Source: https://es.scribd.com/document/169792491/Control-de-Constitucionalidad-y-de-Convencionalidad-en-La-SCJN
Timestamp: 2017-10-19 11:35:26+00:00

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9 enero, 2012 En http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/01/09/control-deconstitucionalidad-y-de-convencionalidad-en-la-scjn/ Nov. 05/2012
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia publicó en el Diario Oficial la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011 que declara inválido el requisito de ser “hijo de madre o padre mexicano por nacimiento” para poder ser Gobernador del estado de Morelos por ser contrario a la Constitución. Las razones de la invalidez que por unanimidad se votó en el Pleno, fueron que este requisito contenido en el artículo 58 de la Constitución morelense contraviene el imperativo del artículo 116, fracción I, último párrafo de la Ley Fundamental, conforme al cual basta la calidad de mexicano por nacimiento, sin referir a la nacionalidad de los padres y, en consecuencia, vulnera también el artículo 133 constitucional. Además, establece un requisito adicional o de mayor amplitud que redunda en una restricción indebida al derecho de voto pasivo (artículos 30, 32, 35, 116 y 133). Comentarios a la sentencia de Rodrigo Diez, en El Abogado del Diablo AQUÍ Acompañando a dicha sentencia aparece el voto concurrente del ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia que merece atención pues en él propone un “test” de revision constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En el caso Radilla (Varios 912/2010) la mayoría en el Pleno votó por un modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla vs México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución que podría resumirse así: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravenga la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos (en el ámbito de sus competencias). 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que
como el nuestro. La jurisdicción constitucional lleva a cabo el control de constitucionalidad. esto es declararlas inválidas por inconstitucionalidad. sería inválida o una norma creada por una autoridad que no tiene la competencia para hacerlo. pero también es una fuente de las demás normas del sistema. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales. es decir. Una norma que. la Constitución establece las reglas formales para la creación de las normas inferiores. Para que una norma sea válida. de donde se desprenden normas desde la base (lo más general). implican que hay una norma suprema de la cual surge todo el sistema jurídico. es decir para que adquiera membresía en el sistema jurídico. por ejemplo. se crea la revisión judicial de las normas. esto es conocido como jurisdicción constitucional. sería también inválida. La jurisdicción constitucional es la potestad de un Tribunal como autoridad para interpretar y y revisar la compatibilidad de otras normas con las normas de la Constitución y resolver las controversias de manera definitiva. De esta forma.reconozcan derechos humanos. es decir. De acuerdo con el principio de supremacía constitucional. puede expulsarlas del sistema. Es decir. sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. o qué contenidos no pueden contradecir. se crea una pirámide normativa. También. Como norma fuente la Constitución determina qué contenidos pueden tener las normas inferiores. deberá ser material y formalmente compatible con la Constitución. esto es. mismos que se encuentran contenidos en el artículo 133 de la Constitución y en el artículo 1°. deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca. pues aunque sea “evidente” la inconstitucionalidad de una norma. controla que las normas inferiores sean material y formalmente compatibles con la Constitución y en caso de no serlo. ésta incompatibilidad debe ser declarada por “alguien” competente. sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Esto se conoce como principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa. Una explicación acerca de esta resolución AQUÍ ¿Qué es el control de constitucionalidad y de convencionalidad? Los sistemas constitucionales normativos. dicen los juristas. la Constitución es una norma vinculante. la Constitución determina quién puede crear normas. bajo qué supuestos y cómo. contradice algún derecho reconocido en la Constitución. 3. La invalidez de una norma debe ser declarada por esta autoridad. Existen principalmente dos modelos de control de constitucionalidad: el control . establece los parámetros materiales para la formación de las nuevas normas. Cada norma superior dicta las reglas materiales y formales para la validez de la norma inferior y de esta forma se crea la pirámide normativa y una cadena de validez de norma a norma. siendo la Constitución la norma suprema de todo el ordenamiento.
Sin embargo. Y aquí es donde entra el voto del ministro Ortíz Mayagoitia: El Voto de Ortíz Mayagoitia Propone que. México tiene un sistema mixto. El primero. explica que: . XIX) y tiene su origen en los Estados Unidos. la CorIDH únicamente puede conocer de violaciones a la Convención y no puede resolver sobre el fondo de los asuntos presentados a su consideración. en el concentrado sólo puede hacerlo un tribunal instituido para ello. como las autoridades de los Estados parte de la Convención. de sus Protocolos adicionales eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad.concentrado y el control difuso. la tendencia hacia la creación de un derecho común de los Derechos Humanos en la región ha evolucionado de tal forma que hoy la Corte Interamericana reconoce el control difuso de la convencionalidad. la Corte aplique el test de constitucionalidad a las medidas que pudieran vulnerar derechos humanos. el concepto de control de convencionalidad es un concepto de creación judicial bastante reciente. El segundo. surgió después de la Segunda Guerra Mundial y es aquél que concentra toda la revisión de la validez normativa en un sólo Tribunal. Chile de 2006 y a partir de entonces lo ha venido desarrollando. es mucho más antiguo (S. El control de convencionalidad se refiere a la revisión de congruencia entre las normas nacionales y laConvención Americana de Derechos Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces. Así. con su Tribunal Constitucional Federal. pero la única instancia competente para declarar la invalidez de las normas es la Suprema Corte a través de procedimientos especializados como la Acción de Inconstitucionalidad. Ello implica pues que. en aras de darle cumplimiento a lo resuelto el verano pasado. entonces todos los jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la propia Convención (artículos 1 y 2 de la CADH). los jueces mexicanos serán al mismo tiempo guardianes de la Constitución y guardianes de la Convención lo que implica una mejor protección y garantía de los derechos humanos. En términos de lo explicado sobre el control de constitucionalidad: el control de convencionalidad (concentrado) es competencia de la Corte Interamericana. si la Convención es derecho nacional de los Estados Parte.” Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de constitucionalidad. En palabras de Ferrer Mac-Gregor: “los jueces nacionales se convierten en jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana. En el control difuso cualquier juez puede revisar la constitucionalidad de las normas. un ejemplo de este modelo es Alemania. La Corte Interamericana lo ha recogido a partir del caso Almonacid Arellano vs. Ahora bien. es decir.
omisión o modificación alguna respecto de su contenido normativo. que incorpora también otros requisitos para acceder al cargo de Gobernador del Estado de Morelos que. 2. difiero de las consideraciones que se plasman en la sentencia. Por ese motivo. de modo que la validez de cualquier otra norma relacionada con ellos. aunque comparto el sentido de la resolución. Para el ministro Ortíz Mayagoitia. también debieron ser sujetos de control oficioso de constitucionalidad a la luz del texto fundamental y de los referentes internacionales. tanto en su contenido orgánico. conocido como “Caso Radilla”. agregables tasados modificables Los requisitos tasados están claramente impuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. como respecto de los derechos humanos y los derechos políticos. que son también derechos humanos: a) Legalidad de la medida restrictiva b) Finalidad de la medida restrictiva c) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva . Y explica que la CorIDH ha precisado ya las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en que se incluyen los siguientes aspectos que deben ser evaluados al momento de establecer requisitos o restricciones para el ejercicio de los derechos políticos. aunque no fueron expresamente impugnados.En el mismo acto legislativo se promulgó todo el artículo 58. Guardar razonabilidad constitucionalidad en cuanto a los fines que persiguen. y ha elaborado una metodología o test. Ajustarse a la Constitución Federal. explica que tanto los requisitos modificables como los agregables. razón por la cual formulo este voto razonado. existen tres tipos de requisitos que la Constitución Federal puede establecer para acceder a cargos públicos: 1. en el que expongo los motivos y razones que presenté ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . y 3. Sin embargo. para procurar así la protección más amplia de los derechos humanos a la que está obligada toda sede jurisdiccional a partir de la sentencia resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010. deben cumplir reunir tres condiciones: 1. Deben ser acordes con los Tratados Internacionales. será evidente pues no es admisible cambio. 3. 2.
es decir que no hay otro medio que sea adecuado para el fin y que no implique una carga menor d. La revisión de las medidas de acuerdo con el principio de proporcionalidad desarrollado en la dogmática alemana y utilizado en los Tribunales Constitucionales de la Europa continental. el Tribunal Constitucional debe determinar cada uno de los fines principales y secundarios de una medida legislativa. Este principio consta de las siguientes premisas: Para que una medida pueda entenderse como justificada. es decir. se deberán analizar una a una las exigencias de los subprincipios de la proporcionalidad. de que facilite su realización de algún modo. Fin Legítimo De acuerdo con este subprincipio toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. no prohibído explícita o implícitamente por la Constitución. tiene un fin legítimo b. Así. el approach o la manera de abordar las presuntas vulneraciones de derechos tanto por parte de la CorIDH. 692 y 719 Bernal Pulido) 2. plenitud. (Páginas 720 y 722 Bernal Pulido) . rapidez. la medida que vulnera derechos es adecuada o idónea para alcanzar el fin (es decir que existe una causalidad lógica entre medio y fin) c. cuando no contribuye de ningún modo a la obtención de su fin inmediato. que la medida es necesaria. no es idónea. Además. como por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos es esencialmente el mismo. aquí es donde se realiza un balanceo entre derechos o entre políticas y derechos para buscar una concordancia práctica entre ambos y lograr optimizarles. Idoneidad Una medida adoptada por una intervención legislativa en un derecho fundamental. debe examinar por separado la legitimidad de cada uno de ellos y la idoneidad que revista la intervención legislativa para favorecerlos. Esto implica que para realizar el control de constitucionalidad de las leyes. los jueces deberán primero examinar si la norma impugnada constituye efectivamente una posible vulneración en un derecho fundamental. (Páginas 689. seguridad. el Estado tendrá que probar que: a. La idoneidad de una medida adoptada por el Parlamento dependerá de que ésta guarde una relación positiva de cualquier tipo con su fin inmediato. que la medida es proporcional. con independencia de su grado de eficacia. 1. Una vez detectado ello.Sobre el principio de proporcionalidad Efectivamente. se deberá entonces en primer lugar detectar el derecho presuntamente vulnerado e identificar si la medida puede o no vulnerarlo.
Subprincipio de Necesidad Toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más beninga con el derecho fundamental intervenido. caso 10. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. PRINCIPIOS DEL MÉTODO RELATIVO QUE DEBEN .A.3. PROPORCIONALIDAD EN LA PONDERACIÓN. sobre la base de la OC-5 de la Corte Interamericana que: “[L]a razonabilidad y proporcionalidad de una medida se pueden determinar únicamente por la vía del examen de un caso específico… Por tanto.4o.506. La Corte mexicana no es ajena a este test ni a ese tipo de razonamiento. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. entre todas aquéllas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. (Página 759 Bernal Pulido) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Informe Nº 38/96. Asimismo en la Tesis aislada: 2a. 42/2010 lo ha aplicado a casos de discriminación: IGUALDAD. Subprincipio de Proporcionalidad en Sentido Estricto La importancia de la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa. LXVI/2008 la Corte se refiere a las presuntas vulneraciones de los derechos de forma genérica: RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. en cada caso que analice un juez se deberá realizar este ejercicio de ponderación para identificar los derechos presuntamente vulnerados y determinar si la limitación es legítima. el equilibrio de intereses que debe hacer al analizar la legitimidad de dicha medida. Es decir. necesariamente requiere sujetar al Estado a una pauta más alta con respecto al interés de realizar „la medida y que para su „legitimidad… tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el caso específico… no debe existir alternativa alguna” (el énfasis ha sido agregado). En la Tesis aislada: 1a. (Página 736 Bernal Pulido) 4. aunque lo aplica de forma constante a medidas que presuntamente contravienen el principio de igualdad y no discriminación:    En la Tesis de Jurisprudencia: 2a. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.666 A. IGUALDAD./J. LXXXV/2008. Así como en la Tesis aislada: I.
Y en seguida. Fundamentación del Test en el Derecho mexicano La propuesta del Ministro Ortíz Mayagoitia se sustenta en la redacción del artículo 1° constitucional: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.31 de la sentencia: Ello significa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Criterios Interpretativos de la Corte Interamericana. así como de las garantías para su protección. para obtener una conclusión adecuada y conforme con los criterios de esta Suprema Corte y con los de la Corte Internacional. en las sentencias dictadas en juicios en los que el Estado Mexicano ha sido parte. EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE LA LITIS IMPLICA LA CONCURRENCIA Y TENSIÓN ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD DE COMERCIO Y LOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. se refiere específicamente a los párrafos 14. debe tomar en cuenta forzosamente esas normas y criterios.23. Tal es el caso que se analiza porque se refiere a los requisitos para ser gobernador del Estado de Morelos.20. cuando ha resuelto asuntos relacionados con el goce y ejercicio de los Derechos Humanos consagrados en ese instrumento internacional. AL PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA DE OBSERVANCIA GENERAL QUE PROHÍBE LA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO.ATENDERSE PARA EVALUAR LALEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR. se refiere a la resolución Radilla en la que la Corte resolvió que son obligatorios los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.19. salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. . que emanan de juicios en los que México ha sido parte. son referentes normativos de carácter obligatorio para la jurisdicción constitucional mexicana. Así. explica en su voto que el análisis de constitucionalidad de la norma impugnada. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia.21. cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.
b. en el Tribunal Europeo. resuelto en agosto de 2008 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debido a que el Estado Mexicano fue parte. Finalidad de la medida restrictiva. d. la resolución y sus precedentes son obligatorios para la Corte. El test de proporcionalidad o racionalidad que propone Ortíz Mayagoitia es utilizado también.La sentencia de la AI 19/2011 contempla de manera muy escueta el artículo 23 de la CADH sobre Derechos Políticos. es la metodología jurisdiccional que a juicio de la CorIDH. Proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legítimo. Y en consecuencia concluye su voto explicando que: El control oficioso de la constitucionalidad es una característica del marco constitucional propio de la Décima Epoca.interés público imperativo. f. Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva. este TEST para establecer el apego de las normas a los estándares generales del derecho internacional. propuse la adopción expresa de esa metodología y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. . Por lo anterior. pero definitivamente no considera el Caso Jorge Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos.y se concluye si es legítima (constitucional) o no. como arriba lo menciono. pero que son evidentemente contrarias a la protección más amplia de los derechos fundamentales. en ambos casos resulta una herramienta útil para el dictamen de presuntas vulneraciones de derechos ya que sistematiza su análisis y lo presenta de una manera lógica. así como en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En este la CorIDH se refiere a las condiciones que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la CADH. debe emplearse para juzgar las normas que rigen el ejercicio de los derechos políticos. Existencia de una necesidad social imperiosa. Legalidad de la medida restrictiva. para que al hacerla suya. y que deben examinarse al juzgar ese tipo de normas: a. contundente y certera a nuestro sistema de control de constitucionalidad. Medio idóneo menos restrictivo-requisito de proporcionalidad. En la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011. e. de forma que se obtiene un silogismo: parte de la definición del derecho(s) vulnerado(s) para después analizar la justificación de tal limitación -en las facultades de la autoridad y en el ejercicio de ponderación. c. argumenta el ministro Ortíz Mayagoitia. la Suprema Corte de Justicia de la Nación interiorice esos parámetros de forma expresa. incluyendo la revisión oficiosa de aquéllas porciones normativas no impugnadas.
Ojalá que se tome en consideración esta propuesta ahora que la Corte se avoca de nuevo al análisis de la constitucionalidad de normas sobre nacionalidad para el desempeño de funciones públicas (AI 20/2011) (está listado en segundo lugar para el día de hoy. 2005. Hasta ahora las sentencias de la Corte son largos discursos que a veces resultan repetitivos y en otras ocasiones. . lunes 9 de enero). La legitimidad de las decisiones de la Corte descansa en buena medida en la fuerza de su argumentación. La aplicación de este test de racionalidad con premisas muy claras permite que la argumentación del Tribunal Constitucional sea más limpia y transparente al adquirir un carácter analítico que tanta falta le hace. son omisos. Tal y como el propio ministro concluye. Fuente: Carlos Bernal Pulido. El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales del CEPC. la necesidad de herramientas analíticas se antojan necesarias para lograr una concretización satisfactoria de los imperativos del artículo 1° y de la resolución Radilla.El voto del ministro Ortíz Mayagoitia constituye una importante aportación para la renovación metodológica que la décima época de la SCJN supone. Madrid.
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