lleven al descrédito de las instituciones o que se produzca una pérdida patrimonial.
En lo específico, el sistema estará integrado por el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, el Auditor de Gobierno, la Secretaría Técnica, auditores ministeriales e institucionales, según el caso, con una organización fundamentalmente profesional y una estructura administrativa ligera, en el sentido de que no signifique una carga muy grande para el cumplimiento de los objetivos antes señalados.
El proyecto se ha preocupado de la eventual interferencia que pudiera existir en el funcionamiento de este organismo con la Contraloría General de la República. Y lo hace obligando a los órganos del sistema de control interno a ejercer su acción en coordinación permanente con la institución contralora. De igual modo, se ha previsto que el control y la auditoría no entorpezcan el desarrollo de los planes, políticas y programas del Ejecutivo, ni tampoco intervengan en el mérito de los resultados de las acciones oficiales.
Lo relativo a la composición y a otras medidas del Consejo se puede revisar en el informe.
En lo fundamental, estará integrado por un Auditor de Gobierno y seis consejeros de la confianza del Jefe del Estado. Se trata de un organismo de control interno y, por lo tanto, es razonable que sea designado por la autoridad presidencial.
Sus funciones serán evaluar, establecer medidas de coordinación e implementación de políticas y proposiciones que fortalezcan el control interno, la probidad y la transparencia.
El personaje clave, por cierto, va a ser el Auditor de Gobierno -funcionario de la exclusiva confianza del Primer Mandatario-, con rango de jefe superior de servicio, quien deberá ejecutar los acuerdos del Consejo y, además, dirigir la Secretaría Técnica, que se constituye como un órgano de apoyo al Consejo de Auditoría, sin perjuicio de la labor que desarrollen auditores ministeriales e institucionales.
Adicionalmente, se incluyen en el proyecto -que para estos efectos tiene carácter misceláneo- normas que se refieren al perfeccionamiento de los sumarios administrativos. Así, se corrige una omisión del Estatuto Administrativo, incorporando la suspensión del empleo como una causal de inhabilidad en las promociones. En los procedimientos sumariales reconoce el derecho a ser oído. Establece también procedimientos especiales para determinadas actuaciones, como la transformación de una acción sumaria en sumario en los casos de recusaciones, etcétera.
Un acápite distinto dice relación a las nuevas normas que amplían las inhabilidades o incompatibilidades en la Administración y a otras medidas sobre transparencia en contratos de honorarios. Algunas de ellas ya fueron discutidas y aprobadas en la normativa de ley que establece como obligatoria la declaración patrimonial de bienes a las autoridades, en donde se incluyeron determinadas disposiciones. Aquí se consignan algunas que regulan, por ejemplo, el caso de los embajadores, quienes deberán desempeñar sus cargos con dedicación exclusiva, quedando sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades de los Ministros de Estado , Subsecretarios y jefes de servicio.
Además, en lo que respecta a la transparencia y conflicto de intereses de personas contratadas a honorarios, se amplían las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades, incluyéndose la información y ponderación de las autoridades responsables de las contrataciones a los contratos directos con empresas y entidades del Estado y a los indirectos con entidades en que dichas autoridades participen como socios o administradores.
Del mismo modo se amplían las normas para evitar conflictos de intereses en las contrataciones, lo cual va a significar la prohibición de los contratos directos o licitaciones privadas en el evento de que los participantes tengan relaciones de parentesco con las autoridades responsables.
Por último, el proyecto entrega a la Contraloría General de la República una atribución complementaria que busca ampliar el grado de flexibilidad de tal organismo en la ejecución de su presupuesto, para facilitar de esa manera una mayor eficiencia en el uso de sus recursos.
Esos son los contenidos de la iniciativa.
Cuando se trató el proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, ésta lo aprobó en general.
Quiero señalar que uno de los temas en debate -que motivó que uno de los miembros de aquélla optara por abstenerse- se relaciona con la conveniencia de ir avanzando en un sistema nacional de mayor unificación en la forma de desarrollo del control de las acciones de Gobierno. Por eso, el Honorable señor Cantero , al fundamentar su voto, anunció que se abstendría, porque "si bien constituye un avance este proyecto," -dijo- "no considera la creación de un sistema nacional unificado de control gubernamental".
Estimo que esa materia puede ser objeto de discusión. Pero, en lo sustantivo, a los miembros de la Comisión les pareció que el proyecto efectivamente avanzaba en la idea de transparentar la gestión pública y de definir mecanismos que permitan un mayor control de ésta. Se trata de un paso conveniente, útil y necesario, motivo por el cual la Comisión solicita su aprobación.
Señor Presidente , escuché con mucha atención al señor Presidente de la Comisión de Gobierno sobre una materia que, a mi juicio, constituye singular relevancia. Y debo decir, con el mayor respeto, que discrepo absolutamente de sus planteamientos.
Quiero hacer presente que estamos ante un asunto de particular importancia. Me parece que la Comisión puso el mayor empeño para despachar el proyecto en sólo tres sesiones. Lo cierto es que se trata de una normativa que necesariamente -por eso me voy a permitir hacer una indicación al respecto- merece y justifica que se estudie por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Comprendo que, por la circunstancia que estamos pasando y por la necesaria urgencia con que se califica para su tramitación a los proyectos en una etapa de la gestión parlamentaria que está por terminar, se están despachando, o se pretende hacerlo, iniciativas de esta relevancia, sin que hayan podido, a mi modesto juicio, ser analizadas en plenitud.
Este proyecto resulta, según entiendo, de importancia esencial. Y así se la asignó el Supremo Gobierno al presentarla. Pero, después de haberlo estudiado profundamente, en mi opinión, contiene a lo menos tres dudas serias desde el punto de vista de su constitucionalidad.
A mi juicio, los artículos 3º, 38 y 98 de la Carta Fundamental se verían de alguna manera o debilitados en su aplicación o dañados profundamente por este intento de legislar.
En lo que respecta al artículo 3º, so pretexto de aprobar atribuciones sobre control interno por parte del Ejecutivo, se está pasando a llevar lo que nuestra Constitución específicamente señala en dicha norma, esto es, que la administración del Estado se llevará a cabo en forma descentralizada y desconcentrada, instando al Ejecutivo a promover la descentralización.
El proyecto que nos ocupa, lejos de impulsar la descentralización, está promoviendo que el Presidente de la República , al ejercer como contralor interno, realice mucho más que la supervigilancia que le es dable efectuar acerca de las instituciones descentralizadas. Nos extraña que se llegue tan lejos como a decir en forma expresa que se extiende dicho control interno a las empresas del Estado autónomas respecto del Primer Mandatario en cuanto a su estructura constitucional y legal.
En seguida, se parte de la base de que el Presidente de la República ejercitará el llamado control interno y se olvida que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -mencionada por el informe de la Comisión de Gobierno como especialmente consultada- establece que, aparte de la fiscalización que constitucionalmente compete a la Contraloría General de la República en cuanto órgano de control externo de las entidades de la Administración del Estado, el control interno -como se le denomina en la iniciativa- responde a uno de tipo jerárquico, según reza explícitamente en su artículo 11 -el cual se omite considerarlo en todo el proyecto-, que debe ser ejercido por los jefes respectivos, vale decir, por los jerarcas correspondientes y no expresamente por el Primer Mandatario, sobre todo basándose en un organismo que se pretende crear mediante la iniciativa en el Ministerio de Hacienda (llamado Consejo de Auditoría Interno de Gobierno), y que, en el fondo, vendría a desarrollar funciones paralelas a las de la Contraloría General de la República.
Por eso, con fundamento -a nuestro modesto juicio-, el Senador señor Cantero y otros personeros que actuaron en representación de corporaciones de estudio en la Comisión de Gobierno hicieron presentes sus inquietudes y dudas frente a un proyecto de esta índole.
En consecuencia, además de alterarse el contenido esencial del referido artículo 3º, la iniciativa pasa por sobre lo que la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado -cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1- establece como estructura de nuestra Administración.
Dicho cuerpo legal, en concordancia con el artículo 38 de la Carta Política, consagra precisamente en su Título II toda una estructura orgánica relativa a la Administración, que distingue una propiamente nacional o central, una descentralizada, una funcionalmente desconcentrada y una fiscalizadora, y resulta que el proyecto altera por completo las disposiciones contenidas en aquél al pretender que no sea el Presidente de la República en forma exclusiva y directa, sino por intermedio de uno de sus ministerios -que vendría a constituir una suerte de superministerio-, el que ejerza la facultad de fiscalización denominada control interno, no sólo sobre las instituciones de la Administración central o nacional, sino también acerca de los organismos descentralizados.
Sin embargo, señor Presidente , con ello se hace abstracción del artículo 38 de la Carta Fundamental y del Título II de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, la cual establece que corresponde a cada jefe de servicio ejercer un control interno sobre la respectiva institución.
De tal manera que se crea -por así decirlo- un superorganismo de fiscalización que, a propósito o a pretexto de efectuar control interno, en el fondo se transforma claramente en una entidad de fiscalización externa. Y prueba de ello es que el Presidente de la República por intermedio de ese organismo, dependiente de uno de sus ministerios: del de Hacienda , exorbita con mucho sus funciones al atribuirse esa potestad, la cual se encuentra fijada en la ley orgánica de los Ministerios, y que entrega a la Cartera de Hacienda una función mucho más restringida que la que este proyecto pretende otorgarle a través de esa vía.
Por ese camino, se está transformando a dicho Ministerio en un superministerio que no sólo ejercerá una función de supervigilancia, sino otra que va mucho más allá: un control de legalidad. Y con eso, a nuestro juicio, también se traspasa el contenido de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política.
No está de más señalar que la Carta Fundamental consagra normas de control sobre la Administración del Estado de carácter imperativo, las que de acuerdo con lo visto recientemente rigen in actu porque se hallan por sobre la ley, y, necesariamente, deben determinar el contenido de ésta, que no puede extravasar la Constitución de la República a este respecto.
Con razón -a nuestro modesto juicio- uno de los señores asesores invitados por la Comisión de Gobierno expresó con mucha claridad que en realidad lo que se estaba creando aquí era una Contraloría paralela.
Yo tomé nota de que se había invitado a dicho organismo técnico al señor Contralor General de la República para opinar acerca del proyecto, que fue entregado a última hora para su conocimiento. Al parecer, el señor Contralor no habría manifestado dudas sobre el particular. ¡Lo lamento! Eso quiere decir que no meditó profundamente el significado de la iniciativa en cuanto altera de manera grave las atribuciones de la Contraloría.
A mi juicio, señor Presidente , señores Senadores , la alteración de las atribuciones de la Contraloría no se soluciona con la reiteración de por lo menos dos o tres veces en el proyecto de la frase: "Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Contraloría General de la República.". Al señalar que se aprueban tales y cuales cosas como propias del Consejo de Auditoría del Ministerio de Hacienda se pasan a llevar atribuciones del organismo contralor, con la modesta constancia de que ello es sin perjuicio de lo que dicha entidad establezca.
Sin embargo, yo digo que cuando la ley recurre a ese subterfugio es porque los autores de la iniciativa tuvieron muchas dudas acerca de lo que significaba alterar esas atribuciones, y, por eso, las zanjaron con una frase de esa naturaleza, que sólo tiene contenido formal pero no esencial.
En una palabra, señor Presidente , el proyecto reviste gravedad porque olvida todo lo que es la estructura básica de la Administración del Estado. No es la primera vez que se intenta algo así, como tampoco lo es -debo deplorarlo y reiterarlo aquí, porque en más de una ocasión lo he dicho- el que se pretenda quitar la atribución de la toma de razón que corresponde en forma imperativa a un órgano señalado por la Constitución de la República. Ya se quiso hacer lo mismo en el proyecto de ley sobre la Universidad de Chile -a lo cual yo me opuse-, y afortunadamente no hubo el quórum necesario para aprobar un asunto de tal gravedad. Pero aquí nuevamente volvemos a la carga.
Yo lamento y deploro -con esto termino, señor Presidente - que permanentemente, so pretexto de modernizar la Administración del Estado, se estén alterando estructuras básicas relativas a cómo la Constitución entiende a aquélla; es decir, con instituciones de la Administración Central, con normas que establecen que el Presidente de la República (artículo 24 del Texto Fundamental) gobierna y administra el Estado. Y, al respecto, el artículo 3º de la Carta señala que la administración será "descentralizada, o desconcentrada", y agrega que el Estado promoverá la descentralización.
Sin embargo, aquí, lejos de impulsar la descentralización, se está promoviendo un retorno hacia la centralización. Y, con ello, el auténtico sentido de una democracia representativa y descentralizada empieza a correr ciertos peligros de debilitamiento.
En seguida, el proyecto altera lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución, que mandata la existencia de una Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Y acerca de esta normativa, que contiene tres títulos fundamentales, se pierde de vista el sentido auténtico de administración del Estado, pues en su Título II -referido específicamente a tal materia-, se establece una administración de distinta índole.
Por último, la iniciativa altera el contenido imperativo del artículo 98 de la Carta Fundamental relativo a las facultades del órgano contralor. Éstas -reitero- no pueden entenderse superadas con la frase: "Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Contraloría General de la República.".
Cuando un organismo debe actuar por mandato de la Constitución, lo hace por entero derecho y por el ministerio de la ley. Y cuando se pretende otorgar a otra institución esas facultades el problema no se soluciona con la expresión "sin perjuicio de sus atribuciones".
En una palabra, un proyecto de esta relevancia -naturalmente no me opondré a la idea de legislar- amerita un estudio mucho más profundo.
Yo no culpo a los integrantes de la Comisión de Gobierno, porque conozco la forma como mis distinguidos colegas han trabajado y sé que han puesto su mayor empeño en tratar de despachar el proyecto. Pero -reitero- allí surgieron opiniones muy profundas que expresaron con inquietud sus dudas sobre esta materia y que, de alguna manera, fueron recogidas con fundamento por el Honorable señor Cantero .
La Comisión aprobó la iniciativa con la presencia de sólo tres señores Senadores -situación que está ocurriendo a menudo en estos días en nuestra Corporación-, lo que a mi manera de ver cercena o debilita su marcha, la cual debiera ser mucho más completa en aras de una eficaz función legislativa.
Por lo tanto, resulta perfectamente justificado -y me permito hacer una indicación en ese sentido- que el proyecto pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que sea estudiado en plenitud desde muchos puntos de vista.
Se han inscrito tres señores Senadores: los Honorables señores Ríos, Prokurica y Larraín. Y también desea hacer uso de la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , quien tiene prioridad.
¿Prefiere intervenir ahora, señor Ministro ?
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS .-
Señor Presidente , comparto prácticamente el ciento por ciento de lo señalado por el Senador señor Silva Cimma , pero quiero agregar un par de hechos que corresponden a la práctica de la acción administrativa. Y me impresiona mucho que los señores Senadores que estudiaron el proyecto no los hayan tenido presentes.
Me llama la atención que la iniciativa haya llegado directamente al Senado, porque la Cámara de Diputados nos tiene acostumbrados a enviar proyectos que no corresponden. Sin embargo, se trata de una normativa que nace de nuestro propio estudio y análisis. Y ahora llega a la Sala sin la profundidad que requiere. Lo digo con todo el respeto y cariño que me merecen mis colegas. Ésa es la verdad.
La Contraloría General de la República no solamente cumple funciones de contraloría en lo que respecta a auditorías, análisis, investigación del acontecer administrativo y financiero del Estado, sino que también asume otras responsabilidades inherentes a su quehacer y que ahora pretenden ser compartidas por un nuevo organismo cuyo objetivo es desarrollar todas las tareas referentes a la gestión y administración del Estado.
Existe un documento muy interesante que el organismo contralor emite todos los años mediante el cual entrega, en cada una de sus áreas, información detallada acerca del cumplimiento de las normas y obligaciones impartidas por el Congreso y por el Presidente de la República en lo que se denominan "las políticas públicas".
La administración de un organismo del Estado no solamente debe velar por la transparencia en su gestión, en el uso de los recursos; por la inteligencia y la capacidad que han de existir para llevar adelante las responsabilidades que cada entidad tiene, sino que también requiere cumplir con políticas de Estado. Y el cumplimiento de una política de vivienda, de salud, etcétera, implica necesariamente desarrollar una labor de auditoría, de análisis e investigación de los hechos, que precisa contar con la profundidad y extensión que sólo la Contraloría General de la República puede otorgar -y así lo ha hecho- en nuestro país.
Tenemos muchísimas inquietudes con respecto a la administración de varios organismos públicos, pero -sin duda alguna- a todos nos reúne el afecto y la admiración que la Contraloría ha demostrado en el transcurso de sus años de existencia, que ya son más de cincuenta.
Por tal motivo, comparto la opinión del ex Contralor y actual Senador, don Enrique Silva , en el sentido de que la creación de un organismo paralelo, aparte de provocar las deficiencias normales y naturales en cualquier administración en que no se define claramente la responsabilidad entre una entidad u otra ante funciones que en definitiva son iguales, siempre produce un daño en la administración, en la gestión y en el cumplimiento de metas.
¿Qué ocurrirá el día en que el nuevo organismo afirme que los objetivos dispuestos por el Ministerio de Salud se cumplieron y la Contraloría diga que no? ¿Qué va a pasar cuando existan razones suficientes para pensar que lo señalado por la Contraloría en materia de administración de un recurso público correspondió a las normas establecidas por la ley y el otro organismo auditor exprese lo contrario? ¿Es posible que un Estado tenga entidades paralelas que realicen acciones prácticamente iguales?
No soy partidario de que el proyecto vuelva a la Comisión, sino de votarlo inmediatamente. Yo me pronunciaré en contra, porque no existe razón alguna para sostener una iniciativa de este tipo, con las características y la forma en que se ha planteado.
Insisto: también es importante tener presente un aspecto que el Senado está olvidando.
En 1998 la Cámara Alta firmó un convenio con la Contraloría General de la República para recabar información permanente sobre la gestión, auditoría, acción e investigación que ésta realice en la totalidad de los servicios públicos. Y eso está funcionando.
Sin embargo, tengo la impresión de que los señores Senadores no utilizan esa información tan necesaria y que responde exactamente a lo que el proyecto de ley plantea. Ella se encuentra a nuestra disposición en forma diaria y permanente.
A su vez, el Senado entrega a la Contraloría a través del mismo convenio toda la historia de las leyes, a fin de que los dictámenes de dicho organismo estén conformes al espíritu de la normativa dispuesta por el legislador.
Termino señalando que no soy partidario de la creación de organismos de este tipo, pues produce distorsiones muy delicadas con otras entidades existentes. Se observa que no hay un conocimiento acerca de los antecedentes que la Contraloría posee y entrega en materia de auditorías y de informes administrativos, los cuales son muy completos.
En definitiva, a la situación que se origina, al margen de lo señalado por el Honorable señor Silva , he agregado otros hechos que responden a cosas prácticas y que, sin duda alguna, producirán un gran debilitamiento en el ejercicio de la administración del Estado.
Por estas razones, votaré en contra de la iniciativa.
¿Desea intervenir ahora, señor Ministro ? Le recuerdo que se hallan inscritos los Senadores señores Prokurica y Larraín.
Muy bien, señor Presidente .
Señor Presidente , no pretendo despejar las dudas de constitucionalidad que pueden tener algunos señores Senadores ni las de orden jurídico que dificulten la puesta en marcha de la institucionalidad propuesta.
El proyecto aspira fundamentalmente a ser parte integrante de un esfuerzo del Ejecutivo en materia de políticas de transparencia, probidad y de modernización del Estado.
Es bueno considerar que el Estado no es una entidad estática. En los últimos años ha experimentado fundamentales modificaciones, sobre todo desde el punto de vista de lo que la opinión pública espera de él. Y si hoy día hay una convicción instalada en política comparada, se sabe que la ciudadanía exige del Estado -y por lo tanto de su Gobierno-, esencialmente, tres cosas: primero, claridad de objetivos; segundo, involucramiento en los problemas de la gente, y tercero, transparencia.
Hoy día, entonces, la transparencia es una demanda ciudadana fuertemente acendrada y con efectos políticos significativos.
En el marco general, estamos de acuerdo en que las bases jurídicas sobre las cuales descansa el Estado de Chile siguen siendo las mismas. Sin embargo, las demandas ciudadanas y la modalidad con que aquél y el Gobierno asumen las tareas de llevar adelante las políticas públicas han tenido sensibles modificaciones en los últimos años.
La idea de instalar una unidad de auditoría o de control al interior del Estado surgió en el Ejecutivo hace ya varios años. De hecho, ha habido una suerte de marcha blanca a través de la existencia, vía decreto, de un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que funciona desde 1997, y como decreto propiamente tal, desde el año 2000.
Así, dicha unidad no sólo ha cumplido un rol complementario respecto de la Contraloría General de la República, sino que, en cierta medida, también ha sido coadyuvante en las tareas propias de ella en cuanto al cumplimiento efectivo y eficaz al mandato de la ley sobre probidad, que fue promulgada -como todos sabemos- el año 2000.
La referida ley impone al funcionario público, en materia de transparencia y probidad, una cantidad enorme de exigencias -no conocida hasta la fecha- que requieren cierta capacidad institucional al interior del aparato público sin esperar el control de legalidad, que -como todos sabemos- es ex post al acto administrativo.
Esa unidad de auditoría interna ha sido un soporte fundamental para mantener capacidad dentro del Ejecutivo, desde el punto de vista de las exigencias modernas, en materia de probidad y transparencia. Y de ahí que yo afirme que no es paralela sino complementaria de las funciones de la Contraloría. Y la frase mencionada por el Senador señor Silva , que aparece recurrentemente en el articulado, no se limita a cumplir un objetivo formal, sino que da cuenta de que en los aspectos pertinentes se reconocen y establecen la jerarquía, la función y la exclusividad de ese órgano para controlar la legalidad de los actos de la Administración.
En consecuencia, no se está tratando de socavar ni de menoscabar la función de la Contraloría General de la República, sino que nos estamos haciendo cargo de la transformación profunda que han ido provocando en los hechos las demandas formuladas al Estado para mejorar las condiciones a través de las cuales se da cumplimiento a la ley sobre probidad.
Hasta ahora, la experiencia obtenida con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno ha sido satisfactoria. En ningún caso este organismo se ha inmiscuido en las funciones de control de legalidad, sino que ha posibilitado un ejercicio dinámico de control de mérito al interior de la Administración cada vez que se ha puesto en marcha una política pública.
No es fácil para un funcionario formado en la estructura del Estado durante muchos años cambiar de la noche a la mañana la modalidad con que actúa y, al mismo tiempo, someterse a determinado mecanismo de control.
Sólo piensen, Sus Señorías, en que hoy toda la información que produce el Estado debe ser pública.
Nosotros estamos apoyando un proyecto de ley que elaboraron los Senadores señores Gazmuri y Larraín , porque creemos que también forma parte de una modalidad para ejercer la función de la Administración del Estado, que requiere -por señalarlo de alguna manera- un funcionario público distinto del que hemos tenido hasta ahora. Y para eso necesitamos al interior del Estado, antes de que culmine el proceso administrativo, la capacidad de ir estableciendo mecanismos de regulación y control permanentes.
Entendemos claramente que ésta es una función complementaria de la tarea de la Contraloría General de la República. Y hemos analizado el punto en esa línea, consultando a destacados juristas que conocen bien esta materia.
Es cuanto puedo expresar por ahora, señor Presidente.
Señor Presidente , la verdad es que, cualesquiera que sean los documentos y estudios existentes respecto de la Administración del Estado, y a pesar de que Chile aparece en el lugar 26 en los índices internacionales de corrupción, todos ellos plantean que debe haber más transparencia, más fiscalización y menos corrupción en los actos del Estado.
Nadie puede estar en contra de esos principios. Pero, aparentemente, hay distintas formas de aterrizar la idea expuesta.
El Honorable señor Silva , con mucho brillo, y el Senador señor Ríos plantearon el problema constitucional y se refirieron a la labor de la Contraloría General de la República por largo tiempo. Así que no repetiré los argumentos de Sus Señorías, que suscribo totalmente.
Pensando en cómo mejorar los aspectos que he mencionado, pueden surgir muchas opiniones. Pero hay una que no recibirá ningún rechazo: entregar más atribuciones y mayores recursos a la Contraloría General de la República.
Si estamos de acuerdo en que debe haber más fiscalización, mayor transparencia y menos corrupción, creo que ésa es una forma clarísima de enfrentar el problema.
La Contraloría es una institución de gran prestigio; ha funcionado por mucho tiempo, y se ha replicado en otros países del mundo.
Ahora bien, el organismo que se pretende crear tiene, a mi juicio, tres debilidades.
En primer lugar, quiero recordar -ya lo dijo el Ministro señor Dockendorff - que existió sin ley que le diera origen. ¿Y cuándo desapareció de la opinión pública? Cuando don Rodrigo Moraga descubrió un antecedente sobre un órgano del Estado donde había irregularidades y lo publicó en la página web pertinente. Apenas se formó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ese señor no quiso dar más informaciones y se terminó en lo de siempre.
En segundo término, es difícil que la institución cuya creación se pretende cumpla los objetivos de mayor fiscalización y más transparencia, producto de que se encomienda al Presidente de la República el nombramiento de sus integrantes y de que éstos son personas provenientes del mismo ámbito que se quiere fiscalizar.
En tercer lugar, con la creación de otro organismo no mejorarán la fiscalización ni la transparencia; al contrario.
Al respecto el Senador señor Silva ha sido muy exacto: aquí debe haber un gran debate, porque la corrupción es un muy serio problema que afecta a nuestro país. Y el Contralor General de la República no ha participado en la discusión; entonces, difícilmente el Senado podrá tomar una decisión clara sin conocer su opinión.
Si queremos ir en la línea de los objetivos planteados por este proyecto de ley, debemos ampliar las facultades del organismo contralor hacia una fiscalización de mérito. Porque, hoy día, un alcalde o un funcionario público que presenta una factura o una boleta "salva la situación", aunque se haya echado al bolsillo los dineros cuestionados; lo vemos permanentemente. Hay municipios endeudados por completo -es el caso del de Valparaíso-; asume un nuevo alcalde, y al anterior nadie le puede decir nada, porque actuó dentro de la ley: están las facturas, las boletas, los informes. ¿Pero qué inversión se hizo? ¿A qué se destinaron los recursos? Tal vez, a algo carente de beneficio para la comunidad: viajes o cosas superfluas. ¿Y quién dijo algo? ¡Nadie, pues no hay atribuciones para ello...!
Entonces, si queremos caminar en la senda correcta, me parece que lo más lógico es reforzar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados -al respecto, ya se dieron algunos pasos importantes en la última reforma constitucional- y entregar mayores atribuciones a la Contraloría General de la República -organismo que, independiente de las opiniones divergentes que uno pueda tener a veces, goza de gran prestigio-, para que su fiscalización sea de mérito y no sólo formal, y poner a su disposición más recursos.
Señor Presidente , no me convence este proyecto cuando señala que el objetivo principal del Consejo será "velar por el respeto, aplicación y cumplimiento de las normas que regulan la organización y funcionamiento de las respectivas instituciones"; o cuando expresa que "El Consejo y los demás órganos previstos en esta ley velarán en forma preferente por el respeto y consolidación de los principios de probidad y transparencia en la gestión de las instituciones sometidas a su control.".
Como lo planteó el Senador señor Cantero en la Comisión, aquí se traslapan facultades que ya está ejerciendo otro organismo.
Este proyecto no termina convenciéndome. Por lo tanto, lo votaré negativamente, no porque esté en contra de la fiscalización o de que haya más transparencia, sino porque no constituye la mejor forma de abordar el problema que está viviendo el país en dichos ámbitos.
Señor Presidente , como se puede apreciar esta tarde, no estamos funcionando con plena normalidad. Con todo, estamos trabajando razonablemente bien.
En efecto, la Comisión de Gobierno escuchó durante sus debates numerosas opiniones -no sólo de autoridades del Ejecutivo, sino también de la Contraloría y de personas independientes, autónomas- que nos permitieron formarnos juicio respecto del conjunto de materias que aborda el proyecto, el cual no se refiere únicamente al Consejo de Auditoría.
En efecto, la creación de dicho organismo es una de tales materias, quizás la central. Pero hay otras -las modificaciones a los procedimientos sumariales; lo relacionado con las inhabilidades e incompatibilidades; lo referente a la facultad adicional de flexibilidad financiera que se otorga a la Contraloría- que, con aquélla, configuran el conjunto de ideas que debieran ser objeto de la discusión general.
Se trata de una iniciativa perfectamente atendible, razonable, que va en la línea en que hemos venido trabajando en el último tiempo, tanto el Gobierno como el Parlamento, a los efectos de asegurar mayor transparencia en la gestión pública.
Concretamente, yendo a la parte más discutida por quienes me precedieron en el uso de la palabra, advierto que existe inquietud respecto del Consejo de Auditoría. Y se hace mucha cuestión en cuanto a los efectos que la acción de ese órgano podría provocar en la labor de la Contraloría General de la República o a su impacto sobre las instituciones que debería auditar.
Sin embargo, tal como lo mencioné al informar el proyecto -lo expresó también el Ministro señor Dockendorff -, se pretende legislar acerca de un ente que ya está funcionando; porque dicho Consejo tiene seis a siete años de labor práctica, y durante ese período no se ha verificado ninguno de los problemas aquí planteados, que son muy explicables.
Entre otros personeros, en la Comisión oímos a quien ejerce hoy como Auditor. De su descripción sobre el trabajo realizado, pareciera que el organismo en cuestión ha contribuido al objetivo central, cual es mejorar el control interno de la acción del Gobierno o, dicho de otra manera, de lo que depende administrativamente del Presidente de la República .
En tal sentido, nos parece que, al darse al Consejo de Auditoría un estatus legal en vez del meramente administrativo que tiene hoy -porque acciona en virtud de un decreto-, se le confiere capacidad para actuar con mayor plenitud y colaborar efectivamente a la consecución de los objetivos de transparencia y control de las acciones de los órganos de Gobierno.
Tal vez lo más inquietante -como lo manifestó el Senador señor Silva , cuya opinión todos respetamos y valoramos, pues sabemos que la emite con mucho fundamento y conocimiento de causa- tiene que ver con lo que esto puede representar respecto a la acción de la Contraloría.
Si bien el Contralor mencionó algunas preocupaciones de carácter procesal durante su participación institucional en la gestión y discusión del proyecto, al final su posición, que está consignada en el informe, es enteramente favorable a la iniciativa.
Como es importante tener presente aquello, cito sus palabras, que se consignan en el informe: "el proyecto fortalece el sistema de control interno gubernamental, elevando a rango legal la institucionalidad administrativa encargada internamente de asegurar el "control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal" de los servicios públicos, que compete ejercer a las "autoridades y jefaturas" conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
"Por lo tanto" -dice más adelante- "el proyecto es, en principio, conceptualmente coincidente con la idea reiteradamente manifestada por la Contraloría, de que un sistema de control interno adecuado incide favorablemente tanto en la eficiencia de los servicios de la Administración como en su apego formal y sustancial al ordenamiento jurídico.".
O sea, la existencia de una auditoría interna no es incompatible con el sistema que -por decirlo de algún modo- se halla bajo la tuición de la Contraloría General de la República. Por el contrario, si ambos entes están coordinados en debida forma, el Consejo de Auditoría resultará ser un complemento. Y el propio Contralor -repito- estima que "un sistema de control interno adecuado incide favorablemente tanto en la eficiencia de los servicios de la Administración como en su apego formal y sustancial al ordenamiento jurídico".
En opinión del Contralor, "un buen sistema de control interno gubernamental no puede sino repercutir de manera beneficiosa en la labor de la Contraloría General". Es decir, si se cumplen los objetivos normativos de esta propuesta (que haya la debida coordinación y sujeción a los procedimientos que establece el órgano contralor), el mecanismo de auditoría en comento colaborará en la tarea que la Contraloría debe realizar, porque contará con un ente que va a visualizar, alertar y adoptar medidas preventivas para evitar cualesquiera irregularidades que se puedan cometer en el ámbito de la acción de gobierno.
El Contralor señala luego: "Respecto de la coordinación del Consejo de Auditoría Interna con la Contraloría General de la República, la ley obliga adicionalmente al Consejo y a cada uno de los auditores considerados en esta ley a mantener una adecuada y permanente coordinación con el organismo contralor. Esta idea resulta muy significativa para asegurar que la implementación y funcionamiento del nuevo sistema legalmente establecido cumpla con las expectativas que deben esperarse de él.".
Por lo tanto, pienso que el problema no está en el diseño normativo del Consejo Auditor. Puede estar en la aplicación práctica. Pero si ese organismo no sigue los lineamientos que da el órgano contralor, entonces estamos frente a un problema, no de la norma, sino de incumplimiento de la ley. Y eso puede darse con Consejo o sin él.
La inquietud planteada, pues, resulta oportuna y necesaria. Me parece perfectamente válida y legítima, sobre todo cuando se debate la idea de legislar. Pero, al mismo tiempo, avalado por la visión del propio Contralor, considero que no deberíamos abrigar los temores aquí expuestos.
Repito: tanto por la experiencia práctica del funcionamiento de esta auditoría interna del Gobierno, que lleva varios años de gestión, como por la visión que la misma Contraloría tiene sobre el sistema de control interno, que adquirirá rango legal si se aprueba el proyecto, la proposición que nos ocupa pareciera estar bien ponderada y valorada por los entes involucrados.
Éste es, entonces, un punto más, que se complementa con otras normas, como las relativas a los procedimientos sumariales, que se mejoran, pues se agregan derechos para las partes comprometidas -por ejemplo, el de ser oído o el de tener mayores posibilidades de intervención e injerencia en ellos-; las atinentes a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para embajadores y funcionarios públicos respecto de parientes vinculados a acciones donde las autoridades deciden sobre contrataciones o licitaciones-, y las que otorgan flexibilidad financiera a la Contraloría, todas las cuales importan un beneficio adicional al objetivo de Estado -diría yo- de asegurar mayor transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones públicas.
Por eso, si bien existe un tema debatible, creo que la iniciativa está bien zanjada en lo fundamental.
Hay otras inquietudes susceptibles de abordar. Y me parece bueno consignarlas. Por ejemplo, las planteadas por los Senadores señores Silva , Ríos y Prokurica en cuanto al ámbito de acción del Consejo de Auditoría. Éste es un tema que bien puede ser analizado, pero en la discusión particular del proyecto.
Porque una cosa es el ámbito de acción en lo que es propio del ejercicio del Gobierno: sus ministerios; sus servicios públicos, tanto en la estructura centralizada como en la descentralizada territorialmente; me refiero a las intendencias, a las gobernaciones, a todos los organismos del gobierno regional (seremis, en fin). Creo que ahí existe una acción propia del órgano contralor o auditor interno del Ejecutivo. Sin embargo, pienso que hay que precisar y definir con mucha claridad el ámbito de acción de esta entidad respecto, por ejemplo, de las empresas públicas o de las Fuerzas Armadas. Estas últimas poseen estatutos que establecen sus propios organismos contralores. Entiendo -y si no, habría que clarificarlo- que lo que va a hacer el Consejo es coordinar la acción de lo que ya existe, porque de lo contrario no tendría sentido: habría una duplicidad innecesaria.
Por otro lado, en lo concerniente a las empresas públicas, el Senador señor Prokurica ha hecho presente en reiteradas oportunidades -la última vez, hoy- las dificultades existentes para obtener información. Y, a mi juicio, Su Señoría tiene toda la razón. Espero que con el proyecto de ley sobre acceso a la información pública tal inquietud sea zanjada definitivamente. En todo caso, en la presente iniciativa se agregan elementos que aseguran una mayor transparencia en ese sentido.
Me parece razonable que el Ejecutivo quiera tener alguna injerencia en el control interno de las empresas públicas de su dependencia, porque, al final, debe responder de lo que allí ocurra, sin que muchas veces cuente con los mecanismos necesarios para asegurar semejante compromiso. Y, aunque sea harina de otro costal, creo que la presencia de los Ministros en los directorios de dichas empresas no es la garantía que se busca para asegurar ese control. Mucho más efectivo, en mi concepto, puede resultar este mecanismo de control interno, pues, como se ha visto, la participación de Ministros en los directorios constituye una cuestión altamente discutible.
En consecuencia, si bien estimo que se pueden revisar en la discusión particular, en su sintonía fina, muchas de las instituciones que aquí se incorporan, creo que, en lo fundamental, estamos frente a un proyecto que, al menos respecto a la idea de legislar, debemos apoyar. Y, en lo personal, valoro especialmente los esfuerzos del propio Gobierno para mejorar su autocontrol -porque de eso estamos hablando-, sin perjuicio de coordinarlos con la labor del órgano contralor general, que debe llevar la voz cantante en estas materias.
Asimismo, considero válida la inquietud planteada por el Senador señor Cantero . Quizás nos falta trabajar otro poco en los distintos mecanismos de control, para lograr un sistema más claro y nítidamente coordinado. Pero, sin perjuicio del valor de ese antecedente o argumento, no me parece que ello sea un obstáculo para dar nuestro apoyo a un proyecto que en definitiva optimiza algo que ya existe; cuya experiencia práctica ha sido útil y valiosa para mejorar el control de los actos internos del Gobierno, y que, al obtener rango legal, sumado a los demás aspectos que cubre la iniciativa, constituye un paso adelante que podremos perfeccionar en la discusión particular.
Señor Presidente , deseo insistir en la proposición del Senador señor Silva en el sentido de oír la opinión de la Comisión de Constitución y de que el proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno para una consideración más detenida antes de que la Sala se pronuncie sobre la idea de legislar. Si así no ocurriera, nos veríamos en la necesidad de rechazarlo en general esta tarde. Y nuestro deseo, naturalmente, es que la iniciativa no naufrague. Sin embargo, las dudas de constitucionalidad sobre su aspecto esencial son tan significativas que impiden un pronunciamiento favorable antes de que ellas sean despejadas en forma previa.
El proyecto, como se ha dicho, es misceláneo. No sólo establece el Consejo de Auditoría Interna; además, contiene normas de diversa naturaleza. Y son estas otras, en particular las que tienen que ver con la contratación con el Estado, las que vienen a reforzar el compromiso con la probidad y la transparencia dentro de nuestro aparato estatal.
Pero, en el caso concreto del control interno, materia central del proyecto y la que le da su nombre, las dudas de constitucionalidad, planteadas con profundidad y claridad por el Senador señor Silva, resultan absolutamente incontrovertibles en cuanto a requerir un pronunciamiento más claro, de forma tal de excluir de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional el texto que en definitiva sancione la Sala.
Y a ellas, señor Presidente , yo agregaría otra. La iniciativa radica la unidad de control, de manera esencial, en el Ministerio de Hacienda, al cual asigna un rol que ciertamente no es el que la Constitución Política confiere a las Secretarías de Estado.
Ahora bien, no hay que confundir la unidad propuesta con aquella que hoy existe, creada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre la base de los artículos 24 y 32 de la Carta Fundamental y radicada directamente en la Presidencia de la República para el cumplimiento del mandato constitucional entregado al Primer Mandatario, quien se valió de este mecanismo de control interno establecido en tal oportunidad.
La que ahora se nos plantea es, en cambio, un verdadero servicio público nuevo, incorporado básicamente -repito- en el Ministerio de Hacienda, el que, así, pasa a tener un carácter especial, con tuición sobre todo el conjunto del aparato del Estado. Y esto, sin duda, exorbita lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución, que define su campo de acción como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado, sin ejercer control sobre lo que realicen, no sólo el resto de las Carteras, sino también las demás instituciones estatales, en particular los órganos autónomos.
Estimo, pues, que el proyecto presenta dudas objetivas de constitucionalidad, las cuales deben ser aclaradas en forma previa. Por eso, pedimos un informe de la Comisión de Constitución acerca del punto mencionado, para que podamos legislar bien, para que lo hagamos conforme a la Carta Fundamental y para que demos a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado la jerarquía que le corresponde, observando y respetando en particular lo que dispone su artículo 11, referido justamente al tema del control interno.
En síntesis, para no vernos forzados a votar negativamente la idea de legislar, reiteramos nuestra petición en orden a que el proyecto sea informado en cuanto a su constitucionalidad por la Comisión de Constitución y a dar a la Comisión de Gobierno la oportunidad de profundizar su análisis sobre la materia.
Se ha hecho mucho caudal acerca de la intervención del señor Contralor General de la República en el último de los organismos mencionados. Pero, como consta en el informe, el conocimiento que dicho personero tuvo del proyecto fue próximo al momento en que se lo llamó a emitir opinión en la Comisión, lo que ciertamente -sin incurrir en improvisación o apresuramiento- impidió contar con una reflexión más corporativa al interior de la Contraloría General de la República, que se halla en condiciones, como ningún otro servicio, de aportar luces en el análisis de este tema.
Por esas razones, señor Presidente , reiteramos la petición ya formulada, a fin de evitar el rechazo de la idea de legislar en esta materia, dejando constancia de que entre tanto seguirá funcionando la unidad de control creada por el Presidente de la República .
Señor Presidente , tengo la impresión de que no se ha leído con detención -seguramente por falta de tiempo- el informe de la Comisión de Gobierno.
Deseo reafirmar lo planteado por su Presidente en el sentido de que consideramos muy atentamente las diversas opiniones. Y no sólo escuchamos las del titular de la Contraloría General, sino también las del Secretario General , con quien dialogamos acerca de si la iniciativa podría generar duplicidad de funciones en dos entidades fundamentales para la buena administración de los asuntos públicos.
Ahora bien, independiente de si la Sala acuerda el trámite a la Comisión de Constitución, a juicio de quienes seguimos atentamente su tramitación, el proyecto es la continuación de la primera gran comisión creada en Chile, en 1992, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, oportunidad en la que a varios Senadores les correspondió destacada participación. Se analizaron detalladamente temas relativos a probidad, a transparencia, a modernización del aparato público del Estado.
Por consiguiente, el texto que ahora se propone no es sino una continuidad, al igual que una serie de iniciativas ya aprobadas por el Congreso. Se trata de una formulación más estricta sobre cómo generar condiciones para que al interior de la Administración Pública se ejerza efectivamente un control ex ante que signifique una asesoría adecuada al Presidente de la República , y también a los Ministros, en particular al de Hacienda, por razones obvias: para evitar la aplicación de medidas que pudieran dañar el patrimonio público o menoscabar la imagen de la Administración del Estado.
Quienes hemos estudiados atentamente el proyecto pensamos que se avanza en el sentido correcto.
En diversas oportunidades consultamos si las disposiciones ahora planteadas generaban dificultades a la Contraloría. Tenemos claro que ésta desempeña un rol muy importante, pero fundamentalmente lo lleva a cabo después de materializado el acto administrativo. Muchas veces carece de facultades o de capacidad para generar condiciones que le permitan examinar con atención los procesos administrativos antes de que se perfeccionen.
Nos ha parecido de extraordinaria relevancia legislar sobre el control interno, que ya está funcionando en la Administración Pública, en algunas partes -según nos consta- con mucho éxito, y en otras, todavía con bastantes dificultades.
Sabemos del rol que juega la contraloría interna en la estructura de las Fuerzas Armadas. Por cierto, nos parece un buen modelo, siempre que se asuma la naturaleza de los órganos públicos y que se generen al interior de cada una de ellas condiciones que les permitan aplicar medidas preventivas cuando los actos administrativos se alejen de la normativa legal pertinente.
En consecuencia, no visualizo las dificultades que ahora se plantean. Tampoco veo que se vaya a producir duplicidad de funciones.
La única prevención acerca de la entidad que se crea -la cual de alguna manera ya existe- se refiere a la posibilidad de que signifique mayor gasto público innecesario. Y aun en la eventualidad de que se presentara alguna duplicidad con la Contraloría General de la República, nos parece fundamental que el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno apoye, coordine y supervigile a cada uno de los entes públicos.
Por eso, estimamos importante avanzar en tal sentido.
Y una última consideración, señor Presidente .
Es claro que la Administración Pública ha cambiado en forma muy rápida. Hay en ella un dinamismo transformador que no necesariamente está del todo bien asumido por los organismos fiscalizadores y contralores. El país ha cambiado. La Administración del Estado es distinta. En los últimos años el Parlamento generó condiciones para que la de ahora no tuviera que ver con la de hace 15 ó 16 años. Hemos creado diversas entidades. Por lo menos hay dos Ministerios más y nuevas instituciones cuyas funciones se enmarcan en los temas que forman parte de las preocupaciones ciudadanas. En fin.
Por lo tanto, ante una Administración Pública diferente, requerimos un sistema de fiscalización y de control más eficiente que el de la Contraloría, que es ejercido dentro de determinado ámbito.
En ese sentido, nos parece bien la creación del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, sobre todo porque en un país como Chile, esencialmente presidencialista, es conveniente que el Primer Mandatario sea asesorado de modo permanente en los actos públicos que puedan significar gastos públicos innecesarios.
Dado ese hecho, en nuestra opinión, el Consejo de Auditoría Interna avanza en el sentido correcto y no genera duplicidad respecto de la labor que realiza la Contraloría General de la República.
Voy a votar a favor del proyecto. Pero si la Sala lo estima necesario, no existe inconveniente para que vaya a la Comisión de Constitución.
Si Sus Señorías leyeran con detención el informe, sabrían que en la Comisión hicimos todo lo posible por consultar a quienes pudieran entregarnos una opinión ilustrada respecto de temas tan complejos como los expuestos esta tarde.
Si le parece a la Sala, hará uso de la palabra el Director de Presupuestos, señor Mario Marcel.
Señor Presidente , las materias que ahora estudia el Senado las hemos denominado de "transparencia fiscal". Formaron parte de un conjunto de ideas originalmente integradas en otras iniciativas, hoy día en distintas etapas de tramitación en el Congreso.
Tras una revisión, se concluyó que la mejor forma de acometer esa misión era separándolas en dos proyectos de ley.
Dentro del relativo a la "transparencia fiscal" se incluyen las normas propuestas sobre Auditoría Interna de Gobierno, las cuales esta tarde han sido objeto de discusión.
Con este proyecto hemos buscado fortalecer los sistemas de control, no debilitarlos. Pretendemos desarrollar un sistema de auditoría interna, no para reemplazar otros organismos de control existentes, sino más bien para extender o fortalecer el poder administrador destinado a ejercer el control interno en las instituciones del Estado.
Quizás la mejor forma de entender la legislación que proponemos, en particular el Título I, es leer su texto en sentido inverso.
Primero, se formaliza la función de auditores internos en las instituciones públicas. Atendiendo a una observación como la que acaba de hacer el Senador señor Silva , se establece que el auditor institucional dependerá directamente del jefe superior, a quien prestarán apoyo en las tareas vinculadas al funcionamiento y fortalecimiento del sistema de auditoría y control interno. Es decir, primero que todo, en los servicios públicos, conforme a la lógica del principio del control jerárquico, se incorpora la figura del auditor interno.
En seguida, cuando se plantea la creación de los auditores ministeriales, las funciones asignadas al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno -tema objeto de bastante debate- tienen que ver con coordinar, proponer y analizar materias de auditoría interna, pero no con ejecutarlas directamente.
Ése es el sentido que se intenta dar al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, cuyas funciones, según el artículo 5°, serían:
"a) Proponer, coordinar e implementar políticas y planes y programas de auditoría interna"...
"b) Verificar, analizar y evaluar los resultados, proyecciones y obstáculos de las auditorías y otras acciones desarrolladas por los órganos de la Administración el Estado"...
"c) Conocer, hacer observaciones y aprobar la formulación de planes y programas ministeriales institucionales"...
"d) Requerir la ejecución de auditorías de carácter selectivo con el objeto de propender al fortalecimiento de la probidad"...
"e) Proporcionar orientaciones, instrumentos y normas técnicas"...
"f) Someter a la consideración del Presidente de la República estudios e iniciativas legales y reglamentarias"...
"g) Evacuar informes en materias de su competencia requeridos por el Presidente de la República"...
"h) Ejercer las demás funciones que le encomiende el Presidente de la República"...
Es decir, lo que hace, esencialmente, la institución que se crea acá es coordinar, fortalecer, apoyar la función de los auditores internos. No es un organismo que ejerza directamente funciones de auditoría sobre la Administración.
Ése es el sentido fundamental de lo que se encuentra establecido en este proyecto. Ello es producto -como aquí se señaló- de la experiencia habida con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que ha funcionado al amparo del decreto citado, y, también, de las consultas que hicimos con expertos.
Entonces, en ese sentido, lo que buscamos y la cuestión sobre la cual es importante avanzar dice relación a si creemos que vale la pena, que es útil para la Administración Pública, el que el Poder Administrador del Estado , el Ejecutivo , cuente en las instituciones públicas con una red de auditores internos que apoyen a los jefes de servicio y que exista una entidad que coordine, que preste apoyo técnico a esos especialistas.
Indudablemente, dentro de esa idea general, que responde a una tendencia observada en muchos países -diría que Chile, en este momento, no contando con un sistema de auditoría interna, es más una excepción que parte de una regla-, todo lo aquí planteado es perfectible. Nosotros concurriremos a todas las instancias que nos señale el Honorable Senado para analizar el contenido del proyecto y mejorarlo.
Pero, para terminar con este punto, simplemente quisiera aclarar dos cosas, en particular con relación a la Contraloría General de la República. Primero -siguiendo lo indicado por el Senador señor Larraín -, lo que ha sido la experiencia durante los últimos años es la de no haber tenido ningún conflicto ni diferencia con el organismo contralor.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque he formado parte del Consejo durante toda la Administración del Presidente Lagos e incluso lo he presidido en los últimos dos años. Y en todo ese período hemos mantenido una relación de entendimiento, de coordinación.
En segundo lugar, también quisiera despejar la duda de que legislar sobre esta materia implica abandonar o debilitar la idea de reforzar las funciones de la Contraloría. Deseo recordar que, en cuanto Ministerio de Hacienda, hemos impulsado un proyecto para fortalecerla institucionalmente, el cual ha contado con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y que en estos momentos estamos en el proceso de discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 2006, durante el cual el señor Contralor, cuando se trató lo relativo a la entidad a su cargo, manifestó su conformidad con los recursos propuestos.
Y quiero subrayar que con el organismo contralor estamos conversando para fortalecer sus funciones, en particular para que cuente con el personal adecuado para desarrollarlas. Eso lo hacemos al mismo tiempo que proponemos legislar para institucionalizar el sistema de auditoría interna.
Por consiguiente, para nosotros no existe una oposición, por así decirlo, entre las dos cosas. Por un lado, nos interesa institucionalizar el sistema de auditoría interna, porque creemos importante que el Ejecutivo , en cuanto Poder Administrador , lo considere parte de sus funciones y que ello no descanse sólo en un órgano externo o en la conciencia o sentido de responsabilidad de cada individuo que integre la Administración. Es bueno que ésta cuente con un mecanismo que desarrolle una capacidad preventiva en ese ámbito. Lo anterior no obsta, por otra parte, a lo que podamos hacer para avanzar en dotar a la Contraloría General de la República de los recursos y medios para que cumpla adecuadamente con sus funciones. Quisiera dejar claro este último punto, tanto por la experiencia de los últimos años como por los asuntos en los cuales estamos trabajando con ese organismo.
Se encuentran inscritos para intervenir los Honorables señores Boeninger y Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , casi hay unanimidad para que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de verificar y precisar las cosas en que se ha manifestado objeción en la Sala.
Ojalá que este debate no se repita en una próxima sesión, sino que lo demos por hecho.
¿Iría a la de Constitución o a la de Gobierno, señor Senador?
Puede enviarse a ambas, pero, a mi juicio, lo mejor es que sea a la primera de ellas solamente.
Parece no haber problema en ello.
Hago presente que queda poco tiempo.
Señor Presidente , por lo menos desde el punto de vista de la Comisión de Gobierno -no están todos sus miembros, pero recién hablé con el Senador señor Núñez -, no tenemos inconveniente.
Creo que las dudas planteadas tanto por el Honorable señor Silva como por otros señores Senadores requieren un análisis sobre todo de la Comisión de Constitución, sin que sea necesario que el texto vuelva a la de Gobierno, donde hicimos un análisis razonablemente bien presentado y avalado.
Señor Presidente , justamente había pedido intervenir para solicitar que la iniciativa se enviara a la Comisión de Constitución, a fin de no repetir un debate que ha sido muy largo en la de Gobierno, pero, además, pensando en lo siguiente.
En lo personal, creo que el proyecto es de la mayor importancia. Sin embargo, se han presentado reparos legítimos. Me parece que sería bueno que la Sala lo votara -desde luego, porque es de quórum- en el momento en que empezara a restablecerse la asistencia normal. Todos sabemos que eso tiene una fecha fija perfectamente conocida. De modo que la vuelta a Comisión permite dilucidar las dudas y, al mismo tiempo, votar con asistencia plena en la Sala.
Señor Presidente , veo que estoy en completa minoría. Pero igual quiero decir que la idea de que, cuando hay diferencias, un proyecto pase siempre y en general a la Comisión de Constitución o a la de Hacienda me parece un pésimo procedimiento legislativo, porque eso significa inhibir al resto de los órganos técnicos para efectuar el análisis que les corresponde, así como establecer una especie de Comisión contralora.
No estoy de acuerdo con ese mecanismo; pero, si lo apoya el parecer de la Sala, quiero dejar estampada mi opinión al respecto.
Si no hay objeciones, y con la observación planteada por el Senador señor Gazmuri, el proyecto se enviará a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud de Su Excelencia el Vicepresidente de la República para que el Senado otorgue su acuerdo con el objeto de designar a los señores Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Ernesto Livacic Rojas como representantes del Primer Mandatario en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre la solicitud (S 828-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.
Gobierno, sesión 43ª, en 19 de octubre de 2005.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- En conformidad a la ley Nº 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, integrarán el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, dos representantes del Presidente de la República , nombramiento que requiere el acuerdo del Senado. En consecuencia, Su Excelencia el Vicepresidente de la República formula la solicitud correspondiente para designar con ese carácter a los señores Fontaine y Livacic.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cantero, Larraín y Núñez, coincidió en que los candidatos propuestos reúnen todas las exigencias profesionales y de idoneidad para el desempeño de tales funciones.
El pronunciamiento afirmativo de la Sala debe ser por la mayoría absoluta de los señores Senadores presentes.
Existe un acuerdo de Comités en el sentido de que la solicitud sea aprobada sin debate, lo que no obsta al informe sobre el asunto.
Como Presidente de la Comisión, sólo quiero señalar que efectivamente nos reunimos con los dos candidatos propuestos. Creo que vale la pena consignarlo, aunque sea en forma breve, porque me parece un precedente muy positivo el adoptado por esta Corporación en el sentido de que, respecto de cada designación que requiera su acuerdo, las personas sugeridas sean recibidas por la Comisión correspondiente, con el objeto de generar procedimientos que mejoren el trabajo del Senado.
En el caso de que se trata, tanto el señor Ernesto Fontaine como el señor Ernesto Livacic son, como lo destacan sus currículum -se trata de personalidades conocidas, por lo demás, en el medio nacional-, altamente competentes en su ámbito profesional y de una idoneidad que los hace especialmente aptos para desempeñarse en el cargo.
Sin perjuicio de que la decisión corresponde a la Sala, la Comisión ha efectuado su cometido en los términos descritos y ha quedado conforme en el sentido de que los candidatos propuestos por el Vicepresidente cumplen con los objetivos que la ley demanda para una designación de la entidad de la que nos ocupa.
En todo caso, deseo manifestar que hay un error de hecho en los roles únicos tributarios acompañados a la documentación, aun cuando constituya una cuestión meramente formal.
Se hará la aclaración del caso, señor Senador.
Como los Comités acordaron que la solicitud se aprobara sin debate y existió unanimidad en la Comisión, ¿habría acuerdo para acogerla?
Ello, en el entendido de lo manifestado en la reunión de Comités en cuanto a que esto corresponde a una designación específica cuya modalidad no se encuentra establecida en la ley. ..
... y, por tanto, no significa sentar un precedente respecto de otros nombramientos.
Efectivamente, Su Señoría.
--Se accede a la solicitud de Su Excelencia el Vicepresidente de la República.
Con relación al tratamiento del siguiente asunto, pido autorización para que se incorpore a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga para el año 2006 la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante 2005 y establece un mecanismo de compensación, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4015-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 19 de octubre de 2005.
Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
El objetivo de la iniciativa es mantener durante el año próximo el régimen vigente para la distribución del Fondo Común Municipal, esto es, los coeficientes de 90 y 10 por ciento que establece el artículo 38 de la Ley de Rentas Municipales.
En caso de que las municipalidades vieren reducidas las cantidades que se estime recibirán del Fondo en 2006, con relación a los montos percibidos durante el presente año, obtendrán una compensación que cubrirá el ciento por ciento de la disminución de ingresos.
Las Comisiones unidas aprobaron en general y en particular el texto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Boeninger, García, Larraín, Ominami y Núñez) en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la iniciativa debe ser debatida en general y particular a la vez por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Ofrezco la palabra al Honorable señor Larraín.
Rendiré un informe muy breve, como Presidente de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, que se constituyeron hoy en la mañana para revisar la iniciativa en estudio, cuya estructura es bastante simple.
Básicamente, se propone mantener para 2006 el mismo régimen de distribución del Fondo Común Municipal habido en 2005, de manera de garantizar que todos los municipios reciban recursos por una cantidad similar a la percibida durante el presente año.
¿Qué es lo que ocurre? Se trata de la aplicación de los indicadores conforme a los cuales se reparte dicho Fondo, el cual se halla estructurado en dos partes: 90 por ciento del total es objeto de un coeficiente de distribución por determinado camino y 10 por ciento corresponde a un criterio diferente. Esa fórmula, debido a los cambios que se producen en la realidad, agravados en este caso por la Ley de Rentas Municipales, puede significar que algunos municipios reciban en 2006 -como ocurrió inicialmente en 2005- menos aportes que en el año anterior.
Y así como lo hicimos respecto del año en curso, el proyecto apunta a que, cualquiera que sea la aplicación de los índices a que me he referido -éstos se encuentran establecidos por la ley que regula la creación del Fondo Común Municipal-, durante 2006 se mantenga a lo menos lo mismo que se percibió en 2005. En el año en curso se realizó lo propio respecto de los ingresos de 2004. De esa forma, los municipios podrán mejorar su participación en los recursos de ese origen, pero no percibir montos inferiores que los ya recibidos.
El tema central es que el Fondo Común Municipal se halla en revisión, porque los coeficientes producen de repente distorsiones. No obstante las bondades del sistema, que ha permitido una cierta redistribución del ingreso municipal, apoyándose por esta vía a comunas descentralizadas y a comunas más pobres, ha habido ciertas alteraciones.
Sobre el particular, el Ejecutivo , a través de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, informó que próximamente ingresará a trámite legislativo un proyecto para reestudiar la estructura del Fondo, de manera de poder adecuarlo a las nuevas realidades y evitar la distorsión.
Por lo tanto, con esta iniciativa estamos haciendo lo mismo que antes resolvimos para este año, cual es que, mientras no se efectúe la revisión, se apliquen en 2006 los índices que corresponden, pero asegurándose que en ningún caso los municipios perciban un ingreso menor que en el año presupuestario 2005. Para esos efectos, se establece que recibirán una compensación económica, la cual se obtendrá en virtud de la Ley de Presupuestos.
Por tal motivo, los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas -las cuales se reunieron durante la mañana-, solicitamos de manera unánime que este proyecto sea aprobado también por la Sala en los términos propuestos.
Desde luego, me pronunciaré a favor de la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad.
Sin perjuicio de lo anterior, deseo señalar que existen inequidades entre municipios de la misma categoría y condiciones, por cuanto unos reciben 2 mil millones de pesos del Fondo Común Municipal, por ejemplo, y otros, 700 millones de pesos, a pesar de que presentan similar situación socioeconómica y más habitantes.
La Región que represento comprende 26 comunas donde se registra ese tipo de desigualdades. Entonces, la gente pregunta qué pasa y piensa que se han hecho arreglos, ante lo cual sólo cabe responder que no media ninguno y que eso se debe a los coeficientes.
¡Algo está mal! Y es necesaria una revisión, porque se produce una inequidad evidente, sobre todo en los municipios más pequeños.
Estoy de acuerdo en aprobar el proyecto como lo ha presentado el Ejecutivo, pero está claro que los coeficientes deben ser reestudiados. Ojalá que ello ocurra con motivo de la iniciativa anunciada, con relación a la cual estaremos muy atentos.
Señor Presidente , votaré a favor del texto que nos ocupa, pero quiero advertir lo siguiente.
Comparto lo manifestado por el Senador señor Sabag, mas deseo agregar otro elemento que es oportuno comenzar a analizar en el futuro con respecto a estas disposiciones.
Hace aproximadamente un mes y medio intervine en la hora de Incidentes acerca de las nuevas orientaciones en materia de asentamientos urbanos entregadas por el último censo, del año 2002. En aquella ocasión señalé que en Chile se había creado, casi en forma espontánea, una suerte de eje central, con bastante fortaleza, compuesto por ciudades como Rancagua, Curicó , Talca, Linares , Chillán , Los Ángeles , Temuco, Osorno , en fin; y hacia el norte, por Arica, Iquique , Antofagasta, La Serena, Copiapó .
Y eso es verdad. La emigración que iba rumbo a Santiago se detuvo en parte, porque en esas ciudades la gente encontró servicios que no tenía antes: universidades; salud, con todas las especialidades; comercio y otros, en fin, de apoyo diverso. Esto, sin duda, beneficia al país, por cuanto se estructuran asentamientos humanos más poderosos, más fuertes.
Sin embargo, junto con lo anterior, expresé también que cuarenta comunas, a lo menos, iban derechamente a desaparecer en los próximos tiempos. Incluso adelanté una cifra: 10 años. Y la razón era evidente.
Mi planteamiento fue a propósito de una intervención que, cuando se discutía el llamado "proyecto de ley de Rentas Municipales II", hizo el Senador señor Espina , quien recordó que la comuna de Lumaco tenía como presupuesto de inversión sólo 10 millones de pesos. Su Señoría, conociendo las características de Lumaco y el costo que significaba su administración sólo por concepto del concejo municipal, concluía que este último se quedaba con algo así como 36 millones de pesos -es lo que implican tanto el alcalde como los concejales- y que otros 10 millones de pesos se repartían en obras a beneficio de los habitantes. Es decir, 36 millones de pesos para siete personas y 10 millones de pesos para 11 mil personas.
Lo anterior significaba, a su vez, otro hecho: del análisis de los presupuestos de las cuarenta comunas mencionadas -tuve la oportunidad de conocer muchos de ellos- se desprendía que, efectivamente, el costo de varios concejos municipales sobrepasaba el uno por ciento del presupuesto global de la comuna respectiva. Y en muchos casos se superaba en 200 ó 300 por ciento el presupuesto de inversión.
¿Por qué señalo esto, señor Presidente ? Porque es evidente que tenemos que ir avanzando hacia una nueva forma de administración de aquellos asentamientos humanos que están concluyendo su vida útil. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es así.
Lo anterior significa que deberán existir distintos criterios, tanto para la asignación de recursos -dependiendo de si queremos fortalecer o no este eje central- como para resolver cuál será el destino de esas sociedades comunales, rurales o mineras, que también tienden a desaparecer y cuya mantención implica un costo muy alto para el Fisco.
Hay comunas que, por sus importantes efectos geopolíticos, resulta indispensable mantener. Otras, no, por cuanto el enorme gasto que representa su administración termina provocando desilusión en sus habitantes en materia de inversión y desarrollo.
Lo expuesto constituye un hecho real que, como dije, amerita la reformulación de la Administración del Estado en el ámbito comunal.
Por último, el Fondo Común Municipal tiene efectos positivos.
Algo que, en general, no acepto en mis conversaciones con los alcaldes y concejales es que me hablen de "comunas pobres". Las comunas no son entes autónomos territorialmente distintos del Estado chileno. Y éste no es pobre, sino que cuenta con recursos suficientes. Hoy día tiene excedentes cercanos a 3 mil 800 millones de dólares.
Por tal motivo, esa pobreza comunal radica, de modo básico, en una sola cosa: en la incapacidad de la autoridad local para ejercer las funciones que le son propias y la potestad que la Constitución le entrega para coordinar la acción pública; asumir compromisos y responsabilidades de otros personeros que no actúan dentro de su jurisdicción; conocer el Presupuesto de la Nación y ver su aplicación, etcétera. Son tantos elementos que, en definitiva, generan el establecimiento de otras normas destinadas a marginar la investigación y fiscalización de tales autoridades, quienes, desde mi punto de vista, están destruyendo el futuro de los habitantes de esas comunas.
Por tal motivo, señor Presidente , voy a votar a favor de la iniciativa. Pero advierto que, en mis futuras intervenciones, alentaré a otros señores Senadores interesados también en el problema de los asentamientos humanos a observar la nueva realidad geográfico-política, en que 40 comunas deberán desaparecer, y el fortalecimiento de ese eje central tan poderoso, que permita al país crecer de manera más armónica.
La señora Subsecretaria me había pedido la palabra.
Puede hacer uso de ella, con la venia de la Sala.
Señor Presidente , quiero intervenir, en forma muy breve, en función de los antecedentes señalados por los señores Parlamentarios.
El proyecto sobre rediseño del Fondo Común Municipal -esperamos que llegue al Congreso el próximo lunes-, en el cual se ha trabajado exhaustivamente con la Asociación Chilena de Municipalidades, busca simplificar el conjunto de variables con las cuales se calcula hoy el Fondo y, además, eliminar el 10 por ciento que se reparte por concepto de eficiencia y emergencia. En fin, es una materia compleja y que requiere mayor tiempo para realizar una discusión en profundidad.
Estamos convencidos de que se trata de una buena iniciativa. Sin embargo, dado el sistema de tramitación legislativa, hemos propuesto prorrogar la actual distribución del Fondo Común durante el año 2006, de modo de garantizar -como bien decía el Senador señor Larraín - que ningún municipio reciba una cantidad inferior a la percibida en 2005. Ésta podrá aumentar, pero en ningún caso disminuir.
En seguida, deseo expresar lo siguiente.
El Fondo Común ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo. A fines del año pasado informamos que ascendía a 400 mil millones de pesos; durante 2005 ha llegado a 430 mil millones, que han sido repartidos por la Tesorería General de la República a todos los municipios; y es probable que el próximo año, con los ingresos provenientes de la Ley de Rentas II, bordee los 480 mil millones de pesos.
En cuanto a lo planteado por el Senador señor Ríos , es indudable que constituye un tema muy de fondo. Pero, considerando la geografía de Chile, vale la pena preguntarse cómo se administran territorios que son muy aislados, muy lejanos, pero respecto de los cuales existe el interés geopolítico de mantener en ellos la población. Por lo tanto, contamos con municipios de estructura muy pequeña para administrar zonas bastante grandes, y con localidades pequeñas donde hay gran concentración de personas. Pero ésa es la realidad del poblamiento del país.
Creo que la iniciativa sobre rediseño del Fondo permitirá abocarse a esos aspectos, que preocupan tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
El proyecto en debate posibilitará contar el próximo 1º de diciembre con un instrumento para repartir la cuota del Fondo Común a todos los municipios, manteniendo las actuales condiciones y garantizando que ninguno de ellos baje su participación, de la cual vive un importante número de comunas.
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría la iniciativa.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, cuya tramitación queda terminada.
Como la iniciativa sobre abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y la relativa al genocidio y crímenes de lesa humanidad y de guerra tienen carácter orgánico constitucional, las trataremos en último término, porque en este momento no hay quórum.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile", suscrito el 24 de julio de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2517-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 10 de julio de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es asignar a la cláusula democrática que impera en el Mercosur un carácter jurídico vinculante.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Larraín, Martínez y Pizarro), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, y propone al señor Presidente que la Sala lo discuta en la misma forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
¿Qué opina al respecto el señor Presidente de la Comisión?
Me parece que basta con la relación del señor Secretario.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, el cual queda despachado en este trámite.
Señor Presidente, yo estaba pidiendo la palabra.
Le doy excusas.
Señor Presidente , yo habría sido partidario de aprobar este Protocolo después de que lo hiciera el Congreso boliviano.
¡Hay que saber qué opina don Evo Morales acerca de este instrumento...!
¡Está equivocado de película, Honorable colega...!
En verdad, Bolivia no respeta para nada lo señalado en este Acuerdo.
Pienso que no es bueno acoger algo que otros países no están dispuestos a sancionar.
Pero con Bolivia estamos asociados al Mercosur. Y el Protocolo se refiere al compromiso democrático de dicho organismo.
Pero obliga a ambos países a asumir ese compromiso.
Chile no tiene problema en asumirlo.
Correcto; pero el compromiso es del Mercosur.
¡Con mayor razón!
Hemos conocido las declaraciones de un candidato a la Presidencia de Bolivia que sostiene que, si no es elegido Presidente , el pueblo indígena se tomará las calles y los caminos. A lo mejor, según el criterio de algunas personas de la nación altiplánica, eso es muy democrático.
Por eso, me habría gustado que el Parlamento de ese país aprobara el Protocolo antes que nosotros, para no quedar en esta especie de soledad democrática en que está viviendo Chile dentro de América Latina.
En todo caso, ya se aprobó el proyecto de acuerdo. ´
Se dejará constancia de las importantes declaraciones que ha hecho el señor Senador sobre el punto.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre aclaración del sentido de la Ley de Quiebras en la forma que indica, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3965-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 14 de septiembre de 2005.
Economía, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
Dejar claramente establecido que los números 10 y 14 del artículo único de la ley Nº 20.004 derogaron los antiguos artículos 30 y 35 de la Ley de Quiebras.
Incorporar al Libro IV del Código de Comercio la Ley de Quiebras y sus modificaciones, bajo la denominación "De las Quiebras", excluyendo el Título II de la Ley de Quiebras, que se mantendrá como Orgánica de la Superintendencia de Quiebras .
La Comisión de Economía acordó debatir el proyecto en general y en particular a la vez, por ser de artículo único, y proponer al señor Presidente que la Sala proceda en la misma forma, y le prestó su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cariola, García y Vásquez.
En la discusión particular, efectuó una modificación al proyecto despachado por la Cámara de Diputados, la cual consiste en incorporar al Libro IV del Código de Comercio la Ley de Quiebras y sus modificaciones, salvo lo relativo a la Ley Orgánica de la Superintendencia, enmienda que fue acordada también por unanimidad.
El texto propuesto por la Comisión se transcribe en su informe.
En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente , la Comisión de Economía, en forma unánime, estimó necesaria la aprobación de esta iniciativa, pese a ser bastante curiosa.
Ocurre que, al dictarse la Ley de Quiebras, la Editorial Jurídica interpretó que los artículos 30 y 35 de la ley Nº 18.175 no estaban derogados, no obstante haber sido reemplazados por otras normas, en virtud de los números 10 y 14 del artículo único de la ley Nº 20.004.
Dado que esa Editorial es la encargada de publicar las normas jurídicas y que ella había realizado una interpretación a nuestro juicio incoherente, concordamos en la necesidad de establecer expresamente que los numerales 10 y 14 derogaban tácitamente los referidos artículos 30 y 35. Y se aprovechó la iniciativa para incorporar en el Código de Comercio la Ley de Quiebras, bajo la denominación "De las quiebras", dejándose en claro que ésta es una materia que debe formar parte de aquél.
Por tal razón, la Comisión de Economía recomienda a la Sala que apruebe el proyecto.
Señor Presidente , el proyecto tiene importancia, además, en cuanto mantiene la historia fidedigna y completa de la dictación del Código de Comercio, a partir del año 1867. El Libro IV, "De las quiebras", estaba contenido en el Código original. Con posterioridad, lo modificó la ley Nº 4.558 y quedó como texto separado.
De allí que la Comisión, de acuerdo con la Superintendencia de Quiebras, haya estimado necesario volver a la tradición, dejar lo relativo a las quiebras como parte integrante del Código, por ser tal asunto de la esencia del comercio, y mantener como texto orgánico separado la ley relativa a la Superintendencia.
Por consiguiente, señor Presidente, solicito aprobar el proyecto en los términos ya informados por el señor Secretario.
Con todo respeto, señor Presidente , me parece que dictar una ley para decirle a la Editorial Jurídica que está equivocada es dar demasiada importancia a tal entidad. Si se equivocó, hay que mandar una carta para que corrija su error. Eso es todo. O, por último, puede aprobarse un proyecto de acuerdo. Pero creo que no le corresponde al Senado de la República aprobar una iniciativa legal porque la Editorial Jurídica interpretó mal un asunto. A lo más, cabría "dar un coscacho" a los personajes que incurrieron en el error, para que hagan bien las cosas.
Voy a votar favorablemente, porque la iniciativa consigna la otra norma a que se refirió el señor Presidente de la Comisión . Sin embargo, dejo constancia de que la dignidad del Parlamento implica que las actuaciones nuestras tienen vigencia porque la ley está dictada y no por estar equivocada la Editorial Jurídica.
Señor Presidente , sólo quiero señalar que, en una primera instancia, la Comisión de Economía tuvo la misma reacción del Senador señor Ríos . No obstante, la opinión del Ejecutivo y de la Superintendencia de Quiebras fue que, por no haberse producido una derogación explícita de los artículos en cuestión, resultaba mejor aprobar el proyecto. Por eso estamos procediendo de esa forma.
Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la iniciativa.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, el cual queda despachado en este trámite.
Tenemos un problema de quórum no menor para tratar las iniciativas que restan.
En ese entendido, propongo a la Sala realizar los debates ahora; dejar pendiente su votación para el inicio de la sesión ordinaria del martes próximo, y dejar sin efecto la sesión convocada para mañana.
Señor Presidente , omití hacer presente que había llegado a la Mesa el informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto relativo al Fondo Común Municipal, que ya se trató.
Lo doy a conocer, señor Presidente, para cumplir con el Reglamento.
Corresponde iniciar la discusión general del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece un sistema de regulación sobre abogados integrantes, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2950-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 43ª, en 19 de octubre de 2005.
El proyecto tuvo su origen en una moción de los Diputados señora Cubillos y señores Víctor Pérez, Álvarez, Forni y Moreira.
Su objetivo principal es establecer mayores grados de independencia, imparcialidad y responsabilidad para quienes ejercen como abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, modificando para ello las normas sobre implicancias y recusaciones, haciéndoles aplicables sistemas de calificaciones, introduciendo el mecanismo del concurso público en el proceso de designación, prolongando el plazo de duración en el cargo, mejorando sus remuneraciones y aumentando las prohibiciones que rigen para tales profesionales cuando se desempeñen en aquella calidad.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Espina, Larraín y Viera-Gallo), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
En la discusión particular, la iniciativa también deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda.
Finalmente, corresponde tener presente que los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 1º, y los artículos primero y segundo transitorios tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , este proyecto de ley, en el fondo, replantea un debate que se viene realizando desde hace varios años, consistente en determinar si es necesaria la institución de los abogados integrantes.
La Comisión optó por el camino de mantener los abogados integrantes y establecer una nueva regulación, mucho más estricta, respecto de la forma como se nombran, de las inhabilidades para ejercer el cargo, de las implicancias en las recusaciones y de un conjunto de otras materias que se contienen en esta iniciativa. Ello, entre otras cosas, porque para terminar con los abogados integrantes es necesario contar con más Ministros titulares de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y el aumento consiguiente es de competencia exclusiva del Presidente de la República . El Parlamento no tiene facultades para eliminar a los abogados integrantes y dejar a los Tribunales Superiores de Justicia sin esta institución, toda vez que, como expresé, ello obliga a incrementar el número de Ministros titulares, lo cual es de competencia exclusiva del Primer Mandatario.
En síntesis, se define una nueva forma de provisión de los cargos de abogados integrantes. En lo esencial, se dispone, a objeto de hacer más transparente esta institución, que debe efectuarse un concurso público de antecedentes para que postulen los interesados. Luego se encarga a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, en su caso, la confección de las listas que contendrán el número exacto de nombres que sea necesario para elaborar las ternas, de tal manera que no queden postulantes sin posibilidad de ser incluidos en ellas y, eventualmente, nominados.
En segundo lugar, se amplían las causales de implicancia o recusación aplicables a los abogados integrantes. En este aspecto, se amplía la causal relativa al interés que pudiera tener el abogado integrante en la causa que le corresponda fallar, extendiéndola a las relaciones laborales, comerciales o societarias con el abogado o procurador de alguna de las partes que permitan presumir que su imparcialidad se encuentra comprometida.
En tercer término, se establece que los abogados integrantes serán calificados como los demás funcionarios del Poder Judicial , a fin de tener periódicamente una evaluación de su desempeño.
Otra materia que comprende el proyecto dice relación a la especialización de las salas, toda vez que se plantea que habrá que llamar a los abogados a integrar preferentemente una misma sala de la Corte Suprema, debiendo oírse al interesado antes de efectuar el llamamiento, conforme al orden asignado en la lista de nombramiento.
En seguida, se propone disminuir el número de abogados integrantes según la respectiva Corte de Apelaciones, señalando un número fijo para cada una de ellas.
Por otra parte, se modifica también el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la duración del nombramiento, estableciéndose un plazo de cinco años tanto para los abogados integrantes de la Corte de Apelaciones como para los de la Corte Suprema. La diferencia con el sistema actual reside en que ahora se renuevan anualmente.
Además, se hace aplicable a estos profesionales un límite de edad para ser designado abogado integrante, que es el mismo que afecta a los Ministros titulares, es decir, 75 años.
Asimismo, sin perjuicio de las acciones emanadas de los delitos que pudieren configurarse, en caso de incurrir los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema en alguna de las faltas disciplinarias que actualmente sanciona el Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo con el proyecto de ley en informe, de oficio o a petición de parte, el pleno del Máximo Tribunal conocerá de los hechos sin forma de juicio, escuchando a las partes, y determinará la existencia o no de las conductas allí señaladas. De ser así, se dispone que el abogado integrante será removido de su cargo.
Quizás una de las más severas limitaciones que se agregan al desempeño del cargo de abogado designado por el Presidente de la República para integrar la Corte Suprema es la que prohíbe patrocinar causas que se ventilen ante los tribunales de justicia desde que presten juramento y mientras se mantengan en el cargo.
Del mismo modo, se preceptúa que a los abogados designados por el Presidente de la República para integrar una Corte de Apelaciones les está prohibido patrocinar juicios que se ventilen ante la Corte respectiva o que sean de competencia de tribunales que ejerzan jurisdicción dentro del territorio de ella.
Además, los abogados integrantes no podrán desempeñar funciones en empresas públicas creadas por ley, ni en sociedades en que el Estado, en forma directa o indirecta, tuviere una participación mayor del 50 por ciento en su capital, administración o utilidades.
Finalmente, se hace aplicable a estos profesionales la obligación de prestar la declaración jurada de intereses que contempla la ley.
Estas enmiendas fueron analizadas y debatidas con los Ministros de la Corte Suprema y con los representantes del Poder Judicial. Creemos que constituyen un claro perfeccionamiento de las normas vigentes y vienen a despejar una serie de cuestiones que ponían en duda la eficacia de esta institución, en cuanto a que pudiera haber abogados integrantes que cumplieran una doble finalidad; es decir, por un lado, litigar causas en los mismos tribunales, y por otro, integrar salas con Ministros que en otras circunstancias deben fallar esos asuntos o los relativos a los estudios de dichos profesionales.
Por los motivos expuestos, la Comisión de Constitución aprobó en forma unánime el proyecto y solicita al Senado que proceda en igual forma.
Señor Presidente , deseo confirmar lo expuesto por el Senador señor Espina , quien, en mi concepto, explicó muy bien el contenido de la iniciativa.
La única duda que me asalta -la hice presente en la Comisión- es si los abogados integrantes deben ser nombrados por el Gobierno o por las Cortes. Porque primero se realizará un concurso, después habrá una lista confeccionada por la propia Corte y de entre los nombres que figuren en ella, eligirá el Gobierno.
Sin embargo, en principio, me parece más razonable que las vacantes sean llenadas mediante autogeneración o cooptación, porque, en el fondo, el abogado integrante reemplaza al Ministro y, por ende, debe ser de confianza del tribunal.
Ahora, es verdad que los Ministros son nombrados en parte por la Corte Suprema y en parte por el Gobierno. Pero, en fin, ése es un tema de discusión. Por ahora, no tenemos iniciativa sobre esta materia.
Señor Presidente , este proyecto deja las cosas mejor de lo que están hoy día. Pero es un arreglo un poco "a la chilena". Porque si uno asiste a cualquier seminario o lee algún libro sobre la justicia chilena, verá que nadie está de acuerdo con los abogados integrantes. Ésta es una mala forma de enfrentar una justicia que, en definitiva, termina siempre buscando al abogado integrante que puede mejorar las cosas para tal o cual lado.
Digamos las cosas como son. Aquí se está señalando que no tenemos iniciativa sobre esta materia. Entonces, no legislemos en aquellos asuntos respecto de los cuales carecemos de iniciativa y no hagamos las cosas menos malas, porque ésa es una mala solución.
Derechamente, lo que debe hacerse aquí, si a las Cortes les resulta difícil efectuar su trabajo porque faltan Ministros, es aumentar el número de éstos.
Es preciso hacer una fiscalización más acorde con lo que corresponde. Todos sabemos que en Santiago hay Cortes que, por ejemplo, demoran dos o tres años en ver un recurso. Por consiguiente, si se quiere ahogar a la contraparte, basta apelar en un juicio, dejando con ello archivado el proceso por tres años. Ésa es la realidad.
Una vez que concluya, Su Señoría .
Por lo tanto, habría que fiscalizar también qué hacen los jueces y determinar si su número es suficiente para la cantidad de causas que les corresponde ver. Con la reforma procesal penal, sin duda, va a bajar la carga de trabajo.
Sin embargo, ésta es una mala forma de resolver los problemas. Es una solución "a la chilena". Aquí hacemos menos malo algo que de por sí no corresponde a la orgánica misma de los Tribunales de Justicia.
Francamente, para uno es difícil votar en estas materias, porque, por cierto, el argumento va a ser: "¿Pero usted no desea que se arregle la situación actual?". Yo quiero que se arregle, pero para ello es necesario hacer una modificación de fondo. No dejemos el germen de algo que va en contra de lo que significa impartir justicia.
A quienes tenemos un mínimo de formación jurídica no nos agrada este tipo de arreglos "a lo chasquilla", "a la mala".
Se dice que el proyecto amplía las causales de implicancia y que no se va a poder tramitar. Claro: no van a poder tramitar en un tribunal superior, pero sí en los de primera instancia. ¿Y qué le pasa a un juez que sabe que el abogado integrante que está tramitando un juicio en primera instancia después integrará la Corte y lo evaluará? Todos sabemos de qué se trata esto.
Ojalá podamos dar una solución definitiva a este tema. En mi opinión, ella consiste en designar más Ministros, en caso de ser necesario.
Con la venia de la Mesa, le concedo una interrupción al Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , comprendo el celo justiciero del Honorable colega. Sin embargo, el razonamiento de que las cosas menos malas son peores que las más malas se oía más bien antaño en otras bancadas y, a mi entender, no lleva a buen puerto.
Las cuestiones se van mejorando de a poco. Y esta mejoría cuenta con el apoyo de la Corte Suprema.
En realidad, nadie puede sostener que nuestra administración de justicia es venal o corrupta; al contrario, se la considera limpia y honesta.
Además, esta iniciativa prohíbe muchas de las prácticas a que se refirió el Senador señor Prokurica .
Señor Presidente, en su minuto votaré a favor del proyecto.
Creo que la institución de los abogados integrantes tiene una larga historia en Chile y, en términos generales, ha contribuido positivamente al buen funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
No obstante, tengo algunas preocupaciones específicas -no fijaré posición sobre el particular, pero me parece que son aspectos que habrá que discutir con motivo del segundo informe-; y en esta ocasión abordaré sólo tres.
En primer lugar, me referiré a la norma que suprime definitivamente a los fiscales judiciales y transforma a los actuales en Ministros de las respectivas Cortes.
Creo que este paso obedece a los cambios experimentados por nuestra administración de justicia en los últimos años. Pero hago presente que simultáneamente está en discusión un proyecto, originado en mensaje, que transforma el sistema de fiscales judiciales para instalar de manera permanente al interior del Poder Judicial cierto mecanismo de control acerca del desempeño y conducta ética de los jueces. Hay una contradicción manifiesta entre las dos iniciativas, que deberá ser analizada en su minuto.
En segundo término, en el proyecto se establece el límite de edad para ser designado abogado integrante.
Al respecto, llamo la atención sobre el siguiente punto:
Las normas que fijan límites de edad en el acceso a determinadas funciones públicas están en la Constitución Política de la República. Pienso que una ley que los fije, sin que exista sobre el particular una disposición fundamental expresa, corre el riesgo de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, Nº 2º, de la Carta. Y hago presente que, según leí en el informe, el Ministro de la Excelentísima Corte Suprema don Urbano Marín , quien concurrió a emitir opinión a la Comisión, manifestó dudas sobre la conveniencia de fijar dicho límite, señalando que los tribunales superiores se habían beneficiado con la experiencia, el criterio, la ponderación de personas que estaban sobre la edad tope a que hice referencia.
Y, en tercer lugar, aludiré a un aspecto que me obliga a hacer una declaración personal.
Me corresponderá dejar el Senado el 10 de marzo próximo. No aspiro a ser abogado integrante de un tribunal superior de justicia. Sin embargo, este proyecto establece que quienes hayan desempeñado los cargos de Senador o de Diputado no pueden ser designados abogados integrantes dentro de los dos años siguientes a la fecha en que hayan cesado en el cargo.
Recuerdo sobre el particular que el artículo 59 de la Constitución fue modificado y se eliminó la restricción que existía para que quienes habían servido como Diputado o Senador pudieran ser designados para otras funciones públicas inmediatamente después de cesar en el cargo.
Creo que en esto tiene que existir algún grado de consistencia. Y, sin duda, habrá que analizar todos estos temas con detalle cuando se prepare el segundo informe.
Señor Presidente , debo confesar que, en el ejercicio profesional como abogado, siempre tuve dudas respecto de la existencia y el funcionamiento de los abogados integrantes, porque, en algunos casos bastante particulares, quienes eran nombrados como tales en forma persistente utilizaban algún grado de influencia ante los tribunales inferiores de justicia, incluso señalando, por ejemplo -me consta en lo personal-, "soy el abogado integrante tanto y ejerzo este cargo desde hace veinte años". Y, en consecuencia, miraba la situación con bastante recelo.
Sin embargo, el transcurso del tiempo me fue llevando en la práctica a la convicción de que, por lo menos en ciertos asuntos, la institución de los abogados integrantes es absolutamente necesaria. Quiero recordar, por ejemplo, que todas las materias sobre sociedades necesariamente deben ser de arbitraje forzoso. Los tribunales superiores de justicia no tienen jueces especializados en resolver este tipo de problemas, y a veces se encuentran con cuestiones de carácter bastante específico y profundo, muy complicadas desde el punto de vista de la doctrina, que son solucionadas gracias a la participación de abogados integrantes.
Lo mismo se da en el caso de los seguros, y sobre todo -ésta es una especialidad en la que yo laboré- en situaciones de resolución de juicios tributarios. Bueno, vamos a tener -espero que pronto- tribunales tributarios especializados. La experiencia que da la práctica profesional, el hecho de haber ejercido en esa materia, sea como ex abogado del Servicio de Impuestos Internos o como abogado asesor de los contribuyentes, han permitido que las sentencias hayan mejorado sustancialmente a lo largo del tiempo.
Por eso, con las debidas restricciones, llegué al convencimiento de que es necesario solucionar muchos de los problemas de carácter jurisprudencial por la vía de la incorporación de abogados especialistas que permitan a los tribunales de justicia dilucidar en forma debida las controversias que ante ellos se plantean.
De allí que me parece que el sistema de concursabilidad y de restricción que propone el proyecto permite superar la mayor parte, si no la totalidad, de los problemas que observamos en la actualidad respecto de la forma de actuar de algunos abogados integrantes -no de todos- y, además, posibilita que se incorporen a los tribunales superiores personas con la suficiente experticia como para cooperar en la solución de cuestiones muy especializadas y bastante difíciles de resolver.
Por ello, me pronunciaré a favor del proyecto.
De conformidad con lo acordado, se cierra el debate y la votación general queda para un lugar preferente de la tabla de la sesión ordinaria del próximo martes.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Naranjo y Viera-Gallo, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3493-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Naranjo y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 47ª, en 7 de abril de 2004.
El objetivo principal del proyecto es sancionar en nuestra legislación penal interna un conjunto de ilícitos vinculados al Derecho Humanitario, como son el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó sólo en general esta iniciativa, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Aburto, Espina y Viera-Gallo), y consigna su texto en la parte pertinente del informe.
Cabe tener presente que los artículos 161 I y 161 J que se incorporan al Código Penal tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , esta iniciativa se originó en una moción que presentamos con el Senador señor Naranjo hace varios meses para tipificar en nuestro derecho el delito de genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Chile está en deuda en cuanto a la incorporación de tales ilícitos en su legislación interna: en el caso del genocidio, desde la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, que nuestro país ratificó en 1953; y respecto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, desde que se ratificaron los llamados "Convenios de Ginebra".
Ahora el tema ha cobrado particular actualidad porque, luego de que la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nos habilitará para suscribir el denominado "Estatuto de Roma", que crea la Corte Penal Internacional, es evidente que al Estado chileno le conviene, por un motivo práctico y, además, de justicia, tener tipificados esos crímenes en su derecho interno, pues con ello podría invocar con mayor fuerza la preeminencia de la jurisdicción nacional en el evento de que el día de mañana ocurrieran crímenes de tal naturaleza y alguien recurriera a la Corte Penal Internacional.
Entonces, obviamente, mientras más similitud haya entre el Estatuto de Roma, en cuanto a la competencia de la Corte, y los tipos penales que nuestro país describa en su derecho interno, mayor será la fuerza del Estado chileno para que su jurisdicción interna prevalezca sobre la internacional.
En la página 13 del informe se señala: "El Máximo Tribunal manifiesta" -en su oficio- "que, no obstante que, como ya lo dijo, no tiene obligación de informar sobre la normativa penal antes examinada," -porque sólo le competen las materias procesales- "ello no obsta para expresar que le parece aconsejable la iniciativa, en razón de la gravedad de los ilícitos que se trata de penalizar y porque de tal modo se estaría adecuando nuestra legislación a los compromisos internacionales contraídos sobre la materia.".
Ésa es una opinión unánime de la Excelentísima Corte Suprema.
También fueron consultados diversos penalistas, quienes expresaron su parecer e hicieron sugerencias sobre cómo legislar en forma más adecuada que la de la moción.
Por cierto, ello se podrá hacer a través de indicaciones en el segundo informe si, como esperamos, la Sala aprueba en general la iniciativa.
La observación que me pareció más relevante fue la del profesor Acosta en el sentido de que, en vez de introducir una modificación al Código Penal, se dicte una ley especial, por cuanto se contempla una serie de normas que tienen que ver, no sólo con la tipificación de los delitos, sino también con disposiciones adjetivas que sería importante considerar separadas de aquél.
Creo que eso es lo más significativo. El delito de genocidio se encuentra perfectamente bien definido tanto en tratados internacionales como, a mi juicio, en la moción. Lo mismo sucede con los crímenes de guerra y con los de lesa humanidad.
Esta iniciativa llena un vacío existente en nuestra legislación.
Señor Presidente , estamos en la discusión general de esta iniciativa, que, por supuesto, debe hacerse antes de que llegue a la Sala el proyecto vinculado con la Corte Penal Internacional.
Pero quiero que quede muy clara en actas una situación: estas iniciativas no pueden tener efecto hacia atrás, no pueden ser...
Retroactivas.
...retroactivas.
Deseo que eso quede claramente establecido. Lo dijo el Senador señor Viera-Gallo . Y lo planteo porque se ha observado una tendencia a utilizar la fecha de aplicación o de validez de algunos proyectos como argumento para ir hacia atrás, saliéndose de las normas jurídicas.
Por lo tanto, quiero especificar que esta iniciativa no puede ser retroactiva, no puede ir hacia atrás, y tendrá validez sólo desde el momento en que se apruebe en el Congreso y se publique como ley de la república.
Señor Presidente , en primer lugar, creo que ésta es una muy buena iniciativa legal, porque llena un vacío cuya existencia no tiene justificación alguna en nuestro país.
Hoy, prácticamente en todas las naciones del mundo hay suficiente conciencia sobre la gravedad que revisten los delitos de que se trata. Y el Derecho Internacional se ha ido adaptando en dos aspectos. Primero, impedir que la falta de tipificación de esos ilícitos deje en la impunidad a quienes los cometen (habitualmente se trata de dictaduras). Y segundo, evitar que tales conductas, so pretexto de que se perpetran en un país que no quiere juzgarlas, queden sin sanción.
Para lo primero, el Derecho Penal moderno incorpora las figuras de genocidio, de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Para lo segundo, se crea la Corte Penal Internacional o se extiende la competencia de determinados tribunales a delitos no cometidos en el territorio del propio país. De hecho, en Chile tenemos normas excepcionales que permiten juzgar aquí delitos perpetrados en el extranjero.
En la Comisión de Constitución analizamos estas disposiciones, pero no nos pronunciamos sobre el contenido o la descripción de cada una de las figuras penales, porque se trataba de la discusión general. Empero, nos hicimos asesorar por abogados especializados en estos temas, quienes probablemente van a perfeccionar las normas contenidas en el proyecto, que además cuenta -como señaló uno de sus autores, el Senador señor Viera-Gallo - con el respaldo de la Corte Suprema.
Por consiguiente, yo, a lo menos, soy un decidido partidario de esta iniciativa legal. Me parece que un país como el nuestro, que quiere cautelar y defender los derechos humanos, debe tener normas claras y precisas que sancionen drásticamente el delito de genocidio y los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
Además, de no haber disposiciones de aquella índole, quienes en el futuro incurran en tales conductas no podrán ser juzgados por tribunales chilenos, pues la legislación que crea la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales sólo permite que una persona sea juzgada en el país donde se cometió el delito, primero, si los tribunales operan en forma regular -por decirlo de una manera elegante-; segundo, si los delitos están tipificados, y tercero, si no existe cosa juzgada.
Si nuestro país no legisla sobre esta materia y en el futuro -¡Dios no lo quiera!- se comete uno de esos delitos, nuestros tribunales no podrán pedir que su autor, siendo chileno, sea juzgado aquí, pues el argumento que se aduce en todas las convenciones internacionales discurre en esta línea: "Si usted no tiene tipificado el delito, ¿cómo va a juzgar?". Es una manera de garantizar impunidad.
Por consiguiente, estimo que ésta es una muy buena iniciativa, que aborda una materia sobre la cual debió haberse legislado hace tiempo.
La Comisión de Constitución pidió opiniones a distinguidos penalistas, quienes, por distintas razones, no pudieron hacerlas llegar a tiempo. Eso retrasó la elaboración del informe.
Y considero justo que este proyecto pueda ser despachado, máxime si uno de sus autores, quien lo trabajó con acuciosidad, va a dejar el Senado en marzo. Por tanto, sería estupendo que lo sacara adelante.
¡Vamos a pedir segunda discusión...!
A ese respecto no hay reciprocidad.
Porque, acerca de un proyecto contemplado para hoy, un distinguido y querido colega solicitó segunda discusión, recurso que nosotros no vamos a utilizar en esta oportunidad,. ..
¡Por ahora...!
...porque nos da exactamente lo mismo si la iniciativa es de un Parlamentario u otro, de Gobierno u Oposición. Se trata de un buen proyecto, y en esa virtud lo vamos a aprobar.
Sí se requiere perfeccionar con rapidez su texto, para contar con una legislación a la altura de las de los países modernos, donde se encuentra tipificado cada uno de los delitos que implican violación a los derechos humanos.
Ésa es la mejor garantía que tiene Chile frente a la comunidad internacional y, sobre todo, ante sus ciudadanos, en el sentido de respetar los derechos humanos, no sólo en la palabra, sino también en los hechos.
Por lo tanto, daremos gustosos nuestros votos favorables.
"A todo señor, todo honor", dicen en Francia.
Agradezco las palabras del Honorable señor Espina , quien, además de muy buen legislador, es un gran político. Su Señoría sabe perfectamente por qué pedí segunda discusión. Porque a él -tampoco al Senador señor Prokurica - no se le escapan las razones que tuve.
Respecto de la materia en análisis, quiero reafirmar lo que decía el Honorable señor Martínez . Sin duda, rigen los principios generales del Derecho -y en especial los de la Constitución-, en virtud de los cuales una ley penal -tal sucederá en el evento de que este proyecto sea aprobado- sólo tiene efectos hacia el futuro. Creo que eso es bastante evidente. Es explícito en el Tratado de Roma y más que obvio en la normativa en análisis.
Otra cosa son los raciocinios que los tribunales puedan hacer al aplicar la ley vigente al momento de cometerse el ilícito. Pero eso ya escapa por completo a nuestra competencia.
Señor Presidente , cuando uno va a exponer alguna idea, nunca debe decir lo que expresaré ahora. Pero lo hago ya ¡en la confianza, en la intimidad de esta "familia pequeña" que queda de la institucionalidad de Chile...!
No soy abogado. Por tal motivo, no tengo experticia en estas cuestiones. Pero el sentido común me hace advertir algunas cosas.
Los chilenos somos bastante exagerados en los términos que utilizamos para radicarnos en el mundo internacional.
Formamos parte de la cultura occidental cristiana, que representa alrededor del 24 por ciento de la población mundial. El resto está absolutamente ausente de todo lo que señala el Senador señor Viera-Gallo : ausente por características sociológicas, históricas; ausente por razones propias de su institucionalidad, de sus doctrinas, de sus principios, de sus valores.
Los tribunales internacionales a que concurrimos están ubicados siempre en Europa, continente que se encarga, a través de este mecanismo, de seguir complicando la vida a los países de América Latina, en circunstancias de que su vinculación se centra en el mundo occidenta.
Ése es un aspecto que debemos tener presente, porque, a mi entender, todas las penas que contempla el proyecto -las he leído en el transcurso de estas horas- están tipificadas con claridad en los Códigos correspondientes.
Por ejemplo, vi que en el inciso segundo del artículo 161 C propuesto para el Código Penal se dice: "Será sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, el que con los fines anteriores realice algunas de las conductas siguientes:"... Y en la letra f) se expresa: "Ejecute actos de tortura como los descritos en el artículo 150 A del Código Penal y 330 del Código de Justicia Militar".
Parece exagerado emplear allí la palabra "tortura".
Me llama la atención, entonces, que en el Código de Justicia Militar se hable de "actos de tortura"; que el proyecto no haya eliminado esa figura, y, aun más, que se sugiera sancionarla.
Después leí el artículo 330 del Código de Justicia Militar, que dice: "El militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar, será castigado:"... Me parece bien; así debe ser. Pero eso no es un acto de tortura, sino una estupidez de un oficial que con imprudencia comete, a través de un subordinado, quien podrá representar la orden, una acción que se castiga con las penas que esa misma norma señala.
Por su parte, el artículo 150 A del Código Penal, que está dirigido a los funcionarios públicos -recuerdo un poco lo que fue la discusión del proyecto sobre acoso sexual-, dice: "El empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos," -¡obvio!- "físicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente.".
Está bien. Y, al menos en la significación que yo conozco, la expresión "tortura" se refiere a situaciones muy determinadas y especiales, producto de los malos criterios que se aplican.
En definitiva, me surge todo un conjunto de dudas.
El artículo 161 A que la iniciativa propone para el Código Penal expresa: "El que con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional," -¿qué es un grupo nacional?; ¿le echaremos la culpa al señor Ministro del Interior de complicarle la vida a la Alianza por Chile permanentemente?- "étnico, racial o religioso, como tal, cometa cualquiera de los actos que a continuación se señalan" Y seguida los identifica: homicidio, agresiones sexuales, lesiones graves a la integridad mental.
¡Eso está dentro de nuestra normativa penal!
En consecuencia, si aprobamos el proyecto, lo único que vamos a lograr es que entes ubicados en Europa y que no tienen ninguna influencia sobre el resto de los países del orbe -ni en China, ni en India, ni en las naciones musulmanas, ni en aquellas que surgieron después de la división de la Unión Soviética, que representan 75 ó 76 por ciento de la población mundial- los hagan participar en diversos organismos internacionales.
Por tal motivo, para ser más francos, quizá deberíamos hablar únicamente de la "Corte Internacional de Justicia del Mundo Occidental". Ésa es la verdad.
Por eso, estimo necesario conversar y discutir sobre el particular más adelante. Me informaré con el Senador señor Viera-Gallo , a quien también tengo mucho cariño y respeto, para saber por qué, tratándose de conductas que ya se encuentran sancionados en los Códigos correspondientes, estamos incorporando situaciones de carácter internacional que nos van a complicar la vida como país.
Conforme a lo acordado, dejaremos pendiente la votación de la idea de legislar. Dentro de las posibilidades, para el comienzo de la próxima sesión ordinaria.
--Queda pendiente la votación general del proyecto.
A Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Educación y Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitándoles AGILIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE UNESCO PARA DECLARACIÓN DE IGLESIAS COLONIALES DEL NORTE COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
A los señores Superintendente de Servicios Sanitarios, Director del Servicio de Higiene Ambiental de Antofagasta y Director del Servicio de Salud, solicitándoles MEDIDAS ANTE PROBLEMA DE AGUAS SERVIDAS EN POBLACIÓN CIM, DE CALAMA.
A los señores Secretario del Consejo Regional de Antofagasta y Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de esa ciudad, remitiéndoles INFORME DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II.
A los señores Subsecretario del Interior y Contralor de la Sexta Región, y a la señora Directora Regional de CHILEDEPORTES, pidiéndoles INFORMACIÓN ACERCA DE CONTRATOS A HONORARIOS CON CHILEDEPORTES.
A los señores Ministros del Interior, de Educación y de Obras Públicas; Subsecretario del Interior; Director Nacional del SERNATUR; Directora Nacional del INP; Presidente del BancoEstado; Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Contralor Regional de La Araucanía; Director de la COREMA Novena Región; Director Regional de CHILEDEPORTES; Directora del Servicio Nacional de Menores; Director Regional del FOSIS; Director Regional de Vialidad; Director Regional del SERVIU Araucanía; Director Regional del SAG; Intendente de la Novena Región; Director del Servicio de Salud Araucanía Norte; Alcalde de Renaico; Alcaldes y Concejales de Angol, Los Sauces, Lumaco, Victoria, Vilcún, Ercilla, Curacautín, Lonquimay y Traiguén; Consejeros Regionales de La Araucanía; Directora y Jefe de Urgencia del Hospital de Curacautín; y Gerentes de FRONTEL y de la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., solicitándoles CONTESTACIÓN A OFICIOS SIN RESPUESTA.
Al señor Ministro de Educación, planteándole IRREGULARIDADES DE COMPLEJO EDUCACIONAL VICTORIA.
Al señor Gerente General de Telefónica CTC Chile, solicitándole FACILIDADES PARA PAGOS DE CUENTAS TELEFÓNICAS EN COLLIPULLI.
Al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, pidiéndole ENRIPIADO Y REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A TRARULEMU (comuna de Angol).
A los señores Secretario Ministerial de Salud de la Novena Región, Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Gobernadora Provincial de Malleco y Alcalde de Los Sauces, requiriéndoles MEDIDAS CONTRA DESABASTECIMIENTO Y CONTAMINACIÓN DE AGUA POTABLE, Y COLAPSO DE FOSAS SÉPTICAS.
A la señora Gobernadora Provincial de Malleco y a los señores Director del SERVIU y Alcalde de Angol, solicitándoles información sobre MEDIDAS ADOPTADAS ANTE INUNDACIONES RECURRENTES EN VILLA CORDILLERA.
Al señor Director del SERVIU Novena Región, pidiéndole información en cuanto a MEDIDAS PARA CONCRECIÓN DE PROYECTO DE COMITÉ HABITACIONAL "EL SUEÑO DE TODOS" (comuna de Curacautín).
Al señor Alcalde de Angol, planteándole CONSTRUCCIÓN DE LOMO DE TORO EN INTERSECCIÓN DE CALLES LOS LLEUQUES CON JOSÉ BUNSTER.
A los señores Alcaldes y Concejales de Angol, solicitándoles ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTO UBICADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL.
Al señor Comisario de la 1ª Comisaría de Angol, requiriéndole MAYOR VIGILANCIA POLICIAL EN POBLACIÓN EL BOSQUE.
A los señores Ministro de Agricultura y Director Regional del INDAP, planteándoles SITUACIÓN DE ASOCIACIONES INDÍGENAS DE MAQUEHUE POR COBRANZA JUDICIAL DEL INDAP.
Al señor Director de PROCHILE, pidiéndole informar en cuanto a PARTICIPACIÓN DE PROCHILE EN PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE LUPINO AL MEDIO ORIENTE.
A los señores Ministro del Interior y Ministro y Subsecretario de Salud, consultándoles sobre CAUSAS DE TÉRMINO DE OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESPECIALIDAD AVALADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y ASOCIACIÓN DE FACULTADES DE MEDICINA DE CHILE.
Al señor Ministro del Interior y a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándoles antecedentes sobre ESTUDIOS PARA CREACIÓN DE COMUNAS DE LAS JUNTAS, MAÑIHUALES, ISLAS HUICHAS Y PUERTO TRANQUILO-GUADAL (Undécima Región).
Al señor Ministro de Educación, planteándole INCORPORACIÓN EN PLANES DE ESTUDIO DE ASIGNATURA LLAMADA "CULTURA NACIONAL".
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Secretario Ministerial de Vivienda de la Región de Aisén, pidiéndoles antecedentes en cuanto a ENTREGA DE CONJUNTOS HABITACIONALES EN LAS PUERTAS, PUYUHUAPI Y PUERTO CISNES, Y EVENTUALES INDEMNIZACIONES POR DEMORA.
Al señor General Director de Carabineros, pidiéndole APOYO PARA TRASLADO DE RETÉN DE DIGUA A LOS CUARTELES, EN COMUNA DE RETIRO (SÉPTIMA REGIÓN).
Al señor Contralor General de la República, requiriéndole informe sobre ESTADO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE MUNICIPALIDADES DE TERCERA REGIÓN POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A PROFESORES Y CODOCENTES.
Al señor Director del Trabajo, requiriéndole FISCALIZACIÓN A MUNICIPIO DE TIERRA AMARILLA POR DESCUENTOS A DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y APLICACIÓN DE MULTAS PERTINENTES.
Hago presente a los señores Senadores que, habiendo tratado la Sala todos los proyectos previstos, queda sin efecto la sesión convocada para mañana.
Considerando que el Parlamento de Chile, como expresión de la soberanía popular, debe reflejar las diferentes posiciones y corrientes de opinión existentes en el país; que no existen motivos para sustentar la mantención de exigencias para la aprobación de iniciativas legales distintas a la de la mayoría de los senadores y diputados; y que el establecimiento de requisitos de quórum distintos al de la mayoría indicada se ha constituido, en la práctica, en un obstáculo para la modificación de normas legales a pesar de que estos cambios cuentan con la adhesión de la mayoría de la ciudadanía, se ha hecho necesario introducir una reforma constitucional que elimine las exigencias de quórum dispuestas en nuestro ordenamiento constitucional.
En efecto, si se acepta que el Congreso Nacional tiene como primera responsabilidad expresar en la dictación de las leyes el parecer mayoritario de los ciudadanos, en cuando sus integrantes han sido electos como representantes de las personas, no existen razones para que sus decisiones sean tomadas por medio de mecanismos distintos a los habituales para resolver la soberanía popular. Si para elegir un Presidente de la República se requiere una mayoría del 50 por ciento más uno de los votos, no es coherente que las decisiones del Parlamento tengan que cumplir exigencias mayores, aun en los casos de materias de particular trascendencia como podrían considerarse las propias normas constitucionales, las leyes orgánicas constitucionales o las leyes de quórum calificado.
Si las normas legales comunes exigen la mayoría de los senadores y diputados presentes, resulta suficiente exigir para las normas de especial trascendencia que se deba contar con los votos favorables de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio.
Exigir un quórum más elevado que esta mayoría se traduciría, en rigor, en una distorsión de la voluntad popular, ya que de hecho se ha dado el caso de que la mayoría de la ciudadanía aspire a modificar un determinado cuerpo legal pero no se puede concretar dicho anhelo al no contarse con el quórum dispuesto en el actual orden constitucional.
Por otra parte, constituye un hecho político objetivo que en la Constitución de 1980 se introdujeron exigencias elevadas de quórum para modificar los aspectos centrales del ordenamiento impuesto por el régimen militar precisamente para evitar §u modificación, lo que implica un acto de voluntad que se opone a los actos de la voluntad de la soberanía popular que puedan producirse con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, lo que no puede interpretarse sino como una circunstancia que afecta el sentido democrático que debe imperar en cualquier Constitución del mundo y restringe las facultades de un Parlamento que cuente en sus dos cámaras con una mayoría afín a un determinado partido o pacto político.
Este hecho no sólo vulnera la posibilidad de que los parlamentarios actúen efectivamente como órgano de expresión de la soberanía popular sino que, además, representa un factor de descontento para la ciudadanía que, viendo que puede conformar mayorías parlamentarias en el Poder Legislativo a través del voto, descubre con posterioridad que su opinión es virtualmente anulada por las exigencias constitucionales respecto a los quórum y que esas mismas exigencias requieren, a su vez, de quórum distintos a los que señala la lógica de que la mayoría absoluta de los ciudadanos representa a la soberanía popular.
En virtud de lo expuesto, y en uso de mis atribuciones constitucionales, vengo en someter a la consideración del H. Senado el siguiente:
1. Sustituir en el artículo 9° de la Constitución Política de la República de Chile, en el segundo inciso, la expresión "Una ley de quórum calificado" por la expresión "Una ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio".
2. Eliminar en el número 3° del artículo 11° de la Constitución Política de la República de Chile, la expresión "así considerados por ley aprobada con quórum calificado" incluyendo la coma previa.
3. Reemplazar el segundo inciso del artículo 17° de la Constitución por el siguiente:
"Los que hubieren perdido la ciudadanía por las causas señaladas en los números 2° y 3°, podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez extinguida su responsabilidad penal."
4. Sustituir en el número 1° del artículo 19° de la Constitución la expresión "ley aprobada con quórum calificado" por la expresión "ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio".
Sustituir en el número 12° del artículo 19° de la Constitución la expresión "la que deberá ser de quórum calificado" por la expresión "la que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio"; y en el sexto párrafo del mismo número 12° la expresión "Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo" por la expresión "Una ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo".
Sustituir el primer párrafo del número 18° del referido artículo 19° por el siguiente: "Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio."
Sustituir en el segundo párrafo del número 21° del artículo 19° la expresión "una ley de quórum calificado" por la expresión "una ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio"; y la expresión "de quórum calificado" en la segunda oración del mismo párrafo por la expresión "aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio".
Sustituir en el segundo párrafo del número 23° del artículo 19° la expresión "Una ley de quórum calificado" por la expresión "Una ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio".
5. Sustituir en el número 7° del artículo 60° de la Constitución la expresión "de quórum calificado" por la expresión "aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio".
Sustituir en el segundo párrafo del número 16° del artículo 60° la expresión "de quórum calificado" por la expresión "ser aprobadas por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio"; y eliminar la segunda oración del mismo párrafo.
6. Eliminar en el segundo inciso del artículo 61° de la Constitución la expresión "o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado".
7. Reemplazar los incisos 2° y 3° del artículo 63° de la Constitución por el siguiente inciso 2° nuevo, pasando el actual inciso 4° a ser inciso 3°:
"Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y de quórum calificado requerirán para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio."
8. Reemplazar el inciso primero del artículo 92° de la Constitución por el siguiente:
"Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, sin autorización otorgada en conformidad a esta."
9. Sustituir en el inciso segundo del artículo 99° de la Constitución la expresión "de quórum calificado" por la expresión "aprobada por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio”.
(Fdo.): RAFAEL MORENO R., Senador ; ADOLFO ZALDÍVAR L., Senador.

References: artículo 73
 artículo 25
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 98
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 98
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 127
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 59
 resolución 
 artículo 161
 artículo 150
 artículo 330
 artículo 150
 artículo 161
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 63
 artículo 92
 artículo 99