Source: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120330/AnuncioCA05-270312-14010_es.html
Timestamp: 2014-07-31 07:22:07+00:00

Document:
DOG Núm. 63
Pág. 11267
Conviene destacar que en este decreto se regula un nuevo marco para la financiación de los servicios sociales comunitarios de titularidad municipal, de manera que se mejoran aspectos clave para las haciendas locales, como son la continuidad y estabilidad, así como la economía procesal y consecuente celeridad en la gestión de los pagos. Para eso se produce un cambio desde un procedimiento basado en la convocatoria anual de subvenciones a otro de transferencias de ciclo anual, de acuerdo con el procedimiento que este decreto regula, garantizando, en todo caso, una transición que no perjudique la calidad y la continuidad de unos servicios fundamentales prestados a la ciudadanía por las corporaciones locales. Esas transferencias, en el caso del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia valorada y con derecho reconocido de atención, se realizarán de manera regular en función de las horas de atención efectivamente prestadas, para lo que se empleará un sistema de información compartido entre la Xunta de Galicia y las corporaciones locales titulares de los servicios.
Ese cambio de sistema de financiación se basa en la aplicación de la excepción prevista en el artículo 2.2.d) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Así, una vez que este decreto regula esta materia, y dada la estructura competencial del sistema gallego de servicios sociales, tanto desde la perspectiva de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, como desde la legislación estatal y gallega de régimen local, estamos ante uno de los supuestos a que se refiere el citado artículo 2.2.d): «aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones públicas....establecidas mediante norma legal o reglamentaria y destinadas a financiar actividades de su competencia o impuestas por una norma de la Administración otorgante».
Este nuevo sistema de financiación se implanta sin perjuicio de la necesaria planificación, coordinación, evaluación y control de los servicios ejecutados, labor esta que corresponde al ámbito competencial de la Xunta de Galicia, como garante última del funcionamiento del sistema gallego de servicios sociales. Además, es necesario asegurar la buena gestión de los fondos públicos destinados a los servicios sociales y dar respuesta a los requisitos de información de la Administración general del Estado en las líneas de actuación en las que actúe como cofinanciadora, tales como el denominado Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, los créditos para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano y los créditos para la atención a personas en situación de dependencia en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
En este decreto, además, se establecen nuevas reglas de cálculo para el copago de los servicios. Concretamente, en el Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia que tienen el derecho de atención reconocido, se establece un copago directamente vinculado a la capacidad económica de las personas, lo que permite evitar disparidades entre los diferentes puntos del territorio, así como conferir sostenibilidad al sistema, al suponer un incremento de las cantidades recaudadas en concepto de participación progresiva y equitativa de las personas usuarias en la financiación del servicio que reciben. Igualmente se regulan las reglas para el establecimiento de la participación económica de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de carácter básico y de otros servicios susceptibles de incorporar un sistema de copago, lo que mejorará la viabilidad financiera del sistema.
Debe indicarse que este decreto, además de desarrollar la Ley 13/2008 sobre el régimen de financiación, recoge los objetivos expresados en el pacto local, en el que se apuntan, entre otros objetivos, el «establecimiento de los mecanismos que permitan la transferencia automática a los entes locales de las cantidades que anualmente les correspondan en concepto de cuota fija por el Plan Concertado de Servicios Sociales, con la inclusión en este ámbito del mantenimiento de los centros de servicios sociales».
El presente decreto se estructura en ocho capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones transitorias, tres disposiciones derogatorias y tres finales. Se completa, además, con cuatro anexos de carácter técnico.
El capítulo primero aborda los aspectos de carácter general, tales como el objeto de la norma, la naturaleza de los servicios que se regulan y las reglas generales sobre las formas de prestaciones de los servicios sociales comunitarios.
El capítulo segundo define el cuadro de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales comunitarios, tomando como punto de partida aquellos que la propia Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, define en general para el sistema gallego de servicios sociales.
El capítulo tercero, dividido en cinco secciones, se dedica en particular a los servicios sociales comunitarios que dicha Ley 13/2008 define como básicos. De esta manera, en la sección primera, dedicada a los aspectos generales y comunes, se define su naturaleza y se establecen los mínimos que debe reunir un centro municipal de servicios sociales comunitarios básicos. Además, en esta sección, se regula el contenido y alcance de estos servicios básicos, para lo que en el artículo ocho se definen sus funciones y, en el artículo nueve, se hace inventario de los programas y servicios de este nivel, definición en que se subsumen las chamadas «prestaciones básicas» del antes citado Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
La sección segunda del capítulo tercero aborda la naturaleza y contenido del Programa de valoración, orientación e información, que es la garantía de acceso universal al sistema gallego de servicios sociales. La sección tercera se dedica al servicio de ayuda a domicilio (SAD), en que se articulan dos modalidades de acceso e intensidad prestacional: la de las personas con derecho reconocido en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y la atención que el servicio presta a otras personas y unidades de convivencia en situación de riesgo o vulnerabilidad. La sección cuarta establece una serie de disposiciones relativas al denominado servicio de educación y apoyo familiar, de manera que queda plena y coherentemente integrado en la red de servicios sociales comunitarios. Y por fin, en la sección quinta, se abordan otros dos programas básicos: el de inserción social y el de fomento de la cooperación y de la solidaridad social.
En el capítulo IV del presente decreto se desarrollan los servicios que la Ley 13/2008, en su artículo 12, define como servicios sociales comunitarios específicos. En los artículos 25 y 26 se establece la naturaleza y funciones de estos servicios, desde la perspectiva de su articulación, dentro del sistema gallego de servicios sociales, con los servicios sociales comunitarios básicos y con los servicios sociales especializados. Así, se incluyen en esta categoría de servicios los centros de inclusión y emergencia social, los centros de día, los centros ocupacionales, así como otros programas desarrollados por equipos técnicos tales como los equipos de inclusión social, recursos específicos para favorecer la conciliación familiar o la igualdad, etc. Además, por su importancia a partir de la implantación del catálogo de recursos para la atención a personas en situación de dependencia a las que la citada Ley 39/2006 reconoce un derecho de atención, se precisa a dichos efectos, en el artículo 27, que tipo de centros de día forman parte de la red pública de atención a la dependencia en Galicia.
La cuestión de la distribución de competencias es la materia que aborda el capítulo quinto. En desarrollo de la Ley 13/2008, se distingue entre el nivel mínimo obligatorio para las corporaciones locales, que es el de servicios sociales comunitarios básicos, y el nivel de servicios sociales comunitarios específicos, para el que la misma ley posibilita otras fórmulas de gestión, entre las que destaca la gestión mediante fórmulas de colaboración interadministrativa de adhesión voluntaria. En este capítulo, además, se especifican las competencias de las diputaciones provinciales y de la Xunta de Galicia en relación con la red de servicios sociales comunitarios de titularidad municipal. En este punto el decreto concreta los principios contenidos en la Ley 13/2008, de manera que se establece que las diputaciones provinciales darán apoyo a los ayuntamientos de menor capacidad financiera para que garanticen la prestación de los servicios sociales comunitarios básicos relacionados en el artículo 9 de este decreto, priorizando la financiación al servicio de ayuda a domicilio básico para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes así como el apoyo en la contratación de perfiles profesionales diferentes al trabajador social de referencia en dichos ayuntamientos.
En el capítulo sexto, que se complementa en sus aspectos técnicos mediante los anexos I y II, se recogen los criterios de referencia para la dotación de los recursos humanos que forman la red de equipos técnicos necesaria para la prestación de los servicios sociales comunitarios básicos. De esta manera, en tanto no se desarrollen los instrumentos de planificación que la Ley 13/2008 contempla en su título IV, en concreto el mapa gallego de servicios sociales y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, las administraciones públicas concernidas contarán con unos criterios objetivos para determinar la financiación de los servicios. La planificación de referencia será el instrumento de carácter público y transparente para la toma de decisiones sobre las variaciones de la financiación para personal técnico de los equipos de servicios sociales comunitarios.
En el capítulo séptimo se establecen elementos y criterios para consolidar una efectiva integración de los servicios sociales comunitarios en el sistema gallego de servicios sociales. Resulta de especial relevancia el desarrollo de la figura del profesional de referencia, del expediente social único y del sistema de información básica, que habilitará a la Administración competente para desarrollar una plataforma de información y gestión de prestaciones sociales unificada y coherente. Finalmente, en el capítulo VIII, se establecen las nuevas reglas y procedimientos para la financiación de los servicios sociales comunitarios mediante transferencias de ciclo anual.
Declara el artículo 41 que podrán ser beneficiarias de las transferencias para la financiación de estos servicios las corporaciones locales de Galicia titulares de los servicios sociales comunitarios, diferenciándose entre transferencias corrientes y transferencias de capital. Estas podrán tener como finalidad nuevas inversiones en centros de servicios sociales, su equipamiento o la adaptación y mejora de la accesibilidad de las instalaciones. Las transferencias corrientes se enfocan a la financiación de los gastos de personal, indemnizaciones por razón de servicio y formación, servicios de ayuda a domicilio en sus dos modalidades y sostenimiento de otros programas de actuación comunitaria.
El artículo 42 establece las reglas de competencia en el procedimiento regulado y crea, en su apartado tercero, la comisión de análisis e evaluación técnica. Por su parte, el artículo 43 se extiende en el procedimiento, con sus tiempos y documentos básicos, de manera que el día 5 de febrero de cada anualidad se establece como la fecha de referencia para la presentación tanto de la justificación y evaluación de la ejecución del proyecto anual de servicios sociales del año anterior, como el nuevo proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales para la anualidad en curso. Los documentos constitutivos de la justificación y evaluación y del nuevo proyecto se detallan en los artículos 44 y 45, respectivamente.
En lo que a gasto corriente se refiere y en los conceptos que el artículo 47 recoge –diferentes al servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia–, la técnica adoptada en este decreto implica dos fases en el proceso de transferencia de fondos. En el primer cuatrimestre del correspondiente ejercicio se hará una transferencia adelantada del 50% de la cantidad financiada en el ejercicio inmediatamente anterior. En una segunda fase, una vez analizado el proyecto anual y la justificación y evaluación del anterior ejercicio, y determinado para cada ayuntamiento el nivel de financiación que corresponda, se realizará una segunda transferencia por la cantidad restante.
En el artículo 48 se regulan los criterios para posibles variaciones en la financiación de gastos corrientes. Esas variaciones se ajustan a reglas y prioridades objetivas que el artículo hace explícitas y que la comisión de análisis y evaluación técnica deberá aplicar: la primera prioridad es la compensación o el ajuste con relación a los desvíos observados con respecto a los anexos de planificación y ratios de cobertura de personas y servicios de ayuda a domicilio, de manera que esta norma sirva para ir alcanzando una real equiparación territorial. En segundo lugar, también podrán iniciarse actuaciones nuevas, que dinamizarán y enriquecerán los servicios sociales comunitarios, para las que el artículo establece unos criterios de valoración.
La documentación necesaria, los criterios de asignación de fondos y la forma de pago y justificación de la financiación para inversiones de capital, que difieren de los de gastos corrientes, se regulan, respectivamente, en los artículos 46, 49 y 53. El artículo 49 establece que esta financiación deberá ajustarse al mapa gallego de servicios sociales que se publique en aplicación del artículo 44.2 de la Ley 13/2008. En tanto esa publicación no se realice, tal y como se regula en el régimen transitorio de este decreto, el procedimiento previsto en el decreto en lo referente a inversiones de capital no será de aplicación, por lo que el procedimiento normal para la asignación de fondos a las corporaciones locales para construcción, equipamiento, reformas y adaptaciones de centros deberá ajustarse a un régimen de concurrencia competitiva.
El artículo 54 estipula las obligaciones de las corporaciones locales beneficiarias de la financiación y los artículos 55 y 56, versan sobre las causas y el procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas o justificadas, procedimiento que se articula de manera complementaria con la posibilidad de compensación de remanentes recogida en el artículo 52.4 de este decreto.
El artículo 58 regula la financiación, pago y justificación de los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia valorada con derecho de atención reconocido y el artículo 59 establece criterios de determinación del cálculo de la capacidad económica de las personas usuarias de dicho servicio, criterios que remiten a la legislación estatal y gallega que desarrolla la atención a las personas en situación de dependencia. A su vez, el artículo 60 establece las reglas de cálculo para personas usuarias de otros servicios en que se aplique el copago, cuestión que afectará, de manera especial, a las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en su modalidad básica o de libre concurrencia.
Y, por último, los artículos 61 y 62 establecen los criterios progresivos de participación de las personas usuarias en la financiación de los servicios, en aplicación del principio que establece tanto el artículo 56 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, como el artículo 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y haciendo uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, a propuesta de la conselleira de Trabajo y Bienestar, oído el Consejo Consultivo de Galicia, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de dieciséis de marzo de dos mil doce,
El objeto del presente decreto es la regulación, como servicio público, de los contenidos, estructura, tipología, régimen jurídico y financiación de los servicios sociales comunitarios como parte fundamental del sistema gallego de servicios sociales definido en el artículo 2 y siguientes de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia.
1. De acuerdo con lo expresado en el artículo 9 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, los servicios sociales comunitarios, de carácter predominantemente local, están referenciados a un territorio y a una población determinados y constituyen el punto de acceso normalizado y el primer nivel de intervención del sistema gallego de servicios sociales.
2. Los servicios sociales comunitarios garantizan:
a) El derecho de acceso universal al sistema gallego de servicios sociales en los términos reconocidos en el artículo 5 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia.
b) La proximidad a las personas usuarias y sus familias.
c) El carácter integrador y coordinado de toda intervención social realizada con personas o grupos diversos.
d) La intervención social personalizada en un entorno normalizado y, en su caso, la prescripción técnica para la derivación al servicio social especializado más idóneo o a otros sistemas de protección social.
e) La prevención comunitaria de los problemas sociales.
f) La promoción y organización de la solidariedad social en la comunidad en la que actúan.
3. Los servicios sociales comunitarios pueden tener la consideración de básicos o específicos y son, con carácter general, servicios públicos de competencia municipal, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 8 y 60 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, sin perjuicio de la competencia de la Xunta de Galicia en relación con ciertos servicios sociales comunitarios específicos, cuando así se justifique en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, en los términos establecidos en el artículo 59.i) de la citada ley.
4. Los servicios sociales comunitarios están sometidos al régimen de control y garantía establecido en el título VIII de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, de acuerdo con lo establecido en este decreto.
1. Los servicios sociales comunitarios los prestarán las administraciones públicas competentes, bien directamente o bien a través de las diferentes modalidades de contratación de la gestión de servicios públicos previstas en la normativa vigente de contratos del sector público y de conformidad con las especificidades estipuladas en la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, y en el presente decreto para los diferentes servicios y programas que aquí se regulan.
2. A efectos de lo estipulado en el apartado anterior, en la adjudicación de contratos de gestión de servicios sociales comunitarios por las entidades locales, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a la introducción en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares de la preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones, a empresas con mayor porcentaje de personas con discapacidad, empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas o autorizadas para prestar los servicios de que se trate, siempre y cuando su finalidad o actividad tenga una relación directa con el objeto del contrato.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, y sin perjuicio de los principios de responsabilidad pública y complementariedad, las personas físicas y jurídicas privadas, de iniciativa social o de carácter mercantil, podrán actuar, dentro de los límites establecidos en este decreto, como entidades prestadoras de servicios sociales para gestionar centros o desarrollar programas en este nivel de atención previa a la correspondiente autorización administrativa.
4. Asimismo, en el marco de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, las administraciones públicas podrán fomentar mediante subvenciones el desarrollo de proyectos complementarios de servicios sociales comunitarios a entidades de iniciativa social previamente inscritas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales referido en el artículo 67.1 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, atendiendo a su interés social, calidad, carácter innovador, eficiencia y articulación efectiva con la oferta pública de servicios sociales comunitarios.
CAPÍTULO IIDe los derechos y deberes de las personas usuarias de losservicios sociales comunitarios
En el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, las personas usuarias de los servicios sociales comunitarios tendrán derecho:
a) A ser tratadas con el respecto debido a su dignidad, intimidad y autonomía.
b) A acceder y utilizar los servicios en condiciones de igualdad y no discriminación.
c) A recibir una atención individualizada y adaptada a sus necesidades, con la calidad y duración determinadas en cada caso.
d) A recibir una información de forma ágil, suficiente, veraz y comprensible sobre los recursos y las prestaciones del sistema gallego de servicios sociales, así como a que sean asistidas y orientadas en los trámites necesarios de cara a su acceso a los demás sistemas de bienestar social.
e) A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora principal y asegure la coherencia de la intervención.
f) A conocer la organización y el reglamento del servicio.
g) Al tratamiento confidencial de sus datos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
h) A conocer la situación de su expediente.
i) A ser informadas, de manera clara y precisa sobre la intervención prevista y eligir libremente, dentro de la capacidad de oferta del sistema y previa valoración técnica, el tipo de medidas o de recursos adecuados para su caso, así como a participar en la toma de decisiones que modifiquen el proceso de intervención acordado.
j) A la calidad de los servicios recibidos y a presentar quejas y sugerencias y la persona coordinadora de los servicios sociales comunitarios.
k) Al respeto de sus derechos lingüísticos, garantizando, en todo caso, el desarrollo de la actividad de los servicios sociales comunitarios desde la práctica de una oferta positiva del idioma gallego.
a) Las personas usuarias, en el marco de los deberes que con carácter general se contemplan en el artículo 7 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, y, en su caso, en la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común, tendrán los siguientes deberes:
b) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el acceso a los diferentes servicios.
c) Facilitar la información precisa y veraz sobre las circunstancias determinantes para el acceso y utilización de los servicios, así como comunicar al personal de referencia los cambios de circunstancias familiares, sociales o financieras que pudiesen resultar relevantes en la asignación, modificación, suspensión o extinción de las prestaciones o servicios.
d) Cumplir con las condiciones del servicio, facilitando y colaborando en la ejecución de las tareas del personal a su cargo y poniendo a su disposición, cuando se trate de un servicio realizado en el domicilio, los medios materiales necesarios.
e) Colaborar con el personal encargado de su caso, acudiendo a las entrevistas programadas, siguiendo las orientaciones y participando en el desarrollo de las actividades incluidas en el servicio, centro o programa en función de sus capacidades y en los términos acordados en cada caso.
f) Mantener una actitud positiva de colaboración con las personas profesionales de los servicios sociales comunitarios, participando activamente en el proceso pautado de mejora, autonomía personal e inserción social.
g) Facilitar y cooperar en el seguimiento, evaluación e inspección del servicio.
h) Respetar la dignidad personal y profesional de las personas que les presten el servicio, así como respetar los límites de sus obligaciones laborales.
i) Participar en el pago de los servicios en aquellos supuestos concretos que se establezcan en este decreto y en las normas municipales reguladoras correspondientes que lo desarrollen.
j) A comunicar con diez días de antelación, en circunstancias ordinarias y previsibles, cualquier ausencia temporal que pudiese impedir o dificultar la ejecución de los servicios que, en su caso, se prestasen en su domicilio.
CAPÍTULO IIIDe los servicios sociales comunitarios básicos
Artículo 6. Naturaleza de los servicios sociales comunitarios básicos.
1. De acuerdo con lo establecido no artículo 10 de la Ley 13/2008, los servicios sociales comunitarios básicos tienen un carácter local, abierto y polivalente y constituyen el cauce normal de acceso al sistema de servicios sociales con el que se garantiza la universalidad del sistema y su proximidad a las personas usuarias, a las familias y al ámbito comunitario.
2. Los servicios sociales comunitarios básicos se desarrollarán, con carácter general, desde los centros de servicios sociales de carácter polivalente, por medio de equipos interdisciplinares y con las dotaciones mínimas de referencia establecidas en este decreto.
Artículo 7. Requisitos generales de los centros de servicios sociales comunitarios básicos.
1. Sin perjuicio de su adaptación funcional y arquitectónica a las características y planificación territorial de cada ayuntamiento, los centros de servicios sociales comunitarios básicos reunirán los siguientes requisitos generales:
a) Contarán con un espacio separado que permita la privacidad en las entrevistas y reuniones necesarias para la intervención social individualizada.
b) Contarán con un espacio de reuniones proporcionado a las características y dimensiones de la población atendida.
c) Asegurarán la posibilidad de atención de personas con movilidad reducida.
d) Contarán con conexión telefónica y a la red internet.
e) Permitirán el archivo y custodia de los expedientes de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que se establecen en la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal.
2. A todos los efectos, serán centros de servicios sociales comunitarios los centros sociales de titularidad municipal que, desarrollando de manera principal actividades dirigidas a determinados colectivos, sirvan, además, de instalación de referencia para la atención al público que demanda los servicios sociales comunitarios básicos, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el apartado anterior. 3. El centro de servicios sociales comunitarios básicos podrá, asimismo, integrarse dentro de las dependencias municipales de la casa consistorial, siempre que se asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el apartado primero de este artículo.
Artículo 8. Funciones de los servicios sociales comunitarios básicos.
En el marco de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 13/2008, son funciones de los servicios sociales comunitarios básicos, las siguientes:
c) La identificación de grupos de población y personas socialmente vulnerables y la detección precoz de situaciones de riesgo o desprotección para el desarrollo de actuaciones de carácter preventivo y de promoción social.
d) La atención de las situaciones individuales y familiares, la información en relación con las demandas presentadas, el diagnóstico y la valoración técnica previa y la consecuente gestión del caso, que incluirá, cuando sea conveniente, la derivación hacia el recurso idóneo dentro del sistema gallego de servicios sociales o de otros sistemas de bienestar, así como la asistencia, la orientación y, de ser preciso, el acompañamiento, en el procedimiento de acceso normalizado a otros recursos existentes.
f) La gestión del servicio de ayuda a domicilio, así como la participación en la gestión de las prestaciones destinadas a garantizar la autonomía personal y la atención a la dependencia, en los términos establecidos en la normativa que resulte aplicable.
g) La información, la orientación y el asesoramiento a toda la población, facilitando su acceso a los recursos sociales.
i) El mantenimiento actualizado del sistema de información de personas usuarias.
j) La coordinación efectiva con los distintos sistemas de bienestar y protección social que actúen en su territorio, así como con las entidades de iniciativa social autorizadas que puedan complementar su actuación.
k) La cooperación con otras administraciones y poderes públicos en la remisión de información necesaria en los procedimientos que correspondan en relación con los servicios sociales comunitarios y sus personas usuarias, sin perjuicio de la observación de las garantías establecidas en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Artículo 9. Programas y servicios sociales comunitarios básicos.
1. Los servicios sociales comunitarios básicos desarrollarán las funciones enumeradas en el artículo anterior, de manera estructurada, por medio de los programas y servicios siguientes:
a) Programa de valoración, orientación e información en materia social a las personas, grupos o a la comunidad en general, que se desarrollará en todas las entidades locales titulares de servicios sociales comunitarios de Galicia.
b) Servicio de ayuda a domicilio (SAD), que tiene por objeto prestar un conjunto de atenciones a las personas o familias en su domicilio, desde una perspectiva integral y normalizadora, para facilitar su desarrollo personal y la permanencia en su entorno habitual, especialmente en aquellas situaciones en que tengan limitada su autonomía o en otras situaciones de riesgo social para

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 44
 artículo 54
 artículo 52
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 56
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 59
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 67
 artículo 6
 artículo 7

Artículo 6
 artículo 10

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 11

Artículo 9