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Timestamp: 2017-06-25 22:27:24+00:00

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Thomson Reuters | Fallo del día: responsabilidad derivada por la prisión preventiva decretada respecto de quien fue absuelto
Fallo del día: responsabilidad derivada por la prisión preventiva decretada respecto de quien fue absuelto
Por Thomson Reuters En 10 Abril, 2013 · Añadir comentario · En Articulos de Opinión Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial(TSCordoba)(SalaCivilyCom)
Partes: Allende Martínez, Pablo Felipe c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros s/ordinario – daños y perjuicios – recurso de casación
Publicado en: LLC2013 (marzo), 156
Cita Online: AR/JUR/65682/2012
Una persona demandó a la Provincia de Córdoba persiguiendo el resarcimiento de los perjuicios que dijo haber sufrido por la prisión preventiva decretada contra ella en un proceso penal en el que luego resultó absuelta. La Cámara acogió el reclamo al considerar que el Estado provincial había incurrido en responsabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba anuló la decisión.
1. La Provincia de Córdoba no debe indemnizar los daños sufridos por quien fue objeto de una medida de prisión preventiva dispuesta y luego resultó absuelto o sobreseído del delito que se le imputara, cuando la medida coercitiva en cuestión fue dictada de manera regular y conforme a derecho
en “Iacovone, Hernán Mariano c. Poder Ejecutivo de la Nación”, 2010/12/14, LA LEY 11/01/2011, 4, LA LEY 17/01/2011, 2, RCyS 2011-II, 103, RCyS 2011-III, 127, LA LEY 2011-A, 139, DJ 30/03/2011, 38, LTGR on line, DJ 31/08/2011, 13 con nota de José Luis Correa, RCyS 2011-IX, 57 con nota de José Luis Correa, DJ 30/11/2011, 16 con nota de Benjamín Moisá, JA 2011-II, 206, AR/JUR/81558/2010, sostuvo: “La indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo).
2. El derecho a ser indemnizado por la privación de la libertad durante el proceso penal, no debe ser reconocido automáticamente como consecuencia directa y necesaria del sobreseimiento en la etapa instructoria o la absolución en el juicio, sino sólo cuando la detención o prisión preventiva se revela como incuestionablemente infundada o arbitraria, cualidades éstas que no admiten prédica atendible cuando los elementos de juicio obrantes en la causa al tiempo de disponerse la detención hayan podido razonablemente persuadir al juzgador acerca de la efectiva existencia de un delito y la probabilidad cierta de que el imputado fuese su autor
3. El Estado no puede ser responsabilizado de manera total e indiscriminada por el dictado de una prisión preventiva, ya que ello es un procedimiento normal y reglado, que mantiene no sólo el respeto por el derecho de defensa, sino que también tiende a contener y resguardar valores sociales irrenunciables, para mantener el orden, la seguridad y sostener la justicia
4. La absolución posterior del procesado no convierte por sí en ilegítima la prisión preventiva que sufrió durante el proceso
5. La garantía consagrada en el art. 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba carece de auto-operatividad y es -por el contrari-o puramente programática, en cuanto subordina la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad que sufra el imputado durante la sustanciación del proceso penal a lo que prescriba la ley
Texto Completo: Córdoba, noviembre 1 de 2012.
1ª ¿Es procedente el recurso de casación deducido por el Estado Provincial demandado? 2ª En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde?
1ª cuestión.— El doctor García Allocco dijo:
I. Los Dres. M. H. V. N. y H. E. P. —en representación de la Provincia de Córdoba— deducen recurso de casación en estos autos caratulados: “Allende Martínez Pablo Felipe c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros – ordinario – daños y perjuicios – recurso de casación” (Expte. A 34/10), contra la Sentencia Número ciento setenta y uno de fecha 15 de octubre de dos mil nueve dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad, con fundamento en la causal prevista en el inc. 3 del art. 383 del CPCC.
Corrido el traslado de ley de la impugnación articulada, el mismo es evacuado por la parte actora (fs. 1747/1754).
Mediante Auto Interlocutorio Nº 290 del 17 de junio de 2010 (fs. 1755), la Cámara a quo concede el recurso planteado.
Elevadas las actuaciones a esta Sede, dictado y firme el decreto de autos (fs. 1758 vta.) queda la causa en condiciones de ser resuelta.
II. El tenor de los agravios que informan la presentación impugnativa es susceptibles del siguiente compendio:
El recurrente, con invocación del motivo casatorio dispuesto por el inc. 3° del art. 383 CPCC, afirma que la resolución recaída en autos contradice la doctrina jurisprudencial sentada —para un caso análogo— mediante Sentencia Nº 92 de fecha 12 de julio de 2007, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de esta ciudad in re “Santamaría Omar Leonardo y otro c/ordinarios —otros— expte. N° 560128/36”, cuya copia acompaña a fs. 1722/1740.
Así, luego de reseñar lo acontecido en la especie, aduce que en el fallo traído como antitético se sostuvo —siguiendo a la jurisprudencia trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por este Tribunal— que no correspondía indemnizar a los actores por la detención sufrida, una vez dictada la sentencia absolutoria en su favor. Mientras que en la resolución en crisis se sostuvo que el Estado debe responder por las consecuencias dañosas de sus actos judiciales lícitos.
Solicita —en definitiva— se aplique la doctrina jurídica sostenida en el fallo acompañado en aval del recurso reseñado.
III. El desarrollo argumental del ensayo casatorio se muestra idóneo para habilitar el pedido de uniformación de jurisprudencia contradictoria, pues el interesado expuso de manera concreta el asunto que mereció diverso tratamiento jurisdiccional —esto es, determinar la responsabilidad del estado por actividad lícita—, la manera como había sido juzgada la cuestión en las resoluciones que se traen como antagónica, y la hermenéutica que considera correcta.
Las restantes condiciones exigidas por la ley ritual para habilitar la función encomendada a este Alto Cuerpo por la vía del inciso 3º del art. 383 del CPCC, también se hallan satisfechas de manera suficiente.
En efecto, el requisito de paridad entre las cuestiones sometidas a juzgamiento, se aprecia suficientemente cumplimentado, desde que —en lo que es de interés para el presente— en sendas hipótesis se trata de una acción de daños ejercida en contra de la provincia, ante la absolución del encartado en un proceso penal donde se había dispuesto su prisión preventiva, medida de coerción personal que no fuera declarada arbitraria, ni ilegítima.
En otros términos, en ambas oportunidades se trataba de dilucidar si el Estado debe —o no— responder civilmente por los daños que pueda ocasionar en el normal desenvolvimiento de su actividad judicial lícita, tales los que derivan del sometimiento a prisión preventiva de una persona que en definitiva resultara absuelta o sobreseída, aún cuando aquella medida hubiere sido dispuesta mediante un procedimiento formalmente regular e irreprochable.
Por lo demás, el disímil tratamiento jurídico y la consecuente divergencia interpretativa emergente de los resolutorios confrontados aparece ostensible.
De la lectura del fallo en crisis se colige que la Cámara a quo entiende que, aún en el supuesto de que la prisión preventiva ordenada no fuera arbitraria, ilegal o despachada con error judicial, igualmente la restricción que sufre el privado de la libertad debe ser resarcida por la comunidad en cuyo interés se dictó la prisión.
Así, en el sub judice el Mérito se ha enrolado en la tesis según la cual la indemnización resulta procedente sin necesidad de que se demuestre ninguna irregularidad o arbitrariedad por parte el órgano represivo del Estado en el proceso, e incluso cuando se reconozca expresamente que en el caso no ha existido obrar ilegítimo.
En el fallo traído en contradicción, en cambio, se entiende que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso penal no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia del sobreseimiento o la absolución sino sólo cuando la detención o la prisión preventiva se revela como incuestionablemente infundada o arbitraria.
Como se aprecia, para esta postura —contraria a la asumida en el fallo bajo anatema— resulta indispensable la existencia de un error judicial grosero para que proceda el reclamo de daños y perjuicios ocasionados por medidas de coerción personal (en la especie, prisión preventiva).
Siendo ello así, queda justificada la intervención unificadora de esta Sala, por el carril impugnativo propuesto (inc. 3°, art. 383, C. de P.C.).
IV. Respecto de la procedencia de la impugnación, se advierte que la materia debatida radica en determinar la posible responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio lícito de su función jurisdiccional.
En efecto, la función de nomofilaquia reclamada a este Alto Cuerpo reside en determinar si el Estado debe indemnizar los daños causados por la prisión preventiva dispuesta sobre una persona que a la postre resulta absuelta o sobreseída del delito que se le imputara, cuando la medida coercitiva en cuestión fuera dictada de manera regular y conforme a derecho.
V. Sobre la temática en debate este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse con motivo de un recurso de casación basado en la causal prevista en el art. 383, inc. 3º, ib., es decir con el especial propósito de uniformar la jurisprudencia en el ámbito de los tribunales de la Provincia (Sentencia N° 251, del 22 de noviembre de 2011, “Barcia José Luis-Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros c/Pavone Russo Cristian Ariel y otros —ordinario— daños y perjuicios —otras formas de responsabilidad extracontractual— rec. casación —B 51/07—”).
Siendo ello así, a fin de fundar el presente pronunciamiento es menester reeditar las consideraciones y argumentos que este Tribunal enunciara en el precedente mencionado.
“VII. La responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional:
Sabido es que el Estado puede resultar responsable por el ejercicio que haga de sus funciones legislativas (Estado—legislador), de administración (Estado-administrador) y judiciales (Estado-juzgador).
A mérito de la materia debatida en los presentes, me detendré en la función judicial del Estado, esto es, la actividad desarrollada por la magistratura en cumplimiento de su potestad de resolver los conflictos de intereses.
Y puntualmente dentro de dicho marco, me referiré a las medidas de coerción personal (v.gr.: prisión preventiva) dictadas en el ámbito de un proceso penal en donde el imputado resultó finalmente absuelto o sobreseído.
En el ámbito internacional se suscribieron dos tratados, los cuales fueron incorporados a nuestro derecho positivo en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, que tratan la temática en cuestión.
La Convención Americana de Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José de Costa Rica), en su art. 10, prevé: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.
A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su art. 9.5 prescribe: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho a obtener reparación”.
A nivel provincial, la posibilidad de solicitar resarcimiento por la privación de la libertad fue incorporada expresamente al texto constitucional por la reforma de 1987, en el art. 42, donde se contempla que “en caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de privación de libertad”, pero delega en la ley “la fijación de las condiciones y de los casos en que procederá el pago” (Convención Provincial Constituyente, sesión del 21 de abril de 1987, informe del convencional José I. Cafferata Nores sobre el art. 42. Diario de Sesiones, tomo II, pág. 1598).
De esta manera, adquiere jerarquía constitucional la facultad de exigirle al Estado la reparación del daño producido por una privación de la libertad que se motive en la ilegalidad o el error inexcusable, recogiendo así esta instancia indemnizatoria amplia ya contenida en los pactos internacionales antes aludidos, que fueran posteriormente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico interno por medio de su recepción en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22).
Así las cosas, en mi opinión la garantía consagrada en el art. 42 de la Constitución de la Provincia carece de auto-operatividad y es por el contrario puramente programática, en cuanto subordina la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad que sufra el imputado durante la sustanciación del proceso penal a lo que prescriba la ley.
Con posterioridad, se reformó el código de procedimientos penales (ley 8123, B.O. 16/01/1992) y en el art. 300 del nuevo estatuto se reguló lo atinente a la responsabilidad del Estado por las medidas de coerción personal adoptadas en el curso del proceso.
El mentado precepto reza textualmente: “Si al disponerse el sobreseimiento o la absolución del imputado, se advirtiere que fue privado arbitrariamente de su libertad, a su pedido, el Tribunal de la causa, previa vista Fiscal, podrá acordarle una indemnización que estimará prudencialmente con arreglo a las circunstancias del caso”.
Como se advierte, la norma legal vino a reglamentar la garantía anunciada en la Constitución Provincial.
Ahora bien, la disposición legal establece como presupuesto inexcusable de la responsabilidad del Estado la arbitrariedad del encarcelamiento dispuesto, de modo que no cualquier privación de libertad padecida en el curso del proceso penal sería apta para generar un derecho de indemnización en favor del imputado que luego es sobreseído o absuelto.
Además de esos supuestos, la responsabilidad del Estado podrá sustentarse, en relación a la privación de la libertad de quien luego resulta sobreseído o absuelto en virtud de su inocencia, en la irregular prestación del servicio (art. 1112, C.C.), responsabilidad que reviste el carácter de indirecta, toda vez que el Estado responderá por los hechos y omisiones de los funcionarios públicos, por cumplir las funciones de una manera irregular.
Esta responsabilidad estatal por actividad judicial ilegítima, tiene su fundamento en los principios del Estado de Derecho (Cfr.: Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Abeledo Perrot, 1997, Tomo IV, pág. 813 y ss.).
VIII. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del procesado que luego resultó absuelto o sobreseído:
Corresponde ahora adentrarnos en el quid del presente decisorio consistente en determinar si existe responsabilidad estatal cuando la medida de coerción personal —en el caso, la prisión preventiva— que presuntamente ha causado un daño al sujeto que la soportó, fue dictada conforme a derecho.
En otras palabras, analizaremos la posibilidad de que el Estado responda por una actividad judicial lícita como lo es el dictado de medidas coercitivas en el marco de una investigación penal, cuando ésta fuera decretada de manera regular, es decir, en los términos y condiciones que impone la ley.
Respecto de la posibilidad de demandar el resarcimiento de los daños provocados por el dictado de una prisión preventiva en un proceso en el cual el imputado termina absuelto o sobreseído, se perfilan en la doctrina y la jurisprudencia —básicamente— dos posiciones.
VIII.1. Tesis restrictiva o negativista.
La primera, que podemos denominar “restrictiva” o “negativista” según la cual en principio no corresponde la indemnización de daños causados por la detención y/o prisión preventiva dispuesta con arreglo a la ley.
Esta postura enfatiza que la responsabilidad del Estado derivada de la actividad judicial es de carácter excepcional. Partiendo de tal enunciado, si bien con matices, los sostenedores de esta doctrina niegan o reducen al máximo la eventual responsabilidad del Estado.
La tesis referenciada es sostenida por la doctrina administrativista (Cfr.: Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 1998, Tomo I, pág. 303. En similar sentido, coincidiendo con la excepcionalidad de la indemnización: Dromi, José R., Derecho Administrativo, Edic. Ciudad Argentina, 6° edic., 1997, pág. 260, Escola, Héctor, Compendio de Derecho Administrativo, edit. Depalma, Tomo VII, pág. 1140; Maiorano, Jorge Luis, Responsabilidad del Estado por los errores judiciales: otra forma de proteger los derechos humanos, LA LEY, 1984-D, pág. 986; Altamira Gigena, Julio I., Responsabilidad del Estado, edit. Astrea, Bs. As., pág. 163).
En sintonía con lo antes expuesto, Marienhoff ha sostenido que el lapso de tiempo que una persona permanezca privada de su libertad a raíz de la substanciación de un proceso penal, en el que dicha persona es finalmente sobreseída o absuelta, no da lugar a responsabilidad alguna del Estado y tal perjuicio o daño debe ser absorbido por el imputado, tanto más si el trámite no presenta anormalidades y el proceso obedeció a circunstancias atendibles, debidas a la aparente actuación o comportamiento de ella (Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, 6° edic., Abeledo Perrot, 1997, t. IV, n° 1667, pág. 804 y ss.).
Dentro de esta tesis restringida se enroló nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentando como principio liminar que el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial y en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción resarcitoria constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Conf.: CSJN, in re: “Balda, Miguel A. c/Provincia de Buenos Aires (LA LEY, 1996-B, pág. 312; entre otros).
Esta postura rígida fue la asumida también por algunos tribunales inferiores que adhirieron a este criterio de la mayoría de la Corte Nacional (ver, entre otros: Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala III, 02/05/1997, LA LEY, 1998-B, pág. 56; Cam. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala I, 20/4/1989, ED 143-561; íd., 21/10/1993, LA LEY, 1994-C-552).
VIII.2. Tesis amplia.
La segunda postura, en cambio, sostiene que el hecho de que la prisión preventiva constituya una necesidad del ejercicio de un deber del Estado, no implica que quien la haya sufrido deba soportar el daño que ella le ha causado. Se afirma que argüir la licitud del proceder del Poder Judicial no obstaculiza el derecho indemnizatorio, pues la antijuridicidad no es un presupuesto ineludible de la responsabilidad estatal, debiendo priorizarse como dato relevante y suficiente para generar ese deber de responder, que el imputado haya sufrido un detrimento lo suficientemente grave y anormal de acuerdo con las circunstancias del caso, conciliándose así ese derecho individual con el derecho de defensa social que impone la privación de la libertad del sospechoso.
En esta posición pueden ser ubicados: Bidart Campos, Germán, ¿Hay un derecho a reparación por la privación preventiva de libertad?, en Revista de Derecho de Daños n. 9, pág. 227 y ss.; Sagarna, Fernando A., “La responsabilidad del Estado por la detención preventiva de personas”, LA LEY, 1996-E, 890; Ghersi, Carlos, “Responsabilidad del Estado por actos lícitos jurisdiccionales”, JA 1994-I-297; Diez, Manuel Maria, “Derecho Administrativo”, ed. Plus Ultra, 1971, t. V, pág. 170 y ss.; Colautti, Carlos E., “El Derecho a la indemnización por error judicial en la Constitución Nacional”, LA LEY, 1995-B, pág. 1035; entre otros.
Algunos fallos también han seguido esta tesitura (Cfr.: Cám. 3° Apel. Civ. y Com. Cba., in re: “A. M. P. F. c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros —Ordinario— Daños y Perj. Otras formas de responsabilidad extracontractual”, Sent. N° 171 del 15/10/2009; Juzg. Cont. Adm. La Plata, en autos: “Retamozo, Mariano c Fisco de la Prov. de Bs. As.”, LA LEY, 2007-F, pág. 136).
IX. Postura actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora bien, cabe advertir que modernamente se advierte una vertiente aperturista de la doctrina restringida —ut supra referenciada—, la cual extiende el deber resarcitorio a otros supuestos no contemplados originariamente. Se intenta con ello lograr un justo equilibrio de los valores que se encuentran comprometidos.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual integración, sigue sosteniendo que la regla es que el dictado de la prisión preventiva configura una facultad judicial sometida a pautas abiertas y, consecuentemente, si en abstracto, la decisión judicial encuadra en la previsiones legales, el ulterior sobreseimiento en la etapa instructoria o la absolución en el juicio resultan per se insuficiente para disponer la reparación de los daños causados; empero —y aquí radica la diferencia anunciada— esa indemnización es viable en los casos de dilación indebida de los procedimientos y de arbitrariedad manifiesta de la resolución que ordena la privación provisional de la libertad seguida de la ulterior absolución o sobreseimiento del imputado.
Me detendré en el segundo de los precitados supuestos, desde que la indebida dilación del proceso no se ha erigido en materia unificable en los presentes autos.
Como lo he adelantado, recientemente la CSJN ha abierto la posibilidad de reparar los daños causados por la prisión preventiva, aunque no exista indebida dilación de los procedimientos, cuando el imputado resultó finalmente absuelto (o sobreseído) y la detención se hubiera dispuesto en apartamiento palmario de los hechos comprobados en la causa, y de modo insostenible desde el punto de vista de las normas que regulan su aplicación (CSJN, en autos: “Cura, Carlos Antonio c/Buenos Aires, Provincia de y otro —Est. Nacional— s. Daños y Perjuicios”, C. 1124. XXXV, del 27/05/2004; en autos: “G., J.L. c/Provincia de Buenos Aires y otro s/daños y perjuicios”, G.296.XXXV, del 29/11/2005; en autos: “Andrada Roberto Horacio y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, A.901.XXXVI, del 05/09/2006; e in re: “Pistone, Ciro Alberto c/Estado Nacional s/Daños y perjuicios-Recurso de hecho”, P.828.XLI, del 29/05/2007, entre otros). Esta postura también fue asumida por este Alto Cuerpo —a través de su Sala Penal— (en autos: “Caldarella, Juan José —solicita indemnización por detención en autos: “Bravi, Delfino Juan y otros p.ss.aa. de coautores de aborto y aborto seguido de muerte —Recurso de Casación—”, Sent. 85, del 04/10/2000).
La jurisprudencia de los tribunales inferiores ha señalado en algunos precedentes un temperamento similar (en el ámbito provincial: Cám. 6° Apel., Civ. y Com., in re: “Santamaría, Omar Leonardo y otro c/Provincia de Córdoba —Ordinarios-Otros—”, Sent. Nro. 92 del 25/07/2007; Cám. 5° Apel., Civ. Com., in re: “Santillan Arturo Faustino c/Estado Provincial Ordinario”, Sent. Nro. 18 del 25/02/04; y Cám. 4° Apel. Civ. Com., en autos: “Sabadías Mariano Franco c/Gobierno de la Provincia de Córdoba —Ordinario—”, Sent. Nro. 65 del 14/03/04; en el ámbito nacional: Cám. Nac. Fed. CC, Sala I, 21/10/93, ED, 157—553).
También ha sido sostenida por abundante y prestigiosa doctrina (Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Abeledo Perrot, 1997, pág. 498, parág. 1325, Trigo Represas, Felix A.-López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la responsabilidad civil”, edit. La Ley, 2005, tomo IV, pág. 177 y nota nro. 666; Hitters, Juan Manuel, “Responsabilidad del estado por error judicial”, LA LEY, 17/09/2003, pág. 1; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil —Obligaciones—, edit. La Ley, 2008, tomo II, pág. 510; Cafferata Nores, José I – Tarditti, Aída, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba —comentado—”, Edit. Mediterránea, 2003, tomo I, pág. 702/707; entre otros).
X. Precedentes de esta Sala que tienen íntima relación con el thema decidendum.
En los autos “Domine Juan Alfredo c/Sandoval Gustavo-Acción de Responsabilidad Civil de Magistrado” (Sent. Nro. 133 del 03/08/2011), en ocasión de resolver una acción de responsabilidad civil de un funcionario judicial, destaqué: “Para que el Estado resulte responsable, la Corte Suprema ha interpretado que debe tratarse de una situación en que la privación de la libertad sufrida resulte evidentemente arbitraria, o sea consecuencia de un error palmario o inexcusable; en otras palabras, debe tratarse de una resolución que disponga la coerción sin la existencia de elemento objetivo alguno, y en la cual la inocencia resulte manifiesta (CSJN., “Balda”, 19/10/95, voto de los Dres. Fayt, Belluscio y Petracchi, en Fallos 318:1990; “López, Juan de la Cruz y otros c/Provincia de Corrientes, 11/06/98, voto de los Dres. Belluscio y Petracchi, en Fallos 321:1713). En esta misma línea de pensamiento, la Cámara Nacional Federal Contencioso-Administrativa, Sala IV, sostuvo que “en toda comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable … Por esta causa, la restitución, de haber daños a los particulares, no puede sino constituir un supuesto excepcional, aún cuando el ejercicio de la actividad jurisdiccional cause perjuicios especiales a los particulares, ya sea que éstos provengan de la actividad jurisdiccional legítima como de sentencias judiciales posteriormente anuladas por otro tribunal de instancia superior … Estas posibilidades forman parte de las reglas de juego del procedimiento y se dan dentro de la actividad regular de los tribunales”(Perla Roberto O. c/Estado Nacional (Ministerio del Interior y otro), 5/4/94, publicado en LA LEY, 1994-E, 257)” (fallo citado).
Asimismo, en los autos “Cabanillas José Ignacio c/Fernando Tomás Morales y Sergio Cabutto-Demanda por responsabilidad civil de magistrado” (Sent. Nro. 112 del 15/10/02, este Alto Cuerpo —en Pleno— precisó: “En esta misma línea de pensamiento, la Corte de Casación francesa ha definido la culpa judicial como “aquella cometida bajo la influencia de un error tan grosero que un magistrado normalmente celoso de sus deberes no la hubiera cometido” (citada por Parellada, Carlos, Daños en la actividad judicial e informática desde la responsabilidad profesional, p. 150) […] la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha excluido de los supuestos dañosos que generan responsabilidad por error judicial a los daños que fueran consecuencia normal y necesaria de la actividad lícita desarrollada. Así ha sostenido el Máximo Tribunal que la responsabilidad “sólo comprende a los perjuicios que, por constituir consecuencias anormales —vale decir que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales— significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación económica por imperio de la garantía consagrada en el art. 17 de la CN” (CSJN, Fallos 308:2626)”. Esta doctrina se justifica en que los daños que no reúnan tales características son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia y que, por tanto, deben ser soportados por los propios justiciables damnificados” (fallo citado, énfasis agregado).
XI. El criterio de este Alto Cuerpo:
En la alternativa entre las posturas expuestas, adhiero a la inteligencia de la Sala Penal de este Alto Cuerpo (in re: “Caldarella, Juan José —solicita indemnización por detención en autos: “Bravi, Delfino Juan y otros p.ss.aa. de coautores de aborto y aborto seguido de muerte – Recurso de Casación”, Sent. 85, del 04/10/2000), y que expresé con mi voto en autos: “Domine Juan Alfredo c/Sandoval Gustavo —Acción de Responsabilidad Civil de Magistrado—” (Sent. Nro. 133 del 03/08/2011), porque entiendo que la misma se encuentra sustentada en fundamentos —tanto jurídicos cuanto axiológicos— más sólidos y consistentes que los propugnados en aval de las restantes.
A mi modo de ver, el derecho a indemnización por la privación de la libertad durante el proceso penal, no debe ser reconocido automáticamente como consecuencia directa y necesaria del sobreseimiento (en la etapa instructoria, art. 348 del C.P.P.) o la absolución (en el juicio, art. 411 del C.P.P.), sino sólo cuando la medida coercitiva personal (detención o prisión preventiva) se revela como incuestionablemente infundada o arbitraria, cualidades éstas que no admiten prédica atendible cuando los elementos de juicio obrantes en la causa al tiempo de disponerse la detención hayan podido razonablemente persuadir al juzgador acerca de la efectiva existencia de un delito y la probabilidad cierta de que el imputado fuese su autor.
Justifico a continuación mi adhesión a esta tesis.
XI.1. Partiendo de una interpretación de las disposiciones legales en juego, la responsabilidad del Estado se encuentra condicionada a que la actividad judicial por él desplegada se revele como incuestionablemente infundada o arbitraria.
Es que tanto las normas contenidas en los pactos internacionales antes citados, cuanto el art. 42 de la Constitución Provincial y el art. 300 del C.P.P., suponen como requerimiento ínsito que la privación de la libertad presente rasgos de antijuridicidad, sea exigiendo un “error judicial” (Pacto San José de Costa Rica, art. 10), la “ilegalidad en la detención” (P.I.D.C.P., art. 9.5) o la “privación arbitraria de la libertad” (C.P.P., art. 300, que reglamentó el art. 42 de la C.P.).
Por tanto, se puede afirmar que el bloque normativo que regula la materia descarta —bien que de modo implícito— la posibilidad de resarcimiento por actividad judicial lícita del Estado, tal lo que acontece cuando la medida de coerción personal ha sido dispuesta de acuerdo con las reglas procesales que la rigen.
En esta misma inteligencia se expidió en la Convención Provincial constituyente el Dr. José I. Cafferata Nores (sesión del 21 de abril de 1987, informe sobre el art. 42. Diario de Sesiones, tomo II, pág. 1598) cuando expresó que la ley debía fijar las condiciones y los casos en que procederá el pago de la indemnización a la víctima de un error judicial “ya que un exceso de imposiciones al Estado en esta materia podría acarrear un efecto contrario al que se procura” (sic.).
No cabe duda entonces que, en el ámbito local el problema jurídico bajo examen se encuentra regido por el art. 300 del C.P.P., norma que vino a reglamentar la cláusula programática de la Constitución Local.
XI.2. Sentado ello, cabe destacar que el sentido de interpretación literal propugnado supra se ve corroborado si se advierte —a la luz de un criterio de interpretación sistemático— que la responsabilidad civil genérica requiere la presencia de ciertos presupuestos, sin los cuales no alcanza a configurarse, entre los que se encuentra la “antijuridicidad” (arg. art. 1066 del Cód. Civil).
A ello cabe agregar que una correcta interpretación de los arts. 43, 1112 y 1113 del Código Civil, nos conduce al mismo resultado que vengo sosteniendo.
Por fin, cabe mencionar además que el Proyecto de Código Civil de 1998 contiene dos normas referidas a la materia que nos ocupa, que resultan ilustrativas de la necesidad de que la conducta asumida por los integrantes del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones presente algún grado de ilicitud. Así, el art. 1677 del mencionado proyecto, reza: “Los agentes públicos tienen responsabilidad directa por los daños producidos mediante acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de sus cargos […]”, y el art. 1686, prescribe: “Sin perjuicio de disposiciones especiales en los siguientes casos, sólo hay responsabilidad si se obra por dolo o culpa grave […] b) si el daño es causado por errores de los jueces o de árbitros en ejercicio de sus funciones” (Alterini, Atilio A., “Código Civil Sistematizado”, edit. La Ley, 2010, pág. 711/712).
XI.3. A la luz de esa premisa basal, estimo que el argumento según el cual no es necesario que una norma específica establezca el deber resarcitorio, bastando por el contrario con la garantía consagrada en el art. 16 de la C.N. (vide fs. 1009 vta.), resulta endeble, porque no justifica adecuadamente dejar de lado las expresas previsiones que regulan la materia, máxime cuando no se propugna que las mismas sean inconstitucionales.
En relación a ello, no puedo dejar de hacer mención a uno de los argumentos sustentados por la tesis amplia según el cual además de consignar que la ausencia de normas no es obstáculo para la responsabilidad del Estado, el juez debe administrar justicia con ley, sin ley o contra la ley (Cfr.: Bidart Campos, ED 139-148).
A esta aseveración cabe replicar que el Poder Judicial no puede arrogarse la facultad de modificar la ley sin incurrir en violación del principio de división de poderes, fundamental en nuestro sistema republicano de gobierno (Conf. Fallos; 234:310).
Resulta obvio iterar que esta violación no se justifica con el argumento de que la ley a aplicar es anticuada y que no satisface ya las exigencias de justicia, pues esta consideración no basta para ampliar las facultades que la Constitución le ha otorgado a la Judicatura, órgano de interpretación y de aplicación de la ley, no de su derogación o reforma como lo propugna la tesis amplia que he descartado.
Además, la doctrina amplia que recepta la responsabilidad del Estado por actividad judicial lícita a la cual he referido ut. supra, deja sin resolver el problema atinente a cuándo la entidad del gravamen sufrido por la persona privada de su libertad excede el límite de lo razonable como condición para habilitar el derecho resarcitorio.
Es que tal teoría no explica en modo alguno qué es lo razonable en éstos casos, ni por qué en esos casos la pretensión indemnizatoria no podría prosperar.
XI.4. La interpretación adoptada supra también encuentra respaldo en distintos argumentos que —desde una dimensión axiológica— apuntalan el acierto intrínseco de la solución a la que se arriba.
Es que, contrariamente a lo sostenido en el decisorio en crisis (vide fs. 1011, último párrafo/1011 vta.), entiendo que el supuesto de actividad del Poder Judicial difiere de la función cumplida por los otros órganos del Estado. Veamos.
Los poderes políticos del Estado representados por las ramas legislativa y ejecutiva tienen una gerencia discrecional del bien común para determinar qué es lo conveniente o inconveniente a ese propósito.
En cambio, distinto es el caso de la actividad del Poder Judicial, cuya función es realizar la justicia, y en ello los jueces no tienen un amplio margen de discrecionalidad, pues la investigación de los hechos y la potestad de sancionar a los culpables, les imponen la obligación de dictar medidas restrictivas de la libertad durante el curso del proceso. Los daños en tales casos deben ser soportados —al menos, en principio— por quienes los padecen, pues es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, ob. cit., pág. 499).
En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “En la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no se trata de actividades políticas para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto particular. Si la contienda es dirimida por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la elección de la diversas alternativas posibles no puede quedar condicionada por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que se pudieren causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio. Dichos daños, si alguna vez ocurrieron y en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia” (Fallos: 318:1990, Caso “Balda…”, votos de los Dres. Boggiano y López).
Dicho de otro modo, la actividad estatal desplegable en el proceso judicial representa el ineludible cumplimiento del deber que pesa sobre el Poder Judicial, de desentrañar la verdad, para aplicar al caso la legislación vigente y cumplir así el mandato constitucional de “afianzar la justicia”, lo que determina —como contrapartida— la existencia de una carga general que se cierne sobre todos los ciudadanos de contribuir al logro de ese objetivo.
De aceptarse la tesis contraria, todo el andamiaje judicial perdería estabilidad, ya que es inherente a la actividad jurisdiccional la potestad de restringir la libertad personal cuando ello resulte indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley en el caso concreto.
Se advierte de esta manera que la cuestión debatida lejos está de erigirse en una mera dicotomía entre el derecho individual del sujeto que se ve en el trance de tolerar la privación de su libertad y el general o colectivo que asiste a la sociedad en su conjunto, a que el Estado provea a una eficaz administración de justicia.
Por el contrario, “En esta parte del derecho de la responsabilidad estatal se enfrentan varios principios antagónicos. De una parte, se encuentran los derechos de los afectados —puntualmente los que han sido privados de su libertad personal—. Sin embargo, de cara a estos derechos existen otros principios cuya dimensión de peso resulta proporcionalmente mayor habida cuenta de que representan el interés de la comunidad en mantener ciertas cargas —como la de soportar el funcionamiento regular de la justicia— con el objeto de que esas cargas o privaciones que todos los ciudadanos deben asumir no resulten gravosas para el propio Estado, cuyos recursos provienen, en definitiva de la masa de ciudadanos” (Cassagne, Juan Carlos, El carácter excepcional de la responsabilidad del Estado por daños causados por error judicial: sus límites, LA LEY, 2002-A, 484).
En tal sentido debe destacarse que todos los derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos no tienen carácter absoluto, admitiendo su razonable reglamentación y limitación (arts. 14 y 28 de la C.N.).
Así las cosas, resulta evidente que no existe la responsabilidad total e indiscriminada por el dictado de una prisión preventiva, ya que ello es un procedimiento normal y reglado, que mantiene no sólo el respeto por el derecho de defensa, sino que también tiende a contener y resguardar valores sociales irrenunciables, para mantener el orden, la seguridad y sostener la justicia (Cfr.: Trib. Coleg. Resp. Extrac. Nro. 1, 2da. Sec., Santa Fé, in re: “Isaurral y Girardelli c/Provincia Santa Fe, res. 38, fo. 243/258, t. 54; fallo citado en Revista de Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado, 2010-3, Doctrina-Jurisprudencia, Dirección: Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo Luis, Edt. Rubinzal Culzoni, pág. 618).
El fundamento de esta negativa recae en que las medidas coercitivas que deben soportar aquellos que se ven involucrados en un hecho ilícito, son cargas de la vida en sociedad.
En tal sentido, puede sostenerse que la responsabilidad del Estado-juez reviste carácter excepcional, dado que en toda comunidad jurídicamente organizada, cada uno de su componentes tienen el deber genérico de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una decisión desfavorable. Es decir, todo ciudadano debe soportar la limitación que al ejercicio de sus derechos impone toda sociedad civilizada (Cfr.: Cam. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala IV, en autos: “Perla Roberto O. c/Estado Nacional (Ministerio del Interior y otro), 05/04/94, publicado en LA LEY, 1994-E, 257, citada ut supra).
Solamente de este modo se logra un adecuado equilibrio entre los intereses que se encuentran en juego.
XI.5. Además, cabe precisar que en nuestro derecho no existe norma alguna que obligue a la administración pública a indemnizar todo perjuicio ocasionado a los particulares por la actividad judicial lícita ni, por tanto, a resarcir los perjuicios derivados de las medidas regulares y razonablemente adoptadas en ejercicio de la administración de justicia.
XI.6. No puedo dejar de mencionar a esta altura del análisis una excepcional sentencia del prestigioso Tribunal Supremo de España, en la que se destacó: “error judicial no es equivalente a desacierto del Organo Jurisdiccional. Cuando los Tribunales —que están servidos por seres humanos— se equivocan, como puede suceder en cualquier otra función o actividad, ya sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, el remedio para corregirlo se encuentra en los recursos procesales y cuando estos se agotan, si persiste la equivocación (sea real o supuesta, porque también tendrán que reconocer las partes interesadas en un proceso judicial que pueden equivocarse), la seguridad jurídica, que es un principio estabilizador y pacificador de la vida social, impone el aquietamiento y la aceptación de la situación establecida. Sin embargo y tratando de agotar la realización efectiva de la Justicia o, al menos, la compensación de sus desviaciones, el legislador ha previsto que, cuando la equivocación sufrida no es de las que podemos llamar normales o explicables dentro del acontecer humano, sino palmaria, evidente, inexplicable racionalmente y conducente a resultados absurdos y que además ya no quepa solución a través de los recursos, se califique de “error judicial” y sin lesionar el antes citado principio de seguridad jurídica (puesto que la situación creada por la decisión groseramente errónea no se modifica), al menos se indemnicen los perjuicios sufridos por quien padeció la indiscutible y patente equivocación” (Trib. Supremo de España, Sala 3°, Sec. 2°, 19/04/2002, El Derecho (Esp.), caso 2002/18390, cit. por Trigo Represas-López Mesa, “Tratado…”, ob. cit., pág. 171/172).
En el ámbito supranacional, en relación a la cuestión debatida, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (por caso, se puede consultar: “Bayarri vs. Argentina —Prisión Preventiva—”, Sent. de fecha 30/10/08 y “Acosta Calderón vs. Ecuador”, Sent. de fecha 24/06/05) ha reconocido derecho al resarcimiento si el Estado ha violado alguna de las garantías previstas por el llamado Pacto de San José de Costa Rica, instrumento internacional que —como hemos visto— requiere la existencia de error judicial.
XI.7. Por último, existen también motivos de orden práctico que sugieren la conveniencia de asumir la doctrina del Máximo Tribunal Federal.
En efecto, así como elementales razones de economía procesal aconsejan a los tribunales ordinarios el acatamiento de la doctrina casatoria, salvo que se adujeren razones justificadas para su apartamiento (Cfr. esta Sala, Sent. N° 16/96, Sent. N° 44/08, Sent. N° 231/10, entre otras), idéntica tesitura resulta dable adoptar respecto a los pronunciamientos de la C.S.J.N.
De allí que, conforme a lo expuesto, y en función de lo que indican los principios procesales de economía y celeridad, corresponde dilucidar la controversia ante esta Sede conforme al temperamento propugnado en la materia por el Organo Jurisdiccional de Mayor Jerarquía en el País, que coincide —por lo demás— con el criterio que inspira el presente voto.
Caso contrario, se generaría un desgaste jurisdiccional innecesario, para los litigantes y la Judicatura.
XI.8. En definitiva y por las razones expuestas, considero que si la prisión preventiva fue dispuesta en el marco de una actividad judicial formalmente regular, dentro de un razonable criterio jurídico y acorde a una apreciación provisional de los hechos que les sirvieran de fundamentación, el eventual sobreseimiento en la etapa instructoria (art. 348 del C.P.P.) o la absolución en el juicio (art. 411 del C.P.P.) del imputado no genera en cabeza de éste el derecho a reclamar al Estado el resarcimiento de los perjuicios que dicha actuación le hubiere ocasionado.
Es que la absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva que sufrió durante el proceso (Conf.: CSJN, in re: “Andrada c Buenos Aires”, fallo cit. ut supra, entre otros). Solamente puede considerarse “error judicial” cuando la decisión que impuso la prisión preventiva, juzgada en sí misma e independientemente de las demás alternativas del proceso, resulta incuestionablemente infundada o arbitraria, caso en el que nos encontraríamos en presencia de una falta de servicio en la administración judicial.
Así las cosas, si la resolución que dispuso la prisión preventiva no fue arbitraria o infundada, el acto judicial es lícito y, por tanto, se encuentra ausente el presupuesto de la antijuridicidad. Resulta, pues, improcedente atribuir responsabilidad civil al Estado.
Inversamente, si la resolución que decreta la detención del imputado se muestra evidentemente infundada o arbitraria, dicho acto jurisdiccional conforma un obrar antijurídico, y por ello genera responsabilidad civil por parte del Estado.
Por último, a los fines de verificar la arbitrariedad de la detención, se debe analizar si la medida se apartó arbitrariamente de las normas legales que la regulan. La arbitrariedad puede resultar de la inobservancia infundada de las previsiones normativas en la materia o, en su caso, del virtual apartamiento de las circunstancias comprobadas en la causa, para lo cual deberá tenerse en cuenta, tal como lo destaca la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los elementos objetivos incorporados al momento en que la medida fuera dictada y no los existentes en el plenario o debate”.
VI. En mérito de las reflexiones expuestas hasta aquí, y toda vez que el pronunciamiento bajo anatema no se ajusta a la doctrina ensayada, corresponde acoger el recurso de casación impetrado y, en consecuencia, anular el pronunciamiento en crisis, en cuanto dispone acoger la demanda de daños y perjuicios dirigida en contra de la Provincia de Córdoba; debiendo reenviarse la causa a la Cámara que sigue en Nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento, con arreglo a la doctrina plasmada en la presente resolución.
El acogimiento de la impugnación articulada, y el consecuente nuevo tratamiento que deberá efectuar la Cámara de reenvío respecto de la cuestión ventilada en autos, impone también dejar sin efecto la imposición de costas dispuesta por la Alzada en lo que ha sido materia de conocimiento ante esta Sede (arg. art. 76 in fine del C.P.C.C.).
Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Doctor Carlos Francisco García Allocco. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.
El doctor Sesín dijo:
2ª cuestión.— El doctor García Allocco dijo:
A mérito de la respuesta dada al primer interrogante, propongo:
I. Hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del inciso 3° del art. 383 del C. de P.C. y, en consecuencia, anular la Sentencia Nro. 171 del 15/10/2009, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad.
II. Disponer que la causa sea reenviada a la Cámara Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate, con ajuste a la doctrina que informa el presente resolutorio.
III. En cuanto a las costas generadas en esta Sede, considero ajustado a derecho disponer que las mismas sean soportadas por el orden causado, atento a que la diversidad de criterios jurisprudenciales existentes en la materia pudieron, razonablemente, crear en el vencido la convicción de que tenía motivos válidos para litigar (arg. art. 130 in fine del C. de P.C.).
Adhiero a la solución propuesta por el Señor Vocal de primer voto.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del inciso 3° del art. 383 del C. de P.C. y, en consecuencia, anular la Sentencia Nro. 171 del 15/10/2009, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad. II. Reenviar la causa a la Cámara Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate, con ajuste a la doctrina que informa el presente resolutorio. III. Imponer las costas en la instancia recursiva extraordinaria, por el orden causado.
Protocolícese e incorpórese copia.— Carlos F. García Allocco.— Armando S. Andruet (h.).— Domingo J. Sesín.

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